Datos del libro

Autor: Larraquy, Marcelo

©2010, Editorial: Aguilar

Colección: Impreso en Uruguay

ISBN: 5301948774738

Generado con: QualityEbook v0.62

Marcados a fuego 02

La Violencia en la Historia Argentina

De Perón a Montoneros (1945-1973)

Marcelo Larraquy

AGUILAR

© Marcelo Larraquy, 2010

© De esta edición: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. de Ediciones, 2010 Av. Leandro N. Alem 720 (1001) Ciudad de Buenos Aires www.alfaguara.com.ar

Una editorial de Grupo Santillana que edita en:

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ISBN: 978-987-04-1489-6

Hecho el depósito que indica la ley 11.723

Diseño de cubierta: Iniciativa Editorial Fotografías de cubierta: Acto de la Juventud Peronista en Zona Norte, s/f gentileza: Graciela García Romero

Impreso en Uruguay. Printed in Uruguay Primera edición: mayo de 2010

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Índice

Prólogo ..........................................................................................................7

Capítulo I. La tortura ...................................................................................10

Cipriano Reyes: de la alianza política a la tortura y la cárcel. Las consecuencias de la autonomía sindical. El caso Bravo desnuda las torturas del peronismo. Lombilla: "el arte de la tortura es no matar". La conexión de la Sección Especial con la Casa Rosada. La Gendarmería en la masacre de Pigalá. Bibliografía.

Capítulo 2. La confrontación ........................................................................31

El peronismo oprime a la oposición: Balbín preso. 1951: Evita, conflicto obrero e insubordinación militar. La prensa acorralada. Bibliografía.

Capítulo 3. La hora santa: bombas y crucifijos .............................................50

La crisis del modelo económico peronista. Perón en el balcón, las bombas en la Plaza. La tortura guía la investigación judicial del atentado. El coronel Jorge Osinde, nuevo jefe de torturas. La Iglesia organiza la oposición al peronismo. El anticlericalismo popular. Bibliografía.

Capítulo 4. El bombardeo y la caída .............................................................66

La conspiración busca su destino. Un resplandor rojo: la primera bomba. El ocaso de golpe naval. De la pacificación al "cinco por uno": la caída de Perón. Bibliografía. Filmografía.

Capítulo 5. Las cartas y la sangre ................................................................88

El espíritu de la Revolución Libertadora. Perón construye la venganza. La noche de la rebelión. Los fusilados. Perón, entre la violencia y la política. Bibliografía.

Capítulo 6. La conmoción interna...............................................................114

Frondizi-FMI: ajuste económico y recesión. Frondizi, desdibujado frente a la desobediencia castrense. La primera guerrilla peronista: los uturuncos suben a la montaña. Atentados que provocan la ira del poder militar. El Plan Conintes, represión y torturas. El Parlamento husmea en las cárceles del Plan Conintes. Torturas en la nieve. La doctrina contrarrevolucionaria y la Escuela Militar Francesa. La teoría guerrillera. Frondizi, el Che Guevara y la política de la conciliación con Cuba. La apertura electoral sella la suerte de Frondizi. Bibliografía.

Capítulo 7. Partido militar, partido sindical, Perón y el Che Guevara ..........141

El internacionalismo guevarista. Hambre, infiltración y fusilamientos en el foco guevarista en Salta. Un pasaje temprano de la guerrilla urbana en tiempos de Illia. Illia, cercado por las tomas de fábrica y la jerarquía sindical. Vandor domina el peronismo y Perón gira a la izquierda. Perón-Vandor, la lucha por el liderazgo. La revolución de la Argentina autoritaria. La Doctrina de la Seguridad Nacional y el "enemigo interno". Onganía: la ortodoxia liberal muestra los dientes. El Che Guevara construye su mito en Bolivia. Bibliografía.

Capítulo 8. Guerrilla ..................................................................................167

Los dilemas de la teoría guerrillera. Taco Ralo, el foco tucumano. Las organizaciones político-militares y la guerra revolucionaria. El cristianismo revolucionario. La CGT de los argentinos y la caída del vandorismo. La izquierda clasista en Córdoba, la vanguardia social. La insurrección popular contra Onganía: Rosario, antes que Córdoba. El Cordobazo y el derrumbe del mito del orden. Onganía y Lanusse, la intriga del poder militar. Bibliografía.

Capítulo 9. Montoneros..............................................................................188

Los originarios de Córdoba. Juan García Elorrio, el nexo sagrado. La célula de Capital Federal. La fusión por la lucha armada y el desprendimiento evangélico. Primeras acciones de guerrilla urbana. Onganía-Lanusse, la lucha interna del partido militar. El caso Aramburu. La operación de La Calera revela la identidad de Montoneros. El secuestro de Aramburu marca el final del gobierno de Onganía. Bibliografía.

Capítulo 10. Luche y vuelve .......................................................................212

Montoneros y Perón: la confluencia inicial. Levingston, cercado por la protesta social y la guerrilla. Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional: la fórmula imposible. La Escuela Francesa vuelve a las calles. Los dispositivos del general Perón. Trelew: fuga y fusilamiento. La Tendencia Peronista Revolucionaria domina la campaña electoral de 1973. La P-2 infiltra sus cuadros en el nuevo poder. Bibliografía. Filmografía.

Nota del autor............................................................................................237

Para Nazareno, Magalí y Paula,

con el amor de papá. Siempre.

Para Carolina. Tuyo.

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Prólogo

ESTE libro es una biografía encubierta de Juan Domingo Perón y de los conflictos políticos que atravesó la Argentina entre 1945 y 1973, tanto por su repentina aparición en la conducción del Estado como por su obligada ausencia del país, impuesta por las Fuerzas Armadas. El texto intenta capturar, en su línea narrativa, la tensión que provocó el ejercicio de la violencia en el escenario político durante este período. Revisa los años en que, mientras Perón se erigía en el jefe político de las masas, sus fuerzas policiales no dudaban en torturar a los dirigentes de la oposición partidaria, gremial o estudiantil. Además, reconstruye los tiempos en que Perón, luego de su caída, solo podía ser mencionado como "tirano prófugo"; proscripto y obligado al exilio, sus adherentes fueron perseguidos, encarcelados y torturados. El libro también detalla la movilización social contra las dictaduras y el accionar político y militar de las organizaciones armadas que lucharon por su retorno al poder en 1973. En defensa de su gobierno, Perón había sostenido que la oposición partidaria que fingía defender la democracia, en realidad la estaba minando en sus cimientos. La matriz republicana, que con su proclamada defensa de las libertades civiles y el respeto a la Constitución se asoció al golpe militar de 1955, no logró más que la caída de Perón. Pero el daño institucional que provocó el éxito de esa empresa se prolongaría a lo largo de los años. La proscripción del peronismo provocó un cisma en el sistema político que no pudo ser resuelto ni por los siete presidentes militares que asumieron por la fuerza el control de la Casa Rosada, ni tampoco por los tres presidentes civiles que gobernaron bajo presión militar —dos de ellos, además, habían sido electos por un voto popular limitado. Fueron años de inestabilidad. La sociedad había quedado partida en dos mitades irreconciliables: peronismo y antiperonismo. El libro exhibe, desde sus primeros capítulos, las dificultades de la oligarquía conservadora social (depuesta del el poder en 1943) Como para aceptar la transformación que promovió peronismo. réplica, prefirió caracterizar a Perón como un hombre sin moral y sin escrúpulos que rompía con los valores constitutivos de la sociedad argentina, como si el sentido de la historia pudiera ser determinado por un solo hombre. Durante las dos primeras presidencias, el peronismo tampoco aceptó los disensos. El incentivo oficial para la organización gremial implicaba una supresión de la autonomía del movimiento obrero frente al Estado. La Policía Federal fue la fuerza estatal clave para la mutilación de las libertades civiles y políticas y el disciplinamiento de los opositores. Aunque Perón jamás rompió las reglas del juego político-institucional, las tensó de tal forma que la sociedad quedó dividida en torno a su liderazgo. Su caída provocó nuevos y múltiples dilemas: cómo revertir la distribución del ingreso a niveles anteriores a la irrupción del fenómeno peronista, qué hacer con las masas peronistas —excluirlas definitivamente del sistema o integrarlas de manera limitada—, y, básicamente, cómo establecer desde el Estado una estrategia de dominio político y social estable y duradera. Durante la década de 1960, la Argentina no permaneció inmune a los conflictos políticos mundiales: la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución Cubana, el auge de la guerrilla, la radicalización de sectores de la Iglesia católica, las movilizaciones sociales anticapitalistas y las doctrinas militares contrarrevolucionarias en la proclamada defensa del hemisferio occidental ejercieron influencia sobre los acontecimientos políticos locales. Pero la recepción de estos fenómenos internacionales, con su carga de tensión y complejidad, no disimuló sino que, por el contrario, agudizó el problema político central: la proscripción del peronismo. Perón fue un obstáculo constante para las Fuerzas Armadas. La prohibición de su regreso y la amenaza que su figura representaba impidieron la consolidación de un poder político. Lo mismo sucedió en el interior del peronismo. El poder gremial que pretendió liberarse de sus directivas —como una forma de integrarse al sistema político junto a los otros factores de poder— debió enfrentar las múltiples y ambiguas maniobras de Perón que, aun en ausencia, no estaba dispuesto a ceder el protagonismo ni a regalar su capital político. Ante la emergencia de nuevos actores —el Che Guevara, las guerrillas locales—, Perón se puso al frente de las banderas de liberación nacional y social, y se sintió obligado a actualizar la doctrina del Movimiento Peronista para adaptarla a los nuevos tiempos.

Si Perón había sido caracterizado como "fascista" quince años atrás, ahora muchos entendían que el peronismo y la clase obrera, que se mantuvo leal, eran un fenómeno político y social inevitable para protagonizar un tránsito hacia el "socialismo nacional". El movimiento peronista atesoraba una potencialidad revolucionaria. Sólo a partir de las oleadas insurreccionales contra la dictadura de Juan Carlos Onganía y del secuestro y fusilamiento del general Pedro Eugenio Aramburu —un bautismo que selló la identidad de la organización guerrillera Montoneros y marcó a fuego la década de 1970—, los acontecimientos adquirieron velocidad e intensidad y definieron, en consecuencia, las condiciones políticas para el retorno de Perón a la Argentina. El regreso del líder proscripto se convirtió en un hecho necesario —en algunos casos, ineludible— para todos los actores en pugna que buscaban, de manera inmediata, una salida al encierro político e institucional en el que habían sumido al país los distintos gobiernos militares. Perón, que mantuvo siempre en su horizonte el retorno al poder, no tenía tan presentes las contradicciones internas que se habían engendrado bajo su liderazgo. O en todo caso, creía que podía controlarlas. A su regreso, Perón no logró intuir la dimensión que tomarían las querellas internas del Movimiento —que se agigantarían una vez que el peronismo accediera al poder en 1973—, e intentó cargar sobre sus espaldas el desafío político de un país que lo invocaba, pero en un tiempo que dejaba de ser el suyo. Desplegadas las armas, la violencia se convirtió en la táctica política dominante en la lucha por el poder. La voz persuasiva del líder en favor de la pacificación política y los pactos corporativos e institucionales, para garantizar la gobernabilidad, ya era inaudible para los grupos que se enfrentaban en torno a su figura. En el otoño de su vida, había una nueva música que haría vibrar en forma trágica el rumbo de la década. Buenos Aires, marzo de 2010

Capítulo I La tortura

EN la cárcel, uno tenía por lo menos la satisfacción de sentir que al fin tocaba fondo, vivía en la realidad. La cosa se había materializado. Esa fue mi primera reacción: "Ya estoy fuera de la zona de la falsa libertad; ya estoy al menos en una verdad...". Victoria Ocampo, escritora, detenida cuatro semanas durante el gobierno peronista.

Perón confiaba en la policía por encima de cualquier otra fuerza de seguridad. La Policía Federal había facilitado la concreción del hecho fundacional de su liderazgo. El 17 de octubre de 1945, su jefe, el coronel Juan Filomeno Velazco, desobedeció la orden de represión impuesta por el Ministerio del Interior y permitió que los trabajadores cruzaran el Riachuelo para reclamar la libertad de Perón, cuando este era prisionero de los militares. Ese día, la propia policía gritaba "¡Viva Perón!" al paso de los manifestantes. Perón concibió la policía como un cuerpo político. En sus dos primeras presidencias, la policía vigiló, encarceló y torturó a dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles de la oposición; también fue un obstáculo para las conspiraciones internas de los militares contra el gobierno. Perón simpatizaba con la fuerza que había sido creada en forma casi simultánea con su irrupción en la política y les otorgó a sus integrantes mejores sueldos, condiciones laborales y beneficios previsionales. Además, hizo realidad un reclamo corporativo: que la policía tuviese su propio Código de Justicia y sus conductas fuesen juzgadas por sus pares. Como sucedía con los militares. El fundamento de esta decisión lo explicó así: "El policía es el hombre que actúa frente al delincuente teniendo este las mismas garantías que aquel. ¿Por qué?

Así el poder siempre lleva las de perder. Para mí ha sido siempre anacrónico. Una cosa que me ha hecho sonreír... [es] saber que el vigilante —para poder utilizar su arma— tiene que recibir primero un balazo. Esto pone a esa pobre gente en una situación desgraciada". La "vieja guardia" de la Sección Especial de la Policía Federal del gobierno de Perón había hecho su experiencia en la Sección Orden Político comandada por Leopoldo Lugones (h) a inicios de los años treinta, durante la dictadura del general José Félix Uriburu. En el sótano de la cárcel de la Penitenciaría, donde prestaban sus servicios, habían torturado a radicales, anarquistas, comunistas, estudiantes, militares y gremialistas, entre otras víctimas. Esas prácticas se reprodujeron en la Sección Especial. La repartición estaba ubicada en un edificio anexo a la Comisaría 8a, Urquiza 556.

Cipriano Reyes: de la alianza política a la tortura y la cárcel

Uno de los visitantes más célebres de la Sección Especial fue Cipriano Reyes. El sindicalista había logrado el apoyo de Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, para enfrentar al comunista José Peter por la conducción del gremio de la carne. Para consolidar su imagen de "coronel de los trabajadores", y en plena etapa de conquista del mundo fabril, Perón había caminado en varias oportunidades del brazo de Reyes por las calles de Berisso. Por entonces, la alianza entre el obrero del frigorífico Armour y el coronel parecía inquebrantable. Incluso Perón, en los funerales de su hermano Doralio Reyes, muerto tras un tiroteo con los comunistas, le afirmó: "Ahora sí somos soldados de la misma causa". Reyes retribuyó la lealtad de Perón y fue un hombre clave en la organización de la movilización popular del 17 de octubre. Después prestó su recién creada estructura política, el Partido Laborista, para la candidatura presidencial de Perón en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Pero tras el triunfo, la relación se modificó. Aun antes de asumir el poder, Perón demostró que su brazo político era circunstancial y nadie que no fuese él (o su esposa, Eva Perón) debía interferir en su liderazgo sobre el movimiento obrero. En mayo de 1946, Perón ordenó la disolución de todas las agrupaciones partidarias que lo habían llevado al poder y las subordinó a otra estructura —el Partido Único de la Revolución Nacional, como lo denominó en ese momento—, que sería el sustento político de su gobierno. El nuevo partido estaba centralizado en su figura.

Reyes se negó a sepultar al laborismo. En forma casi inmediata, sus locales comenzaron a ser asaltados a mano armada. Por sus "desviaciones políticas", y por oponerse a "la unidad", el oficialismo lo consideró un traidor. El sindicalista conoció la soledad política. Fue perdiendo influencia entre los suyos y quedó solo en su "bloque laborista" en el Congreso. El resto se sumó al peronismo. Y como no pudo ser alcanzado por las políticas de cooptación —que ya habían aprehendido a muchos sindicalistas—, fue perseguido. En la madrugada del 4 de julio de 1947, Reyes tuvo su advertencia. Una ráfaga de ametralladora le atravesó el chambergo cuando salía de su casa de La Plata. Él se salvó, pero en el ataque murió el chofer de un taxi. Reyes persistió. Con su partido ilegalizado, empezó a promover su participación, y la del laborismo, en las elecciones por la reforma constitucional en 1949. Entonces, como había sobrevivido a otros atentados en Tucumán, San Martín y Berisso, el gobierno decidió que para sacarlo de circulación había que revertir la táctica. Desplazarlo de su rol de víctima y enredarlo en un supuesto complot contra Perón para encarcelarlo. La Sección Especial fue utilizada para este plan. Por entonces, el país estaba bajo estado de sitio. Cada reunión política debía contar con autorización policial. Reyes solicitó permiso. El general Juan Bautista Molina, jefe de la Policía Federal, se lo concedió como un hecho excepcional, pero le pidió que le informara los detalles: el lugar, la hora y los nombres de los concurrentes. Reyes se los proveyó. Quintana 24, primer piso, el domicilio de Walter Beveraggi Allende, vicepresidente del Partido Laborista. Según Reyes, en el curso de la reunión, llegaron dos personas que se presentaron como "el teniente Pereyra" y un ayudante. Le informaron que existía un plan para derrocar a Perón. El movimiento lo comandaba el brigadier Vélez. Ya habían comprometido a varios oficiales del Ejército y la Marina; había armas, granadas. Faltaba que ellos, los laboristas, se decidieran a colocar a un jefe civil para que la revolución se iniciase. Los invitaban a una reunión con Vélez. Era un "complot revolucionario" demasiado limpio como para resultar creíble, pero Reyes cayó en la tentación. Quiso saberlo. La primera indagación al interior de la fuerza dio resultado positivo. El apellido Pereyra existía y el brigadier Vélez también. Sin saberlo, Reyes se fue acercando a la boca del lobo. Aceptó la invitación y, con algunos de su grupo, fue a la sede de la Aeronáutica Civil. Pereyra los hizo pasar. Les informó que el brigadier estaba en la oficina de al lado. Se demoraría sólo un momento. Pero finalmente Vélez no llegó. La cita se postergó para el día siguiente, a la noche. Reyes sospechó del ardid y decidió no concurrir. Pero envió una comisión, liderada por el sacerdote Víctor Jorbán Farías, para dar por concluido el tema. Pero el tema acabaría con Reyes durante los siete años siguientes. Esa misma noche, la del 23 de septiembre de 1948, ya tenía encima a un comisario con una orden judicial de allanamiento en Quintana 24. Una hora después torturaban a Reyes y a los miembros de su Junta Promotora en la Comisaría 17a. Fue un procedimiento rápido. Un oficial de Marina, pariente de Beveraggi, que estaba de visita, también fue torturado. De golpe, apareció el teniente Pereyra en la comisaría. Desaliñado, parecía formar parte del lote de detenidos. "Cante Reyes, cuente todo", le gritó. Los miembros de la Junta Promotora fueron cargados en un carro celular de la policía, encadenados. "¡A la horca! ¡A la horca!", le gritaba a Reyes un grupo reunido en la calle. Al día siguiente, se denunció el complot. La versión oficial decía que un espía norteamericano había contactado a un grupo argentino con el objetivo de matar a Perón, a Evita y a varios ministros. El atentado tenía fecha: sería el 12 de octubre, en la gala del Teatro Colón. Perón convocó a un acto en la Plaza de Mayo ese mismo día. El pueblo respondió. Lo aplaudieron durante cinco minutos antes de que tomara el micrófono. Perón encuadró el supuesto atentado en la línea de los crímenes de líderes latinoamericanos como Augusto Sandino (Nicaragua, 1933) o Jorge Eliécer Gaitán (Colombia, 1948), que tuvieron intervención norteamericana. El plan abortado tenía el mismo origen: un asesinato pagado por el "oro extranjero", en favor de los intereses de consorcios capitalistas que deseaban su muerte. Perón no mencionó a Reyes. Pero hizo alusión a "un payaso que hace creer que lucha" por el pueblo trabajador y a otros usureros. Tampoco eran necesarios más datos adicionales. Los identikits de los complotados estaban publicados en los diarios de la mañana. Cipriano Reyes, su hermano Héctor, Beveraggi Allende, dos mujeres, dos capellanes de la Armada, un cura y un ciego. Ese era el grupo local, "los enemigos de adentro", que formaban parte de la confabulación. La policía caracterizó a Reyes como "un sujeto de pésimos antecedentes personales y policiales, traidor a la Patria y al servicio del oro norteamericano". En ese momento, mientras Perón le hablaba a la multitud, el grupo laborista permanecía en la cárcel de la Penitenciaría. Llevaban dos días sin comer.

El jefe de la unidad penal, Roberto Pettinatto, permitió a la prensa que les tomaran fotografías con sándwiches y bebidas que luego retiró de la mesa. Eva Perón también se refirió a ellos desde el balcón. Hizo hincapié en la ley. Había que fiarse de la Justicia, como había dicho Perón. Pero había que tener en cuenta algo más: "Sepan que si ellos no obedecen la consigna de luchar por una Argentina libre, justa y soberana, el pueblo puede tomarse algún día la justicia por sus manos". Ese día, si llegara, dijo Eva, ella estaría a la cabeza del pueblo si fuera necesario. Después de su paso por la Penitenciaría, los detenidos fueron trasladados a la Sección Especial. Entonces les fueron colocando las cadenas, las vendas y las capuchas negras. Fueron pasando a una oficina de a uno, los colocaron en una mesa, los ataron de brazos y piernas con correas de cuero y los tuvieron en silencio, desnudos, por un largo rato. Pero no los tocaron. Esperaban al jefe. El jefe llegó. Reyes escuchó su voz persuasiva. —¿Dónde tenés escondidas las armas? —le dijo—. ¿Cuántos son los militares comprometidos? A cada pregunta la acompañaba con la aplicación de la picana eléctrica. En la oreja. En la planta de los pies. Los gritos de Reyes se apagaban con música. Pero Reyes se ahogaba, se hundía, se iba. Le oprimieron el pecho, trataron de extraerle la lengua para salvarlo. Reyes reaccionó. Le desataron las correas, lo incorporaron, le tomaron el pulso. Cuando ya estaba mejor, volvieron a golpearlo. El jefe de la Sección Especial, el comisario Cipriano Lombilla, en el oído, le susurraba que confesara todo lo que Reyes no sabía. Lo dejaron tirado en el calabozo. Lombilla recomendó que no le dieran agua. Reyes usó su sombrero de almohada. Parecía muerto. Parte de la dirigencia laborista atravesó experiencias parecidas a la suya. El algodón en los ojos, el vendaje, la mesa de tortura, las preguntas sin respuesta, el alambre electrificado —dos alambres en algunos casos—, el amplificador con música, los gritos ahogados, el desmayo, el calabozo, la sed. El radiólogo Luis Eugenio García Velloso no se salvó del vendaje, pese a ser ciego. Le movieron la mano para que firmara una declaración en la que se autoincriminaba. Cuatro días después de la detención, llegó a la repartición policial el juez Oscar Palma Beltrán para indagarlos. El juez pidió el nombre de todos. Eran catorce. La mitad de ellos había sido torturada. Algunos supusieron que actuaría en su defensa y denunciaron los tormentos. Recibieron puntapiés. La policía ya les había advertido que debían hacer silencio. El magistrado prosiguió. Les indicó que los había hecho reunir en la Sección Especial para facilitar la actuación de la Justicia. Después, se acercó a Reyes: "Viejito, aquí no ha pasado nada. Vos sos lo suficientemente vivo como para no querer volver allá arriba, ¿no es cierto?", le dijo, en referencia a la mesa de torturas. En el lugar estaba el oficial principal Salomón Wasserman, que revistaba en la Sección Especial. Unos días atrás, los laboristas lo habían conocido como "el teniente Pereyra". Excepto Reyes y el sacerdote Jordán Farías, que hicieron una pasada por la enfermería de la Penitenciaría para ser restablecidos, el resto fue a la cárcel de Devoto. La esposa de Reyes estuvo ocho meses detenida sin proceso judicial. El juez no encontró elementos para condenarlos. Pero la Cámara revirtió la sentencia. En el lapso entre una instancia judicial y otra, Beveraggi Allende se escapó del país. Reyes, en cambio, no saldría en libertad hasta la caída de Perón, en 1955.

Las consecuencias de la autonomía sindical

Mientras Perón ponía en marcha las reformas sociales, que representaban una demanda histórica de los trabajadores, el movimiento obrero se fue convirtiendo en el agente político del gobierno, la base de la movilización popular. Pero aquellos sindicatos que quisieron mantener su autonomía frente a las políticas de la CGT y el Estado padecieron la amenaza, la persecución y la tortura. En 1949, los afiliados telefónicos luchaban por mantener sus derechos gremiales, despojados luego de la intervención de la CGT, alineada con el sindicalismo "vertical" peronista. Los telefónicos se declararon en huelga. En respuesta, el gobierno aplicó su política de "trato duro" con los gremios disidentes para dar por terminado el conflicto. En la madrugada del 1o de abril, un grupo de la Sección Especial allanó sin orden judicial cuarenta domicilios de empleados telefónicos. Decían que entraban para buscar documentos que habían sido hurtados de las oficinas. Veinte detenidos fueron transportados a Urquiza 556.

El episodio obtuvo notoriedad, sobre todo porque las torturadas fueron operadoras telefónicas. Una de ellas, Nieves Boschi de Blanco, además, estaba embarazada. La sacaron de su casa, la llevaron a la comisaría de Ramos Mejía y luego Lombilla, junto al oficial principal José Faustino Amoresano y otros cuatro policías, se ocuparon de interrogarla. Le tiraron de los pelos y le golpearon la cabeza contra la pared. Después la acostaron en una camilla y le aplicaron la picana eléctrica con una intensidad que variaba entre los cincuenta y los cien voltios, en principio sobre la ropa y luego sobre su cuerpo. La tortura desvaneció a la empleada telefónica, pero, apenas se restableció, Amoresano persistió con su rutina en las partes más sensibles: oído, senos, vientre, ingle, genitales y piernas. Para ahogar el sonido de sus gritos, colocaron un disco de jazz en el fonógrafo. "Te vamos a hacer largar el hijo antes de tiempo", le advirtieron. La operadora fue trasladada a un calabozo del Departamento Central de Policía. Le tomaron fotografías, legalizaron su detención y luego fue liberada. En la Sala de Primeros Auxilios de Ramos Mejía le comunicaron que había perdido el hijo. Algunos gremios y partidos opositores reclamaron la supresión de la Sección Especial y la reincorporación de empleados telefónicos, dejados cesantes tras las torturas. Pero no hubo lugar a los reclamos. Por el contrario, desde la presidencia de la Nación se destacó el desempeño de Lombilla y otros funcionarios en "la pesquisa destinada a identificar a los integrantes de un grupo de comunistas que bregaba constantemente para producir una atmósfera de intranquilidad y descontento ante el personal de Teléfonos del Estado". Otro caso de torturas, pero seguido de muerte, ocurrió en Tucumán, a partir del conflicto de los azucareros, en 1949. Los trabajadores estaban agremiados en FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera). El sindicato, afiliado a la CGT, apoyaba al peronismo, pero aun así mantuvo su activismo y su conflictividad. La explotación estacional de la fuerza laboral los convertía en mano de obra barata para la industria azucarera. Durante los primeros años de su gobierno, Perón subsidió los aumentos salariales para evitar conflictos que afectaran la estructura socioeconómica del norte argentino. Pero hacia 1948, los subsidios se cancelaron, los ingenios azucareros redujeron los salarios y los obreros reclamaron que se los equiparara con otras industrias.

Fueron a la huelga durante cinco días. Hubo cientos de detenidos. En una de las redadas cayó Carlos Aguirre, que organizaba tareas de solidaridad del gremio. Fue secuestrado, llevado a la Casa de Gobierno de Tucumán. Sometido a golpes por un grupo de civiles y policías, un golpe de puño en el cuello le provocó la muerte. Entonces debía resolverse qué hacer con su cadáver. Lo retiraron de la Casa de Gobierno por un balcón, lo cargaron en un jeep, apagaron las luces de las calles céntricas y lo trasladaron hasta el cerro Aconquija. Lo sepultaron en un pozo en una de sus laderas, y lo cubrieron de cal. Pero a los pocos días, mientras se denunciaba su desaparición, los lugareños señalaron el sitio para que el cuerpo pudiera ser desenterrado. El subjefe de policía y otros funcionarios fueron condenados a prisión con penas mínimas —de dos a cuatro años—, pero fueron liberados antes de cumplir la pena.

El caso Bravo desnuda las torturas del peronismo

"Angustiada por la desaparición de mi hijo Ernesto Mario Bravo, desde su detención 17 de mayo por policía Sección Especial y agobiada por los más sombríos presentimientos, ruego nuevamente Excmo. Señor Presidente dignarse impartir instrucciones para urgente esclarecimiento del hecho y concederme audiencia." El caso de torturas de la Sección Especial de mayor resonancia fue el del estudiante Ernesto Mario Bravo. Perón estaba enfrentado con la comunidad universitaria. El gobierno militar, que él integraba, había disuelto las organizaciones estudiantiles, clausurado universidades y detenido a rectores y decanos. En 1945, la agremiación estudiantil se alineó con la Unión Democrática para las elecciones de febrero de 1946 y enfrentó en la calle a grupos peronistas y de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), un grupo de choque liderado por Juan Queraltó. En esa batalla hubo varios muertos. Dos estudiantes de Ingeniería de La Plata, Jorge Bakmas y Julio Rivello, fueron asesinados por negarse a vivar a Perón. El 4 de octubre de 1945, Aarón Salmún Feijoo fue muerto cuando un grupo de diez personas de la Secretaría de Trabajo y Previsión lo interceptó en Perú y Avenida de Mayo, cuando iba a apoyar la huelga estudiantil en la Facultad de Ciencias Exactas. Le dispararon un tiro en la boca. Fue considerado "el primer mártir universitario".

Tras la victoria de Perón, la universidad se convirtió en un espacio de culto al peronismo, con el restablecimiento de la enseñanza confesional y el uso de bibliografía oficialista. Los estudiantes, frente a la intervención de universidades, la expulsión de más de mil profesores —casi un tercio del cuerpo docente— y la designación de decanos y rectores con precarios antecedentes académicos, se mantuvieron en la resistencia. Una fórmula para controlarlos fue el certificado de "buena conducta", requisito imprescindible para la inscripción universitaria, que entregaba la Policía Federal. Los centros de estudiantes fueron vigilados y una red de informantes y delatores policiales se expandió por los pasillos y las aulas. Los centros de estudiantes, además de panfletos, servían de apoyo logístico. Uno de los líderes estudiantiles del socialismo era Luis Alberto Vila Ayres, estudiante de Derecho, que había ingresado de contrabando armas para una célula. La inteligencia policial estuvo al corriente de esa información. En 1949 Ayres fue rodeado e inmovilizado por un grupo de policías a la salida de una estación de subterráneo y conducido a la Sección Especial, donde le aplicaron descargas eléctricas.

En este contexto de tensión entre el oficialismo y los universitarios, se produjo la desaparición de Ernesto Mario Bravo, militante comunista, que estudiaba Química en la Facultad de Ciencias Exactas. Bravo fue secuestrado en el barrio de La Paternal el 17 de mayo de 1951. Una comisión policial comandada por Lombilla fue a buscarlo a su casa. Bravo logró escapar por los fondos, pero fue aprehendido en la calle, sobre Fragata Sarmiento al 1800. Varios testigos observaron el procedimiento. La policía negó su participación. El gobierno no dio respuesta al requerimiento de sus familiares. El juez Nicolás González Goytia les informó que no estaba detenido, pero no ordenó el allanamiento de la Sección Especial. Durante los primeros días, la prensa no se interesó por el secuestro. Sólo en las universidades se realizaron actos para reclamar su reaparición, que eran dispersados por la policía. El 9 de junio la Federación Universitaria Argentina (FUA) realizó una huelga, con manifestaciones callejeras. Hubo corridas en la calle Florida y más de un centenar de detenidos. Se intuía que Bravo correría el mismo destino que el obrero Aguirre: secuestro, torturas, desaparición y muerte. El contexto era cada vez más violento: en junio de 1951, algunos locales del Partido Comunista fueron saqueados; en Parque Patricios, el asalto a un local partidario de la calle Zavaleta provocó el asesinato del obrero metalúrgico Francisco Blanco, ultimado por miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista comandados por Guillermo Patricio Kelly. El caso Ernesto Bravo fue tomado por radicales, católicos, el diario La Nación, toda la oposición, como el símbolo de la represión de la Sección Especial. Su desaparición también fue denunciada en la Cámara de Diputados. El peronismo no se quedó de brazos cruzados. Salió a responder. Denunció que el de Bravo era un "autosecuestro"; lo habían retenido los mismos estudiantes porque necesitaban un mártir, una bandera, para movilizarse contra el gobierno. Bravo, desde la perspectiva oficial, era la parte visible del iceberg de un complot "comunista-oligárquico", la reedición de la Unión Democrática que había sido derrotada en las urnas. Después de veintiséis días sin noticias sobre su paradero, Bravo apareció. La versión policial indicaba que el estudiante supuestamente secuestrado había sido detenido tras un "tiroteo con la policía" en la calle Bahía Blanca. El parte policial explicaba que los agentes "vieron brillar en la oscuridad un revólver niquelado esgrimido por un individuo bajo y de cierto grosor, quien sin más trámite, abrió fuego. Igual cosa hizo otro de los individuos, alto y fornido...". Sus dos cómplices habían escapado, pero Bravo logró ser reducido por las fuerzas policiales. La CGT y el Consejo Superior Peronista avalaron la versión, del mismo modo que la prensa oficialista. Bravo fue acusado de "abuso de armas y resistencia a la autoridad". El juez lo interrogó durante veinte horas, en dos días continuados. Su testimonio era coincidente con la declaración de los testigos. Había sido secuestrado el 17 de mayo. Bravo relató que fue conducido a la Sección Especial. Lo golpearon diez hombres, a patadas y con cachiporras hasta que se desvaneció, lo desnudaron en una celda y le tiraron baldes de agua fría. Lo dejaron solo durante todo un día pero le impidieron dormir. Después fue llevado a una oficina y volvieron a pegarle. Cada tanto, un kinesiólogo le hacía masajes para reanimarlo. Otra vez en la celda, con fiebre, bebiendo agua del piso y su propia orina, trataron de reanimarlo con inyecciones y hielo. Un enfermero le enyesó el dedo anular y el meñique, que se habían quebrado por los golpes.

Cuando observaron que su vida corría peligro, la policía recurrió a un médico. Bravo nunca lo pudo ver. Cada vez que lo atendía le vendaban los ojos. Lo llamaban "el doctor Maciel". En su relato, Bravo dijo que escuchó que una niña bailaba danza española en el patio interno de la Comisaría 8a, como parte del festejo patrio del 25 de mayo. La fecha le servía como referencia. Dos días después, una inyección le fue haciendo perder el conocimiento, aunque percibió que era trasladado en una camioneta, mientras el kinesiólogo, apodado el "Gallego", le daba medicamentos y le tomaba el pulso. Fue llevado a una casaquinta donde permaneció esposado en una cama. Reconoció a un celador del colegio industrial entre los miembros de la custodia de la Sección Especial. También lo visitaba el "doctor Maciel". Poco a poco, Bravo se fue sintiendo mejor. El 13 de junio le quitaron el yeso, las vendas, le trajeron un peluquero, lo afeitaron, le dieron las mismas ropas con las que había sido detenido —lavadas y planchadas— y lo retiraron del lugar. Luego de tres horas de viaje en auto, entró en una comisaría. A la mañana siguiente fue obligado a declarar ante la Justicia bajo la acusación de "abuso de armas y resistencia a la autoridad". Después, dio testimonio en otro juzgado sobre las torturas a las que fue sometido. El cuerpo médico de Tribunales constató fracturas en los dedos, hematomas, huellas de las inyecciones. El testimonio de Bravo era verosímil. Pero, hasta ese momento, en el expediente había dos versiones contrapuestas: el informe de la policía y los dichos de Bravo. Cinco días después, surgió la tercera versión: la del "doctor Maciel".

Lombilla: "el arte de la tortura es no matar"

El médico se llamaba Alberto Caride. Explicó a la Justicia que había sido contactado por teléfono por el oficial principal Amoresano a las tres de la madrugada del 18 de mayo de 1951. Enseguida lo pasaron a buscar por su casa. De alguna manera, por su profesión, Caride estaba relacionado con el peronismo. Ya había atendido en forma privada a pacientes que habían sido detenidos en la Sección Especial. A uno de ellos le había amputado la pierna izquierda, otro había quedado estéril por los castigos, y como jefe de Traumatología del Hospital Ramos Mejía, ubicado en la calle Urquiza, justo enfrente de la Sección

Especial, había tratado por una enfermedad de columna al gobernador bonaerense, coronel Domingo Mercante, entonces "lugarteniente" de Perón. Caride suponía que esa era la vinculación con el llamado. Pronto supo que no. En el auto, camino a la Sección Especial, Amoresano le recordó que había sido empleado de la Mesa de Entradas de un sanatorio cuando Caride era practicante; le recordó también que había sido despedido por pedir propinas de pacientes y familiares, y que al empleado que delató su práctica le rompió la nariz. Después, la vida lo había ido llevando. Había trabajado con un camión, pero ahora estaba haciendo carrera. Era el hombre de confianza del comisario Lombilla. Estaba orgulloso de su jefe. Los unía la particularidad de que ninguno de los dos había pasado por la Escuela de Policía. Para los hombres de la fuerza, el porvenir era la Sección Especial. Lombilla recibió a Caride en su escritorio. Tenía a primera vista la foto en la que posaba con Perón, con una dedicatoria personal del presidente. Lombilla se disculpó por haberlo importunado a esas horas de la madrugada. Le comentó que sus médicos estaban de vacaciones y necesitaba sus servicios. Sabía que él también preparaba las suyas. Lombilla le dio el pasaporte que había gestionado en la policía para viajar al exterior. Pero iba a tener que suspenderlas. A uno de sus muchachos "se le había ido la mano" con un detenido y ahora quería dejarlo bajo su responsabilidad, para que hiciera lo que pudiera. Pero, si no fuera así, "mala suerte...", le explicó. Caride fue guiado por Lombilla por el interior de la Sección Especial de Policía. Atravesaron distintos corredores, subieron una escalera estrecha, abrieron un candado con una llave, empujaron una puerta de metal, entraron en una "cueva". El espacio era de dimensiones pequeñas. Había una figura postrada en la oscuridad que respiraba con dificultad. Estaba inconsciente. Tenía puesto un calzoncillo y una camiseta. Caride le vio la cara deformada, el cráneo hundido. Le brotaba sangre de la boca. Tenía llagas en las encías y la mano derecha enyesada. —Este es el hombre —dijo Lombilla. El médico se agachó para separarle los párpados, los hematomas se lo impedían. Cuando se paró para hablar con Lombilla se encontró cercado por hombres con pistolas al cinto. Advirtió que él también era un prisionero. —Hay que darle agua —comentó el médico. Lombilla se negó. —Hablemos abajo —dijo. La puerta metálica volvió a cerrarse con candado.

El jefe de la Sección Especial lo llevó a la oficina del Archivo. No quería muchos testigos. Estaban Amoresano y algún otro asistente. Había muebles con centenares de prontuarios. Lombilla le pidió a Caride una evaluación de lo que había visto. —Tiene conmoción cerebral —dijo el médico. El policía relativizó el diagnóstico, pero luego lo fue aceptando. —Puede ser. Le dimos tres horas de picana... Lombilla le transmitió sus experiencias como policía. Si la picana se aplica por mucho tiempo, los músculos se contraen y el detenido queda duro. La mandíbula es lo primero que se endurece. A menudo se ablanda con una buena trompada. Pero en el caso de este detenido, le explicaba Lombilla, los golpes no resultaron. Caride propuso internarlo en un sanatorio lo más rápido posible. Había que hacerle radiografías en las costillas. Sospechaba que una estaba fracturada. Lombilla le explicó que podía atenderlo en la repartición. Se preocupó por la salud del detenido. —¿Cuánto tiempo se necesita para que se recomponga? —preguntó. Necesitaba conocer su opinión para saber qué hacer con él. El médico no podía precisar si se recuperaría en forma completa. —Las conmociones cerebrales dejan huellas que son imposibles de predecir. Si el diagnóstico era complicado, Lombilla comentó que podía hacer atropellar al detenido por un auto y que el problema se resolviera con un accidente. Podía ser un auto de la Sección Especial. —Las denuncias van a la Dirección de Tráfico de la Policía y no tardan mucho en archivarse... La hipótesis del "accidente" quedó flotando en el aire. Lombilla también le explicó por qué no le daban agua al detenido. No era por desconsideración. Después de las torturas, había que dejar pasar al menos cuarenta y ocho horas para que el sistema digestivo le permitiese tragar algo. Ni siquiera podía hacerlo por enema. Pero le admitió a Caride que tenía razón. —...lo de la conmoción cerebral quizás haya sido porque lo agarramos de los pelos y le golpeamos la cabeza contra la mesa —dijo. El arte de la tortura es no matar, explicó Lombilla. Es jugar siempre al límite para lograr la confesión, pero evitar que el detenido muera sobre la mesa. La muerte era considerada un imprevisto en la Sección Especial. Le había ocurrido una vez a Amoresano. Empezó a torcerle las muñecas a un detenido que continuaba sin hablar, o, mejor dicho, solo se quejaba. Ese día estaba con mucho trabajo y Amoresano perdió la paciencia. Le dio un golpe en el pecho y el corazón y se le plantó en el acto. Lombilla se sonrió por la mala suerte de su ayudante. De la oficina de Archivo de la Sección Especial fueron hasta a un pequeño depósito de medicamentos. Lombilla le dijo que eligiera lo que hiciera falta. No había mucho. Caride tomó un estimulante cardíaco y suero, pero decidió ir a su consultorio a retirar jeringas, suero, coralina, una sonda. Lo acompañó Amoresano. No quedaba muy lejos. En el 261 de la calle Riobamba. Al regresar, el médico hizo las primeras curaciones al prisionero. Recomendó que le pusieran una bolsa de hielo para bajarle la fiebre y, en lo posible, que lo colocaran en una cama con un colchón, frazadas, almohada. Lombilla lo invitó a tomar un café en su despacho. Se esmeraba por ser cortés con el médico. Le habló de Perón. Tenía buena relación con él. El General estaba apadrinando los estudios de su hijo como cadete del Colegio Militar. Pasadas las seis de la mañana, lo dejaron ir a su casa. Tres horas más tarde lo llamaron desde la Sección Especial para preguntarle si iba a salir de su domicilio, porque, si fuera así, le mandaban la custodia y el auto. A esa hora, ya había policías vigilando la puerta de su casa. A la tarde, Caride fue a hacer visitas médicas acompañado por un oficial. A la medianoche, volvió otra vez a la Sección Especial. Le abrieron el calabozo y el médico entró. Volvió a ver al detenido. Estaba tirado sobre un felpudo; no había hielo ni se había aplicado nada de lo que había indicado. Un par de zapatos en la cabeza le servían de almohada. Todo el resto estaba como lo había dejado. Lombilla le pidió que no se alterara. No tenía mucho margen para quejarse. Puso en palabras lo que Caride ya había entendido. —Cualquier acusación que haga en nuestra contra, solo servirá para comprometerlo. Continúe con nosotros y en silencio. No tiene otra salida.

La conexión de la Sección Especial con la Casa Rosada

La Sección Especial era un "agujero negro" de la Policía Federal. Lombilla se tomó el trabajo de explicarle el funcionamiento. En teoría, su repartición dependía de la División de Investigaciones de la Policía Federal. Pero en la práctica era una repartición autónoma. La Sección Especial reportaba a la División de Informaciones Políticas de la presidencia de la Nación, que dirigía el comandante de Gendarmería, general

Guillermo Solveyra Casares. Le gustaba el fútbol. Acababa de abandonar la presidencia del Club Tigre. En 1938, había creado y comandado el primer servicio de la inteligencia de la fuerza e internó a los gendarmes, vestidos de paisanos, en los bosques del Territorio del Chaco para buscar información que ayudara a capturar a Segundo David Peralta, alias "Mate Cosido", y otros bandoleros sociales que atormentaban, con asaltos y secuestros, a gerentes de compañías extranjeras y estancieros. Solveyra Casares era un hombre muy cercano a Perón. Tenía su despacho contiguo al del presidente en la Casa Rosada y desde hacía un tiempo ocupaba una silla en las reuniones de gabinete. El hombre de "enlace administrativo" entre Balcarce 50 y Urquiza 556 era el subcomisario José González, que revestía como subjefe de Informaciones Políticas y también como subjefe de la Sección Especial, un escalón por debajo de Lombilla. —Rendimos cuentas a Perón, no a la policía —explicó Lombilla, y prosiguió—. Desde el punto de vista legal, yo sé que podría ser condenado por mil casos... Ve aquella pila de papeles... Era una pila de carpetas de quince centímetros de altura. —...son denuncias de los presos de la Sección Especial que se presentaron en la Justicia. Los jueces las envían de vuelta para acá y yo las archivo. Lombilla confiaba en la Justicia. Los jueces tenían instrucciones precisas: no debían "estorbar" las acciones de los policías de la Sección Especial. Había un procedimiento interno, de confianza mutua, entre Lombilla y los jueces. Funcionaba como una señal de alerta: si el magistrado decidía un allanamiento a su repartición, lo llamaban por teléfono, y sus subordinados realizaban el traslado interno de los detenidos a la Comisaría 8a, y la Sección Especial se mantenía "limpia". Lombilla admitía que tenía jueces controlados, pero había otros a los que no les tenía confianza. Les temía. Los días que siguieron, Caride continuó visitando a Bravo. Ya se alimentaba. El médico tenía la certeza de que no se moriría. Mientras tanto, fuera de la Sección Especial, Caride seguía en compañía de Amoresano. Si visitaba a un paciente en su casa, el policía se acomodaba en la sala de espera. Caride estaba obligado a guardar secreto. Debía ser custodiado. Ante cualquier revelación suya, debían eliminarlo. En este aspecto, Lombilla había sido claro. La policía ya había negado al juez que el estudiante hubiese sido detenido, y se mantendría firme en esa postura.

En una de sus visitas, Amoresano le mostró la sala de torturas. Al médico le pareció un espacio amplio, ventilado, con luz natural que provenía de un patio. Un sitio curiosamente alegre, según su impresión, si se lo comparaba con la "cueva" en la que visitaba a Bravo. En medio de la habitación había una mesa de madera y a un costado, un pequeño motor eléctrico, algunos rollos de alambre y una aguja de tortura que, atada al alambre, se aplicaba sobre los cuerpos de los disidentes. También había correas de cuero para atar las muñecas y tobillos del detenido y se utilizaban ropas mojadas para asegurar la conducción eléctrica. Arriba, colgada sobre el techo, estaba la polea. Era un método que Amoresano había importado del Paraguay cuando fue a hacer experiencia durante el régimen del dictador Higinio Morinigo. La polea servía para colgar de los tobillos a los detenidos. Los ataban con las sogas y les metían la cabeza en barriles de agua, preferentemente con hielo, para que tragaran agua y se asfixiaran. En la medianoche del 27 de mayo, el subcomisario González le informó al doctor Caride que Bravo sería trasladado y debía acompañarlos. Salieron en dos autos, en un pelotón que incluía a Lombilla y a un enfermero. Fueron a una casaquinta en Paso del Rey, sobre la avenida Gaona, en el Oeste. Caride empezó a visitarlo día por medio. Bravo siguió sufriendo mareos pero se fue recomponiendo; tenía una fisonomía más presentable. El 10 de junio le informaron que Bravo quedaría en libertad y ya no necesitarían sus servicios. Bravo tenía puesto un traje. Como le habían robado los zapatos que usaba el día de la detención, una comisión policial allanó su domicilio y trajo otro par para calzarlo. Al día siguiente, Bravo ya estaba formalmente detenido en la Comisaría 45a y listo para declarar ante la Justicia. Caride dejó pasar unos días y relató el caso a los diputados radicales Silvano Santander y Miguel Ángel Zavala Ortiz, quienes acompañaron su presentación ante el juez. Su testimonio fue omitido por la prensa oficialista, que dejó de mencionar el caso. Pronto Caride tuvo que exiliarse en el Uruguay. Lombilla y Amoresano fueron imputados por el delito de "privación ilegal de la libertad y lesiones", pero dos años después, en 1953, fueron sobreseídos. Doctorado en Química, Bravo fue a vivir a La Habana poco después de la Revolución Cubana. Lombilla siguió trabajando en el país. Después de 1955, con el grado de comisario inspector, fue puesto en disponibilidad y exonerado, pero la compensación llegaría en 1962, con el gobierno de José María Guido: pasó a retiro con jubilación y honores, en mérito "a su actuación profesional como jefe de la Sección Especial de Represión al comunismo". Entrada la década de 1960, Lombilla trabajaba en una agencia de seguridad privada. Su socio era Amoresano.

La Gendarmería en la masacre de Pigalá

El general Solveyra Casares no sólo era un referente para la represión política local, también era parte de una fuerza que cometió crímenes masivos contra etnias aborígenes en el norte argentino, durante el gobierno de Perón. En octubre de 1947, la Gendarmería Nacional, que dependía del Ministerio del Interior, exterminó a alrededor de quinientos indios de la etnia pigalá en Rincón Bomba, Territorio Nacional de Formosa. Más de dos centenares de ellos desaparecieron durante los veinte días que duró el ataque de los gendarmes. La operación fue ordenada por el Escuadrón de Gendarmería de la localidad de Las Lomitas en respuesta al temor a una "sublevación indígena". Para reducir ese temor, exterminaron a los indígenas. El conflicto se había iniciado unos meses antes. En abril de 1947, miles de hombres, mujeres y niños de diferentes etnias marcharon hacia Tartagal, Salta, en busca de trabajo. La Compañía San Martín de El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se había interesado en contratar su mano de obra para la explotación azucarera. Patrón Costas era el representante político de los terratenientes. Había fundado la Universidad Católica de Salta, luego fue gobernador de esa provincia y presidente del Senado de la Nación. Su candidatura a presidente por el régimen conservador se malogró en 1943 por el golpe militar del GOU. También lo acusaban de haberse apropiado de tierras indígenas en Orán. Una vez que llegaron a Tartagal, los caciques se rehusaron a que la etnia trabajase en condiciones de esclavitud. Habían acordado una paga de 6 pesos diarios y cuando iniciaron sus labores les pagaron 2,5. Patrón Costas decidió echarlos y los aborígenes retornaron a sus comunidades. Eran cerca de ocho mil. El regreso se hizo en condiciones miserables, con una caravana que arrastraba enfermos y hambrientos; así, durante varios días de marcha, desandaron a pie más de cien kilómetros hasta llegar a Las Lomitas. La caravana estaba compuesta por mocovíes, tobas, wichís y pigalás, la etnia más numerosa. Tenían la costumbre de raparse la parte delantera del cuero cabelludo, hablaban su propio idioma, además del castellano, y habitaban en varios puntos de Formosa. Vivían como braceros de los terratenientes o de lo que cazaban y recolectaban. Luego de su paso frustrado por Tartagal, se asentaron en Rincón de Bomba, cerca de Las Lomitas. Allí podían conseguir agua. La miseria de la etnia asustaba. La Comisión de Fomento del pueblo pidió ayuda humanitaria al gobernador del Territorio Nacional, Rolando de Hertelendy, nacido en Buenos Aires y educado en Bélgica, y designado en el cargo por el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1946. La falta de recursos en las arcas de la tesorería del Territorio hizo que Hertelendy trasladara el pedido al gobierno nacional. Perón reaccionó rápido. Conocía el tema. En el año 1918, al frente de una comisión militar, había ido a negociar con obreros de La Forestal en huelga en el bosque chaqueño y había logrado apaciguar el conflicto. Les había aconsejado que los reclamos había que hacerlos de buenas maneras. De inmediato, Perón ordenó el envío de tres vagones de alimentos, ropas y medicinas. En la segunda quincena de septiembre de 1947, la Dirección Nacional del Aborigen ya las tenía en su poder en la estación de Formosa. Pero la carga fue recibida con desidia. La ropa y las medicinas fueron robadas, los alimentos quedaron a la intemperie varios días y luego fueron trasladados a Las Lomitas para ser entregados a los aborígenes. Ya estaban en estado de putrefacción. El consumo provocó una intoxicación masiva: vómitos, diarreas, temblores. Dada la falta de defensas orgánicas, los ancianos y los niños fueron los primeros en morir. Los indios denunciaron que habían sido envenenados. Las madres intentaban curar a sus bebés muertos en sus brazos. El asentamiento indígena se convirtió en un mar de dolores y de llantos que retumbaban en el pueblo. El cementerio de Las Lomitas aceptó los primeros entierros, pero luego les negó el paso del resto de los cuerpos. Ya eran más de cincuenta cadáveres. Los indígenas los llevaron al monte y enterraron a los suyos con cantos y danzas rituales. En Las Lomitas se asentó la creencia de que ese grupo de enfermos y famélicos estaba preparando una venganza. Se difundió el rumor del "peligro indígena", una rebelión en masa contra las autoridades y los vecinos del pueblo. Desde hacía días, las madres aborígenes golpeaban las puertas del cuartel de la Gendarmería y de las casas de Las Lomitas con sus hijos. Al principio se las ayudó. Pero de un día para otro se las dejó de recibir.

La fuerza armó un cordón de seguridad en su campamento y no se les permitió el ingreso al pueblo. Más de cien gendarmes armados los vigilaban con ametralladoras. El 10 de octubre de 1947 se reunieron el cacique Nola Lagadick y el segundo jefe del escuadrón 18 de Las Lomitas, comandante de Gendarmería Emilio Fernández Castellano. Era una entrevista a campo abierto. El comandante tenía dos ametralladoras pesadas apuntando contra la multitud de indígenas, dispuestos detrás de su cacique. Eran más de mil, entre hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos portaban retratos de Perón y Evita. El cacique exigió ayuda a la Gendarmería. Querían tierras para la explotación de pequeñas chacras, semillas, escuelas para sus hijos. Invitó al comandante para que visitara el campamento y tomara conciencia de sus miserias. Hay distintas versiones de cómo sucedieron los hechos. Una indica que los aborígenes comenzaron a avanzar hacia la reunión. Otra, que los hechos se desencadenaron como ya habían sido planeados: provocar una "solución final" al problema indígena en el Territorio de Formosa. Como fuese, la fuerza estatal abrió fuego contra la etnia desarmada. Lo hizo con sus ametralladoras, carabinas y pistolas automáticas. Fernández Castellanos se sorprendió del ataque y ordenó detenerlo. Sus dos baterías no habían disparado. Pero el segundo comandante Aliaga Pueyrredón, que no estaba de acuerdo con parlamentar con los indígenas, había desplegado ametralladoras en puntos estratégicos y acababa de dar la orden. El ataque provocó la huida de la etnia pigalá hacia el monte. Algunos arrastraban los cadáveres de sus familiares. Los heridos fueron siendo rematados por los gendarmes. La persecución continuó durante la noche; la Gendarmería lanzó bengalas para iluminar un territorio que desconocía. Desde el pueblo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras. La Gendarmería continuó la matanza porque no quería testigos. Muchos civiles de Las Lomitas, miembros de la Sociedad de Fomento, colaboraron para que el "peligro indígena" cesara en forma definitiva y brindaron asistencia logística. Recorrieron los montes Campo Alegre, Campo del Cielo y Pozo del Tigre para marcar los escondrijos en la espesura. Muchos cadáveres fueron incinerados. La persecución no dejaba tiempo para enterrarlos. Otros cuerpos fueron tirados en el descampado, en un camino de vacas, y la tierra y la maleza los fueron cubriendo con el paso del tiempo.

El trauma que produjo la represión, y el temor a otras nuevas muertes, fue enterrando el etnocidio bajo un muro de silencio. El diario Norte del Chaco mencionó que había habido un "enfrentamiento armado" ante la sublevación de los "indios revoltosos". Perón también hizo silencio. Nadie de la Gendarmería fue castigado por la matanza. Lo mismo había sucedido en Napalpí, en el Chaco, en 1924, aunque allí existió un proceso judicial para convalidar el ocultamiento. En Las Lomitas no. Se calcula que entre 750 hombres, mujeres y niños de distintas etnias, en especial los pilagás, murieron a manos de la Gendarmería. La historia fue narrada por uno de los matadores, el gendarme Teófilo Cruz, que publicó un artículo en la revista Gendarmería Nacional. Desde 2005, antropólogos forenses realizan excavaciones por orden judicial en el cuartel de la fuerza de seguridad. Los huesos que encuentran están apenas por debajo del nivel de la superficie. Pasaron más de seis décadas del crimen masivo, y las comunidades indígenas perdieron sus tierras y los montes fueron arrasados por las topadoras. Viven en las vías muertas de los ferrocarriles o en la periferia de las ciudades, en busca de una vivienda, un trabajo o algo para comer. Como hace sesenta años.

Bibliografía

Andersen, Martin Edwin, La policía. Pasado, presente y propuestas para el futuro, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Archivo de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. Chumbita, Hugo, "Alias Mate Cosido", en Todo es Historia, N° 293, noviembre de 1991. Gambini, Hugo, Historia del peronismo. El poder total (1943-1951), Buenos Aires, Planeta, 1999. "Historia del peronismo. La primera presidencia. La vida en la cárcel", en Primera Plana, N° 231, 30 de mayo de 1967. "Historia del peronismo. La primera presidencia. Los torturados", en Primera Plana, N° 222, 4 de abril de 1967. "Historia del peronismo. Víctimas del terrorismo", en Primera Plana, N° 223, 11 de abril de 1967. Martínez, Tomás Eloy, Las memorias del General, Buenos Aires, Planeta, 1996. Revista Gendarmería Nacional, N° 120, marzo de 1991. Reyes, Cipriano, La farsa del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1988. Uranga, Raúl, "Proyecto de declaración. Presentado en la sesión del 28 de julio de 1949, sobre denuncias de torturas y malos tratamientos", Archivo Histórico y Centro de Documentación de la UCR.

Capítulo 2 La confrontación

YO les aconsejo siempre a nuestros capitalistas que sepan dar el treinta por ciento a tiempo, porque si no van a perder todo, hasta las orejas... Si no lo entienden, yo les he dicho también que el día que las masas se lancen a colgar, yo no voy a estar de parte de los que deben ser colgados; preferiré estar del lado de los que cuelgan. Juan Domingo Perón, 2 de agosto de 1947.

La victoria de Perón en las elecciones presidenciales de febrero de 1946 provocó un giro político sorpresivo. El coronel había surgido desde el interior de un régimen militar que, tras dos años de permanencia en el poder, se había ido descomponiendo por sus querellas internas. La caída de Berlín, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, aceleró su crisis. Perón quedó en medio de las disputas, con dos adversarios visibles: los militares y los partidos políticos. Aunque ya había logrado la identificación de un actor hasta entonces ignorado desde el Estado, la clase obrera. Perón la incorporó a la comunidad política. Fue la base de su proyecto. La movilización del 17 de octubre de 1945 lo sacó de la prisión y le hizo revivir su vida política cuando ya parecía terminada. Al día siguiente, Perón puso en marcha su candidatura presidencial. Hizo uso de una maquinaria electoral que fue armada por sindicalistas leales, que formaron el Partido Laborista, y dirigentes radicales disidentes, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora (UCR-JR), para respaldar su liderazgo. La alianza fue un experimento creado mediante ensayo y error. El laborismo intentó consolidarse como el brazo político preferencial. Su capital era la base obrera. La contribución de los radicales, compuesta por dirigentes sin prestigio, formados en la vieja corporación político-partidaria que intentaban derrocar, era despreciada por los sindicalistas. No tenían una plataforma definida, pero se mostraban ávidos por colocar a sus candidatos en los primeros lugares de la lista a cargos legislativos y ejecutivos. Perón fue convenciendo a los laboristas: aun cuando fuesen una agrupación marginal, la UCR-JR podía resultar decisiva para inclinar en su favor la elección presidencial. El coronel también sumó el apoyo de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), jóvenes intelectuales del radicalismo que propagaban el nacionalismo popular y se habían levantado en armas contra el régimen del general Agustín P. Justo en la década de 1930, y de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), una fuerza de choque civil, también nacionalista, pero de corte antisemita. Y también conquistó el apoyo de la Iglesia, con su promesa de construir un Estado confesional. Perón necesitaba de todos para evitar la dispersión electoral. No quería quedar prisionero de una candidatura de sesgo "obrerista" y testimonial. El radicalismo disidente —al que los sindicalistas acusaban de ser "el caballo de Troya" de la vieja política en el movimiento popular— también podía ser la punta de lanza de un proceso de penetración entre la clase media. En el marco de esa estrategia, en la campaña del verano del '46, Perón no se olvidó de Hipólito Yrigoyen. Su memoria estaba fresca en el electorado radical. Perón se compa ró con él. El líder radical había luchado por la reforma social y la independencia nacional. Él también lo estaba haciendo. Ambos tenían un enemigo común: la oligarquía. Incluso más, Perón quería retomar su obra de gobierno inconclusa —interrumpida por un movimiento militar del que él mismo había participado—, para romper con los estamentos y los privilegios de la elite políticoeconómica. Para explicarlo, en un acto electoral, dijo que no aceptaría que se descalificase a nadie por "chusma ni por descamisado", y se quitó el saco y se arremangó la camisa. Con ese gesto creó la figura del "descamisado". Más que su bandera electoral, se convirtió en la representación simbólica de los excluidos de la elite que había creado y dominado el Estado argentino desde el siglo XIX para asegurar sus intereses. En el polo opuesto estaba la Unión Democrática (UD), una coalición que unía a conservadores, liberales, radicales, socialistas y comunistas. Tenían una tradición política y un aparato partidario mucho mejor estructurado que el que se organizaba día a día alrededor de Perón. La UD se obligó a diluir sus contradicciones ideológicas internas. Se presentaron como una opción contra la amenaza de un "régimen nazi-fascista" en la Argentina. Con una voz discursiva altisonante, en defensa de "la libertad, la democracia y los derechos individuales", y acompañada por un amplio movimiento civil de clase media y alta, la UD no hizo mucho esfuerzo por captar el voto obrero. Un actor clave en la campaña fue Spruille Braden. El embajador norteamericano estaba en sintonía con la UD. Tenían un enemigo común: para los Estados Unidos, Perón representaba la "amenaza nazi". Braden intentó probarlo y reclamó ayuda al Departamento de Estado para que documentara su presunta complicidad con la infiltración hitleriana en la Argentina. Sumó a su campaña publicaciones norteamericanas que lo retrataban como un caudillo pervertido sexual y provocador del "populacho". Las acusaciones de Braden se condensaron en el Libro Azul. Los diarios La Prensa y La Nación lo reprodujeron en varias entregas. Perón casi no tenía tiempo para refutarlas antes de la elección presidencial del 24 de febrero. Prefirió no entrar en detalles. Transformó los ataques del embajador norteamericano en un referéndum por la soberanía nacional: Braden o Perón. El pueblo debía elegir. La victoria de Perón (1.479.511 votos contra 1.210.822 de la fórmula José P. Tamborini-Enrique Mosca) fue definida por el voto obrero urbano, los trabajadores rurales y las adhesiones que recogieron los caudillos locales del radicalismo. Su triunfo con una coalición experimental era, sobre todo, la evidencia de que el régimen de partidos políticos estaba en crisis. Las democracias liberales habían sido devastadas en las últimas dos décadas. La Segunda Guerra Mundial era una de las consecuencias de ese fenómeno.

El peronismo oprime a la oposición: Balbín preso

Con la llegada del nuevo poder, la tarea no sería sencilla para sus opositores. Desde el Estado, Perón se preocuparía por absorber, cooptar y concentrar a muchos dirigentes y militantes, nuevos y viejos, que recibieron los beneficios de la acelerada construcción de un fenómeno político destinado a perdurar: el peronismo. Aquellos que prefirieron mantener su credo partidario deberían hacer un curso de supervivencia. Las torturas policiales serían consecuencias extremas de los límites que el oficialismo les imponía a sus detractores. El castigo a la desobediencia política también había alcanzado a la cúpula laborista, que se había opuesto a la orden de Perón de disolver su organización meses después del triunfo electoral. Él ya había creado su propio partido, el peronista.

