Obra completa compuesta por tres volúmenes. Una profunda crisis del Estado que hunde sus raíces en el siglo XIX; una Segunda República que se enfrenta a grandes dificultades para poder construir una alternativa de gobierno viable; la Guerra Civil como fracaso y consecuencia lógica de todo el proceso. Tal es el panorama que ofrece el penetrante análisis del Tuñón de Lara en La España del siglo XX, un libro que, desde el momento mismo de su aparición, se convirtió en un clásico de la historiografía española.

Manuel Tuñón de Lara

La España del siglo XX

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Titivillus 04.01.2022

Título original: La España del siglo XX

Manuel Tuñón de Lara, 1966

Editor digital: Titivillus

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Prólogo a la Segunda Edición

PRÓLOGO A LA
SEGUNDA EDICIÓN

La necesidad de una segunda edición de esta España del siglo XX, que más bien debiera llamarse «Entrada de España en el siglo XX», nos planteaba ineludibles tareas de revisión y reflexión. Sin duda, nuestro propio trabajo nos ha llevado al descubrimiento de alguna que otra nueva fuente y, sobre todo, a un mayor rigor metodológico en nuestra concepción de la historia como ciencia. Por otra parte, después de la primera edición de este libro ha visto la luz un verdadero alud de obras sobre muchos de los temas que en él se abordan, muchas de las cuales son de primer interés.

¿Qué hacer? Este libro ha sido concebido como una triple proyección: como obra de síntesis divulgadora que forzosamente debe tomar el aspecto de historia-relato; como instrumento de trabajo para estudiantes y estudiosos de la historia contemporánea y para hispanistas de diversos países europeos; y, en fin, dado que su temática dista mucho de haber sido completamente investigada, aporta aquí y allá investigaciones del autor, fuentes testimoniales, fuentes hemerográficas, etc., que por vez primera se utilizaron en esta obra, como el lector especialista podrá fácilmente comprobar. Hemos pensado que no era posible cambiar la arquitectura del libro, basada en esa triple orientación, a menos de escribir un nuevo libro sobre el mismo tema; esta última solución hubiera tenido el inconveniente de hacer más árida la lectura y por ello la hemos desechado, dejando para trabajos monográficos los imperativos de nuevas investigaciones y métodos.

Sin embargo, se imponía enriquecer esta segunda edición con las indispensables revisiones y adiciones; las primeras, para subsanar inevitables errores tipográficos o de corrección, o para elucidar alguna cuestión que ha podido ser precisada durante los últimos años; las segundas, para tener en cuenta importantes aportaciones a la historiografía: textos como las Memorias de Azaña o de Gil Robles, como el libro del general Rojo sobre la batalla de Madrid, así como una serie de valiosas monografías, las cuales constituyen aportaciones que no es posible ignorar. Cada nuevo dato, cada nueva precisión han sido tenidos en cuenta. La bibliografía ha sido completada en el mismo sentido.

La España del siglo XX rechaza todo apoyo que no sea el de fuentes de la historia contrastadas en todo lo posible; las únicas conclusiones que pretende obtener, además de ser extremadamente someras, se refieren al conocimiento histórico de la sociedad española y de su conflictividad en la coyuntura o coyunturas de un cuarto de siglo que ofrecen una materia prima particularmente rica para el establecimiento de hipótesis de trabajo encaminadas a profundizar ese conocimiento. Es una tarea que sólo será posible realizar por el esfuerzo coordinado de equipos de historiadores, que dispongan de entera libertad para el acceso a todas las fuentes y para la comunicación de los resultados de su trabajo. Es una tarea científica que debe excluir todo intento de justificación de resultados políticos y de situaciones sociales adquiridos a partir de la época estudiada. El éxito de la primera edición nos permite abrigar la esperanza de que este libro siga cumpliendo su función de estimular esa empresa que ya está comenzada por los historiadores de las jóvenes generaciones.

Prólogo a la Tercera Edición

PRÓLOGO A LA
TERCERA EDICIÓN

Esta tercera edición, que es la primera no transterrada de este libro, no difiere en su planteamiento de esa triple proyección a que hacemos referencia en el prólogo a la segunda edición. Cada obra tiene una vida y una estructura propias que es preciso respetar, incluso por el autor. En esta «tercera salida» nos hemos esforzado en evitar, todavía más, los juicios de valor ajenos a la ciencia histórica, en recoger nuevas aportaciones, en rectificar los errores de hecho siempre inevitables, pues no pretendemos la infalibilidad. Aún así, tenemos consciencia de lo limitado de nuestro empeño y del gran número de fuentes que, por causas ajenas a nuestra voluntad, no nos file posible consultar al escribir esta obra. La sola pretensión de este libro ha sido y sigue siendo la de servir de punto de partida, la de estimular nuevos estudios e investigaciones, la de abrir nuevos debates, al margen desde luego, de cualquier empresa de justificación de situaciones y resultados políticos, y en un tono en el que nos autoproscribimos la injuria, la ironía y cualquier falta de respeto que el historiador debe a los protagonistas de la historia y, más todavía, a sus propios colegas.

Propósito

PROPÓSITO

Esta España del siglo XX empieza a ser vulnerable por su título, un tanto arbitrario. No coincide la apertura del relato histórico con la del siglo según el calendario, y ello por razones que ya habíamos expuesto en La España del siglo XIX: los fenómenos típicos de nuestro siglo se dan en España a partir de su segundo decenio.

No para ahí la aparente sinrazón, sino que el relato se detiene en 1939. Al hacerlo así se entiende que esta obra no está acabada, puesto que sólo se comprenden en ella cinco lustros. En efecto, razones metodológicas y hasta editoriales aconsejaban que el libro constase de varias partes. Para hacer un alto provisional en el camino hemos escogido la fecha que es a modo de línea de división entre dos vertientes de la historia contemporánea de España. La tarea prosigue.

Quede, pues, sentado que éste es un libro de historia y de ninguna manera una obra polémica. Si algunas de las situaciones creadas en el decurso de los años que se estudian inciden aún sobre la realidad cotidiana no nos interesa este aspecto longevo que puedan tener, puesto que nuestro mundo es muy diferente del de los primeros cuarenta años del siglo. No se busquen, por consiguiente, estrechas analogías entre los temas aquí tratados y los temas del presente, y todavía menos ninguna sugerencia de conducta. Nuestro mundo, el de la segunda mitad del siglo XX, conoce, en el ámbito del planeta, una proporción y unas relaciones de fuerzas políticas y sociales muy diferentes de las de hace treinta años. Por otra parte, el desarrollo de los pueblos ha sido acompañado por el científico y técnico, y ha acarreado consecuencias de la más diversa índole. Por ejemplo, vivimos ya en la era nuclear, lo que supone un cambio esencial en la naturaleza de la guerra y en la actitud de los hombres respecto a ésta. Hoy han quebrado muchos valores que todavía lo eran en los años treinta y han cobrado validez general otros que, por aquel tiempo, se consideraban patrimonio de minorías audaces y hasta subversivas.

Aunque un examen superficial pudiera hacer creer lo contrario, la verdad es que España es parte de ese mundo inexorablemente en marcha y, por consiguiente, conviene que nos guardemos de incurrir en el anacronismo que supone la actualización mecánica de lo que ya es parte integrante de nuestra historia, de un pasado que pide a gritos ser superado como actualidad y asimilado como experiencia histórica.

Ahora bien, esta peregrinación por nuestro siglo se hallaba erizada de escollos. A cada momento ha sido necesario realizar una elección y también un trabajo de síntesis. Muchos temas quedaron tan sólo esbozados, mientras que innumerables fichas y papeletas quedaron —por ahora— sin emplear. Habrá sin duda omisiones —voluntarias o no— y también errores, ya que sólo quienes se encierran en el mutismo conformista o en la repetición dogmática tienen el triste privilegio de no equivocarse nunca. Sin embargo, este libro ha sido elaborado y escrito con el propósito de buscar la verdad, esto es, la adecuación de nuestro pensamiento a los hechos y no viceversa. Se ha buscado la realidad en su fluir constante, en sus múltiples dimensiones que se condicionan mutuamente; se ha desechado el procedimiento falsamente objetivo consistente en colocarse, siempre que hay un gran debate, en el fiel de la balanza para distribuir por igual aciertos y errores. Ese procedimiento —aparte de constituir una habilidad de corto alcance, pues a nadie deja contento— supone una concepción anticientífica de la historia, ya que ésta no puede ser jamás una distribución de premios y reprimendas; la historia es, nada más y nada menos, un intento de explicar y comprender los hechos, sus causas, consecuencias y relaciones mutuas y un primer paso hacia la reflexión sobre temas de gran alcance humano y social. Quede también constancia de que este libro no pretende traspasar esa frontera en que comienza el dominio de la filosofía de la historia, sino detenerse ante ella.

Esta España del siglo XX es quizá un libro apasionado, pero no deja por eso de ser un libro que concede prioridad a los hechos; una de las enseñanzas de la historia es que la razón de estos hechos termina imponiéndose a todas las inexactitudes. En todo caso, pasión y razón de esta obra tienen un solo objetó: España.

Primera parte. La quiebra de una forma de Estado (1898-1931)

La quiebra de una forma de Estado
(1898-1931)

Capítulo primero. En pleno siglo XX

CAPITULO PRIMERO
EN PLENO SIGLO XX

Cuando el siglo XX amanecía…

Cuando el siglo XX amanecía…

En 1898, cuando el Tratado de París puso fin al estado de guerra entre Estados Unidos y España, ésta había perdido los últimos florones de su vasto imperio colonial. Súbitamente, un régimen anclado en el pasado, un sistema que subsistía adormilado en nostalgias, tuvo que hacer frente, no sólo al porvenir, sino al más implacable presente. Fue un rudo despertar, que puso a prueba los resortes vitales del país. Así fue que cuando cronológicamente comenzó el siglo XX, España se hallaba en una encrucijada dramática de su destino, en una exacerbada pugna entre el pasado y el porvenir. Porque si el constitucionalismo de 1812, las desamortizaciones de la mitad del siglo XIX, y los entusiasmos liberales de la revolución de 1868 habían quedado lejos, es decir, superados por la incesante problemática del acaecer histórico, sus cuestiones radicales —organización de la vida pública, transformación de las estructuras arcaicas, valores culturales a tono con la marcha del tiempo— distaban mucho de haber sido resueltas. Los temas propuestos por el siglo XIX, no encontraron realización total en los debates, programas y realizaciones casi siempre frustradas de una centuria, y seguían en pie al comenzar la siguiente. Pero la Historia no se detiene jamás, y los nuevos temas y problemas atropellaban sin compasión a los antiguos. España ha sido —y es— un caso particular de supervivencias del pasado y de aperturas hacia el porvenir, de coexistencia de estructuras de muy diversa naturaleza, de formas del vivir y del pensar así como de corrientes espirituales divergentes cuando no contrapuestas. En continua mezcla y superposición, este complejo socio-histórico mira por un lado a un pasado relativamente lejano, mientras que por otro se inserta en la temática más viva del mundo contemporáneo. De ahí que hayan sido frecuentes las desgarraduras, a veces trágicas, en el seno de la sociedad española.

A ese nudo de contradicciones vino a añadirse la brusca pérdida de las bases coloniales. Uno y otra fueron causa de que, al despuntar el siglo XX, España se hallase en una situación que bien puede calificarse de crisis. Crisis, porque los hechos exigían una revisión institucional y estructural que no se había llevado a cabo, porque al penetrar en el nuevo siglo con un fuerte lastre de arcaísmo, de no prescindir de él se pondría en grave riesgo la existencia misma de España.

Esa crisis era múltiple o polifacética: crisis del sistema, porque ya no había Imperio; crisis económica, porque se habían perdido esas fuentes de pingües negocios, esos mercados, amén de la inflación y de la quiebra específica del Tesoro, producidas por los gastos y deudas de la guerra colonial; crisis política, porque los partidos que se turnaban en el ejercicio del poder, el conservador y el liberal, asentados en el aparato caciquil, salían maltrechos y desprestigiados de la derrota; crisis social, porque el desarrollo de la industria en algunas zonas, acrecentaba el peso de la clase obrera que, en proceso de toma de conciencia, se enfrentaba con unos patronos intransigentes; y porque el particular desarrollo y los problemas de la industria de bienes de consumo de Cataluña, enfrentaba a ésta con los grandes propietarios agrarios de Andalucía y Castilla, cuya hegemonía en el poder político era evidente.

Sin que sea nuestro propósito establecer un repertorio de los hechos históricos que jalonan esta situación, cabe, no obstante, que señalemos algunos para mejor comprensión del objeto de nuestro trabajo, que comienza en 1915, cuando los temas y problemas del siglo XX son ya más fuertes que los del pasado.

Tras la firma del Tratado de París, Sagasta, jefe del partido liberal, tuvo que ceder el poder a un gobierno conservador, presidido por Silvela, con el financiero Fernández Villaverde en el ministerio de Hacienda. Éste tomó medidas de rigor para frenar la inflación. Poco después, siguió el ritmo de los partidos turnantes y, al comenzar el siglo es otra vez el anciano Sagasta quien preside el último gobierno de la Regencia de María Cristina y la coronación de Alfonso XIII en 1902.

No obstante, la necesidad de repensar y revisar todo, lo que se llamó entonces «regeneracionismo», se expresa a través de diversas fuerzas y corrientes, tanto materiales como espirituales, que insisten en un nuevo planteamiento de la tarea nacional, cara al porvenir. A estas tendencias corresponden la Liga Nacional de Productores, organizada bajo la iniciativa de Joaquín Costa (con la colaboración, entre otros, de Basilio Paraíso y del joven Santiago Alba) que expresaba el criterio de una burguesía renovadora que reclamaba «la revolución desde arriba». La obra de Joaquín Costa, el libro de Macías Picavea sobre El problema nacional correspondían a esta misma sacudida. En ella se insertaban los que «se habían levantado antes del amanecer», es decir, todos los partidarios de la renovación comprendidos en la denominación genérica del «krausismo español» y con mayor precisión en un organismo didáctico que era la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876 por Giner de los Ríos. Junto a él, habría que nombrar a Gumersindo de Azcárate, Salmerón, Labra, Manuel B. Cossío, etc.[1].

También al despuntar el siglo entran en escena un grupo de jóvenes escritores, cuya denominación común es el replanteamiento del tema España, un amplio espíritu crítico y la ruptura de todo conformismo. A este grupo se le ha llamado, con razón o sin ella, la generación de 1898. Si su aparición ofrece numerosas analogías, la trayectoria posterior de cada uno de sus componentes será muy diferente; entre ellos, los más importantes son Pío Baroja, José Martínez Ruiz (Azorín), Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu. Con ellos, pero unos años mayor —su «En tomo al casticismo» había aparecido en 1895— el catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno.

A estos nombres van a unirse, al cabo de los diez primeros años del siglo, los de José Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala…

Esos planteamientos, que por un lado renuevan las tradiciones de Feijoo y Larra, y por otro inciden en la urgencia de modernizar España, tienen una razón de ser porque corresponden, aunque sus protagonistas no suelan tener conciencia de ello, a una circunstancia histérico-social en que las fuerzas de renovación empujan desde los cimientos de la sociedad. Cuando comienza el siglo XX, el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores (dirigidos por Pablo Iglesias y Antonio García Quejido) están ya sólidamente implantados. En breves años decuplicarán su fuerza, tendrán numerosos concejales y hasta un diputado (Iglesias, a partir de 1909), dirigirán numerosas huelgas, particularmente en Vizcaya, crearán la organización de jóvenes (en 1905) y tendrán una audiencia creciente en el país.

El anarquismo que había quedado desorganizado a consecuencia de su ala terrorista (que persistirá) renace en el cauce del anarco-sindicalismo catalán a partir de 1904; en 1910 se celebra un Congreso que acuerda crear la Confederación Nacional del Trabajo (C. N. T.), y así se hace en septiembre de 1911. Ese mismo año, la U. G. T., que al comenzar el siglo tenía 26 000 afiliados, pasa, poco después, de los 127 000.

En Cataluña, cuyas corrientes nacionalistas se habían desarrollado a fines del siglo, destacándose en ellas la personalidad de Prat de la Riba, la Lliga Catalana canaliza con éxito ese movimiento, al lograr fundirlo momentáneamente con el de la burguesía industrial. Su éxito en las elecciones de 1901 es muy señalado. Sin embargo, esos intereses de clase predominando sobre los nacionalistas, darán lugar a que la Lliga se encajone en el centro-derecha y se creen otras corrientes nacionalistas de izquierda.

En el País Vasco, los primeros esfuerzos de Sabino Arana (fallecido en 1903) plasmaron poco después en la formación del Partido Nacionalista. En realidad, el desarrollo y los derechos de las personalidades de Cataluña, País Vasco y Galicia, eran otros tantos problemas ineludibles en la vida política del país, que seguirán siéndolo durante todo el siglo.

Ahora bien. Todas estas fuerzas tenían vida porque estaban insertas en la realidad de la base estructural del país. La pérdida de las colonias había dado lugar a una gran repatriación de capitales; de ahí surgió, al comenzar el siglo, el Banco Hispano-Americano. También se creó en 1901, el Banco de Vizcaya, por capitalistas vascos cuya potencia económica había crecido en los años de la Restauración, sobre todo con la venta del mineral de hierro, pero también con el ascenso de la siderurgia, cuyo proceso de concentración de empresas fue notable entre 1882 y 1902. Creóse también, en 1902, el Banco Español de Crédito, con capitales fundamentalmente franceses, pero con participación española, entre obras la de Fernández Villaverde.

Pero España no había transformado sus viejas estructuras agrarias. El 2 % de propietarios seguían poseyendo el 47 % de tierras cultivadas. Había aristócratas que poseían pueblos enteros. Los arrendamientos y aparcerías, según el Código de 1885, sólo favorecían a los propietarios. Los métodos de cultivo eran de género extensivo y atrasadísimos, la productividad baja, los salarios verdaderamente de hambre, como lo comprobaron numerosas investigaciones oficiales y privadas. Los terratenientes no invertían en el campo, sino que el producto de la acumulación agraria iba a parar a las cuentas corrientes de los bancos o a los títulos del Estado considerados como «seguros».

El atraso agrario, el escasísimo poder de compra de esta parte de la población que constituía la mayoría del país, eran un poderoso freno al desarrollo industrial, sobre todo al de las industrias de bienes de consumo. A partir del primer decenio del siglo XX, el desarrollo industrial se realizó bajo el dominio de la gran banca o de capitales extranjeros, en un clima artificial puesto que era sostenido por el proteccionismo de la política aduanera. En manos de unas cuantas familias (las de la vieja aristocracia y las de los capitalistas enriquecidos en el siglo XIX con frecuencia unidos luego por lazos de familia) están la siderurgia, la naciente industria de energía eléctrica, las navieras; y esas familias comparten con compañías extranjeras el dominio de las minas, los ferrocarriles, la industria química, etc.

Como España no había conocido un verdadero desarrollo industrial en el siglo XIX, al llegar las transformaciones tecnológicas del XX, que exigían fuertes inversiones, concentración de plantas industriales y mayor extensión de mercados, la industria quedó en manos de esas minorías a través de la banca. En la época del capital financiero España, precisamente por su retraso, es un ejemplo típico del mismo, con la característica de un predominio del capital bancario y, en razón de ése predominio y de la suerte que corren los beneficios de origen agrario (cuenta corriente bancaria, papel del Estado, gastos de lujo) con una fuerte dosis de capital usurario.

Socialmente, esas minorías todopoderosas, que se han aliado con los que regentaron sistemas más arcaicos y ahora buscan esa vinculación para subsistir, van a operar como un factor retardatario, en oposición a las fuerzas nuevas.

El Estado permanecía invariable; los partidos turnantes también, pese al cambio en las formas que podía representar un Maura (mirado con recelo en Palacio y por otros conservadores) o un Canalejas, cuyo asesinato en 1912 puede que frustrase un ensayo de monarquía burguesa. Además, la institución militar pesaba fuertemente sobre la vida pública. Tras la derrota colonial, los militares buscarán una compensación en la aventura africana. Para ello tienen aliados en unos cuantos nostálgicos del pasado o, émulos del colonialismo contemporáneo y, sobre todo, el apoyo de la Corona, a quien interesa mantener un ejército contento y más bien privilegiado, como fuerza de política interior. El mensaje de Alfonso XIII a los ejércitos, cuando sube al trono, expresa casi sin veladuras ese propósito. Años después, la ley de jurisdicciones constituye un privilegio más para los militares. A partir de 1907 la intervención en Marruecos les facilitará la posibilidad de ocupar un primer plano en la vida nacional, de obtener ascensos, honores, mejor nivel de vida e influencia en la política. En 1909, las fuerzas españolas, sufren cuantiosas bajas en los combates próximos a Melilla (Gurugú) para los que ha sido necesario movilizar reservistas, motivando la cólera del país y hasta una revolución acéfala: la llamada «semana trágica» de Barcelona. Siguen los combates y, cuando en 1912, España obtiene de Francia que le reconozca un territorio de Protectorado español en Marruecos (la zona del Rif) la empresa llamada de «pacificación» supone una guerra colonial que, con algunas intermitencias, va a durar catorce años, y ser causa de muchas pérdidas de sangre y de dinero en España.

En resumen; por un lado los trabajadores de ciudades y campos, los intelectuales cuya importancia social crece de día en día, gran parte de las clases medias, la burguesía avanzada y moderna, sobre todo la catalana; por otro, la oligarquía de propietarios agrarios, de la banca y las industrias clave, arrastrando tras ella, por el juego de la ideología de la clase dominante, a otras capas del país. Y dos instituciones desempeñando una función instrumental cuando no autónoma, en la orientación oligárquica; la Iglesia, apasionada por el miedo al anticlericalismo y al «modernismo», lanzada a un combate terreno de intransigencia, todavía en el espíritu del Concilio Vaticano I, que no ha sido capaz de reconocer las transformaciones del tiempo (al contrario del Vaticano II); esa Iglesia, con resabios todavía de las luchas carlistas, tendencia al integrismo y alianza con el poder, va a servir precisamente, a la oligarquía dominante, de trapo rojo para atraer al «engaño» anticlerical a las multitudes populares que, confundiendo así lo adjetivo con lo esencial quemando iglesias en lugar de atacar las estructuras socioeconómicas, va a favorecer a lo largo de muchos años los designios de la oligarquía. Por añadidura, facilitarán a ésta un motivo de fácil propaganda y un arma ideológica para conservar junto a ella a tantos y tantos creyentes que, ni por conciencia religiosa, ni por intereses sociales, podían en modo alguno comulgar con la oligarquía «constantiniana» que se sirvió de la religión como un medio.

La otra institución, el Ejército, cada vez más vinculada a los estratos superiores de la sociedad, literalmente mimada por la Corona, con una tendencia o deformación profesional a querer dirimir don las armas que le había dado la nación las cuestiones que son competencia de todos y cada uno de los ciudadanos, propendía cada día más a una cristalización «militarista», fenómeno que se producirá un poco más tarde, en 1917, como tendremos ocasión de ver.

Todo este tinglado seguía sosteniéndose sobre la famosa construcción piramidal del caciquismo (el vértice en Madrid, la base en cada localidad rural) fenómeno de corrupción y de desnaturalización de la mecánica jurídico-política, sólo posible en las zonas de predominio rural (casi todas, a excepción de Cataluña, Vizcaya, parte de Asturias y las ciudades de Madrid y Valencia). La formación de núcleos urbanos e industriales de mayor importancia, la mayor penetración en la población de las organizaciones obreras y de los partidos republicanos minaban sin duda las posiciones del caciquismo, que ya no podía imponerse en las grandes ciudades. Por eso, comenzó a darse el fenómeno de que en esas ciudades eran los candidatos republicanos quienes ganaban las elecciones de diputados a Cortes. Sin embargo, ese proceso de erosión era lento y no exento de dificultades.

Estas diversas fuerzas que en más de una ocasión toman la forma de lo que se ha llamado «las dos Españas» —antinomia expresada ya poéticamente por Antonio Machado en 1913—, se enfrentan en diversas formas y ocasiones durante los primeros quince años del siglo: en las elecciones legislativas, en las grandes huelgas de Bilbao en 1903, 1906, 1910, de Barcelona en 1903, en el conato de huelga general nacional del verano de 1910, en la huelga general nacional de septiembre de 1911, en la huelga ferroviaria de 1912… Hay el choque dramático de 1909; contra la movilización de reservistas y la guerra en Marruecos, la huelga general comenzada en Cataluña se transforma espontáneamente en una insurrección, reprimida por el ejército enviado desde otros puntos del país. El Gobierno Maura procede después a varias ejecuciones, entre ellas la de Francisco Ferrer, anarquista teórico y director de la «Escuela Moderna», cuya participación en los hechos de que se le acusaba no pudo ser comprobada. La muerte de Ferrer dio lugar a una campaña gigantesca en todo el mundo contra la represión en España e incluso contra el régimen, que el Gobierno, empleando una mixtificación usual[2] quiso presentar como un «ataque contra España». Pero el ataque antigubernamental se produjo también en el frente político interior, participando en él desde la izquierda monárquica hasta el partido socialista (aquella situación dio lugar a la primera conjunción republicano-socialista) y hombres de tanta estatura intelectual como Pérez Galdós —Carta abierta al pueblo español—. Azcárate y muchos más.

Al estallar la guerra mundial regía los destinos del país un Gobierno encabezado por el conservador Eduardo Dato, que declaró la posición española de neutralidad. Romanones y Lerroux se proclamaron partidarios de la intervención en favor de los aliados; los carlistas en favor de los Imperios Centrales. En verdad, todos se apasionaban por una lucha que servía para poner etiquetas a los grupos políticos e ideológicos en presencia, pero nadie deseaba entrar en la tremenda conflagración. Mucho menos las empresas, los negociantes, los especuladores de todo género para quienes se abría un periodo de ganancias sin tasa. Mientras tanto, las organizaciones obreras eran ya fuertes, y los movimientos de renovación intelectual (la llamada «Liga de Educación política», dirigida por Ortega y Gasset, el ambiente creado por la Residencia de Estudiantes, bajo la dirección de Jiménez Frau, etc.) acusaban por su parte un vigor creciente.

En este panorama va a comenzar la acción de nuestra historia, al abrirse el año 1915.

Transformaciones como consecuencia de la guerra mundial

Transformaciones como consecuencia de la guerra mundial

Transcurría el año 1915. De una a otra punta de España un tema encendía las pasiones y era objeto de toda conversación o polémica: la guerra europea, que muy pronto fue mundial. En las trincheras que surcaban los campos de Francia se estabilizaba la guerra de posiciones, mientras que en el frente oriental los ejércitos zaristas retrocedían, y Alemania desataba la guerra submarina. Aquel año, Italia entraba en guerra al lado de los países aliados, y Bulgaria junto a las potencias centrales, y en los campos de Yprès el ejército alemán lanzaba por primera vez los gases tóxicos.

En Madrid, el Gobierno Dato[3] proseguía el equilibrio no siempre fácil de la política de neutralidad y presidía, sin ningún gesto encaminado a impedirlo, el espectáculo de la falta o carestía de las subsistencias, cuya otra vertiente era la especulación desenfrenada, la conquista de mercados internacionales por las empresas españolas, que aprovechaban el alza astronómica de precios, el contrabando y todo género de negocios al socaire de la guerra, de las necesidades de los beligerantes y del vacío que éstos habían dejado en los mercados mundiales. Si los hombres políticos gesticulaban —los de derechas en pro de los Imperios Centrales, los izquierdistas por los Aliados—, la verdad era que casi ninguno pensaba ni quería que la cosa pasase a mayores, puesto que la intervención en la contienda habría tenido por consecuencia paralizar el torrente de oro que se precipitaba por entonces en las cajas de caudales de financieros, industriales y negociantes de alta, baja o media categoría.

La afluencia de capitales, el desarrollo de ciertas ramas de la producción y, sobre todo, el desequilibrio manifiesto entre los beneficios y los salarios, aquéllos con velocidad de automóvil y éstos al paso de vetusta carreta, iban a producir sin tardanza un aumento del número y de la conciencia de los trabajadores industriales, con inmediatas consecuencias en la vida social y así mismo en la acción política, que iba a convertirse en algo cotidiano que engendró, naturalmente, la violencia por parte del Estado, en poder de quienes conseguían tan exorbitantes ganancias, pero también el resquebrajamiento de este Estado y las pugnas entre las clases que compartían el Poder. En los medios intelectuales, tras el apasionamiento por la contienda universal, se llegaba a ahondar en hechos e ideas de los países más desarrollados. En pocas palabras, el siglo XX llamaba a las puertas de España.

El hecho fundamental de la situación económica registrada ya a partir de 1915 fue la subida vertiginosa de los precios a que los exportadores españoles colocaban sus productos en el mercado mundial, la dificultad de importar de los países antes proveedores y la inevitable repercusión en el aumento de los precios interiores. He aquí la evolución de los índices de precios al por mayor:

Año
Índice 1913 = 100
Índice en
pesetas oro

1914
98,4
101

1915
108,3
125

1916
141,0
156

1917
165,6
209

1918
204,9
275

1919
204,2
225

1920
223,4
194

Para darse una idea de la irregularidad de las alzas según los productos y sus incidencias, tanto en la coyuntura económica como en el coste de la vida, conviene señalar algunas de las oscilaciones importantes entre 1914 y 1916. Las patatas aumentaron en 218,2 (considerando 1914 = 100); el azúcar en 153, 2; las sardinas en 140; el bacalao en 139,2; el vino en 133,3; los huevos en 121,2; el trigo en 17,1; el cinc en 306,9; el carbón en 277,1; la lana en 210,1; el hierro en 204,3; el papel en 179,7; los ladrillos en 166,7; el mercurio en 165,6; la electricidad en 119,8; el cemento en 116,8.

Salvo en casos aislados, el aumento de precios no acarreó un incremento de producción y, naturalmente, el inevitable aumento de medios de pago produjo inexorablemente la inflación cuyas consecuencias principales se hicieron sentir cuando terminada la situación anormal de la guerra, los grupos financieros e industriales de España cesaron de disfrutar de su privilegiada posición.

A trueque de recargar con cifras esta entrada en el tema, conviene comparar los desniveles entre aumentos de precio y los de producción de algunos sectores básicos de la economía española en el período de 1914-1919.

El carbón que fue una de las producciones que más aumentó, llegó a 168 en 1918, tomando como base 100 el año 1913. En el mismo lapso de tiempo, el precio subió en 274,4. El hierro sufrió un alza de 110,3 en producción (también para el año 1918) y en 265,3 el de precio. La producción de acero permaneció invariable de 1913 a 1918 y se elevó en 840 por 100 de precio. Y no hablemos del famoso volframio, que aumentó en 4555 por 100 de producción y en 122 850 en valor.

El índice de producción industrial de España (solamente aproximado, pues está establecido a base de unos cuantos productos esenciales), tomando como base 100 el promedio anual de 1906-1930, fue el siguiente:

Años | Promedio |  | Años | Promedio
1914 | 88,6 |  | 1917 | 91,6
1915 | 78,0 |  | 1918 | 92,0

En ninguno de los años de la guerra aumentó el índice de producción de 1912 y 1913.

En orden a otros productos, bueno es señalar que entre 1913 y 1919 el precio al por mayor de la carne de vaca subió en 183,5; la carne de cerdo en 196,7; la carne de oveja en 202,9; los huevos en 211,1; el bacalao en 274,8; el aceite en 160, sin que, por ello, ninguna de esas alzas correspondiera a un aumento de producción. No es, pues, de extrañar que el aumento de circulación fiduciaria, producido por ese alza de precios no correspondida por un aumento de producción, acarrease una neta situación inflacionista. Los billetes puestos en circulación durante esos años fueron los siguientes, en millones de pesetas:

Años | Billetes |  | Años | Billetes
1913 | 1931,0 |  | 1917 | 2798,6
1914 | 1973,6 |  | 1918 | 3334,2
1915 | 2100,1 |  | 1919 | 3866,9
1916 | 2360,0 |  |  |

La renta nacional —para referirse a la cual hay que tomar por base las estimaciones asaz problemáticas que se han hecho con posterioridad— pasaba de 10 813 millones en 1914 a 24 797 en 1919 (18 425 y 20 358, respectivamente, si se opera con pesetas de 1929)[4].

Más adelante al llegar a 1923, en que hay nuevas estimaciones para realizar una comparación, podremos ver los cambios de estructura operados en la renta durante estos años.

Lo esencial, en el momento que nos ocupa, era la excepcional coyuntura económica provocada por la guerra, el incremento de los negocios claros u oscuros y la agravación desmedida de la desigualdad de ingresos que situaba a un lado a los beneficiarios de esa coyuntura y a otro a la inmensa mayoría de los españoles.

La facilidad con que se amasaban fortunas y se acrecentaban las existentes era todavía mayor, porque los gobiernos que se sucedieron nada hicieron para transferir parte de esas ganancias a la colectividad nacional. ¿Qué mejor prueba de ello que el descenso de la presión fiscal, que pasó de base 100 en 1913 a 46,4 en 1919? ¿No resulta impresionante que, en medio de aquella orgía de ganancias, los 45 millones de pesetas recaudados de contribución industrial y del comercio en 1914 se transformasen sólo, en 49 en 1918? La contribución de utilidades de riqueza mobiliaria en su tarifa segunda (esto es, la de capital) pasó de 79 millones en 1914 a 98 en 1918 y la tarifa primera (trabajo) de 45 millones a 56.

Mientras tanto, el incremento de negocios y creación de nuevas empresas adquirían tal volumen que, de 1916 a 1919, el promedio anual de capitales de nuevas sociedades anónimas fue de 580 millones de pesetas contra 171 en 1913. De 1915 a 1919, la suma de nuevos capitales en sociedades y empresas de todas clases ascendió a 2886 millones de pesetas.

Los beneficios no se realizaron, sin embargo, de manera proporcional en los distintos sectores de la economía, sino, muy al contrario, con extremada irregularidad. Nos interesa, por consiguiente, conocer algunas de sus manifestaciones más importantes.

La producción de carbón conoció su mejor época. Si los precios declarados se triplicaron, muchas transacciones se hirieron a precios cuádruples a los de antes de la guerra. Aumentó la producción y el número de mineros, y en aquellos años se acumularon algunos capitales conocidos vulgarmente con el nombre de «fortunas del carbón[5]». Algo parecido aconteció con el cinc y el cobre, pero en este caso los beneficios fueron para las compañías británicas que explotaban la cuenca de Riotinto, cuyo promedio anual declarado de beneficios líquidos ascendió a millón y medio de libras esterlinas.

En lo concerniente a los beneficios de la siderurgia, las ganancias netas de Altos Hornos de Vizcaya en 1917 y en 1918 oscilaron entre los 100 y los 150 millones de pesetas. Se transformó la producción, se trabajaba a tres turnos. Aunque las empresas siderúrgicas tenían constituido un verdadero cártel desde 1907 al haber creado la Central Siderúrgica de Ventas, hubo fenómenos de competencia, por, ejemplo, entre Euskalduna y Altos Hornos, llegándose a la creación —que había de saldarse por un fracaso al caer la producción después de la guerra— de la Siderúrgica del Mediterráneo (Puerto de Sagunto), cuyo principal animador fue Ramón de Sota.

La industria del papel conoció un florecimiento sin límites. El precio del quintal de papel pasó de 38 a 110 pesetas, y la situación de esta industria se vio favorecida porque la neutralidad de Suecia y Noruega permitía la importación normal de pasta de papel. El grupo de La Papelera Española (Aresti, Arteche, Candarías, Urgoiti) dominó el mercado, gracias a lo cual se creó el diario El Sol y más tarde la editorial Espasa-Calpe. No menos favorable se presentó la coyuntura de la industria textil, que pasó de un promedio de 3000 a 5000 toneladas de tejidos y 500 de hilados a 11 000 y más de 3000, respectivamente, en 1915, y a 24 000 de tejidos y 1408 de hilados en 1919, mientras los precios se multiplicaron por tres en algodón y por cuatro en lana. Hasta 1917, la neutralidad de los Estados Unidos favoreció esta industria al permitir que las importaciones de algodón prosiguiesen normalmente.

Los navieros, pese a los inmensos riesgos que la guerra submarina les hacía correr, realizaron beneficios también exorbitantes. Perdieron durante estos años 65 navíos, que desplazaban en total 140 000 toneladas, pero se resarcieron ampliamente con los beneficios. No contentos con las ganancias derivadas de ser una de las raras flotas mercantes que no estaba incautada por su Gobierno, obtuvieron subvenciones y primas por quebranto del Estado español. Los Urquijo, Sota y Aznar, Cortina, Gamazo, etc., fueron los grandes beneficiarios.

En el sector agrícola, los resultados fueron mucho más desiguales. Las ganancias mayores fueron para los terratenientes olivareros (175 por 100 de aumento del precio del aceite), las empresas remolacheras (246 por 100) y los ganaderos. En cambio fue bastante irregular la suerte de los vinos y catastrófica la de la naranja, único producto cuyo precio cayó verticalmente durante los años de guerra, hasta el punto que se mermó seriamente la superficie de cultivo al arrancar 8000 hectáreas de plantaciones.

Sobra decir que la estructura social de los campos de España permanecía invariable, y la incuria de los terratenientes asimismo inalterable. El leve intento de la ley González Besada (1907) de crear colonias de patrimonios familiares, utilizando terrenos y montes públicos incultos, quedó en el papel, por cuanto el reparto de lotes se limitó a poco más de mil familias y 5155 hectáreas. Además, es preciso recordar que la mayoría de los grandes terratenientes obtenían beneficios suplementarios por su participación en la banca y la especulación hecha con sus títulos de valor.

Los beneficios de la banca merecen mención aparte. El siguiente cuadro puede darnos una idea aproximada de su importancia:

Los beneficios globales oficialmente declarados por la banca durante estos años fueron los siguientes, en millones de pesetas:

1915 | 25,3 |  | 1918 | 75,9
1916 | 31,8 |  | 1919 | 101,0
1917 | 50,4 |  |  |

Nos parece indispensable añadir los siguientes pormenores sobre la situación del Banco de España, en millones de pesetas:

Años | Capital | Reserva | Ctas. ctes. | Cartera | Beneficio
1915 | 150 | 24 | 21 160,7 | 1439 | 43,53
1919 | 150 | 62 | 62 362,0 | 2639 | 53,91

Todos estos datos reclaman algunos comentarios. El primero es la simple comprobación de la gigantesca acumulación de capital que se produjo aquellos años y que contenía en potencia el germen de profundas transformaciones de la economía española. En segundo lugar, se observa que el aumento de beneficios (tanto bajo este nombre, como el de los de aumento de capital y reserva) era infinitamente superior al aumento de precios. En tercero, la enorme progresión del control bancario sobre efectos industriales y financieros. En cuarto y último, se ve que las cuentas corrientes aumentan en mucho mayor proporción que la circulación fiduciaria, lo que prueba que, además de los beneficios de los bancos, había otros no menos pingües de numerosos capitalistas, negociantes, especuladores, etc.

Por otra parte, una simple ojeada al cuadro número 4, comparándolo con los beneficios globales declarados por la banca, muestra que los grandes bancos fueron, los que se llevaron la parte del león en las ganancias. Mientras que el Banco Hispano-Americano y el Español de Crédito seguían manejando el mayor número de recursos ajenos, los beneficios verdaderamente exorbitantes fueron realizados por la banca del Norte. En una palabra, por los mismos grupos de familias que dominaban las producciones siderúrgicas y mineras, la flota mercante, la producción papelera, etc. Los Arteche, Chávarri, Zubiría, Zárate, Sota, Basterra, Urquijo, Echevarrieta, Ibarra, Aresti, Herrero, Ussía, Gandarias, etc., estaban a la cabeza de esta monumental absorción de beneficios en la que, naturalmente, hubo también otros partícipes, lo mismo entre los miembros de la oligarquía tradicional, que entre los que irrumpieron súbitamente en el horizonte capitalista en el revuelo de aquellos años de «vacas gordas».

En el mismo orden cobró todo su significado la fundación del banco Urquijo (1.º de enero, de 1918). Este banco, eminentemente industrial, representaba a un sector importante de los capitalistas que mis beneficios habían obtenido durante esos años y que figuran todavía en los primeros lugares de las industrias claves. Al año siguiente, se creó el Banco Central por el marqués de Aldama, el conde de los Gaitanes y el señor Anchústegui.

La creación de nuevas empresas y sociedades anónimas, aprovechando la coyuntura favorable de aquellos años, forma parte de la misma historia de esos importantes grupos financieros que, cada vez con más fuerza, iban afirmando su hegemonía sobre un complejo bancario-industrial. En la creación de importantes empresas electromecánicas desempeñaron los primeros papeles los bancos del Norte (Urquijo, Bilbao, Vizcaya). Se formaron entre otras, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (que tomó al principio en arriendo la ya existente Fábrica de Vagones de Beasaín), la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, la Babcok & Wilcox (en la que el grupo Urquijo está unido a capitales británicos). En 1912 se había creado la Unión Eléctrica Madrileña y en 1918 la de Saltos del Duero.

Resulta obvio señalar que durante los años de prosperidad el comercio exterior de España sufrió una transformación fundamental, pero que sólo fue transitoria. Aunque el volumen de exportaciones e importaciones tuvo que descender, el valor de las mismas ascendió en términos relativos e incluso absolutos en los años 1915, 1916 y 1917. La consecuencia fue el cambio del signo de la balanza comercial, que, por primera vez en el siglo, fue favorable (a excepción de 1917 en que hubo un déficit insignificante), y se llegó a obtener en 1918 un superávit de 385 millones de pesetas (y en estos datos no consta el muy considerable comercio de contrabando). La balanza de pagos mejoró todavía más, a causa de las cuantiosas entradas procedentes de fletes y de la llegada de capitales extranjeros con objeto de ponerse a salvo en España; país neutral Los 674 millones de pesetas en reservas oro que tenía el Banco de España en 1913 se convirtieron en 2506 en 1919. La peseta obtuvo mejores cotizaciones que nunca, mientras la libra esterlina pasó de 27,1 en 1913 a 24,8 en 1915 y a 19,8 en 1918. En cambio, el Estado fue de nuevo sumamente gravoso al banco; volvieron los anticipos bancarios a cuenta de Tesorería y, desde 1917, se puso en marcha el peligroso mecanismo de inflación consistente en hacer emisiones de la Deuda pública, que la banca privada tomó para pignorarla inmediatamente en el Banco de España contra nuevas emisiones de billetes.

Los salarios en ciudades y campos no seguían el ritmo impetuoso de los beneficios. Algunos ejemplos aclararán mejor esta situación. El promedio de salarios de obreros calificados osciló durante los tres primeros años de guerra entre cinco pesetas y 5,50 por jornadas de nueve, diez y hasta once horas; los jornales de los peones en el campo no solían pasar de una peseta o de 1,50, además de la comida.

Hemos visto los enormes beneficios obtenidos por las compañías hulleras de Asturias. Veamos ahora los jornales de los mineros durante el mismo período, en pesetas:

Años | En la mina | Exterior
1914 | 5,17 | 4,08
1915 | 5,56 | 4,64
1916 | 6,75 | 5,74
1917 | 7,68 | 6,49
1918 | 10,27 | 8,50
Fuente; Ministerio de Trabajo y Previsión Estadística de salarios y jornadas de trabajo, referida al período de 1914-1930.

El promedio de salarios calificados en la metalurgia era también de cinco pesetas diarias durante los dos primeros años de la guerra.

Hasta qué punto llegaba el contraste entre los salarios de los trabajadores y los beneficios de las empresas, su mezquina ceguera se comprueba sin dificultad leyendo la siguiente nota publicada en Heraldo de Madrid el 18 de julio de 1917: «La Sociedad Española de Construcciones Navales de El Ferrol, teniendo en cuenta la buena conducta de los dos mil obreros que trabajan a su servicio y el enorme encarecimiento de las subsistencias, ha decidido aumentar en 50 céntimos el salario de todos los trabajadores que ganaban menos de siete pesetas».

Fácil es colegir que el referido aumento se traducía en un alza media del 10 por ciento cuya exigua proporción con el de los precios resulta harto evidente.

En cuanto a horarios de trabajo, hay otro ejemplo definitivo, la industria textil se regía entonces por un decreto de 1913, considerado como «avanzado», que fijaba la jornada máxima en sesenta horas semanales.

En el sector agrícola, la situación de los trabajadores era todavía más penosa. En líneas generales, los salarios durante los tres primeros años de la guerra oscilaron en torno a los promedios de los inmediatamente anteriores[6]. El siguiente párrafo del periódico El Eco Toledano, reproducido por la revista España del 23 de abril de 1915 es suficientemente elocuente: «El mayor jornal que saca un labriego es de 1500 a 1600 reales al año, o sea cuatro reales y diez céntimos o cuatro reales y treinta y ocho céntimos diarios. Esto los mayorales. Los demás criados cobran en escala descendente. Tienen familia. Alguno tres hijos o hijas. Algunos más. Necesitan, al menos, dos panes diarios. A 40 céntimos, estos panes —en Toledo se expenden a 48— hacen 80 céntimos. Media libra de garbanzos, 0,15; hacen 95 céntimos. ¿Qué queda para desayuno y cena? No ha hecho consumo, en su yantar, el labriego, de tocino, carne, azúcar, leche y vino, y le quedan todavía 15 céntimos, quizá más: ¡quizá 30 o 40 céntimos!».

La Memoria que redactó en 1919 una comisión del Instituto de Reformas Sociales realizó la siguiente estimación de salarios para el año 1917: El Carpio: promedio de jornales, 2,25 a tres pesetas diarias.

Dos años más tarde, el Instituto de Reformas Sociales calculaba los salarios en la provincia de Córdoba de dos a seis pesetas, pero, a partir de tres, sin recibir comida.

Hemos visto antes el fenómeno alcista en los precios al por mayor; no hace falta, sin embargo, comprobar cuáles eran sus dimensiones en la venta al por menor, que es la que incidía directamente sobre el presupuesto familiar. He aquí algunas oscilaciones, de precios del detallista en Madrid, en pesetas y por kilo, excepto el aceite, que lo era por arroba:

Artículos | 1913 | 1917
Aceite | 13,37 | 18,50
Arroz | 0,45 | 0,66
Bacalao | 1,23 | 2,20
Judías | 0,67 | 0,97
Tocino | 2,10 | 2,50
Sardinas en aceite | 1.47 | 2,70
Jabón | 0,78 | 1,50
Fuente: España Nueva, agosto de 1917.

Índice de precios en Barcelona:

Artículos | 1914 | 1917 | % aumento
Trigo | 29 | 47 | 62
Maíz | 25 | 45 | 80
Harina | 45 | 55 | 22
Patatas | 10 | 19 | 90
Judías | 62 | 78 | 8
Bacalao | 150 | 244 | 62
Avena | 23 | 42 | 82
Centeno | 23 | 47 | 83
Garbanzos | 44 | 75 | 70
Aceite | 114 | 173 | 51
Alcohol | 88 | 206 | 134
Arroz | 38 | 66 | 92
Gasolina | 71 | 165 | 132
Fuente: Correo Catalán. 1 de enero de 1918.

Los números índices sobre el costo de vida elaborados por el Instituto de Reformas Sociales son los siguientes:

Semestres | Pueblos | Capitales
Promedios del quinquenio Abril 1909 a Marzo 1914 | 100 | 100
1. Abril a Septiembre de 1914 | 106 | 106,9
2. Octubre de 1914 a Marzo de 1915 | 110,8 | 107,7
3. Abril a Septiembre de 1915 | 117,1 | 113,8
4. Octubre de 1915 a Marzo de 1916 | 118,4 | 117,6
5. Abril a Septiembre de 1916 | 123,4 | 120.3
6. Octubre de 1916 a Marzo de 1917 | 125.6 | 123,6
7. Abril a Septiembre de 1917 | 139,8 | 136,1
8. Octubre de 1917 a Marzo de 1918 | 149,3 | 145,4
9. Abril a Septiembre de 1918 | 172.8 | 161.8
10. Octubre de 1918 a Marzo de 1919 | 178,5 | 167,7
11. Abril a Septiembre de 1919 | 190,9 | 180
12. Octubre de 1919 a Marzo de 1920 | 208.1 | 192,3
13. Abril a Septiembre de 1920 | 220,3 | 202,6
14. Octubre de 1920 a Marzo de 1921 | 185.5 | 175.1
15. Abril a Septiembre de 1921 | 198 | 193
16. Octubre de 1921 a Marzo de 1922 | 185.7 | 173.5
17. Abril a Septiembre de 1922 | 183,2 | 173

Después de la publicación de la primera edición de este libro, contamos con los trabajos realizados sobre estas fuentes por Fernanda Remen (tesis doctoral 1966), Marta Vizcarrondo y Javier Tusell, este último centrado sobre Madrid.

Cuadro de promedios de Jornales

Año
Varones
Hembras
Horas
jornada
Índice Var.
Índice Hemb.

1913
2,81
1,31
10
100
100

1914
2,76
1,23
10
98,2
93,8

1915
3,02
1,31
10
107,4
100

1916
3,03
1,38
9-10
107,8
105,3

1917
3,11
1,42
9-10
110,6
108,4

1918
3,53
1,77
8-9
125,6
135,1

1919
4,13
1,77
8
146,9
135,1

1920
5,04
2,20
8
179,3
167,9

1921
5,82
»
8
193
168

Fuente: Instituto de Reformas Sociales.

Puede observarse que existen algunas diferencias según las plazas y, sin duda, según los métodos empleados para recoger datos, pero los promedios no ofrecen variaciones esenciales.

La cuestión se complicó sobremanera con el enrarecimiento de numerosos artículos de primera necesidad, que o bien eran vendidos fraudulentamente a precios abusivos o bien retenidos en oculto almacenaje por los especuladores. Escasez y subida se agravaron con caracteres alarmantes en los primeros meses de 1915. La revista España del 5 de marzo de dicho año informaba de las siguientes alzas:

Pan: 43 por ciento en Gerona, 33 en Córdoba, 28 en Albacete, 30 en La Corona, 25 en Soria, 26 en Cáceres, 20 en Granada, 19 en Salamanca, 42 en Zaragoza.

Patatas: 80 por ciento en Almería, 166 en Gerona, 100 en Soria, 100 en Tarragona, 50 en Ciudad Real, 42 en Granada, 50 en La Coruña, 33 en Segovia, 30 en Málaga.

Alubias: 75 por ciento en La Coruña, 70 en Lérida, 67 en Tarragona, 44 en Málaga, 45 en Gerona, 56 en Córdoba, 35 en Cáceres.

Lo que da idea de que, en determinadas provincias, los precios de venta al público eran objeto de una especulación desenfrenada que raramente se reflejó en los cuadros establecidos en años posteriores.

El alza y el enrarecimiento de subsistencias engendraron desde muy pronto diversos movimientos de cólera popular. Por estas mismas fechas se produjeron manifestaciones de mujeres en Murcia, Barcelona, Almería, Valladolid, La Coruña, etc. Las mujeres de Lanaja (Huesca), en número de 500, fueron a la capital llevando en brazos a sus criaturas en una marcha de cincuenta kilómetros para pedir pan más barato al gobernador. Este personaje, al saber que estaban acampadas en las afueras, ordenó a la Guardia Civil que disolviera la manifestación y sólo se interesó por conocer quiénes eran «los instigadores».

En Segovia, una manifestación contra la carestía fue sofocada por los cadetes de la Academia, y en la reyerta hubo heridos por ambas partes.

Al mes siguiente, las manifestaciones y choques de la fuerza pública se reprodujeron en Córdoba, Murcia, Albacete, Huelva, etcétera.

Sin embargo, las subidas de precio y el enrarecimiento de artículos afectaron principalmente durante los primeros años a las capitales y concentraciones urbanas. En el campo, su repercusión más neta tuvo lugar desde comienzos de 1918, cuando los efectos de la inflación se hicieron sentir por todas partes. Conviene tener en cuenta esta diferencia cronológica en el empeoramiento del nivel de vida al reflexionar sobre la relativamente escasa participación de los trabajadores del campo en las importantes huelgas de 1916 y 1917, que contrastó con la amplitud y violencia de la lucha campesina, particularmente en Andalucía, durante los años 1918 y 1919.

Las posiciones políticas del momento

Las posiciones políticas del momento

En esta España donde los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, prendieron las pasiones e intereses de la conflagración mundial, tanto por las acciones contrapuestas de los bandos beligerantes sobre el tablero político español, como por la excitación de apetitos de algunos sectores del país y, también por aquello de que izquierdas y derechas establecían analogías más o menos afortunadas entre las potencias en liza y sus propios fines políticos.

Historiador al que no puede tacharse de progresismo, como es Melchor Fernández Almagro, afirma: «Pero es evidente que en la Corte, como en la aristocracia y el Ejército, dominaba la germanofilia[7]». Verdad era ésta por lo que se refiere a la derecha tradicional, pero no eran menos estridentes las voces en favor de los Aliados, que venían de personas tan destacadas por aquel entonces como el conde de Romanones, Alejandro Lerroux y Melquíades Álvarez. Éste llegó a decir el 1.º de mayo de 1915 en Granada que era preciso estar «antes con Francia e Inglaterra vencidas, que al lado de Alemania triunfante». Vázquez Mella, político carlista, respondía el día 31 del mismo mes con un discurso anglófobo y partidario de la entrada en guerra junto a los Imperios Centrales.

Los diputados de la Lliga Regionalista, cuya voz cantante era llevada por Cambó, Ventosa y otros acreditados representantes de la burguesía catalana, reclamaron con energía la concesión de una zona de puerto franco a Barcelona, con el evidente objeto de acrecentar las ganancias industriales y comerciantes catalanes. El 21 de diciembre anterior, el mismo ministro de Hacienda había leído un proyecto de la ley que autorizaba al Gobierno «para conceder el establecimiento de zonas francas en los puertos españoles que reúnan condiciones apropiadas al efecto». Contra dicho intento se alzaron los propietarios agrícolas castellanos —reunidos en Valladolid y que contaban con el decidido apoyo de Santiago Alba— y el Gobierno Dato juzgó más oportuno clausurar las Cortes sin discutir dicho proyecto de ley. Reaccionaron violentamente los parlamentarios de la Lliga, por un manifiesto publicado el 25 de febrero, y Dato tuvo que soportar más de un desaire en su viaje a Barcelona durante el mes de abril.

La polémica sobre la guerra enardecía los ánimos sin cesar. Entró Italia en la guerra (20 de mayo de 1915), lo que excitó el trasfondo bélico del joven José Ortega y Gasset, que proclamaba en la revista España; «Bienaventurados los italianos, ante cuyas miradas una camisa o veste roja que se agita anuncia una esperanza ilimitada que se abre». A primeros de julio, un resonante manifiesto de adhesión a las naciones aliadas era firmado, entre otros, por Azcárate, Américo Castro, Cossío, Medinaveitia, Marañón, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Pittaluga, Posada, Fernando de los Ríos, Simarro, Turró, Unamuno, Zuloaga, Clará, Araquistain, Azaña, Azorín, Carner, Antonio Machado, Amadeo Hurtado, Ramiro de Maeztu, Martínez Sierra, Enrique de Mesa, Pérez Galdós, Palacio Valdés, Pérez de Ayala, Valle Inclán…

Por su parte, Benavente denostaba a Italia por su entrada en la guerra a favor de los Aliados, mientras Pío Batoja había escrito el 26 de febrero: «Si hay algún país que pueda sustituir los mitos de la religión, de la democracia, de la farsa de la caridad cristiana por la ciencia, por el orden y por la técnica es Alemania».

Pablo Iglesias que, como el sector mayoritario del Partido Socialista, había manifestado desde el primer momento sus simpatías por la causa aliada, dijo en las Cortes que la situación de España le impedía su beligerancia y escribió con el tema La guerra y España, lo siguiente: «España, que debe sentir como el país que más lo hecho con Servia y Bélgica por los Imperios Centrales, no ha estado ni está en condiciones de observar la actitud anteriormente indicada, esto es, de aportar su ayuda material, sus soldados, para obtener pronto una victoria decisiva sobre los que sueñan con imposibles imperios»[8].

Las simpatías populares por los Aliados, tal vez por asimilar su causa al progreso de las corrientes democráticas en España, eran sin duda fuertes, como lo probó el hecho de que, cuando los alemanes derribaron la estatua erigida a Ferrer Guardia en Bruselas, más de 10 000 personas desfilaron por la embajada de Alemania en Madrid para dejar tarjeta, en signo de protesta. Sin embargo, los españoles desaprobaban las desaforadas incitaciones a entrar en la guerra, como las hechas por Lerroux, primero en el diario Le Journal, de París, y luego en un acto público en Canarias, que le valieron violentas manifestaciones populares de repulsa al regresar a la Península. No le faltaba razón a Salvador de Madariaga cuando en su libro España comentaba: «Además, ambos sectores de la opinión pública estaban de acuerdo en que la guerra no era cosa que concerniese a España, para lo cual había por lo menos dos razones: cierto escepticismo, debido a una larga experiencia histórica, que el Tratado de Versalles había de justificar ulteriormente, y la convicción íntima de que no se ventilaba ningún interés español vital ni podía desprenderse para España beneficio alguno de una intervención activa».

También Antonio Machado, pese a su simpatía por la Francia liberal y laica, había escrito ya a Unamuno el 31 de diciembre de 1914: «Esta guerra me parece tan trágica y terrible como falta de nobleza y de belleza ideal». Y el 26 de marzo siguiente, la revista España le publica el poema A España en Paz.

Marruecos

Marruecos

Además, la experiencia española de la llamada «acción en Marruecos» era bien triste. El ejército español (con sus 12 000 oficiales para 100 000 hombres de tropa) no era capaz de asentar el poderío del Estado sobre las parcelas de Marruecos que los tratados de Algeciras y de 1912 habían asignado a España como zona de Protectorado.

El comportamiento de los militares españoles, a partir del establecimiento legal del Protectorado, no había contribuido a facilitar en nada la situación: el general Alfau había ocupado Tetuán ya antes de que se firmase el tratado con Francia. Desde aquel momento, fue una ocupación militar y en modo alguno uña acción protectora. Oigamos lo que decía sobre el particular el que fue alto comisario interino, señor López Ferrer: «Muchos habitantes de Tetuán estaban en la creencia, después de la ocupación, de que una vez posesionada España de la ciudad, o una vez realizado aquel acto de presencia conveniente para el establecimiento del Protectorado, se retirarían las tropas de la ciudad, pues allí no las consideraban necesarias, teniendo en cuenta la buena disposición con que habían sido acogidas por el vecindario… No ocurrió nada de eso. Las tropas continuaron en Tetuán. Aquellas Milicias Voluntarias y aquellos soldados del Serrallo y de Ceuta, habituados por su residencia en dicha plaza a la vista y al trato con el moro, fueron sustituidos a poco por la brigada de Cazadores de Madrid mandada por el general Primo de Rivera. Ocurrieron con este motivo incidentes inevitables, pero lamentables; riño el descontento de la población indígena…».

«El desdichado combate de Laucien, provocado por el indicado general, fue el principio de la guerra en aquella parte de Marruecos»[9].

En la serie de atropellos y equivocaciones de aquellos años ocupa un lugar preeminente, por sus consecuencias ulteriores, el procesamiento y prisión de Abd-el-Krim, entonces empleado como asesor en Melilla de la Oficina de Asuntos Indígenas. Se trató sencillamente de una provocación montada por un capitán de la Oficina de Alhucemas, para «hacerle hablar». Lo que Abd-el-Krim dijo fue sólo que aspiraba a llegar al día en que no fuese necesaria la tutela de España. Se le procesó por «traidor a la patria» (¿a cuál?) y, aunque el proceso se sobreseyó más tarde, el mal estaba hecho.

A todo esto, en el sector de Larache, el turbulento general Fernández Silvestre[10] perseguía incansablemente al jefe rifeño El Raisuli, pero chocó con el general Marina, que prefería el entendimiento con el cabecilla. Ambos fueron relevados, y Silvestre pasó a ser ayudante del Rey.

En 1915, la situación en la zona de Tetuán era muy poco halagüeña y don Pablo de Azcárate la describía así: «Todos los días, al amanecer, se hace desde todas las posiciones el servicio de descubierta… Al crepúsculo, el servicio se retira: las fuerzas se recogen en sus respectivas posiciones, y desde este momento, nuestra dominación se reduce a lo siguiente: el interior de las murallas de Tetuán y el terreno comprendido dentro de las alambradas de las posiciones»[11].

En ese año, el general Gómez Jordana, nuevo alto Comisario, consiguió, no sin numerosos combates, llevar las posiciones de tropas hasta la línea del Muluya, por la zona oriental.

En 1916 se estableció la política de brazos cruzados a fin de no crearse complicaciones con las potencias beligerantes en la gran guerra. «La misión nuestra (en 1916) era sostener la tranquilidad en la zona límite a toda costa, sin nada de avance ni nada de romper el statu quo durante el período que duró la guerra…»[12].

Esta pasividad no dejó de disgustar al Gobierno francés, ya que el Raisuli era conocido por su germanofilia activa. Inactividad e inseguridad fueron rasgos comunes del Protectorado hasta 1919, lo que no impidió que en 1917 se aumentasen notoriamente los créditos militares para Marruecos. Por añadidura, la administración de algunos fondos dejó mucho que desear, como lo prueban las siguientes palabras del marqués de la Viesca al general Burguete, en una Comisión parlamentaria formada años después: «En África, parece ser que existían obras, automóviles y otras cosas que se costeaban con fondos que no figuraban en el Presupuesto». Y afirmó más: en el Presupuesto había consignados de 15 a 20 millones de pesetas para distribuirlas en concepto de raciones a los jefes de cabilas sometidas. Pero resulta que no había tales cabilas sometidas y que el dinero se gastaba sin saber en qué.

Así marchaban los asuntos de la desdichada acción en Marruecos, mientras los españoles polemizaban a voz en grito a cuenta de la acción mucho más terrible que asolaba los campos de Europa.

Protagonismo de la burguesía catalana

Protagonismo de la burguesía catalana

No cejaban en su empeño los representantes de la burguesía catalana. El 10 de noviembre de 1915 tuvo lugar en Barcelona una manifestación «prozonas francas y otras reformas económicas», convocada por políticos aparentemente tan dispares como Cambó y Lerroux, el primero apoyando con más fuerza que nunca sobre la personalidad peculiar de Cataluña, y el segundo impertérrito en su centralismo. Las elecciones municipales de noviembre constituyeron un rotundo triunfo de la Lliga y radicales. Una discusión parlamentaria sobre reformas militares sirvió de pretexto a todos los jefes políticos, desde Romanones a Lerroux, para emplazar al Gobierno a que, antes que medidas de carácter militar, el Congreso estudiase las encaminadas a «vigorizar la potencia económica de la nación».

El Gobierno Dato, cogido por sorpresa, tuvo que dimitir el 6 de diciembre. El día 9 formaba gobierno el conde de Romanones, con Villanueva en Estado, Santiago Alba en Gobernación y Urzáiz en Hacienda, pero este último sólo duró dos meses y pagó así su empeño de querer establecer nuevos gravámenes sobre quienes se enriquecían sin tasa con la exportación de piritas.

Durante el Gobierno Dato se había iniciado la carrera hacia las ganancias fabulosas, así como el alza de precios y el consiguiente descenso del nivel de vida. La subsiguiente tensión se completó con la existente entre la burguesía industrial y de negocios, y los propietarios agrarios. Estas contradicciones iban a sufrir notable agravación durante el gobierno de Romanones. La protesta de los trabajadores por la disminución de su nivel de vida cuajó en acciones huelguísticas desde los primeros días del año 1916. En Barcelona, la huelga de la construcción se convirtió en general; en febrero file Valencia la que quedó paralizada y, en marzo, en Logroño, la fuerza pública disparaba contra una manifestación obrera, a la que causó un muerto y cinco heridos. También fueron al paro los mineros de la Carolina y de Cartagena. Por su parte, los nacionalistas vascos y catalanes expresaban sin velos sus aspiraciones. El manifiesto Por Cataluña y la España grande, redactado por Prat de la Riba un año antes de morir, planteaba la cuestión de la autonomía de Cataluña, refrendada por el manifiesto de la Lliga en el mes de marzo de 1916 a raíz de la convocatoria de elecciones a Cortes, que tuvieron lugar en medio de una acusada indiferencia del cuerpo electoral, que contrastaba curiosamente con la agitación política y social que recorría el país de una punta a otra.

En verdad, los españoles empezaban a cansarse de la torpe comedia de las oligarquías manejando los hilos del caciquismo; sólo en las grandes ciudades era posible un mínimo de veracidad en la contienda electoral. Se dio por aquel entonces el caso de que los trabajadores, que diariamente se manifestaban y declaraban huelgas por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, se desinteresaban de las elecciones; el número de abstenciones fue muy crecido y 145 diputados fueron elegidos por el artículo 29, esto es, sin contrincante. Los liberales, a quienes indefectiblemente debía corresponder la mayoría, sentaron en los escaños a 235 diputados; 17 diputados republicanos y un socialista (Pablo Iglesias, elegido por Madrid) eran la imagen del estancamiento electoral, que no reflejaba la animosidad creciente contra el sistema oligárquico de una opinión popular no poco desorientada y más aún fatigada de la polémica entre aliadófilos y germanófilos. Sólo en Cataluña resultó apasionada la lucha electoral: Alba quiso dar la batalla al catalanismo, pero fracasó en su empeño; los candidatos de la Lliga obtuvieron la victoria y por las minorías fueron elegidos Lerroux y Hermenegildo Giner de los Ríos.

Reorganizóse el Gobierno, Santiago Alba pasó a Hacienda, Ruiz Jiménez a Gobernación, Amalio Gimeno a Estado y Gasset a Fomento.

En ésas, los precios, en su galope, dejaban cada vez más atrás los salarios y la agitación obrera subía de tono. En el mes de mayo, el XII Congreso de la U. G. T., reunido en Madrid, decidía acentuar la lucha contra la carestía de la vida, y una resolución análoga era adoptada por la conferencia de la C. N. T, celebrada durante el mismo mes en Valencia y de la cual salieron delegados confederales para asistir al Congreso ugetista.

Mas a los diputados catalanes preocupábanles otros problemas, y si Cambó respondió al Mensaje de la Corona, el 5 de junio, planteando de lleno la cuestión de la autonomía catalana, lo que hacía en realidad era pedir el Poder para una clase social, la burguesía: «Somos un grupo de hombres de gobierno, que hemos nacido para gobernar, que nos hemos preparado para gobernar…». Pero Alba, desde el ministerio de Hacienda, secundado por Chapaprieta, contraatacó con un proyecto de ley sobre beneficios extraordinarios, obtenidos por sociedades y particulares con ocasión de la guerra. Alzóse Cambó lleno de santa indignación, acusó al Estado de «querer participar en las ganancias y no en los quebrantos» y la emprendió con los propietarios agrarios. «Más importantes son los beneficios de agricultores y ganaderos», declaró el jefe regionalista catalán, quejándose de que dichos sectores no fueran objeto de tributación en el citado proyecto de ley[13].

Ardua era la empresa y muchas las presiones opuestas; éste y otros proyectos de Alba vieron pasar los meses y la ley sobre beneficios extraordinarios no pasó jamás del primer artículo.

Durante el verano, los ferroviarios anunciaron la huelga por el aumento de 25 céntimos diarios de salario, la continuación de las primas y el reconocimiento de su organización sindical. Romanones se puso nervioso, militarizó a los presuntos huelguistas y declaró el estado de guerra. Pero los romeros asturianos anunciaban ya su huelga por solidaridad e Isidoro Acevedo, en nombre de la Federación Socialista de Asturias, propuso la huelga general, contra la carestía de la vida. No compartieron este criterio la mayor parte de dirigentes socialistas, particularmente Iglesias, Besteiro y Largo Caballero, y tras dos días de huelga se llegó a un arbitraje, del cual salió un Real Decreto, del 9 de agosto, por el que las compañías ferroviarias venían obligadas a reconocer las Asociaciones y Sindicatos de sus obreros y empleados.

Por otra parte, las salpicaduras de la guerra traían de cabeza a los gobernantes: un submarino alemán entró en Cartagena y el Gobierno cubrió el asunto con la afirmación según la cual aquella unidad traía sólo una carta del Kaiser al Rey agradeciéndole la hospitalidad prestada a los internados del Camerún. Pero esos mismos submarinos alemanes seguían torpedeando barcos mercantes españoles, mientras que Francia, en aquel verano de 1916, hizo la primera gestión directa cerca del Gobierno de Madrid para que España entrase en la guerra. Mas aquel paso era sumamente impopular; Romanones no lo ignoraba, como tampoco ignoraba la oposición del Rey.

El año terminó con un acontecimiento de la máxima importancia: las Centrales sindicales U. G. T. y C. N. T., que habían establecido ya contacto, decidieron, en la reunión común celebrada en Zaragoza el 20 de noviembre, organizar un paro general de 24 horas contra la carestía de la vida. Fue aquella huelga del 18 de diciembre, conocida por la de las subsistencias, históricamente la primera concertada por las dos grandes organizaciones obreras españolas. Sobre aquel movimiento, el ya citado Isidoro Acevedo ha escrito que fue «el primero de frente único obrero que se dio en España hasta entonces». De esa huelga es así mismo la famosa frase del ministro de la Gobernación, Ruiz Jiménez, que no ocultó que «pararon hasta en Belchite».

Comenzó 1917 con la declaración de bloqueo total por parte de Alemania, a la que replicó el Gobierno español en nota prudente, aunque dejando entrever la posibilidad de represalias. Meses más tarde, el 6 de abril, los Estados Unidos entraban en guerra.

Mientras tanto, el nivel de vida de los trabajadores descendía al mismo tiempo en sentido opuesto al aumento de beneficios de empresas y negociantes. El Comité Nacional del Partido Socialista celebró con este motivo dos reuniones con los delegados de las Federaciones Regionales; Cambó, por su lado, con vistas a su participación en el Gobierno, celebraba cordiales entrevistas en el aristocrático Nuevo Club de la madrileña calle Alcalá con los ultraconservadores Dato y Bugallal.

De todos modos, era de más trascendencia la reunión celebrada en la Casa del Pueblo de Madrid por los delegados regionales de la U. G. T. y de la C. N. T., presididos por Largo Caballero, que, teniendo en cuenta el éxito de la huelga del 18 de diciembre anterior, elaboró el 27 de marzo un manifiesto que anunciaba la posibilidad de una huelga general ilimitada para obtener «cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y el desarrollo de sus actividades emancipadoras». Al liberal Gobierno de Romanones le pareció sediciosa tal declaración y suspendió las garantías constitucionales, clausuró la Casa del Pueblo y otros centros obreros, y encarceló a aquellos firmantes del manifiesto que la policía pudo encontrar al alcance de su mano[14].

Mas al llegar al mes de abril, tras el paso dado por los Estados Unidos y el torpedeamiento por los alemanes del barco español San Fulgencio, la situación de Romanones, otra vez tentado por la beligerancia, fue insostenible en el seno mismo del Gobierno. Hubo crisis el día 20, pero no cambio de partido en el Poder. Otro liberal, García Prieto, formó ministerio. Alba siguió en Hacienda, Alvarado pasó a Estado, Burell a Gobernación y el general Aguilera era nombrado ministro de la Guerra.

Las fuerzas políticas y sindicales

Las fuerzas políticas y sindicales

Conviene, antes de proseguir nuestro relato, echar una ojeada sobre la situación de las fuerzas políticas y sindicales que, cada vez con mayores bríos, iban a ocupar los primeros planos en la vida del país.

El Partido Socialista (P. S. O. E.) había celebrado su X Congreso, del 24 al 31 de octubre de 1915, en la Casa del Pueblo, de Madrid. Contaba entonces con 14 332 afiliados, que integraban 238 entidades, concentrados principalmente en Andalucía (6988 afiliados), Castilla la Nueva (1925, la mayoría en Madrid), País Vasco y Extremadura. Había que contar además unas 120 organizaciones de las Juventudes Socialistas y tres o cuatro Grupos Femeninos. Tenía el Partido un diputado (Iglesias) y 176 concejales repartidos en 72 municipios. El Socialista aparecía como diario y había además otros doce periódicos del partido.

