© Manuela Carmena, 2014

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I

PROVOCAR EL DESEO DEL CAMBIO

I. LA IDEA MISMA DEL CAMBIO

¿Cambiar el mundo pedaleando?

Vamos pedaleando. El mar Adriático queda a nuestra derecha. El cielo brilla y el paisaje es perfecto. La sucesión de las casitas de colores de la isla de Pallestrina produce mucha paz. Están cuidadosamente pintadas, de azul, de naranja, de rojo oscuro, de verde claro, de amarillo y, dispuestas de una forma u otra, todas tienen plantas a su alrededor: en las ventanas, en los porches o en los jardines que se adivinan. Somos un grupo de amigos que desde hace más de 13 años dedicamos la última semana del mes de agosto a pedalear por distintos lugares. Les miro a todos y siento una gran ternura. Nos hacemos mayores. El pelo blanco ya ha aparecido, aunque nosotras nos tiñamos. Los años pasan. Hay alguna jubilación y más nietos.

Hemos hecho muchos kilómetros. Empezamos en el año 1996 en el Canal de Castilla. En algunas partes el camino estaba destrozado y tuvimos que salir a carreteras secundarias, achicharradas en pleno verano castellano. No había entonces tantas casas rurales y tuvimos que dormir en algunas pensiones de pueblo, de viajantes, con cuarto de baño a compartir.

Nos hemos contado muchas cosas. Sabemos casi todo de casi todos, pero, además, le hemos dados muchas vueltas a por qué las cosas son como son y a cómo podrían ser mejores. Al igual que otras personas no paran de teorizar sobre qué diablos debe hacer el entrenador de su equipo preferido, nosotros somos de ese tipo de gente a los que nos gusta hablar de cómo cambiar el mundo. Quisiéramos cambiar el mundo, mejorar nuestro mundo.

Me gusta ir en bici. Ver y oler el paisaje al ritmo del pedaleo. Quizás porque me gusta la bici me encantó enterarme de que Zola y su amante Jeane Rozerot, vértice de su permanente triángulo amoroso, fueron de los primeros que se apuntaron a la moda de la bicicleta.

Miradas transversales, compartidas

Por puro azar, en el grupo hay gente de diversa procedencia profesional, de la justicia, de la enseñanza y de la administración, algunos funcionarios y otros no. Hablamos mucho de nuestros respectivos mundos profesionales. Juana, que es funcionaria, nos cuenta que en su organismo, el Tribunal de Cuentas (Luis, apostilla jocoso, el Tribunal de No Me Lo Tenga Usted en Cuenta) se les obliga ahora a fichar con la huella dactilar. Durante mucho tiempo los funcionarios fichaban con tarjeta, y todo el mundo sabía que había algunos funcionarios que fichaban con un taco de tarjetas, «por mí y mis compañeros» (como decíamos en aquél juego infantil, «alza la malla»). Los sindicatos protestaron. Al parecer, argumentaban que fichar con la huella es insano y que puede causar una lista de enfermedades, cuyo elenco citaron cuidadosamente. Nos escandalizamos. Andrés nos recuerda que puede que los funcionarios, con esa reclamación, solo estén tratando de emular a los «jefes». Saca a relucir eso que se ha llegado a llamar la «semana caribeña» (¿martes a jueves?) en el Consejo General del Poder Judicial y a su modo se justifiquen: «si los jefes hacen eso, pues nosotros…»

Luis también es funcionario de la Administración Pública. En otros momentos intentó, desde la responsabilidad que en aquel momento tenía, que se fichara en la Administración de Justicia, aun con procedimientos menos sofisticados que el de la huella digital. Fuera cual fuera el sistema de fichar, mis colegas los jueces encontraron el modo de desautorizar el «reloj» que instaló. Se perdió aquella batalla que hubo que volver a empezar años más tarde.

Ahora Luis está en algo nuevo. Nos habla de innovación tecnológica y de una manera de mejorarla, que no tiene que ver con las subvenciones. Acaba de escribir sobre la compra pública de innovación, en cuanto fórmula alternativa y más eficiente a la subvención.

De alguna manera, todos somos críticos en los mundos en los que estamos, queremos cambiarlos, mejorarlos. Rosa nos cuenta algunas sentencias de las dictadas por el Tribunal de Cuentas. Pequeñeces: un alcalde de un pueblo pequeño ha incluido en su contabilidad la compra de una placa, de 100 euros, para un funcionario que se jubilaba. Revisadas las cuentas por el Tribunal, este ha dictado sentencia y le ha condenado. Una oficina de correos a la que no le cuadran sus cuentas, también acaba de ser condenada...

Mientras tanto, parece que nunca llegan las condenas de verdad, las que parecen ser más necesarias, las de las cuentas de los partidos y muy especialmente, precisamente ahora, las del Partido Popular. Sobre estas, cada día sabemos algo nuevo y peor, pese a las justificaciones del presidente del Gobierno, que tenemos que aguantar con tanto estupor como escándalo.

Durante el último año he estado mirando las sentencias por delito de cohecho dictadas en los tribunales. También en ellas encontramos la más genuina expresión de la ley del embudo. Un alcalde, lamentablemente bien conocido por todo el mundo por sus escándalos y procesos, es condenado casi a la misma pena que una pobre mujer algo bebida, que, en una discusión con la policía, cayó en la tentación de ofrecerle un dinerillo al agente para que dejase en libertad a su marido.

Repensar o reinventar, conceptos que surgen. Más preguntas que respuestas. ¿Solo cabe la revolución?

Hace unos años, en una de estas excursiones, Ignacio y yo nos habíamos adelantado un poco del resto de grupo y hablábamos, como tantas otras veces, de cómo mejorar el mundo. Nos preguntábamos, por qué cuestionábamos las instituciones sociales y porque sentíamos la necesidad de cambiarlas, de repensarlas, de llenarlas de sentido común.

¿Tú crees, le dije, que se podrían fomentar vocaciones de innovadores sociales? Y añadí: innovadores para diseñar la sociedad, para una vida mejor. Esculpir en lo social moldes que mejoren pequeñas cosas, que puedan a su vez derivar en grandes cambios.

La conversación quedó en suspenso. Ni él ni yo misma teníamos la respuesta, aunque a ambos nos interesase lo que las preguntas encerraban.

Nos hemos acostumbrado a oír que las grandes mejoras del mundo solo se producen por los cambios que predican las ideologías y las religiones. Por los cambios totales, por las revoluciones, de una u otra índole.

Las grandes interpretaciones del mundo han determinado el futuro de un número inmenso de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Sin duda ha habido concepciones globales que han ayudado al cambio progresista del mundo –a disminuir injusticias y sufrimiento–, mientras que otras han consolidado la desigualdad y la explotación de unos hombres por otros. En todo caso, siempre ha sido necesaria en ambas la conciencia individual y el aporte personal. En tantas ocasiones, la ausencia del reconocimiento de lo individual es lo que ha llevado, o ha permitido, echar a perder mucho de lo que las ideologías progresistas implicaban y permitían concebir.

Por eso cabe siempre la aptitud y voluntad personal, la concepción individual de la necesidad de mejorar lo que tenemos enfrente, pequeño o no tan pequeño. Esa voluntad es importante, no la desdeñemos. Los cambios son siempre por acumulación. De ahí la importancia también de la investigación. Una acumulación celular de muchos pequeños cambios, que forman un magma que, partiendo de cuestionar lo establecido, puede llegar realmente a cambiarlo, a cambiar lo grande.

Lastres

Siempre los arrastramos en las instituciones. Hablemos del Consejo del Poder Judicial. Teníamos unas larguísimas reuniones en la sala de plenos, que es la que con frecuencia graban los medios. Es grande, rectangular, con cuatro balcones a la calle Marqués de la Ensenada. Cuenta con una gran mesa ovalada, alrededor de la que nos sentábamos los veinte consejeros, con el presidente en la cabecera, en este caso en uno de los extremos. Cada uno siempre lo hacía en el mismo sitio y por edad. Es decir, los mayores lo más cerca del presidente y los más jóvenes lo más alejados de él.

Esa forma de sentarse en la mesa del pleno resulta ridícula. Seguramente es una copia de cómo lo hacen los magistrados del Tribunal Supremo y de la forma en la que se debate en este. Siempre empieza el más moderno. Probablemente el aparente respeto a la edad indica el intrínseco conservadurismo de la Justicia.

Pero, además, esa disposición de asientos, y en mayor medida de forma permanente, encierra en la práctica una desastrosa medida de gestión. Dificulta, cuando no impide, que los equipos humanos se aglutinen de acuerdo con afinidades y/o trabajos concretos que vayan a debatirse. En una organización tan politizada como la del Consejo General del Poder Judicial esos anticuados protocolos refuerzan los distanciamientos entre unos y otros. Estar obligado a sentarse siempre entre los mismos compañeros genera tensiones y dificulta la fluctuación de las necesarias empatías.

La vocal Margarita Retuerto y yo teníamos casi la misma edad con solo unos meses de diferencia. Sin embargo, el secretario técnico del Consejo se equivocó y la puso delante de mí. Bueno, ¡cómo se puso Margarita! Era muy coqueta y no estaba dispuesta a pasar por ser mayor que yo.

Corbatas y chaquetas

Pensemos en algo que parece una nimiedad, pero no lo es, le dije a Ignacio hace ya algunos años, ¿tú crees que alguien ha echado la cuenta de la cantidad de energía que se despilfarra en verano en las empresas públicas y privadas solo porque el nivel de la refrigeración esté regulado de acuerdo con la manera de vestir de los hombres? Aunque sea el mes de julio, los hombres (más bien los hombres del poder) llevan traje con chaqueta de manga larga, camisa, corbata, zapatos cerrados y calcetines.

Cuando fui consejera del Poder Judicial vivía todos los días el sinsentido del despilfarro de la intensidad de la refrigeración.

Solía bajar muy temprano a las reuniones del pleno convocadas a las 10 de la mañana. Bajaba con un cerro de papel en que se recogía, impresa, la documentación del orden del día al que nos enfrentábamos.

Me dicen que ahora los nuevos consejeros ya no manejan los montones de papel sino que utilizan sus propios ordenadores, en los que con anterioridad los facultativos han introducido toda esa montaña de burocracia, que sigue, no obstante y aunque sea en la modalidad digital sin duda más actual, caracterizando al Consejo, como a tantas otras tantas instituciones. No debiéramos confundirnos. Lejos de indicar trabajo, ese cúmulo de burocracia, de una forma u otra, muestra ineficiencia. Aunque ahora sea una burocracia digital.

La mayor parte de los puntos del orden del día eran, tanto entonces como ahora, auténticas insignificancias. Nunca deberían haber llegado a ser objeto de debate en un pleno del órgano máximo de gobierno judicial. Llegamos a discutir, por ejemplo, y hasta con una cierta intensidad, sobre sí se podía o no sancionar a un alumno de la Escuela Judicial por haber ido sin corbata a un examen. También sobre si debíamos estimar, o no, el recurso del grupo de funcionarios contra su magistrado porque este les había impedido que salieran todos juntos a tomar su desayuno.

Volvamos a la indumentaria. En verano, con un vestido fresco y sandalias, lo primero que hacía nada más llegar al salón de plenos era reducir la refrigeración. Luego, cuando por fin la reunión comenzaba, mis compañeros, los otros vocales vestidos con sus camisas de manga larga, chaqueta y pantalón, calcetines y zapatos, empezaban a sudar y se daban cuenta de lo bajo que estaba el aire frío, y lo subían.

De los 21 consejeros, 20 y el presidente, cinco éramos mujeres, pero mis compañeras se pasaron al bando contrario. Todas ellas, que antes de ser consejeras llevaban ropa adecuada al tórrido julio madrileño, comenzaron a vestir con trajes de chaqueta, medias y zapatos cerrados. De su casa al coche oficial climatizado, y del coche a la nevera en la que convertíamos el salón de plenos, trataban de acomodarse a lo que parecía que había que hacer. Ante ello, mejor abrigarse. Lo que se ponía en entredicho sin embargo al rechazar la causa era convertir, a tontas y a locas, en neveras muchos lugares públicos sin reparar en el gasto directo e indirecto que estos climas artificiales significan. ¡Podríamos hacer tantas cosas útiles con la energía que despilfarramos!

En 2005 el primer ministro japonés Junichiro Koizumi recomendó quitar la corbata y la chaqueta para conseguir reducir la cantidad de energía consumida por el uso de prendas no adecuadas para el verano.

En 2011 el entonces ministro de energía Miguel Sebastián intentó en el Congreso español que se recomendara no usar corbata. No consiguió nada. El presidente del Congreso, José Bono, dijo que la corbata era indicativa de respeto.

¡Qué absurdo! Según Miguel Sebastián el ahorro energético al disminuir la temperatura de la refrigeración en el Congreso hubiera permitido sufragar la financiación de la energía de su Ministerio.

Mas allá del frío: indumentaria y poder

Se suele rechazar el cuestionamiento de las pequeñas cosas con el argumento de que son, precisamente, pequeñas. Ello sin embargo nos permite ver tantas veces lo que hay detrás de ellas. En esto de la indumentaria, vemos la relación que existe no solo con la eficiencia energética, sino entre una determinada manera de vestir y el poder.

La relación entre poder y los vestidos (o los uniformes) es muy clara en sectores tan esencialmente conservadores como la Justicia, donde se sigue manteniendo la toga y las puñetas como signos externos de mando y preponderancia. Ello no solo ocurre aquí, en España, sino en cualquier otro lugar del mundo, en algunos de los cuales resulta todavía más pintoresco.

Hace unos años estuve en Nicaragua en un programa de cooperación. Se trataba de elaborar un proyecto marco para la renovación de la Justicia de aquel país.

La colonización española llevó a toda América Latina la estructura jurídica castellana. Ha sido necesario un proceso convulso de modernización para hacer evolucionar esos sistemas jurídicos. Ahora cualquier ciudadano está acostumbrado a identificar un juicio con una sesión en una sala de audiencia pública. Sin embargo, durante mucho tiempo eso no fue así. Se juzgaba a los acusados en un proceso escrito que se dilataba años, y en el que realmente los jueces nunca llegaban a ver a los acusados.

Ahora, prácticamente en todo América Latina, incluida la propia Nicaragua, se ha implantado el juicio oral. Para estos juicios orales, la Corte Suprema de Nicaragua ha establecido que es imprescindible que los jueces y abogados que intervengan lleven toga, símbolo del poder. No obstante, como la temperatura de Nicaragua es tropical, se ha diseñado una toga de gasa negra.

Seguramente, considerando la cuestión de forma más amplia, lo adecuado podía haber sido eliminar la toga, al menos como prenda obligatoria. En todo caso, la opción de la gasa constituye una respuesta específica bastante adecuada para la temperatura del país.

La búsqueda de soluciones imaginativas contrasta sin embargo con lo que ocurre, en el día a día, en los propios despachos de los magistrados de la Corte Suprema. En su inmensa mayoría ellos, con su traje y corbata, y en su caso las pocas mujeres, igualmente «abrigadas», trabajan en verdaderas neveras, con absoluto abuso del aire acondicionado. Más allá de la indumentaria, parece que también ellos rinden tributo a esa alianza del poder con la congelación.

Edmund Dene Morel no miró para otro lado

Después de haber estado mes y medio en Kinshasa, leo muy interesada un libro fabuloso: El fantasma del Rey Leopoldo, de Adam Hoschschild[1]. Relata el papel determinante que tuvo una persona aparentemente corriente, un empleado de una empresa consignataria, al denunciar, y terminar de hecho acabando, con un auténtico genocidio. Esa persona era Edmund Dene Morel.

Morel desempeñaba un trabajo rutinario y burocrático. Sin embargo, en su trabajo de consignatario de la empresa Elder Dempster descubre que el intercambio de mercancías que existía entre el entonces Congo Belga y su metrópoli, Bélgica, era una farsa. El Congo enviaba a Europa el marfil y el caucho. Desde Bélgica solo se enviaban al Congo armas, para que el propio ejército belga pudiera utilizar a los nativos para la explotación que le interesaba. Los datos objetivos de ese comercio indicaban que aquello no era precisamente intercambio alguno de mercancías sino el mero apoderamiento brutal de la riqueza de un país por medio del ejercicio del poder, imponiendo a la población autóctona la peor esclavitud posible.

Sin duda, en ese tétrico tráfico participaron muchas personas. Está claro que algo, o mucho, sabían. Pero la clave está en por qué precisamente Morel, un Morel, se podría decir, cuando en su trabajo cotidiano ve lo que ve, no se calla y mira para otro lado, sino que denuncia. Si fuera una novela, hubiéramos pensado que el autor había elegido un perfil de alguien como protagonista no solo con espíritu crítico sino con gran coraje. Pero no era un personaje de ficción; existió, y como consecuencia, se alteró la historia.

El trabajo de Morel se limitaba a revisar la documentación de los cargamentos que hacía la compañía naviera para la que trabajaba. Sin embargo, algo hubo que le hizo estremecerse, conmoverse ante la barbarie que traslucían los documentos que gestionaba.

La constatación de esa brutal explotación le hizo implicarse, y dedicar prácticamente toda su vida a denunciar lo que estaba sucediendo en el Congo, para intentar acabar con ello.

¿Se podrían generar «Moreles»?

¿Por qué algunas personas ven las instituciones sociales a través de una especie de radiografía que les permite detectar su carga de absurdo y de convencionalismo? Lamentablemente no todo el mundo es así.

Formar personas para mejorar el mundo, para disminuir las injusticias y las desigualdades puede ser un objetivo importante. Sin duda, esas personas existen. ¿Sería posible ampliar este campo, generando un mayor número de movilizadores sociales del cambio?

Mejorar el mundo es sobre todo cuestión de actitud. Querer cambiar el mundo para mejorarlo. Vivimos todos los días rodeados de un sinfín de situaciones, sobre todo de rutinas, que aceptamos sin cuestionar el efecto que causan, a quién dañan y a quién favorecen. Nos hemos acostumbrado a ellas. Probablemente nos han enseñado, consciente o inconscientemente, a aceptarlas, y desde luego lo que es seguro es que no nos han enseñado a transformarlas. Hemos aprendido técnicas, conocimientos y doctrinas, pero no nos han enseñado a valorar los efectos que causa todo ese arsenal de conocimientos. No nos han enseñado a plantearnos esos efectos, ni en menor medida a medir su impacto en la justicia, o injusticia, y en la desigualdad, ahora otra vez tan creciente. Tendemos a aprender y a la vez a aceptar. Esa es, en general, la enseñanza.

Sí, insisto, cambiar el mundo es sobre todo cuestión de actitud pero exige también preparación y formación.

Cambios y personas: disfrutar con el cambio

¿Por qué algunas personas cuestionan lo que ven y lo que viven, y otras no? ¿Por qué a algunos nos interesa el cambio social? Y no solo en la teoría o en el apoyo a los movimientos sociales que puedan estar en marcha, sino en responder, quizás con mayor inmediatez, o en todo caso preguntándonos por qué no y proponiendo cambios ante lo que tenemos delante, a nuestro alcance.

Conviene profundizar un poco en el motor de los procesos de transformación social, y en el placer, al menos a nivel personal, que ofrece concebir y gestionar avances sociales.

Los artistas disfrutan con la belleza que crean. Imaginan la belleza antes de crearla. Mejorar el mundo, mejorar algunas cosas del mundo de cada uno para que la vida de muchas personas sea más fácil, también puede dar placer.

En el mundo se han producido cambios antes impensables, que se realizaron porque hubo personas capaces de imaginar que la realidad podía ser de otra manera. Porque para cambiar hay que tener capacidad para imaginar el cambio.

Cuando los abolicionistas empezaron a cuestionar el porqué de la esclavitud ya imaginaban una sociedad sin esclavos ¿Por qué no concebir ya un mundo sin pobreza? ¿Por qué no pensar en que dentro de años existan museos de la pobreza?, museos que expliquen a nuestros sucesores cómo fue posible que hubiera un mundo en el que la mayor parte de la riqueza en poder de unos pocos dejaba a grandes mayorías en situación de absoluta indigencia

¿Por qué hay gente a la que le preocupa la sinrazón de tantas cosas que nos dificultan la vida? ¿Por qué a algunas personas todo esto les es indiferente? Es evidente que preocuparse, reaccionar, pensar…, y no digamos proponer ante lo «público», o con mayor generalidad ante lo colectivo, es, y desgraciadamente cada vez en mayor medida, infrecuente. Choca, no es común. Por ello resulta quizás cada vez más difícil cambiar y proponer cambios.

Sin duda tiene algo, o mucho, que ver con nuestra capacidad de empatía con los demás. No en abstracto, sino con las gentes concretas, con la señora del autobús, con el joven del metro, con Pedro, con Juan, con aquella que viene a preguntarme…, interesándose por la gente, ¡es apasionante!

Cambiar el mundo, e incluso intentarlo, requiere empatía, curiosidad, imaginación y pericia. Vamos añadiendo condiciones.

Otras condiciones junto a la necesaria empatía

Sin duda, esa empatía parece condición necesaria. En su ausencia difícilmente puede surgir la intención de cambiar, ya se sabe que las cosas son así, y son muy difíciles de cambiar. La empatía con los demás puede ser más o menos movilizadora para la acción que la solidaridad. Esta, que seguramente es la que «envuelve» y justifica en el fondo a aquella, permite hacer algo por así decir «desde fuera». La empatía lleva a la actuación con el otro, con el de cerca, aquí y ahora. Pero hacen falta otras condiciones además de la empatía.

El sentimiento de justicia, de su necesidad, como concepto movilizador, así como la propia curiosidad, están sin duda entre esas condiciones.

2. LA EMPATÍA CON LOS DEMÁS, CONDICIÓN NECESARIA

¿Cómo puede surgir la empatía?

Supongo que el placer por mejorar el mundo tiene que ver con la satisfacción que nos produce, a determinadas personas, pensar que podemos contribuir a atenuar o disminuir, en alguna medida, las injusticias que percibimos a nuestro alrededor. Como ya hemos apuntado, seguramente todo esto tiene que ver con la empatía. Con la propiedad, parece que específicamente humana –pero que no todos los humanos sienten– que nos permite compartir penas y gozos con los demás.

Por supuesto que no sé en qué momento comienza a producirse en la vida del niño un proceso de percepción de empatía que pueda llevarle, por una parte a interesarse por el sufrimiento de otro y, por otra parte a perjudicarse, real o aparentemente, para beneficiar a otro. Está claro que los niños ven el sufrimiento de los demás y reaccionan de una manera u otra en función, sobre todo, de los sentimientos que les hayan sido inculcados.

Más allá de los niños, esas reacciones también se extienden a los adultos. Reaccionan, sienten con el otro, o no la mayoría de las veces, en esta pequeña parte del mundo que constituye el primero.

Supongo que los niños a quienes les falta lo esencial para vivir conocen el sufrimiento en primera persona y desde muy pequeños. Perciben seguramente más el sufrimiento de otros.

Los niños con los que convivimos, la mayoría de los niños de nuestras sociedades desarrolladas, solo saben del sufrimiento de los demás por las historias que les contamos, por los cuentos que les leemos, por los dibujos que ven y por las películas y documentales de la televisión. Muchos cuentos y películas son historias que inducen, cuando no provocan directamente, empatía.

Lynn Hunt es una profesora estadounidense que ha escrito un libro delicioso: La invención de los derechos humanos[2]. Trata de analizar la gestación de la consideración misma, primero, y después de la lucha por implantarlos, como obligado código de civilización que va ganando cuerpo a través de la evolución y desarrollo de las sociedades. Apuesta entonces por considerar el reconocimiento de los derechos humanos como consecuencia especifica del desarrollo, en el género humano, de la capacidad de la empatía.

Cuenta Lynn Hunt el impacto que significaron, para ese desarrollo de la sensibilidad personal y social, las primeras novelas de sentimientos.

Aunque ahora nos parezca que siempre existieron novelas, esto no es así. La historia de la literatura nos permite conocer cómo se produjo una evolución no solo en el proceso narrativo, sino en su contenido. La narración fue inicialmente por así decir objetiva, de aventuras exteriores. Narraciones épicas, que relataban acontecimientos de héroes y villanos a los que se describía desde fuera, y en gran medida como estereotipos.

Las primeras narraciones de sentimientos, que son las primeras novelas, se apoyaron en el género epistolar. Esas novelas fueron en el siglo XVIII más que auténticos best sellers. La sociedad culta (la única que en esos momentos leía, que era muy reducida) se entregó con pasión a esas lecturas. Aunque la Iglesia católica, en su sempiterna reacción ante lo nuevo, las intentó prohibir, siguieron su curso y colaboraron, sin duda, a la evolución sentimental de la sociedad.

¿Cabe el aprendizaje de la empatía?

No recuerdo haber reflexionado sobre esto cuando mis hijos eran pequeños. Por aquel entonces había leído al pedagogo Célestine Freinet, y digamos que había asumido como valor esencial para su educación, sobre todo y por encima de todo, la libertad. Supongo que todo esto tenía bastante que ver con haber nacido en la dictadura, y haber añorado tanto otro sistema político, sin conocerlo.

Ahora es ya todo muy diferente. Sí me interesa, y mucho, tratar de comprender cómo se traslada y consiguientemente se forma en los niños la empatía.

Mi nieto Rómulo tenía 4 años cuando volví de mi estancia en Nicaragua. Le traje de regalo un camioncito de madera con muchos colorines, de los que se fabrican allí. Cuando el niño vio el regalo, se quedó, como yo debería haber pensado que ocurriría, desilusionado. Nuestras sociedades desarrolladas están llenas de maravillosas imitaciones realistas de cochecitos y de camiones, que son con las que los niños juegan. Tienden a no gustarles las torpes imitaciones de la realidad, aun con lo que ello encierra de pérdida de imaginación. Le expliqué que en Nicaragua esos eran los juguetes que había, que eran con los que los niños jugaban. Le conté que había visto jugar a niños con trozos de cocotero como si se tratara de un balón de reglamento. Le expliqué que había mucha pobreza y cómo eso hacia sufrir a los niños nicaragüenses. Le sugerí (buscando el desarrollo de su empatía) que regalara algunos de sus juguetes a los niños nicaragüenses. No le pareció, en absoluto, una buena idea.

Sé que esa es una reacción lógica en todos los niños pequeños. Insistí a pesar de todo. Para intentar enternecerle le expliqué la pena que yo misma había sentido al ver a los niños tan pobres y sin juguetes.

Rómulo se quedó serio. Abrió mucho sus ojos verde-azules de color del mar y, probablemente afectado por mi pena, que sin duda acusó pero, dando muestra de su inteligencia, me ofreció una solución inesperada: «entonces, si tanta pena te da ver a esos niños tan pobres no vuelvas nunca más a Nicaragua. Así no los verás y no volverás a sentir pena.»

La educación emocional ¿construir el sentimiento de justicia?

Me encanta profundizar en las infancias. Por eso me gusta la literatura que cuenta historias de las infancias. Saber cómo un niño o una niña se convierten en una persona adulta me resulta apasionante.

Hace ya un tiempo, di una pequeña charla en la Universidad Autónoma de Madrid, en un seminario que coordina una buena amiga. Cada invitada presentaba a una mujer relevante que no fuera demasiado conocida. Escogí a Elena Fortún. A pesar de que tiene calle y estatua en Madrid, no es demasiado conocida. ¿Por qué será que los nombres de las calles y las estatuas no nos dicen nada? Bueno, pues para mi Elena Fortún tiene un perfil de una mujer enormemente cautivadora.

Hay mucha gente más joven que yo que no sabe quién fue Elena Fortún. Fue la mejor escritora española de literatura infantil. Fue la creadora de Celia y Celia fue una de mis ídolos infantiles, como también lo fueron Heidi y Jo, la más rebelde de las hermanas de Mujercitas.

Elena Fortún, según su biógrafa, Marisol Dorado, fue hija única de una familia de clase media que vivía en la calle Huertas de Madrid, que ahora es una calle peatonal en la que se han incorporado, en su calzada, poemas y frases literarias. ¡Qué pena! ninguna de Elena Fortún, quien precisamente vivió en esa calle.

Se cuenta que se hizo muy amiga (como lo haría su personaje de Celia) de la hija de sus porteros. Quién sabe si esa misma amistad fue lo que la hizo sentir la intolerable injusticia de la desigualdad y llegar a ser, en su madurez, una mujer progresista y republicana. En Celia, lo que dice[3]. Elena Fortún reproduce, con gracia y ternura, la conversación de una Celia de siete años con un rey Baltasar en un día madrileño de Reyes Magos, en torno a 1928. Celia regaña al rey Baltasar, porque el año pasado no dejó juguetes a Solita, la hija de los porteros.

Empecé a leer los libros de Celia muy pronto. Eran de Mary, mi hermana mayor. Por supuesto que entonces no sabía que Celia era una niña republicana. Mucho menos que en 1987, ya en democracia, íbamos a conocer la publicación de un libro inédito maravilloso de Elena Fortún Celia en la revolución[4].

Probablemente, Elena Fortún, y sus distintas versiones de Celia, se colaron en mi desarrollo emocional y configuraron mi capacidad de empatía con los demás y mi sentimiento de la justicia.

En el año 1964, otros tres estudiantes de Derecho y yo viajamos a París. Los cuatro pertenecíamos a la organización universitaria del Partido Comunista e íbamos a entrevistarnos con la dirección. Nos dijeron que allí, en París, deberíamos utilizar nombres supuestos. Yo fui Celia, Celia Sánchez.

Celia me atraía. Una niña rebelde, sorprendente y generosa. En los dibujos de las primeras ediciones de los libros encontré modelos a copiar. Me enseñaron a dibujar a niñas con caras de celias. Dibujé y dibujo muñecas que se parecen a las preciosas ilustraciones del dibujante valenciano Molina Gallent. No he podido saber nada de él. No sé si estuvo también en el exilio, como Elena Fortún.

Más calles con pasado educacional: Federico Rubio

Releo estos días otro libro también espectacular. Es un libro antiguo. Explico: es una autobiografía de la infancia de un anciano. Se trata del libro Mis maestros y mi educación[5], de Federico Rubio y Galí, otro desconocido.

Estoy segura de que casi nadie se interesa por saber quiénes fueron los que hoy dan nombres a las calles. Viví cerca de la calle de Federico Rubio cuando era pequeña, era una calle ancha con una bajada y subida brutales, junto a la que transcurre, en paralelo, uno de los canales acueducto de Madrid.

Por casualidad, en un puesto de libros de segunda mano, descubrí a Federico Rubio. Fue quizás el médico español más importante del siglo XIX. Vivió en Londres durante bastante tiempo, lugar al que le exiló su propio talante liberal, abierto. Allí tuvo la suerte de especializarse en cirugía y fue el primero que llevó a cabo en España operaciones como la histerotomía. Muy vinculado a Giner de los Ríos, y por tanto profundamente preocupado por la educación, indagó en sus recuerdos para explicarse a sí mismo cómo se formó su sensibilidad. Dice Federico Rubio que quiere saber cómo se abre la llave maestra del corazón y de la inteligencia (ahora diríamos emocional) del los niños.

Resulta curioso ver cómo indaga él mismo en la impresión que le produjo el primer homicidio que presenció y si fue esto lo que le hizo desear ser médico.

Eso podía pasar pues, como explica, en aquellos años, en torno al año 1830, las peleas callejeras con muertos eran muy habituales. Quizás no esté mal recordar cómo la violencia interpersonal ha descendido de forma drástica en estos casi dos siglos transcurridos. Y ello, a pesar de que, en paradójico contraste, si bien nuestros niños ahora casi seguro que no verán nunca un homicidio real, sí se ven todos los días sometidos a muchos de ellos en la ficción tanto en la televisión como en el cine. No digamos en los juegos de la Playstation, en que literalmente la competencia reside en matar más y más deprisa. Ya en Noruega pareció verse, hace dos años, algún efecto de esos «juegos», todavía insuficiente para sacar conclusiones.

Cuando era niña. El choque con la desigualdad

Yo también me he preguntado a veces cómo se formó mi propio proceso de sensibilidad social y, más concretamente, de mi capacidad de empatía.

Aunque mi hermana mayor había comenzado la escuela en un colegio laico, mi padre fue consciente de que los vientos que corrían, al final de los años 40 del siglo pasado, no auguraban nada bueno para una educación laica. Aunque ni él ni mi madre eran en ese momento practicantes, decidieron llevarnos a las dos pequeñas, es decir, a mi hermana Ana que tenía 3 años más que yo, y a mí misma, a un colegio de monjas francés.

Recuerdo bien alguno de los discursos escolares, significativos de cómo era la España de los años cincuenta.

Un día, en mi colegio, la monja que era la profesora de la clase «naranja» (nuestros 8 años) también nos habló de los Reyes Magos y de la difícil relación que tenían con los pobres.

La profesora de la clase era Madame Sainte Esperance. En mi colegio, dado su origen francés, nos dirigíamos a las monjas que nos daban clase, llamándolas madames. Las sores (hermanas) solo eran las monjas subalternas que limpiaban y nos hacían la comida.

Madame Sainte Esperance pidió que nuestros padres hicieran un donativo para que los niños de las chabolas de Madrid pudieran tener algún regalo de reyes. Nos dijo que los Reyes Magos no iban nunca a llevarles regalos a los niños pobres. Es imposible, nos decía Madame Sainte Esperance, que los Reyes, con esos vestidos tan preciosos y con esas capas de terciopelo y armiño que llevan, puedan entrar en los barrios donde viven los pobres, llenos de barro y suciedad. Lo recuerdo muy bien, se me quedó grabado. Lo escenificaba, refiriéndose a los lujosos trajes, pues, argumentando lo obvio, se les estropearían.

Por eso los niños pobres no tenían juguetes en el día de reyes, justificaba Madame Sainte Esperance. Lo decía con convicción, quedando tan contenta de su «cuento para niñas bien».

Sin duda éramos pequeñas, y no tengo idea ahora de cuánto afectó al conjunto de mis compañeras. Sí sé que se me quedó grabado, en esos recuerdos registrados en el «disco duro» que marcan de por vida. Seguramente se estaba generando mi concienciación social.

Más tarde, cuando leí que Celia regañaba a Baltasar, lo entendí muy bien. Venía a reforzar el mismo sentimiento, de sorpresa y de incipiente indignación.

Las monjas siguieron contribuyendo, quizás a su pesar a crear mi conciencia social. En cuarto o quinto de bachillerato pidieron voluntarias para ir los domingos a enseñar catecismo a los niños de las chabolas. Nos apuntamos las amigas. No sé muy bien qué fue lo que allí vimos pero sí que nos impresionó profundamente. Me habían regalado una máquina de fotos y fotografié a aquellos niños pobres, con vestidos rotos y sin zapatos. Supongo que en alguna forma quería dejar constancia, quizás convencerme a mí misma, de lo que yo veía en aquellas mañanas de domingo, y que la sociedad ocultaba. Guardo las fotos y hasta me acuerdo de algunos de sus nombres, de Matías, a quien le hice un jersey con rayas, o de Dominga, siempre con una gran sonrisa de oreja a oreja.

Había prendido la idea de la respuesta. Había que ir más allá, había que movilizarse. Convencí a mis amigas más intimas de que, además de ir la mañana del domingo con las monjas a lo del catecismo, fuéramos también juntas los sábados por la tarde (por la mañana entonces todavía había colegio) a enseñarles a leer. Razonando ya, no me parecía lógico que les enseñáramos catecismo, y no a leer.

Se lo dije también a mi madre, que no puso ningún inconveniente. Facilitaba las cosas. Otras muchas madres de la burguesía madrileña de entonces seguramente hubieran puesto reparos a que tres o cuatro niñas de 14 años nos fuéramos solas a la barriada de chabolas de los Picos de Europa. Es más, yo creo que nos apoyó. Nos ayudó a hacerles rosquillas y a prepararles bocadillos de membrillo, que nos parecían los más baratos.

Los niños no aprendieron mucho. Las clases fueron escasas y la alfabetización no es algo baladí que puedan desarrollar unas niñas voluntariosas sin aprendizaje anterior. La enseñanza fue para las improvisadas «profesoras».

Luego, un día, mucho más tarde, recuerdo una discusión en casa a la hora de la cena. No ubico a mis hermanas. No sé por qué no estaban allí, ni, si estaban, qué es lo que dijeron. Lo que recuerdo es que una de mis tías, muy inteligente, extraordinaria narradora y que siempre tendía a liderar las conversaciones familiares, hablaba de que siempre en el mundo tenía que haber pobres. «Siempre los ha habido y siempre los habrá», afirmaba categóricamente. Sé que la cuestioné, que incluso porfié con ella. ¿Por qué, por qué las cosas no pueden cambiar? La gran pregunta, tan movilizadora hacia el cambio, había llegado: ¿por qué no?

La carencia de empatía

Dicen los expertos que los psicópatas no tiene capacidad alguna de empatía… ¿Es la ausencia de la empatía la clave de la maldad humana?

Yo he visto de cerca la maldad en mi vida profesional.

He visto acciones, actos claros de maldad. Pienso que ello, sin embargo, no quiere necesariamente decir que quienes los cometieran fueran siempre personas malas, personas sin capacidad empática.

He visto, no una sino muchas, ocasiones en que una persona ha matado a otra. Comete por tanto el acto de maldad más genuino, y sin embargo no se la puede considerar necesariamente una persona mala. Ello surge, muchas veces en el transcurso de peleas. Los homicidas se ponen de hecho en las condiciones de poder cometer el crimen, pero no lo han premeditado. Tampoco han concebido, y en menor medida previsto, las consecuencias de su ira en un determinado momento irrefrenable.

También me he encontrado con gente mala. Poca realmente, pero sí auténticamente mala. Personas sin capacidad alguna de compasión, a las que el sufrimiento de los otros no les produce impacto alguno.

Recuerdo perfectamente dos casos en mi vida profesional que me impactaron terriblemente. Fue en mi última etapa. Curiosamente, se trataba de casos en los que las acusadas eran mujeres. Los medios de comunicación hablaron de ellos.

El primero se trataba de una mujer de etnia gitana. Era de edad mediana y con un aspecto físico agradable. Alta, fuerte, morena y con ojos intensos. Había robado a muchas mujeres ancianas y a algunas de ellas, no estaba claro si con intención expresa o no, las había matado en el transcurso del robo. Tenía marido e hijos y una posición económica desahogada. De hecho, la defendía un abogado caro. Su manera de actuar era la siguiente: por la mañana cogía un taxi y se dirigía a un barrio cualquiera de Madrid en el que vivieran ancianas. Con una cierta astucia, lograba evitar el control de los porteros si es que los había. Iba planta por planta ofreciendo joyas a buen precio. Llamaba a los timbres de los distintos pisos. Si abría la puerta una mujer anciana, la empujaba, la amordazaba y le robaba las joyas y el dinero que le encontrara. Dos ancianas murieron, una porque era diabética y se le produjo un colapso al quedar amordazada durante más de 12 horas sin tomar su medicina. La otra porque la mordaza le empujó la dentadura postiza hacia la garganta y le produjo la asfixia.

No fue posible adivinar, a lo largo del juicio, cuál pudo ser motivo por el que esta mujer actuaba así. No tenía necesidades económicas que justificaran los robos. La práctica totalidad de las joyas se le encontraron en el armario de su dormitorio.

Durante el juicio estuvo impasible, como un corcho. Allí acudieron, como testigos, las ancianas que habían sido robadas y que felizmente no habían muerto, así como los familiares de las dos que habían fallecido. Oír el relato de la crueldad con la que habían sido tratadas todas las ancianas rompía el alma.

La familia de la autora de estos asesinatos (así los calificó el Tribunal Supremo) asistió al juicio y demostraban que la querían y respetaban. Los doctores forenses nos explicaron que la acusada no padecía enfermedad alguna que pudiera justificar un comportamiento tan anómalo y cruel.

Cuando formas parte de un tribunal, y tienes que juzgar, sientes la necesidad de entender a quien juzgas. Desgraciadamente, la burocratizada estructura procesal de la Justicia impide, en la mayor parte de ocasiones, conocer bien a la persona que juzgas y llegar a saber por qué cometió el delito del que se le acusa. La liturgia procesal, compuesta de abracadabras anacrónicos, es con la que se conducen los procesos y a nadie realmente le interesa saber las razones por las que el acusado hizo lo que hizo. Interesa el qué y el cómo solo en cuanto ello determina la aplicación de los baremos judiciales a los que las sentencias se han de referir.

El segundo caso de manifiesta maldad fue aun mucho más impactante. Se trataba de la tortura y muerte que una pareja de chicas provocaron a la amiga de la infancia de una de ellas. La víctima, una muchacha lesbiana y extraordinariamente bondadosa, vivía sola en un buen piso, heredado de sus padres. Teniendo sitio en su piso, había acogido a una antigua amiga de la infancia, con su pareja femenina. La pareja de lesbianas había perdido su vivienda.

Demostrando una crueldad sin límites, la pareja acogida comenzó a torturar a la anfitriona. La incomunicaron de sus escasas amistades y familia, prohibiéndola todo contacto exterior, la vejaron, la humillaron de mil formas diferentes, la privaron de sus propiedades y la pegaron día tras día a lo largo de meses, hasta causarla finalmente la muerte. Todo este terrible proceso transcurrió durante casi un año. Hubo infinidad de pruebas de toda índole que demostraron cómo las dos acusadas habían estado constantemente ideando métodos de tortura para humillar y anular la personalidad de quien tan bondadosamente las había acogido. La lectura del sumario era la evidencia de la planificación de constantes actos de crueldad, sin que en toda la detallada enumeración de lo que había sucedido durante ese terrible año se apuntara una chispa de compasión y humanidad por parte de las torturadoras. Durante el acto del juicio, por supuesto, ninguna de ellas evidenció nada parecido al arrepentimiento.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los seres humanos pueden llegar a tener una falta absoluta de sensibilidad para el dolor ajeno? ¿Cómo es posible que existan seres humanos que puedan disfrutar con el dolor y el sufrimiento de otros? ¿Tiene esto algo que ver con los procesos de educación y de socialización de las personas? ¿Es la maldad evitable?

Son preguntas quizás algo retóricas por su difícil respuesta. No obstante, no son las únicas que cabe suscitar tras la mención de casos de manifiesta crueldad y carencia absoluta de capacidad de empatía. Asimismo, las preguntas surgen en el otro extremo de los tipos de perfiles humanos, de los que, sin que tampoco esté muy claro cómo ocurre, se desencadenan procesos de concienciación, de respuesta positiva ante determinados impactos, que sin embargo no tienen un efecto semejante en todos los que los reciben.

¿Quiénes de mis compañeras de curso de párvulos recuerdan tan nítidamente el rocambolesco cuento de los Reyes Magos que no podían mancharse las capas? ¿A cuántas les hizo efecto y por qué? Sin duda, tampoco hay fácil respuesta a esas preguntas.

3. EL SENTIMIENTO DE JUSTICIA: OTRA CONDICIÓN QUE AYUDA

El sentimiento de justicia

Que conste que no hablo del concepto de la justicia, sino del sentimiento de la justicia, que tiene que ver sobre todo con la protesta que nos causa el injustificado sufrimiento que unos seres humanos aplican a otros. Por ello puede decirse, como apuntaba antes, que es otra condición que está en la base de la generación de la actuación, de la movilización para hacer algo por cambiar, por mejorar la situación de otros, de muchos o quizás solo de algunos.

Dice Amartya Sen en su libro sobre el concepto de la justicia que las sociedades tienen un sentimiento de justicia y que es precisamente ese sentimiento lo que ayuda a la evolución de la sociedad. Es el que permite y presiona para que alcancemos mayores cotas de justicia. (Amartya Sen, dicho sea entre paréntesis, concibe la justicia como la mera disminución de injusticias).

Un buen amigo me dijo hace unos meses, después de verme en un programa de televisión: «Me sorprendió mucho verte el otro día en un programa en el que se hablaba del crimen de un parricida. ¿No crees que resulta morboso el interés de los medios, y de la sociedad, por los crímenes?».

«No, le respondí, no creo que se pueda culpar a la sociedad ni a los medios de tener un espíritu morboso. Creo que hay algo más.»

Criticar los juicios mediáticos paralelos, y los programas que los promueven, se ha convertido ya en algo habitual en círculos de un determinado nivel cultural, no solo judiciales. Denigrar esos programas y reprocharles de populismo, es ya otro tópico. Me he movido a lo largo de toda mi vida en núcleos que, en alguna medida, se han situado, y sobre todo se han visto a sí mismos como «minorías progresistas». Pero eso no impide que siempre me haya parecido necesario armonizar las actitudes de esas minorías progresistas, o digamos intelectuales, con las de las grandes mayorías. Puedo decir que, en alguna medida, no me he sentido cómoda en el seno de grupos o élites intelectuales ante el indudable, aunque quizás involuntario, desprecio con el que enjuician los comportamientos de las mayorías.

Sé que la cuestión es compleja. Los procesos de educación contribuyen a que elaboremos sin duda nuestra capacidad intelectual y muy especialmente nuestra sensibilidad. Permiten que, quienes hemos tenido la gran suerte de poder disfrutar de procesos de educación, podamos valorar entre otras cosas la belleza donde quienes no han tenido esa oportunidad puedan no verla.

Así como a los niños pequeños solo les gustan los colores vivos, sabemos que una sensibilidad estética poco desarrollada tiene dificultades para valorar los colores oscuros, grises y negros. Me he reído mucho con mi nieta Lola. Aunque ahora, con sus 7 años y muy orgullosa, me dice que le gusta el color gris, durante mucho tiempo su único color preferido era el rosa y fuerte. Incluso tuvo una terrible algarada con su madre porque le había intentado comprar un precioso vestido de color gris.

Es evidente, por tanto, que la educación amplía la capacidad estética e intelectual. Sin embargo esto, que resulta más claro en lo sensible o incluso en lo ético, no tiene una traducción mimética en lo moral, aunque me atrevería a decir que el desarrollo de la sensibilidad puede facilitar un mayor «índice moral», si se me permite tal concepto.

Durante mucho tiempo, niños y muchachos jugaron en los pueblos a maltratar a animales (pájaros, gatos, ranas y demás, cuando no vaquillas, y se hacía ¡como si fuera una fiesta!). La literatura cronista de lo cotidiano lo constata. Así, podemos ver cómo un mayor índice de sensibilidad puede dificultar actos de crueldad puramente gratuitos y seguramente comprobar que hoy los juegos de los niños son mucho menos crueles que hace un siglo. (Aunque se mata más virtualmente en la pantalla, más que nunca).

Las élites cultas y progresistas tienden a reprochar a las mayorías (la opinión pública) su interés por los crímenes. Hay que tener en cuenta que es lógico que la maldad (y el crimen como expresión de la maldad anormal) suscite de por sí una gran curiosidad. Desde los inicios de la historia, la humanidad ha relatado hechos no cotidianos que, por ser poco frecuentes, suscitaban interés y se convertían en el núcleo duro de la narración. Así, lo mágico, lo irreal o lo truculento han provocado siempre curiosidad.

Los trovadores no solo cantaban poemas de amor con el laúd, contaron también historias terroríficas, en las que sin duda todo tipo de crímenes horrorosos tenían un importante lugar.

Pero no creo que el interés que suscitan los crímenes reales, y muy especialmente los más crueles y horrorosos, responda a una mera cuestión de curiosidad.

Los crímenes reales nos conmueven de forma muy diferente a los de la ficción. (Nos impacta eso de: «basado en una historia real» como recurso de marketing) Aunque estemos rodeados de ficción, hay una gran diferencia entre las narraciones de todo este tipo de acontecimientos sean los que sean, películas, novelas, series juegos de consola, etc. y los crímenes de verdad.

Los crímenes de verdad, al igual que otras tragedias (griegas o no) conmueven a la sociedad, porque esta empatiza con el terrible dolor de las víctimas. Y es precisamente ese dolor socializado, esa indignación en amplias capas sociales, la que busca la solución en la justicia. Ello tiene que ver precisamente con el sentimiento social de justicia.

Más allá del morbo: la empatía con las víctimas

Por eso hay que distinguir, dentro de la genérica reacción social ante los crímenes, lo que hay de positivo, el sentimiento de justicia como expresión de la empatía con el sufrimiento de las víctimas, de lo negativo y retrogrado, el endurecimiento de las penas próximo a la venganza, que es consecuencia de la ausencia de un debido encauzamiento de ese legítimo sentimiento de justicia.

Resulta esencial que exista en la sociedad un debate abierto sin tópicos respecto a cómo conseguir la disminución de algunos de estos crímenes tan horrorosos. No es el camino adecuado reprochar a la opinión pública su actitud justiciera y vengativa, cuando desde las cúspides del poder no se sabe ofrecer otra alternativa que no sea precisamente la del castigo-venganza.

Conviene tener en cuenta que esa misma sociedad, a la que reprochamos su ánimo de venganza, es la misma que en muchas ocasiones expresa su discrepancia con sentencias que dictan los jueces, condenando a personas por nimiedades u obligando a entrar a cumplir las condenas de cárcel a personas ya rehabilitadas.

Es frecuente encontrar en las redes sociales corrientes solidarias que canalizan numerosas peticiones para que se revoquen esas condenas o se les concedan los indultos a aquellas personas cuyas condenas considera la sociedad, precisamente exhibiendo su sentimiento de justicia, que han sido absurdas, inadecuadas o injustas.

Si cuando se comenten crímenes horrorosos las grandes mayorías reclaman penas de cárcel más y más duras, cadena perpetua y hasta pena de muerte, es porque desde todos los gobiernos se alienta ese incremento represivo, con sus discursos puntuales, en caliente.

Resulta irresponsable entonces que los gobiernos, ante los crímenes que suscitan indignación en la sociedad respondan, siempre sin argumentar en forma alguna pero con una asombrosa contundencia, en el mismo sentido: «Nos comprometemos a incrementar las penas establecidas en el Código Penal». Dicho y hecho, sin que se haga el más mínimo análisis de la incidencia de los anteriores agravamientos de las penas y sin evidencia alguna de que la maldad humana se frene ante la amenaza de la espiral del aumento de castigos.

Castigo venganza o castigo consecuencia

Desde que tenemos noticia, la humanidad se ha enfrentado a la necesidad de evitar el homicidio que es, podíamos decir, la esencia del crimen. No hay nada más grave que el hecho de que una persona mate a otra. Y, precisamente la degradación que significa que un ser humano disponga de la vida de otro, es la razón última por la que la civilización ha conseguido superar, se ha apartado de la espontánea reacción de la venganza: la ley del talión, que sigue insólitamente vigente en algunos lugares. La venganza es una espiral de sangre para quienes la ejecutan y un proceso degradante para la víctima. La vida que segaron nunca va a ser sustituida por la muerte del asesino. Ahora bien, puede haber alguna aproximación civilizada a la compensación.

Rechazar la venganza

La degradación que la venganza implica, su falta de eficacia disuasoria y las terribles consecuencias de los potenciales errores judiciales, son los más rotundos alegatos contra la pena de muerte. Afortunadamente, vivimos ahora en el mundo un movimiento imparable de disminución de la pena de muerte.

La perversidad de la venganza está demostrada. No caben especulaciones sobre los demoledores efectos que causa. Afortunadamente, los sistemas legales civilizados del mundo cuestionan el ejercicio de la venganza, tanto individual como institucional, y descartan por tanto «el ojo por ojo». No obstante, las grandes organizaciones ilegales de tráfico de drogas y de terrorismo, que tan tremendamente se han insertado en la sociedad, la practican sistemáticamente. Esas mafias, redes maras u organizaciones terroristas, da igual como las califiquemos, viven al margen de la legalidad, imponiendo la venganza con muerte, multiplicando la sangre y la degradación que significa.

Entender el castigo como venganza degrada y destruye a la sociedad. La víctima que se venga y mata plagia al asesino. El castigo-venganza es por tanto una supuesta medicina que no nos sana, nos envenena.

De ahí que la sociedad civilizada, que debe defender la vida de todos y de cada uno de nosotros, tiene que adoptar una actitud doble. Por una parte, debe volcarse en la compasión y en la solidaridad con la victima individual, a quien de forma tan arbitraria como injusta le ha tocado sufrir ese terrible drama. Pero, por otra parte, debe intentar lograr que el castigo que imponga al asesino sea útil y eficaz, a su vez en un doble sentido: de un lado, y en primer lugar, para que esa persona no vuelva a repetir un crimen, y por otro lado, para que disminuya el número de personas que pudieran llegar a cometer crímenes similares.

El castigo, en una sociedad que apuesta por la vida, es pues esencialmente consecuencia y no venganza. Aun así, es evidente que la conciencia social exige un «sufrimiento» para el agresor pues, en alguna medida, se busca una constancia de su pesar por el daño infringido, voluntad de reparación y sí, también, petición de perdón.

Como el que mata comete un acto tan terrible e irreparable, hay que ser efectivamente muy cuidadoso cuándo y cómo se le aplican los castigos. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado en no trivializar el homicidio o asesinato cometido. No se trata de volver al «ojo por ojo» pero, en alguna medida, quien ha matado a alguien ha de asumir una responsabilidad moral para toda la vida, por la incuestionable irreparabilidad de lo que hizo. De ahí que tenga tanta importancia que el condenado por un homicidio o un asesinato pague al menos a lo largo de toda su vida (si no lo consigue antes) las cuotas de la indemnización que los tribunales le hayan impuesto.

Cuando fui juez de vigilancia penitenciaria, acostumbraba a imponer a aquellos presos a los que concedía la libertad condicional la obligación de pagar la indemnización que hubiera establecido el tribunal, para reparar a la víctima como consecuencia del delito cometido.

Recuerdo a un preso inteligente y sagaz que, cuando conversaba con él sobre esto mismo me dijo: «Señoría, yo ya he pagado con cárcel lo que hice» y añadió, «lo he pagado con mi sufrimiento en la cárcel y ahora, además, no tengo dinero para poder pagar la indemnización que me fijó el juez». «No, le contesté, no puedes olvidar que se te ha castigado a estar un tiempo apartado de la sociedad pero también a reparar, y ayudar, a la persona que dañaste. Sí, ya sé, ahora no tienes dinero, pero, de lo poco que tengas, siempre tendrás que destinar algo para ella».

El homicida, vulgarmente conocido como asesino, y no digamos los específicamente catalogados como asesinos, deben reparar y apoyar a su víctima en concreto y sí, también pedir perdón, para cerrar el círculo de su reinserción.

De lo que se trata es que el castigo sea útil social e individualmente.

Tener ideas claras sobre los principios en lo que se debe basar una política criminal es siempre importante para una sociedad justa. En España, esas ideas claras las hemos necesitado, y no siempre las hemos tenido. Ahora las necesitamos más que nunca, para enfocar correctamente la deseada finalización del movimiento terrorista ETA.

El terrorismo es siempre, y en todo caso, rechazable. Nunca está justificado. Pero, añado, toda violencia contra la vida de las personas es igualmente rechazable, aunque se trate de acciones o guerras declaradas por gobiernos. Quizás mayor discusión pudieran generar las acciones militares emprendidas en el mundo como consecuencia de acuerdos de la ONU que pretenden responder o remediar trágicas situaciones ya producidas, con claro menoscabo de los derechos humanos.

Hemos sufrido en nuestro país un movimiento terrorista que ha causado un dolor inmenso a la sociedad en general y muy especialmente a quienes les ha tocado ser víctimas de una u otra manera de esa violencia criminal. ETA, como movimiento terrorista, ha causado también un envilecimiento del propio Estado de derecho, que, en su legítima lucha contra la violencia criminal, ha cometido determinadas violaciones de los derechos humanos, que nunca debieran haberse producido.

Las políticas criminales dirigidas a luchar contra el terrorismo deben estar siempre absolutamente inspiradas en el cumplimiento estricto, no solamente de los derechos humanos sino de la legalidad ordinaria en su conjunto. Así lo ha declarado reiteradamente Naciones Unidas, y sobre esa base se ha reprendido a los distintos gobiernos españoles, por no haber estado siempre a la altura de las exigencias del Derecho.

Cada vulneración de la legalidad que comete un Estado, cuando combate el terrorismo, lo envilece y, de hecho, da un paso atrás para desactivarlo. No vale que parezca, en caliente, que mediante el atajo no confesable se ha alcanzado algún aparente éxito. A la larga, la historia nos enseña que el Estado siempre pierde en esas escaramuzas. El caso español con ETA no es excepción.

El terrorismo solamente se desactiva cuando los militantes de las organizaciones que lo practican lo abandonan. Que el abandono se produzca por su convencimiento de la inutilidad de sus cruentas acciones o por su propia conclusión de la crueldad que encierran, no parece que sea muy diferente. En todo caso, para lograr ese abandono del terrorismo, el Estado se ha de distanciar nítidamente de la falta de ética y moral de los terroristas. Nunca debe incurrir, pues, en prácticas que puedan reducir esa distancia y que, en una u otra forma, puedan servir de justificación, o pretexto, a la actividad ilícita y terrible que el propio movimiento terrorista desarrolla.

Nos encontramos ahora ante una realidad que parece evidente, aunque en algunos sectores, quizás interesadamente, todavía se cuestione: ETA ha renunciado a la actividad violenta que hasta hace bien poco había llevado a cabo.

Más allá de la declaración de la organización se ha producido una reinserción objetiva: la renuncia por parte de cualquier condenado a seguir ejerciendo la actividad por la que se le condenó. Tras la declaración orgánica, el colectivo de presos ha hecho la propia suya en la que esa «reinserción objetiva» se ha confirmado.

Los presos de ETA tendrán que cumplir las penas que los tribunales les han impuesto, dentro del marco que las leyes penitenciarias establecen para los determinados grados de reinserción.

Es así que hay que esperar y estar preparados a que los presos condenados por actividades terroristas de ETA lleguen a tener, tras cumplir las condiciones también genéricas que se imponen a todo recluso, un tratamiento análogo al que tienen derecho todos los presos que presentan una reinserción objetiva y que por tanto comiencen a progresar de grado, tener permisos, régimen abierto y también la libertad condicional.

Es muy importante que ante este proceso, que no hace sino aplicar estrictamente la legalidad, la sociedad no se sienta agraviada. No hay razón para ello, por algo que no es nada más que el legítimo ejercicio del Derecho Penitenciario, que se debe aplicar constitucionalmente a todas las personas que se encuentran en una situación objetiva de reinserción. Ante ese proceso tampoco caben los esfuerzos, a posteriori, de tratar de introducir castigos adicionales a los ya aplicados por los tribunales, con el consiguiente riesgo de que sean invalidados, como ya ha ocurrido.

No me cabe duda de que la desautorización de la venganza o incluso del revanchismo puede ayudar a este proceso de normalización.

Conviene recordar cómo y qué es lo que puede surgir de un proceso correcto de la inserción de los terroristas presos. Quizás no venga mal recordar ahora que el gran ser humano ante cuya muerte todos hemos rendido el respeto, Nelson Mandela, formó parte en su día, y apoyó, el movimiento terrorista Umkhonto we Sizwe (MK), que combatió en Sudáfrica el terrible apartheid.

Nelson Mandela fue grande y no porque fuera un héroe de una resistencia violenta contra un régimen autoritario y criminal, sino porque fue capaz de reinsertarse y de reconocer el error que significaba el derramamiento de sangre que la brutalidad de un régimen político había inoculado en la resistencia del pueblo africano.

El Tribunal Constitucional de Sudáfrica está construido encima de una de las cárceles donde fueron encerrados, y sufrieron lo indecible, muchos de los miembros del movimiento MK.

El símil es importante. Si el colectivo de presos de ETA renuncia a la violencia también nosotros podemos construir un futuro de erradicación definitiva de la violencia. El proceso de reinserción objetiva tiene que plasmarse en actitudes singulares e individuales de reinserción subjetiva en los que el arrepentimiento, la compensación y la petición de perdón a las víctimas sea clara. El sufrimiento de las víctimas nos obliga a todos al acogimiento y la solidaridad, pero también a ayudarles a que no se dejen seducir por la venganza y el rencor, para que pueda rentabilizarse el proceso de reinserción objetiva y subjetiva que necesita este país.

