Marcelo Larraquy

Argentina. Un siglo de violencia política

1890-1990.

De Roca a Menem.

La historia del país

Sudamericana

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Para Marina

PRÓLOGO

Un largo viaje por la Argentina del siglo XX

¿Cuándo fue que comenzó el siglo XX en el país?

Quizás haya sido veinte años antes de la fecha cronológica, cuando el Estado, con una Constitución y una organización territorial y política, tendía las líneas de su configuración económica con la expansión de las fronteras productivas, la ampliación de las redes ferroviarias y la exportación de sus materias primas. O quizás el siglo XX haya iniciado en 1890, cuando el sistema electoral restrictivo que permitía el control de la sucesión presidencial comenzó a ser contestado por dirigentes cívicos que se levantaron en armas contra los privilegios, el fraude y la corrupción pública y privada del orden conservador, guiado por el general Julio Argentino Roca. Fue un retorno a la actividad política, manifestado con violencia inusual, legitimada por la validez de sus reclamos. La violencia será desde entonces una herramienta política que abrió las puertas del siglo XX. El día que la Revolución del Parque de 1890 fue derrotada, con las manchas de sangre todavía frescas en las paredes y los cadáveres amontonados en las calles, el jefe vencido Leandro N. Alem se fue caminando a su casa. Dos semanas después estaba otra vez en la tribuna, como orador en un acto. Quizá la aparente singularidad de este detalle ayude a comprender que la violencia política era una opción estratégica aceptada para la resolución de conflictos de poder.

Alem fundó un partido de indiscutida vocación republicana —la Unión Cívica Radical— y su legado es siempre recordado en las cumbres partidarias. Aun así, el jefe radical entendía que la violencia era un acto de desobediencia frente a un poder establecido, tan valioso como también lo eran las instancias electorales.

Ese universo de creencias y valores que impedía disociar en forma categórica la violencia de la acción política también fue compartido por su sobrino, Hipólito Yrigoyen, dueño de un pensamiento más estratégico que el de Alem.

Yrigoyen comandó la intransigencia radical contra el orden conservador durante casi veinte años. Creía en la revolución como un imperativo moral, y organizó rebeliones armadas en las que los civiles irrumpieron a sangre y fuego en las comisarías y cuarteles militares para descabezar el régimen, en busca de una representación política más transparente.

El anarquismo, que desembarcó en el Río de la Plata al filo del siglo XX, también fue tributario de la violencia. Sin embargo, sus acciones, que intentaban deponer el orden social vigente, no estaban legitimadas por la comunidad de representantes políticos, que se unieron en forma orgánica en defensa del ideal de Nación y del “patriotismo”. El todavía incipiente aparato de coerción estatal promovió contra el anarquismo la deportación y una carga penal cuya rigurosidad no era equivalente a la de los sublevados del radicalismo, que con frecuencia eran amnistiados tras sus intentos revolucionarios.

De todos modos, el anarquismo, con la propagación de su doctrina en favor de una sociedad sin Dios, sin Estado y sin patrones, y la intencionalidad explícita y violenta de su mensaje, señaló una problemática social en la Argentina del Centenario de la Revolución de Mayo, que el orden conservador, deslumbrado por el rinde que le proporcionaba el modelo agroexportador de ultramar, no alcanzó a calibrar en su justa medida.

La elite conservadora, sin embargo, reaccionó con rapidez —luego de que el sufragio universal terminara por desalojarla del poder en 1916— cuando observó que el sistema político ampliado a las clases medias y bases populares, estrenado en el gobierno de Yrigoyen, no sería un protector confiable de sus intereses.

Con la necesidad de hacerse obedecer, el régimen desplazado se reagrupó en una suerte de Estado concurrente para ejercer una represión de facto sobre el mundo obrero, frente al peligro de una “revolución maximalista”, en defensa del orden legal y de la jerarquía social, pero vulnerando la legalidad republicana que decía defender.

A su vez, avanzada la década de 1920, frente a las luchas político-partidarias, el Ejército comenzó a percibirse como la expresión única y legítima de la Nación. La institución que mejor la identificaba, la que debía guiar su destino. La crisis de gobierno apenas iniciada la segunda presidencia de Yrigoyen lo impulsó a quebrar un orden constitucional que se mantenía vigente desde 1862 e irrumpir en la Casa de Gobierno con una manifestación de fuerza militar que ganó el aplauso de buena parte de la sociedad civil. Su autoritarismo —una violencia institucional ilegítima, no avalada por la ley— los decidió a encarcelar y torturar a disidentes de su misión reparadora, y también a algunos de los que la habían aplaudido.

La metodología de la tortura como soporte de un proyecto corporativo que prescindía de la Constitución de 1853 y del sistema de partidos políticos, tendría un alcance limitado. El régimen militar lo supo, y aceptó el retorno al sufragio universal propiciado por la Ley Sáenz Peña, aunque a condición de manipular sus resultados para mantenerse en el poder; una conducta que sus críticos no dudarían en calificar de “infame”.

Ese orden político fraguado, que mantuvo al radicalismo proscripto y que tuvo en el general Agustín Justo a su figura más empinada, perduró más de una década.

Hasta que el coronel Juan Domingo Perón, que había llegado a la orilla del poder del Estado con un grupo militar de corte nacionalista, el GOU, advirtió que el promisorio desarrollo industrial de la década de 1930 también había producido masas obreras carentes de representación política.

Perón resultaría la vía de escape de un gobierno de facto en crisis, que percibía la caída de Berlín como la antesala de su propia caída. Su alianza con los obreros, que el coronel Perón había forjado en pocos años desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que se mantendría inconmovible durante décadas, le serviría para vencer las elecciones presidenciales en 1946, frente a una Unión Democrática que alineaba en su seno componentes políticos opuestos: conservadores, liberales, socialistas y comunistas.

La oligarquía conservadora tuvo dificultades para aceptar el paradigma de justicia social que promovió Perón en su gobierno. Como réplica, prefirió caracterizarlo como un hombre sin moral ni escrúpulos, que rompía con los valores constitutivos de la sociedad argentina.

Durante las dos primeras presidencias, el peronismo tampoco aceptó los disensos. Por un lado, el aliento oficial para la organización gremial implicaba también la supresión de la autonomía del movimiento obrero frente al Estado; además, la Policía Federal se transformó en la institución clave para mutilar las libertades civiles y políticas, y disciplinar a opositores. Y aunque Perón jamás rompió las reglas del juego político-institucional, las tensó de tal forma que la sociedad quedó dividida en torno a su liderazgo.

La antinomia “peronismo/antiperonismo” será a partir de ese momento la categoría política central.

Muchos de los opositores al oficialismo, estudiantes, dirigentes políticos o gremiales marcharán al exilio, padecerán la cárcel y la tortura en las comisarías. Y también impugnarán la autoridad presidencial con bombas y atentados, para propiciar el ambiente necesario para su caída.

Pero será la Marina de Guerra, con el atentado terrorista de mayor magnitud de la historia argentina, la que bombardeará la Casa Rosada y sus alrededores para matar a Perón. El plan conspirador fracasó en su objetivo inmediato, pero hirió de muerte a un gobierno ya fatigado.

La oposición civil se asoció al golpe de Estado que pocos meses después del bombardeo depondría a Perón; quienes durante años dijeron actuar por la defensa de la democracia y las libertades civiles, ahora las minaban en sus cimientos.

El daño institucional que provocó el éxito de esa empresa se prolongaría a lo largo de los años. Perón fue obligado al exilio. Solo podía ser mencionado como el “tirano prófugo”. Por primera vez en diez años, el peronismo quedó huérfano de la protección del Estado: muchos de sus simpatizantes fueron perseguidos, encarcelados y torturados. Su proscripción electoral provocó un cisma en el sistema político que no pudo ser resuelto ni por los siete presidentes militares que asumieron por la fuerza el control de la Casa Rosada, ni tampoco por los tres presidentes civiles que gobernaron bajo la tutela militar: Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia.

Fueron años de inestabilidad.

La caída de Perón provocó nuevos y múltiples dilemas en el país: cómo revertir la distribución del ingreso, qué hacer con el peronismo como fuerza política —excluirlo definitivamente del sistema o integrarlo de manera limitada— y, básicamente, cómo establecer desde el Estado una estrategia de dominio político y social estable y duradero.

Perón en el exilio fue un obstáculo constante para las Fuerzas Armadas. La misma perturbación se irradió en el interior del peronismo. El poder gremial que en la década de 1960 pretendió liberarse de sus directivas e integrarse de manera autónoma al sistema político debió enfrentar las múltiples y ambiguas maniobras de Perón, que no estuvo dispuesto a ceder su protagonismo, ni su capital político.

En su horizonte, siempre se mantuvo latente su retorno al poder.

Por otra parte, durante la década de 1960, la Argentina no permaneció inmune a los conflictos políticos mundiales: la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución cubana, el auge de la guerrilla, la radicalización de sectores católicos, las movilizaciones sociales anticapitalistas y las doctrinas militares contrarrevolucionarias, para la seguridad del hemisferio occidental, ejercieron un fuerte impacto sobre los acontecimientos locales.

La recepción de estos fenómenos internacionales, con su carga de tensión y complejidad, agudizó el problema político central del país: la proscripción del peronismo.

Ante la emergencia de nuevos actores —el Che Guevara y las guerrillas locales que lo reivindicaban—, Perón se puso al frente de las banderas de liberación nacional y social, y actualizó la doctrina peronista para adaptarla a los nuevos tiempos. Si quince años antes había sido caracterizado como “fascista”, ahora muchos entendían que el peronismo y la clase obrera representaban un fenómeno político y social inevitable para encauzar el tránsito hacia el “socialismo nacional”.

A partir de las oleadas insurreccionales contra la dictadura de Juan Carlos Onganía (el Rosariazo, el Cordobazo), y del secuestro y fusilamiento del general Pedro Eugenio Aramburu —un bautismo de fuego que selló la identidad de la organización guerrillera Montoneros—, los acontecimientos adquirieron una dinámica que definió las condiciones políticas para el retorno de Perón a la Argentina.

Su regreso se convirtió en un hecho necesario —en algunos casos, ineludible— para los actores en pugna que buscaban, de manera inmediata, una salida al encierro político-institucional provocado en el país por la intervención militar desde 1955.

Diecisiete años después, Perón no tenía tan presente la dimensión de las contradicciones internas que se habían engendrado bajo su liderazgo durante su exilio. O, en todo caso, creía que la aplicación directa de su autoridad sería suficiente para controlarlas.

Sin embargo, los antagonismos se agigantarían a su regreso. La voz persuasiva de Perón en favor de la pacificación y los pactos corporativos e institucionales que intentó para garantizar la gobernabilidad fueron inaudibles para los grupos que se enfrentaban en torno a su figura.

Perón intentaría cargar sobre sus espaldas el desafío político de un país que lo invocaba, pero en un tiempo que dejaba de ser el suyo. Desplegadas las armas, la violencia se convirtió en la táctica dominante en la lucha por el poder.

La década de 1970 fue el paroxismo, el momento más agudo del desarrollo de la violencia política en todo el siglo XX. El crecimiento de las organizaciones armadas, que luchaban por la creación de un incierto orden revolucionario, fue contrarrestado por la represión ilegal de la Triple A, impulsada desde algunos sectores del Estado durante el gobierno de Perón y el de su esposa, Isabel, que lo sucedió tras su muerte en 1974. Y en esa espiral irreversible de violencia se fue vaciando el tercer gobierno peronista. La progresiva pérdida del poder civil en favor de las Fuerzas Armadas produjo, con el golpe de Estado de marzo de 1976, el mayor aniquilamiento sistemático organizado desde el poder en la historia argentina.

A partir de la instauración del terrorismo de Estado, las persecuciones —que contaron con la colaboración de corporaciones empresarias— a dirigentes, militantes políticos, estudiantes y obreros fueron ejecutadas con una metodología represiva sin antecedentes. Con órdenes internas, manuales secretos, órganos de inteligencia, centros clandestinos y la práctica de desaparición de los cuerpos de las víctimas en “vuelos de la muerte”, o con matanzas masivas fraguadas como “combates” o “intentos de fuga”.

La dictadura militar logró establecer el control ideológico sobre la sociedad, desintegró las distintas organizaciones guerrilleras y a la oposición obrera, pero una vez que concluyó “la lucha contra la subversión”, su orfandad política provocó fricciones internas entre dos grupos castrenses: los que eran permeables a una salida institucional consensuada con fuerzas civiles, y los “señores de la guerra”, que habían comandado la represión ilegal en sus territorios y creían necesario que el proceso militar se mantuviese de forma inalterable, con los mismos principios que lo habían fundado.

Sin lograr consenso alrededor de una fórmula que asegurara la continuidad política, el gobierno del general Leopoldo Galtieri decidió prolongar a todo o nada su permanencia en el poder con la recuperación de las islas Malvinas en 1982. La posterior derrota frente a Gran Bretaña en el Atlántico Sur obligó a la salida institucional.

El retiro del poder militar en un país con baja producción industrial, déficit fiscal, una inflación de tres dígitos y condicionado por los pagos de la deuda externa, representó un campo minado para una nación que iba perfilando su nuevo rumbo institucional mientras se revelaba el horror de la represión ilegal.

La transición a la democracia, no acordada con los militares, fue liderada por el radical Raúl Alfonsín. Su intento de subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil y a la Constitución Nacional fue un factor de tensión, inestabilidad y también de riesgo constantes para el sistema político.

La creación de la Conadep para recabar denuncias de secuestros y desapariciones durante la dictadura, además del inédito juicio a los ex comandantes de las juntas militares, y la ampliación de la persecución penal a cuadros medios del Ejército involucrados en torturas y crímenes, generaron un proceso judicial que escapó al control del Presidente, que lo había impulsado y tuvo como reacción una serie de rebeliones de “carapintadas”.

Alfonsín debió convivir con el peso constante de la amenaza militar, que finalmente lo obligó a limitar, y luego cerrar, la acción judicial con leyes de perdón. Su liderazgo político se deterioró, y también su credibilidad. La crisis económica haría el resto: el agobio de los pagos externos, la hiperinflación, los saqueos y el caos social signarían sus últimos meses de gobierno, que cedería en una elección y sucesión adelantadas a Carlos Menem, el nuevo y también inesperado líder del peronismo, ahora unificado.

Para terminar con las crisis militares y disciplinar a las Fuerzas Armadas bajo su autoridad, un problema que Alfonsín había sido incapaz de resolver, el caudillo riojano apeló a una medida pragmática que contradecía la voluntad de la sociedad que acababa de elegirlo: dispuso la libertad de los ex comandantes de las juntas militares condenados por la Cámara Federal, de un jefe guerrillero también condenado, e indultó a centenares de militares y civiles que estaban investigados, procesados o buscados por la justicia. Con su sola firma, decidió clausurar las “heridas del pasado” y contribuir a la reconciliación y a la pacificación nacional, que se volvían ahora todavía más lejanas.

* * *

Argentina. Un siglo de violencia política tiene el propósito de analizar la violencia como motivación política en un siglo de historia argentina. Entender por qué se mataba. En nombre de qué o de quiénes. Con qué fundamento. Sobre qué bases. Con qué finalidad. De qué manera.

Y si bien en el siglo XIX ya se había vertido mucha sangre en la Argentina para organizar las leyes y la forma de gobierno, la Revolución del Parque, que inicia el relato de este libro, significó el primer rechazo político violento al Estado nacional ya constituido.

Argentina. Un siglo de violencia política intenta subrayar, con cierto nivel de detalle, aspectos oscuros de la vida política desde su expresión más extrema, la violencia. Para una comprensión más acabada, la indagación persigue objetivos más profundos que el relato lineal de los hechos. Este propósito obliga a abordar la motivación de los actores y revelar su lógica de acción, sin precipitarse a la descalificación o los juicios morales, sino a entender sus razones.

Y las razones recorren el siglo: ¿por qué la violencia podía ser considerada una táctica y también una estrategia política —como lo fue a lo largo del siglo XX— para instalar una posición o una fuerza; para defender una causa —las libertades civiles conculcadas, la Constitución Nacional—; para resguardar la Nación, la nacionalidad, la religión católica; para salvar al país de la “antipatria” o de los “vendepatria”; para poder votar; para romper con un poder establecido y torcer el rumbo de la historia; para reparar una injusticia; para responder a otra violencia; para eliminar a los “enemigos internos” que expresan una ideología diferente…?

En definitiva, la violencia, la idea de la violencia como modo de resolución de un conflicto, social, económico, político, o antagonismos de intereses o de poder, fue una opción recurrente a la que apelaron distintos actores, con distintos fundamentos y modalidades, y marcó a fuego el siglo XX argentino, la historia del país.

I

El Parque

El país entero está fuera de quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de todas partes; no hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en una industria lucrativa.

LEANDRO N. ALEM Y OTROS, 
Manifiesto de la Junta Revolucionaria, 1890

El martes 29 de julio de 1890, después de cuatro días de combates con centenares de muertos esparcidos por las calles de Buenos Aires, la Revolución había sido derrotada. Esa mañana, a las ocho, uno de sus jefes civiles, el senador Aristóbulo del Valle, firmó un armisticio con las fuerzas oficiales en la casa de Francisco Madero, un representante de la burguesía comercial y miembro de la comisión mediadora. Las tropas rebeldes acordaron su rendición. En la negociación, según Del Valle, se habían asegurado condiciones “honrosas” y no habría juicio contra los sublevados. Solo debían deponer las armas y volver a los cuarteles.

HECHOS RELEVANTES

1890. Leandro Alem lidera la Unión Cívica, un frente opositor al Partido Autonomista Nacional. El 13 de abril, un acto público en el que reclama la libertad de sufragio convoca a veinte mil personas.

De manera clandestina, en abril Alem convoca a civiles y militares para tareas revolucionarias. Planea secuestrar al Presidente, su vice y distintos dirigentes del régimen conservador.

En la madrugada del 26 de julio, los cívicos revolucionarios dominan el Parque de Artillería (hoy plaza de Tribunales) y cien manzanas de Buenos Aires.

El 26 de julio, el presidente Juárez Celman es trasladado en tren a Campana. Las tropas del Ejército, en defensa del Régimen, se instalan en El Retiro y la plaza Libertad.

El 27 de julio, los rebeldes no lanzan el ataque final y sus hombres quedan inmovilizados en el Parque. Falla la coordinación de las acciones militares.

Mientras algunos coroneles rebeldes intentan el avance de sus tropas, el 27 de julio a las 10 se acuerda un cese de fuego por 24 horas para recoger heridos y muertos.

El 29 de julio, frente al fracaso de la conducción política y militar, la Junta Revolucionaria decide entregar las armas y rendirse. Centenares de muertos quedan en las calles. Alem se marcha caminando a su casa.

Por la presión del ex presidente Julio Roca, el 6 de agosto Juárez Celman renuncia a la Presidencia. Asume el vicepresidente Carlos Pellegrini.

Parecía un mandato alucinante. Una revolución que intentó ser gestada en sigilo durante casi un año y se soñó popular y segura de conquistar el poder, entregaba sus armas al enemigo. Algunos soldados, a la espera de instrucciones en medio de los combates, no habían tenido oportunidad de luchar. Ahora no entendían la derrota.

Dos regimientos, el 1º de Artillería y el 9º de Infantería, no aceptaron la capitulación. Mientras se organizaba la rendición, el coronel Mariano Espina, a cargo del 9º, que aspiraba a ser el jefe militar y fue relegado por la Junta Revolucionaria, ordenó el ataque hacia Plaza de Mayo. Quería tomar la Casa de Gobierno. Sus tropas irían por la calle Tucumán. Preveía que, en cercanías a la plaza, lo contendrían las fuerzas estatales, y que desde la plaza Libertad lo encerrarían por la retaguardia. Su avanzada sería cercada por dos fuegos.

Pero el principal obstáculo del coronel insurrecto no eran las tropas oficiales, sino sus propios jefes revolucionarios. Espina ya era un sublevado de su propio bando: “Si no te rindes, nos veremos obligados a pegarte cuatro tiros”, lo previnieron. Espina respondió: “A ustedes debería despedazarlos una bala de cañón, por cobardes y borrachos”, respondió. El mayor Ricardo Day, del 1º de Artillería, propuso la ofensiva hacia el cuartel de El Retiro, donde se habían asentado las tropas del Régimen apenas se escucharon los primeros tiros callejeros. Y los soldados del Regimiento 5º de Infantería de línea, que había quedado inmovilizado en el Parque de Artillería —actual Palacio de Justicia—, se negaban a ser desarmados.

En el atardecer del martes 29 de julio, el jefe civil de la Revolución, el diputado Leandro Alem, se iba del Parque vestido de negro, como un viudo de la Patria, entre decenas de cadáveres y heridos, derrotado. Un coronel lo miró pasar en silencio. Se acercó, lo saludó con un abrazo y luego le preguntó: “¿Es verdad que nos han vendido?”. Alem, melancólico y místico, propenso al alcohol y a la poesía, continuó sus pasos inconmovible con un estigma nuevo en su vida política, la traición. Seis años más tarde se pegaría un tiro, pero esta vez no lo hizo, aunque le admitió al subteniente que lo acompañaba en su retirada que merecían ser fusilados. Mientras caminaba, escrutando los restos de la batalla perdida, el subteniente intentó evitar que continuara. Sobre la calle Talcahuano, en el cruce con Lavalle, había soldados dispersos del Regimiento 5º que estaban dando “mueras” a los traidores. “Lo matarán”, lo alertó el subteniente. Antes que un alerta, era un pronóstico de su propio destino. Alem lo desoyó. Cuando vieron su barba larga y encanecida, varios soldados levantaron los fusiles. El subteniente logró saltar sobre Alem y lo empujó hacia el vagón de un tranvía volcado para protegerlo. Tras la múltiple descarga, los soldados los dieron por muertos y se fueron: la traición o la ineptitud, el mal comportamiento de un jefe revolucionario, en suma, ya había sido cobrado. En parte, era cierto: el subteniente ya no pudo alzarse. Pero Alem sí lo hizo. Y siguió caminando por Talcahuano y dobló por Cuyo —actual Sarmiento— y se detuvo en el número 1752. Entró en su caserón, se sentó en el sillón del living-comedor. Tenía colgado de la pared un retrato del general San Martín, héroe de la Patria, vencedor de mil batallas. Las fuerzas cívicas se habían comprometido a enfrentar el régimen conservador que dominaba el poder del Estado desde hacía diez años. Para ellos, los postulados de paz y modernización del Régimen eran una máscara que encubría los negocios escandalosos, el fraude electoral y el nepotismo. Alem había pensado la acción armada en favor de la restauración de los principios constitucionales y las libertades públicas conculcadas por esa “oligarquía de advenedizos”.

El caudillo cívico hubiera preferido que la Revolución se iniciara a la luz del día. Su plan consistía en agrupar a las autoridades del Régimen en un mismo espacio físico para secuestrarlas. Las reuniría en el Congreso de la Nación con el ardid de una interpelación parlamentaria, que obligaría al presidente Miguel Juárez Celman, a su vice, Carlos Pellegrini, al ministro de Guerra y Marina, Nicolás Levalle, y al vicepresidente del Senado, el general Julio Argentino Roca, a presentarse en forma conjunta. Entonces, imaginaba Alem, los civiles armados saldrían de casas cercanas que ya estaban dispuestas e irrumpirían en el recinto con sus fusiles Remington para detener a los que habían labrado la desgracia de la República. Luego, en la Plaza de Mayo sonarían las campanas de la iglesia y se convocaría al pueblo en armas. Si el Presidente no concurría al Congreso, lo detendrían en el momento de la conquista de la Casa de Gobierno. En forma simultánea, los soldados rebeldes del Ejército se batirían con las fuerzas militares y policiales para asegurar el triunfo revolucionario.

Cuando Alem expuso su plan a los militares que se habían incorporado a la insurrección, estos lo rechazaron. Salir con las tropas hacia la Casa de Gobierno los obligaba a combatir contra el Ejército en cada cuartel. El resultado de la batalla sería incierto. Según la hipótesis militar, la luz del día no beneficiaba el levantamiento armado.

Alem planteó entonces otra estrategia para tomar el poder. La idea era más o menos parecida, pero dependía de un hecho cultural antes que institucional: secuestrar al Presidente en algún espectáculo teatral nocturno. Apenas se conociera su asistencia, Alem haría uso de casas vecinas para concentrar a civiles armados y romper la custodia policial en el teatro. Con Juárez Celman hecho prisionero, los militares que participaran del movimiento revolucionario ocuparían Buenos Aires.

El plan fue desestimado con los mismos fundamentos. Para los militares, la tarde o la noche eran lo mismo. Lo que intentaban evitar era que los jefes de los cuarteles estuvieran despiertos en el momento del alzamiento. Alem terminó por ceder.

El jefe cívico ya había probado el peligro por voluntad propia en el campo de batalla. Había peleado como soldado de caballería del Ejército de la Confederación que intentaba integrar a Buenos Aires por la fuerza, y luego formó parte de las tropas autonomistas porteñas del general Bartolomé Mitre, que terminó por disolver la Confederación. Su ardor belicista lo llevó a combatir contra el Paraguay, de donde regresó herido. Su padre Leandro Alén había sido colgado en la plaza pública, por haber prestado servicio en la maquinaria policial rosista, la Mazorca. El desenlace paterno atormentó su infancia. Decidió modificar su apellido y llamarse Alem.

Alem dejó que los militares le expusieran su propio plan. Era el siguiente: los batallones saldrían de los cuarteles a la madrugada y se encolumnarían hacia el Parque de Artillería. Todos debían coordinar sus relojes de acuerdo con la hora de la iglesia de San Ignacio. Una vez concentrados en el Parque, la Infantería y la Artillería, sumadas a la asistencia de grupos civiles, tomarían el Departamento de Policía de la Capital y la Casa de Gobierno. Todos los puntos estratégicos de Buenos Aires —las estaciones de ferrocarriles, el Arsenal de Guerra, los regimientos, las oficinas del telégrafo— serían ocupados en el alzamiento. Varias unidades militares serían enviadas a las provincias para propagar la Revolución.

La jefatura de esta expedición estaría a cargo del coronel Martín Yrigoyen, sobrino de Alem y hermano de Hipólito. Este, comisario del barrio de Balvanera a los 20 años por influencia de su tío, sería designado el nuevo jefe de la Policía de la Capital.

El plan preveía también la acción de la escuadra naval. Una vez que redujeran a sus jefes y tomaran los buques en las aguas del Riachuelo y del Río de la Plata, los militares de mar bombardearían El Retiro y la Aduana, donde estaban establecidas las tropas oficiales.

La escuadra también dominaría el acceso del litoral fluvial y enviaría por río a las tropas hacia el interior. Si llegaban refuerzos estatales desde las provincias, por agua o por vía férrea, se los enfrentaría a cañonazos.

Este nuevo diseño, que hacía pesar el control militar de la ciudad antes que las detenciones de las autoridades del Régimen, no convenció al jefe cívico. Alem prefería el secuestro como detonante del hecho revolucionario, que provocara la convulsión en la ciudad y lanzara a las calles al movimiento popular. Garantizar la salida limpia de los cuarteles, en cambio, reducía la posibilidad de golpear sobre el núcleo del gobierno, una operación que Alem consideraba imprescindible para el triunfo.

Si bien aceptó el plan militar, el jefe revolucionario pensó que ambas acciones —el desplazamiento de las tropas y el secuestro de las autoridades— podrían efectuarse en forma simultánea. Para ese fin, durante los preparativos revolucionarios, coordinó la inteligencia previa con partidarios de la Unión Cívica.

Esta coalición política sin participación electoral había sido gestada en septiembre de 1889 por jóvenes independientes con “conciencia cívica”, que se manifestaron en el Jardín Florida en favor de la libertad de sufragio y contra la inmoralidad administrativa, la arbitrariedad jurídica, la desmovilización política y otros males cargados en la cuenta del Régimen, al que acusaban de promover una década de aparente e indigna prosperidad. Pronto, la juventud cívica reclamó y obtuvo el apoyo de personalidades como Mitre, Alem, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen, y de grupos católicos, liberales, ex autonomistas y nacionalistas hermanados por la oposición al Régimen. El 13 de abril de 1890, en un acto con más de veinte mil personas en el Frontón de Buenos Aires de la calle Córdoba, Alem, ahora presidente de la Unión Cívica, agitó el nervio de la moral ciudadana. “Un pueblo sin vida política es un pueblo corrompido”, afirmó. El meeting alentó aún más el descontento contra el Régimen y lo afectó: provocó la renuncia del gabinete de Juárez Celman. Pero también era una máscara para encubrir los trabajos revolucionarios.

Por los informes de inteligencia que recibió, Alem comprendió que la casa de Juárez Celman era una fortaleza inabordable. Estaba ubicada sobre 25 de Mayo, entre Lavalle y Tucumán, al lado de una comisaría, y además la custodiaba la Prefectura. La calle no estaba cerrada al tránsito, pero quien pasara por ahí estaba obligado a circular bajo apercibimiento de ser detenido. Tampoco resultaba sencillo conseguir casas vecinas para concentrar un grupo armado. El vicepresidente Carlos Pellegrini, su ex compañero de la Universidad de Buenos Aires, no le interesaba tanto a Alem como objetivo militar. En cambio, consideraba que el asalto a los domicilios de los generales Roca y Levalle, que aunque vigilados ofrecían facilidades de ingreso, era imprescindible para desarticular la cadena de mando político. Los detenidos serían conducidos al Parque de Artillería.

Sin embargo, para sorpresa del jefe de la Unión Cívica, los militares rebeldes no quisieron incorporarse a las acciones de secuestro, porque preferían evitar cualquier enfrentamiento directo con las fuerzas oficiales. Alem tuvo que planificarlas con médicos, abogados y comerciantes, que conformaron la Legión Ciudadana. Aceptaba la posibilidad de que las operaciones tuvieran efectos colaterales. Si se producía un combate en el intento de captura, la salida silenciosa de los soldados de los cuarteles estaría en riesgo. El plan perdería sorpresa. Esta variable, sumada a la reticencia de los militares, hizo que Alem diera prioridad al movimiento de tropas hasta que se lograra el dominio de la ciudad, y luego procedería a las detenciones. Más tarde se arrepentiría de esta y otras modificaciones a su plan militar original.

La conducción política de la Revolución ya estaba en manos de Alem; el general Manuel Campos se hizo cargo de la jefatura militar. Forjado en el fuego de la guerra contra el Paraguay, Campos también había sido jefe de la frontera sur de Buenos Aires durante la lucha contra los indígenas y ayudante del general Roca en la campaña del Desierto. Pero, ahora que asumía la conducción del alzamiento armado contra el Régimen, debía tratar a su antiguo jefe como a un enemigo. En 1890, Campos acababa de regresar de la legación argentina en Londres, donde había sido agregado durante un año. Un incidente callejero precipitó su incorporación a la Revolución. En la marcha posterior al meeting de El Frontón, Campos salió en defensa de un hermano, que era civil, y le partió el bastón en la cabeza a un agente policial, gesto por el que fue detenido, pero también valorado por la jefatura cívica.

Para las citas nocturnas con Alem y Del Valle, los conspiradores del Ejército se vestían de paisanos o se disfrazaban. El jefe de los cívicos también intentaba engañar a la policía. Solía llegar último a las reuniones y se iba antes que nadie, a fin de que los espías fueran detrás de él y los preparativos prosiguieran. La inteligencia policial lo apodaba “Cristo”. La vigilancia sobre los conspiradores era tarea de los agentes secretos de la Policía de la Capital. Entonces, la fuerza estaba compuesta por alrededor de tres mil hombres, la mayoría de ellos veteranos con licencia del Ejército, bajo la dirección del coronel Alberto Capdevila, quien reportaba en forma directa a Juárez Celman. La presión policial se hacía notar sobre los clubes parroquiales de la Unión Cívica. En una oportunidad, una asamblea fue disuelta a balazos por delincuentes protegidos por la fuerza policial, que estaba habituada a irrumpir en los registros electorales, arrebatar boletas y apalear a los opositores al Régimen para desalentar su participación en las elecciones.

Noche tras noche, en distintas casas de Buenos Aires, se hacían cálculos sobre quiénes podrían formar parte de la Revolución en los cuarteles: “150 hombres en el Regimiento 1º de Artillería”; “130 en el 1º de Infantería”; “200 en el 5º”; “200 en el Batallón de Ingenieros…”. Los cálculos más optimistas aseguraban que se llegaría a los cuatro mil quinientos soldados. Más allá de los aportes de la tropa, Campos consideraba decisivo atraer a la mayor cantidad de jefes de la Artillería, la Infantería y el Batallón de Ingenieros. En su planificación, si había que combatir para tomar el cuartel, se combatiría; pero prefería una toma de unidades pacífica, para no provocar enfrentamientos en otros cuarteles.

Uno de los puntos fuertes del plan militar era la toma del Parque de Artillería. Se lo consideraba parte de la Revolución desde el inicio por la adhesión del jefe de la unidad, el general Domingo Viejobueno, y la de su hermano Joaquín, también general. El “día D”, las puertas del Parque se abrirían a los soldados rebeldes y habría a su disposición cincuenta mil fusiles y quinientas sesenta mil municiones.

Otro foco de la conspiración contra el Régimen estaba en la ciudad de La Plata. Un comité compuesto por el abogado Álvaro Pinto y el coronel Julio Campos, hermano del jefe militar, aseguraba tener trescientos hombres, pero le costaba conseguir fusiles y fondos económicos. Pinto quería que las sublevaciones de Buenos Aires y La Plata fuesen simultáneas, pero Alem prefería lanzarse primero y luego remitir el material sobrante para fortalecer el alzamiento platense. Lo mismo decidió para los revolucionarios de Rosario.

El plan insurreccional avanzó sin sobresaltos. Para todos los que se sumaban, la Revolución era un deber a cumplir. Había conciencia de eso. Con discreción, los militares rebeldes, que al principio componían una logia de solo treinta y tres capitanes y tenientes, fueron sumando voluntades. Los oficiales fundacionales se denominaron a sí mismos los hombres del “primer momento”; los que fueron hablados luego eran los del “segundo momento”; por último, los oficiales que fueran captados durante la Revolución serían mencionados como los de “la última hora”. Para ellos, el compromiso propuesto era imposible de rechazar. Si lo hacían, serían apresados.

A menos de dos semanas del alzamiento, el general Campos hizo un recuento ante la Junta de lo que ya había reclutado: elementos del 1º de Artillería; el 1º, el 5º y el 9º de Infantería; además, cadetes del Colegio Militar y del Batallón de Ingenieros. Pero las gestiones con los de “la última hora” continuaron. En los días previos, a Campos le fue presentado un oficial del Regimiento 11º de Caballería. Tenía antecedentes: en el ’74 había sublevado a la tropa contra el fraude electoral, en favor del general Mitre, que era el espejo político en el que Campos deseaba reflejarse. El mayor Palma —de él se trataba— en principio rechazó la idea de volver a levantar el regimiento, aunque dos días después condicionó esa tarea a una entrevista con Campos. Temía que el levantamiento fuese una aventura cuartelera. Campos aceptó el diálogo, pero solo dijo que el plan era serio y que la Revolución triunfaría. A Palma le pareció suficiente y se estrecharon las manos. Su compromiso causó satisfacción en la oficialidad rebelde, porque algunos habían imaginado a Palma como un adversario a vencer. El 11º fue el último regimiento integrado.

Con el plan acordado con la Junta Revolucionaria, la insurrección debía estallar en la madrugada del sábado 19 de julio de 1890. En esas horas, algunas tropas avanzarían hacia el Parque de Artillería desde el norte, por la avenida Alvear; otras marcharían desde el oeste y el sur, por la calle Garay. La escuadra naval debería navegar hasta aguas cercanas a la Casa Rosada y El Retiro. Sería un ataque combinado por tierra y agua. En forma simultánea también, los jefes cívicos impulsarían la movilización de sus clientelas políticas y se dirigirían al Parque. Cuando la multiplicidad de las acciones se desplegara, el Régimen se fragmentaría y la Junta Revolucionaria tomaría el poder.

Pese al recelo de Campos y a la desconfianza del propio Mitre —que avaló la Revolución pero se marchó meses antes a Europa, incluso con una restitución de honores militares por parte del Régimen—, Alem era la mayor garantía política de la Unión Cívica. Al momento de la caída de Juárez Celman, Alem se convertiría en el presidente de la República.

Pero en el plano militar, a tres días de la insurrección, la cohesión interna se resquebrajó. Una delación condujo a Campos a prisión. El viernes 18, Palma convocó de urgencia al general a una reunión en los suburbios de la ciudad. Pese a la intrigante invitación, Campos creyó en la buena fe de Palma. Sin embargo, recibió el aviso de que se trataba de una emboscada. Palma lo había traicionado. El jefe militar se lo transmitió a Alem y todos los mecanismos de seguridad se activaron. Esa misma noche, para desorientar a la policía, los jefes cívicos asistieron a una fiesta, pero el ardid era innecesario. A la mañana de ese día, el Presidente había reunido en su casa a los ministros de su gabinete y como resultado de la investigación policial se expuso que Campos invitaba a la Revolución en los cuarteles. También se dieron detalles de reuniones secretas y de los oficiales de Ejército y Marina que estaban involucrados en el complot, y se mencionó la casa de Belgrano 432 del subteniente José Félix Uriburu, donde se había gestado la Logia de los 33 Oficiales. La revelación del plan revolucionario, a consecuencia de la rivalidad que el jefe de Policía, Capdevila, mantenía con el ministro de Guerra, puso en aprietos al general Levalle por su supuesta pérdida de control de la fuerza. Capdevila había reclamado a Juárez Celman el retiro de los batallones militares de la Capital para hacerse cargo de la seguridad del territorio porteño con sus hombres. La eficacia de su inteligencia permitía creer que podía asumir esa tarea.

El sábado 19, por orden de Levalle, el general Campos, su asistente, el coronel José Figueroa, y el mayor Garaita ya estaban detenidos bajo acusación de “conspiración”. Si antes la Revolución caminaba por las calles, ahora salía en los diarios. Palma, que además había pedido dinero para los preparativos, había informado de sus movimientos, aunque el Estado ya los conocía.

Certificados los hechos, todos los oficiales comprometidos con la rebelión quedaron a la intemperie. No se sabía qué había informado Palma al gobierno, qué habría revelado Campos en los interrogatorios ni a quiénes alcanzaría la prisión. La Junta Revolucionaria suspendió las acciones y transmitió la orden de no precipitarse. Los militares revolucionarios rechazaron la postergación: querían lanzarse a la batalla, sobrevivir como fuese antes que ser sacrificados en los cuarteles. Pasadas las horas, el Regimiento 1º de Infantería exigió una definición a la Junta: o la Revolución se hacía o ellos se disgregaban.

Entonces reapareció Álvaro Pinto en Buenos Aires. Propuso ceder la jefatura al coronel Julio Campos. Alem aceptó el reemplazo, pero el coronel no quiso subordinarse a las instrucciones militares del jefe cívico. La Revolución volvió a la incertidumbre.

En el orden económico, el oro había aumentado su valor y el peso se había depreciado. Existía la presunción de que el país no podía hacer frente a los pagos externos ni tampoco obtener nuevos créditos de Inglaterra. A fines de mayo, el senador Del Valle agregó un elemento más de tensión a la crisis financiera cuando denunció que el gobierno había emitido papel moneda en forma clandestina para ayudar a los Tesoros de los bancos oficiales.

Campos, encarcelado en el Regimiento 10º de Infantería de la calle Azcuénaga e incomunicado, fue interrogado por un fiscal. El general reconoció que había hablado con Palma, pero solo para saber cuál sería su posición personal si Juárez Celman llegara a renunciar frente a la evolución de la crisis. Aunque admitía que se preocupaba por la situación del país, Campos aseguró que no existía un plan revolucionario. Palma lo había malinterpretado. En la misma línea expusieron Figueroa y Garaita.

Levalle, en tanto, reaccionó: envió al Regimiento 1º de Infantería, infiltrado por la Logia de los 33, a la frontera del Chaco austral y fortificó el cuartel de El Retiro y la Aduana vieja con el 6º de Caballería, que viajó desde el Chaco, y el 2º de Infantería, procedente de Córdoba. Al general Viejobueno, al mando del Parque de Artillería, le encargó una comisión fuera de Buenos Aires.

Pero de manera sorpresiva el Ejército levantó la incomunicación de Campos, quien empezó a conversar con otros oficiales sobre la necesidad de deponer al gobierno. El capitán Jacinto Espinosa, afín al jefe militar, hacía sondeos para sumar adeptos a la “causa santa”. En prisión, Campos recibió una visita significativa, la del general Roca. No pudieron ser hallados documentos que prueben el contenido expreso de la conversación, pero la reunión fue en sí misma un mensaje demasiado disonante como para no ser atendido por los jefes cívicos.

Con la información reunida por Espinosa y bajo la presión de los militares rebeldes, la Junta Revolucionaria —por impulso de Del Valle, que gozaba de mayores simpatías en la Logia de los 33 Oficiales que el propio Alem— decidió levantar el Regimiento 10º y liberar a Campos de ese cuartel, y ordenó que el resto de los batallones marchara hacia el Parque en la madrugada del 26 de julio. La Revolución ya estaba resuelta. El plan militar acordado sería respetado. La orden comenzó a propagarse la noche previa al alzamiento.

La escuadra naval también debía sublevarse en la misma madrugada. Desde el Parque, le lanzarían globos de colores al aire para que abriera fuego. Dos globos significaban el bombardeo sobre El Retiro. Tres globos, sobre la Casa de Gobierno. Si no había globos, la Revolución se suspendía.

Esa misma noche, los grupos de civiles que debían proteger la salida de los militares del Batallón de Ingenieros se concentraron en un corralón a la espera de la hora. A uno de ellos se le escapó un tiro. Los vigilantes, alertados por el estampido, detuvieron a cinco cívicos, aunque el “telegrama urgente” cursado al coronel Capdevila no llegó a destino. El coronel dormía. Él, como Roca, quien desde enero de 1890 recibía informes sobre la conspiración, solo debía dejar que la Revolución hiciera su propio camino.

En la madrugada del 26 de julio, las tropas rebeldes comenzaron a movilizarse. Hicieron rendir a los comandantes del Parque de Artillería y tomaron las azoteas y las puertas de acceso. No hubo resistencia. Alem entró antes de las cuatro. El 5º y el 9º de Infantería, el 1º de Artillería, los cadetes del Colegio Militar y los soldados destacados en el Correccional y la Penitenciaría fueron concentrándose en el Parque. Por las calles se desarmaban vigilantes y se tomaba el control de la ciudad.

En el Regimiento 10º, se liberó a Campos y los rebeldes marcharon por el frente norte unidos al Batallón de Ingenieros. El mayor Pedro Toscano, que debía haber custodiado a Campos, también dormía. Del Valle había pensado en intoxicarlo con un somnífero, pero ni siquiera un disparo fortuito en el cuartel logró perturbar el sueño del mayor. Al coronel Figueroa le habían concedido un permiso de salida la noche anterior.

La Marina también fue parte de la insurrección esa madrugada. El comando revolucionario naval fue establecido en el buque Villarino, primera nave sublevada, con la jefatura del teniente de navío Eduardo O’Connor. Navegaron y abordaron el crucero Patagonia. El teniente de fragata a cargo entregó la nave al teniente de navío Ramón Lira, otro miembro de la dirección revolucionaria. Treinta marinos bastaron para tomar la cañonera Paraná. En el acorazado Los Andes tampoco hubo resistencia y la nave fue plegada a los conspiradores. Allí fue detenido el vicepresidente de la Junta Superior de la Marina, Bartolomé Cordero, quien había ido a inspeccionarla en búsqueda de novedades para transmitírselas al vicepresidente Pellegrini. En el ariete Maipú se precipitó el primer hecho de sangre. La nave fue levantada por el teniente Ibarra, pero su comandante, el teniente de navío Atilio Barilari, intentó reprimirlo y le disparó. El tiro mató a un soldado. Reducido, Barilari intentó escapar. Un centinela le clavó su bayoneta. En pocas horas, el poder naval revolucionario ya tenía el dominio del Río de la Plata.

Con las fuerzas concentradas en el Parque de Artillería, y en contra del plan de ataque original, Campos intimó al Régimen a que se rindiera y envió notas a la Policía Federal y a la Casa de Gobierno. Les dio un plazo de dos horas y decidió esperar. Durante ese tiempo, los soldados rebeldes cantaron el himno, y hubo churrasco para la tropa. Campos decía que debían conocerse y confraternizar. Los jefes revolucionarios aprovecharon para difundir un manifiesto a la población.

El patriotismo nos obliga a proclamar la revolución como recurso extremo y necesario para evitar la ruina del país. […] La Junta Revolucionaria no necesita decirle al pueblo de la Nación y a las naciones extrañas los motivos de la Revolución ni detallar cronológicamente todos los desaciertos, todos los abusos, todos los delitos, todas las iniquidades de la administración actual. El país entero está fuera de quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de todas partes; no hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa […]. El período de la revolución será transitorio y breve; no durará sino el tiempo indispensable para que el país se organice constitucionalmente y el gobierno revolucionario establezca la elección de tal manera que no se suscite ni la sospecha [de] que la voluntad nacional haya podido ser sorprendida, subyugada o defraudada.

En otra de sus modificaciones al plan de guerra, Campos no implementó el corte de las comunicaciones telefónicas, ni del telégrafo ni de los ferrocarriles. Su falta de acción provocó inquietud entre los cívicos. Alem le requirió explicaciones. Campos argumentó que prefería no dispersar a la tropa. No sabía dónde estaba concentrado el enemigo y temía que fueran sorprendidos por la retaguardia si lanzaba el ataque. En apariencia, Campos confiaba en que el gobierno se rendiría sin necesidad de un solo tiro. Alem se mostró molesto por el cambio de planes, pero no lo sometió al examen de la Junta de Guerra que acababa de constituirse. Dejó que la estrategia militar continuara en poder del jefe militar.

Tampoco los hombres clave del Régimen habían sido apresados. Alem también había perdido el control de ese procedimiento.

Fermín Rodríguez, el responsable de las capturas, había delegado en Lino Lagos y en Francisco Rayneli la misión de secuestrar a Roca. Se habían conformado dos grupos, con un total de quince personas, que se hospedaron en una pensión de la calle San Martín en la noche del 25. Quedaron a la espera de los cañonazos del Parque, la señal del inicio del alzamiento. Pero no hubo cañonazos. A las ocho de la mañana se fueron.

En cuanto al secuestro del ministro de Guerra, Levalle, un mínimo obstáculo fue suficiente para que el plan se arruinara. Al jefe de la misión le habían anunciado que la guardia del vigilante que custodiaba su casa de la calle República —actual Quintana— finalizaba a la una de la madrugada. Pero no fue así. Entonces, desistió del secuestro. Para el ataque sobre Juárez Celman y Pellegrini, los grupos de civiles no llegaron a conformarse.

Lejos de aceptar la solicitud de rendición, el Presidente marchó protegido por el Regimiento 2º de Infantería hacia El Retiro, donde solo había ochenta hombres; allí comenzarían a reunirse las tropas oficiales comandadas por el general Levalle, al que una función en el teatro Politeama, en Corrientes y Paraná, la noche anterior, lo había cruzado con Capdevila. Ambos se unirían en la batalla por la reconquista del Parque.

Para desagrado del general Campos, que buscaba un predominio militar en las acciones, en la mañana del 26 de julio la Junta Revolucionaria convocó a la población. Entre el entusiasmo y el desorden, los civiles hacían filas en las oficinas del Parque de Artillería para recibir armas y municiones. Para identificar a los que se incorporaban al combate se les entregaba una boina blanca, que se agregaba a las cintas de colores blanco, verde y rosado que los cívicos habían colocado sobre sus prendas en la madrugada bajo la luz verde y roja de los faroles de mano.

Mientras se esperaba en vano una respuesta del gobierno, cívicos y soldados rebeldes armaron barricadas en las bocacalles con bolsas de tierra, adoquines, metales, cemento o colchones, y también se instalaron en los “cantones revolucionarios”, edificios de dos o tres pisos que les permitían cierto control visual sobre el enemigo y funcionaban como puestos de avanzada. A media mañana, la Revolución ya había ocupado alrededor de cien manzanas de la ciudad, con epicentro en el Parque: el territorio de guerra se había delineado dentro del perímetro de Córdoba, Suipacha, Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) y Junín.

Uno de los cantones clave, el más cercano a la frontera con las tropas estatales, era el Palacio Miró, en Libertad y Viamonte. Allí había más de cien combatientes. Tenía instalada una ametralladora en la azotea. Además de los militares, protegían las posiciones ex milicianos de la Guardia Nacional, civiles de la clase media urbana, abogados, comerciantes, médicos e inmigrantes de distintas nacionalidades, quienes luego exigirían a los cívicos un reconocimiento a sus muertos en el combate. Sectores obreros, con agremiaciones de bajo nivel de organización que no participaban en la vida política, tuvieron una intervención limitada en el levantamiento. Entonces Buenos Aires contaba con una población de medio millón de habitantes, de los cuales trescientos mil eran extranjeros.

La primera descarga se inició desde el cantón de Corrientes y Paraná; allí, casi un centenar de combatientes abrió fuego contra una formación de vigilantes de la policía que se trasladaba en tres vagones de tranvía hacia El Retiro. Fueron los primeros muertos. Eran las nueve de la mañana. Pero mientras las tropas irregulares continuaban sin instrucciones en el Parque, las fuerzas gubernamentales tomaron la plaza Libertad, en Libertad y Paraguay, un punto estratégico para arremeter contra el cuartel revolucionario. Hasta allí intentó trasladarse un pelotón del mayor Toscano, pero desde el cantón de Viamonte y Artes (actual Carlos Pellegrini), el coronel Espina retrajo el avance a fuego constante.

Desde los cantones de las calles del frente norte también observaron el trote de la caballada del Regimiento 11º que avanzaba por Santa Fe en dirección hacia El Retiro. Esa calle estaba fuera del área de control insurgente, pero fue tomada como blanco. Desde la calle Talcahuano, los soldados del mayor Day, que se había agregado ese mismo día a la insurrección, alcanzaron con la batería de artillería al Regimiento 11º, causándole treinta o cuarenta bajas y similar cifra de caballos despedazados. Le interrumpieron la marcha hacia El Retiro.

Aun sin otra estrategia que la resistencia, la calle era de la Revolución. Los cantones se iban desplegando uno tras otro en terrazas de vecinos o en palacios apenas estrenados; la propia confitería El Molino, en Callao y Rivadavia, y la iglesia contigua fueron conquistadas por los cívicos.

Con el impulso de los coroneles Espina y Figueroa y del mayor Day, que distribuían a sus hombres entre las barricadas y los cantones de los frentes este y norte, junto a los civiles y los soldados de la Infantería, se fortalecía la defensa del Parque.

El general Levalle, por su parte, continuó su estrategia para perforar el cerco. En esas horas de lucha demostró su determinación. A media mañana, al grito de “¡Aquí está la ley y el deber!”, había logrado instalar con ochocientos efectivos su cuartel general en la plaza Libertad —donde Campos nunca había intentado asentarse—, y reanudó el ataque por la calle Artes para aislar a la Revolución por el frente este. El ministro de Guerra y Marina disponía de la Caballería y de tres regimientos de Infantería de línea; también lo secundaban los cuerpos de vigilantes y bomberos de la policía de Capdevila, que se había subordinado a sus órdenes para cerrar un posible ataque cívico al Retiro. Levalle marchó al frente con la caballería y provocó cinco bajas en el cantón “Frontón de Buenos Aires”, que acababa de instalarse en Viamonte y Artes. Pero, en una acción sorpresiva, los cívicos rompieron la pared de una casa vecina al cantón y saltaron hacia las azoteas de la intendencia municipal en construcción. Desde allí, el fuego revolucionario de la artillería, junto con otros tiradores que controlaban desde miradores el desplazamiento de las tropas oficiales por Artes, demolieron la ofensiva de Levalle.

En la desbandada y esquivando las balas, la tropa se replegó en el teatro Coliseo, también en construcción, frente a la plaza Libertad, mientras el caballo de Levalle y el de uno de sus asistentes caían muertos y el general retrocedía de prisa hacia la plaza Libertad. La acción dejó decenas de muertos y heridos. El jefe de Policía, Capdevila, de uniforme de gala y con su caballo negro, fue herido y recibió socorro en la casa de un vecino.

El fuego revolucionario dejó dos novedades: que las fuerzas oficiales actuaban con sus jefes al frente de la batalla, y que, aun así, estaban desconcertadas. La táctica de guerrilla urbana de los sublevados, con movilidad constante casa por casa, les impedía a las tropas gubernamentales saber desde dónde partía el fuego enemigo. Las fuerzas del Estado estaban lejos de penetrar en el Parque.

Entonces, el subteniente Balaguer, al mando de una sección militar revolucionaria, intentó avanzar por su propia iniciativa hacia la plaza Libertad para conquistarla y, desde allí, reclamar a sus mandos superiores concentrar las fuerzas y lanzarse hacia El Retiro. Campos le hizo llegar al teniente Uriburu su opinión por medio de un mensaje: “Ordénele a Balaguer que vuelva a su puesto. Si no obedece, péguele un tiro”.

De inmediato, fue Espina quien se trasladó al Parque. Le aseguró a Campos que un avance sobre las fuerzas enemigas en El Retiro sería coronado con el éxito. Era el momento justo para el ataque. Pero Campos tampoco quiso desplegar las tropas. Le informó que mantendría las posiciones en el Parque hasta que el enemigo se rindiera. Su mesura generaba irritación en la tropa rebelde.

Hacia el mediodía del 26 de julio, los combates proseguían y la aldea ya olía a sangre. Levalle transformó la iglesia de las Victorias, de Libertad y Paraguay, en un hospital de campaña donde el Cuerpo de Sanidad militar atendía las urgencias. Los heridos y los cadáveres empezaban a amontonarse en las calles, recogidos entre el estruendo ensordecedor de las granadas y las ametralladoras por los carros-ambulancia tirados por caballos para conducirlos al Hospital Militar Central, el Hospital de Clínicas o la Casa del Aislamiento, para su cremación.

La sanidad era más precaria en el Parque. Médicos voluntarios, estudiantes y practicantes auxiliaban con los pocos instrumentos que tenían a los heridos que eran traídos desde los cantones y los trasladaban a la Asistencia Pública de la calle Esmeralda. La Cruz Roja, que había sido fundada diez años antes, reclamó a los bandos en guerra que respetaran las insignias neutrales de la institución y envió dos carros de hielo al Parque y El Retiro.

Esa misma mañana hubo una muerte que impactó a los cívicos. El coronel Julio Campos, que estaba en el Parque pero a punto de movilizarse hacia La Plata para sublevar tropas, decidió acudir al cantón de Talcahuano y Viamonte con una sección militar bajo su mando. Una bala que partió de la iglesia de las Victorias le atravesó el corazón. Su hermano recibió su cadáver en el Parque. En La Plata no hubo sublevación.

De inmediato al retroceso de la calle Artes, Levalle rearmó la tropa. Corrió a los que se habían escondido en los andamios del teatro Coliseo, mató con su revólver a los más renuentes a seguir el combate, reclamó “subordinación y valor” e hizo cantar el Himno Nacional sobre los cadáveres, con la bandera argentina en alto. Luego, arengó a los soldados: “Camaradas. ¿Qué es esto? ¿Dónde están esos valientes que se han cubierto de gloria en cien combates? ¡La victoria será nuestra!”. Con dos regimientos de línea, Levalle imitó el plan de los insurgentes. Tomó las azoteas de las casas a lo largo de dos cuadras de la calle Paraguay e instaló cantones del ejército regular. Los revolucionarios debieron replegar sus cañones de artillería.

El núcleo de la batalla para arrancar a las tropas del Régimen de la posición de la plaza Libertad o aplastar a los rebeldes en el Parque se había centrado entre Paraguay y Viamonte. Por esas calles se combatía casa por casa, cantón por cantón, a Remington y bayoneta.

En la cadena de mando oficial se había producido un desplazamiento de autoridades. Juárez Celman, para ser protegido, o apartado, fue trasladado en tren hacia Campana con la misión de reorganizar las fuerzas del interior, tarea que también cumplía el general Roca, instalado en la Casa de Gobierno. Pellegrini, sin mando ejecutivo formal, montó el comando de guerra en el mismo teatro de operaciones, en la casa de José Luis Amadeo —Paraguay 1162—, frente a la plaza Libertad. Allí conferenció con el ministro Levalle y con la jerarquía castrense sobre el curso de la batalla. Escuchó la proposición del coronel José Ignacio Garmendia, que quería perforar a pico y barreta las paredes medianeras de las dos manzanas que permanecían bajo control de los sublevados y establecer un corredor que les permitiera avanzar hasta las puertas del Parque. Aunque estaba predispuesto a acciones temerarias, a Levalle el plan le pareció una tontería. En cambio, Pellegrini lo aceptó y le pidió a Levalle que lo ejecutara. El ministro de Guerra le asignó a Garmendia el Batallón 4º y un cuerpo de bomberos. Un total de cincuenta hombres.

Entrada la tarde del día 26, en las filas revolucionarias, pese a los estragos que había causado la artillería, la alegría de matar al enemigo, el valor cívico y el sueño de reconquistar las libertades públicas empezaban a corroerse entre el humo de las bombas, las corridas y los gritos. El tiempo jugaba en favor del gobierno. Mientras las fuerzas irregulares, estancadas en el Parque, perdían vitalidad, las tropas oficiales acumulaban refuerzos armados y avanzaban sobre los cantones. El Régimen, que ordenó el retorno del Regimiento 1º que había enviado al Chaco, ya disponía del 2º, el 4º, el 6º y el 8º de Infantería, y el 11º de Caballería, más el Batallón de Bomberos y mil vigilantes de policía. Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos ya habían enviado batallones por vía férrea hacia El Retiro. A la plaza Libertad llegaban las municiones desde el Arsenal de Guerra —en Combate de los Pozos y Garay—, pese a que los fusiles Remington de los cantones batían a quienes los transportaban.

A las cuatro de la tarde, Garmendia informaba que ya había tomado por los fondos algunos cantones de la manzana de las calles Córdoba, Artes, Viamonte y Libertad, el centro de gravedad de la batalla. Obsesionado con el Palacio Miró, ubicado en esta última esquina, Garmendia estaba minando la resistencia cívica con un cañón y había batido a bayoneta al teniente Luis Irurtia, oficial de la Logia de los 33, un hombre del “primer momento”, novedad que perturbó la moral de los alzados. Pero ni Day ni Espina detenían el fuego de la artillería en la intensidad del duelo.

A esas alturas, aunque la provincia de Buenos Aires todavía no había decidido a cuál de las dos facciones en pugna volcaría su apoyo, el balance de lo actuado demostraba que las fuerzas oficiales estaban en condiciones de aumentar su volumen. Los cívicos, no. Su plan estratégico, más allá del poder de fuego de los cantones, había ingresado en un camino que no parecía tener salida: las tropas continuaban en el Parque, sin instrucciones; la Artillería no bastaba para definir la batalla y la Junta Revolucionaria estaba a la espera de alguna decisión de Campos, a quien ahora nadie se animaba a sacudir de su quietismo debido a la conmoción por la muerte de su hermano. Alem continuaba impaciente, aunque todavía engañado en la certeza del triunfo.

Al mismo tiempo, se ponía en evidencia otra clave de la frustración revolucionaria: la escuadra naval no había bombardeado El Retiro ni la Casa de Gobierno. La razón era difícil de explicar: no había globos para dar aviso a las naves. En una reacción improvisada y tardía, un voluntario con conocimientos técnicos intentó preparar las esferas de señalización, pero se incendiaron antes de que pudieran alzar vuelo.

La esperanza de la toma del poder por la fuerza cívica se había escurrido durante la mañana con el tableteo constante de las ametralladoras en los cantones. Pero en el silencio de la tarde, cuando el fuego comenzaba a menguar, la Revolución también se desmoronaba. Había que ocultarlo. Con la colaboración de la imprenta del Argentinisches Tageblatt, el diario de Mauricio Alemann, la Junta Revolucionaria distribuyó un bando celebrando un ánimo triunfante que solo existía en la propaganda de guerra: “La revolución vence en todas partes. El gobierno no puede reclutar fuerzas. Las comunicaciones están interrumpidas. El pueblo triunfa. Toda la ciudad, con excepción de algunos puntos, está en poder de la revolución”.

Los cívicos decían tener sesenta cantones y tres mil quinientos hombres armados para la victoria.

En forma casi simultánea, el periódico La Argentina intentaba transmitir en un boletín extraordinario la calma oficial: “Queremos tranquilizar al pueblo, sorprendido a balazos por un motín de cuartel. Los amotinados hasta este momento están circunscriptos al Parque. El general Levalle con numerosas fuerzas fieles lo rodea. Esta operación será decisiva. Llegan tropas, armas, cañones y municiones de todas partes. De todos lados llegan ofrecimientos. Las tropas fueron arrastradas con el engaño de que en el Parque iban a ser provistos y armados para salir a campaña. Pueblo de Buenos Aires, nacionales y extranjeros, reposad en la seguridad que un motín de cuartel que no tardará en ser sofocado es lo que ensangrienta y perturba muchos hogares”.

En el atardecer del primer día de la batalla ya se preveía que el combate decisivo se libraría al amanecer del día siguiente. Las fuerzas se replegaron. Por la noche, el Parque continuó armando civiles. Había mate, fogones, reparto de alimentos, y centinelas atentos conjuraban un posible ataque por sorpresa. En las azoteas de los cantones se hacían guardias rotativas. Algunos civiles volvieron a sus casas a descansar con la promesa de regresar a sus puestos a la hora del alba. Los soldados dormían en las azoteas y las barricadas. A lo lejos, se escuchaban tiroteos aislados y el rumor de las carretillas que en la niebla nocturna seguían trasladando los cadáveres que recogían de las calles. En el silencio, las fuerzas de Garmendia cavaban trincheras a pico y pala sobre la calle Paraguay. Una dotación de vigilantes quiso penetrar por el frente sur de la calle Talcahuano, en el cruce con Piedad (actual Bartolomé Mitre). La respuesta de los fusiles del cantón cívico los obligó a dispersarse. Lo mismo sucedió en el frente norte: dos regimientos oficiales que atacaron en las sombras fueron contenidos a tiros en la intersección de Córdoba y Talcahuano.

La plaza Libertad, con guardias en vigilia, era también un cementerio de carros al descubierto, repletos de cadáveres desnudos y rígidos de soldados. Luego de su traslado a Campana, el presidente Juárez Celman retornó a Buenos Aires para recomponer su autoridad y fue recibido por su ministro de Guerra en el campamento oficial a fin de informarse de las noticias del día. Visitaron trincheras. Levalle, que por la mañana había desistido de la idea de acompañarlo —lo consideraba intrascendente en términos militares—, le anticipó que la Revolución sería vencida.

Al amanecer del día 27 de julio, el segundo día de una batalla todavía irresuelta, los cívicos ordenaron a la escuadra naval el lanzamiento de las bombas. Lo hizo Miguel Goyena, representante católico, por medio de una nota que se envió a las naves apostadas en aguas del Riachuelo.

Apenas rayó el alba los combates se reanudaron. Con dos cuerpos de la Infantería de línea a disposición, Levalle ordenó a sus comandantes —Kratzenstein, Parkinson, Daza— la toma sucesiva de todos los cantones de la calle Talcahuano hasta llegar al Parque. El avance fue auspicioso. A fuego y bayoneta, logró despojar a los cívicos del “Cantón Mitre”, de Talcahuano y Córdoba, intento que se había frustrado en la madrugada. Pero desde arriba, a solo cien metros, sobre Talcahuano y Viamonte, el mayor Day hostigó otra vez al pelotón oficial con los cañones Krupp y las ametralladoras, pese a que en cada carga los soldados y civiles artilleros exponían su vida frente a los francotiradores del Ejército. Los cañones Krupp, con sus granadas explosivas, seguían desconcertando a veteranos guerreros oficiales que veían cómo se convertía la estatua de Adolfo Alsina, en la plaza Libertad, en un pedestal de cadáveres que luego eran transportados a la Chacarita.

En las calles, Espina ordenó al 10º de Infantería de línea rebelde que avanzara por Talcahuano hasta bordear la plaza enemiga. Empujados por la contraofensiva simultánea de Day y de Espina, los soldados regulares al mando de Levalle sufrieron treinta bajas y debieron desalojar el “Cantón Mitre”, recuperado por el capitán insurrecto Alejandro Cortina con una fuerza de veinticinco hombres. Y los tres regimientos oficiales, el 2º, el 6º y el 8º de Infantería, debieron relevarse unos a otros, entre los fardos de pasto de las trincheras callejeras, para contener el asedio rebelde. El fuego de la Infantería y de la Artillería los obligó a retroceder hacia la plaza Libertad.

Confiado en el potencial de sus fuerzas distribuidas sobre Talcahuano, Espina sintió que la situación estaba en sus manos. Intentó, otra vez, un combate final para jugar el destino de la Revolución a suerte y verdad. Necesitaba la aprobación de la Junta de Guerra y la ayuda militar del Parque. Soldados, armas, municiones. Cuando lo solicitó, sonaron los clarines en todas las unidades, oficiales y rebeldes. El fuego cesó de golpe. Eran las diez de la mañana.

Con el argumento de sepultar a los muertos y asistir a los heridos, los cívicos habían pedido suspender las operaciones militares por veinticuatro horas. Se anunció la firma de un armisticio entre Del Valle, Pellegrini y Roca en el despacho de guerra de la calle Paraguay. ¿Qué escondía el inesperado reclamo por las tareas humanitarias? La falta de municiones de los sublevados. Campos creía que en el depósito del Parque encontraría quinientas sesenta mil municiones. No encontró ni la mitad. Se lo reveló a la Junta Revolucionaria en una nota, un día después del alzamiento. Además, notificó sus sombrías previsiones: habría fuego solo para las próximas dos horas. Y, dado que no estaba dispuesto a ordenar el ataque final por el que estaba siendo presionado, aconsejó que lo mejor era detener el combate para no derramar más sangre inútil.

La noticia de la falta de municiones sacó a Alem de su falso optimismo. En ese momento pensó en remover a Campos, pero temió que la tropa rebelde se dispersara con una decisión tan radical. Además, no confiaba en la cesión de la jefatura en quien sí quería seguir la batalla, el coronel Espina. Campos intentó tranquilizar al jefe cívico: le comunicó que aprovecharían las horas para buscar municiones en comercios. Sin precisión sobre el armamento del que disponían —la tropa no creía en la situación crítica que planteaba el jefe militar—, la realidad de los sublevados del Parque era cada vez más infausta. Material y moralmente infausta. Durante la tregua, en los cantones, circuló una orden de emergencia para futuros combates: un disparo rebelde, un muerto enemigo.

La alternativa era desoladora frente a las posibilidades de acumulación de fuerzas del Ejército. Desde Río Cuarto, por vía férrea, llegaba el Regimiento 2º de Artillería con doce cañones de campaña y siete piezas de artillería de montaña de 75 milímetros de calibre que les habían hecho falta para el combate callejero, más dos mil hombres de distintos batallones de provincias. La tregua implicaba la consolidación del triunfo de las fuerzas del Régimen.

Para alentar a su comando de guerra, Levalle aprovechó la calma y confirió ascensos a la jerarquía superior inmediata a aquellos oficiales que habían arriesgado su vida en el campo de batalla.

Pero la calma no fue completa durante la tregua. Poco antes del mediodía volvieron a oírse explosiones. La escuadra naval, reunida con los partes tardíos de la Junta Revolucionaria, bombardeó Buenos Aires como jamás lo había hecho ninguna facción política interna. Los obuses no acertaron en forma exacta los blancos de El Retiro y la Casa de Gobierno, ni tampoco el cuartel de la plaza Libertad. La bajante del río mantuvo a las naves distantes de la costa entre cuatro mil y seis mil quinientos metros, y muchísimos proyectiles, mal centrados, salieron dando volteretas en el aire para estallar antes de llegar a destino, incluso al costado de los mismos buques. Pero las explosiones que llegaron a tierra dañaron algunos hoteles de la calle 25 de Mayo, cerca de la vivienda de Juárez Celman, y también la zona del frente sur: las calles Venezuela, México; las iglesias de Santo Domingo y de la Concepción —asustando a los fieles que rezaban por el final del desastre—, y también sobre la propia Catedral.

Con el marco de cañonazos esporádicos e inciertos que partían desde el río, solo un blanco se encuadró en el escenario bélico. Sobre la Aduana vieja, donde estaba asentado el 2º de Infantería llegado desde Córdoba, dos soldados de esa provincia cayeron víctimas de las bombas. También un niño fue muerto en la habitación de su casa de la zona sur.

Tras la espera infructuosa del primer día, como corolario de los errores de coordinación y de la falta de agentes de enlace que la mantuviese informada de lo que sucedía en la batalla, ahora la escuadra naval estaba fuera de control. Goyena transmitió el anuncio del armisticio para detener las acciones, pero el mensaje tardó en llegar y las bombas —en total fueron ciento cincuenta y cuatro— continuaron cayendo durante la tarde del domingo 27. La nave norteamericana Tulapoose, junto con otros barcos de guerra extranjeros anclados en el puerto que estaban expuestos a riesgo, reclamaron también el cese del fuego.

El armisticio vencía a la hora 10 del lunes 28 de julio, pero con el impulso decreciente del combate la fiebre se fue aquietando y permitió descubrir los muertos, la sangre derramada sobre las paredes, la visión de las calles del centro de la aldea convertidas en campos de batalla. Comenzaron las negociaciones de paz. Dardo Rocha, fundador de La Plata y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, se había reunido con Pellegrini y con Roca durante la noche del domingo, y lo mismo había hecho con la Junta Revolucionaria para mediar en el conflicto. Frente a la sugerencia de que desarmaran a la tropa, Del Valle exigió la renuncia de Juárez Celman y de Pellegrini, demanda que fue rechazada; luego, Del Valle requirió solo la de Juárez Celman; también fue rechazada. Finalmente solicitó algún tipo de acuerdo que salvara el honor y la dignidad de los que se habían levantado en armas. Del Valle y Rocha no lograron más acuerdo que la creación de una comisión mediadora.

La tregua se extendió hasta las 5 de la tarde del lunes. Ese mismo día, el doctor Máximo Paz, que acababa de finalizar su mandato en el gobierno bonaerense, llegó al Parque para conferenciar con la Junta Revolucionaria. La tropa lo recibió con vivas. Suponía que traía el postergado apoyo de La Plata. Paz provocó en Alem y en Del Valle una mínima esperanza: “Tengo cinco mil hombres armados bajo mis órdenes. Puedo inclinar la balanza para un lado o el otro”, pero antes de tomar una decisión quería asegurarse de la estabilidad de su sucesor Julio Costa en caso del triunfo revolucionario. Se lo aseguraron. “Mi corazón está con ustedes”, se despidió Paz, que no definió apoyo alguno. Horas más tarde, otro emisario platense, el presidente de la Cámara de Diputados, llegado al Parque el mismo 28, informó que la provincia se había declarado a favor de la Revolución. Enviaría tropas por vía férrea a la estación Constitución. Entusiasmado, Del Valle se trasladó hasta la plaza Libertad a solicitar la extensión de la tregua hasta el martes 29 a las 10. Rápida, la Junta Revolucionaria ordenó a Mariano Demaría (h) y a Hipólito Yrigoyen —que ya había sido designado como jefe de Policía, aunque no intentó la toma del Departamento Central de Policía fortificado por Capdevila— que fueran a la estación Constitución a recibir a las tropas bonaerenses. A su arribo, se desengañaron. Los soldados descendieron del tren gritando “vivas” al gobierno y reforzaron los cantones del frente sur y la propia sede policial. En la Junta Revolucionaria se instauró la sospecha de que los emisarios platenses habían interferido en las negociaciones a fin de apreciar la debilidad política y militar de los alzados, para luego transmitírsela a los hombres del Régimen.

Ese mismo lunes 28, Campos propuso la capitulación a la Junta de Guerra. Informó que contaba con setenta y tres mil balas en el depósito del Parque, que le alcanzarían para tomar la plaza Libertad, pero no para defenderla. Se quedarían sin municiones. Campos explicó que todo esfuerzo era aventurado: una revolución que no vencía en el primer momento no lo haría jamás. Y, además de la falta de municiones, marcó otras dos causas de la debacle. En ambas estaba eximido de responsabilidad: la no detención de los hombres de gobierno —misión de la que él había desertado— y la demora del bombardeo naval. Su preocupación, ahora, era evitar la sangre, pero dejaba a la Junta que resolviera lo conveniente.

Las reacciones fueron inmediatas. El coronel Morales apoyó la rendición. La resistencia le parecía inútil. Alem estaba confuso, fuera del control de mando. Prefirió que la decisión final la tomaran los militares. El mayor Day, que había soportado la furia del fuego desde las azoteas al comando de los cañones, no se sumó a la derrota. Presentó un plan militar de ataque. Primero, propuso tomar el Arsenal y empezar a fabricar municiones. La producción podría alcanzar setenta mil tiros por día. A partir de entonces, planteó una guerra de guerrillas en el mismo escenario bélico. Con la protección de la artillería, ir tomando las calles Talcahuano, Uruguay y Paraná para extender los cantones casa por casa hacia el frente norte. En forma simultánea, ir avanzando sobre Viamonte, Tucumán y Lavalle hacia el río. Ese ataque conjunto, con la asistencia de la escuadra naval, tenía como objetivo final el sitio progresivo de las fuerzas enemigas sobre un triángulo geográfico, hasta conducirlas sobre El Retiro. Y allí librar la batalla final. Si había que llegar a un acta de entendimiento con el gobierno, expuso Day, debería formularse en el momento del ataque para poder imponer las condiciones.

Tras escucharlo, Campos sobreactuó la disciplina militar. Afirmó que si la Junta de Guerra estaba de acuerdo, él entregaba el mando a Day y se ponía bajo sus órdenes. Incluso podía conducir un regimiento. El mayor de artillería aceptó la oferta. Pero su intento no tuvo consenso. Solo lo apoyaba el coronel Espina. La Junta le respondió que el plan era aceptable, pero tardío. Se debería haber aplicado el día del alzamiento, o el domingo a primera hora, pero no el lunes. Ahora ya era tarde.

El sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen, también tenía un plan para la resistencia. Propuso salir del Parque batiéndose en la retirada, ir a Montevideo, municionarse y luego retornar por Entre Ríos y llevar la Revolución por los pueblos hasta volver a Buenos Aires. Ya no había respuestas. Del Valle sostuvo que lo mejor era negociar una rendición honrosa y evitar más muertes. Así lo hizo.

Luego de firmar las bases de la capitulación en la casa del miembro de la comisión mediadora Francisco Madero, en la mañana del martes 29, Del Valle fue al Parque a persuadir a los soldados que no querían entregarse y con lágrimas en los ojos pedían seguir la lucha aunque fuese con bayonetas. Para ellos, la Revolución seguía siendo un imperativo categórico, la causa justa que trascendía la propia realidad. Muchas horas más tarde, Del Valle encontraría a un grupo de civiles armados en el cantón del “Frontón de Buenos Aires”, en la calle Viamonte, que continuaban con sus fusiles sobre los miradores. No se habían enterado de la derrota.

Por la tarde, todavía se escuchaban tiros, había grupos en tumulto, los regimientos no formaban filas. Las armas seguían cargadas. El acta de rendición incluía la amnistía: les prometía a civiles y militares rebeldes que no se celebraría juicio ni procedimiento alguno contra ellos; que las unidades serían conducidas a los cuarteles, donde quedarían a las órdenes del gobierno, y los cadetes serían admitidos en sus escuelas. Pero los soldados del Parque no aceptaban marchar inermes hacia los cuarteles. Temían fusilamientos. Fue en ese momento cuando el coronel Mariano Espina ordenó el ataque hacia Plaza de Mayo. Quería tomar la Casa de Gobierno. Sus tropas irían por la calle Tucumán, aunque suponía que la empresa debería enfrentarse a las tropas estatales en la Plaza de Mayo y lo acorralarían desde la plaza Libertad, por la retaguardia. Pero el principal obstáculo eran sus jefes, que ya habían firmado la capitulación. “Si no te rindes, nos veremos obligados a pegarte cuatro tiros”, lo previno Alem en nombre de la Junta. Espina respondió: “A ustedes debería despedazarlos una bala de cañón, por cobardes y borrachos”.

En tanto, Del Valle, que iba del Parque a la plaza Libertad buscando refrendar el acuerdo, logró un documento firmado por Levalle en el que garantizaba que los que habían servido a la Revolución serían recibidos en el Ejército por los antiguos compañeros de armas. El texto fue leído en voz alta a las tropas que permanecían sublevadas. En su proclama pública en la plaza Libertad, Levalle reforzó la promesa: “¡Adversarios de ayer! Volved tranquilos a vuestros hogares y decid a quien quiera oírlo que os habéis batido como saben batirse los argentinos, y que tenéis el derecho de ser tratados con el cariño y la estimación que inspiran los valientes”. Del Valle se comprometió una vez más: “Valerosos soldados… palabra de honor, nadie les hará daño. Gracias por la ayuda que habéis prestado al pueblo. La gratitud será eterna para vosotros”.

Tras cuatro días de combates y centenares de muertos esparcidos por las calles de Buenos Aires, que no se contarían jamás, la Revolución había sido derrotada. Pero el presidente Juárez Celman quedaba exceptuado de la victoria. Su autoridad había sido quebrada en el curso de la batalla por el vacío político y militar al que fue sometido por Roca y por Pellegrini. El régimen conservador había aprovechado la insurrección cívica para dirimir sus fisuras internas. “La revolución fracasó, pero el gobierno está muerto”, subrayó luego el roquismo sobre la lápida del Presidente. Era una evaluación política letal sobre el fin de los combates. Los días que siguieron lo comprobaron: Juárez Celman fue recibiendo la renuncia de sus ministros, encontró frialdad en el sector mitrista de la Unión Cívica para aportar reemplazos, no logró sostén en Dardo Rocha, perdió lealtades propias y no pudo formar gabinete. Estaba arrinconado. Entonces, el Parlamento votó y exigió su renuncia, que se consumó el 6 de agosto de 1890. Si Roca, que en 1886 había sido el elector de su concuñado Juárez Celman, ahora había acompañado la Revolución con silenciosa complicidad para que, aun derrotada, alcanzara para despedirlo del poder, lo había logrado. Ahora Roca, otra vez con el control del partido oficial, ocupaba el Ministerio del Interior para apoyar y vigilar a Pellegrini, que heredaba la Presidencia.

Las lealtades de Roca eran módicas, como también lo fueron las promesas a los uniformados, que pronto se desvanecieron. Un año después algunos soldados que se sublevaron en el Parque serían ejecutados por el Ejército.

Bibliografía

Alem, Leandro; Del Valle, Aristóbulo y otros, La Revolución del ’90, Buenos Aires, República, 1955.

Balestra, Juan, El noventa, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Casablanca, Adolfo, “La traición a la revolución del 90”, en Todo es Historia, Nº 17, Buenos Aires, septiembre de 1968.

Etchepareborda, Roberto, La revolución argentina del ’90, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

García Costa, Víctor, “La sanidad en la revolución del 90”, en Todo es Historia, Nº 277, Buenos Aires, julio de 1990.

Gerchunoff, Pablo; Rocchi, Fernando y Rossi, Gastón, Desorden y Progreso. Las crisis económicas argentinas 1870-1905, Buenos Aires, Edhasa, 2008.

Guido, Horacio, “Los caídos de la Revolución del ’90”, en Todo es Historia, Nº 408, Buenos Aires, julio de 2001.

Lobato, Mirta, “Estado, gobierno y política en el Régimen conservador”, en Lobato, Mirta (dir.), Nueva historia argentina, tomo V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

López, Horacio, Alem. La Revolución traicionada, Buenos Aires, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2006.

Luna, Félix, Leandro N. Alem, Buenos Aires, Planeta, colección Grandes Protagonistas de la Historia, 2000.

Mendía, José y Naón, Luis, La Revolución del 90, Buenos Aires, Artes y Letras, 1927.

Monteverde, Mario; Giacobone, Carlos; Castellano, Nicéforo y Velasco Suárez, Jorge, La Revolución de 1890. Libro-Homenaje en su Centenario, Buenos Aires, H. Cámara de Diputados de la Nación, 1992.

Oyarzábal, Guillermo Andrés, Los marinos de la generación del Ochenta. Evolución y consolidación del poder naval en la Argentina (1872-1902), Buenos Aires, Instituto de Publicaciones Navales, 2003.

Piccinali, Héctor, Vida del teniente general Nicolás Levalle, Buenos Aires, Círculo Militar, 1982.

Sabato, Hilda, “El ciudadano en armas. La violencia política en Buenos Aires (1852-1890)”, en Entrepasados, Nº 23, Buenos Aires, 2003.

—, “La Revolución del ’90: ¿prólogo o epílogo?”, en Punto de Vista, Nº 39, 1990.

Sommi, Luis, La Revolución del 90, Buenos Aires, Pueblos de América, 1957.

Yunque, Álvaro, Leandro N. Alem. El hombre de la multitud. Buenos Aires, Americana, 1953.

II

Yrigoyen revolucionario

La República dejará de ser el gobierno de un hombre, de círculos o de facciones, que no son sino despojos y absorciones contra la igualdad política, y hacen ilusorias todas las libertades y derechos; será el gobierno de la voluntad popular por medio de partidos o de corporaciones con el confortante y vivificante prestigio de llevar simultáneamente a su seno todas las representaciones de la opinión.

HIPÓLITO YRIGOYEN, 1909,
Hipólito Irigoyen, pueblo y gobierno, volumen III

Juan Domingo Perón todavía no había nacido cuando su tío, el alférez Alberto Perón, ocupó una vocalía de un Consejo de Guerra constituido ad hoc en Formosa que determinó el fusilamiento de cuatro oficiales artilleros que habían combatido a las fuerzas regulares en la Revolución del Parque. Entonces, en octubre de 1891, el Código de Justicia Militar no había sido creado ni regía tampoco el estado de sitio, pero la pena, dispuesta en un juicio verbal sin derecho a defensa, fue aplicada. El fundamento fue un supuesto “conato de sedición” no consumado en el Regimiento 1º de Artillería. La debilidad de las pruebas sumarias era tal que el Ministerio de Guerra y Marina a cargo del general Levalle prefirió ocultar las ejecuciones a la opinión pública. Alberto Perón, ya con el grado de teniente 1º, moriría en 1896 a los 25 años por razones todavía desconocidas. Perón nunca incorporaría en su genealogía a su tío militar.

HECHOS RELEVANTES

1891. En junio, la Unión Cívica se escinde en dos facciones: la Unión Cívica Nacional, liderada por el ex presidente Bartolomé Mitre, y la Unión Cívica Radical, fundada por Leandro Alem.

1892. El Régimen suprime la participación electoral de la UCR. En abril, Luis Sáenz Peña es elegido presidente en comicios restringidos.

1893. Con el imperativo de “comicios limpios o revolución”, Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen promueven alzamientos armados en distintas provincias, que desestabilizan al Régimen.

1896. El 1º de julio, Alem se suicida. Yrigoyen queda al mando de la UCR. Promueve la abstención electoral frente al gobierno del PAN y las oligarquías provinciales.

1898. Roca gana las elecciones en abril e inicia su segundo gobierno el 12 de octubre. Yrigoyen rechaza pacto con el Régimen y se erige como líder moral. Durante varios años organiza un levantamiento revolucionario.

1905. En febrero, apenas iniciada la presidencia de Manuel Quintana, Yrigoyen promueve la revolución en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El Ejército logra controlarla.

Las revoluciones de 1874, 1880 y 1890 habían producido un quiebre en la cohesión de la oficialidad del Ejército. Luego de cada levantamiento y cada amnistía a los sublevados, los soldados volvían a reunirse en los cuarteles, pero la sospecha de una nueva insurrección se mantenía latente en la tropa. Esto sucedió con el Regimiento 1º de Artillería, que había perturbado el temple del comando de guerra estatal en la Revolución del Parque, tras lo cual primero fue castigado, luego disuelto y más tarde reconstituido y enviado a la Guarnición de Formosa, entonces parte del Territorio Nacional del Chaco.

En septiembre de 1891, el teniente coronel Federico López había quedado a cargo de ese regimiento. A él le informaron que se gestaba una sedición de suboficiales y soldados que habían combatido en el cantón de Viamonte y Talcahuano el año anterior. Por medio de tormentos, López logró las confesiones y encarceló a cuatro de los supuestos sediciosos; luego del juicio oral los pasó por las armas a la vista del regimiento formado.

Ese mismo mes de octubre, en Corrientes, se produjo la “matanza de Saladas”, en la que los partícipes de una insurrección política contra el gobernador Antonio Ruiz fueron pasados a degüello por las tropas oficiales. Quizás esa fuese apenas una demostración de que las esquirlas del Parque habían llegado al interior. La iracundia cívica creó un estado tal de tensión en las provincias conservadoras, que obligó a los gobernadores a la detección permanente de complots y conspiraciones cívico-militares y a requerir el concurso de las tropas del Ejército como fórmula de persuasión.

En la esfera nacional, la vida política también se inquietaba en la turbonada. En enero de 1891, el general Mitre todavía no había regresado al país cuando la Unión Cívica lo ungió como candidato a presidente para las elecciones del año siguiente; lo acompañaba en la fórmula Bernardo de Irigoyen, ya al borde de sus 70 años, y quien a menudo se había mostrado cómodo en las diferentes facciones políticas que lo habían convocado ponderando su prudencia. Pero la fórmula cívica pronto comenzó a descascararse. Mitre, recibido con fastos en el puerto y legitimado como el hombre indiscutible de la Nación, el punto de equilibrio entre el Régimen y los revolucionarios, confirmó la propuesta de su candidatura, pero labrada en un acuerdo con Roca, jefe partidario del oficialismo; y aunque Mitre intentó retener el máximo posible de las fuerzas cívicas en busca de un respaldo a su vuelco político —vuelco parcial, dado que algunos de sus incondicionales ya formaban parte del gabinete de Pellegrini—, dos días antes de que la convención partidaria diera el veredicto orgánico sobre el Acuerdo, en junio de 1891, el ex presidente creó la Unión Cívica Nacional y se desprendió de las posturas antiacuerdistas más radicalizadas.

El general Campos, cívico de la provincia de Buenos Aires, festejó la decisión de Mitre: “Mi actitud decidida a favor del Acuerdo es consecuencia lógica de la que asumí en la revolución…”, con lo que terminaba de explicar oscuramente su voluntad de mantenerse exánime en el Parque.

La escisión de Mitre movilizó a sus críticos. Leandro Alem, cuyo liderazgo interno entre los que contestaban al Régimen pesaba tanto como la escarapela —en palabras de Paul Groussac—, fue elegido jefe de la Unión Cívica Radical en una convención partidaria que lanzó a Bernardo de Irigoyen a la compulsa presidencial para enfrentar a la fórmula oficial. Pero no fue necesario. Plegado a Roca para sostener el discurso de concordia nacional, o, también, cooptado por el Régimen para arrullar la ilusión de una segunda presidencia, Mitre perdió su carácter inmaculado y no pudo sostener la idolatría que se le profesaba. Las críticas a la gestación políticamente contra natura del Acuerdo —según la observación incisiva de los que combatían al oficialismo—, más la imposibilidad de que la criatura fuese bendecida en el interior autonomista, sucumbieron en el ánimo del ex presidente, que renunció a la candidatura junto con su mentor y ambos amenazaron con un retiro político a la estancia.

La sucesión presidencial del oficialismo navegó incierta varios meses. Quizás esa haya sido una de las más ventajosas herencias de los revolucionarios de 1890, que alteraron con fuego durante una década la estabilidad y el dominio del orden conservador.

Hasta entonces, el Régimen se había consolidado con relativa calma. El Partido Autonomista Nacional (PAN) había sido la primera fuerza política extendida por todo el territorio nacional. Era sostenida por una coalición de oligarquías provinciales y una autoridad centralizada —y militarizada, en caso de sediciones—, con un fuerte liderazgo presidencial, que arbitraba en los conflictos de la elite y controlaba la vida política por medio de una maquinaria electoral que amedrentaba el acceso al voto de la oposición partidaria. El PAN aspiraba a que desapareciesen del sistema político: estorbaban el rumbo de la Nación hacia los grandes destinos, en virtud de la vertiginosa expansión económica, tal cual lo formulaban en su discurso.

La pretensión del partido único como epílogo de la turbulenta vida política porteña de las décadas de 1860 y 1870 —que habían tenido a Mitre, a Alem, a Del Valle y a Alsina como protagonistas— representaba, bajo el prisma del Régimen, una ventaja para la eficiencia y la modernidad administrativas, pero bajo tales preceptos ocultaba las prácticas corruptas en el orden público en favor de sus caudillos o sus notables.

Todo el andamiaje del orden conservador vertebrado a la par de la construcción del Estado evidenció señales de peligro de derrumbe con la irrupción de los cívicos, en su facción moderada o radicalizada, y el colapso financiero de 1890.

Además, un nuevo contendiente agregó un matiz de tensión interna. Juárez Celman, no conforme con su retiro definitivo tras la conjura roquista que lo desalojó del poder luego de los combates, fundó el Partido Modernista, colectando apoyos en las grietas del PAN, y lanzó la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña, un abogado que había transitado tanto la tarea legislativa como el combate armado y había sido su canciller. Roca, obligado a una segunda fase del Acuerdo con Mitre, actuó en la emergencia y creó una alternativa electoral para obstruir la candidatura modernista: designó al padre de Roque, Luis Sáenz Peña, y el hijo esquivó el desafío de enfrentarlo en las urnas.

La candidatura radical de Irigoyen, que ahora concentraba a todo el espectro opositor, sería suprimida de un modo menos sutil. Aun con el control de las inscripciones electorales con el que dominaba el acceso al voto, el oficialismo no quiso dejar en pie margen alguno para una posible derrota. Una semana antes de los comicios de abril de 1892, Pellegrini denunció un supuesto plan revolucionario de la UCR y decretó el estado de sitio. Sin orden judicial que lo avalara, la dirigencia partidaria, con su jefe y su candidato al frente, fue alojada en prisión en el buque La Argentina, como estadía previa a un destierro al Uruguay.

Sin competidores, con el radicalismo encarcelado, el anciano Luis Sáenz Peña alcanzó la Presidencia. Asumió el 12 de octubre de 1892. Su gobierno fue el más inestable del Régimen. Para entonces, en la conducción radical se advertían disensos. El liderazgo de Alem empezó a ser contrastado por el de su sobrino Hipólito. A las diferencias de personalidad —Alem, tribuno idealista y volcánico; Yrigoyen, reconcentrado, promesa de estratega insondable— se sumó el rencor familiar por un hecho determinante que empujó a Hipólito a marcharse de la casa de su tío, donde vivía.

Hijo de un vasco francés de limitados recursos, Yrigoyen había sido empleado en la administración pública y designado comisario de Balvanera por influencia de Alem. Tras cinco años en la fuerza, fue destituido en un cambio de gobierno. Luego accedió a una diputación provincial, sería administrador general de Sellos y Patentes y obtendría un cargo pedagógico, en una designación rubricada por Domingo Sarmiento en la ancianidad, en la Escuela Normal, que le haría ganar el respeto de la parroquia de Balvanera. La noticia —comentada en La Nación— de que Yrigoyen, aun en su modestia patrimonial, donaba su sueldo de profesor al Hospital de Niños, le haría ganar más prestigio que en toda su carrera de comisario y legislador.

En el año 1889, cuando Yrigoyen ya contaba con algunas tierras compradas con crédito para compra, engorde y reventa de ganado, que le proveían cierta independencia económica, se produjo el hecho que marcó el resentimiento familiar con su tío. Yrigoyen sospechó que Alem, que gustaba de la bohemia nocturna, había cruzado un límite en la relación con su hermana soltera, Marcelina. A partir de entonces, Hipólito dejó de participar de la mesa familiar y de las tertulias que tenían a su tío como protagonista. Al poco tiempo, se marchó de la casa junto con su hermana.

Tres años después de ese hecho, es Alem el que comienza a desconfiar de su sobrino; sus inquietudes son de orden político, pero con un fuerte componente moral, la clave discursiva del radicalismo. Alem —así lo hicieron trascender sus amigos— supuso que Yrigoyen había revelado a Pellegrini —involuntariamente o no— en una conversación personal un impreciso plan de revuelta que todavía no había empezado a madurar. El Régimen habría utilizado la infidencia y sobreactuó la represalia: expulsó al radicalismo de la contienda presidencial y todos fueron a prisión, menos Yrigoyen.

Un año después, en 1893, cuando los liderazgos ya estaban demarcados —Alem era el jefe del Comité Nacional e Yrigoyen, el custodio del Comité Provincia de Buenos Aires, la UCR de Buenos Aires—, el radicalismo participó en alzamientos armados, pero el desencadenante no fue el factor político; los cívicos se sumaron a las reivindicaciones económicas de colonos agrícolas en Santa Fe, que luego evolucionaron hacia un reclamo más general: comicios limpios o revolución. Durante 1893, la fuerza de ese reclamo desestabilizó varias provincias del Régimen, y los radicales, por la vía armada, llegaron a controlar varios Estados provinciales.

En las comunas de las provincias, la autoridad local estaba asentada en el juez de paz y el caudillo político. Por lo general, eran miembros del Ejército o de la milicia provincial, que habían forjado su poder o su prestigio en la lucha contra el indio en los fortines de frontera. En algunos casos, ora como caudillo, ora como juez de paz, un solo hombre concentraba el control administrativo, judicial y policial de una comuna. Poseía una influencia territorial que le otorgaba amplio margen de negociación con el poder provincial.

En el caso de Santa Fe, un impuesto al quintal de trigo —que debía pagar el colono-productor antes que el comprador-exportador— fue el punto de partida de un fenómeno que derivó rápidamente en reclamo político violento y alentó la revolución radical.

Para aliviar el déficit del Tesoro, la provincia había cedido la recaudación del gravamen a una empresa que solía enviar a su cobrador a las comunas rurales acompañado de la fuerza pública para efectivizar el impuesto. En febrero de 1893, en Humboldt, el intento de detención de un colono que se negó a exhibir los libros contables de su producción encendió la ira solidaria de sus pares.

Armados, los colonos resistieron el cobro del impuesto y también a la tropa de soldados enviada por el ministro de Gobierno Luciano Leiva, cerebro político de la provincia. Leiva era respetado por la tropa y popular entre la peonada. Tenía clubes propios que le respondían.

En otras comunidades rurales la rebelión fue imitada. Los pobladores reclamaron que las exacciones fiscales no fluyesen hacia el poder provincial, sino que fuesen utilizadas para necesidades de salud y educación de la comuna, que intentaban administrar por sí mismos.

En el curso de ese año, ante la continua tensión con las autoridades, los colonos organizaron un ejército propio y también fundaron la Unión Agraria (UA), una entidad que les permitía el trasbordo de la protesta económico-social hacia la acción política.

El radicalismo de Alem estuvo atento a esos movimientos comunales. Pronto aportaron dirigentes a la UA y organizaron actos públicos. Como demanda inmediata, la entidad requería al gobierno santafecino la libertad de los detenidos, la devolución de las armas confiscadas y la abolición del impuesto al quintal de trigo. Pero también exigía que se abriera la elección de los jueces de paz y se permitiera a los extranjeros —protagonistas activos en las protestas— votar en las elecciones comunales.

Si bien en primera instancia el gobierno concilió intereses para reducir la tensión —revocó la concesión del recaudador de impuestos y promovió la educación en las zonas de conflicto—, la revuelta de Humboldt de febrero de 1893 dejó en claro que, para los colonos, la violencia era un recurso, si no legal y legítimo, al menos legitimado para la defensa de sus intereses.

Con el correr de los meses, frente a la continuidad del impuesto, la violencia agraria adquirió un carácter más ofensivo. A mediados de 1893, los inmigrantes suizos alemanes de las comunidades rurales ya conformaban una organización militar eficiente, tan eficiente que derrotaría a las tropas provinciales y obligaría a renunciar al gobernador de Santa Fe, y sus batallones desfilarían con sus líderes, sus armas y las banderas de los cantones de los cuales eran originarios. Harían una revolución. En las colonias agrícolas, los suizos alemanes tomarían a tiros las sedes de los juzgados de paz y de las comisarías, y se harían cargo de la administración comunal. E incluso, dominados por el rencor y la furia, lincharían a las autoridades políticas que se les resistieran.

Para el oficialismo criollo-autonomista, que conservaba fresco en la memoria el aniquilamiento indígena que acababa de consumar en la frontera, la irrupción de los suizos fue comparada con la invasión de los bárbaros contra el Imperio romano. El clima de enfrentamiento ya había echado raíces en las praderas. Y también las represalias. El ministro de Gobierno Leiva había prometido pavimentar las calles con las cabezas de los gringos.

En términos militares, los inmigrantes suizos se distinguían por ser buenos tiradores. Tenían armas de precisión desconocidas por el Ejército argentino y utilizaban polígonos de tiro instalados en las colonias. Al principio, la práctica era parte del ocio dominical; luego, fue instrucción armada. Los primeros blancos fueron venados y ñandúes; más tarde serían las tropas nacionales.

La movilización armada de las colonias suizo-alemanas se produjo en un contexto político más amplio. Los colonos pasaron a formar parte de la estrategia revolucionaria del radicalismo en Santa Fe, que sumaba también sectores sublevados del Ejército y la Marina para el asalto del poder provincial. Alem, en la clandestinidad, se había instalado en Rosario en el mes de julio para promover la Revolución.

El conflicto político podía observarse a una escala todavía mayor: en forma simultánea a los preparativos de Santa Fe, Hipólito Yrigoyen organizaba un ejército de civiles que planeó la Revolución desde estudios jurídicos, se concentró en las estancias y empezó a movilizarse en tren para ir tomando las comisarías del interior de la provincia de Buenos Aires, pueblo por pueblo, hasta acceder al poder de La Plata por la fuerza de las armas.

En Santa Fe, las tomas comunales también fueron escalonadas. El detonante fue la colonia Esperanza. Allí, hacia fines de julio, en nombre del valor cívico, suizos y radicales se aliaron para entrar matando a la comisaría, dominar a las autoridades municipales y establecer la sede de la Junta Revolucionaria. En Rafaela, asaltaron la casa del jefe policial, que estaba enfermo, mataron a su secretario y luego controlaron el municipio. Lo mismo sucedió en Castellanos.

Durante la madrugada del 30 de julio, en la ciudad de Rosario, distintas columnas revolucionarias operaron sobre objetivos enemigos. Tomando las azoteas de las casas bajas, descargaron metralla sobre los vigilantes de calle y el cuartel de gendarmes, y tirotearon las casas de los jefes políticos del autonomismo provincial, siguiendo la planificación de la Junta Revolucionaria instalada en el hotel Universal. Lisandro de la Torre, de 25 años, que ya había participado en el Parque, lideró un grupo armado que peleó cuerpo a cuerpo en el cuartel de bomberos.

A las 2 de la tarde del 31 de julio, los radicales lanzaron el ataque final sobre la Municipalidad rosarina. Con la interrupción del servicio de agua corriente y lanzando bombas Orsini, los cívicos lograron la rendición de las tropas regulares tras treinta y ocho horas de fuego constante. La incursión armada del radicalismo liderada por Alem dejó un saldo de ciento cuatro muertos y doscientos sesenta y ocho heridos, entre ellos José Chiozza, baleado cuando levantó la bandera de la victoria sobre los techos del edificio municipal.

Pero el triunfo no excluyó la persecución del enemigo. Para desactivar la reacción del municipio y del gobierno local, un grupo de soldados que intentaba escapar fue apresado en un convoy en la estación de trenes. De la misma forma fue detenido el ministro Leiva, que se disponía a viajar a Buenos Aires. Frente a la perspectiva de la derrota en Rosario, el gobernador Juan Manuel Cafferata decidió fortificar la ciudad de Santa Fe. Delegó el mando militar en el coronel Gabriel Carrasco, que además era su ministro de Hacienda. Después le imputarían que era mejor en los detalles presupuestarios que como hombre de armas. Carrasco contaba con policías, bomberos, soldados y peones criollos, que habían sido reclutados por jueces de paz y caudillos leales de la campaña. Eran tres mil hombres de heterogénea procedencia y les ordenó que se atrincheraran en el Cabildo, la iglesia y la estación de trenes, y protegieran los domicilios de funcionarios.

A su vez, el ejército suizo avanzó desde las colonias hasta los suburbios de Santa Fe vadeando el río Salado, dado que Carrasco les había levantado las vías del Ferrocarril del Norte. La ciudad ya estaba cercada. Entre la amenaza de las columnas revolucionarias que llegarían desde Rosario y el levantamiento de las comunas de Esperanza y de San Justo, el gobernador Cafferata prefirió renunciar.

El radicalismo, liderado por el abogado Mariano Candiotti, asumió el control de Santa Fe. Lisandro de la Torre fue designado ministro de Justicia y Agricultura.

El 3 de agosto de 1893, medio millar de inmigrantes enrolados en los batallones suizos hicieron su ingreso triunfal en Santa Fe, con las banderas del cantón de Valais y exhibiendo a doscientos criollos que habían tomado prisioneros. Para la prensa del autonomismo apenas depuesto, los suizos eran los enemigos más indignantes. “Saquearon los boliches de los suburbios, mataron gente indefensa, disparaban sus armas al tun tun […] lo que más chocaba es que esos extranjeros no son siquiera de nuestra raza…”, expresó el diario Nueva Época. Al día siguiente, el periodista David Peña, autor de esas líneas, fue encarcelado junto a otros funcionarios autonomistas por el poder radical revolucionario.

En su política para la campaña, el nuevo gobierno reemplazó a los jueces de paz impugnados por los colonos, que los acusaban de promover un proceso contrarrevolucionario valiéndose de los peones criollos de las estancias. El gobierno también prometió cumplir con las demandas de los inmigrantes que habían dado origen al conflicto.

Una vez que alcanzaron el poder, los colonos extranjeros, o hijos de extranjeros, fueron implacables con sus enemigos. Hubo casos en que sacaron de las cárceles a los criollos reclutados por el Régimen para lincharlos, o se los arrancaban a los jueces de paz antes de que los trasladasen a la jefatura de Policía, para aplicarles el mismo castigo.

El linchamiento era una novedad en la campaña. Fue introducido por los suizos, quizá por su tradición comunitaria. El criollo estaba habituado al degüello para reparar las ofensas, pero le daba a la venganza un tono más íntimo o personal.

La debilidad de origen del gobierno de Sáenz Peña había sido promotora involuntaria de la violencia radical. En julio de 1893, el Ejecutivo estaba sin respuestas frente al vacío político. Prisionero de la indiferencia de su elector —el general Roca— y “sumido en un momento de angustia suprema”, como reveló, quiso salir del marasmo y designó a Aristóbulo del Valle en el Ministerio de Guerra y Marina. En su osadía, el Presidente desoyó el consejo de su círculo de notables, que le recomendó que ni aun en caso de anarquía cediera un puesto ejecutivo a los radicales. Y aunque Del Valle no lo era del todo, Sáenz Peña le otorgaba al ex revolucionario del Parque la responsabilidad de sacar de la nebulosa a un gobierno heredero del Régimen que hacía tres años él había combatido con las armas.

Del Valle recibió facultades amplias para armar su gabinete, pero pronto percibió en el radicalismo una atmósfera fría para su empresa. Alem no aceptó incorporarse a su equipo. Para él, aun con Del Valle, el gobierno seguía siendo parte del Régimen que siempre había resistido. Yrigoyen tampoco quiso cargos. Su estrategia de poder ya era la oposición permanente y el rechazo a los acuerdos.

Del Valle asumió el compromiso de Estado con la intención de purificar las imperfecciones del sistema electoral. Bajo su patrocinio, el 23 de julio de 1893 Alem ganó la senaduría por la Capital en elecciones insospechadas. Fue su primer logro. Su idea general, que no era de aplicación sencilla, era presionar sobre “la máquina electoral” del autonomismo y minar su base de poder dando impulso a las insurrecciones radicales o mitristas en las provincias. Luego, para el retorno al orden institucional, las intervenciones federales convocarían a elecciones transparentes que conducirían al Régimen a la debacle por la fuerza de los votos. Si había una revolución en marcha contra el Régimen, Del Valle pensó que podía colaborar desde adentro.

Para iniciar los preparativos de su misión, poco antes de los estallidos, el nuevo ministro desarmó por decreto a las fuerzas provinciales —les quitó los fusiles a policías, bomberos y escuadrones— e inmovilizó fondos presupuestarios. Los dejó inermes y sin dinero. Esto sucedió en Santa Fe. Después, frente al asedio revolucionario del radicalismo, refirió al gobernador Cafferata los beneficios de la renuncia.

En conocimiento de la rebelión puntana, Yrigoyen adelantó su insurrección en la provincia de Buenos Aires. Del Valle le había echado una mano. Dos semanas antes, por un decreto del ministro se habían incautado mil ochocientos fusiles y medio millón de balas a las fuerzas provinciales y se intervino el Banco Provincia para investigar “actos administrativos”. Un procedimiento similar al de Santa Fe antes de la insurrección.

En silencio, durante diez meses, desde su estancia El Trigo, en Las Flores, y con almuerzos en el porteño Café de París, Yrigoyen había formado un ejército de jóvenes ilustrados, patricios con cultura cívica luego reconocidos como los “líricos”, a quienes sumó para la Revolución en el territorio.

En coincidencia con la revuelta santafecina, el 29 de julio de 1893, el radicalismo se sublevó en San Luis con cien hombres armados. Los cívicos puntanos bloquearon los accesos a la ciudad, tomaron por asalto el cuartel de Policía y fueron a la caza de los miembros del Ejecutivo local. Hicieron formar a los policías rendidos para desarmarlos y contuvieron el fuego de la Gendarmería. Entrada la mañana, habían matado a varios soldados y también tenían bajas propias. El gobernador roquista Jacinto Videla, el jefe de Gobierno y el jefe de Policía habían escapado. En Villa Mercedes, la Revolución también era exitosa. Solo diez hombres tomaron la ciudad, detuvieron al jefe político y controlaron el cuartel de Policía. Antes del mediodía, Teófilo Saá asumió el mando del Ejecutivo provincial. San Luis pidió reconocimiento como Estado provincial al ministro del Interior, Lucio Vicente López, del gabinete de Del Valle, en busca de sustento político y jurídico. Lo obtuvo.

Fuera de la influencia personal y política de su tío, Yrigoyen tenía el mando del comité provincial de la UCR, donde nadie que no fuera él intervenía en las decisiones políticas. La construcción de su poder fue artesanal y secreta, con asistentes que cumplían sus instrucciones verbales. Uno de ellos le preguntó una vez cómo podía propagar el radicalismo en un pueblo donde no conocía a nadie, como se le había ordenado. Yrigoyen le dijo que hablara con el cura. Él le informaría quién era cada uno. Y agregó: súmelo al cura.

La noche del 29 de julio de 1893 los trenes eran máquinas de insurrección en la provincia de Buenos Aires. El punto de encuentro revolucionario fue el empalme ferroviario de Temperley. Allí confluyeron los “líricos” de boina blanca con el ejército rebelde que organizaron el coronel Martín Yrigoyen y otros dirigentes radicales de la campaña. Así se fueron levantando los pueblos: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Pedro, Azul, Ayacucho, Saladillo… Ochenta y ocho distritos en rebelión para la conquista del poder.

La travesía férrea del yrigoyenismo fue lenta. A veces atravesada por combates y muertos; en otros casos, con tomas concluidas con rendiciones amistosas, con la adhesión del intendente o del jefe policial y festejos populares, campanadas de iglesias o bandas de música que saludaban al tren revolucionario en el andén de la estación. Hubo muchas excepciones. En San Nicolás, la policía, suboficiales del Ejército y un senador oficialista dieron pelea, y los jefes radicales locales perdieron la vida en su pretensión de conquista. También hubo resistencia en Olavarría. Una contraofensiva de las fuerzas regulares dejó varios muertos en las calles de la ciudad. Y más todavía, en 9 de Julio, un comisario alistó a quinientos hombres de distritos cercanos para enfrentar a los radicales. Hubo tres días de fuego. Hasta que las fuerzas oficialistas se rindieron.

Yrigoyen no quería una revolución con sangre. Aspiraba a que su política de intransigencia frente al Régimen, sumada a su prestigio interno como conductor y al propio peso de los acontecimientos —una realidad que él mismo había construido en secreto—, obligara a la renuncia de Julio Costa, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Yrigoyen prefería tomar el poder sin disparar un solo tiro, o casi ningún tiro; un poder que luego él, en una asamblea cívica en el salón municipal de Lomas de Zamora organizada el 7 de agosto, tras la aventura ferroviaria, rechazaría para sí, pese a los ruegos de los suyos. Cuando todavía no habían llegado a La Plata, Yrigoyen nominó al doctor Juan Carlos Belgrano para el cargo de gobernador provisorio. Fue avalado por la asamblea.

No solo la sangre era un límite que se intentaba no transgredir, en lo posible. Yrigoyen tampoco pretendía una ruptura radical con el sistema político. Cuando sus seguidores le anunciaron que habían demorado al ex presidente Carlos Pellegrini en un tren en la estación de Haedo y pidieron autorización para hacerlo prisionero, ordenó que lo dejaran seguir, quizá para honrar aquella excepción de prisión con la que había sido favorecido el año anterior o debido al respeto que les debía a ciertas personalidades del Régimen. Marcelo Torcuato de Alvear, un “lírico” que sería presidente tres décadas después, se resistió a telegrafiar la orden de libertad, pero Yrigoyen la refirmó y le deseó buen viaje al ex presidente. El alemnismo se enfureció con esta gentileza.

Con las localidades del interior provincial ya controladas, cerca de ocho mil hombres armados se concentraron en Temperley para marchar hacia La Plata y tomar el gobierno. Costa ya había renunciado y embarcado hacia Montevideo. El senador Guillermo Doll se hizo cargo del gobierno y, aunque pronto lo declaró disuelto, la provincia se mantenía defendida por el jefe policial, el coronel Ramón Falcón.

Del Valle ya se había instalado en La Plata. Dejaba que los hechos fluyeran sin la intervención del Ejecutivo nacional ni tampoco del Congreso, e intentaba evitar que el Ejército se batiera con el radicalismo en armas. Pero también los partidarios de la Unión Cívica mitrista, con dos mil hombres al mando del general Campos, habían aprovechado el desmadre institucional para tomar el poder provincial antes que los radicales. Se estaban adelantando. Las tropas cívicas del mitrismo se tirotearon con las fuerzas de Falcón en la estación de Ringuelet, a solo once kilómetros de La Plata.

Del Valle instó a disminuir la tensión y se ocupó de persuadir a Campos para que desarmara su ejército. Había una realidad incontrastable: los yrigoyenistas casi quintuplicaban sus fuerzas. Campos aceptó la sugerencia y trasladó a los suyos a Buenos Aires.

Con el territorio más despejado, el 9 de agosto de 1893, tras casi diez días de deliberaciones, con movilización política y armada, Yrigoyen concentró a sus adherentes en el Hipódromo de La Plata. Hizo un acto pacífico y festivo y, para honrar su buena fe, prometió que entregaría las armas si Del Valle terminaba de superar los obstáculos político-institucionales para acceder al gobierno. Y así fue. La larga marcha de la sublevación yrigoyenista concluía con éxito. La UCR alcanzaba el poder de la provincia de Buenos Aires por primera vez en su corta historia.

El 10 de agosto de 1893, Juan Carlos Belgrano, sobrino nieto del creador de la bandera, asumió en La Plata mediante un acta notarial. Algunos “líricos” fueron designados en cargos ministeriales. Duraron poco tiempo. Una operación política gestada en la oscuridad haría más comprensible la retirada de Campos. El mismo Congreso que, tres días antes, a instancias de Del Valle y con el aval de Sáenz Peña, había rechazado la intervención federal en Buenos Aires, ahora votaba a favor. Si el radicalismo no aceptaba recibir al interventor, debería recibir entonces a las tropas oficiales. El artífice de la maniobra había sido Carlos Pellegrini, consejero del Régimen.

Del Valle exigió a Sáenz Peña ser designado interventor de la provincia. Sin su garantía institucional, el yrigoyenismo se levantaría en armas y la situación se descontrolaría. Alem le sugirió avanzar un poco más: le recomendó que asaltara el Estado como lo haría cualquier régimen dictatorial. Otra revolución, como sucedía en las provincias, pero gestada desde el palacio. Y luego, que convocara a elecciones y restableciera los poderes republicanos avasallados. Del Valle no aceptó. Había límites institucionales que no podía transgredir.

Las intimidaciones del ministro de Guerra se desbarataron en pocas horas. Avalado por el presidente Sáenz Peña, el Congreso designó a Carlos Tejedor para la intervención de la provincia de Buenos Aires. Del Valle renunció al ministerio. Manuel Quintana, cívico nacional, se hizo cargo del Ministerio del Interior el 12 de agosto de 1893. Portaba una misión: organizar la represalia estatal para aplastar las insurrecciones en las provincias. Con el agregado de matices mitristas, el Régimen se reordenó: declaró el estado de sitio, desconoció a los gobiernos revolucionarios y envió interventores y fuerzas militares. Actuó en defensa del orden conservador.

El general Campos, nuevo ministro de Guerra, designó al general Roca como comandante en jefe de las tropas de la represión. Tres años después de la Revolución del Parque, que virtualmente los había enfrentado, volvían a unirse. Como lo habían estado antes, cuando desbarataron la frontera india con Remington y ferrocarriles para que el país lograra construir un Estado y un modelo económico que se acomodara a las necesidades de los países industrializados centrales. Ahora defendían al Estado de la impugnación radical, que cuestionaba al orden político que lo sostenía.

Belgrano abandonó su estadía provisional en la gobernación para pedir explicaciones a Sáenz Peña, y no solo no fue recibido, sino que tampoco se le permitió el regreso. En La Plata, el general Francisco Bosch desarmó a los sublevados radicales y se tiroteó con el coronel Martín Yrigoyen en un amague contenido de la violencia que dejó dos muertos y algunos heridos. Más allá de la escaramuza, la rendición fue pacífica. Los revolucionarios de Yrigoyen volvieron a sus hogares.

Parecía que la primavera del radicalismo en 1893, destinada a estallar en los feudos del PAN, acabaría infructuosamente, pero todavía tenía algunos peldaños revolucionarios por escalar.

En la provincia de Corrientes, la caída de Del Valle apuró el alzamiento. Pese a que en julio el entonces ministro de Guerra había desarmado a las fuerzas provinciales, Alem había provisto al doctor Manuel Mantilla con fusiles y dos cañones Krupp. En la provincia, mitristas y radicales se habían aliado en favor de una misión revolucionaria que propagaban por las calles con fonógrafos. El 22 de agosto, con diez mil hombres en armas y tras una semana de combates a la vera del río y en el interior seco provincial, los rebeldes tomaron el poder.

En Tucumán, aun en septiembre de 1893, en plena tarea de restauración del Régimen, prosiguió el reguero de la pólvora radical. Uno de sus artífices fue el teniente primero Pedro Lódolo, a quien el coronel Martín Yrigoyen le encomendó que organizara una fuerza revolucionaria que un dirigente local pondría a su disposición. Solo se necesitaba un jefe militar para conducirla. Pero la tropa no era el paisaje que le habían pintado. En la visión de Lódolo, se trataba de ochenta hombres con armas estropeadas que bebían ginebra al consuelo de la noche en un rancho en las afueras de la ciudad. Lódolo los hizo formar y con ellos dirigió la toma de la Cárcel de la Penitenciaría. Aparentando más fuerzas de las que tenía, sumó a los guardiacárceles —que temían el alto precio de una rendición— con civiles armados que procedían del interior rebelde. Con esa tropa y un cañón oxidado utilizado en la época del general Manuel Belgrano, Lódolo fue estableciendo su fortaleza y resistiendo el asalto de los soldados regulares. La conquista de la estación ferroviaria de Sunchales fue determinante para el dominio insurgente del frente norte provincial; pero el gobierno tucumano, mientras tanto, encarcelaba radicales y recibía el concurso del Regimiento 11º de Infantería de línea, enviado desde Buenos Aires.

Tras dos semanas de combates, los revolucionarios lograron hacer capitular a las tropas del Ejército y conformaron un gobierno provisorio. Hubo un hecho decisivo para semejante victoria: el 11º se había sublevado y se sumó a los rebeldes con el aporte de dos cajones de Remington y cinco mil balas.

Ese mes de septiembre de 1893, el Noroeste argentino estaba en fermentación: Salta y Catamarca estaban a punto de alzarse. Confiado en sus fuerzas, Lódolo quiso extender la victoria en la región y envió un escuadrón para levantar Santiago del Estero, pero fue repelido a tiros y volvió a Tucumán. El intento de Lódolo colmó la paciencia de Pellegrini.

Ordenó la represión estatal y quiso supervisarla él mismo: marchó a Tucumán junto a las tropas federales al mando del general Bosch, quien ya había compuesto la situación en La Plata. Una maquinaria de acero compuesta por tres trenes, con noventa y cuatro vagones, cargó a mil doscientos soldados del Batallón de Ingenieros, del 9º y el 10º de Infantería y del 2º de Caballería, más dos baterías de artillería y caballos en vagones-reja. La travesía duró cuatro días. Lódolo comprendió la nueva contingencia. Resolvió rendirse antes de que llegaran los trenes, y la Junta Revolucionaria abandonó el gobierno. Con la ciudad sin autoridad, bajo los estampidos de los fusiles, se desencadenaron crímenes y saqueos. En la madrugada del 25, Bosch atacó la Penitenciaría, solo defendida por Tomás Bello, un civil radical que se había colocado el uniforme de teniente coronel. Se rindió tras seis horas de cañonazos de la artillería.

Tucumán quedó en manos del coronel Salvador Tula, que no era ni gobernador, ni interventor, y actuó en consecuencia: cerró la Legislatura y los tribunales, y censuró la prensa. Con la autoridad restaurada en Tucumán, el general Bosch recibió otra orden urgente. El ministro del Interior Quintana lo requería en Santa Fe. El 28 de septiembre, cargó la artillería en el tren y partió con sus soldados.

Para entonces, las experiencias de los gobiernos revolucionarios eran objeto de descalificación por parte de la prensa autonomista. En su evaluación de los sucesos de julio y agosto de 1893, decían: “El país entero ardía. Bandas de radicales o bandidos saqueaban edificios públicos, cortaban hilos telegráficos, se apropiaban de ferrocarriles, implantaban el terror, ese terror que infunde la turba desalmada e irresponsable y para que nada faltare, los colonos extranjeros armados pisoteaban las leyes, ultrajaban el honor nacional, hacían escarnio de nuestra nacionalidad, de nuestra bandera”.

En Santa Fe, luego del triunfo del 3 de agosto de 1893, la revolución radical se mantuvo tres semanas en el poder. Cuando Del Valle renunció, el Ejecutivo nacional envió la intervención federal. Viajó el doctor Baldomero Llerena, un abogado civilista al que los radicales le entregaron el poder y los fusiles confiando en su buena fe para conducir el próximo proceso electoral. Llerena les prometió juego limpio.

La caída de Del Valle también cortó el recorrido del gobierno de Saá en San Luis. El 19 de agosto, el Ejecutivo decretó la intervención de Daniel Donovan, objetada sin éxito por los revolucionarios en la Corte Suprema. Donovan también prometió urnas libres y accesibles a todos los partidos.

Pero tanta solidaridad política no era útil a los intereses del Régimen. Criticado por presunta parcialidad en favor del radicalismo, a menos de un mes de su llegada, Llerena se fue de Santa Fe, y el Ejecutivo lo reemplazó con el general Liborio Bernal, un jefe de la línea militar que había peleado contra los indígenas. El ministro Quintana también forzó la renuncia de Donovan en San Luis, donde designó al general José Arredondo, con un pasado en la insurgencia mitrista, munido de la instrucción de desmantelar al radicalismo. El Acuerdo de Roca y Mitre cerraba filas contra el enemigo común.

La intervención de Bernal en Santa Fe también fue severa. Ordenó la detención de los jefes radicales revolucionarios y el desarme de los batallones suizos, e hizo efectiva la prohibición de las sociedades de tiro en las colonias.

Aun así, Bernal casi no tuvo tiempo de acomodarse en su despacho. El 24 de septiembre, un día después de su llegada, el radicalismo resistió la restauración autonomista y se levantó en armas. Otra vez en Rosario, otra vez en la ciudad de Santa Fe, otra vez la rebelión en las colonias, otra vez los extranjeros armados. Un circo apenas montado del payador Gabino Ezeiza sirvió para ocultar el arsenal. La compañía artística se transformó en un cantón revolucionario. Candiotti, prófugo y rengo, tomó la Aduana de la ciudad. El Regimiento 11º de Caballería desembarcó en el puerto de Santa Fe en tres vapores y fue castigado por los colonos suizos, que le provocaron alrededor de treinta bajas con tiros a la cabeza y al pecho, prolijos y efectivos.

Parte del ejército suizo resistió en la estación de trenes y otros se atrincheraron en la Municipalidad. Bernal, que para la reconquista contaba con la colaboración de Luciano Leiva y del recién llegado coronel Falcón, ordenó el desalojo de los helvéticos a sablazos, en franco desafío a su puntería.

En forma simultánea al alzamiento en Santa Fe, se levantaron las colonias Esperanza, Rafaela y Helvecia. Allí, uno de los líderes de la toma de la policía fue el cura salesiano italiano Luis Wagnest, con tres años de residencia en el país. Bernal envió cuatrocientos hombres para enfrentar a los fusileros suizos en Helvecia.

La Marina de Guerra también dispuso su apoyo a Bernal. Cargó el acorazado Los Andes con fusiles y cañones, y siguió al Almirante Brown, su nave insignia. Pero, en forma imprevista, la tripulación del Los Andes se rebeló y puso proa a Rosario para ponerse a las órdenes de Alem. Por su parte, el coronel Mariano Espina, que había impulsado el ataque a la Infantería rebelde en el Parque, abordó en el puerto de Buenos Aires la torpedera insurrecta Muratore y en su camino a Rosario sumó en el Tigre a la torpedera Nº 7, también insubordinada, bajo el mando del alférez Hilario Ibarra. La Marina oficial los esperó a un costado del muelle del puerto de destino con el acorazado Independencia y sus cañones en la proa. Tras un intercambio de cincuenta proyectiles dejó fuera de combate al Los Andes, que comenzó a hundirse. No era mucho lo que restaba por hacer. El Ejército disponía de seis divisiones para la represión, y Alem solo comandaba un ejército cívico-militar.

El alzamiento de septiembre de 1893 fue menos popular, pero mucho más sangriento que la revolución de julio de 1890. Los sublevados no tenían un conductor militar único y Alem carecía de talento organizativo.

Luego de la rendición radical, los caudillos locales de la ciudad de Santa Fe lograron fugarse atravesando la laguna Setúbal hacia las islas o los montes, perseguidos por los soldados del 11º. Espina fue condenado a muerte, aunque luego su pena fue conmutada. Wagnest fue detenido. Peor suerte tendría uno de los líderes de la revuelta de Helvecia, el hotelero Antonio von Will, degollado por el comandante Benito Romero para vengar la pérdida de su hermano Camilo, también comandante, ultimado por los colonos. Romero ordenó que degollaran a Will “a lo chancho” y que removieran el cuchillo en su garganta. Lo dejaron morir desangrado en un arroyo. Un vecino, Luis Garrote, perdió la cabeza por haber informado a los rebeldes de la avanzada de la tropa oficial.

Esto era apenas una muestra del terror paraoficial que sobrevendría en la campaña. Los colonos fueron detenidos, saqueados y ultrajados por las partidas armadas de los caudillos autonomistas, peones de estancia o bandidos leales a las órdenes de sus jefes, que hacían valer su sentimiento criollo y antigringo. No hubo distinciones en la persecución. Familias de inmigrantes alemanes e italianos, que tuvieron una participación acotada en los alzamientos, también fueron reprimidas con ferocidad. El consulado italiano pidió clemencia para los suyos. Los alemanes intentaban explicar que solo los unía a los suizos la misma lengua, pero nada tenían que ver con ellos.

El senador Alem fue al calabozo en Rosario. Con el aura del revolucionario vencido pero épico, escribió cartas en las que llamó a no descansar en la lucha. Ponderó su posición radical: “Muy ciegos deben estar los que no ven que este partido responde al clamor y a los anhelos de los pueblos sedientos de libertad y de justicia”. También habló de traiciones y de cobardías. Sin mencionarlo, hablaba de su sobrino Hipólito Yrigoyen, que se había negado a colaborar en los levantamientos del interior que él propulsó. Los dos abordaban la política con distintas estrategias y cada uno marchaba hacia su propio destino. En 1896, Alem dio por concluida su misión: se disparó una bala en la cabeza como corolario de su lucha, su soledad y su impotencia. Poco más de dos décadas después, Yrigoyen, sin jamás haber alzado la voz en la tribuna pública, pero con la palabra persuasiva en los encuentros privados, sería dos veces presidente con el voto popular. Pero para fines del siglo XIX, Yrigoyen tenía una revolución pendiente. Una más. Esta, la última que encaró en su vida, la prepararía durante cinco años.

Después del fracaso de las revoluciones de 1893, tras la muerte inesperada de Aristóbulo del Valle por derrame cerebral y el suicidio de Alem, Yrigoyen lideró la intransigencia. En 1894, la UCR venció en tres elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero la alianza entre el PAN de Roca y los cívicos de Mitre en la Legislatura les vedó el acceso a la gobernación. Sin libertad para elegir —ni proceso revolucionario que pudiera organizar—, Yrigoyen ordenó la abstención electoral del radicalismo en 1897.

Cuanto más en evidencia se ponían las argucias de la maquinaria electoral del Régimen para controlar el poder, más prestigio obtenía Yrigoyen en su rechazo a las ofertas de acuerdos políticos. La Revolución, aun con sus derrotas, sus muertos, sus fusilados, sus prisioneros y sus exiliados, aun con su tragedia y su fatalidad, se presentaba para Yrigoyen como la única la ley moral para resistir el modelo político instaurado por Roca y las oligarquías provinciales, que promovían el fomento de los intereses materiales de la elite dirigente. Frente a ellos, Yrigoyen adoptó la abstención. La intransigencia como acumulación de poder. La conspiración como construcción política. En tanto no hubiese sufragio libre, secreto y obligatorio con padrones oficiales, pensaba el yrigoyenismo, no habría autoridad legítima que respetar.

Como contrapartida, la Revolución era la religión cívica, el sacrificio de una causa, la acción reparadora y también la creación de nuevos mártires. La única metodología posible para restablecer el orden constitucional y republicano de 1853. El verdadero. Con las herramientas de siempre: los militares alzados en los cuarteles y los fusiles de los civiles en los cantones. A todas esas fuerzas morales del país que se consideraban sometidas por el fraude intentaba conducir el radicalismo. O, al menos, el radicalismo de Yrigoyen.

En el universo partidario habían surgido otra vez las diferencias. Bernardo de Irigoyen, que había sido elegido para reemplazar a Alem en la jefatura nacional, lideró la esfera proclive al Acuerdo. En 1898, en coalición electoral con sectores del PAN, alcanzaría la gobernación de Buenos Aires. Yrigoyen, crítico de Irigoyen, disolvió el comité provincial de la UCR.

A la inversa, Roca, tras la represión a los sublevados en 1893, había logrado recomponer su alianza con los caudillos autonomistas. Prefirió abandonar la manipulación virtuosa del sistema y decidió ser él, el artífice, también su ejecutor práctico: en 1898 obtendrá otra vez la Presidencia.

Aun sin organización partidaria, recostado en la soledad política de Yrigoyen, el radicalismo subsistió. Tenía un poder moral que actuaba como imán para los que contestaban al Régimen. En sus años de silencio, durante el tránsito de un siglo a otro, Yrigoyen continuó haciendo circular su mensaje, un proselitismo operativo casi individual y secreto, con el objetivo de organizar la protesta armada. Quería que la Revolución estallara en distintas ciudades en forma simultánea. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca. A cada civil, a cada militar, a cada emisario, le transmitía la parte que le correspondería cumplir. Para él se reservaba el plan general de la batalla.

El movimiento iba a estallar en septiembre de 1904, casi sobre el final del mandato de Roca. Una filtración obligó a postergarlo. El gobierno, que trasladaba de unidad a cada oficial que se reunía con Yrigoyen, vigilaba. Para Roca, la Revolución era una amenaza permanente. Solo le faltaba averiguar la fecha. La postergación del plan no contrarió a Yrigoyen. Con Roca en el poder, suponía, el Ejército ofrecería mayor resistencia.

Manuel Quintana —impuesto por su antecesor— llevaba apenas tres meses en la Presidencia cuando estalló la Revolución yrigoyenista. Fue en la madrugada del 4 de febrero de 1905. El primer intento en Capital Federal fracasó: no se pudo tomar el Arsenal. El ministro de Guerra, alertado, había fortificado su defensa con la Artillería y la Infantería, y apresó a la treintena de civiles que intentó apoderarse de las armas. Pero la participación del Regimiento 9º de Caballería sublevado alcanzó para tomar comisarías. Setenta edificios se convirtieron en cantones. Los radicales también tomaron la Biblioteca Nacional y la redacción de la revista Caras y Caretas, que era el entretenimiento periodístico y social de la elite porteña. Quintana, en la Casa Rosada, protegido por el 8º de Caballería de José Félix Uriburu, ahora leal al Régimen, decretó el estado de sitio y comenzó a detener a dirigentes radicales. Para los militares sublevados había orden de fusilamiento.

En Rosario, el plan revolucionario se iniciaba con la toma de un hotel céntrico para dominar el edificio de la jefatura de Policía, y luego proseguía con el asalto de las comisarías, el cuartel de Bomberos y los de los regimientos de Infantería y Artillería. La conducción de la Junta Revolucionaria tenía predominio civil, guiada por un escribano. Las primeras acciones fueron auspiciosas. Se controló la estación ferroviaria y el edificio de Aguas Corrientes, y las fuerzas oficiales abandonaron la ciudad para concentrarse en las afueras. Allí se combatió durante horas.

En Mendoza, la Revolución fue guiada por el caudillo José Néstor Lencinas y por el capitán Miguel González. Para el asalto a la Casa de Gobierno, dispararon con los cañones de la artillería rebelde y, tras casi un día de combates, lograron tomar prisionero al gobernador y a las jerarquías militares de la provincia, además de matar al subsecretario de Hacienda. González murió en los enfrentamientos, y Lencinas se hizo cargo del poder. Pero la interceptación de una conversación telegráfica le trajo malas noticias: las tropas de San Juan empezarían a cercarlo y las de Río Cuarto, Córdoba, ya estaban en viaje. El enfrentamiento sería desproporcionado. Las tropas nacionales, con sus generales, coroneles y soldados, enfrentarían a oficiales subalternos y civiles sin experiencia bélica.

En Córdoba, los grupos armados del radicalismo tomaron todas las comisarías de la ciudad, el Cabildo, la Legislatura y la Catedral, para desde allí romper a hachazos una puerta que comunicaba con el Departamento de Policía. El subteniente Regino Lezcano lideró la toma con un grupo del Regimiento 8º de Infantería. La Revolución estaba triunfando en toda la ciudad y a punto de tomar el cuartel de Artillería, pero tras ocho horas de combate en lucha cuerpo a cuerpo se pactó un alto el fuego. Aun así, la Revolución tomó el poder. El teniente coronel Daniel Fernández, del Batallón 4º de Telegrafistas, que asumió postrado por sus heridas de combate, fue el nuevo gobernador. Para la defensa de la ciudad, los rebeldes reclutaron hombres de entre 20 y 40 años y los incorporaron a la Guardia Nacional. El llamado era obligatorio. Los desertores fueron perseguidos.

La Junta Revolucionaria, que había prometido “la desaparición de las oligarquías”, actuó en consecuencia: dispuso la prisión del gobernador, sus funcionarios, del vicepresidente José Figueroa Alcorta —que visitaba la provincia— y de Julio Roca, hijo del general. Y también lanzaron una comisión de soldados a la caza de su padre, que veraneaba en su estancia de Ascochinga en el momento del estallido. La Junta lo consideraba responsable del “régimen oprobioso” que había dominado a la Argentina durante un cuarto de siglo. Jamás pudieron dar con él: el ex presidente Roca escapó a caballo, galopó durante una hora y abordó un tren que le fue preparado por la empresa extranjera concesionaria del ferrocarril. Se fugó hacia Santiago del Estero. Sus cómplices levantaron las vías para impedir la persecución.

Mientras la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza se sublevaban, también lo hacían dos regimientos de Bahía Blanca. El 4 de febrero salieron del cuartel a los tiros y junto con un grupo de civiles se subieron al tren para sumarse a la conspiración de Yrigoyen en la Capital Federal. El convoy revolucionario transportaba a doscientos soldados, cuatrocientos fusiles, setenta mil balas. El viaje fue atormentado porque los jefes políticos autonomistas obstruyeron las vías y hubo que improvisar el recorrido, pero también fueron sumando civiles de algunos municipios para la causa.

Dos días después, el 6 de febrero, por la mañana, varados en el departamento de Bolívar, cerca de la estación Pirovano, se enteraron de que en la Capital Federal el movimiento ya había fracasado. Yrigoyen estaba en fuga. Y, además, la policía provincial y la Infantería se habían unido para emboscarlos. En previsión del desastre, los jefes sublevados, constituidos en un Consejo Revolucionario con predominio civil, decidieron capitular, para disgusto de la tropa, que había permanecido en la estación ferroviaria, formada y de mal humor, a la espera de novedades. Cuando comenzaron a desarmarlos, un grupo de soldados resistió la orden. No querían entregarse ante el primer amago de peligro. Entonces comenzó la rebelión interna. Dos oficiales fueron ultimados, mientras los jefes se disgregaban en busca de protección. La quincena de sublevados los ametralló en la persecución. Incluso le clavaron una bayoneta al cadáver de un oficial que se había mostrado favorable a la rendición. Hubo siete muertos y quince heridos. Pocos minutos después, las tropas oficiales detuvieron a toda la expedición revolucionaria.

La pronta caída de la Capital Federal sepultó los triunfos iniciales. Rosario se entregó, también Mendoza, lo mismo hizo Córdoba. Yrigoyen se refugió en la casa de su hermana y, tras varios meses de clandestinidad, se presentó ante la Justicia. Una simple declaración judicial le bastó para salir en libertad. Luego, al año siguiente, en 1906, se votaría la amnistía de los militares alzados, como había sucedido con las revoluciones de 1890 y de 1893.

Aun con su fracaso, las insurrecciones radicales alteraron la estructura del poder conservador tal como estaba instaurado: si el Régimen no atendía los reclamos de reforma electoral, el sistema político, tarde o temprano, se derrumbaría. Además, con el crecimiento del proletariado urbano, la cuestión social comenzó a emerger como un nuevo problema. Si bien las clases populares no habían tenido incidencia directa en las revoluciones, algunos círculos del Estado conservador comenzaron a pensar reformas que sustrajeran a esos sectores de la conflictividad. El sistema no podría mantenerse mucho tiempo con la estructura cerrada de la elite, sostenida con la represión.

Un síntoma de esta percepción fue el discurso que Carlos Pellegrini, ahora diputado opositor al PAN, y ya distanciado de Roca, pronunció en la Cámara de Diputados para la votación de la Ley de Amnistía, en 1906. Allí evocó una discusión política que había mantenido con Aristóbulo del Valle en 1893. Pellegrini sostuvo que él entonces aspiraba a que la organización nacional tuviese una evolución pacífica. Del Valle no creía que eso fuese del todo posible.

Y bien, señor Presidente —dijo Pellegrini en el que fue el último discurso de su vida—, han pasado trece años, hemos seguido buscando en la paz, en el convencimiento, en la prédica de las buenas doctrinas, llegar a la verdad institucional, y si hoy se me presentara en este recinto la sombra de Del Valle y me preguntara: “¿Y cómo nos hallamos?”, tendría que confesar que han fracasado lamentablemente mis teorías evolutivas y que nos encontramos hoy peor que nunca. Si esta es la situación de la República, ¿cómo podemos esperar que por esta simple ley de olvido vamos a evitar que se reproduzcan aquellos hechos? Si dejamos la semilla en suelo fértil, ¿acaso no es seguro que mañana con los primeros calores, ha de brotar una nueva planta y hemos de ver repetidos todos los hechos que nos avergüenzan ante las grandes naciones civilizadas? ¿No nos dice esta ley de amnistía, no nos dice esta exigencia pública, que viene de todos los extremos de la República, esta exigencia de perdón que brotó al día siguiente del motín, que hay en el fondo de la conciencia nacional algo que dice: estos hombres no son criminales, esos hombres podrán haber equivocado el rumbo, pero obedecían a un móvil patriótico? Ha habido militares que han sido condenados, que han ido a presidio, que han vestido la ropa del presidiario, y cuando han vuelto, nadie les ha negado la mano.

Solo habrá ley de olvido, solo habrá ley de paz, solo habremos restablecido la unión de la familia argentina el día que todos los argentinos tengamos iguales derechos, el día que no se los coloque en la dolorosa alternativa, o de renunciar a su calidad de ciudadanos o de apelar a las armas, para reivindicar sus derechos despojados.

No solo no hay olvido, no solo todas las causas están en pie, la revolución está germinando ya. En los momentos de gran prosperidad nacional, los intereses conservadores adquieren su dominio y un poder inmenso, y entonces son imposibles todas estas reivindicaciones populares, pero ¡ay! del día, que fatalmente tiene que llegar, en que esta prosperidad cese, en que este bienestar general desaparezca, en que se haga más sombría la situación nacional. Entonces vamos a ver germinar toda esta semilla que estamos depositando ahora y quiera el Cielo, señor Presidente, que no festejemos el Centenario de nuestra revolución con uno de los más grandes escándalos que pueda dar la Republica Argentina.

Mañana vendrá a esta Cámara una ley de perdón: ¿Cuál es la autoridad que podríamos invocar para dar estas leyes de perdón? ¿Y si algunos de esos amnistiados nos preguntara quién perdona a quién? ¿Es el victimario a la víctima o la víctima al victimario? ¿Es el que usurpa los derechos del pueblo o es el pueblo que se levanta en su defensa? ¿Quién perdona a quién? ¿Quién nos perdonará a nosotros?

Bibliografía

Alonso, Paula, Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años 90, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

—, “La Unión Cívica Radical: fundación, oposición y triunfo (1890-1916)”, en Lobato, Mirta (dir.), Nueva historia argentina, tomo V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

—, “La Tribuna Nacional, Sud-américa y la legitimación del poder (1880-1890)”, en Entrepasados, Nº 24-25, Buenos Aires, 2003.

Álvarez Guerrero, Osvaldo, “Singularidad y emergencia del discurso revolucionario de Hipólito Yrigoyen (1905-1916)”, en Ciudadanos, Nº 4, Buenos Aires, 2001.

Beamonde, Gabriela, “A ochenta años de la revolución radical de 1905”, en Todo es Historia, Nº 214, Buenos Aires, febrero de 1983.

Bordi de Ragucci, Olga, Aristóbulo del Valle en los orígenes del radicalismo, Buenos Aires, CEAL, 1987.

Botana, Natalio, El orden conservador, Buenos Aires, Sudamericana, 1977.

Botana, Natalio y Gallo, Ezequiel, De la República posible a la República verdadera (1880-1910), Biblioteca del Pensamiento Argentino, tomo III, Buenos Aires, Ariel, 1997.

Caballero, Ricardo, Yrigoyen. La conspiración civil y militar del 4 de febrero de 1905, Buenos Aires, Libros de Hispanoamérica, 1975.

Cabral, Salvador, Las estrategias de poder del yrigoyenismo. 1890-1916, Buenos Aires, Dunken, 2007.

Etchepareborda, Roberto, Tres revoluciones, Buenos Aires, Pleamar, 1968.

Ferrero, Roberto, “La revolución radical de 1905”, en Todo es Historia, Nº 58, febrero de 1972.

Follari, Rodolfo, El noventa en San Luis. Autonomistas y radicales en 1890, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1995.

Gallo, Ezequiel, “Política y sociedad en Argentina, 1870-1916”, en Lynch, John y otros, Historia de la Argentina, Buenos Aires, Crítica, 2002.

Gálvez, Manuel, Vida de Hipólito Yrigoyen. El hombre del misterio, Buenos Aires, Kraft, 1939.

—, Colonos en armas. Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fe (1893), Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

—, La pampa gringa, Buenos Aires, Sudamericana, 1983.

—, “Un quinquenio difícil. Las presidencias de Luis Sáenz Peña y Carlos Pellegrini”, en Gallo, Ezequiel y Ferrari, Gustavo (comps.), La Argentina del Ochenta al Centenario, Buenos Aires, Sudamericana, 1980.

—, Carlos Pellegrini. Orden y reforma, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, colección Los Nombres del Poder, 1997.

Guido, Horacio, Secuelas del Unicato. 1890-1896, Buenos Aires, Ediciones La Bastilla, 1977.

—, “A cien años de la revolución de 1905”, en Todo es Historia, Nº 451, Buenos Aires, febrero de 2005.

Lacoste, Pablo, Hegemonía y poder en el Oeste argentino/1, Buenos Aires, CEAL, 1990.

Luna, Félix, Yrigoyen, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.

Maligne, Augusto, Historia militar de la República Argentina durante el siglo de 1810 a 1910, Buenos Aires, La Nación, 1910.

Páez de la Torre (h), Carlos, “La revolución radical en Tucumán en 1893”, en Todo es Historia, Nº 60, marzo de 1984.

Saguier, Eduardo, Genealogía de la tragedia argentina [en línea], tomos III, IV y V, www.ersaguier.org [consulta: 2008].

Vigo, Juan, “Las dos revoluciones de 1893 en Santa Fe”, en Todo es Historia, Nº 39, Buenos Aires, julio de 1970.

Yrigoyen, Hipólito, “Manifiesto de la Revolución del 4 de febrero de 1905”, en Documentos de Hipólito Yrigoyen. Apostolado cívico. Obra de gobierno. Defensa ante la Corte, Buenos Aires, Dirección de Publicaciones H. Senado de la Nación, 1986.

III

El anarquista y el coronel

¡Nosotros somos un partido conservador, somos el partido burgués; el anarquismo, que es el engendro monstruoso, que es la aberración del socialismo y que pretende atacar en este momento la organización fundamental de la sociedad, desde la familia hasta la propiedad, no debe intimidarnos, nosotros tenemos en nuestras manos el ejército, la fuerza moral, la tradición y el poder, estamos autorizados por todos los artículos de la Constitución, desde la cláusula inicial hasta la última de sus disposiciones, para poner en ejercicio todos los poderes —los explícitos, los implícitos, los virtuales— para defender lo que constituye nuestra vida, nuestro honor, nuestro progreso y nuestra estabilidad futura como nación!

DIPUTADO LUCAS AYARRAGARAY,
Diario de Sesiones, Buenos Aires, 27 de junio de 1910

Simón Radowitzky llegó a la Argentina en marzo de 1908. No imaginaba entonces que un año y medio más tarde mataría al jefe de la Policía de la Capital, el coronel Ramón Falcón.

Radowitzky era de origen judío, circuncidado conforme el rito. Medía 1,77 m. Tenía la piel blanca y usaba un pequeño bigote rojizo. Era lampiño, de facciones huesudas, un desarrollo excesivo de la mandíbula inferior, una ligera asimetría facial. En su caja torácica atesoraba varias cicatrices, vestigios de una herida producida por una bala o un sablazo. La junta de médicos que revisó su cuerpo no lo pudo precisar con exactitud. Tampoco pudo precisar su edad. Cuando lo detuvieron, el 14 de noviembre de 1909, minutos después de matar a Falcón y a su secretario, Alberto Lartigau, supusieron que tendría entre 20 y 25 años. De ese modo, la Justicia podría ordenar su ejecución: Radowitzky era mayor de edad. Pero a los médicos solo les quedaba una duda antes de su dictamen: la ausencia de la muela del juicio. Durante buena parte del proceso, la edad se mantuvo como un enigma.

HECHOS RELEVANTES

1901. Al iniciarse el siglo XX, inmigrantes, clase obrera en formación y organizaciones anarquistas reflejan un nuevo mundo laboral en la Argentina.

1902. La Ley de Residencia habilita a expulsar, sin juicio previo, a los inmigrantes que “perturban la paz social”. Los anarquistas son enviados a sus países de origen.

1904. En abril, el Informe del catalán Juan Bialet Massé, encomendado por el ministro de Trabajo Joaquín V. González, revela la precariedad y la explotación laboral en todo el país.

1906. El coronel Ramón Falcón es designado al frente de la Policía de la Capital y la reorganiza para enfrentar los conflictos sociales guiados por el anarquismo.

1907. En julio, la irrupción de la Armada en medio de una multitudinaria asamblea portuaria de los anarquistas de Bahía Blanca provoca dieciocho muertos.

En agosto, la huelga de inquilinos en los conventillos de Buenos Aires genera un movimiento popular contra el aumento de alquiler y en favor del derecho a la vivienda. Dura tres meses.

1909. Bajo el mando del coronel Falcón, la Policía reprime el acto anarquista del 1º de Mayo en la plaza Lorea. La llamada “Semana Roja” produce una docena de muertos y decenas de heridos.

El 14 de noviembre, el obrero anarquista ruso Simón Radowitzky, que había llegado al país hacía un año y medio, arroja una bomba casera sobre el carruaje del coronel Falcón. Lo mata junto a su secretario.

Para conocer las motivaciones que lo impulsaron al crimen, la Justicia se interesó por su vida. En el expediente empezaron a filtrarse algunos datos, por testimonio del propio acusado y de otros que lo habían conocido en Buenos Aires. Se supo que Radowitzky había participado de las rebeliones contra el régimen zarista en 1904 y por eso fue condenado a seis meses de prisión. En la estepa rusa, sus condiciones de vida fueron miserables, casi esclavas. A los 10 años había dejado de estudiar, pero empezó a formarse en el oficio de herrero. Una de las razones que lo impulsaron a emigrar hacia la Argentina fue su hermano. Según un informe psicológico incorporado en la foja 203 del expediente, “tiene un hermano alienado en la Colonia Nacional de Luján, Open Door”. El establecimiento psiquiátrico había sido creado un año antes, en 1908.

Mientras visitaba a su hermano, Radowitzky intentaba ubicarse en el mundo laboral argentino; se empleó como obrero mecánico en los talleres del Ferrocarril Central Argentino, en Campana; en Buenos Aires, trabajó en un taller, propiedad de León Gorinsky, como medio oficial mecánico. Le pagaban 2,48 pesos por día. Permaneció durante seis o siete meses. Después se marchó en busca de mejores empleos. Frecuentaba obras en construcción en una ciudad que, a su vez, construía el imaginario de un centro cosmopolita en la periferia del mundo. La burguesía terrateniente ya se había mudado del sur hacia al norte de Buenos Aires desde la devastación de la fiebre amarilla y otras pestes del siglo XIX. Dejó sus casonas para transformarlas en viviendas populares para la renta. Con su prosperidad económica construyó sus palacios y los habitó.

El nuevo empleo de Radowitzky, la sección herrería del taller Zamboni, en Charcas 1339, donde ingresó el 18 de marzo de 1909, es una pauta de la transformación urbana. Radowitzky prestó sus servicios para construir el jardín de invierno del Palacio Anchorena, frente a la plaza San Martín. Dos semanas antes de matar a Falcón, Radowitzky abandonó el empleo de Zamboni.

Las primeras federaciones de trabajadores se empezaron a constituir en el último cuarto del siglo XIX. La clase obrera aún estaba en formación, con predominio del trabajo artesanal y obreros calificados y autodidactas en pequeños talleres.

Por entonces, el flujo inmigratorio era vertiginoso. Solo entre 1887 y 1889 ingresaron en el país alrededor de cuatrocientas cincuenta mil personas. Sin embargo, la caída del empleo urbano —profundizada por la paralización de obras públicas— a consecuencia de la crisis financiera de 1890 retrajo el ingreso de extranjeros. Muchos de ellos quedaban varados en el Hotel de los Inmigrantes, merodeaban por la ciudad o iban a buscar un puesto de trabajo en el mercado agrícola del interior del país, con jornadas a destajo.

La sobreoferta laboral hizo que los salarios se redujeran. Y con la desvalorización de la moneda frente al aumento del oro, el costo de los alimentos básicos y de la vivienda en Buenos Aires alcanzó valores similares a los de Londres o París. Muchos extranjeros emigraron al Brasil.

Limitada a los reclamos de orden político y moral que los cívicos le arrojaban al Régimen con los fusiles alzados, la Revolución de 1890 no incluyó en sus peticiones la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero esta fue una preocupación constante de las federaciones obreras y las colectividades de inmigrantes, que comenzaron a hacer notar las dificultades del proletariado para alcanzar su reproducción material. El Comité Internacional de la Federación Obrera de la República Argentina le envió una nota al presidente Pellegrini advirtiendo sobre este punto.

Durante los primeros años de la década de 1890, los obreros intentaron no cargar con los costos recesivos de la economía. Pelearon por frenar los despidos y la caída de los salarios. Pero a partir de 1894, cuando la economía atenuó las secuelas de la crisis, reclamaron aumentos en la paga, que las jornadas de doce o catorce horas se redujeran a ocho, y en algunos gremios pidieron el descanso dominical y la eliminación del trabajo nocturno. Las huelgas se intensificaron.

Los trabajadores de orientación marxista estaban agremiados en la asociación Vorwärts (Adelante). Creada en 1882, reunía a los inmigrantes expulsados de Alemania. Tenían un periódico con información sobre la vida laboral tanto en lengua alemana como española. No existe constancia de trabajos políticos comunes con los cívicos, pero la Revolución de 1890 fue observada con interés por los socialistas, quienes consideraban que, pese a su derrota, se abría una era de dominación de la sociedad burguesa, antecedente del advenimiento de la sociedad socialista, según la doctrina marxista. El Régimen se mantenía atento a Vorwärts y apresó a su director por “instigación revolucionaria”; fue liberado mediante una fianza pagada por sus lectores. El marxismo también tuvo su tribuna de difusión en El Obrero, periódico fundado por el científico alemán Germán Avé Lallemant, afincado en San Luis, que participó en las revoluciones radicales de 1893. Para entonces, socialistas internacionalistas y anarquistas batallaban para difundir sus ideas en el mundo de los trabajadores. La disputa estaba cruzada por el disenso teórico. El marxismo ponía el énfasis en la explotación económica como factor determinante de la dominación del capitalismo. Los anarquistas, en cambio, ponían la mira en el dominio político como clave para la comprensión jerárquica de la sociedad y rechazaban la organización estatal, fuera vieja o nueva, porque implicaba la anulación del individuo. La polémica constante entre las dos tendencias fue un obstáculo para la organización de una central obrera única.

Las ideas libertarias en los gremios habían comenzado a divulgarse en la Argentina por medio de Errico Malatesta, que había llegado al país en 1885 y era crítico de las posiciones “antiorganizativas” del anarquismo, que proponían la destrucción del sistema en forma abstracta y consideraban la agremiación como una experiencia contradictoria con la autonomía individual.

Malatesta, uno de los fundadores del sindicato de panaderos, procedió en favor de las tendencias organizacionistas. Tras fundar el periódico La Questione Sociale y el Centro de Estudios Sociales, un ámbito para conferencias y debates libertarios, Malatesta recorrió el país en busca de inmigrantes italianos. Los impulsó a incorporarse a las sociedades de resistencia, núcleos de agremiación anarquista, aunque su desinterés por el idioma español le impidió mejor proyección en otras colectividades. Pietro Gori, un abogado y sociólogo que llegó al país a fines en la década de 1890, fue otro de los propulsores del ideario anarquista que ya se difundía mediante la prensa y la actividad de círculos políticos y sociales. Para entonces, ya existía una treintena de organizaciones gremiales en el mundo laboral, con presencia mayoritaria del anarquismo.

En el inicio del nuevo siglo, con la concentración del capital y el crecimiento de las industrias en los centros urbanos, comenzaron a multiplicarse las asambleas de trabajadores, sus reivindicaciones y los llamados a la huelga de la primera central sindical, la Federación Obrera Argentina (FOA) o su sucesora, la FORA, ambas dominadas por el anarquismo durante una década.

Con la promoción de los conflictos, las injusticias sociales fueron colocadas sobre la superficie. Para el Régimen, representó una presión social y política que intentó suprimir con la represión policial y el encarcelamiento. El Estado enmarcó la cuestión obrera como una amenaza delictiva contra el orden público, pero provocó el efecto contrario: la expandió.

Una de las áreas de la producción que más sensibilizaba a la elite propietaria eran los puertos y los ferrocarriles. Las huelgas, que amenazaban el flujo agroexportador, no solo afectaban los intereses locales, sino también a los capitales extranjeros que invertían en la Argentina. The Review of the River Plate, periódico de lengua inglesa editado en Buenos Aires, planteaba que el comercio no podía depender “de la misericordia de un puñado de anarquistas italianos y algunos llamados abogados que viven a expensas de los trabajadores”. Para ellos, la FORA era un “foco anarquista” que debía ser eliminado por el gobierno.

En noviembre de 1902, las huelgas ferroportuarias tuvieron respuesta penal de parte del Estado: un proyecto de ley que ordenaba la expulsión del país de todo extranjero que perturbara la paz pública, comprometiera la seguridad nacional o participara de “delitos comunes”. Roca lo envió al Parlamento en sesión extraordinaria y el mismo día fue votado por ambas cámaras legislativas. El Ejecutivo promulgó la ley esa misma noche. A partir de ese momento, sin juicio ni derecho a defensa, aquellos inmigrantes que habían llegado a la Argentina, si se sumaban a las demandas laborales, las huelgas o a las manifestaciones callejeras, eran obligados a volver al puerto y regresar a su país e irse a su casa, si es que la tenían, en el curso de tres días. Los primeros expulsados fueron anarquistas.

Para los sectores más radicalizados del orden conservador, el odio de clase contra el obrero hizo que la protesta social fuese circunscripta a una forma de delincuencia de la “escoria antisocial” extranjera. Más que eso: se los consideraba un presente siniestro enviado desde las sociedades extranjeras, disfrazado de utopías peligrosas, introductoras del crimen, hacia un país que ya había vertido mucha sangre en su intento de organizarse. Ahora, le tocaba al Estado ya constituido actuar en defensa de la soberanía argentina.

La Ley 4144, de Residencia, fue el inicio de la política de exclusión del anarquismo, uno de los primeros mecanismos jurídico-legales de la represión estatal en defensa de los privilegios económicos y políticos del Régimen. Pero no fue eficaz. Al ignorar la raíz del problema, o al encauzarlo desde una perspectiva penal, la amenaza de expulsión no bastó para dominar los conflictos obreros. Recrudecieron.

Bahía Blanca, considerada “la Nueva Liverpool” por el potencial de su desarrollo industrial, fue escenario de conflictos laborales y represión estatal. En el puerto de Ingeniero White, la huelga por la reincorporación de dos despedidos desencadenó choques con la policía y el grupo de “rompehuelgas” de la empresa. Los soldados de un destacamento de la Marina controlaban la Casa del Pueblo, centro de reunión de los anarquistas. Pocos días después, varios obreros arrojaron herramientas a las aguas del puerto, golpearon máquinas e impulsaron a la huelga a obreros que seguían trabajando. Los vigilantes que persiguieron a los activistas terminaron heridos tras la refriega. Más tarde, en la Casa del Pueblo, una asamblea de medio millar de anarquistas —la discusión se expresaba en varios idiomas— fue atacada por los fusiles Mauser de los marinos. Los obreros fueron emboscados. Hubo dieciocho muertos. A la semana siguiente, una revista institucional de la Marina saludó al pelotón de soldados que hizo fuego y publicó su foto posando en posición de tiro. El presidente Figueroa Alcorta no se pronunció, pero hizo reforzar la custodia de los edificios públicos.

Cinco años más tarde, precisamente en el sector ferroportuario, las fuerzas estatales tendrían para los huelguistas respuestas represivas más elocuentes que la propia ley. Como no alcanzaban las deportaciones como escarmiento, iniciaron las matanzas. La primera fue en Bahía Blanca, en julio de 1907.

Un mes después, en agosto de 1907, la tensión social se trasladó a Buenos Aires. Las casas de inquilinato —conventillos— se declararon en rebeldía en contra de los aumentos de los alquileres. Según el censo de 1904, en la ciudad había 2462 conventillos de construcción precaria y con deficiencias sanitarias, que estaban habitados por más de ciento cincuenta mil personas, la sexta parte de la población de Buenos Aires. En cada cuarto vivían hasta diez personas, que además lo utilizaban como cocina y taller de costura o planchado. El conflicto se inició cuando, frente a la falta de viviendas para inmigrantes, los propietarios decidieron aumentar los alquileres. Un grupo de inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques, en Ituzaingó 279, La Boca, rechazó el aumento y reclamó rebajas del 30%, además de mejoras en la infraestructura edilicia y la higiene. Cuando otros inquilinos se plegaron al reclamo, comenzó un movimiento de resistencia social y económica inédito en la ciudad, que abarcó el 80% de las casas de inquilinato. En tanto que los propietarios presionaban a los juzgados de paz y se empezaban a ejecutar desalojos, el anarquismo hizo suya la causa: creó comités de lucha en los barrios y se movilizó para enfrentar las órdenes judiciales.

Entonces, el jefe de la Policía de la Capital, el coronel Falcón, encontró otra batalla para la defensa del orden público. Inició una recorrida por los conventillos con oficiales de Justicia y forzaba a los inquilinos a que alcanzaran acuerdos extrajudiciales. Cuando el acuerdo se hacía imposible, y las amenazas de un futuro en prisión o la deportación no fueran suficientes, Falcón ordenaba la represión con el cuerpo de bomberos, que entraba en los cuartos con las mangueras abiertas mientras la policía amedrentaba la resistencia con fusiles Mauser, pieza que reemplazó los Remington del siglo XIX. Lo paradójico fue que muchos policías debieron reprimir en los conventillos donde vivían.

El núcleo duro del Estado conservador no tenía voluntad de implementar políticas reformistas para los trabajadores, aunque ya tenía un diagnóstico del drama social. A comienzos de 1904, a instancias del ministro del Interior, Joaquín V. González, el médico y jurista catalán Juan Bialet Massé realizó un viaje etnográfico por la Argentina para conocer el estado de las clases obreras. En su Informe precisó la precariedad del trabajo, los empleos en negro, el pago en especies y las diferencias salariales según la condición sexual, étnica o de edad. También develó las redes de un mundo laboral aciago: la complicidad de policías y jueces de paz con los patrones para ocultar los abusos y los malos tratos. Los mineros de Famatina, los zafreros de Jujuy, los maquinistas del ferrocarril francés de Santa Fe, las lavanderas de Río Cuarto, los estibadores de Rosario, la explotación del bosque en la región Noreste, fueron observados bajo su mirada de viajero incisivo. Su Informe, con la descripción del pueblo “hambriento y maltratado” o la reflexión sobre el capitalista extranjero que miró al país como un “campo de explotación pasajera y usuraria”, se convirtió en un laboratorio de estudio de la realidad social argentina, aunque no logró transformarse en la ley nacional para la protección de trabajadores a la que él y el ministro Joaquín V. González aspiraban. Pero sería útil algunos años más tarde.

Todavía lejos de intervenir en las relaciones entre el capital y el trabajo, la autoridad estatal prefería analizar la cuestión social desde sus consecuencias. Para la elite dirigente, la huelga era una perturbación del orden público promovida por una secta, el anarquismo.

Los anarquistas no tenían creencias religiosas. Eran ateos. Formaban parte de una clase obrera libertaria, forjada en diferentes oficios, que intentaba emanciparse del patrón y enfrentar a la organización estatal que lo protegía. Percibían al Estado como una herramienta de dominación de la elite propietaria. Toda la energía revolucionaria estaba centrada en ese combate. Sus armas eran la acción directa, la huelga solidaria y la abstención política. Los anarquistas también impugnaron las ideas de Nación y de Patria y a su brazo armado, el Ejército. Incluso dispusieron de un fondo de ayuda para los soldados que desertaran de sus filas. Era una conciencia moral impregnada por el deseo de libertad entendido como un derecho natural del hombre que tendía a la emancipación universal.

Este tipo de convicciones resultó muy atractivo para la masa de obreros inmigrantes. La lucha contra los patrones y contra el sistema político-institucional provocó una creciente conflictividad en la Argentina.

Impugnado por el anarquismo, que ponía en discusión las grietas de la estructura social con las que crecía la economía del país, el Estado intentó reforzar la identidad de los argentinos. Los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo resultaron una buena oportunidad para ese objetivo.

En 1909, Buenos Aires hervía de manifestaciones sociales, políticas y culturales del anarquismo. Estaba abarrotada de activistas, conferencias, propaganda obrera, debates. Una efervescencia promovida por miles de obreros portadores de ideas revolucionarias. Cada anarquista era consecuente con su misión: transmitir a las masas las causas de los males sociales. Dentro de la clase trabajadora, el anarquismo tenía nuevos adversarios. Uno era el Partido Socialista argentino, reformista, que desplazó al socialismo marxista de Lallemant y que se expresaba por medio de La Vanguardia. El PS aceptaba la lucha política parlamentaria con la huelga como recurso último. El otro adversario eran los “sindicalistas revolucionarios”, que se escindieron del Partido Socialista en 1906 en busca de una acción gremial autónoma, centrada en la reivindicación inmediata de los derechos de los trabajadores. Los “sindicalistas”, alejados de la vida partidaria, sin perder su carácter clasista, estaban dispuestos al diálogo con los patrones y con el Estado. El anarquismo, en cambio, tenía una posición más radicalizada: abstención activa en las elecciones e inflexibilidad frente a los patrones.

El Estado intentó perfeccionarse en la represión de las organizaciones anarquistas. El coronel Falcón fue designado jefe de la Policía en 1906 para enfrentar el crecimiento de los disturbios sociales. No había tantos hombres de su capacidad en el poder coercitivo del Estado para esa misión. Era parte de una línea de militares que había prestado su servicio al poder conservador, para extender las fronteras indígenas al precio de su exterminio o reprimir a los que buscaban transgredir los lineamientos del Régimen, como lo habían hecho Nicolás Levalle y Francisco Bosch.

Desde muy joven, Falcón había acumulado experiencia armada. Egresado en la primera promoción del Colegio Militar creado por Domingo Sarmiento, había reprimido las últimas montoneras en Entre Ríos durante el gobierno del maestro sanjuanino; luego, como ayudante del coronel Roca, redujo a polvo la rebelión mitrista de 1874, que intentó desconocer la legitimidad del triunfo presidencial de Nicolás Avellaneda. Después de haber defendido La Plata en medio de la turbulencia institucional de agosto de 1893, Falcón abandonó las armas y fue electo senador por la provincia de Buenos Aires durante dos períodos, y luego, diputado. El Ejército volvió a convocarlo en 1902 para ponerlo al mando de un batallón de Infantería.

A partir de su designación en la jefatura policial, cuatro años más tarde, Falcón militarizó la fuerza para volverla eficaz. La transformación interna fue traumática, porque entonces los vigilantes integraban un cuerpo civil; leían el diario en los almacenes mientras preservaban el orden en las calles. Las últimas reformas de la institución se habían instrumentado en 1880, cuando las huelgas eran excepcionales y a Buenos Aires todavía se la considerada una aldea.

Falcón convirtió la Policía en un cuartel de guerra, con un sistema comando especializado en tácticas y estrategias militares, a fin de que el Estado tuviera el control ideológico de la sociedad y estuviese preparado para la acción violenta frente a los nuevos desafíos políticos y sociales.

Los cambios fueron veloces. Falcón creó el Cuerpo de Cadetes —que tomaba las armas del depósito del Regimiento 8º de Caballería y las devolvía al final de cada jornada—, construyó comisarías y una cárcel para contraventores, compró vehículos para los comisarios inspectores. En menos de un año de ejercicio ya había tres mil quinientos catorce vigilantes, aparte del Escuadrón de Seguridad, un grupo de elite de la fuerza que entró en acción en la represión de la huelga anarquista del 1º de Mayo de 1909, en plaza Lorea, frente al Congreso.

Para él, como para el poder conservador que lo había empleado, el origen del problema obrero eran los agitadores extranjeros que arribaron al puerto con ideas “antiargentinas”, disgregadoras del cuerpo social. La huelga, percibida como la patología del “sectarismo anarquista”, no tenía otra cura que la represión física.

La política de transformación de Falcón, sumada al hecho de que él era un militar que se esforzaba por militarizar la institución, generó malestar en los jefes policiales. La “vieja guardia” se resistió a las nuevas disposiciones y conspiró contra su mando. Falcón respondió a las rencillas internas con disciplina militar: sanciones, arrestos y también expulsiones.

Falcón tampoco se entendió con la prensa. Como era natural, consideraba a las publicaciones anarquistas la razón de ser de la violencia, propagadoras del “delito común”. En esa categoría entraban La Protesta, fundada en 1897, y más de una decena de publicaciones ideológicamente afines, que se ocupaban de transmitir el mensaje doctrinal del anarquismo, a la vez que buscaban apelar a la sensibilidad del lector y denunciar a la clase dominante —el patrón, la policía, el Parlamento y el gobierno—, que enfrentaba a la clase obrera.

Falcón promovió el proyecto de la ley de imprenta para controlar el discurso político. La prensa comercial advirtió que la ley podía aplicarse no solo contra “la prédica subversiva”, sino también contra los que criticaran al gobierno de Figueroa Alcorta o al propio Falcón. “Repugna al espíritu liberal”, dirá La Razón.

Aun con sus tensiones con la policía y con la prensa, Falcón no descuidó el combate contra el anarquismo. Con la voluntad de perseguirlo, modificó las estructuras operativas de la fuerza y conformó un microestado en la Sección Investigación de la Policía, con gabinetes de Seguridad Pública, Orden Social, Identificación, Informaciones y Vigilancia General. Hacia 1909, la Policía de la Capital ya contaba con un completo sistema de confidentes infiltrados en gremios y organizaciones anarquistas, u obreros cooptados, que informaban a la Sección Investigación sobre planes de huelga o movilizaciones.

En la última semana de abril de 1909, una de esas informaciones indicó que una asamblea de mil quinientos obreros del gremio de conductores de carros —Carreros— convocaba a una movilización en la plaza Lorea para el 1º de Mayo. Según el informe, algunos habían incitado al ataque de tranvías y vehículos. Así se iniciaría la Semana Roja.

Para entonces, Simón Radowitzky tenía una vida rutinaria. Vivía en un cuarto junto con otros obreros en un conventillo de la calle Andes 394 —hoy José E. Uriburu—, casi esquina Corrientes. Por la mañana, iba caminando a los talleres Zamboni, donde el portero le colocaba en la muñeca una chapa metálica para identificarlo. Al fin de la jornada, Radowitzky se internaba en la biblioteca de un círculo anarquista de la calle Lavalle al 1800. Allí había fijado su dirección para recibir correspondencia.

