Entrega n.º 22 de la colección Cuadernos Historia 16 dedicado a la Segunda República española.

Manuel Tuñón de Lara

La Segunda República

Cuadernos Historia 16 - 022

ePub r1.0

Titivillus 20.11.2020

Título original: La Segunda República

Manuel Tuñón de Lara, 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

La Segunda República Española

Por Manuel Tuñón de Lara

Historiador. Catedrático de Historia Contemporánea.
Universidad del País Vasco

La crisis de Estado a que llegó el sistema institucional inspirado por Cánovas en el siglo pasado (al incurrir en el grave error de querer borrar, como si no hubieran existido, los siete años de Dictadura de Primo de Rivera) desembocó en un cambio de régimen político. En efecto, las elecciones municipales convocadas por el Gobierno, que, presidido por el almirante Aznar, reunía a los primates del más que quebrantado sistema, se convirtieron en una especie de referéndum.

La aplastante mayoría obtenida en todas las grandes ciudades por las candidaturas de la conjunción republicano-socialista (que no impide que fuesen elegidos en toda España más concejales monárquicos que republicanos, ya que el número de concejales no era proporcional al de electores, ni mucho menos) agravó al máximo la crisis. Dos días después, el 14 de abril de 1931, el comité revolucionario, que actuaba desde el otoño de 1930, se convertía en Gobierno provisional de la Segunda República y, por estatuto jurídico promulgado al día siguiente, él mismo se autolimitaba y se obligaba a convocar Cortes Constituyentes.

La proclamación de la República había sido una realidad apoyada por multitudes, en las grandes ciudades, durante la jornada del citado día 14 de abril. En Barcelona, el líder de Estat Català, Francesc Macià, había proclamado la República catalana, que pedía la creación de una Confederación de pueblos ibéricos; sin embargo, el nuevo Gobierno designó gobernadores civiles en aquellas provincias y capitán general de la región.

Tras un viaje a Barcelona del presidente del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora, la tensión se resolvió: se creó la Generalidad de Cataluña, presidida por Macià, y encargada de elaborar y someter a referéndum un proyecto de autonomía catalana que sería presentado a las Cortes.

El Gobierno provisional, al tiempo que convocaba elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio, intentaba atender las cuestiones de urgencia mediante una serie de decretos destinados a convertirse en leyes por aprobación del futuro Parlamento (como así fue).

Los decretos versaron, fundamentalmente, sobre cuestiones de trabajo en el campo, de educación y del ejército; fueron sus autores Francisco Largo Caballero, Marcelino Domingo y Manuel Azaña, ministros, respectivamente, de Trabajo, Instrucción Pública y Ejército.

Estos decretos dispusieron la obligatoriedad para los patronos agrícolas de dar trabajo prioritariamente a los braceros domiciliados en el término municipal de la finca; crearon los Jurados Mixtos de Trabajo Rural (medida que acarreó un alza importante de salarios agrícolas), extendieron al campo la jornada laboral de ocho horas y prohibieron momentáneamente los desahucios de pequeños arrendatarios agrícolas.

Otro decreto, transformación en ley en septiembre, llamado de laboreo forzoso, obligó a los propietarios, so pena de transferir el usufructo de sus tierras a los trabajadores, a tenerlas todas cultivadas y bien labradas, según los usos y costumbres del lugar. En cambio, un proyecto de ley de control obrero sobre todas las empresas (muy avanzado para su tiempo), presentado por Largo Caballero, no llegó nunca a las columnas de la oficial Gaceta de la República, es decir, que no llegó a promulgarse.

Los decretos de Instrucción Pública crearon 6.750 nuevas escuelas y 7.000 nuevos puestos de maestros, cuyos sueldos fueron muy aumentados. Igualmente se crearon bibliotecas y Misiones Pedagógicas para la difusión cultural en los medios rurales, y en virtud de la separación de la Iglesia y el Estado se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza de religión en las escuelas.

Alegoría de la Segunda República Española.

Los decretos de Azaña fueron de diversa naturaleza; uno, del 23 de abril, pedía a todos los generales, jefes y oficiales que jurasen fidelidad al nuevo régimen; otro, promulgado cuarenta y ocho horas más tarde, brindaba a cuantos generales, jefes y oficiales lo deseasen, la posibilidad de pedir el retiro y seguir percibiendo el sueldo íntegro.

Respondían ambos decretos no sólo a un propósito de juego de caballeros, ofreciendo una salida a los militares cuyas convicciones les impidiesen seguir sirviendo al Estado; obedecían también a la necesidad de descongestionar un cuerpo de mandos militares muy desproporcionado para las fuerzas que en realidad se mandaban.

Con ello Azaña consiguió la salida de casi diez mil jefes y oficiales. Por otros decretos, redujo a ocho divisiones orgánicas (que sustituían a las antiguas Capitanías Generales) las 18 que existían hasta entonces, más sobre el papel que efectivas.

Otros decretos produjeron mayor malestar y tendrían consecuencias: así, la supresión de la Academia Militar de Zaragoza, que dirigía el general Franco, y la anulación de todos los ascensos por elección o por méritos de guerra realizados durante la Dictadura (septiembre de 1923-enero de 1930).

Crisis antigua

Presidido por un ex ministro de la Monarquía, Niceto Alcalá Zamora, y formado sobre amplia base (desde la derecha liberal republicana hasta el Partido Socialista, representado por tres ministros, pasando por radicales y una gama de republicanos de izquierda), este Gobierno republicano, que se constituía al anochecer del 14 de abril, se enfrentaba a una honda crisis de la sociedad española.

La crisis, tras la derrota colonial, de los valores establecidos por el bloque de poder se hizo más tarde crisis política, desacreditando por completo a los partidos del antiguo régimen, e incluso crisis de Estado, en la coyuntura de 1917 a 1920.

El remedio propuesto fue la Dictadura de Primo de Rivera en 1923. Su fracaso condujo a una nueva crisis de Estado en los años 1930-1931.

El cambio democrático, la adopción de una república basada en la soberanía popular, significaba que, por vez primera, las élites políticas emanadas del bloque socialmente dominante cedían sus puestos en los centros de decisión y en las instituciones superiores a representantes de clases medias, de la intelligentzia pequeño-burguesa y de la clase obrera organizada.

Aquel Gobierno, y los que le sucedieran, se enfrentaba a una crisis con factores, por un lado, permanentes o estructurales y, por otro, momentáneos o coyunturales.

En grandes líneas, la modernización de España había sufrido un considerable retraso; era un país con estructuras agrarias muy desiguales y arcaicas; de acumulación de capital muy limitada (fundamentalmente por los negocios antillanos en el siglo XIX y la exportación de minerales a] final del mismo, y luego por el boom de 1915-1920 al socaire de la guerra mundial); con una industria que producía sólo para un mercado interior de débil demanda y que subsistía gracias a la barrera arancelaria más elevada de Europa, y con una agricultura cerealista igualmente protegida y una moderna, periférica, que ya tenía un puesto en los renglones de exportación.

Así y todo, las industrias básicas y la producción de energía eléctrica estaban en poder de seis grandes grupos financieros con vínculos mutuos entre ellos y con la alta burguesía agraria. Todos eran una de las oligarquías más cerradas de Europa.

A ese sistema de grandes familias, apoyado en los notables locales de las zonas agrarias, se adaptaba una Iglesia que identificaba religión y orden social, y un Ejército empleado con frecuencia en servicios de represión que no eran los suyos y del que buena parte de sus miembros había tomado una mentalidad de tipo colonial y autoritario tras la guerra de Marruecos.

A los citados problemas se añadían otros también muy antiguos. En realidad, el centralismo de los siglos XVIII y XIX no había hecho sino yuxtaponer normas jurídicas y administrativas, sobre la diversidad institucional y cultural de los antiguos reinos de España, sin lograr auténtica unidad.

El atraso económico y la muy tardía aparición de un mercado nacional influyeron, sin duda, como factores de disociación, y en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX se fue formando lo que puede llamarse una conciencia de nacionalidad histórica, que cristalizó en grupos y actitudes que aspiraban a la autonomía o al autogobierno.

Los republicanos legitimaron por adelantado las aspiraciones catalanas en el llamado Pacto de San Sebastián (agosto de 1930). Ese estado de conciencia era también muy fuerte en el País Vasco, donde se expresaba por una corriente moderada y católica.

Francés Macià anuncia la proclamación de la República desde
el balcón del Palacio de la Generalitat, el 14 de abril de 1981.

Más que como cuestión aparte conviene añadir, como un elemento que se integra en la totalidad del problema español, el evidente atraso educativo, no sólo por los elevados porcentajes de analfabetismo (33 por 100), sino también ante la ausencia de formación técnica básica y superior y de investigación científica. Que España contase con científicos eminentes (Ramón y Cajal, Bolívar, Del Río Hortega, Teófilo Hernando, Moles o Duperier) no se contradice con la ausencia de investigación organizada.

La penuria en educación y ciencia se re: vela en las cifras presupuestarias: el presupuesto de Instrucción Pública no llegaba al 8 por 100 de los Presupuestos Generales del Estado; de éstos, el 20 por 100 se destinaba a Ejército y Marina, y el 23 por 100, a pagar intereses de la Deuda pública (el endeudamiento del Estado español venía de muchos decenios atrás, y no fue este el menor de los problemas que debieron afrontar ministros de Hacienda demócratas, como Indalecio Prieto y Josep Carner).

Sin duda, 1931 y los años siguientes, no fueron propicios para que la República española prosperase; aunque la crisis económica mundial no repercutió a fondo en España hasta 1932, la depreciación de la peseta iniciada en los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera y el crecimiento del paro forzoso, en pleno ascenso desde la política deflacionista de Argüelles (ministro de Hacienda del general Berenguer) en 1930, constituyeron un crítico panorama que se agravaría con el retorno de emigrantes en los años sucesivos y con las dificultades de las pequeñas empresas para soportar el aumento de los gastos sociales de producción (consecuencia del alza de salarios en una economía cuyas explotaciones pequeñas y medias estaban descapitalizadas y la agricultura sin mecanizar).

A estos problemas se añadía la vetustez de los aparatos del Estado español, Porque la crisis de Estado, salvada in extremis en 1931, dejó inamovible todo el cuerpo administrativo del Estado, desde Hacienda hasta las Secretarías de Ayuntamiento, todo el cuerpo diplomático con su particular sentido de clase y, naturalmente, todo el Ejército y las fuerzas de seguridad.

Los Gobiernos republicanos cambiaron las cúpulas: ministros y subsecretarios, gobernadores civiles, jefaturas de divisiones orgánicas y altos responsables policiales; pero, a veces, ni eso.

Las cúpulas se asentaron sobre el personal que siempre integró los aparatos de Estado. De esta manera, el bloque socialmente dominante, desplazado de los centros políticos decisorios (del llamado poder), ejercía poderosísima influencia ideológica en el funcionariado, originario de clases medias.