Necesitamos a todas esas personas que ahora están dispuestas a rectificar su conducta. Nuestro país necesita de su rectificación, su perdón y de su propia existencia. Tampoco se podrá construir un futuro en el que se erradique definitivamente la violencia sin ellos. Sudáfrica no sería un modelo de restauración y paz si Mandela no hubiera salido de prisión, a pesar de estar condenado a cadena perpetua

Además, los presos de ETA deberán analizar cómo y por qué fueron capaces de causar tantísimo horror, para que nunca más algo así se vuelva a repetir. Deberán analizar cómo surgió en ellos esa gran cantidad de odio que se precisa para matar indiscriminadamente a personas inocentes. Como seres humanos también nos deben esa explicación.

Hace ya mucho tiempo leí el maravilloso libro El Tazón de Hierro[6] de Félix Novales, miembro del GRAPO. En el libro, analiza las causas del odio que le llevaron hacer lo que toda su vida no dejó de reprocharse.

4. LA CURIOSIDAD, REQUISITO

Cada tema suscita otros. Las ramificaciones son tantas que pueden hacer perder el hilo conductor, que no es otro que las indagaciones sobre el cambio social, y cómo puede propiciarse que se genere el deseo de producirlo.

La curiosidad también es necesaria para el cambio. Saber por qué las cosas son lo que son, resulta imprescindible para después poder intentar cambiarlas. No solo para entenderlas, sino para descubrir la razón de su existencia y analizar los efectos que producen.

En una educación tradicional, la curiosidad siempre ha estado mal vista. No solo no se fomentaba sino que se censuraba y, tantas veces, hasta se castigaba. La curiosidad funciona como un conjunto de células de conocimiento que se van acumulando, se amontonan y se empujan unas a otras. Cuando por fin encajan nos permiten, cuando no nos empujan, a relacionar lo singular con lo general, elevar lo particular a lo de todos, o de muchos. Quizás por ese defecto educacional, la curiosidad de hecho no abunda.

Aunque pareciera lógico que los expertos jurídicos fueran personas extraordinariamente curiosas, esto no es así. Si esa ausencia se constata incluso entre los expertos, esta se agrava entre los legisladores. Estos promulgan leyes sobre infinidad de situaciones que no conocen. Ante una ley nueva, que sustituye, casi siempre, a otra u otras anteriores no sientan siquiera curiosidad respecto a los efectos que estas leyes hayan podido producir a los individuos que les afecta. Sorprendería constatar hasta qué punto llega la falta de curiosidad. Quizás sea una de las grandes carencias de nuestra democracia.

Los jueces dictan muchísimas sentencias a lo largo de su carrera profesional. En su mayoría sin embargo, no suelen estar interesados en absoluto en conocer los efectos que sus decisiones puedan haber causado.

A veces pienso que la sociedad tendría un espíritu más crítico si en los programas académicos se incorporara algo que contribuyera a enseñarnos a ser curiosos, que nos entrenara al menos en la curiosidad. Infructuosa ilusión parece ser hoy, cuando acaba de aprobarse una nueva ley de Educación. Debe ser que la curiosidad debe ser considerada como la puerta que abre paso a la crítica. No parece ello gustarle al señor Wert ni a su monacal ministerio. Esa enseñanza de la curiosidad podría ser una nueva manera de entender la filosofía. Algo así como aprender a preguntar y preguntarse constantemente que ocurriría si… No sé si por eso se ha eliminado la filosofía como asignatura. ¡Qué error, qué inmenso error!

En lo que a mí se refiere, en todos los primeros cursos escolares que pasé, la explicación última de las cosas tenía que ver con un concepto religioso extensivo y total, en que la lógica no tenía lugar. Supe lo que es la filosofía, la descubrí en 6º curso de mi bachillerato. Fue una sorpresa y un placer. Después de haber oído durante todos los años anteriores la explicación de la doctrina de la Iglesia, el pecado, la bondad, la vida de los santos y todo eso, nuestra profesora de filosofía, la señorita Diana (ya no «madame») abría un nuevo mundo. Menudita, con el pelo liso y con gafas con montera oscura, nos explicaba con lógica claridad que la filosofía no era otra cosa, en definitiva, nada más y nada menos, que aprender a pensar. ¿Será por eso por lo que haya sido excluida del curriculum escolar? Aterra pensar que esa sea la causa.

Volviendo a mi primera y única profesora de filosofía, la lección constituía sobre todo en conocer, aunque fuera someramente pero despertando la curiosidad por saber más, las distintas explicaciones del mundo en que vivíamos. Había que saber que, desde el principio de los tiempos, la humanidad se había puesto a pensar cómo explicar nuestra existencia y nuestra contingencia. Aquello sonaba muy bonito, pero, ¿y la religión? ¿Qué pasaba con la religión? ¿No era la religión lo que, desde que estábamos en párvulos, nos habían ofrecido como posible respuesta a cualquier pregunta sobre nosotros mismos y sobre todo lo que vivíamos? Recuerdo que le pregunté entonces: «¿Qué pasa si nos ponemos a pensar y las conclusiones a las que llegamos ponen en cuestión la religión?».

Bueno, nos decía la señorita Diana sin demasiada convicción, la religión y la filosofía son cosas diferentes. La religión implica creer lo que la mente no entiende y, por el contrario, la filosofía nos enseña lo que nuestra mente razona.

Éramos pocas en la clase. Éramos amigas y hablábamos mucho. El caso es que nuestras discusiones en clase de filosofía llegaron a oídos del capellán del colegio. Alertada la dirección, la señorita Diana tuvo alguna advertencia.

El libro de filosofía era un libro delgadito. Lo había forrado de papel azul, como los demás. Estaba ahí y su propia existencia ponía en cuestión ese inmenso absurdo de la explicación religiosa, que nos obliga a hacer ablación nada menos que de nuestra razón.

Sin embargo, en ese momento todavía me resultaba impensable que alguien pudiera vivir sin religión. Al tiempo, había descubierto también, casi por casualidad, a Lilí Álvarez, y sus atrayentes ideas sobre la secularidad. Había conocido con ello la fuerza que tuvo, y como fue la inspiradora de la conversión ocasional de la gran escritora Carmen Laforet.

Así, aunque evidentemente me era inaceptable renunciar al ejercicio de la razón, intenté encontrar una compatibilidad creativa entre la filosofía y los aspectos incluso más absurdos de la religión. Kant me dio la solución. De los filósofos que estudiamos, quedé encantada con Kant. Aquello de las categorías del pensamiento me pareció un muy buen invento, casi permitía hacer compatibles religión y filosofía.

Parecía impensable que el dios que era, según las definiciones que nosotros estudiábamos, una mezcla de todos los bienes sin mal alguno, pudiera a la vez ser tan extraordinariamente malvado como para hacer sufrir, y mucho, de forma injustificada a tantos hombres. ¿Cómo podía ser que les dejara además condenarse en ese infierno de naturaleza eterna? Había que recurrir a algo para salir de la inextricable paradoja. Recurrí a la negación del tiempo y lo reduje a una mera categoría del conocimiento. Explicaba entonces a mis amigas, (María Dolores Tormo, Pilar Esteve, Maite García) que el tiempo como tal no existía, sino que simplemente era la manera limitada de percibir la realidad a la que nosotros, los pobres mortales, estábamos obligados. Así, al cargarme de un plumazo la definición del tiempo y dejarlo reducido a una mera manera de percibir la realidad, acababa con el evidente problema de la maldad de aquel dios, que condenaba a tantos seres humanos a tanto sufrimiento. En fin, supongo que era una pasada tremenda, pero que evidencia la imposibilidad, que ya empezaba a sentir, de tragarme aquello de que tuviéramos que compatibilizar la creencia de lo ilógico con la lógica del conocimiento, que día a día adquiríamos.

Nunca pude entender, desde una perspectiva lógica y racional, que se pretendiera que la respuesta religiosa consistía en entender la fe como aquello que la razón no comprende. Tampoco pude entonces entender cómo, también en aquellos años de colegio, las esforzadas profesoras de aquella asignatura rara que llamaban «La Formación del Espíritu Nacional» fueran capaces de mantener que la Falange no era un partido político, y algo aún más abstruso, aquello de que España era nada menos que «una unidad de destino en lo universal».

Por supuesto, éramos una generación aleccionada a repetir desde pequeñas las preguntas y respuestas de un catecismo (el de Ripalda) que no comprendíamos y que apostillaba eso de «conteste “si o no”, como Cristo no enseña». No obstante, a los quince o dieciséis años, ya no era lo mismo. Ya razonábamos. Por eso era divertido el barullo que le armábamos a nuestra profesora, retándola a explicarnos qué era eso de que la Falange no era un partido político y de que España era una unidad de destino.

A mí, y no pretendo con ello generalizar, me ha ayudado mucho no parar de formularme esas preguntas. Me ha ayudado sin duda a incrementar la curiosidad de la que en último parten aquellas.

Creo que el proceso de cuestionamiento eclosiona en la adolescencia. Hay mucha gente que sufre mucho durante la adolescencia de sus hijos. A mí felizmente no me pasó. Me interesó extraordinariamente su adolescencia. Y, sobre todo, me divirtió esa mirada nueva con la que tus hijos te miran, de pronto, cuando llegan a sus catorce años. Te desmitifican. Descubren que tienes un culo que parece una palmera, como me dijo a mi hija, o que no sabes bailar. Quizás es en la adolescencia cuando el mecanismo del cuestionamiento de la realidad se agudiza, reclamando directa o indirectamente su transformación. Luego viene la juventud con el rechazo a lo establecido, seguramente por la falta de sintonía de quién empieza a vivir entre lo que percibe, lo que siente, lo que anhela, con el mundo real.

5. INCITAR LA CURIOSIDAD: CON OTRA EDUCACIÓN, SIN DUDA EMOCIONAL

La curiosidad, como casi todo, es algo que unas personas desarrollan intuitivamente más que otras. Puede ser entonces un objetivo de la educación convencional, desde una concepción de esta en que prime la intención de conocer por encima de la capacidad de memorizar.

No sé hasta qué punto somos conscientes del modo en que se encuentran muchos aspectos de la vida social, a los que tendemos a considerar, encasillados, objeto de los que «se encargan de eso». Uno de ellos es sin duda el de la enseñanza.

Aprender curiosidad

Aunque el concepto de aprendizaje siga siendo el mismo (adquirir conocimientos y habilidades para la formación), el método de lograrlo ahora sí que es, o puede llegar a ser, completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. La diferencia esencial entre un antes y un ahora consiste en que, en este momento, los conocimientos están al alcance de todos, al alcance de nuestra mano, en Internet.

Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que la forma de transmitir los conocimientos consistía en las explicaciones de un maestro, que a su vez, normalmente, seguía un libro. Así, en ese esquema, se trataba de «explicar la lección», fundamentalmente hablando (aunque pudiera haber un complemento en lo que se escribía en al pizarra) para comprobar, transcurrido un cierto tiempo (supuesto de estudio/memorización) el nivel de conocimientos adquiridos por el alumno. Ello constituía el núcleo duro de la enseñanza. Explicar era la tarea de los maestros. Comprender, y sobre todo recordar lo aprendido, eran las tareas de los alumnos.

Sucede ahora que los conocimientos no solo están en los libros, (que ya no siempre tenemos a nuestra disposición) sino que los conocimientos los tenemos supuestamente a nuestro alcance en el ordenador. Ello debería llevar consigo un cambio en el modo de transmitir la enseñanza, generando sobre todo un interés o una curiosidad, que se puede además satisfacer fuera del aula.

Explicar experiencias, un modo de incitar la curiosidad

Suelo dar todos los años, en Barcelona, una clase en un curso sobre los derechos humanos, vinculados a la actuación en el mundo de Naciones Unidas. Me corresponde desarrollar el tema relativo a los denominados «Procedimientos Especiales», con que cuenta el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cuando comienzo mi intervención digo a los alumnos que entiendo que mi enseñanza, en definitiva lo que pienso que puedo aportarles, no consistirá en informar ni explicar lo que son los «Procedimientos Especiales». Esas explicaciones están recogidas, en principio con mucho más claridad y nitidez, en cientos de páginas de Internet, y muy especialmente en las propias páginas web de Naciones Unidas. Lo que les anuncio primero a mis alumnos, y después hago en mis clases, es contarles mis vivencias, así como mis reflexiones, a lo largo de mi experiencia como relatora, y miembro por tanto, de uno de los grupos de expertos que la ONU organiza en cada uno de esos «Procedimientos Especiales».

Mis experiencias en distintos lugares del mundo, tanto en Latinoamérica, como en África o incluso Europa, visitando cárceles, investigando detenciones ilegales, hablando con hipócritas autoridades y reclusos de todo tipo y condición…, muestran la realidad, que a su vez constata la insuficiencia de la acción internacional, aunque también responda a que, al fin y al cabo, algo se hace. Todo ello resulta, aunque solo dé pie a reseñar algunas pinceladas, mucho más interesante que la descripción, siempre burocrática, de esos llamados «Procedimientos Especiales».

Pienso que la aproximación pedagógica, en esa pequeña enseñanza, responde a los niveles de información a nuestro servicio. Lo que verdaderamente intento, con carácter general, es despertar la curiosidad en quien me escucha; es decir, en este caso, de los alumnos. El sistema funciona. Siempre consigo una muy buena valoración en mis estudiantes.

Es muy sabido, y ello con carácter general, el escaso tiempo seguido de atención que puede prestar la persona que escucha a lo que oye. Por eso es esencial que la base de la enseñanza radique en incitar, en fomentar la curiosidad… ¡por saber!

Desgraciadamente, la forma en la que se conciben los programas escolares y no digamos la forma en que se llevan a cabo los mismos, suelen tender a anular, que no propiciar, la curiosidad.

Alguna vez me toca ahora preguntarle a mi nieto las lecciones. No sé qué sucede; no veo que pueda identificar en modo alguno lo que estudia con su vida o sus propias vivencias. El niño apenas se interesa por los textos de los libros. Lo entiendo. Felizmente, me recompensa comprobar que muestra gran curiosidad por miles de cosas, la ciencia o la política. Está interesantísimo con programas de la mente humana y los inventos. Los ve en la televisión con un extraordinario interés, los comenta y después, cuando he tenido ocasión de evidenciar, al hacer comentarios, hasta qué punto ha aprendido con todo aquello que le ha interesado.

La curiosidad es sin duda un dinamizador de la educación. Un motor para la formación de innovadores sociales.

¿Por qué no dejar a los alumnos que estudian lo que verdaderamente les interesa, y del modo que les interese? El currículum es mucho más abierto en otros países.

Ya sé que ha habido en el mundo diversos experimentos pedagógicos en esa línea, pero pareciera que ahora lo hubiéramos olvidado. Sin ir más lejos, y en mi misma familia, mis hijos fueron a una cooperativa de enseñanza: la COIS, con su colegio el Siglo XXI, que no utilizaba libros. Tampoco Eduardo, mi marido estudió con libros. En el colegio Estudio, los herederos de la Institución Libre de Enseñanza, se trabajaba con apuntes de las clases, fichas y referencias a libros, revistas y periódicos.

Parece como si hubiera un paso atrás en esto también. Como sea, pareciera que no fuéramos capaces, desde sectores progresistas, de diseñar alternativas a la educación o que, más recientemente, se cercena cualquier posibilidad de hacerlo, no vaya a ser que lo consiguiéramos.

Los sentimientos: ¿los enseñamos? ¿Enseñamos a vivir con ellos?

Quizás, el que se preste tan poca importancia al fomento de la curiosidad en la enseñanza tradicional tenga que ver con lo que se pretende enseñar a los alumnos, y lo que finalmente se les transmite son siempre conocimientos objetivos, del mundo externo, y que no se pretende ligar a su propia vida y a su propio yo.

Me explico. Hacemos aprender a los niños gramática, matemáticas, idiomas, geografía, sociales…. y otras muchas materias pero ¿Les enseñamos algo al menos de lo que les convendría saber sobre ellos mismos?, ¿les enseñamos quién y cómo son? ¿Les enseñamos cómo controlar su propio yo? ¿Les enseñamos a conocer e identificar sus propios sentimientos?

Nadie discute hoy día la enorme importancia de lo que ya identificamos como la inteligencia emocional, pero sin embargo parece que no nos atrevemos a enseñar en la escuela las emociones y los sentimientos humanos.

Todos somos conscientes de la trascendencia que tienen para cada uno de nosotros nuestras estructuras sentimentales, pero no nos atrevemos a tocar este tema en la escuela. Pretendemos conseguir en los niños comportamientos y actitudes que nos parecen son las debidas y sin embargo les hacemos absolutamente analfabetos de todos sus resortes sentimentales. He repasado los contenidos curriculares que conforman la enseña impartida desde el año 2006 y no encuentro ninguno que se refiera al desarrollo de la educación emocional. Menos aun los encuentro en la nueva ley del año 2009. En la ley de 2006 todavía he encontrado en algunos de los textos que desarrollan la educación de la ciudadanía, algo que podía tener que ver con la educación emocional. En esta nueva ley no veo ni un mero indicio y no deja de sorprenderme que interese tan poco toda la enorme potencialidad de la educación sentimental, mientras que se prescriben nuevas asignaturas curriculares como la introducción a la empresa. Rafael Bisquerra del CEDIDE dice que, entre otros, son objetivos de la educación emocional adquirir un conocimiento de las propias emociones y de las de los demás, desarrollar habilidad para regular las propias emociones, prever los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidad para generar emociones positivas. Me parece un enfoque interesante. Pero en todo caso hay que interesar a los niños en identificar el amor, la amistad, la envidia, los celos, la ira, la competitividad, la inseguridad, el egoísmo y la agresividad. Hay que enseñarles a disfrutar y gobernar las emociones. ¿Por qué no enseñarles desde chiquitos a llevar su propio diario? Acostumbrarles a conocerse y a explicarse. Diarios individuales y colectivos (los de la clase) donde su yo cobre sentido en sí mismo y en los otros.

La información que fluye en los tribunales: la agresividad y el analfabetismo emocional.

El tribunal es como una atalaya desde la que se puede vislumbrar cómo transcurre la vida social. Quienes pasamos por los tribunales, y estamos interesados en analizar lo que vemos, contamos con una fuente inagotable de experiencias para ello. Siempre me ha sorprendido, por el contrario, el poco interés que despierta en las instituciones el enorme caudal de información que procesan los tribunales. Siendo más precisa, el enorme caudal que fluye por los juzgados y tribunales sin que nadie, precisamente, lo procese, desde una perspectiva sociológica y/o de psicología social.

Téngase en cuenta que, con los errores que puedan cometerse, que algunos serán, pero creo que muy pocos en términos estadísticos, la descripción de los hechos (los hechos «probados») que se recoge en las sentencias, precisamente como base y soporte argumental de estas, constituye un impresionante «historial» social, enormemente desaprovechado, cuando no ignorado.

Por eso, y una vez que me jubilé, acometí, en compañía de mi querida amiga María José, un pequeño estudio. No fue fácil conseguirlo, pero se nos permitió hacerlo. Se refiere a analizar las sentencias que habíamos dictado en un año, el 2010, en los distintos tribunales de la Audiencia Provincial de Madrid, en casos de homicidio. Nos interesaba sobre todo analizar los hechos probados, en donde con mejor o peor fortuna se describiesen los hechos que habían desembocado en los homicidios.

Siempre me ha impactado constatar desde el tribunal lo vulnerable que es la vida humana y el drama horroroso que se produce cuando una persona mata a otra. Los seres humanos somos extraordinariamente vulnerables. Quizás quien no está acostumbrado a convivir diariamente con homicidios y asesinatos no es consciente de hasta qué punto es fácil matar a una persona, sin ni tan siquiera utilizar arma alguna. En el tribunal me he encontrado muchas veces con muertes producidas exclusivamente a golpes.

Matar a alguien es sin duda la suprema injusticia. El mayor acto injusto que puede realizar cualquier persona. No tenemos nada que soporte nuestro yo, que no sea nuestra propia vida.

Por eso me interesaba tanto analizar el fenómeno desde un punto de vista general, y no solo a partir de las experiencias que se me planteaban en cada caso concreto, en el que tuve que juzgar un homicidio o un asesinato.

El resultado del estudio, publicado en la revista de Jueces para la Democracia con el título de «Quiénes y por qué matan en Madrid», acaba concluyendo que fundamentalmente se mata por ataques de ira incontrolados.

En todos los años que una persona pasa en la escuela seguramente nadie le he hablado de lo que es la ira y de cómo si no es capaz de gobernarla puede llegar a convertirse, para su sorpresa, en un homicida o en un asesino.

El escritor irlandés Kevin Power noveló un suceso real en su magnífico libro Un mal día[7]. Una calurosa noche de verano, una estúpida pelea entre estudiantes de los mejores colegios de Dublín a las puertas de una discoteca termina con un joven muerto a patadas, y lo que iba a ser una noche de fiesta acaba en tragedia.

Cuando en 2008 leí la novela no podía dejar de identificar ese suceso con otros similares que he vivido en el tribunal. Esas cosas pasan y por eso es importante incorporar en los procesos de educación una reflexión en profundidad sobre las terribles consecuencias a las que nos puede llevar el descontrol de la ira y su subsiguiente explosión de agresividad.

6. LA INEVITABLE DIFICULTAD DE LOS CAMBIOS

Cambiar mentalidades, lo más difícil. La gestión del cambio

Cambiar es siempre difícil. Cambiar las actitudes de cualquiera y respecto a cualquier cosa, sea lo que sea y aunque a veces sea una nimiedad, es difícil. No se nos prepara para el cambio. No se nos educa para el cambio. Probablemente hayamos vivido una segunda mitad del siglo XX con un nivel tan extraordinario de avances científicos y sociales que haya desestabilizado la educación tradicional, que sigue siendo la base formativa de la sociedad. Los cambios sociales dan miedo y quizás a los educadores más que a nadie.

Curiosamente, en estos momentos se han generalizado nuevas disciplinas relacionadas con la sociología o la psicología que enseñan entre otras cosas la gestión del cambio. La gestión del cambio forma parte, ahora, de infinidad de programas de muchos de los cursos de máster que ofrecen tantas escuelas, tanto de Derecho, Economía, y sobre todo, de Administración Pública o de Negocios. Todos ellos relacionados con la gestión en los nuevos tiempos.

En los cursos que abordan ese tipo de habilidades o conocimientos se suele utilizar un ejemplo que resulta interesante. La persona que dirige el curso pide, sin previo aviso, que los alumnos nos cambiemos el reloj de la mano en la que lo llevamos.

Nuestra primera reacción es de incomodidad. Estamos acostumbrados a llevarlo en la muñeca izquierda, o en la derecha, y nos molesta tener que cambiar. Nos resulta extraño buscarlo en la otra mano. Es la naturaleza humana.

Las rutinas: el mayor hándicap

Las rutinas son una secuencia de acciones que llevamos a cabo mediante lo que podemos definir como el piloto automático en nuestro centro de pantalla, que nos ahorran esfuerzos de pensar. Si las tratamos de sustituir por una forma diferente de actuar, nos vemos obligados a dedicar mucha más atención que la que dedicábamos antes. Estamos obligados a repensar la secuencia.

Las rutinas encierran sin duda ventajas. A su vez son también peligrosas, puesto que, al permitirnos actuar de una manera mecánica, obviamos la necesidad de reflexionar sobre lo que hacemos. No hace falta, y entonces no nos preguntamos ni el porqué ni el para qué de lo que hacemos, ni en menor medida sobre las consecuencias que tienen nuestros actos.

Rutinas y protocolos

Las rutinas además generan protocolos sociales que restan individualidad. Los protocolos sociales pueden resultar también útiles a veces, cuando nos ayudan a relacionarlos con los demás, pero también son igualmente peligrosos cuando su rigidez nos aleja de muchos o nos llevan a sentirnos torpes cuando somos conscientes de que actuamos sin protocolo.

No sé si somos conscientes de hasta qué punto la cultura, las culturas de cada grupo social, han establecido los protocolos sociales y cómo estos determinan nuestras vidas. En cierto sentido nos facilitan la vida, pero a su vez también nos la despersonalizan y constriñen.

Esto se ve claro en temas tan esenciales en nuestra vida como es la muerte. Cuando nos toca de cerca nos encontramos con un camino preparado para expresar nuestra solidaridad con quienes han perdido a sus familiares. Aquí, en la gran ciudad, hay un protocolo del duelo, ir al tanatorio, abrazar a los familiares y acudir después al funeral o a los incipientes actos civiles de duelo, que afortunadamente la cultura laica va consiguiendo implantar frente a la omnipresente tradición religiosa. Ese protocolo nos hace actuar como se espera de nosotros. Ni más ni menos. De forma parecida ocurre con los reveses de salud, sean más o menos graves. Si a alguien le operan de algo, aunque la operación sea de poca importancia, los amigos, los compañeros de trabajo, enseguida le envían flores al hospital. Por supuesto, no nos paramos a pensar por qué diablos les mandamos flores. Se las mandamos y punto. Si lo pensamos, la verdad es que no tiene demasiado sentido llevar flores a los hospitales y mucho menos plantas. Claro, supongo que el origen de esta práctica responde al intento de hacer la habitación del enfermo lo más agradable posible. Está bien pensado. No obstante, sucede que para que las flores cortadas o las plantas estén bonitas es necesario cuidarlas desde un primer momento y ni el enfermo, ni el entorno de los que le cuidan, son los idóneos para cargarse con esa tarea adicional e inesperada. Siempre me ha impresionado la cantidad de plantas que se tiran en los hospitales. Otras muchas veces he pensado que me encantaría aprovecharlas, recogerlas y salvarlas (¿Una empresa de flores de segunda mano? No estaría mal, ¿no?)

Imprevistos sin protocolo: ¿qué hacemos, qué decimos?

Pero, ¿qué sucede cuando alguien sufre una desgracia que no solo no está prevista, sino que, por felizmente inusual, no tiene acuñado su propio protocolo social?

Recuerdo, hace ya muchos años, que a una joven muy querida mía la violaron. Todos los que la queríamos estábamos consternados, pero a su vez la falta misma de protocolo social, ante un sufrimiento de esas características, nos dificultaba actuar y quizás entorpecía la solidaridad y el cariño que la queríamos transmitir.

Hace dos veranos me encontré con una amiga del colegio a la que hacía más de 40 años que no veía. Era una de aquellas con las que nos preguntábamos, como ya he contado, sobre la contradicción entre filosofía y religión. Recordamos cosas de cuando éramos niñas y, entre ellas, salieron las preguntas que nos hacíamos sobre el porqué de tantos protocolos clasistas. Me contó que en aquel momento (los años 50 en España) le planteó a su madre por qué razón las personas que trabajaban en la casa como sirvientas no comían en la mesa con todos ellos. No me acuerdo exactamente lo que me dijo que le había contestado su madre. Fue una de las respuestas habituales que justificaban un protocolo social clasista: «Las muchachas comen más cómodas si comen solas, perderíamos intimidad si compartiéramos la comida con ellas». Paradójicamente, en muchas de esas familias de la burguesía, las «muchachas» tenían más trato con los niños que los propios padres.

Romper moldes

Un día, en el Tribunal, uno de los testigos que estaba contestando las preguntas que le hacíamos, me sorprendió: «¿Le puedo preguntar algo yo a usted?», me dijo.» Si, contesté, hágame la pregunta».

Me salió sin pensar. En el fondo, sería lo lógico. No obstante, la respuesta habitual, que le hubieran dado la mayoría de los presidentes de Tribunal, hubiera sido la de «nosotros somos los que hacemos las preguntas, limítese usted a contestar». Respuestas propias de lo que la autoridad entiende como su función, y que forman parte de los protocolos sociales habituales, de relación entre la ciudadanía y la autoridad.

Cuando diriges un juicio, tienes poco tiempo para pensar. El acto del juicio es muy dinámico. Me alegré de mi respuesta. La testigo, de nacionalidad rumana, era una de las víctimas del delito que se juzgaba (tráfico y trata de personas) y lo que aquella muchacha quería preguntarme tenía que ver con la confusión que le creaba el interrogatorio cruzado y las propias preguntas que hacía el Tribunal.

Si los cambios personales son complejos, los cambios sociales, en cuanto significan modificación de las actitudes de muchos, son naturalmente extraordinariamente difíciles largos y complejos. Por supuesto que los cambios sociales tienen que ver también con los cambios individuales. En muchas ocasiones, un cambio individual de alguien que se niega a seguir la corriente habitual, es el que, precisamente, desencadena cambios de consecuencias sociales e históricas. Pensemos la enorme trascendencia que tuvo aquella mujer afroamericana –Rosa Parker– que en los años sesenta del siglo pasado decidió no levantarse del asiento reservado a los blancos en un autobús en Estados Unidos. De ahí que lo individual, el cambio individual, la no aceptación de la actitud de todos, puedan tener tanta trascendencia.

La curva del cambio: indiferencia, rechazo, aceptación

Hace ya años conocí a un técnico de gestión empresarial, Eugenio Ibarzabal, quien me explicó la sociología de los procesos de cambio. Quien decide cambiar algo, Manuela, me decía, debe conocer cuál es la «curva del cambio». Con rapidez, me dibujó en un papel la curva del cambio, con sus tres hitos clave: indiferencia, rechazo y posterior aceptación.

El que pretende cambiar ve quizás con sorpresa un primer momento de solitario ninguneo. Planteas algo nuevo y normalmente nadie te dice nada. Es una sensación rara, como si no te oyeran. Lo nuevo inicialmente desconcierta. La mayor parte de la gente no sabe bien qué decir cuando oye algo por primera vez. La mayor parte de las veces no puede de hecho emitir juicio alguno. Simplemente, detectan que se trata de algo nuevo e inesperado, que no está registrado en su propio ordenador personal y callan. El innovador solo percibe indiferencia.

Más tarde, seguía Eugenio, la innovación empieza a molestar, porque en cierta medida amenaza con desestabilizar las propias convicciones y/o intereses. Amenaza con romper el statu quo. Puede llegar a generar una gran oposición. La sociedad tiene una gran resistencia al cambio, se resiste a lo nuevo y a veces se enfrenta a este con una virulencia sorprendente. No sé si esa resistencia social es solo la suma de los rechazos individuales o hay algo más pero, sea como sea, ahí está.

Pero finalmente, si la innovación ha sido aceptada, por los jefes, por la autoridad de algún tipo, todo el mundo termina aplaudiéndola. Si en el camino no ha sido derrotada suele venir la aceptación y, ¡sorpresa!, quienes al inicio se resistieron como gatos panza arriba a lo nuevo, de pronto, no solo lo aceptan con ardor sino que parece que fueron ellos a quien se les ocurrió la innovación. Hay muchos ejemplos de estos procesos de cambio de todo tipo, tecnológico, científico o social.

Resulta curioso cómo se vivió la introducción de la electricidad en España. Lo cuenta maravillosamente bien C. Arconada en su novela La turbina[8]. Explica cómo se burlaron de la primera bombilla que se instaló. Los conservadores cacareaban la indiscutible superioridad de los candelabros de cera y las lámparas de gas.

Lo mismo pasa con los cambios sociales. Fue un paso de gigante el conseguido hace pocos años en España, uno de los países pioneros en hacerlo, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Conviene ver esa evolución del cambio. Hasta 1978, el simple hecho de ser homosexual se castigaba con internamientos en prisión en aplicación de la aberrante Ley de Vagos y Maleantes.

Ahora puede parecer casi un chiste, pero durante mucho tiempo, mi generación tuvo que escuchar, una y otra vez, que la democracia nunca podría establecerse en España por el carácter (demasiado) apasionado de los españoles. Esa tontería se repetía por unos y otros, por parte de algunos de los que curiosamente luego alardeaban incluso de haber sido luchadores por la libertad.

Al final se consiguió la democracia. Aunque haya que perfeccionarla, y quizás ahora ello se sienta en mayor medida, no podemos olvidar el gran triunfo que significó conseguirla. En menor medida podemos olvidar la cantidad de personas que sufrieron de forma brutal solo por defenderla, por oponerse a la dictadura de quienes se habían alzado contra la legítima República Española en el año 1936.

En todo caso, la constatación de que tantas veces la respuesta colectiva tras el cambio pueda terminar siendo positiva, no puede desvincularse de la terrible resistencia a los cambios sociales que han hecho, y siguen haciendo, las minorías privilegiadas, para impedir el desarrollo de las grandes mayorías.

Los cambios son difíciles y quienes se niegan a renunciar a sus descarados privilegios, si el marco social y político se lo permite, son capaces de cometer atrocidades sin límite para defenderlos y aumentarlos. Pese a los avances sociales, hacen que el mundo siga siendo injusto y desigual. De ahí que sea tan importante formar, preparar a los ciudadanos para el cambio. Para mejorar el mundo.

Resulta incomprensible que en este momento haya un 1% de toda la población mundial que posee el 43% de toda la riqueza ¿Por qué las grandes mayorías aceptan políticas, que les formulan sus elitistas gobiernos, que solamente interesan de hecho a las minorías poderosas? Resulta difícil responder a ello en este inicio del siglo XXI, cuando por ejemplo se manifiesta un movimiento tan retrogrado y despótico en su planteamiento ante los débiles como el Tea Party estadounidense.

Thomas Frank, en su libro ¿Qué pasa con Kansas?[9]intenta contestar a esa cuestión, al menos a describir uno de los fenómenos puntuales, en este caso en un Estado estadounidense, de completa transformación de su perfil electoral. El libro analiza cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos. Kansas era, y sigue siendo, uno de los Estados más pobres de Estados Unidos. Fue entonces un Estado que votaba demócrata a mediados del siglo pasado. Ahora vota republicano. Analiza cómo es posible que al Partido Republicano, que mantiene programas que solo benefician a las grandes fortunas, lo apoyen sectores populares con niveles económicos bajos. Es porque estos sectores se sienten despreciados por las élites intelectuales demócratas y en revancha, que podríamos llamar visceral, se echan en brazos del Partido Republicano.

Es difícil saber con precisión por qué sucede este fenómeno, tan aparentemente contrario a la naturaleza humana. Probablemente se nos ha hecho sentirnos muy impotentes, sin capacidad de modificar el curso de nuestras vidas. Demasiado dependientes de los poderosos, y no solo directamente de ellos, que también, sino de sus ideas, autoinfligiéndonos sentimiento de culpa: no hemos hecho suficiente para llegar a ser como ellos, sin tener en cuenta que todos, ni siquiera muchos, nunca podríamos hacerlo. Por definición, los poderosos son pocos, sean del tipo que sean, políticos, banqueros o incluso simplemente ideólogos. Se nos ha hecho perder confianza en nosotros mismos, cuando por el contrario se nos intenta transmitir que todo depende de nosotros. Si no lo logramos es nuestra culpa. Nuevas generaciones preparadas en el cambio social quizás puedan ayudar a disminuir la desigualdad y la injusticia que aún vivimos. En la situación del mundo hoy, esto tiene que ser una reflexión a largo plazo sobre la base de la mejora, en términos generales, hacia la que la humanidad camina.

Dinamitando los tópicos: discutir de sexo

Uno de los efectos más saludables de las actitudes innovadoras es que pueden dinamitar los tópicos. Los tópicos son ese conjunto de opiniones que, sin saber muy bien por qué, se incorporan al discurso social, a través sobre todo de los medios de comunicación. Circulan sin parar, ganan peso y volumen, y acaban por impedir el análisis real de hechos y circunstancias concretas.

En el mundo judicial hay un tópico que se repite constantemente; los juicios sobre delitos sexuales son «feos». Entre colegas, cuando nos encontramos en el ascensor o en los pasillos, antes de distribuirnos cada uno entre las respectivas salas de juicio, comentemos los diferentes casos que nos esperan. Los jueces vivimos hoy abrumados de trabajo, por lo menos, en Madrid, y en la Audiencia Provincial, mi último destino.

Conversaciones como estas son habituales: cualquier compañero, al tropezarse con un colega una mañana cualquiera, le dirá algo así: «Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal vas?» El interlocutor contestará más o menos de esta forma: «Estoy que no puedo más, pero, ¿tú sabes a la hora salimos ayer de la Audiencia? No te lo creerás, pero cuando acabamos el último juicio eran casi las diez de la noche; por cierto ¿Qué tienes hoy?».

El colega, casi con seguridad, contestará: tengo «un barajas». Llamamos así al tipo de juicio más frecuente en la Audiencia Provincial de Madrid. Los «barajas» son aquellos juicios contra las personas, normalmente denominadas «mulas», que llegan al aeropuerto de Barajas trayendo cocaína. Como las penas que los fiscales piden por estos delitos son muy fuertes, su enjuiciamiento corresponde directamente a la Audiencia Provincial que se dedica en más de un 70% a este tipo de procesos.

Pero también puede ocurrir que cualquiera de los interlocutores, poniendo una expresión de fastidio, diga que tiene un juicio «feo», y esto suele significar que el juicio en cuestión es de algún delito sexual.

Siempre me sorprendió que se pudiera considerar que los delitos sexuales eran por sí mismos feos. El delito en sí mismo no es ni feo ni guapo. Los delitos, en la medida que lo son y suponen daño de una persona hacia otra, son casi siempre dramáticos. Y también en muchas ocasiones duros, muy duros, ante la crueldad que evidencian las conductas de los acusados, a las que antes nos hemos referido cuando hemos hablado de la carencia de empatía. No obstante, el calificativo de «feo», no es más que una ñoñería. Tiene más que ver con una cierta mojigatería social que con otra cosa. Rehuimos los debates sobre los comportamientos sexuales y nos sentimos incómodos, y azarados quizás, cuando en el ejercicio de nuestra función debemos indagar precisamente sobre los comportamientos humanos sexuales.

En mi opinión, todo lo relacionado con el sexo es extraordinariamente interesante. Quizás porque, precisamente, trata de comportamientos esenciales en el ser humano, que sin embargo están escondidos.

Los jueces, cuando enjuiciamos conductas sexuales que pueden constituir delito, nos vemos obligados a analizar los comportamientos de los implicados en los sucesos que juzgamos. Y lo hacemos, inevitablemente, a partir de nuestras propias convicciones.

En una ocasión, formábamos «sala» con un compañero ocasional. La sala en la actualidad la componen cuatro magistrados. Uno de ellos es el presidente. Para juzgar solamente hacen falta tres magistrados. Como el trabajo es tan abrumador hay veces que es necesario formar dos salas de forma simultánea y en ese, como en otros casos, se necesita que acudan magistrados distintos o compañeros de otras jurisdicciones o de otras salas, destinados ocasionalmente para hacer suplencias.

En aquel caso, compartíamos sala con un magistrado muy conservador. Después de haber concluido el juicio, y ya en el momento de la deliberación, tratábamos de esclarecer entre todos lo que había pasado. Debatíamos sobre la veracidad de la declaración de la víctima. Salió el tema de si era habitual o no que las mujeres durmieran con las bragas puestas. Nuestro compañero estaba escandalizado de que precisamente yo y la otra magistrada sostuviéramos que era habitual dormir con el pijama o el camisón, pero sin bragas. Nos decía que eso le parecía una porquería y que, desde luego, tanto él como su mujer dormían con ropa interior. Cuando estábamos en estas, apareció el otro compañero de nuestra sala y, todo divertido al ver en donde había encallado la deliberación, nos dijo: «Pero bueno, ¡qué decís! Yo desde luego duermo en bolas».

Cuestiono sin lugar a dudas que los juicios sobre delitos sexuales sean «feos». Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, como sucedió en ese caso, se nos obliga en cierta medida a poner encima de la mesa nuestras convicciones, y hasta nuestras costumbres más íntimas.

En nuestras sociedades se ha gestado un tópico generalizado. Los violadores son auténticos monstruos. El acuñado tópico dificulta no solo el enjuiciamiento de estos procesos sino sobre todo la aplicación de las necesarias políticas preventivas y represivas de este tipo de conductas.

La verdad es que la sociedad acostumbra a tildar de monstruos a las personas que cometen delitos terribles. Supongo que estas calificaciones (que se convierten en tópicos) exteriorizan, en cierta medida, la necesidad que tiene el ser humano de simplificar y de distanciarse de actitudes que no entiende..

Ya he comentado antes que en ocasiones he conocido a personas en las que no he visto el menor rastro de compasión ni de empatía con los demás. Sin embargo, en infinidad de ocasiones también he visto desde el Tribunal a personas que han cometido delitos extraordinariamente crueles, que han hecho sufrir muchísimo a víctimas inocentes pero que difícilmente pueden ser tildadas de monstruos. Son personas que han sido capaces de hacer actos terribles, a veces extraordinariamente malvados y crueles, pero que sin embargo pueden también ser capaces de hacer actos bondadosos. El que hombres y mujeres sean, a la vez, capaces de hacer actos de un tipo u otro, es quizás una de las incógnitas sin resolver del concepto mismo de la humanidad.

Tuvimos hace unos años un juicio sobre una violación que resultó de gran interés para analizar cómo los tópicos pueden llegar a condicionar las actitudes de los propios acusados y sus familias.

El acusado, al que nuestro Tribunal terminó condenando como autor de un delito de violación, era un muchacho muy joven. Era guapo y atractivo. Trabajaba en una mensajería. Tenía en ese momento un buen trabajo, por el que cobraba un buen sueldo, tenía coche y una novia muy guapa. Su familia era una familia de clase media, que le adoraba. El acusado, digamos José, negó rotundamente ser el autor de los hechos. Sin embargo los testigos de cargo fueron contundentes. Muy especialmente la víctima. Esta, de casi 50 años, era funcionaria. Licenciada en ciencias, culta, elegante y también atractiva. Nos detalló con precisión el hondo sufrimiento que le significó el abuso que de ella había hecho el muchacho. Explicó correcta y minuciosamente su versión de los hechos, que encajaba como un puzle perfecto en las pruebas técnicas que se realizaron. Ella misma en un momento de su declaración, expresando su dolor y perplejidad ante el acoso de preguntas que le dirigía el abogado de la defensa nos dijo: «¿Cómo voy a mentir?, si podría ser su madre». La coartada de José se cayó como una cáscara de nuez. Los testigos le habían visto entrar en el edificio en el que se había producido el delito, habían visto su vehículo aparcado, y le habían visto después salir huyendo. José alegaba que a esa hora, ese día, estaba en el médico. Nada de eso se confirmó.

Mientras el juicio se desarrollaba, yo observaba con inmenso interés el comportamiento de la novia y la madre de José. Era evidente que le adoraban y que, tal como nos dijeron en sus declaraciones durante el juicio, José, el acusado, era un muchacho «perfecto». No parecía que hubiera duda de que ellas así lo pensaban.

Cuando acabó el juicio le comenté mis impresiones a Carmen, magistrada muy amiga mía con la que formaba Sala. Le dije a Carmen el drama que seguramente José vivía por no poder liberarse y reconocer los hechos, a pesar de las pruebas tan rotundas que había en su contra. Probablemente, él podría haber reconocido los hechos si la familia hubiera sido capaz de aceptarle, a pesar de saber lo que había hecho. Pero eso resultaba impensable.

Para la familia, un violador era un monstruo, por lo que su hijo no podía haber violado a aquella señora. Nunca hablamos con la familia después de la condena. Seguramente, el abogado les explicaría el error que habíamos cometido, el Tribunal, al condenar a su hijo.

Seguramente también recurrirían al Tribunal Supremo y quizás también al Tribunal Constitucional. Se gastarían el dinero intentando explicar lo inexplicable. Las pruebas eran verdaderamente abrumadoras. Pero, para la familia, la opción menos dañina consistía, intentando no tener dudas, en declinar la responsabilidad en los tribunales: teníamos que ser los equivocados. No era posible aceptar que en esto, como en tantas otras cosas, son los matices contradictorios los que tantas veces definen lo que somos. Pero esto no es posible.

No estamos preparados, ni unos ni otros, para aceptar que los delitos, los delitos graves y crueles, los que hacen sufrir de una manera tan terrible a otros, los pueden cometer personas que no son esencialmente malvados. Lo que ocurre, desgraciadamente, es que, en un día y en un momento concreto, fueron capaces, sí, aunque parezca que no, de realizar un acto tan cruel y con un desprecio tan brutal para la víctima.

Es curioso pero es así. Resulta de hecho mucho más admisible socialmente el que una persona, en un momento de ira, pueda golpear a otra y matarla. Por supuesto que la sociedad reprocha esa conducta violenta. No lo asocia a la perversidad, lo que sí hace sin embargo con los violadores.

Los actos de agresión sexual penados en los códigos penales deberían ser objeto de constante estudio. Para hacer eso, que es muy conveniente, habría que romper estereotipos y claro, superar tópicos.

II

EL CAMBIO Y LA POLÍTICA

1. SIEMPRE EN «POLÍTICA»

A pesar de mi atracción por cambiar la realidad social, por lo que me gusta definirme como «transformadora social», nunca he trabajado –a lo mejor no por casualidad– en lo que se conoce por la política como tal en democracia, es decir, la acción que realizan los cargos públicos, concejales, congresistas, senadores, los ministros u otros altos cargos de las administraciones, y naturalmente, los dirigentes y cuadros de los partidos políticos.

Eso no quiere decir que no tuviera un perfil político que, por el contrario, muy pronto apareció en la universidad. Cierto que en una universidad muy distinta, la del ya tardofranquismo de los años 60. Para muchos, aunque no tantos como años después alardean de ello, la universidad fue un medio de activismo político. Un medio en el que tantos de nosotros descubrimos, y empezamos a ejercer nuestra vocación política, con nuestra incipiente capacidad de liderazgo, que podía ser contrastada en uno de los pocos medios, sino el único dentro del contexto franquista, en que se producían elecciones.

Los universitarios éramos considerados la elite social a los que se les permitía elegir sus líderes, dentro de la estructura, supuestamente dirigida, del SEU. Muy pronto, este empezó a ser un medio tan atractivo para nosotros, estudiantes opositores, como peligroso para el Régimen, de aprendizaje de la democracia y de contraste de liderazgos.

Hacer política responde en último término a la preocupación o el interés por los demás y con lo público. En mi caso, y el de otros muchos, todo empezó en la universidad del franquismo.

Allá por los años 60, me integré en la Federación de Estudiantes Demócratas de España, la FUDE, organización ilegal en la que tenía un claro liderazgo el Partido Comunista.

Desde FUDE, pasé después a formar parte de la organización universitaria del Partido Comunista. Es decir, de «el Partido», como se decía tanto entonces, ante la aparente ausencia de otros.

El PC, como se le reconocía por sus siglas hasta que irrumpieron años más tarde las iniciales, mucho más divulgadas y acuñadas, del Personal Computer, llegó a ser algo muy especial; una verdadera institución e incluso un cierto mito. Me costó mucho dar el paso y aceptar mi integración. Me distanciaba su estética formal que me resultaba un tanto marcial, pero los compañeros que en la universidad pertenecían al Partido Comunista eran, en general, los mejores de los mejores. Eran inteligentes, solidarios, entregados día a día a que se restableciera la democracia en España y a que hubiera justicia social. Más allá de las asociaciones o grupos vinculados a la Iglesia, con los que se trabajaba codo con codo, no aparecía nadie, ni nada, que atrajese a los jóvenes ansiosos de libertad que además nos habíamos distanciado de la religión. Sentía la obligación de estar con ellos, de sumarme a sus esfuerzos por conseguir el fin del franquismo y una sociedad más justa. En aquellos años, por lo menos yo lo veía así, muchos de nosotros éramos mucho más antifranquistas de izquierdas que comunistas. No hablábamos de la revolución comunista sino de cómo conseguir la democracia y sobre todo de los derechos de la clase obrera.

Mi militancia partidista, 20 años después y alcanzada la democracia, ya no resultaba «necesaria»

Cuando se aprobó la Constitución en 1978, me sentí, en parte liberada de aquel compromiso que me había hecho ingresar en la universidad en el Partido Comunista. Jamás dije soy comunista. Sí decía, con convicción y seguridad, pertenezco al Partido Comunista. Estaba orgullosa de pertenecer al Partido, pero no podía soportar esa identidad global, absoluta, con la que, dentro del Partido, tantos se definían. Consideraba entonces, y sigo considerando ahora, en retrospectiva, que el PC fue el motor del proceso de la transformación democrática en España, pero mi vida personal, mi conciencia, todo mi yo, se desligaba de una moral confesional, de una estética y una liturgia que me incomodaba (por ejemplo eso de llamarse entre unos y otros camaradas) y que la vivía como una actitud confesional de quienes se identificaban absolutamente con el Partido.

Así acepté de buen grado la obligación que la judicatura me imponía, de no pertenecer a ningún partido. Me permitió, sin problema ni conflicto con nadie, dejar de ser «una militante comunista».

Tengo que reconocer que nunca me convenció el marxismo. Hace unos días mi hermana Ana me dio unos escritos míos, que aparecieron en su casa, de mis primeros años de universidad. En ellos, yo sola, conmigo misma, sin discutirlo con nadie, dejaba claro las dudas que me suscitaba el marxismo. Me convencía en algunas cosas, en otras no. Pero no me apetecía discutirlo con los que pensaban diferente. Les apreciaba sí, y a algunos les quería. Pero, sobre todo, me parecía que todo eso era intrascendente. Lo importante era lo que vivíamos todos los días, la falta de libertad en todo, las prohibiciones constantes, actividades suspendidas, libros, revistas, películas, obras de teatro…, todo censurado, compañeros detenidos, personas presas torturadas, exiladas. Y además: pobreza, analfabetismo, brutal desigualdad. Había que trabajar juntos para acabar con todo ello.

No me veía en un cargo administrativo-político

Cuando el Partido Socialista ganó las primeras elecciones en el 82, Pepe Barrionuevo me llamó. Le conocía y valoraba mucho por haber sido uno de los inspectores de trabajo que más había luchado durante el franquismo para conseguir que se cumplieran las medidas de seguridad en las obras de la construcción. Me llamaba para proponerme ser secretaria general técnica del Ministerio del Interior. Le dije que no, y no porque no me alegrara del triunfo del Partido Socialista, que me alegró muchísimo, sino porque, como le dije, me había hecho juez porque me interesaba mucho esa profesión. Llevaba poco más de un año en el ejercicio de la judicatura y no me atraía nada dejarlo para ser secretaria general de nada.

No sé qué hubiera pasado si me hubieran propuesto un ministerio. A lo mejor hubiera dicho que sí. La idea de desempeñar un cargo técnico-político, y nada menos que en el Ministerio de Interior, no me suscitaba ningún interés.

Tenía yo amistad con mi compañero y amigo Juan Alberto Belloch, Le comenté lo ocurrido. Se quedó escandalizado: «Pero, ¿cómo se te ocurre decir que no a una oportunidad política de ese tipo». Se lo expliqué y quizás a él con aun más detalle con el que se lo había explicado a Pepe Barrionuevo. Juan Alberto, le dije, «todo lo que veo y vivo en el juzgado me resulta apasionante. No, no me veo en un cargo técnico y burocrático». «Si me lo hubieran propuesto a mí –me contestó de inmediato– lo habría aceptado sin dudarlo». Y añadió: «Sabes, mi ilusión es llegar a ser un día ministro del Interior». Aun faltaban unos años, pero lo consiguió. Fuimos muy amigos, pero de perfiles muy distintos.

2. DECANATO: POLÍTICA DE LA BUENA

En 1986 fui elegida, quizás contra todo pronóstico, decana de los Juzgados de Madrid. Como en su día en la Universidad, era una elección entre iguales, de lo que una puede con razón sentirse orgullosa. Mi preocupación por las condiciones en las que se desarrollaban las funciones judiciales, mis intervenciones anteriores, mis propuestas ante la elección…, parece que convencieron a mis compañeros de mis condiciones para gestionar el Decanato, que en el fondo nadie tenía muy claro lo que podría ser, ni lo que se podría hacer desde él.

Todo ello pareciera que se trataba de un cargo «político». Ser decana, sin embargo, no es un cargo político como tal. Es esencialmente una tarea en cierto sentido de representación y sobre todo de gestión en el ámbito profesional. Sin embargo, para mí sí fue, sin duda, una especie de banco de pruebas de lo que yo creo que puede, y debiera ser, la verdadera «buena política».

Un político, es aquel que asume la representación de los intereses de los ciudadanos y determina las líneas de gestión de los intereses públicos, los controla y los evalúa.

Curiosamente, y sin que esa función se tuviera como un cargo político, ser decano en el año 1993 (ahora ha habido cambios sobre el alcance de las competencias de los jueces decanos que las han desvirtuado) tenía mucho de representante de intereses y de gestor de las necesidades de la Justicia. Si a eso le añadimos que en ese momento los juzgados de toda la ciudad de Madrid eran casi doscientos y los funcionarios que dependían directamente del decanato eran más de ocho mil, se comprende que esos escasos cuatro años en los que estuve de juez decana fueran para mí, y para mi forma de entender la política, una verdadera experiencia. En todo caso, me permitieron empezar a reflexionar, con base en la experiencia, sobre cuáles habrían de ser las actitudes y posiciones de los políticos.

3. ENCARAMARSE AL PODER: SENTIMIENTO DE LOS POLÍTICOS

Mi primera reacción ante esa evidencia de tener algún poder, (aunque se tratara de un mero poder de representación y de gestión) fue constatar que había dado un paso y había entrado en una nueva «calificación social», que tiene sus propios parámetros. Es decir, es como notar que has entrado en un grupo algo especial, distinto al de los demás ciudadanos.

Las cosas más pequeñas son indicativas de que has dado un salto hacia algo que te da un estatus que te diferencia de los demás: el gran despacho, el coche, las adulaciones y todo lo demás.

Es cierto que en el caso de los jueces, aun sin tener la mínima responsabilidad política, formamos ya parte, por el mero hecho de ser un simple juez, de un grupo de poder. Poder de quien puede decidir, y mucho, sobre la libertad, la familia, el trabajo, la vivienda y las economías de los demás. También, y como le sucede a la clase política, desde un primer momento nos vemos cercados por los efectos que produce, simplemente, ser un poco más poderoso que los demás ciudadanos. En todo caso, lo primero que es necesario abordar cuando se habla de los políticos, de la clase política, es precisamente cuestionar su propio estatus.

El aislamiento de los políticos

El aislamiento de la clase política es un efecto que se produce como consecuencia de haber entrado en ese colectivo privilegiado de quienes tienen poder. Ni qué decir tiene que es evidente que el poder político es mucho más débil que el poder económico y que los grupos económicos alargan y amplifican su gran poder a través de los medios de comunicación que están a su servicio. Pero, a pesar de la desigualdad real entre el poder político y el poder económico, no podemos desdeñar en absoluto el amplio ámbito del que dispone el poder político.

El poder político tiene una llave que abre rendijas en los otros grandes poderes y algo muy, muy importante, es que al poder político pueden llegar, con una cierta facilidad, ciudadanos que jamás tendrían ninguna posibilidad de acceder al poder económico. Aunque haya algún caso verdaderamente excepcional y aislado –típico del botones que acaba en presidente del banco–, el acceso al poder económico es extraordinariamente difícil. Sin embargo, todos conocemos cómo personas absolutamente mediocres pueden llegar a formar parte de las listas electorales de cualquiera de los partidos manejando bien habilidades conspirativas. (¡Cómo se explica si no los Roldan y tantos otros!). No sé cuál es la razón última por la que las personas que acceden a la clase política tienen una gran necesidad de diferenciarse y aislarse de los demás mortales, de las personas corrientes. Es muy posible que sea inicialmente un proceso involuntario y que se asuma de forma tácita, provocado por la gran fuerza que en nuestra sociedad tienen las propias rutinas y muy especialmente, aunque no nos demos cuenta, las rígidas rutinas sociales. Pero, aunque el inicio del proceso de aislamiento en el que se envuelve la clase política sea casi involuntario, los políticos se acomodan enseguida a ese nuevo medio y lo que inicialmente fue algo casi sin querer, se acaba convirtiendo en una manera muy cómoda de vivir, que permite esquivar todo tipo de críticas sociales y evita la constatación de la gran desigualdad social en la que se sitúa la clase política.

Empleo a sabiendas el término de clase política, no solo porque ya está muy acuñado, sino porque este concepto nos permite definir bien un pequeño colectivo privilegiado que se diferencia, sin duda de los otros colectivos privilegiados, por no ser dueño del control del poder económico, (lo que hoy quizás defina el poder económico no es tanto el ser propietario de bienes –capital– en sí mismo, como estar en posesión del control para lograrlos) y por la naturaleza tan sui generis de su propio poder.

«Los políticos son los ricos»

En la misión que para la Comunidad Europea desempeñé en el Congo en el año 2011 pude comprobar hasta qué punto en países del Tercer Mundo, los ciudadanos identifican a los políticos como los ricos. Un día le pregunté a uno de los chóferes del proyecto sobre quién eran los ricos en la República Popular del Congo. Me respondió con total seguridad: «Aquí los ricos son los políticos».

Es evidente que en sistemas políticos en los que los grandes negocios y las estructuras económicas son de multinacionales los políticos juegan un papel decisivo. Son los que tienen la llave para facilitar el ejercicio de los poderosos en sus países. Es importante subrayar, que en muchas ocasiones, las legislaciones que tienen los países subdesarrollados, tienen una incidencia muy particular.

No es raro encontrar legislaciones especialmente proteccionistas de los derechos nacionales de las grandes riquezas de la naturaleza de esos países; en el Congo, la electricidad, el oro, los diamantes el coltán y todo tipo de recursos naturales que explotan los grandes poderes del mundo. Curiosamente, son los políticos los que a la vez que legislan restricciones para las multinacionales negocian con ellos y les permiten usos abusivos, naturalmente a cambio de importantes beneficios.

Es decir, la clase política en esos países utiliza para su propio beneficio la vulneración de las propias normas que teóricamente ellos mismos han propuesto y elaborado.

Supongo que esto es una característica muy especial del ejercicio de las clases políticas de los países menos desarrollados pero aunque en las sociedades con una democracia real importante los controles internos impiden la clara y desvergonzada fagocitación del poder, el poder político como puro privilegio, es el caldo de cultivo para el enriquecimiento ilegal.

Da qué pensar que muchas de las personas que ingresan en la clase política sean conscientes del poder al que han accedido y les entusiasme hacer ejercicio de los símbolos de ese poder. Así como cuando a alguien le va bien en los negocios disfruta alardeando de su coche nuevo, de su barco o de su chalet, también es fácil observar cómo a los que acceden a la clase política les gusta hacer ostentación de ese diferenciación singular y de los privilegios que la misma les permite (con esos mismos símbolos externos).

4. MI PASO POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Mi única experiencia a algo parecido a desempeñar un cargo político como tal fue la vocalía en el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí lo quería. Estaba convencida, y enormemente ilusionada ante lo mucho que pensaba que podía hacer para mejorar la Justicia, tras mi experiencia de cuatro años como decana para los juzgados de Madrid.

En mis cinco años como vocal del Consejo General del Poder Judicial pude comprobar hasta qué punto las autoridades se envuelven en todo ese conjunto de hábitos sociales que implican o contribuyen a desconectarse de la realidad.

No estoy segura de si hice bien al tomar una actitud tan crítica y tan radical ante todo ese mundo, ante las apariencias y pequeños privilegios, pero no lo pude evitar. No los podía consentir. Me distanció de mis propios compañeros y probablemente dificultó mi trabajo en el Consejo. Otros vocales, a quien admiro y respeto, seguramente lo hicieron mejor que yo. Consintieron las formas y obtuvieron mejores resultado en el fondo.