Desde el comienzo de la guerra mundial, el Partido Socialista se había mostrado partidario de la neutralidad por razones de la situación específica de España, pero sin ocultar su simpatía por las potencias aliadas. Ese mismo criterio fue sustentado por Pablo Iglesias en las Cortes. Sin embargo, una minoría encabezada por García Quejido, Verdes Montenegro, Recasens y otros más insistía en que se trataba de una guerra más entre países capitalistas. El debate se reprodujo en el Congreso, en el que la ponencia proaliada de Besteiro, Jaime Vera, Fabra Ribas y Araquistain fue aprobada por 4090 votos contra 1208 a otra de Verdes Montenegro. El dictamen aprobado decía: «De vencer el imperialismo austrohúngaro, habrá un retroceso o un alto para el socialismo y la democracia; de obtener la victoria los países aliados, nuestra causa realizará grandes progresos, incluso en Alemania y Austria».

El Congreso decidió, por 3106 votos contra 2850, el mantenimiento de la conjunción republicano-socialista y eligió su nuevo Comité Nacional[15].

Si el Congreso del Partido Socialista ya había adoptado, como hemos visto, una resolución contra la carestía de la vida, fue el de la Unión General de Trabajadores, celebrado también en Madrid en mayo de 1916, el que se ocupó más extensamente de este problema. La U. G. T., en nombre de más de 150 000 trabajadores afiliados, pedía en las resoluciones de su XII Congreso «el abaratamiento de los medios de transporte, el fomento de las obras públicas, la regularización del intercambio de productos, la supresión de privilegios industriales, la terminación de los gastos improductivos, especialmente de la criminal guerra de Marruecos». El Congreso decidió así mismo el empleo de todos los medios de lucha para conseguir esos objetivos y facultó al Comité Nacional para declarar la huelga general en caso necesario[16].

La Confederación Nacional del Trabajo (C. N. T.), que había realizado grandes progresos desde su fundación, celebró también la ya citada Conferencia de Valencia, en la que se decidió igualmente emprender una campaña contra la elevación del coste de vida, así como nombrar una delegación para entrevistarse con la U. G. T.

Por su parte, los Sindicatos Católicos, que habían creado en 1912 una Federación Nacional, bajo la orientación de los padres dominicos Gerad y Gafo, contaban con unos 20 000 afiliados, pero no tuvieron ninguna intervención decisiva en la acción contra la carestía.

En cuanto a los patronos, éstos procuraban a su vez organizarse y, tras haberse celebrado en Madrid, en 1914, el Congreso de Federaciones Patronales, crearon la Secretaría de la Liga Patronal.

Los campesinos que seguían la tradición anarquista celebraron el Tercer y Cuarto Congresos de la Federación Nacional de Agricultores Españoles en Úbeda (1915) y Villanueva y Geltrú (1916), respectivamente, pero su organización no era muy vigorosa.

El republicanismo seguía diluido entre los radicales empeñados en la aliadofilia de Lerroux y las individualidades venerables como Azcárate. Dentro del republicanismo adquiría personalidad propia el grupo barcelonés de Francisco Layret y Marcelino Domingo. En cuanto a Melquíades Álvarez, continuando la tradición posibilista de Castelar, había admitido ya, a la cabeza de su grupo reformista, la colaboración coa el régimen monárquico.

Los partidos representantes de la oligarquía se dividían en banderías por apetencias de personas y grupos: los conservadores eran mauristas o datistas o ciervistas; los liberales romanonistas, garciprietistas, albistas, etc. Ya hemos señalado la hegemonía que llegó a alcanzar la Lliga Regionalista en Cataluña, aliando los sentimientos nacionales con la defensa de la burguesía. La izquierda nacionalista (Macià, Carner, etc.) tenía entonces menor importancia.

Éste era, a muy grandes rasgos, el panorama político al despuntar el año 1917. No sería completo si se omitiese el particular estado de espíritu que reinaba en los cuartos de banderas, cuyas consecuencias veremos en el capítulo siguiente.

Casi sin darse cuenta, cómo ocurre siempre en el umbral de las grandes transformaciones, la vida de los españoles se transformaba o, para ser más precisos, era otra la vida en los grandes centros urbanos cuya población aumentaba prodigiosamente.

La marcha atrás era ya imposible; las ciudades, la producción, los conflictos sociales y los debates intelectuales eran ya los del siglo XX. Se abría una nueva página de la historia de España.

Capítulo II. La crisis de 1917

CAPÍTULO II
LA CRISIS DE 1917

Las Juntas militares de Defensa

Las Juntas militares de Defensa

Sabemos ya qué grado había alcanzado la tensión en aquella primavera de 1917. En el orden internacional, el torpedeamiento ininterrumpido de barcos españoles por submarinos alemanes y la inevitable psicosis subsiguiente a la entrada en guerra de los Estados Unidos exaltaron a los aliadófilos y sacaron sin duda de sus casillas a quienes parecían más cautos en política interior que exterior. Los reformistas de Melquíades Álvarez pedían la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y Pablo Iglesias manifestaba idéntico criterio en un artículo publicado en El Socialista a finales de abril. El 27 de mayo se celebró un gran acto de las izquierdas en la Plaza de Toros de Madrid, por iniciativa de la revista España, sufragado, si se cree el testimonio de políticos de la época, por el mismísimo conde de Romanones. Allí hablaron Álvaro de Albornoz, Ovejero, Castrovido, Menéndez Pallarás, Unamuno, Melquíades Álvarez y Lerroux. Se abundó en el criterio de romper las relaciones con Alemania, ya que «España no puede permanecer indiferente y aislada en la lucha actual de las naciones».

Eran muy otros, sin embargo, los elementos de la crisis española: desarrollo de las fuerzas productivas en pugna con la desigualdad de distribución, contradicciones entre terratenientes y burguesía, entre Poder central y nacionalidades, presencia ostensible del militarismo. Este conjunto de elementos iba a ocupar el primer plano de los acontecimientos, y el principal factor externo que empezó a actuar sobre la vida política fue el comienzo de la revolución rusa por el derrumbamiento del Poder zarista en marzo de aquel año.

El Partido Socialista y la U. G. T., partiendo del Manifiesto-Programa del 27 de marzo, comenzaron los preparativos de una acción que consideraban decisiva. «Se llegó a una inteligencia con los demás partidos —dice— y se convino en que el movimiento tendría por finalidad la instauración de un Gobierno provisional que convocara a Cortes Constituyentes. Así mismo se acordó realizar el movimiento, aun cuando no estuviere ultimada su preparación, si las Juntas militares intentaban hacerse dueñas del Poder para establecer una dictadura militar»[1].

Habíase, pues, concertado una alianza por Melquíades Álvarez, en representación de los reformistas, Lerroux, por los republicanos, Largo Caballero, por la U. G. T., y Pablo Iglesias, que tenía por suplente a Besteiro, en nombre del partido Socialista. Iglesias y los diputados republicanos y reformistas establecieron un pacto por el que se comprometían «a utilizar la representación y la influencia de todos en los respectivos partidos para que prevaleciese, por encima de toda clase de poderes, la voluntad soberana de la nación española».

Un factor esencial terciaba en la situación; las Juntas de Defensa.

¿Qué eran las Juntas de Defensa?

El hombre de la calle quedóse sorprendido cuando el 29 de mayo se enteró por la prensa que habían sido arrestados y habían ingresado en el castillo de Montjuic los jefes y oficiales que formaban la Unión y Junta de Defensa del Arma de Infantería[2]. El general Alfau, capitán general de Cataluña, había sido reemplazado por el general Marina. ¿Qué había sucedido?

Se trataba de una añeja historia que súbitamente afloraba a la superficie. A los problemas ya endémicos de un ejército que, desde la pérdida de las colonias, padecía de hipertrofia y desempeñaba función más interior que exterior, habíanse agregado no pocas contradicciones internas, entre las que descollaban las siguientes: a) el alza del coste de la vida había alcanzado naturalmente a los militares, con la única excepción de los destinados a Marruecos; b) el favoritismo y el compadrazgo reinantes en el Palacio Real y en los corrillos de la Gran Peña y el Casino Militar. (Un comentarista conservador de la época dice: «Hay una camarilla del Cuarto militar del Rey y hay una camarilla del ministerio de la Guerra»[3]); c) la situación particular del Arma de Infantería. A ella llegaban hijos de la clase media que no podían acceder a las Academias de Artillería e Ingenieros (los llamados cuerpos «facultativos» del Ejército), de estudios más largos, diplomas civiles unidos a los militares, etc., y que constituían verdaderas castas más próximas a la aristocracia. Por añadidura, estos cuerpos tenían la llamada escala cerrada, que impedían todo ascenso por mérito, poniéndolos así a salvo del favoritismo palatino o gubernamental; contaban con Juntas autorizadas desde hacía varios años e incluso operaban autonómicamente una selección de su personal mediante los llamados tribunales de honor.

Tampoco debe omitirse la existencia de un factor ideológico, especialmente en Cataluña: la tendencia de los militares a imponerse por la violencia, como habían hecho en 1905, que les dio tan excelentes resultados como la ley de Jurisdicciones.

En este campo de cultivo fue lanzada una disposición oficial relativa a pruebas de aptitud de jefes y oficiales, que fueron llevadas a la práctica por el capitán general Alfau de forma que desagradó a los jefes y oficiales de Barcelona. Formáronse entonces, hacia noviembre de 1916, las primeras Juntas, bajo la presidencia del coronel Márquez, que mandaba el regimiento de Vergara. En realidad, el general Alfau estaba al corriente de todo y lo mismo el general Luque —entonces ministro de la Guerra—, y mucho más el Rey. Éste mantuvo contactos con el coronel Márquez, «y sólo se vio que no era fácil canalizar el disgusto en favor de la Corona —dice Fernández Almagro—, se pensó en disolver las Juntas e imponer sanciones». En diciembre quedó redactado el primer reglamento de las Juntas y en enero de 1917 sólo quedaba por constituir éstas en Madrid. Cambió luego el Gobierno y el ministro de la Guerra, general Aguilera, decidió terminar con dichos organismos, según parece, sin hablar de ello al jefe del Gobierno, pero sin duda con previo conocimiento del Rey (los ministros despachaban individualmente con el soberano). Alfau, que hasta entonces había quitado importancia al asunto, llamó el 25 de mayo a su despacho a los miembros de la Junta de Barcelona y les conminó, por orden del ministro, a que cesasen en sus actividades en el término de veinticuatro horas[4]. Reunida la Junta aquella tarde, se negó a acatar esa orden, pese al consejo de los generales Romero y Riera. Al día siguiente, domingo 26, sus miembros se entrevistaron de nuevo con el general Alfau, al que acompañaban el auditor y el teniente coronel de Estado Mayor, Carlos Castro Girona. La negativa fue rotunda. Los miembros de la Junta fueron conducidos al cuartel de Atarazanas y, a las dos de la madrugada del 27, encerrados en Montjuic. Alfau fue llamado a Madrid, de donde no debía volver, y el general Marina se encargó del mando.

Ante esos hechos, la Junta suplente, presidida por el coronel Echevarría, jefe del regimiento de Alcántara, reaccionó violentamente, envió delegados a provincias y organizó una verdadera subversión. La inmensa mayoría del Ejército los seguía. La guarnición de Madrid se sumaba al movimiento y la Junta de Zaragoza telefoneaba si era preciso detener el tren y apresar al general Marina. Estaba previsto hasta el envío de tropas y la ocupación de Capitanías Generales si el Gobierno no deponía su actitud. En Barcelona, los cuerpos de Artillería y de Ingenieros se solidarizaban con los arrestados de Montjuic y hasta la Guardia Civil informó al general Marina que no dispararía un tiro en caso de conflicto. Por su parte, Lerroux, prometía su ayuda a los «juntistas».

En Madrid, García Prieto y su Gobierno comprendían que estaban sobre un volcán. Él Rey, sin tener en cuenta la Constitución (¿para qué?), delegaba al comandante Foronda para qué intentase una mediación, lo que éste hizo, con resultados negativos, al visitar a los arrestados, así como a los regimientos de Santiago y Montesa.

En estas condiciones se hizo público el conflicto. Y tales eran el desasosiego y el malestar del país, que la mayoría de los españoles no tuvieron una censura para aquella rebeldía, que muchos confundían con deseo de renovación. Hubo grupos y prensa de izquierda que apoyaron las pretensiones de los militares: los republicanos radicales mantenían en Barcelona contacto con las Juntas, y el Heraldo de Madrid publicó varios artículos en su favor.

No es, pues, de extrañar, que las Juntas presentaran un ultimátum al Gobierno. El día 1.º de junio, a las ocho de la mañana, recibía el general Marina un documento de la Junta suplente, redactado, al parecer, por el capitán Villar Moreno. «La totalidad del Arma —leíase allí— ha resuelto exponer respetuosamente, por última vez, su deseo de permanecer en la disciplina, pero obteniendo la rehabilitación inmediata de los arrestados, la reposición de los privados de sus destinos, la garantía de que no se tomarán represalias y de que será atendida, en lo posible, con más interés y cariño, y por último, el reconocimiento oficioso de existencia de su Unión y Junta de Defensa… El Ejército solicita y espera en los cuarteles, en todas las guarniciones de España, la solución de su súplica en un plazo de doce horas, porque para su tranquilidad lo necesita y porque conviene evitar que la prolongación de esta equívoca situación, que dura ya siete días, en los cuales nuestra cordura y subordinación ha sido absoluta, sea piedra de escándalo para el país».

A las cinco de la tarde, el Gobierno había claudicado. Márquez y sus compañeros salieron triunfantes de Montjuic. El Gobierno carecía de toda autoridad y se veía conminado a aprobar el reglamento de las Juntas. El 9 de aquel mes de junio presentaba García Prieto la dimisión. Los militares habían triunfado ante la complacencia de la opinión. Las Juntas trataban por un lado con Cambó y Lerroux, por otro con el Gobierno y con el Rey directamente, quien utilizó entonces de intermediario al general Weyler.

El día 11, Dato formaba gobierno[5]. La crisis ministerial se resolvía, pero la del país se ahondaba. Crisis interna en los partidos clásicos: los mauristas se alzaban contra sus correligionarios en el Gobierno y hasta se manifestaban contra Dato al salir éste de Palacio el día 15; Romanones y García Prieto desgarraban con sus banderías a los liberales, y Alba terciaba en la contienda. Cambó y Abadal condenaban que «los Gobiernos ocupen el Poder por la sola voluntad de la Corona». Pablo Iglesias llamaba desde El Socialista a la unión de las izquierdas, que, en efecto, publicaban el 17 en El País un manifiesto común firmado por Lerroux, Pablo Iglesias, Melquíades Álvarez, etc., mientras que Marcelino Domingo publicaba en La Lucha, de Barcelona, su violento articulo ¿Qué espera el Rey? Las Juntas militares, neopretorianismo de nuestro siglo, eran reconocidas oficialmente, veían aprobado su Reglamento por el nuevo Gobierno y se sentían ampliamente solicitadas. Pero por debajo de este tablado, alumbrado por las candilejas de la política al uso, la otra crisis, la de la estructura social del país, adquiría un ritmo acelerado. Huelgas de los albañiles en Bilbao, de los metalúrgicos en Beasaín, de los obreros del arsenal de Cartagena, de los trabajadores agrícolas de Huelva, de los albañiles y canteros de San Sebastián, así como importantes reuniones sindicales de los ferroviarios, iban llenando aquel mes de junio en que Dato se disponía de nuevo a presidir, impávido, el enriquecimiento de las grandes empresas. Las garantías constitucionales eran suspendidas una vez más y la censura actuaba con todo rigor.

La Asamblea de Parlamentarios

La Asamblea de Parlamentarios

En verdad, la base social y política del Gobierno era cada día más restringida, una coordinación adecuada para la acción de las fuerzas de oposición podía dar al traste, no ya con el Gobierno, sino con el régimen, con todas sus arcaicas estructuras.

Los políticos de la burguesía catalana y, en el fondo, otros vinculados en la burguesía asturiana, como Melquíades Álvarez, preferían un cambio pacífico, por vía constitucional, que no hiciera necesaria la tan temida intervención de la clase obrera. Se trataba, más que nada, de ejercer una presión sobre el Estado para lograr el acceso de representantes del sector industrial de La burguesía al Poder.

Surgió en aquel momento, dentro de ese criterio, la idea de la convocatoria de una Asamblea de parlamentarios. Los diputados y senadores catalanistas habían pedido varias veces durante el mes de junio la apertura de las Cortes, pero se habían estrellado ante la negativa de Sánchez Guerra, pese a verse apoyados por otros diputados de muy diversos matices. Anunció entonces Cambó que los parlamentarios regionalistas invitarían a todos los diputados y senadores de España. El primer paso fue la convocatoria —hecha el 1.º de julio por el señor Abadal, en nombre de la Lliga— de una asamblea de parlamentarios catalanes. En la tarde del 5 de julio reuníanse en el Ayuntamiento de Barcelona todos los diputados y senadores de Cataluña, con la única excepción de los monárquicos, y aprobaron las siguientes conclusiones:

Que es voluntad de Cataluña la obtención de un régimen de plena autonomía.

Que es de gran conveniencia para; España transformar la organización del Estado basándola en un régimen de autonomías que, adaptando su estructura a la realidad española, aumente su cohesión orgánica y facilite el libre desenvolvimiento de sus energías colectivas.

Y acordaba:

Primero. Pedir al Gobierno la inmediata reunión de las Cortes para que las mismas, en funciones de Constituyentes, deliberen y resuelvan sobre la organización del Estado y la autonomía de los Municipios, y den solución inmediata al problema militar y a los que las circunstancias actuales planteen con apremio inaplazable para la vida económica de España:

Segundo. Comunicar el anterior acuerdo al Gobierno y, en caso de no obtener la inmediata convocatoria de las Cortes, invitar a todos los senadores y diputados españoles para que concurran a una Asamblea extraoficial en que se delibere sobre los extremos consignados en el acuerdo anterior, y cuya primera reunión tendrá lugar en esta ciudad el día 19 del corriente.

Esta proposición, defendida por Cambó, Lerroux y Roig y Bergadá, fue votada por 46 parlamentarios. Los trece más conservadores se retiraron antes de votar.

Al día siguiente, Raymundo de Abadal, Hermenegildo Giner de los Ríos, y el marqués de Marianao tomaban el tren para Madrid y el 7 eran recibidos por Dato. Reunido el Gobierno, contestaba a las veinticuatro horas negativamente y declaraba que «el llevarla adelante (la Asamblea) constituiría un acto verdaderamente sedicioso, definido y castigado en diversos artículos del Código Penal».

A partir de aquel momento, la tensión subió de punto. Gobierno y organizadores de la Asamblea se hostilizaron con sendas notas. Catalanistas y republicanos desplegaron una actividad febril: circulares, boletines, etc. El Gobierno suspendí en Barcelona La Veu de Catalunya, La Publicidad. La Lucha y El Progreso, pero la oposición se ingeniaba lanzando otras publicaciones. No se regatearon los contactos con las Juntas y hubo un cambio de cartas entre Cambó y el coronel Márquez. Esta orientación se observa sin velos en el Full número 2, distribuido por la Lliga el 13 de julio:

«… Todo esto que estaba desde hace tiempo en la conciencia nacional, divorciada de las oligarquías monopolizadoras del Poder, adquirió carácter agudo con la actuación de las Juntas militares de Defensa representativas de las aspiraciones del Ejército, cansado de pedir inútilmente los elementos indispensables para su eficacia».

De nada sirvió, pues las Juntas se salieron por la tangente al publicar el día 15 una nota en la que declaraban su propósito de permanecer ajenas alas luchas de los partidos (en realidad buscaban un nuevo contacto con el Rey).

La confusión reinaba en los partidos clásicos del tumo: Romanones vacilaba, Maura no quería saber nada, mientras Ossorio y Gallardo era partidario de la Asamblea y Bergamín se negaba a considerarla como una reunión facciosa.

Y llegó el día 19, Barcelona estaba ocupada militarmente. La Guardia Civil patrullaba por las calles y tenía establecidos retenes en la plaza de San Jaime ante el Ayuntamiento.

La Asamblea estaba perfectamente organizada. Llegaron, de fuera de Cataluña, dos senadores liberales y 21 diputados. Todos se reunieron a comer en el restaurante del Parque, donde se había preparado una «comida de boda» de ochenta cubiertos. Tras el almuerzo, se dirigieron al Palacio del Gobernador de la antigua Ciudadela, cuyo Salón de Juntas ocuparon. Habíanse sumado a la Asamblea 15 senadores y 63 diputados, de los cuales 68 se encontraban allí presentes.

La sesión fue abierta por el señor Abadal, que fue recibido por los parlamentarios al grito de ¡Visca Catalunya!, y por los catalanes al de ¡Visca Espanya!, tras lo cual dio lectura a una moción firmada por Melquíades Álvarez, Cambó, Hermenegildo Giner de los Ríos, Pablo Iglesias, Lerroux, Rodés, Roig y Bergadá, y Zulueta Gomis. Dicha moción constaba de un preámbulo de enérgica protesta contra el Gobierno, y de dos partes: la primera, de acuerdos de principio y la segunda, referente a la constitución y funcionamiento de Comisiones[6].

Cuando se procedía al nombramiento de los miembros de las Comisiones, la policía, que había seguido durante todo el día discretamente a los parlamentarios, acordonó el edificio. Entró en el salón el comisario de Policía Brabo Portillo, y poco después el teniente coronel Riquelme, de la Guardia Civil. Nada consiguieron y el señor Abadal les respondió que estaban allí «como encarnación del Poder legislativo». Siguió la reunión e intervinieron Azzati, Nogués, Castrovido, Baselga y Pacheco, mientras que los jefes de la fuerza pública telefoneaban a Leopoldo Matos, gobernador civil de Barcelona. Llegó Matos, ordenó a la fuerza pública que se retirase y comenzó entonces un diálogo entre el gobernador y el presidente de la Asamblea. Éste se puso después a leer los Acuerdos, interrumpido constantemente por Matos, hasta que éste dijo: «Queda detenido, señor Presidente». Los restantes asambleístas declararon que sería necesario detenerlos a todos ellos. «Bien —respondió Matos— quedan todos ustedes detenidos». Llamó a la fuerza pública, entraron Brabo Portillo, el teniente coronel y sesenta guardias civiles. Simbólicamente todos fueron detenidos; en realidad, antes de salir del Parque fueron puestos en libertad y fueron a recibir ovaciones por los locales de sus grupos políticos y algunos en los hoteles de las Ramblas donde se hospedaban.

Y así terminó la Asamblea de Parlamentarios[7]. Que la Lliga temía más que otra cosa el impulso popular, queda probado por la circular que remitió a todos los ayuntamientos de Cataluña, el día 22, cuya parte esencial decía: «He de recomendaros especialmente que si llegase a vosotros la noticia de que se ha producido un estado revolucionario, cuidéis inmediatamente de velar por la conservación del orden, ayudados del Municipio y por las personas de más autoridad del pueblo, no consintiendo la entrada tampoco a elementos forasteros que quisieran llevar a él la revuelta. Es tan conveniente una medida de energía ante un Gobierno tiránico como atender, dentro de la misma acción, al mantenimiento del orden social».

Pues, en verdad, el orden político y social estaba puesto en entredicho.

En Bilbao, por ejemplo, los metalúrgicos, en huelga desde julio, pedían la jornada de nueve horas y aumento de una peseta en el salario. Altos Hornos, principal empresa siderúrgica, que repartía por entonces dividendos de 15 por ciento (y repartió al año siguiente del 20), se oponía terminantemente.

Entre los miembros de su Consejo de Administración, muchos (los Chávarri, Gandarias, Urquijo, Zubiría) eran miembros del partido conservador. Dato puso a su disposición la fuerza pública, sin conseguir doblegar por ello a los 30 000 metalúrgicos en huelga.

También se hallaban en huelga los metalúrgicos de Zaragoza y Vitoria, los panaderos de San Sebastián, los 2000 mineros de la Iberia, en Murcia. Los de Peñarroya volvían al trabajo a primeros de agosto, tras haber obtenido aumento de salarios y la readmisión de los despedidos.

La situación de Bilbao era la más tensa. Habiéndose quejado la U. G. T. ante Dato, el 6 de agosto, de las violencias ejercidas por las autoridades de dicha capital, respondió el gobernador civil asegurando que «los huelguistas llaman violencia a las medidas para mantener el orden público» (La Gaceta del Norte, 8 de agosto). La Cámara de Comercio ofreció sus oficios de conciliador, pero, reunido el Tribunal arbitral el día 11, veía paralizada su labor por la resistencia patronal.

Análoga tensión se observaba al leer la prensa; La Lucha, de Barcelona, reproducía de nuevo, al levantarse la censura, el ya famoso artículo de Marcelino Domingo, ¿Qué espera el Rey?, que terminaba con estas palabras: «Los reyes, ha dicho Voltaire, han de tener el instinto de poner fin oficial a su reinado para evitar al país el trance doloroso de liquidar a un mismo tiempo el reinado y el rey».

La Publicidad la emprendía con el ministro de la Gobernación y preguntaba: «¿Quién gobierna, Dato o Sánchez Guerra?».

La prensa de Barcelona continuaba una campaña inequívoca comenzada ya en junio. El 21 de dicho mes. Solidaridad Obrera había publicado un editorial en el que se decía; «En este país del caciquismo, de la violencia, no puede apelarse a la razón de una causa, sino que por el contrario, es preciso imponerla. Aquí sólo tiene razón el más fuerte, y es a la fuerza a la que debemos encomendar nuestro pleito».

Hacia la huelga general

Hacia la huelga general

Así estaban las cosas cuando estalló la intempestiva huelga de ferroviarios de Valencia (a la que no fueron ajenos los republicanos Azzati y Domingo) y la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, a la cual pertenecían las huelguistas, procedió a numerosos despidos como medida de represalia. El ministro de Fomento, vizconde Eza, adoptó una actitud conciliatoria y logró que la compañía readmitiese a numerosos represaliados; ésta, sin embargo, se negó a readmitir a treinta y cinco ferroviarios que consideraba como «más peligrosos». Esto indignó a sus compañeros y la Sección del Norte hizo saber, el 2 de agosto, a la Federación Nacional de Ferroviarios y a la Ejecutiva de U. G. T. que estaba dispuesta a ir a la huelga general el día 10 si la Compañía no readmitía a todos los represaliados. Por consiguiente, el Sindicato del Norte presentó el oficio legal de huelga para el 10 de aquel mes.

Se produjo entonces una serie de hechos que determinaron el juicio muy extendido de que fue el Gobierno, y más concretamente Sánchez Guerra, quien provocó la huelga. Acusación ésta en la que han coincidido testigos tan diversos como Cordero. Saborit, Cambó y el propio ministro de Gracia y Justicia. Burgos Mazo, aunque éste echó la culpa a la Compañía[8]. Resulta harto difícil distinguir entre Compañía y hombres clave del Gobierno; el propio Dato, lo mismo que Bugallal, pertenecía al Consejo de Administración de los ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante.

La Ejecutiva de la U. G. T. y personalmente Pablo Iglesias aconsejaron a la Federación Ferroviaria que hiciera lo posible por evitar el conflicto. El Sindicato del Norte, en discusión con el ministro de Fomento, accedió a retrasar la fecha de la huelga, pero no a renunciar a ésta, actitud que el ministro de la Gobernación estimó inaceptable. La Compañía, al parecer de acuerdo con este ministro, rechazó de plano la readmisión de los 35 represaliados de Valencia. Había llegado la hora de la decisión: el 9 de agosto se reunía en la Casa del Pueblo de Madrid el Sindicato Ferroviario del Norte. Todo el mundo sabía que las organizaciones obreras y republicanas preparaban una huelga de carácter revolucionario. Para el Gobierno se convirtió en objetivo supremo provocar esa huelga antes de tiempo para reprimirla enteramente y despejar la situación a su favor. Para la mayoría de los dirigentes socialistas y republicanos, uña declaración de huelga general (porque ésta resultaba inevitable una vez lanzada la huelga ferroviaria) descabezaba sus planes, ya que creían que la preparación del movimiento revolucionario no había alcanzado suficiente madurez. Por el contrario, las organizaciones catalanas creían llegado el momento de lanzarse.

El caso es que aquella noche del 9, el Sindicato del Norte, contra el criterio de la Ejecutiva de la U. G. T. decidió ir a la huelga. La suerte estaba echada y acto seguido, se reunieron los Comités nacionales de la U. G. T. y del Partido Socialista, que tomaron el acuerdo de que el día 13 se declarase la huelga general en toda España. Pablo Iglesias, enfermo, transmitió su opinión de que la huelga debía limitarse a la solidaridad para con los ferroviarios. Ninguno de los presentes fue de ese criterio. Había que ir a la huelga con todas sus consecuencias. Sin embargo, se dio el caso paradójico de que una huelga que se lanzaba con carácter indefinido y con el objetivo de cambiar la situación política del país se iba a realizar sin saber muy bien qué métodos se emplearían. Se había preparado una verdadera insurrección: en Vizcaya y Asturias se habían acumulado armas, se habían fabricado bombas rudimentarias y los mineros habían hecho acopio de dinamita[9]. Pero de repente se daba orden de no utilizar nada de aquello[10]. Desde el primer momento, la dirección del movimiento era incoherente; muy pronto, como veremos, desaparecía completamente.

Desde finales de julio, la U. G. T. y el Partido Socialista habían preparado un Comité de huelga; la noche del 9 entró en acción, después de algunas modificaciones de personas, compuesto por Francisco Largo Caballero. Julián Besteiro, Daniel Anguiano y Andrés Saborit.

El Manifiesto-Programa del Comité de huelga de la U. G. T. y del Partido Socialista, dirigido A los obreros y a la opinión pública, comenzaba anunciando que había llegado la hora de poner en práctica los propósitos anunciados por los representantes de la U. G. T. y de la C. N. T. en el mes de marzo (la C. N. T. fue puesta al corriente y se sumó al movimiento de huelga, pero no existió un organismo común para dirigir la misma). Después de amplias exposiciones de motivos, sus últimos párrafos expresaban los fines de la acción:

«Los ferroviarios españoles no están solos en la lucha. Los acompaña todo el proletariado organizado, en huelga desde el día 13. Y esta magna movilización del proletariado no cesará hasta haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen, necesario para la salvación de la dignidad, del decoro y de la vida nacionales.

»Pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador, y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en la legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la Constitución política del país. Mientras no se haya conseguido este objeto, la organización obrera española se halla absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de huelga.

»Ciudadanos: No somos instrumento de desorden, como en su impudicia nos llaman con frecuencia los gobernantes que padecemos. Aceptamos una misión de sacrificio por el bien de todos, por la salvación del pueblo español, y solicitamos vuestro concurso. ¡Viva España!

»Madrid. 12 de agosto de 1917. Por el Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores: Francisco Largo Caballero, vicepresidente: Daniel Anguiano, vicesecretario. —Por el Comité Nacional del Partido Socialista: Julián Besteiro, vicepresidente; Andrés Saborit, vicesecretario».

En las Instrucciones que se daban para la huelga, además de significarse el carácter indefinido de la misma, se ordenaba que no fuesen los trabajadores quienes iniciaran ningún acto de hostilidad, y se añadía: «Sólo en el caso de que la actitud de la fuerza armada fuese manifiestamente hostil al pueblo, deberán adoptarse las medidas de legítima defensa que aconsejen las circunstancias, teniendo en cuenta que deben evitarse actos inútiles de violencia que no encajan en los propósitos ni se armonizan con la elevación ideal de las masas proletarias».

El Comité de Huelga se instaló la misma noche del día 10 en una buhardilla de la calle del Desengaño. Previamente, varios de sus miembros habíanse entrevistado en Barcelona con Lerroux y con el dirigente de la C. N. T. Salvador Seguí El día 12 lo hicieron con Melquíades Álvarez, quien acto seguido tomó el último tren que salió para Asturias. Horas después, la huelga comenzaba.

El Gobierno preparaba su dispositivo. No lo ocultó el vizconde de Eza al decir a los representantes sindicales: «Mi papel ha terminado, ahora empieza el del ministro de la Guerra y del ministro de la Gobernación». Los ferroviarios reservistas fueron movilizados. La prensa de derechas excitaba a la represión: ABC del día 12 decía: «No se puede tolerar el carácter crónico de esta dictadura obrera», y El Debate ya dos días antes: «De su energía (la del Gobierno) depende el éxito». El Imparcial y el romanonista Diario Universal acusaban a la huelga de tener «fines políticos». Por el contrario, La Publicidad, de Barcelona, había publicado el día 9 un artículo de Miguel de Unamuno en el que se decía: «Las causas de la huelga hay que buscarlas en las profundas aspiraciones democráticas del país».

El movimiento de agosto

El movimiento de agosto

El día 13 por la mañana interrumpieron el tráfico los ferrocarriles en las líneas de Asturias, Galicia, Andalucía… Salvador de Madariaga escribe: «Propagóse la huelga a todo el país: Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, las zonas industriales de Valencia, Cataluña, Aragón y Andalucía quedaron paralizadas».

Los obreros salieron a la calle, pero el Ejército, declarado el estado de guerra, ocupó los puntos estratégicos. Los generales Hurguete y Souza publicaron durísimos bandos en Asturias y Vizcaya, respectivamente. En el primero se podía leer: «Asturianos: Un delito de lesa patria, que bien pueden calificar de traición los hombres honrados, se comete en estos instantes con la inconsciencia de los más, que sirven de instrumento a elementos perturbadores y asalariados por agentes del exterior, que intentan para sus fines particulares, llevar a España a la guerra». Este engendro ha pasado a la historia con el nombre de «Bando de las alimañas», pues de tales eran tratados los obreros, a quienes debía darse caza sin piedad.

Pararon en Madrid todos los obreros de la construcción, los panaderos, los tipógrafos, los tranviarios. La huelga era absoluta y comenzaron los choques callejeros, que fueron sangrientos el 14 y el 15, y las ametralladoras dispararon en los Cuatro Caminos.

Y toda esa prensa, ya se llamase conservadora, liberal, católica o carlista, aplaudía la represión.

El Debate del 15 decía: «Es un movimiento sedicioso y antipatriótico, revolucionario y antisocial, obra de una minoría turbulenta, engañada por otra minoría, aún menos numerosa, constituida por unos cuantos vividores, sin conciencia, sin honor y sin virilidad…».

Este mismo diario llegó a inventar, sin un asomo de prueba, que un banco español había recibido un giro de un millón de francos cuyo propietario no aparecía. Todo era bueno para denigrar a los huelguistas.

El Correo Catalán, de Barcelona, escribía: «Los agitadores buscan la ocasión de cobrar un buen sueldo de manos del extranjero».

Y el citado Imparcial (nombre difícil de llevar): «La huelga no es más que el comienzo del desorden, el prólogo de la anarquía…».

No decía otra cosa, en declaraciones que, con la perspectiva del tiempo pasado, prueban una triste indigencia mental, el propio jefe del Gobierno Eduardo Dato: «No se trata de un movimiento contra el régimen, sino de un movimiento anarquista».

En Asturias, los trabajadores eran dueños de la situación, así como en la cuenca minera de León, en uno de cuyos pueblos —Cistierna— llegó a proclamarse la República. Ejército y Guardia Civil se entregaron a una represión desenfrenada y se torturó, particularmente en Mieres, buscando por todas partes a Llaneza[11], dirigente del Sindicato Minero. Pero las fuerzas del Estado eran impotentes en esta región. Un comentador conservador, Salvador Canals, escribía: «Donde se mantuvo con más tesón (la huelga) fue en Asturias, tanto por los medios de resistencia de que disponían los obreros mineros, cuanto por su formidable organización, y por la técnica a que obedecieron, que hacía imposible la represión eficaz y definitiva. Como que, en rigor de verdad, el movimiento terminó en Asturias, cuando la organización de los mineros lo quiso»[12].

En Bilbao, donde el movimiento tenía sólida base de partida en la huelga de metalúrgicos, el paro fue total. En las primeras horas de la huelga, los obreros eran dueños de la situación, y con razón pudo decir, más tarde, Indalecio Prieto en el Congreso, refiriéndose a aquel día, que «si los obreros hubiesen querido, el gobernador no hubiera vuelto a su despacho oficial». Presa del pánico, el Gobierno realizó una efectiva ocupación militar de Bilbao: la noche del 16 al 17 de agosto realizaron verdaderas operaciones de campaña los regimientos de Garellano y Andalucía, un batallón del regimiento de León y numerosas fuerzas de la Guardia Civil. Se distinguió en la represión, el batallón de León, que dio muerte a numerosos obreros, y también a un camillero, a un guardia municipal y a un niño de quince años, cuyo padre acusó de asesinato a «un teniente del regimiento de León llamado Aníbal Boyer»[13].

En Barcelona alcanzó también la lucha gran intensidad. Al atardecer del día 13 ya comenzó a disparar la tropa contra los piquetes de huelga. En Tarrasa y otras localidades se alzaron barricadas, y en Sabadell se hizo fuego de artillería. Dirigió allí la represión el regimiento de Vergara, mandado por el presidente de las Juntas, coronel Márquez, y el resultado fueron 32 muertos entre los paisanos: El gobernador civil de Barcelona difundió, con fines de provocación, unos pasquines apócrifos, que decían: «Hay que beber la sangre de los tiranos en sus propias calaveras». La realidad era bien diferente. El ya citado Salvador Canals, testigo poco sospechoso de simpatía por la huelga, dice que «los comercios de Barcelona no esperaron a las intimaciones de las turbas para cerrar sus tiendas, sino que se anticiparon a aquéllas para colaborar a la huelga. No se cometió por los huelguistas absolutamente ningún atentado contra la propiedad particular»[14].

Los choques entre la fuerza pública y los trabajadores fueron también muy violentos en Yecla, Utiel y Villena, que quedó absolutamente incomunicada. En Alicante, el Ejército ocupó la ciudad, como ocupó Miranda de Ebro el importante depósito de locomotoras.

La huelga duró, en general, hasta el sábado 18 de agosto, vencida, más que por la represión del Ejército, con ser esta durísima, por falta absoluta de dirección, la defección de los jefes políticos burgueses (republicanos y reformistas, salvo honrosas excepciones individuales), la ausencia de la lucha de los trabajadores agrícolas, prácticamente ignorados por los dirigentes del movimiento (cuya maduración revolucionaria se produjo sólo unos meses después).

El Gobierno dio la lista de 80 muertos y 150 heridos en toda España, cantidad evidentemente corta. En cuanto a los detenidos, éstos pasaban de 2000 el día 20 de agosto. Entre ellos se encontraba, en primer lugar, el Comité de Huelga, detenido, probablemente por una confidencia, en la buhardilla de la calle del Desengaño, y, con absoluto desprecio de toda ley, el diputado republicano Marcelino Domingo, preso en Barcelona, maltratado de palabra y obra en el cuartel de Atarazanas y trasladado después al barco Reina Regente.

En la capital de Cataluña desde que comenzó la huelga quedó reunido el Comité de la Asamblea de Parlamentarios. Se redactó un documento que firmaron los señores Abadal, Giner de los Ríos, Roig y Bergadá, Cambó, Lerroux y Zulueta, en el que se criticaba «la política seguida por los Gobiernos desde el 1 de junio hasta el día de hoy», se pedía una convocatoria «de unas Cortes Constituyentes que representasen la verdadera soberanía nacional» y se afirmaba «que por resistir al Gobierno en su política funesta, de fiar sólo a la fuerza la solución de los conflictos, sin tener la autoridad moral que da únicamente la asistencia de la opinión, es el único responsable del conflicto actual y de las consecuencias perdurables que su solución anormal y violenta ha de dejar en la vida de España».

La publicación de ese documento en una hoja clandestina titulada Boletín de la Revolución, con epígrafes de la redacción, fue motivo o pretexto para que el juez militar reclamase a los firmantes. La cosa, sin embargo, no fue más allá. Lerroux, escondido, pasó la frontera en el mes de septiembre. En cuanto a los burgueses de la Lliga, éstos se las arreglaron en seguida para demostrar que ellos no tenían arte ni parte en la huelga; ya apuntaban a la colaboración con el Poder central de la Monarquía y se despegaban cada vez más de la pequeña y media burguesía catalana, decididamente nacionalista. Uno de los políticos más activos de esta tendencia, Macià, se vio también obligado a pasar a Francia.

Los medios conservadores y, en general, los representantes de las fuerzas sociales dominantes, no ocultaban su júbilo con el comportamiento inequívoco del Ejército. El Imparcial del 24 de agosto informaba: «El Rey ha expresado su satisfacción al Ejército». El día 28, las Juntas de Defensa reclamaron que los procesos incoados por hechos de huelga fueran sometidos a jurisdicción militar.

Por añadidura, la represión de un motín de los presos en la Cárcel Modelo de Madrid, el 16 de agosto, agravó las responsabilidades del Ejército. El general Echagüe, capitán general de Castilla la Nueva, se personó allí y pidió que le trajesen a los «cabecillas»… «Los que sean, señor director. Que los saquen y los bajen». Un preso quedó acribillado en una de las escaleras y otros cuatro en el patio.

A finales de agosto, cuando los obreros volvieron a las fábricas, minas y talleres (en Asturias la huelga se prolongó más que en el resto del país), al hacer el recuento de sus muertos y de sus presos, pero en modo alguno abatidos, se revelaba ya cuán vana había sido la idea de creer que políticos burgueses se pondrían al frente del movimiento y que las Juntas contemplarían bonachonamente la huelga. Idea ésta claramente expresada por Besteiro en su discurso ante el Congreso, cuando al año siguiente se discutieron los sucesos de agosto de 1917: «Creyeron en la victoria porque creían que había un órgano de burguesía superior al constituido por los gobernantes del régimen, que fuese capaz de ocupar el Poder con ventaja para la nación… porque creían que el Ejército no estaba unido ni dispuesto a reprimir».

Y más adelante, al explicar sus vacilaciones ante la huelga, insistió en el criterio de que la clase obrera tendría un papel de fuerza de choque, pero no de dirección: «Tuvimos que hacer la huelga general, aunque no la considerábamos bastante preparada, por dos motivos: la clase obrera había evolucionado, pero no las personas que habían de encargarse de formar el Gobierno provisional».

Crece la oposición

Crece la oposición

Las Juntas de Defensa, al darse cuenta de que la represión de la huelga no significaba la liquidación del movimiento obrero y republicano, y probablemente también porque no dieron resultados los mensajes que enviaron al Rey durante su estancia en Santander, dieron marcha atrás en una circular firmada el 7 de septiembre. No dejaban de vanagloriarse de haber cumplido «la misión de conservar y restablecer rápidamente el orden, según los casos», pero pedían el levantamiento del estado de guerra e intentaban que el Gobierno cargase con las desagradables culpas del mes de agosto: «Imprevisión del Gobierno fue que una huelga que debió desarrollarse pacífica tomase en algunas localidades el carácter de revolucionaria; sin grandes dificultades logró dominarla —no es cuestión de discutir si triunfó—, pero sí conviene al Ejército evitar que habilidades políticas echen sobre él exclusivamente la responsabilidad de la represión…».

El general Fernando Primo de Rivera no creyó posible aguantar en esta situación y dimitió su puesto de ministro de la Guerra. Hubo un cruce de cartas entre el primer marqués de Estella y el coronel Márquez, y la ofensiva de las Juntas llegó a tal extremo que el propio general Marina se personó en Madrid para exponer de viva voz al Gobierno, no su opinión como capitán general de Cataluña, sino «las quejas de las Juntas de Defensa». El Gobierno retrocedió y el 27 de septiembre publicaba una nota oficiosa que era un espaldarazo a las Juntas y a la gestión de Marina: «Está plenamente justificado —decía— el disgusto que han producido en el Ejército los insidiosos rumores que le atribuyen la responsabilidad de que sea la jurisdicción militar la que entienda en los procesos incoados por los sucesos del mes de agosto y que le suponen interesado en el mantenimiento del estado de guerra y suspensión de garantías constitucionales».

Era preferible sacrificar al Gobierno y salvar el prestigio del Ejército; el primero era de piezas de recambio, el segundo, no.

Sin embargo, un Consejo de guerra juzgaba el 29 de septiembre a los miembros del Comité de Huelga y los condenaba a cadena perpetua. También fueron condenados a ocho años y un día José Ortega, dueño del piso donde estaba alojado el Comité; Luis Torrent, propietario de la imprenta en que se hicieron los manifiestos; Mario Anguiano, dueño de otra imprenta, y los obreros Maestre y Martínez, que ayudaron a la impresión y reparto de dichos manifiestos. Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit fueron trasladados el 19 de octubre al Penal de Cartagena, Marcelino Domingo fue al fin liberado, por intervención del Tribunal Supremo, el día 5 de noviembre[15]…

Mientras tanto, la oposición crecía por todo el país y el Gobierno Dato tenía cada vez menos autoridad. Las Juntas iban a rematarlo en breves días.

Las Juntas tomaban acuerdo tras acuerdo. Dispusieron sanciones contra los generales Alfau, Luque, Figueras, Carbó, Bazán, Aguilera, Riera y marqués de Estella, se dirigieron a los demás generales…, constituían de hecho un segundo Poder. Es interesante el acuerdo que adoptaron en su sesión del 21 de septiembre: «Que las Juntas deben intervenir circunstancialmente en la política, modificar la forma y medios de la intervención, etc., etc.».

Decidieron, en suma, dirigir un mensaje al Rey, por iniciativa de la Junta de Infantería, suscrito, tras algunas modificaciones, por las Juntas de las restantes Armas, que era un ataque en regla contra el Gobierno y contra el sistema de los partidos turnantes: «… la moralidad, la justicia, la equidad y el respeto al Derecho, que son condiciones imprescindibles de gobierno, ni se respetan, ni se guardan, ni aun se pueden tener esperanzas de que sean inspiradoras de sus actos en lo futuro, pues los políticos turnantes, ni han manifestado su contrición, ni han manifestado su enmienda».

Y para Madrid salieron los capitanes Villar y Pérez Sala, dispuestos a entregar el mensaje. Este ultimátum, pues no era otra cosa aquel documento, se hizo público, aunque fingiendo no hacerlo, el 25 de octubre. Al día siguiente por la noche, los más significados militares de las Juntas quedaron constituidos en sesión permanente en el Casino Militar. Y al mismo tiempo regresaba de un breve viaje a Barcelona el ayudante de campo del Rey, general Fernández Silvestre, a quien siempre vemos y veremos como instrumento de los regios designios. El Rey llamo a Dato la tarde del 26. No se sabe si quiso recibir a los militares «juntistas», pero sí que éstos habían ganado. El 27 la crisis quedaba públicamente abierta. Empezaron las habituales consultas: los consultados reconocían la quiebra del sistema de «turno». Para remendar los jirones del sistema monárquico hacía falta el hilo de los gobiernos llamados, «de concentración». Lo intentaron sin éxito. García Prieto. Sánchez de Toca. Maura… La crisis continuaba y la Asamblea de Parlamentarios celebraba su segunda reunión, esta vez en el Ateneo de Madrid. Los hombres de la Lliga jugaban esta carta para apoyar sus pretensiones, cuando ya Cambó se había entrevistado sucesivamente con Romanones. Alba y Maura para preparar la entrada de los representantes de la burguesía catalana en los Gobiernos de la Corona por el amplio portillo de los «Gobiernos de concentración». Mas para eso tenía que modificarse el tumo de partidos, es decir, el sistema de Cánovas para el gobierno de la aristocracia y grandes propietarios castellano-andaluces.

A las cinco de la tarde del 30 de octubre se abría la sesión de la Asamblea de Parlamentarios. A los pocos minutos. Cambó recibía una nota del Rey llamándolo a Palacio (en realidad, el líder de la Lliga lo sabía desde una comida celebrada el día antes en el Ritz). Éste habló a los asambleístas y les aseguró que sus principios habían triunfado, pero que «los regionalistas no figurarán en Gobierno alguno cuya finalidad no esté plenamente de acuerdo con las conclusiones aprobadas». Y a Palacio se fue. Y en el Ateneo quedaron hablando Melquíades Álvarez, Lerroux, etc…

Mas como continuase la crisis. García Prieto recibió el encargo de resolverla, fuera como fuere. Así el 3 de noviembre juraba ante el Rey el nuevo Gobierno presidido por el marqués de Alhucemas[16].

Los planes de la gran burguesía catalana empezaban a cumplirse; el sistema de partidos turnantes había pasado a mejor vida. En verdad, el régimen y las clases dominantes tenían necesidad de todo ello porque la marea revolucionaria, lejos de ceder tras las jornadas de agosto, recobraban de día en día nuevos bríos. El 11 de noviembre, los condenados del Penal de Cartagena eran elegidos concejales por el pueblo de Madrid. La campaña por la amnistía de los presos de agosto se extendía por toda España a pasos de gigante. Y mientras los primates de la política cabildeaban en Madrid y Barcelona a la rebusca de ministerios y sinecuras, la diferencia entre precios y salarios era cada día más insoportable. Otra vez estaba el pueblo en la calle: en Barcelona, Málaga, Alicante, Zaragoza, Santander, Valencia, La Coruña se sucedían las manifestaciones, los choques entre obreros y Guardia Civil, y así en Málaga cayeron cuatro obreros muertos, y en Alicante tres.

A los cinco días de constituirse el Gobierno García Prieto, la prensa dio una noticia acogida por gobernantes y políticos «bien informados» con un gesto displicente, con horror sin embargo por algunos conservadores y con júbilo sin par, pese a la confusión de noticias, por la mayoría de trabajadores: en Rusia los bolcheviques, dirigidos por Lenin, habían tomado el Palacio de Invierno de Petrogrado y formado el primer Gobierno obrero y campesino, apoyado en el Poder de los Soviets. Este acontecimiento incidió en el movimiento obrero y en la campaña por la amnistía. Sobre el particular ha escrito Andrés Saborit: «Otro acontecimiento internacional vino a precipitar nuestra liberación: el día 7 de noviembre triunfó en Rusia la revolución, provocando entusiasmo indescriptible entre la clase obrera del mundo entero»[17].

Refiriéndose a la situación de entonces, a los pocos días de las elecciones municipales, cuenta Jesús Pabón: «Hizo contraste, por cierto, la victoria conservadora en Cataluña (de la Lliga), con la elección en Madrid de los cuatro socialistas del Comité de Huelga de agosto, con las manifestaciones posteriores en demanda de una amnistía donde se escucharon por primera vez vivas a Rusia, y con graves desórdenes producidos más tarde en Málaga, Alicante, Zaragoza y otras ciudades»[18].

Los mítines por la amnistía se sucedían, organizados por los socialistas y los republicanos, por la U. G. T. e incluso hubo uno de la Juventud liberal monárquica. Los diarios republicanos madrileños El país (dirigido por Roberto Castrovido) y El Mundo (dirigido por Augusto Vivero), así como El Liberal y El Sol (que vio la luz el 1 de diciembre) hacían igualmente campaña por la amnistía.

Por otra parte, los movimientos por la autonomía en Cataluña. País Vasco y Galicia iban plasmando en acciones precisas. En Barcelona, Cambó, en un discurso del 16 de enero de 1918 en el Palacio de la Música Catalana, tuvo que plantear la cuestión de la autonomía como perspectiva inmediata. Ya en julio, las Diputaciones vascas, reunidas en Vitoria, habían pedido la autonomía, petición refrendada el 10 de agosto por los Ayuntamientos vascongados ante el árbol de Guernica. Los regionalistas gallegos actuaban con no menor intensidad; en noviembre fueron a Barcelona, donde se celebró la Semana gallega; los catalanes devolvieron la visita con un mitin celebrado en enero, en El Ferrol, que no pudo terminarse porque la autoridad lo suspendió.

Mientras tanto. La Cierva hacía y deshacía, y las Juntas —a las cuales se dirigió en seguida para pedirles que le nombraran ayudantes— revelaron su verdadero carácter, sobre todo en dos casos bien precisos. Uno fue el de su propio presidente, coronel Márquez, que había tomado en serio los manifiestos anteriores y se opuso a los aumentos de sueldo prometidos por La Cierva y a la paga extraordinaria que éste dio por Navidad a los militares. De nada le sirvió; sus colegas le obligaron a dimitir y lo sustituyeron por el coronel Echevarría. Márquez quiso explicarse por una carta dirigida a la prensa, y los juntistas le acusaron de violar su Reglamento. El asunto terminó por la constitución de un «Tribunal de honor» que expulsó del Ejército a mediados de marzo de 1918, al iluso coronel.

Asunto de más alcance fue la importancia tomada por la Unión de Clases de Tropa, Junta de Defensa formada por los brigadas y sargentos. Esto era más de lo que los militares y el Gobierno podía tolerar. A propuesta de La Cierva, el Gobierno acordó cortar radicalmente la «subversión». Así el día 4 de enero, con acuartelamiento de tropas y todo lujo de precauciones, los coroneles de cada regimiento procedieron, con pleno éxito, a la liquidación de las Juntas de brigadas y sargentos.

Disueltas las Cortes, celebráronse elecciones el día 24 de febrero. Si en las regiones agrarias el caciquismo amañó votos y resultados como era ya tradicional, la contienda estuvo más equilibrada en las ciudades. El Partido Socialista pasó de uno a seis diputados: resultaban elegidos Iglesias y Besteiro por Madrid, Indalecio Prieto por Bilbao, Largo Caballero por Barcelona —elegido por minorías en unión de Marcelino Domingo, mientras Lerroux era derrotado—, Saborit en Oviedo y Anguiano en Valencia. Los republicanos obtuvieron 15 actas, los reformistas nueve, pero Melquíades Álvarez fracasó. Las tendencias conservadoras contaban con 27 mauristas, 25 ciervistas y 100 conservadores datistas; las liberales con 95 garciprietistas, 40 romanonistas y 30 albistas, que se titularon Izquierda Liberal. La Lliga sumó 23 diputados, otros nacionalistas catalanes cuatro y los vascos siete.

A los tres días, García Prieto planteaba la cuestión de confianza al Rey, y el Gobierno seguía con la sola ausencia de Ventosa y Rodés, que creyeron preferible dimitir.

La Cierva publicó por decreto las reformas militares con respetables aumentos de sueldos. Los otros ministros se enfadaron y los jefes de la guarnición de Madrid, cada vez mis jaques, se reunían de nuevo en actitud conminatoria en el Casino Militar. Gimeno dimitió, García Prieto planteó otra vez la crisis, Ochando, capitán general de Madrid, amenazó… No había más remedio que prolongar la vida del Gobierno hasta la apertura de Cortes. Pero ¿en qué estado se encontraba el país? Los funcionarios de Correos y Telégrafos habían constituido sus Juntas y estaban en huelga desde el 20 de febrero. El 14 de marzo se decretó la militarización de los empleados de dicho Cuerpo, ante lo cual los de diferentes ministerios se solidarizaron con ellos y los Sindicatos obreros hicieron patente su apoyo. La Cierva conspiró para dar un golpe de Estado con echo coroneles. Pero los huelguistas de Correos y Telégrafos, apoyados por la opinión, eran más fuertes. García Prieto —autorizado por el Rey— parlamentó con ellos, dimitió La Cierva y se abrió la crisis en condiciones particularmente dramáticas. El día 20, mientras la Corona estaba sin Gobierno y los diputados se agitaban, un mitin republicano por la amnistía reunía en Sevilla más de 20 000 personas para oír a Martínez Barrio, Barriobero, Marraco, Armasa, Marcelino Domingo y Lerroux. Alfonso XIII llamó a su fiel conde de Romanones. Y éste inventó una treta: el Rey llamaría a cada uno de los jefes políticos haciéndoles creer que estaban a solas con él y, al llegar a la cámara regia, se encontrarían todos reunidos por sorpresa. Dicho y hecho; así se dio la encerrona de la noche trágica del 21 al 22 de mayo a Maura, Dato, García Prieto, Alba y Cambó. Naturalmente, Romanones estaba también allí. El Rey les colocó ante la disyuntiva: o se ponían de acuerdo o él dejaba la corona y abandonaba el país. Fue asunto de cinco minutos. Estaba formado el que se llamó «Gobierno de concentración nacional»[19].

Capítulo III. 1918-1920

CAPÍTULO III
1918-1920

Alcance y límites del Gobierno nacional de Maura

Alcance y límites del Gobierno nacional de Maura

Formóse el Gobierno Maura, terminaron su huelga los funcionarios de Correos y Telégrafos, pero no cejó el empeño popular por lograr la amnistía. El 22 de mayo hubo grupos de madrileños que vitoreaban a los nuevos ministros, pero fueron decenas de millares los que recorrieron la Castellana pidiendo la liberación de los presos, hasta la glorieta en que está la estatua de Castelar, donde se disolvió pacíficamente el cortejo. Tuvo el Gobierno que decretar, el día 29, la tan anhelada medida y los cuatro diputados presos en Cartagena fueron liberados entre aclamaciones y ocuparon sus escaños en el Congreso. A fines del mismo mes, en las Cortes empezaba un debate sobre la huelga de 1917, que produjo gran sensación, y el gobierno tuvo que nombrar una Comisión para investigar los abusos represivos denunciados por los diputados socialistas y el republicano Marcelino Domingo.

Mientras tanto, la guerra mundial proseguía su obra destructora: los Imperios Centrales intentaron una ofensiva de gran estilo en el frente de Francia y proseguían el torpedeamiento de los barcos españoles. Hasta el último momento, no se atrevió el Gobierno español a reaccionar enérgicamente y, a juzgar por el testimonio del conde de Romanones, el embajador alemán pesaba con influencia en la Corte española. En pleno mes de junio estalló el «escándalo de Brabo Portillo»: el conocido jefe de la policía barcelonesa fue detenido el 22 de dicho mes. Cinco días más tarde era público que «Brabo Portillo informaba a los alemanes del movimiento marítimo y había permitido el hundimiento de los barcos españoles Marabú, Mercedes, Vítor y Algorta».

Seguía el hambre, seguían los escandalosos beneficios. La indignación popular se expresaba por huelgas y manifestaciones que, con frecuencia, eran reprimidas con mano dura. Los incidentes alcanzaron gravedad en Castellón y Murcia; en Jerez, el Gobierno declaró el estado de guerra; en Lugo hubo una colisión violenta entre obreros y el Ejército; los carteros estuvieron en huelga del 1 al 3 de octubre… Y la «suprema razón» de los mosquetones de la Guardia Civil causaba dos muertos en Valencia del Ventoso (Badajoz) y cuatro en Pamplona.

Sin embargo, no era éste un Gobierno como los otros. Era un Gobierno en que los intereses del gran capital pesaban ya tanto como los de la aristocracia terrateniente. Dispuesto a ayudar a las Compañías de ferrocarriles, Cambó consiguió una ley —pese a la fuerte oposición de Anguiano, Nicolau y otros diputados— concediéndoles un «anticipo reintegrable sin intereses por el Estado». Apoyó y llevó a la práctica, igualmente, la ley para el ferrocarril de Villablino a Ponferrada, interesante para las compañías mineras, y la del de Baracaldo a Sesteo, que era sencillamente una exigencia de Altos Hornos de Vizcaya[1].

No hay que decir cómo los representantes de la oligarquía (Dato, Romanones, Maura, etc.) vacilaban ante ciertas «audacias» y ante los propósitos de intervencionismo estatal que, formulados por Cambó, no hacían sino recoger las experiencias del capitalismo durante la guerra mundial. Aprovechó la coyuntura Alba para atacar a fondo y, con pretexto de que no se aprobaban ciertos proyectos suyos de Instrucción, dimitió irrevocablemente a primeros de octubre. En verdad, los que eran ministros en aquel Gobierno ardían en deseos de campar por sus respetos: las huelgas aumentaban, la oposición republicana arreciaba y los movimientos nacionales tomaban nuevos bríos en Cataluña y País Vasco. El 6 de noviembre, Maura presentaba la dimisión y declaraba a sus amigos: «A ver quién es ahora el guapo que se encarga del Poder». El día 9, García Prieto formaba con su eterno optimismo un Gobierno de «concentración liberal»[2]. El día 11, los Imperios Centrales, en plena revolución, se veían obligados a firmar el armisticio. La guerra mundial había terminado.

Aquel otoño era, sin embargo, muy triste. La más tremenda epidemia de gripe conocida (venida del extranjero y que fue injustamente denominada en el mundo como «la gripe española») diezmó pueblos y ciudades. A primeros de noviembre, los atacados se elevaban a más del 20 por ciento de la población.

Transformaciones en la vida económica

Transformaciones en la vida económica

Al llegar a 1920, una ojeada retrospectiva permitía captar las innovaciones registradas en la vida material del país. Así, por ejemplo, si la progresión demográfica era simplemente normal (19 927 150 habitantes en el censo de 1910; 21 303 162 en el de 1920) y la población activa tampoco había variado mucho (7 091 321 en 1910; 7 516 232 en 1920), los cambios de estructura de dicha población activa reflejaba de manera bastante aproximada las variaciones producidas a su vez en la estructura de los sectores de la economía y, todavía más, el crecimiento de las aglomeraciones urbanas que, a consecuencia de ese cambio en los sectores productivos, se nota netamente en todos esos años.

Lo primero que salta a la vista es que la población activa agrícola, que comprendía en 1910 el 66 por ciento de la población activa de España, había descendido al 57 en 1920. Sin duda, ese cambio no era tan importante como para que España dejase de ser un país esencialmente agrícola, pero la progresión vale la pena de ser reseñada; el sector industrial pasó, durante los mismos años del 15,82 por ciento al 21,94 y el de servicios del 18,18 al 20,81.

Los grupos profesionales más importantes de la industria eran en 1910 los de la construcción (283 422 personas), las confecciones (276 743), la industria textil (133 959), las industrias alimenticias (112 493) y el de minas, canteras y salinas (99 158).

Diez años más tarde —en 1920— figuraba todavía en cabeza la construcción, con 307 899 personas, seguida inmediatamente por la industria textil (243 651, de las cuales 134 000 mujeres) y las minas (172 703). España era aún un país atrasado económicamente, en el que la inmensa mayoría de la industria estaba formada por la producción de bienes de consumo, pero la importancia de la metalurgia, el comienzo de la industria química (que dobló el número de personas ocupadas en ella), la disminución relativa de las confecciones, etc., iban marcando cambios de estructura que apuntaban, aunque tímidamente, a una modernización. Se trataba, sin duda, de las consecuencias económicas de la gran guerra mundial a que ya hemos aludido. En el sector de servicios cabe señalar el aumento del grupo profesional de transportes (que pasó del 12 por ciento al 14 y contaba ya con 219 525 personas).

Los censos de población de las principales ciudades confirman la tendencia a la aglomeración urbana observada en ese período. La población de Madrid pasó, durante los años que nos ocupan, de 599 807 habitantes a 750 896; la de Barcelona de 587 411 a 710 335; la de Sevilla, de 158 287 a 205 529; la de Bilbao de 93 536 a 112 819.

Un examen general de la producción nos revela también determinados cambios de sectores en la industria y un estancamiento general en la agricultura; si proseguimos el examen unos años más, advertimos seguidamente la crisis de 1921-1922.

La producción de carbón, que fue de 4 424 400 toneladas en 1914, alcanzó su punto máximo en 1918 con 7 237 500 para descender luego a 4 765 500 en 1921, a partir de cuya fecha se produjo una lenta reanimación. Las otras producciones del subsuelo siguieron, en realidad, un proceso descendente. Resulta impresionante saber que, mientras en 1913 se extraían todavía cerca de diez millones de toneladas de mineral de hierro, dicha producción quedó reducida a 4 600 000 en 1918 y en 1919, y a 2 600 000 en 1921.

El mismo fenómeno se notó en la siderurgia, principalmente en la producción del lingote de hierro: ligero aumento al comenzar la guerra, punto máximo de 498 000 toneladas en 1916 y caída vertical en 1921, con una producción de 210 000 más baja que en cualquier año del siglo. La producción de lingote de acero, que llegó a las 425 000 toneladas en 1916, bajó a 287 000 en 1921 (el mismo nivel de 1907). Sin embargo, la siderurgia se repuso fácilmente de la crisis a partir de 1923.

La industria textil, concentrada en Cataluña, entró igualmente en grave crisis en 1918, agravada por el alza extraordinaria de los precios del algodón, que era necesario importar. De tan duro aprieto la sacó el Arancel Cambó de 1922.

La agricultura continuó estancada; se dio el caso, en la producción triguera, de que aumenta la superficie cultivada sin aumentar el producto, siempre en tomo del promedio de 36 millones de quintales métricos. Análoga fue la situación de todos los cereales, con la sola excepción de una ligera progresión en la cebada. La producción vitivinícola, que había aumentado durante los años de guerra, sufrió una caída en 1921, mientras que la de aceite siguió las oscilaciones climáticas habituales. Solamente la producción de naranjas resultó beneficiada con el fin de la guerra y aumentó en 80 por ciento de 1918 a 1919 y, tras un retroceso en 1920, continuó su marcha ascendente.

En resumen, la economía española no aprovechó la excepcional situación de la neutralidad para realizar un avance decisivo. La estructura de dicha producción tampoco cambió. Según las estimaciones más aproximadas[3], el tanto por ciento del valor de la producción agrícola e industrial, sobre el valor total de la producción nacional, apenas cambió de 1913 a 1923: en tomo al 57 por ciento la producción agrícola, y en el 27 la industrial; Sólo cabe acotar el mayor peso específico de la siderurgia, de la producción carbonera y de la naciente industria química[4].

Los capitalistas españoles salieron de los años de la guerra con sus bienes patrimoniales aumentados en proporciones astronómicas, pero, carentes de toda concepción moderna de la empresa, no todos transformaron sus ganancias en capital, ni realizaron las inversiones que exigía la economía española; les sorprendió la crisis cuando se creían que los años de las «vacas gordas» no tendrían nunca fin. La excepción de este fenómeno de ceguera empresarial fue la de gran capital bilbaíno, que realizó importantísimas inversiones en la siderurgia y, muy particularmente, el grupo del Banco Urquijo, del que ya hicimos mención. Cabe señalar la creación de algunas empresas importantes como la siderúrgica Echevarría (en 1920), la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (1921), la química de Energía e Industrias Aragonesas (grupo Urquijo) y la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, en combinación con L’Air Liquide francesa, además de la mayor amplitud tomada por La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona.

Hubo, sin duda alguna, un año de optimismo inversor, el de 1920, que registró 187 nuevas sociedades anónimas con un capital total de 1 377 026 millones de pesetas (y un total de 1 552 725 millones de capital de nuevas compañías de todo tipo). Pero al año siguiente caían verticalmente a la tercera parte las inversiones de nuevas compañías, para no reanimarse hasta 1924[5].

Estas y otras inversiones difícilmente controlables significaban poco al lado de los gigantescos beneficios obtenidos por las empresas españolas de 1915 a 1919. Pero esos beneficios fueron a parar a gastos suntuarios o a especulaciones, no sólo improductivas para la economía nacional, sino a veces absurdas, como la de los marcos alemanes, en que perdieron no pocos millones los capitalistas españoles. Mientras tanto, la inmensa mayoría de la industria textil seguía sin renovar su ya anticuado equipo industrial; igual acontecía con las empresas carboneras que, a partir de 1920, no hicieron sino implorar la protección del Estado.

La coyuntura bélica sirvió, eso sí, para transferir a manos nacionales la Deuda pública y, sobre todo, las Compañías de ferrocarriles, que dejaron de estar en manos de capital extranjero. Los Bancos de Vizcaya y el de Bilbao desempeñaron el papel principal en este rescate; pero los nuevos propietarios no habían realizado la operación por altruismo. Ya hemos visto que la legislación conseguida por Cambó iba a dar un trato excepcionalmente favorable a las Compañías de ferrocarriles que, a partir de entonces, constituyeron un gravamen endémico para la Hacienda pública.

El comercio exterior sufrió cambios que, en puridad, significaban, en líneas generales, un restablecimiento de la situación de preguerra. A partir de 1920 volvieron los saldos desfavorables de la balanza de comercio, que alcanzaron su punto máximo en 1923 (déficit de 1400 millones de pesetas oro). Después de terminada la guerra hubo un gran aumento de las importaciones sin que las exportaciones aumentasen, coincidiendo además con un notorio aumento del precio de los productos importados: maquinaria, productos químicos, algodón, etc. Durante los años 1921-1922, de crisis de los mercados europeos, los Estados Unidos tomaron importantes posiciones en la exportación hacia España, pero ese incremento fue breve. La Gran Bretaña, Francia y Alemania continuaron ocupando los primeros planos del comercio exterior español.

Los cambios operados en la producción, en el comercio exterior, en la circulación monetaria, así como la coyuntura internacional, determinaron que la progresión de precios continuase hasta 1920, para registrar luego una caída o, mejor dicho, una normalización. El índice general de precios, al por mayor, que fue en 1920 de 223,39 (base 1913 = 100), bajó a 186,46 en 1921 y llegó, según las estimaciones posteriores del Instituto Nacional de Estadísticas a base de 25 artículos alimenticios y 19 diversos (energéticos e industriales) a 170,94 en 1923. La repercusión no se produjo, en general, hasta 1924. No obstante hay que destacar que artículos alimenticios tan esenciales como el pescado, la leche y los huevos no sufrieron disminución de precio. Es igualmente necesario señalar la caída vertical, de 100 por 100, sufrida por los precios del carbón en el año 1921 (pese a que todo su índice era de 275 sobre el año 1913).

Como, vamos a examinar después la cuestión de salarios, bueno es mencionar la evolución de algunos precios agrícolas (base 1913 = 100):

Artículos | 1920 | 1921 | 1922
Trigo | 223,7 | 197,6 | 167,4
Aceite | 226,7 | 193,8 | 185,2
Vino | 192,2 | 146,3 | 151,4

Este tema nos lleva al de la inmutable estructura agraria, cuestión que no está de más actualizar con algunos datos de la época:

La Memoria de los ingenieros agrónomos y de montes de la provincia de Sevilla, redactada en cumplimiento de una Real Orden del 2 de junio de 1919: en 17 términos municipales investigados, con un total de 474 000 hectáreas, las grandes fincas ocupaban el 55 por ciento y pertenecían a 318 propietarios; en dichas fincas había 118 000 hectáreas sin cultivar.

En la ponencia de Pascual Carrión al Congreso de Ingenieros de 1919 se puede ver también que en Badajoz existían 205 fincas mayores de mil hectáreas, que ocupaban una extensión de 438 885; que en Jerez de la Frontera 23 individuos poseían 47 730 hectáreas y en Montoro, ocho propinaros lo eran de 25 338.

(Al siguiente año, en un artículo del mismo Pascual Carrión, publicado en la revista España, de Madrid, con el título de El problema de la tierra, se lee que «más de la mitad de la provincia de Sevilla [738 000 hectáreas] se encuentran en poder sólo de 900 propietarios, algunos de los cuales poseen 25 y 30 000 hectáreas… En la de Córdoba, las fincas mayores de 100 hectáreas ocupan cerca del 60 por 100 de su superficie total, y entre ellas las mayores de 500 suman 394 000 hectáreas, encontrándose esta enorme extensión en manos sólo de 173 propietarios…»).

Un artículo de José Sánchez Rojas en La Publicidad, de Barcelona, decía, refiriéndose a Salamanca: «La propiedad rústica se encuentra en poder, casi toda ella, de absentistas, que viven en la Corte y pertenecen a las casas más linajudas y viejas de la nobleza española». Los duques de Alba, de Sotomayor, de Medinaceli, de Valencia, el marqués de Cerralbo, etc., figuraban en la relación de estos verdaderos señores feudales del siglo XX.

El informe del Instituto de Reformas Sociales sobre la provincia de Córdoba en 1919 precisaba que 664 propietarios poseían en dicha provincia un promedio de 992 hectáreas cada uno y 176 un promedio de 2246.

Blas Infante, en un artículo publicado en El Sol, de Madrid, el 15 de mayo de 1919, recordaba que el duque de Medinaceli poseía 17 000 hectáreas de tierra en el coto de Almoraima.

Se insistía en esta época sobre las tierras dedicadas a la cría de toros de lidia (3783 hectáreas solamente en Almodóvar) o a cotos de caza (47 000 en Hornachuelos). En Utrera había más de 17 000 hectáreas sin cultivar… y así sucesivamente.

En fin, después de estos sondeos de precios y estructura, cúmplenos realizar lo mismo con la evolución de los salarios para determinar los cambios en el coste de la vida y para estar en condiciones de juzgar, a continuación, qué variaciones se operaron en la distribución de la renta nacional.