El oficialismo dejó poco margen institucional para la confrontación, pero esta fue virulenta. La irrupción de Perón alteró las formas de la relación entre oficialismo y oposición. La polarización en torno a su figura se convirtió en la dinámica política excluyente. Antes que la proscripción o el fraude de la década de 1930, lo novedoso fue el resentimiento. Aun interesado en reducir al mínimo los espacios opositores, el nuevo presidente mantuvo el funcionamiento del Congreso, convocó a elecciones con la Ley Sáenz Peña, no promovió un régimen de partido único —pese a su vocación hegemónica— ni quebró el estado de derecho. Pero, y esto también fue nuevo, las voces opositoras fueron sancionadas y expulsadas de la Cámara de Diputados. En las elecciones de 1946, la oposición obtuvo 49 diputados del total de 158, dos senadores del total de treinta, y solo logró una gobernación. La UCR quedó representada por un bloque de 44 legisladores. Aunque coincidía con el oficialismo en aspectos generales —presentaría propuestas para nacionalizar la explotación petrolera, los ferrocarriles, los tranvías, los teléfonos, el gas, la electricidad y los frigoríficos—, la UCR jamás logró que el gobierno accediera a dialogar sobre esas políticas. El Congreso, convertido en un ente de aplicación del Poder Ejecutivo, fue el eje del conflicto institucional entre el peronismo y la oposición. Entre 1946 y 1951, la bancada oficialista suspendió al radical Mauricio Yadarola por promover un proyecto que amparase las "libertades individuales" y a Silvano Santander, también radical, por su presunta relación con el golpe fallido de Benjamín Menéndez en 1951. Y también expulsó a los diputados radicales Ernesto Sanmartino, Agustín Rodríguez Araya, Alfredo Cattáneo y Ricardo Balbín. En el primer caso, Sanmartino, fue desaforado por haber definido al peronismo con las "cuarenta formas de hurto" de Alí Baba. Rodríguez Araya, por calificar de "aluvión zoológico" el acceso del peronismo al poder. Cattáneo fue expulsado por "expresiones injuriosas" contra Perón. Para evitar la persecución policial, la cárcel o las torturas, la mayoría de ellos se refugió en el Uruguay y continuó el combate contra el gobierno. Para acallar las voces disidentes, y no continuar con la polémica sobre si era legal o no criticar o calificar al gobierno, el oficialismo sancionó la Ley de Desacato, que aumentó las penas a quienes cuestionaran a funcionarios públicos en ejercicio. Esta reforma penal fue un instrumento político condicionante. Perón no podía ser sometido a la crítica. El diputado Ricardo Balbín traspasó ese límite. Su caso constituyó la aplicación más resonante de la Ley de Desacato.

Líder del "bloque de los 44", el sector yrigoyenista de la UCR que se definía como "intransigente" frente al gobierno, Balbín era el opositor con más posibilidades de disputar el liderazgo de Perón. Tenía una visión pragmática de la política, que transmitía con una oratoria locuaz y emotiva, y manejaba con eficiencia la confrontación parlamentaria. Unos meses antes de su expulsión, consumada en septiembre de 1949, en el cierre de un congreso agrario campesino en Rosario, Balbín pronunció un discurso que no escapaba a la retórica peronista. Había dicho: "Hombres del campo, en el trabajo rudo debéis saber que empieza la revolución social del radicalismo. Hemos resuelto luchar tesonera y físicamente y decirle a la juventud que se prepare para hacer la revolución que no pudimos hacer nosotros". Además, había caracterizado a Perón como "dictador" y "enemigo del país". En el acto público había cinco policías de la Sección Orden Social y Político y dos taquígrafos que registraron sus dichos. También el diario Tribuna dio cuenta de su arenga. Con esos elementos, el fiscal lo denunció por "injurias e instigación a la rebelión" y pidió doce años de prisión. El juez reclamó su desafuero del cuerpo legislativo para poder juzgarlo. El radicalismo dio batalla por su líder en el recinto: presentó al peronismo como una ficción. Ficción de la libertad de prensa, ficción de revolución, ficción de legalidad. Ficción de la democracia. La justicia era ciega para el radicalismo. Los correligionarios eran llamados "vendepatrias". Perón gozaría de mayores libertades para su discurso político. Ya antes había dicho que sería capaz de levantar horcas en todo el país para "colgar a los opositores" y augurado que el día que el pueblo se lanzara a colgar, él estaría del lado de los que colgaran. Sus discursos, hasta entonces, no tenían consecuencias prácticas. Eran frases que lanzaba ante el clamor de las masas, pero, dichas desde el balcón de la Casa Rosada, se corría el peligro de que fuesen tomadas en forma literal. Sin embargo no fue así. Los "descamisados" nunca recibieron la soga que Perón prometería entregar en 1953 ni jamás la tomaron por sí mismos. En sus primeros dos mandatos presidenciales, no hubo "leña", "piolas" ni "horcas" para los opositores. El peronismo era un movimiento de masas en apariencia pacífico. El Estado podía activar persecuciones políticas y ocultar las torturas policiales con las que castigaba la desobediencia opositora, en casos extremos, pero no existieron linchamientos populares. Balbín resaltó esta contradicción, la de la justicia ciega. Él también había formado parte de un órgano judicial que tenía a la tortura como agente auxiliar. En el año 1929, como fiscal de una intervención federal yrigoyenista en Mendoza, avaló la legalidad de los procedimientos de una policía que torturaba a los funcionarios y adherentes del gobierno lencinista que acababa destituir. Ahora Balbín, en 1949, en su discurso en la Cámara de Diputados, develaba la dualidad de Perón, que podía ofender a la oposición desde su rol de líder partidario pero que encuadraba toda crítica que se le formulara a él como un ataque a su investidura presidencial, pasible de ser castigada por el Código Penal. En su descargo, Balbín dijo que la revolución a la que se había referido era la de las ideas, una revolución social, no la revolución de las armas. Pero no le alcanzó. El día 29 de septiembre de 1949, con 109 votos oficialistas, la Cámara de Diputados le denegó sus fueros parlamentarios. A partir de ese momento, Balbín quedaba en la calle y debía enfrentar la ley. Ya acumulaba varios procesos por desacato en distintas jurisdicciones. Pero, en tanto la Justicia no dictara sentencia, podía seguir en libertad. Entonces salió a hacer campaña por la gobernación bonaerense para los comicios del 12 de marzo de 1950. Ese día enfrentó al coronel Domingo Mercante, que buscaba su reelección. Antes de que se abrieran las urnas —Mercante casi lo duplicaría en votos—, Balbín fue detenido. Lo condenaron a cinco años de prisión y comenzó a purgarlos en la cárcel de Olmos, en La Plata. El presidente le ofreció el indulto, pero Balbín lo rechazó. El radicalismo lo transformó en un mártir. Fue el arma más eficaz del partido para enfrentar a Perón. No había mejor forma de demostrar la persecución política que tener al líder opositor preso. Luego de diez meses de prisión, el 2 de enero de 1951, Balbín fue liberado por el indulto presidencial.

Con la reforma de la Constitución Nacional en 1949, el Congreso dejó de existir como expresión de la disidencia. Sus atribuciones fueron limitadas. El Poder Ejecutivo no necesitaba de su concurso para establecer el estado de sitio y los ministros no estaban obligados brindar informes de gestión al Parlamento. Algunos diputados radicales renunciaron. Sobrevivió una veintena de ellos, que continuó sus denuncias por el ataque a los periódicos de la oposición, la censura en las radios del Estado o las torturas policiales. También reclamaron la prohibición del uso de símbolos partidarios —que utilizaba el Partido Justicialista— en los edificios públicos. Con la irrupción del peronismo, también el Partido Socialista, que no tenía bancas legislativas, tuvo menores posibilidades de incidir sobre la clase obrera, como lo había hecho a lo largo de medio siglo. Al asumir y poner en práctica muchas de sus ideas y propuestas, Perón le había sustraído su esencia política. Durante los dos períodos de gobierno peronista, el PS no dejó de caracterizarlo como un movimiento "nazi-fascista". Así como la UCR tomó el Parlamento como voz de resonancia, el PS fue reconocido por la perseverancia de sus dirigentes obreros por mantenerse fuera de la línea de la cooptación del Estado. Prueba de ello fue su intervención durante el conflicto ferroviario de 1950 y 1951. Perón persiguió y encarceló a sus afiliados por la huelga. Más de doscientos de ellos fueron al penal de Villa Devoto y no los incluyó en el lote de los que posteriormente fueron indultados.

1951: Evita, conflicto obrero e insubordinación militar

En las elecciones de 1951, Perón logró cerca de 62 por ciento de los votos y la UCR, con la fórmula Ricardo Balbín-Arturo Frondizi, obtuvo alrededor de 32 por ciento. Los radicales solo alcanzaron 14 bancas, un número insignificante frente a las 135 del partido peronista. Además, los radicales estaban divididos entre "unionistas", proclives a la opción golpista para acabar por el gobierno, e "intransigentes". Con semejante poderío, aunque Perón se mostró dispuesto a crear un "clima de diálogo" con la oposición, la diferencia electoral lo eximía de cualquier compromiso. Antes que preocuparse por la vida institucional, el peronismo prefirió activar políticas estatales sobre la beneficencia, la educación y el deporte, y consolidar la relación entre el líder y sus seguidores. Perón también se ocupó de crear una estructura jurídica para la represión interna. En la previsión de una tercera guerra mundial, que juzgaba inminente —el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte arrastraría a los Estados Unidos y la Unión Soviética al enfrentamiento bélico—, en 1948 Perón había enviado al Parlamento una ley excepcional para fortalecer el poder del Estado y organizar la Nación "en los tiempos de guerra". Dos años después impulsó la Ley de Seguridad de la Nación, que perseguía el sabotaje y el espionaje. Se trataba, antes que nada, de un instrumento jurídico represivo de uso interno para acorralar la acción opositora, que ya había excedido a los partidos políticos. Con sus políticas sociales el peronismo fue consolidando a sus adversarios. El orden y la jerarquía, valores de la sociedad conservadora, estaban siendo cuestionados por los cambios que producía la redistribución de la riqueza. La nueva dignidad que adquirían las clases populares se contrapesaba a su vez con la sensación de "pauperización de las clases medias". La crítica opositora a la "subversión de los valores sociales" encontró eco en los cuarteles militares. Había otros focos que sumaban tensión al conflicto. Durante su mandato, Perón propendió a la democratización interna del Ejército. Facilitó el acceso al Colegio Militar a las capas populares. Las becas de estudio "Eva Perón" permitieron a los hijos de obreros el ingreso a los liceos militares. La CGT entregaba las adjudicaciones. Perón también intentó suprimir las diferencias de privilegio entre oficiales y suboficiales. Esto fue visto con recelo por la elite castrense: no estaban habituados a convivir con familias de diferente origen social. Los apellidos Sánchez de Bustamante, Uriburu, Alsogaray o Lanusse habían marcado una tradición en el Ejército. Si bien Perón, con beneficios y prerrogativas, fue ganando consenso en la Infantería y la Aeronáutica, la Caballería fue un arma infranqueable. Tampoco pudo penetrar en la Marina, que se convertiría en un santuario de conspiraciones.

Con esos antecedentes, la posibilidad de que Eva Duarte, la esposa de Perón, fuera candidata a la vicepresidencia para las elecciones de 1951 provocó una implosión en las Fuerzas Armadas. Evita encarnaba la figura emblemática de los enemigos del peronismo. Su presencia estaba fuera de los cánones de la representación política. Era una intromisión. Perón, aun rompiendo las reglas para desarmar el funcionamiento del sistema conservador, pertenecía a una institución militar y había sido electo presidente. Su esposa no estaba revestida de ningún otro poder que no fuera el que le otorgaban su liderazgo frente a las masas y su compromiso solidario y benéfico con los "descamisados", que luego institucionalizó por medio de la Fundación Eva Perón. La posibilidad de que Evita se asentara en la política desde la vicepresidencia implicaba la institucionalización del conflicto que su irrupción había provocado en la elite conservadora y los sectores medios acomodados. Evita era un territorio fértil para las conspiraciones internas del ámbito castrense, justo cuando Perón intentaba ejercer un control político en el sector. Pero, si bien su esposa le suscitaba un problema, esa candidatura le permitía a Perón manejar un doble juego. Por un lado, la podía utilizar como amenaza en las negociaciones con los sectores de las Fuerzas Armadas más renuentes a su segundo mandato. Con Evita en el gobierno, al que accedería como representante de la CGT, el peronismo y los sectores obreros se radicalizarían y enfrentarían a la oligarquía con más vigor, para romper con toda forma de jerarquía. Evita provocaría el desborde social. Frente a ese fantasma, Perón, para la elite militar, terminaría siendo más confiable que Evita. Pero, a su vez, si el presidente vetaba a su esposa, luego de la euforia que había generado su candidatura, se arriesgaba a pagar costos internos en su base de apoyo original. La posible candidatura de Eva aceleró la sublevación armada de grupos militares. Uno de los líderes era el general de caballería retirado Benjamín Menéndez. Ya había purgado cinco meses de detención en la isla Martín García por manifestarse en forma irrespetuosa hacia Perón, antes de que este fuese presidente. Como en 1930, el alzamiento buscó apoyo civil, y lo encontró. Menéndez prometió que el golpe de Estado tendría una "orientación democrática". Las instituciones se mantendrían en funcionamiento y en un tiempo no establecido convocaría a elecciones. Los líderes de los cuatro partidos más representativos de la oposición —la UCR, el PS, el Partido Demócrata Nacional (conservador) y el Partido Demócrata Progresista— le aseguraron a Menéndez el apoyo de sus afiliados. Los conservadores pidieron puestos ministeriales. El liderazgo del complot era bicéfalo. El otro cabecilla era el general en actividad Eduardo Lonardi, del arma de Artillería. Tenía más paciencia que Menéndez. Se preocupaba más por asegurar las fuerzas para el éxito del golpe de Estado que por la reforma constitucional que ya imaginaba su par de Caballería. Mientras el complot circulaba secretamente en las filas castrenses, la CGT presionó a Evita para asegurar su respuesta favorable a la candidatura. El 22 de agosto de 1951 organizó un acto popular en la Avenida 9 de Julio. Fue la movilización más grande de la historia argentina hasta ese momento. Durante más de veinte horas una multitud que superó el millón de personas se mantuvo en pie a la espera de su compromiso electoral. Ese día parecía que Evita haría "lo que diga el pueblo". Pero la demostración de fe no bastó para modificar la decisión de Perón: Eva no debía ser candidata. Había un hecho incontrastable. Ya estaba enferma de cáncer. Pero también había un límite que Perón no quiso transponer, aunque lo blandiera como una amenaza. Si lanzaba al movimiento obrero a una carrera revolucionaria, quizá ni él mismo podría ponerle freno. En el acto de la 9 de Julio, Evita pidió un tiempo para responder a la exigencia y postergó una decisión que, nueve días después, fue revestida como una renuncia "a los honores pero no a la lucha". Sin Evita en la fórmula presidencial, el interés militar por la conspiración se redujo. Lonardi creía que las fuerzas para el golpe de Estado todavía no eran suficientes. Prometió que se mantendría expectante, pero decidió no participar. Menéndez persistió con la idea. Continuaría con "la revolución" de la manera que fuese. El 25 de septiembre de 1951 decidió ejecutar el plan en tres días.

Otro conflicto que fue in crescendo en forma simultánea al complot militar fue el de los obreros ferroviarios. Hasta 1949, la política de control de precios sobre los productos de consumo popular y los subsidios estatales del peronismo habían generado un aumento neto del sesenta por ciento en el salario obrero. Pero la economía empezó a presentar síntomas de agotamiento. El crecimiento industrial se detuvo, cayeron los precios de las exportaciones y se deterioraron el intercambio comercial, y también el consumo popular. La nueva redistribución del ingreso fue cada vez más difícil de sostener. Fue el fin de la prosperidad de posguerra. Las demandas obreras no cedían y no bastaba el arbitraje oficial para contenerlas. La política laboral del peronismo se endureció: suspensión de convenios colectivos de trabajo, congelamiento de salarios, fin de subsidios a empresas. Las comisiones internas de las fábricas que no aceptaban las nuevas reglas y reclamaban por las conquistas laborales fueron puestas bajo vigilancia. La plantilla ferroviaria fue una de las más observadas. Para no quedar prisioneros del verticalismo peronista, se opusieron a la intervención de su gremio por parte de la CGT. En enero de 1951 se lanzaron a la huelga. Cuarenta dirigentes fueron cesanteados. Según Perón, la huelga comprometía la "seguridad del Estado" que había convertido en ley. La medida de fuerza fue encuadrada como un acto ilegal. Ya estaban prevenidos. "Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, en cualquier forma, promoviere la declaración de una huelga de empleados u obreros que presten servicios en reparticiones oficiales o empresas semioficiales". Esto incluía a los ferroviarios: los trenes eran del Estado. Habían sido comprados a las compañías inglesas en 1947. Para los obreros de empresas privadas, las penas con prisión se extendían desde dos meses hasta tres años.

La huelga había dejado de ser un derecho de los trabajadores. Se había transformado en un crimen político. Evita, que era la garante implícita de la relación entre Perón y los trabajadores, se involucró en forma personal en el conflicto ferroviario. En una oportunidad, secundada por tres autos negros, fue hasta la sede del gremio de la seccional Remedios de Escalada, en Lanús, para reclamar la vuelta al trabajo. Encontró las puertas cerradas: nadie la recibió. Entonces se dirigió a la estación de trenes, se paró en el andén y convocó a los obreros. Poco a poco fueron saliendo de los talleres para escuchar su palabra. Los de Remedios de Escalada estaban entre los más grandes del país. Trabajaban en ellos cerca de cinco mil personas. Evita les pidió que levantaran la huelga en nombre de Perón. Un obrero socialista la retrucó. Evita se ensañó con él. Los obreros, finalmente, rechazaron su propuesta. Evita los mandó a "la puta madre que los parió a todos". Eso dijo. Les advirtió: "Aténganse a la represión". Y se fue. No era una amenaza lanzada al azar. Al día siguiente, los huelguistas debieron soportar la razia policial que se abalanzó sobre ellos. Perón estaba indignado con la continuidad de una huelga que provocaban "dos mil agitadores" con la anuencia de 148.000 indecisos. El conflicto se militarizó. Los ferrocarriles se militarizaron. El que no fuera a trabajar sería procesado por violar la Ley de Seguridad del Estado y juzgado por el Código de Justicia Militar. La movilización de tropas en los lugares de trabajo fue reduciendo la fuerza de la huelga. Hubo miles de despidos, cerca de dos mil detenciones. Trescientos obreros fueron encarcelados en distintos penales. Pero la protesta se retomó algunos meses después. Los ferroviarios seguían en prisión desde principios de año; la sede gremial de La Fraternidad (socialista) había sido asaltada y saqueada. El descontento persistía con huelgas parciales, señales rotas, choques de locomotoras y trenes fuera de servicio. En agosto de 1951 los civiles que conspiraban contra Perón buscaron la coincidencia entre la protesta ferroviaria, la agitación estudiantil y la insubordinación militar de Menéndez. Uno de los apéndices civiles que intentó unir las partes fue Juan Ovidio Zavala, dirigente radical de procedencia universitaria. Zavala tenía un grupo llamado "Quinto Regimiento". Su "comisión técnica", integrada por estudiantes de Ingeniería y de Química, fabricaba bombas en un laboratorio céntrico. Zavala editaba periódicos clandestinos e interfería las ondas radiales. Ya había cometido varios atentados contra el peronismo: una granada —que no estalló— para descarrilar un tren de campaña que movilizaba a Perón en las elecciones de 1946; una bomba de humo, guardada en una petaca, en una función de gala en el Teatro Colón para importunar la presencia de Perón y Evita; una bomba contra el consulado español y una herida de bala contra un policía, en medio de un cruce violento con militantes de la ALN. Para la época de la huelga ferroviaria, en agosto de 1951, Zavala era uno de los referentes civiles de la insubordinación militar. Había pasado a la acción: colocó "caños" de gelinita sobre las vías y provocó destrozos. El punto de partida del complot de Menéndez era detener a Perón y, si la situación se complicaba, matarlo. El presidente concurriría a un acto de la Escuela de Suboficiales el 28 de septiembre a las 8 de la mañana. Los sublevados lo cercarían. Menéndez evaluaba que, si Perón era detenido o muerto, la lealtad castrense se quebraría y los jefes militares preferirían unirse al golpe antes que ser víctimas de una represalia. Así obtendría nuevos apoyos. El plan de Menéndez incluía la toma de treinta tanques Sherman de la Caballería Blindada de Campo de Mayo, con los que marcharía hacia el Colegio Militar. Calculaba que en El Palomar encontraría el aliento de la oficialidad todavía renuente a la sublevación. Otro paso simultáneo del plan: que el Destacamento Mecanizado de La Tablada, con sus piezas de artillería, tomara la Séptima Brigada Aeronáutica de Morón. La distancia era de siete kilómetros. Las columnas podrían desandarlos con rapidez. Bloqueada la posible reacción aérea en Morón, también había que sabotear el despegue de los aviones Gloster asentados en Villa Mercedes, San Luis, para el mismo fin. Se efectuaría en la noche previa al alzamiento. De este modo, el gobierno sólo mantendría operativas las bases de Mendoza y de Tandil. Pero, en ambos casos, los Gloster deberían realizar una parada de reabastecimiento antes de arribar a Buenos Aires. Además, Menéndez contaba en favor del alzamiento con una docena de aviones de la base de la Marina en Punta Indio. El objetivo era tomar las bases de Morón, Palomar, Ezeiza, Quilmes y Aeroparque e impedir cualquier fuga de Perón, si lograba librarse de su asedio en Campo de Mayo. El día 28 de septiembre de 1951, avanzada la madrugada, todo empezó a funcionar bien para el golpe de Estado. Bien en parte, porque Perón no concurrió a Campo de Mayo. Pero, de todos modos, el capitán Alejandro Lanusse tomó la Escuela de Equitación; la Escuela de Caballería también se sublevó y Menéndez accedió al Regimiento de tanques C-8 de unidades blindadas. Allí enfrentó el primer problema: no tenían nafta. El tiempo perdido en la búsqueda de un camión cisterna diluyó la sorpresa. El jefe del C-8 leal resistió la sublevación y se produjo un intercambio de disparos entre los oficiales rebeldes y suboficiales leales. El cabo Miguel Ángel Farina, soldado leal, cayó muerto de un tiro en el pecho cuando saltó de su tanqueta. Apenas enterado del alzamiento, Perón decretó el estado de guerra interno a través de la Ley Marcial. Proclamaba que "todo militar que se insubordine o subleve contra la autoridad militar constituida o participe en movimientos tendientes a derrocarla o desconocer su investidura será fusilado inmediatamente". La salida rebelde de Campo de Mayo fue mucho menos limpia de lo que imaginaba Menéndez. Aunque pudieron cargar combustible en siete tanques, solo dos de ellos lograron transponer la unidad militar. El resto se fue deteniendo por distintas averías. Menéndez prosiguió la marcha en su carrier, secundado por tres unidades blindadas y cerca de doscientos hombres que galoparon en busca de apoyo hasta el Colegio Militar. El general Héctor Ladvocat se lo negó. Bloqueado el alzamiento en El Palomar, Menéndez intentó trasladarse a Morón. Entonces supo que la columna sublevada de La Tablada había sido neutralizada después del primer cañoneo de artillería, poco antes de llegar a la base aeronáutica. Antes del mediodía, Menéndez decidió entregarse en el Colegio Militar ante el general que pensaba sublevar. Los pilotos de la Infantería de Marina alcanzaron a levantar vuelo, pero, enterados de los sucesos, hacia el mediodía, retornaron a Punta Indio y se mantuvieron a la expectativa. La CGT convocó a la Plaza de Mayo. A las 15.30, Perón ya estaba en el balcón de la Casa de Gobierno con sus ministros. En ese momento, Punta Indio tenía veinte aviones con motores en marcha dispuestos a bombardearlos. Pero el discurso de Perón fue demasiado corto y la escuadrilla aérea desvió su vuelo al Uruguay.

Al día siguiente, mientras ya comenzaban las misas de oración por su salud, Evita reunió a la CGT en su lecho de enferma y dispuso dinero de su fundación para la compra de cinco mil pistolas automáticas y mil quinientas ametralladoras, para ser entregadas a "las milicias populares". El fracaso de la sublevación le permitió a Perón afianzarse en el poder y tener mejor controlado el ámbito castrense. Intentó que las fuerzas armadas se "peronizaran" y sus cuadros mantuvieran una mayor identificación ideológica con el presidente y el movimiento justicialista. Sin embargo, no logró depurar a sus enemigos de la oficialidad. El tribunal militar que juzgó a los sublevados no los sancionó con la pena capital, como esperaban las organizaciones peronistas. Menéndez recibió quince años de condena y la expulsión de la fuerza, y otros oficiales del Ejército, de cuatro a seis años.

El mes anterior a la sublevación militar, Zavala había sido detenido por la huelga ferroviaria. La represión había impactado contra los obreros socialistas. Muchos volvieron a prisión, otros se exiliaron en el Uruguay. Zavala no la pasó bien. Lo condujeron a la comisaría de Boulogne, donde lo esperaba el interrogatorio policial con su soporte técnico: los algodones, las ligaduras de cuero, la mordaza en la boca, la batería, la dínamo, los cordones eléctricos y la picana, con su extremo en punta. Zavala estaba desnudo sobre la mesa. Se sentía un animal muerto. Un médico, que se había colocado a un costado de la sala, cada tanto examinaba su corazón para ver si respondía. El comisario inspector Juan Simón Etchart, jefe de la seccional Boulogne, le recomendaba que no se confiara. Más de una vez, un torturado se le había ido por no poder contener sus impulsos. Etchart había ganado fama por usar la picana siempre con la compañía de un vaso de vino tinto. Torturar le producía excitación. Zavala, en cambio, prefería morirse. La idea de estar muerto lo aliviaba. Le hacía relajar el cuerpo. Pero no. Cada nueva pregunta cargaba más electricidad. Lo interrogaban por Emilio Gibaja, José Azarosa Gil, Félix Luna, por los dirigentes obreros que había alojado en su casa, por los volantes de apoyo a la huelga ferroviaria, por las bombas. También por su tío, el diputado radical Miguel Ángel Zavala Ortiz. Sentía un dolor tan lacerante que quería decir hasta lo que no sabía. Pero tenía la boca tapada y después, cuando la picana cesaba, lo atormentaba pensar cómo lo oprimiría la conciencia si perdiera el control y revelara nombres y hechos. Calló lo que sabía sobre el comando que organizaba la insubordinación militar, calló sus diálogos con "Puchi", como llamaba al coronel Luis Leguizamón Martínez. Dos veces perdió el conocimiento. Lo llevaron al calabozo. El médico que le vigilaba el corazón le aseguró que no lo torturarían más. No podían seguir arriesgándose por tres o cuatro datos. La huelga ferroviaria ya había sido abortada. Al quinto día de detención, el 18 de agosto, Zavala ya estaba en la cárcel de Olmos. Allí, en la enfermería, encontró a Gibaja y a Luna. Habían sido detenidos en el allanamiento al sótano de la Facultad de Derecho. Gibaja, el presidente del centro de estudiantes de la facultad, también fue torturado. Lo mismo sucedió con Luna, quien al cabo de pocos años trascendería como historiador. Muchos años más tarde entrevistó a Perón en su exilio de Madrid. Este le requirió que le nombrase a un solo opositor que hubiese sido torturado durante su gobierno. Uno solo. Luna dijo "yo".

La prensa acorralada

Además de los conflictos obreros, las conspiraciones militares y las revueltas estudiantiles, otro foco de tensión en el segundo gobierno peronista fueron la prensa partidaria y la comercial. El diario La Vanguardia, del PS, que ya había sido saqueado e incendiado por el régimen conservador durante los festejos del Centenario en 1910, fue clausurado por caracterizar al gobierno como "una máquina de propaganda, destinada a endiosar a la pareja presidencial" y haber criticado "las promesas copiosas, aguinaldos dobles, pan dulce, sidra, juguetes y dinero distribuido a la marchanta", con fines electoralistas. El texto molestó al peronismo, y la Policía Federal y la municipal clausuraron la imprenta de La Vanguardia por "ruidos molestos" en momentos en que vendía alrededor de trescientos mil ejemplares. La imprenta, además, no contaba con una sala de primeros auxilios debidamente instalada. Este procedimiento podía parecer excepcional en agosto de 1947. Dos años después, las clausuras empezaron a ser habituales. Pero se necesitaba un instrumento legal. Cuando el radicalismo, por medio del diputado Raúl Uranga, reclamó una comisión que investigara las torturas del peronismo, con foco en la Sección Especial, el oficialismo encontró la coartada justa: logró que la comisión investigara la presunta intervención extranjera en la política interna. El argumento le sirvió para cerrar medios opositores. La dirigía José Visca, un conservador que había saltado al oficialismo. Visca entró rápido en acción. En diciembre de 1949 revisó los libros contables y cerró el diario salteño El Intransigente. Luego clausuró el semanario comunista La Hora por no haber incluido en su portada la mención "Año del Libertador General San Martín". Con ese tipo de majaderías, la Comisión Visca —con una task force que reunía funcionarios judiciales, contadores, policías y militantes peronistas— cerró más de un centenar de periódicos partidarios y del interior del país.

Otro elemento clave en el dispositivo para la fiscalización de la prensa fue el papel. Como en la Argentina se producía poca cantidad, y debía ser importado, el gobierno intervenía en forma directa en el suministro. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) compraba en el exterior y luego cedía permisos de importación para su distribución a empresas periodísticas o periódicos partidarios. Frente a la escasez, el IAPI prefería que el papel se usara para satisfacer las necesidades oficiales. La prensa opositora tuvo que reducir la tipografía, la cantidad de páginas o directamente cerrar, sea por la falta de papel o por las clausuras que imponía la Comisión Visca. Para escapar de la asfixia, o en algunos casos porque representaba un buen negocio, la mayoría de los propietarios de diarios y los de todas las radios privadas fueron obligados a vender y se transformaron en gerentes estatales de sus antiguas empresas. El monopolio de la prensa oficialista se constituyó a través de Alea S.A. En poco tiempo, los diarios La Época, Democracia, Noticias Gráficas, El Mundo y Crítica se convirtieron al peronismo. El liderazgo de Perón necesitaba la comunicación masiva y una estructura de propaganda estatal sin voces disonantes. El presidente entendía la comunicación en términos de guerra. La información era una técnica militar, utilizada como apéndice de los servicios de inteligencia de los Estados. En la visión de Perón, "disfrazados de periodistas", había una infinidad de espías que hacían de la "libertad de expresión" un arma de propaganda para formar a la opinión pública, engañar al pueblo y usurparle su soberanía. Él no les cedería a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, sus enemigos estratégicos, el poder de la comunicación. Para Perón, la opinión pública se creaba. "Todavía hay tontos que creen en la libertad de prensa", le gustaba repetir. El mayor conflicto con la prensa opositora lo sostuvo con el diario conservador La Prensa —por entonces el de mayor tirada—, que no aceptó plegarse al gobierno ni ser adquirido por el Estado. Lo mismo que La Nación. La Prensa prosiguió con sus críticas; representaba la oposición más frontal. Para el oficialismo, La Prensa trabajaba en contra de los intereses de la población, de Perón y de la Nación Argentina. "El diario no ha sabido interpretar ni reconocer la obra realizada por el conductor del pueblo, dando al mundo noticias inciertas en contra de nuestra economía y del valor de nuestra moneda", se lamentaría Visca en el Parlamento. El conflicto se estableció a partir de su relación con la agencia de noticias United Press, un "trust del capitalismo internacional" que "entorpecía la marcha del gobierno", según el discurso oficialista. En abril de 1951 el Parlamento votó la confiscación del diario y Perón anunció ante una multitud en la Plaza de Mayo su cesión a la CGT y al sindicato de canillitas. Perón obtendría la reelección presidencial para el período 1952-1958. Lo acompañó otra vez el radical Hortensio Quijano, que ya estaba enfermo y no llegó a asumir la presidencia del Senado. Perón venció con 4.744.803 votos contra 2.416.712. Casi duplicó a la fórmula Balbín-Frondizi. Pese a la magnitud de su triunfo, ya se advertía la pérdida de vitalidad de su gobierno. Las sequías de los años 1951 y 1952 habían agudizado el cuadro agropecuario. La balanza comercial arrojaba resultados negativos. La CGT festejó el triunfo con una enorme procesión de antorchas que finalizó en la residencia presidencial. Evita acababa de ser operada de un tumor maligno. Pocas veces volvería a salir de su lecho de enferma. El 1o de mayo de 1952 Eva dio el que sería su último discurso: "Si es preciso haremos justicia con nuestras propias manos. Yo le pido a Dios que no permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, porque ¡guay de ese día! Mi General, muerta o viva, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres de mi pueblo, yo saldré con los descamisados de mi Patria para no dejar en pie ni un solo ladrillo que no sea peronista [...] no nos vamos a dejar aplastar más por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora". Pesaba menos de cuarenta kilos. Ese día, pálida y ojerosa, con la respiración fatigada, Perón la tomó de la cintura y la ayudó a abandonar el balcón de la Casa de Gobierno. Afuera se escuchaba a la multitud, que la llamaba.

Bibliografía

Altamirano, Carlos, "Ideologías políticas y debate cívico", en Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005. Di Tella, Torcuato S., Perón y los sindicatos. El inicio de una relación conflictiva, Buenos Aires, Ariel, 2003. Dujovne Ortiz, Alicia, Eva Perón, la biografía. Madrid, El País-Aguilar, 1996. García, Eduardo Augusto, Yo fui testigo. Antes, durante y después de la segunda tiranía (Memorias), Buenos Aires, Lasserre, 1971. García Sebastiani, Marcela, "Peronismo y oposición política en el parlamento argentino. La dimensión del conflicto con la Unión Cívica Radical (19461951)", Madrid, Revista de Indias, 2001. "Historia del peronismo. La primera presidencia. El golpe de Menéndez", en Primera Plana, N° 239, 25 de julio de 1967. "Historia del peronismo. La primera presidencia. Purgas en el Congreso", en Primera Plana, N° 225, 18 de abril de 1967. "Historia del peronismo. La primera presidencia. Relevos en la oposición", en Primera Plana, N° 220, 14 de marzo de 1967. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Buenos Aires, Legasa, 1984. Lettieri, Alberto, La libertad de prensa en tiempos del peronismo clásico. El discurso doctrinario de Perón de 1951, Buenos Aires, OPFyL FFyL, UBA, 2002. Luna, Félix, El 45, Buenos Aires, Sudamericana, 1971. Luna, Félix, Perón y su tiempo, tomo II, La comunidad organizada. 1950-1952, Buenos Aires, Sudamericana, 1985. Luna, Félix, Argentina, de Perón a Lanusse. 1943-1973, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1988. Luna, Félix, "La razzia de Visca", en Todo es Historia, N° 406, mayo de 2001. Martínez, Tomás Eloy, Las memorias del General, Buenos Aires, Planeta, 1996. Monteverde, Mario, "Balbín preso", en Todo es Historia, N° 1974, noviembre de 1981. Navarro, Marysa, Evita, Buenos Aires, Planeta, 1994.

Potash, Robert, "Las Fuerzas Armadas y la era de Perón", en Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Santander, Silvano, Técnica de una traición. Juan D. Perón y Eva Duarte. Agentes del nazismo en la Argentina, Buenos Aires, Antygua, 1955. Sirven, Pablo, Perón y los medios de comunicación (1943-1955), Buenos Aires, CEAL, 1984. Taylor; J. M., Evita Perón: los mitos de una mujer, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981. Walter, Richard J., "La derecha y los peronistas, 1943-1955", en AA.VV., La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Javier Vergara, 2001. Zavala, Juan Ovidio, Los hechos y sus consecuencias, Virginia, TiYM Publishing Co., Inc. /Mclean, 1999.

Capítulo 3 La hora santa: bombas y crucifijos

PERÓN, tu suerte está echada. No busques soluciones en tu cerebro ni mires a tu alrededor buscando amigos. No tendrás ya descanso. Sobre tu cabeza veo un cielo confuso y aves de rapiña volando en círculo para arrojarse sobre su presa. Juan Carlos Goyeneche, en "Cartas del pueblo argentino a Perón", uno de los panfletos que se imprimían en iglesias y colegios católicos.

Juan Duarte apareció muerto en su piso de la avenida Callao el 9 de abril de 1953. El cuerpo lo descubrió su mayordomo. Tenía un orificio de bala en la sien y estaba arrodillado ante la cama, como si rezara. Lo rodeaba un charco de sangre. Nadie escuchó el disparo esa noche. Ni sus dos guardaespaldas, ni el mayordomo japonés, ni sus vecinos. Duarte estaba viviendo con la presión en la nuca del personal de Control de Estado de la Presidencia. Su cuñado, el presidente Perón, había ordenado una investigación sobre su probable vinculación con el monopolio de exportación de carne. Le había encomendado el tema al general Luis Bengoa, que lo tenía al corriente de las actuaciones. La escasez había hecho disparar los precios en el mercado negro. Antes de que Evita se casara con Perón, Juan Duarte era corredor de una empresa de jabones. Por influencia de su hermana obtuvo un permiso del Estado para importar autos y a partir de entonces fue haciéndose un lugar en el poder. En su estancia de doscientas hectáreas recibía a empresarios, actrices y funcionarios del entorno de su hermana.

Duarte era el bon vivant del peronismo, pero a partir de la muerte de Evita, el 26 de julio de 1952, fue perdiendo sustento en el poder. Las sospechas de sus negociados en el Estado, antes disimuladas por el liderazgo de Eva, quedaron más expuestas. Duarte, como tantos otros arribistas del poder, se convirtió en sinónimo de la corrupción peronista. La oposición radical comenzó a denunciarlo. Perón se preocupó por desmentir "la campaña de rumores", denunció en forma vaga a los "especuladores" y anunció que "irá a la cárcel hasta mi propio padre si es ladrón". Para entonces, Duarte ya estaba jaqueado por la Comisión de Control de Estado de la Presidencia. Se llevó una pequeña caja fuerte portátil de su despacho en la Casa Rosada y renunció a su cargo de secretario de Perón. El día en que fue hallado muerto, Duarte debía declarar ante la Comisión de Control de Estado. En la mesa de luz de la habitación, había una carta de despedida con errores de ortografía. "Voy" escrito con "b"; probar con "v". Era un estilo caligráfico diferente del suyo, pero no se cotejó su autenticidad. En la pericia balística, el calibre del arma con la que supuestamente se había matado y el orificio de bala tampoco coincidían. Perón buscó una versión que no lastimara a su gobierno. Dijo que su cuñado sufría de una enfermedad venérea contraída en los prostíbulos. Esta versión también fue sostenida por sus amigos de Junín. La enfermedad no parecía ser un factor determinante para el suicidio. La oposición quería demostrar que a Duarte lo habían matado. Hizo circular la idea de que era el propio Perón quien había impulsado la investigación y luego, cuando intentó detenerla, ya era demasiado tarde y no pudo evitarla. O no supo. O no quiso. Para los intereses del gobierno, eliminar a Duarte era una manera de circunscribir el problema a una sola persona, la más emblemática, e impedir que el "foco infeccioso" —denuncias de negociados— se expandiese hacia otras áreas.

La crisis del modelo económico peronista

La semana en que murió Duarte, el peronismo estaba envuelto en una crisis política y económica. El modelo de crecimiento industrial y redistribución progresiva del ingreso se estaba agotando. La insuficiencia de divisas —por el decreciente ingreso que se percibía de las exportaciones de productos primarios— hacía imposible sostener la importación de equipos y maquinarias e insumos necesarios para la transformación productiva. La sequía de 1952, que afectó la producción agropecuaria, la presión inflacionaria sobre el consumo popular —39 por ciento anual— y el agotamiento de las reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial fueron marcando los desequilibrios del modelo económico del primer peronismo. Perón decidió realizar un cambio brusco en su gestión. En busca de una mayor "racionalidad productiva", aplicó medidas impopulares. Suprimió aumentos salariales, subsidios del Estado, intentó contener el gasto público, pero los precios no llegaron a detener su alza. Entonces puso en la mira popular a "los malos comerciantes", aunque era un argumento difícil de sostener frente al aumento del transporte, el gas, el combustible, los alimentos. A consecuencia de la inflación, el consumo interno se redujo. Para la clase trabajadora la perspectiva era desalentadora porque el problema excedía al comercio minorista. Era el modelo industrial a gran escala el que estaba exhibiendo su fracaso y no se podía suplir con el crecimiento de los pequeños talleres industriales, que tenían una limitada capacidad productiva. Para contrapesar los males de la economía, el peronismo necesitaba legitimar su gobierno en la calle. Plebiscitar su gestión con la movilización popular frente a cada contratiempo. La CGT había funcionado como una polea de arrastre "en los días más felices", y ahora, en "los malos tiempos", se hacía cargo de apoyar a Perón, neutralizar los conflictos obreros y organizar la movilización. Existía en la CGT y en el pueblo peronista una retórica de la lealtad y de la solidaridad, un reconocimiento al General, la decisión de valorar sus realizaciones, las conquistas laborales, el lugar que habían alcanzado los trabajadores en la sociedad. Ahora que la economía había entrado en una etapa crítica y que había que "ajustarse el cinturón", el peronismo exigía una nueva actitud, cierto "heroísmo" a los "descamisados". Como ya no estaba Evita para demandarlo, era la CGT la que asumía el compromiso. Su secretario, Eduardo Vuletich, lo expresó por la cadena oficial de radio: "Nosotros, General, estaremos con usted, aun descalzos y desnudos, sin condiciones. Haga lo que le parezca mejor, General. Los trabajadores estamos para secundarlo, para obedecerle de manera consciente, voluntaria". La central obrera entendía que no tenía autoridad para condicionar a Perón en el nuevo rumbo económico, aun cuando sus representados resultaran perjudicados.

Perón en el balcón, las bombas en la Plaza

Después de la muerte de Juan Duarte, Perón anunció que le hablaría al pueblo. La CGT decretó un paro de actividades. Ese mediodía del 15 de abril de 1953, los obreros comenzaron a salir de las fábricas; las oficinas del centro porteño quedaron vacías. En el balcón de la Casa de Gobierno, el presidente levantó los brazos. "Compañeros", dijo. Debajo de él había miles de "descamisados" que cantaban el Himno Nacional y la marcha peronista. En el primer cuarto de hora de su discurso, mientras Perón hablaba sobre el control de precios, se escuchó un estruendo. Provenía de la izquierda del balcón, abajo, sobre la esquina de Hipólito Yrigoyen y Defensa, en el interior del Hotel Mayo, justo en el salón comedor. El hotel estaba cerrado por refacciones. La carga explosiva había sido depositada debajo de una heladera; treinta cartuchos de gelinita. El estampido destrozó los vidrios y las ventanas, arrancó la cortina metálica e hirió a los manifestantes. Desde el balcón se veía la humareda, pero no se podía apreciar la magnitud del hecho. "Compañeros —dijo Perón—, estos son los mismos que hacen circular los rumores todos los días. Parece que hoy nos quisieron colocar una bomba." La incertidumbre acerca de lo que había sucedido hizo crecer la tensión. Los bomberos ingresaron por encima de los escombros; enseguida llegaron las ambulancias de la Fundación Eva Perón y la Asistencia Pública y empezaron a cargar a los heridos. Perón no se detuvo. Quería seguir manteniendo el control del acto público y trató de infundir calma. Su voz fue interrumpida por una segunda bomba. Fue una explosión mucho más potente. Cien cartuchos de gelinita colocados en una casilla en el andén del subterráneo de la estación Plaza de Mayo. La humareda comenzó a subir desde el túnel. El ministro del Interior, Ángel Borlenghi, le habló al oído. Entonces Perón percibió mejor el problema. Ya no se trataba de un rumor. "Yo desde aquí anuncié que había un plan preparado y en ejecución, no me faltaban razones para anunciarlo..." Debajo de él, en la Plaza de Mayo, había corridas y mucho temor. La zona era un peligro. Perón no lo decía, pero la permanencia del pueblo en el acto, pese a los riesgos personales, era un testimonio de lealtad. Perón no quería que el acto acabara por las explosiones. Prometió justicia. "Podrán tirar muchas bombas y hacer circular muchos rumores, pero yo les digo que no se saldrán con la suya, compañeros. Individualizaremos a cada uno de los responsables de estos actos. Les aplicaremos las sanciones que correspondan.

Vamos a tener que volver a la época en la que andábamos con el alambre de fardo en el bolsillo". Muchos concurrentes se guarecieron debajo de los balcones de la Casa Rosada. Desde allí comenzó a subir el grito. —¡Leña!, ¡leña! Perón miró hacia abajo: —¿Leña? ¿Por qué no empiezan ustedes a darla? Había otra bomba preparada contra el gobierno: una carga de cincuenta cartuchos en el Nuevo Banco Italiano, lindero a la Plaza de Mayo. Pero no estalló. Falló el mecanismo de relojería. El gobierno estaba acorralado por las denuncias de corrupción, de nepotismo, de negociados, y la economía se salía de cauce. Las bombas eran una nueva fórmula de impugnación opositora. Perón necesitaba reordenar el nuevo escenario político, disciplinarlo. Y, si por ese motivo lo acusaban de tirano, ya no se ofendería: "Si para terminar con los malos de adentro y los malos de afuera; si para terminar con los deshonestos y los malvados es menester que cargue ante la historia con el título de tirano, lo haré con mucho gusto". Después de ese acto, a la noche, muchos edificios de Buenos Aires estaban en llamas. Los militantes de la ALN y algunos sindicatos avanzaron sobre la sede del Comité Nacional del radicalismo, en la calle Tucumán, a una cuadra sobre la misma calle de la comisaría, y le prendieron fuego. Lo mismo sucedió con la sede del Partido Demócrata Nacional (PDN) (conservador) y también en el Petit Café y el Jockey Club, cenáculo del antiperonismo. El club había rechazado las solicitudes de ingreso de Juan Duarte y del empresario oficialista Jorge Antonio, y también se opuso a la exigencia de comprar cien mil ejemplares de La razón de mi vida, de Evita, para contribuir al tesoro del Partido Peronista. El fuego devoró buena parte de la biblioteca de la sede de la calle Florida, muchos cuadros y esculturas del acervo cultural de la oligarquía. Del mismo modo se castigó a la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista: forzaron la cortina metálica, entraron y comenzaron a arrojar por la ventana el mobiliario y los libros de la biblioteca. Cien mil volúmenes de la tradición obrera forjada en más de medio siglo se perdieron entre las llamas. Los incendiarios pudieron obrar con libertad. El personal policial, que tenía la orden de no actuar, o de hacerlo de manera pasiva, se fue minutos antes de que comenzara a alumbrar el fuego. Los bomberos, cuerpo dependiente de la Policía Federal, llegaron dos horas más tarde a cada sitio. Sólo comenzaban actuar cuando existía riesgo de destrucción total.

La tortura guía la investigación judicial del atentado

Por encima de las cenizas que había dejado la respuesta incendiaria del peronismo, el gobierno debía responder por los siete muertos y el centenar de heridos de la Plaza de Mayo. Sin una guía clara, enmarcó los atentados en el conflicto político con la oposición: encarceló al socialista Nicolás Repetto, ya octogenario, a Alfredo Palacios, a Arturo Frondizi y a Federico Pinedo, entre otros dirigentes, pero sin indicios que los incriminaran. Pocos días después, la policía encontró una pista. Un empleado de la agencia de autos Redondo Hnos. denunció a sus patrones y la Justicia ordenó el allanamiento. En las cañerías estaban las supuestas pruebas: papeles parafinados que encubrían los explosivos de gelinita. La policía conectó a sus dueños con el radicalismo. La investigación también fue útil para atacar a la prensa opositora. Se allanó la imprenta de un diario en Chascomús y se detuvo al encargado, Alberto Blach, y al periodista Ernesto Bonasso, acusados de publicar "versiones alarmistas" contra el gobierno. Una detención callejera sumó pistas a la investigación. Un grupo intentó colocar una bomba debajo del Obelisco en la madrugada del 1o de mayo, para hacerla explotar cuando se proyectara una película sobre la vida de Evita. Pero desistieron de la operación porque la zona estaba muy vigilada. El grupo decidió separarse. Dos de ellos, sin saber qué hacer con los explosivos, se toparon con un objetivo al azar: el auto oficial del canciller Jerónimo Remorino estacionado frente al Hotel Alvear. Intentaron colocarle la bomba, pero la acción fue frustrada por un policía. Vicente Centurión y Patricio Cullen fueron detenidos en la Comisaría 17a. Padecieron varias jornadas de calabozo y torturas. Las preguntas giraron alrededor de sus contactos, los hermanos Lanusse, Firmat Lamas, el capitán Tolcke, su responsabilidad en algunas bombas. Al sexto día declararon ante la Justicia: ambos se autoincriminaron. Con las torturas policiales empezaron a trascender los nombres del complot, ligados a la militancia universitaria, la UCR, el Partido Demócrata Progresista, los conservadores, los jóvenes de "buena familia", los enemigos de la primera hora que odiaban a Perón, los que defendían la libertad y organizaban caos prerrevolucionario para provocar su caída. Esta vez, en la necesidad de "hacer ruido", se habían manchado las manos con sangre. Ya no se trataba de calificar de "puta" a Evita ni tampoco era el primer artefacto que estallaba. Bombas siempre había. Creaban "clima", desgastaban al gobierno. Pero ahora la violencia antiperonista se aplicaba de manera indiscriminada para generar terror. En la Plaza de Mayo habían matado a inocentes al azar en un acto público. Si el gobierno de Perón torturaba a los opositores para amedrentarlos, la oposición hacía terrorismo para que el caos y la anarquía fueran minando la estabilidad del gobierno. La investigación buscó desenmascarar a los ejecutores y al grupo intelectual. En el núcleo central de los implicados estaban los radicales Roque Carranza, Carlos González Dogliotti y Arturo Mathov, acompañados por una larga lista de "copartícipes necesarios". No había entre ellos niveles de jerarquía, ni siquiera una organización, pero estaban entrenados en el uso de armas y tenían contactos militares. Era una célula que trabajaba para generar la conmoción política. Mathov estaba presentado por la investigación policial como el ideólogo del grupo. Era un ex diputado radical, editaba un periódico opositor y actuaba como enlace con los exiliados de Montevideo. Pilotaba una avioneta con base en Entre Ríos. El Uruguay había recibido a los prófugos de la insubordinación militar de 1951 y a decenas de opositores civiles que cruzaban el Río de la Plata para no caer en la mesa de torturas de la Sección Especial o en Coordinación Federal de la Policía. El gobierno uruguayo, antiperonista, les daba garantías de permanencia. Cuando el nombre de Mathov surgió en los "interrogatorios" y se lo relacionó con la elaboración de las bombas de la Plaza de Mayo, el ex diputado radical emprendió vuelo en forma precipitada, pero su avión capotó y los planes de conspiración quedaron al descubierto entre los destrozos de la nave. Otro de los conspiradores perseguidos fue Roque Carranza. Se había guarecido en un departamento de la calle Juncal al 2100. Carranza utilizaba identidades falsas. Tenía 23 años, estaba en quinto año de Ingeniería y contaba con experiencia en tareas de laboratorio. Era parte del "Quinto Regimiento" liderado por Juan Ovidio Zavala. El 6 de mayo de 1953 fue detenido por una comisión policial. A Carranza le vendaron los ojos, lo desnudaron, lo ataron en una mesa y comenzaron a aplicarle la picana eléctrica sobre la garganta, los dientes y las orejas. El primero que le habló fue el oficial principal Luis Cardoso. Lo acusó de colocar la bomba con sus manos. Carranza lo negó, pero no le creyeron. La policía ya tenía armado el triángulo de la acusación: Carranza-González Dogliotti-Mathov. Pero les interesaba saber quién era Germán Sánchez. Lo acusaban de ser su cómplice en el atentado. Carranza había admitido que había tomado un café con él en la noche previa al frustrado atentado en el Obelisco y guió a los torturadores hasta la casa de Sánchez en la calle Bulnes, pero no estaba. Lo detuvieron al amanecer en la casa de una tía.

El coronel Jorge Osinde, nuevo jefe de torturas

La Seccional 3a de la policía fue la base de las operaciones de tortura contra los acusados de los atentados en la Plaza de Mayo. El coronel Jorge Osinde, oficial de inteligencia del Ejército, era jefe de Coordinación Federal de la Policía. Había reemplazado a Lombilla en la prevención de "focos desestabilizadores" y en su momento había colaborado con la llegada de ex espías nazis a la Argentina. Osinde comenzó a dirigir la indagatoria mientras llegaban detenidos al calabozo Jorge Fauzón Sarmiento, propietario de una escribanía, y María Teresa González, hermana de Dogliotti. Osinde le dio papel y lápiz a Carranza para que explicara cómo había elaborado y colocado las bombas y para que informara las casas donde se ocultaban las armas del grupo conspirador. Todo lo que no deseara contestar se lo preguntarían a su madre. Carranza padeció un raid de tormentos en distintas comisarías, que finalizó en la cárcel de la Penitenciaría. Al cuarto día de su detención, ratificó ante el juez su autoría de las bombas de la Plaza de Mayo. Dogliotti fue detenido el 11 de mayo. Osinde lo interrogó sobre el viaje al Uruguay en el que pensaba fugarse con Mathov. Disconforme con sus respuestas, lo introdujo en el despacho del comisario Racana. Cada vez que Dogliotti repetía respuestas, Osinde le pegaba un puñetazo en el oído. El primer golpe fue intempestivo, después se hizo una práctica habitual. Dogliotti estaba atado con las manos en la espalda y Osinde seguía preguntando y golpeando en su oído cuando no escuchaba lo que quería. Entonces Dogliotti fue llevado hasta la Comisaría 46a, lo sentaron en una mesa, le desabrocharon la camisa y le tiraron una toalla mojada. Luego de las primeras descargas eléctricas, se desmayó, lo reanimaron, lo golpearon con puntapiés y volvieron a torturarlo. El magistrado de la causa le tomó declaración al día siguiente en la misma comisaría donde había sido torturado. Dogliotti no oía las preguntas. Estaba sordo. Le contó lo que había sucedido. El juez le dijo que hablara, le prometió que tendría garantías. Si algo le había hecho Osinde, o el subjefe de Coordinación Federal Oscar Serrao, que estaban presentes en la declaración, no volvería a suceder. Osinde quedó insatisfecho con la declaración de Dogliotti que se asentó en el expediente judicial. Lo llevó a los altos de la Comisaría 46a y lo encerró para que reflexionara. Pero no dejaría de interrogarlo hasta obtener la declaración que lo inculpara en el atentado. Le colocó algodones en los ojos, un vendaje y le aplicó la picana eléctrica sobre una toalla mojada en la planta de los pies, los dientes, el mentón y las orejas. A la mañana siguiente, el subcomisario Olavarría le pidió que armara una declaración verosímil sobre la base de los apuntes que había tomado durante la tortura. Un oficial trajo manuscritos en lápiz y escritos a máquina elaborados con base en los relatos de otros torturados, Carranza, Carlos Douek, Germán Sánchez, el doctor Nogués Acuña. Dogliotti estaba preocupado porque durante su encierro en la comisaría escuchó una voz familiar, la de su hermana. Osinde le confirmó que estaba allí. A la noche volvieron a torturarlo. Estaba agotado y nervioso y lo dejaron descansar. Un oficial lo despertó y le trajo siete folios con una declaración mecanografiada para que la firmase. A cambio de su firma, le darían algo de comer y podría acostarse en el suelo sin ser molestado. Dogliotti firmó y durmió. Pensaba que todo estaba terminado. Pero a la noche otra vez fue a la sala de torturas. Esta vez fue por una negligencia policial. Le explicaron que Osinde no estaba conforme con la declaración que habían preparado. El 21 de mayo le presentaron una nueva. Le aseguraron que, si la firmaba, lo llevaban a la cárcel de la Penitenciaría. Allí no habría torturas. Dogliotti llevaba diez días de calvario y firmó cada una de las fojas que le presentaron. Osinde también tomó en sus manos el asunto de Roque Carranza. Lo hizo llevar a Coordinación Federal, que utilizaba la dependencia de la Seccional 17a, y lo puso de espaldas contra la pared. Osinde le explicó que, tras la serie de "interrogatorios" a los que había sido sometido, ya tenía constancias suficientes para dar por concluida la investigación. Pero necesitaban que reforzara su declaración. Carranza fue sentado en una silla, con los ojos vendados, y otra vez lo torturaron. Lo involucraron en la insubordinación del coronel Francisco Suárez de 1952 y amenazaron con detener a su familia. Carranza firmó una declaración detallada en la que explicaba en detalle cómo funcionaba el mecanismo de relojería de una bomba. Tiempo después diría que fue el propio Osinde quien le explicó el procedimiento técnico.

Al cabo de pocas semanas, el jefe de Coordinación Federal había interrogado y torturado a todos los detenidos por los atentados en la Plaza de Mayo. Pero no quiso quedarse sólo con el hecho en sí mismo, sino desarticular toda la acción de los civiles armados contra Perón, por medio de la inteligencia y la tortura. Osinde extendió la búsqueda en el interior del país. Juan Carlos Cardoso, hermano del oficial Luis Cardoso, fue puesto al mando de un pelotón policial de cuatro hombres que viajó a Posadas, en el entonces Territorio Nacional de Misiones. La provincia puso a disposición la Casa de Gobierno para las tareas del grupo. La expedición de Cardoso centró su objetivo en los hermanos Lombardero, ligados al radicalismo. Primero detuvieron a Miguel. Aldo, su otro hermano, fue detenido para que los guiara para buscar a Horacio. No estaba en la ciudad; había viajado a Villa Encarnación, Paraguay. Antes de emprender el viaje, la expedición de Cardoso hizo una escala en la Casa de Gobierno en Posadas. Tendido en una mesa y desnudo, Aldo Lombardero fue torturado por los policías porteños durante veinte minutos. Cardoso le explicó que era una acción preventiva para que "no hiciera lío en el viaje" y, de paso, para que viera en acción a "la mejor policía del mundo". Horacio Lombardero estaba con su esposa en el Hotel Suizo, en Villa Encarnación. Luego de ser detenido, un oficial del ejército paraguayo intentó abortar el traslado a Posadas en nombre de la soberanía de su país. Una fuerza de seguridad extranjera no podía actuar de manera autónoma; debían atenerse a las leyes del Paraguay. Pronto encontraron la fórmula para la "extradición": los Lombardero no viajarían en calidad de detenidos sino como "vigilados". Para no comprometer de manera directa a la Casa de Gobierno como centro de tortura —el territorio era gobernado por el doctor Claudio Arrechea—, el pelotón policial trasladó la base de la investigación a la Comisaría 1a. Aldo Lombardero fue otra vez torturado. Le reclamaron los datos de su socio, un piloto de aviación que supuestamente proveía de armas de contrabando a los comandos civiles del radicalismo. Era el ingeniero Alejandro Malvicino. Apenas detenido, fue llevado a la mesa de tortura, junto a Lombardero. Zubizarreta, el secretario del gobernador, controlaba el procedimiento policial para que no complicara la situación en la provincia. Cardoso estaba desencajado por la falta de resultados de su misión. "Este hijo de puta no dice dónde tiene las armas, pero no importa. Escribí todo —le dijo a Lombardero y le dio un papel— y, si no parece verosímil lo que ponés, te voy a matar a vos, a él y a tus hermanos." Aldo Lombardero, que se sentía culpable por haber actuado como guía de la detención de su hermano Horacio y de Malvicino, se cortó la muñeca con un vaso de vidrio. La expedición Cardoso trajo sus detenidos a Buenos Aires. Aldo Lombardero fue alojado en la cárcel de la Penitenciaría. Horacio fue estaqueado en la Comisaría 3a. Permanecieron detenidos hasta la caída del peronismo.

La Iglesia organiza la oposición al peronismo

Hasta 1954, las fuerzas civiles y militares del antiperonismo no contaban con suficiente capital político ni de movilización para derrocar al gobierno. Lo alcanzarían con la inclusión de un actor clave: la Iglesia. Perón y la jerarquía católica habían sido aliados en los primeros tiempos del gobierno. El peronismo intentó establecer la hegemonía católica a través del aparato del Estado. Para las elecciones de 1946, en un claro veto a la Unión Democrática, el Episcopado recordó a sus fieles la prohibición de votar a partidos que sostuvieran el divorcio y la separación de la Iglesia y el Estado. Desde la perspectiva eclesiástica, Perón permitía la posibilidad de ampliar su influencia sobre el mundo del trabajo. Ambos actores manejaban un mensaje común: propendían a una organización solidaria que neutralizara la lucha de clases y los conflictos ideológicos, y se oponían al "individualismo capitalista" y el "colectivismo comunista". En los actos oficiales, Perón no dejaba de exhibir su devoción católica, y llegó a establecer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero un matiz comenzó a diferenciar sus intereses. El gobierno utilizó los textos escolares para resaltar sus realizaciones y exaltar a sus líderes por encima de los contenidos del catolicismo. Además, incentivó la participación política de las mujeres —por medio del sufragio femenino, promovido por Evita—, que modificaba su rol en el hogar familiar. Este desajuste respecto de los mandatos tradicionales del catolicismo continuó en otros sectores. La Iglesia comenzó a perder su lugar en la asistencia social, los patronatos de la infancia y los subsidios a sus instituciones de caridad, que fueron concedidos a la Fundación Eva Perón. La obra social de Evita y el mensaje del peronismo a sus propios "fieles" intimidaron a los dirigentes eclesiásticos, que comenzaron repudiar en voz baja la interferencia estatal en áreas que consideraban propias: la educación, la familia, la asistencia social, sectores clave para convertir la sociedad al catolicismo.

Ya hacia 1950, la Iglesia consideraba que la redistribución de bienes alteraba el funcionamiento del cuerpo social y los roles que cada hombre debía ocupar en la sociedad. Empezó a ver a las clases populares, a las que deseaba catolizar, como elementos bárbaros que subvertían el orden de una sociedad civilizada y el ordenamiento divino, como advertía la revista católica Criterio. Perón y Evita implicaban una nueva competencia en el territorio de la religiosidad popular. Sus figuras eran sacralizadas con el agregado de valores míticos o mágicos. Esto también se observó durante el proceso de enfermedad y muerte de Evita. Fue despedida en un ritual funerario que generó una atmósfera de piedad y recogimiento social, con oraciones populares que prescindieron de las autoridades eclesiásticas. En tanto avanzaba el proceso de visualización del peronismo como una forma de revelación religiosa, también progresaba en las bases urbanas la influencia de otros credos, siempre en perjuicio de las prácticas católicas. En 1954 el disenso entre el peronismo y la Iglesia ya no tenía retorno. Un ejemplo del distanciamiento fue el Quinto Congreso Eucarístico, celebrado en Rosario, al que Perón no concurrió, para participar de una manifestación de la CGT organizada para contrarrestar el evento eclesiástico en la misma ciudad. La Iglesia comenzó a participar en el plano político-partidario a través de la democracia cristiana, que se fundó como fuerza alternativa al peronismo ese mismo año. En 1954 ya se escuchaban voces eclesiásticas que reclamaban la excomunión de Perón. Con la guía espiritual y política de la Iglesia, la oposición partidaria, que había sido neutralizada por el oficialismo, pudo crear el clima de tensión y conmoción pública que había buscado infructuosamente durante casi diez años. La Iglesia fue el instrumento catalizador. Sus manifestaciones, a menudo vetadas por la "ley de reuniones públicas", convocaban a miles de feligreses y se convertían en jornadas de lucha política. Los carteles de "Cristo Rey" acompañaban las movilizaciones en las que se acusaba a Perón de "fascista" y "totalitario", y los católicos empezaron a trabajar para su caída con la misma fe y el mismo celo con los que antes lo habían respaldado. La dirigencia partidaria retribuyó la intervención política de la Iglesia: defendió sus "sagrados derechos" y denunció una campaña oficial contra el catolicismo. Por entonces, en 1954, era habitual que los diarios oficialistas demonizaran a los curas y los acusaran de "infiltrarse en las organizaciones del pueblo".