Pero entonces como ahora pienso que es necesario cuestionar toda esa injustificada puesta en escena de la clase política. Y, dentro de todo el montaje, algo a tener en cuenta y más importante de lo que pueda parecer a primera vista, es la dichosa cuestión del coche oficial. Cuando fui decana tuve a mi disposición un modesto coche oficial. Nunca lo utilicé. Se utilizó para hacer los trabajos del decanato pero no para que me trajeran o llevaran a mí a parte alguna. Lo usaban los funcionarios del decanato que tenían que desplazarse como consecuencia del trabajo.

No lo quise tampoco cuando fui vocal del Consejo General del Poder Judicial. No es fácil, para quien llega a la nueva clase política, saltarse los protocolos sociales. Es más, a aquel que los cuestiona se le mira mal, pues en cierto sentido parece que se quiere diferenciar del grupo, y eso molesta.

Nada más tomar posesión como vocal del Consejo General del Poder Judicial hice saber que no quería tener coche oficial. Me llamaron, inmediatamente, antiguos vocales y la secretaría del propio Consejo. Intentaron ir por el lado que sabían que más me podía afectar. El no querer coche oficial perjudicaba y mucho al chófer que había servido, conduciendo ese coche, a uno de los anteriores vocales, me decían. No cedí. Era una trampa sensible. Era indicativa de la forma en que se administran los privilegios de la clase política. Estos no solo los disfrutan las propias autoridades políticas, sino también todos aquellos que en torno suyo se convierten en alguna manera en los facilitadores de la vida del político, con los que se crean unas fuertes y anormales relaciones. Los conductores del Parque Móvil tienen su trabajo asegurado, independientemente de que conduzcan o no un coche asignado a una autoridad. Los chóferes, al cobrar alguna prima, participan en cierta medida de los privilegios de los políticos a los que conducen. Por eso al rechazar el coche oficial perjudicas a alguien, efectivamente en algo, pero no te puedes dejar influir por algo que, al fin y al cabo, no es otra cosa que la expresión de los privilegios del entorno político aunque este sea en uno de los eslabones que afecta a los más débiles de la estructura vital de los políticos.

Me hacía mucha gracia constatar el diferente nivel de relación que yo tenía con el mundo real y el que tenían mis compañeros, todo el día metidos en el coche oficial. Un día estábamos un grupo de vocales esperando el desarrollo de un acto; uno de mis compañeros me preguntó: «¿Manuela, tú que has salido a la calle, qué tiempo hace hoy?». Ellos iban del garaje de su casa al del Consejo. El coche oficial los preservaba. Ni frío ni calor, ni viento ni sereno. Aislados.

Yo seguía yendo en metro. Tenía línea directa desde casa, y algunas veces, sí por lo que fuera necesitaba el coche, me llevaba el mío. Bueno, de nuevo eso era un problema. No tenía sitio para aparcar mi propio coche. Si lo aparcaba en los sitios destinados a los funcionarios técnicos del Consejo les perjudicaba. En fin, siempre lo mismo, el núcleo duro de los privilegios del poder que se extiende y genera unos círculos concéntricos, ante los que cualquier desequilibrio afecta no solo a la cúspide sino a toda la pirámide doméstica que los apoya.

Otro tanto pasó con una cartera que nos dieron a todos los vocales. Era, supongo que sigue siendo, una cartera enorme, de piel negra con el sello dorado del Consejo. No la quise. Expliqué que pesaba muchísimo y que me resultaba muy incómoda. Bastante pesan ya los papeles judiciales. Prefería utilizar unas muy bonitas bolsas de plástico gris que tenía el Consejo. Para ir y venir en el metro me venían mucho mejor. Mi secretaría, Geles, llena de sentido común, me aconsejó que las diera la vuelta para que no se viera el anagrama del Consejo. Era la época dura en que la ETA había señalado a los jueces como uno de sus objetivos. Esas carteras son sobre todo un signo de poder gratuito que el Consejo copió de los ministros, en ese intento de asemejarse lo más posible al Ejecutivo, poder político de verdad. Me resulta curioso lo masculinos que son todos los signos objetivos del poder. Las mujeres llevamos nuestro bolso y nos es incómodo cargar en la otra mano con una gran y pesada cartera. Claro que si el coche oficial te está esperando en el garaje de tu casa y allí te bajas al pie del ascensor, todo es diferente.

Me gusta señalar instantáneas de la forma de vestir del poder para ver hasta qué punto se puede distinguir la cultura femenina de la cultura masculina. En otro lugar he comentado, hablando también de mi experiencia en el Consejo, de lo que significaba el hecho de poner el aire acondicionado a tope en verano para que los hombres pudieran mantener su chaqueta y corbata protocolarias. Recuerdo haber visto algunas fotografías de la que fue magistrada francesa Eva Joli cuando instruía el caso de corrupción política «Elf». Llevaba todos los papeles en una maletilla con ruedas. También algún medio español ha podido captar imágenes de magistradas que instruían grande sumarios con sus maletillas de ruedas. En la Audiencia Provincial de Madrid la maletilla con ruedas es casi el uniforme.

Otro tanto sucede con los viajes. Aunque ahora la crisis económica ha hecho que desaparezcan los hábitos de los políticos de viajar en primera, en mis tiempos de vocal a todos los vocales les sacaban sus secretarias billetes en primera. Yo iba en turista, con lo que se producía una extraña reacción. Tanto a la salida como al regreso de los vuelos, mis compañeros iban a la sala de autoridades. A mí no me gustaba ir. Las salas de autoridades son además aburridísimas, tristes y oscuras. La única ventaja parece que es que tienes prensa y bebidas gratis. A mí me gustan los aeropuertos, fundamentalmente, porque me encantan las tiendas y los escaparates. Por lo demás, la prensa vale menos de 2 euros. Beber, bebo muy poco desde siempre, me da dolor de cabeza pero me encanta el café con leche, las magdalenas buenas y las pulguitas de jamón serrano, y todo esto es igual de bueno o malo en la sala de autoridades que en las distintas cafeterías de los aeropuertos.

Llegó un momento, en torno al año 2000, en el que ETA consumó su propósito de matar a más jueces y fiscales. El día11 de febrero de 1997 ETA asesinó al magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador. El día 10 de octubre de 2000 asesinó al fiscal superior de Andalucía Luis Portero.

Fueron unos asesinatos terribles, como todos, y además fueron absolutamente incomprensibles. La perversidad de un movimiento terrorista provoca ese horror de matar a quien la organización decide. Es la terrible ejecución de una pena de muerte gratuita, y siempre, sea quien sea la víctima es un acto atroz. Pero cuando además se trata de víctimas ajenas al enfrentamiento político y con gran talante humano es además incomprensible. Tanto Rafael Martínez como Luis Portero, no solo eran extraordinarios profesionales sino que además eran bellísimas personas moderadas y dialogantes.

Este tipo de asesinatos indicaba además, que el mero hecho de tener una vinculación institucional nos convertía en objetivos de ETA.

Quien entonces era ministro de Interior, Marcelino Mayor Oreja, nos llamó a algunos de los vocales. Nuestro nombre parece ser que había aparecido en papeles que les habían intervenido a algunos militantes de ETA. El presidente del Consejo, Javier Delgado, con su extraordinaria humanidad y tacto, me echó una buena reprimenda. No podía seguir desplazándome sin escoltas.

Cedí. Cuando llegó el policía que tenía el encargo de convertirse en mi escolta le propuse que siguiéramos yendo los dos en metro. Le aseguré que, difícilmente, militantes de ETA iban a pensar que un vocal del Consejo viajara en metro y que por tanto podíamos despistarles muchísimo mejor que yendo en un coche oficial, que son tan fáciles de identificar: «No, por Dios» me dijo el escolta «sería tremendo, doña Manuela» y añadió: «a mí me puede conocer como policía alguien que vaya en el metro». Intenté tranquilizarle, «a mí también me conocen como juez y me he encontrado con más de uno que he juzgado y condenado y no pasa nada».

Efectivamente a veces me he encontrado con personas que he juzgado y condenado. En alguna ocasión una señora me dijo que había perdido un caso que yo había juzgado. Me gustó lo que me dijo: «Aunque perdimos el caso usted lo hizo muy bien, nos escuchó y trató con respeto».

Me puse demasiado pesada y el escolta me acompañó en el metro algunos días pero era tal la tensión que le significaba que al final cedí y los últimos meses como vocal del Consejo tuve que ir en coche oficial y con escolta.

Otro de los importantes blindajes con los que se aísla la clase política del común de los mortales es la imposibilidad de su comunicación directa por teléfono o por correo electrónico. Los ciudadanos no pueden comunicarse con sus representantes ni en persona, ni por teléfono ni por email. No aparece en ningún sitio cómo entrevistarnos con nuestros representantes. Pero además, si alguien tiene la suerte de tener alguno de esos datos de identificación siempre habrá una persona intermedia que protegerá al político de una llamada cualquiera.

No lo he podido evitar. A lo largo de mi vida he hecho una clasificación muy particular de amigos o conocidos que han accedido a la política, entre los que se ponen al teléfono y los que no. Y tengo que decir que poco tiene que ver su accesibilidad con las ideologías que unos y otros profesan. Pudiera parecer que los políticos de izquierdas, los políticos progresistas (quienes combaten la desigualdad de las mayorías ante las minorías poderosas) serían quienes tuvieran una actitud más receptiva hacia la comunicación con los ciudadanos. Esto no es así, o por lo menos no lo es en mi propia experiencia. He sufrido que algunas personas, que eran compañeros y amigos en la judicatura, jamás se hayan puesto al teléfono cuando han llegado a ministerios importantes, ni contestado correo electrónico alguno. Por el contrario, tuve una experiencia extraordinaria cuando con ocasión de mi pretensión de ser nombrada relatora contra las Detenciones Arbitrarias en Naciones Unidas, puede hablar directamente con quien entonces era ministra de Exteriores, la señora Ana Palacios. Joanna Whesler, miembro de la directiva de la asociación Human Rights Wacht, me propuso como relatora. Me dijo que para que prosperara mi candidatura mi gobierno debía mostrar su conformidad. Por eso llamé a Ana Palacios. Se puso inmediatamente al teléfono. Hablamos con llaneza y cordialidad. ¿No sería esto lo normal?

Todas estas rígidas estructuras, que blindan el aislamiento a los políticos, son un cáncer para lo que debiera ser la tarea prioritaria de cualquier político: conocer la realidad social. Conocer la realidad significa, entre otras cosas, escuchar. Da pena, o irrita, esa bobalicona excusa, con la que en muchas ocasiones nos responden las secretarías de las «autoridades políticas», o las secretarías de sus jefes de gabinete, para justificar la imposibilidad de hablar con sus jefes. Normalmente, se emplea algo así como que el Sr. ministro, el Sr. alcalde, diputado, consejero, o la autoridad que sea, tiene mucho trabajo.

Es una excusa absolutamente irritante porque parece que el Sr. ministro, alcalde, diputado consejero o la autoridad que sea olvida que parte de su trabajo somos precisamente los ciudadanos.

Hace unos meses tuve una respuesta de esa índole. Murió Toño Guerra, de repente, de un infarto en su despacho de la sala de lo contencioso en el Tribunal Superior del País Vasco. Toño fue decano de los jueces de Bilbao cuando también Zoido, el actual alcalde de Sevilla, era decano de los juzgados de esa localidad. Los decanos de Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Madrid y Málaga, que coincidimos en los primeros noventa, tuvimos muchísima relación

Hicimos muchos proyectos juntos. Toño Guerra además era una persona muy especial a quien todos queríamos mucho. Como dijo Luis Cueto, que coincidió con nosotros en aquella época como director general de Justicia, Toño con «su media risa socarrona, su eterna cara de niño, su voz grave, su apostura, su tranquila tranquilidad» era difícil de sustituir.

Pues bien, aunque llamé a la alcaldía de Sevilla no logré hablar con el alcalde. Su secretaria me dijo que el señor alcalde tenia muchísimo que hacer y que no podía ponerse al teléfono y me pidió, eso sí, la dirección de la viuda, supongo que para mandarle una condolencia formal. Pero ¿por qué por ser un político se produce esa desvinculación de la vida normal que impide actos tan humanos y tan necesarios como intercambiar en unas breves palabras lo que de verdad sentimos? Se me podrá contradecir diciendo que es imposible que una autoridad política atienda al teléfono a todas las llamadas que reciba. Por supuesto que habrá que hacer una política de comunicación imaginativa, pero lo que hay que tener muy claro es que esa alegada imposibilidad de atender a todos y cada uno de los ciudadanos tiene otra cara, pues no cabe duda de que si se trata de personas influyentes en uno u otro sentido, económico o político, la comunicación se produce, es inmediata. No me parece difícil diseñar módulos de comunicación con los ciudadanos que sean eficaces y efectivos. No olvidemos las grandes posibilidades que hoy día nos ofrece la combinación de imaginación y técnica.

La distancia corta, hablar, comunicar, ilusionar, debiera ser importante. De hecho se demuestra que es así cuando se da. Viví mi experiencia en el decanato de lo que pienso que debería ser en política la relación con los ciudadanos. Dar la cara ante los reproches públicos. Facilitar las críticas. Buscarlas. Interesarse directamente por las razones de una manifestación o de una huelga, es esencial. Y no solo a través de intermediarios o informadores, que pueden tender a sesgar el mensaje. Hay que recibir directamente a manifestantes y huelguistas para debatir con ellos y explicar, mutuamente, las discrepancias. La autoridad que se aísla, que no permite el contacto directo con cualquier ciudadano, no puede cumplir bien con su cometido.

5. LA POLÍTICA EN DEMOCRACIA

El propio enunciado puede chocar. Qué otra posibilidad cabe, podría preguntarse. Ello cabe plantearlo en España porque muchos hemos tenido la experiencia de hacer política en un contexto no democrático.

Claro, nada tiene que ver hacer política en una democracia, es decir en un modelo político en el que se reconocen los derechos más elementales de todos los ciudadanos, con tener que hacer política contra un régimen que, precisamente, lo que impide es el ejercicio de esos derechos.

Gente de mi generación hizo política de forma intensa pero aquello era algo muy, muy distinto, a lo que hoy llamamos política. En aquellos años lo esencial era acabar con la dictadura de Franco y que se establecieran las libertades que nos parecen imprescindibles. Después volveremos sobre ello.

Ahora en democracia resulta pueril cómo se forman los partidos, cómo se nutren de miembros (en general, en mayor o menor medida de acuerdo con sus éxitos electorales), se elaboran las listas electorales, se confeccionan y lanzan los programas y se contraen unos supuestos compromisos con los ciudadanos que les votamos. Así, la política, que debería ser por definición algo racional y atractivo (algo que tiene que ver con todos) llega a estar está absolutamente desprestigiada.

Desde que en el año 2011 surgió el movimiento 15M los políticos tradicionales no paran de recomendar a sus miembros que se comprometan con la política. En el fondo, lo que los políticos tradicionales o habituales, sean de derechas o izquierdas, quieren transmitir a lo que ya llamamos movimiento alternativo es que sus miembros sean como ellos, que se inserten en esas estructuras tradicionales de la política. Parece como si hubiera miedo e incapacidad de concebir otra manera de hacer política.

Veamos. Vamos a plantearnos un poco qué es todo esto de la política en democracia. Por supuesto que la idea misma de la democracia, entendida como la capacidad de la sociedad de autorregularse, hoy difícilmente se cuestiona. Es un proceso grandioso mediante el que las sociedades, los pueblos, los países, se regulan por sí mismos.

Hay que recordar lo mucho que ha costado a la humanidad la generalización de la democracia. Quizás por ello, Naciones Unidas ha llegado a instaurar el Día de la Democracia. Conviene no olvidar que, en pleno siglo XIX, la democracia aún era tenida incluso como un pecado capital. Encontré en la biografía de Mariana Pineda, de Antonina Rodrigo, una nota a pie de página en la que se explicaba que en pleno reinado de Fernando VII, la encíclica del Papa León XII, dando por hecho que eran los reyes, designados por Dios, los que debían gobernar a los ciudadanos, condenaba con excomunión a todas aquellas personas que mantuvieran «el absurdo principio de que el pueblo es árbitro en variar la forma de los gobiernos establecidos».

Ese absurdo principio sin embargo ha movilizado a lo largo de siglos a la humanidad. Hubo muchos y muchas que lo soñaron, lo defendieron y se vieron, desgraciadamente, abocados a morir por esa idea de futuro y de progreso.

Se ha luchado mucho por poder votar. Se debería recordar para comprender qué nivel de ignorancia, desilusión, desencanto o impotencia lleva a no votar. Todos sabemos que muchas personas no votan. No les interesa y no acuden a votar. En Estados Unidos, una de las más acrisoladas democracias, apenas un 50% vota a su presidente. Se ha convertido en tradición. En otros lugares, como en Chile, el difícil retorno a la democracia se hizo imponiendo el voto como obligatorio. Quizás ello contribuyó, en contra de lo que se supuso, a la pérdida del referéndum por parte de Pinochet. La obligatoriedad se ha eliminado, quizás con las mismas intenciones a cuando se impuso Chile, y el voto ha dejado de ser obligatorio.

Costó mucho esfuerzo y muchas vidas implantar lo que ahora nos parece obvio: el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. ¿Por qué diablos si la democracia, el autogobierno fue una conquista tan gigantesca, la utilizamos tan rematadamente mal.

¿Quiénes son los políticos? ¿Cuál es la esencia de la política en democracia? ¿En qué consiste exactamente la actividad de los políticos en una democracia? ¿Qué perfil necesita el político? ¿Qué currículum seria el que le debería avalar?

A nadie se le ocurriría contratar como chofer a alguien que no supiera conducir, ni dejarse hacer una operación de apendicitis por alguien que no fuera médico pero… ¿es que hay realmente un oficio de político? Estas y otras muchas preguntas de esta índole podrían formularse ante las que sí parece hoy, en el arranque del siglo XXI, que no encontramos fácil respuesta, y la clase política ha entrado en franco desprestigio, cuando no bochornoso fracaso.

Los políticos son fundamentalmente gestores. Es decir, son aquellas personas que hemos elegido para que tomen decisiones sobre los asuntos públicos y los pongan en práctica.

La democracia representativa

Esa definición está, sin embargo, oscurecida por el modelo de democracia que vivimos ahora en pleno siglo XXI, que definimos como el de la democracia representativa.

La democracia representativa parece que se focaliza en el proceso de elegir a quienes nos representen y da por hecho que, mediante el propio proceso de elección, delegamos en ellos nuestra capacidad de decidir la gestión de los asuntos públicos que nos atañen, a los que ellos se van a enfrentar. Es decir, lo importante parece que es solo a quién elegimos. Apoderamos a nuestros representantes, les damos el poder de nuestra confianza.

Pero hoy día, ¿tiene suficiente consistencia esta operación de apoderamiento para justificar la esencia de la delegación de la participación democrática?

En primer lugar, creo que hay que recordar que la representación, o el apoderamiento, como concepto legal expresa siempre una relativa incapacidad del representado, a quien en cierta medida se le considera un ciudadano incompleto.

La ley limita los derechos de todos aquellos a quienes no se les considera «totalmente capaces», obligándoles a actuar representados por quien se supone es más capaz que ellos. Eso es lo que pasa con los niños o con quienes padecen enfermedades mentales. Pero eso no pasa solo con quienes tienen un desarrollo biológico inmaduro o procesos de de deterioro en su consciencia. Pasa todos los días en la práctica de los tribunales donde a los ciudadanos se les obliga a nombrar mandatarios que les representen. Pues eso y no otra cosa es ese ancestral vestigio del pasado que son los procuradores.

Sucede además que la representación política que los ciudadanos aceptamos, junto a expresar en alguna manera nuestra cierta inferioridad, es una representación ilimitada. Les apoderamos para todo aquello que quieran hacer. Aunque esa representación es para que hagan lo que nos han dicho que van a hacer o para que nos expliquen por qué no lo hacen, la experiencia muestra que su actuación, incluso diciéndonos que es por «nuestro bien», va mucho más allá.

Acostumbran los notarios, cuando alguien otorga a otro un poder general de actuación, a decir que ese es un poder para arruinarle. Hacen bien los notarios al ofrecernos esta explicación, pues cuando alguien da a otra persona un poder general de actuación la faculta para disponer de todos los bienes de su apoderado, y como desgraciadamente sucede en muchas ocasiones, acabar por arruinarle.

Pues curiosamente, el poder que los ciudadanos otorgamos a los políticos es también un poder general, un poder de arruinarnos y, como sucede en las relaciones individuales, también a veces los políticos nos llevan a la ruina.

Claro que los partidos políticos formulan en sus campañas electorales determinados programas, pero es evidente y luego volveremos sobre eso, que su formulación y la absoluta falta de mecanismos de exigencia no limitan en nada el poder de la representación que les concedemos.

Así, parece que tenemos que aceptar que la democracia representativa no tiene mucho que ver con una delegación para una o varias acciones de gestión/ gobierno. Entonces ¿en qué nos representan los políticos? ¿Por qué y para qué les damos nuestra confianza?

La representación ¿por ideales o por intereses?

Leo estos días una extraordinaria biografía de John Maynard Keynes en la que se recoge que, sobre los años 20, afirmaba que la política no trata tanto de ideales como de gestión.

Quizás eso debiera ser, pero en la práctica, ahora y en nuestra democracia representativa, votamos más que por otra cosa, por lo que pudiéramos calificar como algo parecido a los «ideales». Los ideales entendidos como ese conjunto de valoraciones morales que se componen fundamentalmente de sentimientos y creencias.

Cuando en un proceso electoral las personas católicas, y muy identificadas con la doctrina tradicional de la Iglesia, acuden en masa a votar contra partidos de izquierda, lo hacen fundamentalmente porque en alguna medida su código moral les lleva a considerar que los partidos de izquierdas son malos, malos para la sociedad tal y como ellos la conciben. Así, por ejemplo, hay un voto claramente de ideales o de pura concepciones morales cuando ese tipo de personas católicas vota contra los partidos que defienden el matrimonio de homosexuales. Votan contra esos partidos, como quien participa en una auténtica cruzada contra el mal, que para ellos significa que haya familias formadas por dos personas del mismo sexo.

Me considero fundamentalmente una persona de izquierdas y defino que hoy día ser de izquierdas es creer/defender en la igualdad social y económica entre todos los seres humanos y en el ejercicio de la libertad, también de todos y de cada uno, En ese sentido, nosotros también, las personas de izquierdas, votamos esencialmente por ideales y nos oponemos sin duda a los partidos de derechas, cuando estos por ejemplo limitan los derechos de los emigrantes.

Aunque ejemplifico en dos puntos concretos lo diferenciador entre la izquierda y la derecha para definir los ideales, es decir las grandes pinceladas de lo que creemos que debe ser la sociedad, en la práctica no resulta necesario que se busquen esos elementos concretos de identificación puesto que la repetición de los procesos electorales, y por tanto el devenir de la historia, hace que en alguna manera nos identifiquemos de forma ya muy general, sin ni siquiera entrar en detalles, entre izquierdas y derechas.

Por supuesto hablo de España, en donde además tenemos todavía muy cerca, aunque a veces nos olvidemos, el inmenso desgarro que significó una criminal guerra civil entre derechas e izquierdas, que fundamentalmente lo fue entre pobres y ricos.

Pero creo que no me equivoco si digo que, aunque con una configuración distinta, eso mismo es lo que sucede en EEUU, entre los demócratas y los republicanos, en Inglaterra entre los laboristas y los conservadores y en toda Europa entre sus correspondientes izquierdas y derechas.

Conviene repensar la concepción de los representantes políticos como representantes de ideales. No puedo evitar posicionarme en una valoración de los ideales y, por tanto, afirmo que hay y ha habido ideales positivos, que han acuñado grandes progresos a la humanidad, y que ha habido otros que son negativos y que no han aportado más que sufrimiento y retroceso. Sin embargo, tengo que reconocer que los ideales en abstracto son extraordinariamente manipulables y por tanto muy peligrosos.

Tan peligrosos son que en el pasado siglo XX la mayoría de una nación votó con fervor y frenesí, nada menos que por la preponderancia de la raza aria, aceptando que en la sublimación de ese ideal se eliminara masivamente a toda una serie ciudadanos que podían tener elementos genéticos diferentes.

De ahí que considere muy preocupante la justificación esencial de la democracia representativa. La representación por ideales, que no es otra cosa que la selección de nuestros candidatos por las ideologías que alegan, se convierte, desgraciadamente, en una patente de corso para justificar siempre a los míos, a los de mi ideología, en contra de los tuyos, los de tu ideología.

Además, la complejidad de la plasmación de los ideales en la infinidad de opciones que se plantean para resolver la gestión de los asuntos públicos hace que no resulte posible asegurar que los «nuestros» resolverán los asuntos públicos conforme a nuestra manera de interpretar nuestra ideología.

De esta forma, si la democracia representativa es sobre todo una representación de ideologías acaba siendo un camino perverso de gobernar lo público.

Por supuesto que este votar por ideales no es general y que desde luego puede haber sectores muy importantes de ciudadanos que voten fundamentalmente por las expectativas económicas de bienestar que puedan encontrar entre unas y otras opciones. Sin embargo, esta forma de votar por intereses es también muy emotiva e intuitiva, puesto que difícilmente, con los datos que suelen ofrecer los programas electorales, podemos tener una idea clara de la incidencia que va a tener un gobierno nuevo en nuestros intereses económicos, más allá de lo que presuponemos por su perfil ideológico.

Las últimas elecciones generales vividas en España, en 2011, son muy indicativas de esto que acabo de decir. Me consta que hubo sectores importantes de ciudadanos que, aunque se sintieran ideológicamente más cerca de partidos de izquierdas, pensaron en que sus intereses económicos iban a tener un futuro mejor si se los encomendaban a un partido de la derecha, por considerar que los partidos de derechas son los de los empresarios, y que estos podrían saber mejor cómo gestionar la grave crisis económica.

Así, aunque en este caso parece que ese tipo de votación se aleja de la más habitual, de los «ideales», en el fondo, esto no es exactamente así. Identificar el partido de derechas con una concepción de la clásica ideología empresarial ya nos indica que se elige, también en ese caso, por ideales. Lo que ocurre es que hay un desplazamiento de los ideales que normalmente se definen por los de los «otros».

En todo caso, aunque en teoría se pudiera admitir que los políticos que elegimos representan intereses, en la práctica resulta difícil visualizar ese proceso de representación por intereses. Es difícil que los políticos elegidos puedan representar públicamente intereses concretos, que no sean, al menos en la retórica, los intereses generales. Podemos hablar de intereses generales pero desde el momento que utilizamos este concepto ya estamos en cierta medida volviendo a la conceptuación anterior de representación de ideales o de ideologías. Cada uno los lee de forma distinta. Los intereses son extraordinariamente diversos y contradictorios y difícilmente pueden identificarse con nitidez en los programas políticos, para que estos puedan ser los determinantes de los procesos de votación. Otra cosa, y es muy grave por el envilecimiento del sistema que implica, es que haya intereses ocultos concretos de minorías que logren atraer votos de mayorías, al quedar oscurecidos dentro de aparentes intereses generales. Pensemos por ejemplo lo que puede ocurrir si intereses de empresas privadas de sanidad, que pretenden captar una cuota de este mercado, apoyan a un partido político que defiende la mayor eficacia de la sanidad pública de manera general, cuando ellos ya saben que su manera de concretar esa prometida eficacia es a través de una privatización de la prestación sanitaria.

Todo esto me hace pensar que probablemente la depuración que sin duda necesita el concepto de la democracia parlamentaria debe ir más orientada a sustituir la función puramente representativa de los diputados y senadores por la de gestores de lo público, y que deben ser los distintos proyectos de gestión y sus gestores los que sean objeto de elección y estos a su vez se conviertan en nuestros políticos.

La designación de los políticos

Esa nueva concepción de la democracia y por tanto del proceso de elección de nuestros políticos obliga a escogerlos dentro de quienes pueden ser los idóneos para gestionar mejor los proyectos públicos. Deben ser políticos que conozcan los problemas, tengan un buen diagnóstico de los mismos y planteen propuestas que sirvan para resolverlos. Y esto implica, irremediablemente, conocer bien los distintos sectores de la sociedad, (cada uno el suyo) mermando importancia a sus definiciones puramente esquemáticas, ideológicas.

Como la elección de los gobernantes sigue anclada en las ideologías de los candidatos, cuando los partidos políticos los designan no valoran ni su conocimiento ni su capacidad de gestionar los asuntos públicos. Lo que se valora es la lealtad dentro del propio partido. Es posible que se valore también en el candidato su capacidad de atracción pública, pero siempre que esta no sea un elemento que reste la de las cúspides de los partidos y que de la misma no se pueda derivar desconfianza de ningún tipo. Esta forma de designación de los candidatos, por tanto, no favorece en modo alguno la capacidad de gestión de los asuntos públicos.

Ya he dicho que no he hecho política expresa en democracia. Por eso no puedo aportar mi experiencia directa y personal en los mecanismos de selección de candidatos y asignación de tareas de gobierno por parte de los partidos políticos.

Sí viví el proceso de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del que en su momento formé parte y creo que es un buen botón de muestra para la necesaria reflexión sobre el cambio en la manera de hacer política.

La designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial

En 1996 me llamó a su despacho en el Congreso quien en aquel momento era el secretario general del Partido Socialista, Joaquín Almunia. Me dijo que mi selección como vocal del Consejo General del Poder Judicial se debía a un acuerdo entre Izquierda Unida, que en aquel momento lideraba Rosa Aguilar, y el propio Partido Socialista. Estuvo muy amable pero en cuanto yo le empecé a hablar algo de mis planes me di cuenta que él no sabía prácticamente nada de mí, ni de la Justicia. Le expliqué con entusiasmo como creía poder proyectar todo lo ensayado en el decanato y me quedé muy cortada cuando me preguntó qué es lo que era un juez decano. ¡Dios mío! se me cayó el alma a los pies. ¡No sabía nada de mí, ni lo que había hecho hasta ahora en la Justicia! Supongo que simplemente le habían hablado bien de mí. Es decir, me habían recomendado mis propios compañeros de Jueces para la Democracia y un buen amigo mío y líder también del Partido Socialista, que me había prometido que hablaría con Joaquín.

Joaquín añadió que, como yo no había sido designada directamente por el Partido Socialista, no tenía obligación de seguir el pacto que se había acordado entre el propio Partido y el Partido Popular. Se había decidido, me dijo, que el presidente del Consejo fuera el magistrado del Tribunal Constitucional Javier Delgado.

Constatar que en mi designación nada había influido lo que yo había gestionado, como juez decano en Madrid, ni mis propios proyectos sobre lo que esperaba podía hacer desde el Consejo General del Poder Judicial, me inquietó profundamente. No estoy muy segura de lo que le dije a Joaquín Almunia. Creo que le expliqué que, aunque no conocía bien a Javier Delgado, no me parecía el candidato ideal para presidir el Consejo.

Una vez ya en la calle, aún sorprendida y yo diría que un poco noqueada, entré en el centro comercial que entonces había en los sótanos del hotel Palace y me compré, para el día de la toma de posesión, un traje azul clarito, con manga corta como de crep de seda.

Mientras me probaba el vestido, no dejaba de reflexionar sobre lo que había vivido. Pensé que, aunque en líneas generales mi candidato era Clemente Auger, (presidente entonces de la Audiencia Nacional), hombre progresista e inteligente que había desempeñado cargos de gestión y que los había sabido hacer bien, debía antes que nada conocer mejor a Javier Delgado. Dicho y hecho.

Javier Delgado era en aquel momento magistrado del Tribunal Constitucional. Le llamé por teléfono y le expliqué con toda claridad cómo había sabido que él era el candidato oficial a la presidencia del Consejo. Le dije que quería hablar con él. Javier estuvo encantador y aceptó de forma inmediata la entrevista. Cuando llegué a su despacho en el Tribunal Constitucional, Javier no estaba solo. Le acompañaba Enrique Arnaldo, un joven del Partido Popular que había sido también nombrado vocal del Consejo, entre los miembros juristas que no forman parte de la judicatura. Aunque entonces no reparé en ello, supongo que mi llamada había sorprendido a Javier y se la había comentado a Enrique, al que como buen militante del Partido Popular le había preocupado algo inesperado que se salía del guión y había querido estar con Javier, supongo que por si yo planteaba algo inconveniente. Fui sincera con Javier. Le dije lo que me había dicho Joaquín Almunia del acuerdo que se había alcanzado. Con su honestidad, que empezaba a conocer, no lo corroboró pero tampoco lo negó. Le pedí que me explicara cuál era su proyecto de actuación para el Consejo del Poder Judicial. Lo necesitaba para saber si, independientemente del acuerdo de los partidos, yo le debía votar o no como presidente del Consejo.

Javier me recordó que aunque yo no me acordara, él me conocía y valoraba mucho la intervención que yo había hecho, muy al principio de mi entrada en la carrera judicial, en una asamblea de jueces. De forma breve, clara y sintética me explicó cuál era su proyecto; me dijo que aunque la definición constitucional del Consejo del Poder Judicial solamente hablaba de garantizar la independencia de los jueces y magistrados, entendía que el Consejo del Poder Judicial tenía que posibilitar que los jueces actúen con eficacia y eficiencia, y para eso, para ver exactamente qué es lo que se debía hacer, es por lo que en primer lugar teníamos que ponernos a hacer un Libro Blanco sobre la situación de la Justicia. Después, veríamos qué medidas debíamos tomar.

Me gustó lo que me dijo y cómo me lo dijo. Vi que tenía un proyecto de gestión. Personalmente a mí no me parecía necesario hacer un Libro Blanco. Quizá con demasiada confianza en mí misma, creía que ya sabía bien cuál eran los males de la Justicia y así se lo dije. Me preocupaba que hacer un Libro Blanco nos hiciera perder tiempo para poner en marchar las soluciones que eran necesarias. Sin embargo, fui consciente de la utilidad que nos podría reportar un Libro Blanco, en el que, nada menos que desde el máximo órgano de gobierno de los jueces, se señalara con nitidez todo lo que funcionaba mal.

Al día siguiente, y sin que me hubiera dado tiempo de entrevistarme también con el candidato pactado como vicepresidente, Luis López Guerra (catedrático de Derecho Constitucional) me llamó. No le conocía personalmente, pero sabía por supuesto de su prestigio. Fuimos a tomar una horchata a una cafetería próxima a los juzgados. Allí fue él quien pregunto: «Manuela, ¿pero, tú crees que realmente se puede cambiar en algo la Justicia?».

De nuevo un jarro de agua fría. ¿Cómo era posible que quien había sido designado y propuesto naturalmente por el Partido Socialista como vicepresidente del Consejo no solo no tuviera ningún plan claro de gestión, sino que partiera de un nivel tal de escepticismo de esas características? Le transmití mi opinión y mis experiencias así como la seguridad que tenía de que en la Justicia se podían hacer grandes cambios, poco costosos económicamente y que sin embargo mejoraran mucho su calidad y eficacia. Fue extraordinariamente receptivo. Evidentemente, conocía muy poco de la Justicia pero demostró un enorme interés intelectual por conocer bien su funcionamiento. Su discurso evidenciaba (como luego se confirmó a lo largo de los cinco años que compartimos en el Consejo del Poder Judicial) que, aun desconociendo absolutamente los interiores de la gestión de la Justicia, tenía gran curiosidad intelectual para entenderlos. No obstante, como sucede cuando alguien que llega a un puesto político en el que tiene que gestionar lo que desconoce, acabó en manos de los asesores que escogió. Ya los dos en el Consejo, viví experiencias muy curiosas. Luis López Guerra es sin duda un gran intelectual, que además está lleno de sentido común. Sin embargo, y aunque en muchas ocasiones cuando yo hablaba con él conseguía seducirle con lo que le planteaba, nunca tuvo la suficiente confianza en mí (supongo que ideológica) para contrarrestar las opiniones, mucho más conservadoras, de sus asesores, a los que había elegido fundamentalmente por su vinculación partidista.

Pero, volviendo a aquella primera conversación, también fui muy sincera con Luis. Le dije con claridad que no estaba de acuerdo con el pacto de los partidos mayoritarios. Que aunque estaba dispuesta a votar como presidente a Javier Delgado, pues me habían convencido su claridad y su proyecto de gestión del Consejo, no iba a votarle a él como vicepresidente. Me atraía mucho su inteligencia y su capacidad de análisis, pero no creía que fuera la persona adecuada para ser vicepresidente del Consejo. Estaba demasiado lejos de la Justicia y además me parecía necesario que diéramos pasos hacia la igualdad de género y que debía ser una mujer quien fuera la vicepresidenta y que, por tanto, yo propondría a Elisa Veiga. Elisa es magistrada. Había sido designada también por el Partido Socialista. La conocía bien, tenía muchísima experiencia y una visión moderna y progresista de la Justicia.

Así las cosas, llegamos al primer pleno del Consejo. Era el pleno constituyente, en el que había que elegir al presidente y al vicepresidente. Actuaba como presidente ocasional el magistrado más antiguo. Antes de que comenzara la votación, pedí la palabra y expliqué que estaba absolutamente en contra del pacto de los partidos y que era necesario que, como vocales del Consejo del Poder Judicial, actuáramos con absoluta independencia de las decisiones políticas que se pudieran haber adoptado y que condicionaban estos nombramientos. Añadí que me había entrevistado con Javier Delgado y que me parecía correcto que fuera nuestro presidente, no porque hubiera sido objeto de una designación política, sino porque, una vez que le había conocido, me había interesado mucho su proyecto. Me había parecido que, probablemente, era conveniente que esa labor de reforma en la que yo esperaba que se abordase fuera encabezada por un hombre más conservador que mi inicial candidato. A continuación, propuse que la vicepresidenta del Consejo fuera Elisa Veiga.

Hubo varias intervenciones. No recuerdo cuántas pero todas negaron, con una firmeza que resultaba pintoresca (aunque quizás muy «política»), que hubiera habido ningún pacto político. Algunos, hasta se escandalizaron de que eso ni tan siquiera se pudiera sospechar, y aparentaron estar muy ofendidos.

Ramón Sáez y yo habíamos acordado que, aunque no contáramos con el resto del pleno y que Elisa, tal y como creíamos que podía ocurrir, no quisiera aceptar ser candidata, no íbamos a votar como vicepresidente a Luis. Así fue. Elisa se negó a ser candidata a la vicepresidencia. Ramón me presentó entonces a mí misma como candidata para la vicepresidencia. Así lo hicimos y, naturalmente, el candidato oficial contó con todos los votos menos dos, que obtuve yo, el de Ramón y el mío. En el momento de la votación, Luis López Guerra, que estaba a mi lado, muy cariñoso y en bajito, me dijo: «No sabes lo que siento votar en tu contra».

Días más tarde, y cuando el Consejo ya estaba en funcionamiento, Margarita Retuerto vino a charlar conmigo. Margarita había sido designada como vocal por el Partido Popular. Antes, había sido Defensora del Pueblo en funciones, desde que cesó Álvaro Gil Robles. Aunque no nos conocíamos personalmente, teníamos conexiones comunes y ambas conocíamos cosas la una de la otra. Desde que habíamos empezado a trabajar en el Consejo me había parecido apreciar que Margarita quería estar allí donde yo estuviere. Si yo planteaba la creación de cualquier proyecto, ella se sumaba aunque no tuviera vinculación ninguna anterior con esa área de conocimiento o de trabajo. Tenía la impresión de que, empleando un símil deportivo, le habían encomendado que me «marcara». Margarita me dijo: «Mira Manuela, yo reconozco que no sé absolutamente nada de Justicia, pero vengo absolutamente decidida a aprender».

De nuevo gran consternación. ¿Cómo íbamos a poder trabajar si un número importante de vocales reconocía desconocer todo lo relativo a la Justicia? No sé muy bien qué le contesté a Margarita, pero sí que se me quedo acuñada una reflexión: ¡A la gestión política hay (habría) que venir aprendido!

He contado todas esas anécdotas por su alcance, más allá del caso concreto a qué se refieren. Mi reflexión sobre la necesidad de cambiar la política parte en gran medida de lo que yo he vivido. Soy consciente de que ha sido una pequeña experiencia y además acotada a este único cargo, relativamente político, que he ocupado a lo largo de mi vida.

No obstante, las dos constantes que a la vez justifican y cuestionan una determinada manera de entender la política representativa, las he podido comprobar además, día a día, como ciudadana y como mera espectadora del desarrollo de la política en democracia.

La base fundamental de la designación de los candidatos primero, y luego de los cargos políticos, es la afiliación política y, dentro de esta, su lealtad. Su supuesta capacidad para gestionar lo público y su constatable conocimiento de los asuntos sobre los que vaya a versar su actividad política, no constituyen criterios relevantes para su selección. Se ha llegado a decir que eso es precisamente muy peligroso, ya que quien tiene criterio propio sigue mal el del partido. Cuentan que un conocido dirigente del Partido Socialista, cuando le recomendaban para el desempeño de un cargo a una persona muy competente, dijo «no quiero que sea competente sino que siga las instrucciones del partido».

Siempre me sorprendió que se designaran a cargos políticos a personas que tenían un gran desconocimiento del sector en el que iban a desarrollar su labor política. No comprendo ese baile de ministros que pasan de una u otra cartera sin ningún tipo de problema, como si fuera lo mismo gestionar la cultura, los asuntos exteriores o la salud. Amigos y colegas, más o menos relacionados con la política, me lo han discutido.

Estás equivocada me decían, los ministros no tienen por qué saber de los asuntos de su cartera. Para eso tienen todo un plantel de técnicos que les asesoran. Nunca me ha convencido. Este sistema no solo hace a los políticos dependientes de las decisiones drásticas de sus partidos sino que además los hace presos de sus asesores, quienes a su vez también están sometidos a las líneas jerárquicas de los partidos y tantas veces mucho más preocupados y temerosos de «meter la pata» que el propio ministro, al que constantemente asustan ante todo lo que suene a «nuevo». También se da la otra versión, de los que son los verdaderos «responsables» que mueven al ministro, que muestra entonces aun más su desconocimiento. Se trata de esos asesores en la sombra, que además ni siquiera conocemos y por supuesto no designamos.

Otra forma de hacer política

¿Puede haber otra forma de hacer política?

Sí, sin duda. En alguna medida, parece que estamos llegando al fin de una concepción de la política representativa y será necesario que lo abordemos, porque vivimos constantemente una peligrosísima desacreditación de la democracia y un cuestionamiento sistemático de la clase política.

Simplemente, basta escuchar durante un día completo las censuras que recibe la clase política y su reflejo, cada vez más extendido, en la literatura y en el cine. Por supuesto aquí en España, pero también en cualquier parte del mundo.

La democracia es la única forma lógica y posible de gobernarse los seres humanos. Durante demasiado tiempo, muchas personas viven terribles vulneraciones de sus derechos más esenciales porque algunas autoridades políticas se arrogan a sí mismas la autoridad para decidir sobre la vida y los derechos de los ciudadanos, sin que estos en ningún momento les hayan reconocido esa autoridad.

La democracia es sin duda el futuro político de toda la humanidad. El 15 de septiembre es el día que Naciones Unidas implantó en 2007 como Día de la Democracia. Resulta interesante ver cómo, desde las propias Naciones Unidas, se intuye la necesidad de reforzar el concepto de la democracia como el gobierno posible para todos los pueblos, pero su vez llama a reflexionar y perfilar cómo se debe llevar a cabo. En el discurso del pasado 15 de septiembre el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki- Moon dijo: «En este Día Internacional de la Democracia, exhorto a los dirigentes a que escuchen y respeten la voz de los ciudadanos y a que respondan adecuadamente a ella, ya sea expresada directamente o por medio de los representantes que ellos han elegido. Exhorto a los ciudadanos del mundo a que piensen en cómo pueden utilizar su voz no solo para tomar control de su destino, sino para traducir sus deseos y los deseos de otros en un mundo mejor para todos»

Hay mucho que pensar, mucho que ensayar y que evaluar. La democracia tiene que sufrir un gran proceso de transformación pero, como todos los procesos sociales, necesita mucho tiempo para ir cuajando. Por eso, y mientras tanto, quizá podríamos mejorar un poco nuestra actual democracia representativa si pudiéramos poner en práctica algunos cambios.

Nuevos políticos. Dirigentes de los proyectos de la sociedad civil

Una de las mejoras que me parece más clara y sencilla, aunque a su vez urgente, es que los candidatos a desempeñar los cargos políticos representativos tengan capacidad de gestión demostrada y conozcan bien el área dónde van a desempeñar su actividad política.

Pero, como es evidente, ante la enorme complejidad de la sociedad, ¿Cómo vamos a conseguir que haya ministros que sean expertos de todos y cada uno de los distintos aspectos de la vida social?

Hay una idea que me da vueltas a la cabeza desde hace mucho tiempo y que he intentado trasladar a todos a cuantos se lo he podido trasmitir, con la intención de que vaya cuajando. Desde siempre, el Boletín Oficial del Estado me pareció apasionante. Ese periódico gris, triste y sin fotografías, imposible de leer de un tirón, está sin embargo lleno de poder. Cuando entré en la judicatura todos los días nos traían a cada uno de los jueces un ejemplar del BOE. Después, con la informatización, aquello acabó y el que quería mirarlo sabía que tenía que recurrir a la red.

En efecto, el Boletín Oficial está lleno de poder puesto que a través de lo que se llama la publicación de la ley quedamos todos obligados a cumplirla. Sí, efectivamente, el poder de los políticos es el poder del Boletín Oficial del Estado.

Ese periódico gris e incomprensible está lleno de datos y sobre todo de normas de una grandísima trascendencia, son los datos del poder. Pero ¿quién lo entiende? ¿Quién mide y evalúa de entrada su alcance? A pesar de su lenguaje absolutamente críptico y ritual, las personas que estamos afectadas por la escritura de este Boletín, sí lo entendemos. Por lo menos sabemos de lo que habla. Somos al menos unos cuantos.

De ahí que llevo pensando hace tiempo que sería muy interesante y útil que generásemos una especie de Wikiboletín, en el que todos los días cualquiera de nosotros pudiéramos escribir cuatro o cinco líneas sobre las disposiciones que conocemos y que nos afectan, dentro de las muchas que publica cada día el Boletín Oficial del Estado. Cada uno podríamos decir lo que nos parece bien y lo que no, lo que es acertado y lo que no y lo que sería aun más importante: el porqué.

Afortunadamente, el camino de la participación de la ciudadanía a través de las redes está ya abierto y me llenan de alegría iniciativas como la que desarrolla la Fundación Civio. Sus análisis, que parten de la obtención sistemática de datos tantas veces inaccesibles, cuando no ocultos, son magníficos. En concreto, su página sobre los indultos concedidos por los diversos gobiernos ha permitido desvelar una de las tantas oscuras y contradictorias decisiones de los consejos de ministros. Pone de manifiesto además lo extraordinariamente paradójico que resulta que lo que se concibió en el siglo XIX como un medio de publicidad, se haya convertido ahora en una cortina de humo espeso de la gestión pública.

¿Quién lee normalmente el BOE? Ahora lo lee, desde luego, muy poca gente pero seguramente podría leerlo y comprender su alcance mucha más gente si fuera debidamente explicado e interpretado por todos aquellos ciudadanos, cada uno en lo «suyo», que supieran de lo que el Boletín habla en cada ocasión.

Saco ahora esta cuestión a relucir, porque no creo posible que se generen políticos que conozcan realmente las distintas áreas de la sociedad sobre las que van a tener que gestionar los intereses públicos, si la propia sociedad no se articula y en cierta medida se prepara y dispone sus conocimientos prácticos y teóricos para que puedan ser conocidos y utilizados por quien debe gestionarlos.

La transformación de los partidos políticos. ¿Dinamizadores de la sociedad civil?

Los partidos políticos deberían ser plataformas de dinamización de la actividad política de la sociedad. De esa dinamización, en primer lugar de los miembros de los partidos, habrían de salir los candidatos que finalmente nos gobernarían en cuanto se les hubiera reconocido previamente como líderes sociales.

Sin embargo, es evidente que esto ahora no es así y que desgraciadamente la sociedad se da cuenta de la falta de articulación que existe entre los problemas de los ciudadanos y los políticos profesionales.

Como ya he dicho, desde 1980, en que entré en la judicatura, no he vuelto nunca a participar en ningún partido político y por tanto no tengo certeza de cómo funcionan en la actualidad los partidos. Sin embargo, como este tema me interesa mucho, cuando he tenido ocasión he procurado enterarme bien de cuál es el funcionamiento interno de los partidos.

Hace como unos dos o tres años, la agrupación del Partido Socialista de la zona de Argüelles me invitó o a dar una charla sobre la Justicia. Esta agrupación socialista tenía un local muy agradable, pequeño pero cómodo, con un salón en el que cabían bien unas cincuenta personas. Les di la charla. Hubo preguntas interesantes y después nos fuimos a tomar algo a un bar cercano. Allí aproveché para preguntarles qué era exactamente lo que hacían como militantes socialistas de la agrupación. Me interesaba muchísimo saber si hacían algún trabajo en el barrio. Creo que se quedaron un poco desconcertados con mi pregunta. Fundamentalmente, lo que hacían era reunirse, charlar de temas generales de política y debatir respecto a las decisiones que adoptaban los órganos de dirección del Partido, preparar sus elecciones internas, etcétera, etcétera.

La agrupación no tenía ningún plan de acción concreta como tal para el barrio de Argüelles de Madrid. Me pareció más un club de debate que un partido político o, al menos en mi concepción de un partido en cuanto plataforma para la acción, en la que la discusión tiene una finalidad más concreta.

En otra ocasión, una amiga mía, militante del Partido Socialista, me pidió que le diera ideas sobre cómo celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Le propuse una serie de cuestiones y, entre ellas, la de que pusieran en marcha un movimiento de mujeres en paro. Comenté con ella que en este momento teníamos que ser capaces de ofrecer alternativas a las mujeres en paro. Le comentaba: «Imagínate la incidencia que tiene el paro en cualquier persona y desde luego en las mujeres, no solo por la inseguridad que significa en un momento como este, en el que es tan difícil volver a encontrar pronto un trabajo, sino por lo que el paro significa adicionalmente en las mujeres, que pierden entonces su medio de relación, se descontextualizan de su entorno social y están más solas. Sería fantástico que se pudiera crear un núcleo asociativo de refuerzo, que por una parte apoderara a las mujeres, las hiciera sentirse más fuertes y que, por otra parte, les permitiera elaborar alternativas para salir del paro o incluso para resistir mejor, mientras que el mismo se mantiene». Creo que a mi amiga le pareció bien la iniciativa, pero, aunque no supe muy bien por qué; lo que sí sé es que ni se llevó a cabo, ni que siquiera se llegó a plantear como tal. ¿No parecía una tarea de partido, a nivel de agrupación? ¿Solo se podría haber planteado «por arriba»?

¿Por qué los partidos políticos no son, principalmente, el «algo» de articulación de la sociedad civil? ¿Por qué los partidos políticos no estructuran a la sociedad civil para la acción política? Digo acción y no solo deliberación y debate.

La sociedad civil tiene que organizarse para permitir que los ciudadanos actúen en política, es decir, se junten, analicen aspectos (problemas o intereses) y trabajen para resolverlos o conseguirlos.

Sinceramente, me cuesta comprender el vaciamiento que observo en los partidos.

Mercedes Gallizo fue directora general de Instituciones Penitenciarias durante dos legislaturas. Fue una política informada y honesta que hizo un trabajo muy interesante en el mundo de las prisiones. No creo que nadie del sistema penitenciario discuta a Mercedes el mérito de haber implantado los «módulos de respeto». Muy pocos saben qué es esto, aunque a nivel internacional sí que se conoce y se valora. La creación de estos módulos, como otras medidas de tratamiento penitenciario, es expresión de un humanismo inteligente. Mercedes acaba de publicar un original libro Penas y personas[10] desde una perspectiva muy interesante. De hecho, en este se valora de una forma tácita su gestión como directora general a través de muchas de las cartas que recibió de los presos, a las que ella respondió personalmente.

La actitud de un político, que se considera obligado a contestar las cartas de todos sus «administrados», tiene una carga y alcance políticos extraordinarios, pues es prueba del respeto a los ciudadanos, aunque se trate de los que están presos, respeto al que desgraciadamente estamos tan poco acostumbrados.

Pues bien, desde que cesó la Sra. Gallizo la política penitenciaria que está ejerciendo el Partido Popular ha cambiado de rumbo. ¿No sería razonable que el propio Partido Socialista, que fue capaz de implantar importantes medidas de política penitenciaria, constituyera ahora algún tipo de organismo, grupo, comisión o departamento que reflexionara sobre lo que se consiguió con todas estas medidas progresistas y que preparase acciones de todo tipo para conservarlas y evitar el retroceso social que significan los actuales pasos hacia atrás que se están dando?

Claro, sería algo absolutamente de sentido común al igual que en el seno de los partidos se estuviera preparando sistemáticamente cómo lograr la continuación de esas y otras políticas de progreso, antes iniciadas y ahora quebradas.

Desgraciadamente, esto no es así. No parece que el caso de Mercedes sea excepcional. Cuando un responsable político cesa en su actividad, ni se valora el resultado final de lo que se hizo ni se sigue trabajando en ello. De esta forma parece que la gestión política de los cargos, si existe, es solo una expresión singular de cada uno de ellos, sin que se aprecie continuación ninguna dentro de lo que sería esa necesaria articulación de la vida política.

Cuando los partidos eran ilegales

No sé si puede valer para algo contar cómo trabajábamos los abogados que pertenecimos durante la época de la dictadura a un clandestino Partido Comunista.

Probablemente sorprenda a muchos lo que voy a contar. Se sabe poco de la vida cotidiana, del día a día, del tardofranquismo. En cierta medida, el cine y algunas series de televisión han teatralizado algo de lo que fue la gran organización de lo que ahora podríamos llamar la corriente social del antifranquismo, mucho más amplia que los partidos, pero articulada por estos. Aseguro, porque lo viví, que en torno a los años setenta en Madrid más de cien abogados éramos miembros del Partido Comunista, que entonces, claro, ¡era ilegal!

Hace unos años, no sé bien porqué, decidimos hacer una cena de todos los abogados que estuvimos en el Partido Comunista. Nos juntamos unos 150. Todos nosotros, los abogados que pertenecíamos al Partido teníamos un claro objetivo común. Había que acabar con la dictadura de Franco y recuperar la democracia, con todo lo que eso significaba. Nuestra manera de trabajar consistía en injertar esos propósitos allá donde cada uno de nosotros ejercíamos como profesionales.

Constituimos una amplia plataforma en el propio Colegio de Abogados, donde nos reuníamos todos los sábados por la mañana y donde se debatía de forma abierta (podía entrar y escuchar quien quisiera) sobre un gran conjunto de temas, sobre las leyes, su interpretación, las medidas represivas que constantemente tomaba el Gobierno. Allí mismo se tomaban por mayoría decisiones de todo tipo de acciones, desde presentar acciones judiciales, denuncias, incluso querellas, hasta cómo formular de forma colectiva las defensas de todas aquellas personas que defendíamos en los juicios del Tribunal de Orden Público. A su vez, había que estudiar e ingeniar el modo más eficaz y con mayor alcance posible de difundir lo que veíamos que pasaba y lo que nosotros mismos hacíamos. Dábamos mucha guerra, pedíamos convocatorias de los órganos del Colegio de Abogados, entrevistas con la Junta de Gobierno, recogíamos firmas de unos y otros e intentábamos que las noticias que tantas veces solo nosotros sabíamos pudieran difundirse a través de los medios.

Los abogados del Partido nos reuníamos en varios grupos, por así decir especializados, más o menos cada quince días. En esas reuniones revisábamos lo que todos y cada uno individualmente o en grupo habíamos hecho. Es decir actuábamos y evaluábamos la acción. De ahí, de ese núcleo de constante debate para la acción no solo salió esa gran plataforma de actuación de abogados antifranquistas sino las líneas más importantes de lo que fue el ejercicio de la profesión de «abogado laboralista», el de apoyo a los nuevos movimientos ciudadanos, y la contribución a la concepción democrática de la Justicia.

Pedíamos, por ejemplo, que desapareciera el Tribunal de Orden Público, buscábamos apoyos de otros abogados, y cuando actuábamos ante el Tribunal, que todavía no había desaparecido, éramos muy buenos profesionales, duros y críticos. No dudábamos en tensar la cuerda para abrir al máximo la libertad de expresión, y que quedará patente que solo se estaba juzgando y condenando a los acusados por el mero hecho de discrepar políticamente.

Hablo ahora de esto pues concibo la política de los partidos como núcleos de acción política, entendida no sólo como un mero proceso discursivo, sino como una expresión de acción para mejorar la vida social. Cuando nosotros decidimos crear los despachos laboralistas (exclusivamente para reivindicar derechos de los obreros y nunca de los patronos, aunque estos a veces pudieran tener razón) lo hicimos porque estábamos convencidos de que durante la dictadura los obreros no tenían a su alcance una defensa asequible que les garantizara sus derechos. Evidentemente, ellos no podían confiar en los letrados del sindicato vertical, independientemente de la buena voluntad que pudieran tener unos u otros. El sindicato y sus asesores dependían directamente del Ministerio de Trabajo.

Nosotros buscamos una manera de satisfacer unas necesidades sociales que no estaban garantizadas en ese momento. Por supuesto que esa acción nuestra era sin duda social, puesto que queríamos dar satisfacción a esa necesidad de justicia que podían tener en aquel momento muchos obreros. Pero, a su vez, buscábamos también la repercusión política de lo que en aquel momento era nuestro objetivo: recuperar la democracia.

Aunque encuadrados en el PC, por parecer que era donde podíamos ser más eficaces para recuperar la democracia, éramos sobre todo antifranquistas de izquierdas. Éramos muchos. En Madrid, en 1977, cuando el Partido se legalizó, había más de 5.000 profesionales de carné.

Cuando, finalmente, se promulgó la Constitución en 1978 y se formalizó la estructura democrática en España, el Partido Comunista decidió que era un error mantener las organizaciones sectoriales o profesionales que habían sido sin embargo las redes por las que se había extendido una acción política tan positiva y que, como ya he dicho en otra ocasión, fue determinante para la finalización del franquismo.

Tengo el recuerdo de que, en aquel entonces, la organización de abogados recibió algunas críticas de determinados sectores jerárquicos del Partido. Creo que se nos tildaba de ser «unos picos de oro», que no comprendíamos bien la naturaleza misma del Partido. Seguramente las dos cosas eran verdad. La mayor parte de los abogados, afortunadamente y porque nuestra profesión así nos lo exigía, manejábamos bien el debate y probablemente también muchos de nosotros estábamos más unidos por la necesidad de acabar con la dictadura y por aumentar al máximo las cotas de justicia en nuestra sociedad que por una visión política pura en la estrategia del Partido Comunista como tal. La prueba fue que cuando el Partido ordenó la disolución de todas las organizaciones profesionales, para que todos y cada uno de sus miembros se incluyeran en que lo que se llamaba las agrupaciones territoriales, la mayor parte se dispersó por el camino. Entre unas y otras cosas, se desperdició un fuerte potencial de acción.

Repasando ese pasado ya lejano tengo la sensación de que tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista se equivocaron, y mucho, al pretender que en nuestro país se copiaran sin más las estructuras democráticas formales de otros países. Creo que muchos de nosotros percibimos que todo aquello que nos decían era una gran equivocación, pero yo por lo menos no me sentía segura en modo alguno con razones para tratar de evitar un desmantelamiento de una estructura política que pudiera ser del pasado y que en cierta medida parecía totalmente inevitable.