El promedio del salario por semana de un obrero español pasó de 24,90 pesetas en 1914 a 38,94 en 1920. Esto supone un índice de aumento de 156,3. El aumento fue más elevado en Vizcaya (194) y Asturias (190), mientras que en las provincias gallegas no pasó de 150. Los cálculos establecidos por el Ministerio de Trabajo en 1929 sobre el índice de aumento del precio de artículos de primera necesidad durante los mismos años era de 197,3, estimación harto modesta como es fácil comprobar al simple examen del índice de precios al por mayor (que, por añadidura, era menos elevado que el de precios al por menor, ya que éstos sufrían la incidencia de numerosos circuitos de especulación). Cabe señalar que el citado índice de artículos de primera necesidad, en las provincias de Vizcaya y Asturias ascendió a 200 y 203, respectivamente. Naturalmente, la evolución de salarios fue muy desigual según las provincias, industrias, calificaciones y sexo. He aquí algunos ejemplos: El salario hora de obreros calificados pasó de 0,43 pesetas en 1914 a 0,80 en 1920, el de mujeres calificadas de 0,17 a 0,31 y el de peones de 0,29 a 0,55. En la metalurgia, el mismo salario hora de peones pasó de 0,32 a 0,61, en la construcción de 0,29 a 0,55 y en la textil de 0,33 a 0,58.

Para todo cálculo hay que tener muy en cuenta que en 1914, de un total de 1 113 839 obreros (población obrera resultante del escrutinio de células personales), sólo el 13,72 por ciento trabajaban una jornada de ocho horas o menos y el 76 trabajaban de diez o más; por el contrario, en 1920 (en que ya se había legislado la jornada de ocho horas), sólo el 15,26 por ciento de 1 384 947 personas que constituían la población obrera realizaba una jornada de trabajo superior a las ocho horas. Por eso los índices de aumento por hora no corresponden a los índices, menos elevados, de salarios totales percibidas. Estos cuentan para establecer las condiciones reales de vida de los trabajadores, pero los primeros son válidos para las estimaciones referentes a la distribución de renta nacional y retribución de la fuerza de trabajo.

La situación de los trabajadores del campo que, como hemos visto, constituían la mayoría de la población activa, era todavía más dura. Un artículo del ya citado Pascual Camón, El problema agrario en Andalucía, publicado en El Sol en mayo de 1919, ofrece interesantes datos sobre la cuestión:

«Este invierno pasado… en la provincia de Sevilla han ganado los gañanes en los cortijos desde 1,25 a dos pesetas, más la alimentación que está constituida por el gazpacho (pan con agua, aceite ajos y vinagre) y un guiso de garbanzos por la noche; en total resultan de 2,25 a tres pesetas diarias; pero estos obreros tienen que vivir en los cortijos, en muy malas condiciones, alejados de sus familias toda la semana… Las demás faenas del campo se han pagado este invierno a dos pesetas o 2,25 la escarda, y operaciones sencillas; de 2,50 a tres pesetas la cava de viñas y olivos, la siembra, etc., etc., y de tres a 3,50 la poda de olivos. Las mujeres han ganado de 1,25 a 1,50 en la escarda… Conviene tener en cuenta que, excluido el personal fijo de las haciendas, que es un número pequeño, la generalidad de los obreros son temporeros y, por lo tanto, dejan de percibir los jornales los días de lluvia, y todos aquellos que, por no hacerse faenas en el campo, no logran emplearse».

Camón añadía que, teniendo en cuenta los días de trabajo efectivo, el jornal medio no era superior a dos pesetas o 2,25. En comparación con los salarios, refiriéndose a los beneficios de los propietarios decía:

«Poseemos datos de cortijos que se han vendido este año a un precio triple y aun cuádruple del en que se compraron hace cuatro o cinco años y, desde luego, sabe todo el mundo que anda por el campo que las rentas se han duplicado y aun triplicado con relación al año 1914».

Y en el libro de Díaz del Moral[6] puede verse que los salarios en Castro del Río, en diciembre de 1917, eran de dos pesetas por jornada.

Desde el año 1914 la renta nacional había experimentado, sin duda, importantes variaciones. Ya nos hemos referido al carácter problemático que tienen todas las estimaciones hechas sobre la misma. Lo que Vandellós determinó más exactamente para el año 1923 fue el valor de la producción, comparándolo con el de 1913. He aquí los resultados, en millones de pesetas:

Concepto | 1913 | 1923
Agricultura | 4300 | 9200
Ganadería | 1250 | 3300
Minas | 270 | 390
Industria | 3000 | 7000
Comercio | 2000 | 4680
TOTAL | 10 820 | 24 570

Según Vandellós, el valor de la producción en 1923 fue el 225,2 por ciento del valor en 1913-1914.

Casi al mismo tiempo, el Servicio de Estudios del Banco Urquijo realizó otro de los cálculos de más base científica de la renta nacional para el año 1923 y obtuvo el resultado total —muy poco diferente— de 24 923 millones, con tantos por ciento aproximados para la agricultura y la industria, pero mucho mayor de minería (1064 millones). Esto se explica porque no se calculó la producción minera de 1913, sino la del quinquenio 1918-1923. Uno de los problemas de estas evaluaciones es precisamente que se realizaron después de los años-punta de producción, 1919-1920. El aumento, como ya sabemos, proviene mucho más de la depreciación de la moneda que del aumento de la producción. Por ello, aunque también sujeto a muchas limitaciones, conviene reseñar el cálculo hecho a posteriori por la Comisión de la Renta Nacional, porque se refiere a todos los años de la guerra y posguerra y porque está hecho en pesetas de cada año y en valores fijos (pesetas según su valor en 1929).

Renta nacional
Renta por habitante

(en millones de pesetas)

Pesetas
cada año
Pesetas
1929
Pesetas
cada año
Pesetas
1929

1914
10 813
18 425
532
906

1915
12 163
17 247
594
843

1916
15 810
18 793
767
912

1917
19 356
19 607
933
945

1918
23 312
19 070
1116
913

1919
24 797
20 358
1180
968

1920
29 038
21 807
1372
1030

1921
22 975
20 884
1078
980

1922
20 982
20 394
975
948

1923
21 892
21 474
1007
988

En efecto, la coyuntura alcista de los años de guerra y de inmediata posguerra no se había traducido en un aumento sustancial de la producción. El aumento de masa dinerada tenía que acarrear un comienzo de inflación. Así fue que los billetes en circulación pasaron de 1924 millones de pesetas en 1913 a 3334 en 1918 y a 4244 en 1921. La cotización de la peseta bajó una vez terminada la guerra, descenso que se reflejó en sus cambios con el franco suizo y el dólar, que representaban el patrón/oro:

Años | Franco suizo | Dólar
1918 | 95,20 | 4,17
1919 | 96,17 | 5,05
1920 | 108,15 | 6,37
1921 | 129,45 | 7,37

No son necesarias grandes reflexiones para comprender que si la economía nacional no había obtenido grandes ventajas en estos años, las grandes empresas —y, en general, los propietarios de medios de producción y de cambio— fueron las grandes beneficiarías de la inflación. París Eguilaz, partiendo de los datos ya mencionados del Ministerio de Trabajo, dice: «La inflación producida por la primera guerra europea, con el alza consiguiente de precios, cuya elevación máxima se dio en el año 1920, provocó una disminución del nivel de vida en los grupos asalariados que alcanzó un 21 por ciento respecto al nivel de 1914»[7]. Conociendo lo poco brillante que era la retribución de la fuerza de trabajo en la España del 1914, cualquiera puede hacerse idea de la dureza de condiciones de vida hacia 1920, en irritante contraste con los exorbitantes beneficios de una minoría. Resulta sumamente instructivo comparar la baja de salarios y sueldos reales y el alza nominal de la renta nacional con los balances bancarios. Ya desde primeros de siglo, los bancos financiaban de manera directa o indirecta, abierta o encubierta, las industrias fundamentales. El proceso de inversión para lanzar éstas había sido, en su mayor parte, una operación de la banca. Es doblemente interesante éste aspecto si se tiene en cuenta que, como veremos más adelante, el proceso de concentración de empresas y la tendencia al oligopolio se acentuó en esos años. El capital desembolsado y las reservas de los bancos entonces más importantes (Español de Crédito, Hispano-Americano, Hispano-Colonial, Mercantil, de Bilbao, de Vizcaya, de Aragón, Unión Minera) pasó de 143 millones de pesetas en 1915 a 424 en 1920, sin contar los 100 millones que suponía la aparición del Banco Central y Banco Urquijo. Los beneficios de los bancos arriba citados alcanzaron en 1915 a 11,36 millones de pesetas y en 1920 llegaron a 58,38, sin contar los 11 millones de beneficios realizados en 1920 por los bancos Urquijo y Central. Conviene señalar que el alza fundamental se observa en los bancos del Norte y en el Hispano-Americano[8].

Resulta también impresionante el aumento durante los mismos años de «los títulos de cartera» de los bancos, reflejo, aunque pálido, de su intervención en la industria: El Banco de Bilbao multiplicó por cuatro sus títulos en cartera, el Hispano-Americano por 3,5 y el Español de Crédito por 4,5.

Este indescriptible desorden da idea de cuáles fueron las consecuencias de aquellos años de «vacas gordas» para unos y de «vacas flacas» para la mayoría. Mas con la crisis de 1921-1922 iba a vivir España uno de los períodos más agitados de su vida política.

Los Gobiernos en la tormenta

Los Gobiernos en la tormenta

Tras el Gobierno nacional presidido por Maura, el formado por García Prieto en noviembre de 1918 no duró un mes. Cayó tronchado por el viento de los movimientos autonomistas, particularmente el de Cataluña, que alcanzó proporciones de manifestaciones gigantescas en las calles de Barcelona —el día 10— al canto de Els Segadors y con delirantes ovaciones a Macià. Los parlamentarios catalanes pasaron al ataque, y la unidad del Gobierno se quebrantó seriamente. Ante la gravedad de la situación, hablaron sin testigos Romanones y el Rey durante una cacería. García Prieto no tenía ya nada que hacer. Y don Álvaro formó un Gobierno de amigos suyos el día 5 de diciembre[9].

Entró en liza este Gobierno con la hipoteca de la política catalana, el horizonte internacional bajo el peso de la Conferencia de la Paz, y la agravación en España de la tremenda disparidad entre beneficios y salarios. El 14 de diciembre se reunían en Bilbao los representantes de 111 Ayuntamientos, que pidieron la autonomía del País Vasco, Las manifestaciones callejeras que siguieron a la reunión estuvieron a punto de convertirse en un asalto al Ayuntamiento de la villa. En Cataluña se sucedían los actos de esta naturaleza, y los nacionalistas de izquierda, bajo la dirección de Macià, conquistaban a ojos vista la opinión de una clase media cada vez más desconfiada del doble juego de la Lliga.

La Mancomunidad de Cataluña pasó a la ofensiva y celebró el día 21 una asamblea conjunta de diputados provinciales y senadores y diputados a Cortes. En esta reunión, junto a Cambó, Macià, Marcelino Domingo, Puig y Cadafalch, Rahola, Abadal, Moles, etc., participó Largo Caballero, a la sazón diputado por Barcelona, que dijo: «Somos un partido internacionalista, pero eso no quiere decir que no reconozcamos las nacionalidades y las regiones; al contrario, mientras éstas se organicen mejor, también podremos conseguir mejor nuestras aspiraciones». La Asamblea decidió «considerar inaplazable la instauración en Cataluña de una autonomía integral que reconozca la total potestad de un Parlamento y de un Gobierno catalanes que rijan su vida interior». Y tomó las decisiones pertinentes para redactar un Estatuto de Autonomía.

La Asamblea volvió a reunirse los días 24 y 25 de enero de 1919 y aprobó el proyecto de Estatuto que, al día siguiente, fue refrendado por los representantes de 1046 Ayuntamientos de Cataluña (entre un total de 1072) en nombre del 99 por ciento de la población catalana. Por su parte, Romanones había confiado a una Comisión extraparlamentaria otro proyecto —mucho más restringido— de autonomía, que era el puesto a discusión en la sesión de Cortes del día 21. Pero otros problemas dieron al traste con el Gobierno y con las aspiraciones a la autonomía.

Mientras tanto, los trabajos de la Conferencia de la Paz no dejaban de inquietar a los dirigentes de la política española, a pesar de que por Navidad el conde Romanones había cumplimentado en París a Wilson, Clemenceau, Poincaré y otros personajes de la política mundial. Se supo en primer lugar, que Francia no estaba dispuesta a que siguiese la perturbación en la zona del Protectorado marroquí asignada a España, En otras palabras, que si el Gobierno español quería seguir allí tendría que ocupar de hecho toda su zona. Pero, además, el Gobierno francés presentó un comunicado a la Conferencia sobre sus derechos en Tánger, que el Gobierno español consideró lesivo para los suyos. Hubo polémica entre el oficioso Le Temps y el romanonista Diario Universal pero la única consecuencia a largo plazo fue que el Gobierno español se propuso intensificar sus operaciones en Marruecos, con los resultados que más adelante tendremos ocasión de ver.

Con todo, el centro de la vida política del país era otro: la situación de los trabajadores de ciudades y campos y, principalmente, de zonas de aglomeración obrera como Barcelona y de gran propiedad terrateniente como Córdoba y Sevilla «… polarizaba en aquellos puntos la atención política de gobernantes y gobernados». En Cataluña, la C. N. T. (Confederación Nacional del Trabajo) se había ido robusteciendo; el Congreso regional celebrado en Sans (28, 29 y 30 de junio y 1.º de julio de 1918) congregó a los delegados de 73 860 trabajadores y reforzó su organización mediante la constitución de Sindicatos Únicos, que agrupaban las diversas sociedades obreras, antes desperdigadas, de una misma rama industrial. También nombró un Comité Nacional provisional para estructurar la organización en toda España.

Al comenzar el año, la baja de los salarios reales engendró numerosas huelgas en distintas partes del país. Había sido fundada en 1911, en Barcelona, por el señor Pearson, la Compañía Barcelona Traction Light and Power, que se encargó del suministro de energía eléctrica y de la Explotación del servicio de tranvías de la capital. Esta compañía, a la que popularmente se le llamaba la Canadiense, estaba realmente constituida por un grupo de firmas: Canadian Bank of Commerce, de Toronto, London Bank of Scotland y Dan Fishey and Co., británicas; Stollearts et Lorrenstein, de Bélgica, y Société Genérale, de París. Conectada con otra sociedad en el Canadá, pronto creó la filial Compañía de Riegos y Fuerzas del Ebro, que tomó en manos los saltos hidráulicos del Pirineo catalán. Compró después las acciones de la A. E. G. alemana en la Compañía Barcelonesa de Electricidad y llegó a un acuerdo con la Energía Eléctrica de Cataluña, empresa dependiente de la Société Suisse d’Electricité y de la Compagnie d’Électricité, de París.

La situación era sumamente tensa en Cataluña y las luchas reivindicativas iban frecuentemente acompañadas de actos individuales de violencia. El capitán general de Cataluña, Joaquín Milans del Bosch, no ocultaba sus simpatías por los patronos. Por si ello no era bastante, el 23 de febrero de 1919 llegó a Barcelona el nuevo gobernador militar, que no había de tardar en conquistarse una reputación nada envidiable: general Severiano Martínez Anido.

El día 5, con motivo de un acoplamiento de personal temporero de la Canadiense, que resultó ser causa de despidos, los obreros de esa empresa se declararon en huelga de brazos caídos. El día 8, fracasadas las gestiones cerca de Fraser Lawton, director de la Compañía, y de González Rothwoss, gobernador civil, del presidente de la Mancomunidad y del alcalde de Barcelona, para la readmisión de los despedidos, el conflicto se agravó con el paro de los obreros de la Energía Eléctrica de Cataluña y luego los de la Catalana de Gas y Electricidad, más los del ramo del agua, que reclamaban en favor de aquellos que se quedaban sin trabajo y por un aumento de salarios de unos y otros.

El 21 de aquel mes de febrero, la huelga era general en la Canadiense, con lo que la ciudad quedó sin energía eléctrica, parados los tranvías y casi sin luz. Reunidas en Capitanía general, las autoridades tomaron el acuerdo de proponer que el Estado se incautase de los servicios de las compañías. A esta medida siguió la aparejada de la movilización militar de parte del personal de aquellas empresas, decisión que se saldó con un fracaso rotundo, por cuanto los reservistas (trabajadores de la electricidad, del alumbrado y de los tranvías) prefirieron el internamiento en el fuerte de Montjuic a servir bajo uniforme a las compañías. La huelga era un ejemplo de tenacidad obrera y al mismo tiempo de terquedad patronal.

El 12 de marzo, tras la noticia de que la Junta de autoridades había propuesto la declaración del estado de guerra, Barcelona se enteró de que Romanones nombraba gobernador civil de la provincia al ingeniero Carlos Montañés y a Gerardo Doval, jefe superior de Policía, al tiempo que enviaba al subsecretario de la Presidencia, Luis Morote, en misión informativa. El enviado del Gobierno parlamentó con los huelguistas y el resultado fue el acuerdo que ponía fin al conflicto, no sin poner también de manifiesto el talento y la energía de Salvador Seguí en el gran mitin de la plaza de toros de las Arenas el 19 de marzo, presidido por Simón Piera. Se admitía a los despedidos, se aumentaban jornales, se liberaba a los presos no sometidos a proceso… Terminaba la primera fase del conflicto. La segunda fue a cargo de los intransigentes de los grupos específicos que pedían ir a Montjuic a liberar a los presos, sin darse cuenta de que se convenían en aliados de una patronal y de unos sables que aceptaban a regañadientes la solución del 18 de marzo. Empezaba la desmovilización el día 20, a los cuatro días la huelga estaba otra vez en la calle porque se readmitía con sospechosa parsimonia a los despedidos y se tomaban represalias. A renglón seguido resignaban las autoridades civiles el mando en las militares, se instalaban cañones y ametralladoras en los puntos estratégicos, salió el somatén… hasta que los militares, con el visto y bueno del capitán general Milans del Bosch, pusieron en el tren al gobernador civil Montañés y al jefe superior de Policía Doval.

Romanones comprendió que no era él quien mandaba y presentó la dimisión. Quería el Rey un Gobierno de fuerza y llamó a Maura. El 15 de abril éste formaba ministerio y llevaba el decreto de disolución de Cortes en la cartera[10].

Pero las preocupaciones electorales parecían minúsculas frente a la realidad social. Los telegrafistas estuvieron en huelga durante dos semanas; en Barcelona ambos bandos seguían en sus respectivas posiciones, y en el campo crecía el grito de indignación por el hambre que invadía los hogares. Un editorial de El País —dirigido por Castrovido—, del 29 de abril, era bien explícito: «Nuestro pueblo se muere de hambre: los salarios no aumentan y las subsistencias no fueron nunca tan caras. Un obrero gana 3, 4 o 5 pesetas al día; un cultivador de 2 a 2,50; un empleado, de 125 a 150 al mes. Los alquileres suben, así como las tarifas del ferrocarril y los escandalosos derechos de aduanas… Cuando el obrero y el empleado reclaman una subida de sueldos proporcional al encarecimiento de la vida, el Gobierno no encuentra otra solución que movilizar las tropas y sacarlas a la calle».

En efecto, ya a fines de febrero, las esquinas madrileñas habían sido de nuevo nidos de ametralladoras, para reprimir asaltos a tahonas y tiendas de comestibles.

Llegó el 1.º de mayo, precedido de huelgas parciales en Barcelona, Sevilla y Alcoy, de agitación agraria en Andalucía, donde los propietarios (El Sol, 13 de abril) abandonaban las explotaciones y vendían el ganado, o en Tarancón (Cuenca), donde propietarios y guardias civiles hicieron uso de los fusiles y causaron dos muertos y 17 heridos (El Sol, 30 de abril). Esta vez, la manifestación obrera causó más inquietud que otros años en los medios conservadores. Leamos la reseña de La Vanguardia, de Barcelona (4 de mayo): «La manifestación obrera del Primero de Mayo, que siempre fue pacífica en Madrid, ha sido este año una jornada de tumultos porque diariamente se realiza una propaganda disolvente…», «… la primera banderola que marchaba en cabeza de la manifestación de Madrid llevaba esta inscripción: Viva Rusia. Y esto no es una reivindicación del proletariado ni uno de los artículos del partido socialista obrero. Esto es una afirmación de tendencias anarquistas y una manera de aprobar todos los crímenes y todas las actividades que han cometido y que realizan los ejércitos rojos en la patria de Lenin».

El día 30 de aquel mes, Alfonso XIII y Maura inauguraban el monumento del Cerro de los Ángeles «consagrando España al Sagrado Corazón», gesto que no contribuyó en nada a pacificar los espíritus.

Tuvieron lugar las elecciones a diputados. Obtuvo el Gobierno 104 actas; 95 los de Dato; 130 las diversas tendencias liberales. Republicanos y socialistas ganaron puestos y votos (19 republicanos y 6 socialistas entraron en el congreso[11]).

Con la época de las cosechas llegaron las grandes huelgas de los trabajadores agrícolas andaluces. Tan sólo en la provincia de Córdoba se habían creado casi cien organizaciones societarias entre junio de 1918 y mayo de 1919. Díaz del Moral cuenta: «Nadie resistía la invencible avalancha. Cualquier barriada, cualquier grupo de casas, por pequeño que fuese, que se estimara algo, se apresuraba a formar un Centro obrero». «En mayo de 1919, los Centros Obreros de la Campiña contenían la totalidad de trabajadores del campo y casi todos los artesanos». Estos Centros, antes de influencia anarquista, fueron en parte orientados, a partir de 1919, por los socialistas.

Ya en el verano de 1918 hubo numerosas huelgas; en noviembre del mismo año, se declaró el paro en 34 pueblos de la provincia de Córdoba. La huelga, que comenzó en Baena, adquirió su máxima violencia en Puente Genil, con sangrientas colisiones entre los trabajadores y la Guardia Civil.

La tensión prosiguió su línea ascendente durante los primeros meses de 1919, y la huelga general de Córdoba, a primeros de marzo, por reivindicaciones políticas, avivó el fuego de la acción.

El movimiento se extendía como mancha de aceite. Junto a las reivindicaciones de la cosecha, se observaba en las multitudes el impacto moral producido por la revolución soviética. Por primera vez, aparecieron en las paredes de cortijos andaluces, gruesas inscripciones que decían «Vivan los Soviets», «Viva Lenin», etc. Hubo periódicos, como El Ideal Socialista, de Pueblonuevo del Terrible —según Díaz del Moral—, que escribió: «La República de los Soviets será implantada en todo el mundo; todas las formas de gobierno sucumbirán ante el empuje irresistible de la clase obrera». El mismo Díaz del Moral, que es probablemente el testigo más autorizado y objetivo de esta época en el campo andaluz, añade: «En mis frecuentes conferencias con trabajadores pude notar el proceso de entusiasmo y de ilusiones. Toda conversación derivaba inevitablemente hacia el tema ruso».

A fines de abril, había más de cuarenta pueblos en huelga; el Gobierno declaró el estado de guerra, fueron clausurados todos los Centros obreros y detenidos gran número de sus directivos. Sin embargo, las huelgas parciales continuaron aquí y allá en las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz durante toda la primavera. La lucha file, por momentos, de gran violencia.

Aunque el Gobierno hacía uso sin miramientos de sus instrumentos de represión, y los propietarios iban a sus cortijos empuñando siempre la pistola, éstos tuvieron que pactar con los trabajadores en gran número de pueblos.

En aquellos movimientos había además reivindicaciones de orden general. Por ejemplo, el Congreso de Sociedades Obreras agrícolas celebrado en Córdoba en los días de abril que precedieron a la huelga pedía que las tierras propiedad del estado y de los Municipios se diesen en explotación a las Sociedades Obreras, que una parte de los grandes fundos se diese en usufructo a las mismas Sociedades, que los propietarios fuesen responsables de toda situación de paro forzoso, así como la jornada de ocho horas y la determinación de salarios por Comités paritarios.

En el mes de septiembre, tuvieron lugar todavía paros en diferentes pueblos de Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva, que condujeron a un aumento de salarios y, en algunos casos, a la firma de contratos colectivos.

Meses después, en enero de 1920, Fernando de los Ríos exponía en las Cortes un programa mínimo para resolver la cuestión agraria: obligación de los propietarios a poner en cultivo la totalidad de sus tierras, so pena de expropiación; prohibición de arrendamientos inferiores a diez años y derecho del arrendatario a comprar la tierra a un precio pagadero en veinte años; creación de un patrimonio municipal equivalente al 10 por ciento de la superficie del término municipal; expropiación de fundos superiores a 250 hectáreas, salvo aquellos cuyo cultivo fuere directamente dirigido por el propietario; impuesto progresivo sobre la tierra, Inútil decir que los diferentes Gobiernos no fueron más allá de nombrar Comisiones de investigación. La estructura agraria de España tenía la dureza de un fósil petrificado.

Mientras tanto, en Madrid, el Gobierno Maura no había podido resistir a tantas pruebas, a las que se añadieron la reanudación de hostilidades del Raisuli en la zona occidental de Marruecos y la derrota gubernamental en las elecciones provinciales. Abierta la crisis, fue resuelta tras no pocas dificultades el 18 de julio de 1919, por el nombramiento de un Gobierno presidido por el inteligente hombre de negocios Sánchez de Toca[12].

La tensión social alcanzaba su punto culminante; si Andalucía y Barcelona eran sus máximos exponentes, las huelgas se extendían de una punta a otra del país. Durante el verano hubo paro generad en Valencia a primeros de octubre, los mineros asturianos fueron a la huelga; al mes siguiente eran los panaderos de Madrid; en noviembre se declaraba una huelga general en Zaragoza; en diciembre, en Vigo y Málaga, además de la de tranvías en Madrid. Según los datos del ministerio de Trabajo, el número de huelgas en 1919 fue de 403 con 178 733 huelguistas —contra 256 y 73 315 el año 1918—, pero se trata de una estadística en la que no figuran los paros generales. Solamente la huelga general de Barcelona había ya movilizado a cien mil trabajadores.

Junto a la reivindicación de aumento de salarios, los huelguistas reclamaban cada vez más la aplicación de la jornada de trabajo de ocho horas (48 semanales). Un decreto del Gobierno Romanones había establecido ya la jornada de ocho horas, el 3 de abril de 1919. Pasaron los meses y el acuerdo no se aplicaba; por fin, el 23 de septiembre fue promulgado el decreto de aplicación. Los patronos reaccionaron hostilmente, la Cámara del Comercio de Madrid manifestó sin ambages su desaprobación y la mayoría de los diarios decían que se había procedido a la implantación de la jornada de ocho horas con «peligrosa precipitación». El conservador La Época iba más lejos, y afirmaba: «Ésta es la lamentable herencia que el conde de Romanones ha dejado al país». Conservadores eran también los miembros del Gobierno, pero, la mayoría, y principalmente Sánchez de Toca y Burgos Mazo, comprendían que la obstinación cerril río era la mejor manera de defender a la burguesía. Se dio el caso con esto, así como con las luchas sociales de Barcelona, de que gran parte de burgueses tachaban de «avanzados» a los gobernantes, y preferían la política suicida de los militares y los políticos a la vieja usanza. Los acontecimientos iban a probar que la Patronal, los militares de las Juntas y los políticos de extrema derecha poseían un poder de hecho del que carecía el Gobierno. Para llegar a ese momento, necesitamos ver cómo habían proseguido las luchas sociales en Barcelona después de la huelga de la Canadiense. Los patronos estimaron rentable el sistema del atentado individual; así cayó el día 19 de julio, bajo tas balas del pistolerismo «blanco», el militante de la C. N. T. Pablo Sabater.

La Patronal catalana combinó este arma con el cierre de fábricas y obras que paralizó aquel verano la industria textil y la construcción. La violencia individual sustituía a la acción de masas en unos obreros cuya conciencia de clase era falseada por el «apoliticismo» y que, debido también a su trabajo en empresas pequeñas, confundían a menudo el odio a un patrono determinado con la lucha de clases. Lo menos que se puede decir es que la conducta de los patronos catalanes no incitaba a los obreros a adoptar otros métodos; el Estado tampoco, a pesar de que Sánchez de Toca y Burgos Mazo, que nombraron a Julio Amado gobernador de Barcelona, no fueran partidarios del terror a ultranza. Sin embargo, Brabo Portillo no solamente vio sobreseído su proceso, sino que fue reintegrado en la Policía y en un puesto en el que necesariamente iba a probar sus «aptitudes»: jefe de la brigada de Servicios especiales. No duró mucho, pues el 5 de septiembre caía muerto a balazos, víctima de los procedimientos que tantas veces empleó.

Los dirigentes de la C. N. T., deseosos de canalizar el movimiento, fueron a Madrid para establecer contacto directo con el Gobierno. Pero la Patronal había escogido el camino de la violencia, decidida a impedir todo intento conciliatorio, como ha quedado probado por los documentos que publicó en sus Memorias el ministro Burgos Mazo. En vísperas de lanzarse al lock-out total, la Federación Patronal publicó una nota en la que acusaba al Gobierno de desamparar a los patronos. El 3 de noviembre comenzó el cierre en Barcelona, que afectó al principio a unos 40 000 trabajadores; cinco días después eran 100 000 los echados a la calle. Mientras tanto, triste era el panorama social en el resto del país; en octubre, los mineros asturianos fueron a la huelga, y en noviembre fue Valencia la ciudad que desencadenó una ininterrumpida serie de huelgas. Como ya hemos visto, la situación en el campo andaluz era igualmente difícil.

El sector más belicoso de las clases poseedoras criticó lo que estimaba debilidad del Gobierno, tanto en el Congreso de los Diputados, como en la prensa y en los salones. La ductilidad de Sánchez de Toca y Burgos Mazo no interesaba a los suyos. Este clima encontró su expresión en el comportamiento de las Juntas de Defensa, las cuales, pasando por encima del ministro de la Guerra, que había negado validez a esa decisión, expulsaron del Ejército, por Tribunal de honor, a 16 alumnos de la Escuela Superior de Guerra, Se habló otra vez de dictadura militar y también de La Cierva. Cedió el Gobierno y las Juntas impusieron su voluntad. Pero en Barcelona, los obreros respondían con la huelga de ja construcción primero, y el 4 de diciembre con el paro general. En Madrid, el Partido Socialista y la C. N. T. celebraban, respectivamente, sus Congresos nacionales.

En el plano internacional, la acción en Marruecos y la cuestión del bloqueo de la Rusia soviética suscitaban crecientes dificultades, debido a la oposición de las izquierdas.

En estas condiciones, estalló la crisis ministerial el 9 de diciembre. El día 12 formaba gobierno Allendesalazar[13].

Al terminar el año 1919, los patronos volvían a declarar el lock-out en Barcelona y se negaban a readmitir a todo obrero que no renunciase al carnet sindical. El conde de Salvatierra sustituyó a Amado como gobernador civil, y el general Arlegui (de la Guardia civil), que había ocupado su puesto en septiembre, no encontró ya freno en el ejercicio de lo que estimaba su función. A consecuencia de un incidente parlamentario, el general Milans del Bosch tuvo que dejar la Capitanía general sustituido por Weyler, que fue recibido hostilmente por los patronos. Arlegui se jactó ante la prensa de haber disuelto 65 Sindicatos y clausurado 32 locales obreros. Bajo la protección de la Patronal se crearon los llamados Sindicatos Libres, que encuadraban a esquiroles y pistoleros, con objeto de combatir a la C. N. T. Ambos bandos prosiguieron su táctica de atentados y la organización obrera, empeñada en el «apoliticismo» y en la acción individual, se desangraba lentamente.

En la noche del 8 al 9 de enero de 1920, un grupo de soldados del regimiento de artillería ligera de Zaragoza, en unión de numerosos obreros, se apoderaban del cuartel del Carmen de dicha ciudad y cayeron muertos por un lado un capitán y un sargento, y por otro el obrero anarcosindicalista Checa. De madrugada, la Guardia civil reconquistaba el cuartel. Dos días después, el cabo Juan Godoy y seis soldados eran fusilados tras Consejo sumarísimo. Los Sindicatos respondieron con un intento de huelga general, pero la declaración del estado de guerra frustró el paro.

El Gobierno Allendesalazar, desbordado por la situación en Barcelona, tuvo que hacer frente en marzo a una huelga de ferroviarios y luego a otra de los mineros asturianos, que pedían aquella vez un aumento del 60 por ciento de sus salarios. Creada una Comisión mixta, los patronos emplearon la táctica dilatoria, pero la firmeza de los obreros impuso el 14 de abril un arbitraje de la autoridad militar, y los obreros obtuvieron lo esencial de sus reivindicaciones y la readmisión de los despedidos por hechos de huelga.

A este Gobierno, que apenas se mantuvo cinco meses, le cupo tomar dos decisiones de importancia: la adhesión de España a la Sociedad de Naciones y la creación del Tercio de Extranjeros, unidad de fuerzas coloniales copiada de la Legión Extranjera de Francia. El diario republicano madrileño El País protestó contra «la posible intervención de estas tropas en el suelo de la Península, con motivo de huelgas y conflictos obreros». Pero estos aspectos de la política exterior valen la pena de que nos detengamos un poco en ellos.

Del colonialismo a la represión

Del colonialismo a la represión

En el mes de septiembre de 1919, se decidió una acción ofensiva con objeto de limpiar por El Fondak el camino entre Tetuán y Tánger, así como intentar apoderarse de Xauen. Las operaciones fracasaron por completo y una mía de Regulares se pasó a los rifeños.

Al mes siguiente, los militares tuvieron más fortuna, al conseguir la ocupación de El Fondak el día 5. Sin embargo, la reanudación de las operaciones en el Rif provocó una oleada de protestas de los medias obreros y republicanos, algunos con una visión muy particular, reflejada en el documento firmado en Barcelona por Marcelino Domingo, Matías Mallol, Juan Moles, Francisco Layret y Gabriel Alomar, en el que se propugnaba la renuncia del Protectorado en favor de Francia. Por su parte, el Partido Socialista organizó en Madrid un mitin de protesta, presidido por Anguiano, en el que intervinieron Álvarez del Vayo, Teodomiro Menéndez y Julián Besteiro, en defensa de la tesis del abandono total de Marruecos. En cambio, fue Lerroux, quien, una vez más compartiendo los criterios oficiales, declaró al periódico La Jornada, de Madrid: «España no puede ni debe abandonar Marruecos. Creo que éste no es una colonia, sino una prolongación de nuestro territorio, dislocado simplemente por un accidente geológico que se separó de la tierra original… España, para cumplir sus altos fines históricos, debería poseer toda la costa africana, desde Argelia hasta el archipiélago canario».

Aquel mismo año 1919, los vencedores de la primera guerra mundial creyeron llegado el momento de desembarazarse de la joven República Soviética, enviaron tropas expedicionarias a Rusia, ayudaron a los ejércitos contrarrevolucionarios y decretaron el bloqueo de aquel país. En octubre, las potencias aliadas dirigieron una nota a España invitándola a participar en el bloqueo de Rusia, pero las organizaciones obreras y los hombres de izquierda se alzaron contra tamaña injusticia. Un editorial de El País afirmaba: «No somos bolcheviques», pero… «se invita a España y a las repúblicas hispanoamericanas a unirse a una banda de forajidos que bloquea a Rusia; España y las repúblicas hispanoamericanas no deben servar de esbirros al Santo Oficio Internacional».

No obstante, el Gobierno se adhirió al bloqueo, considerado licito, y lo declaró por boca del ministro de la Gobernación, en respuesta a una pregunta de la minoría parlamentaria socialista en la sesión de Cortes del 27 de noviembre.

El Congreso del Partido Socialista aprobaba pocos días después la siguiente resolución, presentada por Verdes Montenegro, Núñez de Arenas, García Cortés y Pérez Solís: «El Partido Socialista Español, al mismo tiempo que expresa una vez más su satisfacción por ver derribado el zarismo y triunfante la Revolución socialista, afirma el derecho del pueblo ruso a disponer de su propio destino; y declara que se opondrá con todas sus fuerzas a que el Gobierno español realice la promesa que ha hecho de participar en el bloqueo decretado por la Entente y secundado expresa o tácitamente por toda la burguesía».

Los Congresos de la C. N. T. y de la Federación Nacional de Obreros Agricultores —adherida a la C.  N. T.— expresaron también su protesta contra la adhesión al bloqueo del país de los Soviets.

En fin, el 5 de marzo de 1920, tuvo lugar en el Congreso un debate de política internacional en el cual Francisco Layret expresó el criterio de la minoría parlamentaria republicana en los siguientes términos:

Propuesta de abandonar el Protectorado de Marruecos.

Crítica de la Sociedad de Naciones, a la que calificó de «ficción decorativa, porque son los Gobiernos y no los pueblos quienes están representados en el Consejo».

Sobre el asunto de Rusia, «desde el punto de vista del concepto clásico de Derecho internacional, no hay ninguna razón para que España no reconozca al Gobierno de los Soviets en Rusia».

En nombre de la minoría socialista, Fernando de los Ríos defendió el reconocimiento del Gobierno soviético. Inútil añadir que la mayoría, a la que se unió la oposición monárquica, rechazó las citadas proposiciones.

A todo esto, Allendesalazar, presentó la dimisión el 28 de abril de 1920. El Gobierno dimisionario prohibió la manifestación del Primero de Mayo; luego, tras una gestión de Prieto y Ovejero, la autorizó, pero fijando su itinerario. Celebróse, por fin, y «los manifestantes gritaban ¡Viva la República de los Soviets! —dice lo publicado por El País— y se dirigieron a la calle Colón, donde está el Consulado de Francia». Hubo carreras, golpes, heridos y algunas detenciones no mantenidas. Esto era un sábado. Al lunes siguiente, los trabajadores declararon la huelga. La fuerza pública mató a un joven de 19 años que formaba parte de uno de los piquetes de huelga.

En Barcelona, con motivo de celebrarse el primer domingo de mayo los Juegos Florales de la lengua catalana, la Guardia civil intervino. Los sables se hicieron intérpretes del disgusto de las autoridades de Madrid por la llegada del mariscal Joffre a Barcelona para presidir un certamen literario del que fue reina la esposa del vencedor del Marne. Sin la mal disimulada germanofilia de algunos elementos oficiales, los alrededores del palacio de Bellas Artes no hubiesen sido teatro de las brutales cargas de caballería que causaron un número de heridos que levantó la protesta de toda Cataluña. A las medidas de represión social manifestadas con una cárcel atestada de presos gubernativos y con 15 000 mineros en huelga en Peñarroya, se añadían los excesos de la persecución del catalanismo. Tal era el panorama de España al llegar el día 5 de mayo cuando Dato presentó al Rey su ministerio estrictamente conservador[14]. La única novedad fue la creación del ministerio de Trabajo, el día 8, del que se encargó Tomás Cañal, Bergantín, cuyo criterio hada difícil su convivencia con sus colegas de gobierno, optó por la elegante solución de dimitir dos meses más tarde. Bugallal lo reemplazó en el ministerio de la Puerta del Sol.

El verano de 1920 estuvo marcado por la violencia de la lucha social y por la importancia de los Congresos obreros, la explosión de una bomba en el popular café-concierto Pompeya de Barcelona —salvajada de la que resultaron tres muertos y diecisiete heridos[15]—, los atentados recíprocos, las huelgas y lock-outs parciales (en 1920 hubo 1136 huelgas contra 620 en el año 1918, de las cuales, una de las más importantes, la de los mineros de Riotinto). En compensación, el Gobierno se consolaba con partes de victoria en Marruecos: Fernández Silvestre, el protegido del Rey, nombrado comandante militar de la zona de Melilla, llevaba sus tropas hasta Tafersit, mientras que la política de «divide y vencerás» empleada en la otra zona por el alto comisario, general Berenguer, daba por resultado la ocupación de Xauen.

A fines de octubre, los huelguistas de la metalurgia, la construcción, etc., de Barcelona llegaban a 32 000. El 8 de noviembre, el general Severiano Martínez Anido era nombrado gobernador civil de Barcelona. A partir de entonces, se organizó la acción conjugada de pistoleros del Sindicato Libre, confidentes de la Patronal y organismos de orden público. No hubo día de aquel mes sin la caída de un sindicalista acribillado a balazos. El día 30, a las seis menos cuarto de la tarde, los pistoleros asesinaban al abogado y diputado republicano Francisco Layret al salir de su domicilio de la calle Balmes. A la misma hora eran embarcados y deportados a Mahón 33 dirigentes sindicales que habían sido detenidos gubernativamente los días anteriores, entre ellos Salvador Seguí, así como el concejal Luis Companys. La C. N. T. propuso la huelga general como réplica para el día 12 de diciembre, pero la U. G. T. creyó preferible aplazar esta demostración, diferencia de criterio que ocasionó la ruptura del pacto sindical.

En estas condiciones, el 19 de aquel diciembre se celebraron elecciones para diputados a Cortes. La extensión y violencia de las batallas sociales y la existencia del régimen soviético contaron entre las principales causas de un agolpamiento de las clases poseedoras en tomo al Gobierno, que no renunció a emplear ninguno de los métodos tristemente habituales en España para ganar unas elecciones que le fueron más favorables que nunca. Los socialistas obtuvieron cinco actas: Iglesias y Besteiro por Madrid, Prieto por Bilbao, Saborit y Vihuela por Oviedo, pero el acta del encarcelado en El Dueso desde agosto de 1917 fue arbitrariamente anulada. Los republicanos, algo desorientados ante la situación, tuvieron menos votos, pero sobre todo las posibilidades de la izquierda se encontraban limitadas por el «apoliticismo» de centenares de miles de obreros que seguían a la C. N. T., y que estaban derrochando valor y energías en una lucha desigual carente de dirección política y sin la necesaria unidad de acción con otros sectores de la clase obrera.

Entraba, pues, el año 1921 bajo auspicios poco favorables para España. Se diría que fuera un símbolo: aquel 1.º de enero, los patronos catalanes, agradecidos, banqueteaban a Martínez Anido. Una semana después era Arlegui quien recibía el homenaje de «la Banca, la Bolsa, la Industria y el Comercio». Cada día, caía un obrero más; pero el 19 de enero ocurrió algo más grave. Aquella noche, la policía conducía por la calle, esposados, a cuatro obreros sindicalistas trasladados de Valencia. A la altura de la calle de Calabria, tres de ellos fueron muertos a tiros por la fuerza encargada de conducirlos, y el cuarto gravemente herido. El jefe de la fuerza pública dio parte por escrito diciendo que «habían intentado escapar» y de ahí el triste nombre de «ley de fugas». En la madrugada del día siguiente, otros tres sindicalistas detenidos sufrieron la misma suerte en la esquina de la Vía Layetana con la calle de Bilbao. También «habían intentado fugarse». El día 22 se contaban ya veintiún muertos de dicha forma. Martínez Anido y Arlegui realizaban sus designios; los pistoleros del Sindicato Libre dirigido por Sales y Laguía eran secundados por una pandilla de confidentes; la Patronal pagaba, el Gobierno cerraba los ojos. Está caza del hombre revestía procedimientos muy diferentes: a veces, se daba libertad a presos gubernativos a altas horas de la noche y unos cuantos metros más allá eran asesinados por los pistoleros de servicio; otras, se montaban provocaciones de mayor estilo, aprovechando la exaltación ingenua de algunos militantes y, en más de un caso, se trató de agresiones perfectamente combinadas por policías y pistoleros. Así cayó Layret, así cayó Boal, secretario de la C. N. T., así cayó, dos años más tarde. Salvador Seguí (Noi del Sucre). Y así se llegó a la vergüenza de que al fallar el atentado contra Pestaña y conducido éste al Hospital de Manresa, los pistoleros montaron la guardia en la puerta con el propósito de asesinarlo a su salida, crimen impedido gracias al escándalo que se produjo en la prensa y en las Cortes.

Las organizaciones de la C. N. T., quebrantadas por la lucha desigual y, entre otras razones, por haber dado preferencia a la acción individual sobre las acciones colectivas, se defendían bravamente. José Peirats, en su libro La C. N. T. en la revolución española, analiza así aquella situación: «… las propias minorías clarividentes del campo sindicalista se sintieron incapaces de frenar los ánimos de la mayoría extremista, exaltada, suicida. Se cayó en el craso error de recoger un reto en las peores condiciones. Descontados los casos concretos de provocación interesada, se cedió a esa especie de vanidad colectiva que representa la ostentación y el uso inmoderado de la fuerza. Y la réplica, quizá ya preparada de antemano, no se hizo esperar muchos días. Colaboraron en ella todos los estamentos del “orden”, sin descontar a los mercenarios reclutados en el hampa y en los propios medios de los trabajadores».

Añádase a esos fenómenos, la carencia de unidad de acción con la U. G. T., cuya influencia era grande en Vizcaya. Asturias y Madrid; de tal modo, los trabajadores de las zonas de gran concentración proletaria marchaban siempre en orden disperso a la batalla.

El propio jefe del Gobierno debía caer víctima de los procedimientos cuya puesta en práctica había consentido. E] 7 de febrero de aquel aciago 1921, en el debate parlamentario planteado por socialistas y republicanos, el Gobierno sé había solidarizado con la conducta de Martínez Anido. Hecho aleccionador: Cambó defendió la política de Martínez Anido y agregó que era aplaudida por la mayoría de Barcelona. Un mes más tarde, en la noche del 8 de marzo, una moto con sidecar se cruzó, en la plaza de la Independencia, con el automóvil del presidente del Consejo y los motociclistas hicieron una descarga cerrada. Minutos después, Dato ingresaba muerto en la casa de socorro de la calle Olózaga. La moto estaba ocupada por tres sindicalistas: Matheu, Nicolau y Casanellas. El primero fue rápidamente detenido, el segundo se refugió en Alemania, pero el Gobierno socialdemócrata de aquel país, accedió a su extradición y Casanellas obtuvo asilo en Rusia soviética.

Y el día 12, Allendesalazar formó de nuevo un gobierno-puente, en el que Bugallal siguió en Gobernación, el marqués de Lema en Estado y el vizconde de Eza en Guerra. La Cierva entró en el ministerio como ministro de Fomento. Todo seguía igual; el Gobierno se apresuró a ratificar su confianza a Martínez Anido, quien proseguía su obra, aplaudido frenéticamente por los patronos catalanes. El somatén fue convertido en una milicia prefascista y, el 24 de abril, 40 000 de sus hombres desfilaban arma al brazo por el paseo de Gracia.

Aquel verano de 1921, erizado de dificultades económicas de luchas sindicales y de tensión política, debía ser para el Rey y sus generales el de fulgurantes éxitos en la campaña del Rif. Fernández Silvestre, envalentonado por los estímulos regios, avanzaba sus posiciones mal defendidas y peor pertrechadas. La catástrofe de Annual iba a convertirse, por sus repercusiones políticas, en un acontecimiento determinante de la trayectoria española de los años veinte, hechos y repercusiones que serán examinados en otro capítulo.

Las organizaciones obreras y la cuestión de la Tercera, Internacional

Las organizaciones obreras y la cuestión de la Tercera, Internacional[16]

El Partido Socialista había celebrado en diciembre de 1918 su XI Congreso, al que asistieron 100 delegados en representación de 200 agrupaciones. El P. S. O. E. contaba en aquel momento con 14 588 afiliados, repartidos en 233 entidades. Tenía seis diputados a Cortes y 144 concejales distribuidos en 58 Ayuntamientos. En las últimas elecciones a Cortes, sus candidatos habían obtenido un total de 138 963 votos. La prensa socialista se componía, además del diario El Socialista, de 13 periódicos de provincias.

En aquel Congreso se revisó el programa mínimo del Partido y se afirmaron sus objetivos: abolición de la monarquía, plenitud de derechos individuales, supresión del Senado y el presupuesto de culto y clero, nacionalización de minas, aguas minerales, arsenales y medios de transporte, jornada de 44 horas semanales, salario mínimo legal, seguros de accidentes, enfermedades, etc., abolición de impuestos indirectos, etc., etc.

El programa agrario, considerado como provisional, era mucho menos preciso: revisión del derecho de propiedad, nacionalización de bosques, reglamentación de contratos de arrendamiento, redención de foros y subforos, etc.

El Congreso declaró caducada la conjunción republicano-socialista, pidió el abandono de Marruecos, aprobó sendos saludos a la Revolución rusa y a la naciente República alemana, y eligió nuevo Comité Nacional[17].

Pocos meses después, del 2 al 6 de marzo de 1919, se celebraba en Moscú el primer Congreso de la Internacional Comunista, llamada también Tercera Internacional. Este acontecimiento tuvo gran resonancia en los medios obreros españoles. Muy pronto se formaron los Grupos de partidarios del nuevo organismo, que llegaron a tener un Comité nacional y a publicar el periódico La Internacional.

Sin embargo, en aquel año de 1919, Besteiro y Largo Caballero, en nombre del Partido Socialista y de la U. G. T., participaron en las reuniones internacionales para reconstituir la Segunda Internacional y la Internacional Sindical de Amsterdam.

En diciembre, tuvo lugar un Congreso extraordinario del P. S. O. E. para discutir los problemas de orden internacional. Besteiro, en nombre de la mayoría de la Comisión Ejecutiva, presentó un proyecto de declaración en la que se decía: «La importancia que la masa trabajadora concede a la Revolución rusa y el entusiasmo que manifiesta por la República de los Soviets están plenamente justificados… Sean las que quieran las deficiencias del Gobierno de los Soviets, el Partido socialista español no puede hacer otra cosa sino aprobar la conducta de las organizaciones proletarias que desde la revolución de octubre vienen ocupando el poder en Rusia».

El proyecto admitía también «la dictadura del proletariado como condición indispensable para el triunfo del socialismo», pero agregaba que no debía revestir la misma forma en todos los países. Sin embargo, concluía proponiendo que se permaneciese dentro de la Segunda Internacional para no debilitar los organismos internaciones existentes.

La oposición, dirigida principalmente por Daniel Anguiano, sostuvo el criterio de adherirse a la Tercera Internacional. Por fin se adoptó el acuerdo de permanecer provisionalmente en la Segunda Internacional, en espera de que ésta celebrase su próximo. Congreso; la decisión fue adoptada por 14 010 votos a favor y 12 497 en contra (se observará en estas cifras el crecimiento numérico experimentado por el P. S. O. E.).

El debate seguía abierto en el seno del Partido Socialista, hasta el punto de que la Federación de Juventudes Socialistas en su Congreso del mismo mes (diciembre de 1919) decidió que era necesario acabar, con las tácticas dilatorias y, por consiguiente, tomó el acuerdo de adherirse a la Internacional Comunista. Consecuencia de esta adhesión fue la reunión del Comité Nacional de Juventudes Socialistas (Madrid, 15 de abril de 1920), que decidió transformarse en Partido Comunista Español. Su órgano de prensa fue El Comunista. Este partido envió una delegación al Segundo Congreso de la Internacional Comunista, que tuvo lugar en Moscú del 19 de julio al 7 de agosto de 1920.

Pero antes de esa fecha, el Partido Socialista tenía que celebrar otro Congreso extraordinario para fijar su posición. La situación interna era cada vez más tirante y las agrupaciones de zonas de concentración proletaria (Asturias, Vizcaya) eran partidarias de la Tercera Internacional. Por su parte, la Asamblea de la Agrupación Socialista de Madrid, celebrada en enero del año 1920, había aprobado la siguiente resolución: «Los socialistas españoles se declaran partidarios de la dictadura del proletariado como medio para construir la sociedad sobre la base socialista y garantizar la victoria revolucionaria de los obreros».

El 19 de junio, en la Casa del Pueblo de Madrid, abría sus sesiones el Congreso extraordinario del P. S. O. E., bajo la presidencia de Antonio García Quejido. Este Congreso tomó el acuerdo de ingresar en la Internacional Comunista, por 8269 votos contra 5061 y 1615 abstenciones, pero dicho acuerdo de principio se encontraba limitado al conocimiento de las condiciones en que habría de realizarse la adhesión. Con dicho fin, fueron designados para trasladarse a Moscú Daniel Anguiano y Fernando de los Ríos, en representación de cada una de las dos tendencias[18].

Anguiano y De los Ríos se entrevistaron con los miembros del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional y muy particularmente con el propio Lenin. El Segundo Congreso de la Internacional Comunista había aprobado las 21 condiciones que debían aceptar los partidos que fueran miembros de ella, encaminadas a lograr la unificación ideológica de los partidos comunistas en el primer período de su vida[19].

El 9 de abril de 1921 comenzó el Congreso del Partido Socialista que debía decidir sobre las tesis antagónicas presentadas por Anguiano y Fernando de los Ríos. Los partidarios de esta última se opusieron a las 21 condiciones y defendieron, no la permanencia en la Segunda Internacional —desacreditada en aquel momento ante el movimiento obrero español—, sino en la Comunidad del Trabajo domiciliada en Viena, a la que también se llamaba Segunda Internacional y Media, que agrupaba a los partidos socialistas que, sin aceptar los cambios ideológicos y orgánicos que suponía la entrada en la Tercera Internacional, condenaban la política derechista de los dirigentes de la Segunda. Este criterio, defendido, entre otros, por Besteiro, Largo Caballero, Saborit, Prieto y Trifón Gómez, prevaleció sobre el de los «terceristas», entre los que destacaron García Quejido, Acevedo, Perezagua y otros. La Comunidad del Trabajo de Viena —que andando el tiempo volvió al seno de la Segunda Internacional— obtuvo 8808 votos, y, la Internacional Comunista 6025. Una vez proclamados los resultados de la votación nominal, Antonio García Quejido, fundador, con Iglesias, del Partido y de la U. G. T., declaró que los miembros de la Ejecutiva partidarios de la Tercera Internacional se separaban del Partido Socialista para constituir el Partido Comunista Obrero. Los partidarios de la Tercera Internacional leyeron una declaración en la que se decía principalmente: «Queremos incorporarnos de hecho, espiritualmente ya lo estamos, a la Internacional Comunista, que —inseparable de la Revolución rusa, a pesar de todas las sutilezas y argucias dialécticas que intentan distinguir entre ésta y aquélla— trata de acelerar el derrumbamiento de la sociedad capitalista».

La declaración estaba firmada por treinta delegados, que se solidarizaban con los miembros «terceristas» de la Comisión Ejecutiva: García Quejido, Anguiano, Núñez de Arenas, Lamoneda… Todos ellos se retiraron del Congreso y se trasladaron a los locales de la Escuela Nueva, donde quedó constituido el 13 de abril el Partido Comunista Obrero Español[20]. Las agrupaciones de Asturias y Vizcaya constituían el núcleo más fuerte del nuevo partido. La Federación de Juventudes Socialistas, reconstituida en 1920, se convertía en Federación de Juventudes Comunistas.

Las mayoritarias continuaron el Congreso del P. S. O. E. y nombraron una nueva Comisión Ejecutiva[21]. Esta Comisión dirigió un manifiesto a los afiliados al P. S. O. E. en el que condenaba las Veintiuna condiciones de la Tercera Internacional y estimaba que en el partido obrero debía existir una mayoría y una minoría. Los firmantes decían estar identificados con la Revolución rusa y que éste era el caso de los restantes partidos de la Segunda Internacional y Media, que sólo «encuentran en su marcha hacia Rusia un obstáculo insuperable: las Veintiuna condiciones». La historia de los años que siguieron se encargaría de probar que las diferencias eran de mayor cuantía y que la alusión a dichas condiciones había servido para eludir una discusión de principios.

A todo esto existía ya un Partido Comunista Español, como hemos visto más arriba, que acababa de celebrar su primer Congreso en marzo de 1921. Pero, del 7 al 14 de noviembre del mismo año, ambos partidos celebraron una reunión de fusión, y desde aquella fecha existió un solo partido, el Partido Comunista de España, cuyo órgano central fue el semanario La Antorcha. Las conversaciones principales fueron llevadas por A. Graziadei, representante de la I. C. Manuel Núñez de Arenas, en nombre del P. C. O de E. y Rafael Millá en nombre del P. C. E[22]. El partido nacido de la fusión celebró su primer Congreso en Madrid el 15 de marzo de 1922. Este Congreso, que comprobó la existencia de ochenta agrupaciones afiliadas, eligió un Comité Central en el que figuraban, entre otros, García Quejido, secretario general, Lamoneda, secretario del interior, Virginia González, secretaria femenina, Antonio Malillos, secretario sindical, etc.

La creación de la Tercera Internacional tuvo consecuencias en el plano sindical. Frente a la antigua Federación Sindical Internacional reconstituida en la Conferencia de Amsterdam en el año 1919, y dirigida por partidarios del reformismo, se creó en 1920 un Consejo Sindical Internacional de Sindicatos de extrema izquierda, el cual convocó el Congreso constitutivo de la Internacional Sindical Roja, cuya reunión tuyo lugar en Moscú, en julio de 1921, con asistencia de delegados de 42 países. El debate entre las dos tendencias se planteó en el XV Congreso de la U. G. T., celebrado en junio de 1920. Por 110 902 votos contra 17 919 se acordó permanecer en el seno de la Internacional Sindical de Amsterdam. El siguiente Congreso, celebrado en noviembre de 1922, tuvo lugar en medio de incontenibles pasiones y dio lugar a ciertos actos de violencia. Los que creían cumplir así una acción revolucionaria no hicieron sino servir de pretexto para que los dirigentes de la U. G. T. consiguiesen del Congreso la expulsión de veintinueve Sindicatos dirigidos por los comunistas, entre ellos los de mineros de Vizcaya y Asturias.

Por su parte, la C. N. T., que alcanzó su apogeo en 1919, reunió del 10 al 18 de diciembre de aquel año su Congreso Nacional, celebrado en el Teatro de la Comedia, de Madrid. Estaban presentes 450 delegados, que representaban a 700 000 sindicados.

El Congreso de la Confederación tomó una actitud de adhesión sentimental a la Tercera Internacional, en notoria discordancia con la ratificación de los principios anarquistas votada al mismo tiempo. La resolución decía así: «Primero: La C. N. T. de España se declara firme defensora de los principios de la Primera Internacional, sostenidos por Bakunin; y Segundo: Declara que se adhiere provisionalmente a la Internacional Comunista por el carácter revolucionario que la informa, mientras tanto la C. N. T. de España organiza y convoca el Congreso obrero universal que acuerde y determine las bases por las que deberá regirse la verdadera Internacional de los trabajadores»[23].

El sectarismo de muchos militantes confederales encontró su expresión al discutirse el tema de la unidad con la U. G. T., ya que la decisión aprobada —propuesta por el Sindicato de la Construcción de Barcelona— rechazaba la unidad, a la que prefería «la absorción de los trabajadores que integran la Unión General». Esta resolución llegaba hasta el siguiente extremo: «Proponemos y recabamos del Congreso que la Confederación redacte un manifiesto dirigido a todos los trabajadores españoles, concediéndoles un plazo de tres meses para su ingreso en ella, declarando amarillos y al margen del movimiento a los que no lo hagan».

No es, pues, de extrañar, que la proposición unitaria, la de fusión de las dos Centrales sindicales, presentada por la C. R. T. de Asturias, fuera rechazada por 324 000 votos frente a 170 000 a favor.

El Congreso aprobó la estructura de Sindicatos Únicos, adoptada en 1918 por el de la Regional de Cataluña, celebrado en Sans (Barcelona).

En aquel momento, y según la memoria del Congreso, la gran mayoría de los militantes de la C. N. T. estaba en Cataluña (427 000). También era muy considerable su fuerza en la región levantina, menor en Andalucía y el Norte de España y prácticamente nula en Madrid, donde la U. G. T. tenía sus más fuertes organizaciones.

En abril de 1921, coincidiendo con la formación del Partido Comunista Obrero, se planteó en el Pleno de delegados regionales de la C. N. T., celebrado en Lérida, la cuestión de participar en el Congreso constitutivo de la Internacional Sindical Roja. El Pleno aprobó esa proposición, defendida, entre otros, por Andrés Nin, Hilario Arlandis, Joaquín Maurín y Víctor Colomer, y nombró una delegación. Sin embargo, cuatro meses después, esa delegación fue desautorizada por la mayoría anarquista del Pleno de delegados regionales de la C. N. T., celebrado en Logroño. Y al cabo de un año, la Conferencia nacional de la C. N. T. convocada en Zaragoza (junio de 1922) rompió definitivamente con la Internacional Comunista unos lazos que, en puridad, nunca habían existido y nombró una delegación para el Congreso internacional anarquista —llamado de la Asociación Internacional de Trabajadores— que debía tener lugar en Berlín.

En resumen, en aquellos momentos de crisis económica, de Gobierno reaccionario de guerra de clases, el movimiento obrero español se encontraba dividido orgánica e ideológicamente. No era sólo esto: la división y el empleo de tácticas sin previo examen de la realidad social había permitido a la reacción asestar golpes muy duros a las organizaciones obreras, que del ataque tuvieron que pasar a la defensiva. Los trabajadores españoles, oscilando entre un sindicalismo «apolítico» y violento y un partido socialista más propicio a tácticas «republicanas» que a un examen riguroso de la misión histórica de la clase obrera, se hallaban en situación desfavorable cuando se intensificó la guerra de Marruecos y se hacían más persistentes los rumores de dictadura militar. Del joven Partido Comunista, que aquel mismo año preparaba nada menos que una «insurrección armada», no puede decirse tampoco que se caracterizase por un examen serio y objetivo de la realidad española.

Los republicanos

Los republicanos

Cada acontecimiento histórico reseñado había sorprendido a los grupos republicanos, que habían adoptado actitudes muy dispares. No obstante, en noviembre de 1918, se reunieron en el Ateneo de Madrid y nombraron un Comité compuesto por Lerroux, Hermenegildo Giner de los Ríos, Marcelino Domingo, Castrovido y Marraco. De esta reunión salió también un programa: transformación de la propiedad agraria, nacionalización de los transportes, legislación del contrato de trabajo, apoyo a la autonomía de Cataluña, etc. La realidad separaba, sin embargo, a políticos como Lerroux dispuesto hacía tiempo a salvar el «orden» y a desembarazarse de su viejo tremendismo verbal, y a otros, como Marcelino Domingo, ejemplo de honestidad y de republicanismo avanzado.

En los medios del Partido Reformista hicieron sus primeras armas políticas hombres que, más adelante, evolucionarían por su cuenta hacia el republicanismo: Manuel Azaña. Pablo de Azcárate, Luis de Zulueta…

Cabe señalar la participación en la vida política de numerosos intelectuales, cuyas inquietudes políticas eran mayores que su vinculación real en el pueblo de carne y hueso. Profesionales de indiscutible calidad, muchos de ellos formados en frecuentes salidas al extranjero, concebían su función política más como la de nuevos «consejeros del Príncipe», mentores de la multitud todavía algo distante, que la de miembros activos de un partido. Estas corrientes, al principio muy heterogéneas, y que sin duda eran testimonio de un espíritu de rebeldía —o de reforma— frente al orden arcaico existente, se patentizaron, por ejemplo, en la conferencia que Ortega y Gasset había dado en 1914 con el tema de Vieja y nueva política y en la fundación de la Liga de Educación Política Española, en la que formaban parte el propio Ortega, Azaña, Ramiro de Maeztu, Salvador de Madariaga, Fernando de los Ríos, Américo Castro, etcétera, así como la de la revista España en 1915, que al incorporarse a Araquistain y Luis Bello, significó un paso más hacia la integración de muchos de estos hombres en la vida política, además de su valor específico en el orden cultural.

Trayectorias esenciales de la cultura

Trayectorias esenciales de la cultura

De 1915 a 1923, la honda crisis que se manifestó en el cuerpo social de España fue acompañada de un fenómeno de renovación intelectual y de un esfuerzo de creación que iba a ser de larga duración en la vida cultural española. El esfuerzo de comunicarse con el mundo, iniciado por la Institución Libre de Enseñanza en las postrimerías del siglo XIX, conjugado luego con el de la Junta de Ampliación de Estudios, se orientó en dos direcciones esenciales: la alemana y la británica, además del tradicional contacto cultural con Francia, estimulado éste por la simpatía que la mayor parte de los intelectuales españoles experimentaron por las potencias aliadas durante los años de la primera guerra mundial.

La influencia germánica se expresó principalmente por medio de la personalidad de José Ortega y Gasset[24], que en 1915 inició su publicación unipersonal El Espectador. Desde esa atalaya pasó revista a hechos y fenómenos del mundo y de España. Allí expuso su teoría del conocimiento en el trabajo Verdad y Perspectiva para proseguir la línea literaria de redescubrir el paisaje español en Obras, personas, cosas. Si el joven Ortega se sentía separado del pueblo, no cabe duda de que estaba contra el viejo régimen representado por la monarquía. Su artículo Bajo el arco en ruinas, publicado en El Imparcial del 17 de junio de 1917 constituyó un alegato contra las Juntas de Defensa: «La realidad de las Juntas Militares corta el último cíngulo de autoridad normal que ceñía el cuerpo español». En el año 1921 publicó España invertebrada, ensayo de interpretación histórica llamado a tener resonancia en los medios intelectuales en el que ya aparece como acusada la masa de españoles: «cuando en una nación la masa se niega a ser masa —esto es, a seguir a la minoría directora— la nación se deshace, la sociedad se desmiembra». Un año después, en El tema de nuestro tiempo. Ortega lanzó su idea del racio-vitalismo, tan brillante como poco desarrollada, a semejanza de muchas otras de sus grandes boleas intelectuales. Tampoco fue muy clarividente su profecía del «ocaso de las revoluciones», lanzada en el epílogo de la misma obra. Por el contrario, la afirmación de que «Yo soy yo y mi circunstancia» cuenta en el haber espiritual de Ortega y ha tenido su importancia metodológica en la tarea intelectual de muchos universitarios. No podemos tampoco olvidar que en 1923 comenzó Ortega a publicar La Revista de Occidente, revista de alta cultura qué sirvió de vehículo en España, hasta 1936, a las tendencias filosóficas y culturales de moda en el primer cuarto de este siglo, principalmente a las procedentes de Alemania. En suma. Ortega había dicho en 1914 esta penetrante frase: «Habiendo negado una España nos encontramos en el paso honroso de hallar otra». Pero el filósofo, preso en las mallas de su circunstancia, no captó las fuerzas históricas capaces de tomar el relevo de las que habían deshecho España —la «habían invertebrado»— y que por eso él rechazaba.

Por los años que nos ocupan, fue también el profesor Manuel García Morente figura destacada del neokantismo en España. Catedrático de la Universidad Central, su libro La filosofía de Kant, una introducción a la filosofía desempeñó un papel importante en la formación de los universitarios.

Las corrientes intelectuales procedentes de Inglaterra siguieron ocupando un plano de primer orden. Varios factores concurrieron a ello. En primer lugar, la acción de la Institución Libre de Enseñanza.

Muerto Francisco Giner en 1915, fueron Bartolomé Cossío y Castillejo quienes prosiguieron esta obra. Cossío fue el educador, el espíritu cultivado y libre que siguió más fielmente la trayectoria de Giner. Castillejo, emprendedor y organizador, se convirtió también en el alma de la Junta para Ampliación de Estudios y de los centros creados con la misma orientación. En el año 1919 nacía el Instituto-Escuela, que formó, en su adolescencia, varias generaciones de estudiantes procedentes de las clases medias y de cierta burguesía «avanzada» que iban a encararse con los destinos del país hacia los años treinta, con la indiscutible tara de su espíritu de élite, liberal y laica, lo cual no significa negar la función de avanzada que desempeñó el Instituto-Escuela en sus primeros años frente a una primera y segunda enseñanza que apenas salía de las tinieblas del pasado.

Ramiro de Maeztu se trasladó a Londres como corresponsal de prensa; sus crónicas contribuyeron a familiarizar a los españoles con las ideas y corrientes de la Gran Bretaña. Una nueva crisis modificó la orientación de Maeztu hacia 1919, que pronto se convirtió en un ideólogo de la derecha; aquel año publicó su libro La crisis del humanismo. Los principios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra, en el que proclamaba su divorcio del humanismo y del liberalismo. El hombre no constituía ya para Maeztu un valor en sí, sino en función de un transpersonalismo de los valores, camino seguro para justificar más tarde la tiranía.

Con todo, las manifestaciones culturales de mayor alcance eran entonces las literarias. En la historia de la cultura española, 1917 cuenta principalmente como el año en que la Residencia de Estudiantes publicó las Poesías completas de Antonio Machado, que afirmó por primera vez que la poesía debe expresar «la sentimentalidad colectiva», que el yo poético sólo vale cuando es un nosotros. En 1919 escribió el poeta el prólogo a la segunda edición de sus Soledades, Galerías y otros Poemas, documento esencial en la historia del pensamiento estético español[25].

Por estos años caminaba Juan Ramón Jiménez por la senda de su depuración, jalonada por el Diario de un poeta recién casado (1917), Eternidades (1918), Piedra y Cielo (1919).

El fenómeno europeo de una vanguardia que «acude al engaño» del capote ideológico que brinda la revolución de la forma para conservar el fondo encontró su expresión en España en diversos movimientos poéticos, pero muy particularmente el ultraísmo con su Manifiesto de 1919. En él descollaban Guillermo de Torre, Gerardo Diego, Antonio Espina, Pedro Garfias, que al llegar a la madurez emprendieron diversos derroteros. Mucha más importancia tiene para el historiador la publicación, en 1921, del primer libro de poemas de Federico García Lorca, de fina inspiración popular.

En otros órdenes de la creación literaria, Pío Baroja y Azorín ocupaban ya los primeros planos de los consagrados, y Gabriel Miró llamaba la atención por la luminosidad de su lenguaje en El libro de Sigüenza (1917). Pero era sobre todo Ramón del Valle Inclán —escritor que desde sus Sonatas (1905) había venido acreditando calidades originales y un estilo de orfebre de la lengua— quien ocupaba lugar sobresaliente al publicar, en el año 1920, su Farsa y Licencia de la Reina Castiza, en que la audacia de forma acompañaba a la intención y Luces de Bohemia.

Verdad es que también en 1922 se vio agraciado Jacinto Benavente con el Premio Nobel, pero semejante noticia tiene mejor acomodo en una crónica de sociedad que en estas páginas.

Es indudable que la creación cultural española de este periodo acredita, tanto por su cantidad como por sus calidades de forma y fondo, un fenómeno de crecimiento intelectual iniciado en los primeros años del siglo. El universitario y el escritor, hijo las más de las veces de familias de la clase media, se divorciaba cada día más de la realidad político-social del régimen y del esquema ideológico de las minorías dominantes que sufría de la misma esclerosis que éstas. Los intercambios con los países europeos gobernados por la burguesía facilitaban a estos intelectuales españoles una mezcla de las mejores tradiciones del siglo pasado y de las ideologías de repliegue que esa clase esbozaba ya: vitalismo, irracionalismo, ultraísmo, «sociologismo», normativismo. Pero por otro lado, la participación creciente del pueblo, de los hombres sencillos, en la acción política española, no podía por menos de impresionar la conciencia de estos mismos intelectuales. Todos opuestos al régimen anacrónico que dominaba, unos —los más— concebían su relevo como la obra de otra minoría que compaginase con el tono dominante en Europa, mientras que otros —y en primer lugar Antonio Machado— buscaban las razones del porvenir en los hombres sencillos de España y las fuentes de su creación en la entraña de lo nacional concebido como pueblo y no como minoría. Estas dos trayectorias culminaron, quince años más tarde, en posiciones antagónicas.

En aquel quehacer renovador, con las limitaciones apuntadas, no es posible ignorar la obra de Menéndez Pidal, Ramón y Cajal, Flores de Lemus, Bolívar, Blas Cabrera y otros auténticos sabios. El Ateneo y la Residencia de Estudiantes de Madrid fueron centros de fermentación intelectual, de debate y de transmisión de ideas.

El contraste entre las minorías de formación universitaria y el conjunto de la población se patentiza por el estado lamentable de la enseñanza y la mediocridad de sus resultados. En 1920, el 45.44 por ciento de la población adulta española no sabía leer. El censo de ese mismo año daba un total de 52.23 por ciento de analfabetos. Las 17 429 escuelas del Estado que existían en el año 1920 debían proporcionar —teóricamente— enseñanza primaria a una población escolar de casi cuatro millones de niños. Su número apenas había progresado desde comienzos del siglo. En realidad, parte de su carencia estaba compensada por las escuelas privadas religiosas, que establecían una irritante diferencia entre alumnos «de pago» y «de caridad», y que vivían bajo el peso agobiador del más intransigente dogmatismo.