El Estado también se ocupaba de poner al catolicismo en un plano de igualdad con otras creencias. Perón autorizó el ingreso de evangelistas y espiritistas a cárceles y hospitales —una zona hasta entonces exclusiva del culto católico romano— y promovió el retiro de las imágenes de la Virgen de edificios públicos o de sedes sindicales. Los panfletos impresos por la militancia de la Acción Católica fueron uno de los resortes que tuvo la Iglesia para defender sus espacios y conspirar contra la estabilidad institucional. Eran repartidos en las instituciones católicas y estudiantiles, y entre las Fuerzas Armadas. La ofensiva pastoral denunciaba no solo las torturas del peronismo, sino también más de cuatro mil casos de desapariciones. Los panfletos presentaban casos improbables de esqueletos que habían sido descubiertos bajo tierra en los basurales de la ciudad, en el actual empalme de la avenida General Paz con la Ruta Panamericana, y también mencionaban cadáveres transportados por aviones y arrojados al Río de la Plata. También se referían a quemas clandestinas de opositores a Perón en la Chacarita, organizadas por la Policía Federal, con conocimiento de su jefe, el general Miguel Gamboa. Aunque las desapariciones no podían ser constatadas con nombres y apellidos, la información circulaba en la sociedad y comenzaba a roer el tejido político oficialista. En el mismo esquema de terror represivo, se incorporaba la figura del "doctor Theiss" y su grupo de colaboradores, empleados en la policía secreta alemana durante el régimen nazi, que impartían lecciones de técnicas refinadas de tortura a la Policía Federal. Una de las particularidades de los panfletos era presentar al peronismo como una expresión perversa de la política y con el signo ideológico contrario a las acusaciones de "fascismo": era el paso previo a la instalación de la "dictadura del proletariado" en la Argentina.

El anticlericalismo popular

En la sucesión de incidentes con la Iglesia, el peronismo también reforzó su ofensiva desde el Estado. Los subsidios a las escuelas católicas fueron eliminados y la enseñanza religiosa fue reemplazada en los establecimientos educativos por la "doctrina nacional", una versión pedagógica elaborada en base a las "veinte verdades" que presentaba al justicialismo como una nueva filosofía de vida, humanista y cristiana.

Perón, que era católico de la orden mercedaria, además, descargó una batería de leyes muy sensibles al sentimiento eclesiástico: sancionó la ley de divorcio, legalizó la prostitución, reconoció a los hijos "naturales" como hijos "legítimos" y promovió una reforma constitucional que debía concluir con la separación de la Iglesia y el Estado. El Senado la aprobó el 20 de mayo de 1955. Cinco días después, ningún funcionario del gobierno participó del tradicional Tedeum en la Catedral. La Iglesia utilizó la procesión de Corpus Christi para amplificar las voces del antiperonismo. El sábado 11 de junio de ese año, la celebración religiosa, no autorizada por la policía, se concentró en la Catedral; la homilía se escuchó por los altoparlantes. La plaza estaba llena de feligreses. Más tarde, centenares de miles de manifestantes comenzaron a recorrer la ciudad al grito de "Cristo Vence", acompañados por la dirigencia opositora. Perón luego denunciaría la celebración religiosa como la reedición de la Unión Democrática, "clerical y oligárquica", que había ganado la calle en septiembre de 1945 en reclamo del fin del régimen militar. El hecho sustancial de la manifestación sucedió en el Congreso, durante la noche: se izaron en un mástil una bandera del Vaticano junto a otra argentina, y luego esta apareció quemada. Poco después, distintos funcionarios de Estado se acercaron a la zona y se fotografiaron con los restos de la bandera. Era evidente que la policía había fabricado el episodio para sumar los símbolos patrios a la lógica del enfrentamiento entre Estado e Iglesia y disparar la "indignación popular" contra los curas y la oposición que los respaldaba. La contraofensiva se inició al día siguiente. Para la prensa oficialista, la magnitud de la marcha quedó sublimada por el agravio a la bandera argentina. El domingo 12, la misa vespertina de la Catedral se convirtió en territorio de combates. Algunos grupos de choque afines a Perón fueron al ataque y centenares de estudiantes opositores y de católicos se parapetaron alrededor del templo para defenderlo. Muchos de ellos, casi trescientos, marcharían presos a la cárcel de Devoto. Pero la mayor tensión en la disputa con la Iglesia sería provocada a partir de la decisión del gobierno de expulsar a los dos obispos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Ramón Novoa y Manuel Tato. Los consideraban responsables de los sucesos de agravio a la bandera. Fueron enviados a Roma. El diario L’Osservatore Romano del 16 de junio informó la respuesta de la Santa Sede: todos los funcionarios que habían participado de la expulsión de los obispos habían incurrido en la excomunión "latae sententie" (automática) de la Santa Sede. No precisaba si ésta alcanzaba a Perón. De todos modos, entonces no se preveía que la peor respuesta contra Perón no vendría del Vaticano sino desde el cielo.

Bibliografía

Abós, Álvaro, Delitos ejemplares. Historias de la corrupción argentina. 1810-1997, Buenos Aires, Norma, 1999. Almaraz, Roberto; Corchon, Manuel y Zemborain, Rómulo. ¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-1955), Buenos Aires, Planeta, 2001. Andersen, Martin Edwin, La Policía. Pasado, presente y propuestas para el futuro, Buenos Aires, Sudamericana, 2002. Caimari, Lila, Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955), Buenos Aires, Ariel, 1995. Gambini, Hugo, Historia del peronismo. El poder total (1943-1951), Buenos Aires, Planeta, 1999. Gerchunoff, Pablo y Antúnez, Damián, "De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo", en Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 2002. "Historia del peronismo. La segunda presidencia. El caso Duarte: ¿crimen o suicidio?", en Primera Plana, N° 289, 9 de julio de 1968. "Historia del peronismo. La segunda presidencia. Las bombas de Plaza de Mayo", en Primera Plana, N° 301, 1o de octubre de 1968. Molinari, Aldo Luis, El caso Duarte, Buenos Aires, Compañía Impresora Argentina, 1958. Nudelman, Santiago, El régimen totalitario. Torturas, presos políticos, negociados, Buenos Aires, edición del autor, 1960. Rabinovitz, Bernardo, Sucedió en la Argentina (1943-1956). Lo que no se dijo, Buenos Aires, Gure, 1956. Sidicaro, Ricardo, Los tres peronismos. Estado y poder económico. 19461955/1973-1976/1989-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. Torre, Juan Carlos y De Riz, Liliana, "Argentina desde 1946", en AA.VV., Historia de la Argentina, Buenos Aires, Crítica, 2002. Verbitsky, Horacio, La Iglesia en la Argentina. Un siglo de historia política (18841983), tomo I, De Roca a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 2007. Zavala, Juan Ovidio, Los hechos y sus consecuencias, Virginia, TiYM Publishing Co., Inc. /Mclean, 1999.

Capítulo 4 El bombardeo y la caída

AQUELLA noche de setiembre de 1955, mientras los doctores, los hacendados y los escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Ernesto Sabato, 1956, en la carta abierta a Mario Amadeo.

Muchos de los aviadores navales que bombardearon Buenos Aires habían acompañado la celebración de Corpus Christi el sábado 11 de junio de 1955. Hasta entonces, no sabían cuándo ni cómo matarían a Perón. Solo tres de sus jefes conocían el plan. Era el siguiente: la aviación naval bombardearía la Casa Rosada en momentos en que Perón reuniera a su "estado mayor", los hombres con los que compartía las decisiones gobierno. Se encontraba con ellos, semana de por medio, los días miércoles a las diez de la mañana. A esa hora se iniciaría el bombardeo. Duraría solo tres minutos. El plan necesitaba apoyo terrestre. Después del último vuelo, de la última detonación, se activarían las células de los comandos civiles. Las componían alrededor de cuatrocientos o quinientos hombres. Durante la mañana debían permanecer disimulados en las calles y los bares de Buenos Aires. No era conveniente que estuvieran alejados a más de quinientos metros del epicentro de los sucesos, pero tampoco que se acercaran a menos de doscientos. Los comandos civiles también debían bloquear los accesos a la Plaza de Mayo. Disponían de dieciséis automóviles. En la hipótesis de que la misión fuese exitosa, y que Perón y su gobierno quedaran reducidos a escombros, los comandos se servirían del terror y la humareda para tomar la Casa Rosada. Ingresarían por el acceso principal. Quizá deberían enfrentar al cuerpo de Granaderos, ya diezmado por las bombas. En la confusión, ese combate se libraría sin contratiempos. Los granaderos no eran muchos, cuarenta hombres sin más infraestructura que un destacamento interno en la Casa de Gobierno. Era difícil que, atacados por sorpresa, pudieran bloquear a los comandos civiles. Pero, aun si lo hiciesen, no podrían contener el avance simultáneo de los infantes de Marina por la retaguardia. Esa era la otra parte del plan. La de mayor importancia de la ofensiva terrestre. Los infantes eran alrededor de trescientos hombres distribuidos en dos compañías. Se trataba de una diferencia decisiva frente a los granaderos. Atacados por los comandos civiles por el acceso principal de la Casa Rosada, no podrían resistir la avanzada de los infantes por el acceso que da hacia el Río de la Plata. Para los infantes, la perspectiva del combate sería más que favorable. La relación de fuerzas no se definiría sólo por la cantidad de hombres. También por el armamento. Como parte de los trabajos previos al bombardeo de la Casa Rosada y aprovechando un viaje a Europa de un buque escuela de los cadetes navales, los conspiradores habían adquirido fusiles semiautomáticos FN, de procedencia belga, fuera del programa de la compra oficial. La Armada los hizo ingresar de contrabando. Para que la información no se filtrara, los infantes los tendrían en sus manos sólo un día antes del bombardeo. Los granaderos, en cambio, debían defender la Casa Rosada con fusiles Mauser de modelo a cerrojo, que cargaban cinco proyectiles. Era un arma de principios del siglo XX. La comunicación era otro factor clave para la definición del combate. Los conspiradores navales habían entrado en conversaciones con el ex capitán Walter Viader, sublevado de 1951 con el general Menéndez, enviado a prisión y luego amnistiado. Viader estaba en libertad y quería seguir complotando. Junto a los comandos civiles, se ocuparía de organizar la toma de las radios que difundirían la proclama golpista. Se esperaba que la noticia de la caída de Perón hiciera saltar a las calles a los opositores. Después del bombardeo, una junta cívico-militar controlaría el poder. Intervendrían la CGT y las provincias, liberarían a los presos por razones políticas y fusilarían a quienes resistieran su autoridad. No habían trascendido los nombres de los uniformados. Serían convocados después del triunfo. Los civiles eran tres activos dirigentes de "la contra" peronista: Adolfo Vicchi, mendocino, conservador; Américo Ghioldi, del Partido Socialista, exiliado en el Uruguay, y Miguel Ángel Zavala Ortiz, el más importante de todos, de la facción "unionista" del radicalismo, que acababa de perder el control del partido a manos de Arturo Frondizi. Zavala se pondría el casco de combate. Se comprometió a tomar las bases aeronavales junto a los aviadores.

La conspiración busca su destino

El factor sorpresa era una perspectiva alentadora para la táctica conspirativa. Pero el plan tenía puntos débiles. Lo que preocupaba era la imposibilidad de acumular fuerzas, después del primer impacto, para defender la toma de la Casa Rosada. Los conspiradores sabían que las detonaciones no tendrían un efecto quirúrgico. Cumplido el objetivo de extirpar el núcleo duro del poder, quedarían en evidencia los "daños colaterales": los hombres y mujeres víctimas de las bombas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Se esperaba una reacción popular en defensa de Perón. Esta eventualidad hacía impredecible el curso de la operación. Más incertidumbre generaba la reacción del Ejército, una vez consumados los hechos. No era mucho lo que se había colectado en ese ámbito. Apenas una promesa, la del general León Bengoa, que llegaría a Buenos Aires con una división de Infantería procedente de Paraná. Vendrían en tren, desde Zárate. Bengoa reclamó a los conspiradores una fuerte agitación previa. Quería "ambiente golpista" para movilizar las tropas. Adelantó que iniciaría la expedición luego del estallido. No iban a estar en el frente de batalla desde el primer momento. El problema de los conspiradores era justamente ese: cómo fortalecerse para responder a una probable reacción militar y popular del peronismo.

El centro de operaciones era la base aeronaval de Punta Indio. De allí despegarían los aviones. En media hora o cuarenta minutos ya estarían sobrevolando Buenos Aires. La toma de la base no presentaría obstáculos. Era difícil encontrar a algún marino que no fuese antiperonista. El jefe de la conspiración era el capitán de fragata Néstor Noriega. Ezeiza era otra base para el despliegue aéreo. Acababa de ser inaugurado como aeropuerto internacional. Funcionaría como central de reabastecimiento para los aviones después del primer ataque. Desde hacía más de un año se estaba construyendo allí, en forma clandestina, un depósito para almacenar las bombas y el combustible. Un simulacro aéreo oficial, previsto en la ciudad de Bariloche, fue aprovechado para realizar el traslado administrativo de los explosivos desde la base aérea Comandante Espora, de Bahía Blanca, hacia Punta Indio y Ezeiza. La Séptima Brigada Aérea de Morón era un objetivo militar de la conspiración. En este caso, la toma era más delicada. Había oficiales aeronáuticos interesados en que el gobierno cayera, pero no tenían el nivel de intolerancia de la Marina. Muchos aviadores eran leales por disciplina. El control de la brigada permitiría tomar los aviones caza de propulsión a reacción Gloster Meteor. Con sus cañones de veinte milímetros —cada munición contenía la energía de una granada—, el aparato le agregaba versatilidad y eficiencia al poder aéreo de los rebeldes. Además, la toma de Morón bloqueaba la posibilidad de una respuesta inmediata. Era la base aeronáutica más próxima al escenario de los hechos. La escuadra aeronaval de la conspiración se componía de veintiocho aviones. Cinco de ellos eran los Beechcraft AT11. Descargaban bombas en vuelo horizontal. Los pilotos se habían entrenado con descensos de hasta 360 pies, es decir, apenas arriba de los cien metros. Otro avión para el bombardeo era el North American AT6. Podía descargar bombas de cincuenta kilos volando en picada hacia el objetivo. Eran veinte naves. La escuadra se completaba con tres hidroaviones Catalinas, también de bombardeo horizontal, con bombas de doscientos cincuenta kilos. Un Douglas DC3 y otro DC4 trasladarían las bombas a Ezeiza. En caso de que el golpe fracasara, serían utilizados para llevar a los conspiradores al Uruguay.

La idea del bombardeo tenía varios años. Al menos más de dos. Había sido lanzada en forma ligera, casi al azar, en una comida de a bordo. Imitar el bombardeo japonés contra los norteamericanos en Pearl Harbour, durante la Segunda Guerra Mundial, y destruir la Casa Rosada. Esa era la síntesis. Parecía fantástico. Pero no era serio. La idea de sepultar a Perón bajo los escombros para poner punto final a su gobierno, sin embargo, entusiasmó a los hombres de mar, y empezó a fluir de abajo arriba. El que motorizó el bombardeo fue el capitán de fragata Jorge Bassi. Era el dueño de la idea. Sería el responsable de sublevar la base de Ezeiza. Bassi fue el que construyó el depósito clandestino, el que durante meses buscó un jefe que se pusiera al frente de la conspiración, el que le advirtió al contraalmirante Samuel Toranzo Calderón que la inteligencia aeronáutica había detectado sus movimientos. Toranzo Calderón era el oficial de mayor jerarquía que Bassi había logrado captar. El almirante Aníbal Olivieri, jefe de la Armada, había sido sondeado para conducir el complot, pero no quiso asumir la jefatura. Tampoco la bloqueó ni la denunció. Olivieri dejó que la sublevación hiciera su propio camino. Además de conducir el ataque de los infantes de Marina, Toranzo Calderón tenía la misión de atraer aliados en las tres armas. Su cosecha fuera de la Armada fue escasa. Sólo obtuvo el compromiso de algunos oficiales de la Aeronáutica. Pero el contraalmirante contaba con el laissez faire de Olivieri para ocupar el Ministerio de Marina. Ese puesto de combate era clave: estaba ubicado a menos de trescientos metros del objetivo enemigo. Los capitanes Noriega y Bassi, en cambio, se ocuparían de la logística para que todo funcionara bien: los aviones, el alzamiento de las bases, la carga de bombas y de combustible, la comunicación interna entre los complotados.

La fecha del ataque a la Casa Rosada se decidió de apuro. El martes 14 de junio de 1955, a la medianoche, Toranzo Calderón supo que el Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica (SIA) tenía filmaciones del frente del edificio de su departamento, sobre la calle Cuba, en Belgrano. Las imágenes mostraban el ingreso de los conspiradores. Como el contraalmirante esperaba ser detenido de un momento a otro, adelantó el bombardeo. Ya no había tiempo para ejecutarlo al día siguiente, cuando Perón reuniera a su gabinete, pero tampoco podía demorar la operación durante dos semanas. Se decidió para el jueves 16 de junio de 1955. Ese día, los Gloster despegarían de Morón y volarían sobre la Catedral de Buenos Aires en homenaje al general José de San Martín y en desagravio a la bandera argentina que había sido quemada durante la celebración del Corpus Christi. La programación de este acto era un regalo del cielo para los conspiradores. Si llegaban a tomar la Séptima Brigada, los pilotos aeronáuticos ametrallarían la Casa Rosada y otros blancos estratégicos del poder peronista. Pero había un pronóstico negativo. Para el 16 de junio, el servicio meteorológico anunciaba nubes y poco alcance de la visibilidad. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Noriega, jefe de la conspiración en la base de Punta Indio, ya tenía la escuadrilla de aviones con las bombas cargadas. Bassi, en Ezeiza, tenía todo pronto para el reabastecimiento y esperaba el arribo de tropas de la Infantería de Marina desde Mar del Plata, Azul y Puerto Belgrano, en Bahía Blanca.

Un resplandor rojo: la primera bomba

El 16 de junio de 1955, el capitán Noriega se levantó a las 4 de la madrugada. Ordenó una reunión en la biblioteca del casino de oficiales de la base. En ese momento se hizo público el secreto que ya conocían: el plan de ataque y el objetivo del bombardeo. El pronóstico meteorológico no había errado: el cielo estaba encapotado, las nubes bajas, hacía mucho frío. Era una madrugada de invierno. Noriega pensó que la luz del día iría componiendo el tiempo. A las 6, casi un centenar de oficiales ya había tomado Punta Indio. El único que debió ser reducido fue Horacio Gutiérrez, un oficial con lazos parentales con el peronismo. Su suegro era el ministro de Educación, Armando Méndez San Martín. Tres días antes del complot, Gutiérrez le había enviado una carta de alerta al ministro, pero fue interceptada por los conspiradores y no llegó a destino. Noriega estaba comunicado por radio con Toranzo Calderón en el Ministerio de Marina. Lo acompañaba el vicealmirante Benjamín Gargiulo, que respondía a sus órdenes en el levantamiento, pese a que tenía mayor graduación. Los dos se habían apostado en el comando de la Aviación Naval, en el cuarto piso del ministerio. Los infantes de Marina se habían escondido en el sótano, a la espera de la primera bomba. Apenas supo de la sublevación de Punta Indio, Toranzo Calderón envió radiotelegramas a unidades y bases de la Armada y llamó a la rebelión contra Perón. La sede naval ya estaba liberada. En la tarde del 15 de junio, Olivieri se había internado en el Hospital Naval.

A las 10 de la mañana, Noriega decidió despegar el Beechcraft AT11 de Punta Indio. Fue el primer vuelo. Llevaba dos bombas de demolición de cien kilos cada una. Llegando a Buenos Aires, advirtió que el clima tornaba imposible la maniobra. Decidió mantenerse en el aire, en los alrededores de Colonia, Uruguay. Confiaba en que el tiempo mejoraría. La autonomía de vuelo del Beechcraft era de cuatro horas.

A esas alturas de la mañana, el capitán Bassi ya había tomado Ezeiza, y recibiría el refuerzo de los infantes de Marina, que ya habían partido desde Punta Indio en cinco aviones de transporte Douglas C-47. La Brigada de Morón se mantenía sin novedades. Abajo, en tierra, la visibilidad era casi nula. Desde el Ministerio de Marina la niebla no permitía ver la Casa Rosada, ubicada a trescientos metros.

El presidente Perón había llegado a su despacho a las seis y cuarto. Cuarenta y cinco minutos después recibió al embajador norteamericano Albert Nuffert. Una hora más tarde, a las 8, el jefe del Ejército, el general Franklin Lucero, le informó sobre las acciones de los sublevados y la posibilidad de un bombardeo. Lucero había intentado certificar esta hipótesis desde la noche anterior —su secretario lo despertó a las 23 con la novedad—, pero no le dio mayor crédito. Había decidido no molestar a Perón ni alarmar a las fuerzas del Consejo de Seguridad. Pero ahora lo creía. Ya tenía confirmado que las bases de Punta Indio y de Ezeiza habían sido tomadas. Le dijo al presidente que se fuera de la Casa de Gobierno y se refugiara en el Ministerio de Ejército. No hay precisión exacta sobre la hora en que lo hizo. Perón diría que fue a las nueve y media. Las fuentes son contradictorias. La falta de uniformidad, sin embargo, no resuelve el enigma: ¿Por qué, si Perón se refugió en el Ministerio de Ejército entre las 9 y las 10 de la mañana en conocimiento del bombardeo, no ordenó el desalojo de la Casa Rosada? A esa hora, alrededor de cuatrocientas personas, entre funcionarios, empleados y público, permanecía en la Casa de Gobierno. El mismo riesgo alcanzaba para quienes estaban en la Plaza de Mayo y las calles adyacentes. ¿Por qué el gobierno no la alertó, o prohibió la circulación, o clausuró los accesos? Es un enigma sin respuesta.

Hacia el mediodía, la demora del bombardeo decepcionaba a los potenciales sublevados en tierra. Los comandos civiles, hijos de familias patricias que habían abrevado en el nacionalismo, la derecha católica y el radicalismo, pero sobre todo en el odio al peronismo, como era el caso de Juan Carlos Goyeneche, Cosme Beccar Varela, Santiago de Estrada, Ricardo Curuchet, Santiago Díaz Vieyra o Mario Amadeo, nadaban en la incertidumbre. El bombardeo había sido anunciado a las 10. Pocos minutos después, Beccar Varela entró en contacto con el Ministerio de Marina. Le advirtieron que las naves ya estaban en vuelo. Se había producido una demora, pero la operación marchaba normalmente. Los comandos estaban divididos en tres grupos, enlazados con un comando central. Se mantuvieron alertas, disimulados en las inmediaciones, tomando café en los bares, mirando vidrieras. A las 12 seguían sin novedades. A partir de entonces, se tomó la decisión de licenciar a la tropa. Supusieron que el bombardeo se habría abortado, y además tenían la orden de no volver a llamar al ministerio. Para reducir la pesadumbre, algunos comandos se acercaron a Villa Devoto para visitar a los civiles que habían sido detenidos el domingo 12, mientras defendían la Catedral metropolitana. La cárcel les había impedido formar parte de la avanzada terrestre.

A las 12.40 el capitán Noriega se decidió a atacar. Lanzó la primera bomba sobre la Casa Rosada. Explotó sobre una cocina de servicio del primer piso. La bomba, que pesaba 110 kilos, mató a dos ordenanzas. La explosión hizo caer parte del techo de la sala de prensa. Los periodistas se escondieron en un túnel interno. Tras el primer impacto, una fila de aviones que esperaba su turno en el aire fue aproximándose hacia el objetivo. Cada piloto disponía de dos bombas. Sobrevolaron la Casa Rosada y efectuaron la descarga. El bombardeo criminal de los sublevados lanzaría catorce toneladas de explosivos para matar a Perón. También, en oleadas sucesivas, bombardearían a la población civil de los alrededores de la Plaza de Mayo y apuntarían sobre otros blancos estratégicos: la Policía Federal, la sede de la CGT y la residencia presidencial, el Palacio Unzué, sobre la calle Agüero. Una de las primeras bombas impactó sobre un trolebús. Provocó un resplandor rojo sobre la calle Paseo Colón. La explosión no desintegró en forma total la estructura del transporte público, pero la onda expansiva hizo que los trozos humanos quedaran incrustados en las paredes internas. Allí no hubo heridos. Hubo sesenta y cinco muertos. Tras la primera bomba, los infantes de Marina salieron del ministerio en camiones de la fuerza. Se dividieron en dos. Una compañía se apostó, calle de por medio, a cuarenta metros de la explanada norte de la Casa Rosada. La otra se refugió en la playa de estacionamiento del Automóvil Club, entre el Parque Colón y el Correo Central, a cien metros de la retaguardia de la Casa de Gobierno. Los marinos comenzaron a disparar.

La avanzada sorprendió a un cuerpo de granaderos que acababa de bajar de un ómnibus casi en forma simultánea, sea porque era el cambio de guardia o porque fueron convocados de urgencia. La base de la Brigada de Morón no fue sublevada de inmediato. Siguió bajo el mando oficial. Tras la primera bomba, se ordenó el despegue de los Gloster para combatir a los sublevados. La batalla estaba en el cielo. Un Gloster persiguió y derribó un avión North American AT6 en la zona de Aeroparque. El piloto, guardamarina Arnaldo Román, logró lanzarse con el paracaídas y cayó sobre el Río de la Plata. Luego fue capturado. Parte de la escuadrilla oficial giró hacia la base de Ezeiza para abrir fuego contra los sublevados. En el ataque destruyeron un bombardero Catalina y averiaron una nave de bandera danesa que estaba en la pista del sector aerocomercial. Había fuego cruzado. Los aviones de la Armada comenzaron a bombardear una columna de soldados del Regimiento 3 de La Tablada que avanzaba en camiones por la avenida Crovara para defender la Casa Rosada. Desde distintas azoteas de edificios públicos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo —el Banco Nación, el Ministerio de Economía—, civiles armados comenzaron a disparar contra los aviones rebeldes. Cuando los Gloster leales aterrizaron luego de su primera incursión, la Brigada de Morón había sido tomada por los conspiradores. El comandante de la Aeronáutica Agustín de la Vega había encañonado a sus jefes mientras estaban observando el despegue de los jets. Los superiores y subordinados que no habían adherido al levantamiento fueron reducidos en un hangar. Los Gloster cambiaron de pilotos y volvieron a despegar, ahora con un nuevo objetivo: la Casa de Gobierno. La primera oleada del bombardeo también afectó al edificio del Ministerio de Ejército. Allí, en el sexto piso, estaba el general Lucero junto a Perón, dando instrucciones a las unidades militares para que ocuparan las posiciones enemigas. Le ordenó a la base aérea de San Luis que despegara una escuadrilla de aviones a reacción y que atacara Punta Indio y Ezeiza. De pronto, la onda expansiva de una bomba alcanzó la oficina. El impacto le hizo perder estabilidad a Perón. Sus auxiliares lo empujaron contra un armario para protegerlo. Enseguida, el presidente fue trasladado al sótano del edificio.

El ocaso de golpe naval

A media hora de la primera bomba, el balance era el siguiente: la conspiración golpista dominaba las bases de Punta Indio, Ezeiza y Morón. Hasta entonces, el poder de fuego aéreo estaba garantizado. Pero ya se advertían las carencias: la falta de incorporación de tropas del Ejército. El general Bengoa, que había viajado a Buenos Aires a una reunión en Campo de Mayo para disimular su futura participación en la sublevación, fue detenido en Aeroparque, cuando abordaba un avión hacia Paraná. El Ejército se mantenía leal a Perón: no había movilizado ninguna unidad. La Infantería de Marina todavía mantenía firme su propósito de tomar la Casa Rosada. Pero la realidad era mucho más ardua que los planes originales. En parte, porque las explosiones no fueron devastadoras. Si bien estallaron veintinueve bombas y hubo doce muertos en la Casa Rosada, muchas otras no llegaron a detonar. La baja altura a la que volaban los aviones no permitía que se activaran las espoletas. Además, el tiempo jugaba a favor del gobierno, que podía acumular fuerzas en la defensa; los conspiradores, no. Los comandos civiles se habían dispersado y no retornaron a la Plaza de Mayo. En tierra solo estaban los infantes, que encontraron un inesperado escollo en la Casa Rosada: los granaderos. La resistencia de los soldados permitió ganar tiempo. Cerca de la 1, a veinte minutos de la primera bomba, desde el Regimiento de Palermo se incorporaron a la zona del combate la artillería liviana y cuatro tanques Sherman. También las bases peronistas comenzaron a movilizarse. A las 13.12, mientras se incrementaba el fuego entre infantes y granaderos, el secretario de la CGT, Hugo Di Pietro, utilizó la cadena radial. Dijo: "¡Todos los trabajadores de Capital Federal y de Gran Buenos Aires deben concentrarse inmediatamente en los alrededores de la CGT! ¡Todos los medios de movilidad deben tomarse a las buenas o a las malas! ¡La CGT los llama a para defender a nuestro líder! ¡Concentrarse inmediatamente pero sin violencias!". Los camiones de la Fundación Eva Perón y de los sindicatos cargaron hombres y mujeres por los barrios del conurbano y de la Capital para llevarlos al teatro de operaciones. Los convocaba la defensa a Perón. Algunos iban con las manos vacías, otros llevaban palos, herramientas de trabajo, cuchillos. También revólveres cortos. En Constitución y en el centro porteño fueron asaltados dos locales de venta de armas. Pero la euforia del peronismo que se movilizaba en camiones se atenuaba apenas llegaban a la Plaza de Mayo. En los acoplados se cargaban decenas de cadáveres levantados de la calle. Los heridos eran trasladados a la Asistencia Pública de la calle Esmeralda y a otros hospitales. Tres minutos después del llamado a la resistencia de la CGT, el ex capitán Viader difundió el bando golpista. Con sus comandos civiles había tomado por la fuerza las instalaciones de Radio Mitre. Interrumpió la transmisión y obligó al locutor a leer la proclama: "Argentinos, argentinos, escuchad este anuncio del Cielo volcado por fin sobre la Tierra. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado. Compatriotas: las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. Los gloriosos cadetes de la Escuela Naval y los valientes soldados de la Escuela de Mecánica de la Armada avanzan desde sus respectivas guarniciones acompañados por compactos grupos populares que vitorean al movimiento revolucionario. Ciudadanos, obreros y estudiantes; la era de la recuperación de la libertad y de los derechos humanos ha llegado". La proclama fue cortada por el personal de la planta transmisora de Radio Mitre, en Hurlingham. Pocos minutos después, las radios oficiales empezaron a leer un comunicado que tenía la firma de Perón. "Algunos disturbios se han producido como consecuencia de la sublevación de una parte de la Aviación y la Marina. La aviación militar ha derribado un avión y tres han sido obligados a aterrizar. La situación tiende a normalizarse. El resto del país, tranquilo. Fuerzas del Ejército, de la Aviación, firmes en el cumplimiento del deber".

De inmediato, en el oeste de la ciudad apareció una segunda escuadrilla de aviones. Había despegado de Morón. Ampliaron el radio de ataque. En vuelo rasante, un Gloster ametralló el edificio de la CGT. Un dirigente obrero, Héctor Passano, intentó responder con su arma corta desde la terraza. Su cuerpo fue partido en dos por una ráfaga. También dispararon sobre el Departamento de Policía y el Ministerio de Obras Públicas en la Avenida 9 de Julio. Un oficial fue alcanzado por los disparos. Murió en su oficina. Por detrás de la cúpula del Congreso asomó otro Gloster. Volaba apenas por encima de la Avenida de Mayo. Se dirigió hacia la Casa de Gobierno para ametrallarla. A poco menos de una hora del primer estallido, Olivieri decidió trasladarse hacia el Ministerio de Marina. Quería hacerse cargo de la sublevación y evitar su detención en la cama del Hospital Naval. Le costó acercarse al edificio. Los accesos céntricos estaban bloqueados. Aprovechó un sector del puerto por el que todavía no había avanzado el Ejército. Todos los vidrios de los ventanales del ministerio habían estallado. Los infantes se movían cuerpo a tierra para responder los disparos de la artillería del Ejército. El teniente de navío Emilio Eduardo Massera, uno de los jefes del golpe de Estado de 1976, secundó al ministro Olivieri para ingresar por la parte de atrás del edificio. A esas alturas, el cuadro era el siguiente: la zona del Bajo, el perímetro de las avenidas Leandro N. Alem, Eduardo Madero y Paseo Colón, la avenida Corrientes y las calles de las inmediaciones estaba en situación de guerra. Circulaban jeeps del Ejército, camiones de obreros y simpatizantes peronistas, se gritaba por Perón, se alzaban banderas. Las balas se cruzaban entre los edificios y la calle. La posición dominante de los infantes en el campo de batalla empezó a revertirse antes de las 3 de la tarde. La artillería había instalado su cuartel en un edificio ubicado en la esquina de Leandro N. Alem y Viamonte. Era la base para el ataque contra los infantes que se mantenían frente a la explanada norte de la Casa Rosada. Olivieri tomó contacto con la Escuela de Mecánica de la Armada, pero ya era tarde para que se volcara al alzamiento: estaba rodeada por el Regimiento 1 de Palermo. A los sublevados no sólo les quemaba el fuego oficial. También civiles armados del peronismo y de la ALN les disparaban desde los muros, los árboles o las terrazas. A las 3 de la tarde, esa compañía de Infantes tuvo que ser replegada hacia el Ministerio de Marina. La otra, que se mantuvo apostada en el Automóvil Club, se guareció en el edificio poco después. En las bases aeronavales, la conspiración también estaba cercada. Punta Indio fue tomada por una división del Regimiento Motorizado de La Plata. Una toma pacífica, en realidad, porque la base quedó desguarnecida luego del primer vuelo. Toda la infraestructura logística había sido trasladada a Ezeiza. Sólo Gutiérrez permanecía en el calabozo. Ezeiza, en tanto, estaba siendo atacada por los soldados del Regimiento 3 de La Tablada. Morón también estaba en riesgo. Los leales al gobierno apresados en el hangar mataron a un teniente de Aeronáutica que los custodiaba y empezaron a dispersarse por la base. Con las fuerzas de tierra atrincheradas en el Ministerio de Marina, los conspiradores combatían en tiempo de descuento. Lucero había ordenado un ataque múltiple con ametralladoras pesadas desde la Casa de Gobierno y el Ministerio de Ejército. Disparaban con morteros de ochenta milímetros. Rodeada de tanques, la batería antiaérea de la artillería y la infantería motorizada, desde una ventana del séptimo piso de la base rebelde, agitó un lienzo blanco. Eran las 15.17. Seguidos por grupos de civiles que acompañaban el paso de los tanques, y luego de que mediaran dos comunicaciones telefónicas entre Olivieri y Lucero, los generales Carlos Wirth y Juan José Valle se acercaron al ministerio en un jeep con la intención de parlamentar sobre la rendición. Pero fueron sorprendidos. A las 15.20, los aviones de la Marina Beechcraft AT, North American AT6 y el Catalina volvieron a sobrevolar la Plaza de Mayo y descargaron treinta y tres bombas. Sólo ocho no explotaron. El ataque destruyó dos pisos del ala sur del edificio y mató a un soldado conscripto. También fue muerto un general. Muchas de las naves fueron alcanzadas por las baterías antiaéreas de la Casa Rosada, pero ninguna fue derribada. Los marinos en tierra aprovecharon la confusión y reanudaron el fuego. Muchos civiles fueron muertos y heridos en el contraataque. La acción provocó la furia de los leales a Perón. Esta nueva oleada, la tercera de la conspiración, bombardeó el epicentro del poder: la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército, el Ministerio de Hacienda y el Banco Hipotecario. La residencia presidencial también fue atacada. Cada avión que la sobrevoló lanzó una bomba. Una cayó en el parque del Palacio Unzué y no detonó. Otra mató a un barrendero en la calle. La tercera, que erró el blanco por doscientos metros, cayó sobre la calle Pueyrredón: mató a un automovilista y a un chico de 15 años. El ataque fuera del palacio tenía una razón de ser: suponían que en un edificio de la calle Gelly y Obes se había refugiado Perón. El fuego de los conspiradores se sostuvo poco tiempo más. Un tanque Sherman disparó sobre el segundo piso del Ministerio de Marina, provocó un boquete y un incendio en la sala de almirantes. A las cuatro y media de la tarde, Olivieri reclamó una negociación directa con Lucero. Estaba dispuesto a entregar el ministerio y rendir a las fuerzas rebeldes, pero, mientras los civiles continuasen alrededor de las tropas del Ejército, continuaría el combate. Los sublevados temían que las fuerzas leales no pudieran controlar al pueblo peronista. La rebelión podía concluir con un linchamiento y no querían correr ese riesgo. Mientras la Marina negociaba los términos de la rendición, Noriega tomó la decisión de enviar un Douglas DC-3 de Ezeiza hasta la Brigada de Morón para evacuar a los complotados que seguían en combate contra las fuerzas oficiales. El DC-3 podía cargar a treinta pasajeros. El resto, más de setenta, debía quedar en tierra. La imposibilidad de cargar a todos generó una discusión entre los pilotos, pero ya no había mucho tiempo. El DC-3 pudo levantar vuelo pese a la sobrecarga: terminó llevando a cincuenta pasajeros. En el carreteo, logró alzar vuelo antes de embestir un tanque de combustible que le habían cruzado sobre la pista; de rozarlo, lo hubiera envuelto en una bola de fuego. Los marinos también lograron despegar los Gloster. En vuelo hacia el Uruguay, ametrallaron la Casa Rosada. Fue el último acto de servicio de la rebelión frustrada. Entonces, a las 17.25, en la Plaza de Mayo ya había miles de personas convocadas por el gobierno. En forma simultánea al vuelo de los Gloster, desde el Ministerio de Ejército Perón encomiaba por cadena nacional "la acción maravillosa que ha desarrollado el Ejército cuyos componentes han demostrado ser verdaderos soldados [...]. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos". Para entonces, desde las bases de Morón y Ezeiza, treinta y seis aviones con ciento veintidós sublevados habían huido hacia el Uruguay. Uno de ellos era el radical Zavala Ortiz. El mayor del Ejército Pablo Vicente, a cargo de la custodia de los prisioneros del Ministerio de Marina, visitó en la madrugada del día 17 a los tres líderes de la rebelión, Olivieri, Toranzo Calderón y Gargiulo. Estaban en calabozos separados. Les adelantó que serían juzgados por una corte marcial y que no podrían escapar al fusilamiento. Antes de retirarse, dejó a cada uno de ellos una pistola para que decidiera por sí mismo su destino. De los tres hombres de armas, Gargiulo fue el único que la usó.

De la pacificación al "cinco por uno": la caída de Perón

Tras el vuelo final de los sublevados, la población comenzó a rodear la Catedral. Aquel discurso de Perón de 1953, luego del atentado en Plaza de Mayo, volvía a resonar en las calles: "Cuando haya que quemar, voy a salir yo a la cabeza de ustedes; pero entonces, si fuera necesario, la historia recordará la más grande hoguera que haya encendido la humanidad". Esa noche se quemaron las iglesias. La Curia metropolitana fue destruida en forma parcial, también fueron saqueadas sacristías y estatuas. Algunos sacerdotes y feligreses fueron hostilizados. Perón, para salvar la responsabilidad del peronismo, acusó a los comunistas. El 16 de junio de 1955, en la ciudad de Rosario, comunistas y peronistas se habían manifestado contra el bombardeo. Habían impreso un panfleto: "Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista". La Sección Orden Social y Político —un correlato de la Sección Especial de la Policía Federal— aprovechó la ocasión para encarcelar a los manifestantes. Detuvo a varios centenares de personas por "desorden público". Al día siguiente, la División Investigaciones fue a la casa del médico comunista Juan Ingalinella. Tenía una imprenta clandestina y había sido detenido más de veinte veces, la mayoría de ellas por "desacato y resistencia a la autoridad". Ingalinella pensó que sería una detención más. Se entregó. No fue así. Para empezar, el abogado Guillermo Kehoe, que reclamó por su libertad, fue detenido y torturado por uno de los jefes de Orden Social, Félix Lozón. Tenían algo en común: eran amigos de la infancia. Habían cursado juntos la escuela primaria. Lozón lo torturó toda la noche. A la mañana siguiente, convocó a Kehoe a su despacho. Le dijo: —¿Sabés para qué te llamé? —Para torturarme de nuevo —respondió el abogado. —No. Es para felicitarte. Sos un tipo de aguante. Kehoe le preguntó por qué no le pegaba un tiro y terminaba de sufrir. Lozón le pidió que no se confundiese. —No... eso no. Yo no soy un asesino. Soy un torturador. A los pocos días, los detenidos fueron recuperando su libertad. Ingalinella no. Pero la policía decía que ya lo habían soltado. La jefatura de policía presentó un recibo que certificaba el retiro de sus pertenencias. Tenía su firma. El médico comenzó a ser buscado. Nunca lo encontraron. Al cabo de los años se supo que había muerto de un paro cardíaco durante la sesión de torturas. Su firma había sido falsificada. En 1961, la Justicia condenó a prisión perpetua a la jerarquía policial rosarina —los oficiales Félix Monzón, Santos Barrera y Francisco Lozón, entre otros— que había prestado servicios durante el peronismo. En la apelación, las penas fueron atenuadas. Se cree que el cuerpo de Ingalinella fue tirado al río Paraná o fue cremado. Fue el primer caso de desaparición forzada por razones políticas.

No era la primera vez que se bombardeaba Buenos Aires por un conflicto político interno. Los cívicos de Leandro N. Alem, durante la Revolución del Parque de 1890, también habían ordenado el bombardeo desde naves en el Río de la Plata. Pero pocas veces la historia argentina había registrado un atentado criminal de la magnitud del 16 de junio de 1955, en el que murieron 308 personas. Perón trató de limitar las consecuencias. "Prefiero que sepamos cumplir como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue. No lamentemos más víctimas. Nuestros enemigos cobardes y traidores merecen nuestro respeto, pero también merecen nuestro perdón. Por eso, pido serenidad una vez más", dijo. No promovió un entierro colectivo ni colocó a los muertos como bandera de combate y le ordenó a la prensa oficialista que moderara su estupor ante la masacre. En su discurso, invitó a tomar el bombardeo como una "lección al pueblo argentino", para abandonar los caminos de la violencia y retomar los del orden, la ley y la tranquilidad pública. La sublevación no pudo tomar el poder. En términos militares, fracasó. Pero el poder político de Perón fue alcanzado por las bombas. El 16 de junio había sido un ensayo. La conspiración no se detuvo. Dos días después de que centenares de personas fueran muertas por la marina rebelde, el diario La Nación tituló: "Gran tranquilidad pública". Valoró la mesura del discurso de Perón después de las bombas e interpretó el fuego aéreo contra la población civil como una consecuencia "algo natural" en las confrontaciones políticas. El Congreso realizó una sesión de repudio al ataque, pero el radicalismo no participó. En un comunicado, la UCR informó que el bombardeo era el corolario de las políticas de Perón. Exaltó su culpabilidad pero excluyó la del poder naval sublevado. El llamado oficial a la quietud y la reflexión fue el comienzo de un plan de conciliación que el presidente intentó entablar con la oposición. Lo intentó, primero que nadie, con la Iglesia. Perón ordenó que se restauraran los templos incendiados y purgó de su gabinete a las figuras más expuestas en la política anticlerical, los ministros de Educación, Méndez San Martín, y del Interior, Ángel Borlenghi, que había sido el primer sindicalista socialista —empleados de comercio— que obtuvo un cargo de gobierno. Perón también intentó reconciliarse con el empresariado. El 30 de julio de 1955 anunció que, tras doce años de lucha, se habían logrado la independencia económica y la reforma de la Constitución y, si bien quedaba mucho por hacer, daba por concluido el "período revolucionario" del gobierno. "No vamos a seguir peleando con las sombras ni con nadie", expresó en la sede de la central obrera. Perón también buscó distender la relación con los partidos políticos. Echó a Raúl Apold, el secretario de Medios, y, por primera vez en diez años, se escuchó la voz de la oposición en las radios del Estado. El líder radical Arturo Frondizi rechazó la conciliación. Para él, esa estrategia intentaba encubrir "la entrega espiritual y material del país". La UCR se oponía a la privatización del petróleo: la compañía California Argentina, subsidiaria de la estadounidense Standard Oil, explotaría 50.000 km2 en Santa Cruz por cuarenta años. El líder radical no absolvía al peronismo. Lo consideraba responsable de los "sucesos trágicos" del 16 de junio. En forma cada vez menos implícita, la UCR avalaba su derrocamiento. Otros partidos, el conservador y la democracia progresista, en cambio, reclamaron la renuncia de Perón y una "amnistía política" para los marinos detenidos tras los bombardeos. La iniciativa pacificadora de Perón había sido recibida con escepticismo. Para la oposición, ya era tarde para desandar los hechos. Por un lado, había grupos de civiles y militares, las fuerzas conservadoras con las que había confrontado Evita, que deseaban terminar con su gobierno, extirpar a las masas de la movilización política y revertir la nueva distribución de ingresos, que había perjudicado sus intereses a lo largo de diez años. Por otra parte, los partidos que ponían énfasis en las libertades civiles antes que en los intereses económicos corporativos no confiaban en la nueva versión de Perón. En el resumen de lo actuado en sus dos gobiernos, habían denunciado la utilización de la policía como una fuerza de choque paralela, sus torturas, el encarcelamiento a los opositores, la clausura de diarios, el veto a la expresión disidente, la destrucción del gremialismo no peronista, el despojo de los bienes de los partidos políticos. Y la lista seguía: la corrupción de sus colaboradores, los negociados, el favoritismo para los empresarios del poder, la falta de empleo estatal para los que no estaban afiliados al partido, la expulsión de los docentes no peronistas de las universidades. La política de "pacificación" se agotó apenas inició su camino. Entonces, Perón modificó el escenario y retomó la ofensiva. A un mes y medio del bombardeo, hizo pública su renuncia al gobierno. Ni siquiera su renuncia, su "retiro". La táctica obtuvo los resultados imaginables: los dirigentes peronistas la rechazaron y al día siguiente la CGT convocó a un paro con movilización a la Plaza de Mayo.

Toda la calma que Perón había promovido en los días posteriores a la masacre para reducir la tensión política, la promesa de la revolución terminada y las propuestas de negociación fueron dejadas de lado. En venganza a ese pedido de "tregua" estatal no escuchado, auguró el devenir de la violencia. El 31 de agosto de 1955, desde el balcón de la Casa Rosada, dijo: "Desde ya, establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. [...] La consigna de todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. ¡Y cuando uno de los nuestros caiga caerán cinco de ellos!". El "cinco por uno" se convirtió en el símbolo de su ira, pero, más que de su ira, de su impotencia. Prisionero de su debilidad y del agotamiento del proyecto de su gobierno, Perón intentó atemorizar con palabras a una oposición que no detenía los planes de conspiración ni se asustaba. El final de la política de conciliación no se tradujo en violencia de hecho. Las masas obreras volvieron a sus casas como cualquier otra jornada de fiesta peronista. No hubo ataques ni incendios, pero todos los puentes con los estamentos opositores se habían roto. La CGT ofreció al jefe del Ejército, general Lucero, el servicio armado de sus afiliados para la defensa del gobierno. Eran seis millones. Otros grupos peronistas pidieron ametralladoras para enfrentar una nueva rebelión. Perón desalentó la formación de "milicias populares". No deseaba que la resolución del conflicto se librara con el pueblo en armas enfrentando en la calle a grupos civiles y militares rebeldes. Ese era un límite que no quería traspasar. Jamás había promovido al pueblo a la lucha. Hasta entonces, el peronismo no tenía experiencia en ese sentido. Además, existía un riesgo. Si armaba a la clase trabajadora, ¿después quién le quitaba las armas? Los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas creían que la formación de las milicias era inminente. Y si no lo creían, lo decían. Era un argumento para sumar fuerzas a la rebelión. La quema de iglesias y la violencia discursiva de Perón también fueron disparadores para la organización de un nuevo alzamiento. El 2 de septiembre, el general Dalmiro Videla Balaguer, que había recibido la medalla a la "lealtad peronista" por su actuación en el bombardeo de junio, intentó sublevar la guarnición militar de Río Cuarto, en Córdoba, junto con otros cinco oficiales. El movimiento fracasó, se fugaron y no pudieron ser capturados. Fue el primer indicio. Perón no cortó su proyección. No depuró de las filas castrenses a los sectores golpistas, tampoco realizó una reestructuración que favoreciera a los suboficiales que se mantenían leales a su mando. Uno de los focos de la conspiración lo lideraba el general retirado Eduardo Lonardi. Ya se había levantado contra Perón en 1951. Permaneció casi un año en prisión. Pero entre ellos había un antecedente más personal: en 1937, mientras servía en la agregaduría militar de la embajada en Santiago de Chile, el mayor Perón había tendido una red de espionaje que le proveía información sobre movimientos de tropas y compras de armas del ejército local. La red fue descubierta cuando él ya se había marchado de la embajada y el caso estalló en las manos de su reemplazante, el mayor Lonardi, quien fue deportado de Chile por orden del presidente Arturo Alessandri Palma. Lonardi representaba a sectores nacionalistas y católicos del Ejército. Fue el coronel Arturo Arana Ossorio, de artillería, católico y también rebelde en el '51, quien lo entusiasmó para liderar la sublevación. El 16 de septiembre de 1955, Lonardi tomó las escuelas militares de Córdoba. Los comandos civiles armados acompañaron su misión. El último bastión fue la policía local, que no se rindió y enfrentó a los insubordinados. Para la Marina, el alzamiento tampoco resultó sencillo. Tomaron la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, pero el avance sobre la de Río Santiago, en La Plata, fue rechazado por el fuego de la artillería y la aeronáutica leales. El general Pedro Eugenio Aramburu, que dudó en un primer momento de colocarse al frente del movimiento militar, viajó a Curuzú Cuatiá, en Corrientes, para tomar un regimiento. Al llegar tarde, su objetivo fracasó. Entonces huyó y dejó a la deriva a las tropas sublevadas. Dos días después del alzamiento, los rebeldes estaban acorralados. En Córdoba, diez mil hombres de las tropas leales habían recuperado el aeropuerto. La base de Río Santiago había sido recuperada. Las guarniciones de Capital Federal no se habían levantado. Lonardi estaba a punto de rendirse. Sólo la Marina de Guerra alzada, que había bombardeado la destilería de petróleo de Mar del Plata y amenazaba con continuar el ataque sobre los depósitos de La Plata, Dock Sud y Capital Federal, le daba un poco de aliento al plan rebelde. Pese al cuadro favorable, el día 19 de septiembre, Perón renunció con un mensaje ambiguo, que el general Lucero transmitió por la cadena oficial, para asegurar una "solución pacífica". Algunos oficiales le pidieron continuar la lucha, pero el jefe de Estado no varió su posición. Delegó el poder en una junta de generales, que se vio obligada a pedir una tregua a los insurrectos cuando estaban a punto de dar por finalizada su sublevación. Al día siguiente, la junta parlamentó con el almirante Isaac Rojas en un buque de guerra y acordaron la cesión del poder. Si Perón esperaba que su decisión generara un nuevo 17 de octubre y la indignación popular lo repusiera en el poder, el cálculo político falló. Algunos grupos sindicales habían reclamado armas para defender al gobierno —que le fueron negadas—, pero la nueva conspiración militar no desencadenó un estado de movilización en el peronismo. La CGT se mantuvo a la expectativa. Lo mismo sucedió en el Ejército. La mayoría de los oficiales estaban decepcionados con Perón —en especial por la quema de las iglesias—, pero no promovieron su derrocamiento porque se sentían ajenos a las luchas políticas. Sumidos en la incertidumbre, los leales, o mejor dicho los "legalistas", demoraron la tarea: habían reprimido sin convicción. El 21 de septiembre de 1955 Lonardi asumió como "presidente provisional" de los argentinos y dos días después ingresó en la Casa Rosada. La Plaza de Mayo fue desbordada por el festejo. Perón se había embarcado en un buque de guerra paraguayo y emprendió viaje hacia ese país. No quería sentirse responsable de una guerra civil. Abandonó el poder y no hizo nada, ni dejó que nadie lo hiciese, por Evita. El padre Hernán Benítez le pidió unas líneas de autorización para que la madre retirara el cadáver embalsamado de su hija del salón de la CGT. No se las concedió. Perón volvería al país diecisiete años después.

Bibliografía

Aguirre, Osvaldo, "El crimen de Ingalinella", en Todo es Historia, N° 455, junio de 2005. Amadeo, Mario, Ayer, hoy y mañana, Buenos Aires, Gure, 1956. Arnaudo, Florencio José, El año en que quemaron las iglesias, Buenos Aires, Pleamar, 1995. Carbone, Alberto, El día que bombardearon Plaza de Mayo. 16 de junio de 1955, Buenos Aires, Vinciguerra, 1994. Cichero, Daniel, Bombas sobre Buenos Aires, Buenos Aires, Vergara, 2005. Godio, Julio, La caída de Perón. De junio a septiembre de 1955, Buenos Aires, Granica, 1973. Lafiandra, Félix (recopilación y comentarios), Los panfletos. Su aporte a la Revolución Libertadora, Buenos Aires, Itinerarium, 1955. Lamas, Andrés, Los torturadores. Crímenes y tormentos en las cárceles argentinas, Buenos Aires, Lamas, 1956. Page, Joseph A., Perón. Una biografía, Buenos Aires, Grijalbo, 1999. Pan, Luis, La agonía del régimen. De junio a septiembre. 30 editoriales y artículos de La Vanguardia en el exilio, Buenos Aires, s/e, 1956. Rock, David, La Argentina autoritaria. Los nacionalistas. Su historia y su influencia en la vida pública, Buenos Aires, Ariel, 1993. Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Vol. II, 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1998. Ruiz Moreno, Isidoro, La Revolución del '55. Dictadura y conspiración, Buenos Aires, Emecé, 1994. Sabato, Ernesto, El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo, Buenos Aires, Imprenta López, 1956. Sáenz Quesada, María, La Libertadora. De Perón a Frondizi. 1955-1958. Historia pública y secreta, Buenos Aires, Sudamericana, 2007. Sidicaro, Ricardo, Los nombres del poder. Juan Domingo Perón, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996. Torre, Juan Carlos, "Introducción", en Los años peronistas, Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Filmografía

Favio, Leonardo. Perón. Sinfonía de un sentimiento, Capítulo 2.

Capítulo 5 Las cartas y la sangre

ENTRE mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Carta del general Juan José Valle al presidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, el día de su fusilamiento, 11 de junio de 1956.

Dos días después de amenazar con lanzar al pueblo a la calle, con armas de cualquier tipo, para aniquilar a los "traidores que se levantaron contra el gobierno", la CGT invocó la paz de los espíritus y la grandeza de la Nación, para sentarse a negociar con el general Eduardo Lonardi. El llamado a la pacificación cegetista no desalentó las movilizaciones en defensa de Perón. En Rosario, el Ejército actuó con carros blindados y caballos, mientras lanzaba latas con gases lacrimógenos desde avionetas para neutralizar la resistencia y retener el control de la ciudad. Hubo enfrentamientos callejeros con muertos y heridos. En Berisso, Ensenada y otras concentraciones populares que habían abrazado al peronismo desde su origen, las fuerzas de seguridad también fueron desafiadas. Pero fueron reacciones espontáneas, movimientos de inercia de grupos sin coordinación entre ellos que no podían revertir el hecho concreto: huérfano de conducción tras diez años de permanencia en el poder, el peronismo derrotado no podía ofrecer una respuesta de conjunto para enfrentar el golpe militar. Todo el imaginario de "los días felices", la obra histórica de Perón que permitió el ascenso social de la clase trabajadora, que trascendía al nepotismo o a la corrupción administrativa, fue impugnado desde el Estado. El poder militar caracterizó la década peronista como "el período más negro de la historia argentina". Pero el peronismo, según el discenso castrense ya era parte del pasado. El país iniciaba una etapa fundacional. Aun así, el presidente de facto Lonardi intentó incorporar a los vencidos para consolidar su proyecto de poder. Convocó a la CGT. Les prometió elecciones internas en seis meses, que no modificaría la Ley de Asociaciones Profesionales ni perderían los beneficios sociales que obtuvieron en diez años. Incluso se comprometió a desautorizar a los comandos civiles que, con el respaldo de la Armada, tomaban por asalto las sedes sindicales, detenían a dirigentes y apaleaban a los obreros. Los comandos se habían desatado. Habían reclamado libertad y derechos humanos, pero promovieron la venganza. Ingresaban en todo establecimiento — hospitalario, social, benéfico— que tuviera la inscripción "Fundación Eva Perón" para saquearlo. Por más que fueran peronistas, Lonardi buscaba el consenso de los sindicalistas para gobernar. El único excluido de este nuevo proceso sería "el tirano prófugo". La delicada intervención de Lonardi en el cuerpo social peronista, propia de su pensamiento católico moderado, no obtuvo comprensión en las Fuerzas Armadas. Consideraban que tenía un programa político demasiado generoso con el enemigo. El polo antiperonista estaba muy arraigado. Los militares no tenían voluntad de adaptarse a un plan de conciliación u otro tipo de delicadezas. Le reconocían a Lonardi su calidad humana, su jerarquía moral, pero consideraban que no había entendido el problema. En la lucha contra el peronismo, había vencedores y había vencidos. No había empates. Lonardi se negaba a reprimir y a disolver al peronismo. No reflejaba el "verdadero espíritu de la revolución".

El espíritu de la Revolución Libertadora

El 13 de noviembre de 1955 se produjo el golpe de Estado dentro del Estado. Lonardi fue desplazado. El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la Presidencia y el vicealmirante Isaac Rojas, la vicepresidencia. Se inició una política de represión sin pudores contra el peronismo y los trabajadores. La versión más radicalizada de la Revolución Libertadora derribó todas las bases de poder que había capitalizado Perón a lo largo de una década. Proscribió al Partido Peronista, intervino la Fundación Eva Perón, la CGT, los gremios, restauró el control patronal en las fábricas y reemplazó el Congreso de la Nación por una "Junta Consultiva" integrada por opositores del gobierno derrocado. La clave política del nuevo poder fue la "desperonización". Miles de dirigentes y activistas fueron arrestados y perseguidos. Las cárceles se llenaron de presos políticos. La Revolución Libertadora también atacó el poder simbólico del peronismo, para terminar con "el engaño". Sancionó distintos decretos. El 4161, promulgado en marzo de 1956, consideraba que "en su existencia política, el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas". Y dado que esos objetos, según la visión de los que acababan de tomar el poder por la fuerza de las armas, "ofenden el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen una afrenta que es imposible borrar; porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país, y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre argentinos", Aramburu decidió la prohibición de las imágenes, las fotografías, los retratos, el escudo, la bandera y las palabras "peronista", "justicialista" y "tercera posición", además de "las fechas exaltadas por el régimen depuesto", con penas de treinta días a seis años de prisión, más multa. Perón era palabra prohibida. No se lo podía mencionar en público. Ni a él ni a su difunta esposa, y mientras secuestró su cadáver de la CGT y lo hizo desaparecer, la Revolución Libertadora mostró las joyas y los vestidos de fiesta de Evita como pruebas de la sustracción del dinero público. Las estatuas y los bustos de Perón y de su esposa fueron retirados de donde estuviesen; sus fotos fueron quemadas. Se habilitaron "comisiones investigadoras". Todos aquellos que estuvieron vinculados al peronismo desde el Estado, el partido, los gremios o las fundaciones debían probar que no habían delinquido. La "Revolución" tenía las manos libres para las razias y la represión. Incluso para torturar. El escritor Ernesto Sabato, director del periódico cultural Mundo Argentino, publicó un detallado informe de situación con el título "Vuelve la tortura". Sabato denunció decenas de casos que tenían como escenario incluso el sótano del Congreso de la Nación. Allí se torturaba a militantes peronistas. Mencionó el caso, de manera sorpresiva, en la radio del Estado. La transmisión fue cortada. La intervención del escritor fue traumática y sorpresiva para el gobierno, porque hasta ese momento, agosto de 1956, era parte de la intelectualidad filooficialista. Muchos de sus pares lo descalificaron porque, con las denuncias, "sólo buscaba notoriedad para promoverse". El desafío que enfrentaron los "libertadores" fue qué hacer con la herencia peronista. Un sector proponía "educarlos" e integrarlos al sistema. Otros preferían una política de eliminación sistemática. Eliminar la experiencia y su sentido. Ninguna de las dos opciones tenía el camino allanado: la proscripción de Perón condicionaría el sistema político argentino en las siguientes dos décadas. Desmanteladas las organizaciones sindicales, grupos de civiles peronistas, los "comandos clandestinos", comenzaron a resistir la exclusión y la proscripción, para crear condiciones para el retorno de su líder. Los "comandos" no expresaban la conciliación de clases: era un peronismo antisistema que enfrentaba a las patronales y a la dictadura militar con acciones de sabotaje en las fábricas y el transporte público. Por primera vez desde 1945, el peronismo enfrentaba la hostilidad del Estado. La estructura en la que se había cristalizado su fuerza —el partido, los sindicatos, el estado— había desaparecido.

Perón construye la venganza

Perón no aceptaba que su herencia se deshiciera en el olvido. Por entonces, primero desde Panamá en 1955, y luego desde Venezuela al año siguiente, tomó contacto con grupos de exiliados dispersos en Sudamérica y con los "comandos clandestinos" en la Argentina. Pobre de recursos económicos, sin infraestructura política ni familia que lo acompañase, pocos meses después de su caída Perón ya había sumado a su pequeño entorno a María Estela Martínez, conocida como "Isabel", una bailarina argentina en gira por Centroamérica que lo ayudaba en las tareas de la casa. Sus dos colaboradores, que intentaban proteger su vida, Isaac Gilaberte y Ramón Landajo, sospechaban que la bailarina reportaría a algún servicio de inteligencia. Por entonces, había sectores militares y asesinos a sueldo en circulación con intenciones de acabar con su vida. Frente a esa eventualidad, Perón creía que podía convertir a Isabel en una "agente controlada" que brindara información falsa a sus enemigos con el fin de desconcertarlos. Sin que lo advirtiese, en forma inconsciente, Isabel terminaría trabajando para él.