La incidencia de los factores ideológicos y de los estados de ánimo se hizo patente en la crisis española a partir de 1931. La separación de la Iglesia y el Estado, que en ocasiones adquirió matices anticlericales, produjo virulentas reacciones por parte de un sector de la Iglesia (el integrista, decidido enemigo del régimen democrático) y mucho más sutiles, aunque no menos efectivas, por parte del sector moderado, inspirado directamente por el Vaticano, a través de su secretario de Estado, monseñor Pacelli (que será Pío XII desde 1939).

Por inspiración vaticana (hoy perfectamente documentada en el Archivo Vidal y Barraquer) se creó, en abril de 1931, un partido (Acción Nacional, que luego cambiaría su nombre por el de Acción Popular), en torno del cuál se vertebró, desde 1932, el gran partido de la derecha católica, la CEDA. En su dirección figuraban propietarios de fincas rústicas, crispados desde los comienzos del nuevo régimen contra cualquier posibilidad de reforma agraria.

Un hecho red, que pudo producirse con intenciones provocativas o no, y que resultó, en efecto, una gigantesca provocación contra la República, fue el incendio de numerosos conventos de Madrid el 11 de mayo de 1931, seguido de otros análogos, al día siguiente, en varias ciudades andaluzas y del País Valenciano.

Cientos de miles de católicos españoles, que dudaban ante el nuevo régimen, creyeron desde entonces en la equívoca identificación que la jerarquía eclesiástica y los partidos de derecha hacían, con evidente ligereza: la defensa de la religión es igual a la defensa del orden social.

Otros factores ideológicos y de mentalidad —y no necesariamente la religión— contribuyeron a crear un espíritu de crisis y, concretamente, de crisis económica.

En primer lugar, el inmenso recelo de los poseedores de riqueza y, sobre todo, de quienes manejaban la moneda ante un nuevo régimen basado en la democracia y con participación del Partido Socialista en el Gobierno. No citamos fuentes demagógicas al referirnos a la crisis de confianza producida por los sucesos conocidos (es decir, la proclamación de la República), sino la Memoria del año 1931 destinada a la Junta Genera] del Banco Español de Crédito. A su vez, e] Consejo de Administración del Banco de España (entonces de propiedad privada) ge enfrentó con la política financiera de Indalecio Prieto (que era de la más estricta ortodoxia capitalista) y exigió la moderación de las reformas sociales, en rara coincidencia de fecha (agosto de 1931) y tono con la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, que eran entonces los más poderosos terratenientes, alarmados por la posibilidad de una reforma agraria cuyo anteproyecto no estaba perfilado.

Lo que podremos seguir llamando con el eufemismo de crisis de confianza (que era, en realidad, un reflejo de clase asaz primario) generó en los primeros meses de la República una fuga de capitales que, sumada al atesoramiento, ascendió a 1.400 millones de pesetas en agosto de 1931; la carencia de liquidez produjo suspensión de adelantos del Banco de España al resto de la Banca y de ésta a la industria y comercio, y se estuvo a punto de colapsar todo el ramo de la construcción, que, en su mayoría, dependía del crédito a corto plazo.

Los reflejos de mentalidades de clase, por uno y otro lado, agravaron la situación en el campo, donde los enfrentamientos se multiplicaron; con frecuencia, los patronos se negaron a cumplir la ley de laboreo forzoso de las tierras en Andalucía y Extremadura, mientras que en Castilla la Vieja la derecha clásica buscaba su implantación de masas (CEDA, sindicatos católico-agrarios) y en Navarra dominaba el carlismo.

Estos factores ideológicos y específicos de crisis incidieron sobre el fondo de la gran depresión económica mundial, cuyos efectos fueron importantes en España a partir de 1932 (caída de exportaciones, regreso masivo de emigrantes, descenso de pedidos a las industrias de cabecera y desempleo.

Constitución y elecciones

Las Cortes Constituyentes habían votado una Constitución, el 9 de diciembre de 1931, según la cual todos los poderes emanaban del pueblo y el régimen se definía como República de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia.

En puridad, esta Constitución, redactada por una comisión parlamentaria que presidió el catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa, se inspiró fundamentalmente en las Constituciones alemana y austriaca de 1919 y 1920, respectivamente, y algo también en la checoslovaca de la misma época y en la de México de 1917.

La Constitución contenía una amplia declaración de derechos, separaba la Iglesia del Estado, prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas y disolvía, sin nombrarla, la Compañía de Jesús.

Estos aspectos anticlericales fueron la parte más controvertida de la Constitución, pues la derecha sociológica encontró una serie de apoyos populares diciendo que defendía la religión contra la izquierda, cuando en realidad defendía sus intereses de clase. Algo análogo ocurrió con las autonomías regionales, admitidas por la Constitución, que fueron presentadas como un atentado contra la unidad de España.

En fin, la Constitución proclamó la igualdad de derechos electorales entre las personas de ambos sexos, el divorcio vincular y la expropiación y socialización de bienes mediante indemnización.

Alfonso XIII.

Manuel Azaña.

Manifestación de júbilo en la Puerta del Sol de Madrid el 14 de abril de 1931.

En 1932, las Cortes discutieron y votaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Bases de la Reforma Agraria, no sin vencer una tenaz obstrucción de los grupos parlamentarios de derechas y de los grupos de presión encabezados por la Unión Económica, que reunía a todas las organizaciones patronales. Azaña, jefe del Gobierno formado en diciembre de 1931, consiguió el voto de esas dos leyes, aprovechando el estado de opinión creado tras el fracaso de un golpe militar de Sanjurjo y otros generales el 10 de agosto de 1932.

Antes de que acabara el año, una ley de cultivos intensivos permitió conceder el disfrute de tierras por dos años a los yunteros de Extremadura, que tenían aperos y animales, pero trabajaban en las tierras de los grandes propietarios.

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la mayoría al centro, representado por el Partido Radical de Lerroux, y a la derecha, encabezada por Gil-Robles (Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA). Durante nueve meses hubo Gobiernos radicales presionados parlamentariamente por la derecha, de cuyo voto dependían.

La situación se puso más tensa: en el campo, la patronal agraria pasó a la ofensiva contra los trabajadores sindicados, rebajando, de hecho, los salarios. El Parlamento de Cataluña votó una ley de cultivos que, a petición del Gobierno, declaró inconstitucional el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Esta ofensiva, a la vez social (la ley favorecía a los arrendatarios pobres) y contra la autonomía, fue acompañada de medidas de Hacienda (una desgravación de vinos) que los vascos consideraron lesiva para los conciertos económicos, creándose, en el verano de 1934, un frente antigubernamental en el País Vasco, que iba desde los nacionalistas hasta los socialistas.

El Partido Socialista —que no había perdido votos, pero sí la mitad de los diputados, a causa de la desunión electoral de la izquierda y de la ley electoral, que primaba a la mayoría— reaccionó con una radicalización, que en parte se explicaba también por el clima político europeo.

Hitler, que había subido al poder en enero de 1933, se deshacía de quienes podían estorbarle y afianzaba su dictadura tras el 30 de junio de 1934; en febrero del mismo año, el canciller cristiano-populista de Austria, Dollfuss (cuya política muchos creían emparentada con la de Gil-Robles), deshacía a cañonazos los barrios populares del municipio socialista de Viena e implantaba un autoritarismo antimarxista.

En España, el Partido Socialista pareció optar por una lucha frontal contra el peligro de que el Estado se deslizase a posiciones más o menos fascistas: aunque estimuló una Alianza Obrera (sólo efectiva en Asturias), preparó una insurrección armada, apoyada en la huelga general, como respuesta a la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux el 4 de octubre de 1934.

La revolución sólo triunfó en Asturias (allí se formaron órganos unitarios del movimiento constituidos por socialistas, anarcosindicalistas y comunistas). Duró dos semanas, siendo al fin vencida por tropas del Tercio y de Regulares, que el general Franco, a quien el Gobierno confió la lucha contra la revolución, hizo venir de Marruecos.

En el resto del país, los obreros dominaron durante varios días en la zona minera de Vizcaya y en algunas localidades aisladas. En Madrid, la huelga fue total, pero fracasó el asalto armado al poder encomendado a las Milicias Socialistas por un comité que dirigía Largo Caballero.

Al mismo tiempo, pero sin coordinación previa con los socialistas, el Gobierno autónomo de Cataluña, presidido por Companys, se alzó en defensa de la democracia y contra el fascismo. Sin el apoyo de la CNT, el Gobierno se rindió a los dos días al. Ejército a las órdenes del poder central.

Una república de centro-derecha

El Gobierno centro-derecha presidido por Lerroux, al que meses después se incorporaría Gil-Robles como ministro de la Guerra, reprimió con dureza la revolución fallida de octubre; se encarceló a más de 30.000 personas, se expulsó de su trabajo a muchas más y se prohibieron las actividades y la prensa socialistas y comunistas.

El Gobierno de lo que hoy se llama en términos coloquiales el bienio negro se dedicó a deshacer la obra legislativa del primero, tal como lo pedía la derecha; se derogaron los decretos sobre el campo, se suspendió la aplicación, apenas iniciada, de la reforma agraria y se votó, en agosto de 1935, una verdadera ley de contrarreforma agraria.

Quedó en suspenso el Estatuto catalán (Gil-Robles y la CEDA querían derogarlo) y Cataluña fue administrada por un gobernador general nombrado por el Gobierno central; también se bloqueó en las Cortes todo intento de discusión del Estatuto del País Vasco, que había sido aprobado por referéndum en noviembre de 1933.

Los altos mandos del Ejército recayeron en militares nada afectos a la democracia; subsecretario de Guerra fue el general Fanjul, que se había destacado en las Cortes por su virulenta hostilidad al régimen; para jefe del Estado Mayor Central se designó al general Francisco Franco.

El año 1935 no fue, sin embargo, nada favorable a las derechas, aunque tuviera en sus manos la mayoría del Gobierno (de los trece ministros del Gobierno formado en mayo de 1935, sólo tres eran republicanos el 12 de abril de 1931). La represión acarreó, en contrapartida, vivas corrientes de simpatía hacia los presos y perseguidos políticos, manifiestas en las campañas por evitar que González Peña y otros militantes asturianos fueran fusilados como el sargento Vázquez.

Guardias civiles en Barcelona tras los sucesos de octubre de 1934.

Alcalá Zamora preside una reunión del gobierno Samper, agosto de 1934.

Los partidos obreros y republicanos, los sindicatos y las organizaciones juveniles se plasmaron en un órgano de unidad, el Comité de Ayuda, prefiguración del Frente Popular.

Hay razones para decir que las formas pragmáticas de lo que se llamó unidad obrera y unidad antifascista fueron de muy diverso corte y anteriores a las formulaciones y textos de la Internacional Comunista (más vacilante sobre el tema de lo que suele creerse); por el contrario, coincidieron en e] tiempo con las elecciones municipales de mayo en Francia y la concentración popular del 14 de julio en París, punto definitivo de partida del Frente Popular francés.

En este clima de reducción del consenso que respaldaba al Gobierno, un escándalo de soborno —el llamado Straperlo, ruleta inventada por un aventurero internacional— en el que resultaron implicados altos cargos del Partido Radical, incluso el hijo adoptivo del jefe del Gobierno, dio al traste con la mayoría radical-cedista.