En cambio, había ya 22  000 alumnos universitarios —la cuarta parte, es verdad, en la semiestéril Facultad de Derecho, pero 7000 en la de Medicina—, número que contrastaba con los 898 aspirantes a ingenieros agrónomos y los 571 a ingenieros industriales, carreras reservadas a unas castas privilegiadas.

La suma de contradicciones económicas, culturales y políticas de aquella España empeñada en duros combates sociales, estremecida al conocerse la derrota de Annual y cruzada de brazos ante la implantación de la dictadura militar, embarrancaba al país, que buscaba, igualmente a ciegas —salvo una ínfima minoría— la liquidación de un pasado con presencia momificada y la puerta que se abriese hacia el porvenir.

Capítulo IV. La guerra de Marruecos

CAPÍTULO IV
LA GUERRA DE MARRUECOS

El desastre de Annual (1921)

El desastre de Annual (1921)

La noche del 20 de julio de 1921, los periodistas madrileños discutían en corrillos animados en la Central de Teléfonos, que estaba a la entrada de la calle de Alcalá. Pronto, muchas tertulias que se prolongaban hasta la madrugada en los cafés vecinos se animaron con el tema de la guerra de Melilla. Unos centenares de metros más abajo, en el Ministerio de la Guerra, instalado en el palacio de Buenavista, la agitación rivalizaba con el estupor. La posición de Igueriben, conquistada días antes, estaba a punto de caer: Fernández Silvestre, comandante general de toda la zona, obseso por la idea de llegar hasta Alhucemas, se encontraba a pocos kilómetros, en Annual, posición clave de esta «punta de lanza» tan precipitadamente esgrimida contra las regiones controladas por los rifeños bajo el mando de Mohamed Abd el-Krim el Jatabi.

Durante cuarenta y ocho horas aumentaron los rumores y el Gobierno enmudecía. La tarde del día 22, todo Madrid, toda España supo que la zona oriental del Protectorado se había hundido estrepitosamente y que los marroquíes marchaban sobre Melilla. Las reacciones pasaban de la consternación a la cólera. Tan sólo el día 23 habló el ministro de la Guerra a los periodistas para decirles que las pérdidas «no han sido aún determinadas, pero son numerosas». Aguardó aún veinticuatro horas para anunciarles la muerte —¿desaparición?, ¿suicidio?— del general Fernández Silvestre.

¿Qué había ocurrido en Annual? ¿Qué pasaba en Melilla?

Retrocedamos ahora para ver cómo se habían desarrollado los acontecimientos que llevaron a semejante situación en el Protectorado.

Un historiador monárquico, Gabriel Maura Gamazo, no ha tenido inconveniente en decir: «La odisea de la ocupación, so capa de protectorado, que desde 1912 practicábamos en Marruecos…»[1]. Esta política, de rancio estilo colonial, iba acompañada de una falta de preparación militar y de pertrechos, y de una concepción sui generis de la guerra que era la de la mayoría de los jefes militares destacados en Marruecos. Baste con recordar algunas líneas del Expediente Picasso, que se instruyó posteriormente:

«Los coroneles no se consideraban ni oficial ni moralmente obligados a ponerse al frente o en contacto con sus tropas, compartir con ellas los compromisos de la situación o levantar su moral…». Así, «él coronel del regimiento de Melilla, el del regimiento de África, el del regimiento de San Fernando, etc., se enteran de lo que pasa, si se enteran, cuando la retirada estaba ya iniciada»[2].

«Los coroneles estaban siempre en la plaza (en la ciudad de Melilla) y los tenientes coroneles y comandantes alternaban cada día o quince días en el mando de la fuerza de la columna»[3].

Los, jefes de cuerpo disponían todos de coche, aunque no había ninguna consignación presupuestaria para ello; Melilla estaba infectada de burdeles y establecimientos de bebidas para todos los gustos y jerarquías. Las unidades militares de la zona oriental (Comandancia de Melilla) constaban en 1921, según los estadillos de fuerza, de 25 790 hombres, pero en realidad no llegaban a 17 000. Análogas deficiencias existían en armamento, caballerías, etc. Aquí faltaba una compañía de ametralladoras, allí una batería de artillería de montaña, etc., que constaban, sin embargo, sobre el papel.

Pese a este estado de cosas, el general Fernández Silvestre, cuya personalidad impulsiva y sus vínculos en el Palacio Real nos son ya conocidos, decidió —estimulado por el Rey y aprobado tácitamente por el alto comisario en Marruecos, general Berenguer— pasar a la ofensiva y conseguir, por fin, el objetivo de ocupar Alhucemas y lograr el contacto de las dos zonas. Habiendo avanzado en el verano de 1920 hasta Tafersit, durante el invierno siguiente estableció, con tanta audacia como ligereza, posiciones de vanguardia en esa región, como Annual, «situado en un valle, circundado de montañas y falto de caminos», Sidi Dris, en la desembocadura izquierda del río Amedrán, etcétera. Se avanzaba alegremente, dejando a retaguardia las cubilas sin desarmar, estableciendo posiciones con unos cuantos sacos terreros, todas sin agua, mal organizadas y peor abastecidas, y, sobre todo, se avanzaban las unidades sin la menor preocupación por establecer líneas escalonadas de apoyo, de resistencia y de posible repliegue. Fernández Silvestre fiaba todo a su buena estrella, a su temeridad personal y prometía al Rey que podría festejar Santiago Matamoros, el 25 de julio, con el parte victorioso que él le ofrecería desde Alhucemas conquistada. Parece ser que el Rey le respondió con un telegrama —que nunca se encontró porque el cajón de la mesa de su secretario particular, comandante Hernández, fue abierto, en condiciones más que sospechosas, después del desastre— redactado en estos términos: «¡Olé, los hombres!» o incluso algo más fuerte. Silvestre hacía y deshacía, sin preocuparse demasiado del Alto Comisario, cuya política marroquí, basada en la penetración pacífica discrepaba esencialmente de la suya. El entonces teniente coronel Dávila, jefe de la sección de Campaña, narró después[4] cómo la ocupación de Tafersit había sido un verdadero juego de azar, y que tanto esta posición como las de Animal, Afrau, etcétera, fueron aupadas sin verdaderos planes de campaña (con ocasión de in viaje a Madrid, Silvestre pretendió que le hicieran un plan general de operaciones entre dos y tres de la tarde). Cuando más tarde tomó la decisión de ocupar Abarrán, operación indefendible desde el punto de vista militar, que se situó entre las causas inmediatas del desastre, el argumento dado por el general Silvestre a su Estado Mayor fue el siguiente: «Así como el general Berenguer tiene un Castro Sirena, que le ha regalado Xauen, yo tengo en la Policía un comandante de… —Villar— y quiero explotarlo y él me va a dar Abarrán».

Estas cosas pasaban sin que Berenguer se enterase o enterándose a medias. Es más, se encontraron Berenguer y Silvestre y éste no dijo nada al Alto Comisario sobre la continuación del plan para llegar hasta Alhucemas. Fernández Silvestre se fue a Madrid y volvió a las dos semanas, y la operación estaba ya en marcha. ¿Qué pasó en Madrid? Nunca se sabrá, sino que Silvestre regresó a Melilla dispuesto a ir hasta el final en sus planes. Berenguer declaró después: 1.º que supo, con posterioridad, que Silvestre tenía contactos directos, sin pasar por él, esto es, por el escalón jerárquico, con el ministerio de la Guerra (lo que no dijo Berenguer es que los contactos eran probablemente con jerarquía más elevada); 2.º «que nunca había autorizado la operación militar de ocupación de Alhucemas» y que, por falta de cartografía, él —el Alto Comisario en persona— «no conocía con precisión la posición de Abarrán, ni sabía cuál era».

Mientras, Abd el-Krim y sus hombres reorganizaban las fuerzas rifeñas, las entrenaban con arreglo a métodos modernos de combate y organizaban las cábilas no dispuestas a someterse.

El 1.º de junio, el comandante Villar, al frente de 1500 hombres, ocupó Abarrán, posición dominada por otra loma a unos 800 metros. Este mismo día, a las cinco de la tarde, tras haberse pasado al enemigo la harka auxiliar, caía Abarrán en poder de 300 rifeños. Villar, hecho prisionero, murió a los pocos meses.

El día 7 se ocupó Igueriben. Dos días después, Berenguer telegrafiaba a Silvestre para recomendarle la «conveniencia de abstenerse de todo movimiento sobre la línea del Amekrán y, muy principalmente, sobre su margen izquierda».

Pero los rifeños habían organizado sus fuerzas en aquellas semanas y el 16 de junio realizaron su primer ataque contra Annual, y tomaron la loma de Sidi Ibrahín, desde la que se batía la posición de Igueriben. La frágil línea de posiciones, con sus rudimentarios blocaos, aislados unos de otros, con el pavoroso problema del abastecimiento, no estaba en condiciones de resistir. Aquel mismo día 16, la tropa ya no pudo comer caliente, pues faltó lena. También escaseaba el material sanitario y las raciones para el ganado. Algunos coroneles seguían en sus tertulias del Casino de Melilla. Silvestre empezó a perder la fe en su buena estrella: concentró toda clase de tuerzas en Annual, a riesgo de desguarnecer otras posiciones. Así transcurrió un mes. El 17 de julio, la posición de Igueriben estaba completamente rodeada por las fuerzas rifeñas, que en la noche del 19 llegaron hasta, a cortar las alambradas y lanzar bombas de mano. Los defensores de Igueriben tenían hambre y, sobre todo, sed; primero chupaban patatas, pero «más tarde bebieron agua de colonia, después tinta, y por fin, los propios orines con azúcar»[5]. A las cuatro de la madrugada pedían auxilio angustiosamente, pero el convoy enviado desde Annual, a su vez atacada, no pudo llegar nunca. Silvestre personalmente tomó el mando de otro convoy al amanecer del 21. Todo en vano. Ante lo sensible de las pérdidas, Silvestre autorizó la evacuación de Igueriben, pero antes de transmitir la orden por heliógrafo, se vio a los cien hombres de la guarnición abandonar desordenadamente las posiciones. Sólo llegaron a Annual un sargento y diez soldados.

La caída de Igueriben significaba que todo el flanco izquierdo de Annual (posición en la que estaba Silvestre con más de 5000 hombres, tres baterías de montaña y una de artillería ligera) quedaba completamente al descubierto. Al atardecer del día 21 se veían nuevas fuerzas rifeñas que se aproximaban y que, desde diversas posiciones, hacían fuego cruzado sobre Annual. Por la noche, los jefes de Cuerpo se reunieron para tomar una decisión. Silvestre comunicó aún con el Alto Comisario y con el ministro de la Guerra. Berenguer prometió el envío de 1500 hombres. El general Navarro fue previamente enviado a Dar Drius, más a retaguardia. En medio del desconcierto general, se acordó la retirada que, bajo el fuego adverso, se convirtió en desbandada. Allí quedaba Silvestre; y jamás se sabrá cuál fue su fin. No hubo repliegue, sino huida[6].

En principio se había tratado de retirarse hasta Ben Tieb, a veinte kilómetros hacia la retaguardia, pero la huida continuaba. En la tarde del 22, el general Navarro había tomado el mando en Dar Drius, más hacia atrás en la margen izquierda del Kert. Pero de Dar Drius no llegaron órdenes concretas a Ben Tieb, y su jefe, capitán Lobo, decidió la evacuación.

Por todas partes surgían fuerzas rifeñas, aumentadas por la sublevación de las cabilas y la deserción de parte de las tropas indígenas que servían en el Ejército español. En la costa, Sidi Dris se vio sitiado y sin agua. Berenguer ordenó la evacuación por mar. Pero el comandante del crucero Princesa de Asturias objetó que la operación era dificilísima, y el día 25 insistió: «Hay que considerar perdida la posición y sus defensores».

El general Navarro, con todas las fuerzas que reunía, se retiró hasta Batel, pero abandonó esta posición para refugiarse definitivamente en Monte Arruit Aquí, «la policía indígena, sublevada y adueñada del poblado, los recibió, a tiros», y tuvieron que encerrarse en la posición, tras perder hasta la artillería que, en poder de los rifeños, fue dirigida contra los españoles.

En Madrid no sabían a qué santo encomendarse. Berenguer llegó a Melilla el 23 por la noche. La ciudad estaba inerme. En el Expediente Picasso se dice: «Hay que reconocer la insuficiencia e incapacidad de las heterogéneas e incoherentes fuerzas de que disponía la plaza para defender el extenso perímetro de su casco y arrabales… En la plaza no había ni elementos, ni jefe conocedor de la situación ni de los recursos disponibles para hacer frente al pánico».

El 24 y 25 se enviaron los primeros refuerzos desde Madrid y Málaga. Al mismo tiempo llegaba de Ceuta el general Sanjurjo con unos dos mil hombres, y en la capital de España se producían manifestaciones contra el envío de tropas y el Gobierno detenía a cincuenta militantes de extrema izquierda, en primer lugar a los dirigentes de los partidos Comunista Español y Comunista Obrero.

Y llegaron a Melilla los regimientos de reclutas. Sobre ellos declaró el general Cabanellas: «El efectivo de los batallones era escaso; predominaban los cuotas en algunos de ellos con escasa instrucción y sin ningún entrenamiento. Las ametralladoras eran del sistema “Colt”, inútiles para campaña, y por no tener contingentes del tercer año de servicio, estas unidades no eran aptas para su empleo».

El escritor Arturo Barea, testigo de aquellos acontecimientos resume: «Se mandaron de la Península los así llamados “regimientos expedicionarios”, despedidos con muchos discursos y mucho chin-chin, que llegaron a las tres zonas de Marruecos y fueron recibidos con idénticos discursos patrióticos e idénticas músicas militares… Pero esas unidades no fueron más que un estorbo… Los soldados de cuota, que habían pagado su dinero para no ser soldados, y ahora se les obligaba a serlo, exigían privilegios sobre los soldados de cupo…»[7].

No obstante, con aquella fuerza y los escasos restos de las anteriormente existentes había que impedir la caída de Melilla (que tal vez no cayó porque los rifeños creían que las fuerzas españolas eran superiores a las que en realidad había). El coronel Riquelme ocupó el 25 el sector de Beni Sicar para proteger una parte de accesos a la plaza, y el general Sanjurjo tomó posiciones a seis kilómetros de la ciudad y las faldas del Gurugú.

El día 26, el vizconde de Eza, ministro de la Guerra, declaraba que «no es posible ocultar que las comunicaciones entre Melilla y su campo fortificado con las posiciones exteriores han sido cortadas».

La realidad era que el campo estaba sembrado de muertos y de heridos que agonizaban, que las posiciones se habían hundido una tras otra, y que Navarro resistía en Monte Arruit en condiciones más que difíciles. El día 27, a las tres y media de la tarde, pidió angustiosamente ayuda. La ayuda no llegó. El 28 había en Melilla dos banderas del Tercio con Millán Astray (en verdad sólo la primera organizada), dos tabores de Regulares de Ceuta, mandados por González Tablas, doce batallones y un grupo de artillería ligera llegados de la Península, y unos cuatro mil hombres que quedaban del desmoronamiento del ejército de África. Berenguer pensaba que «bastante teníamos con guardar la plaza» y estaba decidido a que las fuerzas no se movieran de allí. A las ocho de la noche del día 31 autorizó a Navarro para que obrase a su juicio, «según las circunstancias».

El 2 y el 3 de agosto se hundieron las posiciones de Nador y Zeluán, con lo que Monte Arruit quedaba completamente aislado. Los últimos mensajes por heliógrafo de esta posición se recibieron en el Atalayón el día 4 a las 14,25, Navarro preguntaba si se le enviaba o no la columna de socorro. En Melilla ya había 16 batallones procedentes de la Península desde el día 31 de julio, pero de allí no se movía nadie. También había llegado el general Cavalcanti, nuevo comandante general de la Zona oriental. No se socorrió Nador, ni tampoco Zeluán, y ambos cayeron con su ferrocarril. El día 6, Berenguer reunió a los jefes militares presentes en Melilla y se consideró que no era posible ayudar a Monte Arruit.

Berenguer informó entonces que faltaban los escalones de apoyo de Nador y Zeluán. Se presentó como una decisión unánime, aunque algunos —entre ellos Cabanellas— dijeran después que en la reunión no se planteó concretamente la cuestión de ir a Monte Arruit, otros que el Alto Comisario obraba así porque el Gobierno le ordenaba, sobre todo, que garantizase la seguridad de Melilla. Por el contrario, el general Burguete —que no estaba entonces allí— estimó que era necesario y posible salvar a los hombres de Monte Arruit. La misma opinión sostenía el coronel Riquelme, presente en Marruecos.

El caso fue que tras determinadas negociaciones con los asaltantes, el general Navarro salió el día 11 de la posición con algunos oficiales «buscando un lugar de sombra… acompañados de algunos jefes moros», mientras se parlamentaba, y que desde allí fue hasta la estación de ferrocarril, donde los moros lo raptaron. La historia se hace aquí extraña y confusa: los asaltantes empezaron a hacer prisioneros a los soldados para terminar, poco después, pasándolos a cuchillo.

Todo se había hundido. Se perdieron 12 981 hombres, 14 000 fusiles, 100 ametralladoras, 115 piezas de artillería… El general Cabanellas declaró que se habían enterrado 10 000 cadáveres.

La cuestión de las responsabilidades

La cuestión de las responsabilidades

En España los comunistas dieron la consigna de huelga general contra el envío de tropas, que fue seguida en Bilbao y su zona minera a partir del 19 de julio. Facundo Perezagua, después de una intervención en el Ayuntamiento de Bilbao, fue detenido, así como Leandro Carro y otros 40 comunistas. El Gobierno suspendió Bandera Roja órgano del Partido Comunista Obrero en el País Vasco. En la primera semana de agosto continuaban las manifestaciones en las calles de Bilbao, ciudad que terminó por ser ocupada militarmente. El 4 de agosto, el capitán general de Castilla la Nueva publicó una orden de la plaza de Madrid contra la desmoralización y las octavillas clandestinas.

La situación era insostenible para el Gobierno Allendesalazar, el cual no dejó pasar muchas horas desde que se conoció la caída de Monte Arruit para presentar su dimisión al Rey.

La Corona recurrió una vez más al «hombre fuerte», que sin embargo no le convenía en períodos normales: Antonio. Maura, que formó el Gobierno el día 13[8].

Santiago Alba y Melquíades Álvarez, políticos de la burguesía liberal, fueron recusados por Maura por «la política de extrema izquierda que ustedes profesan». Las castas del inmovilismo español tenían su Gobierno de choque, de «salvación» (La Cierva, Cambó). El resto del país, indignado por la incapacidad de los jefes militares que había causado la muerte a tantos de sus hijos, exigió reparación y justicia: la palabra «responsabilidades» plasmó cada día con mayor precisión este sentimiento común al pueblo y a las clases medias e incluso a algunos miembros de las clases dirigentes. Responsabilidades y militarismo se situaban en el centro de una política que iba a desembocar, dos años más tarde, en la dictadura.

Y para esclarecer las responsabilidades se designó al general Picasso, encargándole de abrir un expediente gubernativo, lleno, sin embargo, de cortapisas, puestas por La Cierva, de acuerdo con el Rey, en las Reales Ordenes del 24 de agosto y del 1.º de septiembre. Dichas Reales Ordenes prohibían que la información se extendiese a «los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario» (Berenguer). Un telegrama de La Cierva, fechado el 6 de septiembre, con carácter «personal y reservado», sometía al instructor de la información gubernativa al general en jefe del Ejército del África, añadiendo «que éste designe los jueces necesarios para cada caso». Más tarde, el riscal de la causa ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina debía decir sobre este particular: «Las conclusiones a que se haya de llegar no podrán ser las que se hubiesen deducido de haber podido aportar todos los datos a que la información se prestaba, y que habían de ser necesarios para un juicio completo sobre los sucesos».

El asunto era en realidad, bastante lógico. Berenguer complicado hubiera tenido que hablar, para descargar su responsabilidad, de la preparación del «plan Alhucemas» directamente entre Silvestre y Madrid, sin contar con él.

Durante el otoño, los fuertes contingentes militares situados en la zona de Melilla permitieron recuperar todas las posiciones hasta más allá del Monte Arruit. Pero Abd el-Krim organizaba su ejército y un conato de administración; el Raisuli se reconciliaba con él y comenzaba a hostilizar a las fuerzas españolas en la zona occidental. La guerra de Marruecos se estabilizaba y sería el eje de la vida política española durante cinco años.

Las luchas obreras no decaían por ello. Las huelgas se sucedían en Vizcaya, primero de los mineros, luego de los metalúrgicos y el 1.º de septiembre ya era general. Los Altos Hornos estaban paralizados y los escasos tranvías que circulaban iban conducidos por soldados del regimiento de Careliano. Por la tarde hubo un tiroteo en el Arenal. El gobernador civil. Fernando González Regueral, mandó detener a varias docenas de militantes obreros, y el día 2 al Comité de huelga. Ese día, no abrió el comercio y la primera autoridad civil reconocía que la zona minera estaba paralizada. Nuevos tiroteos causaron un muerto más. Días después, no había luz eléctrica… La lucha quedó indecisa, para renovarse al año siguiente, en el que los metalúrgicos bilbaínos sostuvieron una huelga de tres meses y los mineros otra desde el 15 de mayo hasta el 5 de agosto.

El debate parlamentario sobre la catástrofe de Marruecos se abrió el 20 de octubre. Indalecio Prieto, que acababa de realizar un viaje a Melilla, atacó a fondo. La oposición liberal-monárquica, no queriendo complicar al Rey, fue más tímida. En el Senado, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Castilla la Nueva, provocó un escándalo al pedir el abandono de Marruecos. La Cierva acabó indisponiéndose en diciembre con sus amigos de las Juntas —llamadas ahora Comisiones informativas— que se habían quedado en la Península, soliviantados por el proyecto de recompensas a los distinguidos en las operaciones de la zona de Melilla. Al terminar el año y empezar el de 1922, Unamuno, Machado y otros intelectuales exigían con energía que las responsabilidades no se detuviesen en la antecámara regia. Aunque la situación militar se aliviaba —se había llegado a Sidi Dris en enero—, la situación política era cada vez peor, y los liberales, que la comprendían torpedearon al Gobierno mediante la salida de dos ministros[9]. Maura dimitió el 7 de marzo. Veinticuatro horas después formaba gobierno Sánchez Guerra y entraba en el ministerio de Gracia y Justicia el capitalista catalán Bertrán y Musitu[10]. Los hombres de la Lliga, en cuanto arreció la lucha social en Barcelona, pactaron de nuevo un armisticio con sus contrincantes en el Poder. Pero Bertrán y Musitu dimitió el día 30 del mismo mes, con Silió, por estimar que el presidente del Consejo, sin consultar a los ministros, restablecía «prematuramente» las garantías constitucionales.

En Barcelona continuaban las acciones de «limpieza» dirigidas por Martínez Anido, a las que replicaban los grupos de la C. N. T. El 25 de agosto tuvo lugar el atentado contra Pestaña, del que ya hemos hablado, y Sánchez Guerra evitó que los pistoleros lo mataran a la salida del hospital de Manresa. Molestóse Martínez Anido, quien, por otra parte, perfeccionó sus artes policiacas hasta preparar un simulacro de atentado contra sí mismo. Ante tanto descaro, Sánchez Guerra lo destituyó, así como a Arlegui, tras movido diálogo telefónico (24 de octubre) y el general Alberto Ardanaz se encargaba de aquel gobierno civil.

En Madrid, el Expediente Picasso había sido elevado a la Jurisdicción del Consejo Supremo de Guerra y Marina; sus conclusiones ponían al descubierto la responsabilidad de los generales Berenguer, Navarro y Fernández Silvestre; de los coroneles Masalla, López Pozas, Fernández de Córdoba, Sánchez Monge, Triviño y Fontán; de los tenientes coroneles Pardo Agudín, Marina y Núñez del Prado, amén de un respetable número de comandantes, capitanes y tenientes. El Consejo acordó procesar a Berenguer, por lo que pidió el correspondiente suplicatorio, pues el general era senador. Dimitió Berenguer, le sustituyó el general Burguete en la Alta Comisaría, pero el procesado arrastró en su caída al ministro de la Guerra, general Olaguer Feliu. En Marruecos, la situación seguía sin ser muy brillante (vino a agravarla el descubrimiento de un desfalco de más de un millón de pesetas de la Intendencia de Larache), y la complicaba el antagonismo entre las Juntas de Defensa y el Ejército de África, sobre cuyo asunto intervino personal y públicamente el Rey en el ruidoso discurso del banquete de Las Planas (Barcelona) el 7 de junio «oficialmente aconsejado» por el jefe del Gobierno. En ésas, a las huelgas ya mencionadas, de los trabajadores vizcaínos, que duraron, en realidad, todo aquel verano de 1922, se unió, en agosto, la del personal de Correos, que fue rota y disuelto el Cuerpo personalmente por Sánchez Guerra, con la dureza de que ya había dado pruebas en 1917.

Y como era obligado, el Congreso reanudó el debate sobre las responsabilidades políticas y nombró una Comisión para examinar el Expediente Picasso. Los conservadores redujeron la cuestión a un problema de responsabilidades militares, Alcalá Zamora, en nombre de los liberales, así como los reformistas, sostuvo la tesis de la responsabilidad del ministerio Allendesalazar; Indalecio Prieto fue más lejos todavía y no ocultó la responsabilidad del Rey, mientras que Lerroux, siempre poco claro, se refugió en la abstención. El debate parlamentario dio lugar a la dimisión de dos ministros, Fernández Prida y Ordóñez, que lo habían sido también del Gabinete Allendesalazar. Pero además, como el presidente del Congreso, Bugallal, también había formado parte del Gobierno de la catástrofe, tuvo que dimitir. El escándalo en el palacio de la Carrera de San Jerónimo fue de los que forman época. Los conservadores estaban más que gastados y Sánchez Guerra no pudo sino presentar la dimisión el 5 de diciembre, no sin antes disolver definitivamente las Juntas militares (14 de noviembre).

A la deriva. En vísperas de la Dictadura

A la deriva. En vísperas de la Dictadura

Los diversos grupos que llevaban el remoquete de liberales formaron gobierno, bajo la presidencia de García Prieto, el 7 de diciembre de 1922[11]. Era, sin duda, un esfuerzo, aunque tímido, de arrancar el régimen de manos del conservadurismo a ultranza, de que participasen en la dirección del Estado algunos, políticos vinculados en sectores de la burguesía cuyos intereses no lo estaban en los de la casta terrateniente. Sin embargo, todo ello era compostura artificial entre las paredes del Congreso, cuyo prestigio estaba por los suelos, y sin ninguna base de sustentación popular. En vano intentó obtenerla el nuevo Gobierno al proponer una reforma de la Constitución —con sistema electoral proporcional, reforma agraria y social, etc.— y utilizando el anticlericalismo, trapillo rojo usado por la burguesía para desviar al toro, so pretexto del patrimonio artístico de la Iglesia. Las elecciones, que debían ser las últimas para diputados que se celebrasen bajo el régimen monárquico, dieron cómoda mayoría a los gubernamentales y amplia cosecha de diputados elegidos sin contrincante —artículo 29—, pero reflejaron también el descontento en las ciudades, traducido en la elección de 15 republicanos y siete socialistas. Madrid votó socialista y salieron para mayorías Julián Besteiro, Pablo Iglesias, Manuel Cordero, Andrés Saborit y Fernando de los Ríos; Indalecio Prieto fue elegido por Bilbao y Manuel Llaneza por Oviedo. En Barcelona, regionalistas y radicales vencieron en lucha poco limpia a los candidatos de Acció Catalana, mientras que la mayor parte de la clase obrera seguía las consignas abstencionistas de la C. N. T.

La atmósfera se cargaba por momentos. En los cuartos de banderas, los generales no se recataban de hablar de un posible golpe de Estado. El 30 de diciembre había aparecido en Heraldo de Madrid un artículo en el que se decía: «Se está fraguando un movimiento; a la cabeza de él figura el teniente general don Agustín de Luque, y se halla comprometiendo a varias brigadas. Las brigadas que mandan los generales don Antonio Dabán, don Federico Berenguer y don Miguel Cabanellas se hallan comprometidas…».

La sustitución del Alto Comisario en Marruecos por un civil (Silvela) y el rescate de los prisioneros de Annual, mediante pago de cuatro millones de pesetas, conseguido gracias a las gestiones de un industrial liberal, Horacio Echevarrieta (tras haber fracasado las gestiones de «infinidad de agiotistas, que más que el bien de la Patria apetecían el de su bolsillo y su notoriedad: Padre Revilla, Crezo, etc.»), contribuyó a aumentar el malestar castrense[12].

En Barcelona, la Patronal y sus secuaces del Sindicato Libre concentraban entonces sus simpatías en la persona del capitán general, Miguel Primo de Rivera, mientras las pistolas segaban la vida de los militantes sindicalistas: el más prestigioso, Salvador Seguí, murió acribillado a balazos el 10 de marzo de 1923. Mas la ley del talión se cumplía el 17 de mayo en León en la persona de González Regueral, exgobernador civil de Vizcaya, y el 4 de junio en la del cardenal Juan Soldevila, arzobispo de Zaragoza, muy significado por su actitud de extrema derecha. Los capitalistas catalanes consiguieron la destitución de dos gobernadores civiles —Raventós y Barber— de criterio liberal, contando para ello con el apoyo de Primo de Rivera. El Gobierno quiso destituir al capitán general al mismo tiempo que a Barber, pero el Rey se negó a firmar el traslado de Primo de Rivera. Los ministros retrocedían cada día un paso más: Alcalá Zamora dimitió, pero, caso notable, fue por ser más «papista que el Papa», es decir, por discrepar de la importancia concedida a los civiles en Marruecos y de las negociaciones que Silvela —ayudado por el general Castro Girona— había iniciado con Abd el-Krim y el Raisuli. No obstante, la dimisión de Alcalá Zamora era un obstáculo que desaparecía para preparar un pronunciamiento. El Gobierno, ya por el despeñadero de las debilidades, nombró a Martínez Anido comandante general de Melilla. Apenas llegado, el general utilizó sus procedimientos favoritos: a los pocos días de posesionarse del mando, apareció muerto a balazos un hombre de negocios marroquí, Dris ben Said, que servía de intermediario para negociaciones entre el Gobierno y Abd el-Krim.

El general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, segundo marqués de Estella, hombre de trato campechano y de frecuentes arrebatos, estaba disgustado por no haber sido reelegido senador —el Gobierno no lo había puesto en su «encasillado»— y halagado por las zalemas de que era objeto por parte de la burguesía barcelonesa. A mediados de junio fue a Madrid, donde, además de cumplimentar al Rey, tuvo varias entrevistas con los generales Saro, Cavalcanti, Dabán, Federico Berenguer y el duque de Tetuán. Otra, menos cordial, con el general Aguilera, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Que Alfonso XIII no miraba con malos ojos la idea de un Gobierno militar no era un secreto para nadie, sobre todo desde que, en mayo de 1921, se permitió, en un discurso pronunciado en Córdoba, críticas contra las Cortes, impropias de su misión de monarca constitucional. Romanones, Salvatella y algún otro ministro habían podido comprender las intenciones más o menos precisas del Rey sobre el particular. Pero en el momento en que el asunto de las responsabilidades tomaba de nuevo estado parlamentario y se nombraba una Comisión con representantes de todos los grupos y el lodo podía llegar hasta el trono, era hasta lógico que el Rey acariciase de nuevo la idea de un régimen de fuerza que le librase de enojosas fiscalizaciones. El 24 de julio suspendieron las Cortes sus sesiones; el dictamen de la Comisión de Responsabilidades, que debía discutirse en octubre, prometía crear una situación explosiva.

Para colmo de dificultades, la situación militar se agravó en Marruecos. Otra vez se enviaron tropas de España. El 23 de agosto, en Málaga, numerosos soldados procedentes de Bilbao se negaron en su mayoría a embarcar para Melilla y dieron muerte a un suboficial de Ingenieros que les hizo frente. El cabo José Sánchez Barroso fue condenado a muerte como dirigente de la sedición, pero, debido al clamor de la opinión pública, fue indultado días después. Al mismo tiempo, los mineros bilbaínos, que al igual que los de Peñarroya, libraban numerosas huelgas, manifestaban su descontento por la prosecución de la guerra en el Rif, e idéntico origen tuvo la de Santander.

La inestabilidad era total al llegar al mes de septiembre. El Gobierno se desmoronaba. Sus miembros más liberales —Villanueva, Gasset y Chapaprieta— dimitieron por desacuerdo con el Estado Mayor Central, que pedía más hombres y más dinero para la guerra de Marruecos; (Por cierto que Gasset fue sustituido por Portela Valladares, que era a la sazón gobernador civil de Barcelona).

Añádase al caos político, a las pretensiones militares, a la sangría de la guerra en el Rif, la desazón de la burguesía, que había visto esfumarse sus pingües beneficios de los años anteriores y la creencia en esos medios de que «esto hay que arreglarlo con un régimen de autoridad», poderosamente reforzada después de la Marcha de Mussolini sobre Roma.

Pensó Alfonso XIII, durante el mes de agosto, en asumir personalmente la responsabilidad del golpe de Estado, como lo prueba la consulta hecha a Maura, quien dio su consejo enteramente opuesto a tal propósito[13]. Mientras tanto, el bullicioso capitán general de Cataluña no perdía el tiempo. Fue otra vez a Madrid el día 7 de septiembre, y no eran pocos quienes conocían sus planes y los de otros militares. El Liberal, de Madrid, publicó hasta la noticia de que había preparada una sublevación para el día 15. Alguien pretextó que fueron las manifestaciones de Barcelona el día 11, ante el monumento a Rafael Casanova, aniversario de la caída de la ciudad en 1714, las que incitaron a adelantar la fecha. Pero López Ochoa cuenta[14] que el 12 por la tarde. Primo de Rivera convocó a los conjurados de Barcelona para comunicarles que el movimiento empezaría a las dos de aquella madrugada. Se adelantaba a instancias de Sanjurjo —gobernador militar de Zaragoza— y por «el deseo del Rey de evitar la reunión de la Comisión de los 21 del Congreso, depuradora de las responsabilidades». De esto cabe colegir que el Rey no ignoraba los manejos de Primo de Rivera.

En Barcelona, la noche del 12 al 13 todo salió bien, a las mil maravillas. Se ocuparon las Centrales de Teléfonos y Telégrafos y, al filo del amanecer, reunía Primo de Rivera en Capitanía a unos cuantos periodistas para comunicarles su manifiesto al país, en el que se pedía el apartamiento total de los partidos políticos y la entrega del Poder a un Directorio militar[15].

Lo más revelador del estado en que se encontraba España es que, durante veinticuatro horas, nadie reaccionó en un sentido o en otro. Desde Zaragoza, Sanjurjo secundaba la operación y reexpidió cortésmente hacia Madrid, la noche del 12, al ministro Portela Valladares, que se dirigía a Barcelona, para inaugurar la Exposición del Mueble. En Madrid, el capitán general Muñoz Cobo, comprometido en el pronunciamiento, jugaba al compás de espera, lo mismo que el ministro de la Guerra, general Aizpuru, cuyo simulacro de conversación telefónica con Primo de Rivera fue cortado bruscamente por el sublevado.

Lo asombroso es que ninguna fuerza política era capaz ni bastante fuerte para tomar la iniciativa. Todos esperaban, pero ¿qué esperaban?

En San Sebastián, el Rey no se dio prisa. Dejó transcurrir el día, no sin utilizarlo para cambiar impresiones con jefes militares del Norte, y de Aragón. Santiago Alba, ministro de jornada, enterado —y no por el Rey— de que iba a ser detenido como blanco de la iracundia de los militares y de la Lliga se apresuró a dimitir y a cruzar la frontera aquella tarde.

En Madrid, el Consejo de ministros se reunió —sin Alba ni Portela— para gesticular y caer en la omisión, so pretexto de esperar al Rey. Se habló de detener a los generales que, desde Madrid, aparecían complicados en el pronunciamiento (Saro, Dabán, Cavalcanti, Federico Berenguer), pero Aizpuru y Muñoz Cobos paralizaron toda acción ejecutiva. No menos teórica fue la decisión de ordenar a la flota que se situase frente a Barcelona. Y sin embargo, había más de una guarnición vacilante. Desde la Capitanía general de Valencia, el general Zabalza reiteró su adhesión al Gobierno constitucional. Una nota oficiosa del Gobierno no logró dar la impresión de energía: «El Gobierno, reunido en Consejo permanente, cumple el deber de mantenerse en su puesto, que sólo abandonará ante la fuerza, si los promotores de la sedición se decidieran a arrostrar todas las consecuencias de sus actos. S. M. el Rey llegará hoy a Madrid».

La verdad era que nadie se movía. Tal era el desprestigio del seudoparlamentarismo monárquico. Sólo en Bilbao, se fue a la huelga general, decidida por el Partido Comunista, y seguida por los militantes socialistas. En Madrid, reunidas conjuntamente las Ejecutivas del Partido Socialista y de la U. G. T., se lanzó un manifiesto —redactado por Indalecio Prieto— con las firmas de Iglesias, Núñez Tomás, Largo Caballero y Besteiro, en el que se pedía aislar «la sedición, capitaneada por generales palatinos», añadiendo que «no se debe prestar aliento a esta sublevación». Se temía, empero, la huelga. Otra nota conjunta del día 15 ponía en guardia al proletariado «contra movimientos estériles que puedan dar motivo a represión» y desautorizaba a cualquier Comité que tomase iniciativas por su cuenta.

Aquella tarde, delegaciones del Partido Comunista y de la Federación Local de la C. N. T. constituyeron un Comité y publicaron un manifiesto pidiendo la unidad de acción «para defender la existencia de las organizaciones (proletarias)». Este manifiesto, que reflejaba también el espíritu de sus firmantes, concluía así: «En esta hora, cuando se afirma la cobardía general, y cuando el Poder civil abandona sin lucha su puesto al Poder militar, la clase obrera debe hacer sentir su presencia y no dejarse pisotear por hombres que quieren transgredir todas las formas del Derecho actual, de los privilegios adquiridos en el curso de largas y encarnizadas luchas».

Esas proposiciones no fueron escuchadas por las Ejecutivas del P. S. O. E. y U. G. T. En Barcelona, la C. N. T., desangrada por las consecuencias de una táctica errónea de años y de la falta de vigilancia revolucionaria de 1923, estaba prácticamente inmovilizada. Decapitado el coloso confederal con el asesinato de Seguí, exhausta la C. N. T. tras haber acudido al terreno preparado por sus mortales enemigos con los tres meses de huelga iniciados por un fútil motivo en mayo, en septiembre no pudo tomar otra decisión que la «revolucionaria» de decretar, antes que el dictador, la clausura de todos sus Sindicatos.

La parálisis era total.

El Rey seguía sin prisa. Mientras tanto, en Barcelona, Primo de Rivera se impacientaba. El tren real se hacía esperar. Lucía el sol hacía horas sobre el madrileño Puente de los Franceses, cuando el expreso de Irún entró en agujas. En los andenes esperaba el Gobierno en pleno. García Prieto propuso la destitución de Primo de Rivera, Sanjurjo, Muñoz Cobos y demás generales y la convocatoria inmediata de las Cortes. Negóse el Rey en redondo. Besó el Monarca a su servidor y lo puso en la calle. La partida estaba decidida en los mismos momentos en que Primo de Rivera publicaba una orden de la plaza llamando a la resistencia, pero sin dejar de confesar a sus íntimos y cómplices: «Si vienen a combatirnos, estamos perdidos». A las dos y media de la tarde, el Rey hacía saber al capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella por su título de nobleza, que, deseoso de evitar un derramamiento de sangre, lo llamaba a Madrid para encargarse del Poder, con lo que la salida del dictador fue apoteósica. La Lliga, con todos los somatenes, acompañaron en masa a Primo de Rivera, creyendo que éste cumpliría lo establecido en un pacto monstruoso: contra el entierro del Expediente Picasso, participación de la Lliga en el Poder y, para los del montón, una «razonable» autonomía catalana, cuyos perfiles eran de puño y letra del propio general Nada de ello iba a cumplirse.

Capítulo V. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1929)

CAPÍTULO V
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1929)

Etapa del Directorio militar

Etapa del Directorio militar

El 15 de septiembre llegó Primo de Rivera a Madrid. Sólo él juró el cargo de jefe de Gobierno o ministro universal, y nombró un Directorio militar, compuesto por generales de brigada y un contraalmirante[1]; confirmó la proclamación del estado de guerra en todo el territorio nacional, destituyó a Silvela y nombró a Aizpuru alto comisario en Marruecos. De Cortes y de Comisión de Responsabilidades… ni hablar. El general jerezano, a los cincuenta y tres años de vida, se lanzaba alegremente a «salvar a la patria». El desarrollo de los acontecimientos que lo llevaron al Poder permitía afirmar que contaba con el entero beneplácito de Alfonso XIII. Por si quedaba alguna duda, el propio monarca, bastante explícito, cuando ya no era rey y conversaba con otra reliquia de los archivos, el gran duque Alejandro de Rusia, declaró: «De 1921 a 1923, el Gobierno español no cumplió su deber con la nación, y el Parlamento no cumplió tampoco el suyo con el Ejército»[2].

El general dictador fue hombre de notoria incontinencia verbal. De sus declaraciones y notas oficiosas han quedado, enormes rimeros de cuartillas. En las primeras que hizo, al posesionarse de los destinos del país, dijo cosas que pudieran parecer peregrinas al leerse con dimensión retrospectiva: «No ignoro que alguien nos ha atribuido el intento de derogar la Constitución. La sola hipótesis constituye para nosotros un agravio… No soy dictador. Nadie podrá, en justicia, aplicarme ese calificativo. Soy un hombre a quien sus compañeros de armas, acaso equivocados, han honrado con la difícil misión de encauzar la reconstitución de la patria».

Tal vez para lograrla mejor restablecía una semana después la Subsecretaría de Gobernación, con la finalidad precisa de poner al frente de ella al general Martínez Anido, quien, una vez más, se veía cumplidamente asistido por el general Arlegui, designado director general de Seguridad; disolvía los Ayuntamientos y los sustituía con Juntas gestoras e intervención de la autoridad militar; obligaba a suicidarse a más de un secretario municipal, acusado de ser el «cáncer» de España; creó los delegados gubernativos en todos los partidos judiciales; convirtió en papel mojado la Constitución…

Decíamos que aquellos días no fueron muchas las reacciones contra la dictadura. Así, por ejemplo. El Socialista consiguió que la censura dejase pasar un manifiesto en el que se conjugaban su oposición al nuevo poder y las recomendaciones de prudente abstención a las organizaciones obreras. El día 18 los siete diputados socialistas se dirigieron al presidente del Congreso (Melquíades Álvarez) invitándole a que tomase alguna iniciativa de defensa de las libertades. Sin embargo, El Socialista día 22 reiteraba los consejos de actuar «dentro de los cauces legales, sin dar el menor pretexto a resoluciones que, no beneficiando las ideas, perjudicarían los intereses del proletariado y del país en general».

El 1.º de octubre llegaba a la estación del Norte Manuel Llaneza, dirigente de la U. G. T. de Asturias. De la estación fue directamente a entrevistarse con Primo de Rivera. Las Ejecutivas del Partido Socialista y de la U. G. T. se encontraron ante el hecho consumado e intentaron salir de él lo mejor posible. Por otra parte, el 29 de noviembre, se recibía en la Casa del Pueblo de Madrid la visita, tan inesperada como insólita, del duque de Tetuán, entonces gobernador civil, quien salió de la casa obrera deshaciéndose en elogios sobre la misma.

Pero volvamos a los escasos gritos de condenación pronunciados en los primeros días. Heraldo de Madrid escribió: «Tiene el Rey muy escasas prerrogativas. Una de ellas es la negación de confianza a sus ministros y la elección de consejeros de la Corona. De esa prerrogativa le despoja una sublevación que ha triunfado… Cuando se deja el cetro para tomar la pluma para escribir un dictado, a impulso de la violencia que triunfa, se deja, de hecho, de ser Rey». Y Ángel Osorio y Gallardo, en El Liberal: «Lo que se implanta en esos momentos en España es una dictadura militarista, que no lograrán disimular los hombres civiles que se presten a encubrirla con sus levitas».

En Barcelona, donde el presidente de la Mancomunidad, José Puig y Cadafalch, se deshizo en contorsiones al acompañar al dictador cuando éste tomaba el tren para Madrid, sólo La Pubticitat, órgano entonces de Acció Catalana, señaló su disconformidad. En cuanto a la C. N. T., después de la dura represión que había sufrido, no estaba, como hemos visto, en condiciones de resistir y Solidaridad Obrera dejó de publicarse. Y respecto a los comunistas, el Gobierno clausuró sus locales y detuvo a varios de sus dirigentes.

Otros muchos, que más tarde pasaron a la oposición, firmaron en Madrid una letra en blanco al poder militar, entre ellos El Sol, que llegó a decir: «Apoyamos leal y resueltamente esta situación». El mismo Ortega y Gasset, habitualmente circunspecto, daba constancia de los hechos, vistos con su óptica particular: «Si el movimiento militar ha querido identificarse con la opinión pública y ser plenamente popular, justo es decir que lo ha conseguido por entero». (El Sol, 27 de noviembre de 1923).

Transcurrieron los tres primeros meses de Directorio militar, en los cuales hubo que señalar un viaje de los Reyes a Italia —que sirvió, entre otras cosas, aquel noviembre, para que Mussolini creyese haber encontrado un buen imitador—, visitó Alfonso XIII a Pío XI y, siguiendo la tradición, fue «más papista que el Papa», en una memorable alocución. De aquel viaje puede que al Dictador le viniese la idea de crear un partido único, la Unión Patriótica, para completar la misión de su milicia, el Somatén[3]. Así lo hizo, en abril de 1924, con tan escaso tacto político que encomendó a los gobernadores civiles la tarea de crear los Comités de la naciente organización. Sin principios, sin organización, reiterando estribillos ya olvidados de unión de buenos españoles, todo ello bajo el manto y la espada protectores de los delegados gubernativos, la Unión Patriótica nacía muerta, y nada sería más descabellado que intentar un paralelo entre esta asociación de caciques —¡y la Dictadura decía luchar contra el caciquismo!— y los partidos de Mussolini y de Hitler, convertidos en partidos únicos después de la conquista del Poder.

La Unión Patriótica, como casi todo lo que surgía por aquel entonces, ofrecía más bien el aspecto incoherente de lo improvisado y de la incapacidad en el oficio de dirigir el país. Pronto tuvo el dictador choques personales con éstos o aquéllos, pero su prestigio salió mucho peor parado cuando se empeñó en salvar de las garras judiciales a «la Caoba», una conocida cortesana, detenida por tráfico de drogas. El juez que cometió tamaño atrevimiento. Prendes Pando, lo pagó con la suspensión de empleo y sueldo. Estos incidentes, de sainete picante, no fueron nada al lado de medidas más graves: la clausura del Ateneo de Madrid, el destierro de Miguel de Unamuno —destituido también de su rectorado de Salamanca— y del republicano Rodrigo Soriano, que fueron a dar con sus huesos en la isla de Fuerteventura. El nuevo Poder parecía inquietarse más por las críticas de los intelectuales que por el alegato de los presidentes de las Cámaras —Romanones y Melquíades Álvarez—, cuyo memorial al Rey (noviembre de 1923) hizo público Primo de Rivera, aunque añadiéndole la coletilla de que «el país no se impresiona ya con películas de esencias liberales y democráticas».

Por otro lado, muy pocas semanas transcurrieron antes de que se rompiese el recíproco coqueteo del Directorio y los capitalistas catalanes. El Poder militar arremetió ya desde septiembre contra Cataluña: empezó con la destitución de Puig y Cadafalch de presidente de la Mancomunidad y nombró al monárquico Alfonso Sala; prohibió la bandera y la lengua catalana de las Corporaciones oficiales, y terminó con la disolución de la Mancomunidad en mayo de 1924. El viaje del Rey a Cataluña aquel mismo mes tuvo resultados contraproducentes, y hasta el abad mitrado de Montserrat se negó a recibir a los regios visitantes.

En política extranjera, el Directorio tuvo que habérselas, a poco de hacerse cargo del Poder, con la Conferencia anglo-franco-española para fijar el régimen de la ciudad de Tánger. El convenio firmado en París, el 18 de diciembre de 1923, consagraba la internacionalización de la ciudad y defraudaba así a quienes, con nociones asaz someras de la política internacional, habían imaginado su incorporación a la zona del Protectorado español.

De todos modos, no todo era desbarajuste en la acción del Directorio, puesto que, dejando que los militares se entretuviesen en el ejercicio del Poder político, las fuerzas de la oligarquía económica, vencida ya la crisis de posguerra mundial, consolidaban sus posiciones, y se disponían a seguir participando, de una u otra manera, en el ejercicio de la cosa pública. Más adelante veremos cómo se realizó entonces el primer ensayo de capitalismo de Estado al servicio de la oligarquía.

Lo que no quiere decir que no hubiese descontento; el de los estudiantes e intelectuales empezó a crear problemas a la Dictadura. Cuando Unamuno fue trasladado a Fuerteventura, en Madrid se registraron ya serios incidentes promovidos por las manifestaciones de estudiantes. Se detuvo a varios de ellos —liberados poco después—, se formó expediente a los catedráticos de la Universidad Central Jiménez de Asúa y García de Real, y se procesó a Fernando de los Ríos, que lo era de la de Granada.

La deportación de Miguel de Unamuno y de Rodrigo Soriano tuvo luego como remate su romántica fuga de Fuerteventura y llegada a Cherbourg a bordo de un bergantín fletado por el señor Dumay, director del diario parisiense Le Quotidien. El 2 de octubre de 1924 llegaba Unamuno a París —acompañado por el exdiputado Eduardo Ortega y Gasset, que había ido a recibirlo a Cherbourg— y fue objeto de una acogida entusiasta. Ambos comenzaron entonces una empresa conjunta de acción contra la Dictadura. Residente ya habitual en Francia, el novelista Vicente Blasco Ibáñez reanudó sus actividades republicanas de otros tiempos, y de ahí la publicación del violento folleto Una nación secuestrada, en el que se atacaba directamente al Rey y produjo vivo escozor en los medios oficiales.

En el campo obrero, al llegar al mes de mayo de 1924, el Directorio había prohibido las manifestaciones del día 1.º, disposición a la cual se avino el Partido Socialista y su Central sindical, la U. G. T., celosos de moverse sin desbordar las fronteras de la legalidad, pero manteniendo sus declaraciones de oposición al régimen dictatorial y a la continuación de la guerra de Marruecos. El mes de junio, la Ejecutiva de la U. G. T. estimaba oportuna la participación de sus representantes en organismos como el Consejo interventor de cuentas —Wenceslao Carrillo. Manuel Cordero y Núñez Tomás, como delegados obreros—, como más tarde participaría en la Comisión interina de Corporaciones creada por Eduardo Aunós en el ministerio del Trabajo. (Largo Caballero y Saborit representaron a la U. G. T. en 1926). En el año que nos ocupa, se creó el Consejo del Trabajo, en sustitución del Instituto de Reformas Sociales, y se mantuvo en el nuevo organismo a los delegados obreros que figuraban en el extinto.

Con todo, la cuestión que se planteó con carácter dramático en el seno de la organización socialista fue la de si Largo Caballero debía o no aceptar un puesto en el Consejo de Estado, para el que había sido propuesto como representante obrero del ya citado Consejo del Trabajo. No fue en la Ejecutiva de la U. G. T., sino en la del Partido Socialista donde el asunto tomó carácter de apasionada polémica, debido a la oposición de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. No obstante, la Ejecutiva decidió que era asunto de incumbencia de la U. G. T. y no suya, y Largo Caballero tomó posesión de su cargo en el alto cuerpo el 25 de octubre de 1924. La cuestión se volvió a plantear en el Comité Nacional del Partido Socialista, que aprobó la participación por 14 votos contra cinco. A consecuencia de esta decisión, Indalecio Prieto dimitió su cargo de vocal de la Comisión Ejecutiva del P. S. O. E. (10 de diciembre).

Coincidencia fortuita en el tiempo, pero ejemplo también de las trayectorias divergentes emprendidas por los movimientos socialista y anarquista, fue la de los debates reseñados y los tristes sucesos de Vera de Bidasoa y Atarazanas (Barcelona). En la noche del 6 al 7 de noviembre, unos cincuenta hombres, españoles todos, cruzaron la frontera franco-española a la altura de Vera de Bidasoa, armados de pistolas. Al parecer, enviaron un enlace en misión de exploración, pero, impacientes por su tardanza, entraron todos en España. El caso es que esa partida tropezó con una pareja de la Guardia civil; resultaron muertos los dos guardias y uno de los asaltantes. Éstos intentaron retirarse a Francia, pero, desorientados y perseguidos por más fuerzas de la Guardia civil y de Carabineros, murieron dos de ellos, otros varios fueron heridos y, en suma, treinta y seis conspiradores, detenidos por la acción simultánea de autoridades españolas y francesas, comparecieron ante un Consejo de guerra una semana después.

El Consejo de guerra dictó falló absolutorio por falta de pruebas en lo referente a la muerte de los guardias civiles y remitió la causa a la jurisdicción civil. Disintieron dos miembros del Consejo y el capitán general de la región (Burguete). Elevada la causa al Consejo Supremo de Guerra y Marina, éste condenó a muerte a tres de los acusados: Pablo Martín, Enrique Gil y Juan Santillán. Dimitió el auditor general del Supremo, Carlos Blanco, que observó irregularidades de bulto en la tramitación del proceso. Llovieron las peticiones de indulto, entre ellas las del obispo de Pamplona, pero todo fue en vano. El 6 de diciembre sufrieron garrote Gil y Santillán; Pablo Martín se había estrellado momentos antes al arrojarse de la galería de la cárcel.

Los sucesos de Vera dieron motivo, desde el primer momento, a no pocas sospechas engendradas por lo descabellado de aquella empresa, que más parecía convenir que perjudicar al Poder. Poco tiempo después, ayudó a desentrañar el misterio el capitán de Carabineros Juan Cueto, destinado en Vera. Casi a los cuarenta años del suceso, es ya un lugar común lo que Cueto descubrió. Entre los conspiradores de Vera se habían infiltrado provocadores al servicio de la policía, la cual ya había actuado, por medio de su agente en la Embajada española, de París, Manuel Fernández (a) el Señorito, que se hacía llamar Emilio Ferrer y se presentaba como escultor. Este y otros agentes provocadores actuaron en París en los medios anarquistas y de Estat Català, estuvieron al tanto del envío de una comisión de enlace a Barcelona y, desde esta ciudad, se envió a la capital de Francia un telegrama en clave, redactado en realidad por los hombres, de Arlegui, como señal para comenzar el movimiento y haciéndoles creer que era secundado desde el interior de España.

Hay que relacionar forzosamente con esta tenebrosa trama el intento de asalto el 6 de noviembre al cuartel de Atarazanas en Barcelona, que dio lugar tres días después a la condena y ejecución de dos obreros anarco-sindicalistas, José Llácer y Juan Montejo.

Prosigue la guerra

Prosigue la guerra

Mientras tanto, la guerra seguía en Marruecos. Por cierto que el Consejo Supremo de Guerra y Marina había absuelto al general Navarro en el proceso que se le seguía por la catástrofe del año 1921 y condenó benévolamente al general Berenguer a pérdida de empleo, pena de la que fue inmediatamente amnistiado. Pero la situación militar no era nada halagüeña aquellas primeras semanas del verano, de 1924. En la zona occidental, todas las posiciones de la línea del Lau estaban en peligro. Ya en el mes de marzo. Primo de Rivera no había tratado de ocultar la gravedad de la situación. Otra nota oficiosa del 26 de junio confesaba que «el estado de cosas en la zona occidental de Marruecos se ha agravado sensiblemente». En efecto, las posiciones de Coba Darsa y Hoj se hallaban aisladas. Tan sólo el 7 de julio fueron liberadas por la columna del general Serrano Orive, empresa que costó gran número de bajas.

Aizpuru no sabía ya a qué santo encomendarse y, en Madrid, el Directorio no tenía ideas mucho más claras. Primo de Rivera comprendió que era preciso «agarrar al toro por los cuernos»; encargó interinamente del gobierno al marqués de Magaz y se fue para Marruecos la noche del 10 de julio. Ya en Málaga, declaró que se iba a efectuar un repliegue y a repatriar tropas. Júzguese cuál sería el recibimiento que le hicieron los jefes y oficiales del ejército de Marruecos, que se consideraban traicionados, moral y materialmente, cada vez que alguien sugería la idea de cesar las hostilidades. Recorrió Primo de Rivera las comandancias de Ceuta, Tetuán, Larache y Ben Tieb, donde se entrevistó con los jefes y aceptó banquetes de pura cortesía, en la que a veces incluso ésta brillaba por su ausencia. Los jefes militares estaban decididos a proseguir la guerra. Este movimiento estaba capitaneado por el joven teniente coronel Francisco Franco, que había sustituido a Millán Astray en el mando del Tercio de extranjeros. El general Hidalgo de Cisneros ha contado cómo el entonces jefe de la Aviación en Melilla, teniente coronel Kindelán, reunió a los pilotos para pedirles que se solidarizasen con Franco[4]. Pero cuando se le ofreció a Primo de Rivera un banquete en el campamento de los legionarios en Ben Tieb, la hostilidad de los militares alcanzó su máxima expresión. A la entrada del campamento; figuraban inscripciones que decían cosas como éstas: «El espíritu del Tercio es de ciega y feroz acometividad». «La Legión no retrocede nunca», etc. El teniente coronel Franco, al frente de sus banderas, formadas con impecable disciplina, pronunció el discurso de salutación: «Este que pisamos, señor Presidente, es terreno de España, porque ha sido adquirido por el más alto precio y pagado con la más cara moneda: la sangre española derramada… Rechazamos la idea de retroceder, porque estamos persuadidos de que España se halla en condiciones de dominar la zona que le corresponde y de imponer su autoridad en Marruecos».

Se dijo entonces que la conversación privada entre el jefe del Gobierno y el del Tercio alcanzó tonos más violentos. Y parece cierto que en aquel famoso banquete sufrió Primo de Rivera más de un vejamen.

No cedió, en apariencia, el presidente del Directorio, pero, de regreso a San Sebastián, y después de haber conversado con el Rey, reconoció en la nota oficiosa de 23 de julio que había oído en Marruecos «informaciones leales y sinceras contrarias a su parecer, que ha modificado en parte, conservando, no obstante, el nervio del propósito de hacer el problema más fácil de resolución y desarrollo».

La realidad era que la zona occidental se venía abajo. Había 68 posiciones cercadas, enclavadas en crestas tácticamente absurdas, «sin agua, sin víveres y casi sin municiones». Los moros alcanzaban Tetuán con sus tiros de cañón y a veces de fusil desde las alturas del Gorgues, que dominan la ciudad. Un ejército de más de 25 000 hombres estaba paralizado y desarticulado. La catástrofe que se avecinaba podía superar a la de 1921. En agosto, la ofensiva de los marroquíes se había generalizado y la fragilidad de las posiciones españolas era tal, que el general Lyautey no se recató en decir que a causa de España podía correr peligro la zona francesa del Protectorado.

El Directorio, en su reunión del 4 de septiembre, decidió que Primo de Rivera se trasladase a Marruecos, y esta vez con la misión de hacerse cargo directamente de la jefatura de aquel ejército. El día 13, Primo de Rivera se dirigía a la opinión en términos opuestos a los que siempre había empleado para tratar del problema de Marruecos: «Hoy, españoles, habéis de saberlo con la verdad con que todo lo sabéis de nosotros, no hay más camino posible que pelear en Marruecos hasta derrotar al enemigo».

No había más remedio, en verdad, que organizar el repliegue en la zona occidental. Las posiciones iban cayendo unas tras otras. El 9 de septiembre comenzó el repliegue general con la evacuación de M’Ter, que continuó al mes siguiente con la del sector de Beni Arós, tras haber asegurado Tetuán mediante la toma del Gorgues. No había opción. El 17 de noviembre cayó Xauen y la retirada, penosísima, costó un gran número de bajas, entre ellas la del general Serrano. Los supervivientes de aquel ejército llegaron a Tetuán el 10 de diciembre de 1924. Dicho desastre ha sido descrito por muchos testigos. El general López Ochoa lo sintetizaba así: «Varias posiciones fueron asaltadas, y sus defensores pasados a cuchillo, buen número de convoyes desaparecieron, las retiradas de los campamentos y posiciones importantes, compradas a los moros con dinero y hasta con entrega de armas, no eran después respetadas: solamente la retirada de Xauen, en que murió el general Serrano, nos costó más de dos mil bajas; la indisciplina y el pánico hizo presa en el ejército»[5].

Primo de Rivera exageraba sin duda la nota cuando, al dirigirse a esos hombres, el 13 de diciembre, les decía: «Entráis triunfantes en Tetuán…». Se había obtenido un repliegue estratégicamente necesario, pero el precio había sido muy elevado.

Por su parte, el mariscal Lyautey informaba al Gobierno francés, el 21 de diciembre, de los peligros que la situación entrañaba para su zona y pedía refuerzos.

Abd el-Krim había organizado un ejército y una incipiente administración. Su lugarteniente, Si M’Hamed, que era el verdadero jefe militar, había estudiado en España. Él fue quien ocupó Xauen el 17 de noviembre. El Majzen o Gobierno rifeño comprendía también sus ministros de Asuntos extranjeros. Hacienda, Interior, Guerra, Justicia y un Intendente general. La capital estaba enclavada en Axdir. En diciembre de 1924, según estimaciones de origen francés, contaba con un ejército de más de 60 000 hombres con 300 piezas de artillería y cuerpos organizados de Ingenieros y Transmisiones. Se calculaba que este ejército disponía de más de 100 000 fusiles y abundante munición, unos tomados a los españoles y otros adquiridos mediante fácil contrabando a fabricantes de armas de Alemania y Gran Bretaña sin contar con ciertas ayudas procedentes de Turquía y Egipto.

Intermedio peninsular

Intermedio peninsular

Tras los incidentes ya relatados y otros en los que el Directorio había arremetido contra personalidades del «viejo régimen» —como Maura y Romanones—, en Madrid no mejoraba el clima político. Así, de regreso a la capital, el marqués de Estella cambió de horizontes. Una manifestación de alcaldes y «fuerzas vivas» expedidas a Madrid desde sus respectivos burgos proporcionó, el 23 de enero de 1925, un espectáculo de atrayente tipismo folklórico en contraste con la endeblez que denotaba. Apenas había necesidad de comprobar el raquitismo de la Unión Patriótica, puesto que el propio dictador había confesado, poco tiempo antes, las enormes dificultades que se oponían a la constitución de sus Comités locales.

A las clases conservadoras les bastaba, por el momento, con saberse garantizadas. Hecho significativo fue el que, cuando quebró la entidad bancaria Unión Minera, de Bilbao, el ingenuo juez Pedro Navarro, que tramitaba el asunto, decidió y puso en práctica el procesamiento y prisión de dos miembros importantes de la oligarquía: el marqués de Aldama y el conde de los Gaitanes. Alfonso XIII en persona intercedió ante el Tribunal Supremo para que se echase tierra al enojoso asunto, y el juez Navarro pagó con un traslado su creencia en que la norma de Derecho era igual y obligatoria para todos los españoles.

Otro miembro de la oligarquía, el conde de Vallellano, se posesionaba de la Alcaldía de Madrid, otros, como Benjumea, organizaban la Unión Patriótica y no pocos rondaban los altos organismos del Estado. Es verdad que algunas familias de la oligarquía, sin ir más lejos, las de Romanones y Maura-Gamazo, eran hostiles a la Dictadura. Que «nunca llueve a gusto de todos» es proverbio que puede aplicarse a las clases poseedoras. Pero la mayoría iba a sostener al Dictador durante algunos años.

No era ése el caso entre las catalanas, que, tras ver disuelta la Mancomunidad, comprendieron también que la intransigencia del centralismo, no sólo igualaba sino que superaba a la del «viejo régimen». Las persecuciones avivaban, por otra parte, el sentimiento nacional de los catalanes y sus simpatías, según clases e ideas, a organizaciones que iban desde Estat Català de Macià, hasta la republicana Acción Catalana de Rovira y Virgili y Nicolau d’Olwer, y también hasta la plutocrática Lliga Regionalista, otra vez en la oposición. En el año 1925 todo Cataluña estaba divorciada del régimen de Primo de Rivera. Y si éste era el caso en las ciudades, en el campo se agrupaban los pequeños arrendatarios cada día en mayor número en la Unió de Rabassaires, creada en 1922.

No es, pues, de extrañar, que un nuevo viaje de los Reyes a Cataluña, en junio de 1925, constituyese un fracaso político, jalonado por el sensacionalismo de un atentado frustrado contra el tren real en los túneles de Garraf[6].

Los estudiantes, que nunca habían tenido excesiva simpatía por el Directorio, habíanse irritado cuando Benjumea al organizar la Unión Patriótica, cometió la torpeza de pedir —en vano— la colaboración de los presidentes de las Asociaciones escolares. La tensión fue creciendo por causas diversas: suspensión de una conferencia que debía pronunciar en la Universidad central el decano de la Facultad de Economía de Buenos Aires sobre «Relaciones entre la fuerza y el Derecho», destierro, esta vez voluntario, de Unamuno, etc. Se creó la Unión Liberal de Estudiantes, que el 28 de marzo de 1925 tuvo ocasión de hacer un recuento de fuerzas con motivo de la repatriación de los restos de Ganivet. Una muchedumbre entusiasta aplaudió en la Universidad los discursos de Antonio Garrigues, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Jiménez de Asúa, Marañón, Américo Castro, Gómez de Baquero, Eugenio D’Ors, Baldomero Argente y Rodríguez de Viguri. Las manifestaciones prosiguieron en la estación del Mediodía, donde los guardias de Seguridad dieron varias cargas.

Dos meses después, exactamente el 15 de mayo, la brusquedad del dictador para con el presidente de la Asociación de Estudiante de Ingenieros. Agrónomos, José María Sbert, dio lugar a un incidente que Primo de Rivera creyó saldar con la detención del estudiante y su confinamiento en Cuenca. La nota marginal, de puño y letra de Primo de Rivera, puesta en un oficio de Policía sobre una conferencia de Sbert, decía así: «Al cabecilla Sbert (no parece ni apellido español), sobre darle de baja en su Escuela, póngase de acuerdo con Anido y destiérrelo a Fuerteventura o a Fernando Poo. Madrid, 19 de mayo, 1925». Sin saberlo, el dictador producía la chispa que dio lugar a un incendio jamás apagado por su régimen. El movimiento de oposición estudiantil estaba en marcha.

En fin, si la jerarquía eclesiástica, siempre unida al Trono, convivía en perfecta armonía con la Dictadura, no fue ése el caso del clero catalán, ofendido por la prohibición de predicar en lengua vernácula. El cardenal arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer sostuvo el derecho de sus sacerdotes a predicar en la lengua del país y recurrió ante la autoridad pontificia. Es digno de observar que ya por aquellas fechas, eran muy estrechas las relaciones entre el Rey y el obispo de Coria, Pedro Segura, tallado en las toscas aristas de un clérigo medieval, cuya personalidad había cautivado al monarca —y recíprocamente— cuando el viaje real a Las Hurdes en 1922. El paralelo de ambos prelados vale la pena de esta mención.

Acuerdo con Francia para la conquista de Alhucemas

Acuerdo con Francia para la conquista de Alhucemas

El 13 de abril cometió Abd el-Krim el grave error de emprender las hostilidades contra Francia. Un mes antes había propuesto a ésta que se fijasen definitivamente los límites entre el Protectorado francés y el territorio controlado por la República del Rif. Las autoridades francesas estimaron preferible atenerse a lo dispuesto en el Tratado de 1912 con España y reclamar de ésta que ocupase efectivamente su zona de Protectorado.

Las huestes rifen as aprovecharon la sorpresa para realizar una progresión que ponía en peligro la seguridad de Tazza y Fez.

Los Gobiernos de Madrid y París debían lógicamente coordinar sus esfuerzos. La primera conversación oficial hispano-francesa tuvo lugar en Madrid el 17 de junio. Una semana antes, Painlevé, que acababa de sustituir a Herriot al frente del Gobierno —con Briand en Asuntos extranjeros—, conferenció en Rabat con Lyautey y recorrió las posiciones del frente francés. Pero mientras se iniciaban las conversaciones, cada Gobierno intentaba negociar por su cuenta con Abd el-Krim. Horacio Echevarrieta, el millonario republicano, que tantas veces había servido de intermediario, estuvo en Axdir para conversar con el jefe rifeño. Éste no fue en sus concesiones más allá de un canje de prisioneros, y negóse a toda solución que no supusiera el reconocimiento de la independencia del Rif. El mismo criterio manifestó a enviados franceses, aunque expresándose en términos más amistosos para con este país[7].

El 11 de julio, se llegó a una serie de acuerdos franco-españoles por los que ambas potencias se comprometían a no tratar por separado «con las tribus rifeñas y yebalas» y se decidió proponerles la concesión de una autonomía, el canje de prisioneros y una amnistía. Como Abd el-Krim se negara a entablar nuevas conversaciones, el día 25 los Gobiernos de España y Francia acordaron coordinar sus operaciones militares. Esto llevó a varias discusiones de carácter estratégico, porque los franceses preferían un desembarco por la región del Lau, en la zona occidental, y Primo de Rivera quería realizar la vieja aspiración de ocupar Alhucemas.

El 21 de agosto se encontraron en Algeciras. Pétain —que debía mandar las fuerzas francesas— y Primo de Rivera para establecer un plan general de conjunto. Pero los servicios de información rifeños debieron conocer el propósito de ofensiva, pues atacaron de improviso y violentamente las posiciones españolas de Kudia Tahar, en la zona occidental, mientras que en la oriental seguían las hostilidades en la línea del Kert, así como en el sector francés de Issual. El 8 de septiembre, las fuerzas mandadas por el general Sanjurjo, protegidas por 32 unidades navales franco-españolas —Primo de Rivera dirigía la operación desde el acorazado Alfonso XIII— y por un «techo» de aviones, desembarcaban en la playa de Cebadilla, contigua, por el lado occidental a la bahía de Alhucemas. A las dos de la tarde, los legionarios de Franco ocupaban Morro Nuevo, en la extremidad de la misma. Los moros que no morían allí mismo eran lanzados al mar desde el acantilado. Al día siguiente desembarcó la brigada Saro. Los rifeños reaccionaron vigorosamente y durante dos semanas las fuerzas españolas, difícilmente abastecidas a causa del temporal, con ninguna posibilidad de movimiento en el reducido perímetro que ocupaban, vivieron momentos muy difíciles. Con todo, el día 22 pasaron a la ofensiva, protegidas por el fuego de los cañones de la flota, y al siguiente ocupaban Morro Viejo y Cala del Quemado, posición ésta mucho más segura. A partir de ese momento, las columnas españolas avanzaron hacia el fondo de la bahía. El 2 de octubre, Axdir estaba en poder de las fuerzas de Sanjurjo. Con esta ocupación, Primo de Rivera conseguía un triunfo moral indiscutible, pero en el plano de la política interior tropezaba con escollos cada vez más graves. Militarmente, las fuerzas españolas se dedicaron durante el invierno a consolidar sus posiciones, tanto en Alhucemas como en ambas zonas. Sanjurjo, que fue nombrado Alto Comisario al regresar Primo de Rivera a la Península, explicó a Pétain que era todo lo que podía hacer hasta la primavera.

Evolución de la situación económica durante la Dictadura

Evolución de la situación económica durante la Dictadura

Después de la crisis de posguerra, la economía mundial entró en una fase de estabilización relativa que debía durar hasta la gran crisis de 1929. En España, el año 1923 marcó una neta recuperación industrial, pero fue de malas cosechas; el año siguiente, que coincidía con el primer ejercicio económico vivido bajo el poder del Directorio, vio producirse la expansión, limitada, no obstante, por las trabas de estructuras arcaicas que ya conocemos.