La subsistencia de Perón en el exilio era precaria. En la ciudad de Colón, en Panamá, vivió en el hotel Washington, que era controlado por el Departamento de Estado. Tras su caída, los Estados Unidos habían caracterizado a su gobierno como la peor dictadura del hemisferio. Ahora, el entorno de Aramburu suponía que los Estados Unidos protegían a Perón. Pero su resguardo no se debía a una cortesía personal: lo mantenía en "el congelador", disponible para un eventual regreso en caso de que el gobierno militar fracasara y la situación en la Argentina se volviese caótica. Durante los primeros días de su exilio, Perón comenzó a escribir La fuerza es el derecho de las bestias. Antes que un tratado político o doctrinario, era la defensa de su obra de gobierno y una respuesta inmediata a la Revolución Libertadora. "Estos usurpadores del poder buscan en vano un justificativo a su tremendo crimen y, como todos los criminales, encuentran la explicación cargando a la víctima las culpas de su propio crimen", escribió. "Si fueran hombres de honor confesarían que representan una dictadura, que la ejercen por la fuerza y con la violencia. Pero a la infamia agregan el escarnio, simulan, mienten, calumnian. ¿Cómo el pueblo argentino va a respetarlos y menos obedecerles, si han demostrado ser, además de hipócritas, asesinos?" Durante todo 1956, la construcción política de Perón fue la venganza. Su objetivo era hacer crecer en el pueblo el odio contra el gobierno militar. Si bien sus destinatarios epistolares eran múltiples —escribió miles de cartas durante su exilio—, depositó su confianza en John William Cooke, un ex diputado peronista, promotor de los "comandos clandestinos", al que designó como su heredero en caso de muerte. Para sublimar su debilidad política, Perón instigó un plan de insurrección popular en la Argentina. La convicción que transmitía en la correspondencia era poderosa: no iba a dejar de promover el caos hasta derribar al gobierno militar. En el país había un sector que se oponía a la Revolución Libertadora y actuaba por afuera de los "comandos clandestinos": los militares peronistas. Su potencial despertaba expectativas. Era una opción "salvadora" que podía revertir la coyuntura. Muchos oficiales que habían sido leales a Perón, o que se habían mantenido en la legalidad, sin rebelarse contra su mando, habían sido pasados a retiro por las Fuerzas Armadas. Algunos fueron confinados en buque-cárcel Washington, en las aguas del Río de la Plata, y otros fueron obligados a no moverse de sus casas, bajo control militar. Uno de estos casos fue el del general Juan José Valle. En marzo de 1956, Valle escapó de su encierro domiciliario, en la casa de su madre, y empezó a contactar a oficiales y suboficiales retirados y en actividad para promover un alzamiento contra Aramburu. Durante tres meses, Valle se movió en forma clandestina por la localidad de Avellaneda. El Estado se mantuvo alerta. Además de Valle, otro de los jefes de la rebelión era el general Raúl Tanco, que también se había fugado de su arresto en una estancia. Ambos fueron trabajando sobre la policía en el conurbano bonaerense, en busca de "peronistas de verdad", con la doble intención de captar voluntades y también de evitar que los uniformados reprimieran el alzamiento en marcha. Sublevar a la policía no era una tarea sencilla: la mayoría de las regionales estaba intervenida por las Fuerzas Armadas. El plan rebelde preveía también el ataque a un arsenal militar, para aprovisionarse de armas, el control de las dependencias de la Marina en el puerto y la toma de unidades militares en Palermo, La Tablada, La Plata y La Pampa, con sublevaciones internas que serían acompañadas por grupos civiles desde las calles. El objetivo mayor era tomar Campo de Mayo. Valle contaba con tres coroneles en esa unidad, Rubén Berazay, Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortines. Cada uno tenía su propia misión: Berazay, el control de la Escuela de Suboficiales; Ibazeta, de la Primera División Blindada; Cortines, de la Agrupación de Infantería y de la Escuela de Suboficiales. El coronel Berazay, jefe del movimiento, tenía un grupo de alrededor de cuarenta suboficiales con los que intercambiaba novedades en la estación ferroviaria de Sáenz Peña o se contactaba por la noche en zonas descampadas. Unos días antes del alzamiento, Valle se presentó ante las fuerzas rebeldes de Campo de Mayo a orillas del río Luján para la arenga final. Tenía la convicción de que se podía ganar. Se lo dijo también a un grupo de civiles y militares peronistas que reunió en un galpón de Dock Sud. Valle confiaba en que la adhesión mayoritaria de los suboficiales en el alzamiento terminaría provocando un cisma en las Fuerzas Armadas. La reacción popular en las calles luego de la proclama del golpe de Estado sería el factor desencadenante para el triunfo. La rebelión cívicomilitar peronista ya estaba en marcha. Aunque sus líderes tomaban ciertos recaudos a futuro sobre Perón. El alzamiento no promovía su inmediata restitución a la Presidencia, pero sí lo habilitaba como candidato. Prometían elecciones para seis meses después de la victoria. La génesis de la rebelión era vox pópuli para el Estado. Antes de que se iniciara, Aramburu ya había definido el instrumento jurídico con que sería reprimida: el fusilamiento. La Ley marcial ordenaba que "todo oficial de las Fuerzas Armadas en actividad y cumpliendo actos de servicio, podrá ordenar juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar o no la pena de muerte por fusilamiento de todo perturbador". Para las Fuerzas Armadas, una persona que portara armas, desobedeciera órdenes policiales o incurriera en "actitudes sospechosas" podía ser fusilada. El decreto estaba preparado, aunque no había entrado en vigencia. La mayoría de los jefes de los "comandos clandestinos" también estaban al corriente de la rebelión de Valle. Pero algunos de ellos fueron encarcelados semanas antes de que estallara. Cayeron por delaciones o en celadas de inteligencia tendidas por agentes que se infiltraban en el alzamiento para ofrecer su compromiso o para requerirlo a terceros. El Comando Nacional Peronista, que actuaba en la clandestinidad liderado por Raúl Lagomarsino y César Marcos, había entrado en contacto con auxiliares de conducción del general Valle. Sus jefes cayeron una semana antes de la insurrección y fueron encarcelados. Lo mismo sucedió con otros suboficiales del Ejército y policías. En el primer caso, les quitaron mando de tropa y fueron puestos bajo vigilancia. Hubo policías que resultaron detenidos, golpeados y torturados en el calabozo o en el despacho del comisario de la seccional en la que servían. El celo de la Revolución Libertadora también estaba puesto sobre Valle. En una oportunidad, un comando civil encabezado por Próspero Alvariño, conocido como "Capitán Gandhi", y su tropa de la Armada irrumpieron en la casa de un colaborador de Valle, el dirigente municipal Carlos Rovira, lo secuestraron y lo torturaron durante días para extraerle información sobre el paradero del general conspirador, pero no la obtuvieron. Pese a las caídas en las semanas previas, Valle prosiguió sus tareas. Avellaneda era el centro neurálgico de la revolución de los militares y civiles peronistas. Ya tenía fecha: el sábado 9 de junio de 1956. Y no se postergaba. En la primera acción en esa localidad, Valle pensaba tomar el Comando de la Segunda Región Militar y, en forma simultánea, la Escuela Industrial. De allí obtendrían un equipo transmisor para lanzar la proclama del levantamiento por medio de una interferencia radial.

La noche de la rebelión

La revolución se iniciaría cerca de las 23. En ese momento, habría miles de argentinos escuchando el relato de la pelea del boxeador Eduardo Lausse. La proclama sería la señal. A partir de entonces, se rebelarían las unidades militares ya previstas y se llamaría a la huelga general. La realidad se ocupó de deshacer esos planes. En la noche del 9 de junio, tanto los que debían tomar el Comando de la Segunda Región Militar como el grupo radiooperador que debía robar el equipo transmisor de la escuela no alcanzaron sus objetivos. La zona tenía alerta policial. Todas las guardias habían sido reforzadas. La sublevación había nacido muerta. Le habían cortado la posibilidad de ser comunicada en forma masiva. Además, esa noche, los movimientos que se preveían sincrónicos fallaron. Los sesenta policías que, se decía, participarían de las operaciones no aparecieron. Los civiles que irían en busca de las armas perdieron a sus contactos. Alrededor de veinticinco personas fueron detenidas y conducidas a la Comisaría 1a de Avellaneda y de Dock Sud. Un civil que intentó tomar el equipo de transmisión del Automóvil Club Argentino, en Palermo, y establecer comunicación por radio con todo el país, fue baleado por la policía. Muchas de las tareas secundarias, en las que estaban comprometidos grupos civiles, también se fueron abortando. Los que debían participar quedaron a la expectativa en su zona y luego se dispersaron. Las rutas no fueron cortadas ni se tomó el control ferroviario de La Plata a Buenos Aires, como estaba programado. Con el fracaso inicial de la operación que debía comunicar la proclama de Valle, el alzamiento quedó sin dirección, pero los planes continuaron en las unidades militares.

La señal para la insurrección de Campo de Mayo era un apagón. El corte de luz en los edificios de la guarnición permitiría el desplazamiento de los insurrectos sin ser advertidos. Se decidió tomar la usina eléctrica. Pero el objetivo falló. En la noche del 9 de junio, cuando ya se había tomado el puesto de guardia con medio centenar de hombres, entre militares y civiles, las luces de los tres edificios continuaban encendidas. El coronel Cortines, de todos modos, tomó la Agrupación de Infantería. Ibazeta, cuerpo a tierra con sus subordinados, se fue aproximando a la División de Blindados. Antes de la medianoche, además, ya tenían en su poder ocho vehículos de guerra.

Faltaba el coronel Berazay. Había logrado reclutar un puñado de hombres en la puerta 3 de Campo de Mayo. Ante la precariedad de sus fuerzas, dio por disuelta la operación y se marchó hacia el Regimiento de Palermo. Creía que allí existirían mejores condiciones para la sublevación. La pérdida del contacto con Berazay dejó a Cortines y a Ibazeta a la espera de una orden. Ya no podían avanzar ni retroceder. El ex mayor Pablo Vicente, esa misma noche, debía tomar la Escuela de Mecánica del Ejército ubicada en Pichincha y Garay. El levantamiento funcionaría como detonante para otras acciones, la toma el Regimiento de Infantería 3, el Arsenal de Guerra y la cárcel de Caseros. Se habían propuesto liberar a los "comandos civiles" detenidos. Todos los blancos estaban ubicados en el mismo radio de acción. Pero no se quedarían quietos. Desde allí, los grupos civiles al mando de Vicente —sumarían varias decenas y se movilizarían en camiones— marcharían hacia la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra. El complot de la Escuela de Mecánica se inició cuando militares y civiles, que contaban con la complicidad de los suboficiales de la guardia, traspasaron el acceso. El sargento Hugo Quiroga logró sublevar a medio centenar de aspirantes. Estaban todos en posición de combate. La euforia duró unos minutos. El director de la Escuela movilizó al Regimiento Motorizado Buenos Aires, que, justo un año antes, había logrado recuperar el Ministerio de la Marina para el peronismo, el día de los bombardeos de 1955. Los rebeldes se rindieron ante la evidencia de su debilidad en la correlación de fuerzas. Los civiles de Vicente quedaron en los bares de las inmediaciones a la espera de alguna señal. A partir de entonces, como había sucedido en Avellaneda, los planes en la Capital Federal se trastornaron. Los civiles que circulaban alrededor del Ministerio de Guerra esperaron en vano los refuerzos desde la Escuela de Mecánica del Ejército. Se dispersaron entre los espectadores que salían del Luna Park, luego de ver a Lausse. Fracasada la acción en Pichincha y Garay, Vicente se movilizó hasta los regimientos 1 y 2 de Palermo. Sólo encontró silencio: el complot allí también había sido abortado. Adentro de la unidad había veinte suboficiales detenidos, con la cara contra la pared. En las calles no quedaba mucho más por hacer. Los civiles se mantuvieron a la expectativa en bares, y después de la medianoche, volvieron a sus casas. El Regimiento 7 de La Plata era otro objetivo de la rebelión, a cargo del teniente coronel Osvaldo Cogorno. Tenía mando sobre un centenar de hombres, entre militares y civiles.

Cuando Cogorno se hizo cargo de la guarnición, ordenó tomar el control de la jefatura de policía, las centrales telefónicas y un arsenal de La Plata. La tropa sublevada marchó en tres tanques Sherman. Pero el paseo militar que preveían tomó un giro inesperado. La policía defendió su sede a los tiros. Lo mismo sucedió en la Segunda División del Ejército. Los sublevados tenían mayor capacidad de fuego que los leales. Podían haber lanzado los tanques sobre los blancos y entrar por asalto. Pero los detenía el consejo de Cogorno: evitar el derramamiento de sangre. Prefirieron mantenerse a la distancia y disparar, esperando la rendición. En la madrugada, cuando ya habían llegado las noticias de que la rebelión de Valle había fracasado, el combate todavía no se había definido. La Plata era el único foco rebelde que se mantenía en pie. Pero el curso de la batalla cambió al amanecer. Los leales se reforzaron. Llegaron los infantes de Marina, una división de Infantería, procedente de Buenos Aires, y una escuadrilla de aviones que ametralló el cuartel que todavía retenía Cogorno y les lanzó combustible. La rebelión se desbandó. A las 9 de la mañana, Cogorno izó la bandera blanca.

Los fusilados

Eran muchos civiles que esa noche habían permanecido en alerta, escuchando la pelea por radio, a la espera de la señal de Valle para las tareas de apoyo. Uno de esos grupos se reunió en la casa de Juan Torres, en el barrio de Florida. Cuando una comisión entró en esa casa, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de Buenos Aires, preguntó dónde estaba Tanco y se los llevó a todos en un colectivo de línea a la Regional San Martín. Los militares se enterarían del paradero de Tanco cuatro días después. Tras el fracaso de la toma de la Escuela Industrial, se había refugiado en una casa de Avellaneda. Luego se convirtió en el octavo sublevado que se refugiaba en la sede diplomática de Haití, ubicada en Vicente López. En la residencia vivía el embajador y poeta Jean Brierre con su esposa Dilia Vieux y sus hijos. Un policía oficiaba de custodia. Por la noche, un grupo de marinos lo redujo e ingresó en la casa para llevarse a los asilados, en momentos en que el embajador daba cuenta de la situación en la Cancillería. La esposa de Brierre rechazó la intervención naval. "Es territorio extranjero", expresó, pero el comando dirigido por el general Juan Quaranta, jefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), no estaba de ánimo para debates sobre derecho internacional. Quería fusilar a los peronistas en ese momento. Buscó espacio en la vereda y ordenó a los asilados contra la verja de entrada a la casa. La presencia de vecinos importunó sus planes. Los llevó hacia la esquina. Allí tampoco tenía el territorio liberado para la ejecución. Entonces detuvo un colectivo de la línea 19, hizo descender a los pasajeros, cargó a los detenidos y los secuestró.

El baleado del Automóvil Club de Palermo se llamaba Miguel Ángel Mauriño. Por las heridas, le amputaron las piernas en el hospital. Murió pocos días después. En la noche del 9 de junio, los detenidos de la Comisaría 1a de Avellaneda fueron trasladados a la Regional de Lanús. El responsable era el capitán de navío Salvador Ambroggio. De las veinte personas que llegaron, seis habían sido detenidas en el intento de la toma de la Escuela Industrial; el resto había sido aprehendido en la calle. Fueron ubicados en una sala grande, custodiados con armas largas. La radio retomó sus transmisiones. Pasaba música ligera. Luego se inició la cadena nacional. A las 0.32 del día 10 de junio, el gobierno nacional anunció la entrada en vigencia de la Ley Marcial. Informó que los focos rebeldes estaban siendo sofocados y que dieciocho personas habían sido fusiladas en Lanús por intentar el asalto de una armería. La noticia era falsa. Se difundió para intimidar a los que todavía planeaban insubordinarse. Las horas en la sala pasaban sin otras novedades. Un civil los provocó: "A ustedes los van a matar a todos, 'peronachos' inmundos". Después de un rato, un oficial de la custodia le pidió que dejara de molestarlos. Hubo un llamado telefónico que provocó el giro de los acontecimientos. Ambroggio atendió la consulta y respondió. "Tengo veinte, dos militares y dieciocho civiles". Luego agregó: "...seguros seis. El resto no sé. Todavía no les tomé declaración". Entonces los detenidos empezaron a ser llamados a declarar. Primero José Irigoyen, teniente coronel en actividad. Estaba con uniforme militar. Permaneció en el despacho de Ambroggio por unos minutos y lo hicieron salir por la puerta derecha hacia el patio. Una ráfaga de ametralladora y un tiro final acabaron con su vida. Luego vinieron a buscar a otro. Jorge Costales, capitán del Ejército detenido en la Escuela Industrial cuando intentaba armar el transmisor. Vestía ropa de civil. Tenía un piloto blanco. Le hicieron dos preguntas de rigor y Ambroggio señaló con su índice la puerta derecha. Lo llevaron del brazo. Costales terminó como Irigoyen: ametralladora y tiro. Ya había dos muertos en el patio de la Regional de Policía de Lanús.

En el salón estaban impactados. Lloraban. No había duda de que estaban fusilando. Un policía argumentó que eran cohetes. "Dante Lugo", llamó el oficial de la guardia. Lugo se levantó, pasó por el despacho de Ambroggio y se fue por la puerta derecha. Cada vez que aparecía el oficial en la puerta del salón, los prisioneros temblaban. Era una ruleta rusa. Pero Ambroggio tenía claro lo que hacía. Ahora les tocaba a los hermanos Ross, Clemente y Norberto, ambos civiles. Los dos se despidieron con un abrazo. Primero fusilaron a uno. Luego al otro. El civil que molestaba volvió a llamar la atención. Desde un tragaluz se puso a observar el patio. "Vengan a ver esto, hay cadáveres apilados". Faltaba uno. Osvaldo Albedro. Después siguieron las citaciones desde el despacho, pero a los nuevos declarantes Ambroggio les marcó la salida por la puerta izquierda. Ya no se escucharon nuevas ráfagas. Tras un tiempo en que parecía que no pasaba más nada, se hizo la mañana. Los policías trajeron facturas y ofrecieron café en el salón. Los detenidos fueron dejados uno a uno en libertad. Atravesaron el hall de la regional. Cada policía hacía sus labores de rutina, denuncias, trámites. Había gente en la sala de espera. Los cadáveres seguían en el patio.

Los detenidos de la casa de Torres, en Florida, fueron llevados en colectivo a la regional de San Martín. Tuvieron que esperar más de tres horas para enterarse de algo. Habían sido arrestados antes de la aplicación de la Ley Marcial. Eso les daba tranquilidad. Pero un chiste de humor negro corrió por la sala en voz baja. "A ver si todavía nos matan...". Casi a las tres de la madrugada comenzaron a tomarles declaración y luego les entregaron sus efectos personales. Pensaban que pasarían la noche en el calabozo. Ya no los largarían. Pero no era cierto. Fernández Suárez, desde La Plata —había ido a la capital provincial a defender la jefatura policial asediada por los rebeldes de Cogorno—, dio por radiotransmisor la orden de fusilamiento de todos los detenidos. Eran doce. Todos civiles. A las 5.30 de la madrugada fueron trasladados por la avenida Márquez hacia la localidad de José León Suárez en un ómnibus policial y una camioneta. Recorrieron siete kilómetros. Cuando llegaron a un baldío, cerca del Club Alemán, la mitad de los detenidos bajó. El resto quedó en el ómnibus con la custodia. Los hicieron caminar en la niebla de la madrugada, entre la basura. Les pedían que caminaran. No les harían nada. Empezaron a ametrallarlos. Algunos suplicaron por sus vidas, otros escaparon corriendo. Los detenidos del ómnibus intentaron fugarse. Hubo nuevos disparos. Un herido reclamó que lo mataran. Hubo cinco muertos. Carlos Lisazo, Vicente Rodríguez, Francisco Garibotti, Mario Brion y Nicolás Carranza. Cinco escaparon del fusilamiento y otros dos, que fingieron estar sin vida en el basural, lo hicieron más tarde.

En Campo de Mayo, durante la madrugada del 10 de junio, Cortines e Ibazeta esperaron sin éxito las directivas de Berazay para continuar con el plan de la toma. Berazay hacía rato que había marchado hacia Palermo. Después de dos horas de incertidumbre, los sublevados decidieron rendirse antes que retroceder o escapar. A las 10 de la mañana se constituyó el tribunal militar para juzgar a seis militares —los coroneles Eduardo Cortines y Ricardo Ibazeta, capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, tenientes Néstor Videla y Jorge Noriega— y al mayor médico Juan Pignataro. Sus expectativas eran favorables: no habían matado a nadie ni disparado un solo tiro. El tribunal presidido por el general Juan Carlos Lorio tomó en cuenta este antecedente para decidir que no se les aplicara la pena de muerte. Los detenidos festejaron que seguían con vida. Pero a la noche la situación se modificó. El secretario de Guerra, general Arturo Ossorio Arana, informó al jefe de Campo de Mayo que los detenidos debían ser fusilados. Pese a la ilegalidad de la orden, Ossorio Arana decidió atenerse a la Convención Internacional de Ginebra para respetar la vida de uno de ellos: el médico debía ser exceptuado de la pena máxima. Para el resto, en cambio, pese a la sentencia sumarísima del tribunal militar, bastó un decreto del Poder Ejecutivo, el 10.364, firmado por Aramburu. En la noche del 10 de junio, luego de arribar desde Rosario en el rastreador Drummond y de saludar desde el balcón de la Casa Rosada al pueblo reunido en la plaza para festejar la represión militar, el presidente se recluyó en la residencia de Olivos. La esposa del coronel Ibazeta reclamó clemencia. Aramburu era el único que podía salvar a su marido del fusilamiento. Pero a las 2.30 de la madrugada del lunes 11 de junio chocó contra el muro de la residencia. Solo obtuvo una respuesta: "El presidente duerme". Había ordenado que nadie lo molestara.

La Escuela de Mecánica del Ejército también tuvo que resolver qué hacer con sus sublevados. Como el alzamiento se había iniciado antes de la vigencia del decreto que disponía la Ley Marcial, no podían ser sometidos a juicio por la pena máxima. Se resolvió fusilarlos sin la conformación de un tribunal militar. El lunes 11, los suboficiales Miguel Ángel Paolini y Ernesto Garecca, el cabo músico Miguel Rodríguez y el sargento Hugo Quiroga fueron ejecutados en la unidad militar de Pichincha y Garay. La misma suerte corrieron los suboficiales del Regimiento de Palermo, Luciano Rojas, Isaura Costa y Luis Pugnetti. Arrestados antes de que iniciaran el plan de sublevación, fueron fusilados el mismo día en la Penitenciaría Nacional. El coronel Cogorno escapó de La Plata tras la rendición. Lo acompañó el subteniente de reserva Alberto Abadie, que se escapó en la madrugada del 10 de junio del hospital donde estaba siendo atendido. Estaba herido. Las condiciones de la fuga eran precarias. Escaparon en un auto baleado, con botas de uso militar. Cogorno tenía una mancha de sangre en la camisa. En una estación de servicio de ruta fueron delatados. La policía los apresó camino a General Belgrano y los llevaron en helicóptero hacia La Plata. Cogorno fue fusilado el lunes 11 en el Regimiento de La Plata. El subteniente Abadie, en cambio, fue curado de sus heridas en el hospital. Al día siguiente lo ejecutaron. Jean Brierre ingresó en el Regimiento de Palermo y obtuvo la liberación de los peronistas que se habían asilado en su embajada. Luego volaron hacia Haití. Quaranta no fue amonestado por violar la sede diplomática. En cambio, Brierre fue declarado "persona no grata" y tuvo que partir. El único alzamiento que logró emitir la proclama de Valle no tuvo fusilados. Ocurrió en La Pampa. La rebelión fue comandada por el capitán Eduardo Phillipeaux. No esperó la proclama radical de Valle: a las 23, tomó su distrito militar local y mantuvo el control de Santa Rosa durante toda la noche. Por la radio local se leyó la proclama revolucionaria. Pero, durante la mañana, el Regimiento 13 de Caballería terminó con la rebeldía. No hubo muertos. Phillipeaux huyó a San Luis, fue apresado, pero no lo fusilaron. Respetaron que se hubiera alzado antes de la difusión de la Ley Marcial.

Pero todavía faltaba él. Valle se había ocultado en un departamento en Buenos Aires. La presión era cada vez más insostenible. Los militares hicieron trascender que las ejecuciones continuarían hasta tanto él no se presentara ante las autoridades. A los familiares de las víctimas, que el jefe del alzamiento, en quien habían depositado sus esperanzas, se mantuviese en la clandestinidad mientras muchos de sus subordinados ya estaban bajo tierra, les generaba una sensación contradictoria. ¿Debía entregarse? Valle pidió condiciones. Se las aseguraron. No lo matarían. Ni a él ni a nadie más. No habría más muertos. Este compromiso que recibió Valle también trascendió en la tapa del diario La Nación el día 11 de junio. "Las sentencias a muerte que se dicten en el futuro serán conmutadas, para lo cual el presidente ejercerá su poder de gracia". También se lo reclamaron miembros de la Corte Suprema de la Nación y de la Iglesia al general Aramburu. Pero la única condición para asegurar la vida de los sublevados era que Valle se entregara. Los militares ya habían dado su palabra de que no lo matarían. A las 4 de la mañana del día 12, el líder rebelde acordó un encuentro con una comisión militar al mando del capitán de marina Francisco Manrique. Valle fue detenido, interrogado y trasladado a la Penitenciaría Nacional diez horas después. Su ejecución estaba prevista para las diez de la noche del mismo día. Un obispo reclamó a Aramburu que demorara algunas horas. Iba a activar una gestión papal. Pero no hubo retraso ni clemencia. Fue ejecutado a tiempo, en día y hora, como estaba previsto.

Perón, entre la violencia y la política

El general Valle tampoco contó con la absolución de Perón. El líder exiliado no había alentado la rebelión cívico-militar. Al contrario, la descalificó. El golpe "es la consecuencia lógica de la falta de prudencia que caracteriza a los militares. Ellos están apurados. Nosotros no tenemos por qué estarlo. Esos mismos militares que hoy se sienten azotados por la injusticia y la arbitrariedad de la canalla dictatorial, no tenían la misma decisión el día 16 de septiembre, cuando los vi titubear ante toda orden y toda medida de represión a sus camaradas que hoy los pasan por las armas", le escribió a Cooke el 12 de junio, cuando los cuerpos de los sublevados todavía estaban calientes. Perón desautorizó posibles asonadas. No le interesaba que invocaran su nombre. No las apoyaría. Ya había elegido una vía para su retorno: la resistencia civil. También una metodología: la insurrección.

No haremos camino detrás de los militares que nos prometen revoluciones cada fin de semana. Ellos ven el estado popular y quieren aprovecharlo para sus fines o para servir a sus inclinaciones de "salvadores de la Patria" que un militar lleva siempre consigo. A Perón ni aun los militares peronistas le resultaban confiables. Entendía que podían prescindir de su liderazgo y volverse incontrolables a su mando. Tenía confianza en la "fuerza motriz" de su pueblo, el odio y la venganza. La desesperación, el odio, la venganza, suelen concitar fuerzas aún superiores al entusiasmo y al ideal. Los pueblos que no reaccionan por entusiasmo solo reaccionan por desesperación: es a lo que se está llegando en nuestro país. Los fusilamientos no harán más que acelerar el proceso. Perón no quería perder su rol de conductor en el exilio. Quería continuar señalando el camino. Hace cinco meses que impartí las instrucciones: mediante las fuerzas del pueblo se podría llegar al caos. La nuestra era una revolución social y este tipo de revoluciones habían partido siempre del caos y, en consecuencia, nosotros no debíamos temer al caos sino provocarlo y utilizarlo en provecho del pueblo. El caos económico y las miserias y privaciones emergentes harán que muchos otros se incorporen a la resistencia. Todo ese trabajo nos queda por realizar, ayudados por la incapacidad, la ignorancia y la violencia de nuestros enemigos. Hay que organizar la lucha integral por todos los medios. Luego señalaba el camino de la resistencia: El pueblo tiene que hacer guerra de guerrillas, que en la resistencia se caracteriza por la suma de todas las acciones. La suma de pequeñas violencias cometidas cuando nadie nos ve y nadie puede reprimirnos representa en su conjunto una gran violencia por la suma de sus partes. Debemos organizamos concienzudamente en la clandestinidad. Instruir y preparar a nuestra gente para los fines que nos proponemos, agruparnos en organizaciones disciplinadas y bien encuadradas por dirigentes capaces, audaces y decididos, que sean respetados y obedecidos por la masa, planificar minuciosamente la acción y preparar adecuadamente la ejecución mediante ejercitaciones permanentes. Si para ello es menester utilizar al Diablo, recurriremos al Diablo oportunamente. Para esto el Diablo siempre está preparado. Pese a las arengas revolucionarias, o quizá debido a ellas, el poder de Perón se disgregaba. Algunos de sus ex funcionarios, en busca de la "pacificación política", empezaron a abrazar un nuevo proyecto: el peronismo sin Perón. La "capa blanda" de la dirigencia —como la denominaban los "sectores duros" para descalificarlos— buscaba actuar en la legalidad bajo el régimen militar. Lo mismo sucedía con muchos sindicalistas que antes lo veneraban. El poder del líder mostraba fisuras internas. En términos legales, su situación era ruinosa. El Ejército le había retirado grados y honores. Las causas judiciales en su contra se multiplicaban y la Justicia pidió su extradición para juzgarlo por "traición a la Patria y asociación ilícita". La causa más ignominiosa, sin embargo, lo acusaba de ser un dictador sin moral, que en los últimos tres años de su gobierno había convivido en el Palacio Unzué con una colegiala de 14 años, Nelly Rivas, a la que conoció por su adhesión a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Ella fue también fue interrogada por la "comisión de investigación" de la Revolución Libertadora para que relatara su intimidad con Perón. Asediado en todos los frentes, Perón intentaba levantarles la moral a sus leales para enfrentar al poder militar. El 11 de julio de 1956 le escribió a Cooke: Es necesario confesar que aunque fuéramos santos tendríamos que descuartizar a los traidores y asesinos de inocentes ciudadanos y prisioneros indefensos. Yo dejé Buenos Aires sin ningún odio pero ahora, ante el recuerdo de nuestros muertos y asesinados en prisiones, torturados con el sadismo más atroz, tengo un odio inextinguible que no puedo ocultar. La pieza clave de toda esa etapa fueron las Instrucciones generales, que hizo llegar a los peronistas de la resistencia y de los comandos de exiliados para que las difundieran y aplicaran. En ellas anunciaba la necesidad de realizar crímenes contra sus enemigos y explicaba cómo preparar la "guerra de guerrillas" para el asalto final. Las Instrucciones... exhibían un grado de violencia tan manifiesto que muchos creyeron que eran apócrifas, pero él mismo se ocupó de confirmar su veracidad. Allí explicaba: El enemigo debe verse atacado por un enemigo invisible que lo golpea en todas partes, sin que él pueda encontrarlo en ninguna. Un "gorila" quedará tan muerto mediante un tiro en la cabeza, como aplastado "por casualidad" por un camión que se dio a la fuga. Los bienes y las viviendas de los asesinos deben ser objeto de toda clase de destrucciones mediante el incendio, la bomba, o el ataque directo. Esta lucha debe ser implacable, recordando que en cada "gorila" que matemos está la salvación de muchos inocentes ciudadanos que si no, serán muertos por ellos. Los gorilas deben llegar a la conclusión de que el pueblo los ha condenado a muerte por sus crímenes y que morirán tarde o temprano en manos del Pueblo. Los medios para eliminarlos importan poco, hemos dicho que a las víboras se las mata de cualquier manera. Perón también proponía organizar sectas "diabólicas", bajo el nombre de Justicia del Pueblo, para combatir el gobierno militar de Aramburu: Los parientes y los amigos de los muertos, los perseguidos y encarcelados, los desposeídos, etc., tienen derecho y obligación moral de formar parte de estas sectas destinadas al castigo de los culpables. Su organización tendrá carácter permanente y no se disolverán por ninguna causa antes de cumplido totalmente su cometido. Los que ingresen a ellas deben pensarlo bien antes porque no pueden desertar después. Se formarán: a) en cada ciudad, pueblo, establecimiento, etc., el número necesario de Sectas Territoriales, b) En cada organismo sindical, las correspondientes Sectas Gremiales, c) En cada circunscripción, departamento, etcétera, las Sectas Políticas correspondientes. Cada una de estas "Sectas" debe tener la lista de los enemigos del Pueblo, con sus correspondientes domicilios y datos personales, encabezadas por Aramburu y Rojas, como asimismo sus colaboradores directos e indirectos y los sicarios de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con estas listas, los asesinos y traidores del Pueblo serán condenados y se les aplicará la pena. No es necesario que sea inmediata, se puede esperar la ocasión hasta que se presente. Ellos deben saber que un día u otro serán sancionados. Los hermanos que se incorporen a las sectas recibirán un número para designarse y una palabra clave para reconocerse de modo que cada uno tenga, en vez de nombre, número, y en vez de apellido, una palabra clave. El ingreso se hará en una ceremonia presidida por los hermanos dirigentes, y el ingresante, jurará allí "ODIO ETERNO A LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO", recibirá una pequeña credencial de reconocimiento y se le leerán las obligaciones que contrae con la institución. Todas las reuniones son secretas y los hermanos, mientras se encuentren en ellas, se cubrirán el rostro con capuchón que impida que se les conozca. El trato entre ellos es secreto y solo se individualizarán por medio de su número y la palabra clave. Una sola pena se aplica a los traidores: la Muerte. Los agentes que se infiltraran mediante engaños deben ser drásticamente suprimidos en cuanto se los descubra. Los hermanos dirigentes, designados por la propia secta, deben conocer los antecedentes de cada candidato al ingreso. Es obligación de todos los asociados, de todas las sectas, investigar todo lo referente a la desaparición del cadáver de la Mártir del Trabajo —Doña Eva Perón— y es deber de todos los asociados establecer los culpables directos e indirectos para matarlos. De esas víboras no debe quedar una viva. En el epílogo de diez años de gobierno, la sociedad argentina había quedado dividida entre quienes lo idolatraban y quienes lo odiaban. Perón quería golpear con violencia y de cualquier manera para hacer el país ingobernable. La potencia de su mensaje, sin embargo, no llegaba en las mejores condiciones. La mayoría de las cartas que recibía eran controladas por servicios de inteligencia, y las que enviaba eran robadas, se perdían o arribaban a destiempo. También circulaban manuscritos apócrifos que entorpecían sus instrucciones. Por su parte, Cooke, el jefe de la resistencia peronista, que debía poner en marcha sus instrucciones, había sido detenido en noviembre de 1955 y trasladado a distintas cárceles. En consecuencia, la capacidad del Comando Peronista que había creado Cooke era limitada, pese a sus esfuerzos. Sus miembros no tenían experiencia en acciones clandestinas y eran detenidos con frecuencia. De modo que las acciones de resistencia contra el gobierno militar —incendios a medios de transporte, sabotaje industrial o "caños" contra reparticiones públicas— eran realizadas por grupos espontáneos, con muchas dificultades operativas y fuera del control del Comando Superior Peronista que conducía Perón. Aún guarecido en Venezuela, bajo la hospitalidad del dictador Marcos Pérez Jiménez, la seguridad de Perón seguía corriendo riesgos. El 25 de mayo de 1957, su Opel Kapitan había quedado arruinado por la explosión de una bomba. Fue el primer atentado directo. Perón no fue afectado porque no estaba en el auto, pero sí resultó herido un colaborador. El líder exiliado continuó la convocatoria a la lucha durante todo 1957. Recibía a todo aquel que llegara de la Argentina para sumarlo a sus planes. Para cada visitante tenía una palabra de aprobación y de aliento y buscaba estimularlos a todos por igual. Unir a todos detrás de una misión común. Pero sus órdenes, múltiples y a menudo contradictorias, provocaban enfrentamientos entre los dirigentes bajo su mando. Perón explicaba que la ambigüedad era un valor agregado para estimular la vida interna del movimiento justicialista. Luego intentaba reducir la intensidad de los conflictos que generaba. Si sus subordinados se salían de cauce, les restaba importancia a sus planteos o aducía problemas de figuración. Si el conflicto se prolongaba, afirmaba que alguien estaba abusando de una representación que no tenía. Para Cooke, la facilidad con la que su jefe daba aliento a distintos grupos significaba un dolor de cabeza. Por más que fuese designado como "jefe de la División Operaciones del Comando Superior", no lograba que se le disciplinasen con facilidad sin que mediara una orden directa de su jefe. Después de los fusilamientos y de la imposibilidad de eliminar las estructuras gremiales del peronismo, el gobierno militar comenzó a buscar una salida política para no dilapidar el apoyo de los partidos que todavía lo acompañaban. En 1957, convocó a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente que modificara la Carta Magna. Perón, que había llamado a votar en blanco, había quedado al tope del electorado con el 24,3 por ciento de los votos, apenas por encima de Balbín —Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP)— y de Frondizi —Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). El resultado permitía interpretaciones ambiguas. Perón había retenido parte de sus fieles, pero estaba muy lejos del 62 por ciento que cosechara en las elecciones presidenciales de 1951. Los votos que había perdido, los había captado Frondizi, más que Balbín, y la fuga podía continuar para las elecciones presidenciales de febrero de 1958. Con la proscripción del peronismo, uno de los dos sería el casi seguro vencedor de la contienda. Para entonces, los dos líderes radicales ya actuaban en líneas separadas. Balbín, cada vez menos "intransigente", se había acercado a los "unionistas", a fin de buscar sustento en la tradición antiyrigoyenista del partido, mientras intentaba seducir a "los libertadores" con su férreo antiperonismo para que le delegasen la herencia política oficial en la futura contienda. Frondizi, en cambio, inició un desplazamiento táctico inverso. Se diferenció del poder militar, se desligó de la estrategia de aniquilación del partido proscrito y con un discurso "nacional y popular" presentó un plan de gobierno para las masas peronistas con vistas a las elecciones presidenciales. Frondizi prometía restablecer la CGT, terminar con la persecución de dirigentes gremiales, normalizar los sindicatos que todavía permanecían intervenidos y decretar una amplia amnistía para los acusados de delitos "políticos". Su plan de desarrollo industrial otorgaba a la producción petrolera el primer lugar del orden de prioridades. Si a lo que cosechara por sí solo, Frondizi sumaba a los peronistas que habían votado "en blanco", podía acceder al poder. Naturalmente, necesitaba un acuerdo con Perón. Por entonces, a fines de 1957, el ex presidente comenzó a meditar un ajuste táctico para adecuarse a la nueva coyuntura. A dos años de su exilio, hizo un balance: la insurrección como método único para imponer su retorno no había ganado el fervor de las masas. Tampoco había logrado un estado de beligerancia con capacidad de desestabilizar al gobierno. Y a pesar de los panfletos que proclamaban "la hora se acerca" y "Perón vuelve", y de la leyenda de que aterrizaría en la Argentina de un día para otro, la hora revolucionaria nunca llegaba. La promoción del caos social podía ser un gesto de fe, de reafirmación de valores, pero no sólo no le aseguraba el retorno, sino que además dejaba el terreno libre a nuevos actores políticos. El más preocupante de todos era Arturo Frondizi. Existía otro factor en el análisis: Aramburu se propuso extirpar al peronismo de la vida gremial y de todos los estamentos de la sociedad. Sin embargo, a pesar de la represión, los fusilamientos, la proscripción, la cárcel, las persecuciones y el accionar de los "comandos clandestinos", hacia 1957, los sindicatos se habían consolidado como la estructura institucional del peronismo que mejor había sobrevivido al golpe de Estado. Representaban un poder con objetivos e identidad propios, y si bien festejaban en silencio las acciones de sabotaje, no acompañaban las directivas beligerantes de la "línea de Caracas" del líder exiliado. Perón estaba lejos de engañarse: los sindicatos no se habían levantado en su defensa en 1955, no tenían relación orgánica con los "comandos clandestinos" y tampoco eran instrumentos de acción que pudiera manejar con facilidad para activar su regreso al poder.

Esta discordancia entre sus cartas y la realidad objetiva obligó a Perón a decidir entre dos alternativas: o continuaba con el plan de violencia insurreccional o realizaba un acuerdo político de cara a las elecciones presidenciales de 1958. Esta encrucijada se tornó más nítida con el paso de los meses. Perón dejó correr las dos líneas estratégicas en forma simultánea. El arte de la conducción —decía— residía en no tomar decisiones ni un minuto antes y ni un minuto después, sino en el momento justo. De tal modo, ante la opción del caos o el acuerdo, la violencia o la política, ofrecía a sus interlocutores señales ambiguas, de suspenso e intriga. "Nosotros, de acuerdo con el gran consejo criollo, hemos desensillado hasta que aclare, esperando sin decir que no, pero sin tampoco decir que sí. El tiempo suele ser en política un auxiliar valioso cuando se lo juega en la incertidumbre de los enemigos. Seguimos, por lo pronto, con el mismo trabajo que estamos realizando desde hace dos años, pensando que se ganan las batallas con inteligencia y también con perseverancia", le escribió al dirigente Hipólito Paz en septiembre de 1957. En el último trimestre de ese año, la mayoría de los gremios agrupados en las 62 Organizaciones Peronistas se lanzó a la huelga. Pero no era la huelga revolucionaria que invocaba la correspondencia de Cooke y Perón, que aspiraban a que 1957 fuese "la tumba de los tiranos". Eran medidas de fuerza por mejores salarios, de resistencia a la legislación laboral y en defensa de las conquistas sociales. Las huelgas no tumbaron al gobierno; solo pusieron en evidencia que las intervenciones, los arrestos y el regreso del estado de sitio no alcanzaban para eliminar la lucha de los obreros. El peronismo sobrevivía en los sindicatos. Frondizi también hizo su parte para desgastar a la Revolución Libertadora: sus setenta y siete delegados abandonaron la Asamblea Constituyente y el órgano fue perdiendo sentido y dejó de sesionar por falta de quorum. El gobierno de facto no solo perdió su oportunidad de reformar la Constitución, sino también la posibilidad de definir su continuidad en el poder a través de un gobierno civil electo. La radicalización de Frondizi frente a la Revolución Libertadora, la promesa de una amplia amnistía y el libre desarrollo de la actividad de todos los partidos políticos, condujeron al radical intransigente a su acercamiento con las masas. Frondizi había transgredido el pacto de la proscripción del peronismo, un juego que requería la colaboración de todos, militares "libertadores" y sociedad civil "democrática".

Perón entendió que, aun sin su apoyo, Frondizi se estaba ganando la simpatía de su electorado vacante. Esta evaluación lo forzó a entablar un pacto con el líder de la UCRI. Escribió una larga lista de condiciones para apoyar su candidatura a la Presidencia. Además de restituirle sus bienes personales y los de la Fundación Eva Perón, Frondizi debía terminar con la persecución y las inhabilitaciones, tenía que normalizar la CGT y los sindicatos, legalizar el Partido Peronista, reemplazar a los miembros de la Corte Suprema y, sobre todo, convocar a nuevas elecciones presidenciales en el término de dos años. En resumen, Perón quería que Frondizi le facilitara el camino para volver al poder. Frondizi, en cambio, quería captar su electorado y llegar a la Presidencia, pero no tenía intenciones de hacer méritos para el retorno del exiliado. El pacto Perón-Frondizi estuvo listo para ser firmado a mediados de enero de 1958. Sin embargo, las negociaciones fueron alteradas por el estallido de la revolución en Venezuela. Perón, considerado un "colaborador" del régimen por los militares y civiles revolucionarios, debió asilarse en la Embajada de República Dominicana. Permaneció allí cuatro días con el tableteo de las ametralladoras como fondo. Afuera, más de mil personas zamarreaban el portón con la intención de derribarlo. Finalmente, los Estados Unidos intercedieron ante el nuevo gobierno para facilitar la salida de Perón. El ex dirigente de la ALN Guillermo Kelly, que había sido acusado de colaborar en las torturas a los opositores del régimen y que, frente al riesgo de ser linchado por los revolucionarios también se asiló en la embajada dominicana, les advirtió a sus contactos de la CIA (Central de Inteligencia Americana) que, si mataban a Perón, se "comunizaba" el continente. Dos semanas antes de las elecciones presidenciales en la Argentina, Perón ordenó votar por Frondizi. El 23 de febrero de 1958, el candidato radical intransigente ganó la Presidencia con 44,79 por ciento de los votos. Balbín obtuvo el segundo lugar, con 28,90 por ciento.

Poco tiempo después, Perón empezó a desembarazarse de Cooke. Había sido funcional a su estrategia de "guerra revolucionaria" durante más de dos años y se había ocupado del armado de la "línea dura" del peronismo. Pero tras la firma del pacto, Perón lo puso en pie de igualdad con aquellos dirigentes que habían buscado relaciones más cálidas con la Revolución Libertadora y luego se acercaron a la política "integracionista" de Frondizi.

La influencia de Cooke dentro del movimiento se redujo con la creación del "Consejo Coordinador y Supervisor Peronista", un nuevo "brazo táctico" de Perón en el que participaban activos representantes de la "capa blanda". Los miembros del consejo se vigilaban entre sí y reportaban en forma directa al líder exiliado. Con esa estrategia, Perón lograba un efecto doble: por un lado, socavaba el poder interno de Cooke; por el otro, al integrar a la "capa blanda" a la conducción del movimiento justicialista, evitaba la diáspora interna.

En enero de 1959, la huelga obrera que resistió la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre bastó para que el Consejo Superior Peronista entrara en colisión con la línea de Cooke. Caracterizado por sus pares como "loquito y terrorista", lo acusaron de promover una alianza de peronistas y comunistas en el conflicto. Cooke se sintió agraviado. Imaginaba que Perón saldría a respaldarlo. Le escribió que el Partido Justicialista, que se estaba legalizando en forma ambigua en algunas provincias, se estaba contaminando de "corruptos" que negociaban el fin de una huelga o su "integración" con Frondizi por dinero. Bajo la fachada de la "unidad" y la devoción al Líder —le advirtió—, se estaban cometiendo las peores estafas. A partir de entonces, y durante mucho tiempo, Perón dejó de escribirle y designó a otro delegado en su reemplazo. Cooke, perseguido por el gobierno de Frondizi, pasó a la clandestinidad, fue marginado del movimiento justicialista y se asiló en Cuba, donde intentó convencer a los cubanos del carácter revolucionario del peronismo, y a Perón, de la necesidad de que el peronismo definiera una ideología para luchar por la liberación del proletariado, por medio de la "guerra de guerrillas". Perón permaneció inmune a sus imploraciones.

Bibliografía

Amaral, Samuel y Ratliff, William (compiladores), Juan Perón. Cartas del exilio, Legasa, Buenos Aires, 1991. Arrosagaray, Enrique, La resistencia y el general Valle, Buenos Aires, edición propia, 1996. Baschetti, Roberto (compilador), Documentos de la resistencia peronista. 19551970, Buenos Aires, De la Campana, 1997. Besse, Juan y Kawabata, Alejandro (compiladores), Grafías del '55. Otros repartos entre recuerdo y olvido, Buenos Aires, Ediciones de la Universidad de Lanús, 2007. Bielsa, Rafael, "Discurso de homenaje al ex embajador de Haití en la Argentina Jean Brierre y señora", cancillería argentina, 2004. Bosca, Roberto, La iglesia nacional peronista, Buenos Aires, Sudamericana, 1997. Carulli, Liliana y otros, Nomeolvides. Memoria de la Resistencia Peronista. 19551972, Buenos Aires, Biblos, 2000. Cichero, Marta, Cartas peligrosas. La apasionada discusión entre Juan Domingo Perón y el padre Hernán Benítez sobre violencia política, Buenos Aires, Planeta, 1992. Deleis, Mónica, De Titto, Ricardo y Arguindeguy, Diego, Cartas que hicieron historia, Aguilar, Buenos Aires, 2001. Feria, Salvador, Mártires y verdugos, Buenos Aires, Revelación, 1972. Gurruchagui, Eduardo, Bernardo Alberte, un militar entre obreros y guerrilleros, Buenos Aires, Colihue, 2001. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Buenos Aires, Legasa, 1984. James, Daniel, "Sindicatos, burócratas y movilización", en Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1916), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Mazzei, Daniel, "La revancha de los gorilas. Ejército y peronismo entre 1955 y 1958", en Camarero, Hernán; Schneider, Alejandro, y Pozzi, Pablo (compiladores), De la Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política en la Argentina, Buenos Aires, Imago Mundi, 2000. Melon Pirro, Julio César, El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego de 1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Perón, Juan Domingo, Los libros del exilio I y II (1955-1973), Buenos Aires, Corregidor, 1996. Perón, Juan Domingo, Correspondencia, tomos I y II, Pavón Pereyra (selec), Buenos Aires, Corregidor, 1983. Perón, Juan Domingo, Cooke, John William, Correspondencia, tomos I y II, Buenos Aires, Granica, 1973. Sáenz Quesada, María, La Libertadora. De Perón a Frondizi. 1955-1958. Historia pública y secreta, Buenos Aires, Sudamericana, 2007. Scoufalos, Catalina, 1955. Memoria y resistencia, Buenos Aires, Biblos, 2007. Smulovitz, Catalina, Oposición y gobierno: los años de Frondizi/1, Buenos Aires, CEAL, 1988.

Capítulo 6 La conmoción interna

EN la guerra moderna el enemigo no es tan fácil de identificar. No hay frontera física que separe dos campos. La línea que marca la diferencia entre el amigo y el enemigo puede encontrarse muchas veces en el corazón de la nación, en la misma ciudad donde se reside, en el mismo círculo de amigos donde uno se mueve, quizá dentro de su propia familia. Es más bien una línea ideológica, que tiene que ser perfectamente bien descubierta si queremos determinar pronto quiénes son en realidad nuestros adversarios y a quiénes tenemos que derrotar. Roger Trinquier, en el libro La guerra moderna. El coronel francés fue uno de los máximos difusores de la doctrina antisubversiva en la Argentina, estudiado en la Escuela Superior de Guerra.

El 1o de mayo de 1958, cuando asumió la Presidencia, Arturo Frondizi expresó en el Parlamento el futuro del país que imaginaba: "El período revolucionario ha terminado hoy. De aquí en adelante las Fuerzas Armadas no deciden. Ahora deciden los representantes del pueblo. El Ejército retorna a sus cuarteles, la Marina a sus buques y la Aeronáutica a sus bases para cumplir las decisiones constitucionales. No deliberan más". Su expresión de deseos no tenía relación con la realidad. Las Fuerzas Armadas consideraban "inmoral" que Frondizi hubiera pactado con "el tirano prófugo" y algunos oficiales propusieron desconocer su triunfo. Finalmente lo aceptaron y le permitieron acceder a la Casa Rosada. Aun así, mantuvieron sus convicciones: no tolerarían la rehabilitación del peronismo ni su presencia, "en forma cubierta o encubierta", en el nuevo gobierno. Los choques del poder militar con Frondizi fueron constantes. Le hicieron planteos, lo amenazaron, conspiraron contra su presidencia. Hasta que un día lo depusieron y lo encarcelaron. Frondizi no pudo cumplir el pacto con Perón. Derogó en forma parcial el decreto 4161, permitió que se hiciera propaganda peronista y se utilizaran los símbolos y las imágenes partidarias, pero mantuvo la prohibición de su regreso. El PJ tampoco pudo actuar en los procesos electorales. Frondizi intentó poner al país en la senda de la "industrialización acelerada" con la producción de bienes durables de consumo y de capital, y combatir el "retraso estructural" del país. Un área clave fue su política petrolera. Para alcanzar el autoabastecimiento en la producción, y en contradicción con las promesas de campaña y de su obra Petróleo y política, Frondizi favoreció la inversión de capitales extranjeros en el sector. Las compañías Standard Oil, Panamericana y la Banca Loeb (Estados Unidos), Royal Dutch (Holanda), ENI (Italia), entre otras, obtuvieron contratos de explotación petrolera. El abandono del "antiimperialismo retórico" —como lo caracterizaría su consejero Rogelio Frigerio— provocó el malestar obrero. En Mendoza, tres mil trabajadores pararon por veinte días. Hubo incendios de pozos petroleros. La dirigencia gremial peronista intentó que sus bases no se sumaran al conflicto, pero los consejos fueron desoídos: peronistas y obreros de izquierda se unieron en la agitación. Otro conflicto significativo en el gobierno de Frondizi fue el que se suscitó en el frigorífico Lisandro de la Torre, en Mataderos. El establecimiento era de propiedad municipal. El Poder Ejecutivo ordenó su privatización, el Parlamento la aprobó en sesiones extraordinarias y Frondizi viajó a los Estados Unidos en busca de inversores. Los nueve mil operarios dispusieron la huelga. El Ministerio de Trabajo la declaró ilegal. Ese enero de 1959, más de dos mil policías con carros de asalto, tropas de Gendarmería, soldados del Ejército, tanques Sherman y jeeps de guerra rodearon el frigorífico. La persuasión tuvo un límite. Las fuerzas de seguridad ingresaron con gases lacrimógenos. Hubo casi cuatrocientos detenidos y simulacros de fusilamiento.

La violencia estatal provocó un clima de insurrección urbana, con movilizaciones, choques callejeros y atentados con bombas caseras contra comités de la UCRI, vías ferroviarias y una sede diplomática de los Estados Unidos en La Plata. La unión de peronistas con grupos de izquierda volvió a preocupar al Ejército y también a la "capa blanda" del peronismo, que se oponía a la jefatura local de Cooke.

Frondizi-FMI: ajuste económico y recesión

Los casos de los petroleros y el frigorífico Lisandro de la Torre fueron consecuencia del "Plan de estabilización y desarrollo" de la economía acordado entre Frondizi y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo fue la primera avanzada del liberalismo ortodoxo en el país: devaluación de la moneda, reducción del gasto público, mercado libre de cambios, liberalización de precios, eliminación de subsidios a productores y de controles al comercio exterior. Para recibir préstamos del organismo financiero, la economía debía "ponerse en condiciones". El déficit fiscal, más la balanza comercial negativa, empezaban a comprometer la capacidad de pagos del país. La deuda externa superaba los 1100 millones de dólares y las reservas de oro y divisas del Banco Central se calculaban en 250 millones. El ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, que promovió el acuerdo, entendía la naturaleza impopular de las medidas, pero dijo que el sacrificio sería temporal. "Hay que pasar el invierno", graficó. La intencionalidad era más profunda: las medidas se aplicaban para eliminar las conquistas sociales alcanzadas durante el peronismo, revertir la distribución de la riqueza y transferirla en forma progresiva hacia el capital extranjero. En dos años, la racionalización laboral provocó la pérdida de ciento cincuenta mil puestos de trabajo en el sector industrial (el siete por ciento de su ocupación). También se redujo personal en empresas estatales, se privatizaron servicios públicos y se cerró el diez por ciento de la red ferroviaria, en el marco de la coerción gubernamental, con estado de sitio y movilización militar.

El plan de Frondizi recorría de manera inversa el "programa de Avellaneda" de la UCR de 1948 —que incluía la nacionalización de los servicios públicos y la reforma agraria—, del cual el entonces diputado radical había sido uno de sus ideólogos. Las "nuevas condiciones" eran un requisito de las empresas norteamericanas, que habían acumulado capital excedente en su país y les interesaba radicarse en la Argentina. Las inversiones en el sector industrial, que exigían mayor desarrollo tecnológico y disminución de la mano de obra, obligaron a reducir los salarios y modificar las relaciones laborales. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en aliadas del capital extranjero. Muchos militares en actividad o en situación de retiro se incorporaron a los directorios de las empresas, de modo que no dudaron en reclamar u ordenar la represión en los conflictos. Las consecuencias de la política monetarista se hicieron notar a lo largo de 1959. El peso se devaluó, la inflación anual superó el ciento por ciento, el consumo se deprimió y la economía, que buscaba transformarse, entró en recesión. El plan económico suponía despidos. Cuando el frigorífico Lisandro de la Torre reabrió sus puertas, retomó a la mitad de sus nueve mil empleados. El lanzamiento de la reestructuración ferroviaria, en el marco de "la batalla del transporte", eliminó 55.000 puestos de trabajo durante toda la gestión de Frondizi. Los bancarios, tras cincuenta y nueve días de huelga, sufrieron más de cinco mil cesantías. Los frigoríficos Swift y Armour tuvieron mil despidos cada uno. Centenares de delegados metalúrgicos fueron cesanteados. Lo mismo sucedió en el sector petrolero y en el textil. Las "listas negras", además de reducir la planta laboral, intentaban desmantelar las comisiones internas y disuadir la militancia obrera. Algunos gremios firmaron convenios laborales por productividad, pero, en líneas generales, la reducción de empleos fue "el mal necesario" de la economía desarrollista.

Desde el prisma oficial y patronal, el mundo obrero necesitaba un reordenamiento. Según la experiencia del subsecretario de Trabajo Galileo Puente, que asumió su cargo en 1960, "al encarar el problema de las relaciones laborales, me encontré con anarquía, abusos y todo tipo de atropellos por parte de los obreros. Los empresarios habían perdido el control de sus fábricas; las comisiones internas manejaban todo: aquellos que debían obedecer en realidad estaban dando órdenes [...] los empresarios deben por lo tanto retomar el control de las fábricas". La creciente ofensiva patronal para reimponer las condiciones laborales previas al peronismo sumó más tensión al gobierno de Frondizi. En el aspecto gremial, las nuevas comisiones internas, que obraban por fuera de las burocracias sindicales y partidarias del peronismo, continuaron resistiendo la política gubernamental en defensa de la redistribución de la riqueza establecida entre 1946 y 1955. En el plano político, la UCRP, su adversario interno, siempre molesta con Frondizi por haber "utilizado" al peronismo para acceder al poder, lo criticaba por despertar a un "gigante dormido" que ahora era difícil de domesticar. En la esfera castrense, el Ejército, en constante estado de deliberación interna y con la conspiración como modus operandi, pidió la cabeza de Rogelio Frigerio, considerado la "eminencia gris" de Frondizi. Sus antecedentes irritaban: tenía un no disimulado pasado comunista, fue uno de los gestores del pacto con Perón y ahora negociaba con los dirigentes sindicales desde su función en la Secretaría de Relaciones Económico-Sociales. Frondizi lo despidió pero lo retuvo a su lado como consejero.

Frondizi, desdibujado frente a la desobediencia castrense

Vigilado en forma constante, Frondizi intentó desprenderse del sometimiento de las Fuerzas Armadas, pero era rehén de sus opiniones y de las amenazas de golpe de Estado. El comandante en jefe del Ejército, general Carlos Toranzo Montero, hizo ostensible esa permanente debilidad. En los inicios de su carrera se había opuesto al golpe de Estado del general Uriburu y había sido torturado por sus colegas en el sótano de la cárcel de la Penitenciaría en 1931. El paso de los años lo sumó al lote de uniformados ultraliberales y gorilas: caracterizaba al peronismo como un "conglomerado de delincuentes" y consideraba ilegítima la victoria de Frondizi por su pacto con Perón. En el contexto de auge de la Guerra Fría —había servido más de un año en Washington—, Toranzo creía que el Ejército, en defensa de "los intereses de la Patria", debía ser autónomo del poder civil. Su ideario estaba en línea con la Junta Interamericana de Defensa, un organismo de cuadros y técnicos militares que los Estados Unidos supervisaban, con la colaboración de los ejércitos latinoamericanos, para defender su hegemonía en el continente frente al comunismo. Toranzo traducía esa política para el plano local, y esto implicaba la depuración de las filas del Ejército de los nacionalistas e integracionistas, quienes confiaban en que el peronismo se podía ajustar al liberalismo. Por esta razón, al segundo mes de su labor como jefe del Ejército, Toranzo Montero relevó a un grupo de oficiales superiores a los que acusaba de haber tenido contactos con sindicalistas. Ese fue el detonante del conflicto. Su superior, el secretario de Guerra Elbio Anaya, consideró que se había excedido en sus atribuciones y echó a Toranzo Montero. Toranzo Montero rechazó la orden y en la noche del 1 de septiembre de 1959 se atrincheró en la Escuela de Mecánica del Ejército. Dijo que respetaba el orden constitucional. Su insubordinación era solo contra el Ejército. Algunas unidades del interior se declararon en rebeldía y lo apoyaron, en tanto las tropas "legalistas" comenzaron a movilizarse desde Campo de Mayo. La Aeronáutica pidió la orden para bombardear el bunker de Toranzo Montero, que contaba con alrededor de mil hombres y se había fortificado con armamento antitanques, a la espera de un ataque de unidades blindadas. Anaya, por cadena nacional, anunció que reprimiría a los amotinados y restablecería la disciplina. Fueron todos movimientos en falso. En la tercera noche de indefinición, Frondizi envió un mediador a la base rebelde y trajo a Toranzo Montero al despacho presidencial. El presidente decidió capitular: Anaya fue despedido de su cargo y el líder rebelde volvió a la Comandancia del Ejército. Dispuso el retiro de los que lo habían enfrentado. La autoridad de Frondizi, una vez más, quedó desdibujada frente a los militares que habían comprometido su apoyo al orden legal.

La primera guerrilla peronista: los uturuncos suben a la montaña

El establecimiento del primer foco guerrillero también signó su gobierno. Se instaló en Tucumán a fines de 1959. Los uturuncos —"hombres tigres" en quechua— se iniciaron con un grupo de veinte miembros, sobre todo peronistas, ex nacionalistas y ex socialistas. Contaban con el apoyo político de Cooke, que en enero de ese año había dejado la dirección partidaria. Los uturuncos eran críticos de Frondizi por su política petrolera y por los acuerdos con el FMI, y querían entregarle el poder a Perón, pero su inserción en el monte tucumano tenía motivaciones más estratégicas. Querían instalarse como vanguardia revolucionaria, promover la agitación popular y sumar voluntades para la lucha. Cada miembro tenía en las mangas de sus camisas la sigla MPL-ELN, Movimiento Peronista de Liberación-Ejército de Liberación Nacional. Uno de los ideólogos de Uturuncos era Abraham Guillén, un republicano español exiliado en la Argentina. Guillén fue uno de los primeros teóricos de la guerrilla. Para él la revolución era un acto de voluntad: pensaba que una minoría revolucionaria, con un programa de liberación claro, podía funcionar como una locomotora de la movilización de masas, con sus actos y propaganda. La guerrilla debía ser el brazo armado del pueblo. Para su formación, no se necesitaba más que un grupo de diez a veinticinco hombres físicamente aptos, moralmente resistentes y políticamente educados. Hasta aquí coincidía con el Che Guevara. Pero, a diferencia de este último, Guillén entendía que la acción del núcleo guerrillero no era suficiente si no formaba parte de un amplio movimiento popular de masas. La acción del foco debía enmarcarse en un proceso insurreccional. Así se desarrollaría la ofensiva revolucionaria. Hasta ese momento —septiembre de 1959—, nada de lo que se había intentado con la resistencia urbana había alcanzado. Ni las huelgas revolucionarias, ni las bombas, ni los alzamientos de militares peronistas. De ahí que, junto con Cooke, diseñara un plan: el establecimiento de un foco guerrillero en el monte para activar el movimiento insurreccional en las ciudades. Guillén dijo que había que subir a la montaña y empezar a combatir. Los uturuncos eligieron el cerro El Calao, cercano a la ciudad de Concepción. Después de algunos meses de exploración, el primer grupo subió en octubre de 1959. Eran ocho. Uno de sus líderes era el "Gallego" Manuel Mena, un dirigente barrial peronista relacionado con el movimiento obrero azucarero. El clima en la zafra y los ingenios era violento. Ese año, la policía había matado a dos obreros durante una huelga. Mena, que no formó parte de la primera avanzada, había recomendado al grupo que debía entrenarse y tomarse un tiempo de adaptación hasta dominar la montaña. Pero, al tercer día, los guerrilleros resolvieron descender e iniciaron las acciones armadas. Con la intención de distraer a los bomberos, incendiaron una gomería, pero no pudieron atacar el cuartel: la presencia de un guardia con ametralladora abortó la misión. Algunos hombres de enlace en los poblados se sumaron a las tareas insurreccionales. Así, fue reducida la guardia del ferrocarril en la capital tucumana —obtuvieron cuatro fusiles Winchester modelo 1884—, le robaron la camioneta a un vecino de Monteros —bloquearon el paso en un camino de montaña— y asaltaron una pequeña comisaría de Alto Verde. Fueron señales de alerta para las fuerzas policiales. Algo fuera de lo común estaba ocurriendo en la provincia. Los operativos armados provocaron el debate interno entre los uturuncos. Se discutió si era necesario poner en evidencia al grupo, con tan poco tiempo de instrucción armada y sin una sólida red de enlace urbano. En ese período de discusión, un guerrillero bajó a Concepción en busca de abastecimiento, fue detenido y el foco fue individualizado. Un baqueano acercó a la patrulla policial al campamento. Sólo tres uturuncos fueron capturados. El resto había bajado del monte. No tardarían en detenerlos junto con sus colaboradores urbanos. Fueron enviados a la penitenciaría local. El primer intento "foquista" había sido desarticulado en menos de un mes. Sin embargo, los uturuncos tenían resto para continuar. Siguiendo las instrucciones teóricas de Guillén, que indicaba que había que explotar el factor sorpresa, realizar ataques con unidades móviles y rápidas, superiores en armas y número a las del enemigo, se planificó una acción en Santiago del Estero. Para esa tarea lograron el compromiso de Félix Serravalle, el "Comandante Puma", hijo de un anarquista y ex trabajador de Obras Sanitarias, que conocía los secretos de la provincia. Serravalle tenía experiencia insurreccional con el Comando 17 de Octubre, que se estaba extendiendo por el noroeste. Serravalle sabía cómo descarrilar trenes, había robado armas del arsenal Miguel de Azcuénaga y también un aparato receptor que, con un equipo de onda larga acoplado a un grabador, pasaba una cinta grabada con la voz de Perón. Los uturuncos se fortalecieron otra vez. Serravale tenía células en todos los barrios santiagueños, un dispositivo de cincuenta cuadros, pero en la noche de la operación solo aparecieron seis. El resto era de origen tucumano, diecinueve en total. La logística guerrillera fue transportada en tren. Fueron apareciendo en tandas. A las 4 de la madrugada del 25 de diciembre de 1959 dieron el golpe. Entraron en la ciudad de Frías, una de las tres más importantes de Santiago del Estero, y detuvieron un camión en el frente de la comisaría. Con un uniforme militar e indumentaria Grafa de trabajo, simularon ser soldados del Ejército. "Ríndanse, la revolución ha triunfado. Estamos en estado de sitio", le ordenaron a la guardia. Con pistolas y dos ametralladoras, redujeron a cuatro agentes y a un cabo, despertaron al jefe —el viejo Arias, jubilado del Ejército— y los mandaron a todos desnudos al calabozo. Se llevaron armas y uniformes, un chancho asado y un cajón de vino y regresaron al monte tucumano con el camión robado de Obras Sanitarias.