Durante el otoño de 1933, dos Gobiernos presididos por el antiguo ministro monárquico y experto en Hacienda Joaquín Chapaprieta subsistieron difícilmente; Chapaprieta dejó el Gobierno cuando Gil-Robles y la CEDA le negaron su apoyo.

Un Gobierno de centro presidido por Portela Valladares (también del antiguo régimen, aunque como ministro de la Gobernación se hubiera labrado la reputación de resistir a las presiones de Lerroux y Gil-Robles) duró sólo quince días, porque la CEDA quería actuar indirectamente sobre él.

Era el 31 de diciembre, y nadie sabía entonces que Fanjul y Goded habían propuesto un golpe de fuerza el 11 de diciembre, al cesar Gil-Robles como ministro, con la aquiescencia de éste, que se quedó una noche en vela esperando; pero el general Franco pensó que la situación no estaba madura. Por el contrario, el presidente Alcalá Zamora dio el decreto de disolución de Cortes a un nuevo Gobierno Portela, más vinculado al jefe del Estado, que convocó elecciones legislativas para el 16 de febrero.

Ante el imperativo de formar unas candidaturas, en enero de 1936 nació de manera forma] el Frente Popular, con un programa en apariencia modesto: aplicar las leyes del primer bienio, es decir, la reforma agraria, las autonomías regionales, la extensión de la educación y, como cuestión previa e insoslayable, la amnistía de todos los presos políticos y la vuelta a sus puestos de trabajo de todos los represaliados por la patronal tras la huelga genera] de 1934.

En apariencia, decimos, era un programa moderado y de compromisos (los socialistas accedieron a que se suprimiera de él la nacionalización de la Banca), pero con un potencial de transformación legal revolucionaria de primer orden.

Aplicar el programa del Frente Popular podía significar tanto como volver a la imagen democrática que ilusionó a las mayorías en 1931-1932, pero en una coyuntura más dramática, cuando ya se sabía que la otra opción era el fascismo, cuando ya los militantes obreros eran decapitados con hacha en la Alemania de Hitler, donde también existía ya el siniestro campo de Dachau, cuando las fuerzas fascistas de Mussolini habían ocupado Etiopía.

Lo que suele llamarse la derecha española, es decir, el bloque socioeconómico dominante y las capas sobre quienes influía ideológicamente, no había variado en nada su imagen de España ni su proyecto sobre la misma. En nombre de la salvación de la Patria ya habían pactado con Mussolini los representantes de la extrema derecha (Tradicionalismo y Renovación Española, acompañados del general Barrera), a fin de recibir armas, dinero y formación militar para derribar la democracia española.

Dinero recibía también Falange Española, organización mimética de fascismos extranjeros, ayuda esta que hoy ha sido completamente documentada. Incluso el sector juvenil del populismo cristiano de Gil-Robles, las Juventudes de Acción Popular, proclamaban en los medios de comunicación un antimarxismo excluyente: O ellos o nosotros, o España o la anti-España.

En puridad, nadie en España había asimilado los mínimos elementos en que reposa la idea de democracia, la formación de la roussoniana voluntad general. Se ha hablado, de bipolarización: en cierto modo, se fue hacia ella, pero no totalmente; no puede olvidarse que la izquierda popular y obrera tenía dos grandes ramas, la socialista y la anarcosindicalista o libertaria, y otra más pequeña, la comunista. Que en Cataluña y País Vasco había grandes partidos nacionalistas de tipo radical popular en uno, y demócrata-cristiano en otro; que la derecha contaba con el accidentalismo populista de Gil-Robles, el integrismo del Bloque Nacional (formado por Renovación Española y los Tradicionalistas, con Calvo Sotelo a la cabeza) y el sector falangista, que actuaba por su cuenta. Había también una derecha catalana, la Lliga, que no proyectaba una guerra, aunque luego algunos de sus dirigentes cumplieran, cuando vino el caso, los más feos papeles en ella.

Decimos, en resumen, que no había una total bipolarización de fuerzas políticas en España y que, de haberla, podía haber transitado por el camino de la alternancia si se tratase de una sociedad moderna. Pero la España de 1936 era todavía una sociedad arcaica, en la que agricultura mesetaria e industria subsistían gracias a los aranceles más elevados de Europa, en que la Monarquía, la Democracia, la Dictadura e incluso el Liberalismo no habían sido más que armas arrojadizas.

La siniestra proposición de Angel Ganivet, ideólogo tan brillante como reaccionario, a finales del XIX, de arrojar un millón de españoles a los lobos (y entonces sólo eran 18 millones) parecía cosa adoptada por cualquier español, sin medir sus consecuencias.

Resultaría ocioso repetir que la transformación del adversario político en enemigo de la nación al que es preciso marginar o liquidar formaba parte de las concepciones fascistas que, conscientemente aceptadas por Falange de las JONS, ganaron más o menos fragmentariamente a otros políticos y grupos de la derecha, con Calvo Sotelo en cabeza. Estos se expresaron en la revista Acción Española y condicionaron, aunque de manera menos consciente, actitudes de la CEDA en cuya dirección pesaba mucho la gran patronal agraria.

Forzosamente, la idea de convertir al adversario en enemigo y eliminarlo encajaba bien en un ejército, porque los ejércitos suelen estar hechos para eso con el objeto de defender el país; pero cuando la defensa de éste se confunde con la anulación política, moral y a veces física de más de la mitad de los miembros de ese mismo país, se está al borde de la hecatombe.

Y así se estaba ya en España cuando se abrieron los comicios electorales el 16 de febrero de 1936, a pesar de que en la campaña electoral no hubo graves incidentes, y todo se redujo al tremendismo verbal de un Calvo Sotelo por la contrarrevolución y de Largo Caballero por la revolución.

Desde 1931, la Iglesia había continuado su doble juego de tener un sector relativamente conciliador, representado por el nuncio y por Acción Católica, con la estrategia de penetrar en las instituciones republicanas para salvar la religión y el orden social; el otro sector, integrista (a cuya cabeza estaba, en 1931, el primado Pedro Segura, a quien Roma tuvo que sacrificar cuando se comprobó documentalmente que quería sacar de España los bienes de la Iglesia y venderlos contra títulos de valor extranjeros), confiaba en el cuarteamiento progresivo de las instituciones republicanas; no valía la pena pactar con ellas porque acabarían desplomándose.

El representante más lúcido y honesto de la primera tendencia fue el arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer, quien desde su solio de la Conferencia Episcopal dirigió prácticamente la Iglesia española durante el primer bienio; en 1934 pasó a segundo plano, pues fue nombrado arzobispo primado de Toledo (para sustituir a Segura) el prelado Enrique Gomá.

Ni el nombramiento de un ministro español, Pita Romero, como embajador permanente en el Vaticano en 1934, ni la carta de los arzobispos Vidal y Barraquer e Iüundain a Pacelli, el 20 de noviembre de 1934, consiguieron variar la línea de conducta vaticana, ya influida por el sector integrista. En enero de 1935, una decisión de la Congregación de Asuntos Extraordinarios con el Vaticano cerró el paso a todo posible acuerdo concordatario con la República española (a pesar de que ésta, de hecho, no estaba aplicando la Ley de Congregaciones promulgada en 1933).

La verdad era que al Vaticano no le bastaba un Gobierno de derechas, si éste admitía la alternancia; el Vaticano necesitaba la muerte de la República española y su sustitución por un régimen autoritario sin peligros de cambio.

Cuando en enero de 1936 los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco acudieron a Roma, no los recibió Pacelli, sino el cardenal Pizzardo, que les dijo: Ya sé que son ustedes católicos. Pues bien, ¿por qué no se unen con la CEDA? Porque les repito que de estas elecciones depende que España sea la de Cristo o la de Lenin.

Durante el bienio rectificador, la situación internacional de España fue bastante ambigua; por el lado más oficial (el de los ministros de Estado Pita Romero y Rocha) seguían buenas relaciones con Francia, y se firmó un tratado de comercio con una cláusula (secreta) en la que se estipulaba la venta de armas de Francia al Gobierno español. Pero, por otro, los medios influyentes de la CEDA estaban en contacto con los industriales alemanes (Krupp) para obtener la compra de armas por el Estado español.

Las relaciones auténticas con el Gobierno de Hitler fueron muy estrechas durante los años 1934 y 1935; en marzo de 1935, el Gobierno de radicales y cedistas expresó al Gobierno alemán sus propósitos de establecer un intercambio entre la Gestapo y la Policía española; en septiembre del mismo año se llegó a un acuerdo de principio entre Gil-Robles y un agente confidencial de Alemania, el barón Rolland, para intercambio de noticias militares y policiales.

Francisco Largo Caballero

José Antonio Primo de Rivera.

Caricatura de la revista Gracia y Justicia sobre las divergencias surgidas entre el
radical Alejandro Lerroux y sus antiguos compañeros de coalición Azaña y Prieto.

Sin embargo, y contra lo que suele creerse, estos intercambios prosperaron poco o nada; la evolución de la política española enfrió las relaciones entre los dos Gobiernos. Nada se sabe de los contactos que al parecer hubo, hasta febrero de 1936, entre la Abwehr hitleriana y la Dirección General de Seguridad.

Las relaciones con Italia se caracterizaron por la debilidad de los Gobiernos españoles del bienio, que se negaron (principalmente Lerroux y Gil-Robles en el Ministerio de la Guerra) a la fortificación de Baleares, asunto en el que insistía en vano Alcalá Zamora y también el embajador francés, Herbette.

Mientras tanto, Italia —con Ciano e Italo Balbo en primer lugar— seguía un doble juego y ayudaba con armas, dinero, etcétera, a derribar la democracia española, pactando, en 1934, con Goicoechea y los tradicionalistas, y más tarde, ya en la primavera de 1936, con Calvo Sotelo, Rodezno y el inevitable Goicoechea, según ha quedado hoy documentado por Sainz Rodríguez (intermediario para el pacto de 1936) y Angel Viñas en sus investigaciones.

Poco parecía saber de esa ambigüedad el Gobierno radical-cedista, que si votaba en la SDN las sanciones a Italia por su agresión a Etiopía, procuraba ausentarse de Ginebra al aplicar dichas sanciones.

Elecciones

En las elecciones de febrero de 1936, para 473 puestos a elegir se presentaron 977 candidatos. En 31 circunscripciones, la lucha era frontal; por un lado, la derecha, desde agrarios y cedistas hasta monárquicos del Bloque Nacional y tradicionalistas (es decir, carlistas). Todos salvo Falange, por no haber llegado a un acuerdo con ella.

Enfrente, la candidatura presentada por el Frente Popular; este fue el caso de Madrid, Barcelona (donde el Frente Popular se llamaba Front d’Esquerres) y el resto de Cataluña, Asturias, Sevilla y provincia, Zaragoza capital, etcétera.

En otros sitios hubo lucha triangular; en el País Vasco la derecha, por un lado; el Frente Popular, por otro, y en medio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En 27 circunscripciones hubo lucha tripartita, donde hizo su presencia el llamado centro, ya en forma de conservadores republicanos de Miguel Maura, de amigos políticos de Alcalá Zamora, de autonomistas valencianos o de simples restos del Partido Radical.