Si, para servirnos de los censos de población, establecemos una comparación entre 1920 y 1930, observaremos fácilmente cambios de indudable importancia durante dicho período. Si el aumento de población activa (de 7 515 000 a 8 407 000) fue menor proporcionalmente que el de población total (de 21 303 162 a 23 563 867), en cambio las variaciones de estructura de la población activa denotaban ciertas transformaciones en la estructura económica. Que no aumentase el tanto por ciento de población activa sobre el de población total se explica fundamentalmente porque el aumento de esta última se realizó en el número de personas menores de veinte años.

La población activa agrícola pasó del 57,3 por 100 al 45,51 y disminuyó a la vez en tanto por ciento y en cantidades absolutas.

Esta disminución se tradujo en un aumento de la población activa industrial (21,94 por 100 a 26,51) y de la empleada en servicios (20,81 por 100 a 27,98).

Precisa, sin embargo, examinar más de cerca esos cambios. La construcción ocupaba aún el primer lugar, pero seguida ya por la metalurgia, que desplazó del segundo puesto a la industria textil. El desmesurado aumento del sector «Servicios» tuvo como base la elevación de personas que trabajaban en los transportes (de 219 000 a 388 000) y de las profesiones liberales, pero también arrastró el peso muerto de las casi 400 000 mujeres dedicadas al servicio doméstico. Disminuyó el tanto por ciento femenino de participación en la mano de obra industrial y aumentó en las profesiones liberales.

Si observamos los datos de producción, encontraremos confirmado el fenómeno de la mayor importancia adquirida por la industria. Los índices de producción en 1929 (tomando 1901 como base igual a 100) fueron de 113 para el trigo, 97 para el maíz, 122 para la cebada, 176 para el arroz, 227 para el aceite (pero el promedio del decenio no pasó de 150), 112 para el mosto. No hay datos precisos para la naranja, pero en este caso su exportación dio un salto impresionante (206 por 100). El resto de la agricultura, así como su productividad, siguieron en situación de estancamiento.

En cambio, ya resuelta la crisis, la producción de hulla pasó de 221 en 1923 a 253 en 1929 y la de pirita de 107 a 145. Pero la de plomo siguió estacionaria y la de mineral de hierro prosiguió el descenso iniciado en 1914. (El mineral de hierro seguía dependiendo de su venta en los mercados exteriores). En la producción de mercurio, España siguió gozando de su posición de primer país productor y por el acuerdo de monopolios firmado en Lausana en 1928 consiguió el 60 por ciento de ventas. Fue impresionante la progresión vertiginosa de la producción de las minas catalanas de potasa, en poder de compañías extranjeras.

De todos modos, los cambios esenciales los realizó la siderurgia: la producción de lingotes de hierro, que en 1923, vencida la crisis, era de 389 000 toneladas, para llegar ya casi al nivel de la preguerra, pasó del doblé y alcanzó las 772 000 en 1929. Semejante fenómeno se registró en la producción de acero —que sufrió menos los efectos de la crisis— al pasar de 459 500 toneladas en 1923 a 1 021 685 en 1929, marca suprema de producción que no había de volver a obtenerse hasta transcurrido un cuarto de siglo. La fuerza de energía eléctrica fue de 701 millones de kwh en 1923 y de 1096 en 1929; la energía producida, de 1186 y 2433, respectivamente. La electrometalurgia, electroquímica, etc., que consumieron en 1 923 714 millones de kwh, hicieron un consumo de 1439 en 1929. Hay que señalar que la producción disminuyó sólo ligeramente en 1930 —en algunos sectores incluso progresó—, porque no habían alcanzado a España todos los efectos de la crisis económica mundial. Esto es importante, porque, en aquel año, la dictadura de Primo de Rivera había sido sustituida por el gobierno Berenguer.

Cabe también señalar que la producción de cemento pasó de 900 000 toneladas en 1923 a más de 1 800 000 en 1929. Hubo también un considerable aumento de los superfosfatos. El desarrollo de producción textil alcanzó su más próspera situación hacia los años 1926-1927, aunque sufrió después un ligero retroceso[8]. El índice de producción industrial pasó de 102,5 en el año 1923 a 144 en 1930.

En resumen: la industria se desarrollaba, sobre todo la siderurgia y la de energía eléctrica, pero el país era todavía esencialmente de economía agraria y de producción de bienes de consumo. Las inversiones importantes se realizaban por los grupos del capital financiero (banca, más gran industria) que dominaban las producciones esenciales citadas, pero mucho menos en los sectores de industria ligera. El poder económico se concentraba cada vez más en unos grupos limitados, casi se puede decir que en unas cuantas familias, pero la expansión momentánea permitía vivir a las pequeñas industrias. La situación económico-política del mundo y de España dio confianza a los empresarios, que no se preocupaban demasiado por el mañana. El primer intento de capitalismo de Estado, que favoreció al capital financiero, se manifestó en las inversiones públicas en ferrocarriles —después del Estatuto Ferroviario promulgado en 1924—, en la política de monopolios oficiales, de obras públicas, etc., así como en la política proteccionista, todo ello a base de emisiones fabulosas de la Deuda pública.

Veamos, pues, cómo este panorama se conforma plenamente al examinar la realidad económica de la época.

Los cálculos sobre la renta nacional —nada exactos, como ya sabemos— señalaron una progresión a precios constantes (valor de la peseta en 1929) de 21 476 millones en 1923 a 25 213 en el año 1929, es decir, algo más del 17 por ciento en seis años, y la renta por cabeza aumentó todavía menos. La lentitud del ritmo de crecimiento se explica por el estancamiento de la producción agraria y por el desarrollo desigual de la industria, pero también es posible que el producto nacional fuera superior al establecido por estos cálculos.

Un hecho da idea de la estructura económica del país: en 1929, el valor de la producción de cereales, aceite, vino y naranjas representó por sí sólo alrededor del 20 por ciento del producto nacional, mientras que la producción siderúrgica no llegó al dos.

Otro índice revelador fue la fundación de sociedades anónimas por valor de 4963 millones de pesetas, entre 1924 y 1929, de los cuales 330 pertenecían a empresas de energía eléctrica. Durante aquellos años aumentaron sus capitales casi todas las empresas importantes y, particularmente, las de energía eléctrica, siderurgia, cementos, etc. Se crearon grandes compañías que señalaron una nueva penetración del capital extranjero: Hutchison en 1924, General Motors en 1925, Standard Electric en 1926, Potasas Ibéricas en 1929; así como otras en que colaboraban los bancos españoles con el capital extranjero: Sociedad Ibérica de Nitrógeno (1923), General Eléctrica Española (1929), Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica (1930), Aluminio Español (1929), etc. También en 1923 había penetrado en España el importantísimo trust internacional Nestlé. No nos referimos ahora al caso de la Compañía Telefónica, porque merecerá mención aparte.

Que fue ésta época floreciente para las empresas de categoría lo prueban los siguientes datos: beneficios declarados en el ejercicio de 1930: Unión Española de Explosivos, 22 por ciento; Maquinista Terrestre y Marítima, 20; Basconia de Siderurgia, 30; Papelera Española, 16; Pirelli, 24; Fomento de Obras y Construcciones, 55; Minas del Rif, 55; Azucarera Nuevo Rosario, 45; Azucarera de Madrid, 28.

He aquí también cómo se cotizaban en Bolsa las acciones de las mayores empresas (1914 = 100):

Sociedades | 1923 | 1926 | 1928
Unión Española de Explosivos | 146,9 | 181,2 | 498,4
General Azucarera | 184,0 | 217,0 | 309,6
Duro-Felguera | 121,7 | 114,6 | 167,0
Papelera | 128,5 | 153,1 | 259,8
Altos Hornos | 33,4 | 40,9 | 57,2
Sota y Aznar | 183,1 | 110,2 | 164,2
Fuente: Boletín del Consejo Nacional Bancario.

En cuanto a los beneficios de algunas empresas extranjeras, bueno es señalar que los beneficios de la Barcelona Traction, que habían sido de 30 millones de pesetas en 1923, ascendieron a 70 millones en 1930; y los de la C. H. A. D. E. (capital mayoritario extranjero, pero presidida por Cambó) pasaron durante los mismos años de 28 a 54 millones.

En las industrias importantes se acentuaba el grado de monopolio. Así ocurría en la siderurgia, rama en la que seis empresas —que estaban en manos de un puñado de familias del Norte— concentraban el 85 por ciento de la industria.

¿Y la banca? Sus capitales privados pasaron de 1363 millones de pesetas en 1923 a 1644 en 1930 y, las reservas, de 258 millones a 450. Pero es más interesante saber que sus títulos en cartera pasaron, en las mismas fechas, de 1954 millones a 3932. Su carácter, cada día más monopolista, se puede juzgar por el desarrollo de los grandes bancos al compararlo con el total que acabamos de citar: los seis primeros —Central, Hispano-Americano, Español de Crédito, Bilbao, Vizcaya y Urquijo— tenían, el tercer trimestre de 1927, 640 millones de capital y 161 de reservas, sin contar sus filiales con otro nombre (Banco Herrero, etc.). Los títulos en cartera, que alcanzaban en 1923 a 1237 millones, llegaban en 1930 a 1989. Estos seis bancos manejaban ya, en 1927, millones de recursos ajenos.

De 1920 a 1930, los beneficios líquidos de los principales bancos aumentaron así, en millones de pesetas:

Bancos | 1920 | 1930
Hispano-Americano | 17,9 | 16,3
Español de Crédito | 4,4 | 11,6
Bilbao | 12,1 | 15,9
Vizcaya | 6,9 | 14,4

Por el contrario, los pequeños bancos fueron perdiendo categoría. La banca catalana, vinculada principalmente en la industria ligera y de empresas familiares, se vio cada vez más desbordada por la penetración conjunta de sucursales, de grandes bancos centrales y de bancos extranjeros. Algunas entidades bancarias de Cataluña desaparecieron completamente —Banco de Barcelona, Banco de Cataluña, con sus sucursales de Reus y Tortosa, Banco de Tarrasa, Banca Magín Valls, etc.— y otros fueron cayendo en la órbita de acción de los bancos centrales. Estas transformaciones de la estructura bancaria son doblemente interesantes, porque tuvieron inevitables repercusiones en la vida del país.

Al desarrollarse las ramas de la producción con tendencia a la concentración y al monopolio, haciéndolo así en estrecha ligazón con los grandes bancos y las familias de empresarios que hemos visto ascender desde el segundo tercio del siglo XIX —la mayoría ennoblecida por Alfonso XIII—, así como el núcleo de familias de grandes propietarios con abolengo aristocrático, acrecentaron su poder en la vida económica del país, A la cabeza de todos los sectores de la producción señalados, encontramos siempre a las familias Urquijo-Ussía, Herrero de Collantes, Güell (marqués de Comillas), Cambó, Bertrán y Musitu, Gamazo, Coll, Ventosa, Duque de Alba, Aresti, Echevarría, de la Mora, Benjumea, etc., y a los numerosos representantes del capital británico, francés y alemán.

Los rasgos económicos hasta aquí apuntados deben completarse con un examen del desarrollo del comercio exterior. Su saldo, que era muy deficitario en 1923 —1400 millones de pesetas oro de déficit—, disminuyó progresivamente, hasta desaparecer en 1930.

El aumento de las exportaciones fue determinado por la progresión vertiginosa de las ventas de naranja —460 000 toneladas por valor de 115,2 millones de pesetas oro en 1923; 1 084 000 toneladas igual a 325,4 millones en 1930— y, aunque en menor cuantía, por la recuperación de las exportaciones de mineral, que descendieron ya en 1930 a causa de la crisis mundial Lo que más debe subrayarse es que esa mejoría de la balanza comercial no tenía causas estructurales, ya que su naturaleza era todavía la misma, aproximadamente, que en los decenios anteriores. Las exportaciones de frutas, vinos y aceite en 1929 constituían el 40 por ciento del total de ventas al extranjero.

Conviene señalar que los datos sobre el comercio exterior en esta época son más que superficiales, y, por lo tanto, muy inseguros. Flores de Lemus, en su famoso y ya citado Dictamen sobre el patrón oro, reveló buena parte de esos errores. Por ejemplo, este autor cita el caso de las importaciones realizadas por la Arrendataria de Tabacos en 1923, que fueron de 105 millones de pesetas, según los datos facilitados por esta compañía a la Comisión. Sin embargo, en la estadística oficial, esas importaciones figuraban por valor de 580 millones de pesetas. Si esto era así para la balanza de comercio, la ignorancia sobre la balanza de pagos era superlativa. Entraban y salían capitales sin que nadie se enterase. Ramón Canosa calcula en unos 800 millones de pesetas la masa de maniobra que entró en nuestros bancos, procedente de Suiza y Holanda, hacia 1925-1926, para aprovechar la coyuntura alcista que siguió a la conquista de Alhucemas, pero que desapareció dos o tres años después. Flores de Lemas insiste sobre «las cantidades muy considerables de capital exportado por España» y sobre «los intereses y beneficios del capital extranjero en España». Todo esto ocurría sin la menor intervención del Estado en los cambios; incluso el Comité interventor creado en junio de 1928 tuvo una breve e ineficaz existencia.

La estabilidad económica y el desarrollo de la producción tuvieron como consecuencia la estabilidad monetaria desde el punto de vista interior. No obstante, la política de créditos extraordinarios y de intervenciones públicas —muchas de ellas improductivas— durante los últimos años de la Dictadura fue después una de las razones para romper esta estabilidad, aunque no lo fueron menos la colocación de capitales en el extranjero y las especulaciones, de todo género en el mercado mundial. En realidad, las razones esenciales de la baja precipitada de la peseta a partir de 1928 residía en la venta de cantidades de nuestra moneda en el mercado internacional por los especuladores extranjeros que las habían adquirido en el periodo de los años 1925 y 1926.

En los primeros años, parecióle muy fácil a la Dictadura el manejo del Erario público, y su frivolidad en este terreno llegó hasta el extremo de aparentar equilibrio en los presupuestos ordinarios, mientras que los extraordinarios, convertidos en costumbre que desmentía su adjetivo, daba rienda suelta a un déficit creciente sólo cubierto por sucesivas emisiones de la Deuda pública. Ésta, que era de 11 822 millones de pesetas en 1923, alcanzó los 20 084 en 1929, cuyos mayores incrementos correspondieron al año 1927. Cuando disminuyeron los gastos de acción de Marruecos, lanzóse el Gobierno a una política de obras públicas sin freno, difícilmente sostenible. Muchos capitalistas, y entre ellos Cambó, eran partidarios de optar por la inflación, pero el joven ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, procedente de las filas mauristas, donde había hecho sus primeras armas de diputado, no compartía ese criterio. Desde 1926, Calvo Sotelo propuso una reforma del sistema tributario, encaminada a aumentar los ingresos del Estado a base de una relativa unificación fiscal y de la creación del impuesto sobre rentas y ganancias. Pero aquellas sugerencias no llegaron a prosperar, por parecer demasiado «atrevidas» a otros representantes de la oligarquía, que se movían por comisiones y despachos ministeriales. Aumentó, es verdad, la presión tributaria, pero no varió la injusta estructura fiscal. Por añadidura, las grandes empresas siguieron gozando de espléndidas subvenciones. Las Compañías mineras habían ya obtenido, por Real Decreto del 17 de marzo, de 1923, una subvención de 1 250 000 pesetas mensuales. En 1926 obtuvieron del Gobierno el aumento de una hora de la jornada de trabajo en las minas. Las Compañías navieras cobraron sumas astronómicas de la Hacienda pública durante la Dictadura: la Transmediterránea, de Juan March, hizo sus más pingües negocios, y también las navieras del Norte. Sólo la Transatlántica, por la impericia de los oligarcas que la regentaban —marqués de Comillas, entre otros— terminó por ir a parar a manos del Estado, que se hizo cargo de ella. El Estatuto Ferroviario, promulgado en 1924, intensificó las inversiones del Estado en los ferrocarriles; aumentó el número de locomotoras y vagones, y se renovó la mayor parte del tendido de líneas.

Durante aquellos años, se asistió en España, a un comienzo de capitalismo de Estado en favor de las grandes empresas y a una más acentuada política de protección industrial. No obstante, hubo una política económica, y seria ligereza caracterizar aquel periodo por las madrugadas del jefe del Gobierno en Villa Rosa o por los arrebatos pasionales en favor de una guapa hembra o en contra de un colega. Todo esto, que a unos parecerá inadmisible y a otros ameno, es simplemente anecdótico. En cambio no lo es la creación, en 1924, del Consejo Nacional de Economía; la fundación del Monopolio de petróleos; la entrega de la red telefónica a los capitalistas de los Estados Unidos; los pedidos para los ferrocarriles que beneficiaban a las grandes empresas pagadas con dinero del Estado, etc. La política económica de la Dictadura dejó intangibles los privilegios de la aristocracia terrateniente, que siguió viviendo y explotando tierras y hombres como cien años atrás, y se encaminó a favorecer el desarrollo de la gran industria. A los ejemplos señalados, hay que añadir el Real Decreto de 30 de abril de 1924 completando la ley de Protección industrial de 1817 —paradójicamente debida a Santiago Alba, a quien la Dictadura procesó y mantuvo en el destierro— y estableciendo las declaraciones de utilidad pública para ciertas empresas y la dispensa de tarifas aduaneras para la importación de numerosa maquinaria. El intervencionismo económico del Estado se manifestó también por la creación de organismos como el Patronato de firmes especiales, el Consejo nacional de combustibles, las Confederaciones hidrológicas, el Comité regulador de la industria algodonera, el Consejo nacional arrocero, el Consejo resinero, la Comisión mixta del nitrógeno, etc., etc. En cada uno de estos organismos estaban representadas las grandes empresas del sector correspondiente, con evidente tendencia a crear una situación de monopolio —cuando no existía ya, como en la siderurgia, el papel, etc.— y a liquidar el antiguo «mercado libre».

La política de concesiones no siempre fue muy clara; el caso más discutido, si no el más importante, fue el del ferrocarril Ontaneda-Calatayud, concedido en condiciones excepcionalmente favorables a la Compañía Santander-Mediterráneo, formada con un capital de 87.5 millones de pesetas, de los cuales 35 en «acciones de fundador», completamente liberadas y destinadas al «pago de gestiones para la organización preliminar de las obras, desembolsos hechos y promoción y obtención de la concesión…». Esos 35 millones fueron entregados a un señor apellidado Solms, de origen alemán y nacionalizado español. Simultáneamente se creaba en Londres la Anglo-Spanish Construction Company, que recibió esos 35 millones más 12 que en las cuentas de la Santander-Mediterráneo figuraban como «gastos sin clasificar». Para completar los ribetes pintorescos de este asunto —que dio mucho que hablar entonces y aun después— se daba el caso de que en el Consejo de administración de dicha Santander-Mediterráneo figuraban, amén de varios generales, dos personajes palaciegos, Carlos Bernaldo de Quirós, oficial de la Mayordomía de Palacio, y Gabriel Pastor, secretario del infante Don Fernando. Y por azar o no, que ello es difícil probarlo, un primo hermano de la reina Victoria, el comandante Wherner, formaba parte del Consejo de la Anglo-Spanish y de otra compañía que dio vida a la citada.

La concesión del servicio de Teléfonos a la International Telephon and Telegraph Corporation, de los Estados Unidos —del grupo Morgan—, había sido ya gestionada, sin resultados definitivos, por su delegado, Lewis J. Proctor, ante el Gobierno de García Prieto en 1923. Instaurado el Directorio, Proctor, acompañado del español Barroso —a quien había conocido cuando éste era subsecretario de García Prieto— visitó a Primo de Rivera. Barroso tenía también estrechas relaciones con el grupo Urquijo, con el cual Proctor trabó no menos estrecha ligazón. Resultados: la concesión fue rápidamente obtenida y, al efecto, se creó la Compañía Telefónica Nacional de España. Pura cuestión de forma, puesto que la International Telephon and Telegraph Corporation cobraba el 4,5 por ciento de los ingresos brutos en concepto de asesoramiento técnico y financiero, el cinco sobre el material, edificios y solares y el siete sobre el capital prestado a la Compañía Telefónica. Además, se quedaba con las emisiones. Obvio es decir que la mayoría de las acciones ordinarias de la Telefónica también fueron a parar a manos extranjeras. Y complétese esto con el detalle de que todo el material se encargaba a la Standard Electric, filial del mismo trust norteamericano, instalada en España en 1926. La concesión se otorgaba hasta 1944, fecha en que el Estado podía hacerse cargo del servicio al abonar a la Compañía la totalidad del capital desembolsado, más el 15 por ciento de interés. La esplendidez del Estado llegaba hasta eximir de impuestos a la Compañía. Las capitales españolas iban a disponer de su teléfono automático (se acabaron aquellas broncas de «Central, por favor, señorita») y la madrileña Red de San Luis del rascacielos de la Telefónica. El precio pecaba, sin duda, de exagerado. La concesión se otorgó en agosto de 1924 y al año siguiente comenzaron las actividades de la Compañía. Detalle, en apariencia sin importancia: Lewis J. Proctor y Estanislao de Urquijo y Ussía figuraron a la cabeza de los Consejos de administración de la Compañía Telefónica y de la Standard Electric[9].

El Monopolio de Petróleos tiene una historia diferente. En aquel tiempo, el mercado español de petróleo era explotado por los grandes trusts Shell y Standard Oil en su sempiterna rivalidad y también, aunque en menor cuantía, por la Nafta, del Estado soviético. Ésta tenía un contrato para la distribución con Petróleos Porto Pi, compañía creada por Juan March, en la que también había capitales franceses vinculados en éste por la Transmediterránea. Creyó Calvo Sotelo que había llegado el momento de establecer el sistema de capitalismo de Estado mediante el monopolio de la importación, industrialización, distribución y venta de los combustibles minerales líquidos. Reaccionaron violentamente la Shell y la Standard, y tampoco le hizo ninguna gracia a Juan March, pero éste, reconciliado con la Dictadura, después de unas breves escaramuzas al comienzo de su instauración, pensaba ganar la partida. No en balde había obtenido March el monopolio de la venta de tabaco en las plazas de Ceuta y Melilla, legalizaba lo que durante años fue operación dudosa en gran escala, además de marchar boyante, con ayuda del Gobierno, en la Transmediterránea.

El 28 de julio de 1927 salió en la Gaceta el Real Decreto creando el Monopolio de Petróleos, cuyo programa era ambicioso: obtener ingresos para el Tesoro, evitar el fraude fiscal, construir una flota petrolera, organizar la industria de refino y hasta adquirir yacimientos petrolíferos. Se creaba la Compañía arrendataria del Monopolio (la C. A. M. P. S. A.) que debía funcionar como sociedad anónima, pero con un delegado del Gobierno, con derecho a veto, y 30 por ciento de acciones del Estado.

Hubo cuantiosas indemnizaciones, menos para March, por la sencilla razón de que no tenía instalaciones. Deterding, el magnate de la Shell, tomó la cosa en serio y fue a Madrid, donde se entrevistó con Primo de Rivera. Éste parece que lo tomó menos en serio y Deterding se marchó furioso. No faltan quienes han relacionado la crisis que sufrió posteriormente la peseta —resultado de especulaciones internacionales— a los designios de venganza del rey del petróleo.

El Gobierno negoció directamente con el Estado soviético —al que no había reconocido diplomáticamente— el suministro de petróleo, por la razón obvia de que la oferta era en un diez por ciento más ventajosa que la de los grandes trusts capitalistas —que poco después, recuperaron el mercado monopolista español—, pero March, a través del Banco Bauer en Francia, exigió al Estado español una indemnización de 200 millones de francos. Llegó hasta conseguir el embargo provisional del cargamento de los petroleros soviéticos en el puerto de Argel. A la postre, en los últimos días de diciembre de 1927 (el Monopolio entraba en vigor el 1.º de enero) consiguió el Gobierno, mediante una gestión diplomática ante Francia, que se levantase el embargo. Se abría un pleito que duró años. Pero Juan March se había enfadado con la Dictadura. Porto Pi tenía un capital de ocho millones, de los cuales. March había aportado sólo dos. Cinco años después obtuvo, no los doscientos millones de francos, pero sí treinta. En cuanto al contrato con la Nafta soviética, fue denunciado en 1930 por el gobierno Berenguer.

Por último, y en otro orden de cosas, hay que señalar la creación de las Confederaciones hidrográficas dependientes del ministerio de Obras Públicas, en mayo de 1926.

Saldo negativo

Saldo negativo

La política económica de la Dictadura, que disfrutó casi hasta el final de las ventajas de una buena coyuntura, no sólo había dejado incólumes las viejas estructuras, sino que favoreció y estimuló a las grandes empresas y grupos financieros con tendencia al monopolio, y el desequilibrio económico debido al desarrollo irregular de la producción: España, por su producción y por su población era un país agrario, un país atrasado industrialmente, un país a la merced de las compañías extranjeras. Hay más: al no elevarse la producción ni el nivel de vida en el campo, el mercado nacional continuó adoleciendo de bajo poder de compra, imposibilitando así cualquier desarrollo estable y a largo plazo de la industria nacional. Se dio el caso por ejemplo, de que la producción de mineral de hierro siguió dependiendo de la exportación del mineral en bruto, y en cuanto se produjo la crisis mundial se hundió inmediatamente ese sector de la extracción. Al final de la Dictadura, nada había cambiado para la oligarquía de la tierra. En cuanto a la de la industria y la banca, que poseía sólidos vínculos en ella, había mejorado sus posiciones.

No cabe negar que se realizaron ciertos progresos de orden técnico, sobre todo en obras de infraestructura —carreteras, ferrocarriles, puertos—, pero en lo social, que es tanto como decir humano, el balance de la economía española durante aquellos años fue marcado por el signo negativo.

Hemos visto los progresos de la renta nacional y, más concretamente, los beneficios de los bancos, de grandes empresas, de algunos aspectos del comercio exterior —naranjas, minerales—, etcétera. Nos queda por ver lo esencial: la participación, en la renta nacional, de los hombres que creaban esos valores con su trabajo.

El prolegómeno indispensable es el examen de los precios que, como sabemos, mantuvieron, dentro de algunas oscilaciones, una neta estabilidad.

El índice general de precios al por mayor, (1913 = 100) fue el siguiente: 1923: 170,9; 1925: 185,0; 1927-1930: 167,0.

Pero este índice ha sido establecido sobre índices parciales donde figuran precios de productos alimenticios, bebidas, combustibles, textiles, cueros, metales, maderas, cementos, abonos, papel, etcétera, con métodos de ponderación harto discutibles. En cambio, hay que señalar que la evolución de los precios de productos alimenticios —esencial para cualquier familia trabajadora— no siguió el mismo ritmo. Helo aquí:

Grupo de carne, huevos,
leche y pescado

Grupo de harina, garbanzos,
patatas y judías

1923
      197,1

1923
152,9

1925
      221,3

1925
188,6

1927
      202,7

1927
167,2

1930
      200,5

1930
164,5

Pero hay algo todavía más fundamental. El hecho de que las estadísticas citadas se basaban en precios al por mayor, mientras que las familias españolas pagaban en el mercado los precios al por menor. Los circuitos comerciales, la especulación, etc., elevaban artificialmente estos precios. El fenómeno, ya señalado por Flores de Lemus, en su Dictamen, repetidas veces mencionado, queda ampliamente confirmado por el índice de coste de vida que las Cámaras del Comercio establecieron a partir de 1926. Este índice (1925 = 100) dice así: 1926: 10,9; 1927: 13,9; 1928: 13,4; 1929: 13,7; 1930: 13,6.

En suma, mientras que los precios al por mayor habían disminuido desde 1926 a 1930, y ello tanto según los datos del Instituto Nacional de Estadística cómo de las Cámaras de Comercio, los precios al por menor habían subido.

Por eso hay que mirar con cierta desconfianza, aunque sin negar totalmente su valor, los índices del coste de la vida calculados en 1929-1930 por el ministerio del Trabajo, que fueron elaborados a base de los precios de doce artículos alimenticios facilitados semestralmente por los alcaldes de los pueblos de cada provincia, que son índices simples, no ponderados. Se trata, por otra parte, de índices conjuntos de pueblos y capitales que, al no ponderarse, reflejan la mayor parte de las veces la situación en el campo. En cambio, los de las Cámaras de Comercio se limitan a las capitales de provincia. Los índices del ministerio del Trabajo ofrecen el siguiente resultado (1909-1914 = 100): 1920: 197,5; 1925: 185,0 (−12,5 %); 1930: 170,8 (−14,2 %).

Estamos ya en posesión de los datos más aproximados sobre los precios. Veamos ahora la evolución de los salarios, sobre la cual los datos del ministerio de Trabajo son mucho más seguros, en lo que se refiere a los obreros de la industria (las estadísticas del Ministerio están hechas sobre un total de millón y medio escaso de obreros).

La evolución del promedio de salarios industriales fue, en pesetas:

Año | Salario nominal semana | Índice | Diferencia
1914 | 24,90 | 100,0 |
1920 | 38,94 | 156,3 | + 56,3
1925 | 49,26 | 197,8 | + 41,5
1930 | 44,16 | 177,3 | − 20,5

Penetrando más en los detalles observamos que para los obreros calificados las oscilaciones fueron las siguientes: 1920: 86; 1925: 116; 1930: 114. Los peones, que en 1930 tenían un jornal medio de 4,72 pesetas, se vieron mucho más desfavorecidos: 1920: 89; 1925: 117; 1930: 103.

Cuando la Dictadura se vio obligada a paralizar o disminuir numerosas obras públicas, se acabaron las exposiciones de Barcelona y Sevilla, etcétera, los salarios de la mano de obra sin calificar —la más numerosa en España— cayeron verticalmente. Junto a esto, no tiene mucha importancia la elevación de salarios de las mujeres trabajadoras, porque su número era muy reducido. Además, lo que ocurrid es que si en 1925 una mujer ganaba dos veces menos que un hombre por igual trabajo, en 1930 ya ganaba la mitad que el hombre por la misma labor.

Se ha hablado y se ha escrito que la Dictadura, al aumentar de siete a ocho horas la jornada de trabajo en las minas, elevó también el salario de los mineros. Los resultados definitivos, comprobados por datos oficiales recogidos aún en tiempos de la Dictadura, muestran la vacuidad de semejantes afirmaciones. El promedio de salario diario de los mineros de fondo en Asturias fue, en pesetas: 1923: 11,25; 1926: 10,50; 1927: 10,72; 1928: 10.36.

Un picador ganaba 12,93 al día en 1923; 12,88 en 1925; 12,50 en 1927; 12,70 en 1929. En cuanto al promedio de salario hora de mineros de fondo en toda España fue: 1920; 0,84; 1925: 0,98; 1930: 0,90.

Los jornales mineros más bajos (0,62 por hora en 1925) eran pagados en Huelva por las compañías británicas. En cuanto a la jornada de trabajo ésta era de 48 horas semanales en 1925 para el 89,69 por 100 de la población obrera.

Resumiendo, según los datos oficiales, los índices de salarios reales habían evolucionado de 106,6 a 103,8. La baja del nivel de vida fue, sin duda alguna, bastante más acentuada, por las razones ya expuestas. Los salarios reales que se mantuvieron mejor fueron los de los obreros calificados de la metalurgia y derivados, y de la construcción, y por provincias, los del País Vasco.

Pero todas estas consideraciones no tienen en cuenta al sector más numeroso de trabajadores, el del campo. En 1930, el jornal medio de un asalariado agrícola era de 2,80 pesetas, calculando que trabajaba unas 250 jornadas al año. En algunos casos excepcionales se pagaban salarios de cinco pesetas y 5,50 en las épocas de siega o de recolección de aceitunas, por jornadas de sol a sol. Los trabajadores agrícolas fijos —empleados todo el año— tenían salarios que oscilaban entre dos y tres pesetas y, como de costumbre, variaban según si el trabajador recibía o no parte del salario en comida. La situación de los pequeños campesinos y de los arrendatarios no era mejor, puesto que el índice de precios de los productos agrícolas, que se elevó momentáneamente, en 1925, a 176,22 descendía al siguiente año a 160,70, en 1928 a 159,27, y así sucesivamente.

La verdad es que la dictadura de Primo de Rivera no cambió ni podía cambiar el régimen de clase que era la «Constitución real» de la España tradicional y, dentro de las clases coligadas en el Poder, como siempre, la de los terratenientes —unos, aristócratas: otros hidalgos de provincia— quien tenía mayor peso.

En resumen, la política económica de la Dictadura no hizo sino, acrecentar la injusta distribución de la renta.

Del Directorio a la Dictadura civil

Del Directorio a la Dictadura civil

Cuando el marqués de Estella volvió a Madrid, después de las operaciones de Alhucemas, se encontró con nuevas y crecientes dificultades. No fue la menor el descubrimiento de una composición militar contra la Dictadura. Fueron a prisiones militares, el creador de este movimiento, coronel Segundo García, los generales López de Ochoa y Sosa, el coronel Pardo y varios oficiales y suboficiales. El coronel Segundo García fue condenado a cuatro años de prisión, pero puesto en libertad condicional.

Creyó Primo de Rivera que había llegado el momento de afianzarse en el Poder. Ya no se trataba de abrir un paréntesis en la vida constitucional, sino de cambiar de fachada. Para ello propuso al Rey, por escrito del 2 de diciembre, la sustitución de «una Dictadura militar por otra civil y económica, y de organización más adecuada, pero no menos vigorosa». El Rey estaba convencido, como lo dijo poco después, que no disponía de equipo de recambio para sustituir a Primo de Rivera. Además la «Dictadura civil» seria bien acogida por la aristocracia terrateniente y financiera de que estaba rodeado. Acto seguido, como si se tratase de una representación teatral en que todo está ya bien ensayado, Alfonso XIII reiteró a Primo de Rivera su confianza «para que formes y presidas un Gobierno, y designes, dentro de él, la persona que ha de ser su vicepresidente…». Al día siguiente (3 de diciembre de 1925), la Dictadura tenía su primer Gobierno de hombres civiles[10].

Primo de Rivera, presidente del Consejo, se atribuía la dirección de Marruecos y Colonias, y la presidencia del Consejo de Economía. Martínez Anido, ministro de la Gobernación, era a la vez vicepresidente del Consejo.

Comenzó esta segunda etapa de la Dictadura con el lema de «menos política y más administración», que parecía ilustrar los planes gubernamentales de que ya hemos hablado al tratar de los aspectos económicos. Pero el malestar subsistía, como lo mostraron, entre otros hechos, la protesta de los abogados catalanes contra las detenciones gubernativas, que tuvo por consecuencias inmediatas la destitución de la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona y el confinamiento de sus miembros (marzo de 1926) y el acto celebrado en Madrid contra la designación de un titular para la cátedra de Unamuno en Salamanca. Esta protesta dio lugar a varias detenciones, entre ellas la de Álvarez del Vayo, entonces corresponsal del diario argentino La Nación, y la deportación a Chafarinas del Catedrático Luis Jiménez de Asúa. Como el Ateneo de Madrid protestase también de los atropellos, el Gobierno destituyó la Junta directiva y nombró por Real Orden otra más adicta.

Poco antes, el entierro de Pablo Iglesias, que murió el 9 de diciembre de 1925, dos días antes que Antonio Maura, había constituido una demostración política a cargo de los miles y miles de trabajadores que acompañaron a los restos del líder socialista hasta el cementerio civil.

Otros vientos soplaron, en cambio, a favor del Gobierno. Aprovechó éste cuanto pudo el primer vuelo a través del Atlántico sur realizado por el comandante Ramón Franco y el mecánico Pablo Rada, a los que se unieron a última hora el capitán observador Ruiz de Alda y el teniente Durán, aviador naval, aunque éste lo hizo a bordo de un buque de guerra. Pero d marqués de Estella comprobó pronto, con enojo, que Ramón Franco no estaba dispuesto a servir sus designios. Él, como otros muchos militares, estaba descontento de un régimen que seguía pareciéndole óptimo al Dictador, que así lo expuso en un discurso pronunciado en Alcalá de Henares, el 25 de abril: «¿Para qué queremos los elegidos? Tenemos en todos los centros técnicos y más que en ninguno en el Consejo de Economía nacional, donde están representados todos los organismos oficiales y representativos (sic) de las fuerzas vivas. Tenemos órganos de consulta para las cuestiones jurídicas; tenemos el Consejo de Estado, organizado tan democráticamente, que forma parte de él el señor Largo Caballero; para que en nombre de los obreros diga todo lo que honradamente crea no está bien administrado. ¿Por qué, pues, vamos a resucitar ese artilugio que llaman Parlamento, que no saben qué hacer para desprenderse de él los pueblos que aún lo padecen?».

Precisamente un Parlamento, o mejor dicho, la convocatoria de unas Cortes Constituyentes era el programa o bandera de los conspiradores que en aquel momento preparaban un golpe contra aquella situación.

La Sanjuanada

La Sanjuanada

El coronel Segundo García, en prisión atenuada en el Casino militar, seguía conspirando. Pero ahora contaba nada menos que con el anciano capitán general Weyler, general Aguilera —siempre descontento de la Dictadura—, el general Batet, gobernador militar de Tarragona —donde conspiraba activamente el capitán Fermín Galán—, varios coroneles en Cataluña, Valencia, Aragón, Madrid y Cádiz, y, al parecer, prometía su ayuda el capitán general de León. La coalición política era muy heterogénea; en ella ocupaban lugar preponderante viejos políticos como Melquíades Álvarez y el conde de Romanones, la totalidad de los dirigentes republicanos y gran parte de los anarcosindicalistas. Por el contrario, el Partido Socialista había rehusado colaborar en el movimiento.

Los republicanos, estimulados por la actividad incansable del catedrático de la Universidad Central y farmacéutico José Giral, habían constituido en el mes de febrero una Alianza Republicana que unificaba sus esfuerzos y en la que participaban, además de sus grupos políticos, intelectuales como Antonio Machado, Vicente Blasco Ibáñez, Eduardo Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Honorato de Castro, etc.

Pese a la amplitud de las fuerzas que preparaban la conspiración de 1926, sus métodos eran los del clásico pronunciamiento confiado a los militares, sus objetivos muy limitados y escasa su penetración en la masa ciudadana. Melquíades Álvarez redactó un manifiesto, firmado por Weyler y Aguilera, que decía entre otras cosas: «El Ejército no puede tolerar que se utilice su bandera y su nombre para mantener a un régimen que despoja al Pueblo de sus derechos y que al acumular arbitrariamente en el Gobierno la facultad de hacer las leyes y a la vez de ejecutarlas, encama con daño de todos, mediante esta confusión de poderes, el más peligroso de los despotismos». Y concluía así: «Nuestro programa puede resumirse en estos términos: Restablecimiento de la legalidad constitucional. Reintegración del Ejército, para la mejor defensa de sus prestigios, a sus peculiares fines. Mantenimiento del orden y adopción de medidas que garanticen la constitución de unas Cortes libremente elegidas y que, por ser soberanas, necesitan expresar la verdadera voluntad nacional».

O sea, el típico pronunciamiento liberal y, aunque el manifiesto precisaba que no se trataba de «un retomo a modalidades y corruptelas políticas definitivamente condenadas». Era, sin duda, un intento de salvar la monarquía, con la participación dirigente de representantes de la oligarquía. Los métodos conspirativos eran aproximadamente los mismos que en los tiempos románticos de Espartero y Prim, y no es de extrañar que los servicios policiacos de la dictadura contasen con la información suficiente para desbaratar el golpe. Veamos, pues, cómo se desarrollaron los acontecimientos.

El general Aguilera y el coronel Segundo García marcharon a Valencia, pero allí se encontraron con que varios de los comprometidos habían sido detenidos y los restantes no se decidían a actuar. Aguilera, de acuerdo con el teniente coronel Bermúdez de Castro, iba a lanzarse al asalto de la Capitanía general, cuándo éste fue detenido. No le quedaba más remedio al general que tomar un auto y marcharse a Tarragona a reunirse con Batet.

En Madrid, se vivían unas jornadas de ambiente dieciochesco. El general López Ochoa las ha relatado así:

«Llegó la fecha del pronunciamiento, 24 de junio de 1926, noche de San Juan, que le dio el nombre de “Sanjuanada”. La expectación era enorme; se hablaba de un sinnúmero de cuerpos comprometidos; capitanías enteras se decía estaban dispuestas a levantarse al grito de “Cortes Constituyentes”; el pueblo esperaba con ansia las primeras noticias del movimiento; en Madrid se leía en los centros políticos el manifiesto firmado por el teniente general Aguilera y el capitán general Weyler; en el Ateneo file leído, en medio de “vivas” y “mueras”, en uno de los salones del piso bajo. Llegó la noche, los cafés estaban llenos de gente; en la Puerta del Sol, en la calle de Alcalá, en Recoletos y el Prado, los grupos eran numerosísimos; Las noticias más absurdas corrían. Los mismos periódicos mandaban redactores hacia Alcalá de Henares y Vicálvaro para que dieran cuenta del avance hacia Madrid de los cuerpos de Caballería y Artillería. Un ambiente cargado se respiraba; por las calles rondaban piquetes de Seguridad».

»Sin embargo, las horas pasaban y las puertas de los cuarteles continuaban cerradas, y en su silencio habitual, sólo gran número de motocicletas y de automóviles militares atravesaban Madrid de punta a punta, dando prueba de las dilaciones y las dudas de los que debían sublevarse; en los barrios extremos algunas parejas de la Guardia civil montada estaban situadas de trecho en trecho»[11].

Max Aub, que ha trazado en su novela La Calle de Valverde, la viva estampa de las clases medias del Madrid de los años del veinte al treinta, nos cuenta que aquella noche:

«Sbert reunió a sus compañeros, escogieron los cincuenta que habían de hacerse cargo del manejo de los aparatos… La Verbena de San Juan: buen pretexto para pasar por el Prado y los alrededores del Palacio de Comunicaciones sin llamar la atención. La señal era sencilla: en el momento en que Sbert se secara el sudor de la frente, con su pañuelo blanco, los estudiantes entrarían. Si se lo ataba al cuello, se dispersarían rápidamente… Hace una noche espléndida. Más de las doce y día de San Juan… Por la Castellana avanza un tercio de la Guardia civil a caballo, con sus capas, fusiles al flanco. Rodean la plaza. Se detienen. Pasa Sbert con el pañuelo al cuello. Hay que huir. Fracaso…

»… Suben hacia el Retiro, como si nada. ¿Los van a detener? No, la gente, indiferente. —¿Qué habrá pasado? —Los militares, como siempre; no se puede uno fiar nunca de ellos».

La misma noche eran detenidos Marcelino Domingo, Marañón, Barriobero, Lezama… No apuntaba el día cuando la nota oficiosa de Primo de Rivera estaba ya en las redacciones de los diarios: «Un corto número de personas cegadas, sin duda, por pasiones, ambición o despecho, venían intentando, desde hace unas semanas, la organización de un complot, fundándolo en que va transcurrido mucho tiempo sin gozar de las libertades ni del régimen constitucional puro… El mosaico de los conspiradores no puede ser más abigarrado y grotesco; un grupo de sindicalistas, otro de republicanos y de intelectuales anarquizantes, calificados por su constante acción demoledora; algunas personas que por edad, categoría y posición nadie las creería capaces de marchar en tal compañía, y la docena de militares descontentos y de carácter rebelde e indisciplinado, que son excepción en la clase y siempre voluntarios agentes de enlace para esta clase de aventuras».

Mientras tanto, Bermúdez de Castro era también detenido en Valencia; Aguilera, Batet, el capitán Galán y otros oficiales en Tarragona; los sindicalistas Pestaña y Barrera, y el republicano Eladio Gardó en Barcelona; Weyler, al regresar de Mallorca, donde se encontraba accidentalmente, era arrestado en su domicilio.

Quiso el Dictador instaurar con este motivo o pretexto el sistema de multas gubernativas, por Real Orden del 2 de julio: Romanones fue sancionado con medio millón de pesetas, Aguilera con 200 000, Weyler, Marañón y él exsenador Manteca con 100 000; y con multas menores otros muchos, entre los cuales el general Batet, el coronel Segundo García. Barriobero, Domingo, Lezama, etc.

El Consejo de guerra, que se vio en abril de 1927, condenó a ocho años al coronel García, y a seis y un día al teniente coronel Bermúdez de Castro, capitanes Galán y Perea, y teniente Rubio, con la accesoria de separación del servicio. Por paradoja, o más bien por solidaridad de clase, el general Aguilera sólo fue condenado a seis meses y un día, y Weyler y Batet, así como su ayudante, fueron absueltos. Los civiles procesados fueron así mismo absueltos por falta de pruebas.

Así terminaba aquella intentona que miraba más hacia el pasado que hacia el porvenir, no sin que algunos de sus artífices se quejasen del comportamiento del monarca. Éste, en una conversación privada hecha pública más tarde[12] le dijo al marqués de Villabrágima, hijo de Romanones: «Si yo hubiera querido ponerme enfrente de Primo de Rivera, ¿qué Gobierno hubiera podido nombrar? ¿Tienen tu padre, Sánchez Guerra y los demás enemigos de la Dictadura, elementos para resistir, si necesario fuese, a los que acaudilla Primo de Rivera?».

Rendición de Abd el-Krim

Rendición de Abd el-Krim

En verdad, el Gobierno se encontraba estimulado por la solución virtual de la guerra de Marruecos. Retrocedamos algunos meses para ver qué giro habían tomado los acontecimientos de orden militar y diplomático.

Durante el invierno de 1926, Abd el-Krim intentó lograr una paz separada con Francia, pero el mariscal Pétain convenció a Briand —que era jefe del Gobierno— y a Painlevé, ministro de la Guerra, de la necesidad de proseguir la acción conjunta con el Gobierno español. El plan de operaciones establecido en Madrid, el 6 de febrero, por el mariscal y Primo de Rivera, era aprobado por el Gobierno francés, a reserva de que fracasasen las negociaciones que en aquel momento realizaban emisarios franceses para conseguir la sumisión de los rifeños. El Gobierno español aceptó la celebración de una entrevista franco-hispano-rifeña. Hubo primero la entrevista de Camp-Berteaux, el 17 de abril, sin resultados, pero seguida de una tregua. Pétain, de acuerdo con el Gobierno de Madrid, había conseguido imponer en París el criterio de la intransigencia. Comenzó entonces la Conferencia de Uxda, que debía durar del 22 de abril al 6 de mayo.

Al comenzar la Conferencia, el Gobierno francés se mostró más conciliador, pero en la tarde del 22 Pétain entregó una nota a Briand y a Painlevé insistiendo en que había que exigir la ocupación inmediata del Kert —cuestión litigiosa sobre la que Briand pensaba ceder después de la entrevista de Camp-Berteaux— y en que, «en la hipótesis de la ruptura, tendremos que recurrir a la fuerza para imponer la paz que buscamos, y las operaciones deberán comenzar por una estrecha acción franco-española»[13]. Quiñones de León, embajador de España en París, presionaba en el mismo sentido.

En Uxda, Mahomed Acerkan, el Pajarito; ministro de Asuntos extranjeros de Abd el-Krim, insistió en sus proposiciones para que se reconociese un Gobierno autónomo del Rif, con sus instituciones propias. El día 30, en París, Pétain quiso ya romper y Briand persistió en buscar una fórmula de conciliación. En realidad, las delegaciones francesa y española —dirigidas, respectivamente, por el general Simón y el cónsul López Oliván— exigían la sumisión, el desarme y el alejamiento de Abd el-Krim. El día 6 se rompían las negociaciones. Al alba del 8 comenzaba la ofensiva franco-española.

La batalla de ruptura de las líneas rifeñas del Iberloken fue de singular dureza. Las fuerzas españolas, mandadas por el general Castro Girona, lograron su objetivo tras varios días de lucha y a costa de 1189 bajas. Partiendo de la zona oriental, las fuerzas del coronel Pozas ocupaban el día 17 el sector de Annual y Sidi Dris, teatro de la derrota de 1921. El día 20 enlazaban en el valle del Nekor las fuerzas procedentes de Beni Tuzin, mandadas por el general González Carrasco, y las columnas que habían penetrado hacia el Sur desde el sector de Axdir. Las fuerzas rifeñas, aguerridas y bien organizadas, se defendían con empeño heroico ante un enemigo superior en número, material y técnica. La resistencia se hacía casi imposible. Las fuerzas francesas, según el plan previamente establecido con el alto mando español, ocupaban Yebel Haman y Targuist, zona del Protectorado español. Abd el-Krim pidió entonces una tregua, en carta dirigida al señor Steeg, Residente general de Francia. Al no recibir respuesta, contestó a otra del coronel francés Corap, recibida ese mismo día por la noche, proponiéndole la rendición. Tres oficiales de los servicios de información franceses se trasladaron a Snada, puesto de mando de Abd el-Krim. Este firmó su rendición a Francia el día 25: «Desde este momento puedo deciros que me rindo a vosotros. Pido la protección de Francia para mí y mi familia, y pido que mis familiares, que se encuentran, actualmente en Kemmun, sean puestos bajo la salvaguardia de vuestras tropas. En cuanto a los prisioneros, decreto su liberación para mañana por la mañana».

Al día siguiente, Corap confirmó la garantía de la familia y bienes de Abd el-Krim. Este se rindió la madrugada del 27, en Targuist, al general Ibos y al coronel Corap.

Historiadores hay, como Gabriel Maura, que se quejan de que «se llevaron los trastos a espaldas de los españoles». Cualquiera que fuesen las modalidades de este desenlace, la realidad era que se había llegado a él. La desarticulada resistencia rifeña, reducida cada vez más a la acción guerrillera, se aminoró a partir del mes de agosto. En la Conferencia franco-española del 13 de junio, el general Gómez Jordana consiguió que se confiscasen los bienes de Abd el-Krim y que éste fuese deportado a la lejana isla de la Reunión[14]. El mes siguiente, Primo de Rivera marchó a París para firmar dichos acuerdos y, si bien fue objeto de homenajes oficiales, lo fue al mismo tiempo de una sonada manifestación popular de hostilidad.

El conflicto de los artilleros

El conflicto de los artilleros

Que Primo de Rivera no contaba con el asentimiento de todos los militares era hecho conocido por cualquier observador. No obstante, el Dictador cometió la torpeza de publicar, el 9 de junio, un Real Decreto suprimiendo la llamada «escala cerrada» de los cuerpos de Artillería e Ingenieros, según la cual estos militares sólo ascendían por escalafón y nunca por recompensa a los llamados méritos.

El decreto cayó como obús de baterías enemigas en el cuerpo de Artillería. A los pocos días, se reunieron en asamblea los generales y coroneles del Arma y, sirviendo de intermediario el teniente coronel Velarde, propusieron una fórmula de compromiso, que fue aceptada por el Rey. Pero sobrevino el fracaso de la «Sanjuanada» y Primo de Rivera se encolerizó contra aquellos militares de cuya fidelidad dudaba; respondió a una carta del general Haro, jefe de la Artillería, diciendo que «no ha tratado ni convenido nada, ni con nadie»… Volvieron los artilleros a reunirse el 20 de agosto y su acuerdo fue el de llegar, si era preciso, hasta la rebeldía. A las dos semanas (5 de septiembre), Primo de Rivera hizo público el conflicto, declaró el estado de guerra y suspendió de empleo y sueldo a todos los oficiales de Artillería. Declaróse en rebeldía la Academia de Segovia y un grupo de aquellos oficiales detuvo —aunque muy tímidamente—, el cortejo regio, al regresar Alfonso XIII de su veraneo, pero se calmaron cuando el monarca les dijo que intervendría en su favor. En realidad, se arrestaba y procesaba a sus oficiales (el coronel Marchesi, director de la Academia, fue condenado a muerte, y luego indultado). En Pamplona, el gobernador militar, general Bermúdez de Castro, tomó por asalto la Ciudadela, donde estaba la artillería, no sin que sus tropas dieran muerte al teniente Tordesillas y a un trompeta. Los oficiales de Pamplona fueron a su vez detenidos y procesados.

En veinticuatro horas, el Gobierno había disuelto el cuerpo de Artillería y liquidado la situación. Un manifiesto de los artilleros afirmando que entre el monarca y ellos se había abierto un abismo insalvable, cayó en el vacío. Un conflicto de casta, en el que se ventilaban intereses de un cuerpo particularmente aristocrático, no podía interesar a nadie, ni siquiera a los militares de otras amias en las que predominaban los procedentes de las clases medias.

Incidente en la Sociedad de Naciones

Incidente en la Sociedad de Naciones

España, potencia considerada de segundo orden, tenía un puesto no permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Creyeron Primo de Rivera y su ministro Yanguas, que tras el éxito —bien relativo— del Rif, estaban en condiciones de solicitar uno permanente. Y así lo hicieron, en el más inoportuno de los momentos, por cuanto que ese puesto correspondía a Alemania, como consecuencia lógica de los acuerdos de Locarno. Tomó a pecho la cosa el Dictador y, por añadidura, la embrolló al resucitar la reivindicación española sobre Tánger. Buscaron una fórmula conciliatoria los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña, y creyeron encontrarla al asegurar al de España su reelección para el puesto permanente del Consejo. Todo fue en vano y el 8 de septiembre el Gobierno español comunicaba su retirada de la Sociedad de Naciones, lo que, pasado el malhumor, no debía durar mucho.

En busca de instituciones

En busca de instituciones

Aquel verano de 1926, Primo de Rivera estaba convencido de que su régimen echaba raíces. Y se lanzó a la empresa de construir un andamiaje institucional. El mismo día 5 de septiembre, que marcó el punto culminante del conflicto de los artilleros, fue el de la publicación de un manifiesto en el que el jefe del Gobierno declaraba caduco el régimen parlamentario y anunciaba la convocatoria de una Asamblea Nacional «en que estén representados con la debida ponderación todas las clases e intereses». Ni corto ni perezoso, el Dictador mandó celebrar un peregrino plebiscito, para cinco días después, con objeto de aprobar su programa. Los Comités de la Unión Patriótica y entidades oficiales dispusieron unas simples hojas en las que estampasen su firma los españoles de ambos sexos. Así fueron recogidas, durante los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre, 6 697 164 firmas sin garantías ni comprobación en cuanto a la identidad de los firmantes ni a la forma de expresar su opinión.

Sánchez Guerra realizó en esa ocasión el gesto más sonado mediante una carta dirigida al Rey, que circuló clandestinamente por Madrid, en la que le instaba a que no refrendase con su firma lo que consideraba «como un acto ilegítimo y faccioso». Proponía también que se formase un Gobierno que «apaciguase al Ejército» e «iniciase la vuelta a la normalidad», y para esa tarea proponía al general Berenguer.

Se ha dicho que el Rey vaciló, ante ésta y otras presiones de elementos conservadores, e incluso que pensó en Gabriel Maura Gamazo. Lo único cierto es que el decreto de organización y convocatoria de la Asamblea tardó un año en promulgarse.

Por aquel entonces, Primo de Rivera, aconsejado por su ministro Aunós, prefirió proceder a la organización corporativa del trabajo por Real Decreto del 26 de noviembre, que despedía un neto relente mussoliniano. Organizáronse así los Comités paritarios, compuestos por vocales patronales y obreros, y presididos por un delegado gubernativo. Mucho se ha hablado de ellos y no faltan quienes los hayan considerado como precedentes de los Jurados mixtos de la República, ni tampoco aquellos, más penetrantes, que ven en ellos un antecedente de los Sindicatos verticales.

La U. G. T. decidió colaborar en los Comités paritarios, no sin que aquella decisión engendrase una apasionada discusión en su seno, así como en el del Partido Socialista, y en la que sobresalió la actitud opuesta de Indalecio Prieto.

Mientras tanto, Callejo implantaba un desdichado plan de segunda enseñanza que recogió la desaprobación general; Guadalhorce iniciaba su plan de obras públicas; Calvo Sotelo tanteaba en vano sus proyectos de reforma fiscal, y Martínez Anido exhortaba el celo de los polizontes a sus órdenes. Se hacían concesiones a empresas que daban lugar a habladurías, se preparaba el monopolio de petróleos y el Gobierno creía ingenuamente en su prestigio internacional, porque los especuladores de bolsa cosmopolitas compraban pesetas e inscribían cuentas bancarias al socaire de la coyuntura económica mundial y también por contraposición con la crisis que por entonces atravesó el franco francés.

El complot de Prats de Molló

El complot de Prats de Molló

Estat Català, organización nacionalista creada en 1922 por el exteniente coronel de Ingenieros y diputado a Cortes Francisco Macià proyectó en 1926 una expedición armada a Cataluña. Instalado en París desde el golpe de Estado del 13 de septiembre, Macià lanzó el 23 de abril de 1925 el empréstito Pau Claris (cerca de nueve millones de pesetas) que le permitió allegar recursos —procedentes en su mayor parte de los catalanes residentes en América— para un movimiento tendente a proclamar la República catalana, primer elemento de la federal española. Con este fin alistáronse buen número de catalanes y antifascistas italianos, así como el coronel Riccioti Garibaldi, que resultó ser un agente provocador al servicio de una o de varias policías. Así, cuando el 4 de noviembre de aquel año 1926 se habían concentrado en Prats de Molló, pueblecito del Pirineo catalán francés, varios centenares de conspiradores, fue sumamente fácil para los gendarmes desbaratar de raíz la intentona. Se detuvo a cerca de doscientos hombres[15], que fueron trasladados a Perpiñán, de los cuales dieciocho comparecieron ante la XII Sala correccional del Tribunal del Sena, en París, los días 20 al 22 de enero de 1927, defendidos, entre otros, por Henry Torras, Alejandre Zévaes, Pierre Cot, etc. Condenados, después de ruidosas sesiones, a penas mínimas de pura forma, los procesados fueron puestos inmediatamente en libertad. No obstante, Macià, el poeta Ventura Gassol y unos cuarenta catalanes fueron expulsados de Francia.

Ahora bien, más que proceso contra unos hombres acusados de haber violado las leyes de asilo, el de Prats de Molló fue el proceso internacional contra la dictadura y la monarquía españolas. La fogosa palabra de Henry Torres, defensor de Macià, levantó la opinión democrática de Francia contra lo que se llamó de nuevo «España negra». Por el tribunal de París desfilaron entonces grandes figuras de la política y de las letras francesas, así como los más ilustres desterrados españoles, para expresar sus simpatías a los acusados.

Fin de la guerra de Marruecos. Crece la oposición

Fin de la guerra de Marruecos. Crece la oposición

Las cabilas más combativas del Rif prosiguieron una lucha difícil y desigual en la parte montañosa hasta la llegada de la primavera de 1927. En abril, las fuerzas españolas iniciaron una ofensiva a fondo que les permitió dominar la región de Gomara al cabo de un mes. El 10 de julio, el general Sanjurjo, Alto Comisario, dirigió una alocución al ejército de tierra y mar dando por terminadas las operaciones. Los reyes visitaron la zona del Protectorado, hubo ascensos y condecoraciones, regocijos oficiales y festejos públicos. El general Sanjurjo se vio premiado con la laureada de San Fernando, ennoblecido con el título de marqués del Rif y comprometido por ponerle su nombre a un poblado creado en la bahía de Alhucemas. Fue más propicio a la ironía la concesión del título de conde de Xauen a Dámaso Berenguer cuando el amnistiado general era ya jefe del cuarto militar del Rey.

Por aquellas fechas se creó el Monopolio de petróleos y continuó la euforia monetaria: en abril y mayo alcanzó su máxima cotización la peseta (27,40 la libra esterlina).

Probablemente, estos hechos y otros por el estilo decidieron al Rey a aceptar el proyecto de Asamblea Nacional Consultiva. Pero en la alegría de aquellos días fáciles, el Gobierno acumulaba errores que se traducían en un aumento de la oposición. El malestar cundía entre los estudiantes, que desde enero habían creado la Federación Universitaria Escolar (F. U. E.) de Madrid, ejemplo seguido poco después en otras universidades. Los artilleros, sin ocupación en sus cuarteles, sin tropa que mandar, no podían estar contentos. Cuando Primo de Rivera fue a entregar los despachos a los cadetes de la Academia de Artillería y quiso estrechar la mano del número uno, éste permaneció inmóvil en posición de firmes. A los revuelos que levantó el Monopolio de petróleos se unió el originado por la concesión a March del monopolio de tabacos en el Protectorado de Marruecos[16], mientras que en el ámbito universitario costó al Dictador no pocos sinsabores que la Universidad de Madrid concediese el título de doctor honoris causa al Rey. La agitación era estimulada por una publicación mensual, Hojas Libres, que Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset editaban en Hendaya, y que se difundía clandestinamente en España.

Por primera vez, la Dictadura tenía que hacer frente a movimientos huelguísticos de importancia. No sólo porque aumentaron en gran manera (70 616 huelguistas en 1927 contra 21 851 en 1926, según datos del ministerio del Trabajo), sino porque alcanzaron aspectos vitales de la producción. Hubo huelgas en la zona minera de Vizcaya, en las que se unían las reivindicaciones profesionales al objetivo político de alzarse contra la convocatoria de la Asamblea, pero fue particularmente importante el paro de los mineros asturianos en protesta del aumento de la jornada de trabajo en las minas y de la supresión de primas a los destajistas. El 3 de octubre acordaban los Sindicatos ir a la huelga, que fue efectiva durante más de una semana del mes de un reducido aumento de salario. No obstante, el Sindicato Minero, bajo la influencia de Llaneza, cedió en la mayor parte de cuestiones en litigio, volviéndose al trabajo entre el 22 y el 25 de octubre[17].

La Asamblea Nacional Consultiva

La Asamblea Nacional Consultiva

La víspera del cuarto aniversario del golpe de Estado, la Gaceta publicaba un Real Decreto instituyendo la Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por representantes municipales, provinciales, de las organizaciones de la Unión Patriótica, del Estado, miembros por derecho propio, y las llamadas «representaciones de la cultura, la producción, el trabajo, el comercio y demás actividades de la vida nacional». Su naturaleza, según palabras de su presidente —designado por el Gobierno— José Yanguas Messía, era «fiscalizadora y consultiva de la labor de gobierno y preparatoria de proyectos fundamentales, que habrán de ser, en su día, objeto de examen y de resolución de un órgano legislativo que tenga por raíz el sufragio».

Contaba Primo de Rivera con un equipo de adeptos para constituir el andamiaje de tan híbrido organismo, pero le pareció hábil que formasen también parte del mismo otras personas de reconocida tendencia liberal, e incluso de izquierda. Entre los primeros figuraban La Cierva, Goicoechea, Bugallal, Silió, Ramiro de Maeztu. Gabriel Maura Gamazo, Saldaña, Fernán, Víctor Pradera, etc.; y entre los segundos Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Llaneza, Dolores Cebrián, esposa de Besteiro, Álvarez Buylla y otros. Renunciaron los de izquierda, y los socialistas de manera ostensible, pues los Congresos extraordinarios del Partido Socialista y de la U. G. T. decidieron rechazar los nombramientos ofrecidos, si bien subsistieron las discrepancias internas en la organización obrera para el caso hipotético en que el Gobierno permitiese que fuera la U. G. T. quien designase sus delegados a la Asamblea.

La Asamblea Nacional Consultiva dio lugar a algún que otro altercado e incidente «de familia», elaboró en año y medio un Anteproyecto de Constitución, con Cortes semicorporativas y Consejo del Reino, y un Código Penal que sólo tuvo unos meses de vigencia. La oposición la combatió, el hombre de la calle la olvidó, a excepción del madrileño, que al pasar por la Carrera de San Jerónimo contemplaba una reluciente y dorada inscripción que rezaba Asamblea Nacional en el mismo frontispicio donde siempre se había leído Congreso de los Diputados, y hubo más de uno de sus miembros que la abandonaron, como fue Gabriel Maura Gamazo.

Lo que hay de significativo en la creación de la Asamblea Nacional es que produjo, de rebote, una reacción como no había producido hasta entonces ninguna otra disposición de la Dictadura. Y esta reacción no venía tan sólo de los medios obreros e intelectuales ya señalados, sino de políticos adictos al régimen, de hombres que contaban en los medios de la oligarquía.

El primer trallazo lo soltó el conservador Sánchez Guerra, que ya había establecido sus distancias con el manifiesto de 1926. Esta vez se expatriaba voluntariamente y, al cruzar la frontera, dio a la publicidad un nuevo manifiesto en el que, confirmando sus palabras de un año antes, decía: «El acto que acaba de realizarse (la convocatoria de la Asamblea) es ilegítimo y faccioso…» y afirmaba sin ambages que el Rey se había puesto fuera de la ley.

Coincidiendo con esa actitud, aunque con matices personales más prudentes, se hicieron públicas unas declaraciones del conde de Romanones criticando aquella convocatoria y afirmando su fidelidad al parlamentarismo liberal (lo que no le impidió almorzar con Primo de Rivera, dos meses después, en una finca próxima a Villalba: «los negocios son los negocios»); otras análogas de Villanueva, último presidente del Congreso; una entrevista de Cambó, más sibilina, anunciando su probable vuelta a la política, que coincidió con unas gestiones frustradas de la Lliga para lograr algunas posibilidades de expresión… Y Luca de Tena ponía las columnas de su periódico, el monárquico ABC, a la disposición del nuevo desterrado, Sánchez Guerra.

Sin sacar las cosas de quicio, cabe indicar que la contabilidad bancaria de fin de año señalaba la evasión de capitales por más de 1200 millones de pesetas en 1927; y que también por estos meses se produjo el choque entre Deterding y el Gobierno. Naturalmente, no se puede explicar este fenómeno de manera simplista. A esos elementos de juicio, sin duda ciertos, hay que añadir que los síntomas de malestar en los medios populares apuntaban con claridad y de manera más neta en las clases medias, universitarios, etc., sin referirnos a los numerosos militares descontentos, a la posición del clero catalán, con el cardenal Vidal y Barraquer a su cabeza, en defensa de su derecho a predicar en la lengua materna. Numerosos políticos, enteramente responsables de la esclerosis de España durante años, de la injusticia permanente en beneficio de la oligarquía, comprendían que la Dictadura se gastaba y que podía llegarles la hora de tomar de nuevo los puestos de mando, y salvar así la Monarquía y, con ella, las estructuras políticas y económicas que perpetuasen los privilegios de las «grandes familias». Para evitar lo peor, había llegado la hora de declararse liberales y parlamentarios. Nada menos, pero nada más.

La Universidad frente al régimen dictatorial

La Universidad frente al régimen dictatorial

Comenzó el año 1928 con la muerte de Vicente Blasco Ibáñez en el destierro; la inoportuna idea de un homenaje «popular» a Primo de Rivera; el establecimiento del impuesto de utilidades para todos aquellos que ganasen más de 3250 pesetas anuales; el comienzo del Monopolio de petróleos, cuya explotación fue concedida a C. A. M. P. S. A., entidad dirigida principalmente por los grupos del Banco Español de Crédito y del Banco Urquijo, y la enérgica carta del exministro liberal Niceto Alcalá Zamora al jefe del Gobierno para declinar el cargo de consejero de Estado, negar toda colaboración al régimen que había conculcado los preceptos constitucionales, y aconsejar al Dictador que «abandone el Poder, facilitando, si aún es tiempo para ello, que se salve la paz pública en España y lo que fuere posible del principio monárquico y del interés dinástico, devolviéndose al país las libertades y la soberanía a que tiene imprescriptible derecho».

Meses más tarde, en junio, un cambio de cartas entre Miguel Maura y Primo de Rivera sirvió para señalar la evolución política del hijo menor del fallecido político conservador, que afirmaba laborar por «el establecimiento de una nueva modalidad dentro de la Monarquía», aunque añadiendo que los políticos veteranos no confiaban ya en ésta como solución de porvenir. Dos años más, y tampoco confiarían en ella Alcalá Zamora y él.

Aquella primavera se discutió en la Asamblea un proyecto de reforma de la enseñanza universitaria, presentado por el ministro Callejo, cuyo artículo 53, sobre «Relación entre las enseñanzas oficial y privada», inspirado directamente por el obispo Leopoldo Eijo Garay y el director de Enseñanza superior, González Oliveros, equiparaba el Colegio de Jesuitas de Deusto y el de Agustinos de El Escorial a las universidades del Estado en la expedición de títulos universitarios, sin otra formalidad que los exámenes finales fuesen presididos por un catedrático de la Universidad del Estado. Diose el caso singular de que, habiendo sido rechazado el proyecto de artículo 53 por la Comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, el Gobierno no vaciló por eso en promulgarlo íntegramente en el Decreto-Ley del 19 de mayo. Protestó el claustro de profesores de la Universidad Central, protestó la F. U. E. de Madrid. No se inmutó el Gobierno y dejó que pasase el verano en la euforia de viajes reales, inauguración del túnel de Canfranc, declaraciones bravuconas de Martínez Anido en Galicia y desfile prefabricado en homenaje al Dictador el 13 de septiembre en Madrid. Al comenzar el curso, la agitación crecía, pero no creyeron los organismos de la F. U. E. llegada la ocasión de un movimiento de largo alcance. Hubo, por el contrario, una huelga de 24 horas como respuesta a la agresión de Callejo contra el profesor Jiménez de Asúa, a quien formó expediente por haber pronunciado una conferencia sobre eugénica en la Universidad de Murcia. Los estudiantes salieron a la calle y apedrearon el diario El Debate, acusado, con razón o sin ella, de inspirar las medidas del ministro. Entre todos ellos recaudaron una cantidad equivalente al sueldo mensual de Jiménez de Asúa, privado de él por la arbitrariedad ministerial. La agitación universitaria no se extinguió, sino que, muy al contrario, fue adquiriendo mayor extensión y transformándose en organización cuyos resultados se verían meses después.

En el mes de septiembre, la policía procedió a efectuar innumerables detenciones. Un mes antes, Martínez Anido, informado por sus servicios, habló de complots organizados por los comunistas, socorrido coco que ya comenzaba a usarse para horripilar a incautos. Los «comunistas» en cuestión eran Sánchez Guerra, Villanueva, unos cuantos generales y los grupos republicanos que, desde luego, preparaban un movimiento, pero en modo alguno para aquella fecha. Creyó oportuno la policía o el Gobierno, por razones de propaganda o a guisa de provocación, lanzar aquella especie y Primo de Rivera publicó su correspondiente nota oficiosa refiriéndose a «un complot en que habían de tomar parte abigarrados factores y personas».

En el aire seguía el descontento y otra prueba del mismo fue la algarada de los cadetes de Artillería, en Segovia, con pretexto de la fiesta de su patrona, Santa Bárbara, consistente en apedrear la casa del presidente de Unión Patriótica de aquella ciudad e intentando adelantar el pronunciamiento que se urdía. Hubo sanciones a granel, y el Gobierno siguió confiado. Ya entonces había reorganizado algunos altos mandos: Sanjurjo fue nombrado director general de la Guardia Civil, y el general Burguete, que tenía ese cargo, pasó a presidir el Consejo Supremo de Guerra y Marina. El general. Jordana, ennoblecido con el título de conde, ocupó la Alta Comisaría de Marruecos. Ya desde el año anterior había sido abierta la Academia General Militar, preparatoria al ingreso en las Academias de cada arma, instalada en Zaragoza y nombrado director de la misma, el exjefe del Tercio general Francisco Franco.

Terminaba el año y los signos de baja monetaria eran ya claramente perceptibles, aunque no inquietantes. En cambio resultaban ya claras las argucias que se empleaban para presentar el saldo de los presupuestos con signo favorable. Para equilibrar teóricamente el saldo de 1928 se le añadieron 213 millones de pesetas que estaban pendientes de cobro del ejercicio anterior y se omitieron 420 millones pendientes de pago.

Alboreaba el año 1929 en condiciones que restringían notoriamente las bases materiales y sociales de la Dictadura. Los más avisados maniobreros de la política pensaban ya en la necesidad de buscar los necesarios equipos de recambio. Pero antes de abordar el que fue último año de la Dictadura será tal vez útil que echemos una ojeada sobre las condiciones de existencia de las organizaciones obreras y republicanas.

Partidos obreros y Sindicatos de oposición

Partidos obreros y Sindicatos de oposición

En este capítulo hemos tenido ocasión de examinar con frecuencia la actividad del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores. Sabido es que hasta 1929 prevaleció en estas organizaciones obreras la idea de que era preferible aprovechar las posibilidades de colaboración ofrecidas por el régimen, sin solidarizarse por ello con los principios que lo informaban, y rechazar las ofertas de participación en las diversas conspiraciones de civiles y militares. Contra esta tendencia se enfrentaba una minoría encabezada por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.