Según el testimonio judicial de sus compañeros de cuarto, inmigrantes pobres expulsados de su tierra, Radowitzky leía Los miserables, de Víctor Hugo, y obras de Máximo Gorki. También jugaba al dominó con alguno de ellos. Hablaba poco. Sospechaban que era anarquista, pero nunca les anticipó sus planes.

La amistad política que más influencia ejercía sobre Radowitzky estaba fuera del conventillo. Era Pablo Karaschini, ruso y anarquista, de 25 años, que trabajaba en una empresa de limpieza. Radowitzky lo frecuentaba en la biblioteca del círculo anarquista de Lavalle. Karaschini estaba casado con Sofía Lisechevsky, de 25 años. Tenían dos años de residencia en la Argentina. Vivían en Andes 961. Ella era modista. A fines de 1909, la relación con su esposo se limitaba a compartir la vivienda. Frente a la Justicia, Sofía, que también era rusa, nacida en Odesa, quiso desprenderse de las acciones de Karaschini. No se reconocía anarquista. “El anarquismo es absurdo. La violencia no hace triunfar un propósito”, declaró, según quedó asentado en el expediente judicial.

Sofía dijo que solo vio una vez a Radowitzky, en su casa. Fue a buscar a su marido. Podía precisar el día. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires, y muchas más en todo el mundo, en repudio al fusilamiento del dirigente anarco-sindicalista Francisco Ferrer en España. Fue el 13 de octubre de 1909.

La Semana Roja se había iniciado con un llamado a la huelga y movilización de los gremios de conductores de carros y vehículos, dominados por el anarquismo. Los trabajadores se negaban a cumplir la disposición municipal y policial que los obligaba a identificarse con el sistema dactiloscópico para ejercer su oficio. Diez años antes, los carreros también habían rechazado la incorporación del retrato fotográfico en su libreta de conductores, porque lo relacionaban con los retratos de la “Galería de Ladrones” que publicaba la Policía de la Capital. El retrato fotográfico era considerado un estigma para el trabajador. Pero, además de eso, con su protesta, el anarquismo intentaba limitar la capacidad del Estado de acumular información sobre los trabajadores.

Dos días antes de que entrara en vigencia la identificación dactiloscópica, Falcón suspendió la medida para evitar que la movilización se realizara. Pero igual se llevó a cabo. Ese sábado 1º de Mayo de 1909, el socialismo marchó en homenaje a los mártires de Chicago en un acto en plaza Constitución. El anarquismo se concentró en la plaza Lorea, frente al Congreso, como punto de partida de una movilización que concluiría en la plaza Manzini, en el Bajo (en la actualidad, plaza Roma, en Leandro N. Alem y Tucumán).

La movilización anarquista fue custodiada por más de un centenar de miembros de la Guardia de Seguridad, montados a caballo y armados con sable y revólver. El jefe del escuadrón era el comandante Jolly Medrano, que controló de cerca los preparativos de la concentración, mientras Falcón y su estado mayor policial permanecieron bajo la llovizna, alejados a trescientos metros de los anarquistas.

Antes del inicio del acto hubo un incidente. La Guardia de Seguridad intentó detener a José Mazza, que lideraba un grupo que estaba agrediendo a los motorman, choferes de tranvías que no se plegaban al paro. Jolly Medrano, con acuerdo de Falcón, ordenó la detención, que fue resistida por los agresores. Hubo choques, un disparo al aire y los hombres de la Guardia de Seguridad, tras un toque de clarín, desencadenaron la acción represiva. Los revólveres Colt y los sables se descargaron sobre la multitud. Entre gritos y corridas, la manifestación se desbandó. Se cruzaron disparos. Los cuerpos empezaron a caer. La sangre tiñó los charcos de agua. Los muertos superaban la docena. Había casi ochenta heridos. Eran de origen español, italiano y ruso. Por la noche, Falcón ordenó redadas en locales anarquistas y socialistas. Hubo casi mil detenidos, muchos de los cuales empezaron a ser sumariados por violar la Ley de Residencia. Tenían tres días para irse del país.

Al día siguiente, en los funerales de las víctimas de la plaza Lorea que fueron enterradas en el cementerio de la Chacarita, la policía volvió a reprimir. El anarquismo y el socialismo llamaron a una huelga por la libertad de los detenidos y la reapertura de los locales obreros clausurados. También reclamaron la renuncia de Falcón. La huelga duró una semana. Participaron cerca de trescientos mil trabajadores. Pero Falcón no renunció. Su acción fue apoyada por Figueroa Alcorta.

A partir de la Semana Roja, la policía sospechó que su máximo jefe podría sufrir una venganza y dispuso una escolta para él. Era cierto: Falcón recibió amenazas contra su vida. Sabía que el anarquismo le tenía reservada una bomba. Pese a eso, pidió que cesara la vigilancia sobre su persona para no comprometer a nadie. Su voluntad no fue respetada. Un comisario ordenó a un agente de la Sección Investigaciones que lo siguiera a distancia. Dos presidentes ya habían sufrido atentados en los primeros años del siglo. En 1905, un catalán de 26 años, Salvador Planas, disparó contra el presidente Quintana, pero su revólver falló. Tres años después, Figueroa Alcorta resultó ileso de una tentativa de homicidio de Francisco Solano Rejis. Ambos atacantes habían sido detenidos.

Desde el 1º de Mayo de 1909, Radowitzky, que había sido testigo directo de la masacre en la plaza Lorea, no dejó de pensar en Falcón. Quería vengar la sangre de sus compañeros caídos.

El 13 de octubre, la colectividad española y los gremios obreros marcharon por Buenos Aires en repudio de la ejecución de Ferrer en España. La movilización fue vigilada por Falcón, y Falcón fue vigilado por Radowitzky. Luego de la marcha, el anarquista ruso siguió con discreción los movimientos del coronel hasta la puerta de su casa de la calle Callao, entre Charcas y Santa Fe. Lo vio entrar. Después, Radowitzky fue a visitar a Pablo Karaschini. Sofía lo atendió. Sabía que era anarquista. “Hay que protestar por medios más violentos”, escuchó que le dijo a su esposo. Ella intervino y echó a Radowitzky de su casa. Así se lo relató a la Justicia. Karaschini decidió acompañarlo y, aunque dijo que volvería en un momento, lo hizo tres horas después.

Dos semanas más tarde del fusilamiento de Ferrer, a las ocho de la mañana, Pablo Karaschini entró en la iglesia del Carmen. Estaba repleta de españoles tradicionalistas que rendían un oficio en memoria del rey Carlos de Borbón. Karaschini llevaba un paquete bajo el brazo en el que ocultaba una bomba que tenía el poder de reducir a escombros la capilla. Cuando intentó activarla, fue reducido por agentes de Investigaciones y trasladado al Departamento Central de Policía. El plan fue desbaratado. Karaschini fue presentado a la prensa como la exposición del terror anarquista.

Radowitzky fue preparando su bomba en el taller de Zamboni. La infraestructura laboral le otorgaba a cada obrero la posibilidad de contar con su propio cajón de herramientas, con llave aparte. Para el armado del explosivo, que le consumió tres tardes, Radowitzky tomó como referencia las instrucciones de La Protesta, donde, en pequeños artículos, explicaban cómo fabricar bombas o dinamita, manipularlas y hacerlas explotar. Tomó una caja de hierro, correspondiente al eje de un coche, y en el interior colocó una buena cantidad de dinamita. La mezcló con ácido que compró en una farmacia. La dinamita la compró en otro sitio. O se la dieron. Esto no pudo ser probado en el expediente. En su declaración testimonial, Radowitzky afirmó que no recibió ayuda de nadie.

El 5 de noviembre de 1909, Radowitzky renunció a su empleo; el día 8, fue al taller a cobrar el último dinero. Algunos días en la semana merodeó cerca del domicilio de Falcón, pero no logró verlo. El día 13, llevó la bomba a su cuarto del conventillo de la calle Andes. La guardó en su baúl. El día 14 se levantó temprano, cerca de las 6. Era domingo. Se puso un pantalón negro, una camisa de color lila, una corbata verde con cuello, un chaleco debajo de un saco azul marino, botines de becerro, chambergo negro. Después abrió el baúl y tomó la bomba. La guardó en su cintura, debajo del saco. Sus movimientos fueron silenciosos. Uno de sus compañeros de cuarto, entredormido, le preguntó qué sucedía. Radowitzky le respondió que estaba arreglando la ropa. Luego tomó dos revólveres, los cargó y salió a la calle. Llevaba 3,70 pesos encima. La paga de un día. Caminó hasta Callao y merodeó la zona. Suponía que en algún momento el coronel saldría de su casa. En un bar, se enteró por el periódico La Argentina de que había muerto el comisario Antonio Ballvé, el director de la Cárcel de la Penitenciaría. Sería enterrado en el Cementerio de la Recoleta con la presencia del jefe de policía. Radowitzky siguió esperando. A media mañana, lo vio salir. Falcón subió al carruaje. Lo guiaba el cochero Isidoro Ferrari. Al lado de Falcón estaba su secretario Alberto Lartigau, de 20 años. Y, detrás, otro carruaje le hacía custodia, con un chofer y un ordenanza del Ministerio de Guerra. Iba hacia la Recoleta.

Radowitzky lo siguió a distancia. Primero pensó en hacer una corrida y arrojarle la bomba en la entrada al cementerio, pero vio mucha gente reunida en los alrededores. Confió en que tendría otra oportunidad. Hacia el mediodía, a las 12.15, Radowitzky observó la salida del vehículo de Falcón por la calle República. Lo siguió por la vereda izquierda a una distancia prudente, media cuadra. Luego corrió. Al llegar a Callao, en el momento en que el carruaje doblaba para tomar dirección sur, pasando la columna del alumbrado público, le tiró la bomba. El interior del carruaje quedó destrozado. También su capota. Lartigau cayó al pavimento. El coronel Falcón voló unos metros más lejos. El cochero Ferrari tuvo heridas leves. Perseguido por dos agentes de policía y varios testigos del atentado, Radowitzky escapó. Al llegar a Alvear, entre Ayacucho y Callao, cuando estaba a punto de ser atrapado, intentó dispararles. Pero vio que había mujeres y niños. Entonces se pegó un tiro en el pecho. Herido, le dijo a Benigno Guzmán, el vigilante que lo redujo, que habría muchas bombas para cada uno de ellos. Al pie de la ambulancia de la Asistencia Pública que lo cargaba gritó “¡Viva la anarquía!”. Dos años después, fue trasladado a la cárcel de Ushuaia.

Después del crimen de Falcón, para el anarquismo sobrevendría el terror. Esa misma noche, policías uniformados y de civil asaltaron y destruyeron la redacción y la imprenta de La Protesta, la sede de la FORA y varias asociaciones gremiales y bibliotecas anarquistas. Hubo centenares de detenidos alojados en la Prefectura marítima y en un barco de guerra.

Al año siguiente, para los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, el anarquismo quería demostrar que esa aura de libertad y progreso de la Argentina, tal como la transmitía el Régimen a los visitantes de las potencias extranjeras, era falsa. El 8 de mayo, luego de una manifestación de casi setenta mil personas en repudio a las autoridades de la Cárcel de la Penitenciaría por los castigos a los presos políticos, el anarquismo promovió una huelga para diez días después. La iniciativa desafiaba la voluntad oficial de llegar a los festejos del Centenario presentando una ciudad vital y suntuosa, al estilo de las metrópolis industrializadas. El anarquismo propuso tres condiciones para respetar la pretensión oficial: derogación de la Ley de Residencia, libertad de presos sociales y amnistía para infractores y desertores militares. Pero no hubo espacios de negociación. El gobierno declaró otra vez el estado de guerra. El 13 de mayo inició una redada que llevó a prisión a centenares de activistas. La Protesta volvió a ser destruida por el fuego y también fue asaltado el órgano socialista La Vanguardia, que, renuente a la práctica de confrontación, se oponía a la huelga. El director del diario, Juan B. Justo, pidió explicaciones al comisario que observaba risueño la destrucción del periódico. “Los muchachos están entusiasmados…”, explicó. En una gira incendiaria que recorrió la ciudad, policías uniformados y de civil, y decenas de miembros de la clase propietaria que habían partido del Jockey Club de la calle Florida y vivaban a la Patria, se unieron para devastar librerías y sedes gremiales. En La Boca, donde el paro ya se había iniciado, mujeres en resistencia echarían agua hirviendo desde las azoteas a las bandas paraestatales. Para asegurar la paz de los festejos del Centenario, Buenos Aires se convirtió en un campamento armado.

En la noche del 26 de junio de 1910, un anarquista dejó una bomba debajo de una butaca del Teatro Colón. Estalló en el curso de una representación artística, con la sala repleta. Provocó varios heridos, entre ellos el ingeniero industrial José Zamboni, dueño del taller que había empleado a Radowitzky.

A partir de entonces, la política de exclusión legal del anarquismo se reforzó. El Congreso debatió la Ley de Defensa Social en la que declaró delictivas las actividades anarquistas, prohibió sus centros y asociaciones, su prensa partidaria, la propaganda de su doctrina, sus mitines públicos, su bandera, canceló las cartas de ciudadanía de sus miembros y sancionó la pena de muerte a los anarquistas que mataran. En la sesión parlamentaria, el diputado Lucas Ayarragaray defendió su proyecto: “¡Llevo por primera vez en este país el fuego de la ley hasta la raíz misma de la idea anarquista!”.

En la primera década del siglo XX, “la idea malsana” que se difundía mediante enfermedades infecciosas, según el juicio inmunológico del Estado conservador, ya había desatado una epidemia social. Podían explicar, pero no entender, cómo había comenzado, aunque todavía no sabían cómo terminar con ella.

Bibliografía

Ansolabehere, Pablo, “El hombre sin patria: historia del criminal anarquista”, en Caimari, Lila (comp.), La ley de los profanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

Causa judicial Proceso por homicidio a Simón Radowitzky. Juez de Instrucción Dr. Jaime Llavallol / Juez del Crimen de la Capital, Dr. Sotero Vázquez.

Del Campo, Hugo, Los anarquistas, Buenos Aires, CEAL, 1971.

Dufey, Enrique, La defensa social. Medios preventivos y represivos, tesis de doctorado en Jurisprudencia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA), Buenos Aires, 1913.

Ferrari García, Mercedes, “‘Una marca peor que el fuego’. Los cocheros de la ciudad de Buenos Aires y la resistencia al retrato de identificación”, en Caimari, Lila (comp.), La ley de los profanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

Frías, Jorge (agente fiscal), Proceso y sus causas de los hechos ocurridos el 1º de mayo de 1909, Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de la Policía, 1909.

Frydenberg, Julio y Rufo, Miguel, La Semana Roja de 1909, Buenos Aires, CEAL, 1992.

Gilimón, Eduardo, Un anarquista en Buenos Aires (1890-1910), Buenos Aires, CEAL, 1971.

Halperin Donghi, Tulio, “Una ciudad entra en el siglo XX”, en Gutman, Margarita y otros (ed. y coord.), Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

Lagos, Marcelo, “Informe Bialet Massé: la mirada etnográfica”, en Entrepasados, Nº 26, Buenos Aires, 2004.

Quesada, Fernando, “La Protesta, una longeva voz libertaria”, en AA.VV., Lo mejor de Todo es Historia, tomo III, Buenos Aires, Taurus, 2002.

Randazzo, Federico, Las grietas del relato histórico. Apuntes sobre los orígenes del anarquismo en Ingeniero White en 1907, Buenos Aires, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2007.

Ravalli, Andrea, “Historia de contrastes: el asesinato de Ramón L. Falcón”, en Historias de la Ciudad, Nº 8, 2001.

Rodríguez, Adolfo, Historia de la Policía Federal Argentina, Buenos Aires, Biblioteca Policial, 1975.

Salas, Horacio, El Centenario. La Argentina en su hora más gloriosa, Buenos Aires, Planeta, 1996.

Sánchez Díaz, Abel, Las bombas explosivas en Buenos Aires. Necesidad de leyes de represión, Buenos Aires, 1921.

Suriano, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires. 1890-1910, Buenos Aires, Manantial, 2004.

—, “Ideas y prácticas ‘políticas’ del anarquismo argentino”, en Entrepasados, Nº 5, Buenos Aires, 1995.

—, “La crisis de 1890 y su impacto en el mundo del trabajo”, en Entrepasados, Nº 24-25, Buenos Aires, 2003.

—, La huelga de inquilinos de 1907, Buenos Aires, CEAL, 1983.

Tarcus, Horacio, Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

—, “El 17 de octubre en perspectiva”, en Torre, Juan Carlos (comp.), 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.

—, “La CGT en el 17 de octubre de 1945”, en Torre, Juan Carlos (comp.), 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.

—, La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Walter, Richard, “La derecha y los peronistas, 1943-1955”, en McGee Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald (comps.), La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Ediciones B, 2001.

IV

Tragedia de una larga tarde de verano

Negar que marchamos a la conquista de un mundo nuevo, es negar la evidencia. La revolución que conmueve todos los espíritus, abate las formas arcaicas, transformando la estructura de las sociedades. Rusia, cuyas enseñanzas sería menester aprovechar, precipita la marcha con la dictadura del proletariado […]. Condiciones económicas, históricas y psicológicas distintas, en los distintos pueblos, tradiciones y costumbres diversas, harán que las transformaciones se efectúen, en cada nación, con programas adaptados a sus peculiaridades.

ALFREDO PALACIOS, 
La Revolución Rusa, 1921

En febrero de 1912, el Parlamento aprobó el proyecto de ley electoral enviado por el presidente Roque Sáenz Peña y estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los varones mayores de 18 años. La iniciativa reformista, que incluía un padrón electoral genuino y la representación de las minorías, era todavía más avanzada que la que predicaban los revolucionarios de 1890. Si aquellos requerían la libertad del sufragio para que cualquiera pudiese votar, ahora era obligatorio hacerlo.

HECHOS RELEVANTES

1912. El 10 de febrero, el Parlamento sanciona la Ley Sáenz Peña, que establece el voto universal, secreto y obligatorio para varones mayores de 18 años.

El radicalismo recoge adhesiones de las clases medias urbanas. También crece el activismo político del Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo.

1916. Luego de décadas de revoluciones fracasadas y de la estrategia de intransigencia y abstención electoral, en abril la UCR gana la presidencia con la candidatura de Hipólito Yrigoyen.

1917. Yrigoyen establece su preferencia por la corriente “sindicalista” de gremios, alejados del anarquismo y los socialistas.

1919. En enero, una huelga metalúrgica en Buenos Aires genera “la Semana Trágica”. La represión policial provoca alrededor de mil muertos.

Con la fundación de la Liga Patriótica en enero, se profundiza la persecución contra anarquistas, judíos y “rojos”, en defensa de “la argentinidad”.

El proyecto también acabó con la incapacidad del Régimen para dar una respuesta a las demandas de libertad política que no fuese la represión, y abrió el camino a la movilización social en los procesos electorales. Hasta 1910, solo el 9% de la población masculina habilitada para votar concurría a las urnas. La debilidad del rendimiento cívico era una pieza central de la hegemonía política del Régimen para conservar el poder.

La reforma electoral fue un cambio obligado por el surgimiento de las clases medias urbanas, que fueron modificando la estructura de la sociedad con el inicio del nuevo siglo. La irrupción de profesionales, pequeños comerciantes, empleados del sector terciario y funcionarios, quienes aspiraban a una movilidad social ascendente, con la presión sobre el gasto público y un acceso más amplio al aparato estatal, pronto entró en colisión con los intereses cerrados de la oligarquía. Como los obreros, las clases medias urbanas se transformaron en una amenaza para el Régimen.

Con el crecimiento de la población civil, la distorsión de la práctica electoral fue cada vez más compleja de ejecutar con prolijidad. Si antes los radicales se habían alzado en armas para alertar sobre la corrupción en torno al voto; ahora, desde el interior del mundo conservador, se reconocía la necesidad de establecer una reforma en el sistema de representación.

La elite debió reacomodarse. Intentó una legitimación política que superara los límites de la oligarquía, con un consenso menos restrictivo, aceptado por los nuevos actores, quienes podrían ser incluidos en un partido conservador más popular.

Retener el poder requería un marco de gestión más estable, que no obligase al Estado a la violencia contra los que lo impugnaban o a la constante manipulación del voto.

Para los inspiradores de la reforma, la ampliación de la ciudadanía política que patrocinaba la Ley Sáenz Peña iría macerando las amenazas al Régimen.

Este postulado parecía incompatible en aquellos que antes habían estimulado la restricción de los derechos políticos. Pero no lo era tanto. La dominación oligárquica también podía traducirse en un dominio democrático si el Régimen ensanchaba su base social. Con la participación de partidos orgánicos y con una ciudadanía consciente de sus deberes y derechos, los sectores reformistas suponían que la revolución radical ya no tendría razón de ser, ni tampoco su política de abstención electoral. Por otra parte, la prédica anarquista sería menos audible entre los trabajadores argentinos, quienes ahora obtendrían un derecho menos “virtual” al voto. Mientras tanto, los inmigrantes continuarían alejados del padrón electoral, la vigencia de las leyes de Residencia y de Defensa Social mantendría regulado su comportamiento y el Estado persistiría en la estrategia de integrar a sus hijos en una nueva identidad por medio de la educación pública, con la enseñanza de la lengua y el culto a los símbolos patrios, en un proceso de “nacionalización forzada”.

En el epílogo de la nueva ingeniería política del Régimen se advertirían la reducción de la influencia del anarquismo en el conflicto social, la integración de las clases medias urbanas en el sistema y el resguardo de los intereses de la elite, en un orden político-institucional menos expuesto al riesgo.

La evaluación fue solo en parte correcta. El anarquismo se fue perdiendo en el horizonte político y gremial a lo largo de la nueva década. Su crítica al autoritarismo estatal, el repudio al parlamentarismo y a las prácticas electorales perdieron peso con la ampliación del sufragio. Además, la progresiva intervención del Estado en los conflictos obreros hizo que estos mantuvieran una relación más fluida con el sistema, en contradicción con la táctica de la huelga general y la confrontación contra al aparato estatal del ideario anarquista.

Pero la medicina tenía contraindicaciones no declaradas. La reforma electoral provocó una movilización política que acabó por expulsar a la elite conservadora del Poder Ejecutivo, y, cuando los “nuevos ciudadanos” y la clase obrera reclamaron al Estado una distribución más equitativa de sus ingresos, tuvieron que afrontar las asechanzas y los peligros de la vida democrática, que hasta entonces les eran desconocidos. A partir de 1916, el aparato estatal ya no respondería a la protección exclusiva de sus intereses.

La aprobación de la reforma electoral de 1912 tuvo secuelas inmediatas en el espectro partidario. El radicalismo se sumó al juego político e Yrigoyen convirtió al partido en un movimiento de masas de alcance nacional. Sin un programa político definido, pero enfatizando su carácter emocional y con la promesa de cumplir con sus obligaciones morales, la UCR buscó abarcar la totalidad de las “fuerzas emergentes” de los diferentes sectores —terratenientes, clases medias, obreros— en pos de un bienestar general que había sido perturbado por las malas administraciones del Régimen.

Este tipo de discurso, genérico y abstracto, idóneo para las clases populares en ascenso, fue una de las notas destacadas de la personalidad política de Yrigoyen. Si se remueve su traza biográfica puede distinguirse la influencia del krausismo. Como docente de la Escuela Normal en la década de 1880, Yrigoyen se había interesado por el sistema filosófico desarrollado por el teutón Karl Krause, una configuración del idealismo alemán y el racionalismo que funcionó como modelo explicativo del orden de las cosas y del mundo. En ese momento de su vida, más atento a las voces interiores de su espíritu que a las contingencias de la vida política, el entonces sobrino de Alem buscó en las traducciones de las obras de Krause que desembarcaban en el Río de la Plata una normativa moral que operase como patrón de sus conductas personales y políticas.

El efecto sería más explícito con el paso de los años. Su huida de la exposición pública, su sentido de la austeridad, su ascetismo y la también serena revelación de la grandeza de su destino fueron interpretados como parte de la admisión krausista en la personalidad de Yrigoyen. En términos ideológicos, la ética como bandera de protección de los intereses particulares, pero inseparable de una armonización social, con un Estado racionalista, democrático y solidario, también fueron parte de ese cargamento doctrinario que intentó transmitir casi en voz baja en su vida pública, a medida que se acercaba al poder. Después de la sanción de la Ley Sáenz Peña, los comités barriales del radicalismo se convirtieron en una máquina de reclutar futuros votantes. Sus líderes, a veces médicos, abogados o hijos de inmigrantes, tenían una relación activa con los nuevos grupos urbanos y pusieron a disposición asesoramiento profesional, bibliotecas, entretenimiento para niños e incluso distribución de alimentos. El mismo esquema se reproducía en los pueblos de provincia.

El socialismo también competía en la acumulación de fuerzas democráticas, aunque su propaganda tenía un peso ideológico más visible que redujo su incidencia en otros sectores sociales.

Fundado en 1896, El Partido Socialista se había relacionado con la causa de los trabajadores y participó en las luchas gremiales a través de la Unión General de los Trabajadores (UGT), que competía con la anarquista Federación Obrera de la República Argentina (FORA), pero que luego fue perdiendo vínculos formales con su “ala sindical” y prefirió proyectar su estrategia partidaria hacia el Parlamento. En 1904, con el voto uninominal por circunscripciones, y en representación del proletariado de La Boca, Alfredo Palacios logró la primera diputación socialista del país —y de América Latina—, que permitió propagar sus reclamos en favor de las leyes sociales y laborales. Al año siguiente, la ley que consintió su ingreso en el Congreso sería derogada.

Las propuestas hacia los sectores urbanos del socialismo también estuvieron asociadas con la búsqueda de una democracia agraria. La idea de un frente social que uniera a ambos grupos fue otro de los motores del activismo político. El PS buscó romper el modelo de concentración de la propiedad de la tierra propiciado por el Régimen y reclamó la multiplicación de las explotaciones rurales; conformados en ligas agrarias, los pequeños productores funcionarían como un bloque de resistencia a los terratenientes y sus corporaciones patronales, y conducirían un proceso de conflictividad en el espacio agrario que ya se manifestaba en el mundo urbano. Con estas premisas, el fundador del partido, Juan B. Justo, se involucró en la rebelión de arrendatarios rurales iniciada en Alcorta, Santa Fe, en junio de 1912. El movimiento movilizó a más de cien mil agricultores, muchos de ellos colonos extranjeros que adherían al socialismo o al anarquismo, a quienes fagocitaban deudas imposibles de responder con sus precarias utilidades productivas, y que querellaron a los propietarios de la tierra para lograr la reducción del costo de los arrendamientos y la extensión de los plazos contractuales, entre otras demandas.

La huelga de los colonos se extendió a pueblos vecinos y alcanzó a partidos de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Córdoba. Al cabo de un año de lucha fueron obteniendo contratos más favorables y, en 1921, una ley agraria que estableció que los contratos de arrendamiento no fuesen inferiores a cuatro años, indemnización por mejoras realizadas en los campos e independencia para cosechar y comerciar los granos. Sin embargo, durante la huelga, la policía de campaña no dejó de reprimir a los colonos rebeldes, los encarceló, los castigó en las comisarías, y en un acto en la plaza de Firmat, en la provincia de Santa Fe, fueron baleados los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Menna y Eduardo Barros. El movimiento estaba encabezado por el abogado italiano Francisco Netri, que había comenzado a asesorar a los arrendatarios y a liberar detenidos a instancias de su hermano José, párroco de Alcorta. Cuatro años más tarde, el abogado Netri —ya titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), la gremial que unió a pequeños y medianos productores agrícolas tras el conflicto— sería sorprendido en una calle de Rosario por un sicario que alzó su brazo homicida por encargo de los terratenientes.

No obstante sus intenciones originales con los arrendatarios y pequeños productores, la voz del socialismo se hizo mucho más endeble en el ámbito rural: se convirtió en un partido al que adhirieron empleados, pequeños comerciantes, obreros y también profesionales, pero no pudo superar con fuerza la marca de la frontera urbana.

Para 1916, la Ley Sáenz Peña ya había turbado las predicciones del Régimen. Los radicales habían ganado la gobernación en Santa Fe y los socialistas vencieron en la Capital Federal tanto en Diputados como en Senadores, con la elección de Enrique del Valle Iberlucea, quien luego sería expulsado por sus pares del Congreso, acusado de sedición, tras revelar su admiración por la Revolución rusa.

Antes de las elecciones presidenciales, la mayoría conservadora en el Parlamento ya había sido puesta en riesgo, y llegó a 1916 con sus fuerzas disgregadas, sin un partido orgánico que la aglutinara, como lo había sido el PAN, ni un líder que la unificara, como lo había hecho Roca. Lisandro de la Torre, que había creado su propia fuerza, la Liga del Sur, antecesora del Partido Demócrata Progresista (PDP), representó una alternativa para los sectores reformistas del Régimen. Él había participado en las revoluciones radicales de 1890 y 1893, y disolvió su vínculo partidario con críticas al “egoísmo malsano” de Yrigoyen, con el que lidió en un duelo a sables en 1897. Para las elecciones presidenciales de 1916, De la Torre recogió la adhesión de algunos partidos de la oligarquía provincial, aunque él, cargando a un vice conservador en la fórmula (Alejandro Carbó), anunciaba en campaña la regeneración y la apertura políticas. Se suponía que el representante electoral de la tradición pura del autonomismo ahora desperdigado sería Marcelino Ugarte, que había retornado a la gobernación de Buenos Aires en 1914, aun con la Ley Sáenz Peña que él había presionado para derogar. Pero a última hora su candidatura fue tomada por Ángel Rojas. En las elecciones del 2 de abril de 1916, con un padrón electoral triplicado en menos de cinco años, Yrigoyen obtuvo el 45% de los votos emitidos; los grupos conservadores, el 25%; De la Torre, el 13%, y el socialista Justo, casi el 9%. La revolución, la intransigencia y la abstención frente al Régimen, el rechazo a todos los cargos públicos que le propusieron, habían sido el inicio. Su liderazgo en la organización partidaria completó la tarea. Su persistencia fue premiada en las urnas. Tenía la convicción de que haría un gobierno ejemplar.

Al comienzo de la primera presidencia de Yrigoyen, los conflictos entre capital y trabajo ya habían perdido el carácter antagónico que había provocado la alarma de las clases propietarias en la primera década del siglo XX. La progresiva democratización social hizo que los reclamos obreros obtuvieran, si no el remedio, al menos la comprensión por parte del Estado.

Frente a la falta de leyes en materia de huelgas y de soluciones institucionalizadas para los conflictos, Yrigoyen se ubicó en el rol de un juez ecuánime y paternalista que intervenía luego del fracaso del Departamento Nacional del Trabajo (DNT) en favor de la conciliación entre obreros y patrones.

En su mediación personal, Yrigoyen podía navegar entre la ambigüedad y la prescindencia ante cada conflicto sin convertirse en rehén de la clase propietaria ni acordar compromisos orgánicos con los gremios. Con estas prerrogativas, los beneficios eran objetivos: el líder radical aplicaba “premios y castigos” en el movimiento obrero, subordinaba sindicatos, excluía al Parlamento y también ensanchaba sus bases sociales y electorales.

Aun así, el cambio era sustancial para la clase trabajadora. Si durante el Régimen los sindicatos en huelga, además de no ser reconocidos ni en su representatividad ni en sus reclamos, no obtenían más respuesta que la amenaza de represión —o la represión misma—, ahora el Presidente los recibía en la Casa de Gobierno en busca de un acuerdo pacífico. La represión ya no sería la respuesta automática del sistema político, pero también los alcanzaría.

Yrigoyen estableció su preferencia gremial con la corriente “sindicalista”, que había abandonado su clasismo original y continuaba la lucha por reivindicaciones específicas de los obreros, alejadas de la huelga general insurreccional anarquista y del parlamentarismo socialista. El “sindicalismo” tenía control sobre los gremios marítimos y ferroviarios —servicios clave para la reproducción del modelo agroexportador— y contaba con una central obrera propia, la FORA del IX Congreso, que se había desprendido de la FORA del V Congreso, anarquista. Los grupos libertarios, mayoritarios en la primera década del siglo, ya no pudieron reconstituir sus fuerzas luego de la represión del Centenario, el veto legal impuesto por la Ley de Defensa y la ampliación ciudadana.

La predilección de Yrigoyen por el “sindicalismo” quedó en evidencia ya en 1917, durante el conflicto que sostuvieron los obreros marítimos con la compañía de navegación Mihanovich, que monopolizaba el transporte fluvial: el líder radical destrabó el litigio con un arbitraje que satisfizo mucho más a los obreros de la Federación Obrera Marítima (FOM) “sindicalista” que a la empresa naviera.

Pero las intervenciones presidenciales no eran gratuitas: los “sindicalistas” luego retribuían al partido radical con los votos de sus afiliados en las elecciones. El PS fue el particular damnificado de este intercambio de favores entre la lógica partidaria y la gremial: como enemigo de Yrigoyen y del “sindicalismo” que había nacido de su vientre partidario, debía competir con ambos en el electorado urbano y las luchas obreras.

Para el partido de Juan B. Justo no habría protección oficial, y mucho menos la habría para el anarquismo. Cuando ambas tendencias dominaban una huelga, Yrigoyen adoptaba una posición más reacia en el conflicto. Esta política laboral basada en las motivaciones electorales del Ejecutivo fue expuesta durante la huelga de febrero de 1917 de los basureros municipales, conducida por el PS en contra de la intendencia radical. El gobierno ejerció la represión y el reemplazo de trabajadores extranjeros por nativos reclutados de los comités de la UCR. Lo mismo sucedió en el conflicto de los ferroviarios de 1917, que afectó la exportación durante dos meses, en reclamo de una jornada de ocho horas y de la reglamentación laboral por sanción legislativa: Yrigoyen ordenó la vuelta al trabajo por decreto y, tras la desobediencia obrera, convocó a las tropas del Ejército, que dejaron dos muertos en los talleres ferroviarios.

La primera asamblea con mayoría femenina de la historia del movimiento obrero fue la de las trabajadoras de la compañía inglesa Unión Telefónica (UT). La empresa las despedía si contraían matrimonio o tenían hijos, y les prohibió la organización gremial. Tras decidir la huelga, las empleadas se lanzaron a las calles en una movilización que se conoció como “la marcha de las señoritas”, en la que portaron el féretro de un obrero telefónico que aparentemente se había suicidado en una dependencia policial, tras ser detenido en el conflicto. El reclamo concentró varios aspectos: la readmisión de los despedidos, la disolución de la reglamentación autoritaria, aumento salarial y el reconocimiento de la empresa a la Federación Argentina de Telefonistas que se acababa de crear. Tras la intervención de Yrigoyen, que logró el reconocimiento parcial del sindicato por parte de la empresa, la rigidez del sistema laboral continuó y el director de la telefónica, el inglés Parker, despidió a Amelia, una inmigrante cubana con catorce años de servicio en la UT, porque, según una denuncia anónima, se había casado. Parker incluso envió malas referencias personales a la Midland Railway cuando Amelia intentó ingresar en esa compañía de tranvías. Amelia se sintió empujada al rencor. Un mediodía esperó al director de la empresa en su casa de Pilar. Parker representaba para ella la figura del autoritarismo patronal frente al obrero, una percepción común en las relaciones laborales de entonces. Amelia le recriminó la cesantía y le clavó una puñalada en las costillas. Fue condenada a ocho meses de prisión domiciliaria, aunque la empresa reclamó un castigo más ejemplar. Diez años después de la puñalada que Amelia le clavó al sistema que la había acosado moralmente, la firma inglesa eliminó la obligación de las empleadas de mantenerse solteras y no tener hijos.

La conflictividad laboral no cedió durante el primer gobierno de Yrigoyen. Muchas veces su política de mediación no ofrecía soluciones pacíficas y la tensión se prolongaba. En solo dieciocho meses de gestión radical, la represión de la fuerza pública o del personal armado de las empresas ya había provocado la muerte de veintiséis obreros y más de cien heridos. La cifra resultaría exigua comparada con la de la Semana Trágica, que concluyó con la muerte de entre setecientas y mil trescientas cincuenta y seis personas en menos de una semana.

La matanza descubriría la faceta más lúgubre de la política “obrerista” de Yrigoyen. Se inició con un conflicto metalúrgico no muy diferente de los habituales. Lo distintivo fue que, tras la tardía intervención conciliatoria del Ejecutivo, el Presidente cedió la represión y el control de Buenos Aires a las Fuerzas Armadas. Yrigoyen tampoco desarticularía los “batallones de civiles” que se crearon durante la huelga y fueron a la caza de anarquistas, obreros y judíos para darles muerte o detenerlos ilegalmente y trasladarlos a las comisarías para aplicar las primeras torturas policiales del Estado. La práctica se extendería en forma más sistemática y eficiente contra los opositores al gobierno militar de 1930 y al peronismo, a partir de 1946.

Las fuerzas oficiales y paraoficiales de la represión estaban compuestas por la Policía, el Ejército y grupos civiles radicales, católicos, nacionalistas y conservadores, quienes después se reunirían en la Liga Patriótica para oponerse con sus grupos de choque a los huelguistas que se enfrentaban con los intereses de la clase propietaria.

La Semana Trágica permitió que el “sentimiento nacional” se revitalizase, como había sucedido en el Centenario, en oposición al anarquismo y la “cuestión obrera”. Pero, casi una década después, el conflicto entre capital y trabajo estaba exacerbado por el reforzamiento de la nacionalidad y el contexto internacional.

La toma del poder por los bolcheviques en Rusia en 1917 y las noticias de las rebeliones populares en los países europeos potenciaron las aspiraciones de sectores anarquistas y de otros ideológicamente afines, que ya pronosticaban la irrupción de un nuevo orden político y social en la Argentina. “Este nuevo mundo está siendo forjado y debe ser obra del proletariado, de cuyos altos ideales y manos de hierro provendrán la libertad, la justicia y la paz para todos los seres humanos. En este momento trágico pero productivo asistimos al nacimiento de un nuevo mundo. El capitalismo está por hundirse en la historia para siempre”, anticipaba el periódico libertario La Organización Obrera en diciembre de 1918. Los legisladores socialistas, proclives a un pensamiento gradualista, intentaron minimizar la trascendencia de las amenazas de quienes se proponían sepultar al capitalismo: “No queremos negar la existencia en nuestro ambiente social [del] aluvión de algunos ilusos, locos o fanáticos, pero negamos que ellos puedan constituir un peligro para nadie. Descartamos en absoluto y negamos rotundamente todo plan revolucionario preparado por ninguna fracción de la clase obrera organizada, gremial y política”, afirmó La Vanguardia en enero de 1919, en momentos en que se disparaban las primeras balas de la Semana Trágica.

La prensa radical también se despreocupaba de los pronósticos del final del capitalismo. Para el diario La Época, el anarquismo era, ante todo, “una actitud literaria de muchachos desocupados”.

Sin embargo, las clases propietarias, acostumbradas a controlar el Estado durante el Régimen, tomaron por cierta la posibilidad de una revolución y agigantaron ese miedo que discurría en su imaginario para acorralar al gobierno radical: querían que se decidiera a reprimir no solo a los que desafiaban al capitalismo, sino también a los que reclamaban mejoras laborales.

El supuesto miedo a la huelga revolucionaria como arma de guerra precursora de un complot “rojo” fue el fundamento político de la clase dominante para atacar a los huelguistas, anarquistas, extranjeros y judíos durante la Semana Trágica.

El conflicto había comenzado por la caída de los salarios en los talleres Vasena, en Barracas, la zona sur de la Capital Federal. Los obreros, cuyo salario había perdido el 50% del poder adquisitivo en los últimos cuatro años, reclamaban una recomposición del 20%, además de una jornada de ocho horas, paga doble para el día domingo y el reconocimiento gremial de la Sociedad de Resistencia Metalúrgica, una agrupación que no tenía relación con la Federación de Obreros Metalúrgicos. La empresa se negó a responder las demandas y el 3 de diciembre de 1918 se inició la huelga.

Una de las metodologías de la lucha fue la paralización de los carros que transportaban las materias primas desde los depósitos hasta la planta fabril. Era un recorrido de seiscientos metros clave en la cadena productiva. Los soldados del Escuadrón de Seguridad y también los bomberos, armados con fusiles Mauser, custodiaron a los conductores de carros que no adhirieron al paro y a los rompehuelgas contratados por la empresa. Para proteger la circulación de sus insumos, Vasena apostó guardias armados en las azoteas. La amenaza intensificó la dureza del conflicto: los huelguistas cortaron cables de teléfono y de electricidad, y rompieron cañerías para que la calle inundada impidiera el paso de los carros. Cuando las cuadrillas quisieron hacer reparaciones, fueron hostilizadas.

A inicios de enero de 1919, la detención de un carro por un piquete de huelguistas había provocado un intercambio de disparos entre obreros y uniformados. Un cabo de Policía murió en el hospital Rawson y tres vecinos resultaron heridos. Con el calor del verano, la violencia se acrecentó. El martes 7 de enero, una caravana de seis carros fue apedreada por los huelguistas, la policía respondió y los muertos fueron cuatro obreros, uno castigado a sablazos, junto con más de treinta heridos.

Los trabajadores llamaron a un paro metalúrgico por dos días y salieron a buscar adhesiones gremiales. El socialismo ofreció sus locales para velar a las víctimas. Los “sindicalistas” de la FORA del IX Congreso, que no contaban con dirigentes propios en la conducción del conflicto en Vasena, no se sumaron a la huelga, pero sí lo hicieron en las empresas navieras que no habían aceptado sus demandas y en reclamo de la libertad de todos los presos gremiales. La FORA anarquista se sumó a la huelga con la participación de trabajadores del calzado, carreros, panaderos y albañiles, aunque tampoco protagonizaba la lucha en Vasena. La Sociedad de Resistencia Metalúrgica era anarquista, pero no se había sumado a la FORA.

Por entonces, en el Parlamento, el socialismo contaba con un bloque de seis diputados frente a los cincuenta y nueve radicales y los treinta y un conservadores. El miércoles 8 de enero, el primer día del tratamiento del conflicto, el PS intentó colocarse a la ofensiva. El diputado Mario Bravo calificó la represión policial como “un fusilamiento colectivo”, producido a partir de un “simple incidente entre obreros y huelguistas”. Y recordó las represiones en las huelgas de los años 1901 y 1902, los sucesos de plaza Lavalle de 1905 y de la plaza Lorea en 1909, y la razia del Centenario. Bravo también acometió contra la Ley de Defensa Social que “castiga con pena de muerte a las mujeres embarazadas y a niños menores de 14 años”.

El radicalismo parlamentario tenía la intención de apaciguar el conflicto. Anunció que Vasena daría un aumento del 12%, las jornadas serían reducidas a nueve horas y se readmitiría a los obreros despedidos. El asesor legal de la empresa era el diputado radical entrerriano Leopoldo Melo, quien luego se sumaría a la Liga Patriótica.

Los conservadores, en cambio, que se declaraban “sin defensa” frente al anarquismo, se quejaron de que “los combatientes” —en referencia a los huelguistas— no habían permitido “el paso de la asistencia pública para recoger heridos”. Las posiciones quedaron claras ese primer día. El PS criticó la represión policial, pidió la interpelación del ministro del Interior y reclamó una legislación protectora de la clase obrera. A excepción de las leyes de trabajo a domicilio y de accidentes laborales, el oficialismo, luego de más de dos años de gestión, no había promovido ninguna. El radicalismo defendió la política del Ejecutivo frente a los conflictos obreros, sus diputados hicieron un cuidadoso pedido de instrucción sumaria por la actuación policial y presentaron diferencias frente a la posibilidad de interpelar al ministro del Interior. Los conservadores pidieron reprimir las manifestaciones anarquistas, criticaron al gobierno por su permisividad y defendieron a la policía.

El jueves 9, el día del cortejo fúnebre, los hechos fueron más sangrientos. Con la huelga de los obreros tranviarios, las actividades en Buenos Aires empezaron a paralizarse. Había piquetes en las calles para garantizar la efectividad del paro. Algunos activistas incendiaron los vagones de los tranvías, aunque tuvieron la prevención de obligar a los pasajeros a descender. Las armerías de distintos barrios fueron saqueadas. Los talleres Vasena quedaron cercados. Desde los suburbios, buena parte de la fuerza laboral del sur porteño marchó hacia la fábrica junto a los vecinos, que habían quedado sensibilizados por la represión policial anterior. Miles de manifestantes sitiaron el acceso a la fábrica. Los portones comenzaron a arder y el fuego fue sofocado por los bomberos, pero las pedradas y los ataques continuaron. En el interior de la planta, había delegados de la FORA del IX Congreso negociando con el titular Alfredo Vasena y con miembros de la Asociación del Trabajo (AT), la corporación que concentraba a las cámaras patronales. Su presidente era Pedro Christophersen, delegado de la Bolsa de Comercio. Ninguno de ellos podía salir de la planta metalúrgica.

Durante la tarde, el flamante jefe de Policía, Elpidio González, intentó persuadir a los manifestantes. Se subió a un carro volcado y pronunció un discurso, invitándolos a deponer las acciones violentas, pero no lo logró. Debió irse a los apurones. Su auto fue incendiado. Después del intento conciliatorio del Estado, comenzaron a disparar sobre los manifestantes los tiradores de la empresa y de la AT desde la azotea, e intervinieron bomberos, vigilantes y soldados del Escuadrón de Seguridad, reforzados por un destacamento del Ejército. Eran cuatrocientos hombres que intentaban disolver el tumulto con ametralladoras. Por la tarde, la intención de reponer el orden en los talleres Vasena ya había provocado alrededor de treinta muertos y una cifra similar de heridos. Entre las víctimas había cinco niños.

Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el cortejo fúnebre marchaba con los ataúdes alzados a mano por la calle Corrientes en dirección al Cementerio de la Chacarita. Lo acompañaban miles de manifestantes. Pronto comenzaron a desbandarse. Un grupo de “autodefensa” anarquista se desprendió de la marcha para asaltar armerías y atacó el orfanato de la Casa de Jesús, en el cruce de Corrientes con Yatay, con consignas anticatólicas. Desde el interior de la iglesia Jesús Sacramentado, ubicada al lado, bomberos y policías respondieron con disparos. La “autodefensa” anarquista comenzó a incendiar el orfanato. Las autobombas que se acercaron fueron neutralizadas. El paso de la multitud frente a la Comisaría 21ª, desató un nuevo tiroteo.

El funeral popular siguió su marcha. Pero la emboscada ya estaba preparada. Cuando un delegado obrero despedía con un discurso a las víctimas en el Cementerio de la Chacarita, la Infantería y la caballería policial atacaron el cortejo parapetadas en los murallones. Hubo disparos dentro y fuera de la necrópolis. La cantidad de muertos era todavía imprecisa. Se calculaban cincuenta.

La sesión parlamentaria continuó ese mismo jueves 9. Frente a la violencia en las calles, los conservadores denunciaron que la agitación popular había suprimido el control y el poder. El diputado conservador y científico Luis Agote, quien cuatro años antes había encontrado la fórmula para que la sangre no se coagulara una vez extraída del cuerpo humano, hizo una descripción apocalíptica de los hechos. Buenos Aires se hallaba en estado de guerra, ardían los talleres Vasena y los tranvías, en las calles no había policías y la Casa de Gobierno estaba vacía. El sistema estaba en peligro frente a un alzamiento revolucionario. Fue Agote quien, en esa misma sesión, propuso la conformación de una fuerza civil que actuara en forma paralela, pero autónoma del Estado para reaccionar contra el “desorden anarquista”.

El socialismo se replegó en una posición incómoda. Ya no reclamó la comparecencia del ministro del Interior. No quería agitar la intensidad del conflicto. Bravo justificó en parte la reacción del “sentimiento popular que había sido herido” y evaluó que, en ciertas coyunturas, es difícil “poner dique a las pasiones del pueblo obrero”. Pero, en respuesta a Agote, le aseguró que no habría revolución bolchevique en la Argentina: “No estamos aún a tan corta distancia de la propiedad colectiva y del gobierno del proletariado como parece temerlo”. El PS intentaba minimizar el cuadro de violencia para que el gobierno no decretara el estado de sitio.

El caos callejero implicaba para los conservadores un argumento político de peso para empujar a los radicales a la ejecución de medidas extremas. No bastaba que los diputados socialistas anunciaran en la sesión que, según las noticias telefónicas que acababan de recibir, eran los bomberos y los “cosacos” de la Guardia de Seguridad quienes provocaban al pueblo, ni que se señalara a Vasena, “el patrón antisocial y archimillonario, protegido por las leyes aduaneras”, como el artífice de la perturbación. La idea de un complot “rojo” ya estaba instalada en el imaginario de las clases propietarias. Los conservadores la agitaban en el Congreso.

Con el fuego en los barrios de la ciudad, el radicalismo mantuvo una posición equidistante en el Parlamento. Se presentaba como un observador preocupado pero sin responsabilidad en los hechos. Un diputado oficialista describió el cuadro en el debate: “Aquí en la Cámara hay una batalla entre dos sectores. Uno ataca al Poder Ejecutivo diciendo que ha lanzado la fuerza pública contra los obreros y el otro grita porque no se ponen en ejercicio las facultades extraordinarias de la Ley de Residencia y [la de] Defensa Social”.

El oficialismo se opuso a la interpelación del ministro del Interior —que los conservadores reclamaban con urgencia, “para que venga a traer tranquilidad”— y responsabilizó por el caos a los huelguistas, “la turba que asalta iglesias y escuelas”, pero aun así no tomaría medidas extraordinarias. En la voz de Enrique Dickman, el PS buscó diferenciarse del anarquismo. No eran ellos los promotores del desorden ni tampoco aprobaban la violencia sistemática. Se definían como un partido reformista, en la búsqueda de una democracia moderna, hacia la conquista del bienestar y el progreso. Pero también creían en el derecho a defensa cuando el pueblo era provocado.

Ese mismo jueves 9, hacia el final de la tarde, entró en acción el general Luis Dellepiane, jefe de la 2ª División del Ejército, con asiento en Campo de Mayo. Yrigoyen lo designó comandante militar de la ciudad de Buenos Aires y permitió que ingresaran en la Capital las tropas del Ejército. Su objetivo fue proteger las instalaciones clave de la ciudad, romper la huelga de los trabajadores y el estado de movilización popular.

En la madrugada del viernes 10, la FORA anarquista denunció los crímenes de Estado en la Chacarita y en los alrededores de los talleres Vasena, y llamó a la huelga general por tiempo indeterminado. No bastaban un día o dos. Argumentó que a la ira popular no era posible ponerle un plazo. Era traicionar al pueblo que lucha.

Esa madrugada, la ciudad estaba a oscuras, con los faroles rotos. Los únicos vehículos que circulaban estaban identificados con la inscripción “FORA” pintada de rojo. Se escuchaban tiroteos. En la ciudad todavía había restos de la masacre. Los muertos del día anterior estaban sin enterrar, mezclados entre la basura. Había grupos que recorrían los comercios confiscando mercaderías para la resistencia. La autoridad no estaba en las calles: la policía, que ese mismo día había recibido un aumento del 20% con la firma de Yrigoyen, se había replegado en las comisarías. Los obreros ferroviarios también se habían sumado a la huelga.

Para entonces, Dellepiane ya tenía el mando de diez mil hombres, más la asistencia de dos buques acorazados con los infantes de Marina en alerta de combate. Las tropas desalojaban a fuego las barricadas de la resistencia anarquista. Por la tarde, una célula anarquista intentó tomar la Comisaría 9ª para liberar a los presos. Fue repelida a tiros. A esas alturas, las calles ya estaban militarizadas y la violencia comenzaba a disminuir. Las masas no se habían sumado al llamado a la acción del anarquismo.

El viernes 10, Yrigoyen convocó a Vasena a una reunión en la Casa de Gobierno, apartó al embajador inglés que lo acompañaba y reclamó al empresario que accediera a las demandas obreras. Luego llamó a los “sindicalistas” a su despacho y recibió de ellos un pliego mínimo de condiciones para el acuerdo: cumplir con los reclamos obreros en los talleres, readmitir a los despedidos y liberar a los presos. Por la noche del viernes 10, la FORA “sindicalista” convocó a la vuelta al trabajo. Y aunque muchos gremios desoyeron la orden, y en los días que siguieron los anarquistas intentaron tomar el Mercado del Abasto y el depósito central de Obras Sanitarias para dominar la provisión de alimentos y agua potable, pronto fueron quedándose solos en la lucha. Los que no habían sido detenidos pasaron a la clandestinidad. La Protesta, por diez días, dejó de aparecer. Se demostraba que la huelga general había sido un estallido emocional contra la represión policial y patronal, pero no el resultado de una agitación organizada con demandas y objetivos claros. La Semana Trágica no inauguraba una nueva etapa de combatividad del movimiento obrero.

Aunque Buenos Aires ya estuviese bajo control del gobierno, todavía faltaba la represalia cívico-militar. Con la voluntad de preservar la “argentinidad” depurada de “ideas foráneas”, la elite conservadora que presionaba por la restauración de su dominio en el Estado, fue a desenmascarar al enemigo, a señalarlo, a sacarlo de los conventillos, de los gremios, de los círculos anarquistas y barrios suburbanos, para exponerlo al castigo.

El fin de semana del 11 y el 12 de enero de 1919, las represalias por la “argentinidad” alcanzaron a trabajadores, huelguistas, rusos judíos, catalanes, anarquistas. Los destinatarios no fueron solamente aquellos que depositaban su fe en un mundo sin clases, patrones, ni Estado, sino también quienes, por idioma, costumbre o religión, representaban —se suponía— una amenaza para el orden social. El anarquismo denunció que en la represión de enero hubo cincuenta y cinco mil obreros detenidos y prontuariados.

Las “guardias blancas” constituyeron la fuerza de choque para el inicio de la contraofensiva paraestatal durante la Semana Trágica. Actuaron en forma paralela a la Policía, la Marina y el Ejército, o con la permisividad de estos, para atacar al enemigo. Para justificarlos, el jefe de Policía, Elpidio González, explicó que los civiles, en su fervor por la reparación inmediata, se anticipaban a la acción de las fuerzas de seguridad. En muchos casos, las comisarías y el Centro Naval les proveían de automóviles y armas y también instrucción. Diez días más tarde, en la sede naval, se constituiría la Liga Patriótica Argentina. Su titular, Manuel Carlés, que había sido interventor federal en Salta por decisión de Yrigoyen en 1918, la presidiría hasta 1946.

La circulación del rumor de que las huelgas de los talleres Vasena formaban parte de una conspiración de agentes del Sóviet animó el accionar de las “guardias blancas”. Pedro Wald —judío ruso, de 30 años, carpintero y periodista—, director del periódico ídish Der Avangard, fue acusado de ser “presidente del Sóviet argentino” y promotor del “complot rojo” para la toma del poder en la Argentina. Fue torturado en la Comisaría 7ª, en Lavalle 2625. Algunos años después, en su libro Pesadilla, relataría la performance de los “niños bien” de la Liga Patriótica durante ese fin de semana: “Refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías. Un judío fue detenido y luego de los primeros golpes comenzó a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido, le ordenaron cantar el Himno Nacional y, como no lo sabía porque recién había llegado al país, lo liquidaron en el acto. No seleccionaban: pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano. Así pescaron a un transeúnte: ‘Gritá que sos un maximalista’. ‘No lo soy’, suplicó. Un minuto después yacía tendido en el suelo en el charco de su propia sangre”.

Con base en algunas seccionales de la Capital, los grupos civiles paraestatales fueron a la caza del enemigo extranjero. Desde entonces se instaló en el lenguaje popular la expresión “yo, argentino”, como certificado de inocencia política e ideológica.

El “terror blanco” fue la metodología de aniquilamiento contra el supuesto “terror rojo”. Pero, adicional al odio de clase, el “terror blanco” desplegó su antisemitismo. Ese fin de semana de enero los locales de organizaciones obreras judías de Villa Crespo y Once fueron asaltados y desmantelados y sus miembros, heridos, muertos o llevados a la comisaría para ser registrados y sometidos a castigos y torturas.

La brutalidad del ataque étnico (pogroms) fue tan implacable que el comité oficial de la colectividad israelita, una entidad compuesta por empresarios y comerciantes guiada por el rabino Haphon, en su desesperación por eximirse de la masacre, puso de relieve la diferencia de clase por encima del origen semita: acusó a los judíos de ideología de izquierda de ser “disolventes y extremistas” y pidió protección para sus personas físicas y sus capitales al Presidente el 25 de enero de 1919.

Yrigoyen observó el dossier de denuncias de persecución y ordenó sancionar los excesos de la represión, pero no reprobó la vinculación de sectores del oficialismo en el interior de la Liga Patriótica ni el carácter clasista y antisemita de la organización.

“Pamplinas son todos los pogroms europeos al lado de lo que hicieron con ancianos judíos las bandas civiles en la calle, en las comisarías 7ª y 9ª —escribió José Mendelsohn, un periodista que venía de las colonias judías del interior—. Jinetes arrastraban a viejos judíos desnudos por las calles de Buenos Aires, les tiraban de las barbas y cuando ya no podían correr al ritmo de los caballos, su piel se desgarraba raspando contra los adoquines mientras los sables y los látigos de los hombres de a caballo golpeaban intermitentemente sobre sus cuerpos”. Mendelsohn procedió a la reconstrucción de los hechos: “En la Comisaría 7ª los soldados, vigilantes y jueces, encerraban en los baños a los presos (en su mayoría judíos) para orinarles en la boca. Los torturadores gritaban: viva la patria, mueran los maximalistas y todos los extranjeros”.

Cuando el martes 14 de enero de 1919, el ministro del Interior, Ramón Gómez, fue a la Cámara de Diputados para ser interpelado, la ciudad estaba controlada por las fuerzas de seguridad y las “guardias blancas”, y el radicalismo se había alineado con los conservadores: justificó la represión como prioridad de Estado en defensa de la “argentinidad”. El oficialismo necesitaba ofrecer su respaldo político a la represión ilegal.

“La acción subversiva de elementos extraños a la nacionalidad que han tratado de aprovechar estos conflictos para sus fines delictuosos, ha sido reprimida con la energía necesaria y no se han escatimado esfuerzos para evitar sus desmanes”, afirmó el ministro Gómez, y mostró cables telegráficos de gobiernos provinciales —incendios de vagones y de estaciones ferroviarias y reclamo del envío de fuerzas federales— para convertir la matanza de la Semana Trágica en una necesidad de Estado.

El radicalismo había perdido los matices. El diputado Horacio Oyhanarte, un operador político de Yrigoyen en el Congreso, diferenció al trabajador genuino de la “faz ácrata, la faz anárquica, que no es nuestra, que ha entrado por la puerta del mar y que en estos momentos conturba todas las civilizaciones del mundo”. Y saludó la represión policial que “repelió los ataques con la voz ruda pero elocuente de las ametralladoras”, expresión que fue acompañada con aclamaciones en el recinto. Y en vez de discutir si las fuerzas del orden “habían tirado un tiro más o un tiro menos”, Oyhanarte pidió un aplauso para los policías, los bomberos y los guardianes armados del “orden y la tranquilidad pública”.

Los conservadores, además de festejar la represión, instaron al oficialismo a elaborar una estrategia común de cara al futuro. Agote reclamó la conformación de un “movimiento popular como aquel que se produjo en el Centenario de nuestra revolución, que salió a las calles y arrancó a los que llevaban las insignias que no correspondían a los colores nacionales”.

La voz del socialismo, crítico con los “batallones civiles”, perdió relevancia política frente a la alianza de radicales y conservadores en la Cámara de Diputados. Pese a ello, quisieron dejar constancia de su visión de los sucesos: se había consumado una “matanza inútil de obreros, un exceso de represión que no conduce a ninguna solución, la exacerba […]. ¿Era necesario hacer primero aquella primera pequeña masacre, realizar después la segunda en proporciones mayores y finalmente mantener a Buenos Aires en estado de convulsión permanente durante cinco días?”.

Si en el inicio de las sesiones del conflicto, el socialismo había propuesto un homenaje a los obreros y vecinos ultimados, cinco días después, con centenares de muertos en las calles y en las morgues, los radicales saludaban el eco de las balas y los conservadores proponían un homenaje a “los jóvenes que se constituyeron en el Centro Naval”, que defendieron la ciudad por “instinto de conservación”. El martes 14 de enero, después de la represión y la cacería, Diputados votó el estado de sitio y el gobierno volvió a aplicar las leyes de Residencia y de Defensa Social. Toda la redacción de La Protesta fue encarcelada.

La Liga Patriótica, como brazo armado civil y refuerzo represivo del Estado, con el soporte político de radicales y conservadores, tuvo una rápida penetración en la elite de poder y las corporaciones empresarias, y contó con la bendición de la Iglesia católica. Monseñor De Andrea autorizó a los miembros de los Círculos Obreros Católicos a incorporarse a la Liga, aunque “de manera individual”. Él también lo había hecho.

Con el enemigo identificado y aún sin el completo acceso a los resortes estatales, la Liga Patriótica, como fuerza legitimada de la defensa de “la argentinidad” y de los capitales (paradójicamente, extranjeros), estaba dispuesta a prescindir de las leyes y de las instituciones republicanas para defender sus postulados. Todo aquel que no tuviera devoción por Dios y por la Patria, y no obedeciera al orden legal ni a las jerarquías sociales, se convirtió en su enemigo.

La creación de la Liga Patriótica fue una evidencia de que la elite conservadora ya desconfiaba del régimen democrático y prefería controlar per se el Estado para la protección de sus intereses. Y, frente a la imposibilidad de hacerlo con la mediación de un partido conservador orgánico que aceptase el proceso político y la alternancia democrática, prefirió buscar refugio en la trinchera corporativa. Allí se fueron reagrupando los restos del Régimen para disparar en contra del Estado ampliado, en defensa de un orden jerárquico y de una nación que los tenía solo a ellos como exclusivos depositarios de su identidad.

La Liga comenzó a crecer en todas las provincias del interior del país y entre los sectores medios porteños. A cuatro meses de la Semana Trágica, el 24 de mayo de 1919, más de cien mil de sus militantes marcharon por Buenos Aires en conmemoración de la fecha patria. Yrigoyen se sumó al desfile, pese a que ya percibía que la Liga podría transformarse en un grupo intrínseco pero refractario a su gobierno, si él no protegía en forma más clara y decidida los intereses conservadores.

La coerción a la clase obrera en la Semana Trágica fue fructífera para los liguistas. Desde entonces, no hubo más huelgas de trascendencia que alteraran la vida cotidiana ni la producción económica. El anarquismo fue perdiendo fuerza como alternativa popular hasta desaparecer en forma progresiva del escenario social y político. También los “sindicalistas” fueron perdiendo eficacia en las negociaciones con el Presidente. A medida que transcurría su mandato, Yrigoyen iba abandonando su política “obrerista” y ya no arbitraría en los conflictos sino en favor del capital. El movimiento obrero, anarquista, “sindicalista” o socialista, y el comunista, que intentaba emerger, fueron obligados a replegarse durante la década de 1920.

Quizás esto no haya sido mérito exclusivo de la Liga Patriótica sino también de la Asociación del Trabajo. Los empresarios apelaron a sus brigadas para reprimir los conflictos obreros. Tenían de su lado el resguardo policial y el aliento del catolicismo social, interesado en contrarrestar las corrientes de izquierda, incluso sin ocultar un matiz antisemita en su propaganda. La AT también institucionalizó una fuerza laboral propia, los “trabajadores libres”, que desafiaban las huelgas obreras, y a los que proveía de una vivienda colectiva en Buenos Aires para alojarlos. La alianza corporativa entre la Liga Patriótica y la AT para la emergencia de los “trabajadores libres” generó más incidentes en una atmósfera ya asediada por las tensiones estructurales de las relaciones laborales.

El 25 de mayo de 1921, una brigada liguista entró a punta de pistola en el sindicato de taxistas en huelga y obligó a los trabajadores a arrodillarse y a saludar a la bandera nacional. Por la noche, asaltaron e incendiaron la sede sindical y mataron a dos conductores. La policía ya había prevenido a los vecinos de posibles incidentes y les había pedido que permanecieran en sus casas. Un juez liberó a dos liguistas detenidos y la policía arrestó a trescientos taxistas en huelga. Los propietarios de taxis —agrupados en la AT— cedieron sus vehículos a una brigada de choferes de la Liga para que el servicio no fuese afectado por el reclamo gremial.

Ese mismo año, la Liga Patriótica ofreció a las compañías navieras su brigada de “trabajadores libres” para reemplazar a los obreros sindicalizados que estaban en conflicto. Los obreros intentaron resistir el ingreso de los rompehuelgas y declararon la huelga. El guardaespaldas de Joaquín de Anchorena, titular de la AT, fue muerto en los enfrentamientos. Finalmente, Yrigoyen puso el puerto bajo la custodia del general José Félix Uriburu, que años después lo derrocaría, y permitió el acceso de mil “trabajadores libres”. La AT obligó a sus socios a emplear solo esa fuerza laboral y la policía clausuró en forma preventiva el gremio marítimo. La contratación de la mano de obra, un territorio de disputas entre las corporaciones empresarias y los gremios, fue saldada a favor de los primeros con la intervención de la Liga Patriótica, legitimada por el Poder Ejecutivo.

Las brigadas también formaron “escuadrones móviles” para patrullar el mundo rural. Los “trabajadores libres” fueron ofrecidos a propietarios de campos con peones en conflicto. Su incorporación laboral provocó enfrentamientos. En algunas colonias judías se produjo la paradoja de que propietarios de ese origen apelaban a la Liga para reprimir a peones judíos y los acusaban de “anarquistas rusos” frente a la policía, que los arrestaba en cumplimiento de la Ley de Defensa Social.

Entre Ríos fue una de las zonas de mayor conflicto rural. En esa provincia, brigadas de la Liga, policías y dirigentes conservadores enfrentaron las protestas de peones, transportadores de cargas o portuarios, quienes detenían el proceso productivo cuando se empleaba a rompehuelgas para reducir la efectividad de sus medidas de fuerza. También intentaban obstruir sus ceremonias y su propaganda. El 1º de Mayo de 1921, la Liga, con la presencia de Carlés, cercó una manifestación de tres mil trabajadores que portaban una bandera roja en la plaza de Gualeguaychú: irrumpieron a caballo con rifles y revólveres, y la bandera argentina en alto. La iglesia cedió la torre de su campanario para los tiradores de armas largas de la Liga. Los anarquistas se defendieron del ataque con piedras y algún arma corta, pero no pudieron impedir que los brigadistas tomaran el control de la plaza y la bandera celeste y blanca flameara por sobre la roja y negra. La irrupción de la Liga Patriótica para celebrar el 1º de Mayo “argentino” provocó cuatro muertos y muchos heridos. La “gloriosa clarinada” de Carlés luego fue conocida como “la masacre de Gualeguaychú”.

Bibliografía

Abad de Santillán, Diego, El movimiento anarquista en la Argentina. Desde sus comienzos hasta el año 1910, Buenos Aires, Argonauta, 1930.

—, La FORA. Ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2005.

Adelman, Jeremy, “El partido socialista argentino”, en Lobato, Mirta (dir.), Nueva historia argentina, tomo V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Álvarez Guerrero, Osvaldo, El radicalismo y la ética social. Yrigoyen y el krausismo, Buenos Aires, Leviatán, 1986.

Ansaldi, Waldo, “La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático”, en Falcón, Ricardo (dir.), Nueva historia argentina, tomo VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

—, “Estado, partidos y sociedad en la Argentina radical, 1916-1930”, en Cuadernos del CLAEH, Nº 50, Montevideo, 1989.

—, Crear el sufragante: la universalización masculina de la ciudadanía política en Argentina. La reforma electoral de 1912, Roland Anrup & Vicente Oieni Editores, Instituto Iberoamericano, Universidad de Goteborg, 1999.

Babini, Nicolás, “Pesadilla de una siesta de verano”, en Todo es Historia, Nº 5, Buenos Aires, septiembre de 1967.

Barrancos, Dora, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Bertolo, Maricel, Una propuesta alternativa: el sindicalismo revolucionario (1904-1916), Buenos Aires, CEAL, 1993.

Bertoni, Lilia, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines de siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

Bilsky, Edgardo, La Semana Trágica, Buenos Aires, CEAL, 1984.

Cancela, Arturo. Tres relatos porteños, Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación-AZ Editora.

Cárcano, Miguel Ángel, Sáenz Peña. La revolución por los comicios, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Caterina, Luis María, La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del ’20, Buenos Aires, Corregidor, 1995.

Cesaretti, Fernando y Pagni, Florencia, “Enero rojo. La Semana Trágica de 1919”, en La Memoria de Nuestro Pueblo, Nº 42, 43 y 45, Rosario, 2007-2008.

Del Mazo, Gabriel, La primera presidencia de Yrigoyen, Buenos Aires, CEAL, 1983.

Di Tella, Torcuato S., Historia argentina, desde 1830 hasta nuestros días, Buenos Aires, Troquel, 1993.

Diario de Sesiones. Movimientos huelguistas de la Capital (pedido de informes), 8 al 14 de enero y 10 de junio de 1919. Buenos Aires, H. Cámara de Diputados. Congreso de la Nación.

Díaz Araujo, Enrique, La Semana Trágica de 1919, Segunda Parte, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1988.

Falcón, Ricardo, “Políticas laborales y relación Estado-sindicatos en el gobierno de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)”, en Suriano, Juan (comp.), La cuestión social en Argentina 1870-1943, Buenos Aires, La Colmena, 2000.

—, “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina (1890-1912)”, en Anuario 12, 2ª época, Universidad Nacional de Rosario, 1987.

Falcón, Ricardo y Monserrat, Alejandra, “Estado, empresas, trabajadores y sindicatos”, en Falcón, Ricardo (dir.), Nueva historia argentina, tomo VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

—, “Una vez más la Semana Trágica: estado de la cuestión y propuestas de discusión”, Cuadernos, Nº 4, Rosario, 1998.

Garguin, Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos radicales, 1916-1930”, en Panettieri José (comp.), Argentina: trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires, Eudeba, 2000.

Godio, Julio, La Semana Trágica de enero de 1919, Buenos Aires, Granica, 1972.

—, Historia del movimiento obrero argentino, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1973.

Grela, Plácido, El grito de Alcorta. Historia de la rebelión campesina de 1912, Buenos Aires, Tierra Nuestra, 1997.

Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, Eudeba, 1969.

La Liga Patriótica en Gualeguaychú. Humanitarismo práctico. Buenos Aires, Comisión de Propaganda de la Liga Patriótica, 1921 (sin firma de autor).

Lvovich, Daniel, Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Buenos Aires, Ediciones B, 2003.

Martínez Mazzola, Ricardo. El doble rostro de Yrigoyen. Los socialistas ante el “obrerismo” del primer gobierno radical (1916-1919).

Massot, Vicente, Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980), Buenos Aires, Emecé, 2003.

—, Las ideas de esos hombres. De Moreno a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

McGee Deutsch, Sandra, “La derecha durante los primeros gobiernos radicales, 1916-1930”, en McGee Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald (comps.), La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Ediciones B, 2001.

—, Contrarrevolución en la Argentina. 1900-1932. La Liga Patriótica Argentina, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2003.

Persello, Ana, Historia del radicalismo, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

—, “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política”, en Falcón, Ricardo (dir.), Nueva historia argentina, tomo VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Rapalo, María Ester, “De la Asociación del Trabajo a la revista Criterio: encuentros entre propietarios e ideólogos, 1919-1929”, en McGee Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald (comps.), La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Ediciones B, 2001.

—, “Los patrones ante la legislación laboral durante el primer gobierno de Yrigoyen”, en Cuadernos del Sur-Historia, Nº 32, 2003.

—, “La Iglesia Católica y las estrategias de la Unión Telefónica para resistir el reconocimiento del sindicato autónomo”, mimeo, s/f.

Rock, David, El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.

—, “Lucha civil en la Argentina. La semana trágica de enero de 1919”, en Desarrollo Económico, Nº 42-44, 1971-1972.

—, La Argentina autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública, Buenos Aires, Ariel, 1993.

Seibel, Beatriz, Crónicas de la Semana Trágica. Enero de 1919, Buenos Aires, Corregidor, 1999.

Siegler, Pedro, Lisandro de la Torre y los problemas de su época, Buenos Aires, CEAL, 1984.

Zimmerman, Eduardo, Los liberales reformistas, Buenos Aires, Sudamericana 1995.

V

Las venas abiertas

Las dianas de la Liga Patriótica Argentina saludan a los bizarros escuadrones del 10 y del 2 de caballería que restauraron el orden en las lejanías de la República. Cuando el desmán alardeó en los ámbitos del Sud, asolando la civilización incipiente de la Patagonia, allá fue el Ejército de línea para cumplir otra vez la misión de amparar la vida, honra y fortuna en la Nación; y allá fue también la Liga Patriótica llevando la palabra persuasiva a los corazones conmovidos.

MANUEL CARLÉS, Discurso de homenaje a la
Acción del Ejército y la Armada en la campaña de Santa Cruz, 1922

Kurt Wilckens tenía 36 años cuando mató al teniente Héctor Varela, el militar que había ordenado los fusilamientos de los obreros en la Patagonia en el verano de 1921-1922. Wilckens era rubio, de frente ancha y ojos azules. Había nacido en Alemania. Era militante anarquista. Tenía el prontuario 44.797 de Orden Social de la Policía de la Capital. Estaba calificado como “delincuente político” con un proceso de deportación por violar la Ley de Residencia. Wilckens ya había estado preso en los Estados Unidos. Pero la Cámara Federal no había encontrado elementos para expulsarlo.

HECHOS RELEVANTES

1920. En noviembre, la huelga de peones en Santa Cruz, que reclaman mejores condiciones laborales, pone en tensión a los terratenientes de la provincia, la mayoría de ellos extranjeros.

1921. En enero, Yrigoyen envía al teniente coronel Varela con el Regimiento 10º a la Patagonia. Tras cuatro meses de gestiones, el militar logra pacificar la vida laboral y vuelve a Buenos Aires.

En octubre, con la falta de pago de salarios, las huelgas y las deportaciones vuelven a generar tensión en las estancias.

En noviembre, el coronel Varela retorna a Santa Cruz por instrucción de Yrigoyen. De inmediato, Varela ordena a sus soldados el fusilamiento de los peones rebeldes, que esperaban otra misión pacificadora.

1922. Sin que mediara orden judicial, ley marcial ni instrucción expresa de Yrigoyen, el coronel Varela reduce a prisión o muerte a alrededor de tres mil trabajadores.

En febrero, el diputado socialista Antonio De Tomaso denuncia la masacre patagónica en el Parlamento. Varela requiere a Yrigoyen un reconocimiento a su tarea. El Presidente no apoya, ni condena su accionar.

1923. El 23 de enero, el anarquista alemán Kurtz Wilckens mata al coronel Varela cuando sale de su casa de Palermo. Es encarcelado y asesinado en prisión en junio.

1924. En julio, las tropas militares exterminan a sangre y fuego a las etnias indígenas en Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, Chaco.

Antes de llegar a la Argentina, en 1920, se había desplazado por varios países con diferentes identidades y en distintos oficios. Era un itinerario común en los inmigrantes pobres. Aunque en su hogar familiar Wilckens no sufría padecimientos económicos, abandonó Alemania a los 24 años. Se afincó en Arizona, Estados Unidos. Trabajó de minero. Ya tenía una formación política, una visión del mundo elaborada desde el marxismo, la lucha de una clase contra otra. Una conciencia forjada en la voluntad de transformación de las injusticias del sistema. El odio a la burguesía. Pero Wilckens se reconocía como un hombre pacífico, interesado en la literatura.

Después de seis años de permanencia en los Estados Unidos, entró en un contingente de 1168 mineros deportados por participar de una huelga. Había sido orador en las asambleas. Lo confinaron en un campo de prisioneros en Nuevo México, pero se escapó y lo volvieron a atrapar. Condenado por “alta traición”, lo encerraron en un campo más riguroso junto a cientos de alemanes. Volvió a escaparse.

Wilckens era un hombre en fuga, sumergido en la clandestinidad, perseguido por un régimen político-carcelario que lo quería en prisión, como a todos aquellos que contestaban al sistema capitalista. Por un tiempo, se refugió en la llanura y volvió a trabajar en las minas. En 1920, cuando tenía 34 años, lo apresaron, lo procesaron y lo expulsaron de los Estados Unidos.

Cuando regresó a su pueblo en Silesia, le bastaron menos de seis meses para volver a irse. Un círculo libertario de Hamburgo le dio información sobre la Argentina y decidió viajar. Wilckens llegó en septiembre de 1920. No se le debió haber permitido el ingreso por sus antecedentes políticos. Pero ingresó. Marchó a Cipolletti, en Río Negro. Recogió frutas. Luego trabajó en el puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca, como estibador. Seis meses después se hospedó en Buenos Aires y retomó contactos anarquistas. Pensaba viajar a los Estados Unidos. Pero un suceso operó como punto de giro en su vida. El 12 de mayo de 1921, Wilckens se sentó en el bar La Brasileña, sobre la calle Estados Unidos. Mientras leía, un joven se le acercó y se presentó como compañero de causas libertarias. Wilckens no hablaba bien el español, pero se entusiasmó y le contó su experiencia en el movimiento. Tomó de su billetera el recorte de un diario norteamericano que había publicado su foto y lo había caracterizado como “El rojo más peligroso del Oeste”. La expresión lo enorgullecía. Wilckens no sabía que tenía enfrente a Mauricio Gutman, agente chapa Nº 838 de la Sección Investigaciones de Orden Social de la Policía de la Capital, que realizaba tareas de inteligencia sobre el local anarquista de la calle Estados Unidos. Con el ardid de que irían a su casa a compartir bibliografía, condujo a Wilckens a la Comisaría 16ª, lo detuvo y lo alojó en el calabozo. Para completar el expediente de expulsión, la policía solo pudo aportar un cuchillo de punta aguda, supuestamente escondido entre las ropas de Wilckens, y el recorte de prensa. La defensa de Wilckens argumentó que había ido al local para que un amigo le guardara el equipaje. Pero el recorte periodístico probaba su ideología, su participación en huelgas y que se había fugado. Además, había violado la ley de inmigración con su ingreso a la Argentina. El juez Miguel Jantus resolvió su expulsión, pero la Cámara Federal revocó el fallo. Entendió que Wilckens era un hombre de trabajo y no un agitador, y usó como prueba su carnet de estibador que presentó el gremio portuario de Buenos Aires. Por la redada de Gutman, Wilckens pasó seis meses en prisión.

Para esa época, el coronel Varela era un hombre ya maduro: 48 años, siete hijos y una carrera militar en la Caballería manchada por centenares de fusilamientos en las estancias del desierto patagónico. Varela había crecido en la línea criolla de los antiguos fortines de San Luis, la provincia donde había nacido. Una vez iniciada su carrera en las armas, a los 20 años, obtuvo una plaza de oficial en el Regimiento 7º emplazado en Río Negro y avanzó sobre los territorios ganados a los indígenas. Era un hombre de conquista que se fue moldeando en el combate contra los indios para extender las fronteras del Estado. Pero no estuvo alejado de la política: en 1905 adhirió al bando revolucionario de Hipólito Yrigoyen, y después del fracaso de la revuelta, tuvo que exiliarse en Chile. Una vez que la Ley de Amnistía lo reincorporó al Ejército, pagó el precio de la insubordinación con un destino burocrático en Tucumán, lejos de las tropas.

Otra vez, el combate sobre los indígenas volvió a convocarlo. Primero en el sur, luego en Río Cuarto y luego hacia el norte, para afrontar la fase final de la conquista del Chaco. En 1919, ya con su antiguo líder revolucionario en el poder, Varela asumió la jefatura del Regimiento 10º de Caballería. En los últimos años de su carrera había mantenido a su lado a dos ayudantes, Pedro Viñas Ibarra y Elbio Carlos Anaya, a quienes conduciría hacia un nuevo destino: la Patagonia. El conflicto de centenares de peones rurales contra los terratenientes lo convocaba a una expedición al sur a principios de 1921.

En Santa Cruz, los peones trabajaban veintisiete días al mes en jornadas de dieciséis horas. De día arreaban las majadas de ovejas a dieciocho grados bajo cero. A la noche dormían apilados sobre cueros. Vivían agotados, sin familia, dinero ni destino. Los estancieros no se responsabilizaban por sus accidentes de trabajo. Les pagaban con vales o cheques a plazo. En el año 1920, centenares de peones se habían levantado en demanda de mejores condiciones laborales en las estancias.

La propiedad de la tierra estaba concentrada. Algunos propietarios bordeaban las cien mil hectáreas. La familia Menéndez Behety y Braun, con sus sesenta y ocho establecimientos, poseía un total de 1.565.850 hectáreas. Los dueños de la tierra manejaban el tráfico comercial con sus almacenes de ramos generales. Concentraban todo el abastecimiento de los peones que, a cambio de vales equivalentes en moneda, entregaban su mano de obra. La libra esterlina era la moneda corriente para la compra de los artículos importados que consumían médicos, funcionarios y abogados.

Los propietarios, la mayoría de nacionalidad inglesa, exportaban la lana a Londres. La esquila había tenido auge en el quinquenio 1914-1919, con precios altos. Un año después, la caída fue vertical y los criadores, que habían atesorado un fuerte stock especulando con la continua suba de precios, sintieron el impacto. El costo de vida se elevó, y los estancieros enviaban las ovejas hacia Chile, sin pagar derechos aduaneros, para la exportación. El hecho de que sus tierras atravesaran la frontera entre los dos países les facilitaba la operación.

La Sociedad Obrera de Río Gallegos hizo sus primeros reclamos en septiembre de 1920. Entregó un pliego de condiciones para sus peones: una pieza que no fuera ocupada por más de tres hombres, desinfectada una vez a la semana, luz a cargo de los patrones (con entrega de velas), una estufa por pieza, tres platos en cada comida, colchón y cama por cuenta del patrón, no trabajar a la intemperie en caso de nieve, botiquín con instrucciones en castellano. La Sociedad Rural prometió mejoras paulatinas para “las condiciones de comodidad e higiene”. Pero consideró “pretensiones fantásticas” las demandas puntuales. Pese a que algunos pequeños propietarios accedieron a las peticiones, el resto no lo hizo. Los peones declararon la huelga y los terratenientes empezaron a desalojarlos. Clausuraron comedores y dormitorios. Los trabajadores acampaban y dormían a campo abierto. Asediados por la policía, se trasladaban de un lugar a otro. Los estancieros convocaron a las “guardias blancas” de la Liga Patriótica para perseguirlos y detenerlos.

La huelga estaba influida por “El Toscano”, un carrero italiano de 33 años muy popular entre la peonada, que incentivaba la acción violenta contra los propietarios y el saqueo de estancias y tenía más ascendiente sobre ellos que el secretario de la Sociedad Obrera, el español Antonio Soto, de 23, que había llegado a Santa Cruz con una compañía artística de zarzuelas. Bajo el impulso de “El Toscano” y el grupo que lo secundaba, los peones tomaron por rehenes a algunos patrones en reclamo de la libertad de obreros detenidos. La policía del territorio, secundada por gendarmes y liguistas, salió a recorrer establecimientos rurales en busca de los cabecillas de la rebelión. En diciembre de 1920 se cruzaron en un combate en El Cerrito. El enfrentamiento dejó un obrero y dos policías muertos y algunos heridos. “El Toscano” se llevó dos prisioneros, un comisario y un liguista.

Los ganaderos ya reportaban a los diarios de Buenos Aires sobre la situación en la Patagonia: terror anárquico, propiedades en riesgo, asesinatos de terratenientes. Mientras la banda de “El Toscano” tomaba rehenes, la Liga Patriótica se organizaba con el apoyo de la policía y de los terratenientes nacionales y extranjeros. No había posibilidad de mediación estatal en el conflicto: el gobernador interino Edelmiro Correa Falcón, que ordenaba la prisión de los peones rebeldes, era también secretario de la Sociedad Rural de Río Gallegos.

En enero de 1921 Yrigoyen comisionó al teniente coronel Varela, al mando del Regimiento 10º de Caballería, a una expedición al sur. La instrucción que recibió el militar en su reunión con el Presidente fue “ver bien lo que ocurría y cumplir con su deber”. Además de los capitanes Pedro Viñas Ibarra y Pedro Campos, que secundaban a Varela, también lo acompañaba el Regimiento 2º de Artillería, cuya jefatura dependía del capitán Elbio Anaya. Eran una tropa de doscientos sesenta y un hombres que viajó en vapor para ordenar a los peones en huelga en un territorio de diecisiete mil habitantes. Un hombre por cada catorce kilómetros cuadrados. Otra de las medidas de Yrigoyen fue la designación de Ángel Yza al frente del gobierno del Territorio Nacional. El 16 de febrero, en la estancia El Tero, junto a las tropas del coronel Varela, Yza alcanzaría el acuerdo entre las partes. Los peones cedieron algunas armas, liberaron a dos prisioneros, recuperaron la libertad de sus compañeros y los salarios caídos por la huelga, pero los estancieros no concedieron aumentos, ni mejoras en las condiciones laborales y les negaron el reconocimiento de la sociedad obrera. De seiscientos huelguistas reunidos en asamblea, cuatrocientos veintisiete votaron por volver al trabajo. El resto, guiados por “El Toscano”, huyeron a la frontera con Chile con armas y caballos.

En abril de 1921, tras casi cuatro meses de permanencia en Santa Cruz, la tropa de Varela se marchó a Buenos Aires. El gobernador Yza también partió, aunque dejó a su secretario, el mayor del Ejército Francisco Céfaly Pandolfi, en su despacho.

A poco de la firma del acuerdo entre peones y estancieros, que fue reconocido por la Dirección Nacional del Trabajo (DNT), la tensión laboral continuó. Los sueldos dejaron de pagarse y la policía volvió a encarcelar y deportar a dirigentes y peones. El 30 de octubre 1921 se reanudaron las huelgas. Una brigada de “guardias blancas” de la Liga Patriótica atacó una manifestación obrera en Puerto Deseado. Provocó un muerto y varios heridos. Sin el mandato de la Sociedad Obrera, que solo promovía el paro en los establecimientos, los miembros del “Consejo Rojo” de “El Toscano” tomaban por rehenes a estancieros y administradores.

Varela fue nuevamente convocado. La instrucción del ministro de Guerra, Julio Moreno, fue la misma que la de Yrigoyen: “Vaya, vea bien lo que ocurre y cumpla con su deber”. Varela pidió hablar con el Presidente, pero este no lo recibió. No hubo órdenes escritas. La resolución del conflicto quedaba a criterio de Varela. El 4 de noviembre de 1921, el coronel volvió a embarcarse en el vapor con el Regimiento 10º de Caballería. Después lo haría el capitán Anaya al mando de una compañía y un grupo de Gendarmería. En Santa Cruz, Varela ignoró al gobernador interino Céfaly Pandolfi y puso la policía provincial bajo su mando. Céfaly Pandolfi, que había sido sitiado por la Sociedad Rural, intentó defender su autoridad y envió telegramas a Yza alertando sobre la situación. Le requirió que le informase cuáles eran las atribuciones de la misión encomendada a Varela. Céfaly Pandolfi preveía que el conflicto se resolvería con la represión militar. Yza no respondió telegramas, ni se trasladó al sur. Los propietarios le acercaron a Varela las denuncias contra los peones: apropiación indebida de ganado, destrucción de las líneas telefónicas y telegráficas, retención de los patrones durante la huelga, además de crímenes y violaciones. Le pidieron un reforzamiento de la autoridad: el caos anarquista debía ser erradicado. Varela recorrió las estancias. No observó los destrozos que había publicado la prensa, pero era cierto que las tareas estaban paralizadas. En el interior del territorio, muchos establecimientos habían sido sublevados y los administradores habían huido o habían sido tomados de rehenes.

Durante la primera expedición en Santa Cruz, Varela había expresado que quizá los obreros tuvieran motivos para declararse en huelga. En la segunda incursión, Varela modificó su visión original frente al conflicto. Los huelguistas dejaron de ser “pacíficos ciudadanos”. Como había sido garante del acuerdo anterior, los obreros supusieron que llegaba para dialogar. Pero el coronel mostró determinación en su primer bando militar. Si los huelguistas le entregaban a los prisioneros, las caballadas y las armas, él les daría todas las garantías para ellos y sus familias y se comprometería a que se hiciera justicia en los reclamos. Pero si en veinticuatro horas no había respuesta, el sometimiento sería incondicional: los huelguistas serían considerados enemigos y castigados con severidad. El que disparase contra las tropas, sería fusilado. Y, una vez iniciado el combate, ya no habría parlamento, ni suspensión de hostilidades. Yrigoyen no había declarado el estado de sitio en Santa Cruz. Pero Varela planeaba aplicar la ley no escrita.

Algunos huelguistas de distintos establecimientos decidieron acatar el bando militar. Fueron desarmados por las tropas del Ejército y apresados en las comisarías de los pueblos. Fueron los más afortunados. Para el resto, no habría piedad. A los cabecillas de la huelga que mantuvieron secuestrado a un gerente del frigorífico Armour los apartó del resto y los fusiló. Fue el inicio. En el Cañadón de los Muertos, subieron al faldeo a medio millar de huelguistas y los fusilaron a la puesta del sol. En la estancia La Anita, de la familia Menéndez Behety, quinientos hombres se entregaron de acuerdo con las condiciones establecidas por Varela. Pero también fueron fusilados. Solo hubo un combate. Fue en la estación ferroviaria Tehuelches. Allí se acercó un grupo de peones sin advertir que en el vagón estaba la tropa oficial, que abrió fuego. Tres huelguistas perdieron la vida y también un conscripto de apellido Fischer, el único muerto del Ejército. Varela decidió retirarse y convocar al día siguiente al jefe de los huelguistas a Jaramillo para negociar un acuerdo. “Facón Grande”, impulsado por un comerciante de la zona, aceptó el diálogo. Era un entrerriano de 41 años llamado José Font, propietario de media docena de carros y una tropilla de caballos con los que transportaba los fardos de lana de las estancias entre Puerto Deseado y San Julián. Había aceptado representar los reclamos de los peones rurales. Apenas se presentó frente a Varela, le ataron las manos por la espalda y lo fusilaron en un cañadón. Sus compañeros también fueron muertos por el Ejército, y sus cuerpos, quemados con combustible. Otros huelguistas fueron remitidos al juzgado.

Antonio Soto, que vivía escapando de las tropas del Ejército con su grupo, desobedecería el mandato de una asamblea de peones que había decidido rendirse en forma incondicional. Soto les había prevenido lo que sucedería: “Os fusilarán a todos, nadie va a quedar con vida; huyamos, compañeros, sigamos la huelga indefinidamente hasta que triunfemos. No confíen en los militares, es la traílla más miserable, traidora y cobarde que habita en la tierra”. Soto eludió el fusilamiento y se fugó hacia Chile. “El Toscano” tampoco pudo ser alcanzado por las balas en la cacería.

Entre noviembre de 1921 y enero de 1922, Varela ordenó la ejecución de los peones rebeldes. Antes de fusilarlos, por tandas, les hizo cavar sus fosas. Otros, en cambio, fueron degollados, atados con alambre o quemados con gasolina. El coronel Varela y sus capitanes Viñas Ibarra, Anaya y Campos, más un cuerpo de la Gendarmería y la tropa de soldados conscriptos clase 1900, se trasladaron en ferrocarril por distintos establecimientos para llevar a cabo la eliminación física de los huelguistas. Las brigadas de la Liga, que realizaban tareas de patrullaje y de delación, les proveyeron la infraestructura logística: vehículos, combustible y alojamiento.

La expedición de Varela redujo a la prisión y a la muerte a aproximadamente tres mil hombres que estaban bien armados, pero que decidieron no enfrentar a las tropas del Ejército. Los cuerpos de los huelguistas terminaron dispersos en el campo patagónico, fusilados, estaqueados, torturados, incendiados. Nadie los contó. Se cree que los muertos fueron mil o mil quinientos. Con el concurso del Ejército, los brigadistas de la Liga Patriótica, los estancieros y la policía local acabaron con los reclamos de “los sin patria”.

Antes de partir de la Patagonia, los estancieros agasajaron a Varela con un almuerzo en el Grand Hotel de Río Gallegos. Uno de los promotores del ágape fue Manuel Carlés, titular de la Liga Patriótica, que había viajado a Santa Cruz a fiscalizar la tarea.

Varela se fue de Santa Cruz, sonrojado por las canciones en inglés que le tributaron los terratenientes por haber defendido la integridad nacional frente a los huelguistas, además de augurarle un pronto retorno como futuro gobernador militar del territorio. Era un destino que él también había imaginado y ahora descubría que estaba casi en sus manos.

Ya en el puerto de Buenos Aires, el coronel encontró una atmósfera fría por parte del Estado. No hubo honores a su llegada. No había ministros o funcionarios, como suponía. Solo los hijos de la elite lo aclamaron con una calidez y una admiración que no tuvieron los anarquistas, que se acercaron a la escalerilla del barco para gritarle “¡Asesino!”.

En Buenos Aires, la reacción obrera a la masacre no fue homogénea. La huelga no había sido apoyada por la FORA “sindicalista”, que no tenía relación orgánica con sus promotores, pero con los crímenes consumados, atacaron a Varela. La FORA anarquista, en cambio, involucró también a Yrigoyen en la responsabilidad de los fusilamientos. Apenas arribó, Varela pidió una entrevista con el ministro de Guerra. La gestión no tuvo resultados inmediatos, y cuando se la concedieron permaneció sentado varias horas en la sala de espera del despacho ministerial. Cada funcionario o empleado que lo veía trataba de escapar de su presencia. Fue recibido al día siguiente. Varela habló del deber cumplido y del honor de sus soldados, y el ministro le pidió un informe escrito. A la salida, habló con la prensa:

Las tropas a mi cargo han actuado en forma encomiable y digna del mayor elogio durante todo el tiempo. No se trataba de un hecho aislado, sino que respondía a un amplio plan de alteración del orden en todo el país. Una vez conocida la situación de las bandas alzadas dispúsose lo conveniente para iniciar la persecución, lo que comenzó poco menos que inmediatamente, utilizándose una serie de elementos cedidos por los pobladores de la costa y los propietarios de los establecimientos ganaderos. El desarrollo ulterior de la campaña fue ampliamente difundido por los diarios de la Capital y a sus crónicas me remito para no repetir detalles. Todo de lo que se diga del desempeño de la tropa será poco. La obra de devolver la tranquilidad al territorio fue dura y costosa, pues durante más de cuarenta días se luchó incesantemente.

La estrategia del presidente Yrigoyen fue no desautorizar a Varela en forma pública, pero tampoco avalarlo, y seguir ignorando los fusilamientos como si no hubiesen ocurrido. No obstante su procedencia radical, Varela fue respaldado por conservadores y nacionalistas.

La masacre tomó estado parlamentario un mes después de la llegada de Varela. El socialismo tenía un muerto en la Patagonia, el secretario de la Federación Obrera de San Julián, Albino Argüelles. Se había entregado al Regimiento Nº 2 de Caballería del capitán Anaya con un grupo de peones que no cobraba su salario desde hacía diez meses. Los hicieron formar en fila y Argüelles fue separado y sableado en presencia de sus compañeros, que luego recibieron los tiros de la tropa. El diputado Antonio De Tomaso, hijo de inmigrantes —un albañil y una costurera—, había colectado testimonios obreros sobre seis casos de fusilamientos similares a esos. Denunció en la Cámara de Diputados que se había matado sin que hubiese ley marcial o estado de guerra en la provincia. En cambio, advirtió que no había ningún estanciero, ni administrador herido o muerto por parte de los “bandoleros”, como calificaban a los peones. De Tomaso después habló sobre Varela. No era la autoridad judicial. No podía administrar justicia, ni había sido nombrado árbitro por las partes en el conflicto. Lo acusó de haber ordenado fusilamientos en masa. Preguntó:

¿El señor teniente coronel Varela ha realizado todas estas escenas que yo califico de salvajismo obedeciendo instrucciones secretas del ministro? ¿El Presidente, amigo de los obreros, ha dado las instrucciones de fusilar sobre el campo propio a los obreros en huelga? ¿Entonces quién las ha dado? ¿O es que el teniente coronel Varela ha obrado por su cuenta? Sería interesante establecerlo.

En el debate parlamentario, el radicalismo no aceptó los fusilamientos ni tomó una postura uniforme. El diputado radical Vergara explicó que De Tomaso no tenía prueba real y efectiva para la imputación y que el Ejército había realizado una misión de seguridad y orden conducida por Varela —a quien se refería como “distinguido oficial” y no “supremo dictador de la región”, como lo había llamado De Tomaso— contra los que habían levantado el “pabellón rojo” en Santa Cruz. Otro orador radical aconsejó que las denuncias de De Tomaso fuesen enviadas a la justicia militar, pero que la Cámara fuese liberada de cualquier indagación. El radicalismo votó en contra de la creación de una comisión investigadora, pero sí reclamó un informe al Poder Ejecutivo, como lo había hecho luego de la Semana Trágica. El informe nunca llegó al Parlamento.

Varela no quiso que su destino se escapara en la deshonra. Reclamó un reconocimiento oficial para su misión en el sur y se instaló con su uniforme militar en la antesala del despacho presidencial hasta ser atendido. Yrigoyen lo recibió. Varela pidió un comunicado que respaldara la actuación de las tropas. Yrigoyen habló con el ministro de Guerra, le transmitió el pedido de Varela y le dijo al coronel que se fuera tranquilo. El comunicado nunca apareció.

Varela decidió escribir su versión. Incorporó un respaldo oficial que nunca se había hecho público. En su nota del 20 de marzo de 1922, dirigida a su superior jerárquico, informó que “el Excmo. Señor Presidente de la Nación me ha manifestado su conformidad por el procedimiento empleado por las tropas a mi mando […] prometiendo el señor Ministro de Guerra en mi presencia estudiar los informes que le presenté”.

Yrigoyen no reaccionó. Tampoco ascendió a Varela, como correspondía por su antigüedad, pero no lo degradó. Como el Presidente había ignorado los fusilamientos, la misma actitud correspondía hacia su ejecutor. Ni lo respaldó ni lo juzgó. De acuerdo con esta interpretación de los hechos, las comunicaciones del coronel Varela con el ministro de Guerra en la Casa de Gobierno sobre su misión en Santa Cruz no fue un asunto de Estado sino una “orden privada” desprendida de la conversación entre dos hombres.

Yrigoyen prefería el olvido. Pero Varela buscaba un respaldo a su tarea. Tenía la convicción de que había cumplido la orden que le había sido transmitida, y ahora solo recibía el desprecio de sus superiores. Para un militar que creía haber cumplido con su deber, el silencio oficial representaba un hecho dramático y violento. Casi tan violento como sus ejecuciones. Al cabo de unos meses de incertidumbre, Varela obtuvo un nuevo destino. Fue designado director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

Cuando salió en libertad, el 6 diciembre de 1921, tras medio año en la prisión, Wilckens ya no era el mismo. Había conocido en la cárcel a luchadores más identificados con la violencia contra el sistema que con la acción gremial. Comenzó a formar parte del Comité de Presos Sociales, que intentaba conseguir dinero para cubrir los gastos de la defensa judicial y la comida de los anarquistas detenidos. El Comité también ayudaba a los que cometían delitos comunes o falsificaban moneda para financiar fugas de las cárceles. Entre ellos estaba Miguel Arcángel Roscigna, italiano, metalúrgico, militante antifascista, secretario del Comité de Presos Sociales. Roscigna también era líder de una banda que planificaba asaltos a bancos o a repartidores de dinero y luego acercaba “los bienes que recuperaba de la burguesía” para la solidaridad de los presos.

Wilckens vivió en forma casi miserable después de la prisión, pero no aceptó la ayuda de los suyos. Trabajó como lavador de autos y tuvo otros empleos ocasionales. En ese tiempo ocupó un cuarto en una pensión de la calle Sarandí 1461, junto a otros anarquistas. El agente Gutman no se olvidó de él. En una indagación sobre la Asociación Obrera de Lavadores de Autos y Limpiadores de Bronces descubrió que había cambiado de identidad. “Durante el reparto de las boletas en la bolsa de trabajo, Wilckens ha cambiado su apellido por el de Larson”, reportó Gutman a Orden Social.

Durante el año 1922, Wilckens volvió a Ingeniero White a buscar trabajo. Tuvo una desgracia: lo atropelló una locomotora portuaria y quedó herido en el brazo. Volvió enyesado a Buenos Aires, otra vez a la pensión, al empleo temporal. Al cabo de unos meses, sus relaciones más frecuentes dejaron de verlo. No estaba en los círculos anarquistas, nadie sabía de él. Suponían que había viajado a los Estados Unidos o a Alemania. O que se había vuelto al sur. Gutman también le perdió los pasos.

Wilckens había entrado en la clandestinidad. Tenía otra identidad. Ya no era Larson. Se acercó a los “anarquistas expropiadores” no para robar sino para vengarse. Dos integrantes del grupo de Roscigna, Emilio Uriondo —que luego pondría una bomba en la legación de los Estados Unidos en Montevideo para reclamar por la libertad de Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti— y Andrés Vázquez Paredes, experto en la fabricación de bombas, lo instruyeron para que armara una. Hicieron una prueba bajo un puente de Barracas. Wilckens no comentó a quién se la dedicaría.

Su concepción pacifista del mundo se había modificado.

El coronel Varela vivía en Fitz Roy 2463, a media cuadra de la calle Santa Fe y del Regimiento 1º de Patricios. La mañana del 23 de enero de 1922, Wilckens viajó a su domicilio, muy temprano. Tomó un tranvía. Usaba un sombrero de ala ancha. Descendió en la estación Portones de Palermo. Llevaba un paquete en la mano. Se detuvo en un zaguán a treinta metros de la casa de Varela. Simuló leer el diario alemán Deutsche La Plata Zeitung. Varela salió de su casa a las 7.30, con una niña. Wilckens pensó que la oportunidad estaba perdida, pero en forma imprevista, Varela retornó a su casa y enseguida volvió a salir solo. Wilckens lo esperó, pero otra vez se le interpuso un obstáculo: una niña de 10 años cruzó la calle y quedó entre el anarquista y el coronel. Wilckens no se detuvo: tomó a la niña, la colocó sobre sus espaldas y lanzó la bomba. Varela intentó sujetarse a un árbol antes de caer. Las esquirlas de la bomba hirieron a Wilckens. Arrastrándose, con el empeine y el peroné destrozados, sacó un revólver Colt y ultimó a Varela de un balazo en el pecho, un segundo en la yugular, y siguió tirando hasta vaciar el cargador. Wilckens no ofreció resistencia cuando dos agentes lo detuvieron. Les entregó su revólver.

—He vengado a mis hermanos —dijo.

Desde la prisión, le escribiría cartas al periodista libertario y ex compañero de la pensión de la calle Sarandí, Diego Abad de Santillán. “No fue venganza. Yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él lo era todo en la Patagonia: gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo del sistema criminal”.

Un brigadista de la Liga Patriótica, Jorge Pérez Millán Temperley, que había participado en la represión de la primera huelga patagónica, antes de la llegada de Varela, se ocuparía de Wilckens. A fines de enero de 1923 se introdujo como agregado en el Cuerpo de Guardiacárceles de la Penitenciaría. Diez días después era guardia efectivo. Cuando Wilckens fue enviado a la prisión de la calle Caseros, Pérez Millán consiguió el traslado a ese establecimiento. El 16 de junio de 1923, mientras Wilckens dormía, le disparó con un Mauser. Tampoco él se resistió a la detención: “He sido subalterno y pariente del comandante Varela. Acabo de vengar su muerte”. Lo condenaron al mínimo de la pena por homicidio, ocho años, por una “anomalía psíquica”. Pocos meses después, Pérez Millán recibiría un balazo en el pecho por parte del anarquismo expropiador.

Yrigoyen ya había terminado su mandato cuando concurrió al velorio del coronel Varela con sus ex ministros y soportó la callada agitación castrense. Ni él había ascendido al coronel en vida ni tampoco lo haría post mortem su sucesor Marcelo T. de Alvear. El gobierno fue parco en sus condolencias. La muerte no bastó para precisar qué evaluación hacía de su misión en el sur. Frente al cadáver, expuesto en el Círculo Militar, el capitán Anaya dijo que su jefe había cumplido con las instrucciones del Poder Ejecutivo. El diario radical La Época no dejó pasar su discurso. Al día siguiente, publicó: “Falso, absolutamente falso. El teniente coronel Varela recibió del Ministro de Guerra las mismas instrucciones que la primera vez y que fueron la regla de la conducta notoria del gobierno, que ha terminado por pacificar todas las cuestiones sociales y políticas de la República. De tal manera, pues, que si fuera posible admitir que el teniente coronel Varela hubiera cometido alguno o algunos de los hechos que malévolamente se le imputan, habría faltado temerariamente a las instrucciones de su gobierno”.

Varela ya no tenía oportunidad de desmentirlo.

Durante las sesiones en el Congreso en las que De Tomaso expuso sobre la Patagonia, el diputado radical y médico Pedro López Anaut —que había avalado un pedido de informes, pero no la creación de una comisión investigadora porque prefería evitar “los detalles”— comentó que los movimientos en el sur tenían cierta semejanza con los que él había conocido en el norte. López Anaut había integrado una comisión legislativa que había viajado a Chaco, a Formosa y a Misiones, donde también hubo “levantamientos graves de obreros, asaltos a establecimientos, tiroteos, muertos y heridos, intervención de la policía y el ejército”. La experiencia lo había conmocionado. Había tomado contacto con los obreros y observó el cuadro “horroroso” en el que vivían, con patrones “criminales”. Y aunque no adhería a la Liga Patriótica —pero tampoco era crítico de ella—, el legislador había observado su intervención en esa región, cuando miles de obreros de las compañías La Forestal y Las Palmas se declararon en huelga en los años 1920 y 1921.

El establecimiento de producción forestal, ganadero y azucarero Las Palmas, en el Chaco austral, tenía la particularidad de que todo su directorio pertenecía a la Liga Patriótica. Y la mano de obra —indígenas, criollos, paraguayos y brasileños— estaba en relación con la FORA del IX Congreso. Un paro les había permitido a los trabajadores lograr el pago en moneda y jornadas más cortas en los ingenios. A mediados de 1920, la compañía expulsó cerca de mil trabajadores, se declaró un paro y los huelguistas se atrincheraron en el ingenio. Tras difundir el rumor de que los caciques estaban al servicio de los patrones, la empresa colocó a indios, sin que estos lo supieran, en la avanzada para enfrentar a los trabajadores, que comenzaron a disparar contra ellos. Luego entraron en combate las fuerzas de la empresa y de la Liga Patriótica, y un día más tarde las tropas del Ejército al mando del capitán Gregorio Pomar, simpatizante radical, quien ordenó el cese del fuego. Hubo denuncia de quemas de huelguistas en los hornos del ingenio para no dejar evidencias ante la llegada del Ejército.

Durante la década de 1920, además de Las Palmas y de La Forestal, donde los obreros fueron víctimas de una represión con recursos estatales “privatizados”, las fuerzas del Estado también organizaron expediciones de exterminio masivo en el norte del país. Pero, a diferencia de la matanza patagónica, que logró ser rescatada por Osvaldo Bayer tras cincuenta años de ocultamiento y olvido, las voces de estas etnias fusiladas quedaron sumergidas en una reconstrucción histórica regional mucho menos visible.

La Forestal, una compañía británica con capitales alemanes y franceses, llegó a ocupar más de dos millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y de Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado de los montes, del que se extraía el tanino, sustancia útil para las curtiembres en el tratamiento del cuero, y que también servía para producir los durmientes de las líneas ferroviarias. El monopolio impedía que los pueblos se desarrollaran por fuera de su producción económica concentrada. La empresa, además, defraudaba al fisco provincial. Los hacheros de La Forestal, con jornadas de hasta dieciséis horas, recibían la paga con vales que podían cambiar en los almacenes de ramos generales de la compañía. En un mes de trabajo, un hachero podía ganar el equivalente a diez kilos de carne. Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en 1919 y reclamaron mejoras salariales y turnos de ocho horas, la compañía creó un cuerpo armado con gendarmes de la fuerza pública y se hizo cargo de sus salarios. Lo reforzó con un cuerpo policial privado. La Liga Patriótica no permaneció ajena a la violencia patronal. Contrató mercenarios, denominados “penachos colorados”, para acompañar a la policía privada de La Forestal. Un miembro de la Liga, Lorenzo Anadón, era vicepresidente de esa compañía. En las huelgas de 1920 y 1921, la empresa hizo “listas negras” de trabajadores, saqueó e incendió sus casas, desplazó hacheros de un enclave a otro, vedó la provisión de agua, que llegaba en tren a los obrajes, cerró establecimientos y despidió al personal. Provocó el vaciamiento de pueblos y utilizó su policía privada para reprimir a los que persistieron en la resistencia. En febrero de 1921, en distintas poblaciones de Santa Fe —Villa Guillermina, Villa Ana, Golondrina, Villa Ocampo—, los cuerpos armados dispararon contra obreros en las estaciones ferroviarias y salieron a cazarlos por los bosques, luego de que en Villa Guillermina un comisario que registraba obreros a la salida de la fábrica resultara muerto, en apariencia por un policía no uniformado de la empresa, hecho que fue utilizado para desencadenar la represión.

Por entonces, Chaco era territorio de conquista de las expediciones militares que buscaban extender las fronteras indígenas al precio del dominio territorial, económico, étnico y cultural. Hacia 1920, el censo indicó para ese territorio nacional una población de 60.564 habitantes.

En junio de 1923, el presidente Alvear designó en el gobierno del Chaco a Fernando Centeno, nieto del coronel Dámaso Centeno, muerto en combate en la batalla de Pavón. Fernando Centeno, educado en París y tres veces presidente de la Cámara de Diputados santafecina, oriundo de esa provincia, debía remitir informes de su gestión al Ministerio del Interior.

Frente a las etnias, el nuevo gobernador continuó con la política de la Reducción de Indios, un organismo que administraba la mano de obra aborigen en los obrajes forestales y en las chacras de algodón y maíz; de este modo, a la vez que los obligaba a abandonar su nomadismo, los incorporaba al proceso de producción económica.

La Reducción Napalpí, un territorio de veinte mil hectáreas, ubicado a ciento veinte kilómetros de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al Oeste, había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de indios Enrique Lynch Arribálzaga. La creación de este cerco indígena de producción agraria, bajo subsidio y control estatal, tuvo la intención de evitar que las etnias mocoví, toba y vilela continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del Ejército, que las consideraban obstáculos para su objetivo de “civilización y progreso”. La Reducción también incluyó una política educativa. Se fundó una escuela para los hijos de los aborígenes.

Hacia 1920, con el auge algodonero, la Reducción contaba con alrededor de setecientos empleados que trabajaban a destajo. Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy por una mejor paga. De modo que entre la posibilidad de volverse al monte a vivir con sus costumbres originales, subsistiendo con la caza o la pesca, y el éxodo a otras provincias, desde la perspectiva de los terratenientes, los aborígenes componían una mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha.

Atento a las inquietudes de las empresas productoras, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio. Sometidos al cerco de Napalpí, los aborígenes se sublevaron contra la administración de la Reducción, que además les descontaba el 15% de la producción de algodón. Muchos se negaron a levantar la cosecha. El ambiente se fue crispando. Los policías comenzaron a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña en transgresión a la orden de Centeno y mataron a algunos de ellos en El Cuchillo. También la policía comenzó a recibir denuncias telegráficas de productores por robos de hacienda y carneo de animales.

El 17 de mayo de 1924, Centeno fue a las tolderías de Napalpí a entrevistarse con los caciques. Escuchó sus críticas. Le pidieron la supresión del 15%, libertad para vender sus productos, la reapertura de la escuela, títulos de propiedad para colonos indígenas, la liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia y la entrega de dos vacas y mil kilos de galletas.

Ni las promesas de provisión de alimentos ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios ni la visita a Napalpí de Eduardo Elordi, secretario de Territorios del Ministerio del Interior, bastaron para atemperar la hostilidad en la región. Todas las negociaciones habían fracasado. El sometimiento policial a los indígenas para que permanecieran en la Reducción, las denuncias de cuatrerismo y los ataques a establecimientos agrarios denunciados por colonos blancos contra los “bandoleros” aborígenes —que habrían dejado dos muertos—, el despoblamiento rural por el temor a un levantamiento indígena y la huelga que iniciaron estos en Napalpí hundieron el territorio en una psicosis de guerra. El indio armado con Winchester, guiado por el cacique toba Pedro Maidana, era la figura más explotada frente a Centeno por parte de los terratenientes que exigían el disciplinamiento de la mano de obra. Enrique Lynch Arribálzaga había advertido en 1911: “La coerción o el temor son, a mi juicio, pésimos recursos para el gobierno de los aborígenes. Se los podrá dominar momentáneamente, pero el odio hervirá en sus almas sin freno y, como todo pueblo oprimido, romperá sus cadenas en cuanto vea la primera coyuntura para hacerlo”.

En julio, el gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la “sublevación”, pero le respondieron que era un hecho policial que debía ser resuelto a nivel local.

El sábado 19 de julio de 1924, La Nación publicó que “la sublevación” de los indios de la Reducción de Napalpí continuaba “amenazando a la población de la zona norte de ese departamento [Villa Ana]. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo”.

Ese mismo día ya estaba en Napalpí la tropa policial enviada por Centeno. Cuarenta de ellos habían partido en tren desde Resistencia, se sumaron otros ochenta de localidades vecinas, más la participación de civiles armados al servicio de los productores. Un avión del Aero Club Chaco los ayudó a reconocer la posición exacta de los indios. Muchos de ellos salieron a observar el aeroplano que volaba más allá de las copas de los árboles. Según los testimonios recogidos por una comisión parlamentaria, expuestos en la sesión de Diputados del 11 de septiembre de 1924, desde el avión arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías.

La tropa inició la matanza de las etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia al monte impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado alrededor de doscientos aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Al cacique Maidana y a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas. Los cadáveres fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Cuarenta niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas.

En el expediente judicial, la policía negó la matanza. Según la versión oficial, cuando llegaron a Napalpí con un pañuelo blanco, fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron solo a los tres caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de ochocientos indios, al ver caer a sus jefes, huyó al monte. La Justicia, que archivó la causa sin reconocer culpabilidad en nadie, no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido.

Entre ellos estaba Melitona Enrique, toba, de 23 años. Ese 19 de julio de 1924, escapó de las balas y corrió hacia el monte con su madre. Había perdido a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Vivió muchos años, Fue la última sobreviviente.

Melitona Enrique murió el 13 de noviembre de 2008. Tenía 107 años. En su último cumpleaños, el 13 de enero del mismo año, el Estado provincial del Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos.

Bibliografía

Bayer, Osvaldo, La Patagonia rebelde, Buenos Aires, Planeta, 2002.

Diario de Sesiones, Investigación de sucesos en Santa Cruz. H. Cámara de Diputados, Congreso Nacional, tomo V, 1 y 8 de febrero de 1922.

Echarri, Fabio, Napalpí. La verdad histórica, Resistencia, Chaco, edición del autor, 2001.

Fiorito, Susana, Las huelgas de Santa Cruz (1921-1922), Buenos Aires, CEAL, 1985.

Gori, Gastón, La Forestal, Buenos Aires, Hyspamérica, 1988.

Punzi, Orlando, La tragedia patagónica (historia de un ensayo anarquista), Buenos Aires, Círculo Militar, 1991.

Solans, Pedro, Crímenes en sangre. Los intereses ocultos que existen detrás del genocidio aborigen en el Chaco, Córdoba, Ediciones del Boulevard, 2007.

Tenerani de Broker, Marta, El aborigen. Integración o destrucción, Resistencia, Chaco, Región, 1974.

Vidal, Mario, Napalpí, la herida abierta, Resistencia, Chaco, Librería de la Paz, 2006.

VI

El grito del interior

Corresponde al señor Yrigoyen el triste honor de ser el primero y seguramente el único presidente argentino que haya consentido y auspiciado el vejamen y la tortura sadista y refinada para infundir el terror en sus adversarios y vencer la resistencia de los que están dispuestos a combatirlo. Libre o encarcelado, y entregado por la propia oposición a la furia del señor Yrigoyen con el propósito de distraerlo y calmar su voracidad, regresaré a mi provincia con el insigne honor de haber suscripto una de las primeras hojas del proceso a la dictadura, que nace menguada y cobarde. Soldado de un ideal democrático, ocuparé una vez más mi puesto frente al señor Hipólito Yrigoyen para repetirle lo que le dijo mi padre en análoga ocasión: que no me ha de ver cansado ni cobarde.

CARLOS WASHINGTON LENCINAS,
discurso en el Senado de la Nación, 1929

Las huelgas obreras por la irresuelta cuestión social y la presión conservadora a favor de la represión —una represión que, como en la Semana Trágica o en la Patagonia, Yrigoyen prefería enterrar en silencio—, no fueron los únicos conflictos que perturbaron la primera presidencia del líder radical.

HECHOS RELEVANTES

1917. Los movimientos “populistas” radicales de Mendoza (lencinismo) y San Juan (bloquismo) enfrentan al presidente Yrigoyen, que ordena sucesivas intervenciones federales a esas provincias.

1922. El 2 de abril, Marcelo Torcuato de Alvear gana las elecciones presidenciales con el 48% de los votos y sucede a Yrigoyen. Recibió la noticia de su triunfo en París.

1923. Rivalidad entre “yrigoyenistas” y “antipersonalistas”, adherentes a Alvear en alianza con conservadores. Yrigoyen continúa con el control del partido. Alvear evita una confrontación directa con el ex presidente.

1928. Yrigoyen, con el 61% de los votos, vence en abril a la fórmula “antipersonalista” Melo-Gallo y en octubre inicia su segundo mandato.

Tras las críticas de Yrigoyen a compañías petroleras, en septiembre la Cámara de Diputados vota la expropiación de todos los yacimientos petrolíferos. El proyecto queda paralizado en el Senado.

1929. Acorralado por Yrigoyen, Carlos Washington Lencinas es asesinado a tiros en noviembre en Mendoza, luego de denunciar las torturas de la intervención federal en su provincia.

1930. El 6 de septiembre, el general José F. Uriburu comanda el primer golpe militar de la historia argentina y destituye a Yrigoyen.

Sus enemigos también irrumpieron desde su propio partido. Los “populismos radicales” —con características y procedimientos propios de los partidos de masas— no pretendían avanzar sobre el poder nacional, pero exigieron un margen de autonomía que Yrigoyen no les concedió. Frente a su negativa, los “populismos” se sintieron obligados a buscar protección en los sectores más conservadores de la UCR, reunidos en el antipersonalismo, que desafiaba el liderazgo del jefe radical. El enfrentamiento de los “populistas” con Yrigoyen atravesó toda la década de 1920, y si en los primeros años afectó la paz partidaria, luego alteraría la estabilidad de su segundo gobierno, que sería interrumpido por el golpe militar de 1930.

Apenas asumió, en 1916, Yrigoyen comenzó a restarles fuerzas a las oligarquías provinciales ancladas en el poder, con el uso de las intervenciones federales. Consideraba que él, como presidente, tenía la obligación de conferir a los pueblos “el gobierno verdadero”, la restauración cívica que había sido quebrantada por el Régimen. La “regeneración política” tantas veces buscada por vía armada ahora se consumaba con un decreto del Ejecutivo o la sanción de una ley. Después, bastaba el envío de un comisionado para controlar la provincia.

Yrigoyen ejecutó diecinueve intervenciones —quince por decreto, cuatro por ley— en su primer gobierno. Una de ellas fue en la provincia de Buenos Aires, en 1917, por la que destituyó al conservador Ugarte. Pero este mecanismo también fue una herramienta contra los populismos radicales que habían accedido al poder mediante el voto, y a los que, en algún caso, lo unía cierta tradición partidaria: lo habían acompañado a sangre y fuego en los tiempos de la insurgencia revolucionaria.

La región cuyana fue la zona más turbulenta del radicalismo. Entre 1917 y 1930, Mendoza y San Juan fueron intervenidas ocho y cinco veces cada una. En Mendoza, Yrigoyen mantuvo una relación enredada por la desconfianza con José Néstor Lencinas, el caudillo provincial que había dirigido la Revolución de 1905. Apodado “El Gaucho” por los humildes a los que visitaba en sus ranchos —y que representaron la base política de su gobierno—, Lencinas quebró un monopolio conservador transmitido de familia en familia durante medio siglo y obtuvo la gobernación con el voto directo del pueblo en febrero de 1918. Un año antes, Yrigoyen había enviado una intervención federal “de reparación” contra el conservador Francisco Álvarez, que le garantizó a Lencinas la organización de comicios libres.

Durante toda la década de 1920, San Juan también complicó al poder nacional. En la provincia había dos facciones radicales en pugna: la intransigente, de tono populista, hermanada al lencinismo, y la nacionalista, adscripta a la línea yrigoyenista. Cuando gobernaban los conservadores, en 1919, el Presidente envió la intervención federal, pero la “reparación institucional” no contribuyó a la unidad partidaria. El oficialismo radical acusaba a los intransigentes de parecerse a los anarquistas por su discurso contra las oligarquías viñateras. Yrigoyen comprendió que ir a las elecciones con listas separadas ponía en riesgo la gobernación de San Juan, de modo que impuso a un candidato, Amable Jones, que no estaba comprometido con ninguna de las dos facciones y promovió la fusión obligada. Al cabo de un año y cuatro meses de gobierno, Jones sería asesinado.

José Néstor Lencinas compartía la naturaleza del discurso reformista de Yrigoyen, pero lo aplicaba. Durante su gobierno, Mendoza fue la primera provincia del país con una legislación laboral que contemplaba las jornadas de ocho horas, salario mínimo, pensiones y accidentes de trabajo. El general Perón tomaría esas leyes como modelo para sus reformas sociales, veinticinco años después. Como Perón, el caudillo mendocino fue objeto del rencor conservador por su autoritarismo y “excesos institucionales”. A diez meses de gobierno, Yrigoyen intervino la provincia, pero Lencinas volvió a ser legitimado por las urnas y redobló su autoritarismo con detenciones clandestinas y destierro de opositores, que, en un “corte transversal”, integraban la elite bodeguera, docentes, estudiantes y activistas de la Liga Patriótica. Lencinas también deportó a periodistas críticos de su gestión y negó autoridad a la comisión parlamentaria que hacia fines de 1919 intentó investigar si en la provincia se respetaban “los derechos individuales”. Enfrentado con los radicales y con el gobierno nacional, escribió una carta desafiante contra el presidente Yrigoyen: “No le tengo miedo a nadie y menos a usted […] ahora espero que usted empiece y me arroje la piedra que me ha de liquidar, cosa que no conseguirá jamás”. Lencinas moriría tres semanas después a causa de una dolencia renal, pero su hijo Carlos Washington heredaría su poder y los conflictos con el gobierno central.

Amable Jones era un psiquiatra respetado, pero sin experiencia política. A poco de iniciar su gobierno en San Juan, a mediados de 1920, se enfrentó con el bloque intransigente del radicalismo y cerró la Legislatura por decreto para evitar un juicio político. En el marco de la crisis institucional, los legisladores iniciaron un “gobierno paralelo”. Mientras Yrigoyen postergaba una intervención federal, el radical intransigente Federico Cantoni llamó a sacar “vivo o muerto” a Jones de la Casa de Gobierno. Un mes después el gobernador fue ultimado y su cuerpo, profanado. Cantoni, acusado de planificar el crimen, fue a prisión, pero buena parte de la sociedad local avaló su procedimiento como un acto de justicia para “arrancar a San Juan de las garras de la tiranía”. Desde la cárcel, Cantoni presentó su candidatura a gobernador y ganó las elecciones en enero de 1923.

Por entonces, en el orden nacional, las diferencias entre yrigoyenistas y alvearistas ya estaban a la vista. Alvear había llegado a la Presidencia por impulso de Yrigoyen. Lo había acompañado en la Revolución de 1893 como “joven ilustre” del patriciado y había sido su embajador en París durante el primer mandato radical. Alvear contaba con el beneficio de no estar inmerso en las internas partidarias y esto hizo suponer a Yrigoyen que necesitaría siempre de su auxilio para gobernar. Y también, con su figura tan emparentada con los conservadores, Yrigoyen pensaba que podía bloquear a los grupos más radicalizados que lo interpelaban desde la Liga Patriótica.

Excepto en Mendoza y en San Juan, el 2 de abril de 1922, Alvear ganó en todo el país, con el 48% de los votos. Recibió la noticia de su triunfo en París.

El nuevo presidente se diferenció de su antecesor en dos políticas clave: el recorte del gasto público —que era utilizado en beneficio de “la máquina”, base clientelar y electoral del partido— para reducir el déficit fiscal y el cese de las intervenciones federales por vía del Poder Ejecutivo. El origen social de los radicales también comenzó a ser un punto de fricción. Alvear fijó su prioridad en la clase alta partidaria, ligada a los intereses agroexportadores, antes que en la clase media yrigoyenista. Como consecuencia de la “despolitización” de la administración y de la racionalización del aparato estatal proyectada por Alvear, el yrigoyenismo solo obtuvo un ministerio.

A diferencia del primer mandato, el nuevo gobierno se vio favorecido por la baja intensidad de las huelgas. Para esa época, las centrales obreras tenían un escaso nivel de sindicalización y habían perdido fuerza en los conflictos y en la incidencia política. A lo largo de cuatro años, entre 1923 y 1927, los “sindicalistas” y la FORA retuvieron poco más del 10% de sus afiliados. Más de cien gremios se desprendieron de las centrales obreras. El gremio marítimo perdió peso en las actividades portuarias. El puerto pasó a ser controlado por el Ministerio de Marina a cargo del contraalmirante Domecq García, responsable de la gestación de la Liga Patriótica en la represión de la Semana Trágica. Domecq García se propuso proteger “la libertad de trabajo”.

Alvear también aprovechó la coyuntura internacional de la posguerra, que permitió el crecimiento de la industria, alentada por la avanzada del capital norteamericano, y un alza del salario real que redujo los conflictos laborales. Las disputas habían sido más complejas en la década del veinte, con actores e intereses cruzados que excedían la contradicción lineal entre capital y trabajo.

El dato central de la gestión de Alvear fueron las disidencias partidarias. La rivalidad entre los yrigoyenistas y los “antipersonalistas” condujo a una ruptura que se expresó tras poco más de un año de su mandato. En las sesiones del Congreso, los “antipersonalistas” coincidían con los legisladores conservadores, en una alianza de hecho que los yrigoyenistas calificaban como “contubernio”, dado que, según los principios de la intransigencia partidaria, estaban vedadas las alianzas con grupos políticos afines al Régimen.

El yrigoyenismo, a su vez, intimaba a Alvear a la ampliación de la cuota de adherentes propios en el Estado y amenazaba con bloquear las iniciativas presidenciales en el Parlamento. Las actividades legislativas se paralizaron por la constante controversia partidaria. Durante tres años, el Presidente no habilitó las sesiones extraordinarias.

Alvear trató de no intervenir en la disputa. Prefirió no alentar en forma expresa a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, la facción interna opositora a Yrigoyen, quien conservaba el control de la base partidaria. Pese a que sus críticos lo caracterizaban como una desviación conservadora que “traicionaba” la naturaleza del radicalismo, Alvear no se decidió a una abierta ruptura con las clases medias partidarias. Tampoco quiso intervenir la provincia de Buenos Aires, controlada por el yrigoyenismo desde 1925, como le sugerían los hombres clave de su gabinete. Alvear se preocupó por moderar, pero no erradicar del todo, la influencia de los antipersonalistas para mantener balanceada la contienda y no perder espacios de gobernabilidad.

Para las elecciones presidenciales de 1928, Alvear tampoco manifestó un apoyo decisivo a la fórmula antipersonalista compuesta por Leopoldo Melo-Vicente Gallo. Aunque incidió en el orden de esta, no fue más lejos de comentar que se trataba de “radicales de la primera hora, con títulos y antecedentes”.

Los conservadores se sumaron a los antipersonalistas en la cruzada contra la “barbarie” yrigoyenista, pero sus posibilidades electorales ya se entreveían modestas. Algunos años más tarde, Melo, entronizado en el Ministerio del Interior del gobierno del general Agustín Justo, se vengaría de Alvear por haber sellado la suerte del antipersonalismo con su falta de aliento: aprovecharía una expedición armada del radicalismo para conducirlo a prisión.

Yrigoyen mantuvo aferrado el partido entre los años 1922 y 1928. No perdió la popularidad. Buscó el consenso en las clases medias profesionales y las dependientes del Estado, con programas de asistencia para los más humildes, como base de su proselitismo. Para reemplazar el apoyo “sindicalista” del primer mandato, se crearon comités de obreros radicales, ahora inmersos en una favorable movilidad social.

En su programa económico, el Yrigoyen que buscaba un segundo gobierno era menos abstracto que el primero. Parecía más inclinado al nacionalismo, con la promesa de estatización de las empresas petroleras y de un desarrollo industrial, aunque sin desatender el modelo primario-exportador que había dominado la economía durante casi medio siglo, pese a que ya mostraba índices de agotamiento. Ese modelo golpearía en la cara al país a partir de los efectos de la crisis mundial del año 1929.

El ataque a las compañías petroleras norteamericanas, con especial énfasis en la Standard Oil, fue la propuesta de campaña más promocionada de Yrigoyen. La idea de eliminarla del mercado de la energía parecía un punto concreto de su programa. El tema despertó la preocupación de Robert Word Bliss, embajador estadounidense en la Argentina, sumido en la misión de dilucidar qué haría Yrigoyen si retornaba al poder. El trabajo era arduo, porque el jefe radical no era propenso a las confidencias ni asumía definiciones sobre temas que para otros revestían urgencia.

Los Estados Unidos querían saber si Yrigoyen sostendría posturas que afectaran sus intereses: en menos de quince años, las inversiones de ese país en la Argentina se habían quintuplicado y ya ascendían a 500 millones de dólares. Consideraban que era demasiado capital para un futuro incierto. En su exploración diplomática, Bliss había escuchado muchas cosas sobre su probable gobierno: que Yrigoyen difundiría la colectivización de la tierra y promovería el comunismo, que el Banco Nación estaba gestionando la compra de trescientas o cuatrocientas armas automáticas para el personal por si alguna rebelión militar intentaba impedir su retorno al cargo. El rumor de un golpe de Estado promovido por el general Agustín Justo, ministro de Guerra de Alvear, fue consignado en sus cables a Washington, pero Bliss pensaba que aún no había “ambiente” en el Ejército para semejante empresa.

La voluntad de hurgar en el pensamiento de Yrigoyen enfrentó a Bliss a las dificultades. En un cable, dos meses antes de las elecciones presidenciales de 1928, reconoció que aún no se encontraba preparado para establecer una opinión, pero no dudaba de que, entre el jefe radical y los candidatos antipersonalistas, estos últimos “servirían mucho mejor a los intereses extranjeros fronteras adentro. Las perspectivas de un nuevo gobierno de Yrigoyen son desalentadoras”, informó al Departamento de Estado.

Bliss era consciente de que la eventualidad de un nuevo mandato, unida a la promesa de Yrigoyen de mejorar la situación económica y social de los trabajadores, había provocado alarma entre las empresas extranjeras. Pero él suponía que, más allá del riesgo inmediato de los capitales, el líder radical podría encabezar una corriente latinoamericana con sentimientos desfavorables hacia los Estados Unidos, que obstaculizara su hegemonía en la región. Para contrarrestarla, proponía que se suavizara la imagen de los Estados Unidos con una política activa que alternara la presión con la táctica de “buena vecindad”.

En las elecciones de abril de 1928 Yrigoyen casi duplicó los votos de la fórmula antipersonalista. Asumió el 12 de agosto. Un mes después, la Cámara de Diputados votó la expropiación de todos los yacimientos petrolíferos.

En forma simultánea a la problemática del petróleo, la región cuyana se introduciría de nuevo en la agenda política del Presidente. En Mendoza, luego de la muerte de José Néstor Lencinas en enero de 1920, su hijo Carlos Washington heredó su capital político y también su popularidad. En 1922, a los 33 años, “El Gauchito” fue electo gobernador. Como la de su padre, su gestión estuvo marcada por las reformas sociales en favor de las clases populares y por su voluntad de dominio absoluto del aparato institucional. Como su padre, y también al igual que el bloquismo sanjuanino, Lencinas fue destinatario de la hostilidad del yrigoyenismo y de los conservadores, que lo acusaron de abusar del poder y de mantener en su plantel a funcionarios corruptos que tomaban beneficios de las emisiones clandestinas de Letras de Tesorería o robaban el mobiliario de las oficinas públicas. Por esta clase de argumentos, los diplomas de los legisladores del lencinismo quedaban atascados en el Congreso nacional.

La figura de Yrigoyen como enemigo fue uniendo a Lencinas con los radicales antipersonalistas. La alianza tuvo el propósito de neutralizar la sanción de intervenciones federales en la provincia. Pero, en contra de la opinión de Alvear, el Congreso intervino Mendoza y San Juan a fines de 1924, con la intención de detener las experiencias populistas de Lencinas y de Cantoni, que sembraban “el odio de clases, la disolución social en el espíritu de las gentes humildes”, según las reflexiones más apesadumbradas.

Dos años más tarde, en 1926, en las nuevas elecciones a gobernador, ambos movimientos volvieron a ser legitimados por el pueblo y retornaron al poder. Lencinas, que no podía ser reelecto, apoyó a Alejandro Orfila, bodeguero y militante radical, quien llegó al Ejecutivo representando al partido antes que a la corporación vitivinícola. Lencinas permaneció como jefe político y fue designado senador nacional. Padeció las peripecias de sus antecesores: el tratamiento de su diploma se demoró un año y medio antes de ser rechazado.

Luego de la intervención federal, el bloquismo también ganó en San Juan en 1926 con la candidatura de Aldo Cantoni, que tenía una formación doctrinaria de izquierda, de la que carecía su hermano Federico. A la espera de la asunción, el gobernador electo sufrió un atentado contra su vida que derivó en la muerte de su chofer. En represalia, uno de los atacantes que escapó hacia la montaña fue perseguido por los cantonistas. Cuando lo detuvieron, antes que llevarlo a los tribunales, lo mataron.

Este tipo de respuestas emocionales conducía a sus adversarios a definir al bloquismo como una “banda de asesinos que tiraniza la provincia” y a justificar la popularidad de Federico Cantoni en las tribunas del antipersonalismo durante la campaña presidencial de 1928 solo por la supuesta atracción que genera un “asesino famoso”, como lo calificaban, para no dejar que su figura se alejara demasiado de la eliminación de Jones.

Yrigoyen recordó todo cuando asumió su segundo mandato en 1928. Recordó a Cantoni. Recordó a Lencinas. Y se ocupó de reprimir a las dos escisiones radicales con liderazgos tan personales como el suyo.

Bajo el auspicio de la “moral política”, poco después de asumir Yrigoyen intervino San Juan, desalojó a los bloquistas e inició una persecución contra ellos. La misma instrucción cabría para Mendoza, a fin de asegurar la vigencia de “las formas republicanas”, que encubría el objetivo de hacer desaparecer al populismo radical del escenario provincial, con una maquinaria represiva. Su líder, Carlos Washington Lencinas, denunció detenciones ilegales, deportaciones y torturas a sus simpatizantes, y a Yrigoyen como garante político de la represión en Mendoza. De este modo, restauró el duelo personal inconcluso de su padre con Yrigoyen a inicios de la década. Cuando el Senado rechazó su diploma de legislador, quedó en un callejón sin salida. El 10 de noviembre de 1929, Lencinas regresó a su provincia en el punto más alto de su popularidad. Fue aclamado por la multitud. Y cuando se preparaba para dar un discurso, francotiradores trepados a los árboles le dispararon y lo mataron.

Ricardo Balbín tenía por entonces 25 años. Era un joven abogado radical. Trabajaba en la biblioteca de la Legislatura de La Plata. Había sido enviado a Mendoza para servir en la Segunda Fiscalía del Crimen del Poder Judicial. En la práctica, Balbín actuaba en línea con Mariano Tellaeche, el jefe de Policía de la intervención federal de Carlos Borzani. Como fiscal, era un agente de la maquinaria estatal exportada a la provincia para perseguir a los opositores. Balbín tuvo la misión de esclarecer el crimen de Lencinas. Su supuesto agresor, José Cáceres, había sido cercado y ultimado tras el ataque al caudillo local.

La primera versión que el abogado echó a rodar, y que sostuvo la prensa radical, indicaba que se había tratado de la venganza de un marido despechado. Un crimen por razones particulares ajeno a la esfera política. El ministro de Justicia, en una investigación encomendada por Yrigoyen, llegaría a la misma conclusión que la intervención federal: recogieron testimonios que probaban que Cáceres había jurado vengarse de Lencinas. Lo notable es que el supuesto homicida era buscado por la policía sanjuanina, acusado de un asesinato, y había estado detenido en Mendoza durante todo el año 1929. Lo liberaron un mes antes del atentado a Lencinas.

El expediente fue archivado, pero el estigma perduraría. Ya destacado en la cima del radicalismo, las pocas veces que fue a Mendoza a recolectar votos, la memoria sensible del lencinismo recordaría a Balbín por su responsabilidad en los apremios ilegales de la intervención federal, por la sustracción de documentos y también por el encubrimiento del crimen de Carlos Washington Lencinas. Muchos años después, el peronismo desenterraría el dossier negro de su infancia política para exponerlo al escarnio, como instancia previa a su encarcelamiento, cuando Balbín era enemigo de Perón.

Apagada a tiros la estrella del líder provincial, la experiencia autónoma del populismo mendocino de la década de 1920 se extinguiría lenta pero inevitablemente, mientras que el bloquismo constituiría una poderosa fuerza provincial. Pero, si Yrigoyen cumplió con su objetivo de erradicar la disidencia mendocina, el crimen de Lencinas, sin embargo, dispararía en su contra. Aun los más vigorosos opositores al lencinismo aprovecharían la oportunidad para cuestionar la legitimidad de Yrigoyen en el poder. ¿Podía continuar gobernando un país de formas cívicas y republicanas un hombre que había instigado un crimen político, como aquel del que lo acusaban? Ese fue el argumento con el que intentaron acorralarlo.

La muerte de Lencinas no fue el episodio excluyente para su caída, que se produjo nueve meses más tarde, pero el impacto de la escisión populista radical, la forma en que se intentó eliminarla, con la misma metodología que supuestamente pretendía subsanar, fue una coyuntura demasiado apetecible como para ser desechada por los nuevos actores y las nuevas tendencias ideológicas que irrumpían en la Argentina a fines de la década de 1920. Superpuestos unos y otros, la consistencia del gobierno de Yrigoyen fue aplastada progresivamente por la dinámica de los acontecimientos. El “ambiente” que Bliss no hallaba dos años antes, ahora se respiraba en los círculos conspiradores. Con su aislamiento y su falta de reacción, Yrigoyen colaboró bastante para que los caricaturescos trascendidos sobre la senilidad que lo acechaba en su “cueva” de la calle Brasil —que propagaban sin piedad los clubmen en los salones de la elite— se tornasen verosímiles para el resto de la sociedad. El vínculo de Yrigoyen con las clases medias, sedimentado por medio del empleo estatal, también empezó a erosionarse. Los efectos de la depresión económica —la desocupación, la depreciación del peso y la dilación de los pagos de salarios en la administración pública como consecuencia de las dificultades fiscales— también fueron abatiendo la energía partidaria. La moral radical ya no podía sostener a su líder. Los militares, además, con la contribución de los militantes civiles del antiyrigoyenismo y de la prensa opositora, contaban con un aparato de informaciones —engañosas o verdaderas, daba lo mismo— que fue delineando la imagen presidencial de un “anciano inútil”.

La conspiración contra el caudillo radical había comenzado durante su primer mandato. Los militares habían empezado a recelar de Yrigoyen por su supuesta inercia frente al crecimiento de los movimientos sociales “disolventes”. La matanza patagónica, que luego derivó en el funeral sin honores oficiales del coronel Varela, también representó una afrenta para la fuerza, porque le permitió creer que el jefe radical recurría al Ejército para la represión interna, pero luego no respaldaba sus consecuencias. En cuestiones más específicas, se añadió el proyecto de ley enviado por Yrigoyen casi al final de su primer gobierno, que terminó resarciendo —en su reconocimiento y su economía— a los oficiales radicales que se insubordinaron en las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Pero Varela, insurrecto en la última rebelión, había sido excluido del lote de beneficiados.

Este favoritismo político para quienes habían sido sus partidarios en la fuerza, sumado a la falta de ascensos en los grados superiores y la anemia presupuestaria para la fabricación y compra de material de guerra —en contraste con la política de Alvear, que fue más permeable a las demandas militares— fue componiendo un cuadro de perturbación antiyrigoyenista en las filas del Ejército.

Pero, en realidad, la pretendida búsqueda de un desarrollo militar, bajo una cobertura de propósitos de “modernización profesional”, ocultaba la fuerte identidad política y la voluntad de poder que se gestaba en el interior del mundo castrense.

En la década de 1920, el Ejército empezó a considerarse a sí mismo como la esencia de la nacionalidad, por encima de las luchas facciosas de los civiles. Esa mentalidad militar se forjó luego de que advirtiera que el poder conservador, enlazado a la corona británica, se deterioraba en forma simultánea al proceso de ascenso de Yrigoyen.

Con una ideología política autoritaria y elitista, y como representantes de la “Nación en armas” —el modelo prusiano que enseñaban en la Escuela Superior de Guerra los discípulos del barón von der Goltz—, a los militares les correspondía la misión de salvar al Estado.

Durante la década de 1920, la construcción de un poder político militar propio se desarrolló con la formación de clanes internos por los que circularon las posiciones más críticas al caudillo radical, en coincidencia con el descontento de la elite conservadora y, aún más, con los imperativos radicalizados de la Liga Patriótica.

La Logia General San Martín, un ámbito de opiniones y operaciones activada por el coronel Luis García, que había alcanzado el control del Colegio Militar, patrocinó la designación de Agustín Justo en el Ministerio de Guerra de Alvear y neutralizó el acceso del general radical yrigoyenista Luis Dellepiane. Justo representó una victoria política del Ejército en su lento avance sobre el Estado democratizado.

Fue precisamente Dellepiane, ahora sí como ministro de Guerra, pero de Yrigoyen, quien alertó a su jefe en la agonía final de su segunda presidencia sobre una conspiración de oficiales militares en colaboración con las filas partidarias. Dellepiane propuso el arresto colectivo, más una razia de ministros y funcionarios en una operación urgente para salvar la suerte del gobierno.

La crisis del segundo mandato de Yrigoyen había desatado un conflicto interno entre dos líneas políticas contradictorias, que fueron creciendo a medida que se desintegraba la autoridad del caudillo. Ambas tendencias se mantenían atentas al deterioro de su salud o al probable retiro forzoso en el marco constitucional. En ese punto estaban animadas las expectativas del vicepresidente Enrique Martínez, quien había conformado una unidad de poder con el ministro del Interior, el comisario Elpidio González. Ambos tenían contacto frecuente con quien ya fatigaba para organizar la conspiración militar, el general José Félix Uriburu, pero Martínez suponía que, en el momento de recibir la herencia presidencial, la amenaza castrense se reduciría y solo debería cederle puestos al Ejército en el nuevo gabinete. Los civiles radicales creían que para los militares el problema era solo Yrigoyen.

La facción Martínez-González rechazó el plan de Dellepiane de extirpar la deslealtad interna en el gobierno. También Yrigoyen rechazó la operación quirúrgica. El 3 de septiembre de 1930, Dellepiane renunció.

Para la consumación del golpe de Estado, solo faltaba que el núcleo militar más resuelto lograra animar a algunas tropas, que no atinaban a moverse de los cuarteles.

La clase obrera no tenía intenciones de salir a la calle en defensa de Yrigoyen. Los estudiantes agitaban las banderas de su renuncia. Quizá la mayor oposición la podría ofrecer el “Klan radical”, una creación de las usinas “negras” de los comités partidarios que componían empleados estatales con el aporte de delincuentes comunes rentados. El “Klan” funcionaba como una fuerza de choque paraoficial destinada a desalentar las manifestaciones opositoras callejeras. Se habían movilizado en el Congreso para el rechazo de los pliegos de Lencinas y de Cantoni, pero su acción de mayor resonancia fue una incursión armada con Winchester en la que rompieron un acto conservador en la localidad de Lincoln. Tres de sus dirigentes resultaron heridos. Sin embargo, el “Klan radical” parecía un obstáculo demasiado débil para contrarrestar un movimiento de tropas militares.

El 5 de septiembre de 1930, Yrigoyen, enfermo, delegó el poder en su vicepresidente y se fue a La Plata. Martínez pensó que llegaba su hora. Era la de Uriburu. Aquel subteniente conspirador de la Logia de los 33 de la Revolución del Parque de 1890, cuarenta años después, complotaba contra sus mentores. Más que eso: usurpaba el poder del Estado con las armas del Ejército y destituía a un presidente por primera vez en la historia argentina.

Bibliografía

Barbosa, Adalberto, El federalismo bloquista. Bravo, o el pragmatismo político, Buenos Aires, Sudamericana, 1988.

Cattaruzza, Alejandro, Alvear. El compromiso y la distancia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, colección Los Nombres del Poder, 1997.

De la Vega, Jacinto, Mendoza 1919: ¡Huelga! El nacimiento de la sindicalización del magisterio mendocino, Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1997.

Etchepareborda, Roberto, Biografía Yrigoyen/2, Buenos Aires, CEAL, 1983.

Floria, Carlos y García Belsunce, César, La Argentina política. Una nación puesta a prueba, Buenos Aires, El Ateneo, 2005.

Gadano, Nicolás, Historia del petróleo en la Argentina. 1907-1955: desde los inicios hasta la caída de Perón, Buenos Aires, Edhasa, 2006.

García Molina, Fernando, “El poder militar en la Argentina del Centenario. 1910-1914”, en Ciclos, Nº 9, Buenos Aires, 1995.

Lacoste, Pablo, La Unión Cívica Radical en Mendoza y en la Argentina. 1890-1946, Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 1994.

Luna, Félix, “Partidos y tendencias nacionales en la década del veinte”, en AA. VV., Lo mejor de Todo es Historia, tomo IV, Buenos Aires, Taurus, 2002.

—, Alvear, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Mayo, Carlos Alberto y García Molina, Fernando, “Yrigoyen, 1928: top secret”, en AA. VV, Lo mejor de Todo es Historia, tomo IV, Buenos Aires, Taurus, 2002.

Mellado, Virginia, “La Liga Patriótica Argentina. Una aproximación a las redes asociativas de los elencos políticos y culturales de Mendoza (1919-1930)”, en Entrepasados, Nº 32, Buenos Aires, 2007.

Micale, Adriana, “Intervenciones federales en los años 20: la otra cara del lencinismo”, en La Legislatura y las Ciencias Sociales, H. Cámara de Senadores, Provincia de Mendoza, 1995.

Olguín, Dardo, “… Y en el medio de mi pecho Carlos Washington Lencinas…!”, en Todo es Historia, Nº 24, Buenos Aires, abril de 1969.

Rodríguez, Celso, Lencinas y Cantón. El populismo cuyano en tiempos de Yrigoyen, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1979.

Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo I, Buenos Aires, Emecé, 1981.

VII

El sótano de la Penitenciaría

Los partidos políticos que hicieron digna oposición al sistema depuesto, y cuya contribución eficaz para formar el ambiente revolucionario merece el aplauso público, han participado en el movimiento por acción de presencia de sus “leaders”, sin ningún compromiso que los vinculase a los ejecutores de la Revolución, que no fuera la seguridad de que estos respetarían en su acción de gobierno la Constitución y las leyes.

Manifiesto del general José Félix Uriburu, 1º de octubre de 1930

La noche era suavemente fresca, de una luna fuerte, que por momentos ocultaban las nubes. Hasta ese momento no había sentido fuertemente en mí la impresión de la orden que tenía que cumplir. Pero el aspecto triste y desolado de las quebradas de ese lugar, el mirar temeroso e interrogante de los soldados, y el pensar que tendría que apagar una vida en una noche que era más hecha para soñar que para morir, empezaron a influir sobre mí desde el instante que pisé la tierra, la que iba a ser manchada con la sangre de un obrero…

No conocía ni el nombre ni el aspecto del detenido. Solo sabía de su delito. Frente al sur se detuvo el camión. Bajaron los tres sol dados y el suboficial, colocándose a la izquierda, junto al borde del camino y frente a él. Desde el grupo de presentes, donde se hallaba mi superior salió la orden: “¡Haga cargar las armas!”.

—¡Carguen! —dije.

En ese instante, por la escalerilla trasera del camión bajaba el que iba a morir.

Venía con las manos esposadas atrás y cuando sus humildes botines de caña tocaron la tierra que iba a besar su cadáver, halló frente a sí a aquellos a quienes habían dicho: “¡Maten!”. Sintió el ruido de la carga de las pistolas, y entonces yo, que lo tenía a un paso, lo vi abrir los ojos en mirada de asombro, y rápidamente comprender…

El relato es del subteniente Jorge Rodríguez, un oficial de guardia de la jefatura de Policía de Rosario, quien recibió la orden de ejecución por parte del capitán Luis Sarmiento. El delincuente, le notificó Sarmiento, había sido sorprendido imprimiendo panfletos contra las autoridades militares. El cargo era susceptible de ser aplicado bajo la ley marcial, según el bando dado a publicidad por el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930, el día que tomó el poder del Estado.

HECHOS RELEVANTES

1931. Una corte marcial juzga y condena al anarquista Severino Di Giovanni. El 1º de febrero lo fusilan con público en la Cárcel de la Penitenciaría.

Uriburu promueve una reforma político-institucional para sostener su proyecto corporativo de largo plazo. La Legión Cívica se convierte en su grupo de choque contra los opositores.

La Legión Cívica admite a un grupo nazi en el desfile que conmemora la Revolución de Mayo. Marchan frente al general Uriburu con las camisas pardas y la cruz gamada.

El ministro de Interior Matías Sánchez Sorondo organiza un sistema de represión en el sótano de la Penitenciaría. Leopoldo Lugones (h), jefe de la Sección de Orden Político, es la figura emblemática de las torturas oficiales.

Uriburu habilita elecciones en la provincia de Buenos Aires. Tras la victoria de la UCR en abril, las anula e impide la asunción del gobernador por haber sido parte “del régimen depuesto”.

En julio, el coronel yrigoyenista Gregorio Pomar promueve una sublevación armada y toma el gobierno de Corrientes. No encuentra apoyo en el Ejército y se asila en Paraguay.

El general Agustín Justo forma la Concordancia, una alianza política que integran el Partido Demócrata, el Socialismo Independiente y “antipersonalistas”.

El 8 de noviembre, Justo vence en las elecciones presidenciales. La UCR se había abstenido, enfrentando el fraude y la proscripción. Se inicia la década del “fraude patriótico”.

1932. El 20 de febrero de 1932, el general Justo asume la Presidencia.

Uriburu había prevenido al pueblo:

1. Todo individuo que sea sorprendido en in fraganti delito contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad pública, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso.

2. Las fuerzas que tengan a su cargo el cumplimiento de este bando, solo podrán hacerlo efectivo bajo la orden y responsabilidad de un oficial del Ejército de mar y tierra de la Nación. Los suboficiales que sorprendan a cualquier individuo en las condiciones antedichas, deberán detenerlo y someterlo de inmediato a disposición del primer oficial a su alcance para su ejecución.

Rodríguez, con un pelotón de soldados, marchó en un camión celular de la policía hasta una barranca sobre el arroyo Saladillo. Ninguno llevaba armas reglamentarias. El obrero que iba a morir y murió fusilado era Joaquín Penina, catalán, oficial azulejista, que distribuía diarios, libros y folletos anarquistas en Rosario. Tenía 29 años. Llevaba seis de residencia en la Argentina. Había sido detenido en una pensión, a las seis de la mañana, mientras dormía. Para la Justicia estaba desaparecido: la jefatura de Policía, en respuesta a un pedido de habeas corpus, informó que Penina había sido detenido el día 9 de septiembre por averiguación de antecedentes y lo habían liberado al día siguiente a las diez de la noche.

A esa hora, supuestamente en libertad, Penina partió en el camión celular hacia la barranca. Tras los disparos, el subteniente Rodríguez le dio el tiro de gracia. Orden cumplida. Su cadáver permaneció un día en la Asistencia Pública. Ningún médico quería certificar las causas de su muerte. Después, cuatro conscriptos cavaron una fosa y lo enterraron.

El de Penina fue el primer fusilamiento del gobierno de Uriburu, aunque su muerte no fue avalada por la ley marcial. Era un crimen clandestino del Estado. Quizá porque quienes decidieron matarlo no tenían pruebas de que el panfleto de protesta fuese de su autoría y tampoco hallaron armas en su cuarto. Para poder incriminarlo, solo lograron el secuestro de un mimeógrafo que desde hacía meses estaba descompuesto. Su caso no hubiese sido admitido en un Consejo de Guerra.

Durante varios meses, la suerte de Penina quedó sepultada en la incertidumbre. Era un anarquista desaparecido. Dos años más tarde, cuando Uriburu abandonó el poder y se levantó el estado de sitio, el gobierno demócrata progresista de Santa Fe ordenó una investigación. Penina dejó de ser un desaparecido. Era un fusilado. Los responsables de su muerte continuaron en el Ejército, pero ya estaban fuera de la provincia. La Justicia no los persiguió ni los condenó. Pero uno de ellos sí fue perseguido. En el año 1932, dos personas abordaron al capitán Luis Sarmiento en una ruta provincial, hicieron detener su auto, se dirigieron a él por su nombre y su grado, y cuando Sarmiento confirmó su identidad, le dispararon una frase: “Esto te lo manda Penina”. Y de ese modo “repararon” su muerte con un afán de justicia que los tribunales le habían negado.

La represión del gobierno de Uriburu no seguía un manual de procedimientos determinado. Las víctimas atravesaban distintas etapas: el secuestro, la desaparición, las torturas, el simulacro de fusilamiento, un estado nebuloso que podía conducirlos a la muerte o a la libertad. Con el anarquista “expropiador” Severino Di Giovanni, sin embargo, el trato fue menos complejo. Con el pecho rodeado por una soga y blanco de un pelotón de soldados, su fusilamiento se realizó en un acto militar abierto al público en la Cárcel de la Penitenciaría. Fue en febrero de 1931. La sentencia contra Di Giovanni procedió de una corte marcial conformada para juzgar al hombre “más maligno que pisó la Argentina”, como lo definió la Iglesia, comprometido a robar y a matar para paliar las injusticias contra los de abajo.

Di Giovanni era un caso extremo. Era enemigo público del Estado aun antes de la intrusión de Uriburu. Había llegado a la Argentina escapando del fascismo a los 24 años, fundó un periódico, Cúlmine, pero sus acciones no estaban emparentadas con las tradiciones políticas mayoritarias del anarquismo. Di Giovanni no quería golpear al enemigo solamente con palabras, huelgas o movilizaciones. Prefería golpearlo en la cara. Con los hechos. A tiro limpio. En forma individual e inorgánica. Permanente. Aunque escribiera poemas de amor a una adolescente que conquistó con sus hazañas y su valentía, editara textos contra el fascismo y fuera solidario con sus pares en prisión, su aura romántica era inseparable de su violencia. Tenía una bomba en la mano y la usaba: la bomba contra la embajada estadounidense en junio 1926, en reclamo de la libertad de los italianos Sacco y Vanzetti detenidos en la cárcel de Charlestown; la bomba contra el monumento a George Washington y el National City Bank, un año después, con dos muertos ocasionales y veintitrés heridos; la bomba en la casa de Rawson 944 contra el jefe de Investigaciones de la Policía; la bomba contra la Catedral o contra el consulado italiano en Buenos Aires en mayo de 1928. En su guerra declarada contra el Estado fascista, Di Giovanni la hizo detonar en dos maletines en momentos en que en el salón donde se tramitaban los pasaportes había doscientas personas. Produjo nueve muertos y treinta y cuatro heridos.

Di Giovanni, presentado como una conciencia pura contra el sistema por su compromiso con el proletariado, también era portador de un costado más sanguíneo y menos idealista. Entre las cuentas con sus enemigos internos en el anarquismo estaba Emilio López Arango, director de La Protesta. El diario rechazó las prácticas del anarquismo expropiador y había calificado a Di Giovanni de “agente fascista” e “instrumento policial” por las represalias que sufría el mundo obrero después de sus acciones violentas. La reacción estatal a los atentados era inmediata: detenciones de anarquistas argentinos, españoles e italianos; deportaciones a la Italia de Mussolini; traslados a la cárcel de Ushuaia; reforzamiento de prohibiciones a organizaciones y publicaciones libertarias. Di Giovanni le pidió a López Arango que se rectificara. La acusación de “agente fascista” lo había ofendido. López Arango no lo hizo. Al contrario, La Protesta siguió incomodando a Di Giovanni. Preguntaba: “¿El terrorismo anónimo que hiere al azar, puede ser considerado como un arma del movimiento anarquista?”.

López Arango acababa de comprarse su primer traje cuando Di Giovanni decidió dar por terminada la polémica con él. Llamó a la puerta de su casa y apenas el periodista preguntó quién era ya estaba herido de muerte. Di Giovanni terminó la década de 1920 siendo el hombre más buscado de la Argentina. Con la dictadura militar en el poder en 1930, redobló el desafío y los atentados. Pero bastaron pocos meses para que, tras la caída de un compañero anarquista que soportó hasta diez días mudo en la sala de torturas, el cerco se cerrara. La detención de Di Giovanni estuvo a la altura de su épica controversial. Escapó con cien disparos por los techos y calles del centro porteño. En el ataque policial murió una niña, hubo heridos e intentó suicidarse como Radowitzky.

Al Consejo de Guerra le bastó un día de sesión para que el acusado fuese sentenciado a muerte. Fue un día en el que Di Giovanni también soportó las tenazas de madera sobre su lengua, la quema con cigarrillos y la torsión de sus testículos para luego ser presentado al pelotón de fusilamiento. Roberto Arlt, entonces periodista de El Mundo, que lo vio morir con unos ojos terribles y fijos, renegridos por efecto de la luz, se molestó con algunos espectadores del acto militar, que esa madrugada, vestidos de frac y zapatos de baile, se rieron mientras Di Giovanni ya paladeaba la muerte y luego interpusiera “¡Viva la anarquía!” como testimonio frente a la orden de fuego.

Uriburu aspiraba a una larga permanencia en el poder. No se conformaba con un interinato militar que solo hubiese cosechado el mérito de haber expulsado a Yrigoyen del poder para luego volver a cedérselo a los civiles. Su objetivo era lograr una reforma estructural del sistema político que prescindiera de la Ley Sáenz Peña y de la Constitución Nacional y condujera a una república corporativa. Sería la coronación de la “gesta septembrina”: un sistema que regulara la vida institucional a través de representantes de diferentes segmentos patronales —la industria, el comercio, el agro—, más la participación de asociaciones cívicas, culturales y gremiales, y pusiera punto final a las formaciones políticas como mediadoras obligadas de la representación popular.

La reforma —tal cual la proyectaba Uriburu— sería votada en una asamblea constituyente, pero con un Parlamento renovado. Para ese fin, programó elecciones legislativas en forma escalonada en diferentes provincias como paso previo a las elecciones presidenciales.

Las cabezas más visibles del nacionalismo elitista, que dominaban la intimidad de la Casa de Gobierno, eran el principal sostén del proyecto político de larga duración del uriburismo. El secretario general de la Presidencia, teniente coronel Juan Bautista Molina, y el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, ahora se proponían un desafío que parecía mucho más intrincado de lo que había sido la toma de la Casa de Gobierno, prácticamente desocupada cuando usurparon el poder. Ahora querían derrotar en las urnas al radicalismo que ya habían depuesto con las armas, y luego modificar la estructura del sistema político argentino.

La idea de restauración corporativa de Uriburu no fue apoyada por los partidos políticos. Ni siquiera por los conservadores. El gobierno no logró convencer a los dirigentes para que trabajaran en favor de su propia destrucción. Solo las febriles corrientes nacionalistas, imposibilitadas de unificarse en estructuras partidarias, apoyaron el plan corporativo. Luego de muchos años de solitaria prédica intelectual y militante en el infértil territorio de la democracia, los nacionalistas adoptaron a Uriburu como el redentor de los nuevos tiempos. Fue el general que por primera vez los comprendió y albergó en el Estado.

La tormenta del mundo ya se distinguía en el horizonte del Río de la Plata. En la década de 1920, Europa empezaba a exhibir un desprecio militante por el sufragio universal, descreía de los arbitrajes en los conflictos y de las mediaciones políticas. Existía la certeza de que la crisis económica del capitalismo conduciría al derrumbe de la democracia liberal. Los posicionamientos eran radicales: Roma o Moscú. La elite del nacionalismo local, deleitada con el eco del fascismo europeo, anunciaba que había sonado la hora de la espada. El futuro había llegado.

Leopoldo Lugones era uno de sus profetas. En diciembre de 1924, en el Perú, en la conmemoración oficial del centenario de la batalla de Ayacucho, con la presencia del ministro de Guerra, general Agustín Justo, el poeta rescató la pureza de la fuerza militar frente al “pacifismo, el colectivismo y la democracia”.

“El Ejército —dijo Lugones— es la última aristocracia, la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta frente a la disolución demagógica. Solo la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza”.

La necesidad de la preeminencia del “poder fuerte” por sobre el parlamentarismo, su caracterización del sufragio universal como “el culto de la incompetencia” —que solo podría engendrar un “gobierno inepto”—, convertiría a Lugones en uno de los más lúcidos tutores de las ideas políticas del nacionalismo.

El poeta, que hacía de cada visita a la sala de armas del Círculo Militar un moderado acto de proselitismo político y personal, arengaría a los hombres de armas en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas de 1930 a desenvainar la espada para regir los destinos de la Nación. Tres meses después, redactaría la proclama del golpe de Estado, aunque, para su decepción, sería objetada a última hora por sectores castrenses ligados al general Justo, que reforzaron el compromiso por escrito del nuevo gobierno provisional de retornar a la Constitución; un juramento del que Uriburu deseaba librarse.

Hacia el fin de la década de 1920, la reacción aristocrática estaba otra vez de pie en la Argentina. Ávida de constituirse en brigadas y tropas de asalto callejero, tenía menos pudores institucionales y una formación mucho más militarizada que sus antecesores de la Liga Patriótica, que llegaba a la tercera década del siglo con una humilde influencia.

Conformada por estudiantes y profesionales de clase media alta, también por militares, ahora era la Legión Cívica el grupo más relevante de un magma ideológico nacionalista que se había animado a enjuiciar a la “dictadura de los partidos políticos”, acusaba de “ladrones” a sus dirigentes y descalificaba por “demagógico” al sistema de representación popular que daba un valor igualitario a cada voto, sin diferenciar la trascendencia de cada elector en la sociedad. Desde esa perspectiva, la Ley Sáenz Peña había concebido una injusticia.

“En este país hay un sesenta por ciento de analfabetos […] —se había lamentado Uriburu para justificar su proyecto—. Ese sesenta por ciento de analfabetos es el que gobierna, porque en las elecciones legales ellos son mayoría”. Aunque los analfabetos fuesen en realidad una tercera parte de lo que él había revelado, tanto Uriburu como los nacionalistas aspiraban a un gobierno “de los mejores”, con voto calificado y veto a los iletrados, para otorgarle legitimidad a un poder que ya detentaban por la fuerza.

Uriburu autorizó a la Legión Cívica a operar como fuerza de choque del oficialismo. Los legionarios se exhibieron en las calles como arma de intimidación contra los que impugnaban su proyecto corporativo. Uriburu firmó un decreto que los autorizaba a entrenarse en el Ejército los días domingo e incluso varios agentes de la inteligencia militar colaboraron en las tareas organizativas. Con el favor oficial, los legionarios también gozaron de algunas prerrogativas: usaban las escuelas públicas para difundir sus actividades y transmitir su visión de la Patria a los escolares. Tenían, también, un canal de preferencia para ingresar al Estado, práctica que habían despreciado por “corrupta y deshonesta” cuando la ejercieron los yrigoyenistas.

La Legión se convirtió en la reserva moral y militarizada del proyecto uriburista. En lo simbólico, sus marchas imitaban la movilización de masas de la Italia fascista. Una de las representaciones públicas más teatrales ocurrió en el desfile del 25 de Mayo de 1931. En el festejo patrio, los legionarios se alinearon prolijamente en pelotones y a paso militar desfilaron frente a Uriburu, que les daba la voz de “Legionarios” y ellos respondían “Viva la Patria” con el saludo fascista.

El poder delegado a la Legión Cívica y el alcance de su rol a futuro habían generado desconfianza en las Fuerzas Armadas. Pero Uriburu prometió que no utilizaría a los legionarios como un movimiento de masas subordinado al Estado, a semejanza de Mussolini. Los caracterizó como un “organismo absolutamente apolítico” con la misión de defender la Patria y el Orden. Sin embargo, decepcionado por los sectores civiles que lo habían acompañado a tomar por asalto el Estado y ahora le daban vuelta la cara, la Legión representaba una base política de intimidación para defender su proyecto de reforma constitucional que lo retuviera en el poder.

La base represiva de su gobierno, con el encarcelamiento y la eliminación de opositores, también fue sostén de su plan político de larga duración. Uriburu no utilizó a las Fuerzas Armadas como institución para la represión clandestina. Prefirió delegar esta en algunos militares ligados al nacionalismo y en sus funcionarios de mayor confianza, pero, básicamente, en la estructura policial.

Hasta el golpe de Estado de 1930, la Sección Orden Político era una repartición casi anodina en la burocracia de una policía que había naufragado muchos años en la desorientación, rastreando las esquirlas de Severino Di Giovanni, sin poder probar su responsabilidad penal. Orden Político se manejaba con una veintena de agentes que elaboraban informes de inteligencia en conferencias de prensa o debates públicos. La Sección era conducida por el coronel Enrique Pilotto, quien, apenas asumió Uriburu, cedió el control a Leopoldo Lugones (h), el hijo del poeta.

Lugones (h) ya tenía experiencia en los organismos públicos. Había sido director del Reformatorio Olivera, pero fue exonerado por matar a palos a un internado. Lugones (h) no había tenido una infancia feliz: castigos corporales por parte de su familia, un ataque de tifoidea a los 12 años que le amargó su estadía en París, pero no había dudas de que quería ser policía. A los 16 años se había ofrecido como aspirante a la Sección de Investigaciones. Lo hizo con su propia invención: un instrumento para torturar y hacer declarar a los detenidos. Lo había probado con animales y le había dado resultado.

Lugones (h) le dio impulso a la repartición policial. Bajo su gestión llegó a tener trescientos agentes a su cargo, que caminaban las calles en busca de cualquier frase de café en oposición al gobierno como argumento de una detención por “conspiración” que luego se pagaba con cárcel y torturas. En virtud de sus procedimientos, sus víctimas denunciarían que sentía placer por los castigos físicos y morales. Por su fisonomía y su estructura psíquica, lo comparaban con Santos Godino, el “Petiso Orejudo”, criminal serial que ahorcaba o prendía fuego a los menores. Y, así como Godino era objeto de estudio de la criminología argentina, las víctimas de Lugones (h) reclamaban que se evaluaran sus conductas criminales con los mismos parámetros.