Si esa fue la actitud del Partido Comunista, análoga, y aún más grave quizás, fue la que tuvo el Partido Socialista. En la época de la dictadura en Madrid no conocíamos que hubiera estructuras de militancia de los socialistas de forma importante, o por lo menos en la misma proporción que teníamos nosotros. Por supuesto, estoy absolutamente segura de que el PSOE no contaba con una red tan intensa de organizaciones dentro de la sociedad civil de miembros de su partido. Pero lo que sí es cierto es que, dentro de los círculos concéntricos con los que trabajábamos, se habían creado infinidad de organizaciones intermedias, por así decir, «puras» de la sociedad civil, pero menos comprometidas políticamente. Entre estas, hay que destacar muy especialmente las asociaciones de vecinos.

Las AA VV jugaron un papel trascendental en la dictadura y fueron auténticas expresiones de organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas lucharon para resolver los problemas de vivienda, absolutamente acuciantes durante toda aquella época. Es necesario recordar cómo surgieron muchos barrios que hoy son auténticos lugares acogedores y admirables. En los 60, gran parte de ellos eran simples grandes extensiones de chabolas.

Pasear por ejemplo por el actual barrio de Orcasitas y detenernos un poco en ver los nombres de sus calles nos indica hasta qué punto aquellas asociaciones –que eran auténticas organizaciones puras de la sociedad civil– fueron absolutamente decisivas para mejorar la vida social de muchos españoles y para transmitir una gran confianza en la propia capacidad de actuación política.

Pues bien, incomprensiblemente, al llegar el Partido Socialista al poder se las cercenó de la forma más absurda. Se les restringió presupuesto y se cuestionó a sus líderes si no demostraban (como desde luego no podían hacerlo por su propia naturaleza) una falsa lealtad a los jefes políticos. Y lo curioso, y lo importante como materia de reflexión actual, es que no creo que esto se hiciera deliberadamente, sino como una manera de gobernar para proteger la democracia. Lo que ocurre es que hoy día, tenemos que elementos suficientes para saber hasta qué punto se equivocaron y nos equivocamos.

La verdadera democracia política que habíamos conquistado con tanto esfuerzo solo se puede defender y consolidar con el reforzamiento constante de la sociedad democrática, de la sociedad civil.

El Partido Comunista, principalmente, y el sector progresista de la Iglesia católica, inmerso en diversos organizaciones, constituimos un tipo de partidos políticos en la clandestinidad que eran pura expresión de lo que hoy llamamos la organización de la sociedad civil. Y estos grupos, esos partidos políticos, proyectaron a su vez infinidad de diversas asociaciones y colectivos que potenciaron la sociedad civil.

¿Puede valer aquella experiencia como un elemento interesante de revitalización de la sociedad democrática?

Sí, sin duda. Por dos razones. En primer lugar, si analizamos con detalle cómo se produjo la última época del franquismo podemos ver cómo el propio proceso de la Transición, a pesar de lo que se hayan podido decir hasta ahora, no fue un proceso liderado desde arriba. La transformación política que formalizó el presidente Suárez apoyado en la monarquía constataba que, aunque formalmente las instituciones franquistas parecían intactas, por dentro estaban agujereadas como un queso de Gruyere. Y esos agujeros los había ido horadando una parte muy importante de la sociedad civil organizada, en oposición a la dictadura franquista.

Los movimientos, de hecho políticos, de la sociedad civil en democracia

Tenemos delante de nuestros ojos, y sin embargo a veces no lo vemos, la experiencia de colectivos o asociaciones que consiguieron no sucumbir cuando los partidos les dieron la espalda. Muchas de estas organizaciones, hoy tan olvidadas, permitieron aflorar graves problemas de nuestra democracia, incidir en la opinión pública, torcer la actitud de las «distantes» autoridades y, como resultado, mejorar mucho la vida social.

Hablo por ejemplo de lo que fue el movimiento de Madres Contra la droga.

La asociación Madres Contra la Droga empezó en Galicia. Fue la reacción espontánea de los familiares de muchachos adictos a la heroína, que veían como sus hijos acababan sistemáticamente en la cárcel, en un círculo del que en modo alguno podían salir nunca. El trabajo de las Madres contra la Droga en Galicia fue extraordinario. Tenían objetivos claros, uno de ellos era erradicar a los traficantes de droga de la costa gallega. Acabar en suma con la impunidad con la que entonces actuaban. El otro objetivo consistía en suministrar tratamiento a los muchachos drogodependientes. Fue precisamente en Galicia donde el juez Baltasar Garzón, quien desde la competencia que la ley atribuía para la represión de las bandas de narcotraficantes, escuchó a las primeras representantes de aquellas «Madres para la Droga» y tomó medidas que ya entonces muchos discutieron. Él mismo se desplazó en ocasiones a Galicia para dirigir personalmente operaciones de investigación y consiguió abrir varios y muy importantes sumarios contra los más destacados narcotraficantes de la zona.

Estamos poco acostumbrados a valorar la incidencia social de las actuaciones judiciales. Sin embargo, deberíamos hacerlo. Protagonistas que vivieron aquellos días constatan que precisamente esos sumarios fueron los que terminaron por acabar con aquella evidente impunidad. Seguramente permitieron que Galicia no se convirtiera en otra Sicilia.

A quienes conocí bien, mientras que fui juez de vigilancia penitenciaria, fue a las Madres contra La Droga de Madrid. Ellas fundamentalmente estaban apoyadas por algunas parroquias del sur de Madrid que agrupaban a organizaciones religiosas de base, absolutamente comprometidas con la realidad social. La Asociación de Madres contra la Droga de Madrid, que yo conocí en aquellos años, es una clarísima expresión de la capacidad de organización de la sociedad civil, con muy pocos efectivos y apoyos, cuando hay un pequeño núcleo con claridad meridiana y decidida a actuar. Un pequeño grupo es capaz de transformar muy profundamente la sociedad.

Las Madres contra la Droga no se componían solamente de madres biológicas. Había voluntarias, que trabajaban en la Asociación para ayudar a los hijos de otras. Sus reivindicaciones eran también muy claras, denunciar a todos los traficantes de droga a los que veían actuar con impunidad en los barrios de Madrid y ayudar a los muchachos drogodependientes para que dejaran de drogarse. Para ello, buscaban tratamiento, y se recorrían incansablemente todos los juzgados y tribunales de Madrid, para conseguir que los jueces empezaran a ser conscientes de la dramática realidad que se vivía en los barrios.

Aquello fue una plaga. La expresión de libertad que había significado la llegada de la democracia en España permitió que la adicción a la droga, y en concreto, la adicción a la heroína, se extendiera fulgurantemente. El Estado no reaccionó. Los políticos no supieron qué hacer. Dejaron pasar el problema. Lo único que hicieron, (como después volverían a repetir hasta nuestros días en cualquier ocasión en las que se presenta un problema social), consistió en generar un discurso público pidiendo más penas y más graves. Es decir, agravar las penas que el Código Penal establecía para todo tipo de traficantes de drogas.

La adicción a la heroína no afectaba solamente a la clase obrera, aunque desde luego era esta la que, de forma mayoritaria, formaba el importante colectivo que llegó a haber en las cárceles. Sin embargo, el fenómeno afectó asimismo a muchos hijos e hijas de la clase media y alta, que quedaron también enganchados en el consumo de la heroína. Pero claro, los que necesitaban robar y traficar para subvencionar su adicción eran fundamentalmente muchachos y muchachas de la clase media y sobre todo de la clase obrera.

Eso generó una compleja percepción en la sociedad. Por una parte, se sabía muy poco de la drogadicción. Era un problema gravísimo que había estallado de una forma súbita pero que no estaba aún en el discurso social. Quizás en los primeros años las familias que se vieron golpeadas por esta durísima experiencia quisieron ocultarla y guardaron silencio. Aguantaron solas, sin ser conscientes de que ellas no eran culpables. Por otra parte, y al contrario, lo que sí estaba en el discurso social y generaba protesta y desafección ante la clase política gobernante, era el indiscutible aumento de la criminalidad. Sobre todo en los robos a mano armada, que se producían con gran frecuencia en las entidades bancarias.

Por aquellos años comenzaron a hacerse los barómetros de opinión del CIS. Los he repasado y he podido comprobar tal y como yo recordaba que, en torno a los años 80, la inseguridad ciudadana llegó a ser una de las grandes preocupaciones de la sociedad española. Recuerdo que, años antes, cuando en el año 81 ejercía de juez de instrucción en la ciudad de Bilbao, en una pequeña tienda de comestibles, frente al edificio de los juzgados, el dueño había colocado en el escaparate un cartel que decía lo siguiente: «Me han robado diez veces ¿qué puedo hacer?».

Ya lo he dicho. El Estado no reaccionó. No estudiaron el problema. No relacionaron el efecto de la adicción con el incremento de la criminalidad ni que la propia adicción generaba la necesidad de un mercado ilegal de drogas y que los propios adictos tenían que convertirse en pequeños traficantes.

Simplemente, incrementaron penas.

Dificultar el tráfico de droga no hizo más que aumentar su precio y la espiral punitiva no hizo más que aumentar el número de presos. Por si faltara poco, en aquellos primeros 80, se empezó hablar de una enfermedad desconocida que provocaba la muerte de muchos jóvenes rápidamente.

Estábamos comenzando a vivir la infección del sida. Aunque aún no teníamos ni idea de cómo se producía, los jueces penales empezamos a ver que muchos de los acusados, precisamente por ser drogodependientes, morían rápidamente afectados por esta enfermedad. Ante este espectacular caos, fueron sin duda las Madres contra la Droga quienes hicieron lo imposible para demostrarnos, en primer lugar al colectivo judicial y después, poco a poco, a la clase médica y finalmente a la sociedad en general, que era necesario abordar el problema de los adictos y que a los mismos no se les podía tratar como un delincuente más.

Han pasado más de 25 años de aquellos acontecimientos. La explosión de la droga y la infección del sida produjeron un holocausto sobre todo entre los hijos de la clase media y la clase obrera. Algún día habrá que hacer un estudio del número de jóvenes muertos, y a su vez también, de las vidas que las Madres contra la Droga consiguieron salvar.

Esta asociación, nacida y desarrollada en la propia sociedad civil fue trascendental para plantear como problema nacional el problema de la droga. Se cambió la legislación penal y desde entonces, y casi hasta hoy mismo, se sigue retocando el Código Penal para posibilitar que el castigo no sea un elemento negativo para los procesos de deshabituación. La asociación Madres contra la Droga se abrió un hueco en la sociedad a pesar del rechazo inicial con el que contó desde las autoridades políticas. Supongo que acabarían beneficiándose de algún tipo de subvenciones. Pero el grueso de su financiación inicial procedía fundamentalmente de su propio voluntariado. Recuerdo a Sara. Trabajaba limpiando discotecas los fines de semana. Con lo que le pagaban ella se pagaba, entre otras cosas, los viajes a las distintas cárceles del país, para visitar a los jóvenes a los que ayudaba.

Años más tarde, hubo también otra asociación, reflejo de la capacidad de organización de la sociedad civil y de su agilidad para responder a problemas sociales que la política no tiene ni la capacidad ni el interés de abordar. Esta fue la Asociación de Familiares de la Desobediencia Civil.

Es apasionante contemplar el devenir de una sociedad. ¿Qué pasó para que en un determinado momento, y en torno al final de los 80, comenzara a desarrollarse un fuertísimo movimiento de objeción de conciencia?

La objeción de conciencia, que durante aquellos años logró tener un espacio en el discurso público, parece que ahora no hubiera existido nunca. Pero si existió y tuvo, como sucedió con las Madres contra la Droga, una trascendencia muy importante. Consiguió que se visualizara el problema.

Muchos jóvenes se negaban a hacer el servicio militar. De nuevo la respuesta política fue incrementar las penas. Y empezó a haber un número significativo de jóvenes en la cárcel, por el único motivo de que no querían hacer el servicio militar por sus convicciones morales. De nuevo, la sociedad civil se organizó. Hubo manifestaciones y protestas. Las instituciones comenzaron a reaccionar. Algunos jueces empezaron a generar, también en este caso, jurisprudencia alternativa, que buscaba maneras para que todos aquellos jóvenes que simplemente no querían hacer el servicio militar porque estaban en contra de la violencia que significa la guerra, no tuvieran que entran en la cárcel. Aunque parezca mentira, también este movimiento, surgido de la propia sociedad civil, consiguió lo que se proponía. En el año 1996, y con un gobierno del Partido Popular, el servicio militar obligatorio quedó abolido.

Cito esos dos casos de articulaciones de la sociedad civil, porque creo que son claros ejemplos de la enorme capacidad que podemos tener los ciudadanos de desarrollar política de base, auténtica política, generada en la propia sociedad civil. Tanto las Madres contra la Droga como el movimiento de la objeción de conciencia consiguieron resolver o atenuar problemas sociales.

Por supuesto que ha habido otras muchas articulaciones de la sociedad civil que convendría estudiar, como por ejemplo fueron los propios movimientos feministas, los movimientos de víctimas, o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que estamos viviendo en estos días. Todos ellos han tenido incidencia social y han logrado modificar leyes y políticas públicas. Confirman que la política, gestionar los asuntos públicos, es una actividad de todos.

La política forma parte del «disco duro social».

III

CAMBIAR LA JUSTICIA

1. ABOGADOS DIFERENTES

Siempre me gustó vivir en el campo y en algún momento de la carrera me interesé por el Derecho Agrario. Eduardo, cuando aún éramos estudiantes me regaló todos los libros que encontró sobre el tema. Alguien, no sé muy bien quien, me aconsejó que hiciera oposiciones a secretario de Ayuntamiento. Me gustaba la idea de compartir el campo y el derecho. No tuve tiempo ni de considerarlo.

Comisiones Obreras, pese a su clandestinidad, alcanzó una cierta consolidación. El sindicato en formación requería apoyo jurídico y no solo teórico. Con lucidez, llegó a la conclusión de que debía ofrecer a los trabajadores, tanto a los aún pocos afiliados como a todos los que se adentrasen en la difícil lucha sindical por las libertades, un servicio de defensa jurídica «de clase», algo que difícilmente podía ofrecer el sindicato vertical del franquismo. A los estudiantes de Derecho del Partido Comunista se nos pidió entonces que les ayudáramos. La ayuda se convirtió en prioridad.

Los despachos laboralistas: apoyo jurídico al sindicato (clandestino) emergente

Había que crear los despachos laboralistas. Y los creamos. Fueron, sin duda, una institución trascendental para acelerar el fin de la dictadura franquista. Pero también fueron un invento jurídico muy interesante que demuestra que, a pesar de que derecho e imaginación tienden a concebirse normalmente como conceptos antagónicos, es posible inventar, y casi desde cero, nuevas estructuras jurídicas

Como he dicho, los despachos laboralistas surgieron en aquellos años como una alternativa «de clase». Me explico. Naturalmente, las recién creadas Comisiones Obreras eran ilegales, como no podía ser de otra forma en la dictadura. Empezaban a tener sin embargo un importante apoyo en las fábricas y tajos. Necesitaban asistencia jurídica en sus reivindicaciones. Necesitaban a su vez abogados que les defendieran ante las consecuencias represivas de las empresas en connivencia con el Estado.

La dictadura franquista, obsesionada con acabar con la concepción de clase, había creado ese «engendro» contra natura que eran los sindicatos verticales. Estos incluían, en el mismo «sindicato», a los patronos y a los obreros. Se desnaturalizaba el concepto mismo de sindicato. Por eso, los despachos laboralistas se definieron como alternativas de defensa solo de los trabajadores. En nuestros despachos solo se atendía y defendía a obreros. Nunca a patronos o empresarios.

En Madrid, el primer despacho fue el de la calle la Cruz nº 16. Al frente del despacho estaban varios abogados mayores que nosotros, y nos unimos a ellos quienes acabamos la carrera en el curso 1965-1966: Jesús García Varela, Cristina Almeida, María Teresa García Rodríguez y yo misma. Con nosotros estaban también Juan José del Águila y José María Elizalde. Curiosamente, las chicas estábamos más disponibles, puesto que Jesús y José María tenían pendiente el servicio militar.

El régimen de Franco había creado una modalidad especial de ese servicio para universitarios, dirigido a formar «oficiales de complemento» (algo que les había dado muy buen resultado en la guerra civil, captando voluntarios entre las clases altas o entre aquellos con algunos estudios que apoyaban la «causa nacional»). El servicio en esa modalidad especial se hacía en los veranos, en las vacaciones de la Universidad. En los años 60 se fue progresivamente filtrando el acceso a ese servicio, impidiendo que los estudiantes marcados por su actividad antifranquista pudieran hacerlo. Los estudiantes rechazados tenían que hacer el servicio militar común, más largo y concebido para la clase de tropa, al terminar la carrera. Ese era el caso de Jesús y José María. Tenían todavía que hacer la «mili». Para José María fue especialmente difícil, puesto que le destinaron a África.

En la calle de la Cruz, María Luisa Suárez y Pepe Jiménez de Parga fueron nuestros maestros. Eran los mayores. Estaban acostumbrados a lidiar en el difícil campo de la resistencia antifranquista. No obstante, como en cualquier tejido social que se encuentra en proceso de cambio, nosotros, que vivimos la enorme efervescencia del final de los años sesenta, tuvimos que hacernos cargo, ante los nuevos retos, de un liderazgo necesario que ahora casi parece sorprendente.

Los nuevos despachos en Madrid: Atocha y Españoleto

Muy pocos años después, en 1971, y a partir de aquél embrión de la Calle la Cruz, con 27 años tanto Cristina Almeida como yo (en mi caso después de mi fugaz paso por Barcelona, en donde también había abierto un despacho) liderábamos la puesta en marcha de los nuevos despachos laboralistas respectivamente de Españoleto y Atocha, que iban a convertirse en «instituciones».

Quizás por eso, por lo extraordinariamente jóvenes que éramos, en los despachos laboralistas y muy especialmente en el despacho de la calle Atocha, que es en el que yo trabajé durante casi 20 años (hasta que en 1989 empecé a preparar las oposiciones a la judicatura) se vivió una experiencia fascinante. Teníamos todos los días que inventarnos qué y cómo hacer; no había precedentes. Hicimos en realidad el mensaje machadiano, había que hacer camino al andar. Fueron momentos tan intensos, tan vivos, tan frescos, siempre tan obligadamente nuevos, que a pesar de todas las dificultades y peligros –que los hubo–, solo pueden resumirse como apasionantes.

Para montar el despacho de la calle Atocha, escogimos un piso principal en una casa antigua, en el número 49. Años más tarde esos grandes pisos en casas antiguas se pondrían muy de moda. Con la intuición de futuro de nuestra generación, lo preferimos a cualquier otro edificio más aparentemente funcional. Era en todo caso un lugar céntrico y accesible, requisitos fundamentales para un despacho del tipo que íbamos a montar. Pronto ese piso se nos quedó pequeño y hubo que alquilar otro piso cerca del inicial. Esta vez la casa no era tan bonita pero era muy grande y tenía un hall inmenso, algo muy conveniente para organizar una gran sala de espera. Fue en este segundo, en Atocha 55, donde años más tarde iba a producirse el trágico asesinato de cinco compañeros.

Atocha, más que un despacho, y con actividad frenética

El despacho comenzó a funcionar, pues, en la calle Atocha nº 49. El piso era palaciego, con los techos decorados con flores y angelitos con un interior muy profundo en el que se podían agrupar la secretaría, la biblioteca y la cocina, que después mantuvimos, como después se ha hecho en tantas oficinas actuales, y se convirtió casi en «lugar de culto». Por haber, en el despacho había hasta un cuarto de juegos para nuestros niños, a modo de guardería, para posibilitar las muy largas jornadas de trabajo.

Cuando ahora se habla tanto de la compatibilidad de la vida familiar y el trabajo pienso que en eso, como en tantas cosas, fuimos extraordinariamente precursores. Y si digo esto no es para ponernos flores sino como una mera reflexión. En una sociedad en épocas de cambio acelerado, incluso descontrolado y en todo caso con tantas rupturas, surgen nuevas ideas, nuevas prácticas que es necesario tener en cuenta enseguida y analizar bien. Pueden acabar siendo las constantes de la sociedad en los próximos quince o veinte años.

En todo caso, los precursores sociales, como todos los inventores, tiene muchos fracasos y dan también muchos pasos equivocados. El cuarto de los niños no dio mucho resultado. Solo recuerdo que estuvieran algunas veces Sergio, el hijo de Tina, una de las secretarias, y Eva, mi hija. Un día descubrimos que el cuarto se les había quedado pequeño y que salían al hall y al pasillo, donde esperaban pacientemente nuestros clientes. No sé si fue porque alguno de ellos les regaló una peseta o simplemente se les ocurrió a los niños en una prematura actitud empresarial. Lo cierto es que una tarde decidieron ponerse en el principio del largo pasillo y pedir una peseta a cada obrero que pasara por allí.

Lo de las meriendas tuvo más éxito. Parar un rato el trabajo y charlar una poco de lo que cada uno tuviéramos entre manos mientras nos tomábamos un café y tostadas era un aglutinador del equipo. A veces nos daba mala conciencia. Teníamos muchísima gente, y sabíamos que los obreros que esperaban pacientemente se desesperaban cuando desde la cocina se esparcía el delicioso olor de las tostadas con mantequilla; se quejaban: «lo que nos faltaba, los abogados se van a merendar» . Aunque quizás un poco a regañadientes, nos lo toleraban. Sabían que trabajábamos mucho. No cuestionaban ni nuestra entrega ni nuestro trabajo.

Teníamos muchísima gente. El éxito de los despachos respondía a una necesidad creciente. No era raro que termináramos pasadas las diez de la noche. Después de tantas horas de consulta, había todavía que preparar los juicios del día siguiente. La actividad era sin duda frenética.

Tuvimos tanto éxito porque, a mi juicio, supimos ofrecer un tipo de asesoramiento laboral novedoso. No cobrábamos nada mientras el cliente no hubiera cobrado algo. Se trataba de una especie de «cuota litis», cuestionada en la tradicional concepción de la abogacía, que siempre ha mantenido la provisión de fondos y el cobro al margen del resultado. Nuestro sistema constituía el único medio por el que los trabajadores podían acceder a los servicios de asesoramiento jurídico.

Todos iguales

No sé muy bien cómo y por qué, pero desde un primer momento se estableció que, aunque el despacho estaba alquilado a mi nombre (puesto que naturalmente el propietario de la casa nos exigía una identificación personalizada para formalizar el contrato), todo se establecía, se organizaba y se regulaba colectivamente, entre todos los que allí trabajábamos.

No había distinción entre los que éramos abogados, los que eran administrativos ni tan siquiera respecto a Rosa, que era quien limpiaba el despacho por la mañana. Por la tarde, se arreglaba, se ponía su collar de perlas y era la encargada de dar los números, tarea importante ante la afluencia de clientes. Rosa era entonces, también, la que atendía la entrada de la clientela. Todos ganábamos igual y todos teníamos la misma capacidad para decidir sobre lo que nos parecía que era un proyecto de todos. ¿Espíritu cooperativo o asambleario?, ni siquiera nos lo planteábamos.

Por supuesto que todos los que formamos parte del despacho aceptábamos que nuestra función esencial era ayudar a la clase obrera a defender sus propios derechos. Todos nosotros, unos menos y otros más, estábamos politizados y algunos éramos efectivamente militantes del Partido Comunista. Otros no, pero todos estábamos muy convencidos de nuestra tarea principal y al servicio de quién estábamos. Queríamos ofrecer a los obreros la posibilidad de conseguir sus derechos.

Aunque en un primer momento la primera generación de jóvenes laboralistas nos tuvimos que lanzar a ejercer casi sin preparación alguna, nosotros mismos fuimos generando después la formación de nuevas generaciones, que entraban a trabajar con nosotros. Eran de entrada una especie de pasantes, a los que nos gustaba llamar los «propios». Creo recordar que de entrada cobraban la mitad del sueldo que cobrábamos los demás.

Nuevas formas organizativas ¿una opción siempre posible?

El despacho de Atocha empezó a funcionar en el año 1972 con cinco personas. Fuimos creciendo y se mantuvo, en su configuración inicial, hasta 1979, fecha en la que llegamos a ser 20, por supuesto con cambios de gente que entraba pero que también salía.

Ahora puede parecer sorprendente que un colectivo de 20 personas pudiera funcionar de una forma absolutamente democrática y con una equiparación salarial absoluta.

Los despachos laboralistas no solamente fueron, como ya he dicho, una organización muy importante para la movilización social, que siempre necesita apoyo jurídico. Fueron también buena prueba de que es posible crear nuevas organizaciones de todo tipo, incluidas las jurídicas, basadas en métodos de funcionamiento no habituales antes en la sociedad. Es una reflexión que a posteriori, en la distancia, pudiera resultar hoy de utilidad, aunque quizás habría que descontar el irrepetible momento que en aquellos se vivía, de final de una dictadura que se pretendía precisamente superar.

¿Habría sido posible que esa estructura de despachos laboralistas continuara a lo largo de estos últimos años? ¿Sería posible que funcionaran ahora algunos despachos de forma semejante?

Aunque quizás la respuesta más inmediata fuera que no, estoy convencida de que sí. Nosotros, los que formamos parte de aquella extraordinaria experiencia, no solo trabajábamos así porque estuviéramos politizados y quisiéramos efectivamente conseguir que los obreros tuvieran los derechos que le correspondía sino porque, además, nos lo pasamos extraordinariamente bien. Disfrutábamos muchísimo con nuestro trabajo que nos parecía apasionante.

Un paréntesis conveniente: la importancia del trabajo, también para las mujeres

Recuerdo que un amigo que se acababa de separar me pidió que hablara con su nueva mujer para animarla a que trabajara fuera de casa. En aquellos años, y no sé sí ahora también, en muchas mujeres había la idea de que el trabajo fuera de casa era algo externo al núcleo esencial de su vida. Intenté explicarle algo que fue para mí siempre una constante. El núcleo emotivo de nuestra vida no se sitúa sólo en el marco de las relaciones familiares sino que se extiende en toda nuestra estructura vital. Es decir, trabajar es como la malla que rodea toda nuestra vida, como una especie de magma por la que se mueve nuestra existencia. Le dije a la nueva mujer de mi amigo que trabajar era un elemento incuestionable para garantizar la felicidad. Y aunque ahora no estoy segura si también le añadí esto, es evidente que es necesario planificar los trabajos dentro de una estrategia de felicidad. Al igual que pretendemos diseñar nuestra felicidad cuando escogemos nuestras parejas también es necesario escoger los trabajos en clave de felicidad. Por supuesto que en estos momentos en los que esta terrible crisis económica, que no esperábamos, ha hecho tan difícil encontrar un puesto, escoger los trabajos parece una quimera.

Sin embargo, quizás, precisamente porque los trabajos son difíciles ahora hay que personalizarlos más. Acabo de participar, ahora en 2013, en el acto de fin de curso de la Universidad de Bilbao. Puse a mi intervención un título que en absoluto es un mero enganche táctico: «Cómo ser feliz y ganarse la vida con la carrera de Derecho». Espero que los recién licenciados acometan su vida laboral con algo más de creatividad y entusiasmo.

La actividad útil ayuda a la felicidad

Volviendo atrás, en el despacho laboralista de Atocha y por supuesto sin que jamás pudiéramos imaginar lo que íbamos a vivir el 23 de enero de 1977, éramos todos, de verdad, extraordinariamente felices. Disfrutábamos con el trabajo. Trabajábamos muchísimas horas pero de alguna manera estas estaban enlazadas con nuestra propia vida.

Nos sentíamos muy libres, muy dueños de nuestro trabajo/vida. Por supuesto que eso no quiere decir que no tuviéramos tensiones y angustias en el día a día, pero eso sí, estábamos alejados de algunos de los jinetes malos del Apocalipsis laboral: jefes tiranos, rutinas burocracias y explotación.

Por las mañanas, los abogados, y a veces también los administrativos, íbamos a los tribunales. Los abogados a lo nuestro, a hacer los juicios y los administrativos a perseguir la trayectoria de los procedimientos y a conseguir que se agilizarán los trámites para que al final los obreros pudieran cobrar.

Éramos buenos como abogados. Estábamos extraordinariamente convencidos de que teníamos razón y, en un tanto por ciento importante, conseguíamos que se cumplieran leyes. Paradójico objetivo, podría decirse. Sin embargo, por la propia situación social de vulnerabilidad política de la clase obrera entonces, parecía que esas leyes se habían hecho para que nunca se cumplieran.

Al analizar la legislación franquista sobre los derechos laborales se observa sin lugar a ninguna duda un contenido social que puede resultar sorprendente. Digamos que la tónica general de la legislación laboral del franquismo era, por supuesto, la rotunda prohibición a los trabajadores de los derechos clásicos de empoderamiento, ni sindicatos de clase ni derecho de huelga, pero, por el contrario, sí había un reconocimiento teórico o una atribución de ciertos derechos, quizás desde una visión esencialmente paternalista.

Pero obviamente, quizás podría decirse, ese conjunto de derechos no se cumplían. Cuando los derechos de las minorías no van acompañados de resortes de poder que los hagan posible esos derechos devienen puramente declarativos e inútiles.

Así, al irrumpir nosotros en esa sociedad del franquismo de los 60 nos encontramos con un derecho emblemático y paternalista, que habitualmente no se cumplía, y cuyo cumplimiento pudo convertirse en nuestro gran objetivo táctico, técnico- jurídico.

De forma no premeditada, pero que seguramente se mostró pronto conveniente, entre los despachos de Españoleto y Atocha nos dividimos las actividades en que íbamos a tender a especializarnos, respectivamente el metal ellos y nosotros la construcción.

La dura, y quizás menospreciada construcción. Nuestra tarea

Me impactaba de manera muy especial la cantidad de obreros de la construcción que moría en el tajo. Tengo grabada la imagen de algunas mujeres jóvenes, viudas de negro de los pies a cabeza, que venían al despacho a intentar que les consiguiéramos aquellos derechos que les correspondían por aquellos muertos en el tajo, sin medidas de seguridad de ninguna clase.

La Ley sobre Accidentes de Trabajo del franquismo era sin embargo un texto legal importante en el que, entre otras cosas, se establecía la obligación de las empresas de la construcción de colocar instrumentos de protección para los obreros, entre los que destacaban, por su evidente importancia, los obligatorios quitamiedos en todos los puestos de trabajo que daban al vacío. Sin embargo, solo con mirar cualquier obra, de las muchas que entonces había, veíamos que allí no había protecciones- quitamiedos de ninguna índole.

La distancia entre lo que decían las leyes y lo que en la práctica sucedía era inmensa.

Probablemente desde entonces me ha parecido imprescindible, para cualquier jurista, tener muy claro la diferencia entre derechos y realidades. Entre esos derechos y las condiciones o medios que pueden hacer posible que se cumplan.

Un mundo lleno de leyes ¿Se cumplen, se aplican? ¿Se evalúan sus resultados?

La cuestión sigue suscitándose. Vivimos, en estos primeros años del siglo XXI, en un mundo lleno de leyes. No solo los derechos humanos han sido reconocidos en la mayor parte de países. También, e incluso en países donde es abismal la desigualdad entres los poderosos y las grandes mayorías desposeídas, hay muchas leyes que pretenden proteger los intereses de estas, de hecho los más vulnerables. Son puro papel mojado.

Cuando fui relatora de Naciones Unidas para el Procedimiento contra las Detenciones Arbitrarias pude comprobar cómo, en infinidad de ocasiones, lo que decían los textos legales y que los representantes políticos de los países que visitábamos nos exponían en cuanto aterrizábamos, no tenían nada que ver con lo que después nosotros veíamos. En una visita a Riga, la capital de Letonia, las autoridades nos habían asegurado que ninguna persona podría ser detenida en los calabozos de la policía más de 24 horas, pero cuando visitamos el edificio de la Jefatura Central de Policía pudimos comprobar hasta qué punto aquello no era cierto. Nada más entrar en algunas de las celdas de las personas detenidas, nos sorprendió la cantidad de objetos personales que allí había. Esto sin duda era indicativo de que las personas que estaban allí llevaban mucho tiempo en esas celdas. Naturalmente, lo primero que hicimos fue preguntarles cuánto tiempo llevaban allí y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando con toda tranquilidad confesaron que algunos llevaban más de dos y hasta tres meses. Por supuesto después vinieron las explicaciones. Las autoridades políticas nos explicaron que se trataba de casos excepcionales y trataron de justificarlo a su modo. En ese, como en otros tantos casos, se confirmó la importancia de inspeccionar el cumplimiento de la legalidad. Los textos legales por sí mismos nunca indican el desarrollo social de una sociedad. Es necesario conocer directamente la realidad para saber si los derechos reconocidos en las leyes se cumplen o no.

Los derechos de los débiles no se cumplen cuando estos no ganan la fuerza para hacerlos cumplir. Eso es lo que pasaba en España, y de una forma muy destacada, durante la época de la dictadura. Sigue pasando ahora en muchos sitios y, en cierto sentido, también todavía, y en cierta medida pareciera volver a ocurrir en España.

¿Por qué el derecho social, el derecho que favorece a las grandes mayorías, se incumple de forma tan sistemática en tantas partes del mundo? Surge una respuesta inmediata, quizás simplista pero que sin duda responde a la realidad: los poderosos, los «dueños» pueden llegar a reconocer, en teoría, esos derechos. Ahora bien, además dejar aplicarlos parece que resulta demasiado.

¿Por qué será tan difícil acometer la evaluación del resultado de las leyes?

Hace ya mucho tiempo tuve la suerte de que cayera en mis manos una recopilación de textos de determinados sociólogos jurídicos que había dirigido el sociólogo jurídico noruego Vilhelm Aubert. Allí se exponía cómo el Gobierno noruego, una vez que había promulgado una ley reconociendo derechos sociales a los trabajadores domésticos, había ordenado una macroencuesta para conocer hasta qué punto se estaba cumpliendo o no esa legislación social.

Me pareció tan interesante que puedo decir que desde entonces no he parado de recomendar –bien es verdad que aún con poco éxito– que se evalúen las leyes, es decir que se valore su incidencia social y muy especialmente aquellas que reconocen derechos sociales. Sería necesario que se establecieran índices para que podamos medir, y por tanto acercarnos a tener alguna certeza, el efecto que la correspondiente ley ha tenido en la práctica. Lo que está claro es que su mera promulgación legal no asegura los positivos efectos que con esta se dicen perseguir.

No deja de sorprenderme la falta de interés que suscita un tema tan apasionante como es el de la constatación del cumplimiento del Derecho. Muy pocos estudios en castellano han tratado ese tema y ni qué decir tiene que nada de esto se estudia en las Facultades de Derecho. Pocos meses antes de jubilarme, y ya preparando lo que yo llamo mis carpetas, de los diferentes proyectos que quiero desarrollar en esta nueva etapa, me entrevisté con Gregorio Peces-Barba. Estuvo encantador, como siempre. Le expliqué que me parecía importante que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III trabajara en la confección de unos índices de constatación del cumplimiento de los derechos humanos. Precisamente, y por haber sido relatora en Naciones Unidas, estaba convencida de la mayor eficacia que pudieran tener todos los procedimientos de monitoreo y control de los derechos humanos si éramos capaces de establecer índices claros de observancia o incumplimiento de los mismos.

Además el trabajo de relatora me había permitido atesorar experiencias que entendía que, junto a las que ya tenía en la judicatura y muy especialmente en mi destino de jueza de vigilancia penitenciaria, me permitían poder por lo menos (aunque fuera de forma intuitiva) formular la base de la redacción de esos índices. No me pareció que le interesara mucho el tema pero en todo caso me dijo que le remitiera una propuesta para la reflexión y elaboración final de esos índices de cumplimiento de los derechos humanos. Se la remití. Nunca me contestó. Intenté varias veces saber qué había pasado con mi propuesta. Fue imposible. No hubo respuesta. Esta, como tantas otras propuestas, se quedó así, sin respuesta.

¡Que los derechos reconocidos se cumplan!, grita el mundo

Pues bien, aunque parece que al mundo jurídico no le interesa demasiado conocer cuál es el resultado o, por así decir, el destino final del Derecho, la exigencia de cumplimiento de los derechos de los débiles forma parte del contenido reivindicativo de muchos de los movimientos sociales que hay en el mundo luchando todos los días contra las injusticias.

Sampat Pa, la organizadora de la banda Gulabi Gan, («el ejército de los saris rosa») cuenta en su libro que la mayor parte de las acciones que su grupo realiza consisten en forzar de una u otra forma –muchas veces con una gran carga de intimación– que la ley se observe y, muy especialmente, que se cumplan los derechos de las mujeres.

Esto es bonito. Encierra una importante reflexión. Son los colectivos quienes, mediante acciones de presión y a partir de una valoración propia, negativa y quizás discutible desde el punto de vista jurídico, logran lo que sin embargo el mundo del Derecho tendría que garantizar por sí mismo, o al menos contribuir, a su cumplimiento. Es decir, al cumplimiento de los reconocidos derechos de las grandes mayorías.

El contrato de trabajo del franquismo no se cumplía

Los abogados laboralistas entendimos bien que ese era uno de nuestros grandes objetivos. La Ley del Contrato de Trabajo, que era nada menos que de 1944, establecía que los trabajadores tenían que cobrar sus cantidades plasmadas en una nómina oficial muy detallada, en la que se debían recoger las diversas partidas, con las particularidades de cada caso, del salario de los trabajadores. Esta nómina debería reflejar por tanto el total del salario que percibían los trabajadores. Esa era la manera de demostrar lo que efectivamente cobraban, algo que resultaba imprescindible para reclamar el salario, si por alguna razón no lo recibían. Esa detallada nómina debía ser también la base para el cálculo de las indemnizaciones por despido, o por accidentes laborales o simplemente para calcular los derechos sociales de la jubilación y las distintas pensiones sanitarias. Pero de nuevo la práctica burlaba el derecho. La realidad es que la nómina no era nada más que una mera formalidad, que apenas reflejaba la realidad, sobre todo en la construcción. Una parte del salario, tantas veces incluso mayoritaria, se cobraba en dinero negro y con unos recibos que se los quedaban las empresas, sin que se le diera copia alguna al trabajador.

Allí estábamos nosotros. Era una reivindicación constante. Exigíamos que se incluyera todo lo percibido en las nóminas y buscábamos la manera de demostrar la realidad, aflorando lo que estaba escondido.

El zoo de la Casa de Campo de Madrid se construyó con mucho hormigón y por eso trabajaron allí muchísimos encofradores. Los encofradores eran entonces unos de los trabajadores de la construcción que más cobraban. Su salario, su salario real, naturalmente, no se reflejaba en nómina. Nuestros clientes, los obreros, nos dijeron que la empresa había fijado en la pared de una de las oficinas un cuadro en el que se recogían los precios reales a los que se les pagaba el metro cuadrado de encofrado construido. Había que actuar.

Esa era nuestra forma de concebir el Derecho y la Justicia. Fuimos allí con un notario. Saltando zanjas del enorme tajo que era el zoo, llegamos a la caseta de obra. El notario levantó acta de lo que allí figuraba. Ganamos. La empresa no se lo creía. Tampoco los obreros. Fue una gran victoria. Una victoria de la legalidad, no solo del reconocimiento sino también del cumplimiento de los derechos. A partir de ese momento todos aquellos obreros tuvieron reconocido el salario que efectivamente cobraban.

Ganábamos muchísimos pleitos en los tribunales laborales de entonces, la Magistratura de Trabajo. Supongo que contribuía, por una parte nuestra convicción de la importancia de lo que hacíamos y sin duda el entusiasmo y la tenacidad con que actuábamos. Cierto es que reclamábamos derechos que estaban reconocidos en las leyes, pero la dictadura había extendido sus tentáculos en una Justicia que no era independiente. De forma que difícilmente puede resultar sorprendente que muchos de esos claros derechos, que reconocían las leyes laborales, habían quedado diluidos, cuando no habían desaparecido, a través de una jurisprudencia claramente favorable a la patronal.

La jornada laboral exigible era de 8 horas. La ley del Contrato de Trabajo de 1944 establecía que las horas extraordinarias tenían que pagarse con un incremento reglado de diferentes porcentajes. Era un momento de intensa actividad económica. Los trabajadores hacían muchísimas horas extraordinarias. La clase obrera de nuestra generación trabajó con una dureza extraordinaria. La mayor parte de ellos estaban pagando las letras de los pisos (antecedente a las más recientes hipotecas, pero en plazos mucho más cortos) que habían comprado. Sólo con un esfuerzo denodado era posible mantener a la familia y pagar aquellas dichosas letras. Las horas extraordinarias eran habituales para muchos. Sin embargo, las empresas nunca la retribuían tal como establecía la ley. En muchos casos, consideraban que el importe de las mismas iba incluido en las diferencias que, en negro, cobraban tantos los trabajadores.

La espada de Damocles de la prescripción

Algunos habían intentado reclamar sin éxito las horas extra en la Magistratura de Trabajo. Se había consolidado una jurisprudencia que dificultaba, cuando no impedía, la reclamación. Es un caso que conviene analizar cuando nos interesamos por la forma del cumplimiento del Derecho. Aquella jurisprudencia exigía que los obreros que pretendieran obtener una sentencia favorable por haber realizado horas extraordinarias que la empresa no les había pagado, demostraran cada una, una a una y día a día, de las que efectivamente se hubieran realizado. Era una prueba diabólica.

Muerto ya Franco, vino al despacho un obrero que trabajaba en una finca agrícola de Guadalajara. Venía con un cerro de papeles en los que él había ido anotando, día a día, la cantidad de horas extraordinarias que había trabajado durante toda su vida en aquella finca. Nos dijo con una tímida complicidad y una sonrisa de oreja a oreja. «Ahora que ha muerto Franco, vengo a reclamar todas las horas extraordinarias que nunca conseguí que me pagaran».

Fue difícil explicarle que, aunque efectivamente Franco acababa de morir, quedaba mucho por hacer para cambiar las jurisprudencias arrastradas, tan regresivas para los trabajadores y tan proempresariales. Resultaba además difícil explicarle el concepto de prescripción, que hacía perder los derechos si no se habían reclamado en su momento. A él que había estado esperando ilusionadamente lo que la muerte podía significar de cambio. La dichosa prescripción, cuando se aplica a las causas penales por delitos de corrupción se la denomina una «puerta a la impunidad». En aquel, y otros casos de reclamación, impide siquiera pensar en hacerlo en un periodo superior a los tres años.

Superar la jurisprudencia

Mi gran amigo, el abogado Nacho Montejo me recordó después que, en aquellos momentos, y cuando yo, aún con mis veintitantos años, era la abogada más antigua del despacho les recomendaba a los demás compañeros que antes de ir a cualquier juicio nunca miraran la jurisprudencia que pudiera resultar aplicable. Parece ser que yo les decía que desanimaba mirarla, y que lo mejor era olvidarla y actuar con sentido común y de justicia.

No podía ser una recomendación jurídica. Solo se justificaba en aquel momento en que las cosas estaban felizmente empezando a cambiar. Supongo que entonces resultaba una regla muy útil. En ausencia de la osadía de la convicción, superando la información tantas veces limitadora, quizás hubiéramos alcanzado menos éxitos. El caso es que así, siguiendo esa recomendación que Nacho dice que yo hacía, conseguimos muchas sentencias favorables.

Había una empresa metalúrgica de reparación de vehículos que empleaba pinturas muy tóxicas. Estaba por ello obligada a dar a cada uno de los trabajadores medio litro de leche diario, para evitar la grave enfermedad profesional de la silicosis. La empresa no lo hacía. No les daba la leche que la propia empresa reconocía que los trabajadores necesitaban. Lo reclamamos. Es imposible que lo reconozcan, me decían los compañeros. ¿Cómo vas a conseguir que los magistrados de Trabajo condenen a la empresa a entregar a los trabajadores toda aquella cantidad de litros de leche que, durante años, les habían escatimado?

Pues lo ganamos. Fue otra gran victoria. Claro, no nos dieron los litros de leche físicamente, sino el importe de lo que se calculó que valían los litros de leche de todos los obreros a los que esa empresa no había dado, durante los tres últimos años. Es decir, antes de que hubiera prescrito su derecho de reclamación. Los efectos nocivos de las pinturas y lo que antes de los últimos hubieran podido contraer los obreros se escapaba a lo logrado, que en todo caso fue un triunfo.

Ante la explosión reivindicativa había que ir a más. La colaboración codo con codo con los líderes sindicales

En Madrid, en esos años 70, llegó a haber tres grandes despachos vinculados a Comisiones Obreras: Alcalá, Españoleto y nosotros mismos, en Atocha.

Durante la segunda mitad de esos años setenta se produjo una extraordinaria explosión de todo tipo de reclamaciones laborales. La ley por la que se estableció por primera vez la posibilidad de la negociación colectiva y la decisión de Comisiones Obreras de presentarse en todas las elecciones para los cargos representativos del sindicato vertical crearon un nuevo contexto, en el que la necesidad de asesoramiento jurídico se hizo aún mayor. Aumentaron considerablemente las demandas en los despachos laboralistas. No solo era necesario defender las reclamaciones económicas, individuales o colectivas de sus trabajadores, sino que había que participar en la creación de la nueva cultura reivindicativa y asesorar a nuestros nuevos líderes sindicales.

Nos multiplicamos y nos convertimos, en cierto sentido, en una escuela permanente de abogados laboralistas. De Madrid surgieron abogados que fueron a A Coruña, al País Vasco, a Canarias, etc. En las grandes ciudades, como Sevilla, Valencia, Barcelona o Bilbao, ya se habían constituido también sus propios despachos laboralistas.

En Madrid, los tres grandes despachos más vinculados a Comisiones Obreras decidimos, para ser más eficaces, especializarnos cada uno en distintas especialidades profesionales. Atocha se especializó, fundamentalmente en la construcción, como ya se ha dicho, y también el transporte.

El mayor grado de sindicalización nos aportó aspectos muy decisivos. Por una parte, y a nivel personal, nos vinculó de forma muy estrecha a los líderes y cuadros sindicales, en definitiva, a los obreros de Comisiones Obreras. No creo que hubiera sido fácil que licenciados en Derecho, procedentes de la clase media alta española (pues ese era el colectivo que en aquellos años podía acceder a la Universidad) hubiera podido ser tan útil al movimiento obrero en pleno desarrollo entonces. Tuvimos lo que yo creo que fue la gran oportunidad de tener un contacto diario con muchos obreros, y de trabar una intensa relación de complicidad y apoyo entre nosotros y gran parte de los líderes del movimiento obrero.

Teníamos que planificar, abogados y líderes obreros, un montón de actividades que a su vez se convertían en ocasiones de intercambiar ideas. Macario era un obrero de la construcción con un liderazgo indiscutible. Era esbelto, como un junco rugoso con una piel siempre morena, casi quemada. A nosotros nos parecía entonces muy mayor, pero seguramente estaría solo cerca de los cincuenta. Vivía solo. No recuerdo bien si era viudo o soltero pero sí que era un hombre que tenía tiempo a su disposición y a quien le gustaba mucho quedarse charlando al final de las largas jornadas del despacho con los que, de entre nosotros, pudiéramos quedarnos ese día. Macario creía firmemente en que la clase obrera solo conquistaría el poder si utilizaba la violencia. No le parecía posible la democracia tal y como nosotros la entendíamos, ya que todos éramos fervientes defensores del eurocomunismo. Es decir, del socialismo en libertad. Macario defendía la pena de muerte, que nosotros rechazábamos. Polemizábamos. No solo nos respetábamos, sino que llegamos a construir una intensa relación de influencia mutua. Macario, con ese sustrato de comunista chapado a la antigua, era un hombre inteligente, cariñoso, divertido y altruista, que siempre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por los demás. Nos escuchaba sorprendido pero a su vez receptivo y yo diría que con gran deseo de que lo que nosotros defendíamos con tanto ardor pudiera ser cierto en algún momento.

Todos nosotros estábamos en aquellos momentos influidos también por esa expresión de libertad individual que fue el Mayo francés del 68. Teníamos opiniones sobre las relaciones sexuales y las parejas que no solo a Macario sino a muchos otros les escandalizaba. Las mujeres sobre todo no dejábamos de sorprenderles, con nuestra forma de ser, de hablar y de entender nuestra propia sexualidad. En esos años me tuvieron que extirpar la glándula de Bartolino, por lo que tuve que faltar unos días al despacho.

Estábamos tan convencidas de la necesidad de superar todos los tabúes, y entre ellos el de la oscuridad del lenguaje de la sexualidad, que cuando me preguntaron sobre la causa de mi operación, les expliqué con todo detalle de lo que se trataba y que en concreto esa glándula se encontraba en la entrada de la vagina. Cuando me recuperé y volví al despacho me resultó muy divertido que me preguntaran con mucho interés sobre mi operación de angina.

Fue precioso ese acercamiento interclasista, ese tejer relaciones que hubieran resultado imposibles en otro contexto.

La litigiosidad y las reivindicaciones: estallan las huelgas. Había que cambiar de método

Junto a ese aspecto relacional, el incremento tan importante de la litigiosidad laboral nos llevó a que tuviéramos que afrontar también un nuevo reto, que iba a tener mucha trascendencia. Aunque ya antes era posible la negociación colectiva, fue a partir de los 70 cuando la misma vertebró las reivindicaciones de la clase obrera y explotaron las huelgas.

Las huelgas eran todas ilegales, pues no estaba reconocido el derecho de huelga. Los empresarios tendían a considerar que el mero hecho de haber participado en una huelga era causa inmediata de despido. Aunque en muchas ocasiones se terminase consiguiendo que se readmitiera a los despedidos (reivindicación típica tras toda huelga) ni mucho menos fue siempre así. Nos encontrábamos con que en muchas ocasiones teníamos que defender a obreros que habían hecho la huelga y demostrar, pese a la prohibición, que su despido no podía ser un despido «procedente».

La generalización de las huelgas cambió nuestros métodos de trabajo jurídico. Hasta entonces, trabajamos fundamentalmente haciendo posible un derecho existente pero que sistemáticamente se vulneraba. A partir de ese momento, fue distinto. Ahora, teníamos que interpretar el Derecho.

Interpretar el Derecho: hacia el uso alternativo del Derecho

Teníamos entonces que conseguir que los magistrados de Trabajo pudieran interpretar en tal manera la legislación que hiciera posible aceptar de hecho, y poco a poco, la huelga en cuanto fenómeno consustancial en las relaciones laborales empresarios-trabajadores. Nuestra generación vivió así, e intensamente, uno de los fenómenos más interesantes que, desde el punto de vista jurídico, se produjo en ese momento. Me refiero a lo que se llamó el uso alternativo del Derecho, que tampoco se estudia, desafortunadamente, en las facultades de Derecho.

Mi amigo y colega, el magistrado Perfecto Andrés publicó, no hace mucho en la revista de Jueces Para la Democracia, un artículo muy claro en el que explica cómo y dónde nació el uso alternativo del Derecho. Fue en Italia efectivamente y consistió en un cambio trascendente, puesto que desde la izquierda marxista siempre se había considerado que el Derecho nunca podría ser un instrumento útil para la clase obrera, puesto que formaba parte de una superestructura del capital.

El movimiento de juristas, que comenzó en el año 1982 en Italia, declaró que el Derecho en sí mismo tiene que ser un instrumento para la convivencia y el desarrollo de todos. Es decir, sacar el Derecho del servilismo de los poderosos, en el que durante tanto tiempo se ha situado.

Aunque parezca mentira, con algunos de estos iconoclastas planteamientos se ganaron bastantes sentencias por despido de trabajadores que habían hecho huelga. Una de las más interesantes es precisamente la dictada por el magistrado de trabajo Zorrilla en Bilbao respecto a la huelga de la empresa Altos Hornos de Vizcaya, en su planta de laminación de bandas en frío, en Barakaldo. El abogado que defendió a los trabajadores era un abogado laboralista de Sevilla, llamado Felipe González.

No éramos conscientes del riesgo que corríamos: Atocha 1977

Es evidente que todo ello nos hacía cada vez más influyentes. El Régimen nos veía con creciente preocupación. No éramos sin embargo conscientes del riesgo que corríamos.

Tras la muerte de Franco, nos habían detenido en dos ocasiones sin gran trascendencia. La primera vez fue un 15 de mayo en el despacho antiguo de Atocha, en el 49. Teníamos una reunión de coordinación de distintos despachos laboralistas y la policía debió pensar que se trataba de otra cosa. Nos tuvieron una noche en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Lo mismo sucedió otra vez en una fiesta en casa de Nacho Montejo. Según dijeron luego, pensaban que estábamos preparando, con la cobertura de la fiesta, una próxima huelga. En esta ocasión detuvieron a todo el mundo de la fiesta. Éramos más de treinta, no solo abogados. La policía nos metió a todos en un autobús y nos llevó al patio de la Dirección General de Seguridad, donde nos hicieron formar. Estaba en la Puerta del Sol, donde ahora está el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las copas habían sido pródigas. Quizás ello ayudó a que nos tomáramos con una cierta hilaridad la detención que, en aquellos momentos, no era nada risible. La imagen resultó bastante chusca, íbamos vestidos de fiesta, los chicos con traje y bastantes de nosotras incluso con trajes largos, aunque fueran siempre un poco hippies. En esta ocasión la policía patinó. Era una fiesta de verdad, aunque de nuevo dormimos otra noche en los calabozos de la Puerta del Sol.

El 23 del mes de enero de 1977 me llamó por teléfono Luis Javier Benavides. Era para pedirme por favor, que le dejara el despacho del 55 para su reunión, del grupo de abogados dedicados a las asociaciones de vecinos y que yo trasladara la mía al 49. No sabía que se estaba jugando la vida y me estaba salvando la mía. Trágicamente así fue.

El gran colectivo de abogados laboralistas, además de hacer nuestro propio trabajo de abogados, nos habíamos dividido para abordar distintos aspectos del trabajo jurídico-político. Teníamos tres grupos diferentes. Uno dedicado a las asociaciones de vecinos, otro al trabajo sindical propiamente dicho y un tercero, el que yo dirigía, que nos encargábamos de influir en la profesión, dentro del propio Colegio de Abogados.

Los colegios profesionales contaron en la Transición

Los colegios profesionales jugaron un papel importante en el final del franquismo. Y si muchos de los colegios profesionales tuvieron relevancia, muy especialmente la tuvo el Colegio de Abogados de Madrid. Los abogados reivindicábamos nada menos que el Estado de Derecho. No perdíamos entonces ocasión de hacer notar todas las contradicciones de un régimen que intentaba mejorar su aspecto puramente formal. En 1970, por ejemplo, conseguimos que el Congreso Nacional de la Abogacía pidiera la amnistía para todos los presos políticos. Fue un gran éxito, abrazándonos unos a otros, todos abogados, una profesión que tiende en su mayoría a seguir al poder. No fue fácil, estábamos aun en pleno franquismo. No obstante, y aunque la mayor parte de abogados eran muy conservadores, ya empezaba a rechinar el hecho de que, más de 30 años después de la guerra civil, siguiera habiendo en España tantos presos políticos.

En aquellos años 70, nos reuníamos todos los abogados de izquierdas, los abogados antifranquistas, los abogados del Partido Comunista, los abogados del Partido Socialista de Tierno, los abogados de la ORT, los abogados democristianos, los abogados monárquicos antifranquistas y algunos más. Todavía, en Madrid, no habían aparecido los abogados del PSOE. Nos reuníamos sistemáticamente, todos los sábados por la mañana en el propio Colegio de Abogados. Allí se diseñaban estrategias para reivindicar propuestas democráticas. Para preparar las reuniones en el Colegio, nosotros, los abogados comunistas, nos reuníamos previamente, analizábamos cuidadosamente la situación, diseñábamos estrategias y preparábamos propuestas. Era un trabajo de fina gestión, aunque entonces ni siquiera sabíamos lo que significaba ese concepto de gestión.

El asesinato de Atocha

El 23 de enero de 1977 yo había convocado al grupo de abogados comunistas, que nos dedicábamos al trabajo del Colegio de Abogados en el despacho de la calle Atocha nº 55, donde teníamos el departamento de asesoramiento a la construcción y donde yo trabajaba.

Al pedirme Luis Javier que les dejara mi despacho para su reunión del grupo de los que trabajaban con las asociaciones de vecinos, yo trasladé mi reunión al despacho de Atocha 49. Como me era muy difícil localizar a los trece o catorce compañeros que estaban convocados, para aquella misma noche a las 10, les envíe un burofax en el que les anunciaba el cambio de sitio.

Por eso, a las 10,30 de aquella noche, cuando oímos las sirenas y vimos que la policía estaba en el portal del 55, José María Mohedano y algunos más de mi grupo les llamamos inmediatamente por teléfono. No nos contestaron y eso nos alarmó. Pensamos que les podían haber detenido de nuevo. Nos pusimos los abrigos y bajamos a la calle. Allí, y antes de cruzar la plaza Matute, que era lo que separaba un despacho de otro, algún vecino del barrio ya nos dijo: «Iros corriendo, os van a matar a todos, han matado a vuestros compañeros del 55».

No nos fuimos, claro está. Subimos a trompicones hacia el despacho que estaba en el tercer piso. En la escalera había gran reguero de sangre. Tardamos en enterarnos de lo que había pasado. Nuestros compañeros, nuestros amigos, habían sido asaltados. Los 5 muertos, los tres heridos graves y Alejandro, que resultó milagrosamente ileso, ya no estaban, habían sido ya trasladados a los hospitales.

Había que actuar. Aquella misma noche fui la encargada, como titular del despacho, de hablar con el decano del Colegio de Abogados. Era Pedrol Rios. Fue una reunión de urgencia, a una hora intempestiva y en la calle. Le había localizado en una cena. Quedamos en la plaza de Mariano de Cavia. Le estaba esperando. Se bajó del coche y me abrazó. Respondió con el cariño y la comprensión que la situación requería. Algo que el aquel momento era importante. No era fácil para él, pero se comprometió con gallardía. «Los compañeros tendrán en el Colegio su último reconocimiento, los féretros saldrán del Colegio de Abogados», me aseguró. Y así fue. Desde allí, desde el salón del Colegio de Abogados de Madrid donde tantas veces nos habíamos reunido, salió el cortejo fúnebre, con los féretros llevados a hombros de los compañeros. La manifestación, acompañando al cortejo fúnebre, conmocionó a toda España.

Como es lógico, me ha tocado en muchas ocasiones conmemorar aquel trágico acontecimiento. Seguramente, y las distintas historias de España que se escriban sobre la Transición puedan atribuir a este asesinato y sobre todo a la reacción ciudadana de rechazo, realmente impresionante, un elemento determinante para establecer la democracia en España. Yo siempre he dicho, cuando he tenido ocasión, que lo verdaderamente importante no fue la muerte de mis compañeros y amigos sino su vida y cómo la vivieron. Ellos y nosotros fuimos capaces de crear una distinta forma de ser abogados, absolutamente comprometidos con las grandes mayorías, pero granjeándonos el respecto de las estructuras de poder puramente jurídicas y de las que conseguimos reconocimiento y muchos nuevos derechos.

Se habló mucho de los grandes acontecimientos posteriores. Más acá de las actuaciones públicas, muchas durante esos terribles días, la tragedia desencadenaba otros sentimientos, otras vivencias. Una primera, y muy destacada, es el miedo. Esa extraña sensación que tienes cuando has vivido tan cerca una agresión de esas características. Es como si de pronto te dieras cuenta de que tienes la espalda siempre al descubierto y te vieras obligada a veces a parar en mitad de la calle y mirar para atrás, o a mirar un escaparate para, como quien no quiere la cosa, ver quién podía haber detrás.

Otra experiencia extraordinaria, sin embargo, fue de nuevo la constatación del gran movimiento social en el que los abogados estábamos inmersos. Nos valoraban y nos querían. Distintos colectivos de trabajadores decidieron que era necesario proteger los despachos de abogados. Era imposible tener confianza en aquella policía preconstitucional que sospechábamos tenía mucho que ver con quienes habían sido los autores del asesinato.