El ataque tuvo mucha difusión en la prensa. El gobernador santiagueño Eduardo Miguel (UCRI) comunicó a los diarios provinciales y nacionales que la policía ya había detenido a algunos guerrilleros en el cerro El Calao y los estaba sometiendo a interrogatorios. También informó que había muchas bajas. "Los enfrentamientos fueron encarnizados", reveló Miguel. La información no era cierta, pero era útil al interés policial: padres y madres, preocupados por la ausencia de sus hijos, empezaron a reclamar por ellos. Esto permitió la identificación. La radio LV12 invitaba a las madres a sus programas y ellas les rogaban a sus hijos que se rindieran y volvieran a casa. Sus voces se escuchaban en el monte. La cohesión anímica del grupo comenzó a deteriorarse. Mientras tanto, la policía de Tucumán, con el jefe provincial al mando, los acorralaba. En la noche del 31 de diciembre de 1959, cinco santiagueños y tres tucumanos abandonaron el grupo guerrillero y bajaron del monte; luego descendieron otros tres. Los demás, que soportaron mejor la falta de comida y la hostilidad de la geografía en la temporada de lluvias, continuaron el desplazamiento en busca de una cueva segura. Desde Buenos Aires, Cooke y su esposa, Alicia Eguren, reclutaban militantes para consolidar el foco en Tucumán. Antes de partir en tren a esa provincia, se adiestraban militarmente. La posibilidad de ser parte de una experiencia guerrillera fascinaba a muchos jóvenes. Tenían alrededor de veinte años. Durante los primeros meses de 1960, subieron y bajaron del monte tucumano. También se necesitaba apoyo económico. Lo buscaba Guillén. Lo mismo hacía Enrique Oliva, miembro del Comando Coronel Perón de la resistencia. Oliva había sido detenido en los días previos a la rebelión de Valle. Estuvo seis meses preso, sin proceso judicial. Recibieron ayuda de Silvio Frondizi, el hermano del Presidente, y del historiador José María Rosa, entre otros, para Uturuncos. Oliva viajó a Tucumán. En abril de 1960 fue detenido junto a Mena por un retén del Ejército. El camión que llevaba las armas, que iba adelante, pudo continuar viaje, pero la conducción del foco guerrillero fue desarticulada. Poco después, Serravalle también sería detenido. La policía y el Ejército tenían a todos los uturuncos y a sus colaboradores identificados. La guerrilla perdió enlace en poblados y ciudades. En junio de 1960 el cerco se empezó a cerrar. El día 15, luego de una caminata nocturna, el grupo guerrillero fue apresado en un aserradero. Aunque algunos escaparon, un mes más tarde, ya nadie pudo volver a subir al monte. Todas las casas habían sido allanadas y ya no quedaban lugares seguros.

Los uturuncos fueron juzgados por un tribunal militar. Mena y Oliva fueron condenados a seis años. Serravalle, a cuatro. Todos fueron torturados y recorrieron distintos penales. Serravalle fue colgado con la mano atada en un gancho de la pared y golpeado con una manguera de goma por personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Atentados que provocan la ira del poder militar

La acción de la guerrilla peronista era útil a la dirigencia política partidaria. Funcionaba como un mensaje para Frondizi y las Fuerzas Armadas: si querían evitar que el peronismo se volcara a la insurrección, debían legalizarlo. Los uturuncos, decían, no tenían nada que ver con el justicialismo. Son "representantes de ideologías extrañas a la tradición cristiana de nuestro Movimiento". De todos modos, tanto los "peronistas insurreccionales" como los dirigentes de la "capa blanda" integrados al sistema político pronto compartirían la prisión. A inicios de la década de 1960, se multiplicaron los hechos de violencia. Los militares se lo recriminaban a Frondizi. Lo consideraban un inoperante. El Ejército estaba indignado. Además de la revuelta urbana en torno al frigorífico Lisandro de la Torre y de las huelgas obreras, además del foco guerrillero en el monte tucumano, se sumaba la acción de los comandos de resistencia que atacaban a las empresas petroleras, las usinas eléctricas, las plantas de gas o el transporte ferroviario. Uno de los atentados de mayor magnitud desde la caída de Perón fue realizado en Córdoba en febrero de 1960. Una carga de explosivos sobre el depósito de combustible de la petrolera Shell provocó trece muertos y la pérdida de cuatro millones de litros de nafta. El sabotaje fue obra de la Central de Operaciones de la Resistencia (COR), una estructura militar peronista dirigida por el general (RE) Miguel Ángel Iñíguez, que contaba con comandos peronistas civiles subordinados en casi todas las provincias. Por el atentado a la Shell, el jefe del Ejército Toranzo Montero acusó al gobernador de la UCRI, Arturo Zanichelli, de ser cómplice de los "terroristas". Tenía antecedentes: en 1958 el gobernador había entregado quinientas pistolas a grupos de la resistencia peronista para enfrentar un posible golpe militar contra Frondizi. También había exonerado de las filas policiales a los jefes más refractarios al partido proscripto. La inteligencia militar estableció vínculos entre Zanichelli y uno de los autores del atentado. Para entonces, la Justicia ya había detenido a varios sospechosos y los mantuvo bajo su jurisdicción, soportando la presión del Ejército, interesado en juzgarlos en los tribunales de guerra. Pero al Ejército no lo intimidaron los límites institucionales: cuatro unidades militares asaltaron la cárcel de Córdoba y se llevaron a los detenidos peronistas acusados del atentado. La presión militar también obligó a Frondizi a desalojar a Zanichelli. Como el gobernador se negó a renunciar, el presidente tuvo que decretar la intervención provincial, por encima de la opinión de la Corte Suprema y de su propio partido.

El atentado que los militares vivieron de forma más personal fue la bomba de trotyl que demolió la casa de dos pisos en Olivos del mayor del Ejército David René Cabrera, miembro del SIE. Fue el día 12 de marzo de 1960. Cabrera investigaba de 3 años. Para entonces, ya había habido robos en arsenales militares, atentados en el Círculo Militar, en el Departamento Central de la Policía, en unidades de la Marina y la Aeronáutica, en guarniciones y barrios militares. También se atacaba las guardias de centinelas y soldados conscriptos y se frustró un plan para colocar explosivos en el Cabildo. Pero había respuestas. Un cabo del Ejército, Mario Medina, detenido en Coordinación Federal, fue arrojado por la ventana por gritar "¡Viva Perón!". Según la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los atentados eran instigados por grupos de inteligencia militar y policial, quienes proveían de armas y explosivos a ejecutores civiles, para luego desatar la represión del terrorismo e instalar una dictadura. Como fuese, el "caso Cabrera" fue el límite para el Ejército. Al día siguiente, y luego de una reunión con las jefaturas de todas las fuerzas de seguridad, Frondizi fue forzado a enviar al Parlamento una ley federal de represión contra actividades terroristas. Hubiera preferido hacerlo por decreto, de facto, para que las Fuerzas Armadas se responsabilizaran con cargo y riesgo de su aplicación. Pero Toranzo Montero contradijo su voluntad. El día que la ley fue votada en el Parlamento estalló una planta de gas en Mar del Plata. las acciones de la resistencia. Había intervenido en muchos procedimientos relacionados con explosivos. La bomba mató a su hija Guillermina,

El Plan Conintes, represión y torturas.

El 14 de marzo de 1960 comenzó a regir en todo el país el Plan Conintes (Plan de Conmoción Interna del Estado). El plan fue el órgano jurídico de aplicación de la represión. Perón lo había creado en 1951, tras la rebelión de Menéndez. No lo había utilizado. Ahora era un instrumento represivo no solo contra "los terroristas", sino también contra la movilización obrera, el peronismo y la izquierda. En el marco del Plan Conintes se aplicaron las leyes "de organización de la Nación para tiempos de guerra" y "de sabotaje y espionaje", que se habían sancionado a fines de la década de 1940, se dictaron decretos de proscripción del peronismo y el comunismo, y se dispuso la intervención sobre los sindicatos. Las fuerzas de seguridad ya tenían las manos libres para disciplinar, encarcelar, acusar, torturar y condenar. También podían controlar el pensamiento y las expresiones disidentes. Los tribunales militares juzgarían a la población. Ningún acusado tenía derecho a recurrir a la justicia civil. Desde el 14 de marzo, miles de domicilios fueron allanados y los dirigentes del peronismo, fuesen "integracionistas" o "insurreccionales", legales, semilegales, públicos o clandestinos, fueron encarcelados. También se prohibió la propaganda por el voto en blanco y se clausuraron las sedes del PJ. Las policías provinciales se militarizaron y se subordinaron a las Fuerzas Armadas. El país fue dividido en áreas, zonas y subzonas operacionales. Para los mandos castrenses, la "guerra revolucionaria", inspirada y dirigida por el comunismo internacional, con "mano de obra peronista", había comenzado. Toranzo Montero consideraba que las medidas represivas eran insuficientes. Su aspiración era implantar la Ley Marcial contra "los terroristas y sus cómplices". Toranzo distinguía en la acción sindical del peronismo un virus que prenunciaba la irrupción del marxismo en la Argentina. Había que detener su propagación. El mayor temor de los detenidos del Conintes era la orden de fusilamiento.

En el plan represivo estaban involucradas distintas estructuras de la seguridad del Estado: la SIDE, Coordinación Federal, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Escuela de Mecánica del Ejército y las seccionales de policía de Dock Sud, Lanús y Avellaneda, además de otros comandos instalados en las provincias. Así empezaron los tormentos. En el sur bonaerense se hacían allanamientos de madrugada sin órdenes judiciales. Los detenidos eran atados en una mesa: el cable electrizado, el cuerpo humedecido, luego las torturas y el calabozo sin agua ni comida. En Lanús, el jefe más temido era el comisario Polo, quien tenía por auxiliares a Juan Soto y al "Chiquito", un ex boxeador de dos metros que ablandaba al acusado a golpes. No era el único boxeador empleado por la represión. Barros Sosa, ex campeón de box y oficial de la policía tucumana, hacía horas extra trabajando para el Ejército. Cuando el Plan Conintes ya tenía miles de detenidos, torturados y condenados, se constituyó una Comisión en la Cámara de Diputados que visitó distintas cárceles para recoger las denuncias de sus víctimas. La primera fue el penal de Ushuaia. Allí permanecía un lote de cuarenta y tres condenados con penas de entre dos y dieciocho años de prisión, alojados en celdas mínimas, sin silla ni mesa, con dos recreos diarios de una hora, un envío postal cada quince días y sin acceso a lectura de libros y revistas. Muchos de los detenidos provenían de Mar del Plata. El circuito de represión en el balneario se iniciaba en la base naval. Los detenidos eran colocados de cara contra la pared, con las manos en alto durante horas y la ametralladora vigilando la espalda. Alfredo Kreinbuhl estuvo tres días así, sin apoyo, con el caño como advertencia cuando el sueño lo vencía. Dormía dos o tres horas por día y lo ponían de pie otra vez. A las dos semanas fue trasladado a la base naval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Permaneció esposado y alojado en un calabozo sin ventana durante otras tres semanas, hasta que recibió la sentencia del Tribunal del Consejo de Guerra, una condena a dos años que empezó a purgar en la cárcel de Magdalena y luego en Ushuaia. Lo mismo le sucedió a Pedro Ernesto, titular de un centro justicialista: las manos arriba de la cabeza en el casino de oficiales en la base naval; luego las torturas, trece días frente al mar, en la playa, sin poder moverse, en compañía de un soldado y una ametralladora. Sus familiares fueron hostilizados: el Ejército ingresó en su casa, los hacían levantar desnudos por las noches, les tiraban piedras sobre los techos. Cuando Ernesto denunció estos hechos en el Consejo de Guerra que lo juzgaba, el auditor respondió: "¿Qué quiere, que les den caramelos a sus hijos?". Reclamó el auxilio del obispo. Le fue negado.

José Cabrera, titular del Partido Justicialista de General Pueyrredón, también fue detenido en la base naval de Mar del Plata. Denunció ante los diputados una permanencia de cuarenta y dos horas de pie, sin poder realizar movimiento alguno. En la cárcel de Ushuaia también estaba Alberto Arias, detenido por la SIDE en abril de 1960. Secuestrado de su casa, fue trasladado a la comisaría de Dock Sud y puesto sobre la mesa con la picana eléctrica; tres días y tres noches sin comer ni tomar agua. El Comando 1o del Conintes, constituido en el Regimiento de Palermo, lo juzgó por "intimidación pública" y "asociación ilícita" y lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva. Le habían encontrado volantes que propiciaban el voto en blanco.

El Parlamento husmea en las cárceles del Plan Conintes

Cuando la comisión de Diputados entró en el penal de Viedma, Río Negro, en junio de 1961, pronto advirtió el contraste. Uno de los presos, el "uturunco" y "peronista de la primera hora" Enrique Oliva, les comentó que todavía olían a Buenos Aires, a las "comodidades europeas"; en cambio, ellos estaban subalimentados y olían mal. Los diputados llegaban desde el suntuoso "palacio de las leyes"; ellos eran prisioneros de una casta militar. En casi un año de detención, los cuarenta y siete detenidos habían recorrido varias prisiones. Ahora llevaban siete días de huelga de hambre. Se habían juramentado no comer. Oliva continuó: "Ustedes son la fuerza de la oligarquía que llegó a la Patagonia trágica y violenta. Aquí la oligarquía escrituró a su nombre las mejores tierras del país, que eran de los gauchos y los indios. Ustedes son los representantes de un país que acá no existe". Oliva hizo revisionismo. Trazó una huella de las tradiciones y las luchas populares en la historia argentina. Habló de las masas, de la sangre de gaucho, de la defensa contra las invasiones inglesas, de los degüellos a los vencidos, de la fuerza pretoriana de los regímenes políticos, del aluvión zoológico, de Perón, y luego de la proscripción y la persecución a los humildes. A ellos se los condenaba por rebelarse: "Nos han dejado fuera de la historia pero queremos demostrar que estamos dentro de ella". El comité de reclusos representaba una civilización desplazada. Los diputados, otra. "En estas cárceles —prosiguió Oliva—, estamos nosotros con estos uniformes infames, pero acá no encontrarán a ningún militar que haya bombardeado a sus propias ciudades, a nadie que haya firmado concesiones al extranjero ni a abogados de empresas imperialistas. No encontrarán a ningún ganadero. En cambio, van a encontrar a un pobre viejo encorvado, prisionero desde hace seis meses por faenar una vaca para darle de comer a su familia. Una vaca que estaba destinada a venderse al extranjero". El titular de la comisión parlamentaria, diputado oficialista Pablo Calabrese, le explicó que entendían sus padecimientos: "Tenemos la misma sensibilidad que cualquier hombre de pueblo. Interpretamos sus sentimientos. Hay que dejar los odios de lado". El diputado radical Ernesto Sanmartino, que había sido expulsado del Congreso y perseguido durante el peronismo, agregó con saña. "Es Perón quien vive suntuosamente en España. No nosotros. Mientras ustedes sufren por él, él goza". Oliva preguntó por el rol político del radicalismo en esta coyuntura. "Si el poder efectivo lo tienen los militares; el económico, los conservadores. ¿Qué rol se reservan ustedes?". La rabia de los vencidos se centraba en el Plan Conintes. La voluntad arbitraria, inconsulta, sangrienta y corrupta de las Fuerzas Armadas. Eso era el Plan. Esto dijo Oliva: "Nos han juzgado peor que si fuéramos ganado. Nos han torturado mientras ellos fumaban, comían y bebían. Y sin embargo, en el palacio de las leyes, cada vez que mencionan a las Fuerzas Armadas es para otorgarles ascensos y representaciones en el exterior". El Parlamento era ciego y sordo. Oliva, al que le habían fracturado el pie en el momento de la detención en Tucumán, continuó: "Quienes hemos sufrido el martirio de la picana eléctrica, quienes padecimos quemaduras en nuestras carnes desnudas, sentimos repercutir en nuestros cuerpos el dolor punzante de cada golpe, reclamamos en contra de esta monstruosidad que repugna la dignidad humana y asquea al argentino íntegro". Para los condenados, la visita de los diputados solo serviría para documentar ante la historia el drama en que vivían. Nada más. Otra visita de la comisión parlamentaria fue en Mar del Plata. Había una larga serie de torturados que pasaban noches y días a la intemperie, sentados en una silla contra la pared, en dependencias policiales. El comisario inspector Salcedo, de la Brigada de Investigaciones, era el principal acusado. Tenía procesos por apremios ilegales desde 1955. Salcedo fue claro ante la comisión que lo interrogó en el Hotel Provincial: "Me cursan telegramas pidiéndome que se reprima la actuación comunista y me limito a cumplir con mis obligaciones. No se puede decir que no cumpla con las directivas del Estado. Pero tropezamos con un gravísimo inconveniente: al comunista intelectual no llegamos nunca".

Por el atentado contra el mayor David Cabrera, la inteligencia militar hurgó en el sector obrero, donde se producían acciones de sabotaje. El 20 de marzo de 1960, una decena de miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército detuvo en los talleres del Ferrocarril Belgrano en Capital Federal a Jorge Cabrera, 53 años, español, y lo llevó a la Escuela de Mecánica del Ejército. Lo golpearon y torturaron durante una hora o dos. No le resultó fácil precisar el tiempo. Era de madrugada. Lo que más indignaba a sus torturadores era que, en su sufrimiento, el obrero invocara a Dios. Ellos también eran católicos. Cabrera fue puesto de pie con la cara contra la pared durante veintiún horas. No podía moverse. Ni siquiera ponerse en cuclillas. Apenas lo intentaba, el caño de la ametralladora le apretaba la espalda. Tampoco tenía derecho a dormir. Los soldados lo despertaban. Había turnos rotativos de vigilancia. La postura obligada, día tras día, le generaba trastornos en la circulación sanguínea, ataques al riñón, hernia, hinchazón en los pies. Con cinco grados bajo cero, los interrogatorios continuaron. Cabrera fue a la enfermería y desde allí al suelo húmedo del calabozo. Fue apartado del mundo durante dos semanas. El 5 de abril fue trasladado a la cárcel de Magdalena. Hizo la denuncia por torturas a los diputados de la Comisión de Apremios Ilegales. Su caso fue trasladado al Consejo de Guerra número 1 que presidía el teniente coronel Juan Alberto Gomila, quien ya había sido denunciado por presenciar torturas en la cárcel de la Penitenciaría. Gomila admitía la detención de Cabrera pero no los tormentos. Como prueba, mencionaba que al detenido no lo había atendido ningún médico. Este era el tipo de respuesta automática que aplicaba el Ejército, por medio de su secretario de Guerra, el general Rosendo Fraga, o desde el Ministerio de Defensa. Tres días después de la detención de Cabrera, apresaron a otro obrero ferroviario, Eduardo Bobbio. Un militar y tres civiles lo sacaron de su casa y le taparon la boca con cinta plástica. Siguió el mismo recorrido: la Escuela de Mecánica del Ejército, la manopla sobre el pecho, los látigos de goma. Le pedían que hablara de la bomba. Bobbio asumió la autoría, pero no le creyeron. Querían que acusara a otros. Esa noche le prometieron torturas y cumplieron. Su cuerpo temblaba. Lo tiraron en un colchón y lo cubrieron con una manta. Los que lo vieron supusieron que estaba muerto. Ramón Lazarte, 38 años, también obrero del Ferrocarril Belgrano, fue detenido en la misma línea de investigación que Bobbio y Cabrera: por el caso del mayor Cabrera. Cuatro policías fueron a su casa a buscar armas, explosivos, pistas. Le pidieron que confesara. Lazarte fue a la Escuela de Mecánica del Ejército. Sufrió tres días de interrogatorio y luego fue a un calabozo junto a otros detenidos. A la semana lo revisó un médico (Lazarte había tenido una intervención quirúrgica en la columna vertebral), que reclamó un colchón para él. Luego fue trasladado a una comisaría del conurbano bonaerense. Sus torturadores, orgullosos de su profesionalismo, se preciaban de haber sido los maestros de Cipriano Lombilla y los hermanos Cardozo. Le taparon la cara con una almohada. Le dijeron que moviese los dedos cuando quisiera hablar y procedieron a aplicarle la picana eléctrica en las partes más sensibles del cuerpo. Se empecinaron con su columna, en la herida. Pidió a sus torturadores que le pegaran un tiro, o que le acercaran cualquier declaración. Él la firmaría. Otra vez regresó a la Escuela de Mecánica y Chiquito, el ex boxeador, de dos metros de altura, volvió a interrogarlo por el tema de la bomba. Luego Lazarte fue enviado a la Penitenciaría. No podía caminar. En los recreos, lo llevaban en carrito entre los presidiarios. Cabrera, Bobbio y Lazarte fueron procesados por "asociación ilícita, acción para la subversión y encubrimiento".

Torturas en la nieve

En Mendoza, en el marco del Plan Conintes, tres trabajadores fueron secuestrados y golpeados con cachiporras. Se les hizo ingerir alcohol. Trasladados al Batallón de Zapadores N° 8, fueron torturados y alojados en un campo de concentración, rodeados de alambres de púa electrizados. Dormían en una carpa cubierta de nieve. Uno de ellos tenía la pierna fracturada. A Silvio Frondizi, hermano del presidente, pensador marxista y fundador del Grupo Praxis-MIR, el Plan Conintes llegó a rozarlo. El 4 de junio de 1960, mientras él permanecía en Cuba, la policía secuestró en su estudio de Caballito a su secretario y chofer, Alfredo Pesquera. Encapuchado, lo desnudaron y estaquearon en la segunda seccional de La Plata. Le tiraron un balde de agua fría y le aplicaron la picana hasta que perdió el conocimiento. Luego fue llevado al ex Regimiento 7 de La Plata. Cuando Silvio Frondizi volvió al país, Pesquera ya estaba sometido al tribunal militar. Intentó defenderlo pero no podía accionar. Pesquera fue absuelto por falta de mérito. Un grupo de dirigentes justicialistas también fue torturado. Carlos Rovira, José María Pracanico, Eduardo Rojas y Jerónimo Izzetta sufrieron la picana eléctrica durante varias horas, puñetazos y golpes en distintas unidades del Ejército y la policía. Cuando reclamaban clemencia, los ponían en situación: "Este es el Plan Conintes". La respuesta castrense al oficio de la Comisión de Diputados fue la de siempre: admitían la detención, no las torturas. El Plan Conintes también intervino en los conflictos obreros. Prestó la estructura represiva a las empresas. Después de que la fábrica de neumáticos Firestone despidiera a dos centenares de trabajadores, la policía bonaerense acompañaba al cuerpo de seguridad privada de la compañía en sus autos, secuestraba al personal más conflictivo de sus domicilios y lo torturaba en la comisaría de Llavallol. El obrero Oscar Ramírez denunció que la policía lo sacó con un ardid de su casa y luego fue llevado en el auto de la seguridad policial de Firestone, con la guía del "señor Cremona", a un paraje solitario. Le pusieron la capucha en la cabeza, lo estaquearon y luego lo picanearon en un calabozo de una comisaría. Fue liberado tres semanas después. El gobierno de Frondizi negaba las torturas. Frente a las denuncias, el ministro del Interior, Alfredo Vítolo, decía que confiaba en "la honorabilidad" del general Toranzo Montero. Como había sido torturado, le parecía imposible que aplicara los mismos procedimientos. La Comisión de Diputados podía, con su presión, lograr mejoras para la vida de los penados. Pero lo que no podía era parar las torturas. Eso era materia de los tribunales militares.

La doctrina contrarrevolucionaria y la Escuela Militar Francesa

En el Plan Conintes ya se advirtió la influencia pedagógica de la doctrina contrarrevolucionaria de la Escuela Militar Francesa. Tenía una serie de características que modificaban de raíz la Doctrina de la Defensa Nacional sobre las hipótesis de conflictos bélicos con los países vecinos. Los franceses internalizaron el concepto de que el adversario ya no se separaba por fronteras geográficas. El nuevo enemigo era interno. Se ocultaba y mimetizaba entre la población, que resultaba sospechosa de prestarle ayuda y colaboración. El territorio del país se transformaba en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas debían conseguir información sobre el enemigo para conocer la estructura de su organización y destruirla. Debían interrogarlo, hacerlo hablar. Para la Escuela Militar Francesa, la tortura era una "tarea de inteligencia", la esencia misma de la "guerra contrarrevolucionaria", que era acompañada por una batería de técnicas militares, la infiltración, la represión clandestina, fuera de los marcos legales, la posesión de alojamientos para los "interrogatorios" y la producción de acciones psicológicas que generasen terror sobre la población. A partir de la década de 1950, en distintas misiones de estudio y capacitación, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas asimilaron el corpus ideológico y la experiencia de combate de sus pares franceses en sus guerras coloniales de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962). Aunque en la Argentina no se luchaba para terminar con un régimen colonial, como lo hacían los vietnamitas o los argelinos, la estrategia militar francesa se aplicó para extirpar el peronismo del sistema político, la acción guerrillera y eliminar la conflictividad de la clase trabajadora. En el encuadre militar francés, toda la protesta social, gremial o política tenía por objetivo subvertir el orden legal y amenazaba la civilización occidental y cristiana. Todo activista era un subversivo, un "infiltrado" en el cuerpo de la sociedad. El conflicto se había internacionalizado: la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética expresaba el enfrentamiento entre dos civilizaciones, que obligaba a una nueva estrategia de defensa para el hemisferio occidental: un activista social y político de una fábrica bonaerense, un militante juvenil, un obrero que saboteaba en las vías, lo supiera o no, era un agente encubierto del "comunismo internacional" y el materialismo ateo. El ejército argentino debía ser guardián del orden occidental y católico. La tercera guerra mundial ya había comenzado. Cuba, constituida como primer Estado socialista de Latinoamérica, en medio de gobiernos populistas, dictaduras militares y democracias liberales, era una prueba de ello. El Plan Conintes estaba inscripto en este "extremismo ideológico" que debía ocultar sus procedimientos militares porque eran ilegales. El texto no estaba adaptado al terrorismo de Estado.

En sus visitas a la Escuela Superior de Guerra, los militares franceses transmitieron su experiencia de combate en la defensa de sus regímenes coloniales. La "guerra revolucionaria" se había originado en Indochina, cuando las tropas regulares francesas fueron derrotadas por el ejército popular norvietnamita, liderado por Ho Chi Minh y el jefe militar Vo Nguyen Giap y compuesto por combatientes que parecían salir de cualquier parte, atacar y desaparecer al instante. No había un frente ni una guerra lineal, con tropas que avanzaban y retrocedían. Tampoco alcanzaban la artillería, la infantería, la superioridad humana o material que había sido indispensable en la Segunda Guerra Mundial. Era un enfrentamiento no tradicional. No había frentes ni fronteras. Giap libraba combates en oportunidad y lugar en los que el enemigo se encontraba más débil, vencía en pequeños enfrentamientos y luego se dispersaba. Así iba minando la moral de las tropas enemigas. La población vietnamita era la pieza clave de esta estrategia de guerra revolucionaria: les ofrecía resguardo a sus combatientes. Francia se rindió ante los vietnamitas y aceptó su independencia en 1954. Argelia, con una revuelta iniciada ese mismo año, también lograría la liberación del colonialismo francés. Para evitarla, Francia estableció la metodología de la "guerra sucia", con escuadrones de la muerte, torturas, desapariciones y guerra psicológica. Esta era la nueva fórmula para combatir la "guerra revolucionaria" apoyada por el "comunismo internacional". Perón había estimulado el contacto con los franceses para buscar aprovisionamiento tecnológico y romper el bloqueo norteamericano, que no permitiría el rearme militar argentino. En el mismo sentido, había autorizado el viaje de oficiales del Ejército y la Marina para especializarse en la École Supérieur de Guerre de Francia. El coronel Carlos Rosas, el primer alumno de la escuela, permaneció dos años, entre 1953 y 1955. El aprendizaje continuó con la Revolución Libertadora, y las academias militares adaptaron sus programas de estudio y reestructuraron el Ejército según las normas francesas. El general Osiris Villegas fue uno de los principales teóricos de esa transformación.

La teoría guerrillera

En el polo ideológico opuesto, el de la violencia revolucionaria, se afirmaban las teorías de Franz Fanon y Ernesto "Che" Guevara. Desde Los condenados de la Tierra, Franz Fanon, psiquiatra caribeño que participó en la guerra de liberación argelina, afirmaba que "el hombre colonizado se libera en y por la violencia". La contradicción entre imperialismo opresor y nación oprimida debía resolverse con la violencia popular. Esta idea era acompañada por el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, que en el prólogo de Los condenados... concluía que "en los primeros momentos de la rebelión, hay que matar: matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre. El superviviente por primera vez siente un suelo nacional bajo las plantas de sus pies". Si hasta entonces, para buena parte del marxismo, era la lucha de clases en los países centrales lo que motorizaba las ruedas de la revolución, para Fanon — y otros intelectuales de izquierda del Primer Mundo— sólo la emancipación de esa periferia empobrecida y explotada del Tercer Mundo pondría fin al capitalismo. Con este análisis, la cuestión nacional pasó a ser la clave del conflicto. El pueblo debía tomar conciencia de su condición de oprimido. A mayor represión, mayor profundización de esa conciencia. Según este esquema, la independencia debía ser iniciada por una vanguardia revolucionaria que provocara la desestabilización política, desnudara la identidad represiva del opresor y profundizara la conciencia del oprimido. Allí comenzaba la verdadera liberación del hombre. La violencia como táctica política pasó a ser clave de debate en distintas esferas intelectuales en la Argentina. Pero las discusiones no eran un todo autosuficiente. El compromiso militante era la praxis: entregarse de manera concreta y absoluta a la lucha armada. Para transformar las desigualdades, la pobreza, la miseria, el hambre y el abuso de los poderosos no bastaban sólo las discusiones: para ser revolucionario había que hacer la revolución. En este sentido, el impacto de la Revolución Cubana y las teorías expresadas en La guerra de guerrillas del Che Guevara también funcionarían como disparadores de la acción revolucionaria en el plano local. La experiencia de los guerrilleros cubanos permitía deducir que, con apoyo popular, se podía ganar una guerra contra el Ejército. No había que esperar a que se dieran todas las condiciones para la revolución: el foco insurreccional podía crearlas. Esa vanguardia orientaría y revitalizaría la lucha de las masas. La lucha guerrillera, sus acciones militares, era su polea de transmisión.

El aporte doctrinario de Guevara estaba enfocado en la moral del guerrillero como representante de la vanguardia del pueblo oprimido, dispuesto a destruir los privilegios de un orden injusto. La moral era determinante en términos militares. Era un recurso de guerra. El ejército regular podía ser superior, y de hecho siempre lo era, en hombres y armamentos. Pero la supremacía moral del guerrillero sobre el soldado enemigo, su coraje y su entrega total, sellaría la victoria revolucionaria. En la teoría guerrillera, pequeñas victorias militares sumadas conducirían a la victoria final. Si para la Escuela Militar Francesa la tortura se establecía como método de la lucha contrainsurgente, para el guerrillero su arma era la moral revolucionaria. La tortura buscaba quebrar esa moral, degradarla. El guerrillero, a su vez, consciente de la posibilidad de morir en la lucha o de ser torturado en caso de ser detenido, estaba determinado a dar la vida, como un imperativo moral categórico. El Che Guevara simbolizó un mensaje sin matices para la militancia juvenil. Una entrega personal sin cálculos ni mediaciones por un proyecto colectivo: revolución o muerte.

Frondizi, el Che Guevara y la política de la conciliación con Cuba

En agosto de 1961, como representante de Cuba, Guevara participó en Punta del Este (Uruguay) de la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES). El encuentro sirvió para presentar a la Alianza para el Progreso, con la que los Estados Unidos querían promover el desarrollo económico de las democracias representativas, cediendo préstamos a largo plazo. Más que un fin económico, la Alianza intentaba prevenir a los países subdesarrollados para que "no continuaran cayendo en el comunismo". Unos meses más tarde, los Estados Unidos lograrían la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la aislarían del continente. El gobierno argentino aprovechó el encuentro de Punta del Este para contactar a Guevara. En su política exterior, Frondizi intentaba prescindir de la vigilancia castrense, alineada con la política estadounidense para el hemisferio. La Argentina y el Brasil habían propiciado la "neutralidad" frente la Guerra Fría y conducían una delicada línea de conciliación y disuasión hacia Cuba para que no ingresara al Pacto de Varsovia que formaban los países comunistas del Este europeo. A cambio, prometían algún tipo de ayuda.

La proeza diplomática era difícil de alcanzar en la coyuntura: los Estados Unidos habían fracasado en su invasión a la isla en abril de 1961. A partir de entonces, el rumbo de Cuba estaba determinado. Se declararía socialista y Guevara y Raúl Castro irían a Moscú en busca de ayuda económica y militar. La Unión Soviética instaló una base de misiles en la isla. Frondizi invitó a Guevara a viajar a la Argentina en un vuelo secreto en agosto de 1961. Intentó evitar que los militares se enterasen de su presencia, pero no lo logró. Al día siguiente de la visita de Guevara, las Fuerzas Armadas obligaron al presidente a ratificar, por cadena nacional, que la conducción de la política internacional del país continuaba siendo "occidental, cristiana y democrática". La pretensión de adoptar la neutralidad frente a la Revolución Cubana, la llegada de Guevara, la elección del veterano legislador socialista Alfredo Palacios en la senaduría de la Capital Federal —adhiriendo a Cuba en los actos de campaña— fueron hechos que alimentaron la línea golpista de las Fuerzas Armadas, dispuesta a romper el orden constitucional. Se le oponía la facción "legalista", que creía en la continuidad tutelada del sistema político, de manera más ordenada, con un presidente civil de autonomía condicionada.

La apertura electoral sella la suerte de Frondizi

La audacia de Frondizi en materia exterior se trasladó al orden interno cuando aceptó la intervención del peronismo en las elecciones legislativas de marzo de 1962. El anuncio causó irritación en el ámbito castrense. La evaluación del oficialismo era la siguiente: Frondizi estaba en su mejor momento político; la economía había superado la etapa de peor recesión; Toranzo Montero había sido relevado y había perdido liderazgo en el Ejército; primaba la "facción legalista"; el "plan Conintes" se había terminado. Además, a fines de 1961, Frondizi había permitido la participación del peronismo, con listas propias, en las elecciones legislativas de Catamarca, San Luis y Santa Fe. El resultado fue alentador: la UCRI ganó en las tres provincias. La oposición a la rehabilitación peronista fue inmediata. La UCRP entendía que el partido debía continuar proscripto y no debía ser integrado al sistema electoral. En las Fuerzas Armadas, la línea golpista anticipó que no permitiría que se alzara con el triunfo en ninguna de las provincias y los "legalistas" se manifestaron en el mismo sentido.

En un acta secreta firmada por la jerarquía castrense antes de las elecciones del 18 de marzo de 1962, y entregada al presidente Frondizi, el general Rosendo Fraga, el contralmirante Gastón Clement y el brigadier Jorge Rojas Silveyra sentaban la posición de las Fuerzas Armadas: "Los señores secretarios militares coincidieron en señalar que las Fuerzas Armadas no intervienen en el campo político ni está en su misión interferir en la acción política del gobierno. Pero ello no significa en manera alguna que estén dispuestos a permitir la restauración del régimen de oprobio derrocado por la Revolución Libertadora ni el retorno de Juan Domingo Perón y de los responsables conjuntamente con él, de agravios inferidos a la Nación, a la libertad y a la humanidad, delincuentes que no pueden ocupar cargos electivos ni de ninguna otra naturaleza sin desmedro de la dignidad nacional". Es decir, las Fuerzas Armadas permitían a aquellos que eran (o fueron) peronistas, a la "masa engañada y desviada", a organizarse legalmente, pero Perón y su régimen estaban "inhabilitados". La convocatoria electoral había alterado el delicado funcionamiento del sistema político. Pero el ministro del Interior, Vítolo, confiaba en forma ciega en el triunfo oficial: la vuelta del peronismo a las urnas no lo asustaba. La jugada era de alto riesgo, pero también eran altos los beneficios. Si el electorado peronista volcaba su fe hacia Frondizi, el presidente podría restablecer su autoridad frente a las Fuerzas Armadas y apoderarse de la herencia política del líder exiliado. El optimismo contagioso que irradiaba Vítolo influyó en Frondizi y lo hizo partícipe de este análisis. En el verano de 1962, el presidente había cedido a las presiones castrenses y de los Estados Unidos, y rompió las relaciones con Cuba por decreto, pero persistió en su idea de que el peronismo participara en los diecinueve distritos electorales donde se competía, a fin de derrotar para siempre a ese fantasma en las urnas. La victoria del peronismo, en cambio, sellaría la suerte del gobierno y del orden constitucional. Con su líder impugnado, el peronismo presentó la fórmula Andrés FraminiFrancisco Anglada para la gobernación de Buenos Aires, inscripta bajo el sello Unión Popular. Framini ganó. Obtuvo 1.171.757 votos contra 731.877 de la UCRI. Y, aunque el oficialismo venció en quince distritos —y el peronismo y el neoperonismo en siete— y la suma de votos en todo el país mejoró su caudal electoral del año 1960, la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires reactivó el estado de deliberación en las Fuerzas Armadas.

El triunfo de Framini fue efímero. Frondizi intervino las provincias y decretó nulas las elecciones. Pero las condiciones de la cúpula castrense eran dos: o se obligaba a Frondizi a una renuncia o se lo mantenía en el poder con una vigilancia más estricta. El nuevo gabinete debía ser compuesto por representantes de "partidos democráticos" que respondiesen a las directivas militares. Los tres comandantes le recomendaron la renuncia al presidente. Lo mismo hizo el ex dictador Aramburu. Frondizi se negó, pero su opinión ya no importaba. El 29 de marzo de 1962 se informó que había sido depuesto para que "la República y la democracia no marcharan a la deriva". Entre los fundamentos de la destitución se mencionaba el resurgimiento "de las fuerzas extremistas infiltradas en la democracia". Así explicaban las Fuerzas Armadas los más de tres millones de votos que había obtenido el peronismo en las elecciones del 18 de marzo de 1962.

Bibliografía

Altamirano, Carlos, Arturo Frondizi o el hombre de ideas como político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998. Altamirano, Carlos, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001. Amaral, Samuel, "El avión negro: retórica y práctica de la violencia", en Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano (comps.), Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993. Amaral, Samuel, "Guerra revolucionaria: de Argelia a la Argentina, 1957-1962", en Academia Nacional de la Historia, Investigaciones y Ensayos, N° 48, Buenos Aires, 1998. Aragón, Juan Manuel (h), "Apuntes para una historia de los uturuncos y del Puma Serravalle", Buenos Aires, revista La Maga, 30 de abril de 1997. Archivo de la Comisión de Investigación de Apremios Ilegales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Archivo periodístico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Aroskind, Ricardo, "El país del desarrollo posible", en Nueva Historia Argentina, tomo IX, James, Daniel (dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Babini, Pablo, "Cuba en la caída de Frondizi", en Todo es Historia, N° 297, Buenos Aires, marzo de 1992. Feinmann, José Pablo, "Peronismo. Filosofía política de una obstinación argentina", números 94 y 95, suplemento del diario Página/12, 2009. Fraga, Rosendo, El ejército y Frondizi. 1958/1962, Buenos Aires, Emecé, 1992. García Lupo, Rogelio, "Generales argentinos entre Francia y EE.UU.", Clarín, suplemento Zona, 22 de abril de 2001. González, Horacio, "La carta de Del Barco", en revista Fray Mocho, N° 20, 2006. Guevara, Ernesto, Guerra de guerrillas, Buenos Aires, Quadrata, 2003. Guillén, Abraham, "PCML. Lecciones de la guerrilla latinoamericana", en revista Lucha Armada, N° 4, noviembre de 2005. Gutman, Daniel, Tacuara. Historia de la primera guerrilla argentina, Buenos Aires, Ediciones B, 2003. Landaburu, Jorge, Una alternativa en la historia. Frondizi: del poder a la política, Buenos Aires, Norma, 1999.

Lvovich, Daniel, El nacionalismo de derecha. Desde sus orígenes a Tacuara. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006. Mazzei, Daniel, "La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962", en Revista de Ciencias Sociales, N° 13, Universidad Nacional de Quilmes, 1998. Mochfkofsky, Graciela, Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Monserrat Llairó, María de y Siepe, Raimundo, Frondizi. Un nuevo modelo de inserción internacional, Buenos Aires, Eudeba, 2003. Oliveira-Cézar, María, "El aprendizaje de la guerra contrarrevolucionaria", en Todo es Historia, N° 435, octubre de 2003. Oliveira-Cézar, María, "Las raíces francesas de la guerra antisubversiva", en Todo es Historia, N° 422, septiembre de 2002. Raimundo, Marcelo, "Acerca de los orígenes del peronismo revolucionario", en Camarero, Hernán; Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro (comps.), De la Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política argentina, Buenos Aires, Imago Mundi, 2000. Reyes, Hernán, "Abraham Guillén: teórico de la lucha armada", en revista Lucha Armada, N° 4, noviembre de 2005. Robin, Marie-Monique, Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa, Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Rozitchner, León, "Primero hay que saber vivir. Del vivirás materno al no matarás patriarcal", en revista Fray Mocho, N° 20, 2006. Salas, Ernesto, La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre / 1. Buenos Aires, CEAL, 1990. Salas, Ernesto, Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista, Buenos Aires, Biblos, 2003. Sánchez, Gabriela Estela y Carrizo, Federico Esteban, "La experiencia del Ejército guerrillero del Pueblo (EGP)", IX Jornadas Interescuelas, Departamento de Historia, 2003. Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 19551973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2005. Selser, Gregorio, El país a precio de costo, Buenos Aires, Hyspamerica, 1988.

Capítulo 7 Partido militar, partido sindical, Perón y el Che Guevara

EL 12 de octubre de 1963, el doctor Illia recibirá el bastón simbólico [...] Él sabe mejor que nadie que no es el presidente de los argentinos, sino el presidente de las fuerzas de ocupación; él conoce que si no hubiera habido fraude no hubiera sido elegido, pero más que todo esto, debe saber que, como Frondizi, caerá deshonrado y envilecido si no sabe reaccionar contra los nefastos poderes que lo manejarán en su provecho. Juan Domingo Perón, octubre de 1963.

Después de la caída de Frondizi en 1962, el presidente del Senado José María Guido heredó la Presidencia. El Ejército monitoreó sus acciones y reactivó las deliberaciones internas. El problema seguía siendo el mismo: los decretos del Poder Ejecutivo no habían eliminado al peronismo. Los militares debatían qué hacer. Una facción, los "azules", era partidaria del "legalismo", es decir, de mantener un presidente civil condicionado por el Ejército. Los azules eran antiperonistas, pero confiaban en una fórmula que integrara al justicialismo en el sistema político. Una participación electoral limitada podría llevar a los proscriptos al Parlamento. Para los azules, "más allá de sus abusos de poder y su demagogia", el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que había "salvado" a la clase obrera del comunismo. Si se lo proscribía, en cambio, se los forzaba a la insurrección o a las acciones gremiales conjuntas con la izquierda, como había sucedido en las huelgas petroleras y en el frigorífico Lisandro de la Torre.

Para otra facción militar, los "colorados", la política debía ser bloqueada con la clausura del Parlamento, la intervención de las provincias y la reducción al mínimo de la capacidad ejecutiva de Guido, o directamente su reemplazo por una junta militar que gobernara a largo plazo o hasta que el peronismo fuese eliminado de la vida política. Para los colorados, el peronismo no era la clausura del comunismo —como creían los azules—, sino su puerta de acceso, y debían trabajar para eliminarlo. Esta estrategia contaba con el respaldo de la Marina, y también resultaba atractiva para dirigentes civiles "democráticos" que habían apoyado la Revolución Libertadora: conservadores, liberales ortodoxos y radicales de la UCRP. Guido quedó maniatado por el debate interno de las Fuerzas Armadas. Aunque intentó equilibrar las presiones y cedió puestos del gabinete a azules y a colorados, su presidencia se fue consumiendo por las disputas castrenses. Su imposibilidad de llevar adelante la gestión quedó de manifiesto cuando la designación del secretario de Guerra quedó librada a una elección interna de generales en actividad. En septiembre de 1962 la batalla política entre azules y colorados estuvo a punto de saldarse por la fuerza en las calles. El general Federico Toranzo Montero, colorado, en rebeldía con el secretario de Guerra, se apostó en el Regimiento de Palermo y desplegó sus hombres hacia la Capital Federal. Las tropas azules de las unidades de La Plata y Campo de Mayo se encolumnaron para defender la precaria institucionalidad de Guido y reimponer la obediencia y la disciplina en el Ejército. La correlación de fuerzas las favorecía. La violencia parecía ser la única vía de resolver las querellas castrenses. Buenos Aires se militarizó. Miles de soldados y decenas de tanques permanecieron cuatro días en estado de alerta en las calles, en contraste con la indiferencia ciudadana. La Aeronáutica amenazaba con bombardear las posiciones coloradas. Cuando los azules se disponían a reprimir el alzamiento, Guido llamó a una tregua que favoreció a los rebeldes. Entonces, los azules, acuartelados en Campo de Mayo en defensa de la "constitucionalidad", hicieron uso de los "cerebros civiles" de su staff y apelaron a la acción psicológica, con una serie de comunicados, proclamas y eslóganes destinados a la sociedad. Dejaron de manifiesto que no promovían una dictadura ni un gobierno instaurado por la fuerza. Uno de los comunicados azules —el número 150— aceptaba el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y enmarcaba su lucha "para que el pueblo pudiera votar". Votar en forma parcial, se entendía: los azules se comprometían a contener cualquier "empresa totalitaria" con un pacto constitucional que impidiera el retorno a "épocas ya superadas". El conflicto volvería a reeditarse en abril de 1963, cuando la Marina y un sector del Ejército afincado en La Plata, liderados por el almirante Isaac Rojas y el general (R) Luciano Benjamín Menéndez, volvieron a levantarse. Esta vez corrió sangre: dieciocho soldados y cinco marinos muertos sellaron la rendición del bando colorado. Tras el triunfo, los azules intentaron guiar el proceso electoral con un frente que incluyera al peronismo, la UCRI de Frondizi y la democracia cristiana, y que reuniera a industriales y a representantes sindicales del "peronismo decente", en tanto éstos aceptaran los lineamientos del establishment empresario transnacional. El Frente Nacional y Popular azul, con un programa económico liberal —y conservador en lo social— se propuso llegar al poder con la aprobación implícita de dos polos opuestos: Perón y las Fuerzas Armadas. Confiaban en que el peronismo, incluido en el sistema de manera gradual, podía ser parte de la solución política, aunque sus dirigentes debían ir desprendiéndose en forma paulatina del liderazgo de Perón. Para que el éxito de la "integración" fuera completo faltaba un candidato idóneo. La revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman y respaldada por empresarios "azules", promovió a uno de sus líderes naturales, el general Juan Carlos Onganía, del arma de Caballería. Onganía rechazó la oferta. La búsqueda continuó con el conservador popular Vicente Solano Lima. Pero cuando Perón aprobó su designación, los militares volvieron a irritarse. Le vetaron al exiliado cualquier tipo de intrusión en la elección del candidato. Guido aprobó una sucesión de decretos para reducir al mínimo la posibilidad de que el peronismo, aun como facción aliada, ganara, en forma abierta o encubierta, cualquier tipo de elección: excluyó de la futura contienda a la Unión Popular —neoperonista—, al "tirano prófugo", "al partido disuelto" y a todos aquellos que aceptaran directivas de Perón, lo elogiaran o dialogaran con él. La ilusión de un peronismo "integrado" en una fórmula oficial, que era el espíritu del comunicado 150, fue disipada por la propia facción militar que la había engendrado. El frente azul naufragó. La mayoría de la población quedó fuera del proceso electoral. Perón y el sindicalismo llamaron a votar en blanco. La UCRP, que no había participado del proyecto azul, llevó al radical Arturo Illia al tope de la fórmula. El 7 de julio de 1963 Illia ganó con el 25,8 por ciento de los votos, frente a 19,2 por ciento en blanco. La discutida legitimidad de su victoria condicionaría su gestión de gobierno.

El internacionalismo guevarista

Para el Che Guevara, el sueño revolucionario no tenía fronteras. La lucha era hasta la victoria o hasta que las balas lo detuvieran. En una revolución, si era verdadera, se triunfaba o se moría. A partir de 1963, Guevara intentó materializar la experiencia cubana en la Argentina. Promovió un foco guerrillero en Salta, como punto de partida de un proyecto continental que se extendería luego a Bolivia, el Perú y la Argentina.

Guevara ya se había convertido en una figura mítica. Era, para muchos, el espejo del "hombre nuevo", ese que surgiría de la sociedad socialista y que en el presente llamaba a transformar el mundo con su lucha, para forjarlo a la medida de sus ideales. Guevara encarnaba al héroe que se autoimponía el sacrificio de su vida personal para volcarla hacia una dimensión colectiva, la liberación de los pueblos explotados. Para Guevara, la voluntad del guerrillero debía ser infatigable. Cada uno de ellos debía asumirse como una unidad de combate de una guerra sistemática y organizada. Lo explicaba: "Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aun dentro de los mismos: atacarlo donde quiera que se encuentre [...]. Entonces su moral irá decayendo". El hombre de enlace entre la experiencia revolucionaria cubana y el foco en Salta fue el periodista Jorge Masetti. Bajo el nombre de guerra de "Comandante Segundo", lideró del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), subordinado a las órdenes del "Comandante Primero", el Che Guevara. Luego de una militancia efímera en la ALN, Masetti, como periodista — trabajaba en Radio el Mundo— había viajado en 1958 a Cuba con la intención de reportear a los rebeldes. Fue el primer periodista que difundió sus voces desde la Sierra Maestra. Allí hizo amistad con el Che Guevara. En conversaciones grabadas, relató por primera vez sus viajes por Latinoamérica, su relación con Fidel Castro, los inicios de la guerrilla en la sierra. En un momento, cuando la Fuerza Aérea cubana sobrevoló el foco insurgente, Guevara y Masetti salieron del campamento donde estaban refugiados y se expusieron a cielo abierto para darle al reportaje el sonido de las ametralladoras como audio de fondo. Masetti también reporteó a Fidel, y emitió las entrevistas y el relato de sus crónicas por Radio Rebelde. Fue escuchado en toda la isla. Al cabo de pocas semanas, por su labor periodística, se convirtió en el segundo argentino más popular de Cuba. Su trabajo también llegó a Radio el Mundo de la Argentina. No sólo se emitieron los reportajes al Che y a Castro: sus fotos con los líderes revolucionarios fueron colocadas en la puerta de la radio. Masetti terminó siendo parte de la revolución. Una vez que la guerrilla triunfó, le delegaron la organización de la agencia de noticias oficial, Prensa Latina, que propagó el ideario cubano hacia distintos países. Pero el apoyo soviético a Fidel Castro y la construcción de una nueva hegemonía política en el poder revolucionario fueron corriendo poco a poco a Masetti del control de la agencia. Masetti representaba la heterodoxia y Cuba necesitaba cuadros propios en los puestos clave. Fueron aportados por el antiguo Partido Comunista Cubano, alineado con la política de Moscú. Su desplazamiento también fue una derrota para Guevara en el esquema del poder revolucionario, y aunque no contara con una estructura orgánica propia, concentró sus esfuerzos en la lucha antiimperialista del Tercer Mundo. Cuba debía ser un foco de inspiración. Le transmitió a Masetti su idea de abrir un frente guerrillero en el norte argentino, en la zona de San Ramón, Nueva Orán, en la selva salteña. Guevara pensaba ponerse al frente de la operación en Salta, pero Fidel Castro lo convenció de que no lo hiciera hasta que el foco contara con una logística desarrollada y segura. Pero viajó a Argelia, junto a Masetti y otros revolucionarios cubanos, para la preparación militar. Antes de que emprendieran el viaje a Sudamérica, el Che les advirtió: "A partir de ahora consideren que están muertos. Aquí la única certeza es la muerte; tal vez algunos sobrevivan, pero consideren que, de ahora en más, viven de prestado".

Hambre, infiltración y fusilamientos en el foco guevarista en salta

En mayo de 1963, el Comandante Segundo ya estaba explorando la frontera entre la Argentina y Bolivia. Lo asistía un grupo de oficiales de inteligencia del ejército cubano, tenía comunicación directa con el Che a través de correspondencia y, aunque el PC boliviano intentaba evitar que sus cuadros se comprometieran con la lucha armada, le ofreció una infraestructura de apoyo para el traslado de hombres y armamentos en la frontera. Los planes insurreccionales de Guevara, con el foco rural como detonante revolucionario —"la chispa que enciende la pradera"—, generaron un estado de tensión constante con las direcciones comunistas latinoamericanas, proclives a la revolución por "vía pacífica". A Segundo lo acompañaban el cubano Hermes Peña, escolta del Che, y los argentinos Federico Méndez, periodista de Prensa Latina, y Ciro Bustos, artista plástico, que había viajado a La Habana atraído por la revolución. Bustos fue a buscar tropa a Córdoba para reforzar el foco del EGP. El origen social y cultural de los reclutados era diferente al del cubano. Hermes acababa de alfabetizarse, mientras que la mayoría de los cordobeses provenía de la clase media universitaria, con militancia en la izquierda no peronista. Su referente era José Aricó, editor de la revista Pasado y Presente, que acababa de escindirse del Partido Comunista local junto con otros intelectuales. Algunos ex miembros de la Federación Juvenil Comunista, ante la convicción de que "el partido no haría la revolución", se incorporarían al monte salteño o realizarían tareas de apoyo al EGP. El establecimiento del foco tuvo un impasse por la victoria del radical Arturo Illia en julio de 1963, pero Segundo saldó la coyuntura con un documento en el que encuadró el proceso electoral como una "trampa del sistema" y le pidió la renuncia. En septiembre de 1963, el EGP ya había ingresado en la Argentina. Entonces no eran más que una docena, pero con las incorporaciones posteriores de cuadros juveniles cordobeses y porteños sumarían casi treinta. El primer objetivo militar que planteó Segundo fue la toma del poblado de Yuto, en Jujuy, prevista para principios de 1964; mientras tanto, seguían explorando el territorio y abriendo a machete los senderos de montaña. Segundo hizo otra intervención testimonial, con una carta dirigida a Guari Apaza, un cacique coya, en la que expresó la comunión de la lucha guerrillera y la del campesinado. "A ustedes los echan de sus tierras, o los obligan a servir en el ingenio y los maltratan, como a nosotros nos echan de las fábricas, o no nos pagan nuestro trabajo o nos encarcelan o todo eso junto." Pero la geografía salteña pronto se reveló como un obstáculo para el desarrollo del EGP. Los aguaceros constantes y el sol impiadoso limitaban la continuidad de la travesía. Divididos en dos columnas, y tras varios meses de marcha, los miembros del EGP apenas pudieron caminar poco más de un centenar de kilómetros. Uno de los guerrilleros, Antonio Paul, que había desertado del PC local, cayó a un precipicio desde cuarenta metros y murió tras horas de agonía a la vera de un río. Bustos casi muere ahogado al intentar cruzar el río Bermejo, y el propio Segundo se hirió la rodilla por una caída en la caminata. A las acechanzas externas —el ataque de los tigres del monte, la intoxicación por frutos venenosos, la vegetación infranqueable, la posible delación de los campesinos con los que intentaban vincularse— se agregaban el hambre, la sed, el cansancio y el desgaste anímico. Las columnas ya no estaban en condición física para enfrentar a los soldados de la Gendarmería que merodeaban en la zona o para tomar Yuto, como habían planeado. La acción guerrillera implicaba un ejercicio de disciplina que excedía las posibilidades de buena parte de la tropa, habituada a las comodidades de la ciudad. Esto provocó fricciones y planteos internos en el grupo. Aun así, Segundo intentó que se cumplieran a rajatabla los códigos de disciplina del EGP. Un guerrillero, "Pupi" (Adolfo Rotblat), de los últimos que se habían incorporado al foco, fue perdiendo fuerzas y retrasándose en la marcha. Su salud se había deteriorado. Cuando llegó al campamento y con las manos en la cabeza acurrucó su cuerpo, Segundo entendió que había que fusilarlo. Pupi faltaba al "compromiso moral de un revolucionario". Cada miembro del EGP, en el momento de su incorporación, había jurado "revolución o muerte" y aceptado "los sacrificios de la lucha que el pueblo te demanda". Para Segundo, Pupi no estaba cumpliendo con ese mandato. Algunos se opusieron, pero la decisión era irreversible. Rotblat fue sometido a un tribunal que resolvió su ejecución en el monte. No fue el único caso. También Bernardo Groswald, "Nardo", fue objeto de un juicio sumario por "faltas reiteradas". Era un empleado bancario, que usaba anteojos y tenía pie plano, y estaba sufriendo la hostilidad de la montaña. En las pausas de la marcha, se alejaba del grupo y se escondía en una cueva. No quería hablar con nadie. Bustos propuso devolverlo a Córdoba, pero Segundo pensaba que su ejecución levantaría la moral del grupo. "Acá se acabó la joda", dijo, y armó un pelotón con tres miembros. Lo fusilaron. Otro de los problemas internos se suscitó con dos miembros del EGP, Víctor Fernández y Alfredo Campos, que en realidad eran dos policías del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA). Habían alegado una militancia en el PC y se habían infiltrado en el foco. En un momento de la escalada en el monte, los policías promovieron un incidente: hirieron a un guerrillero, desarmaron a otros y bajaron a un poblado en busca de los gendarmes para delatar las posiciones del EGP.

A partir de entonces, en marzo de 1964, la Gendarmería no demoró en capturar a seis guerrilleros en un campamento de La Toma. Casi no presentaron resistencia: estaban desnutridos; habían perdido entre veinte y treinta kilos. La falta de provisiones provocaría la muerte de Marcos Szlachter, Diego Magliano, herido de bala por los policías infiltrados, y César Carnevalli. Este último murió extenuado en una hamaca, sin fuerzas para moverse. Su cuerpo fue consumido por los pájaros. Tanto Segundo como Hermes se negaron a abortar la operación y continuaron la travesía en busca de alimentos. Uno de los miembros de la otra columna había caído a un precipicio y ya no tenía fuerzas para subir la montaña para reencontrarse con Segundo. Fueron sorprendidos por la Gendarmería en abril de 1964. Los llevaron al destacamento de Orán. Unos días después, Hermes se topó con un gendarme, lo mató en un enfrentamiento y luego se replegó junto con otro guerrillero, Jorge Guille, en una estancia. Le dio dinero a un capataz para que le brindase protección y silencio y le consiguiese zapatillas y alimentos. Hacia la tarde, la Gendarmería ya lo había localizado y le tendió una redada que terminó con su vida y la de Guille. Según la versión oficial, antes de morir, Hermes mató al capataz con un tiro en la espalda por la supuesta delación. Otra versión indica que fue muerto por las fuerzas de seguridad. Luego de la muerte de Hermes, en abril de 1964, fueron cayendo los contactos urbanos y se inició la búsqueda de Segundo. Todavía permanece desaparecido. Se cree que los gendarmes lo encontraron ya indefenso, lo fusilaron y enterraron en el monte. Los guerrilleros detenidos fueron torturados antes de que se iniciara el proceso judicial. Los obligaron a ponerse encima de las vísceras del cuerpo abierto de Hermes y luego los juzgaron por contrabando de armas, municiones, homicidio y conspiración para la rebelión. La avanzada del EGP, organizada al calor del triunfo de la Revolución Cubana, ya señalaba en forma temprana algunas de las debilidades de los presupuestos guevaristas. La voluntad y el heroísmo no eran suficientes para la empresa revolucionaria, si no se comprendían las particularidades políticas y sociales de la zona de operaciones. Además, para su proyección en la Argentina, la concepción foquista exhibía otras dos carencias: prescindía del potencial de las masas obreras peronistas y elegía la zona rural como territorio de la lucha armada.

Un pasaje temprano de la guerrilla urbana en tiempos de Illia

Por entonces, y a diferencia de la estrategia del foco rural, ya había en el país antecedentes de acciones de guerrilla urbana. Las había realizado el grupo Tacuara, una organización numerosa y disciplinada que, en su origen, fue punto de confluencia de jóvenes de familias tradicionales, nacionalistas, que juraban por la defensa de la cristiandad y la patria frente a la tumba del Darwin Passaponti. Él era su mártir. Militante de ALN, había muerto en un tiroteo frente al diario Crítica en la medianoche del 17 de octubre de 1945. El líder de Tacuara era el ex seminarista Alberto Ezcurra Uriburu, que compartía con sus dirigidos lecturas del falangismo de José Antonio Primo de Rivera y del integrismo católico del padre Julio Meinvielle. Los tacuaras imitaban la estética del fascismo y ciertos rasgos discursivos del nazismo. Deseosos de una revancha a la caída de Berlín, salían a la calle a buscar judíos, liberales y comunistas, y los enfrentaban con cadenas y cachiporras. Sin embargo, la trilogía "Dios, Patria, Familia" resultó ser un universo demasiado hermético, difícil de acomodar en la praxis del conflicto gremial y la tensión política. Con el contacto de obreros peronistas en lucha y la pedagogía insurreccional que recibió en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Tacuara abrió las puertas de su organización a hijos de las clases media y baja peronistas que intervenían por primera vez en política. Ya había más color suburbano que engominado patricio en sus filas, menos interés en lecturas integristas y más ilusión por participar en tareas gremiales. El corpus ideológico original de Tacuara se disgregó con ese bautismo. Se sucedieron las crisis internas, las escisiones, los reagrupamientos. El Movimiento Nueva Argentina (MNA) se integró al peronismo sindical. La Guardia Restauradora Nacionalista (GRN) se mantuvo en un anticapitalismo comunitario, con la guía espiritual de Meinvielle. Otra facción, de izquierda, Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara (MNRT), buscó contactos en sectores gremiales combativos y se alineó junto a Perón y en contra de la "explotación oligárquico-burguesa". El MNRT le agregó a la agitación política las acciones armadas. Pensaban que, si se decidían por la lucha insurreccional urbana, debían dar un salto cuantitativo y cualitativo previo y montar un arsenal. Las armas eran la fascinación de los jóvenes militantes. Hacia 1963, el MNRT, liderado por Joe Baxter y José Luis Nell, inició un "ejercicio de aprendizaje revolucionario" con robos de autos y desarmes a policías y una sucesión de asaltos contra guardias de seguridad. En esta línea, golpearon sobre el Tiro Federal, la fábrica de armas Halcón, en Avellaneda, y también asustaron a la dirigencia política "del sistema", cómplice de la proscripción del peronismo, con bombas caseras. En la planificación y la ejecución de las acciones armadas, el MNRT imitaba a los "anarquistas expropiadores" de Severino Di Giovanni de finales de la década de 1920: organizaba robos a bancos y recaudaba dinero, a mano armada, en las terminales de colectivos. Ninguna de las acciones era reconocida por el MNRT. Parecían robos comunes. La operación que revelaría sus intervenciones sucedió una mañana de agosto de 1963. Un comando del MNRT accedió al estacionamiento del Policlínico Bancario, en el barrio de Caballito, con una ambulancia robada. Simulaban trasladar a un enfermo. En otra parte de la ciudad, un Jaguar rojo seguía a la camioneta IKARenault que trasladaba los sueldos de los empleados del policlínico. La custodiaba sólo un sargento de la Policía Federal. Una vez que la camioneta llegó a destino y abrió sus puertas para bajar la valija con casi cien mil dólares, José Luis Nell saltó de la ambulancia. Un rato después, con dos muertos tendidos en el playón —Víctor Cogo y Alejandro Morel—, se llevarían la valija. Parte de los billetes en moneda argentina robados serían reconocidos por la Interpol en París. A partir de entonces, el MNRT asumiría la autoría del hecho y algunos de sus integrantes serían condenados a prisión. Tacuara como organización no extendería mucho más su recorrido durante la década de 1960, pero muchos de sus militantes se encontrarían en veredas opuestas con el correr de los años: algunos en la Alianza Anticomunista Argentina (AAA); otros, en Montoneros.

