Tras escribir a las nuevas generaciones con su mensaje sobre la política y la importancia del compromiso en su libro A los que vienen, Manuela Carmena aboga ahora por dirigirse a cuantos se sienten cada vez más lejos de la política actual. En la era de la desafección, este libro es un elogio de la tolerancia como valor último de la democracia. A partir de su propia experiencia como abogada, política y alcaldesa, presenta una alternativa al sistema de partidos —de derechas y de izquierdas—, una política de la gente que rompa con el debate violento que domina hoy el escenario y que condene la mentira como línea infranqueable. Un manifiesto a favor de una nueva política —transversal, horizontal—, en la que el activismo forme parte de nuestro día a día y en la que el populismo, el griterío y los axiomas queden desterrados para siempre.

Con el estilo expositivo y directo que le es propio, Manuela Carmena ha encabezado ese vuelco radical en la gestión política de la capital de España y demuestra que es posible otra manera de gobernar.

Manuela Carmena

La joven política

Un alegato por la tolerancia y crítico con los partidos

ePub r1.0

Titivillus 19.06.2022

Título original: La joven política

Manuela Carmena, 2021

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prefacio

PREFACIO

Todo fue muy de repente.

A finales del mes de febrero de 2015 decidí sorpresivamente, incluso para mí, aceptar la propuesta que me había ofrecido la candidatura ciudadana de Ahora Madrid. A mediados de junio de ese año ya era alcaldesa de Madrid.

De pronto, sentí algo raro en mí: no me apetecía levantarme, coger el metro e ir al ayuntamiento. ¿Qué había hecho? Me sentía como Jaimito en ese antiguo chiste en el que le dice a su mamá que no quiere ir al colegio y ella le contesta que tiene que ir porque es el director del centro.

A pesar de mis lamentos, el lunes 15 de junio, al salir de casa para incorporarme por primera vez a mi despacho del ayuntamiento, me encontré a un fotógrafo que no paraba de hacerme fotografías. Era el mismo que me había abrumado saliendo del colegio electoral. En aquel momento había resultado hasta divertido. Lola, mi nieta, que me acompañó a votar, se había sentido entusiasmada de salir en las fotos. Y el mismo, ciertamente persistente, que había acudido a la puerta de mi casa el día después de las elecciones.

Pero aquella mañana me pareció terrible encontrármelo otra vez en la puerta de casa. ¿Era eso lo que me esperaba todos los días? Le dije algo así como: «Hombre, ¿cómo es que estás otra vez aquí? Si el otro día ya me hiciste un reportaje yendo desde casa al metro y luego en el vagón». Balbuceó algún tipo de disculpas, pero muy livianas. De hecho, aquel paparazzi no se excusaba. A él le parecía fundamental hacer esas fotografías e incluso añadió que, gracias a su desparpajo y audacia, conseguía colocar y vender esos reportajes.

No encontré ninguna razón para oponerme. Siempre he defendido con entusiasmo el ejercicio del periodismo. No es retórica: me parece imprescindible para que haya una verdadera libertad de expresión que los periodistas puedan tener libertad de acción y no poner trabas a su oficio. Otra cosa es lo que después de cuatro años aprendí y ahora sé.

Me parecía violento ir por la calle acompañada de un periodista que no paraba de hacerme fotos y tener que ir en metro en esas condiciones, pero, pese a todo, lo acepté. Simplemente les pedí que no hicieran fotografías en el vagón y, sobre todo, que no molestaran a la gente. Empleo el plural porque, además del periodista de las otras veces, se había incorporado otro nuevo. No me hicieron demasiado caso, pero trabajaron con una cierta tranquilidad.

Aun así, las personas con las que viajaba en metro me reconocieron. Algunos se acercaron y me dieron la enhorabuena. Los más lanzados me pidieron algunas fotografías, pero todo con bastante discreción. Todavía resultaba una sorpresa encontrarse a la alcaldesa de Madrid ahí al lado, en la calle, en el metro o en el autobús.

Transcurridos los primeros días como alcaldesa, cuando pensaba que ya no habría más fotógrafos en la puerta de casa, me encontré con uno nuevo, un chico muy joven y agradable que se disculpó y me pidió por favor que le permitiera hacer el reportaje. Le expliqué que me había encantado vivir unos días sin fotógrafos y que me parecía un poco exagerada su insistencia. A pesar de eso, me pidió que le dejara que me acompañara y que me fuera haciendo fotos. Lo necesitaba para un reportaje que había comprometido para una agencia de noticias francesa.

Mientras bajábamos por la calle más directa hacia la estación de metro de Arturo Soria, me sentía profundamente abrumada, puedo decir que desdichada. Sentí tristeza en otros muchos momentos en aquellos primeros días de alcaldía, pero aquella fue una de las primeras veces en las que me invadió esa sensación. No pude entonces evitar comentarle al periodista que me sentía como una niña que no quiere ir al colegio. Él me miró con una enorme sorpresa, quizás lamentando no poder retratar mis sentimientos.

También para él era un día triste y malo. Se acababa de separar de su mujer y estaba todavía bajo un fuerte impacto. Nos pusimos a hablar y olvidamos nuestros roles. De pronto, se abrió entre nosotros esa maravillosa vía de comunicación que surge entre dos personas sin saber por qué, esa conexión humana entre desconocidos. Le hablé de lo que sabía sobre el dolor del desamor, de la hecatombe emotiva que implica y de cómo intelectualizar el proceso controlándolo, gestionándolo con inteligencia. De repente, en el marco de un cálido verano, nos sentimos cercanos mientras cada uno cumplía con sus deberes: el suyo, fotografiarme sin parar, y el mío, caminar hasta el ayuntamiento demostrando que, pese a ser la máxima autoridad de la ciudad de Madrid, era posible ser una más.

Aquella conversación me ayudó a sentirme otra vez yo, y no solo alcaldesa. Sí, es verdad, en aquellos primeros días sentía peligrar mi yo. Cuando me despertaba tenía esa sensación de paraíso perdido, de haber cambiado mi vida de jubilada activa por un cargo estereotipado y tan rimbombante que me resultaba muy ajeno.

Han pasado varios años de aquellas emociones: ejercí de alcaldesa durante cuatro y ya llevo otros dos sin serlo. No por casualidad he empezado por señalar aquellos primeros momentos, pues tienen que ver con las reflexiones que recoge este libro sobre la forma en la que nosotros hacemos política, aquí, en nuestro país, y en este casi final del primer cuarto del siglo XXI. Sobre esa forma de hacer política aprendí en mis cuatro años de alcaldía y creo que nunca perderé la capacidad de sorpresa ante la falta de límites en esa actividad, sobre todo en el afán de destruir o impedir que se hagan cosas con la obsesión de lograr el poder o de mantenerlo.

Por eso, al empezar a redactar estas reflexiones, siento la necesidad de acreditar mi ajenidad a ese mundo político descarnado, casi de pedir disculpas. Siento algo del síndrome de la impostora, del que tanto se habla ahora en el feminismo. Ocupar cargos representativos e institucionales y diseñar y ejecutar políticas públicas —en síntesis, hacer política— es, según mi criterio, una actividad más, un trabajo de responsabilidad intenso y hermoso, pero nada más. De ahí que me haya sentido siempre tan alejada de esas terribles mitificaciones de los cargos políticos y que haya comprendido que sus extraños comportamientos los alejan de la ciudadanía.

Cada vez que se designa o elige democráticamente a alguna autoridad y la oigo afirmar «me voy a dejar la piel en este cargo», me dan unas ganas tremendas de decirle que no, por Dios, que no es necesario que nadie se deje la piel en ese oficio de la política. Basta con hacer nuestro trabajo bien, con toda nuestra capacidad, pero siempre conscientes de que si estamos donde estamos es para servir a los ciudadanos. Somos servidores públicos y si personalizamos las instituciones de gobierno, solo puede ser para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad, de nuestra comunidad o de nuestro país. Alardear del sacrificio que impone la política resulta insincero cuando parece que proporciona tanto placer haber alcanzado el éxito una vez los candidatos son nombrados. Además, ese supuesto sacrificio mitifica la política y tiende a aumentar la distancia entre los políticos y la ciudadanía.

Igual que me rechina eso de dejarse la piel, tampoco me gusta el lamento de los políticos cesantes que aprovechan el cambio de tercio para acordarse de una familia y unos hijos que pareciera que se han visto forzados a olvidar. Es evidente que los trabajos intensos que la vida nos ofrece nos obligan a conciliar la vida doméstica y la profesional. Las mujeres sabemos más que nadie de todo eso porque somos expertas en la extraordinaria aventura de las cotareas, de hacer dos cosas a la vez o de pensar simultáneamente en idear el futuro mientras gestionamos el presente.

Estoy segura de que la mayor parte de las mujeres que llegan a la política institucional se desdoblan lo que sea necesario para armonizar la vida pública y la doméstica. Es una pena que no se hable de ese esfuerzo con naturalidad, ya que ese hábito de cuidados que se vierte hacia lo doméstico podría potenciarse también en la actividad pública, una esfera en la que parece que los cuidados no hacen falta o incluso se consideran inadecuados. En todo caso, hablar abiertamente de la necesaria conciliación ayudaría a transformar la actual forma lamentable de hacer política.

La judicatura es, sin duda, un trabajo intenso y de gran trascendencia social. Como tantas otras mujeres jueces, lo compatibilicé con mi vida personal. Estoy segura de que mis hijos recuerdan con gran divertimento aquella etapa de nuestra vida familiar. Una vez nos pasamos la noche en blanco porque mi hija Eva y yo inventamos y confeccionamos un disfraz para mi hijo Manuel. Iba vestido de novio, con chaqueta negra y pajarita, y llevaba en brazos una novia de trapo casi de su altura que hicimos con medias, relleno y un vestido blanco con su tul y todo. ¡Fue un éxito! A la mañana siguiente tenía un juicio de interdicto y cuando llegué al juzgado y se lo comenté a los abogados y procuradores, me miraron y sonrieron, pero no supieron qué decir. Hoy sigue no solo chocando, sino molestando el encuentro de la vida doméstica en el mundo político y profesional porque se entiende como una irrupción innecesaria.

Cuando en 2000 nació Rómulo, mi primer nieto, le dije a mi hija que la iba a ayudar como me habían ayudado, y tanto, mi madre y mi suegra. Más tarde, me correspondía llevar a Rómulo al fútbol infantil, donde era un figura. Me encantaba ir con él en el coche, hablar y tener la oportunidad de mezclar mi vida con la de la generación de mis nietos. Como el trabajo en la Audiencia era realmente abrumador y el fútbol nunca me ha gustado, me llevaba algunas sentencias a los entrenos. Si hacía bueno, me sentaba en las gradas del campo y si no, me metía en el bar del club e iba preparando las sentencias para aprovechar el tiempo.

Insisto en que muchas mujeres que están en la política o en trabajos de intensidad tendrán experiencias parecidas a la mía. Por ejemplo, en una ocasión, mientras fui alcaldesa, vino a Madrid la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a ver un partido del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, su equipo. Estuvimos juntas en el palco pendientes del juego, pero también de otro problema. Ella no dejaba de utilizar el móvil compulsivamente. Los que nos miraban podían pensar que estaba ocupada con grandes conversaciones políticas, pero no. Tal y como me contó, su hijo adolescente había perdido las llaves y no podía entrar en casa. Por eso se llamaban una y otra vez para solucionarlo, pues el joven no encontraba ni a su padre ni a su hermana.

Esta visión poliédrica de la vida es la que me acompaña y me conforma. Desde esa perspectiva he analizado la forma de hacer política que viví en primera persona cuando acepté dirigir la candidatura ciudadana de Ahora Madrid. En mi tiempo en la alcaldía no tuve una visión positiva de la política; la percibí como una guerra absurda, con todos los atributos propios de la extrema confrontación militar, sin más objetivo que alcanzar el poder, quien no lo tiene, y de consolidarse en ese poder, el que lo tiene. Por eso, en este libro he necesitado transmitir cómo veo la política.

Hace unos días leí en El País un fantástico artículo del filósofo y expresidente del Senado Manuel Cruz. El título prometía: «¿Tiene lógica la política?»[1]. Cruz comenzaba preguntándose cuál sería la respuesta en una encuesta sobre la lógica que rige la actividad política. Y, a continuación, vaticinaba: «La gran mayoría respondería que para aquellos políticos que no lo tienen se trata de alcanzar el poder, y para los que ya lo disfrutan, se trata de mantenerlo». Coincido plenamente con él. Además, añadía: «Tal vez el único matiz que diferenciaría a un sector de los encuestados del resto sería que algunos de ellos —los que todavía no han perdido por completo el sentido de la política— consideran que la mencionada lógica es un medio para poder llevar a cabo determinadas transformaciones, mientras que, para el resto, mucho más experto, se entiende que constituye un fin en sí mismo».

Esa lógica parece responder a la valoración social de la actividad política y, a su vez, está justificada por el comportamiento de la clase política. Me identifico con aquellos ciudadanos que siguen pensando que el afán por llegar al poder puede estar motivado por el deseo de modificar la sociedad y hacerla más justa y mejor para todos. Me consta que existen políticos que persiguen ese fin. Sin embargo, a esas personas les resulta especialmente difícil lograr un propósito transformador en el marco de una guerra sin cuartel por acceder al poder político. En la esfera política, esto se traduce en intentar impedir por todos los medios y sin cuartel que los ingenuos que mantienen esas buenas pretensiones puedan llevarlas a cabo. Por esta razón, quisiera ayudar a cambiar la concepción de la política y convertirla en una actividad como otra cualquiera, una labor imaginativa, sencilla y útil para la sociedad.

1. Nosotros y los otros

1

NOSOTROS Y LOS OTROS

En 2017, el Partido Popular (PP) me reprochó no haber querido colgar una pancarta en el edificio principal de nuestro ayuntamiento en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el concejal de su partido asesinado por ETA hacía veinte años, el 13 de julio de 1997.

Les expliqué que no me parecía razonable utilizar la fachada del ayuntamiento como una pizarra que se llena de las diferentes efemérides a honrar o a recordar. No les convencí. Me reprochaban que, si era así, cómo es que había instalada desde hacía dos años una gran pancarta en esa fachada en la que se daba la bienvenida a los refugiados. Creo que es algo muy distinto. Tomar posición ante una cuestión universal como la de los refugiados tiene sentido, ya que muestra la sensibilidad de una institución ante el problema. Rememorar un hecho luctuoso como el asesinato de Blanco, ciertamente trágico pero, por desgracia, no aislado, obligaría a convertir la sede municipal en ese tablón en el que se recogen noticias o rememoraciones diarias.

Entendí que no lo aceptaran. Más allá de mi respuesta, que ni escucharon, supongo que les pareció un caso que podía resultarles rentable desde su estrategia electoral, un pretexto como tantos otros. Así, podían presentarnos al equipo municipal que dirigía Madrid como un grupo de izquierdas que, en maniqueo contraste, tenía sensibilidad ante la inmigración, pero carecía de ella hacia las víctimas del terrorismo.

Nada más lejos de la realidad. Como ya he manifestado en muchas ocasiones, las víctimas del terrorismo me conmueven profundamente. Recuerdo a la perfección la brutal ejecución de Miguel Ángel Blanco. Recuerdo también cómo, en aquella tensa tarde de verano, tuve la esperanza de que el Gobierno hubiera intentado negociar con los terroristas para salvar la vida de aquel joven concejal. Dicho esto, que tiene que ver con mis más íntimos recuerdos, siento y sentía también en 2017 —como todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento— una enorme empatía hacia Blanco.

Con la finalidad de aclarar nuestra postura y que no se mintiera sobre ella ni se desvirtuara, propusimos al PP y a los otros grupos municipales que se celebrara un acto en homenaje a aquel desdichado concejal y que tuviese lugar delante del ayuntamiento. Antes de comenzar el acto noté que el PP había convocado a personas del entorno de su militancia que, sin duda, pretendían boicotear la conmemoración. Había que salir al paso, no cabían discursos preparados. No comparto el gusto por esos papeles que un asistente coloca distraídamente en el pupitre del orador y, mucho menos, por esas detestables notas mecanografiadas o resumidas en un mensaje que se convierten en los argumentarios de los diferentes políticos. No sé qué hubiera dicho en aquella situación otro dirigente acostumbrado a leer sus discursos; había que improvisar.

Tomé el micrófono e intenté abrir el homenaje. No pudo ser. Un coro furioso y bien organizado comenzó a impedirme hablar gritando: «¡Vieja, vieja! ¡Roja, roja!». Muy serena, y aprovechando un intervalo en la cascada de insultos, comencé dando las gracias a los provocadores: «Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis venido a participar en este acto. Muchas gracias —insistí varias veces con énfasis y, dirigiéndome a ellos, personalicé los agradecimientos—, muchas gracias a los que estáis expresando vuestra protesta y vuestro disgusto. Os doy las gracias porque afortunadamente vivimos en democracia y tenéis todo vuestro derecho de expresaros y de criticarme. Bien es verdad que soy una persona mayor. Vosotros decís “vieja”. Quizás la forma en la que habéis utilizado el sustantivo ha sido poco cortés, pero, bueno, lo que cuenta es que sí, soy mayor, tengo muchos años. Lo que pasa es que gracias a eso he vivido lo que era una dictadura y, junto con tantos otros, fui de los que contribuimos a conseguir la democracia para España. Nos costó mucho y a alguno le costó la vida. Es precisamente la esencia de la democracia lo que me hace escucharos y respetaros. La democracia nos iguala a todos, unos y otros la componemos. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. La auténtica libertad de expresión es aquella que permite, en una sociedad, criticar a sus gobernantes. Y precisamente esas críticas son más importantes si parten de los otros, de los que no gobiernan».

Hablé con emoción pero con serenidad y los coros de insultos organizados enmudecieron, permitiendo que el acto continuara. Lo hice entonces, y me lo vuelvo a preguntar ahora, ¿por qué los provocadores enviados por el PP guardaron silencio?, ¿por qué me escucharon? No estoy nada segura, pero creo que les sorprendió mi respuesta y les desmontó la actuación que habían preparado en la que esperaban una confrontación. También quiero confiar en la fuerza que tienen las palabras cuando salen con convicción de uno mismo, y quizás por eso callaron.

En aquel entonces llevaba dos años de alcaldesa y la oposición ya me iba conociendo. Mi actitud tolerante y defensora de la democracia explicitada en otros actos no debía haber sorprendido a los concejales del PP. No obstante, con su profundo sectarismo, nunca la comprendieron y, por tanto, no pudieron preparar a sus huestes ante lo que se resistían a considerar como predecible.

No me cabe duda de que, tanto en mi expresión de entonces como en mi actual y cada vez mayor vinculación a la necesidad de cuidar la democracia, pesan mis experiencias juveniles en la lucha contra la dictadura del general Franco.

APRENDIENDO A SER DEMÓCRATAS

Los de mi generación, quienes nacimos entre los años cuarenta y los cincuenta y tantos, accedimos a la democracia con un entusiasmo y una pasión desbordantes y, además, con una formación importante y curiosa. Nos instruimos luchando contra la dictadura, lo que quizás pueda parecer paradójico.

Aunque, cuando llegamos a la universidad, éramos una generación muy despolitizada, pronto unos cuantos —que enseguida fuimos muchos— nos sentimos atraídos por la democracia, eso de lo que fuera se disfrutaba y de lo que nosotros carecíamos. Nos fascinaba ese mundo exterior que empezamos a conocer viajando por Europa y hasta algunos tuvieron la suerte de ser becados en los programas que mantenía Estados Unidos para extender su influencia en el mundo occidental. Eran países que nos atraían porque envidiábamos su democracia. Pero en el mundo universitario, como también sucedió en el sindical, hubo minorías politizadas que nos encargamos de predicar la democracia. Éramos los activistas quienes, con el dinamismo propio de las minorías, ejercíamos una gran influencia sobre la mayoría.

Hace unos meses el profesor de Economía Pública y del Bienestar y amigo Javier Ruiz-Castillo me decía que la minoría politizada en la universidad de aquellos años éramos, en su mayoría, comunistas y no demócratas. No estoy de acuerdo, aunque comprendo que lo dice porque la mayor parte de los estudiantes politizados de aquellos años estábamos, de una u otra forma, vinculados al Partido Comunista de España (PCE). Fue este partido el que, corriendo grandes riesgos y con habilidad, supo transmitir que era la única plataforma —como ahora se diría— que podía servir para enfrentarse a la dictadura y entusiasmar a muchos jóvenes. Pero según mi punto de vista, muchos de nosotros, y desde luego yo misma, éramos, sobre todo, antifranquistas y, por tanto, reclamantes de la democracia. Al rechazar la dictadura, nos comprometíamos con la democracia y le dábamos un papel esencial al progreso y a la lucha contra la desigualdad social.

Sin embargo, la enseñanza más importante para los activistas es que, en un contexto de despolitización generalizada buscada por el régimen, había que concienciar ante lo que este implicaba: la falta de libertades y la ausencia de una democracia que aparecía como un objetivo aún inalcanzable. Los activistas antifranquistas, el mínimo número de los militantes clandestinos y su entorno inmediato de líderes en potencia no afiliados tuvimos que aprender a convencer a la mayoría.

Además, la existencia del Sindicato Español Universitario (SEU) constituyó una base relevante para empezar a poner en práctica la democracia. Como éramos la privilegiada élite que, supuestamente, lideraría la continuidad del régimen, se nos permitía tener elecciones, lo que se presentaba como un sistema atractivo y útil porque se conseguía tomar decisiones.

Así, paradójicamente y todavía en plena dictadura, los estudiantes politizados de aquella época adquirimos profundas convicciones democráticas tanto por el ejercicio de convencer a la mayoría como por las votaciones del SEU. Desde muy pronto, y muy especialmente en aquellos años universitarios, nosotros, persiguiéndola, nos formamos en democracia.

En los consejos de curso, en las grandes asambleas de facultad que se celebraban, se vivía la democracia. Aquellas reuniones se organizaban para tratar de alcanzar decisiones que previamente habíamos diseñado los activistas. No obstante, nos esforzábamos en defender los turnos de palabra, en que estos fueran coherentes y en dar lugar a que quien quisiera pudiera tomar la palabra para exponer sus ideas. Nos parecía que en esa democracia con la que soñábamos y que ensayábamos cabíamos todos. Todos eran todos, e incluía a Defensa Universitaria, la derecha defensora del statu quo dictatorial (que ahora consideraríamos recalcitrante), al menos, en Derecho, donde tenía especial presencia.

La abogada Cristina Almeida y yo éramos compañeras de curso y amigas. En una Navidad decidimos organizar una cena entre todos los estudiantes que ostentábamos cargos de delegados y de representantes de los distintos cursos de la facultad. Me tocó hacer la tarjeta de invitación y recuerdo que pinté tres angelotes dándose la mano. Cada uno de ellos tenían bordados en sus vestidos el nombre de las tres grandes asociaciones de estudiantes que, aunque eran ilegales, existían de hecho: la organización de izquierdas Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), la de la democracia cristiana Unión de Estudiantes Demócratas (UED) y la de la derecha, la citada Defensa Universitaria. A todo el mundo le gustó la tarjeta, nadie se ofendió. La cena fue un éxito: asistimos todos y compartimos mesa, mantel y risas. Aun así, no me atrevo a asegurar que esa experiencia fuera generalizada, pues solo pasaba en Derecho.

Si durante la universidad empezó mi formación democrática, mis primeros años en el mundo de la abogacía fueron, aun en mayor medida, un ejercicio de auténtica práctica de la democracia. Todavía estábamos en el tardofranquismo y, en el ejercicio profesional, invocábamos constantemente esa forma de gobierno para interpretar el derecho encorsetado que nos veíamos obligados a aplicar. Pero la práctica democrática se dio, sobre todo, en los colegios profesionales, ya que eran otras de las asociaciones permitidas y, por tanto, se erigían en foros donde prodigar nuestras convicciones democráticas y donde hacer proselitismo a favor de la democracia ejerciéndola. En ese marco, los colegios de abogados tuvieron una extraordinaria trascendencia, pues fue donde los activistas, aquí con mayor diversidad ideológica que en la universidad, vivimos una actividad frenética.

Recuerdo asambleas históricas en las que hubo intensos debates no exentos de tensión. Se hablaba, con gran despliegue argumental y una enorme pasión, desde perspectivas divergentes. No recuerdo el insulto ni como base ni como arma en esas discusiones, aunque la limitación a la libertad de expresión que vivíamos obligaba a enmascarar las posturas contra la dictadura. Como ocurría en la universidad y todavía más entre los profesionales más politizados, necesitábamos convencer ampliando el apoyo a nuestras propuestas, tratando de rebasar, democráticamente, los límites que la dictadura imponía.

En 1970, los colegios de abogados de España convocaron en León un congreso nacional en el que los abogados demócratas conseguimos que se aprobara nada menos que la amnistía para los presos políticos, que en aquel momento todavía estaban, en número significativo, en las cárceles españolas. Aquel congreso, un auténtico hito en la lucha por la democracia en España, acabó con lágrimas y abrazos entre los que habíamos mantenido posturas contrarias. Sin embargo, habíamos conseguido converger.

Así, los influencers de mi generación nos formamos en el profundo respeto a esa democracia por la que luchábamos. Cuando se consiguió, sentimos que habíamos contribuido a traerla y nos volcamos en reivindicar su ejercicio y su consideración. No está claro que ese respeto se mantenga hoy.

Por eso ahora, cuando me preguntan qué es lo que más me sorprendió de mis cuatro años de alcaldesa siempre digo lo mismo: el desprecio a la democracia y a sus valores en el diálogo político. Lo viví y lo padecí desde mis primeros días de ejercicio como alcaldesa.

¿SE NOS HA OLVIDADO QUÉ ES LA DEMOCRACIA?

La estructura municipal en España tiene poco definido qué es un pleno municipal y, en consecuencia, este es una especie de cajón de sastre asambleario. El pleno tiene un poder propio que se conforma, con sus mayorías, para avalar, permitir o negar decisiones del Gobierno municipal. Su aprobación se requiere para aprobar, por ejemplo, autorizaciones administrativas de carácter urbanístico o de índole similar. Pero asimismo tiene la función de control del Gobierno municipal, a cargo, en principio, de la oposición. Para ello, esta puede formular preguntas, dirigidas en su mayor parte al alcalde o alcaldesa, que ha de contestar en el pleno.

Sean como sean sus competencias, el pleno se celebra una vez al mes y es el lugar y la ocasión para el debate sobre la ciudad y sus problemas. Fue allí, en el seno del pleno municipal, donde radicó mi mayor sorpresa al entrar en la política institucional por la forma en la que fluía el diálogo político.

Me costó comprender hasta qué punto resultaba imposible analizar y debatir —sobre todo en profundidad— las apasionantes cuestiones de la ciudad en el pleno. La oposición no tenía otro objeto que impedir la actuación del equipo de Gobierno municipal y no trataba siquiera de disimularlo. Para eso solo tenía una estrategia: descalificar. Y para ello utilizaba, sin límite alguno, todos los medios que fueran necesarios, como la exageración, la intempestiva comparación, la tergiversación o la descarnada y desvergonzada mentira. El discurso descalificador, grosero y pueril contra mí misma y contra todos los miembros del Gobierno municipal era el hilo conductor del solo aparente debate.

Me tildarán de ingenua, pero no lo podía creer. Me parecía absurdo que no se pudiera hablar de los problemas de nuestra ciudad. Como presidenta del pleno lamenté lo que pasaba e hice varias intervenciones intentando convencer a todos los concejales de que lo que sucedía en el marco del discurso político era algo absurdo e infrecuente en la normalidad de la vida social. Me recriminaron mis admoniciones, que resultaron prédicas en el desierto.

Argumenté que no era posible ser eficaces en la necesaria gestión que reclama nuestra ciudad si nos dedicábamos a descalificarnos. A su vez, insistí en la importancia de las críticas que parece que corresponden siempre a la oposición. No obstante, también añadí que, con su actuación y su necesidad de criticar al Gobierno municipal con todo y por todo, la oposición trastocaba su función de control y crítica y la convertía en un intento de impedir la tarea de gestión del ejecutivo. Poner trabas a que el Gobierno haga cualquier cosa, al margen de que sea quizás buena, solo porque la han planteado «ellos», deviene deleznable.

Soy consciente de la sorpresa que puede despertar mi asombro. Muchos podrían decir: «Pero si es así en todos sitios, empezando por el Parlamento» o, como siempre, remitir al latiguillo «es que la política consiste en eso». ¡Qué visión tan despreciable de la noble política! Reconozco que me resisto a aceptarla.

Si pretendemos hacer las cosas bien, las críticas sobre cualquier actuación resultan importantísimas. Contar con diferentes miradas sobre lo que pretendemos realizar o ya hemos realizado es clave cuando planteamos una idea y su potencial materialización en proyecto, cuando diseñamos la gestión de ese proyecto y, no digamos, cuando lo evaluamos (algo, por cierto, tan poco frecuente). En cualquier organización humana esto se sabe. Por eso, en los cursos de gestión se acostumbra a decir que una crítica es un regalo. En consecuencia, las críticas en el desarrollo de la gestión social tienen por objeto mejorar lo que se hace, no tratar de impedir que se haga ni poner palos en la rueda para que salga peor.

En la política al uso no es así. La oposición pretende ante todo derribar a quien gobierna, como sea y cuanto antes. Por eso la oposición asume que su verdadero cometido es imposibilitar que el ejecutivo en el poder haga cualquier cosa que pueda significar un éxito, no vaya a ser que le permita mantenerse en el poder. En el fondo, en el seno de la oposición late el «cuanto peor, mejor», es decir, cuanto peor lo haga el ejecutivo, mejor para la oposición, que puede ver más cerca su acceso al poder, aunque ese peor lo sufra la sociedad, lo sufran los ciudadanos.

Mientras insistía en esa concepción de la política y del corrosivo papel de la oposición, recordaba cómo hacía unos años había comprobado que esto se daba también, como vasos comunicantes, en las instancias gubernamentales. Colaboraba como asesora en el Gobierno vasco, que en ese momento gobernaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Mi función era redactar un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de la vulneración de los derechos humanos por agentes de las fuerzas de orden público durante la guerra con ETA. Había acabado la redacción del proyecto y, mientras se tramitaba, tenía algo de tiempo libre. Me pidieron entonces que realizara otro informe sobre una propuesta que había presentado en el Parlamento de Vitoria el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La leí, me pareció inmejorable y así lo hice constar. Me llamaron los responsables del Gobierno en el área parlamentaria y me dijeron con toda claridad que el informe tenía que ser negativo, pues en ese momento el PNV hacía oposición al Gobierno. No se podía apoyar ninguna propuesta suya.

Sin embargo, volviendo al Ayuntamiento de Madrid, creo que, aunque se tienda a trasladar al mundo municipal la visión política de contraposición sin análisis, es donde choca más con el quehacer del Gobierno de gestión de la ciudad, ya que está vinculado más directa y estrechamente a los ciudadanos.

Por eso, en mis repetidos discursos en el pleno, incólume al desaliento, puse muchos ejemplos de la vida ordinaria. Traté que se entendiera que la política, y en especial en un ayuntamiento, ha de concebirse como una actividad similar a la que se realiza en cualquier organización humana. Nunca puede tener éxito algo que se realiza entre grupos diversos cuyo contenido es el enfrentamiento recíproco. «¿Os imagináis hasta qué punto sería imposible que funcionara un consejo de cualquier empresa, cooperativa, ONG o lo que sea, en la que, cuando se presentase un proyecto, se comenzara descalificando e insultando a los que lo proponen?», les decía.

También les expliqué cómo, en el mundo de la judicatura, de donde venía, se discutía mucho aunque no lo pareciera. Las sentencias que dictan los tribunales colegiados son fruto de los debates, incluso acalorados, que se suscitan entre los miembros del tribunal. Se discute respecto a los sucesos que se juzgan (lo que se reconoce, o no, como hechos probados) y respecto al derecho que puede resultar aplicable. Siempre se hace sin insultar ni descalificar, por más dispares que sean las posiciones, incluso si son diametralmente contrapuestas. No me podía imaginar nuestros tensos debates del tribunal cuajados de agravios. Se podría decir que esto que he explicado es respeto entre colegas, pero también deberían considerarse colegas los concejales, pues, aunque no han superado una oposición, han sido elegidos.

Pasado el primer año en la alcaldía, en el Debate del estado de la ciudad, enfoqué mi intervención inicial en que los concejales no éramos enemigos, ni siquiera adversarios. Como representantes elegidos por los ciudadanos, argumentaba, cada uno de nosotros éramos análogos: goznes imprescindibles del funcionamiento de la democracia, al margen de que a unos y otros nos hubieran elegido distintos grupos de ciudadanos.

Tengo que reconocer que apenas pude conseguir algún cambio, aunque me conforto en pensar que algo hice. Me tildaron de ingenua, de ignorante; en definitiva, de no conocer qué era la política. Me reprocharon los discursos y los regaños como si estuviera por encima de ellos. Creo que, moralmente, lo estaba.

EN DEMOCRACIA TODOS SOMOS NOSOTROS

La democracia nos obliga —o debería hacerlo— a valorar y a respetar al otro, al que representa a otros sectores sociales y políticos. Por el contrario, parece que nos atrincheramos, con manifiesto sectarismo, en actitudes que transmiten la idea opuesta.

Una expresión del sórdido sectarismo son los aplausos. ¿No es patético seguir la sucesión de sesgados aplausos alternativos, en el marco de los debates políticos? En los grandes foros donde transcurre el debate político vemos cómo cada uno de los grupos políticos solo aplaude a los suyos, a los de su familia política. ¿Por qué se aplaude en los debates públicos? Porque el orador ha sido especialmente claro o preciso, porque ha lanzado un acerado dardo a los otros o simplemente porque es uno de los nuestros y tenemos que apoyarle con nuestras palmas. ¿Por qué aplaudimos a los nuestros, aunque su intervención quizás no nos haya convencido? ¿Nos lo planteamos siquiera o siempre nos convence, sobre todo si lo que ha hecho es insultar al otro? Y, finalmente, ¿por qué nunca aplaudimos a los de los otros partidos, aunque quizás su intervención nos haya convencido o nos haya parecido interesante y bien expuesta? Los aplausos no son más que la expresión del agudizado y creciente sectarismo, ahora enardecido en la confrontación.

Me he resistido todo lo posible a este tipo de aplausos. En Madrid, presidir el pleno es una facultad del alcalde, quien puede o no hacerlo, y yo decidí hacerlo porque creía que así podría contribuir a facilitar un cierto diálogo. Pese a la carga que representaba, creo que algo conseguí. En todo caso, la tarea de presidir el pleno y, por tanto, gestionar los turnos de palabra me evitó en parte el ejercicio del aplauso gregario.

Me gustaría recalcar, como dije en aquel Debate del estado de la ciudad, que en un ayuntamiento —y en general, en democracia— no debería haber enemigos ni adversarios. Juntos formamos un todo y cada uno de nosotros, con nuestras miradas especiales y diferentes, tenemos que contribuir a gestionar lo público, es decir, lanzar propuestas, construir proyectos y después evaluar sus resultados. Eso es lo que precisa la ciudad.

Ningún concejal de los que hicieron uso de la palabra en aquel pleno, ni los de enfrente ni los propios, comentó nada de lo que había dicho. Ningún medio de comunicación se hizo eco de aquellas consideraciones. Alguien me comentó que un miembro de la dirección del PSOE de la Comunidad de Madrid que observaba el pleno desde los palcos de invitados infravaloró mi intervención tildándola de ejercicio de buenismo. Esta es otra acusación recurrente, despectiva y desvalorizante, ante todo el que cuestiona los acuñados moldes de lo que se considera que es y debe ser la política. Estos argumentos recuerdan a aquella máxima del que fuera vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra y que después siempre negó, pero que tanto encajaba con su papel: «El que se mueve no sale en la foto». Le faltó decir: «A quien no aplauda, lo apuntamos».

Tenemos que cuestionar ese empobrecedor concepto de la adversidad grupal. Es esa concepción de colectivos enfrentados la que alienta el desprecio de las ideas y sugerencias de los otros. Es la que nos hace deslizarnos por esa tan peligrosa pendiente, hasta poder llegar al verdadero desprecio del otro.

2. Enemigos

2

ENEMIGOS

Era uno de esos preciosos días de Madrid que nos regala la siempre escasa primavera, con una luz única y un viento dulce. Iba andando por la calle Arturo Soria y me crucé con un joven guapo, alto, bien educado…, vamos, encantador. Se me acercó para felicitarme con entusiasmo por mi trabajo en el Ayuntamiento y, a continuación, añadió con una saña nada forzada y con una gran energía: «Odio a Esperanza Aguirre». Aguirre era en ese momento la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, cabe decir que no cesaba de denigrarme y descalificarme en cualquier ocasión y con cualquier pretexto.

«No la odies, por favor —le contesté a ese entusiasta seguidor—. No odies a nadie así. Esperanza Aguirre es simplemente una señora conservadora, muy radical en sus planteamientos, muy mentirosa y enormemente clasista, pero no merece que la odies». Ya sé que le defraudé, incluso le desconcerté y eso me motivó para intentar explicar lo que le dije y por qué lo hice.

¿POR QUÉ ODIAR?

Es una buena pregunta, ya que hoy el hecho mismo de plantearla hasta puede resultar extraño en el marco de las relaciones políticas, interpartidarias y tan enconadas entre sí. Sin llegar al odio, puede constatarse enemistad entre los partidos. Y, aunque solo sea etimológicamente, enemistad viene de enemigos. Esa hostilidad responde a los odios históricos que se arrastraban en las sociedades, en concreto, en la nuestra.

El odio, que nunca resulta conveniente, puede comprenderse mejor en relación con los enemigos. Estos, tradicionalmente, eran externos; los invasores o, en todo caso, aquellos contra los que se había entrado en guerra, fuera quien fuese quien la hubiera iniciado. Eran odios que se achacaban a la sociedad, pero que el poder auspiciaba e imponía. Apelando al patriotismo, el poder conseguía convertir esa aversión en un sentimiento de la sociedad ante unos enemigos externos supuestamente comunes.

Remontándonos al pasado más lejano que nos contaban en el colegio, el odio eterno a los romanos de nuestra pobre y heroica Numancia, con Viriato al frente, después se trasladaría a los judíos expulsados o a los invasores árabes —tan cultos pero musulmanes— cuyas tierras y ciudades había que reconquistar. Más tarde, a los franceses, los gabachos que osaron invadirnos, que paramos en nuestro memorable Dos de Mayo y que traían perversas ideas liberales. O a la Pérfida Albión, que nos humilló en Lepanto, y a sus piratas, que robaban «nuestro» oro que traíamos de «nuestras» Américas. Precisamente esas colonias fueron las mismas que se nos rebelaron y perdimos. A partir de aquel momento, se nos acabaron los sucesivos enemigos externos: no entramos en la Gran Guerra, pero terminamos en la nuestra propia, ya entre enemigos internos que habían venido construyéndose a lo largo del siglo XIX.

Nada queda de esos enemigos externos. Aun aceptando que odiamos a nuestros declarados enemigos, ¿quiénes son hoy en España y en pleno siglo XXI? Parece que hay que tratar de identificar a otro tipo de enemigos cuya dudosa condición —al menos comúnmente aceptada— solo puede provenir de algo muy distinto: los enemigos internos. Sobre estos también conviene retrotraernos al pasado, aunque sean algo más recientes.

ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN
DE LOS ENEMIGOS INTERNOS

Los enemigos ancestrales respondían a los poderosos que decidían las guerras: nobles, reyes, sumos sacerdotes… Pero en el Siglo de las Luces y, en mayor medida, en el siglo XIX todo se empezó a mover. Poco después de que los franceses invadieran España en los albores del siglo y de que los rechazáramos, se elabora la Pepa, la primera Constitución liberal española, en 1812. La carta magna pretendía, ante todo, superar la monarquía absoluta que al poco repuso Fernando VII con su canto a las cadenas. Desde ese momento, se percibió que el enemigo exterior —los gabachos— había influido mediante los afrancesados en ese primer atisbo modernizador. Así, empezó a aparecer un nuevo concepto, el de enemigo interno, aunque después, como siempre, se le pretendió atribuir una raíz exterior.

Será a lo largo del siglo XIX cuando irá calando la idea de enemigo interno en el imaginario colectivo. Me interesa especialmente el periodo de la Primera República en nuestro país porque es un momento histórico bastante desconocido en el que se produce un cambio sustancial: se comienza a perfilar ese nuevo tipo de antagonista.

Aunque en esa época España mantenía las guerras de su desintegración colonial y se confrontaba con los marroquíes en el norte de África y con los filipinos, los cubanos y los estadounidenses que les ayudaban, los enemigos no eran ya solo exteriores. En esas últimas luchas coloniales había dejado de darse la sumisa unanimidad que sí se había dado en conflictos anteriores y empezaba a resonar la pregunta «¿Son enemigos quienes los cuestionan?».

Entonces, el país comenzó a dividirse entre los liberales progresistas y los conservadores reaccionarios. En 1864 el papa Pío IX —quizás el más abiertamente reaccionario antes de que sus sucesores hubieran de cuidar algo más las formas— publicó su aterradora encíclica Quanta cura, en la que, sin paliativos, declaró pecado la democracia.

En España, Pío IX encontró un defensor militante que enarboló la bandera antiliberal, el sacerdote catalán Fèlix Sardà i Salvany, cuya biografía recoge el magnífico libro de Santi Vila De quan el liberalisme era pecat. Vila explica que Sardà i Salvany fue el primer genio de la comunicación del máximo conservadurismo, o lo que ahora llamaríamos extrema derecha, porque supo empezar a perfilar los enemigos interiores. En su obra poco conocida El liberalismo es pecado, el sacerdote definió el odio a los liberales nada menos que como una «virtud cristiana». De este modo, la relación enemigo-odio era incluso sublimada. Con ello, contribuyó a diseñar la ruptura de la sociedad.

Sin embargo, esto no era del todo nuevo. La expulsión de los judíos o la persecución de los herejes por parte de la Inquisición fueron un buen inicio. Ahora bien, a esta división de la sociedad se sumaron otros movimientos de mayor calado: la explicitación de la siempre latente lucha de clases con unos jornaleros campesinos hambrientos y humillados junto a una creciente clase obrera explotada. Así, la militancia del odio cristiano se fue enfrentando a otros odios, igualmente airados, y explotó en nuestra Guerra Civil.

BUSCAMOS NUEVOS ENEMIGOS INTERIORES

Parecía que esa explosión de enemigos interiores, desde hacía ya mucho, se había ido diluyendo en nuestra sociedad democrática. En opinión de muchos sociólogos, solo nos íbamos construyendo enemigos y odios de baja intensidad. No obstante, las posiciones y diatribas actuales ponen quizás en cuestión esa teoría.

Supongo que si nos preguntaran lo que significa para nosotros el término enemigo, nos remitiríamos al concepto de enemigo en el marco de una guerra. Sin embargo, cuando aplicamos el concepto de enemistad, su significado puede integrarse con menor virulencia en lo cotidiano sin remitir a una guerra. De este modo, los enemigos no se convertirían en odio.

No creo que ahora los jóvenes asocien el concepto de enemigo a la guerra, aunque así lo hiciéramos en nuestra niñez o juventud. Recuerdo aquellas repetidas traducciones en la clase de latín sobre la interminable guerra de las Galias, con Julio César como protagonista. Tropezábamos, obligada y constantemente, con el sustantivo inimicus, respecto al que siempre se referían sus avances o derrotas.

Si trato de profundizar en lo que desde muy niña significó para mí enemigo, tengo que reconocer que, desde que lo recuerdo, estuvo unido al concepto de guerra. A su vez, siempre me costó entender el significado de guerra, pero lo visualizaba en las trincheras que, durante mucho tiempo, se mantuvieron en los pinares de la Dehesa de la Villa de Madrid después de la Guerra Civil.

Me viene a la cabeza el recuerdo de los paseos dominicales con mi padre por esos pinares, muy cerca de donde vivíamos, a finales de los años cuarenta. Yo era pequeña y preguntaba qué eran aquellos extraños agujeros lineales. Ante mis preguntas, y supongo que también las de mi hermana, mi padre nos explicaba la razón de aquellos extraños agujeros lineales. Nos decía que eran las trincheras, donde se refugiaban los soldados para protegerse de los que atacaban. En aquel momento, con la bruma en que se tendía a rodear en las familias la Guerra Civil, no se aclaraba quiénes eran los atacantes ni para qué se enfrentaban. Años más tarde quedó claro: eran los que querían entrar en el Madrid republicano. «¿Eran los enemigos?», cabría preguntarse ahora. Sin duda, respondían a posiciones distintas en una guerra en que no había, como antaño, enemigos externos. Eran enemigos internos contra un Gobierno legítimo frente al que, paradójicamente, se enfrentaban Franco y los sublevados, invirtiendo el esquema clásico del enemigo exterior.

Y, por supuesto, como telón de fondo de mi niñez y juventud, la cantinela de los gangosos discursos de Franco contra los supuestos sempiternos enemigos de España, los masones y los comunistas. Según el dictador, en los años previos a la guerra habían estado aquí e incluso habían formado el Gobierno legítimo surgido de las urnas contra el que se habían tenido que sublevar. Sin embargo, ellos, los españoles de bien, se habían enfrentado a esos enemigos y, con un avieso discurso, habían tratado de convertirlos en los «otros». A los enemigos internos se les tendía a describir como externos, incluso como no españoles. En último término, y con el papel que siempre había jugado el fundamentalismo religioso excluyente de la Iglesia católica, al enemigo se le proclamaba dirigido por lo más externo que existe: las fuerzas satánicas. Aun hoy, grupos y sectas ultracatólicas siguen haciéndolo.

Durante siglos, los niños —los varones, no las niñas— jugaron a los soldaditos de plomo representando a los suyos y a los otros. Luego jugaron a los indios y a los americanos, invencibles. Ahora, aunque todo esto se ha sustituido por lo digital, no hay más que echar una mirada a la publicidad de los videojuegos: se mantiene el mismo esquema. Existe una gran oferta de juegos bélicos, basados en guerras reales o imaginarias, en las que siempre hay enemigos que batir. Constituye una forma de entretenerse, pero no sé medir su alcance.

Tras la conmoción histórica que significó la Segunda Guerra Mundial, quizás los niños que la vivieron sí identificaron a sus enemigos de juguete con los que tuvieron esa etiqueta en el reparto de los bandos de la guerra. Recuerdo haber visto algún cuento francés empachado de patriotismo contra los alemanes en el marco de las desgraciadas Alsacia y Lorena.

¿NECESIDAD DE ENEMIGOS?

Un gran número de europeos nacidos a partir de los años cincuenta del siglo pasado no han vivido ninguna guerra. Tal vez no seamos conscientes de la enorme suerte que hemos tenido al no haber convivido con la terrible brutalidad que significan los conflictos bélicos.

Esa gran suerte, que mirando al pasado pareciera que nos ha deparado el azar, nos ha hecho una sociedad sin enemigos externos. Eso es lo que probablemente nos ha conformado de una cierta manera, pues, con pocas heridas de las que vengarnos, tendemos a ser una sociedad sin adversarios.

Los enemigos latentes de la Guerra Fría sustituyeron a los viejos enemigos de guerra caliente. El muro de Berlín y el escaparate frente a este del exultante mundo occidental capitalista mantuvieron durante años el paradigma de la confrontación. Cayó el muro y también la amenaza de la guerra se disipó.

¿Es posible que una sociedad pueda desarrollarse como tal sin enemigos o siempre los necesitamos? Parece que la identificación de «los otros» resulta instrumental, aunque solo sea para definirnos a nosotros mismos en contraposición. La definición de los enemigos tiende a ser maniquea, caricaturesca incluso, para resaltar, y tantas veces simplificar de forma reduccionista, las diferencias con los otros. Maximizadas, estas diferencias tienden a generar odio.

Es más, ¿es que el proceso de enfrentamiento resulta conveniente para sustituir la definición propia, quizás más difícil? ¿Es que la maniquea definición del otro es la que nos sirve para afirmarnos en nuestras posiciones, en nuestras vivencias? Son interrogantes retóricos. Sabemos que tienen una respuesta afirmativa y que en esta puede basarse la utilización del odio a los enemigos como antídoto a la tolerancia.

¿COMO EN EL FÚTBOL?

Los enfrentamientos pueriles como son los del fútbol, sin otro contenido que el de sentirse seguidor de unas siglas o de unos colores, inflaman pasiones y generan animadversión, cuando no abierta enemistad, frente a los seguidores de otros equipos. Aunque esta rivalidad normalmente es de baja intensidad, no podemos olvidar que ha llegado a desatar violencia extrema, lo que se conoce como la violencia en el fútbol. ¿Se puede hablar de odio? Se dan manifestaciones verbales que bien podrían expresarlo.

En el fútbol no hay medias tintas: o se gana o se pierde. El empate suele ser malo para ambos contendientes. ¿Constituye la confrontación entre equipos del deporte rey un referente para la política? Curiosamente, en la consolidación rutinaria de los procesos electorales en nuestro país, las contiendas políticas se han ido acercando cada vez más a las reyertas futboleras. Ganar o perder es también la esencia de la lucha electoral. En ella los partidos políticos se enfrascan en sus diseños de juego, azuzando a los suyos a corear, cantar y gritar sus colores y sus siglas, mientras que se abuchean o denostan las de los otros. Tampoco aquí hay medias tintas. Nunca hay juego que no sea de suma cero: si tú ganas, yo pierdo. Y eso no es lo peor: Si tú has ganado, yo tengo que intentar que lo hagas lo peor posible y pierdas para que luego pueda ganar yo.