Lugones (h) provocó una revolución en las técnicas represivas de la policía. Hasta su gestión, los agentes se valían de cachiporras de goma o de la prensa, que oprimía distintas partes del cuerpo de los detenidos para sus “hábiles interrogatorios”. Incluso la cárcel de la isla Demarchi, ubicada en el Río de la Plata, entre la Costanera Sur y La Boca, tenía un tanque donde se sumergía a los detenidos, pero era de agua limpia. Lugones (h) produjo el salto cualitativo. Presentó nuevos instrumentos de tortura para hacer más eficaces los “interrogatorios” policiales. Los utilizó en los sótanos de la Cárcel de la Penitenciaría de la calle Las Heras. Fueron probados sobre los cuerpos de miles de detenidos por el Régimen.

El triángulo era el primer reducto que conocían los torturados. Era un espacio pequeño, rodeado de materia fecal y agua, donde se dejaba desnudo al detenido en la oscuridad bajo temperaturas extremas. Allí se lo invitaba a firmar una declaración judicial que lo incriminara a él o a un tercero. Después del triángulo, descendía a los sótanos de la Penitenciaría. Entre los instrumentos de tortura estaban la picana eléctrica, un cable conectado a electrodos; la silla, ligada a una roldana que subía al torturado para luego hacerlo caer de cara en el tacho, una pileta repleta de inmundicias y materia fecal. Los tacos, que eran pilares de adoquines o de madera que se presionaban con un torniquete sobre los detenidos atados en la silla. Con el tiento se ataban los genitales y se los estiraban. También utilizaban agujas al rojo vivo, o tenazas de madera para estirar la lengua de la víctima.

No solo obreros, estudiantes, radicales, anarquistas o comunistas fueron objeto de la represión del régimen militar. El gobierno de Uriburu también torturó a sus camaradas de armas. Fue un proceso que se inició en febrero de 1931, cuando el interventor de Córdoba, Carlos Ibarguren, denunció que había frustrado el complot de un grupo de civiles yrigoyenistas que había logrado comprometer a suboficiales del Regimiento 13º de Infantería para un alzamiento militar. Pocos días después, se anunció el descubrimiento de otra conjura. El gobierno acusó a miembros de las Fuerzas Armadas de estar involucrados en la conspiración, los detuvo y los trasladó a la Penitenciaría para ser torturados por militares, policías y civiles, uno de ellos extranjero.

Los supuestos líderes de la insurrección eran el general retirado Carlos Toranzo Montero y el general Ernesto Baldasarre, ex director del Arsenal de Guerra, junto con otros treinta y cuatro oficiales. Toranzo Montero no pudo ser capturado —se fugó al Uruguay—, pero detuvieron a su hijo, un teniente primero en actividad destacado en un regimiento en Corrientes. Lo trajeron a la Penitenciaría, donde conoció a los hombres que administraban la tortura para velar por la seguridad del proyecto político del gobierno. Toranzo Montero (h) había llegado tambaleándose al primer interrogatorio. En la sala de tormentos le habían golpeado la zona lumbar con un objeto contundente. Se sentó en un sillón de la oficina del director de la Penitenciaría, el ex diputado conservador Alberto Viñas. Frente a él estaban el teniente coronel Juan Bautista Molina, gestor de la Legión Cívica y secretario general de la Presidencia; el subprefecto David Uriburu, apodado “El Doctor”, primo del presidente provisional, y el coronel Pilotto, jefe de la Policía de la Capital. El coronel Molina tenía a su lado a dos taquígrafos, que luego se ocuparían de redactar la declaración del presunto complotado para incorporarla al expediente de la justicia militar.

Molina empezó insultando al general Toranzo Montero —“aliado a la chusma radical”— y le informó al hijo que su padre ya había sido detenido y estaba siendo trasladado a esa unidad carcelaria para ser fusilado de acuerdo con la ley marcial, como lo habían hecho con Di Giovanni. De modo que, le explicó Molina, a él como hijo le convenía relatar todo sobre el complot para disminuir la desgracia de su familia y no correr la misma suerte que correría su padre. Si hablaba, podía salvarse. Le recomendó actuar como lo había hecho su hermano, cadete militar, que había sido detenido, reveló lo que sabía y pronto quedaría en libertad.

Toranzo Montero (h) temía ser ejecutado sobre la base de una declaración fraguada. Obnubilado, sin respuestas físicas ni mentales, le comentó a Molina que acababa de ser torturado. El secretario general de la Presidencia le restó importancia a la novedad. Le dio a entender que eran prácticas que obedecían a órdenes del gobierno.

Otro de los detenidos del supuesto complot fue el teniente primero Frugoni Miranda. Un oficial fue a su casa y le indicó que Pilotto deseaba conversar con él. Frugoni era oficial investigador de la sección Justicia del Ejército. Diez años antes, había formado parte del Regimiento 10º de Caballería que fusiló a los huelguistas en Santa Cruz. Ahora sentía que aquel infierno se le venía encima. Lo tomaron prisionero en la Penitenciaría, le robaron sus pertenencias y lo obligaron a permanecer de pie en el triángulo. A las cinco horas, Frugoni Miranda, que consideraba indigno que un militar estuviese uniformado en esa situación, pidió que le trajeran ropa de civil. Después lo condujeron al sótano de la Penitenciaría, lo sentaron en la silla, ataron sus brazos y pies con una soga y le colocaron los tacos de madera a la altura de los riñones. Viñas le dijo que tenía una declaración de un pariente que lo involucraba en el complot de Toranzo Montero. Le preguntó si él tenía algo más para aportar. Frugoni Miranda no respondió.

—Marucci, dale al torniquete —ordenó Viñas. Esteban Marucci era italiano, jefe de una banda de delincuentes comunes que asaltaba negocios y a chauffeurs. También era miembro del Departamento de Investigaciones de la Sección Especial de Represión al Comunismo de la Policía. Se había ganado el aprecio del director de la Penitenciaría por su permanente disposición a superarse. Siempre le aportaba ideas a Lugones (h) para la creación y el perfeccionamiento de los aparatos de tortura. Las tenazas de madera, por ejemplo, eran una obra suya. Viñas lo había empleado como secretario privado.

Marucci obedeció la orden de su jefe y la presión sobre el cuerpo de Frugoni Miranda aumentó. El militar tenía la vista nublada y la garganta seca.

—¿Va a declarar? —volvió a preguntarle Viñas.

—No tengo nada que declarar —respondió el teniente primero. Ya no podía articular las palabras.

Viñas se disgustó. Gritó:

—¡Marucci!

El italiano volvió a la acción y Frugoni Miranda se desmayó. Viñas, que era médico, lo revisó y se sorprendió de que no se hubiese muerto. Pero, como a todos los que perdían el conocimiento, enseguida se le raspaba el pecho con un pedazo de lija y se lo rociaba con aguarrás y alcohol. Apenas reaccionaba, se lo volvía a torturar.

Cuando Frugoni Miranda volvió en sí, comenzó a insultar a Viñas.

—Usted no es un médico, es un criminal. Prometió aliviar a los hombres de sus males físicos y en cambio los tortura. Es un criminal.

Viñas se enfureció con la acusación de su prisionero. Él había hecho su aporte para elevar la jerarquía científica de la medicina. Como médico y diputado, en 1921, había promovido la ley que estableció la obligación de los magistrados judiciales de elegir como peritos a los médicos legistas. Fue la ley que permitió a los médicos trabajar en conjunto con los jueces y dejar los orgullos profesionales de lado. Impotente, Viñas le quiso dar un golpe de puño a Frugoni Miranda, pero se contuvo. Le ordenó a Marucci que le retorciera los testículos. Marucci le puso el lienzo y reforzó la compresión de su tórax con los tacos de madera. El detenido escupió sangre. Frugoni Miranda permaneció seis días en una celda sin cama y sin un médico que lo atendiese. Lo llevaron a la prisión del transporte Pampa. Allí, tras mucho fatigar, logró que una junta de reconocimiento médico del Ejército decidiera su traslado al Hospital Muñiz, donde permaneció tres meses. En agosto de 1931, fue enviado al Hospital Militar y desde allí trasladado al Regimiento 4º de Artillería de Córdoba en calidad de detenido.

El auxiliar de policía José María Cortina también fue acusado de participar en el complot. Fue el 15 de febrero de 1931, mientras custodiaba en la calle el corso de carnaval. Llegó a última hora a la Penitenciaría. Lo recibió el jefe de Orden Político de la Policía, que también oficiaba de interrogador.

—Tengo orden de romperlo, pero es tarde y tengo que irme —le anticipó Lugones (h)—. Si no dice lo que yo sé que sabe, sin asco lo voy a entregar para que procedan con usted.

Enseguida extrajo una declaración judicial que involucraba a una lista de políticos radicales en el levantamiento. Quería que la firmase. Cortina firmó la declaración y lo mandaron al Pabellón 7. Pero no se salvó. Fue al sótano. Traspasó la manta negra. Vio a los taquígrafos. Estaba Marucci. Querían que firmara otra declaración que lo incriminara en la sublevación de la tropa policial. Lo ataron de pies y manos. Conoció los tacos de madera, la roldana, la soga al cuello, se desmayó. Fue al triángulo, al Pabellón 6, a la enfermería. Desde la noche en que fue detenido en el corso de carnaval permaneció tres meses y ocho días en la Penitenciaría.

Hasta la llegada de Uriburu, el jefe de la Sección Penal de la Cárcel de la Penitenciaría era el teniente coronel Antonio Fernández, designado por Alvear. Pronto fue desplazado. Después supo que en el sótano habían sido torturados los tenientes Cardalda, Echegaray, Héctor y Alfonso Grisolía y Gerardo Valotta, entre tantos otros, y que a las dos hermanas de Valotta las habían llevado al sótano, donde fueron torturadas y violadas por Lugones (h). Marucci les había aplicado las tenazas a sus pezones. Y luego las encerraron en el asilo de prostitutas de la cárcel.

El coronel Fernández se indignó también cuando supo que el general Baldasarre, además de ser torturado, había sido escupido en la cara por Marucci. Un civil italiano había escupido a un general argentino con la complicidad de sus camaradas de armas. Fernández lo sintió un agravio para todo el Ejército. Se le ocurrió preguntar a la Comisión Directiva del Círculo Militar qué actitud habían asumido frente al caso del general Baldasarre, socio de la institución, dado que otros de sus torturadores también eran socios del Círculo. La pregunta le resultó impertinente a la Comisión Directiva. Una semana después, un agente de Orden Político fue a la casa del teniente coronel Fernández e intentó detenerlo. Tenía orden de Lugones (h). El militar se resistió e invitó al hijo del poeta a que lo detuviera en persona.

Adelio Ortiz, un comisario jubilado, proveedor de vinos en barcos mercantes, también fue hecho prisionero por el supuesto complot militar. En una de las oficinas de la Penitenciaría fue recibido por el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, el responsable político del plan corporativo de Uriburu. El funcionario, que cuando fue diputado votó a favor de la creación de una comisión investigadora parlamentaria por los fusilamientos en la Patagonia solo para importunar a los radicales, no era ajeno a las diligencias en la unidad carcelaria, pero no le gustaba perder el tiempo ahí dentro: solo presenciaba las torturas a los detenidos de mayor relieve para escuchar de primera mano sus confesiones, si las había; a diferencia del coronel Parker, que presenciaba las torturas como distracción estética o visual. Además, como por lo general en la Penitenciaría se torturaba de noche, prefería que a la mañana siguiente, el comisario inspector Vaccaro, jefe de la Sección Penal, le reportara la síntesis de los interrogatorios. Vaccaro se sentía cómodo en su nuevo cargo. Bastaba que oprimiese un botón de su escritorio para que se acercara un torturador a su despacho para recibir indicaciones. Además, para él, que dirigía una banda de delincuentes que tenía su cuartel general en una imprenta de la calle Entre Ríos, el puesto le permitía extorsionar a políticos con la amenaza de un futuro de torturas en la Penitenciaría.

Sánchez Sorondo, que además de ministro era profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, le preguntó a Ortiz si era radical. “Peludista”, respondió el detenido. Así se declaraban los leales a Yrigoyen.

Vaccaro trató de poner a Ortiz en situación. Había algo que no estaba funcionando.

—Vea, amigo —le dijo—. Vamos al grano. Tenemos medios expeditivos para que hable rápido.

Ortiz le comentó que la presencia del ministro del Interior en ese lugar le daba la medida de la infamia que cometía la policía.

Sánchez Sorondo se enojó:

—Ya le vamos a sacar las compadradas a los radicales —dijo.

Le ordenó a Lugones (h) que se ocupara del interrogatorio y se fue. Pero, al cabo de unas preguntas, Lugones (h) no había logrado nada. Vaccaro observó que Ortiz se mantenía irreductible y estaba orgulloso de su actitud. Se lo reprochó:

—Usted es un otario. Lo van a hacer guiso. Vea lo que le hicimos a Baldasarre. Le retorcimos los testículos. Y a los tenientes los hemos hecho pedir agua. Aquí no se resiste nadie. No se haga deshacer, amigo.

Vaccaro llamó al inspector Juan Carlos Mercado, uno de sus esbirros.

—Hágale conocer el establecimiento al señor.

Salieron de la oficina y recorrieron la galería de la alcaldía junto a otros carceleros. Ortiz escuchaba a detenidos que se quejaban de las torturas desde las celdas. Hacia el final, a la izquierda, descendieron una escalera que conducía al sótano de la Penitenciaría. Lo llevaron hasta una manta oscura. Mercado la corrió y le hizo conocer el “Jardín de los Suplicios”. Quedaba justo debajo del despacho de Viñas. En otros tiempos había sido utilizado por los encausados para elaborar el pan dulce de Navidad. Ahora no. Ortiz vio a Joaquín Cordeau, ex jefe de compras del Congreso, parado en un charco de sangre que chorreaba de su boca, su nariz y uno de sus oídos; Antonio Bianchi, afiliado socialista, también sangraba. Dos hombres le aplicaban termocauterio en la ingle y los brazos. Tenía dos costillas fracturadas. Al fondo, una persona atada en una silla con la cara deshecha miraba sus dientes en el suelo. Tenía los labios partidos. Era el turco Salin Fader. Ortiz sentía olor a sangre quemada.

—¿Qué le parece? —se interesó Mercado.

—Miserables —respondió Ortiz.

—No se excite. Usted ya va a probar todo esto. De acá no se escapa nadie.

Ortiz fue conducido a una celda. “Vaya y piense”, le recomendó Mercado. Al segundo día lo llevaron al Jardín de los Suplicios. Mercado lo invitó a que él mismo corriera la manta. Apenas lo hizo, Ortiz recibió un cachiporrazo de goma que lo derribó hacia adentro. Sin que pudiera reaccionar, ya estaba metido en una prensa con dos gruesas tablas sujetas a una columna, con los pies atados y la caja torácica aprisionada. Se sentía estaqueado. Le pareció que había unas treinta personas que lo observaban. Un “Tribunal de Sangre” dispuesto a juzgarlo. Vaccaro se adelantó. Le dijo:

—O cantás o te deshago, hijo de puta.

Ortiz se desahogó.

—Matame, miserable. Pero no me dejes con vida porque firmaste tu sentencia de muerte. Si vivo, te voy a arrancar el corazón.

Vaccaro ordenó a Marucci que le presionara la prensa. Ortiz perdió el conocimiento y cayó al suelo. Vomitó sangre. Sintió el hígado reventado. La sangre le manchó los pantalones a dos miembros del “Tribunal”, que respondieron con puntapiés. D’Elía, Denovi, Jiménez, que eran policías que conocía, se rieron del percance. Ortiz era un hombre pesado, de 120 kilos, y costó subirlo otra vez a la silla. Lo volvieron a atar. Viñas le tomó el pulso. Ordenó a sus hombres que volvieran a actuar. Lugones (h) se interpuso. Confiaba en su capacidad de persuasión. Les ordenó a los taquígrafos:

—Apronten lápiz y papel, que hablará espontáneamente.

Se dirigió a Ortiz.

—Acá tengo una lista de políticos. Son cincuenta o sesenta. Diga quiénes formaron parte de la Junta Revolucionaria.

Lugones (h) comenzó a leer nombres de jefes y oficiales que suponía involucrados en el complot. Ortiz dijo que no conocía a ninguno. Lo subieron dos metros con la roldana y empezaron a bajarlo con la silla hasta asfixiarlo en el tanque lleno de mierda.

Cuando Ortiz recobró el conocimiento, Lugones (h) lo estaba amenazando con la tenaza para sacarle la lengua. Le preguntó si había recibido dinero de Honorio Pueyrredon y se lo había dado a Toranzo Montero para financiar el complot. El hijo del poeta lo previno: “Si lo niega, no lo dejo con vida”.

Ortiz fue atado y asfixiado otras cinco veces. Le aplicaron inyecciones para sostenerle el corazón. Tuvo una congestión cerebral. Dos detenidos, que eran médicos, le hicieron una sangría con una hoja de afeitar. Estuvo entre la vida y la muerte durante cuatro meses. No podía distinguir la hora. Lo fueron alojando en diferentes pabellones de la Penitenciaría. Al noveno mes entregó un escrito a la justicia federal para irse del país. Fue llevado en barco a Montevideo. Uno de sus hijos, estudiante, de 19 años, también había sido detenido y torturado.

Entre los opositores al proyecto uriburista, también se contaba Crítica. El diario había sido cerrado en mayo de 1931 y su director, Natalio Botana, permaneció tres meses en la cárcel de la Penitenciaría. La Nación aprovechó la clausura de Crítica para editar el vespertino Noticias Gráficas, para el que contrató a treinta periodistas del diario de Botana, con la intención de reproducir su éxito. A partir de entonces, molesta con el nuevo diario, la familia Botana vivió convencida de que un miembro de la familia Mitre, director de La Nación, le había reclamado el cierre de Crítica a Uriburu.

Crítica fue un actor clave en este proceso político. Durante la década de 1920, el diario, que ponía de relieve los sucesos policiales, había tenido una participación activa en el mundo político. Establecía lealtades con la facción de un partido, organizaba campañas en contra de otro o reclamaba el voto a los lectores en favor de determinado candidato. Algunas de sus preferencias fueron variando con el paso de los años. El diario pasó del resentimiento profundo a la adulación a Yrigoyen, aunque tras la elección de 1928 su posición se mantuvo inmutable: trabajó para derrumbarlo.

Por entonces, Crítica había hecho público su auspicio al Partido Socialista Independiente (PSI), que se había desprendido del tronco partidario en 1921, con el liderazgo de los diputados Antonio De Tomaso, Federico Pinedo y Augusto Bunge. Sus detractores los acusaban de “conservadores encubiertos”, para excluirlos de la oferta electoral de la izquierda. Crítica representó una base política para el lanzamiento del PSI, y esa novedosa alianza periodístico-partidaria, acompañada por la sistemática campaña de desprestigio contra Yrigoyen, fue central para que en marzo de 1930 el PSI se convirtiera en la primera fuerza electoral porteña, por encima del socialismo y el radicalismo.

Las páginas de Crítica eran demasiado filosas para el líder radical, que estaba sin reacción y cautivo en su casa de la calle Brasil. El diario se había propuesto no detenerse hasta verlo caído. La redacción del diario reunía también a civiles y militares que aceitaban la conspiración golpista. Incluso en las horas previas al 6 de septiembre de 1930, algunos políticos y periodistas partieron en caravana de la redacción de Crítica hacia los cuarteles a dar testimonio del apoyo a las tropas. Cuando Uriburu tomó el poder, Crítica se atribuyó para sí la dirección civil del golpe de Estado. Ese día, la casa de Yrigoyen fue saqueada.

Al poco tiempo, menos de tres meses, Botana fue señalado como un enemigo del régimen militar que había patrocinado. No era que la coyuntura política hubiese variado demasiado, pero algunas posiciones se esclarecieron. Los civiles golpistas se decepcionaron con el fascismo de entrecasa que propiciaba Uriburu, y Uriburu, desengañado de los políticos y los periodistas, abstraído en la idea de colocarse al mando de las corporaciones y ser el presidente de la Argentina, trabajó para un plan de permanencia genuino, con el amparo de la Legión Cívica y el apoyo del frente militar; un apoyo exiguo, a su pesar: la mayoría de los cuadros del Ejército respondían al ex ministro de Guerra, el general Justo.

En tanto, Crítica “se fue” del gobierno de Uriburu, sus páginas comenzaron a machacar sobre la ley marcial, el estado de sitio y la falta de libertades públicas. Entonces, en mayo de 1931, el diario fue clausurado y Botana, sacado de la cama en plena noche, fue conducido a la Sección Orden Político. Su esposa, Salvadora Medina Onrubia, que era anarquista y se carteó con Radowitzky cuando este permaneció en la prisión de Ushuaia —Yrigoyen lo indultaría en abril de 1930, tras más de veinte años de prisión e intentos de fuga frustrados—, también fue detenida y trasladada a un asilo de prostitutas. Ella ya había conocido a Lugones (h) e incluso —dijo— lo había descubierto intentando abusar de un animal.

Buena parte de la planta de redacción de Crítica también fue encarcelada. La misma paradoja que sufrió Botana padecería Jacobo Timerman, director de La Opinión, cuarenta y seis años después: alentó la irrupción de un régimen autoritario que luego lo perseguiría y, en su caso, lo torturaría.

El Estado no tenía cargos contra Botana. Había vulnerado la orden de censura, es cierto, y publicó artículos que el gobierno consideró hirientes, en razón de la pretérita amistad política, pero elementos probatorios de una sedición, contactos con el hampa, capitales oscuros en el registro contable de la empresa o defraudaciones comerciales no pudieron ser establecidos cuando los investigadores policiales de Lugones (h) rastrillaron las oficinas del director. De todos modos, el hijo del poeta se ocupó de arrestar a la gerencia administrativa del diario y de torturar personalmente a uno de ellos, Eduardo Bedoya, de 27 años, que había entrado al diario como cadete en la sección Cine, y a quien Botana preparaba para que lo sucediera en la dirección de Crítica. Bedoya fue puesto a disposición de Orden Político, trasladado a una celda de la Penitenciaría y luego sentado en la silla del sótano. Lugones (h) le propuso firmar doce cargos que incriminaban a su jefe, pero el joven no los firmó. Lo arrumbaron en el triángulo, desnudo y sin agua, pisando orines y soportando el hedor. Estuvo casi un día con dos grados bajo cero. En esa circunstancia, le acercaron los papeles de la declaración judicial que tenía que firmar.

—Estás desnudo, ¿qué podés hacer? —le explicaron. Bedoya volvió a la celda del pabellón. Estaba deshecho.

Al cabo de unos días, Viñas lo visitó. Le quiso hacer creer que no sabía que estaba detenido. Le sirvió una copa de cognac para reanimarlo. Bedoya le enrostró los favores de Crítica a su partido, o cuando él mismo acudía a la redacción a compartir un copetín con los periodistas y la dirección del diario.

—¿Para esto nos jugamos la vida el 6 de septiembre? —se enojó Bedoya.

El día del golpe de Estado, él mismo había hecho sonar la sirena del diario para invitar al pueblo a la calle y presionar por la caída del líder radical, y también había soportado el asedio de la policía, que quería tomar el edificio para cumplir con la orden de clausura de Crítica decidida por Yrigoyen en la tarde del día anterior.

Viñas le replicó que era Lugones (h) el que mandaba.

—Tiene un no sé qué con ustedes… —le dijo.

Bedoya fue liberado de la Penitenciaría y luego, cuando comenzó a organizar otro diario, fue encarcelado nuevamente. Una carta del socialista independiente De Tomaso que llegó a manos de Uriburu facilitó su liberación y su posterior destierro, sin que tuviese un proceso judicial. De Tomaso había invocado “razones humanitarias” en su pedido.

No obstante su afición por el tormento, Lugones (h) tuvo para con Botana una mayor deferencia. Lo colocó en una cómoda celda de la Penitenciaría. Siempre intentó dialogar con él. La madrugada de mayo de 1931 en que se lo trajeron “con los botines desabrochados” a su despacho de Orden Político —en cuya pared Lugones (h) había colgado un cuadro del coronel Falcón que no estaba de adorno—, le aclaró, en un diálogo que él mismo transcribiría dos años después en la publicación nacionalista Bandera Argentina, que se consideraba, en esencia, un hombre bien educado:

—Usted sabe perfectamente que somos enemigos y por eso mismo lo voy a tratar bien.

—No me interesa —respondió Botana.

—No lo hago porque a usted le interese o no, sino por razones de conciencia. Haría esto con el último de los individuos.

—Tampoco me interesa.

—No sea guarango. Mientras esté preso en Orden Político se alojará en mi dormitorio, lo que no he hecho con nadie. No lo hago por usted personalmente, sino porque es lo que aprendí en la casa de mis padres —explicó el torturador.

La enemistad entre ambos estaba exacerbada por una disputa política sutil, pero no tan evidente, que Botana, para exasperar el ánimo de Lugones (h), puso sobre la mesa para que entendiera que él saldría limpio de esta contingencia y su faena de torturador, en cambio, no tenía destino. Fue así: Botana le pidió ver al general Justo.

—Quién sabe si quiere verlo a usted —repuso Lugones (h).

Botana le aseguró que, si le avisaban que él deseaba hablarle, Justo vendría en el acto.

—Me ayudará eficazmente —afirmó.

—¿A qué obedece esa seguridad? —preguntó el jefe de Orden Político.

—A la ambición de los hombres y a otra causa más. El general Justo se siente presidente…

—¡Pero eso es un disparate! —lo interrumpió Lugones (h)—. El general Uriburu no piensa dejar el gobierno por ahora.

—Acuérdese de lo que le digo.

Justo había renunciado a la jefatura del Ejército a quince días del inicio del gobierno de Uriburu. Argumentó que la investigación por malversación de fondos en la compra de armamento militar durante su cargo en el Ministerio de Guerra que había iniciado la Justicia debía fluir sin condicionamientos. Y mientras dejaba tropezar a un Uriburu carente de astucia en el trato con los civiles, Justo colocó a sus hombres en ministerios y unidades militares.

Justo llevaba años en la construcción política. En cambio, en el ámbito castrense, su único bautismo de fuego había sido una travesura adolescente. La había tenido a los 14 años, cuando en 1890 decidió ir en defensa del Parque junto a los cívicos y bajo la influencia de Hipólito Yrigoyen, responsable de la sublevación de los cadetes del Colegio Militar. El tiempo lo pondría en las antípodas del líder radical. Como ministro de Guerra de Alvear, Justo se preocupó por desplazar a los cuadros subalternos del yrigoyenismo en el Ejército y se alineó entre los consejeros que le zumbaban al Presidente sobre los beneficios de la intervención de la provincia de Buenos Aires en 1925, conducida por el personalismo, como estrategia para debilitar la influencia del ex presidente en el partido, hasta ponerle punto final. Su apetencia de poder conduciría al ministro de Guerra a permanecer cercano a Alvear, tanto en las tertulias nocturnas como en los eventos sociales o las vacaciones de verano. Le gustaba presentarse ante la sociedad civil como un hombre que tenía el control político del Ejército y a la vez estaba por encima del marco castrense, una condición que lo hacía circular por el mundo de las armas y la vida cívica con autonomía.

En su derrotero, Justo siempre estuvo atento a las oportunidades políticas. Cuando la disputa entre personalistas y antipersonalistas era pública e irreversible, batalló para que el radicalismo se doblara, se rompiera y perdiera su hegemonía electoral en la Argentina, y él pudiera trascender en la política liderando una alianza de conservadores, antipersonalistas, socialistas independientes y las corporaciones militar y empresaria. Su horizonte político era mucho más amplio que el de Uriburu, quien a poco de comenzar su gobierno solo retenía la fe de los nacionalistas y de sectores minoritarios del Ejército.

El retorno de Yrigoyen al poder en 1928 había dejado mal parado a Justo. No tenía un destino efectivo, pero tuvo tiempo disponible para trabajar en favor del derrumbe gubernamental. Justo ejerció en este proceso el mismo rol doble y circular. Entre los civiles, se consolidaba como el garante militar de la conspiración. A la inversa, para las Fuerzas Armadas, era el hombre que traccionaba el apoyo civil para el golpe de Estado.

Calificado de “maniobrero” por aquellos que desconfiaban de su fino olfato para las alianzas, Justo no quiso exponerse a un liderazgo en la ruptura institucional del 6 de septiembre. No sería un buen antecedente para quien, aunque fuese en forma ficticia, se preocupaba por demostrar sus convicciones a favor de la Constitución Nacional, el sistema de partidos y su aceptación de la Ley Sáenz Peña. Incluso en una oportunidad desmintió —con una carta a un amigo que publicó La Nación— que tuviera intención de tomar el poder por las armas y respaldó la democracia. Se sentía un actor político clave y dejó la impresión de que, si el ejercicio constitucional continuaba vigente, era en parte por su generosidad. Para reducir los desequilibrios políticos —en perjuicio de los conservadores— que había originado el sufragio universal, su estrategia fue violar de manera oculta aquello que proclamaba y, a la vez, seducir a los marginados y descontentos de la ley que invocaba.

Impaciente frente a los obstáculos que le planteaban los civiles después del 6 de septiembre, Uriburu tuvo menos tiempo para desarrollar su plan. Su república corporativa necesitaba de un aval electoral. Sin embargo, a la primera convocatoria para las elecciones a la gobernación de Buenos Aires, el 5 de abril de 1931, ese aval le fue denegado. El radicalismo ganó las elecciones con la candidatura del ex ministro yrigoyenista Honorio Pueyrredon. En una curiosa lectura del acontecimiento, el gobierno respetó el mandato de las urnas; no obstante, proclamó que no podía aceptar que los elegidos “sean hombres del régimen depuesto”.

En consecuencia, Uriburu anuló el resultado de las elecciones, aplazó las que estaban previstas en otras provincias y destituyó —como forma de hacerlo responsable del fiasco— al ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, que había alternado sus tareas en el sótano de la Penitenciaría con la búsqueda de apoyos para el plan corporativo del presidente provisional.

Frente a la derrota de Uriburu, Justo volvió a rechazar la incorporación al Ministerio del Interior, pero le recomendó un hombre propio para cubrir la vacante. Sin más espacio para las aventuras corporativas, Uriburu convocó a elecciones presidenciales y de legisladores para el 8 de noviembre de 1931.

No era el escenario que había imaginado. A lo largo de su gobierno, no había conseguido transformarse ni en candidato ni en elector de un candidato que aceptara su plan de reformas institucional. Le había propuesto su sucesión a Lisandro de la Torre con un respaldo que no dejaría dudas: llamando a votar por él desde el balcón de la Plaza de Mayo. Pero ni una amistad de cuarenta años —desde que tomaron el Parque de Artillería junto a los cívicos— ni la posibilidad concreta de ser presidente sedujeron al líder demócrata progresista santafecino, comparado con el peso que significaba transformarse en el candidato oficial de Uriburu.

Parecía que las aspiraciones presidenciales de Justo encontraban el cauce apropiado —algo de lo que Uriburu íntimamente renegaba—, pero el retorno de Alvear, que estaba en París, representó una amenaza para una candidatura a la que todo el arco político conservador ya había acordado fidelidad. El ex presidente —que nunca se había resuelto a enfrentar a Yrigoyen en forma explícita, aunque sí festejó su caída— era una figura más propicia que la de Justo para reunificar al radicalismo.

Con las elecciones presidenciales ya convocadas, Alvear fue elegido jefe de la Junta Reorganizadora de la UCR. Uriburu le exigió que suprimiera el gen yrigoyenista si pretendía poner en marcha su partido, pero el ex presidente se negó a las mutilaciones internas cuando faltaban menos de cuatro meses para las elecciones.

Hubo una insurrección contra Uriburu que fue útil al proyecto presidencial de Justo. Aunque no quedó establecido si el militar se dedicó a promoverla desde su origen, como sí lo aseguraron sus enemigos, es más factible que Justo la haya dejado crecer y tomar forma, y extrajera provecho de su radical fracaso.

El general Justo supo que el coronel yrigoyenista Gregorio Pomar promovía una sublevación cuartelera contra el gobierno provisional. Quizá para infiltrarla e influir sobre su suerte, oficiales ligados a Justo habrían tomado contacto con los responsables de la sublevación y les habían recomendado demorarla, para luego sumarse a ella. El 19 de julio de 1931, Pomar viajó desde Paraná hasta Corrientes para sublevar el Regimiento 9º de Infantería. Ya tenía de su lado a la oficialidad de esa unidad, a excepción de su jefe, el teniente coronel Lino Montiel, aunque pensaba que se rendiría sin dificultades. Al momento de la rebelión, Pomar se encontró con la resistencia de Montiel, con quien se enfrentó a golpes de puño y a quien terminó matando con su arma. El militar rebelde lanzó la proclama revolucionaria, exigió la cesión del poder al presidente de la Corte Suprema y el retorno a la “normalidad institucional”. Casi doscientos hombres bajo su mando desfilaron con apoyo popular por la ciudad de Corrientes hasta que tomaron la sede de gobierno de esa provincia y también la de Resistencia, Chaco. Pomar, sin embargo, no encontró eco en otras unidades militares del país, de modo que él y su tropa, frente a la amenaza de la reacción de las fuerzas oficiales, prefirieron asilarse en el Paraguay al día siguiente y evitar un desenlace peor.

Uriburu sobreactuó la represalia: culpó al radicalismo del intento insurreccional de Pomar, vetó la participación electoral de todo aquel que hubiera actuado “en el régimen depuesto” y arrestó a varios dirigentes. A muchos los desterró. Con estas restricciones, Justo encontró el camino allanado para captar una parcela del radicalismo antipersonalista. Esta facción se amplió en forma casi definitiva cuando Uriburu prohibió por decreto la participación de Alvear en las elecciones presidenciales, con el argumento de que debía esperar un intervalo de seis años para ser reelecto, invocando el artículo 77 de la Constitución que había quebrantado.

El 8 de noviembre de 1931, Justo, con dos candidatos a vicepresidente en boletas electorales diferenciadas, obtuvo 606.526 votos y venció a la Alianza Civil compuesta por el Partido Demócrata Progresista y el Socialista, con la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, que obtuvo 487.955. El radicalismo no había participado en las elecciones.

El 20 de febrero de 1932, el general Justo asumió la Presidencia.

Esa misma semana, el diario Crítica volvió a las calles y Botana denunció las torturas en las cárceles de Uriburu que habían sido ignoradas por el resto de la prensa. Dos meses después, cuando Uriburu murió, Botana escribió dos renglones debajo del título: “Hoy en París murió el ex dictador de Argentina José Félix Uriburu. Crítica, sin odio y sin perdón, hace el silencio que merece la muerte”.

Para entonces, Molina, Lugones (h) y otros funcionarios del sótano de la Penitenciaría ya estaban fuera del país. Lugones (h) había sido designado cónsul en Amberes. En su equipaje, había cargado ocho cajones con tres mil prontuarios de Orden Político.

Pero Sánchez Sorondo no se había escapado. Se las había ingeniado para instalarse en una banca en el Senado en representación de la provincia de Buenos Aires —sus adversarios lo apodaron “senador de facto”, dando cuenta de la ilegalidad de su incorporación al cuerpo parlamentario— y soportó las denuncias en el recinto. En marzo de 1932, el senador socialista Alfredo Palacios —que también había sido detenido por el régimen de Uriburu— presentó una cuestión de privilegio por las torturas y leyó los testimonios de Toranzo Montero (h), de Frugoni Miranda y de otros prisioneros que involucraban al ex ministro del Interior en las sesiones de tortura de la cárcel de la Penitenciaría.

A Sánchez Sorondo le pareció incomprensible la acusación.

¿Quién puede creer lealmente que el general Uriburu, que los hombres que lo hemos acompañado en su gobierno, tengamos alma de torturadores? ¿Acaso somos desconocidos en nuestro propio país? ¿Acaso venimos de tierras extrañas o expelidos por el bajo fondo, expelidos con el odio al semejante, hecho de hambre, de envidia, de humillación social, de rencores ancestrales, extravasado en nuestras venas? No, señor. Todos tenemos una limpia tradición de familia que conservar para nuestros hijos. Nuestra vida pública y privada, y hasta nuestros sentimientos, se desenvuelven bajo el contralor de amigos y enemigos. ¿De dónde habríamos sacado la conciencia tenebrosa de los criminales, para ordenar a sangre fría atrocidades semejantes?

Bibliografía

Abós, Álvaro, El tábano. Vida, pasión y muerte de Natalio Botana, el creador de Crítica, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

Anapios, Luciana, “Compañeros, adversarios y enemigos. Conflictos internos en el anarquismo argentino en la década del 20”, en Entrepasados, Nº 32, Buenos Aires, 2007.

Bayer, Osvaldo, Severino Di Giovanni. El idealista de la violencia, Buenos Aires, Planeta, 1999.

Botana, Helvio, Memorias. Tras los dientes del perro, Buenos Aires, Peña Lillo, 1985.

De Privitellio, Luciano, “La política bajo el signo de la crisis”, en Cattaruzza, Manuel (dir.), Nueva historia argentina, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

—, Justo, Agustín P., Las armas de la política, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, colección Los Nombres del Poder, 1997.

Diario Crítica, Buenos Aires, del 17 de febrero al 8 de marzo de 1932.

Dolkart, Ronald, “La derecha durante la Década Infame, 1930-1943”, en McGee Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald (comps.), La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Ediciones B, 2001.

Fraga, Rosendo, El general Justo, Buenos Aires, Emecé, 1993.

Halperin Donghi, Tulio, La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Horowitz, Joel, El movimiento obrero, en Cattaruzza, Manuel (dir.), Nueva historia argentina, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

Macor, Diego, Partidos, coaliciones y sistema de poder, en Cattaruzza, Manuel (dir.), Nueva historia argentina, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

Potash, Robert, El ejército y la política en la Argentina. 1928-1945. De Yrigoyen a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 1981.

Quesada, Fernando, “Joaquín Penina. El primer fusilado”, en Todo es Historia, Nº 68, Buenos Aires, diciembre de 1972.

—, “Los presos de Bragado, una injusticia argentina”, en Todo es Historia, Nº63, Buenos Aires, julio de 1972.

Relato de las víctimas. Los torturados. La obra criminal de Leopoldo Lugones (h). La inquisición de Orden Político, Buenos Aires, 1932.

Rodríguez Molas, Ricardo, Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1985.

Saitta, Sylvia, Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

Sebreli, Juan José, Crítica de las ideas políticas argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Vuotto, Pascual, El Proceso de Bragado. ¡Yo acuso!, Buenos Aires, Reconstruir, 1991.

VIII

La última aventura del radicalismo montonero

Quiero decir que en nuestro país la conciencia de la propia libertad nacional obtenida con rebeldía, con sangre y con heroicidad en larguísimo período de sacrificio, estableció esa tradición de esencia democrática que a los hombres nacidos en él hizo siempre vibrar por cualquier reivindicación del país oprimido o sojuzgado.

MARCELO TORCUATO DE ALVEAR,
Crítica, 21 de abril de 1941

La victoria de Justo desmembró la estrategia del radicalismo. La dirección partidaria, liderada por Alvear junto con los restos del yrigoyenismo reintegrado, enfrentó el fraude y la proscripción con la abstención electoral. Una minoría de civiles y militares radicales consideraba, en cambio, que la abstención en sí misma, sin una táctica alternativa, clausuraría el futuro de un partido que desde su origen había luchado por la libertad de sufragio. Prefirió acompañarla con una activa campaña revolucionaria. Esa minoría continuó alentando la lucha armada.

HECHOS RELEVANTES

1932. Marzo, primera huelga petrolera en Comodoro Rivadavia. La Marina interviene y detiene a 1900 trabajadores. En abril se producen huelgas en establecimientos frigoríficos del conurbano bonaerense.

En diciembre, grupos civiles y militares de la UCR organizan la lucha armada para enfrentar a Justo.

En diciembre, tras descubrir el plan revolucionario del teniente coronel radical Cattáneo, Justo decide encarcelar a Alvear y recluir a Yrigoyen en la isla Martín García.

A fines de año, estalla la revolución en el Litoral. Grupos civiles y militares radicales toman Santo Tomé y Paso de los Libres. Participan mercenarios brasileños.

1933. El 3 de julio muere Hipólito Yrigoyen. Su funeral, al que acuden más de doscientas mil personas, es la movilización popular más numerosa en la historia hasta ese momento.

La Fuerza Aérea Argentina ametralla a los radicales cuando intentan escapar por los esteros. Es la primera vez que un avión militar argentino se utiliza para reprimir una rebelión interna.

1935. En julio, el demócrata progresista Lisandro de la Torre denuncia el pacto Roca-Runciman, que favorece a la industria frigorífica de capitales extranjeros.

El 23 de julio, Ramón Valdés Cora, guardaespaldas del ministro de Agricultura Luis Duhau, mata a Enzo Bordabehere en el Senado de la Nación.

En nombre de la Constitución y de la soberanía popular, pero relegados por la cúpula del partido, que debía soportar la prisión o el exilio tras cada alzamiento fallido, algunos de los militares radicales relacionados con los torturados de la Penitenciaría persistieron con una revuelta. La planificaron en Entre Ríos a inicios del año 1932. Contaban con infraestructura de apoyo en la costa uruguaya, un plan a medio armar, una caja de bombas de mano, cajones de Mauser, la promesa de una cobertura aérea y el apoyo de algunas patrullas del Regimiento 6º de Caballería. La búsqueda de potenciales sublevados provocó mayores riesgos. Un sargento, que al principio se había proclamado rebelde, disparó la redada policial. Un comando radical con base en el Uruguay fue detenido en una estancia entrerriana apenas cruzó el río, en la madrugada del 3 de enero, sin lograr siquiera disparar un solo tiro. Otros rebeldes que se dispersaron en Concordia corrieron la misma suerte. Las tropas prometidas no se movieron de los cuarteles, tampoco los aviones. El plan había fracasado. Sin embargo, en un desprendimiento del movimiento armado, varias docenas de hombres liderados por los hermanos Roberto, Mario y Eduardo Kennedy, que no sufrieron delaciones y actuaron por sorpresa, lograron penetrar en la localidad entrerriana de La Paz, en la madrugada del 6 de enero. A fuerza de Mauser, mataron al comisario y a tres agentes, dominaron la sede policial y pronto controlaron la Municipalidad y la oficina de Telégrafos. Se atrincheraron en dos bancos. La Paz ya había sido conquistada. En la presunción de que el éxito de la expedición multiplicaría los estallidos revolucionarios en otras provincias, el “Comando de las Fuerzas Libertadoras” anunció la marcha hacia la Capital Federal para derrocar al gobierno provisional de Uriburu, casi dos meses antes de que este entregara el mando al general Justo. La amenaza del despegue de la aviación oficial para reprimirlos fue suficiente para que abandonaran la ciudad y se retiraran al monte y a la costa del río.

La continuidad de los fracasos no redujo el esfuerzo para iniciar nuevas sublevaciones. Los cuadros rebeldes tenían la convicción de que si construían una red bien aceitada de militares yrigoyenistas podrían perforar el frente ideológico de la oficialidad, dominado por los liberales de Justo y la minoría nacionalista que respondía a Uriburu.

El Ejército había pasado a ser un territorio en disputa, atravesado por tensiones internas. Ya no alcanzaba la definición del “profesionalismo” a secas como referencia de identidad. La política había penetrado en sus filas. En los cuarteles se discutía si se debía respetar la obligación de obedecer al poder civil. El Ejército empezaba a percibirse como un actor central de la vida pública. Su gravitación en el destino de la nación no sería azarosa ni efímera, como suponía el frente civil que lo alentó a tomar el poder el 6 de septiembre de 1930, disconforme con un presidente que habían elegido dos años antes.

Adicional al propósito de sumar voluntades en el Ejército, los radicales rebeldes buscaron el apoyo de la estructura partidaria para sus aspiraciones insurreccionales. Un plan conjunto entre el partido y los rebeldes podría conducirlos a la toma del poder. Luego sobrevendría la normalización institucional, un llamado a elecciones limpias en noventa días y el seguro retorno de la UCR al poder.

Sobre este supuesto político trabajó el teniente coronel Atilio Cattáneo durante todo 1932, enhebrando un esquema revolucionario que atrajo la simpatía de grupos de oficiales. Pero, a diferencia de otros levantamientos, previos a la Ley Sáenz Peña, la actividad clandestina era cada vez menos sencilla con el nuevo gobierno. Apenas asumió, Justo puso en marcha el primer servicio de inteligencia del Ejército con escuchas telefónicas permanentes para detectar gérmenes de complots o pronunciamientos. Además, el Ministerio de Guerra se preocupó por aplastar la gestación de núcleos rebeldes en los cuarteles. Ordenaba traslados constantes, impedía el mando de tropas a quienes sospechaba de deslealtad o infiltraba militares propios en las filas de los conjurados.

La actividad de los servicios de inteligencia produjo la caída de un agente emisario que realizaba trabajos revolucionarios para Cattáneo. A mediados de 1932, el mayor Reginio Lezcano —figura clave para el intento de expansión de la revolución radical en Córdoba en 1905— fue detectado por la inteligencia militar cuando intentaba transmitir instrucciones a oficiales y suboficiales del Regimiento 9º para integrarlos al futuro levantamiento. Lezcano viajaba por las provincias del Litoral con el manifiesto político más radicalizado del partido de Alem e Yrigoyen conocido hasta ese momento. Por primera vez, se mencionaba la necesidad de una reforma constitucional inspirada en la “justicia social”, además de establecer el control obrero en la producción y expropiar sin pago los campos que superasen las mil hectáreas para que fueran explotados de manera colectiva. Entre los documentos secuestrados a Lezcano se halló también la Instrucción para la organización revolucionaria cívica radical. Contenía un plan con tomas de jefaturas de policía, comisarías y depósitos de armas, y la descripción del uso de explosivos. También explicaba distintas metodologías de la lucha revolucionaria. Era el manual del guerrillero radical de los años treinta.

Lezcano fue asesinado por un grupo de hombres en un hotel de Curuzú Cuatiá en junio de 1932. El gobierno de Justo denunció que “preparaba un plan subversivo” e hizo pública la lista de sus contactos en el Ejército, a los que se detuvo. Fue velado en el Comité Nacional de la UCR, mientras Cattáneo seguía intentando conseguir el apoyo civil del partido. Activó un canal de comunicación con Yrigoyen, que había sido liberado de su prisión en la isla Martín García en febrero de 1932, con el levantamiento del estado de sitio decidido por Justo. “La organización está terminada y puede entrar en acción en cualquier momento, pero le aseguro que esa fuerza solo se moverá cuando la autoridad máxima del partido así lo disponga”, le transmitió Cattáneo al ex presidente a través de un interlocutor. Yrigoyen le brindó su apoyo testimonial pero le sugirió que se cuidara. Le dijo que, cuando los hombres alcanzaban determinada posición histórica, “se los ataca desde los mismos lugares que debieran defenderlos. Lo sé por experiencia…”.

La prevención de Yrigoyen ponía en evidencia la reticencia de Alvear y la cúpula de la UCR a volcarse a la lucha armada. Primero, se argumentó, debían trabajar por la reorganización interna antes de tomar cualquier decisión. En realidad, el programa revolucionario de Cattáneo excedía el molde de un partido que había adoptado a Yrigoyen como mito pero ya no como guía. La cúpula ofreció un acompañamiento a distancia, con asistencia financiera y provisión de armas —que nunca se cumplieron—, pero no ordenó a la estructura de la UCR que se plegara al plan de Cattáneo.

Alvear, que regresó de París en julio de 1932 tras casi un año de exilio forzado por el alzamiento de Pomar en Corrientes, también mantuvo el plan revolucionario “en ablande”. No definió apoyo pero tampoco expresó una negativa cerrada. Frente a sus íntimos, en cambio, su posición no fue ambigua: “¿Cómo quieren que fomente la violencia si al primero que van a fusilar, en caso de que triunfen, es a mí?”.

Pese a la falta de respaldo decidido del partido, Cattáneo siguió trabajando. Así como Leandro Alem había previsto el secuestro del presidente Miguel Juárez Celman y el de su vice Carlos Pellegrini en la Revolución del Parque de 1890, el plan revolucionario preveía el secuestro del presidente Justo y de Julio A. Roca (h), su vicepresidente. Justo sería reducido en su casa de la calle Federico Lacroze y transportado a una isla del delta; una vez que triunfara la revolución radical, sería desterrado a Europa. Los movimientos de Roca (h) también estaban controlados. Sería arrestado en las inmediaciones del Círculo de Armas, donde solía permanecer hasta la madrugada en actividades sociales.

Pero la voluntad revolucionaria, sin bases políticas determinantes donde sostenerse, no fue acompañada por la realidad. A la orfandad del apoyo partidario y la difícil inserción en el ámbito militar, se sumaron la disidencia interna y la improvisación. Un coronel se retiró del movimiento insurreccional porque consideraba que las fuerzas propias no eran suficientes para la victoria. Aun tras esa deserción, Cattáneo programó el estallido para el 21 de diciembre de 1932. Cinco días antes de esa fecha, se produjo una violenta detonación en una casa de la Capital Federal. La policía detectó un taller de explosivos, detuvo a su propietario y de inmediato descubrió la conexión con el teniente coronel rebelde: en la casa había una lista con los nombres y la cantidad de explosivos que debía remitir a cada complotado.

Justo restableció el estado de sitio. Detuvo a Alvear, a la primera fila del radicalismo y al propio Cattáneo, y los encerró en un crucero. A Yrigoyen, ya octogenario, lo confinó otra vez en la isla Martín García. El caudillo radical moriría seis meses después, en julio de 1933. Su sepelio sería acompañado por una impactante movilización popular.

Para diferenciarse del proyecto corporativo de Uriburu, Justo buscó construir una alianza política que le permitiera sobrevivir aun con la aplicación de la Ley Sáenz Peña y la Constitución. Presentó un diseño de gobierno liderado por técnicos no influidos por las “pasiones facciosas de la política”, sino por “la razón y el interés general”. A ellos les delegó el reordenamiento de las finanzas públicas y las reformas monetaria y bancaria para regular la economía en el contexto de una crisis mundial que también había afectado el orden interno. Con el desplome de los precios, muchas fortunas de la oligarquía se perdieron en cuestión de horas. Justo no desmontó el armazón republicano, y convocó a todos a ejercer su derecho al sufragio, pero se atribuyó la facultad de desvirtuarlo debido a la “falsa orientación de las masas”. La estrategia abstencionista del radicalismo facilitó al oficialismo el ejercicio del fraude. La oposición política aceptada por el sistema, que participaba de los comicios pero denunciaba su falsificación, obtuvo un grado de representatividad mucho más consistente que el que hubiese tenido con la asistencia radical en una contienda limpia y sin proscripciones. De este modo, demócratas progresistas y socialistas amortiguaron con su participación en el cuarto oscuro la ilegitimidad de la competencia electoral y multiplicaron su número de bancas con una presencia sintetizada en las voces de Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios, quienes con sus alegatos se convirtieron en fiscales parlamentarios del gobierno.

Justo, por su parte, debió proteger la delicada arquitectura del fraude —conocido como “fraude patriótico” en la década de 1930— y también la Concordancia, la alianza que mantenía con los conservadores del Partido Demócrata Nacional (PDN), los radicales antipersonalistas y el socialismo independiente, en busca de un equilibrio interpartidario que le permitiera fortalecer su liderazgo.

Mientras tanto, la abstención o la concurrencia a un régimen electoral fraguado seguía siendo el dilema en el que había quedado inmovilizado el radicalismo. Porque, aun en la proclamada abstención, ciertas parcelas del aparato radical prestaban servicios electorales de modo más o menos clandestino a los sectores antipersonalistas adheridos a Justo, quienes se los retribuían con beneficios económicos y políticos en estructuras del Estado.

Fuera de las compulsas electorales —que sedimentaban la mística radical— y sin una política clara de intransigencia y de combate en apoyo a los levantamientos armados en constante gestación, el lugar del radicalismo —deteriorado en su cohesión interna— en un escenario político adulterado —pero que seguía funcionado bajo una ficción de normalidad— corrió el riesgo de desteñirse: eso implicaba la pérdida de su arraigo electoral.

De cara a la imprecisa continuidad del rumbo elegido, los rebeldes armados del radicalismo continuaron requiriendo el apoyo de la dirección alvearista. La presión de los conjurados sobre la cúpula se hizo insostenible hacia fines de 1933. Un movimiento insurreccional que se fue construyendo en la clandestinidad con la guía del teniente coronel Roberto Bosch —hijo del general Francisco Bosch, quien había encabezado la represión a las revoluciones radicales de 1893—, apenas retirado del Ejército, decidió lanzarse en Santa Fe, justo cuando la convención radical estaba reunida en el teatro municipal de esa ciudad para ratificar, una vez más, la política de abstención. Con el intento revolucionario que acechaba en las puertas del teatro, la cúpula de la UCR fue forzada a tomar una posición. La provincia elegida para el lanzamiento también empujaba a otra encrucijada: Santa Fe era gobernada por una democracia progresista que no deponía su denuncia contra el gobierno de Justo, y este era un alzamiento que se proponía derrocarlo. ¿Debía el oficialismo provincial salir a reprimir el complot en defensa de un régimen al que no cesaba de calificar de espurio?

El diseño del plan armado preveía la toma de provincias de la región litoraleña. La idea era arriesgada: implicaba penetrar en la zona de mayor concentración de fuerzas del país. Pero si la sublevación se revelaba exitosa en los cuarteles, acumularía el impulso suficiente para avanzar sobre Buenos Aires. Al margen de Santa Fe y de otros estallidos que se organizaron en diferentes provincias, el epicentro revolucionario fue Corrientes. En la zona sur de la provincia se había conformado un comando, conducido por el teniente coronel Bosch, que debía tomar Paso de los Libres y Monte Caseros; y un comando en la zona norte, liderado otra vez por el coronel Pomar, para conquistar Santo Tomé.

Desde hacía varios meses, ambos comandos estaban adiestrando a más de tres centenares de hombres en estancias y montes del lado brasileño de la frontera, donde además aprovechaban para reclutar mercenarios de ese país como tropa de apoyo.

En la madrugada del 29 de diciembre de 1933, tras el asalto a varias armerías, la jefatura de Policía y seis comisarías de la ciudad de Santa Fe fueron atacadas por civiles armados del radicalismo. Se combatió en las calles. La revuelta fue conducida por Ovidio Molinas, primo hermano del gobernador, y un grupo de oficiales retirados.

En la misma madrugada la insurrección estalló en Rosario: alrededor de cuarenta civiles saltaron de un camión para tomar el cuartel de la Marina arrojando granadas. Un intento similar se produjo en Cañada de Gómez, liderado por un convencional radical que se había excusado el día anterior de participar en las deliberaciones, y en Esperanza, San Jerónimo y Coronda, donde tomaron comisarías y oficinas de Correos y Telégrafos. También en Córdoba, con la participación armada de Amadeo Sabbatini, quien dos años después sería gobernador, y de Arturo Illia, quien treinta años más tarde sería presidente, se promovió el alzamiento.

En la ciudad de Santa Fe, en medio de las balas que se disparaban entre los cantones, un emisario revolucionario se acercó a la Convención en busca de una proclama de apoyo que indujera a otras fuerzas radicales a plegarse a la rebelión, pero los convencionales evaluaron que el movimiento era inoportuno y además perjudicaba al partido. La dirección de la UCR redactó un comunicado en el que calificó los hechos como “absolutamente extraños a las actividades partidarias”.

Las rebeliones, que dejaron decenas de cuerpos desperdigados por las calles, fueron sofocadas con la intervención demorada del Ejército —Justo anhelaba la profundización del caos para forzar una intervención federal de Santa Fe— en horas del mediodía del 29 de diciembre. En forma inmediata, una columna militar del Regimiento 12º de Infantería comenzó detener a los convencionales radicales que se habían guarecido en el hotel Ritz. El gobierno acusó a los “varones ilustres” del radicalismo de estar comprometidos en la revuelta. Fueron a prisión.

Justo no tendría consideración con quien había sido su puerta de ingreso a la política civil en la década de 1920: encarceló a Alvear en la isla Martín García. Lo había animado en esta decisión su ministro del Interior, el antipersonalista Leopoldo Melo, quien había encontrado la oportunidad de vengar la apatía del ex jefe radical con su candidatura presidencial de 1928. Otros setenta y cinco correligionarios acompañaron a Alvear en la prisión de la isla. Luego, treinta de ellos eligieron la opción del destierro y el resto fue trasladado al penal de Ushuaia.

El poeta Jorge Luis Borges, que hacía reverberar su pluma en el mundo de cuchilleros del siglo XIX, justipreciaba estas montoneras radicales que se lanzaban sin otro destino que el del fracaso, el más absoluto y total fracaso, con hombres que honraban su virtud revolucionaria en contra del régimen fraudulento, aun cuando intuían que no obtendrían más gracia que “una muerte que será decretada insignificante”. “La muerte, siéndolo todo —escribía el poeta—, es nada: también los amenazan el destierro, la escasez, la caricatura y el régimen carcelario. Afrontarlos, demanda un coraje particular”, afirmó en el prólogo de El Paso de los Libres, un poemario del soldado y poeta Arturo Jauretche en el que narró en el tono del Martín Fierro las peripecias de la expedición radical en la frontera litoraleña, de la que había formado parte.

Ese diciembre de 1933, mientras los emisarios de enlace en Paso de los Libres informaban de las últimas novedades con transmisiones telegráficas en código Morse al comando revolucionario que instruía a la tropas del otro lado de la frontera, y mientras este continuaba sumergido en la falsa creencia de que contaba con la simpatía del presidente Getúlio Vargas, que les facilitaba la libertad de movimientos, el campamento rebelde sufrió la primera baja en las vísperas del ataque. Una patrulla del ejército brasileño allanó un monte cercano a Uruguayana, incautó las armas y detuvo a más de un centenar de radicales. También a su líder, el coronel Pomar, quien fue trasladado a Río de Janeiro. El coronel Bosch, que logró escapar de la redada, no abandonó el proyecto revolucionario. Domingo Aguirre —que gustaba de presentarse como “mayor” del Ejército— heredó el mando de Pomar. El 30 de diciembre atacó Santo Tomé con lanchas que se desplazaron desde el puerto de São Borja, Brasil. En previsión del ataque, la ciudad correntina ya era una fortaleza policial y militar.

Tras el desembarco, los radicales insurrectos asaltaron la Subprefectura con la ayuda de una ametralladora pesada, y tomaron el sitio entre los gritos de los mercenarios brasileños, que hicieron relucir viejos odios de frontera contra los marinos locales por el control del contrabando. Querían degollarlos. En medio de la batalla, los jefes radicales no pudieron controlar a los brasileños, que destruyeron y saquearon las instalaciones militares, en procedimientos que los líderes de la insurrección juzgaron innecesarios. Luego, el grupo rebelde arrasó la defensa de treinta hombres, entre policías y vecinos, y tomó la jefatura departamental de Policía. La expedición armada continuó su rumbo triunfal. Conquistó la oficina de Correos y Telégrafos, la estación del ferrocarril y la compañía de teléfonos en victorias rápidas, sin mayores contratiempos.

Los radicales ya barrían a fuego las calles de Santo Tomé con una ametralladora pesada, montada sobre los techos del hotel París. Las autoridades decidieron capitular. Santo Tomé se convirtió en el primer refugio de la montonera radical.

Menos suerte inicial tendrían las tropas del comando de la zona sur de Bosch. Cuando se disponían a desembarcar en las cercanías de Paso de los Libres, fueron combatidos en el arroyo San Joaquín por los Mauser de la Marina. Bosch, con su caballo muerto mientras escapaba de la balacera, logró salvarse montando en ancas el animal de un correligionario, también en fuga. La posición de Bosch era débil. Los contactos rebeldes del Regimiento 11º de Caballería, enterados de las frustradas rebeliones en Rosario, Santa Fe y el resto del país, prefirieron preservarse y no se plegaron a la sublevación.

Sin apoyo militar, con armas incautadas, tomados prisioneros, abatidos en el río, con una columna de desertores que huía hacia el Brasil escapando del trepidar de las balas en el arroyo, el comando radical de Bosch prosiguió su expedición en la siesta correntina. La esperanza de una victoria remota, aun con un destino de muerte difícil de torcer, los empujaba a continuar la batalla contra el régimen fraudulento.

Una patrulla del Ejército sorprendió al comando en un terraplén ferroviario a las puertas de Paso de los Libres. Esta nueva contingencia los obligó a todos —a Bosch, a Jauretche y al hijo del coronel Pomar— a alistarse en la línea de tiro frente al fuego enemigo. Segados por la hostilidad incesante de las ametralladoras y por la caída de “El Rubio” Pomar, los combatientes radicales se dispersaron y luego se atrincheraron en una casona. Tenían la intención de tomar la oficina de Correos y Telégrafos, que había reforzado su guardia. Estaba solo a dos cuadras. El comando radical todavía conservaba una ametralladora pesada, su arma de mayor calibre. Cuando se desató el combate por el Correo, cayó Adolfo Pomar. Era el sobrino del coronel insurgente. Bosch quedó impactado por esa baja. Cargó el cuerpo en sus brazos en medio de los tiros. Entonces Jauretche le preguntó si acaso no había llegado la hora de suspender la batalla. En los distintos enfrentamientos, “la patriada radical” contra Justo ya cargaba con medio centenar de muertos y todavía no habían logrado su objetivo de penetrar en Paso de los Libres. Bosch ordenó la retirada. Cada uno se fue como pudo. A nado o en botes, se internaron en un estero que los conduciría a las costas del río Uruguay como paso previo a la fuga hacia el Brasil. Pero el itinerario fue accidentado: las fuerzas estatales estaban decididas a terminar con ellos.

La Fuerza Aérea Argentina ametralló a los radicales en los esteros. Una canoa fue hundida, y los que no resultaron muertos ni heridos intentaron bracear hasta la costa. No había posibilidad de regreso: en la orilla argentina habían tomado posiciones efectivos del Ejército y de la Subprefectura. Fue la primera vez que un avión militar argentino se utilizó para aniquilar una rebelión interna. “Allí también la aviación anduvo en el escarmiento; no muy linda la ocasión para estrenar el invento”, escribiría Jauretche en El Paso de los Libres.

Los sobrevivientes del comando radical de zona sur pasaron la víspera del Año Nuevo de 1933 fugados en los montes, intentando evitar el encuentro con las patrullas militares y el fuego aéreo. Justo ya no tenía voluntad de seguir tomando prisioneros. Quería matar a todos los insurrectos. Uno de los represores, desafiado en su celo policial, se ocupó de rebanarle la oreja a cada rebelde con el que se topaba, antes de darle el tiro de gracia. Se llamaba Larraura. Tiempo después sería degollado y su cuerpo, paseado en carro por Paso de los Libres.

En tanto la rebelión del radicalismo era abortada con distintos matices en todo el país, el comando de la zona norte, liderado por Aguirre y por Lucas Torres, hijo de brasileños, imponía el mando de la Junta Revolucionaria sobre Santo Tomé. La plaza 9 de Julio fue cubierta por el desfile de los jinetes mientras los muertos del combate se velaban en la comisaría. Pero la ciudad ya estaba desbordada por los conflictos internos.

Las tropas brasileñas reclutadas en el Regimiento de São Borja que combatieron en la Argentina con uniforme de su país comenzaron a reclamar su paga. La toma del Tesoro de la sucursal del Banco Nación daba a los revolucionarios los recursos suficientes para solventar la excursión armada, pero la demora para localizar las llaves de la caja fuerte encrespó a los mercenarios. Arrastrados por la ira, salieron a despojar comercios y casas de particulares para llevarse lo que encontrasen: comestibles, aparatos de radio, neumáticos, incluso un automóvil Chevrolet de seis cilindros que embarcaron hacia São Borja. Muchas familias huyeron de Santo Tomé por temor a los brasileños. La revolución contra el fraude se estaba convirtiendo en un asalto a mano armada. Lucas Torres, que había contratado a los mercenarios y aspiraba a ir con ellos a la conquista de Misiones para expandir la revolución, prefirió suspender los movimientos.

El comando radical organizó una urgente “contribución de guerra” entre los barrios para que los mercenarios tomaran lo suyo y se fueran a su país. Y mientras Aguirre, atribulado, pasaba las vísperas de Año Nuevo con un soplete en el Tesoro del Banco Nación intentando abrir la caja fuerte, el rumor de que la Fuerza Aérea Argentina y las tropas del Regimiento 11º de Caballería, ya victoriosas en Paso de los Libres, se dirigían hacia Santo Tomé para iniciar la represalia, hizo que la organización revolucionaria, que llevaba solo un día en el poder municipal, comenzara a fragmentarse. El que no se ocultó en la ciudad, escapó a campo traviesa o marchó hacia el Brasil siguiendo el rumbo de los mercenarios.

El coronel Roberto Bosch cargaría de rencor una carta que destinó a Alvear, en la que le reprochaba sus ambigüedades frente a la revolución radical del Litoral: “Usted decía estar de acuerdo conmigo en la necesidad imprescindible de un movimiento revolucionario. Diferíamos únicamente en cuanto a la fecha de ejecución del movimiento [pero] se interpuso usted entre el comando y los jefes de unidades, haciéndoles saber a último momento su desistimiento. La revolución estalló, ahogada por la traición maniatada, por la confusión de sus instrucciones negativas, impartidas por usted apresuradamente”.

Fue la última vez que los radicales intentaron tomar el poder con los fusiles en el siglo XX. Pese a su voluntad revolucionaria, durante el gobierno de Justo no hubo una sola unidad militar que se insubordinara al mando oficial. La línea histórica proyectada por más de cuarenta años, que unía a los revolucionarios del Parque con los comandos del Litoral, acababa de cortarse. A partir de entonces, ya no habrá más rebeliones. La estrategia de intransigencia armada de Alem e Yrigoyen, esculpida a sangre y fuego, sería sumergida en la penumbra partidaria.

El gobierno de Justo también tuvo que sobrellevar la impugnación de sectores proletarios. El interés de la CGT de presentarse como un interlocutor válido frente al oficialismo continuó durante el gobierno de la Concordancia. La central retenía un poder gremial difícil de contrarrestar para anarquistas y comunistas: sumaba el 82% de los afiliados sindicales. Pero el proclamado retorno a la “normalidad constitucional” tampoco redujo —más bien, profundizó— la conflictividad obrera respecto del gobierno de Uriburu. Justo reimplantó varias veces el estado de sitio entre 1932 y 1934 por las sublevaciones radicales, y las restricciones también se extendieron al ámbito gremial.

En ese marco, uno de los conflictos más significativos fue el de los petroleros de Comodoro Rivadavia, Chubut, en marzo de 1932.

Para entonces, la política de traspasar los recursos petrolíferos al Estado argentino ya se había abandonado. Después del voto en Diputados en 1927, el proyecto de nacionalización del petróleo quedó paralizado por la mayoría conservadora del Senado. Yrigoyen presionó para que se aprobara y la UCR promovió la movilización popular en contra de las compañías extranjeras de hidrocarburos.

Pero, a partir del golpe de Estado de 1930, los intereses petroleros privados fueron resguardados por el nuevo gobierno. Uriburu disolvió el Parlamento, destituyó al general Enrique Mosconi de la dirección de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) —que en pocos años había extendido sus surtidores en todo el país con valores de la nafta más bajos que los de las multinacionales extranjeras— y la Standard Oil obtuvo permisos monopólicos de exploración en Salta, que le estaban siendo negados hasta entonces. Buena parte del nuevo gabinete tenía intereses personales relacionados con los trusts extranjeros. El ministro del Interior, Sánchez Sorondo, era abogado de la Standard Oil.

El franco clima de hostilidad oficial frente al comunismo que crecía en el ambiente obrero permitió a distintas fuerzas de choque del nacionalismo moverse sin ser molestadas por el Estado cuando tomaban redacciones e imprentas de las publicaciones partidarias, acciones que luego la policía complementaba con la detención de periodistas y dirigentes, como había sucedido con las publicaciones anarquistas poco más de diez años antes.

La primera huelga petrolera en Comodoro Rivadavia se inició por mejoras laborales y reincorporación de despedidos. El conflicto, guiado por gremialistas comunistas, sin el aval de la CGT, se profundizó cuando intervino la Marina de Guerra, con el soporte de dos barcos: hubo alrededor de mil novecientos detenidos. La mitad de ellos fueron deportados a sus países de origen. También hubo torturados y muertos. Durante el gobierno de Justo, los conflictos que eran conducidos por la corriente “sindicalista” —que no delegaba su capital de lucha gremial en ninguna fuerza partidaria— se resolvían por el diálogo; el resto, por la represión. Era una política similar a la que había aplicado Yrigoyen en su primer gobierno, pero mucho más terminante. En la industria frigorífica del sur bonaerense sucedió un caso similar. Cuatro mil obreros fueron a la huelga en el establecimiento River Plate (ex Anglo) en abril de 1932. La acción puso en pie de lucha a otros frigoríficos, pero tampoco obtuvo el apoyo de la CGT. La central obrera se mostraba prescindente cuando los conflictos eran dirigidos por cuadros sindicales del comunismo. No mucho tiempo después, las huelgas de la carne fueron derrotadas.

En ese marco, en septiembre de 1932, el ex ministro Matías Sánchez Sorondo, refugiado en el Congreso tras su intervención en las torturas de la Penitenciaría, impulsó un combate político frontal contra el comunismo local. Promovió una reforma legislativa que incluía una carga penal contra quienes propagasen la doctrina marxista, a fin de evitar que se expandiera “su virus y su pus sobre la población”.

Para los fundamentos de su proyecto de ley de represión a actividades comunistas, el legislador conservador también alertó sobre los lineamientos pedagógicos y el soporte bibliográfico de la educación primaria en las escuelas obreras judías de izquierda de la Capital Federal, en las que detectó la “infiltración comunista que envenena las mentes infantiles”. Intentó probarlo con las “composiciones libres” de los escolares, donde se hacía referencia a la “lucha de las masas” o “la represión del gobierno a obreros y extranjeros”. Las leyó en el Congreso. Sánchez Sorondo, que había sido director de Escuelas durante el gobierno conservador bonaerense de Marcelino Ugarte en 1917, contabilizó a doscientos ochenta y nueve alumnos como objeto de proselitismo infantil en escuelas judías de los barrios porteños.

La cruzada anticomunista de Sánchez Sorondo no era una muestra de pintoresquismo político, sino parte de un extendido proceso de persecución anticomunista y antisemita que era avalado por sectores católicos, militares y nacionalistas. Su proyecto de represión alcanzó a reunir doscientas setenta y cinco mil firmas y contó con el apoyo de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo (CPACC), que organizó una movilización masiva en su favor, pero no lograría convertirse en ley. Fue girado a comisión legislativa para su estudio. Cuatro años después, en 1936, volvería a presentarlo en el Congreso cuando la tendencia anticomunista estaba mucho más afincada en la sociedad política.

De todos modos, las prevenciones de Sánchez Sorondo en defensa del orden conservador estaban lejos de ser gratuitas. Hacia la mitad de la década de 1930, mientras el “sindicalismo” —ante la pérdida de la conducción de la Unión Ferroviaria (UF)— quedaba marginado del control de la central obrera, los comunistas fortalecían su base gremial en las industrias, entre textiles, metalúrgicos, albañiles y trabajadores de la carne. Ya no rivalizaban con la CGT, ahora con dirección socialista. Se habían integrado a ella.

El punto de giro en este crecimiento se consumó cuando el Partido Comunista, que intentaba armar una coalición política de centroizquierda que se extendiera hasta el radicalismo para bloquear la irrupción del fascismo en la Argentina, colocó sus recursos partidarios al servicio de sus militantes obreros en las fábricas de cada barrio. La masiva huelga de la construcción iniciada a fines de 1935 en demanda de aumentos, protección laboral y jornadas de ocho horas, que fue sostenida con actos públicos solidarios y exacerbada con peleas y barricadas callejeras entre las milicias nacionalistas y organizaciones de izquierda —que dejaron obreros y policías muertos—, marcó la ascendente incursión del comunismo entre el sindicalismo en los años treinta. A diferencia de los primeros años de la década, crecía mucho más el número de huelgas que se ganaban que las que se perdían, lo cual alentaba la persistencia de la conflictividad obrera.

El desarrollo del comunismo también había modificado el protocolo de lucha del movimiento obrero. Las huelgas, antes que motivadas por la exclusiva mejora económica que proponían los “sindicalistas”, cuya indiferencia partidaria ya estaba quedando fuera de la sintonía de una sociedad cada vez más enfrentada por las contiendas ideológicas, representaban —al menos para el comunismo— la posibilidad de una victoria concreta que tenía como horizonte otra mucho más amplia: la conquista revolucionaria.

Expuesto solo a la luz del fraude electoral, las proscripciones y la represión política y obrera, había flancos del gobierno de la Concordancia que quedaron marginados de la consideración —si no del reconocimiento— de sus opositores. Justo había logrado aplacar el impacto de la crisis mundial con un recurso entonces novedoso para la Argentina: la intervención estatal.

La crisis de 1930 había obligado a una reformulación radical del modelo agroexportador por el deterioro de los precios y de los mercados internacionales para las exportaciones de carne y de cereales. Esta contingencia económica dramática produjo la retracción de las inversiones, del consumo y de la percepción de divisas necesarias para el pago de la deuda pública y de los productos importados, y operó en favor de la expansión de la industria local liviana —con poco capital y alta capacidad de mano de obra—, que basó su producción en el mercado interno.

El gobierno de la Concordancia no permaneció indiferente en la hora y, en una empresa más acorde con el capitalismo de Estado que con los principios clásicos de la economía liberal, alentó un plan de obras públicas: priorizó la construcción de caminos; creó juntas de regulación para asegurar precios mínimos a ganaderos y productores agrícolas; reestructuró el sistema impositivo, con un impuesto a los réditos para no depender solo del ingreso del comercio exterior; y creó el Banco Central, para establecer el control de cambios, regular el crédito y el nivel de circulación monetaria, entre otras reformas de un andamiaje intervencionista comandadas por su staff técnico burocrático, en el que sobresalía el ministro de Economía, Federico Pinedo, que había llegado al gobierno de Justo desde el socialismo independiente, como lo había hecho De Tomaso —en Agricultura—, aunque, en este caso, su carrera fue limitada por su pronta muerte.

Esta política intervencionista, que tuvo al desarrollo industrial como nuevo motor de la economía, permitió una salida local frente a las perturbaciones externas mucho más rápida que lo esperado, pero también tuvo aristas que no estuvieron exentas de polémicas, y quedaron selladas en la memoria de la década con tanta o más fuerza que el fraude electoral.

Después de la Primera Guerra Mundial, la Argentina había establecido un esquema de comercio triangular por el que importaba los productos industriales norteamericanos —autos o maquinarias agrícolas— y vendía la producción de carnes y cereales a Gran Bretaña, dado que los Estados Unidos eran más celosos en la protección de su producción primaria. De este modo, las libras que percibía del exterior, la Argentina las reconvertía en dólares para pagar los productos importados. Sin embargo, en defensa de sus intereses, Gran Bretaña instrumentó una política de preferencias para comprar productos primarios en los dominios de la Corona —reunidos en el Commonwealth— que puso en peligro el nivel de las exportaciones de carnes enfriadas y de cereales argentinos, productos que ahora debían lidiar en condiciones desventajosas con los procedentes de Australia o de Nueva Zelanda.

La oligarquía local —que mantenía un vínculo estrecho con Gran Bretaña desde las últimas décadas del siglo XIX—, alarmada frente a la reducción de ingresos externos, propendió a la búsqueda de un tratado que le permitiera asegurar cuotas de exportación al nivel que lo había hecho en 1932.

Al año siguiente, Justo encomendó al vicepresidente Julio Roca (h) la misión de establecer un acuerdo con el representante inglés, lord Walter Runciman. En parte, lo logró. Inglaterra no redujo los volúmenes de compra, pero, a cambio, obtuvo un tratamiento benévolo por parte de la Argentina: consiguió la importación libre de derechos del carbón británico —base del consumo energético local—, la concesión de los servicios del transporte colectivo en la ciudad de Buenos Aires y del transporte ferroviario y marítimo. Además, de los volúmenes de la exportación local, solo hasta el 15% podía efectuarse a través de las empresas argentinas. Esto puso en evidencia que el tratado con Inglaterra defendía también a la industria frigorífica de capitales extranjeros establecida en el país.

El Pacto Roca-Runciman había comenzado a fluir tras un rápido acuerdo parlamentario. Pero el tope del 15% a las exportaciones de capitales locales —un tope que además no aseguraba llegar a ese porcentual— desencadenó la intervención de Lisandro de la Torre, quien había presidido la Sociedad Rural de Rosario en la primera década del siglo.

De la Torre requirió la formación de una comisión investigadora. Se propuso dejar en evidencia la acción monopólica de las empresas extranjeras, que, usufructuando una complicidad estatal que no les imponía contralores, dominaban más del ochenta por ciento de la exportación frigorífica.

La invitación a exhibir la estructura de costos de producción para el cálculo de los márgenes de ganancia, que además sirviera como base para proyectar sus obligaciones impositivas, causó preocupación en las compañías extranjeras. Mientras los frigoríficos locales habilitaron sus registros contables, en franco apoyo a su tarea, los capitales extranjeros le negaron esa facultad a la comisión investigadora.

El trámite parlamentario, centrado en el frigorífico Anglo, fue enmarañado por incidentes que reclamaron el interés de la sociedad durante meses: la compañía extranjera presentó información fragmentaria; un gerente inglés prefirió ser arrestado antes que revelar los secretos de la empresa; la oligarquía local hizo una irritada defensa de los intereses británicos, hasta que una denuncia libró de obstáculos a la investigación: se notificó que el embarque de cuarenta cajones de carne enfriada en el vapor Norman Star, a punto de zarpar, contenía en realidad la documentación contable ocultada.

La comisión parlamentaria pudo certificar el despojo de los pequeños y medianos productores locales —a quienes defendía De la Torre—, en contraposición con los márgenes de utilidad del capital extranjero, multiplicados con el auxilio de una burocracia administrativa estatal condescendiente con sus intereses y la transgresión impositiva a las rentas del Estado argentino, entre otras prácticas ilegales.

Esta minuta de acusaciones que expuso De la Torre intentó ser refutada por el ministro de Agricultura, Luis Duhau —que gozaba de la protección británica por su doble condición de funcionario y proveedor ganadero—, en un debate parlamentario cuya carga de tensión alcanzaría una dimensión inédita en la política argentina el 23 de julio de 1935.

Ese día, Ramón Valdés Cora, ex policía de la provincia de Buenos Aires al servicio callejero de la impunidad conservadora y ahora guardaespaldas del ministro interpelado, abriéndose paso en el tumulto de la agitación verbal y física de los legisladores, baleó por la espalda al senador electo del bando latorrista Enzo Bordabehere.

Un crimen político en la honorable Cámara no era algo que ocurriera todos los días. Tuvo sus consecuencias. Los estampidos de las balas transformaron el debate de las carnes no solo en un proceso parlamentario contra la arbitrariedad política de la industria frigorífica que se mecía al servicio de las compañías británicas, sino también en un juicio contra la represión, el fraude y los negociados de toda la década de 1930, aun cuando todavía no había sido calificada con el adjetivo que la acompaña cada vez que se la recuerda.

Bibliografía

Bejar, María Dolores, Uriburu y Justo: el auge conservador (1930-1935), Buenos Aires, CEAL, 1983.

Camarero, Hernán, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

Ferrer, Christian, Barón Biza. El secreto mejor guardado de la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

García Lupo, Rogelio, “Los conjurados de la Corda Frates. Los derrotados del golpe del 30”, en Clarín, Buenos Aires, 3 de septiembre de 2000.

García Molina, Fernando y Mayo, Carlos, El general Uriburu y el petróleo, Buenos Aires, CEAL, 1985.

—, Archivo del general Uriburu: autoritarismo y ejército, 1 y 2, Buenos Aires, CEAL, 1986.

Halperin Donghi, Tulio, La República imposible (1930-1945), Biblioteca del Pensamiento Argentino, tomo V, Buenos Aires, Ariel, 2004.

Jauretche, Arturo, El paso de los libres, Buenos Aires, Peña Lillo, 1974.

“La Argentina de los años 30. El radicalismo subversivo”, en Panorama, 6 de octubre de 1970 (sin firma de autor).

Pigna, Felipe, Los mitos de la historia argentina, 3. De la ley Sáenz Peña a los albores del peronismo, Buenos Aires, Planeta, 2006.

Pignatelli, Adrián, Ruggierito. Política y negocios sucios en la Avellaneda violenta de 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Mayoría, 2005.

Pla, Alberto, “La crisis social: de la restauración oligárquica a la argentina de masas”, en AA. VV., La Década Infame, Buenos Aires, Cepe, 1974.

Prislei, Leticia, Los orígenes del fascismo argentino, Buenos Aires, Edhasa, 2008.

Schillizzi Moreno, Horacio, Argentina contemporánea. Fraude y entrega (1930-1943), Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.

Tussie, Diana y Federman, Andrés, “La última montonera radical”, en Todo es Historia, Nº 87, Buenos Aires, agosto de 1974.

Verbitsky, Horacio, Cristo vence. La Iglesia en la Argentina, tomo I, De Roca a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Villalba, Miguel, La frontera en armas. Revolución radical de 1933 en Paso de los Libres y Santo Tomé (Corrientes), Paraná, Entre Ríos, Gráfica Leo, 1996.

Visacovsky, Nerina, “Las escuelas judías y el anticomunismo de Matías Sánchez Sorondo”, presentado en las III Jornadas Intercátedras del Pensamiento Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, agosto de 2007.

IX

La guerra en casa

La mejor y la única vacuna que puede inmunizar al pueblo contra el virus comunista, es la dignificación moral y el bienestar material del pueblo. Estoy seguro de que, con el auxilio de Dios lograremos este resultado si nos formamos y si actuamos, según lo establece la jerarquía, procediendo en afectuosa dependencia y de perfecto acuerdo, los fieles con los Párrocos, los Párrocos con los Obispos, los Obispos con el Papa, y el Papa con Jesucristo, porque “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”.

MONSEÑOR MIGUEL DE ANDREA,
conferencia: “Causas que favorecen la difusión del comunismo”, 31 de octubre de 1937

Nostálgicos de la revolución uriburista frustrada, a lo largo de la década del treinta, los nacionalistas continuaron sin poder unificarse bajo ningún liderazgo, pero prosiguieron la búsqueda de militares que fuesen capaces de tutelar su universo doctrinario. Para el nacionalismo, la jerarquía y la disciplina de las Fuerzas Armadas, “el sector no contaminado de la sociedad”, eran la base de la reorganización política y social de la Argentina.

HECHOS RELEVANTES

1936. Las batallas ideológicas del comunismo, el fascismo y el nazismo se replican en la Argentina con manifestaciones y actos populares. Hay atentados y colocación de bombas.

El órgano de propaganda del fascismo en la Argentina, Il Mattino D’Italia, llega a vender 250.000 ejemplares. Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez y monseñor Franceschi son algunos de sus colaboradores.

En febrero, los republicanos del Frente Popular llegan al poder en España. En julio, el general Francisco Franco se subleva. Se inicia la Guerra Civil española.

En la Argentina, la CGT, anarquistas y distintos partidos políticos conforman un “frente popular antifascista” en apoyo de los republicanos españoles. Los conservadores adhieren al “bando nacional” liderado por Franco.

1937. En septiembre, la fórmula oficialista Roberto Ortiz-Ramón Castillo vence a la dupla radical Alvear-Mosca en una elección con denuncias de fraude.

1938. En marzo, los nazis en la Argentina festejan la anexión de Austria al Tercer Reich en el estadio cerrado Luna Park. Fue el acto de mayor participación nazi fuera de Europa.

1940. Una progresiva ceguera obliga a Ortiz a renunciar a la Presidencia el 27 de junio. Lo sucede el conservador Castillo, que continúa con la política del “fraude patriótico” en elecciones provinciales.

1941. Castillo es permeable a las manifestaciones nazis locales. La embajada norteamericana teme que se instale una “cabecera de playa” hitleriana en la Argentina.

Toda la fuerza del pensamiento político del nacionalismo que aspiraba a conducir a la Argentina, no obstante sus múltiples fracciones organizativas, se unificaba detrás del poderoso paradigma que la inspiraba: el legado de Uriburu.

El fracaso de su experiencia se había convertido en un mito. También en un motivo religioso. En cada oración, en cada misa en que se honraba su memoria, sus devotos unían en las iglesias el culto al “jefe de septiembre” con el culto a Dios. La Iglesia argentina, si bien no se involucraba de manera directa en su acción política, se hacía eco de la prédica antisemita y autoritaria del discurso nacionalista. Las voces se cruzaban en una misma dirección: católicos y nacionalistas podían marchar juntos.

Criterio, la revista de la intelligentsia católica, y La Nueva República, el órgano de la Liga Republicana, compartían articulistas que juzgaban que la democracia que estaba siendo arrasada en Europa no podía contener el “peligro comunista”. Ya planteada por Uriburu durante su gobierno, Roma o Moscú constituía la opción irreversible de un mundo convulsionado. La Iglesia local, las Fuerzas Armadas y su coro de nacionalistas civiles sentían el deber de apropiarse de la dirección de una conciencia pública que purificara la nación y velara por sus verdaderos intereses.

Decidida a intervenir en la sociedad civil, y cada vez más lejos del humanismo cristiano, la Iglesia argentina estaba dispuesta a librar batalla contra el comunismo y contra el laicismo oficial. Le había bastado el 32º Congreso Eucarístico Internacional de octubre de 1934 en Buenos Aires para demostrar su influencia en la sociedad y en la elite de poder. El crecimiento de la Iglesia, con sus multitudinarias celebraciones que unieron política y liturgia religiosa en la identificación con la Patria, persuadió al Estado de la necesidad de acercarse a la jerarquía católica.

El nacionalismo también intentó tender redes en el mundo obrero. El desarrollo de una base popular era un obstáculo para las corrientes ideológicas que, orgullosas de su elitismo, rescataban del edificio doctrinario del fascismo el orden, la jerarquía y la disciplina, pero desatendían la política de masas de Benito Mussolini. El líder italiano intentaba mimetizar el espíritu fascista en obreros, campesinos y trabajadores medios urbanos, aunque fuese con la amenaza de vedarles el puesto de trabajo si no adherían al partido oficial.

Mucho más claros en el discurso y en la acción que el nacionalismo fueron los fascistas italianos y argentinos que se movilizaron en apoyo de Mussolini, con la reproducción de sus organizaciones corporativas, sociales y culturales, e incluso con la fundación del Partido Fascista Argentino en 1932.

El órgano de propaganda política del fascismo en la Argentina era Il Mattino D’Italia, en el que colaboraban Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez y monseñor Franceschi, y cuya aparición fue saludada por toda la prensa local, a excepción de Crítica y La Prensa.

A inicios de la década de 1930, a la par de su fervor patriótico, corporativo y católico, el nacionalismo quiso influir en el mundo laboral valiéndose de grupos de jóvenes de clase media baja que se presentaban como “obreros auténticos” e intentaban organizar espacios de representación gremial entre albañiles, pizzeros, empleados de comercio, entre otros sectores. Tenían centrales sindicales propias, la Federación Obrera Nacionalista Argentina (FONA) y el Sindicato Obrero Nacionalista Argentino (SONA). El nacionalismo sindical, de origen mucho más plebeyo que el de sus agitadores intelectuales, intentó contrarrestar el predominio del socialismo y el comunismo. Pero sus contradicciones internas entre la política de movilización de masas y el elitismo, y las posiciones antisemitas —los trabajadores estaban más habituados a la solidaridad entre pares que al combate racial en las fábricas— le redujeron la inserción en el movimiento obrero.

Il Mattino D’Italia contaba con el apoyo de capitales italianos establecidos en el país y reproducía las noticias de una península que en 1936 se había proclamado otra vez Imperio y comenzaba a avanzar sobre África. Esta incursión fascista extracontinental conmovió a los lectores de Il Mattino: llegaron a vender doscientos cincuenta mil ejemplares. El diario también se ocupó de transmitir la mística mussoliniana con la exaltación de la ética militar y del ciudadano-soldado que cargaba sus armas al servicio de la patria y vivía la vida como una batalla, en pos de la victoria.

El nazismo también fue incorporándose a la vida política argentina en la década de 1930. El Grupo Argentino del Partido de los Trabajadores Nacional Socialista Alemán fue fundado en 1931. En su planta de adherentes había marinos mercantes, artesanos y empleados de ingresos modestos de la comunidad germana, que iniciaron sus reuniones en los barcos del puerto de Buenos Aires. Fueron bien recibidos por el poder estatal. El 25 de Mayo de 1931, la Legión Cívica les hizo un lugar en el desfile de la Revolución de Mayo y el pequeño grupo nazi marchó frente a Uriburu con las camisas pardas y la cruz gamada. Los nazis y la Legión también participaron en otro acto conjunto en marzo de 1933: atacaron a manifestantes de organizaciones judías que se habían reunido en el Luna Park para denunciar la liquidación del Parlamento y la oposición política en Alemania.

Para entonces, la experiencia socialdemócrata de la República de Weimar había terminado y Hitler estaba al frente de la Cancillería, designado por el presidente Paul von Hindenburg. Su irrupción en el poder fue festejada en Buenos Aires con un acto en el Teatro Colón. El representante diplomático alemán pronto fue reemplazado por sus antecedentes judíos. Los nazis locales ya estaban marcando su presencia en las calles porteñas: intentaron tomar por asalto el Colegio Pestalozzi, una de las pocas instituciones antifascistas de la colectividad italiana, que enseñaba idioma alemán y criticaba a Hitler. Una obra que satirizaba al Fürher también fue sometida a las prácticas incendiarias de los nazis locales: quemaron las butacas del teatro Cómico.

En diciembre de 1933, la representación alemana en la Argentina fue confiada al barón Edmund von Thermann. Fue acompañado en el barco por el coronel Molina, agregado en Berlín, y una de las amistades políticas locales mejor valoradas de la Alemania nazi. La Legión Cívica recibió a ambos en el puerto. En las primeras recepciones con su comunidad, von Thermann se presentaba con el uniforme de las SS, la formación paramilitar del Tercer Reich.

Pero ni los nacionalistas ni los fascistas ni los nazis estaban solos en las calles. El arco político opositor a Justo unificó su discurso contra ellos en defensa de la tradición democrática que estaba siendo apremiada por el fraude. Con el estallido de la Guerra Civil española en julio de 1936, el combate ideológico se volvió cada vez más polarizado y violento.

Hasta entonces, España había estado gobernada por un frente popular, una coalición de la izquierda obrera y socialista republicana, que incluía también a anarquistas y comunistas, y formó gobierno tras ganar las elecciones de febrero de 1936. Su oposición era la derecha católica, conservadora y también monárquica.

La Guerra Civil española fue el escenario donde se libraron a fuego todas las batallas ideológicas de la Argentina.

A los que apoyaban a la República como fórmula de libertad y progreso popular se les oponían quienes luchaban por la restauración jerárquica contra las “fuerzas disolventes”, ahora en el poder de España.

El retorno a la hispanidad, basada en el credo y la lengua, como traductor de un catolicismo autoritario que encontraba su fe en Dios y en el orden monárquico como unidades indivisibles, era, de todas las propuestas totalitarias europeas, la que más seducía a los nacionalistas locales. La hipótesis de un triunfo de Francisco Franco producía un eco mucho más cercano en las emociones y el sentimiento que el fascismo o el nazismo. La idea de la supremacía de la raza y la expansión territorial, pero sobre todo el neopaganismo, que incomodaba a los nacionalistas católicos, no habían generado arraigo mayoritario en el variado protocolo ideológico de las asociaciones nacionalistas.

El modelo corporativo del falangismo español —emparentado con el fascismo, con predominio católico y abolición de partidos políticos— le otorgaba una centralidad a la Iglesia que transformaba la Guerra Civil en una nueva guerra santa, una reconquista del mundo con la cruz y la espada, como había sido forjada la civilización cristiana.

Justo permitió a los partidos y corrientes ideológicas que se expresaran frente a la Guerra Civil. Esta libertad fue bien aprovechada por el comunismo y el anarquismo, que hicieron proselitismo a favor de la República y sumaron sus hombres a las filas de los brigadistas internacionales que marcharon a la línea de fuego en España. Las manifestaciones públicas, los actos solidarios, las colectas de los comités de ayuda, les permitieron al comunismo y el anarquismo —con querellas internas que molestaban a la embajada republicana en el país— ganar espacios políticos propios y volver a la superficie pública, aun cuando sus actividades en la política interna continuaban prohibidas.

En el fervor callejero por ambas facciones de la guerra, Sánchez Sorondo intentó entorpecer la solidaridad con la República. Reactivó su proyecto de represión al comunismo —en el que reclamaba penas de hasta cinco años de prisión para sus activistas— y lo llevó a la Cámara alta. Atravesó el primer trámite legislativo en forma fluida, pero el proyecto fue rechazado en Diputados. La carga penal sobre el comunismo implicaba un paso demasiado largo para aquellos partidos opositores al oficialismo, que apoyaba a la República española.

La Guerra Civil también ayudó a los dirigentes a recuperar un espacio de vitalidad. Alvear se sintió empujado por las circunstancias para ejercer en los hechos el liderazgo de un frente popular antifascista, una coalición como la que se había conformado en España, en Francia y en Chile. En la Argentina, el frente popular contó con la participación de los partidos de base democrática, la CGT, sindicatos y también del Partido Comunista local, que cumplía con la estrategia soviética de formar coaliciones con “partidos democrático-burgueses” para bloquear al avance nazi, fascista y franquista en Occidente.

La UCR, que no digería del todo verse involucrada bajo la advocación de “frente popular”, estaba lejos de identificarse con la Internacional Comunista. Pero, como también lo entendían el Partido Socialista y la democracia progresista, sus preocupaciones sobre el futuro de la batalla eran más urgentes: si caía la Madrid republicana, también podría caer, en forma definitiva, la democracia argentina.

La Guerra Civil española, un hecho político trágico y apasionante para la sociedad, facilitó a Alvear un prodigioso retorno a la tribuna callejera en vista a las elecciones presidenciales de noviembre de 1937.

Los antecedentes eran favorables para la UCR. En 1934, el radicalismo tucumano, desobedeciendo la abstención, había vencido en las elecciones legislativas de la provincia. Este ensayo electoral había llevado a Justo a pedir que se valorase el esfuerzo del Poder Ejecutivo por garantizar comicios “honorables y puros”. Lo presentó como una prueba de que las denuncias de fraude carecían de fundamento. Un año después, cuando la convención partidaria decidió el retorno electoral, Amadeo Sabattini ganó la gobernación de Córdoba en elecciones prolijas.

La posibilidad de que no se falsificara el resultado de las urnas implicaba a priori la hipótesis de un triunfo de Alvear en 1937. Justo redobló esfuerzos para impedirlo.

Por un lado, eliminó el tercio de representación que correspondía a la minoría en cada distrito, de modo que quien venciera aunque fuese por un voto se alzaría con la nómina completa de electores para elegir la fórmula presidencial en el Colegio Electoral. A la elección en la Capital Federal la daba por perdida. La baja aceptación del oficialismo hacía que los resultados fuesen imposibles de manipular. La provincia de Buenos Aires no se presentaba como un problema. Bajo la autoridad de Manuel Fresco, que había disciplinado a las facciones conservadoras, el control de las mesas de votación estaba asegurado. Un obstáculo era Santa Fe, gobernada por la democracia progresista. Justo lo resolvió con la intervención federal: colocó en el gobierno a un radical antipersonalista que le solucionaba la tarea de adulterar las urnas en las elecciones.

El resto de los distritos no tenía demasiado peso electoral y la rutina conservadora en el poder le permitiría torcer sin sobresaltos la voluntad ciudadana, si fuera necesario. De modo que la clave para que Justo lograra controlar la sucesión presidencial era dominar el voto en Santa Fe y en Buenos Aires. Con estas dos provincias, más la hegemonía en el interior, le sobraba margen para volver intrascendentes las derrotas en Córdoba y Capital Federal.

Además de retocar la arquitectura electoral, Justo modificó el perfil político de la Concordancia en vistas a las elecciones. Eligió para encabezar la fórmula a un radical antipersonalista que fuese útil para neutralizar el retorno de ese sector a su embrión radical. El candidato fue Roberto Ortiz, ex ministro de Alvear que luego, retirado de la política activa, fue recuperado por Justo en 1935 para el Ministerio de Hacienda. Al poco tiempo lo seleccionó para sucederlo.

Ortiz no era una figura de relieve de los antipersonalistas; mucho menos lo era para las bases del poder político real, la elite conservadora y el Ejército. Pero esta carencia de apoyos, sumada a sus ambiciones políticas modestas, fueron características que Justo valoró sobre las de otros potenciales candidatos, entre ellos su ex ministro del Interior Leopoldo Melo, que buscó su bendición, sin lograrla.

Justo suponía que con Ortiz tendría un tránsito más sosegado hacia el retorno a la Presidencia en 1943, sobre la base de un sistema electoral al que aspiraba no verse obligado a defraudar jamás.

Alvear no llegaba de manera pulcra a las elecciones del ’37. Un año antes, los radicales porteños se habían aliado con los conservadores para cotizar su voto en el Concejo Deliberante y habían cedido una prórroga por cuarenta años de la concesión de la energía eléctrica en la Ciudad a una compañía española (CHADE). El escándalo de corrupción —en el que Natalio Botana, desde el diario Crítica, ofició como receptor y distribuidor del dinero ilegal a las partes interesadas— igualó al radicalismo con prácticas más afines a la tradición conservadora que había repudiado desde el desarrollo del Estado argentino en 1880. La necesidad de acumular fondos económicos de respaldo para una campaña presidencial que se preveía ardua y costosa —y que en definitiva tenía como objetivo final el desalojo de la República fraudulenta—, como se explicó en voz baja, no libró a Alvear de su responsabilidad por una conducta que distorsionaba la declarada ética partidaria.

Para entonces, un sector de los “radicales fuertes” que se indignaban con los “arreglos” de los antipersonalistas, ya había iniciado su proceso de ruptura con el radicalismo. En 1935 constituyeron Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). Entre ellos se destacaban Arturo Jauretche y Luis Dellepiane, que habían tomado las armas en las rebeliones litoraleñas contra el fraude, entre otros miembros que representaban a la clase media empobrecida del radicalismo. FORJA intentó mantener los principios de “religión cívica”, pero adicionó el repudio al predominio del colonialismo británico a lo largo de la historia argentina. En defensa del nacionalismo económico, formularon denuncias por los negociados de trenes y empresas de electricidad. FORJA logró un impacto testimonial novedoso, pero no alcanzó a alterar el cuadro orgánico partidario, del que acabarían por marcharse en la década de 1940.

En septiembre de 1937, Ortiz y el conservador catamarqueño Ramón S. Castillo vencieron a la fórmula radical Alvear-Mosca por 1.100.000 votos (248 electores) contra 815.000 (128 electores). El radicalismo ganó en Córdoba, en la Capital Federal, en La Rioja y en Tucumán. El fraude sonrojaba aun a miembros de la clase que iba a alzarse con el poder. Federico Pinedo —quien sería otra vez ministro de Hacienda— recordaría que era imposible catalogar esas elecciones “entre las mejores, ni entre las regulares, que ha habido en el país”.

Cuando Ortiz asumió la Presidencia en febrero de 1938, el bando nacional español había ido minando la resistencia de la República y ya gobernaba la mayor parte del territorio. Un año después caería Madrid.

Ortiz fue escapando de la sombra del general Agustín Justo, su selector. Tenía la intención de poner en marcha un plan de “honestidad electoral” para sincerar el funcionamiento de las instituciones y cautivar al radicalismo, y también buscó personal propio que respondiera a esa voluntad en el Ejército, que estaba saturado de líneas internas de nacionalistas pro alemanes y de leales a Justo.

Ortiz también desafió a Fresco. Después de que los conservadores sustituyeran las urnas para erigir a Alberto Barceló en La Plata, el Presidente —en contra de la opinión de Justo— intervino la provincia de Buenos Aires e impidió la asunción.

Los ensayos de Ortiz encontraron un tope pocos meses después. Afectado por una dolencia renal y una ceguera progresiva, y en coincidencia con un escándalo por estafas en la compra de tierras para el Colegio Militar en El Palomar que involucró a militares y radicales, debió delegar la Presidencia en julio de 1940; moriría dos años más tarde.

La asunción provisional de su vicepresidente, el conservador Castillo, fue condicionada por la posibilidad de un golpe de Estado nacionalista que presagiaba el retorno de la dupla Molina-Sánchez Sorondo, valorados como “amigos de confianza” por la embajada alemana. Justo también se involucró en la contienda: comenzó a trabajar por la sucesión presidencial, pero con el aval ciudadano.

Castillo corrigió la línea electoral de Ortiz y persistió con la política del fraude, que permitió que los conservadores retomaran la provincia de Buenos Aires y la oposición se redujera. En 1942, el radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.

En esos años, el nazismo continuó su desarrollo en el país. En las empresas alemanas iniciaron una campaña de “desjudaización”. El proceso fue dificultoso porque el hecho de ser judío no era —per se— una causal de despido en la Argentina, como sí lo era para las leyes alemanas. También la embajada ordenó a las empresas que retiraran la publicidad de los diarios argentinos y debieron publicar en periódicos nacionalistas y antisemitas de circulación discreta. El peor obstáculo para la propaganda nazi fue el diario Argentinisches Tageblatt, de lectura masiva entre la comunidad alemana y crítico de Hitler desde el fallido golpe de Estado de 1923. Los nazis locales arrojaron bombas incendiarias a la redacción y atacaron a directores y periodistas. En la educación, solo siete de alrededor de doscientas escuelas alemanas en la Argentina pudieron librarse de la cosmovisión hitleriana, con docentes que dictaban clase con bibliografía que rendía culto al Führer. La transmisión de los valores cívicos argentinos se reemplazó por la lectura de Mi lucha y la glorificación del racismo y el nacionalsocialismo. El himno nacional era cantado por los escolares con el brazo en alto en lealtad a Hitler. En marzo de 1938 los nazis festejaron la anexión de Austria al Tercer Reich con un acto de tres mil quinientas personas en el Club Alemán y luego llenaron el Luna Park en el acto de mayor participación nazi fuera de Europa. La convocatoria fue repudiada por organizaciones estudiantiles, que atacaron bancos y quemaron banderas de ese país. Hubo dos muertos. El 1º de Mayo de 1939, pese a la prohibición oficial, los alemanes en la Argentina celebraron el Día del Trabajo con banderas con esvásticas. La infiltración ideológica de Hitler intentó ser detenida ese mes por decreto presidencial, del mismo modo que las asociaciones fascistas. El Ministerio de Educación prometió desterrar las prácticas racistas en escuelas germanas y reforzar los símbolos nacionales. Trascendió que los directores de escuelas colocaban en sus oficinas un retrato de Sarmiento que en el reverso tenía la imagen de Hitler.

Frente a la guerra, Castillo se comprometió a mantener la posición neutral no beligerante de su antecesor. Sin embargo, su gobierno fue más flexible con los nazis locales. No creía que existiese un peligro real en la propagación de sus doctrinas. La comisión investigadora que el Congreso había constituido para vigilar las “actividades antiargentinas” de los nazis le recriminó que no autorizara el uso de la fuerza policial para sus actuaciones y lo acusó de ser ideológicamente permeable al Tercer Reich. Incluso la embajada alemana reportaba a Berlín que Castillo “era lo mejor que podía esperarse entre los políticos argentinos”.

Aunque seguían con atención la ofensiva económica y de propaganda en la Argentina, los nazis tampoco eran una obsesión para los servicios de inteligencia británicos. La preocupación central de la proyección hitleriana estaba en la Embajada de los Estados Unidos, que alentaba a la comisión parlamentaria y le proveía información. Temía que el país se convirtiera en una “cabecera de playa” nazi, que, en un proyección estratégica, comenzara a disputarle el continente, en reemplazo de la deteriorada hegemonía del poder británico.

El 7 de diciembre de 1941, el Japón bombardeó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái; los Estados Unidos entraron en guerra y propusieron que los países de América Latina rompieran relaciones con el Eje. En la Conferencia de Río de Janeiro en enero de 1942, la cancillería argentina propuso que la ruptura fuese solo una recomendación que cada país pudiera efectivizar o no. La moción fue aprobada. A diferencia del resto de los países latinoamericanos, solo la Argentina y Chile se mantuvieron neutrales.

La postura del gobierno —que irritaba a los Estados Unidos— era festejada por los militares nacionalistas, en quienes Castillo había decidido apoyarse para alcanzar estabilidad y enfrentar las apetencias de Justo.

Para ese fin, el ex presidente, que ahora debía lidiar por el control de un ejército que le había sido fiel durante casi dos décadas, se declaró “aliadófilo”. La muerte de Alvear, en marzo de 1942, lo motivó a relanzar su ambición tantas veces frustrada: ser un candidato quasi radical en las elecciones del año siguiente y enfrentar al régimen fraudulento de los conservadores que antes había patrocinado.

El embajador alemán von Thermann se fue del país el 20 febrero de 1942 y delegó en un encargado de negocios sus tareas en la Argentina. Tres años después, entre septiembre y noviembre de 1945, cuando Berlín había caído y von Thermann era prisionero de las fuerzas aliadas, fue interrogado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre su experiencia diplomática en la Argentina. Von Thermann recordaría que la embajada le daba fondos al gobernador Manuel Fresco para proyectos que favorecían la causa alemana, aunque estaba algo decepcionado con él porque creía que “se había metido dinero en el bolsillo”; que Alberto Uriburu, director de La Fronda, “un oportunista que especulaba con el apellido de su tío”, estaba al servicio de la embajada; que tenía cuatro diputados a sueldo en el Congreso, cuyos nombres no recordaba, y que había comprado artículos favorables a la embajada en los diarios La Gaceta de Tucumán y La Capital de Rosario. Además haría descripciones del personal militar argentino que simpatizaba con el Eje, con los que se había vinculado. Algunos de ellos, a partir de junio de 1943, habían usurpado el poder con un golpe de Estado.

Bibliografía

Ben-Dror, Graciela, Católicos, nazis y judíos. La Iglesia argentina en los tiempos del Tercer Reich, Buenos Aires, Lumière, 2003.

Bisso, Andrés, La recepción de la tradición liberal por parte del antifascismo argentino [en línea], en www.tau.ac.il/eial/XII_2/bisso.html [consulta: 2008].

Buchrucker, Cristian, El fascismo en el siglo XX. Una historia comparada, Buenos Aires, Emecé, 2008.

Ciria, Alberto, Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.

Finchelstein, Federico, La Argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.

—, Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del general Uriburu y la Argentina nacionalista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Jackish, Carlota, “Los refugiados alemanes en la Argentina”, en Lo mejor de Todo es Historia, tomo IV, Buenos Aires, Taurus, 2002.

Lanús, Adolfo, Campo minado, Buenos Aires, edición del autor, 1942.

Lvovich, Daniel, “La derecha argentina y las prácticas antisemitas, 1930-1943”, en McGee Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald (comps.), La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Ediciones B, 2001.

Newton, Ronald, El cuarto lado del triángulo. La “amenaza nazi” en la Argentina (1931-1947), Buenos Aires, Sudamericana, 1992.

—, “El fascismo y la colectividad ítalo-argentina, 1922-1945”, en Ciclos, Nº 9, 1995.

Quijada, Mónica, Aires de República, aires de Cruzada: la guerra civil española en Argentina, Barcelona, Sendai, 1991.

Rapoport, Mario, ¿Aliados o neutrales? La Argentina y la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires, Eudeba, 1988.

Reggiani, Andrés, “La Noche de los Cristales y el nazismo en la Argentina”, en Todo es Historia, Nº 376, Buenos Aires, noviembre de 1998.

Romero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

—, “La Argentina entre las guerras mundiales: dos proyectos en conflicto”, en Saber y tiempo, Nº 11, Buenos Aires, 2001.

Rubinzal, Mariela, “Del elitismo al nacionalismo obrerista: la derecha argentina y la cuestión obrera en los años 30”, en Entrepasados, Nº 30, Buenos Aires, 2006.

Ruiz Guiñazú, Enrique, La política argentina y el futuro de América, Buenos Aires, Huemul, 1944.

Scarzanella, Eugenia, “Cuando la patria llama: Italia en guerra y los inmigrantes italianos en la Argentina. Identidad étnica y nacionalismo (1936-1945)” [en línea], en www.nuevomundo.revues.org/index3735.html [consulta: 2008].

Senkman, Leonardo, “La Argentina neutral de 1940 ante los refugiados españoles y judíos”, en Ciclos, Nº 9, Buenos Aires, 1995.

Trifone, Víctor y Svarzman, Gustavo, La repercusión de la guerra civil española en la Argentina (1936-1939), Buenos Aires, CEAL, 1993.

Zanca, José, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad. 1955-1966, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006.

X

Perón en el balcón

¿Qué opinión tiene usted formada de la ley Sáenz Peña? —inquirimos.

—Como ciudadano, la he acatado y cumplido lealmente. Ha sido una conquista, aunque algunos le encuentren defectos y crean que deba perfeccionarse. El tiempo —agrega— y el pueblo dirán lo que deba hacerse con ella.

—¿Usted es un demócrata, general Ramírez? —le preguntamos.

—¿Qué es la Argentina? —contesta rápidamente, y espera mirando la sorpresa de nuestras caras, para terminar seria y firmemente—: ¡Eso soy yo!

Declaraciones del presidente, general Pedro Pablo Ramírez,
La Prensa, 16 de junio de 1943

El 4 de junio de 1943, la niebla cubría Buenos Aires cuando las tropas salieron de los cuarteles para dar el golpe de Estado. La desorientación del proyecto revolucionario que aspiraba a fundar un nuevo orden político, pero no había tenido tiempo para definir ni su perfil, ni a sus líderes, iría devorando a sus promotores a lo largo de treinta meses. Solo sobrevivió uno de ellos, el coronel Perón: el 17 de octubre inauguraría un ciclo político que trascendería a su muerte.

HECHOS RELEVANTES

1943. La muerte de Justo, sumada a las de De la Torre en 1939 y de Alvear en 1942, marca el final de los liderazgos partidarios de la década de 1930.

El 4 de junio, el GOU toma el poder con un golpe de Estado y disuelve el Parlamento. Asume el general Rawson. Tres días después lo reemplaza el general Ramírez.

El gobierno militar encarcela a sindicalistas socialistas y comunistas. Los gremios son intervenidos. Radicales perseguidos se exilian en Montevideo.

La Segunda Guerra Mundial divide las posiciones en el gabinete entre romper con el Eje o mantener la neutralidad.

En octubre, Perón asume en la Dirección Nacional del Trabajo, que luego convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión. Promueve la firma de convenios laborales que le facilitan el control de la clase obrera.

1944. En enero, la decisión de Ramírez de romper relaciones con el Eje provoca una crisis militar que lo obliga a renunciar a la Presidencia. En febrero asume el general Edelmiro Farrell.

1945. El 16 de septiembre se produce la Marcha por la Constitución y la Libertad. La oposición reclama elecciones libres y la cesión del gobierno a la Corte Suprema.

El 9 de octubre, Farrell destituye a Perón de sus cargos en el gobierno y el 13 ordena su traslado a la isla Martín García. El 17 de octubre los trabajadores se concentran en Plaza de Mayo en reclamo de su libertad.

La Revolución de Junio no tuvo, como el golpe de 1930, intervención civil; fue observada en forma pasiva por la sociedad. Pero su fuerza militar era mucho más poderosa: cerca de diez mil soldados marcharon desde los cuarteles de Campo de Mayo, Ciudadela y Liniers, en dos columnas, hacia la avenida Cabildo y la actual Libertador General San Martín.

El recorrido de las tropas solo encontró resistencia en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su director, el capitán de navío Fidel Anadón, que desconocía el movimiento golpista, enfrentó a los sublevados. Los combates fueron intensos. El jefe de los alzados, el coronel Eduardo Ávalos, respondió el fuego de la Marina. Hubo alrededor de setenta muertos con la inclusión de civiles que quedaron atrapados en la balacera. Este inicio trágico e inesperado intentó ser ocultado por el nuevo gobierno, que prefirió hacer una reprimenda interna a ambos jefes militares por no haber parlamentado. Para Ávalos, los sucesos de la ESMA representarían una amarga experiencia de la que intentaría tomar provecho: dos años y medio después, el 17 de octubre de 1945, decidió no reprimir a los manifestantes que marchaban a Plaza de Mayo en busca del coronel Perón.

El conflicto por la sucesión presidencial fue una de las motivaciones del golpe de Estado. En forma imprevista, la ahora debilitada Concordancia, que había gobernado durante más de una década, había perdido en forma súbita a su gestor: Justo murió en enero de 1943. Pocos meses antes también había fallecido el líder radical Marcelo Torcuato de Alvear y en el lejano 1939, Lisandro de la Torre se había suicidado. La ausencia de líderes que habían cotejado fuerzas durante toda la década de 1930 había sumido en la confusión a los partidos políticos.

Para las elecciones de septiembre de 1943, Castillo intentó imponer al conservador Robustiano Patrón Costas. El industrial azucarero, oriundo de una aristocracia semicolonial del norte argentino, no tenía prestigio —y menos popularidad— para sostener la herencia de un régimen que ahora sobrevivía solo con el respaldo del poder militar.

Desde la perspectiva del Ejército, además de la sucesión interna, otra preocupación era el avance del Brasil. Con su participación en el programa norteamericano de asistencia militar, estaba alcanzando una gravitación definida en el sur del continente. Si la Argentina quería obtener mayores réditos con su política armamentista, y alcanzar un equilibrio de poder con su país vecino, debía volcar la balanza hacia los aliados o hacia el Eje. Esta era una presunción que circulaba con énfasis en el ámbito castrense. La disputa interna por esta disyuntiva —que solo parecía resolverse según el curso de la guerra— atrasaba el equipamiento militar y también volvía más vulnerable al sistema político.

La decisión de Castillo de destituir al ministro de Guerra, el general Pedro Ramírez, también aceleró el levantamiento de junio de 1943. En los últimos días de mayo, un grupo de radicales le había ofrecido la candidatura con esta propuesta: si el ministro le aseguraba un proceso eleccionario sin fraude, la UCR lo convertía en presidente. Ramírez respondió en forma ambigua, pero la oferta electoral era un argumento suficiente para que Castillo forzara su salida, aunque el militar luego hiciera público su rechazo.

La destitución de Ramírez agitó al Ejército. Militares nacionalistas, liberales y también radicales yrigoyenistas acordaron un plan de acción para derrocar al gobierno. Había intención de actuar con rapidez en el primer momento. No había un programa para el día siguiente.

Para organizar el golpe de junio de 1943, el mayor problema del teniente coronel Enrique González y el capitán Francisco Filippi, dos de los que iniciaron la conspiración, era que, por ser oficiales del Estado Mayor del Ejército, no contaban con mando directo sobre las unidades. Para resolver este déficit, González recurrió al general Arturo Rawson. En la noche del día 3, se reunieron en la Escuela de Caballería en Campo de Mayo quince oficiales, además de Rawson. Ramírez, el propio ministro destituido, que todavía no había entregado su renuncia, participó del cónclave conspirador, aunque por orden del propio Castillo, que lo envió a la guarnición para que disuadiese a los complotados. El general Edelmiro J. Farrell y el coronel Perón, al corriente de la reunión, permanecieron en Buenos Aires esperando el desenlace. Habían plegado al Arsenal de Guerra de Buenos Aires, que aseguraba la provisión de fuego.

La noche del 3 de junio en Campo de Mayo se definió la fecha del golpe: la mañana siguiente. La orden de salida de las tropas fue firmada por el coronel Elbio Anaya, uno de los auxiliares del coronel Varela en los fusilamientos de la Patagonia. Anaya era pro aliados, pero, salvo la voluntad del conjunto de hacerse del poder, las posiciones frente a la guerra no eran homogéneas: había oficiales yrigoyenistas —como los hermanos Montes, ambos coroneles—, oficiales pro germánicos —como el coronel Emilio Ramírez y el coronel González— y pro aliados —como el almirante Segundo Storni.

La alianza entre los simpatizantes del Eje y los que aspiraban a su derrota sería una marca de debilidad que condicionaría el rumbo del nuevo gobierno.

En la mañana del 4 de junio, la irrupción militar fue tomada con desconcierto por la sociedad. No se sabía si querían democratizar el sistema político, si propugnaban un acercamiento a los aliados o si buscaban profundizar el sesgo autoritario del presidente Castillo, que el último año y medio gobernaba con el estado de sitio. Enterado del alzamiento militar del 4 de junio, Castillo se refugió en el rastreador Drummond junto a parte de su gabinete, pero luego desembarcó en La Plata y presentó su renuncia.

El nuevo presidente Rawson, un clubmen ligado al ambiente conservador del Jockey Club, era pro aliado definido, pero su gabinete expresaba las diferentes líneas golpistas. Hubo dos designaciones del mundo conservador —José María Rosa, simpatizante del Eje, en Hacienda, y Horacio Calderón, aliado, en Justicia— que causaron malestar entre los coroneles sublevados. No querían compartir el gabinete con representantes de un régimen al que acababan de deponer. A diferencia de las primeras dos décadas del siglo XX, la mentalidad de los oficiales no reconocía un parentesco ideológico exclusivo con la oligarquía rural: las instituciones armadas ya habían abierto sus puertas a los hijos de familias industriales, funcionarios públicos y profesionales.

Rawson, que reconocía su amistad con los civiles cuestionados, se opuso a los condicionamientos. Entonces, el 7 de junio, la ceremonia de asunción cambió de protagonista: el general Pedro Ramírez, en pocos días, pasó de ser ministro destituido a presidente de la Argentina.

Su elección interna dejó en evidencia el poder que tenía el sector castrense del que formaba parte: el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), aunque de las siglas también trascendieron otras denominaciones. El GOU era una logia militar, como lo había sido la Logia San Martín en la década de 1920, que influyó en el ascenso de la carrera militar y política de Justo, pero no tenía un liderazgo de esa trascendencia. Se había constituido de modo formal en el mes de marzo de 1943, pero su grupo original venía trabajando desde el año anterior. Lo componían diecisiete oficiales, entre ellos, el coronel Juan Perón; los hermanos coroneles Miguel y Juan Carlos Montes; los, también hermanos, coroneles Urbano y Agustín de la Vega; el coronel Emilio Ramírez; el coronel Aristóbulo Mittelbach, y el ahora presidente Pedro Ramírez. Salvo los hermanos Montes, todos, con distintos matices, habían participado de los sucesos de 1930.

Perón certificó la idea de que el GOU había sido el motor exclusivo del golpe de Estado, y él se atribuyó la redacción de la proclama, escrita de “puño y letra”; si bien ambas afirmaciones ayudaron a construir el mito fundacional, no constituían una verdad estricta. Un indicio de que el golpe no fue obra de la logia fue que solo dos de sus miembros estuvieron en la reunión decisiva de Campo de Mayo.

Hasta junio de 1943, el GOU, como grupo de enlace de la oficialidad, se había propuesto abordar un desarrollo político para un futuro golpe de Estado. Aunque existían simpatías por el nazismo, no era una célula nazi. Tenía, sin embargo, lazos con corrientes reaccionarias: Jordán Bruno Genta, intelectual antisemita, fue uno sus “asesores” civiles.

La logia tenía oficiales de distinta graduación que se consideraban pares entre sí, aunque Perón y González eran los más destacados dentro del grupo. Diplomados en la Escuela Superior de Guerra, habían realizado cursos en el exterior y tenían ascendente sobre el resto. Sobre todo, Perón.

Con la asunción de Ramírez, el GOU ocupó posiciones clave en el Estado: Perón, secretario del Ministerio de Guerra; Filippi, edecán del Presidente; González, secretario de la Presidencia; Ávalos, comandante de Campo de Mayo; el coronel Domingo Mercante, oficial mayor del Ministerio de Guerra; Miguel Montes, oficial mayor del Ministerio del Interior.

Frente a las oscilaciones de la guerra, las diferencias internas subsistieron. El gabinete continuó dividido entre quienes preferían romper con el Eje y los que, como el coronel Perón, insistían en mantener la neutralidad. El presidente Ramírez, en cambio, no tenía una posición definida, pero aceptaba los argumentos que le ofrecía cada nuevo interlocutor.

El gobierno no tenía dudas, en cambio, en su voluntad de poner orden en el mundo laboral. Hacía poco más de un mes, el 1º de Mayo, muchos jefes y oficiales del Ejército habían ido a observar la conmemoración del Día del Trabajo —una enorme multitud de banderas rojas y puños en alto cantando “La Internacional”— y concluyeron que no podían mantenerse indiferentes ante la agitación obrera. Ramírez disolvió el Parlamento, reemplazó en menos de dos semanas a las autoridades provinciales por delegados oficiales y postergó las elecciones por tiempo indeterminado. Dirigentes sindicales comunistas y socialistas fueron detenidos y trasladados a la Patagonia. También los radicales fueron apresados; muchos se exiliaron en Montevideo.

Durante el primer mes de gobierno de Ramírez, en una entrevista con el ministro del Interior, una delegación de la CGT Nº 2 —con predominio socialista y comunista— reclamó la libertad sindical y la de los presos, y la ruptura con el Eje. La respuesta tardó cuatro días en llegar: la CGT Nº 2 fue disuelta y se multiplicaron los arrestos, las clausuras de locales gremiales y la persecución de sus dirigentes.

La fecha y el lugar de su nacimiento en la provincia de Buenos Aires —1893 en Roque Pérez o 1895 en Lobos— son todavía objeto de polémica. Una de las causas de esta confusión habría sido la demora de su padre en reconocerlo. Perón vivió algunos años de su infancia en Santa Cruz y en Chubut, e ingresó como cadete del Colegio Militar en 1911. Egresó con el grado de subteniente de Infantería. En 1928 ya era capitán y oficial del Estado Mayor, egresado de la Escuela Superior de Guerra, a la que siguió ligado como profesor. Sus clases fueron la base del libro Apuntes de historia militar, en el que tomó teorías del ejército alemán: la guerra moderna no era solo cuestión de esfuerzo y equipamiento. También era necesario mantener movilizada a la sociedad, como lo indicaba von der Goltz en La nación en armas. Perón participó del golpe de Estado de Uriburu, aunque consideró “incapaces” a sus colaboradores; se mantuvo cercano a militares de la íntima confianza de Justo. En 1936, fue designado agregado militar en la embajada en Santiago de Chile, donde intentó recabar datos secretos de ese país. Esta maniobra frustrada comprometió la gestión de su sucesor, el mayor Eduardo Lonardi, quien casi veinte años después lo desalojaría del poder. En 1938 Perón regresó al país y enviudó de su primera esposa, Aurelia Tizón; al año siguiente fue designado en la agregaduría militar de la embajada en Roma. Vivió dos años en Italia y, durante la guerra mundial, visitó España, Portugal, Hungría y Austria. La experiencia fascista lo había impresionado. Cuando volvió a la Argentina, fue ascendido a coronel y enviado al Centro de Instrucción de Montaña, en Mendoza, como oficial del Estado Mayor. Allí tomó contacto con las reformas sociales del lencinismo.

La CGT Nº 1, “sindicalista”, que había acompañado con preocupación y silencio la represión contra sus pares, intentó un acercamiento con el gobierno. Sin embargo, también recibió la oleada represiva. A fines de agosto, la Unión Ferroviaria (UF) y La Fraternidad, los dos sindicatos más poderosos de la Central, con capacidad de paralizar el país, fueron intervenidos por militares.

El cambio radical en la política obrera se iniciaría el 27 de octubre con la designación del coronel Perón en la Dirección Nacional del Trabajo. La DNT era un órgano residual del Estado conservador. Dependía del Ministerio del Interior y no tenía margen de autonomía. Un mes más tarde el organismo se transformaría en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Aunque no tenía demasiados conocimientos del universo gremial, Perón demostró en forma rápida su intención de incidir sobre la materia. Se rodeó de colaboradores que podían ayudarlo: Juan Bramuglia, ahijado del socialismo y asesor legal de la Unión Ferroviaria; el español José Figuerola, jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la dictadura española de Primo de Rivera, y el coronel Domingo Mercante, que tenía un hermano ferroviario y había sido designado interventor en la UF.

La política de Perón se asentó sobre tres ejes: justicia social, control de la clase obrera y despolitización de las organizaciones sindicales. La primera señal pública del cambio fue la firma de un convenio en medio de una huelga frigorífica. El conflicto llevaba dos meses sin que las empresas ni los trabajadores estuvieran dispuestos a ceder. Los huelguistas habían condicionado una negociación a la liberación de su líder, el comunista José Peter, confinado en la Patagonia. Perón ordenó que fuera traído en un avión del Ejército. La presencia de Peter en una asamblea en el estadio de Dock Sud, donde seis mil personas lo vivaron y lo llevaron en andas, fue decisiva para inclinar el voto hacia el retorno al trabajo. De este modo, Perón sumó una victoria al resolver el conflicto; luego superaría la popularidad de los comunistas en el mundo sindical.

Para entonces, ya se había encontrado con sindicalistas prófugos, que escapaban de la represión del gobierno militar. Perón les pedía confianza a los trabajadores. Algunos, en especial los socialistas, fueron acercándose en forma lenta al coronel. Otros, sobre todo los comunistas, fueron más rígidos: se mantuvieron firmes en su oposición al régimen. Para ellos, era una dictadura fascista.

La política social también generó conflictos internos con sus camaradas del GOU, que desconfiaban del reformismo de Perón y de las presencias obreras en los despachos oficiales. El régimen complementaba la justicia social con la represión: el coronel Emilio Ramírez, jefe de la Policía Federal creada a fines de 1943, perseguía a comunistas y otros opositores al gobierno. El “certificado de buena conducta” que se exigía para buscar trabajo, matricularse en la universidad o salir del país, y que solo extendía la institución policial, funcionaba como un instrumento de control ideológico y social. La cultura y la educación pasaron a ser controladas por el sector del clero hispanofranquista. A fines de 1943, la enseñanza de la religión católica fue obligatoria en las escuelas primarias y secundarias; los niños que no habían tomado la comunión empezaron a ser excluidos de los recreos infantiles de la municipalidad de Buenos Aires. La ambigüedad de los primeros meses se disolvió: la Revolución de Junio, con el aval eclesiástico, volcó su fe hacia el nacionalismo católico.

El régimen estaba inmerso en el aislamiento internacional. Seguía sin ser reconocido por sus pares latinoamericanos. La presión económica de los Estados Unidos —que habían embargado sus exportaciones de petróleo y de repuestos industriales— y la falta de equipamiento armado tenían un peso decisivo para la definición del rumbo de la política exterior. Los Estados Unidos temían que Argentina exportara “revoluciones similares en otros lugares”, y colaborara con Alemania en la formación de un bloque austral opuesto al país del norte.

Cuando se hizo público que la Argentina intentaba abastecerse de armas por medio de Alemania, en enero de 1944, a Ramírez le quedaba poco margen para continuar la línea neutralista: rompió relaciones con Alemania y con el Japón. La decisión abrió una pesada crisis dentro del gobierno. Los nacionalistas se disgustaron. Muchos funcionarios civiles y jefes militares de las guarniciones de Campo de Mayo, Palomar y La Plata le quitaron apoyo a Ramírez. El tándem Farrell-Perón también retaceó colaboración al gobierno.

La presión fue insostenible para Ramírez. Forzado por los acontecimientos presentó su renuncia, pero luego modificó las formas institucionales. Para que no pareciese que era depuesto por un golpe de Estado, que luego complicara los reconocimientos diplomáticos, aseguró que lo hacía por “la fatiga de las tareas” y delegó el poder en su vicepresidente.

El 24 de febrero de 1944 asumió Edelmiro Farrell, que había sido jefe policial en Mendoza después del golpe de Estado de 1930 y había trabado relación con Perón en esa provincia. El secretario de Trabajo y Previsión acumuló más poder en el gobierno. Fue designado ministro de Guerra en reemplazo de Farrell. Al principio en forma interina, y confirmado dos meses después.

Su figura había crecido no solo por el contacto con los sindicalistas, sino por el terremoto que en enero de 1944 devastó la provincia de San Juan y provocó miles de muertos y heridos. Perón organizó la ayuda social a los damnificados. También, algo estaba cambiando en su vida personal. En un acto solidario en el Luna Park conoció a la actriz de teatro y de radio Eva Duarte, aunque luego se dijo que ya había sido vista al menos una vez en la Secretaría. Fue un encuentro clave en la vida de Perón. La continuidad de la relación fue mal vista en el mundo castrense. La mentalidad militar no estaba preparada para admitir que un oficial superior, viudo, viviese con una amante que, por ser hija ilegítima y actriz, ya era objeto de comentarios desfavorables.

Su participación en el desfile militar del 9 de Julio de 1944 y en la función de gala del Teatro Colón o su presencia durante las conversaciones políticas que Perón mantenía con otros oficiales en su departamento, eran señales de que la relación entre ambos se había asentado en forma rápida y comenzaba a tener carácter de Estado.

Esto permitió un salto cualitativo en la carrera artística de Eva. Además de obtener mayor promoción en sus programas y un contrato como actriz de cine, participó del programa de Radio Belgrano “Hacia un futuro mejor”, en el que destacaba el rol de Perón en la Revolución de Junio. En el relato, ella —como mujer humilde— subrayaba los valores de un soldado que sintió la llama de la justicia social y ayudó a que estallase la revolución como un acto de redención.

La incipiente popularidad de Perón no tenía correlato directo en el Ejército. Molestaba su forma de operar sobre los trabajadores y sus primeros pasos —que no ocultaba— hacia la conquista de un poder político personal.

La política de “protección de las masas” de Perón al frente de la Secretaría era indiscutible. Cada vez más gremios se acercaban para expresar demandas salariales o laborales, o resoluciones de conflictos, y se marchaban satisfechos. Mientras existiera la disciplina gremial y se obedeciera a dirigentes “bien intencionados”, Perón respondía. El rechazo solo estaba circunscrito a las “ideologías extrañas” y a los que no prestaban colaboración con los esfuerzos de la Secretaría: para ellos solo cabría la intervención de sus gremios o la represión de las huelgas. La conmemoración del 1º de Mayo de 1944 por la izquierda fue prohibida por el Estado.

Pero no había dudas de que Perón, a lo largo de todo ese año, se había preocupado por promover el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones de trabajo, fomentar la firma de centenares de convenios laborales, la creación de tribunales de trabajo, la reglamentación de las asociaciones profesionales, la unificación del sistema previsional o facilitar la extensión de los beneficiarios de la ley de despido.

En forma simultánea a su acción gremial, Perón inició contactos con dirigentes del radicalismo. Podría sumarlos en lo inmediato al elenco gubernamental para que recogieran el rédito popular que él ya estaba obteniendo por las reformas sociales. En el mediano plazo, el coronel imaginaba que podría encabezar la boleta presidencial de la UCR y que el aparato radical completaría el resto de las nóminas electorales para volver al Estado. La UCR rechazó la propuesta. Confiaba más en una supervivencia autónoma que en el coronel: el vacío de poder estaba estrangulando a un régimen cada vez más frágil. Preveían que no faltaría mucho tiempo para su caída. Pensaban que su partido, que ya tenía medio siglo de existencia y una identidad propia en la vida política, no debía resignar el cargo presidencial para retornar al poder.

Además, el rumbo de la guerra favorecía al radicalismo. Desde febrero de 1943, cuando Hitler no pudo atravesar Stalingrado, el régimen nazi había iniciado su retroceso en el frente oriental. Para entonces, Mussolini ya había perdido las colonias africanas y los aliados habían tomado el sur de Italia. El 6 de junio de 1944, el ejército angloamericano desembarcó en Normandía, Francia, con doscientos cincuenta mil hombres y liberó París del régimen nazi dos meses después.

La posibilidad de una derrota del Eje sacudía al sector nacionalista del gabinete, concentrado alrededor del ministro del Interior, el general Luis Perlinger. El nacionalismo mantenía la posición pro Eje y consideraba a Perón “un traidor”, porque ya se había despegado de esas simpatías, en sintonía con el curso de la guerra. Incluso en marzo de 1944, Perón le comunicó a la embajada estadounidense su intención de trabajar para el restablecimiento institucional y sus planes presidenciales con el supuesto apoyo de la UCR. Los nacionalistas eran los únicos que podían detener su ascenso. Farrell estaba en medio del combate entre ambos. La confrontación decisiva se libró con una asamblea de oficiales que debía definir cuál de los dos líderes opuestos del gabinete ocuparía la vicepresidencia vacante. Perón venció a Perlinger por seis votos. El último simpatizante pro nazi del gabinete fue obligado a dimitir y arrastró a muchos de sus aliados en su caída. El 7 de julio de 1944 Perón asumió la vicepresidencia y mantuvo la dirección del Ministerio de Guerra y de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Finalmente, el 27 de marzo de 1945, la Argentina, “aceptando la invitación que le formularon veinte repúblicas americanas”, le declaró la guerra a Alemania y al Japón. Hitler capitularía al mes siguiente. El Japón, en agosto. A partir de entonces, el país reanudó las relaciones con las naciones americanas y obtuvo el reconocimiento diplomático. Pero los Estados Unidos —que habían embargado las reservas de oro argentinas en ese país— se cobrarían la demora en la declaración de la guerra al Eje. Cierto sector del Departamento de Estado norteamericano consideraba que el de Farrell era un régimen nazi. Los Estados Unidos enviaron al país al embajador Spruille Braden que, con su estilo brutal y directo, intervendría en los asuntos internos como ningún diplomático lo había hecho.

La derrota del Eje fue una señal de avance para la oposición y de descomposición para el régimen militar. Los partidos radical, socialista, comunista, con sectores medios urbanos y organizaciones patronales se unieron para suministrarle el golpe definitivo, en defensa de “la libertad y la democracia”. Incluso la Sociedad Rural —molesta por la sanción del Estatuto del Peón Rural, que regulaba las condiciones laborales en el campo— se sumó a la campaña de la oposición.

Desde los sectores patronales, la lucha contra Perón no estaba promovida por la falta de libertad o el peligro del fascismo, sino por la oposición a las reformas sociales que el coronel impulsaba desde Trabajo y Previsión. La sociedad industrial de masas presentaba nuevos desafíos y Perón ya había expresado cómo había que actuar frente a ella. En este aspecto, creía, era un error pensar que la promoción del sindicalismo obrero iría en perjuicio de los patrones. Lo había expuesto en la Bolsa de Comercio, en agosto de 1944. Él no perseguía la lucha entre capital y trabajo, sino una “armonización perfecta” entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas. Las masas sin organización constituían un peligro. Con una política social, en cambio, pensaba que podían ser conducidas y dirigidas.

“Yo llamo a la reflexión a los señores —dijo dirigiéndose a los empresarios— para que piensen en manos de quiénes están las masas obreras argentinas y cuál puede ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos comunistas. […] Para hacer desaparecer de la masa ese grave peligro no existen más que tres caminos, primero, engañar a las masas con promesas o con la esperanza de leyes que vendrán, pero que nunca llegan; segundo, someterlas por la fuerza”. Pero con estas dos soluciones solo lograban posponer la amenaza. Jamás resolverla. Según Perón, el problema de la agitación de las masas solo podía resolverse con justicia social, “en la medida [en] que sea posible a la riqueza de su país y su propia economía”. La ampliación de la intervención estatal en los asuntos sociales como árbitro autorizado —y no como gendarme— para mediar entre fuerzas de intereses divergentes era la fórmula más eficiente para mantener el orden social.

De todos modos, esta política, que no era sencilla de asimilar para los camaradas de armas, menos lo era para las organizaciones patronales, que no estaban dispuestas a agradecerle a Perón haberlos salvado “del comunismo y las masas inorgánicas”.

Los empresarios se incorporaron a la ofensiva civil contra el régimen militar. En junio de 1945, cerca de trescientas organizaciones patronales firmaron un manifiesto de “la Industria y el Comercio” en el que denunciaron “la agitación subversiva” y el fomento “del resentimiento y los reclamos permanentes”. Advirtieron: “Desde que se ha creado la Secretaría de Trabajo y Previsión —organismo cuya existencia no objetamos— se mezcla en la solución de los problemas sociales ese espíritu que denunciamos y cuya unilateralidad quiérese justificar en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada”.

Para mediados de 1945, la oposición civil parecía ir camino de una victoria segura. Su reclamo de la entrega del gobierno a la Corte Suprema era una forma de exigir la rendición incondicional de Farrell. El tono antimilitarista de los reclamos hacía difícil que la rebelión civil encontrase eco en las unidades del Ejército. En esos meses hubo conscriptos agredidos en las calles. Después de la rendición del Japón, durante tres días, estudiantes, la policía y simpatizantes de Perón se cruzaron con violencia en las calles de Buenos Aires.

El punto máximo de la amenaza al régimen militar fue la convocatoria a la “Marcha por la Constitución y la Libertad”, de la Junta de Coordinación Democrática que reunió a conservadores, radicales, socialistas y comunistas. La marcha concentró a la clase media urbana, profesionales, estudiantes universitarios y también sectores del trabajo. Eran más de doscientas mil personas que cantaban el himno nacional y “La Marsellesa” mientras recorrían la ciudad. El líder socialista Enrique Dickman hizo una caracterización sin atenuantes sobre el régimen: “El gobierno de facto de la llamada revolución del 4 de junio de 1943, fue nazi, es aún nazi, y si ahora se pone el disfraz democrático, es porque el cambio de panorama del mundo lo obliga a ello”.

Frente a la diáspora que había dividido al país desde sus orígenes, la marcha se identificaba con su historia “verdadera”. “Esto es Argentina: La Revolución de Mayo, Asamblea de 1813, 9 de Julio, Caseros, Código Civil, Código Penal, garantías individuales. Esto no es Argentina: Anarquía, barbarie, tiranía de Rosas, decretos ley, estado de sitio”, se leía en sus carteles.

Al clima de victoria en el ámbito civil se le oponía la compleja paradoja que se suscitaba en el mundo castrense. La mayoría de los oficiales no quería retornar al régimen fraudulento que había derrocado y tampoco quería que Perón continuara con su proyecto político. El sector nacionalista puro consideraba necesario forzar su salida. A su entender, con su acercamiento a los obreros y la demagogia con la que actuaba frente a ellos, había traicionado a la Revolución de Junio. Los oficiales de la Escuela Superior de Guerra, la elite intelectual del Ejército, y los jefes de unidades de Campo de Mayo también deseaban la caída de Perón, pero no la de Farrell. Los oficiales liberales, relacionados con las viejas elites provinciales, también se opusieron a la movilización obrera generada por el secretario de Trabajo. La Marina mucho más: estaba ganada por un antiperonismo radicalizado.

Sin embargo, la destitución de Perón podía implicar una victoria tan determinante para la oposición civil que terminara por desalojar a Farrell y a la elite militar del control del aparato estatal. Cualquier decisión que se tomara respecto de él era riesgosa. Perón era un asunto delicado.

Estas tensiones internas provocaron conspiraciones militares. En una de ellas, cuatro días después de la Marcha por la Democracia, el general Arturo Rawson, que ya había sido puesto en disponibilidad y no tenía mando de tropa, pero sí la promesa de un apoyo naval, intentó sublevar la IV División en Córdoba y reclamó la entrega del gobierno a la Corte Suprema. Pensaba que el movimiento se extendería a Campo de Mayo. Sin embargo, cuando las tropas estaban listas para comenzar su marcha, fueron rodeadas por un regimiento de Artillería y debieron rendirse.

El gobierno reimplantó el estado de sitio. Los estudiantes se opusieron a la represión: ocuparon las universidades y enfrentaron la orden de desalojo del gobierno. El jueves 4 de octubre, frente a la Facultad de Ciencias Exactas, en Perú 222, murió de un balazo Aarón Salmón Feijoo, que se convirtió en un símbolo de la resistencia al régimen. La foto, publicada por La Razón, de un pizarrón de la Facultad de Filosofía y Letras donde la policía que la había desalojado había escrito: “Viva Perón. Mueran los judíos, Viva la Guardia de Infantería”, también fue utilizada como emblema por los opositores.

El desencadenante de la crisis de octubre fue la designación de un amigo íntimo de Eva Duarte, Oscar Nicolini, como director de Correos en lugar de un oficial del Ejército. El general Ávalos, que tenía amistad personal con Perón y lo había ayudado a sobrevivir en conspiraciones internas, fue al Ministerio de Guerra a expresarle el desagrado que existía en la guarnición de Campo de Mayo, que él dirigía. Como Perón se negó a dar marcha atrás, Ávalos se dirigió a Farrell. Pese al asedio de la guarnición militar, que exigía en forma inmediata la separación de Perón y que estaba dispuesta a marchar a Buenos Aires para forzar ese reclamo, Farrell fue proclive a la búsqueda de un alejamiento espontáneo de su vicepresidente. Les advirtió que, en una situación de fuerza, Perón podía convocar a los obreros y desatar una guerra civil.

Para solucionar el problema, uno de los planes que surgió desde la Escuela Superior de Guerra fue matarlo. Era la resolución más extrema. El teniente coronel Miguel Mora, profesor de Logística, con un grupo de capitanes, planeó el secuestro y asesinato de Perón cuando visitara la escuela el 9 de octubre para inaugurar un curso de energía atómica. Perón canceló la visita.

Ese mismo día, el 9 de octubre, Ávalos le pidió a Perón que dimitiera a todos los cargos. Ahora sí, la solicitud contaba con la aprobación de Farrell. Perón lo vivió como una traición. Acorralado, luego de que no encontrara consenso en el Ejército, al anochecer, renunció a la vicepresidencia, al Ministerio de Guerra y a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Acababa de cumplir 50 años.

A la mañana siguiente, Ávalos asumió como ministro de Guerra. Tenía frente a sí la responsabilidad de armar un gabinete que incluyera a notables de la oposición civil que se estaba devorando al régimen militar, los que debían ser aceptados por la oficialidad de Campo de Mayo. También debía controlar los movimientos de Perón, que todavía conservaba dos lealtades: la fuerza policial y las masas obreras.

Ávalos pidió la renuncia del jefe de la Policía Federal, coronel Filomeno Velazco, compañero de promoción de Perón en el Colegio Militar, que simpatizaba con su causa. Velazco había prohibido y reprimido los festejos por la caída de Berlín, pero se había mostrado permisivo con los apoyos callejeros que recibió el secretario de Trabajo y Previsión cuando se anunciaron sus aspiraciones presidenciales.

Perón se recluyó en su departamento. Lo acompañaba Evita. No tenía ánimo de seguir la lucha. Un grupo de sindicalistas se acercó para acompañarlo y lo convenció para que se despidiera de los trabajadores. Perón le requirió esa posibilidad a Farrell. Correspondía un gesto de reciprocidad con aquellos que habían colaborado de buena fe con su gestión en la Secretaría. Perón obtuvo la autorización presidencial. Ávalos no se la negó.

Ahora que su carrera política había encallado, Perón podía presentarse ante los obreros como un reformador social caído en la batalla, víctima del afán conservador y odioso de las clases propietarias, denigrado por el activismo civil que denunciaba su disimulado pesar por la derrota del Eje y también crucificado por una camarilla militar cerrada a la transformación de las masas, que había rechazado su aproximación a los trabajadores y a su propia novia.

En términos políticos, Perón estaba solo. Podía tener una frágil autoridad moral sobre los sindicalistas, por los reconocimientos de clase que les había brindado, pero no tenía, por sí mismo, capacidad para movilizar obreros, y menos ahora que carecía de cargos en la función pública. Tampoco encontraría asilo en los partidos políticos, que lo habían rechazado cuando quiso seducirlos desde una posición de poder.

Los sindicalistas le prepararon un acto multitudinario para coronar su final. En menos de cinco horas, el mismo 10 de octubre de 1945, sesenta mil obreros se reunieron en las puertas de la Secretaría de Trabajo y Previsión para escuchar su mensaje. Fue transmitido por la cadena oficial. Perón aprovechó el escenario para que su legado no quedara olvidado. Informó que le había pedido a Farrell que rubricara su última voluntad oficial: el decreto de aumento de sueldos, la implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación obrera obligatoria en las ganancias. Ahora les correspondía a los sindicalistas presionar por sus conquistas. Él se retiraba.

Mientras Farrell seguía con solo dos ministros —Ávalos en Guerra y Héctor Vernengo Lima en Marina— y la crisis política lo aprisionaba, el Ejército sentía agravio por los movimientos finales de Perón —casi sin signos vitales pero que aún no terminaba por declararse muerto— y por la ofensiva de la oposición civil, que les exigía desde la calle una retirada sin honores a los cuarteles.

No era solo un desafío contra los sobrevivientes de la elite militar de la Revolución de Junio. El litigio tenía horizontes más vastos. Si el Ejército había iniciado su consolidación como un factor de poder decisivo en el proceso político argentino poco antes de la extremaunción de Yrigoyen —y debía en parte tributarle esta condición de privilegio al régimen fraudulento y a su decano, el general Justo—, ahora se ponían en cuestión la legalidad y la legitimidad de esa tutela. Aquella sociedad civil fatigada del engaño y de poner el hombro para que escalaran posiciones los que desvirtuaban sus mandatos —como intentó despertarla Alvear, pocos meses antes de su despedida—, ahora, envalentonada por la caída de Berlín, y aun mezclando polos opuestos imposibles de unir, reaccionaba contra el régimen militar para alzarse de su postración.

El 12 de octubre el gobierno anunció que convocaría a elecciones para febrero de 1946, pero la oposición no escuchaba promesas. Una leyenda apareció en la puerta del Círculo Militar: “Se alquila”. Un coronel fue agredido por mujeres en la misma puerta de la institución. Por la tarde, una movilización en plaza San Martín —a pocos metros del Círculo Militar— reclamó la entrega del gobierno a la Corte Suprema, como garantía de próximos comicios. La policía inició la represión a sablazos. Hubo tiroteos por más de una hora. Un médico fue muerto a balazos. De los treinta y cuatro heridos, dieciséis eran policías.

Con la presión de la Escuela de Guerra y el escarnio popular de la noche anterior rondando sobre su cabeza, Ávalos ordenó la detención del ex secretario de Trabajo y Previsión. En la mañana del 13 de octubre, Perón ya había sido remitido a la isla Martín García. Parecía un hombre sin esperanzas, despedido de la contienda política y de su carrera militar, dispuesto a encontrar refugio en su novia, Eva. Eso transmitía en sus cartas desde la prisión.

Desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que acelere mi retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos […] nos vamos a Chubut los dos. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón.

El futuro que proyectaba Perón se alojaba en la infancia, entre los indios y ñandúes de la Patagonia de principios del siglo XX, donde había crecido. Pero esa deserción política, proclamada frente a los espías que leían su correspondencia, también podía ser un ardid para entretenerlos o para aliviar sus condiciones de detención, o quizá también para preparar su retorno a la vida pública. Tres días después, por el “mal clima de la isla” que supuestamente había afectado su salud, Perón sería trasladado al Hospital Militar por recomendación de su médico personal.

El día 15 de octubre, en dos audiencias privadas, Farrell le había asegurado a la CGT que Perón no estaba detenido. Había decidido una custodia militar para preservar su vida. Pero, aun sin su presencia en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la política del Estado frente a los trabajadores no se modificaría. Las conquistas serían respetadas. “Incluso mejoradas, si era posible”.

Los sindicalistas desconfiaron de Farrell, aunque no hasta el punto de dinamitar los puentes, como lo habían hecho con la oposición civil. La CGT, como actor político autónomo pero cada vez menos neutro, que estaba en contra, incluso, de la entrega del poder a la Corte Suprema, distinguía, camuflados en las filas de la multitud que exigía “libertad”, a los políticos fraudulentos, a los comerciantes acaparadores, al ignominioso contubernio que intentaba el retorno a la vieja normalidad para continuar con “las injusticias sociales, el atropello a los sindicatos, la persecución y destierro sin forma ni proceso de sus militantes”.

La “Defensa de la Constitución y la Libertad”, que desafió a Perón y a la elite militar, no había dedicado siquiera una palabra para ellos. No les habían hablado en su propio lenguaje, ni de sus propios anhelos. El divorcio entre la clase dirigente y las masas era cada vez más evidente. Había un espacio social vacante, sin representación política, entre los nuevos trabajadores de la migración interna y muchos de los de la vieja guardia sindical, que atesoraban derrotas y rencores desde más allá de la década del treinta.

Destituido Perón, y pese a las promesas de Farrell, los sindicalistas temieron que una restauración de las organizaciones patronales arrasara con el discurso de “justicia social” que habían escuchado durante meses desde la Secretaría y que les atraía más que el de “libertad ante la amenaza fascista” que propiciaba la oposición civil. Había indicios de un cambio regresivo: no les habían pagado el feriado del 12 de octubre.

El diálogo con el Estado había enfrascado a la CGT en una lucha interna. Había sectores que reclamaban no precipitarse y otros que buscaban acelerar la organización de una huelga. Ambos coincidían en recomendar a las bases que no se comprometieran en actos ajenos a los de la central obrera. Entre los días 15 y 16 de octubre comenzaron a realizarse manifestaciones. En las calles de Berisso, donde Perón se había ganado el aprecio de los obreros de la carne, se iniciaron los primeros movimientos.

El día 16, cuando muchos sindicatos ya habían llamado a la huelga en forma independiente, el Comité Ejecutivo de la CGT decidió, en una votación de 16 contra 11, un paro para el 18 de octubre. La central obrera no hizo un reclamo explícito por la libertad de Perón en los propósitos de la huelga, no quería atarse a su destino; lo hizo en defensa de las conquistas laborales amenazadas y en rechazo a la posible inclusión de la oposición en el gabinete, que mencionó en el primer punto del comunicado.

En la mañana del 17 de octubre, cuando Perón estaba instalado en el Hospital Militar, centenares de trabajadores, en su mayoría jóvenes, recorrieron diez kilómetros, de Berisso a La Plata, apedreando a su paso la sede del Jockey Club, cafés y confiterías, saqueando negocios y haciendo una ceremonia ritual con la quema de ejemplares del diario El Día, en una atmósfera carnavalesca, pero con la marca del resentimiento de clase.

Movilizados por los sindicatos de la periferia industrial, en las fábricas del sur bonaerense se fueron concentrando obreros para una movilización a Plaza de Mayo. Se anticipaban en un día a la convocatoria de la CGT. La Policía Federal dejó que los manifestantes cruzaran el Riachuelo y llegaran a la ciudad de Buenos Aires al grito de “¡Viva Perón!”. El reemplazo de Velazco por el coronel nacionalista Emilio Ramírez, que retornaba a la fuerza, se había demorado. Había jurado el día anterior, pero los mandos policiales no le respondían.

Al atardecer, la multitud ya completaba la Plaza de Mayo. Hacía calor. Muchos de ellos, que llegaban al centro porteño por primera vez en su vida, refrescaron sus pies en el agua de la fuente. Ávalos, que ya había visto la sangre en los combates de la ESMA, e incluso había perdido a su asistente personal, los observaba desde la Casa Rosada. No quiso ordenar la represión, aunque la guarnición de Campo de Mayo estaba preparada para llevarla a cabo. El gobierno no tenía ningún plan para enfrentar la movilización. La única solución para controlar a las masas era negociar con Perón.

Instalado en el departamento del capellán, en el Hospital Militar, el coronel detenido recibió la visita de Ávalos. Se encontraba en una nueva posición de poder. Le reclamó su renuncia al Ministerio de Guerra, la de Vernengo Lima en Marina, la designación del nuevo gabinete y de una nueva jerarquía castrense y el mantenimiento de la convocatoria a elecciones presidenciales. Esas eran sus condiciones para aceptar su traslado a la Casa de Gobierno.

Ya habían pasado las 23. La multitud no se había movido ni había dejado de corear su nombre. En el balcón, con la vista puesta en la Plaza de Mayo, Perón ordenó al locutor radial que invitara a las masas a entonar el himno nacional. Él permaneció a un costado.

Luego tomó el micrófono y se dirigió hacia ellos.

—¡Trabajadores! —dijo.

A partir de esa noche, el vínculo entre ambos no se rompería jamás.

Bibliografía

Andersen, Martin Edwin, La Policía. Pasado, presente y propuestas para el futuro, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

De Ípola, Emilio, “Desde estos mismos balcones…”, en Torre, Juan Carlos (comp.), 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.

Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Díaz Araujo, Enrique, La conspiración del ’43: el GOU: una experiencia militarista en la Argentina, Buenos Aires, La Bastilla, 1971.

Doyon, Louise, Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

Galletti, Alfredo, “Ambigüedades e incongruencias de la revolución de los coroneles”, en Todo es Historia, Nº 193, junio de 1983.

Gambini, Hugo, Historia del peronismo. El poder total (1943-1951), Buenos Aires, Planeta, 1999.

González, Horacio, Perón. Reflejos de una vida, Buenos Aires, Colihue, 2007.

Güemes, Gontrán de, Así se gestó la dictadura, Buenos Aires, Rex, 1956.

Horvath, Ricardo, Esos malditos tangos: apuntes para la otra historia, colección Latitud Sur, Buenos Aires, Biblos, 2006.

James, Daniel, “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina”, en Torre, Juan Carlos (comp.), 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.

Navarro, Marysa, Evita, Buenos Aires, Edhasa, 2005.

Page, Joseph, Perón. Una biografía, Buenos Aires. Grijalbo, 1999.

Perón, Juan, “La guerra y la revolución industrial”, en Cazeneuve, Jean y otros, Ejército y revolución industrial, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1964.

Piñeiro Iñíguez, Carlos, “Perón. La formación de su pensamiento”, en Caras y Caretas, Cuaderno Nº 6, Buenos Aires, 2008.

Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Ariel, 1993.

Potash, Robert, Las Fuerzas Armadas y la era de Perón, en Cattaruzza, Manuel (dir.), Nueva historia argentina, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

—, Perón y el G.O.U. Los documentos de una logia secreta, Buenos Aires, Sudamericana, 1984.

Rein, Raanan, Peronismo, populismo y política. Argentina 1943-1955, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1998.

Rodríguez Lamas, Daniel, Rawson, Ramírez, Farrell, 1943-1946, Buenos Aires, CEAL, 1983.

Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina, tomo II, 1943-1973, Buenos Aires. Emecé, 1982.

Sarlo, Beatriz (comp.), La batalla de las ideas (1943-1973), Biblioteca del Pensamiento Argentino, tomo VII, Buenos Aires, Ariel, 2001.

Sidicaro, Ricardo, Juan Domingo Perón. La paz y la guerra, colección Los Nombres del Poder, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Torre, Juan Carlos, Introducción a los años peronistas, en Cattaruzza, Manuel (dir.), Nueva historia argentina, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

—, “El 17 de octubre en perspectiva”, en Torre, Juan Carlos (comp.), 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.

—, “La CGT en el 17 de octubre de 1945”, en Torre, Juan Carlos (comp.), 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.

—, La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Walter, Richard, “La derecha y los peronistas, 1943-1955”, en McGee Deutsch, Sandra y Dolkart, Ronald (comps.), La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Ediciones B, 2001.

XI

La tortura

En la cárcel; uno tenía por lo menos la satisfacción de sentir que al fin tocaba fondo, vivía en la realidad. La cosa se había materializado. Esa fue mi primera reacción: “Ya estoy fuera de la zona de la falsa libertad; ya estoy al menos en una verdad…”.

VICTORIA OCAMPO, escritora, detenida cuatro semanas durante el gobierno peronista

Perón confiaba en la policía por encima de cualquier otra fuerza de seguridad. La Policía Federal había facilitado la concreción del hecho político fundacional de su liderazgo, el 17 de octubre de 1945. Ese día, los propios agentes gritaban “¡Viva Perón!” al paso de los manifestantes.

HECHOS RELEVANTES

1946. “Braden o Perón”: la campaña electoral se polariza. En las elecciones presidenciales de febrero Perón vence a la Unión Democrática.

Perón asume el poder en junio. Poco después, disuelve agrupaciones partidarias que lo sostuvieron y crea el Partido Único de la Revolución Nacional, que responde a sus directivas.

Se restablece la enseñanza confesional en escuelas públicas. En las universidades expulsan a más de mil profesores. Los estudiantes se constituyen como el más activo foco de resistencia al peronismo.

La Sección Especial de la Policía Federal, que dirige el comisario Cipriano Lombilla, se transforma en un centro de torturas para reprimir a la oposición.

En septiembre, el laborista Cipriano Reyes, acusado de “complot”, es torturado por Lombilla. Otro caso emblemático de detención ilegal y torturas en la Sección Especial es el del estudiante comunista Mario Bravo, en 1951.

Perón pone en marcha reformas sociales. El movimiento obrero organizado se convierte en su base de movilización política. Los sindicatos que intentan mantenerse autónomos del Estado son víctimas de persecución.

1947. En octubre, la Gendarmería Nacional extermina alrededor de quinientos indios de la etnia pilagá en Rincón Bomba, Territorio Nacional de Formosa. Hay más de doscientos desaparecidos.

1949. En abril, domicilios de obreros telefónicos en huelga, disidentes de la CGT, son allanados sin orden judicial. Veinte detenidos son torturados en la sede de la Sección Especial.

Perón concibió a la fuerza policial como un cuerpo político. En sus dos primeras presidencias, esa institución vigiló, encarceló y torturó a dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles de la oposición; también fue un obstáculo para las conspiraciones internas de los militares contra el gobierno.

Perón simpatizaba con la fuerza que había sido creada en forma casi simultánea con su irrupción en la política y les otorgó a sus integrantes mejores sueldos, condiciones laborales y beneficios previsionales. Además, hizo realidad un reclamo corporativo: que la policía tuviese su propio Código de Justicia y sus conductas fuesen juzgadas por sus pares. Como sucedía con los militares.

El fundamento de esta decisión lo explicó así:

El policía es el hombre que actúa frente al delincuente teniendo este las mismas garantías que aquel. ¿Por qué? Así el poder siempre lleva las de perder. Para mí ha sido siempre anacrónico. Una cosa que me ha hecho sonreír… [es] saber que el vigilante —para poder utilizar su arma— tiene que recibir primero un balazo. Esto pone a esa pobre gente en una situación desgraciada.

La “vieja guardia” de la Sección Especial de la Policía Federal del gobierno de Perón había hecho su experiencia en la Sección Orden Político comandada por Leopoldo Lugones (h) a inicios de los años treinta, durante la dictadura del general José Félix Uriburu. En el sótano de la cárcel de la Penitenciaría, donde prestaban sus servicios, habían torturado a radicales, anarquistas, comunistas, estudiantes, militares y gremialistas, entre otras víctimas. Esas prácticas se reprodujeron en la Sección Especial. La repartición estaba ubicada en un edificio anexo a la Comisaría 8ª, Urquiza 556.

Uno de los visitantes más célebres de la Sección Especial fue Cipriano Reyes. El sindicalista había logrado el apoyo de Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, para enfrentar al comunista José Peter por la conducción del gremio de la carne. Para consolidar su imagen de “coronel de los trabajadores”, y en plena etapa de conquista del mundo fabril, Perón había caminado en varias oportunidades del brazo de Reyes por las calles de Berisso. Por entonces, la alianza entre el obrero del frigorífico Armour y el coronel parecía inquebrantable. Incluso Perón, en los funerales de Doralio Reyes, hermano de Cipriano, muerto tras un tiroteo con los comunistas, le afirmó: “Ahora sí somos soldados de la misma causa”.

Reyes retribuyó la lealtad de Perón y fue un hombre clave en la organización de la movilización popular del 17 de octubre. Después prestó su recién creada estructura política, el Partido Laborista, para la candidatura presidencial de Perón en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Pero tras el triunfo, la relación se modificó. Aun antes de asumir el poder, Perón demostró que su brazo político era circunstancial y nadie que no fuese él (o su esposa, Eva Perón) debía interferir en su liderazgo sobre el movimiento obrero.

En mayo de 1946, Perón ordenó la disolución de todas las agrupaciones partidarias que lo habían llevado al poder y las subordinó a otra estructura —el Partido Único de la Revolución Nacional, como lo denominó en ese momento—, que sería el sustento político de su gobierno. El nuevo partido estaba centralizado en su figura.

Reyes se negó a sepultar al laborismo. En forma casi inmediata, sus locales comenzaron a ser asaltados a mano armada. Por sus “desviaciones políticas”, y por oponerse a “la unidad”, el oficialismo lo consideró un “traidor”. El sindicalista conoció la soledad política. Fue perdiendo influencia entre los suyos y quedó solo en su “bloque laborista” en el Congreso. El resto se sumó al peronismo. Reyes no pudo ser alcanzado por las políticas de cooptación, que ya habían aprehendido a muchos sindicalistas. Fue perseguido. En la madrugada del 4 de julio de 1947, tuvo su advertencia. Una ráfaga de ametralladora le atravesó el sombrero cuando salía de su casa de La Plata. Él se salvó, pero en el ataque murió el chofer de un taxi. Reyes persistió. Con su partido ilegalizado, empezó a promover su participación, y la del laborismo, en las elecciones por la reforma constitucional en 1949.

Entonces, como había sobrevivido a otros atentados en Tucumán, San Martín y Berisso, el gobierno decidió que, para sacarlo de circulación, había que revertir la táctica. Desplazarlo de su rol de víctima y enredarlo en un supuesto complot contra Perón para encarcelarlo.

La Sección Especial fue utilizada para este plan. Por entonces, el país estaba bajo estado de sitio y cada reunión política debía contar con autorización policial. Reyes solicitó permiso. El general Juan Bautista Molina, jefe de la Policía Federal, se lo concedió como un hecho excepcional, pero le pidió que le informara los detalles: el lugar, la hora y los nombres de los concurrentes. Reyes se los proveyó: calle Quintana 24, primer piso, el domicilio de Walter Beveraggi Allende, vicepresidente del Partido Laborista. Según el relato posterior de Reyes, en el curso de la reunión, llegaron dos personas que se presentaron como “el teniente Pereyra” —que no sería otro que el oficial principal Salomón Wasserman, de la Policía Federal— y un ayudante. Le informaron que existía un plan para derrocar a Perón. El movimiento lo comandaba el brigadier Vélez. Ya habían comprometido a varios oficiales del Ejército y la Marina; había armas, granadas. Faltaba que ellos, los laboristas, se decidieran a colocar a un jefe civil para que la revolución se iniciase. Los invitaban a una reunión con Vélez. Era un “complot revolucionario” demasiado limpio como para que resultara creíble. Pero Reyes cayó en la tentación. Quiso saberlo.

La primera indagación en el interior de la fuerza dio resultado positivo. El apellido Pereyra existía y el brigadier Vélez también. Sin saberlo, Reyes se fue acercando a la boca del lobo. Aceptó la invitación y, con algunos de su grupo, fue a la sede de la Aeronáutica Civil. Pereyra los hizo pasar. Les informó que el brigadier estaba en la oficina de al lado. Se demoraría solo un momento. Pero finalmente Vélez no llegó. La cita se postergó para la noche siguiente. Reyes sospechó del ardid y decidió no concurrir. En cambio, envió una comisión, liderada por el sacerdote Víctor Jorbán Farías, para dar por concluido el tema. Pero el tema acabaría con Reyes durante los siete años siguientes.

Esa misma noche, el 23 de septiembre de 1948, ya tenía encima a un comisario con una orden judicial de allanamiento en Quintana 24. Una hora después torturaban a Reyes y a los miembros de su Junta Promotora en la Comisaría 17ª.

Fue un procedimiento rápido. Un oficial de Marina, pariente de Beveraggi, que estaba de visita, también fue torturado. De golpe, apareció el teniente Pereyra en la comisaría. Desaliñado, parecía formar parte del lote de detenidos. “¡Cante, Reyes, cuente todo!”, le gritó. Los miembros de la Junta Promotora fueron cargados en un carro celular de la policía, encadenados. “¡A la horca! ¡A la horca!”, le gritaba a Reyes un grupo reunido en la calle. Al día siguiente, se denunció el complot.

La versión oficial decía que un espía norteamericano había contactado a un grupo argentino con el objetivo de matar a Perón, a Evita y a varios ministros. El atentado tenía fecha: el 12 de octubre, en la gala del Teatro Colón.

Perón convocó a un acto en la Plaza de Mayo ese mismo día. Encuadró el supuesto atentado en la línea de los crímenes de líderes latinoamericanos como Augusto Sandino (Nicaragua, 1933) o Jorge Eliécer Gaitán (Colombia, 1948), que tuvieron intervención norteamericana. El plan abortado tenía el mismo origen: un asesinato pagado por el “oro extranjero”, en favor de los intereses de consorcios capitalistas que deseaban su muerte.

Perón no mencionó a Reyes. Pero hizo alusión a “un payaso que hace creer que lucha” por el pueblo trabajador y a otros usureros. Tampoco eran necesarios más datos adicionales. Los identikits de los complotados estaban publicados en los diarios de la mañana. La policía caracterizó a Reyes como “un sujeto de pésimos antecedentes personales y policiales, traidor a la Patria y al servicio del oro norteamericano”.

En ese momento, mientras Perón le hablaba a la multitud, el grupo laborista permanecía en la cárcel de la Penitenciaría. Llevaban dos días sin comer. El jefe de la unidad penal, Roberto Pettinato, permitió a la prensa que les tomara fotografías con sándwiches y bebidas que luego retiró de la mesa. Eva Perón también se refirió a ellos desde el balcón. Hizo hincapié en la ley. Había que fiarse de la Justicia, como había dicho Perón. Pero había que tener en cuenta algo más: “Sepan que si ellos no obedecen la consigna de luchar por una Argentina libre, justa y soberana, el pueblo puede tomarse algún día la justicia por sus manos”. Ese día, si llegara, dijo Eva, ella estaría a la cabeza del pueblo si fuera necesario.

Después de su paso por la Penitenciaría, los detenidos fueron trasladados a la Sección Especial. Les fueron colocando las cadenas, las vendas y las capuchas negras. De a uno, fueron pasando a una oficina, los colocaron en una mesa, los ataron de brazos y piernas con correas de cuero y los tuvieron en silencio, desnudos, por un rato largo.

Pero no los tocaron hasta que llegó el jefe. Reyes escuchó su voz persuasiva.

—¿Dónde tenés escondidas las armas? —le dijo—. ¿Cuántos son los militares comprometidos?

Cada pregunta la acompañaba con la aplicación de la picana eléctrica. En la oreja y la planta de los pies. Los gritos del torturado se apagaban con música. Pero Reyes se ahogaba, se hundía, se iba. Le oprimieron el pecho, trataron de extraerle la lengua para salvarlo. Le desataron las correas, lo incorporaron, le tomaron el pulso. Cuando ya estaba mejor, volvieron a golpearlo. El jefe de la Sección Especial, el comisario Cipriano Lombilla, en el oído, le susurraba que confesara todo lo que Reyes no sabía. Lo dejaron tirado en el calabozo. Lombilla recomendó que no le dieran agua.