Illia, cercado por las tomas de fábrica y la jerarquía sindical

Illia fue fiel a sus compromisos partidarios y a sus promesas electorales. Anuló por decreto los contratos petroleros e indemnizó a las compañías extranjeras, congeló los precios de los medicamentos y también limitó los intereses económicos de los capitales que se establecieron en el país a partir del gobierno de Frondizi. Sin quórum propio, sin apoyo alguno en las Fuerzas Armadas, sin acuerdos con el peronismo ni con la corporación empresaria, Illia sumó otro enemigo de peso: la jerarquía sindical. Se propuso romper el monopolio de las burocracias gremiales —que había concedido Frondizi— con una nueva Ley de Asociaciones Profesionales —sancionada por decreto número 969— que permitía la ampliación de la participación obrera en los sindicatos y limitaba el manejo de fondos económicos.

El decreto disponía que las cuotas de los afiliados no migraran hacia la tesorería de las sedes sindicales nacionales, sino a las seccionales locales. La corporación militar, empresaria y sindical limitaría la supervivencia de Illia en la Casa Rosada. Una campaña de desprestigio, enfatizada por periodistas e intelectuales de pasado azul, asociaría su gobierno con la "lentitud" y la "ineficiencia" y prepararía a la sociedad para un nuevo paradigma: el sistema democrático, los partidos políticos, el electoralismo, eran obstáculos para el desarrollo de una Argentina "moderna, eficiente y con grandeza". Para el logro de semejantes metas, era necesaria la ruptura institucional. Por acción u omisión, el peronismo era el factor que obstruía cualquier fórmula política que lo excluyese. Era un juego imposible. Nadie, todavía, había encontrado la forma de aniquilarlo o "integrarlo" al sistema político. La estrategia de "desperonización" había fracasado. Después de 1955, las Fuerzas Armadas habían probado todo: la prohibición a Perón para volver al país, la proscripción del partido, la represión, la persuasión, la fragmentación. Pero el peronismo se resistía a desaparecer. No tanto por las acciones erráticas de sus dirigentes locales, sometidos a las ambiguas instrucciones de Perón ante cada coyuntura, sino por el peso político de los gremios, su aparato más eficaz y mejor organizado. De sus filas surgiría, en los primeros años sesenta, un liderazgo sin discurso doctrinario ni ideología precisa, pero con talento para la presión y la negociación con el gobierno y con los empresarios. Augusto Timoteo Vandor, ex obrero de Philips y Líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), les hizo saber al poder del Estado y al establishment que todo arreglo con el movimiento justicialista, fuera de orden gremial o político, debían realizarlo con él. Vandor consideraba ilegítimo al gobierno de Illia, no sólo por la proscripción, sino por su intención de acotar el poder a las jerarquías sindicales. Su estrategia frente al radicalismo fue exhibir su fuerza gremial con la ocupación masiva de fábricas, impulsada bajo una serie de reclamos económicos y políticos que incluían la derogación de leyes represivas, la modificación del estatuto de partidos políticos y la participación de trabajadores en la administración de las empresas, entre otros puntos. La dirigencia obrera se presentaba con capacidad de intervenir en el sistema político con metas propias. Esto era una novedad. La metodología de lucha también era diferente. Hasta entonces, la huelga y la movilización callejera de obreros eran habituales en los conflictos, pero la toma de fábricas no.

Las ocupaciones, acompañadas con marchas populares y sabotajes a líneas eléctricas y telefónicas, tenían una dirección sindical centralizada, pero estaban promovidas por una base obrera ligada al peronismo combativo y a la izquierda, opuesta a las jerarquías burocráticas. Vandor utilizaba el "Plan de Lucha" como instrumento de negociación y presión contra el establishment económico y para fortalecer a la burocracia sindical. La masividad de la protesta le permitía, por un lado, crear un clima de caos social que desgastaba al gobierno y resultaba funcional a los grupos económicos concentrados que lo enfrentaban. Por otra parte, Vandor también acumulaba poder interno en el mundo peronista por fuera de las directivas del líder exiliado. Las tomas de fábrica eran organizadas y disciplinadas: las puertas de los establecimientos se cerraban, se cortaban las comunicaciones con el exterior y una barricada bloqueaba el acceso y paralizaba todas las actividades. Propietarios, directivos, técnicos, administrativos y personal de seguridad permanecían como rehenes entre cuatro y seis horas por jornada. La acción judicial y policial —bajo los cargos de usurpación de la propiedad privada y "privación ilegítima de la libertad"— era acatada sin resistencia en la mayoría de los casos, y se producía el desalojo. Muchos obreros fueron detenidos. Según datos de la CGT, cerca de cuatro millones de trabajadores ocuparon once mil establecimientos en sucesivos planes de lucha durante 1963 y 1964.

Vandor domina el peronismo y Perón gira a la izquierda

Para contrarrestar el poder de Vandor y reforzar su propia representación en el ámbito sindical, Perón avaló a las agrupaciones "combativas" que se oponían a la política de "conciliación y diálogo con los explotadores" del vandorismo. Por entonces, desde Madrid, ya había iniciado su "giro a la izquierda" con el apoyo al "Programa de Huerta Grande", formulado en junio de 1962, en el que distintas organizaciones obreras, reunidas en un plenario, rescataron "el carácter antioligárquico del peronismo" y reclamaron la nacionalización de empresas, el control obrero de la producción y la expropiación de tierras. Además, frente a la estrategia de "integración" al sistema político, que, según denunciaba, quería convertir al movimiento "en un partido liberal", Perón amenazó con el retorno de la política insurreccional de los tiempos de la Resistencia y apoyó a una línea semiclandestina, el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). Su mentor era Héctor Villalón, entonces delegado del líder exiliado.

El MRP intentó expresar el potencial revolucionario del peronismo, dispuesto a librar su lucha por la reorganización partidaria y la dirección de la CGT. Perón ya consideraba a Vandor "el enemigo interno" del peronismo. En el ámbito gremial y político, el metalúrgico era infranqueable. Para las elecciones del gremio de la carne, la lista apoyada por Perón resultó tercera, detrás de dos listas vandoristas. Por primera vez, los obreros peronistas desobedecían a su líder en una disputa gremial. En el plano político, Vandor había dirimido con éxito la interna justicialista: a mediados de 1964 derrotó al dirigente textil de la "línea dura", Andrés Framini, a quien antes había respaldado en las elecciones de 1962 para la gobernación bonaerense. Encolumnada bajo el ala del líder, también se presentaba la Juventud Peronista (JP), constituida como tal en 1959 en un bar porteño con la participación de Envar El Kadri, Carlos Caride, Gustavo Rearte, Jorge Rulli y Norma Kennedy; otros grupos, diseminados y sin coordinación entre sí, también se asumían como "JP" y se iniciaban en tareas gremiales e insurreccionales. Algunos de sus miembros habían viajado a Tucumán para sumarse a la guerrilla de los "uturuncos". La JP porteña, por medio de su "brazo armado", el "Ejército Peronista de Liberación Nacional", ya había realizado su bautismo de fuego. En 1960 asaltó la guardia de un sector custodiado por la Aeronáutica, en Ezeiza. Robaron dos ametralladoras PAM. La incursión tendría consecuencias trágicas. Dos años después, en julio de 1962, una patrulla de la brigada policial de San Martín localizó una vivienda a la que concurría Rearte y permaneció sigilosa a la espera de su llegada. La Sección Coordinación Federal, enterada del hecho, también quiso detener a Rearte. Dos sargentos bonaerenses supuestamente confundidos como miembros de la "célula terrorista" fueron ultimados por sus pares federales. Un mes después, la brigada de San Martín fue en busca de Felipe Vallese, obrero metalúrgico de 22 años y amigo de Rearte, que había participado del asalto en Ezeiza. En la noche del 23 de agosto de 1962, Vallese, que se aferró a un árbol y pidió ayuda a los vecinos, fue secuestrado en la intersección de las calles Canalejas y Morelos por un comando dirigido por el comisario Juan Fiorillo. Fue torturado en una subcomisaría de Villa Lynch y nunca más apareció. La denuncia del caso fue impulsada por el periodista Leopoldo Barraza. La desaparición de Vallese marcaría su destino. En septiembre de 1974 sería arrancado de un bar y asesinado por una banda parapolicial de la Triple A, dirigida por Fiorillo.

Perón-Vandor, la lucha por el liderazgo

Hacia 1964, fortalecido por la toma de fábricas, con el control de la CGT y el aparato partidario, Vandor era un peligro real para la conducción política de Perón. En repetidas oportunidades, el General lo había invitado a ponerse al frente del movimiento, pero el sindicalista había rechazado la propuesta. Intuía que el exiliado no buscaba honrarlo sino someterlo a enfrentamientos internos para que su estrella se apagase. Vandor no necesitaba que le confirieran autoridad dentro del movimiento. Podía parar el país cuando lo decidiera y cualquier estamento corporativo estaba obligado a convocarlo para alcanzar un acuerdo gremial o político con el peronismo. Además, en las fábricas contaba con fuerzas de choque que intimidaban y eliminaban a la oposición gremial, y controlaba el dinero de las obras sociales sindicales, con el que podía respaldar cualquier proyecto electoral. Más allá de lo que pudiera determinar Perón con sus directivas, el poder del peronismo fluía hacia Vandor. Su liderazgo era tan hegemónico que comenzó a encariñarse con la idea que le transmitieron políticos, empresarios e incluso la embajada norteamericana: crear un partido político que actuara en la legalidad y sacara al peronismo de la trampa de la exclusión, abandonando a su suerte a su líder en el exilio, pero respetando su historia, sus conquistas sociales y sus banderas. Durante esos años, entre 1962 y 1964, Perón designó delegados, creó nuevos organismos de conducción en la Argentina e impulsó la formación de gremios y agrupaciones combativos con el propósito de reducir el poder de Vandor. Pero, en virtud de que ninguna de las maniobras había alcanzado para correrlo del centro del poder, Perón empezó a transmitir la idea de su inminente retorno: estuvieran o no dadas las condiciones legales, volvería al país en 1964. El fervor popular creció con la novedad. También la intriga. ¿Cómo lo haría? Había una trampa en esa promesa. El peronismo estaba encerrado. Los dirigentes, obligados a disciplinarse ante el líder proscrito, perdían la posibilidad de integrarse en forma plena al sistema político. El aparato político del vandorismo representaba una tentación para resolver el dilema. Vandor quiso saber si el deseo de Perón de volver al país era real o sólo un ardid para seguir siendo el personaje más relevante en la política argentina.

El jefe sindical estaba maniatado: no podía, ni quería, lanzarse a un proyecto político, si luego tendría que enfrentar a Perón en la Argentina. Vandor creyó que la manera más práctica de terminar con su poder era apoyar su hipotético retorno. Se ocupó de romper el misterio. El 17 de octubre de 1964, en un acto en Once, reveló que Perón aterrizaría en un avión de línea. Si Perón todavía tenía un margen de duda sobre la empresa del retorno y los riesgos que asumía, Vandor lo obligaba a no dar marcha atrás. El 1o de diciembre, Perón salió de manera clandestina de su residencia madrileña y cruzó el océano Atlántico, pero su aventura terminó en el aeropuerto de Rio de Janeiro. Los militares brasileños, a pedido del gobierno argentino, lo detuvieron junto a su comitiva y lo reenviaron a España. El General responsabilizó a Vandor por el fracaso del operativo. El líder sindical, pese a su promesa de que las masas saldrían a la calle apenas despegara de Madrid, no había declarado la huelga general. Perón pensaba que el gobierno se vería forzado a aceptar su aterrizaje en Buenos Aires. Soñaba con otro 17 de octubre. Luego del tropiezo del líder exiliado, Vandor mantuvo su poder en el orden local y aprovechó la apertura electoral promovida por Illia para armar sus propias listas para las elecciones legislativas de marzo de 1965. El resultado fue óptimo: el peronismo venció en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y le hizo perder la mayoría al oficialismo. Ya sumaban cincuenta y dos diputados. El discurso del movimiento había perdido el tono insurreccional de la resistencia. Vandor entreveía que, con la guía del poder sindical, el peronismo conformaría una alianza con los factores de poder en la Argentina: las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el capital industrial nacional y extranjero. También, la dirigencia política comenzaba a creer que, sin Perón, el peronismo podía participar de la vida institucional. Frente a las elecciones presidenciales de 1967, el mito del General parecía estrellarse en forma irremediable. Entonces Perón se propuso "cortarle la cabeza a la víbora", como denominó a Vandor. Aunque, escarbando en el interior del movimiento a la búsqueda de dirigentes leales, advirtió que era escaso el material útil para enfrentar al jefe sindical. Perón se decidió a preparar el desembarco de su esposa Isabel en la arena política y organizó su viaje a la Argentina. Quería observar a Vandor en su propio territorio. Isabel llegó en octubre de 1965. En su primea evaluación, consideró que el jefe sindical tenía un poder aun más sólido del que Perón estimaba. Pero si bien Vandor se había posicionado en la cima gremial y política del peronismo, también era cierto que las organizaciones sindicales, con su tracción de votos y dinero, respetaban el liderazgo de Perón como figura omnipresente e invocaban su nombre y su bandera. En alguna medida, Vandor y el líder exiliado se complementaban. Pero la decisión de "aniquilar" al metalúrgico ya había sido tomada desde Madrid. Perón empezó su contraofensiva apuntando al sector político. Destituyó a la Junta Coordinadora que conducía el movimiento, de mayoría vandorista, y la sustituyó por un Comando Delegado. Luego atacó en el flanco gremial. El secretario de la CGT, el textil José Alonso, reunió una cantidad de gremios combativos del MRP y dirigentes de la "línea dura", con los que armó las "62 Organizaciones de Pie Junto a Perón", en oposición al vandorismo. Ese verano de 1966, Perón puso al sindicalismo en estado de crisis. Pero se reservaría para sí el uso de su arma más letal. Era una carta que dirigió a Alonso para que la difundiera. En esta lucha el enemigo principal es Vandor y su trenza, pues a ellos hay que darles con todo y a la cabeza, sin tregua ni cuartel. En política no se puede herir, hay que matar. Un tipo con la pata rota hay que ver el daño que puede hacer. Si es preciso que yo expulse a Vandor por una resolución del Comando Superior lo haré sin titubear, pero es siempre mejor que, tratándose de un dirigente sindical, sean los organismos los que lo ejecuten. Si fuera un dirigente político, no tenga la menor duda que yo ya lo habría liquidado. Esta vez no habrá lástima, no habrá audiencias ni habrá viajes a Madrid ni nada parecido. Deberá haber solución y definitiva, sin consultas, como ustedes lo resuelvan allí. Esa es mi palabra y ustedes saben que Perón Cumple. En marzo de 1966, Perón dio otro golpe sorpresivo. Desafió al peronismo a que se definiera. Apoyó la candidatura de Enrique Corvalán Nanclares, al que no le asignaban muchas posibilidades, para las elecciones de abril de 1966 por la gobernación de Mendoza. Lo hizo después de que Vandor proclamara su adhesión a Alberto Serú García. Isabel intimó a las 62 Organizaciones a que se subordinaran a las instrucciones de Madrid, pero Vandor desoyó los consejos. "Mientras algunos no esperan más que órdenes, nosotros creemos que el peronismo debe actuar sólo como un partido organizado", dijo.

Perón e Isabel se comprometieron con la campaña provincial. Ella fue oradora en actos públicos en Mendoza. Él envió una cinta grabada que se emitió por radio y televisión, pese a las restricciones que lo impedían. Finalmente, aunque ninguna de las dos listas del peronismo pudo superar al viñatero Emilio Jofré, el candidato de Perón reunió ciento dos mil votos, cuarenta mil más de los que juntó el de Vandor. El poder del peronismo migraba otra vez a Madrid. Para el sindicalista, la derrota fue instructiva. Por un lado, archivó la idea de formar un partido de masas sin la intervención del líder justicialista. Vandor comprendió que la vida partidaria no era su ámbito de pertenencia. A partir de entonces, prefirió asociarse al plan golpista contra Illia, que ya estaba en marcha, e impedir que su poder se diluyera en la democracia interna de los gremios y la descentralización de la "caja" económica. En ese aspecto, Vandor creía que contaría con ayuda castrense. La alianza militar-sindical, además, lo ayudaría a mantener su autoridad política dentro del movimiento y bloquear las aspiraciones de Perón.

La revolución de la Argentina autoritaria

Todos los factores de poder estaban interesados en terminar con el gobierno de Illia. Primera Plana y también la revista Confirmado, con la dirección de Jacobo Timmerman, seguían contribuyendo a la "tormenta de ideas" para su destitución. A fines de 1965, Confirmado consideraba que el golpe militar era inevitable y arriesgó una fecha: 1o de julio de 1966. El cálculo fue casi exacto. La idea de la ruptura institucional estaba asociada no sólo a la "inoperancia del gobierno" sino a un "cambio de mentalidad económica" y en la representación política. Los azules ya habían abandonado los combates internos con los colorados, y por medio de sus periodistas e intelectuales "orgánicos" transmitían la idea de que las organizaciones corporativas debían estar por encima del Parlamento y de los partidos políticos, considerados como los responsables de los males del país. Los índices económicos —crecimiento del 8 por ciento en el Producto Bruto Interno, reducción del desempleo, aumento de las exportaciones— no alcanzaban a revertir la imagen de Illia que las Fuerzas Armadas, el capital industrial, los sindicatos y la prensa golpista habían edificado: un presidente vetusto, lejano a la modernidad económica, conduciendo un país con un sistema político —la democracia— ya caduco. La conspiración cívico-militar no solo quería barrer con la "ausencia de autoridad presidencial", sino también con las elecciones presidenciales de 1967, en las que la victoria del peronismo parecía ya inevitable. El gobierno denunció a los medios por instigar la ruptura institucional. Primera Plana consideró la acusación como "un atentado a la libertad de prensa". Ya era tarde para todo. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas invitaron a Illia a retirarse de la Casa Rosada. Ni siquiera fue arrestado. Una junta de comandantes eligió al general Juan Carlos Onganía —que había solicitado el retiro seis meses antes— para colocarlo en la presidencia de la Nación. Onganía, uno de los artífices de la "legalidad azul", rompió con la idea de que el partido militar debía tutelar al poder civil para impedir el retorno del peronismo. Ahora debía sustituir ese poder civil. Onganía gobernó al margen de la vigencia constitucional, con la actividad política clausurada, sin autonomía universitaria (los claustros académicos fueron caracterizados como gérmenes de la "infiltración marxista"), con una Corte Suprema que juró bajo sus estatutos y con gobiernos provinciales designados desde el Poder Ejecutivo. Para la prensa "orgánica" no era un dictador en la acepción tradicional, sino "un funcionario para los tiempos difíciles". Convertidos en un "estado de necesidad", los militares, otra vez, frente a la "declinación de la Nación", estaban obligados a conducir sus destinos. La vida política se congeló. Para el reordenamiento del país, los objetivos fueron trazados en tres etapas, un "tiempo económico", un probable "tiempo social" y un indefinido "tiempo político". Para Perón la pausa fue auspiciosa. Le permitió suspender su duelo con Vandor. Para la jerarquía sindical que había enfrentado a Illia, el golpe de Onganía era una esperanza. En las primeras semanas de su gestión, lograron la derogación del decreto 969. Algunas personerías gremiales fueron restituidas. Incluso los metalúrgicos fueron recibidos en la Casa Rosada, no sólo para la asunción presidencial sino también para la firma de un nuevo convenio laboral, con la presencia de Onganía y su gabinete. Las organizaciones sindicales, a diferencia de los partidos políticos, podían seguir actuando porque eran parte del "quehacer nacional". Vandor seguía confiando en la alianza con los militares y el capital industrial.

La Doctrina de la Seguridad Nacional y el "enemigo interno"

La "Revolución Argentina" institucionalizó la "seguridad nacional" como doctrina de Estado. El concepto traspasaba el plano militar e incidía en los sectores económico, social, educativo y cultural. La doctrina afirmaba que el enemigo no actuaba sólo desde el exterior. Era interno. Esta tesis, ya sustentada por la Escuela Militar Francesa, fue retomada por el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para la defensa de los intereses del hemisferio occidental. A partir del enfrentamiento bélico latente con la Unión Soviética, ya no bastaba reducir el rol de las Fuerzas Armadas a la defensa territorial y la "sumisión" a la Constitución. La Guerra Fría implicaba un nuevo desafío: neutralizar la acción del comunismo y eliminar los indicios de "ideologías exóticas". La sociedad civil fue sometida al control ideológico del poder militar. Por medio de convenios con los Estados Unidos, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue introducida en los Estados latinoamericanos y formó parte de la currícula de las academias militares para impulsar políticas de contrainsurgencia y potenciar la eficacia de los órganos de inteligencia, su equipamiento, su entrenamiento y su educación, y otras acciones para la "guerra psicológica". El "enemigo interno" —podían ser estudiantes, obreros, militantes sociales, intelectuales u otros que se "infiltraban" en diferentes sectores— fue señalado como un peligro para las sociedades latinoamericanas. El sistema democrático y sus valores filosóficos inherentes —estado de derecho, supremacía de la ley y del poder civil, pluralismo político y social, libertad de expresión y de asociación— también representaban un escollo para la correcta aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. El programa de "seguridad" entendía que el terror podía ser útil para neutralizar cualquier intento "subversivo". Por entonces, Francia y los Estados Unidos se disputaban la influencia teórica de la guerra contrarrevolucionaria sobre el Ejército Argentino. Pero, promediando la década de 1960, la línea de acción de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, con la imposición de los pactos regionales de asistencia militar en pos de la defensa "del mundo libre", ya estaba regulada por el Pentágono.

Onganía: la ortodoxia liberal muestra los dientes

Como católico hispano y corporativista, en el estilo del generalísimo Francisco Franco, Onganía regó la planta del Estado con funcionarios del "cursillismo" católico. Los Cursos de Cristiandad, importados de España, se proponían el renacimiento de la comunidad cristiana y la formación de ciudadanos para la contrarrevolución. Las áreas económicas fueron ocupadas por ejecutivos con experiencia de trabajo en holdings nacionales y extranjeros. Onganía revestía su clericalismo de tono medieval y su obsesión por la moralidad con una pretensión de modernidad y eficiencia económica, materia que a pocos meses del desarrollo de su gobierno entraría en crisis. Su primer ministro de Economía, Jorge Salimei, "cursillista", representante del capital nacional, partidario de cierta intervención estatal, empezó a ser acusado de inmovilismo —el mismo cargo que padeció Illia— y fue asediado por el capital industrial y el sector liberal de las Fuerzas Armadas, aliados en una aplicación económica más ortodoxa de la "Revolución Argentina". La tensión entre nacionalismo y liberalismo tuvo efecto en el gabinete. A fines de 1966, para desencanto de los sectores nacionalistas del Ejército, Onganía debió sustituir a Salimei por Adalbert Krieger Vasena, un funcionario de confianza para los grupos económicos extranjeros y que incluso formaba parte del directorio de al menos una docena de ellos. Krieger definió un esquema de "racionalización" para consolidar una nueva estructura productiva en favor del capital industrial concentrado. La burguesía agropecuaria también fue subordinada a este proceso. Las retenciones a las exportaciones de sus productos fueron apropiadas por primera vez por el Estado. Para implementar esta reconversión económica se necesitaba el ajuste de los "patrones de eficiencia". Uno de los requisitos fue eliminar la puja salarial. De este modo, la modernización económica y la represión militar se complementaron: se terminaron las negociaciones colectivas, se congelaron los salarios, se devaluó el peso en un cuarenta por ciento, se aumentaron los precios de los servicios públicos, se cerraron empresas del Estado y se firmaron acuerdos con el FMI. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios se trasladó a las empresas multinacionales, que aceleraron su acumulación de capital. Este proceso fue en desmedro de las pequeñas y medianas industrias nacionales, los comercios y las cooperativas. Disminuyeron su producción o directamente quebraron. El plan afectó en forma inmediata las relaciones laborales. Aun antes de la designación de Krieger, el idilio de la jerarquía sindical con los militares estaba deteriorado. Onganía ya había anulado el derecho de huelga y autorizó despidos sin indemnización si eran causados por protestas gremiales. En octubre de 1966, una huelga portuaria en defensa de derechos laborales provocó la intervención militar en el sindicato. El secretario del gremio, Eustaquio Tolosa, fue detenido durante una asamblea y encarcelado. Permaneció en prisión más de dos años. Con la imposición de la "racionalidad económica", los sectores "menos dinámicos" de la economía —el sector público o las economías regionales subsidiadas por el Estado— marcharon a la quiebra, acompañadas por el autoritarismo represivo. En el sector ferroviario —los trabajadores pasaron a depender del Ministerio de Defensa— hubo despidos masivos. La producción azucarera del Noroeste fue forzada a un programa de retracción, que afectó a cañeros, zafreros y minifundios, y obligó al cierre o la venta de ingenios a compañías de capitales transnacionales. Los gremios fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas. La represión a las protestas y manifestaciones obreras mató a la dirigente sindical Hilda Guerrero de Molina, que organizaba las ollas populares en el ingenio Bella Vista. En menos de un año, por la falta de créditos y la quita de subsidios, el 35 por ciento de los trabajadores azucareros —alrededor de diecisiete mil— perdió su empleo. La desocupación en la provincia trepó al 15 por ciento. En el lapso de tres años, entre 1966 y 1969, una persona de cada cinco migró de Tucumán por la recesión económica. Cuando la CGT de Vandor anunció una huelga general contra las medidas económicas, Onganía le recordó que estaban en dictadura: reimplantó el decreto 969 de Asociaciones Profesionales, prohibió las reuniones públicas y suprimió las personerías de los gremios metalúrgicos, textiles y telefónicos, entre otros. Asfixiado por la represión militar y por los despidos, Vandor quedó sin respuestas. Ya no pudo dialogar, presionar ni negociar con el establishment. Quedó prisionero del poder militar que había apoyado. Su inmovilidad le hizo perder autoridad y credibilidad. La maquinaria del poder gremial que había construido comenzó a ser desafiada desde las bases obreras.

El Che Guevara, construye su mito en Bolivia

Para entonces, en noviembre de 1966, el Che Guevara ya había reimplantado un foco guerrillero en Latinoamérica. Había llegado a La Paz con la identidad supuesta de Adolfo Mena González, uruguayo, enviado por la OEA para estudiar las relaciones económicas y sociales del campo boliviano, y, cuando se instaló en una finca apartada de la quebrada de Ñancahuazú, un monte de selva cruzado por varios ríos en el sur de Bolivia, se convirtió en Ramón. Guevara confiaba en que, a partir de las primeras victorias, campesinos y mineros se sumarían a la guerra de guerrillas para derrocar al gobierno del general René Barrientos. Su objetivo era que la acción se extendiese a otros países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, que, al cabo de unos años, aspiraba a que caminase "en la dirección revolucionaria". Pese a su expectativa inicial, Guevara no logró incorporar al PC boliviano a la estrategia del foco. La cúpula se mantuvo respetuosa del consejo de Moscú de no comprometer al partido en la lucha armada. Los cubanos y bolivianos que componían el grupo de Guevara cavaron cuevas en Ñancahuazú para esconder armas, libros y medicamentos y salieron en distintos grupos a explorar la zona durante dos meses. Los militares tomaron conocimiento de la incursión de los guerrilleros por un carnicero local y dos policías que habían sido reclutados y luego desertaron para informar de sus pasos. Las patrullas militares ya estaban detrás de los guerrilleros, aunque no tenían precisiones de quiénes eran. Tuvieron mayores certezas en marzo de 1967, cuando detectaron sus huellas e hicieron fuego en una zona arbolada. La respuesta de la guerrilla mató a siete soldados; al cabo de un corto combate, los militares se rindieron. Los sobrevivientes fueron hechos prisioneros, interrogados y luego, tras dos días, dejados en libertad por decisión del "Tribunal Superior de Campaña". Pese al éxito parcial, el hecho era preocupante para Guevara. Alteraba sus planes. Había previsto que los primeros enfrentamientos con el Ejército se producirían en el mes de septiembre, y para entonces ya contaría con hombres que llegarían desde la Argentina. Para los militares bolivianos, el combate dio cuenta de la existencia de un foco guerrillero, pero no de la presencia del Che Guevara. Barrientos decretó el estado de emergencia en el sudoeste del país y el Ejército alistó campesinos. Algunos bolivianos reclutados para el foco guerrillero, temerosos del enfrentamiento inevitable, desertaron. El 28 de marzo, Guevara anotó en su diario: "Estamos rodeados por dos mil soldados, aviones y bombas de napalm". En abril, un batallón del Ejército rastrilló Ñancahuazú con la guía de uno de los soldados liberados y detectaron las cuevas donde guardaban armas, libros y medicamentos. No dispararon un solo tiro: divididos en dos grupos, veinticinco a cargo del Che y diecisiete subordinados a Joaquín, el otro jefe, cubano, habían abandonado la posición en direcciones opuestas. Bolivia ya contaba con asistencia militar de los Estados Unidos. El Comando Sur, instalado en Panamá, envió un grupo de Boinas Verdes entrenados en Vietnam, quienes montaron un campamento en una refinería azucarera abandonada para instruir a los soldados bolivianos en contrainsurgencia. Les cambiaron los fusiles Mauser por ametralladoras a repetición y les realzaron la moral y el sentido patriótico. Les hicieron saber que la guerrilla era un "ejército invasor". A los campesinos les explicaron que los extranjeros venían a robarles las tierras. Ese mismo mes de abril, el Ejército volvió a enfrentarse con la guerrilla. Joaquín, acompañado por Tania, una germano-argentina que había oficiado de espía en Bolivia para el asentamiento del foco, atacó una guarnición militar en El Mezón. No hubo bajas en ninguno de los bandos. El 11 de abril, Guevara emboscó un destacamento de quince soldados, que provocó bajas en el Ejército; volvieron a liberar a los detenidos. Para entonces, los expedicionarios ya sentían el rigor de la selva. El francés Regis Debray, de 26 años, profesor de Filosofía —que tenía muy buenas condiciones como intelectual pero no como guerrillero, según anotó Guevara en su diario—, pidió ser excluido de la travesía. A mediados de abril, el Che autorizó a Debray a que volviera a París. Le pidió que antes de partir restableciese el contacto urbano con un enviado de Fidel Castro. Debray fue acompañado por Ciro Bustos, que había sobrevivido a la experiencia del EGP de 1964 en Salta. Portaban un manifiesto de Guevara al pueblo boliviano. Ambos fueron detenidos en un poblado una semana después. El Che no solo perdió comunicación con Cuba y la Argentina (donde Bustos se ocuparía de reclutar guerrilleros): los militares se enteraron de que Guevara estaba en tierra boliviana. Debray fue enjuiciado y condenado a treinta años de prisión. La presión francesa le permitirá obtener el indulto en 1970. La reaparición de Guevara fue una novedad valiosa para la CIA. Desde marzo de 1965 no se tenían noticias de él. Diferentes versiones indicaban que Fidel Castro lo había asesinado, que se había suicidado, que había desertado de la revolución, que trabajaba con los independentistas vascos o se había sumado a la guerra vietnamita contra los Estados Unidos. El secreto fue conocido años más tarde: Guevara había liderado un grupo de combatientes cubanos que participaba en la guerra de liberación del Congo belga, en África. En tanto, en la selva continuaron los choques esporádicos entre guerrilleros y soldados, con bajas para ambos. Mientras la aviación comenzaba a bombardear, Guevara sentía cada vez más la soledad política en su discurso al campesinado. "Son tan impenetrables como las rocas. Cuando uno les habla, parece que en el fondo de sus ojos se están burlando de uno", escribió.

El único campesino boliviano, incorporado en reemplazo de Debray para hacer contacto con el enlace cubano Iván, también fue detenido. Como consecuencia de la captura, los militares ya tenían la posición de Guevara: a doscientos cincuenta kilómetros de su asentamiento original, en la selva. Los agentes de la CIA en Bolivia implementaron una serie de trabajos de inteligencia: infiltraron militares que simulaban ser campesinos; colocaron latas con sogas en los sembrados para que sonaran al paso de la columna guerrillera. También observaron el modo en que se abría la senda con el machete: el corte cubano era de abajo hacia arriba; los bolivianos lo hacían al revés. La información colectada les permitió seguir la senda del Che. Una decisión clave fue la confiscación en la zona de todos los medicamentos contra el asma, enfermedad que padecía Guevara. Varias veces sus subordinados bajaron a poblados sin hallar nada. La salud física y moral del pelotón se deterioró. Hacia agosto de 1967, la retaguardia guerrillera de Joaquín, que buscaba reencontrarse con la columna de Guevara, libró combates esporádicos contra el Ejército con resultados favorables. Sin embargo, un campesino, al que habían recurrido para comprarle un cerdo, los delató al Ejército. Mientras esperaban la llegada de los guerrilleros por segunda vez, que iban para comprar una vaca y luego faenarla, los militares bolivianos planificaron la operación: la retaguardia fue emboscada cuando cruzaban el río Grande. Hubo siete muertos. Entre ellos estaba Tania. Otros dos fueron detenidos y fusilados. El Che debía marchar hacia la casa del campesino ese mismo día para un probable encuentro con la columna de retaguardia. Se enteró de la caída del grupo por un pequeño transmisor. "Esta es una pérdida irreparable", escribió. Dos años después, el campesino Honorato Rojas, que los había delatado, fue ajusticiado por un comando. A partir de la caída de la retaguardia, la columna del Che empezó a ser perseguida por miles de rangers ya entrenados por los Boinas Verdes y la CIA. En un combate, fue herido en un pie. Se trasladaba siempre con una yegua. Un guerrillero que intentó ir a buscar medicinas a una cueva donde las habían guardado fue detenido. La columna estuvo seis días sin agua, bebiendo de sus orines, con diarreas y desmayos. Guevara perdió las botas en el cruce de un río y ató a sus pies cueros y trapos. La travesía continuó. El 22 de septiembre advirtieron su presencia en La Higuera. Los emboscaron. Hubo cinco muertos. El Che decidió esconderse en una cañada, en la ladera de la Quebrada de Yuro. La columna estaba cercada: los rangers habían armado varios anillos de seguridad. Los militares los rastreaban, los guerrilleros escuchaban sus voces a pocos metros. El Che mandó a explorar zonas para romper el cerco de seguridad y poder escapar. Pero los militares habían bloqueado las salidas de las cañadas. La movilidad ya era casi imposible. En una noche de caminata apenas pudieron desandar un kilómetro y medio. La tropa estaba agotada. Una campesina que llevaba a pastar a sus chivos los encontró en el cañón. "Le dimos cincuenta pesos y le pedimos que no hable. Pero no me hago muchas ilusiones", escribió Guevara. Su predicción fue acertada: el dato llegó al Ejército. Les tiraron con morteros para sacarlos de su madriguera. Fue un combate de siete horas. El Che, herido en la pantorrilla, con la boina atravesada por una bala y un fusil inutilizado por un impacto, fue intimado a rendirse por dos soldados, cara a cara. "Soy el Che, y valgo más para ustedes vivo que muerto", dijo. Fue hecho prisionero y permaneció un día en el aula de una escuela rural en La Higuera. Al día siguiente, el 8 de octubre de 1967, fue fusilado. Los ojos abiertos de su cadáver, puesto sobre una mesa, iluminarían los primeros pasos de la militancia guerrillera que se gestaba en la Argentina.

Bibliografía

Badiou, Alain, El siglo, Buenos Aires, Manantial, 2005. Bufano, Sergio y Rot, Gabriel, "Entrevista a Héctor Jouvé, miembro del EGP", en revista Lucha Armada, N° 2, 2005. Caraballo, Liliana; Charlier, Noemí y Garulli, Liliana, Documentos de historia argentina (1955-1976), Buenos aires, Eudeba, 1998. Cullen, Rafael, Clase obrera, lucha armada, peronismos, volumen I: Génesis, desarrollo y crisis del peronismo original, La Plata, De la Campana, 2009. De Riz, Liliana, La política en suspenso, 1966/1976, Buenos Aires, Paidós, 2000. Duhalde, Eduardo L. y Pérez, Eduardo M., De Taco Ralo a la alternativa independiente, Tomo I: Las FAR, La Plata, De la Campana, 2002. Floria, Carlos y García Belsunce, César, La argentina política. Una Nación puesta a prueba, Buenos Aires, El Ateneo, 2005. Gambini, Hugo, El Che Guevara. La biografía, Buenos Aires, Planeta, 2000. García, Prudencio, El drama de la autonomía militar, Buenos Aires, Alianza, 1995. García Lupo, Rogelio, La rebelión de los generales, Buenos Aires, Jamcana, 1963. O'Donnell, Guillermo, 1966-1973. El Estado burocrático autoritario, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982. O'Donnell, Pacho, Che. La vida por un mundo mejor, Buenos Aires, Plaza & Janés, 2003. Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo L., Felipe Valiese. Proceso al sistema. A 40 años, lectura del crimen, Buenos Aires, Punto Crítico, 2002. Rot, Gabriel, Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia de Jorge Masetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000. Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina. 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982. Sivak, Martín, El Doctor. Biografía no autorizada de Mariano Grondona, Buenos Aires, Aguilar, 2005.

Capítulo 8 Guerrilla

EN cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Che Guevara, "Mensaje a los pueblos del mundo" (1967)

El Che Guevara fue fusilado un día antes del cumpleaños 73 de Perón. Ese día, desde Madrid, el General escribió: Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el Comandante Ernesto "Che" Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor: un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó, le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir.

La muerte de Guevara no representaba el final de una época. Era un llamado a su continuidad. La formación de grupos guerrilleros se había intensificado después del golpe de Estado en la Argentina. El saludo de Perón a los "nuevos tiempos" no había sido lanzado al azar. La guerrilla estaba destinada a convertirse en un nuevo actor en el escenario latinoamericano y argentino que impugnaba la hegemonía de los Estados Unidos en el continente y el poder militar en el país. Ya había pasado más de una década del inicio de la resistencia civil del peronismo. Habían pasado los intentos "foquistas" de 1959 y 1962, las acciones urbanas del MNRT. Había pasado el Che Guevara. En su conjunto, hasta entonces, las acciones se habían caracterizado por su falta de coordinación y su escasa capacidad operativa y logística, con preeminencia por el foco rural, y no habían contado con una adhesión social relevante, que condujera a los dirigentes a ser "la vanguardia armada del pueblo", como predecía el Che. A partir de 1966, la lucha armada, dispuesta a enfrentar a la dictadura militar en su propio terreno —el de las armas—, iría ampliando su proyección de popularidad, de la que hasta entonces carecía. Pero además de las experiencias fallidas de la teoría del foco rural, las nuevas organizaciones clandestinas recogieron —incluso algunos de sus integrantes habían sido partícipes— las prácticas de boicots y sabotajes de la resistencia peronista. El peronismo fue eje de debate permanente para la guerrilla en gestación. Perón también. Buena parte de la izquierda revolucionaria lo excluía como eje de un proceso de transformación social porque formaba parte de la "facción de la burguesía". Esta caracterización, como el rol que debería ocupar Perón en el nuevo proceso y la definición ideológica del peronismo, fueron obstáculos permanentes para la fusión entre grupos de la guerrilla marxista y aquellos que seguían reivindicando su paternidad en la formación del movimiento nacional y popular a partir de 1945. La izquierda también tenía sus disidencias internas frente a la lucha armada. El Partido Comunista, por ejemplo, había apoyado la Revolución Cubana, pero había evitado el efecto de contagio entre sus militantes. Aunque la tentación de lanzarse a las armas permaneció en el imaginario comunista. En 1964, una célula del PC realizó en Icho Cruz, Córdoba, un campamento de instrucción armada "preparatorio" que alternaban con lecturas de lucha militar. Siete comunistas con ametralladoras y explosivos cayeron en la redada policial. También se enviaron cuadros a Cuba, Unión Soviética y Hungría para ser formados en el manejo de armas largas y conducción de pelotones. Otro motivo clave para la discusión era la estrategia revolucionaria. ¿Cómo debía realizarse la revolución? La influencia cubana, sobre todo su victoria, puso sobre la mesa la necesidad del "foquismo". ¿Pero el proletariado rural argentino podía ser el detonante revolucionario? ¿El "foco" podría desarrollarse en las particularidades locales, teniendo en cuenta la estructura social y económica argentina? ¿Se debía prescindir de la clase obrera peronista, de la dinámica real de la lucha de clases que promovía el marxismo? Los críticos del guevarismo sostenían que al centrar al campesinado como sujeto revolucionario, el Che había obliterado la importancia de las acciones armadas de los comandos urbanos del Movimiento 26 de Julio cubano. Para esta línea crítica, el "foco" era también un rasgo del elitismo aventurero, y también desesperado, de la pequeño burguesía. En este período de formación y maduración y de discusiones teóricas, las organizaciones guerrilleras comenzaron a desarrollar estrategias revolucionarias: • la teoría del "foco rural", aplicada por las columnas de Guevara en Cuba y en Bolivia. • las acciones urbanas, es decir operaciones de comando, sobre un determinado enemigo. También, las organizaciones guerrilleras planteaban el complemento de las acciones del "sujeto rural" y del proletario urbano. Al principio, para sublimar las diferencias teóricas y la tensión organizativa, prevaleció la necesidad de conformar una infraestructura y acumular dinero y armamentos, antes que alcanzar una identidad política y una metodología de la acción. objetivo, que desarticularan moral y políticamente.

Los dilemas de la teoría guerrillera

Por estos debates teóricos e ideológicos atravesaron las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El grupo se había ido conformando a partir de 1966, con el liderazgo de Envar El Kadri, Néstor Verdinelli y Amanda Peralta, y militantes que provenían de Uturuncos, la Acción Revolucionaria Peronista (ARP) de John Cooke, el MRP, la JP, el MNRT y también, como en el caso de Peralta, de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN), el grupo de trotskistas y peronistas combativos liderado por el "Vasco" Ángel Bengoechea, dueño de un sino trágico en los orígenes de la guerrilla. (En julio de 1964, cuando preparaba la instalación de un foco guevarista en Tucumán, como la "segunda opción" del Comandante Segundo en Salta, una explosión accidental durante la preparación de granadas destruyó el departamento que habían alquilado en la calle Posadas 1168. La mayor parte de la cara interna del edificio de siete pisos se destruyó. La detonación mató a Bengoechea, a cuatro militantes y a cuatro miembros de una familia egipcia que vivía en el departamento vecino). Hacia abril de 1968, las FAP ya tenían un perfil ideológico más o menos definido. Recogían el legado del peronismo de la resistencia, las luchas obreras y las experiencias guerrilleras de Latinoamérica y el Tercer Mundo, y justificaban la lucha armada para acceder a una sociedad más justa. En su enfrentamiento con las burocracias sindicales, la clase trabajadora era objeto de cierta idealización. Todas las fuerzas que escapaban a estos valores ideológicos y morales eran enemigas de las FAP. El hecho de que, por ese tiempo, las FAP tuviesen dos comandos de acción, uno "urbano" y otro "rural", hizo que, en la práctica, se tratase de dos tipos de organizaciones paralelas, con prácticas diferentes entre sí y un vasto nivel de autonomía para la acción.

Taco Ralo, el foco tucumano

Luego de asaltar bancos en el conurbano bonaerense y una guardia en Campo de Mayo —para solventar el desplazamiento y la logística—, los "ruralistas" decidieron instalar un campamento en Taco Ralo, en el sur de la provincia de Tucumán. La decisión pareció apresurada para quienes creían que la violencia necesitaba un mayor ejercicio de adaptación y preferían continuar con "acciones pequeñas" en las ciudades; acciones "limpias", sin enfrentamientos, que ayudaran al proceso de "engorde" de la organización: acumulación de experiencia, armas e infraestructura. Cuando se decidió la excursión a Tucumán, un grupo "urbano" prefirió escindirse de las FAP.

En Taco Ralo compraron un lote con vegetación baja. Estaban prácticamente solos. El caserío más cercano quedaba a veinte kilómetros. El plan fue instalar un campamento, entrenar durante un mes y luego largarse al monte. Pensaban que en dos meses ya estarían en condiciones de hacer la presentación pública de las FAP: tomar un destacamento policial. El día elegido funcionaría como la revelación de su identidad política: el 17 de octubre. En total fueron catorce los que viajaron —trece hombres y Amanda Peralta—, acamparon, exploraron la zona en marchas de reconocimiento e hicieron práctica armada. Pero la experiencia "foquista" terminó en forma rápida por la infidencia de un baqueano que dio cuenta a la autoridad de las caminatas nocturnas de los forasteros. El grupo fue descubierto, desarmado, en la madrugada del 19 de septiembre de 1968 por la Gendarmería, que ya había realizado vuelos de reconocimiento. Pensaban que eran contrabandistas. A partir del temprano fracaso del "foco", las FAP se lanzaron a la fase urbana. Firmarían la primera operación militar un año más tarde, en 1969, también el 17 de octubre, con la toma de un puesto policial en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

Las organizaciones político-militares y la guerra revolucionaria

Otra organización guerrillera originada en los años sesenta, que asumiría la lucha armada como parte de la estrategia de toma del poder, fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El PRT fue resultado de la fusión de dos grupos. El Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP), creado por los hermanos Santucho en Santiago del Estero, con trabajo político sobre universitarios, maestros, jornaleros, y una ideología que asumía la Revolución Cubana y recogía la visión del pasado histórico articulando un indoamericanismo tomado del peruano Raúl Haya de la Torre, con un revisionismo formulado por pensadores como Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui. En 1963, el FRIP tomó contacto con Palabra Obrera (PO), una organización trotskista liderada por Nahuel Moreno, insertada discretamente en la comunidad universitaria y en el ámbito obrero-industrial de algunos centros urbanos. Aunque ambas organizaciones tenían dos concepciones diferentes —Moreno pensaba en un partido de origen sindical, el FRIP tenía la mente puesta en el proletariado rural—, de esa confluencia emergió el PRT.

El PRT tuvo una experiencia en las elecciones legislativas de 1965 en Tucumán, donde presentó candidatos obreros, elegidos en asambleas de ingenios azucareros, con un planteo "obrerista" y "clasista", que luego se integraron a la lista electoral de la agrupación "neoperonista" Acción Provinciana. La performance tuvo respuesta popular: de los ocho legisladores provinciales escogidos, dos eran del PRT. Pero la coyuntura electoral que acababa de rehabilitar Illia no dispondría de un largo camino. El golpe militar de 1966 frustró las expectativas parlamentarias del PRT. Dos años más tarde, en enero de 1968, la organización liderada por Roberto Santucho caracterizó el proceso revolucionario de la Argentina como una guerra. Con la mirada puesta en las experiencias de China y de Vietnam, el líder perretista tomó el modelo de "guerra popular prolongada" y entendió la necesidad de formar un ejército. Santucho insistía en que sólo un ejército que se templara en "mil batallas", que fuera "de lo pequeño a lo grande", hasta alcanzar la dimensión de un ejército regular, podía garantizar el triunfo final. Santucho buscaba acciones guerrilleras con contenido político, sea en el campo o la ciudad; "propaganda armada", que acompañara la lucha de los trabajadores en los ingenios y les permitiera continuar su inserción con las masas. Pero el sector de Moreno, crítico desde el inicio inmediato de la lucha armada, fue expresando sus disidencias a inicios de 1968 y se refugió en la fracción PRT-La Verdad, con su regional del Gran Buenos Aires. Según Santucho, "Moreno no tenía una estrategia de poder". De modo que las regionales Norte y Litoral, mayoritarias en la dirección del PRT, continuaron con la línea de Santucho, que entendía a la lucha armada como el único camino hacia "el poder obrero y socialista", e iría abandonando el trotskismo. En el PRT no existió una "desviación militarista". Ya desde aquel documento partidario de 1968 entendieron que el camino a recorrer era la guerra revolucionaria.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) también fueron parte del proceso de lucha armada en la década de 1960. La organización se gestó con la suma de distintos integrantes de la izquierda, no relacionados con el peronismo. La mayoría de ellos provenía de grupos de estudios, con abundante formación teórica, categorías de análisis, e ideas-fuerza, que pensaba cómo capitalizar todo ese equipaje como vehículo concreto para la transformación revolucionaria de la sociedad. Eran básicamente disidentes. Disidentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del grupo Praxis-Mir de Silvio Frondizi y de grupos armados. Disidentes que habían sido iluminados por la Revolución Cubana y el Che Guevara, pero que ahora, entre 1966 y 1967, en su intento de posicionarse frente a las masas, en el contexto de la "tipicidad argentina" para construir con ellas una nueva identidad política, un "tercer movimiento histórico", actuaban en medio de las tinieblas. Durante esos años, la discusión sobre marxismo y peronismo, el rol de Perón y la burguesía nacional en un proceso de liberación, la relación con otras organizaciones clandestinas, guió, célula por célula, las discusiones teóricas de las proto-FAR. Uno de sus fundadores del grupo fue Carlos Olmedo, hijo de paraguayos. Había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y rompió con el PC local y marchó a Cuba en 1967 para realizar entrenamiento militar. Se había comprometido a instalar un foco guerrillero en Salta que oficiara de auxilio al de Guevara en Bolivia. Pero la caída del Che abortó el proyecto de "continentalizar" la revolución. Ese año, Olmedo trabajó como ejecutivo de la empresa Gillette y fue destacado como uno de los "jóvenes sobresalientes" del país, escogido desde el ámbito empresario. En esa condición, al año siguiente, sería invitado de Mirtha Legrand en su programa televisivo de almuerzos. También eran miembros del grupo, que sólo se constituiría como FAR en 1970, Roberto Quieto (Buenos aires, ex PC), Marcos Osatinsky (Córdoba, ex PC), Julio Roque y Arturo Lewinger (ex Praxis). Por entonces, ya realizaban acciones de "expropiación" y otras de "propaganda". El robo a una joyería en la calle Libertad, revestido como delito común, o unas bombas incendiarias en la Sociedad Rural, fueron las primeras acciones para dotarse de una infraestructura en esta etapa formativa, aunque todavía estaban lejos de tener una continuidad operativa y salir a la luz pública como organización político-militar. También entre las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) una organización político-militar marxista compuesta por varios grupos autónomos, subordinados a una dirección colegiada, pero sin contactos con otras organizaciones por temor a la infiltración, estaban en pleno ejercicio las operaciones armadas. En su larga cadena de golpes, produjeron el robo de ametralladoras y pistolas 11.25 de la Sala de Armas del Instituto Geográfico Militar —sobre la avenida Santa Fe, en el lejano 1962—, o el saqueo total del tesoro del Banco Popular de Liniers, o un método de estafas bancarias con chequeras, hasta que, en abril de 1969, el frustrado intento de copar Campo de Mayo con un camión y robar 1.700 fusiles FAL permitió a la inteligencia militar —por la compra de las cubiertas del vehículo operativo en una gomería— detectar a los miembros de una de sus células. A partir de 1968, tanto las FAP como el PRT, las FAR y otros grupos guerrilleros irán consolidando una conducción estratégica, con estructuras regionales subordinadas. La acción militar se desplazará hacia el espacio urbano, donde estaban asentadas las masas obreras, con un mayor despliegue operativo. La "teoría del foco rural" irá quedando relegada. La derrota en Bolivia será tomada como una lección militar. El Che, sobre todo la moral del "hombre nuevo", se consolidará como un mito para los iniciados de la guerrilla.

El cristianismo revolucionario

El debate sobre la legitimidad de la violencia revolucionaria también atravesó al cristianismo. Muchos sectores católicos se radicalizaron en forma simultánea a la formación de las organizaciones guerrilleras. Esta nueva orientación había comenzado con el "diálogo" entre Cristo y Marx, a principios de la década de 1960, en la que buscaban puntos en común entre "lucha de clases" y una nueva lectura de los "textos sagrados", pero en clave política. Si el cristianismo podía ser interpretado como una teoría revolucionaria —y se convertía en un "marxismo secularizado"—, la opción de los jóvenes católicos argentinos y latinoamericanos debía ser la liberación de los pobres. Piedra angular de este proceso fue el obispo brasileño Hélder Câmara, que en agosto de 1967 difundió un manifiesto en el que relacionaba la pobreza con la explotación de las empresas multinacionales, que actuaban en países del Tercer Mundo con el aval de los industrializados, y al cristianismo con el socialismo. Ese compromiso con los pobres condujo a un viraje filosófico e ideológico. Para ciertos sectores de la Iglesia, no se trataba solo de administrar la liberación del pecado sino también de liberar a la sociedad de las injusticias y la miseria; tomar ese compromiso como un servicio a Dios. La nueva misión de los cristianos era también una misión política. A partir del desarrollo de Concilio Vaticano II (1962-1965), estas ideas comenzaron a circular en el ámbito católico, pese a la resistencia de las jerarquías eclesiásticas locales que, según los sacerdotes más jóvenes, estaban "ausentes", en estado de aislamiento, respecto de la sociedad, y sólo interesadas en relacionarse con el poder político y económico. La difusión del manifiesto de Câmara —firmado por otros dieciocho obispos de cinco continentes— repercutió en la Argentina. Más de doscientos sacerdotes adhirieron al documento y se organizarían en torno al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). Todas las visiones canónicas fueron puestas en discusión: la violencia revolucionaria, la ayuda social, la vida sacerdotal, el celibato, la misión de la Iglesia. Siempre dentro del ámbito de la Iglesia, pero claramente diferenciada a ella, el MSTM le reclamaría a la jerarquía episcopal su identificación económica con los ricos y su relación política con los opresores. "Nos duele porque la sentimos en la carne y en la sangre de todos los pobres, de los indefensos, de los sumergidos que —a pesar del dolor y el escándalo que les causa la jerarquía— se aferran todavía con esperanza a la liberación anunciada por el Evangelio y se incorporan decididamente a la lucha revolucionaria —en la que quisieran ver comprometida también a su Iglesia— para realizar en este mundo la felicidad de los que tienen hambre y de los que tienen sed de justicia". Los sacerdotes del MSTM comenzaron a presentarse en villas de emergencia y barrios marginales, junto a los universitarios, la militancia de izquierda y sectores obreros, para organizar la ayuda social y enfrentar la carencia y la pobreza. De este modo, fueron descubriendo que la ayuda no alcanzaba. Era el propio sistema el que engendraba la miseria. Si era necesario un cambio para una nueva sociedad, había que construir una nueva estructura. No bastaba sólo con la fe. Esto suponía también alzar el embrión de un proyecto revolucionario desde los grupos diocesanos. ¿Pero la violencia del sistema se podía enfrentar con la violencia de las armas? ¿Una nueva violencia, que señalara la injusticia de una sociedad, podía terminar con la violencia de cada día? En ese sentido, los cristianos ya tenían un mártir latinoamericano que había elegido el camino de la lucha armada como una fórmula para dar amor al prójimo. Camilo Torres, sacerdote y sociólogo, integrante del Ejército de Liberación Nacional colombiano, había caído en combate. En agosto de 1968, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) reunido en Medellín con ciento cincuenta obispos, avaló el compromiso de los sacerdotes con los pobres y a favor de la justicia, admitió que la Iglesia había sido cómplice de los opresores y pidió que no se confundiera "la violencia estructural y represiva injusta con la justa violencia de los oprimidos". El CELAM dejaba abierta la posibilidad de recurrir a la violencia contra el sistema. En su mensaje de Navidad de 1968, el MSTM denunciaría los abusos de los poderosos y las "injustas consecuencias de las desigualdades" que pesaban sobre los débiles.

La CGT de los argentinos y la caída del vandorismo

En el plano sindical, la burocracia peronista no lograba dar una respuesta frente a las consecuencias de la "racionalidad económica". Las protestas empezaron a organizarse por fuera de las direcciones nacionales, desde las bases, por medio de las comisiones internas y los cuerpos de delegados. El precio a la del línea activismo era alto: se pagaba con despidos y persecuciones. Frente "participacionista", liderada por Rogelio Coria (Construcción), Juan José Taccone (Luz y Fuerza) y José Alonso (Vestido), que buscaba reducir al mínimo la presión sobre el régimen militar y colaborar con su proyecto corporativo, y a la pérdida de rumbo en la que estaba sumergido el vandorismo luego del fracaso del "Plan de Lucha" de 1967, el clasismo obrero fue echando raíces en los cordones industriales de los centros urbanos. La fractura en el sindicalismo se consumó en marzo de 1968, en el congreso de la central obrera. Los vandoristas y los "participacionistas" intentaron restringir la participación de los gremios combativos, aduciendo que estaban intervenidos por el gobierno. El congreso se realizó de todos modos y la CGT —desde entonces CGT de los Argentinos (CGTA)— eligió al dirigente gráfico Raimundo Ongaro como secretario general. La línea burocrática —las 62 Organizaciones Peronistas de Vandor, Alonso y Coria— permaneció en la CGT Azopardo, intentando recuperar canales de diálogo con el oficialismo para eventuales transacciones. Luego de dos años de desmovilización y aislamiento del movimiento obrero, la CGTA fue una nueva opción de organización gremial. Reunió a dirigentes del "peronismo duro" y gremios radicales, comunistas, trotskistas y otras variantes de izquierda. El peso específico de la CGTA estaba asentado en el interior del país. Sus líderes más significativos, aparte de Ongaro, eran Julio Guillán (Telefónicos) y Agustín Tosco (Luz y Fuerza-Córdoba).

El 1o de mayo de 1968, la CGTA dio a luz su declaración de principios, con una convocatoria amplia a actores políticos y sociales —estudiantes, sectores medios, cristianos, independientes, grupos de izquierda—. Los unía el combate contra "el hambre, los monopolios y el imperialismo". La CGTA recogía la esencia de los encuentros gremiales del peronismo de la resistencia (La Falda, 1957) y del peronismo que giraba a la izquierda con el guiño de Perón (Huerta Grande, 1962), y cuestionaba "todas las formas" de capitalismo. El programa reclamaba, entre otros puntos, la intervención de los trabajadores en la producción y en la administración de las empresas, y la nacionalización de los sectores básicos de la economía —el comercio exterior, los bancos, el petróleo—, y otro tipo de demandas formuladas con un tono discursivo peronista nacionalista y revolucionario; también hacía mención, por primera vez, a la construcción de una "patria socialista". La CGTA daba cuenta del pasado y presente de la clase obrera: "Nos pidieron que aguantáramos un invierno; hemos aguantado diez. Nos exigen que racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos [...] La clase obrera vive su hora más amarga. Convenios suprimidos, derecho de huelga anulado, gremios intervenidos, El conquistas pisoteadas, de la clase personerías obrera va suspendidas, salarios congelados. Aplastamiento acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales [...] nada nos habrá de detener, ni la cárcel, ni la muerte. Porque no se puede encarcelar ni matar a todo el pueblo". Las tendencias revolucionarias del peronismo empezaron a guiar la nueva central sindical y la conflictividad gremial tomó mayor impulso. Se apoyó la huelga portuaria, el conflicto de los petroleros de Ensenada, a los trabajadores de la zafra azucarera tucumana (FOTIA). La respuesta de la dictadura de Onganía fue la persecución: dirigentes encarcelados y en algunos casos torturados. Pero el conflicto no estaba focalizado solo en el sector obrero. Ese año 1969, la "paz social" predicada con autoritarismo por el "onganiato" inició su proceso de derrumbe. Todos los sectores civiles afectados por la transformación corporativa-católica (en lo institucional y cultural), y liberal-ortodoxa (en lo económico y social) se unificaron. La rebelión estallaría hacia el mes de mayo en distintas provincias. Fundamentalmente en Córdoba.

La izquierda clasista en Córdoba, la vanguardia social

Las manifestaciones previas al "Cordobazo" se iniciaron en la provincia de Corrientes por el aumento del ticket del comedor universitario. Los estudiantes se oponían a la privatización, dispuesta para reducir el presupuesto público. Comenzaron los paros, la CGTA ofreció una "olla popular" para mantener el comedor estudiantil y la policía reprimió las manifestaciones. El 15 de mayo de 1969, un estudiante de Medicina, Juan José Cabral, fue muerto por la represión policial. Esta muerte disparó paros y movilizaciones en otros centros urbanos. Los conflictos laborales se tensaron. El clima de desobediencia civil contra el poder militar ya estaba instalado, pero fue variando el eje de la rebelión. Si hasta entonces la resistencia a Onganía se había instalado en el eje semirrural, con la lucha de los trabajadores de los ingenios del norte, ahora se asentaba en la ciudad de Córdoba y en los centros urbanos del Litoral. En la provincia mediterránea había un actor nuevo. El proletariado afincado en las automotrices, que hacían girar la producción industrial local. Los trabajadores ocuparon la escena política y lideraron el descontento. Córdoba era un "caso testigo" de la dirigencia sindical "clasista", de "nueva izquierda", el "sindicalismo de liberación", como se lo denominó. Como los teólogos tercermundistas, impugnaban la polarización entre riqueza y miseria que producía el capitalismo.

El clasismo asentaba su poder en la democracia interna, con el respeto a las decisiones de asamblea de las bases, atento a sus demandas salariales y a impedir los cambios de ritmo en la producción y la reducción de costos laborales. Este modelo de transformación política, organizada al margen de los patrones y el Estado, rompía con el del sindicalismo tradicional, que fue siendo desalojado de las conducciones gremiales. Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, uno de los líderes clasistas, que no pertenecía a ningún partido político pero estaba cercano al comunismo, impugnaba las gestiones burocráticas. "Burócrata es aquel que, sin vocación ni ideales, se convierte en un típico administrador de un cargo sindical y lo usa para su satisfacción personal, y desde allí comienza a mandar sobre sus compañeros". Dos de los sindicatos que lideraron los conflictos fueron SITRAC, de la automotriz Fiat Concord, y SITRAM, de Materfer. Esta tendencia ganó fuerza en metalúrgicas y mecánicas, en empleados de transporte y en trabajadores de Luz y Fuerza. El liderazgo obrero, establecido como una vanguardia social, se fortaleció entre los sectores medios, con las agrupaciones estudiantiles, grupos de izquierda y partidos políticos, que plantearon la necesidad de un cambio revolucionario. Se convirtieron en una fuerza de combate, con mucho más poder de desestabilización del que, hacia 1969, poseían las formaciones guerrilleras. Pese a la preferencia por los líderes de izquierda, la base industrial, en su mayoría, mantenía su lealtad al peronismo. Córdoba no era el signo de una conversión ideológica masiva sino de una elección táctica del movimiento obrero. Una unidad de propósitos. La izquierda, por su manejo independiente, podía defender mejor los intereses de los trabajadores que las burocracias nacionales lideradas por Vandor o los "participacionistas", que ahora actuaban detrás de los conflictos. Muchos dirigentes de esas corrientes se volcaron a posiciones clasistas. Córdoba fue gestando una identidad gremial y política propia.