Por eso, los colectivos de trabajadores decidieron crear una especie de líneas de seguridad, desde la puerta de la calle hasta la entrada de nuestros despachos. Una vez más, y con toda la emoción que en esos momentos encerraba cualquier gesto, compartimos el día a día con obreros que comprendían y defendían nuestro entendimiento de la profesión, en tanto abogados de las grandes mayorías.

Fueron muchas, muchas enseñanzas. ¡Cómo olvidar, por ejemplo, a aquella taquillera del Metro de Madrid que estaba responsabilizada de nuestra seguridad y que pasaba allí, en el despacho, todas las tardes! ¡Qué mujer más extraordinaria! Me encantaba oírla contar cómo había sido su día en la taquilla y las relaciones que tenía con sus viajeras. Siempre había pensado que ser taquillera del Metro debía ser algo esencialmente tedioso. Pues no, no era así. Para ella su trabajo era un servicio para los demás, y sus viajeras, con las que charlaba, siempre le podían hacer el día más entretenido.

Por fin la democracia llegó y nuestro modelo de ejercer de una determinada forma la abogacía, no pudo adaptarse al cien por cien a los nuevos tiempos.

2. CAMBIAR DE SITIO. LA JUDICATURA

Pero ya antes, en el 76, muerto Franco y cuando todo comenzaba a cambiar, sentía, yo también, necesidad de cambio. La idea de vivir en el campo me seguía atrayendo. Pensé que me podría hacer perito agrícola. Un día me acerqué a la Escuela de Ingenieros Agrónomos en la Ciudad Universitaria. Vi los programas y me di cuenta de que estudiar una ingeniería, aunque fuera de grado medio, de perito, me exigiría un esfuerzo ímprobo. Mi bachillerato además había sido de letras. Así quedó la cosa, aunque el cambio me seguía rondando. Siempre lo ha hecho a lo largo de mi vida. Un día, mientras que esperaba a que me tocara mi turno en la sala de un juzgado de distrito de Madrid, me saltó la idea:

¿Por qué no hacerme juez de distrito?

No recuerdo quién era aquel juez que disparó en mí la posibilidad de esa alternativa. Era un hombre mayor y amable que tenía encima de la mesa varios cochecitos de juguete. Les dejaba, a cada uno de los intervinientes en los juicios de tráfico, uno de los cochecitos para que pudieran explicar bien cuál había sido su visión de la trayectoria de los vehículos implicados en el suceso.

Vi en él algo de utilidad y de proximidad que me gustó. Además, como normalmente los juzgados de distrito estaban ubicados en pueblos me vi ya con mi huerta y mi campo y se me dibujó la alternativa y el cambio que podía estar buscando.

Como no tenía ni idea de qué era lo que tenía que hacer para superar las oposiciones de juez, hablé con uno de los magistrados de la Magistratura de Trabajo, que me resultaban más cercanos. Era Juan Antonio Linares. Me animó mucho a preparar las oposiciones a la judicatura, pero me desaconsejó que me limitara solo a las de juez de distrito pues, según él, yo podía perfectamente superar las oposiciones superiores, las de juez de primera instancia e instrucción.

Estábamos en otoño de 1979. Me preocupaba que en alguna medida pudieran todavía pesar mis antecedentes policiales y así se lo dije a Juan Antonio. Me tranquilizó, «no, no creo que tengas ningún tipo de problema, en todo caso, no te preocupes Manuela porque el día que te examines, iré contigo y veré como lo haces», me dijo.

Oposiciones a juez

Me decidí. Cambié de vida y a mis 35 años me convertí en opositora. Aunque después he sido siempre muy crítica con el sistema de oposiciones para ser designado juez, en aquel momento estaba tan obstinada en conseguir aprobar las oposiciones en el menor tiempo posible que fue la época de mi vida en la que menos reflexioné sobre lo que estaba haciendo.

Las oposiciones de juez eran entonces, y lo siguen siendo ahora, un ejercicio cruel, puramente memorístico. Los candidatos a juez tienen que aprenderse de memoria las leyes más importantes: el Código Civil, el Código Penal, el de Comercio, las leyes laborales, la Ley Hipotecaria y las leyes procesales. Todas esas leyes aparecen recogidas en lo que se llama «los temas», que al fin y al cabo no son otra cosa que puras lecciones escolares, El sistema de preparación de oposiciones a jueces, aunque parezca mentira, sigue siendo el mismo desde tiempos inmemoriales. No varió con la democracia, como si fuera al margen del contexto. El opositor busca un preparador, que normalmente es un magistrado en activo, al que se le suele pagar una cantidad muy considerable para que durante dos veces a la semana aproximadamente pregunte al opositor los temas, es decir las lecciones que se ha aprendido.

Los magistrados que preparan las oposiciones no suelen declarar a Hacienda esos ingresos ni acostumbran por tanto a dar recibo a los opositores que preparan. Muchas veces se ha comentado en los sectores más progresistas de la judicatura el escándalo que esto significa y la necesidad de tomar medidas para que acabe. Pareciera aceptarse como un protocolo tradicional a respetar. Nunca se ha intentado en serio cambiarlo y por tanto no se ha conseguido.

Durante los cinco años que después fui miembro del Consejo General del Poder Judicial se debatió en muchas ocasiones sobre el sistema de ingreso en la carrera judicial y la necesidad de modificarlo sin que sin embargo se haya avanzado en ese sentido. Los quinientos temas, es decir las quinientas lecciones que los opositores tienen que saberse de memoria sobre las leyes más importantes de nuestro sistema jurídico, exigen que los opositores empleen una media de tres años preparando sus oposiciones.

Por supuesto, recordar esa cantidad ingente de artículos no solo implica un gran «gasto» de memoria sino que precisa, también, una operación intelectual de comprensión y remodelación. No es cierto que la memoria no ocupe lugar. Nuestro cerebro, como los ordenadores, también ubica los recuerdos físicamente. Mientras que memorizaba ansiosamente tantos datos se me olvidaron la mayor parte de teléfonos de amigos y familia.

Era consciente de que ese esfuerzo de memorizar me limitaba, me quitaba tiempo para pensar. Siempre necesité pensar, y reflexionar. Había que dejarlo para después.

Recuerdo que cuando era pequeña era consciente del proceso de reflexión que en cierta medida todos vivimos como un diálogo interior. Creía que hablaba con Dios. Claro, luego resultó que no, que con quien hablaba era conmigo misma. No sé cuándo somos conscientes de ese dialogo interior con nosotros mismos. Mi hija Eva escribió a los 11 años una poesía que seleccionó una recopilación dirigida por Gloria Fuertes en la que se preguntaba por ese desdoblamiento «Si yo fuera dos me vería dormir y pensar en lo que pienso», decía la pequeña Eva en su poema premiado.

Durante la época de intensiva preparación de las oposiciones, un año y medio, reflexionaba solamente sobre cómo profundizar y ubicar bien toda esa ingente cantidad de datos. Por supuesto que era consciente de la cantidad de absurdos y anacronismos que contenían las leyes que engullía, pero también es verdad que como durante la carrera nunca había tenido dedicación suficiente para estudiar seriamente me sentía un tanto fascinada de tener la oportunidad de dedicarme tantas horas a contemplar y profundizar en los intríngulis del edificio del Derecho. Era consciente de que durante los años que había ejercido de abogado laboralista no sabía la mitad de las cosas que aprendía en ese momento.

Recuerdo como, en ocasiones, entusiasmada al descubrir recursos que parecía ofrecer sobre todo el Derecho Civil, cogía el teléfono y llamaba a los colegas amigos que continuaban aún en los despachos para contárselo y darles nuevas ideas .

Empecé a preparar las oposiciones el 9 de noviembre de 1979 y el 1 de diciembre de 1980 ya había entrado en la Escuela Judicial.

Digamos que conseguí memorizar toda esa cantidad de textos legales en tiempo razonablemente corto. Supongo que tuve suerte. Me ayudó sin duda, y mucho, haber ejercido como abogado desde 1966. Entendía bien la cantidad de abstracciones que memorizaba. Estudiar Derecho desconectado de la vida resulta una abstracción obtusa y aburrida. Al haber ejercido, y haberme encontrado en situaciones de tener que alegar el Derecho para resolver tantas injusticias, veía el Derecho más allá del blanco y negro de los textos. Emergía en «3d», con cara y ojos, en expresiones e historias concretas, antes vividas.

Además, creo que no es lo mismo preparar una oposición de esta naturaleza cuando tienes una madurez vital que, como sucede con la mayor parte de opositores, tu propia vida todavía está en proyecto.

Cuando comencé a preparar las oposiciones tenía ya mi propia casa, marido y dos hijos. La mayor parte de opositores no tienen ni pareja, ni ingresos propios, ni vivienda propia. Mientras que preparan las oposiciones viven casi todos aun en el domicilio de sus padres. Claro, luego, cuando finalmente consiguen superar la oposición y tener ya la plaza asegurada, se les desbordan las necesarias inquietudes de tener cerca de los treinta y haber dejado atrás muchas cosas sin hacer aún.

Resulta curioso ver cómo en la Escuela Judicial, cuando ya se ha superado la oposición, muchos opositores se emparejan entre sí a todo correr.

Durante la preparación de la oposición, ese rito al que ya hemos aludido, hay preparadores muy autoritarios. Ejercen su función como si fueran sargentos instructores de «marines». No dejan a sus alumnos nada más que un único día libre a la semana. En ese contexto, es complicado cuajar la vida que todo adulto precisa. Encuentro en un blog de opositores esta reseña de un artículo publicado en un diario de Málaga. «De lunes a domingo, todos los días iguales salvo el descanso preceptivo de un día o día y medio (dependiendo del grado de “crueldad” del preparador), la mesa, los libros, los apuntes y el temario de la convocatoria que mira una y otra vez porque no se puede imaginar lo extenso e inabarcable que llega a ser».

En mi caso, había ejercido como abogada durante más de 15 años y yo misma me estaba financiando mis oposiciones con mis ingresos. Cuando fui por primera vez al preparador que me habían recomendado me hundí. Aquel preparador me rechazó. Me dijo que con 35 años era mayor para empezar a preparar la oposición a la judicatura. Me noqueó. Por primera, vez a los 35 años, me consideraban mayor para hacer algo. Fui entonces a un nuevo preparador quien no solo me admitió sino que muy pronto me pronosticó que superaría la oposición.

Aunque no me atrevo a asegurar que precisamente sea conveniente acceder a un trabajo como es el de juez con una cierta edad, lo que sí es seguro es que, por lo menos en mi caso, preparar las oposiciones casada, con hijos, con madurez y autonomía personal, fue sin duda algo positivo.

No quiero decir con esto que una persona de veintitantos años no pueda realizar magníficamente bien la profesión de juez. No creo que la edad sea un elemento determinante para realizar ni este ni otros trabajos. Sin embargo, sí estoy segura de que un elemento importante para enfrentarse a esa tarea tan amarga y tan absurda de memorizar y memorizar es que exista un importante equilibrio personal y este normalmente suele ir acompañado de la madurez que requiere cualquier adulto.

En todo caso, tampoco quiero minimizar la habilidad que, sin duda, exige compatibilizar un esfuerzo de estudio de esas características en edad adulta y con hijos pequeños. Mi hijo Manuel tenía dos años cuando comencé a preparar las oposiciones. Cuando le preguntaban qué hacían los papás él decía que trabajaba y cuando le preguntaban cuál era la ocupación de las mamás, decía que estudiaban. Se me quedó asociado el tema 2 del Derecho Civil –el Derecho Foral– a la imagen de Manuel, al que descubrí, al levantar la vista del temario, y ver con horror que, sin que yo me diera cuenta, había cogido una botella de aceite de la despensa, había conseguido abrirla y se divertía manoseando el brillante y precioso charquito aceitoso.

Impensable asociar los Fueros a una imagen de este tipo.

Las cualidades de los jueces: un perfil deseable

¿Cómo se deben seleccionar a los hombres y mujeres que nos juzgarán y que aplicarán las leyes cuando tengamos conflictos?

No se puede contestar esta pregunta si antes no hemos definido realmente qué es lo que consideramos que deben ser las cualidades que tiene que tener un juez para poder cumplir bien su cometido social.

Juzgar es evaluar conductas inmersas en algún tipo de conflictos. El juzgar de los jueces no es algo puramente abstracto, sino ligado al caso concreto. Ha habido una actitud, una conducta, de la que alguien es responsable, que ha causado daño a uno, a muchos o a la sociedad en general.

El juez ha de ser entonces una persona preparada para resolver los conflictos que generan las conductas humanas, en un determinado contexto social, que vulneran las leyes. El juez por tanto no solo debe tener una gran capacidad de percepción; conviene que tenga además capacidad de empatía, que le permita ponerse en la piel de tantos otros, de situarse bien en el conflicto, implicándose a la vez en uno y otro de los distintos condicionamientos de cada uno de los intervinientes.

El juez debe comprender a los seres humanos que juzga, debe entenderlos, conocerlos y analizar sus comportamientos. El juez necesita inteligencia y claridad para detectar el núcleo del conflicto e interpretar las normas en las que apoyarse para resolverlo de la manera más eficaz. Finalmente, y por supuesto, el juez tiene que conocer bien la sociedad en la que vive y el mundo en que esta se inserta.

Dicho todo esto, es evidente que la preparación que los jueces necesitarían no tiene nada que ver con lo que las oposiciones exigen que, como acabo de decir, trata solo de memorizar 320 temas de Derecho, sobre las leyes más importantes del ordenamiento jurídico.

La Escuela Judicial no resuelve la insuficiente, parcial y quizás desencaminada, formación de los jueces

A su vez, y pareciera que en descargo de la oposición, se señala el paso posterior por la Escuela Judicial. Aunque efectivamente los opositores a juez pasen tres, cuatro o cinco años de su vida dejándose las pestañas en engullir tantísima norma abstracta, se argumenta que una vez que superan los ejercicios teóricos de la oposición pasarán dos años adicionales en una Escuela Judicial, en la que podrán alcanzar una formación específica, distinta e incorporando, de un lado aspectos que no son ya solamente de Derecho y por otro lado, prácticas en algunos juzgados y tribunales.

El argumento suena bien, pero no responde a la realidad. No es así por muchas razones. En primer lugar, porque cuando se entra en la Escuela Judicial el proceso real de selección ya se ha producido. Este proceso de selección deja fuera (o tiende a dejar fuera), precisamente a personas con el perfil deseable que hemos antes apuntado. En una ocasión, en la Escuela Judicial, un consultor amigo mío hizo un test interesante, indagando las características de las personalidades de los alumnos. Una vez hecho, nos habló de cómo, en términos de gestión de equipos, se suele autoseleccionar a las personas por colores: rojos los apasionados, azules los intelectuales, verdes los empáticos y amarillos los meticulosos. Pues bien, resultó que un tanto por ciento muy alto de aquellos alumnos de la Escuela Judicial se identificaron sobre todo con el color amarillo. La mayor parte de ellos eran personas metódicas, rigurosas, para quienes los requisitos eran esenciales. Muy poquitos resultaban básicamente intelectuales. Prácticamente ninguno era apasionado y muy pocos empáticos.

Es decir, cuando las personas llegan a la Escuela Judicial el proceso de selección de determinadas, y determinantes, personalidades ya está hecho. Ya se han seleccionado personas que carecen, de forma genérica, de las cualidades esenciales que serían precisas para los jueces de una sociedad moderna.

En la Escuela Judicial, cuando llega una nueva promoción, se le hace una encuesta. Aunque con una orientación propia de la idea del juez que profesa la dirección de la Escuela en cada momento, los resultados de la encuesta dan algunas pistas del tipo de personas que opositan a juez. Según la última encuesta hecha del curso 2012, los opositores que comienzan la Escuela Judicial tienen una media de 29 años (aunque la mayor constante sean los 28 años). Han empleado una media de cuatro años y nueve meses en la preparación de la oposición. Se decidieron a prepararla por la seguridad en el trabajo que les garantiza, y a la mayor parte de ellos les gusta estudiar Derecho. Así como cuando se repasan los 330 temas de la oposición no se vislumbra nada que relacione el Derecho que estudian con los hombres y mujeres que forman parte de la sociedad a la que se destina ese Derecho, tampoco en las preguntas de esta encuesta se les dan pistas sobre esa relación. Es decir, nada sobre la vinculación que pueden tener los opositores a juez respecto a la incidencia del Derecho en las vidas de los ciudadanos. La encuesta podría haber formulado alguna pregunta respecto a si los jueces aspiraban, (o no se lo planteaban) a través de su profesión a lograr disminuir las injusticias sociales. Sin embargo, solamente plantea una que puede relacionar el Derecho con sus efectos y es la que se interroga a los opositores sobre si el objetivo de la judicatura es el de reprimir a los delincuentes. La respuesta afirmativa es muy mayoritaria. El 80 por ciento de ellos consideran que efectivamente reprimir a los delincuentes forma parte del contenido de la profesión de juez. Es una pregunta curiosa, que tanto corresponde al pensamiento dominante. En ella desde luego se observa la despersonalización en el modo que se emplea el calificativo de delincuentes, incluyendo al parecer a los acusados juzgados encuadrados de forma genérica en un colectivo indeseable. También resulta curioso que la dirección de la Escuela, que ha diseñado esa pregunta, no tuviera ningún interés en señalar también, dentro de los objetivos de la profesión de juez, no solo la persecución de los «delincuentes» sino la protección de las víctimas. Así las cosas, no es de extrañar que en esto, como en otros aspectos, luego pase lo que pase en la vida real, y haya tantas personas, y muy especialmente a quienes les ha tocado sufrir las consecuencias de los delitos, que se vean relegadas y olvidadas, entre otros por los jueces.

Formación en «humanidad»

Me pasma la falta de conexión entre la realidad y la ley. Me sorprende aun más la falta de interés o incluso el rechazo ante los intentos de relacionarlas. En 1999, con una ya relativamente importante experiencia judicial, y además variada, dados los diferentes destinos por los que ya había pasado, me sugirieron dar una pequeña charla a los alumnos de una promoción de la Escuela Judicial.

Eran las 4 y media de la tarde. Los futuros jueces, con cara de resignación, esperaban la inminencia del nuevo rollo que se les avecinaba. El local era muy bello, porque la Escuela Judicial está ubicada en Barcelona en su preciosa zona de Valvidriera. El sol entraba a raudales por la amplia cristalera. La hora y el lugar eran bastante propicios para la siesta. Les saludé y para despertarlos, les hice una pregunta cuanto antes: imaginaos, les dije, que estáis ya en vuestro juzgado, en vuestro despacho y la Guardia Civil os trae un detenido. ¿Qué va a ser lo primero que hagáis cuando vuestro primer detenido esté delante de vosotros?

Se despertaron de inmediato, pero no hubo respuesta. Hubo un silencio total. Entonces me pasé por el pasillo central intentando darles confianza. Una alumna se atrevió a contestar: «pues yo, dijo, le leería el art. 118 de la Ley del Enjuiciamiento Criminal, informándole de sus derechos». Bueno, le contesté, «¿no crees que tendrías que hacer algo más? ¿No tendrías, por ejemplo que saludarle, decirle, buenos días o buenas tardes, mirarle a la cara , darle la mano? El detenido, añadí, no es solo un detenido, es un ciudadano, una persona». Silencio espectacular. ¿Por qué nadie les había dicho hasta entonces que el detenido efectivamente era una persona, un ser humano, uno de nosotros?

Les conté más cosas. Hay que tener referentes, algo que el proceso de la oposición evita al sumergirnos ensimismadamente en la infernal cantidad de temas a memorizar.

Empecé con Francia. Nuestros vecinos, de tan acuñada democracia, vivieron en 2003 una gran conmoción judicial con ocasión de la instrucción del caso de pederastia de Outreau. Un grupo de personas que resultaron ser inocentes estuvieron en prisión provisional más de dos años. Una de ellas fue el abate Dominique Weil, que contó sus experiencias de forma extraordinariamente precisa en su libro, Que Dieu ait pitié de nous. Este suceso, y muy especialmente el hecho de que la jurisdicción mantuviera a tantas personas inocentes en la cárcel por no haber evaluado debidamente la falsedad de las acusaciones que se habían formulado contra ellos, generó un verdadero debate público en Francia. Allí se creó una Comisión Parlamentaria Especial para analizar el sistema de justicia penal, y muy especialmente los modos de decidir la prisión provisional, así como la forma en que se llevaban a cabo las apelaciones de las causas. Desfilaron ante esa Comisión muchas personas relacionadas no solo con el caso sino con las formas de la justicia penal y la responsabilidad por su gestión. Cuando finalmente fueron entrevistados diversos abogados, algunos hicieron una propuesta muy interesante. Los jueces, dijeron, no solo deberían jurar, como ya lo hacen, el cumplimiento de las leyes, sino también ampliar ese juramento para comprometerse a actuar siempre con humanidad. No me consta que se haya entendido el alcance del juramento. No obstante, más allá de la formalidad, la propuesta que hizo ese grupo de abogados ante la Comisión Parlamentaria de investigación francesa, ha tenido efectivamente su incidencia. Lo que de hecho significa una nueva forma de enfocar la práctica judicial ha llegado a la Escuela Judicial francesa, única oficial para la formación de los jueces, que está en Burdeos. Su director, en 2011, Jean Francois Thony, afirmaba en el periódico Le Monde el12 de febrero de ese año lo siguiente: «Il s’agit de développer, à coté des compétences techniques indispensables, les capacités à prendre en compte la dimension humaine des dossiers, de doter les auditeurs de justice d’un savoir-faire et d’un savoir-être. Cela veut dire maîtriser les contentieux mais aussi cultiver une indispensable ouverture d’esprit. C’est placer la dimension humaine au cœur de son action». (Se trata de desarrollar, junto a las competencias técnicas indispensables, la capacidad de tener en cuenta la dimensión humana de todos los casos, de dotar a los alumnos de la Escuela Judicial no solo de saber hacer, sino también de saber-ser. Esto significa formarles en contenidos, pero también desarrollar su apertura de espíritu. Es decir situar la humanidad en el centro de su acción).

No han llegado esos aires a nuestra joven Escuela Judicial de Barcelona, lamentablemente tan joven como vetusta, ni mucho menos al Consejo General del Poder Judicial. No están tampoco presentes, y es todavía más importante, en la propia cultura judicial o puramente legal.

Cuando planteé todo esto a aquellos alumnos de nuestra Escuela Judicial, me escucharon con una sorpresa mayúscula; nadie les había hablado nunca de tal forma. Les expliqué cómo, en mi vida profesional, siempre había saludado a todas las personas que acudían a mi despacho y que nunca había tenido problema alguno. Es más, les conté que durante mis años de juez de vigilancia penitenciaria, cuando había visitado las cárceles, siempre, antes de entrar en la celda de un preso, había pedido permiso a las personas que la ocupaban y les había saludado estrechándoles la mano.

Tiempo después me llegó un comentario que hizo una de las alumnas de la Escuela del grupo al que había impartido la clase. Al parecer, se había quejado de mis opiniones, pues había vivido un episodio muy lamentable con un preso al que había ordenado que le quitaran las esposas durante su declaración y se había abalanzado sobre ella. No sé si realmente ocurrió o no algo así. En toda mi vida profesional nunca he tenido problemas de esa índole. Es más, tampoco conozco a compañeros que hayan tenido experiencias de ese orden. Solamente recuerdo que en un juicio oral que presidía un compañero, el acusado protagonizó un intento de fuga. La tranquilidad y la educación del juez ayudaron a resolver el incidente.

La autoridad debe actuar siempre con educación. Otra cosa es cómo conjugar los supuestos riesgos que pueden surgir cuando se trata con personas de gran agresividad y que tienen explosiones de ira, venganza, o problemas mentales. Pero aun en esos casos, la cordialidad, la buena educación y la serenidad son elementos muy útiles.

La brusquedad, el distanciamiento y la despersonalización dificultan el trabajo del juez.

La enseñanza del Derecho está en el origen

Las facultades de Derecho enseñan ahora esta disciplina de la misma forma que la enseñaron cuando yo era estudiante; y me temo que entonces ya le enseñaban como se estudiaba en el siglo XIX. En Derecho se estudia lo que dicen las leyes y algo de la jurisprudencia que las interpreta, pero nunca se abordan temas tan esenciales como son el cumplimiento de las leyes y el efecto que causa en la sociedad. Es decir, no se estudia nada en relación con la utilidad del Derecho ni con la actitud del ser humano respecto a la norma y la capacidad que pueda tener para cumplirla. Digamos que es como si se enseñara a hacer trajes que no se prueban y que ni siquiera sabemos si efectivamente se visten. Aunque desde luego podemos pensar en una manera muy diferente de enseñar el Derecho, es necesario pensar si no sería mejor que los jueces provinieran no solo de las facultades de Derecho sino también de otras disciplinas, como sucede en Francia.

La despersonalización del Derecho lo deshumaniza y entorpece su función.

Cuando era juez de vigilancia penitenciaria de Madrid una conversación que mantuve con un preso me hizo reflexionar sobre la despersonalización y falta de humanidad con la que trabaja la Justicia. Se llamaba Luciano, tenía unos veintitantos años y llevaba más de 15 en prisión. Aún le quedaban años por cumplir. No había cometido ningún delito de sangre, pero tenía muchos delitos de atracos a bancos y robos con armas

Luciano era drogadicto como tantos otros presos de aquella época. Era además inteligente y rebelde. Persona inteligente que cuestionaba todo lo que se le mandaba en los continuos ejercicios de «sumisión» que se practican en la cárcel. Su perfil era el peor con el que puede presentarse una persona en una prisión que, casi por definición, es un contexto autoritario entre internado y cuartel. Me había pedido que le entrevistara Sara, una «madre contra la droga», que le ayudaba. Seguramente, si no hubiera sido por el consejo de Sara, a la que le unía una gran confianza, ni siquiera hubiera considerado la posibilidad de contactar con el juez de vigilancia, por su rechazo a todo lo institucional.

Los jueces de vigilancia pueden acudir a las prisiones e inspeccionar todo aquello que consideren conveniente. Por supuesto, pueden entrevistarse con cualquier preso. Pero también los propios presos pueden solicitar por sí mismos entrevistarse con su juez de vigilancia. Cuando planteé ir a entrevistarme con Luciano, la dirección de la prisión de Carabanchel me dijo que no era posible porque acababa de ser trasladado. Las direcciones de los centros penitenciarios disponen de una gran discrecionalidad para mover a los presos de unas cárceles a otras. Por eso en esa ocasión en particular sospeché que el traslado estuviera motivado porque a la dirección de la prisión, en este caso de Carabanchel, no le parecía conveniente que un preso como Luciano se entrevistase con el juez de vigilancia. Por ello, y ante la imposibilidad de entrevistarme con él, ordené a la Guardia Civil que me lo trajera a mi despacho desde la cárcel donde se encontrara para poder por fin entrevistarle, tal y como le había prometido a Sara. Así, una mañana de la primavera de 1992 llegó a mi despacho Luciano, acompañado naturalmente de una pareja de la Guardia Civil y convenientemente esposado. A mis órdenes le quitaron las esposas. Los guardias se quedaron fuera y Luciano pasó a mi despacho.

¿Cómo éstas Luciano?, le dije mientras le tendía la mano y le pedía que se sentara en la silla frente a mi mesa de despacho. Luciano no me contestó. Extrañada, y viendo que Luciano estaba absolutamente intimidado, le animé a que me hablara.

—No puedo, medio balbuceó. Me impresiona demasiado hablar con un juez.

—Pero, Luciano, le contesté, no puede ser, has tenido tantas detenciones y tantos juicios, que has tenido que hablar no una sino muchas veces y con muchos jueces diferentes.

—Bueno, dijo entonces Luciano. Eso era distinto, porque en todas las ocasiones que he tenido que estar ante un juez simplemente he tenido que decir: «yo no era ese, yo no estaba allí, yo no he sido», ningún juez ha querido saber algo de mí, añadió.

Es decir, todo el diálogo entre los jueces y el detenido o entre el juez y el acusado, quedaba reducido a eso. A Luciano seguramente le habían interrogado más de una docena de jueces. Ninguno había hablado con él. Todo había quedado reducido a la mera teatralidad formal. No se había establecido ninguna conexión.

No valoramos la enorme importancia que puede tener para un detenido el contacto con un juez. Este representa algo ajeno a su mundo. Representa el mundo de las instituciones; y si somos capaces de actuar como personas y no como meros mecanismos represores podemos abrir la espita del cambio.

Cuando Luciano se relajó pudimos hablar. Me explicó su enorme dificultad para cumplir la disciplina carcelaria del régimen cerrado estricto y me propuso pasar a tercer grado. Le progresé de grado y su comportamiento mejoró y hasta creo que disfrutó de algún permiso. Desgraciadamente, poco después murió de sida, como tantos otros muchachos drogadictos de su generación

3. CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA

Tras el corto paso de la oposición, en diciembre de 1980 entraba en la Escuela Judicial, que en aquel momento consistía apenas en un episodio muy protocolario y aun más corto.

Como consecuencia, el 21 de febrero de 1983, dos días antes del intento de golpe de Estado de Tejero, yo tomaba posesión de mi cargo como juez civil y de instrucción en Santa Cruz de La Palma, en la preciosa isla canaria del mismo nombre.

Dos días después, yo, como juez, con mis antecedentes de abogado de izquierdas y el alcalde recién electo de Santa Cruz, del Partido Comunista, éramos las autoridades locales que habíamos de mantener el orden constitucional con la Guardia Civil, teóricamente a nuestras órdenes. Duró poco la situación de incertidumbre, para bien de todos y en especial para nosotros, las autoridades de emergencia.

Tras el primer susto, vino el de entrar en la jurisdicción y empezar a ver, desde el otro lado, el funcionamiento de la Justicia.

Encontrarse con la corrupción de la Justicia

Estaba una tarde en mi despacho del Juzgado de la deliciosa isla de Santa Cruz de la Palma cuando entró a verme un trabajador del puerto. Desde un primer momento, cuando llegué a la isla, tuve claro que tenía que estar dispuesta a escuchar a cualquier persona que quisiera decirme algo. Los procesos, aunque teóricamente pudieron estar diseñados como una especie de conversación entre todos los afectados y el juez, no son en realidad más que un abracadabra acartonado e incomprensible.

Siempre se ha discutido mucho si los jueces deben o no recibir a las personas que lo soliciten. Hay abogados, e incluso jueces, que opinan que el juez nunca puede escuchar a una parte salvo que sea dentro del proceso y que, precisamente por eso, el juez no debe hablar nunca con nadie, salvo en la Sala de Audiencia y dentro del propio procedimiento judicial.

El juez debe recibir a las personas que necesiten hablar con él, sin perjuicio naturalmente de que él mismo, con su criterio, sepa lo que puede y debe decir cuando las visitas que recibe tengan algo que ver con los procedimientos que tramita. Allí, en la pequeña isla de La Palma, recibir visitas me ayudó a darme cuenta de lo que sucedía en el juzgado y sus alrededores. Aquel trabajador del puerto me dijo algo muy ocurrente. Pretendía saber cómo podría separarse de su mujer (estábamos estrenando los 80 y aún no era frecuente la separación). Cuando le informé de que para separarse necesitaba un abogado y un procurador me dijo con toda su sorpresa: «Si cuando me casé no me pidieron abogado alguno, ¿por qué ahora necesito un abogado para descasarme?».

Otro día aparecieron en mi despacho, también por la tarde, unas señoras que me contaron que habían pagado mucho dinero a un funcionario del juzgado de distrito para que les agilizara su procedimiento en un asunto del registro civil. Creo que se trataba de un expediente de cambio de nombre. La isla de La Palma, entre una de las muchas singularidades que atesora, tiene una deliciosa costumbre de poner nombres extraños a los niños. Durante el franquismo estaba prohibido imponer a los niños nombres diferentes a los del santoral católico. En La Palma, sin embargo, y por lo menos en épocas anteriores al franquismo, se les había dado a los niños nombres llenos de reminiscencias de la Ilustración y de la masonería, que está acreditado que históricamente tuvo allí un fuerte arraigo.

En La Palma había nombres curiosos como el de Don Voltaire, que tenía un hombre que vendía chucherías, y otros por el estilo, como Sabiduría y otros grandilocuentes conceptos.

Muchas de las personas con esos lindos y sorprendentes nombres quisieron cambiárselos para evitarse problemas. Esos cambios habían de hacerse mediante expedientes del registro civil. Este, como tantas otras instancias administrativas, estaba empantanado. La razón siempre era la misma, el funcionario que los tramitaba alegaba falta de medios. Así, sólo daba salida, y a cuentagotas, a aquellos que le pagaban las cantidades que, sin justificación legal alguna, les exigía adicionalmente.

Aquellas señoras que llegaron a mi despacho del juzgado venían a decirme, con mucha educación y respeto, que estaban muy desesperadas porque el funcionario del registro civil no hacía lo que debía, no les tramitaba su expediente. Con toda su espontaneidad, me dijeron que ellas no estaban en absoluto disconformes con las cantidades que el señor X les había cobrado. Simplemente, protestaban porque, tras pagarlas, su expediente no se resolviera.

No daba crédito a lo que oía, pero, «señoras, ¿qué es lo que han pagado?», les dije. «Todos los procedimientos del registro civil son gratis, no tienen ustedes que pagar nada».

Aquello fue el disparadero. Se había abierto la caja de Pandora. De pronto, fui consciente de que allí, en el juzgado, que ahora era mi juzgado, pasaban cosas que yo no sabía. No era estrictamente mi juzgado sino el juzgado de distrito, que en cierto sentido dependía de mí, al ser yo el juez superior.

Entré en el archivo del Sr. X y pude ver lo que había. Pura y simplemente, había organizado allí su propio negocio. No se tramitaba nada por lo que no se hubiera pagado y, según el devenir del procedimiento, exigía más o menos dinero a los solicitantes. Le abrí un procedimiento penal y la gestión de todos esos asuntos comenzó a llevarla otra persona.

Entre medias, el titular de ese juzgado, el de distrito, me visitó horrorizado: me dijo: «Es muy imprudente hacer lo que has hecho. Esto no puede saberse. No se le puede dar publicidad. Los trapos sucios se lavan en casa sin que nadie se entere».

Pero, detrás de aquel descubrimiento, vinieron muchos más. Las tasas judiciales, que eran los cobros legítimos que estaban establecidos entonces (como se ha vuelto a instaurar desde 2012) eran una ocasión, un medio, que facilitaba reclamar otros muchos pagos, que no debían ser abonados.

Así, allí en la isla de La Palma, en los dos juzgados que había, el mío, con anterioridad a mi llegada, y en el otro, se había establecido «una singular tasa», con una denominación verdaderamente ocurrente y propia del gran ingenio palmero.

Se trataba del P.S.C. «Por Si Cuela», como me explicó después Paco, el oficial más antiguo de mi juzgado, con un cierto misterio y con su inseparable puro en la boca.

Dentro de los conceptos que constituían la tasa legal había uno establecido por una disposición transitoria de no sé qué ley, que se asemejaba mucho al falso P.S.C.

Desmontar aquellas arraigadas estructuras de pequeñas corruptelas me generó un cierto aislamiento en el seno del núcleo duro de la profesión. Sin embargo, entre la gente de la calle, fuera del juzgado, cundió una corriente de admiración y aprobación. Un día estaba en La Recova, el mercado central de la isla de La Palma, y me pararon unas vecinas. Rebosando de alegría, me felicitaron: «Ya era hora, me decían, de que alguien acabara con todo eso». Y con un cierto orgullo de género, añadían: «Tenía que ser una mujer».

Cuando era abogada no era consciente de la corrupción que existía en la Administración de Justicia. Fui, como ya he dicho, esencialmente abogada de los obreros, abogada laboralista y, en una cierta medida, también abogada penal, cuando de lo que se trataba era de rescatar a personas acusadas por el famoso Tribunal del Orden Público.

Ahora bien, ni en los juzgados de lo laboral, las antiguas magistraturas de trabajo, (hoy juzgados de lo social) ni en el Tribunal de Orden Público, hubo corrupción económica similar a la que había empezado a detectar en La Palma.

Probablemente, el que no hubiera corrupción en las magistraturas de trabajo se debió a que, por una parte, los funcionarios de esos tribunales laborales no procedían de la Administración de Justicia sino del Ministerio de Trabajo y, por otra, a que el procedimiento que se utilizaba en lo laboral era oral y muy sencillo. Es algo a tener en cuenta, pensando en el futuro.

El Tribunal de Orden Público era un tribunal especial destinado a la represión política, distinto al resto de los tribunales y en el que ningún funcionario se atrevería a exigir cobros ilegales.

Solo recordé entonces, y recuerdo ahora, que cuando ejercía de abogada años atrás, en los 70, me llamó un amigo muy alarmado porque habían detenido a su novia por abortar de forma clandestina. No había otra forma de hacerlo, pues fue más tarde cuando surgió la posibilidad de viajar a Londres para abortar. Como yo no llevaba ese tipo de asuntos penales, se lo comenté a un amigo procurador. Conocedor en aquel momento del funcionamiento real de los juzgados, me dijo que la mejor forma de solucionarlo era darle 7.000 pesetas de entonces al funcionario que llevaba el asunto para que lo arreglara. Yo no me atreví a dárselas, se las dio mi amigo el procurador y, efectivamente, de la noche a la mañana el procedimiento penal se sobreseyó.

La constatación de la corrupción en la Justicia me hizo pensar que para cambiarla lo primero era acabar con la corrupción. Era una nueva mirada de la Justicia. Era sin duda la nueva mirada de la Justicia que necesitaba la democracia que comenzaba.

Mucho han cambiado las cosas, desde la situación que he empezado a describir cuando yo llego a la judicatura en los primeros 80. Heredábamos, al menos en la Justicia, pero sin duda en otros ámbitos, una corrupción sistemática, del día al día, en todos los pasos del quehacer judicial, con unos procedimientos que casi parecían estar previstos para propiciar esa sucesión de corruptelas cotidianas que construían sin duda una gran corrupción.

La corrupción, como obligada cuestión de reflexión

Ahora, en 2013, cuando la corrupción en nuestro país se ha convertido en un tema de primer orden, puede ser bueno recordar qué pasaba en los primeros años 80, qué ha pasado desde entonces y dónde estamos ahora.

La corrupción es un tema constante de actualidad que vive un proceso imparable de retroalimentación, convertido por los distintos actores políticos en munición electoral, carente de un necesario análisis y tendente a convertirse en un tópico que además facilita la desarticulación social.

Hace poco, en el debate después de una conferencia, preguntaron si pensaba que España era uno de los países más corruptos del mundo. «Por supuesto que no», respondí, pero sobre todo y lo más importante, añadí, es que analicemos de qué tipo de corrupción estamos hablando.

En España no existe hoy, 2013, corrupción sistemática entre los funcionarios públicos. Sin duda se darán casos, pero son aislados.

La función pública como tal funciona de forma honesta. Los policías no nos piden dinero por quitarnos las multas, ni los funcionarios nos exigen ahora pagos por hacer o dejar de hacer lo que deben. Esto es importante y es un logro que no se puede subestimar. Para valorarlo es quizás instructivo vivir en otros países y comprobar cómo en algunos de ellos lo habitual es que cualquier funcionario público, ya sea un policía, un agente de aduanas, o cualquier otra persona encargada de un servicio público, pida siempre dinero por hacer simplemente lo que la ley manda. Suelen ser países del Tercer Mundo.

En España lo que nos ha sucedido es que, de una forma absolutamente lamentable, la clase política y sobre todo los grandes partidos políticos han establecido relaciones económicas muchas veces ilegales con los poderes económicos y han condicionado en todos los niveles, y muy especialmente en el ámbito autonómico y municipal, decisiones administrativas trascendentes, como las calificaciones de los terrenos, las licencias para la concesión de negocios y, sobre todo, los contratos públicos de concesión de servicios, que han sido instrumentos de enriquecimiento de la clase política como partido y de algunos de sus miembros como personas individuales.

Estoy deseando oír un análisis serio sobre la forma efectiva de luchar contra la corrupción actual de la clase política. He leído que la propuesta del partido en el gobierno pretende solucionar nada menos que esta terrible lacra de la corrupción mediante la publicación de nuevas leyes que la castiguen, modificando algunas y creando otras nuevas.

No es esta la manera certera de luchar contra la corrupción y no fue esto lo que hicimos en los ochenta para limpiar la Justicia.

No hacen falta más leyes que castiguen la corrupción. El Código Penal la castiga con precisión y amplitud. Lo que hay que hacer, si se quiere de verdad luchar contra la corrupción, es:

1. Analizar y combatir el caldo de cultivo que la incuba.

2. Castigarla con el cumplimiento estricto de la norma y garantizando la devolución de los beneficios obtenidos con los actos de corrupción.

Varios son los elementos que componen, en general, el caldo de cultivo de la corrupción. El primero y muy determinante es el de la tolerancia, cuando no complicidad social. Es decir, la corrupción se desarrolla en situaciones de aceptación de hecho general, tanto interna como externa. Interna en cuanto que inter pares se da una aceptación tácita o incluso expresa. Es decir, en el núcleo en el que se produce la corrupción, hay políticos, funcionarios o empresas que la aceptan de una forma natural, normalizada. De ahí que los superiores de esos colectivos (caso de no participar en ella) consideren que no es necesario e incluso puede ser peligroso castigarla.

El segundo son las propias características de los procedimientos o procesos de decisión administrativa o judicial: la complejidad, la oscuridad y la lentitud de los procedimientos que la Administración utiliza para tomar sus decisiones. Así, la falta de eficacia en la Administración y su terrible lentitud devienen inequívocos componente del caldo de cultivo de la corrupción. Pero a su vez, todos estos elementos, ineficacia, lentitud, oscuridad y complejidad son a veces no solo el caldo de cultivo de la corrupción sino sus consecuencias. Los corruptos necesitan hacerse necesarios y por eso precisan que la Administración sea lenta compleja y oscura.

Tasas, complicidad y oscurantismo: el caldo de cultivo de la corrupción en la Justicia

En los 80, y volviendo a la Justicia, había en primer lugar una cierta aceptación interna, cuando no complacencia con la corrupción. Como sucede en muchos otros países con administraciones débiles, estaba generalizada entonces, en la España de los primeros 80, la idea de que los funcionarios públicos estaban muy mal retribuidos. Se tendía a considerar, por tanto, que no se les debería privar de las posibles «ayudas», que les pudieran significar los pagos, por así decir «extras», que recibían de abogados y procuradores. Parecía casi consustancial con su condición misma de funcionario, prestando un servicio a quien se lo pagase.

Un magistrado amigo así me lo describía entonces: normalmente, la complacencia interna y la tolerancia por parte de quienes debieran controlar la honestidad de los funcionarios a su cargo, se presentaba como una actitud básicamente de comprensión solidaria; incluso de altruismo para con los funcionarios, que tenían menores ingresos. Pero, en el fondo, esto no era así, pues en la mayor parte de los casos esa complacencia también significaba ciertas contraprestaciones, no de dinero pero sí funcionales, que facilitaban la vida de los jefes, los jueces. Los funcionarios hacían parte de su trabajo. Esta interdependencia de intereses, y mutuos favores, facilitaba sin duda la consolidación de la corrupción.

En aquellos años esa connivencia resultaba muy clara en la Administración de Justicia. Era habitual que fueran los propios funcionarios los que redactaran por sí mismos las sentencias y, desde luego, eran los funcionarios los que llevaban a cabo todas las pruebas civiles y todas las declaraciones penales, en ausencia casi total de la «inmediación», de la que después hablaremos. Había por tanto una especie de pacto ante la tolerancia de los cobros ilegales, a través de los cuales, y de forma generalizada, se percibían beneficios directa o indirectamente. En La Palma, mi primer destino, tuve pronto prueba de ello.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de la que dependían los juzgados de La Palma, se desplazaba una o dos veces al año para celebrar los juicios en la isla. Eso era una peculiaridad de lo que en Canarias llaman la doble insularidad, puesto que normalmente los juicios solo se celebran en las sedes de las audiencias provinciales, en la capitales de provincia. Venían entonces tres magistrados de la Audiencia de Tenerife a celebrar los juicios que habían instruido los juzgados de La Palma.

Era toda una revolución para nuestro pequeño juzgado. En aquel momento, los magistrados no venían desde Tenerife en avión sino en barco. El que era su presidente tenía un miedo atroz al avión. Por deferencia, «se decía», había que ir a recibirlos al puerto y acompañarlos en su estancia. Cuando acababan los juicios los magistrados se iban a la playa o a descansar al hotel y encargaban a los funcionarios que les acompañaban que les redactaran las sentencias. Los magistrados colocaban en el mismo sumario un papelito en el que solo figuraba la palabra absolución o condena, y en este caso los años de condena que imponían a los acusados Los funcionarios se encargaban de todo lo demás.

Igualmente, eran los propios funcionarios los que tomaban declaración a los detenidos y a los procesados y, desde luego, los que llevaban a cabo todas las pruebas de los juicios civiles.

Aquí tengo que hacer un obligado inciso. Al relatar cómo funcionaban de hecho las cosas en aquellos años, pudiera sorprender a quien lo lee ahora, ya que no conoce las obligaciones de los distintos miembros de los juzgados o de los tribunales de la Audiencia a los que estábamos refiriéndonos. Alguien pudiera pensar que era un adecuado trabajo de equipo, como se muestra en las películas de Estados Unidos. Ni era ni es así hoy en la judicatura. Aunque pudiera ser de otro modo, y he abogado por ello en innumerables ocasiones, la forma en que se establece el trabajo dentro de la «oficina judicial», en cualquier nivel, es que el juez (o magistrado) es el único que puede redactar las sentencias. No se admite, ni en menor medida se propicia, el trabajo en equipo.

Remontándonos a lo que estaba contando, en los años 80 y en la isla de La Palma, los magistrados de la Audiencia siempre hubieran negado que las cosas fueran así. Reconocer la realidad hubiera significado reconocer que estaban faltando a sus obligaciones, tanto en la redacción de las sentencias como en tomar personalmente declaraciones, en las que sin embargo, en su enunciado mismo, se decía siempre: «Ante mí, el Juez», cuando el declarante ni le veía.

Pudiera entonces hablarse, más allá de la complacencia, de una mutua «corrupción», por así decir complementaria. Unos cobraban de más y los jefes hacían la vista gorda a los que, a cambio, les hacían parte de su trabajo. Esa complacencia fue absolutamente determinante para que se diera la corrupción en la Justicia en España. Hoy día es el pan nuestro de cada día en el Tercer Mundo. Esperemos que la nueva reintroducción de las tasas judiciales no vuelva a generar el caldo de cultivo que tanto la propició hace décadas.

Para que no haya corrupción parece también necesario que no haya un entorno de complacencia, que se ampare en la desigual retribución de la Administración Pública, en relación con los salarios y condiciones laborales en las empresas privadas.

Cuestión básica que propiciaba la corrupción fueron en todo caso las tasas judiciales. Una vez que había que pagarlas, surgía con mayor facilidad «aumentarlas», siempre buscando la «diferencia». Es decir, si el litigante o acusado pagaba «algo más» podía llegar a tener un trato de favor, (al manejar el proceso los funcionarios) aunque solo fuera que su juicio «saliera» antes o se atrasase interesadamente. Si no se ha de pagar nada, en una Justicia cabalmente gratuita, es más difícil introducir cobros «extra». Más allá de los «tiempos», ya de por sí censurables, esos cobros «extra», que dieron en llamarse «astillas», llevaban en muchos casos a resoluciones prevaricadoras.

Las actitudes complacientes, cuando no cómplices, con la corrupción son sin duda componentes de ese caldo de cultivo. Pero hay más. Hay otros componentes también muy determinantes: los propios derivados de los procedimientos judiciales. Los corruptos necesitan hacerse necesarios y por eso precisan que la Administración sea lenta compleja y oscura.

Sin pretenderlo, he pasado de la remembranza de lo que llegó a ser la corrupción en la Justicia en los años 80 a la generalización de la misma. Es difícil que el en contexto actual no fuera así.

Descubrir la «astilla»

Era mi tercer destino. Había empezado en la isla de La Palma, había venido cerca de Madrid, a El Escorial, y al acceder a la categoría de magistrada estuve destinada en Bilbao.

Estaba pues destinada en Bilbao cuando tuve que intervenir en un caso de corrupción de fondo. Un funcionario de uno de los juzgados de instrucción había modificado la cuantía de la fianza que tenía que pagar un procesado. El magistrado había fijado el importe de la fianza en dos millones de pesetas y el funcionario en cuestión se «había limitado» a quitar dos ceros una vez que la resolución ya se había firmado. Es decir, la fianza había quedado reducida a la módica cantidad de 20.000 pesetas.

Finalmente, ya en mi cuarto destino, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 19, es decir de la jurisdicción civil, me enfrenté con la corrupción sistemática y consolidada. Llegué en el año 1984. Allí es donde en mayor medida comprobé cómo para que desaparezca la corrupción es imprescindible abordarla en su conjunto y eliminar el caldo de cultivo en el que emerge. Sólo teniéndolo en cuenta y removiéndolo poco a poco, la corrupción puede llegar a desaparecer.

Me habían ascendido a magistrada poco antes, en septiembre del año 1983. Es algo que ocurre por el mero paso del tiempo pero que depende del número de plazas. Suele ser en torno a los 5 años de la incorporación a la carrera judicial, pero en el caso de mi promoción fue algo antes. Mi destino en Bilbao ya había sido con rango de magistrado.

Aunque me encontraba muy bien en Bilbao (ya entonces me parecía una ciudad bella y apasionante, a pesar de que aun no había Guggenheim ni todo lo demás) quería volver a Madrid, a casa con los míos. Pedí varios juzgados de los que en aquel momento se nos ofrecían a los nuevos magistrados.

Me asignaron el citado Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid. Algún compañero me comentó: «¿pero, cómo se te ocurre pedir ese juzgado, que es de los más “¿capitalistas” de todo Madrid?». Como no comprendía nada, me aclararon que el 19 era uno de los pocos juzgados que quedaban con secretario de arancel.

Los secretarios de arancel eran una antigua figura de la Administración de Justicia. Hasta 1948, los secretarios judiciales (que tenían la consideración de notarios) percibían una parte importante de las tasas judiciales que los particulares pagaban. En contraprestación, ellos mismos (como sucede hoy día con los registradores de la propiedad y en cierta medida con los notarios) quedaban encargados de contratar y pagar a sus funcionarios, así como de sufragar otros gastos de sus juzgados. Es decir, se trataba de hecho de unas oficinas público-privadas. En aquel modelo, solo el juez que estaba la cabeza del juzgado era retribuido por el Ministerio de Justicia. Aunque en 1948 se estableció que tanto los secretarios como todos los funcionarios de Justicia serían nombrados y pagados directamente por el Ministerio de Justicia, se les mantuvieron los derechos económicos a los antiguos secretarios de arancel, quienes pudieron continuar cobrando para sí mismos la proporción consiguiente de las tasas. Las tasas eran iguales en todos los juzgados, pero los secretarios de arancel cobraban una parte significativa de ellas. Por ello estos funcionarios estaban más interesados que los demás en que les correspondieran los asuntos de más dinero que se tramitaran en la jurisdicción civil. Los secretarios de arancel solían ser generosos con sus funcionarios, con los que tenían además algún tipo de atenciones.

Ese era el contexto en el que desembarqué en el Juzgado 19, como he dicho en 1984. El PSOE de Felipe González acababa de ganar las elecciones hacía dos años. Corrían felizmente aires de cambio.

Casi nada más llegar al juzgado y cuando no había acabado de saludar a todos los funcionarios, uno de ellos, uno de los más antiguos, vino a pedirme con urgencia que aceptara el nombramiento de unos interventores judiciales en un procedimiento de concurso de acreedores que se tramitaba en aquel momento en el juzgado.

Naturalmente, no firmé a todo correr la designación como él me proponía. Necesitaba, le dije, algún tiempo para estudiar el procedimiento. A su vez, quería conocer a aquellos como a todos los demás interventores y comisarios judiciales que habitualmente trabajaran para el juzgado. El funcionario me insistió en que el asunto corría mucha prisa y en que precisamente los procuradores del deudor instante del concurso habían elegido a esos interventores que además, me aclaró el funcionario, eran los que habitualmente trabajaban con el juzgado.

¿Cómo permitir que fueran los propios deudores concursados, es decir, los que debían ser «controlados», los que eligieran a sus controladores? No, aquello parecía inaceptable.

Ese fue mi primer no. Después, podríamos decir lógicamente, vinieron otros muchos. Tuve que decir muchas veces no y afanarme, con muchísimo tesón, para disolver las enormes dosis de caldo de corrupción que me encontré en mi primer juzgado de Madrid.

Aunque teóricamente todos los juzgados de Madrid tenían el mismo número de asuntos, y por supuesto ninguno de los demandantes podía elegir uno u otro juzgado, se decía que la forma en la que se hacía el reparto, a mano y con un bombo casero, permitía que sin mucha dificultad se pudieran destinar asuntos a uno u otro juzgado. Se contaba que, con anterioridad a que yo llegara a este juzgado, había habido un enfrentamiento verbal, y casi físico, entre dos secretarios de arancel porque ambos querían que se tramitara en su juzgado una quiebra muy importante. La leyenda decía que se habían peleado en el pasillo.

Más allá de la leyenda judicial (que también las hay, como la leyenda urbana) el hecho es que, en aquel juzgado de Madrid había asuntos de mayor complejidad, y de más dinero en juego, que en ninguno de los otros juzgados, en los que no había secretarios de arancel. En todo caso, parecía que lo procuradores solían pagar cantidades importantes a los funcionarios de los juzgados de 1ª instancia, sin duda por encima de los que eran las tasas judiciales. Esos pagos, como ya he apuntado antes, se conocían coloquialmente, tanto en los medios profesionales, como fuera de ellos, como las «astillas». Formaban parte tan indisoluble del entorno de los juzgados que estos, que estaban ya en la Plaza de Castilla, llegaron a darle nombre a la plaza, entonces conocida como de la Astilla.

Esos pagos «extra» eran obviamente ilegales. No obstante se justificaban con la excusa de proporcionar dinero a los funcionarios para que pudieran adquirir papel timbrado (todo el papel que había que usar era timbrado y cada pliego costaba 25 céntimos) y pudieran pagar los gastos de transporte y las dietas, para proceder a las notificaciones y comunicaciones de cualquier tipo. Estos gastos, sin embargo, deberían haber estado incluidos en las tasas, que para ello, entre otras cosas, se cobraban.

Todo el asunto de las dietas era extraordinariamente oscuro. Con apoyos en disposiciones confusas, e incluso tácitamente derogadas, los funcionarios se habían convencido a sí mismos, así como a abogados y procuradores, de que por cada citación que realizaban podían seguir cobrando una determinada cantidad. Es decir, cada vez que un funcionario salía del juzgado y se dirigía a cualquier otro lugar, aunque fuera el piso de arriba del propio edificio de los juzgados, cobraba la dieta de salida.

Era evidente que todos los funcionarios estaban muy interesados en citar y citar, sin parar. Tanto es así que, como les resultaba imposible hacer a cada uno de ellos el enorme número de citaciones que se generaban, se había llegado a enraizar la costumbre de que los propios funcionarios subcontrataran a otras personas para que les hicieran ese trabajo de las salidas. A estas personas se les conocía como los «citeros», a quienes naturalmente los funcionarios les pagaban una cantidad inferior a la que ellos recibían. Generalmente eran policías que trabajaban por las tardes y noches en este cometido. Desde esta perspectiva, puramente mercantil y claramente interesada, se cobraban cantidades muy por encima de las tasas legales, pero que estas contribuían de hecho a propiciar, al introducir el concepto de pago por servicio. Los funcionarios exigían entonces a los procuradores, en el mismo momento en el que recibía el nuevo asunto y antes de registrarlo, una cantidad importante de dinero como provisión de los gastos del proceso.

Recuerdo bien la cantidad de documentación que encontramos en algunas de las mesas de los funcionarios que se fueron yendo del Juzgado 19 cuando conseguí empezar a cortar las «empresas» particulares que allí había. Aún conservo algunas fotocopias.

Eran auténticos libros de cuentas, con haber y debe de sus correspondientes clientes. La lógica era absolutamente mercantil. Los funcionarios se justificaban a sí mismos al considerarse como una prolongación de los procuradores y los abogados, que intervenían (y por tanto cobraban) en los procesos. Si los abogados y los procuradores cobraban de sus clientes, ¿por qué nosotros, que les tramitamos sus asuntos en los juzgados, no vamos a cobrar también?, me argumentaban, obviando sin duda su condición de funcionarios públicos.

Y, claro, les planteaba a los funcionarios la evidencia de que, desde esa perspectiva exclusivamente mercantil (y no de función pública), solo se tramitarían los procedimientos de los procuradores que pagasen, desatendiendo a aquellos litigantes que actuasen con abogados de oficio. Estaban de acuerdo, lo asumían sin ningún tipo de mala conciencia.

Era lo que era. Los pobres, los que no tenían recursos, no podían acceder a los mismos servicios que los que sí los tenían. ¿Cómo suena esto en sintonía con actitudes actuales, en que tiende tanto a denigrarse lo «público»?

Muchos de esos «noes» míos tuvieron grandes consecuencias, y en algunos casos pudieron haber acabado con mi carrera judicial. Aunque pueda parecer lo contrario, en aquellos primeros años 80, en el Tribunal Supremo había un ambiente menos enrarecido para posibles nuevas interpretaciones de las leyes.

Quizás porque acabábamos de aprobar la Constitución parecía que era evidente que los jueces teníamos que cambiar y desarrollar las instituciones jurídicas anticonstitucionales y por tanto era legítimo generar nuevas interpretaciones discrepantes de las que habían sido habituales durante la época de la dictadura.

En esa época le correspondió a mi juzgado un procedimiento de concurso de acreedores bastante importante, de un despacho de abogados mercantilista de bastante alto nivel, curiosamente muy vinculado a un sector del antifranquismo. Cuando el procurador de estos abogados supo que el asunto había correspondido al Juzgado 19, y que sus clientes no iban a poder elegir al interventor que les iba controlar decidieron cambiar la sede de la empresa en concurso, para así salir, ilegalmente, de la competencia territorial de los juzgados de Madrid. Era tan evidente que ello constituía una trampa que cuando recibí el escrito correspondiente, en el que se manifestaba que el nuevo domicilio social de la empresa en concurso estaba en Guadalajara, decidí pedir una prueba respecto a ese pretendido nuevo domicilio. No recuerdo muy bien cómo se tramitó aquella prueba, pero sí que se hizo y que en la documentación que se me envió desde Guadalajara figuraba que el pretendido nuevo domicilio de la empresa en concurso no era tal, pues se trataba de una antigua guardería de niños cerrada, en la que no había actividad de ningún tipo.

Rechacé entonces la cuestión de competencia que los abogados de este asunto me planteaban. Lo aceptaron tan mal que presentaron ante el Tribunal Supremo una querella contra mí por prevaricación. Empezaba a constatar que a los litigantes, máxime si eran profesionales alcurniados, les rechinaba cualquier confrontación con la realidad real de las cosas, fuera de la «realidad del papel» que estaban acostumbrados a «fabricar», sin que nadie osase comprobarlo.

Basaron la querella en que el juez civil no podía llevar a cabo por sí mismo una comprobación de esas características. En aquellos momentos la competencia sobre las querellas que se dirigían contra los jueces y magistrados era del Tribunal Supremo. Según el protocolo, antes de que se aceptara a trámite la querella había un antejuicio, en el que se decidía si la misma se aceptaba o no a trámite. Me defendió extraordinariamente bien Cristina Almeida y el Tribunal Supremo no aceptó la querella por prevaricación, aun en contra del magistrado ponente, que estuvo extraordinariamente belicoso.