El resultado electoral dio el triunfo al Frente Popular en 37 circunscripciones y en todas las ciudades de más de 150.000 habitantes. Se supo, aquella noche, que los frentepopulistas contaban con 257 diputados, la derecha con 139 y el centro con 57.

Ciertamente, se imponía una segunda vuelta, por falta de quorum, en todas las circunscripciones vascas (excepto Bilbao capital y su ría), Soria y Castellón, pero cualquiera que fuese su resultado no podía ya impedir el triunfo de la izquierda (cuando votaron, más tarde, Guipúzcoa y la provincia de Vizcaya dieron la mayoría al PNV, Alava a la derecha, Castellón al Frente Popular y Soria al centro republicano).

Azaña y Tedeschini, octubre de 1931.

Aquella noche, el espectro del golpe de fuerza planeó de nuevo sobre una España que quería ser democrática; el general Franco, que seguía siendo el jefe del Estado Mayor Central, llamó al general Pozas, director general de la Guardia Civil, y al ministro de la Guerra, general Molero, para proponerles la declaración del estado de guerra; Gil-Robles despertó a Portela Valladares, en la madrugada, con análoga propuesta, reiterada más tarde al jefe del Gobierno por el mismo general Franco, quien, a la vez que se mantenía en contacto con el jefe de la CEDA por dos enlaces, esperaba los sondeos que hacían los generales Goded, Fanjul y Rodríguez del Barrio para sublevar las guarniciones militares. Es fácil colegir que el 17 de febrero pudo bien ser un 17 de julio por adelantado sin primavera trágica y sin pretextos de ninguna clase como no fuera el santo temor a la democracia de la oligarquía española.

José Calvo Sotelo, dirigente de la oposición conservadora.

Cartel comunista que celebra el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

Aguantó, como pudo, Portela, al que también presionó, con violencia verbal, Calvo Sotelo; tras no pocas vacilaciones, abandonó la presidencia del Gobierno el día 19 por la mañana, cuando ya las multitudes habían liberado a los presos en la mayoría de las grandes ciudades.

Caía la noche de aquel 19 de febrero cuando Manuel Azaña, venciendo sus reticencias, formó un Gobierno de republicanos de izquierda (apoyado parlamentariamente por socialistas y comunistas), que decretó la amnistía y el reingreso en sus puestos de trabajo de los represaliados de octubre.

El Gobierno autónomo de Cataluña salió del penal de Puerto de Santa María, haciendo un viaje triunfal hasta Barcelona. Reunido el Parlamento el 1 de marzo, reeligió a Companys presidente de la Generalidad.

Las Cortes de la Segunda República se caracterizaron por el gran fraccionamiento de sus minorías y las oscilaciones de la mayoría parlamentaria después de cada elección.

¿Cuál había sido, en realidad, el resultado de las elecciones? El 16 de febrero, el voto se repartió como indica la obra de Javier Tusell, que, aun con limitaciones metodológicas, parece la más aceptable y de redoblada solvencia, al carecer el autor de la menor proclividad hacia el Frente Popular: votaron 9.864.783 electores, lo que supuso una participación del 72 por 100 del censo: 4.645.116 votos optaron por el Frente Popular, 125.714 por el PNV, 400.901 por diversas candidaturas del centro y 4.503.524 por las derechas.

Sin embargo —y esto lo añado yo—, se suele olvidar en estas estimaciones que las candidaturas etiquetadas como de derechas reunieron en muchas provincias a personas del centro de tipo liberal; fue el caso de muchos radicales, de melquiadistas…

Las elecciones de la segunda vuelta marcaron la importancia de los nacionalistas vascos y de los conservadores de Maura, pero aumentaron también los votos frentepopulistas, así como las varias rectificaciones cuantitativas de la comisión parlamentaria de actas.

Una vez más hay que segar el trigo en verde, escribió Azaña en su Diario no sin lucidez, al hacerse cargo nuevamente del Gobierno. Para muchos se abría una etapa de esperanza. ¿Sería simple ilusión, como la de 1931?

La verdad es que la coyuntura histórica de enfrentamiento había llegado a un punto de mucha mayor tensión; las clases del bloque socioeconómico dominante, que habían acariciado la recuperación del poder político durante el bienio rectificador, se desesperaron tras la derrota electoral, echaron la culpa a Gil-Robles y a la política de penetración pacífica en las instituciones y pasaron a la organización de contrapoderes para una acción violenta contra una democracia que, de consolidarse, podía serles muy perjudicial.

Diego Martínez Barrio, Presidente de las Cortes de la República y futuro Presidente de la misma.

El texto del Bloque Nacional, con Calvó Sotelo a la cabeza, hecho público tras la pérdida de elecciones, es muy significativo. Proclamaba la urgencia de coordinar las fuerzas contrarrevolucionarias para una eficaz defensa del orden social. Está claro; como clara había estado la ayuda económica a las candidaturas de derecha de la Asociación de Propietarios Rústicos. También se reunían numerosos generales en la primera semana de marzo para acordar un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España.

Apenas dos semanas tras las elecciones, varios grupos emergían del bloque dominante para defender el orden, aunque todavía no se habían producido la mayoría de hechos que luego sirvieron de argumento y pretexto a los sublevados de julio.

Como acertadamente ha señalado en su tesis Santiago Vareta Díaz, la diferencia entre la legislación del Gobierno apoyado por el Frente Popular en 1936 y la del Gobierno de 1931-1933, también presidido por Azaña, estriba sencillamente en que en el primer caso citado lo legislado se aplicó rápidamente, mientras que en el primer bienio se aplicó poco o nada.

El Gobierno Azaña

Esta es la única radicalización de la primavera de 1936. Pero es obvio que esa misma política condujo a que, sobre todo en los medios rurales (y todavía 30 provincias tenían mayoría absoluta de población agraria), se invirtiera la correlación de fuerzas sociales, y los trabajadores del campo se adelantaron a veces, si no a la ley, si a su aplicación; este fue el caso de la ocupación de unas 3.000 fincas en Badajoz, el 25 de marzo, por decenas de millares de campesinos; se trataba de la reinstalación de los yunteros, ya decretada, pero todavía no aplicada.

El 20 de marzo, el Ministerio de Agricultura autorizaba al Instituto de Reforma Agraria a ocupar inmediatamente cualquier finca, por causa de utilidad social: desde marzo a julio de 1936 se expropiaron más de medio millón de hectáreas, entregadas a los campesinos, que, casi siempre, empezaron a explotarlas colectivamente. Las relaciones de producción empezaban a cambiar en el campo y, como dice el profesor Sevilla-Guzmán, la república burguesa estaba tornándose, por primera vez, en una auténtica república de trabajadores. El pronunciamiento militar del 17 de julio —añade— evitó que ello Llegara a realizarse.

Gil-Robles, que entonces manipuló cifras y contribuyó desde el Parlamento a crear el clima que justificase la sedición antidemocrática, lo ha dicho implícitamente años después: En la primavera de 1936 no existía un complot comunista, según han pretendido hacer creer los historiadores de la España oficial: pero se había iniciado una revolución agraria que Llevó el desorden y la anarquía a una gran parte del campo español.

Representación de un requeté durante la guerra civil, según ilustración de Sáenz de Tejada.

Ese desorden era insoportable para la fracción más retrógrada de las clases dominantes; los mecanismos ideológicos de la hipostatización se pusieron en marcha y, con ellos, los de una conspiración cuya punta de lanza serían los sectores más agresivamente derechizados del Ejército, la organización paramilitar tradicionalista (los requetés), la Falange y el sector prototalitario que se desgajaba de la CEDA (los Serrano Suñer, Finat, F. Ladreda, etcétera).

El Congreso de los Diputados realizó un acto que era legal, pero que situado en perspectiva histórica parece un error: la destitución de Alcalá Zamora en la presidencia de la República por Azaña, quien por esa razón dejaba las riendas del Gobierno.

A ese error histórico siguió otro: la negativa del grupo parlamentario socialista, el 11 de mayo, a que Indalecio Prieto aceptara el encargo de Azaña de formar Gobierno.

Y esto ocurría porque en la primavera de 1936, que pudo ser más o menos trágica que otras, no cabe duda que dominaban los factores de desintegración; los proyectos políticos eran muy distintos, y se sostenían apasionadamente, con olvido de que en cualquier sociedad hace falta un mínimo de consenso para que un proyecto se realice.

Los socialistas estaban divididos. Un sector que parecía mayoritario —aunque no lo fuese en los cuadros del partido— creía posible y cercana una revolución socialista frontal, considerando circunstancial lo que llamaban alianza con la pequeña burguesía. En la apasionada vivencia de la utopía revolucionaria estaban más cerca de los libertarios (que crecen y se reunifican en el Congreso de la CNT en mayo, piden la semana de treinta y seis horas y creen inminente la revolución) que de sus propios compañeros de partido como Prieto, González Peña y otros. Por su parte, los comunistas, cuyo partido se multiplicaba desde febrero, no querían romper la relación unitaria con la izquierda socialista, pero tácitamente estaban más cerca del centro.

Frente a esta inmensidad de españoles, otro sector muy importante había llegado a creer que la anarquía, la desintegración de la Patria, los ataques a la religión, eran una realidad que reclamaba una solución de fuerza, y que la democracia —como ya lo habían demostrado Hitler y Mussolini— debía desaparecer para que la nación viviese; los adversarios de esta solución eran considerados como enemigos de la Patria a los que había que eliminar.

Entre estas mayorías había unos españoles pragmáticos, a quienes no les dejaban realizar sus propósitos; el caso de Prieto es bien patente. Otros creían abstractamente en la democracia, pero sus vacilaciones les impedían poner en marcha sus proyectos en coyuntura tan difícil: es el caso de Casares Quiroga, que sustituyó a Azaña en la jefatura del Gobierno, y, en general, de los altos cargos republicanos.

Demasiados programas políticos y demasiado antagónicos había en España aquella conflictiva primavera de 1936. Demasiados para que pudiera resolverse la crisis de sociedad, la ausencia de hegemonía, sustituida por una ruptura entre dos bloques ideológicos.

En el fondo, la mal llamada primavera trágica de 1936 no fue sino una agudización de los antagonismos sociales y de sus consecuentes manifestaciones ideológicas, que actuaría como detonador o factor desencadenante de la terrible conflictividad estructural que latía en la sociedad española y que había llegado a extremos más que dramáticos, por la incompetencia de unas oligarquías dominantes, de sus élites de poder, de su personal político, durante largos decenios.

En ese marco hay que situar la conspiración, las violencias callejeras o rurales, el asesinato por falangistas del teniente de Guardias de Asalto José del Castillo y el del líder de extrema derecha José Calvo Sotelo, perpetrado como réplica al primero.

Todo lo que no sea abordar el tema de la guerra civil desde esa óptica del conflicto estructural retenido, que estalla cuando el grupo socialmente dominante quiere imponer por la violencia la salida a la crisis de sociedad, equivale a resignarse a la anécdota, la superficialidad o la invectiva recíproca: en el mejor de los casos se reduce a un ideologismo de justificación, cualquiera que pudiera ser su contenido.