ASÍ SE CONFIGURAN LOS ENEMIGOS POLÍTICOS

El enfrentamiento entre enemigos políticos en las sociedades democráticas también se ha venido desarrollando, normalmente, con baja intensidad. No obstante, la gran presencia mediática y, ahora, de las redes sociales que magnifican a la vez que simplifican los mensajes, convierten la pelea entre enemigos políticos en una auténtica bronca con más posibilidades de generar odio. La disputa se busca, se alienta y se magnifica porque es el alimento necesario de los medios que esgrimen que sus audiencias se la reclaman. Resulta difícil distinguir la proporción de la confrontación que proviene de los políticos o de los medios, que van más allá de su socorrida y exculpatoria misión de mensajeros.

Me pregunto si la cultura que hemos construido y adquirido nos obliga a tener enemigos, no tanto porque nosotros mismos lo busquemos, sino porque el contexto en el que nos movemos nos lo impone, como ocurre ante la moda, las pautas de consumo o la estética.

Nunca olvidaré lo que sucedió en un debate en la televisión en las elecciones municipales de 2015. Comparecíamos cuatro de los seis candidatos que nos presentábamos. No recuerdo bien quiénes éramos, pero sí que estaba Begoña Villacís, de Ciudadanos, David Ortega, de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y yo. Para mí era muy importante no estar agresiva en esos debates. Es más, recuerdo que me molestaba que se nos presentara como adversarios y no, por ejemplo, como meros competidores. Por lo que fuera, quizás porque era el primer debate o porque no estábamos acostumbrados a los hábitos de la política electoral, la discusión transcurría muy tranquila. Cuando llegó la publicidad y se interrumpió la emisión, la regidora del programa, agobiada, vino a hablar con nosotros. Nos pidió encarecidamente que nos peleáramos más, pues la audiencia estaba bajando.

No lo hicimos, y aun ahora, más de siete años después, lo sigo recordando con nitidez como un hito. Vi entonces cómo para los medios la política era, al igual que en el deporte, un espectáculo de confrontación. Propician y reclaman sangre, rememorando incluso su origen de guerra.

Si a los rectores de la televisión no les gustaba un debate electoral con escaso enfrentamiento, tampoco les gustaba a los directores de campaña de los distintos partidos. Solo entendían que la esencia de la singularidad de cada partido se expresaba en la contraposición, en atacar a los otros candidatos con lo más lacerante y ocurrente. ¿Es eso lo que reclaman los electores o, en un círculo vicioso, se les ha llegado a convencer de que es lo que quieren porque en caso contrario se aburren? ¿Tendrá algo que ver en ese tedio lo que los franceses llaman lengua de madera de los políticos, es decir, el lenguaje impreciso y engañoso? Sí, ciertamente, esa poca claridad resulta aburrida.

En todo caso, esa anécdota televisiva y tantas otras que vivimos cotidianamente indican que parece que necesitamos la confrontación para definirnos. La disputa exime de concretar lo que somos, ya que solo nos definimos gracias a lo que estamos confrontados.

CONFRATERNIZAR CON EL CONTRARIO, ¿ANATEMA?

En una reunión internacional me encontré a una concejala del Ayuntamiento de Barcelona que me dijo: «No sabes lo que has decepcionado a mi marido». Le pregunté por qué y me respondió que por haber sido capaz, hacía unos meses, de aparecer en las noticias del brazo de Cristina Cifuentes, del PP, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Me reí por dentro y por fuera, pero también me asusté. La mía con Cifuentes había sido una imagen intencionada y constaté el impacto que había generado. La verdad es que había forzado que se nos viera a las dos del brazo, en un gesto amistoso. Me consta que ella también cosechó críticas entre los suyos. Ante nuestras respectivas huestes, teníamos que mostrarnos enfrentadas, rehuyendo cualquier ademán de simple cordialidad.

Desde un primer momento mantuve que un objetivo esencial para nuestro proyecto de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid era lograr una buena colaboración con la Comunidad de Madrid. En mi opinión, no muy compartida, era esencial que se diera una actitud de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad, aunque los equipos de sus ejecutivos fuéramos de agrupaciones o partidos políticos tan distintos… y, precisamente, por eso. Era un principio de buena gobernanza.

El reparto de competencias entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento está concebido en muchos casos de forma muy absurda cuando, de hecho, sus funciones están muy interrelacionadas. Para gestionar bien el Ayuntamiento o la Comunidad se impone un constante contacto que, en ocasiones, implicaría cogestión. Por ejemplo, las subvenciones para la dependencia las gestiona el Ayuntamiento, pero las tramita y abona la Comunidad. Hay otras muchas pruebas de absurdo absoluto en el reparto institucional de atribuciones. Se dan paradojas como que el Ayuntamiento tiene la competencia de mantenimiento de los edificios de los colegios y de sus conserjes, mientras que la Comunidad de Madrid se encarga de los directores de los centros. Todos esos desajustes, que pudieran considerarse minucias, dan lugar a disfuncionalidades incesantes. Más allá de eso, se suscitan cuestiones de mayor calado, como las trascendentes competencias que la Comunidad de Madrid se reserva en el ámbito de la planificación urbanística.

La rivalidad entre el gran ayuntamiento de la capital de la nación, que tradicionalmente acumula a más de la mitad de la población de la región, y la Comunidad ha sido consustancial. Durante los Gobiernos pasados, en los que el PP coincidió en los ejecutivos de ambos organismos, se dio una competencia ridícula entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid, el señor Alberto Ruiz-Gallardón.

Ante ese precedente inmediato, cuando llegué a la alcaldía me parecía esencial que ambos ejecutivos, nosotros en el Ayuntamiento y el equipo de la señora Cifuentes en la Comunidad, tuvieran buena relación. Por eso, desde el Ayuntamiento propiciamos unas reuniones periódicas. Propusimos, además, que fueran en comidas, dado el clima de cordialidad en que parecía bueno que se produjeran.

Por entonces ya había empezado a preparar comidas en el ayuntamiento; a prepararlas literalmente, ya que era yo quien las hacía. Siempre me gustó cocinar y contábamos con el lugar y las condiciones apropiadas porque, en uno de los torreones del ayuntamiento, hay una estupenda cocina junto a un comedor con unas vistas preciosísimas. La cocina había sido diseñada para restauradores externos o de catering, pero, por supuesto, cualquier cocinero doméstico puede utilizarla.

Al preparar yo los menús —unas veces los traía de casa y otras los acababa en esa magnífica cocina— permitía que el coste de los almuerzos fuera cero para la institución. Eso me daba mucha libertad para invitar a comer a cualquier persona o grupo con quien quisiera potenciar el acercamiento que una comida puede facilitar.

Sin duda, quería mejorar la relación con la Comunidad, así que invité a su presidenta. Los encargados de estos trámites trasladaron a Cifuentes y su equipo nuestra invitación, que aceptaron de inmediato sin vacilación alguna.

No obstante, justo la misma mañana en la que habíamos quedado nos llamaron para excusarse. No podía celebrarse. Ni ella ni yo habíamos sido conscientes de la trascendencia mediática que podía tener la invitación. Su equipo no consideró prudente que la presidenta de la Comunidad de Madrid, con más rango protocolario que la alcaldesa de Madrid, fuera a comer al ayuntamiento. Supongo que, además, sus asesores de comunicación debieron sopesar negativamente el que le ofreciera una comida guisada por mí. Seguramente pensaron que podía perjudicarla o, por lo menos, quitarle el protagonismo con el que los asesores de imagen siempre están soñando. En fin, una cuestión de protocolo, debidamente aderezada por las obsesivas concepciones de los asesores de imagen, forzó el cambio de planes.

La comida finalmente se celebró, pero tuvo que ser unos días más tarde y en un restaurante cuidadosamente elegido en el centro de Madrid, a mitad de camino entre las sedes de ambas instituciones. Fue una buena reunión. Hasta avanzamos en algunas materias, aunque en otras muchas no hicimos sino planificar los cómo. A veces, los cómo avanzar pueden ser mucho en la gestión política.

Cuando ya casi habíamos acabado la comida y la sobremesa, en plan cálido y bien, le afeé que me dejara plantada con la comida hecha y que, por su culpa, mi familia llevara una semana comiendo pollo al curri. Por cierto, es un plato que me sale bien y que tiene la ventaja de ser fácilmente preparable en casa y llevable en un táper. Por eso se convirtió en una de mis especialidades en las invitaciones en el comedor del ayuntamiento.

«Eso está mal, Cristina —le dije—. No se deja a nadie con la comida en la mesa. Y, ahora, como la compensación de urbanidad que me debes, te pido que hagas algo que creo que es importante». Los periodistas nos esperaban en la puerta del restaurante. «Vamos a salir las dos del brazo y vamos a hacer las declaraciones juntas».

Creo que no le dio tiempo ni a pensarlo ni a consultarlo con ningún asesor. Salimos del restaurante cogidas del brazo y así nos presentamos ante los periodistas que nos esperaban. Fue un enorme impacto y sí, desde ese día y por esa foto recibí críticas de quienes vieron como algo bochornoso que le diera el brazo a una autoridad del PP. Estoy segura de que ella también tuvo que aguantar críticas por unirse a una terrible izquierdista. Quizás se lo apuntaron de cara a su posterior defenestración por parte de sus amigos.

No solo fue la foto. Hacer declaraciones juntas fue otro hito, ya que da la sensación real de que se sale de una misma reunión. Cuando las declaraciones se hacen por separado, como tiende a ser habitual, puede parecer que los participantes han estado en distintas reuniones.

¿Fue una anécdota o un hito? Creo que fue una constatación de lo que me atrevería a catalogar como tolerancia funcional. Gestos de acercamiento, de cierto entendimiento institucional, que tanto pueden ayudar a la gobernanza. En todo caso, ya sin cogernos del brazo, tuvimos varias reuniones más, incluso comidas, con las que se contribuyó a solucionar problemas comunes en nuestras solapadas competencias.

Cabe sacar algunas conclusiones. Vivimos en una sociedad sin enemigos exteriores y sin enemigos reales interiores, pese a que sé que esto último resulta quizás cuestionable. Desgraciadamente, en el marco de progresiva polarización que nos envuelve no es descartable que, tanto en el mundo como en nuestro país, aumenten las tentaciones de construir esos enemigos interiores.

Algo está pasando en el planeta. La gran conquista que es la democracia se enfrenta ahora a una disyuntiva que cada vez aparece más nítida: o sigue creciendo y profundizando —haciendo posible que todos los seres humanos tengan la posibilidad igualitaria de desarrollo— o irá retrocediendo hasta enquistarse de nuevo en regímenes autoritarios amparados por la creación de enemigos interiores por parte del control excluyente del poder.

La democracia, a lo largo de la historia de la humanidad, ha recorrido una gran marcha, desde el momento en el que solo podían participar en las decisiones políticas los varones ricos y de determinadas religiones hasta nuestros días, en los que todos los seres humanos resultan igualmente empoderados (o al menos empoderables) para participar en la toma de decisiones sobre lo político. Esto se debería llevar a cabo mediante elecciones con condiciones cada vez más inclusivas e igualitarias.

Pero esa igualdad formal de participación electoral sin más puede ir perdiendo sentido si no se logra avanzar hacia la igualdad real, es decir, si no damos pasos para que todos los que componemos la familia humana podamos realizarnos y contar con semejantes oportunidades de realizar nuestros proyectos de vida, nuestros intereses, nuestras ilusiones. Y sí, probablemente, en esa larga marcha hacia delante se esté dando cierta marcha atrás que tiende a desactivar la democracia. Los que pretenden desactivar la democracia precisan de nuevo, como ya pasó en siglos anteriores, de la creación de fuertes enemigos interiores.

Resulta preocupante que, precisamente en este momento en el que la sociedad —por lo menos, la española— no tiene verdaderos enemigos interiores, nos dejemos llevar por la maniquea irresponsabilidad o la frivolidad de tratar de inventarlos. Pretender hacerlo solo implica tratar de esconder nuestra incapacidad colectiva de alcanzar, o ni siquiera saber definir, contenidos propios. Que pueda resultar rechazable el acercamiento entre personalidades de distintos partidos políticos solo se comprende si admitimos que lo que nos define es, precisamente, el enfrentamiento, el no ser como el otro ni tener nada en común con él. Creamos enemigos políticos como medio, sin duda insuficiente, de identificarnos a nosotros mismos, pero ¿dónde queda la tolerancia? ¿La consideramos siquiera?

3. El campo de batalla

3

EL CAMPO DE BATALLA

Siempre pensé que los medios de comunicación juegan un papel clave en nuestras sociedades democráticas. Los respeto y, por eso, cuando me encuentro con ellos, tiendo a ser sincera. Muchos me han dicho que es una imprudencia. Ciertamente, esa sinceridad me ha creado problemas. En todo caso, sus preguntas me han hecho cuestionarme tantas veces no solo el tenor sino el rigor con el que se formulan y, no digamos, la utilización de engañosos titulares.

Mientras fui alcaldesa, la mediación con la prensa la realizaba el encargado de comunicación de mi equipo. Casi siempre decidía por mí. Ahora, aunque he vuelto a ser una persona más de la sociedad civil, sigo teniendo muchas solicitudes de entrevistas. Me cuesta negarme a hacerlas aunque me cansen. Pero, más allá del cansancio, me parece que muchas de ellas carecen de especial interés. Resultan muy tópicas y repetitivas.

LOS MEDIOS Y SUS REPETIDAS PREGUNTAS

En esas entrevistas, siempre hay algunas preguntas que se repiten. Son más o menos así: «¿Qué ha significado para usted ostentar un cargo de la relevancia de la alcaldía?», «¿Cómo ha vivido perder el poder?» o, cuando se adentran en algo más general porque saben de mi trayectoria no política, «¿qué es lo que más le ha sorprendido de la política?».

Explico y reitero, seguramente sin mucho éxito, mi percepción de lo que fue la alcaldía. Parece que no se me entiende cuando afirmo que para mí ser alcaldesa fue un trabajo más. Tras esa respuesta, quizás desconcertados, ningún periodista suele insistir en ello. No repreguntan y pasan enseguida a otra cuestión. Para mí, ser alcaldesa fue, en efecto, un trabajo más. Sin duda fue muy interesante y enormemente estimulante, tanto por la cantidad de cosas nuevas en que tuve que adentrarme como por la diversidad de personas que tuve ocasión de conocer. Nada más, y nada menos, que eso. Fue otro trabajo fascinante, como el de abogada primero y luego el de jueza, durante los anteriores treinta años de mi vida.

SUCESIVOS DESEMPEÑOS DE PODER

Reconozco que siempre, en cada uno de los trabajos que he vivido con intensidad, encontré cantidad de aspectos estimulantes. Quizás lo más importante es que tenía que aprender o ingeniar qué era eso de ser alcaldesa, pero también abogada laboralista, jueza o miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Han sido retos sucesivos, pero, a la vez, cuando los dejé, los dejé atrás: no los eché de menos y me volqué en la nueva tarea. Eso también me pasó con la alcaldía.

Ante la pregunta sobre la pérdida del poder me gusta explicar que, mientras fui alcaldesa, no me sentí con una autoridad especial. Fue mayor la responsabilidad y el intento de abarcarlo todo por carecer de la potestad suficiente para cambiar las cosas. Me sabía observada constantemente por ocupar un cargo tan relevante, pero poder poder no sentía que tuviera. El alcalde o la alcaldesa tiene, eso sí, una capacidad de comunicación importante por ese pedestal en el que te sitúan. Sin embargo, hay poca capacidad para decir que se haga esto o lo otro. El poder reside muy especialmente en la Junta de Gobierno y las decisiones que se adoptan en ese órgano tienen que ser conformes con las estructuras de un marco jurídico muy rígido y, sobre todo, muy inercial y repetitivamente aplicado, con el lastre que eso significa. Además, esas decisiones luego tienen que pasar por el ojo tan estrecho de la aguja debido a la forma de actuar del funcionariado.

El funcionariado me recuerda a Sí, ministro, aquella serie de la BBC bautizada con acierto y su punto de sarcasmo que, por su perspicacia, me deslumbró hace muchos años. Después de su enorme éxito tanto en el Reino Unido como aquí, se publicó un delicioso libro sobre la serie. Seguramente ahora ambos resultan desconocidos. Sí, ministro era una crítica genial, llena de humor inglés, que retrataba las trabas administrativas para la innovación en la acción política. Reflejaba una estructura funcionarial muy potente, supuestamente muy profesional y capacitada, que ocupaba todos los niveles de la Administración salvo la cúspide, reservada al ministro de turno. El aparato funcionarial siempre manifestaba respecto al ministro su condición de advenedizo, con condescendencia o incluso con displicencia.

«Sí, ministro» era la primera respuesta, cortés pero vacía, que recibía el ministro ante toda nueva propuesta o ante su pretensión de hacer las cosas de forma diferente a como los funcionarios habían aprendido. Luego se evidenciaba que la estructura administrativa era la que al final decidía, bien matizando, bien impidiendo los cambios. Así, se constataba que las estructuras funcionariales estaban diseñadas para el mantenimiento del statu quo de la Administración. ¡Cuántas veces he recordado en la alcaldía los episodios de aquella serie formidable!

En España, según mi experiencia, no está acuñada esa apariencia inicial de disciplinada aquiescencia. De primeras, suele ser más habitual la sorpresa expresada con el silencio. Enseguida, en cuanto hay reacción, aparece la estereotipada respuesta de «eso no se ha hecho nunca», que suele ser, precisamente, una de las razones por las que se propone una novedad. Según avanza el intento de su puesta en marcha, surge el segundo y más rotundo anatema: «Es ilegal». Esta afirmación, tantas veces cuestionable, remite a la primera respuesta, es decir, la propuesta desprende supuesta ilegalidad porque nunca se ha hecho. Por último, tanto aquí como en el Reino Unido, viene la resistencia pasiva a aplicar la novedad, dejando pasar el tiempo.

Así, y así lo suelo contar, me sentí con mucho más poder siendo jueza que siendo alcaldesa. El juez toma constantemente decisiones que nadie cuestiona: cárcel o libertad, condena o absolución, los niños para el padre o para la madre, las costas del juicio las paga el demandante o el demandado… Aunque tengo que reconocer que eran más aceptadas las decisiones jurisdiccionales que las relativas a la oficina judicial, que remitían a la Administración.

Con todo, no me cabe duda de que tuve mucho más poder como jueza que como alcaldesa. Me sorprende que, cuando respondo de esa manera a los medios, no me digan nada, como si también les descolocara esta otra respuesta.

EL MALTRATO VERBAL: LO CHOCANTE DE LA POLÍTICA

Pero cuando ese modelo de entrevista parece que logra algo de lo que el periodista busca es cuando les digo que para mí lo verdaderamente singular de mi experiencia en la política ha sido la constatación del maltrato verbal, sistemático y grosero, que tiñe todo el diálogo político.

Como ya he dicho, estaba habituada a los debates en el seno de los tribunales. En estos, cuando se delibera, cada uno de los miembros que lo compone expone con ardor sus tesis sobre el suceso que se juzga y sobre la forma de enjuiciarlo jurídicamente. Se dan posiciones incluso totalmente contrapuestas, ya que en un tribunal pueden coincidir sensibilidades dispares, pero nunca se manifiestan mediante el insulto o la desconsideración del otro. Estaba también acostumbrada a las juntas de jueces, en donde se discuten casi siempre diversas visiones de la ley y de la propia carrera judicial. Por supuesto, al haber formado parte del CGPJ durante cuatro años, también había vivido la experiencia del debate sobre la política judicial. Participé allí en reuniones interminables, que a veces duraban un día entero, cargadas hasta el infinito de burocracia e ineficacia… pero sin insultos. Pues bien, en ninguna de estas actividades deliberativas había visto a la oposición política utilizar el desprecio, la burla y la descalificación constantes respecto al Gobierno.

La confrontación de ese enredado diálogo-bronca puede tender a presentarse como la actividad propia de los políticos. No obstante, la actividad política en sí es, o debería entenderse, como una actividad fundamentalmente de gestión, tanto si perteneces a un órgano ejecutivo, de Gobierno, como si solo formas parte de un cuerpo colectivo, de asamblea. En definitiva, cuando eres político y formas parte de una institución, estás ahí, en principio, para hacer cosas.

La política es para hacer —o deshacer— cosas. La defino intencionadamente de forma tan poco precisa, pese a que soy consciente de la amplitud o incluso de la ambigüedad que suscita la expresión «hacer cosas». No me importa. Me parece que no queda más remedio que recurrir a su uso para intentar esclarecer qué es lo que verdaderamente hace un político. Se supone que es algo más que dedicarse a insultar y ser insultado.

¿Qué hace un diputado de una asamblea autonómica?, ¿y un congresista?, ¿y el director general en un ministerio?, ¿y un alcalde? Sería interesante contar con datos de las agendas personales de los políticos para que se pudiera analizar bien qué hacen las personas que forman parte de la administración institucional, tanto de quienes gobiernan como de los que están en la oposición.

En realidad, el análisis de esas agendas, aunque fuera somero, nos mostraría enseguida que la actividad política como tal consiste en reuniones para preparar proyectos, si se está en el Gobierno, o para dinamitarlos, si se está en la oposición. La ritual asistencia calendada a reuniones pasa a convertirse en el objetivo de la política. Se trata de la participación en consejos de organismos vinculados a la actividad pública, o en comisiones sectoriales formalizadas como tales, o en asistencia y voto en los plenarios correspondientes. Sin duda, esa participación rutinaria exige una preparación de trabajo más informal antes de que se produzca la confrontación reglada para proponer o destruir.

La actividad política también incluye visitas. La mayoría son puramente protocolarias. Otras responden al lógico interés de la ciudadanía por hablar con los que formalmente les representan y que pueden tomar decisiones que les pueden afectar o influir en ellas. Esa atracción por acercarse a los políticos (igual que a otro tipo de famosos) se constata hoy, en la calle o en los lugares públicos, en la petición de las fotos con los teléfonos. Este fenómeno nuevo solo se puede producir si el político sale de su habitual enclaustramiento y, aunque tantas veces no signifique nada, puede también ser un vehículo de acercamiento y empatía con la gente.

Debo insertar aquí la falta de regulación y la dificultad para acceder a nuestros representantes. No hablo del encuentro fortuito en la calle, sino al acceso a la clase política, tanto para conseguir información sobre su actividad como sobre su opinión respecto a una cuestión en un debate. Ese acceso tan limitado resulta inversamente proporcional al grado de poder que se tenga. Sin embargo, basta con contar con algo de supuesto poder para que el acceso a esos datos resulte casi imposible. En el Ayuntamiento nos pareció imprescindible abrir ese acceso a la ciudadanía. Quisiera pensar que me entrevisté, empezando mis citas a las ocho de la mañana, cuando no a las siete y media, con el mayor número de personas que permite un periodo de cuatro años. Además, pues así lo exige la ley de transparencia, abrimos un registro de lobbies.

¿HACER O CONTAR QUÉ SE HACE O VA A HACERSE?

El núcleo esencial de la actividad del político se orienta no tanto a lo que se hace, sino a cómo se cuenta lo que se hace o lo que se dice que se va a hacer. Muchas veces basta con prometer y pocas se evalúa o se cuestiona si se ha hecho o no, salvo en las campañas electorales en las que las promesas incumplidas se convierten en dardos de la oposición. Estos dardos, a su vez, tienden a envenenarse con una interpretación sesgada del supuesto incumplimiento de la promesa.

La comunicación acaba siendo el nervio vital por el que transcurre la vida política. Así, una noticia aparecida en las redes o en los medios tradicionales puede descolocar cualquier agenda aunque no tenga nada que ver con la gestión que se haya hecho o que se esté haciendo, pues lo que se dice sobre la actividad política se acaba convirtiendo en la auténtica actividad política. En resumen, la política se reduce a la comunicación.

No sé cómo hemos llegado a este punto, pero lo que sí está claro es que lo que hayan hecho realmente los políticos llega a ser indiferente, pues lo que verdaderamente importa es lo que se ha contado y los medios de comunicación han recogido. Todo vale —lo que digan que se ha hecho aunque no se haya hecho, lo que digan que se va a hacer o lo que diga la oposición que no se debe hacer o que se ha hecho mal— ya que nada se evalúa ni se comprueba. Apenas se contrasta la verdad, un concepto olvidado, cuando no se da por periclitado.

Me resulta curioso que la ciudadanía no tenga ninguna opción para comprobar la actividad del político por sí misma, sino solo de forma mediada. Por supuesto, hay veces que algunos ciudadanos, los que se ven directamente afectados para bien o para mal por las decisiones de la gestión pública, sí tienen esa percepción directa.

Pongo un ejemplo reciente. Hace unos días, en una calle de uno de los dos itinerarios que recorro para llegar al metro, me paró el portero de una finca para darme las gracias por el trabajo que había hecho en el Ayuntamiento, aunque haga ya dos años que salí de allí. Me dio las gracias porque, nada más ser nombrada alcaldesa, conseguimos arreglar y dejar maravillosa la pista de atletismo del Gallur, que se encontraba abandonada.

Cabe preguntarse cuántos ciudadanos de Madrid saben que efectivamente arreglamos aquella pista y que acabamos con el solar del estadio Vallehermoso, en la avenida Filipinas, al construir otro espectacular circuito atlético. ¿Cuántos saben todo lo que hicimos y cómo lo hicimos? Y, a su vez, ¿qué se sabe de lo que no hicimos o de lo que hicimos mal? De esto último se han encargado de difundirlo mucho más los medios adversos, con toda suerte de hipérboles y sesgos. De los logros y ayudas, mucho menos, ya que no vale para la confrontación y no merece la pena citarlos, ni siquiera entre los supuestos amigos.

Así, salvo que por azar algún ciudadano conozca por sí mismo algo de la actividad del político, lo que la ciudadanía sabe de la actividad de los políticos es lo que digan los medios de comunicación. Estos, según sean más o menos afines al ejecutivo, darán una visión más o menos elogiosa o, por el contrario, abonarán con entusiasmo el punto de vista destructivo de la oposición.

MEDIOS Y REDES: EL CAMPO DE BATALLA

Al ser los medios y las redes los que dan visibilidad a su actividad, la clase política sabe que la comunicación es su auténtico campo de batalla. Por eso su discurso es clave para que, en cada acción concreta, los medios la elogien o la desacrediten.

Una de las personas a las que he escuchado análisis más interesantes sobre su actividad política es Jorge Barrero, jefe de gabinete de Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno de Zapatero, y actual director de la Fundación Cotec. Jorge me decía que había constatado con sorpresa que los medios habían elogiado con entusiasmo aspectos de la labor de su ministerio que no habían sido interesantes ni beneficiosos y que habían criticado ásperamente otros que, sin embargo, habían sido positivos. Es un hecho: algo tan trascendente como es la actividad política acaba siendo no lo que es o ha sido, sino lo que los medios han contado que es.

Los medios siempre han tendido a presentarse como el mero transmisor de la información y han cuestionado a sus críticos como quienes quieren matar al mensajero. Pero quienes hayan visto la serie La voz más alta, sobre el fundador de Fox News, o leído El director, respecto al fugaz tránsito de El Mundo por una posición llamémosle, centrada, habrán visto cuán irreal es la tradicional y candorosa pretensión de ser solo mensajeros.

Matizo que aun aceptando que haya buena fe, es decir, que existan periodistas que intenten responder a su misión informadora, hay que tener en cuenta las limitaciones establecidas desde sus propias direcciones en los grandes medios. Estas saben de su gran poder para realzar o para hundir a unos y otros y, sobre todo, saben que el escándalo y la bronca venden. Por eso los políticos que necesitan conquistar el espacio mediático se han dejado arrastrar por la irremisible ansia de salir en los medios, aunque hablen mal de ellos. Procurando que sea a su favor, salir en los medios se convierte en la verdadera actividad política.

Me costó mucho entender esto. Fue, sin duda, al padecer el verdadero acoso y derribo al que fue sometida mi alcaldía —primero contra mi diverso grupo de concejales, después contra mí misma—, a la que las grandes cabeceras fueron progresivamente considerando un mayor peligro. No olvidemos que se vivía el periodo más negro de El País, el único de los grandes que se puede considerar más centrado.

Alguien de mi entorno llegó a decir que se debería haber hecho un seminario en una gran universidad como Harvard sobre cómo una institución pública podía trabajar con todos los medios en contra. Felizmente lo conseguimos.

Quizás con menor repercusión, visualizar un pleno municipal es lo mismo que un pleno de la Asamblea de Madrid o un pleno del Congreso de los Diputados. En todos ellos se constata en qué medida la actividad política se reduce a la utilización de oratoria simplificada para que aparezca en los titulares. De contenidos tal vez se habla en otros lugares e instancias, si es que se habla en ausencia de la prensa. En cuanto los medios hacen acto de presencia, sobre todo en los plenos, lo que prima es sin duda la pulla más que la puja, la máxima confrontación adornada del insulto y, en un marco más amplio, la grosería. Si los líderes de la oposición no la usan lo suficiente, muchas veces hay un espontáneo que completa la faena con un grito aislado que rebasa todos los límites. Dicho queda, aunque después se haga una supuesta lamentación.

El campo de batalla de la política consiste en la utilización de la palabra y el gesto para, como en el enfrentamiento bélico, golpear, herir y descabalgar al enemigo. En el debate político, los más cuidadosos hablan, en cambio, de adversarios. El porqué de ese ataque se diluye e incluso se pierde en el enfrentamiento.

En la actualidad solo parece importar el ataque en sí mismo. Así, el debate no solo rebosa agresividad verbal innecesaria, sino, lo que es peor, esa violencia impide conocer los proyectos o las actividades que proponen o realizan unos y otros, ya que pasan a un segundo plano.

Constatar ese reduccionismo sí fue algo inesperado y noqueante, y así lo reconozco en las entrevistas. Sinceramente, siempre había pensado que en el mundo de la política había interés en debatir, pero he visto que tener que hacerlo de forma simplista, solo en flashes, contribuye al maniqueísmo, a la caricatura y a la mera descalificación como romo argumento.

LAS MAGDALENAS COMO HERRAMIENTA

No podía admitir esa forma de hacer política. Me habían elegido, pensaba, para gestionar lo público y en ese contexto resultaba difícil, cuando no imposible. No me podía resignar a trabajar en ese ambiente absurdo durante los cuatro años siguientes.

Pensé que tenía que intentar romper las barreras del etiquetamiento partidario en las que nos habíamos situado los concejales. Para eso era necesario conocerse, tratarse, hablar más, darle vueltas a lo que eran Madrid y los madrileños. Había que buscar lo que nos unía, que seguro era mucho, aunque nos costase tanto reconocerlo y superar las ridículas limitaciones formales y los rígidos argumentarios de los diálogos en los plenos.

En mi anterior vida profesional siempre había recurrido a hablar con las personas con las que me tocaba trabajar, a conocerlas, a ver qué nos unía y qué nos separaba para hacer equipo y que la institución que me había tocado dirigir funcionara.

Recordaba, por ejemplo, mi actuación cuando llegué por primera vez a mi destino de jueza de vigilancia penitenciaria. Me encontré con una plantilla de funcionarios que no querían ir a la cárcel, a pesar de que nuestro cometido profesional consistía en velar por los derechos de las personas presas. Hice reuniones con toda la plantilla en las que salió a relucir lo que en aquellos años era un gran problema: el miedo al contagio del sida. A ello se unía, como mar de fondo, la ausencia de una compensación económica por sufrir el riesgo real de contagio. Entonces se buscó una solución. Conseguí que cobraran el plus de peligrosidad que hasta entonces no se les había reconocido y comenzaron a acompañarme a las obligadas visitas a la prisión. Nos conocimos y nos entendimos. Desde la plaza de Castilla hasta la cárcel de Carabanchel había un buen trayecto en el que hablábamos y comentábamos los casos que habíamos visto. De pronto constataron lo mucho más apasionante que era trabajar cuando la cantidad de expedientes que tenían que mover cobraban vida, tenían cara, mirada, palabras e historias. Es cierto que solo eran diez o doce funcionarios, y que, sin duda, era un equipo más fácil de gestionar.

Pero también había tenido otras experiencias en colectivos mayores. Cuando mis compañeros jueces de Madrid me eligieron decana, tuve que dirigir una plantilla de más de quinientos funcionarios. De nuevo recurrí a lo que sabía que movilizaba los comportamientos humanos: hablar, conocerse, buscar lo que nos unía y profundizar en lo que nos podía enfrentar.

Precisamente en aquel entonces el CGPJ nos facilitó a los jueces que teníamos responsabilidades de dirección cursos de gestión o management. Fueron una sorpresa. Aprendí muchísimo y, además, me confirmaron que lo que había puesto en marcha intuitivamente —el contacto, la conversación, la cercanía y la escucha— eran las herramientas más útiles para la dinamización de los grupos humanos. En definitiva, la empatía es el componente más extraordinario para la convivencia y la acción para el progreso.

Por eso, cuando llegué al Ayuntamiento, pensé que necesitaba romper esas barreras con los concejales de la oposición y se me ocurrió celebrar unos desayunos como espacio de contacto relajado. Para esos encuentros surgieron las magdalenas que después devinieron casi la identidad de mi mandato. Quise que aquellos desayunos con los distintos grupos de la oposición no tuvieran ningún coste para la institución, ya que me preocupaba que mi manera de trabajar pudiera entenderse como despilfarradora de lo público, así que decidí hacer yo misma unas riquísimas magdalenas para acompañar el café con leche de esos desayunos.

Hubo varias rondas de desayunos de convivencia. Las mesas siempre estaban preciosas, con las apetitosas magdalenas en fuentes con papel de orlas. Aunque los concejales del PSOE y de Ciudadanos fueron algo más espontáneos, la verdad es que ningún grupo agradeció la iniciativa. Creo recordar que todos coincidieron en que las magdalenas estaban muy buenas. Hablamos un poco de todo con cordialidad, pero no alcanzamos la naturalidad de un acto de estas características si se hubiera producido en cualquier otro ámbito de la vida social.

Entre los concejales de Ciudadanos había algunos que, como era mi caso, acometían por primera vez el desempeño de un cargo público. Me interesaba especialmente intentar convencerles de que no se dejaran llevar por el estilo clásico de la política tradicional. Intentaba disuadirles de utilizar el diálogo barriobajero como forma equivocada de relacionarnos. No lo conseguí.

Con el grupo popular fue todo más formal y menos natural. Solo hablaba Esperanza Aguirre, su clara jefa de filas, dándole al atípico encuentro una configuración de acto político. Para ellos no tenía cabida el enfoque cotidiano e informal con el que lo había diseñado. Me repetía a mí misma que se trataba simplemente de un desayuno, pero me quedé sola en la distensión. De todas formas, ella estuvo cordial, elogió la calidad de las magdalenas y se interesó por mis iniciativas o planes más inmediatos para el Ayuntamiento, que incluso alabó en líneas generales.

Pero aquel ambiente agradable y más o menos informal desaparecía en cuanto se descorría el telón de la comunicación pública: la relativa normalidad de la relación se disolvía como un azucarillo en el agua. Las declaraciones y entrevistas de los concejales de la oposición, así como sus intervenciones en los plenos seguían siendo descalificadoras y faltonas. Entonces recordaba a Jesús Bernabé, uno de los profesores de los cursos de management, que nos advertía de que la comunicación política era la expresión más contraria a la comunicación para la gestión, pues se basaba en la búsqueda incesante de la confrontación. Su objetivo consistía en perjudicar e impedir la gestión de los contrarios, es decir, interponer agresividad y distancia ante todo lo que pudiera significar o propiciar empatía.

Fracasé completamente con los desayunos y, aunque seguí intentando parar esa forma de trabajar en lo público, acabé concluyendo que no tenía remedio.

En 2021, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, desde su atalaya de analista político pontificó algo parecido a que no se podía gobernar con magdalenas. Sin duda, esa afirmación responde a toda una concepción de lo que es el Gobierno y para quién se gobierna, si para los propios o para todos. Aun así, la magdalenización fue un éxito porque contribuyó, y mucho, a ganar unas elecciones, las de 2019, que otros, queriendo interrumpir la experiencia de las magdalenas, consideraron que no merecía la pena apoyar.

DISECCIONANDO LA DEMOLICIÓN POR DESCALIFICACIÓN

Tras el fracaso de los desayunos, decidí hacer un estudio en que se constatara el alto nivel de confrontación. Pedí que los funcionarios de prensa recogieran de forma sistemática cuántos y cuáles eran los insultos y las descalificaciones, sin olvidar las más o menos abiertas mentiras, que nos cruzábamos en los plenos municipales. Quizás ver por escrito todo lo que nos decíamos pudiera contribuir, al menos, a ser conscientes de adónde habíamos llegado. Estudiaron las actas de los plenos transcritas literalmente celebradas a lo largo del año 2017. Este documento de Excel es una buena muestra de la falta absoluta de debate real sobre las políticas que se implantaban en la ciudad. Muestra cómo ese vacío se llenaba con relatos descalificadores, plagados de insultos y de imputaciones deslegitimadoras.

La lectura de este dosier permite apreciar cómo los discursos insultantes eran más frecuentes cuando se dirigían al Gobierno municipal y a mí que a la inversa. Sin embargo, también se dieron esas respuestas menoscabadoras por parte de los concejales del Gobierno y del PSOE. No obstante, la contabilidad lo constata, nunca alcanzaron el nivel de las que profirieron algunos de los miembros de la oposición.

Nunca respondí en ese tono, muy por el contrario, ahora casi me enternece leer mis respuestas exigiendo, una y otra vez, el cese de ese ambiente y de esas formas en nuestros plenos municipales. No quiero hacer una relación exhaustiva de todo lo que se dijo durante aquellos debates, simplemente quiero recalcar que los insultos dirigidos a mí consistían en acusarme de mentir, de actuar con rencor, de sectarismo, de odio y autoritarismo —cree el ladrón que todos son…—, de prevaricación, de apoyo a los delincuentes, de vulneración de la legalidad, de traición a España, de apoyo al chavismo, de adoctrinamiento marxista y de desprecio a los ciudadanos. ¡Y todo ello a pesar de las magdalenas!

Las críticas más intensas dirigidas al grupo municipal llegaron a extremos como el de decir que nuestro Gobierno era el de la desvergüenza y el del estercolero de la política. La superación de todas las hipérboles la consumó uno de los concejales de la oposición que concluyó una de sus intervenciones preguntándose retóricamente si Podemos, al que constantemente nos adscribían sin matiz alguno, no era un partido de terroristas, delincuentes, ladrones, traficantes de droga y pederastas, lo que le llevaba a afirmar que el partido que ostentaba el grupo municipal infringía todos los artículos del Código Penal.

Algunos considerarán que ese tipo de disparatadas exageraciones, que seguimos oyendo todos los miércoles en las sesiones de control al Gobierno, son lo normal en política. Cuestionan incluso que sean insultos. Lo son y duelen si los recibe alguien con sensibilidad que no se parapeta en la absurda coraza de la política, esa que parece destrozarlo todo, incluidas las mentes elaboradas.

A LA POLÍTICA SE VIENE LLORADA

Después de cada pleno, tras escuchar a lo largo de seis o siete horas toda la cascada de insultos, subía a mi despacho y, mientras me tomaba algún sándwich de los que habían quedado del bufé que se servía durante el debate, intentaba recuperarme emocionalmente. Ese bufé se servía en un espacio cercano al pleno y los concejales salían a tomar algo cuando más les convenía. Como lo presidía, casi nunca me levantaba y hubo sesiones que aguanté sin moverme.

Claro que me dolía todo ese chaparrón de descalificaciones: siempre me ha afectado que se me trate con injusticia y me ha hecho daño el insulto gratuito. Recuerdo un día en que, conduciendo, debí de cambiarme de carril sin poner el intermitente o algo así. El vehículo de detrás, además de tocar la bocina, me gritó: «¡Hija de puta! ¡Cabrona!». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Caramba, quizás había hecho algo equivocado, pero ¿por qué esa agresividad? ¿A qué venía tanta ira? Tantas veces esa misma cuestión volvió a surgirme en mi paso por la política.

Yo no era así de agresiva. No lo soy, aunque se me pretenda asimilar a los animales políticos que dan y reciben con la misma naturalidad. En uno de los plenos intenté de nuevo convencer a los concejales de que deberíamos ser capaces de instaurar un estilo de debatir con educación y compañerismo, de que tendríamos que cuidarnos y no hacernos daño. Entonces Esperanza Aguirre tomó la palabra y me dijo: «Alcaldesa, a la política se viene llorada de casa».

Qué poco y qué poco bueno dice con esa afirmación la señora Aguirre, tanto de sí misma como de la política. Supongo que lo que quería transmitir es que la política es eso, una batalla, por eso hay que encararla como los soldados de un ejército, dispuestos a recibir disparos. Según ella, a la política se viene a disparar.

¿Cómo en ese marco se va a poder elaborar la vida de una ciudad, su mejora, su entorno, su salubridad, su transporte, su cultura o su índice de igualdad? El verdadero contenido de la política no puede ser otro que el de mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Para ello se necesita la imprescindible transversalidad de conocer alternativas distintas e incluso contrapuestas respecto a cómo lograrlo. Esas alternativas tienen que converger de algún modo. La mejora constante de esas condiciones de vida no se consigue disparando porque haciéndolo solo se alcanzará a destruir lo que los otros hayan podido mejorar.

Aun así, alguna vez tuve un rayo de esperanza en el pleno. Después de haber recibido las descalificaciones de rigor, algún concejal de la oposición me mandó un whatsapp diciéndome algo así como: «Manuela, no te tomes en serio esto que te decimos. Eres una persona estupenda, esto es solo política».

Pero ¿adónde hemos llegado? ¿Por qué hemos convertido la política en una especie de mafia en la que, para recuperar el poder, que justificamos magnificando nuestras diferencias, cabe todo? Todos tenemos ideas diferentes sobre cómo conducir nuestro país, nuestras comunidades y nuestras ciudades y, precisamente por eso, es necesario hablar y debatir. Tenemos que exponer nuestras ideas diferentes, que parten de nuestras distintas visiones relacionadas con la ideología. Pero ¿cómo se puede desarrollar ese proceso, que no es otra cosa que la esencia de la democracia, si despreciamos la empatía, ese elemento común que nos liga? La empatía es ese gran tesoro que permite a todos los seres humanos reconocerse como iguales, todos miembros de la familia humana, y que determina el respeto y la consideración mutua.

No, a la política no hay que venir llorado, a la política hay que ir cargado de ideas, de proyectos, de ilusiones y de una inmensa capacidad de escucha y de persuasión.

Y lo que más me preocupa es que eso de que a la política hay que venir llorado no solo se lo oí en nuestro pleno a Esperanza Aguirre, sino que también lo dijo Pablo Iglesias en 2020. Este elevó el concepto a una categoría superior porque alardeó de que le insultaran. «Si no te insultan y acosan, no eres nadie», parece decir. A la lucha hay que venir pertrechado y con escudo protector, ¡qué peligro!

4. El discurso: el armamento

4

EL DISCURSO: EL ARMAMENTO

Si el campo de batalla es la comunicación, el discurso, el gesto y la imagen son los instrumentos imprescindibles para la contienda. Hoy por hoy, pese al ruido que todo lo rodea, la política se sigue haciendo hablando. Los políticos hablan con sus discursos en los Parlamentos, en las entrevistas en toda clase de medios y en las redes sociales con sus tuits y vídeos. También en las campañas electorales, en las que todo parece valer, en los mítines y, si condescienden a hacerlo, en los debates.

Así, aunque el hablar político discurre por esos ámbitos variados, su medio propio es, sin duda, el de los órganos institucionales, que es donde debería darse específicamente el debate político. Es ahí donde aparece el discurso como tal, como elemento imprescindible de la acción política. El discurso, entendido como mero ejercicio de la verbalidad, puede llegar a convertirse en la expresión, diluida, de la política misma, la ya citada lengua de madera. Aquí, aunque entendemos que la expresión alude a la vaguedad de la política, apenas la usamos, pero igualmente se prodiga, y mucho.

Lo que cabe preguntarse es qué sentido tiene hoy el discurso como tal, si llegamos a aceptar que este se convierte, ante todo, en el vehículo de exhortación de lo que pueda identificarnos emocionalmente. El discurso convertido en exhortación emocional ha sido propio del púlpito o de la milicia, es decir, de aquellos tiempos predemocráticos en que los reyes absolutos y las jerarquías eclesiásticas dirigían el destino de los ciudadanos y en que los jefes militares arengaban a sus huestes ciudadanas (y no solo militares) a las que llevaban a morir.

Pero hoy el hablar político debería ser, fundamentalmente, el de la comunicación de y sobre la buena gestión, la que se quiere ejercer o la que ya se ha llevado a cabo. El político interpreta los afanes públicos, los selecciona, los prioriza, los explica y, todo eso, claro, bajo su propia mirada. Esa mirada se le llama también ideología y justifica en muchas ocasiones la ausencia de aclaración, tanto de lo que se quiere hacer como de lo que se ha hecho. ¡Cuánta falta de evaluación se envuelve en la ideología!

Y en ese diálogo de la comunicación, para resolver lo de todos y para trabajar para lo de todos, sí que se necesita al político. Como tiene que hacer todo buen gestor, el político tiene que ilusionar y emocionar.

LOS ÓRGANOS DE NO DEBATE: UN PLENO MUNICIPAL

El protocolo habitual, cuando se elige a un alcalde o alcaldesa, es que, una vez proclamado, se dirija al auditorio del pleno municipal para explicar la política que aspira a desarrollar.

Días antes, cuando ya habíamos llegado a un acuerdo con el PSOE y sabíamos que gracias a sus votos sumaríamos la mayoría para gobernar, constituí un pequeño embrión de lo que serían los cuadros directivos. Luis Cueto, quien después sería el coordinador del Ayuntamiento, me preparó un discurso. «Muchas gracias —le dije—, pero no puedo ni quiero utilizar palabras de otros. Creo que el político, la persona que alcanza un cargo institucional tras haber sido elegida por los ciudadanos debe hablar por sí misma». Cuando, finalmente, el 13 de junio de 2015 fui elegida alcaldesa anuncié en el discurso inaugural que esperaba conseguir que los plenos del Ayuntamiento fueran el lugar donde se pudiera analizar con profundidad la gestión que la nueva corporación quería desempeñar.

Anuncié que contaríamos con plenos monográficos sobre cada una de las grandes líneas de la acción política: el urbanismo, la ecología, el medio ambiente, la desigualdad, la participación ciudadana y todos los aspectos del desarrollo y gobierno de una gran ciudad a los que se decidiera dedicar un pleno. «Lo haremos con análisis de datos, con expertos, con vídeos y con todas las nuevas tecnologías que nos puedan ayudar a gestionar y a evaluar mejor lo que vamos haciendo, lo que iremos avanzando», les dije. Aquel era mi objetivo y lo que creía que se debía hacer. Me equivoqué. No lo conseguí. Aún no sabía qué eran los plenos y para lo que habitualmente se utilizan.

El hablar sin más, recurriendo a tópicos cuando no a obviedades, no es una buena herramienta para el análisis, la planificación, la implantación y la evaluación de las políticas públicas. Desafortunadamente, nuestro sistema democrático ha orillado la esencia de la discusión sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo y lo ha sustituido por la caricatura del debate. Este, rimbombante, solo conserva su apariencia y, dado que las soflamas y los insultos no requieren ilustración, las imágenes o los gráficos sobran.

Y NO SOLO EN ESPAÑA

Recurro a mi experiencia internacional porque en ella he constatado no solo la misma ausencia de debate, sino la displicencia respecto a su necesidad. El análisis huelga cuando se pueden rellenar las casillas del supuesto deber cumplido. Si están todos los vistos buenos, ya no hace falta debate.

Desde 2003 a 2009 fui relatora de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, desde 2007 al final de mi mandato, presidí su Working Group on Arbitrary Detention (WGAD, por sus siglas en inglés). Este es un mecanismo de control de los derechos humanos en los distintos países miembros.

Trabajar en la ONU fue una experiencia maravillosa que compatibilizaba con la judicatura. Solo el hecho de entrar en el Palais des Nations, en Ginebra, y atravesar el bosque de banderas que acompaña el precioso paseo de inmensos cedros emociona y te hace sentir miembro de la familia humana.

El trabajo que desempeñaba el WGAD era apasionante. Respondíamos individualmente a las quejas y lamentos de personas privadas de libertad por todo el mundo. Además, realizábamos varias visitas al año a determinados países para conocer en directo la situación de las personas detenidas. Teníamos que evaluar si, en esas detenciones, se respetaban los derechos reconocidos, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en los correspondientes convenios.

Constatar el cumplimiento de los derechos humanos no es tarea fácil, ni desde la sede de Ginebra ni en las visitas sobre el terreno. Cuando inspeccionábamos cárceles, comisarías, centros de detención de menores, de adictos, de emigrantes o manicomios comprobábamos la sorpresa de muchas de esas personas al descubrir que podían ser objeto de derechos humanos y que pudiera haber alguien por las altas esferas que se interesara por ellas.

Nunca olvidaré cómo en una comisaría de Nuakchot, la capital mauritana, los dos muchachos que encontramos en los calabozos —jóvenes y pobres— se crecieron de pronto al saber que le importaban a alguien lo suficiente como para interesarse por su detención. Y sí, aunque esto pudiera ya justificar nuestra visita, no nos parecía suficiente, sino que había que pretender algo más. No obstante, en demasiadas ocasiones nos sentimos impotentes.