Parte de la dirigencia laborista atravesó experiencias parecidas a la suya. El algodón en los ojos, el vendaje, la mesa de tortura, las preguntas sin respuesta, el alambre electrificado —dos alambres en algunos casos—, el amplificador con música, los gritos ahogados, el desmayo, el calabozo, la sed. El radiólogo Luis Eugenio García Velloso no se salvó del vendaje, pese a ser ciego. Le movieron la mano para que firmara una declaración en la que se autoincriminaba. Cuatro días después de la detención, llegó a la repartición policial el juez Oscar Palma Beltrán para indagarlos. El magistrado pidió el nombre de todos. Eran catorce. La mitad de ellos había sido torturada. Algunos supusieron que actuaría en su defensa y denunciaron los tormentos. Recibieron puntapiés. La policía les había advertido que debían hacer silencio. El magistrado prosiguió. Les indicó que los había hecho reunir en la Sección Especial para facilitar la actuación de la Justicia. Excepto Reyes y el sacerdote Jordán Farías, que hicieron una pasada por la enfermería de la Penitenciaría para ser restablecidos, el resto fue a la cárcel de Devoto. La esposa de Reyes estuvo ocho meses detenida sin proceso judicial. El juez no encontró elementos para condenarlos. Beveraggi Allende se escapó del país. Reyes, en cambio, no saldría en libertad hasta la caída de Perón, en 1955.

Mientras Perón ponía en marcha las reformas sociales, que representaban una demanda histórica de los trabajadores, el movimiento obrero se fue convirtiendo en el agente político del gobierno, la base de la movilización popular. Pero aquellos sindicatos que quisieron mantener su autonomía frente a las políticas de la CGT y el Estado padecieron la amenaza, la persecución y la tortura. Como sucedió en 1949 con los afiliados telefónicos que luchaban por mantener sus derechos gremiales, despojados luego de la intervención de la CGT, alineada con el sindicalismo “vertical” peronista. Los telefónicos se declararon en huelga. En respuesta, el gobierno aplicó su política de “trato duro” con los gremios disidentes. En la madrugada del 1º de abril, un grupo de la Sección Especial allanó sin orden judicial cuarenta domicilios de empleados telefónicos. Veinte detenidos fueron transportados a Urquiza 556.

El episodio obtuvo notoriedad, sobre todo porque las torturadas fueron operadoras telefónicas. Una de ellas, Nieves Boschi de Blanco, además, estaba embarazada. La sacaron de su casa, la llevaron a la comisaría de Ramos Mejía y luego Lombilla, junto al oficial principal José Faustino Amoresano y otros cuatro policías, se ocuparon de interrogarla. La acostaron en una camilla y le aplicaron la picana eléctrica con una intensidad que variaba entre los cincuenta y los cien voltios, en principio sobre la ropa y luego sobre su cuerpo. Para ahogar sus gritos, colocaron un disco de jazz en el fonógrafo. “Te vamos a hacer largar el hijo antes de tiempo”, le advirtieron. La operadora fue trasladada a un calabozo del Departamento Central de Policía. Le tomaron fotografías, legalizaron su detención y luego fue liberada. En la Sala de Primeros Auxilios de Ramos Mejía le comunicaron que había perdido el hijo.

Algunos gremios y partidos opositores reclamaron la supresión de la Sección Especial y la reincorporación de empleados telefónicos, dejados cesantes tras las torturas. Pero desde la presidencia de la Nación se destacó el desempeño de Lombilla y otros funcionarios en “la pesquisa destinada a identificar a los integrantes de un grupo de comunistas que bregaba constantemente para producir una atmósfera de intranquilidad y descontento ante el personal de Teléfonos del Estado”.

Un caso de tortura seguido de muerte en el primer gobierno peronista ocurrió en el marco de la huelga de FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera). Luego de que el gobierno cancelara los subsidios que otorgaba para mantener los niveles salariales, los ingenios azucareros redujeron los jornales y los obreros —que eran utilizados como mano de obra barata por la explotación estacional de la industria— reclamaron que se los equiparara con otras industrias. En el conflicto laboral, hubo cien detenciones. Carlos Aguirre, que organizaba tareas de solidaridad del gremio, fue secuestrado en la Casa de Gobierno y sometido a golpes que le provocaron la muerte. Lo trasladaron y enterraron en una de las laderas del cerro Aconquija, pero, mientras se denunciaba su desaparición, los lugareños señalaron el sitio para que el cuerpo pudiera ser desenterrado. El subjefe de policía y otros funcionarios fueron condenados a prisión con penas de dos a cuatro años, pero fueron liberados antes de cumplirlas.

El caso de torturas de la Sección Especial de mayor resonancia fue el del estudiante Ernesto Mario Bravo. Apenas fue detenido, su madre escribió a Perón:

Angustiada por la desaparición de mi hijo Ernesto Mario Bravo, desde su detención 17 de mayo por policía Sección Especial y agobiada por los más sombríos presentimientos, ruego nuevamente Excmo. Señor Presidente dignarse impartir instrucciones para urgente esclarecimiento del hecho y concederme audiencia.

Perón estaba enfrentado con la comunidad universitaria. El gobierno militar del GOU, que él integraba, había disuelto las organizaciones estudiantiles, clausurado universidades y detenido rectores y decanos. En 1945, la agremiación estudiantil se alineó con la Unión Democrática para las elecciones de febrero de 1946 y enfrentó en la calle a peronistas y miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), un grupo de choque liderado por Juan Queraltó. En esa batalla hubo varios muertos. Dos estudiantes de Ingeniería de La Plata, Jorge Bakmas y Julio Rivello, fueron asesinados por negarse a vivar a Perón. El 4 de octubre de 1945, Aarón Salmún Feijoo fue muerto cuando un grupo de diez personas de la Secretaría de Trabajo y Previsión lo interceptó en Perú y Avenida de Mayo, en el marco de la huelga estudiantil en la Facultad de Ciencias Exactas. Le dispararon un tiro en la boca. Fue considerado “el primer mártir universitario”.

Tras la victoria de Perón, la universidad se convirtió en un espacio de culto al peronismo, con el restablecimiento de la enseñanza confesional y el uso de bibliografía oficialista. Expulsaron a más de mil profesores —casi un tercio del cuerpo docente— y designaron a decanos y rectores con precarios antecedentes académicos. Los estudiantes se mantuvieron en la resistencia. Una fórmula para controlarlos fue el certificado de “buena conducta”, requisito imprescindible para la inscripción universitaria, que entregaba la Policía Federal. Los centros de estudiantes fueron vigilados y una red de informantes y delatores policiales se expandió por los pasillos y las aulas.

En este contexto de tensión entre el oficialismo y los universitarios, se produjo la desaparición de Ernesto Mario Bravo, militante comunista, que estudiaba Química en la Facultad de Ciencias Exactas. Fue secuestrado en el barrio de La Paternal el 17 de mayo de 1951. Una comisión policial comandada por Lombilla fue a buscarlo a su casa, Bravo intentó escapar por los fondos, pero fue aprehendido en la calle. Hubo varios testigos que observaron el procedimiento. Pero la policía negó su participación y el gobierno no dio respuesta a sus familiares. Se intuía que Bravo correría el mismo destino que el obrero Aguirre: secuestro, torturas, desaparición y muerte.

El caso Ernesto Bravo fue tomado por radicales, católicos, el diario La Nación, toda la oposición, como el símbolo de la represión de la Sección Especial. Su desaparición también fue denunciada en la Cámara de Diputados. El peronismo sostuvo que era un caso de “autosecuestro”: a Bravo lo habían retenido los mismos estudiantes porque necesitaban un mártir para movilizarse contra el gobierno. Después de veintiséis días sin noticias sobre su paradero, Bravo apareció. La versión policial indicaba que el estudiante supuestamente secuestrado había sido detenido tras un “tiroteo con la policía”. La prensa oficialista avaló la versión. Bravo fue acusado de “abuso de armas y resistencia a la autoridad”. El juez lo interrogó durante dos días. Su declaración contradecía la versión oficial.

Bravo relató que luego de su detención fue conducido a la Sección Especial. Lo golpearon diez hombres, a patadas y con cachiporras, hasta que se desvaneció; lo desnudaron en una celda y le tiraron baldes de agua fría. Lo dejaron solo durante todo un día, pero le impidieron dormir. Bebía agua del piso y su propia orina. Volvieron a pegarle. Cada tanto, un kinesiólogo le hacía masajes para reanimarlo, y también le enyesaron el dedo anular y el meñique, que se habían quebrado por los golpes. Cuando observaron que su vida corría peligro, la policía recurrió a un médico. Bravo nunca lo pudo ver. Cada vez que lo atendía le vendaban los ojos. Lo llamaban “el doctor Maciel”. Después, una inyección le fue haciendo perder el conocimiento, aunque percibió que era trasladado en una camioneta a una casaquinta donde permaneció esposado en una cama. Allí también lo visitaba el “doctor Maciel”. Poco a poco, se fue sintiendo mejor. El 13 de junio le trajeron un peluquero, lo afeitaron, le dieron las mismas ropas con las que había sido detenido —lavadas y planchadas— y lo retiraron del lugar. Tras tres horas de viaje en auto entró en una comisaría. A la mañana siguiente fue obligado a declarar ante la Justicia bajo la acusación de “abuso de armas y resistencia a la autoridad”.

El testimonio de Bravo era verosímil. El cuerpo médico de Tribunales constató fracturas en los dedos, hematomas, huellas de las inyecciones. Pero, hasta ese momento, en el expediente había dos versiones contrapuestas: el informe de la policía y los dichos de Bravo. Cinco días después, surgió la tercera versión: la del “doctor Maciel”, que eran en realidad el médico Alberto Caride, jefe de Traumatología del Hospital Ramos Mejía, ubicado en la calle Urquiza, frente de la Sección Especial.

Explicó a la Justicia que fue contactado por teléfono por el oficial principal Amoresano en la madrugada del 18 de mayo de 1951 y lo pasaron a buscar por su casa. Ya había atendido en forma privada a pacientes que habían sido detenidos en la Sección Especial. A uno de ellos le había amputado la pierna izquierda, otro había quedado estéril por los castigos, y había tratado por una enfermedad de columna al gobernador bonaerense, coronel Mercante, entonces “lugarteniente” de Perón. Caride suponía que esa era la vinculación con el llamado. Pronto supo que no. Lombilla lo recibió en su escritorio. Tenía a primera vista la foto en la que posaba con Perón, con una dedicatoria personal del presidente. Lombilla sabía que el traumatólogo preparaba sus vacaciones, y le entregó el pasaporte que había gestionado en la Policía para viajar al exterior. Pero iba a tener que suspender su viaje. Como los médicos de la Sección Especial estaban de vacaciones, necesitaba de sus servicios. A uno de sus muchachos “se le había ido la mano” con un detenido.

Caride fue guiado por Lombilla por el interior de la Sección, empujaron una puerta de metal, entraron en una “cueva”. Había una figura postrada en la oscuridad que respiraba trabajosamente. Tenía la cara deformada, el cráneo hundido. Le brotaba sangre de la boca.

—Este es el hombre —dijo Lombilla.

—Hay que darle agua —comentó el médico.

Lombilla se negó y lo llevó a la oficina del Archivo. Había muebles con centenares de prontuarios. Lombilla le pidió a Caride una evaluación de lo que había visto.

—Tiene conmoción cerebral —dijo el médico.

—Puede ser. Le dimos tres horas de picana…

Lombilla le transmitió sus experiencias como torturador. Si la picana se aplica por mucho tiempo, los músculos se contraen y el detenido queda rígido. La mandíbula es lo primero que se endurece. A menudo se ablanda con una buena trompada. Pero en el caso de este detenido, le explicaba Lombilla, los golpes no habían resultado.

Caride propuso internarlo en un sanatorio lo más rápido posible. Lombilla le explicó que podía atenderlo en la repartición.

—¿Cuánto tiempo se necesita para que se recomponga? —preguntó.

El médico no podía precisar si se recuperaría en forma completa.

—Las conmociones cerebrales dejan huellas que son imposibles de predecir.

Si el diagnóstico era complicado, Lombilla comentó que podía hacer atropellar al detenido por un auto y que el problema se resolviera con un “accidente”. Podía ser un auto de la Sección Especial. La hipótesis del “accidente” quedó flotando en el aire. Lombilla también le explicó por qué no le daban agua al detenido. Después de las torturas, había que dejar pasar al menos cuarenta y ocho horas para que el sistema digestivo le permitiese tragar algo. Ni siquiera podía hacerlo por enema. Pero admitió que Caride tenía razón.

—… lo de la conmoción cerebral quizás haya sido porque lo agarramos de los pelos y le golpeamos la cabeza contra la mesa —dijo.

El arte de la tortura es no matar, explicó Lombilla. Es jugar siempre al límite para lograr la confesión, pero evitar que el detenido muera sobre la mesa.

El médico hizo las primeras curaciones al prisionero. Recomendó que le pusieran una bolsa de hielo para bajarle la fiebre y, en lo posible, que lo colocaran en una cama con un colchón, frazadas, almohada. Pasadas las seis de la mañana, lo dejaron ir a su casa, donde quedó una guardia de policías vigilando.

A la medianoche, volvió a la Sección Especial para ver al detenido. Estaba tirado sobre un felpudo; no había hielo, ni se había aplicado nada de lo que había indicado. Un par de zapatos en la cabeza le servían de almohada. Todo el resto estaba como lo había dejado.

La Sección Especial era un “agujero negro” de la Policía Federal. Lombilla le explicó el funcionamiento. En teoría, su repartición dependía de la División de Investigaciones de la Policía Federal. Pero en la práctica era una repartición autónoma, que reportaba a la División de Informaciones Políticas de la presidencia de la Nación, que dirigía el comandante de Gendarmería, general Guillermo Solveyra Casares, que había creado y comandado el primer servicio de inteligencia de la fuerza e internó a los gendarmes, vestidos de paisanos, en los bosques del Territorio del Chaco para buscar información que ayudara a capturar a Segundo David Peralta, alias “Mate Cosido”, y otros bandoleros sociales que atormentaban, con asaltos y secuestros, a gerentes de compañías extranjeras y estancieros. Solveyra Casares tenía su despacho contiguo al del presidente en la Casa Rosada y participaba en las reuniones de gabinete.

El hombre de “enlace administrativo” entre Balcarce 50 y Urquiza 556 era el subcomisario José González, que revestía como subjefe de Informaciones Políticas y también como subjefe de la Sección Especial, un escalón por debajo de Lombilla.

—Rendimos cuentas a Perón, no a la policía —explicó Lombilla, y prosiguió—. Desde el punto de vista legal, yo sé que podría ser condenado por mil casos… Ve aquella pila de papeles…

Era una pila de carpetas de quince centímetros de altura.

—… son denuncias de los presos de la Sección Especial que se presentaron en la Justicia. Los jueces las envían de vuelta para acá y yo las archivo.

Había un procedimiento interno, de confianza mutua, entre Lombilla y los jueces. Funcionaba como una señal de alerta: si el magistrado decidía un allanamiento a su repartición, lo llamaban por teléfono, y sus subordinados realizaban el traslado de los detenidos a la Comisaría 8ª, y la Sección Especial se mantenía “limpia”.

Los días que siguieron, Caride continuó visitando a Bravo, mientras era custodiado en todo momento por un oficial. La policía ya había negado al juez que el estudiante hubiese sido detenido, y se mantendría firme en esa postura. Después, Caride acompañó a Bravo a una casaquinta en Paso del Rey, en el Oeste. Lo visitaba día por medio. Bravo siguió sufriendo mareos, pero se fue recomponiendo; tenía una fisonomía más presentable.

El 10 de junio le informaron que Bravo quedaría en libertad y ya no necesitarían sus servicios. El estudiante tenía puesto un traje. Como le habían robado los zapatos que usaba el día de la detención, una comisión policial allanó su domicilio y trajo otro par para calzarlo.

Al día siguiente, Bravo ya estaba formalmente detenido en la Comisaría 45ª y listo para declarar ante la Justicia.

Pocos días después, Caride relató el caso a los diputados radicales Silvano Santander y Miguel Ángel Zavala Ortiz, quienes acompañaron su presentación ante el juez. Su testimonio fue omitido por la prensa oficialista, que dejó de mencionar el caso. Caride tuvo que exiliarse en el Uruguay. Lombilla y Amoresano fueron imputados por el delito de “privación ilegal de la libertad y lesiones”, pero dos años después, en 1953, fueron sobreseídos.

El general Solveyra Casares no solo era un referente para la represión política local, también era parte de una fuerza que cometió crímenes masivos contra etnias aborígenes en el Norte argentino, durante el gobierno de Perón.

En octubre de 1947, la Gendarmería Nacional, que dependía del Ministerio del Interior, exterminó alrededor de quinientos indios de la etnia pilagá en Rincón Bomba, Territorio Nacional de Formosa. Más de dos centenares de ellos desaparecieron durante los veinte días que duró el ataque de los gendarmes.

La operación fue ordenada por el escuadrón de Gendarmería de la localidad de Las Lomitas en respuesta al temor a una “sublevación indígena”. Para reducir ese temor, exterminaron a los indígenas.

El conflicto se había iniciado unos meses antes. En abril de 1947, miles de hombres, mujeres y niños de diferentes etnias marcharon hacia Tartagal, Salta, en busca de trabajo. La Compañía San Martín de El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se había interesado en contratar su mano de obra para la explotación azucarera.

Patrón Costas era el representante político de los terratenientes. Había fundado la Universidad Católica de Salta, luego fue gobernador de esa provincia y presidente del Senado de la Nación. Su candidatura a presidente por el régimen conservador se malogró en 1943 por el golpe militar del GOU. También lo acusaban de haberse apropiado de tierras indígenas en Orán.

Una vez que llegaron a Tartagal, los caciques se rehusaron a que la etnia trabajase en condiciones de esclavitud. Habían acordado una paga de 6 pesos diarios y cuando iniciaron sus labores les pagaron 2,5. Patrón Costas decidió echarlos y los aborígenes retornaron a sus comunidades. Eran cerca de ocho mil. El regreso se hizo en condiciones miserables, con una caravana que arrastraba enfermos y hambrientos; así, durante varios días de marcha, desandaron a pie más de cien kilómetros hasta llegar a Las Lomitas.

La caravana estaba compuesta por mocovíes, tobas, wichís y pilagás, la etnia más numerosa. Tenían la costumbre de raparse la parte delantera del cuero cabelludo, hablaban su propio idioma, además del castellano, y habitaban en varios puntos de Formosa. Vivían como braceros de los terratenientes o de lo que cazaban y recolectaban.

Luego de su paso frustrado por Tartagal, se asentaron en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas. Allí podían conseguir agua. La miseria de la etnia asustaba. La Comisión de Fomento del pueblo pidió ayuda humanitaria al gobernador del Territorio Nacional, Rolando de Hertelendy, nacido en Buenos Aires y educado en Bélgica, y designado en el cargo por el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1946.

La falta de recursos en las arcas de la tesorería del Territorio hizo que Hertelendy trasladara el pedido al gobierno nacional. Perón reaccionó rápido. Conocía el tema. En el año 1918, al frente de una comisión militar, había ido a negociar con obreros de La Forestal en huelga en el bosque chaqueño y había logrado apaciguar el conflicto. Les había aconsejado que hicieran los reclamos de buenas maneras.

De inmediato, Perón ordenó el envío de tres vagones de alimentos, ropas y medicinas. En la segunda quincena de septiembre de 1947, la Dirección Nacional del Aborigen ya los tenía en su poder en la estación de Formosa. Pero la carga fue recibida con desidia. La ropa y las medicinas fueron robadas, los alimentos quedaron a la intemperie varios días y luego fueron trasladados a Las Lomitas para ser entregados a los aborígenes. Ya estaban en estado de putrefacción.

El consumo provocó una intoxicación masiva: vómitos, diarreas, temblores. Dada la falta de defensas orgánicas, los ancianos y los niños fueron los primeros en morir. Los indios denunciaron que habían sido envenenados. Las madres intentaban curar a sus bebés muertos en sus brazos.

El asentamiento indígena se convirtió en un mar de dolores y de llantos que retumbaban en el pueblo. El cementerio de Las Lomitas aceptó los primeros entierros, pero luego les negó el paso del resto de los cuerpos. Ya eran más de cincuenta cadáveres. Los indígenas los llevaron al monte y enterraron a los suyos con cantos y danzas rituales.

En Las Lomitas se instaló la creencia de que ese grupo de enfermos y famélicos estaba preparando una venganza. Se difundió el rumor del “peligro indígena”, una rebelión en masa contra las autoridades y los vecinos del pueblo.

Desde hacía días, las madres aborígenes golpeaban las puertas del cuartel de la Gendarmería y de las casas de Las Lomitas con sus hijos. Al principio se las ayudó. Pero de un día para otro se las dejó de recibir. La fuerza armó un cordón de seguridad en su campamento y no se les permitió el ingreso al pueblo. Más de cien gendarmes armados las vigilaban con ametralladoras.

El 10 de octubre de 1947 se reunieron el cacique Nola Lagadick y el segundo jefe del escuadrón 18 de Las Lomitas, comandante de Gendarmería Emilio Fernández Castellano. Era una entrevista a campo abierto. El comandante tenía dos ametralladoras pesadas apuntando contra la multitud de indígenas, dispuestos detrás de su cacique. Eran más de mil, entre hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos portaban retratos de Perón y Evita.

El cacique exigió ayuda a la Gendarmería. Querían tierras para la explotación de pequeñas chacras, semillas, escuelas para sus hijos. Invitó al comandante para que visitara el campamento y tomara conciencia de sus miserias.

Hay distintas versiones de cómo sucedieron los hechos. Una indica que los aborígenes comenzaron a avanzar hacia la reunión. Otra, que los hechos se desencadenaron como ya habían sido planeados: provocar una “solución final” al problema indígena en el Territorio de Formosa.

Como fuese, la fuerza estatal abrió fuego contra la etnia desarmada. Lo hizo con ametralladoras, carabinas y pistolas automáticas. Fernández Castellano se sorprendió del ataque y ordenó detenerlo. Sus dos baterías no habían disparado. Pero el segundo comandante Aliaga Pueyrredón, que no estaba de acuerdo con parlamentar con los indígenas, había desplegado ametralladoras en puntos estratégicos y acababa de dar la orden.

El ataque provocó la huida de la etnia pilagá hacia el monte. Algunos arrastraban los cadáveres de sus familiares. Los heridos fueron siendo rematados. La persecución continuó durante la noche; los gendarmes lanzaron bengalas para iluminar un territorio que desconocían. Desde el pueblo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras.

La Gendarmería continuó la matanza porque no quería testigos. Muchos civiles de Las Lomitas, miembros de la Sociedad de Fomento, colaboraron para que el “peligro indígena” cesara en forma definitiva y brindaron asistencia logística. Recorrieron los montes Campo Alegre, Campo del Cielo y Pozo del Tigre para marcar los escondrijos en la espesura. Muchos cadáveres fueron incinerados. La persecución no dejaba tiempo para enterrarlos. Otros cuerpos fueron tirados en el descampado, en un camino de vacas, y la tierra y la maleza los fueron cubriendo con el paso del tiempo.

El trauma que produjo la represión, y el temor a otras nuevas muertes, fue enterrando el etnocidio bajo un muro de silencio. El diario Norte del Chaco mencionó que había habido un “enfrentamiento armado” ante la sublevación de los “indios revoltosos”.

Perón también hizo silencio. Nadie de la Gendarmería fue castigado por la matanza. Lo mismo había sucedido en Napalpí, en el Chaco, en 1924, aunque allí existió un proceso judicial para convalidar el ocultamiento. En Las Lomitas no. Se calcula que entre 750 hombres, mujeres y niños de distintas etnias, en especial los pilagás, murieron a manos de la Gendarmería.

La historia fue narrada por uno de los matadores, el gendarme Teófilo Cruz, que publicó un artículo en la revista Gendarmería Nacional.

Desde 2005, antropólogos forenses realizan excavaciones por orden judicial en el cuartel de la fuerza de seguridad. Los huesos que encuentran están apenas por debajo del nivel de la superficie.

Pasaron más de seis décadas del crimen masivo, y las comunidades indígenas perdieron sus tierras y los montes fueron arrasados por las topadoras. Viven en las vías muertas de los ferrocarriles o en la periferia de las ciudades, en busca de una vivienda, un trabajo o algo para comer. Como hace sesenta años.

Bibliografía

Andersen, Martin Edwin, La policía. Pasado, presente y propuestas para el futuro, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Archivo de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.

Chumbita, Hugo, “Alias Mate Cosido”, en Todo es Historia, Nº 293, noviembre de 1991.

Gambini, Hugo, Historia del peronismo. El poder total (1943-1951), Buenos Aires, Planeta, 1999.

“Historia del peronismo. La primera presidencia. La vida en la cárcel”, en Primera Plana, Nº 231, 30 de mayo de 1967.

“Historia del peronismo. La primera presidencia. Los torturados”, en Primera Plana, Nº 222, 4 de abril de 1967.

“Historia del peronismo. Víctimas del terrorismo”, en Primera Plana, Nº 223, 11 de abril de 1967.

Kocik, Ariel. “Cipriano Reyes, el primero en denunciar a Perón”, en Extramuros, Universidad Nacional de Quilmes, año II, número V, mayo-agosto de 2006.

Martínez, Tomás Eloy, Las memorias del General, Buenos Aires, Planeta, 1996.

Revista Gendarmería Nacional, Nº 120, marzo de 1991.

Reyes, Cipriano, La farsa del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1988.

Uranga, Raúl, “Proyecto de declaración. Presentado en la sesión del 28 de julio de 1949, sobre denuncias de torturas y malos tratamientos”, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la UCR.

XII

La confrontación

Yo les aconsejo siempre a nuestros capitalistas que sepan dar el treinta por ciento a tiempo, porque si no van a perder todo, hasta las orejas… Si no lo entienden, yo les he dicho también que el día que las masas se lancen a colgar, yo no voy a estar de parte de los que deben ser colgados; preferiré estar del lado de los que cuelgan.

JUAN DOMINGO PERÓN, 2 de agosto de 1947

La victoria de Perón en las elecciones presidenciales de febrero de 1946 provocó un giro político sorpresivo. El coronel había surgido desde el interior de un régimen militar que, tras dos años de permanencia en el poder, se había ido descomponiendo por sus querellas internas. La caída de Berlín, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, aceleró su crisis. Perón quedó en medio de las disputas, con dos adversarios visibles: los militares y los partidos políticos. Aunque ya había logrado la identificación de un actor hasta entonces ignorado desde el Estado, la clase obrera. Perón la incorporó a la comunidad política. Fue la base de su proyecto.

HECHOS RELEVANTES

1946. El Congreso es el eje del conflicto institucional entre el peronismo y la oposición. Diputados radicales son expulsados entre 1946 y 1951 a instancias del peronismo.

1949. Para acallar voces disidentes, el oficialismo sanciona la Ley de Desacato, que penaliza las críticas a funcionarios públicos. La ley es aplicada contra el diputado radical Ricardo Balbín. Permanece diez meses en prisión.

El Parlamento crea la “Comisión Visca”, que clausura la prensa partidaria de la oposición. Se crea un monopolio oficialista.

1951. Obreros del Partido Socialista son perseguidos por la huelga ferroviaria de enero. Más de dos centenares van a prisión al penal del Villa Devoto.

En abril confiscan el diario La Prensa, que pasa a ser gestionado por la CGT.

El 22 de agosto, en un acto popular con más de un millón de personas en la Avenida 9 de Julio, Eva Duarte renuncia a la posibilidad de acompañar a Perón en la fórmula presidencial.

En septiembre, el general Benjamín Menéndez organiza una rebelión militar para derrocar a Perón. El alzamiento, que encuentra eco en sectores civiles de la UCR, es abortado en pocas horas por el Ejército.

En noviembre, Perón es reelecto por el 61% de los votos. Casi duplica a la fórmula Balbín-Frondizi. Son las primeras elecciones con voto femenino. En el Congreso, el peronismo alcanza a 135 diputados frente a 12 de la UCR.

1952. Después de un largo e infructuoso tratamiento contra el cáncer, el 26 de julio muere Eva Perón.

La movilización del 17 de octubre de 1945 lo sacó de la prisión y le hizo revivir su vida política cuando ya parecía terminada. Al día siguiente, Perón puso en marcha su candidatura presidencial. Hizo uso de una maquinaria electoral que fue armada por sindicalistas leales, que formaron el Partido Laborista y dirigentes radicales disidentes, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora (UCR-JR), para respaldar su liderazgo.

La alianza fue un experimento creado mediante ensayo y error. El laborismo intentó consolidarse como el brazo político preferencial. Su capital era la base obrera. La contribución de los radicales, compuesta por dirigentes sin prestigio, formados en la vieja corporación político-partidaria que intentaban derrocar, era despreciada por los sindicalistas. No tenían una plataforma definida, pero se mostraban ávidos por colocar a sus candidatos en los primeros lugares de la lista a cargos legislativos y ejecutivos. Perón fue convenciendo a los laboristas: aun cuando fuesen una agrupación marginal, la UCR-JR podía resultar decisiva para inclinar en su favor la elección presidencial.

El coronel también sumó el apoyo de FORJA, jóvenes intelectuales del radicalismo que propagaban el nacionalismo popular y se habían levantado en armas contra el régimen del general Justo en la década de 1930, y de la ALN, una fuerza de choque civil, también nacionalista, pero de corte antisemita. Y también conquistó el apoyo de la Iglesia, con su promesa de construir un Estado confesional.

Perón necesitaba de todos para evitar la dispersión electoral. No quería quedar prisionero de una candidatura de sesgo “obrerista” y testimonial. El radicalismo disidente —al que los sindicalistas acusaban de ser “caballo de Troya” de la vieja política en el movimiento popular— también podía ser punta de lanza de un proceso de penetración entre la clase media. En el marco de esa estrategia, en la campaña del verano del ’46, Perón no se olvidó de Hipólito Yrigoyen. Su memoria estaba fresca en el electorado radical. Perón se comparó con él. Ambos luchaban por la reforma social y la independencia nacional, y tenían un enemigo común: la oligarquía. Perón prometía retomar su obra de gobierno inconclusa —interrumpida por un movimiento militar del que él mismo había participado—, para romper con los estamentos y los privilegios de la elite político-económica. Para explicarlo, en un acto electoral dijo que no aceptaría que se descalificara a nadie por “chusma ni por descamisado”, y se quitó el saco y se arremangó la camisa. Con ese gesto creó la figura del “descamisado”. Más que su bandera electoral, se convirtió en la representación simbólica de los excluidos de la elite que había creado y dominado el Estado argentino desde el siglo XIX para asegurar sus intereses.

En el polo opuesto estaba la Unión Democrática (UD), una coalición que unía conservadores, liberales, radicales, socialistas y comunistas. Tenían una tradición política y un aparato partidario mucho mejor estructurado que el que se organizaba día a día alrededor de Perón. La UD se obligó a diluir sus contradicciones ideológicas internas. Se presentaron como una opción contra la amenaza de un “régimen nazi-fascista” en la Argentina. Con una voz discursiva altisonante, en defensa de “la libertad, la democracia y los derechos individuales”, y acompañada por un amplio movimiento civil de clase media y alta, la UD no hizo mucho esfuerzo por captar el voto obrero.

Un actor clave en la campaña fue Spruille Braden. El embajador norteamericano estaba en sintonía con la UD. Tenían un enemigo común: para los Estados Unidos, Perón representaba la “amenaza nazi”. Braden intentó probarlo y reclamó ayuda al Departamento de Estado para que documentara su presunta complicidad con la infiltración hitleriana en la Argentina. Sumó a su campaña publicaciones norteamericanas que retrataban al caudillo como un pervertido sexual y provocador del “populacho”.

Las acusaciones de Braden se condensaron en el Libro Azul. Los diarios La Prensa y La Nación lo reprodujeron en varias entregas. Perón casi no tenía tiempo para refutarlas antes de la elección presidencial del 24 de febrero. Prefirió no entrar en detalles. Transformó los ataques del embajador norteamericano en un referéndum por la soberanía nacional: Braden o Perón. El pueblo debía elegir.

La victoria de Perón (1.479.511 votos contra 1.210.822 de la fórmula José P. Tamborini-Enrique Mosca) fue definida por el voto obrero urbano, los trabajadores rurales y las adhesiones que recogieron los caudillos locales del radicalismo. Su triunfo con una coalición experimental era, sobre todo, la evidencia de que el régimen de partidos políticos estaba en crisis. Las democracias liberales habían sido devastadas en las últimas dos décadas. La Segunda Guerra Mundial era una de las consecuencias de ese fenómeno.

Con la llegada del nuevo poder, la tarea no sería sencilla para sus opositores. Desde el Estado, Perón se preocuparía por absorber, cooptar y concentrar a muchos dirigentes y militantes, nuevos y viejos, que recibieron los beneficios de la acelerada construcción de un fenómeno político destinado a perdurar: el peronismo.

Aquellos que prefirieron mantener su credo partidario deberían hacer un curso de supervivencia. Las torturas policiales serían consecuencias extremas de los límites que el oficialismo les imponía a sus detractores. El castigo a la desobediencia política también había alcanzado a la cúpula laborista, que se había opuesto a la orden de Perón de disolver su organización meses después del triunfo electoral. Él ya había creado su propio partido, el peronista.

La irrupción de Perón alteró las formas de la relación entre oficialismo y oposición. La polarización en torno a su figura se convirtió en la dinámica política excluyente. Antes que la proscripción o el fraude de la década de 1930, lo novedoso fue la confrontación y el resentimiento.

Aun interesado en reducir al mínimo los espacios opositores, el nuevo presidente mantuvo el funcionamiento del Congreso, convocó a elecciones con la Ley Sáenz Peña, no promovió un régimen de partido único —pese a su vocación hegemónica—, ni quebró el Estado de derecho. Pero, y esto también fue nuevo, las voces opositoras fueron sancionadas y expulsadas de la Cámara de Diputados.

En las elecciones de 1946, la oposición obtuvo 49 diputados del total de 158, dos senadores del total de treinta, y solo logró una gobernación. La UCR quedó representada por un bloque de 44 legisladores. Aunque coincidía con el oficialismo en aspectos generales —presentaría propuestas para nacionalizar la explotación petrolera, los ferrocarriles, los tranvías, los teléfonos, el gas, la electricidad y los frigoríficos—, la UCR jamás logró que el gobierno accediera a dialogar sobre esas políticas.

El Congreso, convertido en un ente de aplicación del Poder Ejecutivo, fue el eje del conflicto institucional entre el peronismo y la oposición. Entre 1946 y 1951, la bancada oficialista suspendió al radical Mauricio Yadarola por promover un proyecto que amparase las “libertades individuales” y a Silvano Santander, también radical, por su presunta relación con el golpe fallido de Benjamín Menéndez en 1951. Y también expulsó a los diputados radicales Ernesto Sanmartino, Agustín Rodríguez Araya, Alfredo Cattáneo y Ricardo Balbín. Sanmartino fue desaforado por haber definido al peronismo con las “cuarenta formas de hurto” de Alí Babá. Rodríguez Araya, por calificar de “aluvión zoológico” el acceso del peronismo al poder. Cattáneo fue expulsado por “expresiones injuriosas” contra Perón. Para evitar la persecución policial, la cárcel o las torturas, la mayoría de ellos se refugió en el Uruguay y continuó el combate contra el gobierno.

Para acallar las voces disidentes y no continuar con la polémica sobre si era legal o no criticar o calificar al gobierno, el oficialismo sancionó la Ley de Desacato, que aumentó las penas a quienes cuestionaran a funcionarios públicos en ejercicio. Esta reforma penal fue un instrumento político condicionante. Perón no podía ser sometido a la crítica. El diputado Ricardo Balbín traspasó ese límite. Su caso constituyó la aplicación más resonante de la Ley de Desacato: fue a prisión.

Líder del “bloque de los 44”, el sector yrigoyenista de la UCR, y dueño de una oratoria locuaz y emotiva, Balbín era el opositor con más posibilidades de disputar el liderazgo de Perón. En un congreso agrario en Rosario, Balbín lo caracterizó como “dictador” y “enemigo del país”. Un fiscal lo denunció por “injurias e instigación a la rebelión” y pidió doce años de prisión. El juez reclamó su desafuero para poder juzgarlo. El radicalismo dio batalla por su líder en el Congreso, con el argumento de que ellos eran llamados “vendepatrias” y el propio Perón había dicho que sería capaz de levantar horcas en todo el país para “colgar a los opositores”. Pero en el Parlamento, en septiembre de 1949, ciento nueve votos del oficialismo determinaron que Balbín quedaba sin fueros. El líder radical continuó su campaña por la gobernación bonaerense y el mismo día de la elección, el 12 de marzo de 1950, fue detenido. Lo condenaron a cinco años de prisión y comenzó a purgarlos en la cárcel de Olmos, en La Plata. Perón le ofreció el indulto, pero Balbín lo rechazó. Para el radicalismo, su prisión fue la forma más eficaz de demostrar la persecución política. Finalmente, el 2 de enero de 1951, luego de diez meses de cárcel, Balbín fue liberado por indulto presidencial.

Con la reforma de la Constitución Nacional en 1949, las atribuciones del Congreso fueron limitadas, prácticamente dejó de existir como expresión de la disidencia. El Poder Ejecutivo no necesitaba de su concurso para establecer el estado de sitio y los ministros no estaban obligados a brindar informes de gestión al Parlamento. Algunos diputados radicales renunciaron. Sobrevivió una veintena de ellos, que continuó sus denuncias por el ataque a los periódicos de la oposición, la censura en las radios del Estado o las torturas policiales. Igualmente reclamaron la prohibición del uso de símbolos partidarios —que utilizaba el Partido Justicialista— en los edificios públicos.

Con la irrupción del peronismo, también el Partido Socialista, que no tenía bancas legislativas, tuvo menores posibilidades de incidir sobre la clase obrera, como lo había hecho a lo largo de medio siglo. Al asumir y poner en práctica muchas de sus ideas y propuestas, Perón le había sustraído su esencia política. Durante los dos períodos de gobierno peronista, el PS no dejó de caracterizarlo como un movimiento “nazi-fascista”. Así como la UCR tomó el Parlamento como voz de resonancia, el PS fue reconocido por la perseverancia de sus dirigentes obreros para mantenerse fuera de la línea de cooptación del Estado. Prueba de ello fue su intervención durante el conflicto ferroviario de 1950 y 1951. Perón persiguió y encarceló a sus afiliados por la huelga. Más de doscientos de ellos fueron al penal de Villa Devoto y no se los incluyó en el lote de los que posteriormente fueron indultados.

La posibilidad de que Eva Duarte, la esposa de Perón, fuera candidata a la vicepresidencia para las elecciones de 1951 provocó una implosión en las Fuerzas Armadas. Evita encarnaba la figura emblemática de los enemigos del peronismo. Su presencia estaba fuera de los cánones de la representación política. Era una intromisión, sin otro poder que no fuera el que le otorgaban su liderazgo frente a las masas y su compromiso solidario y benéfico con los “descamisados”, que luego institucionalizó por medio de la Fundación Eva Perón.

La posibilidad de que Evita se asentara en la política desde la vicepresidencia implicaba la institucionalización del conflicto que su irrupción había provocado en la elite conservadora y los sectores medios acomodados. Evita era un territorio fértil para las conspiraciones internas del ámbito castrense, justo cuando Perón intentaba ejercer un control político en el sector. Pero, si bien su esposa le suscitaba un problema, esa candidatura le permitía a Perón manejar un doble juego. Por un lado, la podía utilizar como amenaza en las negociaciones con los sectores de las Fuerzas Armadas más renuentes a su segundo mandato. Con Evita en el gobierno, al que accedería como representante de la CGT, el peronismo y los sectores obreros se radicalizarían y enfrentarían a la oligarquía con más vigor, para romper con toda forma de jerarquía. Evita provocaría el desborde social. Frente a ese fantasma, Perón, para la elite militar, terminaría siendo más confiable que Evita.

Pero, a su vez, si el Presidente vetaba a su esposa, luego de la euforia que había generado su candidatura, se arriesgaba a pagar costos internos en su base de apoyo original.

La posible candidatura de Eva aceleró la sublevación armada de grupos militares. Uno de los líderes era el general de caballería retirado Benjamín Menéndez. Ya había purgado cinco meses de detención en la isla Martín García por manifestarse en forma irrespetuosa hacia Perón antes de que este fuese presidente. Como en 1930, el alzamiento buscó apoyo civil, y lo encontró. Menéndez prometió que el golpe de Estado tendría una “orientación democrática”. Las instituciones se mantendrían en funcionamiento y en un tiempo no establecido convocaría a elecciones. Los líderes de los cuatro partidos más representativos de la oposición —la UCR, el PS, el Partido Demócrata Nacional (conservador) y el Partido Demócrata Progresista— le aseguraron a Menéndez el apoyo de sus afiliados. Los conservadores pidieron puestos ministeriales.

Otro cabecilla del complot era el general en actividad Eduardo Lonardi, del arma de Artillería. Tenía más paciencia que Menéndez. Se preocupaba más por asegurar las fuerzas para el éxito del golpe de Estado que por la reforma constitucional que ya imaginaba su par de Caballería.

Mientras el complot circulaba secretamente en las filas castrenses, la CGT presionó a Evita para asegurar su respuesta favorable a la candidatura. El 22 de agosto de 1951 organizó un acto popular en la Avenida 9 de Julio. Fue la movilización más grande de la historia argentina hasta ese momento. Durante más de veinte horas una multitud que superaba el millón de personas se mantuvo en pie a la espera de su compromiso electoral. Ese día parecía que Evita haría “lo que diga el pueblo”.

Pero la demostración de fe no bastó para modificar la decisión de Perón: Eva no debía ser candidata. Había un hecho incontrastable. Ya estaba enferma de cáncer. Pero también había un límite que Perón no quiso trasponer, aunque lo blandiera como una amenaza. Si lanzaba al movimiento obrero a una carrera revolucionaria, quizá ni él mismo podría ponerle freno. En el acto de la 9 de Julio, Evita pidió un tiempo para responder a la exigencia y postergó una decisión que, nueve días después, fue revestida como una renuncia “a los honores pero no a la lucha”.

Sin Evita en la fórmula presidencial, el interés militar por la conspiración se redujo. Lonardi creía que las fuerzas para el golpe de Estado todavía no eran suficientes. Prometió que se mantendría expectante, pero decidió no participar. Menéndez persistió con la idea. Continuaría con “la revolución” de la manera que fuese. El 25 de septiembre de 1951 decidió ejecutar el plan en tres días.

Otro conflicto que fue in crescendo en forma simultánea al complot militar fue el de los obreros ferroviarios. Hasta 1949, la política de control de precios sobre los productos de consumo popular y los subsidios estatales del peronismo habían generado un aumento neto del sesenta por ciento en el salario obrero. Pero la economía empezó a presentar síntomas de agotamiento. El crecimiento industrial se detuvo, cayeron los precios de las exportaciones y se deterioraron el intercambio comercial y también el consumo popular. La nueva redistribución del ingreso fue cada vez más difícil de sostener. Fue el fin de la prosperidad de posguerra.

Las demandas obreras no cedían y no bastaba el arbitraje oficial para contenerlas. La política laboral del peronismo se endureció: suspensión de convenios colectivos de trabajo, congelamiento de salarios, fin de subsidios a empresas. Las comisiones internas de las fábricas que no aceptaban las nuevas reglas y reclamaban por las conquistas laborales eran puestas bajo vigilancia.

La plantilla ferroviaria fue una de las más observadas. Para no quedar prisioneros del verticalismo peronista, se opusieron a la intervención de su gremio por parte de la CGT. En enero de 1951 se lanzaron a la huelga. Cuarenta dirigentes fueron cesanteados. Según Perón, la huelga comprometía la “seguridad del Estado”, que había convertido en ley. La medida de fuerza fue encuadrada como un acto ilegal. Ya estaban prevenidos. “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, en cualquier forma, promoviere la declaración de una huelga de empleados u obreros que presten servicios en reparticiones oficiales o empresas semioficiales”. Esto incluía a los ferroviarios: los trenes eran del Estado. Habían sido comprados a las compañías inglesas en 1947. Para los obreros de empresas privadas, las penas con prisión se extendían desde dos meses hasta tres años. La huelga había dejado de ser un derecho de los trabajadores. Se había transformado en un crimen político.

Evita, que era la garante implícita de la relación entre Perón y los obreros, se involucró en forma personal en el conflicto ferroviario. En una oportunidad, secundada por tres autos negros, fue hasta la sede del gremio en la seccional Remedios de Escalada, en Lanús, para reclamar la vuelta al trabajo. Encontró las puertas cerradas: nadie la recibió. Entonces se dirigió a la estación de trenes, se paró en el andén y convocó a los trabajadores, que poco a poco fueron saliendo de los talleres para escuchar su palabra. Les pidió que levantaran la huelga en nombre de Perón. Un obrero socialista le retrucó. Evita se ensañó con él. Los obreros, finalmente, rechazaron su propuesta. Evita los mandó a “la puta madre que los parió a todos” y advirtió: “Aténganse a la represión”. Y se fue.

Al día siguiente, los huelguistas debieron soportar la razia policial que se abalanzó sobre ellos. Perón estaba indignado con la continuidad de una huelga que provocaban “dos mil agitadores” con la anuencia de 148.000 indecisos. El conflicto se militarizó. Los ferrocarriles se militarizaron. El que no fuera a trabajar sería procesado por violar la Ley de Seguridad del Estado y juzgado por el Código de Justicia Militar.

La movilización de tropas en los lugares de trabajo fue reduciendo la fuerza de la huelga. Hubo miles de despidos, cerca de dos mil detenciones. Trescientos obreros fueron encarcelados en distintos penales. La sede gremial de La Fraternidad (socialista) fue asaltada y saqueada. El descontento persistió con huelgas parciales, señales rotas, choques de locomotoras y trenes fuera de servicio.

En agosto de 1951 los civiles que conspiraban contra Perón buscaron la coincidencia entre la protesta ferroviaria, la agitación estudiantil y la insubordinación militar de Menéndez. Uno de los apéndices civiles que intentó unir las partes fue Juan Ovidio Zavala, dirigente radical de procedencia universitaria. Zavala tenía un grupo llamado “Quinto Regimiento”. Su “comisión técnica”, integrada por estudiantes de Ingeniería y de Química, fabricaba bombas en un laboratorio céntrico. Zavala editaba periódicos clandestinos e interfería las ondas radiales. Ya había intentado descarrilar un tren de campaña que movilizaba a Perón en las elecciones de 1946, pero la granada no estalló. Para la época de la huelga ferroviaria, en agosto de 1951, Zavala era uno de los referentes civiles de la insubordinación militar. Había pasado a la acción: colocó “caños” de gelinita sobre las vías y provocó destrozos.

El punto de partida del complot de Menéndez era detener a Perón y, si la situación se complicaba, matarlo. El Presidente concurriría a un acto de la Escuela de Suboficiales el 28 de septiembre a las 8 de la mañana. Los sublevados lo cercarían. Menéndez evaluaba que, si Perón era detenido o muerto, la lealtad castrense se quebraría y los jefes militares preferirían unirse al golpe antes que ser víctimas de una represalia.

El plan de Menéndez incluía la toma de treinta tanques Sherman de la Caballería Blindada de Campo de Mayo, con los que marcharía hacia el Colegio Militar. Calculaba que en El Palomar encontraría el aliento de la oficialidad todavía renuente a la sublevación. Otro paso simultáneo del plan: que el Destacamento Mecanizado de La Tablada, con sus piezas de artillería, tomara la Séptima Brigada Aeronáutica de Morón. La distancia era de siete kilómetros, que las columnas podrían desandar con rapidez. Además, Menéndez contaba en favor del alzamiento con una docena de aviones de la base de la Marina en Punta Indio. El objetivo era tomar las bases de Morón, Palomar, Ezeiza, Quilmes y Aeroparque e impedir cualquier fuga de Perón, si lograba librarse de su asedio en Campo de Mayo.

El día 28 de septiembre de 1951, avanzada la madrugada, todo empezó a funcionar bien para el golpe de Estado. Bien en parte, porque Perón no concurrió a Campo de Mayo. Pero, de todos modos, el capitán Alejandro Lanusse tomó la Escuela de Equitación; la Escuela de Caballería también se sublevó y Menéndez accedió al Regimiento de tanques C-8 de unidades blindadas. Allí enfrentó el primer problema: no tenían nafta. El tiempo perdido en la búsqueda de un camión cisterna diluyó la sorpresa. El jefe del C-8 leal resistió la sublevación y se produjo un intercambio de disparos entre oficiales rebeldes y suboficiales leales. El cabo Miguel Ángel Farina, soldado leal, cayó muerto de un tiro en el pecho cuando saltó de su tanqueta.

Apenas enterado del alzamiento, Perón decretó el estado de guerra interno a través de la ley marcial. Proclamaba que “todo militar que se insubordine o subleve contra la autoridad militar constituida o participe en movimientos tendientes a derrocarla o desconocer su investidura será fusilado inmediatamente”.

La salida rebelde de Campo de Mayo fue mucho menos limpia de lo que imaginaba Menéndez. Aunque pudieron cargar combustible en siete tanques, solo dos de ellos lograron trasponer la unidad militar. El resto se fue deteniendo por distintas averías. Menéndez prosiguió la marcha en su carrier, secundado por tres unidades blindadas y cerca de doscientos hombres que galoparon en busca de apoyo hasta el Colegio Militar. El general Héctor Ladvocat se lo negó. Bloqueado el alzamiento en El Palomar, Menéndez intentó trasladarse a Morón. Entonces supo que la columna sublevada de La Tablada había sido neutralizada después del primer cañoneo de artillería, poco antes de llegar a la base aeronáutica.

Antes del mediodía, Menéndez decidió entregarse en el Colegio Militar ante el general que pensaba sublevar. Los pilotos de la Infantería de Marina alcanzaron a levantar vuelo, pero, enterados de los sucesos, hacia el mediodía retornaron a Punta Indio y se mantuvieron a la expectativa.

La CGT convocó a la Plaza de Mayo. A las 15.30, Perón ya estaba en el balcón de la Casa de Gobierno con sus ministros. En ese momento, Punta Indio tenía veinte aviones con motores en marcha dispuestos a bombardearlos. Pero el discurso de Perón fue demasiado corto y la escuadrilla aérea desvió su vuelo al Uruguay.

Al día siguiente, mientras ya comenzaban las misas de oración por su salud, Evita reunió a la CGT en su lecho de enferma y dispuso dinero de su fundación para la compra de cinco mil pistolas automáticas y mil quinientas ametralladoras, para ser entregadas a “las milicias populares”.

El fracaso de la sublevación le permitió a Perón afianzarse en el poder y tener mejor controlado el ámbito castrense. Intentó que las Fuerzas Armadas se “peronizaran” y sus cuadros mantuvieran una mayor identificación ideológica con el Presidente y el movimiento justicialista.

Sin embargo, no logró depurar a sus enemigos de la oficialidad. El tribunal militar que juzgó a los sublevados no los sancionó con la pena capital, como esperaban las organizaciones peronistas. Menéndez recibió quince años de condena y la expulsión de la fuerza, y otros oficiales del Ejército, de cuatro a seis años.

El mes anterior a la sublevación militar, Zavala había sido detenido por la huelga ferroviaria. La represión había impactado contra los obreros socialistas. Muchos volvieron a prisión, otros se exiliaron en el Uruguay. Zavala fue conducido a la comisaría de Boulogne, donde lo esperaba el interrogatorio policial con su soporte técnico: los algodones, las ligaduras de cuero, la mordaza en la boca, la batería, la dínamo, los cordones eléctricos y la picana, con su extremo en punta. Desnudo sobre la mesa, Zavala se sentía un animal muerto. Un médico, que se había colocado a un costado de la sala, cada tanto examinaba su corazón para ver si respondía. El comisario inspector Juan Simón Etchart, jefe de la seccional Boulogne, le recomendaba que no se confiara. Más de una vez, un torturado se le había ido por no poder contener sus impulsos. Etchart había ganado fama por usar la picana siempre con la compañía de un vaso de vino tinto. Torturar le producía excitación. Zavala, en cambio, prefería morirse. La idea de estar muerto lo aliviaba. A cada nueva pregunta cargaba más electricidad. Lo interrogaban por los militantes estudiantiles, los dirigentes obreros que había alojado en su casa, por los volantes de apoyo a la huelga ferroviaria, por las bombas. También por su tío, el diputado radical Miguel Ángel Zavala Ortiz. Sentía un dolor tan lacerante que quería decir hasta lo que no sabía. Pero tenía la boca tapada y después, cuando la picana cesaba, lo atormentaba pensar cómo lo oprimiría la conciencia si perdiera el control y revelara nombres y hechos. Calló lo que sabía sobre el comando que organizaba la insubordinación militar, calló sus diálogos con “Puchi”, como llamaba al coronel Luis Leguizamón Martínez. Dos veces perdió el conocimiento. El médico que le vigilaba el corazón le aseguró que no lo torturarían más. No podían seguir arriesgándose por tres o cuatro datos. La huelga ferroviaria ya había sido abortada.

Al quinto día de detención, el 18 de agosto, Zavala ya estaba en la cárcel de Olmos. Allí, en la enfermería, encontró a Emilio Gibaja y a Félix Luna. Habían sido detenidos en el allanamiento al sótano de la Facultad de Derecho. Gibaja, el presidente del centro de estudiantes de la facultad, también fue torturado. Lo mismo sucedió con Luna, quien al cabo de pocos años trascendería como historiador. Muchos años más tarde entrevistó a Perón en su exilio de Madrid. Este le requirió que le nombrase a un solo opositor que hubiese sido torturado durante su gobierno. Luna dijo “yo”.

En las elecciones de 1951, Perón logró cerca de 62% de los votos y la UCR, con la fórmula Ricardo Balbín-Arturo Frondizi, obtuvo alrededor de 32%. Los radicales, divididos entre “unionistas”, proclives a la opción golpista para acabar con el gobierno, e “intransigentes”, solo alcanzaron 14 bancas, un número insignificante frente a las 135 del partido peronista.

Con semejante poderío, aunque Perón se mostró dispuesto a crear un “clima de diálogo” con la oposición, la diferencia electoral lo eximía de cualquier compromiso. Antes que preocuparse por la vida institucional, el peronismo prefirió activar políticas estatales sobre la beneficencia, la educación y el deporte, y consolidar la relación entre el líder y sus seguidores.

Pero el liderazgo de Perón necesitaba la comunicación masiva y una estructura de propaganda estatal sin voces disonantes. El Presidente entendía la comunicación en términos de guerra. La información era una técnica militar, utilizada como apéndice de los servicios de inteligencia de los Estados. En la visión de Perón, “disfrazados de periodistas” había una infinidad de espías que hacían de la “libertad de expresión” un arma de propaganda para formar a la opinión pública, engañar al pueblo y usurparle su soberanía. Él no les cedería a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, sus enemigos estratégicos, el poder de la comunicación. Para Perón, la opinión pública se creaba. “Todavía hay tontos que creen en la libertad de prensa”, le gustaba repetir.

Además de los conflictos obreros, las conspiraciones militares y las revueltas estudiantiles, la prensa partidaria y comercial se convirtió en otro foco de tensión en el segundo gobierno peronista. El diario La Vanguardia, del PS, que ya había sido saqueado e incendiado por el régimen conservador durante los festejos del Centenario en 1910, fue clausurado por caracterizar al gobierno como “una máquina de propaganda, destinada a endiosar a la pareja presidencial” y haber criticado “las promesas copiosas, aguinaldos dobles, pan dulce, sidra, juguetes y dinero distribuido a la marchanta”, con fines electoralistas. El texto molestó al peronismo, y la Policía Federal y la municipal clausuraron la imprenta de La Vanguardia por “ruidos molestos”, en momentos en que vendía alrededor de trescientos mil ejemplares. La imprenta, además, no contaba con una sala de primeros auxilios debidamente instalada.

Este procedimiento podía parecer excepcional en agosto de 1947. Dos años después, las clausuras empezaron a ser habituales. Pero se necesitaba un instrumento legal. Cuando el radicalismo, por medio del diputado Raúl Uranga, reclamó una comisión que investigara las torturas del peronismo, con foco en la Sección Especial, el oficialismo encontró la coartada justa: logró que la comisión investigara la presunta intervención extranjera en la política interna. El argumento le sirvió para cerrar medios opositores.

El mayor conflicto con la prensa opositora lo sostuvo con el diario conservador La Prensa —por entonces el de mayor tirada—, que no aceptó plegarse al gobierno, ni ser adquirido por el Estado. Lo mismo que La Nación. La Prensa prosiguió con sus críticas; representaba la oposición más frontal. Para el oficialismo, trabajaba en contra de los intereses de la población, de Perón y de la Nación Argentina. “El diario no ha sabido interpretar ni reconocer la obra realizada por el conductor del pueblo, dando al mundo noticias inciertas en contra de nuestra economía y del valor de nuestra moneda”, se lamentaría Visca en el Parlamento.

La dirección de la comisión de investigación parlamentaria quedó en manos de José Visca, un conservador que había saltado al oficialismo. En diciembre de 1949 revisó los libros contables y cerró el diario salteño El Intransigente. Luego clausuró el semanario comunista La Hora por no incluir en su portada la mención “Año del Libertador General San Martín”. La “Comisión Visca” —con una task force que reunía funcionarios judiciales, contadores, policías y militantes peronistas— cerró más de un centenar de periódicos partidarios y del interior del país. Otro instrumento para la fiscalización de la prensa fue el papel. Como debía ser importado, el gobierno comenzó a gestionar el suministro. En consecuencia, la prensa opositora tuvo que reducir la tipografía, la cantidad de páginas o directamente cerrar, fuera por la falta de papel o por las clausuras que imponía la Comisión Visca. Para escapar de la asfixia, o en algunos casos porque representaba un buen negocio, la mayoría de los propietarios de diarios y todas las radios privadas fueron obligados a vender sus empresas. El monopolio de la prensa oficialista se constituyó a través de Alea S. A. En poco tiempo, los diarios La Época, Democracia, Noticias Gráficas, El Mundo y Crítica se convirtieron al peronismo.

El conflicto se estableció a partir de su relación con la agencia de noticias United Press, un “trust del capitalismo internacional” que “entorpecía la marcha del gobierno”, según el discurso oficialista. En abril de 1951 el Parlamento votó la confiscación del diario y Perón anunció ante una multitud en la Plaza de Mayo su cesión a la CGT y al sindicato de canillitas.

Perón obtendría la reelección presidencial para el período 1952-1958. Lo acompañó otra vez el radical Hortensio Quijano, que ya estaba enfermo y no llegó a asumir la presidencia del Senado. Perón venció con 4.744.803 votos contra 2.416.712. Casi duplicó a la fórmula Balbín-Frondizi. Pese a la magnitud de su triunfo, ya se advertía la pérdida de vitalidad de su gobierno. Las sequías de los años 1951 y 1952 habían agudizado el cuadro agropecuario. La balanza comercial arrojaba resultados negativos. La CGT festejó el triunfo con una enorme procesión de antorchas que finalizó en la residencia presidencial. Evita acababa de ser operada de un tumor maligno. Pocas veces volvería a salir de su lecho de enferma. El 1º de mayo de 1952 Eva dio el que sería su último discurso: “Si es preciso haremos justicia con nuestras propias manos. Yo le pido a Dios que no permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, porque ¡guay de ese día! Mi General, muerta o viva, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres de mi pueblo, yo saldré con los descamisados de mi Patria para no dejar en pie ni un solo ladrillo que no sea peronista […] no nos vamos a dejar aplastar más por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora”.

Pesaba menos de cuarenta kilos. Ese día, pálida y ojerosa, con la respiración fatigada, Perón la tomó de la cintura y la ayudó a abandonar el balcón de la Casa de Gobierno. Afuera se escuchaba a la multitud, que la llamaba.

Bibliografía

Altamirano, Carlos, “Ideologías políticas y debate cívico”, en Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Di Tella, Torcuato S., Perón y los sindicatos. El inicio de una relación conflictiva, Buenos Aires, Ariel, 2003.

Dujovne Ortiz, Alicia, Eva Perón, la biografía, Madrid, El País-Aguilar, 1996.

García, Eduardo Augusto, Yo fui testigo. Antes, durante y después de la segunda tiranía (Memorias), Buenos Aires, Lasserre, 1971.

García Sebastiani, Marcela, “Peronismo y oposición política en el parlamento argentino. La dimensión del conflicto con la Unión Cívica Radical (1946-1951)”, en Revista de Indias, Madrid, 2001.

“Historia del peronismo. La primera presidencia. El golpe de Menéndez”, en Primera Plana, Nº 239, 25 de julio de 1967.

“Historia del peronismo. La primera presidencia. Purgas en el Congreso”, en Primera Plana, Nº 225, 18 de abril de 1967.

“Historia del peronismo. La primera presidencia. Relevos en la oposición”, en Primera Plana, Nº 220, 14 de marzo de 1967.

Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Buenos Aires, Legasa, 1984.

Lettieri, Alberto, La libertad de prensa en tiempos del peronismo clásico. El discurso doctrinario de Perón de 1951, Buenos Aires, OPFyL FFyL, UBA, 2002.

Luna, Félix, El 45, Buenos Aires, Sudamericana, 1971.

—, Perón y su tiempo, tomo II, La comunidad organizada. 1950-1952, Buenos Aires, Sudamericana, 1985.

—, Argentina, de Perón a Lanusse. 1943-1973, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1988.

—, “La razzia de Visca”, en Todo es Historia, Nº 406, mayo de 2001.

Martínez, Tomás Eloy, Las memorias del General, Buenos Aires, Planeta, 1996.

Monteverde, Mario, “Balbín preso”, en Todo es Historia, Nº 1974, noviembre de 1981.

Navarro, Marysa, Evita, Buenos Aires, Planeta, 1994.

Potash, Robert, “Las Fuerzas Armadas y la era de Perón”, en Torre, Juan Carlos (dir.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Santander, Silvano, Técnica de una traición. Juan D. Perón y Eva Duarte. Agentes del nazismo en la Argentina, Buenos Aires, Antygua, 1955.

Sirvén, Pablo, Perón y los medios de comunicación (1943-1955), Buenos Aires, CEAL, 1984.

Taylor, J. M., Evita Perón: los mitos de una mujer, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981.

Walter, Richard J., “La derecha y los peronistas, 1943-1955”, en AA. VV., La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales, Buenos Aires, Javier Vergara, 2001.

Zavala, Juan Ovidio, Los hechos y sus consecuencias, Virginia, TiYM Publishing Co., Inc. /Mclean, 1999.

XIII

Los cincuenta: el bombardeo, la caída
y el exilio de Perón

Aquella noche de setiembre de 1955, mientras los doctores, los hacendados y los escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas.

ERNESTO SABATO, 1956, en la carta abierta a Mario Amadeo

Juan Duarte apareció muerto en su piso de la avenida Callao el 9 de abril de 1953. El cuerpo lo descubrió su mayordomo. Tenía un orificio de bala en la sien y estaba arrodillado ante la cama, rodeado de un charco de sangre. Nadie escuchó el disparo esa noche. Ni sus dos guardaespaldas, ni el mayordomo japonés, ni sus vecinos.

HECHOS RELEVANTES

1953. El 15 de abril, una serie de bombas en Plaza de Mayo, mientras Perón habla a los trabajadores, provoca seis muertos. La investigación policial detiene y tortura a un grupo de universitarios radicales.

1955. El 11 de junio, la manifestación de Corpus Christi marca el punto más alto de la tensión entre el peronismo y la Iglesia. El gobierno expulsa a dos obispos, se incendian iglesias. Se especula que el Vaticano excomulgue a Perón.

El 16 de junio, durante cinco horas, aviones de la Marina bombardean la Casa Rosada y edificios cercanos con el objetivo de matar a Perón y tomar el gobierno. Mueren 308 personas.

El Parlamento realiza una sesión de repudio al bombardeo. La UCR no participa. Los partidos de oposición consideran al peronismo “responsable de los sucesos trágicos”.

El 17 de junio, en Rosario, la policía secuestra al médico comunista Juan Ingalinella, que muere en la tortura. Es el primer caso de desaparición forzada por razones políticas.

El 16 de setiembre, el general Eduardo Lonardi subleva tropas en distintos puntos del país. Perón renuncia para asegurar una “solución pacífica” y marcha al exilio. Dos meses después, el general Pedro Aramburu desplaza a Lonardi.

1956. En marzo, un decreto-ley prohíbe la utilización de imágenes, fotografías, retratos, escudos, la bandera peronista y cualquier mención de Perón y Evita en público. Comienzan la persecución y las torturas contra el peronismo.

El 9 de junio, sin ley marcial vigente, Aramburu reprime el alzamiento del general Juan José Valle en favor del regreso de Perón. Lo fusila junto a otros 26 civiles y militares.

1958. Proscripto y desterrado, Perón pacta con el radical intransigente Arturo Frondizi y ordena su apoyo electoral. En las elecciones de febrero, Frondizi vence a Balbín.

Duarte vivía con la presión en la nuca del personal de Control de Estado de la Presidencia. Su cuñado, el presidente Perón, había ordenado una investigación sobre su probable vinculación con el monopolio de exportación de carne. Le había encomendado el tema al general Luis Bengoa, que lo tenía al corriente de las actuaciones. La escasez había hecho disparar los precios en el mercado negro.

Antes de que Evita se casara con Perón, Juan Duarte era corredor de una empresa de jabones. Por influencia de su hermana obtuvo un permiso del Estado para importar autos, y a partir de entonces fue haciéndose un lugar en el poder. En su estancia de doscientas hectáreas recibía a empresarios, actrices y funcionarios. Era el bon vivant del peronismo, pero a partir de la muerte de Evita, el 26 de julio de 1952, fue perdiendo sustento en el poder. Las sospechas de sus negociados en el Estado, antes disimuladas por el liderazgo de Eva, quedaron más expuestas. Duarte, como tantos otros arribistas del poder, se convirtió en sinónimo de la corrupción peronista. La oposición radical comenzó a denunciarlo. Perón se preocupó por desmentir “la campaña de rumores”, denunció en forma vaga a los “especuladores” y anunció que “irá a la cárcel hasta mi propio padre si es ladrón”. Para entonces, Duarte ya estaba jaqueado. Se llevó una pequeña caja fuerte portátil de su despacho en la Casa Rosada y renunció a su cargo de secretario de Perón. El día en que fue hallado muerto, Duarte debía declarar ante la Comisión de Control de Estado.

En la mesa de luz de la habitación, había una carta de despedida con errores de ortografía. “Voy” escrito con “b”; probar con “v”. Era un estilo caligráfico diferente del suyo, pero no se cotejó su autenticidad. En la pericia balística, el calibre del arma con la que supuestamente se había matado y el orificio de bala tampoco coincidían.

Perón buscó una versión que no lastimara a su gobierno. Dijo que su cuñado sufría de una enfermedad venérea contraída en los prostíbulos. Esta versión también fue sostenida por sus amigos de Junín. La enfermedad no parecía ser un factor determinante para el suicidio. La oposición quería demostrar que a Duarte lo habían matado. Hizo circular la idea de que era el propio Perón quien había impulsado la investigación y luego, cuando intentó detenerla, ya era demasiado tarde y no pudo o no quiso evitarla. Para los intereses del gobierno, eliminar a Duarte era una manera de circunscribir el problema a una sola persona, e impedir que el “foco infeccioso” —denuncias de negociados— se expandiese hacia otras áreas.

La semana en que murió Duarte, el peronismo estaba envuelto en una crisis política y económica. El modelo de crecimiento industrial y redistribución progresiva del ingreso se estaba agotando. La insuficiencia de divisas —por el decreciente ingreso que se percibía de las exportaciones de productos primarios— hacía imposible sostener la importación de equipos y maquinarias e insumos necesarios para la transformación productiva. La sequía de 1952, que afectó la producción agropecuaria, la presión inflacionaria sobre el consumo popular —39% anual— y la pérdida de las reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial fueron marcando los desequilibrios del modelo económico del primer peronismo.

Perón decidió realizar un cambio brusco en su gestión. En busca de una mayor “racionalidad productiva”, aplicó medidas impopulares. Suprimió aumentos salariales, subsidios del Estado, intentó contener el gasto público, pero los precios no llegaron a detener su alza. Entonces puso en la mira popular a “los malos comerciantes”, aunque era un argumento difícil de sostener frente al aumento del transporte, el gas o el combustible.

A consecuencia de la inflación, el consumo interno se redujo. Para la clase trabajadora la perspectiva era desalentadora, porque el problema excedía el comercio minorista. Era el modelo industrial a gran escala el que estaba exhibiendo su fracaso y no se podía suplir con el crecimiento de los pequeños talleres industriales, que tenían una limitada capacidad productiva. Para contrapesar los males de la economía, el peronismo necesitaba legitimar su gobierno en la calle. Plebiscitar su gestión con la movilización popular frente a cada contratiempo. La CGT había funcionado como una polea de arrastre “en los días más felices”, y ahora, en “los malos tiempos”, se hacía cargo de apoyar a Perón, neutralizar los conflictos obreros y organizar la movilización.

Existía en la CGT y en el pueblo peronista una retórica de la lealtad y de la solidaridad, un reconocimiento a Perón, la decisión de valorar sus realizaciones, las conquistas laborales, el lugar que habían alcanzado los trabajadores en la sociedad. Ahora que la economía había entrado en una etapa crítica y que había que “ajustarse el cinturón”, el peronismo exigía una nueva actitud, cierto “heroísmo” a los “descamisados”. Como ya no estaba Evita para demandarlo, era la CGT la que asumía el compromiso. Su secretario, Eduardo Vuletich, lo expresó por la cadena oficial de radio: “Nosotros, General, estaremos con usted, aun descalzos y desnudos, sin condiciones. Haga lo que le parezca mejor, General. Los trabajadores estamos para secundarlo, para obedecerle de manera consciente, voluntaria”.

La central obrera entendía que no tenía autoridad para condicionar a Perón en el nuevo rumbo económico, aun cuando sus representados resultaran perjudicados. Después de la muerte de Juan Duarte, Perón anunció que le hablaría al pueblo. La CGT decretó un paro de actividades. Ese mediodía del 15 de abril de 1953, Perón convocó a miles de “descamisados”. En el balcón de la Casa de Gobierno, el presidente levantó los brazos. “Compañeros”, dijo. Debajo de él había miles de “descamisados” que cantaban el Himno Nacional y la marcha peronista.

En el primer cuarto de hora de su discurso, mientras Perón hablaba sobre el control de precios, se escuchó un estruendo. Provenía de la izquierda del balcón, abajo, sobre la esquina de Hipólito Yrigoyen y Defensa, en el interior del Hotel Mayo, justo en el salón comedor. El hotel estaba cerrado por refacciones. La carga explosiva había sido depositada debajo de una heladera; treinta cartuchos de gelinita. El estampido destrozó los vidrios y las ventanas, arrancó la cortina metálica e hirió a los manifestantes. Desde el balcón se veía la humareda, pero no se podía apreciar la magnitud del hecho.

“Compañeros —dijo Perón—, estos son los mismos que hacen circular los rumores todos los días. Parece que hoy nos quisieron colocar una bomba”.

Llegaron las ambulancias de la Fundación Eva Perón y la Asistencia Pública y empezaron a cargar a los heridos. Perón no se detuvo. Su voz fue interrumpida por una segunda bomba. Fue una explosión mucho más potente. Cien cartuchos de gelinita colocados en una casilla en el andén del subterráneo de la estación Plaza de Mayo. La humareda comenzó a subir desde el túnel. El ministro del Interior, Ángel Borlenghi, le habló al oído. Entonces Perón percibió mejor el problema. Ya no se trataba de un rumor.

“Yo desde aquí anuncié que había un plan preparado y en ejecución, no me faltaban razones para anunciarlo…”.

La Plaza de Mayo era un peligro. Perón no lo decía, pero la permanencia del pueblo en la plaza, pese a los riesgos personales, era un testimonio de lealtad. Perón no quería que el acto acabara por las explosiones. Prometió justicia.

“Podrán tirar muchas bombas y hacer circular muchos rumores, pero yo les digo que no se saldrán con la suya, compañeros. Individualizaremos a cada uno de los responsables de estos actos. Les aplicaremos las sanciones que correspondan. Vamos a tener que volver a la época en la que andábamos con el alambre de fardo en el bolsillo”.

Muchos concurrentes se guarecieron debajo de los balcones de la Casa Rosada. Desde allí comenzó a subir el grito.

“¡Leña!, ¡leña!”.

Perón miró hacia abajo:

“¿Leña? ¿Por qué no empiezan ustedes a darla?”.

Había otra bomba preparada contra el gobierno: una carga de cincuenta cartuchos en el Nuevo Banco Italiano, lindero a la Plaza de Mayo. Pero no estalló. Falló el mecanismo de relojería.

El gobierno estaba acorralado por las denuncias de corrupción, de nepotismo, de negociados, y la economía se salía de cauce. Las bombas eran una nueva fórmula de impugnación opositora. Perón necesitaba reordenar el nuevo escenario político, disciplinarlo. Y, si por ese motivo lo acusaban de tirano, ya no se ofendería:

“Si para terminar con los malos de adentro y los malos de afuera; si para terminar con los deshonestos y los malvados es menester que cargue ante la historia con el título de tirano, lo haré con mucho gusto”.

Después de ese acto, a la noche, muchos edificios de Buenos Aires estaban en llamas. Los incendiarios pudieron obrar con libertad. El personal policial, que tenía la orden de no actuar, o de hacerlo de manera pasiva, se fue minutos antes de que comenzara a alumbrar el fuego. Los bomberos, cuerpo dependiente de la Policía Federal, llegaron dos horas más tarde a cada sitio. Solo comenzaban a actuar cuando existía riesgo de destrucción total.

Por encima de las cenizas que había dejado la respuesta incendiaria del peronismo, el gobierno debía responder por los siete muertos y el centenar de heridos de la Plaza de Mayo. Encarceló al socialista Nicolás Repetto, ya octogenario, a Alfredo Palacios, a Arturo Frondizi y a Federico Pinedo, entre otros dirigentes, pero sin indicios que los incriminaran. Pocos días después, Vicente Centurión y Patricio Cullen —detenidos cuando intentaban colocar una bomba en el auto oficial del canciller Jerónimo Remorino, estacionado frente al Hotel Alvear— fueron torturados en la comisaría 17ª y se autoincriminaron ante la Justicia. Con las torturas policiales empezaron a trascender los nombres del complot, ligados a la militancia universitaria, la UCR, el Partido Demócrata Progresista, los conservadores, los jóvenes de “buena familia”, los enemigos de la primera hora de Perón, quienes organizaban el caos prerrevolucionario para provocar su caída. Esta vez, en la necesidad de “hacer ruido”, se habían manchado las manos con sangre. Ya no se trataba de calificar de “puta” a Evita ni tampoco era el primer artefacto que estallaba. Pero ahora la violencia antiperonista se aplicaba de manera indiscriminada para generar terror. Si el gobierno de Perón torturaba a los opositores para subordinarlos, la oposición hacía terrorismo para que el caos y la anarquía fueran minando la estabilidad del gobierno.

La noche entre el 15 y el 16 de abril de 1953, la sede del Comité Nacional de la UCR, a una cuadra de la comisaría, fue incendiada; lo mismo sucedió con la sede del Partido Demócrata Nacional (PDN) (conservador) y el Jockey Club, que había rechazado las solicitudes de ingreso de Juan Duarte y del empresario oficialista Jorge Antonio, y también se había negado a la exigencia de comprar cien mil ejemplares de La razón de mi vida, de Evita, para contribuir al tesoro del Partido Peronista. El fuego devoró buena parte de la biblioteca de la sede de la calle Florida. También forzaron las cortinas metálicas de la Casa del Pueblo, del Partido Socialista, y arrojaron el mobiliario por la ventana. Cien mil volúmenes de la tradición obrera forjada en más de medio siglo se perdieron entre las llamas.

La investigación buscó desenmascarar a los ejecutores y al grupo intelectual. En el núcleo central de los implicados estaban los radicales Roque Carranza, Carlos González Dogliotti y Arturo Mathov, acompañados por una larga lista de “copartícipes necesarios”. No había entre ellos niveles de jerarquía, ni siquiera una organización, pero estaban entrenados en el uso de armas y tenían contactos militares. Era una célula que trabajaba para generar la conmoción política. Mathov fue señalado como ideólogo del grupo. Era un ex diputado radical que actuaba de enlace con los exiliados de Montevideo, que cruzaban el Río de la Plata para no caer en la mesa de torturas de la Sección Especial o en Coordinación Federal de la Policía. El gobierno uruguayo, antiperonista, ofrecía garantías de permanencia. Mathov intentó huir, pero su nave capotó. Fue detenido. Otro de los conspiradores detenidos fue Roque Carranza, estudiante de Ingeniería, de 23 años. La policía ya tenía armado el triángulo de la acusación: Carranza-González Dogliotti-Mathov. Carranza padeció un raid de tormentos en distintas comisarías, que finalizó en la cárcel de la Penitenciaría. Al cuarto día de su detención, ratificó ante el juez su autoría de las bombas de la Plaza de Mayo. La investigación policial la guiaba el coronel Jorge Osinde, oficial de inteligencia del Ejército, jefe de Coordinación Federal de la Policía. Había reemplazado a Lombilla en la prevención de “focos desestabilizadores” y en su momento había colaborado con la llegada de ex espías nazis a la Argentina.

Dogliotti fue detenido pocos días después. Osinde lo interrogó. Cada vez que Dogliotti, atado con las manos en la espalda, repetía respuestas, Osinde le pegaba un puñetazo en el oído. Después comenzaron las descargas eléctricas. El juez de la causa le tomó declaración al día siguiente en la misma comisaría donde fue torturado. Había quedado sordo, no oía las preguntas. Osinde no estaba satisfecho con la declaración que quedó asentada en el expediente judicial. Lo llevó a los altos de la Comisaría 46ª, le colocó algodones en los ojos, un vendaje y le aplicó la picana eléctrica sobre una toalla mojada en la planta de los pies, los dientes, el mentón y las orejas. Dogliotti estaba preocupado porque durante su encierro escuchó una voz familiar, la de su hermana. Osinde le confirmó que estaba allí. A la noche volvieron a torturarlo. Estaba agotado y nervioso; lo dejaron descansar. Un oficial lo despertó y le trajo siete folios con una declaración mecanografiada —elaborada sobre la base de los relatos de otros torturados— para que la firmase. A cambio, le darían algo de comer y podría acostarse en el suelo sin ser molestado. Dogliotti firmó y durmió. Pensaba que todo había terminado. Pero a la noche otra vez fue a la sala de torturas. Osinde tampoco estaba conforme con la declaración que la policía había preparado y le presentaron una nueva. Le aseguraron que, si la firmaba, lo llevaban a la cárcel de la Penitenciaría. Allí no habría torturas. Dogliotti, que llevaba diez días de calvario, firmó cada una de las fojas que le presentaron.

Osinde también tomó en sus manos el asunto de Roque Carranza. Lo hizo llevar a Coordinación Federal, que utilizaba la dependencia de la Seccional 17ª. Necesitaba que reforzara su declaración. Carranza fue sentado en una silla con los ojos vendados, y otra vez lo torturaron. Lo involucraron en la insubordinación del coronel Francisco Suárez de 1952 y amenazaron con detener a su familia. Carranza firmó una declaración detallada en la que explicaba cómo funcionaba el mecanismo de relojería de una bomba. Tiempo después diría que fue el propio Osinde quien le explicó el procedimiento técnico.

Al cabo de pocas semanas, el jefe de Coordinación Federal había interrogado y torturado a todos los detenidos por los atentados en la Plaza de Mayo. Pero no quiso quedarse solo con el hecho en sí mismo, sino desarticular toda la acción de los civiles armados contra Perón, por medio de la inteligencia y la tortura. Extendió la búsqueda en el interior del país. Juan Carlos Cardoso, hermano del oficial Luis Cardoso, otro de los torturadores de Osinde, fue puesto al mando de un pelotón policial de cuatro hombres que viajó a Posadas, en el Territorio Nacional de Misiones. La provincia puso a disposición la Casa de Gobierno para la tortura. Al cabo de unos días, la expedición de Cardoso trajo dos detenidos a Buenos Aires, que fueron estaqueados en la comisaría 3ª y luego alojados en la cárcel de la Penitenciaría.

Hasta 1954, las fuerzas civiles y militares del antiperonismo no contaban con suficiente capital político ni de movilización para derrocar al gobierno. Lo alcanzarían con la inclusión de un actor clave: la Iglesia. Perón y la jerarquía católica habían sido aliados en los primeros tiempos del gobierno. Para las elecciones de 1946, en un claro veto a la Unión Democrática, el Episcopado recordó a sus fieles la prohibición de votar partidos que sostuvieran el divorcio y la separación de la Iglesia y el Estado.

Desde la perspectiva eclesiástica, Perón permitía la posibilidad de ampliar su influencia sobre el mundo del trabajo. Ambos actores manejaban un mensaje común: propendían a una organización solidaria que neutralizara la lucha de clases y los conflictos ideológicos, y se oponían al “individualismo capitalista” y el “colectivismo comunista”.

En los actos oficiales, Perón no dejaba de exhibir su devoción católica, y llegó a establecer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero un matiz comenzó a diferenciar sus intereses. El gobierno utilizó los textos escolares para resaltar sus realizaciones y exaltar a sus líderes por encima de los contenidos del catolicismo. Además, incentivó la participación política de las mujeres —por medio del sufragio femenino, promovido por Evita—, que modificaba su rol en el hogar familiar. Este desajuste respecto de los mandatos tradicionales del catolicismo continuó en otros sectores. La Iglesia comenzó a perder subsidios para sus instituciones de caridad, que fueron concedidos a la Fundación Eva Perón. La obra social de Evita y el mensaje del peronismo a sus propios “fieles” intimidaron a los dirigentes eclesiásticos, que comenzaron repudiar en voz baja la interferencia estatal en áreas de educación, familia y asistencia social, sectores clave para convertir la sociedad al catolicismo.

Hacia 1950, Perón y Evita implicaban una nueva competencia en el territorio de la religiosidad popular. Sus figuras eran sacralizadas con el agregado de valores míticos o mágicos. Esto también se observó durante el proceso de enfermedad y muerte de Evita, despedida en un ritual funerario con oraciones populares que prescindieron de las autoridades eclesiásticas.

En tanto avanzaba el proceso de visualización del peronismo como una forma de revelación religiosa, también progresaba en las bases urbanas la influencia de otros credos, siempre en perjuicio de las prácticas católicas. En 1954 el disenso entre el peronismo y la Iglesia ya no tenía retorno. Un ejemplo del distanciamiento fue el Quinto Congreso Eucarístico, celebrado en Rosario, al que Perón no concurrió, para participar de una manifestación de la CGT organizada para contrarrestar el evento eclesiástico en la misma ciudad. La Iglesia comenzó a participar en el plano político-partidario a través de la democracia cristiana, que se fundó como fuerza alternativa al peronismo ese mismo año.

Con la guía espiritual y política de la Iglesia, la oposición partidaria, que había sido neutralizada por el oficialismo, pudo crear el clima de tensión y conmoción pública que había buscado infructuosamente durante casi diez años. Sus manifestaciones, a menudo vetadas por la “ley de reuniones públicas”, convocaban a miles de feligreses y se convertían en jornadas de lucha política. Los carteles de “Cristo Rey” acompañaban las movilizaciones en las que se acusaba a Perón de “fascista” y “totalitario”, y los católicos empezaron a trabajar para su caída con la misma fe y el mismo celo con los que antes lo habían respaldado.

El Estado también se ocupaba de poner al catolicismo en un plano de igualdad con otras creencias. Perón autorizó el ingreso de evangelistas y espiritistas a cárceles y hospitales —una zona hasta entonces exclusiva del culto católico— y promovió el retiro de las imágenes de la Virgen de edificios públicos o de sedes sindicales.

Los panfletos impresos por la militancia de la Acción Católica denunciaban no solo las torturas del peronismo sino también más de cuatro mil casos de desapariciones. Presentaban casos improbables de esqueletos que habían sido descubiertos bajo tierra en los basurales de la ciudad, en el actual empalme de la avenida General Paz con la Ruta Panamericana, y también mencionaban cadáveres transportados por aviones y arrojados al Río de la Plata. También se referían a quemas clandestinas de opositores a Perón en la Chacarita, organizadas por la Policía Federal, con conocimiento de su jefe, el general Miguel Gamboa. Aunque las desapariciones no podían ser constatadas con nombres y apellidos, la información circulaba en la sociedad y comenzaba a roer el tejido político oficialista.

En la sucesión de incidentes con la Iglesia, el peronismo también reforzó su ofensiva desde el Estado. Los subsidios a las escuelas católicas fueron eliminados y la enseñanza religiosa fue reemplazada en los establecimientos educativos por la “doctrina nacional”, una versión pedagógica elaborada sobre la base de las “veinte verdades” que presentaba al justicialismo como una nueva filosofía de vida, humanista y cristiana.

Perón, que era católico de la orden mercedaria, además, descargó una batería de proyectos de ley muy sensibles al sentimiento eclesiástico: el Parlamento sancionó la ley de divorcio, legalizó la prostitución, reconoció a los hijos “naturales” como hijos “legítimos” y promovió una reforma constitucional que debía concluir con la separación de la Iglesia y el Estado. El Senado la aprobó el 20 de mayo de 1955. Cinco días después, ningún funcionario del gobierno participó del tradicional Tedeum en la Catedral metropolitana.

La Iglesia utilizó la procesión de Corpus Christi para amplificar las voces del antiperonismo. El sábado 11 de junio de ese año, la celebración religiosa, no autorizada por la policía, se concentró en la Catedral; la homilía se escuchó por altoparlantes. La plaza estaba llena de feligreses. Más tarde, centenares de miles de manifestantes comenzaron a recorrer la ciudad al grito de “Cristo Vence”, acompañados por la dirigencia opositora. Perón luego denunciaría la celebración religiosa como la reedición de la Unión Democrática, “clerical y oligárquica”, que había ganado la calle en septiembre de 1945 en reclamo del fin del régimen militar.

De todos modos, entonces no se preveía que la peor respuesta contra Perón no vendría del Vaticano sino del cielo.

Durante la noche de la manifestación de Corpus Christi, en la zona de Congreso se izaron una bandera del Vaticano junto a otra argentina, que luego apareció quemada. Fue evidente que la policía fabricó el episodio para generar un mayor enfrentamiento entre Estado e Iglesia y disparar la “indignación popular” contra los curas y la oposición. Para la prensa oficialista, la magnitud de la marcha quedó sublimada por el agravio a la bandera argentina. El domingo 12, en la misa vespertina de la Catedral, grupos de choque afines a Perón se enfrentaron a centenares de estudiantes opositores y de católicos que se parapetaron alrededor del templo para defenderlo. Casi trescientos de ellos irían presos a la cárcel de Devoto. El punto más alto de la disputa con la Iglesia llegaría con la expulsión de dos obispos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Ramón Novoa y Manuel Tato, señalados como responsables del agravio a la bandera. En el diario vaticano L’Osservatore Romano se publicó la respuesta de la Santa Sede: todos los funcionarios que habían participado de la expulsión de los obispos habían incurrido en la excomunión latae sententie (automática) de la Santa Sede. Pero no precisaba si la excomunión también alcanzaba a Perón.

Muchos de los aviadores navales que bombardearían Buenos Aires el 16 de junio de 1955 habían acompañado la celebración de Corpus Christi el sábado 11. Hasta entonces, no sabían cuándo ni cómo matarían a Perón. Solo tres de sus jefes conocían el plan: la aviación naval bombardearía la Casa Rosada en momentos en que Perón reuniera a su “estado mayor”, los hombres con los que compartía las decisiones de gobierno. Se encontraba con ellos, semana de por medio, los días miércoles a las diez de la mañana. A esa hora se iniciaría el bombardeo. Duraría solo tres minutos.

El plan necesitaba apoyo terrestre. Después de la última detonación, se activarían las células de los comandos civiles. Las componían alrededor de cuatrocientos o quinientos hombres que permanecerían disimulados en calles y bares del centro de Buenos Aires. También debían bloquear los accesos a la Plaza de Mayo. Disponían de dieciséis automóviles. En la hipótesis de que la misión fuese exitosa, y que Perón y su gobierno quedaran reducidos a escombros, los comandos se servirían del terror y la humareda para tomar la Casa Rosada por el acceso de la calle Balcarce. Quizá deberían enfrentar al cuerpo de Granaderos, ya diezmado por las bombas. Los granaderos no eran más de cuarenta hombres sin otra infraestructura que un destacamento interno en la Casa de Gobierno. Si en esas condiciones bloqueaban a los comandos civiles, no podrían contener el avance simultáneo de los infantes de Marina por la retaguardia de la Casa Rosada. Los infantes eran alrededor de trescientos hombres distribuidos en dos compañías. Contaban con fusiles semiautomáticos FN, de procedencia belga, que la Armada había hecho ingresar de contrabando. Serían entregados solo un día antes del bombardeo. Los granaderos, en cambio, debían defender la Casa Rosada con fusiles Mauser, un arma de principios del siglo XX.

La comunicación era otro factor clave para la definición del combate. Los conspiradores habían contactado al ex capitán Walter Viader, sublevado de 1951 con el general Menéndez, enviado a prisión y luego amnistiado. Junto a los comandos civiles, Viader organizaría la toma de las radios que difundirían la proclama golpista. Se esperaba que la noticia de la caída de Perón hiciera saltar a las calles a los opositores.

Después del bombardeo, una junta cívico-militar controlaría el poder. Intervendrían la CGT y las provincias, liberarían a los presos por razones políticas y fusilarían a quienes resistieran su autoridad. Los civiles convocados al nuevo gobierno serían tres activos dirigentes de “la contra” peronista: Adolfo Vicchi, mendocino, conservador; Américo Ghioldi, del Partido Socialista, exiliado en el Uruguay, y Miguel Ángel Zavala Ortiz, el más importante de todos, de la facción “unionista” del radicalismo, que acababa de perder el control del partido a manos de Arturo Frondizi. Zavala se comprometió a tomar las bases aeronavales junto a los aviadores.

Lo que preocupaba a los conspiradores era la imposibilidad de acumular fuerzas, después del primer impacto, para defender la toma de la Casa Rosada. Cumplido el objetivo de extirpar el núcleo duro del poder, quedarían en evidencia las víctimas de las bombas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Se esperaba una reacción popular en defensa de Perón. Esta eventualidad hacía impredecible el curso de la operación. Más incertidumbre generaba la reacción del Ejército, una vez consumados los hechos. En ese ámbito, apenas contaban con la promesa del general León Bengoa, que llegaría a Buenos Aires en tren con una división de Infantería procedente de Paraná. Bengoa adelantó que iniciaría la expedición luego del estallido. No estaría en el frente de batalla desde el primer momento. El problema de los conspiradores era cómo fortalecerse para responder a una probable reacción militar y popular del peronismo.

El centro de operaciones era la base aeronaval de Punta Indio, de donde despegarían los aviones. En media hora o cuarenta minutos ya estarían sobrevolando Buenos Aires. La toma de la base no presentaría obstáculos. Era difícil encontrar a algún marino que no fuese antiperonista. El jefe de la conspiración era el capitán de fragata Néstor Noriega.

El aeropuerto de Ezeiza era otra base para el despliegue aéreo. Funcionaría como central de reabastecimiento para los aviones después del primer ataque. Desde hacía más de un año se construía allí, en forma clandestina, un depósito para almacenar las bombas y el combustible. Un simulacro aéreo oficial, previsto en Bariloche, fue aprovechado para el traslado de los explosivos desde la base aérea Comandante Espora, de Bahía Blanca, hacia Punta Indio y Ezeiza.

La Séptima Brigada Aérea de Morón era un objetivo militar de la conspiración. La toma era más delicada. Había oficiales aeronáuticos interesados en la caída de Perón, pero sin el nivel de intolerancia de la Marina. El control de la brigada permitiría tomar los aviones caza de propulsión a reacción Gloster Meteor. Además, la toma de Morón, la base aeronáutica más próxima al escenario de los hechos, bloqueaba la posibilidad de una respuesta inmediata.

La escuadra aeronaval para el bombardeo estaba compuesta por veintiocho aviones. Cinco de ellos eran los Beechcraft AT11. Descargaban bombas en vuelo horizontal. Los pilotos se habían entrenado con descensos apenas arriba de los cien metros. Otro avión era el North American AT6. Podía descargar bombas de cincuenta kilos volando en picada hacia el objetivo. Tenían veinte naves. La escuadra se completaba con tres hidroaviones Catalina, también de bombardeo horizontal, con bombas de doscientos cincuenta kilos. Un Douglas DC3 y otro DC4 trasladarían las bombas a Ezeiza. En caso de que el golpe fracasara, serían utilizados para llevar a los conspiradores al Uruguay.

La idea del bombardeo tenía al menos dos años. Había sido lanzada casi al azar en una comida de a bordo: imitar el bombardeo japonés contra los norteamericanos en Pearl Harbor, durante la Segunda Guerra Mundial, y destruir la Casa Rosada. Esa era la síntesis. Parecía una fantasía, pero la idea de sepultar a Perón bajo los escombros y poner punto final a su gobierno entusiasmó a los marinos y empezó a fluir de abajo hacia arriba.

El que motorizó el bombardeo fue el capitán de fragata Jorge Bassi. Sería el responsable de sublevar la base de Ezeiza. Bassi construyó el depósito clandestino y durante meses buscó un jefe que se pusiera al frente de la conspiración. Fue el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón. El almirante Aníbal Olivieri, jefe de la Armada, había sido sondeado para conducir el complot, pero no quiso asumir la jefatura. Dejó que la sublevación hiciera su propio camino. Cedería el Ministerio de Marina, ubicado a menos de trescientos metros del objetivo enemigo.

Los capitanes Noriega y Bassi, en cambio, se ocuparían de la logística: los aviones, el alzamiento de las bases, la carga de bombas y de combustible, la comunicación interna entre los complotados.

La fecha del ataque a la Casa Rosada se decidió de apuro. El martes 14 de junio de 1955, a la medianoche, Toranzo Calderón supo que el Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica (SIA) tenía filmaciones de la entrada de su edificio en la calle Cuba, en Belgrano, donde se veía el ingreso de los conspiradores. Toranzo Calderón esperaba ser detenido de un momento a otro. Decidió adelantar el bombardeo. No tenía tiempo para ejecutarlo al día siguiente, cuando Perón reuniera a su gabinete, pero tampoco podía demorar la operación durante dos semanas. Se decidió para el jueves 16 de junio de 1955.

Ese día, los Gloster despegarían de Morón y volarían sobre la Catedral de Buenos Aires en homenaje al general José de San Martín y en desagravio a la bandera argentina que había sido quemada durante la celebración de Corpus Christi. La programación de este acto era un regalo del cielo para los conspiradores. Si llegaban a tomar la Séptima Brigada, los pilotos aeronáuticos ametrallarían la Casa Rosada y otros blancos estratégicos del poder peronista.

Para el 16 de junio, el servicio meteorológico anunciaba nubes y poco alcance de la visibilidad. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Noriega, jefe de la conspiración en la base de Punta Indio, ya tenía la escuadrilla de aviones con las bombas cargadas. Bassi, en Ezeiza, tenía todo pronto para el reabastecimiento y esperaba el arribo de tropas de la Infantería de Marina desde Mar del Pl ata, Azul y Puerto Belgrano, en Bahía Blanca.

El 16 de junio de 1955, el capitán Noriega se levantó a las 4 de la madrugada. Ordenó una reunión en la biblioteca del casino de oficiales de la base. En ese momento se hizo público el secreto que ya conocían: el plan de ataque y el objetivo del bombardeo. El cielo estaba encapotado; las nubes, bajas. Era una madrugada de invierno. Noriega pensó que la luz del día iría componiendo el tiempo. A las 6, casi un centenar de oficiales ya había tomado Punta Indio. Noriega estaba comunicado por radio con Toranzo Calderón en el Ministerio de Marina. Lo acompañaba el vicealmirante Benjamín Gargiulo, que respondía a sus órdenes en el levantamiento, pese a que tenía mayor graduación. Los dos se habían apostado en el comando de la Aviación Naval, en el cuarto piso del Ministerio. Los infantes de Marina estaban en el sótano, a la espera de la primera bomba. La sede naval ya estaba liberada. En la tarde del 15 de junio, Olivieri se había internado en el Hospital Naval.

A las 10 de la mañana, Noriega decidió despegar el Beechcraft AT11 de Punta Indio. Llevaba dos bombas de demolición de cien kilos cada una. Llegando a Buenos Aires, advirtió que el clima tornaba imposible la maniobra. Decidió mantenerse en el aire, en los alrededores de Colonia, Uruguay. Confiaba en que el tiempo mejoraría. La autonomía de vuelo del Beechcraft era de cuatro horas. A esas alturas de la mañana, el capitán Bassi ya había tomado Ezeiza, y recibiría el refuerzo de los infantes de Marina, que ya habían partido desde Punta Indio en cinco aviones de transporte Douglas C-47. La Brigada de Morón se mantenía sin novedades. Abajo, en tierra, la visibilidad era casi nula. Desde el Ministerio de Marina la niebla no permitía ver la Casa Rosada.

El presidente Perón había llegado a su despacho a las 6.15. A las 7 recibió al embajador norteamericano Albert Nuffert. Una hora más tarde, a las 8, el jefe del Ejército, el general Franklin Lucero, le informó sobre las acciones de los sublevados y la posibilidad de un bombardeo. Ya tenía confirmado que las bases de Punta Indio y de Ezeiza habían sido tomadas. Le dijo al presidente que se fuera de la Casa de Gobierno y se refugiara en el Ministerio de Ejército. No hay precisión exacta sobre la hora en que lo hizo. Perón diría que fue a las 9.30. Las fuentes son contradictorias. La falta de uniformidad, sin embargo, no resuelve el enigma: ¿por qué, si Perón se refugió en el Ministerio de Ejército entre las 9 y las 10 de la mañana en conocimiento del bombardeo, no ordenó el desalojo de la Casa Rosada? A esa hora, alrededor de cuatrocientas personas, entre funcionarios, empleados y público, permanecían en la Casa de Gobierno. Mucha gente que transitaba por la Plaza de Mayo y sus alrededores también estaba en riesgo. ¿Por qué el gobierno no alertó, o prohibió la circulación, o clausuró los accesos? El enigma se mantiene sin respuesta.

El bombardeo había sido anunciado a las 10. Pocos minutos después, Cosme Beccar Varela, miembro de los comandos civiles, entró en contacto con el Ministerio de Marina y le advirtieron que las naves ya estaban en vuelo. Los comandos estaban divididos en tres grupos, enlazados con un mando central. A las 12 seguían sin novedades. Supusieron que el bombardeo se habría abortado y, además, tenían la orden de no volver a llamar al Ministerio. Decepcionados por la demora, se tomó la decisión de licenciar a la tropa.

A las 12.40 el capitán Noriega lanzó la primera bomba sobre la Casa Rosada. Explotó en una cocina de servicio del primer piso. La bomba, que pesaba ciento diez kilos, mató a dos ordenanzas. La explosión hizo caer parte del techo de la sala de prensa. Los periodistas se escondieron en un túnel interno. Tras el primer impacto, una fila de aviones que esperaba su turno en el aire fue aproximándose hacia el objetivo. Cada piloto disponía de dos bombas. Sobrevolaron la Casa Rosada y efectuaron la descarga.

El bombardeo criminal de los sublevados lanzaría catorce toneladas de explosivos para matar a Perón. También, en oleadas sucesivas, bombardearían a la población civil de los alrededores de la Plaza de Mayo y apuntarían sobre la Policía Federal, la sede de la CGT y la residencia presidencial, el Palacio Unzué, en la calle Agüero. Una de las primeras bombas impactó en un trolebús. Provocó un resplandor rojo sobre la calle Paseo Colón. La explosión no desintegró en forma total la estructura del transporte público, pero la onda expansiva hizo que los trozos humanos quedaran incrustados en las paredes internas. Allí no hubo heridos. Hubo sesenta y cinco muertos.

Tras la primera bomba, los infantes de Marina salieron del Ministerio en camiones de la fuerza. Se dividieron en dos. Una compañía se apostó, calle de por medio, a cuarenta metros de la explanada norte de la Casa Rosada. La otra se refugió en la playa de estacionamiento del Automóvil Club, entre el Parque Colón y el Correo Central, a cien metros de la retaguardia de la Casa de Gobierno. Los marinos comenzaron a disparar. La avanzada sorprendió a un cuerpo de granaderos que acababa de bajar de un ómnibus casi en forma simultánea, sea porque era el cambio de guardia o porque fueron convocados de urgencia.

La base de la Brigada de Morón no fue sublevada de inmediato. Siguió bajo el mando oficial. Tras la primera bomba, se ordenó el despegue de los Gloster para combatir a los sublevados. La batalla estaba en el cielo. Un Gloster persiguió y derribó un avión North American AT6 en la zona de Aeroparque. El piloto, guardiamarina Arnaldo Román, logró lanzarse con el paracaídas y cayó sobre el Río de la Plata. Luego fue capturado.

Parte de la escuadrilla oficial giró hacia la base de Ezeiza para abrir fuego contra los sublevados. En el ataque destruyeron un bombardero Catalina y averiaron una nave de bandera danesa que estaba en la pista del sector aerocomercial. Había fuego cruzado. Los aviones de la Armada comenzaron a bombardear una columna de soldados del Regimiento 3 de La Tablada, que avanzaba en camiones por la avenida Crovara para defender la Casa Rosada. Desde distintas azoteas de edificios públicos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo —el Banco Nación, el Ministerio de Economía—, civiles armados comenzaron a disparar contra los aviones rebeldes.

Cuando los Gloster leales aterrizaron luego de su primera incursión, la Brigada de Morón había sido tomada por los conspiradores. El comandante de la Aeronáutica Agustín de la Vega había encañonado a sus jefes mientras observaban el despegue de los jets. Los superiores y subordinados que no habían adherido al levantamiento fueron reducidos en un hangar. Los Gloster cambiaron de pilotos y volvieron a despegar, ahora con un nuevo objetivo: la Casa de Gobierno.

La primera oleada del bombardeo también afectó el edificio del Ministerio de Ejército. Allí, en el sexto piso, estaba el general Lucero junto a Perón, dando instrucciones a las unidades militares para que ocuparan las posiciones enemigas. Le ordenó a la base aérea de San Luis que despegara una escuadrilla de aviones a reacción y que atacara Punta Indio y Ezeiza. De pronto, la onda expansiva de una bomba alcanzó la oficina. El impacto le hizo perder estabilidad a Perón. Sus auxiliares lo empujaron contra un armario para protegerlo. Enseguida, el Presidente fue trasladado al sótano del edificio.

A media hora de la primera bomba, el balance era el siguiente: la conspiración golpista dominaba las bases de Punta Indio, Ezeiza y Morón. Hasta entonces, el poder de fuego aéreo estaba garantizado. Pero ya se advertían las carencias: la falta de incorporación de tropas del Ejército. El general Bengoa, que había viajado a Buenos Aires a una reunión en Campo de Mayo para disimular su futura participación en la sublevación, fue detenido en Aeroparque, cuando abordaba un avión hacia Paraná. El Ejército se mantenía leal a Perón: no había movilizado ninguna unidad.

La Infantería de Marina todavía mantenía firme su propósito de tomar la Casa Rosada. Pero la realidad era mucho más ardua que los planes originales. En parte, porque las explosiones no fueron devastadoras. Si bien estallaron veintinueve bombas que provocaron doce muertos en la Casa Rosada, muchas otras no llegaron a detonar. La baja altura a la que volaban los aviones no permitió que se activaran las espoletas. Además, el tiempo jugaba a favor del gobierno, que podía acumular fuerzas en la defensa; los conspiradores, no. Los comandos civiles se habían dispersado y no retornaron a la Plaza de Mayo. En tierra solo estaban los infantes, que encontraron un inesperado escollo en el cuerpo de Granaderos. La resistencia de los soldados permitió ganar tiempo. Cerca de la 1, a veinte minutos de la primera bomba, desde el Regimiento de Palermo se incorporaron a la zona del combate la artillería liviana y cuatro tanques Sherman.

También las bases peronistas comenzaron a movilizarse. A las 13.12, mientras se incrementaba el fuego entre infantes y granaderos, el secretario de la CGT, Hugo Di Pietro, utilizó la cadena radial y llamó a los trabajadores a concentrarse en los alrededores de la CGT. “¡Todos los medios de movilidad deben tomarse a las buenas o a las malas! ¡La CGT los llama a para defender a nuestro líder! ¡Concentrarse inmediatamente pero sin violencias!”, clamó.

Los camiones de la Fundación Eva Perón y de los sindicatos cargaron hombres y mujeres por los barrios del conurbano y de la Capital para llevarlos al teatro de operaciones en defensa de Perón. Algunos iban con las manos vacías, otros llevaban palos, herramientas de trabajo o revólveres cortos. En Constitución y en el centro porteño fueron asaltados dos locales de venta de armas.

La euforia del peronismo que se movilizaba en camiones se atenuaba apenas llegaban a la Plaza de Mayo. En los acoplados se cargaban decenas de cadáveres levantados de la calle. Los heridos eran trasladados a la Asistencia Pública de la calle Esmeralda y a otros hospitales.

Tres minutos después del llamado a la resistencia de la CGT, el ex capitán Viader difundió el bando golpista. Con sus comandos civiles había tomado por la fuerza las instalaciones de Radio Mitre. Obligó al locutor a leer la proclama: “Argentinos, argentinos, escuchad este anuncio del Cielo volcado por fin sobre la Tierra. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado. Compatriotas: las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. Los gloriosos cadetes de la Escuela Naval y los valientes soldados de la Escuela de Mecánica de la Armada avanzan desde sus respectivas guarniciones acompañados por compactos grupos populares que vitorean al movimiento revolucionario. Ciudadanos, obreros y estudiantes; la era de la recuperación de la libertad y de los derechos humanos ha llegado”.

La proclama fue cortada por el personal de la planta transmisora de la radio en Hurlingham. Pocos minutos después, las radios oficiales empezaron a leer un comunicado que tenía la firma de Perón. “Algunos disturbios se han producido como consecuencia de la sublevación de una parte de la Aviación y la Marina. La aviación militar ha derribado un avión y tres han sido obligados a aterrizar. La situación tiende a normalizarse. El resto del país, tranquilo. Fuerzas del Ejército, de la Aviación, firmes en el cumplimiento del deber”.

De inmediato, en el oeste de la ciudad apareció una segunda escuadrilla de aviones que había despegado de Morón. En vuelo rasante, un Gloster ametralló el edificio de la CGT. Un dirigente obrero, Héctor Passano, intentó responder con su arma corta desde la terraza y fue partido en dos por una ráfaga. También dispararon sobre el Departamento de Policía y el Ministerio de Obras Públicas en la Avenida 9 de Julio. Un oficial fue alcanzado por los disparos y murió en su oficina.

Por detrás de la cúpula del Congreso asomó otro Gloster que se dirigió a la Casa de Gobierno para ametrallarla.

A poco menos de una hora del primer estallido, Olivieri decidió trasladarse hacia el Ministerio de Marina. Quería hacerse cargo de la sublevación y evitar que lo detuvieran en la cama del Hospital Naval. Para ingresar, aprovechó un sector del puerto por el que todavía no había avanzado el Ejército. Lo acompañaba el teniente de navío Emilio Eduardo Massera, que sería uno de los jefes del golpe de Estado de 1976. Todos los vidrios de los ventanales del Ministerio habían estallado. Los infantes se movían cuerpo a tierra para responder a los disparos de la artillería del Ejército.

A esas alturas, el cuadro de situación era el siguiente: la zona del Bajo, el perímetro de las avenidas Leandro N. Alem, Eduardo Madero y Paseo Colón, la avenida Corrientes y las calles de las inmediaciones estaban en situación de guerra. Circulaban jeeps del Ejército, camiones de obreros y simpatizantes peronistas, se gritaba por Perón, se alzaban banderas. Las balas se cruzaban entre los edificios y la calle. La posición dominante de los infantes empezó a revertirse poco antes de las 3 de la tarde. La artillería había instalado su cuartel en un edificio de Leandro N. Alem y Viamonte para atacar a los sublevados que se mantenían frente a la explanada norte de la Casa Rosada. También civiles armados del peronismo y de la ALN les disparaban desde muros, árboles o terrazas. Pocos minutos después, una compañía de infantes se replegó en el Ministerio de Marina y la otra, apostada en el Automóvil Club, se guareció en el edificio. Olivieri tomó contacto con la Escuela de Mecánica de la Armada, pero ya era tarde para que se volcara al alzamiento: estaba rodeada por el Regimiento 1 de Palermo.

En las bases aeronavales, la conspiración también estaba cercada. Punta Indio fue tomada por una división del Regimiento Motorizado de La Plata. Fue una toma pacífica, porque la base había quedado desguarnecida luego del primer vuelo y la logística había sido trasladada a Ezeiza. El aeropuerto, en tanto, estaba siendo atacado por los soldados del Regimiento 3 de La Tablada. Morón también estaba en riesgo. Los leales al gobierno apresados en el hangar mataron a un teniente de Aeronáutica que los custodiaba y empezaron a dispersarse por la base.

Con las fuerzas de tierra atrincheradas en el Ministerio de Marina, los conspiradores combatían en tiempo de descuento. Las tropas oficiales atacaban con ametralladoras pesadas desde la Casa de Gobierno y el Ministerio de Ejército. Rodeada de tanques, desde una ventana del séptimo piso de la base rebelde se agitó un lienzo blanco. Eran las 15.17.

Seguidos por grupos de civiles que acompañaban el paso de los tanques, y luego de que mediaran dos comunicaciones telefónicas entre Olivieri y Lucero, los generales Carlos Wirth y Juan José Valle se acercaron al Ministerio en un jeep con la intención de parlamentar sobre la rendición. Pero fueron sorprendidos. A las 15.20, los aviones de la Marina Beechcraft AT, North American AT6 y el Catalina volvieron a sobrevolar la Plaza de Mayo y descargaron treinta y tres bombas. Solo ocho no explotaron. El ataque destruyó dos pisos del ala sur del edificio y mató a un soldado conscripto. También fue muerto un general. Muchas de las naves fueron alcanzadas por las baterías antiaéreas de la Casa Rosada, pero ninguna fue derribada.

Los marinos en tierra aprovecharon la confusión y reanudaron el fuego. Muchos civiles fueron muertos y heridos en el contraataque. La acción provocó la furia de los leales a Perón. Esta nueva oleada de aviones, la tercera de la conspiración, bombardeó el epicentro del poder: la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército, el Ministerio de Hacienda y el Banco Hipotecario. La residencia presidencial también fue atacada. Cada avión que la sobrevoló lanzó una bomba. Una cayó en el parque del Palacio Unzué y no detonó. Otra mató a un barrendero en la calle. La tercera, que erró el blanco por doscientos metros, cayó sobre la calle Pueyrredón: mató a un automovilista y a un chico de 15 años. El ataque tenía una razón de ser: suponían que en un edificio de la calle Gelly y Obes se había refugiado Perón.

El fuego de los conspiradores se sostuvo poco tiempo más. Un tanque Sherman disparó sobre el segundo piso del Ministerio de Marina, hizo un boquete y provocó un incendio en la sala de almirantes. A las cuatro y media de la tarde, Olivieri reclamó una negociación directa con Lucero. Estaba dispuesto a entregar el Ministerio y rendir las fuerzas rebeldes, pero, mientras los civiles siguieran alrededor de las tropas del Ejército, continuaría el combate. Los sublevados temían que las fuerzas leales no pudieran controlar al pueblo peronista. La rebelión podía concluir con un linchamiento y no querían correr ese riesgo.

Mientras la Marina negociaba los términos de la rendición, Noriega envió un Douglas DC-3 de Ezeiza hasta la Brigada de Morón para evacuar a los complotados que seguían en combate contra las fuerzas oficiales. El DC-3 podía cargar a treinta hombres. El resto, más de setenta, debía quedar en tierra. La imposibilidad de embarcar a todos generó una discusión entre los pilotos, pero ya no había mucho tiempo. El DC-3 pudo levantar vuelo pese a la sobrecarga: terminó llevando a cincuenta pasajeros. Los marinos también lograron despegar los Gloster. En vuelo hacia el Uruguay, ametrallaron la Casa Rosada. Fue el último acto de servicio de la rebelión frustrada.

Entonces, a las 17.25, en la Plaza de Mayo ya había miles de personas convocadas por el gobierno. En forma simultánea al vuelo de los Gloster, desde el Ministerio de Ejército, Perón encomiaba por cadena nacional “la acción maravillosa que ha desarrollado el Ejército cuyos componentes han demostrado ser verdaderos soldados […]. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos”. Para entonces, desde las bases de Morón y Ezeiza, treinta y seis aviones con ciento veintidós sublevados habían huido hacia el Uruguay. Uno de ellos era el radical Zavala Ortiz.

El mayor del Ejército Pablo Vicente, a cargo de la custodia de los prisioneros del Ministerio de Marina, visitó en la madrugada del día 17 a los tres líderes de la rebelión, Olivieri, Toranzo Calderón y Gargiulo. Estaban en calabozos separados. Les adelantó que serían juzgados por una corte marcial y que no podrían escapar al fusilamiento. Antes de retirarse, dejó a cada uno de ellos una pistola para que decidiera por sí mismo su destino. De los tres hombres de armas, Gargiulo fue el único que la usó.

Tras el vuelo final de los sublevados, la población comenzó a rodear la Catedral, que fue destruida en forma parcial. Esa noche se quemaron iglesias, se saquearon sacristías y estatuas. Algunos sacerdotes y feligreses fueron hostilizados. Perón, para salvar la responsabilidad del peronismo, acusó a los comunistas.

El 16 de junio de 1955, en la ciudad de Rosario, comunistas y peronistas se habían manifestado contra el bombardeo. Habían impreso un panfleto: “Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista”. La Sección Orden Social y Político —un correlato de la Sección Especial de la Policía Federal— aprovechó para encarcelar a los manifestantes. Detuvo a varios centenares de personas por “desorden público”. Al día siguiente, la División Investigaciones fue a la casa del médico comunista Juan Ingalinella. Tenía una imprenta clandestina y había sido detenido más de veinte veces, la mayoría de ellas por “desacato y resistencia a la autoridad”. Ingalinella pensó que sería una detención más. No fue así. El abogado Guillermo Kehoe, que reclamó por su libertad, fue detenido y torturado por uno de los jefes de Orden Social, Félix Lozón. Eran amigos de la infancia. Habían cursado juntos la escuela primaria. Lozón lo torturó toda la noche. A la mañana siguiente, convocó a Kehoe a su despacho. Le dijo:

—¿Sabés para qué te llamé?

—Para torturarme de nuevo —respondió el abogado.

—No. Es para felicitarte. Sos un tipo de aguante.

Kehoe le preguntó por qué no le pegaba un tiro y terminaba de hacerlo sufrir. Lozón le pidió que no se confundiese.

—No… eso no. Yo no soy un asesino. Soy un torturador.

A los pocos días, los detenidos fueron recuperando su libertad. Ingalinella no, aunque la policía decía que ya lo había soltado. Presentó un recibo que certificaba el retiro de sus pertenencias con su firma. El médico nunca apareció. Al cabo de los años se supo que había muerto de un paro cardíaco durante la sesión de torturas. Se cree que el cuerpo de Ingalinella fue tirado al río Paraná o cremado. Fue el primer caso de desaparición forzada por razones políticas.

No era la primera vez que se bombardeaba Buenos Aires por un conflicto político interno. Los cívicos de Leandro N. Alem, durante la Revolución del Parque de 1890, también habían ordenado el bombardeo desde naves en el Río de la Plata. Pero pocas veces la historia argentina había registrado un atentado criminal de la magnitud del 16 de junio de 1955, en el que murieron 308 personas.

Perón trató de limitar las consecuencias. Dijo:

Prefiero que sepamos cumplir como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue. No lamentemos más víctimas. Nuestros enemigos cobardes y traidores merecen nuestro respeto, pero también merecen nuestro perdón. Por eso, pido serenidad una vez más.

No promovió un entierro colectivo, ni colocó a los muertos como bandera de combate, y le ordenó a la prensa oficialista que moderara su estupor ante la masacre. En su discurso, invitó a tomar el bombardeo como una “lección al pueblo argentino”, para abandonar los caminos de la violencia y retomar los del orden, la ley y la tranquilidad pública.

La sublevación no pudo tomar el poder. En términos militares, fracasó. Pero el poder político de Perón fue alcanzado por las bombas. El 16 de junio había sido un ensayo. La conspiración no se detendría.

Dos días después de que centenares de personas fueran muertas por la marina rebelde, el diario La Nación tituló: “Gran tranquilidad pública”. Valoró la mesura del discurso de Perón después de las bombas e interpretó el fuego aéreo contra la población civil como una consecuencia “algo natural” en las confrontaciones políticas.

El Congreso realizó una sesión de repudio al ataque, pero el radicalismo no participó. En un comunicado, informó que el bombardeo era el corolario de las políticas de Perón. Exaltó su culpabilidad, pero excluyó la del poder naval sublevado. Perón intentó un plan de conciliación con la oposición. Ordenó que se restauraran los templos incendiados y purgó de su gabinete a las figuras más expuestas en la política anticlerical. También intentó reconciliarse con el empresariado. Un mes y medio después del bombardeo, anunció que se había logrado la independencia económica y la reforma de la Constitución y, si bien quedaba mucho por hacer, daba por concluido el “período revolucionario” del gobierno. “No vamos a seguir peleando con las sombras ni con nadie”, expresó en la sede de la central obrera. Perón también buscó distender la relación con los partidos políticos. Echó a Raúl Apold, el secretario de Medios, y, por primera vez en diez años, se escuchó la voz de la oposición en las radios del Estado. El líder radical Arturo Frondizi rechazó la conciliación. Consideraba al peronismo responsable de los “sucesos trágicos” del 16 de junio. En forma cada vez menos implícita, la UCR avalaba su derrocamiento. Otros partidos, el conservador y la democracia progresista, en cambio, reclamaron la renuncia de Perón y una “amnistía política” para los marinos detenidos tras los bombardeos.

La iniciativa pacificadora de Perón fue recibida con escepticismo por la oposición. Por un lado, había grupos de civiles y militares, las fuerzas conservadoras con las que había confrontado Evita, que deseaban terminar con su gobierno, extirpar a las masas de la movilización política y revertir la nueva distribución de ingresos, que había perjudicado sus intereses a lo largo de diez años. Por otra parte, los partidos que ponían énfasis en las libertades civiles antes que en los intereses económicos corporativos no confiaban en la nueva versión de Perón.

En el resumen de lo actuado en sus dos gobiernos, habían denunciado la utilización de la policía como una fuerza de choque paralela, sus torturas, el encarcelamiento a los opositores, la clausura de diarios, el veto a la expresión disidente, la destrucción del gremialismo no peronista, el despojo de los bienes de los partidos políticos. Y la lista seguía: la corrupción de sus colaboradores, los negociados, el favoritismo para los empresarios del poder, la falta de empleo estatal para los que no estaban afiliados al partido, la expulsión de los docentes no peronistas de las universidades.

La política de “pacificación” se agotó apenas inició su camino. Entonces, Perón modificó el escenario y retomó la ofensiva. A un mes y medio del bombardeo, hizo pública su renuncia al gobierno. Ni siquiera su renuncia, su “retiro”. La táctica obtuvo los resultados imaginables: los dirigentes peronistas la rechazaron y al día siguiente la CGT convocó a un paro con movilización a la Plaza de Mayo.

Toda la calma que Perón había promovido en los días posteriores a la masacre para reducir la tensión política y las propuestas de negociación fueron dejadas de lado. En venganza a ese pedido de “tregua” estatal no escuchado, auguró el devenir de la violencia. El 31 de agosto de 1955, desde el balcón de la Casa Rosada, dijo:

Desde ya, establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. […] La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. ¡Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos!

El “cinco por uno” se convirtió en el símbolo de su ira, pero, más que de su ira, de su impotencia. Prisionero de su debilidad y del agotamiento del proyecto de gobierno, Perón intentó atemorizar con palabras a una oposición que no detenía los planes de conspiración ni tampoco se asustaba. El final de la política de conciliación no se tradujo en violencia de hecho. Las masas obreras volvieron a sus casas como cualquier otra jornada de fiesta peronista. No hubo ataques ni incendios, pero todos los puentes con la oposición se habían roto.

La CGT ofreció al jefe del Ejército, general Lucero, el servicio armado de sus afiliados para la defensa del gobierno. Eran seis millones. Otros grupos peronistas pidieron ametralladoras para enfrentar una nueva rebelión. Perón desalentó la formación de “milicias populares”. No deseaba una resolución del conflicto con el pueblo en armas con enfrentamientos callejeros contra grupos civiles y militares rebeldes. Perón jamás había promovido al pueblo a la lucha. Hasta ese momento, el peronismo no tenía experiencia de lucha. Además, si armaba a la clase trabajadora, ¿quién le quitaría las armas después?

Los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas creían que la formación de las milicias era inminente. Y si no lo creían, lo decían. Era un argumento para sumar fuerzas a la rebelión. La quema de iglesias y la violencia discursiva de Perón fueron disparadores para la organización de un nuevo alzamiento. El 2 de septiembre, el general Dalmiro Videla Balaguer, que había recibido la medalla a la “lealtad peronista” por su actuación en el bombardeo de junio, intentó sublevar la guarnición militar de Río Cuarto, en Córdoba, junto con otros cinco oficiales. El movimiento fracasó, se fugaron y no pudieron ser capturados. Fue el primer indicio. Perón no depuró de las filas castrenses a los sectores golpistas, tampoco realizó una reestructuración que favoreciera a los suboficiales que se mantenían leales a su mando.

Uno de los focos de la conspiración lo lideraba el general retirado Eduardo Lonardi, que ya se había levantado contra Perón en 1951. Permaneció casi un año en prisión. Pero entre ellos había un antecedente más personal: en 1937, mientras servía en la agregaduría militar de la embajada en Santiago de Chile, el mayor Perón había tendido una red de espionaje que le proveía información sobre movimientos de tropas y compras de armas del ejército local. La red fue descubierta cuando él ya había abandonado la embajada y el caso estalló en las manos de su reemplazante, el mayor Lonardi, quien fue deportado de Chile por orden del presidente Arturo Alessandri Palma.

Lonardi representaba a sectores nacionalistas y católicos del Ejército. Fue el coronel Arturo Arana Ossorio, de Artillería, católico y también rebelde en el ’51, quien lo entusiasmó para liderar la sublevación. El 16 de septiembre de 1955, Lonardi tomó las escuelas militares de Córdoba. Los comandos civiles armados acompañaron su misión. El último bastión fue la policía local, que no se rindió y enfrentó a los insubordinados. Para la Marina, el alzamiento no resultó sencillo. Tomaron la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, pero el avance sobre la de Río Santiago, en La Plata, fue rechazado por el fuego de la Artillería y la Aeronáutica leales.

El general Pedro Eugenio Aramburu, que dudó en un primer momento de colocarse al frente del movimiento militar, viajó a Curuzú Cuatiá, en Corrientes, para tomar un regimiento. Al llegar tarde, su objetivo fracasó. Entonces huyó y dejó a la deriva a las tropas sublevadas.

Dos días después del alzamiento, los rebeldes estaban acorralados. En Córdoba, diez mil hombres de las tropas leales habían recuperado el aeropuerto. La base de Río Santiago había sido recuperada. Las guarniciones de Capital Federal no se habían levantado. Lonardi estaba a punto de rendirse. Solo la Marina de Guerra alzada, que había bombardeado la destilería de petróleo de Mar del Plata y amenazaba con continuar el ataque sobre los depósitos de La Plata, Dock Sud y Capital Federal, daba un poco de aliento al plan rebelde.

Pese al cuadro favorable, el día 19 de septiembre, Perón renunció con un mensaje ambiguo, que el general Lucero transmitió por la cadena oficial, para asegurar una “solución pacífica”. Algunos oficiales le pidieron continuar la lucha, pero el jefe de Estado no varió su posición. Delegó el poder en una junta de generales, que se vio obligada a pedir una tregua a los insurrectos cuando estaban a punto de dar por finalizada su sublevación. Al día siguiente, la junta parlamentó con el almirante Isaac Rojas en un buque de guerra y acordaron la cesión del poder.

Si Perón esperaba que su decisión generara un nuevo 17 de octubre y la indignación popular lo repusiera en el poder, el cálculo político falló.

Algunos grupos sindicales habían reclamado armas para defender al gobierno —que les fueron negadas—, pero la nueva conspiración militar no desencadenó un estado de movilización en el peronismo. La CGT se mantuvo a la expectativa. Lo mismo sucedió en el Ejército. La mayoría de los oficiales estaban decepcionados con Perón —en especial por la quema de las iglesias—, pero no promovieron su derrocamiento porque se sentían ajenos a las luchas políticas. Sumidos en la incertidumbre, los leales, o mejor dicho los “legalistas”, demoraron la tarea: habían reprimido sin convicción.

El 21 de septiembre de 1955 Lonardi asumió como “presidente provisional” de los argentinos y dos días después ingresó en la Casa Rosada. La Plaza de Mayo fue desbordada por el festejo. Perón se había embarcado en un buque de guerra paraguayo y emprendió viaje hacia ese país. No quería sentirse responsable de una guerra civil. Abandonó el poder y no hizo nada, ni dejó que nadie lo hiciese, por Evita. El padre Hernán Benítez le pidió unas líneas de autorización para que la madre retirara el cadáver embalsamado de su hija del salón de la CGT. No se las concedió.

Después de amenazar con lanzar al pueblo a la calle, con armas de cualquier tipo, para aniquilar a los “traidores que se levantaron contra el gobierno”, la CGT invocó la paz de los espíritus y la grandeza de la Nación, para sentarse a negociar con el general Eduardo Lonardi. El llamado cegetista no atenuó las movilizaciones en defensa de Perón. En Rosario, el Ejército actuó con carros blindados y caballos, mientras lanzaba latas con gases lacrimógenos desde avionetas para neutralizar la resistencia y retener el control de la ciudad. Hubo enfrentamientos callejeros con muertos y heridos. En Berisso, Ensenada y otras concentraciones populares que habían abrazado al peronismo desde su origen, las fuerzas de seguridad también fueron desafiadas. Pero se trató de reacciones espontáneas, movimientos de inercia de grupos sin coordinación entre ellos que no podían revertir el hecho concreto: huérfano de conducción tras diez años de permanencia en el poder, el peronismo derrotado no podía ofrecer una respuesta de conjunto para enfrentar el golpe militar.

Todo el imaginario de “los días felices”, la obra histórica de Perón que permitió el ascenso social de la clase trabajadora, que trascendía el nepotismo o la corrupción administrativa, fue impugnado desde el Estado. El poder militar caracterizó la década peronista como “el período más negro de la historia argentina”. Pero el peronismo, según el discurso castrense ya era parte del pasado. El país iniciaba una etapa fundacional.

Aun así, el presidente de facto Lonardi intentó incorporar a los vencidos para consolidar su proyecto de poder. Convocó a la CGT. Le prometió elecciones internas en seis meses y que no modificaría la Ley de Asociaciones Profesionales, ni se perderían los beneficios sociales. Incluso se comprometió a desautorizar a los comandos civiles que, con el respaldo de la Armada, tomaban por asalto las sedes sindicales, detenían a dirigentes y apaleaban a los obreros. Los comandos se habían desatado. Habían reclamado libertad y derechos humanos, pero promovieron la venganza. Ingresaban en todo establecimiento —hospitalario, social, benéfico— que tuviera la inscripción “Fundación Eva Perón” para saquearlo.

La delicada intervención de Lonardi en el cuerpo social peronista, propia de su pensamiento católico moderado, no obtuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Consideraban que tenía un programa político demasiado generoso con el enemigo. Los militares no tenían voluntad de adaptarse a un plan de conciliación. Le reconocían a Lonardi su calidad humana y moral, pero consideraban que no había entendido el problema. En la lucha contra el peronismo, había vencedores y había vencidos. No había empates. Lonardi se negaba a reprimir y a disolver al peronismo. En resumen: no reflejaba el “verdadero espíritu de la revolución”.

El 13 de noviembre de 1955 se produjo el golpe de Estado dentro del Estado. Lonardi fue desplazado. El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia y el vicealmirante Isaac Rojas, la vicepresidencia. Se inició una política de represión sin pudores contra el peronismo y los trabajadores. La versión más radicalizada de la Revolución Libertadora derribó todas las bases de poder que había capitalizado Perón a lo largo de una década. Proscribió al Partido Peronista, intervino la Fundación Eva Perón, la CGT, los gremios, restauró el control patronal en las fábricas y reemplazó el Congreso de la Nación por una “Junta Consultiva” integrada por opositores al gobierno derrocado.

La clave política del nuevo poder fue la “desperonización”.

Miles de dirigentes y activistas fueron arrestados y perseguidos. Las cárceles se llenaron de presos políticos. La Revolución Libertadora también atacó el poder simbólico del peronismo con la sanción de distintos decretos. El 4161, promulgado en marzo de 1956, consideraba que “en su existencia política, el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas”. Y dado que esos objetos, según la visión de los que acababan de tomar el poder por la fuerza de las armas, “ofenden el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen una afrenta que es imposible borrar; porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país, y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre argentinos”, Aramburu decidió la prohibición de las imágenes, las fotografías, los retratos, el escudo, la bandera y las palabras “peronista”, “justicialista” y “tercera posición”, además de “las fechas exaltadas por el régimen depuesto”, con penas de 30 días a 6 años de prisión, más multa, para quienes quebrantaran esa norma.

Perón era palabra prohibida. No se lo podía mencionar en público. Ni a él ni a su difunta esposa, y mientras secuestró su cadáver de la CGT y lo hizo desaparecer, la Revolución Libertadora mostró las joyas y los vestidos de fiesta de Evita como pruebas de la sustracción del dinero público. Las estatuas y los bustos de Perón y de su esposa fueron retirados de donde estuviesen; sus fotos fueron quemadas. Se habilitaron “comisiones investigadoras”. Todos aquellos que estuvieron vinculados al peronismo desde el Estado, el partido, los gremios o las fundaciones debían probar que no habían delinquido.

La “Revolución” tenía las manos libres para las razias y la represión. Incluso para torturar.

El escritor Ernesto Sabato, director del periódico cultural Mundo Argentino, publicó un detallado informe con el título “Vuelve la tortura”. Sabato denunció decenas de casos de tortura a militantes peronistas que tenían como escenario, incluso, el sótano del Congreso de la Nación. Los mencionó, de manera sorpresiva, en la radio del Estado, pero la transmisión fue cortada. La intervención del escritor fue traumática para el gobierno, porque hasta ese momento, en agosto de 1956, era parte de la intelectualidad filo-oficialista. Muchos de sus pares descalificaron a Sabato porque, con las denuncias, adujeron, “solo buscaba notoriedad para promoverse”.

El desafío que enfrentaron los “libertadores” fue qué hacer con la herencia peronista. Un sector proponía “educarlos” e integrarlos al sistema. Otros preferían una política de eliminación sistemática. Ninguna de las dos opciones tenía el camino allanado: la proscripción de Perón condicionaría el sistema político argentino en las dos décadas siguientes.

Desmanteladas las organizaciones sindicales, grupos de civiles peronistas, los “comandos clandestinos”, comenzaron a resistir la exclusión y la proscripción, para crear condiciones para el retorno de su líder. Los “comandos clandestinos” no expresaban la conciliación de clases: era un peronismo antisistema que enfrentaba a las patronales y a la dictadura militar con acciones de sabotaje en las fábricas y el transporte público.

Por primera vez desde 1945, el peronismo enfrentaba la hostilidad del Estado. Las estructuras en las que se había cristalizado su fuerza —el partido, los sindicatos, el Estado— habían desaparecido.

Perón no aceptó que su herencia se deshiciera en el olvido. Por entonces, primero desde Panamá en 1955, y luego desde Venezuela al año siguiente, tomó contacto con grupos de exiliados dispersos en Sudamérica y con los “comandos clandestinos” en la Argentina. Pobre de recursos económicos, sin infraestructura política ni familia que lo acompañase, pocos meses después de su caída Perón ya había sumado a su pequeño entorno a María Estela Martínez, conocida como “Isabel”, una bailarina argentina en gira por Centroamérica que lo ayudaba en las tareas de la casa. Sus dos colaboradores, que intentaban proteger su vida, Isaac Gilaberte y Ramón Landajo, sospechaban que la bailarina reportaría a algún servicio de inteligencia. Por entonces, había sectores militares y asesinos a sueldo en circulación con intenciones de acabar con su vida. Frente a esa eventualidad, Perón creía que podía convertir a Isabel en una “agente controlada” que brindara información falsa a sus enemigos con el fin de desconcertarlos. Sin que lo advirtiese, en forma inconsciente, Isabel, pensaba Perón, terminaría trabajando para él.

La subsistencia en el exilio era precaria. En la ciudad de Colón, en Panamá, Perón vivió en el hotel Washington, que era controlado por el Departamento de Estado. Tras su caída, los Estados Unidos habían caracterizado a su gobierno como la peor dictadura del hemisferio. Ahora, el entorno de Aramburu suponía que los Estados Unidos protegían a Perón. Pero su resguardo no se debía a una cortesía personal: lo mantenían “congelado”, disponible para un eventual regreso, en caso de que el gobierno militar fracasara y la situación política y social en la Argentina se volviese caótica.

Durante los primeros días de su exilio, Perón comenzó a escribir La fuerza es el derecho de las bestias. Antes que un tratado político o doctrinario, era la defensa de su obra de gobierno y una respuesta inmediata a la Revolución Libertadora. “Estos usurpadores del poder buscan en vano un justificativo a su tremendo crimen y, como todos los criminales, encuentran la explicación cargando a la víctima las culpas de su propio crimen”, escribió.

Durante todo 1956, la construcción política de Perón fue la venganza. Su objetivo era hacer crecer en el pueblo el odio contra el gobierno militar. Si bien sus destinatarios epistolares eran múltiples —escribió miles de cartas durante su exilio—, depositó su confianza en John William Cooke, un ex diputado peronista, promotor de los “comandos clandestinos”, al que designó como su heredero en caso de muerte. Para sublimar su debilidad política, Perón instigó un plan de insurrección popular en la Argentina. En su correspondencia transmitía que no dejaría de promover el caos hasta derribar al gobierno militar.

En el país había un sector que se oponía a la Revolución Libertadora y actuaba por fuera de los “comandos clandestinos”: los militares peronistas. Su potencial despertaba expectativas. Era una opción “salvadora” que podía revertir la coyuntura. Muchos oficiales que habían sido leales a Perón, o que se habían mantenido en la legalidad, sin rebelarse contra su mando, habían sido pasados a retiro por las Fuerzas Armadas. Algunos fueron confinados en el buque-cárcel Washington, en las aguas del Río de la Plata, y otros fueron obligados a no moverse de sus casas, bajo control militar.

Uno de estos casos fue el del general Juan José Valle. En marzo de 1956, Valle escapó de su encierro domiciliario, en la casa de su madre, y empezó a contactar a oficiales y suboficiales retirados y en actividad para promover un alzamiento contra Aramburu. Durante tres meses, Valle se movió en forma clandestina por la localidad de Avellaneda.

Además del general Juan José Valle, otro de los jefes de la rebelión que se gestaba era el general Raúl Tanco, que se había fugado de su arresto en una estancia. Ambos fueron contactando policías en el conurbano bonaerense, con la intención de captar voluntades y de evitar que reprimieran el alzamiento en marcha. La mayoría de las regionales de policía estaba intervenida por las Fuerzas Armadas. El plan rebelde preveía también el ataque a un arsenal militar, controlar las dependencias de la Marina en el puerto y la toma de unidades militares en Palermo, La Tablada, La Plata y La Pampa, con sublevaciones internas que serían acompañadas por grupos civiles. El objetivo mayor era tomar Campo de Mayo. Valle contaba con tres coroneles en esa unidad, Rubén Berazay, Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortines. Valle confiaba en que la adhesión mayoritaria de los suboficiales en el alzamiento terminaría provocando un cisma en las Fuerzas Armadas. La reacción popular en las calles luego de la proclama del golpe de Estado sería el factor desencadenante para el triunfo. El alzamiento no promovía la inmediata restitución de Perón a la Presidencia, pero sí lo habilitaba como candidato. Prometían elecciones para seis meses después de la victoria.

La génesis de la rebelión era vox populi para el Estado. Antes de que se iniciara, Aramburu ya había definido el instrumento jurídico con que sería reprimida: el fusilamiento. La ley marcial ordenaba que “todo oficial de las Fuerzas Armadas en actividad y cumpliendo actos de servicio, podrá ordenar juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar o no la pena de muerte por fusilamiento de todo perturbador”.

Para las Fuerzas Armadas, una persona que portara armas, desobedeciera órdenes policiales o incurriera en “actitudes sospechosas” podía ser fusilada. El decreto estaba preparado, aunque no había entrado en vigencia.

La mayoría de los jefes de los “comandos clandestinos” también estaba al corriente de la rebelión de Valle. Incluso algunos de ellos fueron encarcelados semanas antes de que estallara. Cayeron por delaciones o en celadas de inteligencia tendidas por agentes que se infiltraban en el alzamiento para ofrecer su compromiso.

Pese a las caídas en las semanas previas, Valle prosiguió sus tareas. Avellaneda era el centro neurálgico de la revolución de los militares y civiles peronistas. Ya tenía fecha: el sábado 9 de junio de 1956. En la primera acción en esa localidad, Valle pensaba tomar el Comando de la Segunda Región Militar y, en forma simultánea, la Escuela Industrial. De allí obtendrían un equipo transmisor para lanzar la proclama del levantamiento por medio de una interferencia radial.

La revolución se iniciaría cerca de las 23. En ese momento, habría miles de argentinos pendientes del relato de la pelea del boxeador Eduardo Lausse. La proclama sería la señal. A partir de entonces, se rebelarían las unidades militares ya previstas y se llamaría a la huelga general.

La realidad se ocupó de deshacer esos planes. En la noche del 9 de junio, tanto los que debían tomar el Comando de la Segunda Región Militar como el grupo radioperador que debía robar el equipo transmisor de la escuela no alcanzaron sus objetivos. La zona tenía alerta policial y todas las guardias habían sido reforzadas. La sublevación había nacido muerta, sin posibilidad de ser comunicada en forma masiva.

Además, esa noche, los movimientos que se preveían sincrónicos fallaron. Los sesenta policías que, se decía, participarían de las operaciones no aparecieron. Los civiles que irían en busca de las armas perdieron a sus contactos. Alrededor de veinticinco personas fueron detenidas y conducidas a la Comisaría 1ª de Avellaneda y de Dock Sud. Un civil que intentó tomar el equipo de transmisión del Automóvil Club Argentino, en Palermo, y establecer comunicación por radio con todo el país, fue baleado por la policía.

Muchas de las tareas secundarias, en las que estaban comprometidos grupos civiles, también se fueron abortando. Los que debían participar quedaron a la expectativa en su zona y luego se dispersaron. Las rutas no fueron cortadas, ni se tomó el control ferroviario de La Plata a Buenos Aires, como estaba programado.

Con el fracaso inicial de la operación que debía comunicar la proclama de Valle, el alzamiento quedó sin dirección, pero los planes continuaron en las unidades militares. La señal para la insurrección de Campo de Mayo era un apagón, que permitiría el desplazamiento de los insurrectos sin ser advertidos. Se decidió tomar la usina eléctrica. Pero el objetivo falló. En la noche del 9 de junio, cuando ya se había tomado el puesto de guardia con medio centenar de hombres, entre militares y civiles, las luces de los edificios de la guarnición continuaban encendidas.

El coronel Cortines, de todos modos, tomó la Agrupación de Infantería. Ibazeta, cuerpo a tierra con sus subordinados, se fue aproximando a la División de Blindados. Antes de la medianoche, además, ya tenían en su poder ocho vehículos de guerra. Faltaba el coronel Berazay. Había logrado reclutar a un puñado de hombres en la puerta 3 de Campo de Mayo, pero ante la precariedad de sus fuerzas, dio por disuelta la operación y se marchó hacia el Regimiento de Palermo, donde creía que existirían mejores condiciones para la sublevación.

La pérdida del contacto con Berazay dejó a Cortines y a Ibazeta a la espera de una orden. Ya no podían avanzar ni retroceder.

El ex mayor Pablo Vicente, esa misma noche, debía tomar la Escuela de Mecánica del Ejército ubicada en Pichincha y Garay. El levantamiento funcionaría como detonante para otras acciones, la toma del Regimiento de Infantería 3, el Arsenal de Guerra y la cárcel de Caseros. Se habían propuesto liberar a los “comandos civiles” detenidos. Todos los blancos estaban ubicados en el mismo radio de acción. Desde allí, los grupos civiles al mando de Vicente —sumarían varias decenas y se movilizarían en camiones— marcharían hacia la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra.

El complot de la Escuela de Mecánica se inició cuando militares y civiles, que contaban con la complicidad de los suboficiales de la guardia, traspasaron el acceso. El sargento Hugo Quiroga logró sublevar a medio centenar de aspirantes. La euforia duró unos minutos. El director de la Escuela movilizó al Regimiento Motorizado Buenos Aires, que, justo un año antes, había logrado recuperar el Ministerio de la Marina para el peronismo, el día de los bombardeos de 1955. Los rebeldes se rindieron ante la evidencia de su debilidad en la correlación de fuerzas.

Los civiles de Vicente quedaron en los bares de las inmediaciones a la espera de alguna señal. A partir de entonces, como había sucedido en Avellaneda, los planes en la Capital Federal se trastornaron. Los civiles se dispersaron entre los espectadores que salían del Luna Park, luego de ver la pelea de Lausse. Fracasada la acción en Pichincha y Garay, Vicente se movilizó hasta los regimientos 1 y 2 de Palermo. Solo encontró silencio: el complot también había sido abortado. Dentro de la unidad había veinte suboficiales detenidos, con la cara contra la pared, y después de la medianoche, los civiles que merodeaban la zona volvieron a sus casas.

El Regimiento 7 de La Plata era otro objetivo de la rebelión, a cargo del teniente coronel Osvaldo Cogorno. Tenía mando sobre cien hombres, entre militares y civiles. Cuando Cogorno se hizo cargo de la guarnición, ordenó la toma de la jefatura de policía, las centrales telefónicas y un arsenal de La Plata. La tropa sublevada marchó en tres tanques Sherman. Pero el “paseo” militar que preveían se frustró cuando la policía defendió su sede a los tiros. Lo mismo sucedió en la Segunda División del Ejército. Los sublevados tenían mayor capacidad de fuego que los leales. Podían haber lanzado los tanques sobre los blancos y entrar por asalto, pero los detenía el consejo de Cogorno: evitar el derramamiento de sangre. Prefirieron mantenerse a la distancia y disparar, a la espera de la rendición. En la madrugada, cuando ya habían llegado las noticias de que la rebelión de Valle había fracasado, el combate todavía no se había definido. La Plata era el único foco rebelde que se mantenía en pie. Pero con el correr de las horas los leales se reforzaron con una división de infantes de Marina procedente de Buenos Aires y una escuadrilla de aviones que ametralló el cuartel que todavía retenían los rebeldes. A las 9 de la mañana, Cogorno izó la bandera blanca.

Eran muchos los civiles que esa noche habían permanecido en alerta, escuchando la pelea por radio, a la espera de la señal de Valle para las tareas de apoyo. Uno de esos grupos se reunió en la casa de Juan Torres, en el barrio de Florida. Cuando una comisión policial entró en esa casa, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de Buenos Aires, preguntó dónde estaba el general Tanco y se los llevó a todos en un colectivo de línea a la Regional San Martín.

Los militares se enterarían del paradero de Tanco cuatro días después. Tras el fracaso de la toma de la Escuela Industrial, se había refugiado en una casa de Avellaneda. Luego se convirtió en el octavo sublevado que se refugiaba en la sede diplomática de Haití, ubicada en Vicente López. Por la noche, un grupo de marinos ingresó en la casa para llevarse a los asilados, en momentos en que el embajador daba cuenta de la situación en la Cancillería. Los militares detuvieron un colectivo de la línea 19, hicieron descender a los pasajeros, cargaron a los asilados y los secuestraron de la embajada.

En la noche del 9 de junio, los detenidos de la Comisaría 1ª de Avellaneda fueron trasladados a la Regional de Lanús. El responsable era el capitán de navío Salvador Ambroggio. De las veinte personas que llegaron, seis habían sido detenidas en el intento de la toma de la Escuela Industrial; el resto había sido aprehendido en la calle. Fueron ubicados en una sala grande, custodiados con armas largas. La radio retomó sus transmisiones y, por cadena nacional, a las 0.32 del día 10 de junio, el gobierno nacional anunció la entrada en vigencia de la ley marcial. Informó que los focos rebeldes estaban siendo sofocados y que dieciocho personas habían sido fusiladas en Lanús por intentar el asalto de una armería. La noticia era falsa. Se difundió para intimidar a los que todavía planeaban insubordinarse.

Las horas en la sala de la Regional pasaban sin otras novedades. Un civil los provocó: “A ustedes los van a matar a todos, ‘peronachos’ inmundos”. Después de un rato, un oficial de la custodia le pidió que dejara de molestarlos. Hubo un llamado telefónico que causó un giro de los acontecimientos. Ambroggio atendió la consulta y respondió. “Tengo veinte, dos militares y dieciocho civiles”. Luego agregó: “… seguros seis. El resto no sé. Todavía no les tomé declaración”.

Entonces los detenidos empezaron a ser llamados a declarar. Primero José Irigoyen, teniente coronel en actividad. Estaba con uniforme militar. Permaneció en el despacho de Ambroggio por unos minutos y lo hicieron salir por la puerta derecha hacia el patio. Una ráfaga de ametralladora y un tiro final acabaron con su vida. Luego vinieron a buscar a Jorge Costales, capitán del Ejército detenido en la Escuela Industrial cuando intentaba armar el transmisor. Vestía ropa de civil. Le hicieron dos preguntas de rigor y Ambroggio señaló con su índice la puerta derecha. Lo llevaron del brazo. Costales terminó como Irigoyen: ametralladora y tiro.

Ya había dos muertos en el patio de la Regional de Policía de Lanús. En la sala de espera lloraban. No había duda de que estaban fusilando. Un policía argumentó que eran cohetes. “Dante Lugo”, llamó el oficial de la guardia. Lugo se levantó, pasó por el despacho de Ambroggio y se fue por la puerta derecha.

Cada vez que aparecía el oficial en la puerta de la sala, los prisioneros temblaban. Ahora les tocaba a los hermanos Ross, Clemente y Norberto, ambos civiles. Los dos se despidieron con un abrazo. Primero fusilaron a uno. Luego al otro. El civil que molestaba volvió a llamar la atención. Desde un tragaluz se puso a observar el patio. “Vengan a ver esto, hay cadáveres apilados”. Faltaba uno. Osvaldo Albedro.

Después siguieron las citaciones desde el despacho, pero a los nuevos declarantes, Ambroggio les marcó la salida por la puerta izquierda. Ya no se escucharon nuevas ráfagas. Se hizo la mañana. Los policías trajeron facturas y ofrecieron café en la sala. Los detenidos fueron dejados uno a uno en libertad. Atravesaron el hall de la Regional. Cada policía hacía sus labores de rutina, denuncias, trámites. Los cadáveres seguían en el patio.

Los detenidos de la casa de Torres, en Florida, fueron llevados en colectivo a la regional de San Martín. Tuvieron que esperar más de tres horas para enterarse de algo. Habían sido arrestados antes de la aplicación de la ley marcial. Eso les daba tranquilidad. Pero un chiste de humor negro corrió por la sala en voz baja. “A ver si todavía nos matan…”.

Casi a las tres de la madrugada comenzaron a tomarles declaración y luego les entregaron sus efectos personales. Pensaban que pasarían la noche en el calabozo. No fue así. Fernández Suárez, desde La Plata —había ido a la capital provincial a defender la jefatura policial asediada por los rebeldes de Cogorno—, dio por radiotransmisor la orden de fusilamiento de todos los detenidos. Eran doce civiles. A las 5.30 de la madrugada fueron trasladados a la localidad de José León Suárez en un ómnibus policial y una camioneta. Recorrieron siete kilómetros. Cuando llegaron a un baldío, cerca del Club Alemán, la mitad de los detenidos bajó. El resto quedó en el ómnibus con la custodia. Los hicieron caminar en la niebla de la madrugada, entre la basura, y empezaron a ametrallarlos. Algunos suplicaron por sus vidas, otros escaparon corriendo. Los detenidos del ómnibus intentaron fugarse. Hubo nuevos disparos y cinco muertos. Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez, Francisco Garibotti, Mario Brion y Nicolás Carranza. Cinco escaparon del fusilamiento y otros dos, que fingieron estar sin vida en el basural, lo hicieron más tarde.

En Campo de Mayo, durante la madrugada del 10 de junio, Cortines e Ibazeta esperaron sin éxito las directivas de Berazay para continuar con el plan de la toma. Berazay hacía rato que había marchado hacia Palermo. Después de dos horas de incertidumbre, los sublevados decidieron rendirse antes que retroceder o escapar. A las 10 de la mañana se constituyó el tribunal militar para juzgar a seis militares —los coroneles Eduardo Cortines y Ricardo Ibazeta, capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, tenientes Néstor Videla y Jorge Noriega— y al mayor médico Juan Pignataro. Sus expectativas eran favorables: no habían matado a nadie ni disparado un solo tiro. El tribunal presidido por el general Juan Carlos Lorio tomó en cuenta este antecedente para decidir que no se les aplicara la pena de muerte. Pero a la noche el secretario de Guerra, general Arturo Ossorio Arana, informó al jefe de Campo de Mayo que los detenidos debían ser fusilados. Pese a la ilegalidad de la orden, Ossorio Arana decidió atenerse a la Convención Internacional de Ginebra para respetar la vida de uno de ellos: el médico debía ser exceptuado de la pena máxima. Para el resto, en cambio, no obstante la sentencia sumarísima del tribunal militar, bastó un decreto del Poder Ejecutivo, el 10364, firmado por Aramburu.

En la noche del 10 de junio, luego de arribar desde Rosario en el rastreador Drummond y de saludar desde el balcón de la Casa Rosada al pueblo reunido en la plaza para festejar la represión militar, el Presidente se recluyó en la residencia de Olivos. La esposa del coronel Ibazeta fue hasta allí a reclamar clemencia. Aramburu era el único que podía salvar a su marido del fusilamiento. Pero a las 2.30 de la madrugada del lunes 11 de junio solo obtuvo una respuesta: “El presidente duerme”. Había ordenado que nadie lo molestara.

La Escuela de Mecánica del Ejército también tuvo que resolver qué hacer con sus sublevados. Como el alzamiento se había iniciado antes de la vigencia del decreto que disponía la ley marcial, no podían ser sometidos a juicio por la pena máxima. Se resolvió fusilarlos sin la conformación de un tribunal militar. El lunes 11, los suboficiales Miguel Ángel Paolini y Ernesto Garecca, el cabo músico Miguel Rodríguez y el sargento Hugo Quiroga fueron ejecutados en la unidad militar de Pichincha y Garay. La misma suerte corrieron los suboficiales del Regimiento de Palermo Luciano Rojas, Isaura Costa y Luis Pugnetti. Arrestados antes de que iniciaran el plan de sublevación, fueron fusilados el mismo día en la Penitenciaría Nacional.

El coronel Cogorno escapó de La Plata tras la rendición. Lo acompañó el subteniente de reserva Alberto Abadie, que huyó en la madrugada del 10 de junio del hospital donde estaba siendo atendido. Herido, sus condiciones para la fuga eran precarias. Escaparon en un auto baleado, con botas de uso militar. Cogorno tenía una mancha de sangre en la camisa. En una estación de servicio de ruta fueron delatados. La policía los apresó y los llevó en helicóptero al Regimiento de La Plata. Cogorno fue fusilado el lunes 11. El subteniente Abadie, en cambio, fue curado de sus heridas en el hospital. Al día siguiente lo ejecutaron.

El embajador Jean Brierre ingresó en el Regimiento de Palermo y obtuvo la liberación de los peronistas que se habían asilado en su embajada. Luego volaron hacia Haití. Brierre fue declarado “persona no grata” y tuvo que partir.

El único alzamiento que logró emitir la proclama de Valle no tuvo fusilados. Ocurrió en La Pampa. La rebelión fue comandada por el capitán Eduardo Philippeaux. No esperó la proclama radial de Valle: a las 23, tomó su distrito militar local y mantuvo el control de Santa Rosa durante toda la noche. Por la radio local se leyó la proclama revolucionaria. Pero, durante la mañana, el Regimiento 13 de Caballería terminó con la rebeldía. No hubo muertos. Philippeaux huyó a San Luis, fue apresado, pero no lo fusilaron. Respetaron que se hubiera alzado antes de la difusión de la ley marcial.

Todavía faltaba Valle, que se había ocultado en un departamento en Buenos Aires. La presión era cada vez más insostenible. Los militares hicieron trascender que las ejecuciones continuarían hasta tanto él no se presentara ante las autoridades. Valle pidió condiciones para entregarse. Le aseguraron que no lo matarían ni habría más muertos. Este compromiso que recibió Valle también trascendió en la tapa del diario La Nación el día 11 de junio. “Las sentencias a muerte que se dicten en el futuro serán conmutadas, para lo cual el presidente ejercerá su poder de gracia”. También se lo reclamaron al general Aramburu miembros de la Corte Suprema de la Nación y de la Iglesia. Pero la única condición para asegurar la vida de los sublevados era que Valle se entregara. Los militares ya habían dado su palabra de que no lo matarían.

A las 4 de la mañana del día 12, el líder rebelde acordó un encuentro con una comisión militar al mando del capitán de Marina Francisco Manrique. Valle fue detenido, interrogado y trasladado a la Penitenciaría Nacional diez horas después. Su ejecución estaba prevista para las 10 de la noche del mismo día. Un obispo reclamó a Aramburu que demorara algunas horas para activar una gestión en la Santa Sede. Pero no hubo retraso ni clemencia. Valle fue ejecutado a tiempo, en día y hora, como estaba previsto.

El general Valle tampoco contó con la absolución de Perón.

El líder exiliado no había alentado la rebelión cívico-militar. Al contrario, la descalificó. El golpe “es la consecuencia lógica de la falta de prudencia que caracteriza a los militares. Ellos están apurados. Nosotros no tenemos por qué estarlo. Esos mismos militares que hoy se sienten azotados por la injusticia y la arbitrariedad de la canalla dictatorial, no tenían la misma decisión el día 16 de septiembre, cuando los vi titubear ante toda orden y toda medida de represión a sus camaradas que hoy los pasan por las armas”, le escribió a Cooke el 12 de junio, con los cuerpos de los sublevados todavía calientes.

Perón desautorizó posibles asonadas. No las apoyaría aun cuando invocaran su nombre. Ya había elegido la vía para su retorno: la resistencia civil. También la metodología: la insurrección. Los militares peronistas no le resultaban confiables, porque podrían prescindir de su liderazgo y volverse incontrolables a su mando. Tenía confianza en la “fuerza motriz” de su pueblo, el odio y la venganza.

La desesperación, el odio, la venganza, suelen concitar fuerzas aún superiores al entusiasmo y al ideal. Los pueblos que no reaccionan por entusiasmo solo reaccionan por desesperación: es a lo que se está llegando en nuestro país. Los fusilamientos no harán más que acelerar el proceso.

Perón no quería perder su rol de conductor en el exilio.

Hace cinco meses que impartí las instrucciones: mediante las fuerzas del pueblo se podría llegar al caos. La nuestra era una revolución social y este tipo de revoluciones habían partido siempre del caos y, en consecuencia, nosotros no debíamos temer al caos sino provocarlo y utilizarlo en provecho del pueblo. El caos económico y las miserias y privaciones emergentes harán que muchos otros se incorporen a la resistencia. Todo ese trabajo nos queda por realizar, ayudados por la incapacidad, la ignorancia y la violencia de nuestros enemigos. Hay que organizar la lucha integral por todos los medios.

Luego señalaba el camino de la resistencia:

El pueblo tiene que hacer guerra de guerrillas, que en la resistencia se caracteriza por la suma de todas las acciones. La suma de pequeñas violencias cometidas cuando nadie nos ve y nadie puede reprimirnos representa en su conjunto una gran violencia por la suma de sus partes. Debemos organizarnos concienzudamente en la clandestinidad. Instruir y preparar a nuestra gente para los fines que nos proponemos, agruparnos en organizaciones disciplinadas y bien encuadradas por dirigentes capaces, audaces y decididos, que sean respetados y obedecidos por la masa, planificar minuciosamente la acción y preparar adecuadamente la ejecución mediante ejercitaciones permanentes. Si para ello es menester utilizar al Diablo, recurriremos al Diablo oportunamente. Para esto el Diablo siempre está preparado.

Pese a las arengas revolucionarias, o quizá debido a ellas, el poder de Perón se disgregaba. Algunos de sus ex funcionarios, en busca de la “pacificación política”, empezaron a abrazar un nuevo proyecto: el peronismo sin Perón. La “capa blanda” de la dirigencia —como la denominaban los “sectores duros” para descalificarlos— buscaba actuar en la legalidad bajo el régimen militar. Lo mismo sucedía con muchos sindicalistas que antes lo veneraban. El poder del líder mostraba fisuras internas.

En términos legales, su situación era ruinosa. El Ejército le había retirado grados y honores. Las causas judiciales en su contra se multiplicaban y la Justicia pidió su extradición para juzgarlo por “traición a la Patria y asociación ilícita”. Asediado en todos los frentes, Perón intentaba levantarles la moral a sus leales para enfrentar al poder militar.

El 11 de julio de 1956 le escribió a Cooke:

Es necesario confesar que aunque fuéramos santos tendríamos que descuartizar a los traidores y asesinos de inocentes ciudadanos y prisioneros indefensos. Yo dejé Buenos Aires sin ningún odio pero ahora, ante el recuerdo de nuestros muertos y asesinados en prisiones, torturados con el sadismo más atroz, tengo un odio inextinguible que no puedo ocultar.

La pieza clave de toda esa etapa fueron las Instrucciones generales, que hizo llegar a los peronistas de la resistencia y de los comandos de exiliados para que las difundieran y aplicaran. En ellas anunciaba la necesidad de realizar crímenes contra sus enemigos y explicaba cómo preparar la “guerra de guerrillas” para el asalto final. Las Instrucciones… exhibían un grado de violencia tan manifiesto que muchos creyeron que eran apócrifas, pero él mismo se ocupó de confirmar su veracidad. Allí explicaba:

El enemigo debe verse atacado por un enemigo invisible que lo golpea en todas partes, sin que él pueda encontrarlo en ninguna. Un “gorila” quedará tan muerto mediante un tiro en la cabeza, como aplastado “por casualidad” por un camión que se dio a la fuga. Los bienes y las viviendas de los asesinos deben ser objeto de toda clase de destrucciones mediante el incendio, la bomba, o el ataque directo. Esta lucha debe ser implacable, recordando que en cada “gorila” que matemos está la salvación de muchos inocentes ciudadanos que si no, serán muertos por ellos. Los gorilas deben llegar a la conclusión de que el pueblo los ha condenado a muerte por sus crímenes y que morirán tarde o temprano en manos del Pueblo. Los medios para eliminarlos importan poco, hemos dicho que a las víboras se las mata de cualquier manera.

Perón también proponía organizar sectas “diabólicas”, bajo el nombre de Justicia del Pueblo, para combatir al gobierno militar de Aramburu:

Los parientes y los amigos de los muertos, los perseguidos y encarcelados, los desposeídos, etc., tienen derecho y obligación moral de formar parte de estas sectas destinadas al castigo de los culpables. Su organización tendrá carácter permanente y no se disolverán por ninguna causa antes de cumplido totalmente su cometido. Los que ingresen a ellas deben pensarlo bien antes porque no pueden desertar después. Se formarán: a) en cada ciudad, pueblo, establecimiento, etc., el número necesario de Sectas Territoriales. b) En cada organismo sindical, las correspondientes Sectas Gremiales. c) En cada circunscripción, departamento, etcétera, las Sectas Políticas correspondientes. Cada una de estas “Sectas” debe tener la lista de los enemigos del Pueblo, con sus correspondientes domicilios y datos personales, encabezadas por Aramburu y Rojas, como asimismo sus colaboradores directos e indirectos y los sicarios de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con estas listas, los asesinos y traidores del Pueblo serán condenados y se les aplicará la pena. No es necesario que sea inmediata, se puede esperar la ocasión hasta que se presente. Ellos deben saber que un día u otro serán sancionados.

En el epílogo de diez años de gobierno, la sociedad argentina había quedado dividida entre quienes lo idolatraban y quienes lo odiaban. Perón quería golpear con violencia y de cualquier manera para hacer el país ingobernable. La potencia de su mensaje, sin embargo, no llegaba en las mejores condiciones. La mayoría de las cartas que recibía eran controladas por servicios de inteligencia, y las que enviaba eran robadas, se perdían o arribaban a destiempo. También circulaban manuscritos apócrifos que entorpecían sus instrucciones.

Por su parte, Cooke, el jefe de la resistencia peronista, que debía poner en marcha sus instrucciones, había sido detenido en noviembre de 1955 y trasladado a distintas cárceles. En consecuencia, la capacidad del Comando Peronista que había creado Cooke era limitada, pese a sus esfuerzos. Sus miembros no tenían experiencia en acciones clandestinas y eran detenidos con frecuencia. De modo que las acciones de resistencia contra el gobierno militar —incendios a medios de transporte, sabotaje industrial o “caños” contra reparticiones públicas— eran realizadas por grupos espontáneos, con muchas dificultades operativas y fuera del control del Comando Superior Peronista que conducía Perón.

Aún guarecido en Venezuela, bajo la hospitalidad del dictador Marcos Pérez Jiménez, la seguridad de Perón seguía corriendo riesgos. El 25 de mayo de 1957, su Opel Kapitan había quedado arruinado por la explosión de una bomba. Fue el primer atentado directo. Perón no fue afectado porque no estaba en el auto, pero un colaborador resultó herido.

El líder exiliado continuó la convocatoria a la lucha durante todo 1957. Recibía a todo aquel que llegara de la Argentina para sumarlo a sus planes. Para cada visitante tenía una palabra de aprobación y de aliento, y buscaba estimularlos a todos por igual. Unir a todos detrás de una misión común. Pero sus órdenes, múltiples y a menudo contradictorias, provocaban enfrentamientos entre los dirigentes bajo su mando. Perón explicaba que la ambigüedad era un valor agregado para estimular la vida interna del movimiento justicialista. Luego intentaba reducir la intensidad de los conflictos que generaba. Si sus subordinados se salían de cauce, les restaba importancia a sus planteos o aducía problemas de figuración. Si el conflicto se prolongaba, afirmaba que alguien estaba abusando de una representación que no tenía.

Para Cooke, la facilidad con la que su jefe daba aliento a distintos grupos significaba un dolor de cabeza. Por más que fuese designado como “jefe de la División Operaciones del Comando Superior”, no lograba que se le disciplinasen con facilidad sin que mediara una orden directa de su jefe.

Después de los fusilamientos y de la imposibilidad de eliminar las estructuras gremiales del peronismo, el gobierno militar comenzó a buscar una salida política para no dilapidar el apoyo de los partidos que todavía lo acompañaban.

En 1957, convocó a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente que modificara la Carta Magna. Perón, que había llamado a votar en blanco, había quedado al tope del electorado con el 24,3% de los votos, apenas por encima de Balbín —Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP)— y de Frondizi —Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)—.

El resultado permitía interpretaciones ambiguas. Perón había retenido parte de sus fieles, pero estaba muy lejos del 62% que cosechara en las elecciones presidenciales de 1951. Los votos que había perdido los había captado Frondizi, más que Balbín, y la fuga podía continuar para las elecciones presidenciales de febrero de 1958. Con la proscripción del peronismo, uno de los dos sería el casi seguro vencedor de la contienda.

Para entonces, los dos líderes radicales ya actuaban en líneas separadas. Balbín, cada vez menos “intransigente”, se había acercado a los “unionistas” a fin de buscar sustento en la tradición antiyrigoyenista del partido, mientras intentaba seducir a “los libertadores” con su férreo antiperonismo para que le delegasen la herencia política oficial en la futura contienda. Frondizi, en cambio, inició un desplazamiento táctico inverso. Se diferenció del poder militar, se desligó de la estrategia de aniquilación del partido proscripto y con un discurso “nacional y popular” presentó un plan de gobierno para las masas peronistas con vistas a las elecciones presidenciales. Frondizi prometía restablecer la CGT, terminar con la persecución de dirigentes gremiales, normalizar los sindicatos que todavía permanecían intervenidos y decretar una amplia amnistía para los acusados de delitos “políticos”. Su plan de desarrollo industrial otorgaba a la producción petrolera el primer lugar del orden de prioridades.

Si a lo que cosechara por sí solo, Frondizi sumaba a los peronistas que habían votado “en blanco”, podía acceder al poder. Naturalmente, necesitaba un acuerdo con Perón.

Por entonces, a fines de 1957, el ex presidente comenzó a meditar un ajuste táctico para adecuarse a la nueva coyuntura. A dos años de su exilio, hizo un balance: la insurrección como método único para imponer su retorno no había ganado el fervor de las masas. Tampoco había logrado un estado de beligerancia con capacidad de desestabilizar al gobierno. Y a pesar de los panfletos que proclamaban “la hora se acerca” y “Perón vuelve”, y de la leyenda de que aterrizaría en la Argentina de un día para otro, la hora revolucionaria nunca llegaba.

La promoción del caos social podía ser un gesto de fe, de reafirmación de valores, pero no solo no le aseguraba el retorno, sino que además dejaba el terreno libre a nuevos actores políticos.

El más preocupante de todos era Arturo Frondizi.

Existía otro factor en el análisis: Aramburu se propuso extirpar al peronismo de la vida gremial y de todos los estamentos de la sociedad. Sin embargo, a pesar de la represión, los fusilamientos, la proscripción, la cárcel, las persecuciones y el accionar de los “comandos clandestinos”, hacia 1957, los sindicatos se habían consolidado como la estructura institucional del peronismo que mejor había sobrevivido al golpe de Estado. Representaban un poder con objetivos e identidad propios, y si bien festejaban en silencio las acciones de sabotaje, no acompañaban las directivas beligerantes de la “línea de Caracas” del líder exiliado.

Perón estaba lejos de engañarse: los sindicatos no se habían levantado en su defensa en 1955, no tenían relación orgánica con los “comandos clandestinos” y tampoco eran instrumentos de acción que pudiera manejar con facilidad para activar su regreso al poder.

Esta discordancia entre sus cartas y la realidad objetiva obligó a Perón a decidir entre dos alternativas: o continuaba con el plan de violencia insurreccional o realizaba un acuerdo político de cara a las elecciones presidenciales de 1958. Perón dejó correr las dos líneas estratégicas en forma simultánea. El arte de la conducción —decía— residía en no tomar decisiones ni un minuto antes, ni un minuto después, sino en el momento justo. De tal modo, ante la opción del caos o el acuerdo, la violencia o la política, Perón ofrecía a sus interlocutores señales ambiguas.

Frondizi también hizo su parte para desgastar a la Revolución Libertadora: sus setenta y siete delegados abandonaron la Asamblea Constituyente y el órgano fue perdiendo sentido y dejó de sesionar por falta de quorum. El gobierno de facto no solo perdió su oportunidad de reformar la Constitución, sino también la posibilidad de definir su continuidad en el poder a través de un gobierno civil electo.