La historia es más que eso. Evoquemos, sin embargo, para terminar, las páginas en que el comandante y profesor Cardona dice: Y todo empezó una noche. Entre el 16 y 17 de julio de 1936. (…) Con pisadas silenciosas de esparto, los Regulares entraban en las trochas de la muerte. En un ignorado camino marroquí comenzaba la guerra civil.

El general Primo de Rivera.

Miguel de Unamuno.

Julián Besteiro.

Combatiente nacionalista (por Sáenz de Tejada).

Gobiernos de la Segunda República

14-IV-1931

Presidencia: N. Alcalá Zamora (DLR). Estado: A. Lerroux (PRR). Gobernación: M. Maura (DLR). Hacienda: I. Prieto (PSOE). Justicia: F. de los Ríos (PSOE). Guerra: M. Azaña (AR). Marina: S. Casares (ORGA). Obras Públicas-Fomento: A. de Albornoz (PRRS). Economía: L. Nicolau d’Olwer (ARC). Trabajo: F. Largo Caballero (PSOE). Instrucción Pública: M. Domingo (PRRS). Comunicaciones: D. Martínez Barrio (PRR).

15-XII-1931

Presidencia: M. Azaña (AR). Estado: L. de Zulueta (Ind.). Gobernación: S. Casares (ORGA). Hacienda: J. Carner (C. Ind.). Justicia: A. de Albornoz (PRRS). Guerra: M. Azaña (AR). Marina: J. Giral (AR). Obras Públicas-Fomento: I. Prieto (PSOE). Agricultura: M. Domingo (PRRS). Trabajo: F. Largo Caballero (PSOE). Instrucción Pública: F. de los Ríos (PSOE).

12-VI-1933

Presidencia: M. Azaña (AR). Estado: F. de los Ríos. Gobernación: S. Casares. Hacienda: A. Viñuales (AR). Justicia: A. de Albornoz. Guerra: M. Azaña. Marina: L. Companys (E. R. de C.). Obras Públicas: I. Prieto. Agricultura: M. Domingo. Industria y Comercio: J. Franchy y Roca (PRF). Trabajo: F. Largo Caballero (PSOE). Instrucción Pública: F. Barnés (PRRS).

12-IX-1933

Presidencia: A. Lerroux (PRR). Estado: C. Sánchez-Albornoz (AR). Gobernación: D. Martínez Barrio (PRR). Hacienda: A. Lara (PRR). Justicia: J. Botella Asensi (IRS). Guerra: J. Rocha (PRR). Marina: V. Iranzo (Ind.). Obras Públicas: R. Guerra del Río (PRR). Agricultura: R. Feced (PRRS). Industria y Comercio: L. Gómez Paratcha (ORGA). Trabajo: R. Samper (PRR). Instrucción Pública: D. Barnés (PRRS). Comunicaciones: M. Santaió (E. R. de C.).

8-X-1933

Presidencia: D. Martínez Barrio. Estado: C. Sánchez-Albornoz. Gobernación: M. Rico Avello (Ind.). Hacienda: A. Lara (PRR). Justicia: J. Botella Asensi (IRS). Guerra: V. hanzo (Ind.). Marina: L. Pita Romero (Aut. g.). Obras Públicas: R. Guerra del Río (PRR). Agricultura: C. del Río (PP). Industria y Comercio: F. Gordon Ordax (PRRS). Trabajo: C. Pi y Sunyer (E. R. de C.). Instrucción Pública: D. Barnés (PRRS). Comunicaciones: E. Palomo (PRRS).

16-XII-1933

Presidencia: A. Lerroux. Estado: L. Pita Romero. Gobernación: M. Rico Avello. Hacienda: A. Lara. Justicia: R. Alvarez Valdés (PLD). Guerra: D. Martínez Barrio. Marina: J. J. Rocha. Obras Públicas: R. Guerra del Río. Agricultura: C. del Río. Industria y Comercio: R. Samper. Trabajo: J. Estadella (PRR). Instrucción Pública: J. Pareja Yébenes (PRR). Comunicaciones: J. M. Cid (Agr.).

28-IV-1934

Presidencia: R. Samper (PRR). Estado: L. Pita Romero (Ind.). Gobernación: R. Salazar Alonso (PRR). Hacienda: M. Marraco (PRR). Justicia: V. Cantos (PRR). Guerra: D. Hidalgo (PRR). Marina: J. J. Rocha (PRR). Obras Públicas: R. Guerra del Río (PRR). Agricultura: C. del Río (Pr.). Industria y Comercio: V. Iranzo (Ind.). Trabajo: J. Estadella (PRR). Instrucción Pública: F. Villalobos (PLD). Comunicaciones: J. M. Cid (Agr.).

4-X-1934 (reorganizado el 16-XI-1934)

Presidencia: A. Lerroux (PRR). Estado: R. Samper (PRR), luego Rocha. Gobernación: E. Vaquero (PRR). Hacienda: M. Marraco (PRR). Justicia: R. Aizpún (CEDA). Guerra: D. Hidalgo (PRR), luego Lerroux. Marina: J. J. Rocha (PRR). Obras Públicas: J. M. Cid (Agr.). Agricultura: M. Jiménez Fernández (CEDA). Industria y Comercio: A. Orozco (PRR). Trabajo: J. Oriol Anguerra de Sojo (CEDA). Instrucción Pública: F. Villalobos (PLD), luego J. Dualde (PLD). Comunicaciones: C. Jalón (PRR). Sin cartera: J. Martínez de Velasco (Agr.) y L. Pita Romero (Ind.).

3-IV-1935

Presidencia: A. Lerroux (PRR). Estado: J. J. Rocha (PRR). Gobernación: M. Portela Valladares (Ind.). Hacienda: A. Zabala (PRR). Justicia: V. Cantos (PRR). Guerra: General C. Masquelet. Marina: Vicealmirante J. Salas. Obras Públicas: R. Guerra del Río (PRR). Agricultura: J. J. Benayas (PRR). Industria y Comercio: M. Marraco (PRR). Trabajo: E. Vaquero (PRR). Instrucción Pública: R. Prieto Bances (PLD). Comunicaciones: C. Jalón (PRR).

6-V-1935

Presidencia: A. Lerroux (PRR). Estado: J. J. Rocha (PRR). Gobernación: M. Portela Valladares (Ind.). Hacienda: J. Chapaprieta (Ind.). Justicia: C. Casanueva (CEDA). Guerra: J. M. Gil-Robles (CEDA). Marina: A. Royo Vilanova (Agr.). Obras Públicas: M. Marraco (PRR). Agricultura: N. Velayos (Agr.). Industria y Comercio: R. Aizpún (CEDA). Trabajo: F. Salmón (CEDA). Instrucción Pública: J. Dualde (PLD). Comunicaciones: L. Lucía (CEDA).

21-IX-1935

Presidencia: J. Chapaprieta (Ind.). Estado: A. Lerroux (PRR). Gobernación: J. de Pablo Blanco (PRR). Hacienda: J. Chapaprieta. Justicia y Trabajo: F. Salmón (CEDA). Guerra: J. M. Gil-Robles (CEDA). Marina: P. Rahola (Lliga). Obras Públicas y Comunicaciones: L. Lucía (CEDA). Agricultura, Industria y Comercio: J. Martínez de Velasco (Agr.). Instrucción Pública: J. J. Rocha (PRR).

29-XI-1935

Presidencia: J. Chapaprieta (Ind.). Estado: J. Martínez de Velasco (Agr.). Gobernación: J. de Pablo Blanco (PRR). Hacienda: J. Chapaprieta. Justicia y Trabajo: F. Salmón (CEDA). Guerra: J. M. Gil-Robles (CEDA). Marina: Rahola (Lliga). Obras Públicas y Comunicaciones: L. Lucía (CEDA). Agricultura, Industria y Comercio: J. J. Benayas (PRR). Instrucción Pública: L. Bardaji (PRR).

15-XII-1935

Presidencia: M. Portela Valladares. Estado: J. Martínez de Velasco. Gobernación: M. Portela Valladares. Hacienda: J. Chapaprieta. Justicia: García Argüelles. Guerra: General Molero. Marina: Vicealmirante J. Salas. Obras Públicas: C. del Río. Agricultura, Industria y Comercio: J. de Pablo Blanco. Trabajo: A. Martínez (PLD). Instrucción Pública: M. Becerra (PRR). Sin cartera: P. Rahola (Lliga).

31-XII-1935

Presidencia: Manuel Portela Valladares. Estado: J. Urzaiz. Gobernación: M. Portela Valladares. Hacienda: M. Rico Avello. Justicia: M. Becerra. Guerra: General Molero. Marina: Vicealmirante Azarola. Obras Públicas: C. del Río. Agricultura, Industria y Comercio: J. M. Alvarez Mendizábal (Rad. Dis.). Trabajo: M. Becerra (en un solo Ministerio). Instrucción Pública: F. Villalobos (PLD).

19-11-1936

Presidencia: M. Azaña (IR). Estado: A. Barcia (IR). Gobernación: A. Salvador (IR). Hacienda: G. Franco (IR). Justicia: A. Lara (UR). Guerra: General C. Masquelet. Marina: J. Giral (IR). Obras Públicas: S. Casares (IR). Agricultura: M. Ruiz-Funes (IR). Industria y Comercio: P. Alvarez-Buylla (UR). Trabajo: E. Ramos (IR). Instrucción Pública: M. Domingo (IR). Comunicaciones: M. Blasco Garzón (UR).

12-V-1936

Presidencia: S. Casares Quiroga (IR). Estado: A. Barcia (IR). Gobernación: J. Moles (Ind. de Izq.). Hacienda: E. Ramos (IR). Justicia: M. Blasco Garzón (UR). Guerra: S. Casares Quiroga. Marina: J. Giral (IR). Obras Públicas: A. Velao (IR). Agricultura: M. Ruiz-Funes (IR). Industria y Comercio: P. Alvarez-Buylla (UR). Trabajo: L. Lluhi y Vallescá (E. R. de Cat.). Instrucción Pública: F. Barnés (IR). Comunicaciones: B. Giner de los Ríos (UR).

Explicación de las siglas:

DLR = Derecha Liberal Republicana.

PRR = Partido Republicano Radical.

PSOE = Partido Socialista Obrero Español.

AR = Acción Republicana.

ORGA = Organización Republicana Gallega Autónoma.

PRRS = Partido Republicano Radical-Socialista.

E. R. de C. = Esquerra Republicana de Cataluña.

PRF = Partido Republicano Federal.

IRS = Izquierda Radical-Socialista.

PLD = Partido Liberal Demócrata.

Agr. = Agrarios.

CEDA = Confederación Española de Derechas Autónomas.

Ind. = Independiente.

PP = Partido Progresista (de Alcalá-Zamora, tras disolverse la DLR).

C. Ind. = Catalán Independiente.

IR = Izquierda Republicana*.

UR = Unión Republicana*.

Lliga = Liga de Cataluña.