Aunque tal vez resulte obvio, conviene recordar que solo podíamos visitar los países cuyos Gobiernos nos habían autorizado previamente a hacerlo. Antes y después de nuestra llegada, los Gobiernos nos inundaban de información respecto a sus perfectos ordenamientos jurídicos. Pretendían convencernos de su estricto cumplimiento de los imperativos de la legislación de la ONU. Luego, a lo largo de la visita, en muchas ocasiones, la realidad se encargaba de mostrar lo contrario.

Recuerdo un país en el que el equipo gubernamental nos había asegurado que ningún detenido estaba más de setenta y dos horas en las celdas de la comisaría central de la ciudad. Entonces fuimos a visitarlas. Nada más entrar quedó claro que aquellas celdas acumulaban objetos que no se pueden reunir en tres días: ropas, fotografías, libros, objetos de aseo, botes de café y galletas, etc. A continuación, preguntamos a los reclusos y reconocieron que llevaban allí bastante más de un mes. Me pareció que una foto resumiría aquella realidad mejor que cualquier descripción escrita y quizás sesgada, pero, para mi sorpresa, la imagen resultó difícil de introducir en el informe que, a final de año, presentábamos ante el Consejo de Derechos Humanos.

Precisamente allí surgió la discusión. En la ONU, pronto constaté que los discursos devenían algo meramente protocolario y que nadie parecía prestarles mucha atención. Sugerí entonces que, en lugar de hacer un discurso convencional, nuestro informe se presentara mediante una exposición audiovisual. Con esta podríamos transmitir nuestra preocupación por lograr la implementación de los derechos humanos con mayor efectividad, ya que estábamos comprobando su insuficiente cumplimiento.

EL NO DEBATE Y LA NECESIDAD DE ESTE PARA CAMBIAR

Estaba convencida entonces, y lo sigo estando ahora, de que es necesario encontrar protocolos de control para conocer, de verdad y rápidamente, los incumplimientos de los derechos humanos respecto a las personas privadas de libertad. Estoy segura de que se podrían estudiar, ensayar e implementar nuevos mecanismos de control. Ahora bien, para eso sería imprescindible que hubiera debate profundo y real sobre su necesidad, un debate que falta en la ONU y, desgraciadamente, en tantas otras instancias menores.

El secretario del WGAD, un excelente funcionario peruano de la ONU, me explicó que no iba a ser posible complementar el discurso con material audiovisual. Entonces surgió el eterno y universal argumento ante la innovación: que eso no se había hecho antes. Era cierto, en ese preciosísimo salón del Palais des Nations donde se celebra el Consejo nunca se había instalado una pantalla en la que proyectar datos e imágenes. Las únicas imágenes posibles eran las que Barceló había pintado en aquella estancia. Además de la dificultad material, tan fácil de superar, se esgrimían en contra otras razones tan burocráticas como usuales: no se podía, seguía argumentando el secretario, porque las delegaciones de todos los países del mundo que forman el Consejo de Derechos Humanos necesitaban conocer antes de la celebración de nuestra sesión lo que nosotros íbamos a decir. A su vez, cada país tendría que tener tiempo para preparar sus correspondientes respuestas.

En todo caso, la penosa discusión con el secretario no hacía sino remitir a que el debate se reducía a un intercambio de escritos que, después, se publicaban juntos. En menor medida, el presunto debate daba pie a un análisis conjunto entre delegaciones en el que se podían contrastar distintas visiones.

Ante la negativa, me empeñé en hacer la presentación con el PowerPoint que habíamos preparado. Este permitía de manera visual —las imágenes, ya se sabe, valen más que mil palabras— hacerse una idea de la situación de las personas privadas de libertad en el mundo y de la insuficiencia de los métodos de control de los derechos humanos. A su vez, esto daba pie a cuestionar la ausencia de análisis en la institución.

Para hacer la presentación, hubo que trasladar nuestro texto a todas las delegaciones sin incluir las imágenes ni los datos que había conseguido incorporar. Tuve que constatar mi fracaso, ya que no conseguí que se diera un verdadero debate. Ninguna delegación hizo referencia alguna a la visualización que ofrecí en la exposición. Todas se limitaron, cada una desde la perspectiva de sus estrategias diplomáticas, a leer el escrito que habían confeccionado en sus delegaciones los días anteriores.

Sentí pena de no poder transmitir nuestra intensa experiencia visitando prisiones y hablando con tantas y tantas personas privadas de libertad. No podía dejar de pensar en la insuficiencia de los informes escritos, tan fáciles de acumular y archivar. No estoy segura, pero quizás las autoridades diplomáticas del Consejo hubieran reaccionado ante un vídeo impactantemente montado para impresionarles. Puede que hubieran dejado de atender sus teléfonos por unos instantes para permitir que sus corazones se estremecieran ante lo que veían y oían.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APOYANDO EL DISCURSO, PROPICIANDO EL DEBATE

Las nuevas tecnologías facilitan de manera asombrosa la posibilidad de constatar la realidad, de mostrarla. Sin embargo, parece que en el marco de la política no interesa esa constatación. Pueden contratarse grandes campañas de publicidad, pero no usar las herramientas tecnológicas para conocer y analizar la realidad ni para debatir con otros.

Tratar de utilizar esas herramientas ha sido una pretensión impenitente en mi trayectoria allí donde he estado. Tengo que reconocer que con poco éxito, generando unas críticas que sorprenden por su ramplonería, más allá del conservadurismo inercial al que responden.

Intenté aplicar esquemas e imágenes como apoyo a las propuestas de la nueva gestión judicial. Cuando explicaba a mis compañeros del CGPJ que teníamos que gestionar la ley, me miraban atónitos y me decían: «¿Qué es eso de gestionar la ley?». Enseguida recurría a ejemplos de tantas cosas que se podían hacer mejor de manera distinta a la que la rutina y una encorsetada normativa llevaban dictando desde tiempo inmemorial. Había que interpretar las leyes procesales y pensar en formas de hacer las citaciones más eficaces, incluso con algo tan prosaico como el horario. Las rígidas jornadas de los funcionarios no coincidían con las horas en las que los ciudadanos que había que notificar —para mal o para bien— estaban en casa.

Como en tantos otros casos, surgía la importancia de apoyar el discurso con imágenes o datos. Esto es algo asumido en todos los entornos, pero que cuesta introducir en las instituciones, y no digamos en la justicia, acostumbrada a la palabra escrita encerrada en folios y folios de sumarios y expedientes.

Recuerdo la primera vez que introduje una imagen en una sentencia. ¡Qué escándalo! ¡Habrase visto tamaña temeridad! También me viene a la memoria la aterradora sorpresa que se produjo en la sala de juicios de la plaza de Castilla cuando, en una acalorada discusión de las partes sobre si unas obras se habían hecho o no, decidí interrumpir el juicio y trasladarnos todos, cámara Polaroid en ristre, al local en disputa. Los pilares del templo de la justicia temblaron, pero, ante la evidencia registrada, los grandes discursos sobre la existencia o no de las obras se diluyeron.

Volviendo a mis discusiones en el CGPJ, me empeñaba en acompañar mis propuestas para el Libro Blanco de la Justicia con imágenes y datos que proyectaba. Identificar primero la gestión de la ley y desarrollarla después se realizaba mucho mejor en las pantallas, pero encerraba el peligro de apagar la luz, pues alguno podía caer en la tentación de levitar. Sin embargo, pese a esa desventaja, en la oscuridad la posibilidad de concentración era mayor.

Algunos compañeros del CGPJ se reían y decían: «Ay, ya está Manuela poniéndonos cine», pero, inasequible al desaliento, continuaba exponiendo. Mostraba, por ejemplo, el enorme despilfarro que significaba enviar a los funcionarios citadores durante las horas de la mañana (en horario de funcionario) cuando la gente está trabajando y no por la tarde o por la noche, cuando la gente está en casa. Alertaba de lo absurdo que resultaba enviar varias veces a sucesivos funcionarios para notificar a una persona que en el juzgado tenía una importante indemnización económica pendiente de recoger. Habría bastado una alegre llamada —los juzgados también dan, a veces, buenas noticias— para que la persona nos proporcionara una cuenta de ingreso.

Pongo esos simples ejemplos, que quizás aparezcan como cuestiones menores, con doble intención. Por un lado, para referirme a cuestiones cotidianas que se transmiten mejor en esquemas que apoyen el razonamiento y, por otro, porque, más allá de las sesudas disquisiciones jurídicas llenas de florituras retóricas y profusas citas jurisprudenciales, la aplicación de las leyes falla por cuestiones mucho más prosaicas que, sin embargo, tienden a no ser siquiera consideradas desde el olimpo legislativo o judicial.

PASA EL TIEMPO Y LA CUESTIÓN NO MEJORA

Como todas aquellas resistencias a la innovación me habían sucedido hacía ya tiempo, las achacaba en gran parte al inmovilismo institucional y judicial. Pensaba que el aplastante poderío de las nuevas tecnologías habría obligado a trabajar en la política de otra manera, pero, para mi sorpresa, volví a encontrarme con ese muro de resistencia en 2015, en el gran Ayuntamiento de Madrid.

Mi pretensión de utilizar herramientas visuales volvió a ser motivo de burla y descalificación. Me pareció increíble la cantidad de reproches que recibí en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. ¡Y eso que era de cultura! En mis intervenciones intenté apoyarme en imágenes, vídeos y datos. ¡Horror! ¡Qué osadía! «Esto no es una rueda de prensa, alcaldesa», me decían, cuando ellos no estaban a otra cosa que intentar lanzar titulares a los medios presentes.

No he conocido tantas ruedas de prensa ilustradas. Lo que más les descolocaba e irritaba era que lo que ya les había mandado por adelantado lo explicase con la ayuda de imágenes. Deberían haber comentado y respondido sobre la marcha, pero no están acostumbrados y habría que ver si lo sabrían hacer.

Como en el Congreso, seguían la rutina de formular de antemano preguntas sobre cuestiones que les permitieran, en la comisión, largar el enlatado discurso que les habían preparado sus asesores. Se notaba demasiado lo poco o nada que les importaba lo que acababa de explicar. Salvo alguna honrosa excepción, leían su papel y después no había posibilidad de diálogo. ¿Acaso puede llamarse a eso debate o más bien son monólogos sucesivos prejuiciados?

Para ellos, los «adornos» que exhibía, como alguna vez los tildaron, eran un engorro, pues solo importaban las grandes declamaciones, con profusión de faltas de respeto, que pudieran después recoger redes y medios. Por más que me cueste, si tengo ocasión y lugar para hacerlo, seguiré pretendiendo que el debate se organice solo a partir de unos datos consensuados, sin calificaciones, que recojan la realidad de lo que ha pasado. Es un objetivo difícil, sino imposible, pero habría que seguir intentándolo.

DEBATIR ES OTRA COSA

Así no se puede. No vale la caricatura que hemos hecho del debate. Aprender consiste sobre todo en analizar, cuestionar, valorar y, en definitiva, disfrutar pensando. Suena quizás idílico, pero en la política debería ser igual. También hay que repensar qué significa debatir y cómo es imposible hacerlo a partir de datos cuestionables y siempre cuestionados —una vez suprimidas las fake news—, no compartidos y con la postura final ya adoptada. No hay debate útil si cerramos la posibilidad de que lo que escuchamos nos convenza o de que, cuando menos, admitamos la posibilidad de que nos pueda llevar a cambiar en algo nuestra postura, aunque nos resistamos a ser convencidos. Para lograr eso, el debate no puede sustentarse en escritos previos.

Los reglamentos de las instituciones tendrían que impedir las intervenciones con escritos previos. El debate tiene que ser verbal y debe acompañarse de todos los tipos de elementos de apoyo que estén a nuestra disposición. Igual que hay que diseñar aulas nuevas que se asemejen más a los entornos de trabajo, hay que sustituir los hemiciclos, grandes y chicos, por salas de encuentro donde todos los intervinientes puedan participar viéndose directamente e intercambiando todo lo que sea necesario: preguntándose entre sí, discrepando, por supuesto, pero con flexibilidad y sin rigidez, con un orden cuyo respeto pueda ser exhibido como ejemplo, en lugar del vergonzoso guirigay en el que llegan a convertirse los plenos del Congreso.

LAS PREGUNTAS PRETEXTO

Peor aún es lo que sucede respecto a las preguntas. Se consideran el instrumento básico de control del Gobierno por parte de la oposición. Esta formula la pregunta por adelantado y el Gobierno la contesta en el pleno. Pues bien, conteste lo que conteste, y al parecer sin haberlo siquiera escuchado, el concejal de la oposición que la ha formulado lee impertérrito un escrito fabricado previamente para responder a la respuesta.

Para colmo, el producto enlatado que el concejal opositor lee con mayor o menor virulencia, puede no tener nada que ver con la respuesta que acaba de darle el Gobierno. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con la pregunta que él formuló. Ese espacio solo constituye su oportunidad para insultar y descalificar al Gobierno.

Como ya se sabe que el verdadero objetivo de la pregunta es atacar, se han generado argucias puramente defensivas en la práctica parlamentaria. Así, los responsables de comunicación aconsejan al político del Gobierno que no pierda el tiempo y que no conteste de forma detallada a lo que se le haya preguntado. Tiene que reservarse tiempo para contraponerse al previsible chorreo de agravios que le espera.

Por eso, en las preguntas de control del juego parlamentario es donde, de una manera más abrupta, se escenifica la absoluta ausencia de diálogo. Da igual lo que se pregunte, ya que solo es un pretexto. Por ejemplo, en este momento de pandemia, en las sesiones de control, reducidas a la magnificación del insulto, se puede llegar al paroxismo de la nada. El resumen: si hay muertos, son ustedes un Gobierno criminal. ¿Puede haber algo más alejado del debate político?

Hace unos días, en uno de los plenos de control, la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas le hacía una pregunta al presidente del Gobierno que, en principio, parecía razonable. Preguntó qué tenía previsto el Gobierno para el adecuado control de los fondos que recibiríamos de la Unión Europea (UE).

La pregunta resultaba un poco innecesaria y no venía demasiado a cuento, pues ya había habido varias sesiones parlamentarias en las que se había hablado con detalle del real decreto que el Gobierno había presentado para la tramitación de esos fondos. En aquel momento, y tras la oleada de críticas que había recibido de todos los grupos de la oposición y, por supuesto, de Ciudadanos, el real decreto se encontraba tramitándose como ley y estaba en fase de presentación de enmiendas. No obstante, la pregunta guardaba al menos una cierta vinculación con la gestión del Gobierno.

El presidente respondió casi con un monosílabo. Entonces, la señora Arrimadas, en su turno de palabra para comentar la respuesta del presidente, pasó a hacer lo que hacen todos los intervinientes: aprovechar esos minutos para criticar al Gobierno planteando un asunto que no tenía nada que ver con lo que había preguntado, creo que el importante apoyo económico que supuestamente el ejecutivo había prestado a una compañía aérea.

De esta manera, Arrimadas lanzó un nuevo asunto del que, por supuesto, no había antecedente ni posibilidad de obtenerlo sobre la marcha. No se podía comprobar si lo que la congresista decía era tan siquiera verdad o no. De hacerlo, quizás se hubiera dado lugar a un principio de debate. Así pues, por más que se pretenda justificar de otro modo, queda claro que de lo que se trata es justo de lo contrario, de sorprender o despistar al oponente y de introducir cualquier cosa que pueda desgastarle.

Pero esa práctica parlamentaria va más allá y trasciende todo el discurso político. Si en algún ámbito esa práctica alcanza un cenit insoportable es, nada menos, en algo que debería ser decisivo para la elección de nuestros representantes: las campañas electorales.

LOS MÍTINES, ¿ENTREVISTAS DE TRABAJO DE NUESTROS REPRESENTANTES?

En las campañas electorales el discurso es también el elemento clave de la presunta comunicación entre los candidatos y los ciudadanos a lo que se dirigen. Ese discurso parece más espontáneo, cuajado de pausas en las que los afines puedan corearlo, pero está sometido a los argumentarios que facilitan las agencias de comunicación política con las que se contratan las campañas electorales.

En las primeras elecciones generales que se celebraron en España una vez restaurada la democracia, en la primavera de 1977, fui como candidata en el número veintitantos de la lista de Madrid del PCE, un puesto al que nadie otorgaba la más mínima posibilidad de salir elegido. Estaba en el PCE, pero no era comunista porque siempre me ha molestado la identificación personal con un partido. No entiendo cómo se puede identificar nuestro complejo yo nada menos que con un partido político, pero eso no quita que siempre me haya sentido superorgullosa de haber sido miembro del PCE.

Como la mayor parte de españoles que habíamos nacido en la dictadura de Franco, no tenía ni idea de lo que era una campaña electoral ni de cómo se desarrollaba. Me convocaron a un mitin en Villalba, un pueblo importante de la sierra de Madrid. Era en un campo de fútbol que supongo que se tenía la pretensión de llenar. Allí acudí bien preparada para hablar de lo que para mí era muy trascendente en aquel momento. Como el PCE había logrado contribuir a superar la enorme brecha de la Guerra Civil con su política de reconciliación nacional y como los estudiantes nos habíamos sentido muy atraídos por ella, estábamos a favor de lo que llamábamos la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura.

Empecé el acto como si se tratara de una charla más de las muchas que ya había dado por aquel entonces. Estaba algo acostumbrada a hablar en público, pues no solo había intervenido en muchos juicios, sino que, como abogada laboralista, intervenía habitualmente en actos públicos de lo más variopinto y en los márgenes que nos permitía la censura de la dictadura. Hace unos años, me divirtió mucho encontrar una crónica de Josefina Carabias en el periódico Ya que comentaba la charla de una jovencísima abogada llamada Manuela Carmena en el colegio de farmacéuticos de Madrid.

Pero el mitin en aquel estadio era otra cosa y reconozco que no lo había pensado. Cuando llevaba unos minutos hablando, empecé a constatar la cara de incomprensión del auditorio. Allí nadie había acudido a escuchar, sino a corear consignas, a aplaudir y a vitorear a sus candidatos. Vamos, a completar las palabras del orador con su propia participación coral en un acto festivo que nada tenía que ver con ninguna reflexión.

Me quedé cortada, en blanco. Me sentí tan lejos de lo que estaba viviendo que me callé. Pedí disculpas y dije que no podía continuar. Puse la excusa de que me estaba mareando. Como estaba embarazada de mi hijo Manuel, la coartada podía resultar adecuada. Nunca pensé que el embarazo me impidiera hacer nada de lo que quería hacer, así que ese fue el único caso en el que lo usé como pretexto.

El mitin de Villalba fue una gran enseñanza y, desde ese momento, me dediqué a observar cómo eran aquellos actos. Comprendí que, para los asistentes a los mítines, aquellos eventos eran el lugar más alejado donde conocer el alcance de lo que más tarde votarían.

Por eso, cuando en 2015 acepté liderar la candidatura de Ahora Madrid, desde el primer momento les dije a mis compañeros que no quería hacer mítines de ningún tipo. Aunque se quedó sorprendido, el equipo lo aceptó. «¿Cómo haremos entonces, Manuela?», me preguntaron. Entonces les expliqué que mi idea de lo que debería ser un acto electoral se centraba fundamentalmente en que los candidatos debían presentarse ante los electores convocados como si se tratara de una entrevista de trabajo, pues, en el fondo, de eso se trataba. Los candidatos se presentan en las campañas para ocupar nada menos que el puesto de trabajo de representantes de los ciudadanos.

En primer lugar, se trata de conocer al candidato y, al igual que hacemos cuando queremos contratar a alguien para trabajar en nuestra empresa o en nuestra casa, nos interesa, y mucho, saber qué es lo que los candidatos han hecho antes en puestos similares. Luego, por supuesto, es imprescindible saber cuál el propósito de los candidatos para desempeñar su trabajo.

En 2015 me parecía, y más aún me lo parece ahora, que es importantísimo que el candidato se presente y pueda contestar algunas preguntas de esta índole: ¿Qué trabajo ha desempeñado antes de formar parte de la lista electoral? ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentó en su trabajo? ¿Cómo se ha ganado la vida? ¿Desde cuándo trabaja en política? ¿Por qué eligió la opción política bajo la que se presenta? Ya sé que suena a un pequeño formulario que se le debería exigir a todo candidato, pero no sería más complejo que la mayor parte de formularios para solicitar becas, trabajos, subvenciones, etc. ¿O es que es la política es el único ámbito donde no se preguntan los antecedentes?

Luego, por supuesto, el candidato tendría que responder a la necesaria cascada de preguntas relativas a lo que dice que quiere hacer y a cómo piensa conseguir hacerlo.

Creo que mi propuesta de acto electoral alternativo a los mítines, un avance muy importante, no resultaba clara, porque los asistentes hicieron preguntas, y muchas, sobre los problemas que tenían y la solución que nos reclamaban a los candidatos. Sin embargo, la aproximación, para mí clave, de conocer al candidato que nos interesa como a un solicitante de un trabajo no cuajó. Ni se les pasó por la cabeza. Me sorprendió, y me sigue sorprendiendo cada vez más, que en ese tipo de actos no interese el currículum de los candidatos.

A pesar de ese afán mío por cambiar el estilo de los actos electorales, tanto en la campaña de 2015 como en la de 2019 tuve que actuar en mítines con el clásico esquema de sucesión de discursos sin preguntas. Recuerdo que el concejal de Ahora Madrid Nacho Murgui me dijo: «Oye, pues se te dan muy bien los mítines. Creíamos que si no querías hacerlos era porque no sabías».

En un mitin, el discurso del candidato, si tiene algo que decir y cree de verdad en lo que dice, puede llegar a hablar desligado del argumentario del partido. Puede ser algo fundamentalmente emotivo que temen los directores de las campañas. Todavía recuerdo la que se lio cuando, en las elecciones generales de diciembre de 2019, acepté apoyar en un mitin clásico el cierre de campaña de la candidatura de Íñigo Errejón con Más País. En el transcurso de mi intervención, se me ocurrió nada menos que elogiar algo que había dicho Irene Montero, la número dos de Podemos, en un reciente debate en televisión. Recibí críticas y tuve que oír interpretaciones de todo tipo. ¿A quién se le ocurre en una campaña electoral decir algo bueno de los rivales?

DEBATES TELEVISIVOS, ¿LA BRONCA COMO PRIORIDAD?

Los debates televisivos son grandes oportunidades para las cadenas y pujan entre ellas por conseguirlos. Parece que ya se han encajado en los hábitos electorales y, pese a que no están obligados por ley —que deberían estarlo—, se han convertido en el acompañamiento imprescindible de cualquier campaña. Empieza a quedar mal el candidato que se niega a intervenir, aunque también contamos con variados ejemplos de aquellos que huyen de los debates cuando se consideran aventajados ganadores, como el señor Mariano Rajoy cuando era presidente.

Con un decorado particular, pupitres altos que obligan a los candidatos a estar de pie, relojes exigentes para controlar tiempos y moderadores famosos, estas discusiones televisadas exhiben también la lamentable imposibilidad de un debate auténtico. Se basan en discursos cruzados en los que no existe una verdadera confrontación de diversas alternativas para las políticas públicas. Solo las abruptas interrupciones, cuando no con descalificaciones e insultos, les confieren una perversa aproximación a un debate.

En el momento de su intervención, cada candidato dice lo que tiene preparado y piensa que le conviene. Más allá de la retórica, resulta difícil ver preguntas y respuestas claras que nos sirvan para orientarnos. Hace varias elecciones se puso de moda que algunos candidatos mostraran gráficos que pretendían enseñar a la cámara para apoyar en datos sus discursos. Resulta patético que no se puedan observar con detalle esos gráficos que parecen tareas escolares de alumnos de rendimiento mediano. El colmo es cuando los candidatos deciden presentar, en el fragor del debate, objetos como ladrillos o burdas copias de lo que llamaríamos en los juzgados piezas de convicción o, lo que es lo mismo, pruebas del delito.

Cuando me presenté a las elecciones en 2015 propuse a Telemadrid que los debates tuvieran un sesgo diferente. Les propuse que antes del acto televisivo, debería haber una puesta en común sobre los datos objetivos a partir de los que debatir. Ofrecer datos de base podría ser la tarea de la cadena de televisión, si se atreviese a acometerla y los candidatos lo aceptasen. Estos datos serían difíciles de consensuar, pero una vez logrado, se evitaría que los candidatos se enzarzaran en reproches constantes e imputaciones de falsedad sobre esas informaciones.

Les puse un ejemplo: pongamos encima de la mesa el número de ayudas a la dependencia que se han concedido y el tiempo que se ha tardado en su tramitación y, luego, en el debate, hablemos sobre ello. Analicemos si estimamos que son pocas o muchas, el porqué de la tardanza y digamos, unos y otros, si nos interesa mejorar esos resultados y cómo lo haremos. Un debate de esas características ha de hacerse con la exhibición de datos, con intervenciones cortas y concretas y respondiendo con claridad a las preguntas de unos y otros. Y, por supuesto, sentados a una mesa redonda y cómoda, en la que se puedan analizar datos y tomar notas.

No tuve éxito, la dependencia que existía en ese momento entre PP y Telemadrid hizo que fuera el criterio de Esperanza Aguirre el que diseñara la forma de los debates. Se optó por el criterio clásico de revoltillo entre hechos no constatados y reproches.

EL OTRO MEDIO PARA CONOCER A LOS CANDIDATOS:
LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas a los políticos desempeñan un papel importante en el afán de los medios. Así, es habitual que tengan que responder a un sinfín de entrevistas, dependiendo de la relevancia del cargo que ocupen o del interés que suscite su perfil personal.

Los medios cumplen su deber de informar a sus lectores, oyentes o televidentes ofreciéndoles las respuestas del político entrevistado. Cada medio busca a un político u otros según su sesgo ideológico. Hasta aquí, nada que objetar. Sí merece la más encendida crítica cuando ese sesgo condiciona la transcripción misma de las respuestas o las enmarca en titulares que no siempre se corresponden con lo que los entrevistados han dicho o cuando alteran su sentido.

Sin embargo, no es esto lo que más dificulta la palabra del político. Los medios, generalmente, enfocan sus preguntas en torno a los temas de actualidad. Buscan, y repiten, aquellos asuntos que pueden causar escándalo y bronca. De ahí que los políticos tengan que ser enormemente cautelosos con lo que dicen. Aunque algunos pueden buscar el escándalo, otros tienden a considerarlo un desprestigio.

Durante mi estancia en el Ayuntamiento, preparé para los plenos mensuales un dosier con los datos de las actividades más relevantes: las cantidades de basura recogida, los índices de sanción a las empresas contratistas del servicio de basura, el número de multas impuestas y las razones para imponerlas, la densidad de tráfico durante el mes, la agilización de la tramitación de licencias, el número de turistas, las actividades culturales o la contratación en nuestra agencia de colocación. También se trataban otros muchos temas, según resultaran de actualidad y utilidad para el seguimiento de nuestra gestión.

La noche anterior al pleno, pasaba todos esos datos a los concejales y, después, se proyectaban mientras, a lo largo de la reunión, lo comentaba algún miembro del Gobierno o yo. El dosier se entregaba igualmente a los medios. Además, lo escuchaban y veían los periodistas que seguían los plenos. Pues bien, no recuerdo que en ninguna ocasión los viera reflejados en los medios de cualquier tipo ni que los manejaran cuando me entrevistaban. ¿Quizás eran documentos aburridos y exentos de bronca? Podrían haber sido objeto de crítica e incluso de valoración por el hecho mismo de ofrecer información, pero nada, no se utilizaron ni para contrastar un alarido de protesta de la oposición, cuya vociferante opinión siempre tenía cumplida acogida en los medios.

Las entrevistas se desarrollan con una sucesión de preguntas que suelen ser muy repetitivas y que no contienen análisis de datos, imágenes o vídeos. Entre las cuestiones que no suelen faltar están las que pretenden obtener valoraciones sobre las declaraciones de otros políticos, tanto respecto a algún tema como, sobre todo, respecto a lo que han dicho sobre el propio entrevistado.

Así, preguntas del tipo «¿Qué le parece lo que ha dicho fulano o mengana de usted?» son el pan nuestro de cada día para el periodismo porque pueden dar lugar a una cadena de entrevistas. Si el entrevistado dice cualquier cosa y, sobre todo, si la declaración es jugosamente negativa respecto a lo que ha dicho fulano o mengano, permitirá ir de nuevo al otro con el mismo cuento, y así sin parar.

Con educación y respetando al periodista, siempre me he negado a hacer comentarios respecto a lo que decían otros. He explicado hasta la saciedad que un alcalde es, por encima de todo, el responsable de la gestión de una ciudad. Ni puede ni debe convertirse en comentarista político y, menos aún, de las expresiones de políticos de cualquier color.

Hay entrevistas acordadas en un lugar —en sus despachos, en sus casas, en las sedes de los propios medios, en una cafetería o en un parque—, cualquier sitio vale si es previamente acordado. Otras, sin embargo, se pretenden hacer de improviso a la salida o a la entrada de cualquier acto, de casa o del trabajo.

Esas entrevistas-atraco, que contienen el aliciente de parecer robadas, acaban siendo una falta de respeto tanto al trabajo político como al del periodismo. Contribuyen a impedir que el político pueda respetar a los medios y, en todo caso, le predisponen a callar.

Una vez estaba con mi nieta Lola, que entonces tenía doce años, en un acto que se había organizado en el ayuntamiento sobre la moda en Madrid. A la salida nos abordó un número importante de periodistas que querían saber de qué modisto era la chaqueta que llevaba yo puesta. No les contesté porque no me parecía serio. Entonces, trataron de implicar a mi nieta. «Dile a tu abuela que nos diga de qué modisto es su chaqueta», le decían. Lola estaba abochornada, sintiéndose acosada. No me acuerdo si al final, y para que dejaran en paz a la niña, les terminé diciendo que me la había comprado en Guatemala. Era así. Me la había comprado en un almacén que tenían prendas muy graciosas confeccionadas en Ecuador. Por supuesto, no tenía ningún inconveniente en hablar de la chaqueta, pero ya me imaginaba cualquier titular como «La alcaldesa se compra la ropa fuera de España».

Más adelante, Lola, recordando el incidente, me dijo muy reflexiva que, de mayor, lo que desde luego no quería era ser famosa.

Y, MÁS ALLÁ DE LOS MEDIOS, LAS REDES

Fue en las elecciones europeas de 2011. De pronto, cundió la gran sorpresa. Ese nuevo partido, Podemos, que parecía que quería representar el espíritu del 15M, había conseguido un resultado espectacular.

Pronto, los analistas políticos atribuyeron el éxito del nuevo partido al control que sus miembros, muy jóvenes, tenían de las redes. Como estas empezaron a cobrar una importancia extraordinaria, todos los partidos políticos tuvieron que empezar a plantearse cómo utilizarlas.

En los diez años transcurridos desde entonces, se constata que la gran ilusión que despertaron las redes como nuevos vehículos de participación está siendo tan alabada como cuestionada, sobre todo, porque las redes pueden ser objeto de manipulación desde los centros de poder.

Muchos, yo la primera, vimos en las redes un brillante fenómeno que permitiría la participación libre y cómoda de los ciudadanos, muchos y a nivel individual, en las tareas comunes de la gestión pública. Apareció entonces Kuorum, una plataforma digital tentadora por su potencial alcance que brindaba la posibilidad de intervenir en la forma de elaborar las leyes con participación ciudadana. Cualquiera podría intercambiar opiniones con los miembros del Congreso y el Senado y aportar todo tipo de críticas y sugerencias sobre las leyes que se estaban haciendo. Cuando la conocí, me entusiasmó y participé en ella con la gran confianza de que podía contribuir a abrir, por fin, una nueva forma de gobernar. Tras interesantes estudios y aportaciones, hoy casi ha desaparecido y, desgraciadamente, no ha surgido nada similar.

Mientras tanto, Twitter ganaba adeptos de forma exponencial. Todas las personas destacadas, con responsabilidades políticas —hasta el Papa—, debían tener su cuenta. Surgió un nuevo cargo, el que llevaba la cuenta de Twitter de un político o, al menos, le asesoraba sobre cómo hacerlo. Hasta las mascotas de los grandes políticos podían tener una cuenta y alguien encargado de llevársela.

Hoy ya sabemos que las redes se han convertido en algo muy manipulable. Los poderes fácticos más importantes crean, si los necesitan, no solo personajes ficticios, sino estados de opinión basados en las más atroces y corrosivas posiciones, tan contrarias a la democracia. Quizás las redes sean un fenómeno demasiado desconocido como para saber si pueden ser un medio de participación ciudadana o si se han convertido, sin solución, en un medio idóneo para exteriorizar lo peor del ser humano.

No conviene olvidar que quienes no creen en la democracia siempre jugaron con la idea de denigrar a la sociedad, que suele tender hacia la vía democrática. No hay nada tan útil para atemperar la fuerza de las mayorías que apuestan por el bien común que predicar la maldad de quienes la componen. Convencernos de que somos malos resulta rentable porque así se justifica el rechazo a ese bien común. La cuestión viene de antiguo, cuando se nos convencía del pecado buscando nuestra docilidad y la resignación colectiva.

El anonimato de las redes lanza a hablar sin ambages y a maldecir sin límite. Favorece la valentía del mediocre mezquino, antes incapaz de balbucear algo sobre la cosa pública. Por eso, las redes se han convertido en lugares donde las mentiras y los insultos groseros, cuando no crueles, se prodigan, difunden y ahí quedan, sin que haya posibilidad real de contradecirlos o de esclarecer nada.

Acabo de saber que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido abandonar Twitter. Que una persona como ella, joven y seguidora de las redes participativas, haya tomado esa decisión nos obliga a reflexionar sobre lo que efectivamente son ahora las redes. Parece que se impide la posibilidad de entenderlas como algo accesible, libre y útil para la transformación social por parte de quienes las propugnamos.

5. La mentira: el napalm de la política

5

LA MENTIRA: EL NAPALM DE LA POLÍTICA

«Mientes, Marcelino, y tú lo sabes», le espetó Nicolás Redondo, líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), a Marcelino Camacho, su homólogo de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), en un debate de televisión. Era 1980, estábamos estrenando democracia y debates publicitados. En aquel momento, aquella acusación resultó una novedad chocante y alarmante: entre los políticos no se decían esas cosas, aunque las pensasen. Con el paso del tiempo, aquello quedó como un referente para los mayores, a los que sorprendía y poco gustaba que los políticos se dijeran esas cosas. Hoy, cuarenta años después, hubiera resultado una recriminación intrascendente más, lo habitual entre políticos, políticos y tertulianos.

No solo la acusación de mentir, generalizada, sino el uso de la mentira en el ejercicio de la política, parece haberse convertido en elemento consustancial a esa actividad. Hasta tal punto está generalizado el epíteto de mentiroso que sorprende que un político cualquiera pueda molestarse porque unos y otros le tilden de ello. No es mi caso; me desespera. Siendo alcaldesa, me exasperaba que acusaran de mentir a quienes conozco y sé que no lo hacen y a mí.

No suelo mentir. En casa, mis hijos me tomaban el pelo diciéndome que, en eso de la mentira, parecía una testigo de Jehová. Quizás mi rechazo visceral al engaño se deba a que mi madre lo odiaba. Ella enseguida detectaba nuestras mentiras infantiles y nos las desmontaba en cuanto nos miraba con sus preciosos ojos azules un poco agrisados. Lo hacía con una intensidad de destornillador.

LA MENTIRA ESTÁ BANALIZADA, PERO ¿QUÉ SIGNIFICA MENTIR?

Mentir significa un desprecio al otro, al que mientes, a quien le impides saber lo que sabes. Le impides entonces decidir con los elementos de decisión que tú tienes.

Sin embargo, la mentira se ha convertido en algo así como un terrible napalm que acaba con todo lo que toca, sobre todo, con la genuina concepción de la política como algo honorable. La convierte en un ensimismado núcleo social profundamente amoral y que se jacta de ello. La mentira termina convirtiéndose, entonces, en un arma política.

Ya he contado en otras ocasiones cómo me impresionó que, en un acto del ayuntamiento en el que explicábamos su funcionamiento, un niño de unos ocho o diez años, nos preguntara por qué todos los políticos mentían.

No puedo comprender que una pregunta de esa índole no nos inquiete sobremanera. Un niño solo dice eso si está oyendo constantemente que los políticos mienten. Seguro que también contribuye a ello que, además, haya oído a los propios políticos reprocharse el hecho de mentir de manera recíproca y permanente.

¿MIENTEN LOS POLÍTICOS?

Sí, sin duda. Lo dicen ellos mismos, unos de otros y otros de unos. Sorprendería constatar que hubiera otro sector profesional cuyos miembros, entre ellos, se estuvieran constantemente acusando de mentir. ¿Hay algún otro segmento de población profesional que mienta también tanto como los políticos? Parece que no. Los abogados pueden llegar a hacerlo, con esa cobertura tan socorrida de que lo hacen en términos de defensa. Para acusar, aunque pueda utilizarse la mentira, no cabe presumir de ello. Es cierto que también a los periodistas (quizás lo más parecido a los políticos) se les achaca a veces mentir. Tienen a gala de estar ofreciendo información veraz, pero, aunque alguno haya podido despojarse de todo prejuicio, no pueden mentir sin preocupación o freno alguno, como sucede con los políticos.

¿Consideran los políticos que mentir es incorrecto, inmoral o ilegítimo? No lo parece, pero es un buen punto de arranque en el análisis. Y, para ir un paso más allá, ¿es la mentira una actitud reprochable socialmente? En líneas generales, la sociedad occidental fue construida desde las enseñanzas de la moral cristiana. Desde tiempo inmemorial, los diez mandamientos fueron, y en cierta medida siguen siendo, una especie de santo y seña de la moral social generalizada. El mandamiento octavo, «No mentirás», establece con una rotundidad que elimina excusas de cualquier orden eso de engañar.

Nuestros padres nos afeaban nuestros embustes infantiles y en la escuela a todos nos dijeron que no debíamos mentir. Entonces ¿qué pasa? ¿Por qué en estas sociedades tan influidas por la moral cristiana se acepta como normal la mentira en la política?

Si reflexionamos un poco, podemos encontrar alguna base para explicarlo. Aun desde esa moral exigente, se nos habló también, cuando éramos niños, de que había mentiras piadosas, a pesar de lo que decían los mandamientos. Eran aquellas de pura urbanidad, por la que todos conveníamos en que era una falta de educación y de sensibilidad decir que era un adefesio el regalo que acabábamos de recibir o espetarle a cualquier amigo o conocido que estaba horrorosamente feo, aunque lo estuviese. También se nos habló de la mentira jesuítica, el divertido embuste ingenioso de aquel fraile virtuoso que quería salvar a un fugitivo, aunque no se explicaba por qué quería hacerlo. El caso es que, cuando los policías que le perseguían le preguntaron si el prófugo había pasado por allí, el fraile, que sabía que lo había hecho, se pasó las manos entre las amplias mangas de su hábito y, con mirada segura, dijo aquello que ha quedado para los anales de la falsa verdad: «Por aquí no pasó».

Pero, salvo estas restrictivas licencias para mentir, la educación teórica que vivimos predicaba la verdad contra la mentira. Y eso que se trataba de la cultura católica, mucho más permisiva con la mentira que la calvinista. De hecho, en las sociedades calvinistas y anglosajonas la mentira está más perseguida. En un Parlamento, haber mentido puede llegar a ser más punible —legal y socialmente— que la falta misma que se haya podido tratar de ocultar engañando. Este aspecto podría ser todo un referente para nosotros, en este ambiente heredado del catolicismo.

En todo caso, en todos los entornos, y en el nuestro en particular, parece claro que una cosa es lo que se dice que se debe hacer y otra, lo sabemos bien, es lo que se hace. La tentación de mentir es poderosa cuando puede facilitarnos la vida, de ahí que las leyes hayan castigado determinados tipos de mentiras, aunque de forma sesgada. Y ello, superando la constatada dificultad de desmontarlas, cuando han llegado incluso a justificar guerras.

La mentira se instaló con comodidad en la política porque, en infinidad de ocasiones, la verdad nos desnuda y nos hace más vulnerables. Los que ejercen las responsabilidades políticas se creen más protegidos si se presentan como infalibles. Muchas veces, la mentira pretende evitar la rectificación. Mantenella y no enmendalla tiende a apoyarse en eludir la verdad.

¿MENTIR EN POLÍTICA PARA DEMOSTRAR PODER?

Recuerdo que, en mi primera época en el Ayuntamiento, hubo dos o tres ocasiones en que declaré ante los medios que me había equivocado en determinadas decisiones que había adoptado. La primera decisión errónea fue ausentarme del pleno —dejando al frente del acto a mi sustituto— para asistir a una rueda de prensa. La oposición, el PP, que había inventado que los plenos no estuvieran presididos por el alcalde, afeó, sin embargo, mi conducta, cuando presidirlos había sido una decisión mía no obligada. Criticó mi ausencia y la elevó a categoría de descortesía (seguro que utilizaron un término más fuerte) ante los concejales. Aunque ellos lo hacían con frecuencia y no creía que tuvieran razón, reconocí mi error ante los medios y pedí disculpas por haber abandonado el pleno para hacer unas declaraciones. En otra ocasión, fue una equivocación al informar sobre el nivel de contaminación que teníamos aquel día en Madrid fruto de un dato erróneo que me dio la responsable de las mediciones. También reconocí mi fallo y pedí disculpas.

Los del servicio de prensa me regañaron: «Nunca digas que te equivocas. Eso es negativo y da sensación de incompetencia. La oposición lo aprovechará». Si digo esto ahora es porque ejemplifica bien la necesidad del poder de demostrar, valga la redundancia, su poder, y para ello siempre se aconseja no reconocer un error. Mentir, pues, para seguir alegando poder. Estos son ejemplos quizás banales que remiten a otros casos de mucho mayor calado, en los que se niegan situaciones y comportamientos de los que hay llamativos y clamorosos indicios de haberse producido. Casos en los que la negación, por poco creíble que resulte, está tratando de evadir mayores responsabilidades.

El poder, históricamente, siempre se envolvió en la necesaria aureola de lo intocable y de lo opaco, aunque tenga legitimidad democrática. Así se explica cómo se llegó a hablar del arte de la mentira en política. Precisamente, El arte de la mentira política es el título de un librito atribuido a Jonathan Swift en el que, sin rubor alguno, se llega a decir:

Porque el pueblo no tiene ningún derecho a la verdad política, como tampoco debería poseer bienes, tierras o castillos. La verdad política debe seguir siendo, como esos otros patrimonios, una propiedad privada: como pensaba Disraeli, solo el gentleman sabe, por su propia condición, cuándo conviene decir la verdad y cuándo callarla o disfrazarla. El pueblo, como aquel personaje de La Fontaine, es «hielo ante las verdades y fuego ante las mentiras». La masa es crédula, miente, y puede ser engañada del mismo modo en que, como suele decirse, se engaña a las mujeres y a los niños.

Swift y sus amigos, pues parece que el libro fue realmente una obra colectiva, vivieron a principios del siglo XVIII. Eran sin duda otros tiempos. No obstante, y aunque nuestra sociedad no tenga ya nada que ver con aquella, la necesidad de la mentira en política, aun sin declararlo expresamente, parece que sigue formando parte de la cultura política. Incluso aquellas descarnadas palabras podrían haber sido repetidas en el seno de algunos cenáculos del ultraliberalismo actual.

En todo caso, esa cultura parece seguir nutriéndose de las enseñanzas de El príncipe de Maquiavelo, cuando dice:

Es menester saber encubrir ese proceder artificioso y ser hábil en disimular y en fingir. Los hombres son tan simples y se sujetan a la necesidad en tanto grado, que el que engaña con arte halla siempre gente que se deje engañar.

Esas palabras resuenan a manifestaciones que, en algunos casos, se llegan a justificar por hacerse sin complejos. Resulta sorprendente que, en plena era de la consolidación de la democracia, no se haya barrido ese lastre incomprensible de la mentira política, pues el engaño parece, en principio, estar totalmente reñido con la concepción de la democracia actual.

En la introducción a una nueva edición del libro de Swift, el antropólogo Jean-Jacques Courtine hace un análisis muy preciso y curioso sobre cómo, en el tiempo moderno, no solo no se ha roto con la cultura de la mentira en política, sino que, gracias a las nuevas tecnologías, la ha extendido y profundizado. Hasta se ha inventado, como eufemismo, el término postverdad. Courtine afirma:

Abolidos todos los privilegios, la mentira se ha democratizado. Humilde, ya no aspira a perpetuarse en la historia. Ha tenido que aprender a coexistir. La mentira democrática es efímera, ecléctica, postmoderna. Liberada de las cortapisas morales de otrora, vivificada por una ética mínima e «indolora», la mentira se ha difundido sutilmente a lo largo y ancho de la vida pública. Se han conseguido así importantes progresos en la siempre delicada elaboración de «falsedades saludables»: la distinción entre verdad y mentira resulta cada vez más compleja. ¿Información o intoxicación? Ya nadie sabe distinguirlas.

Sorprende, y mucho, que la necesidad de la veracidad del político no haya logrado implantarse en la democracia. Esta se apoya en el hecho de la representación política, ya que todos aceptamos que somos representados por quienes elegimos en las urnas. Y, entonces, cabría preguntarse, ¿cómo no van nuestros representantes a estar ligados a nosotros por el pacto de una información veraz?

El clásico contrato de mandato del Código Civil reconoce, como no podía ser de otra manera, la vinculación del mandatario al mandante, a quien le debe información de los negocios que le hubiese confiado. ¿Cómo concebir que esa información, esa rendición de cuentas, pudiera no ser veraz?

El acuerdo de representación política es en esencia un contrato de mandato. Cabría definirlo así: «Por medio de mi decisión, plasmada en la papeleta de la urna, te doy mi poder de acción para que hagas lo que tú me ofreces». Y, después, cabría también preguntarse: «¿Eres o no mi mandatario político?».

PERO ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES MENTIR?

Como ya he dicho, cuando estuve en el Ayuntamiento, uno de mis objetivos fue intentar compartir la verdad, como base, a mi juicio imprescindible, de todo debate. No paraba de ofrecer datos. La respuesta ante esas informaciones, con análisis o sin él, siempre era la misma: «Estás mintiendo. Los datos que nos das son falsos». No se entraba en justificar esa afirmación ni se aportaban datos contradictorios; simplemente eran, por principio y a priori, todos falsos porque los decía yo.

La acusación de mentir es tan habitual en el discurso político que, bajo ese gran paraguas, se incluye un totum revolutum en el que cabe todo. Si, por ejemplo, decía que esperaba resolver un problema de limpieza de Madrid en tres meses y, pasado ese tiempo, no se había solventado, se me decía que estaba mintiendo. Lo mismo ocurría con las previsiones de finalización de las obras. Si me había atrevido a decir que esperaba que en tal fecha estuviera acabada una de las muchas obras que estábamos haciendo, cuando llegaba la fecha y la construcción estaba aún pendiente, también se me acusaba de mentirosa.

Y, por supuesto, la información que me empeñaba en aportar mensualmente, al menos en cada pleno, se acogía con burlas, más o menos ocurrentes o sarcásticas, alegando siempre que se trataba de datos inflados, desfigurados o directamente falsos. La mofa evitaba su análisis porque los datos son molestos. En cambio, la repetida acusación de mentira jaleada por la prensa amiga se convierte en arma política porque contribuye a generar desconfianza. Ya se sabe que una mentira repetida acaba por poderse convertir en mentirosa verdad.

La cuestión quizás merece un inciso. El Ayuntamiento actual ha aprendido la lección. Me cuentan que la institución ha eliminado toda alusión a los fastidiosos datos. Parece que, en su ausencia, se gobierna con más comodidad y con una supuesta veracidad menos cuestionable.

Mientras estuve en la alcaldía, hicimos varios plenos abiertos a los que podían asistir ciudadanos y plantear los temas que consideraran convenientes. En uno de ellos salió, cómo no, el tema de la limpieza en Madrid. Se había convertido en una constante de la oposición y la mayoría de sus medios afines. Entonces expliqué a las personas que habían asistido a ese pleno abierto todo lo que estábamos haciendo para mejorarla. Ligándolo a ese tema, otro de los participantes argumentó que el Ayuntamiento no multaba a las personas que mantenían actividades incívicas. Se lo rebatí. Le expliqué nuestra política de multas. Le conté que, efectivamente, el Ayuntamiento ponía sanciones y que estas a veces eran tan importantes que dábamos la opción a que quien no quisiera pagarlas las sustituyera por varios fines de semana limpiando la ciudad.

Como vi que no me creían, se me ocurrió invitarles a nuestra reunión habitual de control de la limpieza, que celebrábamos todos los viernes a la una de la tarde. Ahí quedó la cosa. El pleno acabó y esas personas se marcharon pensando que, por supuesto, no sería verdad eso de que les invitáramos a estar en nuestras reuniones de control y seguimiento de nuestros proyectos de mejora de la limpieza. No me conocían.

Uno a uno, les llamamos por teléfono y les invitamos formalmente a que estuvieran en la reunión. No se lo podían creer. Intercambiamos con ellos toda la documentación que manejábamos, participaron e hicieron observaciones interesantísimas. Creo que hasta señalaron algunos errores en la forma de cuantificar nada menos que la irritante actitud de algunos propietarios de perros que se despreocupaban de sus obligaciones de limpieza. La experiencia fue tan exitosa que intenté continuarla con los grupos de la oposición. No vinieron. No estaban interesados. Si les convencíamos, ¡qué peligro! Solo recuerdo que, en una ocasión, vino un concejal de Ciudadanos. Aunque fuera algo casi testimonial, fue bueno. Tuvo alguna consecuencia, por ejemplo, hubo algún cambio de actitud por parte de aquel concejal respecto a los desafortunados contratos de la limpieza que habíamos heredado. Creo recordar que se autocensuró un poco en seguir achacándonos mentiras en ese aspecto.