No me cabe la duda de que si eso hubiera sucedido ahora el resultado hubiera sido peor. Es muy lamentable que las cúspides del poder judicial dificulten cada vez en mayor medida, y sobre todo según sea el magistrado que se trate, la libre y nueva interpretación de las normas por parte de los magistrados. La condena por prevaricación del compañero Baltasar Garzón es la mejor expresión de los malos tiempos que corren.

Aunque mi primer encuentro con la corrupción en la Administración de Justicia acabó en el proceso penal que se le abrió a aquel funcionario canario, siempre supe que, si quería cambiar la Justicia era necesario acabar con el caldo de cultivo en el que se desarrollaba la corrupción. Quedaba claro que yo sola no podía hacerlo.

Acabar con la corrupción: salir a los medios

Había que hacer algo. José María Aranaz había hecho la carrera de Derecho conmigo. Me enteré de que ocupaba un cargo de responsabilidad en el periódico El País. Le fui a ver. Era el año 1985. Le conté lo que pasaba y cómo el dinero corría por los juzgados. Se interesó mucho y me prometió ayuda. Me propuso que escribiera un artículo en el que contara lo que pasaba y me presentó a un periodista quien haría un gran reportaje.

Al artículo que se titulaba «P.S.C», en el que se contaba la inventada tasa palmera, le siguió un importantísimo reportaje de ese grandísimo periodista que es Bonifacio de la Cuadra. Supo explicar bien cómo funcionaba la Justicia y la cantidad constante de pagos que los intervinientes tenían que hacer. Tuvo un impacto tremendo.

En mi juzgado tuvo además una repercusión inmediata, pues en pocos meses el secretario (todavía de arancel) y casi todos los otros funcionarios de mi juzgado pidieron traslado a otros juzgados. De la noche a la mañana me quedé con un juzgado desierto que tuve que cubrir con interinos. Entonces, el Ministerio de Justicia permitía que fuéramos los propios jueces y secretarios quienes propusiéramos a las personas que considerábamos idóneas para que pudieran trabajar de interinos en tanto se cubrían las plazas con los funcionarios oficiales.

Llegaron entonces a mi juzgado varios jóvenes estudiantes de Derecho que asumieron sacar adelante un juzgado, sin pagos ilegales, como un reto que hicieron suyo. Aquellos estudiantes son hoy grandes profesionales y amigos míos. Les guardo reconocimiento y una gran gratitud. Constituyeron el engranaje necesario para mostrar que la corrupción en la Justicia no era inevitable.

Intentos de modernización de la Administración de Justicia

Aunque pueda parecer paradójico cuando se habla de la modernización de la Justicia tenemos que hablar de la historia de la modernización de la Justicia o, mejor dicho, de la historia de los fracasos en los de modernización de la Justicia.

En 1987, la Asociación Jueces para la Democracia y algunas asociaciones progresistas de abogados, fiscales y secretarios judiciales convocaron un Congreso en Madrid con el atractivo e ilusionante lema de «La Justicia tiene solución». Conseguimos hacerlo en un lugar muy público y mediático: el Eurobuilding. Fue un éxito y tuvo un gran impacto.

«La Justicia tiene solución» presentaba toda una serie de iniciativas para modernizar la Justicia. Entre ellas sin duda la superación de la corrupción en el funcionamiento de la Justicia. Fue el principio del fin de esta. Ahí estuvo, y no es poco, su mayor alcance. Había otra serie de propuestas que sin embargo se quedaron en el aire.

La desaparición de la corrupción sistemática se terminó produciendo a lo largo de los siguientes cuatro años mediante un proceso intenso no exento de sobresaltos. En ese proceso se evidenció lo que antes apuntamos, acabar con las prácticas de corrupción requiere eliminar, o diluir al máximo, el caldo de cultivo en que la corrupción se desenvuelve. Así ocurrió.

Nunca hubiera sido posible que la corrupción sistemática en la Justicia, que estaba tan enraizada, se desarticulara de forma tan rápida si no hubiera sido por el gran eco que tuvo en la opinión pública su necesaria erradicación. Gracias a ese impacto, en muy poco tiempo se pasó de justificarla a reprocharla.

Los propios magistrados mayores, que como he dicho antes la comprendían y toleraban, empezaron a tener actitudes más críticas. Un magistrado de la inteligencia y humanidad que era Antonio Carretero me confesó un día, con toda su belicosa socarronería, «quizás en “Justicia Democrática” (antecedente clandestino en la dictadura de toda asociación democrática en la judicatura) descuidamos ese tema. Yo mismo, decía Antonio, tuve que provocarles un a día a mis propios funcionarios, preguntándoles que si para que hicieran algo que yo les pedía, también tenía que darles una propina…».

Para conseguir la desautorización de la «astilla» fue esencial la posición de los medios de comunicación. La opuesta clara y rotunda del diario El País fue definitiva. También se estaba estrenando en esos años en su función democratizadora más activa.

Los otros periódicos no se atrevieron a defender lo que, en poco tiempo, se había convertido en injustificable y se limitaron a recoger informaciones de todas aquellas personas y colectivos que entendían que, dentro de todos aquellos cobros ilegales, algunos no lo eran tanto. Por encima de todo se consiguió trasladar a la sociedad la idea de que era inadmisible que la Justicia fuera un producto de mercado y, en menor medida, objeto de la especie de «pymes» en competencia que podían llegar a ser los juzgados, acelerando o retrasando los asuntos, cuando no interfiriendo en función de los cobrado en el resultado mismo de los casos.

En la Ley de Presupuestos de 1987, el Ministerio de Justicia decidió suprimir todas las tasas judiciales, aceptando que mantenerlas era el máximo componente del caldo de cultivo para los cobros pagos ilegales. Fue el principio del fin de la astilla.

En ese año el Consejo General del Poder Judicial aceptó convocar unas Jornadas sobre estos temas. Sin embargo, en las mismas se omitió el tema de corrupción sistemática como tal, que quedó edulcorado como el de las «corruptelas de la Justicia». Como ya hemos dicho, cada uno de los cobros, considerado aisladamente, podría haber sido considerado como tal; no así su uso sistemático, y en menor medida «necesario» para el funcionamiento mismo de la Justicia.

Como puede imaginarse, todo ello creó mucha desazón en algunos colectivos de funcionarios, sobre todo en los que trabajaban en la jurisdicción civil. Se produjo entonces una situación táctica, de huelga de celo. Probablemente, muchos funcionarios en aquel momento actuaban con buena fe. Estaban convencidos de que había que pagar la Justicia y que solo gratificando a los funcionarios podían funcionar los trámites. De alguna manera había un convencimiento general entre ellos (pese a su condición de servidores públicos) de que la Administración nunca había sido capaz, ni lo sería, de proveer de los medios necesarios a los funcionarios para que la justicia pudiera ser verdaderamente un servicio público al alcance de cualquier persona.

El malestar crecía. Incluso abogados progresistas criticaban la deriva que estaba llevando la supresión de esos cobros ilegales «agilizadores». Se llegó a decir que había una clara amenaza de paralizar la Justicia.

Efectivamente, con la «colaboración» o no de los funcionarios y pasado algún tiempo, se había ralentizado sobre todo la justicia civil de quienes tenían recursos económicos. Un abogado ya bastante mayor, que siempre había sido un hombre ligeramente crítico con el franquismo, me visitó en el Juzgado: «No creo que estés actuando bien –me dijo– con toda tu buena intención de suprimir los cobros ilegales estás provocando la paralización de la Justicia. Una buena intención –apostilló– que provoca un mal resultado».

Un secretario judicial, de los pocos de arancel que aún continuaban, me abordó en el parking de los juzgados: «Si fueras hombre –me dijo– te daría una bofetada. Nos has insultado a todos.» No era pues fácil el clima en el que se desenvolvía la actividad judicial en esos momentos.

Por aquellas fechas, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, acudió a un acto en la Plaza de Castilla. Creo que fue la inauguración del nuevo edificio de los juzgados civiles, Fue abucheado por un gran número de funcionarios, que estaban esperándole en el hall de entrada.

Fue en ese momento, en el que se acabó con la escandalosa «privatización de la Justicia», cuando se perdió la gran ocasión de hacer la primera y definitiva modificación en profundidad de la organización de la Justicia

Se había conseguido el claro rechazo social a todo tipo de cobros. También ello había hecho mella en el colectivo judicial. Ahora bien, en este no había claro consenso a favor del, por otra parte, obligado cambio. Por supuesto que a muchos compañeros les resultaba extraordinariamente incómodo vivir en ese tráfico de pagos ilegales pero a su vez eran conscientes de que nada seguiría igual si impedían cobrar a los funcionarios.

Los jueces empezaban a ser conscientes de que, si no se les permitía a los funcionarios cobros irregulares difícilmente iban a seguir aceptando hacer lo que era claro que debería hacer el juez.

Más allá de la erradicación de la corrupción el cambio iba tener mayor alcance. Se trataba de una concepción distinta del propio funcionamiento de la Justicia. En parte, consistía en hacer lo que teóricamente se decía que se hacía y no se hacía. El cambio hubiera requerido repensar mucho más las cosas, empezar a concebir el trabajo en equipo, dejar de concebir la tarea del juez como si fuera la del sumo sacerdote, que pone el pulgar hacia arriba o hacia abajo él solo y al margen de los funcionarios, nunca considerados como colaboradores, en fin hubiera sido una ocasión, lamentablemente perdida, para reinventar la Justicia.

Nos encontramos entonces con unos procesos judiciales tal y como estaban previstos nada menos que hacía treinta años, y en el contexto de la dictadura. Provenían de leyes procesales decimonónicas. Estos procesos, además, se habían redefinido y adaptado después, de forma que pudieran proporcionar más fácilmente rendimientos económicos a los intervinientes.

Se contaba entonces un chiste muy esclarecedor de cómo funcionaba la justicia civil: ¿En qué se parece el diluvio universal a los juicios universales? preguntaba el que lo contaba. Y enseguida contestaba: en que tanto en los procedimientos universales (quiebra y suspensión de pagos) como en el diluvio universal, los únicos que se salvan son los de la barca. Y, añadía el chistoso, claro, los que están en la barca son los del juzgado, los abogados, los procuradores, los oficiales y los secretarios.

No puede haber una verdadera y profunda lucha contra la corrupción si no se modifican los procesos, los procedimientos de funcionamiento de aquellos organismos que han de intervenir. Es evidente que la corrupción se hace muy difícil cuando los procedimientos son directos, transparentes y ágiles. Sin embargo, estos irían en pro de una adecuada y eficaz Justicia.

Naturalmente, el proceso de transformación de los procedimientos no es sencillo, puesto que la cultura funcionarial o jurídico-burocrática se ha formado en la rutina en esos procedimientos consuetudinarios y no quiere, ni seguramente tan siquiera puede, imaginar que puedan concebirse otros. La reluctancia a que se diseñen otros referentes es total. Todo lo «nuevo» pareciera afectar a lo que se aprendió y se repite, de acuerdo con lo que se tiene en el «disco duro».

Como ya he dicho en otras ocasiones, el estudio del Derecho, que se sigue haciendo igual generación tras generación, está en la base de esa rutinaria repetición. Se traduce en la carencia de imaginación, que hace difícil siquiera concebir que pudiera haber nuevos procedimientos que, garantizando los derechos, pudieran resultar a su vez más eficaces y eficientes.

En aquellos años resultaba evidente cómo el propio proceso se había conformado formalmente para favorecer los intereses, puramente económicos, de los funcionarios y de los profesionales que los gestionaban.

Por ejemplo, todo lo que los profesionales y los propios funcionarios escribían en los procedimientos se hacía, como acabo de decir, en el famoso papel timbrado. Así, cuanto más se escribiera en un procedimiento, más folios de papel timbrado se utilizaban y por tanto más dinero podían reclamar los propios funcionarios a los procuradores. En muchas cosas, y no solo en la Justicia, se valora el tamaño, que ciertamente termina importando. En aquella Justicia «timbrada» los muchos folios interesaban pero a la vez pareciera que le daban solidez y peso argumental, más allá del que se derivara de los cientos o miles de folios. Es algo que desgraciadamente ha quedado, quizás como lastre de aquella época en la que los procesos se valoraban «al peso».

La práctica de entonces había instaurado que, al inicio, los procuradores entregaran una determinada cantidad de dinero al funcionario en concepto, «implícito», de provisión de fondos para tramitar un proceso judicial. Una partida de esa provisión era el importe que se preveía se emplearía para papel timbrado, pero había otras. También cubría lo que se llamaban las «salidas», que no eran otra cosa que las citaciones que habría que hacer a los distintos intervinientes en el proceso, que se consideraba que no podían hacerse por correo, ya que era necesario que las hiciera directamente un funcionario judicial. Además de estos dos conceptos clave, en esa aludida «provisión de fondos» se incluían también otros gastos igualmente previsibles, como los de los anuncios obligatorios en la mayor parte de procedimientos, en periódicos públicos y privados.

Resulta esclarecedor saber cómo la máquina de escribir tardó mucho en introducirse en la Administración de Justicia. Funcionarios y profesionales de finales del siglo XIX y principios del XX debieron ver esa invención infernal como una amenaza. La mecanografía ocupaba menos que las ampulosas escrituras manuscritas que podemos observar en los pleitos históricos. E incluso en registros de la propiedad mucho más recientes. Así, aunque en 1900 ya se había autorizado el uso de la máquina de escribir en la Administración de Justicia no fue hasta 1906 cuando se permitió y además se condicionó ese uso a que solo se escribiera un determinado número de líneas en cada folio. Aumentar la longitud, y peso, de los procedimientos, con lo que conllevaba de encarecerlos, daba beneficios a quienes los gestionaban. Solo ese encarecimiento explica la razón de la repetición y constatación interesada de folios y folios, y de las letras grandes y los interlineados generosos de los protocolos notariales y los procedimientos judiciales. No, no se trataba de que los antiguos escribanos y notarios fueran cortos de vista. Las gafas además ya se habían inventado. Eran muy, muy largos de vista, para intuir, entre las remesas de tanto papel, sus oportunidades crematísticas.

Para que no hubiera corrupción económica era necesario, además de eliminar las tasas, que eran «el clavo para colgar la capa», modificar los procedimientos.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, que había decidido retirar todas las tasas judiciales para evitar la cascada habitual de cobros ilegales, no intentó modificar los procedimientos judiciales.

No se hizo entonces, ni tampoco se ha hecho, aunque parezca mentira, en todo este tiempo que ha trascurrido desde aquellos últimos años 80 de primeros cambios sustantivos. Ha habido algunas modificaciones interesantes en la línea de la transparencia, pero al haberse concebido y puesto en marcha de forma aislada y descontextualizada, no han conseguido agilizar los procesos que siguen anclados en una tediosa e innecesaria escritura.

Es necesario reflexionar sobre cómo ha sido posible que desde la entrada en vigor de la Constitución, hace ya 35 años, haya habido un continuo clamor social contra la lentitud de la Justicia y de hecho no se haya conseguido nada para mejorarla en ese aspecto.

Quizás parte de los repetidos fracasos de los ya tantos intentos de modernización de la Justicia se deban a que muchas de las reformas que se han intentado se han producido de forma improvisada y para salir al paso de las críticas a veces escandalosas de su falta de agilidad, eficacia y eficiencia.

Cuando, en aquel famoso pero remoto congreso de «La Justicia tiene solución», formulamos una alternativa para los procesos y muy especialmente para el proceso civil, quisimos, sobre todo adaptar ese proceso a una Justicia que comenzaba a funcionar ya sin corrupción. Aunque probablemente no éramos tan conscientes entonces, nuestro objetivo era sobre todo demostrar que la corrupción no era necesaria, ni mucho menos imprescindible, para que la Justicia funcionara bien.

Lo que proponíamos entonces eran formas alternativas a lo que se venía haciendo siempre. Es decir, nos preguntarnos: ¿cómo podremos hacer esto, o lo otro, sin corrupción? Por ejemplo, para combatir el gran negocio de las «salidas» había que demostrar que se podría citar directamente desde el juzgado a muchos de los intervinientes en los procesos por correo, telegrama o teléfono, o que se podían utilizar servicios comunes de comunicación, organizados de forma centralizada para todos los juzgados. Tardaron algo más en implantarse, pero años después fueron un hecho.

Además, señalamos que las citaciones podían hacerse de forma personal, cuando los intervinientes en los procesos acudieran a realizar los primeros trámites, y aprovechar así su presencia para ir planificando las siguientes citas. Así inventamos lo que denominamos las citaciones en cascada y en cadena: cuando había que hacer un conjunto de comunicaciones, hacerlas todas juntas y, a su vez, aprovechar la presencia de la persona que teníamos delante para comunicarle las citaciones siguientes que resultaran necesarias.

Igualmente había que racionalizar otros asuntos en los que también se había incrustado el negocio, como en el de los anuncios judiciales (los famosos edictos). Había periódicos, como El Alcázar, que vivían casi exclusivamente de los edictos. Las publicaciones eran buenas para los periódicos, para los comisionistas que los conseguían y para los funcionarios a quienes también les permitía solicitar mayores provisiones de pago a los procuradores. El procedimiento sin embargo se dilataba y encarecía.

Ya en la práctica de los juzgados, también hubo que buscar soluciones para hacer posible que los jueces pudiéramos estar presentes en los juicios sin tener un escribiente, que fuera repitiendo, como un eco constante, el resumen de lo que declaraban testigos y peritos. En mi Juzgado, en plan experiencia piloto, hubo durante más de tres años una estenotipista convencional, que había trabajado con anterioridad en las Cortes. Poco a poco, y como consecuencia de estas experiencias se ensayó para los juzgados que lo solicitaran un nuevo método de transcripción de las declaraciones de intervinientes, testigos y peritos que fue el llamado Estenokey.

Muchas de estas reformas eran sin duda parches ante un modelo del proceso concebido para una sociedad diametralmente opuesta a la actual. No obstante, valieron efectivamente para acabar con la corrupción y para demostrar que la misma no era imprescindible. También contribuyeron a una mayor eficiencia judicial. Algunas de ellas, que se establecieron efectivamente en los últimos 80, han pasado a configurar la estructura actual de la Justicia. En algunos casos, pareciera ahora ya que ha sido siempre así. Por ejemplo, puede ser el caso de los servicios comunes. Muchos jueces, abogados y procuradores puede que ahora desconozcan, ni se pregunten, al darlos por hecho, cómo surgieron.

Por otra parte, esas medidas llegaron a tener incidencia importante en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobó en el año 2000. Resulta curioso conocer como, casi por casualidad y sin duda debido a todo esta corriente, que fue fraguando desde los años 80, se dio un gran cambio. Cuando esa Ley de Enjuiciamiento Civil estaba todavía en nivel de ponencia en el Congreso, en el año 1998, se formuló una enmienda que obligó a que el proceso civil típico fuera absolutamente verbal. Ello podía ser así, ya que las declaraciones que se produjeran en los juicios podían ser, y así se obligó, transcritas en sistema audiovisual. Otra vez la tecnología, como hace un siglo la máquina de escribir, contribuía a la eficiencia y agilidad de la Justicia. La tecnología por sí misma es solo necesaria, pero en modo alguno suficiente.

Esa fue una gran conquista. Surgió como algo necesario para contrarrestar la deformación del proceso que la corrupción había ido produciendo. Sin embargo, de nuevo, el gran avance que la oralidad podía significar en el proceso, no se ha aplicado con todo su potencial alcance. Se ha insertado en las mismas antiguas concepciones del proceso, que la nueva ley no tuvo capacidad, ni al parecer interés alguno, en cambiar.

De ahí que sorprenda que, ahora que el procedimiento civil básico es absolutamente oral, sean los propios abogados los que ofrezcan a los magistrados llevar una nota escrita para evitarse las intervenciones orales.

Parece evidente la gran dificultad, cuando no la incapacidad, para modernizar la Justicia. La rutina, incluso elevada a categoría de garantía procesal, impide a muchos plantearse, ni siquiera imaginar, cambios. Hay sin embargo cabida para muchos de ellos. Si se quiere se puede, como ocurrió, como hemos visto, en la lucha contra la corrupción sistemática. Otras muchas razones siguen dificultando que la Justicia pueda llegar a concebirse, y convertirse en instrumento verdaderamente útil para la ciudadanía a la que ha de servir.

Seguramente hay que buscar esa incapacidad en el conservadurismo esencial de las clases jurídicas, que provoca una determinada forma de concebir la Justicia, tantas veces al servicio del poder, de la misma forma que los estudios del Derecho que responden a esa concepción estereotipada. Más allá de esas razones, por así decir estructurales, probablemente se da también la absoluta falta de capacidad para imaginar otras formas diferentes de concebir los procesos.

4. SABER GESTIONAR

Me temblaban las piernas mientras que María José y yo íbamos por el pasillo que une los dos edificios de la sede general de los Juzgados de Madrid, en la Plaza de Castilla. Sucedió años después. Yo era decana de los juzgados.

Comisiones Obreras de la Administración de Justicia había convocado una huelga contra mi decisión de que los funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos Penales y Civiles (SCNE) hicieran también las notificaciones y los embargos que acordaran los jueces de lo social. Las oficinas del SCNE estaban en el edificio del fondo. El pasillo que unía los dos edificios era inhóspito y desangelado. Para darle algo de vida a ese pasillo desapacible, se me había ocurrido utilizarlo como lugar de exposición de fotografías, pinturas o grabados que hicieran nuestros propios funcionarios o sus amigos y conocidos. Cada vez que pasaba por allí echaba una ojeadilla a lo que tuviéramos expuesto. Sin embargo ese día solo sentía la angustia de conseguir como fuera que la mayoría de los funcionarios no secundaran la huelga: ¡Dios mío, tenía que acertar, como fuera! Tenía que ser capaz de elegir las palabras que les convencieran. Había que conseguir convencerles para que salieran a la calle a hacer las notificaciones y los embargos, como si de cualquier día se tratara.

María José iba callada a mi lado. María José era, en comisión de servicios, la secretaria del decanato.

La Administración, tan rígida, se sabe a sí misma tan inoperante para su propio funcionamiento que se ve obligada a institucionalizar sus propios irregularidades. Los servicios comunes, que se establecieron ante su necesidad en la práctica por la vía de hecho, con un pequeño apoyo legal en la ley, se habían convertido en grandes unidades administrativas, sin una estructura medianamente eficaz. Nos correspondía dirigirlas a los decanos.

El Ministerio de Justicia, consciente de la enorme dificultad de los jueces decanos para dirigir un equipo humano de esa envergadura, aceptaba la irregularidad de que el decano pudiera elegir a su colaborador más íntimo, saltándose la inevitable regulación de que todos los puestos de secretario judicial tuvieran que cubrirse por rigurosa antigüedad.

En aquellos momentos, hablamos de 1993, unos ochocientos funcionarios, dependían del decanato de Madrid. Por eso, cuando nada más elegida, tomé posesión y fui al Ministerio, el director general de las Relaciones con la Administración de Justicia, a quien en aquel entonces le correspondía esta cuestión, me dijo: «No te preocupes, Manuela. Puedes elegir al secretario que quieras y nosotros lo nombramos en comisión. Así lo hicimos también con el anterior decano.»

No conocía mucho a María José, aunque sí sabía que era una persona progresista, convencida de que la Justicia podría mejorar. Nos habíamos conocido en 1987, en el ya mencionado congreso «La Justicia tiene solución».

Cuando se lo propuse, no dudó un momento en decir que sí. La abordé mientras tomaba un café con algunos de sus colegas. Allí mismo, se lo dije «Mira María José, mi programa para el decanato es esto, lo otro, y lo de más allá». No lo dudó. Se vino conmigo.

Fue una elección fantástica, de la que surgió una gran amistad.

Desde que me había despertado, el día de la huelga, sabía que lo que me esperaba iba a ser muy difícil. Elegí una camiseta negra con cuello blanco con la que me sentía bien. La paralización que pretendían los sindicatos podía ser desastrosa. Que se dejara de hacer notificaciones y embargos significaba irremediablemente que se suspendieran infinidad de juicios, desahucios y embargos que estuviera previsto realizar esos días. Todo ello se traduciría en airadas protestas de los sectores más críticos de la Junta de Jueces, que se oponían a toda novedad, como era de hecho el nuevo funcionamiento del SCNE. Desde una perspectiva puramente de oposición política, aprovechaban el rechazo que cualquier novedad suscita en colectivos conservadores, como sin duda somos el de los jueces.

«¡Decana, dimisión!» «¡Decana, dimisión!», gritaban de forma desaforada cincuenta o sesenta funcionarios delante de la puerta de mi despacho. La protesta la habían organizado los tres sindicatos de funcionarios, pero los claros protagonistas eran dirigentes de Comisiones Obreras.

¡Vaya paradoja! Mi vida profesional tan vinculada a Comisiones Obreras, y ahora resultaba que los sindicatos, que nunca habían tenido una actitud beligerante con decanos anteriores, conservadores, dedicaban su energía a luchar contra mi decanato.

En cuanto les oí salí a su encuentro… Se quedaron sorprendidos, no esperaban esa reacción. No me acuerdo bien de lo que les dije pero sí que les pregunté en concreto, por qué protestaban.

Fue maravilloso. Aquella manifestación se diluyó como un azucarillo en el agua. Estaban preparados para gritar detrás de una puerta y no para razonar cara a cara con una persona amable, que no les reprochaba la concentración.

Todo esto lo tenía presente mientras que María José y yo alcanzábamos las grandes oficinas del Servicio Común de Notificaciones.

Los funcionarios del Servicio Común estaban expectantes. La mayor parte de ellos habían preparado ya sus carteras para salir a la calle, a hacer sus diligencias, pero estaban dudosos sobre si definitivamente salir o quedarse. Los sindicatos habían estado bombardeándoles con la necesidad de la huelga.

Siempre he tenido mucha confianza en la distancia corta. Todo este asunto trataba de lo siguiente: los funcionarios tenían como cometido llevar a los interesados las notificaciones, los embargos y los desahucios que hacían los juzgados, pero solo los relativos a los juzgados de lo civil. Los juzgados de lo social no habían pedido aún que este gran servicio común de notificaciones hiciera también las de sus propios juzgados. Era algo absolutamente lógico, pero los sindicatos exigían que se creara otro nuevo servicio común especializado, exclusivamente para los juzgados de lo social. Les había explicado que no tenía ningún sentido crear otro servicio común. No era necesario. Cuando se produce una situación de insolvencia, cuando una empresa por lo que sea no puede pagar a sus proveedores y a sus acreedores también acaba finalmente no pudiendo pagar a sus trabajadores. Por eso la mayor parte de los casos las reclamaciones dirigidas contra los acreedores y contra los proveedores que deben resolverse en los juzgados de lo civil iban a coincidir con las que harían los trabajadores. Así, era previsible que hubiera notificaciones que coincidieran en las mismas empresas, deudoras, ya fueran de carácter civil o de carácter social. En todo caso las notificaciones eran iguales y requerían el mismo trabajo, respondieran a una u otra jurisdicción. Todo ello había sido hablado antes del día de la huelga.

«¡Por favor! ¡Por favor!, sentaros y escuchadme», les dije en cuanto llegué.

Les expliqué, entonces que merecía la pena hacer lo que les proponía. Se trataba precisamente de rentabilizar su trabajo para que los procesos de los trabajadores contra las empresas pudieran tramitarse con mayor rapidez. Es decir, hacer una justicia más eficaz y más justa. Si el trabajo aumentaba, podríamos, naturalmente (en aquel momento se podía), pedir más funcionarios, pero lo que desde luego representaba un contrasentido era crear otro organismo administrativo. Podríamos llegar al resultado de que funcionarios de distintos servicios coincidieran con notificaciones para las mismas personas. ¡Vamos!, que se encontraran ante una misma puerta varios funcionarios con cometidos idénticos, pero originarios de juzgados diferentes, que a veces estaban puerta por puerta.

Les hablé entonces a los funcionarios de la importancia de que la Justicia fuera eficaz y eficiente, y que eso solo era posible si cada uno hacía bien su trabajo. Les insistí mucho en la trascendencia de su trabajo para los ciudadanos, para la gente, para la cantidad de trabajadores que estaban pendientes de que salieran pronto sus reclamaciones, pero también las que hacían los grandes acreedores, los bancos, las compañías de seguros. Les resultaba un discurso nuevo. Miraba sus caras y en muchos de ellos veía aceptación y comprensión.

No hubo huelga. Los funcionarios salieron aquel día a hacer sus notificaciones y sus diligencias de calle.

Los servicios comunes de notificación fueron la primera medida de racionalización de los juzgados. Aunque creado antes de mi entrada en el decanato, fue durante mi mandato cuando se organizó como engrasada maquinaría que buscaba la eficiencia.

El Servicio Común de Notificaciones y Embargos acabó finalmente siendo un servicio para todos los juzgados de Madrid, los de lo civil, los de lo social y también los de lo penal.

Organizamos pues definitivamente el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Fue una experiencia única para comprobar cómo se pueden lograr grandes mejoras cambiando pequeñas cosas.

Tuvimos conversaciones con una de las mayores empresas de mensajerías de Madrid. El servicio de notificaciones de los juzgados tiene parecidas características al de una mensajería. Les escuchamos y vimos cómo se organizaban. Su modelo no era el nuestro. Ellos podían organizar su empresa como mejor les pareciera. Nosotros no. Teníamos que cumplir toda una serie de requisitos que nos imponían las leyes procesales y la jurisprudencia y asimismo, lo que era aun más complicado, teníamos que ceñirnos a una estructura organizativa absolutamente obsoleta. En la Ley Orgánica del Poder Judicial ni siquiera estaba previsto el funcionamiento de este tipo de servicios. Hubo que hacerlo todo concertando intereses, buscando afinidades, motivando e ilusionando. Seguramente, la enorme dificultad de organizar algo en esas condiciones nos dio la enorme oportunidad de basarla en esos valores, los más seguros.

Tomamos decisiones que, a quien no conozca la Justicia, puede parecerle pueriles, pero que en nuestro caso fueron de una trascendencia extraordinaria.

Un gran número de notificaciones resultaban frustradas, es decir, que no se conseguía que la notificación fuera recibida por el destinatario. La ley preveía tácitamente hacerlas por las mañanas, en el horario de los funcionarios. Era absurdo. Durante las mañanas es cuando es más difícil encontrar personas en sus domicilios. La Ley permitía no obstante hacer las notificaciones de sol a sol, con una definición tan amplia como en desuso. En ello se había amparado antes la subcontratación de los «citeros» que trabajaban para los funcionarios, como trabajo extra, normalmente por las tardes.

Había que buscar pues un sistema que conciliara la necesidad de conseguir mejores resultados, notificando también por las tardes, con la imposibilidad de obligar a los funcionarios a trabajar fuera de su horario habitual. Tampoco teníamos presupuesto para pagar horas extra.

Había que organizar, por tanto, el servicio de una forma nueva, diferente a la habitual en la Administración, mediante una forma descentralizada y con horarios en que, si bien todos los funcionarios trabajaran el mismo número de horas, lo pudieran hacer con distintos horarios. Por eso hicimos turnos de mañana, tarde e incluso noche.

Sin embargo, ello ni se podía hacer ni era eficaz hacerlo en la Plaza de Castilla. Estaba claro que, siendo a la hora que fuera, se perdía mucho tiempo si todas las salidas a notificar tenían que hacerse desde nuestra sede, en el extremo norte de Madrid. Había que descentralizar. Había que buscar locales, algo que de entrada no resultaba fácil por no estar previsto. Me lancé a pedir locales a distintas Administraciones. Removí Roma con Santiago. Estábamos tratando de innovar y mejorar. Felizmente, la gente lo comprendía. Tras no pocas gestiones, lo reconozco, poniéndome pesada si llegaba el caso, conseguimos cinco locales.

Pudimos establecer cinco sedes diferentes, en distintos puntos de Madrid como lugares de salida. Como se hace en Correos, hasta allí iba una furgoneta, que distribuía los paquetes de notificaciones, según los distritos de Madrid que cubriera cada sede.

Tuvimos que nutrir cada sede con funcionarios, que además pudieran cubrir los distintos turnos. Optamos, como seguramente no hubiera podido ser de otra forma, por pedir voluntarios. Resultó un éxito. A mucha gente le podía venir muy bien ir a trabajar a una de las sedes que no fuera la de la Plaza de Castilla. Además, había funcionarios a los que les venía mejor otro turno que el común de mañana. Con esas preferencias, encontramos que se podían cubrir las cinco sedes. Los sindicatos lo vieron con suspicacia, la gente estaba contenta.

La descentralización requería organizar equipos y, obviamente, controlar el trabajo. Nos inventamos cargos intermedios, que se responsabilizaban de las distintas nuevas sedes. Había que hacerlo con motivación. No teníamos medios para establecer contraprestaciones económicas.

En términos organizativo-motivacionales, una de las tareas de los responsables de cada sede era, todas las mañanas, comprar los bollos o porras, según los gustos, para organizar en la sede cada mañana, antes de salir a notificar, el desayuno colectivo. Quizás erróneamente considerados intrascendentes, esos desayunos, que de hecho se convertían en «desayunos de trabajo», constituían piezas relevantes de la consolidación de los equipos. Los bollos se pagaban entre todos. Solo teníamos recursos para el café.

De vez en cuando, previo aviso o «casualmente», pasaban a desayunar por allí en alguna de las sedes, mis dos ayudantes, cerebros de toda la organización y que celosamente la controlaban. Dos personas que hicieron posible todas estas transformaciones, Dolores y Marta.

Dolores cumplirá pronto los 69. Sigue en activo. Es una de estas mujeres de mi generación absolutamente extraordinaria, sobre la que me gustaría escribir largo y tendido.

Nos conocimos cuando yo era abogada laboralista y ella acudió a nuestro despacho para pedir trabajo. Su marido, que trabajaba en la construcción, había sido detenido por el Juzgado de Orden Público. Dolores formó parte del despacho de Atocha. Era la responsable de la unidad administrativa. Era la artífice de las meriendas en Atocha y después, de los desayunos en los locales descentralizados del decanato.

Dolores estuvo, igual que yo antes de que abriéramos el despacho de Atocha, en el primer despacho de abogados laboralistas, madre y raíz de los que vinieron después. Era entonces mi secretaria y antes de la tragedia colectiva del asesinato de los compañeros que vivimos todos, Dolores, vivió la suya propia: la Guardia Civil, en septiembre de l971, mató a su marido, Pedro Patiño, que actuaba como piquete en la huelga de la construcción convocada en esas fechas. Me llamaron por teléfono para comunicarme la noticia, mientras que yo le dictaba una demanda.

Dolores no solo fue una más entre todo el grupo de los compañeros de aquella época. Fue y es una de mis mejores amigas.

Cuando el despacho de Atocha se deshizo, ella, después de dar vueltas por algunos otros trabajos, decidió hacer la carrera de Derecho. No solo la acabó deprisa, sino que además sacó las oposiciones de oficial de la Administración de Justicia. Cuando llegué al decanato estaba destinada en uno de los juzgados de Getafe, donde siempre ha vivido. Sin dudarlo, y con la resolución que la caracteriza, me dijo: «Hay muchas plazas libres en el decanato. Me voy contigo».

Se lo agradeceré eternamente. Sin Dolores no hubieran sido posibles muchos de nuestros grandes cambios con pequeñas cosas. Fuimos, con María José, la secretaría en comisión de servicios, el núcleo del equipo de dirección que conseguimos constituir. Sin duda algo esencial para lo que emprendimos.

Entre el personal del Servicio Común de Notificaciones apareció Marta. Una chica en aquel momento muy joven, esbelta y elegante, de una inteligencia poderosa y con una capacidad de organización abrumadora. Era una funcionaria interina. Pronto nos dimos cuenta de que Marta era una joya. El desarrollo de su currículum posterior lo confirma. Se incorporó al equipo.

Dentro del SCNE, organizamos a su vez servicios especiales para nuestros «grandes clientes»: la Fiscalía, Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Agencia Tributaria, y otros muchos órganos de la Administración, así como las grandes empresas. Parecía de cajón, pero no existían esos servicios especializados. Llegamos a acuerdos con ellos para facilitarnos la correspondencia mutuamente.

Creamos también servicios especiales para determinados tipos de diligencias, y muy particularmente para los desahucios. Aunque por supuesto, en los 90, no se vivía la situación dramática que hemos padecido en estos últimos años fuimos conscientes de que, por una parte, había que recuperar pronto la vivienda para su legítimo propietario, pero que, por otra parte, teníamos que conseguir otra vivienda para los que desahuciábamos. Creamos un servicio de asistencia que les entrevistaba en sus propios domicilios, de los que tendrían que salir una vez que los jueces nos habían enviado los mandamientos de desahucios. Estudiábamos la situación y veíamos la manera de buscarles viviendas alternativas.

Mantuvimos reuniones con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, en sus respectivas áreas de vivienda, y con Cáritas.

Necesitábamos saber el número de personas que se quedaban en la calle y cómo buscarles las alternativas necesarias de cobijo. Hicimos un estudio sobre el número y las características de los desahucios de aquellos tiempos. Llegamos a acuerdos con Cáritas y las instituciones. Conseguimos poner en marcha apoyo. Se podía hacer, si había voluntad de hacerlo.

Aproximadamente en el año 2005, cuando yo, después de finalizar mis cinco años de vocal del Consejo General de Poder Judicial, ya estaba en la Audiencia Provincial, me llamó un responsable de Cáritas. Quería contarme que, fruto de aquellas ideas e iniciativas lanzadas desde el decanato, habían construido por fin un miniparque de viviendas para alojar provisionalmente a quien se quedaba en la calle. Me envió un pequeño documento con fotografías de las nuevas viviendas. Me dio una inmensa alegría.

En el año 2005 no sabíamos aún lo que se nos avecinaría años después, ni que desgraciadamente muchos de todos estos servicios, que organizamos para lograr una Justicia un poco más para todos, y no solamente para las clases privilegiadas, estarían prácticamente desmontados. Cuando surgió el problema del súbito incremento de las ejecuciones hipotecarias intenté recuperar los archivos sobre el estudio sobre desahucios que habíamos realizado en esos años en el decanato. No fue posible. Se había destruido toda la documentación.

No fue lo único que se destruyó. Habíamos creado también una publicación interna, un periódico o boletín, en el que trimestralmente recogíamos las novedades de lo que íbamos incorporando a la renovada gestión del decanato. No solo no se siguió publicando tras mi marcha, sino que se destruyeron todos los ejemplares que todavía quedaban de anteriores números, sin ni siquiera guardar en la biblioteca la serie completa de estos. ¡Farenheit 451!

Las sedes descentralizadas del SCNE se habían mostrado tan extraordinariamente eficaces como organización que no se atrevieron a desmontarlas. No obstante, nadie siguió después profundizando ni planteándose siquiera como objetivo la mejor gestión de la Justicia.

En febrero de 1993 los jueces de Madrid me eligieron decana

En cierta medida, fue una sorpresa que resultara elegida. Éramos cuatro candidatos. Cada una de las cuatro asociaciones que en aquel momento había en la carrera judicial. Yo representaba a Jueces para la Democracia, asociación con un importante peso mediático pero minoritaria en la carrera judicial. En alguna medida, representaba a la izquierda judicial. Además, en los 13 años que llevaba en la carrera judicial siempre había destacado por ser diferente.

Días antes de la elección, en casa, mi hija Eva, que tenía 14años, intentaba que no me hiciera ilusiones de que mis compañeros pudieran elegirme. «Hazte la idea –me decía–, que es como si una mujer negra y hippy se presentara a la elección de presidente en Estados Unidos». ¡Quién nos iba a decir que solamente 15 años después el presidente de Estados Unidos iba a ser el señor Obama.

Pues sí, también en este caso el «yes, we can» fue posible y, contra todo pronóstico, resulté elegida con una mayoría muy respetable. Pero, también, desde el siguiente día a la elección y en el mismo momento en que empecé a poner en marcha proyectos de cambio, tuve una constante oposición. Y no solo, como ya acabo de decir, de los propios colegas conservadores, sino también de los sindicatos de funcionarios y muy especial, y paradójicamente, de Comisiones Obreras.

Gestionaba sin saberlo

Organizar a más de 800 funcionarios me hizo estar alerta a cualquier idea o sugerencia que me ayudara. Me encontré casi por casualidad con la sorpresa de que lo que a mí me preocupaba estaba ya en el debate de las administraciones públicas. Aprendí que organizar no es lo mismo que gestionar y supe que empezaba a utilizarse el término de gestión pública. Y lo que es aun más importante, el gran potencial que encerraba el concepto de la «gestión de los procesos judiciales o administrativos», aunque su alcance hubiera que buscarlo fuera de nuestras fronteras.

El Consejo del Poder Judicial, sin saber muy bien por qué, ofreció en aquellos años un curso muy novedoso. Se trataba de un curso sobre técnicas para la gestión pública destinado a decanos, presidentes de las Audiencias Provinciales y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que hay en cada Comunidad Autónoma.

El curso fue departido por dos funcionarios de la Agencia Tributaria, quienes habían participado de una forma muy considerable en la modernización de esa entidad. Fue, creo sobre 1994. Asistimos, algunos de los decanos de las siete grandes ciudades, Madrid Barcelona, Valencia , Bilbao Sevilla, Zaragoza y Málaga y algunos de los presidentes de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores. Como todos los cursos del Consejo de lo que se llama la formación continua, este era voluntario, y dentro del perfil que se exigía podía asistir quien quisiera.

El curso fue extraordinario y me permitió conocer el tránsito que se discutía en los noventa desde la Administración Pública tradicional a la nueva gestión pública.

Siempre defendí la idea de la Justicia como servicio público pero en el curso supe de las nuevas técnicas de gestión en las administraciones públicas, la comunicación interna y externa, las políticas de calidad, la evaluación de los servicios públicos, la gestión por objetivos y no por normas, el liderazgo personal y las nuevas políticas de personal.

Leí a David Soborne, a Ted Goebler, y a Peter Plastrick en sus libros Reinventar el Gobierno y Reducir la burocracia y me empapé de los primeros números que publicó la revista del MAP Gestión y Análisis de Políticas Públicas.

En cierta medida era encontrarme conmigo misma. Desde que había entrado en la judicatura había puesto en marcha, sin saberlo, mucho de esa nueva forma de gestionar lo público, pero ahora me sentía reforzada. No eran simples cosas mías. Eran las nuevas y esperanzadoras tendencias de la gestión de lo público.

En el decanato puse en marcha una distinta forma de hacer las cosas que ya se hacían e incorporé otras nuevas que antes no se hacían. Había ganado con un programa, y era un programa real, para llevarse a cabo. Todo lo que había propuesto creía sinceramente que se podría hacer. No había nada de quimérico ni fantasioso

Comprobé cómo sin aumentar el presupuesto se podían mejorar todos nuestros servicios. Aunque en los 90 la situación económica de constantes recortes no era la de ahora, el Ministerio de Justicia era enormemente restrictivo para aumentar en cualquier partida el presupuesto.

Había que ingeniar, por tanto, nuevas soluciones. Con las fotocopiadoras que teníamos creamos un servicio de publicaciones que permitía que todos los juzgados tuvieran a escasos días de la publicación de nuevas leyes un texto claro y manejable a su disposición. Se organizó un servicio de grabación, que permitía, en un momento en el que esto era impensable, la grabación de las pruebas y de las diligencias que los jueces consideraran oportunos. Se organizó un servicio de apoyo directo a todos los juzgados cuando tuvieran problemas coyunturales de trabajos extraordinarios o falta de personal, dimos un doble uso al gran salón de actos, posibilitando que se convirtiera, cuando lo necesitáramos, en gran sala de justicia para los maxijuicios que ya comenzaban a aparecer en esa época. Organizamos un servicio de subastas, un servicio de comunicación con todos los centros penitenciarios, un centro de control de la libertad provisional e infinidad de otras actividades y conseguimos también que el amplio espacio que forma la uve entre los dos grandes edificios de los juzgados, en la Plaza de Castilla y que no era nada más que un horrible solar, floreciera.

Tuvimos primaveras con bellísimas rosas

La señora Esperanza Aguirre tuvo algo que ver con nuestro jardín. En aquella fecha era la concejal del Ayuntamiento de Madrid que llevaba Parques y Jardines. Acudió a declarar a un Juzgado de Instrucción no sé por qué motivo. Aproveché la ocasión y le pedí que nos proporcionara plantas de los viveros del Ayuntamiento que surtían a otros organismos públicos. Accedió y tuvimos plantas. Más problemático fue lo del jardinero. Imposible pedírselo al ministerio. Nos arreglamos con alumnos de jardinería del INEFE.

Aunque a veces, cuando se prolongaban sus vacaciones, todos los del equipo del decanato teníamos que echar una mano. La vida vegetal no sabe de burocracia, las necesidades del jardín nos recordaban la dinámica de la naturaleza que no puede esperar a que se formalicen los largos y burocráticos procedimientos para proveer a la Administración de cualquier recurso. Mantener el jardín era un símbolo. La belleza tiene que tener un espacio en la ética. En la ética del cuidado y la atención. No me gusta ver organismos administrativos con plantas secas y llenas de polvo, que a veces parece que solo valen para usarlos como ceniceros. El equipo que impulsamos todo aquello confirma el enorme potencial del funcionario público.

Los funcionarios públicos hacen lo posible cuando están motivados para que lo público sea, como dice la Constitución que debe ser, eficaz y eficiente. Y esa eficiencia de lo público garantiza el patrimonio común que facilita el ejercicio de los derechos de todos

Fueron muchos los que participaron en esa tarea de demostrar todo lo se puede hacer con los mismos recursos y desde lo público y para el público. María José, Dolores, Marta, Paco Video, Paco Biblioteca, Pedro Subastas, Carmen Balanza, María Calidad, Luisa Administración…

La gestión judicial no ha calado aún en España

Los juristas, por formación, nada sabemos de gestión y, en menor medida de gestión pública. No tenemos formación alguna en tareas prácticas y aunque hemos dedicado tiempo a estudiar y memorizar normas procesales, nunca se nos ha interesado ni cómo llevarlas a la práctica, ni la forma en que de hecho se producen.

En inglés management se traduce en castellano por gestión. Me parece que este término castellano no alcanza el contenido completo del management, que encierra una visión dinámica de la vida de las organizaciones. Hoy día, organizaciones de cualquier índole, con ánimo de lucro o sin él, conocen con detalle sus propios comportamientos y la necesidad de tenerlos en cuenta para lograr el cumplimiento de sus fines.

Los juristas, al menos en España, no tenemos formación alguna en la cultura de las organizaciones. Además, nuestra propia formación, puramente jurídica, nos lleva a pensar que son las leyes y todo tipo de normas jurídicas las que determinan el comportamiento de las organizaciones. Es evidente que esto no es así, pero el mundo jurídico parece convencido de que la buena organización de lo público es algo similar a un silogismo. Normas organizativas, y medios adecuados, producirán (mecánicamente, se podría añadir) organizaciones administrativas idóneas. La mayor parte de juristas (y lo peor, también muchos políticos) creen por tanto que, para gestionar bien una organización, basta con promulgar procedimientos y dotarla de medios. Pero la realidad insistentemente nos dice lo contrario.

Trasladando ese simplismo a la maquinaría judicial, ¿Quién no conoce la gran desigualdad que hay entre una y otra organización judicial, aunque ambas estén dotadas y reguladas idénticamente, cuando las personas que la integran tienen comportamientos distintos? No, no se trata de que unas cumplan las normas y otras no, no es que unas tengan más medios que otras, sino que algunas personas cumplen las normas y administran los medios de forma inteligente y dirigida a cumplir los fines de las propias organizaciones… y otras no tanto.

En Estados Unidos ha sido en donde se ha desarrollado formación específica profesional en la gestión judicial. Allí fueron antes conscientes de su necesidad y se empezó ya hace años a desarrollar e implementar técnicas de gestión. Nos han ganado mucho terreno. Ya en el año 1969, el expresidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos Warren Burger se lamentaba de la insuficiencia de gestores de la Administración de Justicia: «We have more trained astronauts than trained court administrators in this country today.» (En este país tenemos hoy más astronautas que administradores de los tribunales formados profesionalmente.)

Sin embargo, en la mayor parte de países de raíz jurídica continental, la gestión judicial, es, por el contrario, profundamente desconocida y no se tiene en cuenta para administrar los organismos judiciales. El «Management judicial» ni se estudia en las facultades de Derecho, ni tiene aún entidad doctrinal en áreas ajenas al Derecho, salvo en aquellos países de sistemas jurídicos basados en la Common Law, como sucede en EE UU .

Lo decisivo nunca son los medios materiales y personales, sino la capacidad de gestionarlos bien. Afortunadamente, ahora ya, y debido a que la exigencia de la eficacia de la Justica, es una gestión que preocupa cada vez más en todo el mundo. Hay organismos, como el Consejo de Europa, que han empezado a elaborar alguna línea de management judicial.

El Consejo de Europa ha creado la European Commission for the Efficiency of Justice. Desde esta comisión se han elaborado diversos instrumentos para lograr la eficacia y la calidad de la Justicia. Son muy interesantes, por ejemplo las áreas de Judicial Time Management, que se apoya en la institución del proyecto Saturno o la de Quality of Justice y finalmente, el muy motivador premio de la Cristal Scales of Justice Award, que busca premiar a los mejores avances que se hayan producido en la eficacia y calidad de la Justicia.

No cabe hoy obviar que las organizaciones judiciales, como todas las otras organizaciones humanas, empresariales, públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin él, se rigen por pautas comunes. La teoría de la organización del comportamiento de las organizaciones es objeto de estudio por parte de diferentes disciplinas y significa además un importante componente del trabajo que ofrecen las más renombradas consultoras. Sin embargo, y a pesar de esos esfuerzos, aquí por lo menos, en nuestro país, la gestión judicial no está considerada con la importancia y alcance que encierra. Es ignorada tanto por las instituciones como por muchos miembros de la judicatura. No ha prendido, como necesidad que es, ni en la reflexión política ni en la institucional.

La clase política sigue repitiendo machaconamente que se crearán nuevos procedimientos judiciales más rápidos para agilizar la Justicia, este es el sempiterno eslogan. Se pretende conseguir una mayor celeridad en la Justicia, sin que haya la más mínima reflexión a partir de la práctica real de la mecánica judicial. Tantas veces, las «novedades» para agilizar se han concebido al margen del conocimiento de esa práctica. Siempre se dice que un buen diagnóstico es ya parte de la solución. Aquí falta un diagnóstico funcional acertado. El acortamiento de los plazos que una ley puede establecer en los procedimientos judiciales no incide en la desesperante dilación de la Justicia. Es increíble que a estas alturas ni profesores de Derecho Procesal ni legisladores responsables de poner en marcha todo este tipo de nuevas leyes, hayan sido conscientes de distinguir entre lo que significan los procesos judiciales (es decir, las normas que se establecen en los códigos procesales y que obligan a todos, jueces, secretarios fiscales, empleados judiciales y abogados) y los necesarios mecanismos de gestión, que precisamente harían falta para ponerlas en marcha.

Supongo que es muy poco frecuente que un ciudadano cualquiera sienta curiosidad y lea una norma procesal. Si lo hace podrá comprobar, con sorpresa, cómo en ella se detallan algunos aspectos, incluso con una prolijidad sorprendente, respecto a la forma en la que tienen que actuar todos los intervinientes en la Justicia, mientras que otros solo se enumeran. Esta chocante diferencia indica la inconsistencia de las leyes procesales. Los legisladores desconocen, o no tienen en cuenta, precisamente, cómo se llevará a cabo en la práctica toda esa pléyade de pasos procesales que las disposiciones legales establecen.

Un ejemplo ya clásico, puede clarificar mucho de lo que digo.

«Tomasa» fue protagonista en algunos de los cursos sobre gestión que conseguí dar mientras que estuve en el Consejo General del Poder judicial. También se recoge en el Manual que conseguimos que editara el Ministerio de Justicia para la gestión de la Oficina Judicial, y que se regalara a todos los secretarios judiciales. Aunque me consta que nada se trabajó sobre ello creo que muy pocos secretarios lo leyeron y en menor medida supongo que lo aplicaron.

El caso «Tomasa»

A Tomasa le robaron el bolso un día que volvía de su trabajo, precisamente cuando acababa de cobrar. Lo denunció y, después de un cierto tiempo, la llamaron del juzgado como testigo. Ni antes ni después de llamarla volvió a saber nada más del caso. Nadie en el juzgado le explicó nada de lo que podía suceder si efectivamente los dos acusados finalmente le pagaban lo que le habían robado. Pero así fue, y aunque parezca mentira, hay casos en los que las personas condenadas por haber cometido pequeños robos acaban pagando el importe de lo robado. Por supuesto que nada dicen las leyes procesales de cómo se deben llevar a cabo estas devoluciones. El funcionario que tramitaba su caso le mandó una citación, con las malas formas habituales que suelen utilizar los juzgados, en la que le decía que debía presentarse en el juzgado.

La citación le llegó por la mañana a través del servicio de correos. Como no estaba en casa no se la pudieron entregar. El funcionario al ver que Tomasa no acudía a la cita le envió la citación al Servicio Común de Notificaciones para que un funcionario fuera de nuevo a su domicilio y le entregara en persona la nueva citación que ya había enviado con anterioridad por correo.

El funcionario del servicio común, que también fue por la mañana, no encontró a Tomasa, que ya hemos dicho que trabaja fuera de casa. El Servicio Común de Notificaciones devolvió la notificación al juzgado haciendo constar que la casa de Tomasa estaba cerrada y que nadie abría la puerta, que no había portero en el edificio y que no había podido entregarle a nadie la citación en cuestión.

Ante esa respuesta el funcionario envió una comunicación a la Dirección General de Seguridad para que le dijeran cuál era el domicilio actual de Tomasa.

La Dirección General de Seguridad contestó, confirmando que el domicilio de Tomasa era efectivamente el mismo al que se había dirigido la primera notificación y al que había acudido personalmente el funcionario del Servicio de Notificaciones.

A la vista de estas nuevas el funcionario consideró que no bastaba con una mera citación al domicilio de Tomasa sino que era imprescindible hacerle un requerimiento, es decir una citación más dura para que la misma se asustara y no dejara de acudir al juzgado.

Envió el requerimiento de nuevo al servicio común para que un funcionario se desplazara de nuevo a su domicilio y conminara a la Sra. Tomasa a que compareciera en el juzgado.

En aquella ocasión el funcionario tuvo suerte porque aunque Tomasa seguía trabajando por las mañanas y por tanto no estaba en su domicilio, sí se encontraba en la casa su hija que estaba con catarro ese día. Recibió el requerimiento y absolutamente alarmada le comunicó a su madre que tenía que ir al juzgado de la Plaza Castilla, que le habían citado.

A llegar al juzgado Tomasa tuvo la gran alegría de que el motivo por la que se la citaba con tanta conminación y dureza, no tenía nada que ver con algo malo que hubiera hecho ella o los suyos, sino con la buenísima noticia de que los dos muchachos que le habían robado hacia más de cuatro años, Juan y Pedro, habían depositado las 15.000 pesetas que el juez había fijado como indemnización por el robo.

Esa gran alegría se quedó un poco aguada cuando el funcionario le comunicó que no podía entregarle en aquel momento el talón de las 15.000 pesetas pues la secretaria judicial, la única persona que podía entregárselo no estaba ese día en el juzgado.

Finalmente, el funcionario ante la perplejidad de Tomasa y ante el trastorno que le suponía un nuevo desplazamiento preguntó al funcionario si podía venir a recogerlo su hija.

El funcionario le dijo que sí, pero siempre que trajera una autorización por escrito. Así lo hizo Tomasa, no sabemos si porque su hija seguía con catarro o porque sus horarios eran menos rígidos, pero nos consta que efectivamente el talón lo recogió la hija.

Habían pasado más de 6 meses desde que Juan y Pedro entregaron la indemnización, cuando por fin Tomasa cobró las 15.000 pesetas que le correspondían.

¿Actuó mal el funcionario?

No, desde el punto de vista del procedimiento legal. Sin embargo desde el punto de vista de la más elemental norma de gestión aquello fue un desastre pavoroso. Una simple llamada telefónica y la designación de una cuenta hubieran permitido que Tomasa tuviera sus 15.000 pesetas.

Cómo es posible que no se nos ocurra en este como en otros tantísimos casos que lo único que hay que hacer es coger el teléfono móvil de la persona que buscamos y con toda naturalidad decirle algo así como: «Doña Tomasa, muy buenos días, le llamo desde el juzgado de lo penal. Voy a darle una alegría. Los jóvenes que le robaron han pagado ya la indemnización que para usted señalo el juez. Por favor dígame su número de cuenta para que se la podemos enviar cuanto antes».

¿Es tan difícil hacer las cosas bien, con sentido común, con amabilidad y con eficacia y rapidez?

Es un buen ejemplo. Las normas genéricas del procedimiento no están acopladas a estos supuestos. No hay normas de gestión. Los funcionarios no conocen lo que es eso.

Las leyes procesales están llenas de plazos obligatorios. Establecen en días los tiempos en que se tendrán que tramitar los juicios de cualquier tipo, penales, administrativos, laborales, desahucios, divorcios o cualquier otro litigio de que se trate.

Los legisladores, aunque parezca mentira, fijan con rigor la duración de los procedimientos en cada caso, de forma aislada, sin tener en cuenta si habrán de tramitarse simultáneamente uno o cien procedimientos. Sin embargo, es evidente que cualquier persona sabe bien que 1 no es igual a 100. ¡Qué pensaríamos si obligáramos a un cocinero a hacer una comida en 3 horas y, de pronto, le dijéramos que en esas mismas tres horas, y en los mismos fogones, tuviera que hacer, simultáneamente 40 comidas!

Pues eso es lo que hacen las leyes procesales.

El hecho de que las leyes procesales no hayan profundizado en la incidencia real de los plazos que se establecen para cada uno de los procedimientos crea una gran confusión que hay que aclarar.

El ejemplo del cocinero de las 40 comidas nos lleva a la siguiente reflexión: ¿Cuántas comidas puede hacer un cocinero en un día?

Depende de muchos factores, de que tenga todos los materiales a su disposición en el momento de ponerse a cocinar, de que cuente con los instrumentos necesarios y con el personal auxiliar que precise. Pero aun así y con todas estas variables resueltas será imposible establecer una duración estándar para todas y cada una de las comidas. Se podrá establecer una duración media de las comidas pero no una duración homogénea de todas y cada una de las posibles comidas.

¿Cuántos procedimientos puede hacer un juzgado en un tiempo determinado?

Cuando en el Consejo General del Poder Judicial redactamos el libro blanco dedicamos mucho tiempo a individualizar unos posibles módulos de trabajo de los jueces. Queríamos precisar lo más exactamente posible el número de procedimientos que podrían realizar los jueces al año. Para determinarlo lo más correctamente posible tuvimos que manejar unas variables meramente aproximativas, en la que utilizamos, no los plazos legales sino la media de los reales que incorporan las gestiones funcionales que exigen los trámites procesales.

En el famoso caso «Tomasa» vemos cómo la notificación a una persona (trámite imprescindible para la continuación del procedimiento) puede durar desde dos días a más de seis meses. No resulta razonable por tanto la forma en la que se legisla.

Pues así actúan legisladores y políticos, cuando establecen, habría ya que decir tontamente, plazos, que pretenden que se reduzcan al mínimo de forma drástica, para cada uno de los pasos procesales. Llevamos más de 25 años en los que no se ha parado de legislar procedimientos que curiosamente siempre se denominan «rápidos, de urgencia o abreviados» y los ciudadanos ven con estupor cómo duran la friolera de 10, 15 o hasta 20 años.

Este sinsentido legislativo, como tantos otros, genera desconfianza e influye en el descrédito de la clase política, que parece no obstante estar acostumbrada a ello, sin que la constatación de sus recurrentes fallos le lleve a modificar sus comportamientos.