Los protagonistas

José Antonio Aguirre. Nacido en Guecho (Vizcaya), en 1903. Aguirre trabajó al frente de las juventudes Católicas Bilbaínas y, desde el advenimiento de la República, se convertiría en el líder del PNV. Aguirre fue diputado en Cortes en 1931 y 1933-36. Durante la guerra civil, José Amonio Aguirre colaboró con el Gobierno de concentración de Largo Caballero, a cambio de la aceptación del estatuto autonómico. Presidente del Gobierno autónomo de Euskadi durante los años 1936 y 1937, Aguirre tomó el camino del exilio como tantos españoles y murió en París en el año 1960.

Santiago Alba. Nacido en Zamora, en 1872, Santiago Alba, tras una corta militancia en la Unión Nacional y en el Partido Conservador, pasa al Partido Liberal. Ministro con Moret (1906), Canalejas (1912), Romanones (1916) y García Prieto (1922), Alba se exilió durante la dictadura de Primo de Rivera. Durante la República, Santiago Alba presidió la Cámara de los Diputados durante el bienio de derechas (1933-35). Ausente de España desde antes de iniciarse la guerra civil, el ex presidente de la Cámara regresaría tan sólo, en 1945, durante algunas temporadas. Murió en San Sebastián en el año 1949.

Niceto Alcalá Zamora. Nació en Priego, en 1877. Abogado y letrado del Consejo de Estado a los veintidós años, fue miembro del Partido Liberal. Ocupó la cartera de ministro de Fomento con García Prieto, en 1917, y de la Guerra, en 1922. Participante en el Pacto de San Sebastián, presidió el comité republicano que, tras las elecciones de abril, se hizo cargo del poder a la caída de la Monarquía. Presidente de la República en diciembre de 1931, acabaría enfrentándose tanto a las izquierdas como a las derechas y destituido tras un voto de censura el 7 de abril de 1936. Murió en Buenos Aires en el año 1949.

Julián Besteiro. Nació en Madrid, en 1870. Alumno de la Institución Libre de Enseñanza. Miembro del PSOE y UGT desde 1912, a la muerte de Pablo Iglesias, en 1925, sustituyó a éste en la presidencia de ambas formaciones. Presidente de las Cortes Constituyentes en 1931, fue sustituido en la presidencia del PSOE en 1932 y de la UGT en 1933 por Largo Caballero. Durante la guerra permaneció en Madrid y jugó un importante papel en el consejo Nacional de Defensa. En 1939, un consejo de guerra le condenó a treinta años de prisión. Murió en la cárcel de Carmona en el año 1940.

José Calvo Sotelo. Nacido en 1893 en Tuy, inició su carrera política de la mano de Antonio Maura, quien le llevó al Parlamento en 1919 y le nombró gobernador de Valencia (1921). Director general de administración local con Primo de Rivera (1923-25), accedería, en 1925, al Ministerio de Hacienda. Al proclamarse la República se exilió primero a Portugal y después a París, de donde regresaría, en 1933, para ponerse al frente del «Bloque Nacional». El 13 de julio de 1936 fue asesinado por un grupo de agentes del orden público, lo que exacerbó aún más las pasiones para el Alzamiento ya programado.

Santiago Casares Quiroga. Nacido en La Coruña en 1884, abogado y miembro del ORGA, Casares Quiroga fue enviado por el comité republicano para disuadir a Fermín Galán de su sublevación. Al proclamarse la República, Casares Quiroga ocupó la cartera de Marina y, en octubre de ese mismo año, la de Gobernación, que conservaría durante el bienio azañista. Tras las elecciones de febrero de 1936, fue ministro de Obras Públicas y, más tarde, jefe de Gobierno. Al iniciarse el Alzamiento se opuso a la distribución de armas al pueblo, dimitiendo al día siguiente. Murió en París en el año 1950.

Lluis Companys. Nació en 1883 en Tarrós, Lérida. Abogado y periodista, militó en Unió Republicana y se dedicó a la defensa de sindicalistas. En 1921 creó la Unió de Rabassaires. Uno de los fundadores de Esquerra Republicana de Catalunya, tras el 14 de abril fue gobernador de Barcelona, diputado, ministro de Marina con Azaña y presidente del Parlamento catalán. Presidente de la Generalitat en 1933, en octubre de 1934 proclamó el Estado Catalán, por lo que fue destituido y encarcelado. Repuesto en su cargo en febrero de 1936, debió exiliarse a Francia en 1938. Murió fusilado en el castillo de Montjuic en 1940.

Joaquín Chapaprieta. Nació en Torrevieja en 1871. Fue ministro de Trabajo en el Gobierno de García Prieto (1922-23). Ya durante la República ocupó la cartera de Hacienda durante la etapa radical-cedista y, a la caída de Lerroux, por el asunto del estraperlo, recibió el encargo de formar nuevo Gobierno (octubre de 1935), que sobreviviría sólo dos meses (diciembre de 1935). Alcalá Zamora le volvería a encargar por dos meses más la formación de un nuevo Gobierno, a lo que Chapaprieta se negó. Ministro de Hacienda con Portela Valladares (diciembre 1935-febrero 1936), Chapaprieta murió en Madrid en 1951.

Francisco Franco Bahamonde. Nació en 1892 en El Ferrol. Terminadas las campañas militares de Marruecos, Primo de Rivera le confió la dirección de la Academia Militar de Zaragoza en 1928, hasta su clausura por la República, en 1931. Destinado a La Coruña (1932) y al frente de la comandancia militar de Baleares (1933), Franco se hizo cargo de la represión de la revolución de octubre de 1934 en Asturias. Gil-Robles, ministro de la Guerra en 1935, le puso al frente del Estado Mayor Central, desde donde sería destinado a Canarias, tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. El resto es historia conocida.

José María Gil-Robles. Nació en Salamanca en 1898. Diputado por Salamanca en 1931, tras la dimisión de Herrera Orla, pasaría a dirigir el partido Acción Popular y más tarde la CEDA, agrupación de varios partidos derechistas. En 1933, la CEDA, con 115 diputados, se convirtió en el partido más numeroso de la Cámara. Gran orador, Gil-Robles formó parte del gobierno Lerroux, en 1935, como ministro de la Guerra, colocando en puestos de responsabilidad a militares como Franco, Fanjul o Goded, más tarde protagonistas de la sublevación. Murió en Madrid en 1980.

José Giral. Nació en Santiago de Cuba en 1879. Encarcelado en 1917 por su participación en la huelga general, Giral, amigo de Azaña, colaboró en la fundación de Acción Republicana. Al proclamarse la República fue nombrado consejero de Estado. Ministro de Marina durante los Gobiernos de Azaña (octubre 1931-junio 1933). Tras el alzamiento del 18 de julio de 1936, Azaña le encargó la formación de Gobierno, dimitiendo en septiembre de aquel mismo año. Ministro de Estado con Negrín (1937-38), en 1939 pasó a Francia y después a México. José Giral murió en su exilio mexicano en el año 1962.

Francisco Largo Caballero. Nacido en Madrid en 1869, Largo Caballero fue secretario general de UGT durante veinte años. En 1930 formó parte del comité revolucionario y, tras la proclamación de la República, del Gobierno, como ministro de Trabajo, hasta la caída del gobierno Azaña, en 1933. En su enfrentamiento con Besteiro, Largo Caballero saldría vencedor, al ser elegido, en 1932, presidente del PSOE y reelegido secretario de UGT, aunque en 1935 renunciaría a la presidencia del partido. Jefe de Gobierno en septiembre de 1936, dimitió tras los sucesos de mayo de 1937. Largo Caballero murió en París en 1946.

Alejandro Lerroux. Nacido en La Rambla, Córdoba, 1864, periodista republicano, funda en 1906 el Partido Radical. Al proclamarse la República, Lerroux llevaba ya treinta años de protagonismo político no exento de altibajos, demagogias y conspiraciones. Ministro de Estado en 1931, Lerroux presidió entre 1933 y 1935 nada menos que seis gobiernos hasta su caída definitiva, en 1935, por el escándalo del «estraperlo». Derrotado en las elecciones de febrero de 1936, abandonado por izquierdas y derechas, Lerroux, al estallar la guerra civil se exilia en Portugal para no regresar hasta 1947. Murió dos años después.

Francesc Macià. Nacido en Villanueva y Geltrú en 1859, Macià abandonó la carrera militar para dedicarse, desde 1906, a la política activa. Exiliado en Francia durante la dictadura de Primo, regresó en febrero de 1931, integrando a su Partido Estat Català, en la Esquerra Republicana de Catalunya, que resultaría vencedora en las elecciones municipales del 12 de abril. Proclamó el 14 de abril la República catalana, que, tres días más tarde —por las presiones de Madrid— se convertiría en el Gobierno de la Generalitat, de la que Macià fue elegido presidente. Murió en Barcelona el 25 de diciembre de 1933.

Diego Martínez Barrio. Nació en Sevilla en 1883. Firmante del manifiesto del Comité Republicano en 1930, ocupó la cartera de Comunicaciones en el gobierno provisional de 1931. Jefe de la minoría radical en el Parlamento y ministro de Gobernación con Lerroux, se encargó de formar gobierno para llevar a cabo las elecciones de 1933. Separado del Partido Radical en 1935, fundó Unión Republicana, que integró el bloque del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Presidente de las Cortes desde 1936, ocupó, ya en el exilio, la presidencia de la República tras la dimisión de Azaña. Murió en París en el año 1962.

Emilio Mola. Nacido en Cuba en 1887, Mola fue ascendido a general en el año 1924. Director General de Seguridad con Berenguer, Mola se ganó el odio de amplios sectores republicanos, que, tras la proclamación de la República, lograron que se le procesase y expulsase del Ejército. Le ley de amnistía de 1934 le permitió volver al Ejército. En 1936, Portela Valladares le destinó a Navarra, desde donde dirigió los preparativos del alzamiento de julio. Tras la elevación de Franco a la jefatura del Estado (octubre de 1936), Mola quedó al mando del Ejército del norte. Murió en junio de 1937 en un accidente de avión.

Ángel Pestaña. Nacido en Santo Tomás de las Ollas, León, en 1886, y afincado desde joven en Barcelona, Pestaña destacó en la preparación de la huelga de 1917, convirtiéndose, por entonces, en el número dos de la CNT, tras Seguí. Delegado de la CNT al congreso de la Tercera Internacional en Moscú, en 1920, a su vuelta lucharía hasta la ruptura de la CNT con la Internacional en la conferencia de Zaragoza. Durante la República fundó el Partido Sindicalista, sin éxito, volviendo a ingresar nuevamente en la CNT en la época de la guerra civil. Ángel Pestaña murió en Barcelona en el año 1937

Manuel Portela Valladares. Nació en Fonsagrada, Pontevedra, en 1868. Militante del Partido Liberal, Portela Valladares fue diputado (1905), gobernador civil de Barcelona (1910 y 1923) y ministro de Fomento (1923). Ya durante la República, volvería a ser diputado, y en 1934 fue nombrado gobernador general de Cataluña y ministro de la Gobernación en los tres gobiernos de Lerroux. Jefe de Gobierno en diciembre de 1935, presidió las elecciones de febrero de 1936, entregando el poder al Frente Popular Murió en Pontevedra en el año 1952.