Del 29 de junio al 4 de julio de 1928 se celebró el XII Congreso ordinario del Partido Socialista, que contaba entonces con 7940 afiliados[18]. En el mes de septiembre del mismo año, se reunió, por su parte, el XVI Congreso de la U. G. T., en el que 519 delegados representaban a 141 269 asociados, aunque en realidad había más, puesto que algunos no estaban representados[19].

Al año siguiente, se observó un cambio de tendencias mayoritarias en estas organizaciones. Cuando Primo de Rivera quiso reorganizar la Asamblea Nacional y propuso que la Unión General de Trabajadores designase a cinco de sus militantes para el puesto de asambleístas se abrió de nuevo el debate sobre la «colaboración». Pero la situación no era ya la misma y la Dictadura se descomponía a ojos vista. Besteiro, en la reunión de los Comités Nacionales de la U. G. T. y del Partido Socialista —celebrada el 11 de agosto de 1929— quedó en franca minoría. Ambas Comisiones ejecutivas publicaron un manifiesto el 13 de agosto, en el que se condenaba el proyecto de Constitución primorriverista y se decía: «Nosotros aspiramos para realizar nuestros fines a un Estado republicano de libertad y democracia, donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro poder social. Queremos ser una clase directora de los destinos nacionales, y para eso necesitamos de condiciones políticas que nos permitan llegar democráticamente, si ello es posible, a cumplir esa misión histórica».

No obstante, Largo Caballero, en una conferencia que pronunció en Santander un mes después, matizaba mucho más. Según él, la Constitución sería una realidad y, en ese caso, los obreros no debían quedarse al margen. Como se ve, el pesimismo reinaba.

En cuanto a la C. N. T., maltrecha por la represión de los años que precedieron a la Dictadura, mantuvo una actitud diametralmente opuesta, que te llevó al retraimiento y al mínimo de actividad, si se exceptúa la participación, a título personal, de algunos de sus dirigentes en diversas conspiraciones. Como dice José Peyrats, en su ya citado libro, La C. N. T. en la revolución española, «durante los primeros cuatro años de la Dictadura, la actividad de los militantes ha quedado reducida a la labor doctrinaria intermitente».

En 1927 se celebraron ya reuniones de militantes sindicales en Barcelona, en las que una minoría, representada principalmente por Pestaña, se mostraba partidaria de un «sindicalismo posibilista» que admitiría, por ejemplo, los Comités paritarios. La mayoría, representada por Peiró, se mostraba mucho más radical y el asunto se saldó, dos años después, por la dimisión de Pestaña, que dejó de pertenecer al Comité Nacional de la Confederación.

La C. N. T. mantuvo contacto con los grupos de Macià en París y Barcelona y, pese a no llegar a participar colectivamente en su conspiración, a raíz del complot de Prats de Molló, ingresaron en la cárcel, como sospechosos. Pestaña, Peiró, Massoni, Roigé, Barrera, Botella y otros sindicalistas. Colaboró, en cambio, más oficialmente, en el movimiento de enero de 1929, encabezado por Sánchez Guerra, según decisión adoptada por el Pleno del Comité Nacional en junio de 1928. Conviene señalar que, a pesar de la inexistencia práctica de la Central sindical en el plano nacional, numerosos núcleos de sus Sindicatos continuaron una existencia clandestina, en Cataluña y Andalucía[20].

Por su parte, los grupos anarquistas celebraron una reunión en Lyon (Francia) en noviembre de 1926, en la que, se decidió constituir la Federación Anarquista Ibérica (F. A. I.), como así se hizo en otra reunión celebrada esta vez en Valencia, en julio de 1927. Los grupos anarquistas se propusieron el dominio efectivo de la C. N. T., que habrían de lograr cuatro años después. Ya en 1928 se constituyeron unos llamados grupos mixtos de acción, formados por militantes de la F. A. I. y de la C. N. T. En 1929, el Comité Peninsular de la F. A. I. propuso que se estableciera un nexo de unión entre ambas organizaciones. En un manifiesto que publicó entonces declaraba que si la C. N. T. no aceptase esa proposición «es muy posible que sufra el riesgo de una desviación altamente perniciosa para su causa de reivindicación integral». En 1930, en plena recuperación de la C. N. T., se planteó con mayor agudeza el conflicto entre las dos tendencias, que fue resuelto favorablemente a los «faístas». Sin embargo, no faltan quienes aseguran que la F. A. I. no ejerció nunca una verdadera hegemonía en la C. N. T. Tratándose de una organización sumamente conspirativa, nos faltan elementos de juicio para inclinamos de manera tajante por una de esas dos hipótesis.

Respecto al joven Partido Comunista, esta organización fue duramente quebrantada por los primeros embates de la Dictadura. Desde el punto de vista interior, el partido se vio zarandeado por dos comentes opuestas: la del oportunismo de algunos militantes habituados al estilo socialdemócrata, y la del ultraizquierdismo infantil de otros. Entre los primeros, el propio secretario general, Ramón Lamoneda, que acabó por reintegrarse al Partido Socialista. Entre los segundos, Ugarte y otros más, la mayoría de los cuales no duraron mucho en el movimiento obrero. De entre los fundadores, murieron los viejos luchadores Virginia González en 1923 y Antonio Garda Quejido en el año 1927 y se expatrió Núñez de Arenas… Sólo hombres como Facundo Perezagua y Leandro Carro seguían al frente de los obreros de Vizcaya. En 1925, fue nombrado secretario general José Bullejos, que lo había sido del Sindicato de Mineros de Vizcaya, e iba a favorecer la orientación «ultraizquierdista». En 1929 tuvo lugar en Francia el III Congreso del Partido Comunista, que estimó que el país se encontraba ante la perspectiva de la revolución democrático-burguesa, etapa indispensable antes de llegar al socialismo, pero que «sólo el proletariado podía conducir consecuentemente a las restantes capas trabajadoras hasta la victoria definitiva» de dicha revolución. Sin embargo, este Congreso abundó más en resoluciones que en consecuencias. Al año siguiente, se celebró lo que los comunistas llaman «Conferencia de Pamplona» —que tuvo lugar, realmente en Bilbao—, que acordó ampliar el Comité Central y decidió un trabajo intenso de los comunistas en el seno de la C. N. T. con objeto de «reconstruirla sobre una nueva base». Se manifestó claramente la tendencia encabezada por Maurín —como se recordará, procedente de la C. N. T—, que fue condenada y se discutió, sin llegar a un acuerdo en el fondo, sobre el carácter de la revolución burguesa y de la crisis del régimen monárquico. También en este caso, las fuentes de información son demasiado fragmentarias para llegar a mayores precisiones. De hecho, los comunistas constituían aún una minoría extremadamente reducida.

Los partidos republicanos

Los partidos republicanos

Hemos ya apuntado el impulso que cobró la actividad de los grupos republicanos a partir de 1926, gracias, en buena parte, a la actividad desplegada por el catedrático José Giral y el también profesor Enrique Martí Jara. Dicho año se constituyó la Alianza Republicana, así integrada: Manuel Azaña —procedente del «reformismo»— en nombre del naciente grupo de Acción Republicana; Manuel Hilario Ayuso, por el Partido Republicano Federal; Marcelino Dominga, por los republicanos catalanes; Alejandro Lerroux, por el Partido Radical, y Roberto Castrovido, en nombre de la Prensa republicana. Hemos señalado la aportación a dicha Alianza de gran número de intelectuales de los de mayor prestigio: Alas, Machado, Marañón, Luis de Tapia, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset (Eduardo), Unamuno, Honorato de Castro, etc.

Sin duda, aquel conglomerado republicano estaba unido por el objetivo común de derribar la Monarquía, pero no tenía gran homogeneidad de ideas. Los federales tenían concepciones dieciochescas, mientras que hombres como Azaña y Giral, de aquilatado trabajo intelectual, eran de concepciones más modernas. El anticlericalismo de un Nakens parecía trasnochado y los jóvenes adheridos a la Alianza —intelectuales, estudiantes— solían tener inquietudes de orden social. En cambio, personalidades como Unamuno hacían de la política una cuestión personal y otras, como Marañón, eran sumamente moderadas. Éste decía que «el republicanismo español debe ofrecer garantías para asegurar que la República es la salida de la Dictadura, pero no la entrada del sindicalismo o del comunismo ruso y que constituye la liberación del despotismo y el establecimiento de una nueva autoridad»[21]. Y llegaba a decir que Sánchez Guerra o Melquíades Álvarez podían convertirse en un Thiers de España.

En fin, el Partido Radical era objeto de gran desconfianza, a causa del comportamiento de Lerroux y de algunos de sus lugartenientes.

En 1929, la parte más avanzada del republicanismo formó el Partido Radical-Socialista, en el que figuraban, entre otros, Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Eduardo Ortega y Gasset, Ángel Galarza, José Antonio Balbontín, etc.

Nos hemos referido a las actividades de algunos «notables» de los antiguos partidos políticos de la Monarquía, deseosos de acabar con la Dictadura para ocupar otra vez los primeros planos. En todos esos casos no se puede hablar de partidos políticos. Sí, en cambio, en el de la Lliga Regionalista, cuyos acaudalados dirigentes esperaban agazapados y con cierta cohesión el momento propicio de entrar de nuevo en liza. En Cataluña, existía también el activo y ya citado Estat Català, presidido por el doctor Jaime Aguadé, así como Acció Catalana, con Nicolau d’Olwer y el grupo dirigido por Lluhí Vallescá en torno al periódico L’Opinió. Aunque de aspecto profesional, no es posible olvidar la importancia de la Unió de Rabassaires, que mantuvo, gracias a Companys, viva su organización durante aquellos años. Sobre estas organizaciones tendremos que volver más adelante.

La aparición de grupos republicanos de tendencia conservadora en el resto de España fue sólo en 1930, a raíz de las declaraciones de republicanismo de Alcalá Zamora y Miguel Maura.

El pronunciamiento de enero de 1929

El pronunciamiento de enero de 1929

Al amanecer del 29 de enero debían sublevarse más de veinte regimientos en distintas plazas de España, apoyados por grupos de paisanos y por obreros en huelga. Éste era al menos el plan establecido por quienes conspiraban activamente desde hacía varios meses. Tenían por cuartel general notorio la residencia de Sánchez Guerra en París.

Los conjurados habían ratificado su decisión, cuatro días antes, a los delegados del Comité revolucionario. En el movimiento participaban todos los grupos de Alianza Republicana, Sánchez Guerra, Alba, Villanueva y sus amigos políticos, numerosísimos jefes militares y la C. N. T. El manifiesto que le servía de bandera, redactado en París, estaba dirigido Al pueblo español, al Ejército y a la Marina y sus gritos susceptibles de esclarecer los fines políticos del movimiento, eran: ¡Abajo la Dictadura! ¡Abajo la Monarquía absoluta! ¡Viva la soberanía nacional!, además de los ya consabidos dirigidos al Ejército y a la Marina. El plan político consistía en expulsar a Alfonso XIII y convocar Cortes Constituyentes que decidieran la forma de gobierno por la que había de regirse España. Su contenido y su técnica eran los de pronunciamiento del siglo, pasado, con la salvedad de que se trataba de un pronunciamiento «articulado» con el objetivo táctico de desguarnecer militarmente Madrid y provocar sublevaciones periféricas para entonces tomar el Poder en la capital. La fuerza motriz era aún la parte del Ejército con la que se creía contar, mientras que la acción popular era una fuerza de apoyo que debía entrar en liza una vez iniciado el movimiento.

Llegó la madrugada del 29 de enero. Sánchez Guerra, tras salvar diversas dificultades, había embarcado la noche antes en el vapor Onsala, que zarpaba del pueblecito francés de Port-Vendres poco después de las diez; una avería en la máquina del barco retrasó la marcha, de modo que sólo pudo desembarcar la noche del 29 en la playa de Nazaret, próxima a Valencia.

En Barcelona —según ha explicado después Juan Peiró— la C. N. T. no estuvo informada hasta el día 28 por la tarde y decidió ir al paro siempre y cuando los militares saliesen de los cuarteles; pero los militares estimaban que no debían ser ellos los primeros. Amaneció el día 29 y los militares seguían en los cuarteles, el general López Ochoa —llegado clandestinamente de Francia— les exhortaba en vano a actuar, y la huelga, dada la defección de los militares, se producía esporádicamente el 30 en contadas fábricas[22].

En medio de la llanura manchega, los artilleros iban a cumplir la palabra dada: el primer regimiento de artillería ligera, de guarnición en Ciudad Real, estaba formado con sus cañones a las cinco de la madrugada en el patio del cuartel. A las seis y media, el Ayuntamiento, el cuartel de la Guardia Civil, los bancos y los lugares estratégicos de la ciudad estaban ocupados por los sublevados. La población asentía, pero sin participar de manera activa.

A las nueve de la mañana se supo en Madrid que las comunicaciones estaban cortadas con Ciudad Real. Fue la primera noticia que tuvo el Gobierno de este movimiento. Martínez Anido montó en cólera y declaró: «Tengo una policía que se entera de las cosas después que las porteras». Primo de Rivera apostrofó a Bazán, director general de Seguridad, pero pronto reaccionó y mandó que los aviones lanzaran octavillas sobre Ciudad Real diciendo que el movimiento había fracasado en toda España e invitando a la rendición. Ésta tuvo lugar a las ocho de la noche. Al día siguiente, Ciudad Real era ocupada por una brigada enviada desde Madrid a las órdenes del general Orgaz.

¿Qué pasaba mientras tanto en Valencia? Sánchez Guerra se trasladó durante la noche del 29 al 30 al cuartel del quinto regimiento de artillería, donde arengó a los oficiales, mientras que el sexto regimiento emplazaba sus baterías en las proximidades de Paterna. En realidad, el movimiento había muerto antes de nacer. La tarde antes, el capitán general Castro Girona, que había dado su asentimiento a la conjura, intentó disuadir a Rafael Sánchez Guerra, que había llegado de Madrid a reunirse con su padre[23]. En la madrugada del 30, no quiso recibir a Carlos Esplá y un oficial de Artillería portadores de un mensaje. Sánchez Guerra, después de calmar al comandante. Montesinos y a otros oficiales que querían proseguir la acción, se dirigió personalmente a Capitanía General. Castro Girona le enteró de que el Ejército no estaba dispuesto a tomar parte en el movimiento y, requiriendo la presencia del arzobispo, doctor Meló, rogó al político conservador que regresase a Francia, para lo cual él estaba dispuesto a facilitarle la huida. Negóse a ello Sánchez Guerra con estas palabras: «Yo me declaro responsable de la dirección del movimiento», y exigió ser detenido. Poco después, el expresidente del Consejo ingresaba, en compañía de su hijo, en una celda de las Torres de Cuarte. Varios centenares de detenciones y una nota oficiosa epilogaban la intentona.

Los estudiantes

Los estudiantes

Si el pronunciamiento de enero había fallado, no por eso dejaban de agrietarse los cimientos de la Dictadura. Primo de Rivera arremetió de nuevo contra los artilleros y puso de patitas en la calle —por Real Decreto del 19 de febrero a todos los jefes y oficiales «que deben considerarse provisionalmente paisanos, sin derecho a haber activo ni pasivo alguno, ni al uso de uniforme ni carnet militar»—. Al decreto seguía una circular que preveía la detención por quince días y fuertes multas de «toda persona que en lugar público augurase males al país o censurase con propósitos de difamación o quebrantamiento de autoridad y prestigio a los ministros de la Corona o altas autoridades». Y también amenazó con deportar a los obreros de las obras de la Exposición Internacional de Barcelona, entonces en huelga de carácter puramente profesional.

Puesto en esta tesitura, el Gobierno siguió desoyendo las protestas de estudiantes y profesores sobre el asendereado artículo 53 de la reforma. Pero las Asociaciones de estudiantes estaban dispuestas a pasar a la acción, pese a que algunos de sus dirigentes, y particularmente Sbert, creían que no eran lo bastante fuertes para afrontar una huelga.

La Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho (F. U. E.) decidió no aguardar, más y declarar la huelga si para el 7 de marzo no daban resultado las gestiones del rector, señor Bermejo, cerca del Gobierno para obtener la derogación del citado artículo 53.

Ni caso hizo el Gobierno, y el 7 de marzo los estudiantes se lanzaron al movimiento. Ante la petición de la Asociación de Derecho, la Junta de Gobierno de la F. U. E. de Madrid y el Comité pro Unión Federal de Estudiantes Hispanos, (organización en cierne de la F. U. E. en el plano nacional) se solidarizaron con la huelga, que fue anunciada al Rector por los estudiantes Sbert, Gilabert, Castro y Soria. El Gobierno reaccionó con la detención de Sbert y decretando su exclusión de todo centro docente del Estado. Después de un mes de incomunicación fue trasladado a la prisión de Torrelaguna y, más tarde, confinado en Mallorca. La fuerza pública entró en el recinto universitario y los estudiantes respondieron con manifestaciones en las calles, apedreamiento de la Presidencia del Consejo, casa de Primo de Rivera y locales de ABC y El Debate, diarios que defendían la política de Callejo. Por primera vez desde 1923, las calles de Madrid se veían ocupadas por grupos que, desafiando los sables de los guardias de Seguridad, manifestaban su hostilidad a la Dictadura.

Los diarios citados, así como el oficioso La Nación, azuzaban al Gobierno a la represión. El Debate, otras veces más mesurado, publicó un editorial el 15 de marzo que decía: «El Gobierno podrá llegar incluso a cerrar la Universidad Central y todas las del Reino, si fuera menester, sin que pasase nada… España es hoy un complejo muy sólido de empresas industriales, bancarias, comerciales y hasta intelectuales y editoriales que viven fuera de la Universidad y para nada la necesitan. Si ella sale a entorpecer la vida nacional, ella será la arrollada, porque la vida tiene que seguir adelante». Por supuesto, el lápiz rojo del censor tachaba implacablemente las réplicas que intentaban publicar otros diarios, como El Sol, El Liberal, etc.

Martínez Anido cursó el siguiente telegrama circular a los gobernadores: «Reprima movimiento estudiantil a toda costa. Comuníqueme número de víctimas».

Los estudiantes de Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Valladolid, Oviedo, etcétera, mantenían enérgicamente la huelga y extendían su protesta fuera del ámbito universitario, con lo que la convertían en ciudadana, al tiempo que señalaban su carácter político por los ¡vivas! y ¡mueras! de rigor, el desgarramiento y quema de retratos del Rey y del Dictador, etc.

Unos cuantos profesores que eran miembros de la domesticada Asamblea Nacional consultiva tuvieron el dudoso gusto de acusar a los estudiantes y pedir una depuración de los mismos (entre los firmantes figuraban Olariaga, Cemente de Diego, Cabrera, Diez Canseco, Quintiliano Saldaba, Severino Aznar), a lo que replicó Menéndez Pidal, director de la Real Academia Española, en una carta declarando su simpatía hacia los estudiantes. El escrito iba respaldado por las firmas de más de cuarenta profesores, entre los que sobresalían Sánchez Albornoz, Bolívar, Besteiro, Américo Castro, Sánchez Román, Honorato de Castro, Madinaveitia, Martínez Risco, Carrasco, Gascón y Marín, Moles, Rioja, Sainz Rodríguez, Jiménez de Asúa, Roces, García Valdecasas, Pedroso, Joaquín y José Xirau, Garrigues, Recasens Siches, Gabriel Franco, etc., etc. Dirigieron protestas individuales otros muchos, como Fernando de los Ríos, José Giral, José Ortega y Gasset, Adolfo Posada, Gustavo Pittaluga, etcétera.

El Gobierno decretó la pérdida colectiva de matrículas, cerró la Universidad Central y suspendió a sus autoridades. En respuesta renunciaron a sus cátedras Ortega y Gasset, Sánchez Román. Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos, García Valdecasas y Wenceslao Roces.

No se arredraron los estudiantes y desde los primeros días de abril prosiguieron las manifestaciones en las que los vivas a la República y los denuestos contra la Dictadura alternaban con canciones humorísticas, alusivas a Callejo y a Primo de Rivera, con música de Ramona o de tangos de moda. Fue a la cárcel la Junta de Gobierno de la F. U. E. de Madrid, con su secretario general, Francisco Giral, del mismo modo que se detenía a la estudiante Isabel Téllez, a cuya detención colaboró la directora de la Residencia de Señoritas, María de Maeztu.

El claustro de la Facultad de Derecho de Oviedo dirigió una protesta colectiva al Gobierno, que respondió con la clausura de las universidades de Oviedo y Barcelona, y la Facultad de Medicina de Salamanca.

Desde su destierro de Hendaya, Miguel de Unamuno dirigía una carta abierta a los estudiantes, fechada «el domingo de Pasión de 1929»: «¿Qué hacemos política? Es nuestro deber, juventud estudiosa. Nuestra política es hacer justicia, moralidad, verdad. La injusticia, la inmoralidad, la mentira, son política tiránica».

Y a las muchachas estudiantes les decía:

«¡Y una bendición a esas honradas estudiantes que han hecho que el infrahumano macho, el repugnante garañón jubilado, haya dicho que abjura de lo que llamaba —mentecato— su feminismo y no era sino la rijosa babosería del camello ante su hembra! ¡Benditas seáis, hijas de España, hijas mías, futuras madres de españoles libres, benditas seáis!».

Respondiéronle, en nombre de los estudiantes, María Zambrano. López Rey y Díaz Fernández:

«Hacemos política, maestro, sentimos llegada nuestra jugosidad moza, por el baboseante cretinismo de este ganso, atávicamente coceador, que grazna sobre la frente de esta España, que de ti aprendimos ser más nuestra hija que nuestra madre».

Mientras tanto, la organización estudiantil plasmaba en la creación de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (U. F. E. H.), que recogía en su seno todas las Federaciones y Asociaciones F. U. E. creadas en las distintas universidades y centros docentes del país. Su Congreso constitutivo celebróse en el modesto local que, en el último piso de un edificio con portada barroca de la calle de la Magdalena, tenía la Federación de Estudiantes Hispano-Americanos. Su, primer presidente fue Sáenz de la Calzada y su Comité Ejecutivo estuvo formado por Sbert, comisario general, Prudencio Sayagués, Arturo Soria, José Alcántara y otros, que desplegaron en aquellos momentos una actividad incansable.

El Gobierno quiso replicar con una manifestación «espontánea» de homenaje a Primo de Rivera, el 14 de abril. Acudieron los habituales a estas ceremonias, cuyo número descendía no obstante en proporciones alarmantes. Y una nota de ingenio chispeante vino a trocar aquella jornada en situación ridícula para el Dictador. Fue el caso que «una adolescente de quince años», que firmaba con el aristocrático nombre de «María Luz de Valdecilla», leyó en público un soneto A Primo de Rivera, que el homenajeado mandó publicar el 15 de abril en su propio diario oficioso La Nación. El tal soneto era un acróstico cuyas letras iniciales decían: Primo es borracho. Y su verdadero autor, que no fue entonces descubierto, era José Antonio Balbontín, joven y combativo abogado[24].

Cuando a primeras horas de la noche se ordenó a la policía la recogida de todas las ediciones del diario oficioso, ya era demasiado tarde. España entera reía a mandíbula batiente leyendo el famoso soneto.

A los dos días, el 17 de abril, tuvo Primo de Rivera la malhadada ocurrencia de publicar una nota oficiosa que no era, en verdad, sino un violento proyectil lanzado contra su cada día más frágil tejado. He aquí sus principales párrafos:

«No le arredra (al Gobierno) el problema de ir suspendiendo, una a una, el funcionamiento de las universidades… Reducir el número de universidades hasta ver conseguido que su funcionamiento se ajuste a normas de disciplina y orden que han de ser esencia de su vivir, no constituye un problema vital para España, donde es sabido que sobran muchos abogados y médicos que aunque no todos, si gran parte cuando quieren serlo de verdad y no merced a un título formulario, tienen que agarrarse a los libros después de obtenerlo, porque en esos intangibles centros de cultura que alegan tantos fueros y tantos merecimientos sabe el país sobradamente, y lo dicen de boca en boca todos los ciudadanos, y el Gobierno no tiene por qué ocultarlo, lo difícil que es a un estudiante serio y aplicado llegar a hacer su formación sólidamente, porque un régimen de clases numerosas y breves con frecuentes faltas de puntualidad y asistencia de los catedráticos o delegación de sus funciones, charlas pintorescas e incoherentes, largas vacaciones, escarceos políticos y otras amenidades de nuestra tradicional idiosincrasia universitaria, no es como para que el país se ponga de luto por la suspensión, en vía de regeneración, de esta actividad, en la que, como en tantas otras, se han venido imponiendo las minorías revoltosas…».

No obstante, el Gobierno decidió la reapertura de las universidades para el 24 de mayo, tal vez, entre otras razones, para contrarrestar el mal efecto que pudieron hacer a los miembros del Consejo de la Sociedad de Naciones (reunido en Madrid aquel mes), las quejas que les presentaron los representantes de los estudiantes, así como también no enturbiar las solemnidades de apertura de las Exposiciones internacionales de Sevilla y Barcelona, objeto de vanagloria para el Dictador.

En Madrid se reprodujeron los incidentes. Habíase aplazado su reapertura tres días más, pero el día 24 numerosos grupos de estudiantes entraron en el paraninfo de la Universidad, echáronle una soga al busto del Rey que allí se hallaba y terminaron cortándole la cabeza, que, sacada del académico recinto envuelta en una gabardina, fue a parar a las aguas del madrileño Canalillo.

A consecuencia de las diversas manifestaciones estudiantiles dieron con sus huesos en la cárcel numerosos estudiantes, entre ellos, cuatro muchachas: Carmen Caamaño, Pepita Callao, Adelaida Muñoz y Lucía Bonilla, que fueron liberadas ocho días después bajo la correspondiente fianza.

Pero el 24 de septiembre, el Gobierno se daba por vencido y publicaba en la Gaceta la derogación del discutido artículo 53. El movimiento estudiantil había, alcanzado con creces sus objetivos iniciales y, por otra parte, su organización se había, robustecido considerablemente. Desde qué el curso comenzó en octubre no cesaron las acciones de mayor o menor importancia centradas sobre el levantamiento de sanciones y la libertad de Sbert.

Como eran muchas las dificultades del régimen, Primo de Rivera había creído que una ampliación de la Asamblea Nacional podría ser un remedio eficaz. Para ello había dispuesto, por Real Decreto de 26 de julio, que formasen parte de la Asamblea representantes elegidos por las Academias, Universidades, Colegios de Abogados y Doctores, Unión General de Trabajadores, Sindicatos Libres, etc., así como los expresidentes del Consejo de ministros, de las Cámaras y del Consejo de Estado.

El fracaso de esta iniciativa fue un nuevo golpe para la ya quebrantada Dictadura. Llovieron las renuncias y, lo que era aún peor, los nombramientos de personas en franca rebeldía, como el del Colegio de Abogados de Madrid, que designó a Sánchez Guerra, Santiago Alba y Eduardo Ortega y Gasset, los tres desterrados y proscritos. Ya hemos dicho cómo la negativa de la U. G. T. señaló un giro fundamental en la actitud de esta Central sindical.

El 25 de octubre, el juicio militar contra Sánchez Guerra se trocó en un acto contra la Dictadura. La sentencia absolutoria y las penas levísimas a los procesados militares eran prueba de que los resortes del Gobierno dentro del propio aparato del Estado eran cada vez más limitados. Por si era poco, los abogados —Bergamín, Alcalá Zamora, Rodríguez de Viguri— convirtieron la vista en mitin de hombres de las clases superiores que proclamaban su divorcio del régimen. El argumento de Bergamín fue que no había delito de rebelión, porqué el Gobierno no había sido constituido legítimamente y la Constitución estaba vulnerada. «Se acariciaba el propósito —dijo— de restablecer una legalidad por la fuerza destruida…». La sentencia absolutoria del tribunal, presidido por el general Federico Berenguer, constituía un asentimiento a esa tesis. Dicen que Primo de Rivera empezó a comprender por aquellos días cuán precaria era la situación de su Gobierno. A todos los hechos reseñados se había añadido la crisis monetaria.

La crisis de la peseta y últimas semanas de la Dictadura

La crisis de la peseta y últimas semanas de la Dictadura

Hemos visto cómo los capitales que habían afluido a los bancos españoles y que se habían invertido en comprar pesetas en los años de coyuntura fácil, emprendieron la huida o provocaron la venta de nuestra moneda en proporciones que no hicieron sino agravarse en 1929. La libra esterlina, que se había cambiado a 30,12 pesetas en 1928, llegó a cotizarse a 36,45 en el año 1929. La Deuda pública había casi duplicado desde el comienzo de la Dictadura.

En 1928 se había creado el Comité Interventor de Cambios, que dedicó un fondo de 500 millones de pesetas oro a la compra de divisas, encaminada a lograr la estabilización de nuestra moneda, idea perseguida por Calvo Sotelo. Al objeto de estudiar las posibilidades de implantar el patrón oro, en enero de 1929 se nombró una Comisión presidida por Flores de Lemus, redactor del Dictamen de que hemos hecho repetidas veces mención, cuyas conclusiones, aparte de su indudable valor teórico, eran que para implantar el patrón oro se necesitaba tener hacienda y balanza de pagos equilibradas y estables. Nada de eso había en el año 1929, e incluso era más que problemático adquirir conocimiento exacto de la balanza de pagos. Se desistió, pues, del empeño, pero la ligereza de aquella política hacendística había hecho que al intentar obtener divisas, con la idea de estabilizar el cambio de la peseta, el Estado había contraído deudas con una serie de bancos extranjeros. Una nota oficiosa del 24 de diciembre confesaba, harto ingenuamente, la frivolidad de aquella política financiera: «… desgraciadamente, la libra empezó a subir por sí misma y muy rápidamente, y entonces se nos ocurrió contener su alza, en defensa del valor de nuestra moneda, comprando pesetas al precio que salían, y ya metidos en ese camino, como pasa al jugador que pierde y va al desquite, es difícil retenerse».

Se liquidó el Comité Interventor de Cambios, que nada había intervenido, y Calvo Sotelo presentó su dimisión, que sólo le fue admitida el 20 de enero, cuando ya se derrumbaba el edificio de la Dictadura.

Que la Dictadura estaba gastada al máximo, bastante lo sabía en aquel otoño de 1929 Alfonso XIII, quien, aconsejado por sus aristócratas amigos, buscaba el modo de deshacerse de Primo de Rivera. A fines de noviembre, durante una cacería en la finca que el duque de Peñaranda tenía en Navalperal, se intentó convencer a Primo de Rivera de que lo sensato era que dejase paso a un gobierno presidido por el duque de Alba, con la misión de preparar el retorno a la «normalidad». La verdad era que la oligarquía estaba ya muy inquieta por la quiebra de la Dictadura y tenía prisa por una «normalidad» que permitiese seguir la tranquila vida de siempre, aunque precisara recurrir de nuevo al «liberalismo». Los financieros se enfadaban así mismo por los deslices de Calvo Sotelo, sin comprender que también la crisis económica mundial, iniciada meses antes, complicaba por de suyo la cuestión; los generales estaban enemistados con el grupo militar que mandaba; los viejos políticos decían y repetían a las «gentes de orden» que eran ellos la mejor garantía de estabilidad social. La Universidad estaba en guerra abierta con el régimen y las organizaciones obreras parecían más activas. La paralización de muchas obras públicas aumentó el descontento.

Pero no accedió Primo de Rivera a las sugerencias que se le hicieron en Navalperal. En todo caso, hubiera accedido en dejar el Poder a Guadalhorce. «Algo había que hacer» y este criterio fue compartido por los ministros en una comida celebrada a primeros de diciembre.

El último día del año 1929, Primo de Rivera presentó al Rey, reunido con los ministros en Consejo, un programa para liquidar la Dictadura y formar un Gobierno que sirviese de puente para una nueva situación constitucional, convocase elecciones municipales y provinciales y vigorizase la Unión Patriótica y los Somatenes. En suma, el Gobierno que Primo de Rivera proponía debía continuar la «obra económica y administrativa de la Dictadura, con aquellos retoques que a su juicio le inspire».

Los ministros apoyaron al jefe del Gobierno, pero respondió Alfonso XIII «Como se trata de una ardua cuestión, me tomo unos días para estudiarla».

Primo de Rivera captó la realidad de la situación. Salió del Consejo y agarró la pluma. Aquella noche, La Nación publicaba una nota oficiosa sin firma, arremetiendo contra aristócratas, conservadores, la Banca e incluso la Iglesia, a quienes venía a tratar de desagradecidos para con la Dictadura. La nota era un acto impolítico más de los muchos que Primo de Rivera cometió y reflejaba que había perdido el dominio de la situación.

El 2 de enero despachaba el jefe del Gobierno con el Rey. Éste debió dar nuevas largas al asunto y Primo de Rivera, poseído ya de fiebre epistolar, dirigió la siguiente carta a los ministros: «Mi querido amigo y compañero: Acabo de despachar con S. M. el Rey, que ha resuelto, respecto al plan de desenvolvimiento político que le tenía presentado y que usted conoce, en la siguiente forma: El Gobierno seguirá constituido como lo está actualmente, y llevará a cabo la renovación parcial de los Ayuntamientos y Diputaciones, para que una cierta parte sus componentes tengan carácter electivo, en la forma que se detallará a su tiempo. Mientras tanto, la Asamblea se convocará a reunión plenaria dos o tres veces, hasta que llegue el momento de su expiración legal, prevista en el Decreto de creación, y entonces será el de decidir si se prorroga su vida, se sustituye por otro organismo semejante, aunque, naturalmente, de composición y origen distintos, o se opta por restablecer la vida parlamentaria por medio de raíz más constitucional, aunque con la reserva de modificaciones que pueda imponer la conveniencia de buscar en el sufragio la mayor pureza y garantía de la expresión del sentir de la opinión pública. Así pues, queda prevista la orientación del Gobierno para medio año, en el curso del cual se podrá pensar y determinar lo que, transcurrido este plazo, convenga más al interés del país. En este sentido, que es exacto, he hecho declaración a la Prensa, para debido conocimiento de la opinión pública».

Disintieron Calvo Sotelo, Guadalhorce y el conde de los Andes, que aprovecharon la ocasión para dimitir. Sólo tuvo consecuencias esta dimisión en el caso de Calvo Sotelo, sustituido el 20 de enero por Guadalhorce, y pasando Castedo a ocupar el ministerio de Economía.

La agitación universitaria puntuó lo critico de la situación. El 21 de enero, la F. U. E. declaraba la huelga en toda España, por la liberación de Sbert, el reconocimiento legal de la organización estudiantil y la vuelta de los profesores a las cátedras abandonadas el año anterior.

En situación tan inestable, los infatigables del pronunciamiento tejían de nuevo los hilos de su trama. El foco principal estaba entonces en Andalucía. Los comandantes Franco y Sandino, y el capitán Menéndez figuraban entre los conspiradores más activos. Entre los civiles descollaban Burgos Mazo, al que recordamos de años atrás cuando fue ministro de la Gobernación, y Diego Martínez Barrio, jefe de los radicales de Sevilla, Estaban al corriente de lo que se preparaba, personalidades como Miguel Maura y el general Goded, gobernador militar de Cádiz. Lo más peregrino es que el infante Don Carlos, capitán general de Andalucía, no ignoraba un detalle de la conspiración y todo hace suponer que el Rey tampoco. Aquel pronunciamiento «con permiso» debía tener lugar el 28 de enero de 1930 y se aseguraba que Goded no tendría inconveniente en ponerse al frente.

No debía ignorar la situación el mismo Primo de Rivera, quien sin encomendarse a nadie, dio a la publicidad una insólita nota oficiosa en la madrugada del domingo 26. Lo esencial de la nota decía así: «Como la Dictadura advino por la proclamación de los militares, a mi parecer interpretando sanos anhelos del pueblo, que no tardó en demostrarle su entusiasta adhesión, con la que, más acrecida aún, cree seguir contando hoy, ya que esto último no es fácil de comprobar con rapidez y exactitud numéricamente, y lo otro sí, a la primera se somete y autoriza e incita a los diez capitanes generales, jefe superior de las fuerzas de Marruecos, tres capitanes generales de departamentos marítimos y directores de la Guardia Civil, Carabineros e Inválidos, a que, tras una breve, discreta y reservada exploración, que no debe descender de los primeros jefes de unidades y servicios, le comuniquen por escrito, y si así lo prefieren se reúnan en Madrid, bajo la presidencia del más caracterizado, para tomar acuerdo, y se le manifieste si sigue mereciendo la confianza del Ejército y de la Marina. Si le falta, a los cinco, minutos de saberlo, los poderes de jefe de la dictadura y del Gobierno serán devueltos a S. M. el Rey, ya que de éste los recibió, haciéndose intérprete de la voluntad de aquéllos. Ahora sólo pido a mis compañeros de armas y jerarquía que tengan esta nota por directamente dirigida a ellos, y que sin pérdida de minuto, pues ya comprenderán lo delicado de la situación que este paso, cuya gravedad no desconozco, crea al régimen que presido, decidan y comuniquen su actitud».

Se trataba, con toda evidencia, de reeditar el golpe militar que diera origen a la Dictadura, pero con diferencias esenciales, que escapaban al simplismo de Primo de Rivera: que el golpe de Estado de 1923 había sido realizado con la anuencia, si no con la colaboración de Alfonso XIII, mientras que ahora intentaba enfrentar a éste con el Ejército; que en 1923, las clases poseedoras, apenas terminada una crisis económica, deseaban un régimen de fuerza y se estremecían ante el recuerdo reciente de graves huelgas, mientras que ahora, después de una etapa de estabilización, no comprendían el alcance de la crisis mundial que acababa de iniciarse y eran propensos a cargar toda la culpa de las desdichas financieras a la incompetencia gubernamental. En fin, que en 1923, Rey y jefes militares necesitaban que se echase tierra encima del asunto de Marruecos, mientras que en 1930 pensaban que, desembarazándose de Primo de Rivera, podían ellos seguir plácidamente. En cuanto a la opinión pública, vacilante en 1923, hastiada de la farsa de los partidos monárquicos tradicionales, estaba ya toda frente a la Dictadura.

El error fue mayúsculo y aún asombra más el procedimiento de dar a la publicidad a una gestión cuyo carácter parecía reservado.

Sabido es que Alfonso XIII leía toda la prensa de la mañana después de desayunar. Montó en cólera aquel día y mandó llamar a Primo de Rivera. Tardó el recado en llegar al Dictador, que acudió a Palacio caída ya la tarde. Personas bien informadas de lo que acontecía en la cámara regia —entre ellos, él historiador,: político y financiero Gabriel Maura— dicen que Primo de Rivera consiguió apaciguar a] Rey, al menos en apariencia. Pero los acontecimientos se precipitaron: el lunes día 27 llegaron al Dictador las anheladas respuestas, y todas manifestaban la adhesión de los consultados al Rey y a la Monarquía, pero ninguna a Primo de Rivera. Aunque no está comprobado, parece que aquel mismo día el Rey, por intermedio del infante Don Carlos, hizo saber al general Goded que Primo de Rivera se iba. El caso es que el día 28 no hubo tal pronunciamiento: el comandante Franco y el capitán Reixach se encontraron con una negativa del general Goded el día 27. Pero la Dictadura iba a terminar aquella mañana en los salones del Palacio Real. El Rey llamó al conde de los Andes, para que éste convenciese a Primo de Rivera por las buenas, de presentar su dimisión. En ésas estaban, cuando se presentó el todavía jefe del Gobierno, acompañado de Martínez Anido, dispuesto a abandonar la partida. Por la tarde, el Consejo de ministros conocía oficialmente la dimisión «por razones de salud». Primo de Rivera redactó aquel 30 de enero de 1930 su última nota oficiosa, despidiéndose del país[25], cuando ya numerosos grupos de ciudadanos, que engrosaban por momentos, recorrían las calles de Madrid dando rienda suelta a su alborozo. Aquella noche, el Rey encargaba al general Dámaso Berenguer la formación de un nuevo Gobierno.

La coyuntura intelectual durante la Dictadura

La coyuntura intelectual durante la Dictadura

El renacer del pensamiento español, la formación de equipos más o menos coherentes de intelectuales, salidos de las clases medias, que abrían sus poros a las corrientes del pensamiento universal, a la vez que ponían en tela de juicio numerosos conceptos de la tradición nacional que permanecían en pie por un fenómeno de esclerosis, daban el tono a la vida intelectual desde el segundo decenio del siglo.

Llegó la Dictadura cuando este movimiento cultural era ya pujante: investigadores de ciencia y de historia, pensadores como Unamuno y Ortega, poetas como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, educadores como Cossío y Castillejo, escritores como. Valle Inclán, Batoja, Miró, Azorín y otros brillaban con luz propia en el horizonte español.

Ninguno de ellos se sentía vinculado en el «viejo régimen» y, por consiguiente, no cabía esperar una protesta —superando en lucidez a la mayoría de la opinión— al día siguiente del 13 de septiembre. Sin embargo, las técnicas dictatoriales tenían que enfrentarse rápidamente con las mínimas exigencias de libertad de la tarea intelectual. De todos es sabido que Unamuno figuró en la vanguardia de los guerrilleros intelectuales contra la Dictadura. Pronto le siguieron otros como Jiménez de Asúa. Fernando de los Ríos, Álvarez del Vayo y una masa cada vez mayor de estudiantes. Mediada la Dictadura, aquella guerrilla adquirió caracteres de ejército, cuyos soldados, llenos de combatividad, tomaban posiciones en universidades, ateneos, tertulias de café y en el margen de acción que la prensa les ofrecía. El propio desarrollo de los acontecimientos indicó en la conciencia de estos intelectuales, célebres unos, modestos los otros, simples estudiantes los de más allá, que fueron adentrándose en la nueva problemática de los tiempos que corrían. Sin duda, los orígenes sociales, la formación intelectual y el medio ambiente de cada cual les hizo reaccionar de diversa manera. Quien, como José Ortega y Gasset, era portavoz de la conciencia de una burguesía moderna y europeizante, quien como Machado buscaba las raíces de su actitud en el venero popular, quien como Unamuno no iba más allá de una pasión personal contra el Dictador y el Rey.

No es ésta una historia de la cultura y la visión que intentemos de estos fenómenos pecará forzosamente de sumaria. Sirva lo que se diga para señalar los mojones más perceptibles en la ruta seguida por España de 1924 a 1930.

Unamuno, todo el tiempo desterrado, dedicó su mayor esfuerzo al escrito de combate (véase, por ejemplo, la colección de Hojas Libres) y a las colaboraciones con qué subvenir a su yantar. No obstante, escribió, al comienzo de su destierro, en su habitación de hotel de la parisiense «rue de La Pérouse» La agonía del Cristianismo, continuación espiritual de El sentimiento trágico de la vida, cuya primera edición, en francés, apareció en 1925, prologada por Jean Cassou.

Muy al contrario, Ortega y Gasset, ahincado en su tarea intelectual —que sólo trocó parcialmente por la acción política en 1930— llegaba al cénit de su creación, a la par que contribuía a crear un estilo de cultura a través de la Revista de Occidente. Escribió entonces los últimos tomos de El Espectador y señaló su despego del realismo artístico con los discutidos trabajos sobre la novela y la deshumanización del arte. En El Sol publicó por entregas La rebelión de las masas, su libro más conocido y tal vez por ello más combatido, que apareció en un volumen en 1930. Esta obra ha sido utilizada, a causa de su esencial aristocratismo, por todos los enemigos del poder popular.

En 1927, Fernando de los Ríos, profesor de la Universidad de Granada, publicó en los Estados Unidos su monografía Estado e Iglesia en la España del siglo XVI, aunque su libro de mayor repercusión es El sentido humanista del socialismo, editado un año antes. Se trata, en verdad, de un socialismo muy alejado del de Marx: «El socialismo debe ser un método a desarrollar mediante la elección de medios adecuados, que es lo peculiar de la práctica política, y no como posición de clase, sino como exigencia humana nacida del análisis general…».

Desde sus cátedras llevaron a cabo una labor importante, pero de orientación diversa, el neokrausista Posada, García Morente, que ahora sigue la moda de la teoría de los valores, el también filósofo Joaquín Xirau y, en los últimos años, el joven profesor de Filosofía del Derecho, Recasens Siches, así como Jiménez de Asúa, renovador del Derecho Penal español, y Wenceslao Roces, que se orientaba ya hacia la crítica marxista del Derecho. En las filas del pensamiento tradicional sobresalía en 1928 el filósofo neoescolástico Zaragüeta. Este mismo año fallecía Vázquez de Mella, el viejo tribuno del tradicionalismo, pero Ramiro de Maeztu, que había evolucionado hacia posiciones análogas, estaba entonces demasiado ocupado por su cargo de embajador en la Argentina. En cambio, José María Pemán, cuyo nombre comenzaba a relucir bajo los proyectores de la Unión Patriótica —a lo que tal vez no fue ajeno su paisanaje con el Dictador—, publicó en 1929 un libro muy comentado: El hecho y la idea de la Unión Patriótica.

La creación literaria estuvo jalonada por la continuación de la obra, ya acreditada, de Pérez de Ayala, Batoja, Miró (muerto en 1930). En el campo de la novela se colocaba a la cabeza el gallego Ramón María del Valle Inclán, que había demostrado su maestría de la lengua en las Sonatas, a primeros de siglo y más tarde en el teatro. Su Tirano Banderas (1926) era, a la vez, un alegato contra la beocia de las dictaduras y cuadro impresionante de las tiranías en países ultramarinos. En 1927, el Gobierno mandó recoger su obra La hija del capitán, pero ese mismo año aparecía La Corte de los Milagros, primer tomo de El Ruedo Ibérico. El segundo, ¡Viva mi Dueño!, vio la luz el año siguiente. Valle Inclán ofreció una visión caricaturesca de los últimos años del reinado de Isabel II, obra cuyas calidades artísticas van parejas con el hondo significado del transcurrir político de los últimos años de la Dictadura: «Y en las ciudades viejas, bajo los porches de la plaza, y en los atrios solaneros de los villorrios, y en él colmado andaluz, y en la tasca madrileña, y en el chigre y en el frontón, entre grises mares y prados verdes, Periquillo Gacetillero abre los días con el anuncio de que viene la Niña. ¡Y la Niña, todas las noches quedándose a dormir por las afueras!…».

Así termina ¡Viva mi Dueño! ¿Se trata de 1868 o de 1928? De los dos, sin duda. Un funcionario, que del reformismo había pasado a la actividad republicana, figura de primera fila en el Ateneo, Manuel Azaña, publicó una novela, El jardín de los frailes, evocación de años mozos en el medio intransigente del colegio escurialense, tallada en castellano macizo. Azaña ya había dirigido una revista, La Pluma, y luego España en sus últimos meses.

Escritores de renombre, como Gómez de la Serna (El torero Caracho en 1927, Goya en 1928, sus interminables Greguerías) o Azorín, que hizo varias salidas, con poca fortuna, al género teatral, proseguían, indiferentes, su obra. Salvador de Madariaga, autor en 1926 de una Guía del lector del Quijote, llamó la atención en 1929 por su ensayo Ingleses, franceses y españoles.

En la empresa criticohistórica sobresalió El pensamiento de Cervantes, de Américo Castro (1925), y continuaron su obra erudita Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, etc.

Las dos figuras señeras de la poesía, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, eran indiscutibles. Machado, además de una segunda edición de Poesías completas (1928), publicó en 1924 las Nuevas Canciones, escritas de 1917 a 1922, que son, como dijo Salinas, «canciones de pensador». En efecto, el pensador irrumpía poco después con la creación de sus personajes apócrifos, el primero Abel Martín, cuyo Cancionero apareció ya en el número XII de 1926 de la Revista de Occidente.

Con todo, el acontecimiento poético esencial fue la llamada «generación de 1927», que reunió, como todas estas «generaciones» de creación arbitraria, a poetas de diferente origen y de la más diversa trayectoria posterior, que coincidieron en un punto del espacio literario al cruzarse sus órbitas. De ellos, hay que nombrar aparte, y si no fuera por otra cosa —que sí lo es— porque ya habían sentado plaza de primeros poetas, a Rafael Alberti (Premio Nacional de Literatura el año 1924, a los veintidós de su vida, con Marinero en tierra, al que siguió La Amante en 1926), y a Federico García Lorca, cuyos primeros poemas inspirados, como los de Alberti, en fuentes populares, databan de 1921. Al llegar a 1927, año del centenario de Luis de Góngora, Lorca había escrito ya su Romancero gitano (que no se publicó hasta 1928) e iba a inaugurar su periodo surrealista, igual que Alberti, que escribió Sobre los ángeles (1927-1928).

Reuníanse y concertábanse en aquel movimiento poético que, al evocar a Góngora buscaba nuevos caminos —entre ellos sin duda el de la evasión—, Jorge Guillen (Cántico, 1928), Gerardo Diego, Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Pedro Salinas, Pedro Garfias, Luis Cernuda, Guillermo de Torre, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre… Se trataba entonces, tan sólo, de la «subversión poética», pero ya llevaba implícita la «subversión de las conciencias» que iba a cambiar poco después la vida y la poesía de la mayor parte de ellos.

Florecieron también por entonces las revistas poéticas de provincias (fenómeno común a los años de la Dictadura), gracias al empeño de los jóvenes: Litoral, en Málaga, con Emilio Prados, Altolaguirre y José Luís Cano; Gallo, de García Lorca, en Granada; Isla, en Cádiz: Meseta, en Valladolid; Rosa de los Vientos, en Canarias; Mediodía, en Sevilla; La Gaceta Literaria, en Madrid de mayores vuelos, dirigida por Ernesto Giménez Caballero, todavía no convertido al fascismo.

Este heterogéneo mundo intelectual tenía el rasgo común de la rebeldía, de la falta de conformidad con lo establecido. Esta tendencia se manifestó a veces en el orden puramente formal, otras en la revisión de conceptos, y algunas, en fin, en una actitud que, trascendiendo del plano cultural, penetró en el de las ideas y el comportamiento políticos.

Pierre Vilar, en una de las muchas y luminosas reflexiones que hace en su Historia de España, señala dos contradicciones fundamentales en las corrientes intelectuales de este tiempo: «Primera contradicción: al espíritu científico heredado de Giner, en el que se inspiran magníficas escuelas filológicas, históricas y biológicas, con los Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Marañón, etc., se une un peligroso prestigio del brillo literario, del “snobismo” filosófico, a imitación de un Ortega y Gasset y de un Eugenio d’Ors. Segunda contradicción: los escritores españoles que siguen a los del 98 “toman partido” de tal manera que llegan a creerse destinados, cuando la crisis de 1931, a dirigir moralmente la nueva España. En realidad, no podían arrastrar ni a la España tradicional, que los maldecía, ni al proletariado, que ellos mismos ignoraban».

La primera contradicción, raras veces superada —a veces sí, y es el caso, por ejemplo, de científicos como Honorato de Castro, Rioja, Negrín, Jiménez de Asúa, Bolívar— tenía raíces comunes con la segunda: todavía no se había superado la etapa del krausismo de fines del siglo XIX, consistente en «ir al pueblo», pero no «estar en el pueblo», fenómeno que tuvo consecuencias mucho más graves cuando, a partir de 1917 —sobre todo, en 1930— el pueblo pasó a ser el primer protagonista de la historia, mientras que una burguesía desarrollada en los treinta años de siglo mostraba tanto o más interés que en minar el poder de la oligarquía agraria en mantener a los hombres de cultura aislados del empuje popular, peligroso para su propio poderío. El mundo había cambiado mucho y el neokantismo alemán, el idealismo fenomenológico de Husserl, el surrealismo, etc., fueron otros grandes intentos de separar a los intelectuales del pueblo, de emprender el «asalto a la razón», definido por Jorge Lukács, para enturbiar la comprensión de nuestro tiempo, ataque gigantesco contra la «razón histórica» que Ortega enarboló a modo de banderín, pero que no asumió como método de trabajo.

Esa enorme presión, que iba desde las universidades y revistas extranjeras —expresada en España, sin ir más lejos, por la Revista de Occidente y por el espíritu de minoría selecta, en su segunda época, de la Institución Libre de Enseñanza—, por la acción del medio social, puede que también, por contrabanda, por el sectarismo o la incomprensión de las organizaciones más populares, encontró su expresión en ese espíritu de creerse los «consejeros del Príncipe», los tutores de un país al que, acaso inconscientemente, suponen menor de edad.

Sin embargo, del disconformismo de los años 1926-1930 surgieron equipos de intelectuales con trayectoria popular definida y, sin ir más lejos, los dehesa generación poética de 1927, sin hablar ya del vivero que fue aquella Federación Universitaria Escolar que despertó en miles de jóvenes la conciencia de las realidades de su tiempo.

Dos palabras, por último, sobre un hecho obvio, pero no por ello menos notable. El acceso a la cultura, en sus diferentes grados, y a los conocimientos técnicos, siguió un ritmo extremadamente lento, consecuencia evidente de la esclerosis de un país cuyas estructuras sociales no habían experimentado el más leve cambio. El número de escuelas permanecía invariable de 1923 a 1927. Sólo se realizó un esfuerzo en los dos últimos años de la Dictadura, en que el número de escuelas pasó de 27 883 a 30 904, con un total de 33 518 maestros y 1 836 000 alumnos, sobre una población en edad escolar de más de cuatro millones.

Aumentó en cambio, considerablemente, el número de alumnos de segunda enseñanza y de bachilleres, así como el de estudiantes universitarios (25 690 en 1923 y 33 557 en 1930), pero, como contrapartida, permaneció casi invariable el número de títulos expedidos (algo más de 2500), después de un aumento momentáneo en 1927 y 1928. La progresión fue importantísima en las facultades de Derecho y Medicina, leve en Farmacia y nula en Ciencias y Filosofía y Letras. Algo más impresionante fue la baja del número de nuevos ingenieros, con la sola excepción de los industriales. En resumen: España, que pretendía progresar industrialmente, era un país que no tenía técnicos; era aún un país esencialmente agrario y carecía de ingenieros y peritos agrónomos; un país donde todavía el 33,70 por ciento de la población estaba compuesto de analfabetos. Este saldo negativo, en el que nada tenían que echarse en cara el llamado «Viejo régimen» y la Dictadura hubiera bastado por sí mismo, en ausencia de otras razones, para fomentar el descontento y la rebeldía de los hombres de cultura. Las alharacas de un seudopatriotismo de fachada encubrían mal las lacras de un país al que se empeñaban en hacer feliz sin contar con él ni con sus más perentorias necesidades.

Capítulo VI. Hacia la República

CAPÍTULO VI
HACIA LA REPÚBLICA

Intermedio Berenguer para apuntalar el régimen

Intermedio Berenguer para apuntalar el régimen

Berenguer estaba encargado de salvar la Monarquía. El Rey y él, jefe de su cuarto militar, lo creían posible mediante un paulatino retorno a las prácticas constitucionales anteriores a la Dictadura, sin más ni menos. Se trataba, pues, de un Gobierno para apuntalar el régimen. Ignoraban ellos, lo que ya sabía el poeta once años antes, que «la vida no se restaura ni se compone como los productos de la industria humana, sino que se renueva o perece» (Antonio Machado). Salvar el Trono era también salvar la oligarquía, según criterio extendido entre sus miembros. Así, nada cuadraba mejor para la preparación del nuevo Gobierno que el aristocrático palacio de Liria. Allí conferenciaron, el 30 de enero, su propietario, duque de Alba, Francisco Cambó, Gabriel Maura y el general Berenguer. Se hubiera dicho una caricatura, si no fuese la realidad: la aristocracia, el dinero y el ejército aguja en mano para echar un buen remiendo al régimen.

Entre los reunidos, los más duchos en política comprendieron que había llegado el momento de un Gobierno puente; más tarde, entrarían ellos en liza de manera directa. Aquel mismo día quedó, pues, formado el nuevo Gobierno[1]. No le faltaba razón a Ossorio y Gallardo al decir que «aquello no era un Gabinete sino una tertulia palatina»[2].

Parece establecido que Primo de Rivera intentó jugar su última carta —así lo han afirmado Berenguer y Mola— al ir a Barcelona con el propósito, compartido por el general Barrera, de dar un nuevo golpe militar que iría hasta imponer al Rey la abdicación, pero los primeros tanteos le convencieron, al fin, de que se había quedado solo. El marqués de Estella pasó entonces la frontera y se instaló en París, donde murió repentinamente el 16 de marzo.

Entre tanto, el Gobierno se esforzaba por recomponer el Estado: en su primera semana de vida reintegró en sus cátedras a los profesores que habían dimitido, concedió amplia amnistía que resolvió de paso el pleito de les artilleros, constituyó nuevos Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en espera de elecciones, reconoció legalmente la existencia de la F. U. E., restableció en sus derechos a la Junta directiva del Ateneo, aclamada al reintegrarse a su puesto, así como Sbert al regresar de su destierro. Además fue disuelta la Asamblea Nacional consultiva y restablecida la ley de Contabilidad. Unamuno pisaba tierra española el 9 de febrero y pronunciaba su famosa frase de «Dios, Patria y Ley», ante una multitud enfervorizada.

Aquel mes de febrero, los partidos políticos desempolvaron sus programas e hicieron recuento de sus efectivos. Bugallal se puso al frente de los conservadores y Romanones de los liberales. Mas había ya políticos de la Monarquía, vinculados en las clases sociales poseedoras, que empezaban a creer que la forma de gobierno que antes defendieran había quedado inutilizada. Para ellos, la garantía del orden social era un régimen de democracia liberal y estimaban que la Monarquía había llegado a ser incompatible con dicho régimen. El primero en romper el fuego fue Miguel Maura, en una conferencia pronunciada en San Sebastián el 20 de febrero. La adhesión más sensacional de este género a la República file, no obstante, la del exministro Niceto Alcalá Zamora el 13 de abril, en el Teatro Apolo de Valencia: «Una República viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y la intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propongo, la defiendo».

Otros políticos moderados, sin ir tan lejos, manifestaban claramente su apartamiento del Trono; El discurso de José Sánchez Guerra, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 27 de febrero, fue sin disputa el que más apasionó a la opinión en aquellas primeras semanas que sucedieron a la caída de la Dictadura. De antemano había despertado temores en el Gobierno y esperanzas en la oposición: el Gabinete tuvo conocimiento de su contenido cuarenta y ocho horas antes de pronunciarse, gracias a los servicios de espionaje del comisario Luis Fenoll, que había sido uno de los hombres de confianza de la Dictadura. Aunque no se declaró republicano, Sánchez Guerra reconoció los progresos del republicanismo. Atacó al Rey, a quien achacó la responsabilidad del advenimiento de la Dictadura. Bastóle para ello con recitar la décima de Góngora que dice: «Mentidero de Madrid, / decidme, ¿quién mató al conde? / Dicen que le mató el Cid, / por ser el conde Lozano. / ¡Disparate chabacano! / La verdad del caso ha sido / que el matador fue Bellido / y el impulso soberano». El teatro se venía abajo entre vítores y aplausos. A continuación, el expresidente del Consejo se pronunció por unas Cortes constituyentes: «Las elecciones serán constituyentes, porque la realidad es ésa, porque el problema que el país tiene delante es ése, y quiérase o no se quiera, eso será lo que se vote en los comicios cuando las elecciones se preparen y se hagan, si el caso llega».

Miles de personas, entre ellas muchos estudiantes, que no habían podido entrar en el teatro, unidas a parte de los asistentes, recorrieron las calles de Madrid dando vivas a la República y chocaron con las fuerzas de Seguridad, que se vieron frecuentemente desbordadas.

Ángel Ossorio y Gallardo, presidente electo de la Academia de Jurisprudencia, pidió la abdicación del Rey en una conferencia en el Ateneo de Zaragoza. Villanueva, Bergantín y Burgos Mazo formaron el grupo «constitucionalista» que reclamaba Cortes constituyentes, encabezadas por Melquíades Álvarez, que fijó esta posición el 27 de abril, en el Teatro de la Comedia, de Madrid. Dos días antes, Indalecio Prieto había pronunciado una sensacional conferencia en el Ateneo para denunciar, con abundancia de pruebas, los abusos de la Dictadura.

Mientras tanto, el Gobierno, para contener la marejada, decretó un indulto —del que quedaron excluidos los conspiradores de Prats de Molló—, procedió a la confección de un nuevo censo electoral, etc. Pero el Estado estaba tan en las manos de los hombres de la Dictadura, que el general Mola, director general de Seguridad, al ir a Barcelona se encontró al jefe superior de Policía de aquella capital conspirando tranquilamente en su despacho con el general Martínez Anido. En cuanto a los políticos de la Dictadura, salían a la palestra a primeros de abril con un partido, la Unión Monárquica Nacional, encabezado por Calvo Sotelo, Guadalhorce y Yanguas.

La ola popular

La ola popular

De todos modos, lo que pronto iba a determinar un cambio esencial de la situación era que el pueblo participaba, cada día en mayor grado, en los acontecimientos políticos. La C. N. T. se reorganizaba en Cataluña con extraordinario vigor y la U. G. T. acrecentaba sus fuerzas en el resto de la península, tras haber proclamado, en el manifiesto con el Partido Socialista, que «el general Berenguer, elegido como lo fue el general Primo de Rivera, es el símbolo de la España que declina en un penoso proceso de descomposición». Las huelgas menudeaban en Barcelona, Valencia, Sagunto, Sevilla, capital ésta en cuyos Sindicatos tenían particular influencia los comunistas Saturnino Barneto, José Díaz, Carlos Núñez y otros.

En Barcelona, se inició, en el mes de marzo, un movimiento unitario de sindicalistas y republicanos, expresado en el manifiesto llamado de «Inteligencia republicana», que postulaba una República federal con reforma agraria, separación de la iglesia y el Estado y «reformas sociales al nivel de los Estados capitalistas más avanzados». Estaba formado, entre otros, por Companys, Aguadé, Tussó, Peiró, Lluhí Vallescá, Campalans, Nicolau d’Olwer, Botella, Barrera, Massoni, Trilles, Bernadó, Arquer, Pijoan, Granier-Barrera, etc. Sin embargo, el sector «faísta» de la C. N. T. no veía con buenos ojos esta «inteligencia». Por su parte, el jefe de los Sindicatos «libres», Ramón Sales, se entrevistó con el director general de Seguridad, general Mola, para llegar a esta conclusión: «Nosotros, siempre a sus órdenes»[3].

La visita de Unamuno a Madrid fue ocasión de un impulso mancomunado de la acción estudiantil y obrera. Desde la llegada del rector de Salamanca a la estación del Norte, el 1.º de mayo, con motivo de presidir la manifestación obrera, fue objeto de aclamaciones de la inmensa muchedumbre sobre la que cargó repetidas veces la fuerza pública. El día 3, creció de punto la agitación en los centros de enseñanza al protestar los estudiantes contra la dureza de los guardias. Por la tarde habló Unamuno en el Ateneo y, al día siguiente, que era domingo, lo hizo en el popular Cine Europa ante un auditorio de varios miles de personas. El lunes 5, prosiguió la huelga estudiantil. Delante de la Facultad de Medicina se produjeron varias refriegas entre manifestantes y guardias, y éstos causaron con sus disparos la muerte del obrero panadero Gregorio Crespo e hirieron a varios estudiantes. El movimiento se extendió por todo el país, y el Gobierno no encontró mejor método para contrarrestarlo que el empleado por su predecesor: el cierre de las universidades. Dos días después estaban clausuradas las de Madrid, Valencia, Granada, Zaragoza, Valladolid y Salamanca. En cuanto a Unamuno, cuya presencia en Madrid el Gobierno consideraba peligrosa, fue obligado por la policía a abandonar la capital el 7 por la mañana y trasladado a Salamanca en un automóvil de la Dirección general de Seguridad.

A partir de ese momento, las huelgas y manifestaciones, con carácter netamente político, no hicieron más que multiplicarse. Hubo paros en varias fábricas de Bilbao, de 1250 mineros en Puertollano, de otros en La Carolina y de trabajadores agrícolas en pueblos de las provincias de Sevilla y Málaga. A primeros de junio, ganaron una huelga por aumento de salarios los mineros de la zona de Mieres y a fines del mismo mes hubo paro general en Sevilla, al que siguió el de Málaga, por solidaridad. En Vizcaya pararon 8000 mineros. Mientras tanto, los diversos grupos republicanos multiplicaban sus enlaces a fin de conseguir una acción unificada que, en su pensamiento, debiera extenderse a la C. N. T. y a los socialistas, con objeto de derribar la Monarquía. La Alianza Republicana consiguió limar asperezas entre los distintos grupos y a estipular, a fines de mayo, unas bases con el Partido Radical-Socialista, firmadas por Azaña, Lerroux, Castrovido y Martí Jara, por la Alianza, y por Albornoz, Domingo y Salmerón, por los radical-socialistas.

La tempestad se cernía sobre el régimen de manera tan evidente que el Rey, aconsejado por Cambó, se trasladó a París con objeto de entrevistarse con Santiago Alba y ofrecerle la presidencia del Gobierno. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Meurice, de la capital francesa, el 22 de junio. No quiso Alba comprometerse y aconsejó que siguiera gobernando Berenguer hasta que la Monarquía se convirtiese, después de una consulta electoral y revisión de la Constitución, «en una institución sustantivamente democrática como la inglesa o la belga».

Tantas zozobras para el Gobierno, impotente para contener la riada popular, vinieron a agravarse con el proceso inevitable de la crisis de la peseta. Arguelles, ministro de Hacienda del Gobierno Berenguer, se había encontrado con el empréstito interior de 300 millones de pesetas oro, emitido por Calvo Sotelo en diciembre de 1929, creyendo rescatar con él los créditos de los bancos extranjeros contra España. Pero sucedió que los bancos españoles, con su habitual «patriotismo», tomaron con una mano el empréstito y con la otra contrajeron deudas con los extranjeros, con lo cual el problema seguía en pie. A ello se unió la evasión de numerosos capitales desde el momento en que la situación política española se hizo más inestable. Aquello era un paréntesis y los hombres de negocios desconfían de tales paréntesis. La crisis económica mundial agravaba la inestabilidad de los cambios y, así las cosas, bajó la peseta hasta cambiarse el 15 de julio a 47,50 con la libra esterlina. La peseta, definida legalmente por 0,29 gramos de oro, no tenía más valor de compra que 0,19 gramos. Arguelles creó el Centro Regulador de Operaciones de Cambio, pero su labor fiscalizadora resultó ineficaz. El 19 de agosto presentaba el ministro la dimisión, y le sustituía Wais, a quien remplazó en Economía Rodríguez de Viguri. Wais sometió las transacciones de divisas de los bancos al Centro regulador, pero fue más lejos. El 31 de agosto se creaba el Centro Oficial de Contratación de Moneda, destinada a centralizar las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras. Pero Wais se encontraba ante el problema de rescatar los créditos en poder de bancos extranjeros, que se arrastró durante todo el tiempo de su permanencia en el ministerio.

Partidos y Sindicatos en 1930

Partidos y Sindicatos en 1930

Aquel año fue el del afianzamiento de las organizaciones políticas y sindicales de mayor arraigo, el de la aparición de otros grupos de más o menos alcance en el ámbito nacional. Algunos concertaron su unidad de acción, como se verá, en virtud del Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930) que tan decisivo fue para el desarrollo ulterior de los acontecimientos. Por consiguiente, es obligado hacer un breve alto en el relato de los hechos, a fin de inventariar los grupos cuya acción iba a tener suma importancia en la vida del país.

El Partido Socialista señaló su oposición al régimen transitorio de Berenguer. Algunos de sus hombres, como Indalecio Prieto, llamaron la atención popular por sus manifestaciones públicas, desde el momento en que cayó la Dictadura. Más tarde tendremos ocasión de ver cómo se adhirió a posteriori al Pacto de San Sebastián. La verdad es que durante los nueve primeros meses del año, la dirección de este partido no había llegado a tener un criterio definido sobre la conveniencia de participar en una acción decisiva encaminada a derribar la Monarquía.

El problema era el mismo, en la Unión General de Trabajadores —por ser también sus dirigentes los del P. S. O. E.—, si bien numerosos Sindicatos participaban cada vez más en huelgas en las que las reivindicaciones políticas se unían a las económicas.

Ya hemos hecho mención del desarrollo extraordinario adquirido por la Confederación Nacional del Trabajo, que era considerada por el Gobierno como la Central sindical más peligrosa. Sus Sindicatos, rápidamente reorganizados, desempeñaron un papel primordial en gran número de huelgas. Los días 17 y 18 de abril tuvo lugar en Blanes (Gerona) el Pleno nacional de la C. N. T., en el que se decidió que la central sindical tuviese también una organización legal. La mayoría se mostraba poco propicia a la colaboración con los republicanos, criterio que no era compartido por Pestaña ni por Peiró, aunque éste acató por el momento el criterio de la dirección confederal.

Sobre el Partido Comunista, ya hemos señalado la «Conferencia de Pamplona», celebrada en marzo de aquel año. Su peso político era escaso, debido en gran parte a las concepciones y métodos «ultraizquierdistas» de sus dirigentes, a excepción del que tenía en Sevilla, donde dirigía buen número de Sindicatos y se reflejaban con éxito los métodos de acción del Comité de Reconstrucción de la C. N. T. Como siempre, en la zona minera de Vizcaya había también considerables grupos comunistas. En Cataluña eran pocos y mal avenidos los militantes de la Federación Catalano-Balear[4].

En el campo republicano, ya hemos señalado el pacto entre los grupos ya existentes, que había entrado en 1926 en la Alianza Republicana, y el Partido Radical-Socialista, formado en 1929. Poco después circuló por España un manifiesto firmado por la Alianza Republicana declarando su oposición terminante al régimen y afirmando: «Vemos en huelga la ley fundamental, y a la autoridad ilegítima perseverando en el propósito fratricida que ha presidido las tristes últimas evoluciones de nuestra historia».

Las fuerzas republicanas, cada día más activas, se organizaron rápidamente por todo el país y adquirieron una gran importancia entre las clases medias.

Otro género de republicanismo, más conservador y orientado socialmente hacia aquella parte de la burguesía que creía asegurar mejor su porvenir con un sistema liberal republicano, se manifestó orgánicamente por la formación del partido de Derecha Liberal Republicana, cuyo primer manifiesto, publicado el 22 de mayo, iba firmado, entre otros, por Alcalá Zamora, Miguel Maura, Rafael Sánchez Guerra, Ossorio y Florit (hijo de Ossorio y Gallardo) y Recasens Siches.

En Barcelona, Acció Catalana, dirigida por Luis Nicolau d’Olwer, renacía a la vida legal, mientras que subsistían la Acció Republicana, de Revira y Virgili, y la Unió Socialista de Catalunya, de Rafael Campalans y Manuel Serra y Moret. El mosaico político era completado por el Estat Català de Macià y Aguadé, y el grupo en tomo al periódico L’Opinió de Lluhí Vallescá. Otros republicanos catalanes, como Marcelino Domingo, se habían adherido al partido Radical-Socialista.

Cobraba asimismo nuevos bríos en el País Vasco el nacionalismo de carácter católico y moderado, en Galicia la Organización Regional Autónoma (O. R. G. A.).

Aunque no fueran propiamente dicho partidos políticos, eran importantes algunos grupos como el de los «constitucionalistas» (Melquíades Álvarez, Bergamín, Villanueva, Burgos Mazo), al que ya nos hemos referido, representantes de un sector de la gran burguesía interesado en desvincularse de la extrema reacción militar y aristócrata.

El Partido Liberal dinástico refundió sus dos ramas: Romanones y García Prieto se aprestaban a manejar el habitual engranaje caciquil, tarea en la que encontraban la áspera competencia del tradicional Partido Conservador, a las órdenes de Bugallal.

Más importancia que esos partidos tenía la Lliga Regionalista, firmemente decidida a apoyar al régimen —el empuje del movimiento obrero en Cataluña la hacía probablemente más temerosa—, por lo que ponía en juego sus recursos y utilizaba su sólida tradición en los medios catalanes.

En fin, la Unión Monárquica Nacional, heredera de la Unión Patriótica, aunque con ciertas variantes de mayor inteligencia, no encontraba, por entonces, resonancias considerables: Calvo Sotelo, Guadalhorce y José Antonio Primo de Rivera eran sus hombres más sobresalientes. En cuanto a Aunós, éste intentó formar, sin éxito, un extraño laborismo.