La insurrección popular contra Onganía: Rosario, antes que Córdoba

El epicentro de la confrontación mediterránea que gestaría el Cordobazo era el conglomerado industrial conformado por IKA-Renault, tres fábricas de FIAT, un complejo estatal de la Fuerza Aérea (IME); además de los trabajadores de la Empresa Provincial de Electricidad (EPEC), el gremio metalúrgico y el del transporte. Mientras el gobierno militar satisfacía las demandas de la corporación industrial —aumento de la productividad, reducción de costos laborales—, la respuesta obrera era la huelga. La derogación del beneficio de las "quitas zonales" —que disminuía el salario— y la implementación de la semana laboral de 48 horas —eliminaba la media jornada del "sábado inglés", que se pagaban al doble como horas extra— implicaron otra reducción salarial. El gobierno intentó negociar las "quitas zonales" a cambio de la supresión del sábado inglés. Los sindicatos lo consideraron un "chantaje". Hubo un paro de 48 horas. Las dos centrales sindicales —CGTA y CGT Azopardo— unificaron el reclamo del "sábado inglés". En forma simultánea a Córdoba —el "clasismo" ya había sido reprimido por realizar un acto por el Día del Trabajo; habían sido prohibidos por el gobierno en todo el país—, la agitación también estaba instalada en Rosario.

El plan Krieger Vasena seguía alimentando el fuego. El salario continuaba congelado, se sumaban aumentos en el transporte, la nafta, el gas y los alquileres, el cordón metalúrgico de Rosario enfrentaba con huelgas los despidos y las suspensiones en las fábricas, y los estudiantes luchaban contra las limitaciones de los cursos de ingreso en las universidades. El 17 de marzo de 1969, en una manifestación contra la apertura de cursos para ejecutivos de empresas en la Facultad de Ciencias Matemáticas —calificados como "los nuevos managers de la entrega"—, fue muerto el estudiante Adolfo Bello. Hasta entonces, la "Revolución Argentina" no había tenido más sobresalto que conflictos gremiales acotados y la fugaz emergencia "foquista" de la guerrilla. Pero los síntomas sociales eran más profundos. Le proponían un desafío mayor, aunque el gobierno ignoraba el potencial de las protestas. Onganía, encerrado entre su propia corte y huérfano de virtudes en el orden político —su Consejo de Asesores, integrado por militares, sindicalistas, empresarios y eclesiásticos, llamó a la "participación" para optimizar el vínculo entre el gobierno y "los grupos sociales"—, intentó contrarrestarlos con represión policial. El presidente de facto minimizaba las motivaciones de las protestas —el comedor universitario, el sábado inglés, la ampliación de los cupos de ingreso—, y atribuía los reclamos a episodios motorizados por la "extrema izquierda". Pero el espectro era más amplio y se expandía. Tras la muerte de tres estudiantes en Corrientes y Rosario en el mes de mayo, la protesta y movilización también sacudió a La Plata, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Resistencia. Mientras tanto, las organizaciones guerrilleras, que todavía no emergían en forma pública con nombre propio, hacían crecer su infraestructura. Entre abril y mayo de 1969, fue copado un puesto de guardia de Campo de Mayo —sustrajeron dos fusiles FAL—, y distintas unidades militares intentaron ser abordadas por "grupos de individuos" en busca de armas. Perón, en tanto, en un reportaje de fines de abril de 1969, que reproducía La Prensa, después de un largo silencio, se lamentaba por "no haber armado al pueblo" para impedir su caída.

El 21 de mayo, la marcha del silencio convocada en Rosario en repudio del crimen de Bello, que paralizó la ciudad y reunió a estudiantes, obreros y sectores medios, se convirtió durante horas en un combate social contra las fuerzas policiales y el Ejército.

Los comercios, los bares, los cines, las facultades, Tribunales, las dependencias oficiales, fueron focos de lucha callejera. El casco céntrico fue ocupado por los manifestantes, que rechazaban el desalojo policial con piedras y palos, entraban en combate, se replegaban, encendían hogueras para neutralizar los gases lacrimógenos, y cruzaban colectivos como barricadas. También se saquearon comercios y se ocupó una radio. A las diez de la noche, tras cuatro horas de acción, se libró el combate decisivo frente a la jefatura de Policía, donde se habían replegado los efectivos de seguridad. La capacidad de la fuerza había sido desbordada, pero la Guardia de Seguridad, la Infantería y la Caballería, a sablazos, siguieron resistiendo el avance de la masa movilizada. En ese momento, Norberto Blanco, estudiante secundario y aprendiz en un taller metalúrgico, sin militancia política y social, fue muerto en el enfrentamiento con una herida de bala. Por la noche, con la declaración de la ciudad como "zona de emergencia", la Gendarmería y efectivos de la Policía Federal llegados desde Buenos Aires se sumaron a la defensa de Rosario. Con la intervención del Segundo Cuerpo del Ejército, al mando del general Roberto Fonseca, el Estado retomó el control de la ciudad. Se constituyeron Consejos de Guerra, se iniciaron las detenciones de los "agitadores" —hubo denuncias de torturas— y se implantó la pena de muerte. El "Rosariazo" dejó un muerto y 150 heridos de ambos bandos. Al día siguiente, los diarios calificarían la revuelta popular como la aparición de la "guerrilla urbana". El 23 de mayo, Rosario, con la huelga general y la marcha por el entierro de Blanco, fue otra vez paralizada por la movilización.

Por entonces, en ese mayo de 1969, el discurso político dominante de la oposición social al régimen reclamaba un "cambio de estructuras", "nuevas relaciones sociales", "nuevas categorías económicas", en desmedro del capital concentrado (extranjero) y de la "representación sectorial con participación comunitaria", órganos que producían dictamines no vinculantes para el gobierno, alejados de una realidad social cada vez más apremiante. La radicalización de los actores que emergían en la rebelión no exigía el retorno a la institucionalidad ni la convocatoria a elecciones. Tanto para los sectores de izquierda como para el peronismo combativo, 1969 era el año del cambio revolucionario. El "tiempo social" irrumpía en las calles sin que el gobierno lo hubiese convocado.

Córdoba ya tenía un mártir propio en el gobierno de Onganía. Era Santiago Pampillón, estudiante de Ingeniería y delegado gremial de la fábrica IKA, que había sido baleado por la policía en una manifestación en septiembre de 1966. Pero desde aquellas protestas universitarias rápidamente sepultadas por la represión, Córdoba se presentaba en 1969 como un territorio de luchas gremiales y sociales, que iban in crescendo con choques de manifestantes con la policía, autos volcados, fogatas, gases lacrimógenos y barricadas. Los intelectuales empezaban a encuadrar el fenómeno como un eslabón de la cadena de sociedades capitalistas industrializadas, en proceso de convulsión social. Las calles cordobesas no eran más que el espejo del Mayo Francés de 1968. Para el 30 de mayo, la CGTA había convocó a un paro nacional, pero el movimiento social cordobés resolvió iniciarlo un día antes, en forma activa, con una movilización.

El Cordobazo y el derrumbe del mito del orden

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), se evaluó la posibilidad de decretar el estado de sitio para neutralizar esa protesta, pero el jefe del Ejército, general Agustín Lanusse, no lo consideró necesario. El jueves 29 de mayo de 1969, mientras en Buenos Aires Onganía presidía la conmemoración del Día del Ejército en Campo de Mayo, los obreros abandonaron las fábricas alrededor de las 11 y marcharon encolumnados hacia el centro de la ciudad. Un acto de Luz y Fuerza fue reprimido con gases. La "Revolución Argentina" mantenía vedado el "derecho de reunión". Pero el mito del orden empezaba a derrumbarse. Las tropas desplegaron sus carros de asalto a la espera de una marcha de tres mil obreros provenientes de la planta de IKA-Renault, que superó la barrera policial. En medio de barricadas y automóviles incendiados, el centro de la ciudad fue ocupado por una movilización que había congregado a obreros, militantes gremiales, estudiantiles, grupos diocesanos y de partidos políticos. Pasado el mediodía, algunos destacamentos policiales fueron cerrados. A diferencia de Rosario, en Córdoba las fuerzas de seguridad no ofrecieron resistencia —apenas hubo algunas escaramuzas— y permitieron el ingreso de las columnas. Con libertad de movimientos, los manifestantes ocuparon el radio céntrico y alrededor de 150 manzanas. La protesta se convirtió en insurrección urbana. Se tomó por asalto el Círculo de Oficiales y se lo quemó y desmanteló. También se atacó Gas del Estado y el Ministerio de Obras Públicas. Una columna de estudiantes tomó el edificio de Tribunales. La policía lanzó gases lacrimógenos. Las oficinas de las multinacionales Xerox, Burroughs y una concesionaria Citroen, consideradas "símbolos del imperialismo", fueron incendiadas; los comercios fueron saqueados y se balearon destacamentos policiales, comisarías y domicilios de funcionarios públicos. La fuerza social de las manifestaciones había tomado el control de la ciudad, pero los policías que permanecían en la calle disparaban. En la esquina de Blas y Bulevar San Juan cayó herido de muerte el obrero mecánico de IKA-Renault Máximo Mena. Sería el primero de una larga lista. La noticia lanzó a vecinos de los sectores medios a las calles. Por la tarde el foco de la insurrección se concentró en el Barrio Clínicas y Alberdi, con mayoría de estudiantes, que ahora tomaban el protagonismo de la protesta y fortalecieron la zona con barricadas. A las cuatro y media, el gobernador Carlos Caballero —los gobernadores eran, en la práctica, "interventores" designados por Onganía, pero considerados "intrusos" en las provincias que gobernaban— reclamó auxilio y entraron en acción la Brigada de Infantería Aerotransportada, la Gendarmería y el Ejército, todos al mando del general Jorge Calcagno. La demora de la intervención militar alimentaría la sospecha de que Lanusse intentó que la movilización social desgastase al gobierno provincial y al nacional. Frente al avance de las tropas, se organizó un sistema de "correos" que se desplazaban por los techos para avisar a los manifestantes los movimientos de las tropas. También había francotiradores que disparaban y lanzaban bombas "molotov" a los militares, desde las alturas, pero no hubo enfrentamientos directos. Las tropas consiguieron despejar las calles céntricas luego de varias horas de insurrección urbana, cuando ese sector de la ciudad estaba casi vacío. Hacia la noche, la agitación continuó en los barrios y los trabajadores de Luz y Fuerza provocaron un apagón en la ciudad. La resistencia se prolongó durante la madrugada. El 30 de mayo de 1969, las manifestaciones se disolvieron y las tropas del general Calcagno consiguieron el control de la ciudad de Córdoba, aunque subsistieron algunos disparos de francotiradores, la obstrucción de vías ferroviarias y actos relámpago, pese al "toque de queda" que estableció la prohibición de permanecer en la calle luego de las 17.

Con el control militar, comenzaron los allanamientos a las sedes sindicales y las detenciones, según lo dispuesto por Consejos de Guerra. Tosco y el líder del SMATA, Elpidio Torres, serían condenados a ocho y cuatro años de prisión. El "Cordobazo" había excedido la demostración de fuerza planificada por el sindicalismo —en especial, Tosco, Torres y Atilio López (UTA)—. Los enfrentamientos dejarían al menos catorce muertos —dos de ellos eran soldados— y más de medio centenar de heridos. Tras cuatro días de silencio, Onganía atribuyó el movimiento a la conspiración de la izquierda revolucionaria y el "comunismo internacional". Aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de "la etapa social", llamó a la "unidad sindical" y anticipó el regreso de las convenciones colectivas de trabajo. Onganía buscaba nuevos acuerdos con los líderes gremiales que lo habían apoyado a inicios de su gestión; los anteriores acuerdos ya los había traicionado. En el futuro nebuloso, quedaba el retorno de la actividad partidaria. Las consecuencias del estallido social lo habían afectado. El gobernador de Córdoba renunció y también fue despedido todo el gabinete nacional. La baja más significativa fue la de Krieger Vasena. La aceptación de su dimisión provocó malestar en el establishment y se agudizó la confrontación de Onganía con las Fuerzas Armadas.

Onganía y Lanusse, la intriga del poder militar

Desde fines de 1968, Onganía gobernaba en forma autónoma la Junta de Comandantes que lo había designado; después del Cordobazo, su relación con el general Lanusse quedaría sellada por la suspicacia permanente. ¿Lo había traicionado? El dictador y su entorno suponían que sí. Onganía despidió a Lanusse a mediados de junio, pero luego lo repuso en la jefatura del Ejército. El régimen militar estaba atravesado por intrigas internas, lucha de intereses económicos e ideológicos —entre "nacionalistas" y "liberales"— y, lo más novedoso, había demostrado su vulnerabilidad frente a un movimiento de protesta gestado en la unidad de sectores que ahora lo impugnaban desde las fábricas y las calles, sin mediaciones de las jerarquías sindicales ni partidarias. La autoridad militar estaba en crisis, y la explosión social y guerrillera que había crecido de manera subterránea en los últimos años era un desafío que tenía una dimensión jamás conocida desde la caída de Perón en 1955.

La violencia estaba instalada, y también legitimada, contra el régimen. Frondizi —que había soportado en su ejercicio presidencial el combate callejero de la resistencia peronista y la izquierda— ahora afirmaba que la "violencia popular" era la respuesta a la "violencia de arriba". Y enumeraba como las causales los salarios insuficientes, la presión impositiva, la desnacionalización de la economía y la "agresión" a la universidad. El día 27 de junio de 1969, las FAR —sin "firmar" en forma pública una operación que reconocerían dos años más tarde— incendiaron y destruyeron buena parte de las nueve sucursales de la cadena de supermercados Minimax, colocando explosivos en los tubos de dentífrico que mezclaron en las góndolas. Lo hicieron en el marco de la visita del vicepresidente norteamericano David Rockefeller, propietario de la cadena multinacional. Era, hasta ese momento, el atentado más importante de la guerrilla urbana. Pero sería apenas una señal de lo que sucedería en los años setenta.

El ciclo violento de la década de 1960 se cerraría con el crimen de Augusto Vandor, dos días después. El sindicalista había quedado solo. Perón lo había dejado fuera de combate tras su aspiración de conducir el movimiento y Onganía había aplastado su intención de aliarse con los otros factores de poder: los empresarios, la Iglesia, las Fuerzas Armadas. En la soledad de la jefatura de un sindicalismo que había quedado superada por la radicalización del proletariado y las insurrecciones populares del año 1969, Perón le advirtió, en una reunión personal y secreta en España de abril de ese año, que ya no había tiempo para una reconciliación entre los dos. "Usted no es tan habilidoso como cree —le dijo el General—. A usted lo matan. Aceptó dinero de la CIA y ahora está entre la espada y la pared. Si le falla a la CIA, la CIA lo mata. Si le falla al Movimiento, el Movimiento lo mata". El 30 de junio, en una acción comando, un grupo que ingresó en la sede de la UOM neutralizó a alrededor de treinta personas que estaban en la planta baja y subió al primer piso. Vandor acababa de colgar el teléfono en su despacho. Abrieron la puerta, le tiraron cinco balas y le dejaron una bomba de trotyl que destruiría parte del edificio. "Me acuerdo que lloró", reveló Perón, el día que le anticipó su destino.

Bibliografía

Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. 1966-1973, Buenos Aires, Norma, 1997. Balbé, Beba C. y Balbé, Beatriz S., El 69. Huelga política de masas. Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo, Buenos Aires, Contrapunto, 1989. Brenan, James, Las guerras obreras en Córdoba, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. Carnovale, Vera, "Jugarse al Cristo. Mandatos, formas de sacralización y construcción identitaria en el PRT", en Entrepasados, N° 28, 2005. Carnovale, Vera, "La política armada: el problema de la militarización en el PRTERP", en revista Lucha Armada, N° 8, 2008. Caviasca, Guillermo, "Arturo Lewinger y los orígenes de las FAR", en revista Lucha Armada, N° 6, 2006. Documentos del Archivo y Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria, La Plata. Feinmann, José Pablo, La sangre derramada. Ensayo sobre la violencia política, Buenos Aires, Ariel, 1999. Flaskamp, Carlos, Límites y desbordes. Lo nacional y lo social en la política argentina, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008. Flaskamp, Carlos, Organizaciones político-militares. Testimonio de la lucha armada en la Argentina (1968-1976), Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2002. Gilbert, Isidoro, La Fede. Alistándose para la revolución. La Federación Juvenil Comunista. 1921-2005, Buenos Aires, Sudamericana, 2009. Goldar, Ernesto, "FAP. El enigma de Taco Ralo", en Todo es Historia, N° 273, marzo de 1990. Iñigo Carrera, Nicolás; Grau, María Isabel y Martí, Analía, Tosco Agustín. La clase revolucionaria, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2006. James, Daniel, Resistencia e integración, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Luvecce, Cecilia, Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base, Buenos Aires, CEAL, 1993. Massot, Vicente, Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980), Buenos Aires, Emecé, 2003. Paiva, Roberto (comp.), Orígenes y desarrollo de la guerra civil en Argentina. 19661976, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Potash, Robert, El Ejército y la política en la Argentina, 1962-1973, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. Pozzi, Pablo, "Por las sendas argentinas...". El PRT-ERP. La guerrilla marxista, Buenos Aires, Eudeba, 2001. Romero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, 1916-1999, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. Roth, Roberto, Los años de Onganía. Relato de un testigo, Buenos Aires, De la Campana, 1980. Sarlo, Beatriz (con Carlos Altamirano,), La batalla de las ideas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001. Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 19551973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006. Sidicaro, Ricardo, Juan Domingo Perón: la paz y la guerra, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996. Tarcus, Horacio, "El Cordobazo: un mayo caliente", en Lo mejor de Todo es Historia, tomo V, Buenos Aires, Taurus, 2002. Vezzetti, Hugo, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. Von Clausewitz, Karl, De la guerra, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

Capítulo 9 Montoneros

AL pueblo de la Nación: Hoy a las 9.30, nuestro Comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo a Juicio Revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo y asesinato en la persona de veintisiete argentinos. Comunicado N° 1 de Montoneros, 29 de mayo de 1970.

En los primeros meses de 1970, el grupo Montoneros ya tenía definida, y en proceso de planificación, la realización de dos acciones político-militares, una en Buenos Aires y la otra en Córdoba, en las que se darían a conocer como organización armada. Eso lo tenían claro. Lo que no sabían era que la primera operación, que echaría por el aire al gobierno de Onganía y modificaría la estrategia de los grupos guerrilleros, convulsionaría el proceso político argentino en los tempranos años setenta. Tampoco imaginaban que la segunda acción, ejecutada un mes después, revelaría la identidad de sus miembros, los conduciría a la muerte, la cárcel y la clandestinidad, y pondría a la organización al borde de su aniquilación apenas un mes después de su aparición pública. El punto de giro de la década comenzó la mañana del 29 de mayo de 1970, cuando un Peugeot 504 blanco ingresó en un estacionamiento de la calle Montevideo, en la Capital Federal, y del automóvil descendieron dos civiles y dos oficiales del ejército argentino que se dirigieron al departamento A del 8o piso del 1053 de la misma calle.

Los originarios de Córdoba

La historia había comenzado antes. Montoneros fue producto de la fusión de distintos grupos. Tuvo muchos años de gestación previa, hasta que las ideas — que se amasaron en parroquias, colegios y misiones espirituales, con la palabra serena y firme de curas que les señalaban la injusticia social y la explotación económica— se sedimentaron en un contexto social que anticipaba el final de época del capitalismo y convenció a sus miembros de que el cambio revolucionario debía surgir a partir de la lucha armada. El mandato del Evangelio los obligaba a ese compromiso. Como lo había hecho Jesús, que había empuñado el látigo para echar a los mercaderes del templo. El proceso liberador se construía con las armas. A partir de esa convicción, de la asunción de esa conciencia, se sintieron vanguardia. Los hombres elegidos —si no era por Dios, por ellos mismos— para conducir el proceso revolucionario. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas. En ese sentido, la misión del Che era parecida a la de Cristo. Él también, en su llegada al mundo, había predicado el enfrentamiento. Las dos operaciones serían ejecutadas por uno de los grupos originarios de Montoneros, el "grupo fundador", que tenía una célula en Córdoba y otra en la Capital Federal. También existían otros grupos con los que estaban relacionados desde hacía algunos años y con los que acababan de fusionarse, y que, si bien no conocían los objetivos, le ofrecerían una infraestructura de clandestinidad que sería vital para la supervivencia, luego del desastre operativo que significaría la segunda acción. El primer ámbito de desarrollo de la célula cordobesa del grupo fundador fue el Liceo Militar General Paz. En los primeros años de la década de 1960, algunos jóvenes liceístas empezaron a inquietarse con la pedagogía que se impartía en los cursos extracurriculares de guerra contrarrevolucionaria. Aceptaban la disciplina y la obediencia de la institución militar, y el hecho de matar al enemigo en una situación de combate, pero la obligación de extraerle información al prisionero por medio de la tortura, comprender la inevitabilidad de ese procedimiento para la defensa de los valores de Occidente, como predicaban los manuales de la Escuela Militar Francesa, contradecía el compromiso cristiano que habían asumido.

La inquietud de los liceístas se trasladó a la capellanía a modo de consuelo, y luego, apenas cruzada la primera mitad de la década, los debates sociales y políticos encontraron asilo en el Hogar Sacerdotal y en la parroquia universitaria Cristo Obrero. En esos ámbitos comenzaron a debatir ideas e instancias organizativas con sacerdotes y obispos que luego formarían parte del movimiento tercermundista. En la parroquia, también, se conformaría el MUCO (Movimiento Universitario de Cristo Obrero), que promovería la huelga de hambre en contra de la intervención universitaria, poco después del golpe militar de Onganía. Luego habría otras agrupaciones que, en busca de una reflexión pastoral más comprometida en los procesos sociales, de una curia "más humana", participarían de ideas de cambio, como la Agrupación de Estudios Sociales de Córdoba (AES), de la Universidad Católica, o la Agrupación Peronista Lealtad y Lucha (L y L), con trabajo de base en fábricas, barrios y universidades. Y aunque ya eran varios los grupos que contaban con cuadros clandestinos y practicaban tiro al blanco, la voluntad de los ahora ex liceístas —Emilio Maza, Ignacio Vélez Carreras— no quería limitarse a la ayuda social, la caridad con los pobres o las fricciones estudiantiles o gremiales como un todo en sí mismo. No querían ofrecer la otra mejilla. Querían construir un aparato militar que actuara al margen de las luchas sociales y políticas, que les parecían lentas y riesgosas; querían montar un foco guerrillero. Hacer la revolución. La realidad podía transformarse. Entendían que el peronismo, como movimiento de conciliación de clases, había fracasado. La "burguesía nacional" había traicionado a Perón a partir de 1952 y lo había obligado a abandonar la política industrial y ceder concesiones al capital extranjero. Y ahora esa burguesía seguía la hoja de ruta dictada por Adalbert Krieger Vasena: vendían sus empresas a las multinacionales y se convertían en gerentes de sus intereses en la Argentina. En el enfrentamiento pueblo-antipueblo, la burguesía era los cipayos. Pero también entendían que, por su componente nacional, popular y revolucionario, por la lealtad inconmovible en la clase obrera, el peronismo podía ser sujeto de la transformación. Y si Perón —a quien como conductor le había faltado un poco más de valor para enfrentar el golpe del '55— ahora, avanzada la década de 1960, se decidía a abandonar las medias palabras y a los burócratas enquistados en la conducción táctica del movimiento, si se decidía a eliminar a los "enemigos internos" y asumía de verdad posiciones revolucionarias, ellos, los ex liceístas, los grupos originarios de Montoneros, estaban dispuestos a hacer de soporte en el enfrentamiento, a organizar la violencia popular para desafiar la violencia de los poderosos; estaban dispuestos a guiar a las bases del movimiento; a aceptar la conducción estratégica y marchar hacia el socialismo nacional. Era una cruzada redentora. Una respuesta moral a la injusticia.

Juan García Elorrio, el nexo sagrado

La proposición de Onganía de permanecer veinte años en el poder y vedar las expectativas económicas, sociales y políticas de la población había logrado acelerar, como ningún otro gobierno desde 1955, los tiempos revolucionarios. Era una conciencia de lucha que superaba en organización y objetivos a la resistencia peronista. Los ex liceístas le reconocían sus acciones, su heroísmo y sus padecimientos. Pero solo debían recoger una parte de su experiencia. No debían luchar de manera espontánea y masiva, "luchar a lo peronista", sin una planificación, sin una estrategia armada. Uno de los primeros vínculos de la célula cordobesa con Buenos Aires fue con Juan García Elorrio. El ex seminarista había adquirido notoriedad por su irrupción en la misa de la Catedral metropolitana el 1o de mayo de 1967 cuando se acercó al micrófono antes del Tedeum y denunció la pobreza y la explotación del imperialismo; luego fue retirado del templo para que el arzobispo preconciliar Antonio Caggiano pudiera iniciar su homilía. Elorrio fue detenido en medio del escándalo y condenado a treinta días de arresto. No estaba solo en su empresa. Lo seguían muchos jóvenes. Entre ellos Fernando Abal Medina, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires y estudiante de Economía. Él también fue a prisión. Y todavía más: la mañana del 29 de mayo de 1970, vestido de militar, se dirigía hacia el departamento del octavo piso de Montevideo 1053. García Elorrio era la cabeza del proyecto editorial Cristianismo y Revolución, espacio en el que empezaron a difundirse las ideas de liberación social de los sacerdotes que confluirían en el tercermundismo. La célula de Córdoba, por medio de una relación con el sindicato de canillitas, distribuyó la revista en la provincia. Hacia mediados de 1967, los originarios de Córdoba ya habían atravesado distintos ámbitos de desarrollo: el Liceo Militar, el Hogar Sacerdotal, la universidad. Estaban en expansión. La relación con Elorrio los ayudó a vincularse con agrupaciones de diferentes sectores, pero con visiones políticas y objetivos comunes. En agosto de 1967, en una reunión organizada por Elorrio de manera clandestina en un colegio católico de Quilmes, se discutió cómo coordinar acciones para una futura "guerra revolucionaria" que diera por terminada la dictadura de Onganía. El próximo paso en la escala de desarrollo fue Cuba. García Elorrio y Cooke tenían las llaves de acceso para que la militancia viajase a la isla. Algunos lo hacían para participar de la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), pero también, con el anhelo guevarista de propagar las revoluciones en el continente, pasaban unos meses de campamento en el monte, donde recibían instrucción armada: tácticas básicas de combate, uso de armas livianas, ametralladora pesada y mortero y el manejo de explosivos; todo lo indispensable para que una unidad guerrillera se moviera en la montaña. De estos grupos de entrenamiento participaron Abal Medina y el ex liceísta Emilio Maza, ahora estudiante de Medicina y empleado municipal en el área de Tránsito. Y, si bien la muerte de Guevara en Bolivia desalentó el desarrollo del foco rural a nivel continental, y los proyectos revolucionarios se "nacionalizaron" e hicieron foco en sus propias particularidades, algo uniría a Abal Medina y a Maza en un futuro. El 29 de mayo de 1970, los dos vestidos de militares, caminarían hacia el departamento de la calle Montevideo. El paso por Cuba iba a marcar una tendencia en las organizaciones armadas. Muchos de "los entrenados" en la isla, como se los llamaba internamente, empezaron a ganar posiciones jerárquicas y a marcar una línea más "militarista", con reglas más rigurosas y disciplinadas para la actuación clandestina.

La célula de Capital Federal

El primer ámbito de desarrollo de la célula porteña, que constituiría el grupo fundador de Montoneros, fue el Colegio Nacional de Buenos Aires. También, como los cordobeses, estuvo signado por la relación con los curas. Muchos estudiantes, hijos de la clase media católica que "olía" a Barrio Norte y había defendido la Catedral del torrente peronista anticlerical de 1955, empezaron a reunirse alrededor de la Juventud Estudiantil Católica (JEC) e involucrarse en tareas sociales. Eran los dirigidos por el padre Carlos Mugica.

En febrero de 1966, quince estudiantes-misioneros del colegio, ligados a la Acción Católica, viajaron con el sacerdote a rastrear la miseria en el norte santafecino, en Tartagal, tomaron contacto con los hacheros que habían quedado sin nada —la empresa La Forestal abandonó el monte luego de haberlo devastado—, visitaron ranchos y vieron con ojos propios las injusticias y el hambre. Mugica era hijo de un ex canciller y se había criado con ama de llaves y chofer. Su única visión del "pueblo", en su infancia, la había adquirido cuando iba a la cancha de fútbol con el hijo de la cocinera. Pero ahora, entregado al Evangelio, a sus 36 años creía, y lo afirmaba, que la burguesía, como base de una estructura económica y social que violentaba su espíritu cristiano, no iba a ceder nada sin una violencia revolucionaria que se le opusiera. Para muchos, aquel viaje al chaco santafecino no permanecería en el recuerdo sólo como una aventura colegial. Apenas regresaron se sumaron desde su embrión de Cristianismo y Revolución para ayudar a difundir el mensaje posconciliar. La revista era, también, un ámbito de reuniones pastorales y políticas en las que manifestaban la necesidad de un cambio, aunque fuese violento. Las actividades públicas no alcanzaban. Pronto el grupo de misioneros, organizados en células de distintos niveles de responsabilidad, desarrollaría tareas clandestinas bajo el nombre de Comando Camilo Torres. La muerte del sacerdote guerrillero colombiano, caído en combate mientras ellos tomaban nota de la miseria en el monte, los había conmovido. En pocos meses, "los camilos" serían más de treinta, siempre bajo la guía agitada de García Elorrio —decidido a crispar a la jerarquía eclesiástica con su mensaje y sus intervenciones en los templos, que generaban interés en los mass media—; con el oído puesto en los oficios que el padre Mugica difundía en cualquier misa, o en la terraza del edificio de su casa —donde había decidido recluirse para abandonar las comodidades de su hogar familiar—, y bajo el liderazgo de Abal Medina, dos años mayor que Mario Firmenich y Gustavo Ramus, con los que había compartido el viaje a Tartagal. En el comando Camilo Torres también militaba Norma Arrostito, que era maestra. Tenía características que la diferenciaban del grupo: divorciada, atea, un pasado militante en el Partido Comunista y con el grupo de John Cooke. Y tenía siete años más que su novio, Abal Medina. Algunos de los militantes del Comando Camilo Torres tendrían un rol definido para la ejecución del plan en la calle Montevideo, en la mañana del 29 de mayo de 1970.

La fusión por la lucha armada y el desprendimiento evangélico

Las relaciones se multiplicaban. Durante el viaje al norte santafecino habían trabado vínculo con Roberto Perdía —de 24 años—, hijo de productores rurales, abogado de una organización de trabajadores del campo, y también guiado políticamente por el padre Rafael Yacuzzi, de la parroquia de Santa Ana, un pueblo "fantasma" tras el paso de La Forestal. Un obrero metalúrgico, hijo de una familia peronista correntina, sería uno de los pocos contactos del mundo fabril que atesoraría el Camilo Torres por entonces. José Sabino Navarro, antes de vincularse al ámbito de Cristianismo y Revolución, había participado de la Juventud Obrera Católica (JOC) y frecuentaba relaciones con sectores del peronismo combativo que decidían su iniciación en la fase político-militar. Elorrio actuaba como nexo para que la militancia juvenil, de gestación revolucionaria, se viera las caras, ya fuera en encuentros pastorales, congresos estudiantiles o plenarios gremiales o durante un entrenamiento militar en Cuba. Pero, en general, cada grupo mantenía su autonomía de organización —y también de acción— y ninguno sabía de forma precisa "en qué andaba" el otro, si por detrás de la militancia de superficie tenía otra clandestina, o qué tenía pensado hacer. Y cómo. Pero, en el caso de los ex liceístas cordobeses y del Camilo Torres porteño, tras haber encarado juntos la instrucción militar en Cuba, a medida que iban engrosando sus propias filas, se produjo la fusión, ocasionada por los frecuentes viajes de Maza a Buenos Aires. La fusión también tendría, como consecuencia, un desprendimiento. El Comando Camilo Torres, y también la célula cordobesa, que iban a constituir el grupo fundador de Montoneros, se rebelarían contra el padrinazgo de García Elorrio. Más allá de su seducción política, su talento para la comunicación y su propia fascinación personal, sus dirigidos empezaron a creer que no sería capaz de, ni estaría interesado en, liderar un grupo político-militar. Ellos estaban dando un paso adelante. García Elorrio se quedaría atrás. A Sabino Navarro también le ocurriría lo mismo, abandonaría —en realidad, sería expulsado— Cristianismo y Revolución y proseguiría la acción con un grupo propio. Lo mismo sucedería con Mugica: el Camilo rompería con él. A pesar de su permanente cita al artículo 31 de la encíclica Populorum progressio, que habilitaba el camino a la insurrección revolucionaria y la violencia contra la opresión; pese a sus valoraciones sobre Fidel Castro, Guevara o el sacerdote guerrillero Camilo Torres; a pesar de su apoyo a los obreros portuarios en conflicto, de su trabajo en pos de justicia por los pasillos de la villa de Retiro, de su voluntad para redimir a los hermanos explotados, el Comando Camilo Torres puso fin a la relación con él. Respetaban su testimonio, su inserción en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM), su acelerada "peronización", y saludaban la bendición que recibiría del General en Madrid en marzo de 1968 —a instancias de Cooke—, pero no creían que Mugica fuera capaz de llevar a cabo, hasta las últimas consecuencias, la lucha por la toma del poder y la liberación de los oprimidos.

Desembarazado de ambos padrinazgos evangélicos, el grupo fundador de Montoneros continuaría con sus dos células: la de Abal Medina en la Capital Federal, y la de Emilio Maza en Córdoba. Los dos, basados en sus orígenes, lecturas, personalidades y experiencias, irían modelando concepciones diferenciadas sobre la estrategia revolucionaria. Abal Medina, pragmático, amante de las decisiones audaces y vertiginosas, creía en el "foco" como motor generador de una conciencia de lucha, el "foco" como estrategia de conformación de un ejército popular. Maza, más experimentado en la práctica política, lector de novelas y poesías, creía en el "foco" como núcleo operativo político-militar e instrumento de propaganda armada, pero su funcionamiento debía ser el soporte de las luchas políticas y sociales. Sin embargo, a la célula cordobesa, el Cordobazo le había pasado por el costado. Reconocían a Agustín Tosco y a Atilio López, y alguno de sus miembros repartió volantes en apoyo a la lucha gremial y estudiantil, pero no se involucraron. Evitaron la participación en las movilizaciones, en parte por cuestiones de seguridad —no debían caer detenidos— y también porque, para ellos, que se sentían vanguardia, ya había pasado el tiempo de abrir "focos políticos". Había que construir un "foco militar", respaldado por una organización eficiente. Eran más importantes la expropiación de armas, el entrenamiento armado y la búsqueda de casas clandestinas que las discusiones sobre la identidad política o los ejercicios intelectuales sobre la violencia. La supremacía de "lo militar" iría determinando las definiciones políticas, la organización interna, las relaciones entre los miembros, el verticalismo.

Primeras acciones de guerrilla urbana

Hacia 1969, después de la muerte del Che en Bolivia y el desastre de Taco Ralo, la idea del foco rural ya había perdido poder de fascinación, pero a la célula porteña del grupo fundador todavía la seguía encandilando. Gustavo Ramus era hijo de una familia con un campo en Timote, provincia de Buenos Aires, y viajaba por el interior para vender hacienda. Trataba con peones, comerciantes de pueblo, estancieros. Lo acompañaba Mario Firmenich. Pero el comercio de ganado funcionaba como cobertura. En los viajes exploraban territorios para la instalación de un "foco" rural; estudiaron con cierto detalle la zona boscosa cercana a Vera, al norte de Santa Fe, y también el Chaco, pero el inicio de las acciones armadas, para fortalecer el aparato militar de la organización, los fue volcando hacia las operaciones en la ciudad. De alguna manera, el Cordobazo fue un fenómeno que influyó para la "adaptación urbana" de la teoría del foco. También influyó en la elección estratégica el manual de guerrilla que acababa de entrar en circulación, creado por el brasileño Carlos Marighella, comunista disidente que había operado en Río de Janeiro con un grupo guerrillero, Acción Libertadora Nacional (ALN). Los tupamaros lo tomaban como lectura de referencia para sus incursiones armadas en el Uruguay. Lo mismo que el grupo fundador de Montoneros. Marighella explicaba que para equipar la infraestructura del "foco urbano" y consolidar la organización político-militar era necesario encarar "la lucha expropiadora", es decir robar; o, desde la perspectiva guerrillera, "recuperar para el pueblo lo que había robado el enemigo". La expropiación era un sustento clave de la revolución y, según Marighella, los gastos de la "guerra revolucionaria", sus costos operativos —armas, aparatos de seguridad, manutención diaria de combatientes— tenían que recaer sobre los capitalistas, el imperialismo, los latifundistas y el gobierno municipal o federal. "Todos ellos son los explotadores y opresores del pueblo". La táctica urbana no era nueva en las organizaciones revolucionarias, pero se había abandonado. Ya había recorrido ese camino el MNRT en el asalto al Policlínico Bancario en 1963, que terminó por revelar sus identidades, y un grupo de la Juventud Peronista (JP) lo intentó con el asalto al puesto de guardia de la Aeronáutica en 1960. La "expropiación" o la "recuperación de elementos esenciales" para montar un "foco urbano" incluía distintos rubros: armas, dinero, documentos, elementos de sanidad, autos, imprentas, radios. La teoría recomendaba obtenerlos en acciones que ganasen la "simpatía" de la población para "desmoralizar al enemigo".

Otra de las tácticas del "foco urbano", que se emparentaban con las enseñanzas de Mao Tse-tung para la guerrilla, era el "terror selectivo", es decir, ajusticiamiento de personajes emblemáticos del régimen, militares, empresarios, los "enemigos del pueblo", o secuestros extorsivos de cuyo rescate pudieran extraerse fondos para "la causa". Estas acciones, a su vez, constituían actos de propaganda armada, que, en el universo guerrillero, despertarían la conciencia popular. Para esta táctica de guerrilla urbana se necesitaban grupos de combate pequeños, organizados en células de cuatro o seis miembros que, preferentemente, desconociesen sus identidades y actuaran solo con "nombres de guerra", bajo el mando de un responsable. La participación de "comandos de combate" también permitía tomar el control de poblaciones pequeñas, aunque fuese en forma momentánea, si se neutralizaban los puntos estratégicos de su seguridad. Estas tomas permitían el pertrecharse y conseguir dinero, la propaganda política, la desmoralización del enemigo y la evidencia de su vulnerabilidad. Estas dos últimas metodologías fueron las que aplicó el grupo fundador en 1970, aunque las dos células —tanto la de Córdoba como la de Buenos Aires— ya se habían iniciado en "expropiaciones" y robos de armas. Una de estas operaciones fue el robo al polígono de Tiro Federal de Córdoba, en abril de 1969, un botín que luego, para reducir riesgos, la célula cordobesa encomendaría al resguardo de Abal Medina, quien las escondió en el campo de Ramus en Timote. Pero las dos células también actuarían en conjunto. Con la dirección de Maza, decidieron dar un golpe en la sucursal del Banco de Córdoba en La Calera, un pueblo a veinte kilómetros de la capital provincial. La elección tenía un sentido político: La Calera había sido el último foco de la resistencia militar peronista en contra del golpe de 1955. Eran ocho, viajando en dos autos robados. Cuando ingresaron en el banco, un policía se asomó a la puerta y lo balearon. El comando logró extraer la "caja chica" a un costo alto: para forzar la retirada, combatieron con granadas y metralletas, a cara descubierta, en plena calle y a la luz del día, contra la policía. Hirieron a un subcomisario. La célula porteña se fue de La Calera con un balazo en la mano de Ramus y con Abal Medina y Arrostito regresando a Buenos Aires en un auto oficial de la provincia de Santa Fe, por gestión de un colaborador del grupo, hijo de un ministro de gobierno. Vélez y Carlos Capuano Martínez, que también eran miembros de familias acomodadas, se recluyeron en un seminario porteño. Algunos sacerdotes del MSTM funcionaban para los grupos armados como retaguardia, para ocultarles las armas o esconderlos. El resto de la célula de Maza, que permaneció en Córdoba, buscó refugio en casas de militantes de Lealtad y Lucha. Ahora advertían que, a diferencia de ellos, que habían apostado a la construcción de un aparato militar, L y L tenía desarrollo político, trabajo de base, postas sanitarias y casas de "colaboradores". Maza, en cambio, sólo contaba con una casa "clandestina", la de su tía, que estaba de vacaciones en el momento del asalto, pero su grupo tenía más equipamiento e instrucción militar que ninguno. Él mismo se ocupó de impartirles un curso de entrenamiento militar a quienes lo habían refugiado, para capacitarlos en operaciones armadas. Un "código de ética" no escrito en las organizaciones armadas indicaba que cada militante debía "recuperar", en un asalto o un desarme policial, su propia arma y devolver la que había pedido prestada.

Al filo de los años setenta, el grupo fundador de Montoneros ya contaba con una red de contactos y relaciones que seis meses más tarde, cuando se lanzasen las acciones político-militares —una en Buenos Aires y la otra en Córdoba— en las que se darían a conocer en forma pública, le asegurarían la supervivencia. Maza mantenía contacto con los antiguos militantes de Cristo Obrero, con quienes había realizado la huelga de hambre de 1966. Sus líderes eran Elvio Alberione, Carlos Sorarj, Luis Rodeiro y Alberto Molina, quien había conseguido el auto oficial para la fuga de la célula porteña. En Santa Fe, Federico Ernst, estudiante de ingeniería química y experto en explosivos, lideraba distintos grupos de matriz cristiana que realizaban actividades políticas de superficie y apoyaban luchas gremiales. Ernst ya había organizado campamentos con práctica armada y había asaltado el polígono del Tiro Federal en su provincia en septiembre de 1969. Su Ateneo Santa Fe tenía buen desarrollo militar. Uno de sus contactos era el grupo del norte de la provincia, asentado en Reconquista, que giraba en torno al padre Rafael Yacuzzi y al abogado Perdía. Estos, a su vez, continuaron el vínculo con Cristianismo y Revolución, desde donde se organizó la célula porteña del grupo fundador. Sabino Navarro, hacia 1969, ya había montado su propio grupo, con células compartimentadas. Para engrosar su infraestructura militar, desarmaban policías o robaban comercios a punta de pistola, actividades que alternaban con las "acciones de superficie". El mayor golpe fue el asalto a una armería. Utilizaba como "casa clandestina", para depósito de armas, documentos y libros de estrategia militar, una casaquinta en González Catán, a metros de la Ruta Nacional 3, propiedad de un abogado. A principios de 1970, Sabino volvió a relacionarse con la célula porteña. Una particularidad de estos grupos es que todos tenían un contacto con las FAP (o con su nueva línea política, el "Peronismo de Base", PB) y aspiraban a integrarse en ese grupo, ya volcado al "foco urbano" luego de Taco Ralo. Es más, algunas organizaciones armadas, en distintos sectores del país, realizaban acciones militares y las firmaban como "FAP". Obtenían la reprimenda de la conducción guerrillera.

Luego del combate en las puertas del banco de La Calera, en diciembre de 1969, todas las agrupaciones y los contactos relacionados con el grupo fundador empezaron a trabajar sobre una posible fusión en una organización única y cada uno, en forma autónoma, decidió acelerar sus acciones de "expropiación". En el verano de 1970, el Ateneo de Ernst controló por unas horas la localidad de Progreso, a sesenta kilómetros de la capital santafesina: asaltó el destacamento policial y un banco en la localidad. Pocos meses después, en mayo, secuestró un camión que transportaba explosivos. Sabino asaltó un destacamento policial en San Miguel y otro en Moreno. El grupo cordobés ligado a Alberione, con la asistencia porteña de Firmenich y Ramus, asaltó un puesto policial en avenida General Paz y avenida Mosconi, en el límite de la Capital Federal, y rescató armas. Nada, sin embargo, igualaría la excepcionalidad de la operación en Buenos Aires en la que el grupo fundador decidió salir del anonimato. Nada, tampoco, se equipararía con el desastre que provocaría la segunda operación, ejecutada en Córdoba, que revelaría sus identidades y pondría en riesgo a Montoneros. Para entonces, el nombre de la organización ya estaba definido. La elección fue resultado de un consenso natural. Montoneros remitía a las raíces populares de un país aplastado por la oligarquía elitista y liberal en la contradicción "imperialismo-nación", que definió la conformación del Estado. El nombre de la organización, asociado a tradiciones de un pasado desplazado por la historiografía oficial, expresaba un argumento político para resignificar su sentido y revalidarlo en el presente histórico. En esta etapa de fusiones, las formulaciones ideológicas de los ahora noveles montoneros estaban inscriptas en el clima político-cultural de la época: la Revolución Cubana, Guevara, el foquismo, las guerras anticolonialistas en África y Asia, la teología cristiana de liberación social, Camilo Torres, el antiimperialismo, las lecturas de Mao, Giap, Guillén o el Che Guevara. En el orden local, fueron clave la formación católica posconciliar, la apertura hacia el nacionalismo popular —no elitista ni integrista— y el acercamiento al marxismo por medio de Cooke, en el proceso de una radicalización política que tomaba la base popular del peronismo para la construcción del "socialismo nacional". Ese universo de visiones e ideas tenía como telón de fondo el odio contra la proscripción política que habían patrocinado los "partidos democráticos" después de 1955; recogiendo la experiencia, en parte frustrada, de la resistencia peronista, y sobre todo con la comprensión de que era la tradición violenta de la política la que había guiado la resolución de los conflictos en la historia del país. Y ahora debería ser igual. Pero para ellos, y más que nada para la célula porteña del grupo fundador, que permanecería casi una década en la cúspide de la organización, las reflexiones y los análisis políticos de salón se agotaban. Había que pelear, "dejar de llorar a nuestros caídos" y abrir "focos militares", más que políticos. Tiempo después, harían una definición más clara: "El poder brota de la boca del fusil". Ni las reminiscencias de su denominación ni la formación político-teórica de sus jefes fueron determinantes en la definición del rumbo de la organización. Lo que contó, al final de cuentas, fueron los hechos armados, el hecho fundacional, el bautismo político de Montoneros, que se ejecutó en la mañana del 29 de mayo de 1970, cuando Maza y Abal Medina, vestidos de militares, se dirigieron al edificio de la calle Montevideo. El episodio, luego convertido en el mito fundacional de Montoneros, tendría como corolario una movilización política jamás conocida en una organización guerrillera argentina. Este inesperado desenlace encontraría respuesta en el título del primer comunicado de Montoneros, que difundió la operación y los dio a conocer: "Perón vuelve". Pronto se verían ante el desafío de un trabajo de masas que no tenían previsto.

Onganía-Lanusse, la lucha interna del partido militar

El "partido militar" que había tutelado y gobernado el sistema político en la década de 1960 había entrado en la fase de crisis final. Onganía, desde 1968, desplazó a las Fuerzas Armadas, que lo habían ungido, de las decisiones de gobierno y se aferró a un sistema de decisiones que lo aislaba cada vez más de la sociedad y provocaba la reacción popular. Los generales estaban disconformes. Onganía los había convocado para "preservar el orden interno" y combatir "la subversión" en Córdoba y dos veces en Rosario —en mayo y en septiembre de 1969—, pero a las iniciativas de las Fuerzas Armadas para resolver la crisis política el presidente de facto las coartaba de plano. Respondía las consultas con "célebres silencios". Las Fuerzas Armadas habían perdido la confianza en él. Ahora advertían que aquel caudillo emblemático del proyecto "azul", que había accedido al poder del Estado menos por sus condiciones de liderazgo que como resultado de la campaña de acción psicológica del periodismo, rentada por el establishment, no estaba a la altura del desafío de la hora. Onganía continuaba gobernando sin plazos, apegado a los reglamentos, la censura y la represión, y a su plan corporativo como método de vincular a la comunidad con el Estado, pero sobre todo inflexible a toda posibilidad de apertura política. "El Príncipe" que imaginaban las mentes civiles más maquiavélicas había perdido la visión de lo que estaba sucediendo en el país. El que lideraba la oposición castrense era el general Alejandro Lanusse, detenido en la insubordinación militar de 1951 y definido como liberal y antiperonista. Para alcanzar un papel político desde el ámbito castrense, Lanusse quería precipitar los tiempos de Onganía. El enfrentamiento entre ambos era constante. Un grupo cívico-militar oficialista denunció la vinculación de Lanusse —a través de su primo, Enrique Holmberg— con los intereses de la industria frigorífica monopólica extranjera. Krieger Vasena también había sido señalado por la intelligentzia de Onganía como integrante de un directorio extranjero. Lanusse exploraba nuevas formas políticas para el largo plazo. Tras el Cordobazo concluyó que, para bloquear el avance de la movilización social y el crecimiento de la guerrilla, y en defensa de la estabilidad, o la supervivencia, del sistema, los militares debían guiar una salida electoral. Onganía no compartía sus preocupaciones. A dos días de la operación político-militar que cambiaría el rumbo del país, se mostraba cada vez más optimista del curso de su gobierno. Otro obstáculo para el "caudillo azul" era el general Aramburu, que había ordenado los fusilamientos en 1956. Desde hacía tiempo, como hombre de consulta militar y política, Aramburu se esmeraba, junto a sus asesores, en buscar fórmulas de aproximación a distintos sectores políticos, incluida la dirigencia peronista más conciliadora. También tenía interés en tender puentes hacia la sociedad. Una de las fórmulas era expresando su disconformidad con Onganía. En ese sentido, convirtió su presencia en el cine —para ver la película Z, de Costa-Gavras, que denunciaba a la junta militar griega y causaba furor en Buenos Aires— en un hecho político. Aplaudió el filme, de pie, al final de la proyección. Aramburu intentaba presentarse como un hombre democrático, moderado, que había superado los resentimientos del pasado y pensaba soluciones en favor de los intereses comunes. Desde su perspectiva, la coyuntura ofrecía una grieta. Consumados el fracaso de Onganía y el proceso de hibernación al que estaban sometidos los partidos políticos, existía la posibilidad de sobrellevar ese vacío con una transición entre el poder militar y un futuro poder civil. Aramburu creía que tenía condiciones para liderar ese proceso. "Yo di la prueba de que sé cumplir mi palabra: entregué el poder al ganador y me parece que las Fuerzas Armadas no tienen la menor duda de que cumpliré otra vez", expresó, en referencia a la transición al poder civil en 1958. Era un mensaje para que las Fuerzas Armadas lo tuvieran presente. Algunos medios de prensa, a inicios de 1970, dieron cuenta de su incipiente estructura política, el Movimiento de Afirmación Republicana (MAR), que reunía dirigentes radicales, conservadores y del socialismo democrático, y de sus almuerzos con banqueros, empresarios, militares y periodistas. Con las enseñanzas del pasado, Aramburu estaba en condiciones de "servir a la Patria" otra vez. Pero ahora sin rencores. Una prueba de esto era su disposición a conversar con Perón — si es que ya no lo había hecho— y llegar a algún tipo de entendimiento que asegurara una salida política para el país. Ya no lo asustaban sus ideas. Por lo pronto, en forma pública, aseguraba que, si el peronismo ganaba las elecciones en un futuro, había que entregarle el poder. Lanusse tenía un proyecto similar, aunque, por razones institucionales, estaba obligado a mantenerlo en reserva. Sus aspiraciones de legitimidad eran mayores que las de Aramburu: quería consagrarse presidente de la Nación por vía electoral.

El caso Aramburu

Aramburu caminaba en forma libre por las calles. Hacía años que no contaba con custodia personal. Hasta entonces, no existían antecedentes de secuestros políticos. No era una práctica que hubieran ejercido la resistencia peronista ni las guerrillas. Aunque era consciente, y mucho más después de la muerte de Vandor, con quien había conversado en su casa, de que lo podían matar como respuesta a los fusilamientos que había ordenado. Aramburu era objeto de vigilancia. Por un lado, por parte del gobierno, que quería estar al tanto de sus movimientos. Le habían intervenido el teléfono. Sus enemigos de la Revolución Libertadora, los militares nacionalistas que él había desplazado en el golpe interno contra Lonardi, ahora controlaban el andamiaje de la inteligencia del Estado, por intermedio de todos sus servicios secretos (las tres armas, la SIDE y la Policía Federal). El general Francisco Imaz, ministro del Interior, era el jefe político de un grupo de generales —Rubén Fonseca, Hugo Miori Pereyra, Juan "Tito" Guevara y Eduardo Señorans— que consideraba que el plan político de Aramburu —o una presunta conspiración armada— ponía en peligro la continuidad de Onganía en el poder. Para los nacionalistas, era un enemigo del gobierno. Como lo era Lanusse. Aramburu también era un enemigo para Montoneros. La "alternativa política liberal" que él proponía, si resultaba exitosa, significaba "burlar al pueblo con una falsa democracia", y, en consecuencia, la clausura del proceso revolucionario que estaba fermentando en la Argentina. Aun con una nueva formulación política, el régimen se mantendría en el poder. Había que cortar su proyección. Si Aramburu había entrado en diálogo con Perón para comprometerlo en algún acuerdo, ese diálogo debía ser interrumpido. En ese sentido, los militares nacionalistas a cargo de la inteligencia de Estado y Montoneros tenían un enemigo común. Desde los primeros meses de 1970, distintos miembros del grupo observaban la calle Montevideo durante la mañana, a fin de conocer los movimientos alrededor del edificio donde vivía Aramburu. Los datos colectados se analizaban en una casa de Florida, donde hacía un tiempo se había trasladado la célula cordobesa —Maza y Capuano Martínez—, y en la casa de la hermana de Norma Arrostito en Villa Urquiza. Allí se había mudado Abal Medina. Firmenich y Ramus vivían en Munro. En la noche del 28 de mayo, chequearon a Aramburu: llamaron por teléfono al departamento y cortaron apenas oyeron su voz. En la mañana del 29 de mayo, poco antes de las 9, Aramburu todavía no se había movido del cuarto matrimonial cuando Maza y Abal Medina, vestidos con uniforme militar, estacionaron el Peugeot 504 blanco en el garaje de Montevideo 1037. Lo ubicaron orientado hacia la calle y le prometieron al empleado que en poco tiempo más se retirarían. Al volante del vehículo quedó Capuano Martínez.

En el edificio de Montevideo 1053 se presentaron como custodia militar y subieron hasta el octavo piso. Vélez Carreras, de 22 años, se quedó en el séptimo, de guardia. Una pick-up IKA-Renault estacionó sobre la acera del colegio Champagnat, frente al garaje. De allí se bajaron Mario Firmenich, de 22 años, vestido de policía, para controlar los movimientos de calle, y Carlos Maguid, de 28, vestido de sacerdote. Se colocó frente al colegio. Maguid trabajaba en Canal 11 y era novio de la hermana de Arrostito. Ella, con una peluca rubia, permaneció en la camioneta. La acompañaba Ramus, de 22, al volante. Los dos autos habían sido robados de un garaje de Floresta dos días antes. En la puerta del departamento A, Abal Medina, de 23 años, y Maza, de 25, se presentaron como oficiales del Ejército. Pidieron hablar con Aramburu. El general estaba en pijama, pronto a ducharse. La esposa los hizo pasar, les ofreció café y se fue. Los visitantes se sentaron. El departamento tenía más de doscientos metros cuadrados, contaba con recibidor, hall, living, cuatro dormitorios. Cuando Aramburu apareció —sin ducha, sin afeitar y con la ropa que había utilizado el día anterior—, le ofrecieron la custodia en el Día del Ejército; cambiaron algunas palabras, le mostraron sus armas y lo invitaron a que los acompañase. En el estacionamiento, lo subieron al Peugeot 504. La pick-up los siguió por la calle Montevideo. Cinco minutos después, detrás de la Facultad de Derecho, lo traspasaron a la camioneta y tomaron la ruta. Fueron al campo de Ramus, en Timote, a unos 450 kilómetros de Buenos Aires. Llegaron sin contratiempos a las cinco y media de la tarde. Lo alojaron en el dormitorio principal. Lo interrogaron. Dos días después lo mataron. En distintos comunicados, Montoneros explicó el sentido de la operación. El discurso no tenía la riqueza conceptual ni teórica de otras organizaciones guerrilleras. Se presentaron como argentinos y peronistas, dispuestos a luchar por la Patria Justa Libre y Soberana. Anticiparon que no negociarían por su libertad y lo someterían a un juicio revolucionario. En el comunicado número 3 apuntaron los cargos: la matanza de veintisiete argentinos, la represión, la proscripción, la profanación y desaparición del cuerpo de Evita. Anticiparon que lo matarían. Si sus parientes querían darle cristiana sepultura, entregarían su cadáver cuando fuesen devueltos los restos de Evita. En el comunicado número 4, del 1o de junio, avisaron que ya lo habían matado. A medida que iban apareciendo los comunicados crecían las dudas sobre los secuestradores. Las especulaciones se sucederían durante más de un mes. El entorno de Aramburu sospechaba del grupo de Imaz, que encabezaba la instrucción policial de la investigación. Los señalaban como autores o instigadores del secuestro. Quienes primero sostuvieron esa hipótesis fueron el capitán de navío Aldo Molinari —que había sido presidente de la Comisión Investigadora de la Revolución Libertadora— y su asistente de entonces, Próspero Fernández Alvariño, quien le había cortado la cabeza al cadáver de Juan Duarte para dilucidar si se había suicidado o lo habían matado, como ellos creían. Su entorno tenía la íntima convicción de que Aramburu se había retirado de su casa engañado y cuando llegó al Primer Cuerpo de Ejército advirtió la trampa: lo había secuestrado el servicio secreto de Imaz. Según esta hipótesis, Aramburu se descompensó en el interrogatorio, tuvo un infarto y fue llevado al Hospital Militar, donde falleció. Entonces se habría ordenado entregarle el cadáver al grupo Montoneros, con el cual tenían contacto. El traspaso se habría efectuado en el mismo lugar que marcaba la versión oficial, las adyacencias de la Facultad de Derecho. Luego Montoneros habría asumido el secuestro y la muerte de Aramburu en un "juicio revolucionario". Muchos de los errores iniciales en la pesquisa —la demora en la difusión de la denuncia del secuestro, la información inexacta del modelo y el color del auto en los radiogramas policiales— fueron atribuidos a la intencionalidad de Imaz. Pero, si de verdad los militares nacionalistas ligados al ministro del Interior fueron quienes instigaron el secuestro, para coartar un supuesto plan conspirativo de Aramburu, y se valieron de sus servicios de inteligencia y de una célula guerrillera para ejecutar el plan, el tiro les saldría mal. Durante ese mes, algunos miembros de organizaciones armadas prefirieron salir de circulación frente al temor de que les cargasen alguna responsabilidad en el secuestro. Ningún miembro de Montoneros, en cambio, estuvo bajo seguimiento o fue notificado por la acción judicial. Una semana después, Maza, Vélez y Capuano Martínez volvieron a sus actividades en su provincia; Ramus viajó a Carlos Casares, interesado en un caballo de carrera; Firmenich retornó a las clases en la facultad; Maguid volvió a Canal 11; Arrostito y Abal Medina continuaron juntos. Todavía no había indicio cierto sobre sus secuestradores ni su paradero. Y ya había pasado un mes.

La operación de La Calera revela la identidad de montoneros

La célula cordobesa tenía programada de ejecución la segunda operación. Con Aramburu muerto y enterrado en el subsuelo del casco de la estancia de Timote, los planes de Montoneros no se detuvieron. El 1o de julio de 1970, varios comandos volvieron a incursionar en La Calera. Los miembros de la célula porteña, para proteger su identidad, no fueron incluidos en la acción. En una hora, los montoneros tomaron el control de la comisaría, el correo, el banco, la oficina de correos. Se llevaron dinero, armas y documentos y pintaron las paredes con las inscripciones "Montoneros" y "Perón vuelve". Al principio, la planificación se cumplió en forma más ordenada que en la primera incursión, aunque volvieron a entrar en combate e hirieron, otra vez, al subcomisario Arguello, como en 1969. Los mayores inconvenientes se suscitaron en la retirada. Un auto se detuvo y sus ocupantes se subieron a otro. Pero, dado que la sobrecarga podía despertar sospechas —La Calera estaba próxima al Tercer Cuerpo de Ejército—, dos militantes montoneros se marcharon caminando con las armas en los bolsos. Un vehículo policial los detuvo. A partir de entonces, las reglas de clandestinidad fallaron y sucedió el desastre que pondría en riesgo la continuidad de la organización guerrillera. Con los datos a mano, la policía entró en la casa donde estaba uno de los dos líderes del grupo, Emilio Maza. Se suponía que la información sobre esa vivienda debía estar compartimentada. En el enfrentamiento, Maza recibió un tiro en el estómago. Vélez también fue herido. En el allanamiento policial se rescató un permiso de manejo de auto librado por Arrostito en favor de Maza; un Renault 4L, de su propiedad, que le había prestado para que lo usara en Córdoba. La autorización se había efectuado el mismo día del secuestro de Aramburu, en una comisaría de Capital Federal. A partir de la información obtenida en la casa allanada, la célula porteña de Montoneros entró en emergencia. Los servicios de inteligencia lograron descifrar los nombres de miembros y colaboradores de la organización, que Maza había ocultado en clave, en un fichero. Hubo redadas, centenares de allanamientos, casi ciento cincuenta detenidos relacionados con Montoneros u otras agrupaciones con práctica armada. También, la intervención policial obligó a ingresar en la clandestinidad y actuar con documentos falsos a muchos de ellos. Las FAP, el Ateneo Santa Fe y el grupo de Perdía ofrecieron su red de colaboradores para esconder lo que había subsistido de la célula de Córdoba. Maza no sobrevivió; murió en el hospital. Tras haber sido homenajeado por centenares de personas en el funeral, su cadáver fue trasladado a Buenos Aires para que lo examinase la esposa de Aramburu. Ella dijo que se parecía mucho a uno de los dos militares que había entrado en su casa la mañana del 29 de mayo. Pero su afirmación no fue concluyente. Los efectos de La Calera se empezaron a sentir en la célula porteña. El 6 de julio detuvieron a Maguid. Se había escondido por unos días en la quinta de González Catán con el grupo Sabino, pero la decisión de retornar a su trabajo lo llevó a la prisión. Tenía algo relacionado con Aramburu: el negativo de una foto de la medalla de su llavero. También detuvieron al padre Alberto Carbone, ligado al movimiento de sacerdotes tercermundistas. Los jóvenes de la juventud católica, entre ellos Firmenich y Ramus, habían compartido con él varios campamentos. Carbone era una guía para todos ellos. Apenas conocidos los hechos de La Calera, y antes de ingresar en la clandestinidad, Firmenich le entregó una máquina de escribir. Le dijo que deseaba tener una "larga charla" con él. Las pericias judiciales no pudieron acreditar de manera absoluta que fuera la máquina en la que se habían escrito los comunicados de Montoneros, pero Carbone fue encarcelado en Villa Devoto. El 12 de julio, los diarios publicaron las fotos de Abal Medina, Arrostito, Firmenich, Ramus y Capuano Martínez, con la inscripción de "buscados". El gobierno emitió sus imágenes por televisión. Onganía ya había decretado la pena de muerte contra culpables de secuestros seguidos de muerte o heridas graves, o asaltos a unidades militares. Como Ramus y Firmenich eran personas conocidas en el norte santafecino por la comercialización de hacienda, pocos días después se rastrilló el campo de Timote. El 16 de julio fue encontrado el cadáver de Aramburu. Estaba en el sótano, cubierto de cal, amordazado, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados.