Lo peor es que permite además atribuir a la lentitud de la Justicia las consecuencias de buscadas dilaciones y enredos que responden a intereses inconfesables y estos, en el colmo del sarcasmo, pueden llagar a considerarse atenuante ante la duración excesiva de los procesos. Así, los ciudadanos se enteran, con gran sorpresa o rabia impotente, de que esa duración excesiva (que es escandalosamente habitual) es además una circunstancia atenuante reconocida por el Código Penal, que disminuye de forma muy considerable la pena que finalmente se les acaba imponiendo a los condenados. Lógicamente se achaca a los males, supuestamente intrínsecos, de la Justicia, cuando sin embargo hay muchos más responsables, sobre todo políticos, que parecen negarse a entrar en el fondo del problema.

Hay que incorporar la vida al Derecho. Las leyes habrían de prever las consecuencias que producirán y, en todo caso, evaluar esos resultados, para comprobar si se consiguió o no lo que se pretendía. No se hace ni lo uno ni lo otro.

Aquellas normas que pretendan regular jurídicamente las instituciones públicas tendrían a su vez que tener muy en cuenta la vida, y el funcionamiento real (no el teórico) de las organizaciones, para lo cual, obviamente, los legisladores tendrían que profundizar en su conocimiento. Junto a todo ello, está claro, habría que aplicar el sentido común, tan ausente las más de las veces.

Una nueva y diferente concepción de los procesos judiciales, en cuanto actividades vivas que dependen de tantos factores humanos, obligaría en primer lugar a que diseñáramos antes que nada los directores, los conductores de esas actividades colectivas.

Entender los procesos como orquestas que sólo funcionarán si alguien diseña y dirige la interpretación de la partitura es lo esencial.

Procedimientos judiciales, y procesos de gestión son dos conceptos diferentes pero que están íntimamente relacionados, pues precisamente los procedimientos o mecanismos de gestión son los que permiten el funcionamiento correcto de los procedimientos judiciales. Unos y otros constituyen la partitura a interpretar en la que la celeridad es un elemento de la necesaria eficacia de la gestión

Esta nueva forma de entender los procesos como algo vivo y encarnado en personas concretas y en situaciones determinadas que han de actuar con unos objetivos claros de gestión, es el futuro, no solo de los procedimientos judiciales sino de todos los procedimientos burocráticos que tanto desesperan a los ciudadanos, de los que hay tantos ejemplos que los aleja y los hace desconfiar de la actividad pública.

La esencia de lo que deben ser los procesos judiciales es extraordinariamente simple. Se trata de unos procesos de diálogo cruzados, para que los jueces puedan determinar la razón y la legalidad de lo que pretenden unos y otros. Desde luego, es claro que ese diálogo encierra a veces –no siempre– complejidad pero, en todo caso, sus particularidades podrían ser consideradas y estar bien diseñadas.

Lo esencial es que ese diálogo sea utilizado de una forma ecuánime y que no permita utilizaciones fraudulentas de uno en perjuicio de otros.

Poner en marcha ese proceso de diálogo, con todo lo que implica, es un proceso de gestión que requiere, como en todos ellos, un profundo conocimiento de las organizaciones humanas, en este caso de la Justicia. El futuro de una Justicia útil, eficaz y sencilla exige, sin duda, dos condiciones:

1. expertos en organización que la lideren y que sepan gestionar los procedimientos con agilidad y eficacia en los menores tiempos posibles

2. la desaparición de la escritura como medio de relación y constatación.

Ya lo he dicho más arriba, pero conviene recordarlo ahora. La constatación de que la actividad pública, que está siempre relacionada con el Derecho, se formalizó por escrito porque era necesario dejar constancia de lo que se decía y durante mucho tiempo esta fue la única forma de lograrlo.

Pensemos por un momento no solo en la Administración de Justicia si no en el conjunto de la Administración del Estado. Antes de que la autoridad administrativa pueda tomar una decisión, las leyes procesales administrativas exigen atender a un buen número de informes, que tienen que emitir los distintos departamentos técnicos.

Todo ese proceso previo a la decisión discurre de forma continua y sucesiva, durante meses, por medio de los correspondientes informes escritos, que tienden a repetir y a glosar los mismos antecedentes, y de los que es frecuente que solo se lean sus conclusiones.

¿No sería conveniente que todo ese proceso previo a las decisiones de la Administración se hiciera de una forma simultánea, con presencia y grabación de todos quienes tengan que intervenir? La autoridad administrativa escucharía a unos y otros, que a su vez podrían intercambiar en tiempo real opiniones entre ellos. ¿No sería este un buen proceso administrativo?

Los países que nos consideramos desarrollados actuamos a veces con un gran engreimiento que nos impide ver aspectos muy interesantes de la vida social de otros países que consideramos menos desarrollados. Acabo de pasar una temporada en Guatemala, en una misión de cooperación de la UE. He podido observar cómo allí, y a pesar de las dificultades propias de su nivel de desarrollo, se utiliza un procedimiento oral muy sencillo para escuchar a todos los que tienen que intervenir en los procedimientos penales.

El futuro de los procedimientos judiciales, y también de cualquier otro que implique relación entre autoridades y ciudadanos, tiene que pasar hoy día y en el futuro, por la oralidad. Tiene que ser un procedimiento oral, diáfano, claro y debe ser desarrollado en organizaciones que estén asesoradas por expertos en la gestión viva de los procesos con objetivos claros de eficacia y celeridad.

5. LA IMAGINACIÓN, LAS LEYES Y LA JUSTICIA

Ciertamente parece difícil, pero cabe imaginar, que todo lo jurídico pudiera ser diferente. Habría que investigar más en cómo son las relaciones sociales, públicas, entre los ciudadanos, y entre estos y el poder, y plantearse cómo estas pudieran ser diferentes. Sin duda, para ello habría también que echarle imaginación.

Quizás este canto a la imaginación suene a aquella canción de Bob Dylan, «Imagine there is no countries…» Cierto, encierra un cierto grado de utopía, algo siempre necesario para el cambio.

Hace un tiempo me propusieron, que diseñara un curso sobre la innovación aplicada a la Justicia, desde la técnica legislativa hasta la aplicación de la ley. Era sugestivo.

Lo vi muy claro, había que hablar de imaginación, también de investigación, porque al fin y al cabo esta resulta necesaria para poder imaginar. Solo empecé a bosquejar lo que podía ser el curso. Cuando estaba en ello cesaron al director de la escuela que me lo había propuesto. No hubo curso. Estoy convencida que la reacción de los alumnos hubiera sido fantástica, de sorpresa e interés.

La imaginación se puede definir de muchas maneras pero, de todas ellas, la que más me gusta es la que afirma que la imaginación es la facultad que nos permite idear y visualizar la realidad de forma diferente a la que la conocemos. Es el primer paso, después hay que concretar y encajar lo que se ha visualizado: eso es el proyecto.

I+D+i, la trasposición organizada de la imaginación

La imaginación está en la base de todo proceso creativo. También lo está en todo avance científico. Imaginación y trabajo, mucho trabajo, son ingredientes imprescindibles. Aun los mayores artistas reconocen la necesidad de investigar, en definitiva de trabajar, superando el viejo mito de la «inspiración» en cuanto única fuente de creación artística. Imaginación en las hipótesis a testar, en ese proceso, tan científico, de la prueba y error. Imaginación en suma para concebir a priori que las cosas pueden responder a principios o supuestos diferentes, que pueden ser distintos o que pueden funcionar de forma distinta a lo que consuetudinariamente vienen siéndolo.

Cuánta imaginación sería entonces necesaria frente a la forma de legislar y a la forma de funcionar la Justicia.

En otros campos y sectores económicos se ha llegado a establecer de forma más reglada la necesidad de la imaginación. Es lo que ya se conoce como I+D+i, Investigación, Desarrollo e innovación. No sé la razón por la que la innovación se escribe con minúscula.

Cierto que fue un añadido a los otros dos componentes: I+D, que formaron por sí solos el primer tándem del avance imaginativo. Parece evidente que la innovación ha de constituir un objetivo fundamental, cuando se pretende hacer algo distinto o, por el contrario, aunque sea parecido, superar un lastre arrastrado, para no seguir haciendo las cosas como, ya se sabe, siempre lo han sido.

Nadie ha pensado nunca en la necesidad, ni siquiera en la posibilidad de aplicar algún programa/proceso de I+D+i para el Derecho.

Habría que imaginar unos hábitos de relación, entre los ciudadanos y el poder, absolutamente distintos. De ahí que sea tan importante la creación, en las universidades, de departamentos transversales de I+D+i que, desde el Derecho, pero rompiendo su tendencia al ensimismamiento, permita que este se integre con la sociología, la psicología, la economía y las nuevas tecnologías. A todo ello, claro, también habría que añadir una buena dosis de sentido común.

Imaginación y leyes. ¿Solo cabe normar?

Los políticos, los legisladores, los gestores sociales, los gestores de lo público, deberían estar provistos de una gran imaginación y, en su formación, esta debería ocupar precisamente un lugar importante.

Una imaginación enfocada al constante surgimiento de nuevas soluciones para mejorar la vida de todos, es decir, para conseguir vidas con menos sufrimiento y limitaciones y, sobre todo, superando tanto sufrimiento inútil, agravado, cuando no provocado, por la propia infernal maquinaria de la burocracia.

Sin embargo estamos acostumbrados a relegar la imaginación, encumbrándola, a las actividades artísticas, sin darle apenas lugar en el necesario desarrollo de la actividad social y pública. Estamos mucho más acostumbrados a relacionar la investigación con la ciencia que con las ciencias sociales y, en menor medida, con el Derecho, sus consecuencias, bases y supuestos, no solo teóricos. Es como si no fuéramos capaces de concebir «las conexiones públicas» de otra forma que no fuera sino a través de esa tupida red de códigos, leyes, decretos-ley, reglamentos, ordenanzas…, normas en definitiva. Parece que no sabemos, ¿o no queremos?, relacionar los campos de conocimiento e investigación para implantar la conducta deseada de una forma diferente, de tal manera que la propia norma pudiera llegar a no ser necesaria.

Por el contrario, en la práctica continuada, se procede como si se tratara de un tejido social-neuronal absolutamente normado, que solo respondiese, encerrado en su ensimismamiento, a una única y abstracta manera posible de conseguir las conductas deseadas, precisamente mediante normas.

Sin duda esto es así porque solo concebimos el ejercicio del poder legítimo, es decir, el poder de los que nos mandan democráticamente, por medio de la promulgación de normas.

Aunque por supuesto hay infinidad de definiciones de las normas jurídicas, me interesa ahora resaltar el aspecto sociológico de la norma jurídica, que no puede ser otro que el deseo de quienes la promulgan de que una determinada conducta se observe, ya sea en un sentido positivo o negativo. Es decir, la norma jurídica pretende imponer un hacer o no hacer, a cuyo incumplimiento se le imponen determinadas consecuencias negativas.

La esencia por tanto de la norma responde al poder que tiene la autoridad de imponer unos determinados comportamientos, basados en los supuestos que esta autoridad considera correctos, o no, y cuyo cumplimiento se impone fundamentalmente sobre la base del temor a las consecuencias de no hacerlo.

A pesar de la rotundidad de estas afirmaciones y de otras análogas, que explican la necesidad de la existencia de las normas jurídicas, cualquiera que conozca algo la sociedad sabe la relativa debilidad de los elementos compulsivos que las normas contienen, en tanto instrumentos eficaces para conseguir su cumplimiento.

Ya me he referido antes al apasionante tema del incumplimiento de las leyes y de lo escasamente estudiado que está ese fenómeno, que sin embargo se constata que se produce y no en escasa medida. Quiero ahora resaltar exclusivamente que, aunque haya determinadas normas que se cumplen más que otras, es evidente que todo lo relativo al cumplimiento de las mismas significa por sí mismo un campo de enorme complejidad, claramente entroncado en el funcionamiento del tejido social, cuya ausencia de conocimiento es seguramente de lo que más adolecemos.

La esencia de la norma se basa en incorporar unas determinadas consecuencias para que en el caso de que no se llegue a cumplir se pueda garantizar su cumplimiento por medio del temor. La autoridad pretende que todas las voluntades de los ciudadanos converjan en el cumplimiento de la norma en la forma que esta lo establece. Mediante su mera formulación nos damos cuenta de la enorme dificultad de tal pretensión. Claro que si no fuera así no habría (¿no harían falta?), ni policías, ni jueces para, precisamente, imponer las consecuencias del incumplimiento, que en esencia son «castigos», sean de la naturaleza que sean: pérdida de derechos, multas, reparaciones económicas, cárcel, etcétera.

Ni seguimiento, ni evaluación, ni ensayo de la normas

Falta imaginación pero falta en mayor medida algo imprescindible para que aquella se manifieste: falta investigación. Ni hay un seguimiento de lo que ocurre con las leyes una vez promulgadas, ni se evalúa cuál ha sido su resultado, sus efectos positivos o los efectos negativos, o «colaterales».

Recuerdo haber planteado a algún ilustre diputado amigo la a mi juicio imperiosa necesidad de evaluación de la leyes. Resulta curiosa la propia incomprensión de esa necesidad, incluso del propio concepto de «evaluación».

Esa evaluación resultaría especialmente necesaria de cara a la modificación de toda ley anterior si lo que se pretende es mejorarla, y no solo cambiar los principios y criterios políticos con los que abordarlas. Si esto es así, y tenemos ejemplos recientes de «contrarreformas», ante las que la investigación de los efectos de la ley anterior que se quiere modificar puede llegar a considerarse perniciosa, ya que podría contribuir a mostrar lo innecesario del cambio de la norma en términos del comportamiento social.

Más allá de la evaluación, una vez promulgadas, ¿por qué no se ensayan las leyes antes de promulgarlas? Esa práctica habitual de lanzarse al vacío de la aplicación de la nueva legislación es extraordinariamente arriesgada. Ello es así, sobre todo, cuando se trata de leyes procesales, que son esencialmente normas que regulan la relación entre los ciudadanos y el poder y muy especialmente entre los ciudadanos y los jueces.

Ese tipo de normas es el que en mayor medida sería necesario investigar primero, analizar minuciosamente los resultados de la norma que se pretende cambiar, aplicar la imaginación para visualizar nuevos escenarios y, antes de pasar a promulgarla, ensayarla en la práctica.

Legislamos igual que hace 5.000 años

He repetido en algunos cursos, con personas expertas en Derecho, un juego que evidencia la «rutinización» del modo de hacer las leyes.

El juego consiste en escoger algunos de los textos del Código de Hammurabi (el primer Código que se conoce, del siglo III antes de Cristo) e intercalarlos con algunos textos de las leyes que se encuentran vigentes en nuestros códigos actuales.

Es súper divertido. La pregunta consiste en que los alumnos distingan entre las normas actuales en vigor y las del Código de Hammurabi. Por supuesto, que el Código de Hammurabi parte de una concepción del Derecho Penal diametralmente opuesta al nuestro, puesto que formaba parte de las legislaciones que aplicaban castigos físicos y la ley del talión, pero sin embargo en la regulación civil o administrativa no hay grandes diferencias entre unas y otras normas.

Lo que más sorprendente, sobre todo, es lo relativo a la técnica de legislar. ¡Es esencialmente la misma! Consiste en enumerar por escrito, y de forma ordenada, una conducta, positiva o negativa, y a continuación establecer los castigos o consecuencias que su incumplimiento ocasiona.

Aunque parezca mentira, en el didáctico juego, cuando se trata de discernir entre el Código ancestral y la regulación actual, la mayor parte de las respuestas resultan equivocadas.

Durante el curso pasado participé en un programa de Radio Nacional de España y, allí también, utilicé la técnica de hacer preguntas sobre la Justicia. En este caso, utilicé las preguntas del juego que he editado junto con unos amigos, Play-Tos. Cada dos semanas hacia una pregunta, ante la que daba opciones de respuesta, que muchos oyentes contestaban, eligiendo entre estas la que cada uno pensaba que era la adecuada.

Tratándose de un juego, siempre se incluía alguna respuesta «trampa». Fueron fantásticas las respuestas. Algunos se negaban a admitir que podía estar «eso» en nuestro actual Código Civil, es decir normas que parecían tan absolutamente medievales, como la que afirma que los jueces, si tienen duda sobre si se ha pagado su salario a los criados, siempre deben creer al señor y no al criado. Es más, alguna respuesta, con mucho sentido, justificaba su elección entre las opciones posibles, al tratarse de la más rocambolesca. Al hablar de justicia, lo más raro es lo que debe ser, decían los más avispados oyentes.

¿Cómo es posible que la forma de imponer unas u otras reglas siga siendo por medio de la escritura y empleando técnicas tal y como hicieron nuestros antepasados de hace más de cinco siglos?

Dentro de la ya aludida insuficiencia de investigación, muy poca se refiere al cumplimiento de las normas por el convencimiento y no por la compulsión. Hay sin embargo una importante literatura jurídica que alecciona sobre la forma en que deben redactarse las leyes, para que sean «claras y coherentes» ¿Claras para quién y coherentes con qué?, cabría preguntarse. En todo caso, resulta curioso, cuando no chocante, que no se demande a las leyes que convenzan. ¿Cómo es posible que no haya interés en que las leyes sean atractivas y convenzan? ¿Se renuncia a ese hipotético convencimiento? ¿Solo se considera el valor de la autoridad que la impone, que ya debe saber por qué y para qué lo hace? ¿O se piensa que esa pretensión de convencer siempre sería ilusoria?

Sin duda, de lo que carecen las leyes, que siempre se imponen, es de todo intento de comunicar. ¿Por qué las leyes no incluyen imágenes, fotografías, grabaciones etc., etc.? ¿Por qué las leyes no se nos comunican directamente, y porque no se nos pide nuestra opinión, la de ciudadanos externos, para evaluarlas y mejorarlas?

El mundo del Derecho está reñido con la imagen, con la voz, con el color. ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI se siga sin utilizar imágenes en las sentencias que dictan los jueces? Esas larguísimas sentencias, que solamente leen en su integridad algunos profesionales y que, en la mayor parte de los casos, solo se leen las últimas líneas, las de su fallo, han costado un esfuerzo enorme a los hombres y mujeres que desempeñan el trabajo de jueces. La inveterada costumbre de describir todo con palabras y de no insertar imágenes, gráficos, grabaciones, etcétera, convierte al mundo del Derecho en abstruso y sombrío. El mundo de lo público y muy especialmente el mundo del Derecho está pidiendo a gritos que pueda concebirse de una manera distinta, abierto a la gente, en sintonía con lo que se mueve y se maneja en el mundo «de fuera», que es precisamente el que el Derecho intenta regular pero del que se aleja, por desconocimiento o mero desprecio.

Hay que imaginar cómo se pudieran reclamar las conductas deseadas mediante la máxima capacidad de convicción. Es sin duda todo un reto, que habría que afrontar. Reto que seguramente encerraría riesgos que a pesar de todo habría que correr.

¿Otros medios de hacer cumplir las conductas deseadas? ¿La tecnología puede ayudar?

Qué duda cabe que sería fantástico que las conductas sociales que democráticamente consideremos necesarias pudieran cumplirse de alguna otra manera que no fuera a través de las leyes

Siempre me pareció de una lucidez extraordinaria el ejemplo que utilizó el profesor de Filosofía del Derecho Javier Atienza, en un librito mínimo, pero muy interesante, sobre las técnicas de legislar. Cuenta el profesor Atienza cómo los grandes supermercados tuvieron que tomar medidas cuando comprobaron que muchos de sus clientes, que utilizaban los carritos que les facilitaban para la compra, no los devolvían en el momento ni en el lugar oportuno, bien porque se los llevaban o porque los dejaban en los lugares inadecuados.

Los gestores de los supermercados se preguntaron: ¿qué podemos hacer para que todos los clientes dejen los carritos en el lugar indicado? Puestos a imaginar, surgió la idea fantástica de introducir una moneda en el carrito que, como todos sabemos, solo se recupera cuando dejamos el carrito en su sitio. Es la moneda que nosotros mismos hemos puesto. No se puede sacar más que si el carro está ya vacio y se inserta en otro igualmente vacio. En caso contrario, la cadena que cuenta en su extremo con la pieza que permite volver a sacar la moneda no es suficientemente larga. Una concepción y una resolución verdaderamente ingeniosas.

Sea de quien fuere la idea, fue una respuesta genial (de convicción funcional) y ya forma parte de nuestras rutinas de la compra. Es un ejemplo, si se quiere menor, pero que resulta indicativo de un modo, imaginativo y no solo compulsivo, mediante el que abordar un problema de incumplimiento. No he escuchado nunca ni una reflexión, ni un tipo de aproximación de esta índole, en los debates sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de las leyes.

No me cabe la menor duda de que si el debate sobre la dispersión de los carritos, hubiera tenido lugar en el mundo de los juristas (en vez de entre los ejecutivos de los supermercados, obligados a ser imaginativos) lo que se nos hubiera planteado es hacer un reglamento con multas por su incumplimiento, vigilantes que la hicieran cumplir, jueces que resolvieran las discordias sobre el cumplimiento y la procedencia de los castigos y todo los demás. La «solución» hubiera sido más compleja, más cara y seguramente, mucho menos eficaz, en términos de conseguir la conducta o el comportamiento deseado: dejar los carritos en su sitio. La nueva ley o reglamento que los juristas hubiéramos creado habría generado además profundas y sesudas disquisiciones jurídicas, e incluso alguna tesis doctoral sobre la naturaleza, legitimidad, entronque en la legislación del comercio de la «norma del carro» y de las instituciones jurídicas diseñadas para impulsar su cumplimiento.

La cuestión consiste en ser capaces de imaginar el modo mediante el que conseguir en qué y cómo se desarrollan las conductas deseadas sin tener que recurrir a las normas que las definen y, en menor medida, a establecer castigos para, mediante el temor, tratar de imponer su cumplimiento.

Otro ejemplo de mecanismos tecnológicos para facilitar el incumplimiento lo encontramos en los hoteles. Una mera tarjeta contribuye a regular un contrato de hospedaje. Hace años, los hoteles inventaban sofisticados artilugios de llaves con un llamativo y grande bordón o con un pesado adminículo para que los clientes no se las llevasen y tuvieran mayor control sobre los huéspedes. De otro lado, acudían con frecuencia a los juzgados y tribunales para denunciar los impagos de sus cuentas y lograr, en el extremo, la expulsión de los clientes abusivos. Hoy día sin embargo todo depende de esa tarjetita que nos dan en la recepción del hotel y que, simplemente, queda desactivada en cuanto superamos el tiempo de hospedaje contratado.

Pongámonos a pensar sin ningún miedo, sin ninguna barrera, dejemos correr la imaginación de otros posibles mecanismos «automáticos».

Elegimos en primer lugar un incumplimiento de la norma deseada que está cada vez más sancionado, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal. Centrémonos, por ejemplo, en la conducta que todos deseamos de que nadie conduzca un vehículo estando bebido.

Conducir un vehículo borracho es muy peligroso. El que conduce borracho pone en peligro su vida, la de quienes le acompañan y la de cualquier persona que se le cruce. Por eso, conducir borracho implica graves sanciones administrativas y castigos penales, ya que ahora constituye un delito. Un delito que abarrota ahora los juzgados y tribunales: más de 100.000 sentencias de condena al año. Es decir, 100.000 incumplidores anuales. Y ello, pese a la introducción del carné por puntos, un mecanismo movilizador en sí mismo de mejoras en la conducción, y de las grandes campañas sistemáticas de publicidad sobre los accidentes de tráfico. ¿Por qué no buscar un sistema objetivo de cumplimiento de la norma, en lo relativo a la conducción habiendo bebido? ¿Por qué no diseñar una alternativa tecnológica que impida el incumplimiento todavía masivo de esa conducta indeseada? ¿Por qué no fomentar equipos de investigación que hicieran imposible que un vehículo arranque si, quien se encuentra al volante, tiene alcohol en sangre? No parece algo especialmente complejo, cuando hoy día hay tanto tipo de sensores, que en este caso se aplicarían para detectar la impregnación alcohólica del conductor.

Cuando estoy cerrando el libro, el 26 de enero de 2014, en la contraportada de El País aparece un expresivo titular: «Los robots no beben». Muerto el perro se acabó la rabia, dice el dicho. Si no hay conductor en el coche, como anuncia uno de sus promotores, no habría ya que preocuparse por la bebida de los conductores. Puede que con los robots aparezcan otros problemas. Ese habrá desaparecido con la ayuda de la tecnología.

Convencer en lugar de normar

Las soluciones tecnológicas son sin duda uno de los aspectos del gran campo de investigación y propuestas que se abriría, para su aplicación, en el mundo de lo público.

Hay otros muchos.

¿Por qué motivo los gobiernos utilizan siempre las leyes para conseguir las conductas deseadas en lugar de buscar formas de convencer a los ciudadanos de la ventaja de adoptar voluntariamente, los comportamientos pretendidos? ¿Por qué no convencer más y normar menos?

Resulta curioso que la esencia de la norma se haya vinculado siempre, por encima de todo, al establecimiento de las consecuencias de su incumplimiento. El castigo es lo que marca e incluso define la norma jurídica. Parece que no se quiere, no se sabe (o ni tan siquiera se imagina) que las normas pudieran llegar a cumplirse de manera masiva por el propio convencimiento de la utilidad o idoneidad de la conducta deseada mediante otras formas que no sean el temor a las consecuencias de su incumplimiento.

Hasta tal punto parece que tanto el legislador histórico como la sociedad misma despreciamos la posibilidad de convencer a los ciudadanos que, ni tan siquiera en la mayoría de los casos, se intenta informarles debidamente de la entrada en vigor de las leyes.

Seguimos manteniendo aquello de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, cuyo origen se remonta al analfabetismo reinante, que no podía hacer mella en el principio de autoridad.

Hay un desinterés tan grande por atraer a los ciudadanos a la conducta deseada, que ni tan siquiera nos molestamos en expresar la conducta que pretendemos de forma atractiva y sugerente. Los legisladores y la autoridad, parece que solo saben recurrir a la enumeración de las consecuencias negativas del incumplimiento, en definitiva al temor, hoy como antaño.

Fuera del mundo «público», qué bien saben sin embargo las empresas privadas manejar las voluntades y los deseos de los ciudadanos con el marketing, en el que no paran de estudiar e imaginar cómo conseguirnos como clientes, cómo llegar en último término a nuestra voluntad.

Se me podrá decir que esto no es cierto y que cuando se promulgan nuevas leyes se hacen campañas para divulgarlas y fomentar su cumplimiento. No, esto no es así, Sí estamos al tanto de la ingente cantidad de normas que se publican a lo largo del año podemos observar que la ciudadanía no sabe nada de la mayor parte de ellas y que las campañas de publicidad que se han hecho para lograr conductas deseadas estaban desvinculadas de las leyes.

Así ha sucedido y sucede con relación con las campañas que se han organizado desde distintos gobiernos para disminuir los accidentes, erradicar la violencia de género, utilizar preservativos o abonar impuestos.

Tenemos mucho material para investigar y reflexionar.

Analicemos los resultados .¿Qué ha pasado con cada una de esas campañas. ¿No es cierto, por ejemplo, que el uso del preservativo ha disminuido considerablemente los embarazos no queridos y el contagio de enfermedades?

¿Son las campañas publicitarias consecuencia de las leyes o tienen una vida propia?

¿Por qué si las campañas están relacionadas con las leyes se hacen para algunas sí y para tantas otras no? ¿Por qué, por ejemplo, no se han hecho campañas para conseguir que las mujeres (o los hombres) del servicio doméstico estén dadas de alta en la Seguridad Social?

¿En base a qué tipo de decisiones políticas se hacen las campañas de conducta?

Todo lo relativo a las campañas publicitarias es de una extraordinaria importancia, puesto que en alguna medida se entrelazan pretendidas operaciones de divulgar conductas deseadas con puro marketing electoral, dirigido precisamente a conseguir mejores resultados en los sufragios.

El marketing, es decir el seducir a un número importante de voluntades, es un terreno opaco desde lo público, cuando sin embargo es evidente su enorme importancia.

¿Cuánto hay en el marketing de pura atracción de nuestra voluntad por medios puramente propagandísticos y cuánto hay de un sano y legítimo ejercicio de convencimiento?

En todo caso, aunque las leyes pueden utilizarse en ocasiones como perchas para las campañas publicitarias electorales, lo que sí cabe insistir es en que las leyes en absoluto son, en sí mismas, instrumentos que permitan el convencimiento.

Volviendo a lo que importa. Dejar de matar

Importa y mucho saber cuál es el móvil, el motor que hace que nuestra conducta, nuestras decisiones, sean positivas para los demás y faciliten la relación social. Hay que cuestionar la concepción, socialmente acuñada al parecer, de que las leyes se cumplen principalmente porque su inobservancia tiene consecuencias negativas. Pensemos: ¿Cumplimos las leyes solo por el temor a las consecuencias de no hacerlo?

Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la conducta más reprobable que puede tener un individuo frente a los otros? Sin duda el homicidio. Es evidente que el valor máximo de todo individuo es su vida y que, por tanto, no hay nada más dramático que el privar de la vida a otra persona pero….

¿Por qué la mayor parte de nosotros no matamos? ¿Es porque el homicidio está penado en el Código Penal o es porque simplemente hemos desarrollado un grado de sensibilidad y de empatía hacia el resto de la humanidad que nos hace inaceptable la posibilidad de matar a otro?

En el año 1992 estuve en Estados Unidos invitada por la ONG Human Rights Watch. Me dieron un premio por la defensa de los derechos humanos en los centros penitenciarios. El viaje me permitió conocer la manera en la que trabajan estas grandes organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, así como comprobar el gran apoyo social que las mismas tienen. Además, me permitió conocer bastante bien, gracias a visitas muy detalladas, las grandes prisiones de Nueva York y de Los Ángeles, así como visitar organizaciones de defensa y de apoyo a las personas presas.

En Nueva York nos reunimos en un barrio marginal con grupos de padres y madres de muchachos que en aquellos años constituían uno de los colectivos con mayor presencia en la prisión: las bandas. Quizás como en casi todo, pioneras en Estados Unidos, después las conoceríamos en Latinoamérica como «las maras». Ya en esos años 90, en EE UU, sus enfrentamientos producían un altísimo número de muertos. Mientras escuchaba las intervenciones de los padres y madres de esos jóvenes me fijé en un póster que, entre otros, estaba en la pared de aquella sala de su asociación. El póster clamaba, gritaba incluso: «Un fin de semana sin homicidios». Ante la sorpresa que me supuso un cartel con esa leyenda, pregunté. Me explicaron que la asociación de familiares de muchachos de las bandas había puesto en marcha, y me decían que con bastante éxito, una campaña en la que se les pedía que, por lo menos en determinados fines de semana, no mataran. Es decir, lo que literalmente recogía el cartel; «Un fin de semana sin homicidios».

De pronto me di cuenta de lo que significaba aquel cartel. Resultaba que en un país en el que la punición y el castigo es uno de los mayores del mundo (régimen penitenciario durísimo, cadena perpetua y pena de muerte) lo que de verdad podía resultar útil y disuasorio para aquellos jóvenes era que los suyos, los que los querían, les convencieran de que al menos durante algunos fines de semana no se mataran entre sí. Es decir, se trataba de un proceso afectivo de convicción para que aquellos muchachos decidieran voluntariamente, porque se lo pedían sus personas más próximas, dejar de matar.

¿Controlar el dinero?

La imaginación al servicio del intento de trasmitir por convencimiento, o incluso automáticamente, mediante soluciones tecnológicas, tiene sin duda un largo recorrido por delante. Seguramente estamos, aun sin darnos cuenta en los albores de la aplicación de nuevos instrumentos que si los sabemos utilizar bien pueden invertir la fisonomía de nuestro mundo actual

Dan miedo, sin embargo, las posibilidades de control de los ciudadanos, que las opciones tecnológicas pueden llegar a producir. Una cosa es la tarjeta que sustituye a la llave de la habitación de un hotel y otra la imposición de otros mecanismos en los que se dé, como ocurre en casi todos los casos, un manifiesto desequilibrio entre las dos partes que contratan. Las soluciones tecnológicas, tan atractivas para facilitar el cumplimiento de la conducta colectiva deseada, pueden convertirse en instrumentos de grave desigualdad y opresión si lo público no tiene un verdadero control democrático.

Pero si esto no es así y se consigue que verdaderamente lo público pueda administrarse en beneficio de las grandes mayorías y no en su contra, tenemos ya en nuestras propias manos instrumentos tecnológicos para nada menos que acabar con la criminalidad del dinero.

Pensemos en el dinero que viene. El dinero informático o dinero electrónico, que solo se intercambia de forma electrónica y que puede acabar por sustituir al dinero físico, tantas veces manchado de sangre.

La ventaja del dinero electrónico radicaba hasta ahora en que siempre dejaba huella. Por ello quizás se está inventando el aun más puro «dinero electrónico», que ya carece de soporte, tarjeta, cheque digital, etc. Intenta ser tan anónimo como el cash. Habría que mantener el dinero electrónico como hasta ahora. Me gustaría pensar que es lo que investigador del MIT, Carlo Ratti, denomina «dinero inteligente».

Si el dinero convencional desaparece y el único posible a utilizar fuera el dinero electrónico tendríamos en nuestra mano la posibilidad del control general y universal del dinero. Es decir, aplicando la imaginación, la tecnología y la voluntad mayoritaria de la población mundial podríamos evitar lo que ahora constituye el gran lastre en la gobernanza del planeta: el fraude fiscal o, con mayor generalidad, la exclusión, sin pasar a formar parte de ningún organismo colectivo, de las inmensas fortunas que controla el 1% más rico y, lógicamente, dominador del mundo.

Solo en España, las estimaciones de fraude, (o evasión legal) de recaudación de Hacienda asciende a 70.000 u 80.000 millones de euros.

Podríamos acabar, efectivamente con el fraude fiscal, el dinero sucio de los tráficos criminales (drogas, armas, prostitución) y sus operaciones de blanqueo. El 26 de julio de 2011 se promulgó en nuestro país la Ley del Dinero Electrónico. Desgraciadamente no veo nada en ella que permita, por una parte, utilizar debidamente esa posibilidad del control electrónico que posibilitaría de forma mecánica que cada unidad monetaria en tránsito dejara de forma automática lo que le correspondiera como imposición asignada y, por otra, la clara radiografía de la operación que lo había generado.

Sé que la propuesta puede ser tildada de pensamiento utópico. No me preocupa. Ha habido muchos avances en la historia de la humanidad que se descartaron por irrealizables y que hoy ya nadie cuestiona. Ya se ha conseguido que las fronteras se diluyan, al menos en Europa. No así el núcleo dominante, del 1%, frente al 99% restante. Los mecanismos de control y aplicación que cabe imaginar habrían de dirigirse a dar la vuelta a lo que ahora, en esa confrontación del 1/99 a favor de los pocos, se define por ellos mismos como su victoria en la nueva lucha de clases. Dice Warren Buffet, y Jordi Borja recoge en la presentación de su nuevo libro, «Hay una lucha de clases y nosotros (obviamente el 1%) la estamos ganando».

¿Quién está pensando en este momento en toda la legislación que está naciendo sobre el dinero informático? ¿Quién está ideando como utilizarla para hacer imposible esa victoria anunciada?

IV

LAS MUJERES Y LA INNOVACIÓN

1. CONTRA EL SABER DE LAS MUJERES

Siempre mantuve que si queremos hacer cambios sociales las mujeres estamos en una situación privilegiada. La generalización de las mujeres en oficios y profesiones, hasta hace muy poco puramente masculinos, nos facilita el cambio. Una mujer que, en los primeros años 80 del siglo pasado, decidiera simplemente ser una profesional, rompía ya con los moldes propios de su trayectoria vital más inmediata. A nosotras, a las mujeres de mi generación, nos tocó ser las primeras profesionales que, de forma normalizada y sistemática, comenzamos a nutrir de mujeres profesiones que hasta entonces eran solo de hombres. No teníamos de entrada un diseño propio de cómo ser mujer y profesional, Teníamos que inventarlo sobre la marcha, hacer camino al andar, en el gran mensaje machadiano. Entonces sí sentíamos la pasión por innovar y la necesidad de cambiar, lo teníamos más fácil. Nuestra vida profesional era una página en blanco que podíamos tratar de escribir a nuestro antojo.

Las primeras mujeres en profesiones masculinas: copiar pautas

Como he dicho, en la isla de La Palma, en Canarias, fui la primera jueza. A mi toma de posesión en Santa Cruz de Tenerife asistieron unos cuantos jueces, todos hombres, claro. Mostraban interés y curiosidad. No les iba a defraudar. Introduje un cambio en el protocolo, en lugar de repartir puros, que era entonces lo que se acostumbraba cuando llegaba un juez nuevo, les ofrecí bombones. Más de un juez, de entre los que ya eran un poco mayores, me dijo con mucha gracia, bueno, a partir de ahora las cosas van a cambiar: antes las juezas eran nuestras mujeres, ahora ya no las podrán llamar así.

A pesar de las grandes posibilidades que se nos ofrecían, es verdad que en muchas ocasiones las nuevas mujeres profesionales no se han sentido atraídas por esa oportunidad de cambio. Se han limitado a copiar los patrones masculinos. Esto no tiene nada de raro. No podemos olvidar lo difícil que es el cambio, lo poco preparada que nuestra cultura está para el cambio y la soledad en la que se encuentran todos aquellos que innovan. Así, cuando las mujeres han llegado a las profesiones masculinas, quizás inconscientemente, han buscado más la protección, en las rutinas de siempre, que la expresión de su libertad desde su propia experiencia. La presencia de mujeres profesionales, ocupando trabajos que hasta entonces eran puramente masculinos, ya era algo nuevo. Ya constituían un cambio en sí mismas. Se nos miraba con lupa para ver si verdaderamente éramos capaces de hacer lo que hasta entonces solo habían hecho los hombres. Probablemente por eso mismo, ni siquiera se nos pasó por la cabeza que nosotras debíamos inventar un nuevo modelo de esos trabajos hasta entonces masculinos. Muy por el contrario, los copiamos. Muchas veces con poca convicción pero con mucho fervor, en ese esfuerzo titánico de ser como ellos, aunque siguiéramos asumiendo nuestro mundo doméstico. Ocultamos mucho de nuestra propia cultura.

Aquella fue la reacción, digamos, de la primera generación de mujeres activas en el mundo masculino. Sin embargo, no ha cambiado sensiblemente en la generación de nuestras hijas. Es probable que, a diferencia de lo que sucedió con nosotras, las mujeres que ahora andan sobre los cuarenta, sí sean más conscientes de la necesidad de cambiar los modelos de trabajo, pero no tienen aun ni una elaboración de las alternativas ni el poder suficiente, dentro de las organizaciones, para liderar el cambio.

¿A qué íbamos a la universidad?

Estaba en cuarto de bachillerato. Era un día de primavera. Recuerdo a nuestra profesora de matemáticas, la señorita Camacho, enmarcada en el cielo azul con nubes blancas que se veía por las ventanas de clase. De pronto, interrumpió la explicación de álgebra que nos tocaba, se volvió hacia nosotras y así, a bocajarro, nos preguntó: ¿Cuántas de vosotras vais a ir a la universidad? Y, de las que penséis ir, ¿cuántas estáis dispuestas, una vez ya licenciadas, a seguir ejerciendo como profesionales? Eran preguntas obviamente dirigidas a las chicas, preguntas que nunca se les habría hecho a los chicos. Las diferencias aparecían desde el inicio.

Su postura era muy clara. A mí se me quedó profundamente grabada. La señorita Camacho nos decía, las que vayáis a ir a la universidad pensar que, cuando acabéis la carrera, tendréis que ejercer, ejercer como profesionales en aquello que hayáis estudiado. Este país no puede permitirse el lujo de formar profesionales que después se dediquen exclusivamente a ser amas de casa.

En la Facultad de Derecho de Madrid, en el curso 1961-1962, las mujeres que comenzábamos la carrera éramos un escaso 10 o 12 por ciento. Nosotras, las chicas, teníamos que hacer el servicio social obligatorio de forma análoga a la que nuestros compañeros universitarios tenían que hacer la milicia universitaria

Nuestro servicio social consistía en un campamento, que se hacía durante los meses de verano y después en una serie de actividades de carácter social que se compaginaban con los estudios, a lo largo del curso. Las personas que lo dirigían eran universitarias un poco mayores y del S. E. U., es decir, del sindicato falangista al que en aquel momento era obligatorio que todos los estudiantes universitarios perteneciesen. Además, la mayor parte de aquellas dirigentes también lo eran de la Sección Femenina de Falange.

Hice el campamento en la deliciosa ciudad de Santiago de Compostela con un cuadro directivo de mujeres (mandos, se les llamaba entonces) muy interesantes y válidas. Pudiera ahora resultar curioso, pero también eran feministas. La evolución de las nuevas ideas es imparable. Por eso, aun en pleno franquismo, el feminismo pudo rebrotar donde menos se pensaba. Desde instancias que quizás estuvieron concebidas en principio, en aquel contexto, para contribuir a erradicarlo.

No recuerdo muy bien por qué era así, pero a pesar de los símbolos y del estilo incuestionable de la Falange de entonces, aquellas mujeres, Inés, Pilón, Isabel, nos daban un régimen de absoluta libertad ideológica en los debates del campamento. Allí se hablaba de la necesidad de que las mujeres fuéramos profesionales, de que tuviéramos los mismos derechos que los hombres. No tuvimos cortapisa alguna para decir lo que pensábamos del sindicato franquista, de su falta de democracia y de cosas de esa índole. Recuerdo que una de las tardes en las que estábamos debatiendo sobre la falta de la democracia del SEU, apareció Ortí Bordás, que era entonces el delegado nacional del SEU. Era el jefe máximo, en aquella terminología que contribuía a recordar que su dirección venía, por delegación, de una instancia superior, y no como consecuencia de la elección desde abajo. Con bastante ironía, refiriéndose a mí y a otras compañeras, comentó: «¡Qué rojas sois las chicas de Derecho!».

Cuando el campamento acabó los mandos de la Sección Femenina del SEU que allí había conocido me propusieron para el cargo de regidora de la Sección Femenina del SEU de la Facultad de Derecho de Madrid. Después del comentario de su jefe, el nombramiento resultaba contradictorio. No obstante, era muy propio del momento. Por encima de esas disquisiciones ideológicas, había ya algunas mujeres del propio Régimen que apostaban por lo que las mujeres profesionales pudiéramos hacer.

Seguramente, fue una oportunidad para mí y algo que indica hasta qué punto es interesante reflexionar sobre los mecanismos para propiciar la participación de las mujeres en la vida pública.

Por lo que fuera, yo me encontré de pronto al año siguiente, que era mi segundo año de carrera, con una nueva obligación clara: intentar motivar a mis compañeras de la facultad de Derecho para que tomaran parte activa en la vida de la universidad.

Como medio de motivación se me ocurrió hacerlas a todas ellas una encuesta. La pregunta clave era sí pensaban, o no, trabajar en la profesión de abogado (todavía no se decía en femenino) o en cualquier otra de las salidas jurídicas que la misma ofrecía, una vez que se casaran. La mayor parte, al contestar la encuesta, decía que no, que no pensaban trabajar una vez licenciadas. A esta pregunta le seguía otra, consecuencia de aquella primera, y que trataba de indagar por qué diablos, si no pensaban trabajar como abogados, estaban haciendo una carrera tan complicada y cara.

Las respuestas a esa pregunta que aún recuerdo me pueden hoy llegar a parecer curiosas. Eran un vivo reflejo psico-sociológico de la burguesía de toda una época. En aquel momento, en el aula universitaria de segundo de Derecho, me produjeron, y creo que con razón, una inmensa indignación. Todas ellas decían que las carreras, y en concreto por supuesto la carrera de Derecho, daba un brillo importante a la persona que estudiaba. Además, permitía que después, de casadas, pudieran hablar con sus maridos de asuntos profesionales y que ellos se pudieran sentir más comprendidos.

Partíamos de lo que partíamos. Yo había visto en mi colegio de monjas como la niña más guapa de mi curso había dejado de estudiar el bachillerato y había pasado a unas clases que se llamaban de «cultura» (donde se enseñaban tonterías) porque las monjas le habían llegado a decir que ella, como era tan guapa, no necesitaba estudiar.

Desconozco por supuesto cuántas de aquellas mujeres terminaron la carrera y después ejercieron profesionalmente. Conozco algunos casos de mujeres, de entre aquellas en aquel tiempo «dirigidas al matrimonio», que después quisieron, por voluntad u obligación, retomar los estudios para ganarse la vida. Qué grandes dificultades encontraron. Más allá del manifiesto despilfarro social que aquellas carreras representaban, como ya apuntaba mi lúcida profesora de matemáticas, cuánta frustración, cuando no destrozos personales, conllevaron esos anatemas respecto a la mujer y su «destino».

La humanidad avanza, aunque sea de forma sutil. Creo sin duda que la declaración misma, como tales, de los derechos humanos es una de las más grandes conquistas de la humanidad. Precisamente por eso, me congratulo, y mucho, de que, en el ámbito de los organismos internacionales vinculados a los derechos humanos y al cumplimiento de los distintos convenios y protocolos que ha ocasionado aquella gran Declaración Universal, vaya cogiendo fuerza el concepto de víctimas, es decir, de quienes precisamente han sufrido lesión de sus derechos humanos. Una vez reconocida la condición de víctimas, aparece la necesidad de que la sociedad reconozca las lesiones producidas y que busque la forma de repararlas. De forma casi imperceptible hemos dado un giro copernicano. Quizás por primera vez en la historia de la humanidad se habla más de víctimas que de héroes.

La organización de Naciones Unidas, el 16 de diciembre del año 2005 promulgó los «Principios y Directrices básicos sobre el Derecho de las víctimas de vulneraciones de los Derechos Humanos» Desde entonces, empiezan a surgir movimientos de víctimas que reivindican el sufrimiento injusto padecido y responsabilizan a quien se lo causaron.

No estaría mal recordar hasta qué punto ha machacado la vida de tantas mujeres una concepción machista y retrógrada. El resultado de la Guerra Civil española significó la imposición de los valores más conservadores y retrógrados en relación con los derechos de las mujeres. Por supuesto que toda la cultura europea, a lo largo del siglo XIX, expresa la situación de dominación a la que estaban sometidas las mujeres en sociedades en las que, muy por el contrario, empezaba ya a darse un mayor desarrollo de los derechos individuales… para los hombres. Cuando el movimiento feminista empieza a tomar cuerpo, recoge ese lamento de tantas y tantas mujeres que no saben leer, porque se las ha impedido aprender. Ello sin duda significaba la limitación extrema a la que se relegaba a las mujeres.

El peligro del saber en las mujeres. Dos mujeres que lucharon por superar la ignorancia a la que se les habían sometido

Cuenta Federico Rubio y Galí, en el libro al que ya me he referido, que su madre, mujer muy inteligente, no pudo aprender a leer porque en aquel momento se consideraba negativo, e incluso peligroso, que las mujeres pudieran aprender a leer. Si sabían, se decía, podrían quizás comunicarse con sus pretendientes.Pareciera una versión algo menos truculenta que el cinturón medieval de castidad, pero igualmente desconfiada de la mujer, ese sujeto siempre de peligro.

¡Qué «peligro» encerraban las mujeres! Cuenta también Federico Rubio cómo su madre, con gran habilidad y haciéndose con un misal, pudo identificar las sílabas de las oraciones que le habían enseñado en la iglesia con los signos de su escritura y así llegó a poder leer e incluso a escribir, con una cierta soltura.

Pero lo tremendo, lo dramático que sucedió en esta historia de España, es que el franquismo, apoyándose en la Iglesia y yendo incluso más allá de esta, arrasó los incipientes movimientos del feminismo y los derechos que ya había reconocido la República a las mujeres. ¡Qué gran marcha atrás que tanto costó recuperar!

Así, el analfabetismo de la mujer en España se mantuvo muchos más años que en otros países europeos, incluso más allá de la superación del máximo subdesarrollo, que se pudo conseguir antes.

Yo misma, casi un siglo después de la hazaña de la madre de Federico Rubio, conocí en directo otra similar, aún más meritoria, de aprendizaje titánico de la lectura, contracorriente y tardíamente, por parte de lo que no cabe sino describir como víctima convertida en heroína. Se llamaba Pura.

Ocurrió ya con la carrera acabada y ejerciendo de abogado laboralista, en los últimos años 60 del siglo pasado. Pura era una mujer extraordinaria, una líder vecinal del barrio de chabolas de la Bomba, en Hospitalet de Llobregat, al lado de Barcelona. Aprovechó su estancia en la cárcel para aprender a escribir, ¡a las bravas!

Era de Jaén. Había llegado a Barcelona en los años cincuenta. Tanto su marido como ella pertenecían al Partido Comunista. Pura tenía dificultades para trabajar fuera de casa. Tenía un hijo con discapacidad. Estaba entonces en el barrio. Trabajaba fundamentalmente con sus vecinos, confrontados a los problemas que obviamente tenían esos inmensos barrios de chabolas que se extendieron en torno a las grandes ciudades españolas. Trataban de mejorar la situación de los vecinos. Gracias a sus esfuerzos, y el de tantas otras personas como ella, consiguieron años después, a mediados los años 70, que les construyeran nuevas viviendas enfrente de sus chabolas, en el barrio de Bellvitge.

A Pura la detuvieron en un 1º de Mayo. Hubo una manifestación ilegal. Durante todo el franquismo, nunca se reconoció que esa fecha fuera la fiesta de los trabajadores. Franco implantó, como fiesta de los trabajadores, el del aniversario de su levantamiento contra la República: el 18 de julio. Pero, para disimular un poco y aproximarse al contenido del reconocido Día Mundial del Trabajo, ideó que el 1 de Mayo fuera el día de San José Obrero, como justificación de su condición de festivo.

Todos los años había detenciones el 1 de Mayo. Comisiones Obreras convocaba concentraciones de trabajadores, que se presentaban como comidas al aire libre.

Antes, y con motivo de su detención, Pura fue cliente mía. No fue una cliente sin más. Nos habíamos hecho amigas. En Barcelona, Eduardo y yo vivimos además cerca de ese barrio de chabolas y, no recuerdo cómo, habíamos entrado en contacto.

Un día, cuando fui a verla a la cárcel, me contó que había decidido aprender a leer como fuera. Nunca había ido a la escuela, ni cuando era niña, en Jaén, ni cuando ya casada llegó con su marido y sus hijos a Barcelona. Nadie la enseñó, ni nadie quiso enseñarla. Fue ella quien, como la madre de Federico Rubio, aprendió sola, copiando lo que cayó en sus manos. Ella no copió oraciones. No era religiosa. Pero copió etiquetas de los botes de Nescafé y de otros productos, que sabía lo que decían.

Una misma lacra pues, la perversa idea de mantener a las mujeres en la ignorancia.

Un mismo denodado esfuerzo por superar esa lacra, con un siglo de diferencia, el primero en la burguesía, el segundo en la ascendente clase obrera. Ambos con resultado satisfactorio, el triunfo de las mujeres, una victoria épica.

Contra el saber de las mujeres: ¡cuánto dura aún!

Hace unos días, hablaba con una amiga más joven que yo, de un pueblo importante de Cádiz. Es de una familia de empresarios poderosos. Me contaba que ella y sus hermanas fueron las primeras universitarias de todo el pueblo. Los amigos de su padre no paraban de criticarle y de advertirle lo difícil que sería que sus hijas, al convertirse en universitarias, pudieran llegar a casarse. Es curioso porque ese mismo comentario lo he encontrado al repasar la biografía de Mercedes Formica. Ella, que también nació en Cádiz, en 1926, se licenció en Granada en la Facultad de Derecho, con críticas entre la clase social dominante de aquellos entonces.

Yo misma viví las decisiones que tomaron padres y profesores de mis propias compañeras de colegio, entorpeciéndolas estudiar, y no solo porque fueran las más guapas de la clase. Mi amiga María Dolores quiso venir conmigo a la Facultad de Derecho. Su padre se lo prohibió y solo le permitió estudiar graduado social. Le debía parecer menos peligroso. Sin embargo, la fuerza de los nuevos vientos, que afortunadamente nos llegaron con la democracia y el desarrollo de los movimientos pro derechos de la mujer, consiguieron que muchas de ellas fueran capaces, no sin gran esfuerzo, de superar después las limitaciones que los suyos les habían impuesto. María Dolores, a quien nunca le interesó lo más mínimo su grado de asistente social, cuando sus hijas fueron a la universidad fue con ellas y con ellas opositó y sacó una cátedra de profesora de instituto. Me contaba que su padre, ya mayor, le había pedido perdón por no haberla dejado estudiar en su momento.

Reconozco que tuve mucha suerte. Mi padre no solo no me puso nunca la menor pega a que estudiara, sino que claramente me incitó a ello. Quizás influyó que éramos tres hermanas y que, por tanto, no había la diferencia con un hipotético hermano, al que se hubiera podido predestinar al estudio, en detrimento de las hermanas. En todo caso, no creo que nunca hubiera sido así. Mi padre, comerciante hecho a sí mismo y que añoraba los estudios que no pudo tener, lo que sí me dijo, categórico, es que tenía que estudiar algo útil. Yo hablé primero de periodismo, lo más cercano a la literatura, que era por lo que me inclinaba. Eso, si acaso después, me dijo, primero Derecho, que abre muchas posibilidades.

En todo caso, no se puede perder de vista que en el final de los años 60 todavía en muchos sectores en España se criticaba, profunda y militantemente, que las mujeres trabajasen fuera de casa.

Mujeres haciendo cosas que, quizás, los hombres no hicieran

En lo que ahora ya se llaman los «años de plomo», los difíciles 80 de la consolidación de la democracia, hubo una jueza en el norte de España que tuvo la valentía de abrir un proceso por torturas contra un número importante de guardias civiles. Como era esperable, la prensa conservadora criticó ferozmente su decisión. Una revista femenina, de las que entonces tenía una gran tirada, la pidió tener una entrevista. Me llamó por teléfono. Le aconsejé que aceptara la entrevista. Era un buen momento y el lugar, pensaba yo, para explicarse. Me contestó sorprendida: «Pero si se trata de una revista femenina. Las revistas femeninas no son serias».

Clic, saltaba ahí el tic de plagio de lo masculino. Siempre me parecieron, y me parecen interesantes, las revistas femeninas. No solo porque es evidente que son un vehículo de comunicación de las mujeres en general, sino porque en ellas se ha plasmado, históricamente, una gran parte del proceso de feminización del mundo.

Pese a mi recomendación, mi colega no aceptó la entrevista. Sigo pensando que fue un error, pero a lo mejor lo fue habérselo dicho. Desgraciadamente, tras este episodio la relación entre nosotras se enfrió.

He tenido la suerte de tropezarme con otras muchas mujeres profesionales que han sabido aprovechar bien la posibilidad de cambio que tenían. Entre ellas ha habido, y hay, algunos casos absolutamente fantásticos.

Recuerdo el juicio que tuvimos de unos policías corruptos que hacían registros a personas absolutamente inocentes a quienes nada se les podía reprochar. Utilizaban los registros, aunque parezca mentira, para lisa y llanamente robarles.

En plena Gran Vía de Madrid y en torno a los últimos 90, cuatro ciudadanos chinos, residentes en Portugal, que venían a Madrid a comprar utensilios para su restaurante chino, fueron sorprendidos por dos policías que les hicieron bajar de su vehículo. Les registraron todo el coche y, por supuesto, también sus carteras y documentación. Nada más acabado el registro, los chinos descubrieron que les habían robado 100.000 pesetas. Estupefactos, llamaron a otro chino amigo que vivía en España y le contaron lo sucedido. Este, que residía en España pero no en Madrid, les dijo que creía que se trataría de lo que se llama «los policías Full» ( delincuentes puros y duros que se disfrazan y se hacen pasar por policías). Les recomendó que lo que debían hacer de forma inmediata era denunciarlo en la comisaría más cercana. Así hicieron y, cuando estaban formalizando la denuncia en la comisaría de la calle Luna, vieron con sorpresa cómo aquellas personas, que ellos creían que eran unos ladrones disfrazados de policía y que les acababan de robar, estaban detrás de las mesas de la oficina de la comisaría, recogiendo denuncias como verdaderos policías.

«Son esos los que nos han robado», dijeron los chinos a través de su intérprete, que no acababa de dar crédito lo que le decían sus interpretados. «Son esos que están ahí sentados, esos son los policías que nos acaban de robar», insistían los chinos con desesperación.

Dirigía esa comisaría una mujer. Supongo que de las pocas que en ese momento había llegado a la categoría de comisaria. Escuchó a los chinos. Les tomó su declaración con paciencia y tranquilidad y, a continuación, sin temblarle el pulso, acordó la detención de aquellos dos policías.

Cuando el día del juicio apareció aquella comisaria a declarar como testigo, sentí una enorme empatía hacia ella. No la he vuelto a ver ni he podido nunca hablar con ella, pero en aquel momento, y desde mi mesa del tribunal, yo sentí que formábamos parte de una misma generación de mujeres que no estábamos dispuestas a aceptar la rutinas y los cabildeos. Me acordé, como ya he contado, de cómo, en el mercado de la isla de La Palma, La Recova (un delicioso mercado central que ahora está aún más bonito que lo recordaba) me paraban algunas vecinas de Santa Cruz para darme la enhorabuena por haber procesado y apartado de su puesto a un corrupto funcionario del juzgado. «Mujer tenía que ser», me decían, llenas de alegría de que por fin el famoso personaje hubiera salido del sillón del juzgado.

Cuando digo que las mujeres hemos tenido y tenemos una gran capacidad de innovar me refiero específicamente a que existe una, diríamos, cultura de mujer que podría y debería impregnar el cambio social.

Ya sé que hay ejemplos en el mundo que claramente desdicen lo que propugno. No obstante, incluso Margaret Thatcher, paradigma moderno de la asimilación femenina del patrón masculino, soberbio y belicoso, también se lanzó a hacer, desde su ideología tan de derechas, cosas que los hombres quizás no hubieran hecho.

Las mujeres somos menos violentas, y esto se debería notar

Con todo, creo que las mujeres tenemos mayor oportunidad de cambiar. Más adelante, cuando hayamos ganado ya seguridad en las nuevas profesiones a las que hemos accedido, lo haremos probablemente en mayor medida. Y ese cambio tiene una doble vertiente. Por una parte, nos puede hacer más felices a nosotras, remodelando las profesiones de una forma más humana, y por otra parte, ayudar a que la sociedad se beneficie de la nueva forma de rediseñar trabajos concebidos desde siempre con la impronta de lo masculino.

No creo que lo que digo sea utópico. Aunque sin duda es difícil medir los índices de felicidad colectiva, no parece arriesgado asegurar que las mujeres, en general, son más felices cuando se logra la disminución de la mortalidad infantil y se les asegura lo esencial de la vida.

Es decir, sin ir mucho más allá, creo que podemos decir que el conjunto de mujeres en el mundo ha mejorado un poco su situación. A pesar del flagelo que significa la violencia de género y siendo difícil evaluar si en este aspecto el mundo de las mujeres ha mejorado o no, sí podemos asegurar que ha disminuido el hambre, la mortalidad y la incultura, aunque sea muy poco respecto a todo lo que tenemos que ser capaces de hacer todavía. Con todo, lo conseguido ya es algo.

En ese sentido, afirmo que hay que seguir avanzando en la felicidad individual y en la felicidad social.

Un ejemplo de que indiscutiblemente las mujeres somos menos violentas que los hombres: las mujeres matamos menos. Solo el hecho de que se genere una cultura de mayor pacifismo en el mundo podría ser una buena consecuencia de la cada vez más necesaria feminización de lo público.