Este cuadro no sería completo sin mencionar el valor de organizaciones que, sin ser partidos políticos ni sindicatos obreros, eran actores de la vida política. En primer lugar, la F. U. E, que, a la par que defendía las reivindicaciones profesionales de los estudiantes, se encontraba implícitamente lanzada a la acción y englobaba a la totalidad de escolares antidinásticos. En otro orden de cosas, los militares agrupados en la Unión Militar Republicana y, más concretamente, algunos grupos de ellos orientados hacia la extrema izquierda, mantenían contactos con la C. N. T.

Las reuniones políticas se multiplicaban, así como los actos públicos desde que fueron autorizados. La censura de prensa no fue levantada hasta el 17 de septiembre, pero, desde mucho antes, los periódicos lograban exponer sus posiciones y aumentaban sus tiradas. Si los más importantes (ABC y El Debate, de Madrid, La Vanguardia, de Barcelona) sostenían a machamartillo las posiciones monárquicas, el alud del republicanismo se manifestaba en otros muchos: El Liberal, Heraldo de Madrid, La Libertad, El Sol, La Voz… sin hablar de los órganos centrales obreros, como El Socialista y Solidaridad Obrera. Los comunistas comenzaron la publicación semanal de su órgano de prensa, Mundo Obrero, en agosto de 1930.

El fenómeno esencial del momento, al que no era ajena la acción de esas organizaciones políticas y sindicales y de su prensa, era la extraordinaria «politización» de los españoles. Al cabo de un año, los temas políticos, el dilema básico de Monarquía o República, habían penetrado en todos los hogares y dominado todas las conversaciones. Nunca hasta entonces, ni siquiera en los años 1917-1921, la cuestión del comportamiento del Estado y de las decisiones que tomar sobre el mismo se había adentrado tan profundamente en la conciencia de los españoles. Este fenómeno, que iba a marcar con su sello nueve años consecutivos de la historia de España, es digno de tenerse en cuenta para comprender una serie de acontecimientos en los que, junto o tras las minorías organizadas, actuó la inmensa mayoría del país.

El Pacto de San Sebastián

El Pacto de San Sebastián

Los grupos republicanos, estimando que la Monarquía no se resignaba a desaparecer, conspiraban activamente. Y creyeron llegado el momento de encontrar una forma para coordinar los esfuerzos de todos los que se proponían un cambio de régimen. Mientras, continuaban las huelgas (Rentería, Pasajes, minas de Langreo, etc.) y, en París, la policía detenía a 54 anarcosindicalistas españoles, asunto que se quiso exagerar en los medios oficiales, aunque el propio Mola no le concedió tanta importancia. En este clima, cada vez más propicio, se celebraron entrevistas preparatorias encaminadas a organizar una reunión general. Una de ellas, muy importante porque tenía por objeto conseguir la participación catalana, fue celebrada fuera de España por Eduardo Ortega y Gasset con Macià. Por fin, en la tarde del 17 de agosto, se reunían en el Círculo Republicano de San Sebastián, bajo la presidencia del señor Sasiaín, que lo era de dicho centro, las siguientes personas: Alejandro Lerroux, por la Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, por el Partido Radical-Socialista; Manuel Azaña, por Acción Republicana; Santiago Casares Quiroga, por la Organización Republicana Gallega Autónoma (O. R. G. A.); Manuel Carrasco Formiguera, por Acció Catalana; Matías Mallol, por Acció Republicana de Catalunya; Jaime Aguadé, por Estat Català; Niceto. Alcalá Zamora y Miguel Maura, por la Derecha Liberal Republicana, e Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, a título personal. Asistían como invitados Eduardo Ortega y Gasset y Felipe Sánchez Román.

El único tema espinoso de la reunión fue el de la autonomía de Cataluña, planteado desde el primer momento por Carrasco Formiguera, que se resolvió mediante el acuerdo unánime de qué el Gobierno de la futura República presentaría a las Cortes constituyentes un Estatuto de autonomía de Cataluña, previa consulta al pueblo catalán.

El acuerdo se logró fácilmente en cuanto al plan político encaminado a proclamar la República y a la necesidad de recabar la colaboración del Partido Socialista y de la C. N. T. Se nombró un Comité ejecutivo compuesto por Alcalá Zamora, Miguel Maura, Indalecio Prieto, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Fernando de los Ríos. Los catalanes debían formar su propio Comité y, éste, enlazar con el Ejecutivo peninsular.

De la reunión, que fue legal, se dio una nota oficiosa. Sin embargo, la primera información no llegó al director general de Seguridad sino al cabo de tres días. Ni él ni el jefe del Gobierno le concedieron importancia hasta que recibieron una confidencia el día 27, deformada, como suele ocurrir en este tipo de «servicios», con absurdos detalles sobre una fantástica compra de armas.

El Comité ejecutivo se reunió, en el Ateneo de Madrid, con una representación del Partido Socialista y de la U. G. T., formada por Besteiro, Cordero y Saborit, y se llegó al acuerdo de que esas organizaciones obreras apoyarían un movimiento revolucionario de carácter republicano, pero que la huelga general sólo comenzaría cuando las tropas sublevadas en favor de la República estuviesen ya en la calle. Se trataba, en suma, de un apoyo, pero en el espíritu de los dirigentes obreros no entraba el propósito de que los trabajadores fueran el eje conductor del movimiento. Saborit mismo dice sobre este particular: «Pero los compromisos adoptados no obligaban a gran cosa: secundar a los militares, nunca salir a la calle antes de que ellos salieran»[5]. Fue más tarde, en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista, el 20 de octubre, cuando se acordó aceptar su participación, con tres ministros, en el futuro Gobierno provisional de la República. Esta decisión se tomó por ocho votos contra seis, y fue defendida por Largo Caballero y Fernando de los Ríos e impugnada por Besteiro. Para ocuparse de la preparación del movimiento, los socialistas constituyeron una Comisión integrada por Besteiro, Largo Caballero, Wenceslao Carrillo y Saborit.

La participación de la C. N. T. se tramitó en una reunión, el 29 de octubre, entre Miguel Maura y Ángel Galarza por un lado, y Juan Peiró y Pedro Massoni por otro, antes de decidirse con carácter definitivo por el Pleno nacional celebrado por la C. N. T. el 15 de noviembre. Con todo, hay razones para creer que el Comité de militares, enlazado con el Comité ejecutivo revolucionario nombrado en San Sebastián, estaba a su vez en contacto con dirigentes de la C. N. T. a través del capitán Alejandro Sancho, que fue encarcelado en octubre y falleció a los pocos meses a consecuencia de la enfermedad contraída en el castillo de Montjuic. Algunos protagonistas de aquellos hechos —como Miguel Maura— han negado que hubiese una coincidencia con la C. N. T. y los militares jóvenes, sino más bien movimientos paralelos. Resulta difícil desmentir las precisiones facilitadas por Peiró en el Congreso de la C. N. T. de 1931. La verdad es que el hecho de haberse acordado la colaboración no impedía la existencia de movimientos paralelos o más bien convergentes.

El movimiento revolucionario en marcha

El movimiento revolucionario en marcha

El movimiento antimonárquico era cada día más popular y adquiría por momentos tonos apasionados. El triunvirato formado por Guadalhorce, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera organizó una campaña de propaganda por el norte del país que engendró una reacción muy diferente de la buscada por sus iniciadores. Al acto celebrado el 2 de septiembre en La Coruña respondieron los trabajadores con huelgas y manifestaciones. El día 5 fueron apedreados en Lugo, donde también se declaró la huelga general. El 7, los grupos de la porra del doctor Albiñana, que se hacían llamar Legionarios del Partido Nacionalista, se encontraron con vigorosa respuesta popular en Valladolid. El 14 hablaron tranquilamente en el Alkazar, de Madrid, Ramiro de Maeztu y Dimas Madariaga, pero cuando el 5 de octubre fueron a hablar en el Euskalduna, de Bilbao, Maeztu, Guadalhorce y Primo de Rivera se encontraron con la ciudad paralizada por la huelga general. Intervino la Guardia civil y resultó un muerto y varios heridos.

El levantamiento de la censura por el Gobierno, que pensaba ir a elecciones legislativas, en un plazo relativamente breve, estimuló las propagandas republicanas. Por otra parte, las huelgas crecían en progresión geométrica. En Galicia, así como en Barcelona, San Sebastián y Pasajes, hubo huelgas generales y las parciales se multiplicaron en Cádiz. Málaga, Granada, Alcoy, provincia de Barcelona y zonas mineras de Asturias y Vizcaya. Cada día se formulaban más netamente las reivindicaciones políticas antimonárquicas junto a las profesionales.

Los órganos de seguridad del Gobierno tenían noticias, unas verdaderas y otras fantásticas, sobre posibles conspiraciones. Y, cuando el 26 de septiembre Macià regresó a Barcelona, el general Despujols, capitán general de Cataluña, le puso en la frontera, con este acto se ganó la repulsa de toda la opinión pública española y, en particular, de Cataluña, que se expresó por el manifiesto del 2 de octubre, firmado, particularmente, por Aguadé, Companys, Carrasco Formiguera, Nicolau d’Olwer, Peiró, Maurín…

Sin embargo, el acontecimiento de más resonancia de la política del país fue el mitin republicano celebrado el 28 de aquel mes de septiembre en la Plaza de Toros de Madrid. Desde hacía muchos años no se había conocido una concentración popular semejante, que imponía a la vez por su entusiasmo y por su disciplina. De todas las provincias llegaron trenes y autobuses abarrotados y en la noche del sábado 27 los cafés de Madrid cerraron tarde sus puertas, repletos de público. Amaneció el domingo, fresco y soleado, y la Guardia civil empezó a ocupar posiciones estratégicas (Mola ha confesado que hizo «un verdadero alarde de fuerzas»). La autodisciplina de las masas, que desde las nueve y media de la mañana llenaban la plaza, hizo imposible cualquier provocación. A las diez en punto comenzaba el acto, en el que intervinieron, por este orden, Gerardo Abad Conde (Federación Republicana gallega), Vicente Marco Miranda (Unión Republicana autonomista de Valencia), Diego Martínez Barrio (Consejo regional de Andalucía), Manuel Cárceles (Partido Federal), Manuel Azaña (Acción Republicana), Marcelino Domingo (Partido Republicano Radical-Socialista), Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) y Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical).

Azaña declaró explícitamente: «Los republicanos todos, unidos para lo esencial, estamos dispuestos a cumplir con el deber del momento actual, recogiendo el gobierno del país». Defendió el programa de una «República burguesa y parlamentaria tan radical como los republicanos radicales podamos conseguir que sea», «pensada y gobernada por republicanos nuevos o viejos… La República española será democrática o no lo será».

Marcelino Domingo sostuvo que la Monarquía era incompatible con España. Alcalá Zamora, afirmó: «La República española será en definitiva radical, abierta por completo e iniciada, con resolución, desde luego, a todos los avances de la justicia social» y también, dirigiéndose a las derechas: «Pero ¿qué es el orden? El orden es el respeto de la ley; el orden es la vigencia de la Constitución; el orden es el derecho de cada uno; el orden es la voluntad del pueblo». Lerroux coincidió también en el postulado de «una República liberal, democrática, popular… una República para España».

Al día siguiente, la prensa republicana de la noche decía a lo largo de sus primeras páginas: «Quedó solemnemente sellado el frente único de las fuerzas republicanas». A nadie le era dado ya dudar de que la comente republicana se había convertido en anchurosa riada.

Durante el mes de octubre tuvo lugar la mencionada huelga general de Bilbao y otras en Murcia, Logroño, Málaga y Sevilla, así como huelgas de estudiantes en Barcelona, Sevilla y Granada. El 19, se celebró en Valencia otro impresionante mitin republicano, con participación de Vicente Marco Miranda, Rafael Sánchez Guerra, Mariano Gómez, Alejandro Lerroux, Pedro Rico y Fernando Valera.

El Gobierno, cada vez más inquieto por el giro de los acontecimientos, y a quien sus agentes le hablaban a diario de la inminencia de alzamientos armados, procedió a una serie de detenciones, el 10 de octubre, entre ellas las del ya citado capitán Alejandro Sancho y el comandante Ramón Franco. También fueron detenidos Companys, Pestaña, Granier-Barrera, Lluhí Vallescá y otros. Bullejos y otros directivos comunistas llevaban ya varias semanas detenidos.

El Gobierno, en verdad, iba a la deriva, y la situación política no contribuía en nada a solucionar la prolongada crisis de la peseta, que llegó a cotizarse a 50,90 por libra esterlina. Wais pensó entonces en utilizar la masa de oro del Banco de España. Durante el mes de noviembre la peseta se mantuvo a 42,50. Pero lo que pasaba en cada una de las ciudades importantes de España era mucho más grave para el Gobierno que la persistente anemia de la moneda. En noviembre, el número de huelguistas llegó en distintos lugares del país a 250 000[6].

Sobrevino a todo esto un doloroso accidente de trabajo en Madrid. El día 12 del mismo mes se hundió una casa en construcción en la calle de Alonso Cano y perecieron cuatro obreros. Cundió la indignación entre los medios sindicales, pues se comprobó que el siniestro se debía a la especulación de la empresa contratista. El día 14 tuvo lugar el entierro, en el que participaron millares de trabajadores. Cuando el cortejo llegó a la estatua de Neptuno, se pidió que subiese por la Carrera de San Jerónimo hasta la Puerta del Sol, a lo que accedieron las autoridades municipales que iban en cabeza. Pero se opuso a ello el director general de Seguridad. Aunque en los medios oficiales se habló de que habían partido disparos de la multitud, el hecho fue que dos manifestantes cayeron muertos por el fuego de los guardias y muchos más heridos. La Federación Local de la Edificación (C. N. T.) decidió la huelga general para el día siguiente (hasta el lunes día 17), decisión a la que se sumaron los Sindicatos de la Casa del Pueblo (U. G. T.). El paro fue total. Hubo huelgas de solidaridad en Barcelona, Alicante, Granada, Reus. La de Barcelona, que duró hasta el 21, adquirió carácter sangriento, por los choques entre huelguistas y fuerza pública, apoyada ésta por pistoleros del Sindicato Libre, y cuatro trabajadores resultaron muertos.

En Madrid, el Gobierno acrecentó las medidas represivas y con el pretexto de la consabida «conspiración», fueron allanados el Ateneo de Divulgación Social (de tendencia anarquista), un local comunista y la imprenta de Mundo Obrero. La noche del 19, sólo en la capital de España, el Gobierno tuvo movilizados cerca de 8000 hombres de la Guardia civil, Cuerpo de Seguridad y Policía. Para colmo de desventuras gubernamentales, en la noche del 24 al 25, el comandante Franco se fugaba de Prisiones militares. Todo esto era más de lo que podía soportar el ministro de Gobernación, general Marzo, que optó por dimitir el día 26. La crisis parcial fue resuelta por la entrada de Leopoldo Matos en Gobernación, de Estrada en Fomento y de Montes Jovellar —entonces subsecretario de Gobernación— en Justicia.

A primeros de diciembre estalló la huelga general en Valencia, con unos antecedentes muy particulares. El gobernador civil, Julio Amado, había concedido numerosas licencias de uso de armas a la empresa Unión Naval Levante, que las distribuía a sus pistoleros particulares. (Esa empresa, dicho sea de paso, pertenecía al grupo financiero de Juan March, que era uno de los principales consejeros). Este hecho fue denunciado en el diario El Pueblo por el secretario del Sindicato Metalúrgico. El 9 de diciembre se declaraba la huelga general y, a las pocas horas, el citado secretario del Sindicato Metalúrgico caía muerto por los disparos de la policía o de los pistoleros.

Tenía razón el Gobierno en estar preocupado. El Comité Revolucionario —convertido, desde el mes de octubre, en Gobierno Provisional de la República— ultimaba los preparativos para un alzamiento general. Tras no pocas vacilaciones y aplazamientos se fijó la fecha del lunes 15 de diciembre. Se contaba con numerosas guarniciones comprometidas y los miembros del Comité tenían ya asignadas las distintas provincias a las que debían dirigirse para tomar en sus manos la dirección del movimiento. En Madrid, se preveía como operación principal la ocupación de Cuatro Vientos y la sublevación de Campamento. Ya hacía tiempo que estaba preparado el texto del futuro Gobierno provisional, redactado por Lerroux, de tonos dieciochescos, que comenzaba así: «¡Españoles! Surge en las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla… Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en medio de la calle».

Se ha dicho que, poco tiempo antes, el Nuncio, monseñor Tedeschini, se entrevistó con Lerroux, para preguntarle si la República respetaría a la Iglesia. El caso es que el alzamiento flotaba en el ambiente, aunque no todos los que lo preparaban creyesen firmemente en la probabilidad del triunfo.

La sublevación en Jaca (12 de diciembre de 1930)

La sublevación en Jaca (12 de diciembre de 1930)

En 1930, Fermín Galán, una vez amnistiado, fue a prestar servicio en Jaca como capitán del regimiento de Galicia. Galán era el delegado allí del Comité Revolucionario o Gobierno Provisional, al cual instaba, desde el mes de octubre, para que adelantase sus preparativos: «Las nieves cerrarán los puertos y nos encontraremos inmovilizados», decía. Y cada vez insistía con mayor vigor. Pero no eran sólo las nieves; Galán se sentía vigilado y cualquier día podía ser detenido, como lo habían sido Sancho y Franco, o trasladado a Barcelona. También es cierto que, más radical que la mayoría de los miembros del Comité Revolucionario, desconfiaba mucho de la eficacia del mismo. En cuánto a las razones de orden técnico. Galán las expuso a una delegación del Comité que fue a Jaca con objeto de «contener unos días más a la guarnición y controlar los elementos de que disponía Galán»[7]. Pasaron los días y las semanas, y el hombre llegó a esta conclusión: «Si nosotros no empezamos, no empezarán nunca».

Por fin, el 11 de diciembre, Galán fue informado por uno de sus colaboradores, el capitán Salinas, de que el capitán general de Aragón iba a tomar medidas para desbaratarlo todo, mientras que, por el contrario, se contaba con regimientos en Huesca y Zaragoza para pasar inmediatamente a la acción. Los oficiales y paisanos allí reunidos decidieron adelantar el movimiento para el día 12. Galán telegrafió a Madrid: «Viernes, día 12, enviad libros». Y al día siguiente, otro: «Retrasad envío sábado».

El Comité Revolucionario despachó a Santiago Casares Quiroga y Graco Marsá para Jaca, a fin de contener a Galán hasta el día 15. El 11 por la noche. Casares Quiroga estaba allí, pero se fue a acostar al Hotel de la Paz, sin ver a ninguno de los dirigentes de la conspiración que se hospedaban en el Hotel Mur. Hubo, sin embargo, un delegado que aquella misma noche propuso el aplazamiento. Pero llegaron los capitanes Salinas y Gallo, que precisaron: «Nosotros, en Zaragoza, hemos quedado de acuerdo con los elementos obreros para ir a la huelga general hoy; además, han avisado la sublevación a Madrid, Valencia y Sevilla»[8].

La suerte estaba echada. A las cinco de la mañana, el regimiento de Galicia ocupó la villa y se procedió a la detención del general Urruela, gobernador militar de la plaza, y del teniente coronel Beorlegui. Los guardias civiles, tras corta resistencia que costó la vida al sargento jefe, permanecieron inmóviles en su casa-cuartel. Pío Díaz, un viejo republicano, se hizo cargo del Ayuntamiento, donde se izó la bandera tricolor.

Al levantarse, Casares Quiroga, furioso, fue al encuentro de Galán: «Yo, desde luego —le dijo—, no puedo hacerme responsable de la sublevación; la fecha estaba dada para la madrugada del lunes, y yo sólo puedo avalar los actos que se realicen según el plan hecho por el Comité». Y dirigiéndose a su compañero: «Esta gente ha hundido la República por unos años; yo me marcho o me entrego». A lo que respondió Galán: «Ahora no es cuestión de protestas ni de desanimarnos. ¡La cosa está ya hecha! Dentro de una hora saldremos para Huesca. Tengo la seguridad de que triunfamos. Si el delegado del Gobierno no quiere venir con nosotros, que se quede; si el Comité nacional no se hace responsable del movimiento, nos da lo mismo… Ahora lo que se necesita es actuar. Cuando llegue la hora de cubrir cargos públicos, ya contaremos con ellos»[9].

La marcha se organizó muy lentamente. Se requisaron unos cincuenta camiones y, después de dar un rancho a la tropa, salieron dos columnas de Jaca —en total unos mil hombres, entre soldados y paisanos—, una por carretera y otra por tren. Llovía sin cesar y los soldados ya estaban empapados antes de salir. Más tarde, al encontrar la vía férrea cortada, se unieron en una sola columna por carretera.

En Madrid era mediodía cuando se enteraron, y eso por medio de un despacho recibido en Telégrafos. Una hora después, Berenguer se puso al habla con el capitán general de Aragón, general Fernández Heredia, que ya tenía alguna noticia de lo ocurrido. Desde luego, en Zaragoza no pasaba nada. Había agitación en las fábricas y entre los ferroviarios, pero todos esperaban instrucciones de las direcciones nacionales de sus respectivos Sindicatos.

Si las autoridades reaccionaban con lentitud, no era menor la de los sublevados, que desaprovecharon la ocasión de caer por sorpresa sobre Huesca. Avanzaban muy despacio. Ya caía la tarde cuando hicieron prisioneros a dos policías, que, procedentes de Huesca, iban en un taxi. Cerca de Anzánigo se encontraron con el general Las Heras, gobernador militar de Huesca, que iba con sus ayudantes y unos cuantos guardias civiles. Se acercó un oficial sublevado y el general hizo fuego a boca de jarro contra él. La respuesta fue una descarga cerrada de fusilería; cayó muerto su ayudante, capitán Mínguez; huyó herido, el general, con el resto de su grupo. (Poco después fallecería a consecuencia de las heridas). A partir de ese momento, se avanzó mucho más lentamente, por el sistema de altos repetidos y descubiertas. Era noche cerrada cuando la columna llegó a Ayerbe, localidad de vieja tradición republicana. Los habitantes ofrecieron víveres a la tropa y cincuenta voluntarios se unieron a la columna. A la una y media de la madrugada, bajo una lluvia helada, la columna reanudó su marcha: estaban a 22 kilómetros de Huesca.

A esa misma hora llegaban a esa ciudad fuerzas militares enviadas desde Zaragoza, que el general Dolía dispuso en las alturas próximas al santuario de Cillas.

Amanecía cuando la columna republicana divisó el santuario y las casas cercanas. El servicio de descubierta señaló que había allí tropas ocupando los montículos. Se envió, como parlamentarios, a los capitanes García Hernández y Salinas, que no debían regresar, pues fueron hechos prisioneros. Las ametralladoras gubernamentales comenzaron a disparar. No había opción; las fuerzas se desplegaron en guerrilla. La lucha era desigual; el fuego duró desde las siete y media hasta las nueve de la mañana; al final, las fuerzas de Galán se desorganizaron, las municiones se agotaron (habían huido los camiones de la cartuchería), y eran ya sesenta las bajas. El capitán Gallo intentó contener la desbandada, pero Galán dio orden de alto el fuego. Siguieron disparando, sin embargo, los gubernamentales y, a las diez de la mañana, lanzaron el escuadrón de Castillejos en persecución de los fugitivos. No obstante, el capitán Gallo organizó la retirada de un pequeño núcleo hacia Ayerbe, que se entregó, por la tarde, en correcta formación.

Galán marchó en el estribo de un camión hasta la pequeña localidad de Biscarrués. Pudo huir tranquilamente y pasar la frontera, pero creyó que su deber era entregarse y salvar así otras vidas. Y se entregó al alcalde de ese pueblecito.

En Madrid, el Gobierno empezó a tener noticias sobre lo que se preparaba para el lunes 15. A las ocho de la noche, Dolía telefoneó a Goded, subsecretario de Guerra, para decirle que Galán se había entregado. A medianoche, entre sábado y domingo, Berenguer y Mola, contra el criterio de Matos, ministro de la Gobernación, ordenaban la detención de los miembros del Gobierno Provisional y algunos de sus colaboradores. Al amanecer eran detenidos Miguel Maura y Alcalá Zamora. Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza llevaban ya varias horas detenidos en Alicante. Dos días más tarde ingresaron en la cárcel Largo Caballero y Fernando de los Ríos, y luego José Giral. Azaña se había puesto a salvo el día 14. Tampoco pudo encontrar la policía a Prieto, Martínez Barrio y Nicolau d’Olwer, y Marcelino Domingo se les escapó de entre las manos. Casares Quiroga, detenido en Jaca, pidió y obtuvo su traslado a la cárcel de Madrid. En cuanto a Lerroux, nadie le buscó[10].

La noche del día 13, Ossorio y Gallardo había dirigido una carta a Berenguer, pidiéndole que no se ejecutase ninguna pena capital por la sublevación de Jaca: «¡Por Dios y por España, señor Presidente, agote su esfuerzo en que no surja lo irremediable…! Para volver a su nuevo cauce, no es sangre lo que demanda España, sino justicia y libertad».

No creyó oportuno Berenguer intervenir en lo más mínimo para evitar ejecuciones. Mucho se ha hablado y discutido sobre la conducta del Rey y los ministros en aquellas veinticuatro horas. Hoy parece comprobado que se limitaron a no mover un dedo. En la mañana del domingo 14 de diciembre, un Consejo de guerra sumarísimo, presidido por el general Lascano, y formado por más de un comprometido en el movimiento, juzgaba en Huesca a los capitanes Galán, García Hernández, y Salinas, tenientes Muñoz y Fernández, y alférez Gisbert. Los dos primeros fueron condenados a muerte y los otros a cadena perpetua. El capitán general de Aragón, Jorge Fernández de Heredia, aprobó la sentencia. Contra una vieja tradición, la ejecución tuvo lugar en domingo. Aquella misma tarde eran fusilados Fermín Galán y Ángel García Hernández. García Hernández, creyente, confesó y comulgó antes. Galán, con emocionante entereza, fumó un pitillo y murió mirando los fusiles que disparaban.

El movimiento del 15 de diciembre

El movimiento del 15 de diciembre

La orden seguía en pie. El movimiento debía estallar en toda España la madrugada del 15. En Madrid, los aviadores republicanos decidieron cumplir con su palabra. Pero los artilleros de los cuarteles de Campamento, que estaban comprometidos, negaron su concurso. Largo Caballero dio a Muiño, secretario de la Casa del Pueblo, instrucciones sobre el movimiento. Según se ha dicho, de fuente socialista, la señal debía partir de un cohete que sería lanzado desde el cuartel de la Montaña.

Largo Caballero ha explicado después que el día 14 de diciembre quedó convenido que él daría las órdenes de huelga por medio de dos enlaces. Aquella noche pernoctó en el laboratorio de Negrín —donde también estaba Álvarez del Vayo— y dio las órdenes a los enlaces. Pero la huelga no se intentó tan siquiera[11].

Aquella madrugada llegaban a Cuatro Vientos el general Queipo de Llano, los comandantes Hidalgo de Cisneros y Pastor y el Capitán González Gil, a los que se sumaron poco después el comandante Franco, el mecánico Rada y algunos militares y paisanos, que se apoderaron fácilmente del aeródromo, vitoreados por los soldados, y sin que la oficialidad, que quedó detenida en un salón —salvo el comandante Roa y el oficial Castejón que se sumaron al movimiento— opusiese ninguna resistencia. La radio de Cuatro Vientos transmitía a todos los aeródromos de España: «Proclamada la República en Madrid, toquen diana». Hacia las siete de la mañana, dos aviones, pilotados por Álvarez Buylla e Hidalgo de Cisneros, despegaron hacia Madrid, lanzaron las señales convenidas para comenzar la huelga en las estaciones del Norte y de Mediodía, así como algunas proclamas, pero no observaron ningún signo de paro en la capital. Mientras tanto, el teniente Collar se había apoderado del polvorín de Retamares, y Queipo de Llano organizaba una columna para marchar sobre Campamento. Por su parte, Ramón Franco salió con un avión cargado de proclamas destinadas a los soldados y que amenazaban con un bombardeo de los cuarteles si en el plazo de media hora no se habían sumado al movimiento. Pero las bombas destinadas a ser lanzadas sobre el Palacio Real regresaron con el piloto a Cuatro Vientos. Franco dijo que el espectáculo de los niños jugando en la plaza de Oriente le había paralizado. En efecto, era aquélla una mañana clara, con el cielo añil de diciembre madrileño, y las gentes transitaban normalmente por las calles, aunque las proclamas eran recogidas y leídas ávidamente.

Mediada la mañana, la situación era cada vez más difícil. Queipo de Llano se replegó con su columna, tras haber fracasado su intento de tomar Campamento. Era ya claro que no había huelga en Madrid. Lo que sí había era una columna, mandada por el general Orgaz, con fuerzas de todas las armas, que avanzaba sobre Cuatro Vientos. De nuevo volaron Hidalgo de Cisneros y Aragón, para lanzar proclamas y observar a las fuerzas gubernamentales, que no tardaron en hacer hablar los cañones. Queipo de Llano, Franco y varios más tomaron los primeros aviones disponibles y salieron rumbo a Portugal. Pastor, Hidalgo de Cisneros y Aragón despegaron cuando ya las tropas de Orgaz entraban en Cuatro Vientos. A la una de la tarde quedaba completamente liquidada la resistencia. Mientras tanto, en la Casa del Pueblo reinaba la mayor de las confusiones. Los jóvenes socialistas querían ir a la huelga. Muiño, que había sido prevenido por Largo Caballero, no hizo nada. Besteiro dijo después que a media mañana había dado la orden de huelga, cosa que fue puesta en duda por otros directivos socialistas. Ni Muiño, ni Trífón Gómez, ni Saborit dieron un solo paso para declarar la huelga (lo que, por añadidura, era absurdo hacer a media mañana y no a la entrada al trabajo) y se contentaron con «amenazar» al Gobierno, por medio del abogado Ormaechea, de que si había nuevos fusilamientos entonces sí que se lanzaban ellos.

Mola ha escrito después que había estado en condiciones de asegurar al Gobierno que la U. G. T. no intentaría la huelga por la tarde y que «los anarquistas, sindicalistas y comunistas, únicos verdaderamente interesados en provocar la huelga se encontraron sin dirección»[12].

El día 15, la huelga era general en todas las ciudades importantes del Norte (San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Pamplona, Éibar, Tolosa, La Coruña); en Alicante y toda su provincia; en Jaén, Riotinto, Puertollano, Zaragoza, Logroño, Salamanca, Zamora. Pararon igualmente la mayoría de la zona minera de Asturias y Vizcaya, así como algunas fábricas en Barcelona y Valencia. En San Sebastián, los revolucionarios intentaron tomar por asalto el Gobierno civil. Hubo también serias refriegas entre huelguistas y fuerza pública en Gijón y Santander.

El Gobierno, tras proclamar el estado de guerra, restaurar la previa censura de prensa, clausurar el Ateneo de Madrid y declarar ilegales los Sindicatos de la C. N. T., afirmaba dominar la situación, pero la verdad es que estaba sumamente inquieto. Del 16 al 19, la huelga continuó, y a veces con caracteres insurreccionales en importantes zonas de Levante y Aragón. En Aspe fue proclamada la República y sitiado el cuartel de la Guardia civil; en Callosa del Segura, Elche, Elda y Monóvar se cortaron las comunicaciones telefónicas y en Novelda se levantó la vía férrea. En Gallur y otros pueblos de la provincia de Zaragoza fue igualmente proclamada la República. La situación era muy tensa en Valencia, donde el capitán general detuvo a quince concejales republicanos y no cesaba de pedir refuerzos. El Gobierno, que a las veinticuatro horas de comenzado el movimiento había desembarcado en Algeciras dos banderas del Tercio, enviaba una de ellas a Valencia, y la otra a Madrid para suplir al tercio móvil de la Guardia civil enviado a toda prisa a los puntos neurálgicos de las provincias. Pero esa segunda bandera fue desviada desde Alcázar de San Juan hacia los pueblos de Alicante.

Sin dirección central, con el tropiezo de Jaca, con la ilusión de que los militares comprometidos sacarían la tropa a la calle, y con la defección de la U. G. T. de Madrid, el alzamiento tenía inevitablemente que fracasar. Pero el Gobierno no daba impresión de solidez ni la opinión popular le asistía. El 20 de diciembre, el Gobierno Berenguer y el régimen no habían ganado la partida. A lo sumo, habían logrado un momentáneo empate[13].

Cae el Gobierno Berenguer

Cae el Gobierno Berenguer

Ciego había de estar quien no viera que aquel Gobierno se había enajenado las simpatías del país y que éste, sacudiendo el sopor de otras veces, estaba decidido a pasar a la acción. Con singular tino calificó la situación José Ortega y Gasset, al hablar del «error Berenguer» («el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto») en su famoso artículo, publicado en El Sol del 15 de noviembre, y que terminaba con el subversivo latinajo «Delenda est Monarchia». Decía Ortega, y no sin razón, que el error consistía en pretender la vuelta a la normalidad como si no hubiese pasado nada nuevo y anormal, es decir, el error consistía en la «recompostura» de que habló Machado. Cabe preguntarse, pues, si los medios palatinos y de la nobleza, los militares, etc., que se agrupaban en torno al Trono tenían otra opción. Sí la tenían los medios de la burguesía que apoyaban la «solución» constitucionalista y, sin duda, aquellos que se adscribieron a la República para que ésta fuese conservadora, pero las «grandes familias» del arcaico régimen no tenían más salida que intentar el reestreno de la comedia representada diez años atrás. Pronto veremos cómo las «grandes familias», o por lo menos la mayoría de ellas, jugaron la carta monárquica hasta la tarde del Catorce de Abril.

Empezó el año 1931. En su reunión del 10 de enero, el Consejo de ministros insistió en su propósito de convocar en fecha próxima elecciones legislativas. El 24 se levantó el estado de guerra, salvo en las regiones de Castilla la Nueva y Aragón. Ya en ese momento, la agitación estudiantil adquiría de nuevo grandes proporciones. A consecuencia de un encuentro con los «legionarios» del doctor Albiñana, varios miembros de la F. U. E. fueron detenidos. Para pedir su liberación, en la mañana del 20 se declaró la huelga en la Universidad, movimiento que fue secundado rápidamente por los inscritos en las facultades de Medicina y Farmacia. El día 21, los guardias, provistos de porras de goma y lanzando granadas lacrimógenas, cargaban contra los estudiantes. El resultado fue que la huelga se extendió a todas las universidades de España. Y el Gobierno no encontró mejor método que su antecesor: cerró las universidades. De nada sirvió la discrepancia del ministro de Instrucción Pública, Elías Tormo, quien, por cierto, tuvo un violento altercado con Mola a propósito de la intervención de la fuerza pública. Una contrariedad más grave le esperaba: el movimiento encaminado a abstenerse de participar en las elecciones, que iba a tomar carácter de condenación nacional. Inicióse este movimiento por los llamados constitucionalistas (Sánchez Guerra, Melquíades Álvarez, Villanueva, Bergamín y Burgos Mazo) que, reunidos el 29 en el Hotel Ritz, publicaron una nota negándose a participar en unas elecciones que no tuvieran carácter constituyente. Al día siguiente, como obedeciendo a un conjuro, todos los partidos republicanos hacían pública su abstención de la contienda electoral. El 3 de febrero, los Comités nacionales del Partido Socialista y de la U. G. T. tomaban idéntica decisión. El Gobierno empezó a preocuparse, pero creía contar con el apoyo de los partidos tradicionales: Liberal, Conservador, Lliga Regionalista, además de la Unión Monárquica y de otro partido ideado por Gabriel Maura. Así que en su reunión del día 4 aprobó el decreto —aparecido en la Gaceta del 8— convocando elecciones a diputados para el 1.º de marzo y a senadores para el 15 del mismo mes. Por otro decreto restablecieron las garantías constitucionales, «mientras dure el próximo período electoral», y se levantó la censura de prensa.

Cada día traía nuevas resonancias en favor de un cambio de régimen; el 10 de febrero fue sensacional la del manifiesto creando la Agrupación al Servicio de la República, encabezado por José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, a los que se unieron centenares de intelectuales de prestigio. En Segovia fue organizada y presidida por el gran poeta Antonio Machado[14].

Al día siguiente, la Junta directiva del Ateneo de Madrid, después de haber recabado, ante notario, del director general de Seguridad la reapertura de dicho centro y, como la respuesta fuese negativa, rompió los precintos y ocupó el salón de conferencias entre las aclamaciones de una gran multitud. Poco después, el jefe superior de Policía, al mando de numerosos guardias, clausuró de nuevo los locales.

En fin, el Colegio de Abogados, presidido por Ossorio y Gallardo, declaraba el día 13: «El problema genérico que planteamos es, en síntesis, si España ha de vivir dentro o fuera del Derecho». Comprendió el Rey que Berenguer había fracasado y, una vez más, Romanones intentó salvar la situación. Para ello había que darle la puntilla al Gobierno Berenguer, al que el pueblo llamó «la dicta-blanda».

Secreteando, Romanones fue a Palacio, sin que los ministros lo sospechasen. Y allí dijo a su señor que la única solución era un Gobierno más representativo de los partidos clásicos, que fuese primero a la celebración de elecciones municipales y provinciales que, con menor carga política, permitirían al régimen afrontar luego las legislativas. Romanones debía ser el deux ex machina de ese Gobierno, en cuya presidencia sería colocado un hombre tan inocuo como el almirante Aznar.

La primera noticia, que tuvo caracteres de terremoto en el mundillo político de la Corte, fue que el día 13, Romanones y García Prieto, en nombre de los grupos «liberales», daban a la publicidad una nota haciendo saber que si participaban en las elecciones convocadas lo harían con el exclusivo propósito de pedir la disolución de las Cortes en cuanto estuviesen reunidas y la inmediata convocatoria de elecciones a Constituyentes.

Aquella tarde, Cambó publicaba otra nota afirmando que, en vista de la actitud de los jefes liberales, era preferible afrontar claramente el problema político, «evitando los inconvenientes y los peligros notorios del régimen de interinidad». Esta nota fue dada en Barcelona, antes de que fuese conocida la de Romanones y García Prieto. ¿Extraño? En modo alguno. Romanones había tenido buen cuidado de ponerse de acuerdo previamente con el jefe de la Lliga Regionalista.

Berenguer, que, enfermo de un pie, no se movía del ministerio de la Guerra, llamó al Rey. A las nueve de la mañana del día 14 llegaba éste al palacio de Buenavista. Planteó Berenguer la dimisión y el Rey, aunque haciéndose de nuevas, la aceptó sin pestañear. Y sin perder un minuto regresó a Palacio para abrir las consultas. Aquella misma mañana recibió a Gabriel Maura, a García Prieto y ya, de manera oficial a Romanones. Al mismo tiempo, se suspendía la convocatoria a elecciones legislativas y se restablecía la censura de prensa. Todo estaba hecho a las dos de la tarde. Después de comer, don Alfonso recibió sucesivamente a Sánchez Guerra, Bugallal, Sánchez de Toca, Melquíades Álvarez, Villanueva y La Cierva. Santiago Alba, que seguía en París, era consultado telegráficamente. El día 15 llegó Cambó a Madrid y fue recibido por el Monarca, que celebró una conferencia telefónica con Alba, ofreciéndole el Poder. Alba rehusó y aconsejó la formación de un gobierno por los «constitucionalistas».

Por razones que no están claras —simple maniobra o deseo de una solución «avanzada»—, el Rey encargó al día siguiente a Sánchez Guerra (quien acababa de decirle que «la realidad tiene más fuerza que la realeza») la formación de un gobierno conforme a su libre juicio. Y Sánchez Guerra fue a la Cárcel Modeló para tratar con Alcalá Zamora, Miguel Maura, Fernando de los Ríos y Largo Caballero, que rehusaron en redondo. También Ossorio y Gallardo se negó a aceptar la cartera de Gobernación, y lo mismo hicieron Marañón y Ortega y Gasset[15]. No cejó Sánchez Guerra y a la mañana siguiente llevó al Rey una lista de gobierno[16].

No hubo acuerdo entre Sánchez Guerra y el Rey. Insistió don Alfonso en que Romanones y García Prieto formasen parte del Gobierno, a lo que se oponían Melquíades Álvarez y Burgos Mazo. Tal vez, el Rey quería tan sólo cubrirse mostrando que había intentado la apertura constituyente, para volver luego al proyecto Romanones. El caso fue que Melquíades Álvarez rehusó un encargo que no tenía ya objeto y que Romanones, más activo que nunca, organizó para aquella misma noche una reunión en el Ministerio de la Guerra de la que había de salir el último Gobierno de la Monarquía. Asistieron a ella Berenguer, La Cierva, Gabriel Maura, Bugallal, Bertrán y Musitu (en representación de Cambó), Wais, García Prieto y Romanones.

De «encerrona» ha calificado Gabriel Maura aquella reunión. Fuéralo o no, de ella, salió formado el nuevo Gobierno, que juraba ante el Rey en la mañana del 19[17].

Para darse cuenta de que, con encerrona o sin ella, los hombres de la oligarquía formaban el cuadro en tomo al Trono, cada vez más temerosos del estallido revolucionario, es imprescindible un somero análisis de la significación de esos ministros.

No está de más recordar quién era Romanones, socialmente hablando: uno de los grandes terratenientes de España, cuyas inmensas propiedades no se limitaban a la provincia de Guadalajara, con ser éstas tan importantes; concesionario de la producción de mercurio, principal accionista de Minas del Rif, de Peñarroya, de los ferrocarriles, estrechamente ligado a los capitales franceses, presidente de la S. A. de Fibras artificiales, dependiente también de intereses franceses. ¿Y García Prieto? Consejero del Banco Español de Crédito, del Banco Hipotecario, de Tabacos de Filipinas, de la Unión y el Fénix, de la Franco-Española de Seguros, etc. ¿Ventosa? Presidente de Luz y Fuerza de Levante y de la Sociedad Financiera de Industrias y Transportes, vicepresidente de la C. H. A. D. E. y del Banco Vitalicio, consejero de Electricidad y Gas Lebon, Aguas de Barcelona, Eléctricas Reunidas, de Zaragoza, La España Industrial, S. A., Covadonga, S. A., Compañía Sevillana de Electricidad, etc., sin contar las posiciones financieras de Cambó y de Bertrán y Musitu, políticamente identificados con él. En cuanto al duque de Maura, consejero del Banco Español de Crédito y de varias otras compañías, estaba además familiarmente entroncado en lo más añoso de la oligarquía. Hay muchas personas que saben del marqués de Hoyos que era grande de España y muy devoto al Rey. ¿Sólo eso? Este noble, coronel de Artillería retirado, gran terrateniente, era también presidente de Minas de Potasa de Suria (empresa de capital extranjero), de Compañía de Marismas del Guadalquivir, consejero de la Compañía Colonial de África y de otras varias empresas. Mariano Marfil, nombrado por el subsecretario de Gobernación, era la primera figura de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. En fin, La Cierva representaba a un importante sector conservador, y Bugallal, también conservador, al vasto complejo caciquil de Galicia y parte de Castilla.

Se dirá que el otro sector de la oligarquía no estaba allí representado: aquel que, procedente del ascenso capitalista en el Norte durante el siglo XIX, había conquistado las primeras posiciones en la siderurgia, la electricidad etc., y recibido de Alfonso XIII los títulos de nobleza. Es verdad, porque ese sector, salvo alguna excepción, ha preferido siempre que gobiernen otros con tal de que le dejen manos libres para sus negocios. Ese sector no participó en los gobiernos de la Dictadura y, sin embargo, fue uno de los principales beneficiarios de la situación. No negó jamás su apoyo a la Monarquía, pero tampoco quiso comprometerse en esta defensa desesperada de los últimos momentos.

Junto al Rey, hasta el último minuto, estuvieron también los representantes de la nobleza más linajuda, propietarios, a su vez, de las mayores extensiones de tierras: sin hablar del duque de Alba, exponente de la nobleza propietaria integrada ya al capital financiero, ¿quiénes fueron a Palacio, en la última imposición del Toisón de Oro, a la última presentación de credenciales (del embajador de Italia) o a la última ceremonia de la capilla real, el domingo de Resurrección, 7 de abril? Los duques de Medinaceli, de Fernán-Núñez, de Vistahermosa, de Arión, de Miranda… y además, naturalmente, aquella nobleza que no era más que mayordomía de la Casa Real.

Para mejor situar la participación de los hombres de la Lliga en este esfuerzo político, conviene señalar que ya no eran, como veinte años atrás, unos capitalistas catalanes, sino que se habían incorporado a la oligarquía dominadora de España entera. El caso no se planteaba tan siquiera en la alta burguesía vasca, puesto que este sector social no había estado nunca identificado, salvo excepciones personales, con los problemas netamente vascos, sino que había pasado a ocupar puestos clave del capitalismo español en su conjunto desde que se conectan bancos e industrias, y se desarrolla la siderurgia y la producción de energía eléctrica.

También estaban con la Monarquía otras primerísimas figuras del gran capital español: un conde de Gamazo, verdadero rey de los negocios, que realizó la operación, de desalojar a los republicanos del diario El Sol semanas antes de caer el régimen; un marqués de Foronda, presidente de la Sevillana de Electricidad y de Tranvías de Barcelona, gran accionista de múltiples empresas. Alineados en el mismo frente estaban los Gómez-Acebo, Güell, Martínez Campos, etc.

En resumen, la casi totalidad de los grupos familiares que tenían en sus manos las palancas de la economía nacional, los títulos de riqueza, las fuentes de ingresos más cuantiosas estuvieron hasta el último día con la monarquía de Alfonso XIII. Cuando se habla de «burgueses y propietarios que se hicieron republicanos» se comete un error si no se explica que se trataba de casos excepcionales, o bien de una tendencia que se manifestó a partir de 1930 en industriales y comerciantes de tipo medio o mínimo. Este dato es muy importante para intentar un conocimiento lo más objetivo posible de los acontecimientos históricos posteriores a 1931.

El régimen se desmorona

El régimen se desmorona

El nuevo Gobierno jugaba con fuego. Decretó la reapertura de las universidades y del Ateneo de Madrid, autorizó el regreso de Macià y, por último, el 6 de marzo, convocó a elecciones municipales en toda España para el 12 de abril; el 3 de mayo deberían tener lugar las elecciones provinciales, el 7 de junio las de diputados y el 15 del mismo mes las de senadores. Romanones, García Prieto, La Cierva y Bugallal creían que todo se arreglaría, y la prensa monárquica, ABC y El Debate en primer lugar, se esforzaba por demostrar que España estaba inmunizada contra toda sacudida revolucionaria.

Los gobernantes ignoraban enteramente el estado de ánimo de los españoles. Gabriel Maura, Cambó, César Silió y varios personajes más tuvieron todavía arrestos para fundar un Partido del Centro Constitucional, que nació muerto. El Gobierno, ayudado por el conde de Gamazo y por Lequerica, consiguió la compra de la mayoría de acciones de El Sol por capitalistas de derecha para privar de esta tribuna a los republicanos (Urgoiti, Félix Lorenzo y sus colaboradores fundaron entonces Crisol) Ventosa y Calvell persistía en intentar la estabilización de la peseta, cuyo cambio con la libra estaba a 46.

En el campo adverso, la oposición se encontraba más segura que nunca. Los miembros del Gobierno Provisional dieron una nota en la que afirmaban estar seguros de que «unas elecciones verdaderas proclamarían legalmente la República». Republicanos y socialistas estimaron que la situación había madurado para pensar en la posibilidad de un cambio de régimen sin recurrir a la violencia. Por otra parte, querían así paralizar la acción de Lerroux, quien, gozando de plena libertad en una clandestinidad tolerada, actuaba de modo que los restantes grupos de la oposición no consideraban muy tranquilizador. El Partido Socialista y la U. G. T. atravesaron una breve crisis de dirección: Besteiro, que no era partidario de reforzar la acción, conjunta con el Comité Revolucionario, fue puesto en minoría, y dimitió, seguido por Trifón Gómez, Andrés Saborit, Aníbal Sánchez, Andrés Ovejero y Lucio Martínez. La mayoría del Comité Nacional, siguiendo el criterio de los dirigentes socialistas encarcelados —expresado en la reunión por Wenceslao Carrillo y Enrique de Santiago—, decidió tomar medidas orgánicas para estrechar la unión con los restantes grupos antimonárquicos.

Por su parte, los grupos catalanes de izquierda, reunidos en Barcelona, bajo la presidencia de Macià, fundaron la Esquerra Republicana de Catalunya, que aglutinaba a Estat Català, el grupo de L’Opinió, etc. Dirigida por Macià, Aguadé, Companys, Lluhí Valieseis Gassol, Torres, Casanovas, etc., llamó a todos los Centros y grupos republicanos de izquierda que hubiesen combatido a la Dictadura y fuesen partidarios de la autonomía de Cataluña[18].

Todavía el 10 de marzo, el ministro de la Gobernación enviaba un telegrama en clave a los gobernadores civiles diciendo: «Próximas elecciones municipales interesa conocer si cuentan capital y principales ciudades esa provincia con elementos que aseguren mayoría monárquica dentro aplicación respetuosa Ley. Deberá V. E. procurar con gestiones privadas concordia fuerzas políticas tal clase para que triunfo monárquico dé sensación verdadera opinión pública».

Al día siguiente, la oposición conocía el contenido de ese telegrama. Ignoraba el marqués de Hoyos lo que ya sabía el general Mola, a juzgar por sus propias palabras: «salvo muy contados funcionarios, que ponían en el desempeño de su cometido interés, inteligencia y entusiasmo, los demás se limitaban a cubrir el expediente». Emilio Mola, op. cit., pág. 631.

El día 13, en el cuartel de la Victoria de Jaca, el general de división Gómez Morato abría la vista del Consejo de guerra contra setenta y tres militares que habían participado en la sublevación del 12 de diciembre. Con él, se sentaban en el tribunal los generales Nicolás Rodríguez Arias, Francisco Franco, José Castro, Arturo Lezcano y Emilio Luna. El fiscal, comandante Requejo, pidió seis penas de muerte, sesenta y una de reclusión perpetua y seis absoluciones. El día 18, el Consejo de guerra condenaba a muerte al capitán Sediles, a reclusión perpetua al capitán Moreno, teniente Mendoza, alférez Manzanares y sargento Nurgos; cincuenta y dos lo eran a veinte años, y seis absueltos.

Al simple anuncio del Consejo de guerra, la opinión del país se manifestó en forma de inmensa campaña por la amnistía expresada por telegramas, cartas, reuniones y desfiles, aunque éstos no los permitía el Gobierno. La madre de Galán y la viuda de García Hernández encabezaron la petición nacional de amnistía, a la que se sumaron en Madrid no sólo la U. G. T., la F. U. E., el Ateneo, etc., sino también el Ayuntamiento y el Círculo de la Unión Mercantil. Puede decirse que la situación cambiaba por horas y no es extraño que Ventosa y Calvell se quejase públicamente de la «hemorragia de capitales» hacia el extranjero, producida principalmente por los exportadores que no ingresaban el producto de sus ventas en los bancos del país, sino que lo situaban en el extranjero «hasta ver qué pasaba». En un mes, el pánico ganaba a unos y el entusiasmo a otros.

El mismo día 18, los estudiantes madrileños salieron en manifestación desde la Universidad y la Facultad de Medicina hasta la Puerta del Sol y calle de Alcalá, dando vivas a la República, mueras al Rey y pidiendo el indulto de Sediles. Por la tarde, el Consejo de ministros acordó proponer al Rey la gracia, mientras continuaban las manifestaciones en Barcelona, Sevilla, Valencia y otras ciudades.

Dos días después se celebró en las Salesas la vista de la causa contra los miembros del Gobierno Provisional detenidos en la cárcel de Madrid: Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Casares Quiroga y Álvaro de Albornoz. Ossorio y Gallardo defendió a los dos primeros, Sánchez Román a Largo Caballero, Bergantín a Fernando de los Ríos, Victoria Kent a Albornoz, y Jiménez de Asúa a Casares Quiroga. Por pertenecer uno de los encartados —Largo Caballero— al Consejo de Estado, fueron juzgados por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, presidido por el general Burguete. Comenzó la vista en una inmensa sala llena de público que, al igual que el que se estacionaba en los pasillos, vestíbulos y en las calles, no desaprovechó ocasión para expresar su simpatía a los procesados.

Al día siguiente por la mañana, el fiscal, Valeriano Villanueva, pidió la pena de quince años para Alcalá Zamora y de ocho para los demás procesados. Acto seguido se levantó a informar el primero de los defensores: Ossorio y Gallardo. La base de su argumentación fue que el Poder era ilegítimo desde el día 13 de septiembre de 1923; no era, pues, delito alzarse contra una autoridad que había dejado de ser legítima. Esta idea básica file utilizada y desarrollada por todos los defensores. Luego hablaron los procesados, y la vista se convirtió en un mitin, al que no faltaron las aclamaciones del público. A las ocho y media de la noche del sábado 21 de marzo terminó el Consejo de guerra. Fuese cual fuere la sentencia, los procesados habían vencido en toda la línea. Como mucho después ha escrito Ossorio y Gallardo, «en aquellos momentos ni la Guardia civil, ni el Consejo Supremo de Guerra, ni el Gobierno, ni el Rey, ni nadie tenía ya fuerza ninguna. El régimen había caído»[19].

A las seis de la tarde del lunes 23, el Consejo de guerra notificaba la sentencia: seis meses y un día, por haberse tenido en cuenta circunstancias atenuantes. Burguete y dos vocales habían votado por la absolución. El presidente del Tribunal hizo unas declaraciones a la prensa y fue destituido y enviado al castillo de Santa Catalina, en Cádiz, a cumplir dos meses de arresto, pero ya antes, el día 24, el Consejo había decretado, tras audición del fiscal, la libertad provisional de los condenados. Aquella misma tarde fueron literalmente sacados en hombros de la cárcel por una multitud entusiasta que los ovacionaba.

Pero ya en aquel momento el empuje popular se canalizaba tras la petición unánime de amnistía. Aquella misma tarde, a la salida de un mitin celebrado en la Casa del Pueblo, se organizó una manifestación que recorrió las calles de Barquillo y Alcalá. En toda España había mítines y manifestaciones por idéntico motivo.

Los incidentes de San Carlos

Los incidentes de San Carlos

El día 24 los estudiantes suspendieron las clases al grito de ¡Amnistía! y el general Mola dispuso una verdadera movilización de las fuerzas de Seguridad. Delante de la Facultad de Medicina se produjeron algunos choques y «la fuerza tuvo necesidad de hacer unos cuantos disparos para atemorizar a los que la agredían» (Mola). A la una de la tarde, una comisión de la F. U. E. pidió permiso a Mola para celebrar una manifestación, cosa que fue denegada por el director general de Seguridad, pero la Junta de Gobierno de la F. U. E. ratificó la orden de huelga. Las manifestaciones no cesaban tampoco en el resto del país. Aquella misma tarde, más de 30 000 manifestantes eran verdaderamente dueños de las calles de Valencia. En Córdoba, obreros y jornaleros del campo asaltaron tiendas de comestibles y chocaron con fuerzas de la Guardia civil a caballo. En Madrid hubo manifestaciones y cargas poco después de anochecido en la Puerta del Sol, suceso que se vino repitiendo, con mayor o menor intensidad, durante la última semana del mes de marzo.

El día 25, se cerraron la Universidad y la Facultad de Medicina, pero los estudiantes lograron penetrar en ésta y desde la azotea comenzaron a bombardear con cascotes a los guardias. Los escolares, a los que se unieron grupos de obreros, consiguieron hacer varias salidas a la calle de Atocha, con los consabidos vítores a la República y «mueras» al Rey. Los obreros, cada vez más numerosos en la Glorieta de Atocha y hacia Antón Martín, expresaban su simpatía por los estudiantes y fueron objeto de repetidas cargas policiacas. Hacia mediodía se presentaron numerosas fuerzas de la Guardia civil a pie y a caballo, que fueron acogidas con una estrepitosa silba. Mola pretendía nada menos que tomar por asalto la Facultad, apoyado por La Cierva, a lo que el marqués de Hoyos se opuso. Con el pretexto de socorrer a un comisario y varios agentes atrincherados en la posada de San Blas, la Guardia civil pasó al ataque y comenzó el fuego graneado contra la Facultad. Como suele ocurrir en estos casos, se dijo que los primeros disparos habían sido hechos contra la fuerza pública. La verdad es que la batalla fue muy desigual. El asedio a la Facultad de San Carlos por la fuerza pública duró hasta las dos y cuarto de la tarde, hora en que el ministro de la Gobernación, ante la enérgica actitud del claustro de profesores, ordenó el «alto el fuego», con gran contrariedad del general Mola[20].

Un manifestante, Ramón Sempere, falleció a consecuencia de los disparos y también el guardia civil Hermógenes Domínguez. Once, estudiantes y obreros fueron heridos gravemente por arma de fuego —el joven García Ortega perdió un ojo— y hubo muchos más heridos leves que, por razones de seguridad, no declararon su estado. Varios guardias resultaron asimismo heridos o contusos, casi todos por piedras.

La emoción que se produjo después del «sitio de San Carlos» es difícilmente descriptible. La F. U. E. de Madrid y la Casa del Pueblo difundieron aquella misma tarde, sendas notas protestando de lo ocurrido y pidiendo la destitución del director general de Seguridad. Al día siguiente, la Junta de Gobierno de la Universidad (rector dimisionario, vicerectores, decanos y delegados de los claustros) acordó unánimemente, «poner en conocimiento del Gobierno la manifestación de su más viva repulsa por lo acaecido, que viene a imposibilitar la labor de dirección que tiene la Junta encomendada, y solicitar como satisfacción a sus sentimientos de justicia lastimados, la inmediata destitución del director general de Seguridad y la depuración de toda clase de responsabilidades con motivo de los sucesos contraídas»[21].

El día 26 hubo nuevas manifestaciones desde por la mañana. A mediodía, las chicas de la Escuela Normal se unieron a sus compañeros y recorrieron la calle Atocha gritando «¡Amnistía!» y «¡Abajo los bárbaros!». Los choques entre huelguistas y fuerza pública se sucedieron en la calle Carretas, calle Mayor, etc. Por la tarde, los obreros, con banderas rojas, recorrieron la barriada del Pacífico.

En Valencia los estudiantes declararon la huelga y, delante de la Facultad de Medicina, paralizaron la circulación de tranvías. La policía registró los locales de la F. U. E. Las manifestaciones en favor de la amnistía, cada vez más numerosas y enérgicas, se sucedían en Salamanca, Alicante, Huelva, Alcira, Granada, San Sebastián… En Barcelona, los estudiantes en huelga se hicieron también fuertes en la Universidad y apedrearon a la fuerza pública.

El movimiento popular, en el que se conjugaban la acción por la amnistía y la campaña electoral, adquiría proporciones arrolladoras. Baste, a modo de ejemplo, con esta simple relación, tomada de la prensa, de los actos celebrados el domingo 28 de marzo: mítines de la Conjunción republicano-socialista en Valencia, Sevilla, Alicante, Córdoba, La Corana, Barcelona, Oviedo, Burgos, Segovia, Huesca. En Alicante, 12 000 manifestantes chocaban con la fuerza pública, en Córdoba 10 000 recorrían las calles de la ciudad; en Cartagena, Gijón, Játiva, Burgos, Plasencia, en varios pueblos de la provincia de Huesca, etc., tuvieron lugar otras tantas manifestaciones.

El Gobierno era ya impotente contra aquel mar de protestas, lo que refleja el marqués de Hoyos en sus Memorias, al responder a la pregunta de por qué no se abría expediente a las autoridades universitarias: «Porque no tenía el Gobierno fuerza para hacerlo. Porque la de las Universidades, sumada a la de los revolucionarios, podía más que el Gobierno».

En esta situación, el ministro de Hacienda, perseverando en su propósito de estabilizar la peseta, anunció que había concertado un empréstito por valor de 60 millones de dólares (562 200 000 pesetas) con un grupo bancario encabezado por el Banco Morgan, el National City, de Nueva York, y el Banco de París y los Países Bajos. Toda la oposición protestó considerando que el empréstito era ilegal, pues la decisión de realizarlo competía a las Cortes. Argüía Ventosa y Calvell que el empréstito lo hacía el Banco de España, y el Estado se limitaba a garantizarlo. Se trataba de un crédito por 18 meses, en el que Morgan y los bancos norteamericanos aportaban 39 millones de dólares, y los bancos europeos 21. Ventosa, que ya había sondeado a los bancos españoles, con resultados favorables, obtuvo el día 31 el acuerdo del Consejo Superior Bancario (en el que figuraban, entre otros, Juan Manuel de Urquijo, el marqués de Cortina, el conde de los Gaitanes y Ocharán). Una vez más se demostraba que la oligarquía bancaria y terrateniente apoyaba a la Monarquía hasta cuando cualquier observador podía prever su próximo fin. Por ejemplo, el Financial News, de Londres, del 1.º de abril, expresaba las reticencias de los medios financieros británicos a contribuir al proyecto de estabilización. A fin de cuentas, el empréstito Morgan no se hizo, porque la República llegó antes.

Las elecciones municipales del 12 de abril

Las elecciones municipales del 12 de abril

Comenzó el mes de abril, en plena Semana Santa y puede decirse que España entera estaba en vilo, a sabiendas de que el voto del día 12 iba a decidir, no ya la designación de regidores municipales, sino el destino entero del país.

La Conjunción republicano-socialista desplegaba una actividad sin precedentes. Los mítines de propaganda electoral reunían a muchedumbres enfervorizadas, que veían en una futura República, todavía mal definida, la promesa de colmar sus más heterogéneas aspiraciones.

Reuníanse las personalidades monárquicas con objeto de concertarse en frente común. Llegaron a crear un centro de Reacción Ciudadana, presidido por Julio Danvila (en cuyos mítines habló el joven abogado José María Gil Robles), pero sus esfuerzos encontraron un eco muy limitado. En general, los monárquicos creían perder las elecciones en Madrid, Valencia, Sevilla y alguna otra capital, pero ganarlas en el resto del país.

En Barcelona, Cambó y sus amigos de la Lliga Regionalista, contando con la abstención electoral de los anarcosindicalistas y con la falta de unión de las izquierdas (Acció Catalana no había querido coligarse con Esquerra Republicana), creían en su triunfo.

En el País Vasco, los nacionalistas iban a las elecciones con bandera propia. En un mitin celebrado en el Frontón Euskalduna, de Bilbao, dijeron que eran republicanos vascos con la enseña de la cruz de Cristo. En cuanto a la C. N. T., su actitud constituía aún una incógnita, y los comunistas, empeñados en su táctica de «ningún compromiso» y en hablar de «gobierno obrero y campesino», e interpretando mecánicamente las experiencias de la revolución rusa, presentaban candidaturas aparte, que sólo tenían arraigo en Sevilla y en la zona minera de Vizcaya.

Debe hacerse mención de que por aquel tiempo apareció un semanario (su primer número era del 14 de marzo), La conquista del Estado, al que la gente no hacía mucho caso. Su manifiesto político, firmado, entre otros, por Ramiro Ledesma Ramos, Ernesto Giménez Caballera y Juan Aparicio, proclamaba la supremacía del Estado y la estructura sindical de la economía, más allá del marxismo y del capitalismo liberal. La influencia del fascismo italiano era inequívoca. La conquista del Estado, en sus números sucesivos, calificó de «inútil pugna electoral», de «farsa de señoritos monárquicos y republicanos», el hecho político del que España entera estaba pendiente. Su grito era: «¡Viva la España joven, imperial y revolucionaria!». Dado el desarrollo posterior de la historia de España, resulta imprescindible hacer esta mención del grupo encabezado por Ledesma Ramos.

Verdad es que, mientras tanto, Sediles, Salinas y otros condenados eran embarcados rumbo a Mahón para cumplir su condena, que Galarza seguía en la cárcel, que se preparaba el Consejo de guerra contra los sublevados de Cuatro Vientos. Todo en vano; la provisionalidad flotaba en el aire. Y Mola sufría deformación profesional cuando creyendo en los informes dados desde París por Quiñones de León (cuya vocación policiaca corría pareja con la diplomacia, y en esto están de acuerdo los testigos de todas las cadencias), instruía a los gobernadores civiles para que estuviesen prestos a reprimir imaginarias subversiones.

El 11 de abril, Madrid estaba cubierto de carteles Pectorales y de inscripciones, alfombrado de octavillas de todas las tendencias. ABC y El Debate proclamaban la certeza de la victoria monárquica, estado de espíritu que era impartido en Palacio Real, a juzgar por lo que Miguel Maura ha contado mucho después, basado en el testimonio de su hermano Honorio, compañero de Alfonso XIII en sus liarías partidas de tiro de pichón[22]. El hecho, en realidad sin significación, de que en determinados lugares hubieran sido elegidos por el artículo 29 —es decir, proclamados vencedores por no tener contrincantes— 1167 concejales monárquicos contra sólo 194 republicanos, afianzaba el optimismo de los círculos dinásticos.

Hasta medianoche, las calles de Madrid estuvieron llenas de una multitud apasionada: mítines, automóviles con altavoces, grupos repartiendo candidaturas, altercados más o menos violentos, algunas cargas y carreras fueron matizando la tensión de aquella noche.

Desde las ocho de la mañana del domingo 12 se formaron interminables hileras de ciudadanos ante los colegios electorales, en espera de votar. Los candidatos republicano-socialistas recorrían los colegios y eran ovacionados en todas partes.

A media tarde se empezaron a tener noticias del resultado de las elecciones. En la Casa del Pueblo, abarrotada de trabajadores, se izaba la bandera roja a las cuatro de la tarde. Inmediatamente, la Guardia civil acordonó el edificio, pero la Junta exigió del ministro de la Gobernación que se retirase la fuerza pública. Pocos minutos después llegaban Alcalá Zamora y todos los candidatos republicanos y socialistas. Su triunfo —ya se sabía— era, aplastante. En él total de los diez distritos de Madrid la Conjunción republicano-socialista había obtenido 91 898 votos y los monárquicos 33 884. No hubo un solo distrito en que ganasen los monárquicos, ni siquiera en los barrios de gente adinerada[23]. Javier Tusell, que ha tomado como fuente el Boletín Oficial de la Provincia, da 90 630 votos republicanos y 31 616 monárquicos[24].

Las noticias de las demás provincias llegaban al ministerio de la Gobernación, donde se habían ido reuniendo casi todos los miembros del Gobierno, así como el general Sanjurjo, director de la Guardia civil.

Como las columnas de unos vasos comunicantes, la consternación aumentaba en el ministerio de la Puerta del Sol, y el júbilo en la casa sindical de la calle de Píamonte. No había duda. En vano especulaba el marqués de Hoyos con el hecho de que habían sido elegidos 22 150 concejales monárquicos y 5875 republicanos. Nadie ignoraba, ni el propio marqués de Hoyos que esos seis mil escasos concejales representaban mayor número de votos que los veintidós mil, porque habían sido elegidos en capitales y ciudades importantes en las que cada concejal representaba a un número mucho mayor de electores. Pero, como ha dicho luego el Marqués, «el ministro de la Gobernación no podía expresarse de otro modo». Ni él ni sus colegas se engañaban aquel atardecer: en las capitales de provincia habían sido elegidos 953 concejales de la Conjunción republicano-socialista y 602 monárquicos, sin contar las Canarias, cuyos resultados no habían llegado (también fueron favorables a la República). Soria, Pamplona, Lugo, Gerona, Cádiz, Burgos, Palma de Mallorca, Ávila y Vitoria fueron las únicas capitales favorables a los monárquicos. Pronto se supo que los republicanos triunfaban en Barcelona, Denia, Novelda, Elda, Alcoy, Algeciras, Ceuta, Alcázar de San Juan, Puertollano, Manzanares, Almadén, Villa del Río (donde triunfaban los comunistas), Peñarroya, Lacena, Puente Genil, Fernán-Núñez (feudo del Duque), Montilla, Irún, Mondragón, Éibar, Jaca, Tarrasa, Sabadell, Alcira, Écija, Torrelavega, Úbeda, Linares, Cartagena, Béjar, Talavera, Menorca, Medina del Campo, Gandía, Gijón, Mieres y todas las cuencas mineras de Asturias, Vizcaya y Riotinto. Los monárquicos sólo se apuntaban victorias de núcleos urbanos importantes en Vigo, Jerez de la Frontera, Tuy y Valdepeñas. Romanones y La Cierva se habían hundido en sus respectivos feudos: Guadalajara y Murcia.

Miguel M. Cuadrado[25] que parte, como nosotros hicimos, de los datos del Anuario Estadístico 1932-1933, da el siguiente resultado de concejales elegidos en toda España:

Por el artículo 29, un total de 29 804, que se descomponen así:

Monárquicos | 6065
Otros (presuntamente monárquicos) | 6043
Republicanos | 13 940
Socialistas | 887
Comunistas | 10
Sin datos | 2859

Elegidos en votación, un total de 50 988, así divididos:

Monárquicos | 12 970
Otros (presunt. monárquicos) | 9155
Republicanos | 20 748
Socialistas | 3926
Comunistas | 57
Sin datos | 4132

Después de cenar, Romanones preguntó a Sanjurjo: «Hasta hoy ha respondido usted de la Guardia civil, ¿podrá hacer lo mismo cuando mañana se conozca la voluntad del país?».

Según Romanones, Sanjurjo se limitó a bajar la cabeza; según Gabriel Maura, el general respondió: «Hasta ayer, sábado, por la tarde, respondía de ella en absoluto; después de estas elecciones… Y calló aquí, completando la frase con un significativo encogimiento de hombros»; Según el marqués de Hoyos, Sanjurjo, al encogerse de hombros, dijo: «Cosas como ésta impresionan a todo el mundo». En los tres casos, el resultado era el mismo.

Y Romanones, primero en dar la cara a los periodistas, no vaciló en decir: «El resultado de las elecciones no puede ser más lamentable para los monárquicos. Ésta es la realidad, y es preciso decirla, porque ocultarla sería contraproducente e inútil».

El Rey, por medio de su ayudante, teniente coronel Pablo Martín Alonso, pedía noticias por teléfono. Romanones velaba pensando en la manera de salvar al Rey, si no a la Corona. Berenguer, muy impresionado, envió un telegrama, antes de acostarse, a los capitanes generales de las regiones: «Las elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que por lo ocurrido en la propia región de V. E. puede suponer. El escrutinio señala hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales capitales; en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., se han perdido las elecciones.

»Esto determina una situación delicadísima que el Gobierno ha de considerar en cuanto posea los datos necesarios. En momento de tal trascendencia no se ocultará a V. E. la absoluta necesidad de proceder con la mayor serenidad por parte de todos, con el corazón puesto en los sagrados intereses de la Patria, que el Ejército es el llamado a garantizar siempre en todo momento.

»Conserve V. E. estrecho contacto con todas las guarniciones de su Región, recomendando a todos absoluta confianza en el mando, obteniendo a toda costa la disciplina y prestando la colaboración que se le pida al orden público.

»Ello será garantía de que los destinos de la Patria han de seguir sin trastornos que la dañen intensamente, el curso lógico que les imponga la suprema voluntad nacional». Era la una y cuarto de la madrugada del día 13 de abril.

Berenguer no se había movido del ministerio de la Guerra, A las dos de la mañana llegó a verlo el marqués de Hoyos, acompañado hasta la puerta por el conde de Gamazo.

En la Casa del Pueblo, muy cerca de allí, el entusiasmo era indescriptible. Eran las cinco de la mañana cuando salieron de ella los miembros del Gobierno provisional. Sin embargo, según cuenta Miguel Maura, Fernando de los Ríos creía que la República vendría… después de las elecciones de diputados a Cortes. (Esta impresión nos ha sido confirmada por otros testigos). Tampoco Azaña, si juzgamos por los recuerdos que ha escrito su cuñado, Rivas Cherif, se mostraba mucho más optimista. Pero en España entera, los hombres sencillos apenas durmieron aquella noche. Y Miguel Maura comenta así lo que iba a suceder: «Pero fue la calle la que se encargó, por sí sola, de aclarar las cosas, marcando el rumbo a los acontecimientos».

Segunda parte. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-1936)

De la Segunda República a la Guerra Civil
(1931-1936)

Capítulo VII. La Segunda República

CAPÍTULO VII
LA SEGUNDA REPÚBLICA

«Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. La naturaleza y la historia parecen fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil…».

Antonio MACHADO

Treinta y seis horas decisivas: 13 y 14 de abril

Treinta y seis horas decisivas: 13 y 14 de abril

Aquel lunes, 13 de abril, madrugaron los estados mayores de la Monarquía y de la República. Poco después de las nueve, el presidente del Consejo, almirante Aznar, llegaba a Palacio. Luego lo hicieron Romanones y García Prieto. Salieron a las doce. Nada, no pasaba nada.