La radicalización de Frondizi frente a la Revolución Libertadora, la promesa de una amplia amnistía y el libre desarrollo de la actividad de todos los partidos políticos condujeron al radical intransigente a su acercamiento con las masas. Frondizi había transgredido el pacto de la proscripción del peronismo, un juego que requería la colaboración de todos, militares “libertadores” y sociedad civil “democrática”.

Perón entendió que, aun sin su apoyo, Frondizi se estaba ganando la simpatía de su electorado vacante. Esta evaluación lo forzó a entablar un pacto con el líder de la UCRI. Escribió una larga lista de condiciones para apoyar su candidatura a la Presidencia. Además de restituirle sus bienes personales y los de la Fundación Eva Perón, Frondizi debía terminar con la persecución y las inhabilitaciones, tenía que normalizar la CGT y los sindicatos, legalizar el Partido Peronista, reemplazar a los miembros de la Corte Suprema y, sobre todo, convocar a nuevas elecciones presidenciales en el término de dos años.

En resumen, Perón quería que Frondizi le facilitara el camino para volver al poder. Frondizi, en cambio, quería captar su electorado y llegar a la Presidencia, pero no tenía intenciones de hacer méritos para el retorno del exiliado.

El pacto Perón-Frondizi estuvo listo para ser firmado a mediados de enero de 1958. Sin embargo, las negociaciones fueron alteradas por el estallido de la revolución en Venezuela. Perón, considerado un “colaborador” del régimen por los militares y los civiles revolucionarios, debió asilarse en la Embajada de la República Dominicana. Permaneció allí cuatro días con el tableteo de las ametralladoras como fondo. Afuera, más de mil personas zamarreaban el portón con la intención de derribarlo. Finalmente, los Estados Unidos intercedieron ante el nuevo gobierno para facilitar la salida de Perón.

Dos semanas antes de las elecciones presidenciales en la Argentina, Perón ordenó votar por Frondizi. El 23 de febrero de 1958, el candidato radical intransigente ganó la Presidencia con 44,79% de los votos. Balbín obtuvo el segundo lugar, con 28,90%.

Poco tiempo después, Perón empezó a desembarazarse de Cooke. Había sido funcional a su estrategia de “guerra revolucionaria” durante más de dos años y se había ocupado del armado de la “línea dura” del peronismo. Pero tras la firma del pacto, Perón lo puso en pie de igualdad con aquellos dirigentes que habían buscado relaciones más cálidas con la Revolución Libertadora y luego se acercaron a la política “integracionista” de Frondizi.

La influencia de Cooke dentro del movimiento se redujo con la creación del “Consejo Coordinador y Supervisor Peronista”, un nuevo “brazo táctico” de Perón en el que participaban activos representantes de la “capa blanda”. Los miembros del consejo se vigilaban unos a otros y reportaban en forma directa al líder exiliado. Con esa estrategia, Perón lograba un efecto doble: por un lado, socavaba el poder interno de Cooke; por el otro, al integrar la “capa blanda” a la conducción del movimiento justicialista, evitaba la diáspora interna.

En enero de 1959, la huelga obrera que resistió la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre bastó para que el Consejo Superior Peronista entrara en colisión con la línea de Cooke. Caracterizado por sus pares como “loquito y terrorista”, lo acusaron de promover una alianza de peronistas y comunistas en el conflicto. Cooke se sintió agraviado. Imaginaba que Perón saldría a respaldarlo. Le escribió que el Partido Justicialista, que se estaba legalizando en forma ambigua en algunas provincias, se estaba contaminando de “corruptos” que negociaban el fin de una huelga o su “integración” con Frondizi por dinero. Bajo la fachada de la “unidad” y la devoción al líder —le advirtió—, se estaban cometiendo las peores estafas.

A partir de entonces, y durante mucho tiempo, Perón dejó de escribirle y designó a otro delegado en su reemplazo.

Cooke, perseguido por el gobierno de Frondizi, pasó a la clandestinidad, fue marginado del movimiento justicialista y se asiló en Cuba, donde intentó convencer a los cubanos del carácter revolucionario del peronismo, y a Perón, de la necesidad de que el peronismo definiera una ideología para luchar por la liberación del proletariado, por medio de la “guerra de guerrillas”.

Perón permaneció inmune a sus imploraciones.

Bibliografía

Abós, Álvaro, Delitos ejemplares. Historias de la corrupción argentina. 1810-1997, Buenos Aires, Norma, 1999.

Aguirre, Osvaldo, “El crimen de Ingalinella”, en Todo es Historia, Nº 455, junio de 2005.

Almaraz, Roberto; Corchon, Manuel y Zemborain, Rómulo, ¡Aquí FUBA! Las luchas estudiantiles en tiempos de Perón (1943-1955), Buenos Aires, Planeta, 2001.

Amadeo, Mario, Ayer, hoy y mañana, Buenos Aires, Gure, 1956.

Amaral, Samuel y Ratliff, William (comps.), Juan Perón. Cartas del exilio, Legasa, Buenos Aires, 1991.

Andersen, Martin Edwin, La Policía. Pasado, presente y propuestas para el futuro, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Arnaudo, Florencio José, El año en que quemaron las iglesias, Buenos Aires, Pleamar, 1995.

Arrosagaray, Enrique, La resistencia y el general Valle, Buenos Aires, edición propia, 1996.

Baschetti, Roberto (comp.), Documentos de la resistencia peronista. 1955-1970, Buenos Aires, De la Campana, 1997.

Besse, Juan y Kawabata, Alejandro (comps.), Grafías del ’55. Otros repartos entre recuerdo y olvido, Buenos Aires, Ediciones de la Universidad de Lanús, 2007.

Bielsa, Rafael, “Discurso de homenaje al ex embajador de Haití en la Argentina Jean Brierre y señora”, Cancillería Argentina, 2004.

Bosca, Roberto, La iglesia nacional peronista, Buenos Aires, Sudamericana, 1997.

Caimari, Lila, Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955), Buenos Aires, Ariel, 1995.

Carbone, Alberto, El día que bombardearon Plaza de Mayo. 16 de junio de 1955, Buenos Aires, Vinciguerra, 1994.

Carulli, Liliana y otros, Nomeolvides. Memoria de la Resistencia Peronista. 1955-1972, Buenos Aires, Biblos, 2000.

Cichero, Marta, Cartas peligrosas. La apasionada discusión entre Juan Domingo Perón y el padre Hernán Benítez sobre violencia política, Buenos Aires, Planeta, 1992.

Cichero, Daniel, Bombas sobre Buenos Aires, Buenos Aires, Vergara, 2005.

Deleis, Mónica; De Titto, Ricardo y Arguindeguy, Diego, Cartas que hicieron historia, Aguilar, Buenos Aires, 2001.

Ferla, Salvador, Mártires y verdugos, Buenos Aires, Revelación, 1972.

Gambini, Hugo, Historia del peronismo. El poder total (1943-1951), Buenos Aires, Planeta, 1999.

Gerchunoff, Pablo y Antúnez, Damián, “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, en Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Godio, Julio, La caída de Perón. De junio a septiembre de 1955, Buenos Aires, Granica, 1973.

Gurruchagui, Eduardo, Bernardo Alberte, un militar entre obreros y guerrilleros, Buenos Aires, Colihue, 2001.

“Historia del peronismo. La segunda presidencia. El caso Duarte: ¿crimen o suicidio?”, en Primera Plana, Nº 289, 9 de julio de 1968.

“Historia del peronismo. La segunda presidencia. Las bombas de Plaza de Mayo”, en Primera Plana, Nº 301, 1º de octubre de 1968.

Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Buenos Aires, Legasa, 1984.

James, Daniel, “Sindicatos, burócratas y movilización”, en Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Lafiandra, Félix (recopilación y comentarios), Los panfletos. Su aporte a la Revolución Libertadora, Buenos Aires, Itinerarium, 1955.

Lamas, Andrés, Los torturadores. Crímenes y tormentos en las cárceles argentinas, Buenos Aires, Lamas, 1956.

Mazzei, Daniel, “La revancha de los gorilas. Ejército y peronismo entre 1955 y 1958”, en Camarero, Hernán; Schneider, Alejandro y Pozzi, Pablo (comps.), De la Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política en la Argentina, Buenos Aires, Imago Mundi, 2000.

Melon Pirro, Julio César, El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego de 1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Molinari, Aldo Luis, El caso Duarte, Buenos Aires, Compañía Impresora Argentina, 1958.

Nudelman, Santiago, El régimen totalitario. Torturas, presos políticos, negociados, Buenos Aires, edición del autor, 1960.

Page, Joseph A., Perón. Una biografía, Buenos Aires, Grijalbo, 1999.

Pan, Luis, La agonía del régimen. De junio a septiembre. 30 editoriales y artículos de La Vanguardia en el exilio, Buenos Aires, s/e, 1956.

Perón, Juan Domingo, Los libros del exilio I y II (1955-1973), Buenos Aires, Corregidor, 1996.

—, Correspondencia, tomos I y II, Pavón Pereyra (selec.), Buenos Aires, Corregidor, 1983.

Perón, Juan Domingo, Cooke, John William, Correspondencia, tomos I y II, Buenos Aires, Granica, 1973.

Rabinovitz, Bernardo, Sucedió en la Argentina (1943-1956). Lo que no se dijo, Buenos Aires, Gure, 1956.

Rock, David, La Argentina autoritaria. Los nacionalistas. Su historia y su influencia en la vida pública, Buenos Aires, Ariel, 1993.

Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina, vol. II, 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1998.

Ruiz Moreno, Isidoro, La Revolución del ’55. Dictadura y conspiración, Buenos Aires, Emecé, 1994.

Sabato, Ernesto, El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo, Buenos Aires, Imprenta López, 1956.

Sáenz Quesada, María, La Libertadora. De Perón a Frondizi. 1955-1958. Historia pública y secreta, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Scoufalos, Catalina, 1955. Memoria y resistencia, Buenos Aires, Biblos, 2007.

Sidicaro, Ricardo, Los nombres del poder. Juan Domingo Perón, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Sidicaro, Ricardo, Los tres peronismos. Estado y poder económico. 1946-1955/1973-1976/1989-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

Smulovitz, Catalina, Oposición y gobierno: los años de Frondizi/1, Buenos Aires, CEAL, 1988.

Torre, Juan Carlos, “Introducción”, en Los años peronistas, Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Torre, Juan Carlos y De Riz, Liliana, “Argentina desde 1946”, en AA. VV., Historia de la Argentina, Buenos Aires, Crítica, 2002.

Verbitsky, Horacio, La Iglesia en la Argentina. Un siglo de historia política (1884-1983), tomo I, De Roca a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Zavala, Juan Ovidio, Los hechos y sus consecuencias, Virginia, TiYM Publishing Co., Inc. /Mclean, 1999.

Filmografía

Favio, Leonardo, Perón. Sinfonía de un sentimiento, Capítulo 2.

XIV

La conmoción interna

En la guerra moderna el enemigo no es tan fácil de identificar. No hay frontera física que separe dos campos. La línea que marca la diferencia entre el amigo y el enemigo puede encontrarse muchas veces en el corazón de la nación, en la misma ciudad donde se reside, en el mismo círculo de amigos donde uno se mueve, quizá dentro de su propia familia. Es más bien una línea ideológica, que tiene que ser perfectamente bien descubierta si queremos determinar pronto quiénes son en realidad nuestros adversarios y a quiénes tenemos que derrotar.

ROGER TRINQUIER, en el libro La guerra moderna. El coronel francés fue uno de los máximos difusores de la doctrina antisubversiva en la Argentina, estudiado en la Escuela Superior de Guerra

El 1º de mayo de 1958, cuando asumió la presidencia, Arturo Frondizi expresó en el Parlamento el futuro del país que imaginaba: “El período revolucionario ha terminado hoy. De aquí en adelante las Fuerzas Armadas no deciden. Ahora deciden los representantes del pueblo. El Ejército retorna a sus cuarteles, la Marina a sus buques y la Aeronáutica a sus bases para cumplir las decisiones constitucionales. No deliberan más”.

HECHOS RELEVANTES

1958. Cercado por las Fuerzas Armadas, Frondizi no habilita al peronismo para la participación electoral. Continúa la prohibición de retornar al país sobre Perón.

1959. Tras un período de “huelgas revolucionarias” y de bombas caseras de la resistencia peronista, en octubre el grupo los Uturuncos instala un foco guerrillero en Tucumán. Es desarticulado en pocos meses.

1960. En marzo, Frondizi lanza el Plan Conintes para prevenir atentados, huelgas y protestas sociales. Las fuerzas de seguridad encarcelan y torturan, y los detenidos son condenados por tribunales militares.

Comienza a influir en las Fuerzas Armadas la doctrina del “enemigo interno” que la Escuela Militar Francesa había aplicado en Indochina y Argelia. La tortura es admitida como “tarea de inteligencia” para la “guerra contrarrevolucionaria”.

1961. La proscripción del peronismo y el impacto de la revolución cubana y su imperativo moral de “hacer la revolución” activan las condiciones para la guerrilla en la Argentina.

Frondizi busca una política de “neutralidad” frente a Cuba. El 18 de agosto se reúne en secreto con el Che Guevara en Olivos. Tres días después, las Fuerzas Armadas lo obligan a ratificar que el país seguirá siendo “occidental y cristiano”.

1962. En su intento por derrotar al peronismo, Frondizi lo habilita para las elecciones de marzo en la provincia de Buenos Aires. El peronismo vence a la UCRI y Frondizi anula las elecciones.

El 29 de marzo, las Fuerzas Armadas deponen a Frondizi y lo recluyen en la isla Martín García.

Su expresión de deseos no tenía relación con la realidad. Las Fuerzas Armadas consideraban “inmoral” que Frondizi hubiera pactado con “el tirano prófugo” y algunos oficiales propusieron desconocer su triunfo. Finalmente lo aceptaron y le permitieron acceder a la Casa Rosada. Aun así, mantuvieron sus convicciones: no tolerarían la rehabilitación del peronismo, ni su presencia, “en forma cubierta o encubierta”, en el nuevo gobierno.

Los choques del poder militar con Frondizi fueron constantes. Le hicieron planteos, lo amenazaron, conspiraron contra su presidencia. Hasta que un día lo depusieron y lo encarcelaron. Frondizi no pudo cumplir el pacto con Perón. Derogó en forma parcial el decreto 4161, permitió que se hiciera propaganda peronista y se utilizaran los símbolos y las imágenes partidarias, pero mantuvo la prohibición de su regreso. El PJ tampoco pudo actuar en los procesos electorales.

Frondizi intentó poner al país en la senda de la “industrialización acelerada” con la producción de bienes durables de consumo y de capital, y combatir el “retraso estructural” del país. Un área clave fue su política petrolera. Para alcanzar el autoabastecimiento en la producción, y en contradicción con las promesas de campaña y de su obra Petróleo y política, Frondizi favoreció la inversión de capitales extranjeros en el sector. Las compañías Standard Oil, Panamericana y la Banca Loeb (Estados Unidos), Royal Dutch (Holanda), ENI (Italia), entre otras, obtuvieron contratos de explotación petrolera.

El abandono del “antiimperialismo retórico” —como lo caracterizaría su consejero Rogelio Frigerio— provocó el malestar obrero. En Mendoza, tres mil trabajadores pararon por veinte días. Hubo incendios de pozos petroleros. La dirigencia gremial peronista intentó que sus bases no se sumaran al conflicto, pero los consejos fueron desoídos: peronistas y obreros de izquierda se unieron en la agitación. Otro conflicto significativo en el gobierno de Frondizi fue el que se suscitó en el frigorífico municipal Lisandro de la Torre, en Mataderos. El Poder Ejecutivo ordenó su privatización —el Parlamento aprobó la ley en sesiones extraordinarias— y Frondizi viajó a los Estados Unidos en busca de inversores.

Los nueve mil operarios dispusieron una huelga que el Ministerio de Trabajo declaró ilegal. Ese enero de 1959, más de dos mil policías, tropas de la Gendarmería y el Ejército rodearon el frigorífico e ingresaron con gases lacrimógenos. Hubo casi cuatrocientos detenidos y simulacros de fusilamiento. La violencia estatal provocó un clima de insurrección urbana, con movilizaciones y atentados con bombas caseras contra comités de la UCRI, vías ferroviarias y una sede diplomática de los Estados Unidos en La Plata. La unión de peronistas con grupos de izquierda volvió a preocupar al Ejército y también a la “capa blanda” del peronismo, que se oponía a la jefatura local de Cooke.

Los conflictos de petroleros y de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre fueron consecuencia directa del “Plan de Estabilización y Desarrollo” de la economía acordado entre Frondizi y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue la primera avanzada del liberalismo ortodoxo en el país: devaluación de la moneda, reducción del gasto público, mercado libre de cambios, liberalización de precios, eliminación de subsidios a productores y de controles al comercio exterior. El ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, que promovió el acuerdo, entendía que el sacrificio sería temporal. “Hay que pasar el invierno”, graficó. Las medidas eliminaban las conquistas sociales del peronismo y revertían la distribución de la riqueza para transferirla de manera progresiva hacia el capital extranjero. La pérdida de empleo en el sector industrial y en empresas estatales se produjo en el marco del estado de sitio y la movilización militar. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en aliadas del capital extranjero. Muchos militares en actividad o en situación de retiro se incorporaron a los directorios de las empresas. La economía entró en recesión.

La creciente ofensiva patronal para reimponer las condiciones laborales previas al peronismo sumó más tensión al gobierno de Frondizi.

En el aspecto gremial, las nuevas comisiones internas, que obraban por fuera de las burocracias sindicales y partidarias del peronismo, resistían en defensa de la redistribución de la riqueza establecida entre 1946 y 1955. En el plano político, la UCRP, su adversario interno, siempre molesta con Frondizi por haber “utilizado” al peronismo para llegar al poder, lo criticaba por despertar a un “gigante dormido” que ahora era difícil de domesticar. En la esfera castrense, el Ejército, en constante estado de deliberación interna y con la conspiración como modus operandi, pidió la cabeza de Rogelio Frigerio, considerado la “eminencia gris” de Frondizi. Sus antecedentes irritaban: tenía un no disimulado pasado comunista y había sido uno de los gestores del pacto con Perón. Ahora negociaba con los dirigentes sindicales desde la Secretaría de Relaciones Económico-Sociales. Frondizi lo despidió del cargo pero lo retuvo a su lado como consejero. Vigilado en forma constante, Frondizi intentó desprenderse del sometimiento de las Fuerzas Armadas, siempre amenazantes para la ejecución de un golpe de Estado.

A fines de 1959, el primer foco guerrillero se instaló en el monte tucumano con un grupo de veinte peronistas. Contaban con el apoyo de Cooke, que había abandonado la dirección partidaria a inicios de ese año. Los uturuncos —“hombres tigre” en quechua— querían instalarse como vanguardia revolucionaria y promover la agitación popular para el retorno de Perón al poder. Uno de los ideólogos era Abraham Guillén, un republicano español exiliado en la Argentina. Fue uno de los primeros teóricos de la guerrilla. Para él, la revolución era un acto de voluntad. Pensaba que una minoría revolucionaria, con un programa de liberación, podía funcionar como una locomotora de la movilización de masas, con sus actos y propaganda. La guerrilla debía ser el brazo armado del pueblo. Para su formación, no se necesitaba más que un grupo de diez a veinticinco hombres físicamente aptos, moralmente resistentes y políticamente educados. Hasta aquí coincidía con el Che Guevara. Pero, a diferencia de este último, Guillén entendía que la acción del núcleo guerrillero no era suficiente si no formaba parte de un amplio movimiento popular de masas. La acción del foco debía enmarcarse en un proceso insurreccional. Así se desarrollaría la ofensiva revolucionaria.

Hasta ese momento —septiembre de 1959—, las “huelgas revolucionarias”, las bombas y los alzamientos de militares peronistas no habían resultado eficaces como plan insurreccional. De ahí que, junto con Cooke, Guillén diseñara la instalación de un foco guerrillero en el monte para activar la insurrección en las ciudades. El intento sería desarticulado en menos de un mes.

La acción de la guerrilla peronista funcionaba como un mensaje para Frondizi y las Fuerzas Armadas: si querían evitar que el peronismo se volcara a la insurrección, debían legalizarlo. Los uturuncos, decían, no tenían nada que ver con el justicialismo. Son “representantes de ideologías extrañas a la tradición cristiana de nuestro Movimiento”. De todos modos, tanto los “peronistas insurreccionales” como los dirigentes de la “capa blanda” integrados al sistema político pronto compartirían la prisión.

A inicios de la década de 1960 se multiplicaron los hechos de violencia. Los militares se lo recriminaban a Frondizi. Además de la revuelta urbana en torno al frigorífico Lisandro de la Torre, las huelgas obreras y el foco guerrillero en el monte tucumano, se sumaba la acción de comandos de resistencia que atacaban las empresas petroleras, las usinas eléctricas, las plantas de gas o el transporte ferroviario.

Uno de los atentados de mayor magnitud desde la caída de Perón fue realizado en Córdoba en febrero de 1960. Una carga de explosivos sobre el depósito de combustible de la petrolera Shell provocó trece muertos y la pérdida de cuatro millones de litros de nafta. El sabotaje fue obra de la Central de Operaciones de la Resistencia (COR), una estructura militar peronista dirigida por el general (RE) Miguel Ángel Iñíguez, que contaba con comandos peronistas civiles subordinados en casi todas las provincias.

El atentado que los militares vivieron de forma más personal fue la bomba de trotyl que demolió la casa en Olivos del mayor del Ejército David René Cabrera, miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que investigaba las acciones de la resistencia. La bomba mató a su hija Guillermina, de 3 años. Para entonces, había robos en arsenales militares, atentados en el Círculo Militar, en el Departamento Central de la Policía y en unidades de la Marina y la Aeronáutica. También se atacaban las guardias de centinelas y soldados conscriptos. Según la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los atentados eran instigados por grupos de inteligencia militar y policial, que proveían de armas y explosivos a ejecutores civiles, para luego desatar la represión del terrorismo e instalar una dictadura.

Los uturuncos se instalaron en el cerro El Calao, cercano a la ciudad de Concepción, en Tucumán. Uno de sus líderes era el “Gallego” Manuel Mena, dirigente peronista del movimiento azucarero. Contra sus recomendaciones, tras dos días en la montaña, los uturuncos descendieron e iniciaron las acciones armadas. Intentaron atacar el cuartel de bomberos, tomaron la oficina ferroviaria de la capital tucumana—obtuvieron cuatro fusiles Winchester modelo 1884—, y asaltaron una pequeña comisaría de Alto Verde. Los guerrilleros se pusieron en evidencia con muy poco tiempo de instrucción armada y además carecían de una sólida red de enlace urbano. Cuando uno de ellos volvió a bajar a Concepción en busca de abastecimiento, fue detenido y parte del foco fue desbaratado. Otro grupo uturunco, con la idea de realizar ataques sorpresivos, con unidades móviles y rápidas, planificó una acción en Santiago del Estero. Lograron el compromiso de Félix Serravalle, el “Comandante Puma”, ex obrero de Obras Sanitarias, con experiencia insurreccional. En la madrugada del 25 de diciembre de 1959, redujeron la comisaría de Frías, una de las tres ciudades más importantes de la provincia. Se llevaron armas y uniformes, y regresaron al monte tucumano con un camión robado de Obras Sanitarias. Desde Buenos Aires, Cooke y su esposa, Alicia Eguren, reclutaban militantes, los adiestraban militarmente y los enviaban al monte para consolidar el foco. La posibilidad de ser parte de una experiencia guerrillera fascinaba a muchos jóvenes. Pero la falta de comida y la hostilidad de la geografía en la temporada de lluvia, que los obligaba a constantes desplazamientos, fueron minando las fuerzas de los uturuncos. Al cabo de unos meses, tras las detenciones de Mena y Serravalle, la policía y el Ejército tenían cercados a los guerrilleros y a sus enlaces en poblados y ciudades. En junio de 1960 un grupo guerrillero fue apresado en un aserradero. Aunque algunos escaparon, un mes más tarde, ya no pudieron volver a subir al monte y no quedaban lugares seguros en los poblados. Los uturuncos fueron detenidos y juzgados por un tribunal militar. Todos fueron torturados y recorrieron distintos penales.

Como fuese, el “caso Cabrera” fue el límite para el Ejército. Al día siguiente, y luego de una reunión con las jefaturas de todas las fuerzas de seguridad, Frondizi fue forzado a enviar al Parlamento una ley federal de represión contra actividades terroristas. El día que la ley fue votada en el Parlamento estalló una planta de gas en Mar del Plata.

El 14 de marzo de 1960 comenzó a regir en todo el país el Plan Conintes (Plan de Conmoción Interna del Estado). El plan fue el órgano jurídico de aplicación de la represión. Perón lo había creado en 1951, tras la rebelión de Menéndez. Pero no lo había utilizado. Ahora era un instrumento represivo no solo contra “los terroristas”, sino también contra la movilización obrera, el peronismo y la izquierda. En el marco del Plan Conintes se aplicaron las leyes “de organización de la Nación para tiempos de guerra” y “de sabotaje y espionaje”, que se habían sancionado a fines de la década de 1940, se dictaron decretos de proscripción del peronismo y el comunismo, y se dispuso la intervención sobre los sindicatos. Las fuerzas de seguridad ya tenían las manos libres para disciplinar, encarcelar, acusar, torturar y condenar. También podían controlar el pensamiento y las expresiones disidentes. Los tribunales militares juzgarían a la población.

Ningún acusado tenía derecho a recurrir a la justicia civil. Desde el 14 de marzo de 1960, miles de domicilios fueron allanados y los dirigentes del peronismo, fuesen “integracionistas” o “insurreccionales”, legales, semilegales, públicos o clandestinos, fueron encarcelados. También se prohibió la propaganda por el voto en blanco y se clausuraron las sedes del PJ. Las policías provinciales se militarizaron y se subordinaron a las Fuerzas Armadas. El país fue dividido en áreas, zonas y subzonas operacionales. Para los mandos castrenses, la “guerra revolucionaria”, inspirada y dirigida por el comunismo internacional, con “mano de obra peronista”, había comenzado.

El mayor temor de los detenidos del Conintes era la orden de fusilamiento. En el plan represivo estaban involucradas distintas estructuras de la seguridad del Estado: la SIDE, Coordinación Federal, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Escuela de Mecánica del Ejército y las seccionales de policía de Dock Sud, Lanús y Avellaneda, además de otros comandos instalados en las provincias.

Así empezaron los tormentos. En el sur bonaerense se hacían allanamientos de madrugada sin órdenes judiciales. Los detenidos eran atados en una mesa: el cable electrizado, el cuerpo humedecido, luego las torturas y el calabozo sin agua ni comida. En Lanús, el jefe más temido era el comisario Polo, quien tenía por auxiliares a Juan Soto y al “Chiquito”, un ex boxeador de dos metros que ablandaba al acusado a golpes. No era el único boxeador empleado por la represión. Barros Sosa, ex campeón de box y oficial de la policía tucumana, hacía horas extra trabajando para el Ejército.

Cuando el Plan Conintes ya tenía miles de detenidos, torturados y condenados, se constituyó una Comisión en la Cámara de Diputados que visitó distintas cárceles para recoger las denuncias de sus víctimas. La primera fue el penal de Ushuaia. Allí permanecía un lote de cuarenta y tres condenados con penas de entre 2 y 18 años de prisión, alojados en celdas mínimas, sin silla ni mesa, con dos recreos diarios de una hora, un envío postal cada quince días y sin acceso a lectura de libros y revistas. Muchos de los detenidos provenían de Mar del Plata. El circuito de represión en el balneario se iniciaba en la base naval.

Cuando la comisión de Diputados entró en el penal de Viedma, Río Negro, en junio de 1961, pronto advirtió el contraste. Uno de los presos, el uturunco Enrique Oliva, les comentó que todavía olían a Buenos Aires, a las “comodidades europeas”; en cambio, ellos estaban subalimentados y olían mal. Los diputados llegaban desde el suntuoso “palacio de las leyes”; ellos eran prisioneros de una casta militar.

En casi un año de detención, los cuarenta y siete detenidos habían recorrido varias prisiones. Ahora llevaban siete días de huelga de hambre. Se habían juramentado no comer. Oliva continuó:

Ustedes son la fuerza de la oligarquía que llegó a la Patagonia trágica y violenta. Aquí la oligarquía escrituró a su nombre las mejores tierras del país, que eran de los gauchos y los indios. Ustedes son los representantes de un país que acá no existe.

Oliva hizo revisionismo. Trazó una huella de las tradiciones y las luchas populares en la historia argentina. Habló de las masas, de la sangre de gaucho, de la defensa contra las invasiones inglesas, de los degüellos a los vencidos, de la fuerza pretoriana de los regímenes políticos, del aluvión zoológico, de Perón, y luego, de la proscripción y la persecución a los humildes. A ellos se los condenaba por rebelarse: “Nos han dejado fuera de la historia pero queremos demostrar que estamos dentro de ella”.

El comité de reclusos representaba una civilización desplazada. Los diputados, otra. Oliva prosiguió:

En estas cárceles estamos nosotros con estos uniformes infames, pero acá no encontrarán a ningún militar que haya bombardeado a sus propias ciudades, a nadie que haya firmado concesiones al extranjero ni a abogados de empresas imperialistas. No encontrarán a ningún ganadero. En cambio, van a encontrar a un pobre viejo encorvado, prisionero desde hace seis meses por faenar una vaca para darle de comer a su familia. Una vaca que estaba destinada a venderse al extranjero. Nos han juzgado peor que si fuéramos ganado. Nos han torturado mientras ellos fumaban, comían y bebían. Y sin embargo, en el palacio de las leyes, cada vez que mencionan a las Fuerzas Armadas es para otorgarles ascensos y representaciones en el exterior. Quienes hemos sufrido el martirio de la picana eléctrica, quienes padecimos quemaduras en nuestras carnes desnudas, sentimos repercutir en nuestros cuerpos el dolor punzante de cada golpe, reclamamos en contra de esta monstruosidad que repugna la dignidad humana y asquea al argentino íntegro.

Para los condenados, la visita de los diputados solo serviría para documentar ante la historia el drama en que vivían. Nada más.

En el Plan Conintes se advirtió la influencia pedagógica de la doctrina contrarrevolucionaria de la Escuela Militar Francesa. Tenía una serie de características que modificaban de raíz la Doctrina de la Defensa Nacional sobre las hipótesis de conflictos bélicos con los países vecinos.

Los franceses internalizaron el concepto de que el adversario ya no se separaba por fronteras geográficas. El nuevo enemigo era interno. Se ocultaba y mimetizaba entre la población, que resultaba sospechosa de prestarle ayuda y colaboración. El territorio del país se transformaba en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas debían conseguir información sobre el enemigo para conocer la estructura de su organización y destruirla. Debían interrogarlo, hacerlo hablar.

Para la Escuela Militar Francesa, la tortura era una “tarea de inteligencia”, la esencia misma de la “guerra contrarrevolucionaria”, que era acompañada por una batería de técnicas militares, la infiltración, la represión clandestina, fuera de los marcos legales, la posesión de alojamientos para los “interrogatorios” y la producción de acciones psicológicas que generasen terror sobre la población.

A partir de la década de 1950, en distintas misiones de estudio y capacitación, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas asimilaron el corpus ideológico y la experiencia de combate de sus pares franceses en sus guerras coloniales de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962). Aunque en la Argentina no se luchaba para terminar con un régimen colonial, como lo hacían los vietnamitas o los argelinos, la estrategia militar francesa se aplicó para extirpar el peronismo del sistema político, la acción guerrillera y eliminar la conflictividad de la clase trabajadora. En el encuadre militar francés, toda la protesta social, gremial o política tenía por objetivo subvertir el orden legal y amenazaba la civilización occidental y cristiana. Todo activista era un subversivo, un “infiltrado” en el cuerpo de la sociedad.

El conflicto se había internacionalizado: la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética expresaba el enfrentamiento entre dos civilizaciones, que obligaba a una nueva estrategia de defensa para el hemisferio occidental: un activista social y político de una fábrica bonaerense, un militante juvenil, un obrero que saboteaba en las vías, lo supiera o no, era un agente encubierto del “comunismo internacional” y el materialismo ateo. El Plan Conintes estaba inscripto en este “extremismo ideológico” que debía ocultar sus procedimientos militares porque eran ilegales.

En el polo ideológico opuesto, el de la violencia revolucionaria, se afirmaban las teorías de Franz Fanon y Ernesto “Che” Guevara.

En sus visitas a la Escuela Superior de Guerra, los militares franceses transmitieron su experiencia de combate en la defensa de sus regímenes coloniales. La “guerra revolucionaria” se había originado en Indochina, cuando las tropas regulares francesas fueron derrotadas por el ejército popular norvietnamita, liderado por Ho Chi Minh y el jefe militar Vo Nguyen Giap. Fue un enfrentamiento no tradicional, sin frentes ni fronteras. Giap libraba combates en la oportunidad y el lugar en los que el enemigo se encontraba más débil, vencía y luego se dispersaba. Así iba minando la moral de las tropas enemigas. La población vietnamita ofrecía resguardo a sus combatientes. Francia aceptó su independencia en 1954. Argelia, con una revuelta iniciada ese mismo año, también lograría la liberación del colonialismo francés. Para evitarla, Francia estableció la metodología de la “guerra sucia”, con escuadrones de la muerte, torturas, desapariciones y guerra psicológica. Esta era la nueva fórmula para combatir la “guerra revolucionaria” apoyada por el “comunismo internacional”. Las academias militares argentinas adaptaron sus programas de estudio y reestructuraron el Ejército según las normas francesas. El general Osiris Villegas fue uno de los principales teóricos de esa transformación.

Desde Los condenados de la tierra, Franz Fanon, psiquiatra caribeño que participó en la guerra de liberación argelina, afirmaba que “el hombre colonizado se libera en y por la violencia”. La contradicción entre imperialismo opresor y nación oprimida debía resolverse con la violencia popular. Esta idea era acompañada por el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. En el prólogo de Los condenados… concluyó que “en los primeros momentos de la rebelión, hay que matar: matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre. El superviviente por primera vez siente un suelo nacional bajo las plantas de sus pies”.

Si hasta entonces, para buena parte del marxismo, era la lucha de clases en los países centrales lo que motorizaba las ruedas de la revolución, para Fanon —y otros intelectuales de izquierda del Primer Mundo— solo la emancipación de esa periferia empobrecida y explotada del Tercer Mundo pondría fin al capitalismo. Con este análisis, la cuestión nacional pasó a ser la clave del conflicto.

El pueblo debía tomar conciencia de su condición de oprimido. A mayor represión, mayor profundización de esa conciencia. Según este esquema, la independencia debía ser iniciada por una vanguardia revolucionaria que provocara la desestabilización política, desnudara la identidad represiva del opresor y profundizara la conciencia del oprimido. Allí comenzaba la verdadera liberación del hombre.

La violencia como táctica política pasó a ser clave de debate en distintas esferas intelectuales en la Argentina. Pero las discusiones no eran un todo autosuficiente. El compromiso militante era la praxis: entregarse de manera concreta y absoluta a la lucha armada. Para transformar las desigualdades, la pobreza, la miseria, el hambre y el abuso de los poderosos no bastaban solo las discusiones: para ser revolucionario había que hacer la revolución.

El impacto de la Revolución Cubana y las teorías expresadas en La guerra de guerrillas del Che Guevara también funcionarían como disparadores de la acción revolucionaria en el plano local. La experiencia de los guerrilleros cubanos permitía deducir que, con apoyo popular, se podía ganar una guerra contra el Ejército. El foco insurreccional podía crear las condiciones para la revolución. Esa vanguardia orientaría y revitalizaría la lucha de las masas. La lucha guerrillera, sus acciones militares, era su polea de transmisión.

El aporte doctrinario de Guevara estaba enfocado en la moral del guerrillero, como representante de la vanguardia del pueblo oprimido, dispuesto a destruir los privilegios de un orden injusto. El ejército regular era superior en hombres y armamentos. Pero la supremacía moral del guerrillero sobre el soldado enemigo, su coraje y su entrega sellarían la victoria revolucionaria. En la teoría guerrillera, pequeñas victorias militares sumadas conducirían a la victoria final. Si para la Escuela Militar Francesa la tortura se establecía como método de la lucha contrainsurgente, para el guerrillero su arma era la moral revolucionaria. La tortura buscaba quebrar esa moral, degradarla. El guerrillero, a su vez, consciente de la posibilidad de morir en la lucha o de ser torturado en caso de ser detenido, estaba determinado a dar la vida, como un imperativo moral categórico.

El Che Guevara simbolizó un mensaje sin matices para la militancia juvenil. Una entrega personal sin cálculos ni mediaciones por un proyecto colectivo: revolución o muerte.

En agosto de 1961, como representante de Cuba, Guevara participó en Punta del Este (Uruguay) de la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES). El encuentro sirvió para presentar la Alianza para el Progreso, con la que los Estados Unidos, con la promoción del desarrollo económico de las democracias, intentaban prevenir a los países subdesarrollados para que “no continuaran cayendo en el comunismo”. Unos meses más tarde, Estados Unidos lograría la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la aislaría del continente. Frondizi aprovechó la reunión en Punta del Este para invitar a Guevara a un encuentro secreto en Buenos Aires en la residencia presidencial de Olivos. Intentó evitar que los militares se enterasen de su presencia, pero no lo logró. Al día siguiente de la visita de Guevara, las Fuerzas Armadas obligaron al Presidente a ratificar, por cadena nacional, que la conducción de la política internacional del país continuaba siendo “occidental, cristiana y democrática”. La pretensión de Frondizi de adoptar la neutralidad frente a la Revolución Cubana, la llegada de Guevara, la elección del veterano legislador socialista Alfredo Palacios en la senaduría de la Capital Federal —adhiriendo a Cuba en los actos de campaña— fueron hechos que alimentaron la línea golpista de las Fuerzas Armadas, dispuesta a romper el orden constitucional.

La audacia de Frondizi en materia exterior se trasladó al orden interno cuando aceptó la intervención del peronismo en las elecciones legislativas de marzo de 1962. El anuncio causó irritación en el ámbito castrense. Frondizi evaluó que estaba en su mejor momento político; la economía había superado la etapa de peor recesión; el general Carlos Toranzo Montero, que había provocado una crisis militar con un amotinamiento en Campo de Mayo casi tres años antes, había sido relevado y perdido su liderazgo. En el Ejército ahora primaba la “facción legalista”, que creía en la continuidad tutelada del sistema político, con un presidente civil de autonomía condicionada; el Plan Conintes se había terminado. Además, a fines de 1961, Frondizi había permitido la participación del peronismo, con listas propias, en las elecciones legislativas de Catamarca, San Luis y Santa Fe. El resultado fue alentador: la UCRI ganó en las tres provincias.

La oposición a la rehabilitación peronista fue inmediata. La UCRP entendía que el peronismo debía continuar proscripto y no debía ser integrado al sistema electoral. En las Fuerzas Armadas, la línea golpista anticipó que no permitiría que se alzara con el triunfo en ninguna de las provincias, y los “legalistas” se manifestaron en el mismo sentido.

En un acta secreta firmada por la jerarquía castrense antes de las elecciones del 18 de marzo de 1962, y entregada al presidente Frondizi, el general Rosendo Fraga, el contraalmirante Gastón Clement y brigadier Jorge Rojas Silveyra sentaron la posición de las Fuerzas Armadas:

Los señores secretarios militares coincidieron en señalar que las Fuerzas Armadas no intervienen en el campo político ni está en su misión interferir en la acción política del gobierno. Pero ello no significa en manera alguna que estén dispuestas a permitir la restauración del régimen de oprobio derrocado por la Revolución Libertadora ni el retorno de Juan Domingo Perón y de los responsables conjuntamente con él, de agravios inferidos a la Nación, a la libertad y a la humanidad, delincuentes que no pueden ocupar cargos electivos ni de ninguna otra naturaleza sin desmedro de la dignidad nacional.

Es decir, las Fuerzas Armadas permitían a aquellos que eran (o fueron) peronistas, a la “masa engañada y desviada”, organizarse legalmente, pero Perón y su régimen estaban “inhabilitados”.

La convocatoria electoral del gobierno había alterado el delicado funcionamiento del sistema político. Pero el ministro del Interior, Vítolo, confiaba en forma ciega en el triunfo oficial: la vuelta del peronismo a las urnas no lo asustaba. La jugada era de alto riesgo, pero también lo eran los beneficios. Si el electorado peronista volcaba su fe hacia Frondizi, el presidente podría restablecer su autoridad frente a las Fuerzas Armadas y apoderarse de la herencia política del líder exiliado. El optimismo contagioso que irradiaba Vítolo influyó en Frondizi y lo hizo partícipe de este análisis.

En el verano de 1962, el Presidente había cedido a las presiones castrenses y de los Estados Unidos, y rompió las relaciones con Cuba por decreto, pero persistió en su idea de que el peronismo participara en los diecinueve distritos electorales donde se competía, a fin de derrotar para siempre a ese fantasma en las urnas. Con su líder impugnado, el peronismo presentó la fórmula Andrés Framini-Francisco Anglada para la gobernación de Buenos Aires, inscripta como Unión Popular.

Framini obtuvo 1.171.757 votos contra 731.877 de la UCRI. Y, aunque el oficialismo venció en quince distritos —y el peronismo y el neoperonismo en siete— y la suma de votos en todo el país mejoró su caudal electoral del año 1960, la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires reactivó el estado de deliberación en las Fuerzas Armadas.

El triunfo de Framini fue efímero. Frondizi intervino las provincias y decretó nulas las elecciones. Pero las condiciones de la cúpula castrense eran dos: o se obligaba a Frondizi a una renuncia o se lo mantenía en el poder con una vigilancia más estricta. Los tres comandantes le recomendaron la renuncia al Presidente. Frondizi se negó. Entonces, el 29 de marzo de 1962, fue depuesto para que “la República y la democracia no marcharan a la deriva”. Fue la respuesta de las Fuerzas Armadas a los más de tres millones de votos que obtuvo el peronismo en las elecciones.

Bibliografía

Altamirano, Carlos, Arturo Frondizi o el hombre de ideas como político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998.

Altamirano, Carlos, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001.

Amaral, Samuel, “El avión negro: retórica y práctica de la violencia”, en Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano (comps.), Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993.

—, “Guerra revolucionaria: de Argelia a la Argentina, 1957-1962”, en Academia Nacional de la Historia, Investigaciones y Ensayos, Nº 48, Buenos Aires, 1998.

Aragón, Juan Manuel (h), “Apuntes para una historia de los uturuncos y del Puma Serravalle”, en La Maga, Buenos Aires, 30 de abril de 1997.

Archivo de la Comisión de Investigación de Apremios Ilegales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Archivo periodístico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Aroskind, Ricardo, “El país del desarrollo posible”, en Nueva Historia Argentina, tomo IX, James, Daniel (dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Babini, Pablo, “Cuba en la caída de Frondizi”, en Todo es Historia, Nº 297, Buenos Aires, marzo de 1992.

Feinmann, José Pablo, “Peronismo. Filosofía política de una obstinación argentina”, números 94 y 95, suplemento del diario Página/12, 2009.

Fraga, Rosendo, El ejército y Frondizi. 1958/1962, Buenos Aires, Emecé, 1992.

García Lupo, Rogelio, “Generales argentinos entre Francia y EE. UU.”, Clarín, suplemento Zona, 22 de abril de 2001.

González, Horacio, “La carta de Del Barco”, en Fray Mocho, Nº 20, 2006.

Guevara, Ernesto, Guerra de guerrillas, Buenos Aires, Quadrata, 2003.

Guillén, Abraham, “PCML. Lecciones de la guerrilla latinoamericana”, en Lucha Armada, Nº 4, noviembre de 2005.

Gutman, Daniel, Tacuara. Historia de la primera guerrilla argentina, Buenos Aires, Ediciones B, 2003.

Landaburu, Jorge, Una alternativa en la historia. Frondizi: del poder a la política, Buenos Aires, Norma, 1999.

Lvovich, Daniel, El nacionalismo de derecha. Desde sus orígenes a Tacuara, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.

Mazzei, Daniel, “La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”, en Revista de Ciencias Sociales, Nº 13, Universidad Nacional de Quilmes, 1998.

Mochkofsky, Graciela, Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999), Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Monserrat Llairó, María de y Siepe, Raimundo, Frondizi. Un nuevo modelo de inserción internacional, Buenos Aires, Eudeba, 2003.

Oliveira-Cézar, María, “El aprendizaje de la guerra contrarrevolucionaria”, en Todo es Historia, Nº 435, octubre de 2003.

—, “Las raíces francesas de la guerra antisubversiva”, en Todo es Historia, Nº 422, septiembre de 2002.

Raimundo, Marcelo, “Acerca de los orígenes del peronismo revolucionario”, en Camarero, Hernán; Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro (comps.), De la Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política argentina, Buenos Aires, Imago Mundi, 2000.

Reyes, Hernán, “Abraham Guillén: teórico de la lucha armada”, en Lucha Armada, Nº 4, noviembre de 2005.

Robin, Marie-Monique, Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Rozitchner, León, “Primero hay que saber vivir. Del vivirás materno al no matarás patriarcal”, en Fray Mocho, Nº 20, 2006.

Salas, Ernesto, La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre / 1, Buenos Aires, CEAL, 1990.

—, Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista, Buenos Aires, Biblos, 2003.

Sánchez, Gabriela Estela y Carrizo, Federico Esteban, “La experiencia del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP)”, IX Jornadas Interescuelas, Departamento de Historia, 2003.

Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2005.

Selser, Gregorio, El país a precio de costo, Buenos Aires, Hyspamérica, 1988.

XV

Los sesenta: militares, sindicatos y guerrilla guevarista

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria.

CHE GUEVARA, “Mensaje a los pueblos del mundo” (1967)

Después de la caída de Frondizi en 1962, el presidente del Senado José María Guido heredó la Presidencia. El Ejército monitoreó sus acciones y reactivó las deliberaciones internas. El problema seguía siendo el mismo: los decretos del Poder Ejecutivo no habían eliminado al peronismo. Los militares debatían qué hacer. Una facción, los “azules”, era partidaria del “legalismo”, es decir, mantener un presidente civil condicionado por el Ejército. Los azules eran antiperonistas, pero confiaban en una fórmula que integrara al justicialismo en el sistema político. Una participación electoral limitada podría llevar a los ahora proscriptos al Parlamento.

HECHOS RELEVANTES

1962. El presidente del Senado José María Guido sucede a Frondizi. Los militares debaten si mantienen un presidente civil condicionado o dan un golpe de Estado para que una junta militar tome el poder.

1963. En julio, el radical Arturo Illia es electo presidente con el 25,8%. Supera el 19,2% de los votos en blanco, que había promovido el peronismo proscripto.

El Che Guevara intenta trasladar la experiencia cubana a la selva salteña, con la creación de un foco guerrillero al mando de Jorge Masetti. En marzo y abril de 1964, los integrantes del Ejército Guerrillero del Pueblo son detenidos y torturados por la Gendarmería.

1964. El metalúrgico Augusto Vandor promueve la toma de fábricas durante el gobierno de Illia. Desde Madrid, para contrarrestar su figura, el ex presidente apoya al “peronismo combativo”.

1966. El 28 de junio, las Fuerzas Armadas deponen a Illia. El general Juan Carlos Onganía asume la Presidencia y clausura la actividad política. Se institucionaliza la “Seguridad Nacional” como doctrina de contrainsurgencia.

1967. En octubre, el Che Guevara, al mando de un foco insurreccional en Bolivia, es detenido y fusilado en una escuela rural de La Higuera. Se convierte en un mito para las incipientes organizaciones guerrilleras argentinas.

1969. En mayo estalla el Cordobazo en rechazo a la política económica de Onganía, que toma el control de la capital cordobesa. La represión del Ejército deja catorce muertos.

El 30 de junio, un grupo operativo no identificado ingresa a la sede de la UOM, neutraliza a treinta personas y mata al líder sindical Augusto Vandor.

Para los azules, “más allá de sus abusos de poder y su demagogia”, el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que había “salvado” a la clase obrera del comunismo. Si se lo proscribía, en cambio, se lo forzaba a la insurrección o a las acciones gremiales conjuntas con la izquierda, como había sucedido en las huelgas petroleras y en el frigorífico Lisandro de la Torre.

Para otra facción militar, los “colorados”, la política debía ser bloqueada con la clausura del Parlamento, la intervención de las provincias y la reducción al mínimo de la capacidad ejecutiva de Guido, o directamente su reemplazo por una junta militar que gobernara a largo plazo. Para ellos, el peronismo no era la clausura del comunismo —como creían los azules—, sino su puerta de acceso, y debían trabajar para eliminarlo. Esta estrategia contaba con el respaldo de la Marina, y también resultaba atractiva para dirigentes civiles “democráticos” que habían apoyado la Revolución Libertadora: conservadores, liberales ortodoxos y radicales de la UCRP.

Guido quedó maniatado por el debate interno de las Fuerzas Armadas. Aunque intentó equilibrar las presiones y cedió puestos del gabinete a ambos sectores, su presidencia se fue consumiendo por las disputas castrenses, finalmente resueltas en favor del bando azul.

Tras su triunfo, los azules intentaron guiar el proceso electoral con un frente que incluyera al peronismo, la UCRI de Frondizi y la democracia cristiana, y que reuniera a industriales y a representantes sindicales del “peronismo decente”, en tanto estos aceptaran los lineamientos del establishment empresario transnacional. El Frente Nacional y Popular azul, con un programa económico liberal —y conservador en lo social— se propuso llegar al poder con la aprobación implícita de dos polos opuestos: Perón y las Fuerzas Armadas. Confiaban en que el peronismo, incluido en el sistema de manera gradual, podía ser parte de la solución política, aunque sus dirigentes debían ir desprendiéndose en forma paulatina del liderazgo de Perón. Para que el éxito de la “integración” fuera completo faltaba un candidato idóneo.

En las elecciones de 1963, la ilusión de un peronismo “integrado” en una fórmula oficial, que era el espíritu del comunicado 150, fue disipada por la propia facción militar que la había engendrado. Perón y el sindicalismo llamaron a votar en blanco. La UCRP, que no había participado del proyecto azul, llevó al radical Arturo Illia al tope de la fórmula y el 7 de julio de 1963 ganó con el 25,8% de los votos frente a 19,2% en blanco. La discutida legitimidad de su victoria condicionaría su gestión de gobierno.

Para el Che Guevara, el sueño revolucionario no tenía fronteras. La lucha era hasta la victoria o hasta que las balas lo detuvieran. En una revolución, si era verdadera, se triunfaba o se moría. A partir de 1963, Guevara intentó materializar la experiencia cubana en la Argentina. Promovió un foco guerrillero en Salta, como punto de partida de un proyecto continental que se extendería luego a Bolivia, el Perú y la Argentina.

En septiembre de 1962 la batalla política entre azules y colorados estuvo a punto de saldarse por la fuerza en las calles. Los colorados, en rebeldía con el secretario de Guerra, se apostaron en el Regimiento de Palermo. Los azules, en defensa de la precaria institucionalidad de Guido, se dispusieron a reprimirlos para reimponer la obediencia y la disciplina en el Ejército. La correlación de fuerzas los favorecía. Buenos Aires quedó en estado de alerta. Había miles de soldados y decenas de tanques en las calles. Tras cuatro días de tensión militar, Guido llamó a una tregua que favoreció a los rebeldes. Entonces, los “cerebros civiles” de los azules apelaron a la acción psicológica: con una serie de comunicados y eslóganes manifestaron a la sociedad que no promovían una dictadura. El comunicado 150 aceptaba el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y enmarcaba su lucha “para que el pueblo pudiera votar”. Se entendía que era en forma parcial: los azules se comprometían a contener cualquier “empresa totalitaria” con un pacto constitucional que impidiera el retorno a “épocas ya superadas”. El conflicto volvería a reeditarse en abril de 1963, cuando la Marina y un sector del Ejército afincado en La Plata, volvieron a levantarse. Esta vez corrió sangre: dieciocho soldados y cinco marinos muertos sellaron la rendición del bando colorado.

Guevara ya se había convertido en una figura mítica. Era, para muchos, el espejo del “hombre nuevo” que surgiría de la sociedad socialista. Para él, la voluntad del guerrillero debía ser infatigable. Cada uno de ellos debía asumirse como una unidad de combate de una guerra sistemática y organizada. Lo explicaba:

Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aun dentro de los mismos: atacarlo donde quiera que se encuentre […]. Entonces su moral irá decayendo.

El hombre de enlace entre la experiencia revolucionaria cubana y el foco en Salta fue el periodista Jorge Masetti. Bajo el nombre de guerra de “Comandante Segundo”, lideró el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), subordinado a las órdenes del “Comandante Primero”, el Che Guevara. Masetti trabajaba en Radio El Mundo. En 1958 había viajado a Cuba para reportear a los rebeldes y difundió sus voces desde la Sierra Maestra. Allí hizo amistad con el Che Guevara. Masetti terminó siendo parte de la revolución. Una vez que la guerrilla triunfó, le delegaron la organización de la agencia de noticias oficial, Prensa Latina, que propagó el ideario cubano hacia distintos países. Pero el apoyo soviético a Fidel Castro y la construcción de una nueva hegemonía política en el poder revolucionario fueron corriendo a Masetti del control de la agencia. Su desplazamiento también fue una derrota para Guevara en el esquema del poder revolucionario.

Sin una estructura orgánica propia, Guevara concentró sus esfuerzos en la lucha antiimperialista del Tercer Mundo. Cuba debía ser un foco de inspiración. Le transmitió a Masetti su idea de abrir un frente guerrillero en la selva salteña. Guevara pensaba ponerse al mando de la operación, pero Fidel Castro lo convenció de que no lo hiciera hasta que el foco contara con una logística desarrollada y segura. Antes de que emprendieran el viaje a Sudamérica, el Che le advirtió a Segundo y su grupo de guerrilleros: “A partir de ahora consideren que están muertos. Aquí la única certeza es la muerte; tal vez algunos sobrevivan, pero consideren que, de ahora en más, viven de prestado”.

En mayo de 1963, el Comandante Segundo ya estaba explorando la frontera entre la Argentina y Bolivia. Lo acompañaban el cubano Hermes Peña, escolta del Che, y los argentinos Federico Méndez, periodista de Prensa Latina, y el mendocino Ciro Bustos, artista plástico, que había viajado a La Habana atraído por la revolución. Bustos fue a buscar tropa a Córdoba para reforzar el foco. El origen social y cultural de los reclutados era diferente del de los cubanos. Hermes acababa de alfabetizarse, mientras que la mayoría de los cordobeses provenía de la clase media universitaria, con militancia en la izquierda no peronista. Algunos ex miembros de la Federación Juvenil Comunista, ante la convicción de que “el partido no haría la revolución”, se incorporarían al monte salteño o realizarían tareas de apoyo al EGP. Entonces ya sumaban casi treinta.

El primer objetivo militar que planteó Segundo fue la toma del poblado de Yuto, en Jujuy, prevista para principios de 1964; mientras tanto, seguían explorando el territorio y abriendo a machete los senderos de montaña. La geografía salteña pronto se reveló como un obstáculo para el desarrollo del EGP. Divididos en dos columnas, y tras varios meses de marcha, apenas pudieron recorrer poco más de un centenar de kilómetros. A las acechanzas externas —el ataque de los tigres del monte, la vegetación infranqueable, la posible delación de los campesinos con los que intentaban vincularse— se agregaban el hambre, la sed y el desgaste anímico. Las columnas ya no estaban en condición física para enfrentar a los soldados de la Gendarmería que merodeaban en la zona o para tomar Yuto, como habían planeado.

La acción guerrillera implicaba un ejercicio de disciplina que excedía las posibilidades de buena parte de la tropa, habituada a las comodidades de la ciudad. Esto provocó fricciones y planteos internos en el grupo. Aun así, Segundo intentó que se cumplieran a rajatabla los códigos de disciplina del EGP. Un guerrillero, “Pupi” (Adolfo Rotblat), que perdía salud y se retrasaba en la marcha, fue fusilado por decisión de Segundo por faltar al “compromiso moral de un revolucionario”. También Bernardo Groswald, “Nardo”, fue amonestado por “faltas reiteradas”. Era un empleado bancario que usaba anteojos, tenía pie plano y sufría la hostilidad de la montaña. En las pausas de la marcha, se alejaba del grupo y se escondía en una cueva. Segundo pensaba que su ejecución levantaría la moral del grupo. “Acá se acabó la joda”, dijo. Armó un pelotón y lo fusilaron.

Otro de los problemas internos se suscitó con dos miembros del EGP, Víctor Fernández y Alfredo Campos, dos policías del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA) que habían alegado una militancia en el PC y se habían infiltrado en el foco. En un momento de la escalada en el monte, los policías promovieron un incidente: hirieron a un guerrillero, desarmaron a otros y bajaron a un poblado en busca de los gendarmes para delatar las posiciones del EGP.

A partir de entonces, en marzo de 1964, la Gendarmería no demoró en capturar a seis guerrilleros en un campamento de La Toma. Casi no presentaron resistencia: estaban desnutridos, habían perdido entre veinte y treinta kilos. La falta de provisiones provocaría la muerte de Marcos Szlachter, Diego Magliano, herido de bala por los policías infiltrados, y César Carnevalli. Este último murió extenuado en una hamaca, sin fuerzas para moverse. Su cuerpo fue consumido por los pájaros. Tanto Segundo como Hermes se negaron a abortar la operación y continuaron la travesía en busca de alimentos. Unos días después, Hermes se topó con un gendarme, lo mató en un enfrentamiento y luego se replegó junto con otro guerrillero en una estancia. Le dio dinero a un capataz a cambio de protección y silencio, pero hacia la tarde la Gendarmería los localizó y les tendió una redada que terminó con la vida de los dos.

Luego de la muerte de Hermes, en abril de 1964, fueron cayendo los contactos urbanos y se inició la búsqueda de Segundo. Se cree que los gendarmes lo encontraron ya indefenso, lo fusilaron y enterraron en el monte. Nunca fue encontrado. Los guerrilleros detenidos fueron torturados antes de que se iniciara el proceso judicial. Los obligaron a ponerse encima de las vísceras del cuerpo abierto de Hermes y luego los juzgaron por contrabando de armas, municiones, homicidio y conspiración para la rebelión.

La avanzada del EGP, organizada al calor del triunfo de la Revolución Cubana, ya señalaba en forma temprana algunas de las debilidades de los presupuestos guevaristas. La voluntad y el heroísmo no eran suficientes para la empresa revolucionaria si no se comprendían las particularidades políticas y sociales de la zona de operaciones. Además, para su proyección en la Argentina, la concepción foquista exhibía otras dos carencias: prescindía del potencial de las masas obreras peronistas y elegía la zona rural como territorio de la lucha armada.

Por entonces, a diferencia de la estrategia del foco rural, ya existían antecedentes de acciones de guerrilla urbana en el país. Las había realizado el grupo Tacuara, una organización numerosa y disciplinada. En su origen fue punto de confluencia de jóvenes de familias tradicionales, nacionalistas, que juraban por la defensa de la cristiandad y la patria frente a la tumba de Darwin Passaponti, militante de la ALN muerto en un tiroteo frente al diario Crítica en la medianoche del 17 de octubre de 1945.

El líder de Tacuara era el ex seminarista Alberto Ezcurra Uriburu, que compartía con sus dirigidos lecturas del falangismo de José Antonio Primo de Rivera y del integrismo católico del padre Julio Meinvielle. Los tacuaras imitaban la estética del fascismo y ciertos rasgos discursivos del nazismo. Deseosos de una revancha a la caída de Berlín, salían a la calle a buscar judíos, liberales y comunistas, y los enfrentaban con cadenas y cachiporras.

Sin embargo, la trilogía “Dios, Patria, Familia” resultó ser un universo demasiado hermético, difícil de acomodar en la praxis del conflicto gremial y la tensión política. Con el contacto de obreros peronistas en lucha y la pedagogía insurreccional que recibió en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Tacuara abrió las puertas de su organización a hijos de las clases media y baja peronistas que intervenían por primera vez en política. Ya había más color suburbano que engominado patricio en sus filas, menos interés en lecturas integristas y más ilusión por participar en tareas gremiales.

El corpus ideológico original de Tacuara se disgregó con ese bautismo. Se sucedieron las crisis internas, las escisiones, los reagrupamientos. El Movimiento Nueva Argentina (MNA) se integró al peronismo sindical. La Guardia Restauradora Nacionalista (GRN) se mantuvo en un anticapitalismo comunitario, con la guía espiritual de Meinvielle. Otra facción, de izquierda, el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara (MNRT), buscó contactos en sectores gremiales combativos y se alineó junto a Perón y en contra de la “explotación oligárquico-burguesa”. El MNRT le agregó a la agitación política las acciones armadas. Pensaban que, si se decidían por la lucha insurreccional urbana, debían dar un salto cuantitativo y cualitativo previo y montar un arsenal. Las armas eran la fascinación de los jóvenes militantes.

Hacia 1963, el MNRT, liderado por Joe Baxter y José Luis Nell, inició un “ejercicio de aprendizaje revolucionario” con robos de autos y desarmes a policías y una sucesión de asaltos contra guardias de seguridad. En esta línea, golpearon sobre el Tiro Federal, la fábrica de armas Halcón, en Avellaneda, y también asustaron a la dirigencia política “del sistema”, cómplice de la proscripción del peronismo, con bombas caseras. En la planificación y la ejecución de las acciones armadas, el MNRT imitaba a los “anarquistas expropiadores” de Severino Di Giovanni de finales de la década de 1920: organizaba robos a bancos y recaudaba dinero, a mano armada, en las terminales de colectivos. Ninguna de las acciones era reconocida por el MNRT. Parecían robos comunes.

La operación que revelaría sus intervenciones sucedió una mañana de agosto de 1963. Un comando del MNRT accedió al estacionamiento del Policlínico Bancario, en el barrio de Caballito, con una ambulancia robada. Simulaban trasladar a un enfermo. En otra parte de la ciudad, un Jaguar rojo seguía la camioneta IKA-Renault que trasladaba los sueldos de los empleados del policlínico. La custodiaba solo un sargento de la Policía Federal. Una vez que la camioneta llegó a destino y abrió sus puertas para bajar la valija con casi cien mil dólares, José Luis Nell saltó de la ambulancia. Un rato después, con dos muertos tendidos en el playón, se llevarían la valija. Parte de los billetes en moneda argentina robados serían reconocidos por la Interpol en París. A partir de entonces, el MNRT asumiría la autoría del hecho y algunos de sus integrantes serían condenados a prisión. Tacuara, como organización, no extendería mucho más su recorrido durante la década de 1960, pero muchos de sus militantes se encontrarían en veredas opuestas con el correr de los años: algunos, en la Alianza Anticomunista Argentina (AAA); otros, en Montoneros.

El presidente Illia fue fiel a sus compromisos partidarios y a sus promesas electorales. Anuló por decreto los contratos petroleros e indemnizó a las compañías extranjeras, congeló los precios de los medicamentos y también limitó los intereses económicos de los capitales que se establecieron en el país a partir del gobierno de Frondizi.

Sin quorum propio, sin apoyo alguno en las Fuerzas Armadas, sin acuerdos con el peronismo ni con la corporación empresaria, Illia sumó otro enemigo de peso: la jerarquía sindical. Se propuso romper el monopolio de las burocracias gremiales —que había concedido Frondizi— con una nueva Ley de Asociaciones Profesionales —sancionada por decreto número 969—, que permitía la ampliación de la participación obrera en los sindicatos y limitaba el manejo de fondos económicos. El decreto disponía que las cuotas de los afiliados no migraran hacia la tesorería de las sedes sindicales nacionales, sino a las seccionales locales.

La corporación militar, empresaria y sindical limitaría la supervivencia de Illia en la Casa Rosada. Una campaña de desprestigio, enfatizada por periodistas e intelectuales de pasado azul, asociaría su gobierno con la “lentitud” y la “ineficiencia” y prepararía la sociedad para un nuevo paradigma: el sistema democrático, los partidos políticos, el electoralismo eran obstáculos para el desarrollo de una Argentina “moderna, eficiente y con grandeza”. Para el logro de semejantes metas, era necesaria la ruptura institucional.

Por acción u omisión, el peronismo era el factor que obstruía cualquier fórmula política que lo excluyese. Era un juego imposible. Nadie, todavía, había encontrado la forma de aniquilarlo o “integrarlo” al sistema político. Después de 1955, las Fuerzas Armadas habían probado todo: la prohibición a Perón para volver al país, la proscripción del partido, la represión, la persuasión, la fragmentación. Pero el peronismo se resistía a desaparecer. No tanto por las acciones erráticas de sus dirigentes locales, sometidos a las ambiguas instrucciones de Perón ante cada coyuntura, sino por el peso político de los gremios, su aparato más eficaz y mejor organizado.

De sus filas surgiría, en los primeros años sesenta, un liderazgo sin discurso doctrinario ni ideología precisa, pero con talento para la presión y la negociación con el gobierno y con los empresarios.

Augusto Timoteo Vandor, ex obrero de Philips y líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), les hizo saber al poder del Estado y al establishment que todo arreglo con el movimiento justicialista, fuera de orden gremial o político, debían realizarlo con él.

Vandor consideraba ilegítimo al gobierno de Illia, no solo por la proscripción, sino por su intención de acotar el poder a las jerarquías sindicales. Su estrategia frente al radicalismo fue exhibir su fuerza gremial con la ocupación masiva de fábricas, impulsada bajo una serie de reclamos económicos y políticos que incluían la derogación de leyes represivas, la modificación del estatuto de partidos políticos y la participación de trabajadores en la administración de las empresas, entre otros puntos.

La dirigencia obrera se presentaba con capacidad de intervenir en el sistema político con metas propias. Esto era una novedad. La metodología de lucha también era diferente. Hasta entonces, la huelga y la movilización callejera de obreros eran habituales en los conflictos, pero la toma de fábricas no. Las ocupaciones, acompañadas con marchas populares y sabotajes a líneas eléctricas y telefónicas, tenían una dirección sindical centralizada, pero estaban promovidas por una base obrera ligada al peronismo combativo y a la izquierda, opuesta a las jerarquías burocráticas.

Vandor utilizaba el Plan de Lucha como instrumento de negociación y presión contra el establishment económico y para fortalecer a la burocracia sindical. La masividad de la protesta le permitía, por un lado, crear un clima de caos social que desgastaba al gobierno y resultaba funcional a los grupos económicos concentrados que lo enfrentaban. Por otra parte, Vandor también acumulaba poder interno en el mundo peronista por fuera de las directivas del líder exiliado.

Para contrarrestar el poder de Vandor y reforzar su propia representación en el ámbito sindical, Perón avaló las agrupaciones “combativas” que se oponían a la política de “conciliación y diálogo con los explotadores” del vandorismo. Por entonces, desde Madrid, ya había iniciado su “giro a la izquierda” con el apoyo al Programa de Huerta Grande, formulado en junio de 1962, en el que distintas organizaciones obreras, reunidas en un plenario, rescataron “el carácter antioligárquico del peronismo” y reclamaron la nacionalización de empresas, el control obrero de la producción y la expropiación de tierras.

Además, frente a la estrategia de “integración” al sistema político, que, según denunciaba, quería convertir al movimiento “en un partido liberal”, Perón amenazó con el retorno de la política insurreccional de los tiempos de la resistencia y apoyó a una línea semiclandestina, el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). Su mentor era Héctor Villalón, entonces delegado del líder exiliado. El MRP intentó expresar el potencial revolucionario del peronismo, dispuesto a librar su lucha por la reorganización partidaria y la dirección de la CGT.

Las tomas de fábrica durante el gobierno de Illia eran organizadas y disciplinadas: las puertas de los establecimientos se cerraban, se cortaban las comunicaciones con el exterior y una barricada bloqueaba el acceso y paralizaba todas las actividades. Propietarios, directivos, técnicos, administrativos y personal de seguridad permanecían como rehenes entre cuatro y seis horas por jornada. La acción judicial y policial —bajo los cargos de usurpación de la propiedad privada y “privación ilegítima de la libertad”— era acatada sin resistencia en la mayoría de los casos, y se producía el desalojo. Muchos obreros fueron detenidos. Según datos de la CGT, cerca de cuatro millones de trabajadores ocuparon once mil establecimientos en sucesivos planes de lucha durante 1963 y 1964.

Perón ya consideraba a Vandor “el enemigo interno” del peronismo. En el ámbito gremial y político, el metalúrgico era infranqueable. Para las elecciones del gremio de la carne, la lista apoyada por Perón resultó tercera, detrás de dos listas vandoristas. Por primera vez, los obreros peronistas desobedecían a su líder en una disputa gremial.

En el plano político, Vandor había dirimido con éxito la interna justicialista: a mediados de 1964 derrotó al dirigente textil de la “línea dura”, Andrés Framini, a quien antes había respaldado en las elecciones de 1962 para la gobernación bonaerense.

Hacia 1964, fortalecido por la toma de fábricas, con el control de la CGT y el aparato partidario, Vandor era un peligro real para la conducción política de Perón. En repetidas oportunidades, el General lo había invitado a ponerse al frente del movimiento, pero el sindicalista había rechazado la propuesta. Intuía que el exiliado no buscaba honrarlo, sino someterlo a enfrentamientos internos para que su estrella se apagase. Vandor no necesitaba que le confirieran autoridad dentro del movimiento. Podía parar el país cuando lo decidiera y cualquier estamento corporativo estaba obligado a convocarlo para alcanzar un acuerdo gremial o político con el peronismo. Además, en las fábricas contaba con fuerzas de choque que intimidaban y eliminaban a la oposición gremial, y controlaba el dinero de las obras sociales sindicales, con el que podía respaldar cualquier proyecto electoral. El peronismo fluía hacia Vandor. Su liderazgo era tan hegemónico que comenzó a ilusionarse con la idea que le transmitieron políticos, empresarios e incluso la embajada norteamericana: crear un partido político que actuara en la legalidad y sacara al peronismo de la trampa de la exclusión, abandonando a su suerte a su líder en el exilio.

Encolumnada bajo el ala del líder, también se presentaba la Juventud Peronista (JP), constituida como tal en 1959 por Envar El Kadri, Carlos Caride, Gustavo Rearte, Jorge Rulli y Norma Kennedy; otros grupos sin coordinación entre sí se asumían como JP y se iniciaban en tareas gremiales e insurreccionales. Algunos de sus miembros habían integrado la guerrilla de los “uturuncos”. La JP porteña, con su “brazo armado”, el Ejército Peronista de Liberación Nacional, había realizado su bautismo de fuego en el asalto a la guardia de un sector custodiado por la Aeronáutica, en Ezeiza. Robaron dos ametralladoras PAM. Dos años después, en agosto de 1962, la brigada policial de San Martín fue en busca de Felipe Vallese, obrero metalúrgico de 22 años y amigo de Rearte, que había participado del asalto en Ezeiza. Vallese, que se aferró a un árbol y pidió ayuda a los vecinos, fue secuestrado en Canalejas y Morelos por un comando dirigido por el comisario Juan Fiorillo. Nunca más apareció. La denuncia del caso fue impulsada por el periodista Leopoldo Barraza. La desaparición de Vallese marcaría su destino. En septiembre de 1974 sería secuestrado en un bar y asesinado por una banda parapolicial de la Triple A, dirigida por Fiorillo.

Durante esos años, entre 1962 y 1964, Perón designó delegados, creó nuevos organismos de conducción en la Argentina e impulsó la formación de agrupaciones y gremios combativos con el propósito de reducir el poder de Vandor. En virtud de que con ninguna de las maniobras logró correrlo del centro del poder, Perón empezó a transmitir que, estuvieran o no dadas las condiciones legales, volvería al país en 1964.

El fervor popular creció con la novedad. También la intriga. ¿Cómo lo haría? Había una trampa en esa promesa. El peronismo estaba encerrado. Los dirigentes, obligados a disciplinarse ante el líder proscripto, perdían la posibilidad de integrarse en forma plena al sistema político. Vandor quiso saber si el deseo de Perón de volver al país era real o solo un ardid para seguir siendo el personaje más relevante en la política argentina. El jefe sindical no podía ni quería lanzarse a un proyecto político, si luego tendría que enfrentar a Perón en la Argentina. Vandor creyó que la manera más práctica de terminar con su poder era apoyar su hipotético retorno y hacer caer la intriga. El 17 de octubre de 1964, en un acto en Once, reveló que Perón aterrizaría en un avión de línea. Si Perón todavía tenía un margen sobre el retorno y los riesgos que asumía, Vandor lo obligaba a no dar marcha atrás.

El 1º de diciembre, Perón salió de manera clandestina de su residencia madrileña y cruzó el océano Atlántico. Su aventura terminó en el aeropuerto de Río de Janeiro. Los militares brasileños, a pedido del gobierno argentino, lo detuvieron junto a su comitiva y lo reenviaron a España. El General responsabilizó a Vandor por el fracaso del operativo. El líder sindical, pese a su promesa de que las masas saldrían a la calle apenas despegara de Madrid, no había declarado la huelga general. Perón pensaba que el gobierno se vería forzado a aceptar su aterrizaje en Buenos Aires. Soñaba con otro 17 de octubre.

Luego del tropiezo del líder exiliado, Vandor mantuvo su poder en el orden local y aprovechó la apertura electoral promovida por Illia para armar sus propias listas para las elecciones legislativas de marzo de 1965. El resultado fue óptimo: el peronismo venció en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y le hizo perder la mayoría al oficialismo. Ya sumaban cincuenta y dos diputados. El discurso del movimiento había abandonado el tono insurreccional de la resistencia. Vandor entreveía que, con la guía del poder sindical, el peronismo conformaría una alianza con los factores de poder en la Argentina: las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el capital industrial nacional y extranjero. También, la dirigencia política comenzaba a creer que, sin Perón, el peronismo podía participar de la vida institucional. Frente a las elecciones presidenciales de 1967, el mito del General parecía estrellarse de forma irremediable.

Entonces Perón se propuso “cortarle la cabeza a la víbora”, como denominó a Vandor. Aunque, escarbando en el interior del movimiento a la búsqueda de dirigentes leales, advirtió que era escaso el material útil para enfrentar al jefe sindical. Se decidió a preparar el desembarco de su esposa Isabel en la arena política y organizó su viaje a la Argentina. Quería observar a Vandor en su propio territorio.

Isabel llegó en octubre de 1965. En su primea evaluación, consideró que el jefe sindical tenía un poder aún más sólido del que Perón estimaba. Pero si bien Vandor se había posicionado en la cima gremial y política del peronismo, también era cierto que las organizaciones sindicales, con su tracción de votos y dinero, respetaban el liderazgo de Perón como figura omnipresente e invocaban su nombre y su bandera. En alguna medida, Vandor y el líder exiliado se complementaban.

Pero la decisión de “aniquilar” al metalúrgico ya había sido tomada desde Madrid. Perón empezó su contraofensiva apuntando al sector político. Destituyó a la Junta Coordinadora que conducía el movimiento, de mayoría vandorista, y la sustituyó por un Comando Delegado. Luego atacó en el flanco gremial. El secretario de la CGT, el textil José Alonso, reunió una cantidad de gremios combativos del MRP y dirigentes de la “línea dura”, con los que armó las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón, en oposición al vandorismo.

Ese verano de 1966, Perón puso al sindicalismo en estado de crisis. Pero se reservaría para sí el uso de su arma más letal. Era una carta que dirigió a Alonso para que la difundiera.

En esta lucha el enemigo principal es Vandor y su trenza, pues a ellos hay que darles con todo y a la cabeza, sin tregua ni cuartel. En política no se puede herir, hay que matar. Un tipo con la pata rota hay que ver el daño que puede hacer. Si es preciso que yo expulse a Vandor por una resolución del Comando Superior lo haré sin titubear, pero es siempre mejor que, tratándose de un dirigente sindical, sean los organismos los que lo ejecuten. Si fuera un dirigente político, no tenga la menor duda que yo ya lo habría liquidado. Esta vez no habrá lástima, no habrá audiencias ni habrá viajes a Madrid ni nada parecido. Deberá haber solución y definitiva, sin consultas, como ustedes lo resuelvan allí. Esa es mi palabra y ustedes saben que Perón Cumple.

En marzo de 1966, Perón dio otro golpe sorpresivo. Desafió al peronismo a que se definiera. Apoyó la candidatura de Enrique Corvalán Nanclares, al que no le asignaban muchas posibilidades, para las elecciones de abril de 1966 por la gobernación de Mendoza. Lo hizo después de que Vandor proclamara su adhesión a Alberto Serú García.

Isabel intimó a las 62 Organizaciones a que se subordinaran a las instrucciones de Madrid, pero Vandor desoyó los consejos. “Mientras algunos no esperan más que órdenes, nosotros creemos que el peronismo debe actuar solo como un partido organizado”, dijo.

Perón e Isabel se comprometieron con la campaña provincial. Ella fue oradora en actos públicos en Mendoza. Él envió una cinta grabada que se emitió por radio y televisión, pese a las restricciones que lo impedían. Finalmente, aunque ninguna de las dos listas del peronismo pudo superar al viñatero Emilio Jofré, el candidato de Perón reunió ciento dos mil votos, cuarenta mil más de los que juntó el de Vandor.

El poder del peronismo migraba otra vez a Madrid. Para el sindicalista, la derrota fue instructiva. Por un lado, archivó la idea de formar un partido de masas sin la intervención del líder justicialista. Vandor comprendió que la vida partidaria no era su ámbito de pertenencia. A partir de entonces, prefirió asociarse al plan golpista contra Illia, que ya estaba en marcha, e impedir que su poder se diluyera en la democracia interna de los gremios y la descentralización de la “caja” económica. En ese aspecto, Vandor creía que contaría con ayuda castrense. La alianza militar-sindical, además, lo ayudaría a mantener su autoridad política dentro del movimiento y bloquear las aspiraciones de Perón.

Todos los factores de poder estaban interesados en terminar con el gobierno de Illia. Primera Plana y también la revista Confirmado, con la dirección de Jacobo Timerman, seguían contribuyendo a la “tormenta de ideas” para su destitución. A fines de 1965, Confirmado consideraba que el golpe militar era inevitable y arriesgó una fecha: 1º de julio de 1966. El cálculo fue casi exacto.

La idea de la ruptura institucional estaba asociada no solo a la “inoperancia del gobierno”, sino a un “cambio de mentalidad económica” y en la representación política.

Los azules ya habían abandonado los combates internos con los colorados, y por medio de sus periodistas e intelectuales “orgánicos” transmitían la idea de que las organizaciones corporativas debían estar por encima del Parlamento y de los partidos políticos, considerados como los responsables de los males del país.

Los índices económicos —crecimiento del 8% del Producto Bruto Interno, reducción del desempleo, aumento de las exportaciones— no alcanzaban a revertir la imagen de Illia que las Fuerzas Armadas, el capital industrial, los sindicatos y la prensa golpista habían edificado: un presidente lejano a la modernidad económica, conduciendo un país con un sistema político —la democracia— ya caduco. La conspiración cívico-militar no solo quería barrer con la “ausencia de autoridad presidencial”, sino también con las elecciones presidenciales de 1967, en las que la victoria del peronismo parecía ya inevitable. El gobierno denunció a los medios por instigar la ruptura institucional. Primera Plana consideró la acusación como “un atentado a la libertad de prensa”.

El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas invitaron a Illia a retirarse de la Casa Rosada. Ni siquiera fue arrestado. Una junta de comandantes eligió al general Juan Carlos Onganía —que había solicitado el retiro seis meses antes— para colocarlo en la Presidencia de la nación. Onganía, uno de los artífices de la “legalidad azul”, rompió con la idea de que el partido militar debía tutelar al poder civil para impedir el retorno del peronismo. Ahora debía sustituir ese poder civil.

Onganía gobernó al margen de la vigencia constitucional, con la actividad política clausurada, sin autonomía universitaria (los claustros académicos fueron caracterizados como gérmenes de la “infiltración marxista”), con una Corte Suprema que juró bajo sus estatutos y con gobiernos provinciales designados desde el Poder Ejecutivo. Para la prensa “orgánica” no era un dictador en la acepción tradicional, sino “un funcionario para los tiempos difíciles”. Convertidos en un “estado de necesidad”, los militares, otra vez, frente a la “declinación de la Nación”, estaban obligados a conducir sus destinos.

La vida política se congeló. Para el reordenamiento del país, los objetivos fueron trazados en tres etapas, un “tiempo económico”, un probable “tiempo social” y un indefinido “tiempo político”.

Para Perón la pausa fue auspiciosa. Le permitió suspender su duelo con Vandor. Para la jerarquía sindical que había enfrentado a Illia, el golpe de Onganía era una esperanza. En las primeras semanas de su gestión, lograron la derogación del decreto 969. Algunas personerías gremiales fueron restituidas. Incluso los metalúrgicos fueron recibidos en la Casa Rosada, no solo para la asunción presidencial, sino también para la firma de un nuevo convenio laboral, con la presencia de Onganía y su gabinete.

Las organizaciones sindicales, a diferencia de los partidos políticos, podían seguir actuando porque eran parte del “quehacer nacional”. Vandor seguía confiando en la alianza con los militares y el capital industrial.

La “Revolución Argentina” institucionalizó la “seguridad nacional” como doctrina de Estado. El concepto traspasaba el plano militar e incidía en los sectores económico, social, educativo y cultural. La doctrina afirmaba que el enemigo no actuaba solo desde el exterior. Era interno. Esta tesis, ya sustentada por la Escuela Militar Francesa, fue retomada por el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para la defensa de los intereses del hemisferio occidental.

A partir del enfrentamiento bélico latente con la Unión Soviética, ya no bastaba reducir el rol de las Fuerzas Armadas a la defensa territorial y la “sumisión” a la Constitución. La Guerra Fría implicaba un nuevo desafío: neutralizar la acción del comunismo y eliminar los indicios de “ideologías exóticas”. La sociedad civil fue sometida al control ideológico del poder militar. Por medio de convenios con los Estados Unidos, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue introducida en los Estados latinoamericanos y formó parte de la currícula de las academias militares para impulsar políticas de contrainsurgencia y potenciar la eficacia de los órganos de inteligencia, su equipamiento, su entrenamiento y su educación, y otras acciones para la “guerra psicológica”. El “enemigo interno” —podían ser estudiantes, obreros, militantes sociales, intelectuales u otros que se “infiltraban” en diferentes sectores— fue señalado como un peligro para las sociedades latinoamericanas. El sistema democrático y sus valores filosóficos inherentes —Estado de derecho, supremacía de la ley y del poder civil, pluralismo político y social, libertad de expresión y de asociación— también representaban un escollo para la correcta aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. El programa de “seguridad” entendía que el terror podía ser útil para neutralizar cualquier intento “subversivo”.

Por entonces, Francia y los Estados Unidos se disputaban la influencia teórica de la guerra contrarrevolucionaria sobre el Ejército argentino. Pero, promediando la década de 1960, la línea de acción de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, con la imposición de los pactos regionales de asistencia militar en pos de la defensa “del mundo libre”, ya estaba regulada por el Pentágono.

Como católico hispano y corporativista, en el estilo del generalísimo Francisco Franco, Onganía bañó la planta del Estado con funcionarios del “cursillismo” católico. Los Cursos de Cristiandad, importados de España, se proponían el renacimiento de la comunidad cristiana y la formación de ciudadanos para la contrarrevolución. Las áreas económicas fueron ocupadas por ejecutivos con experiencia de trabajo en holdings nacionales y extranjeros.

Onganía revestía su clericalismo de tono medieval y su obsesión por la moralidad con una pretensión de modernidad y eficiencia económica, materia que a pocos meses del desarrollo de su gobierno entraría en crisis.

Su primer ministro de Economía, Jorge Salimei, “cursillista”, representante del capital nacional, partidario de cierta intervención estatal, empezó a ser acusado de inmovilismo —el mismo cargo que padeció Illia— y fue asediado por el capital industrial y el sector liberal de las Fuerzas Armadas, aliados en una aplicación económica más ortodoxa de la Revolución Argentina.

La tensión entre nacionalismo y liberalismo tuvo efecto en el gabinete. A fines de 1966, para desencanto de los sectores nacionalistas del Ejército, Onganía debió sustituir a Salimei por Adalbert Krieger Vasena, un funcionario de confianza de los grupos económicos extranjeros y que incluso formaba parte del directorio de al menos una docena de ellos. Krieger definió un esquema de “racionalización” para consolidar una nueva estructura productiva en favor del capital industrial concentrado. La burguesía agropecuaria también fue subordinada a este proceso. Las retenciones a las exportaciones de sus productos fueron apropiadas por primera vez por el Estado.

Para implementar esta reconversión económica se necesitaba el ajuste de los “patrones de eficiencia”. Uno de los requisitos fue eliminar la puja salarial. De este modo, la modernización económica y la represión militar se complementaron: se terminaron las negociaciones colectivas, se congelaron los salarios, se devaluó el peso en un cuarenta por ciento, se aumentaron los precios de los servicios públicos, se cerraron empresas del Estado y se firmaron acuerdos con el FMI. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios se trasladó a las empresas multinacionales, que aceleraron su acumulación de capital. Este proceso fue en desmedro de las pequeñas y medianas industrias nacionales, los comercios y las cooperativas. Disminuyeron su producción o directamente quebraron.

El plan afectó en forma inmediata las relaciones laborales. Aun antes de la designación de Krieger, el idilio de la jerarquía sindical con los militares estaba deteriorado. Onganía ya había anulado el derecho de huelga y autorizó despidos sin indemnización si eran causados por protestas gremiales.

En octubre de 1966, una huelga portuaria en defensa de derechos laborales provocó la intervención militar en el sindicato. El secretario del gremio, Eustaquio Tolosa, fue detenido durante una asamblea y encarcelado. Permaneció en prisión más de dos años.

Con la imposición de la “racionalidad económica”, los sectores “menos dinámicos” de la economía —el sector público o las economías regionales subsidiadas por el Estado— marcharon a la quiebra, acompañados por el autoritarismo represivo.

En el ámbito ferroviario —los trabajadores pasaron a depender del Ministerio de Defensa— hubo despidos masivos. La producción azucarera del Noroeste fue forzada a un programa de retracción que afectó a cañeros, zafreros y minifundios, y obligó al cierre o la venta de ingenios a compañías de capitales transnacionales. Los gremios fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas. La represión a las protestas y manifestaciones obreras mató a la dirigente sindical Hilda Guerrero de Molina, que organizaba las ollas populares en el ingenio Bella Vista. En el lapso de tres años, entre 1966 y 1969, una persona de cada cinco migró de Tucumán por la recesión económica.

Cuando la CGT de Vandor anunció una huelga general contra las medidas económicas, Onganía reimplantó el decreto 969 de Asociaciones Profesionales, prohibió las reuniones públicas y suprimió personerías gremiales. Asfixiado por la represión militar y por los despidos, Vandor quedó sin respuestas. Ya no pudo dialogar, presionar ni negociar con el establishment. La maquinaria del poder gremial que había construido comenzó a ser desafiada desde las bases obreras.

Para entonces, en noviembre de 1966, el Che Guevara ya había reimplantado un foco guerrillero en Latinoamérica. Había llegado a La Paz con la identidad supuesta de Adolfo Mena González, uruguayo, enviado por la OEA para estudiar las relaciones económicas y sociales del campo boliviano, y cuando se instaló en una finca apartada de la quebrada de Ñancahuazú, un monte de selva cruzado por varios ríos en el sur de Bolivia, se convirtió en Ramón. Guevara confiaba en que, a partir de las primeras victorias, campesinos y mineros se sumarían a la guerra de guerrillas para derrocar al gobierno del general René Barrientos. Su objetivo era que la acción se extendiese a otros países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, que, al cabo de unos años, aspiraba a que caminase “en la dirección revolucionaria”. Pese a su expectativa inicial, Guevara no logró incorporar al PC boliviano a la estrategia del foco. La cúpula se mantuvo respetuosa del consejo de Moscú de no comprometer al partido en la lucha armada. Los cubanos y bolivianos que componían el grupo de Guevara cavaron cuevas en Ñancahuazú para esconder armas, libros y medicamentos, y salieron en distintos grupos a explorar la zona durante dos meses. Los militares tomaron conocimiento de la incursión de los guerrilleros por un carnicero local y dos policías que habían sido reclutados y luego desertaron para informar de sus pasos. Las patrullas militares ya estaban detrás de los guerrilleros, aunque no tenían precisiones de quiénes eran. Tuvieron mayores certezas en marzo de 1967, cuando detectaron sus huellas e hicieron fuego en una zona arbolada. La respuesta de la guerrilla mató a siete soldados; al cabo de un corto combate, los militares se rindieron. Los sobrevivientes fueron hechos prisioneros, interrogados y luego, tras dos días, dejados en libertad por decisión del “Tribunal Superior de Campaña”.

Pese al éxito parcial, el hecho era preocupante para Guevara. Había previsto que los primeros enfrentamientos con el Ejército se producirían en septiembre, y para entonces ya contaría con hombres que llegarían desde la Argentina. Para los militares bolivianos, el combate dio cuenta de la existencia de un foco guerrillero, pero no de la presencia del Che Guevara. El general Barrientos decretó el estado de emergencia en el sudoeste del país y el Ejército alistó campesinos. Algunos bolivianos reclutados para el foco guerrillero, temerosos del enfrentamiento inevitable, desertaron. El 28 de marzo, Guevara anotó en su diario: “Estamos rodeados por dos mil soldados, aviones y bombas de napalm”.

En abril, un batallón del Ejército rastrilló Ñancahuazú con la guía de uno de los soldados liberados y detectó las cuevas donde se guardaban armas, libros y medicamentos. No dispararon un solo tiro: divididos en dos grupos, veinticinco a cargo del Che y diecisiete subordinados al cubano Joaquín, el otro jefe, habían abandonado la posición en direcciones opuestas.

Bolivia ya contaba con asistencia militar de los Estados Unidos. El Comando Sur, instalado en Panamá, envió un grupo de Boinas Verdes entrenados en Vietnam, quienes montaron un campamento en una refinería azucarera abandonada para instruir a los soldados bolivianos en contrainsurgencia. Les cambiaron los fusiles Mauser por ametralladoras a repetición y les realzaron la moral y el sentido patriótico. Les hicieron saber que la guerrilla era un “ejército invasor”. A los campesinos les explicaron que los extranjeros venían a robarles las tierras.

Ese mismo mes de abril, el Ejército volvió a enfrentarse con la guerrilla. Joaquín, acompañado por Tania, una germano-argentina que había oficiado de espía en Bolivia para el asentamiento del foco, atacó una guarnición militar en El Mezón. No hubo bajas en ninguno de los bandos. El 11 de abril, Guevara emboscó un destacamento de quince soldados y provocó bajas en el Ejército; volvieron a liberar a los detenidos. Para entonces, los expedicionarios ya sentían el rigor de la selva. El francés Régis Debray, de 26 años, profesor de Filosofía —con muy buenas condiciones como intelectual pero no como guerrillero, según anotó Guevara en su diario—, pidió ser excluido de la travesía. A mediados de abril, el Che autorizó a Debray a que volviera a París. Le pidió que antes de partir restableciese el contacto urbano con un enviado de Fidel Castro. Debray fue acompañado por Ciro Bustos, que había sobrevivido a la experiencia del EGP de 1964 en Salta. Portaban un manifiesto de Guevara al pueblo boliviano.

Ambos fueron detenidos en un poblado una semana después. El Che no solo perdió comunicación con Cuba y la Argentina (donde Bustos se ocuparía de reclutar guerrilleros): los militares se enteraron de que Guevara estaba en tierra boliviana. Debray fue enjuiciado y condenado a treinta años de prisión. La presión francesa le permitiría obtener el indulto en 1970.

La reaparición de Guevara fue un dato valioso para la CIA. Diferentes versiones indicaban que Fidel Castro lo había asesinado, que se había suicidado, que había desertado de la revolución, que trabajaba con los independentistas vascos o se había sumado a la guerra vietnamita contra los Estados Unidos. El secreto fue conocido años más tarde: Guevara había liderado un grupo de combatientes cubanos que participaba en la guerra de liberación del Congo belga (actual República Democrática del Congo), en África.

Entretanto, en la selva continuaron los choques esporádicos entre guerrilleros y soldados, con bajas para ambos. Mientras la aviación comenzaba a bombardear, Guevara sentía cada vez más la soledad política en su discurso al campesinado. “Son tan impenetrables como las rocas. Cuando uno les habla, parece que en el fondo de sus ojos se están burlando de uno”, escribió.

El único campesino boliviano, incorporado en reemplazo de Debray para hacer contacto con el enlace cubano Iván, también fue detenido. Como consecuencia de la captura, los militares ya tenían la posición de Guevara: a doscientos cincuenta kilómetros de su asentamiento original, en la selva. Los agentes de la CIA en Bolivia implementaron una serie de trabajos de inteligencia: infiltraron militares que simulaban ser campesinos; colocaron latas con sogas en los sembrados para que sonaran al paso de la columna guerrillera. También observaron el modo en que se abría la senda con el machete: el corte cubano era de abajo hacia arriba; los bolivianos lo hacían al revés. La información colectada les permitió seguir la senda del Che. Una decisión clave fue la confiscación en la zona de todos los medicamentos contra el asma, enfermedad que padecía Guevara. Varias veces sus subordinados bajaron a poblados sin hallar nada. La salud física y moral del pelotón se deterioró.

Hacia agosto de 1967, la retaguardia guerrillera de Joaquín, que buscaba reencontrarse con la columna del Guevara, libró combates esporádicos contra el Ejército con resultados favorables. Sin embargo, un campesino, al que habían recurrido para comprarle un cerdo, los delató al Ejército. Mientras esperaban la llegada de los guerrilleros por segunda vez, que iban para comprar una vaca y luego faenarla, los militares bolivianos planificaron la operación: la retaguardia fue emboscada cuando cruzaban el río Grande. Hubo siete muertos. Entre ellos estaba Tania. Otros dos fueron detenidos y fusilados.

El Che debía marchar hacia la casa del campesino ese mismo día para un probable encuentro con la columna de retaguardia. Se enteró de la caída del grupo por un pequeño transmisor. “Esta es una pérdida irreparable”, escribió. Dos años después, el campesino Honorato Rojas, que los había delatado, fue ajusticiado por un comando.

A partir de la caída de la retaguardia, la columna del Che empezó a ser perseguida por miles de rangers ya entrenados por los Boinas Verdes y la CIA. En un combate, fue herido en un pie. Se trasladaba siempre con una yegua. Un guerrillero que intentó ir a buscar medicinas a una cueva donde las habían guardado fue detenido. La columna estuvo seis días sin agua, bebiendo de sus orines, con diarreas y desmayos. Guevara perdió las botas en el cruce de un río y ató a sus pies cueros y trapos. La travesía continuó. El 22 de septiembre advirtieron su presencia en La Higuera. Los emboscaron. Hubo cinco muertos. El Che decidió esconderse en una cañada, en la ladera de la quebrada de Yuro. La columna estaba cercada: los rangers habían armado varios anillos de seguridad. Los militares los rastreaban, los guerrilleros escuchaban sus voces a pocos metros.

El Che mandó explorar zonas para romper el cerco de seguridad y escapar. Pero los militares habían bloqueado las salidas de las cañadas. La movilidad ya era casi imposible y la tropa estaba agotada. Una campesina que llevaba a pastar a sus chivos los encontró en el cañón. “Le dimos cincuenta pesos y le pedimos que no hable. Pero no me hago muchas ilusiones”, escribió Guevara. Su predicción fue acertada: el dato llegó al Ejército. Les tiraron con morteros para sacarlos de su madriguera. Fue un combate de siete horas. El Che, herido en la pantorrilla, con la boina atravesada por una bala y un fusil inutilizado por un impacto, fue intimado a rendirse por dos soldados, cara a cara. “Soy el Che, y valgo más para ustedes vivo que muerto”, dijo. Fue hecho prisionero y permaneció un día en el aula de una escuela rural en La Higuera. Al día siguiente, el 8 de octubre de 1967, fue fusilado.

Los ojos abiertos de su cadáver, puesto sobre una mesa, iluminarían los primeros pasos de la militancia guerrillera que se gestaba en la Argentina.

Desde Madrid, Perón escribió:

Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el Comandante Ernesto “Che” Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor: un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó, le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir.

La muerte de Guevara no representaba el final de una época. Era un llamado a su continuidad. La formación de grupos guerrilleros se había intensificado después del golpe de Estado en la Argentina. El saludo de Perón a los “nuevos tiempos” no había sido lanzado al azar. La guerrilla estaba destinada a convertirse en un nuevo actor en el escenario latinoamericano y argentino que impugnaba la hegemonía de los Estados Unidos en el continente y el poder militar en el país. Ya había pasado más de una década del inicio de la resistencia civil del peronismo. Habían pasado los intentos “foquistas” de 1959 y 1962, las acciones urbanas del MNRT. Había pasado el Che Guevara.

En su conjunto, hasta entonces, las acciones se habían caracterizado por su falta de coordinación y su escasa capacidad operativa y logística, con preeminencia por el foco rural, y no habían contado con una adhesión social relevante, que condujera a los dirigentes a ser “la vanguardia armada del pueblo”, como predecía el Che.

A partir de 1966, la lucha armada, dispuesta a enfrentar a la dictadura militar en su propio terreno —el de las armas—, iría ampliando su proyección de popularidad, de la que hasta entonces carecía.

Pero además de las experiencias fallidas de la teoría del foco rural, las nuevas organizaciones clandestinas recogieron —incluso algunos de sus integrantes habían sido partícipes— las prácticas de boicots y sabotajes de la resistencia peronista.

El peronismo fue eje de debate permanente para la guerrilla en gestación. Perón también. Buena parte de la izquierda revolucionaria lo excluía como eje de un proceso de transformación social porque formaba parte de la “facción de la burguesía”. Esta caracterización, como el rol que debería ocupar Perón en el nuevo proceso y la definición ideológica del peronismo, fueron obstáculos permanentes para la fusión entre grupos de la guerrilla marxista y aquellos que seguían reivindicando su paternidad en la formación del movimiento nacional y popular a partir de 1945.

La izquierda también tenía sus disidencias internas frente a la lucha armada. El Partido Comunista, por ejemplo, había apoyado la Revolución Cubana, pero había evitado el efecto de contagio entre sus militantes. Aunque la tentación de lanzarse a las armas permaneció en el imaginario comunista. En 1964, una célula del PC realizó en Icho Cruz, Córdoba, un campamento “preparatorio” de instrucción armada que alternaban con lecturas de lucha militar. Siete comunistas con ametralladoras y explosivos cayeron en la redada policial. También se enviaron cuadros a Cuba, la Unión Soviética y Hungría para ser formados en el manejo de armas largas y conducción de pelotones.

Otro motivo clave para la discusión era la estrategia revolucionaria. ¿Cómo debía realizarse la revolución? La influencia cubana, sobre todo su victoria, puso sobre la mesa la necesidad del “foquismo”. ¿Pero el proletariado rural argentino podía ser el detonante revolucionario? ¿El “foco” podría desarrollarse en las particularidades locales, teniendo en cuenta la estructura social y económica argentina? ¿Se debía prescindir de la clase obrera peronista, de la dinámica real de la lucha de clases que promovía el marxismo?

Los críticos del guevarismo sostenían que al centrar al campesinado como sujeto revolucionario, el Che había obliterado la importancia de las acciones armadas de los comandos urbanos del Movimiento 26 de Julio cubano. Para esta línea crítica, el “foco” era también un rasgo del elitismo aventurero, y también desesperado, de la pequeña burguesía. En este período de formación y maduración y de discusiones teóricas, las organizaciones guerrilleras comenzaron a desarrollar estrategias revolucionarias:

la teoría del “foco rural”, aplicada por las columnas de Guevara en Cuba y en Bolivia;

las acciones urbanas, es decir, operaciones de comando, sobre un determinado objetivo, que desarticularan moral y políticamente al enemigo.

También, las organizaciones guerrilleras planteaban el complemento de las acciones del “sujeto rural” y del proletario urbano. Al principio, para sublimar las diferencias teóricas y la tensión organizativa, prevaleció la necesidad de conformar una infraestructura y acumular dinero y armamentos, antes que alcanzar una identidad política y una metodología de la acción.

Por estos debates teóricos e ideológicos atravesaron las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El grupo se había ido conformando a partir de 1966, con el liderazgo de Envar El Kadri, Néstor Verdinelli y Amanda Peralta, y militantes que provenían de Uturuncos, la Acción Revolucionaria Peronista (ARP) de John Cooke, el MRP, la JP, el MNRT y también, como en el caso de Peralta, de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN), el grupo de trotskistas y peronistas combativos liderado por el “Vasco” Ángel Bengochea, dueño de un sino trágico en los orígenes de la guerrilla: en 1964 una explosión accidental durante la preparación de granadas destruyó el departamento que habían alquilado en la calle Posadas 1168 y la mayor parte del la cara interna del edificio de siete pisos resultó demolida. La detonación mató a Bengochea, a cuatro militantes y a cuatro miembros de una familia egipcia que vivía en el departamento vecino.

Hacia abril de 1968, las FAP ya tenían un perfil ideológico más o menos definido. Recogían el legado del peronismo de la resistencia, las luchas obreras y las experiencias guerrilleras de Latinoamérica y el Tercer Mundo, y justificaban la lucha armada para acceder a una sociedad más justa. En su enfrentamiento con las burocracias sindicales, la clase trabajadora era objeto de cierta idealización. Todas las fuerzas que escapaban a estos valores ideológicos y morales eran enemigas de las FAP.

El hecho de que, por ese tiempo, las FAP tuviesen dos comandos de acción, uno “urbano” y otro “rural”, hizo que, en la práctica, se tratase de dos tipos de organizaciones paralelas, con prácticas diferentes y autonomía para la acción. Luego de asaltar bancos en el conurbano bonaerense y una guardia en Campo de Mayo —para solventar el desplazamiento y la logística—, los “ruralistas” decidieron instalar un campamento en Taco Ralo, en el sur de la provincia de Tucumán.

La decisión pareció apresurada para quienes creían que la violencia necesitaba un mayor ejercicio de adaptación y preferían continuar con “acciones pequeñas” en las ciudades para acumular experiencia, armas e infraestructura. Cuando se decidió la excursión a Tucumán, un grupo “urbano” prefirió escindirse de las FAP.

En Taco Ralo compraron un lote con vegetación baja. Estaban prácticamente solos. El caserío más cercano quedaba a veinte kilómetros. El plan era entrenar durante un mes y luego largarse al monte. Pensaban que en dos meses ya estarían en condiciones de hacer la presentación pública de las FAP con la toma de un destacamento policial. El día elegido funcionaría como la revelación de su identidad política: el 17 de octubre.

En total fueron catorce los que viajaron —trece hombres y Amanda Peralta—, acamparon, exploraron la zona en marchas de reconocimiento e hicieron práctica armada. Pero la experiencia “foquista” terminó en forma rápida por la infidencia de un baqueano que informó a la autoridad de las caminatas nocturnas de los forasteros. El grupo fue descubierto en septiembre de 1968 por la Gendarmería.

A partir del temprano fracaso del “foco”, las FAP se lanzaron a la fase urbana. Firmarían la primera operación militar un año más tarde, en 1969, también el 17 de octubre, con la toma de un puesto policial en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

Otra organización guerrillera originada en los años sesenta que asumiría la lucha armada como parte de la estrategia de toma del poder fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El PRT fue resultado de la fusión de dos grupos. El Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP), creado por los hermanos Santucho en Santiago del Estero, con trabajo político sobre universitarios, maestros, jornaleros, y una ideología que asumía la Revolución Cubana y recogía la visión del pasado histórico indoamericano, tomado del peruano Raúl Haya de la Torre, con un revisionismo formulado por pensadores como Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui. En 1963, el FRIP tomó contacto con Palabra Obrera (PO), una organización trotskista liderada por Nahuel Moreno, insertada en universidades y en sectores obreros.

Aunque ambas organizaciones tenían dos concepciones diferentes —Moreno pensaba en un partido de origen sindical, el FRIP tenía la mente puesta en el proletariado rural—, de esa confluencia emergió el PRT.

En sus orígenes tuvieron una experiencia electoral, con la contienda legislativa en Tucumán en 1965. Presentaron candidatos obreros, elegidos en asambleas de ingenios azucareros, con un planteo “obrerista” y “clasista”, y luego se integraron a la agrupación “neoperonista” Acción Provinciana. La performance tuvo respuesta popular: de los ocho legisladores provinciales escogidos, dos eran del PRT.

Pero la coyuntura electoral que acababa de rehabilitar Illia no dispondría de un largo camino. El golpe militar de 1966 frustró las expectativas parlamentarias del PRT. Dos años más tarde, en enero de 1968, la organización liderada por Roberto Santucho caracterizó el proceso revolucionario de la Argentina como una guerra. Con la mirada puesta en las experiencias de China y de Vietnam, el líder perretista tomó el modelo de “guerra popular prolongada” y entendió la necesidad de formar un ejército. Santucho insistía en que solo un ejército que se templara en “mil batallas”, que fuera “de lo pequeño a lo grande”, hasta alcanzar la dimensión de un ejército regular, podía garantizar el triunfo final.

Santucho buscaba acciones guerrilleras con contenido político, fuera en el campo o la ciudad, “propaganda armada” que acompañara la lucha de los trabajadores en los ingenios y les permitiera continuar su inserción con las masas. Pero el sector de Moreno, crítico desde el inicio inmediato de la lucha armada, fue expresando sus disidencias a inicios de 1968 y se refugió en la fracción PRT-La Verdad, con su regional del Gran Buenos Aires. Según Santucho, “Moreno no tenía una estrategia de poder”. De modo que las regionales Norte y Litoral, mayoritarias en la dirección del PRT, continuaron con la línea de Santucho, que entendía la lucha armada como el único camino hacia “el poder obrero y socialista” e iría abandonando el trotskismo. En el PRT no existió una “desviación militarista”. Ya desde aquel documento partidario de 1968 entendieron que el camino era la guerra revolucionaria.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) también fueron parte del proceso de lucha armada en la década de 1960. La organización se gestó con la suma de distintos integrantes de la izquierda, no relacionados con el peronismo. La mayoría de ellos provenía de grupos de estudios, con abundante formación teórica e ideas-fuerza. Eran básicamente disidentes. Disidentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del grupo Praxis-MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) de Silvio Frondizi y de grupos armados. Disidentes que habían sido iluminados por la Revolución Cubana y el Che Guevara, pero que ahora, entre 1966 y 1967, en su intento de posicionarse frente a las masas, en el contexto de la “tipicidad argentina” para construir con ellas una nueva identidad política, un “tercer movimiento histórico”, actuaban en medio de las tinieblas.

Durante esos años, la discusión sobre marxismo y peronismo, el rol de Perón y la burguesía nacional en un proceso de liberación, la relación con otras organizaciones clandestinas, guio, célula por célula, las discusiones teóricas de las proto-FAR. Uno de los fundadores del grupo fue Carlos Olmedo, hijo de paraguayos. Había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, rompió con el PC local y marchó a Cuba en 1967 para realizar entrenamiento militar. Se había comprometido a instalar un foco guerrillero en Salta que oficiara de auxilio al de Guevara en Bolivia. Pero la caída del Che abortó el proyecto de “continentalizar” la revolución. Ese año, Olmedo trabajó como ejecutivo de la empresa Gillette y fue destacado como uno de los “jóvenes sobresalientes” del país, escogido desde el ámbito empresario. En esa condición, al año siguiente, sería invitado de Mirtha Legrand en su programa televisivo de almuerzos. También eran miembros del grupo, que recién se constituiría como FAR en 1970, Roberto Quieto (Buenos aires, ex PC), Marcos Osatinsky (Córdoba, ex PC), Julio Roqué y Arturo Lewinger (ex Praxis). Por entonces, ya realizaban acciones de “expropiación” y otras de “propaganda”, aunque todavía estaban lejos de tener una continuidad operativa y salir a la luz pública como organización político-militar.

También entre las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) una organización político-militar marxista compuesta por varios grupos autónomos, subordinados a una dirección colegiada, estaban en pleno ejercicio las operaciones armadas. En su larga cadena de golpes, produjeron el robo de ametralladoras y pistolas 11.25 de la Sala de Armas del Instituto Geográfico Militar —sobre la avenida Santa Fe, en el lejano 1962—, o el saqueo total del tesoro del Banco Popular de Liniers, hasta que, en abril de 1969, el frustrado intento de copar Campo de Mayo con un camión para robar 1700 fusiles FAL permitió a la inteligencia militar detectar a los miembros de una de sus células.

A partir de 1968, tanto las FAP como el PRT, las FAR y otros grupos guerrilleros irán consolidando una conducción estratégica, con estructuras regionales subordinadas. La acción militar se desplazará hacia el espacio urbano, donde estaban asentadas las masas obreras, con un mayor despliegue operativo. La “teoría del foco rural” quedaría relegada. La derrota en Bolivia será tomada como una lección militar. El Che y sobre todo la moral del “hombre nuevo” se consolidarán como un mito para los iniciados de la guerrilla.

En el plano sindical, la burocracia peronista no lograba dar una respuesta unificada frente a las consecuencias de la “racionalidad económica”. Las protestas empezaron a organizarse desde las bases, por medio de las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Frente a la línea “participacionista”, que buscaba reducir al mínimo la presión sobre el régimen militar y colaborar con su proyecto corporativo, y a la pérdida de rumbo del vandorismo, el clasismo obrero fue echando raíces en los cordones industriales de los centros urbanos.

La fractura en el sindicalismo se consumó en marzo de 1968, en el congreso de la central obrera. Los vandoristas y los “participacionistas” intentaron restringir la actuación de los gremios combativos, aduciendo que estaban intervenidos por el gobierno. De todos modos, el congreso se realizó y la CGT —desde entonces CGT de los Argentinos (CGTA)— eligió al dirigente gráfico Raimundo Ongaro como secretario general. La línea burocrática —las 62 Organizaciones Peronistas de Vandor, José Alonso (Vestido) y Rogelio Coria (Construcción)— permaneció en la CGT Azopardo, que intentó recuperar el diálogo con el gobierno.

El debate sobre la legitimidad de la violencia revolucionaria también atravesó al cristianismo. Desde principios de la década de 1960 se buscaron puntos en común entre la “lucha de clases” y el Evangelio, definidos en un “diálogo” entre Cristo y Marx. Si el cristianismo podía ser interpretado como una teoría revolucionaria, la opción de los jóvenes católicos argentinos y latinoamericanos debía ser la liberación de los pobres. La piedra angular de este proceso fue el obispo brasileño Hélder Câmara, quien en agosto de 1967 difundió un manifiesto en el que relacionaba la pobreza con la explotación de las empresas multinacionales, y al cristianismo con el socialismo. Para ciertos sectores de la Iglesia, liberar a la sociedad de las injusticias y la miseria era un servicio a Dios. A partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), estas ideas comenzaron a circular en el ámbito católico, pese a la resistencia de las jerarquías eclesiásticas locales que, según los sacerdotes más jóvenes, solo estaban interesadas en relacionarse con el poder político y económico. En la Argentina, casi quinientos curas adhirieron a la gestación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) que desplegó nuevas visiones sobre la violencia revolucionaria, la ayuda social, el celibato, la misión de la Iglesia. Los sacerdotes del MSTM comenzaron a presentarse en villas de emergencia y barrios marginales, junto a universitarios, la militancia de izquierda y sectores obreros, para organizar la ayuda social y enfrentar la pobreza. De este modo, fueron descubriendo que la ayuda no alcanzaba y que era el propio sistema el que engendraba la miseria. En agosto de 1968, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) reunido en Medellín con ciento cincuenta obispos, avaló el compromiso de los sacerdotes con los pobres y a favor de la justicia. El Celam dejaba abierta la posibilidad de recurrir a la violencia contra el sistema.

Luego de dos años de desmovilización y aislamiento del movimiento obrero, la CGTA fue una opción gremial que reunió a dirigentes del “peronismo duro” y gremios radicales, comunistas, trotskistas y otras variantes de izquierda. El peso específico de la CGTA estaba asentado en el interior del país. Sus líderes más significativos, aparte de Ongaro, eran Julio Guillán (Telefónicos) y Agustín Tosco (Luz y Fuerza-Córdoba). El 1º de mayo de 1968, la CGTA dio a luz su declaración de principios con una convocatoria amplia contra “el hambre, los monopolios y el imperialismo”. El programa reclamaba, entre otros puntos, la intervención de los trabajadores en la producción y en la administración de las empresas, y la nacionalización de los sectores básicos de la economía —el comercio exterior, los bancos, el petróleo—, además de otro tipo de demandas formuladas con un tono discursivo peronista nacionalista y revolucionario; también hacía mención, por primera vez, a la construcción de una “patria socialista”. Las tendencias revolucionarias del peronismo empezaron a guiar a la nueva central sindical y la conflictividad gremial tomó mayor impulso. La respuesta de la dictadura de Onganía fue la persecución: dirigentes encarcelados y en algunos casos torturados.

El conflicto no estaba focalizado solo en el sector obrero.

Ese año 1969, la “paz social” predicada con autoritarismo por el “onganiato” inició su derrumbe. Todos los sectores civiles afectados por la transformación corporativa-católica (en lo institucional y cultural), y liberal ortodoxa (en lo económico y social) se unificaron. La rebelión estallaría hacia el mes de mayo en distintas provincias. Fundamentalmente en Córdoba.

Las manifestaciones previas al “Cordobazo” se iniciaron en la provincia de Corrientes por el aumento del ticket del comedor universitario. Comenzaron los paros, la CGTA ofreció una “olla popular” para mantener el comedor estudiantil y la policía reprimió las manifestaciones. El 15 de mayo de 1969, un estudiante de Medicina, Juan José Cabral, resultó muerto por la represión policial y se dispararon paros y movilizaciones. Los conflictos laborales se tensaron. El clima de desobediencia civil contra el poder militar ya estaba instalado, pero fue variando el eje de la rebelión. Si hasta entonces la resistencia a Onganía se había ubicado en el eje semirrural, con la lucha de los trabajadores de los ingenios del Norte, ahora se asentaba en la ciudad de Córdoba y en los centros urbanos del Litoral.

Córdoba era un “caso testigo” de la dirigencia sindical “clasista”, de “nueva izquierda”, el “sindicalismo de liberación”, como se lo denominó. Como los teólogos tercermundistas, impugnaban la polarización entre riqueza y miseria que producía el capitalismo. El clasismo asentaba su poder en la democracia interna, con el respeto a las decisiones de asamblea de las bases y a impedir los cambios de ritmo en la producción y la reducción de costos laborales. Este modelo de transformación política, organizado al margen de los patrones y el Estado, rompía con el del sindicalismo tradicional, que fue siendo desalojado de las conducciones gremiales. Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, uno de los líderes clasistas, que no pertenecía a ningún partido político pero estaba cercano al comunismo, impugnaba las gestiones burocráticas. “Burócrata es aquel que, sin vocación ni ideales, se convierte en un típico administrador de un cargo sindical y lo usa para su satisfacción personal, y desde allí comienza a mandar sobre sus compañeros”, decía.

Dos de los sindicatos que lideraron los conflictos en Córdoba fueron SITRAC, de la automotriz Fiat Concord, y SITRAM, de Materfer. El liderazgo obrero, establecido como una vanguardia social, se fortaleció entre sectores medios que plantearon la necesidad de un cambio revolucionario. Se convirtieron en una fuerza de combate, con mucho más poder de desestabilización del que, hacia 1969, poseían las formaciones guerrilleras. El epicentro de la confrontación que gestaría el Cordobazo era el conglomerado industrial conformado por IKA-Renault, tres fábricas de FIAT, un complejo estatal de la Fuerza Aérea (IME), además de los trabajadores de la Empresa Provincial de Electricidad (EPEC), el gremio metalúrgico y el del transporte.

Mientras el gobierno militar satisfacía las demandas de la corporación industrial —aumento de la productividad, reducción de costos laborales—, la respuesta obrera era la huelga. En forma simultánea a Córdoba, la agitación también se instaló en el cordón metalúrgico de Rosario, frente a los despidos y las suspensiones en las fábricas. Los estudiantes luchaban contra las limitaciones de los cursos de ingreso en las universidades. El 17 de marzo de 1969, en una manifestación contra la apertura de cursos para ejecutivos de empresas en la Facultad de Ciencias Matemáticas —calificados como “los nuevos managers de la entrega”—, fue muerto el estudiante Adolfo Bello.

Hasta entonces, la Revolución Argentina no había tenido más sobresaltos que conflictos gremiales acotados y la fugaz emergencia foquista de la guerrilla. Pero los síntomas sociales le proponían un desafío mayor, aunque el gobierno ignoraba el potencial de las protestas.

Onganía, encerrado entre su propia corte y huérfano de virtudes políticas, intentó contrarrestarlos con represión policial. El presidente de facto minimizaba las motivaciones de las protestas —el comedor universitario, el “sábado inglés”, la ampliación de los cupos de ingreso—, y atribuía los reclamos a episodios motorizados por la “extrema izquierda”. Pero el espectro era más amplio. Tras la muerte de tres estudiantes en Corrientes y Rosario en mayo de 1969, la protesta y movilización también sacudió a La Plata, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Resistencia.

El 21 de mayo, la marcha del silencio convocada en Rosario en repudio del crimen de Bello paralizó la ciudad y se convirtió durante horas en un combate social contra las fuerzas policiales y el Ejército. El casco céntrico fue ocupado por los manifestantes, que rechazaban el desalojo policial con piedras y palos y cruzaban colectivos como barricadas. También se saquearon comercios y se ocupó una radio. Por la noche, tras cuatro horas de acción, se libró el combate decisivo frente a la jefatura de Policía, donde se habían replegado los efectivos de seguridad. La capacidad de la fuerza había sido desbordada por el avance de la movilización. En ese momento, Norberto Blanco, estudiante secundario y aprendiz en un taller metalúrgico, fue muerto en el enfrentamiento con una herida de bala. Con la declaración de Rosario como “zona de emergencia” y la participación del Ejército, la Gendarmería y efectivos de la Policía Federal, llegados desde Buenos Aires, el Estado retomó el control de la ciudad. El “Rosariazo” dejó un muerto y ciento cincuenta heridos de ambos bandos.

La radicalización de los actores que emergían en la rebelión no exigía el retorno a la institucionalidad ni la convocatoria a elecciones. Tanto para los sectores de izquierda como para el peronismo combativo, 1969 era el año del “cambio revolucionario”. El “tiempo social” irrumpía en las calles sin que el gobierno lo hubiese convocado.

Córdoba ya tenía un mártir propio. Era Santiago Pampillón, estudiante de Ingeniería y delegado gremial de la fábrica IKA, que había sido baleado por la policía en una manifestación en septiembre de 1966. Desde aquellas protestas universitarias rápidamente sepultadas por la represión, la provincia se presentaba en 1969 como un territorio de luchas gremiales y sociales, que iban in crescendo con choques de manifestantes con la policía. Los intelectuales empezaban a encuadrar el fenómeno como un eslabón de la cadena de sociedades capitalistas industrializadas, en proceso de convulsión social. Las calles cordobesas no eran más que el espejo del Mayo Francés de 1968.

La CGTA había convocado a un paro nacional para el 30 de mayo, pero el movimiento social cordobés resolvió iniciarlo un día antes, en forma activa, con una movilización. El jueves 29 de mayo de 1969, mientras en Buenos Aires Onganía presidía la conmemoración del Día del Ejército en Campo de Mayo, los obreros abandonaron las fábricas alrededor de las once y marcharon hacia el centro de la ciudad. Un acto de Luz y Fuerza fue reprimido con gases. La Revolución Argentina mantenía vedado el derecho de reunión. Pero el mito del orden empezaba a derrumbarse. Las tropas desplegaron sus carros de asalto a la espera de una marcha de tres mil obreros provenientes de la planta de IKA-Renault, que superó la barrera policial.

En medio de barricadas y automóviles incendiados, el centro de la ciudad fue ocupado por una movilización que había congregado a obreros, militantes gremiales, estudiantiles, grupos diocesanos y de partidos políticos. Pasado el mediodía, algunos destacamentos policiales fueron cerrados.

A diferencia de Rosario, en Córdoba las fuerzas de seguridad no ofrecieron resistencia —apenas hubo algunas escaramuzas— y permitieron el ingreso de las columnas. Con libertad de movimientos, los manifestantes ocuparon el radio céntrico y alrededor de ciento cincuenta manzanas. La protesta se convirtió en insurrección urbana. Se tomó por asalto el Círculo de Oficiales y se lo quemó y desmanteló. También se atacó Gas del Estado y el Ministerio de Obras Públicas. Una columna de estudiantes tomó el edificio de Tribunales. La policía lanzó gases lacrimógenos. Oficinas de multinacionales y concesionarias de automotores, caracterizadas como “símbolos del imperialismo”, fueron incendiadas. Se balearon destacamentos policiales, comisarías y domicilios de funcionarios públicos.

La fuerza social de las manifestaciones había tomado el control de la ciudad; los policías, que permanecían en la calle, disparaban. En la esquina de Blas y Bulevar San Juan cayó herido de muerte el obrero mecánico de IKA Renault Máximo Mena. Sería el primero de una larga lista. La noticia lanzó a vecinos de los sectores medios a las calles. Por la tarde la insurrección se concentró en el Barrio Clínicas y Alberdi, con mayoría de estudiantes, que ahora tomaban el protagonismo de la protesta. A las cuatro y media, el gobernador Carlos Caballero —los gobernadores eran, en la práctica, “interventores” designados por Onganía— reclamó auxilio y entraron en acción la Brigada de Infantería Aerotransportada, la Gendarmería y el Ejército, todos al mando del general Jorge Calcagno. La demora de la intervención militar alimentaría la sospecha de que el jefe del Ejército, el general Alejandro Lanusse, intentó que la movilización social desgastase al gobierno provincial y al nacional.

Las tropas consiguieron despejar las calles céntricas luego de varias horas de insurrección urbana. Hacia la noche, la agitación continuó en los barrios y los trabajadores de Luz y Fuerza provocaron un apagón en la ciudad. La resistencia se prolongó durante la madrugada.

El 30 de mayo de 1969, los militares consiguieron el control de la ciudad, aunque subsistieron algunos disparos de francotiradores, la obstrucción de vías ferroviarias y actos relámpago, pese al “toque de queda”, que estableció la prohibición de permanecer en la calle después de las 17. Ese día comenzaron los allanamientos a las sedes sindicales y las detenciones. Tosco y el líder de SMATA, Elpidio Torres, serían condenados a ocho y cuatro años de prisión, respectivamente.

El Cordobazo había excedido la demostración de fuerza planificada por el sindicalismo —en especial, Tosco, Torres y Atilio López (UTA)—. Los enfrentamientos dejarían al menos catorce muertos —dos de ellos eran soldados— y más de medio centenar de heridos.

Tras cuatro días de silencio, Onganía atribuyó el movimiento a la conspiración de la izquierda revolucionaria y el “comunismo internacional”. Aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de la “la etapa social”: llamó a la “unidad sindical” y anticipó el regreso de las convenciones colectivas de trabajo. Onganía buscaba nuevos acuerdos con los líderes gremiales que lo habían apoyado a inicios de su gestión; los anteriores acuerdos ya los había traicionado. El retorno de la actividad partidaria quedaba postergado para un futuro nebuloso.

Las consecuencias del estallido social lo habían afectado. El gobernador de Córdoba renunció y también fue despedido todo el gabinete nacional. La baja más significativa fue la de Krieger Vasena. La aceptación de su dimisión provocó malestar en el establishment y se agudizó la confrontación de Onganía con la Junta de Comandantes que lo había designado. El dictador y su entorno suponían que Lanusse lo había traicionado e incluso lo despidió de la jefatura del Ejército después del Cordobazo, pero luego lo repuso.

El régimen militar estaba atravesado por intrigas internas, lucha de intereses económicos e ideológicos entre “nacionalistas” y “liberales” y, lo más novedoso, había demostrado su vulnerabilidad frente a un movimiento de protesta gestado en la unidad de sectores que ahora lo impugnaban desde las fábricas y las calles. La autoridad militar estaba en crisis, y la explosión social y guerrillera que había crecido de manera subterránea en los últimos años era un desafío que tenía una dimensión jamás conocida desde la caída de Perón en 1955. La violencia estaba instalada, y también legitimada, contra el régimen. Frondizi —que había soportado en su ejercicio presidencial el combate callejero de la resistencia peronista y la izquierda— ahora afirmaba que la “violencia popular” era la respuesta a la “violencia de arriba”.

El día 27 de junio de 1969, las FAR —sin “firmar” en forma pública una operación que reconocerían dos años más tarde— incendiaron y destruyeron buena parte de las nueve sucursales de los supermercados Minimax, con explosivos en los tubos de dentífrico que mezclaron en las góndolas, para protestar por la visita del vicepresidente norteamericano David Rockefeller, propietario de la cadena. Era, hasta ese momento, el atentado más importante de la guerrilla urbana. Pero sería apenas una señal de lo que sucedería en los años setenta.

El ciclo violento de la década de 1960 se cerraría con el crimen de Augusto Vandor, dos días después. El sindicalista había quedado solo. Perón lo había dejado fuera de combate tras su aspiración de conducir el movimiento y Onganía había aplastado su intención de aliarse con los otros factores de poder: los empresarios, la Iglesia, las Fuerzas Armadas. En la soledad de la jefatura de un sindicalismo que había quedado superado por la radicalización del proletariado y las insurrecciones populares del año 1969, Perón le había explicado, en una reunión secreta en España de abril de ese año, que ya no había tiempo para una reconciliación entre los dos.

Usted no es tan habilidoso como cree. A usted lo matan. Aceptó dinero de la CIA y ahora está entre la espada y la pared. Si le falla a la CIA, la CIA lo mata. Si le falla al Movimiento, el Movimiento lo mata.

El 30 de junio, en una acción comando, un grupo que ingresó en la sede de la UOM neutralizó a alrededor de treinta personas que estaban en la planta baja y subió al primer piso. Vandor acababa de colgar el teléfono en su despacho. Abrieron la puerta, le tiraron cinco balas y le dejaron una bomba de trotyl que destruiría parte del edificio. “Me acuerdo que lloró”, reveló Perón, el día que le anticipó su destino.

Bibliografía

Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. 1966-1973, Buenos Aires, Norma, 1997.

Badiou, Alain, El siglo, Buenos Aires, Manantial, 2005.

Balbé, Beba C. y Balbé, Beatriz S., El 69. Huelga política de masas. Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.

Brenan, James, Las guerras obreras en Córdoba, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Bufano, Sergio y Rot, Gabriel, “Entrevista a Héctor Jouvé, miembro del EGP”, en Lucha Armada, Nº 2, 2005.

Caraballo, Liliana; Charlier, Noemí y Garulli, Liliana, Documentos de historia argentina (1955-1976), Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Carnovale, Vera, “La política armada: el problema de la militarización en el PRT-ERP”, en Lucha Armada, Nº 8, 2008.

—, “Jugarse al Cristo. Mandatos, formas de sacralización y construcción identitaria en el PRT”, en Entrepasados, Nº 28, 2005.

Caviasca, Guillermo, “Arturo Lewinger y los orígenes de las FAR”, en Lucha Armada, Nº 6, 2006.

Cullen, Rafael, Clase obrera, lucha armada, peronismos, volumen I: Génesis, desarrollo y crisis del peronismo original, La Plata, De la Campana, 2009.

De Riz, Liliana, La política en suspenso, 1966/1976, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Documentos del Archivo y Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria, La Plata.

Duhalde, Eduardo L. y Pérez, Eduardo M., De Taco Ralo a la alternativa independiente, Tomo I: Las FAP, La Plata, De la Campana, 2002.

Feinmann, José Pablo, La sangre derramada. Ensayo sobre la violencia política, Buenos Aires, Ariel, 1999.

Flaskamp, Carlos, Límites y desbordes. Lo nacional y lo social en la política argentina, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008.

—, Organizaciones político-militares. Testimonio de la lucha armada en la Argentina (1968-1976), Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2002.

Floria, Carlos y García Belsunce, César, La Argentina política. Una nación puesta a prueba, Buenos Aires, El Ateneo, 2005.

Gambini, Hugo, El Che Guevara. La biografía, Buenos Aires, Planeta, 2000.

García, Prudencio, El drama de la autonomía militar, Buenos Aires, Alianza, 1995.

García Lupo, Rogelio, La rebelión de los generales, Buenos Aires, Jamcana, 1963.

Gilbert, Isidoro, La Fede. Alistándose para la revolución. La Federación Juvenil Comunista. 1921-2005, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.

Goldar, Ernesto, “FAP. El enigma de Taco Ralo”, en Todo es Historia, Nº 273, marzo de 1990.

Iñigo Carrera, Nicolás; Grau, María Isabel y Martí, Analía, Agustín Tosco. La clase revolucionaria, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2006.

James, Daniel, Resistencia e integración, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

Luvecce, Cecilia, Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base, Buenos Aires, CEAL, 1993.

Massot, Vicente, Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980), Buenos Aires, Emecé, 2003.

O’Donnell, Guillermo, 1966-1973. El Estado burocrático autoritario, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.

O’Donnell, Pacho, Che. La vida por un mundo mejor, Buenos Aires, Plaza & Janés, 2003.

Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo L., Felipe Vallese. Proceso al sistema. A 40 años, lectura del crimen, Buenos Aires, Punto Crítico, 2002.

Paiva, Roberto (comp.), Orígenes y desarrollo de la guerra civil en Argentina. 1966-1976, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Potash, Robert, El Ejército y la política en la Argentina, 1962-1973, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Pozzi, Pablo, “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP. La guerrilla marxista, Buenos Aires, Eudeba, 2001.

Romero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, 1916-1999, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

Rot, Gabriel, Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia de Jorge Masetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

Roth, Roberto, Los años de Onganía. Relato de un testigo, Buenos Aires, De la Campana, 1980.

Rouquié, Alain, Poder militar y sociedad política en la Argentina.

1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982.

Sarlo, Beatriz (con Carlos Altamirano), La batalla de las ideas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001.

Schneider, Alejandro, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, 2006.

Sidicaro, Ricardo, Juan Domingo Perón: la paz y la guerra, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Sivak, Martín, El Doctor. Biografía no autorizada de Mariano Grondona, Buenos Aires, Aguilar, 2005.

Tarcus, Horacio, “El Cordobazo: un mayo caliente”, en Lo mejor de Todo es Historia, tomo V, Buenos Aires, Taurus, 2002.

Vezzetti, Hugo, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

von Clausewitz, Karl, De la guerra, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

XVI

Montoneros: Luche y Vuelve

Al pueblo de la Nación:

Hoy a las 9.30, nuestro Comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo a Juicio Revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo y asesinato en la persona de veintisiete argentinos.

Comunicado N° 1 de Montoneros, 29 de mayo de 1970

En los primeros meses de 1970, el grupo Montoneros ya tenía definida, y en proceso de planificación, la realización de dos acciones político-militares —una en Buenos Aires y la otra en Córdoba—, en las que se darían a conocer como organización armada. Eso lo tenían claro.

HECHOS RELEVANTES

1970. El 29 de mayo, en su primera acción pública, Montoneros secuestra al general Aramburu y dos días después lo mata en una estancia de Timote, provincia de Buenos Aires.

El 8 de junio, cae el gobierno de Onganía y lo sucede el general Roberto Levingston. Las organizaciones armadas fortalecen sus estructuras con secuestros a empresarios y asaltos a unidades militares.

1971. El 22 de marzo Levingston renuncia por un levantamiento popular. Lo sucede el general Alejandro Lanusse. Promete apertura política, diálogo con Perón y salida electoral. Perón, pese al pedido de Lanusse en abril, no desautoriza las acciones armadas.

En cuatro meses, la guerrilla realiza 316 operaciones “firmadas”. Ese año, comandos clandestinos de la policía y las Fuerzas Armadas provocan 17 desapariciones. Caen los primeros jefes guerrilleros.

El 3 de septiembre, Lanusse devuelve a Perón el cadáver de Evita, secuestrado y oculto desde 1955.

1972. Luego de un intento de fuga de la cárcel de Rawson, el 22 de agosto 16 detenidos políticos son fusilados en la base naval de Trelew. Lanusse fija el cronograma electoral.

El 17 de noviembre, Perón regresa luego de 17 años de exilio. Elige a su delegado, Héctor J. Campora, como candidato para las elecciones presidenciales y vuelve a Madrid.

1973. La Tendencia Revolucionaria, ligada a Montoneros y a la izquierda peronista, guía la movilización de la campaña electoral peronista. El 11 de marzo, Cámpora gana con casi el 50% de los votos.

Lo que no sabían era que la primera operación, que provocaría la caída del gobierno de Onganía y modificaría la estrategia de los grupos guerrilleros, convulsionaría el proceso político argentino en los tempranos años setenta.

Tampoco imaginaban que la segunda acción, ejecutada un mes después, revelaría la identidad de sus miembros, los conduciría a la muerte, la cárcel y la clandestinidad, y pondría a la organización al borde de su aniquilación apenas un mes después de su primera aparición pública.

El punto de giro de la década comenzó la mañana del 29 de mayo de 1970, cuando un Peugeot 504 blanco ingresó en un estacionamiento de la calle Montevideo, en la Capital Federal, y del automóvil descendieron dos civiles y dos supuestos oficiales del Ejército argentino que se dirigieron al departamento A del octavo piso del 1053 de la misma calle. Fueron en busca del general Aramburu.

Montoneros fue producto de la fusión de distintos grupos. Tuvo muchos años de gestación previa, hasta que las ideas —amasadas en parroquias, colegios y misiones espirituales con curas que les señalaban la injusticia social y la explotación económica— se sedimentaron en un contexto social que anticipaba el “final de época” del capitalismo. Los militantes montoneros estaban convencidos de que el cambio revolucionario debía surgir a partir de la lucha armada.

El mandato del Evangelio los obligaba a ese compromiso. Como lo había hecho Jesús, que había empuñado el látigo para echar a los mercaderes del templo. El proceso liberador se construía con las armas.

A partir de esa convicción, se sintieron vanguardia, los hombres elegidos —si no era por Dios, por ellos mismos— para conducir el proceso revolucionario. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas. En ese sentido, la misión del Che era parecida a la de Cristo. Él también, en su llegada al mundo, había predicado el enfrentamiento.

Las dos operaciones armadas de Montoneros serían ejecutadas por uno de los grupos originarios, el “grupo fundador”, que tenía una célula en Córdoba y otra en la Capital Federal. También existían otros grupos con los que acababan de fusionarse, y que, si bien no conocían los objetivos, le ofrecerían una infraestructura de clandestinidad que sería vital para la supervivencia, luego del desastre operativo de la segunda acción.

El primer ámbito de desarrollo de la célula cordobesa del grupo fundador fue el Liceo Militar General Paz. En los primeros años de la década de 1960, algunos jóvenes liceístas empezaron a inquietarse con la pedagogía que se impartía en los cursos extracurriculares de guerra contrarrevolucionaria. Aceptaban la disciplina y la obediencia de la institución militar, y el hecho de matar al enemigo en una situación de combate, pero la obligación de extraerle información al prisionero por medio de la tortura, comprender la “inevitabilidad” de ese procedimiento, como predicaban los manuales de la Escuela Militar Francesa, contradecía el compromiso cristiano que habían asumido.

La inquietud de los liceístas fue trasladada a la capellanía y a la parroquia universitaria Cristo Obrero. En esos ámbitos comenzaron a debatir ideas e instancias organizativas con sacerdotes y obispos que luego formarían parte del movimiento tercermundista. En la parroquia, también, se conformaría el MUCO (Movimiento Universitario de Cristo Obrero), que promovería la huelga de hambre en contra de la intervención universitaria, poco después del golpe militar de Onganía. Y aunque ya eran varios los grupos que contaban con cuadros clandestinos, la voluntad de los ahora ex liceístas —Emilio Maza, Ignacio Vélez Carreras— no quería limitarse a la ayuda social, la caridad con los pobres o las fricciones estudiantiles o gremiales como un todo en sí mismo. No querían ofrecer la otra mejilla. Querían construir un aparato militar que actuara al margen de las luchas sociales y políticas, que les parecían lentas y riesgosas; querían montar un foco guerrillero y hacer la revolución. Entendían que el peronismo, como movimiento de conciliación de clases, había fracasado. La “burguesía nacional” había traicionado a Perón a partir de 1952 y lo había obligado a abandonar la política industrial y ceder concesiones al capital extranjero. Y ahora esa burguesía seguía la hoja de ruta dictada por Krieger Vasena: vendían sus empresas a las multinacionales y se convertían en gerentes de sus intereses en la Argentina.

En el enfrentamiento pueblo-antipueblo, la burguesía eran los cipayos. Pero también entendían que, por su componente nacional, popular y revolucionario, el peronismo podía ser sujeto de la transformación. Y si Perón se decidía a abandonar las medias palabras y a los burócratas enquistados en la conducción táctica del movimiento, si se decidía a eliminar a los “enemigos internos” y asumía posiciones revolucionarias, ellos, los ex liceístas, los grupos originarios de Montoneros, estaban dispuestos a organizar la violencia popular para desafiar la violencia de los poderosos; a guiar a las bases del movimiento; a aceptar la conducción estratégica y marchar hacia el “socialismo nacional”. Era una cruzada redentora, una conciencia de lucha que superaba en organización y objetivos a la “resistencia peronista”. Los ex liceístas le reconocían sus acciones y padecimientos, pero no debían luchar de manera espontánea y masiva, sino con planificación y estrategia armada.

Uno de los primeros vínculos de los liceístas cordobeses en Buenos Aires fue con el ex seminarista Juan García Elorrio, que ganó notoriedad el 1º de mayo de 1967 cuando en la misa de la Catedral porteña tomó el micrófono y denunció la pobreza y la explotación del imperialismo; luego fue retirado del templo y condenado a treinta días de arresto. García Elorrio era la cabeza del proyecto editorial Cristianismo y Revolución, donde empezaron a difundirse las ideas de liberación social de los sacerdotes que confluirían en el tercermundismo. La relación con Elorrio ayudó a los liceístas a vincularse con grupos de diferentes sectores, pero con visiones y objetivos comunes. García Elorrio, junto a Cooke, también facilitaba a la militancia los viajes a Cuba para recibir instrucción armada. De estos grupos de entrenamiento participaron Fernando Abal Medina y el ex liceísta Emilio Maza. Muchos de “los entrenados” en la isla, como se los llamaba internamente, empezaron a ganar posiciones jerárquicas y a marcar una línea más “militarista” en las organizaciones armadas.

El primer ámbito de desarrollo de la célula porteña, que constituiría el grupo fundador de Montoneros, fue el Colegio Nacional de Buenos Aires. También, como los cordobeses, estuvo signado por la relación con los curas. Muchos estudiantes eran hijos de la clase media católica que “olía” a Barrio Norte y había defendido la Catedral frente al peronismo anticlerical de 1955. Empezaron a reunirse alrededor de la Juventud Estudiantil Católica (JEC) e involucrarse en tareas sociales, dirigidos por el padre Carlos Mugica, hijo de un ex canciller, que se había criado con ama de llaves y chofer. Pero ahora, entregado al Evangelio, a sus 36 años, Mugica señalaba a la burguesía como base de una estructura económica y social que violentaba su espíritu cristiano.

En febrero de 1966, quince estudiantes-misioneros del colegio, ligados a la Acción Católica, viajaron con Mugica hacia el norte santafecino, en Tartagal, y tomaron contacto con los hacheros, visitaron ranchos y vieron con ojos propios las injusticias y el hambre. Cuando regresaron, se organizaron en células clandestinas bajo el nombre de Comando Camilo Torres. La muerte del sacerdote guerrillero colombiano, caído en combate, los había conmovido.

En pocos meses, “los camilos” serían más de treinta, siempre bajo la guía agitada de García Elorrio; con el oído puesto en los oficios que el padre Mugica difundía en cualquier misa, y bajo el liderazgo de Fernando Abal Medina, dos años mayor que Mario Firmenich y Gustavo Ramus, con los que había compartido el viaje a Tartagal. En el comando Camilo Torres también militaba Norma Arrostito, que era maestra, divorciada, atea, y tenía un pasado militante en el Partido Comunista y con el grupo de John Cooke. Arrostito tenía siete años más que su novio Abal Medina. Todos ellos tendrían un rol definido en el secuestro del general Aramburu, en la mañana del 29 de mayo de 1970.

Las relaciones se multiplicaban. Durante el viaje al norte santafecino habían trabado vínculo con Roberto Perdía —de 24 años—, abogado de una organización de trabajadores del campo y también guiado políticamente por el padre Rafael Yacuzzi, de la parroquia de Santa Ana, un pueblo “fantasma” tras el paso de La Forestal. José Sabino Navarro, un obrero metalúrgico, sería uno de los pocos contactos del mundo fabril que atesoraría el Comando Camilo Torres por entonces. Elorrio actuaba como nexo para que la militancia juvenil se viera en encuentros pastorales, plenarios gremiales o durante un entrenamiento militar en Cuba.

Los ex liceístas cordobeses y el Comando Camilo Torres porteño, tras haber encarado juntos la instrucción militar en Cuba, se fusionaron en una sola agrupación, que iba a constituirse como el grupo fundador de Montoneros. Pronto se rebelarían contra el padrinazgo de García Elorrio, al que no creían capaz de liderar un grupo político-militar. Lo mismo sucedería con Mugica: romperían con él. Respetaban su testimonio, su inserción en el MSTM, su acelerada “peronización”, pero no creían que fuera capaz de llevar a cabo, hasta las últimas consecuencias, la lucha por la toma del poder y la liberación de los oprimidos.

Desembarazado de ambos padrinazgos evangélicos, el grupo fundador de Montoneros continuaría con la célula de Abal Medina en la Capital Federal y la de Emilio Maza en Córdoba. Ambas irían modelando concepciones diferenciadas sobre la estrategia revolucionaria. Abal Medina, pragmático, creía en el foco como motor de una conciencia de lucha y estrategia de conformación de un ejército popular. Maza creía que había que construir un foco militar respaldado por una organización eficiente, que fuera el soporte de las luchas políticas y sociales. La supremacía de “lo militar” iría determinando las definiciones políticas, la organización interna, las relaciones entre los miembros, el verticalismo.

Al filo de los años setenta, el grupo fundador de Montoneros ya contaba con una red de contactos y relaciones que seis meses más tarde, cuando se lanzasen las acciones político-militares —una en Buenos Aires y la otra en Córdoba— en las que se darían a conocer en forma pública, le asegurarían la supervivencia.

Maza mantenía contacto con los antiguos militantes de Cristo Obrero, con quienes había realizado la huelga de hambre de 1966. En Santa Fe, Federico Ernst, estudiante de Ingeniería Química y experto en explosivos, lideraba grupos de matriz cristiana. Su Ateneo Santa Fe tenía buen desarrollo militar. Sabino Navarro, hacia 1969, ya había montado su propio grupo, con células compartimentadas. Para engrosar su infraestructura militar, desarmaban policías o robaban comercios, actividades que alternaban con las “acciones de superficie”.

Para entonces, el nombre de la organización ya estaba definido. “Montoneros” remitía a las raíces populares de un país aplastado por la oligarquía elitista y liberal en la contradicción “imperialismo-nación”, que definió la conformación del Estado. En esta etapa de fusiones, las formulaciones ideológicas de Montoneros estaban inscriptas en el clima político-cultural de la época: la Revolución Cubana, Guevara, el foquismo, las guerras anticolonialistas en África y Asia, la teología cristiana de liberación social, Camilo Torres, el antiimperialismo, las lecturas de Mao, Giap, Guillén o el Che Guevara. En el orden local, fueron clave la formación católica posconciliar, la apertura hacia el nacionalismo popular —no elitista, ni integrista— y el acercamiento al marxismo por medio de Cooke, en el proceso de una radicalización política que tomaba la base popular del peronismo para la construcción del socialismo nacional.

De alguna manera, el Cordobazo fue un fenómeno que influyó para la “adaptación urbana” de la teoría del foco. También influyó en la elección estratégica el manual de guerrilla creado por el brasileño Carlos Marighella, comunista disidente que había operado en Río de Janeiro con un grupo guerrillero. Los tupamaros lo tomaban como lectura de referencia para sus incursiones armadas en el Uruguay. Lo mismo que el grupo fundador de Montoneros. El manual de Carlos Marighella explicaba que para equipar la infraestructura del “foco urbano” y consolidar la organización político-militar era necesario encarar “la lucha expropiadora”, es decir, robar o, desde la perspectiva guerrillera, “recuperar para el pueblo lo que había robado el enemigo”. Los gastos de la “guerra revolucionaria”, sus costos operativos —armas, aparatos de seguridad, manutención diaria de combatientes— tenían que recaer sobre los capitalistas, el imperialismo y el gobierno municipal o federal. La teoría recomendaba obtener armas, dinero, documentos o autos en acciones que ganaran la “simpatía” de la población para “desmoralizar al enemigo”. Otra de las tácticas del “foco urbano”, emparentada con las enseñanzas de Mao Tse-tung para la guerrilla, era el “terror selectivo”, es decir, ajusticiamiento de personajes emblemáticos del régimen, militares, empresarios, los “enemigos del pueblo”, o secuestros extorsivos para obtener fondos para “la causa”. Estas acciones, a su vez, constituían actos de propaganda armada que, en el universo guerrillero, despertarían la conciencia popular. Para la guerrilla urbana se necesitaban grupos de combate pequeños, organizados en células de cuatro a seis miembros que desconociesen sus identidades y actuaran solo con “nombres de guerra”, bajo el mando de un responsable. Los “comandos de combate” les permitirían también tomar el control momentáneo de poblaciones pequeñas, si se neutralizaban los puntos estratégicos de su seguridad.

Ese universo de visiones e ideas tenía como telón de fondo el odio contra la proscripción política que habían patrocinado los “partidos democráticos” después de 1955; recogiendo la experiencia, en parte frustrada, de la resistencia peronista, y sobre todo con la comprensión de que era la tradición violenta de la política la que había guiado la resolución de los conflictos en la historia del país. Y ahora debería ser igual.

En la mañana del 29 de mayo de 1970, cuando Maza y Abal Medina, vestidos de militares, se dirigieron al edificio donde vivía el general Aramburu, ejecutarían el bautismo político de Montoneros, determinante para el rumbo de la organización. El episodio, luego convertido en su mito fundacional, tendría como corolario una movilización política jamás conocida en una organización guerrillera argentina.

Este inesperado desenlace encontraría respuesta en el título del primer comunicado de Montoneros, que difundió la operación y los dio a conocer: “Perón vuelve”. Pronto se verían ante el desafío de un trabajo de masas que no tenían previsto.

Hacía años que Aramburu no contaba con custodia personal. Hasta entonces, no existían antecedentes de secuestros políticos. No era una práctica que hubieran ejercido la resistencia peronista, ni las guerrillas. Aunque era consciente de que lo podían matar como respuesta a los fusilamientos que había ordenado en 1956. Aramburu era objeto de vigilancia. Por un lado, por parte del gobierno, que quería estar al tanto de sus movimientos. Le habían intervenido el teléfono. Sus enemigos de la Revolución Libertadora, los militares nacionalistas que él había desplazado en el golpe interno contra Lonardi, ahora controlaban el andamiaje de la inteligencia del Estado, por intermedio de todos sus servicios secretos (las tres armas, la SIDE y la Policía Federal).

El general Francisco Imaz, ministro del Interior, era el jefe político de un grupo de generales que consideraba que el plan político de Aramburu —o una presunta conspiración armada— ponía en peligro la continuidad de Onganía en el poder. Para los nacionalistas, era un enemigo del gobierno, como también lo era Lanusse.

A fines de la década de 1960, el “partido militar” había entrado en la fase de crisis final. Onganía estaba cada vez más aislado de la sociedad y provocaba la reacción popular. Había convocado a las Fuerzas Armadas para “preservar el orden interno” y combatir “la subversión” en Córdoba y dos veces en Rosario —en mayo y en septiembre de 1969—, pero no admitía sugerencias castrenses para resolver la crisis. Onganía continuaba gobernando sin plazos, apegado a la represión e inflexible a la apertura política. El general Alejandro Lanusse, detenido en la insubordinación militar de 1951, lideraba la oposición castrense que quería precipitar los tiempos de Onganía. Lanusse, tras el Cordobazo, concluyó que, para bloquear el avance de la movilización social y el crecimiento de la guerrilla, los militares debían guiar una salida electoral. Otro obstáculo para Onganía era el general Aramburu, que había ordenado los fusilamientos en 1956, convertido en hombre de consulta militar y política. Intentaba presentarse como un general democrático, moderado, que había superado los resentimientos del pasado, y dispuesto a liderar un proceso de transición entre el poder militar y un futuro poder civil. Con su incipiente estructura política, el Movimiento de Afirmación Republicana (MAR), Aramburu reunía dirigentes radicales, conservadores y del socialismo democrático. Y aceptaba conversar con Perón y llegar a algún tipo de entendimiento que asegurara una salida política para el país. Lanusse tenía un proyecto similar, aunque, por razones institucionales, se lo reservaba. Aspiraba a consagrarse presidente de la Nación por vía electoral.

Aramburu también era un enemigo para Montoneros. La “alternativa política liberal” que él proponía, si resultaba exitosa, significaba “burlar al pueblo con una falsa democracia” y, en consecuencia, la clausura del proceso revolucionario que estaba fermentando en la Argentina. Aun con una nueva formulación política, el régimen se mantendría en el poder. Si Aramburu había entrado en diálogo con Perón para comprometerlo en algún acuerdo, ese diálogo, para Montoneros, debía ser interrumpido. En ese sentido, los militares nacionalistas a cargo de la inteligencia del Estado y Montoneros tenían un enemigo común.

Desde los primeros meses de 1970, distintos miembros del grupo fundador de Montoneros observaban la calle Montevideo durante la mañana, a fin de conocer los movimientos alrededor del edificio donde vivía Aramburu. En la noche del 28 de mayo, llamaron por teléfono a su departamento y cortaron apenas oyeron su voz.

En la mañana del 29 de mayo, poco antes de las 9, Aramburu todavía no se había movido de su cuarto matrimonial cuando Maza y Abal Medina, vestidos con uniforme militar, estacionaron el Peugeot 504 blanco en el garaje de Montevideo 1037. Carlos Capuano Martínez permaneció en el auto. En el edificio, se presentaron como custodia militar y subieron hasta el octavo piso. Ignacio Vélez Carreras, de 22 años, se quedó en el séptimo, de guardia.

Una pick-up IKA-Renault estacionó sobre la acera del colegio Champagnat, frente al garaje. De allí se bajaron Mario Firmenich, de 22 años, vestido de policía, para controlar los movimientos de calle, y Carlos Maguid, de 28, vestido de sacerdote. Se colocó frente al colegio. Maguid trabajaba en Canal 11 y era novio de la hermana de Arrostito. Ella, con una peluca rubia, permaneció en la camioneta. La acompañaba Ramus, de 22, al volante. Los dos autos habían sido robados de un garaje de Floresta dos días antes.

En la puerta del departamento A, Abal Medina, de 23 años, y Maza, de 25, se presentaron como oficiales del Ejército. Pidieron hablar con Aramburu. El general estaba en pijama, pronto a ducharse. La esposa los hizo pasar, les ofreció café y se fue. Los visitantes se sentaron. Cuando Aramburu apareció —sin ducharse, sin afeitar y con la ropa que había utilizado el día anterior—, le ofrecieron la custodia en el Día del Ejército; cambiaron algunas palabras, le mostraron sus armas y lo invitaron a que los acompañase. En el estacionamiento, lo subieron al Peugeot 504. La pick-up los siguió por la calle Montevideo. Cinco minutos después, detrás de la Facultad de Derecho, lo traspasaron a la camioneta y tomaron la ruta hacia el campo de Ramus, en Timote, a unos 450 kilómetros de Buenos Aires. Llegaron sin contratiempos a las cinco y media de la tarde. Lo alojaron en el dormitorio principal y lo interrogaron. Dos días después, lo mataron.

En distintos comunicados, Montoneros explicó el sentido de la operación. El discurso no tenía la riqueza conceptual ni teórica de otras organizaciones guerrilleras. Se presentaron como argentinos y peronistas, dispuestos a luchar por la Patria Justa, Libre y Soberana. Anticiparon que no negociarían por su libertad y lo someterían a un juicio revolucionario. En el comunicado número 3 apuntaron los cargos: la matanza de veintisiete argentinos, la represión, la proscripción, la profanación y desaparición del cuerpo de Evita. Anticiparon que lo matarían. Si sus parientes querían darle cristiana sepultura, entregarían su cadáver cuando fuesen devueltos los restos de Evita. En el comunicado número 4, del 1º de junio, avisaron que ya lo habían matado.

A medida que iban apareciendo los comunicados crecían las dudas sobre los secuestradores. Las especulaciones se sucederían durante más de un mes. El entorno de Aramburu sospechaba del grupo del general Imaz, que encabezaba la instrucción policial de la investigación. Los señalaban como autores o instigadores del secuestro. Su entorno tenía la íntima convicción de que Aramburu se había retirado de su casa engañado y cuando llegó al Primer Cuerpo de Ejército advirtió la trampa: lo había secuestrado el servicio secreto de Imaz. Según esta hipótesis, Aramburu se descompensó en el interrogatorio, tuvo un infarto y fue llevado al Hospital Militar, donde falleció. Entonces se habría ordenado entregarle el cadáver al grupo Montoneros, con el cual tenían contacto. El traspaso se habría efectuado en el mismo lugar que marcaba la versión oficial, las adyacencias de la Facultad de Derecho. Luego Montoneros habría asumido el secuestro y la muerte de Aramburu en un “juicio revolucionario”.

Muchos de los errores iniciales en la pesquisa —la demora en la difusión de la denuncia del secuestro, la información inexacta del modelo y el color del auto en los radiogramas policiales— fueron atribuidos a la intencionalidad de Imaz.

Pero si de verdad los militares nacionalistas ligados al ministro del Interior fueron quienes instigaron el secuestro para coartar un supuesto plan conspirativo de Aramburu, y se valieron de sus servicios de inteligencia y de una célula guerrillera para ejecutar el plan, el tiro les saldría mal.

Durante ese mes, algunos miembros de organizaciones armadas prefirieron salir de circulación frente al temor de que les cargasen alguna responsabilidad en el secuestro. Ningún integrante de Montoneros, en cambio, estuvo bajo seguimiento o fue notificado por la acción judicial.

Una semana después, Maza, Vélez y Capuano Martínez volvieron a sus actividades en su provincia; Ramus viajó a Carlos Casares, interesado en un caballo de carrera; Firmenich retornó a las clases en la facultad; Maguid volvió a Canal 11; Arrostito y Abal Medina continuaron juntos. Todavía no había indicio cierto sobre sus secuestradores ni su paradero. Y ya había pasado un mes. La segunda operación, planificada en Córdoba, pondría en riesgo a toda la organización.

El 1º de julio de 1970, tras el secuestro y crimen de Aramburu, varios comandos montoneros tomaron la localidad de La Calera y en una hora controlaron la comisaría, el correo y el banco. Se llevaron dinero, armas y documentos, y pintaron las paredes con las inscripciones “Montoneros” y “Perón vuelve”. En la retirada, dada la sobrecarga en los autos, dos montoneros se marcharon caminando con las armas en los bolsos. Un vehículo policial los detuvo. A partir de entonces, la continuidad de la organización guerrillera se pondría en riesgo. La policía entró en la casa de uno de los dos líderes del grupo, Emilio Maza, que recibió un tiro en el estómago; Vélez también fue herido. Los servicios de inteligencia lograron descifrar los nombres de miembros y colaboradores de la organización, que Maza había ocultado en clave en un fichero. Hubo redadas, centenares de allanamientos, casi ciento cincuenta detenidos relacionados con Montoneros u otras agrupaciones armadas. Maza murió en el hospital.

Los efectos de La Calera se empezaron a sentir en la célula porteña. El 6 de julio detuvieron a Maguid cuando retornó a su trabajo. También detuvieron al padre Alberto Carbone, ligado a los sacerdotes tercermundistas. Antes de ingresar en la clandestinidad, Firmenich le había entregado una máquina de escribir, y aunque no se pudo acreditar de manera absoluta que había sido la que se usó para redactar los comunicados de Montoneros, Carbone fue encarcelado en Villa Devoto. El 12 de julio, los diarios y la televisión mostraron las fotos de Abal Medina, Arrostito, Firmenich, Ramus y Capuano Martínez, con la inscripción de “buscados”. Como Ramus y Firmenich eran personas conocidas en el norte santafecino por la comercialización de hacienda, pocos días después se rastrilló el campo de Timote. El 16 de julio fue encontrado el cadáver de Aramburu. Estaba en el sótano, cubierto de cal, amordazado, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados.

Para entonces, Onganía ya había entregado el poder. Durante los días posteriores al secuestro intentó resistir las presiones de la Junta de Comandantes, que lo emplazó a que anunciase la apertura política. Onganía se aferró a su postura de siempre: en el gobierno, quien tomaba las decisiones era él. La Junta de Comandantes primero lo invitó y luego lo obligó a abandonar la presidencia.

Sobre la base de la experiencia fallida con Onganía, el poder militar decidió que el nuevo jefe de Estado que designara debía atender el rumbo que la Junta de Comandantes fijase.

Lanusse tuvo la oportunidad de proclamarse presidente, pero dado que el próximo mandatario debía iniciar una transición que condujese a un proceso electoral —el que había aspirado liderar Aramburu—, prefirió reservarse como candidato de un consenso civil y militar, y someterse al voto popular. La Junta de Comandantes eligió al general Roberto Levingston para instalarlo en la Casa Rosada. Era un oficial formado en inteligencia, que estaba sirviendo de agregado en Washington, de buenas relaciones con los Estados Unidos. Era un desconocido para la opinión pública argentina. Levingston debía dar pasos progresivos hacia la rehabilitación de los partidos políticos y la legalidad institucional, una instancia que, preveía Lanusse, lo legitimaría a él mismo como mediador entre la sociedad civil y el poder militar.

Las detenciones en Córdoba y Buenos Aires habían reducido al mínimo la infraestructura de Montoneros. Durante varias semanas de encierro, Abal Medina mantuvo latente su combatividad para salvar la organización. El 1º de septiembre de 1970 la manifestó: condujo el asalto al Banco de Galicia en Ramos Mejía. Además de dinero, se llevó una Uzi, dos pistolas 9 mm y un revólver calibre .32. Con una de esas pistolas en la mano moriría a la semana siguiente. Fue el jueves 7, a la noche, en una pizzería de William Morris, donde toda la célula de Capital Federal se reuniría con un integrante de la diezmada célula de Córdoba, Luis Rodeiro. En la mesa estaban Abal Medina, Sabino Navarro y Rodeiro. Esperaban a Firmenich y a Arrostito. Afuera, en dos autos, Capuano Martínez y Ramus se ocupaban de la seguridad. El encuentro fue delatado. Cuando la comisión policial ingresó en la pizzería y requirió la identificación de la conducción montonera, se desencadenó el tiroteo. Abal Medina fue herido en el pecho, Sabino Navarro logró escapar. Capuano Martínez también se fugó y Ramus intentó arrojarle a la policía una granada, que explotó en sus manos. Rodeiro, que estaba desarmado, fue detenido. Firmenich y Arrostito llegaron a la pizzería cuando todo se había consumado y se fueron sin ser interceptados.

Las muertes de Abal Medina y de Ramus causaron conmoción entre los miembros de las organizaciones armadas y los sectores más intransigentes contra el régimen militar. La muerte de Aramburu había logrado una identificación popular en el peronismo, y más allá de la fuerza simbólica que contenía su eliminación, Montoneros enmarcaba su acción en un proyecto peronista y revolucionario, que colocaba al líder exiliado como conductor estratégico de sus luchas.

Aunque la opción de la lucha armada, como táctica o estrategia, poco tiempo después provocaría un cisma irreversible entre Perón y Montoneros, el hecho de luchar al costo de la propia vida, como había sido el caso de Maza, Abal Medina o Ramus, significó un impulso hacia la militancia en organizaciones armadas para miles de jóvenes. Los dos guerrilleros muertos en William Morris habían sido discípulos del padre Mugica. En la misa de responso que este ofició frente a los cuerpos de los guerrilleros caídos, los señaló como “ejemplos de la juventud”.

La muerte de Aramburu, que había deseado y reclamado en las “Instrucciones” al movimiento, ahora llenaba de incertidumbre a Perón: no sabía quiénes eran los montoneros. El crimen volvió a colocarlo en el centro de la escena cuando menos lo esperaba. En los últimos años, había seguido como un espectador interesado las luchas sociales que se suscitaban desde el movimiento obrero, pero no estaba en condiciones de romper con la clausura política decretada por Onganía. La posibilidad de una “salida institucional” —una alternativa obligada del régimen militar para reducir la eficacia de las guerrillas— le abrió una veta para activar su retorno. Era una convocatoria forzada.

Los ideólogos del “partido militar” habían llegado a la conclusión de que, para reconstruir una democracia que les asegurase un retiro honorable y les permitiera condicionar a un futuro gobierno civil, debían admitir al peronismo como miembro legítimo de la comunidad política. Lo habían negado durante quince años. Ahora era imprescindible. Ya no aspiraban a “integrarlo”, sino a impedir que el peronismo se radicalizara.

Buena parte de los jóvenes de las clases media y alta de los centros urbanos, que iniciaban un proceso de politización, empezó a rescatar la figura de Perón. Sus padres habían sido los “vencedores” de la Revolución Libertadora y ellos habían vivido su infancia escuchando “historias negras” del “tirano prófugo” y “la prostituta”. Pero, tras los sucesivos fracasos de las gestiones posteriores —dictaduras militares o regímenes tutelados por militares—, hicieron una relectura de sus realizaciones y su legado.

A diferencia de aquellas que habían militado en el antiperonismo, las nuevas “vanguardias intelectuales” veían al peronismo y a su líder con nuevos ojos. En la gestación del movimiento, la izquierda tradicional (representada por comunistas y socialistas) había asumido una posición crítica frente a Perón. En el contexto internacional de posguerra, lo había caracterizado de fascista o neonazi, contrario a los verdaderos intereses de la clase obrera. Desde mediados de los sesenta, sectores de una “nueva izquierda” en formación debatían la naturaleza ideológica del peronismo. Empezaron a concebirlo como un movimiento potencialmente revolucionario, del que no se podía prescindir a la hora de definir los actores de la transformación social. Incluso para aquellos que pensaban en un destino revolucionario radicalizado, el peronismo era un tránsito necesario e inevitable.

Perón buscó acercarse al sector que había sido contestatario en sus primeros dos gobiernos. A la distancia, comenzó a examinar la movilización juvenil y la conmoción que provocó la Revolución Cubana. También tenía respuestas para este nuevo fenómeno: saludó al Che, expresó su fe en “nuestros muchachos” y, por medio de cartas, filmaciones o contactos personales, presentó sus credenciales “revolucionarias” para atraerlos.

El país estaba cambiando. Perón ya no contaba solo con la base obrera que mantuvo su lealtad por encima de la represión y la derrota. Ahora eran los jóvenes que crecieron en hogares donde se odiaba al peronismo quienes, encarnando una nueva sensibilidad, reivindicaban su política de justicia social. Ya nadie, desde el sector universitario, lo llamaba “dictador fascista”. Perón era, de alguna manera, como ellos: un proscripto que soportaba el exilio y la prohibición de actuar en política, así como a ellos les tocaba padecer la intervención militar en las aulas en prevención a un posible “brote marxista”. Para no sentirse cómplices de la dictadura que los asfixiaba, muchos estudiantes empezaron a formar parte de organizaciones políticas que lucharan contra “el sistema”, con militancia pública o en grupos clandestinos, o de ambas formas.

Montoneros hizo el primer contacto con Perón a fines de 1970, por medio de Rodolfo Galimberti, un dirigente juvenil peronista de 23 años, que no pertenecía a la organización. Desde hacía tiempo Galimberti buscaba un contacto para ser recibido en Puerta de Hierro y lo había conseguido. El crimen de Aramburu también le había ofrecido una oportunidad: convertirse en mediador entre los montoneros clandestinos y el líder exiliado. Montoneros quería saber qué opinaba Perón sobre el secuestro y crimen de Aramburu. La operación, de alguna manera, lo había acorralado. Perón no la podía desautorizar. Había sido realizada en su nombre, en favor de su retorno. Había sido festejada por la vieja militancia de la resistencia peronista y fue recibida con entusiasmo por la juventud politizada. Pero él no la había reclamado.

La muerte de Aramburu remitía el conflicto a un estadio anterior. Recuperaba el eje de la tragedia, el militar fusilador y los peronistas fusilados. En ese momento de su conducción táctica, Perón no buscaba replantear el problema. Para Montoneros, en cambio, no había perdido vigencia. Era el punto de partida de su historia, o el lugar desde donde retomaban la historia. Montoneros actualizó el conflicto y convirtió el fusilamiento de Aramburu en su acto fundacional.

Perón avaló en forma tácita la operación. “En la guerra revolucionaria —decía— todo es lícito si la finalidad es conveniente”. Entendía que cada uno debía pelear en la forma en que era capaz de hacerlo. Para debilitar al enemigo, podía ejecutarse un plan de provocación, otro de intimidación, otro de boicot, de infiltración, de captación, de sabotaje. El movimiento peronista tenía distintas estructuras de superficie —el partido, los sindicatos— para responder a esas necesidades bajo una conducción centralizada. En esa lucha integral también podían participar los grupos que actuaban en la “guerra revolucionaria”. Pero estos, a los que Perón denominaba “formaciones especiales”, podían tener autonomía en su conducción, aunque deberían operar en la forma más coordinada posible con las finalidades del conjunto y con las otras fuerzas que realizaban otro tipo de acciones, también revolucionarias. Es decir, para Perón, Montoneros, por su “función guerrera”, tenía un rol específico en su estrategia general.

La conducción montonera todavía no tenía claro si Perón los utilizaría como instrumento de negociación con el resto del movimiento o frente a los militares. Lo mismo sucedía en referencia a la lucha armada: Perón la reivindicaba como una herramienta, un medio, no un fin en sí mismo; para Montoneros era la base de la construcción del poder. Tampoco quedaba claro si el proyecto de Perón tendiente al “socialismo nacional” era el mismo que el de su organización armada, ni si el objetivo de Montoneros de constituirse como vanguardia no era contradictorio con la conducción de Perón.

La revitalización de la política movilizó las fuerzas partidarias. La guía del Partido Justicialista local era Jorge Paladino, delegado de Perón, proclive a un entendimiento con el régimen militar en pos de una “conciliación nacional”. En diciembre de 1970, los partidos se agruparon en La Hora del Pueblo para reclamar por el fin de la proscripción y el llamado a elecciones.

Para entonces, Levingston ya era un obstáculo para el “reloj institucional” que pretendía poner en funcionamiento la Junta de Comandantes. El presidente de facto no tenía urgencias para el diálogo con los partidos políticos, aunque invitaba a cenar en la residencia de Olivos a dirigentes de segunda línea para atraerlos a su propio proyecto político. Levingston se reunió con los ex presidentes Guido y Frondizi, y simuló interesarse en un futuro proceso electoral, pero jamás le puso fecha. Intentó un camino propio. Decidió librarse de la impronta liberal en la economía, secuela de la gestión de Krieger Vasena, e implementó políticas de apoyo al desarrollo nacional, con estímulo a la pequeña y la mediana industria local, en detrimento del capital monopólico extranjero. Pero Levingston no pudo detener el desborde inflacionario, ni los reclamos obreros por la recomposición salarial. La guerrilla también le resultó incontenible.