Mentir no es no acertar en la implementación de cualquier programa político. Tampoco lo es reconocer un error o cambiar de opinión. Sí lo es, y es gravísimo, afirmar hechos que no tienen que ver con la realidad o desfigurarla intencionadamente. Mentir fue afirmar una y otra vez que en Madrid se cometían más delitos que nunca, que la inseguridad era superlativa, que la okupación estaba generalizada, que el desempleo crecía, que la suciedad aumentaba y que el número de reclamaciones por ese motivo era cada vez mayor cuando los datos —que estaban a disposición de los inventores de los bulos— afirmaban lo contrario.

Desde luego, también fue una mentira afirmar que no me bajaba del coche oficial cuando todas las mañanas cogía el metro. Hace unos cuantos meses, ya sin ser alcaldesa, entré a tomar un café al bar que está muy cerca de mi parada del metro. El dueño me dijo lo que sufría viéndome entrar todas las mañanas en el transporte público. Me dijo que, a su juicio, no estaba bien que una autoridad lo utilizara. «Es rebajar la dignidad de la autoridad», me decía. No creo que fuera eso lo que motivó que algunos periodistas me siguieran a modo de sabuesos. Parecía que querían pillarme y demostrar, cómo no, que mentía.

Mentira es, desde luego, colgar en internet que mi domicilio era un inmenso chalé en la urbanización de lujo Conde Orgaz de Madrid. Aunque parezca increíble, esta información sigue colgada en la red transcurridos más de seis años sin que se haya podido retirar. Todavía me encuentro en la calle con gente que me dice sin mala intención: «¡Claro, como usted vive en el Parque Orgaz!».

¿POR QUÉ SE SIGUE MINTIENDO EN POLÍTICA?

¿Por qué seguimos consintiendo hoy que el poder mienta cuando no lo toleramos en otras áreas sociales? Los sacerdotes, los médicos, los escritores, los vendedores y los amantes mintieron y sus mentiras están en la historia y en la literatura. Pero la gran diferencia entre unas y otras es que la sociedad, en la medida que se considera igualitaria y adulta, no tolera las mentiras enmarcadas en estructuras sociales y profesionales.

Las leyes han ido civilizando nuestras relaciones con aquellos que ostentan poder y han diseñado límites, a veces difusos, pero otras enormemente nítidos. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad médica y en la obligación de los médicos de informar con veracidad de las dolencias, así como de las características y consecuencias de los tratamientos. Pensemos en las responsabilidades de los religiosos. Y recordemos cómo se ha generalizado una normativa, cada vez más detallada y precisa, respecto a la exigencia de veracidad para la industria, el comercio o la publicidad.

En ese sentido, resultan muy interesantes las afirmaciones del escritor escocés David Mountain en su artículo «Could we force politicians to tell the truth?» [¿Podríamos obligar a los políticos a decir la verdad[1]?]. Después de lamentarse amargamente de que nuestros políticos nos mientan, propone, como ejemplo, el gran avance que significó la regulación de la publicidad comercial en el siglo XX.

La regulación publicitaria debería acreditarse como una de las historias de éxito no reconocidas del siglo XX. Gracias a la aplicación de una serie de leyes de sentido común, los anunciantes ahora se ven obligados a decir la verdad, con el resultado de que el público en general está más seguro y mucho más informado.

Después de analizar la inaceptable barra libre de mentiras para el ejercicio de la política, Mountain deja entrever su pesimismo al contarnos el fracaso de una iniciativa en el Parlamento inglés para impedir la mentira. Para colmo, el proponente de esa medida confesó que ni siquiera él creía en lo que exponía.

Como vemos, a diferencia de en la práctica política, en otros sectores sociales se han ido imponiendo barreras para obligar a la verdad. Incluso se ha prohibido la publicidad negativa, esto es, la de maldecir o descalificar los productos de la competencia.

Las barreras, además, se han ido ligando a las censuras clásicas de la conducta, que tradicionalmente recogían las leyes y, especialmente, el Código Penal. Como sabemos, en este se castigó siempre el engaño como actitud y habilidad para lograr determinados objetivos ilícitos, en los delitos de estafa, en los de apropiación indebida y en otros muchos.

Resulta sorprendente que los políticos, y muy especialmente las personas que desempeñan cargos en las instituciones no tengan ningún tipo de regulación que les impida el ejercicio de la mentira y del engaño. Sucede que, desde siempre, parece que hemos aceptado que los representantes políticos no tengan ninguna otra regulación ni posible censura por sus actos que la de las urnas.

Por eso, desde lo institucional no se pensó que fuera necesario, cuando se diseñó la Constitución y sus ordenamientos jurídicos derivados, reconocer que también entre los políticos pudieran darse conductas reprobables. Estas actuaciones son susceptibles de enumerarse y especificarse para establecer las consecuencias disciplinarias en caso de caer en ellas. Implícitamente, parece que los políticos, al diseñar su estatus, partían de una especie de superpresunción de inocencia de que iban a ejercer la política de forma cabal y veraz, solo acotada por la no comisión de delitos. De hecho, esta falta de regulación está llevando a la judicialización de la acción política, en ausencia de un código ético que limite y dirija su hacer sin recurrir a los tribunales.

En los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, se establecen las obligaciones de los diputados y senadores. Estas, después, se han repetido en las demás asambleas, tanto de las comunidades autónomas como de los entes locales. Esas obligaciones se reducen a la de su asistencia a los actos de los órganos de los que forman parte, pero, por las fotos que se difunden, no parece que siempre se cumpla. No obstante, nada se dice ni sobre su diligencia en el cumplimiento de sus funciones de representación ni de su relación, supuestamente obligada, con sus representados. La veracidad no parece que sea requerida. Quizás sea porque al político se le presupone, como el valor a los soldados en el ejército.

Sin embargo, a lo largo de estos más de cuarenta años de democracia, el axioma tan repetido de que la clase política no tiene otro control de su conducta que el de las urnas se ha resquebrajado con fuerza. Ha sido necesario recurrir a la justicia. La evidente y vergonzosa corrupción de una parte significativa de la clase política ha llevado a que se incorporen como obligaciones reglamentarias de la clase política aquellas que tienen que ver con la necesidad de la clarificación de sus patrimonios. A su vez, en el Código Penal se han desempolvado las figuras clásicas de los cohechos. Estos se han actualizado, con alternativas que hoy permiten el enjuiciamiento de los partidos políticos como tales e incluso su disolución por haber cometido delitos de corrupción.

Esa actualización explica que, tanto en el Congreso como en el Senado, se redactaran y aprobaran renovados códigos de conducta de diputados y senadores. Las mesas de ambas cámaras acordaron, el 1 de octubre de 2020, el Código de Conducta de las Cortes Generales. Conviene destacar alguna cuestión de su renovado contenido.

La lectura de su artículo 2 y la de su preámbulo son muy esclarecedoras. Se admite sin duda la necesidad de regular las conductas de los parlamentarios, pero a su vez se omite totalmente referencia alguna a su supuesta obligación de veracidad. Cuando enumera los principios que desarrolla el Código, en su artículo 2 dice:

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Cortes Generales observarán los siguientes principios generales de conducta: integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los Reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan.

No cabe duda de que esa enumeración de principios puede sugerir, tácitamente, la obligación de no mentir. Es una honrada muestra, al menos, de respeto. Sin embargo, choca que no se declare expresamente esta obligación. No resulta fácilmente explicable, aunque remita a nuestra cultura democrática, quizás viciada por el contraste con nuestro pasado de dictadura y, también, por la autoprotección de los propios parlamentarios, que son quienes redactan normas para sí mismos.

La ausencia de una declaración a favor de la veracidad no creo que sea ni una equivocación ni un error. Por el contrario, creo que se trata de una omisión voluntaria, fruto de la supuesta libertad que se piensa ha de tener el parlamentario. Responde quizás a lo que tanto se enraizó en nuestra cultura democrática: que los políticos no debían tener otra censura que la de las urnas. Se ha interiorizado también que la necesaria libertad de expresión de la que han de valerse los políticos no puede tener restricción alguna. Muchos opinan que el exigirles veracidad en todo tipo de discursos y declaraciones podría constituir un límite y ellos, se afirma, no pueden tener ninguno, ni siquiera el de la veracidad.

GRACIAS, SEÑORA CORTINA

Por supuesto, no estoy de acuerdo con no poner límites a los políticos. No exigir veracidad resulta tan erróneo como el hecho de que la corrupción solo pudiera censurarse en las urnas. La filósofa Adela Cortina ha publicado recientemente un esclarecedor artículo en el que distingue con rotundidad entre la libertad de expresión y la obligación de veracidad en la información, por la que igualmente aboga[2]. «Y no se diga que mentir en las campañas es libertad de expresión. Es engañar, y el engaño, prohibido en el mundo comercial, debe prohibirse en el político, con más radicalidad si cabe», afirma Cortina.

Sí, claro que sí: la mentira no es expresión de libertad, es solo engaño. La Constitución española distingue con nitidez el derecho a la información veraz y a la libertad de expresión. Esta siempre ha de respetar el derecho a la información veraz.

Pero esta omisión a la hora de exigir la verdad no es exclusiva del Código de Conducta de las Cortes Generales; algo parecido pasa con la ley de transparencia y buen gobierno de 2013. Ni en la exposición de motivos ni en el redactado de sus artículos encontramos alusión alguna a la obligación de veracidad. Tampoco encontramos ningún rastro de preocupación por la falta de veracidad de los actores políticos, en sus comentarios y resoluciones. No hay atisbo de esa preocupación en la memoria de la propia agencia de control de la transparencia y el buen gobierno.

Curiosamente, la ausencia de exigencia de veracidad se mantiene mientras se generalizan las agencias privadas, con sus programas de verificación de datos, que intentan achicar la inundación de bulos y falsedades sobre lo público. Estos embustes, además, son creados por los propios políticos o sus gabinetes o tuiteros especializados afines. Si miramos las páginas de esas agencias privadas de verificación es raro no encontrar diariamente dos o tres informaciones de dirigentes políticos o de sus entornos que no se tachen de bulo.

Pienso en la campaña del PP para las elecciones municipales de 2019. Recuerdo ver carteles en el metro con mi fotografía y la del señor Puigdemont, quien fue presidente de la Generalitat de Catalunya. El cartel daba a entender una inexistente vinculación entre el president y yo. Jamás tuve amistad alguna con el señor Puigdemont. Solo, en efecto, le recibí institucionalmente cuando, siendo president acudió al Ayuntamiento de Madrid, en la primavera de 2017, a dar una conferencia organizada por la Llibreria Blanquerna, la librería catalana en Madrid. ¿Cómo no iba a recibir como alcaldesa al presidente de la Generalitat, fuera quien fuese? Ni siquiera le conocía, y el PP lo sabía y mentía. Vi muchas veces el cartel en el metro. Lo vi y callé. ¿Qué podía hacer? Denunciarlo no hubiera servido más que para contribuir a darle mayor notoriedad. La foto era real, la falsedad estaba en el mensaje trucado. La mentira en política es así.

No hay sanción política alguna a la mentira. Tampoco hay acciones judiciales que castiguen expresamente la mentira en política. Nuestro sistema jurídico castiga la injuria y la calumnia. Sin embargo, nunca se podrá calificar legalmente de tales males la mentira de ser amigo, o no, de cualquier persona. También se plantea en nuestro ordenamiento jurídico la defensa del honor y la dignidad de una persona. Resulta también difícil considerar una ofensa al honor ser amigo, o no, de alguien, aunque este sea un presidente catalán. Este, ya entonces, comenzaba a ser discutido. Se había convertido en enemigo político de quien ponía el cartel y pronto lo convertirían en enemigo de España. Ser su amigo no era un ilícito legal. Solo, y yo diría, nada menos, era mentira. Elevar a amistad una recepción protocolaria tenía obviamente la finalidad de vincular mi figura política al independentismo catalán. Falsear la identidad ideológica y la personalidad política de un adversario es un ardid, tan falsario como utilizado en política. Como señala Adela Cortina, estas tretas deberían estar tajantemente prohibidas.

6. Los bandos: los partidos políticos

6

LOS BANDOS: LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Seguramente, todos aquellos que habéis vivido en democracia, incluso desde vuestra adolescencia, después de la Constitución española, la existencia de los partidos políticos no os ha provocado ningún tipo de curiosidad. Lo veis como normal porque lo habéis aceptado como un elemento más del paisaje social. Las democracias, en nuestro entorno europeo, tienen partidos políticos y la nuestra no iba a ser diferente. Se acepta la existencia de partidos como del resto de las instituciones sociales.

Sin embargo, aquellos que nacimos durante la dictadura tuvimos la muy negativa experiencia, que ahora puede hasta resultar extraña, de vivir en una sociedad en la que los partidos políticos estaban prohibidos. Es más, se decía que eran algo negativo, perverso para la sociedad.

Hasta 1970, cuando se dictó la primera Ley General de Educación en España, todos los estudiantes sufrimos la asignatura Formación del Espíritu Nacional (FEN). Era considerada una maría, como entonces se decía, una asignatura no esencial a la que, dependiendo de los colegios, se tendía a dar poca importancia. Sin embargo, ahí estaba y había que darla porque era obligatoria.

Esa asignatura la impartían profesores vinculados a la Falange. El libro que utilizábamos, y que llamábamos el libro verde, estaba articulado como si se tratara de los antiguos catecismos, en una sucesión de preguntas y respuestas. Resulta curioso analizar ahora el índice de aquel texto escolar con el que desde la dictadura franquista se intentó, naturalmente sin éxito alguno, que los estudiantes llegáramos a ser adeptos convencidos de algo tan singular y paradójico como era el contenido ideológico de aquella dictadura. El libro respondía al adoctrinamiento claramente fascista con una envoltura camaleónica que intentaba edulcorarlo.

En mi colegio, de monjas, se tomaba más o menos en serio la asignatura a pesar de su condición de maría. Mis compañeras de curso y yo, ya con quince años, éramos alumnas peleonas. Recuerdo cómo reprochábamos a nuestra profesora de FEN lo absurdo que nos parecía que, desde la estructura ideológica que se defendía, se prohibieran los partidos políticos cuando resultaba evidente que la propia Falange no era otra cosa que un partido. Claro que, al ser el único permitido, se convertía en algo raro, quizás solo explicable por la ausencia de elecciones. En ese marco, parece que daba lo mismo que lo fuera o no.

Sin duda, todo eso hizo que la generación que tuvimos la dicha de participar en la gestación de la democracia esperáramos con auténtico anhelo la democracia real en España, que no podíamos concebir sin partidos políticos.

Conocíamos lo complicado que era mantener un partido en la clandestinidad. De hecho, el único con una cierta presencia era el comunista, con la sorpresa que dio en las primeras elecciones de 1977 tras su polémica legalización poco antes. Su estigmatización justificaba su relativamente reducido apoyo electoral, pese a su reconocida labor para traer la democracia. El resultado fue inverso al del PSOE, que capitalizó gran parte de aquel esfuerzo.

Conocimos también la precipitada y trabajada formación de nuevos partidos para jugar en la democracia, tanto por parte de la izquierda como en las esferas democristianas y demás familias de la derecha, incluidas las que habían participado con mayor o menor aliento en el franquismo y que formaron Unión de Centro Democrático (UCD). Todo aquel trabajo organizativo de identificación y compromiso y aquella mezcla de épica y oportunismo contribuyeron a conferir a los partidos una cierta respetabilidad, además de su plena legitimación constitucional.

Transformaciones posteriores, desgajamientos, reabsorciones y otros movimientos que podían responder al componente oportunista fueron minando ese respeto inicial. La configuración de los dos grandes partidos, PP y PSOE, en ese sistema de bipartidismo imperfecto durante tantos años consolidó su condición de grandes aparatos poco transparentes que iban perdiendo progresivamente un número de militantes.

No sé realmente qué piensan hoy la mayor parte de los ciudadanos españoles sobre lo que son los partidos políticos y sobre cuál es la función que desempeñan en nuestra democracia. Lo que sí está muy claro es que los partidos políticos en el mundo, y también en nuestro país, han venido perdiendo peso y reconocimiento social y están hoy inmersos en una gran crisis.

LOS PARTIDOS ANTES Y AHORA

Reflexionando sobre lo que quería expresar en este capítulo, me puse a releer. Busqué el que fue uno de los libros al que los universitarios de mi tiempo nos remitimos ávidamente: Los partidos políticos, de Maurice Duverger. Queríamos aprender, aunque solo fuera teóricamente, qué diablos era aquello de los partidos políticos que tan prohibidos teníamos en nuestra sociedad franquista.

El clásico texto de Duverger, de 1964, muestra hoy una importante obsolescencia. Releyéndolo tuve la sensación de que el gran profesor hablaba de esos partidos políticos que quizás existieron pero que ya no. Su diferenciación entre los partidos de cuadros —con pocos afiliados y centrados en conseguir el éxito electoral de su líder— y los de masas no la veo reflejada en lo que ahora conozco de los partidos políticos que llegan a nuestros Parlamentos. Si acaso, serían todos de cuadros.

Después, me compré el texto del catedrático de Ciencia Política Cesáreo Rodríguez-Aguilera Manual de partidos políticos, de 2017. Era de lo más actualizado que encontré y descubrí que, entre 1945 y 1998, en los países europeos occidentales se habían publicado nada menos que 11 500 libros, artículos y monografías sobre agrupaciones políticas.

Fui consciente entonces de la imposibilidad de desbrozar una documentación de tal dimensión. En aproximación a esta, lo que sí hice es bucear en todo lo que leía, aquí y allá, para intentar contrastarlo con lo que he vivido en mi larga vida vinculada, de una forma u otra, a la política. Ya sé que mi relación con la política ha sido peculiar, y hago referencia constante a ella en este libro o en otros. Sin haber sido nunca una política profesional —solo he ejercido como tal en mi periodo de alcaldesa—, esta actividad estuvo siempre cerca de mí.

Parece evidente que los partidos políticos, como instrumento único de representación democrática, atraviesan una crisis importante en el mundo.

Dice Rodríguez-Aguilera que hay una crisis de mediación y representación que coincide con el retroceso de las grandes ideologías. Los partidos hoy ya no tienen la capacidad de antaño para ofrecer alternativas muy diferenciadas, de ahí que sus ofertas programáticas tiendan a parecerse entre sí y solo puedan diferenciarse en los estilos personales de los dirigentes. Estos son lo que tienden a definir en mayor medida el perfil del partido, más allá de la ideología.

Pero esa supuesta indefinición ideológica más profunda tiende entonces a remarcar la diferencia entre partidos mediante la adscripción, tantas veces simplista, de lo que son los otros para destacar por contraste lo propio, que tantas veces no se sabe siquiera definir. De ahí las burdas acusaciones de comunismo o fascismo, cuando estamos en algo quizás difícil de definir como un capitalismo con matices.

Todo esto ha hecho que los partidos políticos susciten unos niveles muy escasos de confianza. Ese es, hoy, el gran problema, y a su vez no se adivina lo que pudiera sustituirlos. Según un estudio del profesor de Ciencia Política Marco Revelli en su libro Finale di partito, de 2013, el porcentaje de ciudadanos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia que confía en los partidos políticos oscila tan solo entre un 12 y un 15 %.

PARTIDOS Y POLÍTICOS

En nuestro país, los ciudadanos ahora calificamos terriblemente mal a los políticos. En la encuesta de febrero de 2021 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 80 % de los encuestados consideraba que el mal funcionamiento de los políticos era una de sus primeras preocupaciones. Sin embargo, en esa misma encuesta, los partidos políticos salían mucho mejor valorados; solo a un 30 % les preocupaba especialmente el mal funcionamiento de los partidos políticos.

Que se castigue más a los políticos que a las instituciones en las que se encuadran responde a que, entre nosotros, está todavía muy viva una implícita, y quizás profunda admiración por los vehículos transmisores de la democracia, tan añorada hace solo pocas décadas. Ese sentimiento está sin duda más extendido entre los mayores, aunque el reconocimiento de la democracia como único sistema de gobierno posible parece ser, felizmente, mucho más mayoritario.

Nuestra Constitución, conviene recordarlo, dice:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Esta definición responde a la teoría clásica sobre la naturaleza de los partidos políticos. Sin embargo, leída hoy arroja un sinfín de interrogantes.

¿Qué es hoy el pluralismo político? ¿Qué es y cómo se forma la voluntad popular? ¿Qué saben los que votan un partido sobre lo que se propone hacer ese partido? Y, por último, ¿cómo los ciudadanos participan en la política a través de los partidos?

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: EXPRESIÓN DEL PLURALISMO POLÍTICO

Supongo que, expresado con esa ambigüedad propia de lo constitucional, podríamos definir el pluralismo político como el conjunto de distintas opiniones políticas. La diversidad de estas, en el extremo, abarcaría a la opinión de cada individuo. Parece que los partidos catalizan esa diversidad que, a su vez, se reduce por la más fácil adscripción a uno u otro partido con el que se está más de acuerdo o con el que simplemente se sintoniza o se simpatiza. Ahondando algo más, cabe preguntarse ¿cuáles son los objetos de opinión? Y ¿sobre qué cuestiones? Distintas opiniones políticas, pero ¿sobre qué?, ¿sobre la economía, el medio ambiente, el feminismo, la religión, la política internacional…?

Si tenemos presente ese enorme abanico de preguntas sobre qué es la expresión del pluralismo político, quizás lo más importante sería cuestionarse cómo se podrían encuadrar esa serie de interrogantes, y sus distintas respuestas, en el menú de los actuales partidos políticos.

Y todo esto, sabiendo que los ciudadanos tenemos que optar por solo uno, de esos menús entre las diferentes alternativas del pluralismo político. Lo que nos ofrecen los distintos partidos políticos entendidos como un todo excluyente son menús de opción ideológica que vienen completos y fijos. No cabe matizar lo que me gusta o no dentro de cada uno de los menús ni cambiar un plato por el de otro menú distinto.

La expresión de tus ideas políticas ha de encajar en uno de los partidos, pues la esencia misma de partido es su rigurosa condición excluyente: «O estás conmigo o contra mí». Esta exclusividad supuestamente diferenciadora lleva al profundo sectarismo de los militantes de cada partido.

Cabe señalar que los menús resultan poco conocidos y estudiados por los ciudadanos a la hora elegir y, como han de ser aceptados implícitamente como un todo, la elección tiende a producirse por otros medios, como la afinidad, la simpatía y la sintonía que transmiten los líderes de cada opción política. Yo diría que, cada vez en mayor medida, la elección se ejerce contra alguien o contra algunos, por el rechazo que generan previamente sus adversarios al demonizar al otro para captar el voto del simpatizante.

Ya que hablamos de menús, y al margen de lo que puedan ser los mecanismos, más o menos democráticos de captación de comensales, lo que sí resulta imposible es que puedas expresar tu ideario político en dos o tres partidos a la vez. Sin embargo, sí cabe concebir que te guste un plato de uno de los menús y otro plato de otro. En teoría, ello podría estar en la base de los Gobiernos de coalición, aunque más bien estos se apoyen en la realidad aritmética, con el consabido trágala de «otros» a los que se pueda haber antes descrito con desprecio como «esos».

Lo que es un hecho es que nadie puede tener dos partidos a la vez. Lo mismo que nadie puede pertenecer a dos religiones. La comparación resulta inevitable. Resulta inimaginable que alguien pudiera ser al mismo tiempo budista y católico o anglicano y ortodoxo. Las religiones incorporan una descripción global de la existencia humana y del mundo que la rodea junto con una serie de preceptos morales y objetivos estratégicos.

Habría que distinguir entre ser de dos partidos y compartir, desde un partido, propuestas o modos de abordar alguna cuestión de otra agrupación. Esto último, aunque es mucho más posible que la primera opción, puede llegar a ser igualmente difícil de aceptar y de aplicar.

Sí, se nos hace raro hasta describirlo. Nos parece impensable alguien que sea a la vez del PP y del PSOE. Sin embargo, si pensamos en alguien que fuera de dos partidos más cercanos, como el PSOE e Izquierda Unida (IU) ya no nos parece tan sorprendente. Pero ni en casos como este en el que se puede apreciar una cierta proximidad eso es posible. Las descripciones de los partidos políticos se basan no solo en su exclusividad, sino en la condición excluyente de esta. En una u otra medida, en sus estatutos o en sus declaraciones programáticas se sancionan los actos de colaboración con otro partido, siempre susceptibles de ser considerados traición.

LAS IDEOLOGÍAS GLOBALES Y SU DESNATURALIZACIÓN

Hago la comparación con las religiones porque ha habido en la historia del mundo momentos en los que las concepciones de la religión y la de determinados partidos políticos han estado más cerca de lo que sin duda están ahora cuando, como nos recuerdan los teóricos, las ideologías se diluyen. Cabe recordar que, a partir de mediados del siglo XIX, la religión católica se afanó en constituir sus propios partidos políticos. Se trataba de proyectar en estos el contenido moral y, sobre todo, dogmático de la doctrina de la Iglesia. Por otra parte, los partidos de clase, consecuencia de la enorme preponderancia del marxismo, es decir, los clásicos partidos socialistas, anarquistas y comunistas, siguieron el modelo religioso al volcar una filosofía total sobre el ser humano y el mundo que lo rodeaba. En ambos casos, partían de lo que sus fieles profesaban con fervor para tratar de imponer su ideología a todos.

Esto se ha ido resquebrajando a lo largo del siglo XX. Por una parte, la religión católica ha perdido el protagonismo y la rigidez que la caracterizaba. A finales del siglo pasado, en la Iglesia hubo una importante tendencia socializante amparada en lo que se llamó el nuevo catecismo. Mientras, órdenes religiosas muy significativas, como el Opus Dei, ocupaban posiciones relevantes en el Vaticano. Por otra parte, han surgido con muchísima fuerza nuevas iglesias enormemente interesadas en la intervención política, como sucede con la evangélica. Así, los partidos de la democracia cristiana han dejado de significar la transmisión de la doctrina de la Iglesia católica. Solo quedan aquellos grupos o sectas más papistas que el papa que siguen pretendiendo imponer sus dogmas, como el antiabortismo, a toda la sociedad.

En el bloque del marxismo también ha habido profundas transformaciones desde la decisión de determinados partidos socialdemócratas de romper por completo con la ideología marxista tras el lógico vaciamiento que significó el final de la URSS, del régimen comunista en Rusia y el peculiar mantenimiento del Partido Comunista como estructura de poder en China, que ahora cumple cien años y que convive con un sistema capitalista incluso tildado de salvaje.

NUEVAS IDEOLOGÍAS O MOVIMIENTOS

Además de todo esto, nos encontramos ahora con dos grandes nuevas irrupciones ideológicas: el movimiento ecologista contra el cambio climático y por la sostenibilidad del planeta y el movimiento feminista. Ambas son corrientes de pensamiento transversales que han permeado, con mayor o menor intensidad, en casi todos los partidos políticos, salvo en los que adoptan beligerantes posiciones fundamentalistas y negacionistas.

El ecologismo y la reivindicación por la sostenibilidad de la naturaleza hace ya varias décadas que tiene presencia en el contexto político. De hecho, se ha convertido en el principio inspirador de los partidos verdes. Desde la perspectiva ecologista cabe enfocar todos los problemas y cuestiones, lo que permite considerarla una ideología. En Europa han tenido una incidencia significativa, pero diría que todavía solo han alcanzado una evolución discreta pero creciente a nivel mundial.

En cambio, algo diferente ha sucedido con el feminismo. ¿Implica una ideología global? En principio, no específicamente. Hay quienes afirman lo contrario, y no son solo mujeres. Resulta difícil posicionarse y, sobre todo, no es necesario. Lo que importa es que, lo entendamos como ideología o no, el feminismo no ha optado por incardinarse en un partido político. En algunos momentos y países ha habido iniciativas de constituir partidos feministas. Se planteó en España en los primeros años de la democracia, pero no cuajó.

El feminismo como movimiento no ha optado por la constitución de partidos para lograr sus reivindicaciones. Sí ha creado, en ocasiones, organizaciones fuertes de transformación profunda y con un gran contenido ideológico. Su verdadera esencia ha residido sobre todo en un importantísimo y singular movimiento de masas, usando la terminología clásica de los partidos. Así, ha logrado modificar el mundo de manera sensible. Las más nuevas y sorprendentes actuaciones masivas del feminismo comenzaron en Estados Unidos en torno a los años 60 con las reivindicaciones por el cambio constitucional. Desde entonces, el movimiento feminista, de forma aún más masiva y singular, ha entrado en la escena política con mayor fuerza. En la actualidad, desde el #MeToo, ha reaparecido en el mundo defendiendo una nueva visión de la sexualidad y, sobre todo, defendiendo la idea y el papel de las mujeres en la sexualidad.

Aunque lo merezca, no pretendo glosar la belleza y el alcance del movimiento feminista. Tampoco entrar a analizar la complejidad de lo que ha sido y sigue siendo. Sí quiero resaltar que el feminismo fue, y sigue representando, un cuestionamiento a que la transformación social haya de canalizarse necesariamente a través de los partidos políticos. De forma directa o indirecta, su existencia cuestiona el sectarismo y la exigencia de intrínseca singularidad excluyente de los partidos.

Episodios recientes de enfrentamiento entre distintas sensibilidades en el seno del feminismo muestran su vitalidad, aunque puedan dar la sensación —yo diría que errónea— de que se pudiera estar superando ese apartidismo que ha sido su enseña y sobre el que se asienta, a mi juicio, parte de su éxito. Pese a las distintas, y más o menos largas, trayectorias de apoyo al movimiento feminista, ningún partido debería pretender apropiarse de él. Felizmente, no es de ninguna de nosotras y, a la vez, es de todas. No lo estropeemos.

EL INCIPIENTE FEMINISMO Y LOS PARTIDOS

Siempre me pareció apasionante el comportamiento que tuvo la diputada Clara Campoamor, que consiguió en España, en 1931, nada menos que la aprobación del voto femenino con antelación a otros países. Campoamor entendió que el sufragio femenino constituía un derecho que superaba a los partidos y estos no se lo perdonaron.

Para Clara, el partido político no era un instrumento para alcanzar la participación de la mujer en política. En su libro El voto femenino y yo: Mi pecado mortal cuenta sus esfuerzos para ser admitida en Izquierda Republicana, uno de los partidos que le parecía más adecuado para canalizar la aplicación y desarrollo de su propuesta, después de haber formado parte del Partido Radical. Más allá del machismo reinante, y a pesar de su indiscutible capacidad de convicción, de su tenacidad e inteligencia, pesaba más la cultura de los comportamientos de los partidos. «Cambiaste antes ya de partido, Clara, y, además, no ocultas que vienes al nuestro buscando un acta». Campoamor no escondía su concepción instrumental de los partidos, es decir, los veía como plataformas desde las que hacer algo y no como lugares donde uno se adhiere, para lo que le pueda reportar (como tantas veces parece).

Ese punto de vista la llevó a contar con bola negra, es decir, con el rechazo mayoritario en Izquierda Republicana. Lo intentó en otros partidos, pero no logró entrar tampoco en ninguna de las opciones partidarias que terminaron constituyendo la candidatura unitaria del Frente Popular, en aquella España de 1936. La habían acusado de ser la causante, con su anticipado logro del voto femenino, del éxito de las derechas en 1934. No se midió el peso tan positivo que podía tener, y en tan poco tiempo, el voto de las mujeres. De hecho, después se atribuyó, en parte, el éxito de las izquierdas al sufragio femenino.

En un momento del discurso que mantiene consigo misma en su libro, añade:

En cualquiera de mis actividades sociales complementarias, en la preparación social de la mujer, en la obra de asistencia social, he realizado labor mucho más útil que la llevada a cabo por cualquiera de las agrupaciones republicanas existentes, consumidas en luchas intestinas, agotadas en asambleas tumultuarias, de las que con frecuencia salen acuerdos como el que tomó en setiembre de 1934 el Partido Radical, aprobando contra mí un voto de censura por no haber colocado a radicales en mi cargo de la Dirección de Beneficencia.

Ya se adelantaba la crítica a los partidos políticos como agencias de colocación de los afiliados, que puede, lamentablemente, a volver a hacerse tantas décadas después, en nuestro retorno a la democracia.

DE VUELTA A LOS MENÚS: LO QUE NOS OFRECEN
LOS PARTIDOS

Hoy día, los partidos políticos, tanto en España como en otros países, difícilmente pueden abarcar todo el ideario político de nadie porque esto resulta cada vez más complejo.

Me he adentrado en lo que los partidos explican y presumen de sí mismos. Siempre parece estar desfasado. La actualización de su ideario propositivo debe resultar complicado y no parece que a ninguno de ellos le preocupe mucho. «Total, ¿para qué?», parece ser lo que está detrás de esa aparente desidia.

El análisis comparativo sobre los partidos españoles que incorporo permite sacar algunas conclusiones. Con carácter general, muestra el vaciamiento y la fragmentación del ideario político de los distintos partidos políticos. Todos ellos afirman promover, con una u otra definición, los mandatos constitucionales, sin perjuicio de que apreciemos, en la redacción misma de sus fines, que unos y otros insisten en aquello de que, en la práctica, podemos inferir qué les define en mayor medida de lo que dicen y hacen.

Curiosamente son el PP y Vox, quizás porque provienen de un mismo tronco, quienes más explicitan algunos de sus fines como la defensa de la familia o de la economía de mercado. En cambio, los partidos relativamente nuevos, como Ciudadanos y Podemos, son enormemente parcos y genéricos en la enumeración de sus pretensiones políticas o ideológicas.

Ciudadanos se limita a decir en sus estatutos que su finalidad esencial es la de «contribuir democráticamente al progreso de la sociedad hacia más y mejores cotas de libertad individual, sin menoscabo de la solidaridad con aquellos que la necesitan, mediante la acción política fundamentalmente desde las instituciones representativas».

Podemos solo enumera como fines constitutivos la promoción de la participación democrática de todas las personas en la decisión y ejecución de todas las políticas públicas. Afirma, asimismo, que se organiza democráticamente y fomenta el debate y la participación abierta, respetuosa y directa, de todos sus miembros en la toma de decisiones de la organización. A su vez, dice promover la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales.

El PSOE, fundado hace más de un siglo, cuando se define, escoge exclusivamente estas escasas y curiosas frases:

El Partido Socialista Obrero Español es una organización política de la clase trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos.

Hasta aquí me he referido exclusivamente a los cinco partidos que, a nivel nacional, tienen en este momento mayor representación política en el Congreso y en el Senado. No quedaría ni mínimamente completo el menú de la pluralidad política que los partidos nos ofrecen si no habláramos de la oferta nacionalista que se nos presenta en aquellas comunidades de España donde el soberanismo está fuertemente enraizado en su historia.

De obligada consideración son el PNV y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En Cataluña, además, habría que incluir a Junts, en buena medida, un proyecto político fruto de las reconversiones y escisiones de la extinta Convergència i Unió (CiU).

El PNV se define con una absoluta coherencia como aquel partido que pretende conseguir la independencia de Euskal Herria, lo que expresa con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de su soberanía nacional. Se define a sí mismo como un partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano.

ERC se define, asimismo, como un partido claramente independentista, cuyo objetivo es lograr «la independencia de los Países Catalanes y el Arán, y la consecución de una sociedad más justa y solidaria, sin desigualdades entre las personas y los territorios». Además, se define como «un partido republicano, democrático, feminista, de izquierda no dogmática que tiene como referente la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la ciudadanía, de los derechos de los pueblos y del medio ambiente; basa su ideología y acción política en la defensa de los intereses de los sectores productivos y de las clases populares, la transparencia institucional y el servicio a la ciudadanía».

Así pues, podemos decir que la oferta de los partidos es, cuando menos, vaga y confusa, sin grandes diferencias salvo la singularidad de que, para determinados ciudadanos, la independencia de sus territorios sea una alternativa clara y diáfana para expresar sus pretensiones políticas. Ello es consecuencia de que contamos con una Constitución no militante —que no exige el apoyo al modelo constitucional— que define la pluralidad política con la mayor apertura.

Si solo nos remitiésemos a las grandes definiciones de sí mismos, los partidos políticos podrían llegar a defender una gran gama de políticas públicas y proyectos legislativos, mucho más amplia de las que defienden, afirmándolas como propias y excluyentes. En teoría, podrían encajar en cualquiera de las genéricas definiciones estatutarias.

Ya sabemos que, a partir de su definición fundacional, los partidos se van autodefiniendo a lo largo del tiempo, no siempre de forma sistemática ni coherente, mediante manifestaciones de identidad y de estar a favor o en contra de actitudes y situaciones.

Pensemos, por ejemplo, en un caso reciente. En esas definiciones emblemáticas de los dos partidos de derecha, PP y Vox, ¿encontramos algo que les impida apoyar una ley de eutanasia? No, no hay nada que así lo indique. Sin embargo, cualquiera que conozca un poco cómo se comportan los políticos de este país sabe que esos partidos están fundamentalmente arraigados en el profundo conservadurismo que predicó y acogió, durante tiempo inmemorial, la religión católica.

De esta forma, aunque en España no haya un partido democratacristiano que identifique su ideología con la del catolicismo, lo cierto es que, tradicionalmente, los partidos de derecha han mantenido los principios morales y los dogmas propios de la religión católica. Curiosamente, es la Iglesia —y, en el extremo, un papa como el actual— la que evoluciona y ofrece ante las posiciones tradicionales mayor apertura que la de los partidos de la derecha, que quedan en una posición más papista que el papa.

Todo muestra que una evolución contrapuesta se da en los partidos de izquierda. Tuvieron su origen con los partidos de clase —como, en su día, el PSOE— y de masas y se han reconvertido en partidos de cuadros y, obviamente, jugando con las medidas de la socialdemocracia en el seno del sistema capitalista.

Bajando al terreno, y teniendo en cuenta lo que los partidos hacen en la práctica, cabe destacar algo sorprendente: que unos y otros partidos defienden lo mismo o lo contrario según estén en la oposición o en el Gobierno. En verano de 2021, aguantamos una constante confrontación entre los partidos del Gobierno y los de la oposición por la decisión del Gobierno de indultar parcialmente a los políticos catalanes independentistas condenados por el procés.

¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el PP quien hubiera acordado la concesión del indulto? Se dirá que es una hipótesis inimaginable. Puede, sin duda, plantearse ante posiciones mantenidas en el pasado por el PP y sus dirigentes, que hablaban catalán en la intimidad. ¿Qué posición hubiera adoptado el PSOE de estar en la oposición? Parece que muchos militantes socialistas no se sienten cómodos con el indulto, por lo que es dudoso que hubiera adoptado la misma postura que ha tenido desde el Gobierno.

Sí, ya sé que ahora nos parece imposible pero pensemos lo que significaron los Gobiernos populares con el apoyo de los partidos nacionalistas. Recordemos también la decisión de suprimir el servicio militar que no fue capaz de tomar el PSOE mientras estuvo en el poder y que, sin embargo, acordó de inmediato el PP cuando llegó al Gobierno.

En cualquier caso, mantener una postura cuando se está en la oposición y otra cuando se llega al mando es algo muy muy extendido. Este fenómeno puede ser una muestra de responsabilidad y también de oportunidad (que no necesariamente de oportunismo), pero creo que, en último término, tiene que ver con la indiscutible desideologización en la que parece que se adentran los partidos políticos, más allá de su descripción inicial.

Las grandes decisiones que toman los Gobiernos y que, sistemáticamente, critica y destroza la oposición, suelen tener un largo periodo de maduración. Responden a un cambio social previo, que va caldeando el ambiente para la adopción de la decisión que se demanda y que tiende a precipitarse con esta. Las grandes decisiones están muy vinculadas a las nuevas libertades, que se van imponiendo con el desarrollo de los tiempos, como la educación obligatoria, en 1857; el voto de la mujer, en 1931; el aborto, en 1985; el matrimonio homosexual, en 2005, o la ley de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021 en nuestro país.

Resulta paradójico ver al expresidente Rajoy asistir afablemente, con gran festín, a la boda entre homosexuales de uno de sus jóvenes cuadros dirigentes, tras haber presentado poco antes un recurso contra el matrimonio homosexual ante el Tribunal Constitucional. Tampoco debe ser casual el retraso, que parece que sea sine die, de la sentencia de este tribunal.

Todas estas políticas relacionadas con las nuevas libertades han sido defendidas por ciudadanos enmarcados a lo largo de la historia en partidos liberales o progresistas. Por el contrario, su oposición ha corrido y corre a cargo de aquellos ciudadanos más vinculados a los partidos conservadores, muy tradicionales, ligados a las Iglesias católica y, después, a la evangelista.

Pero, aparte de esas decisiones vinculadas al progreso de la humanidad, hay otras muchas quizás menos trascendentes pero mucho más complejas y menos nítidas en su alcance y contenido que harían dudar a muchos ciudadanos. Por ejemplo, habría ciudadanos a los que les interesara la postura del PSOE en relación con la España federal y, al tiempo, les podría parecer correcta la postura de Ciudadanos, en su apoyo a los vientres de alquiler.

Todo esto se ve mucho más claro en las medidas que tienen que ver con lo puramente cotidiano y lo local, como pueden ser la implantación doméstica de energía solar, la asignación fiscal de unos u otros impuestos —por ejemplo, en estos momentos se ha desatado una ácida polémica entre el partido del Gobierno y la oposición sobre si las peluquerías deben pagar o no el 21 % de IVA—, los pisos turísticos, la prohibición de los refrescos azucarados, las corridas de toros o el consumo de marihuana.

REPARTIR APOYOS, ¿DOBLE MILITANCIA?

Quizás sea el movimiento feminista como tal el único que, como no pretende encuadrarse en un partido ni adscribirse a un partido clásico, ha previsto la simultaneidad de militancia. Esto es expresión de la transversalidad del feminismo y sus organizaciones, que habían de considerar que sus afiliadas pudieran, a la vez, militar en diferentes partidos políticos llegando a hablarse de la doble militancia.

Resulta interesante analizar los debates que se produjeron en el movimiento feminista español sobre las posibilidades de encuadrarse en diferentes organizaciones y partidos antes de la Constitución, primero en la clandestinidad y después en la Transición.

Los partidos de izquierda, y especialmente el PCE, trataron de crear en el seno de la agrupación una sección o movimiento singular para incorporar las reivindicaciones feministas al contenido ideológico del partido. Sin embargo, feministas que estaban adscritas al PCE no se sentían cómodas con ese feminismo político comunista. Entonces, compatibilizaron su militancia política con su participación en agrupaciones feministas que no solo no pertenecían a ningún partido, sino que, en ellas podía darse un cierto antagonismo con algún partido. Eso pasaba en el movimiento juvenil y fuertemente feminista del Frente de Liberación de la Mujer (FLM), que estaba lejos de algunos posicionamientos concretos ideológicos del PCE. Así surgió la doble militancia.

En cierta medida, viví directamente alguno de los conflictos de la doble militancia. En cuarto de Derecho decidí entrar en el entonces ilegal PCE. En la universidad, los estudiantes comunistas, especialmente las chicas, potenciábamos en la medida de lo posible actividades para reivindicar los derechos de la mujer. Era algo nuevo que abarcaba, o al menos podía alcanzar, ambientes y mujeres que nunca hubieran podido siquiera considerar confraternizar con posiciones de izquierda ni del PCE. Desde aquellos lejanos momentos de mi primer activismo político, ambicionaba abrir el campo, incorporar a la transformación democrática y feminista a otras o a otros, más allá de los ya convencidos militantes.

Éramos muy audaces y nos movíamos de lo lindo. Recuerdo que fuimos a ver, entre otras mujeres notables, a Lilí Álvarez, a Mercedes Formica y a la condesa de Campo Alange. Nos citaban en sus casas y creo que les caíamos bien.

Recuerdo el riquísimo aperitivo que nos dio Mercedes Formica en su terraza de la calle de María de Molina de Madrid. Supongo que a ellas, mujeres mayores que habían tenido que afirmar la posición femenina y reivindicar los derechos de las mujeres, les debíamos hacer gracia.

Entre todas aquellas notables mujeres, cuyo conocimiento sin duda nos enriqueció, hubo una con quien establecimos una relación permanente de reflexión y estudio: Eva Forest. Médico de formación, era una mujer notable por sí misma que, además, era la esposa del dramaturgo Alfonso Sastre. Quizás fue una de las primeras parejas en las que, claramente, cada uno por sí mismo eran una personalidad. Supongo que ese contacto nos llegó por el PCE, pues, inicialmente, ellos estaban vinculados al partido.

Eva era una mujer extraordinaria, enormemente inteligente y seductora. A un pequeño grupo de estudiantes universitarias nos propuso estudiar con ella El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Creo que fue mi primer seminario, algo tan propiamente universitario que, en aquel momento, se convertía en una pica en Flandes en aquella universidad. Fue fantástico y, de esta primera actividad conjunta, se labró una buena amistad entre Eva y yo que se prolongó mucho tiempo después. En nuestras charlas, la veía muy defensora de los movimientos guerrilleros de Latinoamérica, pero nada más.

Ya abogada, me había integrado en el FLM. No me convencía el movimiento creado por el PCE del que seguía formando parte como abogada laboralista. Trabajaba bien con las chicas que formaban el FLM, aunque la mayor parte de ellas eran en cierto sentido anticomunistas, pues mantenían posicionamientos de izquierda más radicales que los que yo tenía. Así iniciaba una situación a la que después me he tenido que enfrentar muchas veces en mi vida.

Eva Forest fue detenida en septiembre de 1974 por su participación en el atentado de ETA, en la calle del Correo de Madrid, en el que hubo trece muertos y setenta heridos. Alfonso, su marido, me telefoneó para pedirme que la defendiera. Me negué. A pesar de nuestra amistad, la enorme repugnancia que siempre he sentido contra todo tipo de violencia me lo impedía.

En consecuencia, el FLM decidió expulsarme de su organización por no considerar ética mi decisión. Más allá de mi posición personal, que fue cuestionada, la expulsión pudo estar condicionada por mi adscripción al PCE, que había censurado sin paliativos ese terrible atentado.

No recuerdo bien cómo encararon los clásicos partidos de izquierda, el comunista y el socialista, esa doble militancia. Sinceramente, creo que esas reflexiones se diluyeron cuando por fin se estableció definitivamente la democracia. Más allá del tradicional machismo, tan arraigado, esas discusiones de la doble militancia eran en gran parte consecuencia de unos partidos profundamente ideologizados. A partir de aquel momento iban a tener que enfrentarse con la política del hacer y no solo en la del pensar, en la que se habían tenido que mantener durante del franquismo.

Sin embargo, muchos años después, en 2021, algunas discusiones feministas podrían remitirse a aquellos lejanos escarceos del entroncamiento del feminismo en los partidos de izquierda, a los que, en último término, se deben los avances de este movimiento fundamental.

DEJÉMONOS LLEVAR POR LA IMAGINACIÓN:
VOTAR PERSONAS Y COSAS

La creciente complejidad de nuestra sociedad plantea constantemente nuevos retos y reclama nuevas alternativas a las definiciones vacías y vagas, a las posiciones camaleónicas y a las maniqueas interpretaciones de los adversarios y consiguientes insultos.

Estoy convencida de que si los partidos políticos enumeraran con claridad las reivindicaciones estratégicas que pretenden alcanzar al llegar al poder, muchos ciudadanos se sentirían cómodos si pudieran votar por puntos a los partidos. Sí, he dicho votar por puntos. No hay que escandalizarse. Es algo nuevo, pero parece que modificar una práctica inamovible implantada desde hace más de un siglo podría no estar mal. Al llamarla así, trato de identificarla con alguna práctica conocida, como el carné de conducir, aunque también se podría llamar votar por porcentajes aplicados.

Se trataría de que, a la vez que se votase a los candidatos, se votasen también estrategias o cosas por hacer respecto a las que los ciudadanos pudieran manifestarse a favor o en contra. La diferencia podría residir en que algo de los programas de los partidos (que casi nadie lee) se plasmase en la papeleta. Sin duda, cada partido explicaría en la campaña su estrategia. A modo de resumen, a la hora de la votación, cada partido seleccionaría, por ejemplo, cuatro grandes ítems respecto a los que quisiera que la población, en referéndum no vinculante, se pronunciase.

En las papeletas electorales, los partidos deberían enumerar sus objetivos estratégicos en grupos fácilmente cuantificables cuyo peso relativo se expresaría en porcentajes respecto al 100 % de los cuatro ítems, es decir, cada uno de ellos valdría 25 puntos. Los votantes tendrían que manifestar estar a favor o en contra de esos objetivos. Quizás cabría dejar también la opción de la abstención.

La previsión sería que los candidatos que obtuvieran la mayoría contaran, a su vez, con la mayoría (o no) de los apoyos de la ciudadanía en las cosas por hacer que su partido hubiera propuesto. No obstante, podría haber sorpresas significativas. Por ejemplo, podrían darse cosas por hacer que contaran con un respaldo mucho mayor al del candidato o viceversa; que alguna de sus cosas no contase con el mismo porcentaje de apoyo. Y, sin duda, si el sistema se hiciera bien, habría muchas más ambivalencias y sorpresas. Cabe pensar que los electores pudieran votar en un 25 %, por ejemplo, al PP y en un 75 % al PSOE, o a la inversa.