Indalecio Prieto. Aunque nació en Oviedo en 1883, lndalecio Prieto se trasladó desde niño a Bilbao, ciudad por la que sería diputado socialista ya desde 1918. Firme opositor a la dictadura de Primo de Rivera, Prieto sería ministro de Hacienda y Obras Públicas con Azaña (1931-33). Exiliado a Francia tras la sublevación de octubre de 1934, regresó nuevamente a raíz del triunfo del Frente Popular. Ministro de Marina y Aire durante la guerra civil, con Largo Caballero, y de Defensa Nacional, con Negrín. Destituido de su cargo en 1938, Prieto se exilió a México, donde murió en 1962.

José Antonio Primo de Rivera. Hijo de Miguel Primo de Rivera, nació en Madrid en 1903. En 1930 ingresó en la Unión Monárquica Nacional para reivindicar la memoria de su padre. Derrotado en las elecciones de 1931, en octubre de 1933 fundaría, junto con Ruiz de Alda y García Valdecasas, el partido Falange Española. Diputado por Cádiz, el 4 de octubre de 1934 fue designado jefe único de su partido, recién fusionado a las JONS. Derrotado en las elecciones de febrero de 1936, fue encarcelado por el gobierno del Frente Popular, juzgado por un tribunal popular y ejecutado el 20 de noviembre de 1936.

Gonzalo Queipo de Llano. Nació en Tordesillas en 1875. Participó en el levantamiento antimonárquico de Cuatro Vientos (1930), por lo que tuvo que exiliarse a Portugal. Capitán general de la Primera Región durante la República, jefe de la casa militar del presidente de la República y director general de Carabineros. Miembro de la conspiración nacionalista, Queipo de Llano estuvo al frente del ejército del sur, imponiéndose en Sevilla, Huelva y Málaga. Fueron famosas sus charlas por radio Sevilla durante la guerra civil. Capitán general de Sevilla, moriría en esta ciudad en el año 1951.

Fernando de los Ríos. Nació en Ronda en 1879. Catedrático de Universidad y relacionado con el Instituto Libre de Enseñanza, Fernando de los Ríos, dirigente del PSOE, fue ministro de Justicia durante el gobierno provisional de la Segunda República. Posteriormente lo sería de Instrucción Pública (diciembre 1931-junio 1933) y de Estado (junio-septiembre 1933). Embajador del Gobierno republicano en París y Washington durante la guerra civil, se quedaría definitivamente en Estados Unidos, donde ejercería como profesor en la New School. Fernando de los Ríos murió en Nueva York en el año 1947.

José Sanjurjo. Nació en Pamplona en 1872. Comandante general de Melilla, comisario superior del Ejército de África y director general de la Guardia Civil, cargo que ocupaba en el momento de la proclamación de la República. El 10 de agosto de 1932 se sublevó, sin éxito. Cuando intentaba huir a Portugal fue detenido, juzgado por un consejo de guerra y condenado a muerte por rebelión. Conmutada la sentencia por la de cadena perpetua y dos años más tarde amnistiado, Sanjurjo marchó a Portugal, desde donde un accidente aéreo le privó de tomar el mando del Alzamiento de 1936.

Ricardo Samper. Nació en Valencia en 1881. Miembro del Partido Radical, Ricardo Samper fue alcalde de Valencia de 1920 a 1923. Durante la Segunda República fue ministro de Trabajo y Previsión Socia (septiembre-octubre de 1933) y de Industria y Comercio (diciembre 1933-abril 1934), tras lo cual presidió un gobierno radical de transición (de abril a octubre de 1934). Nombrado ministro de Estado, cargo que ocupó durante los meses de octubre y noviembre de 1934, Ricardo Samper se marchó a Suiza antes de estallar la guerra civil, donde moriría pocos años después, en 1938.

Resultados electorales
y composición del Congreso

Resultados de las elecciones
a Cortes Constituyentes (1931)

Número de votantes
4.385.155

Participación
70,14 %

Total de votos de DERECHA
657.872

Acción nacional

Agrarios

Católicos

Tradicionalistas

P.N.V aliado a los tradicionalistas

Monárquicos

Independientes

Total de votos del CENTRO
1.165.692

Derecha Liberal Republicana

Partido Liberal Demócrata

Partido Radical

Lliga regionalista

P.N.V.

Indepedientes

Total de votos de IZQUIERDA
2.881.056

Conjunción republicano-socialista:

P.S.O.E.

Acción Republicana

Partido Radical-Socialista

Partido Radical

Esquerra Republicana

Federales

Partido Comunista Español

Bloque Obrero Campesino

Republicanos revolucionarios
(Ramón Franco-Balbontín)

Varios

Nota: El Partido Radical va en unas provincias en candidaturas de conjunción republicano-socialista y en otras, en candidaturas de carácter más centrista. En cuanto al P.N.V., va como «derecha» en los casos de candidatura común con los Tradicionalistas y como «centro» en los de candidatura independiente.

Composición del Congreso
de los Diputados
por grupos políticos (1931)

DERECHA: |
Agrarios (Acción Nacional + Agrarios) | 26
Vasco-Navarros (Tradicionalistas + P.N.V.) | 14
Monárquicos | 1
| —
| 41
CENTRO: |
Radicales | 90
Derecha Liberal Republicana | 22
Liberal-demócratas | 4
Lliga Regionalista | 3
| —
| 119
IZQUIERDA: |
Socialistas | 116
Radical-socialistas | 53
Esquerra Republicana | 36
Acción Republicana | 26
O.R.G.A | 15
Agrupación al servicio de la República | 16
Federales y diversos de extrema izquierda | 14
| —
| 279

Resultados de las elecciones
a Cortes de 1933

Número de votantes
8.711.136

Participación
67,46 %

Total de votos de DERECHA
3.365.700

Bloque de derechas (C.E.D.A.
+ Tradicionalistas + Renovación)
1.603.000

Bloque de derechas (C.E.D.A. + Agrarios)
775.700

Tradicionalistas
98.000

C.E.D.A + Radicales *
259.000

C.E.D.A. + Liberal-demócratas *
62.300

Agrarios
75.700

Agrarios + Radicales *
69.000

Lliga + Tradicionalistas *
413.000

Derechas varia
10.000

Total de votos del CENTRO
2.051.500

Radicales
703.000

P.U.R.A. (Valencia)
169.000

Radicales + C.E.D.A. *
259.000

Radicales + Agrarios *
96.000

Radicales + Republicanos conservadores (Maura) *
460.000

Republicanos conservadores
70.800

Progresistas (próximos a Alcalá Zamora)
38.000

Liberal-demócratas
73.000

P.N.V.
170.000

Unión Democrática de Catalunya y Acción Nacionalista Vasca
4.700

Varios centro
35.000

Total de votos de IZQUIERDA
3.118.000

Socialistas
1.618.000

Conjunciones republicano-socialistas
286.000

Coaliciones republicanos de izquierda (Acción Republicana, radicales-socialistas de las dos tendencias, federales)
199.000

Radicales-socialistas (Gordon Ordax-Valera)
173.000

Radicales socialistas (Marcelino Domingo)
16.000

O.R.G.A.
93.000

Esquerra de Catalunya (incluyendo candidatos de Unión Socialista de Catalunya en la candidatura de Gerona y de Barcelona y los votos socialistas de Tarragona)
453.000

Izquierdas catalanas (Acció Catalana Republicana y Partido Republicano Nacionalista)
75.000

Comunistas (P.C.E. + 18.000 votos de B.O.C.)
195.000

Extremas izquierdas diversas (revolucionarios ibéricos, federales de extrema izquierda, etc.).
10.000

* En este tipo de candidaturas partimos el resultado por dos y asignamos a cada grupo el 50 por 100 de los votos. La proporción se aleja algo de la realidad en ciertos casos de candidatura.

Composición del Congreso
de los Diputados por grupos
políticos (1933)

DERECHA: |
C.E.D.A | 115
Agrarios | 36
Tradicionalistas y renovación | 36
«Nacionalistas» | 1
Independientes de derecha | 16
CENTRO: |
Radicales | 102
Lliga Regionalista | 24
Conservadores Republicanos (Maura) | 18
Liberales-demócratas | 9
Progresistas | 3
P.N.V | 12
IZQUIERDA: |
Socialistas | 58
Unión Socialista de Catalunya | 3
Acción Republicana | 5
Radical-socialistas independientes (M. Domingo) | 4
Radical-socialistas (Gordon Ordax) | 1
Federales | 2
Comunistas | 1
Esquerra Republicana | 19
O.R.G.A. | 1
| —
| 94

Resultados de las elecciones
a Cortes (1936)

Número de votantes | 9.864.783
Participación | 72 %
Total de votos de DERECHA * |
C.E.D.A. |
Tradicionalistas |
Renovación española |
Agrarios |
Independientes |
Total de votos del CENTRO | 526.615
Centro |
Republicanos conservadores (Maura) |
Radicales |
Progresistas |
Lliga Regionalista |
P.N.V. (125.714 V.) |
Independientes |
Total de votos de IZQUIERDA | 4.654.116
FRENTE POPULAR: |
P.S.O.E. |
Izquierda Republicana |
Unión Republicana |
P.C.E. |
P.O.U.M. |
Partido Sindicalista |
Front d’Esquerres: |
Esquerra Republicana |
Acción Republicana de Catalunya |
Partido Republicano de Esquerra |
Partido Nacionalista Republicano de Esquerra |
Unió Socialista de Catalunya |
Partido Comunista de Catalunya |
P. O. U. M. |
Partit Catalá Proletario |
Unió Catalá Proletario |
Unió de Rabassaires |

* De esta cifra, 2.636.524 votos pertenecían a candidaturas mixtas de derecha y centro.

Composición del Congreso
de los Diputados por grupos
políticos (1936)

DERECHA: |
C.E.D.A. | 88
Agrarios | 11
Bloque Nacional | 13
Tradicionalistas | 9
Independientes | 3
| —
| 124
CENTRO: |
Centro | 16
Lliga Regionalista | 12
P.N.V. | 10
Progresistas | 6
Radicales | 4
Republicanos conservadores | 3
| —
| 51
IZQUIERDA: |
Socialistas | 99
Izquierda republicana | 87
Unión Republicana | 39
Esquerra Republicana | 36
Comunistas | 17
| —
| 278
Independientes | 10
Varios | 6
Mesócrata | 1
Vacantes | 3

Cronología

1930

28 de enero: Destitución de Primo de Rivera. El general Berenguer encargado de formar gobierno.

17 de agosto: Firma del Pacto de San Sebastián entre diversos grupos no monárquicos de oposición.

10 de octubre: El PSOE se une al Comité Revolucionario.

12 de diciembre: Sublevación de Jaca. Los oficiales Galán y García Hernández proclaman la República.

14 de diciembre: Galán y García Hernández son fusilados según la sentencia de un consejo de guerra sumarísimo. En Madrid son detenidos varios miembros del Comité Revolucionario.

15 de diciembre: Sublevación republicana fracasada en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid).

1931

10 de febrero: Manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República firmado por Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala.

14 de febrero: Dimite el gobierno Berenguer.