El secuestro de Aramburu marca el final del gobierno de Onganía

Para entonces, el "caudillo azul" ya había entregado el poder. Durante los primeros días posteriores al secuestro intentó resistir las presiones de la Junta de Comandantes, que lo emplazó a que anunciase la apertura política. Onganía se aferró a su postura de siempre: el gobierno, y quien tomaba las decisiones, era él. El presidente de facto intentó relevar al jefe del Ejército, general Lanusse, y se designó a sí mismo para ese cargo, pero la Junta de Comandantes primero lo invitó y luego lo obligó a abandonar la Presidencia.

Sobre la base de la experiencia fallida con el caudillo de la "Revolución Argentina", el poder militar quiso establecer nuevas reglas para conservar el poder. Decidió que el nuevo jefe de Estado que designara debía atender el rumbo que la junta fijase. Ya no toleraría a un presidente que no escuchase sus consejos. Lanusse tuvo la oportunidad de proclamarse presidente, pero, dado que el próximo mandatario debía iniciar un proceso de transición que condujese a un proceso electoral —el que había aspirado liderar Aramburu—, prefirió reservarse como candidato de un consenso civil y militar, y someterse al voto popular. Luego de unos días de exploración, que incluyó a militares retirados y civiles, la Junta de Comandantes eligió al general Roberto Levingston para instalarlo en la Casa Rosada. Era un oficial formado en inteligencia, que estaba sirviendo de agregado en Washington, de buenas relaciones con los Estados Unidos. Su imagen no tenía peso alguno en la opinión pública argentina. Era un desconocido. El compromiso al que arribó la junta para su designación fue que Levingston debía dar pasos progresivos hacia la rehabilitación de los partidos políticos y la legalidad institucional; una instancia que, preveía Lanusse, lo legitimaría a él mismo como mediador entre la sociedad civil y el poder militar.

Las detenciones en Córdoba y Buenos Aires habían reducido al mínimo la infraestructura de Montoneros. Durante varias semanas de encierro, Abal Medina mantuvo latente su combatividad para salvar a la organización. El 1o de septiembre de 1970 la manifestó: condujo el asalto al Banco de Galicia en Ramos Mejía. Además de dinero, se llevó una Uzi, dos pistolas 9 mm y un revolver calibre 32. Con una de esas pistolas en la mano moriría a la semana siguiente. Fue el jueves 7, a la noche, en una pizzería de William Morris, en la que toda la célula de Capital Federal se reuniría con un integrante de la diezmada célula de Córdoba, Luis Rodeiro. En la mesa estaban Abal Medina, Sabino Navarro y Rodeiro. Esperaban a Firmenich y a Arrostito. Afuera, en dos autos, Capuano Martínez y Ramus se ocupaban de la seguridad. El encuentro fue delatado. Cuando la comisión policial ingresó en la pizzería y requirió la identificación de la conducción montonera, se desencadenó el tiroteo. Abal Medina fue herido en el pecho, Sabino Navarro logró escapar. Capuano Martínez también se fugó y Ramus intentó arrojarle a la policía una granada, que explotó en sus manos. Rodeiro, que estaba desarmado, fue detenido. Firmenich y Arrostito llegaron a la pizzería cuando todo se había consumado, y se fueron sin ser interceptados.

Las muertes de Abal Medina y de Ramus causaron conmoción entre los miembros de organizaciones armadas y los sectores más intransigentes contra el régimen militar. La muerte de Aramburu había logrado una identificación popular en el peronismo, y más allá de la fuerza simbólica que contenía su eliminación, Montoneros enmarcaba su acción en un proyecto peronista y revolucionario, que colocaba al líder exiliado como conductor estratégico de sus luchas. Aunque la opción de la lucha armada, como táctica o estrategia, poco tiempo después provocaría un cisma irreversible entre Perón y Montoneros, el hecho de luchar al costo de la propia vida, como había sido el caso de Maza, Abal Medina o Ramus, significó un impulso a la militancia en organizaciones armadas para miles de jóvenes.

Los dos guerrilleros muertos en William Morris habían sido discípulos del padre Mugica. El sacerdote estaba cercado. Después de la aparición del cadáver de Aramburu, fue señalado como el "adoctrinador" de Montoneros, y sus homilías fueron observadas por servicios de inteligencia. La Curia le había pedido que no hablase más con la prensa. Pero Mugica, en la misa de responso que ofició frente a los cuerpos de los guerrilleros caídos, los señaló como "ejemplos de la juventud". El "foco irradiador de conciencia" que pregonaba el líder montonero para la lucha revolucionaria también se fortificaba con la muerte en combate.

Bibliografía

Alonso, Juan, ¿Quién mató a Aramburu?, Buenos Aires, Sudamericana, 2005. Amorín, José, Montoneros: la buena historia, Buenos Aires, Catálogos, 2005. Andersen, Martin Edwin, Dossier secreto. El mito de la "guerra sucia" en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2000. Baschetti, Roberto, Documentos (1970-1973). De la guerrilla peronista al gobierno popular, Buenos Aires, Ediciones de la Campana, 1995. Bolívar, Jorge, Estrategia y juegos de dominación. De Marx y Lenin a Perón y Hannah Arendt. Para una crítica del saber político moderno, tomo 2, Buenos Aires, Catálogos, 2008. Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Buenos Aires, Norma, 2005. Chaves, Gonzalo y Lewinger, Jorge, Los del 73. Memoria montonera, Buenos Aires, Ediciones de la Campana, 1998. De Biase, Martín, Entre dos fuegos. Vida y asesinato del padre Mugica, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998. De Riz, Liliana, La política en suspenso. 1966/1976, Buenos Aires, Paidós, 2000. Fernández Alvariño, Próspero Germán, Z Argentina. El crimen del siglo, Buenos Aires, edición del autor, 1974. Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1998. Lanusse, Lucas, Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, Vergara, 2005. Lanusse, Lucas, "Caer y volver a levantarse. La situación de Montoneros entre fines de 1970 y comienzos de 1972", jornada académica de partidos armados en la Argentina de los setenta, Universidad de San Martín, abril de 2007. Larraquy, Marcelo, López Rega, el peronismo y la Triple A, Buenos Aires, Punto de Lectura, 2007. Marighella, Carlos, "Minimanual del guerrillero urbano", revista Lucha Armada, N° 2, Buenos Aires, 2005. Mazzei, Daniel, "Pretorianismo y autonomía. Una interpretación del comportamiento del Ejército Argentino (1930-1973)", ficha de cátedra, OPFyL, UBA, 1999. Méndez, Eugenio, Aramburu: el crimen imperfecto, Buenos Aires, SudamericanaPlaneta, 1988.

Potash, Robert, El Ejército y la política en la Argentina. 1962-1973, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. Ramus, Susana, Sueños de una sobreviviente montonera a pesar de la ESMA, Buenos Aires, Colihue, 2000. Rodeiro, Luis, "El 'Documento Verde'. La primera crítica a Montoneros desde Montoneros", en revista Lucha Armada, N° 6, Buenos Aires, 2006. Salas, Ernesto, "El falso enigma del 'Caso Aramburu'", en revista Lucha Armada, N° 2, Buenos Aires, 2005. Sarlo, Beatriz, La batalla de las ideas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001. Sarlo, Beatriz, La pasión y la excepción, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. Vélez Carreras, Ignacio, "Montoneros. Los grupos originarios", en revista Lucha Armada, N° 2, Buenos Aires, 2005. Zamorano, Eduardo, Peronistas revolucionarios. Un análisis político del apogeo y crisis de la organización Montoneros, Buenos Aires, Distal, 2005.

Capítulo 10 Luche y vuelve

PERIODISTA de NBC: ¿Qué piensa hacer para regresar al poder? Perón: Nada en absoluto. Todo lo harán mis enemigos. El ex presidente, en octubre de 1955, en Paraguay, a menos de un mes del golpe militar que lo desalojó del gobierno.

La muerte de Aramburu, que había deseado y reclamado en las Instrucciones al movimiento, ahora llenaba de incertidumbre a Perón: no sabía quiénes eran los montoneros. Perón estaba en el llano. El crimen volvió a colocarlo en el centro de la escena cuando menos lo esperaba. En los últimos años, había seguido como un espectador interesado las luchas sociales que se suscitaban desde el movimiento obrero, pero no estaba en condiciones de romper con la clausura política decretada por Onganía. La posibilidad de una "salida institucional" —una alternativa obligada del régimen militar para reducir la eficacia de las guerrillas— le abrió una veta para activar su retorno. Era una convocatoria forzada. Los ideólogos del "partido militar" habían llegado a la conclusión de que, para reconstruir una democracia que les asegurase un retiro honorable y les permitiera condicionar a un futuro gobierno civil, debían admitir al peronismo como miembro legítimo de la comunidad política.

Lo habían negado durante quince años. Ahora era imprescindible. Ya no aspiraban a "integrarlo" sino a impedir que el peronismo se radicalizara. Buena parte de los jóvenes de clases media y alta de los centros urbanos, que iniciaban un proceso de politización, empezó a rescatar la figura de Perón. Sus padres habían sido los "vencedores" de la Revolución Libertadora, y ellos habían vivido su infancia escuchando "historias negras" del "tirano prófugo" y "la prostituta". Pero, tras los sucesivos fracasos de las gestiones posteriores — dictaduras militares o regímenes tutelados por militares—, hicieron una relectura de sus realizaciones y su legado. A diferencia de aquellas que habían militado en el antiperonismo, las nuevas "vanguardias intelectuales" veían al peronismo y a su líder con nuevos ojos. En la gestación del movimiento, la izquierda tradicional (representada por comunistas y socialistas) había asumido una posición crítica frente a Perón. En el contexto internacional de posguerra, lo había caracterizado de fascista o neonazi, contrario a los verdaderos intereses de la clase obrera. Desde mediados de los sesenta, sectores de una "nueva izquierda" en formación debatían la naturaleza ideológica del peronismo. Empezaron a concebirlo como un movimiento potencialmente revolucionario, del que no se podía prescindir a la hora de definir los actores de la transformación social. Incluso para aquellos que pensaban en un destino revolucionario radicalizado, el peronismo era un tránsito necesario e inevitable. Perón buscó acercarse al sector que había sido contestatario en sus primeros dos gobiernos. A la distancia, comenzó a examinar la movilización juvenil y la conmoción que provocó la Revolución Cubana. También tenía respuestas para este nuevo fenómeno: saludó al Che, expresó su fe en "nuestros muchachos" y, por medio de cartas, filmaciones o contactos personales, presentó sus credenciales "revolucionarias" para atraerlos. El país estaba cambiando. Perón ya no contaba sólo con la base obrera que mantuvo su lealtad por encima de la represión y la derrota. Ahora eran los jóvenes que crecieron en hogares donde se respiraba el odio al peronismo quienes, encarnando una nueva sensibilidad, reivindicaban su política de justicia social. Ya nadie, desde el sector universitario, lo llamaba "dictador fascista". Perón era, de alguna manera, como ellos: un proscripto que soportaba el exilio y la prohibición de actuar en política, así como a ellos les tocaba padecer la intervención militar en las aulas, intervención que era justificada en el ideario castrense en prevención de un posible "brote marxista".

Para no sentirse cómplices de la dictadura que los asfixiaba, muchos estudiantes empezaron a intuir que había una salida: formar parte de una organización política que luchara contra "el sistema". Podían constituir un grupo, debatir si iban a reivindicar la lucha armada o no, sentar una posición ideológica unificada o un manifiesto y luego involucrarse en la intensidad de la lucha con un signo propio, hacer militancia pública, de superficie, y, a la vez, formar parte de un grupo clandestino. O iniciarse en la práctica armada y sentirse guerrilleros.

Montoneros y Perón: la confluencia inicial

Montoneros hizo el primer contacto con Perón a fines de 1970, por medio de Rodolfo Galimberti, un dirigente juvenil peronista de 23 años, que no pertenecía a la organización. Desde hacía tiempo Galimberti buscaba un contacto para ser recibido en Puerta de Hierro y lo había conseguido. El crimen de Aramburu también le había ofrecido una oportunidad: convertirse en mediador entre los montoneros clandestinos y el líder exiliado. Montoneros quería saber qué opinaba Perón. Hasta ese momento había permanecido en silencio, o hablado a medias, sobre el secuestro de Aramburu. La operación, de alguna manera, lo había acorralado. Perón no la podía desautorizar. Había sido realizada en su nombre, en favor de su retorno. Había sido festejada por la vieja militancia de la resistencia peronista y fue recibida con entusiasmo por la juventud politizada. Pero él no la había reclamado. La muerte de Aramburu remitía el conflicto a un estadio anterior. Recuperaba el eje de la tragedia, el militar fusilador y los peronistas fusilados. En ese momento de su conducción táctica, Perón no buscaba replantear el problema. Para Montoneros, en cambio, no había perdido vigencia. Era el punto de partida de su historia, o el lugar desde donde retomaban la historia. Montoneros actualizó el conflicto y convirtió el fusilamiento de Aramburu en su acto fundacional. Perón avaló en forma tácita la operación. "En la guerra revolucionaria — decía— todo es lícito si la finalidad es conveniente". Entendía que cada uno debía pelear en la forma en que era capaz de hacerlo. Para debilitar al enemigo, podía ejecutarse un plan de provocación, otro de intimidación, otro de boicot, de infiltración, de captación, de sabotaje. El movimiento peronista tenía distintas estructuras de superficie —el partido, los sindicatos— para responder a esas necesidades bajo una conducción centralizada.

En esa lucha integral también podían participar los grupos que actuaban en la "guerra revolucionaria". Pero estos, a los que Perón denominaba "formaciones especiales", podían tener autonomía en su conducción, aunque deberían operar en la forma más coordinada posible con las finalidades del conjunto y con las otras fuerzas que realizaban otro tipo de acciones, también revolucionarias. Es decir, para Perón, Montoneros, por su "función guerrera", tenía un rol específico en su estrategia general. La conducción montonera todavía no tenía claro si Perón los utilizaría como instrumento de negociación con el resto del movimiento o frente a los militares. Lo mismo sucedía en referencia a la lucha armada: Perón la reivindicaba como un instrumento, un medio, no un fin en sí mismo; para Montoneros era la base de la construcción del poder. Tampoco quedaba claro si el proyecto de Perón tendiente al "socialismo nacional" era el mismo que el de su organización armada ni si el objetivo de Montoneros de constituirse como vanguardia no era contradictorio con la conducción de Perón.

Levingston, cercado por la protesta social y la guerrilla

La revitalización de la política movilizó a las fuerzas partidarias. La guía del Partido Justicialista local era Jorge Paladino, delegado de Perón, proclive a un entendimiento con el régimen militar en pos de una "conciliación nacional". En diciembre de 1970, los partidos se agruparon en La Hora del Pueblo para reclamar por el fin de la proscripción y el llamado a elecciones. Para entonces, Levingston ya era un obstáculo para el "reloj institucional" que pretendía poner en funcionamiento la Junta de Comandantes. El presidente de facto no tenía urgencias para el diálogo con los partidos políticos, aunque invitaba a cenar en la residencia de Olivos a dirigentes de segunda línea para atraerlos a su propio proyecto político. Pensaba gobernar al menos por cinco años. Es cierto que Levingston se reunió con los ex presidentes Guido y Frondizi y simuló interesarse en un futuro proceso electoral, pero jamás le puso fecha. Para ganar consenso entre sectores civiles, y diferenciarse de la Junta de Comandantes, intentó un camino propio. Decidió librarse de la impronta liberal en la economía, secuela de la gestión de Krieger Vassena, e implementó políticas de apoyo al desarrollo nacional, con estímulo a la pequeña y la mediana industria local, en detrimento del capital monopólico extranjero.

Pero Levingston no pudo detener el desborde inflacionario ni los reclamos obreros por la recomposición salarial. La guerrilla también le resultó incontenible. Las organizaciones armadas fueron intensificando sus acciones a partir de la incorporación de nuevos militantes. Los asaltos callejeros y los secuestros de empresarios fueron las principales fuentes de financiamiento. También los golpes tipo comando sobre algunas poblaciones —con la toma del correo, la comisaría, algún banco o la misma sede municipal— les reportaban dinero y eran un método eficaz de propaganda. Los riesgos eran las bajas: podían identificar al resto de los miembros de la organización.

La guerrilla estaba en pleno crecimiento. A mediados de 1970, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) realizó su Quinto Congreso partidario. Y allí, en la comprensión de que el Cordobazo había marcado el inicio de la "guerra civil revolucionaria" en la Argentina, resolvió crear una fuerza militar para enfrentar y derrotar a las Fuerzas Armadas del régimen. Esa fuerza sería el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Sus operaciones debían orientarse hacia la movilización de las masas y su participación en aquella guerra. La acción armada de los revolucionarios despertaría la conciencia popular. Las unidades estratégicas del ERP llevarían a cabo actividades militares para provocar el desgaste de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Al mismo tiempo, ejecutarían asaltos a bancos, secuestros extorsivos, "expropiaciones" y repartos de bienes en sectores populares. Hasta ese momento, el PRT seguía los procedimientos básicos de la guerrilla urbana. En 1969, por ejemplo, su líder, Mario Roberto Santucho, encabezó el robo a un banco en Escobar. La primera aparición pública del ERP fue la toma de una comisaría en Rosario, en la que izaron la bandera del ERP en el mástil. Dos policías resultaron muertos. Pese a la nueva dimensión política que estaba alcanzando con sus discursos de "liberación nacional", Santucho no modificaría la caracterización sobre Perón. Para el ERP-PRT, el ex presidente buscaba acordar con las clases dominantes un proyecto político que garantizara el orden burgués. Perón detenía el acontecer revolucionario. Este fue un problema cuya irresolución impidió la unidad de las organizaciones armadas. Tenían convergencias: los unificaba la idea de que, para tomar el poder e instaurar el socialismo, era necesaria una "guerra revolucionaria". Pero Montoneros reconocía el liderazgo de Perón en esa guerra.

También las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), a esas alturas, habían avanzado en su desarrollo armado. El temor a convertirse en "una pequeña patrulla extraviada en el espacio de la lucha de clases" las condujo al abandono de la teoría del foco guevarista. Empezaron a desarrollar "comandos" o "columnas", con decenas de hombres entrenados para la guerrilla urbana. Pero, mientras tanto, su ideología continuaba en estado de gestación, cruzada por el marxismo y el peronismo. Las columnas Buenos Aires y La Plata se reconocían peronistas; la conducción de Córdoba, marxista. Para armonizar los forcejeos ideológicos internos, coincidieron en que el marxismo funcionaría como una herramienta para el examen de la realidad nacional y el peronismo era la materia que pondría en marcha "la guerra del pueblo". El bautismo público de las FAR fue el 30 de julio de 1970, cuando creían que ya habían alcanzado un nivel organizativo adecuado para presentarse como organización guerrillera. Ese día, con la dirección de Carlos Olmedo y el diseño militar de Julio Roque, alrededor de cuarenta miembros de las FAR controlaron durante una hora los puntos estratégicos de la localidad de Garín, en el norte del conurbano bonaerense. Por su nivel de adiestramiento, su sincronización y la velocidad con la que actuaron sus comandos, demostraron un grado de madurez y profesionalismo mucho más avanzado que los cuadros montoneros que habían participado en la toma de La Calera, treinta días antes. El grupo se hizo llevar a Garín por remiseros y fleteros a los que luego redujeron, amordazaron y ataron en la caja de una camioneta. Ingresaron en la localidad con los vehículos que habían apropiado. Un comando con uniformes policiales bloqueó el acceso al lugar. Con distintos ardides, y comunicados mediante walkie-talkies, tomaron la sede de la empresa estatal ENTel, la estación ferroviaria, la comisaría y el Banco Provincia. En menos de cincuenta minutos se llevarían dinero, ametralladoras y revólveres, y uniformes y chapas policiales. Las FAR pusieron en evidencia la debilidad del régimen y la eficacia de la lucha armada. No sufrieron detenciones ni bajas. Pero Fernando Sulling, el policía que intentó impedir el asalto al banco, moriría horas después en el hospital de Escobar.

Las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) retornaron a la acción el 6 de enero de 1970 con la toma de un destacamento policial en Villa Piolín, donde secuestraron armamentos, y "expropiaron" una carga de juguetes en la zona que luego distribuyeron entre los chicos de la villa. Las operaciones continuarían en la misma línea que las otras guerrillas urbanas: asaltos a puestos de fuerzas de seguridad, bancos, toma de emisoras radiales y "expropiación" y reparto de mercaderías entre sectores populares. En 1970 también se presentó Descamisados, originado en sectores juveniles disconformes de la democracia cristiana. Vertieron su caudal hacia el peronismo. A fin de ese año, tomaron un cine en La Tablada y proyectaron un documental donde Perón elogiaba la lucha armada. Pronto volarían el yate del comandante en jefe de la Armada en el río Lujan y secuestrarían al gerente de la ITT-General Electric por un rescate de más de un millón de dólares. En un balance de lo actuado entre marzo y julio de 1971, la guerrilla realizó 316 operaciones "firmadas" —120, por el ERP—, más otras 137 que no fueron firmadas o correspondieron a grupos pequeños que se reconocían peronistas.

También comenzaron las caídas. La primera baja de las FAP fue el cura Gerardo Ferrari, muerto en un combate contra una patrulla policial en 1969. Unos meses después, la policía de Onganía detuvo e hizo desaparecer al militante de las FAL Alejandro Baldú. Lo mismo le sucedió a Néstor Martins, abogado perteneciente a la CGTA, ex militante comunista, y a su cliente Nildo Centeno, un obrero boliviano que había ido a consultarlo por un problema laboral e intentó defenderlo cuando lo secuestraban. En San Juan, en junio de 1971, fue detenido y desaparecido el matrimonio compuesto por Marcelo Verd y Sara Palacio de Verd, de las FAR, que habían participado en Garín. En Capital Federal, también de las FAR, Juan Pablo Maestre fue baleado y tirado en la calle; su esposa Mirta Misetich no volvió a aparecer. En el PRT-ERP desapareció un miembro de la conducción, Luis Pujáis. Hacia fines de 1971, los desaparecidos eran diecisiete. Montoneros perdería a su jefe Sabino Navarro a mediados de ese año. Después de las caídas de Abal Medina y Ramus, Sabino había quedado al frente de Montoneros, seguido por Carlos Hobert. Pero, como ambos pertenecían al mismo grupo, el segundo lugar en la conducción fue cedido a Firmenich.

Durante su jefatura, Sabino recorrió todo el país tratando de reforzar las regionales que contaban con una base mínima, apenas un puñado de militantes. La caída de Sabino se produjo en Córdoba. Su traslado también era resultado de una degradación. Sabino había transgredido las normas de seguridad y se había expuesto a riesgos innecesarios. Una noche, en Boulogne, dos policías le pidieron su identificación. Estaba en un auto estacionado, junto a una mujer que no pertenecía a la organización. Justo esa mañana un grupo montonero había asaltado un banco en la zona. Sabino no lo sabía. Mató a los dos policías y escapó. En Córdoba, siempre en la clandestinidad, atravesó un control policial con un auto robado y entonces inició una fuga que duró una semana, rastreado por helicópteros y la infantería, en la ruta y en el monte. Herido en una pierna y en un hombro, el colectivo que había robado chocó contra la montaña. Desangrado, murió en una cueva. La policía tardó varias semanas en encontrarlo. Estaba con su 38 en la mano. Con la caída de Sabino, la organización Montoneros perdió a su estratega y al único miembro de conducción que tenía relación con los trabajadores: había sido obrero de fábrica. Lo sucedió Firmenich, que trabajó en la creación de estructuras armadas, disciplinadas y verticales, antes que en su desarrollo político y de masas. Ese desarrollo era valorado por la conducción montonera, aunque sus cuadros tuvieran que permanecer ajenos a ellas por su condición de clandestinos. Pese a esa valoración, entendían que las luchas sociales y políticas debían estar subordinadas a la construcción de la lucha armada.

Sin embargo, las movilizaciones populares o "puebladas" organizadas alrededor del movimiento obrero, aun sin fusiles, también tenían capacidad para desestabilizar al régimen: el Cordobazo había clavado un diente en el poder de Onganía. El Viborazo tumbaría a Levingston. El final de su gobierno se inició cuando José Uriburu —sobrino del dictador de la década de 1930—, al que había designado gobernador de Córdoba, anunció que cortaría "de un solo tajo" la víbora de la subversión. La expresión provocó ira en la provincia. Diez días después, la primera huelga general se realizó con ocupaciones de fábricas, movilizaciones, enfrentamientos y saqueos. En la represión policial, murió un obrero de FIAT. Las manifestaciones se repitieron dos días después.

La Junta de Comandantes aprovechó la contingencia para reclamar un cambio en la dirección del gobierno. Levingston persistió con su criterio: relevó al comandante del Ejército, Lanusse, ordenó su arresto y designó a su reemplazante. Las unidades militares reclamaron su restitución. Levingston comprendió que su autoridad no era ilimitada.

Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional: la fórmula imposible

El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió el gobierno en nombre de las Fuerzas Armadas. Consciente del desgaste que sufría el poder militar, en forma inmediata activó el Gran Acuerdo Nacional (GAN), instrumento con el que rehabilitó la apertura política sin exclusiones. El objetivo de Lanusse era lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas y el poder militar, alcanzar un consenso institucional, encarar un proceso que condujese a una elección presidencial, con una democracia representativa. Había mucho para conversar y debatir con los partidos, pero las reglas del proceso electoral las impondría el régimen militar, que también escogería un candidato propio para participar en la contienda. El radicalismo de Ricardo Balbín acogió la convocatoria con expectativa y dio una señal favorable: el radical Arturo Mor Roig asumió como ministro del Interior para establecer las negociaciones con las fuerzas políticas, aunque lo hizo en carácter de "independiente" y no como afiliado de la UCR. Esta arquitectura institucional necesitaba de Perón para ser legitimada. Ese fue el desafío político de Lanusse. En forma simultánea al accionar de la guerrilla, Perón se había transformado en la clave de su gestión. Para las Fuerzas Armadas continuaba siendo un enemigo: durante su exilio había trabajado para el fracaso de todos los gobiernos y ahora promovía las incursiones guerrilleras. Aun con las prevenciones militares, Lanusse consideraba imprescindible encarar una negociación. Cualquier perspectiva de acuerdo político era impensable con la exclusión de Perón. La frustración de los gobiernos civiles que intentaron reorganizar el país con su proscripción, los sucesivos fracasos de los regímenes militares y el deseo mayoritario de retornar a las libertades civiles y políticas contribuyeron a redimensionar la figura del exiliado desde fines de la década de 1960. Perón se estaba convirtiendo en un "mito unificador" de sectores enfrentados. La esperanza de Lanusse era que, después de un período de intercambio de cortesías públicas y acuerdos secretos, Perón aceptara marginarse por sí solo del proceso electoral. Esa era su utopía, el secreto que escondía el GAN. La negociación, que pronto se convirtió en un duelo, entre los dos generales —uno formado en el arma de Caballería, el otro en Infantería— duraría casi dos años. En abril de 1971, Lanusse envió en misión secreta al coronel Francisco Cornicelli a negociar a Puerta de Hierro. Lanusse prometía "juego limpio". Ofreció la restitución de su grado militar, de sus bienes patrimoniales, la devolución del cuerpo de Evita y el inicio de una estrategia de reivindicación histórica. En compensación, le pidió a Perón que desautorizara las acciones guerrilleras. —Hay muchos que masacran vigilantes y asaltan bancos en su nombre —le dijo Cornichelli. —Habrá más —respondió Perón. —Lo seguirán haciendo hasta tanto usted no defina una posición respecto de ellos —afirmó el enviado de Lanusse. —No, se equivoca usted; aunque yo les diga que no lo hagan... Cornicelli lo interrumpió: —...lo van a hacer, pero no en nombre de Perón. —Lo van a seguir haciendo porque este es un conflicto que tiene otra raíz que ustedes no conocen —dijo el exiliado. Perón no las desautorizó. Las acciones armadas desgastaban al gobierno de Lanusse y mejoraban sus condiciones de negociación para retornar al país. Además, a mediados de año, Perón rescató la "histórica vocación antiimperialista y revolucionaria del justicialismo" en un documental del Grupo Cine Liberación. Su relato funcionó como un aval a la ofensiva de "la línea dura" del peronismo y como un legado para la juventud. En la nueva actualización doctrinaria, el justicialismo se presentaba como un camino válido hacia el socialismo nacional. Esta postura era opuesta a la de su delegado Paladino, que trabajaba bajo sus directivas pero era partidario de llegar a un acuerdo programático con Lanusse. El delegado también tenía aspiraciones propias. Pensaba que, si Perón aceptaba excluirse, él podría liderar un polo de consenso entre el justicialismo y el poder militar. Sus expectativas políticas encontrarían límite unos meses más tarde. Lanusse comenzó a cumplir poco después. Como conocía la ruta que había recorrido el cadáver de Evita, el 3 de septiembre de 1971 le devolvió a Perón los restos de su esposa. Después de 1955, su cuerpo había permanecido oculto en la Argentina y luego había sido trasladado a Milán, Italia. El Vaticano había colaborado para que se la sepultara bajo un nombre falso. Algunos grupos guerrilleros realizaron acciones de inteligencia para recuperar el cuerpo y entregárselo a Perón. Querían evitar que los militares lo utilizasen como parte de un acuerdo que obligase a Perón a permanecer en España. El rescate de Evita también implicaba la recuperación de su mensaje político y la apropiación de su legado. Evita se había convertido en la bandera de la guerrilla peronista. Perón quiso reorganizar el Partido Justicialista y someterlo a su conducción. Existía un vacío de representación entre Madrid y las bases. La dirigencia política, proclive a la negociación con el régimen, estaba lejos de constituirse en una herramienta revolucionaria. No ejercía presión sobre ni daba señales de intransigencia respecto de las Fuerzas Armadas. Tampoco movilizaba. Perón necesitaba una política más agresiva, de modo que apostó a la incorporación de los sectores "duros" en el consejo partidario. Sin embargo, como contrapeso, designó al coronel Jorge Osinde como su delegado en Asuntos Militares. Osinde había sido uno de los jefes de Coordinación Federal durante su segundo gobierno, y había torturado a los radicales para dilucidar quiénes habían colocado la bomba en Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953.

En el peronismo no había lugar para los "débiles". En octubre de 1971, Perón echó a Paladino, degradado tras un careo en Puerta de Hierro con Galimberti, al que había promovido a la representación juvenil del órgano partidario. Héctor Cámpora, ex presidente de la Cámara de Diputados, fue elegido nuevo delegado. Luego de un período de prisión en Ushuaia, Cámpora había congelado su vocación política y había retornado a la odontología en su pueblo. Perón quería que su delegado fuese un fiel ejecutor de sus instrucciones en la relación con los militares. Cámpora, que no tenía ambiciones políticas por fuera del dispositivo de Perón, cumplía con ese perfil.

Mientras la CGTA se había desintegrado como organización, y el clasismo continuaba su liderazgo en las fábricas y en las luchas sociales de Córdoba, la CGT, heredera del vandorismo, se había reorganizado. La lideraba el metalúrgico José Ignacio Rucci. Las burocracias sindicales ya no controlaban las estructuras del peronismo. Habían perdido fuerza. Lanusse, para captarlas, dio respuestas favorables a sus reclamos salariales. También les cedió las obras sociales, con la intención de sumarlas al GAN y desacomodarle a Perón la columna vertebral del movimiento. La irrupción de fuerzas nuevas dentro del peronismo, el reclamo de renovación de hombres y transformación de las estructuras burocráticas, fue un problema para las burocracias sindicales. La juventud, que apoyaba sin reservas el regreso de Perón, era la nueva estrella del movimiento peronista. Los gremios, en cambio, no tenían estrategia unificada sobre el retorno. Rucci era el más convencido —lo apoyaba—, pero el resto tenía reservas. El aparente "giro a la izquierda" del líder exiliado podría significar su exclusión del nuevo poder. Los movimientos de Madrid siempre generaban incertidumbre. ¿Perón quería volver al país? ¿Cómo? ¿Sería por las armas o por las urnas? ¿Qué lugar tendrían los gremios en una u otra instancia?

La Escuela Francesa vuelve a las calles

Por entonces, en 1971, el gobierno de Lanusse había creado la Cámara Federal en lo Penal, que, a través de rápidos procesos judiciales, encarcelaba a guerrilleros y militantes del peronismo combativo y la izquierda. Las conducciones de las organizaciones armadas percibieron el efecto. Había caído Roberto Quieto (FAR) —tras la presión popular, el Ejército legalizó su detención—, también habían apresado a Santucho y a Enrique Gorriarán Merlo (ERP) en una redada, y a José Menna (ERP), obrero azucarero, tras robar un banco. Pero en la prisión la militancia no se detenía. Como explicaba Ho Chi Minh, el guerrillero vietnamita que luchó contra el colonialismo francés y alcanzó la presidencia, la cárcel era la primera escuela de un revolucionario. A la par de las detenciones legalizadas, los comandos paramilitares comenzaron a combatir la acción guerrillera con secuestros, torturas y muertes. Esto puso de manifiesto las dos posiciones internas en las Fuerzas Armadas para neutralizar a la guerrilla. La salida institucional, con participación militar, por la que trabajaba Lanusse, y la represión militar clandestina, ilegal, que seguía los procedimientos de la doctrina contrarrevolucionaria. Lanusse no estaba en capacidad de controlar —menos aun de sancionar— a los "comandos locos" de las unidades militares que salían a las calles con el manual de la Escuela Militar Francesa para aniquilar a la militancia guerrillera de forma rápida y drástica, aun a un costo político alto. En el frente interno, Lanusse debía lidiar también con la constante conspiración de los militares nacionalistas que se habían sublevado en Azul y en Olavarría. Perón responsabilizó a las Fuerzas Armadas por la intensificación de la campaña criminal. Denunció que había organizaciones paramilitares, preparadas por el Ejército, dedicadas al secuestro y la tortura. Los comparó con los Escuadrones de la Muerte del Brasil. El texto apareció firmado en el número 5 de la revista Las Bases, del Consejo Peronista. El director periodístico era José López Rega, ex mayordomo, que tras la muerte de Aramburu había saltado del manejo doméstico de Puerta de Hierro a la coordinación de la agenda política de Perón. López Rega también criticó en su editorial el accionar de "las formaciones especiales de antiguerrilla, provistos de elementos de represión, con presupuestos siderales y libertad de acción". "¡Todo se va preparando para un enfrentamiento masivo y cruento —pronosticó— puesto que a una represión mayor, también va un ataque mayor!" Para esa época, a fines de 1971, por intermedio de un enviado de Montoneros que se reunió con Perón en Madrid, López Rega le propuso a la conducción guerrillera la formación de un grupo armado conjunto que los nivelara militarmente con las "bandas armadas" que utilizaban los gremios ortodoxos. Montoneros lo tomó a risa. Una prueba de su relación política con el secretario de Perón, en este período, fue la publicación de un comunicado de Montoneros en ese número de la revista. Esto irritó a los militares. Las Bases, como órgano de prensa oficial del justicialismo, concedía un espacio de legitimidad a una organización guerrillera que todavía tenía a sus jefes prófugos de la Justicia por el crimen de Aramburu.

Los dispositivos del general Perón

Durante 1972, Perón activó distintas estrategias para su retorno. Por un lado, se propuso liderar la restauración democrática. Con la idea de segarle el GAN a Lanusse, instrumentó el Frente Cívico de Liberación, que incluía a los partidos de La Hora del Pueblo y funcionaría como su antítesis. Su liderazgo también se expresaba en el armado de una concertación social entre empresarios y el sindicalismo —a los que había logrado encolumnar para su retorno—, en la que ambas corporaciones se comprometerían a acordar y sostener un congelamiento de precios y salarios durante dos años, con la puesta en marcha de un plan de reactivación industrial.

Este acuerdo —que luego se conocería como Pacto Social— presentaba a Perón como una garantía de pacificación y gobernabilidad. En forma simultánea, en su dispositivo estratégico, el líder exiliado también tenía a mano la "guerra revolucionaria" de las organizaciones armadas. Atentados a militares comprometidos con la represión, intentos de copamiento a unidades de las Fuerzas Armadas para sustraer armas y el secuestro de empresarios extranjeros componían un escenario de tensión y violencia que irritaba al poder militar. La bandera de Montoneros era "Perón o Guerra". Perón no los desautorizaba. En marzo de 1972, el ERP secuestró al italiano Oberdan Sallustro, presidente de FIAT Concord, en momentos en que la empresa afrontaba un conflicto laboral. El ERP pidió un rescate millonario y la libertad de sus militantes políticos detenidos. Tras casi un mes de secuestro, la policía detectó el lugar del cautiverio en Villa Lugano, y los guerrilleros escaparon del lugar. Sallustro fue herido de muerte. Ese mismo día, en una acción conjunta entre el ERP y las FAR, emboscaron y mataron en una esquina de Rosario al general Juan Carlos Sánchez, jefe del Segundo Cuerpo de Ejército. La guerrilla lo había denunciado como jefe de las torturas a obreros y militantes. Se decía que sus subordinados circulaban en una camioneta con un equipo portátil de picana eléctrica para detenciones callejeras. Fue el primer general en actividad muerto por la guerrilla.

Lanusse intentó arrebatarle a Perón su condición de estratega alejado del campo de batalla. Lo desafió a pelear en territorio local. El 7 de julio de 1972 estableció que cada uno de los candidatos de las fórmulas electorales debía fijar su residencia en el país antes del 25 de agosto. Si durante diecisiete años Perón no había podido entrar al país, ahora Lanusse lo obligaba a hacerlo si deseaba ser candidato presidencial. Pero desconfiaba de su coraje personal. "No le da el cuero para venir", dijo Lanusse. La pretensión de arrastrar a Perón al país no hacía más que revelar la impotencia del régimen para comprometer a las fuerzas políticas con el GAN. Perón estaba lejos de someterse a las reglas de Lanusse. En agosto de 1972 ya era candidato a presidente por el justicialismo, pero no se mostraba convencido de que las elecciones fueran el camino correcto para retomar el poder. Desde su escritorio en Madrid, observaba que tenía la mayoría de las cartas de su lado y podía derrotar a Lanusse con cualquiera de ellas, utilizándolas por separado o de manera conjunta. Subordinado a sus órdenes, cada sector cumplía un rol táctico, aun con posiciones y proyectos contradictorios entre ellos, pero que respondían globalmente a la estrategia del líder. En la cúspide del movimiento estaba él, intentando mantener la cohesión interna y la claridad de objetivos mediante la devoción y la esperanza. Perón había creado la certidumbre de que era el único hombre capaz de salvar al país del caos. El pueblo volvía a legitimarlo como líder político.

Trelew: fuga y fusilamiento

A las 6 y cuarto de la tarde del martes 15 de agosto de 1972 se abrió la primera reja del penal de Rawson, provincia de Chubut. Con una pistola que había ingresado en la unidad con la complicidad de un guardiacárcel, Quieto y Santucho amenazaron al jefe de guardia, al que hicieron acercarse para hablar, con la custodia de otros carceleros. Los jefes guerrilleros habían ensayado el procedimiento dos días antes. Pero ese acto, que no había generado consecuencias, ahora iniciaba la fuga de los pabellones de decenas de miembros de las organizaciones armadas, que desde el año anterior habían sido trasladados a esa cárcel, considerada de máxima seguridad, cercada por una base militar aeronaval y ubicada en un lugar aislado de la región patagónica. Tosco, Ongaro y otros líderes clasistas eligieron no fugarse. Como dirigentes gremiales y sociales, entendían que el gobierno los tenía que liberar por derecho. La acción fue dirigida por las jefaturas del ERP, las FAR y Montoneros, luego de que se descartaran otras opciones, como la excavación de un túnel o la realización de un ataque externo para liberar a los presos. El plan elegido requería la sincronización de la fuga del penal en Rawson con las maniobras de un avión comercial de Austral, que debía aterrizar a las 18.20 en Trelew —distante veinte kilómetros— y que despegaría media hora más tarde con destino a Buenos Aires. Para consumar la fuga, ese avión debía ser secuestrado. El plan volvía imprescindible el apoyo externo. El avión debía ser tomado por militantes armados que embarcarían como pasajeros en la escala aérea de Comodoro Rivadavia. También contaban con apoyo en Trelew para la toma del aeropuerto.

En el plan original, el traslado de Rawson a Trelew de los ciento dieciséis presos de la fuga se realizaría con un auto, una camioneta y dos camiones. Para que los vehículos ingresaran en el penal y cargaran a los presos, debían atender una señal desde la ventana de un pabellón. Un pañuelo desde la ventana confirmaría que el penal había sido ocupado con éxito. La señal de la fuga también dependía de la comunicación externa: se necesitaba la confirmación del aterrizaje del avión en Trelew. Esta confirmación llegó al penal a las 18.24, tras cuatro minutos de retraso e incertidumbre, y fue anunciada al resto de los detenidos con la entonación de una zamba. Luego de reducir al jefe de guardia del último pabellón, un jefe guerrillero se colocó un uniforme (que también había sido introducido con la complicidad del guardia), y simularon el desarrollo de una inspección militar, secundados por civiles armados, de pelo corto, para no generar sospechas en la guardia de las garitas de seguridad, que tenía el control visual de los pabellones. Todos los desplazamientos habían sido calculados en forma previa, metro a metro. En no más de doce minutos, reiterando el ardid inicial, se fue reduciendo al personal interno y colocándolo en los calabozos, y se fueron tomando sus uniformes de guardia, abriendo las rejas y consolidando la fuga pabellón por pabellón. Así se dominó a alrededor de setenta guardiacárceles. Para someter a la guardia central, se comenzó a cantar canciones y distraer su atención, mientras los penados continuaban la fuga. La operación se realizó con éxito en el depósito de armas, y continuó con distintas dependencias, sin resistencia alguna. También se tomaron las torretas externas. Allí se produjo un enfrentamiento. Un guardia, Gregorio Valenzuela, reconoció a un preso con el uniforme de guardiacárcel y resistió la toma. Se generó un enfrentamiento. Valenzuela fue muerto y otro guardia resultó herido. Los disparos se escucharon. El director del penal, que ya había sido reducido en su oficina, fue obligado a transmitir al resto del personal de las torretas que habían sido unos petardos del exterior. La situación era normal. Los guerrilleros salieron en fila de los pasillos de los pabellones hacia la puerta del penal. Tosco, que apoyaba moralmente la fuga, los ordenaba para que no se produjeran alborotos. Los presos comunes no participaron de la fuga, los miraron salir en silencio. A las 6.30 de la tarde del 15 de agosto de 1972 ya estaba el pañuelo en una de las ventanas del pabellón de mujeres. Al penal ingresó el primer vehículo, un Ford Falcon, en el que se fugaron los jefes de las organizaciones guerrilleras: Menna (ERP), Gorriarán Merlo y Santucho (ERP), Osatinsky y Quieto (FAR) y Vaca Narvaja (Montoneros). Ya estaban en libertad y partieron hacia el aeropuerto de Trelew. Faltaba el ingreso de la camioneta y los dos camiones. Pero el jefe de transporte externo, ubicado a cuarenta metros del pabellón, interpretó mal la señal y pensó que la operación había fracasado. Ordenó salir de las inmediaciones del penal. Los presos que ya habían accedido al patio central dispuestos a fugarse no encontraron los camiones y la camioneta. Pasaron los minutos y no supieron qué hacer. Un engranaje de la operación había fracasado. Entonces llamaron por teléfono a una compañía de taxis. A los pocos minutos, consiguieron tres unidades, redujeron a sus choferes y les ordenaron el traslado al aeropuerto. Los noventa y un detenidos restantes permanecieron adentro del penal a la espera de un camión que nunca llegó, hasta que cerraron las puertas y mantuvieron secuestrados a los guardias y las autoridades. Cuando el jefe de transporte, en duda con la decisión que había tomado, decidió retornar al penal con los camiones, para ver si estaban a tiempo o en capacidad de hacer algo, los patrulleros de la policía y unidades del Servicio de Penitenciaría habían cercado la cárcel. La demora era un factor letal para el plan de fuga. Los taxis partieron con veinticinco minutos de retraso en relación con el Ford Falcon que conducía a los jefes guerrilleros. Los dos primeros vehículos viajaban con velocidad, pero el tercer auto se demoraba y obligaba a que los otros se detuvieran en la ruta hasta observar las luces de sus faros en el espejo retrovisor. El avión en el aeropuerto de Trelew ya había sido secuestrado por un guerrillero del apoyo externo. Luego lo abordaron los jefes de las organizaciones armadas. El líder de las FAR, Roberto Quieto, en el control de la cabina del piloto, anunció al pasaje que era un simulacro de entrenamiento contra las acciones terroristas. Esperaron durante veinte minutos. Cuando el avión comenzó a carretear, advirtieron la llegada de los tres taxis. Los fugados del penal tomaron la torre de control y se comunicaron con los jefes guerrilleros en la cabina del avión: coincidieron en que no debían correr el riesgo de hacer aterrizar la nave. El avión de Austral secuestrado hizo escala en Puerto Montt, y luego aterrizó en Santiago de Chile. El gobierno del socialista Salvador Allende demoró seis horas en aceptar que permanecieran en Chile. El reclamo argentino de extradición fue rechazado el 21 de agosto. Los jefes guerrilleros se trasladaron a Cuba.

En Chubut, los diecinueve guerrilleros que habían llegado en los taxis tomaron el aeropuerto de Trelew mientras evaluaban con la urgencia la posibilidad de una nueva fuga. La geografía no los favorecía. Era una llanura con pocas vías de comunicación, fáciles de controlar. La ciudad más cercana estaba a cientos de kilómetros. Decidieron quedarse en el aeropuerto y reclamaron la presencia de un juez y de un médico para que revisara su estado físico. En el momento de sus detenciones, antes de ser conducidos a la cárcel, habían sido torturados y no querían que la situación se repitiera. Una guerrillera, Ana Villarreal de Santucho, estaba embarazada de cuatro o cinco meses. Los fugados brindaron una conferencia de prensa televisada que se vio en todo el país. Ya era de noche cuando comenzaron las negociaciones para la rendición con la presencia del juez federal. El líder guerrillero Mariano Pujadas (Montoneros) parlamentó con el capitán Luis Sosa, de la Marina de Guerra, para llegar a un entendimiento. Cada uno era custodiado por un asistente con un FAL. Los detenidos aceptaban entregar las armas, a condición de que sus vidas fueran respetadas y se autorizara el regreso al penal. Se ofrecieron a gestionar el levantamiento de la toma. El capitán Sosa aceptó la proposición; los detenidos entregaron sus armas y se rindieron. Cuando ya estaban en el micro, Sosa rompió el acuerdo. Argumentó que la declaración de la emergencia militar les impedía ir a Rawson. Serían conducidos a la base naval Almirante Zar. Las protestas no prosperaron, ya estaban inermes. El juez y algunos periodistas los acompañaron hasta la puerta de la base, pero no se les permitió el ingreso. Tampoco pudieron hacerlo, al día siguiente, los familiares y abogados que llegaron desde Buenos Aires. Todos los accesos terrestres fueron cortados por la Marina y el Ejército. En la mañana del 16 de agosto, los presos que controlaban el penal se rindieron ante las tropas del general Eduardo Betti, responsable del área de emergencia. El aislamiento de los diecinueve guerrilleros en la base naval se prolongó. Fueron alojados en calabozos. El trato militar riguroso se fue endureciendo cada vez más con el paso de los días. Podían permanecer horas de pie. Los traslados al baño se hacían con las manos en la nuca y encañonados. Eran despertados en plena noche y permanecían desnudos y cuerpo a tierra, a la intemperie. Luego eran interrogados en un cuarto por personal de la Marina, el Ejército y agentes civiles de la inteligencia policial. Una docena de conscriptos con FAL y suboficiales armados con ametralladoras PAM no dejaba de apuntarles. Con sus armas amartilladas, sin seguro, amenazaban con disparar frente a cualquier acto de rebeldía. Luego los conscriptos fueron relevados de la custodia, que quedó bajo responsabilidad de personal militar. Los detenidos no fueron sometidos a la picana eléctrica ni asfixiados con la cabeza bajo el agua, pero en algunos momentos les apoyaron pistolas en la cabeza. La atmósfera era cada vez más tensa. Sólo en una oportunidad el juez federal Jorge Quiroga —de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación— ingresó en la base para una ronda de reconocimiento de los presos. Dijo que buscaba identificar a los autores de la muerte del guardiacárcel Valenzuela. La madrugada del martes 22 de agosto de 1972, luego de una noche en la que les dieron las colchonetas en hora anticipada para el descanso, los presos fueron despertados en forma violenta. Les ordenaron formar en el pasillo. Cada uno estaba al lado de su celda. El capitán Sosa y el teniente de corbeta Roberto Bravo recorrieron las filas, de un extremo al otro. Los detenidos estaban de pie, en silencio y con la vista al suelo, el mentón sobre el pecho. Sin que mediara una orden, un cabo comenzó a dispararles y luego continuaron oficiales y suboficiales. Los cuerpos comenzaron a caer. Corrió la sangre, hubo gritos de dolor, respiraciones sofocadas. Algunos detenidos lograron saltar hacia su celda para sobrevivir. Pero en las requisas fueron siendo rematados con armas cortas para que nadie quedara vivo. En la celda 10 se introdujo el oficial Bravo, que había controlado el operativo. Había dos heridos en el suelo. Los hizo poner de pie, con las manos en la nuca. Se dirigió a uno de ellos con tono enérgico. —¿Va a declarar o no? —le preguntó. El prisionero dijo que no. Bravo les disparó a los dos. Luego se acercaron a las celdas suboficiales y oficiales para interiorizarse de lo que había sucedido. Entonces dejaron que los heridos se desangrasen hasta morir. Media hora después se inspeccionaron las celdas. Comprobaron que había heridos. Cuatro horas después llegaron las ambulancias para retirar los cadáveres. Cinco detenidos permanecieron heridos en la enfermería. Fueron colocados en una camilla. Durante varias horas nadie los atendió. Al mediodía fueron revisados por médicos navales. Comenzaron a ser a operados en el lugar. Utilizaron la sangre de los soldados para ser transfundidos. Luego fueron trasladados a la base Puerto Belgrano, de la Armada, en Bahía Blanca. El mismo martes 22 de agosto la Marina informó que a los detenidos les habían aplicado la Ley de Fuga. La Marina había actuado "en defensa propia". Según la versión oficial, el incidente se inició cuando Pujadas, en una toma de judo, le arrebató la ametralladora al capitán Sosa, forcejearon y se generó el tiroteo. Entonces, todos los detenidos, desarmados, se abalanzaron sobre la guardia. Hubo dieciséis guerrilleros muertos. Tres sobrevivieron: René Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger. El personal militar no había resultado herido. ¿Quién había dado la orden del fusilamiento? ¿Fue una decisión de la Junta de Comandantes o una acción unilateral de la Marina? Lanusse encubrió los crímenes de Trelew durante el resto de su vida.

Un día después de la fuga, el 16 de agosto, Montoneros perdería a otro miembro de conducción, Capuano Martínez, quien había introducido un uniforme de teniente del Ejército y una pistola en el penal de Rawson. La policía pidió su identificación cuando estaba en un bar de Barracas preparando el comunicado de la organización con dos militantes. Capuano disparó, cubrió la salida de los dos militantes con los que estaba y escapó hacia la calle, pero estaba herido de muerte. Fue velado en la sede del Partido Justicialista. Una semana después, cuando el PJ quiso velar a los fusilados de las FAR y el ERP, el jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, lanzó tanquetas, caballería montada, perros y gases lacrimógenos contra la sede partidaria para impedirlo.

Después de los crímenes de Trelew, Lanusse fijó la fecha del 11 de marzo de 1973 para las elecciones nacionales de presidente, gobernadores y legisladores. No pudo comprometer a los partidos políticos, ni a Perón, a conformar un gobierno de coalición cívico-militar en el marco del GAN. Él, por su parte, había decidido no ser candidato y Perón se había quedado en Madrid. Sin embargo, el exiliado volvió a desconcertar al poder militar. Les hizo llegar un plan programático de diez puntos para la "reconstrucción nacional". Incluía, entre otros, la amnistía a los guerrilleros, el levantamiento del estado de sitio, la renuncia del ministro del Interior Mor Roig y la anulación de la fecha límite del 25 de agosto para la residencia de los candidatos. Las exigencias eran difíciles de cumplir. Lanusse estaba cada vez más cercado por el frente militar. La Junta de Comandantes no aceptó. Entonces Perón decidió regresar al país en pos de "la paz y el entendimiento", como describió su viaje. En su fuero íntimo, guardaba la esperanza de que, apenas aterrizara en el aeropuerto luego de diecisiete años de exilio, estallaría un nuevo 17 de octubre. Intuía que el gobierno militar se desplomaría al momento por el peso de las movilizaciones populares. Si esto no ocurría y se mantenía el cronograma electoral, aun sin su participación directa, había acumulado poder suficiente para elegir un candidato propio. El 16 de noviembre de 1972, Perón partió desde Roma y arrastró a más de doscientos fieles en el avión del retorno. Se quedó casi un mes en la Argentina: se abrazó con Balbín —que había sido encarcelado durante su gobierno—, visitó al padre Mugica en la villa de Retiro y recibió visitas y reconocimientos en la casa que ocupó en Vicente López. La calle Gaspar Campos se convirtió en un centro de movilización política, con miles de militantes que esperaban cada mañana que abriera su ventana y los saludara. Perón no se reunió con Lanusse. Antes de irse de la Argentina, eligió a su candidato a presidente. La elección desconcertó al gremialismo ortodoxo y fue festejada por la Tendencia Peronista Revolucionaria y la Juventud Peronista-Regionales, liderada por Galimberti, la "juventud maravillosa", al decir de Perón, que había aprendido a morir por sus ideales.

La Tendencia Peronista Revolucionaria domina la campaña electoral de 1973

A esas alturas, la Tendencia era una construcción política de superficie, puesta en marcha por distintos frentes de masas: grupos barriales, universitarios, obreros, juveniles, inquilinos, homosexuales, villeros, discapacitados, ligas agrarias y otros miles de militantes políticos y sociales que se movilizaban por el fin de la dictadura y el regreso de Perón, y se incorporaron a las estructuras de Montoneros. La Tendencia había mostrado su poder de masas el 17 de noviembre de 1972, cuando recibió a Perón. Y, aunque tenía independencia de acciones, estaba subordinada a la organización guerrillera, formaba parte de su dispositivo. A partir de entonces —y durante casi un año—, Montoneros tuvo su período más fértil de desarrollo político, con reclutamiento de militantes y aceptación social. Por medio de la Tendencia, después de las elecciones de marzo de 1973, accederían a distintos espacios institucionales, una opción inimaginable para una organización que confió su estrategia en el desarrollo de un "foco armado".

Montoneros fue la única guerrilla que se sumó al proceso electoral, considerando que las FAP y Descamisados acababan de fusionarse con ellos desde una posición de franca inferioridad. En pleno proceso de crecimiento o "engorde", también comenzarían a latir las tensiones internas: la relación contradictoria entre Montoneros y Perón por la dirección del proyecto revolucionario que debía tender hacia el socialismo nacional; la duplicidad entre la construcción de una política para las masas, que actuaban en la superficie, y la organización de una fuerza militar combatiente, clandestina. A poco más de dos años del secuestro y la muerte de Aramburu, el desarrollo político y social de la organización los había sorprendido, pero Montoneros no perdería jamás la estrategia original de sus fundadores: la construcción de un "poder militar" para tomar el poder. La Tendencia tomó el control de la campaña electoral y se "apropió" del discurso del candidato a presidente. Héctor Cámpora anunciaba en los actos populares "el fin del sistema demoliberal, burgués y capitalista". En los actos y movilizaciones, se advirtió que las organizaciones sindicales burocráticas no entraban en el nuevo esquema de poder. La Tendencia consideraba que aquellos que habían enfrentado a Perón durante la década de los sesenta estaban políticamente agotados: los consideraban aliados a los regímenes militares y al sistema capitalista. Con el armado de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), Montoneros buscó generar una organización revolucionaria que reemplazara las estructuras tradicionales. De cara al 11 de marzo de 1973, los gremios tuvieron un papel muy deslucido. Casi no se movilizaron. Rucci, que sentía devoción por Perón, se sintió traicionado por la designación de Cámpora e intentó convencerlo para que eligiese a otro, pero Perón ya se había marchado. Ese verano del '73 comenzaba a advertirse que bajo las banderas del retorno se agitaba la confrontación interna en el movimiento. El peronismo dejaba muchas definiciones irresueltas: el rol de su líder en el futuro gobierno; la política frente a las Fuerzas Armadas; la posición frente a las organizaciones armadas no peronistas; la convivencia entre la Tendencia y las burocracias gremiales.

La P-2 infiltra sus cuadros en el nuevo poder

También estaba emergiendo un nuevo actor, hasta ese momento desconocido para la movilización política. Perón les concedió un lugar en el dispositivo de su retorno. Era Propaganda 2, una organización secreta, con epicentro en Italia, liderada por Licio Gelli, relacionada con el tráfico de negocios, la mafia y la masonería. Gelli había hecho contacto en Puerta de Hierro por medio de Giancarlo Elía Valori, de la P-2, y había incorporado a López Rega a sus planes. Frente a la convulsión social que vivía el país, el Gran Maestre italiano confiaba en que Perón sería el único capaz de contener "el peligro del comunismo". Esta idea fue transmitida por Gelli al Vaticano y al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. También le fue transmitida al presidente Richard Nixon. El acuerdo por el regreso de Perón, diseñado por Gelli, unía a la masonería de la P-2, al Rabinato de Nueva York —cuyo hombre en el poder era el propio Kissinger—, al Vaticano y al gobierno de los Estados Unidos. De este modo, Perón contaría con el respaldo de poderes públicos y secretos internacionales para regresar a la Argentina. Gelli pedía algo a cambio. El nuevo gobierno constituiría una plataforma de negocios. Gelli quería manejarlos desde adentro. Le pidió a Perón que le permitiera infiltrar la logia masónica en el Estado argentino, con la designación de funcionarios que fuesen adeptos a ella. De ese modo, con la avidez de López Rega y la masonería argentina y el consentimiento de Perón y de Cámpora —que no estaba en condiciones políticas de oponerse, porque el acuerdo ya venía cerrado desde Europa—, Gelli comenzaría a infiltrar a la P-2 en el futuro gobierno peronista. Meses después, Gelli expresaría su satisfacción por el acuerdo: "No sólo confirmaban lo que habían prometido, sino que también pedían una colaboración para el futuro. Saben que estuvieron fuera del país dieciocho años por diferencias con la Familia, y admitieron que regresan a la patria porque existe un consentimiento de nuestra institución", escribió Gelli en una carta al Gran Maestre local César de la Vega, que luego sería funcionario en el Ministerio de Bienestar Social.

El domingo 11 de marzo de 1973, Cámpora ganó las elecciones con casi el 50 por ciento de los votos y se convirtió en presidente de los argentinos. El peronismo volvía al poder luego de diecisiete años.

Bibliografía

Carnovale, Vera, Política armada: el problema de la militarización en el PRT-ERP, en revista Lucha Armada, N° 11, 2008. Caviasca, Guillermo, Arturo, Lewinger y los orígenes de las FAR, en revista Lucha Armada, N° 6, 2006. Dalmazzo, Gustavo, El duelo de los Generales. Perón-Lanusse, Buenos Aires, Vergara, 2005. Funes, Carlos "Chango", Perón y la guerra sucia, Buenos Aires, Catálogos, 1996. Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1998. Gorriarán Merlo, Enrique, Memorias. De los setenta a La Tablada, Buenos Aires, Planeta, 2003. Lanusse, Alejandro, Confesiones de un general. Memorias, Buenos Aires, Planeta, 1994. Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto, Galimberti. De Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, Buenos Aires, Norma, 2000. Martínez, Tomás Eloy, La pasión según Trelew, Buenos Aires, Aguilar, 2004. Rodeiro, Luis, "El 'documento verde'. La primera crítica a Montoneros desde Montoneros", en revista Lucha Armada, N° 6, 2006. Salas, Ernesto, "El errático rumbo de la vanguardia montonera", Tercera Jornada Académica "Partidos armados en la Argentina de los setenta", Universidad de San Martín, abril de 2009. Urondo, Paco, La patria fusilada. Sobrevivientes de Trelew, Buenos Aires, Ediciones de Crisis, 1973. Vaca Narvaja, Gustavo y Frugoni, Fernando, Fernando Vaca Narvaja. Con igual ánimo. Pensamiento político y biografía autorizada, Buenos Aires, Colihue, 2002. Zamorano, Eduardo, Peronistas revolucionarios. Un análisis político del apogeo y crisis de la organización Montoneros, Buenos Aires, Distal, 2005. Zapata, Edgar Antonio, Guerrilla y montoneros. Ensayo sobre el origen y evolución, Rosario, Fundación Ross, 1997.

Filmografía

Trelew. La fuga que fue masacre, de Mariana Arruti.

Nota del autor

EL final de la escritura de un libro es una buena noticia. Escribir es como nadar a ciegas durante mucho tiempo. Tiene momentos de entusiasmo, momentos mágicos, y otros aciagos y temerarios. Atravesar la experiencia, y concluirla, independientemente de sus resultados, es ya un alivio. Un libro supone la obligación constante de permanecer quieto, callado y sentado. Jamás en mi banco de escuela hubiera imaginado que podría responder a esa exigencia. También demanda un compromiso mental que corta un pedazo de la vida de todos los días, porque todos los días están cargados de un corpus rutinario de investigación, lectura, escritura, y sobre todo, de silencio. Controlar el silencio es uno de los mayores desafíos para la realización de un libro. Ese logro no es gratuito. Puede suceder que, al final de una jornada intensa de silencio, uno se pregunte dónde estuvo. Por suerte, en este largo proceso de escritura de Marcados a fuego I y II, pude disfrutar de asados, historias, bromas e ideas con amigos que me alentaron en mi tarea y me ayudaron a ser más tolerante con las oscilaciones anímicas que me provocaba la producción de estas páginas. Quiero mencionarlos. Lo hago sin pedir permiso: Gabriel Piko, Iván Noble, Pablo Perantuono, Rafael Bielsa, Diego Peretti, Patricio Vega, Horacio Convertini, Guido Bilbao, Ezequiel Fernández Moores, Emilio Fernández Cicco y algunos otros. Alzo mi copa. Gracias. Tampoco quiero dejar de mencionar a mi tía Rosalía Lopardo, que fue un sostén sabio y cariñoso en momentos difíciles, y a mi madre y a mi padre, Celia y Nito, que siempre apoyaron, en forma incondicional, todas mis iniciativas, aún las más precipitadas. Vaya para ellos mi corazón y mi afecto. También quiero agradecer a Vera Carnovale, doctora en Historia, por las cosas de las que siempre hablamos; al licenciado Roberto Baschetti, por la generosidad con que me permite ingresar a su archivo desde hace más de una década, y la colaboración de Jorge Núñez y su equipo, Lorena Jess y Martín Ribadero, todos historiadores, por el aporte de material bibliográfico. Del mismo modo, agradezco a aquellos que me acercaron un libro, unas fotocopias, o me sugirieron una lectura que podría ser de utilidad.

Saludo también al personal del archivo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, al de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y al del Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, por la amabilidad en la atención de mi búsqueda y mis solicitudes. Por último, un cariño especial al equipo de Aguilar —Augusto Di Marco, Analía Rossi, Mercedes Sacchi—, que confiaron en este proyecto y editaron mis otros libros. A los lectores, finalmente, gracias otra vez por este encuentro. Hasta la próxima.

MARCELO LARRAQUY

Este libro se terminó de imprimir en el mes de abril de 2010 en Zonalibro Industria Gráfica San Martín 2437, Montevideo, Uruguay.

DEP. LEGAL N° 351.411/10 Edición amparada en el decreto 218/996 (Comisión del Papel)