Esta manera de analizar el contenido ideológico, con objetivos estratégicos claros y acciones concretas, no solo generaría interés por lo que se vota, sino que, a su vez, los partidos se verían en la necesidad de confesar sus objetivos estratégicos y evitar el oportunismo sistemático de proclamar una cosa y hacer la contraria según se esté en la oposición o en el ejecutivo.

Una nueva forma de emitir el voto y de evaluar el nivel de representatividad de los partidos políticos podría recuperar cotas de confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos. Estos sabrían que tienen un mayor respaldo para hacer determinadas cosas y no tanto para otras. De este modo, además, tendrían directrices de qué hacer para, habiendo escuchado a la ciudadanía, tratar de convencerla, es decir, eso que debería ser la tarea de todo político.

Si reflexionamos, esta nueva forma de votar tiene mucho que ver con lo que ya se da en países donde los referéndums no son una temeridad, sino una costumbre democrática plenamente admitida por todos. Por ejemplo, en muchos de los comicios estadounidenses se aprovechan esas votaciones para, a modo de referéndum, preguntar a los electores sobre la conveniencia de determinadas acciones. También se da algo parecido en la práctica suiza mediante la que, sistemáticamente, se pregunta a los ciudadanos sobre las decisiones políticas y los partidos tienen que pronunciarse concretamente ante ellas.

7. Las milicias la tropa, los mandos

7

LAS MILICIAS, LA TROPA, LOS MANDOS

Hemos hablado de partidos y también de políticos, pero nos falta adentrarnos en los partidos como tropa, con sus mandos y sus soldados, dentro del símil bélico que llevamos utilizando. Hay que hablar de los militantes y hay que hablar de las carreras políticas que suelen generarse en el seno de los partidos. Para hacerlo, hay que suponer y estimar, porque poco se sabe de la vida interna de los partidos.

¿SON TODOS LOS POLÍTICOS MILITANTES PROPIAMENTE POLÍTICOS?

Cuando se habla de políticos la gente se refiere a lo que más se conoce, sus dirigentes. Estos, salvo raras excepciones de captación de estrellas externas, provienen de la cantera de los partidos, con una más o menos larga carrera (al parecer de obstáculos) desde sus juventudes hasta la dirección y, desde esta, al poder, tras ganar elecciones. Curiosamente, ese proceso puede resultar desconocido o sorprendente cuando se pregunta a los niños, con su peculiar y fresco desparpajo.

En una de esas acciones de participación infantil del Ayuntamiento de Madrid afloraron interrogantes interesantes. Además de aquel niño que, con naturalidad, nos preguntó por qué todos los políticos mentían, hubo otro que también dio en la diana. Nos hizo una divertidísima pregunta: «¿Qué tipo de exámenes son los que tienen que hacer los políticos? Nosotros, como estudiantes, hacemos exámenes, ¿cuáles son los que hacen ellos para convertirse en políticos?».

La mirada nueva de los niños nos debería merecer más atención. Ellos van descubriendo el mundo tal y como es; constatan absurdos e incongruencias que los adultos nos hemos acostumbrado a aceptar. Es algo así como cuando tienes algo roto en casa y no lo arreglas y te acostumbras a verlo y a usarlo mal y, de pronto, entra alguien que no conoce tu casa y lo detecta inmediatamente.

Los niños oyen que para tener profesiones públicas hacen falta oposiciones, entonces ¿por qué no para ser políticos, si precisamente son los que mandan en lo público?

En el libro de la escritora y maestra bell hooks (no es una errata, ella misma se niega a encabezar su nombre con mayúscula) Enseñar a transgredir hay una cita muy interesante de The Significance of Theory, de Terry Eagleton:

Los niños son los mejores teóricos, porque aún no se les ha enseñado a aceptar nuestras prácticas sociales habituales como naturales y, por lo tanto, insisten en hacerles a estas prácticas las preguntas más vergonzosamente generales y fundamentales, observándolas con un extrañamiento asombrado que nosotros, los adultos, olvidamos hace tiempo. Como aún no entienden nuestras prácticas sociales como algo inevitable, no ven por qué no podríamos hacer las cosas de otra manera.

Pues sí, permitámonos reflexionar con los niños. Claro, sabemos de sobra que para convertirse en un político no hay oposiciones de ningún tipo. Y a aquel divertido preguntón le dijimos: «No, no hacen falta exámenes». Entonces ¿qué hay que hacer para convertirse en un político? Vamos a verlo, pero, como sucede en muchos simples pero trascendentes debates, a esta primera pregunta se le anteponen otras: ¿qué es realmente ser un político? ¿Es la política una profesión?

Y, todavía más, ¿se puede hablar de buenos y malos políticos? Y, si fuera así, ¿cuáles serían las características que deberían tener para que nos parezcan los buenos, los que necesitamos? No es fácil la respuesta.

Ya hemos respondido a la primera: los políticos son los dirigentes de los partidos que, cuando ganan elecciones, pasan a ser representantes de todos, aunque tantas veces parezca que siguen dirigiéndose —solo o fundamentalmente— a sus militantes.

Cuando me convertí en alcaldesa de Madrid, todo el mundo me empezó a identificar como una política y yo me resistía a aceptarlo. «No, no soy una política», decía una y otra vez, y explicaba que normalmente se entiende por políticos aquellas personas que se dedican durante toda su vida, como si de una carrera profesional se tratara, a la política, es decir, a desempeñar cargos públicos o a intentar lograrlo, siendo dirigentes de algún partido.

El primer verano de ser alcaldesa, fui con mis hijos quince días a una casa que alquilamos entre todos en Roche, en Cádiz. El mismo día que llegamos entramos Eduardo, mi marido, y yo a un bar. Me conocieron y estuvieron muy amables. Un parroquiano me pidió una foto y luego me explicó que le gustaba mucho hablar de todo, de política también, pero que desde luego no era político. Le contesté que yo tampoco.

Se me quedó mirando con una inmensa perplejidad y, con esa gracia andaluza, me dijo: «¡Vaya vacilada! ¿Cómo es posible que una persona que es alcaldesa de Madrid me diga que no es una política?». Me reí. Tenía razón aquel paisano. La verdad es que sonaba a gran vacilada el que una alcaldesa dijera de sí misma que no era política.

Probablemente, para la mayor parte de la gente un político es todo aquel que desempeña un cargo público. Pero no renuncio a diferenciarme de eso. Aunque para muchos lo sea (y a mucha honra), para mí, la política no es una carrera profesional; es el ejercicio de una mera responsabilidad durante un tiempo.

En todo caso, hoy día los políticos, es decir, las personas que ocupan cargos públicos —representativos o no— en las instituciones provienen, salvo algún caso raro como el mío, de los partidos políticos. Estos son el cauce de representación democrática. Pueden construirse otros, como las plataformas de ciudadanos, de cuya dificultad también puedo dar constancia.

Así pues, las personas que acceden a las instituciones —a las que llamamos «políticos»— están prácticamente profesionalizadas. En muchos casos no han ejercido ninguna profesión que no sea dentro del partido, desempeñando diversos cargos, normalmente, remunerados, ya que de algo tienen que vivir. Cuando se promocionan y alcanzan responsabilidades de dirección partidaria es cuando logran el pleno reconocimiento público de «políticos» y perciben un mayor salario. Cuando ganan elecciones, pasan a ser representantes en las instituciones o a formar parte de las estructuras de asesoramiento dentro de estas. Han hecho de la política su carrera profesional y por fin la ejercen en su máxima expresión.

Aun con profesión previa, en muchos casos esta queda olvidada tras sus distintos desempeños políticos. La posibilidad de acceder a los cargos reside en estar en un partido político o, al menos, en ser simpatizante de alguno o próximo a él. Esto no quita que, a veces, los partidos incorporen fichajes externos cuando tienen el poder o en las listas electorales mediante las que aspiran a ostentarlo. Estos fichajes suelen ser personas, normalmente con trayectoria pública, que no pertenecen al partido y se presentan como independientes. Si hacemos un seguimiento sociológico de ese tipo de incorporaciones, podremos comprobar que la mayoría de los independientes no lo son tanto o acaban por no serlo.

Carlos Alsina, el magnífico locutor de Onda Cero, me lo confesó. Cuando oyó mis primeras declaraciones en las que afirmaba ser independiente de Podemos no se lo creyó. Ahora ya sabe que es así e incluso hemos compartido sus consecuencias. Lo comentamos cuando nos vimos no hace mucho y me decía, no sé si como excusa ante su primera incredibilidad: «¡Es que es tan poco común!».

Los partidos políticos son los que reclutan y preparan, en su inmensa mayoría, a las personas que van a estar en las listas electorales y, después, en las instituciones. Son quienes van a estar en los Gobiernos o en el gran abanico de asesores, consejeros o directores de empresas públicas o semipúblicas. Así, podemos decir que quien quiere hacer carrera en la política, es decir vivir de la política, tiene que afiliarse a un partido político. ¡Y vaya si es una carrera!

¿CONOCEMOS LA GÉNESIS, EN EL SENO DEL PARTIDO,
DE LOS POLÍTICOS DE AHORA?

Y, entonces ¿cómo se entra en los partidos políticos? ¿Cuál es el origen de la carrera política?

Para responder estas cuestiones conviene repasar la ley orgánica de los partidos políticos y los estatutos de los principales partidos que ahora tienen representación parlamentaria. Por un lado, la ley, como quizás no podría ser de otra forma, se limita a declarar la libertad de afiliación de cualquier ciudadano a cualquier partido. Ello implica también la libertad de abandonar esa afiliación cuando lo desee. Por otro lado, los estatutos de los partidos, en líneas generales, se limitan a regular la afiliación como el mero gesto o muestra de la voluntad de pertenecer, de darse de alta. No se establecen más requisitos o exigencias que las puramente burocráticas, aunque en algún caso, como en el del PP, se exija que dos afiliados presenten al aspirante.

Sorprende que estos procesos de afiliación, obviamente facilitados, estén tan despegados del contenido ideológico de los partidos. La gente se afilia por supuesta afinidad, por relaciones con otros militantes o por una amplia gama de razones imposibles de resumir. Parece que se da una correlación entre los éxitos electorales y la afiliación, incluso masiva, no exenta de grados de oportunismo, cuando no de arribismo. No sé si alguien ha hecho un estudio de esas razones, sobre todo ahora que los partidos están perdiendo tantos militantes. La escasa exigencia ideológica, aun resultando peculiar, parece acompasarse con la falta de contundencia en la definición de los fines y de la pretendida misión específica de cada uno de los partidos que ya hemos mencionado. Resulta curioso contrastar el tipo de afiliación que se produce en los partidos con el que es habitual en el mundo del activismo igualmente o, en mayor medida, político.

Si, por ejemplo, escogemos una organización sin ánimo de lucro, como es Greenpeace, enseguida sabemos que sus objetivos son cuatro y muy claros, tal y como se expone en su web:

1. Detener el cambio climático.

2. Proteger la biodiversidad en todas sus formas.

3. Prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las tierras, el aire y el agua dulce.

4. Promover la paz, el desarme mundial y la no violencia.

Parece más difícil encontrar esa claridad o esa rotundidad en los partidos. Quizás se deba a que hicieron su autodefinición hace más tiempo y no la han actualizado. Si la hubieran puesto al día, puede que hubiera sido aún más ambigua. Mientras escribo estas líneas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de definir el papel de su partido, el PSOE, como «al servicio de España». Aunque puedo estar plenamente de acuerdo con esa mayor amplitud de miras, hay que reconocer que se trata de una definición bastante distinta a la que se hizo en su fundación como partido de clase. A esa definición inicial responde la o de obrero de sus siglas, que tan poco tiene que ver con la realidad social española actual.

Me atrevo a crear una taxonomía que está sin hacer sobre las distintas razones para afiliarse a un partido. Muchos, seguramente la mayoría, lo harán por una motivación de apoyo, por las ganas de pertenecer a un colectivo que se admira y al que se pretende reforzar. Ese tipo de motivación parece que está en descenso y, curiosamente, es la más ideológica, porque cada uno puede idealizar lo que es el partido. Otros afiliados, sin embargo, destacan por un legítimo deseo de hacer carrera política y de construirse, por tanto, una profesión. Para este objetivo no es determinante que el partido tenga un contenido nítido que persiga la consecución de ciertos fines o mejoras en la sociedad.

El activismo busca socios o afiliados para actuar, para hacer cosas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los partidos emplean a quienes se les acercan como afiliados en la propia organización del partido. Esto puede convertirse en atractivo, aunque, con el tiempo, puede llegar a transformarse puestos de más responsabilidad. Ya hemos conocido casos de miembros de un partido y empleados de su sede que han llegado a ser cargos electos.

Muy poco sabemos de los interiores de los partidos, de las características personales de quienes los forman y, en última instancia, de cómo es la vida social de esas organizaciones. No conozco ningún estudio sociológico que nos ofrezca información sobre su funcionamiento interno real. ¿Cuáles son los perfiles de quienes ingresan en los partidos: hombres, mujeres, jóvenes, mayores, perfil socioeconómico, sexualidad, etc.? Otros datos importantes serían el momento de afiliación territorializado, es decir, cuándo y dónde se afiliaron, o cuál fue la razón que los llevó a hacerlo.

También resultaría interesante conocer el bagaje intelectual y educativo con que ingresaron los que ahora han llegado a ser los reconocidos políticos de los partidos. La titulitis que le ha entrado a la clase política parece responder a una necesidad injustificada de presumir de títulos.

Y UNA VEZ DENTRO, ¿CÓMO ES LA VIDA INTERNA
DE LOS PARTIDOS?

Una vez ingresados, sería curioso saber qué hacen los afiliados, a qué se dedican, cuánto y por qué cobran, si es que cobran y, lo más importante, cómo se prospera en el seno de un partido. En definitiva, cómo se construye una carrera política profesional y si hay muchas diferencias de un partido a otro.

Los miembros de los partidos políticos hablan poco de su vida de partido. Los medios de comunicación tampoco se han interesado por el componente social de la vida interna de esas organizaciones. Nos consta que muchos de los militantes que hoy tienen cargos institucionales entraron de jóvenes y nunca han desempeñado profesiones ajenas a esa vinculación política. Es decir, carecen de la experiencia del trabajo y de la relación con el mundo no asociado a la política que la mayor parte de los ciudadanos poseen. ¿No será esto un hándicap para el ejercicio de su gestión política, precisamente al servicio de esos ciudadanos?

La verdad es que no sé por qué hay tan poca literatura sobre las vidas cotidianas de los militantes de los actuales partidos. Sí hay, y cada vez más, películas y sobre todo series buenísimas sobre el ejercicio del poder político, pero no he encontrado nada sobre la pertenencia al partido, la razón de su afiliación, la actividad desplegada, la promoción y todo eso tan decisivo en cualquier vida laboral o profesional (es decir, de quienes tienen una profesión). Parece que hay algo más de literatura sobre los antiguos partidos clandestinos —en el marco de dictaduras— o perseguidos —en democracias menos plenas—, en los que la militancia implica riesgos y presenta otras características más asociadas al activismo político.

LOS PARTIDOS COMO LUGARES DESDE LOS QUE CAMBIAR LAS COSAS

Puedo hablar de mi experiencia personal vinculada a la política de partidos. Como ya he dicho, con diecinueve años entré en el entonces superilegal y superclandestino PCE. En aquel entonces, ser miembro de aquel partido estaba castigado con muchos años de cárcel.

¿Por qué entré en el PCE? Creo que hubo una serie de razones. De un lado, me gustaba la vida asociativa. Dentro de sus evidentes limitaciones, a los supuestos señoritos del régimen, es decir, los estudiantes universitarios que íbamos a dirigir el país, se nos dejaba tener elecciones y jugar un poco a una cierta democracia acotada. Me había presentado a las elecciones de mi clase y me habían elegido subdelegada. Allí conocí a muchos estudiantes que también eran delegados o subdelegados de sus cursos. Muchos de ellos fueron, después, políticos destacados, como Luis Gámir, Óscar Alzaga, Fernando Méndez-Leite, José María Maravall y tantos otros.

Aunque no me sentía comunista, afiliarme me pareció una opción instrumental. El PCE era desde donde parecía que se podía hacer algo contra el régimen y no voy a negar que, desde mi perspectiva de reconocida privilegiada, mi mala conciencia me llevaba a tener que intentarlo.

En ese mundo conocí a Fernando Méndez-Leite, quien también influyó para que me afiliara. Sus padres eran obreros y creo que, para convencerme de que debía entrar en el partido, utilizó muy hábilmente mi mala conciencia porque mi vida fuera infinitamente más fácil que la suya. De alguna manera, el hecho de haber sido una niña muy religiosa me predisponía, además, a sentirme responsable de tener una vida acomodada mientras empezaba a conocer a tantos que nada tenían. Recuerdo que un día Fernando me pidió que fuera a comer con su familia para que viera, como él me decía, lo que era una familia obrera de verdad. Bueno, supongo que en todo ese amasijo de emociones y reflexiones tuvo algo que ver que Fernando quería salir conmigo y que a mí quien me gustaba de verdad era mi profesor de prácticas de Economía.

No está mal, y nos hace más humanos, tener presente que en muchas ocasiones nuestras decisiones son auténticas combinaciones intelectuales y emocionales.

Cuento todas esas cosas porque creo que la decisión de entrar en un partido clandestino y supuestamente activo resultaba algo muy distinto a lo que, en el marco democrático, significa apuntarse en un partido político exento de los peligros y la épica que aquella decisión representaba.

No me gustaba la imaginaria del PCE, ni los emblemas, ni los dibujos, ni su lenguaje. Me desagradaban, sobre todo, la exageración y el triunfalismo hueco que mostraba en sus publicaciones.

Nunca me convenció la visión global del marxismo. Guardo algunos cuadernos, ya muy amarillentos, en los que en aquellas fechas escribía sobre lo que me convencía y lo que no del marxismo. Sí me cautivaba su capacidad de otorgar el protagonismo social a los de abajo, a los obreros, a los campesinos. En su espléndido artículo «Marx y los derechos», el jurista italiano Luigi Ferrajoli dice: «El gran mérito histórico de Marx —la deuda que todavía tenemos con él y que no debería olvidarse nunca— consiste en haber refundado la política desde abajo movilizándola contra la explotación y la opresión»[1]. Estoy totalmente de acuerdo con él: Marx refundó la política iluminando a los ejércitos de olvidados.

En aquella época me impactaba la terrible desigualdad entre los que vivíamos bien y los que tenían que emigrar desde aquellos pueblos donde el hambre había acompañado tantos años de historia. Tengo grabados algunos recuerdos. Las muchachas que venían a trabajar a mi casa, con apenas dieciséis años cumplidos, que lloraban por la noche porque era la primera vez que habían dejado el pueblo. Se habían separado de sus madres, que difícilmente podían mantenerlas. Me contaban cómo otros parientes que se habían venido a la ciudad habían tenido que levantar durante la noche la chabola y construir el tejado para que, así, al ser considerada ya una vivienda, no se la derribaran los municipales. Aprendí entonces, antes de conocerlas, que había enormes barriadas de chabolas que rodeaban el Madrid urbano y construido por el que nos movíamos.

De antes, recuerdo las cartillas que mi madre guardaba en su armario ropero para enseñar a leer a todas las muchachas que trabajaban en casa, pues nos decía que no podía permitir que no supieran ni leer ni escribir. Y también recuerdo, porque conocimos algún caso, cuando los hombres huían de los pueblos para ir a una Europa que no se sabía ni lo que era, con sus maletas de cartón, en tercera clase —la de los trenes con asientos de madera— y con su enorme valentía y su cara de temor a lo desconocido.

Todo eso formaba parte de mi mochila vital cuando fui una de las jóvenes que luchaba contra el larvado antifranquismo que tanto estaba impregnando a una parte de los privilegiados universitarios de los años sesenta y que tanta importancia tuvo en la consecución de la democracia años después.

A diferencia de otras generaciones anteriores en las que la clandestinidad tuvo que ser mucho más oculta y cuidada, nosotros formamos parte del grupo de estudiantes de partidos políticos clandestinos no permitidos que empezamos a salir a la luz como representantes legales (con pretensión de líderes) de los estudiantes. Se trataba de destacar y, precisamente, a sabiendas de que éramos rojos, como se decía entonces y se vuelve, sorpresivamente, a decir ahora.

Me gustaba, y mucho, la vida que llevábamos en el partido. Vivíamos esa maravillosa sensación de que estábamos contribuyendo a cambiar la realidad que no nos gustaba y que nos asfixiaba. Vivíamos la sensación del éxito del cambio y nos sentíamos poderosos. Influíamos. Tanto en la universidad, como después, en la abogacía, el objetivo de nuestra vida de partido era darle a nuestra condición, primero de estudiante y después de abogado (que en todo caso pretendíamos ejercer de la mejor forma posible), una dimensión adicional; nada menos que contribuir a cambiar el país.

Queríamos elevar el nivel intelectual de nuestra universidad, democratizarla, internacionalizarla, abriéndola al mundo, y, a la vez, abrirla a la sociedad, a la clase obrera entonces mayoritaria. Comenzábamos a viajar fuera de España y veíamos por dónde transcurría el mundo. Queríamos acabar con el espíritu rancio de un franquismo que no era capaz ya de ilusionar a los jóvenes.

Entre los abogados utilizábamos la profesión de una manera nueva y distinta, al servicio de la clase obrera y de los sectores vulnerables de la ciudad, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Quizás estábamos no se puede decir inventando pero sí construyendo una nueva forma de abordar el derecho laboral. Contábamos con pocos precedentes. Teníamos una camaradería especial con obreros que eran primero clientes y luego también amigos. ¡Cómo no recordar a Macario!, aquel obrero y líder sindical de la construcción. Macario, que tanto sabía y tanto nos contaba, era delgado y duro como un junco fuerte, con sus gruesas gafas llenas de dioptrías. Con él aprendíamos, pero también polemizábamos. Discutíamos de todo lo que surgía, quizás revolviendo sus convicciones, sobre la pena de muerte, las relaciones personales, el feminismo o incluso sobre la democracia. A veces nos daban las tantas en el despacho, ya de noche, cuando se vaciaba de clientes.

Cuando estábamos en la universidad, aunque nos dividíamos para organizar actividades de todo tipo, culturales y sindicales, nos obligábamos a su vez a tener buenas notas. En definitiva, a ser buenos estudiantes. De alguna manera nos parecía importante ser líderes universitarios, no meramente líderes políticos. Eso significaba que, sobre todo cuando llegaba la época de los exámenes, nos dábamos unas panzadas de estudiar… A veces, como el tiempo era el que era y no llegábamos a todo, tomábamos una medicina que vendían entonces en las farmacias sin receta, la Centramina, que después supimos que no era otra cosa que anfetamina.

¡Cuántas noches hemos pasado con esos colocones intelectuales, memorizando los textos a marchas forzadas para intentar asegurar que aprobaríamos los exámenes!

Luego, cuando nos licenciamos, nos dimos de alta como abogados. En la abogacía también debíamos tener prestigio y ser de los mejores. Creo que lo conseguíamos, aunque, afortunadamente, ya no tomábamos Centramina.

Creamos los despachos laboralistas, algo muy nuestro, nuevo y singular. Estética nueva en lo material y en lo intelectual. Despachos colectivos en los que desde el personal de la limpieza, los administrativos y hasta el más sénior de los abogados cobrábamos todos igual.

Nuestras vidas de partido eran vidas de colegas, de amigos, y nos sentíamos unidos por un lazo muy fuerte y profundamente creativo. Además del trabajo profesional, que ocupaba el 90 % de nuestra vida, nos reuníamos periódicamente para evaluar lo que estábamos haciendo y recibir orientaciones de la dirección del PCE.

Aquí conviene hacer un inciso respecto a la leyenda de las consignas que pareciera que pudiéramos recibir. Y, encima, desde París, se decía malévolamente, para tildarlas de injerencia extranjera. Sin duda, el PCE había lanzado, tras su propuesta de reconciliación nacional, una línea de trabajo en cada sector social (jóvenes, amas de casa…) que consistía en analizar las deficiencias, los problemas y las reivindicaciones concretas que pudieran detectarse y proponer las mejoras correspondientes. Esta línea general de trabajo es la que llevó a que, tanto en los sectores obreros —con el exitoso nacimiento de CC. OO.— como en los sectores profesionales, tuviéramos la ocasión (no sé si decir el privilegio, pero, sin duda, el reto) de tenernos que inventar, en cada caso, lo que era hacer política, allí donde nos tocaba hacerla. De poco hubieran valido las consignas desde fuera porque, sin un conocimiento concreto solo apreciable desde dentro del grupo social que se tratase, hubieran fracasado. De hecho, así fue cuando se intentaron dar.

Más o menos una vez a la semana, nos reuníamos con un miembro de la dirección del partido que se encargaba de la coordinación con nosotros, los abogados. Este era Simón Sánchez Montero, que tendría cerca de sesenta años de los de entonces. Resultaba mayor porque la mayoría de los abogados que componíamos la célula no llegábamos a la treintena. Simón era un dirigente histórico y le respetábamos mucho, pero nos parecía un poco anticuado. Las reuniones eran muy combativas, discutíamos mucho y creo que bien, con las tablas que adquiríamos en los juicios. No obstante, la discusión política no estaba reñida con la diversión. Más de una vez acabábamos la reunión bailando en una discoteca que teníamos un poco colonizada, en la plaza de Santa Bárbara de Madrid. La compartíamos con la agrupación de arquitectos del partido.

A pesar del evidente riesgo que corríamos —nos habían detenido ya en alguna ocasión— no teníamos una sensación continua de miedo. Nos sentíamos protegidos por la manera en la que trabajábamos. Eso lo cambió el asesinato de nuestros compañeros, en nuestro despacho de la calle Atocha, en 1977. Fue algo no solo totalmente inesperado y absolutamente brutal, sino que cambió, al menos para mí, esa percepción del miedo. Pasé a tenerlo, aunque siguiéramos haciendo más o menos lo mismo y, muy poco después, ya en la legalidad.

Fui miembro del partido desde mis diecinueve hasta que, en 1979, con treinta y cinco y la democracia recién estrenada, decidí dejarlo y preparar la oposición a juez.

No creo que esto que viví tenga nada que ver con lo que actualmente es la vida de los partidos ni tampoco del activismo. Fue algo tan nuevo, interesante e irrepetible como para reflexionar al respecto. Curiosamente, y sin saber muy bien por qué, mi generación, que se sintió profundamente atraída por la actividad política transformadora de la sociedad en la que nos tocó nacer, optó por modelos asociativos muy singulares. Al menos, lo que viví intensamente en el PCE junto con los aproximadamente 5000 profesionales adscritos en Madrid que había en el momento de su legalización.

La vida de partido que llevamos nosotros era quizás la vida de unos activistas. Lo era, sí, pero creo que éramos muy particulares. Estábamos empeñados en contribuir a acabar con la dictadura franquista. Este era el principal factor movilizador, pero, a la vez, íbamos más allá. Estábamos también empecinados en modificar la cotidianidad personal y profesional. Confiábamos en que tanto la actitud personal, ejemplarizante, como sobre todo la actividad profesional enfocada de otro modo podrían tener una influencia transformadora de la sociedad, más allá del enfoque político propiamente dicho. No obstante, el estar contra Franco fue siempre más fácil y capaz de atraer mayorías que las distintas propuestas de qué hacer después de Franco, como se ha constatado durante estos cuarenta años.

ASOCIACIONISMO SOCIAL. EL ACTIVISMO PASA
A LAS INSTITUCIONES

En la actualidad se observa que, a la vez que disminuye el interés por la política —o al menos por la política de los partidos que detectan las encuestas—, parece aumentar el asociacionismo civil, amplio y diverso.

Hay un voluntariado político o politizante, pudiéramos decir, que se mueve en la actuación clásica reivindicativa: manifestaciones, cartelería, presencia crítica en las instituciones, denuncias en los ámbitos jurisdiccionales y, sobre todo, presencia en los medios y, ahora, también en las redes sociales.

Este tipo de asociacionismo tiende a caracterizarse por dos componentes. Por una parte, es periférico a lo laboral o profesional de sus integrantes. Nada tienen en común entre ellos salvo su pretensión reivindicativa. Esto queda más patente cuando ese activismo llega, ocasionalmente, a las instituciones. Por otra parte, este asociacionismo es esencialmente o puramente reivindicativo. Apenas presentan un perfil propositivo ya sea por posicionamiento, ya que afirman que la propuesta o la solución corresponde a las instituciones o por incapacidad. Por una razón u otra, carecen de creatividad.

En 2015, cuando finalmente acepté ser candidata a alcaldesa, organizamos una rueda de prensa en la que nos presentamos. Expliqué mi trayectoria, pero ninguno de los demás habló nada de su vida personal, laboral o profesional. Ninguno habló de sus hijos ni de sus trabajos. Todos se limitaron a presentarse como activistas.

De hecho, algunos de ellos nunca habían tenido trabajo retribuido de ninguna índole. Otros muchos sí y muy interesantes. No consideraron ni necesario ni conveniente en términos políticos explicar sus trayectorias, como si lo que viniéramos a hacer en el ayuntamiento no tuviera nada que ver con ellas. Recuerdo el caso quizás más extremo, el de Marta Gómez Lahoz, matemática investigadora que provenía de Puertos del Estado. ¿No iba a tener ninguna incidencia en el ayuntamiento su reconocida capacidad creativa sobre los algoritmos aplicada a una renovada función pública? No concibo que se pueda renunciar a usar esas potencialidades y, de entrada, se desprecien y ni siquiera se digan.

«¿Por qué no habláis de vuestra vida, de vuestro trabajo?», les pregunté. Creo recordar que me dijeron que no les parecía relevante en el marco de la política. Sin embargo, ¡qué importante es! A mi juicio, sirve para ubicar correctamente lo que debe y no debe ser el trabajo político y a aquellos que lo ejercen.

Por cierto, Marta fue una buenísima concejal. Presidenta del distrito de San Blas, era consciente, como todos, de la dificultad de gobernar y no paró de reflexionar y de ensayar formas de conseguir poner en marcha infinidad de proyectos. Una vez que se quedó en la oposición, no vio claro qué era lo que podía y debía hacer y, con toda naturalidad, se volvió a su trabajo, donde le esperaban ansiosos con los brazos abiertos, valorándola como corresponde. Ahora, en su trabajo, dirige uno de esos preciosos proyectos de la pretendida transición ecológica marina.

Otros, aunque quisieran, no podrían hacer lo mismo. No tenían profesión ni perspectiva laboral alguna, pues ya se habían profesionalizado en la política. Esto resulta un hándicap.

Más allá de la ausencia de profesión o dedicación previa diferente al activismo, quizás impide o al menos dificulta el cambio de actitud que debería comportar el paso a las instituciones: pasar de la defensa reivindicativa de grupo a representar al conjunto de la población y, por consiguiente, trabajar por el interés pretendidamente general. Este interés común no siempre responde al del grupo, por más vulnerable que este sea, y puede no ser siquiera mayoritario, aunque históricamente lo haya sido.

El asociacionismo civil de carácter político se desarrolla al margen de las instituciones y precisamente se confronta con ellas. Este tiende a adoptar una actitud próxima y hasta mimética a la de la oposición política, es decir, de confrontación y obstrucción de la labor de las instituciones, incluso si estas son supuestamente amigas, como era el caso de nuestro ayuntamiento.

Siendo alcaldesa, me entrevisté con muchas asociaciones. Tuve la sensación de que, por lo que fuera, no teníamos un asociacionismo de carácter colaborativo, sino meramente reivindicativo. No sé las razones que lo explican, quizás sea nuestra corta historia democrática o nuestros modelos educativos.

Durante aquellas entrevistas, cuando estas asociaciones se quejaban, por ejemplo, de los pobres niveles del servicio municipal de limpieza, les preguntaba qué estaban ellos dispuestos a hacer para mejorar la higiene de sus barrios. Tengo la sensación de que ni siquiera entendían bien mi pregunta. Casi se enfadaban. Les explicaba que había barrios en los que el desprecio al espacio público era aterrador. Las fiestas universitarias, con los grandes botellones, dejaban los espacios absolutamente destrozados y abarrotados de porquería.

«¿Quiénes somos nosotros para decir a nuestros vecinos que sean limpios? ¿Por qué tenemos que colaborar con la limpieza de nuestro barrio, si ya pagamos impuestos para que el Ayuntamiento lo haga por nosotros?», me decían. Con eso mostraban una doble actitud que encierra una contradicción. De un lado, una falta absoluta de compromiso activo con lo de todos (que tiende a convertirse en lo de nadie) y, de otro, una confianza exagerada en la capacidad y poder del Ayuntamiento, del Gobierno y, a fin de cuentas, de los de arriba.

Esta actitud inicial, muy generalizada, evolucionó un poco. Alguna asociación de vecinos, de forma singular y ocasional, decidió hacer una campaña de limpieza en el barrio, afeando a los que no cumplían con las mínimas normas de higiene y urbanidad. No cundió el ejemplo.

LAS ONG SE HAN CONVERTIDO EN IMPRESCINDIBLES

De todas formas, la pandemia sí ha cambiado algo la pasividad colaborativa. Han sido muchas las asociaciones que se han lanzado a preparar y repartir comida a vecinos en situaciones precarias, consecuencia de los efectos devastadores de la covid-19. En ausencia de repuesta institucional, estas asociaciones han jugado el papel de ONG. Aunque también las puede haber poco colaborativas, la mayor parte de ellas tiene, por definición, una auténtica vocación de solidaridad y ayuda. Constituyen otra forma de asociacionismo social, con mayor vocación de hacer, de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la gente.

En aquellos terribles momentos, acuciados por la pandemia, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se cerraron presencialmente. Esto equivale a decir que se cerraron y punto, pues resulta difícil concebir una red de servicios sociales en la que no haya ningún tipo de contacto presencial posible. Pues bien, Cáritas asumió ese reto, cubriendo el hueco que la Administración dejaba. Desde su organización, apoyada en su voluntariado, superando el miedo y los riesgos de contagio que pudiera suponer el contacto, la organización se hizo cargo de esa necesaria e imprescindible función de asistencia social. Me consta que, por lo menos en Madrid, así fue.

Esta actitud no fue nueva. Durante los cuatro años de mi Ayuntamiento vi cómo necesitábamos a las ONG. Esa necesidad era una consecuencia más de nuestra incapacidad estructural de acción propia, con casi todos los servicios externalizados. Conveníamos entonces con Cruz Roja y otras ONG para muchas de nuestras responsabilidades de apoyo social, recepción de emigrantes, apoyo a toxicómanos, atención a familias y niños, etc.

Esto era el resultado inevitable de no tener en el ayuntamiento profesionales específicos para todas esas tareas y era en cierta manera lógico, aunque no puedo por menos de considerarlo anómalo. Pero cuando me avergonzaba era cuando conocía que los propios servicios del ayuntamiento eran quienes desviaban a las ONG a personas que acudían a nosotros en demanda de ayuda, que no éramos capaces o no teníamos el suficiente interés para hacerla posible.

Di, no una, sino muchas veces, instrucciones a los responsables de los servicios de acogida de que no dejaran nunca a nadie durmiendo en la calle cuando cualquier necesitado pedía un lugar para pasar la noche. Solo lo conseguí a medias y reconozco que sentía vergüenza cuando, a la mañana siguiente, me llamaban de la parroquia de San Carlos Borromeo, para decirme que habían tenido que poner más colchones en la iglesia porque, de nuevo, había habido personas que el Ayuntamiento no había atendido debidamente.

LO COTIDIANO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
¿UNA ACTIVIDAD ENDOGÁMICA?

¿Cuál es ahora la vida de los partidos políticos? ¿Cómo y en qué trabajan sus militantes? Reconozco mi desconocimiento. Poco se habla de esa vida cotidiana de los partidos, más allá de su progresiva pérdida de militantes, que puede ser un indicio de reducida dinámica. Valga, no obstante, alguna experiencia concreta.

Gobernaban los socialistas, con el presidente Zapatero al frente, cuando una amiga me contó que se había afiliado al PSOE y me pidió que la acompañara a una reunión de su recién estrenada agrupación. Lo hice encantada y reconozco que me quedé impresionada negativamente. Aquella agrupación socialista me pareció que no era otra cosa que un pequeño club de debate. Allí se debatió sobre la actualidad de aquel momento, que no era otra que la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que tuvo que hacer sorpresivamente Zapatero y que tan buena e inmediata aceptación cosechó por parte del PP de Mariano Rajoy. En el debate, como puede suponerse, hubo posiciones a favor o en contra de la medida adoptada. Las críticas, que lógicamente también hubo, eran enseguida sofocadas por el argumentario del partido, que alguien presentó y repitió las veces que hizo falta.

Cuando se acabó la reunión, fuimos a tomar algo con los militantes asistentes a la reunión a un bar cercano. Les dije lo que me había sorprendido que esa agrupación no fuera un núcleo de acción política de todos y cada uno de ellos, desde sus propios aglutinantes profesionales o desde el único aglutinante que parecía que les podía unir, es decir, el del barrio.

Les decía, desde mi propia vivencia, que cada uno puede hacer mucho para el cambio político desde la perspectiva de su profesión o trabajo. ¿Cuántos entre ellos había con un background profesional común? ¿No podía dar lugar a algún estudio concreto que permitiera elevar iniciativas políticas al partido? Y, en todo caso, si el núcleo de unión no era otro que el barrio, ¿no se podía hacer mucho para mejorarlo? Ver, estudiar juntos qué necesita el barrio y cómo se podría implementar o suplir. Por ejemplo, les sugerí: «¿Por qué no hacer desde esta agrupación un trabajo contra la soledad no deseada en su barrio? No se lo habían siquiera planteado». «¿Hacer qué?», me preguntaron sorprendidos.

No sé si la experiencia que viví aquel día como invitada es generalizable o no. Me da la impresión de que sí, de que la vida actual en los partidos se reduce al mantenimiento de debates sobre las opciones de política general, que se discuten en las instituciones y, si acaso, se repiten después en las agrupaciones, no en el sentido inverso.

Esta actitud verbal, desconectada de la acción, parece que solo se interrumpe en las épocas electorales. Sí, es en ese momento cuando los militantes de base pasan a la acción, acuden a los mítines de su partido, jalean a sus dirigentes, se emocionan con sus discursos y hasta los conocen y saludan. Ahora, hasta se hacen un selfi con ellos. Además, tienen ocasión de acometer otras acciones: pegar carteles, quizás buzonear la propaganda electoral o, incluso, ir casa por casa tratando de ganar votantes para su partido en las distancias cortas. Estos son, parece, los periodos heroicos de la militancia y a ella se atribuye gran relevancia, sobre todo, cuando un partido gana unas elecciones y, entonces, el líder ganador agradece efusivamente el gran esfuerzo de todos para haberlo conseguido. Fuera de esos momentos culminantes y por definición escasos, poco se tiende a reconocer la labor de los militantes, a los que, sin embargo, se considera imprescindibles.

En todo caso, los partidos viven para ellos mismos. Su actividad es endogámica. La pandemia ha sido una prueba del nueve de que esto es así.

Como antes decía, en los momentos más duros del confinamiento y de altísimo número de muertes por los contagios, con la Administración absolutamente parada, solo fueron ONG y organizaciones civiles las que dieron la respuesta solidaria. ¿Dónde estaba la estructura capilar que se atribuye a los partidos?

Aunque con intensidad diferente, Cáritas y otras asociaciones, algunas puramente vecinales, organizaron redes de contactos para ayudar a las personas que se habían quedado absolutamente varadas (llamadas a familiares, a la asistencia médica, compras imprescindibles, acercar comidas, etc.). Ninguno de los partidos tuvo ninguna actitud similar.

PERO LA VIDA INTERNA DE LOS PARTIDOS ¿CUENTA
PARA ALGO?

La vida de los partidos se concreta en torno a los núcleos duros de poder, es decir, a las direcciones políticas. Lógicamente, estas están vinculadas a los apoyos institucionales que puedan conseguir, precisamente, en función de la conexión partidaria.

Así como una empresa gira en torno al núcleo duro de dirección, desde el que se establece la estrategia empresarial, también los partidos se centran en esos núcleos. Desde estos se aportan los contenidos y la riqueza al partido. El conjunto de los militantes que, en algún momento, sí puede dar un golpe de timón con su decisión electiva, difícilmente contribuye a elaborar una estrategia.

Cuando un partido gana las elecciones recibe las correspondientes subvenciones del Estado, que son las que le van a permitir despejar su propio plan de negocio (o arruinar por escasez, si ha perdido).

En teoría, los partidos se nutren de los ingresos que reciben del Estado (su principal fuente de ingresos) y de lo que los militantes, con sus cuotas, les aportan. Como el nivel de militancia de los partidos es decreciente, un partido no se puede mantenerse solo con las cuotas de sus militantes.

Financiar a un partido es algo parecido a financiar a una empresa. Si la empresa no cuenta con los fondos que necesita para desarrollar su producto, no podrá conseguir los ingresos que le hará obtener ese producto. Así pues, de forma análoga, los partidos necesitan fondos para desarrollar los procesos electorales. Pueden recurrir a las entidades financieras, y lo han hecho con profusión, acumulando, en ocasiones, deudas considerables. La petición de financiación se basa siempre en lo que se puede obtener si se gana. La experiencia muestra que, con la incertidumbre que esto implica, los partidos han buscado otras fuentes de financiación menos ortodoxas.

La financiación de las campañas puede llevar a los partidos a conseguir las subvenciones del Estado y a la colocación de un número de sus militantes —cuanto más importante, mejor— en cargos institucionales. Conseguir un número sustancial de escaños no solo significa que el Estado le abonará las subvenciones a las que está obligado según la ley de partidos, sino que —y esto es trascendente— se le puede exigir a cada uno de los afiliados que alcance un cargo institucional que pague al partido un tanto por ciento de su sueldo. Esta es otra fuente de ingresos considerable.

Estas derramas son muy importantes y los partidos, a veces, no solo las exigen a sus propios afiliados, sino también a las personas que, sin ser de los partidos y manteniendo una independencia de afiliación, han conseguido sus cargos gracias a la promoción o propuesta de los diferentes partidos.

La necesidad de financiación en los procesos electorales cada vez es más elevada. Los partidos políticos saben que el proceso de comunicación es el auténtico vehículo electoral por el que pueden mantenerse en el poder o alcanzarlo si todavía no lo tienen. Las agencias de marketing electoral saben bien que el proceso electoral en los partidos es continuo y que no se reduce a las campañas, aunque en estas se intensifique su papel.

Por tanto, la importancia de esos grandes gastos en comunicación exige grandes ingresos para hacerles frente. Las campañas políticas, y muy especialmente los asesores que las diseñan y dirigen, son caros. Sus honorarios se establecen en relación con los éxitos anteriores, con independencia de que estos sean en un mismo partido o en otro diferente —incluso enfrentado— al que ahora le contrata.

Buena prueba del comportamiento de la mercadotecnia política ha sido la figura del asesor del PSOE Iván Redondo, que ha llegado a ser jefe de Gabinete del actual presidente y que antes de eso fue quien ganó las elecciones para José Antonio Monago, expresidente de Extremadura, o Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ambos figuras emblemáticas del PP.

Sin embargo, si un partido político saca pocos diputados y no logra apoyos suficientes para sufragar cargos electorales, acaba haciendo un ERE, porque se arruina.

La sed de fondos fue la que, desde casi el inicio de nuestra democracia, propició la corrupción política. Esta se basa en un sistema elemental: que empresas entreguen fondos a los partidos a cambio de tratos de favor en la distribución de contratos públicos. La ley tiende a buscar que haya una relación directa, de cohecho, entre la entrega de fondos y el contrato que se obtiene. Cuando el sistema se generaliza, esa relación directa se difumina. En principio, si se quiere estar a bien con el correspondiente partido en el poder y se quiere tener opción a los contratos, conviene aportar. Después, se podrá recordar la aportación a la hora de reclamar un determinado contrato. Esas actitudes corruptas se enraizaron en los procesos electorales y está por ver que, a pesar de todos los procesos judiciales que ya se han fallado y que continúan, se hayan conseguido erradicar.

En la captación de fondos intervienen determinados dirigentes de segundo nivel y de forma lo más discreta posible. Aunque cuesta creer que los principales dirigentes no estén al tanto ni que dirijan las operaciones, intentan quedar al margen o, por lo menos, pretenden que así se considere. En el fondo, esto se hace para sustentar el proceso que define a los partidos: mantener o conseguir el poder.

Asimismo, los militantes de los partidos suelen estar al margen de esas grandes operaciones y tienden a centrarse en la consecución del gran objetivo del partido: conservar o alcanzar el poder. Para esto es imprescindible acercarse a los dirigentes, darse a conocer y destacar o haber tenido un acercamiento previo que facilitó su ingreso en el partido. De esa cercanía a los dirigentes es de la que los militantes pueden tener oportunidades e ir escalando puestos en la promoción del partido, comenzando por tener cargos internos, desde los que luego se pueda ir saltando, en la medida de lo posible, a ocupar cargos en las instituciones de distintos ámbitos (local, autonómico o estatal).

Y, ¿cómo se produce ese proceso de selección para ocupar cargos en las instituciones tan poco conocido? Pues, sin duda, surge desde las direcciones de los partidos y se basa en las vinculaciones o adhesiones hacia los propios dirigentes.

LA SELECCIÓN/ELECCIÓN DE LOS DIRIGENTES: LAS PRIMARIAS

Fue el 15M, con la fuerza y originalidad que lo caracterizó, desde donde se comenzó a cuestionar la falta de democracia en los partidos políticos. Hay que achacar al movimiento, con su no siempre reconocida capacidad de influencia, la imposición a todos los partidos de procesos democráticos para elegir a sus dirigentes.

Se trata de las primarias, algo desconocido en los partidos españoles. Las primarias se veían en aquellos momentos iniciales como mecanismos participativos que permitirían a los partidos elegir a los mejores para liderar primero sus propias agrupaciones y, luego, las instituciones. Las primarias se han aplicado. No obstante, no creo que hayan conseguido su objetivo.

Sin duda, estas han permitido que en los partidos políticos no existan procesos de sucesión hereditaria en los que el líder saliente designaba a quien le debía sustituir. ¿Os acordáis de aquel cuento del cuadernito azul de Aznar con el que tanto jugó hasta que, finalmente, designó a Rajoy?

Pero las primarias han resultado, en primer lugar, enormemente manipulables desde las direcciones de los partidos. Es cierto que ha habido casos —y el más sonado es el de Pedro Sánchez— en los que el poder no ha logrado imponer a sus candidatos más deseados. No obstante, estos son muy pocos. Sus resultados suelen responder a las expectativas suscitadas y, se podría decir, dirigidas.

Sin embargo, una cosa son las primarias y otra, el diseño de equipos de gestión, que no se puede hacer a base de primarias. Cuando accedí a liderar la candidatura de Ahora Madrid dije que no volvería a ser candidata en 2019. Acabé, ya se sabe, cambiando de opinión y aceptando volver a presentarme. La experiencia de haber tenido que gobernar con un equipo de personas que yo no había elegido había resultado para mí negativa y que había que tener muy en cuenta.

Curiosamente, en Madrid, los concejales electos tienen que ser, a su vez, quienes dirijan y gestionen las distintas áreas del Gobierno: las concejalías de Urbanismo, Cultura, Seguridad, etc. Asimismo, entre esos concejales electos del equipo de Gobierno hay que designar a los presidentes de los distritos de la capital.

La alcaldesa Ana Botella intentó colocar al frente de su delegación de Cultura a una persona que consideraba capacitada para ese cometido, pero que no había sido elegida concejal. La oposición socialista recurrió esa decisión y el Tribunal Supremo fue claro: no, no podía ser responsable de ninguna de las áreas del Gobierno ninguna persona que no hubiera sido elegida con anterioridad como concejal y en el seno de la candidatura ganadora.

Cuando constituí mi equipo de Gobierno en 2015, lo tuve que hacer escogiendo entre los concejales que habíamos resultado elegidos. Desde ese mismo momento, eché de menos que no se hubiera buscado personas especialmente idóneas para gestionar cada una de las áreas del Gobierno.

La verdad es que las candidaturas municipales, como las otras, se suelen crear buscando equilibrios políticos entre los grupos que han contribuido a su configuración y, desde luego, sin tener en cuenta las peculiaridades de la regulación municipal que obliga a elegir al equipo de Gobierno entre concejales electos. Esa ausencia de previsión fue consustancial al proceso de formación de una candidatura que nunca se soñó que pudiera llegar a gobernar. Así pues, la de 2015 era una candidatura de acumulación de varios grupúsculos políticos que habían aportado, cada uno, sus activistas más destacados. Se constató que el activismo no es la mejor garantía de capacidad de gestión. No se podía caer en el mismo error en la segunda candidatura, para 2019, en la que, además, había serias expectativas de poder ganar y gobernar, como casi se consiguió.

Por eso, cuando decidí volver a presentarme quise acompañarme de un grupo de concejales que tuvieran o bien la experiencia y el conocimiento de un área para continuar en sus responsabilidades (los que habían, según mi criterio, actuado con acierto), o bien las habilidades adecuadas para poder ser una alternativa a quienes debían ser renovados y tuvieran ya el perfil necesario para gestionar el nuevo Gobierno.