18 de febrero: Aznar preside el nuevo gabinete.

20 de marzo: Fundación en Barcelona de la Esquerra Republicana de Catalunya, presidida por F. Macià.

12 de abril: Elecciones municipales. Victoria de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades y capitales de provincia.

14 de abril: Formación de un gobierno provisional republicano. Expatriación del rey. Proclamación de la República en Madrid. En Barcelona, Macià proclama la República Catalana.

15 de abril: Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno provisional.

6 de mayo: Se constituye una subcomisión jurídica asesora, presidida por Ossorio y Gallardo, para redactar un proyecto de Constitución.

7 de mayo: Pastoral antirrepublicana del arzobispo de Toledo y primado de España, cardenal Segura.

10-11 de mayo: Disturbios e incendio de edificios religiosos en Madrid, Valencia y otras ciudades.

30 de mayo: El Vaticano niega el placet al embajador Zulueta.

3 de junio: Convocatoria de elecciones para las Cortes Constituyentes.

12-15 de junio: El cardenal Segura, obligado por el Gobierno a abandonar el país.

14 de junio: Presentación del Estatuto de Estella, anteproyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco y Navarra.

16 de junio: Decretos de Azaña sobre reformas en el Ejército.

28 de junio: Elecciones generales a Cortes Constituyentes.

29 de junio: Azaña, ministro de la Guerra, decreta el cierre de la Academia Militar de Zaragoza por considerarla antirrepublicana.

4 de julio: Huelga de la Telefónica (CNT).

14 de julio: Apertura de las Cortes. La Subcomisión Jurídica Asesora entrega el proyecto constitucional. Besteiro, presidente de la Cámara.

20-27 de julio: Huelga general y ley marcial en Sevilla.

28 de julio: Se designa una comisión parlamentaria de 21 miembros, presidida por Jiménez de Asúa, para redactar un proyecto de Constitución.

2 de agosto: Plebiscito en Cataluña, favorable al Estatuto de Nuria.

27 de agosto: Comienza la discusión del proyecto constitucional.

22 de septiembre: Los catalanes entregan a Alcalá Zamora el proyecto de Estatuto de Autonomía.

9-15 de octubre: Debate sobre el articulo 26 de la Constitución que provoca la inasistencia total y parcial de aquellos diputados que se sienten ofendidos en sus creencias católicas. Dimiten Acalá Zamora y Miguel Maura. Azaña es nombrado jefe de Gobierno.

20 de octubre: Ley de Defensa de la República.

14 de noviembre: Aparece el primer número de Mundo Obrero, órgano oficial del PCE.

19 de noviembre: Alfonso XIII es juzgado y condenado in absentia por las Cortes.

9 de diciembre: Las Cortes aprueban la Constitución por 368 votos favorables, 89 ausencias y ningún voto en contra.

12 de diciembre: Niceto Alcalá Zamora es elegido presidente de la República y Azaña es confirmado como jefe del Gobierno.

15 de diciembre: Publicación del primer número de Acción Española (M. de Quintanar, Vegas Latapié, Maeztu).

1932

1 de enero: Asesinato de guardias civiles en Castilblanco.

5 de enero: Choque de obreros con la Guardia Civil en Arnedo.

20-27 de enero: Levantamientos en la cuenca del Llobregat. Huelgas generales patrocinadas por la CNT. Aprobación de la Ley de Divorcio. Secularización de los cementerios.

24 de enero: Disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes.

Abril: Isidro Gomá es nombrado arzobispo de Toledo.

Abril-mayo: Importaciones de trigo ordenadas por Marcelino Domingo.

6 de mayo: Comienza el debate en Cortes del Estatuto Catalán.

28 de julio: Ley de Orden Público.

10 de agosto: Sublevación fracasada del general Sanjurjo en Sevilla y de algunos generales monárquicos en Madrid.

9 de septiembre: Las Cortes aprueban el Estatuto de Cataluña.

15 de septiembre: Las Cortes aprueban la Ley de Reforma Agraria.

1933

Enero: Motines anarquistas en Cataluña y en Casas Viejas (Cádiz). La brutal represión en Casas viejas provoca una dura oposición al Gobierno e inicia el declive del prestigio de Azaña.

1 de marzo: Se funda Renovación Española.

Abril: Elecciones municipales.

2 de junio: Ley de Congregaciones Religiosas que establece una fecha tope para que la Iglesia cese en su actividad docente (comienzo del curso 1933-34).

julio: Derogación de la Ley de Defensa de la República. Pastoral de los obispos condenando la Ley de Congregaciones. Comienzan las misiones pedagógicas. El Gobierno reconoce a la URSS.

Agosto: Quema de cosechas en Extremadura.

4-5 de septiembre: Derrota del Gobierno en la elección de vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales.

8 de septiembre: Dimite el Gobierno Azaña.

12 de septiembre: Lerroux intenta formar gobierno, pero dimite.

9 de octubre: Martínez Barrio forma nuevo gobierno. El presidente Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones.

29 de octubre: José Antonio Primo de Rivera funda la Falange.

5 de noviembre: Plebiscito del estatuto vasco.

19 de noviembre: Elecciones generales a Cortes. Victoria de las derechas.

Diciembre: Santiago Alba nuevo presidente de las Cortes.

16 de diciembre: Lerroux forma gobierno con el beneplácito de la CEDA.

25 de diciembre: Muere en Barcelona Francese Macià, primer presidente de la Generalitat de Cataluña. Le sustituye Luis Companys.

1934

Febrero: Fusión de la Falange con las JONS. Fundación de la Alianza Obrera.

3 de marzo: Martínez Barrio dimite como ministro de la Gobernación, le sustituye Salazar Alonso. Huelga general de cuatro semanas en Zaragoza organizada por Durruti.

Abril: Fusión de los partidos de Marcelino Domingo y Azaña. Ocupación de lfni. Ley de Haberes del Clero.

11 de abril: Aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Llei de Contractes de Conreu.

22 de abril: Mitin de masas de Gil Robles en El Escorial.

25 de abril: Crisis por la amnistía de Sanjurjo. Dimite el gobierno Lerroux.

2 de mayo: Samper forma nuevo gobierno.

16 de mayo: Ruptura entre Lerroux y Martínez Barrio que abandona el Partido Radical.

9 de junio: El Tribunal de Garantías Constitucionales veta la Llei de Contractes de Conreu.

5-11 de junio: Huelgas campesinas en Andalucía y Extremadura. Detención de diputados socialistas. Se prohíbe a los militares adherirse a partidos políticos o sindicatos.

12 de junio: Los diputados de Esquerra Republicana se retiran del Parlamento y lo mismo hacen, por solidaridad, los nacionalistas vascos.

9 de septiembre: Gil Robles preside en Covadonga una concentración de la CEDA.

13 de septiembre: Se descubre en Asturias el desembarco de armas del buque Turquesa, operación inspirada por Prieto.

1 de octubre: Dimite el gobierno Samper.

4 de octubre: Nuevo gobierno Lerroux, que incluye a tres ministros de la CEDA.

5 de octubre: La UGT hace un llamamiento a la huelga general.

6 de octubre: Sublevación de Asturias. Declaración del Estado de Guerra. El Gobierno envía tropas moras y de la Legión extranjera para reprimir la comuna asturiana. Companys proclama en Barcelona la «República Catalana dentro de la Federación Española».

7 de octubre: Fracasado el levantamiento en Cataluña, la Generalitat y el Estatuto quedan en suspenso. Los miembros del Consejo de la Generalitat son detenidos.

1935

1 de febrero: Vázquez y Argüelles son ejecutados en Oviedo.

1 de marzo: Ley Agraria de Giménez Fernández.

13 de marzo: Marcelino Domingo hace un llamamiento a la unidad de las izquierdas.

21 de marzo: Se debate en las Cortes la responsabilidad de Azaña.

30 de marzo: Crisis sobre el indulto de los socialistas asturianos.

3 de abril: Nuevo gobierno Lerroux, con cinco ministros de la CEDA.

7 de mayo: Gil Robles, ministro de la Guerra. Portela Valladares, ministro de la Gobernación.

23 de junio: Condena del gobierno de la Generalitat por los sucesos del 6 de octubre en el Tribunal de Garantías.

1 de julio: Disolución del Patronato de las Propiedades de la Compañía de Jesús.

13 de julio: Aparece la revista Claridad, órgano de los «largocaballeristas».

20 de julio: Fracasan los esfuerzos por condenar a Azaña en el Parlamento.

2 de septiembre: Ley agraria que deroga la de 1932.

20 de octubre: Mitin de Azaña en el Campo de Comillas (Santander).

25 de octubre: Lerroux se ve forzado a dimitir tras el escándalo del «estraperlo». Gobierno Chapaprieta.

14 de diciembre: Gobierno Portela Valladares.

20 de diciembre: El PSOE acepta formar coalición con Izquierda Republicana. Largo Caballero dimite del Comité Ejecutivo.

1936

7 de enero: Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones.

15 de enero: Pacto y plataforma del Frente Popular.

16 de febrero: Elecciones generales. Victoria de las candidaturas del Frente Popular.

19 de febrero: Portela Valladares transfiere sus poderes a un gobierno presidido por Azaña y formado exclusivamente con ministros republicanos.

22 de febrero: Amnistía para los presos políticos.

23 de febrero: Suspensión del pago de rentas por los arrendatarios agrícolas de Andalucía y Extremadura.

26 de febrero: Restauración de la Generalitat y del gobierno Companys en Cataluña. Franco es enviado a Canarias.

13 de marzo: Intento de asesinato de Jiménez de Asúa.

15 de marzo: La Falange es declarada ilegal y José Antonio detenido. El Ejército da un ultimátum a Azaña sobre los desórdenes. Martínez Barrio es nombrado presidente de las nuevas Cortes.

16 de marzo: Decreto que confisca los latifundios devueltos en Andalucía.

22 de marzo: Asesinato en Oviedo del diputado derechista Martínez.

1 de abril: Fusión de las juventudes socialistas y comunistas. Se crean las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas).

3 de abril: Se retrasa la convocatoria de elecciones municipales.

4 de abril: Primera reunión de las Cortes ante las cuales Azaña presenta su programa.

7 de abril: Las Cortes destituyen a Niceto Alcalá Zamora.

14 de abril: Debate parlamentario sobre Orden Público. Calvo Sotelo formula graves acusaciones contra el Gobierno.

9 de mayo: Asesinato del capitán Faraudo.

10 de mayo: Manuel Azaña es elegido presidente de la República.

12 de mayo: Casares Quiroga se hace cargo de la presidencia del Gobierno tras la negativa de Prieto.

1 de junio: Huelgas de la construcción y de los electricistas y ascensoristas en Madrid.

10-15 de junio: Enfrentamientos sindicales en Málaga y Cádiz.

16 de junio: Discursos en las Cortes de Calvo Sotelo y Gil Robles sobre los desórdenes.

12 de julio: Asesinato del teniente Castillo en Madrid.

13 de julio: Asesinato de Calvo Sotelo en Madrid.

17-20 de julio: Pronunciamientos militares contra la República en Marruecos y la Península.

Bibliografía

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