Las organizaciones armadas fueron intensificando sus acciones a partir de la incorporación de nuevos militantes. Los asaltos callejeros y los secuestros de empresarios fueron las principales fuentes de financiamiento. También los golpes tipo comando sobre algunas poblaciones —con la toma del correo, la comisaría, algún banco o la misma sede municipal— les reportaban dinero y eran un método eficaz de propaganda. Los riesgos eran las bajas: podían identificar al resto de los miembros de la organización.

La guerrilla estaba en pleno crecimiento. A mediados de 1970, el PRT realizó su Quinto Congreso partidario. Y allí, en la comprensión de que el Cordobazo había marcado el inicio de la “guerra civil revolucionaria” en la Argentina, resolvió crear una fuerza militar para enfrentar y derrotar a las Fuerzas Armadas del régimen. Esa fuerza sería el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Sus operaciones debían orientarse hacia la movilización de las masas y su participación en aquella guerra.

Las FAP retornaron a la acción el 6 de enero de 1970 con la toma de un destacamento policial en Villa Piolín, donde secuestraron armamentos y “expropiaron” una carga de juguetes en la zona que luego distribuyeron entre los chicos de la villa.

Las operaciones continuarían en la misma línea que las otras guerrillas urbanas: asaltos a puestos de fuerzas de seguridad, bancos, toma de emisoras radiales y “expropiación” y reparto de mercaderías entre sectores populares.

En 1970 también se presentó Descamisados, originado en sectores juveniles disconformes de la democracia cristiana. Vertieron su caudal hacia el peronismo. A fin de ese año, tomaron un cine en La Tablada y proyectaron un documental donde Perón elogiaba la lucha armada. Pronto volarían el yate del comandante en jefe de la Armada en el río Luján y secuestrarían al gerente de la ITT-General Electric por un rescate de más de un millón de dólares.

En un balance de lo actuado entre marzo y julio de 1971, la guerrilla realizó trescientas dieciséis operaciones “firmadas” —ciento veinte, por el ERP—, más otras ciento treinta y siete que no fueron firmadas o correspondieron a grupos pequeños que se reconocían peronistas. También comenzaron las caídas. La primera baja de las FAP fue el cura Gerardo Ferrari, muerto en combate contra una patrulla policial en 1969. Unos meses después, la policía de Onganía detuvo e hizo desaparecer al militante de las FAL Alejandro Baldú. Lo mismo les sucedió a Néstor Martins, abogado perteneciente a la CGTA, ex militante comunista, y a su cliente Nildo Centeno, un obrero boliviano que había ido a consultarlo por un problema laboral e intentó defenderlo cuando lo secuestraban. En San Juan, en junio de 1971, fue detenido y desaparecido el matrimonio compuesto por Marcelo Verd y Sara Palacio de Verd, de las FAR. En Capital Federal, también de las FAR, Juan Pablo Maestre fue baleado y tirado en la calle; su esposa Mirta Misetich no volvió a aparecer. En el PRT-ERP desapareció un miembro de la conducción, Luis Pujals.

Hacia fines de 1971, los desaparecidos eran diecisiete. Montoneros perdería a su jefe Sabino Navarro a mediados de ese año. Después de las caídas de Abal Medina y Ramus, Navarro había quedado al frente de Montoneros, seguido por Carlos Hobert. Pero pronto caería en Córdoba. Siempre en la clandestinidad, atravesó un control policial con un auto robado y entonces inició una fuga que duró una semana, rastreado por helicópteros y la Infantería, en la ruta y en el monte. Herido en una pierna y en un hombro, el colectivo que había robado chocó contra la montaña. Desangrado, murió en una cueva. La policía tardó varias semanas en encontrarlo.

Con la caída de Sabino, la organización Montoneros perdió a su estratega y al único miembro de la conducción que había sido obrero de fábrica. Lo sucedió Firmenich, que trabajó en la creación de estructuras armadas, disciplinadas y verticales, antes que en su desarrollo político y de masas. Este desarrollo era valorado por la conducción montonera, aunque debían permanecer alejados de él por su condición de clandestinos. Pese a esta valoración, entendían que las luchas sociales y políticas debían estar subordinadas a la construcción de la lucha armada.

Pero todavía las movilizaciones populares podían desestabilizar al régimen. El Cordobazo había golpeado al poder de Onganía. El “Viborazo” tumbaría a Levingston. El final de su gobierno se inició cuando José Uriburu —sobrino del dictador de la década de 1930—, al que había designado gobernador de Córdoba, anunció que cortaría “de un solo tajo” la víbora de la subversión. La expresión provocó ira en la provincia. Diez días después, la primera huelga general se realizó con ocupaciones de fábricas, movilizaciones y saqueos. Las manifestaciones se repitieron dos días después.

La Junta de Comandantes aprovechó la contingencia para reclamar un cambio en la dirección del gobierno. Levingston persistió en su criterio: relevó al comandante del Ejército, Lanusse, ordenó su arresto y designó a su reemplazante. Las unidades militares reclamaron su restitución. Levingston comprendió que su autoridad no era ilimitada.

El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió el gobierno en nombre de las Fuerzas Armadas. Consciente del desgaste que sufría el poder militar, en forma inmediata activó el Gran Acuerdo Nacional (GAN), instrumento con el que rehabilitó la apertura política sin exclusiones.

El objetivo de Lanusse era lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas y el poder militar, alcanzar un consenso institucional, encarar un proceso que condujese a una elección presidencial, con una democracia representativa. Había mucho para conversar y debatir con los partidos, pero las reglas del proceso electoral las impondría el régimen militar, que también escogería un candidato propio para participar en la futura contienda democrática.

El radicalismo de Ricardo Balbín acogió la convocatoria con expectativa y dio una señal favorable: el radical Arturo Mor Roig asumió como ministro del Interior para establecer las negociaciones con las fuerzas políticas, aunque lo hizo en carácter de “independiente” y no como afiliado de la UCR. Esta arquitectura institucional necesitaba de Perón para ser legitimada. Ese fue el desafío político de Lanusse. En forma simultánea al accionar de la guerrilla, Perón se había transformado en la clave de su gestión. Para las Fuerzas Armadas continuaba siendo un enemigo: durante su exilio había trabajado para el fracaso de todos los gobiernos y ahora promovía las incursiones guerrilleras.

Aun con las prevenciones militares, para Lanusse, cualquier perspectiva de acuerdo político era impensable con la exclusión de Perón.

El general exiliado se estaba convirtiendo en un “mito unificador” de sectores enfrentados. La esperanza de Lanusse era que, después de un período de intercambio de cortesías públicas y acuerdos secretos, Perón aceptara marginarse por sí solo del proceso electoral. Esa era su utopía, el secreto que escondía el GAN. La negociación, que pronto se convirtió en un duelo, entre los dos generales —uno formado en el arma de Caballería, el otro, en Infantería— duraría casi dos años.

En abril de 1971, Lanusse envió en misión secreta al coronel Francisco Cornicelli a negociar a Puerta de Hierro. Lanusse prometía “juego limpio”. Ofreció la restitución de su grado militar, de sus bienes patrimoniales, la devolución del cuerpo de Evita y el inicio de una estrategia de reivindicación histórica. En compensación, le pidió a Perón que desautorizara las acciones guerrilleras, pero no lo logró.

Las acciones armadas desgastaban al gobierno de Lanusse y mejoraban las condiciones de negociación para retornar al país. Además, a mediados de año, Perón rescató la “histórica vocación antiimperialista y revolucionaria del justicialismo” en un documental del Grupo Cine Liberación. Su relato funcionó como un aval a la ofensiva de “la línea dura” del peronismo y como un legado para la juventud. En la nueva actualización doctrinaria, el justicialismo se presentaba como un camino válido hacia el “socialismo nacional”.

Esta postura era opuesta a la de su delegado Paladino, que trabajaba bajo sus directivas, pero era partidario de llegar a un acuerdo programático con Lanusse. El delegado también tenía aspiraciones propias. Pensaba que, si Perón aceptaba excluirse, él podría liderar un polo de consenso entre el justicialismo y el poder militar. Sus expectativas políticas encontrarían límite unos meses más tarde.

Lanusse cumplió con su promesa. El 3 de septiembre de 1971 le devolvió a Perón los restos de su esposa Evita. Después de 1955, su cuerpo había permanecido oculto en la Argentina y luego fue trasladado a Milán, Italia. El Vaticano había colaborado para que se la sepultara bajo un nombre falso. Algunos grupos guerrilleros realizaron acciones de inteligencia para recuperar el cuerpo y entregárselo a Perón, y de ese modo evitar que los militares lo utilizasen como parte de un acuerdo en el que Perón fuera obligado a permanecer en España. El rescate de Evita también implicaba la recuperación de su mensaje político y la apropiación de su legado. Evita se había convertido en la bandera de la guerrilla peronista.

Perón quiso reorganizar el Partido Justicialista y someterlo a su conducción. Existía un vacío de representación entre Madrid y las bases. La dirigencia política, proclive a la negociación con el régimen, estaba lejos de constituirse en una herramienta revolucionaria. No ejercía presión ni daba señales de intransigencia respecto de las Fuerzas Armadas. Tampoco movilizaba. Necesitado de una política más agresiva, Perón apostó a la incorporación de los sectores “duros” en el consejo partidario. Sin embargo, como contrapeso, designó al coronel Jorge Osinde como su delegado en Asuntos Militares. Había sido uno de los jefes de la tortura en Coordinación Federal en sus dos primeros gobiernos.

En el peronismo no había lugar para los “débiles”. En octubre de 1971, Perón echó a Paladino, degradado tras un careo en Puerta de Hierro con Galimberti, al que había promovido a la representación juvenil del órgano partidario. Héctor Cámpora, ex presidente de la Cámara de Diputados, fue elegido nuevo delegado. Luego de un período de prisión en Ushuaia, Cámpora había congelado su vocación política y había retornado a la odontología en su pueblo. Perón quería que su delegado fuese un fiel ejecutor de sus instrucciones en la relación con los militares. Cámpora, que no tenía ambiciones políticas por fuera del dispositivo de Perón, cumplía con ese perfil.

Mientras la CGTA se había desintegrado como organización, y el clasismo continuaba su liderazgo en las fábricas y en las luchas sociales de Córdoba, la CGT, heredera del vandorismo, se había reorganizado. La lideraba el metalúrgico José Ignacio Rucci. Las burocracias sindicales ya no controlaban las estructuras del peronismo. Habían perdido fuerza. Lanusse, para captarlas, dio respuestas favorables a sus reclamos salariales. También les cedió las obras sociales, con la intención de sumarlas al GAN y desacomodarle a Perón la columna vertebral del movimiento. La irrupción de fuerzas nuevas dentro del peronismo, el reclamo de renovación de hombres, fue un problema para las burocracias sindicales. La juventud, que apoyaba sin reservas el regreso de Perón, era la nueva estrella del movimiento peronista. Los gremios, en cambio, no tenían estrategia unificada sobre el retorno. Rucci era el más convencido —lo apoyaba—, pero el resto tenía reservas. El aparente “giro a la izquierda” del líder exiliado podría significar su exclusión del nuevo poder. Los movimientos de Madrid siempre generaban incertidumbre. ¿Perón quería volver al país? ¿Cómo? ¿Sería por las armas o por las urnas? ¿Qué lugar tendrían los gremios en una u otra instancia?

Por entonces, en 1971, el gobierno de Lanusse había creado la Cámara Federal en lo Penal, que, a través de procesos judiciales sin instancias de apelación —en contra del derecho a defensa que marca la Constitucional Nacional—, encarcelaba a guerrilleros y militantes del peronismo combativo y la izquierda. Las conducciones de las organizaciones armadas percibieron el efecto. Había caído Roberto Quieto (FAR) —tras la presión popular, el Ejército legalizó su detención— y también dirigentes del ERP como Mario Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y José Menna.

A la par de las detenciones legalizadas, comandos paramilitares comenzaron a combatir la acción guerrillera con secuestros, torturas y muertes. Esto puso de manifiesto las dos posiciones internas en las Fuerzas Armadas para neutralizar la guerrilla. La salida institucional, con participación militar, por la que trabajaba Lanusse, y la represión militar clandestina, ilegal, que seguía los procedimientos de la doctrina contrarrevolucionaria.

Lanusse no estaba en capacidad de controlar —menos aún de sancionar— a los “comandos locos” de las unidades militares que salían a las calles con el manual de la Escuela Militar Francesa para aniquilar la guerrilla de forma rápida y drástica, aun a un costo político alto. En el frente interno, Lanusse debía enfrentar también la constante conspiración de los militares nacionalistas que se habían sublevado en Azul y en Olavarría.

Perón responsabilizó a las Fuerzas Armadas por la intensificación de la campaña criminal. Denunció que había organizaciones paramilitares, preparadas por el Ejército, dedicadas al secuestro y la tortura. Las comparó con los Escuadrones de la Muerte del Brasil. El texto apareció firmado en el número 5 de la revista Las Bases, del Consejo Peronista. El director periodístico era José López Rega, ex mayordomo, que tras la muerte de Aramburu había saltado del manejo doméstico de Puerta de Hierro a la coordinación de la agenda política de Perón. López Rega criticó en su editorial el accionar de “las formaciones especiales de antiguerrilla, provistos de elementos de represión, con presupuestos siderales y libertad de acción”.

Durante 1972, Perón activó distintas estrategias para su retorno. Por un lado, se propuso liderar la restauración democrática. Con la idea de segarle el GAN a Lanusse, instrumentó el Frente Cívico de Liberación, que incluía a los partidos de La Hora del Pueblo y funcionaría como su antítesis. Su liderazgo también se expresaba en el armado de una concertación social entre empresarios y el sindicalismo —a los que había logrado encolumnar para su retorno—, en la que ambas corporaciones se comprometerían a sostener un congelamiento de precios y salarios durante dos años, con el lanzamiento de un plan de reactivación industrial. Este acuerdo —que luego se conocería como Pacto Social— presentaba a Perón como una garantía de pacificación y gobernabilidad.

En forma simultánea, en su dispositivo estratégico, el líder exiliado también tenía a mano la “guerra revolucionaria” de las organizaciones armadas. Atentados a militares comprometidos con la represión, intentos de copamiento a unidades de las Fuerzas Armadas para sustraer armas y el secuestro de empresarios extranjeros componían un escenario de tensión y violencia que irritaba al poder militar. La bandera de Montoneros era “Perón o Guerra”. Perón no los desautorizaba.

Lanusse intentó arrebatarle al líder exiliado su condición de estratega alejado del campo de batalla. Lo desafió a pelear en territorio local. El 7 de julio de 1972 estableció que cada uno de los candidatos de las fórmulas electorales debía fijar su residencia en el país antes del 25 de agosto.

Si durante diecisiete años Perón no había podido entrar al país, ahora Lanusse lo obligaba a hacerlo si deseaba ser candidato presidencial. Pero desconfiaba de su coraje personal. “No le da el cuero para venir”, dijo Lanusse. La pretensión de arrastrar a Perón al país no hacía más que revelar la impotencia del régimen para comprometer a las fuerzas políticas con el GAN.

Perón no se sometió a las reglas de Lanusse. En agosto de 1972 todavía dudaba de que las elecciones fuesen el camino correcto para retomar el poder. Tenía la mayoría de las cartas de su lado y podía derrotar a Lanusse con cualquiera de ellas, utilizándolas por separado o de manera conjunta. Subordinado a sus órdenes, cada sector cumplía un rol táctico, aun con posiciones contradictorias entre ellos, pero que respondían globalmente a su estrategia. Perón había creado la certidumbre de que era el único hombre capaz de salvar al país del caos. El pueblo volvía a legitimarlo como líder político.

Un hecho trágico obligaría a Lanusse a fijar las elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973: la fuga de la cárcel de Rawson y el posterior fusilamiento de dieciséis guerrilleros en la base naval de la Marina en Trelew.

La preparación de la fuga fue dirigida desde adentro de la cárcel por las jefaturas del ERP, las FAR y, en forma parcial, por Montoneros. El plan elegido requería la sincronización de la fuga del penal de Rawson con las maniobras de un avión comercial de Austral, que debía aterrizar a las 18.20 en Trelew —distante a veinte kilómetros— y que despegaría media hora más tarde con destino a Buenos Aires. Para consumar la fuga, ese avión debía ser secuestrado. El plan volvía imprescindible el apoyo externo. El avión debía ser tomado por militantes armados que embarcarían como pasajeros en la escala aérea de Comodoro Rivadavia. También contaban con apoyo en Trelew para la toma del aeropuerto.

En el plan original, el traslado de Rawson a Trelew de los ciento dieciséis presos se realizaría con un auto, una camioneta y dos camiones. Para que los vehículos ingresaran en el penal, una vez que estuviera tomado, debían atender una señal desde la ventana de un pabellón.

La señal de la fuga también dependía de la comunicación externa: se necesitaba la confirmación del aterrizaje del avión en Trelew. Esta confirmación llegó al penal a las 18.24, tras cuatro minutos de retraso e incertidumbre, y fue anunciada al resto de los detenidos con la entonación de una zamba.

Para la fuga, todos los desplazamientos habían sido calculados en los meses previos. En no más de doce minutos, con un arma que había sido ingresada al penal por un guardiacárcel, se fue reduciendo al personal interno y tomando sus uniformes, se fueron abriendo las rejas y consolidando la fuga pabellón por pabellón. Así se donominaron alrededor de setenta guardiacárceles. La operación se realizó con éxito en el depósito de armas y continuó con distintas dependencias, sin resistencia alguna. Ya cerca del portón de ingreso a la cárcel un guardia reconoció a un preso con el uniforme de guardiacárcel y resistió la toma: fue ultimado. Los guerrilleros salieron en fila de los pasillos de los pabellones hacia la puerta del penal. Tosco, que apoyaba moralmente la fuga, los ordenaba para que no se produjeran alborotos.

A las 18.30 del 15 de agosto de 1972 ya estaba el pañuelo en una de las ventanas del pabellón de mujeres. Pero el jefe de transporte externo, ubicado a cuarenta metros del pabellón, interpretó mal la señal y pensó que la operación había fracasado. Ordenó salir de las inmediaciones del penal. Los jefes de las organizaciones guerrilleras se fugaron con un auto que estaba estacionado dentro del penal. De este modo, Menna (ERP), Gorriarán Merlo y Santucho (ERP), Osatinsky y Quieto (FAR) y Vaca Narvaja (Montoneros) partieron hacia el aeropuerto de Trelew.

Los presos que ya habían accedido al patio central no encontraron los camiones y la camioneta. Pasaron los minutos y no supieron qué hacer. Entonces llamaron por teléfono a una compañía de taxis. A los pocos minutos, consiguieron tres unidades, redujeron a sus choferes y les ordenaron el traslado al aeropuerto. Los noventa y un detenidos restantes permanecieron dentro del penal, cerraron las puertas y mantuvieron secuestrados a los guardias y las autoridades. Entregarían las instalaciones a la mañana siguiente.

La demora fue un factor letal para el plan de fuga. Los taxis partieron con veinticinco minutos de retraso en relación con el Ford Falcon que conducía a los jefes guerrilleros. Los dos primeros vehículos viajaban con velocidad, pero el tercer auto se demoraba y obligaba a que los otros se detuvieran en la ruta hasta observar las luces de sus faros en el espejo retrovisor.

El avión en el aeropuerto de Trelew ya había sido secuestrado por los guerrilleros del apoyo externo y lo abordaron los jefes de las organizaciones armadas. Los tres taxis empezaron a llegar cuando el avión ya estaba carreteando.

La nave secuestrada se dirigió a Chile, entonces bajo la presidencia de Salvador Allende; hizo escala en Puerto Montt y luego aterrizó en Santiago. El reclamo argentino de extradición fue rechazado. Los jefes guerrilleros se trasladaron a Cuba.

Entretanto, los diecinueve guerrilleros que habían llegado en los taxis tomaron el aeropuerto de Trelew mientras evaluaban con urgencia la posibilidad de una nueva fuga. La geografía no los favorecía. Era una llanura con pocas vías de comunicación, fáciles de controlar. La ciudad más cercana estaba a cientos de kilómetros. Decidieron quedarse en el aeropuerto y reclamaron la presencia de un juez y de un médico para que revisara su estado físico. En el momento de sus detenciones, antes de ser conducidos a la cárcel, habían sido torturados y no querían que la situación se repitiera. Una guerrillera, Ana Villarreal de Santucho, estaba embarazada de cuatro o cinco meses. Los fugados brindaron una conferencia de prensa televisada que se vio en todo el país.

Ya era de noche cuando comenzaron las negociaciones para la rendición con la presencia del juez federal. El líder guerrillero Mariano Pujadas (Montoneros) parlamentó con el capitán Luis Sosa, de la Marina de Guerra, para llegar a un entendimiento. Cada uno era custodiado por un asistente con un FAL. Los detenidos aceptaban entregar las armas, a condición de que sus vidas fueran respetadas y se autorizara el regreso al penal. Se ofrecieron a gestionar el levantamiento de la toma. El capitán Sosa aceptó la proposición; los detenidos entregaron sus armas y se rindieron.

Cuando ya estaban en el micro, Sosa rompió el acuerdo. Argumentó que la declaración de la emergencia militar les impedía ir a Rawson. Serían conducidos a la base naval Almirante Zar. Las protestas no prosperaron, ya estaban inermes. El juez y algunos periodistas los acompañaron hasta la puerta de la base, pero no se les permitió el ingreso. Tampoco pudieron hacerlo, al día siguiente, los familiares y abogados que llegaron desde Buenos Aires. Todos los accesos terrestres fueron cortados por la Marina y el Ejército. El aislamiento de los diecinueve guerrilleros en la base naval se prolongó. Fueron alojados en calabozos. El trato militar riguroso se fue endureciendo cada vez más con el paso de los días. Podían permanecer horas de pie. Los traslados al baño se hacían con las manos en la nuca y encañonados. Eran despertados en plena noche y permanecían desnudos y cuerpo a tierra, a la intemperie. Luego eran interrogados en un cuarto por personal de la Marina, el Ejército y agentes civiles de la inteligencia policial.

Una docena de conscriptos con FAL y suboficiales armados con ametralladoras PAM no dejaba de apuntarles. Con sus armas amartilladas, sin seguro, amenazaban con disparar frente a cualquier acto de rebeldía. Luego, los conscriptos fueron relevados de la custodia, que quedó bajo responsabilidad de personal militar. La atmósfera era cada vez más tensa. Solo en una oportunidad el juez federal Jorge Quiroga —de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación— ingresó en la base para una ronda de reconocimiento de los presos. Dijo que buscaba identificar a los autores de la muerte del guardiacárcel Valenzuela.

En la madrugada del martes 22 de agosto de 1972 los presos fueron despertados en forma violenta. Les ordenaron formar en el pasillo. Cada uno estaba al lado de su celda. El capitán Sosa y el teniente de corbeta Roberto Bravo recorrieron las filas, de un extremo al otro. Los detenidos estaban de pie, en silencio y con la vista al suelo. Sin que mediara una orden, un cabo comenzó a dispararles y luego continuaron oficiales y suboficiales. Los cuerpos comenzaron a caer. Corrió la sangre, hubo gritos de dolor, respiraciones sofocadas. Algunos detenidos lograron saltar hacia su celda para sobrevivir. Pero en las requisas fueron siendo rematados con armas cortas para que nadie quedara vivo. En la celda 10 se introdujo el oficial Bravo, que había controlado el operativo. Había dos heridos en el suelo. Los hizo poner de pie, con las manos en la nuca. Se dirigió a uno de ellos con tono enérgico.

—¿Va a declarar o no? —le preguntó.

El prisionero dijo que no. Bravo les disparó a los dos.

Luego se acercaron a las celdas suboficiales y oficiales para interiorizarse de lo que había sucedido. Entonces dejaron que los heridos se desangrasen hasta morir. Media hora después se inspeccionaron las celdas. Comprobaron que había heridos. Cuatro horas después llegaron las ambulancias para retirar los cadáveres. Cinco detenidos permanecieron heridos en la enfermería. Fueron colocados en una camilla. Durante varias horas nadie los atendió. Al mediodía fueron revisados por médicos navales. Comenzaron a ser a operados en el lugar. Utilizaron la sangre de los soldados para ser transfundidos. Luego fueron trasladados a la base Puerto Belgrano, de la Armada, en Bahía Blanca.

El mismo martes 22 de agosto la Marina informó que a los detenidos les habían aplicado la Ley de Fuga. La Marina había actuado “en defensa propia”. Según la versión oficial, el incidente se inició cuando Pujadas, en una toma de judo, le arrebató la ametralladora al capitán Sosa, forcejearon y se generó el tiroteo. Entonces, todos los detenidos, desarmados, se abalanzaron sobre la guardia. Hubo dieciséis guerrilleros muertos. Tres sobrevivieron: René Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger. El personal militar no había resultado herido.

Después de los crímenes de Trelew, Lanusse fijó la fecha para las elecciones nacionales de presidente, gobernadores y legisladores. No pudo comprometer a los partidos políticos, ni a Perón, para conformar un gobierno de coalición cívico-militar en el marco del GAN. Él, por su parte, había decidido no ser candidato y Perón se había quedado en Madrid, hasta que decidió regresar al país en pos de “la paz y el entendimiento”, como describió su viaje. En su fuero íntimo, guardaba la esperanza de que, apenas aterrizara en el aeropuerto luego de diecisiete años de exilio, estallaría un nuevo 17 de octubre. Intuía que el gobierno militar se desplomaría al momento por el peso de las movilizaciones populares. Si esto no ocurría y se mantenía el cronograma electoral, aun sin su participación directa, había acumulado poder suficiente para elegir un candidato propio.

El 16 de noviembre de 1972, Perón partió desde Roma y arrastró a más de doscientos fieles en el avión del retorno. Se quedó casi un mes en la Argentina: se abrazó con Balbín —que había sido encarcelado durante su gobierno—, visitó al padre Mugica en la villa de Retiro y recibió visitas y reconocimientos en la casa que ocupó en Vicente López. La calle Gaspar Campos se convirtió en un centro de movilización política, con miles de militantes que esperaban cada mañana que abriera su ventana y los saludara. Perón no se reunió con Lanusse.

Antes de irse de la Argentina, designó a su candidato a presidente. La elección desconcertó al gremialismo ortodoxo y fue festejada por la Tendencia Peronista Revolucionaria y la Juventud Peronista-Regionales, liderada por Galimberti, la “juventud maravillosa”, al decir de Perón, que había aprendido a morir por sus ideales.

Perón también le concedió un lugar en el dispositivo de su retorno a Propaganda 2 (P-2), una organización secreta, con epicentro en Italia, liderada por Licio Gelli, relacionada con el tráfico de negocios, la mafia y la masonería. Gelli había hecho contacto en Puerta de Hierro por medio de Giancarlo Elia Valori, de la P-2, y había incorporado a López Rega a sus planes. Frente a la convulsión social que vivía el país, el Gran Maestre italiano confiaba en que Perón sería el único capaz de contener “el peligro del comunismo”. Esta idea fue transmitida por Gelli al Vaticano y al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. También le fue transmitida al presidente Richard Nixon. El acuerdo por el regreso de Perón, diseñado por Gelli, unía a la masonería de la P-2, al Rabinato de Nueva York —cuyo hombre en el poder era el propio Kissinger—, al Vaticano y al gobierno de los Estados Unidos. De este modo, Perón contaría con el respaldo de poderes públicos y secretos internacionales para regresar a la Argentina.

La Tendencia Revolucionaria era una construcción política de superficie, que integraban grupos barriales, universitarios, obreros, juveniles, inquilinos, homosexuales, villeros, discapacitados, ligas agrarias y otros miles de militantes políticos y sociales. Aunque tenía independencia de acciones, la Tendencia formaba parte del dispositivo de Montoneros que, después de las elecciones de marzo de 1973, accedería a distintos espacios de gobierno, una opción inimaginable para una organización que confió su estrategia en el desarrollo de un foco armado. En pleno proceso de crecimiento, comenzarían a surgir la relación contradictoria con Perón por la dirección del proyecto revolucionario y la duplicidad entre la construcción de una política para las masas, que actuaban en la superficie, y la formación de una fuerza militar combatiente y clandestina, un “poder militar” para tomar el poder. La Tendencia tomó el control de la campaña electoral y se “apropió” del discurso del candidato a presidente Héctor Cámpora, que anunciaba en los actos populares “el fin del sistema demoliberal, burgués y capitalista”. En la campaña electoral, los gremios casi no se movilizaron. No se sentían representados por la candidatura de Cámpora. Comenzaba a advertirse que bajo las banderas del retorno se agitaba la confrontación interna en el movimiento. El peronismo dejaba muchas definiciones irresueltas: el rol de su líder en el futuro gobierno; la política frente a las Fuerzas Armadas; la posición frente a las organizaciones armadas no peronistas; la convivencia entre la Tendencia, y su brazo gremial, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), y las burocracias sindicales.

Gelli quería infiltrar la logia masónica en el Estado argentino, con la designación de funcionarios que fuesen adeptos a ella. De ese modo, con la avidez de López Rega y la masonería argentina y el consentimiento de Perón y de Cámpora —que no estaba en condiciones políticas de oponerse, porque el acuerdo ya venía cerrado desde Europa—, Gelli comenzaría a infiltrar a la P-2 en el futuro gobierno peronista. Meses después, expresaría su satisfacción por el acuerdo: “No solo confirmaban lo que habían prometido, sino que también pedían una colaboración para el futuro. Saben que estuvieron fuera del país dieciocho años por diferencias con la Familia, y admitieron que regresan a la patria porque existe un consentimiento de nuestra institución”, escribió Gelli en una carta al Gran Maestre local César de la Vega, que luego sería funcionario en el Ministerio de Bienestar Social.

El domingo 11 de marzo de 1973, Cámpora ganó las elecciones con casi el 50% de los votos y se convirtió en presidente de los argentinos. El peronismo volvía al poder luego de diecisiete años.

Bibliografía

Alonso, Juan, ¿Quién mató a Aramburu?, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

Amorín, José, Montoneros: la buena historia, Buenos Aires, Catálogos, 2005.

Andersen, Martin Edwin, Dossier secreto. El mito de la “guerra sucia” en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Baschetti, Roberto, Documentos (1970-1973). De la guerrilla peronista al gobierno popular, Buenos Aires, Ediciones de la Campana, 1995.

Bolívar, Jorge, Estrategia y juegos de dominación. De Marx y Lenin a Perón y Hannah Arendt. Para una crítica del saber político moderno, tomo 2, Buenos Aires, Catálogos, 2008.

Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Buenos Aires, Norma, 2005.

Carnovale, Vera, “Política armada: el problema de la militarización en el PRT-ERP”, en Lucha Armada, Nº 11, 2008.

Caviasca, Guillermo, “Arturo Lewinger y los orígenes de las FAR”, en Lucha Armada, Nº 6, 2006.

Chaves, Gonzalo y Lewinger, Jorge, Los del 73. Memoria montonera, Buenos Aires, Ediciones de la Campana, 1998.

Dalmazzo, Gustavo, El duelo de los Generales. Perón-Lanusse, Buenos Aires, Vergara, 2005.

De Biase, Martín, Entre dos fuegos. Vida y asesinato del padre Mugica, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998.

De Riz, Liliana, La política en suspenso. 1966/1976, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Fernández Alvariño, Próspero Germán, Z Argentina. El crimen del siglo, Buenos Aires, edición del autor, 1974.

Funes, Carlos “Chango”, Perón y la guerra sucia, Buenos Aires, Catálogos, 1996.

Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1998.

Gorriarán Merlo, Enrique, Memorias. De los setenta a La Tablada, Buenos Aires, Planeta, 2003.

Lanusse, Lucas, Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, Vergara, 2005.

—, “Caer y volver a levantarse. La situación de Montoneros entre fines de 1970 y comienzos de 1972”, Jornada Académica “Partidos armados en la Argentina de los setenta”, Universidad de San Martín, abril de 2007.

Lanusse, Alejandro, Confesiones de un general. Memorias, Buenos Aires, Planeta, 1994.

Larraquy, Marcelo, López Rega, el peronismo y la Triple A, Buenos Aires, Punto de Lectura, 2007.

Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto, Galimberti. De Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, Buenos Aires, Norma, 2000.

Marighella, Carlos, “Minimanual del guerrillero urbano”, en Lucha Armada, Nº 2, Buenos Aires, 2005.

Martínez, Tomás Eloy, La pasión según Trelew, Buenos Aires, Aguilar, 2004.

Mazzei, Daniel, “Pretorianismo y autonomía. Una interpretación del comportamiento del Ejército Argentino (1930-1973)”, ficha de cátedra, OPFyL, UBA, 1999.

Méndez, Eugenio, Aramburu: el crimen imperfecto, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1988.

Potash, Robert, El Ejército y la política en la Argentina. 1962-1973, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Ramus, Susana, Sueños de una sobreviviente montonera a pesar de la ESMA, Buenos Aires, Colihue, 2000.

Rodeiro, Luis, “El ‘Documento Verde’. La primera crítica a Montoneros desde Montoneros”, en Lucha Armada, Nº 6, Buenos Aires, 2006.

Salas, Ernesto, “El errático rumbo de la vanguardia montonera”, Tercera Jornada Académica “Partidos armados en la Argentina de los setenta”, Universidad de San Martín, abril de 2009.

—, “El falso enigma del ‘Caso Aramburu’”, en Lucha Armada, Nº 2, Buenos Aires, 2005.

Sarlo, Beatriz, La batalla de las ideas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001.

—, La pasión y la excepción, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Urondo, Paco, La patria fusilada. Sobrevivientes de Trelew, Buenos Aires, Ediciones de Crisis, 1973.

Vaca Narvaja, Gustavo y Frugoni, Fernando, Fernando Vaca Narvaja. Con igual ánimo. Pensamiento político y biografía autorizada, Buenos Aires, Colihue, 2002.

Vélez Carreras, Ignacio, “Montoneros. Los grupos originarios”, en Lucha Armada, Nº 2, Buenos Aires, 2005.

Zamorano, Eduardo, Peronistas revolucionarios. Un análisis político del apogeo y crisis de la organización Montoneros, Buenos Aires, Distal, 2005.

Zapata, Edgar Antonio, Guerrilla y montoneros. Ensayo sobre el origen y evolución, Rosario, Fundación Ross, 1997.

Filmografía

Arruti, Mariana, Trelew. La fuga que fue masacre.

XVII

Operación Rucci

Yo no me considero un valiente. Tampoco he sacado diploma de cobarde. Pero tengo un solo temor: no ver las caras de los asesinos.

JOSÉ IGNACIO RUCCI, en una entrevista publicada en la revista Gente el 29 de junio de 1972

José Ignacio Rucci fue muerto a balazos el mediodía del martes 25 de septiembre de 1973 cuando salía de una casa de la calle Avellaneda, en el barrio de Flores. Dos autos de su custodia lo esperaban en la puerta para trasladarlo a un canal de televisión. En ese momento, el general Juan Domingo Perón permanecía en la residencia presidencial de Olivos. Hacía dos días que acababa de ser electo presidente por tercera vez. Había obtenido casi el 62% de los votos. Volvía al poder después de diecisiete años de exilio.

HECHOS RELEVANTES

1973. El 25 de mayo, Cámpora asume la Presidencia. La logia mafiosa italiana P-2 influye en la designación de ministros. Cámpora indulta a casi 500 presos políticos de las cárceles del país.

El 20 de junio Perón regresa al país. En Ezeiza, en medio de una lucha interna, el peronismo ortodoxo ataca a manifestantes de la izquierda peronista y desata una balacera. Hay al menos 13 muertos.

Sin apoyo de Perón, el 13 de julio se concreta la renuncia de Cámpora. Lo sucede el titular de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri. Comienza la fricción de Montoneros con Perón por la diferencia de proyectos políticos.

Con una movilización multitudinaria, el 21 de julio Montoneros denuncia la “teoría del cerco”. Acusa al entorno de Perón, centralizado en la figura del ministro López Rega, de querer aislarlo de su “relación con el pueblo”.

Perón sufre un infarto y encara la campaña electoral contra el consejo de su equipo médico. El 4 de agosto, el Partido Justicialista promueve a Isabel Perón en la fórmula presidencial. Perón demora dos semanas hasta avalarla.

El 6 de septiembre, el ERP toma el Comando de Sanidad Militar en Capital Federal en busca de armas. Mata a un teniente coronel.

El 23 de septiembre Perón gana las elecciones y accede al gobierno por tercera vez.

Dos días después de la victoria electoral, Montoneros mata al secretario general de la CGT y principal aliado de Perón en el mundo obrero, José Rucci, pero no se adjudica el crimen.

Rucci, ex obrero metalúrgico y delegado de la fábrica de cocinas y estufas Catita, conducía la Confederación General del Trabajo (CGT) desde 1970. Era el hombre del sindicalismo ortodoxo que más había bregado por el regreso de Perón, quebrando incluso las dudas iniciales de su propio sector. A diferencia de su antecesor, el metalúrgico Augusto Vandor, que aspiró a un proyecto sindical autónomo y fue ultimado en 1969, Rucci promovía el “peronismo con Perón”. Era un dirigente al que el líder, desde su exilio, consideraba clave para subordinar las estructuras sindicales bajo su conducción en un futuro gobierno. Ese tiempo había llegado. Pero dos días después del triunfo electoral de Perón, Rucci estaba muerto.

El atentado se decidió poco después de la masacre de Ezeiza. Aquel día, el 20 de junio de 1973, la débil convivencia política entre la izquierda peronista y la ortodoxia justicialista con la que Perón había organizado su regreso acabó por romperse.

Perón iba a hablarle al peronismo en su conjunto. Más de un millón de personas marcharon hacia Ezeiza para recibirlo en su regreso definitivo al país. Pero una balacera que se inició desde el palco, controlado por la ortodoxia, provocó una todavía indeterminada cantidad de muertos y heridos —se estima que los muertos fueron trece, y más de trescientos los heridos—. También hubo secuestros y torturas en las habitaciones del Hotel Internacional de Ezeiza. Ese fue el resumen de la jornada. Y entonces no hubo recibimiento ni fiesta popular, ni tampoco habría ya más espacio para los matices políticos en el peronismo: o se estaba de un lado o se estaba del otro. Montoneros consideró que había sido “emboscado” por la ortodoxia y prometió castigo contra los que le habían “tendido la trampa”. Eran sus enemigos. Los caracterizó como los reaccionarios, los traidores del Movimiento al servicio del continuismo y la dependencia. Los que habían impedido el reencuentro histórico de Perón con la Juventud Peronista e intentaban alejarlo del pueblo y del “socialismo nacional”.

A Montoneros todavía le resonaban las palabras que Perón había plasmado en la Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, formulada en 1971, en la que se había comprometido a promover a la juventud y otorgarle un rol decisivo en la etapa histórica.

Hay una nueva generación que está esperando y, por eso, yo vengo hablando de la necesidad del trasvasamiento generacional. Junto con la organización debe venir un cambio, porque si no el Movimiento envejecerá y terminará por morir como todo lo que es viejo. Entonces, para evitar ese proceso, está el camino orgánico y el camino del remozamiento del Movimiento, por cambio generacional. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo.

Montoneros denunció que “los traidores” del Movimiento querían aislar a Perón de su pueblo. Entonces los señaló y se decidió a eliminar ese “cerco”. Se imprimieron afiches con las fotos de José López Rega (ministro de Bienestar Social), Lorenzo Miguel (jefe metalúrgico y secretario de las 62 Organizaciones Peronistas), Jorge Osinde (secretario de Deportes del Ministerio de Bienestar Social), Alberto Brito Lima (dirigente peronista), Norma Kennedy (dirigente peronista) y José Rucci (jefe de la CGT). Y debajo de cada foto, la leyenda: “Estos son los responsables de la matanza de Ezeiza”. El afiche estaba impreso sobre un fondo negro.

Rucci había visto por primera vez a Perón en Madrid en el año 1971. Se presentó como titular de la CGT. Desde entonces se disciplinó bajo la conducción del líder y aceptó todas sus directivas para el retorno. Los gremios clasistas caracterizaban a Rucci como el símbolo de una dirigencia corrupta, que manipulaba las bases obreras e impedía la democracia participativa en las fábricas. La misma opinión tenía Montoneros, que había creado la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) para involucrarse en la lucha gremial con cuadros propios.

Un grupo comenzó a seguir a Rucci en julio de 1973. Solo lo vieron tres veces; las tres veces, de espalda. La cuarta vez lo vieron a través de la mira de distintos fusiles. Y lo mataron. A Rucci lo siguieron miembros de las FAR y de Montoneros. En ese tiempo, las FAR estaban cerrando los detalles finales para integrarse a Montoneros. Y entre los integrantes de las dos organizaciones guerrilleras existía una implícita competencia por ganar espacios, que se instrumentaba con afiliaciones, formación de cuadros políticos y realización de operaciones militares. Pero ya actuaban en conjunto.

El grupo operativo que tenía la misión de matar a Rucci poco sabía de cómo se movía su objetivo, pero disponía del tiempo y la logística necesarios para consumar la operación. En una revista Gente de junio de 1972, se enteraron de que tenía una casa en Ramos Mejía, en el oeste del conurbano bonaerense. La foto de Rucci en la calle, con las casas desenfocadas a los costados, fue una referencia para que el grupo lo buscara en ese barrio. Pero nunca encontraron una imagen parecida. La revista aportaba otro dato que resultaría decisivo para la operación: el colegio al que asistía la hija del jefe de la CGT. Claudia Rucci, de 9 años, estudiaba en el Instituto Almirante Guillermo Brown, de Haedo, y ya era actriz. Trabajaba en una tira de Canal 9.

Luego de rastrear por las calles de Ramos Mejía, el grupo de inteligencia empezó a buscar señales de Rucci en la CGT. En julio de 1973, Rucci dormía en un departamento de dos ambientes construido sobre la terraza de la sede sindical, enfrente de la Facultad de Ingeniería, en el bajo porteño. El edificio era de difícil acceso.

Durante varias semanas, distintos miembros del grupo de inteligencia que buscaba localizar a Rucci caminaron las veredas de la calle Azopardo. Memorizaban los últimos números de las patentes de los autos estacionados y luego, cuando estaban más alejados, las anotaban en un cuaderno. Para una observación más rigurosa, empezaron a ubicar una o dos camionetas enfrente o en diagonal a la central obrera. El conductor estacionaba el auto y se iba, pero dejaba oculto en la caja trasera, cubierto por una lona verde, a un hombre acostado en un sobretecho de madera, que continuaba anotando números de patentes de los autos, y observando los movimientos en la puerta de la CGT. El mismo procedimiento se realizaba desde un agujero en el baúl de un Peugeot, o desde un periscopio colocado en un falso parlante de su luneta trasera.

Durante un mes, los cuatro hombres que realizaban la inteligencia sobre Rucci no aportaron ningún resultado significativo. No conocían su agenda de actividades ni el auto en que se movía. Ni siquiera lo habían visto. Solo habían recopilado en varios cuadernos los números de patentes de autos que estacionaban en la cuadra de la CGT.

El enfrentamiento entre las facciones antagónicas en el peronismo produjo la caída del presidente Héctor Cámpora, que había asumido el 25 de mayo de 1973. Pudo gobernar solo cuarenta y nueve días. Perón lo había designado al frente del Movimiento Justicialista para las elecciones del 11 de marzo, pero ni durante los días previos a su asunción, ni durante su gestión le brindó respaldo político. Cuando regresó al país, Perón visitó a José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, pero no cruzó a la Casa Rosada a saludar al Presidente. En la visión de Perón, consolidar a Cámpora implicaba también un gesto de apoyo hacia Montoneros y a sus distintos frentes de la Tendencia Revolucionaria. El líder prefería que el estado de movilización popular, que había sido clave para desgastar al gobierno de Lanusse y llegar a las elecciones del 11 de marzo, no continuara. En la noche del 20 de junio, horas después de la masacre de Ezeiza, en un mensaje por cadena nacional, Perón trazó los límites de la nueva coyuntura.

Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. […] Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese camino van mal. A los enemigos embozados y encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento.

Para el General, Montoneros había sido una de las herramientas tácticas más eficaces de su dispositivo. La más activa para desgastar a las Fuerzas Armadas y comprometerlas con el proceso eleccionario. Pero, después de la victoria electoral, el plan político era otro. Ahora propendía hacia la institucionalización democrática del país, con acuerdos de gobernabilidad entre gremios, empresarios, partidos políticos e incluso las Fuerzas Armadas. “Socialismo nacional”, “guerra revolucionaria”, “guerra de guerrillas” y otras enunciaciones que habían embanderado su regreso, eran, hacia julio de 1973, un eco testimonial que empezaba a quedar lejos del núcleo de poder del Movimiento Justicialista. Después de Ezeiza, Montoneros y la Tendencia Revolucionaria empezaron a convertirse en grupos inorgánicos.

Forzado por ese nuevo clima, aturdido por el silencio que le dispensaba Perón y sin capacidad para controlar las confrontaciones internas del peronismo, que disputaba las dependencias oficiales para controlar el aparato gubernamental, Cámpora le entregó la renuncia a Perón el 4 de julio de 1973, cuando este, convaleciente de un infarto, permanecía en su mecedora en el primer piso de la residencia de Gaspar Campos, en Vicente López. Los médicos habían sugerido internarlo y alejarlo de la política para preservar su salud. Pero su esposa, Isabel, y López Rega consideraron inoportuno el consejo, en vista de la campaña electoral de los próximos meses.

El justicialismo en el Parlamento se ocupó de sortear los escollos institucionales para que Raúl Lastiri accediera a la Presidencia. Su crecimiento político en los últimos meses había sido fulminante. Su suegro, López Rega, había logrado introducirlo en la nómina de candidatos a diputados. Y Cámpora lo designaría máxima autoridad de la Cámara en virtud de que Lastiri no molestaba a nadie y Perón lo consideraría como otro gesto de cortesía hacia él.

En julio, con Cámpora fuera de circulación y Lastiri en la Presidencia, Montoneros perdió espacio político en el nuevo esquema de poder, pero no se resignaba. Lo observaría el jefe de Montoneros, Mario Firmenich, en una conferencia de prensa en septiembre de 1973:

El poder político brota de la boca de un fusil. Si llegamos hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos. Si abandonáramos las armas retrocederíamos en posiciones políticas. En la guerra hay momentos de enfrentamiento, como los que hemos pasado, y momentos de tregua en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento.

Con el paso de los días, la orden de atentar contra Rucci se mantuvo sin modificaciones. Vieron al titular de la CGT por primera vez, durante pocos segundos, cuando ingresaba a una reunión del Consejo del Partido Justicialista en la calle Córdoba, protegido por guardaespaldas. La información del evento se había obtenido de los diarios. Al poco tiempo, abandonaron la CGT y empezaron a investigar el otro dato: el colegio donde estudiaba su hija, en Haedo. A pesar de que la veían en la televisión, no podían distinguir su cara entre los cientos de estudiantes que salían del colegio. Al cabo de unos días, a un miembro del grupo le llamó la atención un Torino gris. Su patente coincidía con la de otro vehículo de la CGT. Y enseguida vieron subir a la hija de Rucci. Siguieron el auto por la avenida Rivadavia hasta su ingreso a la Capital Federal. Allí lo abandonaron para no despertar sospechas. En días sucesivos, siguieron al Torino a cierta distancia con distintos vehículos. En una oportunidad el destino fue la calle Avellaneda, en Flores, a media cuadra de la avenida Nazca. Allí supieron que Rucci vivía con su esposa y sus hijos en una casa de propiedad horizontal, en Avellaneda 2953. Con la localización de la casa, toda la estructura de movilidad del grupo de inteligencia —dos camionetas Chevrolet, un Peugeot 504 y una Citroneta— empezó a utilizarse para la guardia frente a la casa. Estacionaban sobre la vereda de enfrente y hacían turnos rotativos. Siempre había un hombre observando movimientos. Una noche vieron bajar a Rucci de un Torino, seguido por dos autos de su custodia. Esa fue la segunda vez que lo vieron. Esa información fue trasladada por el grupo de inteligencia al jefe militar de la operación. A partir de entonces se empezó a diseñar el plan para matarlo.

Perón era reticente a aceptar que su esposa lo acompañara en la fórmula presidencial, pero el Partido Justicialista insistió en promoverla en forma pública. Después de la renuncia de Cámpora, Perón se reunió en dos oportunidades con el jefe del radicalismo, Ricardo Balbín, para estudiar la posibilidad de una fórmula conjunta. Creía que lograr un acuerdo con la UCR era la mejor manera de asegurar la “unidad nacional” y la institucionalidad de la Argentina. La fórmula Perón-Perón, además, en términos personales, le provocaba incomodidad. El General reconocía que no le alcanzaría la salud para terminar el período presidencial en el que resultaría electo y no quería obligar a Isabel a asumir la sucesión. Inmerso en una herencia de poder que se estaba disputando en forma cada vez más violenta, el justicialismo no creía adecuado regalarle la presidencia a la UCR, más allá de los pactos gubernamentales que pudieran formularse.

El 4 de agosto de 1973, en el Teatro Cervantes, con los palcos colmados de hombres y de armas, se lanzó a viva voz la fórmula “Perón-Perón”, que fue votada por aclamación por todo el congreso partidario. Perón se tomó quince días para analizar la propuesta. Finalmente la aceptó.

Magdalena Villa de Colgre vivía al lado de la casa que ocupaba la familia Rucci. Desde hacía cinco meses su casa estaba en venta. Una inmobiliaria había colocado un cartel en el primer piso de la vivienda. En septiembre de 1973 un miembro del equipo de inteligencia, vestido con saco y corbata, visitó a la propietaria. Estaba interesado en conocer la vivienda, pero para no sumar costos a la posible operación prefería evitar el contacto con la inmobiliaria. La señora lo hizo pasar. La segunda vez que la visitó le pidió el plano de la casa. Lo hacía por encargo del profesor, titular de una supuesta academia de enseñanza de idiomas, quien tomaría la decisión definitiva de la compra. El plano les resultaba indispensable para diseñar la retirada después del atentado. Al fondo de la propiedad había una pared y después un largo pasillo de viviendas que conducía a una puerta sobre la calle Aranguren.

El 6 de septiembre, la guerrilla marxista del ERP había copado el Comando de Sanidad Militar en Capital Federal y se había llevado armas. “Ninguna tregua al Ejército opresor”, sostenía la organización liderada por Roberto Santucho. Un teniente coronel resultó muerto en el tiroteo. El ERP entendía que la democracia, y el peronismo en sí mismo, postergaban la “guerra del pueblo”, eje del verdadero enfrentamiento entre el Ejército opresor y el Ejército revolucionario. Tres días después, un grupo desprendido de esa organización guerrillera, el ERP “22 de Agosto”, secuestró a un directivo del diario Clarín, Bernardo Sofovich, y a modo de rescate exigió al diario la publicación de tres solicitadas en las que quería difundir su apoyo a las elecciones, reclamar una investigación parlamentaria por los fusilamientos de Trelew, y, en la tercera, ridiculizar a Lastiri y a López Rega. Clarín las publicó dos días después y Sofovich fue liberado. Pero en represalia, grupos de la UOM y otros que se organizaron desde el Ministerio de Bienestar Social entraron en el edificio del diario con granadas y bombas incendiarias, golpearon a empleados y ametrallaron las paredes. Hirieron a una chica que había ido con su mamá a publicar un aviso clasificado. Perón justificó el ataque en forma pública. Explicó:

El que procede mal suele sucumbir por su mal procedimiento. Clarín tuvo un mal procedimiento y alguien que se sintió herido, le metió otro mal procedimiento.

La Argentina vivía la efervescencia electoral que conduciría a Perón a tomar el poder por tercera vez en la historia. Pero la violencia ya estaba en el aire.

Mientras tanto, el grupo operativo que atentaría contra Rucci vivía recluido en un departamento de la avenida Gaona, en Flores. Otro grupo de observación se mantenía en la camioneta, frente a la casa de la calle Avellaneda. Su misión era dar aviso cuando Rucci llegara para dormir. No lo hacía todas las noches, ni con una rutina establecida. La operación se concretaría cuando el jefe sindical saliera de la casa durante la mañana siguiente. Como la frecuencia del equipo de comunicaciones del auto de observación no podía captarse en el departamento de avenida Gaona, utilizaron como puente una unidad básica de la JP en la calle Neuquén. Allí, en el altillo, se instalaron miembros del grupo de inteligencia con handies para recibir la información que llegaba desde la camioneta de la calle Avellaneda y transmitírsela al grupo operativo de la avenida Gaona.

El domingo 23 de septiembre de 1973, el FREJULI, con la fórmula Perón-Perón, obtuvo 7.359.252 votos (61,85%); el segundo puesto lo ocupó la UCR con el binomio Balbín-De la Rúa con 2.905.719 (24,42%) y en tercer lugar, la Alianza Popular Federalista, con Manrique-Martínez Raymonda, 1.450.998 (12,19%).

José Ignacio Rucci volvió a la casa de la calle Avellaneda en la noche del lunes 24. Uno de los custodios vio una camioneta Chevrolet con caja estacionada sobre la mano de enfrente. Cruzó para inspeccionar, levantó la lona, miró adentro y enseguida la bajó. En la oscuridad de la caja de la camioneta había dos hombres con un handy, sentados sobre una banqueta. El custodio no los vio. Desde la camioneta de observación avisaron que el objetivo ya había llegado y nada hacía prever que se moviera de allí. Durante la noche, la camioneta cambió de lugar. Luego de más de tres meses de tareas de inteligencia y con la acción militar ya diseñada, se puso en marcha la operación contra el jefe sindical.

A primera hora de la mañana del 25 de septiembre, el joven interesado en la compra de la casa de Avellaneda 2951, acompañado por “el profesor”, se acercó a la propiedad de la señora Magdalena Villa de Colgre. Tocaron el timbre. Venían a devolverle el plano y ajustar las condiciones de venta. Cuando la propietaria les abrió la puerta, la tomaron del brazo e ingresaron. Enseguida la amordazaron, la ataron de pies y manos y le colgaron un cartel: “No tiren, dueña de casa”. Unos minutos después, cuando un Torino de la custodia ya estaba estacionado frente a la vivienda donde dormía Rucci, el resto del grupo operativo ingresó en la casa vecina simulando ser un grupo de pintores dispuesto a iniciar su jornada de trabajo. Dentro de lonas, rollos de cartón y latas de pintura, ingresaron las armas. A las 12.10, de la casa que ocupaba la familia Rucci salió un custodio que miró a ambos lados de la vereda. Detrás de él salió el jefe de la CGT. Primero tiraron un explosivo con mecha a la vereda para crear confusión y le dispararon con ametralladoras, escopetas y fusiles. También apuntaron contra el baúl del Torino, para neutralizar el equipo de comunicaciones. El cuerpo de Rucci cayó en la vereda. El grupo comando ya había escapado por los fondos. Y atravesaron el pasillo de la vivienda de la calle Aranguren al grito de “¡Policía Federal!”. Dos autos estacionados sobre la calle Aranguren les permitieron la fuga. Estaban abiertos, con las llaves guardadas en el parasol. Parte del grupo operativo fue hacia una imprenta del barrio de Barracas. Consiguieron el diario de la tarde, que había alcanzado a publicar el atentado contra Rucci. Leyeron la noticia sentados en un bar.

Bibliografía

Cadus, Jorge y Palacios, Ariel, Combatiendo al capital 1973/1976. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino, Rosario, Editorial Municipal de Rosario, 2009.

Larraquy, Marcelo, López Rega, el peronismo y la Triple A, Buenos Aires, Aguilar, 2011.

Larraquy, Marcelo, y Caballero, Roberto, Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA, Buenos Aires, Aguilar, 2010.

Entrevista del autor a un miembro del grupo de inteligencia del atentado contra José Ignacio Rucci.

XVIII

El enemigo infiltrado

En el término de dos semanas hubo exactamente veinticinco unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda; hubo doce militantes muertos, y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente, todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. […] ¡Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar tantos atentados fascistas!

La periodista Ana Guzzetti al general Perón, en conferencia de prensa en la residencia presidencial de Olivos, el 8 de febrero de 1974

Ezeiza había sido la primera batalla del peronismo ortodoxo. Y la había ganado. También había empujado a Cámpora hacia la renuncia. Y lo había logrado. La Tendencia Revolucionaria perdía margen de acción política, pero su capacidad de movilización se mantenía intacta en las calles. La lucha entre ambos sectores continuaba. La disputa entre ellos por la proximidad a Perón, para heredar su poder, alcanzaría dimensiones sangrientas.

HECHOS RELEVANTES

1973. El 1º de octubre, el Consejo Nacional Justicialista denuncia la “infiltración marxista en el Movimiento” y declara “el estado de guerra”.

El 21 de noviembre, la Triple A realiza el primer atentado. El senador radical Hipólito Solari Yrigoyen resulta herido.

1974. El 19 de enero, el ERP asalta el Regimiento 10 de Azul. Presionado por Perón, el gobernador de Buenos Aires Oscar Bidegain renuncia cinco días después. Asume su vice, el sindicalista ortodoxo Victorio Calabró.

El 25 de enero, el Parlamento vota la reforma al Código Penal que establece duras penas a la acción guerrillera. Ocho diputados de la Juventud Peronista, ligados a Montoneros, renuncian a sus bancas.

El 28 de enero, Perón reintegra al comisario Alberto Villar a la Policía Federal. Un día después se publica la primera lista de “condenados” por la Triple A. Se inicia una etapa de propagación del terror.

Perón mantiene una disputa verbal con Montoneros en el acto del Día del Trabajador. Los llama “estúpidos”, “imberbes”, “infiltrados”. La columna de Montoneros se retira de la Plaza de Mayo.

Dos días después de delegar el mando, el 1º de julio, Perón muere de un infarto en la residencia de Olivos. Lo sucede en la Presidencia su esposa Isabel.

Una de las partes en conflicto tenía dos actores aliados que se desconfiaban mutuamente: las estructuras sindicales y José López Rega.

El sindicalismo era la tradición del peronismo histórico. Tenía peso político, poder de negociación y movilización. Perón lo había fortalecido desde su retorno al país.

López Rega había acumulado influencia sobre Isabel Perón durante sus siete años de relación cotidiana en Madrid. Aunque ignoto para el peronismo, como tantos personajes advenedizos que se habían acercado a Perón en su exilio, su particularidad era que había logrado permanecer inmune al paso del tiempo, sin servir a nadie más que al matrimonio. Y a sí mismo. No tenía historia en el justicialismo, pero manejaba los recursos sociales del Estado. Era ministro de Bienestar Social.

López Rega había asumido el 25 de mayo de 1973. Su voluntad, que fue cumplida, era trabajar desde el Estado. Pronto implementó dos esquemas de trabajo: uno político y público, relacionado con la acción social, la construcción de viviendas, la distribución de subsidios, beneficios y pensiones a carenciados, entre otras áreas. Y otro clandestino (pero también político): la creación de un aparato de tareas “sucias”, que les resultaban muy útiles al Partido Justicialista y a la ortodoxia sindical.

López Rega podía hacer uso del presupuesto del Ministerio para erosionar el poder de la izquierda peronista. Todas las agrupaciones juveniles que habían quedado opacadas por la movilización de Montoneros a favor del “Luche y Vuelve” para el retorno de Perón encontraron espacio en el Ministerio. López Rega representó una oportunidad para ellas. No admiraban su personalidad; él no tenía carisma, ni capacidad de liderazgo, pero era un puente para hacer política desde el Estado. Militantes que cruzaban nacionalismo y peronismo, forjados en la acción y la violencia, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) o el Movimiento Nueva Argentina (MNA); los de Guardia de Hierro, destacados por la formación teórica de sus cuadros; militantes del Comando de Organización (CdeO), que se habían iniciado en la Juventud Peronista en tiempos de la resistencia, y otros grupos de militancia sindical que resistían la avanzada del “marxismo en las fábricas” y también a los montoneros que se organizaban en los gremios, empezaron a formar parte de la plantilla estatal, a cobrar sueldos de asesores, obtener tareas de responsabilidad en la gestión pública.

López Rega les abrió las puertas de las oficinas. Pero no les brindó la plena confianza política. Las nuevas corrientes eran elementos exógenos que llegaban para el desafío del momento. López no las consideraba personal propio. A este, en cambio, que accedía al Ministerio casi sin experiencia política o acababa de desprenderse de sus agrupaciones, el ministro lo instó a crear la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), la juventud lopezreguista que tenía la misión de ocupar la calle y organizarse en los barrios en defensa de la pureza doctrinaria que estaba siendo asediada por “los infiltrados del Movimiento”. Tenían a su disposición los recursos del Estado para esa tarea.

Para la JPRA estaban las secretarías y subsecretarías, las firmas que autorizaban el ingreso de colaboradores, los sellos, el ingreso orgánico al Partido Justicialista, que se iba deshaciendo de restos camporistas que habían representado la voluntad de Perón de los años previos.

Para la JPRA también estaban las llaves del depósito ubicado debajo del escenario del microcine, en el segundo subsuelo, donde se guardaban las armas del Ministerio. Una importante provisión se había logrado por contrabando, mediante un pago de la Dirección de Administración.

El Estado contrabandeaba armas para la guerra interna del peronismo.

Casi en forma simultánea a su armado político, López Rega ya había organizado su guardia armada. Estaba formada por hombres reclutados entre policías exonerados de la fuerza por crímenes, robos o corrupción, y otros ya retirados que hacían servicios de seguridad en fábricas, o que buscaban trabajo. La guardia controlaba los movimientos en la Unidad Ministerio, un largo pasillo de oficinas que conducía al despacho central de López Rega, que tenía los ventanales hacia la Casa Rosada. Velaban por su seguridad en las salidas oficiales y también estaban a la espera de “blancos”. La orden que llegara desde arriba para hacer lo que hiciera falta.

La JPRA y la guardia armada en ocasiones operaban en conjunto. Pero lo más común era que solo compartieran algún dato o algún arma. Las distanciaban los recelos internos (unos eran civiles y los otros habían sido formados en fuerzas de seguridad) y la diferente naturaleza de sus tareas (uno era un grupo político que realizaba acciones armadas y el otro, exclusivamente ejecutor), aunque las unía el hecho de tener el mismo jefe y el mismo enemigo.

Las operaciones se organizaban en las oficinas durante el día y se ejecutaban por la noche. Por los movimientos en los pasillos se advertía si la custodia de López Rega o miembros juveniles del Ministerio saldrían a operar.

Tras el crimen de Rucci, la JPRA se sintió obligada a dar una respuesta política. La víctima fue elegida al azar, porque alguien mencionó que había brindado por la muerte del sindicalista, y, fuera cierto o no, era un militante que estaba en las filas del enemigo. Lo importante era que sabían dónde vivía y cómo hacerlo salir de su casa. Un grupo pidió “zona liberada” a la policía en las calles donde sucedería el crimen, fueron a su departamento en el barrio de Belgrano, le tocaron el timbre simulando ser una persona que él conocía, y cuando bajó al hall del edificio le dispararon. De ese modo murió el militante de la JP Enrique Grynberg.

Montoneros ya había individualizado a López Rega como el enemigo que retrasaba el cambio revolucionario. El que había “cercado a Perón” para distanciarlo del pueblo. Y en una movilización de casi cien mil militantes habían marchado hasta la residencia de Gaspar Campos para reclamar un vínculo más directo con su líder. Perón, que los recibió en persona, delegó en López Rega la atención de esas y otras inquietudes. La Juventud Peronista, que había expuesto su mayor capital político en esa movilización, había perdido relevancia para el General. López Rega se ocupó de explicar lo que había sucedido.

El General ante un pedido de “muchachos” que lo fueron a ver, me llamó y me dijo: “López, los muchachos quieren conectar conmigo. ¿Cómo podemos hacer?”. “Que me indiquen qué es lo que quieren y yo se lo traslado”, le dije. […] Yo soy un servidor de la Nación porque el General me coloca allí. Si el General me dice “López, salga”, yo salgo; si el General me dice: “López, quédese”, yo me quedo.

Después de ese intento fallido de “romper el cerco”, Montoneros comprendió que el que mandaba era Perón. Y su política ya estaba definida. “Saca a López Rega y pone a otro, y sigue siendo lo mismo”, analizaron después del encuentro en Vicente López. Pero fue el crimen de Rucci el hecho determinante para exacerbar la guerra contra “el enemigo infiltrado”.

Perón, a punto de asumir como presidente, se transformó en la conducción de un justicialismo que realizaba su ajuste ideológico. Y López Rega formaba parte del sector operativo. El 1º de octubre de 1973 el Consejo Nacional Justicialista se reunió para elaborar un documento. Lo firmaron Perón, ministros del gabinete, gobernadores.

El Consejo consideró el crimen de Rucci como el punto más alto de la escalada de agresiones contra el Movimiento Nacional Justicialista. Hablaron de la infiltración marxista, de la desvirtuación de los principios doctrinarios del justicialismo, de un estado de guerra que no podía ser eludido. No alcanzaba con que el peronismo asumiera su defensa: había que atacar al enemigo en todos los frentes, con la mayor decisión. Ordenaron las “Directivas”.

El Movimiento Justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para enfrentar esta guerra. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten de cualquier modo vinculados al marxismo. En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará. Se utilizarán todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito. Los compañeros peronistas, sin perjuicio de sus funciones específicas, deben ajustarse a los propósitos de esta lucha, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y reprimirlo con todo rigor.

En la reunión del Consejo, además, se decidió la creación del semanario El Caudillo que saldría a confrontar con El Descamisado, que fue desautorizado como órgano de prensa del peronismo.

El Caudillo estaba dirigido por el ex tacuara Felipe Romeo. Tenía publicidad del Ministerio de Bienestar Social y otras reparticiones del Estado, además de la UOM y otros sindicatos. En su primera edición, el 16 de noviembre de 1973, el editorial del semanario indicaba:

Hace mucho que estamos en la lucha. Por eso sabíamos de antemano que no bien el General llegara al país intentarían copar la revolución popular que tanto nos ha costado. No esperaron mucho. El primer día nomás quisieron apropiarse del palco de Perón. Así les fue. Los sacamos reculando. Podríamos, nosotros sí, hacernos los burros y dejar que se quemaran solos. Pero, como el pueblo lo exige, preferimos desenmascararlos y quitarles la capucha a estos recién llegados. Así lo hicimos. Les dijimos las verdades en la cara y los llamamos, para darle nombre y apellido, traidores infiltrados.

La violencia simbólica del lenguaje ya estaba expresada en los hechos.

En la lucha por la “purificación”, la reacción justicialista se desataba en provincias en que el peronismo había logrado una convivencia forzada por el retorno de Perón y que se había representado en listas legislativas y fórmula de gobierno conjuntas para las elecciones de marzo de 1973. Pero a partir de las Directivas del Consejo, la lucha implicaba desplazar a los “infiltrados” de las funciones de la administración pública en las provincias donde habían obtenido espacios. La purga no admitía diversidad ideológica, matices ni contradicciones.

“Nadie podrá planear cuestiones personales o disensiones de grupos o sectores, que afecten o entorpezcan la lucha contra el marxismo”, planteaban las directivas del Documento Reservado. El “marxismo” era un eufemismo del “socialismo nacional” o de todo aquello que no representara a la ortodoxia doctrinaria.

El peronismo empezó a delinear sus fronteras internas.

Los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y también de Salta y Santa Cruz, fueron puestos en la mira del justicialismo. Allí se había permitido el ingreso de sectores de la Tendencia Revolucionaria sobre la base de un consenso político que ahora estaban decididos a terminar. Era el momento de revertir ese proceso, ganar posiciones internas en la administración pública y el gobierno, y provocar conflictos gremiales para tensar el escenario político y promover “el golpe de Estado interno”. O, llegado el caso, facilitar la intervención federal.

Ese fue el espíritu de las Directivas, esas fueron sus consecuencias políticas. Después del crimen de Rucci, la acusación de “izquierdista” representó una amenaza para cualquier funcionario provincial. Era acusado de tener “vínculos con la subversión”.

Era la sentencia del PJ. Se instrumentaba a través de la CGT local, gremios o legisladores, quienes requerían la expulsión de “los infiltrados” y la normalización institucional del partido, en caso de que hubiera alcanzado el órgano partidario. Esa era la línea de la depuración.

Uno de los puntos más altos de las tensiones internas se produjo en enero de 1974 con la destitución de Oscar Bidegain, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bidegain era un médico que, tras un paso por el nacionalismo, se había incorporado al peronismo desde su origen. Era, como Cámpora, un peronista “histórico”. Perón lo había elegido como candidato a la provincia. Huérfano de apoyo en el peronismo ortodoxo, que despreciaba su candidatura, para la campaña Bidegain debió inclinarse hacia la Tendencia Revolucionaria, que lo tomó como un cuadro propio. Cuando llegó al Poder Ejecutivo con casi el 50% de los votos, al igual que Cámpora, abrió algunas líneas del Estado a militantes montoneros, o allegados a ellos, que ingresaron a la función pública. El metalúrgico Victorio Calabró, que secundó a Bidegain en la fórmula, pronto empezó a desestabilizarlo: comenzó a denunciar la “infiltración marxista” en el Movimiento.

Después del crimen de Rucci, Bidegain se sintió forzado a alinearse junto al Consejo Justicialista y prometió cumplir con las Directivas para “detectar y eliminar infiltraciones marxistas”. El gobernador caminaba entre dos fuegos. Pero no alcanzaron sus buenas intenciones hacia la verticalidad ni las invocaciones a la lealtad a Perón para salvar su gobierno.

Cuando el 19 de enero el ERP dispuso cien de sus hombres para asaltar el Regimiento de Blindados C-10 de Azul, justo la localidad de donde era oriundo Bidegain, Perón se puso el uniforme militar y por la cadena nacional transmitió que esas acciones se producían en “determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad la hacen posible, o lo que sería aún peor, si mediara, como se sospecha, tolerancia culposa”.

Bidegain solicitó una entrevista con Perón que no le fue concedida. Ya no tenía margen político para actuar. La ortodoxia aceleró el pedido de renuncia y reclamó “sanciones” contra el gobernador. La JP había perdido peso político para sostenerlo. Bidegain renunció, y con él se fueron decenas de funcionarios y legisladores provinciales de la Tendencia Revolucionaria. La ortodoxia, tras la asunción de Calabró, quedó con el control de la provincia de Buenos Aires.

Las derrotas se sucedieron. Perón se mostraba cada vez más inflexible a los planteos de la izquierda peronista. Por el ataque al cuartel militar, había afirmado que se debía “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal” mediante “la lucha a que dé lugar”. Y si bien la referencia explícita era para el ERP, también era una advertencia implícita para Montoneros.

Para las sesiones extraordinarias, Perón envió al Congreso una reforma del Código Penal que establecía penas más duras contra la acción guerrillera que las que había aplicado Lanusse. Los ocho diputados nacionales de la JP se negaron a votarla y quisieron explicarle a Perón su desacuerdo. Los recibió en Olivos con las cámaras de televisión encendidas. Les dijo que tenían la libertad para irse del Movimiento si estaban disconformes. “Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En este sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. Quien esté en otra tendencia diferente de la peronista, lo que debe hacer es irse”. Y luego Perón avanzó en su discurso sobre el ERP. Mencionó el respeto a la ley en forma ambigua, dejando margen para que se interpretara que podía reprimir a la guerrilla de manera ilegal.

A la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacer más que imponerle y enfrentarla con la lucha. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Nosotros estamos con las manos atadas dentro de la debilidad de nuestras leyes. Queremos seguir actuando dentro de la ley. Pero si no contamos con la ley, entonces tendremos que salirnos de la ley y sancionar en forma directa, como hacen ellos.

Y si por televisión Perón hablaba de “aniquilación”, en su mensaje directo a los militares de Azul, habló de “exterminio”:

La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía, harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República.

Entre el “aniquilamiento cuanto antes al terrorismo criminal” y el exterminio del “reducido número de psicópatas que va quedando”, Perón anticipaba verbalmente una represión que otros ejecutarían en forma ilegal desde el Estado.

A tres meses de asumir el gobierno, su intento de armar una coalición política entre sectores de ideologías y proyectos contradictorios entre sí —la ortodoxia peronista y la Tendencia Revolucionaria— había fracasado.

La representación de ese fracaso era la violencia que sobrevenía. Antes que persuadir, Perón se sentía obligado a amenazar. El país que había encontrado tras diecisiete años de exilio se le escapaba de las manos. No había logrado el acuerdo político-institucional con las fuerzas opositoras, que se mostraron prescindentes de la lucha interna del peronismo; el pacto corporativo entre empresarios y gremios era cada vez más vulnerable, porque la inflación y el conflicto social iban en ascenso.

Frente a la imposibilidad de conciliar a los sectores internos, Perón acompañó a los que planteaban “la depuración” y se alistaban contra “el infiltrado marxista”.

En la misma semana en que fue desplazado Bidegain, Montoneros hizo renunciar a sus diputados del Congreso, la reforma al Código Penal se convirtió en ley y, casi de manera inmediata, los cuadros juveniles del Ministerio de Bienestar Social —JPRA, MNA, etc.—, además del Comando de Organización (CdeO) y la dirección de El Caudillo ingresaron de la mano de López Rega a Olivos y fueron recibidos por Perón. El Presidente había encomendado a la JP el oxímoron de integrarse con los grupos juveniles ortodoxos en una sola Juventud Peronista, y como aquellos desistieron, la JPRA se transformó en la rama juvenil orgánica del justicialismo.

En sus instrucciones a la juventud ortodoxa, Perón insistió en que el Movimiento no debía permitir que le introdujeran ideologías y doctrinas “totalmente extrañas a nuestra manera de sentir”, y en referencia a los “infiltrados” expresó que eran cualquier cosa “menos justicialistas”.

El Caudillo, en la edición del 8 de febrero, posterior al encuentro de Olivos con Perón, lo traduciría en su propio lenguaje.

Sabemos tirar muy bien y no hemos dejado oxidar las pistolas. Que el enemigo sepa claramente que por mucha prensa que tenga, a la hora de las balas la prensa tiembla. Aunque publiquen sus comunicados arteros y aunque dupliquen e inflen a gente que no existe, llegará el momento de tener que incluir esos mismos nombres en la columna fúnebre.

La represión ilegal desde el Estado dio un paso clave con el reingreso del comisario Alberto Villar a la fuerza policial. Fue una decisión directa de Perón. Villar había sido jefe de la brigada de custodia presidencial en los años cincuenta y luego se había formado en las doctrinas militares de la Escuela Francesa, con cursos en París impartidos por la Organisation de l’Armée Secrète (OAS). Villar había enfrentado con la infantería a sindicatos clasistas en tiempos de Lanusse, había ordenado a las tanquetas irrumpir en la sede del Partido Justicialista cuando se velaban los cadáveres de los fusilados por la Armada en agosto de 1972, y había sido puesto en disponibilidad por tomar una comisaría en Córdoba (intentó recuperar un expediente que comprometía su accionar). Al asumir Cámpora, ya retirado, Villar había montado una agencia de seguridad con más de cien hombres preparados para “tareas especiales”. Se llamaban Los Centuriones.

Perón reintegró a Villar como subjefe de la Policía Federal. Y también decretó los ascensos del comisario Juan Ramón Morales y del subinspector Eduardo Almirón, quienes habían reingresado en la fuerza por decreto de Lastiri y se habían incorporado a la custodia de López Rega. De esta forma, dos miembros de la Triple A se integraban al Estado y ascendían de grado con dos decretos presidenciales, el de Lastiri y el de Perón, en octubre de 1973 y febrero de 1974.

Un día después de la asunción de Villar en la subjefatura, apareció la primera lista de “condenados” por la Triple A, con la promesa de matarlos donde se los encontrara. La lista incluía al obispo Enrique Angelelli, al peronista Julio Troxler, al montonero Roberto Quieto, al intelectual Silvio Frondizi, entre otros.

Con el reingreso de Villar en la Policía Federal, ahora los miembros de la institución policial tenían vía libre para involucrarse en la Triple A y actuar a la luz del día en el servicio público y por las noches, en la represión clandestina, metodología que ya ejercían los miembros de la custodia de López Rega o los grupos de la ortodoxia juvenil que habían encontrado refugio en el Ministerio.

El primer atentado firmado por la Triple A fue una bomba en el Renault 6 del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que se oponía a un proyecto de ley sindical que centralizaba la recaudación de las obras sociales e impedía la democratización en los gremios. El jefe de los metalúrgicos, Lorenzo Miguel, lo había calificado como “el enemigo público número uno de la clase obrera organizada”. La bomba, que explotó cuando puso en marcha el auto, le provocó quemaduras en las piernas. Hasta entonces, la existencia de la Triple A se desconocía. Sin embargo, el clima de violencia contra los “marxistas”, “bolches” e “infiltrados” ya estaba instalado con bombas, ametrallamientos e incendios contra unidades básicas de la JP y domicilios o automóviles de dirigentes de la Tendencia, y también con secuestros y crímenes.

En Córdoba también operaban bandas clandestinas dentro de la fuerza policial y ligadas al III Cuerpo de Ejército. En los años precedentes, el Cordobazo y el Viborazo habían promovido la movilización de masas, con un fuerte apoyo del clasismo. En 1973, el FREJULI, con el peronista Ricardo Obregón Cano y el sindicalista del transporte Atilio López, había ganado la gobernación. La Tendencia había apoyado la fórmula. El PJ ortodoxo había quedado fuera de ese proceso, pero intentó revertirlo, a tono con los nuevos tiempos políticos que marcaron las Directivas del Consejo del Partido Justicialista. La CGT local, “para que no haya ningún marxista”, fue depurada de dirigentes de la izquierda gremial y acusó al gobernador de ser permisivo con el “movimiento subversivo”. Durante su gestión en Córdoba, Obregón Cano había saldado una disputa salarial en favor de los trabajadores del transporte, en inocultable desafío al Pacto Social que impulsaba Perón. Después, cuando el gobernador intentó depurar elementos de la policía provincial comprometidos con secuestros y torturas en los gobiernos militares, el PJ prometió defenderlos del “manoseo de los infiltrados que pretenden crear caos y discordia entre los argentinos”.

El clima de enfrentamiento ya estaba instalado.

El PJ provincial, gremios ortodoxos y la policía gestaron una alianza que conspiró contra la continuidad del gobernador. Y, pese a que Obregón Cano mencionaba su lealtad incondicional al General para buscar legitimidad en sus acciones de gobierno, Perón jamás salió a respaldarlo. Al contrario, caracterizó a Córdoba como “un foco de infección” de los infiltrados.

En el marco de este proceso, Obregón Cano decidió exonerar al teniente coronel Antonio Domingo Navarro, jefe de la policía provincial, luego de que se hiciera pública una denuncia de secuestros extorsivos que lo señalaba como el líder de la conspiración. Navarro resistió la medida, acuarteló a su subordinados y promovió una sedición bajo el argumento de que el gobernador estaba “entregando armas a los civiles” en la Casa de Gobierno. Ese 28 de febrero de 1974 fue una jornada violenta en la provincia. Desde la medianoche, grupos policiales atacaron sindicatos con direcciones clasistas, irrumpieron en radios y redacciones y colocaron bombas en viviendas de funcionarios. Sin orden judicial alguna, produjeron casi un centenar de detenciones, entre ellas la del propio gobernador Obregón Cano. La Casa de Gobierno fue ocupada por los sediciosos. La CGT local y las 62 Organizaciones Peronistas decidieron un paro por veinticuatro horas en apoyo al golpe. Durante todo el día se sucedieron tiros y escaramuzas entre golpistas y sectores de izquierda movilizados por la defensa del gobierno.

Una vez liberado, Obregón Cano fue impedido de reasumir su cargo por obstáculos que le interpusieron la legislatura provincial y la propia policía. El gobernador depuesto viajó a Buenos Aires con la intención de que Perón lo recibiera, condenara a los sediciosos y ordenara su retorno al poder.

Perón no lo recibió y avaló el golpe policial, y Obregón Cano fue procesado por haber criticado a dos ministros del Poder Ejecutivo. El 7 de marzo, el Congreso Nacional, con el acuerdo de Balbín, intervino Córdoba. Navarro fue indultado y premiado con un cargo oficial en el consulado argentino en Barcelona, España.

En Córdoba sucedió algo inédito: fue la primera vez que una fuerza de seguridad rompió con la legalidad institucional y obtuvo el apoyo del justicialismo.

Como en el caso de Buenos Aires, los sucesos de Córdoba demostraban que la decisión de enfrentar a las provincias que habían incluido en el Estado o hubiesen brindado algún tipo de apoyo al “enemigo infiltrado” sería permanente e irreversible. Formaban parte de las Directivas del Consejo Superior Justicialista y contaban con el consentimiento de Perón. Con el respaldo del gobierno nacional, el control político e ideológico de la ortodoxia sobre el peronismo fue inalterable. Los frentes que componían la Tendencia Revolucionaria y la organización Montoneros, que dirigía sus acciones, fueron perdiendo significación política, mientras que la opción de la represión ilegal para combatir al “infiltrado” adquirió espacios más amplios.

A partir de la intervención justicialista en Córdoba, la guerra contra las organizaciones clasistas, “los infiltrados” y el “movimiento subversivo”, se concentrarían desde el Departamento de Informaciones (D2), una estructura policial con autonomía, pero subordinada al III Cuerpo de Ejército. Sus miembros harían inteligencia en organizaciones estudiantiles y sindicales y sobre estructuras del ERP y de Montoneros. Una vez detectados los “objetivos enemigos”, los secuestraban y alojaban en la misma sede del D2, convertido en un centro de torturas a una cuadra de la Catedral de Córdoba. El capitán del Ejército Héctor Vergez, con el seudónimo “Capitán Vargas”, organizaría el comando paramilitar Libertadores de América, un “grupo de tareas” al que también se sumarían otros civiles de ideología nazi y fascista. En procedimiento y espíritu, Libertadores de América era una versión cordobesa de la Triple A. El Estado les daba libertad de acción para operar.

El 11 de marzo de 1974, en la cancha de Atlanta, en uno de los últimos actos públicos de Montoneros, se conmemoró el aniversario del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima. Fue un acto masivo, pero, a esas alturas, la movilización poco incidía políticamente para modificar el curso de los acontecimientos. Los montoneros estaban cada vez más arrinconados por un justicialismo que los perseguía —desde sus órganos partidarios y también, oscuramente, desde el Estado— bajo el cargo de representar al “enemigo infiltrado”.

La velocidad de los cambios políticos provocaría disidencias y críticas a la conducción montonera. Un grupo, la JP Lealtad, emprendería la retirada, tomando distancia de la “lucha armada” y la “guerra popular y prolongada”, y se subordinaría a la conducción, no táctica sino estratégica, de Perón. Otro sector radicalizado, en cambio, la Columna de Recuperación Cooke-Pujadas, criticaba que el proyecto de la conducción “no es otra cosa que una versión particular de la democracia burguesa”. Planteaba que no bastaba con “exaltar mitológica y fetichísticamente [sic] la figura del General Perón” y proponía un carácter más revolucionario: “La lucha armada se piensa, se planifica, se estudia, se sabe para qué se desencadena. Pero una vez comenzada se continúa hasta el final”.

Después del acto de Atlanta, en el que Mario Firmenich, en su discurso, llamaría a romper con el Pacto Social y denunciaría a las fuerzas policiales como “brazo armado de la burocracia sindical” para conspirar contra gobernaciones ligadas a la Tendencia, la relación Perón-Montoneros ingresaría en su etapa final.

La ruptura se exteriorizó el 1º de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo. Detrás de un vidrio blindado, Perón trató de “imberbes”, “estúpidos” e “infiltrados” a los montoneros, cuya columna bramaba consignas que lo interpelaban (“No rompan más las bolas, Evita hay una sola”; “Qué pasa, qué pasa, qué pasa, General, está lleno de gorilas el gobierno popular”).

Era el final de una relación política agotada. Por encima del murmullo, Perón reiteró su apoyo a los “dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica, y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que todavía haya sonado el escarmiento”.

Montoneros se fue de la plaza. Quizá no era la forma en que Perón había imaginado romper con ellos, pero su voluntad de terminar con “los infiltrados” y aplastar los “intentos de disociación y anarquía” no tenía retorno.

Perón saldría al balcón de la Casa Rosada una vez más, el 12 de junio de 1974, casi treinta años después de aquel 17 de octubre de 1945 que lo lanzó al protagonismo en la vida política argentina del siglo XX. Ese 12 de junio circuló el rumor de que el Presidente renunciaría, cansado de las críticas al Pacto Social, y la CGT se movilizó para respaldarlo.

En su discurso, Perón reivindicó su plan original de gobierno: el pacto entre gremios y empresarios, el programa de reconstrucción democrática, el proyecto nacional. Pero el país se estaba volviendo ingobernable. Y su salud se consumía. Prácticamente ya no salía de la residencia de Olivos. En la percepción de sus horas finales, intentó que fuese Ricardo Balbín, y no su esposa, quien heredara el gobierno. Convocó al secretario legal y técnico Gustavo Caraballo para que preparara un esquema institucional de contingencia que torciera la línea de sucesión presidencial. Pero, frente a los obstáculos institucionales y políticos que suponía esa maniobra, Perón prefirió dejar las cosas como estaban. Por lo pronto, le pidió a su esposa que no tomara ninguna decisión importante sin consultar a Balbín.

Ese mes de junio volvió de un viaje al Paraguay enfermo y pálido, y luego se recluyó en Olivos y dejó de participar en las reuniones de gabinete. Todos los papeles que debía firmar fueron entregados a Isabel y a López Rega. Un equipo de emergencia del Hospital Italiano se instaló en la planta baja de la residencia. A partir del 20 de junio Perón ya no cumplió tareas oficiales. Permanecía acostado en la cama o en un sillón de su habitación, en el primer piso. López Rega había instalado un micrófono en su mesa de luz y aparecía de inmediato si respiraba mal. Con las horas, el cuadro de salud se fue complicando. Perón sufrió un pequeño infarto, encubierto por una “bronquitis”, según la información oficial. El 29 de junio delegó el mando en Isabel, que debió suspender una gira por Europa, en la que estaba acompañada por López Rega, y volver de urgencia.

El lunes 1º de julio, mientras Isabel presidía una reunión de gabinete, Perón empezó a perder el aire y su médico, el ministro de Educación Jorge Taiana, corrió a auxiliarlo, junto con los profesionales del equipo de emergencia. Le hicieron respiración artificial, masajes cardíacos, pero iba perdiendo la irrigación cerebral. Hasta que todos los esfuerzos médicos fueron considerados inútiles. Ese día, todo el país lloró la muerte de Perón.

Isabel quedaba en el gobierno. Y con ella, una gran incertidumbre.

Bibliografía

Baschetti, Roberto (comp.), Documentos 1973-1976. Volumen I. De Cámpora a la ruptura, La Plata, De la Campana, 1996.

Bolívar, Jorge, Estrategia y juegos de dominación. De Marx y Lenin a Perón y Hannah Arendt. Para una crítica del saber político moderno, tomo II, Buenos Aires, Catálogos, 2008.

Bufano, Sergio, “Perón y la Triple A”, Buenos Aires, en Lucha Armada en la Argentina, Nº 3, 2005.

Larraquy, Marcelo, López Rega, el peronismo y la Triple A, Buenos Aires, Aguilar, 2011.

XIX

La tarea sucia

Es evidente que cuando se trata de un enemigo de la Patria, un enemigo de lo más sagrado, que es el pueblo, merece estar muerto. Nosotros no queremos la muerte de nadie, pero esto es una guerra y al enemigo hay que aniquilarlo.

BRIGADIER RAÚL LACABANNE, interventor federal de Córdoba, en una entrevista publicada por El Caudillo el 3 de diciembre de 1974

El 31 de julio de 1974, pasadas las diez de la noche, el diputado Rodolfo Ortega Peña fue empujado por las balas sobre el guardabarros de un Citroën estacionado en el centro porteño. Recibió impactos en la cabeza, el cuello y el tórax. Acababa de bajar de un taxi.

HECHOS RELEVANTES

1974. Una Compañía del ERP se instala en marzo en el monte tucumano. El 11 de agosto irrumpen unidades del Ejército en Córdoba y Catamarca, donde un grupo es detenido y fusilado.

Continúa el proceso de destituciones e intervenciones federales en provincias relacionadas con la Tendencia Revolucionaria. Luego de Buenos Aires, cambian los gobiernos en Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta.

El ministro López Rega amplía su control en el Estado. Se convierte en jefe virtual de la Policía Federal y estatiza y controla los canales de televisión.

Después de la muerte de Perón, se desata la campaña de amenazas y bombas de la Triple A contra artistas e intelectuales. Son obligados al exilio.

El comisario Villar establece un acuerdo secreto con Bolivia, Uruguay y Chile para perseguir a exiliados en la Argentina. El 30 de septiembre, el ex ministro de Allende, el general Carlos Prats, es la primera víctima.

Isabel Perón, decreta la ilegalización de Montoneros el 8 de septiembre. La organización guerrillera pasa a la clandestinidad y promueve la militarización de sus integrantes.

El 1º de noviembre, Montoneros hace volar el crucero del comisario Villar y lo mata junto a su esposa mientras paseaba en el Tigre.

A casi un mes de la muerte de Perón, la Triple A desplegaba sus acciones a la vista de todos. Convertía en un baño de sangre las caras más visibles de “los infiltrados”, los marxistas y los “zurdos”, los que ideológicamente se expresaban por fuera de los límites doctrinarios del justicialismo, como era el caso de Ortega Peña, que investigaba la responsabilidad de Ministerio de Bienestar Social en un contrabando de armas desde Libia, para probar la criminalidad de López Rega. Sus denuncias representaban un estorbo para el Congreso y, a medida que alzaba la voz en su revista Militancia, la muerte lo iba acorralando. A esas alturas, todos los que habían apoyado la declamada “liberación del pueblo” para las elecciones del ’73, ahora estaban bajo amenaza. Los nuevos tiempos estaban signados por la censura, la persecución, la represión ilegal, los crímenes paraestatales. Poco antes de los disparos, Ortega Peña había escrito: “Morir es vivir por el pueblo”.

La misma sensación tuvo el padre Carlos Mugica. A fines de los sesenta, que después de dirigir espiritualmente a los estudiantes del Colegio Nacional que luego fundarían Montoneros y acompañar a Perón en el avión del retorno en 1972, se había sumado al trabajo del plan de urbanización de la Villa 31 de Retiro, donde oficiaba misa. López Rega lo había sumado a su equipo de asesores en el Ministerio de Bienestar Social. Las diferencias entre ellos fueron inmediatas. “López Rega me va a matar”, sospechaba el sacerdote. El 11 de mayo de 1974, a la salida de una parroquia de Villa Luro, un hombre que lo llamó por su apellido le disparó con una metralleta en el pecho y el abdomen, y partió en un auto que lo esperaba. Algunos testigos creyeron reconocer a Rodolfo Almirón, custodio del ministro de Bienestar Social.

Fueron meses en los que el terror se expresaba a cielo abierto. Las bandas paraestatales habían salido en busca de sus enemigos. Cuando estaba en la butaca de un avión, Juan José Varas, un funcionario de Obregón Cano, fue llamado desde Aeroparque por supuestos hombres de “Seguridad Federal” y apareció acribillado al día siguiente, 16 de septiembre. El mismo día, Atilio López, vicegobernador de Córdoba depuesto, secuestrado en la puerta de un hotel de Buenos Aires, fue tirado junto al cadáver de Varas. Tenía ciento treinta y dos disparos. Julio Troxler, que había sobrevivido a los fusilamientos de la Revolución Libertadora en el basural de José León Suárez en 1956, fue fusilado cuatro días después en un paredón ferroviario de Barracas. El periodista Leopoldo Barraza y también su amigo Pedro Laham fueron arrancados del bar La Paz, en la avenida Corrientes, y aparecieron en un baldío cerca del Riachuelo el 13 de octubre. Morían los que estaban en las listas de la Triple A. Y otros que no estaban también morían.

El terror había ampliado sus fronteras. El “operativo limpieza” que proclamaba El Caudillo desde sus páginas se cumplía día tras día. En el recuento de crímenes del bimestre agosto-septiembre hubo sesenta muertos, veinte secuestros, doscientos veinte heridos. No solo los montoneros o izquierdistas más emblemáticos estaban en riesgo. La Triple A podía avanzar sobre aquellos que hubieran tenido cualquier participación política. Todos eran posibles víctimas.

La misma noche en que mataron a Ortega Peña, desde el periódico del ERP El Combatiente Santucho entreveía una estrategia de represión más fina, que excedía la que se ordenaba desde el Ministerio de Bienestar Social.

Simultáneamente, con la autorización de López Rega para aplicar su política represiva sin participación militar, los mandos de las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias han puesto en marcha un plan golpista dirigido a apropiarse del gobierno en los primeros meses del año próximo […] Ellos piensan dejarlo a López Rega para que se “queme”, que el gobierno se desprestigie totalmente para justificar el golpe, que pueden llegar a realizar presentándose como herederos de Perón, como que vienen a “reencauzar el proceso”, corrigiendo los abusos y errores de López Rega e Isabel.

En 1974, la etapa de mayor desarrollo obrero, el PRT-ERP estaba en su apogeo. Tenía células en las fábricas más populosas del conurbano bonaerense, la Capital Federal, Córdoba, Rosario y La Plata. Intervenía en los sectores petrolero, automotor, siderúrgico, bancario, municipal, docente. Pero este es también el año en que intensificó su accionar armado. El ERP entendía que con el ataque al cuartel de Azul había logrado “desenmascarar” el engaño y mostrar al Perón verdadero: lo había obligado a ponerse al frente de la política antiguerrillera, el aspecto central de la agenda del gobierno. En su intención de sumarlo al enfrentamiento, el ERP también quería que Montoneros “agudizara sus contradicciones” con Perón, que había decidido “liderar las fuerzas burguesas frente al pedido revolucionario” y a quien consideraban un obstáculo para la radicalización del pueblo. Suponían que, a partir de su muerte, las condiciones políticas para la guerrilla mejorarían.

Pero si las condiciones no estaban aún desarrolladas, era tarea del ERP organizar a las masas en sus formas de lucha más adecuadas para acelerar los tiempos. El concepto de militarización, de crecer “de lo pequeño a lo grande” en el marco de la guerra “popular y prolongada”, tuvo su correlato en la consecuente voluntad de ir creando “zonas liberadas”. Expandirse hacia las masas en todas sus formas de lucha —legal e ilegal, pública y clandestina, armada y no armada— para desarrollar la “situación revolucionaria” y acercarse al momento del “estallido final” del capitalismo. Pero toda esta teoría necesitaba de una fuerza material que la respaldara.

En marzo de 1974, la organización de Roberto Santucho —que actuaba como frente político con el PRT y como fuerza militar, con el ERP— abrió un frente rural en el sur de Tucumán, para crear una zona liberada con el apoyo de la población local. La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, iniciada con casi cincuenta combatientes, empezó a hacer prácticas y entrenamientos como una fuerza regular. Dio el primer impulso para la creación de un ejército revolucionario.

Enterados de su acción en el monte, la Policía Federal, al mando de su jefe, el comisario Alberto Villar, con helicópteros y seiscientos cincuenta efectivos, fue en su búsqueda, y pronto indicó que la columna guerrillera estaba disuelta. No fue así.

Después de casi tres meses de instrucción y descensos al llano para tomar contacto con colaboradores, en la noche del 30 de mayo de 1974, la Compañía de Monte tomó en forma simultánea la comisaría (con tres policías) y la estación ferroviaria del pueblo de Acheral, y se fueron en dos camionetas “expropiadas”. Esta acción, más el asalto a un camión con azúcar que luego repartieron entre pobladores, un robo a una fábrica y la toma de una comisaría en un paraje de Tafí del Valle, los hizo suponer que estaban preparados para operaciones de mayor relieve.

La Compañía diseñó una acción combinada con los ataques a la Fábrica Militar de Explosivos en Villa María, Córdoba, y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, de Catamarca. En ambos casos, un conscripto les daría la señal para el ataque.

En la operación en Córdoba se llevaron fusiles, ametralladoras pesadas, metralletas, granadas y municiones. Pero en tres horas tuvieron enfrentamientos, tres bajas propias, dejaron a un militar muerto y secuestraron a otros dos. A uno lo dejaron herido en la puerta de un hospital. Al subdirector de la fábrica, el mayor Julio Argentino Larrabure, a quien pensaban canjear por militantes presos, lo retuvieron en una “cárcel del pueblo”. Al año siguiente aparecería ahorcado.

En la misma noche del 11 de agosto de 1974 se llevó a cabo la operación en Catamarca. El escenario fue todavía más trágico. Un grupo del ERP había llegado en un ómnibus alquilado a una empresa de turismo en Tucumán. Eran casi cincuenta, con cuadros sin experiencia armada que se incorporaron a último momento. Mientras esperaban la señal del conscripto del Regimiento, dos pobladores dieron alerta a la policía, y cuatro móviles llegaron al camino hacia la medianoche. Enseguida sonó el primer disparo y después la balacera. Conclusión: dos guerrilleros muertos, otro herido; dos policías heridos, la operación frustrada, y enseguida el desbande, los guerrilleros escapando en la madrugada por una geografía que desconocían.

Un grupo logró acercarse a una ruta, robaron camionetas y volvieron a la base en la selva tucumana. Cuatro guerrilleros aparecieron en la tarde en distintas estaciones de ómnibus. Fueron detenidos. Otro grupo, de alrededor de veinte, se escondió en una quebrada a trescientos metros de la capilla Nuestra Señora del Rosario, y tras la detención de dos guerrilleros que bajaron a buscar víveres al pueblo Piedra Blanca, los soldados, la policía, un avión y dos helicópteros rodearon la quebrada. Tenían una consigna: “El Ejército no toma prisioneros”. Entonces no hubo sobrevivientes. Hubo dieciséis muertos. Los cuerpos fueron sepultados como NN en el cementerio local. Cuatro de ellos eran combatientes de fuerzas guerrilleras de Chile, Uruguay y Bolivia que se habían unido al ERP. De las fuerzas regulares, quedó herido un cabo al que le explotó la granada que estaba por lanzar.

El comunicado oficial mencionó un combate. El ERP, en cambio, denunció que, “tras débiles enfrentamientos, fueron detenidos y fríamente asesinados”. Treinta y cinco años después, según la autopsia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los disparos se realizaron por la espalda, en la nuca y con salida en la región frontal.

Isabel felicitó a las fuerzas de seguridad que “combatieron” al ERP. La organización guerrillera, que se asignaba la representación de la “justicia popular”, se comprometió a vengar a todos y cada uno de los dieciséis fusilados de Catamarca con el equivalente de dieciséis muertes de oficiales de las Fuerzas Armadas. Uno por uno, elegidos al azar, de manera indiscriminada. La promesa alcanzaría a nueve, ejecutados en poco más de dos meses en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. La campaña de represalias se suspendió el 1º de diciembre con el atentado contra el capitán del Ejército Humberto Viola, en el centro de Tucumán, y que terminó con su vida y la de su hija, María Cristina, de 3 años.

En la provincia se exacerbó la venganza. Al día siguiente, comandos paramilitares matarían a golpes a Berta Molina, la esposa del dirigente gremial del ERP Oscar Montenegro, y pocos días después, a su hijo.

La Triple A también cumplía lo que prometía. Dos abogados que habían viajado de urgencia a Catamarca para representar a los guerrilleros serían asesinados casi de inmediato. El 27 de septiembre, Silvio Frondizi, intelectual marxista y hermano del ex presidente, fue secuestrado en pleno día de su casa en la calle Cangallo, en Buenos Aires, acción en la que también fue muerto su yerno, que quiso impedir el secuestro. Frondizi aparecería baleado en los bosques de Ezeiza horas después. El abogado Alfredo Curutchet, que había viajado a Catamarca con la misma misión, había sido asesinado semanas antes.

Montoneros no repudió la acción del ERP en Catamarca como sí lo había hecho en ocasión del ataque al cuartel de Azul (“¿Qué milonga es esta que la ultraizquierda asalta Azul y la ultraderecha entonces como respuesta viene a volar los locales de la JP? […] Que expliquen cuál era el sentido de este hecho”, afirmaba la editorial de El Descamisado). Frente a los hechos de Córdoba y Catamarca, en cambio, presentó sus matices:

La resistencia contra la ofensiva de los enemigos de la Nación debe darse principalmente en el terreno político todavía hasta tanto se cierren las posibilidades de hacerlo en ese campo y sea necesario volver a emplear las formas político-militares.

El 20 de agosto de 1974, en el lanzamiento de La Causa Peronista, Montoneros preguntaba si acaso no había llegado la hora de la guerrilla. “Este gobierno está creando las condiciones para la violencia. Está generando la violencia de abajo, como decía el general Perón”.

En sucesivos artículos, el semanario montonero hizo público el “relato oficial” de las operaciones en las que fueron muertos los sindicalistas Augusto Vandor y José Alonso, y con la voluntad de despedirse de la legalidad, también informó detalles sobre el hecho fundacional, el secuestro y crimen de Aramburu, con el que intentaron poner luz sobre algunos enigmas todavía no resueltos del crimen. Montoneros también publicó un intercambio de cartas con Perón apenas producido el hecho; en ellas, el líder, desde Madrid, avalaba de manera implícita el procedimiento.

Desde la muerte de Perón, Montoneros aceleró su ruptura con la Presidenta. Después de la publicación de las cartas, Isabel —como un año antes había hecho Lastiri con el ERP, tras el ataque al Comando de Sanidad— decretó la ilegalización de Montoneros.

La conducción guerrillera definió el pase a la clandestinidad y el inicio de una lucha “frontal y violenta contra la ofensiva imperialista y oligárquica que copó posiciones en el gobierno”. Además de las pérdidas humanas a manos de las fuerzas de seguridad, de la Triple A o de las bandas sindicales, Montoneros había perdido parte del capital político que había construido velozmente con la campaña del “Luche y Vuelve”. Pero ahora, en el segundo semestre de 1974, huérfano de Perón, estigmatizado como “enemigos infiltrados”, vaciado de respuestas políticas, solo pudo responder a la violencia con más violencia en una espiral que no se detendría. Y así, en la dinámica de devolver cada golpe, cada muerto debía ser vengado.

Montoneros comenzó a matar a militantes del CNU, del CdeO, a sindicalistas, a policías sospechados de secuestros y torturas, y también a gerentes de fábricas acusados de entregar listas de “subversivos” a la policía. La pérdida de orientación política de la conducción la llevó a enfrentar a un aparato de Estado que superponía las fuerzas legales con las ilegales, fuerzas de seguridad que conocían sus caras, tenían sus fichas, sabían dónde vivían, de qué trabajaban y qué hacían, porque, a medida que Montoneros fue extendiendo su militancia pública, la inteligencia de las fuerzas de seguridad, sus enemigos del peronismo ortodoxo, gremiales o políticos, fueron acumulando información sobre sus miembros, que ahora debían ingresar a la clandestinidad y, en la mayoría de los casos, comenzar un camino de práctica armada.

Montoneros ya no era una fuerza insurreccional que enfrentaba a una dictadura militar para forzar el regreso de Perón. Ahora desafiaba a un gobierno peronista que había heredado la esposa del líder al que habían apoyado, aunque hubiese sido cooptado, como denunciaban, por “gorilas, oligarcas e imperialistas” a los que habían decidido enfrentar con la estrategia de guerra popular. Inmersos en la imparable lógica de contar los muertos propios y matar al enemigo, o al sospechoso de ser enemigo, las balas montoneras ajusticiaron al radical Arturo Mor Roig para vengar sus antecedentes como ministro del Interior en el gobierno de Lanusse durante la masacre de Trelew en 1972, también volaron frentes de empresas, concesionarias de autos, laboratorios del “capitalismo monopólico”; atacaron a miembros de la “burocracia traidora” y profanaron la tumba y se llevaron el cuerpo del general Aramburu en el Cementario de la Recoleta, que devolverían cuando el cadáver de Evita, todavía en Madrid, fuese repatriado, como luego ocurrió.

La militarización proclamada desde arriba impactó en la militancia pública. Sus integrantes debieron cambiar la rutina y el rumbo. Práctica armada acelerada, falsificación de identidad, abandono del barrio, la fábrica, la universidad, para no quedar expuestos como blancos fáciles de la represión ilegal. A muchos de ellos no les resultó sencillo incorporarse, sin aviso previo, en una estructura clandestina. La mayoría siguió en el mismo lugar. Y los perseguidores no eran los mismos. En el amplio universo de la Triple A se habían introducido grupos paramilitares que cumplían además funciones regulares en el Ejército o la Armada. Tenían recursos de inteligencia más desarrollados y mayor calidad de armamento.

Había tronado el escarmiento. Al no aceptar el proyecto de institucionalización que promovía Perón, Montoneros terminó siendo una constante complicación para los planes del líder. El crimen de Rucci no hizo más que reforzar esta presunción. La muerte del jefe de la CGT aceleró una derrota política que se había iniciado en Ezeiza, había continuado con Cámpora y también había afectado sus propias filas. Montoneros perdió popularidad en sectores del trabajo y confundió a parte de su propia militancia. El crimen, además, unificó a grupos dispersos del Movimiento Justicialista, que se unieron para enfrentarlo. Y la necesidad de dar respuestas militares contra un Estado de dos caras —legal e ilegal— terminó por deteriorar su capital político. La violencia aceleró los tiempos. Casi no permitió una transición en el paso de la “juventud maravillosa” al “enemigo infiltrado”. El “Perón vuelve” con que Montoneros había firmado el primer comunicado por el secuestro de Aramburu el 29 de mayo de 1970 tenía, cuatro años más tarde, un corolario inesperado.

A medida que la guerrilla avanzaba en su voluntad de combatir al gobierno, Isabel Perón reforzaba la política de intervención federal en las provincias que contaban con funcionarios de la Tendencia Revolucionaria. Esto provocó nuevos desplazamientos.

En Mendoza, el gobernador Alberto Martínez Baca, que había ganado las elecciones con casi el 70% de los votos, tenía en la Tendencia a su principal sostén político, hasta que la CGT y las 62 Organizaciones alertaron sobre la “infiltración ideológica” en la provincia y, tras el crimen de Rucci, el Consejo Superior Justicialista le exigió una “reestructuración definitiva”, en setenta y dos horas, de su gabinete. Pocos días después, el 22 de octubre de 1973, una bomba explotó en el despacho privado del gobernador. Martínez Baca desplazó a cinco ministros, entre ellos su hijo, que era secretario de la Gobernación, y subordinó toda su acción a la obediencia del Consejo Superior Justicialista. Pero en junio de 1974 fue destituido por la Comisión de Juicio Político de la Legislatura por “mal desempeño y delitos en el ejercicio en sus funciones”. Lo sucedió el vicegobernador Carlos Mendoza, con apoyo de la ortodoxia gremial. Después, Isabel intervino la provincia y Antonio Cafiero fue designado al frente del Ejecutivo.

Una caída similar fue la de Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz electo en marzo de 1973. Cepernic tenía como idea-fuerza de su mandato la intención de expropiar tres campos de compañías inglesas que sumaban casi 700.000 hectáreas, como un “acto de reafirmación de la soberanía nacional”. La medida se ajustaba a los enunciados del proyecto de “liberación nacional” del FREJULI. La JP ligada a Montoneros apoyó a Cepernic, pero la CGT de Santa Cruz se opuso: argumentó que se caería en el “gravísimo error” de pasar del imperialismo inglés al “imperialismo estatal”. La débil autonomía política de Cepernic y las cada vez más precarias bases de sustentación de su gobierno hicieron que el proyecto dependiera de la decisión de Perón, quien, después de algunos meses de silencio, lo desautorizó con firmeza.

Cepernic radicalizó su discurso y denunció a su vice Eulalio Encalada por minar la estabilidad de su gobierno. Lo instó a renunciar. La CGT local, en apoyo de Encalada, acusó al gobernador de actitudes “demenciales” y “antiperonistas”.

La tensión política en la provincia ya estaba instalada. Perón prefirió no intervenir en el conflicto de manera directa, pero, luego de su muerte, Cepernic quedó cercado por la ortodoxia. Para mantenerse en el poder, respaldó una hipotética candidatura de Isabel a la reelección presidencial, pero la decisión de barrer con gobiernos vinculados a la Tendencia no tendría excepciones para la Presidenta. Cuando Montoneros pasó a la clandestinidad, Isabel encontró la ocasión propicia para decidir la intervención del Ejecutivo provincial en el mes de octubre por supuestas “ineficiencias administrativas” y “falta de flexibilidad política en la relación con los demás poderes e instituciones legales”.

Salta fue otra de las provincias intervenidas. El médico Miguel Ragone había superado el 60% de los votos en las elecciones de 1973. Conocido como “el doctorcito de los pobres”, su personalidad contrastaba con la imagen conservadora y católica de la elite salteña. Durante su gobierno, Ragone sumó apoyo de dirigentes peronistas de la resistencia, el sindicalismo clasista y la Juventud Peronista.

¿Qué había del otro lado? Tras una breve convivencia, en la que apoyaron su candidatura, la oposición a Ragone comenzó a talar su gobierno desde tres frentes: la Legislatura, la CGT local y el aparato partidario del PJ. La CGT local lo cuestionó por haber decretado el duelo por la muerte del presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, con asueto administrativo, pero no haber obrado del mismo modo ante el crimen de Rucci, dos semanas después. En represalia, ocuparon la Casa de Gobierno al grito de “ni yanquis ni marxistas” y reclamaron su renuncia por tener a su gobierno “lleno de comunistas”, señalándolos uno a uno. En su afán desestabilizador, pidieron a la guarnición militar de Salta que se hiciera cargo de la “crisis institucional”. Como ocurrió con otras provincias, en nombre de la “depuración ideológica”, el PJ exigió a Ragone cambios en su gabinete, pero el fin último era la destitución. Tras casi un año y medio de gobierno, el 23 de noviembre de 1974 Isabel ordenó por decreto la intervención de los tres poderes en función del “caos institucional” y la falta de una “acción concreta de represión a la actividad subversiva en esa zona del país”.

De este modo, Salta se sumaba a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz, las provincias cuyos gobernadores habían caído por sus vínculos con la Tendencia Revolucionaria. Con la nueva intervención, diecisiete funcionarios del gobierno de Salta serían detenidos. Con Ragone sucedería algo peor. Sería secuestrado y desaparecido poco antes del golpe militar de 1976.

En el festejo del 17 de octubre de 1974 Isabel Perón saludó la movilización desde el balcón de la Casa Rosada. Las estructuras gremiales eran un actor poderoso de este proceso, pero casi insignificante, en términos de influencia, comparadas con López Rega. Desde la muerte de Perón, su presencia junto a la Presidenta, día y noche, era permanente. Estaba en el centro de todas las tomas de decisiones. El jefe radical Ricardo Balbín, que había sido invitado por Isabel a su primera reunión de gabinete, le había pedido que acotara la influencia del ministro porque era un “factor de irritación”, y además mencionó que en Bienestar Social había armas. Isabel reaccionó contrariada por esa opinión y desalentó delante de todos, incluso de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cualquier expectativa sobre la suerte del ministro. Dijo que lo que era bueno para Perón también sería bueno para ella.

Desde entonces, López Rega, que había ocupado el dormitorio de Perón en la residencia de Olivos, se ocupó de concentrar el poder que nunca había tenido en las estructuras partidarias, gremiales ni de ningún otro sector. Su poder había emanado del matrimonio presidencial y ahora dependía solo de Isabel, a la que buscaba consolidar tanto en su personalidad como en su política.

Para terminar con la “infiltración marxista”, López Rega continuó administrando y distribuyendo recursos asistenciales del Estado, se convirtió en el jefe virtual de la Policía Federal y sumó el control de los medios de comunicación. Es decir, manejó tres instrumentos de poder: el dinero, la policía y la censura. A su discurso verticalista, como el del PJ, siempre le agregaba alguna connotación esotérica o mesiánica. Decía que su misión era salvar a la Argentina.

Ese segundo semestre de 1974, López Rega impulsó la estatización de los canales de televisión que tenían las licencias vencidas —aunque Perón había evitado esa decisión— y colocó en puestos de jerarquía a sus hombres de confianza para que la nueva programación recuperara “el ser nacional”. A partir de su gestión, no hubo espacio para el disenso, las críticas, el humor político. Sí para la censura, las amenazas y las bombas contra personalidades de la cultura y el espectáculo, que en muchos casos decidieron exiliarse. El tradicional festival de folklore de Cosquín, Córdoba, fue suspendido por propiciar el “cancionero marxista”, según la nueva directriz justicialista.

Para la prensa también tronaría el escarmiento. Primero habían sido los medios partidarios vinculados al ERP, que tras su ilegalización en 1973 ya no podía ser mencionado por los medios. Las agencias de noticias extranjeras tenían prohibido difundir noticias locales en la Argentina.

Después, Perón prohibió por decreto los semanarios de la izquierda peronista El Descamisado, El Peronista y Militancia, e Isabel cerró el diario montonero Noticias —al que ya le habían colocado una bomba— por “no contribuir a la pacificación nacional”. El mismo fin tendría La Causa Peronista, por “apología del delito” en su relato sobre el crimen de Aramburu. Las restricciones también alcanzaron a Crónica, por oponerse a la estatización de los canales, al periódico La Calle, del Partido Comunista, por infundir “desánimo” y sumarse a “la subversión, el desorden y el delito”. En la gestión lopezreguista de la comunicación se censuraron películas, se levantaron programas de televisión, y cada acusación desde el Estado era acompañada por las bombas de la Triple A.

El aparato político del PJ y los gremios compartían la cruzada ideológica del ministro, pero recelaban de su protagonismo. Sobre todo de su ascendiente sobre Isabel. Su peso político se respaldaba en ella.

Perón había aconsejado a su esposa que abriera la gestión a figuras de otros partidos para reforzar la institucionalidad. En cambio, Isabel cerró la posibilidad de una coalición y con el correr de los meses se fue desprendiendo de las figuras proclives a la moderación —y, por ende, menos ortodoxas— del peronismo.

La caída de Cámpora había arrastrado al ministro del Interior, Esteban Righi, y al canciller Juan Carlos Puig, que tenían el apoyo de la Tendencia, y fueron reemplazados por Benito Llambí y Alberto Vignes, respectivamente. Después de la muerte de Perón, con las renuncias del gabinete a su disposición, Isabel aceptó la del ministro de Educación, y médico de Perón, Jorge Taiana —que López Rega caracterizaba como un “protector de Montoneros”— y las de los ministros de Defensa y de Interior, Ángel Robledo y Benito Llambí, que objetaban el rol de López Rega. Unos meses después aceptó la renuncia de José Gelbard. Perón le había encomendado que era el único al que no debía dejar ir.

Con los cambios, Isabel profundizó la ortodoxia en su gobierno. El nuevo gabinete era la representación plena de las Directivas del PJ de octubre de 1973.

Una de las figuras del elenco gubernamental era Oscar Ivanissevich, ministro de Educación, convocado para profundizar la tarea de “extirpar el marxismo” de la universidad. Adolfo Savino en Defensa, como Alberto Vignes en la Cancillería, representaban a López Rega y a Licio Gelli, de la logia masónica Propaganda Due.

Alberto Rocamora, en Interior, que era un peronista histórico aunque no cerradamente ortodoxo, trataba de operar internamente contra el ministro, pero sus posibilidades eran escasas. Como temía una represalia personal de López Rega, se vio obligado a evitar cualquier investigación sobre la Triple A, e incluso, tras el crimen de un periodista de La Opinión, Jorge Money, pidió colaboración al periodismo para que ayudara a investigar quiénes eran los responsables de esa organización.

En septiembre de 1974, desde el Congreso, la represión fue reforzada por la Ley de Seguridad, en forma coincidente con el cumplimiento de la promesa del ERP de ajusticiar indiscriminadamente a oficiales de las Fuerzas Armadas en represalia por los fusilamientos de Catamarca.

La nueva Ley de Seguridad permitió detener a personas por cuestiones ideológicas, criminalizar los conflictos obreros y clausurar medios de prensa. Imponía prisión a los que, “con postulados ideológicos”, intentaran alterar o suprimir “el orden constitucional y la paz social”, incluía también entre los delitos “el adoctrinamiento, el proselitismo”, y extendía la pena a periodistas o responsables de medios de comunicación que propagaran hechos o imágenes sobre las “conductas sancionadas”. Mediante la Ley de Seguridad, las huelgas laborales fueron declaradas ilegales y los extranjeros que incurrieran en estos delitos eran pasibles de expulsión del país. El “enemigo” no era solamente el que se había “infiltrado” en el Movimiento, sino también la “guerrilla internacional”. La visión del problema era más global.

En el segundo semestre de 1974 se prohibió por ley el proselitismo en las universidades y se recortó su autonomía de gestión. El ministro de Educación Oscar Ivanissevich designó a Alberto Ottalagano, uno de los pocos fascistas declarados del peronismo, como rector interventor en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ottalagano entendió que la universidad era un “campamento de guerrilleros”, campo de entrenamiento de subversivos, y empezó a perseguirlos para “limpiar la guerrilla” de los claustros. Los docentes marxistas, de izquierda o radicales fueron cesanteados en un contexto de amenazas y atentados de la Triple A, que en los hechos funcionaba como apéndice de la “normalización universitaria”. El 7 de septiembre de 1974, una bomba en el domicilio del entonces rector de la UBA, Raúl Laguzzi, mató a su hijo de cuatro meses. Laguzzi había sido acusado por el Ministerio de Educación por “infiltración ideológica” y “desorden interno”. Ottalagano realizaba su acción en nombre de la Patria y la Iglesia de Cristo, y bajo el lema “justicialismo o marxismo”.

Uno de los artífices de este cambio de paradigma fue el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, que estableció un acuerdo secreto con los organismos de seguridad de Bolivia, Uruguay y Chile para perseguir a los refugiados de esos países que escapaban de la represión militar. El acuerdo permitía que agentes extranjeros operaran contra los exiliados en la Argentina. Cuerpos de uruguayos, chilenos y bolivianos empezaron a aparecer en baldíos. Una de las víctimas fue el ex ministro de Defensa de Allende, general Carlos Prats, quien intercambiaba cartas afectuosas con Perón. Prats murió junto a su esposa por la explosión de una bomba colocada por un agente de la inteligencia chilena debajo de su auto el 30 de septiembre de 1974, en un atentado que contó con la colaboración del Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE). La zona había sido “liberada” por la policía.

Esta política de cooperación policial interregional, germen del Plan Cóndor que luego implementaría la dictadura argentina con sus pares de los países vecinos, se instrumentó a través del DAE, que funcionaba como una central de informaciones para las embajadas. El 16 de mayo de 1974, poco antes de su muerte, Perón se había reunido con Augusto Pinochet, que hacía una escala en el aeropuerto de Morón. Fue el único presidente constitucional latinoamericano que recibió al dictador chileno.

El comisario Villar, que se consideraba el funcionario mejor preparado para combatir la guerrilla, mantenía una disputa personal con López Rega por el manejo de la Policía Federal. Esta disputa terminó cuando Montoneros hizo volar su crucero en las aguas del Tigre el 1º de noviembre de 1974. En el atentado murieron él y su esposa.

A diferencia del crimen de Rucci, Montoneros asumió este hecho. “Aquí nadie se jubila de asesino o de traidor porque tarde o temprano lo alcanza la Justicia Popular. Esa justicia también ha de alcanzar a sus jefes y sus cómplices. Fervorosamente esperamos que el ministro López Rega cumpla su palabra de ponerse el uniforme de policía y combatir como lo hacía Villar, que no huya al extranjero a disfrutar lo que ha robado en la Argentina”, lo desafió. López Rega estaba en la mira de la guerrilla, pero se mantenía siempre junto a Isabel como resguardo. Montoneros no quería que un atentado también se llevara la vida de la viuda de Perón.

Después de la muerte de Villar, López Rega tuvo mayor control de la represión, pero debió resistir la presión de las Fuerzas Armadas, que intentaban que el poder político les diera aval oficial para salir de los cuarteles a combatir a la guerrilla. Algunos “comandos clandestinos” ya operaban bajo la fachada de la Triple A, pero los militares aspiraban al respaldo institucional.

Entonces López Rega ya sumaba demasiados adversarios por la magnitud del poder que había acumulado. El sindicalismo ortodoxo; el justicialismo, que lo acusaba por lo bajo de “asfixiar” a Isabel; la débil oposición radical, que hablaba del “microclima” alrededor de la Presidenta; la Marina, a través del comandante Emilio Massera, y las Fuerzas Armadas en conjunto, que querían liderar la represión.

López Rega, sin otro antecedente que su intimidad doméstica con Isabel Perón, a la que conocía hacía ya diez años, había accedido a la cúspide del poder en la Argentina. Su misión, pese a todo, era todavía ponderada por el periodista Mariano Grondona, quien alertó sobre los peligros que implicaría su caída y dio una explicación política de su utilidad en un artículo publicado en la revista Carta Política, que premió al ministro como el “hombre del año” en 1974.

Escribió Grondona:

La caída, que muchos desean, entrañaría peligros. López Rega ha promovido o facilitado una serie de desenvolvimientos que se aprueban en voz baja y se critican en voz alta. La firmeza ante la guerrilla, la desideologización del peronismo, la recuperación de la universidad, pasan por el discutido secretario ministro. De la estirpe de los Ottalagano y los Lacabanne, José López Rega es uno de esos luchadores que recogen, por lo general, la ingratitud del sistema al que protegen. De este material está hecha la política. Existen líderes peronistas y no peronistas que “dejan hacer” a López Rega, con la secreta esperanza de librarse de él. Hay hombres cuyo destino es hacer la tarea. Otros tienen la vocación de coronarla. La caída eventual de López Rega le es aconsejada desde diversos ángulos a la presidenta […] López Rega cumple al lado de la presidenta el papel de meter la mano en tareas antipáticas, haciendo de pararrayos de la crítica. Sería por lo menos arriesgado prescindir, hoy, de este servicio.

Bibliografía

Bonavena, Pablo Augusto, “Guerra contra el campo popular en los 70. Juan Domingo Perón, la depuración ideológica y la ofensiva contra los gobernadores”, en Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

Franco, Marina, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Izaguirre, Inés, y colaboradores, Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983. Antecedentes. Desarrollo. Complicidades, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

Larraquy, Marcelo, López Rega, el peronismo y la Triple A, Buenos Aires, Aguilar, 2011.

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Salta, Ragone, mártir de la democracia, Salta, América, 2006.

Servetto, Alicia, 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.

XX

El monte

La subversión se hallaba enquistada en todos los organismos del país, y no obstante se me ordenaba combatir su brazo armado, la guerrilla. […] Allí estaban los colegios y las universidades, los sindicatos y las parroquias trabajadas por la acción psicológica del marxismo y sus agentes.

GENERAL ACDEL VILAS,“Diario de campaña”

López Rega comenzó a perder el control de la represión ilegal en el verano de 1975. Fue la propia Isabel Perón quien institucionalizó el cambio.

HECHOS RELEVANTES

1975. Isabel Perón cede a las Fuerzas Armadas la represión en la provincia de Tucumán. En febrero, ordena por decreto “neutralizar y/o aniquilar” al ERP.

El general Acdel Vilas, jefe del “Operativo Independencia”, se convierte de facto en “autoridad política” de Tucumán. Comienzan los secuestros y desapariciones.

En marzo, fuerzas policiales, de seguridad, la Triple A y grupos de choque del sindicalismo desembarcan en Villa Constitución, Santa Fe, para combatir la “subversión fabril”. Hay allanamientos, secuestros y asesinatos.

En junio, el ministro de Economía Celestino Rodrigo devalúa el peso y genera una inédita estampida inflacionaria. Rompe con la política de “Estado de bienestar” del peronismo.

El “Rodrigazo” genera tensión entre Isabel y los sindicatos, que reclaman actualizaciones salariales acordes con la inflación. El ministro es obligado a renunciar.

Se hace pública una investigación, motorizada por el almirante Emilio Massera, que involucra a López Rega como “jefe de la Triple A”. El ministro se refugia junto a la Presidenta en la residencia de Olivos.

El jefe del cuerpo de Granaderos reduce y desarma a casi cincuenta hombres de la custodia de López Rega. El ministro renuncia y se va del país.

El sindicalismo gana espacio político en el gobierno. El general Jorge Videla es el nuevo jefe del Ejército. Los militares aspiran a tomar el mando institucional de la represión.

El 5 de febrero, mientras descansaba en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en Mar del Plata, que había acondicionado para su estadía el almirante Emilio Massera, la Presidenta firmó el Decreto 261/75 que ordenaba la intervención militar en el monte tucumano. Todos los ministros la acompañaron con su firma. Mientras el poder civil se replegaba, las Fuerzas Armadas continuaban su avance.

En sus líneas fundamentales el decreto autorizaba al Ejército a ejecutar las operaciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar” a los elementos subversivos que actuaban en Tucumán. Tendría a disposición efectivos y medios de la Policía Federal y el personal que le proporcionara la provincia para las operaciones militares. La Armada y la Fuerza Aérea se pondrían a disposición del Ejército. Las tareas de “acción cívica” en Tucumán serían competencia del Ministerio de Bienestar Social.

El Partido Justicialista interpretó la intervención militar como la legítima aspiración del mandato popular. “Las Fuerzas Armadas están unidas e identificadas con el pueblo en la defensa de nuestro propio modo de vida”, sostuvieron. El líder radical Ricardo Balbín, tras sortear la oposición partidaria de Raúl Alfonsín, que había reclamado un debate parlamentario antes que una decisión del Ejecutivo, también apoyó la iniciativa.

A la firma del decreto, la V Brigada de Infantería estaba al mando del general Acdel Vilas, que había reemplazado al general Ricardo Muñoz, fallecido en un accidente aéreo cuando rastrillaba la presencia del ERP en el monte. Murieron trece militares. No hubo sobrevivientes.

Su acercamiento al sindicalismo peronista y su relación con López Rega lo presentaban como un elemento casi marginal de la familia militar. Hasta ese momento, Vilas era el único general sin mando de tropa. Y ahora, como jefe del operativo, se le sumaban regimientos de Salta y de Jujuy, y efectivos de Gendarmería y de la policía provincial y federal de todo el país. Cinco mil hombres a su mando.

A diferencia del comisario Villar y del general Menéndez, que había rastreado el monte sin éxito en los meses previos, el plan de Vilas fue eliminar las bases de apoyo del ERP en el llano. De modo que amplió el radio de operaciones a toda la población y no lo limitó solo a las acciones contra la guerrilla, como ordenaba el decreto presidencial.

Vilas lo explicaría en el “Diario de campaña” que escribió en 1977. El Ejército nunca le permitió publicarlo debido a su nivel de franqueza.

De todo lo actuado pude concluir que no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos en lo Criminal […] Decidí prescindir de la Justicia, no sin declarar una guerra a muerte a los abogados y jueces cómplices con la subversión […] Fue entonces cuando di expresas órdenes de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que solo llegaran al juez los inofensivos, vale decir, aquellos que carecían de identidad dentro de los cuadros enemigos.

Vilas recogió las experiencias del ejército francés, que ya había enfrentado a los movimientos de liberación en Argelia e Indochina. Para aplicarla en Tucumán, su táctica no fue buscar el enfrentamiento directo sino la aproximación progresiva. Y obtener información del enemigo por los medios que fuesen, incluidos el secuestro y la tortura.

Hubo que olvidar por un instante —un instante que se prolongó diez meses— las enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra […] Los grupos especiales salían a operar día y noche procediendo a ejecutar o capturar al oponente. […] Es un mito que el enemigo tenga capacidad de resistencia para soportar el castigo físico y psicológico: tarde o temprano su capacidad se agota y termina quebrándose.

El Operativo Independencia militarizó Tucumán.

El Comando Táctico del Ejército se asentó en la Jefatura de Policía de Famaillá. A solo tres cuadras funcionó el centro clandestino de cabecera, la escuela Diego de Rojas, “La Escuelita”. Otro de los centros clandestinos fue la Jefatura Central de Policía, en el barrio Norte de la capital provincial. Y también la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, de la V Brigada, ubicada en una zona rural. Tenía un galpón dividido en boxes utilizados como celdas y tres casillas de madera que funcionaban como salas de tortura. Por la noche, en grupos de veinte personas, se realizaban los fusilamientos. Los enterraban en fosas comunes en el mismo arsenal. Luego se agregarían otros centros de detención. La Escuela de Educación Física de la Universidad de Tucumán, un sótano del ex ingenio Santa María y algunas viviendas en desuso en Conventillos de Fronteritas.

En las primeras semanas el operativo produjo doscientas cincuenta detenciones entre la población civil —la cifra casi triplicaba el número de combatientes establecidos en el monte—, presentadas como “bajas de la guerrilla”. Algunas detenciones serían temporales, pero la mayoría no.

En los hechos, Vilas se convirtió en la autoridad política de la provincia. El gobernador justicialista Armando Juri, al que el ERP le había incendiado los cuatro tractores de su finca de Sauce Huacho, no tenía otra alternativa que recomendar a los tucumanos “prestar su más amplio apoyo a las operaciones militares”.

Los sindicatos peronistas, que se reunieron de inmediato con Vilas, también prometieron aportar información a la Brigada de Inteligencia sobre la “infiltración marxista” y adhirieron a la decisión militar de “combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias”. En los comunicados gremiales, se hablaba de combatir hasta el exterminio.

Era evidente que la prioridad de Vilas estaba lejos del monte. Su guerra era social y cultural. Enseguida apuntó hacia la educación. Consideraba que “la acción psicológica del marxismo y sus agentes” se asentaba en colegios, claustros, parroquias, sindicatos, y buscó cercar la Universidad de Tucumán, a la que calificaba como santuario del marxismo donde se disimulaban las “acciones subversivas”.

Hasta ese momento, los sectores humildes tenían simpatía por la guerrilla. El ERP había acompañado las demandas de trabajadores azucareros desocupados tras el cierre de los ingenios, que, sin otras alternativas de empleo, trabajaban en colonias rurales, donde la guerrilla obtenía algún tipo de alimento.

Mientras realizaba inteligencia sobre la población, el Ejército intentaba ganar su confianza con campañas sanitarias, reparación de escuelas, reparto de comida, frazadas y útiles en zonas necesitadas. López Rega intentó ponerse al frente de esa acción y, apenas lanzado el Operativo, inauguró centros asistenciales y entregó subsidios con la presencia de Vilas.

El primer combate llegó de manera temprana e inesperada, en febrero de 1975. El Ejército cruzó fuego con guerrilleros que buscaban salir de la zona de operaciones en Pueblo Viejo. Un teniente murió en el tiroteo y el ERP sufrió dos bajas. En lugar de subir al monte, los soldados se mantuvieron en el llano, cortando el suministro y esperando que los guerrilleros descendieran. Pasaron varios meses hasta que se produjo otro enfrentamiento armado. El ERP estaba empantanado en el foco rural, sin poder tomar contacto político ni logístico con la población. Sus colaboradores eran secuestrados por la inteligencia militar. Las caídas del ERP se producían cuando bajaban para buscar provisiones, hacer contactos o buscar militantes para llevarlos al monte. Hacía unos meses había caído la cúpula del PRT en la capital tucumana. Después de algunos ataques frustrados en el llano, Santucho comprendió que no podía tomar la iniciativa contra el Ejército si este no se internaba en la selva.

En 1975, el sindicalismo ortodoxo estaba perdiendo el control de las comisiones internas y las seccionales gremiales en importantes centros fabriles, como los del Litoral, el “cordón rojo” donde existía un alto grado de conflictividad. Las fuerzas de seguridad, ayudadas por el poder de fuego de las bandas parapoliciales, decidieron tomar Villa Constitución, en Santa Fe, donde se localizaba el epicentro del conflicto.

En noviembre de 1974, una lista compuesta por marxistas, montoneros, radicales y socialistas, entre otras agrupaciones, conducida por Alberto Piccinini, ganó la seccional metalúrgica y se convirtió en una amenaza para los empresarios y la UOM de Lorenzo Miguel. Tras el triunfo de Piccinini, la empresa Acindar denunció la existencia de un “complot” subversivo contra el gobierno nacional, afirmación que fue avalada por el ministro del Interior Alberto Rocamora, que decidió la intervención de la seccional de la UOM local y designó a un militar para desarmar “el complot rojo contra la industria pesada del país”. El 20 de marzo de 1975, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, personal de inteligencia militar, parapoliciales y grupos de choque sindical partieron desde Buenos Aires y ocuparon Villa Constitución. Produjeron alrededor de trescientas detenciones. Los autos Ford Falcon sin identificación —algunos provistos por Acindar— realizaron allanamientos y secuestros. También hubo desapariciones y asesinatos. En la empresa se instaló un centro de detención clandestino donde los obreros eran encapuchados e interrogados. El PJ y la UCR nacional avalaron la “ocupación militar” con el argumento de que “la guerrilla había entrado a las fábricas”. De inmediato, en Villa Constitución se organizaron manifestaciones y huelgas, mientras en las calles aparecían cadáveres de obreros secuestrados y otros morirían por la represión policial. Pero la “resistencia social” que intentó enfrentar la ofensiva del gobierno de Isabel, el PJ, Acindar, la UOM, la CGT, las fuerzas de seguridad y los parapoliciales fue cediendo. El 19 de mayo de 1975, por voto de la asamblea, la huelga fue levantada y los trabajadores volvieron a sus tareas.

Tras la toma de Villa Constitución, se fue instalando en el escenario político la idea de combatir la “subversión fabril”. La represión se extendió hacia otras empresas como Somisa, Astarsa, Mercedes Benz, Ford, Dálmine Siderca, con secuestros y asesinatos provocados por grupos parapoliciales y detenciones por la Ley de Seguridad. Sería un anticipo de la colaboración de empresas con fuerzas militares y elementos de represión ilegal que resultaría más evidente y feroz a partir del golpe de Estado de 1976. A partir de entonces, el presidente de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, sería designado ministro de Economía por las Fuerzas Armadas. Su política económica no podría implementarse sin otro plan que no fuese represivo.

Con el control operativo sobre Tucumán y la avanzada de las fuerzas de seguridad sobre el cordón fabril del Litoral, las Fuerzas Armadas intentaron apartar a López Rega de la conducción de la represión ilegal. Ya tenían militares que participaban clandestinamente, pero aspiraban a obtener el mando institucional en la represión.

Sin embargo, por la influencia política del ministro en distintas estructuras del Estado, y en especial sobre la personalidad de Isabel Perón, resultaba un escollo difícil de barrer. La Presidenta estaba cada vez más encerrada en sus consejos.

Los primeros en investigar las acciones de la Triple A desde el sector militar fueron los coroneles Martín Rico y Jorge Montiel, de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército. Encararon una investigación no oficial. El 28 de marzo de 1975, Rico apareció en Avellaneda con un disparo de Ithaca en la cabeza. Montiel desapareció el mismo día y nunca más fue encontrado. El titular de Jefatura II era el general Carlos Suárez Mason. El general Leandro Anaya lo relevó el 30 de marzo.

La investigación institucional sobre la Triple A surgió por inquietud del teniente coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos que custodiaba la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Sosa Molina pertenecía al sector “legalista” del Ejército, que lideraba el coronel Vicente Damasco. Este sector se oponía al “profesionalismo prescindente” de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, quienes esperaban el momento adecuado para promover el golpe de Estado, y era equidistante del sector peronista-lopezreguista que integraban el general Alberto Numa Laplane y el mayor Roberto Bauzá, entre otros.

Sosa Molina veía entrar y salir de Olivos los autos de los miembros de la custodia de López Rega, observaba su equipo de comunicación, el volumen de su armamento, las salidas intempestivas. No tenía dudas de que eran autores materiales de crímenes de la Triple A. Utilizaban la residencia presidencial como centro operativo. Pero el jefe de Granaderos también añadía sus sospechas sobre servicios de inteligencia paramilitar, comandos “sueltos” de las tres armas, especialmente de la Marina.

El pedido de investigación comenzó a circular como un reguero de pólvora. El comandante del Ejército, Anaya, lo firmó y se lo entregó a Videla, jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien lo depositó en el escritorio del ministro de Defensa, Adolfo Savino, vinculado al Ministro de Bienestar Social. Savino se lo entregó al ministro del Interior, Rocamora.

La primera consecuencia del recorrido de la denuncia fue la caída de Anaya, que se había mostrado renuente a que las Fuerzas Armadas encabezaran la represión en Villa Constitución. El ministro Savino le recriminó, además, que no hubiera neutralizado el pedido de investigación sobre la Triple A. Anaya renunció. Para su reemplazo, Isabel aceptó la sugerencia de López Rega y designó al general Alberto Numa Laplane como comandante del Ejército.

Hasta entonces, el ministro de Bienestar Social conducía los medios de comunicación del Estado y la Policía Federal, y tenía la obediencia de los ministros del gabinete, aun de los “dialoguistas” como Rocamora, por temor a una represalia personal si planteaba su responsabilidad en el armado de la Triple A. López Rega también manejaba la atención hospitalaria, el sistema previsional, la construcción de viviendas, los juegos de azar y el turismo, entre otras actividades. Pero semejante poder dependía de Isabel, con quien llevaba diez años de relación cotidiana.

Con las Fuerzas Armadas y el sindicalismo ortodoxo solo compartía el mismo ideal, aniquilar el marxismo y a los “infiltrados” en el peronismo. Sin embargo, desde ambos sectores creían que López Rega resultaba una molestia. Preferían alejarlo de Isabel.

El almirante Emilio Massera estaba entre los que promovían su caída. En la búsqueda de un perfil político propio, que excediera los límites institucionales de las Fuerzas Armadas, le interesaba también crear afinidad personal con la viuda de Perón. En su pasado, Massera había participado en los bombardeos del 16 de junio de 1955, pero ese antiperonismo, al menos con ese estilo, para él estaba concluido. Massera necesitaba ahora acercarse al peronismo de otra manera, en diálogo con sus dirigentes políticos y sindicalistas.

López Rega intuyó rápidamente que su figura representaba una amenaza. Pero, decidido a avanzar frente a los riesgos que lo cercaban, el ministro tomó el control de la economía. Aunque no era experto en la materia, adoptó un plan neoliberal con una política “severa” y de “sinceramiento”, que a la vez terminaría con las tensiones de las negociaciones salariales.

Para reemplazar al ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, López Rega sugirió el nombre de Celestino Rodrigo, un ingeniero industrial que integraba un grupo político-esotérico. Isabel lo aceptó. Rodrigo se hizo cargo del Ministerio el 2 de junio de 1975 y dos días después decretó feriado cambiario: se especulaba con una devaluación del peso, pero nadie imaginó semejante estampida inflacionaria. El dólar oficial pasó de 10 a 26 pesos, los servicios públicos aumentaron 100%; las naftas, 181%; el transporte tuvo un alza del 75%.

Los efectos fueron fulminantes: empresas que quebraron, comercios que ya no pudieron reponer mercadería; y los que acababan de vender su casa y se quedaron con pesos en la mano estuvieron imposibilitados de comprar otra propiedad. Los acreedores cobraron sus deudas en pesos que ya habían perdido valor. En cambio, los deudores en pesos resultaron beneficiados. El Plan Rodrigo había convulsionado la economía de los argentinos.

Los sindicatos perdieron poder de negociación: el alza de precios hacía imposible mantener el poder adquisitivo y reasignaba recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. Pero, además de que provocaría la destrucción del aparato productivo, el Plan Rodrigo conducía a una irremediable fractura social y política del país.

Hasta ese momento casi quinientas comisiones de obreros y cámaras patronales habían concluido los acuerdos paritarios. Los salarios se habían ajustado alrededor del 38%. Después del Rodrigazo, en la nueva negociación, la UOM alcanzó un aumento de 160%. El acuerdo necesitaba ser homologado por el Poder Ejecutivo, pero los metalúrgicos creían que Isabel lo rechazaría porque vulneraba los objetivos del Plan Rodrigo.

Con las consignas de lealtad y apoyo a la Presidenta, el 27 de junio, la UOM organizó una marcha a Plaza de Mayo para presionar por la homologación del convenio, a la que se sumaron sectores gremiales de izquierda del norte del Gran Buenos Aires. La concentración fue masiva. López Rega aconsejó a Isabel que saliera al balcón y frenara el aumento frente a todos los obreros. Isabel tenía dudas. Desde abajo, llegaba el grito de la multitud: “Isabel, coraje, al Brujo dale el raje”. Como Montoneros un año antes, ahora eran los metalúrgicos de Lorenzo Miguel quienes pedían “la cabeza” de López Rega. Inmersa en la tensión, sin saber cómo reaccionar, Isabel recibió un cachetazo de López Rega, quien enseguida sintió en la cabeza el caño de la pistola de un custodio presidencial. La Presidenta salió en su defensa: “Déjelo. Lo hace para devolverme a la realidad. A veces yo me confundo”.

Isabel salió al balcón y anunció que en los próximos días tomaría una decisión sobre las paritarias. Las bases obreras ya estaban desbordando a las cúpulas gremiales de la ortodoxia. En las fábricas había paros espontáneos, movilizaciones en los accesos a Buenos Aires. Isabel se mantuvo encerrada en Olivos con López Rega y asesorada por Celestino Rodrigo. El clima de conmoción social recorría el país. Finalmente, el sábado 28 de junio, en un mensaje por televisión la Presidenta decretó un aumento del 50% en el salario básico y del 15% trimestral. Habló de la gravedad de la situación económica. “Si el gobierno homologara esas solicitudes que benefician a algunos gremios y dejan sumergidos a otros, cometería un error que llevaría a la nación a un nuevo estado de desequilibrio”. La UOM sacó a su hombre del gobierno: esa misma noche renunció el ministro de Trabajo, Ricardo Otero.

Presionado por las bases, el Plan Rodrigo no podría mantenerse mucho tiempo en pie. Pero sería Massera el que, advertido del momento de debilidad de López Rega por la presión gremial, decidió dar a publicidad una denuncia sobre el ministro. Tenía dos intenciones: cargar sobre él la responsabilidad única respecto de la Triple A y lograr su renuncia al gobierno. El día 6 de julio, con papeles filtrados por Massera, La Opinión hizo pública la investigación. El texto se iniciaba así:

El Comando General del Ejército elevó al Poder Ejecutivo una denuncia concreta sobre la actividad de la organización terrorista de ultraderecha que se identifica como Triple A en la que se hace referencia al ministro de Bienestar Social José López Rega.

Un abogado se basó en el artículo para iniciar una causa por “asociación ilícita” contra el ministro y sus custodios. La Justicia se hizo cargo de la denuncia. Ese mismo día, la CGT, dominada por la UOM, llamó al paro por cuarenta y ocho horas para el 7 y el 8 de julio. La ofensiva contra López Rega ya estaba lanzada. Pero la preocupación de sindicalistas y militares era saber si Isabel aceptaría destituir al hombre que se había asentado en la cúspide del poder.

Los reportes de la embajada norteamericana al Departamento de Estado —con fecha de 11 de junio— sobre López Rega daban cuenta de que el “temor que recorre el espectro político de la Argentina es que la Presidenta renuncie si él es expulsado”. Además consideraba que “su espacio para maniobrar ha quedado gravemente restringido”. Cinco días después, en otro aerograma confidencial, la embajada observaba a la Triple A como, “la mayor amenaza terrorista, a pesar de que la guerrilla permanece activa”.

Cuando la denuncia sobre responsabilidad criminal pendió sobre su cabeza, López Rega se encerró con Isabel en Olivos. Durante cuatro días la Presidenta no recibió a nadie. Los ministros llegaban hasta la puerta de la residencia y debían retirarse. El senador Ítalo Luder, el primero de la línea de sucesión presidencial, tampoco fue recibido. La explicación era que Isabel tenía gripe. En la lectura política de los hechos, la Presidenta aparecía como “secuestrada” por su secretario. El país estaba sumido en un vacío de poder.

Finalmente, las horas de incertidumbre institucional tuvieron una resolución forzada. En un operativo militar, el cuerpo de Granaderos de Sosa Molina redujo a los casi cincuenta hombres de la custodia policial y parapolicial que estaba recluida en la residencia presidencial y los desarmaron. Escopetas, Ithacas, ametralladoras Uzi, pistolas automáticas, granadas, formaron una montaña. Olivos había sido “liberado”. Esa misma tarde, Isabel aceptó reunir a su gabinete y también participaron los comandantes de las Fuerzas Armadas. Todos exigieron la renuncia de López Rega. El 11 de julio de 1975, el ministro de Bienestar Social se fue del país con un supuesto cargo de “embajador plenipotenciario”. En forma inmediata, renunció el ministro Rodrigo.

Isabel quedaría sola con el control de la Argentina.

El sindicalismo ganaría espacio en su gobierno con la colocación de nuevos ministros —Carlos Ruckauf en Trabajo; Antonio Cafiero en Economía—, pero, subterráneamente, la salida obligada de López Rega significó el primer paso para que los militares asumieran en forma directa la estrategia de eliminación física del “enemigo subversivo”. Sería la continuidad y la ampliación del radio de ataque que había iniciado el Partido Justicialista en su lucha contra “el enemigo infiltrado”, pero a escala mucho mayor, y con la dirección orgánica de las Fuerzas Armadas.

Para ese fin, a estas alturas, tenían dos obstáculos: necesitaban un decreto como el del Operativo Independencia de Tucumán, pero que les permitiera operar en todo el país. Y debían ganar el control total del Ejército.

El comandante en jefe Numa Laplane había asumido el 29 de mayo. Cargaba el lastre de haber sido designado por López Rega y no era respetado por los comandantes que conducía. En su gestión intentó eliminar la conspiración silenciosa de la línea “prescindente” y puso en situación de disponibilidad a los generales Videla y Viola, y luego intentó pasarlos a retiro. Pero el generalato se rebeló y Numa Laplane presentó su renuncia. Videla asumió como nuevo jefe del Ejército el 29 de agosto de 1975, por consejo de Massera a Isabel Perón. El poder político se inclinaba hacia los militares “prescindentes”.

Con su nueva conducción, con su “austeridad y profesionalismo”, su “compromiso con el proceso institucional y la defensa de la seguridad nacional”, las Fuerzas Armadas ya estaban cara a cara con Isabel Perón.

Bibliografía

Anzorena, Oscar, Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976), Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1998.

Baschetti, Roberto, Documentos. 1973-1976, volumen II, De la ruptura al golpe, La Plata, De la Campana, 1999.

Celesia, Felipe y Waisberg, Pablo, Firmenich, La historia jamás contada del jefe montonero, Buenos Aires, Aguilar, 2010.

Franco, Marina, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Gutman, Daniel, Sangre en el monte. La increíble aventura del ERP en los cerros tucumanos. Treinta y cinco años después, la historia completa de la guerrilla rural del ERP y el Operativo Independencia, Buenos Aires, Sudamericana, 2010.

Izaguirre, Inés, “Memorias de guerra. Operativo Independencia”, en Puentes, año 4, Nº 12, septiembre de 2004.

Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto, Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA, Buenos Aires, Aguilar, 2010.

Löbbe, Héctor, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Buenos Aires, Razón y Revolución, 2006.

Nadra, Giselle y Nadra, Yamilé, Montoneros. Ideología y política en El Descamisado, Buenos Aires, Corregidor, 2011.

Santella, Agustín, “Las guerras obreras en la Argentina. Villa Constitución 1973-1975”, en Izaguirre, Inés y colaboradores, Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina 1973-1983, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

XXI

Los pasos previos

El desenlace de la reciente crisis militar señala claramente que el poder real no reside más en la presidenta. […] Los militares que probablemente tomarían el poder son conservadores moderados y razonablemente inclinados a Estados Unidos.

Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a Washington, referido a la designación de Videla como jefe del Ejército, 10 de septiembre de 1975

El 20 de junio de 1975, después de recibir casi sesenta millones de dólares —que luego trasladaría a Cuba y a Suiza— por el rescate, Montoneros liberó al empresario Jorge Born. Su hermano, Juan Born, había sido liberado en el mes de marzo. Los habían secuestrado el 19 de septiembre de 1974.

HECHOS RELEVANTES

1975. El 20 de junio, Montoneros libera, tras 9 meses de cautiverio, al empresario Jorge Born luego de recibir 60 millones de dólares. Es el rescate más caro de la historia.

Se crea el Ejército Montonero. Sus blancos, además del sindicalismo ortodoxo, son las fuerzas de seguridad y empresas extranjeras. Promueven la guerra “de aparato a aparato” contra el Ejército.

El 5 de octubre, Montoneros ataca por primera vez un regimiento en Formosa. En la fuga, secuestran un avión de línea. Provocan 16 muertos en el cuartel, con 16 bajas propias.

Después de la toma del regimiento de Formosa, Isabel Perón habilita por decreto a las Fuerzas Armadas para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en todo el país.

Videla traza una directiva secreta para el Ejército, en la que divide el país en zonas y subzonas para enfrentar al “enemigo subversivo”. La Armada infiltra oficiales en ámbitos políticos, sindicales y universitarios.

El general Luciano Menéndez crea el campo de concentración La Perla. El Departamento de Informaciones (D2), en el centro histórico de la ciudad, se utiliza como centro de torturas.

En menos de un año, trasladan a 1507 detenidos ilegales a La Escuelita, en Famaillá, el centro clandestino del Operativo Independencia: 56 resultan muertos y 113, desaparecidos.

En diciembre, un sector de la Fuerza Aérea desconoce la autoridad del gobierno y se rebela contra el jefe del arma, que no había adherido al plan del golpe de Estado. Isabel ordenó su retiro.

El botín de los hermanos Born activó un reclamo interno: que se discutieran las políticas de la conducción montonera. Esta posición empezó a ser impulsada por Rodolfo Galimberti, jefe de la secretaría militar de Columna Norte, con el grado de “capitán montonero”. Con un grupo de pares de otras columnas y subordinados intentaron que la Conducción descentralizara su poder.

El argumento era que el cerrado grupo de jefes comandados por Firmenich, a partir del retorno a la clandestinidad, había perdido “conocimiento territorial” y se había aislado de la fuerza que dirigía, mientras que las columnas necesitaban autonomía para manejar sus finanzas, contar con su propio armamento y decidir una práctica política y militar basada en las necesidades de cada territorio. A la posición disidente de Norte, con los mismos reclamos, se plegó más tarde la Columna La Plata. También había sectores críticos al oficialismo en Columna Oeste y Columna Sur.

Además, el hecho de que la Conducción convirtiera a los militantes públicos en cuadros armados y los obligara a pasar a la clandestinidad, en sintonía con la política de militarización, produjo otra disidencia. Columna Norte quería que los militantes fuesen “cuadros integrales”, es decir, que continuaran con su militancia pública y tomaran las armas como “presión política” sobre un conflicto determinado. Otro punto de discusión fue el repliegue frente a la represión ilegal y las bandas de la Triple A. Mientras que Columna Norte reclamaba dinero para que la militancia de los frentes de masas y los obreros industriales perseguidos pudieran hacerse de una infraestructura en la clandestinidad, la Conducción creía que no debían depender de los recursos del “aparato” de la Organización —la Secretaría de Finanzas, para resumirlo de algún modo—, sino replegarse en “las masas”: los barrios, las villas o las fábricas.

La Conducción haría un análisis retrospectivo del conflicto en 1979 en la revista Vencer.

El primer tema que motivó el estallido de las contradicciones fue el presupuesto. […] La discusión surgió a propósito del monto que se destinaría para los rubros “vivienda” (compras y alquileres), “locales de funcionamiento” (compras), vehículos (compra y mantenimiento de recuperados), trabajo de los cuadros del Partido y del Ejército (trabajos reales o profesionalización de la militancia). Esta discusión incluía obviamente el monto total del presupuesto anual. A poco de desarrollarse, la discusión fue girando del aspecto financiero hacia el contenido político de fondo. […] de haberse tenido presente la resistencia de masas en esta propuesta aparatista, se hubiera sostenido la transformación de nuestro Partido en el Banco Hipotecario Nacional, con el fin de solucionar el déficit de vivienda de la Argentina.

La Conducción no cedió a los reclamos del grupo liderado por Galimberti. En los hechos, la descentralización habría implicado la pérdida del control de Montoneros. Con la concentración del dinero, los documentos —que entregaba el servicio de Documentación Área Federal, dependiente de la Conducción— y las armas —el Área Logística prestaba las armas largas a las columnas solo para operaciones militares y luego exigía que le fuesen devueltas—, Firmenich mantenía el poder político y militar de la organización guerrillera.

Como reacción frente a esta negativa, Columna Norte promovió la convocatoria a un congreso montonero en el que se escucharan “los reclamos de abajo hacia arriba”. La decisión de Firmenich fue cambiar la jefatura de Columna Norte. Las intervenciones a las columnas y los traslados de miembros conflictivos a otros ámbitos fueron respuestas constantes ante los reclamos de descentralización presupuestaria y autonomía.

Durante todo 1975 y buena parte de 1976, la posible convocatoria a un congreso montonero que ratificara, o no, el poder de la Conducción fue una señal de la crisis interna. En Columna Norte se discutió si debían renunciar a Montoneros con un documento político y replegar a sus cuadros en el interior del país y el exterior, o continuar el combate, pese a las diferencias con el oficialismo montonero, en virtud del compromiso moral con los caídos. La opción más radicalizada proponía dar un golpe interno: matar a Firmenich y al resto de la conducción, y tomar el mando de la Organización.

Con el conflicto inconcluso, en el segundo semestre de 1975 la Conducción aceleró el proceso de militarización. Esta tendencia implicó que parte de su militancia pública abandonara Montoneros, se trasladara a otra ciudad o se autoexiliara. Para entonces, los frentes de masas, que desde 1972 habían representado el auge del capital político de la guerrilla, ya estaban en la semiclandestinidad, dando prioridad a la práctica armada, la fabricación de armas o las tareas logísticas de combate. Los milicianos, en sus estructuras armadas, se convirtieron en el sostén de la Organización.

Acorde con esta línea, Montoneros desplegó una “ofensiva táctica” y atacó comisarías, bancos y agencias de automóviles, y llevó a cabo robos de armas a la institución policial y militar. Quería dejar en evidencia la incapacidad de las fuerzas de seguridad frente al potencial armado de la guerrilla.

La ofensiva también incluyó “ajustes de cuenta” a “traidores peronistas” de la burocracia sindical y también a policías. Si hasta mayo de 1975 se había “condenado” solo a los policías comprometidos con la represión, o a los que se resistían a entregar su arma cuando eran reducidos, cinco meses después cualquier policía, con o sin uniforme, independientemente de su clase y sus ideas, se convirtió en blanco de Montoneros. Era considerado “corresponsable de las atrocidades y asesinatos que comete la represión”.

La progresión de la violencia montonera incluyó acciones de mayor magnitud. En agosto de 1975 un atentado causó el hundimiento parcial de la fragata misilística Santísima Trinidad, de la Armada. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea que transportaba gendarmes explotó en Tucumán por una bomba colocada en un túnel de desagüe, debajo de la pista de aterrizaje. Seis gendarmes murieron. Hubo diez heridos.

Con la estrategia de “guerra revolucionaria por la toma del poder” y la certeza de que el enfrentamiento en el futuro sería puramente militar, la Conducción decidió crear una nueva estructura, el Ejército Montonero, por medio del cual desarrollaría las acciones armadas, y que reducía aún más la autonomía operativa de las columnas.

En su organigrama, el Ejército Montonero estaba dirigido por la Secretaría Militar Nacional (SMN), las secretarías militares zonales y los grupos o pelotones de combate. Contaban con un Servicio (o Departamento) de Informaciones e Inteligencia que detectaba “blancos enemigos” —empresas extranjeras y de la oligarquía, policías y miembros de las Fuerzas Armadas— y transmitía la información a los grupos de combate para su ejecución. La Secretaría Militar recelaba de la autonomía con la que, en la dinámica de los hechos, actuaba la inteligencia montonera. Exigía que el recorrido de la búsqueda de blancos fuese inverso: “Los servicios, en general, determinan sus propios objetivos de búsqueda y en eso basan su producción, que no siempre responde a las necesidades políticas y militares de la zona. Debemos lograr que sean las conducciones zonales las que determinen los objetivos y, en base a esto, planteen a los servicios las órdenes de búsquedas de informaciones”.

Hacia fines de 1975, el Servicio de Informaciones entregó a la conducción montonera los planes del golpe de Estado que preparaban las Fuerzas Armadas. En ellos se detallaba el esquema para la aniquilación de Montoneros. Estaba organizada en cuatro fases. La primera, ya iniciada en 1975, consistía en reducir el apoyo logístico de la guerrilla en el interior del país, en especial en Tucumán y en Córdoba, hasta lograr el “desmantelamiento militar” de esa región. Para este propósito, las fuerzas militares, por medio del Operativo Independencia y el III Cuerpo de Ejército, ya llevaban a cabo detenciones ilegales y aplicaban torturas en interrogatorios. La segunda fase preveía concentrar la acción militar en barrios del Gran Buenos Aires, con rastrillajes, control de vehículos, detenciones masivas, con el fin de difundir el terror, no tanto en los cuadros guerrilleros como en sus familiares, colaboradores y simpatizantes. En forma sucesiva, la represión militar continuaría con el aniquilamiento de aquellas bases obreras que adhirieran al proyecto revolucionario en los centros industriales. La última fase contemplaba la destrucción de los “elementos residuales” de Montoneros en todo el país.

Lo explicaría Firmenich en una entrevista del año 1977 con el escritor Gabriel García Márquez.

En octubre de 1975, cuando todavía estaba en el gobierno Isabel Perón, ya sabíamos que se daría el golpe dentro del año. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, también el golpe formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros cálculos de guerra, y nos preparamos para soportar, en el primer año, un número de pérdidas humanas no inferior a mil quinientas bajas.

Montoneros ya estaba decidido a la confrontación directa con las Fuerzas Armadas. Quería subirla definitivamente al centro del escenario, provocar el enfrentamiento militar. Fue un cambio radical en su política. Hasta ese momento, todavía mantenía contactos políticos con los generales Albano Harguindeguy y Roberto Viola. La disputa interna en el peronismo había pasado a un segundo plano. Las Fuerzas Armadas eran el nuevo enemigo.

Con el ataque al Regimiento de Formosa quedaba demostrado que el poder militar y de organización de Montoneros era demasiado precario para enfrentar a las Fuerzas Armadas, bien equipadas y cada vez con más experiencia de combate contra la guerrilla. Además, la conmoción que produjo el asalto al cuartel afianzó la impresión de que solo la restauración del orden y la autoridad podría terminar con la violencia y el caos político y económico que signaban al país.

Ese 5 de octubre de 1975, Isabel Perón, con licencia médica, descansaba en las sierras de Córdoba, y Luder estaba a cargo de la Presidencia. La respuesta oficial fue inmediata. El Poder Ejecutivo emitió tres decretos con los que creó el Consejo de Seguridad y el Consejo de Defensa; dispuso la realización de convenios con los gobernadores, por los que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaban bajo control del Consejo de Defensa, y habilitó a las Fuerzas Armadas para intervenir “en la ejecución de operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

El domingo 5 octubre de 1975 alrededor de setenta combatientes montoneros asaltaron el Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa. La planificación implicaba que un pelotón debía secuestrar en vuelo un avión de línea y dirigirlo hacia Formosa, mientras otros grupos debían tomar el aeropuerto de la provincia y, de manera sincrónica, también el Regimiento. El ataque se realizó con seis camiones y treinta combatientes. Un soldado, que les proveyó la información interna del Regimiento redujo a otro en el puesto de guardia. Los montoneros avanzaron sobre el puesto principal, el Casino de Suboficiales, la Compañía Comando, la Compañía B y la Compañía de Servicios, hasta llegar a la Sala de Armas. Llegaron a descolgar los fusiles y los subieron a un furgón Ford F-350. Pero la avanzada en el resto del cuartel no resultó sencilla. En todos los puestos se libraban combates. Además, desde el barrio militar, al lado del Regimiento, los oficiales y suboficiales fueron a defender la unidad aunque el grueso de los pelotones montoneros ya estaba en retirada en medio del desbande. El jefe del operativo, Raúl Yaguer, miembro de la Conducción, se abrió paso entre el fuego para salir del cuartel. Una camioneta Ford F-100 pudo escapar con una goma reventada. Los otros cuatro vehículos habían sido inutilizados. Media hora después del ataque, el Regimiento había sido recuperado por el Ejército. En su interior quedaban los cuerpos de diez soldados, un sargento primero, un teniente. También murieron dos policías y dos civiles. El Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y el aeropuerto ya habían sido reducidos cuando llegaron los guerrilleros desde el cuartel. Cuatro de ellos escaparon con un avión Cessna, y un minuto después partió el Boeing con treinta guerrilleros y la tripulación. El Cessna aterrizó en Corrientes; el Boeing, en un campo de la provincia de Santa Fe. Montoneros se fue del cuartel de Formosa con dieciséis muertos propios y un arsenal de apenas dieciocho fusiles automáticos ligeros (FAL) y una pistola 9 milímetros.

El modelo del Operativo Independencia de Tucumán ahora se ampliaba al territorio argentino.

En el momento de la firma de los decretos presidenciales, la represión clandestina también estaba en pleno desarrollo en Córdoba, bajo la intervención del brigadier Raúl Lacabanne, ordenada por Isabel Perón. El general Luciano Benjamín Menéndez, ahora al frente del III Cuerpo de Ejército, ya había diseñado y construido un centro clandestino de detención que denominaría La Perla, ubicado sobre la ruta 20, a doce kilómetros de la ciudad de Córdoba. Pero entonces, su unidad subordinada más activa en la “limpieza ideológica” era el Departamento de Informaciones (D2).

El D2 era una brigada autónoma de la institución policial, que respondía al III Cuerpo de Ejército y estaba integrada al Centro de Operación Táctico (COT). Los miembros de la brigada hacían trabajo de calle, con allanamientos y secuestros, y trasladaban a sus objetivos a su sede, ubicada en el entonces denominado pasaje Cuzco, frente a la plaza San Martín y a un costado de la Catedral de Córdoba.

La brigada del D2 contaba con alrededor de medio centenar de efectivos. Además de perseguir a las cúpulas del ERP y de Montoneros —en ese momento algunos jefes guerrilleros estaban refugiados en la provincia—, se infiltraban en fábricas y universidades para detectar futuros blancos. La sede policial del D2 estaba compuesta por un área para tareas burocráticas, sumarios, registros de ficheros y archivos; el depósito de armas, y las celdas para los detenidos ilegales que traían después de cada noche de cacería. El D2 tenía su propio centro clandestino. En un patio grande se daba la “recepción” al secuestrado. Lo hacían atravesar un “túnel” compuesto por brigadistas que le pegaban hasta que quedaba deshecho en el suelo. Después le hacían meter la cabeza en un recipiente con agua y lo asfixiaban con bolsas de nailon; luego lo llevaban a la celda y lo interrogaban.

Hasta diciembre de 1975, mes en el que el general Acdel Vilas sería reemplazado por el general Antonio Bussi en la jefatura del Operativo Independencia, por el centro clandestino de detención La Escuelita, de Famaillá, pasarían mil quinientas siete personas detenidas en forma ilegal; de las cuales se comprobaron cincuenta y seis muertes y ciento trece casos de desapariciones. Antes del golpe de Estado, el Operativo Independencia produciría el 37% de las ejecuciones y desapariciones que luego causaría la dictadura militar entre 1976 y 1983. La idea de llegar al “exterminio físico del enemigo subversivo” era acompañada en el discurso por la dirigencia política, gremial, social y religiosa que se identificaba con la acción de las Fuerzas Armadas. En una visita a esa provincia, algunos legisladores nacionales se colocaron el uniforme y el casco para entrar al monte, del que salían exaltando la “guerra contra la subversión”. En el último trimestre de 1975, quedaban tres pelotones del ERP aislados en el monte tucumano. Caían cuando buscaban alimentos y medicamentos en el llano, en parte porque los colaboradores de la guerrilla, atrapados por el Ejército, eran forzados a provocar las emboscadas. En octubre, en el arroyo San Gabriel, tres jefes del frente rural del ERP cayeron en enfrentamientos. Después, otra columna fue cercada en una finca cercana a ese arroyo. El Ejército incendió un cañaveral para impedirles la fuga, y el operativo se completó con el rastrillaje de dos helicópteros. Tras seis horas de combate, en la madrugada, el Ejército mató a catorce guerrilleros. El general Vilas llevó los cuerpos en un camión para mostrarlos a la prensa. Ese fue el golpe decisivo contra la Compañía de Monte. Y el 1º de diciembre de 1975 explotó una camioneta con siete guerrilleros del ERP en el mismo lugar de la capital provincial donde un año antes habían matado al capitán Humberto Viola y a su hija.

El D2 albergó a los primeros desaparecidos en la provincia. En agosto de 1975, bajo el control del comisario inspector Raúl Pedro Telleldín, la ofensiva de los represores se radicalizó. Además de los miembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, que supervisaban los procedimientos y recogían información, ingresaron al D2 civiles y militares que producían dos o tres atentados por noche para promover el caos político. Colocaban bombas que obtenían de Fabricaciones Militares en el Arzobispado, el Juzgado Federal, sindicatos o partidos políticos, dejaban la inscripción “Montoneros” y escapaban en autos sin chapa patente, para demostrar que la guerrilla estaba en pleno crecimiento frente a un gobierno civil incapaz de reprimirla.

El D2 se fue convirtiendo en la base del Comando Libertadores de América. Actuaban de manera impune, contra dirigentes partidarios y también mataban para robar, como sucedió con un grupo de música compuesto por cinco estudiantes bolivianos, un peruano y tres argentinos, a los que acribillaron en un camino de tierra para quedarse con sus instrumentos, y luego fraguaron un “enfrentamiento subversivo”.

Los secuestros se multiplicaron. Cada noche los brigadistas del D2 traían cinco, diez o quince personas a la sede de la institución; no permanecían en la celda durante muchos días. La población de detenidos se ampliaba y se reducía de repente, cada vez con mayor frecuencia. En la nueva etapa, después del interrogatorio y la obtención de la información, cada detenido empezó a ser “trasladado” de la repartición: los mataban. Y los cuerpos ya no aparecerían en la calle, como era la práctica de la Triple A: desaparecían.

El ERP quiso denunciar a los torturadores del D2 y con un pelotón armado con FAL preparó un ataque cuerpo a cuerpo, de asalto de infantería, pero la repartición tenía una puerta de entrada y un largo pasillo de difícil acceso y la acción fue resistida desde adentro, con un costo de seis policías de la guardia muertos.

Ese día, el D2 había golpeado a la conducción montonera y tenían en el calabozo a Marcos Osatinsky y a Horacio Mendizábal. Osatinsky procedía de las FAR, era uno de los jefes que se había fugado de la cárcel de Rawson en 1972. El D2 los secuestró durante una reunión en una casa clandestina, que después fue volada. A Osatinsky lo fusilaron tras el ataque del ERP. Cuando todavía estaba con vida, lo ataron con una cadena al paragolpe trasero de un auto y lo arrastraron por rutas de asfalto y de ripio. El D2 explicó que había sido muerto en un “intento de fuga” organizado por Montoneros cuando era transportado a la unidad carcelaria. Era la forma habitual en que se encubrían algunos crímenes. Al día siguiente del golpe militar, desaparecería Mario Osatinsky, su hijo de 18 años.