En todo caso, mi planteamiento, que sigo pensando que significaba un avance respecto al anterior camino recorrido, cambiaba la concepción de la candidatura. No podía seguir siendo la consecuencia de la aportación de distintos grupos según sus propios criterios de selección. Entonces propuse que la candidatura debería responder a una plataforma cívica concebida como un equipo de trabajo y gestión para, de esta forma, continuar y mejorar la trayectoria iniciada durante el primer mandato. No podía volver ser un aglomerado de partidos y grupos. Ahí estuvo el punto de conflicto.

Este planteamiento generó un grave desencuentro con algunos de los partidos que habían constituido en su día la candidatura de Ahora Madrid. Pretendían ser ellos los que designaran de nuevo a las personas que la formarían y que, como ahora ya sabíamos, habrían de ser al equipo con el que tendría que trabajar en el futuro si volvíamos a ganar.

Esto, para mí, no resultaba razonable para gobernar y la experiencia lo mostraba. Sin embargo, colocando la gestión e incluso el triunfo en las elecciones en un segundo plano, los partidos daban prioridad a sus objetivos. Mi decisión les hacía perder su capacidad de dirección en el seno de sus agrupaciones. De ahí su insistencia en que ellos debían hacer sus correspondientes primarias para designar a las personas que estarían conmigo en la futura candidatura que formaríamos.

Desde la lógica del diseño de un Gobierno, resultaba un absurdo el que se me impusieran desde fuera personas que no conocía y con las que no había trabajado. En último extremo, se daba una confrontación entre dos concepciones de la candidatura. Una, la clásica en la lógica de los partidos, en que la candidatura se concebía como un medio de premiar el activismo de los mejores miembros, es decir, de los máximos exponentes de la lealtad al líder cuando este no estaba al frente. En esta aproximación, la capacidad futura de gestión ni siquiera se consideraba. La otra, la opción que planteaba precisamente tras mi experiencia en los primeros cuatro años, era la imperiosa necesidad de contar con la mayor capacidad posible para esa gestión. Esto se había echado en falta tras la aplicación del sistema de que los partidos formaran la candidatura.

Apelé insistentemente en repetidos debates a que se olvidaran de su protocolo de primarias para cargos del posible futuro Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y fueron muchas cosas las que me sorprendieron. Constaté que puede valorarse más el control y las escalas jerárquicas de los partidos que lo que se pueda hacer para mejorar la sociedad desde las instituciones. Pero, lo que aún me sorprendió más fue el ofrecimiento que se me llegó a hacer: yo podría «sugerir» de entrada quiénes serían los elegidos en las tan deseadas primarias. Sí, creo que eso me valió para constatar lo demasiado fácil que puede llegar a ser el control de ese tipo de elecciones. Y esto, máxime en colectivos cada vez más reducidos, con menores cotas de militancia.

Es sabido. Gané en mi planteamiento dirigido a la mejor gestión, pero, contra todo pronóstico y aun ganando las elecciones, perdimos el Gobierno. Los perdedores en la batalla por la forma de constituir la candidatura también contribuyeron, y de forma explícita, a la pérdida de la alcaldía. Si el Gobierno municipal no era de ellos, más valía perderlo.

LAS PRIMARIAS SOLO SE DAN PARA DECIDIR EL LÍDER

No se puede estar haciendo primarias constantemente para cada ascenso dentro de los escalafones de los partidos. Estas elecciones, una novedad reciente en algún partido, se reservan para elegir al líder. Algunas veces, sin discusión, ya que el líder ya ha sido seleccionado por otro sistema. En otras, cuando no es así, las primarias han aflorado los enfrentamientos de distintas familias o corrientes en el seno de los partidos.

Está por ver que, con las primarias, hayan logrado la selección de los mejores para el ejercicio del liderazgo en el partido y, después, llegado el caso, para las responsabilidades de gobierno en las instituciones. Es muy posible que, si este proceso de elección no ha conseguido confirmar su supuesta función de escoger a los mejores, sea, entre otras causas, porque no tenemos claro cuál es el perfil óptimo para un líder político.

En términos más amplios, cabría plantearse: ¿cómo debería ser el mejor político? ¿Qué características debería tener? ¿Cada partido tiene un perfil diferente o es posible encontrar características comunes? ¿El perfil del dirigente más idóneo de un partido debe, y puede, a su vez, coincidir con el que debería tener para ocupar cargos institucionales? Tantas veces se ha debatido en unas primarias si la elección tendría que enfocarse en otro sentido, para liderar mejor el partido o para tener más opciones de ganar al contrario.

Todo esto está poco elaborado. Así, sin tener claro quiénes serían los mejores, lo que las primarias han conseguido son tormentas de improvisación y confuso azar.

La movilidad, y, en definitiva, el ascenso de los dirigentes dentro de los partidos, ha dependido de que los militantes con deseos de promocionarse hayan tenido el acierto y la lucidez de apoyar en las primarias al candidato ganador. La experiencia muestra que quienes han apoyado a otros candidatos se quedan después fuera de los órganos de dirección de los partidos y, sobre todo, fuera de las deseadas listas para lograr entrada en las instituciones. Viví directamente esos efectos, tanto en el PP como en el PSOE. En ambos, se quedaron fuera de las listas para las elecciones al Ayuntamiento quienes no habían apoyado ni a Pablo Casado ni a Pedro Sánchez en sus correspondientes primarias.

Estar cerca de los dirigentes ganadores parece entonces imprescindible si se quiere prosperar. Esto tiende a esclerotizar los partidos. Cuando el dirigente habla —con el habitual asesoramiento de sus oficinas de comunicación— todos los militantes que tienen posibilidad de ser escuchados repiten, miméticamente y con naturalidad, el discurso del líder. Los partidos distribuyen entre sus miembros los denominados argumentarios para que todos ellos se remitan al discurso oficial e insistan en él. Todos lo repiten, a veces, cómicamente, hasta con las mismas gracietas o anécdotas.

Así pues, disentir de los dirigentes de los partidos ni es posible ni conveniente para cualquier militante que busque hacer carrera política. No solo la disciplina parlamentaria es rígida y burocrática, sino que realmente no cabe el necesario y amplio criterio libre en el seno de los partidos. Muchos dirán que esa homogeneidad de pensamiento es una de las virtudes de los partidos. Es evidente que no comparto esa concepción, por eso me emocionó leer a la gran filósofa Simone Weil cuando, en su pequeño libro Nota sobre la supresión general de los partidos políticos, dice:

Supongamos que un miembro de un partido —diputado, candidato a diputado, o simplemente militante— adquiera en público el siguiente compromiso: «Cada vez que examine cualquier problema político o social, me comprometo a olvidar absolutamente el hecho de que soy miembro de tal grupo y a preocuparme exclusivamente de discernir el bien público y la justicia». Ese lenguaje sería muy mal acogido. Los suyos, e incluso muchos otros, lo acusarían de traición. Los menos hostiles dirían: «Entonces ¿para qué se ha afiliado a un partido?».

En todo caso, hoy por hoy, creo que el estrangulamiento del libre opinar en los partidos viene determinado por la propia concepción de la lucha frontal y absurda entre unas agrupaciones y otras. En esa confrontación, alimentada in extremis por los medios de comunicación —tan ávidos de sangre— cualquier desliz, cualquier pequeñez, como que un diputado no aplauda con ardor a uno de los líderes en una sesión parlamentaria, puede ser visto por la prensa como una vía de agua en la necesaria fortaleza del partido. No digamos si ese desliz ha sido el aplauso a un líder de otro partido; eso se valora enseguida de traición.

Digamos que la culpa de haber fosilizado los debates en los partidos no está en los partidos ni en sus dirigentes, sino en la forma de hacer y de entender la política. Me comentaba un amigo que los medios de comunicación critican cualquier cosa de los partidos. Si en algún partido se avista algo de debate interno, los titulares destacan algo así como «Pelea de gallos en el seno del partido». Si, por el contrario, quieren recalcar críticamente la disciplina de otro, dicen que tiene una disciplina soviética. ¡Qué gran responsabilidad tienen los medios en esa forma —frívola dirían algunos, irresponsable, otros— de alimentar la política de confrontación!

8. La conquista: llegar al poder

8

LA CONQUISTA: LLEGAR AL PODER

Pues sí, después de todo, ahí está el premio. Tantos insultos, tanta bronca, tanta mentira, tanta disciplina irracional y tanta mercadotecnia, pero, al final, el partido ha llegado al poder.

EL PODER, ¿PARA QUÉ?

La pregunta es obligada: y ¿para qué queremos el poder? De nuevo cito lo que Manuel Cruz identifica como la lógica de la política: conquistar el poder o mantenerlo. Pero, como añade, muchos nos aferramos a pensar que ese afán por el poder no puede ser solo por el poder mismo, sin más. Estamos seguros de que detrás de los que compiten por conseguirlo, con esa ambición e incluso con esa violencia, debe haber un propósito.

Todos dirán que trabajan por el interés general, por la mayoría, para la sociedad, para la ciudad, para la comunidad o para el país. Más allá de las declaraciones de «para todos», cabe cuestionarse que sea realmente así. Es parte de la oscuridad, quizás intrínseca a todos los partidos, que solo aflora, por contraste, cuando cada uno intenta explicar o denunciar lo que hace (o no hace) el de enfrente, jaleado por los medios más o menos afines.

LOS PROGRAMAS ELECTORALES, ¿FUENTE DEL PROPÓSITO DE LOS PARTIDOS?

Pero, y ese propósito ¿cómo lo conocemos?, ¿cómo sabemos de él? Como hemos visto, los partidos, en sus descripciones orgánicas fundacionales, no se definen diferenciándose con claridad de los demás ni incorporan objetivos claros. De ahí que haya que buscar en alguna otra fuente qué se proponen hacer. Claro, enseguida pensamos: «Ese propósito estará en los programas electorales».

Pero los programas que presentan los partidos durante las campañas electorales son muy desiguales. No solo por su contenido, que ya se supone de entrada que va a ser distinto, sino por el enfoque y carácter de lo que se plantea. Los hay largos, aparentemente justificados, complejos y hasta pesados, o los hay livianos, como un breve listado de ocurrencias de distinto nivel. Parece que se da una correlación inversa entre las expectativas de ganar (vale cualquier cosa) o ver difícil lograrlo (entonces hay que explicar y justificar todo lo que se piensa inalcanzable).

DISPARIDAD DE PROGRAMAS EN 2015

Un ejemplo de liviandad fue el del PP en la campaña de las municipales de 2015. Bajo el enunciado «Programa», presentó en media cuartilla una mera lista, a modo de decálogo, de medidas variopintas y deshilvanadas. Estaban seguros de ganar, ¿por qué entonces molestarse más? En esa lista aparecía bajar el IBI al mínimo legal (0,4 %), subir la bonificación a la vivienda habitual en el caso de las familias numerosas, plantar árboles en todas las aceras de la ciudad con más de dos metros y medio de anchura o enseñar a nadar a todos los niños madrileños de más de nueve años (quizás lo más original y, llegado el caso, más difícil de aplicar si de verdad se hubiera pretendido llegar a todos, un verdadero reto).

Por el contrario, Ahora Madrid elaboró un enorme y peculiar programa, tanto por su contenido como por el proceso de su elaboración, de abajo arriba. Por su interés, después lo analizaré. Seguramente tuvo mucho que ver con que no se considerase ni remotamente posible ganar las elecciones y gobernar. El programa era solo, o nada menos, la ocasión (quizás única) de formular un catálogo de reivindicaciones, manifestando al tiempo una inusitada confianza en el poder municipal y en su alcance —al que ya nos hemos referido antes como síndrome del activismo— y un gran desconocimiento de las posibilidades de materialización.

PROGRAMAS MÁS RECIENTES: ALGUNAS PINCELADAS

En la Comunidad de Madrid se celebraron elecciones autonómicas en mayo de 2021 y encontramos programas cargados de iniciativas o sugerencias muy desiguales. Por ejemplo, el PP proponía como proyectos programáticos en el área económica volver a reducir en medio punto todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF (ya lo había hecho en anteriores elecciones), deducciones especiales para los jóvenes, las familias, los arrendadores y quienes funden nuevas empresas, así como la creación de talleres de formación para parados de larga duración y mayores de cuarenta y cinco. Por su parte, el PSOE ofrecía en su programa económico un Plan de Choque de Empleo Juvenil y Femenino, con la generación de 125 000 empleos en tres años, la creación de un hub europeo de ciencia y salud y 80 millones en ayudas urgentes y directas a la hostelería.

Tampoco a nivel nacional hay cambios en esta, por así decir, variada forma de redactar los programas políticos.

En las últimas elecciones generales, el 10 de noviembre de 2019, por ejemplo, y en lo relativo a la familia, el PSOE se comprometía a prohibir expresamente los vientres de alquiler, reducir al menos en un 75 % las listas de dependencia, elaborar una nueva ley de familias y la ley de la eutanasia. Por su parte, el PP proponía una nueva ley de apoyo a la maternidad, incentivos fiscales para las empresas que contrataran mujeres después de la maternidad e impulsar el testamento vital y los cuidados paliativos. Vox prometía la creación de un Ministerio de la Familia y la prestación universal de cien euros al mes por hijo para las mujeres que los tuvieran.

Vistas así, todas estas iniciativas que habitualmente componen los programas políticos muestran falta de profundidad y coherencia. Más que proyectos de gestión política, parecen constituir una serie de medidas publicitarias, dirigidas en cada caso a sus supuestos nichos de clientela.

Si se consideran en su conjunto, desde la de enseñar a nadar a los niños de más de nueve años, pasando por crear un banco municipal, paralizar los desahucios, reducir el IBI, prohibir la gestión de los vientres de alquiler hasta la creación de un Ministerio de la Familia aparecen como un batiburrillo que sorprende, con diferentes niveles de competencia e incluso de posibilidades.

Y, sobre todo, sorprende que esa serie de ocurrencias o iniciativas sueltas y publicitarias sustituyan a la elaboración de programas más completos y testados de gestión política, a partir de la evaluación (que siempre falta) de la experiencia.

HACIA UN NUEVO TIPO DE PROGRAMA: EL DE AHORA MADRID DE 2015

Aunque no había reflexionado específicamente sobre los programas electorales como lo estoy ahora haciendo, en cuanto acepté la candidatura pensé que el programa político por definición debería ser un todo, una visión completa de la gestión del Ayuntamiento. La visión de la alternativa de gestión exigía conocer la situación en ese momento de esa gestión.

Por eso, y a pesar de que ya he dicho que mi decisión de liderar una candidatura fue precipitada, decidí, a los pocos días de ser candidata, intentar conocer la situación real del Ayuntamiento. Y eso, aun antes de saber la marcha de la confección de lo que iba a ser mi programa electoral, cuya creación ya había comenzado y con mucha intensidad.

Pedí entonces, como iniciativa personal poco entendida por propios y ajenos, una entrevista con la alcaldesa en funciones, la señora Ana Botella, para solicitarle una puesta al día de la situación del Ayuntamiento. Aunque muy extrañada, y yo diría que nerviosa, Ana Botella nos recibió a Marta Higueras, la futura primera teniente de alcalde, y a mí. Estuvo amable. Hablamos un poco de todo. Ella tenía curiosidad por saber un poco más de mí. La acompañaba quien parecía ser un asesor que nos prometió facilitarnos alguna documentación. Finalmente, creo que lo que nos dieron fue poca cosa, algo así como una actualización del presupuesto del Ayuntamiento. En esa reunión se vio que yo estaba iniciando lo que después se constataría a todos los niveles: estaba haciendo algo no habitual o, al menos, fuera de lo que se entendía como normal en el comportamiento político convencional.

La entrevista no nos sirvió. No era posible con aquello hacerse idea de la situación cierta del Ayuntamiento.

Nadie de los que preparaban la comunicación de la candidatura estuvieron demasiado interesados en lo que me preocupaba. No estoy segura siquiera de que mi entrevista con Botella hubiera sido objeto de noticia. Ni a uno ni a otro bando le interesaba que nos viéramos.

Entre medias, quienes preparaban el programa de Ahora Madrid se dividían entre los que pretendían dar cabida al mayor número de cosas de carácter social en ese superdocumento que tenían in mente y quienes buscaban, ante todo, la necesidad de convertirlo en algo movilizador.

Este programa se había hecho a través de la participación de muchas de las personas (se hablaba de que había más de 3500) que, en una u otra medida, apoyaban la candidatura, lo que en sí mismo lo convertía en un documento muy valioso. Estaba siendo elaborado cuando llegué. Constituía un importante esfuerzo de acumulación de propuestas; unas, meras reivindicaciones críticas, otras, literalmente propuestas elaboradas por grupos de trabajo sectoriales que pretendían abordar todos los campos en que el Ayuntamiento pudiera intervenir.

Esta aproximación al programa constituía un intento de obtener una idea comprensiva de su potencial actividad, algo que se parecería a lo que debería ser un programa. No obstante, debería haber sido elaborado con un conocimiento más afinado de la situación del Ayuntamiento y de una evaluación de lo hecho anteriormente. Y esto, además, superando la tentación (común en todo los partidos y grupos) de pensar que todo lo que ha hecho el anterior está mal, respondiendo al más extremo sectarismo.

En ese programa en el que, por ejemplo, nada se decía de cómo abordar la mejora de la limpieza de Madrid porque no se consideraba un problema, se planteaban, entre otros proyectos, la creación de un banco municipal, revertir a la competencia municipal todas las actividades municipales externalizadas o paralizar todos los desahucios. Había pocos grises o contemporizaciones. Todo tendía a querer ser distinto, nuevo.

Este programa, realizado en paralelo con mis intentos de conocer algo de la institución donde nos metíamos, fue una aportación importante. No obstante, aunque en efecto fuera un trabajo colectivo encomiable, esto no le daba en modo alguno el carácter de un verdadero programa electoral. Ni se planteó de entrada, ni se aplicó, ni hubiera habido tiempo para jerarquizar, organizar y filtrar ese cúmulo de propuestas en las que no solo había contradicciones, sino también cuestiones que se escapaban claramente de las competencias y capacidades del Ayuntamiento.

Ahora, con la experiencia de lo vivido, cada vez lo tengo más claro. Si queremos que los partidos puedan hacer programas de gobierno útiles y eficaces, es imprescindible conocer con detalle la situación real de los Gobiernos que se pretenden continuar o sustituir.

MÁS QUE FACILITARLA, EL ESPECIAL PROGRAMA ENREDÓ
LA GESTIÓN

Nada más llegar al Ayuntamiento, los medios no tardaron en sacar el tema del programa de Ahora Madrid. Daba mucho de qué hablar. Había terminado siendo un voluminoso documento de setenta páginas que contenía una prolija relación de objetivos y acciones concebidas, sin duda, desde fuera del Ayuntamiento.

De hecho, parecía que los medios de comunicación nunca habían llegado a creerse que pudiéramos ganar las elecciones. Es muy posible que, por eso, solo una vez que fueron conscientes de que era así, empezaron a rebuscar tanto entre los perfiles de los concejales electos como en las iniciativas concretas del extenso programa electoral.

Ya siendo alcaldesa, en una de las primeras entrevistas que me hicieron, empezaron a surgir preguntas respecto a algunas de las propuestas concretas que aparecían en el programa, por ejemplo, sobre la creación de un banco municipal.

Con naturalidad, contesté que, desde un primer momento había manifestado dos cosas. En primer lugar, que, en mi criterio, un programa político solo debía remitirse a las grandes líneas de objetivos y no debía recoger una lista de propuestas concretas, sujetas a muchos condicionantes y circunstancias. En segundo lugar, que, en consecuencia, no me sentía identificada con la dilatada enumeración de propuestas muy concretas del programa de Ahora Madrid.

Desde el momento mismo en el que asumí liderar la candidatura mantuve esa postura, relativamente distanciada de la concreción programática, más allá de las grandes líneas de cambio, ampliamente compartidas y que son las que nos llevaron al triunfo.

Había líneas generales con las que me sentía cómoda y a las que siempre me ceñí. Sin embargo, tras las elecciones, los medios de comunicación intentaban señalar las propuestas que pudieran resultar más rompedoras y potencialmente más controvertidas. Su objetivo era bien para tratar de enfrentarme ante ellas buscando las supuestas contradicciones que tanto gustan encontrar, bien para recordarme (¿y reclamarme?) mi supuesta obligación de poner en marcha todas las iniciativas que se recogían en el programa. Querían demostrar que, aun desde el inicio, estaba incumpliéndolo. Era la acusación que se hacía a todos los partidos políticos, aunque con distinta virulencia, según el sesgo del medio. Enseguida querían mostrar que no éramos tan diferentes.

Quizás con poca fortuna, en un momento dije, como pienso, que en el programa se recogían propuestas que tenían la conceptuación de sugerencias, que no significaban, pues, compromisos de realizarlas como tal. No sé si fue una buena respuesta. Los periodistas se lanzaron a esa frase mía con fruición. Hay que reconocer que eso de decir lo que uno piensa o de reflexionar en voz alta me ha acarreado problemas en más de una ocasión. Una vez apuntada la idea, parece que dijeron: «Ya está, ya la hemos pillado. Es como todos; no va a cumplir su programa». Solo pretendía, con sinceridad, explicar lo que debería ser y contener un programa electoral.

Mirando hacia atrás, quizás no debí haber aceptado el programa de Ahora Madrid, con la prolija configuración que finalmente llegó a tener por acumulación de propuestas. Pecamos todos de inexperiencia. Tal vez debería haber insistido aún más en recoger tan solo las grandes líneas estratégicas, con criterios, eso sí, respecto a cómo establecer las medidas concretas para alcanzarlos.

PASAR DEL ACTIVISMO PROGRAMÁTICO A LAS INSTITUCIONES: UN PASO NO SIEMPRE FÁCIL

La candidatura barrial y popular de Ahora Madrid había surgido ante el descontento que las políticas de desigual e injusta austeridad del PP estaban ocasionando en determinados sectores de la población.

La brutal ejecución, por parte de las entidades bancarias, de las hipotecas impagadas generó una ola de desahucios nunca vista. Aunque afectó principalmente a los sectores más vulnerables, también lo hizo en determinados estamentos de la clase media, relacionados, a su vez, con el tremendo derrumbe de la industria de la construcción.

Un fenómeno de esas características tuvo la respuesta ágil y valiente de la PAD, la plataforma antidesahucios. Optó por hacer lo que en ese momento estaba a su alcance: denunciar lo que estaba pasando y tratar de parar los desahucios mediante actos de dura resistencia cívica. Esto, sin embargo, provocaba los consiguientes enfrentamientos con la policía, que era enviada por los jueces, quienes ordenaban los desahucios.

En ese marco, que se había ido construyendo y aumentando desde 2011, tanto Ahora Madrid como las otras candidaturas similares que se autodenominaron del cambio (Barcelona, Zaragoza, A Coruña, o Cádiz) incluyeron en sus programas, como importante medida, la de parar los desahucios. De las medidas del activismo cívico se proponía pasar a la acción de las instituciones. No obstante, al formular tal propuesta, se eludía, desconociéndola o no, que los Ayuntamientos no podían parar los desahucios que ordenaban y ejecutaban los jueces.

Lo que los Ayuntamientos sí podíamos y debíamos hacer era tratar de evitar que se llegaran a acordar los desahucios y su ejecución. En primer lugar, no ordenando desahucios de las propias viviendas municipales. Justo durante la campaña electoral, tuvimos conocimiento de que el Ayuntamiento preparaba unos cientos de desahucios de inquilinos de sus propias viviendas —que tenía distribuidas sobre todo por el centro de Madrid— con la idea de venderlas. De inmediato, acordamos dejarlos sin efecto. En segundo lugar, había que evitar que las entidades propietarias de los créditos hipotecarios (bancos, esencialmente) pidieran su ejecución.

Por eso, nada más celebradas las elecciones y aun antes de que se cerrara el acuerdo de legislatura con el PSOE, comencé a visitar a los directores de los bancos. Me acompañaba mi amiga Marta Higueras, con la que venía colaborando en muchos proyectos desde que nos habíamos conocido en los juzgados de la plaza de Castilla cuando yo había sido decana en los años noventa. Marta quiso acompañarme también en la lista electoral. A ella le pedí que se encargara de Asuntos Sociales que, como novedad, incluiría la vivienda, en vez de estar, como siempre, en Urbanismo. Durante toda la legislatura municipal, y desde esas primeras entrevistas, se evitaron muchísimos desahucios. Un éxito poco conocido y en menor medida reconocido. Casi todas las entidades bancarias pusieron a disposición del Ayuntamiento contactos con los que buscar conjuntamente alternativas a las ejecuciones, es decir, vías de diálogo y negociación.

Sin embargo, la falta de lógica y de coherencia en la concepción de los programas de las candidaturas del cambio se tradujo en que, durante algún tiempo, cuando ya estábamos gobernando, algunos concejales de Barcelona, Cádiz o Madrid seguían acudiendo personalmente a impedir los desahucios para apoyar los actos de resistencia pacífica que seguía utilizando la PAD. Esto, evidentemente, no solo no servía para nada, sino que, además, rozaba la posible comisión de un delito de prevaricación. Resultaba de muy difícil justificación que las autoridades municipales trataran de impedir la ejecución de órdenes judiciales que, a su vez, estaban apoyadas en las que los propios Ayuntamientos tenían que ordenar a las policías municipales.

El hecho mismo de que se pudiera pensar que parar los desahucios podía ser una medida de programación general de política municipal choca. Es quizás una de las pruebas más claras de la confusión que puede introducirse en los programas electorales. Esa promesa, así enunciada, era lógica desde el punto de vista de la comunicación. Sonaba muy bien. Era la traslación de una insistente reivindicación social y se podía llegar a suponer que era posible como consecuencia, ciertamente apasionante, de que llegaran a las instituciones representantes del activismo político crítico.

OTRAS PROPUESTAS DEL ESPECIAL PROGRAMA DE 2015

El programa de 2015 de Ahora Madrid tenía una promesa de gran calado institucional que aparecía como reivindicación estelar: la remunicipalización de los servicios municipales. En un plano teórico, esto podía resultar correcto. No obstante, esta medida estaba planteada de esa manera, teórica, en ausencia de conocimiento de las posibilidades y capacidades para lograrla y, sobre todo, de la situación concreta del Ayuntamiento de Madrid. Estaba insuficientemente trabajada.

Siempre creí que las instituciones habrían de tener la capacidad para gestionar por sí mismas los servicios de su competencia. En principio, siempre fui partidaria de la gestión pública directa.

Estar al frente de la alcaldía me hizo ver la enorme dificultad de implantarla en un Ayuntamiento como el que me encontré. Realmente, tengo que reconocer mi sorpresa ante la absoluta dependencia de la contratación con empresas privadas de todos sus servicios. Los funcionarios han perdido, si alguna vez la tuvieron, la capacidad de gestión directa. Son solo controladores de la gestión externalizada. Constaté, entonces, la dificultad de la tarea de desarrollar esa voluntad programática de la remunicipalización.

Un número descomunal de los servicios municipales se venía haciendo, y se hace, a través de la contratación de empresas privadas. La mayor parte de esas contrataciones estaban vigentes cuando llegamos nosotros al Gobierno. Pero aun así, aunque algunos contratos vencieron durante nuestro mandato, tampoco pudimos remunicipalizarlos. Remunicipalizar, por ejemplo, el teléfono de atención ciudadana 010 significaba dejar en la calle a todas las personas que la empresa contratada tenía en ese servicio. Algunos sindicatos pretendían que el Ayuntamiento asumiera esas plantillas, incluyéndolas como funcionarios o laborales del Ayuntamiento, pero esa tampoco podía ser la solución. Aun con su función básicamente de controladores, el número de funcionarios lleva al Ayuntamiento a ser la mayor empresa de Madrid.

Remunicipalizar era imposible en la mayor parte de los casos y, cuando se redactó el programa los que tan alegremente lo propusieron, no lo sabían. También cabe pensar que desde su visión de activistas —tan poco proclive a reconocer la distinta condición de los cargos públicos— se intentase forzar el principio de municipalización más allá de limitaciones que se entendían siempre superables desde el poder.

Ni siquiera contábamos con un mapa de toda la red de privatización pública, de sus fases y de sus evaluaciones. El anterior Gobierno municipal no nos lo había aportado.

Pudimos, eso sí y con cierto éxito, remunicipalizar los Servicios Funerarios de Madrid. Estos habían sido malvendidos, hacía unos años, a una empresa privada, ante la supuesta incapacidad pública de gestionarlos sin pérdidas. La remunicipalización fue posible, aunque no exenta de numerosas denuncias ante los juzgados. La externalización de servicios se ha acuñado como norma de tal modo que el intento de revertirla se tiende a considerar y denunciar como atentatoria contra el orden establecido. Hoy, la funeraria con gestión pública sigue adelante en buenas condiciones.

También pudimos, a través de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), la empresa municipal de autobuses, asumir la gestión de Bicimad (las bicicletas de alquiler desplegadas por la ciudad) y de determinados servicios como el teleférico o algunos parkings. Aunque, eso sí, después de sufrir un calvario de acusaciones y denuncias durante toda la legislatura por parte de la derecha autodenominada liberal ante el supuesto atentado que suponían. El PP presentó, cómo no, una querella por prevaricación contra la concejala responsable del área, que no se archivó hasta unos días antes del cese de nuestro Gobierno.

Por otra parte, las escuelas infantiles fueron una de las estrellas de nuestra política de educación. Peleamos y conseguimos la transferencia de competencias de la Comunidad de Madrid, poco dada a preocuparse por las escuelas para la enseñanza de cero a tres años —tan reconocidamente esenciales para el aprendizaje— ni por crear nuevas. Creamos más de once escuelas nuevas con unos diseños y programas muy interesantes y estéticamente muy bellos. Tampoco pudieron ser municipalizadas. El Ayuntamiento no tenía en sus plantillas empleados para poder cubrir los puestos del personal altamente cualificado que necesitábamos. Por ese motivo tuvimos que sacar a concurso su gestión. Optamos, sin embargo, por una solución muy interesante: buscamos a través de los concursos públicos la posibilidad de que pequeñas unidades del tejido social —principalmente pequeñas cooperativas de enseñanza infantil— pudieran acceder a nuestras nuevas guarderías.

Resultó acertado lo que hicimos con las escuelas infantiles. No lo habíamos pensado cuando se elaboró el proyecto, pero de ahí surgió un concepto que tiene mucho que aportar en el futuro: la colaboración público-social. Esta consiste en que la cooperación municipal no solo sea con empresas que tienen ánimo de lucro, sino con entidades que no lo tienen y que solo, y nada menos, pretenden con su gestión el beneficio social.

TRASPASO DE PODERES: ¿AYUDA O IMPEDIMENTO
AL QUE HA GANADO EL PODER?

Ya he insistido en la necesidad de conocer la situación del organismo que hay que gestionar, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid, para confeccionar un auténtico programa útil, ya que esto obligaría a que unos Gobiernos colaborasen con los siguientes.

Parece lógico y necesario que los Gobiernos, cuando concluyeran sus mandatos y fueran a convocarse las elecciones, hicieran un auténtico cierre de ejercicio político, con su correspondiente rendición de cuentas. No obstante, cuando se convocan nuevas elecciones, hay que hacer el mejor panegírico posible de su actuación y logros, que difícilmente puede consistir en una rendición de cuentas. Este concepto, cuando se aplica, se está deteriorando y convirtiendo de nuevo en un producto del marketing político.

El cierre del ejercicio político exigiría que se analizaran ingresos, gastos y, sobre todo, que se evaluaran los beneficios que, gracias a esos gastos, hayan percibido los ciudadanos en todos los aspectos posibles. Así se evitaría lo escandaloso que resulta que se diga que se van a hacer proyectos que ya se están haciendo y que a nadie le parezca importante evaluar y saber qué resultado han tenido. Cualquiera de las ocurrencias deshilvanadas, como me he atrevido a llamarlas, que aparecen en los programas como pautas de la gestión prometida deberían tener una referencia técnica.

Por ejemplo, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su programa para las elecciones de mayo de 2021, prometía cursos de formación para mayores de cuarenta y cinco años y parados de larga duración. Volvía a repetirlo, como si fuera novedad. ¿Cómo no decirle, con cierta indignación, que esos cursos se venían haciendo en la Comunidad, en los Ayuntamientos y en el Estado desde hacía más de treinta años? ¿En qué diferían los cursos que proponía? ¿Se había aprendido algo de la experiencia pasada? Y sobre todo eso, ¿cómo no interpelarle sobre cuál había sido el resultado de esas formaciones y a cuento de qué venía presentarlas ahora como si se trataran de algo nuevo? En cualquier caso, la señora Ayuso ha tenido la suerte o la habilidad de no tener que dar explicaciones a un nuevo Gobierno distinto tras las elecciones.

De todas formas, y con carácter general, resulta extraordinariamente absurdo cómo se hace algo tan trascendente en la democracia como es el traspaso entre los Gobiernos de distinto signo político.

Como resulta lógico, en la judicatura, cuando un juez cesa en su juzgado debe dejar hecho lo que llamamos un alarde. Esto no es otra cosa que la descripción de la situación en la que se encuentra el juzgado que se deja, porque el nuevo juez que llega tiene que saber lo que se encuentra.

Así, el cierre del ejercicio político como tal permitiría el análisis de lo hecho y la forma más correcta de mejorarlo o transformarlo. De esta forma quedaría claro lo que se hizo y los efectos que produjo lo que efectivamente se llevó o no a cabo.

En el Reglamento Orgánico del Pleno de Madrid se regula la necesidad de que, una vez al año, el alcalde convoque el Debate del estado de la ciudad, pero, en todo caso, ese pleno no está pensado para que se haga al final del mandato. Nunca se ha pensado, ni en lo municipal ni en lo comunitario ni en el plano estatal, que ese acto especial, en su última convocatoria, pudiera servir de cierre del mandato político, con su correspondiente evaluación de las medidas que se acordaron durante este. Así, los electores contarían con una base de valoración de lo hecho o no hecho.

Esto denota que nos falta una cultura del análisis y la evaluación de la gestión política. Quizás carezcamos, por encima de todo, de una cultura de la gestión política en sí misma, no solo de su análisis, sino seguramente de su propio concepto e importancia. Pero cuando esto se hace muy pero que muy evidente es cuando llegan los momentos de los traspasos de poder, que no deberíamos olvidar que son santo y seña de los procesos democráticos. Solo en democracia cambian los Gobiernos por el ejercicio de la voluntad popular. Pues sí, nos falta cultura de los traspasos de poder y, quizás aún más, nos faltan protocolos racionales que cumplir en los traspasos de los distintos Gobiernos.

A PODEMOS, NI AGUA, COMO AHORA SE PLANTEA
ANTE EL CGPJ

Como ahora ocurre ante la renovación del CGPJ, el PP, sin rubor alguno, manifiesta de forma antidemocrática que no acepta ni hablar de esa renovación si Unidas Podemos entra en la negociación. Algo semejante debió plantearse, en ese caso sin decirlo, cuando llegamos al Ayuntamiento en 2015.

Cuando entré en mi despacho el día 13 de junio del 2015 no encontré ni un solo papel. Nada que hubiera indicado el trabajo que habían realizado sus anteriores ocupantes. Ni sus agendas, ni correspondencia, ni archivos de temas planteados ni en curso. No quedaba nada, absolutamente nada. Ni un solo papel, ni un apunte, ni una nota. Ante mi extrañeza, algunos funcionarios me dijeron que, cuando ya se sabía que probablemente sería la siguiente alcaldesa, el equipo anterior de Gobierno había dado la orden de quemarlo todo. No puedo asegurar si efectivamente se quemó o no, pero sí que no había quedado nada.

Cuando lo comenté con el grupo municipal del PP, el hoy alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, entonces en puro y constante proceso de descalificación, me negó que aquello fuera verdad. Y utilizó otro comodín de la política de la mentira y la confrontación: me retó a que si era cierto, lo denunciara.

¡Qué duro resulta tener que aguantar el constante reproche de mentir, apoyado, además, en la continua mentira elevada a disputa mediante el chantaje de la denuncia!

Todavía tengo la imagen de esos cajones absolutamente vacíos, de esos armarios sin un archivador o carpeta, de la gran mesa del despacho sin ni siquiera una relación de teléfonos. No lo denuncié por varias razones. Nunca fui partidaria de judicializar la política. Además, por más que mostrase actitudes poco democráticas, me cabían dudas de que ese constatado vacío fuera delito. Aún vacilo sobre la obligatoriedad de la documentación abierta de todos los actos de gestión de los altos dirigentes de las instituciones, más allá de la transparencia. Es un tema apasionante que debería tenerse en cuenta en el futuro. ¿Tienen los alcaldes o presidentes obligación de guardar la documentación de toda su gestión, de sus visitas, de su correspondencia, de su agenda? Releo la ley de transparencia y buen gobierno y no encuentro disposiciones claras que prescriban la obligación de la transparencia en la gestión de la dirección política de las instituciones ni, en menor medida, de la obligación de transmitir esa transparencia al siguiente cargo electo, sea del partido que sea.

Cuando abandoné mi despacho en 2019, allí lo dejé todo. Mis agendas, mi correspondencia, mis muy numerosos archivos con resúmenes de las reuniones mantenidas, de los proyectos discutidos o de las sugerencias recibidas. No sé si alguien lo usó o si ni siquiera lo consideró.

En la renovación política, en los traspasos de equipos de Gobierno, parece como si no hubiera memoria. Curiosamente, es como si antes no se hubiera hecho nada o si lo que pudiera haberse hecho se supusiera que debe estar todo mal o, al menos, se quisiera no tener en cuenta, ocultar y, si queda algo, olvidar.

PERO EL PODER TIENE ALGUNOS ALICIENTES: GOBERNAR PARA TODOS

Haber gobernado con gente nueva en la política nos obligó y podría decirse que nos permitió a todos pensar en común sobre el hecho mismo de gobernar. Mantuvimos interesantísimos debates en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Nos reuníamos cada jueves y debatíamos de verdad. ¡Qué gran experiencia! Eso sí, las reuniones tenían hora de comienzo, con puntualidad, pero también, algo esencial, hora de finalización asegurada, estuviera el debate en el punto que estuviera. Fue un aprendizaje constante. Planteé mi discrepancia con la manera de concebir el programa como una biblia. Volví a recordar que, en todas mis intervenciones, había hablado de líneas generales estratégicas, de la lucha por la igualdad y contra la corrupción, de la potencial eficacia de la remunicipalización de servicios, de las medidas de emergencia, del modelo de ciudad…

Cuando los programas políticos se convierten en programas de Gobierno se debe tener en cuenta que no se van a aplicar solo a quienes votaron esa candidatura electoral, sino a todos. Esta constatación llama a la reflexión. Solo en casos de aplastantes mayorías absolutas se puede llegar a pensar que esa ampliación del foco pueda no considerarse, imponiendo directamente medidas electorales. En caso contrario, esa reflexión obliga a contemplar la necesidad de convencer, de consensuar con ellos y sus otros representantes, en la medida que se pueda, lo que se proponga hacer. Para esto, sin embargo, se requeriría la colaboración o, por lo menos, la disposición a dialogar en vez del rechazo frontal de la oposición. Por lo que hemos visto, no parece que se dé la más mínima disposición a contribuir a que la intención de gobernar para todos pueda cumplirse, aunque el equipo de Gobierno lo pretenda.

Además, convendría tener siempre claro que no cabe caer en la puerilidad de pensar que las cosas se hacen o se consiguen por el mero hecho de incluirlas en el Boletín Oficial del Estado o en una aprobación del pleno municipal. Esto puede ser un paso necesario, en algunos casos imprescindible, pero nunca suficiente. Es un comienzo que después hay que implementar y gestionar, que muchas veces es la fase más difícil.

Una vez que nuevos Gobiernos se asientan en el poder tienen que comenzar a revisar su programa electoral, sea el que sea. Sin duda hay que analizar la viabilidad fáctica de cada medida anunciada o prometida. Pero, a la vez, hay que plantearse la necesidad de intentar la aceptación, quizás con ajustes, de los que no votaron a favor del Gobierno. En ello consistiría el gobernar para todos, que suele repetirse retóricamente más que aplicarse en la práctica.

Cuando, a pesar de haber ganado las elecciones en 2019, fui consciente de que PP, Vox y Ciudadanos sumaban dos concejales más que nuestra candidatura (Más Madrid) y la del PSOE, supe que habíamos perdido el Gobierno. Así fue. Toda la derecha se unió. Me pareció democrático y lógico. En 2015, la situación había sido similar pero inversa y el PP, hay que reconocerlo, tan poco democrático, no paró de criticarnos. No perdían oportunidad de echarnos en cara que les habíamos robado su victoria, de una forma que enseguida tildaban de no democrática. Por supuesto, ni yo ni toda la candidatura hicimos lo mismo que ellos. Reconocimos, aunque en ese momento no nos favorecía, que la alianza de la derecha era tan lógica y democrática como lo había sido en 2015 la de las candidaturas de izquierda.

Sin embargo, en mi discurso de despedida sí quise advertir al nuevo Gobierno que constituirían el PP, Ciudadanos y Vox de que, dentro de la esencia de la democracia, no podían obviar que la mitad de los ciudadanos de Madrid, más de 500 000, apoyaban las políticas que nosotros habíamos desarrollado, refiriéndome de una manera tácita a la necesidad de que se mantuviera la gran operación contra la contaminación, Madrid Central, que habíamos aplicado de acuerdo con nuestro programa.

Y, precisamente, es interesante ver cómo fue Madrid Central un termómetro de la irresponsabilidad de los programas electorales. El PP y el hoy alcalde Almeida empeñaron su palabra, asegurando que, si él salía elegido, Madrid Central desaparecería al día siguiente de ser alcalde. Cuentan algunos de los que estuvieron cerca de él en esos momentos que respiró aliviado cuando, en los primeros días de su Gobierno, fueron los tribunales los que le obligaron a mantenerlo. Creo no equivocarme si afirmo que al PP le parecía bien el Madrid Central que habíamos diseñado. Así me lo dijeron alguno de sus concejales en conversaciones privadas, aunque resultaba difícil que públicamente lo respaldasen dado que todo lo que nosotros hiciéramos tenía, por definición, que estar mal o ser malo. En pugna con la irracional política de Vox, el PP decidió mantener una gran y burda descalificación, para emularles y ganar votos.

Por cierto, mientras escribo estas líneas, más de dos años después de las elecciones de 2019, Madrid Central vuelve a estar en el foco de la actualidad por la nueva Ordenanza de Movilidad que el Ayuntamiento de Almeida intenta aprobar. Anulado por los tribunales por defectos formales, Madrid Central vuelve a estar incorporado, alguien dice que literalmente, en el proyecto de esa ordenanza. Los aliados de Vox la rechazan, así que habrá que ver cómo evoluciona el tema.

Como ya he expresado, según mi manera de concebir la democracia, ganar las elecciones obliga a tener en cuenta las opiniones de los vencidos. Sobre todo, cuando, como sucedió en las elecciones de 2019 en Madrid, los votantes dieron a nuestra candidatura el mayor apoyo, y con mucha diferencia, respecto a la siguiente más votada. Nuestros votos, sumados a los del PSOE, fueron casi los mismos que la suma de los del bloque conjunto de la derecha. Pero, incluso cuando los Gobiernos ganadores obtienen mayorías notablemente más importantes, sigo pensando que hay que escuchar a las minorías.

La necesaria regla de las mayorías no puede obviar que, en muchas ocasiones, cuando hablamos de algo tan sensible como es la vida humana —y de eso, de las vidas de los ciudadanos, es de lo que trata la política— el acierto puede venir de las minorías, que quizás acaben siendo mayorías. ¿No nos ha dado la historia lecciones en ese sentido? Hay que recordar que la desgracia humanitaria que significó el nazismo comenzó con apoyos electorales mayoritarios indiscutibles. Una forma de prevenir que ningún proceso democrático se deslice hacia Gobiernos dictatoriales implica la inclusión en los proyectos de Gobierno, en una u otra forma, de las opciones de todos.

Me han criticado mucho mi convicción de que se debe gobernar para todos. Desde la derecha se dice, pero no se hace. Algunos muy interesantes opinadores de la izquierda cuestionaron mi visión. Desde sus medios afines insistían en que solo hay que gobernar para los que nos votan. No, no lo creo. Sí hay que desarrollar las políticas programáticas que las mayorías hayan apoyado, por supuesto, pero para ponerlas en marcha hay que tener en cuenta también a los que no nos votaron.

HACER LEYES: EL GRAN PREMIO CUANDO SE LLEGA
AL GOBIERNO

Me inspira perplejidad. Me pregunto por qué a los Gobiernos, a unos más y otros menos, les interesa en general tan poco gestionar lo público, lo cotidiano, el funcionamiento de los servicios, la relación con los ciudadanos, para lo cual cuentan con el aparato de la Administración. Sé que es una afirmación polémica que todos los partidos cuestionarían argumentando que ellos sí se interesan, pero son los otros los que no lo hacen. Los datos están ahí.

Me intriga por qué, en general, los nuevos Gobiernos no se sienten implicados, ni asumen como prioritario reto, mejorar el funcionamiento de los servicios ya establecidos y centran sus esfuerzos en algo que solo indirectamente está vinculado con la gestión política directa: hacer nuevas leyes. Habrá muchos que se sorprendan porque me asombre. ¿Es que los Gobiernos no tienen como objetivo hacer esas nuevas leyes?, podrían argumentar interrogativamente. Siempre se ha tendido a concebir que fuera así, pero ¿no sería prioritario gestionar?

Gobernar es, sobre todo, gestionar lo público y esto significa actuar sobre el conjunto de áreas de la Administración que conforman la estructura jurídica pública de la vida de todos para facilitarla y mejorarla.

Gestionar es analizar lo que hay, evaluarlo y, si es necesario, proponer cambios. Gestionar es diseñar, imaginar, motivar e ilusionar. Puede ser que para que la gestión funcione haya que decidir cambios, pero para cambiar pautas en la gestión casi nunca hacen faltan nuevas leyes, sino nuevas ideas, imaginación y entusiasmo.

Concibo la vida política como la actividad de gestión de lo público. Lo público está inmerso en nuestras vidas individuales, en nuestra vida cotidiana y, a su vez, constituye el esqueleto, la armadura de la definición misma de nuestra de ciudad, comunidad o país.

Esa estructura de lo público conforma nuestras vidas; la contaminación, las calles, las carreteras, los transportes, la sanidad, la cultura, la educación, el comercio, la industria, la judicatura, la policía, las prisiones, la ciencia, la investigación, la cultura… Todo, absolutamente todo está enmarcado en la estructura de ser de la ciudad, la comunidad o el país.

No es habitual un programa de Gobierno en el que se repasen todas las áreas de competencias, se analice la situación de estas y se propongan las modificaciones necesarias para llegar a los objetivos deseados. Ni siquiera es habitual que esos objetivos se refieran al conjunto de esas áreas y que, respecto a estas, se formule una estructura y una forma de funcionamiento alternativa, ni siquiera sectorial (lo más común) y no digamos transversal.

REPENSAR EL CONJUNTO ES POSIBLE

El CGPJ del que formé parte en los primeros años 2000 lo presidía un magistrado verdaderamente admirable propuesto por el PP, Javier Delgado. Con una clarividencia que desde el principio compartí, propuso que, como primera medida, elaboráramos un Libro Blanco de la Justicia. Ante todo, había que indagar y conocer qué era lo que debíamos modificar. No sin grandes dificultades y con dispar apoyo de los miembros del Consejo, aquello se hizo y fue una razonable y encomiable aportación a una justicia con crónicos problemas y tan necesitada de mejoras. Años más tarde, y cuando ya ese Consejo había salido, el Libro Blanco constituyó la base de un pacto de los que se llaman de Estado entre los partidos del Congreso sobre cómo mejorar la justicia. Ahora nos parece difícil de creer, pero aquel pacto se firmó en 2002.

Desgraciadamente, y como tantas otras alternativas legislativas, el pacto ha quedado en el olvido. El notable Libro Blanco ha envejecido sin que nadie de los siguientes Consejos ni de los sucesivos ministerios de Justicia, lo hayan alimentado y renovado. Sin embargo, aquella experiencia, a mi juicio tan interesante, constituye un referente y un modelo de acción de gobierno. Los programas de Gobierno deberían, en mi criterio, acometerse así: teniendo presentes las áreas del Gobierno, cuya identificación es de entrada primordial, y desmenuzando y analizando sus problemas y circunstancias como base de las propuestas.

¿Cómo funciona la educación? ¿En qué fallamos? ¿Cómo podríamos mejorarla? ¿Cómo funcionan los transportes públicos urbanos e interurbanos? ¿Transporte individual o colectivo? ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Y con la cultura o la sanidad? ¿Cuál es el nivel de seguridad de nuestros pueblos y ciudades? Y así, una serie quizás interminable pero real de indagaciones necesarias sobre nuestra estructura de lo público, de los servicios que, en una sociedad avanzada, hemos de proveer.

Pero no, no es eso lo habitual. Lo habitual, y por lo que parece que se mide la eficacia de un Gobierno, es por su capacidad de hacer cuantas más leyes, mejor y de conseguir con ello un éxito mediático.

Hacer leyes suele proporcionar buenos resultados en los medios de comunicación, buenos reportajes, buenos titulares y buenas dosis de confrontación en la que sale siempre ganador el que al final consigue aprobar la ley. Además, hacer leyes es barato. Suele ser considerado, incluso, como alternativa a la inversión en épocas de vacas flacas.

Me contaron que, cuando Juan Alberto Belloch fue nombrado ministro de Justicia, Felipe González le dijo que no había dinero para hacer lo que sin duda necesitaba en aquel momento la justicia: más jueces y muchos más medios. Y que, precisamente por eso, y dado que no se podían acometer las inversiones, le aconsejó que hiciera leyes.