Ya sé que tenemos ejemplos horrorosos de los efectos que ha producido la llegada al poder político de algunas mujeres, como es el caso antes ya citado de la Thatcher. Efectivamente, ella gobernó como un elemento más de la cultura machista. No solo no le tembló la mano al declarar la guerra a Argentina, sino que además se apoyó en esa decisión para reforzar su propio poder y posición política.

La feminización del mundo público no puede ser consecuencia de la presencia de determinadas individualidades femeninas en la política, sino de la aceptación de los valores más esenciales y significativos de lo que podemos llamar cultura femenina.

Mucho empezó con Concepción Arenal

Releo con cierta frecuencia a Concepción Arenal. Me encanta. Ella fue una pensadora singular que abordó muchos temas sociales, todos extraordinariamente interesantes. Fue capaz, en sus estudios del Derecho de Gentes (antigua denominación del Derecho Internacional) de afirmar que la guerra siempre era algo ilícito. Consideró que, por naturaleza y definición, todas las guerras son necesariamente ilegítimas. Concepción Arenal fue de la generación que por primera vez, y de forma colectiva junto a otros, se atrevió a cuestionar la guerra en sí misma. Esta, hasta entonces, era una actividad profesional encomiable, en la que las clases dominantes habían sublimado lo militar y se habían inventado eso del heroísmo.

Concepción Arenal, como es conocido, habló también de la necesidad de que las mujeres tuvieran el mismo nivel de educación y desarrollo personal que los hombres y abogó porque aquellas pudieran ejercer todo tipo de profesiones con la excepción, sorprendente en una primera lectura, de la judicatura.

Siempre me inquietó que ella, con su increíble talla intelectual, mantuviera aquella reticencia sobre el ejercicio de la judicatura de las mujeres. La idea que se tiene de Concepción Arenal -–mujer hosca y dura vestida de hombre– no tiene nada que ver con ella. No hay nada más que leer su correspondencia con amigos y familiares para darnos cuenta de que no solo se trató de una persona extraordinariamente inteligente, rigorista y a la vez innovadora, sino que poseía gran sensibilidad y un delicioso sentido del humor. Nunca le ha hecho justicia ese cuadro clásico que, al parecer, es la única imagen que de ella se conserva y que le ha dado un cierto aire de marimacho. Tan es así que, en una estatuilla suya que tengo de la cerámica gallega de Barcelos, casi parece que tiene bigote. Como no podía resistir verla así, que me perdonen los artistas artesanos, la he repintado la cara; ya no tiene bigote y sonríe.

Seguramente Concepción Arenal, al rechazar el ejercicio de la judicatura por parte de las mujeres, lo que rechazaba era el propio sistema de justicia y, muy especialmente, la justicia por antonomasia, que es el Derecho Penal. Es probable, y por supuesto sin saberlo, que también en ello se adelantaba a su tiempo. Hubiera sintonizado quizás con la corriente de pensamiento que se extendió entre sociólogos y juristas muchos años después, en los años 60 del siglo pasado. Me refiero a la corriente que propugna la abolición del Derecho Penal. Con muchos altibajos, por razones comprensibles, ahí sigue esa propuesta de abolicionismo, que a su vez provoca la más conocida, por actual, que es la justicia restaurativa. Uno y otro concepto son caras de una misma moneda, caras de una manera distinta de aceptar, en nuestras sociedades, el hecho negativo y sin duda a veces atroz, del delito que hace daño a personas concretas. Sin perjuicio de que más adelante se aborde esta cuestión, lo que ahora quiero destacar son valores de la cultura femenina. Creo que podemos decir que tanto el abolicionismo como la justicia restaurativa son concepciones de justicia alternativa, ante la constatada esterilidad de la violencia y el sufrimiento de los castigos como medios de erradicar las conductas individuales indeseables y asociales.

Cabe pensar, por tanto, que la cultura femenina cuestiona que la fuerza y el sufrimiento sean elementos consustanciales de la autoridad, para conseguir el mejor cumplimiento de las normas.

Hemos vivido recientemente unos altercados en Gibraltar. Han sido muy cacareados por los medios. Recuerdo haber escuchado unas declaraciones de ministros que aseguraban y prometían la firmeza del Estado Español.

¿Cómo es posible que aceptemos con tranquilidad esa tontería ¿Qué es eso de que la firmeza sea un valor positivo en sí mismo en lo político? ¿No sería mucho mejor que se hablara de otros valores como la empatía, la capacidad de convicción o el acierto para resolver conflictos? Si la firmeza es mantenerme siempre en mi postura pase lo que pase, diga lo que diga el contrario, eso no es un valor positivo. Es simplemente expresión de obcecación y, por supuesto, suele mostrar una gran incapacidad de gestión o, en el extremo, constituir una intencionada provocación, más o menos bravata. Por contra a su supuesta condición de valor positivo, la firmeza debería calificarse como un desvalor. Lo es sin duda para la negociación y la resolución de conflictos. Y precisamente es esa firmeza, de la que tanto les gusta jactarse a los políticos, la que lleva a la monstruosidad que implica toda guerra. Como ocurrió en el caso de la guerra de las Malvinas, en la que tantos seres humanos murieron por una bobada. ¿No ha llegado el momento de que se sustituyan todos esos valores verticales y rígidos de autoridad, fuerza y firmeza por los mucho más horizontales y elásticos de persuasión, convicción, empatía y destreza en la resolución de conflictos? Estos son valores de una cultura femenina.

Si las mujeres somos en el mundo el sexo menos violento, ¿no nos corresponde a nosotras imponer esas nuevas culturas de no violencia?

Además, la cultura de la no violencia femenina-feminista está también enraizada en la realidad, sociológicamente corroborada en datos: las mujeres son las que cuidan más a los débiles y vulnerables en su entorno familiar.

Las experiencias llevadas a cabo muestran la mayor eficacia de las mujeres, respecto a los hombres, como gestoras de ayudas al desarrollo. Estas indican también una capacidad de competencia en lo cotidiano, en lo práctico, en definitiva en lo real, que debiera guiar las nuevas culturas de lo público-útil.

Además, los estudios que existen sobre la mayor eficiencia de la cultura femenina en las empresas parecen indicar que esa cultura resulta más idónea para la nueva gestión empresarial, siempre que se mantenga como objetivo la mayor productividad basada en la implicación, incluso emocional en la empresa. En ese sentido, está claro que las mujeres saben en mayor medida relacionar e integrar el marco de sus actividades públicas propias con sus intereses y obligaciones personales.

Tejer un nuevo perfil de autoridad femenina

Cuando en los años 80 estuve de jueza de primera instancia e instrucción en San Lorenzo de El Escorial comprobaba, divertida, la desesperación que le ocasionaba, a uno de los oficiales de toda la vida del Juzgado, oírme hablar con las auxiliares de cosas tan prosaicas como los precios a los que estaban los productos en el mercado.

El juzgado estaba muy cerca del mercado y había veces que, antes de entrar en él, aprovechaba y hacía la compra. Para aquel oficial que la jueza, la autoridad, fuera a hacer la compra al mercado y después lo comentara con las auxiliares del propio juzgado, le parecía que no era serio, que degradaba la imagen de la autoridad.

Igualmente recuerdo la mirada de la pareja de la Guardia Civil cuando tenían que irme a buscar a casa por la noche, para hacer alguna diligencia, como un levantamiento de cadáver o algo similar. Me podían encontrar con el delantal, haciendo la cena o fregando los platos. Sí, por supuesto, eran los primeros 80 y en aquel momento una juez mujer era todavía algo chocante. Es posible que ahora esto ya no sea así, pero aseguro que yo veía cómo les costaba a aquellos agentes del cuerpo cuadrarse ante una imagen tan doméstica, por muy juez que fuera, de un ama de casa en delantal.

Y no ya en los 80, sino más tarde, en los últimos 90, recuerdo algunas situaciones en que se manifestaba el contraste de la mujer en el «territorio judicial» tan tradicionalmente exclusivo de los hombres. Todavía me acuerdo con diversión de lo que me dijo mi entrañable presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, cuando le pedí que me dejara llevarme a las sesiones de Pleno, una labor de punto.

Las sesiones del Pleno eran interminables. Había veces que duraban todo el día. Empezábamos sobre las once, aunque normalmente estábamos convocados a las diez. La impuntualidad era bastante sistemática. Interrumpíamos para comer a las tres, en principio para hacer una comida colectiva en un restaurante cercano. No volvíamos a reanudar la sesión hasta las cinco. En más de una ocasión las sesiones se alargaban hasta las diez de la noche. Un ritual que, sin caer en el tópico, era tan marcadamente masculino.

Los plenos del Consejo eran pues unas reuniones interminables, con unos debates larguísimos, con posiciones que llegaban incluso a ser muy enconadas, pero que, cualquiera que fuera su profundidad, tenían escasa utilidad. Casi todo estaba predecidido y se solía votar en bloque, por afinidades políticas. Hablaba poco en los plenos. Normalmente, me interesa casi siempre exponer mi punto de vista en los debates pero cuando, como sucedía en el Consejo, el debate era tan absolutamente estéril, me producía no solo un aburrimiento inmenso sino también la constatación de la enorme pérdida de tiempo que implicaba. Era una muestra de la ineficacia con la que trabajábamos. Daría pie, en otro momento, para una reflexión más general sobre el funcionamiento de los órganos institucionales de decisión colectiva.

Hoy está muy de moda hacer punto. Ya empezaba a estarlo en los 90. Por supuesto que es una moda americana, como tantas otras, que se extendió por Europa. Tiene su explicación en que es algo bello y enormemente relajante. En uno de los últimos domingos del último mes de mayo, en 2012, se convocó el Día del Tricot al aire libre. Era bonito, en los preciosos jardines del Museo del Traje de Madrid, ver la cantidad de gente que estaba tricotando, enseñando, aprendiendo, y aparentemente todas y todos, como se dice ahora, disfrutando.

Vaya por delante, Javier Delgado fue un extraordinario presidente de nuestro Consejo. Ya he hecho obligada mención a su figura en otros apartados del libro. Es muy inteligente y está lleno de humanidad.

Ante mi, reconozco que provocativa, propuesta de hacer punto en los plenos Javier me dijo, con mucha dulzura: «Pero Manuela, qué cosas dices, no nos faltaría más que los medios de comunicación se enteraran. Sería terrible, daríamos una imagen absoluta de falta de seriedad». «Bueno, Javier, lo que tú digas», le contesté. «No te preocupes, que no me traeré labor a los plenos. No obstante, sí quiero que sepas, añadí, que aprovechar el tiempo y hacer compatible el pensar y hablar con la creación de algo con las manos, no es solo algo serio, sino que tiene mucho que ver con la gestión del tiempo en la cultura de las mujeres». Ya sé que se ha convertido en tópico que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, pero es bastante verdad.

Javier se quedó muy serio y creo que preguntándose qué era eso de la gestión del tiempo en la cultura femenina.

ºNo pudimos comprobar los efectos de que algunos de los consejeros nos hubiéramos puesto a hacer punto en los plenos. El impacto hubiera sido mayor sin duda si hubiera habido alguno de mis colegas masculinos que también lo hubiera hecho. Supongo que hubiera sido ciertamente criticado, y ridiculizado, por los medios. Hubiera sido sin embargo una experiencia interesante.

La cultura femenina: por aflorar y concretar

Quizás habría que concretar mejor la cultura femenina, aunque, como tantos otros procesos sociales de cambio, va construyéndose paulatinamente, más rápido ahora de lo pueda parecer. Entre sus características, por definir, creo que habría que incluir, en primer lugar, una visión distinta de la autoridad y de los valores que normalmente se le achacan, cuestionando incluso su propia condición de «valores». Asimismo, recoger una concepción no violenta de la autoridad, que obligue a reforzar al máximo todas las otras habilidades que permitan dirigir y controlar las conductas sociales, cuando sea necesario: comunicación, empatía, flexibilidad.

En segundo lugar, la cultura femenina está mucho más entroncada con lo doméstico, incluso con lo que mal llamamos prosaico. Por eso, esa cultura femenina puede ser un elemento determinante, y muy interesante, para cuestionar la forma en la que se desarrolla normalmente la vida pública, en la tradición masculina, por no decir machista.

La necesaria compatibilidad entre una vida profesional activa y otra privada igualmente «activa» obliga a cuestionar las raíces y las propias características, sobre todo rutinas, de la vida pública.

Pequeños cambios en la vida pública podrían mejorarla.

Un apartado importante de la gestión de la vida profesional, tanto pública como privada, son las reuniones y, en estas, las sucesivas intervenciones que unas y otras personas desarrollan en los procesos puramente administrativos.

Normalmente, como sucedía en el Consejo General del Poder Judicial, una gran parte del tiempo de cada uno de los vocales se nos iba en reuniones. Habitualmente, ni se profundizaba en cuál era el objetivo de la reunión ni quedaba claro de entrada qué se pretendía con ella. En menor medida se organizaba cada reunión desde un punto de vista de pura gestión, sin fijar una hora de finalización, algo cuya importancia se reconoce cada vez en mayor medida, como factor de eficiencia.

Así, las reuniones cuanto más importantes son menos acostumbran a tener una hora de finalización. Desde la perspectiva de la autoridad, por sí tan importante, se entiende que no se pueda en modo alguno limitar el tiempo de un reunión en la que esté presente, haya empezado a la hora que haya empezado. El quehacer de todos se supedita al protagonismo que se concede a esta. La reunión comienza a la hora que sea y nunca se sabe a la hora que acaba. Ello entorpece cualquier intento de compatibilidad entre lo público de lo privado.

Pero esto no pasa solo con las reuniones. Pasa también con los juicios. La impuntualidad de los juicios y la cantidad de horas y horas que tienen que esperar los interesados se toma ya como una cosa habitual. Dificulta la vida de jueces y funcionarios, destroza cualquier programación de sus tiempos a todos los intervinientes.

Tenemos que esforzarnos en planificar bien los tiempos de los juicios. Consensuar previamente con los intervinientes los tiempos necesarios y ser conscientes de los ritmos de la vida cotidiana.

La aproximación desde la cultura femenina, con el realismo y practicidad que podemos incorporar, podría contribuir a hacer más compatible la vida pública y la privada y a introducir una mayor dosis de eficiencia en la propia vida pública.

2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO

No era algo que esperáramos. La violencia de género ha irrumpido en las perspectivas de un mundo de mayor igualdad entre hombres y mujeres al que contribuyó a generar, y en el que a la vez se nutrió, el movimiento feminista.

En este momento nos encontramos, por una parte con las noticias de las atrocidades de feminicidios, que se producen de manera sistemática en determinadas partes del mundo, y por otra parte, con un goteo constante de violencia contra las mujeres, esencialmente en el ámbito de sus relaciones de pareja. La violencia de género ha sido un proceso con el que el movimiento feminista no contaba, que presenta características en evolución constante y ante el que no se acaban de aportar diagnósticos certeros ni alternativas de solución eficaces. Empezamos por no saber si el aparente incremento de esas tragedias se debe a que realmente hayan aumentado o a que ahora las conocemos más y más deprisa, en tiempo real, en un contexto, eso sí, mucho más sensibilizado ante el tema. Hoy por hoy contamos con estadísticas y estudios sociológicos confusos y que resultan difíciles de cuadrar.

Según los informes y las estadísticas más convincentes parece que este tipo de violencia se da paradójicamente con niveles semejantes en distintas situaciones de entorno. Por una parte, se da, y aparentemente de forma creciente, en sociedades con un nivel alto de desarrollo económico y social, así como con un alto grado de igualdad entre ambos sexos. Pero a su vez, también la violencia de género es alta en sociedades con escaso desarrollo económico y no digamos social y en un contexto de gran desigualdad entre sexos.

La violencia de género es, ante todo y por encima de todo, violencia y como tal hay que tratarla. Violencia con apellido, pero violencia al fin y al cabo. Actos agresivos para imponer por la fuerza los deseos de uno a través del sufrimiento del otro.

Hay que buscar explicaciones. Hay muchas preguntas sin respuesta.

¿Tiene algo que ver el incremento de la violencia de género con que la incorporación masiva de las mujeres a la sociedad activa no haya logrado sus esperados objetivos, y entre ellos el de disminuir, en general, la violencia en la sociedad?

La violencia forma parte de la cultura y conducta masculinas. Los hombres son más violentos que las mujeres. La ejercen más, pero también la sufren más entre ellos. La Organización Mundial de la Salud hizo en el año 2000 un informe sobre la violencia interpersonal en el mundo, en el que se constata que son los hombres los que más la causan y los que más la padecen. El índice mundial de victimas por homicidio es de 13,3 hombres por 100.000 habitantes y de 4,01 mujeres por 100.000 habitantes.

No tenemos datos mundiales de homicidas masculinos y femeninos pero los que tenemos, de España y de otros países, muestran la gran diferencia entre hombres y mujeres. El número de mujeres condenadas por homicidio representa una exigua minoría en el total. Por ejemplo, en Madrid y durante el año 2010, las mujeres cometieron el 11% de los homicidios frente al 89% cometidos por hombres. Sin duda son los hombres los que mayoritariamente ejercen la violencia homicida.

Esos datos, tan contundentes, responsabilizan claramente a los hombres de la cultura de la violencia homicida. Pese a esa evidencia, las mujeres, aun con nuestro mayor índice de participación social en este último siglo XX, no parece que hayamos sabido dinamitar esa cultura. Tampoco en esto hemos asumido el liderazgo ideológico que nos corresponde, para imponer en el mundo la cultura de no violencia. Por ejemplo, la mujer tiene una fuerte presencia en los procesos educativos. ¿Por qué no exige entonces que en todos los centros escolares haya programas contra la violencia y servicios de resolución de conflictos de forma pasiva? ¿Por qué no incorporar en las enseñanzas regladas la cultura de la no violencia? Y, en última instancia, ¿por qué no decir a nuestros hijos que siempre deben rehuir una pelea?, ya que eso no es cobardía, sino signo de civismo y ejercicio de cultura de paz.

Nosotras somos víctimas de la violencia masculina. Por eso, y porque la violencia es siempre un obstáculo al desarrollo, al progreso y a la felicidad humana, debemos estar muy especialmente interesadas en analizar con rigor el cruel fenómeno de la violencia de género, y la responsabilidad que, por torpeza o temor, podamos tener en no abordarlo debidamente.

La violencia de género, extendida en todo el mundo y de una crueldad a veces insospechada, no es sin embargo uniforme en todos los lugares y en sus distintas manifestaciones. No son lo mismo los feminicidios de México que la violencia de género que padece Europa. Sin duda, hay fuertes elementos comunes en el origen de una y otra violencia, pero también hay diferencias sustanciales a tener en cuenta y analizar, cuando precisamente buscamos diagnosticar el problema, para su vez poder elaborar nuevas alternativas de solución.

Los feminicidios brutales que se producen en México y en otros muchos más lugares del mundo –normalmente en el mundo diríamos no desarrollado– son una expresión del machismo más brutal, del desprecio de las mujeres y expresión de su absoluto sometimiento a los hombres.

Nuestra violencia de género, la que se da en nuestras sociedades, con un alto nivel relativo de igualdad entre hombres y mujeres, es la que muestran las estadísticas que manejamos, tanto en España como en otros países europeos. Aunque con diferencias notables entre unos y otros países (que también habría que tratar de desentrañar), la violencia en ese contexto parece que tiene que ver muy especialmente con la pareja en sí misma. Parece referirse sobre todo a los roles dentro de la pareja, dentro de la cual es donde mayoritariamente se produce. ¿Es el matrimonio o la pareja institucionalizada un núcleo de conflicto en el que las actitudes violentas pueden dispararse con mas facilidad que en otras áreas de la vida? Pareciera que sí, y si es así ¿por qué?

El matrimonio por amor

El matrimonio por amor es una reciente gran conquista de la humanidad de la que nuestras sociedades desarrolladas se benefician. Es la lógica expresión de la libertad de relación entre hombres y mujeres. Sin embargo, muchos son aún los países en que los matrimonios siguen acordándose por intereses económicos o de cualquier otra índole, sin considerar los sentimientos de atracción entre sí de los interesados.

Pero esa buena conquista social del matrimonio por amor, choca con una institucionalización formal muy poco real de la institución del matrimonio romántico.

La mayor parte de películas, series o novelas tratan del Amor, con mayúscula, de cómo conseguirlo y de cómo lograrlo. Menos se trata lo que viene después. Así, se ha incrustado en nuestras conciencias sensibles ese mito del amor absoluto, fusión eterna e indisoluble, que de alguna manera se expresa en esa peligrosa metáfora mistificada de que cada uno de los cónyuges constituya «la media naranja».

Encontrar «su» media naranja, con la dificultad que entraña, es en el fondo una apuesta extraordinariamente peligrosa para cualquiera. Implica apostar, nada menos, que por no un ser completo en sí mismo, sino solo la mitad de «algo» siempre difícil de definir o, lo que resulta más peligroso, solo la mitad dependiente de alguien, que no por casualidad, por historia, tiende a ser el varón.

Cada uno de nosotros nacemos y morimos solos. Somos una vida completa, una naranja y no media. Y dos naranjas completas, frescas y jugosas, se acoplan muy mal entre sí. Si se aprietan se rompen y sale jugo, que se desperdicia, que no nutre a la otra. Siempre me ha resultado curioso el símil, que solo se explica en el supuesto de la renuncia a la mitad de uno. Es la única forma en que las medias naranjas, con una superficie lisa, puedan acoplarse. Pero, entonces, ¿qué se hace con las dos medias que se desechan? La pretensión de recuperar la «media naranja» desechada por alguno de los cónyuges, y no al mismo tiempo, pudiera ser una forma de interpretar parte de los conflictos matrimoniales.

En esa sublimación del amor puede encontrarse, como en tantos otros aspectos de la vida social, un origen religioso. Incluso una Iglesia como la católica, que presenta esa truculenta animadversión a las relaciones sexuales, tiene que mistificarlas en el matrimonio, como la unión en una «sola carne», aunque siempre acotando el acto sexual. «Si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal (sic) apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne», dice el Derecho Canónico, cuando se refiere al matrimonio.

En España, el único matrimonio posible para los bautizados (que éramos todos, casi sin excepción) hasta la Constitución de 1978, fue el matrimonio religioso, católico se entiende. El matrimonio civil, que se regula en el Código Civil, no se mete por supuesto en esas zarandajas del «acto sexual humano que nos convierte en una sola carne», pero mantiene la esencia del conjunto de obligaciones contractuales que también recogía el religioso. Permite, cuando no alienta, la consolidación de la mistificación del «amor fusión».

La institucionalización del amor-absoluto, 2 en 1, es contraria a la naturaleza del ser humano y fuente, casi podría decirse que objetiva, de frustración. El absoluto implica la mutilación de uno mismo, que se define como la mitad de «algo» que resulta que solo puede ser el otro. Difícil de lograr y en el fondo, si se piensa, difícil de aceptar.

No quiero en absoluto decir que no haya seres humanos que se consideren a sí mismos, y entre sí, como complementarios e inseparables.

Pero eso, sentirse complementarios o inseparables, no es nada más que una opción, yo diría una posibilidad, poco frecuente y arriesgada, respecto al sentimiento, mucho más diverso y amplio, que es el amor. Me consta que hay parejas que viven en este sentimiento de unión absoluta. Es una opción arriesgada pero sin duda posible. Sin embargo, estoy convencida de que hay tantas y diferentes maneras de amor como personas. Dentro de esa diversidad, estoy segura de que quienes comparten aquella forma de amor gozan conjuntamente con mucha felicidad. Lo que me parece que no puede aceptarse, ni como generalidad (de lo que existe) ni como la forma en que debiera ser (por imposibilidad frustrante de alcanzarlo) es ese modo de amor absoluto, castrante de la individualidad. En modo alguno puede aceptarse como modelo único, que sin duda está en la base de tanta frustración y desintegración de parejas.

Por las parejas de dos naranjas felices

Aunque hoy día está ya previsto en el la Ley del Registro Civil donde se regula la forma en la que se celebran los matrimonios, que pueda haber otros que casen, hasta hace poco solamente éramos los jueces de primera instancia quienes podíamos celebrar los matrimonios. Por eso, he tenido la ocasión de oficiar en algunas ceremonias. Casi siempre han sido miembros de familia o amigos que me lo han pedido. Es habitual que los jueces encargados del registro civil dejen, a petición de los interesados, dirigir el matrimonio a cualquier juez.

El Código Civil, en donde se describe cómo se debe celebrar el matrimonio, dice que para darlo por válido basta que el juez lea las obligaciones que contrae cada uno de los cónyuges y que les pida y recoja su consentimiento. Como ese mínimo resulta tan frío y burocrático, es habitual que el juez que casa haga un pequeño discurso.

Casé hace unos años a un matrimonio en el que el novio, hasta hacía poco, había sido fraile. Había conocido a su novia y se había enamorado totalmente de ella. En el acto del matrimonio, les leí la preciosa poesía que normalmente utilizaba en esos actos. Es la del poeta egipcio Kalil Gibran sobre el matrimonio, que tiene versos tan bonitos como estos:

«Amaos uno a otro, más no hagáis del amor una prisión.

Cantad y bailad juntos, alegraos, pero que cada uno de vosotros conserve la soledad, para retirarse a ella a veces.

Hasta las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música.

Ofreced vuestro corazón, pero no para que se adueñen de él.

Porque sólo la mano de la vida puede contener vuestros corazones.

Y permaneced juntos, más no demasiado juntos:

Porque los pilares sostienen el templo, pero están separados.

Y ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro.»

En otros casos, lo tenía ya comprobado, a los contrayentes les gustaba el enfoque que los versos encerraban. Sin embargo, tuve la impresión de que en este caso no había transmitido el mensaje que ellos esperaban. Probablemente, estaban viviendo la maravillosa inicial explosión del amor. Nunca hablamos después de eso. Me hubiera gustado saber qué pensaron entonces de esos versos. Sería quizás también interesante conocer que es lo que piensan ahora, cuando han pasado ya unos cuantos años.

El concepto absoluto del amor ni puede ser el único ni en menor medida el único que se considere «verdadero» modelo de amor. El amor es ese sentimiento que todos necesitamos. Es ciertamente maravilloso, produce dulzura y felicidad, pero hay que reconocer, sin el mínimo desdoro para el amor mismo, que es diverso, variado, complejo y, desde luego, distinto entre unos y otros. Probablemente, insisto, hay tantas formas de amar como tantas formas de ser. No se puede por tanto pretender que, de forma genérica y determinista, sea la del amor absoluto la manera única del « buen amor».

¿El amor absoluto como modelo único?

Sin embargo, y aunque pareciera razonable que admitiéramos socialmente esa diversidad, vivimos una especie de modelo único, encasillado, de institucionalizar el amor. Esta concepción es un constante semillero de conflictos, por lo antinatural e imposible que resulta en la práctica.

Así parece que el amor está encerrado en una especie de absoluto que implica total entrega y fidelidad, para dar cabida a ese convertirse en una «única carne», que dicen los cánones eclesiásticos.

La falta de cuestionamiento de estos absolutos no solo llega a hacer muy infeliz a unos y otros. Impide también, en muchas ocasiones, el tranquilo proceso de transformación del amor pasión al amor convivencia.

Iciar Bollaín, en su película Matahari, afronta muy bien la contradicción que se le presenta a la protagonista entre lo que parece que debe hacer y lo que siente. Ella descubre que su marido no le ha hablado de una relación anterior de la que tiene otro hijo. Ante esa ausencia de lealtad, piensa que debe separarse de inmediato. Se ha roto la lealtad y la mujer se ve obligada a hablar de separación. Pero, en el fondo, ni ella ni él quieren la separación.

Están bien juntos y ambos se plantean si les merece la pena separarse. Él apunta entonces hasta qué punto, en la pareja, hay obligación de contarse todo y decirse la verdad siempre.

¿Qué son la lealtad y la fidelidad? desde la perspectiva de la unión de dos individualidades propias y distintas. Nadie nos lo ha dicho. Partimos de un mito, el de las dos medias naranjas y, en el fondo, de una concepción eclesiástica, que pretende convertir en una sola carne a quien realiza un acto sexual humano.

Tenemos que inventar, todos y cada uno, cómo llenar de contenido nuestras uniones y nuestra institucionalización del amor. Tendremos que tener en cuenta que no hay modelo, que tenemos que crear nuestra propia concepción, sin dejarnos llevar por todo ese arsenal de tópicos.

Contra la tradición, ¿exigir aún más fidelidad?

Es importante recalcar que la reivindicación del modelo absoluto de entrega es probablemente, en este momento, más una exigencia de las mujeres que de los hombres.

Quizás resulte lógico. La exigencia de la fidelidad masculina tiene que ver con la igualdad lograda por las mujeres en la pareja. Conviene recordar que hasta 1977 el adulterio era un delito en el Código Penal pero que tenía unas características muchísimo más graves para las mujeres que para los hombres. El hombre solo lo cometía si la relación que mantenía con la persona ajena a su mujer era pública y notoria, mientras que la mujer lo cometía por el solo hecho de mantener una relación sexual con cualquier otra persona que no fuera su marido.

Aquello naturalmente era un escándalo y una genuina expresión de la situación de desigualdad en la que estábamos las mujeres. No obstante, aunque la historia reciente pueda hacer comprensible la exigencia e incluso la aceptación del amor absoluto en el ideario femenino, ni es positiva para la felicidad como receta, ni en menor medida lo es para evitar tensiones y conflictos. Lo que hace es que sean las mujeres las que consideren que cualquier infidelidad, o falta de lealtad, merece reproche, castigo y debe llevar a la ruptura.

Hay una película americana en la que la mujer descubre que su marido ha tenido un escarceo con su secretaria. La mujer, al conocerlo, coge a sus niños y se marcha inmediatamente de casa con el propósito de presentar a continuación una demanda de divorcio contra su marido. Antes de presentar la demanda habla con su abuela, quien le aconseja que de entrada, y antes de pasar a mayores en términos jurídicos, se vengue de él. Le aconseja que le dé una especie de brebaje de yerbas que le van a producir unos enormes dolores de estómago. La protagonista de la película se hace con las hierbas y medio envenena a su marido, a quien finalmente, en urgencias y tras el necesario lavado de estómago, perdona. Todo ello está presentado de forma jocosa y en el marco de una comedia. Lo puede ser en la medida que el «infiel» es el marido y quien inflinge el castigo es la mujer.

La violencia no se corrige con violencia

Resultaría razonable pararse a pensar qué significa todo esto. Si aplicar «castigos», aunque sean naturales como las malas hierbas, no significa también agresividad aunque se la bautiza de «castigo merecido». ¿Qué hubiera pasado si los roles de los protagonistas de la película estuvieran invertidos… si hubiera sido el marido quien hubiera casi envenenado a la mujer? Esa supuesta película «inversa» nunca se hubiera hecho.

Hay también otra película, está muy reciente, interesante en este mismo sentido. Es la película chilena Gloria. Ella, divorciada hace tiempo, cuando se entera de que su amante, con el que acaba de iniciar una apasionada relación, sigue prestando asiduos servicios a su exesposa, no solo rompe inmediatamente con él sino que le espera a la salida de la casa de esta y le dispara con una pistola de pintura, de las que se usan en los juegos de guerra, masculinos. Todo son símbolos. No pasa nada, la pistola no mata. Lo que sí muere es una relación, en principio divertida, que apunta a prolongarse entre dos adultos maduros, hasta ese momento solos, que se rompe ante la supuesta infidelidad, que no es, tal y como la propia película lo presenta, más que una insuficiente dedicación del hombre ante la concepción absoluta y totalmente excluyente, por parte de la mujer.

Crece entonces una cierta actitud revanchista, en esa exigencia de extraños absolutos Se comprende quizás como respuesta por así decir «histórica», pero sin duda con ello no se va a conseguir erradicar, no siquiera reducir la violencia de género.

Amnistía Internacional presentó el año pasado un informe muy detallado en el que destaca que hay una creciente violencia de género entre los jóvenes e incluso adolescentes ¿Les estamos dando a los chicos y chicas un modelo correcto del amor en libertad? Resulta obligado ver las series que arrasan entre los adolescentes, sus revistas y foros. Me da la impresión de que el 90% del material comunicativo que consumen gira en torno las concepciones más tradicionales del amor absoluto. Gran parte de la intriga, e incluso de la mera trama, reside precisamente en todo ese barullo de infidelidades, amores, rupturas, desamores y todo eso.

Pienso que el el matrimonio actual, con la pareja concebida unívocamente como expresión del amor absoluto, puede ser caldo de cultivo de conflictos entre las parejas. Ello no puede en modo alguno responsabilizar a esa concepción de los actos reales de violencia, ni antes ni durante ni después de los conflictos que se crean. La violencia, como dije antes, es inaceptable siempre. Nos debemos parar a reflexionar en todo caso sobre la forma de evitarla, incidiendo mucho en detectar sus detonantes yen sus caldos de cultivo.

Sucede que precisamente cuando estudiamos los motivos por los que se producen actos violentos, apreciamos que, en muchas ocasiones la violencia surge precisamente por la imposibilidad de aceptar la frustración. Frustración de no poder alcanzar, o pensar que se ha roto un modelo imposible.

La violencia responde, en un gran número de casos, a actos de ira que quien los sufre no es capaz de frenar. Por eso resulta trascendente señalar bien el conflicto, y a continuación generar una gran batería de formación para que el sufrimiento, las frustraciones, e incluso la rabia producida por estas, no acaben en ira.

Queramos o no, aunque incluso renunciemos a ello, nadie somos «media naranja» sino una naranja entera y como ya apunté antes, armonizar nuestras respectivas individualidades en la pareja es muy difícil. De ahí que resulte tan importante que institucionalicemos nuevas formas de relación en la pareja, a la vez que formamos incansablemente a la sociedad en la cultura de la no violencia, cultura que es sobre todo femenina.

V

LA INNOVACIÓN Y LA VEJEZ

«TUVE QUE DESJUBILARME»

Después de jubilarme anticipadamente como magistrada, en 2010, estuve trabajando, en el curso 2011-2012 como asesora del Gobierno Vasco. Es uno de los pocos casos, supongo, de «desjubilación». Me alcanzó esta crisis económica que no esperábamos y de la que sabemos tan poco. Cuando pedí la jubilación voluntaria de mi cargo de magistrada sabía que iba a cobrar menos de la mitad de lo que cobraba en activo. En principio me parecía asumible. Contaba con ahorros y pensaba que podía disminuir los gastos. De pronto, mis ahorros adelgazaron como si estuvieran sometidos a un feroz régimen de proteínas. A mi familia le alcanzó de lleno la crisis y los gastos aumentaron de forma imprevista. Se me presentó la ocasión y decidí volver a trabajar.

Me había jubilado para tener más tiempo. Desde el mismo día que comencé a trabajar de juez la profesión me enganchó. El juez es un espectador del conflicto humano, de los conflictos de las personas, por eso si el ser humano te interesa como tal y te inspira curiosidad, empatía y compasión, la profesión de juez resulta apasionante.

Sin embargo, por una fatalidad difícil pese a todo de comprender, la organización de la judicatura es tan caótica que si quieres vivirla como lo que debe ser te impide llevar una vida normalizada. No deja apenas tiempo para otra cosa que no sea el trabajo judicial. Por eso pedí mi retirada anticipada. Aliviada del peso de la judicatura, acometí varios proyectos, sobre los que llevaba años pensando.

Apenas habían pasado cuatro meses desde la jubilación cuando empecé a hablar, y preparar, el nuevo trabajo. No quise dejar abandonados del todo los proyectos que ya había iniciado. Traté entonces de compatibilizarlos. De nuevo más trabajo del que podía hacer. Era volver a empezar, ¡pero con 67 años!

Se me tienden a olvidar los años, aunque estoy desconcertada.

¿Qué significa la vejez? ¿Cuándo se es «viejo»?

Mira: una abuela en bici

Trabajé en la ciudad de Vitoria un curso completo, 2011-2012. No como juez, pues la jubilación en la judicatura es irreversible, sino como asesora de derechos humanos. Ya lo había hecho ocasionalmente en Madrid, pero por primera vez, a lo largo de toda mi vida podía, de forma cotidiana, ir a trabajar y volver en bicicleta. Aunque en el trabajo –en el edificio del Lakua, del Gobierno Vasco– no hay demasiada gente que utilice todos los días la bici, sí que me encontraba en las idas y venidas con gente como yo que usaba la bici para ir a trabajar. La diferencia era que normalmente era gente joven.

Un día, me crucé con una niña pequeñita. Me miró sorprendida y le salió del alma decir a su hermano en voz tan alta, como para oírlo yo, « ¡Mira, mira una abuela en bici!».

Sí, la verdad es que no es habitual que las personas mayores, y en menor medida mujeres, vayan habitualmente en bicicleta. Ni siquiera en Vitoria, que es una ciudad en la que es un verdadero placer pedalear.

Y si no es habitual que las personas mayores vayan en bicicleta, desde luego muchísimo menos es que un cargo político, asesora del Gobierno como era yo, fuera en bicicleta de un sitio a otro. En fin, que también allí, y con 67 años cumplidos, resulta que innové.

A las personas con quien trabajaba les propuse que el propio Gobierno utilizara, para las frecuentes salidas que hacíamos al centro de la ciudad, bicicletas en lugar de coches. Las oficinas del Lakua están algo apartadas del centro de la ciudad. Vitoria es una ciudad excelente para ir en bici. Entrar en el centro con coche, además de complicado, es muy caro. Casi todo el centro es peatonal. Hay muy pocos sitios para aparcar y es casi obligado meter el coche en los aparcamientos, lo que cuesta casi como si se hubiera ido en taxi. No, no gustó mi idea. Supongo que pareció rara y extravagante.

No, no hemos conseguido que la cultura de los responsables políticos responda a las pautas de los ciudadanos normales y corrientes. Supongo que por eso resulta poco habitual aquí que los cargos políticos vayan tranquilamente andando por la calle o en bicicleta; tampoco en transporte público.

Recuerdo que cuando estuve en Noruega como relatora de Naciones Unidas, nos desplazábamos junto con las autoridades en transporte público. Para ellos, una sociedad intrínsecamente austera, resultaba lo normal. Tienen otras prioridades que los coches oficiales. Así han sabido utilizar sus recursos petrolíferos para mejorar la cobertura social de sus gentes. ¡Qué contraste con los países africanos!

En cuanto a lo chocante, a lo de la bicicleta, se añade que quien lo hace no solo sea un cargo político sino que, además, sea alguien mayor, y para colmo ¡una mujer!

¿Seguir siendo útiles?

La verdad es que resulta raro aceptar la vejez como un estado, como una situación, cuando como todo el mundo sabe, ello depende de uno mismo. Uno se siente o no se siente viejo. Pero la lectura social es otra: uno es viejo, así es.

Aunque sabemos que creciente, es muy posible que el fenómeno de la vejez sea algo todavía esencialmente nuevo. Y lo digo en relación a nuestras sociedades avanzadas, la europea e incluso la norteamericana. Pareciera que careciéramos aún de una cultura propia.

En España, estamos viviendo, por primera vez de forma genérica, un nuevo periodo de vida; el de los mayores más o menos jubilados. Ha dejado de ser algo excepcional, minoritario y por así decir «residual», como fue antaño. Los mayores son un grupo que continuamente crece y no solo por el objetivo envejecimiento relativo de la población. A ampliarlo contribuyen las prejubilaciones forzadas y las anticipadas voluntarias, la mayoría de las veces en bastante buen estado de salud.

Somos entonces un amplio colectivo social con tiempo y con un cierto bienestar económico, algo cuyo valor se acrecienta en estos tiempos al tener una pensión asegurada. Con cincuenta y tantos, o incluso sesenta y tantos, somos absolutamente aptos para hacer un sinfín de cosas. Hay diferencias sin duda, en general en relación inversa a la dureza del trabajo realizado en el periodo activo. En cualquier caso, me parece que estamos en condiciones de hacer muchas más cosas que los viajes compulsivos del Imserso o las manualidades estereotipadas, de estilo escolar, que se nos recomiendan para «entretenernos».

Pero esta nueva época, esto que era la tercera edad y que los estadounidenses parece que empiezan a acotar al diferenciarla de la siguiente y última «cuarta edad», nos pilla sin preparar. Solo hace unos años, era todavía aquí inimaginable. Lo sigue siendo en tantos otros países en el mundo, que tienen un pobre nivel de desarrollo.

Cuando estuve en Kinshasa me sorprendió mucho no encontrar viejos. En cierto sentido y con mis sesenta y siete años me sentía como si estuviera ocupando en la vida un lugar que correspondía a otros. En países como la República Democrática del Congo, en donde la media de vida está en torno a los cuarenta años y donde todos los días sabes de gente joven que ha muerto por simples enfermedades, accidentes evitables y violencia gratuita, se te genera una extraña sensación de estar de sobra.

Me gustó muchísimo la película inglesa El exótico hotel de Marigold. Basada en la novela These Foolish Things, de Deborah Moggach[11] aborda cómo unos jubilados, que no tienen nada que hacer en la desarrollada Inglaterra, pueden ser extraordinariamente útiles en la India, donde su experiencia se valora hasta el punto de asesorar en comunicación a una empresa de telefonía móvil. Los viejos eran ingleses, sin «sitio» en su país, donde en cierta medida sobraban. Ingleses sin mucho dinero que iban a disfrutar sus jubilaciones a la India donde todo era más barato y donde no había indios viejos.

Y allí encontraban su sitio. Allí eran útiles.

Quizás cabría preguntarse si tuvieron ese «sitio» en su país de origen. Si así hubiera sido, volverían a encontrarlo. En el extremo, si no lo habían tenido, por fin lo encontraban.

Hay que pensar despacio en quiénes y cómo somos los mayores de ahora y en el papel «útil», por no emplear el de «activo», que podríamos desempeñar en la sociedad. En tantos casos, habría que rebasar o al menos complementar las rígidas limitaciones de la jubilación. Anticipada o no, se podrían acometer un sinfín de «actividades» útiles socialmente, más allá del entretenimiento y que, además, podrían aportar éste, si es lo que la persona busca.

Dejar de trabajar, ¿siempre un objetivo?

De entrada hay una gran diferencia entre jóvenes y viejos que curiosamente en estos tiempos de crisis resulta un lujo. Los viejos nos podemos jubilar. Con sus más y sus menos, y aunque ahora parecen estar en peligro, las legislaciones europeas permiten que los viejos nos podamos jubilar en torno a los 60 años. Jubilarse significa, nada menos (ni nada más) que cobrar sin trabajar. No sé cómo valora la mayor parte de la gente eso de cobrar sin trabajar. Qué duda cabe que, para mucha gente, si no la mayoría, ir a trabajar es algo malo. O por lo menos, eso es lo que se dice. No obstante, resulta también que todos, después de unos cuantos días de descanso, echamos de menos la actividad laboral.

Eso que, en líneas generales, se puede decir que siempre fue así ahora ya no es tan claro. El trabajo se ha convertido esencialmente en algo difícil y escaso por lo que, aunque nos sigamos quejando de tener que ir a trabajar, añadimos enseguida eso de: «Bueno, y que no falte».

Por la actividad enriquecedora, contra los 3 jinetes del Apocalipsis: jefes despóticos, trabajo extenuante, entorno laboral hostil

Hay que distinguir, por supuesto, entre el trabajo, tantas veces penoso, como fuente de ingresos, y el trabajo como actividad enriquecedora. Ahí es donde está la cuestión. La actividad es esencial para el ser humano. Trabajar nos relaciona con los otros y el propio dinamismo de nuestra actividad nos produce placer, pues el ser humano es un ser social y en principio dinámico. Sin embargo, para que la actividad laboral nos dé placer es preciso que se desarrolle en un marco de libertad que nos proporcione al menos una cierta autonomía en los cometidos laborales, y, en cuanto al entorno, formar parte de un equipo humano cálido y acogedor o que al menos no sea embrutecedor.

Estudios sobre lo que las personas desean encontrar en los trabajos coinciden cada vez más en que lo que lo que se busca, incluso por encima de un mayor salario, es un mayor índice de satisfacción con el trabajo en sí mismo. Todos soportamos mal a unos jefes déspotas, vernos obligados a realizar una actividad agotadora, tanto física como psicológicamente, o tener que convivir en un contexto laboral hostil.

El hecho constatado de que en tantas ocasiones el trabajo sea efectivamente la maldición bíblica no quiere decir en absoluto que esto tenga que ser siempre así.

Desgraciadamente, por toda una serie de razones, hoy por hoy, en la mayor parte de los casos, a la gente no le gusta ir a trabajar. Quizás el porcentaje de desafectos esté incluso aumentando ahora, con la reducción de salarios y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, aunque la incidencia de estos nuevos factores pueda estar siendo compensada por el miedo a perder el puesto mismo de trabajo, en un panorama de creciente paro.

Ese marco de rechazo del trabajo es el que explica que se tienda a valorar de forma positiva, cuando no a añorar, la jubilación. Todo eso de que la palabra indica por sí misma satisfacción resulta fundamentalmente un tópico, que también en este caso no hace más que dificultar un acertado diagnóstico social.

Mantener actividades laborales en las que se hayan eliminado esos tres jinetes del Apocalipsis a los que me acabo de referir antes (jefes dictadores, actividades extenuantes, y contexto laboral hostil) debería ser el verdadero objetivo colectivo en la actividad laboral y, por supuesto, superada esta, el de la «actividad» a desarrollar en la jubilación.

Más allá de «entretenerse»: ¡qué limitado panorama dibuja el entretenimiento como objetivo!

Esto no es así y de nuevo el tópico impera. El jubilado resulta envidiable simplemente porque no trabaja, porque está ocioso. Y si hace algo, se tiende a considerar como un mero pasatiempo.

Hace unos días me encontré a un conocido mayor que yo, también jubilado. Le conté algo de lo que estaba haciendo (no sé qué hubiera dicho si le hubiera confesado la agenda de planes y proyectos que tengo en la cabeza) En el fondo, sin apenas escucharme, me contestó: «Qué bien, así te entretienes.»

Pero, ¿en qué quedamos? ¿La ociosidad, es en sí misma enriquecedora, o necesitamos sustituir la actividad que ni tenemos, ni podemos tener, con otra, «falsa actividad», que nos entretenga?

No le contesté. No hubiera valido la pena darle explicaciones. Pero me quedé con un poco de coraje interno. No, en modo alguno yo necesitaba entretenerme. Lo que hago es trabajo-actividad, que puede ser apasionante. Nunca he tenido problema ninguno de aburrimiento. Es decir, puedo asegurar, creo, que nunca me he aburrido. Cuando mis hijos eran pequeños y me decían que se aburrían, les contestaba que si se aburrían es que ellos eran los aburridos. Intentaba trasmitirles la idea de que nos tenemos que divertir con nosotros mismos, que dentro de nosotros mismos hay infinidad de resortes que nos tienen que hacer pasarlo muy bien.

De pronto me acuerdo de que, cuando era pequeña, en los largos recorridos que tenía que hacer en tranvía desde el colegio a casa, me entretenía yo sola con una serie de historias que iba inventando de forma sucesiva. Eran como capítulos de una serie que yo misma hilvanaba.

¡Vaya desperdicio! Placer, sobre la base de la utilidad

Tanto socialmente, considerándonos en conjunto, como personalmente, considerándonos uno a uno, en nuestro potencial enriquecimiento personal, es un despilfarro extraordinario pensar que la única actividad que podemos hacer los viejos es la de mero entretenimiento.

Cada vez más se acuñan nuevas ideas para las generaciones de mayores. Se habla ahora de la cuarta edad. La tercera edad se situaría entonces desde los 60 más o menos hasta los 84 y a partir de ahí nos encontraríamos con la cuarta edad. Me espantan sin embargo las actividades que acostumbran a ofrecerse de turismo para la tercera edad y en los centros de mayores, para realizar solo entre ellos, aislados de los demás.

Supongo que si se hacen estas actividades será porque se demandan. No obstante, me caben dudas sobre si no resulta una demanda inducida, ante la ausencia de otras alternativas. Pareciera que ni siquiera se ha pensado en que fuera posible ofrecer a los viejos actividades laborales de verdad, es decir «útiles». Actividades que pudiéramos definir, y establecer mediante un régimen «laboral» especial, seguramente a tiempo parcial (que por otras razones tanto se lleva ahora), buscando las que puedan esencialmente dar placer.

Hace unos días, en la radio, de la que sigo siendo adicta, un colega mayor explicaba cómo le satisfacía el trabajo (parecía auténtico trabajo) que desarrollaba como voluntario en un banco de alimentos. Por su anterior experiencia laboral, se ocupaba, creí entender, de la logística, del control de llegadas y salidas de los alimentos. Se mostraba encantado, se sentía verdaderamente útil y, por los comentarios de sus compañeros, parecía que realmente lo era. Pedía los turnos de los fines de semana, más difíciles para los voluntarios «activos». No sé en cuántos casos podrían encontrarse actividades de los mayores, igualmente satisfactorias. Es cierto, pero ¿no sería un claro objetivo tratar de buscarlas y ofrecerlas, incentivando su desarrollo?

Volvía una mañana de entrevistarme con uno de los jóvenes abogados que asesoran a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) Es, o a mi me lo parece, extraordinariamente joven, con cara risueña, ojos con brillo y una sonrisa acogedora. Me hizo pensar en cómo éramos nosotros a esa edad cuando éramos abogados militantes contra la dictadura, inventando la nueva profesión de abogados laboralistas. Más allá de lo que pudiera ser nostalgia, ¿ por qué no?, me gustaba sentirme todavía útil, compartiendo con ellos estrategias, opinando, participando en sus asambleas.

Vi también en el metro un texto de la interesante campaña pública «Libros a la Calle». Era un texto de Josefina Aldecoa, de su libro Historia de una maestra[12]. El texto recogido se refiere al placer que le había proporcionado su trabajo. Es más, enmarcado en los tristes momentos de la posguerra española, escribe lo siguiente: «Por entonces ya empezaba a sentir esa profunda e incomparable plenitud que produce la entrega al propio oficio. Era consciente de que podía llenar mi vida solo con mi escuela». Y, en retrospectiva, cabría ahora añadir, faltaban tantas cosas y tantas otras estaban prohibidas, que su escuela, su oficio, aumentaba de valor.

Sí, sin duda, comparto la idea de que el trabajo puede dar placer. Probablemente ahí está la clave en lo que respecta a lo que ahora estamos. Hay que reclamar que a los jubilados se nos permita, y facilite, poder desarrollar actividades que nos produzcan placer. Y para ello creo que es crucial que se trate de actividades útiles, cuya utilidad no solo sea para nosotros (leída como entretenimiento), sino también para los demás y para la sociedad. Sobre todo en estos momentos, en el que vivimos esta terrible crisis, que se expresa en clave de constante injusticia, no cabe desperdiciar, y menos rechazar, la potencial aportación de los mayores.

No hablo solo de «echar manos», desde un sentimiento de solidaridad o como expresión de la caridad, en la aproximación cristiana. Sin duda, bienvenidas sean todas las manos. Sin excluirlas, planteo algo más, hacer cosas en una aproximación propiamente de trabajo, comprometida con los destinatarios, pero sobre todo con este, es decir, con la actividad misma, abordada con toda seriedad, más allá del entretenimiento.

La empresa: parece que no hay otra salida. Los empresarios sociales

Hace más de un año tomé la decisión de constituir una sociedad limitada, «Yayos Emprendedores S.L». Esta fue la consecuencia de constatar que, por el hecho de estar jubilada y de forma incomprensible, se me cerraban prácticamente todas las posibilidades de trabajar, salvo que volviera a tomar la decisión de suspender de nuevo la jubilación, para volver a estar en activo como tal.

Busqué para mi sociedad un nombre en el que forzosamente apareciera el término «emprendedores» ligado, también, a los mayores. Ya sé que es un término de moda, con todo lo que suele encerrar de banalidad. Se esgrime por unos como necesidad en una nueva economía, y se rechaza por otros, en tanto hueca expresión de marketing con escaso alcance real. Escogí en todo caso el término emprendedores porque también incluye, y quiero especialmente reivindicarlo, el emprendimiento social.

El emprendimiento social significa poner en marcha nuevas organizaciones, diseñar actividades, algunas ya conocidas otras no tanto y, en su caso crear empresas, de manera instrumental. No como objetivo en sí mismo, para obtener beneficios, sino como soporte de esas actividades. Ya sé que a los ortodoxos de la economía esto les puede parecer una aberración. Sobre todo a los que piensan que, si no se hacen las cosas para machacar al contrario (la feroz competencia) y aumentar beneficios, nada es posible. Sin embargo, ahí está, mal que les pese a algunos, la economía social. Todo sin ánimo de lucro y con el único propósito de aportar beneficio social. Es posible, está constatado.

Quería transmitir la idea de que los abuelos, los viejos, tenemos una enorme capacidad de emprender, de idear y de inventar. Un lúcido joven economista de Comisiones Obreras me dijo: «Me gusta mucho que en tu sociedad hayas incluido la palabra Yayos, pero no que añadas el calificativo de emprendedores. Estoy en contra del emprendimiento. Desde el Gobierno del Partido Popular nos están tomando el pelo. No hacen más que repetir y repetir que todos tenemos que crearnos nuestros propios puestos de trabajo, para declinar su obligación de crearlos».

No estoy de acuerdo, le dije. «Por supuesto que te doy toda la razón en la deleznable propaganda que se hace desde el Gobierno pero es necesario que la izquierda sea, también en esto, autocrítica».

La iniciativa es una cualidad extraordinaria del ser humano y no cabe duda de que, precisamente gracias a que ha habido hombres y mujeres que han tenido gran capacidad de iniciativa, el mundo ha avanzado. Piensa, añadí, en la cantidad de actividades e iniciativas individuales que luego, y solo unos años más tarde, tuvieron enorme trascendencia. Por ejemplo, ¿Qué me dices de la Institución Libre de Enseñanza? Fue una iniciativa privada que sembró la semilla del progreso de la educación en nuestro país durante más de un siglo y que, aún hoy, resulta atractiva e innovadora. Y de la Cruz Roja, ¿qué me dices de esa iniciativa de Henri Dunant, que fundó a mediados del siglo XIX y que ha acabado siendo, hoy, el único reducto humanitario, junto a su homónima la Media Luna Roja, admitido por todo el mundo? La clave, continué, para quienes nos preocupan los derechos de las grandes mayorías y lograr cada vez mayores cotas de igualdad, es precisamente el emprendimiento social. Crear, organizar y actuar, en beneficio de las mayorías. Crear para mejorar la vida de todos y cada uno. Crear para acabar con la pobreza y la desigualdad.

De una forma u otra, en nuestra sociedad, a los viejos se nos pide, o se espera de nosotros, que estemos callados. En todo caso, ni tenemos voz propia y, si se nos pidiera, que parece que no se nos pide, no nos atrevemos a levantarla. Aceptamos en cierta medida una marginación impuesta por la sociedad, que gira, incluso insultante y reductivamente, en torno a la juventud. Nos apartamos. Nos callamos como si simplemente pretendiéramos que nos dejaran tranquilos.

Pero todo esto, en mi opinión, es una terrible equivocación. Por definición, la vejez encierra un inmenso potencial, subjetivo y objetivo, de innovación y de capacidad de emprendimiento.

En las antiguas sociedades, los viejos estaban en la cúspide del poder. Ahora, la sociedad nos oculta y nosotros nos dejamos ocultar.

Los viejos de hoy acumulamos una extraordinaria experiencia. Cada uno la suya. Pero, máxime aquí, en España, como generación, fuimos los que acabamos con la dictadura franquista y constituimos el Estado social de derecho que, como quien dice, en términos históricos, disfrutamos hasta ayer. Esta experiencia nos permite, entre otras cosas, tener a nuestra espalda un tesoro de vivencias en un marco de libertad que posibilita la creación.

En estos momentos, en los que se vive un dramático recorte de los derechos sociales de las grandes mayorías y que se asiste al aumento constante de la injusticia, poder contar con la técnica y la experiencia de quienes conseguimos gran parte de esos derechos sociales, puede resultar objetivamente muy interesante.

Hay que aprovechar a los mayores: el reto resulta estimulante para nosotros, los mayores

Pero es que además los jubilados, inmersos en actividades placenteras y respondiendo a la preocupación por «lo público», estamos en una estupenda predisposición para que fluya, precisamente, el flujo de la invención social. Aportamos un marco adecuado para desarrollar la imaginación, la percepción, la sensibilidad, la inteligencia emocional, etc.

Los jubilados contamos con unas condiciones objetivas que sin duda facilitan ese proceso. Tenemos pensiones. Recibir ahora una cantidad asegurada, simplemente por ser pensionista, se convierte en algo trascendente. Ello adquiere mayor trascendencia en una sociedad en la que tanta gente no cobra nada, ni el subsidio de desempleo ni la ayuda al desempleo, ni nada.

Los mayores ni podemos ni debemos seguir haciendo el trabajo que hicimos cuando éramos más jóvenes. No tiene sentido seguir trabajando en la misma forma que lo hacíamos. La vejez no puede tener el mismo rendimiento cuantitativo que el de los que tienen veinte o treinta años menos. Con más de 60 años nos puede resultar difícil alcanzar esa productividad, cuya persecución puede desgastar tanto incluso las mentes más jóvenes.

Sin duda, habrá que reconocer que disminuyen algunas de nuestras capacidades. Salvo ahora, que a pesar de todo tienden a prejubilarlos, las grandes empresas suelen proteger a sus «seniors», para que les aporten lo propio de su edad y experiencia. ¿Por qué no socializar esa manera de rentabilizar las experiencias de los mayores?

La vejez tiende a producir una disminución de determinadas facultades, pero no de otras y desde luego no anula las vivencias ni la experiencia, tan aprovechables, si se saben aprovechar. Por eso es tan importante que la sociedad rentabilice ahora la inversión que ya hizo con nosotros. El dinero que percibimos con la pensión puede fructificarse volviendo a dar a la sociedad lo que solo nosotros podemos aportar.

Así, los jubilados tenemos muchas posibilidades para desarrollar la necesaria invención social. Lo único que no tenemos los viejos es futuro. Pero no importa, porque al no tener futuro quizás tenemos menos miedo a equivocarnos. Como el presidente «Pato Cojo»[13] en Estados Unidos, que en su último mandato es cuando puede profundizar a tope en sus convicciones, que tantas veces fueron precisamente la razón por la que fueron elegidos en primera instancia, y no pudieron aplicar en su primer mandato.

Los viejos emprendedores podemos ser como una especie de puente de todo el caudal de nuestras vivencias para los que ahora están comenzando sus propias vidas personales o sociales.

Supongo que es una manera muy singular de entender la tercera edad. Leía en las hojas naranjas del periódico El País de hace unos domingos que, a nivel general, empresarial, social y académico, el emprendimiento es la moda. Leí también un sinfín de programas de emprendimiento. En ninguno de ellos había referencia alguna a la capitalización de la experiencia de los viejos, ni tampoco, tristemente, había mención al emprendimiento social.

Por eso, si la innovación siempre es difícil. Inventar, innovar y hasta tener que innovar el emprendimiento social, cuando se es viejo no es fácil pero, lo aseguro, resulta excitante y muy, muy estimulante.

Notas

I. PROVOCAR EL DESEO DEL CAMBIO

[1] Península, 2002.

[2] Tusquets Editores, 2009.

[3] Alianza, 2012.

[4] Aguilar, 1987.

[5] Ediciones Giner, 1977.

[6] Crítica, 1989.

[7] Editorial Plata, 2010.

[8] Ediciones Cálamo, 2003.

[9] Antonio Machado Libros, 2008.

II. EL CAMBIO Y LA POLÍTICA

[10] Editorial Debate, 2013.

V. LA INNOVACIÓN Y LA VEJEZ

[11] El exótico hotel Marigold, La Esfera de los Libros, 2012.

[12] Anagrama, 2005.

[13] El exótico hotel Marigold, La Esfera de los Libros, 2012.