Horacio Mendizábal, en cambio, se les escaparía. Mendizábal era un cuadro montonero de jerarquía, provenía del grupo Descamisados, aunque el D2 no pudo reconocer su identidad. Golpeado y torturado durante varios días, se vieron obligados a legalizar su detención. Le hicieron un sumario y lo pusieron a disposición de la Justicia. Cuando pidió declarar ante el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, Mendizábal llegó esposado con un policía y su abogado defensor, quien apenas se inició la audiencia extrajo una metralleta de su portafolio, redujo al policía y al juez, y con Mendizábal saltaron por una ventana hacia la calle.

Durante el gobierno de Isabel Perón, el D2 estaba preparando el camino. El golpe de Estado no iba a demorarse mucho más, y aunque todavía no tenía día y hora, agosto fue un mes clave. Con la jefatura del general Jorge Rafael Videla, el Ejército ya no preservaría la suerte del gobierno constitucional, tomaría cada vez más distancia de los políticos y continuaría transmitiendo su idea de profesionalismo, orden y paz, a una sociedad agobiada, y ahora horrorizada, por la violencia de cada día.

El general Videla, entonces de 50 años, era un hijo del patriciado militar. Su foja de servicios indicaba que había sido asesor de la delegación militar en Washington, que luego impartió cursos de inteligencia en la Escuela Superior de Guerra y tomó cursos en las escuelas de contrainsurgencia en Panamá, dictados por el Ejército de los Estados Unidos. Su carrera profesional estuvo alejada de los enfrentamientos del peronismo-antiperonismo y más vinculada a militares latinoamericanos formados en la guerra ideológica contra la insurgencia, en defensa de la “seguridad hemisférica” y de las “fronteras internas”; militares que entonces, en la década de 1970, asumían posiciones de relieve en los gobiernos dictatoriales de sus países.

Tras la asunción de Videla en el Comando del Ejército y la creación del Consejo de Defensa, ya con la potestad de intervenir en “la lucha antisubversiva en todo el territorio nacional”, se modificó, mediante un Procedimiento Operativo Normal (PON), el Reglamento Militar. El nuevo reglamento preveía la creación de centros militares clandestinos, que señalaba en forma eufemística como “LRD”, “lugar de reunión de detenidos”. El “sospechoso” sería detenido sobre la base de informes de inteligencia y trasladado al LRD para interrogarlo, sin posibilidad de defensa legal.

El futuro de Isabel Perón era una incógnita. En los reportes de la embajada norteamericana, entre el 2 y el 16 de octubre, al Departamento de Estado de los Estados Unidos se indicaba:

Hay un vacío de poder en el centro de la estructura política argentina y la pregunta central es: ¿quién lo llenará? Seguramente no será, no puede serlo, la señora de Perón. Fuentes que se han comunicado con las esposas de los tres comandantes en jefe desde su retorno de Ascochinga la habrían descripto extremadamente nerviosa, irritable y anémica. Además, el 3 de octubre, el ministro de Economía [Antonio] Cafiero le dijo en confianza al embajador [Robert] Hill que la señora de Perón tiene úlceras sangrantes que no muestran signos de mejoría. Cafiero le informó al embajador que los planes actuales son que la señora Perón retome la presidencia el 17 de octubre solo por unos días.

El peronismo confiaba en que Luder podría ser el hombre de reemplazo, pero una vez que el senador desechó esa posibilidad, el sindicalismo presionó para que Isabel no renunciara. Como en su momento lo había sido López Rega, ella era su único sustento para permanecer en el esquema de poder. El 17 de octubre, los gremios desbordaron la Plaza de Mayo. Isabel, desde el balcón de la Casa de Gobierno, prometió combatir “la guerrilla y la inmoralidad”.

Aun con la invocación a la lealtad y cumpliendo con las representaciones clásicas del peronismo, la verticalidad del Movimiento se despedazaba día tras día. Los dirigentes políticos y sindicales estaban más atentos a las declaraciones e intrigas que provenían de las Fuerzas Armadas, que a la búsqueda de una solución política que garantizara la institucionalidad. En noviembre, tras otra internación de dos semanas, Isabel anunció que adelantaría las elecciones para octubre de 1976. Pero pocos creían que el gobierno pudiera sobrevivir un año más.

El 28 de octubre de 1975 Videla trazó los objetivos de la ofensiva represiva por medio de la directiva secreta 404/75. Se proponía disminuir “significativamente el accionar subversivo” para fines de ese mismo año, transformar la subversión en un problema de “naturaleza policial” para fines de 1976 y aniquilar “los elementos residuales de las organizaciones subversivas” a partir de 1977. La directiva dividió el país en 4 zonas, 19 subzonas y 117 áreas y subáreas; luego, en 1976, asignarían al Comando de Institutos Militares, de la guarnición Campo de Mayo, el control de la zona norte del conurbano bonaerense. En cada zona, el Ejército tenía la responsabilidad primaria de las operaciones, con un comandante que contaba con el apoyo de la Marina, la Aeronáutica, la Policía Federal, las policías provinciales y, en menor medida, la Gendarmería. En noviembre de 1975 la Armada ya evaluaba que la Argentina se había convertido en un “activo campo de acción de la subversión marxista por la ineficiencia del gobierno” y se proponía acabar con “la subversión y sus ideólogos”. Para ese fin, a través del “Plan de recolección de información”, tenía oficiales que se infiltraban en ámbitos políticos, gremiales, educativos, religiosos e insurreccionales y entregaban informes cuatrimestrales al Comando de Operaciones Navales. Mientras tanto, el general Videla, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos de octubre de 1975 en Montevideo, anticipaba que “si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

El 18 de diciembre, un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea conducidos por el brigadier Jesús Capellini se sublevó contra su jefe, el brigadier Héctor Fautario. Era el único jefe de las tres armas que no había adherido al plan secreto del golpe de Estado. Fautario fue detenido en el aeroparque metropolitano por un brigadier insubordinado que le exigió la renuncia a punta de pistola. Aeroparque y otras bases aéreas habían sido tomadas. Desde aviones que sobrevolaban la Casa de Gobierno se lanzaron panfletos que consideraban “agotado el proceso político”, desconocían la autoridad del gobierno y reclamaban el poder para el comandante en jefe del Ejército, general Videla.

Pero el Ejército, que consideró la rebelión como un “problema interno” de la Fuerza Aérea, se declaró “prescindente” y prefirió esperar el momento adecuado. Isabel, argumentando trastornos de salud, permaneció en Olivos, y el peronismo tardó en reaccionar frente al movimiento sedicioso.

Por consejo de Videla y de Massera, Isabel ordenó el retiro de Fautario; de este modo, fue removido el único comandante que creía en la continuidad institucional. En su última reunión, Fautario le había anticipado a la Presidenta: “Cuídese, señora, porque a usted la van a echar en marzo”. Fue reemplazado por el brigadier Orlando Agosti, que adhería al plan del Ejército y de la Armada.

La tarea exploratoria de las Fuerzas Armadas en favor del golpe de Estado había dado buen resultado.

Bibliografía

Artese, Matías y Roffinelli, Gabriela, “Guerra y genocidio en Tucumán. 1976-1983”, en Izaguirre, Inés y colaboradores, Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Buenos Aires, Norma, 2005.

Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

De Santis, Daniel, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, Buenos Aires, A Formar Filas, 2010.

Gorriarán Merlo, Enrique, Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los setenta a la Tablada, Buenos Aires, Planeta/ Catálogos, 2003.

Löbbe, Héctor, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Buenos Aires, Razón y Revolución, 2006.

Mántaras, Mirta, Genocidio en Argentina, Buenos Aires, edición de autor, 2005.

Plis-Sterenberg, Gustavo, Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina, Buenos Aires, Planeta, 2003.

Reato, Ceferino, Operación Primicia. El ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976, Buenos Aires, Sudamericana, 2010.

Robles, Miguel, La búsqueda. Una entrevista con Charlie Moore, Córdoba, Del Pasaje, 2010.

Ruiz, Fernando, Las palabras son acciones. Historia política y profesional de La Opinión de Jacobo Timerman (1971-1977), Buenos Aires, Perfil, 2001.

Sáenz Quesada, María, Isabel Perón. La Argentina en los años de María Estela Martínez, Buenos Aires, Planeta, 2003.

Saravia, Mariano, La sombra azul. El caso Luis Urquiza. Único exiliado político en Argentina desde la recuperación de la democracia. El accionar de la Policía de Córdoba durante la dictadura y su continuidad hasta el presente, Córdoba, Nuestra América Editorial, 2012.

Seoane, María, Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta, 1991.

Turolo, Carlos, De Isabel a Videla. Los pliegues del poder, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

XXII

El Día D

Con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propalar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan, serán detenidos por la autoridad (militar, de seguridad o policial). Se advierte asimismo que toda manifestación callejera será severamente reprimida.

Comunicado Nº 2 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976

Jesús Ramés Ranier tenía 29 años. Era morocho, algo bizco, y estaba un poco pasado de kilos. Se había incorporado al ERP hacía poco más de un año, y si bien no participaba en acciones militares, cubría citas, transportaba armas y realizaba todo tipo de tareas para el área Logística. En agosto de 1975 le habían encargado el traslado de las armas a Córdoba para el ataque contra el D2. En esa oportunidad, contradijo una orden de uno de los jefes del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, y decidió que la camioneta avanzara por la ruta 9, una alternativa desaconsejada debido a los habituales controles policiales. Su decisión costó un alto precio: la camioneta fue detenida, el conductor, apresado y las armas se perdieron. Ranier, que venía detrás, en otro vehículo, logró escapar, pese a la voz de alto y los disparos.

HECHOS RELEVANTES

1975. En diciembre, con más de 200 combatientes, el ERP intenta tomar el arsenal más grande del Ejército, en Monte Chingolo. La operación, que había sido delatada al Servicio de Inteligencia del Ejército, le significa 59 bajas.

1976. En enero, el ERP mata a Jesús Ranier, el delator de la operación del arsenal de Monte Chingolo, que integraba la organización guerrillera y filtraba información al Ejército.

En febrero, la conducción montonera “sentencia a muerte” a uno de sus miembros, Roberto Quieto, tras ser secuestrado por el Ejército. Lo acusa de “deserción y delación”. Quieto nunca aparece.

En febrero, las cámaras empresarias promueven un lock-out en reclamo de medidas contra “la subversión”. Los empresarios consideran “agotado” el gobierno de Isabel Perón.

En el plan secreto del golpe de Estado, el Ejército retendría el 50% de las gobernaciones provinciales. El resto se repartiría entre la Armada y la Fuerza Aérea. Los municipios serían conducidos por civiles.

El 23 de marzo, el ministro de Defensa se reúne con los comandantes de las Fuerzas Armadas, pero el plan golpista es irreversible.

En la madrugada del 24, Isabel es detenida por el Ejército en Aeroparque, luego de que el helicóptero que la trasladaba a Olivos se detuviera en la estación aérea por un supuesto desperfecto técnico. Las Fuerzas Armadas ocupan la Casa Rosada, el Congreso, organismos del Estado y sindicatos. En las fábricas, detienen a activistas y delegados de comisiones internas. La mayoría son encapuchados y torturados.

Después explicó el hecho, presentó detalles, comprobantes sobre dónde había estado, y fue reincorporado a Logística. El ERP lo necesitaba. Estaba preparando su acción militar más importante, que comprometía a más de doscientos combatientes divididos en distintos pelotones. El objetivo era el Batallón Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, el arsenal más grande del país. Estaba ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, rodeado de villas de emergencia. Además del golpe propagandístico que suponía el ataque, el ERP calculaba que podría obtener novecientos FAL, cien fusiles M15, cañones antiaéreos, subametralladoras, un botín de veinte toneladas de armamento y municiones para proveer las unidades urbanas y a los combatientes que todavía permanecían en el monte tucumano, con los que intentaría retomar la ofensiva y retardar el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas.

La preparación del ataque demandó varios meses. Un conscripto informaba sobre los movimientos internos y un oficial del ERP, que era arquitecto, armó una maqueta en la que se fue definiendo la planificación. Mientras un pelotón tomaba el Batallón de Arsenales y se retiraba con las armas, las unidades de apoyo debían neutralizar nueve puestos policiales sobre la zona del Riachuelo y el camino General Belgrano, que conducía a La Plata, para impedir la llegada de fuerzas militares y policiales, y facilitar la fuga. En los hechos, el asalto implicaba convertir en “zona liberada” los partidos de Quilmes, Avellaneda y Lanús durante al menos doce horas.

Algunas semanas previas cayeron en manos del Ejército cuadros de jerarquía en la zona sur comprometidos con la operación. Varios de ellos fueron detenidos mientras transportaban armas. Pese a las dudas de unos cuantos jefes guerrilleros, que temían que alguno de los cuadros apresados revelara la maniobra, el plan original, previsto para el 21 de diciembre, continuó sin modificaciones. Santucho confiaba en que “Pedro”, Juan Ledesma, jefe del Estado Mayor del ERP, que había caído, no hablaría, y mantenía la convicción de que debía hacerse la operación. El día 22, uno de los jefes del Estado Mayor del ERP, Benito Urteaga, recibió un aviso del conscripto: en el cuartel se estaban reforzando las guardias por una “alerta roja”. La comandancia del ERP recibió este y otros indicios de que la acción podría estar infiltrada, aunque prefirieron suponer que la alerta se debía al levantamiento de la Fuerza Aérea. El 23, día del asalto, se levantó la alerta roja y las guardias fueron las habituales, según reportó el soldado cuando salió del arsenal, a las dos de la tarde. La rutina se había restablecido. Unas horas después, una pareja redujo al conserje de un hotel alojamiento de Quilmes. Setenta militantes del ERP se concentraron en distintas habitaciones.

A las siete menos diez, un camión Mercedes Benz de distribución de bebidas, que estaba en la mira de los binoculares de un coronel apostado en una torre del tanque de agua del arsenal, avanzó hacia allí. El camión arrastró las hojas de los portones y permitió el paso de otros nueve vehículos. Los combatientes del ERP ya habían ingresado. El puesto de guardia no había sido reforzado, y lo tomaron, pero luego no pudieron acceder a la Guardia Central ni a la Compañía de Servicios por la resistencia de ametralladoras pesadas, tanques blindados e incluso helicópteros con que respondió el Ejército, que tuvo refuerzos de Campo de Mayo y del Regimiento 3 de Infantería, además de la Gendarmería, la Policía Federal y la bonaerense. Tras casi tres horas de combate, algunos pudieron refugiarse en la caldera de la Compañía de Servicios. Pero ya se había dado la orden de retirada. Muchos guerrilleros, cerca de treinta, cayeron en los primeros minutos, en el combate. Otros fueron reducidos y fusilados, pese a haberse rendido. A otros los persiguieron y mataron cuando escapaban, o los remataron cuando estaban heridos. También hubo prisioneros rendidos que fueron fusilados en el batallón después del ataque. Durante toda la madrugada, iluminada por los helicópteros, la Infantería hizo rastrillajes por las villas y los bordes del Riachuelo.

En el resumen del combate, la guerrilla tuvo cincuenta y nueve bajas. El factor sorpresa con que el ERP pensaba asaltar el arsenal había sido develado. Tres días después, el buró político hizo un relevamiento de las últimas caídas: en todas aparecía algún vínculo con Jesús Ramés Ranier, el “Oso”. Dos días más tarde, lo encontraron en una casa arreglando un ventilador con otro miembro del ERP. Los primeros cuatro días de interrogatorio, con todo tipo de presiones, el Oso no habló. Hasta que le pusieron una pistola en la cabeza y empezó a hablar, y durante otros cuatro días no paró más. Hacía más de un año que estaba infiltrado en el ERP. Su contacto era el coronel Carlos Antonio Españadero, alias “Peirano”, del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. El Oso recibía un sueldo mensual para él y su pareja, que colaboraba con él. Había sido responsable de la caída de alrededor de cien militantes del ERP y del PRT, además de provocar la caída de talleres de armamentos y de dos cárceles del pueblo, y de haber anticipado al Ejército el ataque al arsenal de Monte Chingolo. El tribunal partidario lo sentenció a muerte. Se le dio la posibilidad de elegir entre un disparo y una inyección letal. Ranier prefirió esta última opción. Un médico de la Compañía de Monte se la aplicó en la vena del brazo. Su cuerpo apareció en el barrio de Flores, con un cartel que lo presentaba con nombre y apellido como un “traidor a la revolución y entregador de mis compañeros”.

El 13 de enero de 1976 el ERP comunicó:

La justicia revolucionaria ha vengado a las decenas de compañeros muertos y desaparecidos y es un ejemplo y una advertencia.

La personificación de un “traidor” en las organizaciones armadas también era útil para explicar un error en decisiones puntuales o el fracaso de una conducta política. Permitía eludir responsabilidades propias.

La delación como consecuencia de torturas era un flagelo que la “justicia revolucionaria” no perdonaba. Para preservar a sus cuadros, la Conducción montonera había recomendado llevar una pastilla de cianuro y eliminarse antes que caer detenido. Las pastillas empezaron a fabricarse en serie. El imperativo era no caer vivo. Pero las pastillas no debían entenderse como un sustituto del arma. Si había que caer, había que hacerlo combatiendo. Y, si las fuerzas de seguridad los capturaban sin haber podido ingerir la pastilla, debían permanecer en silencio durante la tortura.

Este precepto convirtió la imagen del combatiente en cuadro heroico, que podía vencer al enemigo con su silencio. El órgano Evita Montonera explicaba a los cuadros armados que la tortura era un problema más ideológico que de resistencia física. Con fortaleza ideológica, la tortura se podía soportar. El discurso de la indestructibilidad de sus cuadros que transmitía la Conducción entró en contradicción cuando uno de sus jefes, el abogado Roberto Quieto, que había participado en el diseño del atentado a Rucci y en el del secuestro de los hermanos Born, fue arrancado de una playa de San Isidro por un grupo policial o militar (iban vestidos de civil) mientras descansaba con su familia el 27 de diciembre de 1975, cuatro días después del ataque del ERP en Monte Chingolo.

Montoneros desplegó una intensa campaña por su aparición y recogió adhesiones de personalidades políticas y culturales europeas. Incluso, poco tiempo después, Roberto Perdía, número dos de la Conducción, acordó una cita con el general Albano Harguindeguy para negociar su libertad. Montoneros estaba en un momento de debilidad. Y el Ejército estaba afianzado. Acababa de dar dos golpes a la guerrilla: Monte Chingolo y Roberto Quieto.

El vínculo con Harguindeguy era una de las pocas relaciones con el Ejército que conservaba Montoneros. Habían establecido el contacto durante el Operativo Dorrego, en el que militares y la JP hicieron trabajos sociales conjuntos en octubre de 1973. Poco más de dos años después, en un auto que rodaba por los silos harineros de Puerto Madero, Harguindeguy le explicaba a Perdía que no habría negociación ni tregua posible.

Quieto no va a aparecer, olvídense. Y además nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en las calles, como ahora. Vamos a hacer otra cosa. Dictadura va a ser la nuestra. Ahora no lo van a ver más a Quieto, a nadie van a volver a ver.

A poco del secuestro, la Conducción supuso que Quieto habría suministrado algún tipo de información a sus captores. Esto los impulsó a un cambio adicional en la campaña de reclamo por su aparición. Ordenaron pintar la consigna “Quieto traidor”. Y en su ausencia, sin posibilidad de defensa, el Tribunal Partidario le inició un “juicio revolucionario” por “deserción y delación”.

Para el Tribunal, Quieto, tercer cuadro en jerarquía de la Conducción montonera, no había cumplido con el precepto de “resistir o morir antes de la tortura” y había brindado información sobre dos locales (casas), uno de los cuales era un depósito de armas; además, su revelación de citas en Córdoba, a las que debía concurrir dos días después, habría provocado “la desaparición de cuatro compañeros” (un aspirante y tres colaboradores).

La Conducción no consideraba los matices.

El secuestro de Quieto había sido perpetrado en un lugar público, su familia lo denunció a la policía, la prensa y la Justicia, y la noticia fue anunciada por Radio Colonia (Uruguay), que escuchaba la militancia montonera. Además, fue publicada por dos diarios al día siguiente. Es decir, Quieto habría brindado información sobre citas y locales de la Organización después de las veinticuatro horas posteriores a su caída, cuando esta ya era pública y los riesgos de su supuesta “delación” ya estaban acotados. Tampoco la Conducción tuvo en cuenta que Quieto poseía información que, de haberla suministrado a sus captores, habría comprometido el centro de gravedad de Montoneros —finanzas, inversiones, prensa, logística, domicilios clandestinos— y también la vida del resto de los miembros de la Conducción. Pero no lo hizo. Además, en la vorágine de secuestros que se estaba produciendo en la provincia, era difícil de probar que era responsable de “las cuatro caídas”.

El secuestro de Quieto provocó un fuerte debate interno en Montoneros. En muchos ámbitos se sostuvo que no había sido su “conducta burguesa” la que había provocado su secuestro —como fundamentaba el Tribunal Partidario—, sino que, en su estrategia de guerra con los militares, toda la Conducción vivía atrapada “en la cotidianidad de los hábitos burgueses”. La Conducción prefirió evitar ese debate y presentó la “conducta burguesa” de Quieto como un caso excepcional. El Tribunal no era inocente en su condena. En ese momento, Quieto era crítico de la política militarista de Montoneros, que, pronosticaba, los conduciría a la inexorable derrota. Su argumento no solo contradecía el “triunfalismo” de la Conducción sino también el plan estratégico de Montoneros en favor del golpe de Estado. No vislumbraban la magnitud de la represión estatal que se avecinaba.

Montoneros pensaba que, a partir de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, el pueblo lograría desenmascarar al verdadero enemigo. Isabel Perón impedía la visualización de los dos contendientes del escenario que imaginaba Montoneros para los meses futuros: la guerrilla contra el Ejército. Y cuanto más intensa fuera la violencia que desplegaran los militares contra el pueblo, mayor sería la conciencia del pueblo para combatirlos. Esas eran las condiciones de la guerra que impulsaba la Conducción; una confrontación directa en el marco de una guerra popular y prolongada con dos intereses diferenciados: los montoneros, en defensa de la clase obrera, dispuestos a una guerra larga, manteniendo el hostigamiento constante y resistiendo la represión; y las Fuerzas Armadas, en defensa de la “oligarquía rural proimperialista”, buscando una guerra corta, cercando y aniquilando a las fuerzas guerrilleras. Quieto no tenía lugar en esa estrategia. Era preferible su condena interna. El 14 de febrero de 1976, mientras permanecía desaparecido, el Tribunal Revolucionario lo condenó a la pena de “degradación y muerte”, que aplicaría en el momento oportuno.

Desde el Rodrigazo, la Sociedad Rural y otras corporaciones agrarias venían realizando paros, que acompañaban con movilizaciones y cortes de ruta, y que provocaban desabastecimiento y aumentos en el precio de la carne. El gobierno amenazó con expropiar la hacienda y ordenar una reforma impositiva, pero estaba lejos de una medida semejante. La Sociedad Rural Argentina (SRA) era parte de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que reunía distintas cámaras empresarias —del comercio, la construcción, etcétera— y reclamaba el restablecimiento del “orden” y la eliminación de aquellos elementos que “dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad”, es decir, las comisiones internas de las fábricas, a las que emparentaba con la subversión, sin eufemismos. Tras una reunión con el general Videla, la SRA expresó:

No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil de combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos.

Es decir, la SRA acusaba a Isabel de ser responsable del caos que servía para allanar el camino al “marxismo”. El 16 de febrero APEGE promovió un lock-out en reclamo de medidas económicas y contra “la subversión”, que contó con el apoyo de alrededor de mil cámaras patronales de todo el país. La decisión de “bajar las persianas” fue interpretada no solo como una demostración del poder empresario frente al “agotamiento” del gobierno, sino como un llamado a la desobediencia civil. APEGE amenazó con suspender el pago de impuestos, cargas fiscales y aportes sindicales; además, convocó a otro paro para el mes de marzo.

Aunque retenía representatividad en sectores industriales, la Confederación General Empresaria (CGE), patrocinada por el ex ministro José Gelbard en apoyo al gobierno peronista, no tenía peso frente a la nueva corporación que apoyaba el golpe de Estado. Su ex titular ni siquiera estaba en el país. Se había exiliado para escapar de la persecución de la Triple A.

Pero Isabel Perón se negó a renunciar. Aun con la falta de respuestas, sin la posibilidad —ni ella ni la oposición— de promover una alternativa en el marco constitucional, mostraba su voluntad de completar su mandato e incluso tenía ambiciones de renovarlo: en los últimos cambios de gabinete del mes de enero, había relevado a dirigentes del PJ que podrían tener hipotéticas aspiraciones presidenciales y contaban con el apoyo del sindicalismo. Isabel se sentía en carrera. Pensaba continuar.

En febrero de 1976, la junta militar que se disponía a gobernar el país ya había planificado sus primeras decisiones. El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) sería un gobierno directo y efectivo de las Fuerzas Armadas, con un núcleo de decisiones en el que no habría participación civil, como había ocurrido en la Revolución Libertadora, y los militares tampoco serían “tutores” de un poder civil, como sucedió entre 1962 y 1963 durante el interinato de José María Guido, ni entregarían el gobierno en manos de un militar que estuviese por encima de las tres armas, como había sido el caso del general Juan Carlos Onganía.

Los lineamientos del asalto al poder fueron establecidos en el “Plan del Ejército”. Se suspendería el derecho de huelga y la actividad política y sindical. Las actividades del PJ, la UCR, el Partido Socialista Popular (PSP), el Movimiento Socialista para la Liberación Nacional (MSLN), el Partido Socialista Unificado (PSU) y el Partido Comunista (PC) serían suspendidas. Y se prohibiría el funcionamiento de organizaciones maoístas o trotskistas. La lista de “enemigos” de las Fuerzas Armadas incluía organizaciones gremiales del peronismo ortodoxo y del combativo, la izquierda en sus distintos frentes, agrupaciones estudiantiles y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. También detendrían a autoridades nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos “a determinar” y “delincuentes económicos y subversivos”. Los dirigentes y sindicalistas detenidos serían puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Para la detención de Isabel Perón se preveían distintas variantes que dependían del lugar donde se encontrara. Si Isabel pasaba la noche en la Casa de Gobierno, operarían comandos del Primer Cuerpo de Ejército de Palermo, sede del Comando de la Zona 1. Si Isabel decidiera ir a Olivos en automóvil, operarían militares de Campo de Mayo. En caso de que abordara el helicóptero, la harían aterrizar en el Aeroparque con la excusa de un desperfecto. Tres militares, que simularían ser conscriptos aeronáuticos, la conducirían a la estación aérea para que esperara el auto que la iba a trasladar a la residencia presidencial. Allí se produciría la detención. El plan de las Fuerzas Armadas tendía a comprometer a las tres armas en el gobierno. La presidencia quedaría para el Ejército, y los ministerios (con la excepción de Economía y Educación, que se asignarían a civiles) se distribuirían de manera igualitaria, dos para cada fuerza. Un criterio similar se aplicaría respecto de la intervención de canales de televisión, radios, sindicatos, organizaciones empresarias y directorios de empresas estatales, que se ocuparían con militares en actividad, retirados y algunos civiles. En las provincias, el Ejército asumiría el 50 por ciento de las gobernaciones. El resto quedaría para la Armada y la Aeronáutica. A diferencia de otros golpes de Estado, esta vez, todas las estructuras del Estado serían militarizadas y la administración sería repartida, en todos los niveles, entre las tres armas, excepto en los municipios: en su mayoría, serían conducidos por civiles.

Las Fuerzas Armadas tendrían el control total del poder como nunca antes había sucedido en la historia argentina. Los jefes militares, por su parte, tendrían el mando exclusivo de la represión ilegal a través de directivas secretas, y además se crearía una Central de Operaciones e Inteligencia (COI) que organizaría las acciones de inteligencia y las operaciones de seguridad, con personal de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), el Batallón de Inteligencia 601, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todas instituciones subordinadas a las órdenes del Comando General del Ejército.

El Día D a la hora “H” sería el 24 de marzo. La maniobra debía encubrirse como una actividad “contra la subversión”. A medida que se aproximaba la fecha, no era difícil interpretar de la lectura de los diarios que se consumaría el golpe de Estado. “Aguárdanse decisiones en un clima de tensión”, “Inminencia de cambios en el país”, publicaron La Nación y Clarín, respectivamente, el 23. En su edición vespertina, La Razón fue más explícito: “Es inminente el final. Está todo dicho”.

Ese día, el ministro de Defensa José Deheza se había reunido con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. El gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo, un cambio de rumbo, de planes, puestos en el gabinete; todo menos la renuncia de Isabel. “Ya es tarde”, fue la respuesta de Videla, Agosti y Massera. De todos modos, los comandantes decidieron continuar la entrevista al día siguiente en el Comando del Ejército. Por la noche, el gobierno comunicó que las negociaciones con las Fuerzas Armadas estaban “en un punto óptimo”.

Pasada la medianoche, en los primeros minutos del Día D, Isabel concluyó una reunión con su gabinete, sindicalistas y dirigentes del PJ. “Mañana sigue la reunión. Todo es normal, no tengo noticias de movimiento de tropas”, comentó el metalúrgico Lorenzo Miguel. “Tranquilos, muchachos, que no hay golpe”, indicaban dirigentes del PJ a los periodistas a la salida de la Casa Rosada. Los diarios demoraron el cierre de la edición del día.

A la una menos diez de la madrugada, Isabel abordó el helicóptero en la Casa de Gobierno. La acompañaban su secretario, Julio González, y cuatro hombres de su custodia personal. Los dos pilotos, designados por el brigadier Agosti, emprendieron vuelo. A los pocos minutos, alertados por una orden cifrada por radio, informaron a Isabel que aterrizarían en Aeroparque. Sospechaban que se les había “plantado” una turbina. Su jefe de custodia y su secretario se negaron a descender y recomendaron a Isabel que lo hiciera solo cuando llegara el auto que la conduciría a Olivos. Isabel aceptó el consejo. Pero luego se presentó el jefe de la estación aérea que la invitó a esperar en su despacho.

La Presidenta y sus hombres caminaron cien metros por la pista y apenas llegaron a la oficina, fueron reducidos por supuestos conscriptos aeronáuticos. Adentro, el general Villarreal informó a Isabel que quedaba arrestada y las Fuerzas Armadas tomaban el control del país.

Como indicaba el “Plan del Ejército”, la Casa Rosada, el Congreso, las oficinas públicas y los medios de prensa del Estado fueron ocupados. Lo mismo sucedió con la CGT, la UOM y otros sindicatos, intervenidos por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En el interior, las tropas ocuparon las sedes gubernamentales y las legislaturas.

En las primeras horas del golpe, fueron detenidas decenas de políticos y sindicalistas, muchos de ellos fueron alojados como prisioneros en camarotes de barcos de la Armada. El intento de detener al ex presidente Cámpora fue fallido; logró refugiarse en la Embajada de México. El ex gobernador Ragone, de Salta, en cambio, había sido secuestrado el 11 de marzo por un grupo comando que lo encerró con un auto en las calles de su provincia. Nunca más aparecería. En la misma madrugada del 24 de marzo, con tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, se realizaron detenciones de delegados, activistas y comisiones internas de grandes fábricas. La Marina ocupó la fábrica Propulsora Siderúrgica (SIDERAR) y detuvo a obreros que ya habían sido señalados en una lista: fueron encapuchados y torturados.

El día anterior al golpe, la empresa Ford desconoció la representatividad gremial de los delegados y les comunicó que “se olvidaran de los reclamos”. En medio de la reunión, un gerente manifestó: “Yo con ustedes no discuto más. Y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”, el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las oficinas de Recursos Humanos de muchas empresas enviaron telegramas de despido por “abandono de tareas” a obreros secuestrados por las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo de 1976, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger envió al presidente Gerald Ford el telegrama confidencial 071677 en el que le anticipaba qué haría el nuevo gobierno militar.

Habrá un fuerte énfasis en la ley y el orden asignando máxima prioridad al esfuerzo antiterrorista. Un operativo limpieza contra figuras políticas y sindicalistas presuntamente corruptos, que incluye los esfuerzos para condenar a Isabel Perón por corrupción. Evitarán una postura rabiosamente antiperonista o antisindical y tratarán de trabajar con sectores receptivos del poderoso movimiento sindical. La implementación de un programa de austeridad moderada que pondrá el acento en una menor participación del Estado en la economía, la responsabilidad fiscal, la promoción de exportaciones, la atención favorable al sector agropecuario descuidado y una actitud positiva hacia las inversiones extranjeras.

A las 3.21 de la madrugada un locutor anunció, desde una cabina improvisada en el Edificio Libertador, del Ejército, que el país se encontraba bajo el “control operacional de la Junta de Comandantes”. A esa hora, el cuerpo de un hombre estaba tirado en el patio interno del edificio donde vivía. Fue la primera víctima del terror estatal con las Fuerzas Armadas en el poder. Poco después de las 2, efectivos del Ejército llegaron al 1100 de la Avenida del Libertador, en Recoleta, cortaron las intersecciones e ingresaron en el edificio donde vivía el teniente coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Perón en los años cincuenta.

Alberte acababa de terminar de escribir una “carta abierta” dirigida a Videla, al que trataba de Señor Comandante General, en la que denunciaba el secuestro y asesinato de militantes políticos; hacía tres días un comando armado había intentado secuestrarlo a él en su oficina, ubicada a tres cuadras de la Plaza de Mayo, pero pudo retirarse unos minutos antes.

En un texto de seis páginas, Alberte reprochaba a la institución militar.

Cuando con el argumento siempre esgrimido y ahora repetido, de la necesidad de defender “un estilo de vida”, nuestro estilo de vida, el Ejército protagonizó como represor la historia de la “Patagonia Trágica” y los obreros lo hicieron como mártires; cuando desde aviones navales con tripulación también de políticos se bombardeó al pueblo en Plaza de Mayo; cuando se fusiló en la Penitenciaría Nacional, en José León Suárez y en Campo de Mayo; cuando se fusiló en Trelew; cuando militares intervinieron en la profanación del cadáver de Evita.

Y luego alertaba:

Las morgues renuevan diariamente sus depósitos de cadáveres acribillados y los órganos de seguridad no se asombran, de ningún modo, sino que lo aceptan como común y normal.

Los efectivos rompieron la puerta de ingreso del edificio y obligaron al encargado a conducirlos al departamento, seis pisos por escalera, donde Alberte dormía con su familia. Amenazado y perseguido durante meses, el ex edecán esperaba a la Triple A, pero no eran exactamente ellos. Doce hombres con uniforme de combate del Ejército le gritaron: “¡Alberte, venimos a matarte!”, y Alberte reaccionó e intentó tomar un arma, pero no hizo a tiempo para disparar; lo levantaron y lo arrojaron por la ventana al vacío.

Su cuerpo cayó en el patio del departamento de un juez. Las Fuerzas Armadas ya habían tomado el poder.

Parecía que la pesadilla de la violencia y el terror, los secuestros, las bombas, los atentados, los cadáveres, que había signado la suerte del gobierno peronista de 1973-1976 concluiría en poco tiempo ante la imagen de profesionalismo y pulcritud que transmitían los tres jefes de las Fuerzas Armadas para restaurar el orden. La pesadilla apenas comenzaba.

Bibliografía

Canelo, Paula, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

D’Andrea Mohr, José Luis, Memoria debida, Buenos Aires, Colihue, 1999.

De Santis, Daniel, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, Buenos Aires, A Formar Filas, 2010.

Dearriba, Alberto, 24 de marzo de 1976. El golpe, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

Gorriarán Merlo, Enrique, Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. De los setenta a la Tablada, Buenos Aires, Planeta/ Catálogos, 2003.

Gurucharri, Eduardo, Un militar entre obreros y guerrilleros, Buenos Aires, Colihue, 2001.

Longoni, Ana, Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión, Buenos Aires, Norma, 2007.

Lorenz, Federico, Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del setenta, Buenos Aires, Norma, 2007.

Mántaras, Mirta, Genocidio en Argentina, Buenos Aires, edición de autor, 2005.

Mittelbach, Federico y Mittelbach, Jorge, Sobre áreas y tumbas. Informe sobre desaparecedores, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Neilson, James, En tiempo de oscuridad. 1976/1983, Buenos Aires, Emecé, 2001.

Reato, Ceferino, Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, Buenos Aires, Sudamericana, 2012.

Robles, Miguel, La búsqueda. Una entrevista con Charlie Moore, Córdoba, Del Pasaje, 2010.

Sáenz Quesada, María, Isabel Perón. La Argentina en los años de María Estela Martínez, Buenos Aires, Planeta, 2003.

Vignollés, Alejandra, Doble condena. La verdadera historia de Roberto Quieto. Secuestrado por los militares y acusado de traición por los montoneros, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

Causa judicial “Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad…”, causa Nº 14.216/03.

XXIII

La máquina de matar

El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.

Comunicado del Comando de la Zona 1, La Nación, 3 de noviembre de 1977

La represión ya había sido diseñada.

El dictador Videla, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Roberto Viola, y el general Carlos Alberto Martínez, de la jefatura de Inteligencia del Ejército, tenían a cargo la conducción política de la represión ilegal. Contaban con el apoyo de la Marina, la Aeronáutica, la Policía y, en menor medida, de la Gendarmería y del Servicio Penitenciario.

HECHOS RELEVANTES

1976. El Batallón 601 de Inteligencia centraliza a la “comunidad informativa”. Estudia la información de los “interrogatorios” a los detenidos-desaparecidos y la remite a los Comandos de Zona.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dependiente del Ejército, persigue a extranjeros en el marco del Plan Cóndor, en coordinación con las dictaduras del Cono Sur, con la asistencia de la CIA.

El ministro de Economía José Martínez de Hoz elimina los controles de precios, devalúa el peso y congela los salarios. Genera el crecimiento de la deuda externa con la toma de créditos internacionales.

Se inicia una escalada de despidos, secuestros y desapariciones en el cordón industrial. En algunos casos, el Ejército utiliza dependencias de las fábricas como centros de tortura para los “interrogatorios”.

En marzo, el Ejército ataca a la dirección del ERP reunida en una casaquinta de Moreno. Provoca 12 muertos.

Montoneros mantiene la línea militarista: en junio, mata, con una bomba en su dormitorio, al jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo. Un mes después, coloca una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal; provoca 24 muertos.

En julio, aparecen los cuerpos baleados y maniatados de 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos en una parroquia de Belgrano. “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes”, se deja escrito en una pared.

Roberto Santucho, jefe del ERP, cae en un enfrentamiento con militares. La organización guerrillera queda desintegrada.

En agosto, 30 prisioneros del centro clandestino de la Superintendencia Federal son trasladados en un camión del Ejército y dinamitados en Fátima, partido de Pilar. En La Rioja, el arzobispo Enrique Angelelli muere en un accidente de ruta. Muchos años después, la justicia prueba el homicidio.

Pero el nervio del accionar de la dictadura, el engranaje que movía la rueda de la represión, era el Batallón 601 de Inteligencia, que conducía el coronel Alfredo Valín y dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, ubicada en el Edificio Libertador.

En las oficinas de Callao y Viamonte, sede del Batallón, se reportaban todas las informaciones que producía la “comunidad informativa”, es decir, las estructuras de la inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con miles de agentes, civiles y militares, que se infiltraban en sindicatos, universidades, fábricas, organizaciones educativas, culturales, sociales, etcétera.

Los agentes civiles de inteligencia (denominados “C3”) utilizaban nombres cuyas iniciales coincidían con su nombre y apellido (el agente civil del Batallón 601 Raúl Antonio Guglielminetti operaba bajo la cobertura de “Rogelio Ángel Guastavino”; su par Gerardo Alberto Martínez, como “Gabriel Antonio Mansilla”). La información que reunían se valoraba en la Central de Reunión del Batallón y, a partir de esa valoración, se ordenaban las operaciones ilegales de represión para que actuaran los grupos de tareas.

A su vez, la Central de Reunión tenía grupos operativos, que cumplían tareas de seguimiento —a grupos estudiantiles, religiosos, políticos, etcétera, además de a las organizaciones guerrilleras— y detenciones. Estos grupos eran parte del personal de inteligencia del Batallón 601.

En el circuito represivo, cada orden de detención dispuesta por la Jefatura II de Inteligencia obraba por medio del Centro de Operaciones Táctico del Estado Mayor del Ejército (COT), desde donde se cursaba el pedido a la Zona, a la Subzona y al Área correspondiente para que ejecutara la tarea.

El agente de inteligencia que proveía la información también podía participar del operativo para garantizar su efectividad, tanto en la ejecución como en el “interrogatorio” al secuestrado. Actuaba como un “especialista”.

Años más tarde, el general Guillermo Suárez Mason, jefe del Comando de Zona I, lo explicaría a la Justicia:

Cuando las fuerzas militares tenían a un detenido y no se sabía el ámbito de inteligencia que lo rodea uno tiene que traer a algún especialista, por eso, aparte del informe de inteligencia había que traer a un interrogador […] Por su conocimiento, un interrogador tenía que ser un especialista. El Batallón 601 tenía gente que podía venir a interrogar personas y sacar información, normalmente era un oficial. Existe una especialidad de oficial de inteligencia.

Con ese fin se impartían cursos de capacitación para “técnicos de inteligencia” y el oficial de inteligencia, de cualquier arma o fuerza de seguridad, e incluso personal civil, podía servir de apoyo en un procedimiento ilegal y ser responsable del interrogatorio posterior, que conduciría a nuevas acciones del grupo de tareas.

Para los detenidos por la policía por comportamientos “sospechosos”, actuaban interrogadores “de turno”, que permanecían de guardia por la noche. También, cuando sobre la base de la información reunida por agentes de inteligencia se decidía el secuestro del “presunto extremista”, se emitía una “orden de blanco”, es decir, una orden de allanamiento o secuestro.

Había dos tipos de “blanco”: “el blanco planeado”, que era resultado de un proceso de información previo y se convertía en un objetivo concreto, y el “blanco de oportunidad”, que era el que se localizaba por primera vez en una operación y no había sido anteriormente analizado o investigado.

La Central de Reunión del Batallón 601 tenía también un área que concentraba la inteligencia y las operaciones de los grupos de tareas. Era la Sala de Situación. Allí concurrían los hombres de enlace de las tres armas y de las fuerzas de seguridad para analizar las operaciones por desarrollar, que luego transmitían a sus respectivos grupos de tareas.

La Sala de Situación estudiaba los informes de los “interrogatorios” que luego se enviaban al Comando de la Zona correspondiente, que era donde se decidía si el detenido podía ser liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (en cárceles comunes), juzgado por un Consejo de Guerra, trasladado a un centro de detención clandestino o ser destinatario de una orden de “disposición final”, que implicaba la muerte física.

Los grupos de tareas (GT) ejecutaban el plan de aniquilamiento resuelto por los mandos castrenses. Estaban integrados por personal mixto de fuerzas de seguridad, aunque dependían directamente de la fuerza que los alojaba. Los GT, además, tenían brigadas que hacían trabajos de archivo, inteligencia y operativos sobre determinados “blancos”.

El GT1, con sede en la Central de Reunión del Batallón 601 de Inteligencia, se ocupaba de investigar al ERP, que al momento en que se empezaron a conformar los GT, a principios de 1976, era la organización guerrillera de mayor potencial armado, según la evaluación del 601. Además, incidió en esta decisión el hecho de que algunos oficiales del Ejército habían tenido relación con dirigentes montoneros en el origen nacionalista de esa organización guerrillera.

La conducción del GT2, con asiento en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, pero bajo supervisión del Ejército, trabajaba sobre Montoneros. Hacia fines de 1976, cuando el ERP estaba prácticamente desmantelado, el GT2 funcionaría en el Batallón 601.

El GT2 estaba subdividido en equipos: uno se especializaba en la conducción montonera; otro reunía documentación de Montoneros y de las regionales del interior del país y el tercer grupo, de carácter operativo, trabajaba sobre las columnas de Capital, Oeste, Norte y Sur.

El GT3, del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), también se ocupaba de Montoneros.

El GT4, de la Inteligencia Aeronáutica, se concentraba sobre grupos guevaristas o procastristas.

El GT5 correspondía a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Estaba dentro de la estructura del Ejército. Una de sus tareas asignadas era la persecución a extranjeros en el marco del Plan Cóndor.

Salvo en la Marina, los GT no realizaban tareas de inteligencia, aunque producían información sobre la base de las torturas.

El concepto de represión ilegal había sido incorporado al Reglamento Militar en agosto de 1975. En el punto sobre el “Encuadramiento legal de los elementos subversivos” el Ejército diferenció la subversión “clandestina” de la “abierta”.

Sobre la “subversión clandestina” indicaba:

Los individuos que participan en la subversión en ningún caso tendrán estatuto legal derivado del Derecho Internacional Público. Consecuentemente, no gozarán del derecho a ser tratados como prisioneros de guerra, sino que serán considerados como delincuentes y juzgados y condenados como tales, conforme a la legislación nacional.

Y sobre la “subversión abierta”:

No existirá la denominación de guerrilla ni guerrillero. Quienes participen en sus acciones serán considerados delincuentes comunes (subversivos). Las organizaciones que integren serán calificadas como bandas de delincuentes subversivos.

Con esta innovación, el Ejército argentino modificó la terminología clásica de la “guerra revolucionaria” de Argelia: “fuerzas de la subversión” y “guerrilla” pasaron a denominarse “elementos subversivos” y “bandas de delincuentes subversivos armados”; el “guerrillero prisionero” se mencionó como “delincuente capturado”; las “bases de guerrillas”, como “campamentos de delincuentes” y las “operaciones de guerrilleros” se denominaron “acciones de delincuentes”. Las Fuerzas Armadas suponían que con el nuevo orden jurídico que creaban en sus reglamentos podrían eludir el reclamo ante la Convención de Ginebra (a la que la Argentina adhería), que obliga a los Estados a dar a los guerrilleros el trato de “prisioneros de guerra”, prohibiendo que sean torturados, muertos o desaparecidos.

José Alfredo Martínez de Hoz había desempeñado un rol relevante en marzo de 1975, como director de Acindar, por su colaboración en la represión obrera en su fábrica y en Villa Constitución. En 1976, las Fuerzas Armadas lo convocaron para conducir la economía del país.

Sus ancestros estaban vinculados al poder desde los tiempos del Virreinato del Río de la Plata; habían sido comerciantes, terratenientes. Cuando aceptó el cargo, además ser director del Consejo Empresario Argentino y de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE), estaba ligado a la banca internacional y a holdings empresarios. Su mentor era el abogado Jaime Perriaux, ex ministro de Justicia en el gobierno de facto de Marcelo Levingston. En los meses previos al golpe de Estado, Perriaux reunía a un grupo de poder que vinculaba a civiles con militares con el fin de tomar la dirección económica del país por un plazo de veinticinco o treinta años.

De ese “club” que se reunía en el petit hotel en la calle Azcuénaga 1783 surgió la candidatura de Martínez de Hoz. En su gabinete, sumaría a Juan Alemann y a Guillermo Walter Klein, quienes tres años más tarde serían blancos de Montoneros. En el trazo grueso, se buscó liquidar definitivamente los vestigios de economía distribucionista heredada de la conducción de Gelbard. En los enunciados de su programa, Martínez de Hoz se propuso eliminar el déficit fiscal y los controles de precios, devaluar el peso, congelar los salarios, terminar con la intervención del Estado en el mercado, promover la “libertad económica” en detrimento del aparato productivo local. Y, también, aplicar la “racionalización administrativa”: en los primeros tres meses ya habían despedido a sesenta mil trabajadores del Estado y el salario se había deteriorado en un 30%.

También, a lo largo de su gestión, con el endeudamiento forzado, generó el crecimiento de la deuda externa (de 8.000 millones de dólares a 30.000 millones) y tampoco pudo detener la inflación, como había anunciado, que llegó al 160% anual en 1977 y 1978, aunque logró modificar de manera regresiva la distribución de la riqueza, que era el propósito inicial de su proyecto: concentrar la riqueza en los grupos de poder.

Las medidas de “normalización económica” de Martínez de Hoz, las nuevas leyes laborales de la dictadura —en sintonía con el objetivo de “aniquilar la subversión”—, ayudaron a reducir los costos laborales.

El gobierno militar suspendió las paritarias (definió los salarios por decreto), prohibió el derecho de huelga (los que adhirieran a un paro serían despedidos y encarcelados) y determinó que los trabajadores estatales podrían ser cesanteados ante la sospecha de ejercer “actividades disociativas o vinculadas con la subversión”.

Aun antes de que Martínez de Hoz asumiera, en la misma madrugada del 24 de marzo de 1976, el gobierno militar mostró el signo de los nuevos tiempos. El área fabril de la “serpiente roja”, que se extendía desde el conurbano norte hasta el litoral santafecino, empezaría a desarticularse.

En el momento del golpe de Estado, las empresas con disputas sindicales ya habían entregado el listado de su personal más “conflictivo” —el que participaba en asambleas o huelgas— a las fuerzas de la represión. En astilleros Astarsa, en Tigre, que contaba con alrededor de mil quinientos agremiados entre metalúrgicos y navales, algunos trabajadores habían sido secuestrados. Varios desaparecieron, y los cadáveres de otros aparecieron desfigurados. El 24 de marzo, el Comando de Zona 1 de Campo de Mayo acordonó el astillero con tanques de guerra y empezó a elegir a quién se llevaba y a quién no, de acuerdo con sus fichas y las fotografías, mientras helicópteros supervisaban el procedimiento. Ese día desaparecieron dieciséis obreros de Astarsa: en total llegarían a cuarenta. Fue un secuestro masivo. A los detenidos los torturaban en la comisaría de Tigre y en Campo de Mayo. Ese mismo día, la empresa Dálmine-Siderca fue ocupada por militares. Al lado de la fábrica, en Campana, estaba el Tiro Federal, un centro clandestino donde fueron llevados y torturados los secuestrados.

La fábrica Ford de General Pacheco, con cinco mil obreros, fue otro centro de represión. Entre marzo y mayo, veinticinco delegados de la comisión interna fueron secuestrados. La mitad fue llevada a la comisaría de Tigre, convertida en centro clandestino, mientras que el resto permaneció alojado en la automotriz. Uno de los delegados fue conducido con las manos atadas desde su puesto de trabajo hasta un predio de la fábrica; permaneció secuestrado. La empresa lo despidió por “abandono de tareas”. Ford, que proveía sus productos al Ejército, también proporcionó las listas de quienes luego serían secuestrados, con sus fotos personales. La jornada de trabajo se realizaba bajo supervisión armada.

La relación entre la empresa y los militares era de “cooperación” mutua en términos de logística e infraestructura. Los militares que controlaban la ruta Panamericana almorzaban en el comedor de la planta y algunos conscriptos hacían allí el servicio militar.

En abril de 1976 ya había caído la comisión interna de la metalúrgica Del Carlo. En Acindar y otras empresas del cordón industrial de Villa Constitución, despidieron a quinientos trabajadores y encarcelaron a doscientos. En mayo, Mercedes Benz despidió a ciento quince trabajadores, considerados “elementos subversivos” por la empresa, y que además se oponían a la conducción nacional de su sindicato, SMATA, dirigida por José Rodríguez. La mayoría de los despedidos había participado en la huelga de octubre del año anterior. En esa oportunidad, el conflicto se había saldado en forma transitoria cuando Mercedes Benz suspendió los despidos tras el secuestro del titular de la empresa, el alemán Heinrich Metz, por parte de Montoneros. La empresa pagó el rescate y pidió disculpas en una solicitada por su “política contraria a los trabajadores”.

El contexto era diferente tras el golpe militar. Como sucedió en muchas industrias, la seguridad de la fábrica correspondía a personal policial o militar retirado, que actuaba de nexo entre las fuerzas represivas y la dirección de la empresa. En el caso Mercedes Benz, la relación era más estrecha porque la empresa proveía camiones Unimog al Ejército. Luego de ser despedidos, diecisiete obreros fueron secuestrados dentro de la planta de González Catán y en distintos domicilios del conurbano. Siete de las víctimas fueron alojadas en Campo de Mayo.

Procedimientos similares se llevarían a cabo en distintos tipos de empresas: el 30,2% de los desaparecidos de la dictadura fueron obreros.

Tras el golpe de Estado, Montoneros, que ya actuaba con prácticas y conceptos militarizados, entendió que el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas sería eminentemente armado. Caracterizó la etapa como de “defensiva estratégica”, en la que admitía que las Fuerzas Armadas tenían más poder que la organización guerrillera, pero aun así se lograría, lentamente, ir forjando la movilización de las masas frente a la dictadura. Más que nada, porque confiaba en la “alta capacidad de combate” de su propio poder militar, el Ejército Montonero, para hostigar “al enemigo”.

En esa línea se inscribe la escalada de violencia contra objetivos policiales y militares, producto, básicamente, de la tarea del Servicio de Informaciones, que seleccionó determinados blancos, con los que intentó golpear “el centro de gravedad” con una política decididamente militarista. El 15 de marzo de 1976, nueve días antes del golpe de Estado, Montoneros intentó matar al general Videla mediante la explosión de un coche bomba accionado a distancia. El auto estaba ubicado en la playa de estacionamiento del Comando General de las Fuerzas Armadas. Explotó tres minutos después de que Videla ingresara en el edificio Libertador; las esquirlas mataron a un camionero detenido por el semáforo de la avenida Paseo Colón.

Un mes después, el 18 de junio, Ana María González colocó una bomba de 700 gramos de trotyl debajo de la cama del dormitorio del jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, en el barrio de Belgrano. El estallido le provocó la muerte. Su mujer salvó su vida porque estaba en el comedor mirando televisión. González había accedido a la casa por su amistad con la hija de Cardozo, compañera en el Profesorado de Enseñanza Primaria.

El viernes 2 de julio de 1976, Montoneros atentó contra el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal con una bomba de 9 kilos de trotyl y 5 kilos de fragmentos de acero —una bomba “vietnamita”— colocada en el comedor de la planta baja. El artefacto fue accionado por un dispositivo de relojería. Explotó siete minutos más tarde de que se retirara un miembro del Servicio de Informaciones de Montoneros, que había sido dado de baja de la policía pero todavía conservaba su chapa.

En los días previos, había entrado y salido tres veces del edificio con un paquete de similar proporción, sin ser requisado, con lo que pudo chequear la vulnerabilidad de seguridad del objetivo. En su último ingreso, colocó la bomba.

La explosión provocó la muerte de veintitrés uniformados y un civil, y dejó sesenta heridos, entre ellos algunos oficiales de Inteligencia de la Marina. Estas acciones de la línea militarista de Montoneros desencadenaron una intensa represalia del Ejército y la Policía.

De inmediato, dos comisarios generales, Evaristo Besteiro y Ángel Scarsella, jefes de Seguridad Federal y Seguridad Metropolitana, respectivamente, propusieron al jefe de la Policía Federal, general Arturo Corbetta, vengar a los muertos del atentado, uno a uno.

—Tengo treinta “chupados” en la Superintendencia. Tenemos que dinamitarlos a todos en el Obelisco para que estos tipos aprendan —dijo Besteiro.

Corbetta, graduado en Abogacía, se negó al procedimiento ilegal. Llevaba una semana en el cargo.

—Yo no tengo problemas en someterlos a un tribunal marcial, condenarlos a muerte y proceder a su ejecución si lo merecen. Pero yo no sé quiénes son, ni qué tienen que ver con el atentado los presos que usted me dice —respondió. La posición legalista no fue escuchada por sus pares.

Con los muertos en el comedor y los heridos en el hospital, la institución se sintió con las manos libres para actuar más allá del Código Penal. Las consecuencias fueron implacables. Algunos de los “chupados” a los que se refería Besteiro eran militantes de Gran Bourg. Los llevaron a un garaje de San Telmo y los fusilaron, boca abajo, con un tiro en la nuca. Una de las víctimas tenía 15 años. Al día siguiente, tiraron seis cadáveres en Villa Soldati. Después, seis más. Buscaban igualar el número de muertos del atentado en pocas horas. A dos militantes que tenían registrados en sus archivos por una detención de 1974 los fueron a buscar a la casa y los fusilaron en el parque Lezama. Eran hermanos. A otro fueron a buscarlo a Banfield: lo fusilaron en el Obelisco en la madrugada, maniatado y amordazado. Dos matrimonios, sin militancia política conocida, que estaban cenando en un encuentro social, fueron secuestrados del departamento y fusilados en el estacionamiento subterráneo de la plaza de los Dos Congresos.

A dos días de la bomba, la represalia policial estaba en pleno desarrollo. Ya había superado la cantidad de muertos de Seguridad Federal. Pero no había terminado.

En la mañana del domingo 4 de julio de 1976, los cadáveres maniatados de tres sacerdotes y dos seminaristas aparecieron desparramados en el living del primer piso de la casa de la calle Estomba 1942, en Belgrano, al lado de la iglesia San Patricio, donde oficiaban misa.

Los cinco pertenecían a la orden de los palotinos. Uno de los cuerpos tenía veintitrés tiros. Hubo cinco tiradores distintos. En una puerta se leía una inscripción:

POR LOS CAMARADAS DINAMITADOS EN SEGURIDAD FEDERAL

- VENCEREMOS - VIVA LA PATRIA.

Otra frase, en tiza, decía:

ESTOS ZURDOS MURIERON POR SER ADOCTRINADORES DE MENTES VÍRGENES.

Y hacían referencia a que pertenecían al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM).

El general Corbetta vio la escena y quedó enmudecido. Serían sus últimas horas al mando de la Policía Federal, antes de ser desplazado por el ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

Algunos feligreses, miembros de la familia militar que vivía en el barrio, estaban molestos con el padre Alfredo Kelly por su mención a los “pobres, la injusticia y los desaparecidos” en las homilías. Habían enviado una carta al Arzobispado para pedir su separación. La orden de los palotinos no era desconocida en el ámbito castrense: el propio Videla participaba en su parroquia de las celebraciones de fin de año.

Un sacerdote y los dos seminaristas tenían vínculos con Montoneros a través de la organización católica Cristianos para la Liberación.

En un comunicado, el Ejército adjudicó los crímenes a “elementos subversivos” —“además de no tener Patria, no tienen Dios”, explicaron—, pero en forma extraoficial, en la recepción por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos que se celebró en la embajada, informaron que era una “venganza clandestina” policial por el atentado en Seguridad Federal. Según el reporte al Departamento de Estado hecho por el embajador Robert Hill, la Iglesia sabía que “sus sacerdotes fueron asesinados por la policía”.

El 7 de julio, el cardenal primado Juan Carlos Aramburu entregó una carta a la Junta Militar, en la que reconocía sus “altos ideales”, pero también preguntaba: “¿Qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad? ¿Qué garantía, qué derecho les queda a los ciudadanos?”. El cardenal no mencionó los crímenes en forma explícita, ni hizo pública la carta. La daría a conocer la Junta Militar.

En agosto, el edificio de Seguridad Federal aún mantenía secuestrados y la represalia por la bomba de Montoneros todavía no había terminado. En la madrugada del día 20, las luces del alumbrado público de la calle Moreno estaban apagadas, cuando un camión del Ejército salió del edificio de la Superintendencia, custodiado por algunos vehículos oficiales. El camión llevaba a treinta prisioneros que habían sido seleccionados de los calabozos del tercer piso casi por azar. Los bajaron por el ascensor. Algunos caminaban moribundos, envueltos en mantas, otros eran llevados en brazos, en posición fetal; estaban dopados. Fueron introducidos en la caja del camión del ejército estacionado en el playón interno. Eran veinte hombres y diez mujeres. Todos prisioneros ilegales. Su detención no había sido informada. Eran obreros de zona norte, militantes, había un dirigente gremial del Banco Nación. No estaban a disposición del PEN sino de la “Real Air Force” (RAF), como se denominaba, en el código interno de la fuerza, a los que estaban “en el aire”. A los que se “irían para arriba”, con helicópteros policiales que ganaban altura desde un playón cercano a la Ciudad Deportiva de Boca, o desde el camión que los conducía por la ruta 8 hasta el kilómetro 62, para llegar a un descampado en Fátima, partido de Pilar.

La persecución de la dictadura también alcanzaba a los sacerdotes que mencionaban torturas o requerían a las autoridades militares por denuncias de desapariciones que llegaban a las iglesias. Después del golpe militar, muchos sacerdotes fueron detenidos, y sus parroquias y casas religiosas, allanadas o saqueadas. El arzobispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli viajó a Buenos Aires en julio de 1976 para reclamar a Videla por la libertad del sacerdote Carlos de Dios Murias y el párroco francés Gabriel Longueville, secuestrados de la parroquia El Salvador, en Chamical. Angelelli instó también a sus pares de la Conferencia Episcopal: “Abran los ojos. Mañana los señalarán como traidores, cómplices o cobardes, que pudieron ayudar a resolver graves problemas de dolor a hermanos nuestros, a diócesis, a sacerdotes y laicos y no lo hicieron como lo deberían haber hecho. Más aún, no vieron qué se está viviendo”. Pocos días después los sacerdotes Murias y Longueville aparecieron fusilados en un descampado. El general Videla, en reunión con el Episcopado, acusó de sus muertes a “un grupo de izquierda que quiere provocar disensiones entre la Iglesia y el gobierno”. Angelelli entendió que ahora le tocaría a él. El 4 de agosto su camioneta fue encerrada por un Peugeot 404 y volcó. Enseguida se escuchó una explosión. El sacerdote Raúl Pinto, que lo acompañaba, quedó herido e inconsciente. Angelelli, muerto. Una monja que limpió su cadáver vio un orificio en la nuca. La información oficial determinó que fue “un accidente”. Al año siguiente, en circunstancias similares, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, sufrió un supuesto accidente cuando iba a entregar a la Nunciatura información sobre la represión ilegal en Santa Fe. Ambos casos fueron calificados de “accidente”. La Justicia, años más tarde, probaría los homicidios. Al menos medio centenar de religiosos desapareció durante la dictadura militar. Como contracara, en los centros clandestinos algunos capellanes presenciaban torturas y ofrecían palabras de consuelo a los torturadores.

La brigada hizo descender a los prisioneros y le pegó a cada uno un tiro en la nuca; luego los amontonaron debajo de una carga de trotyl. Los restos humanos se esparcieron a cien metros en los alrededores.

La magnitud de la masacre obligó al gobierno a una explicación.

Ante el nuevo hecho de violencia que significa la aparición en la zona de Pilar de treinta cadáveres, el gobierno nacional repudia terminantemente este vandálico episodio solo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior. Expresa asimismo la firme decisión de agotar todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Después de siete meses, sin desarrollar ninguna medida de investigación, el Juzgado Federal de Mercedes cerró la causa judicial.

Los cuerpos fueron enterrados como NN. Hasta 2012, veinte cadáveres habían sido identificados.

Bibliografía

Baschetti, Roberto (comp.), Documentos 1976-1977, volumen I. Golpe militar y resistencia popular, La Plata, De la Campana, 2001.

Kimel, Eduardo, La masacre de San Patricio. Veinte años del martirio de la comunidad palotina, Buenos Aires, Ediciones Lohlé-Lumen, 1995.

Larraquy, Marcelo, Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera, Buenos Aires, Aguilar, 2006.

Mason, Alfredo, Sindicalismo y dictadura. Una historia poco contada (1976-1983), Buenos Aires, Biblos, 2007.

Muleiro, Vicente, 1976. El golpe civil, Buenos Aires, Planeta, 2011.

Pozzi, Pablo, La oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Buenos Aires, Imago Mundi, 2008.

Verbitsky, Horacio, La mano izquierda de Dios. Historia política de la Iglesia católica, tomo IV. La última dictadura (1976-1983), Buenos Aires, Sudamericana, 2010.

CAUSAS JUDICIALES

“Riveros, Santiago Omar y otros…”, causa Nº 12830/2005 y 2044.

“Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad…”, causa Nº 14.216/03.

Informe Destacamento de Inteligencia (icia) 201 y la Sección de Inteligencia “Zárate” 201/1.

XXIV

La desintegración de la guerrilla

Ahí me daba cuenta de que nos estaban dando con un hacha, porque nos reuníamos quince compañeros y al mes siguiente venían siete, pasabas lista y “cayó”, “cayó”, y “cayó”…

Un miembro de la dirección del PRT. Citado en “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP. La guerrilla marxista, de Pablo Pozzi

Cuatro días después del golpe de Estado, el comité central y cuadros dirigentes del PRT-ERP se reunieron en una casaquinta de la localidad de Moreno para marcar la línea del partido a futuro. Como Montoneros, creían que la política estaría guiada por la lucha armada, y decidieron pasar todos los frentes a la actividad militar. Anticipaban también la estrategia de largo plazo de los militares —“este régimen no es provisorio, viene a producir cambios en la estructura socioeconómica argentina”—, pero confiaban en que las Fuerzas Armadas no tendrían posibilidades de derrotar “al movimiento de masas”, al que llamaban a movilizar.

HECHOS RELEVANTES

1976. En el centro clandestino del Ejército El Campito, de la guarnición de Campo de Mayo, son detenidas ilegalmente alrededor de 2000 personas. Sobreviven 150. Los cuerpos los arrojaban al mar en “vuelos de la muerte”.

En agosto, con la muerte en un accidente aéreo del banquero David Graiver, Montoneros pierde buena parte del dinero del rescate de los hermanos Born. El resto del botín es enviado a Cuba.

En septiembre, un grupo de estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años, que reclaman la sanción del “boleto estudiantil”, son secuestrados y torturados en lo que se conoce como “La Noche de los Lápices”. Seis permanecen desaparecidos.

Ese mismo mes es asesinado el dirigente radical de La Plata, Sergio Karakachoff, integrante de la APDH, que reclama por las desapariciones. Balbín y Alfonsín participan del sepelio. La casa velatoria es baleada.

En medio de las caídas que les provoca el cerco militar, la conducción montonera evita el debate interno e interviene a las columnas disidentes. Busca centralizar el control de las armas y el dinero.

En noviembre, en el hecho conocido como “La resistencia de la calle 30”, en La Plata, 5 montoneros libran el combate de mayor intensidad contra más de 100 policías y militares. Los guerrilleron resultaron muertos. Una beba de tres meses y medio es secuestrada.

Durante el último trimestre del año, las distintas estructuras de Montoneros comienzan a ser vulneradas. A comienzos del año siguiente, la mayoría de los miembros de la conducción parte al exterior.

El ERP, que subestimaba el potencial de su enemigo, quería seguir yendo hacia adelante. Ese era el sentido de la consigna “Argentinos, a las armas”, el título del documento que Santucho expuso en la quinta de Moreno ante los sesenta miembros de la fuerza, algunos de los cuales habían llegado con pareja e hijos.

El cónclave terminó en desastre. Al día siguiente, un vecino alertó a la policía. La ropa humilde de los participantes, que habían llegado de regionales del interior del país, contrastaba con los habituales concurrentes de la quinta. Y además eran muchos.

En la tarde del 29 de marzo de 1976, un grupo de policías bonaerenses ingresó en la quinta por el jardín de entrada mientras muchos dormían. Recibió fuego, se replegó y pidió asistencia al área militar correspondiente, en Ciudadela. El comando del Ejército continuó el combate asistido por un helicóptero, mientras la dirección partidaria lograba huir en un auto robado y en colectivo, y otros debían esconderse en las inmediaciones para escapar del rastrillaje.

El PRT-ERP tuvo doce bajas: siete muertos —cuatro en la quinta y tres en la ruta— y cinco desaparecidos. Entre los muertos estaba Juan Mangini, su jefe de Inteligencia. El desbande continuó los meses que siguieron. Entre abril y junio se desarticularon células en Rosario, Córdoba, Mendoza. Hubo secuestros, desapariciones, cayeron imprentas, casas clandestinas, documentación. El Ejército entraba a buscar a los militantes con nombre y apellido a un banco, a una fábrica, a una facultad. Todos los frentes tenían caídas. La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez se disolvió. Si hasta el cónclave de Moreno el PRT-ERP contaba con cerca de dos mil militantes y combatientes, con las redadas ese número se reduciría en cerca de trescientos, además de los que perdían contacto con el partido por la caída de su responsable.

En el documento “Balance de diez años de luchas y experiencias”, de julio de 1976, Santucho rectificó la línea y advirtió el error de cálculo sobre la magnitud de la represión estatal. El panorama era desolador.

La locura asesina del enemigo causa profundas heridas en nuestras filas. Caen compañeros muy valiosos, caen familiares que nada tienen que ver, caen activistas o simples sospechosos. Ante ello alguno que otro compañero vacila y teme. Pero la absoluta mayoría se yergue decidida a persistir y vencer cualquiera sean los obstáculos y sufrimientos. Esta elevada moral es nuestra principal arma, ella conmueve y moverá a millones de argentinos.

Sin desprenderse de su convicción de que la acción armada “alimenta la conciencia revolucionaria”, el jefe del PRT-ERP entendió que la etapa no era favorable para la movilización de masas, que ya no se producía. Proponía “hacer un alto en el camino” hasta que se produjera “un nuevo auge”.

En este momento de reflujo de las masas, mientras despliegan sin cesar su aguerrida resistencia guerrillera, las fuerzas revolucionarias podrán analizar serenamente las experiencias, “hacer un alto en el camino”, reagrupar, reorganizar y consolidar el potencial revolucionario para estar en condiciones de aportar vigorosa y organizadamente para la máxima extensión y potencia del próximo auge obrero-popular.

El domingo 18 de julio de 1976, Santucho estaba maquillado, un matizador le había suavizado el tono de su piel, tenía el pelo enrulado y usaba anteojos. Desde el departamento de Villa Martelli (el buró político había alquilado dos, en el tercer y cuarto piso) se veía el cruce de la ruta Panamericana y la avenida General Paz. Santucho dormiría esa noche en Buenos Aires y al día siguiente iría al Brasil, y luego a Europa, para desembarcar finalmente en Cuba. Permanecería en la isla por lo menos dos años, aunque retornaría al país durante ese tiempo para tomar contacto con el buró.

Antes de viajar, ese domingo 18, Santucho tenía pendiente una entrevista con Firmenich. Se había postergado en las últimas semanas. Dos cuadros del ERP debían confirmar su realización en una cita previa con un cuadro montonero. Santucho y Firmenich tratarían los detalles finales de la constitución de la OLA (Organización para la Liberación Argentina), que uniría a ambas fuerzas militares en la resistencia a la dictadura. Montoneros, por su parte, en el documento del Consejo de abril de 1976, consideraba terminada su intervención en el peronismo, que consideraba “agotado”. Para Santucho, la OLA era una posibilidad “real e inmediata”, pese a las diferencias, que asumía con paciencia y flexibilidad (Montoneros quería conformar una CGT paralela; el ERP, Comités de Resistencia), en su intención de avanzar hacia un “ejército revolucionario” y un “frente de liberación nacional” entre ambas organizaciones. El borrador del documento de unidad ya estaba escrito.

Pero la reunión entre Santucho y Firmenich no se concretaría. En los días previos había caído un secretario de Roberto Perdía, el número dos de Montoneros, que había participado en reuniones iniciales por la OLA. El domingo 18 nadie de Montoneros fue a la cita con el ERP ni tampoco avisaron que no se haría.

El lunes 19 de julio de 1976 era el día del viaje. El jefe del PRT-ERP permanecería en el departamento hasta la hora de partir. Sin embargo, ese día, por la mañana, Domingo Menna, el “Gringo”, que ocupaba uno de los dos departamentos alquilados, cayó en una cita callejera con un militante que ya estaba infiltrado: una “cita envenenada”. Menna había sido parte del “comité de fuga” del ERP, junto a Santucho y Gorriarán Merlo, que había escapado de la cárcel de Rawson y abordado el avión secuestrado en Trelew.

En su saco de corderoy marrón, Menna tenía la factura por un nebulizador que había comprado en una farmacia donde había usado su nombre falso, pero la dirección real donde vivía: Venezuela 3149, Villa Martelli, 4º B. A las dos y media de la tarde el portero del edificio golpeó la puerta del departamento. Lo acompañaba el capitán de Inteligencia Juan Carlos Leonetti, jefe de un grupo de tareas de la Zona 4.

Leonetti había pedido al portero ir directamente al 4º piso, departamento B. Se presume que no sabía con quién iba a encontrarse; si lo hubiera sabido, no habría entrado a la vivienda con un pelotón de solo cuatro militares. En el departamento de Menna no había armas largas. Solo algunos revólveres calibre 9 milímetros. Según el relato posterior del portero, la puerta fue abierta por la esposa de Santucho, Liliana Delfino, y los militares irrumpieron y redujeron a todos. Cuando Benito Urteaga, miembro del buró político, esperaba ser registrado con las manos apoyadas en la pared, reaccionó contra un militar, le sacó la pistola y mató a Leonetti.

El resto del pelotón ametralló a todos. Murió Leonetti. También Urteaga. Las esposas de ambos, Ana María Lanzillotto y Liliana Delfino, ambas embarazadas, fueron secuestradas y trasladadas a Campo de Mayo, junto a Santucho, herido. Pese a los auxilios médicos, no sobreviviría mucho tiempo más.

Domingo Menna fue conducido a Campo de Mayo. En ese momento, la guarnición, dependiente del Comando de Institutos Militares, era dirigida por el general Santiago Riveros, jefe de la Zona 4.

La Zona 4 había sido creada el 21 de mayo de 1976 como una fracción de la Zona 1 —Primer Cuerpo de Ejército, con sede en Palermo— para “liberar” de tareas a esta última y hacer más eficiente la represión en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sus responsabilidades, como las de todos los comandantes de zona, habían sido descriptas en el “Plan del Ejército” de febrero de 1976. Por medio de un “canal técnico”, de inteligencia, el comandante de zona debía remitir al Comando General del Ejército informes de la planificación y ejecución de las detenciones, el alojamiento y el destino final de las víctimas.

El Comando de Institutos Militares tenía el control de diferentes batallones y escuelas del Ejército, la aviación y la Gendarmería y con mando sobre las comisarías de la Zona, con cuyo personal compartía tareas de inteligencia, allanamientos, secuestros, detenciones y torturas en establecimientos policiales, desde Ramos Mejía hasta Tigre.

Campo de Mayo tenía una oficina de inteligencia, lindera a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, una prisión militar para presos legalizados y un centro clandestino, “El Campito”, ubicado en el campo de tiro, de poco más de una hectárea. Allí había galpones, que antes habían sido usados como caballerizas, donde se recluía a los prisioneros. Durante la dictadura pasarían por allí alrededor de dos mil personas; sobrevivieron ciento cincuenta.

Cada galpón tenía veinte metros de largo por cinco de ancho, con piso de tierra. No tenían ventanas. La única abertura era el portón de ingreso. A los detenidos les daban un cilindro de sopa, mate cocido, un pan por día; permanecían sentados, con una capucha verde oliva, atados con cadenas, algunas individuales, otras colectivas, de treinta metros, que se unían con candados a la columna del galpón.

Entre los prisioneros estaba Menna. El galpón estaba custodiado por suboficiales de Gendarmería que cumplían turnos rotativos. El jefe de la guardia era el “Puma”, que una vez mató a un detenido a palos porque se levantó la capucha y lo miró. Cada día empezaba con el traspaso de la guardia y el grito de un oficial —“A pararse, extremistas hijos de puta, los vamos a hacer mierda, los vamos a quemar con ácido para que no vuelvan a joder…”— y después el canto a la bandera, “Aurora” o la “Marcha de San Lorenzo”, y luego los llamados por número, para encolumnarse en fila y ser interrogados en un elástico de cama de un calabozo.

Contaban con una ficha con datos o un informe de inteligencia de cada detenido. A un obrero de Mercedes Benz, Héctor Ratto, secuestrado en la oficina de la Gerencia de Producción de la misma fábrica, le mostraron las fotografías que le habían tomado mientras trabajaba.

Había dos grupos de tareas de “interrogadores”, que estaban por encima del “jefe de campo” y dependían de la Jefatura de Comando de la guarnición. El GT1 se especializaba en el ERP y la izquierda no peronista; el GT2 operaba sobre Montoneros. Algunos de sus miembros eran civiles. También había alrededor de cuarenta hombres que actuaban en distintos grupos de tareas, pero la cifra se ampliaba o reducía según las necesidades de la represión.

Para operar sobre un “blanco” había que hacerlo en forma burocrática. Se debía completar un “formulario de requerimiento de área libre”, que informaba la ubicación del blanco, sus particularidades, el tipo de operación, la fecha, el horario, la cantidad de personal que actuaría, los autos, las marcas y la señal de reconocimiento.

La autorización para el “área libre” se solicitaba al Centro de Operaciones Tácticas Cuerpo de Ejército (COTCE) del comando de zona, que concedía el permiso por un máximo de tres horas en tres cuadras a la redonda. Si un grupo de tareas necesitaba más tiempo, debía renovar el pedido. Los móviles estaban equipados con medios técnicos que les permitían comunicarse con un COTCE de zona o subzona. Si existía una persecución, y cambiaban de jurisdicción, también se informaba.

Después de los allanamientos y de los secuestros, de las citas “envenenadas”, los grupos de tareas de la Zona 4 volvían a Campo de Mayo con los detenidos; los interrogaban, obtenían nueva información y el circuito represivo se reproducía. En uno de los interrogatorios, un general le aseguró a Menna que, si colaboraba, el ERP se terminaba. Le dio dos días para pensarlo. El “Alemán”, uno de los torturadores, les decía a los prisioneros que al que confesaba lo mandaban a París, como había sucedido con Quieto. Pero nadie en el galpón creía lo de París. Pensaban que Quieto ya estaba muerto, que la estrategia era sacarles información y luego, cuando ya no sirvieran más, matarlos.

El Centro de Operaciones Tácticas Cuerpo de Ejército (COTCE) intentaba coordinar los operativos para que no se produjeran enfrentamientos entre fuerzas propias. Si operaba sin requerimiento de “área libre”, un grupo de tareas podría ser objeto de fuego de una patrulla militar, y sus miembros ser tomados como “prisioneros de guerra” y juzgados. La burocracia del COTCE, además de buscar un orden interno en la represión, intentaba desalentar los robos y saqueos que realizaban los miembros del grupo de tareas “por fuera” de los procedimientos ilegales autorizados por el Estado. Eran usuales los robos en los procedimientos durante la autorización de “área libre”. Por otra parte, el grupo de tareas informaba la finalización de la acción con una comunicación cifrada. “Área libre” se denominaba “50”. El tiempo empleado en la operación se mencionaba por número. Por ejemplo: “0230” significaba dos horas y media. “Positivo 2” o “2DS”, informaba que tenían dos detenidos o dos “delincuentes subversivos”. “Negativo”, que no habían secuestrado a nadie. “Cerrado”, que en el objetivo sobre el que habían operado no quedaba ninguna persona. “Abierto”, que quedaba sin custodia. Cuando se requería la continuidad del “área libre”, la comunicación podía anunciarse como “50-continúa+2”, que indicaba que el grupo de tareas necesitaba dos horas más. O informar con la frase “50-0300-terminado”, que el operativo se daba por finalizado en tres horas. El COTCE luego enviaba una patrulla para controlar el objetivo. El COTCE estaba en comunicación con el GT durante el procedimiento, y brindaba apoyo en función de la información que recibía del responsable de la operación. Tanto el COTCE como el Comando en Jefe de Zona funcionaban las veinticuatro horas al día. En ambos canales fluía toda la información de la represión ilegal.

A los prisioneros que liberaban de Campo de Mayo, lo hacían una semana o dos después de su detención. El resto tenía pocas esperanzas de sobrevivir. Mucho menos aquellos que habían pertenecido al ERP. Desde los fusilamientos de Catamarca, en agosto de 1974, sabían que el Ejército mataba a la mayoría de los capturados. Y pensaban que pronto sucedería, y que el final sería más o menos como cuando los llevaban en fila por un camino de pasto crecido, encapuchados, y un oficial, con la voz de alto, los detenía y les decía “Subversivos, encomiéndense a Dios, les ha llegado su fin, recen una oración por las víctimas de sus crímenes y pídanle al Señor que los recoja y se apiade de sus almas. Van a ser ejecutados”. Y, tras la orden de apuntar y hacer fuego se escuchaban las ráfagas y después las carcajadas, porque todos los que se pensaban muertos seguían de pie. Menna dijo que no necesitaba dos días para pensar si colaboraba; no le hacía falta. Después de ese día, el 11 de noviembre de 1976, ya no fue visto en el galpón.

El cautiverio de un detenido, por lo general, entre 1976 y 1977, podía prolongarse entre cuatro y seis meses. Después, el 90% era “trasladado” y el 10% restante era obligado a hacer tareas de mantenimiento, limpieza, reparto de ropa y comida en El Campito. Esas actividades los libraban de las cadenas y les permitían mantener la capucha más suelta para ver dónde pisaban al desplazarse. Después de los interrogatorios, y pasados de cuatro a seis meses, se realizaba el “traslado” del prisionero. Se efectuaba una vez por semana, o dos, o tres, de acuerdo con la capacidad del galpón. No había días fijos. Para los detenidos era una mezcla de miedo y de alivio. La muerte era también el final de las torturas.

El mecanismo era sencillo: llegaban dos camiones Mercedes Benz a El Campito y permanecían varios minutos con los motores en marcha esperando que cuarenta o cincuenta prisioneros encapuchados subieran a la caja. Después, los camiones recorrían un corto trayecto hasta un avión Hércules que permanecía estacionado en una de las cabeceras de las pistas de Campo de Mayo. Allí los prisioneros eran subidos por las escalerillas. Antes, un médico de la policía les aplicaba una inyección; les explicaban que era una vacuna para incorporarlos al sistema carcelario: la detención pasaría a ser legalizada por el Poder Ejecutivo.

Pero el destino era alta mar. Después, los camiones regresaban a El Campito y se quemaba la ropa de los prisioneros “trasladados”; a las cinco o seis horas del despegue en Campo de Mayo el avión aterrizaba.

Hacia septiembre de 1976, frente a la continuidad de las disidencias internas, la conducción de Montoneros aceptó la “circulación de ideas”, pero rechazó negociar el reclamo de “las partes”. Decidió, en cambio, hacer una “síntesis” de las posiciones rebeldes y conducir la Organización por medio de esa síntesis.

El congreso nunca se realizó. El argumento fue que, con la represión militar, la convocatoria hubiese significado “un suicidio político”. Además, la Conducción consideraba que el voto era “un procedimiento de tipo excepcional en nuestra organización” y marcaba que la toma de decisiones en los diferentes ámbitos se hacía mediante el “consenso de sus miembros”. Para salir de las “desviaciones internistas”, presentó un sistema de votación restringido a oficiales superiores, mayores, primeros y segundos. Mediante dos alternativas de votación —que los disidentes calificaron como “falsas opciones”—, la Conducción logró reafirmar la “línea ideológica política del partido” y ratificar su hegemonía política.

Para entonces, Montoneros empezaba a sentir los efectos de la devastación. En octubre de 1976, las Fuerzas Armadas les asestaron una sucesión de golpes de los que ya no se recuperaría. Fue a partir de la caída de una militante que llevaba en el doblez de su cartera buena parte de la información sobre las “citas nacionales” —puntos de encuentro de todos los niveles montoneros en el país— y también de las “citas federales”, del Área Federal, la estructura en la que estaban asentadas las secretarías nacionales, dependientes de la conducción montonera. El valor y el volumen de la información obtenida fue de tal magnitud que la Marina —aun en su interés de tener la supremacía de la represión— cedió “blancos” al Ejército para que no perdiera eficacia el circuito represivo.

En dos días cayeron alrededor de cincuenta militantes montoneros. De la Columna Capital Federal, cayó la Secretaría Política, la de Organización y la de Propaganda y Adoctrinamiento. Hasta ese momento, Capital Federal se había mantenido casi indemne.

La gravedad del cuadro se explica en el informe que el Secretariado de Zona Capital transmitió a todas sus secretarías, con fecha 6 de diciembre de 1976.

En la semana anterior el enemigo nos ha provocado un número no determinado de bajas. Las que están confirmadas hasta ahora son las siguientes: 1. Secretaría de Organización; 2. secretario de Propaganda y Adoctrinamiento; 3. algún o algunos oficiales de la Unidad Zonal de Informaciones; 4. un número pequeño aún no determinado de activistas y militantes. No conocemos todavía el origen de todas las caídas, tampoco conocemos hasta el momento si existen más caídas de las que mencionamos más arriba. Estamos tratando de discernir qué estructuras y qué compañeros quedan en situación de seguridad comprometida. Este secretariado se hará responsable de la conducción de las Secretarías que hayan quedado sin jefe.

En Columna Norte también cayeron en forma sucesiva dos interventores que habían llegado a corregir posturas disidentes por orden de la Conducción. Uno de ellos fue Marcelo Kurlat, “Monra”, hombre de confianza de Firmenich, que había reportado al Servicio de Informaciones y había empezado a trasladar cuadros rebeldes hacia otras columnas y regionales. Cayó en diciembre. Un grupo de tareas de la Marina rodeó su casa de Boulogne, él encerró a su hija en el armario y los enfrentó a tiros. Llegó a la ESMA herido. Allí ya estaba secuestrada su esposa, “Lucy” Carazo, del Área Federal.

Con la represión, a seis meses del golpe militar, todas las estructuras de Columna Norte entraron “en emergencia”, un estado de convulsión que implicaba abandonar casas, buscar refugios, suspender citas, trasladar combatientes a otros territorios. Después cayó “Pedro”, Raúl Rossini, otro fugaz interventor, que, a diferencia de Monra, se había sumado al reclamo de los disidentes. Cuando iba a buscar a su hijo de 2 años, que había dejado al cuidado de una señora, lo secuestró el Ejército. Hacía dos meses habían matado a su esposa. Algunos cuadros de Columna Norte fueron llevados a Campo de Mayo, como sucedió con Pedro, aunque era usual que a los que pertenecían al Área Federal de Montoneros los trasladaran a la ESMA, como sucedió con Monra y también con Pablo González Langarica, “Tonio”, que por medio del Departamento Internacional de Montoneros traficaba armas desde el exterior y había realizado la entrega del dinero del rescate de los hermanos Born al banquero David Graiver, “Dudi”, en Suiza, para que lo introdujera en el mercado financiero legal. Después de distintas técnicas de tortura —inmersión en seco, bajo agua, descargas eléctricas—, a Tonio le llevaron a su hija de 5 años a la ESMA para que se decidiera a hablar.

En el verano de 1977, la Conducción envió a un último interventor para suspender el funcionamiento de Columna Norte. La idea de “suspensión” significaba cerrar la actividad, abandonar el contacto orgánico entre la Conducción y la columna. Los militantes, cualquiera fuese su grado, que no contaban con el consentimiento de la Conducción para irse a otra provincia o al exterior, permanecieron en la zona norte sin documentos ni dinero, sin armas —si no las habían conservado—, y empezaron a buscar refugio donde pudieron —plazas, obras en construcción—, mientras intentaban escapar de manera “no orgánica” —es decir, sin autorización de la Conducción—, porque el Servicio Internacional del Área Federal demoraba (o impedía) la provisión de documentos para ellos.

El último trimestre de 1976, también fue secuestrada en la localidad de Banfield Norma Arrostito, por entonces responsable de Organización de la Columna Sur. Arrostito, una de las fundadoras de Montoneros, había participado en el secuestro y muerte del general Aramburu. Y aunque la Marina informó que había muerto en combate, y así lo reprodujeron los diarios, fue conducida a la ESMA como detenida ilegal.

La ciudad de La Plata, que había sido uno de los núcleos más activos de la militancia montonera en el ámbito estudiantil, también fue alcanzada por la represión. En septiembre, un grupo de estudiantes secundarios —en su mayoría de la Escuela Normal Nº 3 y de Bellas Artes— que contaban entre 16 y 18 años, casi todos ellos ligados a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de Montoneros, reclamaban la sanción del “boleto estudiantil” y fueron secuestrados en un operativo conjunto del Batallón 601 y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que entonces dirigía el coronel Ramón Camps, y torturados en centros clandestinos. El hecho se conoce como “La Noche de los Lápices”, y de los diez jóvenes secuestrados, cuatro sobrevivieron y el resto permanece desaparecido.

También desaparecieron estudiantes comunistas y de organizaciones trotskistas y guevaristas en operativos consumados entre agosto y noviembre para “eliminar el semillero subversivo” en la educación media y universitaria y en el ámbito barrial, según los documentos internos de la policía provincial. En el ámbito político, en septiembre, fue asesinado el dirigente radical de La Plata, Sergio Karakachoff, que integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fundada en 1975 en reclamo de las desapariciones.

El operativo de secuestro se produjo en la casa de su socio del estudio, Domingo Teruggi, ex titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Lo esperaban cuarenta hombres vestidos de civil.

Los cuerpos de los dirigentes radicales aparecieron a la vera de la ruta 36. El frente de la casa en la que velaron sus restos, donde se encontraban Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, fue baleado.

La de La Plata fue otra de las columnas de Montoneros atravesada por la represión militar. El 22 de noviembre, en una casa del barrio Gambier, cayó la jefa Amalia D’Ippolito, que había sido trasladada de Columna Norte. Junto a ella cayeron los responsables de Política, de Logística y de Propaganda y Adoctrinamiento.

Hacia fines de 1976 las Fuerzas Armadas ya habían desintegrado buena parte de la estructura de Montoneros. La Conducción fue autorizada a irse del país, lo mismo que algunos de sus cuadros de mayor confianza.

El primero que se amparó en la orden de “retirada estratégica” fue Mario Firmenich. Se fue en diciembre. Perdía se iría en marzo de 1977. Lo mismo sucedería con Fernando Vaca Narvaja, otro miembro de la Conducción, que había escapado de una emboscada de oficiales de la ESMA en las calles de Avellaneda. Montoneros también preservó a Rodolfo Galimberti, pese a las disidencias: se fue del país en forma orgánica, con una identidad que le proveyó el Servicio de Documentación. Luego, en México, fue obligado a escribir una autocrítica para reintegrarse a la Organización. En cambio, en diciembre de 1976 había caído Carlos “Pingulis” Hobert, entonces el número 3 de la Conducción, y en mayo de 1977 caería Julio “Iván” Roqué, número 4, que había participado en el atentado contra José Rucci. Fue en un combate contra grupos de tareas de la ESMA en una casa de Haedo.

El 24 de noviembre de 1976, dos días después de la caída de Amalia D’Ippolito, se produjo el combate conocido como “La resistencia de la calle 30”. Fue el enfrentamiento de mayor intensidad entre las fuerzas estatales y un grupo reducido de guerrilleros. La casa donde estaba la imprenta de la Columna La Plata tenía la cobertura de un criadero de conejos. Cinco montoneros sostuvieron un combate a fuego contra más de cien efectivos del Ejército y la Policía, en un operativo conjunto supervisado por el jefe de la policía bonaerense, coronel Ramón Camps, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Mason. Las fuerzas estatales comenzaron a disparar con un mortero de artillería —que abrió un hueco en el dormitorio— y desde un helicóptero. Finalmente, después de que cesara la resistencia, fueron encontrados, debajo de los escombros, los cuerpos de Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto Porfirio y Juan Carlos Peiris. Un cadáver calcinado fue encontrado en el tanque de agua de la casa. Se había suicidado con la pastilla de cianuro. En el limonero del fondo de la casa estaba el cuerpo de Diana Teruggi, carbonizado. El cadáver encontrado en el tanque de agua fue identificado como Alberto Oscar Bossio. La hija de Diana Teruggi, Clara Anahí Mariani Teruggi, de tres meses y medio, fue sacada con vida de la casa. Su abuela, María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani, la busca desde entonces. En el enfrentamiento murieron dos efectivos policiales.

Pese a la “retirada estratégica”, y a las caídas, Montoneros se propuso continuar con el hostigamiento contra “el enemigo”. En el citado documento del 6 de diciembre, la Columna Capital admitía que era imposible “aniquilar a las Fuerzas Armadas enemigas”, pero que debían continuar con el desarrollo de una fuerza militar propia que fuese capaz de hostigarlas, debilitar su avance, contribuir a la movilización del pueblo y alentarlo “para la guerra y la construcción de un Ejército Popular”. En esta etapa, que denominaban de “cerco y aniquilamiento”, planteaban obligar a las tropas militares al desgaste permanente y a la dispersión. Prolongar el enfrentamiento el máximo de tiempo posible para evitar un “triunfo rápido” del enemigo, mientras que Montoneros podría recomponer su poder político y militar, y realizar operaciones sorpresivas.

Montoneros confiaba en la larga duración del enfrentamiento.

Pero más que una estrategia militar, esa era solo una muestra de voluntad transcripta en los documentos, una arenga en medio del desastre. Del Ejército Montonero que había iniciado su conformación en el último trimestre de 1975 y que después del golpe militar se había propuesto encabezar la resistencia armada, solo quedaban “ajusticiamientos” aislados a empresarios y policías, cargas explosivas contra empresas del Estado y multinacionales, y un sinfín de granadas que no llegarían a estallar. Ya no hubo atentados de magnitud, como el que mató al general Cardozo o el de la Superintendencia de Seguridad Federal.

El “gran golpe” con el que imaginaban torcer el destino de la historia, como había sucedido con el secuestro y muerte del general Aramburu, no se produjo. Las conducciones militares zonales estaban en un traumático proceso de extinción. Sin embargo, la evaluación de la Conducción montonera no ahorraría optimismo.

El aniquilamiento previsto por el enemigo para fines de 1976 no se logró y continuamos organizados y encabezando la resistencia popular. Ya comenzamos a percibir el efecto de nuestros sacrificios. La lucha de este año va dando sus frutos. El peor error que se puede cometer es parar el ataque cuando se empieza a debilitar al enemigo,

escribió Horacio Mendizábal, ya convertido en jefe del Ejército Montonero, en una evaluación de abril de 1977 publicada en Evita Montonera.

Pero la calidad de los reclutamientos había ido en descenso. Las condiciones y los requisitos para transformar a un “colaborador” en un “combatiente” se habían reducido. Según el informe del Estado Mayor Zonal de Capital Federal,

no debemos descartar “a priori” a ningún compañero como posible combatiente y además de tener claro el concepto de que “todo hombre del Pueblo que tenga acuerdos básicos con nuestra política y que quiera combatir contra la dictadura debe ser soldado de nuestro Ejército.

Los únicos recaudos sobre los nuevos combatientes estaban relacionados con la seguridad, para evitar la infiltración. Los nuevos integrantes debían ofrecer su casa como ámbito de reunión y solo conocerían “lo estrictamente necesario para cumplir con las tareas que se les asignen y además deberán realizar una práctica militar paulatina que culmine con su participación en la ejecución de un cana [policía]”.

En el contexto de la desintegración de sus estructuras, además de Columna Norte, otra de las líneas críticas a la Conducción fue la que presentó Rodolfo Walsh, entonces oficial segundo de Inteligencia y miembro del Servicio de Informaciones. En ese período, Walsh produjo cinco escritos que respondían a los documentos del Consejo Nacional de abril y de noviembre, que guiaron la política militarista de Montoneros durante todo el año 1976. Walsh criticó la decisión de abandonar la lucha interna en el peronismo —que llevó a intentar una alianza ideológica con el ERP-PRT— y la profundización de una estrategia puramente militar en vez de estar al servicio de “la lucha política”. Según Walsh, Montoneros no podía construir un ejército cuando “todavía no tenemos ganada la representación de nuestro pueblo”. Tampoco creía que “las masas” representaran un espacio seguro para la militancia y, por ende, replegarse en ellas en medio de la represión significaba quedar en posiciones expuestas: “En los barrios nos van a golpear más duro todavía”, indicaba. Montoneros, para Walsh, debía replegarse en el peronismo, que no consideraba agotado, sino como el “sujeto principal de la resistencia”, junto a la clase trabajadora. Por último, hacía una advertencia sobre las Fuerzas Armadas: estimaba que estaban preparadas para encarar la liquidación del aparato partidario en el primer semestre de 1977, un cálculo mucho más pesimista que el de Montoneros, que confiaba en una “guerra larga”.

Cuando concluyó los cinco documentos, Walsh comenzó a preparar una carta que enviaría a la Junta Militar en el primer aniversario del golpe de Estado. Se iniciaba así:

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

Bibliografía

Almirón, Fernando, Campo santo. Los asesinatos del Ejército en Campo de Mayo. Testimonios del ex sargento Víctor Ibáñez, Buenos Aires, Editorial 21, 1999.

Arrosagaray, Enrique, Rodolfo Walsh. De dramaturgo a guerrillero, Buenos Aires, Catálogos, 2006.

Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

De Santis, Daniel, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, Buenos Aires, A Formar Filas, 2010.

Larraquy, Marcelo, “El Ejército Montonero”, tesis de Licenciatura en Historia (UBA), sin publicar.

Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto, Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA, Buenos Aires, Aguilar, 2010.

Montero, Hugo y Portela, Ignacio, Rodolfo Walsh. Los años montoneros, Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2010.

Painceira, Lalo, Dar la vida. La resistencia de la calle 30, La Plata, De la Campana, 2006.

Pozzi, Pablo, “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP. La guerrilla marxista, Buenos Aires, Eudeba, 2001.

Salas, Ernesto, “El debate entre Walsh y la conducción montonera”, en Lucha Armada, año 2, Nº 5, pp. 4-19.

Seoane, María, Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta, 1991.

Zamorano, Eduardo, Peronistas revolucionarios. Un análisis político del apogeo y crisis de la organización Montoneros, Buenos Aires, Distal, 2005.

XXV

País clandestino

Ramón Camps: Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones.

Jacobo Timerman: ¿Qué quiere decir todos?

Camps: Todos… unos veinte mil. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres.

Timerman: ¿Y por qué cree que el Papa no protestará ante esta represión? Ya lo están haciendo muchos gobernantes mundiales, líderes políticos, dirigentes gremiales, científicos…

Camps: No quedará vestigio ni testimonio.

Timerman: Es lo que intentó Hitler con su política de Noche y Niebla. Enviar a la muerte, convertir en ceniza y humo a aquellos a quienes ya había quitado todo rastro humano, toda identidad. Y, sin embargo, quedaron en algún lugar, en alguna memoria, registrados sus nombres, sus imágenes, sus ideas. Por todos ellos, y cada uno, pagó Alemania. Y aún está pagando, con un país que quedó dividido.

Camps: Hitler perdió la guerra. Nosotros ganaremos.

Del libro El caso Camps, punto inicial, de Jacobo Timerman, 1981

En el Comando de Zona 1 operó el mayor centro clandestino de la dictadura militar: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Estaba ubicado en el cruce de las avenidas del Libertador y General Paz, uno de los accesos a la Capital Federal. Los oficiales de la Marina lo llamaban “Selenio”.

HECHOS RELEVANTES

1976. La ESMA es el campo de concentración de la Marina. Se calcula que albergó a cinco mil secuestrados. Solo el 10% sobrevivió. Los cuerpos fueron tirados al mar con los aviones de la fuerza.

En junio, la SIDE alquila el taller mecánico Automotores Orletti, en Flores, y lo transforma en la base operativa del Plan Cóndor. Secuestran alrededor de 300 personas. La mayoría desaparece.

En julio, el director del penal salteño de Villa Las Rosas ordena el “traslado administrativo” de 11 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Se fragua un supuesto “combate” y los fusilan en Las Palomitas, Salta.

En julio, el municipio de General San Martín, en Jujuy, produce una serie de cortes de luz. En una semana, en operativos nocturnos, secuestran alrededor de 400 personas. Más de 30 desaparecen.

En La Perla, los militares llevan a los secuestrados vendados y maniatados a la hora de la siesta hasta una fosa. Después, los hacen arrodillar y les disparan. Cubren sus cuerpos con cal.

1977. En marzo, el escritor y oficial de Inteligencia montonero Rodolfo Walsh escribe la “Carta de un escritor a la Junta Militar”. Un grupo de tareas lo balea y lo traslada a la ESMA. Permanece desaparecido.

En julio, en Mar del Plata, en un operativo conocido como “La Noche de las Corbatas”, 7 abogados que presentan habeas corpus por desaparecidos son secuestrados con sus esposas. Uno aparece muerto. Otros 6 continúan desaparecidos.

El oficial de Inteligencia de la ESMA Alfredo Astiz se infiltra entre familiares de desaparecidos. En diciembre, provoca el secuestro de integrantes de Madres de Plaza de Mayo y de dos monjas francesas.

Por ese edificio pasaron alrededor de cinco mil prisioneros. Se calcula que sobrevivieron alrededor de quinientos.

En la planta baja de la ESMA estaban las oficinas de Administración, Inteligencia y Planificación Operativa. Desde allí se abría una puerta de hierro custodiada por un guardia con armas largas, y por una escalera de dos tramos se accedía al sótano.

En el sótano alojaban a los prisioneros. Era un largo pasillo iluminado por un tubo fluorescente que estaba encendido las veinticuatro horas. Lo denominaban “la Avenida de la Felicidad”.

El sótano contaba con tres salas de tortura, de cuatro metros por dos. Adentro de cada sala, sobre una pared, había una pizarra con nombres y fechas. Las otras paredes solían estar manchadas con sangre. La picana eléctrica estaba apoyada sobre una mesa de metal. En el centro del cuarto había una cama, también de metal, en la que se ataba al prisionero con cámaras de ruedas de bicicleta. Se le recomendaba cerrar un puño si quería hablar. En ese caso la tortura se detenía. También empleaban métodos excepcionales en los interrogatorios. A un prisionero que mantuvo silencio le pusieron a su hijo de veinte días sobre su cuerpo mientras lo torturaban.

Algunos interrogatorios eran monitoreados por radio por el director de la ESMA, vicealmirante Rubén Jacinto Chamorro, o por el Comando de Operaciones Navales, dirigido por el vicealmirante Luis Mendía.

En la sala de tortura había una mesa para la radio o el tocadiscos; un guardia le subía o bajaba el volumen según los gritos del prisionero. A veces pasaban discos de Joan Manuel Serrat. También había sillas. En una, con las manos esposadas en la espalda, se sentaba el prisionero. En la otra, el interrogador. En la puerta de la sala había un largo banco en el que otros prisioneros, vigilados por un guardia, esperaban su turno para ser interrogados.

En otra sala del sótano estaba la Enfermería, un cuarto con dos camas y dos armarios con medicamentos e inyecciones que aplicaban a los prisioneros antes del “traslado”. En la enfermería atendían heridos que traían de los operativos, como Norma Arrostito, “Gaby”, que intentó suicidarse dos veces con la pastilla de cianuro. La tomó, pero los marinos lograron revivirla con un lavaje de estómago. El prisionero siempre les servía vivo.

También en Enfermería se produjeron algunos partos de prisioneras embarazadas. En el sótano, además, había un laboratorio de fotos, una imprenta, un baño grande y otro chico armado con madera, una sala para proyecciones audiovisuales, el cuarto de descanso de los guardias y el portón de salida para los “traslados”.

En el primero y el segundo piso de la ESMA estaban los dormitorios de los oficiales. Por una escalera que atravesaba todo el edificio se llegaba al tercer piso. Tenía dos alas. En el ala izquierda, en forma de L, estaba “Capucha”, donde se mantenía a los prisioneros encapuchados o con antifaz, esposados y encadenados a una bala de cañón de veinte kilos que los obligaba a arrastrarse cada vez que querían moverse. Cada compartimiento de Capucha tenía dos metros por sesenta centímetros atravesados por una viga de hierro en declive, del techo hasta el suelo, que les dificultaba aún más la movilidad. También había un cajón de madera de setenta centímetros de alto en el que introducían al prisionero, un ataúd sin tapas; en el suelo había una colchoneta. En Capucha había una pieza para las embarazadas, que estaban encerradas con llave; debían golpear la puerta para ir al baño y esperar que un guardia les abriera.

El desayuno y la merienda para el prisionero eran mate cocido con pan; una taza de caldo, dos panes con carne fría asada y una naranja se entregaban como almuerzo o cena.

En el ala derecha del tercer piso había un depósito de los bienes que los oficiales de la Marina les habían robado a los prisioneros en los allanamientos o posteriormente. Después, en ese espacio que denominaban “Pañol”, instalaron la “Pecera” para prisioneros en “proceso de recuperación”.

La Pecera era un recinto vidriado, controlado por un circuito cerrado de televisión, con iluminación artificial y algunos extractores de aire. Los prisioneros trabajaban en doce cubículos. También había biblioteca y sala de télex. Ningún otro centro clandestino del país tuvo prisioneros para ser “recuperados”, ni que permanecieran tanto tiempo con vida como la ESMA. Antes de iniciar la “recuperación”, los prisioneros debían admitir su error por haber militado y prestar colaboración al proyecto que iniciaba el almirante Emilio Massera para diferenciarse de sus pares de la Junta Militar. Su intención fue utilizar a los prisioneros como cuadros políticos y aprovecharse de su formación intelectual para consolidar ese propósito.

Algunos de los prisioneros fueron seleccionados por sus especialidades. Otros, al azar. Eran alrededor de quince o veinte que trabajaban en cubículos. Los obligaban a realizar síntesis informativas de cada día, el análisis de noticias nacionales e internacionales, hechos históricos o estrategias geopolíticas, como el posible conflicto con Chile por la soberanía de las tres islas del canal de Beagle en 1978, además de tareas de archivo de prensa. En la Pecera también se redactaban comunicados que luego se leían en Canal 13, controlado por la Marina, o se escribían tesinas para oficiales que cursaban en la Escuela Superior de Guerra, entre otras tareas.

La Armada quería saber qué pasaba en el mundo y también qué decía el mundo sobre la Argentina. Para ese fin ordenaban la traducción de textos de The New York Times, Le Monde y, sobre todo, de Latin American Newsletter, el boletín que publicaba el periodista, ya exiliado, Rodolfo Terragno, que difundía noticias del país en el exterior.

En el sector Inteligencia de la Pecera los prisioneros debían ordenar miles de fichas con información sobre “blancos” que se iban acumulando, a través de seguimientos e interrogatorios. En la primera página de la ficha se señalaba con una T al que había sido “trasladado”; con una cruz, al que había muerto en combate, por tortura o enfermedad, y con una L, al que había sido liberado.

La inteligencia era una tarea técnica. Implicaba la falsificación de documentos (registros de conducir, pasaportes argentinos y uruguayos, tarjetas de la SIDE o credenciales de la Policía Federal) que la Armada producía para el accionar de sus grupos operativos. También se microfilmaban legajos de prisioneros con los seudónimos de los que habían participado en el secuestro. A los que permanecían en proceso de “recuperación” se les permitía llamar a sus familiares y, progresivamente, avanzada la dictadura militar, comenzaron a ir a sus casas, siempre custodiados, para que se quedaran un fin de semana. Después, por lo general el domingo a la noche, debían avisar a un oficial para que pasara a buscarlos y volver al centro clandestino. En las salidas de “libertad vigilada”, los prisioneros no podían llevar documentos ni realizar denuncias o trámites judiciales o policiales. Un código no escrito indicaba que un intento de fuga significaba la represalia para el resto de los prisioneros y su propia familia.

El “proceso de recuperación” en la Pecera suponía implícitamente la supervivencia del prisionero. Por eso preferían tener tareas constantes, que el trabajo no terminara. La posibilidad de estar en una condición diferente de la de otros detenidos ilegales, con salidas vigiladas, les hacía creer que la libertad en un futuro sería posible. No siempre sucedería así. La Pecera no siempre aseguraba la vida. Raimundo Villaflor era un dirigente del Peronismo de Base que había sido secuestrado en agosto de 1979 y murió en la tortura, pero a los seis compañeros de su grupo los mataron y quemaron en el campo trasero de la ESMA después de permanecer varios meses “en proceso de recuperación” en la Pecera.

En el tercer piso, ubicada en el altillo del edificio, estaba “Capuchita”. Originalmente era el sitio del tanque de agua. Allí había quince o veinte boxes, separados por madera aglomerada, para las torturas, como en el sótano, con un catre de hierro y la picana eléctrica sobre una mesa. Las ventanas de Capuchita estaban herméticamente cerradas, y las temperaturas eran sofocantes en verano y gélidas en invierno. No tenía baño. Capuchita estaba destinado a las peores torturas.

Toda la estructura edilicia del centro clandestino de la ESMA estaba controlada por grupos de tareas que planificaban y ejecutaban detenciones, interrogaban, torturaban y sometían a los prisioneros bajo su control y custodia.

El Grupo de Tareas 3.3 era la más poderosa estructura operativa de la Armada. Dependía del Comando de Operaciones Navales y del director de la ESMA. Tenía grupos, unidades de combate y apoyo logístico para las operaciones contra “la subversión”. Su metodología de represión estaba influenciada por la Escuela Francesa. Una frase de un general de ese país que había reprimido los intentos de liberación colonial de Argelia estaba inscripta en una oficina. Decía:

SI UN EJÉRCITO QUIERE VENCER A UN PUEBLO TIENE QUE ESTAR DISPUESTO A METER LA MANO HASTA LA MIERDA.

El Grupo de Tareas 3.3 tenía dos unidades: el GT 3.3.1, que actuaba como una unidad preventiva para operativos de patrullaje y control de la población, y el GT 3.3.2, que era el grupo de ofensiva que ejecutaba las acciones clandestinas contra la “subversión”.

Ambos grupos estaban organizados con un comandante de la Unidad de Tareas y un Estado Mayor compuesto por el Departamento de Personal (GT1), de Inteligencia (GT2), de Operaciones (GT3) y de Logística (GT4).

Para ingresar en el GT 3.3.2 la Armada instruía un curso técnico-táctico de “guerra revolucionaria” y de operaciones encubiertas, supervisado por el Comando de Operaciones.

El Batallón 601 instruyó al GT 3.3.2 sobre su “blanco enemigo”, Montoneros, organización a la que debía sacar de combate, aniquilar, con la destrucción física y moral de sus miembros.

La acción del Grupo de Tareas 3.3.2, con sus respectivos departamentos, respondía a las características del plan de especialización en la “lucha antisubversiva”. Se habían preparado durante muchos años.

El jefe del Departamento de Inteligencia del GT 3.3.2 era Jorge Eduardo “Tigre” Acosta. Sus subordinados, los oficiales del grupo de tareas, seguían a sus “blancos”, se infiltraban en sus grupos, grababan sus conversaciones telefónicas, reconstruían sus rutinas y luego evaluaban la información acumulada y participaban en la planificación de los operativos de secuestro. Después, en el centro clandestino, los oficiales del GT2, de Inteligencia, se ocupaban del interrogatorio y las torturas, y también intervenían en la selección de los prisioneros que debían desaparecer.

Su relación con el prisionero era la siguiente: “Soy tu interrogador, de mí depende tu vida y tu muerte”. Con los datos obtenidos bajo tortura convertían la información en inteligencia: producían un “gráfico de contactos” que les permitía establecer los ámbitos (o células) en que operaba “el enemigo”. A partir de entonces el ciclo represivo se aceleraba: El GT2 (de Inteligencia) cedía la producción de su departamento al GT3 (de Operaciones).

El jefe del GT3 era Jorge Perrén. Era hijo de un almirante que había participado en el derrocamiento de Perón en 1955. Los oficiales subordinados de Perrén ejecutaban secuestros, saqueaban viviendas y, mientras los prisioneros eran torturados, se mantenían a la espera de informaciones sobre “nuevos blancos” para volver a actuar.

Un protocolo interno indicaba que entre la información obtenida en el interrogatorio y la orden de un nuevo operativo no debían pasar más de cuatro horas, tiempo en el que se estimaba que “el enemigo” encendía las alarmas por la caída de un miembro de su ámbito.

Con la información de inteligencia reunida, la continuidad del circuito represivo se organizaba en el “Salón Dorado”. En un pizarrón se diseñaba la operación y se fijaban las tareas que debía cumplir cada miembro del GT3. Todo lo expuesto se consignaba en un formulario, con fecha, hora y seudónimos del personal actuante.

Chamorro pedía detalles, planteaba alternativas, ordenaba modificaciones y, una vez que autorizaba la acción, el grupo operativo tomaba las armas y los chalecos antibalas y salía a la calle con la información del “terrorista” que debían secuestrar y de su grado de peligrosidad. Los oficiales del GT3 actuaban con ropa de civil.

Antes de la partida, el Comando de Operaciones pedía “área libre” al Comando del Primer Cuerpo de Ejército, máximo responsable de la Zona 1, donde operaban los grupos de tareas de la ESMA. El Comando de Zona 1 coordinaba los operativos, pero no impartía órdenes sobre ellos.

En términos generales, el “blanco” era buscado en su casa o en la calle, con datos de inteligencia propios o, excepcionalmente, brindados por otras fuerzas. Era usual que un prisionero convocara al “blanco” a una cita, sin que este supiera que quien lo llamaba ya había sido secuestrado, y lo “marcaba” a los oficiales del grupo de tareas cuando llegaba al punto acordado. Era una cita “envenenada”.

En cada acción de un grupo de tareas de Operaciones (GT3) actuaban no menos de diez miembros. Un oficial de Inteligencia (GT2) podía integrar el grupo para facilitar la operación. Además, los grupos de tareas eran acompañados por miembros de la Policía Federal, de la Prefectura o del Servicio Penitenciario. El comandante de Operaciones, vicealmirante Mendía, monitoreaba el procedimiento por radio, ordenaba su inicio y enviaba medios de apoyo, armas o municiones si se lo requería el responsable de la operación. Finalmente, en comunicación con el jefe del operativo, el comandante de Operaciones lo daba por finalizado.

Uno de los métodos del GT 3.3.2 para las detenciones ilegales era aparentar un operativo antidroga. Era lo más habitual para las acciones de calle. Después el “blanco” era introducido en un auto y su llegada era anticipada a la ESMA por medio de la radio:

Selenio, Selenio. Resultado positivo. Ropero abierto, ropero cerrado. Traemos el paquete.

Al prisionero se le asignaba un número, sucesivo al del detenido anterior, y se lo conducía al sótano. Después de varias horas de interrogatorio, en las que era torturado, se lo llevaba a Capucha, por lo general ya desmayado.

La custodia de los prisioneros correspondía a “los verdes”, cadetes de la Escuela Naval de entre 16 y 20 años de edad. Sus jefes, denominados alternativamente “Pablos” o “Pedros”, eran suboficiales de baja graduación que guardaban las llaves de las esposas y los grilletes de los prisioneros.

Si de los interrogadores del GT2 dependía la vida de los detenidos, la vida cotidiana en Capucha o Capuchita dependía de los suboficiales que los custodiaban en guardias rotativas. Los guardias solían obligarlos a hacer flexiones de brazos o abdominales sin permitir que se sacaran el antifaz o se desprendieran de los grilletes, dos aros de acero cerrados alrededor de los tobillos. De la voluntad de los guardias también dependían la alimentación y la higiene. Los prisioneros perdieron rápidamente salud y peso. En algunos casos perdieron los dientes. Podían esperar la comida durante horas o carecer de alimentos durante varios días, si un “verde” los castigaba por no haber soportado los ejercicios, haberse quitado la capucha o por los motivos que él decidiese.

Las necesidades fisiológicas se hacían en una lata en el propio compartimento. Los prisioneros eran llamados por sus números y los formaban en fila para ir al baño. Las duchas no resguardaban la intimidad. Se bañaban delante de los guardias, que abrían y cerraban el grifo de agua según quisieran. Muchas detenidas fueron violadas por los guardias. Preferían no higienizarse.

Además de los departamentos de Inteligencia y de Operaciones, también actuaba el Departamento Logística (GT4). Se ocupaba del apoyo y las provisiones de ambos grupos, el mantenimiento y la refacción del edificio, y las finanzas, que no solo dependían de los fondos de las partidas presupuestarias del Estado. También se financiaban con el dinero que robaban a los prisioneros u obtenían de las ventas de muebles y electrodomésticos y que luego repartían según la escala jerárquica. Los grupos de tareas también se apropiaban de automóviles, que vendían o usaban para otros operativos.

Los inmuebles los transferían mediante falsificación de documentos: algún miembro del grupo de tareas asumía la identidad del propietario. Mediante la firma del prisionero, también podían obtener el título de propiedad o el boleto de compra y venta para las operaciones inmobiliarias. Tenían una “inmobiliaria” que hacía las gestiones.

Un caso emblemático del robo de inmuebles de detenidos ilegales se produjo a partir de la caída del Área de Finanzas de Montoneros, en enero de 1977, con el secuestro del abogado Conrado Gómez, el contador Horacio Palma y el empresario Victorio Cerutti, de Mendoza, que poseía terrenos en Chacras de Coria valuados en veinte millones de dólares. Cerutti, de 75 años, había recibido capital montonero para formar la empresa Cerro Largo. Los tres hombres fueron llevados a la ESMA, donde los “contadores” de la Marina, el Tigre Acosta y el teniente de fragata Jorge Rádice, de Logística del GT 3.3.2, los despojaron de un automóvil, caballos de carrera, campos y los títulos de propiedad de Cerro Largo, luego cedidos a Massera, además de una transferencia bancaria a favor de Acosta. La “cesión” se realizó con un escribano de la “inmobiliaria” en el sótano de la ESMA.

Un prisionero de la ESMA podía permanecer muchos meses, incluso años, en la incertidumbre de su destino. Mucho más tiempo que los detenidos ilegales del Campito, en Campo de Mayo, u otros centros clandestinos.

El PLACINTARA (reglamento de la Armada de “lucha contra la subversión” producido en 1975), contemplaba para cada detenido la apertura de una causa penal, el traslado a la justicia militar y su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) e incluso la libertad, como sucedió en algunas oportunidades. Pero en el reglamento no se consignaba el “traslado”. En los hechos, el prisionero que ingresaba a la ESMA lo hacía para ser “trasladado”. La permanencia allí era una condena a muerte pendiente de ejecución. La excepción a este principio fueron los que sobrevivieron.

No existía un principio que determinara por qué, según cálculos estimados, cinco mil prisioneros fueron “trasladados” y otros dos mil, en cambio, fueron liberados después de muchos meses.

La “resolución final” sobre quiénes debían ser “trasladados” se tomaba los martes en el Salón Dorado. Allí participaban el director de la ESMA, su Estado Mayor (jefes de área) y algunos oficiales de inteligencia. Aquellos que poseían una graduación menor y solicitaban evitar el “traslado” de un prisionero debían fundamentarlo o acceder a algún tipo de negociación. En los primeros meses de detención, en Capucha se creía que los “trasladados” habían sido llevados a un campo de trabajo en la Patagonia. En ese imaginario, el “traslado” representaba un alivio. Era el final de las torturas.

Una vez, el teniente de fragata Alfredo Astiz, de Inteligencia del GT 3.3.2, le revelaría a una prisionera que el destino era el mar Argentino: los tiraban mar adentro porque las aguas del Río de la Plata devolvían los cuerpos a la costa. Pero el “trasladado” no conocía su destino.

La orden se ejecutaba al día siguiente, los miércoles.

Todos los miércoles, durante dos años, se realizaron “traslados”.

Del “traslado” no participaban los oficiales. Se ocupaban los guardias. Llamaban alrededor de quince o veinte prisioneros de Capucha por su número y los conducían al sótano encapuchados y engrillados. En la enfermería les aplicaban una inyección que los adormecía. Los prisioneros cruzaban la puerta de metal y, ayudados por los guardias, subían a una camioneta que los llevaba al aeroparque. En el avión les aplicaban una dosis más y después de algunas horas los arrojaban desnudos al mar.

Pese a que el sótano era desinfectado, los jueves quedaban las marcas de zapatillas que dejaban los “trasladados”. Ese día, Acosta, el jefe de inteligencia del GT 3.3.2, solía pasar películas en la sala de audiovisuales para atenuar la tensión que generaban los “traslados” en el personal de la ESMA. Los oficiales también recibían contención espiritual del capellán de la ESMA y buscaban una explicación cristiana al acto criminal.

El 12 de marzo de 1977, el Ejército detuvo a José María Salgado en Lanús cuando estaba con su esposa, Mirta Castro, embarazada de seis meses. Fue introducido en un auto. Luego le permitieron avisarle a su madre: Salgado le dijo que había sido detenido por “averiguación de antecedentes” en Coordinación Federal.

“Pepe” era militante montonero. Su ámbito era el Departamento de Informaciones. Todavía era suboficial de la Policía Federal y conservaba la chapa 40551. Hacía ocho meses, su responsable había detectado que la vigilancia del edificio de Seguridad Federal era vulnerable y podría ser atacado. Salgado probó que podía entrar y salir con un paquete sin ser revisado. En la tercera oportunidad, colocó la bomba de trotyl que mató a veintitrés policías y dejó decenas de heridos.

Tras la detención en Lanús, Salgado fue conducido a la ESMA. Hizo el recorrido de todos los prisioneros. Fue torturado en el sótano y en Capucha, hasta que el GT2 le pidió que hiciera una cita con Rodolfo Walsh, que formaba parte de su mismo ámbito, la Inteligencia montonera.

Para entonces, Walsh esperaba que un contacto montonero le diera los documentos para irse del país. Pese a que la Conducción había recibido y rechazado sus informes críticos del último trimestre de 1976, decidió concederle una salida “orgánica”.

Walsh había creado, con un grupo de colaboradores, la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), que difundía, sin consignas militantes, información sobre la represión —con nombres de estructuras parapoliciales, paramilitares, secuestros en barrios, fábricas, asesinatos de dirigentes, operativos militares—, redactada en cables que llegaban, vía postal, a curas, miembros de las Fuerzas Armadas, personalidades de la cultura y también redacciones locales, corresponsales extranjeros y medios del exterior. Además de conducir ANCLA, Walsh escribía la carta a la Junta Militar para difundirla en el primer aniversario de la dictadura. Poco antes de la medianoche del 24 de marzo de 1977 ya la había pasado en limpio.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde.

El 25 de marzo Walsh ya había recibido el pedido de Salgado para encontrarse. Ese día tenía tres citas. La primera era con Pepe. Tomó un tren con su esposa, Lilia Ferreyra, en la estación San Vicente. Su documento lo identificaba como “Norberto Pedro Freyre”, el mismo nombre que había utilizado para investigar los fusilamientos de la Revolución Libertadora en 1956 en los basurales de José León Suárez.

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Walsh llegó a la estación Constitución. Vestía una camisa guayabera, un pantalón marrón, un sombrero de paja, y llevaba un portafolio y una pistola Walther PPK calibre .22. Aparentaba ser un profesor de inglés jubilado. Así se había presentado en San Vicente. Incluso, unos días antes, un grupo de vecinos le pidió que se sumara al reclamo de la instalación de la luz en el barrio, y fueron a la Municipalidad a conversar con los empleados, hasta que las tropas del Ejército se apostaron en la vereda para disuadirlos.

La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Enseguida, mediante un teléfono público en la calle Lima, confirmó la cita con Salgado en un “pie telefónico”, un número en el que recibía mensajes en clave, se despidió de su esposa y luego envió las copias de la carta a la Junta Militar por correo.

Entre mil quinientas y tres mil personas más han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizá del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Cerca de las tres de la tarde, cuando caminaba por la vereda de la avenida San Juan hacia la avenida Entre Ríos, treinta hombres y más de seis vehículos lo esperaban. También Salgado y otros prisioneros de la ESMA que habían sido obligados a ir al operativo. Desde la radio de uno de los móviles del GT3 se escuchó “emergencia, emergencia”. Uno de los autos fue hacia la avenida San Juan.

Las 3 A son hoy las 3 Armas y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre “violencias de distintos signos” ni el árbitro justo entre “dos terrorismos”, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte.

Cuando lo abordaron, Walsh metió la mano en una bolsa de plástico, los oficiales gritaron “pepa”, “pepa”, para advertir de que podía tener una granada; le dispararon. Walsh cayó herido y fue introducido en un auto.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en los momentos difíciles.

Algunos prisioneros lo vieron entrar al sótano de la ESMA en una camilla, directo a Enfermería. Estaba con el torso desnudo y varios impactos en el pecho. El plan del grupo de tareas era atraparlo vivo. La carta, que Walsh firmó con nombre y apellido, había sido su último acto político.

Después, Salgado fue muerto. Pero su muerte fue encubierta en un operativo. Un comunicado del Primer Cuerpo de Ejército dijo haberlo “abatido” junto a otros dos “delincuentes subversivos” después de una persecución en la calle Canalejas al 400, donde se produjo el “enfrentamiento”. Según el “identikit”, explicaba el comunicado, uno de los “abatidos” era “José María Salgado, oficial ayudante de la Policía Federal, principal sospechoso de haber colocado la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal”.

Una de las acciones más representativas de los grupos de tareas de la ESMA la condujo el oficial de inteligencia del GT3.3.2 Alfredo Astiz, de 26 años, quien se infiltró en un grupo de familiares de desaparecidos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, en la Capital Federal. Provocó quince víctimas, entre ellas, dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, y Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Catorce madres de desaparecidos se habían reunido por primera vez el 30 de abril de 1977 en la Pirámide de Plaza de Mayo; luego se fueron sumando otras. Astiz llegó a ellas, con la identidad de “Gustavo Niño”, para reclamar por un supuesto hermano montonero secuestrado. Lo acompañaba una “hermana” —una prisionera de la ESMA, de alrededor de 20 años— que siempre permanecía callada junto a él. Astiz acompañaba a las madres cuando se enfrentaban a la policía y se reunía con corresponsales extranjeros. Su trabajo de infiltración dio paso al GT3, de Operaciones. El 8 de diciembre de 1977, cuando se iniciaba la misa en la iglesia Santa Cruz, Astiz se despidió de ellas con un beso. A la salida, las personas que saludó fueron detenidas en un supuesto “operativo antidrogas”. Dos días después fueron secuestradas Azucena Villaflor, cuando salía de su casa en Sarandí, y Léonie Duquet, en la parroquia San Pablo de Ramos Mejía. Fueron conducidas a la ESMA. El presidente Valéry Giscard d’Estaing exigió a Videla información sobre el paradero de las monjas francesas. La ESMA fraguó un supuesto operativo guerrillero: distribuyó la foto de las monjas junto a hombres encapuchados y una bandera de Montoneros, que tenía el propósito de lograr que la Iglesia y el gobierno francés realizaran un “total repudio al régimen dictatorial del general Videla” y que Francia asilara a los “perseguidos políticos”. En respuesta, la Junta Militar expresó “su vivo y categórico repudio a todo intento perturbador de la paz y la tranquilidad de los argentinos”. Diez días después, Villaflor, Duquet y otras tres mujeres fueron tiradas al mar en los “vuelos de la muerte” de la ESMA y aparecerían un mes más tarde en las costas del mar argentino. Fueron sepultadas como NN e identificadas en 2005.

Los centros clandestinos estaban instalados en todo el país. Dependían del Comando de cada zona. No existió una provincia en que la represión ilegal no estuviese diseñada y organizada.

A partir del 20 de julio de 1976, durante una semana, las luces del municipio de General San Martín, en Jujuy, se apagaron entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Esa semana fueron secuestradas alrededor de cuatrocientas personas; estudiantes, obreros, empleados, gremialistas. Algunos fueron llevados maniatados y con los ojos vendados al centro clandestino de la localidad de Guerrero, a ciento veinte kilómetros del complejo agroindustrial Ledesma, en ese municipio. Fueron torturados por la policía. Los que “no iban a salir nunca más” fueron ubicados en el “Salón de los Sentenciados”; a otros los liberaron cerca del hospital de San Salvador de Jujuy, para que los curasen de las torturas que les infligieron; otros pasaron a ser detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Después de esas noches, más de treinta secuestrados nunca más aparecieron.

La empresa azucarera Ledesma, que actuaba como un Estado paralelo en el municipio, cedió apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en “La Noche de los Apagones”. También en la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el Ejército y la Gendarmería, con personal uniformado, entraron en las casas para llevarse a los que previamente estaban señalados en una lista. Muchos familiares dijeron haber visto el logo de la empresa Ledesma en las puertas de las camionetas. También fue denunciado Juan de la Cruz Kairuz, ex policía y entrenador del Club Atlético Ledesma —el equipo de la empresa que ese año jugó el Campeonato Nacional de Primera División— por haber actuado en los allanamientos como personal civil, pero dando órdenes a los uniformados. Kairuz vivía dentro del ingenio.

Desde hacía diez años, la Gendarmería había instalado una seccional en el predio de Ledesma: controlaba cada reclamo de los zafreros y ofrecía seguridad interna. La empresa le facilitaba a la fuerza de seguridad del Estado el inmueble y el combustible para los vehículos, y sostenía los gastos. Además, la empresa solía prestar vehículos cuando la policía detenía gremialistas, en virtud del escaso parque automotor de la fuerza policial.

Uno de los secuestrados en la madrugada del 24 de marzo fue Luis Arédez. En la década de 1950 había trabajado como médico en Ledesma. Fue despedido por recetar demasiados medicamentos a los trabajadores que padecían enfermedades en la temporada de zafra, según el argumento de la empresa. En 1973 Arédez fue electo intendente del municipio Libertador General San Martín. Su gestión duró ocho meses. Hasta que el gobierno de Jujuy, con las tropas de Infantería y el Ejército, le intervino el municipio. Durante su mandato, con el voto del Concejo Deliberante, Arédez resolvió que Ledesma, el ingenio más grande de Latinoamérica, pagara por primera vez impuestos al municipio.

Desde la madrugada del golpe de Estado, cuando Arédez fue secuestrado en la camioneta de la empresa, permaneció desaparecido en la jefatura de la policía provincial y otras dependencias policiales. Su detención fue legalizada el 7 de octubre, cuando estaba en la unidad penal de Villa Gorriti, y fue trasladado al penal de La Plata.

Lo liberaron el 5 de marzo de 1977. Pero la libertad, de regreso a Jujuy, le duraría apenas unos meses. El 13 de mayo, Arédez volvió a ser secuestrado cuando salía de su trabajo en el hospital de Fraile Pintado y nunca más se supo de él. Su auto apareció seis meses después en Buenos Aires. La legalización de su detención y su posterior libertad fueron los antecedentes de su desaparición definitiva.

La metodología de hacer desaparecer o matar a una persona que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional se realizaba también mediante los “intentos de fuga”. Eran operaciones que fraguaban las Fuerzas Armadas.

La masacre de Las Palomitas, en Salta, fue uno de estos casos. El 6 de junio de 1976 el coronel Carlos Mulhall, jefe de la Guarnición Salta y del Área 322, envió a Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas, una orden de “traslado administrativo” de presos. Eran once, cinco mujeres y seis hombres. El operativo lo realizaron los militares, que ordenaron apagar las luces de los pasillos; solo algunos guardiacárceles permanecieron con linternas. Los militares se llamaban entre sí con seudónimos. El traslado no fue registrado en los libros de la unidad penal.

Los detenidos estaban a disposición del PEN. Estaban presos desde 1975. Les dijeron que dejaran sus ropas y pertenencias en la cárcel. Celia Raquel Leonard de Ávila, maestra, le entregó su bebé de cuatro meses a su hermana, que estaba detenida, pero no figuraba en la lista administrativa. La patrulla militar del capitán Hugo Espeche Garzón retiró a los presos y los condujo hasta la salida de la ciudad de Salta, donde fueron entregados a otro grupo militar para concretar el supuesto traslado. Los presos, según Mulhall, serían trasladados a Córdoba, sede de la Zona 3, que tenía jurisdicción sobre la provincia de Salta.

Para matar a los once detenidos se inventó la aparición de un comando guerrillero en la noche del 6 de julio sobre la ruta 34, a la altura del paraje Las Palomitas, entre General Güemes y Metán. Pero no hubo heridos ni muertos entre los militares y los guerrilleros. Al día siguiente aparecieron un Torino y una camioneta —que habían sido sustraídos a dos conductores en la tarde del “ataque”— con cápsulas de bala y manchas de sangre y restos de masa encefálica de los presos, como resultado del “enfrentamiento con las fuerzas subversivas”.

En realidad, entre las 10 y las 10.30 de la noche los prisioneros fueron bajados de los medios de transporte y fusilados; dos de los cadáveres fueron dinamitados dentro de uno de los vehículos.

Si Salta pertenecía a la Zona 3, bajo el mando del general Menéndez, la provincia de Chaco estaba bajo jurisdicción de la Zona 2, que comandaba el II Cuerpo de Ejército. Desde octubre de 1976, el responsable era el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

En Margarita Belén se produjo otro “intento de fuga” con modalidad similar al de Salta.

Algunos de los presos habían sido trasladados de la Unidad Penal 7 de Resistencia hasta la alcaidía de la policía, donde fueron torturados hasta el día del traslado, según testimonios de otros presos. Después, el Ejército ordenó el “traslado administrativo” de un grupo de veintidós personas —siete de ellas, militantes montoneros; el resto, estudiantes, militantes sociales y de ligas agrarias— a la Unidad Penal 710 de Formosa, una cárcel de “máxima seguridad”.

En el trayecto entre Chaco y Formosa se produjo el “intento de fuga”. Fue en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Al llegar a Margarita Belén, a treinta kilómetros de la capital, en un camino lateral de la ruta 11, todos los prisioneros fueron muertos, supuestamente a consecuencia de un ataque de “delincuentes subversivos” que intentaron liberarlos o evitar que “delataran a su organización”.

No hubo bajas, ni heridos entre las fuerzas de seguridad. El cementerio municipal los enterró como NN en tumbas que habían sido abiertas el día anterior. Cinco de los veintidós muertos no pudieron ser identificados.

El centro neurálgico de la represión del interior del país estaba asentado en la Zona 3, en manos del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército. Era el “señor de la represión ilegal”. Tenía control sobre la mayor superficie del territorio argentino: diez provincias, más de siete millones de habitantes. Pero Córdoba era su propio feudo.

La obra represiva de Menéndez quedó representada en el centro clandestino “La Perla”. Había ordenado su construcción seis meses antes del golpe de Estado. Lo denominó así en homenaje a su esposa, María Angélica Barca, a quien todos llamaban “Perla”. Cuando Menéndez visitaba La Perla, los oficiales obligaban a los prisioneros a limpiar la cuadra, a poner sus pertenencias en una caja y a alinear las colchonetas en tres filas para que el general viera que en el centro clandestino imperaba el orden.

En Tucumán, el general Antonio Bussi, que había reemplazado en el Operativo Independencia a Acdel Vilas, continuó con el plan represivo como interventor a cargo del gobierno de la provincia. Cuando le entregó el mando, Vilas le dijo: “La subversión armada ha sido total y completamente derrotada”. Después, Bussi, en una comunicación telefónica, le diría: “Usted no me ha dejado nada por hacer”. Durante el gobierno de Bussi desaparecerían seiscientas treinta y ocho personas. personas. Entre ellas el senador del FREJULI Guillermo Vargas Aignasse, detenido en la cárcel de Villa Urquiza y desaparecido quince días después tras un simulacro de “liberación”. Su cuerpo fue identificado en 2011 en una fosa común denominada “el pozo de Vargas”. También Ángel Pisarello, de 60 años, titular de la UCR de Tucumán, y uno de los últimos abogados que presentaba habeas corpus por casos de desapariciones, fue detenido y su cuerpo sin vida aparecería en un tacho de basura de Santiago del Estero. Una de las características de Bussi en el centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, que visitaba con frecuencia, era formar a los prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas, y efectuar el primer disparo en la nuca, delante de la plana mayor del Ejército y sus subalternos. Luego continuaban ellos para refrendar el pacto de sangre que los unía. Según el relato de un testigo en la posterior causa judicial, de este modo, Bussi asesinó a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.

Después de la ESMA y Campo de Mayo, La Perla fue el centro clandestino más emblemático de la dictadura militar. Entre 1976 y 1978 pasaron por “la cuadra” o galpón militar alrededor de dos mil quinientos prisioneros. Sobrevivieron cerca de doscientos.

A partir del 22 de abril de 1976 Menéndez prohibió a los diarios de Córdoba que publicaran presentaciones de habeas corpus de desaparecidos o reclamos de familiares que buscaran información sobre las víctimas. Pero Menéndez, que solía participar personalmente de los operativos contra “la subversión”, encabezaba conferencias de prensa para difundirlos.

En La Perla, ubicado a un costado de la ruta que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz, el “intento de fuga” se llamaba “operativo ventilador”. Sacaban a los prisioneros por la noche y a la mañana siguiente aparecían muertos en la vía pública por un “enfrentamiento”.

Después del golpe militar, empezaron a llegar a La Perla entre diez y quince secuestrados por noche. Afuera de la cuadra había piletones donde sumergían a las víctimas. Las listas de detenidos se confeccionaban por triplicado: para el centro clandestino, el Destacamento de Inteligencia 141 (dependiente del Área 311) y la Tercera Sección, Grupo de Operaciones Especiales.

Las operaciones de los oficiales del Destacamento y el funcionamiento de La Perla eran de absoluta unidad. Los oficiales del Ejército iban y venían de un lugar a otro, comunicados por radio con La Perla. Menéndez tenía un completo control sobre toda la cadena represiva del Destacamento y la “cuadra” del centro clandestino. Era dueño de la vida de todos los prisioneros, pero dejaba margen de decisión a sus cuadros inferiores.

Con La Perla, el Departamento de Informaciones (D2) perdió trascendencia como núcleo de la represión. Algunos detenidos fueron llevados a la prisión militar de “La Ribera”, a metros del cementerio de San Vicente y la avenida Costanera de Córdoba, que comenzó a prepararse como centro clandestino en diciembre de 1975 por orden de Menéndez tras una reunión con la “comunidad informativa”. De “lugar de reunión de detenidos”, La Ribera se convirtió en centro clandestino tras el golpe militar. Pero la mayoría de los secuestrados era trasladada a La Perla, el epicentro del esquema represivo. Participaban de las torturas en la La Perla algunos jefes del D2, como el capitán Héctor Vergez, activo miembro del Comando Libertadores de América y oficial del Destacamento 141. Era uno de los jefes de la cuadra, como también lo era el mayor Ernesto Barreiro. Después, en julio de 1976, Vergez ingresó al Batallón 601, en Buenos Aires, pero continuó con sus visitas a Córdoba, donde era reconocido como secuestrador y torturador. En una oportunidad, con su grupo operativo de siete personas, Vergez llevó a un detenido de La Perla a un procedimiento. Como en la casa de su “blanco” no encontró a nadie, comenzó a incendiarla y mantuvo al detenido en el interior, amarrado en una silla. Prometió dejarlo hasta que se prendiese fuego. Pero después lo desató y lo llevó de vuelta al centro clandestino.

Los “traslados” se hacían a la hora de la siesta. La llegada del camión del Ejército Mercedes Benz producía en la cuadra un silencio sepulcral. Se advertía la tensión. Los militares se movían nerviosos, ajustaban las vendas de los detenidos. El camión venía una vez por día. O cada dos días. Bastaba que desde la entrada de la cuadra se gritase el número del prisionero para que este supiese que había llegado su hora: iba a ir al “pozo”. Los detenidos eran retirados por gendarmes. A veces se acercaban al sentenciado, le mencionaban el número en voz baja y le permitían despedirse del resto.

El “traslado” al pozo se hacía en grupos de a tres. Subían maniatados, amordazados, vendados. Algunos creían que podrían ser llevados a la Penitenciaría o a otro campo, para “recuperarse”. Pero la mayoría de los prisioneros sabía qué significaba el “traslado”.

Con los prisioneros a bordo, los camiones avanzaban por un camino interno, entre La Perla y el III Cuerpo de Ejército, durante unos pocos kilómetros, hasta donde se había cavado el pozo, que medía 4 metros por 1,80 de profundidad. Después los hacían arrodillar y les disparaban; dentro de la fosa, cubrían los cuerpos con cal. Si el detenido iba de La Ribera a La Perla, su destino, casi sin excepciones, era el pozo. La Perla estaba asociada con el último destino. La idea de Menéndez era que desde un general hasta un suboficial participaran en al menos un fusilamiento para que se oficializara el “pacto de sangre”.

La “resolución final” sobre los detenidos era tomada por el jefe del Destacamento 141 y los responsables de las cuatro secciones: Primera, “de ejecución”, Segunda, “de calle”, Tercera, “actividades especiales de inteligencia” o “grupo de operaciones especiales”, y Cuarta, “logística”. Los suboficiales podían opinar, pero no tenían decisión. Tampoco los gendarmes que custodiaban a los alrededor de ciento cincuenta prisioneros en la cuadra.

Menéndez era de los pocos militares que querían que se hiciesen juicios marciales con pena de muerte. Lo propuso en diciembre de 1975 durante el gobierno constitucional, pero no logró consenso en la Junta Militar. En cada campo de concentración comenzaron a organizar la eliminación física de manera clandestina, sin ningún tipo de juicio u orden legal.

El otro “señor de la represión ilegal”, a cargo de la Zona 2, que incluía Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, con más de cinco millones de habitantes, era el general Leopoldo Fortunato Galtieri, que reemplazó a Genaro Díaz Bessone, uno de los militares-ideólogos del Terrorismo de Estado.

Solo en la provincia de Santa Fe había más de veinte centros clandestinos. Por ellos pasaron alrededor de ocho mil secuestrados. Galtieri había conformado una red en las afueras de Rosario: “La Intermedia”, “La Escuela Magnasco” y “La Quinta de Funes”.

Fue justamente en La Quinta de Funes donde Galtieri instaló su centro de detención para la infiltración y el espionaje. Lo recorría constantemente con arengas y amenazas. Allí tenía secuestrada a la cúpula de la regional Rosario de Montoneros. Con ellos, Galtieri buscó “colaboración”; imitaba la metodología de Massera en la ESMA. Su primera matanza ocurrió cinco días después de asumir el mando del II Cuerpo de Ejército. Siete militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros que tenía secuestrados en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía (SI), en Rosario, fueron acribillados en un camino rural de la localidad cordobesa de Los Surgentes, apilados, con los ojos vendados y signos de tortura, y luego enterrados en una fosa común del cementerio de San Vicente. Habían sido secuestrados en distintos procedimientos durante ese mismo mes. Galtieri había fundado su decisión de fusilar a los detenidos debido a que un secuestrado, capturado en uno de los procedimientos, se había fugado del Servicio de Informaciones. Ordenó fusilar al resto.

El comandante de Gendarmería e interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, se ocupó de ordenar el traslado y las muertes. Durante su gestión, en el centro clandestino del SI estuvieron detenidas alrededor de dos mil personas. Mientras tanto, el capellán de la policía, padre Eugenio Zitelli, intentaba calmar a los familiares de los secuestrados. Les decía que pronto volverían al hogar, aun sabiendo que ya habían sido fusilados. Fue acusado por detenidos de presenciar torturas.

Bahía Blanca, sede de guarniciones militares y de organismos de defensa y seguridad, fue el epicentro de la Zona 5. Dependía del V Cuerpo de Ejército. Cubría el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. El general Osvaldo Azpitarte fue el primer jefe. El segundo comandante de la Zona 5 era el general Acdel Vilas, con mando sobre la Subzona 51. Su presencia fue saludada en el editorial del diario La Nueva Provincia del 12 de agosto de 1976.

A esta altura existe solo una dialéctica: la del amigo-enemigo. Y al enemigo, el vencedor de Tucumán lo comprende mejor que nadie, debe tratárselo como tal. ¿O es que todavía vamos a creer que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra? Créanlo los cobardes, los cómplices… No lo cree así, afortunadamente, quien venció en Tucumán y hoy se empeña en limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos.

El V Cuerpo de Ejército había conformado “equipos de combate contra la subversión”, con fuerzas de tareas que dependían del Comando de Operaciones Navales y el Batallón Comando de Comunicaciones 181. Los secuestros se intensificaron desde la madrugada del 24 de marzo. En especial contra sectores obreros del puerto, que ya venían siendo objeto de inteligencia de la comunidad informativa local, en especial de la Prefectura. Eran operativos nocturnos, con autos sin identificación; los encapuchaban y los trasladaban en el piso de los vehículos.

En las desapariciones de Bahía Blanca, un circuito se cumplía de manera sistemática: el prisionero era llevado a la dependencia de la Prefectura en el puerto de Ingeniero White y desde allí, luego de interrogarlo, lo derivaban al buque ARA 9 de Julio, en la base naval Puerto Belgrano, o a la base de Infantería de Marina, Base Baterías o a “La Escuelita”, un edificio ubicado detrás del predio del V Cuerpo de Ejército. Tenía dos habitaciones con camas cucheta donde alojaban a los prisioneros, vendados, con las manos atadas.

En el patio había una sala de torturas, una letrina y un aljibe que utilizaban para colgar detenidos durante horas y sumergirlos de vez en cuando.

En una oportunidad llevaron detenidos a La Escuelita a una docena de alumnos de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1. Habían sido secuestrados de sus casas en diciembre de 1976, delante de sus padres. Permanecieron casi un mes en el piso, golpeados y con las manos en la espalda. A dos los torturaron con picana eléctrica. Después de un mes, los estudiantes fueron liberados. El motivo del secuestro había sido un incidente que habían tenido con un profesor de la escuela, un militar de la Marina, que los apercibió por el desorden que produjeron en el final de clases, y luego fueron expulsados. Los padres de los alumnos protestaron y pidieron la reincorporación. No cesaron sus reclamos, pese a la advertencia de las autoridades del colegio. Algunos días más tarde, un grupo de tareas fue a buscarlos casa por casa y los llevó al centro clandestino.

En la Zona 1, en la provincia de Buenos Aires, con epicentro en La Plata, funcionó el “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos ubicados en dependencias policiales. El jefe inmediato era el jefe de la policía provincial, coronel Ramón Camps; su superior era el abogado Jaime Smart, ministro de Gobierno entre 1976 y 1978, y por encima de ambos estaba el general Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia, que aspiraba a ser uno de los herederos del poder militar de la Junta, en reemplazo de Videla.

El Circuito Camps comenzó a funcionar a partir del golpe de Estado, con operativos de secuestros que coordinaba el Comando de Operaciones Tácticas (COT) de la Brigada de Investigaciones de La Plata, bajo la dirección del comisario Miguel Etchecolatz. Era la mano derecha de Camps: comandaba los operativos y también se ocupaba de las torturas. Quien ingresaba al Circuito Camps tenía cuatro posibilidades: ser liberado; ser “legalizado” y puesto a disposición del PEN; pasar a otro centro clandestino; o ser eliminado, como sucedió con la mayoría de los prisioneros.

En el Circuito Camps se persiguió a militantes políticos, dirigentes partidarios, ex funcionarios y también a empresarios, acusados de ser “cómplices financieros y culturales” de la guerrilla. En su recorrido de centros clandestinos, los prisioneros pasaban por la Brigada, donde permanecían dos o tres días, y luego los trasladaban al “Destacamento de Arana”, un centro de torturas en el que se quemaron cadáveres, y después a la Comisaría 5ª, en La Plata. En esa repartición, el personal policial que mantenía secuestrados en los calabozos vestía uniforme y cumplía las tareas de atención al público, pero aun así torturaba y abusaba de menores; allí también se realizaban partos de detenidas.

En Mar del Plata, la mayoría de los secuestrados eran alojados en la base naval, casi sobre la playa, y en la base aérea, en “La Cueva”, un sótano debajo de la torre de radar de la Fuerza Aérea, junto al aeropuerto Camet, sobre la ruta 2. La ciudad estaba bajo jurisdicción de la Subzona 15 en la Zona 1, dependiente del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el general Guillermo Suárez Mason. También cubría partidos costeros y otros del interior de la provincia de Buenos Aires. Los represores militares contaron con la colaboración civil del grupo Concentración Nacional Universitaria (CNU), de origen nacionalista, cuyos miembros luego se sumaron a la ortodoxia peronista como colaboradores y guardaespaldas de sindicalistas. Actuaron como una regional de la Triple A, con incidencia en las universidades y el Poder Judicial de Mar del Plata. En 1975, integrantes de la CNU vengaron la muerte de su jefe, el abogado Ernesto Piantoni, con otros cinco crímenes que consumaron esa misma noche. Lo habían juramentado en el velatorio. Tras el golpe de Estado, algunos miembros de la CNU colaboraron como informantes o en grupos operativos, y también en La Cueva. Allí, en la semana del 6 al 13 de julio de 1977, llevaron a once personas, en un operativo conocido como “La Noche de las Corbatas”. Siete eran abogados del fuero laboral, que presentaban hábeas corpus sobre desaparecidos. También secuestraron a sus esposas. De los once sobrevivieron cinco. Un solo cuerpo apareció en un camino vecinal.

Otro de los recorridos del circuito era “La Cacha”, en la localidad de Lisandro Olmos, cerca del penal. O la Brigada de Investigaciones de Quilmes, conocido como “El Pozo de Quilmes”, donde los detenidos llegaban en un camión y les hacían simulacros de fusilamiento. Eran tres pisos de calabozos, casi siempre llenos. La custodia era personal policial. Después pasaban al “Pozo de Arana”, donde se torturaba cerca de los calabozos y también a “El Vesubio” sobre la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura. En la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como “El Infierno”, a los prisioneros les daban agua con una manguera que atravesaba una mirilla, y cada tanto, algún alimento. Una de las detenidas pesaba solo 29 kilos cuando salió de la Brigada de Lanús. Para los “traslados”, los bañaban y los vestían, y luego los mataban para hacerlos aparecer como “muertos en enfrentamientos”. En el Circuito Camps los detenidos permanecían mucho menos tiempo que en otros centros clandestinos. El capellán de la policía bonaerense, monseñor Christian von Wernich, recorría el Circuito Camps con el argumento de dar alivio a los detenidos ilegales, a quienes interrogaba como lo hacían los torturadores, para extraerles información. En otros centros clandestinos del Circuito, como COT1 (Comando Táctico 1), en Martínez, y “Puesto Vasco”, en Don Bosco, Bernal, los secuestros perseguían una finalidad económica, en el marco de una interna de los “militares duros” (Saint Jean-Suárez Mason-Camps), que querían imponerse sobre los supuestamente “moderados” (Videla-Viola).

En Puesto Vasco fueron torturados los ministros del gabinete bonaerense de Victorio Calabró y también, en marzo de 1977, los integrantes del Grupo Graiver: la esposa, el cuñado, el abogado y los socios del banquero, entre ellos, el director de La Opinión, Jacobo Timerman.

De Timerman se ocupó personalmente Camps. Lo acusaba de haber “envenenado las mentes de los jóvenes con su literatura marxista publicada en La Opinión”, pero cuando lo tuvo detenido en abril de 1977 no solo quería vincular las finanzas de Montoneros con las acciones del diario —mediante Graiver—, sino, y principalmente, atacar el “poder judío” que habían representado David Graiver, José Gelbard y el propio Timerman. Camps solía agregar la inscripción de “judío” a sus enemigos.

Después de un interrogatorio, grabado, en la Brigada de La Plata, Timerman fue llevado a Puesto Vasco para ser torturado con picana eléctrica. Los guardias que lo pateaban le gritaban “perro judío”.

Otro circuito de la represión de la Zona 1 fue el denominado “ABO”, integrado por “El Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”, que funcionó desde 1977 hasta 1979. El Atlético —o “El Club Atlético”— funcionó en el sótano de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, controlado por un grupo de torturadores de esa repartición, muchos de los cuales habían actuado en la Triple A. Se calcula que pasaron por el lugar alrededor de mil quinientos detenidos, aunque no permanecían más de cien o doscientos en la misma época. Después del golpe militar, la Triple A se había ido diluyendo como organización criminal y todos los elementos parapoliciales y paramilitares que habían actuado de manera inorgánica, a veces chocando entre sí en la caza de “un zurdo” o de un botín, tuvieron un ordenamiento mucho más definido y quedaron bajo el mando de una conducción. Después de El Atlético, los detenidos eran llevados a El Banco, de la policía bonaerense, ubicado en avenida Ricchieri y Camino de Cintura (Puente 12), y luego llegaban a El Olimpo, en el predio de la División de Automotores de la Policía Federal, en Lacarra y Ramón Falcón, barrio de Floresta. El Olimpo funcionó desde agosto de 1978 hasta su cierre, seis meses después.

El 1º de junio de 1976, Santiago Cortell, propietario del local de Venancio Flores 3519/21, en el barrio de Flores, firmó un contrato de locación por dos años con dos personas, una de apellido Silva y la otra, Castell. Le dijeron que utilizarían el local para la importación y exportación de productos alimenticios. De este modo, el Grupo de Tareas 5 (GT5), que integraba la Dirección de Operaciones Tácticas I (OTI) de la SIDE, obtuvo su base operativa. La OTI, “actividad operacional antisubversiva” del espionaje estatal, reunía a personal militar y civil de inteligencia que también había operado como Triple A. El centro clandestino, que luego fue conocido como “Automotores Orletti”, se convirtió en una “cueva” propia donde reunir a secuestrados. Funcionó durante seis meses. Los represores lo llamaban “El Jardín”. Por ese centro clandestino pasaron alrededor de trescientos secuestrados; la mayoría desapareció.

El “Plan Cóndor” gestó su base represiva en Automotores Orletti. Entre las tareas del Grupo de Tareas 5 (GT5) de la SIDE (que comandaba el general Otto Paladino) estaba la persecución de extranjeros, en coordinación con los Estados de Chile, el Brasil, el Paraguay, Bolivia y el Uruguay, para secuestrar ciudadanos de esos países y luego trasladarlos en vuelos clandestinos o, en forma ocasional, comerciales, previa obtención de información mediante torturas. El Plan Cóndor se había oficializado en una reunión en Santiago de Chile en octubre de 1975 y contaba con el auspicio de la CIA. Desde el año anterior, ya existía una “cooperación policial regional” a través del Departamento de Extranjeros de la Policía Federal, que comandaba el comisario Juan Gattei, quien había sido entrenado por la CIA en técnicas de represión.

Uno de los militares a cargo de Orletti era el teniente coronel Rubén Visuara. También participaban el capitán del Ejército Eduardo Cabanillas y los agentes de inteligencia civiles Eduardo Ruffo, Honorio Martínez Ruiz y Raúl Guglielminetti, entre otros. Pero el jefe de Orletti, que controlaba el día a día, era Aníbal Gordon.

Fue justo él, Aníbal Gordon, quien ordenó el secuestro del actor Luis Brandoni en la noche del 9 de julio de 1976. Lo fue a buscar a la salida del teatro Lasalle con su grupo de tareas y finalmente lo sentó en una silla frente a su escritorio, en el primer piso por escalera caracol de Orletti, que había adornado con un cuadro de Hitler y otro del brigadier Juan Manuel de Rosas, y tenía a la vista un volante impreso en honor al comisario Alberto Villar.

A Brandoni lo secuestraron luego de que actuara en la obra Segundo tiempo. Fue arrancado junto a su esposa, Marta Bianchi, y una amiga de esta del automóvil en el que pensaban escapar, los tiraron contra la cortina de un comercio a punta de pistola y los subieron al “auto operativo”. Dejaron abajo al comediante español Miguel Gila y a su esposa, que los acompañaban. El grupo de tareas tenía tres autos. El que llevaba a Brandoni era un Renault 12 verde que conducía Gordon, quien tomó el walkie talkie y pidió “área libre” con el santo y seña “sapo verde”. Tras un viaje de veinte minutos se abrió la cortina metálica de Orletti e ingresaron todos los móviles. Había un perro en el taller que olfateaba a cada secuestrado. Brandoni estaba rodeado por siete personas, además de Gordon. Estaban expectantes, mirando y esperando órdenes. Gordon le dijo a Brandoni:

Nosotros somos la Triple A. Te dijimos que te tenías que ir del país y después volviste. Te cagaste en la Triple A y ahora la Triple A se va a cagar en vos.

En septiembre de 1974 Brandoni había sido amenazado junto a un grupo de artistas —Nacha Guevara, Horacio Guarany, Héctor Alterio, entre otros— y se había exiliado durante diez meses. En julio de 1975 regresó a sus tareas gremiales, como secretario general de la Asociación de Actores. En Orletti le revisaron su agenda, le sacaron el reloj, mientras su esposa y la amiga eran interrogadas en otro sector con amenazas de fusilamiento. En un momento, Gordon salió de la oficina y el interrogatorio a Brandoni quedó en suspenso. Después de una larga demora, en la madrugada del sábado, Gordon volvió a la oficina del primer piso y se enfrentó otra vez con Brandoni. Le dijo que festejara el 9 de julio porque acababa de nacer de nuevo. “De aquí nadie sale con vida…”. Su caso iba a ser una de las pocas excepciones. Gordon había recibido una llamada que había salvado la vida de Brandoni. Apenas sucedió el secuestro, Gila llamó al actor Emilio Alfaro y este, al general Arturo Corbetta. Fue durante la misma semana en que mataron a los curas palotinos. Corbetta ya había sido desplazado como jefe de la Policía Federal, pero conservaba influencia. Se preocupó por la suerte del actor, a quien había tratado en algunas reuniones sociales. Corbetta reclamó por su vida y Gordon lo dejó en libertad. Brandoni y su esposa volvieron a su departamento en la calle República de la India. “Basta de amigos judíos y de obras bolches…”, les dijeron al bajarlos del auto. Cuando se sacaron la venda, todavía no había amanecido.

Para entonces Orletti ya había sido adaptado como centro de torturas. Al prisionero lo colgaban de los tobillos con un aparejo, lo metían cabeza abajo en un tonel de agua hasta la altura del estómago y empezaban a golpearlo para impedir que retuviera el aire. Luego le aplicaban descargas eléctricas, lo vestían y lo llevaban vendado a la oficina de Aníbal Gordon, y luego lo ingresaban en una celda, desde donde se escuchaban los gritos de los torturados mezclados con la música de Jorge Cafrune o Nino Bravo, el paso del tren Sarmiento y el murmullo de unos chicos en el recreo de un colegio.

Dos diplomáticos de la embajada cubana estuvieron secuestrados en Orletti en agosto de 1976. Crescencio Galañena Hernández, que fue encontrado en un tambor de aceite rellenado con cemento en un baldío de San Fernando en 2012 y Jesús Cejas Arias, que continúa desaparecido. También secuestraban militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno que se habían exiliado en la Argentina, y enviaban los interrogatorios al país vecino o llegaban agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para realizar un interrogatorio más exhaustivo. Lo mismo sucedía con ciudadanos uruguayos. En Orletti también permanecieron secuestrados Marcelo Gelman, el hijo del poeta Juan Gelman, y su esposa María Claudia García Iruretagoyena, que estaba embarazada. Su hija, Macarena Gelman, nacería en el Uruguay en noviembre de 1976. Conocería su identidad en el año 2000.

Bibliografía

Actis, Munú; Aldini, Cristina; Gardella, Liliana; Lewin, Miriam y Tokar, Elisa, Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

Baschetti, Roberto, La memoria de los de abajo. 1945-2007. Hombres y mujeres del peronismo revolucionario, La Plata, De la Campana, 2007.

Calveiro, Pilar, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Colihue, 2006.

Calvo, Pedro, El radicalismo en tiempos de oscuridad, Buenos Aires, Lumiere, 2010.

Conadep, Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 2006.

D’Andrea Morh, José Luis, Memoria debida, Buenos Aires, Colihue, 1999.

Del Frade, Carlos, El litoral, 30 años después. Sangre, dinero y dignidad, Rosario, edición del autor, 2006.

Goñi, Uki, Judas. La verdadera historia de Astiz. El infiltrado, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

Gorini, Ulises, La rebelión de las madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo I (1976-1983), Buenos Aires, Norma-La Página, 2011.

Lorenzetti, Ricardo Luis y Kraut, Alfredo Jorge, Derechos humanos: justicia y reparación. La experiencia de los juicios en la Argentina, Crímenes de lesa humanidad, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

Lotersztain, Cacho y Bufano, Sergio (comps.), ancla. Rodolfo Walsh y la agencia de noticias clandestina. 1976-1977, Buenos Aires, Ejercitar la Memoria, 2012.

Maneiro, María, “La Plata, Berisso y Ensenada. Los procesos de desaparición forzada de personas en el ‘Circuito Camps’”, en Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina 1973-1983, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

Mariani, Ana y Gómez Jacobo, Alejo, La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración, Buenos Aires, Aguilar, 2012.

Mochkofsky, Graciela, Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999), Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Partnoy, Alicia, The Little School. Tales of Disappearance Survival in Argentina, Pittsburgh, Cleis Press, 1986.

Pierron, Yvonne, Misionera durante la dictadura. El testimonio de la monja francesa que se salvó de las torturas de la ESMAy “los vuelos de la muerte”, Buenos Aires, Planeta, 2009.

Robin, Marie-Monique, Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

Rosenberg, Tina, Astiz. La estirpe de Caín, Buenos Aires, La Página, 1998.

Verbitsky, Horacio, El vuelo. “Una forma cristiana de muerte”. Confesiones de un oficial de la Armada, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.

—, Rodolfo Walsh y la prensa clandestina. 1976-1978, Buenos Aires, colección El Periodista de Buenos Aires, 1985.

Villani, Mario y Reati, Fernando, Desaparecido. Memorias de un cautiverio. Club Atlético, El Banco, El Olimpo, Pozo de Quilmes y ESMA, Buenos Aires, Biblos, 2011.

CAUSAS JUDICIALES

“Aredes, Luis Ramón y otros”, expediente Nº 296/09. “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/privación ilegal de libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado”, causa Nº 2251/06.

“Guerrieri, Pascual y otros…”. Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Rosario (“Quinta de Funes”), causa Nº 131/07. “Larrateguy, Jorge A. y otros s/homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas (‘Margarita Belén’)”, causa Nº 308/02.

Megacausa ESMA s/delitos de acción pública, 18.918/2003, J. 12, S. 23. Tribunal Oral Federal Nº 5. “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad”.

“Menéndez, Luciano Benjamín y otros. Privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado”, causa Nº 40/08.

“Menéndez, Luciano Benjamín y otros, s/ homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas”, causa Nº 281/2008.

“Suárez Mason, Carlos y otros, sobre privación ilegal de la libertad…”, causa Nº 14.216/03.

“Videla, Jorge Rafael y otros” y “Menéndez, Luciano Benjamín y otros”, expediente M-13/09.

XXVI

Derechos y humanos

No nos hemos confesado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos hemos limitado a exponer los hechos. La Argentina solo se confiesa ante Dios.

GENERAL ALBANO HARGUINDEGUY, ministro del Interior. La Nación, 22 de septiembre de 1979

Mario Villani ya había atravesado el encierro de su celda del subsuelo de El Atlético cuando lo llevaron a El Banco. En esa etapa los torturadores, que lo llamaban “X-96”, ya habían advertido que les podía ser útil para tareas de mantenimiento. Villani era técnico electrónico y en el centro clandestino permitieron que se manejara con soldadores, cables, enchufes, como en cualquier taller; le hacían reparar televisores o tocadiscos que los grupos de tareas robaban en los operativos para luego usarlos o venderlos. Por momentos, Villani sentía que su situación mejoraba. A veces tenía los grilletes puestos en el taller y a veces no.

HECHOS RELEVANTES

1977. En el contexto de un “plan de lucha” en contra de 260 despidos en SEGBA, y mientras reclama al Ejército por 43 obreros detenidos, en febrero secuestran a Oscar Smith, secretario de Luz y Fuerza. Nunca más aparece.

En mayo, Montoneros atenta contra el ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante César Guzzetti, mientras permanecía en una clínica médica. Por los disparos, queda mudo y parapléjico.

1978. La Armada constituye el Centro Piloto, dentro de la embajada argentina en París, como base de infiltración entre exiliados argentinos que organizaban acciones de denuncia contra la dictadura.

En junio, durante la realización del Mundial de Fútbol, Montoneros ataca con un lanzacohetes la Casa Rosada y el Batallón 601 entre otros objetivos, sin consecuencias mayores.

1979. Durante todo el año y en 1980, Montoneros pone en marcha la Contraofensiva, con combatientes reclutados en el exterior para acciones de propaganda y atentados contra funcionarios relacionados con la conducción económica.

En septiembre, la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) recibe 5580 denuncias de casos de desapariciones. Por la visita de los funcionarios a la ESMA, la Armada traslada a los secuestrados al Tigre.

1981. El general Viola reemplaza a Videla. En el ámbito castrense se debate la posibilidad de una “apertura política”, que es rechazada por sectores “duros” del Ejército. Se crea la Multipartidaria, integrada por los partidos mayoritarios.

Viola pierde poder interno. En diciembre, una internación acelera su destitución. Asume el general Leopoldo Galtieri, que desalienta el diálogo con la oposición civil y organiza en secreto la acción bélica por las islas Malvinas.

En El Banco le pidieron que reparara una picana eléctrica. Alguien que presumía tener el instrumento más sofisticado y efectivo para torturar en todo el centro clandestino le dijo que estaba descompuesto. Era un objeto que había fabricado especialmente, dados sus estudios de ingeniería; no era la picana que le proveía el Estado. Villani se negó. Entonces el torturador empezó a hacer su tarea con un transformador de tensión variable que dejaba en peores condiciones físicas a los prisioneros. Los hacía pasar delante del taller para que viera las consecuencias de su negativa. Villani decidió reparar la picana. Pero, internamente, le colocó una pieza que producía menos energía, y aunque hacía más ruido, generaba mucho menos dolor y quemaduras en las víctimas.

Al torturador, la situación lo enfurecía y culpaba a la compañía de electricidad estatal, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), que no prestaba un buen servicio. La falta de energía era un problema constante. La empresa estaba controlada por la Marina.

Meses antes, aun con las amenazas de la intervención militar en el sindicato de Luz y Fuerza y los doscientos sesenta despidos en SEGBA —entre ellos todos los delegados y el secretario del sindicato, Oscar Smith—, los trabajadores habían iniciado un plan de lucha con “trabajo a tristeza” o “a reglamento”. Los pelotones de Infantería ocuparon la sede de Luz y Fuerza. En octubre de 1976 cerca de diez mil trabajadores se movilizaron en la sede de la empresa e iniciaron una huelga. Los servicios de inteligencia firmaron volantes con consignas de “Montoneros” contra la dictadura para reducir el reclamo al núcleo guerrillero.

Como respuesta a la movilización, hubo alrededor de cien secuestros de trabajadores y dirigentes gremiales. La infantería de Marina ocupó SEGBA. El descontento frente a la dictadura continuó con actos de sabotaje en plataformas y subestaciones de energía de la empresa que provocaban cortes de luz en distintos barrios. Ese verano de 1977 un grupo de dirigentes de siete gremios presentó al ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, un documento en el que reclamaban “aumento salarial, libertad a los presos gremiales sin causa, derogación de la Ley de Prescindibilidad y normalización de la CGT y sindicatos intervenidos”. El ministro, al que los militares consideraban “demasiado conciliador”, se negó a recibir el documento, pero atendió en persona a la delegación.

En el verano, también, el secretario de Luz y Fuerza Oscar Smith, que tenía “captura recomendada” y vivía en condiciones de clandestinidad, cambiando domicilios, le reclamó al general Suárez Mason, en una reunión personal, por los cuarenta y tres obreros del gremio que permanecían detenidos. Ofreció que lo apresaran a él a cambio de la libertad de ellos. El conflicto parecía camino a solucionarse. Los presos empezaron a ser liberados y los dirigentes llegaron a firmar un acta de “paz social” con el Ministerio de Trabajo. Pero el 11 de febrero de 1977, un grupo de tareas de la Marina encerró a Smith con dos autos y lo arrancó de los pelos de su Dodge 1500 en Sarandí, en el Gran Buenos Aires, y desapareció. Algunos prisioneros afirmaron que estuvo en la ESMA. La esposa de Smith, Ana María Pérez, llegó a entrevistarse con Videla. Acababa de rezar y tenía un rosario blanco en las manos. Le dijo que no podía ayudarla: “No sé nada. Son desaparecidos”.