Juan Alberto, tomando en cuenta el consejo, decidió hacer la ley del jurado mediante la que se implantaba la participación de los ciudadanos en algunos procesos penales. Creo que fue un éxito. A pesar de que no contemos con ningún sistema de evaluación de los resultados de las leyes, puedo asegurar que fue una buena ley. Ha funcionado correctamente, pese a, cómo no, las sectarias acusaciones de que fue objeto de entrada.

Sin embargo, ese éxito puntual y solo comprobable con el paso del tiempo de aplicación de una ley no permite generalizar la idoneidad, en sí, de hacer leyes. Es una forma muy nuestra de valorar la actividad legislativa: hacer leyes como expresión del buen gobierno. Se valora el hecho en sí, de haberla hecho y se aprueba con la ayuda del marketing político, que lo ensalza. Se valora, como se ha dicho alguna vez, por sus intenciones, que justifican su promulgación. Nunca se evalúan las leyes por sus resultados, que dependen de otros factores, de las formas de aplicación o no, del grado de su implementación con los medios o no que reclamaba, etc. Por lo tanto, la valoración de producir leyes exige reflexión y análisis.

En primer lugar, la ley no es otra cosa que el diseño de conductas posibles o deseadas en nuestra sociedad. A partir de esa genérica definición, se deduce que hay muchas clases de leyes. Nuestra valoración de estas, como actos de supuesta buena gestión política, reclamaría, a su vez, tratamientos diferenciados de unas clases u otras.

Hay leyes que son pura y esencialmente permisivas. Leyes que aumentan las libertades de los ciudadanos en los campos de su actuación personal. Son leyes que han ampliado libertades que venían limitadas por arrastradas creencias religiosas o morales tradicionales, más o menos atávicas, que las imponían a la totalidad de los ciudadanos.

La más emblemática de todas ellas quizás fuera la ley del derecho del voto a las mujeres en el año 1931. También son emblemáticas, y representativas de las leyes permisivas, la ley del divorcio, aprobada en 1988, o de la ley del aborto, la del matrimonio homosexual o la muy reciente de la eutanasia. Siempre hay talibanes de la imposición restrictiva, según su particular criterio, que pretenden derogarlas o limitar su aplicación.

Son leyes cuya promulgación constituye en sí misma un éxito. Responden a reconocidas demandas ciudadanas, más o menos explícitas y manifestadas y dirigidas generalmente a una minoría mayor o menor —en el caso de las mujeres, hasta mayoritaria— que tendrá la posibilidad de ejercer su diferencia respecto a una mayoría que quizás no lo use —el divorcio o la eutanasia— pero que, democrática y mayoritariamente, se lo permite. Eso sí, pese a una pequeña minoría radical dentro de esa mayoría que lo rechaza, tratando de impedirlo, según sus restrictivos y excluyentes criterios.

Esas grandes leyes suelen contribuir a modificar profundamente la sociedad y, por su propia naturaleza, precisarían de un seguimiento y también de una posterior evaluación, para paliar los efectos, quizás negativos o insuficientes, que en su aplicación pudieran haber causado, más allá de los exabruptos de sus radicales opositores.

Pero la mayoría de las leyes que se promulgan por parte de los Gobiernos responden a otra condición. No son leyes de ampliación de los ámbitos de libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, sino leyes para modificar el funcionamiento de una u otra manera de las cuestiones políticas y públicas.

Los Gobiernos toman la decisión de hacer una ley y no sé muy bien por qué. Corrijo mi afirmación. La motivación suele ser más conocida. Suele provenir de las promesas, más o menos resaltadas, de los programas electorales a los que tanto hemos dedicado antes. Lo que no tengo tan claro, y desde luego no se explica nunca, es por qué, para superar el problema que sea, resulta necesaria una nueva ley, una más, frente a las antes ya promulgadas o bastaría con una mejor gestión de la legislación anterior.

En principio, parece que si se decide hacer una ley es porque existe en la sociedad alguna situación o situaciones problemáticas que precisan adoptar determinadas conductas distintas a las que se vienen adoptando. Pero esto, que puede parecer claro, no lo es tanto. Las sociedades avanzadas han puesto medios ante la que pudiera ser la tentación de resolverlo todo a base de leyes, con una excesiva e indiscriminada producción de estas.

Desde hace tiempo, en la mayor parte de las legislaciones de los países comunitarios, se obliga a que, antes de que se ponga en marcha una nueva ley, se afronte una reflexión evaluatoria previa. Esta consiste en plantear la necesidad de conocer antes si ya hay alguna ley en el ordenamiento jurídico que haya regulado la problemática que ahora se pretende corregir. Y, si ha sido así, conocer si la razón de su fracaso pudo ser la falta de acierto en su redacción o la falta de la implementación de los medios necesarios para su observancia.

Sin duda, esta tan lógica reflexión previa evaluatoria se entiende en mayor medida desde una cierta continuidad legislativa que suponga que lo anterior no es simplemente terrible porque lo hayan hecho lo otros, cuya tarea hay que, por principio —algunos dirían por imperiosa necesidad—, destruir.

Esa lógica se ha traducido en la exigencia de rellenar un formulario, con toda la desnaturalización y simplificación burocrática de un justificado análisis previo que esto suele conllevar. Si eso ha ocurrido en otros países, en mayor medida ha tendido a ocurrir aquí, en España, donde aún no contamos con una protocolización completa en este sentido. Solo tenemos una serie de normas desperdigadas, que apenas han tenido incidencia en el propósito de racionalizar el proceso de elaboración de una ley.

Siempre influyendo la UE, en 2015, gobernando el presidente Rajoy y dicen que a instancias de la modernizadora vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se introdujo, en la Ley de Reforma del Procedimiento Administrativo un hasta ahora insólito nuevo artículo al respecto. Se introdujo la obligación de que cualquier Gobierno (en cualquier nivel; local, autonómico o estatal), antes de iniciar la redacción de un borrador de ley, preguntara a la ciudadanía la idoneidad de hacer esa nueva ley.

La Ley de Procedimiento Administrativo trata de la forma en la que, en general, ha de comportarse la Administración. Poco tiene que ver con el proceso mismo de la elaboración legislativa. Sin embargo, incrustado en ese marco poco acorde, el artículo 133 de la ley que obliga a esa consideración previa dice:

Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Por supuesto, esta norma no se cumple. En ocasiones, se hace un remedo de cumplimiento formal y protocolario. Parece difícil de cumplir, tratando quizás de eludir la responsabilidad de la iniciación del proceso legislativo, cuando, como es habitual, este pueda resultar conflictivo.

Reconozco que, cuando la vi publicada, me sentí llena de esperanza. Por fin parecía que se podía racionalizar en algo el hecho legislativo. Sin embargo, pronto tuve que admitir que, en sí misma, esa disposición es un tanto absurda. ¿Qué sentido tiene que el Gobierno que piensa hacer una ley nueva sea el que pida la opinión sobre su conveniencia a la ciudadanía? Parece que, si ha entrevisto su necesidad, antes debería cuestionarse a sí mismo, y al contestar a la pregunta, reclamar la opinión de la ciudadanía.

Ni que decir tiene que la pregunta al público indeterminado sobre la necesidad de una ley ha quedado en nada. Se ha convertido en un mero trámite burocrático más, sin ninguna incidencia, sin ni siquiera publicidad. Son normalmente los ministerios, las consejerías o concejalías las que, en sus páginas web, incluyen, en una pequeña y arrinconada pestaña, algo parecido a la obligada pregunta legal del artículo 133.

Aproximadamente desde el comienzo de nuestra democracia, en 1978, se han dictado unas 80 000 leyes. A nadie parece haberle interesado saber ni siquiera analizar si estas se cumplieron o no, cuántas fueron redundantes, con o sin suficientes derogaciones, o contradictorias. Poco sabemos, de forma sistemática, de sus resultados y efectos.

En algún momento fui partidaria, y así lo manifesté, de que debería haber un cupo máximo de leyes, para que este fuera más manejable y susceptible de conocerse. Si se añadía una ley nueva, había al menos que dar de baja otra para mantener el cupo. Sé que eso es muy sorprendente, pero ¿no nos obligaría algo más a la prudencia en la utilización del hecho legislativo?

Nuestro país carece de interés por la evaluación de los programas de políticas públicas. Para constatarlo no hay más que seguir las desventuras de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). Creada durante el Gobierno del presidente Zapatero, el presidente Rajoy la anuló por exigencias del Ciudadanos —en su chinchosa y genérica lucha contra los «chiringuitos»—, que así lo hizo constar en el pacto de legislatura que firmó con el PP. La agencia se devaluó entonces a una dirección general, que ha ido rodando de un departamento de la Administración a otro sin tener papel relevante alguno. Y, desde luego, si la evaluación de las políticas públicas no interesa, aún es mucho mayor el desinterés ante la evaluación de las leyes.

Desde mis primeros días en la judicatura, me apasionó este tema. Un juzgado, un tribunal, es una atalaya de conocimiento social. Desde mi primer juzgado, en la maravillosa isla de La Palma, veía con sorpresa cómo cantidad de nomas procesales y materiales no se cumplían o, si lo hacían, podían producir el efecto contrario al que se había pretendido conseguir con ellas. Y esto, sin que a nadie le chocase ni pareciera interesarle. Mientras tanto, todas las mañanas nos llegaba un ejemplar del Boletín Oficial del Estado, con un buen puñado de nuevas disposiciones, que supuestamente debíamos también aplicar.

En 2017 se creó la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, dependiente de la Presidencia del Gobierno. Confieso que, hasta el periodo de confinamiento de 2020 no tenía ni idea de que existiera tal organismo. Durante esa época de aislamiento, me puse a preparar un trabajo sobre la evaluación de la aplicación del castigo, para los clientes de la prostitución, establecido en la ley de seguridad de 2005. Rebuscando en internet, me encontré con el decreto que creaba la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. Con ansiedad, indagué sobre este ente en las páginas web. Silencio y más silencio. Tiré de teléfono. Intenté hablar con la vicepresidenta de quien el organismo depende. No fue posible.

Sin desanimarme, descendí por la escala de responsabilidad hasta que tuve la suerte de encontrar a la hija de una antigua amiga, a la sazón funcionaria y «fontanera» de la Moncloa. Me atendió con enorme amabilidad, pero me dio malas noticias. No, no se había hecho evaluación legislativa alguna.

Se comprende quizás la gran ansiedad del poder político por hacer leyes ante la buena acogida que tienen en los medios como si fueran pruebas superadas. No obstante, no sabemos realmente qué incidencia tienen. Las leyes, además, tardan en tramitarse y algunas aún más en entrar en vigor. Para poder evaluar sus resultados habría que esperar a que se implanten. Solo sería posible ver cómo funcionan cuando hubiera transcurrido un cierto tiempo. Parece que habría que tener mucha convicción en la necesidad de evaluar los efectos. Entretanto, es muy posible que haya habido cambios y que el Gobierno que propusiera la ley en su día ya no esté en el poder. Sin mucho evaluar, ya que era de los otros, los nuevos gobernantes, casi por definición, tenderán a estar afanados en hacer otra nueva ley. Y volver a empezar.

MÁS LÍMITES AL PODER. CUANDO LOS JUECES SE PONEN
A GOBERNAR

Llegar al poder, con todas las satisfacciones que sin duda comporta, no aporta, tal y como hemos visto, demasiado poder real.

Por una parte, los nuevos Gobiernos tienden a abdicar de meterse de lleno en el meollo del funcionamiento del día a día de lo de todos. En su lugar, les fascina la actividad legislativa, lo realmente nuevo y de mayores éxitos mediáticos. Como también analizaba antes, esta es la que puede resultar electoralmente más rentable.

Sin embargo, hacer leyes enfrenta otros riesgos. Los jueces entran en el juego del poder, y quizás cada vez en mayor medida. Por necesidad, al rebotarles las delicadas jugadas del poder, en sus diversos niveles y perfiles, o de manera voluntaria, en camuflado apoyo de opciones políticas con las que encuentran afinidad, más allá de su peso electoral.

Sin duda, sería una cuestión delicada tratar de caracterizar la actividad del poder judicial en su indudable y, en parte, buscada participación en el poder.

La oposición política, que por definición no tiene mayoría en los Parlamentos, sabe que tiene poco que hacer para impedir que se apruebe una nueva norma o para darle una configuración más conforme con sus postulados. Pero sabe también que puede generar un importante desgaste del Gobierno en el poder si acude a los tribunales. El recurso ante este puede tener mayor alcance si piensan que van a encontrar una mayor afinidad de criterio, al margen de los resultados electorales.

Recurrir a los tribunales puede ser una estrategia que erosiona el poder legislativo de los Gobiernos en el poder. La oposición sabe lo que vale ese titular deseado, del soñado varapalo del poder judicial a cualquier iniciativa o ley ya aprobada por el Gobierno.

Los medios recurren a esa expresión, la de varapalo judicial, sin matiz alguno y la distribuyen según sus preferencias políticas (cada vez más marcadas) con sus correspondientes cuotas de entusiasmo o silencio, si no hay tal varapalo.

Desde la constitución de nuestra democracia, la oposición, en ese caso la más conservadora, es decir, el PP, ha venido recurriendo sistemáticamente al Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de leyes que antes hemos llamado permisivas, es decir, que amplían los derechos individuales. Curiosamente, ellos, que se vanaglorian de ser los defensores de los individuos y de una determinada libertad, son lo que más han ido rechazando la ampliación de esos derechos.

Esos recursos no son nuevos. Se prodigaron tanto que llevaron a cambiar el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Este, antes de 1985, podía intervenir y dictaminar previamente a la promulgación de cualquier ley orgánica. Esto se modificó en 1985 reduciendo esa posibilidad a los estatutos de autonomía. Esa posibilidad la asumió el Tribunal al anular el Estatut de Cataluña en 2010, con tan funestas consecuencias.

Los jueces han sido quienes han dicho la última palabra respecto a la regulación que los Gobiernos han tenido que poner en práctica, en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo con la pandemia de la covid-19. Los jueces han tomado decisiones que, de hecho, han sido puramente políticas. La situación les ha llevado a valorar la causalidad del contagio de la pandemia, en según qué casos y situaciones, o a valorar también la conveniencia o no de las correspondientes medidas de aislamiento, asumiendo la sorprendente condición de árbitros sanitarios sobre la proporcionalidad de esas medidas en relación a la gravedad de la situación. Y esto no ha sido solo en España. En la medida que he podido estar al corriente de los debates en Francia o en Italia, parece que los jueces se han mantenido en los mismos niveles de desconcierto, perplejidad y apropiación de la condición de expertos sanitarios, participando activamente en el juego político.

La tendencia a adoptar decisiones políticas por parte de los jueces no es nueva, aunque quizás sea ahora, ante esta situación tan especial, cuando haya quedado más diáfano y claro.

En España, el poder judicial cuestiona y deroga muchas decisiones políticas y, entre estas, las legislativas. Las amputa o desfigura, si es que las considera formalmente no conformes al ordenamiento jurídico. Dado el perfil de los miembros de los altos tribunales que las adoptan, no siempre resulta posible obviar las motivaciones políticas que pueda suponerse que haya detrás de las decisiones.

David Ortega, quien fue concejal del partido UPyD en el Ayuntamiento de Madrid de 2011 a 2015, decía que la política de urbanismo la decidía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tenía razón. Ojalá haya algún estudiante interesado en hacer un buen trabajo sobre esta realidad. Sería imprescindible analizar, en las grandes líneas del urbanismo de Madrid, la sucesión de determinadas, y a veces hasta contrapuestas, decisiones judiciales.

La intervención de los jueces en la política tiene aspectos convenientes y necesarios en las democracias. Pero en eso, como en tantos aspectos de nuestra democracia, hay que buscar los cómo, es decir, cómo se hace.

No podemos olvidar que los derechos individuales y su protección deben tener garantías seguras. Son los jueces quienes han de proteger a los ciudadanos de cualquier abuso de poder. Pero dicho eso, hay otros muchos aspectos que considerar. Tenemos que salir de la constante mecánica de la confrontación. Las decisiones de los políticos que los jueces cuestionan y en tantas ocasiones anulan coexisten con las propias decisiones judiciales sin que haya el menor diálogo. Los jueces y los políticos no dialogan, no se escuchan. Toda la discrepancia se analiza a través de procedimientos procesales escritos que protagonizan letrados funcionarios, en la mayor parte de casos, en los que los jueces y los políticos nunca se encuentran cara a cara. Me consta que es así, que ni siquiera jueces y políticos hablan de lo mismo cuando, precisamente, los jueces también hacen política. Esto es así porque, entre otras cosas, jueces y políticos hablan idiomas diferentes.

Los jueces viven en el mundo del papel. Es lo que les han enseñado y lo que han aprendido. Así, cuando toman decisiones respecto a los procedimientos con contenido político, no son capaces de sentirse responsables de las consecuencias que pueden causar sus resoluciones judiciales. Se creen exclusivamente vinculados a sus reglas jurídicas, aunque, de forma inevitable, no puedan dejar de traslucir en muchos casos sus propias opiniones o quizás su sensibilidad política.

La Administración, la política, precisa del control judicial. Lo he dicho e insisto, pero desde luego no se puede seguir haciendo ese control como se acostumbra. Tiene que haber un debate, yo diría previo respecto al alcance de la coincidencia o divergencia sobre las valoraciones políticas respecto a los hechos que se discuten. Hemos visto, con ocasión de la pandemia, opinar a los tribunales sobre la conveniencia o no de los toques de queda, sobre el alcance de los contagios en qué situaciones o lugares o sobre las características de las cuarentenas. ¿Cómo conseguir una puesta en común de las motivaciones de los actos políticos?

Hay, además, un tipo de resoluciones judiciales muy habituales cuando los tribunales atribuyen a los actos políticos defectos de forma o de puro trámite. Aunque no debería ser así, es muy frecuente que en esos casos los tribunales castiguen el aludido defecto del acto administrativo en el que se ha instrumentado la decisión política con su nulidad.

La nulidad es algo absolutamente formal y yo diría virtual que corresponde solo al mundo jurídico y que se entiende muy mal en el mundo real. Los tribunales, al anular una resolución administrativa, dicen que no ha existido un acto que es evidente que existió y que causó infinidad de efectos ciertos y reales.

La Iglesia católica, que desde tiempo inmemorial buscó una solución alternativa al pecaminoso divorcio para separar matrimonios, utilizó el sistema de la declaración de la nulidad del matrimonio, pero nunca se le ocurrió negar que hubieran existido hijos cuando los había y siempre se cuidó muy mucho de decir que esos hijos eran hijos legítimos.

Desgraciadamente, los tribunales no acostumbran a imponer el sentido común que tiene que ver con el mundo real y no con el imaginario y virtual en el que se ha movido la resolución jurídica.

Los ejemplos son abrumadores en distintos ámbitos de lo político-administrativo. Buena prueba de ello ha sido el que el propio Tribunal Constitucional haya declarado la nulidad de la declaración del Gobierno del estado de alarma ratificada por el Parlamento más de un año después de su promulgación. Esa nulidad ha sido consecuencia de divergentes interpretaciones entre unos y otros magistrados del Tribunal Constitucional respecto a la valoración exclusiva de determinados conceptos jurídicos.

Sin llegar a la enorme trascendencia de esa declaración de nulidad podría contar, a título de ejemplo, algunas de las diferentes, absurdas y sorprendentes declaraciones de nulidad que hemos vivido en el Ayuntamiento de Madrid. Durante el Gobierno municipal del alcalde Gallardón, se celebraron en 2005 una de tantas oposiciones de las que se convocan habitualmente. Era una oposición para cubrir puestos de conductores de los vehículos municipales. Dos participantes suspendidos recurrieron al acto mismo de la oposición. Diez años después, el Tribunal Superior anuló la oposición y acordó que dejaba sin efecto su celebración y el nombramiento de todos los conductores aprobados que llevaban ya más de diez años como conductores. Resulta fácil imaginar el caos que esto significaba, los conductores con la plaza ganada debían examinarse de nuevo cuando, además, algunos de ellos habían fallecido. Los jurídicos del Ayuntamiento intentaron una conciliación en la que, por supuesto, nosotros les ofrecíamos una plaza a los dos recurrentes. Nada. No fue posible. Nulidad total y caos total.

¿Era esto la conquista del poder? ¿Valía la pena?

9. La paz es posible

9

LA PAZ ES POSIBLE

Por supuesto. ¡Cómo no va a ser posible abandonar la confrontación, el insulto y la descalificación en política! Por más que pueda parecer inverosímil, me niego a aceptar que sean males irremediables. ¡Cómo no va a ser posible dejarnos llevar por la empatía, en lugar de construir antipatías forzadas y absurdas!

A lo largo del libro, hemos estado haciendo el símil de la política con la guerra. Los saldos de las guerras reales, las que acumulan aterradoras estadísticas de muertos, son siempre tan negativos que conviene no olvidarlos. Pero tampoco conviene olvidar que las guerras las de verdad, las que nos llenan de muertos y dolor, se gestan con las guerras de palabras y descalificaciones en las que se alimenta el odio. Es el odio el material que imagina las guerras que vendrán, lo que las nutre y las prepara. Nunca vale la pena una guerra. Las guerras de verdad no son más que expresiones de lo peor del ser humano. Deshacen vidas, arte, cultura, poblaciones y, como dijo nuestra gran pensadora del siglo XIX Concepción Arenal en su Ensayo sobre el Derecho de Gentes, son esencialmente ilegítimas:

Cuando los hombres atropellan las leyes de la justicia y de la humanidad; cuando abusan de la fuerza para cometer iniquidades, aunque traigan órdenes superiores, y lleven uniformes vistosos y se cuenten por miles, ¿dejarán de ser bandidos? ¿Por ventura un papel con un sello, un traje de colorines y el tener muchos compañeros, convierte en acción noble un hecho vil?

En este verano de 2021 en el que el ejército estadounidense se retira de Afganistán, no puedo por menos que citar aquí a Barbara Lee, la congresista estadounidense que, en octubre de 2001, fue la única que votó en contra de la petición del presidente George Bush al Congreso de poder invadir Afganistán como castigo y en venganza por el horror del atentado a las Torres Gemelas. Ella, la única en alzar la voz contra la guerra, fue capaz de ser la única que se atrevió a disentir y decir, en voz bien alta, que la respuesta a un acto terrorista no podía ser otro acto terrorista: invadir un país en el que parecía que se habían refugiado los perpetradores de ese brutal atentado. Vale la pena oír en directo ahora sus palabras, justificando su voto contra esa guerra hoy final y bochornosamente derrotada. Esa guerra que, después de veinte años y más de 600 000 afganos muertos, además de las víctimas entre los soldados occidentales, no ha valido para nada. Si acaso, para ampliar y engrosar ese terrorismo.

Las guerras, las de verdad, también suelen terminar en un armisticio, en que se firma la paz. En un acuerdo con ganadores y perdedores. Lo que hoy necesitamos, ante el delirio de la política es un nuevo tipo de armisticio en el que todos los contendientes se autodeclarasen perdedores. Clamaría en el desierto por ese armisticio, pero, felizmente, esa reclamación personal y sentida sintoniza con un clamor que crece respecto a lo absurdo e insensato de esta guerra de confrontación política.

Vivimos un momento en el que surgen voces desde muchos y diferentes lugares reclamando que la política sea otra cosa diferente. Estas voces abogan, con mayor o menor énfasis, por que deje de ser un debate absurdo y de una agresividad extrema y ridícula. Llegan alertas de los grandes riesgos de las actitudes políticas que siembran el odio. Hay necesidad de humanizar la política, argumentan algunos.

De vez en cuando aparece la palabra humanizar y el concepto que la representa asociada a actividades de la vida social: humanizar la medicina, humanizar la economía, humanizar las relaciones laborales en el seno de las empresas… Sin embargo, no es demasiado habitual asociar política y humanización. Esto no deja de ser lógico, pues resulta bien extraño que sea necesario reinventar la política, que habría de ser, precisamente, la actividad centrada en el ser humano.

Marta Fraile, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publicó un artículo en el El País que titulaba «El valor de la empatía en política»[1]. Su tesis era que la empatía —la capacidad para percibir, compartir y entender los estados afectivos de los demás— era imprescindible para que los políticos pudieran contribuir a resolver los problemas de la ciudadanía a la que representan.

No puedo estar más de acuerdo. La empatía es un elemento básico y positivo en la evolución de la humanidad. Es más, creo que podemos afirmar que la empatía (ese reconocimiento del otro como igual a uno mismo) junto a los avances científicos han sido los elementos que más han contribuido a mejorar la vida de miles y miles de ciudadanos del mundo.

Me llenó de alegría descubrir que eso que en alguna medida yo intuía sea la tesis de científicos e historiadores. La historiadora Lynn Hunt mantiene, en su muy interesante libro La invención de los derechos humanos, que estos derechos fueron consecuencia del aumento de la sensibilidad social a lo largo del siglo XVIII. Argumenta Hunt que la cultura, y muy especialmente la literatura personalizada —como las novelas epistolares de los grandes escritores de la ilustración como Richardson o Rousseau, auténticos best seller de entonces—, produjo una visión empática de unos seres humanos respecto a los otros porque permitieron descubrir los sentimientos, que nos homogeneizan a unos y otros seres humanos.

La descripción crítica, incluso ácida, que he hecho en los capítulos anteriores tratando de describir la batalla de la política me parecía necesaria. Sin embargo, no quisiera en modo alguno que se entendiera como un desprecio a la actividad política. Todo lo contrario. Creo que esta es absolutamente necesaria y la entiendo como una actividad loable, difícil pero imprescindible. Todas las sociedades necesitan personas que las dirijan y coordinen, personas que se preocupen de buscar la mejor forma de solucionar los problemas sociales. No parece que la humanidad haya encontrado un sistema mejor para organizar la dirección de la sociedad que la democracia representativa.

Me gusta decir que, buscando esa paz necesaria, nos enfrentamos en este momento a la gran tarea de cuidar la democracia.

Cuidar es esa actividad que nos hace preocuparnos por algo o alguien que queremos que viva, que crezca, que se desarrolle. Cuidamos a los que queremos, a nuestras parejas, a nuestros mayores, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras mascotas, nuestras plantas, nuestras cosas. ¿Por qué no cuidar nuestra democracia cuando existe el peligro, constatado, de maltratarla?

Me gusta utilizar el verbo cuidar en particular. Lo utilizo conscientemente. Desecho esos otros verbos que, de forma habitual, acompañan al lenguaje de la política en la línea bélica que la suele acompañar: defender la democracia, luchar por la democracia…

No, no estamos en momentos históricos pasados. La mochila de la historia nos ha enseñado precisamente que, en muchas ocasiones, la lucha por lograr objetivos justos y necesarios acaba convirtiéndose en torrentes de violencia innecesaria. Lo sabemos. Por eso tenemos que apostar por otra manera de actuar, obviando siempre la violencia y, ante todo, ensayando lo que tiene que ver con la tolerancia, la comprensión y el diálogo.

Sé que muchos de los que leáis esto os sonreiréis. Enseguida se tenderá a calificarlo de cosas mías, quizás de ingenuidad o de puras expresiones del paradójicamente denostado buenismo. Sin duda, hoy por hoy, va a ser difícil girar el comportamiento político habitual hacia renovadas estrategias de tolerancia, diálogo y empatía. Claro, nada se consigue de pronto en la vida social. Bueno, y en lo personal tampoco mucho, salvo que quizás te toque la lotería. En lo social, los giros a veces son casi imperceptibles, pero lo verdaderamente importante es que son determinantes. Hace más de un siglo, en octubre de 1906, Carmen de Burgos, la gran periodista almeriense, abría un debate sobre el voto de la mujer. ¿Qué pasó entonces? Escándalo, descalificaciones, risas y menosprecio.

Hoy nadie discute ese derecho. Ya sé que lo he dicho, pero lo repito, se han conseguido y se siguen consiguiendo mejoras muy importantes sin guerras, sin muertos, sin violencia específica alguna. Seguramente, el feminismo sea el movimiento social con un índice más alto de éxito con, a su vez, uno de los índices menores de violencia.

Por supuesto que no puedo olvidar lo que está sucediendo ahora en el mundo, con los terribles feminicidios basados en esa horrible violencia de género que algunos hombres ejercen contra las mujeres y que otros, esperemos que los menos, persisten en negar. Pero no podemos perder de vista que, a pesar de lo brutal de esa violencia contra las mujeres, siguen siendo los hombres quienes más pierden la vida por el ejercicio aprendido, y extendido, de su propia violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo internacional que hace seguimiento de las estadísticas del número de personas que mueren a consecuencia de la violencia interpersonal. Es decir, cuando un ser humano mata a otro y siempre sin incluir la violencia de las guerras, que se producen constantemente en el mundo.

Cuidar la democracia ahora implica ser conscientes de lo que necesita nuestro sistema democrático. Cuidar no es dejar el objeto de nuestros cuidados estático y paralizado en un momento concreto. La esencia del cuidado es precisamente dinámica, pues se relaciona con el propio proceso de la vida. Por eso, los cuidadores tienen que estar siempre atentos a quien cuidan. Lo que era bueno y valía veinte años atrás puede ya no ser bueno hoy. No podemos vestir a nuestro hijo adolescente con la ropa de cuando era un bebé.

La democracia, como algo creado por los hombres, es algo vivo y, como tal, el medio la transforma. Como toda institución social viva exige cambios. Cambios que pueden ser imprescindibles para su correcto desarrollo. Apreciar la necesidad de esos cambios solo es posible si la queremos cuidar, si la observamos para adelantarnos a saber qué es lo que necesita. Estoy segura de que todos los que amáis las plantas sabéis de lo que hablo.

Por eso, he querido aportar aquí un conjunto de sugerencias para cuidar la democracia como materia de reflexión sobre esos cuidados. Aunque puedan parecer inverosímiles, insisto, creo que son necesarias y se me antojan urgentes.

1. HABLAR PARA ENTENDERSE

Sí, humanizar la actividad política exige, en primer lugar, devolver el papel del lenguaje propio de la actividad humana y como base del entendimiento entre personas al lenguaje político.

El lenguaje, el habla, es la esencia del ser humano. Somos los únicos seres del planeta que hablamos y que somos capaces de expresar lo que pensamos con palabras y de entender los que dicen otros, también con palabras.

Recuperemos el lenguaje político humanizado. Hace ya mucho tiempo, tuve la suerte de aprender de un magnífico profesor de management de la actividad pública al que ya me he referido, Jesús Bernabé. Me enseñó muchas cosas. Un día le pregunté por qué el lenguaje político era agresivo. Estábamos entonces en los noventa y, desde luego, el lenguaje político no era ni la mitad de lo agresivo y tabernario que es ahora. Jesús me dijo: «En la política, el lenguaje solo busca diferenciarse, distinguirse, nunca entenderse». Parece que efectivamente el lenguaje en política es así.

El objetivo esencial, número uno diría yo, para cuidar la democracia, sería recuperar el lenguaje para su uso más empático: entenderse. Me atrevo a afirmarlo en presente, es hablar para entenderse.

Para eso tenemos que tomar medidas. Hemos llegado a un grado de distorsión del lenguaje en el que solo lo utilizamos como arma de confrontación y no puede seguir siendo así. Es necesario que todas las personas que tengan actividad política dejen de utilizar insultos y descalificaciones en sus intervenciones públicas, políticas.

Sería necesario establecer un código ético activo en el que no solo se afee y critique el uso de insultos, sino que aquel que los utilice sea sancionado. No existe hoy día una regulación de ningún orden que, de forma global, regule los deberes de quienes desempeñan cargos políticos. Las únicas regulaciones que existen respecto al comportamiento de los políticos solo se refieren a lo que establecen los correspondientes reglamentos de los organismos específicos de debate: plenos municipales, asambleas de las comunidades autónomas y las Cortes; el Congreso y el Senado. Todos esos organismos están cortados por el mismo patrón. No abordan, en conjunto, los deberes de quienes se dedican a la actividad política. Obligan, ciertamente, a la cortesía parlamentaria y esto es, de hecho, un lacerante ejemplo de su virtualidad. Los políticos, es decir, los electos y los cargos que estos designan, deben tener una regulación específica que les obligue a respetar a cualquier persona que citen, sea o no un adversario político.

Imaginemos por un momento cómo podría cambiar el panorama de nuestros debates políticos en cualquier tema con otro tipo de enfoque y de lenguaje, en lugar de las descalificaciones acostumbradas, trufadas de insultos, desconsideraciones, burlas y, en definitiva, grosería. Estas discusiones podrían ser algo así como:

JEFE DE LA OPOSICIÓN (dirigiéndose al ministro del ramo): Señora ministra, creemos que no es posible continuar con esta disparatada subida de la luz que, además, y como fenómeno asociado, está provocando el vaciado de determinados pantanos. No sabemos qué es lo último que ha decidido hacer usted para evitar estas subidas y ante estas consecuencias tan perjudiciales. Permítanos sugerirle que, cuanto antes, mantenga una entrevista con los representantes de las empresas de energía.

MINISTRA: Gracias, responsable de la oposición. Creo que ya saben que hemos rebajado el IVA y el impuesto sobre la producción eléctrica y, la verdad, yo misma me he quedado sorprendida ante la decisión de determinadas empresas hidroeléctricas de vaciar pantanos. Sí, tiene usted razón, voy a convocarlos de inmediato y me gustaría que también estuvieran ustedes para que, juntos, escuchemos las alegaciones de las compañías y veamos qué es lo mejor que podemos hacer.

Hace unos días, en el programa A vivir de Javier del Pino en la SER, el periodista y escritor Juan José Millás, con su característico gracejo, narraba la reacción que le había producido ver el debate de una de las sesiones del control del Congreso de los Diputados. Por un momento, imaginó que los políticos pudieran tener un intercambio verbal normalizado como el que tenemos todos en nuestra vida diaria y cómo, si esto ocurriera, los ciudadanos saldríamos a la calle a aplaudir fuertemente noqueados.

A ver si han cambiado, pensaba yo. ¡Fíjate qué ingenuo! ¡Cómo sería de maravilloso! Cierra los ojos e imagínate que pasa esto. Casado se levanta y le dice a Sánchez: «Oiga, estoy viendo que esto del estado de alarma está produciendo mucha confusión. La clase médica no está de acuerdo y entre los presidentes de las autonomías, tanto del PP como del PSOE, también hay confusión. ¿Por qué no arreglamos esto? ¿Por qué no montamos una comisión hoy mismo para solucionarlo?». Y que Sánchez dijera: «Pues es verdad, estamos creando confusión y, a lo mejor, se puede arreglar».

Increíble, imposible, se dirá. ¿Por qué? Algo semejante sería, sin embargo, lo que haríamos en cualquier otra actividad social del tipo que fuera.

¿Cómo resolvemos un problema de diferente criterio en nuestra empresa, en nuestra comunidad de vecinos, en la asociación de madres y padres del colegio de nuestros hijos o simplemente en cualquier asociación a la que pertenecemos? No parece que el insulto sea muy efectivo.

No, el lenguaje político al uso es inadmisible. No podemos seguir tolerando las descalificaciones que se han convertido en el sumun del deseo de alejamiento y de la diferenciación. «Ellos son los malos, nosotros los buenos».

¡Qué horror! ¡Qué puerilidad! ¡Qué desastroso ejemplo para los niños y los jóvenes que nos oyen! Se comprende que pasen de oírlo, se entiende su desafección ante la política.

Y los medios siguiéndoles la corriente a los políticos e incluso agravando la maniquea confrontación. Se puede leer una columna en el ABC, describiendo su propia España, risueña, optimista y trabajadora, frente a la ruindad de la España de El País, vaga, quejica y siempre pedigüeña, que trata de igualar en la miseria. No cabe mayor maniqueísmo sectario.

Se acabó. Esto no puede seguir así. Hagamos una regulación que sancione y expulse de la actividad política a quienes utilicen el lenguaje político inadecuadamente. Deben quedar fuera de la actividad política, por medio de las sanciones que se les imponga a aquellos que insulten y descalifiquen a sus contrarios, tanto en el ejercicio de las actividades del debate parlamentario como en sus entrevistas, mítines o tuits.

2. DECIR LA VERDAD

Cuidar la democracia nos obliga hoy, en el casi terciado siglo XXI, a garantizar que los ciudadanos tengan un conocimiento cierto de la actividad de sus políticos, es decir, que conozcan lo que los políticos hacen, han hecho o han dejado de hacer.

La Constitución española declara el derecho a la información veraz. Y ello se refiere a los medios, pero también a los políticos. Esto significa que los periodistas nos deben dar información veraz sobre lo que ellos conocen y sobre lo que nos relatan en el ejercicio de su profesión.

Aunque parezca que no, los jueces, los tribunales, incluido por supuesto el Tribunal Constitucional, han delimitado bien esta obligación de los periodistas. Pero eso no basta. ¿Qué pasa con las informaciones que nos transmiten constantemente los políticos? Nunca se ha abordado la obligación de los dirigentes políticos de decir la verdad en sus manifestaciones sobre la realidad en la que actúan. Es decir, de transmitir una información veraz, como exige la Constitución.

Repasaba estos días, cuando preparaba el libro, la famosa ley de transparencia y el buen gobierno que, además, en un sentido u otro, ha sido replicada por las autonomías y, en cierta medida, también por las corporaciones locales. En el periodo en el que fui alcaldesa de Madrid aprobamos, en 2016, la Ordenanza de Transparencia.

La obligación de veracidad no aparece en modo alguno en toda esa serie de regulaciones. Parece que la obligada transparencia se refiere fundamentalmente a la entrega de documentación y no entra ni en los contenidos ni en el propio discurso político. ¿Por qué?, cabría preguntarse.

Tuve una intervención pública con un muy buen amigo, catedrático de Derecho Constitucional. Yo insistía en la necesidad de la veracidad del discurso político. Él no lo consideraba posible, por entender que la verdad era algo muy subjetivo y, en última instancia, una actitud moral que no se podía objetivar. ¡Qué exceso especulativo pseudofilosófico tergiversador de la realidad!

Le dije que no estaba de acuerdo y que la verdad es objetivable. Le puse un ejemplo: «Estamos en Madrid y es verano». «Pero no hace calor», me contestó, muy ufano y prepotente. «Como ves, todo es relativo», añadió perdonándome la vida y cayendo en el más absoluto sofisma.

No, la verdad no es subjetiva. No tiene nada que ver que haga o no calor para que sea o deje de ser verano. Es verdad que en Madrid es verano, lo que es subjetivo es que haga calor o no, según la percepción de cada cual. Para objetivar esa percepción existen las estadísticas sobre el verano más cálido, el más frío o el que es como casi siempre.

¿Por qué este miedo a establecer el imperativo de la verdad, no solo en las narraciones de los medios, sino también en las de los políticos? ¿Por qué no se quiere obligar a quien ejerce la actividad política, como cargo electo o derivado de este, a decir la verdad?

Por supuesto que hay muchas maneras de presentar hechos objetivos de forma incierta sin mentir, pues se puede decir una parte de verdad y callar otra. Esa media verdad puede también resultar mentirosa. Es cierto que esa media verdad puede también resultar mentirosa, pero, en todo caso, se trata de abordar el interesante debate en torno a la obligación constitucional del derecho a recibir información veraz. Y, no lo olvidemos, que eso también exige emitir información veraz.

Hay que abordar este tema. Las agencias privadas de verificación que están surgiendo están cubriendo un vacío. ¿Habrá que hacer alguna agencia de verificación pública independiente? Hay un precedente interesante. Todos hemos visto un anuncio recurrente que, de tiempo en tiempo, vuelve a aparecer en las televisiones. El anuncio de las agencias de publicidad, asegurando una «publicidad responsable y veraz». Impiden además la publicidad negativa que se pudiera basar en denigrar el producto del competidor. ¡Qué bonito resultaría un anuncio semejante, firmado por todos los medios, incluidos los digitales o, no digamos, por todos los grupos políticos del arco parlamentario, autocomprometiéndose conjuntamente a la veracidad! Surrealista, quimérico…, cada cual puede ponerle el calificativo que más le guste.

En todo caso, siempre habrá que buscar algún tipo de comprobación que permita esclarecer la veracidad de cualquier información. Quizás será necesario que se regule de alguna forma, parecidas a las acciones que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico como el derecho de rectificación o la ley que protege la intimidad y el honor.

En un orden más práctico, con los pies en el suelo, habría que conseguir que al menos los debates concretos sobre problemas cotidianos pudieran celebrarse a partir de hechos compartidos, es decir, la verdad aceptada por ambas partes en litigio. Oigo las noticias sobre la tragedia del Mar Menor. Alguien sensato insiste en ello: hace falta que las partes se pongan de acuerdo sobre lo que ha pasado, sobre los hechos. Solo a partir de estos (en el fondo, de un diagnóstico compartido), se podrán debatir las medidas que hay que adoptar, probablemente, distintas entre unos y otros. En estas medidas debería centrarse el debate. En ausencia, sin embargo, de esos hechos aceptados, el debate puede ser de sordos, monólogos paralelos en busca de culpar al otro.

El político mentiroso tendría que afrontar las consecuencias de su acto ilícito y podría, como sucede en otros campos profesionales, ver limitada, o prohibida, su actividad política. Faltar a la verdad debería implicar algún tipo de sanción que limitara o impidiera el ejercicio del cargo.

3. CAMBIAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

No, no estoy en contra de los partidos políticos. Son organizaciones que han permitido el desarrollo de la democracia representativa que conocemos. Nos han traído hasta aquí. La democracia representativa, la democracia que conocemos, ha ayudado sin duda a mejorar la vida de las sociedades donde se ha implantado y aquí, indudablemente, también.

Sin embargo, la evolución constante e imparable de la sociedad ha producido, entre otros muchos efectos, la oxidación de los partidos. Habiendo construido nuestra democracia, los partidos políticos son hoy, sin duda, una de las causas de su crisis de representatividad. Por eso, ahora es necesario repensarlos. Hoy día, no cumplen con el papel institucional que el sistema y desde luego nuestra Constitución les asigna. No es raro escuchar quejas sobre el funcionamiento defectuoso de los partidos, unidas a la actitud resignada de tener que aceptarlos porque, como dicen muchos de mis amigos, aunque los partidos no aseguran la representatividad que les confiere la democracia, no hay alternativa.

Puede ser. No me interesa demasiado centrarme en el debate de las esencias conceptuales de los partidos, pero lo que sí me parece urgente es adecuarlos a la realidad que vivimos.

Los partidos deben abrirse. No parece conveniente que se definan y se defiendan del resto por su condición excluyente. Solo se puede pertenecer a un partido y las relaciones con otro son siempre, y como poco, sospechosas. Pero, sin hablar de relaciones, no parece caber en la sectaria mentalidad de cada partido que a un militante o simpatizante le guste la mayoría de cosas que hace o propone un partido y, a la vez, le guste o le parezca bien algo que propone otro.

En los últimos años, tras el 15M, surgieron dos partidos con vocación de ser grandes y, sobre todo, como muestras de una nueva política frente el arrastrado bipartidismo: Podemos y Ciudadanos. ¡Qué pronto han envejecido!

Vivimos un momento en el que el contenido, el objetivo, la misión o simplemente la definición de los partidos se desdibuja. Acabo de leer Transeúnte de la política, de Manuel Cruz, lleno de reflexiones que nos ofrece como combustible de nuestro pensamiento. Hablando de los partidos dice:

No deja de ser curioso examinar la forma en la que las formaciones políticas han ido decidiendo, a lo largo del tiempo, denominarse. Antaño, se daba por descontado que sus nombres debían resultar definitorios de su ideología, se supone que para que el ciudadano supiera a qué a atenerse. Aplicado ese criterio, los partidos se calificaban como comunista, socialista, democratacristiano, conservador, etcétera […] de esta etapa casi hegemónica durante largos años, pasamos a otra en la que los nombres de los partidos expresaban estrategias, como serían los casos, en su momento, de Izquierda Unida o de Convergència i Unió, en Cataluña […] Tal vez a estas maneras de denominar se les haya añadido en los últimos tiempos una nueva consistente en bautizar un partido o coalición con un nombre que exprese una opción nada más que táctica, una idea oportuna […] Cualquiera, a poco que se fije, reparará en el extraordinario parecido de los rótulos de España Suma y Más País.

En este momento, salvo lo básico y común de alcanzar o mantener el poder, los objetivos últimos de los partidos se diluyen. Sería muy muy interesante que se redefinieran en la función genuina de generadores y mediadores de alternativas sociales. Podrían centrar su finalidad, no tanto en una desteñida ideología genérica, sino en la versión concreta, si se quiere ideológica pero específica y justificada, de propuestas de solución ante los problemas reales que presenta la sociedad. Esas propuestas serían diferentes y contrastables, explicadas a la ciudadanía fuera del ensimismamiento partidista. Respecto a esas propuestas podría entonces darse un debate público abierto. Centrarse en trabajar en los problemas reales de la sociedad y utilizar la elaboración analítica y resolutiva de esos problemas pasarían a ser los objetivos programáticos del partido. Podríamos considerar esto algo así como trabajar por propuestas.

Pensemos, por ejemplo, en el problema del acceso al trabajo de los jóvenes, en la situación de la vivienda o en la emigración. Los partidos elegirían, quizás jerarquizándolos, unos u otros problemas de los que nos preocupan. Desde su perspectiva, si se quiere ideológica (que la hay en todos, aunque algunos la rechacen), lo trabajarían, analizarían y propondrían soluciones. Esas propuestas de solución se expondrían y quedarían abiertas, eso sí, a la opinión de cualquier persona, sea o no de un partido o de ninguno, que quiera sumarse a la profundización y preparación de esa propuesta. Los partidos se han acostumbrado a, sobre todo, demonizar las propuestas de los otros partidos, más que a elaborar las propias. Máxime los partidos de la derecha, que saltan ante cualquier propuesta de regular el sacrosanto mercado, tan constatadamente excluyente, pero cuya respuesta nunca consideran ideológica.

Sé que los partidos se han acostumbrado a adosarse con fundaciones de estudio. Estas solo tienen un papel secundario, siempre cerrado y dirigido, sin contraste externo a los puros intereses electorales y envueltos en estrategias más o menos grandilocuentes habitualmente plagiadas de otras fundaciones similares.

Más allá de su propia capacidad de producción de ideas, cada vez menor, los partidos deberían buscar y recoger alternativas, más o menos ideológicas, emanadas de la sociedad social, referidas a lo concreto y a lo importante. Claro que las propuestas no podrán considerarse iguales por aquellos que consideran que es imprescindible una reducción drástica del Estado y de las entidades públicas que por los que seguimos pensando que el Estado tiene que ser un instrumento crucial de igualdad social y que, por tanto, precisa ocupar grandes e importantes ámbitos del espacio público.

Cualquier solución que se nos antoje ante cualquier gran problema actual tenderá a venir sesgada por la concepción de ideología general respecto a lo público, pero eso solo no sirve ya, no es suficiente. Por ejemplo, respecto al nuevo problema de la vivienda, que pensábamos superado, no bastará afirmar que se está en contra de la intervención en los precios del alquiler. No basta, cuando el propio Banco de España, desde la supuesta mayor ortodoxia económica, lo considera. Habrá que entrar en si la intervención se plantea como medida estructural (discutible como tal) o coyuntural, en que habría que considerar la idoneidad en este momento, cómo y dónde. Entrando en materia, profundizando en los problemas y matizando la coyuntura, las supuestas grandes posturas ideológicas habrían de diluirse.

Trabajar esas alternativas no solo enriquecería a la sociedad, podría convertirse en una base más sólida para la elaboración de los programas electorales. Estos no pueden ser una carta a los Reyes Magos, sino propuestas concretas, analizadas, debatidas y, a la vez, base de un debate más amplio para la solución de los problemas sociales reales.

No dejo de darle vueltas a aquella propuesta imaginativa, a la que me referí en capítulos anteriores, cuando visualizaba cómo se podría fructificar el interés electoral mediante la posibilidad de votar a los partidos por puntos o, tras lo aquí apuntado, a partir de sus propias propuestas, que se podrían votar no solo por separado, sino también de un partido u otro.

En alguna ocasión, cuando, entre amigos, he hablado de esa posibilidad me han preguntado si no sería mejor permitir las listas abiertas. Creo que son dos cosas distintas, salvo que hubiera una conexión directa entre candidatos y propuestas. Las listas abiertas son una reivindicación antigua y, según mi criterio, interesante que ha sido contestada por la reducida tendencia de los votantes a hacer diferencias y seleccionar. La experiencia de la votación al Senado, en la que esa selección era posible, pone en guardia respecto a su aceptación y uso por el gran público.

No alcanzo a saber si el reenfoque del contenido de los partidos políticos llegaría a cambiar su forma de prosperar e incluso de seleccionar a sus líderes. Puede ser. Si el objetivo del partido es la profundización concreta de alternativas y si sobre esto pudiera llegar a bascular el posible éxito electoral, puede que se empezasen a valorar más, en el seno del partido, las ideas, la creatividad y, en suma, la profundidad del trabajo más que el mero discurso chulesco y la capacidad de la gracieta con repercusión en los medios. Esta última, parece la pieza fundamental de la actual teatralidad de la confrontación, con tanto arraigo en la jerarquía de los partidos.

4. ABRIR LOS ELECTOS A LA SOCIEDAD (VAMOS, PONERSE
AL TELÉFONO CUANDO NECESITAMOS HABLAR CON ELLOS)

Me gusta el término francés des élues para designar a los cargos políticos que han resultado elegidos en los procesos electorales. Ahora bien, nosotros tenemos dos traducciones para ese término. Pueden ser los electos, que resulta más simple y con menos pretensiones. Son simplemente los que resultaron elegidos. Ahora bien, la otra acepción encierra más alcance, son los elegidos. La palabra tiene, en castellano, hasta tradición bíblica.

En todo caso, en cualquiera de las acepciones, y especialmente en la denominación de elegidos, les sitúa muy atinadamente en la relación que ellos han creado con los electores. No son cargos políticos sin más. Han sido los elegidos. Esta elección engendra, sin duda, una relación de representación política sobre la que apenas se ha trabajado. Cierto que, en el sistema de elección proporcional, los elegidos forman parte de un bloque, mayor o menor, que representa, en el caso del Congreso, a una provincia. La vinculación con los electores de esta circunscripción queda entonces diluida entre los miembros del bloque, pero, al fin y al cabo, esa vinculación existe. Es más, cuando ya todos se juntan y forman el Congreso de los Diputados, todos se vinculan y se deben al conjunto de los electores, a los que tendrían que responder.

Aceptamos sin más que vivimos un proceso de democracia representativa. Pero quizás se nos olvida que precisamente ese contrato de representación engendra obligaciones para quien acaba siendo representante de sus conciudadanos. Siempre he pensado que el contrato político de la representación democrática se asemeja al contrato clásico de representación, que desde tiempo inmemorial contempla el derecho civil.

Sin embargo, ni este contrato se ha definido en forma alguna ni se ha considerado necesario regular de algún modelo los derechos y deberes de unos y otros. Quizás convenga reflexionar sobre esto.

Cabría profundizar en la relación individual que cada uno de nosotros establecemos con la persona a quien le damos nuestro voto. También en la conveniencia de seguir hablando de la individualización del voto, que, de hecho, se hace a personas y no a una lista. En tanto no lo hacemos, sí parece que será necesario que los elegidos abran posibilidades reales de contacto con los ciudadanos a quienes representan. Me refiero, claro, a los ciudadanos anónimos. Todos sabemos que las organizaciones fuertes y los individuos poderosos no suelen tener dificultades para contactar con cualquiera de los cargos elegidos. Hace no mucho me pareció enormemente esclarecedor lo que dijo el antiguo contable del PP, el señor Luis Bárcenas, en una de sus declaraciones, cuando narró el porqué de algunos de los cohechos con los que se nutría la contabilidad B de ese partido. Explicaba que determinadas empresas pagaban al partido para que este les consiguiera simplemente (o nada menos) entrevistas con los políticos. Estas podían tener enorme importancia en el desarrollo de sus negocios. Así, al no haber establecido los cauces ordinarios y legítimos de contactos entre cargos políticos y ciudadanos, surge la corrupción para lograrlos pagando.

Siempre me ha resultado difícil aceptar que, después de que nuestra democracia haya vivido una corrupción tan importante y de que tenga en estos momentos un número tan considerable de cargos políticos procesados y condenados, no se haya querido profundizar en cuáles son sus raíces y sus sendas de tránsito. La experiencia nos dice que, en todos los países del mundo, la corrupción coloniza con fruición cuando los cauces de comunicación ordinaria entre el poder y los ciudadanos no funcionan.

Por eso, sí es importante que exista una buena comunicación entre los políticos elegidos y sus electores. Es decir, con mayor amplitud, entre los representantes de los ciudadanos y estos mismos. Hay que reconocer que nunca se ha enfatizado la necesidad de esa comunicación. Resultaría algo necesario tanto por la propia esencia de la democracia representativa como lo es también por pura higiene democrática, que impide la colonización de los virus de la corrupción.

No sé si cualquiera de los que me leéis habéis tenido la experiencia de intentar hablar sin más con un elegido, sin conocerlo, sin recomendación ni ayudas. Sin más, querer hablar con uno de ellos. Os cuento mi experiencia.

Al decir esto, me quiero adelantar y estoy segura de que también habrá habido, y muy a mi pesar, algún ciudadano madrileño que haya querido hablar conmigo cuando era alcaldesa y no lo haya podido conseguir. Puede ser y si así fue, puedo asegurar que yo no lo supe y no quise que fuera así. Por el contrario, y aun cuando resulte insólito (contra el consejo de todos los que me rodeaban), puedo asegurar que a cualquiera que me abordó en la calle, le di mi teléfono sin problema ninguno. Además, y gracias a eso, muchas veces me enteré de problemas que ni siquiera sospechaba. Se dio un caso muy concreto que evidencia dos maneras opuestas de entender la necesidad de la comunicación entre el ciudadano y sus representantes políticos.

Me encontré y hablé con un empresario del circo que estaba desesperado. La concejal de mi equipo que gobernaba su distrito le estaba haciendo, sin motivo alguno, la vida muy difícil. Me pareció que esta persona tenía razón y me estuve comunicando con él por WhatsApp y hablando por el móvil hasta que se solucionó definitivamente el problema.

Esto era al final ya de la legislatura y, justo cuando dimití y me marché del ayuntamiento, quedaban por resolver algunos flecos para la instalación de ese circo. Lamentó el empresario que dejara la alcaldía y me pidió que le diera el móvil del nuevo alcalde. Lo hice y, días después, me llamó desolado. El alcalde no le había cogido el móvil. La persona que en su nombre lo había hecho le había dicho que tenía otros temas mucho más importantes que hablar con él.

A esto me refiero. Hay muy diferentes maneras de actuar, en política, en la comunicación con tus conciudadanos a los que representas. Aunque a veces no logres que tus equipos entiendan lo que deseas hacer, el talante trasciende y es fácil ver las diferencias. ¿Diferencias marcadas por el sesgo ideológico? Sí y no. En este tema, el de la relación entre ciudadanos y políticos, aunque creo que sí que la ideología cuenta, pues define un concepto de autoridad distinto, también resulta muy decisiva la manera de ser, como meras personas, de unos u otros políticos.

Pues bien, tras ese inciso de mi percepción desde la perspectiva del político, volvamos a mi anunciada experiencia inversa, desde la posición de ciudadana que llama a su representante elegida. Hace unos meses la tuve. En este caso, yo era simplemente ya una ciudadana más. No recurrí a ningún cauce ni recomendación como exalcaldesa. Simplemente llamé para intentar hablar con una diputada.

Tengo desde el pasado mes de enero un pequeño programa radiofónico que reflexiona, en tono distendido, de divulgación, sobre la justicia. Para el programa, pensé que sería interesante que pudiera participar la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, por eso de ser el Congreso la fábrica de las leyes.

Busqué el teléfono de atención al ciudadano y marqué el número indicado. Pedí que me pusieran con la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. No la conozco, ni la conocía, pero me pareció correcto hablar primero con ella y luego, si acaso y a través de sus indicaciones, sugerir a uno u otro de los miembros de la comisión para que interviniera en el programa.

La telefonista que me atendió me informó, eso sí, con mucha amabilidad, que no se podía hablar directamente con ninguno de los congresistas. Ante mi perplejidad, añadió que lo que sí podía darme era su correo electrónico.

Le escribí un muy respetuoso correo con toda la información del motivo por el que deseaba hablar con ella. No me contestó. A la vista de esto, pasados unos días, miré a qué partido pertenecía la presidenta de la comisión. Era del PSOE. Llamé entonces al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso. Me atendió otra persona, menos amable que la anterior y también me informó. Tampoco por esta vía podría hablar con la presidenta de la comisión. Parecía inferir que estaba pidiendo algo insólito y, en todo caso, vedado. En compensación, me pasó con su asistente. Su asistente, que trabajaba en teletrabajo, resultó encantadora. Desde su casa, acabó comunicándome, o más bien aclarándome, que ni podía hablar con la congresista ni recibir un correo de respuesta. La razón, de peso, era que la presidenta de la comisión siempre tenía muchísimo trabajo. Es decir, trabajo más importante que el de hablar o contestar a los ciudadanos. ¡Todo un mensaje!

No pude evitarlo y sugerí, a la sin duda abochornada asistente, ¿no forma parte del trabajo de los congresistas hablar con los ciudadanos que representan? No lo parece, tienen otras tareas más importantes… según ellos.

El sistema proporcional tiene ciertamente sus ventajas, dando entrada a las minorías. Alienta, sin embargo, un distanciamiento entre los electos y los ciudadanos. Si la respuesta que recibí, de la asistente de la congresista, me la hubiera dado la oficina de un congresista inglés de un distrito, hubiera sido titular inmediato en los medios y redes. El congresista hubiera tenido difícil superar el patinazo. No parece que aquí se considere algo siquiera criticable, pues se dice con naturalidad.

5. ESCUCHAR A LOS CIUDADANOS. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA COSA PÚBLICA A TRAVÉS DEL SORTEO

Una de las cuestiones habituales en los debates políticos, a partir de los movimientos del 15M, es la democracia directa como proceso político incluso enfrentado a la democracia representativa.

El cuestionamiento de la representación de los partidos políticos ha hecho que se haya mirado con añoranza la democracia directa, asamblearia.

La esencia de la democracia representativa choca con concepciones modernas de la participación individual en lo colectivo. La innovación tecnológica nos permite expresar ordenadamente lo que pensamos, individuo a individuo, sobre los problemas que nos afectan. Hay que reconocer que en este nuevo marco cabe cuestionar lo siguiente: ¿qué sentido siguen teniendo esos grandes procesos de decisión, solo instrumentalizados a través de la elección de representantes para periodos de cuatro o cinco años, en ausencia de control específico alguno por parte de los representados a lo largo de esos años?

Sin embargo, aunque existen ya esas posibilidades en el mundo digital, no se han llegado a implantar en ningún país. Conozco algunos fracasos difíciles de entender como al que ya me he referido de Kuorum, la plataforma digital de participación ciudadana directa para la confección de textos legislativos.

Este desinterés en permitir la opinión individual en el debate político ha hecho que algunos hayan mitificado la democracia asamblearia, por entenderla como una forma positiva de democracia directa. La democracia asamblearia no es en modo alguno democracia directa. Nada ni nadie puede demostrar que en contextos multitudinarios pueda caber una verdadera expresión del pensamiento de unos y otros. La participación asamblearia es enormemente controlable por quien dirige la asamblea. ¿Qué mayor control e inhibición cabe que tener que exponer la singularidad de una postura alternativa en un contexto contrario, apabullantemente multitudinario? La democracia asamblearia, aparte de no permitir ni el razonamiento ni la expresión libre de una voluntad, es absolutamente ineficaz e ineficiente. Resulta imposible organizar esos grandes colectivos asamblearios para dar respuesta a cualquier tema.

Así pues, en tanto no seamos capaces de establecer mecanismos de expresar la intención o las opiniones de los grandes colectivos de forma acumulativa pero individualizada y eficaz, seguiremos utilizando la esencia de nuestra democracia habitual, de la representación.

Eso no obsta para que estudiemos otras posibilidades que permitan participar a más individuos en los procesos de decisión de los asuntos públicos, es decir, de los asuntos de todos. Hasta ahora, las encuestas de opinión, en sus diversas modalidades han venido constituyendo un remedo ante la ausencia de mecanismos reglados de control. De ahí que cobre en estos momentos importancia no desechar otros medios de democracia participativa, que puedan complementar la democracia representativa de los partidos políticos.

Me refiero a la participación ciudadana en lo colectivo con mecanismos de sorteo. Desde hace tiempo, politólogos le dan vueltas a este tipo de participación ciudadana. Para profundizar en las ventajas que nos puede aportar ese nuevo procedimiento de indagación en la opinión social, resultaría necesario analizar cómo ha funcionado en los lugares donde se ha aplicado.

Antes de salir a buscar esos ejemplos fuera de España, recordemos y ensalcemos las experiencias que nos ofrecen instituciones ya muy integradas en nuestra sociedad, cuyos protagonistas se nombran o designan por sorteo. Contamos al menos con dos, y exitosas: el jurado y la organización electoral.

El jurado, establecido ya hace décadas, funciona con absoluta normalidad. Cuando en 1995 se planteó que serían ciudadanos comunes, legos en derecho, quienes decidirían la aplicación de la justicia, se desató un enorme debate público. Algunos lo consideraron un escándalo. Siempre existen los que se resisten a las novedades, por más que hayan sido probadas en otros lugares con provecho.

Los juradistas, los que estábamos a favor, argüíamos que este tipo de participación ciudadana incrementaría la formación publica de la ciudadanía y, a su vez, generaría una sana crítica a muchas de las costumbres públicas. ¿Ha sido así? No lo sé. Que yo sepa, ese supuesto resultado no se ha evaluado, ya que aquí poco o nada evaluamos.

Según informaciones periodísticas, en mayo de 2021 se contabilizó que, desde que en 1996 se celebró el primer juicio con jurado, han sido miembros de jurados algo más de 85 000 personas. Un número significativo de ciudadanos. Algún efecto habrá tenido en nuestra sociología social.

El sistema ha funcionado sin irregularidades ni incidencias singulares y, yo diría, que con menos que las que se producen en los tribunales ordinarios. Sobre los efectos que ha podido producir esta participación pública de la ciudadanía en la justicia, desgraciadamente, carecemos de datos para evaluarlo. Nadie ha estudiado esto, ni a nadie le ha interesado estudiarlo.

Cuando era magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, les hacíamos una encuesta muy interesante a todos los ciudadanos que desempeñaban miembros de un jurado. Les pedíamos que nos dieran su opinión respecto a esa experiencia, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Me cuesta creer que se haya podido perder todo ese valiosísimo material, pero no he encontrado ningún rastro de que se haya guardado, ni mucho menos, de que se haya continuado preguntando. Lo he buscado expresamente en los contenidos de la página web del CGPJ. No hay el menor indicio de que este tenga el más mínimo interés por conocer los efectos sociales que hayan podido producir más de veintitrés años de aplicación de la ley del jurado. La verdad es que, en general, apenas hay interés en conocer y evaluar los efectos sociales de casi nada, así que la ausencia de análisis de los efectos de la justicia no es algo especial.

La otra de las grandes experiencias sobre la participación ciudadana en lo público es precisamente la propia organización electoral, a la que no otorgamos la menor importancia. Lo aceptamos como si fuera algo conocido y sin importancia. Me parece que no somos conscientes de lo grandioso que es que sea la propia ciudadanía la que constituya todo el aparato de organización de las votaciones electorales.

He contado ya en alguna otra ocasión cómo me impresionó cuando, en el año 1982, me tocó ser presidenta de la Junta Electoral de la sierra de Madrid, al ser jueza de esa zona. Me permitió comprobar cómo, por medio del sorteo, la ciudadanía asumía la responsabilidad de constituir las mesas electorales y ser, por un día, la autoridad electoral. La constatación de esa espontánea capacidad me pareció siempre enormemente esperanzadora.

En la última época de mi periodo de alcaldesa, introdujimos una experiencia extraordinaria. Constituimos un Observatorio de la Ciudad a través de designar, también por sorteo, cuarenta personas que asumirían puntualmente la función de conocer lo que el Ayuntamiento hacía, enjuiciarlo, valorarlo y, de hecho, aportar para completarlo. Por supuesto, el conjunto carecía de cualquier capacidad ejecutiva. Sin embargo, con el sistema de elección (por sorteo) no traían ningún sesgo. Eran ciudadanos que escuchaban y opinaban libremente, sin condicionamiento alguno. No cabía pretender que representasen la opinión de la ciudadanía. Ahora bien, podían aportar indicios de por dónde iba la sensibilidad pública ante el Ayuntamiento.

Fue una bellísima experiencia. Hubo ocasión de comprobar cómo más de cuarenta personas elegidas por sorteo eran capaces de reunirse y deliberar con entusiasmo, inteligencia y, además, como novedad tan refrescante, con cortesía.

Solo pudo haber una única sesión. El nuevo Ayuntamiento deshizo esta opción. Los partidos de la derecha conservadora que ahora gobiernan no creen en la participación ciudadana. Creo que la temen.

Sin embargo, resulta curioso que ahora, cuando el PP se niega a renovar el CGPJ surja, por parte de algunos analistas políticos o tertulianos de la derecha, la propuesta de que se elija a sus miembros por sorteo. Cualquier cosa antes de aceptar su derrota en las urnas, que los lleva a perder el control de los organismos.

Me preocupa que, sin profundizar debidamente en lo que puede significar la participación por sorteo en la gestión pública, se la frivolice. Suele ser la forma inicial de oponerse a las novedades que puedan encerrar peligro de perder cuotas de poder y control. La frivolidad no es buen atributo para casi nada, pero sin duda no lo es para abordar un nuevo cauce de participación social en los asuntos públicos.

Estoy convencida de que debemos ensayar nuevas formas de aportar opinión e ideas de la ciudadanía a lo público. Ahora bien, hay que hacerlo muy en serio, y, para resumir, hacerlo bien, con análisis y profundidad.

Cabe preguntarse, ¿por qué no probar un órgano elegido por sorteo para la constatación del alcance e incidencia de los problemas públicos, así como para la proposición de alternativas de solución ante estos?

Me interesó mucho el libro del historiador David Van Reybrouck Contra las elecciones: Cómo salvar la democracia. En él se llega a plantear que se sustituya el sorteo como sistema para elegir los representantes que nos dirijan. Todo un reto, que apenas ha sido discutido, como al parecer ya lo ha empezado a ser en muchos otros lugares.

Invitamos a Van Reybrouck para que nos contara algunas de sus experiencias del sorteo como elemento democratizador. La pérdida del Gobierno municipal no hizo posible su visita. En todo caso, sería muy interesante intercambiar evaluaciones de todo tipo con las organizaciones políticas que están funcionando con este método de selección o incluso proponiéndolo.

La experiencia de Irlanda, que constituyó un paraparlamento por sorteo para dilucidar la polémica ley del aborto, puede constituir un verdadero hito en la aplicación de este nada trivial mecanismo de constatación y deliberación, al margen de los sesgados y sectarios partidos.

6. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y GESTIÓN
PÚBLICA SOCIAL

Los presupuestos participativos aparecieron como novedad y fueron el paso cualitativo fundamental en la pretensión de instaurar la democracia participativa en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, ya en los años noventa.

Resulta intachable que sean los propios ciudadanos quienes puedan decidir las inversiones que deben hacerse en el marco concreto y definido que ellos conocen, su entorno inmediato. Todos hemos vivido con sorpresa inversiones concretas que se realizan en nuestro barrio y que no comprendemos por qué se hacen o que no consideramos necesarias. Al tiempo, también nos puede desesperar que no se acometan otras, cuya conveniencia detectamos, quizás mucho menos costosas y que, en todo caso, pensamos que tendrían mucho mayor utilidad.

Esta forma de participación, la de los presupuestos participativos, encierra, además, como sucede con otras iniciativas análogas, un contenido pedagógico innegable: mentalizar a la sociedad ante la necesidad de pagar impuestos, al participar en la decisión de cómo usarlos.

Hace tiempo, me comentaba un amigo quien, por sus negocios, tenía que pagar una cantidad muy importante de impuestos lo que le costaba hacerlo a la vista de la actitud, que él consideraba absurda y despilfarradora, de la Administración.

En la medida en la que cada uno de los ciudadanos se identifique más con la idea de que los impuestos son para su bien y que pueda decidir de una forma directa sobre lo próximo y lo que conoce, se facilita el que el fisco pueda recaudar lo que le corresponde. Ha habido ejemplos recientes. Todos sabemos de personas que eran malas pagadoras de los impuestos que les correspondían hasta que han descubierto que, gracias a la sanidad pública, se han salvado ellos o sus familiares. Y así es. Cuando somos conscientes de todo lo que nos facilita lo público lo respetamos más, lo cuidamos y hasta nos cuesta menos alimentarlo.

Tuvimos presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Madrid durante el periodo 2015-2019. Nunca los había habido y el nuevo equipo municipal de las tres derechas los ha retirado. Una mutilación más de innovación: había que mejorarlos, no eliminarlos.

La experiencia fue interesante. Hubo muchos proyectos, aunque limitados por las propias estructuras de gestión de los haberes públicos. Por eso, los proyectos que se presentaron y aprobaron no fueron ni tan buenos ni tan necesarios como hubieran debido ser. El hecho mismo de que se exigiera que no implicaran gasto en personal alguno —una limitación artificial con la eufemística denominación de IFS, inversiones financieramente sostenibles, impuesta a la inversión pública en general, tras la crisis de 2008— arrinconaba todo un conjunto de iniciativas que se podrían haber propuesto. La mayor parte de los proyectos que pudieron ser aprobados tenían que ver con el ocio o el deporte y, en cierta medida, también con la seguridad del tráfico.

Me sonreía días atrás cuando veía que España había sido medalla de oro en la escalada de muros en las Olimpiadas de Tokio. Curiosamente, la construcción de varios rocódromos fue una de las reivindicaciones de algunos de nuestros presupuestos participativos. También la de instalaciones para el ejercicio de la calistenia.

Sí, esa es, por supuesto, una de las grandes ventajas de este tipo de presupuestos: abre la puerta a necesidades (e ilusiones) que tardarían mucho en llegar, si llegan, a la planificación de las entidades administrativas institucionales.

Pero este tipo de presupuesto que, hoy por hoy, es aún muy marginal respecto al conjunto del presupuesto municipal puede a largo plazo tener más recorrido. Para lograrlo sería preciso estructurar de forma diferente tanto la propia concepción de los presupuestos generales, como su elaboración. Sería muy interesante la constitución de unidades de presupuestos participativos fuera del mundo local. Colectivos de enseñanza, de medicina, de investigación, del emprendimiento, de la agricultura o de otros muchos sectores. Todos pedirían un sumatorio previsiblemente inviable. Ahora bien, podrían introducir un gran elemento dinamizador. En la práctica, actualmente, los presupuestos participativos pueden ser buenas probetas de ensayo que nos indiquen algunos caminos que ayuden a consolidar la democracia, como un bien de todos que deseamos cuidar, ya que nos permite acceder a cosas que necesitamos o que nos gustan, quizás un mecanismo tan simple como este.

Los presupuestos participativos, junto a las limitaciones que encuentran en su ámbito competencial, se acoplan muy mal al tran-tran de la gestión administrativa. ¿Cómo es posible que la administración municipal pueda tardar más de tres años en hacer un rocódromo, una pista de baile exterior o unas instalaciones de calistenia? Y eso, aun contando con la voluntad política, como suele demandarse. Como se constata, esta es condición necesaria (otro Gobierno municipal lo elimina) pero no suficiente.

Pues sí, esa tardanza resulta posible en la superburocratizada gestión administrativa, atiborrada de aparentes garantías formales. Es terriblemente lenta y absurda. Llega entonces a ser torpe, contraria a las supuestas intenciones de hacer.

Os parecerá raro lo que os voy a contar ahora, pero os aseguro que fue así. Tenía un gran interés por crear tiendas en los museos municipales. Me parecía un complemento necesario y que revalorizaba los propios museos. Me parecía penoso, por ejemplo, ver cómo en un lugar tan delicioso como es la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid, que el Ayuntamiento gestiona como museo, no hubiera ninguna forma de adquirir libros, fotografías, tarjetas u objetos de todo tipo de las joyas que el museo atesora. Los fantásticos frescos de Goya con los que la ermita está decorada no solo son muy bellos, sino que, además, encierran una preciosa curiosidad que pocos conocen. En ellos se representan las únicas ángelas, ángeles femeninos, sin duda en Madrid y seguramente en el mundo. A Goya le apeteció, no sabemos por qué, pintar a ángeles mujeres y no hombres.

Me marché del Ayuntamiento sin conseguir la instalación de esas tiendas. Impensable que pudieran implantarse con personal del Ayuntamiento. Era imprescindible convocar un concurso para las empresas que pudieran estar interesadas. Pero el concurso se retrasaba y se retrasaba. El nudo inicial que impedía su convocatoria era que, en la redacción del pliego, según la intervención, debía aparecer el precio al que el Ayuntamiento obligaba a que se vendieran los productos de las tiendas de los museos. Me cansé de argumentar: «Pero ¿cómo vamos a establecer precios de antemano si ni siquiera sabemos, ni queremos saber, lo que se va a vender? Eso, lo tendrán que resolver las empresas que ganen el concurso, para la correspondiente concesión administrativa».

Los escollos de los funcionarios de las Intervenciones públicas ante cualquier novedad, y no digamos innovación, resultan totales. Podría decirse que son, en muchas ocasiones, absurdamente escandalosos. Están, sin duda, vinculados a las interpretaciones y criterios de cada uno de los profesionales de la Intervención, a quienes les corresponde el control de la gestión de los mismos. Y claro, depende mucho de la suerte. El político tiene la posibilidad de no respetar el criterio de la Intervención, a través de un procedimiento (complejo) establecido al efecto, pero este, de aplicarse, significa entregar una granada de mano a la oposición. Esta la podrá utilizar en la nueva querella o demanda. Desgraciadamente, las denuncias o querellas se han convertido en un elemento de acción de la oposición. Y los interventores están ahí, para defender el castillo, contra toda pretensión de innovación, regidos por las leyes y reglamentos en los que puedan basarse para pararla y, si se puede, destruirla. El conservadurismo, más allá de la ideología, se convierte en rutina. De ahí viene el persistente cuestionamiento ante toda novedad, «es que nunca se ha hecho así», valladar de todo funcionario ante el cambio. El segundo paso, ante lo nuevo que se pretende, es (siempre) que es «ilegal».

Pues bien, ese campo de minas que acaba siendo la gestión cotidiana de la Administración es lo menos propicio para el arraigo de la institución advenediza por excelencia, que son los presupuestos participativos.

Quizás esto sea un farillo rojo que nos obligue a profundizar en algo importante: ¿cómo podemos incorporar directamente a los ciudadanos en la gestión de la Administración? Todo está previsto para impedirlo y a pocos de nuestros representantes les gusta esa incorporación.

Sabemos que desde hace ya tiempo la gestión directa de la Administración se va adelgazando de forma importante, en beneficio de la concesión de contratación a las empresas privadas. Estas ya gestionan mayoritariamente áreas importantes de los servicios públicos, incluidas las puramente sociales. Estas últimas, según en qué momentos y ocasiones, son las grandes ONG quienes las desempeñan.

La dejación de la gestión pública en empresas privadas, que obviamente tienen que generar su cuenta de resultados, exige un lógico e importante control de la Administración. Esta, al fin, en lugar de gestionar la actividad pública como tal, se limita a controlar (sin demasiado conocimiento específico, ni medios, ni excesiva motivación) el servicio contratado. Así, se crea la paradoja de que una parte importante de la Administración se dedica a preparar concursos para las posibles empresas contratantes y después a controlarlos, en lugar de desempeñar por sí misma la propia administración de los servicios públicos.

Sin embargo, está por ensayar de forma específica, que habría que preparar al efecto, la posibilidad de una nueva forma de gestión: la de la propia gestión ciudadana. ¿Qué pasaría si la ciudadanía, estructurada en una unidad de acción a definir, se encargara, por ejemplo, de ejecutar el proyecto que hubiera conseguido colocar en su propio presupuesto participativo? Quizás con este sistema el rocódromo hubiera tardado menos de tres años en hacerse.

Un aspecto que conviene tener en cuenta para ensayar diferentes formas de gestión participativa reside en hacer coincidir los objetivos de la Administración con los de la gestión ciudadana.

Resulta fácil idear esa coincidencia en aspectos tan decisivos en una localidad como la limpieza, la jardinería o, precisamente, la ejecución de presupuestos participativos.

No dejemos de idear nuevas formas de gestión pública, si no queremos que se dé un total desapego de la ciudadanía. Lo necesitamos urgentemente.

7. EVALUAR: CONOCER CÓMO ESTAMOS Y LO QUE HACEMOS

Pese a lo poco que lo prodigamos, parece claro que evaluar es absolutamente imprescindible. Lo es saber cómo estamos, en cualquier tipo de proceso democrático, para decidir hacer esto o lo otro. Cuesta hasta tener que justificarlo. Nuestra vida ciudadana está llena de percepciones de conocimiento. Son las que posibilitan nuestra actividad: el maestro, para seguir enseñando, necesita saber lo que sabe el alumno, el médico, para curarle, requiere un diagnóstico y conocer el desarrollo de la enfermedad en su paciente, el albañil que construye un muro necesita saber lo que está ya hecho…

En fin, es tan evidente que resulta sorprendente que ni en el Gobierno ni en las comunidades autónomas exista un organismo específico de conocimiento social de nosotros, de nuestras vidas, sociedades, pueblos y ciudades.

¿No es aterrador que en este momento no tengamos, por ejemplo, un mapa preciso seguro y actual del número de viviendas vacías que hay en España? Hablamos sin parar del problema de la vivienda, de la necesidad de construir viviendas sociales o del alquiler de precio asequible. Pero ¿dónde tenemos esos necesarios mapas del número de viviendas vacías, se podría decir ociosas, que pudieran ser una alternativa más inmediata que la nueva construcción? Sabemos que se está dedicando a la vivienda una proporción desorbitada de los ingresos familiares, pero ¿conocemos el número de hogares que reclamarían una vivienda a precio asequible y dónde están? Se habla de grupos vulnerables que solo podrían pagar un alquiler social, casi simbólico. Nos los hemos ido encontrando, cuando iban a ser desahuciados, pero ¿sabemos cuántos son y dónde están? Lo desconocemos. Los medios dan datos, sorprendentemente dispares, sin fuentes de calidad y sin ubicación geográfica concreta y, sobre todo, sin una referencia fija a un necesario banco de datos oficial.

En estos días leo en un periódico económico que, como consecuencia de los recientes decretos dictados desde la pandemia, puede haber más de 40 000 procedimientos de desahucio paralizados. ¿Quién está pagando esas rentas? ¿Se están pagando? No hay información. Nada dicen las estadísticas del CGPJ. Hay que reconocer que, en general, poco dicen de casi nada, salvo de la carga, mayor o menor, de los jueces. Parece que el órgano, pese a su importancia, carece de responsabilidad social.

Y si hablamos del desempleo de los jóvenes, ¿qué sabemos del resultado de todos esos programas de apoyo que, desde hace décadas, se han acordado para mejorar su empleabilidad? Se oye hablar de que, ahora sí, nos vamos a tomar en serio la Formación Profesional. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Parece que mal, pero ¿siquiera lo sabemos? ¿Hemos aprendido algo de hacerlo mal?

Y así podríamos enumerar infinidad de cuestiones cuya potencial resolución depende de contar con datos. Se trata en muchos casos de problemas endémicos ante los cuales resulta más imprescindible la evaluación, a partir de datos ciertos que, aceptados por todos, puedan además servir de base para aportar las posibles soluciones. Solo así podremos abordar bien los males que parece que padece nuestra sociedad.

Sí, ciertamente, sería imprescindible contar con ese organismo que nos facilitara un conocimiento constante y coherente de lo que somos, y de donde estamos. La duda surge, ¿y si resultara que ese organismo ya lo tuviésemos, pero no supiera o no pudiera facilitarnos esa permanente imagen de nuestra sociedad?

Ese organismo supuestamente existe. Es el CIS, que tiene encomendada la función de contribuir al conocimiento científico de la sociedad española. Algo que, desde luego, no ha dado el resultado esperado. Cuando se constituyó, en 1978, sin duda se esperaba otra cosa de este organismo.

Curiosamente, por lo que más se conoce al CIS es por lo que creo harto discutible que sea lo que debería hacer: sus constantes sondeos electorales.

El CIS sería trascendental para la planificación de la gestión pública, para preparar la redacción de nuevas leyes y, sobre todo, para la evaluación de ambas, gestión y legislación, como base de conocimiento para su mejora.

¿Por qué el CIS hace constantes sondeos sobre las preferencias y expectativas electorales de los ciudadanos? Esto ni es útil ni se debería hacer. Salvo el morbo y, más allá de este, la guía para las estrategias de los partidos que tantos sinsabores proyectan sobre el espacio público, ¿qué sentido tienen las prospecciones electorales, supuestamente oficiales? Que cada uno se busque su información sin tener que valorar los datos oficiales, cuando gustan, o denostarlos, incluso cuestionando al organismo, cuando no gustan.

No sería por mi parte ahora prudente proponer alternativas sobre cómo estructurar una nueva concepción de este organismo, ni tan siquiera definirlo por su posible dependencia orgánica. Sin embargo, me tienta apostar por su total independencia de dirección, aunque su ubicación y disposición estuviera como órgano de servicios adscrito al Congreso.

Es ahí, en la sede de la elaboración legislativa (supuestamente estratégica) donde resulta imprescindible la existencia de un organismo de evaluación, de análisis y de datos de conocimiento.

8. LA HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA.
HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS JUECES,
DE BURÓCRATAS A HUMANISTAS

La existencia de los organismos de control de los jueces es algo consustancial a los procesos democráticos. La esencia de la democracia versa sobre la capacidad de la sociedad de regularse a sí misma mediante la separación de poderes.

Pero esa capacidad de regulación no es absoluta, pues tiene que ajustarse a las reglas que ella misma ha establecido. Los jueces son, en cierta medida, árbitros de las exigencias de esos límites. Además, tienen otra competencia, que es la del análisis, declaración y reconocimiento de los derechos individuales de todos y cada uno de los ciudadanos.

Esta última competencia es hoy por hoy discutible. Debe ser el propio proceso democrático, es decir, las instituciones como tales, las que garanticen no solo el cumplimiento de los acuerdos generales de la sociedad democrática, sino lo que es más importante, también el derecho individual de cada uno de los ciudadanos.

Los jueces no son, ni deben de ser, quienes exclusivamente reconozcan esos derechos individuales que hoy día se traducen en el concepto más profundo de la exigencia de los necesarios cuidados que debe garantizar el Estado. Así, aunque los jueces deben intervenir cuando ese derecho no haya alcanzado debidamente a cualquier individuo, no debemos perder de vista que la obligación de cuidarnos es de las propias instituciones democráticas. Esto se discute en las aproximaciones autodenominadas liberales, cuestionando la exigencia de ese cuidado, tendiendo a responsabilizar de este a los individuos (a los pobres por serlo o por no trabajar suficiente) y cuestionando o negándolo desde las instituciones que lideran.

En todo caso, es evidente que los jueces son necesarios. Aunque el proceso democrático actúe en general debidamente, siempre debe haber otro poder que no sea el que emana de la democracia que señale límites y que obligue a reconocer derechos cuando estos puedan ser vulnerados.

Que los jueces sean imprescindibles en toda democracia no implica que, como poder judicial, funcionen ahora en la medida que se les necesita. No es cosa solo de España. En la mayor parte de países europeos hay un parecido lamento respecto a la forma en la que el poder judicial viene desarrollando su rol garantista, quizás, con inusitada prepotencia.

Fue muy interesante el gran debate que tuvo lugar en Francia, hace ya más de veinte años, sobre la necesidad de humanizar la justicia, intentando desprenderla de actitudes autoritarias o puramente funcionariales. Fue con ocasión de un proceso sobre pederastia en el que fueron privados de libertad muchos inocentes. Este, el caso Outreau, fue un revulsivo para que Francia reflexionara sobre la falta de sensibilidad y humanidad de sus jueces.

Ante ese revulsivo, se cambió entonces la orientación de la escuela judicial de Burdeos. Se la responsabilizaba del perfil de los jueces. ¿Significó esto un cambio sensible en sus comportamientos? Lo desconozco. No sé si los franceses carecen también de la necesaria evaluación de las medidas que adoptan. Lo que sí me consta es que, a partir de la primera década de 2000, cambiaron desde luego muchos programas de la escuela judicial, dirigiéndolos más a garantizar determinadas actitudes o conductas personales en los jueces y magistrados que a la rígida aplicación de sus conocimientos teóricos —acrítica y memorísticamente aprendidos para la oposición— que tienden a marcar, para siempre, su ejercicio judicial.

Algún tímido intento de evolución de la escuela judicial española ha sido siempre abortado por el profundo conservadurismo rutinario de la clase judicial. Parece que llevan a rajatabla esa imagen, tan simplistamente garantista, de la justicia con la venda en los ojos, que no quiere saber, ni conocer, a quien aplica la ley. ¡Cuánto distanciamiento prepotente, cuánta despreocupación social, e incluso, cuánta irresponsabilidad justifican esa imagen!

La burocratización en las formas y en las decisiones de los organismos judiciales tienen que ver, según mi criterio, sobre todo, con la forma en la que se estudia el derecho desde el mismo momento en que se tiene contacto con la disciplina como tal.

El hecho de que todos los jueces tengan que ser titulados en Derecho obliga a reflexionar sobre la última instancia de las normas y de los conceptos del derecho. Hay países donde, para ser juez, no es necesario contar con el grado de Derecho, sino que resulta admisible cualquiera de las otras titulaciones superiores. Es decir, lo mismo valdría una ingeniería que una titulación en Medicina. Esta variedad de formación inicial tiene una justificación interesante, que es que la posterior formación en derecho, al recaer sobre otro tipo de conocimientos, abre más posibilidades de vivificarlo y modernizarlo.

Así, el problema de cómo se estudie el derecho sigue estando ahí, dificultando paradójicamente el buen derecho. La manera de aprender la aplicación del derecho no solo dificulta, cuando no impide, que el juez juegue el complejo rol que hoy la sociedad le exige. A su vez, enturbia toda la trama del derecho, ya que es mediante esa disciplina que forzosamente la política ha de traducir e implementar sus decisiones.

Nunca me interesó demasiado dar clase como actividad profesional principal. Sin embargo, siempre me ha gustado compartir con otros mi quehacer profesional diario. Por eso, cuando desempeñaba el cargo de juez de vigilancia penitenciaria me propusieron, y acepté, dar un seminario durante todo un curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Recuerdo aquel curso como algo muy especial y, lo que es mejor, creo que todos los alumnos lo recuerdan como algo único.

Quise que el seminario se celebrara en la cárcel de Carabanchel, objeto entonces de mis competencias profesionales. Como novedad y diferencia, en las sesiones participaban los alumnos y un número equivalente de presos. El trabajar juntos, estudiantes y presos, fue lo que convirtió en única la experiencia. Se trataba de que unos y otros aprendiéramos las normas que regulaban la vida de los presos, pero, a su vez, que viéramos en directo cómo se llevaban esas normas a la práctica. Ver, por una parte, lo que decía la ley (principalmente la ley de vigilancia penitenciaria y los reglamentos) y conocer lo que se hacía en la práctica, no siempre coincidente. Aquellos seminarios constituían, pues, una lección viva del derecho.

El entusiasmo era grande. Los estudiantes aprendían lo que significaban los derechos, lo que significaba la protección del derecho para todos los presos, con los que además compartían el seminario, veían cómo había determinados derechos declarados con rotundidad en la ley que, efectivamente, no se podían cumplir porque no había medios económicos para ellos y veían también los defectos de disposiciones legales, que no eran razonables o que no estaban bien diseñadas para su aplicación práctica.

De toda esa permanente lección de derecho, surgió la iniciativa de hacer una encuesta en el centro penitenciario para constatar los resultados que se iban viendo en el seminario. Finalmente, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del momento prohibió el que la encuesta se hiciera. La tentadora negativa ante la innovación.

En muchas universidades estadounidenses funcionan las clínicas jurídicas, consultorios abiertos a los ciudadanos atendidos por estudiantes tutorizados por sus profesores. Son una buena idea. Siento que sería bueno que, desde que se abriera la primera página de un libro de leyes, se viera el rostro y se escuchara la voz de quienes tendrán que cumplir lo que el libro dice. El derecho, en sí mismo, tendría que estar en una constante evolución, acompañando a la sociedad y renovando constantemente lo que ya no vale, lo que no funcionó en un momento concreto o lo que, tantas veces, no funcionó nunca.

Por esto, me sorprende que, desde determinadas visiones de la izquierda, se achaque el conservadurismo de la actitud de los jueces a su procedencia social. Esta, amén de que está poco analizada, no determina las actitudes conservadoras o progresistas, por lo menos, en los momentos actuales de la historia. Los resultados de las encuestas electorales nos indican que las actitudes más progresistas no surgen de los barrios más humildes o vulnerables, sino más bien de sectores culturales teóricamente más elaborados. Cuando estaba en la judicatura, recuerdo que teníamos un compañero muy muy conservador. Él se enorgullecía de proceder de una familia modesta y de haberse hecho a sí mismo. Otro de los compañeros, inteligente y sagaz que pronto se pasó a la empresa privada le respondía: «Pues por eso te has hecho mal, por hacerte a ti mismo. Todos necesitamos que metan muchas manos en nuestra formación».

Bueno, era obviamente una boutade de aquel amigo, pero siempre pensé que tenía algo de razón. La formación desde abajo, a veces titánica y desde luego superencomiable, no es desde luego lo óptimo. El esfuerzo y el trabajo claro que sí son imprescindibles para una buena formación, junto a, en este caso, la buena memoria, pero ¿cómo se desarrolla la empatía? ¿Cómo nos ponemos en la piel del otro? ¿No parece hoy una cualidad con que todo juez habría de contar? Y eso, ¿cómo se aprende? Sí, quizás, con algunos ejercicios y debates en la escuela judicial. En todo caso, estando metido de hoz y coz en la vida, no solo en la nuestra sino también en la de todos, mirando mucho, queriendo mucho, emocionándonos mucho ante el sufrimiento y el dolor de los demás, disfrutando inmensamente con los éxitos y las alegrías de los otros. Esa es, a mi juicio, la receta. No creo que haya otra.

A MODO DE MÍNIMA CONCLUSIÓN

Sí, se me ocurren muchas otras iniciativas para seguir reflexionando sobre cómo innovar en nuestro necesario cuidado de la democracia. He elegido estas ocho quizás porque han sido las que más he echado de menos, tanto en mi ejercicio profesional como cuando he ejercido de política.

No sé si pueden valer o no. A mí sí me han valido, y por eso las cuento. Me ha valido no insultar en mi vida política. Me ha valido contar la verdad, sobre todo cuando me equivoqué y no logré hacer bien lo que hubiera debido o querido hacer. Me ha valido dejar participar a otros en lo público, escuchar y disfrutar con quienes se me han acercado y, por supuesto, me ha valido mucho tener datos claros de la realidad con la que tenía que actuar. Desde luego, lo que sí me ha valido muchísimo es recordar, y no olvidar, que los procedimientos, las normas, en fin, la burocracia, está para mejorar la vida de los demás y no para arrojarles al infierno de los papeles inútiles.

La lectura de los libros, con las reflexiones de los otros, ha significado para mí un estímulo constante y por eso me atrevo a comunicar las mías, por si pueden valer.

Es apasionante tratar de mejorar el mundo. Como en ese chiste del juego, en el que alguien exclama «¡Qué bueno es jugar y perder!», otro le corrige «Será ganar» y el primero responde: «Bueno, jugar y ganar es el cielo», conseguir mejorarlo es el cielo. Vale mucho la pena y, encima, me atrevo a afirmar que es una fuente de felicidad.

El porqué de las recetas

El porqué de las recetas

Quizás incluir algunas recetas en un libro de ideas sea algo sorprendente. Sin duda lo es, pero aun así me ha parecido interesante hacerlo.

Me acompaña siempre el afán de relacionar la vida privada con la pública. El afán de que lo público sea sencillo y útil. Hacer política debería ser sinónimo de cuidado, de cuidar a los ciudadanos que representamos. Guisar para alguien, guisar para los que queremos es uno de los más remotos hábitos de las madres de familia. ¿Por qué desaprovechar esas habilidades en lo público?

Lo público tan áspero, tan estirado, tan solemne necesita un pequeño empujón para convertirse en algo más prosaico y razonable que nos haga abandonar ese disfraz en el que los que tienen poder gustan tanto de esconderse.

Desde que el jurista Alonso Martínez nos entregó el Código Civil, el derecho civil pone siempre como ejemplo de prudencia y buen hacer en el cumplimiento de las obligaciones y contratos la diligencia del buen padre de familia. Me sorprende que en estos tiempos en los que la exigencia de igualdad entre hombres y mujeres es absoluta nadie haya optado por derogar esa expresión y no solo por el machismo que encierra.

La realidad sociológica aquí y en tantas otras partes del mundo nos habla de madres que asumen ellas solas en situaciones difíciles la dirección de la familia con abundante prudencia y buen hacer.

Entiéndase este anexo como un homenaje y una reivindicación a ese perfil orillado en nuestro Código Civil. No vendría mal en lo público la prudencia y el buen hacer de las madres de familia.

De las tres recetas que incorporo, la del pollo al curri y la de los bombones de patatas fritas las cociné en el ayuntamiento un día en el que recibí a un grupo de nuestros mejores chefs. No pusieron nada de mala cara y diría que les gustaron. Sobre las magdalenas… ¡qué os voy a decir que no sepáis!

Pollo al curri

La ventaja que tiene esta receta que me inventé hace tiempo es que conlleva muy poca manipulación y que es absolutamente compatible con preparar un informe, hojear un poco el periódico o leer el correo. Además, se conserva mucho tiempo superbién… diría que hasta mejora.

Como todas mis recetas siempre son un poco indeterminadas, en este pollo al curri no estoy segura de utilizar siempre los mismos ingredientes ni tiempos. Pero bueno, siempre sale bastante bien y, la verdad, cuantas más veces se hace más cambios e innovaciones caben. Esto es, por tanto, más o menos lo esencial.

INGREDIENTES

• 1 paquete de cebolla congelada. Claro, se pueden poner 3 cebollas frescas medianas, pero como siempre voy con prisa (la única vez que no he tenido prisa en toda mi vida creo que fue durante el aislamiento de la pandemia) prefiero utilizar la cebolla congelada que ya viene cortada.

• 2 pechugas de pollo cortadas en dados de 2 por 2 cm más o menos.

• ½ lata de cerveza.

• 1 pastilla de caldo de pollo.

• 1 taza y ½ de pasas sin pepitas.

• 1 lata de cerveza llena de agua.

• 3 cucharadas soperas de curri.

ELABORACIÓN

Poner la cebolla congelada con dos cucharadas soperas de aceite al fuego para que se haga un poco.

Añadir los dados de pechuga enseguida, la cerveza, el agua, la pastilla de caldo, el curri y las pasas y dejarlo cocinar a fuego suave unos 15 minutos hasta que el pollo esté tierno y la salsa trabada.

Queda muy bien si se acompaña con arroz blanco.

Bombones de patatas fritas

Esta es una receta superdivertida. La oí en la peluquería. Parece ser que la había contado una clienta con regocijo y alborozo de quienes la escucharon. Me hizo gracia la idea, así que probé a hacer algo parecido y me salieron unos riquísimos bombones.

INGREDIENTES

• tableta de chocolate con leche de calidad.

• bolsa de patatas fritas de unos 60 g.

ELABORACIÓN

En un tazón fuerte que resista el calor del microondas hay que poner la tableta de chocolate cortada en pedazos.

Calentar el chocolate en el microondas unos 30 segundos y con una cuchara de madera ir dándole vueltas. Después de voltearlo un poco, meter de nuevo en el microondas otros 30 segundos. Luego, como el tazón ya está caliente, poco a poco se va derritiendo. Hay que hacerlo bastante despacio, pues hay riesgo de que el chocolate se queme y entonces no vale para nada. Es decir, es mejor deshacerlo tranquilamente con el calor del tazón después de calentarlo los 30 primeros segundos y los otros 30.

Espachurrar con un rodillo la bolsa de patatas fritas. Si se sacan de un paquete más grande, que sean más o menos 60 g. En ese caso, se chafan poniéndolas en una bolsa de plástico y dándoles con el rodillo hasta que estén bastante desmenuzadas.

Luego se mezclan con el chocolate y se vierten en moldes de bombones (son de silicona y los hay en muchos sitios).

Por último, se meten en la nevera y en 2 horas o así están perfectos.

Magdalenas

Lo sé. Han hecho historia. Salen muy buenas.

INGREDIENTES

• 100 g de azúcar glas.

• 2 huevos.

• 100 g de mantequilla derretida.

• Un pellizco de sal.

• 100 g de harina con levadura (la venden como harina para hacer bizcochos).

• Un poco de azúcar blanca.

ELABORACIÓN

Antes de empezar a hacer nada es superimportante encender el horno a 180 °C y, si es posible, el ventilador.

Poner en una batidora el azúcar glas y los huevos y batir unos 6 minutos a velocidad media-baja.

Añadir la mantequilla derretida y batir 1 minuto a esa misma velocidad.

Agregar el pellizco de sal y, finalmente, añadir la harina con levadura y batir 2 minutos más.

Verter la mezcla en moldes de silicona, espolvorear con azúcar blanca y a continuación introducir las magdalenas en el horno.

Hornearlas durante unos 20 minutos. Se ve que están listas cuando han subido y están doradillas.

Notas

[1] Manuel Cruz, «¿Tiene lógica la política?», El País, 20 de junio de 2021, https://elpais.com/ideas/2021-06-20/tiene-logica-la-politica.html. <<

[1] David Mountain, «Could we force politicians to tell the truth?», openDemocracy, 13 de enero de 2019, https://www.opendemocracy.net/en/transformation/could-we-force-politicians-to-tell-truth/. <<

[2] Adela Cortina, «Un nuevo “marketing” político», El País, 18 de mayo de 2021, https://elpais.com/opinion/2021-05-18/un-nuevo-marketing-politico.html. <<

[1] Luigi Ferrajoli, «Marx y los derechos», Jueces para la democracia, n.º 100, 2021, pp. 163-178. <<

[1] Marta Fraile, «El valor de la empatía en política», El País, 3 de agosto de 2021, https://elpais.com/opinion/2021-08-03/el-valor-de-la-empatia-en-politica.html. <<