A lo largo de 1977 algunas conducciones gremiales en la clandestinidad y otros dirigentes de la denominada “burocracia sindical” del justicialismo promovieron distintos conflictos por reivindicaciones obreras para atenuar la caída del poder adquisitivo y frenar los despidos. En 1976 el costo de vida había aumentado 347%.

El temor de las Fuerzas Armadas frente a los conflictos obreros era que los despidos masivos fomentaran la “guerrilla industrial”. En octubre, los trabajadores de Ika-Renault de Córdoba iniciaron una huelga de “brazos caídos” por reclamos salariales; el Ejército intervino la planta para garantizar la continuidad de las tareas. Frente a la prolongación de la protesta, el Ejército disparó y mató a cuatro obreros. Al día siguiente, para contrarrestar el abandono masivo de tareas en solidaridad, la empresa despidió a ciento treinta trabajadores cuando ya estaban detenidos.

En 1977, con mucha menor intensidad que en 1976, pelotones de Montoneros de las zonas Norte, Sur y Oeste del Gran Buenos Aires continuaron matando policías en ajusticiamientos casuales o para “recuperar” el arma; incendiando vagones de trenes; repartiendo propaganda en comedores obreros o expidiendo “sentencias de muerte” por vía telefónica.

Cada acción, prosperara o no, el Ejército Montonero la sumaba al “parte de guerra” que publicaba en Evita Montonera. Pero la realidad en el país era diferente de la descripción que presentaba la Conducción desde el exterior. A los montoneros que combatían a la dictadura les faltaba inserción política, armas, documentos falsos y casas donde poder refugiarse.

Un informe manuscrito del pelotón de combate Mary Ferreira, del Ejército de zona sur (Columna Sur) que se reunió durante dos días en enero de 1978 refleja la precariedad de la estructura y sus escasas posibilidades de operar. En el balance de los últimos tres meses, indicaban:

En lo político y lo militar la producción fue pobre. Si bien teníamos conocimiento de las fábricas prioritarias de la zona (Saiar, Bernalesa, etc.), al no tener puntas en ellas no supimos de qué manera dar a conocer nuestras propuestas. Esto pasó tanto en las fábricas como en los barrios.

Para las acciones armadas, dada la inexperiencia de sus miembros, se habían propuesto “aniquilamientos individuales”, pero no se cumplieron por errores de planificación. Las acciones militares quedaron suspendidas. Desde la formación del Ejército Montonero, ante la necesidad de cubrir las bajas, los requisitos para transformar a un “colaborador” en un “combatiente” se redujeron. La calidad de los cuadros militares había ido en descenso.

Durante 1976 y 1977 el Ejército Montonero de Capital Federal perdió el 60% de sus fuerzas. Para este grupo, en la evaluación del segundo trimestre el déficit principal era que no habían matado a nadie ni tampoco habían “recuperado” armas.

En el aspecto político, aunque incidimos y participamos militar y políticamente en los principales conflictos de los gremios de servicios, apenas logramos establecer algún tipo de relación directa con compañeros de esos frentes. En lo que hace a la propaganda, fue pobre y la relación, nula.

Uno de los aspectos políticos más críticos que se planteaba en Capital Federal era que, tras una acción de propaganda en un conflicto gremial, no podían tomar contacto con los trabajadores. Ese déficit los había conducido al aislamiento político. Es decir, si bien el Ejército Montonero seguía intentando ejecutar acciones en “el reducto del enemigo”, no podía ejercer una capitalización política de la acción por la recepción negativa que generaba en sectores obreros en los que intentaba reinsertarse.

Sin embargo, fiel a la política de enfrentamiento, los grupos de combate continuaron con atentados. En mayo de 1977 intentaron secuestrar al ministro de Relaciones Exteriores, almirante César Guzzetti, internado en una clínica de Palermo, pero, ante su resistencia, le dieron un tiro en la cara que lo dejó mudo y cuadripléjico.

También continuó el lanzamiento de granadas Energas G-40 y G-70 contra el Regimiento del Primer Cuerpo en Palermo, y los atentados “antipatronales” contra gerentes de la industria automotriz. En un atentado contra el vicealmirante Armando Lambruschini, miembros de una columna del Ejército Montonero de Capital Federal ocuparon un departamento vecino al suyo en Barrio Norte y le colocaron explosivos, con los que terminaron derrumbando parte del edificio y matando a su hija Paula, a un custodio y a una anciana.

Para el mes de junio de 1978, Montoneros decidió atentados y acciones de propaganda con resonancia pública en la Argentina, que no pudiesen ser ocultados por la Junta Militar. No quiso realizarlos sobre los estadios de fútbol: el límite de las acciones era un radio de seiscientos metros.

Un pelotón remanente del Ejército Montonero de Capital Federal —denominado Columna 34— fue trasladado a Europa para un curso de lanzacohetes antitanque soviético RPG7, que tenía capacidad de derribar a un helicóptero. Los RPG7 fueron introducidos en partes separadas por el puerto de Buenos Aires desde Europa y guiaron la campaña de “ofensiva táctica” durante el Mundial ’78. El 18 de junio un RPG7 golpeó contra el edificio del Batallón de Inteligencia 601 en Callao y Viamonte. Fue lanzado desde un Peugeot 504 estacionado a cien metros. La misma acción se repitió para golpear las paredes de la Casa de Gobierno, la Escuela de Mecánica de la Armada, el Comando en Jefe del Ejército y otras reparticiones militares y policiales.

El debut militar de los RPG7 no sirvió como acción de propaganda. Los destrozos por el impacto se producían en el interior de cada objetivo. En el frente de la Casa Rosada, el agujero se ocultó con una bandera argentina y luego fue reparado con cemento. Los atentados no fueron publicados en la prensa local pero sí mencionados por la prensa extranjera. Sin embargo, los RPG7 funcionaron como un aviso al gobierno militar: Montoneros todavía existía. También durante el Mundial 78 se interfirió el audio de un canal durante la televisación del partido Argentina-Francia, y el discurso de Firmenich pudo escucharse en La Plata y barrios cercanos a la capital bonaerense:

No hay ninguna contradicción entre nuestro anhelo de ganar el Campeonato Mundial de Fútbol y nuestro anhelo de voltear al salvajismo que se ha instalado en el poder […] Argentina campeón. Videla al paredón.

Durante la dictadura militar, la Armada promovió la infiltración sobre exiliados y montoneros en el exterior. Alfredo Astiz, luego de provocar los secuestros en la iglesia Santa Cruz, viajó a París para mezclarse en manifestaciones contra el gobierno argentino y recoger datos. Participó de reuniones en el Comité Argentino de Información y Solidaridad (CAIS) cuando se organizaba un boicot al Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, pero debió escapar a Alemania tras ser reconocido por su infiltración entre las Madres de Plaza de Mayo. La estructura que albergó a los marinos en París fue el Centro Piloto (CP), dependiente del cuerpo diplomático argentino, pero con acciones secretas y autónomas. Desde allí, reunían información sobre emigrados que promovían la “campaña antiargentina”. El CP tenía la misión de contrarrestar las críticas a la dictadura en Europa y también buscaba establecer contactos con organizaciones y políticos que en el futuro pudiesen ser útiles para el plan de Massera. El jefe de la Marina aspiraba a liderar un partido político que trascendiera a la Junta Militar y se presentara como una salida institucional al Proceso de Reorganización Nacional. El CP buscaba crear su “imagen internacional” como posible “sucesor de Videla”.

Después de la campaña del Mundial 78, Firmenich condecoró con la “Orden del Comandante Carlos Olmedo” a Horacio Mendizábal, jefe militar de Montoneros, quien, a su vez, en la prensa mexicana y europea, destacó “el éxito de la guerra larga de desgaste”, dado que los militares ya habían detenido su ofensiva y no habían podido quebrar la voluntad de los combatientes.

Si bien Montoneros, en el exterior, consideraba que la resistencia “no se había extinguido”, era insuficiente como estrategia de poder. Necesitaba un impulso. Este fue el análisis determinante para que la Conducción montonera —lo expresa en su boletín interno número 11 del último trimestre de 1978— decidiera emprender la maniobra de “la contraofensiva” de sus cuadros armados, que se definió en un plenario realizado en un convento italiano en enero de 1979. Montoneros evaluó que la dictadura no había podido cercar ni aniquilar la resistencia armada y que había logrado, incluso, la masificación progresiva de la resistencia obrera. Pero consideraba que la resistencia se había agotado “en su propio triunfo”. Se necesitaba un “salto cualitativo” que obligara a la dictadura a retroceder. Y debía provenir desde el exterior.

El retorno no era, para Montoneros, la aceptación de la aniquilación de sus cuadros sino la continuidad del “camino del triunfo”. En su mayoría, los militantes exiliados que se enrolaban para la Contraofensiva ya habían sido detenidos durante el gobierno de Isabel Perón, pero no fueron sometidos a un proceso legal. Continuaron encarcelados durante la dictadura militar y luego aprovecharon la opción de irse del país, desde el calabozo hasta el avión, para lograr su libertad bajo promesa de no retornar. La Contraofensiva también ofrecía la oportunidad de reintegrarse a Montoneros para aquellos que por distintos motivos habían quedado al margen de la Organización. Ahora podrían volver a ser militantes orgánicos.

El plan de la Contraofensiva se puso en marcha con tres fases. Primero, concentrar las fuerzas propias; después, aproximarse al territorio, y por último, el ataque. España y México fueron las bases del reclutamiento montonero.

Cada base implicaba un camino diferente. Desde Madrid se partía hacia Beirut y allí se completaba la formación del combatiente. Era el paso obligado de los miembros de las Tropas Especiales de Infantería (TEI). En México se reclutaba y entrenaba a los que participarían de los pelotones de las Tropas Especiales de Agitación (TEA). Ambas estructuras, TEI y TEA, no compartirían la información de sus objetivos ni tendrían puntos de contacto en la Argentina.

La Conducción decidía en qué tropa enrolaba a sus militantes. A cada miembro de la contraofensiva se le decía que actuaría en un contexto de movilizaciones obreras y enfrentamientos callejeros. Y mientras las TEA promoverían acciones de agitación y propaganda, las TEI golpearían militarmente sobre el transporte y las comunicaciones para generar el caos, y luego atentarían contra distintos miembros del equipo económico. Montoneros tenía el convencimiento de que, si golpeaba sobre su centro articulador, obtendría la simpatía de las masas y, además, derrumbaría la estructura de poder de la dictadura.

El primer escollo que afrontó la Contraofensiva fue la deserción del grupo liderado por Rodolfo Galimberti. Como “comando adelantado”, apenas llegara a la Argentina debía realizar contactos obreros en la zona norte del conurbano bonaerense, pero tras reunirse con un grupo de subordinados en Madrid, rompió con Montoneros antes de ingresar al país e inició una campaña de “contra-reclutamiento” por Europa para impedir el retorno de militantes. Como respuesta a la disidencia del grupo de Galimberti, en el que estaba el poeta Juan Gelman, la Conducción condenó a muerte a “los desertores”.

La Conducción no se detuvo a discutir su crisis interna; tampoco interrumpió el plan de ataque. Subyacía la idea de que Montoneros podía perder militantes, pero no podía poner en riesgo su existencia. Y la continuidad de esa existencia implicaba “ponerse a la vanguardia” de la lucha contra la dictadura.

Tras la deserción de Galimberti, la maniobra de la Contraofensiva comenzó a regularizarse en mayo de 1979 con la llegada del jefe de las TEA, Horacio Mendizábal, quien había sido desplazado de la jefatura del Ejército Montonero por haber revelado en una conferencia de prensa que Montoneros participaba en la producción de explosivos plásticos para la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en una fábrica del Líbano.

A medida que los pelotones de TEA ingresaban en el país, se asentaban en las zonas Oeste y Sur, y en la Capital Federal. Una de las primeras interferencias se realizó el 27 de abril en el marco de la primera huelga sindical, declarada ilegal por el gobierno militar. Ese año, los conflictos se habían duplicado respecto de 1977. Los sindicalistas mantenían los reclamos por la defensa del salario, “de la economía e industria nacional” y la libertad de los detenidos. Los principales dirigentes que promovieron la huelga fueron encarcelados por la policía a la salida de una negociación con el ministro de Trabajo Llamil Reston, quien los acusó de haber tomado “una medida irresponsable”. El paro fue masivo en el sector fabril, pero casi no se advirtió en el área de servicios.

Frente a los conflictos que ese mes de abril de 1979 se estaban desarrollando en distintas fábricas —Metalúrgica Santa Rosa, Good Year, Peugeot, La Cantábrica, fueron algunas de ellas—, los pelotones de las TEA prefirieron descartar las grabaciones de Firmenich para las interferencias (las consideraban demasiado “genéricas”) y las reemplazaron por discursos grabados por ellos mismos, que mencionaban los conflictos puntuales en las empresas.

Pese a la simpatía que generaban entre los obreros y en los barrios las transmisiones, su penetración política fue escasa o nula. Cada grupo que interfería una señal de audio de televisión debía escapar de la persecución policial. A los pocos meses de permanencia en el país, algunos militantes advirtieron que los análisis previos de la Conducción habían sido exagerados o directamente erróneos. La declarada intención de Montoneros de conducir las luchas sindicales era una utopía: no había movilizaciones populares en las calles y la evolución de los conflictos obreros era mucho más lenta que la expectativa y la urgencia que la Conducción había depositado sobre ellos.

En los tres grupos TEA (zonas Sur, Oeste y Norte) se gestaron críticas y rebeliones internas contra la conducción centralizada de la Contraofensiva, que facilitaba caídas en cadena cuando secuestraban a un jefe de pelotón o a su asistente. Los militantes reclamaban acciones autónomas, pero la Conducción, fuera del país, descalificó a los jefes que las concedieron. Esto sucedió con “Gerardo”, Adolfo González, jefe del primer pelotón TEA (Grupo 1), que, una vez que vio el cuadro de situación en la Argentina, dio libertad a sus subordinados para volver al exterior si lo deseaban. Montoneros luego los trataría de “desertores” y “traidores”, del mismo modo que a Gerardo, que fue acusado de “traición criminal”.

En medio de la desarticulación interna del Grupo 1 de TEA, sumergido en la clandestinidad, la Junta Militar intentó atenuar el impacto que estaba produciendo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

La invitación había sido formulada por Videla a fines de 1978, preocupado por “clausurar” de la manera más prolija posible ante el frente externo la cuestión de los desaparecidos y demostrar que su gobierno, que había “restablecido el orden y la paz”, no tenía nada que ocultarle al mundo.

Esta decisión de Videla, acompañada por Viola —quien lo había sustituido al frente del Ejército—, fue rechazada por los sectores militares “duros” —Menéndez, Saint Jean, Suárez Mason—, que consideraban ilegítimo e innecesario dar explicaciones a extranjeros sobre temas de “incumbencia argentina”.

Este núcleo duro de “señores de la represión ilegal”, marginado de las decisiones económicas desde el principio, ahora veía erosionadas sus aspiraciones de poder. A medida que fueron aniquilando a la guerrilla, el asunto central de su tarea, sus misiones se fueron revelando menos importantes. Apenas llegó la CIDH, en septiembre de 1979, se advirtió la presión de los organismos de derechos humanos sobre la dictadura con el reclamo de aparición con vida de los secuestrados.

La larga fila de familiares frente a la oficina provisoria de la Comisión, dispuesta a verificar las denuncias sobre el terrorismo de Estado recogidas en el exterior, fue exponiendo datos de una verdad ignorada casi sin excepciones por la prensa. En dos semanas en el país, se aportaron 5.580 denuncias de desapariciones. El Concejo del PJ, con la solitaria figura de Deolindo Bittel, entregó un documento en el que subrayó la violación sistemática de los derechos humanos. También lo hicieron otros sectores políticos y sociales sensibilizados por las expresiones de búsqueda y de dolor de los familiares de las víctimas. Los casos de desaparecidos, denunciados con el postulado “¿Dónde están nuestros hijos?”, ya eran difíciles de encubrir con el “silencio oficial”, y trascendían la explicación de Videla, que había dicho: “El desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”. La Junta Militar intentaría justificar la represión ilegal aduciendo “excesos de grupos fuera de control” durante la “lucha contra la subversión”. La dictadura, y también el establishment empresario y los medios de prensa que simpatizaban con ella, lanzaron campañas de desprestigio contra los familiares de los desaparecidos.

Además, la dictadura aprovechó las victorias de la Selección Juvenil en el Mundial de Fútbol en Japón, del mismo modo que lo habían hecho en 1978 en el país, para asociar el triunfo deportivo con el de todos los argentinos y el del propio gobierno. “Los argentinos somos derechos y humanos” fue el eslogan que había creado la agencia norteamericana Burson Marsteller para neutralizar las denuncias contra el gobierno.

En ese mes de septiembre de 1979 comenzaron a producirse las caídas de los grupos TEA. El día 10, tras casi seis meses de permanencia en el país, fue secuestrada en su casa la “Chana”, Susana Solimano, ex esposa de Horacio Mendizábal. Tres días después, un grupo comando secuestró a la esposa y a dos hijas del jefe del primer pelotón, “Gerardo” González, en Munro. El hecho fue denunciado ante la CIDH y publicado en el diario The Buenos Aires Herald. El 17 de septiembre, Mendizábal y su asistente Armando Croatto fueron emboscados y ultimados en cercanías del supermercado Canguro, también de Munro. Aparentemente, habrían recibido una cita para encontrarse con otro asistente, el “Gallego Willy”, Jesús María Luján, quien a su vez aparecería muerto a golpes el 30 de septiembre a un costado de la ruta Panamericana. La sucesión de caídas de las TEA continuó en octubre con el secuestro del jefe del segundo pelotón, de Zona Oeste, Daniel Tolchinsky, y otros integrantes del grupo, entre ellos, María Antonia Berger, que había sobrevivido al fusilamiento en la base naval de Trelew en 1972. Una militante de las TEA, Adriana Lesgart, que había organizado las denuncias con familiares de desaparecidos en la CIDH, fue secuestrada luego de concurrir a la sede. Los únicos que lograron sobrevivir fueron los grupos TEA de Zona Sur: se habían negado a hacer propaganda en las fábricas, como les habían ordenado sus jefes, y se emplearon en distintos oficios, como cobertura, mientras realizaban las interferencias.

Todas las estructuras de TEA que la conducción montonera había enviado al país para la Contraofensiva ya estaban desarticuladas. Todavía faltaban los ataques militares. El plan original preveía que los pelotones militares de las Tropas Especiales de Infantería actuaran en coincidencia con las acciones de las TEA, en un contexto de enfrentamiento callejero. Ese pronóstico falló. Pero la organización de los atentados continuó. El principal blanco fue el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Montoneros intuía que si la misión se realizaba con éxito, provocaría fisuras internas en el gobierno militar.

Las TEI se habían instruido durante tres meses en el Líbano y en Siria. Una de las bases estaba en una casa sobre el Mediterráneo, en Damour, a veinte kilómetros al sur de Beirut. Allí, un pelotón se entrenaba con práctica de tiro con ametralladoras, fusiles y misiles portátiles RPG7, bajo la orientación de instructores árabes. El entrenamiento se desarrollaba en el marco de un acuerdo en el que Montoneros producía explosivos plásticos en Líbano —Israel, pese a los bombardeos, nunca pudo detectar dónde estaba la fábrica— y la OLP cedía territorio, armas, municiones e instructores para entrenar pelotones antes de su regreso a la Argentina. Ningún combatiente en Beirut o Damasco tenía conciencia de lo que había significado la represión estatal. Suponían que el enemigo no sería mucho más poderoso que el que ya habían derrotado en 1972, cuando obligaron al gobierno de facto de Lanusse a levantar la prohibición que impedía el regreso de Perón y convocar a elecciones. En una visita que realizó Firmenich al campamento de Beirut reafirmó el análisis de Montoneros: la dictadura no había podido quebrar la resistencia, y la Contraofensiva volcaría la correlación de fuerzas en favor del campo popular.

En el plan de retorno al país, cada montonero ingresaría en forma autónoma, con su dinero y sus documentos falsos, que les serían provistos por el Servicio de Documentación —con sede en La Habana—. En Buenos Aires recibirían las armas. Se formarían grupos de tres soldados, con un responsable que reportaría únicamente al jefe de la operación. Eran tres pelotones con tres operaciones por realizar. Hasta ese momento nadie sabía quiénes eran los blancos. Los arribos se produjeron sin contratiempos y los combatientes se instalaron en pensiones y hoteles con distintas “coberturas”. Pero un miembro del pelotón TEI número 2, que ya había sido torturado en tiempos de Isabel Perón, empezó a sentir que había perdido el compromiso moral que lo unía a la Organización y que si caía no soportaría la tortura sin hablar. Decidió desertar sin informárselo al jefe del pelotón. Toda la coordinación de ese grupo se desarticuló. La operación quedó en suspenso. Pero ya estaba en acción el grupo 3, que actuaba en forma simultánea. El blanco era Guillermo Walter Klein, apoderado de bancos extranjeros en la Argentina y secretario de Coordinación y Programación Económica. La mano derecha de Martínez de Hoz. Klein había ordenado que las empresas del Estado tomaran créditos de los mismos bancos que él representaba en forma privada. Fue uno de los gestores del “endeudamiento forzado”. Vivía con su esposa y sus cuatro hijos en un chalet de dos plantas en Olivos.

El día 27 de septiembre de 1979, a las 7.30 de la mañana, el pelotón 3 inició el ataque. Bajaron de una camioneta que habían robado los días previos y dispararon sobre su casa. Solo un policía de custodia, que estaba en la vereda, intentó resistir al comando armado. En su dormitorio, Klein escuchó tiros en la planta baja y entendió que venían a matarlo. El pelotón neutralizó a otros dos policías de custodia que dormían en el garaje y colocó 15 kilos de cargas explosivas en todas las columnas donde se asentaba la losa. Era el triple de lo que habían calculado para demoler una casa de 150 toneladas. Ninguno de los miembros del pelotón creyó que fuera necesario subir las escaleras para matar a Klein. La casa se desmoronó sobre sí misma. Sin embargo, los bomberos pudieron rescatar con vida a Klein, a su esposa y a sus hijos. Los dos policías que estaban en el garaje murieron por la asfixia del derrumbe.

Después del atentado fallido, los miembros del grupo 1 de las TEI se fueron del país y los del pelotón 2 se reagruparon y cambiaron de blanco. Como no habían podido chequear los movimientos de Martínez de Hoz, lo reemplazaron por su secretario de Hacienda, Juan Alemann, que estaba en la lista de posibles atentados.

El 7 de noviembre de 1979 el Torino en el que viajaba el funcionario fue obstruido por una camioneta, empezaron a balearlo y le dispararon un proyectil antitanque Energa, pero la energía de la onda expansiva no alcanzó el interior del auto. Alemann sobrevivió y a las dos horas, con un cambio de ropa, ya estaba trabajando en su despacho.

El último atentado de la Contraofensiva militar de 1979 intentó reparar todos los errores de las dos operaciones anteriores. Se realizó el 13 de noviembre sobre la Avenida 9 de Julio, a diez cuadras del Obelisco. El empresario Francisco Soldati había recibido 395,5 millones de dólares por la venta de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIADE) al Estado. Fue una de las pocas compañías privadas, si no la única, que estatizó el gobierno militar. Como Martínez de Hoz, Soldati era miembro del Consejo Empresario Argentino (CEA) y formaba parte de la “patria contratista”, grupos empresarios acusados por Montoneros de provocar el vaciamiento del Estado. La estatización de la compañía Ítalo había enfrentado obstáculos internos en Economía, originados en el director de Inversiones Extranjeras, Juan Carlos Casariego de Bel. Su firma era indispensable para concretar la operación, pero se negó a certificar los documentos. Pronto fue secuestrado —desapareció—, el cargo de director de Inversiones Extranjeras se eliminó y ya no fue indispensable la firma. Soldati pudo finalmente vender la CIADE al Estado.

La operación militar contra Soldati fue conducida por el grupo 3 de las TEI. Cuando su auto atravesó la Avenida 9 de Julio, un Peugeot 504 se puso adelante y lo obligó a reducir la velocidad, y una pick up Ford lo embistió de costado. Tres combatientes vestidos con uniforme montonero, con fusiles y ametralladoras, bajaron del vehículo y ultimaron a Soldati y al chofer. La planificación del atentado preveía el uso de una bomba de retardo, programada a un tiempo máximo de veinte minutos, para ser colocada debajo del Torino de Soldati y estallar sobre quienes se acercaran al auto. Suponían que las fuerzas de seguridad o algún funcionario podrían acercarse al lugar, como lo habían hecho en el atentado a Alemann. La bomba la llevaba una combatiente. Cuando descendió de la camioneta, trastabilló y el artefacto estalló en sus manos. La explosión hizo volar toda la estructura trasera de la camioneta e impactó sobre el Torino donde estaban Soldati y el chofer, ya muertos. Fueron envueltos en una llamarada de más de diez metros de altura. Los tres combatientes que mataron a Soldati escaparon, otros tres que estaban en la camioneta murieron y otros dos, que quedaron heridos y aturdidos por la explosión, fueron secuestrados y aún permanecen desaparecidos.

Después de los atentados militares, la Contraofensiva de 1979 demostró que buena parte de los grupos de las TEA se había desmembrado por cuestiones internas o por la acción de la inteligencia militar. El objetivo más importante de los atentados de las TEI, el ministro Martínez de Hoz, no se concretó, y solo se alcanzó uno de los objetivos secundarios. En resumen: la Contraofensiva de 1979 había dejado como corolario alrededor de ochenta desaparecidos o muertos entre TEA y TEI. En términos políticos, la ganancia había sido escasa: los discursos de Firmenich no habían logrado penetrar en los conflictos obreros, que no consideraban conveniente un liderazgo montonero en gremios o fábricas.

Frente a las críticas y a las nuevas rupturas, la Conducción intentó neutralizar el estado deliberativo. Era una forma de sublimar el debate en una organización que desde el ingreso a la clandestinidad, en septiembre de 1974, había pasado de seis mil cuadros a poco más de cien.

Con su crisis a cuestas, Montoneros entendió que debía continuar con la contraofensiva bajo el mismo concepto: acertar con un ataque militar a una figura clave del gobierno y fortalecer la vía de la insurrección de la clase trabajadora, hasta que se produjera la ansiada y violenta irrupción de las masas. Tenían en su imaginario la revolución iraní de febrero de 1979, que con más de tres millones de personas en las calles había derrumbado el régimen del sha Reza Pahlevi. La revolución nicaragüense, de julio de 1979, también los había deslumbrado. Montoneros había aportado un millón de dólares a la causa rebelde y Vaca Narvaja fue invitado a participar del ejército sandinista los días previos a la caída de Anastasio Somoza. Apareció en las fotos de la toma de Managua. Firmenich preveía que, tarde o temprano, los años ochenta serían signados por “la contraofensiva del pueblo latinoamericano”. De modo que, con este análisis, el Comité Central de Montoneros, reunido en La Habana —solo concurrieron cuadros con grado de capitán hacia arriba—, decidió la segunda Contraofensiva para el año 1980. La selección de militantes fue abierta: el que se quisiera incorporar, tuviera instrucción o no, podía hacerlo. Aun así, por las expulsiones y deserciones, se debió recurrir a siete sobrevivientes de las TEA y las TEI que acababan de retornar de la Argentina para completar un pelotón con trece miembros. El nuevo jefe era el teniente primero “Chino”, Ernesto García Ferré, de 24 años, que procedía de la unidad logística del Ejército Montonero de Capital Federal. Era uno de los pocos que había logrado sobrevivir a la represalia militar por el atentado al almirante Armando Lambruschini.

Los objetivos para 1980 se mantuvieron: figuras del equipo económico y empresarios relacionados con la dictadura. La Conducción esperaba que antes del 24 de marzo de 1980, o precisamente ese día, el primer pelotón pudiera realizar un atentado de proporciones. La logística de la Contraofensiva de 1980 fue la misma que la de 1979. Se utilizarían las armas que los grupos de TEI habían ocultado en guardamuebles de Buenos Aires, después de los atentados y antes de irse a Europa. La línea de la logística estaba en conocimiento de las Fuerzas Armadas. En diciembre de 1979 el Ejército empezó a revisar cada uno de los guardamuebles de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La conducción montonera, asentada en La Habana, mantuvo el plan original, pese a que el 23 de enero de 1980 la dictadura divulgó la noticia del secuestro de un “arsenal subversivo” en un guardamuebles. Con la orden de batalla ya formulada, nada modificó el curso de los acontecimientos.

Ese mismo mes, un grupo de tareas descubrió otro arsenal montonero en un guardamuebles de Olivos, que no dio a publicidad, y asumió la gestión de la empresa. Eran armas que se habían utilizado en el atentado contra Klein. Cuando el 21 de febrero de 1980 un montonero se acercó para retirar un baúl y un placard, se produjo la primera caída. Desde ese día, en menos de un mes, todos los combatientes del grupo de TEI que ingresaron a la Argentina fueron secuestrados. A partir de la Contraofensiva, el Batallón 601, ahora al mando del general Carlos Alberto Tepedino, había iniciado la “Operación Murciélago” para controlar en las fronteras el ingreso de militantes montoneros. Utilizaban a prisioneros para que los señalaran.

Para el procedimiento, la inteligencia militar, que estaba asentada en la frontera, simulaba realizar un operativo antidrogas “de rutina”: demoraban a un “sospechoso” y después de un paso por la sede policial lo trasladaban secuestrado al centro clandestino de Campo de Mayo o a una casa cercana a la guarnición, en Bella Vista, que habían alquilado agentes del 601 para mantener a los cautivos.

Para inicios de la década de 1980, el Batallón 601 brindaba el know-how represivo a escuadrones de la muerte en El Salvador, Honduras y Guatemala, con técnicas de tortura en “interrogatorios”, operaciones de contrainsurgencia, mecanismos secuestro-tortura-producción de información-ejecución del enemigo. Después de los Estados Unidos, la Argentina se convirtió en el mayor proveedor de instructores militares en Centroamérica. Actuaban en coordinación con los jefes de la delegación de la CIA en esos países.

El plan de maniobras de Montoneros siguió su curso original. Luego de la caída del primer pelotón de TEI, todas y cada una de las diferentes estrategias de la Conducción para establecer cuadros armados y militantes que llegaban para hacer contactos fueron siendo desmanteladas por el Ejército. El destino de los que regresaban al país era el secuestro, la tortura y el fusilamiento o, en algunos casos excepcionales, una detención que tras años podría ser legalizada. La Conducción decidió dar por cerrada la Contraofensiva de 1980, y también la lucha armada. La resolución se tomó en diciembre de ese año, en una reunión del Comité Central del Partido Montonero en La Habana. De allí en adelante, cada militante que quisiera retornar a “hacer política” podría hacerlo, pero le recomendaban insertarse en barrios o fábricas, siempre por fuera de los aparatos o los contactos de la Organización. Si se integraban a otros grupos, correrían menos riesgos.

En el año 1981 el régimen militar empezó a dar señales de agotamiento. Desde mediados de 1978, cuando las estructuras de la guerrilla ya estaban prácticamente sin capacidad de fuego —solo podrían realizar acciones esporádicas—, los militares no habían podido avanzar en la conformación de una fuerza política, ni en una salida institucional que consolidase su continuidad en el poder.

Una vez aniquilada la guerrilla, el verdadero “motor” del gobierno militar, quedaron al descubierto las disputas internas y también la carencia de una estrategia política clara. A partir de entonces, se vieron frustrados todos los objetivos, como la apertura de un “diálogo político” que concluyera en el Movimiento de Opinión Nacional (MON), que planteaba la incorporación de civiles a una fuerza política de “unidad nacional” que interpretara la “filosofía” del Proceso; o la elaboración de las “Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, con las que se intentó orientar, de manera fallida, una futura convergencia cívico-militar.

También Massera, después de su renuncia en 1978 a la comandancia de la Armada, y por ende a la Junta Militar, se había lanzado a la política, en una aventura menos institucional. Intentó buscar afinidades con generales del Ejército y con dirigentes peronistas y sindicales, y trató de proyectar su figura en el mundo de la socialdemocracia en giras europeas. Massera había intentado diferenciarse de Videla, con la crítica a Martínez de Hoz y la Junta Militar, argumentando la conveniencia de presentar listas de desaparecidos. Para el Ejército esto representaba una ruptura del “pacto de sangre” del que la Marina y Massera, en particular, habían participado. Sus críticas le habían valido la negación del reconocimiento jurídico de su partido político, un arresto temporal por parte de la propia Armada y la acusación sobre su responsabilidad en la desaparición del empresario Fernando Branca, fogoneada por el Batallón 601, que derivaría en una causa judicial. Eran todos obstáculos para su proyección política.

Por su parte, el Ejército, que dominaba el proceso político, estaba sumido en enfrentamientos internos. Los “duros” no creían que se debiera buscar alianzas en el mundo civil sino mantener inalterables la lucha contra la “subversión” y mantener con puño de hierro el control político y social del país. No consideraban que el Proceso estuviese agotado y mucho menos que debiese negociar una salida institucional.

Uno de los enemigos de los “duros” era el general Viola, al mando del Ejército, que promovía una “apertura política” con el acercamiento a sindicalistas y dirigentes partidarios. De modo que cuando Viola asumió en abril de 1981 como sucesor de Videla —con una permanencia proyectada hasta 1984—, el Proceso estaba estancado por la crisis económica y financiera, el avance de la oposición partidaria, los conflictos gremiales y la creciente fortaleza de los organismos de derechos humanos. Viola introdujo siete civiles —sobre trece— en su gabinete y prometió la sanción de un Estatuto de los Partidos Políticos, sin plazos establecidos. Pero su apertura política no logró trascender por su poca credibilidad y las resistencias castrenses.

En julio de 1981, cuatro meses después de la asunción de Viola, los partidos políticos mayoritarios se unieron en la Multipartidaria, conformada por la UCR, el PJ, el Partido Intransigente (PI), la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Y si bien en la primera etapa reclamaron la normalización institucional y modificaciones en la política económica, un año más tarde promoverían posiciones más radicalizadas, como el aliento a la movilización social y un reclamo más enfático por la verdad sobre los desaparecidos.

La Multipartidaria omitió el llamado de Viola. Entendieron que no era útil negociar pactos o alianzas con un gobierno incapacitado para acordar un rumbo entre sus propias filas. Pero la Multipartidaria tampoco quería irritar a los militares “duros”. Temía que, si usurpaban el poder, reprimirían el descontento social y congelarían la apertura política.

La figura de Viola se fue debilitando mientras crecía la de Leopoldo Galtieri en el ámbito castrense. En su disertación en el Colegio Militar el 29 de mayo de 1981, el comandante del Ejército Galtieri censuró a los que creían “ver en una salida electoral la solución del problema político” y llamó a evitar que “un desliz nos precipite al abismo”. Delante de cien coroneles, jefes y oficiales, aseguró que “las urnas están bien guardadas”. Una internación por problemas de salud aceleró la destitución de Viola. La Junta Militar eligió en forma rápida a Galtieri, que asumió el 12 de diciembre de 1981.

Alejado de posiciones nacionalistas, decidido a retomar la política económica neoliberal y alineado con los Estados Unidos, el proceso militar volvía al sistema de poder original: el jefe del Ejército era miembro de la Junta y conservaba la Presidencia. Galtieri obtuvo el rápido apoyo de los militares “duros”—algunos de ellos, ya retirados—, más interesados en una reivindicación de la “lucha antisubversiva” antes que en el diálogo con la oposición civil. Pero para una refundación del Proceso, en tiempos económicos, sociales y políticos que se agotaban, se necesitaba una causa que uniera a todos los argentinos para reencauzar el rumbo.

La apuesta era a todo o nada.

Bibliografía

Armony, Ariel, La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central. 1977-1984, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1999.

Astiz, Eduardo, Lo que mata de las balas es la velocidad, Buenos Aires, De la Campana, 2005.

Burgo, Ezequiel, Siete ministros. La economía argentina: historias debajo de la alfombra, Buenos Aires, Planeta, 2011.

Canelo, Paula, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-2006), Buenos Aires, Ariel, 2009.

Fontana, Andrés, Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina, Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 1984.

Franco, Marina, El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

Gorini, Ulises, La rebelión de las madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo I (1976-1983), Buenos Aires, Norma-La Página, 2011.

Larraquy, Marcelo, Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera, Buenos Aires, Aguilar, 2006.

Mason, Alfredo, Sindicalismo y dictadura. Una historia poco contada (1976-1983), Buenos Aires, Biblos, 2007.

Novaro, Marcos, Cables secretos. Operaciones políticas en la Argentina de los setenta, Buenos Aires, Edhasa, 2011.

Quiroga, Hugo y Tcach, César (comps.), Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia, Rosario, Homo Sapiens, 2006.

Rodríguez, Juan Carlos, La mirada implacable del “Gato” Smith. Vida y muerte de Oscar Smith, y el rol de Luz y Fuerza en el sindicalismo nacional, Buenos Aires, Corregidor, 2012.

Rosenberg, Tina, Astiz. La estirpe de Caín, Buenos Aires, La Página, 1998.

Senén González, Santiago y Bosoer, Fabián, La lucha continúa… 200 años de historia sindical en la Argentina, Buenos Aires, Vergara, 2012.

Verbitsky, Horacio, El silencio. De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

XXVII

Malvinas

¡Si quieren venir, que vengan; les presentaremos batalla!

LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI, discurso del 10 de abril de 1982

A esta tropa ya no se le puede exigir más […] creo, mi general, que tenemos que acceder a la gran responsabilidad para con soldados que van a morir combatiendo un combate sin posibilidades, por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. Esto debo decirle como comandante de Malvinas. Cambio.

GENERAL MARIO B. MENÉNDEZ, en diálogo con el general Leopoldo F. Galtieri la mañana del 14 de junio de 1982

En la noche del 13 de junio de 1982, cada soldado trataba de salir de la guerra como podía. Llevaban dos días de combate. Explosiones constantes, tiros, el avance de la infantería, bengalas, millones de balas que se cruzaban, soldados heridos arrastrándose, buscando protección detrás de una roca. La guerra era la guerra. Pero ya sin organización, sin instrucciones, sin jefes, sin nadie que dijera adónde debían ir.

HECHOS RELEVANTES

1982. El 2 de marzo, Galtieri anticipa al general Mario Benjamín Menéndez que será designado gobernador en Malvinas. Un mes después desembarcan las tropas. Galtieri estima que Gran Bretaña no se involucrará en un conflicto armado.

El 3 de abril el Con–sejo de Seguridad de la ONU exige el cese de hostilidades y el retiro inmediato de las fuerzas argentinas de las Malvinas. Para la Junta Militar fue una derrota inesperada.

El 25 de abril la flota británica toma las islas Georgias del sur, próximas a Malvinas, con dos bombardeos y el desembarco de 75 comandos. El teniente Astiz, responsable de la defensa argentina, firma la rendición.

El 2 de mayo, desde una distancia de 5 kilómetros, un submarino británico dispara dos torpedos contra el crucero General Belgrano. La nave se hunde en una hora. El ataque deja 323 muertos.

El 4 de mayo, dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina disparan dos misiles Exocet contra el destructor Sheffield. El ataque deja 21 muertos. Es uno de los mayores daños que percibe la flota inglesa.

El 21 de mayo, Gran Bretaña desembarca 3000 hombres en el estrecho San Carlos, que separa a las dos islas. Oleadas de ataques de aviones argentinos golpean la logística militar británica.

Después de vencer en los combates de Puerto Darwin-Pradera del Ganso, el 2 de junio los británicos se instalan en monte Kent, cerca del cordón montañoso en el que está asentada la última línea argentina.

El 14 de junio a las 9.15 de la noche, el general Menéndez firma la rendición de Puerto Argentino ante el mando británico. La guerra deja 641 muertos y 1657 heridos entre las fuerzas argentinas.

Los ingleses avanzaban sobre todas las posiciones argentinas; bombardeos, cañonazos de artillería, y en el desbande, el “fuego amigo” se cruzaba entre los soldados que bajaban corriendo y los que seguían con un FAL disparando en la noche, desde la última línea de defensa, en Moody Brook. Monte Longdon ya se había perdido.

Un capitán, que manejaba la logística del Regimiento de Infantería 7, de esos oficiales que antes del combate obligaban a los soldados a ponerse los borceguíes y les negaban la comida, ya había escapado hacia Puerto Argentino. Todavía se mantenía en pie la carpa de las provisiones, en la que se recibían pedidos de ayuda. Desde afuera, en medio del tableteo de las ametralladoras, la radio se escuchaba nítida, desesperada, al rojo vivo.

¡Manden refuerzos… tenemos heridos!

Tenía todos los micrófonos colgando. Adentro no había nadie.

En la primera reunión de la Junta Militar después de la asunción de Galtieri el 22 diciembre de 1981, se presentó la idea de recuperar militarmente las islas Malvinas y forzar a Gran Bretaña a una negociación por la soberanía del archipiélago. El diálogo entre ambos países estaba estancado desde hacía dos décadas.

La recuperación de las islas Malvinas fue la idea-fuerza del gobierno de Galtieri; la única para reencauzar el rumbo del proceso militar. Malvinas era una pieza clave en el imaginario argentino, una identidad, una pertenencia, un territorio inescindible del sentimiento nacional. Pero negado desde la ocupación inglesa de 1833.

La voluntad de ejecutar el plan de recuperación de las islas se advirtió también con la designación de Nicanor Costa Méndez en la Cancillería. Su carrera estaba ligada a la cuestión Malvinas. Había participado del inicio de las conversaciones con Gran Bretaña en 1966, luego frustradas por la presión de Falkland Islands Company (FIC), la compañía más importante de las islas, interesada en congelar las negociaciones.

En 1964 las Malvinas habían sido incorporadas por Naciones Unidas entre los territorios que debían ser descolonizados. Un año más tarde se aprobó la resolución 2065, que invitaba a los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña a negociar la soberanía. Mencionaba que se debían tener en cuenta “los intereses de la población de las islas”. Desde mucho antes, los británicos habían recurrido al argumento de que debía respetarse el derecho a la autodeterminación de los isleños, que deseaban pertenecer a la comunidad británica. Pero la resolución de la ONU hablaba de “intereses”, no de “deseos”. Aun con la negativa británica a dialogar sobre soberanía, la relación entre la población isleña y el continente estaba mediada por un servicio semanal de Líneas Aéreas del Estado (LADE), acuerdos de salud, becas de estudio y convenios culturales.

Galtieri pensaba que podría ser un socio activo de los Estados Unidos. “La Argentina marchará junto a los Estados Unidos en la batalla ideológica”, dijo en noviembre de 1981, en el brindis de la XIV Conferencia de Ejércitos de América (CEA) en Washington.

Basado en sus reuniones con el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, Edward Meyer, y en el contacto con oficiales norteamericanos, Galtieri tenía la impresión de que las Fuerzas Armadas argentinas eran las más confiables de toda Sudamérica para los Estados Unidos. De modo que, ante una escalada bélica entre Argentina e Inglaterra, esperaba que la primera potencia de Occidente mantuviera su neutralidad, e incluso mediara, para evitar que el conflicto entre sus dos aliados se descontrolara.

Gran Bretaña era la mejor aliada europea de los Estados Unidos en términos políticos y militares. Desde 1979, la primera ministra conservadora Margaret Thatcher gobernaba el país, aunque su popularidad estaba en baja por la privatización de empresas públicas y el recorte de programas sociales. Un informe oficial del gobierno británico de 1981 sugería reducir gastos militares en el Atlántico Sur con el retiro del buque de la Real Armada Endurance del área de Malvinas. La Argentina suponía que Gran Bretaña había perdido interés por las islas y que quizá fuera necesaria una acción militar para crear una atmósfera diplomática favorable a la negociación del conflicto de fondo.

A mediados de diciembre de 1981 el almirante Jorge Isaac Anaya, miembro de la Junta Militar, delegó en el vicealmirante Juan José Lombardo la elaboración de planes de un potencial desembarco en las islas. Le requirió discreción. La confidencialidad era tal que cuando Costa Méndez comenzó a preparar la estrategia para las negociaciones, programadas para fines de febrero en las Naciones Unidas, no sabía que se urdía un plan militar. Costa Méndez confiaba en que tenía margen para navegar entre la negativa de los británicos a discutir la soberanía y la presión de la Junta Militar, obsesionada con una pronta recuperación de las islas.

En una reunión el 5 de enero de 1982, la Junta Militar resolvió mantener activa la negociación diplomática a la vez que continuar con el plan estratégico-militar, para el caso de que las tratativas no arrojaran resultados. De esto, Costa Méndez se enteraría en febrero, pocos días antes de retomar el diálogo con Inglaterra. El primer encuentro en la ONU lo había dejado satisfecho. El diálogo tendría continuidad. La Cancillería informó que Inglaterra se había comprometido a formar una comisión de nivel ministerial que se reuniría una vez al mes con la Argentina durante el plazo de un año. Sin embargo, la Junta Militar tenía mayor urgencia.

Al día siguiente, 2 de marzo de 1982, Galtieri se reunió con el general Mario Benjamín Menéndez para informarle los planes de invasión y que sería designado gobernador de las islas tras el desembarco. En sus servicios para la dictadura, a cargo del puesto de Comando Táctico de Famaillá, Tucumán, Menéndez había perseguido al ERP en el monte tucumano durante el Operativo Independencia. En su nueva misión, debía proteger el archipiélago ante la tercera potencia naval del mundo, si es que esta decidía enviar naves hacia el Atlántico Sur.

La Junta Militar no creía que Gran Bretaña pudiese involucrarse en un conflicto armado en los confines del mundo, cuando había otros enfrentamientos estratégicos de mayor complejidad en Medio Oriente, en Afganistán —invadida por la Unión Soviética en 1980— o en Irlanda del Norte, que, con atentados, protestas sociales y huelgas de hambre, reclamaba la independencia del Reino Unido.

Un hecho inesperado generó tensión diplomática entre las partes. El 19 de marzo un grupo de trabajadores argentinos desembarcó en las islas Georgias, izó la bandera y cantó el Himno Nacional. Habían llegado con el navío de la Armada Bahía Buen Suceso, contratados por el empresario argentino Constantino Davidoff, quien tenía un acuerdo con la compañía escocesa Christian Salvensen para desarmar y retirar la chatarra de los antiguos puestos balleneros de las islas Georgias. Un equipo británico de exploración antártica informó del hecho al gobernador de las islas Malvinas, Rex Hunt, representante de la corona británica desde 1980. Hunt transmitió la novedad al Foreign Office.

La tensión aumentó. Gran Bretaña reclamó el retiro del barco, pero Davidoff, según instrucciones de la Armada, dejó a los trabajadores en las Georgias con el argumento de que debían continuar con las labores. Pocos días más tarde, Inglaterra enviaba el HMS Endurance para poner presión sobre los trabajadores, en tanto que la Junta Militar enviaba el ARA Bahía Paraíso con un grupo de infantes de marina, al mando del capitán Alfredo Astiz, para protegerlos. El 23 de marzo, la prensa sensacionalista británica titulaba “Invasión argentina a las islas Georgias del Sur”. El Parlamento inglés asoció el episodio a la disputa por Malvinas y comenzó discutir la política de defensa de las islas.

El viernes 26 de marzo la Junta Militar decidió la invasión. Dos días después, bajo el mando del almirante Carlos Busser, partió el primer contingente militar desde Puerto Belgrano (Bahía Blanca) con destino a las islas Malvinas. El jueves 1º de abril, la “Operación Virgen del Rosario” ya estaba lanzada. Los argentinos supieron que Gran Bretaña estaba al tanto de que el desembarco era inminente y reorganizaron sus comandos anfibios para el desembarco.

A las cinco de la tarde, Hunt reunió a algunos isleños en su residencia y les anunció que estaban esperando una invasión. Su mensaje, poco después, llegó por radio a todos los habitantes de la isla. Muchos fueron incrédulos. Les parecía insólita esa posibilidad.

Esa misma noche, en una comunicación telefónica, el residente estadounidense Ronald Reagan se comprometió con la primera ministra británica Margaret Thatcher a convencer a Galtieri para frenar la operación militar. No logró disuadirlo. Antes del amanecer del 2 de abril, las balas empezaron a cruzar los jardines de la residencia del gobernador. La operación continuaba de acuerdo con lo previsto.

Un grupo de comandos anfibios y buzos tácticos con gomones fue la primera avanzada para el desembarco en la madrugada del día 2. A las seis, con granadas de estruendo, el gobernador fue intimado a la rendición. La residencia estaba rodeada por ochenta hombres. Tras un enfrentamiento, Hunt se entregó. El intercambio de fuego había dejado tres bajas argentinas, entre ellas la del capitán de corbeta Pedro Giachino, el primer muerto de la guerra. Ese mismo día, en una operación paralela, se ocupaban las islas Georgias. Ante la amenaza que suponía el Endurance enviado por los británicos, se decidió reforzar el grupo de Astiz con dos helicópteros y otros cuarenta infantes, embarcados a bordo de la fragata ARA Guerrico.

El 3 de abril, los marines británicos apostados en la estación ballenera de Grytviken, al noreste de las Georgias, fueron intimados. La rendición no fue sencilla. Un helicóptero con infantes, atacado por un comando británico, realizó un aterrizaje forzoso. Hubo cuatro muertos y dos heridos. Algunas horas después, frente a la diferencia del potencial militar argentino, la última guarnición británica de las Georgias se rindió.

En el continente se festejó la ocupación de Malvinas. Dos días antes, el 30 de marzo, la CGT, con la adhesión de la Multipartidaria, había convocado a un paro y movilización. Más de diez mil personas, al grito de “Se va a acabar la dictadura militar”, ocuparon la Plaza de Mayo en reclamo de democracia. Con una fuerte represión, la policía los dispersó. Los actos también se realizaron en centros urbanos del interior del país.

A Galtieri le quedaba por jugar la carta de Malvinas.

Durante toda la tarde del 2 de abril, Reagan trató de comunicarse con Galtieri en la Casa Rosada. El presidente de facto no levantó el teléfono hasta la noche, atendiendo la imploración de Costa Méndez, preocupado por la virulencia del frente diplomático que acababa de abrirse. La charla, mediada por traductores y mecanógrafos que la registraron, fue un diálogo imposible. Reagan insistió en una alternativa al uso de la fuerza. Le anticipó que la relación entre los Estados Unidos y la Argentina se vería profundamente afectada y que Gran Bretaña —lo sabía por buenas fuentes— recurriría a acciones militares. Para Reagan, el peligro era mayor al estimado y obligaba a los Estados Unidos a tomar partido en este conflicto entre dos aliados de Occidente.

Al día siguiente, el 3 de abril, el pueblo que se había movilizado para reclamar democracia ahora era una multitud eufórica que celebraba la hazaña militar y coreaba el nombre del presidente de facto. Galtieri había logrado, por fin, unir a toda la Argentina, casi sin excepciones, por la causa de Malvinas, y junto a los hombres de armas. Decidió salir al balcón para recibir los aplausos a su discurso.

Para el gobierno británico, la idea de librar una guerra por unas pequeñas islas del archipiélago del Atlántico Sur también era una oportunidad para salir de la crisis política.

Thatcher estaba cercada por la decadencia económica, el malestar social y las huelgas obreras, en especial por el grado de conflictividad del gremio minero. Con una guerra exterior despejaría el foco de la problemática interna, y si bien buena parte de la población británica no sabía de manera exacta dónde quedaban las islas Malvinas, su defensa podría unificar a la nación detrás de un liderazgo renovado.

En ese aspecto, Galtieri y Thatcher compartían una coyuntura política similar: atravesaban conflictos internos que podrían sublimarse en una guerra exterior. Para la Marina inglesa, la guerra además podría representar un acto propicio para refirmar la gloria de una nación que, por su tradición colonial, también se medía con el desempeño de su poderío naval. Del otro lado del Atlántico habría voluntad de guerra.

El 3 de abril, por insistencia del almirante Henry Leach, se ordenó preparar la Task Force, la maniobra militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial. La flota naval se reagruparía en la isla Ascensión (en el Atlántico, a medio camino entre Sudamérica y el continente africano), base de operaciones cedida por los Estados Unidos para las maniobras militares. Aun sin una declaración formal, la guerra estaba cada vez más cerca.

Puertas adentro, Galtieri delineó los pasos diplomáticos y militares a seguir. Para él, la guerra no empezaría ni en el mar ni en la tierra ni el aire, sino en las Naciones Unidas. Costa Méndez debía asegurarse una resolución del Consejo de Seguridad, si no favorable, al menos que no impugnara el ataque militar argentino. No sucedió. La Argentina recibió su primera derrota en el Consejo de Seguridad el 3 de abril, cuando se aprobó la resolución 502/1982, que exigía el cese de hostilidades y el retiro inmediato de las fuerzas argentinas de las islas. La resolución exhortaba a la continuidad del diálogo. Fue un impacto inesperado para la Junta Militar, que recién empezaba a tomar conciencia de los errores de cálculo diplomáticos.

Hasta entonces, por estimaciones de Costa Méndez, Galtieri confiaba en que la causa Malvinas generara simpatía internacional por su carácter anticolonial, y en que cualquier resolución a favor de Gran Bretaña sería vetada por la Unión Soviética o por China. Pero, en el momento de la votación, soviéticos y chinos se abstuvieron y dejaron el camino abierto para la aprobación de la resolución. La Argentina perdía la primera batalla que a priori imaginaba ganada.

En el frente interno, en cambio, el panorama era inmejorable. Al festejo popular se le sumó el consenso de los partidos. La UCR expresó su apoyo, lo mismo que el PJ y la Multipartidaria. Alfonsín lo consideró una reivindicación histórica, Luder afirmó que el país debía defender sus derechos soberanos hasta las últimas consecuencias y, con pocas excepciones y matices, distintas fuerzas sociales fueron favorables a la recuperación de las islas. Las voces críticas quedaban opacadas tras el espontáneo fervor nacionalista.

Los pronósticos más pesimistas —que el triunfalismo militar no permitía escuchar— afirmaban que la Argentina ingresaría en una etapa de aislamiento comercial y crediticio. Todos los malos augurios fueron descalificados. Se consideraban parte de la propaganda enemiga. Ahora era “la Patria lo que estaba en juego”.

El general Menéndez llegó a las islas el 7 de abril para asumir el gobierno. Lo acompañó una amplia comitiva de políticos y sindicalistas. Tres semanas después asumió la Jefatura del Comando Conjunto de Malvinas, asistido por tres comandantes de brigada. Las tropas argentinas se ubicaron en cuatro puntos: Puerto Argentino (denominación que reemplazaba a “Puerto Stanley”) y Darwin-Pradera del Ganso, en la isla Soledad, y Puerto Howard y Bahía Fox en la isla Gran Malvina. La Argentina dispondría de un total de casi trece mil hombres para la defensa. Sin embargo, aun en las islas, los jefes seguían pensando el frente militar en función del diplomático. Suponían que ese sería el escenario donde se resolvería el conflicto.

La flota británica continuaba su marcha hacia el sur. Su primer objetivo fueron las fuerzas apostadas en Grytviken, en las Georgias. El 25 de abril, luego de averiar con misiles al submarino Santa Fe, que navegaba en la superficie, lanzaron dos bombardeos combinados con el desembarco aéreo de setenta y cinco comandos y derrotaron a la defensa argentina, que no presentó resistencia. Sin disparar un solo tiro, Astiz firmó la rendición “incondicional” y fue hecho prisionero de guerra.

De inmediato, Francia y Suecia reclamaron a Inglaterra la posibilidad de interrogarlo por las desapariciones de las monjas Duquet y Dumon. Suecia, por el secuestro de la joven Dagmar Hagelin. Inglaterra no lo cedió para no vulnerar su condición de prisionero de guerra, de acuerdo con la Convención de Ginebra.

Los canales de negociación se estaban agotando. El secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, que oficiaba de mediador entre Londres y Buenos Aires, propuso el retiro de las tropas argentinas y una administración conjunta, o neutral, de las islas mientras se volvía al diálogo. La Argentina, en principio, rechazaba un traslado de sus tropas al continente, pero reclamó un mayor plazo para analizar la propuesta. Los Estados Unidos requerían una contestación urgente. Las acciones británicas sobre las islas, que la OTAN apoyaba en forma militar y estratégica con la provisión de misiles e inteligencia satelital, eran inminentes.

La mediación terminó. Y, aunque sin una declaración formal de guerra, se inició el enfrentamiento naval, que duraría muy poco. El 30 de abril, a las once de la mañana, decretada por Gran Bretaña, comenzó a regir la Zona de Exclusión Total (ZET) alrededor de las Malvinas. A partir de entonces, todas las naves que circularan en esas aguas sin autorización británica serían consideradas hostiles y susceptibles de ser atacadas. Planteaban los futuros ataques —como ya había ocurrido con el submarino Santa Fe— como episodios de “autodefensa”.

En las primeras horas de la madrugada del 1º de mayo, a casi un mes de la ocupación argentina, las fuerzas británicas iniciaron la guerra con la “Operación Black Buck”. Los cazas navales atacaron el aeródromo, ubicado a diez kilómetros de la residencia de gobierno, y lograron averiarlo. Lo mismo sucedió con la pista de aterrizaje de Pradera del Ganso, setenta kilómetros al sur. Un contingente de buques se acercó para dar apoyo a la operación aérea y atacar con cañones. También se bombardearon las posiciones terrestres de las tropas. La artillería antiaérea y los aviones argentinos respondieron el ataque: dañaron un destructor, dos fragatas y dejaron fuera de combate dos aviones Sea Harriers.

En doce horas de operaciones, Gran Bretaña buscó medir el poder militar de su enemigo y dejar la impresión de que podría desembarcar en Puerto Argentino en cualquier momento. Pero se sorprendió por el contraataque de la defensa argentina. Ese día, mientras el presidente peruano, arquitecto Fernando Belaúnde Terry —a quien Galtieri llamaba “doctor”—, presentaba de urgencia una propuesta de paz que contemplaba el retiro de tropas mutuo y una administración cuatripartita de las islas, y el compromiso de resolver el conflicto por vía diplomática en el plazo de un año —propuesta que estaba bajo análisis del gobierno argentino—, el almirante Woodward ordenaba otras acciones paralelas: una flota de submarinos nucleares intentaba detectar y seguir las posiciones de los navíos 25 de Mayo y General Belgrano.

Para entonces, la Armada había desplegado su flota para prevenir el desembarco británico. Esperaba que ocurriese sobre la costa este de la isla Soledad. El 1º de mayo, la flota se dividió en dos grupos: el más grande incluía al 25 de mayo y otras seis embarcaciones, que permanecieron en el límite de la Zona de Exclusión Marítima; el segundo grupo, que se componía del General Belgrano y dos destructores, se desplazó doscientas sesenta millas al sur de las islas para respetar la zona delimitada por Gran Bretaña y no desencadenar ataques, sino ocupar posiciones para prevenir la llegada de la flota británica.

Sin embargo, en la tarde del 30 de abril, mientras el General Belgrano era abastecido por el navío Puerto Rosales, este grupo sería descubierto por uno de los submarinos británicos, el HMS Conqueror. A partir de entonces lo seguiría a una distancia prudente durante dos días.

El ARA General Belgrano había partido el 16 de abril desde Puerto Belgrano. Estaba a punto de cumplir cuarenta y cuatro años en servicio activo. Este sería su último año. Había sobrevivido al ataque japonés de 1941 a la base Pearl Harbor y el gobierno argentino lo había comprado a los Estados Unidos diez años más tarde. El crucero tenía un considerable poder de fuego, distintos sistemas de defensa antiaérea y buenos equipos de radar. Su mayor carencia era la falta de un sistema de defensa antisubmarina. Llevaba mil noventa y tres tripulantes.

El HMS Conqueror, dedicado a vigilar el rumbo del Belgrano, era un submarino nuclear preparado para operaciones de alto riesgo. Poseía un reactor nuclear como fuente de energía —pero no armas nucleares—, lo que le permitía no salir a la superficie durante el patrullaje. Tenía una marcha silenciosa, difícil de detectar, y una velocidad superior a las naves de superficie. El 1º de mayo, el grupo de navíos que acompañaba al Belgrano, con sus dos destructores, recibió la orden de no penetrar en la Zona de Exclusión Marítima para evitar hacer frente al enemigo sin autorización previa. En la madrugada del 2 de mayo, el Belgrano realizó una maniobra que lo acercaría a las fuerzas navales inglesas. Pero la idea de la Armada seguía siendo no comprometerlo en un ataque frontal, sino utilizarlo como maniobra de distracción del grupo del portaaviones inglés Hermes, mientras el portaaviones 25 de Mayo mantenía latente un enfrentamiento con el portaaviones Invincible. La acción era riesgosa, porque el Belgrano debería atravesar la Zona de Exclusión, una densa barrera de submarinos, fragatas y destructores. Cuatro horas más tarde, sin embargo, el navío ya se había alejado: permanecía a unas 35-40 millas de la Zona de Exclusión. En ese momento, en la tarde del 2 de mayo, el Conqueror estaba a cuatro mil metros. Su comandante tenía la autorización de atacar por fuera de la Zona de Exclusión. La orden le había sido dada durante la mañana.

En su evaluación estratégica, el mando militar británico consideró la posibilidad de que el General Belgrano, en su patrullaje por la zona sur, escapara al control del Conqueror y entrara en misión de combate contra la Task Force. Esa hipótesis, fundada en los “últimos datos de inteligencia de las intenciones de la flota argentina”, le fue transmitida a Margaret Thatcher. En un almuerzo en una casa de campo oficial, la primera ministra reunió a un reducido grupo de ministros y funcionarios para definir si debían modificar las reglas del enfrentamiento y atacar un crucero que navegaba en la zona de “no agresión”. Resolvieron que sí. Tatcher sostendría que el Belgrano planeaba realizar, junto con el 25 de Mayo, una acción de pinzas sobre la flota británica, según documentos desclasificados de diciembre de 2012. .

De este modo, del invocado principio de “autodefensa” Inglaterra pasó a una ofensiva, sin advertencia previa, para atacar a un barco que se alejaba hacia el sudoeste de la zona de conflicto, navegando sobre un radio de latitud y longitud donde no había otra unidad de la Marina inglesa que pudiese percibir su amenaza.

Después de treinta y seis horas de seguimiento y desde una distancia de cinco kilómetros, a las cuatro de la tarde del domingo 2 de mayo el Conqueror disparó tres torpedos Mark-8: los dos primeros dieron en el Belgrano; el tercero, en uno de los destructores que lo acompañaba, el Hipólito Bouchard. En este blanco no explotó. El primer torpedo al Belgrano impactó a la altura del compartimento de máquinas de popa; el segundo, lanzado poco después, generó un desprendimiento en la proa que evitó que la explosión se expandiera en el barco, pero provocó su rápida inclinación. En una hora, el Belgrano se hundía en el mar.

El ataque dejó un saldo de trescientos veintitrés muertos. Los primeros doscientos setenta y cuatro murieron a causa del fuego y el humo del primer torpedo. Los dos destructores acompañantes escaparon de inmediato, de acuerdo con la orden recibida. Los setecientos setenta sobrevivientes fueron rescatados al día siguiente por una escuadrilla de barcos, entre ellos un pesquero ruso y un navío de la Armada chilena, que se ofreció a último momento. Pero otros veintitrés habían fallecido después de saltar del Belgrano. La última balsa, con veinticinco tripulantes al borde del congelamiento, fue rescatada a las dos de la tarde del 4 de mayo.

De inmediato, el jefe de la Marina, el almirante Jorge Anaya, confirmó la sospecha de que Gran Bretaña había utilizado información satelital brindada por los Estados Unidos. Una semana después, Gran Bretaña extendió la zona de exclusión y anunció que atacaría a cualquier avión o barco que traspasara las doce millas de la costa argentina.

El hundimiento del Belgrano signó la derrota argentina en el mar. A partir del 2 de mayo, la guerra se libraría en aire y tierra.

Con la tragedia humana y el impacto sobre la moral de la tropa y sobre la Argentina, la propuesta negociadora del presidente peruano Belaúnde Terry, de la que el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig también participaba, perdió consistencia. La Junta prefirió no negociar ante la nueva circunstancia. Durante todo el mes de mayo y hasta el final de la guerra, Gran Bretaña, que afirmó haber recibido la propuesta peruana después del hundimiento del Belgrano —lo que fue refutado por Belaúnde Terry—, también se mantendría firme en su negativa: solo aceptaría el cese de fuego y el retiro de tropas propias luego de que fuese restablecida la administración británica sobre las islas, respetando el deseo de los dos mil habitantes.

Pese a la demostración del poderío aéreo inglés sobre Puerto Argentino el 1º de mayo, y al hundimiento del Belgrano, al día siguiente, la Argentina mantuvo la idea de continuar el dominio militar en las Malvinas. Inició la ofensiva aérea. El 4 de mayo, con dos aviones Super Étendard que partieron desde la base de Río Grande, y desde cuarenta kilómetros de distancia, dispararon dos misiles Exocet contra el destructor Sheffield, que navegaba al sur de la isla Gran Malvina. Los misiles de 650 kilos demoraron un minuto en alcanzar el blanco. Uno impactó. Provocó uno de los mayores daños a la flota inglesa de toda la guerra. El incendio del Sheffield obligó a la tripulación a abandonar la nave. Seis días después se hundiría. El saldo fue de veintiún muertos y veinticuatro heridos de distinta gravedad. Ese día, también las baterías antiaéreas de Pradera del Ganso derribaron un Sea Harrier inglés.

Inglaterra enfrentaba por primera vez el costo humano en la guerra.

El alto mando británico se sorprendió de que la Argentina, aun con equipos relativamente anticuados, tuviera un considerable potencial aéreo. Se estima que participaron en el conflicto entre noventa y ciento diez aviones de combate, además de otras ciento veinte naves pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Aerolíneas Argentinas, LADE y empresas privadas.

Los misiles Exocet franceses se demostrarían eficaces en la contienda bélica. La Armada había comprado doce aviones Super Étendard, armados con doce Exocet, a la compañía francesa Aerospatiale por 160 millones de dólares. El bloqueo de la OTAN, iniciada la guerra, impidió la entrega total del armamento. Al principio del conflicto, la Argentina contaba con solo cinco unidades. En abril, Perú hizo un pedido a Francia; también se lo negaron. Sospecharon una triangulación. La Marina los buscó en el mercado negro internacional. La cotización se multiplicó varias veces y llegó hasta cuatro millones de dólares cada uno. Pero no consiguió otros.

La aviación argentina combatiría en condiciones más equilibradas que las fuerzas navales, aunque los Sea Harrier ingleses, equipados con misiles Sidewinder norteamericanos, serían determinantes en el enfrentamiento directo.

El 12 de mayo, una cuadrilla de cuatro Skyhawk dejó fuera de combate al destructor inglés Glasgow. Luego de este episodio, Londres apuró la resolución militar del conflicto. Mientras continuaba el bombardeo sobre las posiciones terrestres de Puerto Argentino y la isla Borbón, al norte de la isla Gran Malvina, utilizada como pista de aterrizaje, la Armada británica definió el lugar del desembarco: la bahía de San Carlos, en el estrecho corredor que separa la isla Gran Malvina de la isla Soledad.

La operación tomaría por sorpresa solo en parte a las fuerzas argentinas. Las tropas de defensa se habían concentrado en Puerto Argentino y en Puerto Darwin-Pradera del Ganso, el pequeño istmo que une las dos partes de la isla Soledad en el que se había establecido una importante reserva estratégica. Sin embargo, en la custodia del estrecho San Carlos había solo cuarenta soldados que tenían la misión de dar aviso temprano en caso de desembarco enemigo. Consideraban que San Carlos era un punto demasiado lejano de Puerto Argentino.

El 21 de mayo, con buques de asalto, destructores, fragatas y cientos de marines apostados en las playas con motonaves, se inició el desembarco inglés. También, como parte de la operación, se desplegaron submarinos nucleares frente a bases militares argentinas en el continente: Río Grande, Río Gallegos y Bahía Blanca.

La respuesta argentina fueron cinco oleadas de ataques, cuatro de la Fuerza Aérea y una de la escuadrilla aeronaval. En cincuenta y cuatro salidas, los aviones afectaron un crucero y dañaron varias naves británicas. El costo propio de la batalla de ese día fue alto: la Fuerza Aérea perdió nueve unidades y la Armada, tres. Al anochecer del 21 de mayo los británicos ya disponían de la cabecera en San Carlos con tres mil hombres y mil toneladas de suministros.

La Argentina intentó impedirlo otra vez. Persistió en el enfrentamiento aéreo por el “corredor de bombas” que representaba el estrecho San Carlos. Los cuatro días siguientes, entre el 21 y el 25 de mayo, se produjo una intensa descarga de fuego. Cuando las tropas inglesas se disponían a iniciar la marcha terrestre de treinta y cinco kilómetros hacia Puerto Darwin-Pradera del Ganso, las aeronaves hundieron el destructor inglés HMS Coventry, otro destructor tipo 42 y el Atlantic Conveyor, que transportaba trece helicópteros. La andanada aérea produjo una significativa pérdida en la logística británica, aun cuando se estima que entre el 60% y el 70% de las bombas argentinas no estalló. Los costos también fueron altos para las fuerzas argentinas: en doscientos cincuenta y dos salidas, perdieron veintidós aviones y nueve pilotos.

Ese era un momento clave de la guerra: si la Argentina continuaba con sus ataques sobre los helicópteros, el combustible y los morteros, los misiles y las municiones británicas podían dejar a sus tropas con menor respaldo logístico y romper la unidad de abastecimiento entre los soldados que se desplazaban y la cabecera de playa de San Carlos. La marcha hacia Puerto Argentino podría verse comprometida.

A partir de entonces, Londres aumentó la presión sobre el jefe de las fuerzas terrestres, comandante Jeremy Moore, y sobre el brigadier Julian Thompson, a cargo de la Tercera Brigada de Comandos, para dar inicio a las operaciones militares. No admitían más demoras. Suponían que a partir del desembarco rodearían Puerto Argentino en cuestión de días. La comunidad política inglesa se impacientaba. Querían una victoria militar rápida. Temían que una inminente resolución de la ONU llamara al “cese de fuego” y obligara a sus fuerzas a salir del escenario bélico sin haber recuperado las islas. Esta posibilidad generaba constante tensión en el alto mando británico. La Argentina, en cambio, prefería que los combates terrestres se retrasasen y se resolviese una tregua.

Entonces se le ordenó al Segundo Batallón de Paracaidistas (Para 2) una inmediata incursión a Darwin-Pradera del Ganso para destruir su flota aérea. La aproximación por mar y por aire tenía demasiadas complicaciones. Debían avanzar a pie, con el apoyo de la artillería naval.

En Puerto Darwin se encontraba la base aérea militar Cóndor, ya afectada por los bombardeos del 1º de mayo, que resguardaba a algunos aviones Pucará. Otros habían sido desplazados a la isla Borbón. La guarnición argentina en Darwin era una obsesión para el teniente coronel Herbert “H” Jones, jefe del Para 2. Necesitaba vencer la primera batalla terrestre y romper el “muro moral” de las tropas argentinas. Dominar Darwin para iniciar el avance de la infantería hacia Puerto Argentino. Una expedición de noventa kilómetros con la amenaza aérea argentina, pero también con la retaguardia asegurada. Del mismo modo, a Londres, en términos políticos, le servía un rápido y claro triunfo militar en esa batalla para demostrar la superioridad de sus fuerzas.

El “asalto total” sobre Puerto Darwin-Pradera del Ganso, en cambio, no era un objetivo que interesara al brigadier Thompson. Creía que bastaba con destruir el aeródromo. El día 26 de mayo, el brigadier Thompson canceló la maniobra por las condiciones meteorológicas adversas. Era uno de los peores otoños en muchos años. Thompson no quería operar sin helicópteros. La decisión enfureció a Jones, que expresó su punto de vista delante de toda la infantería. “Esperé por veinte años esta oportunidad y ahora estos hijos de puta la cancelan”, afirmó. El 27 de mayo, finalmente, partieron tres columnas de infantes desde San Carlos con tres destinos: el Para 2, hacia Darwin-Pradera del Ganso; el Para 3, hacia la caleta Teal, y el Batallón 45, hacia Douglas.

Darwin y Pradera del Ganso eran dos pequeños caseríos de pocas viviendas separados cinco kilómetros uno del otro. No tendrían más de veinticinco familias de granjeros, que habían sido tomados prisioneros. Dormían en una amplia sala comunal escuchando los sonidos de la guerra. Habían pintado el techo con una cruz roja.

La inteligencia británica indicaba que Darwin estaba defendida por cuatrocientos o quinientos hombres. Eran datos errados o, mejor dicho, desactualizados. Las tropas habían ido agregando refuerzos de última hora: sumaban más del doble. Los Para 2, en cambio, eran alrededor de seiscientos hombres, con artillería terrestre y naval, y apoyo aéreo. Se agruparon en el caserío de Camilla Creek, a cinco kilómetros de las fuerzas argentinas. Desde allí comenzaron a avanzar.

El 26 de mayo, Menéndez había ordenado al general Omar Parada que se movilizara hacia Darwin para respaldar a la Fuerza de Tareas Mercedes, que reunía distintas compañías de infantería y artillería; un conjunto de más de medio millar de soldados que también contaba con el apoyo aéreo desde Puerto Argentino. Parada explicó a Menéndez los peligros que acarreaba un desplazamiento por aire o mar hacia el istmo. En cambio, emitió una Orden de Operaciones para el teniente coronel Ítalo Piaggi, al mando de la Fuerza de Tareas Mercedes, para que reorganizara la defensa y hostigara al enemigo mientras este preparaba su ataque, y lo desconcertara. La Argentina ya tenía la noticia de la ofensiva británica. La había filtrado un periodista de la cadena BBC, presente en el campo de batalla.

El trascendido de sus planes disgustó a Jones. La filtración rompió la sorpresa. Pero los planes de Jones no se modificaron. Comenzó a avanzar en la madrugada del 28 de mayo. La maniobra, según su evaluación, concluiría en pocas horas. Jones esperaba el rápido colapso de las fuerzas argentinas. Subestimó su resistencia.

El ataque sobre Puerto Darwin comenzó en plena oscuridad, cerca de las dos y media. Hacia las seis, los británicos ya habían destruido la primera línea de defensa y sometían a las compañías argentinas. La batalla parecía concluida. Para salir del encierro, Piaggi ordenó que la reserva, liderada por el subteniente Roberto Estévez, realizara un contraataque en diagonal.

Estévez, que conducía cuarenta hombres, cruzó el campo de batalla bajo fuego enemigo, con sucesivos repliegues y contraataques, y bloqueó durante varias horas la penetración territorial del Para 2 de Jones. Luego lo hirieron. Al salir de un pozo, Estévez recibió un tiro en el brazo y otro en la pierna izquierda, pero con un FAL continuó disparando e impartiendo órdenes por radio, bajo el fuego de los morteros y los francotiradores de los Para 2.

El tiro mortal lo recibió en el pómulo derecho.

Dos meses antes Estévez le había escrito la última carta a su padre.

Querido papá: Cuando recibas esta carta, yo estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios Nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero, ¡fijate vos qué misión! ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las islas Malvinas y restaurar en ellas Nuestra Soberanía?

A Estévez lo reemplazó el cabo Mario Castro. Tomó su equipo de comunicaciones y pidió instrucciones. Piaggi le pidió que soportara el fuego cuanto pudiera; pronto llegarían aviones Pucará para dar respaldo aéreo. Dos unidades ya habían sido derribadas el día anterior. Castro también perdió la vida. Lo alcanzó un proyectil de fósforo y lo quemó vivo. La fuerza de reserva quedó al mando del soldado Fabricio Carrascull. Moriría minutos después.

Al amanecer del día 28 de mayo, la luz permitió ver con claridad la posición británica. Esto representó un alivio para las fuerzas nacionales, que no contaban con armamento con mira nocturna. La línea de defensa estaba al mando del subteniente Juan José Gómez Centurión. Las posiciones estaban equilibradas. Hubo una pausa en el fuego. Los ingleses detuvieron el avance y se reagruparon; recibieron municiones. Los argentinos obtuvieron refuerzos.

Entonces el teniente coronel Herbert Jones muere en un hecho controversial. Una versión indica que, al frente de un pelotón de quince hombres, y después de más de ocho horas de combate, Jones decidió enfrentar el fuego que partía desde las trincheras y mantenía inmovilizadas dos de sus cuatro compañías del Para 2. Jones quiso tomar los “nidos de ametralladoras” por asalto, en una muestra de arrojo y exceso de confianza. Una loma le impidió ver uno de los “nidos”, y, desde veinte metros a su izquierda, recibió una ráfaga de ametralladora. Jones intentó tomar su granada. Otra ráfaga a la altura de la cintura volvió a sacudirlo.

La otra versión afirma que en la pradera se alzaron algunos cascos ingleses con voluntad de parlamentar. El combate se detuvo. Jones ofreció a Gómez Centurión respetar la vida de todos los argentinos a condición de que se rindiesen. El subteniente, confiado en su mejor posición relativa respecto de la noche anterior, rechazó la oferta. Incluso le mencionó que creía que él quería rendirse. Le indicó que en dos minutos reabriría el fuego. Mientras ambos se retiraban, el fuego, de manera inesperada, alcanzó a Jones desde una trinchera a veinte metros de distancia. Recibió una ráfaga mortal.

“Rayo de sol ha caído”, afirmó el radiooperador en la mañana del 28 de mayo para informar la muerte de Jones. La noticia causó estupor y confusión en las filas británicas. Un helicóptero que intentó recoger al jefe de los Para 2 fue abatido por un Pucará.

El ataque inglés había sido detenido. Pero desde ese momento, el mayor Chris Keeble, que reemplazó a Jones en la conducción, cambió la estrategia debido a la resistencia argentina, que era mayor que la esperada. Keeble dejó de empeñar fuerzas en frentes dispersos, comprometiéndolas en combates generalizados, y las concentró, con todo el poder de fuego disponible —artillería, morteros, misiles antitanque, bombardeo naval— hacia un solo punto de ataque —Puerto Darwin—, para acorralar la guarnición enemiga. Los soldados argentinos, ya casi sin municiones, intentaron esquivar el ataque británico cambiando de posiciones. Hasta que, con el fuego inglés al frente, y el agua a sus espaldas, ya no tuvieron por dónde salir.

Parada ordenó una retirada de las fuerzas nacionales, pero Piaggi, que se sentía incomprendido por su superior frente al cuadro de situación, no contaba con alternativas de escape para semejante empresa. El alto mando inglés no admitió demoras. Le hizo saber que tenía orden de Londres de bombardear y aniquilar no solo a las tropas argentinas sino también a los isleños que mantenían prisioneros. Entonces, el jefe de la FT Mercedes decidió entablar diálogo y pactar la rendición. Las bajas fueron numerosas por ambas partes —cuarenta y siete muertos y noventa y ocho heridos en las fuerzas nacionales; diecisiete muertos y treinta y cinco heridos en el bando británico—. Casi mil prisioneros argentinos fueron encerrados en el galpón donde se esquilaban las ovejas, en Puerto Darwin, y luego trasladados a bahía San Carlos.

El combate, que se presumía rápido, duró treinta y seis horas.

A partir de entonces, con la retaguardia asegurada y el dominio naval y también aéreo, se inició la marcha terrestre hacia Puerto Argentino. El Para 2 enfiló hacia el este; el Para 3, acompañado por el Comando 45, abrió una brecha por el centro y se estableció en un puerto para afianzar el respaldo logístico. Sobre el oeste, avanzó el Comando 42.

Un día después de la caída de Darwin habría otro intento de la aviación argentina por torcer el rumbo de la guerra. Fue uno de los episodios bélicos más audaces. Se produjo el 30 de mayo con la acción de un equipo de aviones argentinos que atacó al portaaviones HMS Invincible. Por el poder destructivo de los Exocet, el almirante John Woodward había decidido mantener los portaaviones Hermes e Invincible a la mayor distancia posible. A fines de mayo, los intentos de compra de Perú no habían dado resultado. La Argentina solo contaba con un Exocet. Era el último de la Fuerza Aérea. Los demás ya se habían utilizado. La inteligencia argentina ya había rastreado la ubicación del núcleo de la Task Force, encabezado por el Invincible. Lo había detectado. La escuadrilla partió desde Río Grande, Tierra del Fuego. Eran cuatro Skyhawk A-4C y dos Super Étendard —uno de ellos llevaba el Exocet—, más dos aviones Hércules para reabastecer en vuelo a la escuadrilla con el uso de mangueras, ciento ochenta kilómetros al sur de las islas Malvinas.

La escuadrilla partió hacia el objetivo en vuelo rasante sobre el mar para evitar que la descubriera el radar, o que lo hiciese cuando los aviones ya estuvieran casi sobre el blanco. A cuarenta kilómetros, la distancia de tiro, y una velocidad de más mil kilómetros por hora, el misil se desprendió del Super Étendard e inició su recorrido hacia el Invincible. Dio en el blanco. El portaaviones empezó a cubrirse de humo negro. El ataque aéreo fue reforzado con bombas de 250 kilos y cañones. Dos de los pilotos fueron alcanzados por el enemigo y cayeron al mar. El resto de la escuadrilla logró regresar a la base después de casi cuatro horas de misión aérea. Los británicos negaron el ataque, pero las evidencias fueron incontrastables.

Después de los combates de Puerto Darwin-Pradera del Ganso, el avance británico, con sus tres columnas, continuó. El 2 de junio instalaron un contingente en monte Kent. Allí trasladaron la artillería de campaña. Era una posición privilegiada que les permitía enviar patrullas de observación y hostilizar el cordón montañoso donde estaba asentada la posición argentina: Harriet, Dos Hermanas, Tumbledow, Sapper Hill, Guillermo (ubicado más hacia el oeste) y, básicamente, monte Longdon. Sobre esta colina se abría el camino hacia Puerto Argentino. Abajo del Longdon estaba la ladera en la que sobresalía la cresta de Wireless Ridge, y luego la pendiente se pronunciaba aún más hacia el valle de Moody Brook, la última línea de defensa, ubicada a tres kilómetros de Puerto Argentino. Los británicos se reordenaron.

El general Jeremy Moore, ahora al frente de la tropa, recibió refuerzos de tres batallones que habían llegado en el Queen Elizabeth el 27 de mayo. Un grupo de navíos escolta había arribado el día anterior. También hubo más submarinos. Gran Bretaña esperaba alguna ofensiva nocturna sobre sus tropas terrestres, pero la Argentina no tenía equipamiento aéreo para bombardear de noche. La aviación asentada en Malvinas estaba prácticamente inutilizable. Dos helicópteros Chinook de la Fuerza Aérea para transporte de tropa, contra la voluntad de Menéndez, habían sido replegados al continente, con la idea, no explicitada, de preservarlos ante una probable derrota.

Frente a la marcha de la tropa inglesa, la Argentina apenas pudo movilizar algunas patrullas para minar los campos y otras para detectar el avance enemigo. No podían proyectarse muchos kilómetros más allá del cordón montañoso. Todavía conservaban las compañías de comandos 601 y 602, efectivos de elite de la infantería de Marina, los aviones de la Fuerza Aérea y el escuadrón Alacrán, además de las tropas de defensa del cordón montañoso y de Puerto Argentino. Pero ya no podían sumar fuerzas desde el continente. El tráfico aéreo, para el transporte logístico, se había reducido al mínimo. Hacia el mes de junio, las naves inglesas se acercaban desde el sur y el norte de Puerto Argentino. La Argentina ya no disponía de minas de uso naval para disuadirlas.

Menéndez imaginó la posibilidad de un contraataque aéreo desde el continente para vulnerar a las fuerzas británicas por la retaguardia. El 9 de junio, el general Américo Daher viajó a Comodoro Rivadavia para reunirse con el comando de las Fuerzas Armadas y luego, el mismo día, voló a Buenos Aires para reunirse con Galtieri. Menéndez lo había enviado para exponer el “Operativo Buzón”, como lo había denominado.

El Ejército mantenía a los soldados en los “pozos”, con la artillería como única defensa terrestre. Algunos habían disparado con baterías antiaéreas contra aviones británicos en el bautismo de fuego del 1º de mayo. Desde entonces solo habían soportado la hostilidad de las bombas.

El radio de observación de un soldado era de cien o doscientos metros a su alrededor. El “pozo” era su posición en la guerra. Lo había cavado él mismo, y permanecía allí, día y noche, inmovilizado, bajo lluvia constante, a la espera de las fuerzas enemigas. Sabía que los ingleses habían desembarcado, pero no dónde. No tenía mapas. Tampoco era informado sobre las acciones del enemigo ni sobre el curso de la guerra.

Los soldados conscriptos habían llegado a las islas con poca o nula instrucción militar. Les costaba conseguir alimentos —algunos de ellos perdieron hasta treinta kilos durante el conflicto— y eran castigados aun cuando salían en busca de comida. La relación entre superior y conscripto era, por lo general, de maltrato. Algunos soldados fueron estaqueados, expuestos a la helada intemperie y sometidos a torturas y simulacros de fusilamiento.

La espera en el pozo, plena de incertidumbre, llevaba dos meses. Se convivía con el asedio diario de los ataques aéreos, de los cañoneos navales y la artillería de campaña inglesa. Cuando sonaba un alerta roja, cada soldado buscaba refugio donde protegerse. Esa era su rutina cuando todavía no habían llegado las tropas del enemigo a monte Longdon.

El operativo suponía conmover el estrecho San Carlos con aviones, buzos tácticos, comandos y submarinos; también atacar Darwin y a las tropas terrestres, ya apostadas a pocos kilómetros de monte Longdon.

Menéndez mantenía un parcial entusiasmo. El día anterior, 8 de junio, la Fuerza Aérea había rechazado el intento de desembarco en Fitz Roy y Bahía Agradable, al sudoeste de Puerto Argentino. Una escuadrilla aérea que partió desde Río Gallegos hundió la fragata Plymouth y los transportes de tropas Sir Galahad y Sir Tristan. Los batallones de la guardia galesa y escocesa sufrieron un severo impacto. Fue un “día negro” para la flota británica: cincuenta y un muertos, incluso investigaciones posteriores triplicaron esa cifra. Después de neutralizar el desembarco, Galtieri supuso que los ingleses no se lanzarían sobre Puerto Argentino durante diez o doce días. Prefirió insistir con los oficios diplomáticos, ahora por medio del papa Juan Pablo II —que llegaría a la Argentina el 11 de junio—, y mantener una estrategia de contención y desgaste en el plano militar antes que de contraataque desde el continente, como proponía Menéndez.

De modo que el Operativo Buzón, aunque Galtieri nunca se lo comunicaría a Menéndez, fue descartado. El estrecho San Carlos ya era una barrera difícil de vulnerar por mar y por aire. Después de ese viaje a Buenos Aires, Daher permaneció en el continente por el riesgo que suponía regresar a Puerto Argentino. Los ingleses ya habían establecido un bloqueo aéreo y naval sobre las dos islas, mientras se producía el avance de las tropas terrestres.

Entonces se decidió poner en acción, otra vez, a los grupos comando, para que ejecutaran golpes rápidos y sorpresivos.

En Malvinas, habían entrado en acción el 2 de abril, en el desembarco. La Compañía 601 después se dedicó a la inteligencia sobre los isleños. Y la Compañía 602, que dirigía el mayor Aldo Rico, decidió emboscar a las tropas británicas. Obtuvo el refuerzo de una sección de Gendarmería y actuó en coordinación con el teniente coronel Martín Balza, uno de los jefes de Artillería. En la tarde del 9 de junio, la Compañía 602 se mantuvo a la espera en el monte Harriet. Aguardaron varias horas hasta que observaron una columna británica a setecientos metros. Postergaron el ataque para cuando se encontraran a menos distancia. Esperaron varias horas. En la madrugada del 10, volvieron a verlos. Estaban a doscientos metros. Cuando se disponían a atacar, una explosión los sorprendió. Las fuerzas enemigas habían tomado la ofensiva: eran miembros del Special Air Service, los comandos británicos. Las explosiones se sucedieron. Ametralladoras, fusiles, granadas y, sobre todo, artillería. Los dos comandos se enfrentaron en el monte Harriet, a poca distancia uno del otro, hasta el punto de que, cuando Rico transmitía a Balza los datos de tiro, el fuego apenas traspasaba la posición del comando argentino. Rico y Balza, que se comunicaban con lenguaje informal para impedir que la inteligencia enemiga decodificara los mensajes, lograron contener la ofensiva con la acción de la artillería. Hasta que se hizo un silencio total y el comando se replegó a Puerto Argentino. Se cree que hubo dieciocho bajas británicas y cuatro argentinas, entre muertos y heridos.

Según el alto mando británico, Puerto Argentino, desde la primera a la última línea de defensa, contaba con nueve mil hombres. Alrededor de cinco mil estaban desplegados en distintas posiciones del cordón montañoso. Para un ataque sobre posiciones fijas suele calcularse una relación de tres a uno. En distintas colinas se excedía esa proporción. En monte Longdon se mantuvo.

El ataque sobre esa colina, ubicada a catorce kilómetros de Puerto Argentino, estaba preparado para la noche, cuando las tropas argentinas eran más vulnerables por falta de visores nocturnos. Como había sucedido en Darwin. El plan era atacar sin interrupciones, atravesar todas las posiciones argentinas, forzar su repliegue y llegar hasta Wireless Ridge esa misma noche. Las distancias no eran muy largas. Los montes Tumbledown, Sapper Hill y Guillermo estaban defendidos por ochocientos marinos del Batallón de Infantería de Marina 5, con apoyo de doscientos soldados de dos compañías adscriptas, los Regimientos de Infantería 3 y 6. Estas fuerzas se enfrentarían contra cerca de diez mil soldados británicos, entre ellos, los regimientos de las guardias escocesa, galesa y nepalesa (gurkhas). Los comandos 45 y 42 atacaron Dos Hermanas y el monte Harriet. Los Para  2 y Para  3, desde distintas posiciones, avanzaron sobre monte Longdon, defendido por el Regimiento de Infantería 7, comandado por el subteniente Juan Domingo Baldini.

Cada soldado inglés dispuesto para el ataque cargaba un peso de casi cincuenta kilos sobre su espalda. Pasadas las nueve de la noche del 11 de junio, cuando ya llevaban más de una hora de marcha hacia Longdon, el cabo Brian Milne ingresó en un campo minado, a seiscientos metros de la primera línea enemiga. Perdió una pierna. Para las tropas argentinas, fue el alerta de que los ingleses ya estaban encima. En ese momento, la niebla no les permitía una visión mayor de siete metros. Baldini, en su carpa, estaba sintonizando Radio Colonia, que transmitía la repetición de la misa del papa Juan Pablo II en Luján. El radar terrestre había sido apagado. Cada vez que se encendía, recibía proyectiles.

A partir de la explosión de la mina, Longdon se transformó en campo de batalla. Se inició el fuego naval, de artillería y de misiles antitanque; las fuerzas argentinas respondieron con granadas, ametralladoras y morteros.

Aun cuando las diferencias de tropa y de poderío armado eran considerables, los soldados argentinos intentaron no desprenderse de sus colinas. Cuando perdían una posición, contraatacaban. Ocurrió durante la madrugada del 12 de junio en todas las alturas, en especial en Tumbledown y en Longdon. Con el transcurso de las horas, las distancias del enfrentamiento se fueron reduciendo. Se combatía con granadas, fusiles, bayonetas. Hasta que llegaron al cuerpo a cuerpo.

Abajo, sobre la ladera de Wireless Ridge, el Regimiento de Infantería 7 recibía el apoyo de fuego de los morteros de las compañías A y B y de la Compañía Comando. Un observador adelantado daba la información sobre la posición enemiga y se ordenaba el fuego. El alcance de la artillería inglesa era de 17 kilómetros. El de la argentina, 10,5 kilómetros.

Para la mayoría de los soldados, la del 11 de junio fue la primera acción de guerra de sus vidas. A poco de iniciarla, se revelaron las deficiencias materiales. La base de los morteros se hundía, impedía la continuidad de tiro y enseguida llegaba la réplica británica, con detectores de calor que permitían señalizar la posición de los morteros argentinos. La guerra, para muchos de los que estuvieron en el pozo a la espera del enemigo, duró apenas algunos disparos, y luego debieron replegarse frente a la avalancha del fuego inglés, en medio de explosiones constantes. Las posiciones argentinas en las colinas y las laderas soportaron seis mil disparos de artillería esa sola noche.

Con la presión de los misiles antitanque, la artillería y el avance de la infantería, la situación se volvió insostenible en las alturas. Se fueron perdiendo. Baldini intentó recuperar monte Longdon con un grupo de soldados. Uno de ellos, Flores, que salió con su arma, recibió varios impactos. Lo hirieron. Baldini salió de su posición para auxiliarlo. Lo mataron. En la madrugada, el Regimiento 7 de Infantería había perdido a su jefe.

El teniente Néstor Quiroga asumió el mando y continuó la orden de contraataque y el frente de combate se estabilizó por unas horas. Pero, al amanecer, los soldados fueron quedando encerrados entre los regimientos británicos, sin posibilidad de retroceder. La lucha fue hombre a hombre. Algunos soldados, que permanecieron guarecidos, fueron buscados directamente en sus pozos; los tomaron prisioneros; otros fueron ejecutados o ultimados con un bayonetazo en el ojo. A las seis y media de la mañana ya estaba dada la orden de repliegue en el Longdon y los soldados bajaron a Wireless Ridge con protección del fuego de artillería propio. Solo setenta y ocho lograron hacerlo. Los doscientos restantes que componían el Regimiento 7, tras nueve horas de batalla en el monte, habían sido muertos, tomados prisioneros o estaban heridos. Los ingleses ya podían visualizar la residencia de Menéndez en Puerto Argentino. Estaba a un tiro de artillería. En la mañana del 12, los montes Dos Hermanas y Harriet también habían sido tomados, con veintidós soldados argentinos muertos, ciento diecinueve heridos y doscientos prisioneros.

Los ingleses supusieron que debajo del monte Longdon habría una fortaleza. Decidieron permanecer en la posición conquistada, reagruparse, reabastecer municiones, instalar puntos de observación, pero no avanzar, como indicaba el plan original. Temían ser sorprendidos por un contraataque argentino, que no sabían desde dónde llegaría.

En ese “tiempo muerto”, distantes a centenares de metros, las tropas de uno y otro bando se observaron durante todo el día. Casi no cruzaron fuego. Pero la fortaleza de la última defensa, en Wireless Ridge y Moody Brook, había sido debilitada. Después de la batalla de Longdon, muchos soldados no encontraron a sus jefes, que abandonaron sus posiciones y bajaron a Puerto Argentino sin dar aviso.

En la noche del domingo 13 de junio, todos los batallones británicos en combate se lanzaron a la toma de las últimas posiciones de defensa argentina. Avanzaron con tanques de guerra para romper el fuego de las trincheras.

En monte Tumbledown, el Batallón de Infantería de Marina 5, con ciento cincuenta hombres comandados por el capitán Carlos Robaccio, combatió en condiciones de desigualdad frente a ochocientos integrantes de las tropas británicas, compuestas por gurkhas y paracaidistas. Apoyados con el fuego de artillería de los tenientes coroneles Martín Balza y Carlos Alberto Quevedo, los hicieron retroceder y ganaron algunas posiciones de altura. Incluso les derribaron dos helicópteros.

Pero en Wireless Ridge a las dos de la mañana nevaba y el desbande era generalizado. Las comunicaciones inalámbricas de los radiooperadores se habían cortado y el único timbre que sonaba era el de la retaguardia, la guarnición de Puerto Argentino comandada por el general Oscar Yofre, que en forma frenética ordenaba el contraataque: “Junte gente y vaya al frente”. Para evitar confusiones, Yofre había ordenado que cualquiera que sorprendiera a alguien con uniforme argentino dando una orden de repliegue tenía autorización para liquidarlo. Yofre quería recomponer las tropas y defender la posición a cualquier costo.

Los partes de guerra que le llegaban de los radiooperadores de Moody Brook, en cambio, le presentaban otra realidad: “Perdí contacto con mi propia tropa, pido replegarme”. Y cada soldado que bajaba de Wireless Ridge, aun sin orden de repliegue, lo hacía como podía. Entre los cañonazos de la artillería enemiga, bajo las bengalas lanzadas en paracaídas que iluminaban el fuego del campo de batalla, corriendo desde la cresta hacia el valle, protegido entre roca y roca, y tratando de no cruzarse con una bala de FAL del fuego “amigo”, porque entonces nadie veía nada, no había una organización, una instrucción, una orden que indicara para dónde ir. Todavía se mantenía en pie la carpa de las provisiones adonde llegaban los pedidos de ayuda, aunque no había quién los recibiera. Desde afuera, la radio se escuchaba nítida, desesperada, al rojo vivo.

¡Manden refuerzos… tenemos heridos!

A las siete de la mañana del 14 de junio, los británicos ya tenían posesión del monte Longdon y el corredor de Wireless-Moody Brook. Los soldados del Regimiento 7 de Infantería que habían sobrevivido caminaban hacia Puerto Argentino, con el temor de ser fusilados por desertores. Llegados al casco urbano, en un puesto de la policía militar debían informar el regimiento al que pertenecían y se les indicaba dónde refugiarse. Adentro del gimnasio comunal se produjo el reencuentro de la tropa del Regimiento 7 de Infantería. Estaban exhaustos, conmovidos, nerviosos. Un mayor preguntó al grupo: “¿Quién me acompaña arriba a recuperar la posición?”. Después de caminar quinientos metros, el grupo que había partido regresó.

A esa hora, el 14 de junio, en Tumbledown, el Batallón de Infantería de Marina 5 había logrado reorganizar el dispositivo de defensa y seguía resistiendo. También el Regimiento 3 y el 25. El capitán Carlos Robacio le informó la novedad a Menéndez y le reclamó baterías de obuses, morteros, cañones antitanque, municiones. Se mantenía con la moral alta, como toda su tropa. Pero recibió la orden de repliegue hacia Puerto Argentino. Por unas horas la desoyó, y siguió combatiendo hasta el mediodía —volverían a derribar un helicóptero—.

El Batallón 5 de Infantería de Marina sería el último contingente en rendirse. Dejaría setenta y un muertos en el campo de batalla. Las fuerzas británicas ya estaban en las afueras de Puerto Argentino, sobre Moody Brook, a pocos centenares de metros de la residencia de gobierno. En algún momento, en la guarnición de Puerto Argentino, se pensó trasladar las tropas hacia el aeropuerto, a diez kilómetros, y utilizarlo como el escenario de la última batalla.

A las nueve, Menéndez decidió comunicarse con el secretario general de la Presidencia, general Héctor Iglesias, en la Casa Rosada. Le dijo:

Esto se acabó. Se combatió duramente hasta las últimas horas. El grupo de artillería ha sido pulverizado. Las alternativas que quedan son aceptar la resolución 502 y retirarnos con nuestras banderas; aceptar la matanza… la resolución debe ser tomada en breve lapso para salir con honor. Me avisan que los ingleses están a cuatro o cinco cuadras de acá.

Menéndez quizá reducía la distancia para poner en evidencia el cuadro de situación. Quería que la Casa Rosada tuviera una visión más real de lo que estaba sucediendo. Iglesias se comprometió a informarle a Galtieri. Menéndez volvió a llamar. Habló directamente con él.

Esta defensa no tiene sentido, no tiene futuro. Le planteé al general Iglesias que hay muchos hombres que vuelven hacia la retaguardia heridos y ya sin munición y desorganizados.

Galtieri seguía pensando en el contraataque.

Debe haber agrupamientos propios del Ejército e Infantería de Marina que deben orgánicamente seguir subsistiendo en la retaguardia de las primeras fracciones inglesas. Creo que debe impulsarse, ellos también están en una situación crítica, tanto como la nuestra, y el impulso de la voluntad de combatir, saliendo de los pozos hacia adelante y no hacia atrás, atacando los flancos de la penetración enemiga, aunque sea con pocas fracciones y con algún fuego puede detener la penetración inglesa. Emplee todos los medios que tiene, el Regimiento 3, el 25 y contraataque. Use todos los medios que tiene a su alcance y continúe el combate con toda la intensidad posible, moviendo al personal fuera de los pozos. Cambio.

Menéndez se lamentaba de “no lograr dar una sensación de lo que hemos vivido durante toda la noche”. Explicó que el contraataque del Batallón de Infantería de Marina 5 había sido rechazado y otras compañías ya habían desaparecido.

La tropa no da más. Está peleando a brazo partido en las trincheras, yo lo he visto. Mire, mi general, lo que usted me dice esta tropa no lo puede cumplir.

Galtieri dijo aceptar sus reflexiones. Sin embargo, le explicó que era el comandante conjunto de las Malvinas, con su misión, su personal, los reglamentos y la autoridad para resolver. El comentario no era menor. En el código militar de conducta, la rendición no se puede establecer sino con la pérdida de la mitad de los hombres y de las tres cuartas partes de las municiones.

Menéndez estaba convencido de que Galtieri no tomaba dimensión de la coyuntura. Insistió:

Mi general, a esta tropa no se le puede exigir más, después de lo que han peleado. […] No hemos podido mantener las alturas, no tenemos espacio, no tenemos medios, no contamos con los apoyos que corresponden […] tenemos que acceder a la gran responsabilidad para con los soldados que van a morir combatiendo un combate sin posibilidades, por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. Esto debo decirle como comandante de Malvinas. Cambio.

Galtieri pidió un tiempo para reflexionar. Lo llamaría más tarde.

Poco después, Menéndez recibió un mensaje del bando inglés para iniciar conversaciones. Le proponían un cese de fuego hasta las 13 horas; mientras tanto, ellos no entrarían en Puerto Argentino. Se lo comunicó a Galtieri. Este aceptó que hablara sin que firmara o discutiese ningún documento sobre rendición o capitulación. A las 3.15, Menéndez se reunió con el capitán Rob Bell y el teniente coronel Michael Rose, emisarios del comandante Jeremy Moore. Por presión de Londres, los británicos ofrecieron una “rendición incondicional”. Menéndez rehusó entregarse en esos términos. Ofreció firmar una “rendición con condiciones”. Los británicos aceptaban que las fuerzas argentinas se retiraran con sus banderas y estandartes, y dirigidos por sus propios comandantes.

A las 9.15 de la noche, hora de las islas, Moore y Menéndez firmaron la rendición. Eran dos generales. Por sus rostros y sus uniformes, se advertía que uno venía de una larga y trabajosa batalla. La expedición no había resultado un paseo. El otro general parecía recién llegado a las islas.

La guerra había terminado.

La apuesta por la recuperación de las islas Malvinas, a todo o nada, había dejado seiscientos cuarenta y un muertos y mil seiscientos cincuenta y siete heridos en la tropa argentina.

Bibliografía

Balza, Martín, Malvinas, gesta e incompetencia, Buenos Aires, Atlántida, 2008.

Burns Marañón, Jimmy, La tierra que perdió sus héroes, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Camogli, Pablo, Batallas de Malvinas, Buenos Aires, Aguilar, 2007.

Cardoso, Oscar Raúl; Kirschbaum, Ricardo y van der Kooy, Eduardo, Malvinas, la trama secreta, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1983.

Cooksey, Jon, 3 Para. Mount Longdon, The Bloodiest Battle, Barnsley, Pen & Sword, 2009.

Freedman, Lawrence y Gamba, Virginia, Señales de guerra, Buenos Aires, El Ateneo, 2012.

Lorenz, Federico, Las guerras por Malvinas, Buenos Aires, Edhasa, 2006.

McManners, Hugh, Forgotten Voices of the Falklands, Londres, Ebury Press, 2008.

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, La dictadura militar 1976/ 1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Rossiter, Mike, Sink the Belgrano. The Dramatic Hunt for the Argentine Warship, Londres, Bantam Press, 2007.

Ruiz Moreno, Isidoro, Comandos en acción. El ejército en Malvinas, Buenos Aires, Claridad, 2011.

Sánchez, Gonzalo, Malvinas. Los vuelos secretos, Buenos Aires, Planeta, 2012.

Sohr, Raúl, “El triángulo Washington-Buenos Aires-Pretoria”, en Nueva Sociedad, Nº 59, marzo-abril de 1982, pp. 47-54. En www.nuso.org/upload/articulos/946_1.pdf (consulta: febrero de 2013).

Turolo, Carlos María (h), Malvinas. Testimonio de su gobernador, Buenos Aires, Sudamericana, 1983.

Entrevistas orales a ex combatientes del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde, de La Plata.

XXVIII

La democracia asediada

¡Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura!

RAÚL ALFONSÍN, discurso ante la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 1983

Después de la rendición, Galtieri intentó aferrarse al sillón presidencial. Su esperanza duró dos días: fue removido por un grupo de generales del Estado Mayor. El corte a su autoridad fue total: no le permitieron recomendar un sucesor en la Presidencia, ni en la jefatura del Ejército.

HECHOS RELEVANTES

1983. En septiembre, la dictadura sanciona la “Ley de Autoamnistía”, que extingue delitos de la represión ilegal.

El 30 de octubre, la fórmula de la UCR Alfonsín-Martínez (52%) vence a la del PJ, Luder-Bittel (40%).

El 15 de diciembre, Alfonsín crea la Conadep, que investiga casos de secuestros y desapariciones de personas, y luego publica el Informe “Nunca Más”.

1985. El 9 de diciembre, la Cámara Federal condena a los ex comandantes de las Juntas Militares por el terrorismo de Estado.

1986. En diciembre, el Congreso sanciona la “Ley de Punto Final”, que restringe los plazos para enjuiciar a represores.

1987. En abril, los juicios a oficiales del Ejército provocan el motín “carapintada” de Semana Santa. El oficialismo sanciona la Ley de “Obediencia Debida”.

1989. En enero, El Movimiento Todos por la Patria toma el Regimiento de La Tablada con el argumento de “parar un golpe de Estado”.

En un contexto de caos social e hiperinflación, Carlos Menem (PJ) vence a Eduardo Angeloz en las elecciones presidenciales del 15 de mayo.

El día después de la guerra se abría una etapa nueva para las Fuerzas Armadas. Si la recuperación de las islas había obrado en favor de un gobierno que estaba siendo cercado por las consecuencias sociales y económicas de su gestión, y al que le costaba cada vez más encubrir la represión ilegal, la derrota militar inauguraba ahora una crisis de legitimidad inédita ante una sociedad que comenzaba a repudiar la actuación de la “lucha antisubversiva”, sobre la que antes había asumido un silencioso consenso.

Ante las disputas entre las tres fuerzas para definir un sucesor, el Ejército impuso al general retirado Reynaldo Bignone, de la facción “aperturista”, quien había sido jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Su principal tarea era establecer una negociación —ahora obligada por la derrota en Malvinas— con las fuerzas políticas que les permitiera lograr un consenso de impunidad. Pero los militares estaban impugnados por su mal desempeño en las islas y la represión ilegal. En ambos terrenos, los nombres se cruzaban. Alfredo Astiz, cuya identidad se hizo pública en la rendición de las islas Georgias, se convirtió en el paradigma del represor que se infiltraba entre madres de desaparecidos indefensas para facilitar su secuestro y se entregaba sin combatir frente a un enemigo externo. O el propio Mario Benjamín Menéndez, cuya conducción en la guerra fue reprobada por falta de planificación e inoperancia, y había participado del Operativo Independencia en el monte tucumano.

Por su parte, las Fuerzas Armadas empezaban a repartirse culpas internas. La Fuerza Aérea, que había tenido una injerencia acotada en las decisiones del Proceso de Reorganización Nacional, salía de la dictadura menos asociada a la represión que la Marina y el Ejército, pese a que el centro clandestino Mansión Seré, en el partido de Morón, había operado bajo su dirección. Además, en la guerra de Malvinas, según el informe final de la “Comisión Rattenbach” —creada por Bignone para evaluar el desempeño en las islas—, se puso de relieve el “valor y profesionalismo” de los pilotos de la Fuerza Aérea, mientras el mismo informe resultaba lapidario respecto de la conducción estratégica del Ejército y la Marina.

En forma simultánea a la revisión militar de Malvinas, distintos miembros de las Fuerzas Armadas expresaron su intención de no volver a tomar el poder por medio de golpes de Estado, en respeto a la democracia.

Estas dos revisiones autocríticas, sobre Malvinas y el golpe de Estado, además de la autodepuración de las estructuras implicadas en la guerra, fueron las únicas concesiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, conservaban como factor innegociable en la transición a la democracia su actuación en la represión ilegal.

La Multipartidaria enfrentó el doble desafío de acordar los términos de la salida de los militares del poder y, a la vez, presentarse como la mejor opción frente a un electorado que debía elegir un presidente civil.

Pronto comenzó a destacarse la figura de Raúl Alfonsín, que había dado aval a la recuperación de las islas el primer día, pero luego, en el mes de mayo, fue despegándose de la maniobra militar, llamando a un gabinete de “salvación nacional” con la presidencia del radical Arturo Illia y declarándose “ferviente partidario de la paz” en medio de la euforia bélica que envolvía al gobierno y a buena parte de la sociedad.

El 15 de junio, día después de la capitulación, Alfonsín declaró:

Es hora de escuchar la voz del pueblo […] es, en fin, la voz de la inmensa mayoría de argentinos que no quieren ser más usados ni manipulados […] es la hora de recuperar la racionalidad, la realidad y la moral.

Tras la muerte del líder histórico del radicalismo, Ricardo Balbín, en septiembre de 1981, Alfonsín, desde el Movimiento Renovación y Cambio, que había fundado en 1972, salió a disputar el liderazgo de la UCR frente a la moderada Línea Nacional, conducida por Fernando de la Rúa. Su búsqueda de un equilibrio entre la corporación militar y la política lo emparentaba con el estilo de Balbín.

Oriundo de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, Alfonsín había sido alumno del Liceo Militar General San Martín, compañero de clase de Videla, Galtieri y de Albano Harguindeguy. Después de graduarse como abogado, su militancia y su actividad profesional quedarían unidas a la UCR. Fue electo concejal, diputado provincial y diputado nacional, y en 1972 perdió por estrecho margen la interna radical contra Balbín por la candidatura presidencial. Su actividad política se relacionó con la defensa de los derechos humanos y, en esa línea, representó a dirigentes que habían sido apresados durante el Cordobazo de 1969, y fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en diciembre de 1975. Durante la dictadura, Alfonsín reaccionó con mayor énfasis que Balbín, interponiendo habeas corpus ante la Justicia por casos de desaparecidos. Aliado a la nueva generación de origen universitario, la Junta Coordinadora Nacional (JCN), empezó a gestar un movimiento atractivo para las clases medias, por fuera de las estructuras partidarias: el alfonsinismo.

Mientras se descubrían tumbas colectivas en cementerios bonaerenses, y frente a las “marchas por la vida” convocadas por los organismos de derechos humanos, entre los que se destacaban las Madres de Plaza de Mayo —dirigentes políticos y sindicalistas buscaban exhibirse con ellas después de casi cinco años de aislamiento—, Bignone no ofrecía respuestas terminantes: “No hay fecha ni plazo para la solución del problema de los desaparecidos”.

Después de sancionar el Estatuto de los Partidos Políticos y levantar la veda, el 12 de noviembre de 1982 la Junta Militar dio a conocer las “Pautas para la concertación económica, política y social” para acordar con el futuro gobierno civil. La “Lucha contra el terrorismo”, “Desapariciones”, “Conflicto Malvinas” y la “Presencia constitucional de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno nacional”, eran los temas prioritarios de la agenda de la sucesión.

La Multipartidaria rechazó la concertación ofrecida por los militares. Argumentó que era “extraña” a la Constitución Nacional, y presentó un documento en el que, además de reclamar un calendario para la normalización institucional, por primera vez fijaba su posición sobre los desaparecidos.

Es preciso comprender que en este reclamo no hay ni una reivindicación del terrorismo ni un deseo de venganza, sino que es un reclamo absolutamente insoslayable y que resultará más difícil de solucionar cuanto más se demore […] Una solución será menos traumática cuanto más rápida y franca sea la respuesta.

El documento comenzaba a mostrar las diferencias entre las posiciones de los partidos mayoritarios y las de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la “aparición con vida” antes que el “esclarecimiento” o las “listas de desaparecidos”.

Diez días después de que las dos centrales obreras —la CGT-RA liderada por Saúl Ubaldini (Federación de Trabajadores Cerveceros y Afines), y la CGT-Azopardo, conducida por Jorge Triaca (Unión Obreros y Empleados Plásticos) y Armando Cavalieri (Empleados de Comercio)— lograran realizar un paro total de actividades, la Multipartidaria convocó a la Marcha por la Democracia en la Plaza de Mayo. La movilización reunió a cien mil personas. Fue la más multitudinaria en rechazo a la dictadura, y también fue reprimida por la policía. Hacia las ocho de la noche, frente al Cabildo, desde un Ford Falcon verde del que bajaron policías de civil se disparó por la espalda a Dalmiro Flores, obrero metalúrgico de 26 años.

Si el vacío provocado por la muerte de Balbín había abierto el juego interno entre sectores moderados y renovadores de la UCR, la ausencia de Perón, y sobre todo la violencia que sobrevino en el peronismo tras su muerte, habían dejado al Movimiento expuesto al caos interno.

La renuncia de Isabel —recluida en Madrid— a retomar la actividad política luego de casi cuatro años de prisión, la falta de una figura que convocante, más la posición ambivalente frente a las Fuerzas Armadas, eran factores que demostraban que el justicialismo emergía de la dictadura militar con la misma oscuridad que en sus últimos meses de gobierno: con dirigentes tradicionales sumidos en el discurso de “la lealtad y la verticalidad”, los mismos caudillos provinciales y ninguna renovación en sus filas. El peronismo no se había reinventado. De su facción izquierda solo quedaban algunas voces testimoniales. El peso de la conducción se mantenía en la ortodoxia, que había ganado la batalla contra los “infiltrados” a costa de la destrucción interna del Movimiento.

La estructura partidaria quedó en manos del metalúrgico Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones Peronistas, que en esta nueva etapa, al igual que en el último año de gobierno de Isabel Perón, contaba con una influencia decisiva en el armado político. Aun en su incertidumbre, el Partido Justicialista, con el predominio del sindicalismo, buscó reorganizarse, abrir el proceso de afiliaciones y encolumnarse detrás de una candidatura, que culminaría con la elección del ex senador Ítalo Luder como candidato a la Presidencia; una figura moderada, sin carisma personal, y muy difícil de presentar como “un continuador de la obra de Perón”.

A lo largo de 1983, las Fuerzas Armadas descubrieron con decepción que la salida del régimen no sería pactada según sus propios términos. Los militares temían la forma en que el sistema democrático trataría la cuestión de la represión ilegal, que la corporación militar consideraba su mayor logro y sobre la que no estaban dispuestos a admitir más que “errores o excesos”. Las posibilidades de participar en la contienda electoral con un movimiento cívico-militar en el que pudiera hacerse eco “la filosofía del Proceso” se había derrumbado con la derrota de Malvinas.

El 29 de abril de 1983, al no lograr un compromiso de las fuerzas políticas de la Multipartidaria de no cuestionar la represión ilegal, la Junta Militar publicó el “Documento final”, con la intención de cerrar los debates en torno a “la lucha contra la subversión” y poner un “punto final a un período doloroso de nuestra historia”. En el documento, en el que justificaban el accionar militar, enfatizaban haber actuado “con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la población” y “por vía de un mandato legal” de un gobierno constitucional; su actuación solo sería sometida al “juicio divino”.

A los desaparecidos los daban por muertos.

Se habla asimismo de personas “desaparecidas” que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos ya que en la República no existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente.

En consecuencia debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no se pueda precisar hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.

El documento recibió el apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica.

Los organismos de derechos humanos, en respuesta, reclamaron al futuro gobierno civil la conformación de una comisión bicameral que investigara el terrorismo de Estado e impulsaron una investigación institucional que se sintetizaba en el reclamo de “juicio y castigo a todos los culpables”.

A fines de septiembre de 1983, ya en la carrera final hacia la competencia electoral, el gobierno militar reforzaría su intención de blindar la represión ilegal con la sanción de la Ley de Pacificación Nacional (22924), conocida como “Ley de Autoamnistía”, que protegía a quienes pudieran ser imputados por delitos realizados entre el 25 de mayo de 1973, cuando asumió Cámpora, y el 17 de junio de 1982, cuando renunció Galtieri. La ley, que declaraba “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos con motivación o finalidad terrorista o subversiva”, se convertiría en aspecto clave del debate electoral.

Alfonsín, ya elegido como candidato de la UCR —había superado en forma amplia a Fernando de la Rúa— anticipó que la derogaría apenas asumiera la presidencia. Luder, en cambio, la objetó con un registro moderado. En octubre de 1975, mientras ejercía en forma provisional la Presidencia, había firmado el decreto que autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva” en todo el país. Y en la campaña reafirmó que lo volvería hacer, aunque criticó que hayan empleado “métodos no convencionales”.

Luder especulaba con alguna fórmula de “perdón” para los militares. La dirigencia justicialista se mostraba menos interesada en las cuestiones de derechos humanos, pese a que la mayoría de los desaparecidos eran peronistas. Esta línea no era casual: internamente se advertía que, si se profundizaba la investigación sobre el terrorismo de Estado, el Partido Justicialista debería dar cuentas ante la Justicia por el accionar de la Triple A durante el gobierno de Perón-Perón, período en el que se habían registrado más de mil casos de secuestros y desapariciones.

La economía había sufrido transformaciones sustanciales durante el Proceso militar. La distribución regresiva del ingreso, con aumento de la pobreza y mayor desocupación, un desequilibrio fiscal del 10%, y sobre todo las obligaciones externas totales —que ascenderían a 45.000 millones de dólares—, obligarían al futuro gobierno a convivir con el “rojo” en sus cuentas y tensiones sociales permanentes. La herencia económica se volvería incontrolable para el futuro gobierno democrático, en una década, la del ochenta, en la que los precios internacionales habían caído y los países estaban sometidos al recurrente pedido de financiamiento externo.

Durante la dictadura militar, la concentración económica había encumbrado a grandes grupos empresarios y otros transnacionales, tales como Techint o Bunge & Born, que conducían el proceso productivo, haciéndolo cada vez menos dependiente del mercado interno y cada vez más asociado a la exportación. En desmedro del sector industrial nacional, hasta entonces principal dinamizador de la economía, la reforma de 1977 de Martínez de Hoz había privilegiado al sector financiero. La estatización de la deuda externa privada en 1982, que benefició a empresas de primera línea que habían tramitado, con avales oficiales, créditos en dólares en el exterior de los que luego debió hacerse cargo el Tesoro nacional, fue el corolario de este proceso de concentración. Este nuevo poder económico, concentrado y diversificado, con una capacidad de veto casi decisiva, condicionaría el rumbo de la economía durante las décadas siguientes.

A su vez, el clima de campaña estaba ensombrecido por la acción de los grupos de tareas de la dictadura, que seguían operando con robos, amenazas y secuestros, aunque ya se habían desactivado todos los campos de concentración. La “mano de obra desocupada”, como comenzaba a llamarse a los miembros de grupos parapoliciales y paramilitares, se proyectaba como un factor desestabilizador del sistema democrático.

El desorden interno del peronismo no haría más que beneficiar a Alfonsín, que ya se había adelantado en las encuestas y aumentaba su capacidad de movilización popular, con actos en todo el país, disputándole el dominio de la calle al peronismo. Su denuncia más explosiva fue la del “pacto militar-sindical”, en mayo de 1983, cuando denunció que las 62 Organizaciones y las Fuerzas Armadas habían negociado un acuerdo para olvidar “los excesos”, evitar la intervención constitucional sobre las Fuerzas Armadas y que estas mantuvieran su statu quo, condicionando al gobierno civil. Lorenzo Miguel era denunciado como artífice de ese pacto, que Alfonsín se comprometió a desarticular apenas asumiera. Su promesa de impulsar una legislación que promoviera elecciones sindicales libres y democráticas —para remover a las burocracias “cómplices de la dictadura”— representaba una amenaza incómoda para el poder gremial.

Alfonsín también aprovechó la desorientación del justicialismo, con propuestas débiles y ambiguas frente a las Fuerzas Armadas, y en la campaña comenzó a delinear un andamiaje jurídico para juzgar a los militares según “los niveles de responsabilidad”.

El 30 de septiembre lo expresó en un acto en Ferro Carril Oeste. Dijo:

La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esa manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. […] Aquí hay distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes.

Estos últimos, que conformaban la mayoría de los oficiales militares, serían exculpados.

El PJ, que criticaba las encuestas que daban como favorito a Alfonsín, basaba su confianza en la historia. Desde 1946 jamás había perdido una elección en comicios libres y sin proscripciones, por lo que sus invocaciones a “reventar las urnas” eran una directa apelación al sentimiento peronista y a su “base social inconmovible”, el movimiento obrero. “Ser candidato peronista a la presidencia equivale a ser el futuro presidente de los argentinos”, expresaría Luder.

Tres días antes de que comenzara la veda electoral, Alfonsín movilizó a más de un millón y medio de personas en la Avenida 9 de Julio. El peronismo realizó su propio acto. Como cierre, tras el discurso de Luder, el candidato a gobernador bonaerense Herminio Iglesias puso fuego a un ataúd con la inscripción “UCR-Alfonsín”. El gesto le quitó un importante volumen de adhesión electoral.

El 30 de octubre, después de siete años de gobierno militar, la fórmula de Raúl Alfonsín-Víctor Martínez se alzó con el 52% de los votos y superó a Ítalo Luder-Deolindo Bittel, que obtuvo el 40%. El radicalismo también triunfó en la provincia de Buenos Aires —superó al justicialismo por cuarenta mil votos—. El PJ obtendría doce gobernaciones; la UCR, siete, y ganaría en los territorios de Capital Federal y Tierra del Fuego.

Alfonsín, al final del día, declaró: “Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Todos juntos hemos recuperado nuestros derechos”. El 10 de diciembre de 1983 asumiría como nuevo presidente de los argentinos.

Legitimado por la voluntad popular, en las primeras horas de gobierno Alfonsín abordó la restitución del Estado de derecho, la cuestión militar y la revisión del pasado con una batería de decretos y proyectos legislativos. En primer lugar, ordenó la derogación de la ley de Pacificación Nacional o de “autoamnistía”, que inhibía de inculpación a los militares represores, y además ordenó, por decretos 157/83 y 158/83, el juicio a siete jefes de organizaciones guerrilleras —que permanecían fuera del país— y a los miembros de las juntas militares de la dictadura militar desde 1976 hasta 1982. Exceptuó a la última junta, regida por el general Reynaldo Bignone, el que le entregó el mando de gobierno, por considerar que no habían actuado en la represión ilegal.

Alfonsín también decidió que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgara a sus propios miembros. Para ello envió el proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, que luego fue avalado por el Parlamento, que permitía la intervención de la justicia civil, no solo como instancia de apelación, sino de instrucción, en caso de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se negara a actuar o no cumpliera con el plazo de seis meses impuesto.

En su plan jurídico, Alfonsín quería el juzgamiento de las juntas y de los represores más emblemáticos, y durante un período acotado de tiempo. Pero su idea comenzó a transformarse durante la discusión del texto de la ley en el Senado de la Nación, cuando se añadió que no se eximiera de carga penal a los oficiales que actuaron en la comisión de delitos “atroces y aberrantes”. Por la propia naturaleza del terrorismo de Estado, la mayoría de los delitos lo eran, de modo que una cantidad indeterminada de militares que habían actuado en la represión ilegal quedarían fuera del paraguas de la “obediencia debida” y serían juzgados. Aun cuando vulneraba su estrategia jurídica, Alfonsín promulgó la ley.

Otra determinación clave fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), compuesta por trece personalidades públicas y presidida por el escritor Ernesto Sabato. La Conadep debía recoger denuncias y pruebas de desaparición de personas para remitirlas a la justicia, aunque luego los miembros de ese organismo se negaron a enviarlas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El gobierno descartó, en cambio, la formación de una comisión bicameral para investigar la violación de derechos humanos de la dictadura. Temía que la propagación de los detalles del horror estatal, con la búsqueda de NN en fosas comunes guiada por legisladores —como se difundía en la prensa y la televisión—, obraría como una caja de resonancia que generaría tensión con el frente militar.

En el plano político, Alfonsín temía la conformación de una alianza subterránea entre el sindicalismo ortodoxo —que controlaba al PJ— y los militares dispuestos a un nuevo quiebre institucional. El clima de desestabilización se advirtió desde el mismo verano de 1984, con amenazas de bombas y acciones psicológicas de “grupos de tareas” que todavía permanecían en la inteligencia de distintos organismos de seguridad.

El retorno del autoritarismo, en una democracia política que atinaba a dar los primeros pasos en la incertidumbre, permanecería latente durante todo su gobierno.

Para no agitar el frente conspirador y para que el Partido Justicialista no se sintiera juzgado, Alfonsín excluyó de la investigación judicial los crímenes y desapariciones cometidos por la Triple A en el período 1973-1976, en un acuerdo tácito con Isabel Perón.

La Argentina era el único país de América Latina en el que la salida del régimen militar no era el corolario de una transición acordada, como había sucedido en el Brasil y el Uruguay, y sucedería en Chile, tras la victoria del “no” al dictador Augusto Pinochet en 1988. Antes que como consecuencia de un pacto con las fuerzas políticas, o como desenlace de una rebelión social, la apertura democrática había sido facilitada por el peso de los acontecimientos: la derrota bélica de Malvinas y el colapso político y económico, que habían dejado a la conducción militar sin otra opción que la entrega del poder.

Pero aun así, durante el gobierno de Alfonsín, las Fuerzas Armadas quisieron defender su tarea: en la década de 1970 había triunfado la “guerra contra el terrorismo” en defensa de los “valores patrios”. Por esa razón, no aceptarían que “el terrorismo”, movido por la revancha, volviera para condenarlos, ya fuera con la Conadep como buque insignia o con la “izquierda marxista” anidada en el gobierno, como calificaban al alfonsinismo desde los ambientes castrenses más obtusos.

La ausencia de un pacto para la continuidad de la vida política permitió al gobierno actuar con cierta autonomía para juzgar las violaciones a los derechos humanos, pero también implicó riesgos y tensiones institucionales constantes.

La acción de la Conadep también era menoscabada. En Córdoba, el jefe del Comando del III Cuerpo de Ejército les negó la inspección al ex centro clandestino La Perla, al que habían concurrido con un testigo que, mientras alimentaba a sus cerdos, había observado fusilamientos. El Ministerio de Defensa debió intervenir para que les permitieran entrar a las instalaciones ya desmanteladas. Ingresaron bajo agravios y amenazas.

A medida que trascendían los mecanismos represivos y crecía el repudio de la sociedad a los secuestros y torturas —hechos que habían quedado sublimados en el silencio y la omisión social cuando se ejecutaron— también se consolidaba la solidaridad interna castrense. Y se agitaba la confrontación contra el gobierno y los procesos judiciales: los oficiales se declaraban en rebeldía frente a una citación de la justicia civil y había unidades militares al borde del amotinamiento.

El gobierno buscaba un difícil equilibrio para contener la tensión militar, e intentaba que se conociera “la otra cara de la violencia”.

A mediados de 1984, cuando la Conadep adelantó en un documental televisivo los testimonios de víctimas de torturas en su cautiverio —sin que se mencionara su militancia política—, el ministro del Interior Antonio Troccoli, en la introducción, recalcó la acción de “la subversión y el terrorismo alimentado desde lejanas fronteras”. Con la “teoría de los dos demonios”, algunos sectores de la UCR intentaron reflejar una simetría entre el terror de Estado y la acción de grupos guerrilleros en la década de 1970.

El 20 de septiembre de 1984, la Conadep entregó su informe “Nunca más” a Alfonsín en un acto en la Casa Rosada transmitido por televisión y acompañado por una movilización masiva con la consigna “Después de la verdad, ahora la justicia”.

El informe, basado en 8961 casos de desaparecidos, con testimonios y pruebas irrefutables, que acusaban a más de 1500 miembros de las fuerzas de seguridad, permitió tomar una dimensión más real de cómo había sido organizado el terrorismo de Estado. Y constituyó una memoria histórica para la sociedad sobre la violencia estatal.

Cinco días después de la presentación del “Nunca más”, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pidió una nueva prórroga para juzgar a los militares, pero ya advertía que “de los estudios realizados hasta la fecha, los decretos, directivas, órdenes operativas que regularon la actividad militar contra la subversión son, tanto en su contenido como en su forma, inobjetables”.

El Consejo no tenía voluntad de juzgar la represión, que además no consideraban ilegal. En todo caso, anticipaban, podrían imputar a los autores inmediatos, pero en el contexto de “la batalla contra la delincuencia terrorista que afectó nuestra patria”.

La Cámara Federal ordenó a la justicia militar la restitución del expediente y decidió avocarse a la instrucción. Hasta entonces, no existían precedentes de un juicio a comandantes de una dictadura que había entregado el poder.

El fiscal de la Cámara Federal Julio César Strassera debía desarticular la defensa política de las juntas, que explicaban su actuación al amparo de los dos decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Perón y su gabinete, en febrero y octubre de 1975. De las denuncias de desapariciones de la Conadep, Strassera tomó setecientos nueve casos paradigmáticos para la acusación.

Las audiencias del juicio comenzaron en abril de 1985. No fueron televisadas. Los noticieros transmitían fragmentos de tres minutos con imágenes, pero sin sonido. De hecho, el alegato final del 11 de septiembre de 1985 con los pedidos de condenas del fiscal fue transmitido solo por radio Colonia, del Uruguay. El video televisivo se emitiría tres años más tarde. Después de más de novecientas horas de testimonios en las audiencias, Strassera dijo a los magistrados:

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más.

El 9 de diciembre, la Cámara Federal sentenció a Videla y a Massera a prisión perpetua; Agosti recibió una condena a 4 años y medio de prisión; Viola, a 17, Lambruschini a 8; Grafigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

La sentencia a los comandantes, aunque exigua, significaba un logro indudable para la consolidación de la justicia y el sistema político, y expresaba la defensa de los valores de la vida y la libertad, de los cuales, el gobierno se erigía como garante y contracara de los años de oscuridad y violencia.

Saludada como ejemplo político y jurídico en todo el mundo, la sentencia de la Cámara Federal también marcaría el fracaso del plan de Alfonsín para lograr juicios limitados a los represores. El punto 30 ordenaba investigar los crímenes por los que habían sido condenados los comandantes, e instruir sumarios a oficiales asentados en Comandos de Zonas y Subzonas. Es decir, el juicio a las Juntas Militares era apenas la punta de un iceberg que luego se extendería hacia los cuadros operativos intermedios de la represión.

De algún modo, tanto la solidez documental y el valor probatorio del “Nunca Más” como la sentencia de la Cámara, avanzaban en la búsqueda de verdad y la justicia más allá de las expectativas del gobierno para la revisión del pasado.

En diciembre de 1986, Alfonsín intentaría clausurar los procesos judiciales con la ley de “Punto Final”, que extinguía el proceso penal contra militares que no hubieran sido citados a declarar dos meses después de la sanción de la ley. Sin embargo, tuvo un efecto bumerán: alentó a jueces de todo el país a imputar y procesar a militares denunciados en la Conadep o la justicia civil. En dos meses se abrieron cuatrocientas cincuenta causas nuevas, que se agregaron a más de mil que ya se habían iniciado.

La figura de “campeón de los derechos humanos” que Alfonsín había adquirido con el juicio a los ex comandantes comenzó a desgastarse. El rechazo a la impunidad desde sectores mayoritarios de la sociedad entraba en tensión con la “ética de la responsabilidad política”, que implicaba, para el gobierno, la fijación de límites a los procesamientos que permitieran excluir a los que habían obedecido órdenes de sus superiores.

El Presidente temía una crisis militar, si la justicia avanzaba sobre los cuadros intermedios, tal como sucedió. La crisis se desencadenaría pocos meses después, en la Semana Santa de 1987, cuando el mayor Ernesto Barreiro, que debía declarar ante la Cámara Federal de Córdoba por el secuestro y muerte de un grupo de militantes en La Perla, se declaró en rebeldía y se refugió en dependencias del III Cuerpo de Ejército. Un día después un grupo “carapintada” liderado por Aldo Rico, que había actuado en una Compañía de Comandos en la guerra de las Malvinas, tomó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

Los sublevados eran más de doscientos. No se levantaban en defensa de los dictadores condenados, sino de los cuadros medios de la represión ilegal. Además, exigían el relevo del jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú y proponían su reemplazo a partir de una lista de cinco candidatos. Los sublevados, además, querían mayor presupuesto militar, terminar con la “campaña de desprestigio” contra las Fuerzas Armadas y, lo más importante, acordar una “solución política” para terminar con los juicios a los militares que habían actuado en la “lucha contra la subversión”.

Alfonsín mantuvo la cohesión castrense en el generalato, que no se plegó a la rebelión, aunque coincidiera con la demanda de impunidad.

Las tropas leales se negaron a reprimir a los “carapintadas” para evitar una resolución sangrienta para el conflicto. Tampoco lo deseaba Alfonsín. La posibilidad de un quiebre institucional había movilizado a miles de personas en las calles, que al cuarto día de rebelión ya rodeaba Campo de Mayo. Los partidos políticos firmaron un “Acta de Compromiso democrático”, unidos en defensa del Estado de derecho. Pero el blindaje político-institucional y las marchas populares no persuadieron a los rebeldes a la rendición, pese a que establecieron negociaciones con el ministro de Defensa Horacio Jaunarena. El domingo de Pascua anunciaron que solo aceptarían deponer el levantamiento frente a Alfonsín para que escuchara sus reclamos. El Presidente aceptó el encuentro, aun con el riesgo que suponía, con la voluntad de hacer cesar la crisis. Según los testigos, fue un diálogo breve en el que no se establecieron compromisos, aunque ambos coincidían en la necesidad de una “ley de obediencia debida”, que eximiera a los cuadros intermedios de la acción judicial.

A su regreso al balcón de la Casa Rosada, Alfonsín anunciaría:

Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.

Alfonsín, además, mencionaría a los “carapintadas” como “héroes de Malvinas”, y dejaría en segundo plano su actuación en la represión ilegal.

Pocas semanas después, el proyecto de ley de “obediencia debida” llegó al Parlamento: exculpaba a militares que habían obedecido órdenes, más allá de que se hubieran “excedido” en su cumplimiento o fueran autores materiales de “delitos atroces y aberrantes”. La ley no eximía a los que habían robado menores ni bienes inmuebles.

Aunque la obediencia debida era uno de los niveles de responsabilidad que Alfonsín había querido salvaguardar de la sanción penal, y así lo había anunciado en la campaña electoral, la sociedad no aceptaba la supresión de castigo a torturadores, aunque hubieran cumplido órdenes.

La sanción de la ley fue leída, incluso desde las propias filas del oficialismo, como producto de una presión de los carapintadas para asegurar la impunidad. Alfonsín lo asumió como la única solución posible para desactivar la amenaza contra la democracia. Muchos años más tarde, explicaría su encrucijada:

Tuve que elegir entre defender los derechos humanos para atrás, olvidarme de los derechos humanos para adelante o tomar el toro por las astas y realizar una ley con todo el desagrado. Se iba a producir un golpe de Estado, se desgranaba el poder y se percibía en todas las fuerzas [militares] una actitud de esa naturaleza.

En su libro Memoria política, publicado en 2004, relataría el nuevo escenario de poder en el Ejército después de la rebelión carapintada:

Si la crisis de Semana Santa había concluido en su expresión más visible, se abrían tiempos difíciles y turbulentos. La nueva situación modificó el mapa político del Ejército y cambió el eje de las discusiones. Estas ya no eran discusiones entre el poder civil y el poder militar que tenían como centro exclusivo al pasado inmediato. […] Era evidente que la aparición pública de los carapintadas como factor de poder e inestabilidad, con sus efectos internos y externos, era un dato reciente de carácter erosivo que debía tomarse en cuenta para cualquier política que se quisiera aplicar. A partir de ese momento, los conflictos serían constantes porque la disciplina había quedado enormemente resquebrajada después de la ruptura de la cadena de mandos.

La ley provocó la pérdida de la “ilusión democrática” que había generado el gobierno. Fue un momento de quiebre. La “ética” quedó subsumida en el “posibilismo”, en lo que “se podía hacer” para la conservación del sistema político, en desmedro de “las causas justas”. La “utopía del ’83” encontraba su límite.

Si la Ley de Obediencia Debida fue el punto de partida del desencanto, durante los meses que siguieron la economía haría el resto para abonar el derrumbe del gobierno.

Cuando Alfonsín asumió en 1983, el cuadro macroeconómico era asfixiante: la dictadura había dejado un alto desequilibrio en las cuentas públicas, fuga de capitales, inflación de 433% y una deuda externa de 45.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones, correspondientes a empresas locales, habían sido absorbidos por el Estado.

Con una política gradualista de sesgo keynesiano —fomento del consumo, incrementos salariales acorde con la inflación, estabilidad del empleo—, el gobierno intentó subordinar el pago de la deuda al crecimiento económico y la redistribución del ingreso. Pero Alfonsín no obtuvo respaldo de los Estados Unidos para lograr la reducción de las tasas de interés que imponían la banca y los organismos internacionales. Tampoco los gobiernos latinoamericanos coincidieron para afrontar negociaciones conjuntas de la deuda.

Los compromisos externos implicaron una constante restricción a la política de Alfonsín. Bajo presión del FMI y de los bancos —acreedores del 70% de la deuda—, luego del primer año de gobierno se aplicaron medidas de ajuste ortodoxo para reducir los desequilibrios macroeconómicos y garantizar los pagos externos.

Estas políticas de “shock”, que Alfonsín definiría en abril de 1985 como “economía de guerra”, instrumentadas por el Plan Austral del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, provocaron la caída del poder adquisitivo, pero lograron cierta estabilidad económica y el consecuente beneficio político. Le permitirían a la UCR ganar las elecciones legislativas de 1985 en casi todos los distritos, favorecida además porque la oposición peronista se mantenía, todavía, en estado de dispersión.

El éxito inicial del Plan Austral se fue desmoronando avanzado el año 1986, cuando ya no pudo contener la presión de la inflación. El déficit fiscal continuó en ascenso, pese a la reducción del salario público y el aumento de las tarifas. Además, la caída de los precios de los productos primarios de exportación y el aumento de las tasas de interés de la deuda, limitaban los márgenes de acción del oficialismo. A inicios de 1987, la CGT ya había convocado ocho huelgas generales por demandas salariales, políticas de empleo y en reclamo de mejores negociaciones con el FMI. Los paros, algunos de ellos acompañados por movilizaciones masivas, tuvieron acatamientos dispares, pero nunca menor al 50%.

A partir de ese año, el gobierno radical no volvería a recuperar la confianza electoral: el peronismo, que se proyectaba como alternativa de poder, lo vencería en las elecciones de 1987. Antonio Cafiero, que ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se proyectaba como el candidato natural de un peronismo que se reordenaba detrás de un liderazgo único tras la muerte de Perón.

Hasta entonces y tras la recuperación de la democracia, había mantenido posiciones sinuosas.

En 1983, el PJ dominado por la “ortodoxia” aceptaba la “autoamnistía” militar; luego se negaría a integrar la Conadep. Durante el juicio a los ex comandantes militares, casi no intervino. Y acompañó a distancia la votación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, para que la UCR se hiciera cargo de su costo político.

La conducción ortodoxa empezó a perder peso cuando la “renovación peronista”, un grupo de dirigentes de distintos distritos —Cafiero, Carlos Menem, Carlos Grosso—, comenzó a reclamar el “paso al costado” de los “mariscales de la derrota” de 1983. La “renovación” intentaba desplazar al aparato sindical de la conducción del PJ y lograr elecciones democráticas en las próximas internas. Con un discurso peronista adaptado al nuevo tiempo político, los renovadores se presentaron por afuera de las estructuras partidarias en las elecciones legislativas de 1985 y vencieron a los “ortodoxos”. Recuperaron buena parte del tradicional voto peronista que había migrado al alfonsinismo.

La Ley de Obediencia Debida y el final de los juicios no alcanzaron a mantener la disciplina castrense. La disputa interna entre carapintadas y altos mandos del Ejército continuó y debilitó aún más al gobierno. En enero de 1988, el teniente coronel Aldo Rico se fugó de la prisión preventiva domiciliaria que le había impuesto la justicia militar y sublevó al Regimiento de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes. Rico reclamó la resolución de su situación procesal, el cumplimiento de supuestos “pactos de Semana Santa” —el gobierno aducía que no eran más que “operaciones de inteligencia” para instalar en la opinión pública un acuerdo que nunca había existido—, e intentó forzar la caída del jefe del Ejército José Caridi, y de la línea “liberal” del generalato.

El líder carapintada generaba entusiasmo en los cuadros intermedios de las guarniciones militares, pero no tenía incidencia en la jerarquía castrense, que retenía el control político-administrativo del Ejército. Sin embargo, el grueso de los generales coincidía en la necesidad de un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la “lucha antisubversiva”. Atrincherado en Monte Caseros, Rico no logró la adhesión militar que preveía, y el gobierno cortó cualquier posibilidad de diálogo. Con las tropas del general Caridi rodeando la guarnición, entendió que sería reprimido y decidió rendirse en la tarde del 18 de enero de 1988. Fue dado de baja y enviado a prisión junto a más de un centenar de oficiales y suboficiales carapintadas. A partir de entonces, Rico reforzaría su actividad con sectores civiles nacionalistas, de extrema derecha, y dirigentes peronistas.

Los levantamientos carapintadas continuarían.

Pocos meses después, el tránsito hacia el poder de la “renovación peronista” se detuvo en forma casi imprevista cuando se dirimió la interna partidaria en un distrito único. El 9 de julio de 1988, el gobernador bonaerense Antonio Cafiero enfrentó al gobernador de La Rioja, Carlos Menem, que había vencido a la UCR en su provincia en 1985. Ambos eran referentes clásicos del peronismo.

Cafiero y Menem adoptaron perfiles diferenciados en el peronismo de los años ochenta. Cafiero encabezó el colectivo renovador con un discurso de modernización, emparentado con la socialdemocracia europea. Frente a la crisis militar de Semana Santa, los renovadores se alinearon junto a Alfonsín en la defensa institucional, e intentaron fórmulas de consenso para acompañar el último tramo de su mandato con el menor costo social posible. En la interna contra Menem, el gobernador bonaerense parecía tener mayor peso en el justicialismo: era presidente del PJ y contaba con el apoyo de gobernadores e intendentes.

Menem se había sumado a la oleada renovadora tras la derrota de Luder en las elecciones de 1983, pero enseguida, desde un distrito sin peso electoral como La Rioja, se preocupó por crear un liderazgo propio, proyectado a todo el país. A diferencia del resto de los renovadores, no quiso instalarse como “interlocutor” del gobierno radical y asoció la figura de Cafiero como continuidad de Alfonsín. Su mensaje resonaba en los sectores humildes, fieles al peronismo, a los que prometería “el salariazo” y la “revolución productiva”. Menem acordó con los sindicatos ortodoxos y buscó apoyos en las bases, agrupaciones marginales del PJ e incluso dirigentes ex montoneros. Pocos esperaban su triunfo.

Miembro de la Acción Católica, Cafiero fue uno de los más jóvenes funcionarios del gobierno de Perón, en la Cancillería y luego como ministro de Comercio Exterior. En 1972, el sindicalismo lo impulsó como posible candidato a presidente para las elecciones del año siguiente, aunque Perón luego optó por Cámpora. En 1974, Cafiero fue designado interventor federal de Mendoza y luego ministro de Economía en el gobierno de Isabel Perón. En 1985 encabezó la lista de diputados peronistas renovadores en la provincia de Buenos Aires y dos años más tarde venció a la UCR y obtuvo la gobernación.

Asesor legal de sindicatos en la provincia de La Rioja, Carlos Menem accedió a la gobernación de esa provincia en 1973. Los militares lo despojaron del gobierno y fue encarcelado por cinco años, hasta 1981. En 1983 fue electo otra vez gobernador e integró la mesa del peronismo renovador.

El 9 de julio de 1988, Menem obtuvo el 54%, frente al 46% de Cafiero, y se erigió candidato presidencial del peronismo, ahora unificado.

Entre los aliados del caudillo riojano también estaban los militares carapintadas, que confiaban en que promovería para las Fuerzas Armadas un proyecto nacionalista que acabara con la línea liberal. El nuevo líder era el coronel Mohamed Alí Seineldín, que había actuado en Comandos en la guerra de Malvinas, como Rico, y revistaba en la agregaduría militar de la embajada argentina en Panamá. Allí instruía a los oficiales de la Guardia Nacional del general Manuel Noriega, presidente de facto de ese país.

Seineldín promovió el tercer motín carapintada en democracia. Viajó clandestinamente a la Argentina y en diciembre de 1988 sublevó a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Contó con el apoyo de un grupo de la Prefectura. El detonante fue la negativa de la Junta de Calificaciones del Ejército de promover su ascenso a general. Su carrera llegaba al final.

Seineldín mantuvo las demandas de los motines precedentes: el reemplazo de la conducción del Ejército, conclusión de los juicios a militares y de la campaña “contra las Fuerzas Armadas” y mayor presupuesto castrense. Cercado por las tropas oficiales, y tras una falsa promesa de rendición, escapó de Campo de Mayo y sublevó al Batallón de Arsenales de Villa Martelli, en el límite de la Capital Federal. Reunió alrededor de mil hombres.

Alfonsín ya no contaba con el apoyo del peronismo. Menem buscaba desgastar al gobierno que debía enfrentar en las elecciones de 1989. Acusó a Alfonsín de no saber gestionar la relación con el Ejército y alentar una “permanente confrontación con las Fuerzas Armadas”. El jefe radical ya no tenía capacidad de organizar una movilización ciudadana como presión para desarticular la rebelión, aunque un grupo de izquierda rodeó el Batallón y los enfrentó. Dos civiles y un policía murieron en escaramuzas de combate callejero. Alfonsín solo podía confiar en la lealtad y el poder de fuego del Ejército.

Finalmente, sin apoyo interno, Seineldín pactó la rendición sobre la base de un precario acuerdo, en el que intercedió un tercer actor castrense, de la “línea profesional”, liderada por el general Francisco Gassino, quien asumiría el mando del Ejército tras la renuncia de Caridi; aunque desde el gobierno negaron la negociación.

El motín puso en evidencia la permanente indisciplina en el Ejército y la dificultad de Alfonsín por controlar la usina de rumores que propagaban acuerdos castrenses urdidos a espaldas de su autoridad.

Al gobierno le preocupaba la evolución de una alianza entre Menem y Seineldín —allegados al candidato del PJ se reunían con frecuencia con el coronel— para socavar aún más la gobernabilidad. Los carapintadas, en cambio, agitaban que la línea liberal interrumpiría el acceso de Menem al poder, en caso de de que ganara las elecciones, con un golpe de Estado.

Después de la rebelión frustrada, el MTP (Movimiento Todos por la Patria) inició una campaña de denuncias acerca de un pacto entre Menem y Seineldín, con la participación de la UOM, para provocar un golpe institucional. El plan preveía desplazar a Alfonsín de la Presidencia, la asunción de su vice Víctor Martínez, y mantener la convocatoria a elecciones presidenciales que se habían adelantado para el 14 de mayo de 1989. La teoría del complot que el MTP denunciaba en conferencias de prensa, comunicados y en sede judicial, podía parecer afiebrada, pero resultaba útil a la UCR para afectar la figura de Menem. Los medios de comunicación del Estado le daban credibilidad y también el diario Página/12, que la publicaba en su portada. El lanzamiento del diario había sido financiado con fondos del MTP.

El Movimiento Todos por la Patria era una agrupación política fundada en Nicaragua por ex guerrilleros del ERP-PRT, y conformada por militantes por los derechos humanos, estudiantes, trabajadores precarizados y dirigentes barriales. La publicación Entre Todos los que Queremos la Liberación, vocera de la agrupación, transmitía sus propósitos políticos: “profundizar la democracia” con un modelo de organización frentista, amplia y pluralista, que atrajera a sectores de distintas vertientes políticas, como el Partido Intransigente (PI) o sectores disconformes del radicalismo, el peronismo, cristianos, además de otras facciones de la izquierda tradicional. Sin embargo, algunos dirigentes comenzarían a escindirse en 1988, disconformes con el giro de la dirección hacia concepciones vanguardistas clásicas de la década de 1970.

Con el argumento de “frenar el golpe de Estado”, cuarenta y seis cuadros armados del MTP, casi sin práctica militar, irrumpieron en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento en La Tablada, a cuatro kilómetros de la Capital Federal. Afuera, otros treinta realizaban tareas de contención. Entre ellos estaba el jefe de la operación, Enrique Gorriarán Merlo, el ex jefe del ERP-PRT que había protagonizado la fuga de Trelew en 1972 y en 1980 había organizado en Paraguay el atentado que mató al ex dictador de Nicaragua Anastasio Somoza. Gorriarán Merlo era uno de los guerrilleros con pedido de captura, según el decreto 157/83 de Alfonsín.

En el imaginario de la operación, después de la toma del cuartel, prevista por pocas horas, se generaría una movilización popular que marcharía a Plaza de Mayo en defensa de la democracia y obligaría a Alfonsín a adoptar políticas populares, de transformación social. Para ello, el MTP simuló un alzamiento carapintada, que confirmaba sus denuncias previas. Antes de romper el portón de acceso del Regimiento con un camión de gaseosas, tiraron panfletos con leyendas de “VIVA El Cnel. SEINELDÍN ¡¡¡VIVA EL T. Cnel. RICO!!!”.

La hipótesis de un nuevo motín militar se mantuvo durante varias horas desde el gobierno, y sorprendió a Menem. Pero apenas se estableció que era el MTP el que había atacado el Regimiento, los carapintadas acusaron al ministro del Interior Enrique Nosiglia de ser el responsable de la operación, por relación histórica, casi familiar, con el ex guerrillero del ERP y líder del MTP Francisco Provenzano, que ahora resistía a balazos desde adentro del cuartel.

¿El MTP había sido víctima de una operación de la inteligencia militar, que le revelaba un supuesto levantamiento carapintada? ¿O su retorno a la lucha armada para “salvar la democracia” había sido instigado desde el propio gobierno? ¿O el propio Gorriarán Merlo había manipulado a sus subordinados con la ficción de un golpe de Estado inexistente, para inducirlos a la toma del cuartel, como las que promovía el ERP en la década de 1970? ¿Pero con qué fin? ¿O solo con su carácter iluminado y la información de inteligencia militar que adelantaba una conspiración carapintada intentó fabricar una realidad que lanzara a las masas a la calle para cambiar el curso del gobierno?

El Ejército, por orden del Presidente, dispuso los tanques de guerra, y en un combate que alargó todo lo posible, aun cuando ya no existía resistencia, recuperó la unidad a sangre y fuego, treinta horas después del ataque del MTP. Al día siguiente, el 24 de enero, entre los edificios de la unidad semidestruidos, los cuerpos destrozados y los disparos de francotiradores que todavía se mantenían activos, Alfonsín recorrió el Regimiento. El ataque había dejado catorce militares y cuatro policías muertos. De los cuarenta y seis cuadros armados del MTP, solo sobrevivieron trece. Pero dos guerrilleros que las fotografías mostraban vivos al momento de la rendición fueron fusilados y desaparecidos. Y otros dos que se rindieron, tampoco aparecieron. Entre ellos, el propio Provenzano.

Alfonsín, después de la frustrada toma del cuartel, reforzó el rol de las Fuerzas Armadas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que permitía la participación de los militares en la represión interna, en contradicción con la ley de Defensa Nacional sancionada en 1988.

Se iniciaba 1989, el último año de gestión de un gobierno que agonizaba. La inflación, que ascendía a 9,6% mensual en febrero, llegaría al 78,4% en mayo. El Banco Central cerraba la venta de dólares frente a la posibilidad de agotar las reservas, establecidas en torno a 1.500 millones de dólares. El cuadro de situación se agravó cuando los exportadores se negaron a liquidar sus divisas a la espera de una mayor devaluación. El Banco Mundial provocó una asfixia mayor cuando no otorgó un préstamo de 350 millones, como reacción a la falta de pago de los intereses de la deuda. El gobierno tampoco podía emitir bonos para obtener recursos. Ese verano, además, por la crisis energética, las poblaciones de Buenos Aires y localidades del interior fueron sometidas a constantes cortes de luz.

La corporación empresaria local, en busca de un cambio radical de las políticas económicas, dejó de comprometerse con los planes de estabilización: los precios de los productos se dispararon y el ministro Sourrouille renunció. El Plan Primavera, con el que pretendió remediar los defectos del Plan Austral, no había logrado controlar la economía. Y tampoco lo harían los ministros radicales que lo sucedieron, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez.

El país marchaba hacia la hiperinflación, con el consecuente deterioro del salario, que en mayo equivalía a 20 dólares, casi siete veces menos que los 136 dólares del inicio de la gestión radical.

En su último mensaje a la asamblea legislativa Alfonsín, a modo de balance de su gobierno, admitiría su frustración.

Hubo cosas que no supimos hacer. A veces nos equivocamos en los cambios básicos que debíamos llevar a cabo. Por error de diagnóstico en algunas oportunidades, por falta de perseverancia en la aplicación de las políticas o por mal cálculo en los tiempos en otras. […] no avanzamos al ritmo que queríamos para transformar de raíz un sistema económico perverso, para modernizar a un Estado burocrático e inmanejable.

Y presentaría el contexto internacional como una dificultad objetiva.

Factores externos, como fueron en su momento la caída de los precios de los productos agropecuarios o el manejo casi usurario de las tasas de interés desde los centros del poder económico internacional, así como algunas penurias internas, hicieron que las iniciativas necesarias y positivas que proyectábamos llevar a cabo debieran ser demoradas o abandonadas.

El 14 de mayo de 1989, Menem venció con el 47,49% al candidato radical Eduardo Angeloz (37,04%), que había intentado en vano diferenciarse del alfonsinismo y presentarse como un cuidadoso administrador. Poco después de las elecciones, Alfonsín decretó el estado de sitio. Los saqueos a supermercados, que se iniciaron en Rosario y Córdoba, se extendieron a Buenos Aires y otras ciudades. Hubo más de veinte muertos y centenares de detenidos, entre ellos, la dirección del Partido Obrero.

En junio se produciría el índice de inflación más alto de la historia argentina: 196,6%. Aun en el contexto de caos social, era la primera vez en la historia argentina que se producía un cambio en la sucesión presidencial entre fuerzas políticas de distinto signo.

El 7 de octubre, tres meses después de su asunción, Menem lanzó la primera fase de indultos. Con cuatro decretos ordenó la libertad de jefes militares que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de los amotinados de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, de ex miembros de la juntas militares Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, absueltos por la represión ilegal, pero condenados por delitos en la conducción de la guerra de las Malvinas, y, por último, de dirigentes guerrilleros —entre ellos Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja—, y otros acusados de “subversión” que se encontraban detenidos, prófugos o sin causas abiertas. Varios muertos y desaparecidos fueron incluidos por error en la lista de indultados.

Menem, que comenzó a gobernar con autonomía del PJ, cedió el manejo del Ministerio de Economía al grupo Bunge & Born —sus directivos habían sido secuestrados por Montoneros en 1974— y buscó una alianza con las corporaciones empresarias para activar un plan de desregulación económica, la apertura comercial y privatización de empresas públicas, que coincidía con las recomendaciones hechas por el FMI y el Banco Mundial a Alfonsín, que beneficiaban a los grandes grupos económicos y aseguraban el pago de la deuda externa.

Menem se alejó de las políticas clásicas del peronismo que había prometido en la campaña electoral y sumó al elenco oficial a figuras liberales y de la derecha local. Pero la inestabilidad continuó: en el verano de 1990 la inflación giró en torno al 80% y 100%, se incautaron depósitos bancarios —y se reemplazaron por títulos de deuda pública a un plazo de diez años—, y volvieron los saqueos a los supermercados, aunque con menor intensidad.

Con su política de alineamiento con los Estados Unidos y de reducción del Estado, también desactivó programas militares y redujo la relevancia de las Fuerzas Armadas en su agenda de gobierno.

Seineldín, que había sido indultado pero permanecía bajo arresto militar, volvería a provocar un levantamiento, el más sangriento de todos, en reclamo por la falta de cumplimiento de la supuesta promesa de Menem. Seineldín, que suponía que lideraría una gestión nacionalista en el Ejército, tampoco había logrado su ascenso a general.

El 3 de diciembre de 1990, los carapintadas tomarían distintas dependencias del Ejército en Buenos Aires y regimientos del interior del país. Menem, que conocía el plan conspirador con varias semanas de antelación, no estableció negociación alguna con Seineldín. Ordenó la represión. Los combates se desarrollaron en el Bajo porteño, entre la Casa Rosada y el edificio Libertador, ubicado a doscientos metros. Hubo trece muertos, cinco de ellos eran civiles. Por esa acción sería condenado a prisión perpetua.

A partir de entonces, subordinadas a la autoridad civil, las Fuerzas Armadas dejarían de convertirse en un factor de poder y de inestabilidad política.

La agenda de derechos humanos, que había provocado fricción y enfrentamiento durante todo el gobierno de Alfonsín, también perdió importancia en el nuevo gobierno. Bajo el argumento de la pacificación del país, para cerrar las “heridas del pasado”, Menem promovió una política de olvido e impunidad.

El 28 de diciembre de 1990 firmaría los decretos de libertad a los ex comandantes condenados por la Cámara Federal en 1985, a otros jefes militares condenados por delitos de lesa humanidad, al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz (procesado por el secuestro de dos empresarios textiles) y al ex jefe de Montoneros Mario Firmenich, que había sido detenido en el Brasil, extraditado y condenado a prisión perpetua.

El país había iniciado una nueva etapa destinada a perdurar por una década: el menemismo.

Bibliografía

Alfonsín, Raúl, Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80, Buenos Aires, Hyspamérica, 1988.

Baeza Belda, Joaquín, “Una sorprendente victoria: Menem y su red de apoyo en las elecciones internas del peronismo de 1988”, en HAOL, Nº 22, Universidad de Salamanca, 2010.

Bonnet, Alberto y Glavich, Eduardo, “El huevo y la serpiente. Notas acerca de la crisis del régimen democrático de dominación y la reestructuración capitalista en Argentina (1983-1993)”, en Cuadernos del Sur. Sociedad, Economía, Política, Buenos Aires, octubre de 1993 y mayo de 1994.

Burns Marañón, Jimmy, La tierra que perdió a sus héroes. La guerra de Malvinas y la transición democrática en Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Canelo, Paula, “La descomposición del poder militar en la Argentina. Las Fuerzas Armadas durante las presidencias de Galtieri, Bignone y Alfonsín. (1981-1987)”, en Pucciarelli, Alfredo (coord.), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

—, El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

Carnovale, Vera (UNSAM/CONICET), “De Entre Todos a La Tablada. Redefiniciones y permanencias del ideario setentista”, en PolHis, año 6, Nº 12, 2013.

Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-2006), Buenos Aires, Ariel, 2006.

Celesia, Felipe y Waisberg, Pablo, La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina, Buenos Aires, Aguilar, 2013.

Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

Di Meglio, Gabriel y Álvarez, Gustavo, Voces de la democracia. Los discursos que hicieron historia. 1983-2013, Buenos Aires, Aguilar, 2013.

Dreyfus, Gabriel, La publicidad que me parió, Buenos Aires, Planeta, 2001.

Eliaschev, Pepe, Los hombres del Juicio. La historia íntima del acontecimiento que cambió a la Argentina para siempre, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

Ferrari, Marcela, “Entre la organización y la derrota. El peronismo bonaerense en vísperas de las elecciones de 1983”, en Estudios Sociales Nº 37, segundo semestre de 2009.

Fontana, Andrés, “De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina”, en Working Paper Nº 74, Buenos Aires, Eural, 1986.

Galante, Diego, “Los debates parlamentarios de ‘Punto Final’ y ‘Obediencia Debida’: el juicio a las juntas en el discurso político de la transición tardía”, en Clepsidra, Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, Nº 4, octubre de 2015.

Gallo, Darío y Álvarez Guerrero, Gonzalo, El Coti. Biografía no autorizada de Enrique Nosiglia, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

Gargarella, Roberto; Murillo, María Victoria y Pecheny, Mario (comps.), Discutir Alfonsín, Buenos Aires. Siglo XXI, 2010.

Gorini, Ulises, La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, tomo I (1976-1983), Buenos Aires, Grupo Norma—Página/12, 2011.

Jaunarena, Horacio, La casa está en orden. Memoria de la transición, Buenos Aires, Tadea Libros, 2012.

López, Ernesto, Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín, Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1994.

Lorenz, Federico, Las guerras por Malvinas, Buenos Aires, Edhasa, 2006.

Malamud Goti, Jaime, Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y democracia después de los juicios al terrorismo de Estado, Buenos Aires, De la Flor, 2000.

Masi, Andrés Alberto, Los tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo democrático, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2014.

Montero, Hugo, De Nicaragua a La Tablada. Una historia del Movimiento Todos por la Patria, Buenos Aires, Sudestada, 2015.

Muiño, Oscar, Alfonsín. Mitos y verdades del padre de la democracia, Buenos Aires, Aguilar, 2013.

—, La otra juventud. De la insignificancia al poder. Protagonistas y relato de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical (1968-1983), Buenos Aires, Corregidor, 2011.

Nino, Carlos, Juicio al mal absoluto, Buenos Aires, Ariel, 2006.

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, La dictadura militar 1976/ 1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Novaro, Marcos, “Derechos humanos y política democrática. Las tareas de la historia y de la Justicia entre el populismo y el liberalismo”, en Eiroa, Pablo y Otero, Juan (comps.), Memoria y derecho penal, Buenos Aires, Fabián Di Plácido Editor, 2008.

Pucciarelli, Alfredo (coord.), Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

VV. AA, Argentina, 1983, Centro Editor de América Latina/ CISEA, 1984.

Young, Gerardo, “La rebelión del 3 de diciembre, el secreto peor guardado”, en Clarín, 3 de diciembre de 2000.

NOTA DEL AUTOR

La democracia asediada

Argentina. Un siglo de violencia política es el resultado de la edición de los libros de la trilogía de violencia política Marcados a fuego —publicada sucesivamente en 2009, 2010 y 2013—, con la adición del período 1983-1990 que se incluye en el último capítulo.

En su concepción original, Marcados a fuego había sido pensado como un libro que abordara la violencia que antecedió a la década de 1970, aunque luego, en forma quizá algo desmedida, se planteó como punto de origen el año 1890.

La extensión temporal permitía trabajar con mayor profundidad sobre los actores del siglo XX que habían incurrido en las formas violentas de la política, y habían sido sus víctimas. Finalmente, con Argentina. Un siglo de violencia política, el proyecto vuelve a su estado original, como fue pensado, en una obra única.

Argentina. Un siglo de violencia política también concentra casi dos décadas de investigación, tanto en las aulas de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires como en las redacciones periodísticas que frecuenté, con el uso de las herramientas de trabajo a las que estoy habituado: la escritura, las entrevistas orales, la consulta de textos académicos, de divulgación, periodísticos, memorias, documentos secretos, investigaciones parlamentarias, causas judiciales, diarios, revistas, siempre con la intención de abordar el conflicto, determinar el contexto y alcanzar una comprensión.

Muchos amigos y colegas me ayudaron para este trabajo. Me abrieron sus archivos, me acercaron material bibliográfico y me brindaron su tiempo para la conversación, sugerencias u orientaciones.

Es una lista demasiado larga y me disculpo por no mencionarlos, pero ellos saben de mi agradecimiento. Del mismo modo, extiendo mi gratitud al personal de bibliotecas, archivos e instituciones que respondió a mis búsquedas y solicitudes.

Quiero reconocer particularmente a las tres editoras que participaron de esta obra, Analía Rossi, Mercedes Sacchi y Ana Laura Pérez, de editorial Aguilar y de PRHGE. Las tres fueron minuciosas, pacientes y cariñosas para cuidar estas páginas. También agradezco a Florencia Ure, Abel Moretti y Juan Boido, y a todas las personas que trabajan en la casa editorial PRHGE, por confiar en mis proyectos y sostener cada publicación.

Por último, un abrazo a mi familia, hermanos, sobrinos, cuñados, primos, y a mi tía, por sus presencias siempre cercanas; un recuerdo muy especial a la memoria de mis padres, Celia y Nito, que apoyaron y recibieron con felicidad cada libro; a mis hijos, preciosas criaturas que van creciendo, y a Marina, otra vez, por compartir amorosamente cada uno de mis días.

En la Argentina, durante más de un siglo, la violencia ha sido protagonista en el ascenso, el desarrollo o la caída de la mayoría de los gobiernos, desde el de Miguel Juárez Celman hasta el de Fernando de la Rúa. Estatal o paraestatal, elitista o popular, con o sin el aval de las leyes; en calles y en cuarteles, en sótanos, cárceles, empresas y universidades; colectiva o individual; con picanas y “submarinos”, con aviones, tanques y fusiles o con piedras, palos y bombas, ha sido táctica y estrategia en la lucha por el poder. 

Libro fundamental para entender la construcción del país y la causa de sus fracasos, Argentina. Un siglo de violencia política (versión definitiva y ampliada de la trilogía Marcados a fuego) analiza el porqué del enfrentamiento faccioso. En nombre de qué o de quiénes se mataba. Con qué fundamentos. Sobre qué bases. 

Marcelo Larraquy combina la soltura del escritor con la solidez del historiador; describe los hechos para revelar los motivos y la lógica de los actores, sus razones. Narra para comprender, sin juicios morales ni descalificaciones, y lejos de cualquier estereotipo.

MARCELO LARRAQUY

Es historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires, y periodista. Fue jefe de la sección de Investigaciones de Clarín (2011-2016). Trabajó en la revista Noticias y en el diario Crítica. Ganó el Premio Konex a la investigación periodística (1997-2007).
En 2015 publicó Código Francisco, sobre la estrategia política de Bergoglio al frente de la Iglesia católica, que siguió al exitoso Recen por él. La historia jamás contada del hombre que desafía los secretos del Vaticano (2013). Es coautor de Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA, y autor de López Rega, el peronismo y la Triple A, de Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera y de la trilogía Marcados a fuego.

mlarraquy@gmail.com

@mlarraquy

Foto: © GABRIEL PIKO

Otros títulos del autor en megustaleer.com.ar

Larraquy, Marcelo

Argentina. Un siglo de violencia política / Marcelo Larraquy. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2017.

(Investigación Periodística)

Libro digital, EPUB.

Archivo Digital: descarga y online.

ISBN 978-950-07-5803-1

1. Investigación Periodística. I. Título.

CDD 070.44

Diseño de cubierta: Eduardo Ruiz

Fotos de cubierta: Arriba: detención policial durante la huelga de inquilinos en 1907. Abajo: semana santa de 1987; primer alzamiento carapintada. la guardia de infantería reprime a los manifestantes que tratan de acercarse a la escuela de infantería en campo de mayo. © Eduardo Longoni

Foto en sección "Sobre este libro": Bombardeo a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, 16 de junio de 1955.

Edición en formato digital: marzo de 2017

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