En el domicilio de Miguel Maura, calle Príncipe de Vergara, se iban reuniendo los miembros del Gobierno provisional en cierne. Todos, los que venían lo mismo que los que se iban, estaban a la expectativa.

A la una se supo que los ministros iban a reunirse por la tarde.

Ya circulaban las notas de los representantes de la Conjunción republicana y de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. La primera era una invitación a que el Gobierno se sometiera «a la voluntad nacional», y si ello no era así, «declinamos —decían los firmantes— ante el país y la opinión internacional la responsabilidad de cuanto inevitablemente habrá de acontecer, ya que en nombre de esa España mayoritaria anhelante y juvenil que circunstancialmente representamos, declaramos públicamente que hemos de actuar con energía y presteza, a fin de dar inmediata efectividad a sus afanes implantando la República».

La Ejecutiva del Partido Socialista estimaba «que ha sido tan rotunda y expresiva la declaración de la voluntad popular, que no cree posible se intente subvertirla ni retrasar las consecuencias inevitables del espléndido acto plebiscitario del domingo; pero si por obcecación o insensibilidad se intentase esterilizar el esfuerzo realizado, el Partido Socialista, obediente a su deber y de acuerdo con la U. G. T. y con los partidos republicanos, buscaría el modo de dar satisfacción a los legítimos derechos de la organización obrera y de la democracia española».

Lo que no se sabía era que el Rey y Gabriel Maura —utilizando éste de enlace a su hermano Honorio, amigo personal de Alfonso XIII— intentaban a esa hora una transacción con el Comité revolucionario basada en la convocatoria por el Gobierno de Cortes constituyentes, ante las cuales declinaría el Rey sus poderes si el resultado le era adverso en las elecciones propuestas para el 10 de mayo.

Pero pasaban las horas. A las cinco menos diez llegó Aznar a la Presidencia del Consejo y respondió a los periodistas que le preguntaban si habría crisis:

—¡Qué quieren ustedes que les diga de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano!

Los ministros se reunieron a las cinco y media, media hora más tarde de lo previsto, porque García Prieto había tenido que asistir a dos entierros.

Reunido el Gobierno, Romanones leyó la nota de la Conjunción republicano-socialista y explicó que era imposible resistir. La Cierva y Bugallal se opusieron y el primero afirmó estar dispuesto a hacerse cargo del Poder. Treinta y cinco años después aún se discute si se leyó o no en esa reunión el telegrama cursado por Berenguer a los capitanes generales la madrugada anterior. Probablemente sí, aunque de todas formas era conocido de la mayoría de los ministros.

Cerca de las nueve de la noche, los ministros salieron a la calle y no les fue posible ocultar que había divergencia de criterios.

A esa hora, las calles de Madrid estaban ya rebosantes de un público que vitoreaba la República. Aparecieron las banderas republicanas y miles de manifestantes recorrían la calle de Alcalá, desde la Puerta del Sol a Cibeles, creyendo, la mayoría de ellos, que Alfonso XIII había renunciado ya. La fuerza pública permanecía pasiva; Mola culpó de ello al general Aranguren, jefe superior de Policía. Cerca de medianoche, cuando mayor era el gentío delante del Palacio de Comunicaciones, sonaron unos disparos y hubo varios heridos. Los civiles enviados por Mola, amparándose en la semioscuridad del paseo de Recoletos, habían disparado sobre la multitud. Allí se disolvió la manifestación, pero no las otras de la Puerta del Sol y calle del Arenal, ni la aglomeración en torno a la Casa del Pueblo. No era posible. A la misma hora análogas manifestaciones recorrían las calles de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Oviedo, Gijón, León, Vigo, etc.

Se comprende que, al filo de la medianoche, cuando Miguel Maura oyó de labios del marqués de Cañada Honda la «embajada» del Rey y de su hermano Gabriel, rechazase de plano una propuesta tan superada ya por los acontecimientos.

Al mismo tiempo, el marqués de Hoyos, completamente abrumado y no pensando más que en la necesidad de suspender las garantías constitucionales, llamó por teléfono a Aznar. En casa del jefe del Gobierno respondieron al ministro de la Gobernación que el presidente «no podía ponerse al aparato»[1]. Tal vez dormía ya. El que no dormía era el Rey. Hubo quien le dijo que las masas iban a tomar por asalto su Palacio. ¡Le decían tantas cosas! A medianoche llamó por teléfono al marqués de Hoyos, y ahora, a la una y media de la madrugada, llamaba a su fiel general Berenguer, mas sus noticias no le dejaron muy tranquilo.

Peor fue el despertar. Florestán Aguilar, dentista del Rey y hecho vizconde por éste, despertó a su señor con una misiva del conde de Romanones, que informaba que «los sucesos de esta madrugada hacen temer a los ministros que la actitud de los republicanos pueda encontrar adhesiones en los elementos del Ejército y fuerza pública y que se nieguen en momentos de revuelta a emplear las armas contra los perturbadores, se unan a ellos y se conviertan en sangrientos los sucesos». Romanones proponía, en suma, que el Rey renunciase inmediatamente ante el Consejo de ministros y que éste hiciera la transmisión de poderes.

No habían existido tales sucesos, pero las razones del Conde no eran nada desatinadas. Y, desde luego, tenía prisa por liquidar la situación.

A las siete, en el Ayuntamiento de Éibar se había izado la bandera republicana. Fue la primera ciudad de España donde se proclamó la República. La Guardia civil, considerándose impotente, se había refugiado en su casa-cuartel, por lo que Mola fue a Gobernación y le dijo al ministro:

—Creo que el «batacazo» es inevitable.

Por su parte, el general Berenguer, desde las ocho estaba en comunicación con los capitanes generales, que le telefoneaban noticias poco tranquilizadoras. A su lado tenía, al poco rato, a Millán Astray, Cavalcanti y Sanjurjo. El primero declaró que ya no había más solución que la marcha del Rey.

Don Alfonso no permanecía, sin embargo, inactivo. Ya hacía rato que había telefoneado a Marfil, subsecretario de Gobernación. El Rey pedía que la Guardia civil despejara los grupos formados en la Puerta del Sol. Y el capitán que mandaba la fuerza respondió:

—Dígale a Su Majestad que, por obedecer sus órdenes, estoy dispuesto a salir yo solo a la Puerta del Sol para que las turbas me despedacen si quieren. Pero no puedo ordenar a la fuerza que salga, porque no me obedecerían los soldados.

—Es lo que me quedaba por saber. Gracias, Mariano —contestó el Rey a Marfil.

Una conversación telefónica posterior entre los mismos protagonistas preparó la salida del monarca. Casi nadie lo sabía, pero estaba listo ya el plan de salida por Cartagena[2].

A las diez y media llegó Aznar a Palacio, luego Hoyos, Ventosa… El Rey estaba decidido a partir. Pero Iba a intentar un Gobierno Melquíades Álvarez o Sánchez Guerra para que, con un Consejo de Regencia, convocase Cortes constituyentes. Es decir, era un paso atrás en la fórmula del día anterior. Mientras llegaban a Palacio los otros ministros. Entonces, el Rey encargó a Romanones que se entrevistase con Alcalá Zamora. Marañón ofreció su casa como punto de cita.

A mediodía, mientras seguían aquellos cabildeos, España entera se ponía en marcha. En Barcelona, las Ramblas rebosaban de manifestantes. A la una de la tarde de aquel día histórico, Luis Companys, elegido concejal, tomó posesión del Ayuntamiento, proclamó la República desde el balcón de las Casas Consistoriales, y se informó de ello a Francisco Maciá, que a poco proclamaba, por su parte, la República Catalana «como Estado integrante de la Federación ibérica»[3]. La misma noche, Eduardo López Ochoa era nombrado por Maciá capitán general de Cataluña y Luis Companys, gobernador civil de Barcelona.

Una muchedumbre entusiasta invadía las calles de Barcelona, de las que había desaparecido la fuerza pública. Desde el balcón del Ayuntamiento, los concejales republicanos entonaron «La Marsellesa», coreados inmediatamente por la multitud. Por la tarde, puede decirse que toda Barcelona estaba en la calle, los tranvías transportaban verdaderos racimos humanos, y en todas partes se oían los gritos de ¡Visca Macià! ¡Mori Cambó!, repetidos por gentes de todas las edades y condiciones sociales. A las nueve de la noche, varios millares de personas se dirigieron a la cárcel para pedir la libertad de los presos poéticos y, como el director se negara lógicamente a ello, la multitud, por toda respuesta, quemó las puertas del edificio y abrió todas las celdas, sin que la fuerza militar y los funcionarios de la prisión hiciesen el menor gesto para impedirlo.

Volvamos a Madrid. Poco después de las doce del día, Largo Caballero pudo declarar a unos periodistas que «la República es ya cosa de horas». El Gobierno provisional seguía reunido en casa de Miguel Maura y tomaba ya disposiciones, aunque la verdad es que no sabía cómo iban a traspasarse los poderes. Intervino entonces la famosa adhesión de Sanjurjo, en nombre de la Guardia civil. (Mucho han discutido los diferentes protagonistas de aquella jornada sobre la hora en que se celebró dicha entrevista. Poco importa si fue a las doce o a las tres, pero todo hace pensar que tuvo lugar antes de la entrevista Romanones-Alcalá Zamora). El director de la Guardia civil, que felicitó a sus hombres el 17 de diciembre anterior por la represión del movimiento revolucionario, a quien el 28 de marzo había condecorado el Rey con la gran cruz de Carlos III, dio su lanzada al moro muerto y consolidó posiciones. Ya sabía él que el Rey se iba y que sus hombres no responderían.

En casa de Marañón, Romanones ofreció la solución propuesta por el Rey, a lo que Alcalá Zamora objetó que la única solución era la renuncia del monarca, que debía abandonar Palacio antes de que se pusiera el sol. Y agregó que contaba con la adhesión de Sanjurjo. Cedió Romanones y convinieron en que al día siguiente se haría el traspaso oficial de poderes.

En cuanto Mola tuvo noticia de las entrevistas Sanjurjo-Maura y Romanones-Alcalá Zamora, hizo sus bártulos y comenzó a quemar los archivos secretos de la Dirección general de Seguridad.

A las cuatro de la tarde puede decirse que Madrid entero estaba en las calles, en las que apenas se podía dar un paso. Por todas partes surgían banderas republicanas, retratos de Galán y García Hernández. Sin saber de dónde, habían salido centenares de camiones llenos de trabajadores que iban hasta cerca de Palacio, bajando por la calle del Arenal y regresando por la calle Mayor, al grito tantas veces repetido de No se ha ido, que le hemos barrido, No se ha «marchao», que le hemos «echao».

Desde la Plaza de Oriente, protegida por húsares y guardias civiles, se vio llegar a Palacio, por la Puerta del Príncipe, a Villanueva, luego, a Melquíades Álvarez. Pero no había nada que hacer. Y el político asturiano lo confirmó al salir: sólo quedaba acatar la voluntad nacional.

En el Palacio de Comunicaciones se había izado ya la bandera republicana ante miles de personas en delirio. Era que en aquel centro, como en Telégrafos, se tenían noticias de que la República se proclamaba en toda España, Quien menos lo sabían eran los órganos del que nominalmente era aún Gobierno, ya sin un solo resorte de mando en su mano.

A media tarde, la República había sido ya proclamada en San Sebastián, Zaragoza, Salamanca, La Coruña, Huesca, Sevilla, Valencia… En todas partes los obreros abandonaban el trabajo y los estudiantes los centros de enseñanza, y todos ocupaban las calles.

Sin que nadie lo supiese, estaban en el ministerio de la Gobernación Eduardo Ortega y Gasset, nombrado gobernador civil de Madrid, Rafael Sánchez Guerra y Ossorio Florit. Ortega y Gasset habló desde el balcón principal, donde ayudado por Rafael Sánchez Guerra, izó una bandera republicana, que le ofrecían desde la calle y que subieron con ayuda de una cuerda. Más allá, en la Plaza de la Villa, los concejales republicanos ocuparon el Ayuntamiento. Muiño colocó una bandera para la que costó trabajo encontrar un mástil, y Trifón Gómez dirigió la palabra a la multitud.

A esa hora —cinco de la tarde— llegaban todos los ministros a Palacio. El último fue Gabriel Maura, que traía preparado el borrador de la renuncia del Rey, que éste le encargó por la mañana. El que dejaba ya de ser Rey efectivo sólo modificó el borrador para confirmar este hecho: tachó las palabras «encargo a un Gobierno que la consulte convocando Cortes constituyentes». Era demasiado tarde, y Alfonso XIII lo sabía[4]. También estaba al corriente Romanones, cuando capciosamente preguntó al marqués de Hoyos si respondía de poder emplear la Guardia civil. Sólo La Cierva se aferraba a una solución de fuerza. Cavalcanti ofreció a) Rey lanzar unos cuantos regimientos fieles a la calle. Pero esa oferta se hizo después de la reunión del Consejo, y fue igualmente rechazada. Ahora se trataba de organizar la salida del Rey, en breves horas, y la de su familia, para el día siguiente. El Rey se despidió de los ministros y éstos siguieron discutiendo en el saloncito japonés de Palacio. Todos discutían, especialmente Romanones y La Cierva. Y fueron saliendo, «sin decidir nada de lo que había de hacerse», relata Berenguer. Salieron los ministros, el primero de ellos Bugallal, a las seis y media.

A esa misma hora, el Gobierno provisional, apremiado por Miguel Maura, al que apoyaba Largo Caballero, se dirigió en caravana de automóviles hacia el ministerio de la Gobernación. A partir de Cibeles, los coches apenas podían abrirse paso entre la compacta multitud que aclamaba a los nuevos gobernantes.

En Palacio, Romanones y el marqués de Hoyos seguían con el Rey. Se había acordado, pese a todo, declarar el estado de guerra, pero desde Capitanía general, Federico Berenguer declaró que no estimaba «procedente hacerlo». ¿Qué había pasado? Hoyos telefoneó de nuevo a Gobernación, y una voz le contestó: «Ya están aquí esos señores».

«Esos señores» llegaron cerca de las ocho a la Puerta del Sol. Maura y Caballero fueron los primeros en pasar la puerta central de Gobernación. Luego, fue el minuto emotivo, que la historia ha reseñado ya: el piquete de la Guardia civil formado en el vestíbulo, los segundos de indecisión, Maura que gritó: «¡Señores, paso al Gobierno de la República!», y los guardias presentaban armas. Entraron con ellos Alcalá Zamora y Azaña. Lerroux, Fernando de los Ríos y Casares lo hicieron por la puerta de la calle del Correo. A las ocho y media de la noche, Alcalá Zamora, desde el balcón central de Gobernación, pidió un minuto de silencio en memoria de Galán y García Hernández. Luego saludó a los españoles en nombre del Gobierno provisional, en una alocución que fue radiada.

Un cuarto de hora después, por la puerta trasera de Palacio Real que da al Campo del Moro, Alfonso XIII salía en un automóvil, acompañado por el duque de Miranda. Nadie apenas supo que se había ido ni adonde iba. El nuevo Gobierno sólo lo supo de madrugada, cuando había embarcado en el crucero Príncipe de Asturias que lo llevaba hacia el destierro.

La Reina y los infantes pasaron, la noche en Palacio. Una guardia cívica, improvisada por el nuevo Gobierno, acordonó el edificio para evitar cualquier accidente. Cuando hacia las once el capitán general, Federico Berenguer, quiso enviar dos escuadrones del regimiento de Alcántara, «para defender el orden», tuvo que intervenir personalmente el nuevo gobernador civil, Eduardo Ortega y Gasset, para evitar esta provocación y también para que se retirase la Guardia civil. Así se garantizó, de verdad, el orden. Y a la mañana siguiente, la reina Victoria de Battenberg y sus hijos salían en automóvil hasta Galapagar, donde tomaron el tren, el último tren real[5] en el que iba, como máxima garantía, el general Sanjurjo. Condes y duquesas les despidieron, así como Romanones, escarnecido por los aristócratas, que lo abandonaron, sentado en un viejo banco de estación, a cuyos pies el azar había puesto una botella vacía. Triste estampa que fijó para siempre ese momento de la vida del que fue ministro del primero y del último gobierno de Alfonso XIII.

Pero volvamos a las últimas horas del día 14. El que era ya Gobierno de España estaba en Gobernación y al habla con todas las provincias, mas Berenguer, Mola y el marqués de Hoyos continuaban en el ministerio de la Guerra. Por poco rato; pues la partida estaba perdida y los tres personajes tuvieron que abandonar el Palacio de Buenavista, del que se posesionó Azaña hacia las once de la noche.

El Gobierno provisional estuvo trabajando hasta la una de la madrugada. Se prepararon los decretos que debían aparecer en la Gaceta del 15, particularmente el Estatuto jurídico del Gobierno provisional y la amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta.

Aquella noche comenzaba su vida la Segunda República española. No sería fácil ni larga.

El Gobierno provisional y los problemas de la República

El Gobierno provisional y los problemas de la República

El Gobierno provisional quedó constituido así: Presidente: Niceto Alcalá Zamora; Justicia: Fernando de los Ríos; Estado: Alejandro Lerroux; Guerra: Manuel Azaña; Marina: Santiago Casares Quiroga; Gobernación: Miguel Maura; Fomento: Álvaro de Albornoz; Trabajo: Francisco Largo Caballero; Instrucción Pública: Marcelino Domingo; Economía: Luis Nicolau d’Olwer; Hacienda: Indalecio Prieto; Comunicaciones: Diego Martínez Barrio. Por grupos políticos, la distribución era la siguiente: dos Derecha Liberal Republicana, dos radicales, tres socialistas, tres republicanos radical-socialistas, uno Acción Republicana, uno Acció Catalana, y un republicano autonomista gallego.

A las 8,40 de la mañana del día 15 salían de París Prieto, Domingo, Martínez Barrio, Hidalgo de Cisneros y Martínez de Aragón. Un día después regresaban Queipo de Llano, Ramón Franco, González Gil, Pastor y otros militares refugiados en Francia desde el intento revolucionario del mes de diciembre. El regreso de todos esos desterrados dio lugar a manifestaciones de entusiasmo en cada una de las más importantes estaciones del trayecto.

Los primeros altos cargos nombrados fueron: Gobernador civil de Madrid: Eduardo Ortega y Gasset (radical-socialista); Subsecretario de la Presidencia: Rafael Sánchez Guerra (Derecha liberal republicana); Subsecretario de Gobernación: Eugenio Ossorio Florit (Derecha liberal republicana); Director general de Seguridad: Carlos Blanco (exmonárquico que había entrado en Derecha liberal republicana); Fiscal general de la República: Ángel Galarza (radical-socialista). Los generales Queipo de Llano, López Ochoa, Riquelme y Cabanellas fueron nombrados capitanes generales de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, respectivamente.

El Gobierno provisional, preocupado hasta la exageración por las formas de Derecho y el mantenimiento de las esencias liberales, fijó, como hemos dicho, su Estatuto jurídico. El reconocimiento de las libertades de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de propiedad eran piezas esenciales de este documento, así como el sometimiento de los actos gubernamentales, al fallo de las Cortes Constituyentes, que fueron inmediatamente convocadas. No era, pues, aventurado suponer que España se encontraba en el umbral de un régimen de democracia liberal, mantenedor del orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción y circulación, es decir, lo que suele llamarse un régimen de democracia burguesa.

La República española se presentaba como el liberalismo en acción en pleno siglo XX, teniendo que afrontar a la vez su propia problemática interna y el peso de unas estructuras arcaicas que urgía desarraigar. Era aquélla una nueva cita con la Historia a la que España llegaba no sin cierto retraso, tras las ocasiones perdidas de 1812, 1820, 1843, 1854 y 1868. El tren de la historia universal era ahora mucho más veloz y de tomarlo o perderlo dependía el porvenir de España para varios decenios.

Si, para usar una terminología ya utilizada, había un «problema España», los temas o datos del mismo, verdadera clave de la historia contemporánea del país, eran: una economía arcaica sobre la que gravitaban la cuestión agraria y el papel hegemónico de la gran banca; una Iglesia poderosa cuyo poder espiritual se confundió durante siglos con el poder temporal; un ejército que durante el primer tercio del siglo XX había resbalado hacia el militarismo; unos pueblos de personalidad acusada (Cataluña, Euzkadi, Galicia); unas minorías intelectuales cuya preparación contrastaba con el retraso cultural de la mayoría de la población y, por último, un Estado ya desvencijado, tan anacrónico como los sectores sociales de que fue instrumento, que había que construir de nueva planta, tanto desde el punto de vista de la eficacia como desde el mucho más importante de crear unas instituciones que hiciesen posible el desarrollo ininterrumpido de la vida democrática. Y esa democracia exigía, naturalmente, el acceso a un nivel más elevado de vida de los españoles, que con su trabajo creaban toda la riqueza nacional.

Estos temas ineludibles iban a presidir la vida de la República; de la respuesta dada a las cuestiones por ellos planteadas dependería el porvenir del régimen y de España.

Las primeras semanas

Las primeras semanas

Si la situación de Cataluña era la más complicada, los miembros más moderados del Gobierno se inquietaron los primeros días por la de Sevilla: a las numerosas manifestaciones de obreros de la ciudad y de trabajadores agrícolas de la provincia, que gritaban ¡Vivan los Soviets! y ¡Gobierno obrero y campesino!, el general Cabanellas respondió con la declaración del estado de guerra.

La prensa madrileña, a excepción de ABC, se alineaba tras el Gobierno. El Debate decía lo siguiente: «La República es la forma de gobierno establecida en España. En consecuencia nuestro deber es acatarla. Hace pocos meses publicamos un artículo en el cual razonábamos el deber de someterse a los poderes “de hecho” y apoyábamos nuestra tesis en textos inequívocos del inmortal León XIII».

Estas líneas de conducta diferentes, la del ABC y El Debate, señalaban ya una diferencia que se haría más ostensible después. El primero era el representante del grupo más importante de la oligarquía —nobleza, grandes terratenientes, financieros de primer orden— partidarios de una agresión violenta contra la República. El segundo representaba también a un sector de la oligarquía agraria enraizado en las regiones castellanas, capaz de manejar a los pequeños cerealistas y más directamente entroncado con el catolicismo oficial y, sobre todo, con Roma.

Como hemos dicho, urgía resolver lo que se consideró equívoco del Estado catalán creado por Maciá. El día 17 salieron en avión para Barcelona Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Luis Nicolau d’Olwer, quienes negociaron con Maciá para que unos y otros se atuviesen al cumplimiento de lo previsto en el Pacto de San Sebastián, al mismo tiempo que se le ofrecían garantías en cuanto a la convocatoria del plebiscito de Cataluña para votar el Estatuto. No quedó Maciá del todo convencido, y fue necesario un viaje de Alcalá Zamora a Barcelona (25 de abril). El entusiasmo al llegar Alcalá Zamora a la estación de Francia fue tan enorme que la multitud estuvo a punto de volcar el coche en que iban los dos presidentes. Se abrazó el presidente provisional de la República con Maciá en el balcón de la Diputación, y tres días después quedó constituido el primer Gobierno de la Generalidad. No obstante, Maciá declaró: «Si las Cortes no resuelven el problema de Cataluña, dándole todas sus libertades, este problema adquirirá una gravedad insospechada».

Problema también muy serio era el de la huida de capitales que comenzó aquel mes de abril y ya fue tratado por el Gobierno en su primera reunión. Se prohibió, entre otras medidas, que los viajeros llevasen con ellos más de 5000 pesetas, la exportación de metales preciosos, las transferencias de fondos fuera de España para comprar valores extranjeros y la compra por los bancos de divisas extranjeras…, pero la fuga de capitales no cesó por eso.

Verdad es que el espíritu timorato que reinaba en las capitales europeas no era propicio al nuevo régimen español, culpable de venir un poco «a destiempo» para la manera de ver de los sesudos varones que hacían y deshacían la hacienda pública, la política y la prensa en París, Londres, Berlín… y, no hablemos de Roma. Sólo Vandervelde, que fue a Madrid a la reunión de la Federación Sindical Internacional (celebrada en el palacio del Senado), dijo que «la República española es un rayo de luz en las tinieblas en los momentos en que las dictaduras progresan en Italia, Polonia, Austria y Hungría». La prensa francesa, salvo la netamente izquierdista (L’Oeuvre, L’Humanité, Le Populaire, de París) observó con desconfianza al Gobierno republicano, aunque reconocía lo bien fundado de su existencia y ponderó la calma del cambio de régimen. El día 22, todos los Gobiernos habían reconocido al de la República española, y, los primeros, los del Uruguay y México.

Y llegaron los que han sido llamados Decretos de Azaña aprobados en Consejo y promulgados el 25 de abril. Pero éste es un asunto que no puede abordarse sin una previa y rápida ojeada a la situación castrense de España en aquella primavera de 1931.

Había, entonces, en activo 195 generales y 16 926 jefes y oficiales para un total de 105 000 hombres de tropa. Había regimientos de infantería que, en realidad, contaban sólo con ochenta soldados, y regimientos de caballería que no tenían caballos. La artillería de campaña era del calibre 7,5 modelo francés, comprado en 1909, y la aviación sólo disponía de un centenar de aparatos de reconocimiento y de unos cuantos aviones de caza.

¿Qué hizo Azaña? En primer lugar, partió del siguiente supuesto: «La Revolución de Abril —dice el decreto del 25 de abril— extingue el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las instituciones hoy desaparecidas». Por consiguiente, hizo una “proposición de caballeros” para aquellos que, en conciencia, no estuviesen dispuestos a servir a la República: los que quisiesen continuar en el Ejército firmarían la siguiente promesa: “Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas”.

Los que no la firmasen causarían baja en el Ejército, pero seguirían percibiendo la totalidad de sus haberes correspondientes al grado que tenían el día del cese.

Asombra pensar que un hombre maduro y con algunas nociones de la vida política pudiese almacenar tal desconocimiento de su realidad. Salieron del Ejército cerca de diez mil oficiales y, paradójicamente, algunos de ellos liberales, que no tenían apego a la profesión y aprovechaban la coyuntura. También salieron miles de monárquicos, pero otros muchos, sobre todo los de alta graduación, estamparon su promesa y continuaron en servicio. Un fiel colaborador del general Franco ha dicho, refiriéndose a aquel momento: «Muchos le preguntaban si debían solicitar el retiro. Franco les respondió: No; mucho más útiles a España seréis dentro del Ejército»[6].

Otra reforma militar de Azaña consistió en reducir las fuerzas del ejército activo a ocho divisiones, en lugar de las 16 antes existentes, lo que supuso una economía presupuestaria de 200 millones de pesetas. Se suprimieron los grados de capitán general y de teniente general, que no tenían significación en la estructura del Ejército, las Capitanías Generales de las regiones (que se llamaron Comandancias), la Academia general militar —dirigida por el general Franco— y el Consejo supremo de Guerra y Marina. Se trataba de medidas de carácter técnico, ya que Azaña —contra lo que ha dicho una propaganda partidista que jamás argumentó a partir de los hechos—, no sólo no se propuso destruir el Ejército, dislate integral para su concepción del Estado y de la política, sino que no intentó tan siquiera algo que hubiera sido mucho más consecuente: crear un ejército republicano. Azaña creía posible el apoliticismo del Ejército, creencia que pagó muy cara.

Sin embargo, las reformas de Azaña hirieron a la mayoría de los militares, que las consideraron como una agresión contra sus derechos. Los militares, que viajaban gratis, que tenían la ley de Jurisdicciones, mimados por la Monarquía y las clases sociales que veían en ellos la mejor garantía de sus privilegios, concluían en otra identificación —confusión—: la del Ejército y la Patria. En el verano de 1931, los aristócratas que temían que llegase la reforma agraria, los financieros que organizaban la huida de capitales y se mostraban propensos a achacar a la República los males engendrados por la crisis mundial, los políticos de derecha que habían quedado sin empleo, no necesitaron demasiados esfuerzos para convencer a numerosos militares de que todo aquello era una conjura contra la patria, la cual sólo podía ser salvada por la fuerza de la espada.

Azaña no había querido, en puridad, republicanizar el Ejército, sino crear un ejército neutro. Lejos de su ánimo el menor atisbo de jacobinismo; sus propósitos parecían engendrados en textos decimonónicos sobre el «Estado liberal», pero en modo alguno en la realidad histórica del país. Quería un ejército «químicamente puro» y se encontró con una materia prima, la del Ejército del viejo régimen, con todo lo que ello significaba de alineamiento en posiciones sociales, políticas e incluso de grupo profesional privilegiado. No lo aceptó tal como era, pero no quiso o no pudo transformar de arriba abajo aquella materia prima, arrancar las raíces del mal, agregarle cuerpos nuevos y darle el catalizador necesario. Dio algunos hachazos para podar ramas de frondoso árbol, pero el tronco y sus raíces quedaron intactos[7].

Pero volvamos al Gobierno provisional. Largo Caballero preparó, y el Gobierno aprobó; algunos decretos urgentes. El del 29 de abril protegía a los campesinos arrendatarios, prohibiendo momentáneamente los desahucios, y por otros decretos posteriores los autorizaba a proponer la revisión de contratos. Se prohibió también que los propietarios de tierras pudieran contratar jornaleros fuera del término municipal de sus fincas mientras hubiese en él obreros sin trabajo; en fin, se establecieron los salarios mínimos de 5,50 pesetas por jornada ordinaria y de 11 por jornada de siega.

Acabó el mes de abril con el procesamiento y prisión de los generales Berenguer y Mola, y la formación de un organismo, Acción Nacional, cuyo programa era: Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo, Propiedad. Su presidente era el director de El Debate, Ángel Herrera, y de su directiva formaban parte, entre otros, José María Valiente y Javier Martín Artajo[8].

El Primero de Mayo, fiesta del Trabajo, adquirió rango oficial. En Madrid, una manifestación de casi cien mil personas, encabezada por los ministros y dirigentes socialistas, llegó hasta la Presidencia del Consejo, en el paseo de Recoletos. Una comisión entregó las peticiones a Alcalá Zamora y éste, desde el balcón, dirigió la palabra a los manifestantes.

En Barcelona, la situación estuvo más tensa. A la salida del mitin de la C. N. T., celebrado en uno de los palacios de Montjuic, se organizó una manifestación que, al pretender llegar a la Generalidad, fue cortada en las Ramblas por la fuerza pública. Llegó también la Guardia civil, que tuvo que retirarse ante la hostilidad manifiesta del público y sólo la presencia de Macià logró salvar aquella situación comprometida[9].

En Bilbao se celebró un mitin comunista, al salir del cual los allí reunidos quisieron organizar una manifestación, ya que les parecía ilógico que el gobernador hubiese autorizado una manifestación socialista y prohibido otra comunista. Al salir a la calle, los comunistas fueron recibidos hostilmente por la fuerza pública. Los obreros reaccionaron con análoga violencia y, recorrieron varias calles de la ciudad; los guardias hicieron uso de las armas de fuego y causaron veinticinco heridos.

En Sevilla, tuvo lugar otro resonante mitin del P. C., en el frontón Betis, en el que hablaron Bullejos y Adame, seguido de una manifestación de treinta mil personas que recorrió las calles de la ciudad, aquí sin incidentes.

La Iglesia y el cardenal Segura

La Iglesia y el cardenal Segura

Las relaciones sumamente estrechas que durante siglos mantuvieron la Iglesia y el Estado habían creado una situación erizada de problemas. Aquélla había obtenido una serie de privilegios y una pujanza material, cuya merma se iba a confundir fácilmente con un ataque a los sentimientos religiosos.

Las ideas de «alianza del trono y del altar» y la vinculación de la mayoría del clero (una vez en ejercicio, ya que no por sus orígenes) en la clase de los propietarios fueron acumulando una carga de hostilidad popular contra las instituciones eclesiásticas, alimentada durante numerosos decenios por republicanos e incluso monárquicos «liberales» —no hay más que pensar en Canalejas— que creían mejor que el toro español acudiese al trapo rojo (el «engaño» dicen los toreros) del anticlericalismo, mientras el capitalismo hurtaba el cuerpo a los embates populares.

Para situar el problema en sus aspectos materiales, recordemos los datos que, no sin trabajo, pudo recoger el ministerio de Justicia en 1931. Había en España 35 000 sacerdotes, 36 569 frailes y 8396 monjas que habitaban (los últimos grupos) en 2919 conventos y 763 monasterios. Estos datos eran muy incompletos, ya que siete diócesis —de las 55 existentes— se negaron a colaborar en la encuesta encaminada a obtenerlos. Se ha calculado que, teniendo en cuenta todas las diócesis, se podía estimar en 80 000 el número aproximado de miembros del clero secular y regular que vivían en España en 1931. El número total de personas cuya calificación profesional se encuadraba dentro de «culto y clero» en el censo general de la población de 1930 se elevaba a 136 181.

El presupuesto de Culto y Clero era de 52 millones de pesetas. No se puede decir que fuera muy elevado, pero su distribución se prestaba a no pocas reflexiones. He aquí algunos ejemplos: Cardenal Primado, 40 000 pesetas al año; obispo de Madrid-Alcalá, 27 000. Los otros obispos tenían sueldos que oscilaban entre 20 y 22 000 pesetas… Un canónigo de catedral metropolitana cobraba 4000 pesetas; los restantes canónigos 3000, un párroco urbano 1500 y un párroco rural mil.

Según las estadísticas del ministerio de Justicia, en 1931 la Iglesia poseía 11 921 fincas rurales, 7828 urbanas y 4192 censos. El valor declarado de dichas fincas y bienes era de 76 millones de pesetas, y su valor comprobado de 85 millones. Pero como este valor había sido establecido a base de amillaramientos bastante imprecisos, los peritos calculaban que el valor total de esos bienes ascendía a 129 millones, a lo cual había que añadir el de los patronatos dependientes de la Corona (cuyo interés al tres por ciento representaba un capital de 667 millones) y los títulos de renta al tres por ciento concedidos a la Iglesia en «compensación» de las desamortizaciones del siglo anterior.

Por lo que se refiere a las congregaciones religiosas, la única estadística hecha en 1931, que se refería a la provincia de Madrid, dio un valor de 54 millones de pesetas en fincas urbanas y de 112 millones en las rurales, según los cálculos del catastro. Existe la certeza moral de que alguna congregación era propietaria de títulos mobiliarios y hasta de que tenía testaferros en Consejos de administración, pero la falta de pruebas —casi imposible de hallar en este dominio— nos impide cualquier afirmación sobre el particular.

Así estaban las cosas cuando el cardenal Segura, cuyo «alfonsismo» y concepciones teocráticas ya nos son conocidos, publicó en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, el 1.º de mayo, una violenta pastoral. En ella afirmaba que «la Iglesia y las instituciones desaparecidas convivieron juntas, aunque sin confundirse ni absorberse, y que de esta acción coordinada nacieron beneficios inmensos que la historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de oro».

A esto seguía un homenaje a Alfonso XIII, una parrafada sobre «la gravedad del momento», para concluir que los católicos no debían permanecer «quietos y ociosos» en el momento de elegirse Cortes constituyentes, sino que debían unirse para defenderse y lograr que fuesen elegidos candidatos con suficientes garantías de defender los derechos de la Iglesia y el orden social.

Aquello parecía una declaración de guerra y como tal la consideró el ministro de Justicia, en unas declaraciones hechas el día 9. Pero la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado iba a complicarse con ocasión —probablemente más pretexto que motivo— de los acontecimientos políticos del 10 al 12 de mayo.

Los monárquicos y la quema de conventos

Los monárquicos y la quema de conventos

El día 5, el marqués de Luca de Tena se había entrevistado con Alfonso XIII en Londres. A su regreso a Madrid, ultimó con varias otras personas la creación del Círculo Monárquico Independiente. La Junta provisional estaba formada por Luca de Tena, Arsenio Martínez Campos, el duque de Hornachuelos y Federico Santander. Luca de Tena y Romanones, amigos y contertulios del director general de Seguridad, Carlos Blanco, le pidieron permiso para que el referido Centro celebrase una Asamblea el domingo 10 de mayo, y Blanco accedió.

El acto, cuya convocatoria apareció en ABC con comentarios asaz virulentos, se celebró, en efecto, el domingo 10 en el local social del círculo, calle de Alcalá n.º 67. Fue presidido por Manuel Pombo, y en él hablaron numerosos asociados. Se eligió una. Junta ejecutiva compuesta por Gabriel Maura, Federico Berenguer, Arsenio Martínez Campos. Eduardo Cobián, conde de Gamazo y varios más. La presencia de estas personas, y de otras como el duque de Fernán-Núñez, el conde de Elda, Matos, etc., denotaba perfectamente que estos caracterizados elementos de la oligarquía enarbolaban desde los primeros momentos la bandera de la restauración monárquica y de la hostilidad abierta al régimen. El hecho debe ser tomado en consideración, más que en orden a los sucesos que siguieron, al del desarrollo general de la historia de España en los ocho años siguientes[10].

Los ánimos se caldearon, se puso un disco con la Marcha Real, los más exaltados salieron al balcón dando vivas al Rey, lo que se repitió al descender a la calle y motivó la réplica de un taxista que fue agredido por los monárquicos. El numeroso público que salía entonces del concierto dominical del Retiro tomó partido por el chófer y muy pronto la reyerta se transformó en manifestación popular, cuya primera consecuencia file el incendio de varios automóviles de los monárquicos allí reunidos.

Al correr la tarde, las cosas se fueron complicando. Aquí y allá se esparcían las noticias más alarmistas y las manifestaciones, integradas por elementos heterogéneos, redoblaron en vigor y amplitud. Varios centenares de personas se dirigieron hacia el edificio de ABC, en la calle de Serrano, con ánimo de asaltarlo. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, ordenó por teléfono que la Guardia civil protegiese el citado edificio, y se produjo un choque violento. Varios manifestantes cayeron heridos por arma de fuego, y el portero de una casa situada frente a ABC y un niño de trece años resultaron muertos. La indignación popular subió de punto y poco después más de 5000 personas ocupaban la Puerta del Sol profiriendo gritos contra Maura y los guardias. Todos los ministros —excepto Lerroux, que se encontraba en Ginebra, en una reunión de la S. de N., y Albornoz, que estaba en Córdoba— se fueron congregando en Gobernación, adonde llegaban constantemente comisiones de manifestantes: la mayoría pedían la dimisión de Maura y la disolución de la Guardia civil. El ministro de la Gobernación quería que los civiles saliesen a despejar la Puerta del Sol, pero los demás ministros se opusieron. Indalecio Prieto salió varias veces a la calle y, en la Cava Baja, en unión del general Bermúdez de Castro, evitó una nueva colisión cuando las fuerzas mandadas por el hijo de dicho general eran asediadas por numerosos trabajadores.

La C. N. T. y el Partido Comunista, minoritarios en Madrid, decidieron la huelga para el día siguiente, pero la U. G. T. y el Partido Socialista se opusieron a ella. El trabajo se emprendió tan sólo parcialmente en la mañana del 11; metro, tranvías y taxis pararon hasta media tarde. Hacia las diez de la mañana, la Puerta del Sol fue ocupada de nuevo por numerosos grupos. Mientras el Gobierno estaba reunido en la Presidencia, Ossorio y Florit le telefoneaba angustiado desde Gobernación. Pero más grave fue la noticia de que varios de esos grupos habían incendiado el convento de jesuitas de la calle de la Flor, junto a la Gran Vía, del que salían espesas columnas de humo.

Hoy es aún el día en que no se puede afirmar con seguridad quién inició los incendios. Las tesis contrapuestas de achacárselo a provocadores monárquicos o a organizaciones obreras no resisten la menor, critica a causa de su obcecación partidista. Se ha dicho, argumentando en manifestaciones hechas el día antes en el Ateneo, que el promotor fue el mecánico Rada (amigo de Ramón Franco) y algunos de sus atines. Desde luego, el aventúrenselo de unos pocos sirvió de chispa al incendio, contemplado con indiferencia por la población obrera de las ciudades, que no tenían la menor simpatía por las congregaciones religiosas. Objetivamente, el hecho constituía el mejor regalo que podían esperar los enemigos del nuevo régimen. A partir de hechos ciertos se inventaron fantásticas historias que todavía perduran, se deformó, se calumnió, se reclutaron incautos y… la peseta bajaba al día siguiente en todas las plazas comerciales de Europa.

Pero volvamos a Madrid. El director general de Seguridad estaba ya desbordado a media mañana. La Guardia civil patrullaba por las calles, pero sin intervenir. Tras el convento de la calle de la Flor ardió el de los Carmelitas de Ferraz y hacia la una el de Maravillas, en Cuatro Caminos, y la Residencia de Jesuitas en Alberto Aguilera, donde la fuerza pública dio repetidas cargas. También ardieron el convento del Sagrado Corazón en Chamartín, el de las Adoratrices, el de las Salesas de Villamil y la iglesia de Bellas Vistas. Numerosas religiosas, llenas de pánico, abandonaron otros conventos que no sufrieron daño. Si un siglo antes, con la monarquía de Isabel II, en Madrid había habido una matanza de frailes, en 1931 ardieron varios edificios, pero no hubo ninguna desgracia personal que lamentar.

Naturalmente, la consternación reinaba en el Gobierno. Maura quería que la Guardia civil interviniese violentamente. Fue entonces cuando, según él[11], Azaña pronunció la resobada frase: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». Con el voto en contra de Maura y la abstención de los ministros socialistas, se decidió que no interviniese la fuerza pública; Pero dos horas después se acordaba la declaración del estado de guerra. Patrullaron las fuerzas del Ejército y por la noche llegaron otras procedentes de Alcalá. Precaución innecesaria. Mientras eso ocurría, Maura había dimitido y sólo por la noche accedió a continuar en su puesto, a cambio de obtener plenos poderes para el mantenimiento del orden público, tras no pocas gestiones de Ossorio y Gallardo, Alcalá Zamora y el Nuncio, monseñor Tedeschini, que se mantenía en constante relación con Miguel Maura. Éste decía a los periodistas por la tarde: «Los sucesos de ayer y hoy denotan un maridaje absurdo y suicida entre elementos monárquicos y comunistas…». Seguramente por ello se practicaban, pocas horas después, más de cien detenciones de personas que intentaban manifestarse en la Plaza Mayor respondiendo a un llamamiento del Partido Comunista. A la cárcel iban, en unión de los Luca de Tena, Miralles y demás monárquicos, pero ni los unos ni los otros permanecieron muchos días detrás de los barrotes.

A las ocho de la tarde, Alcalá Zamora se dirigió por radio a los españoles: se condenaron los hechos, se habló de monárquicos y extremistas, se defendió a la Guardia civil…

Es dudoso que esta voz, transmitida por las ondas, alcanzase los fines propuestos. El lunes 11 por la tarde, la agitación había cundido en las ciudades andaluzas y de Levante. En Córdoba, la multitud apedreaba los locales de la prensa de derechas; en Málaga era incendiado el palacio episcopal y en Sevilla el convento de los jesuitas, así como en Alicante. Al día siguiente, la situación se agravó, pese a la declaración del estado de guerra. Las piras anticlericales humearon todo el día 12 en Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia, Alicante, Valencia… Por el contrario, la calma reinaba en Barcelona y el norte de España. En síntesis, cerca de un centenar de edificios eclesiásticos habían sido incendiados total o parcialmente, sin qué, por otra parte, ningún religioso hubiese sufrido daño alguno. En algunas provincias, la cólera popular, más lúcida, se descargó, con mayor fuerza contra los periódicos representantes de la oligarquía: La Verdad, en Murcia, La Voz de Levante, en Alicante, Informaciones, en Cádiz, El Defensor de Córdoba y La Voz, en Córdoba, La Unión Mercantil, en Málaga, así como los centros de reunión de «señoritos»: la Unión Monárquica, de Cádiz, el Círculo de la Unión Mercantil, de Málaga, etc.

El día 13, Carlos Blanco abandonaba la Dirección general de Seguridad y era sustituido por Ángel Galarza. Al mismo tiempo eran destituidos cinco gobernadores civiles. Los partidos tomaban posición. Aunque en general los republicanos apoyaban al Gobierno, la dirección del Partido Radical-Socialista en Madrid declaraba que: «… frente a la lenidad que se viene observando por el Gobierno respecto a Tos más abominables culpables del viejo régimen, en contraste con la excesiva energía que suele emplearse con las fuerzas obreras extremistas»… se adhería al «movimiento de protestas realizado por el pueblo republicano».

El Partido Socialista y la U. G. T., sin dejar de apoyar al Gobierno, insistían en «la necesidad de proceder con la mayor energía contra los elementos que, embozada o descaradamente, tratan de restaurar el antiguo régimen».

La C. N. T., al dar la orden de vuelta al trabajo, criticaba la «pasividad reaccionaria de los dirigentes de la Unión General de Trabajadores».

La tormenta parecía haber pasado. Error: el momento era propicio para que aquella parte de la jerarquía eclesiástica hostil a la República pasase a la acción. El mismo día 13 cruzaba la frontera de Irún el cardenal Pedro Segura, provisto de su correspondiente pasaporte diplomático. A los cinco días salió para Roma, donde permaneció una semana. Regresó a Toledo, pero por breve tiempo, puesto que de nuevo salió del país para instalarse en Saint-Jean-Pied-de-Port, localidad del Pirineo francés.

Otro prelado, el doctor Mágica, obispo de Vitoria, se mostraba muy decidido a ejercer una acción política cerca de sus feligreses. Maura le rogó que suspendiese una visita pastoral a Bilbao que iba dar lugar a una manifestación política. Se negó a ello el obispo, y Maura no encontró mejor solución que hacerle atravesar la frontera acompañado por el gobernador civil de la provincia. Esta medida la adoptaba Maura en uso de los plenos poderes que el Gobierno le había otorgado, sin que nada supiesen de la misma sus colegas socialistas y republicanos de izquierda. Tampoco Alcalá Zamora, que desaprobó dicha medida.

Lo de Segura fue más serio. El primado seguía instalado en Francia y su paje atravesaba diariamente la frontera, vigilado más de cerca de lo que se creía. El purpurado parecía dispuesto a dar la batalla, y ya había ordenado, por escrito, a los párrocos que procediesen a la venta de los bienes de parroquias e iglesias.

Aquí hay que hacer un inciso. Entre el cardenal primado y el Nuncio, monseñor Tedeschini, existía una enconada enemistad[12]. A este elemento, de orden personal, había que añadir otro más importante: en 1931, el Vaticano buscaba la convivencia con la República española.

Maura obró, pues, de acuerdo con el Nuncio —a quien solía secundar Herrera— y, cuando, pocos días después, tuvo informes de que el cardenal había penetrado clandestinamente en España, la Dirección general de Seguridad pudo seguir sus pasos con relativa facilidad. El cardenal preparaba, desde el pueblecito de Pastrana, una reunión de todos los párrocos de la provincia de Guadalajara. El 14 de junio, Segura fue detenido en el convento de los Paúles de Guadalajara, con orden de expulsión del territorio nacional, lo que cumplimentó el día siguiente. Al salir de España, el cardenal, hacía constar por acta notarial su enérgica protesta contra todas las disposiciones encaminadas a la separación de la Iglesia y el Estado, a la libertad de creencias y cultos, cuyos principios de base establecía un Decreto del 22 de mayo.

Una vez más, el Gobierno se encontró ante los hechos consumados. En cuanto a la Santa Sede, ésta envió un legado a Tarbes, donde se había instalado Segura, a fin de obtener su renuncia a la silla primada de Toledo. Aceptó a regañadientes el cardenal, y llamado poco después a Roma ratificó su renuncia, pero se negó a añadir —como quería Pío XI— que había sido «por propia voluntad». Roma pudo empero comunicar al Gobierno que «había admitido la renuncia de don Pedro Segura».

La agitación obrera

La agitación obrera

El advenimiento de la República había despertado grandes esperanzas en la población trabajadora que, en gran parte, comenzaba a mostrar su impaciencia al cabo de los dos primeros meses de nuevo régimen. Ese estado de ánimo era refrenado por las organizaciones de la U. G. T., colaboradora del Gobierno, pero estimulado por la C. N. T. y por el Partido Comunista (aunque éste era todavía muy débil), que se consideraban ya en la oposición.

A los pocos días de la quema de conventos, el ministro de la Gobernación había llamado a los jefes de la Guardia civil para «garantizarles que se habían acabado las claudicaciones de la autoridad» y prepararlos para afrontar una ofensiva anarcosindicalista. Por aquellos días, para contrarrestar los temores de quienes veían en la Guardia civil el instituto armado defensor del viejo régimen, se creó el cuerpo de Guardias de Asalto, de raíz republicana. Sin embargo, la Guardia cívica, formada por miembros de los partidos del régimen, surgida el 14 de abril, y a la que se pensó organizar siguiendo las tradiciones populares de la histórica Milicia Nacional, fue segada en flor y cayó pronto en el olvide. Para el ministro de la Gobernación todo aquello no era sino una cuestión de mantener el orden público, cuando en realidad se trataba, ni más ni menos, de la base social que hubiera de tener el nuevo régimen.

El primer movimiento obrero de importancia fue la huelga de Pasajes, durante los últimos días de mayo, dirigida por la C. N. T. y el Partido Comunista. Más de mil obreros que iban en manifestación desde Pasajes a San Sebastián fueron recibidos por las descargas de la Guardia civil en el barrio de Ategorrieta: ocho obreros quedaron allí muertos y muchos más resultaron heridos. Pese a la energía de Maura, las huelgas iban a sucederse, unas por razones reivindicativas y otras por razones políticas. El 1.º de junio pararon todos los mineros de Asturias, y el 17 se declaró la huelga general en Gerona como protesta contra unas detenciones. El 28, la Guardia civil disparó en Málaga sobre un grupo de obreros y causó la muerte de uno de ellos. La respuesta fue la huelga general, seguida también en Granada, que duró hasta el 3 de julio.

Al mismo tiempo se produjo en Sevilla un incidente de naturaleza más compleja, con pretexto de la campaña para las elecciones a Cortes constituyentes. En efecto, se presentó una candidatura, colocada en oposición al Gobierno desde la izquierda, con la esperanza de ser votada por numerosos trabajadores que seguían a la C. N. T., como así fue: figuraban como candidatos el comandante Ramón Franco, el capitán Rexach, el sociólogo sevillano Blas Infante y el abogado José Antonio Balbontín, ayudados principalmente por el eminente agrónomo Pascual Carrión y el médico anarcosindicalista Pedro Vallina. Pero a Franco se le ocurrió que aquello tenía que servir de pretexto «para hacer la revolución social», ocurrencia que, al parecer, era compartida por Rexach y Vallina, pero no por los otros miembros del grupo. Se trataba de una «revolución social» prefabricada en la base aérea de Tablada, cuyos aviadores hicieron también propaganda de la candidatura en los siguientes términos: “Queremos concluir con las clases y convertir todas las fuerzas nacionales, especialmente las obreras, en motores e instrumentos de gobernación”. La descabellada empresa no file tan siquiera intentada por dos razones: la primera, que Franco se rompió una pierna, el 24 de junio, al hundirse en Lora del Río el tablado desde el que daba un mitin; la segunda, que Sanjurjo, por orden de Maura, se personó en la base de Tablada el día 27 y procedió a la detención del teniente coronel Camacho, comandante Romero y varios sargentos y soldados. Sin embargo, y puesto aparte el aventurerismo de este proyecto, la verdad era que el malestar social crecía por momentos en Sevilla y su provincia, como se comprobó un mes después.

El movimiento social más importante —el primero de gran alcance bajo la República— fue la huelga de la Telefónica, declarada por la C. N. T. a partir del 6 de julio, orquestada con apasionada violencia, en la que no faltaron los sabotajes a las líneas telefónicas, la explosión de bombas, etc. Esta huelga estalló por no haber cumplido los hombres entonces en el Poder un tácito o concertado compromiso con la C. N. T. antes de la instauración de la República. En efecto, entre otras cosas, la organización confederal aceptó dar un respiro de tres meses a la República naciente, pero también con más de una condición y, una, fue la de resolver lo que era conflicto latente con la dirección norteamericana de la Telefónica, que obraba en España como en país colonial. En el Ateneo de Madrid; Indalecio Prieto había calificado el contrato con la Telefónica de verdadero atraco y latrocinio. Tenían razón, pues, los huelguistas y en vastos sectores de la burguesía liberal la encontraron los trabajadores reconocida en forma de la subsiguiente huelga de abonados —principalmente en Barcelona— que no pagaron las facturas presentadas al cobro… y que después se quedaron sin teléfono. Y ello fue así, porque el Gobierno tuvo que capitular ante la presión más o menos descarada del embajador de los Estados Unidos en Madrid.

En fin, en numerosos pueblos de la provincia de Córdoba, los trabajadores, que esta vez eran afiliados de la U. G. T., tampoco estaban muy satisfechos, y se produjeron numerosos asaltos a cortijos de grandes propietarios. Maura concentró fuerzas de la Guardia civil. Se practicaron gran número de detenciones y varios alcaldes socialistas fueron destituidos.

Para completar este cuadro conviene señalar que del 11 al 16 de junio había tenido lugar en Madrid el Congreso de la C. N. T., en el que se manifestaron las dos tendencias principales en el seno de esta organización sindical: la de luchar dentro del régimen —representada por Peiró, Pestaña, Juan López, etcétera— y la de pasar a la ofensiva revolucionaria, criterio que era el de los militantes afiliados a la F. A. I. y de otros grupos extremistas que más tarde se integrarán en ésta (Durruti, García Oliver, etc.). La C. N. T. cuenta entonces con 548 000 afiliados (54,6 % pertenecientes a la Regional de Cataluña). La prueba de esta contradicción interna se hallaba en el propio dictamen sobre las Cortes constituyentes presentado al Congreso por el Comité Nacional, en el que se decía que «las Cortes constituyentes son un producto de un hecho revolucionario, hecho que directa o indirectamente tuvo nuestra intervención» y, unos renglones más abajo, que «nada esperamos de las Cortes constituyentes, engendradas en el mismo vientre de la sociedad capitalista». No es de extrañar que en las elecciones del 28 de junio un sector de afiliados a la C. N. T. votase y otro se abstuviese.

En cuanto al Partido Socialista, en su Congreso celebrado el 11 de julio, decidía seguir colaborando en el Gobierno hasta que se aprobase la Constitución.

Actividades del Gobierno

Actividades del Gobierno

La huida ininterrumpida de capitales hada más daño al país que las protestas de los campesinos andaluces, pero contra eso era ineficaz la Guardia civil. La peseta seguía bajando, pues, paradójicamente, los financieros españoles y extranjeros prestaban más atención a los conflictos sociales que a las medidas de orden público del ministro de la Gobernación. La caída de la libra esterlina en septiembre acarreó la depreciación de los valores españoles que había en dicha divisa.

A fines de mayo, Indalecio Prieto anunció ya que se había firmado un contrato con la Nafta soviética para el aprovisionamiento de petróleo. Los medios financieros internacionales, presionados por la Shell y la Standard, se desataron todavía más contra la peseta. Se temía que fuese el primer paso para establecer relaciones diplomáticas con él Gobierno soviético. Pocas semanas después, Prieto retrocedió: se negociaría con todas las empresas productoras de petróleo.

Otra de las primeras medidas fue anular el monopolio del tabaco para las plazas de soberanía española en Marruecos de que gozaba Juan March. Éste, hostil al nuevo régimen, y que no aprobó en nada la adhesión de Santiago Alba a la República —político con el que tenía numerosos contactos—, quiso pasar la frontera como muchos otros privilegiados de la fortuna. No le fue permitido, aunque, en los primeros momentos evitó que se instruyese causa alguna contra él. Testigos de primer orden atribuyen a gestiones de Lerroux la relativa inmunidad de March durante los primeros meses de la República.

En el orden cultural, el Gobierno tenía una evidente preocupación. Un decreto preparado por Marcelino Domingo, de 12 de junio, creaba 27 000 nuevas escuelas de primera enseñanza, de las cuales 7000 debían inaugurarse antes de que terminase él año. En efecto, ya el 14 de julio, podía decir el ministro de Instrucción pública que 3500 de las nuevas escuelas estaban ya en funcionamiento.

Los Estatutos de autonomía y las elecciones a Constituyentes

Los Estatutos de autonomía y las elecciones a Constituyentes

Una Comisión nombrada por la Generalidad de Cataluña, reunida en el hotel refugio de Nuria, redactó un proyecto de Estatuto de autonomía; Sometido a plebiscito, el 2 de agosto, fue aprobado por el 99 por ciento de votantes y más del 75 del censo electoral.

En el País Vasco, el alcalde de Guecho, José María de Aguirre, convocó a todos los municipios vascos para reunirse en Guernica el 17 de abril, pero el Gobierno prohibió la Asamblea. No obstante, se tomaron dos acuerdos: reconocer la legitimidad de la República y pedir «la constitución de un Gobierno republicano vinculado en la República federal española». Por fin, el 14 de junio, se reunieron en Estella los representantes de 480 municipios vascos (sobre un total de 520) y de Navarra. Se aprobó entonces un proyecto de Estatuto general del Estado vasco, que sería «autónomo dentro de la totalidad del Estado español», pero que se reservaría la función de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Todo esto no dejó de crear cierta confusión: el carlismo tradicional, aunque apoyaba en cierto modo el Estatuto de Estella y su lema «Dios y fueros», recelaba de su orientación democrática. Por otro lado, el Partido Socialista, Acción Nacionalista Vasca (y también comunistas y republicanos) aceptaban el proyecto de Estatuto, pero no la adición sobre relaciones entre Iglesia y Estado. También estas fuerzas recelaban del Partido Nacionalista Vasco, eje político y fuerza motriz del proyecto considerado demasiado de derecha. Este doble equívoco retrasó durante años la obtención de un Estatuto para el País Vasco.

El 3 de junio habían sido convocadas las elecciones a diputados para Cortes constituyentes para el 28 del mismo mes; el 14 de julio debería reunirse la Cámara, revestida de plenos poderes constituyentes y legislativos, ante la cual resignaría los suyos el Gobierno provisional.

Las elecciones se celebrarían, según la ley de 1907, profundamente modificada por el Decreto del 8 de mayo de 1931. Este decreto instituía, en vez de la antigua elección uninominal por pequeñas circunscripciones, la elección por lista y por provincia, por un sistema mixto entre mayoritario y proporcional, que concedía amplia prima a la candidatura mayoritaria, pero reservaba cierto número de puestos a la minoritaria[13].

Abrióse, pues, la campaña electoral, y los partidos de la Conjunción republicano-socialista decidieron mantener su bloque con vistas a cerrar el paso a la derecha. Los monárquicos, temerosos de un fracaso, prefirieron abstenerse, no sin alegar una «falta de libertad» que no impidió el triunfo de, otras candidaturas de derecha allí donde los electores votaban por ellas. Los demás sectores de la derecha concurrieron a la liza, como pedía El Debate al opinar que los mayores peligros para «los elementos del orden» eran «la abstención y la violencia». El sector de la oligarquía, que buscaba apoyarse en su base de masas de las regiones agrarias, había elegido la forma legal de lucha dentro de la República. En el Norte, el tradicionalismo carlista, seguro de su fuerza, iba a las elecciones, aunque sus dirigentes pensaban ya en formas de lucha violenta contra el régimen. Hoy se sabe que en aquel verano, el general Orgaz y el banquero Urquijo hacían ya gestiones para la conspiración y que los tradicionalistas tenían ya sus «decurias».

Campaña electoral y elecciones se celebraron sin incidentes de relieve. El mismo Debate, al comentar su resultado, afirmaba que «en cualquier país, póngase el más culto, no se habría atravesado por momento de tal importancia con menos inquietud en el orden material».

Fueron a las urnas 4 348 691 votantes de sexo masculino, mayores de 23 años de edad, lo que representaba el 70,14 por ciento del censo electoral. La participación electoral más elevada, se registró en aquellas provincias en que la derecha o los católicos politizados eran más fuertes, lo que desmiente por completo que el 29,86 por ciento de abstenciones fuera de electores de derecha. He aquí algunos de los tantos por ciento más elevados: Álava, 81,30; Ávila, 85,61; Guadalajara, 84,76; Guipúzcoa, 85,55; Segovia, 86,71; Soria, 87,31; Falencia, 87,93; Navarra, 83,52; Salamanca, 79,55. No cabía duda: la derecha se había «volcado».

La participación electoral más baja se registró en las siguientes provincias: Málaga (capital), 47,61 por ciento; Granada (provincia), 53,18; Cádiz, 59,60; Sevilla (capital), 57,97; Barcelona (capital), 62.10. Es interesante observar, la importancia de las abstenciones en aquellos distritos electorales en que el anarco-sindicalismo tenía preponderancia. No es difícil colegir que, aunque la C. N. T. no había tomado un criterio público decisivo y que había candidatos en Sevilla y Barcelona —aquí la candidatura de Esquerra Republicana— susceptibles de obtener votos confederales, una parte muy considerable de sus afiliados optó por la abstención. En Madrid, capital, la participación electoral fue de 67,97 por ciento, mientras que el 12 de abril había sido de 69. (Sin embargo, Barcelona y Sevilla había dado 33 y 42 por ciento, respectivamente, de abstenciones el 12 de abril). También conviene subrayar, para desmentir una creencia muy extendida, que las abstenciones del 28 de junio (29,86 por ciento) fueron menores que las del 12 de abril (33).

El resultado de las elecciones fue el siguiente: Socialistas, 116; radicales, 90; radical-socialistas, 56; Esquerra Republicana, 36; Acción Republicana, 26; Derecha liberal republicana, 22; O. R. G. A., 15; Al Servicio de la República, 16; vasco-navarros, 14; agrarios, 26; Diga Regionalista, 3; monárquicos, 1; liberal-demócratas, 4; federales y varios de extrema izquierda, 14.

Esta clasificación, como todas las que se han hecho, peca de imprecisa por la indeterminación política de algunos de los diputados incluidos en los grupos pequeños.

En todas las grandes capitales triunfó la Conjunción. La derecha se afianzaba en las provincias agrarias de Castilla y en Navarra. En cuanto a la proporción entre diputados de izquierda y del centro, dado la importancia que tuvieron las alianzas electorales, no permite que se obtengan grandes consecuencias de ella[14].

Dominaban en las Constituyentes los elegidos de profesión intelectual procedentes de las clases medias, pero por primera vez había numerosos diputados de origen obrero. Muy escasos los miembros de la oligarquía (Romanones, Fanjul, Lamamié de Clairac, March, Oriol, Royo Villanova, Urquijo Ibarra, Ventosa) aunque fueran mucho más numerosos los que tenían vínculos en ella.

Apertura de las Constituyentes

Apertura de las Constituyentes

El 14 de julio por la tarde, las tropas cubrían la carrera. Cualquiera hubiera dicho que Madrid entero estaba en la calle. Desde las cuatro no se podía dar un paso entre Recoletos y la Carrera de San Jerónimo. El público era dueño de todas las calles, sin más límites que el señalado por las tropas; las gentes se arracimaban en balcones, azoteas y los más jóvenes se encaramaban a los árboles y hasta a los monumentos públicos. Queipo de Llano pasó revista a las fuerzas, estrechaba la mano, sin apearse de su piafante jaco, de los entusiastas que le tendían la suya en las proximidades del Congreso. A las siete menos cinco se oyó un clarín desde la plaza de Neptuno y, desde entonces, el clamor popular fue ensordecedor… Lentamente iban llegando los coches: Alcalá Zamora con Lerroux, Azaña con Fernando de los Ríos… Sonaron los timbres, y el Gobierno provisional, en fila que encabezaba Martínez Barrio, se dirigió al banco azul en medio de una ovación atronadora.

Alcalá Zamora, de pie, comenzó su discurso para rendir cuentas ante los representantes de la nación: «Para mí, señores diputados, para el Gobierno en su conjunto, la revolución triunfante es la última de nuestras revoluciones políticas que cierra el ciclo de las otras, y la primera, que quisiéramos fuera la única, de las revoluciones sociales que abre paso a la justicia. En la realidad, soberanía más plena que la de este Parlamento no la conoció ninguna. Soberanía libre de toda influencia tutelar extranjera… libre, señores, de todo caudillaje militar… libre de oligarquías políticas… Y, por último, soberanía libre del caudillaje político».

Acto seguido se nombró la siguiente Mesa de la Cámara. Presidente: Julián Besteiro (socialista); Vicepresidentes: Manuel Marraco (radical), Francisco Barnés (radical-socialista), Juan Castrillo (Derecha liberal republicana) y Dimas Madariaga (Acción Nacional). Todos respetaban la regla de la proporcionalidad.

El 28, el Gobierno resignó sus poderes ante las Cortes que, tras dos días de debate, le otorgaron unánimemente su confianza.

El 29 quedó constituida la Comisión parlamentaria encargada de redactar el proyecto de Constitución, bajo la presidencia de Jiménez de Asúa, También se nombró una Comisión para investigar las responsabilidades derivadas del expediente Picasso, del golpe de Estado de 1923 y de la actuación de la Dictadura.

Los sucesos de Sevilla

Los sucesos de Sevilla

El 18 de julio, unos esquiroles daban muerte a un obrero huelguista de la fábrica Osborne de Sevilla. Al día siguiente, la situación se puso muy tensa —se estaba en plena huelga de la Telefónica—; hubo mítines de la C. N. T. y del Partido Comunista. Millares de obreros asistieron el día 20 al entierro de su compañero asesinado; la fuerza pública les hizo frente y en la Alameda de Hércules y calles Relator y Feria se libró una batalla campal en la que resultaron muertos tres guardias civiles y cuatro obreros. Al día siguiente, la huelga general, paralizaba Sevilla. En Utrera, Dos Hermanas, La Campana, Coria del Río y otros, pueblos se producía igualmente la huelga. Durante el día 22 no cesó el tiroteo en Sevilla. El gobernador civil, José Bastos (alto empleado del Banco de Bilbao, que acababa de ser nombrado por Maura), ordenó la detención del doctor Vallina, pero los campesinos de Utrera, Dos Hermanas, etc., se lanzaban al asalto de los cuarteles de la Guardia civil y de las centralitas telefónicas. Por la tarde del día 22, se declaró el estado de guerra y se hizo cargo del mando el general Ruiz Trillo, que ya mandaba la División de Andalucía. Aquella madrugada, cuatro obreros comunistas eran conducidos, desde Sevilla al penal de Cádiz, por fuerzas del Ejército al mando de un teniente. Al llegar al Parque de María Luisa, se ordenó un insólito cambio de furgoneta. Los presos «intentaron escapar», el teniente ordenó hacer fuego y allí quedaban muertos los cuatro. La República había estrenado su «ley de fugas». Empezó otra vez la lucha de calles y volaron sobre Sevilla los aviones militares. Se produjo entonces, de manera inexplicable, cuando había cesado ya la refriega, el bombardeo de artillería contra una taberna, la «Casa de Cornelio», donde solían reunirse comunistas, pero en aquel momento enteramente desalojada. Veintidós cañonazos del 7,5 la derrumbaron. Maura achacó ese acto a Ruiz Trillo, pero otros gobernantes republicanos aseguraron que el ministro de la Gobernación dio su asentimiento por teléfono. Azaña confirma que Maura le había anunciado, con dos días de antelación, el bombardeo de la casa de Cornelio, previamente desalojada (op. cit., tomo IV, pág. 40). Durante todo el día 24 continuó la lucha en la provincia, con muertos y heridos por ambos bandos. Los presos se contaron por centenares. Una comisión enviada por las Cortes no logró ponerse de acuerdo: la mayoría criticó duramente al gobernador civil, que fue defendido por el diputado radical Armasa. El diputado Rodrigo Soriano afirmó que se había perpetrado el crimen ignominoso de la «ley de fugas». Por su parte, el gobernador civil envió un informe reservado al Gobierno, en cuyas conclusiones se decía: «Estamos en plena guerra civil, amparándose el enemigo, que cuenta con jefes, pistoleros y mercenarios, planes de lucha, táctica propia y unidad de acción, en los derechos y libertades existentes para destruirlos por la violencia».

Los sucesos de Sevilla repercutieron en apasionado debate parlamentario. Interpelaron al Gobierno los diputados Barriobero, Samblancat, Jiménez y Companys. Éste, en nombre de los 36 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, declaró: «Reconozco que cuando surge el desorden en la calle, la autoridad tiene que restablecer el orden como sea. Pero limpia la calle, la autoridad no puede ejercer una acción que está glosada en mi ficha policiaca y en la de muchos con una inscripción que dice así: “Hacerle la vida imposible”».

Maura respondió de manera tan elocuente como violenta para atacar a la C. N. T., a la que acusaba de ponerse al margen de la ley. Hubo un momento en que parecía que los diputados catalanes iban a retirar su apoyo al Gobierno, pero como la discusión se entrelazara con el planteamiento de la cuestión de confianza, todo quedó saldado sin mayores consecuencias parlamentarias. No así en la política nacional; la huelga de Sevilla marcaba un punto de fractura en la izquierda española. El malestar iba ganando terreno entre la población trabajadora. En cuanto a Sevilla, el hecho de que en las elecciones complementarias del 4 de octubre, para un solo puesto, saliera triunfante el candidato de extrema izquierda, José Antonio Balbontín, denotaba cuál era el estado de ánimo en aquellos momentos.

Se discute la Constitución

Se discute la Constitución

Tras un nuevo debate sobre los sucesos de Sevilla y el nombramiento de la Comisión para preparar la ley de Reforma agraria (que trabajó con tanta premiosidad como ineficacia), se presentó el proyecto de Constitución en la sesión de Cortes del 27 de julio. El debate sobre la totalidad del proyecto duró hasta el 9 de septiembre. Cuestiones batallonas fueron, desde el primer momento, la religiosa y la de las autonomías regionales. Partió el primero al ataque el canónigo Molina y fue un republicano, por cierto también católico, Sánchez Albornoz, el primero en defender el proyecto. Otro sacerdote, Basilio Álvarez (radical) criticó los artículos relativos a la Iglesia. Luis de Zulueta afirmó que «la Iglesia española, siempre más papista que el Papa, más intransigente que el Vaticano, ha mantenido una alianza innegable con los partidos políticos más reaccionarios y con las fuerzas sociales más conservadoras». Fernando de los Ríos estimó que había que superar «lo que ya está superado en la experiencia: el liberalismo económico y la democracia inorgánica».

El 16 de septiembre, al comenzar la discusión del articulado, surgió el voto particular socialista, presentado por Araquistain, encaminado a que el artículo primero declarase: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia», pomposa declaración sin más resultados que asustar a unos e ilusionar a otros, que fue aprobada por 170 votos contra 152.

Tras ardua discusión se aprobó asimismo la fórmula de «Estado integra», que daba posibilidad a las autonomías, sin establecer imperativamente el sistema federal. En realidad, lo enconado del debate se debía a la oposición de la derecha y del centro a todo proyecto de autonomía catalana.

El voto de la mujer, aprobado por 160 votos contra 121, desató menos pasiones. Igualmente se aprobaron los derechos y deberes de los españoles. Más dura resultó la discusión del artículo 44, que establecía que «la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, mediante adecuada indemnización…», así como la posibilidad de nacionalizar servicios públicos y explotaciones que afectasen al interés común y la posibilidad de que el Estado interviniese industrias y empresas «cuando así lo exigiera la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional».

Por fin comenzó, el 8 de octubre, el debate sobre los artículos 26 y 27 (relaciones de la Iglesia y el Estado), que había de dar lugar a la primera crisis de gobierno del régimen republicano.

Pero veamos antes cuál era la política en la calle, mientras los diputados elaboraban la Constitución.

La C. N. T. había pasado a una oposición abierta y dirigía numerosas huelgas, ora por reivindicaciones económicas ora contra el comportamiento de la fuerza pública, cuyos métodos no parecían experimentar cambio alguno bajo el nuevo régimen. Durante el mes de septiembre hubo huelgas generales en Zaragoza, Granada, Santander, Salamanca (en esta ciudad predominaba la U. G. T.). Durante todo el mes de agosto duró la huelga de 20 000 metalúrgicos de Barcelona. En esta ciudad, y tras un plante de los presos político-sociales, se declaró la huelga general. El gobernador civil. José Oriol Anguera de Sojo, la reprimió enérgicamente y practicó numerosas detenciones. El 4 de septiembre, después de una verdadera batalla, la policía tomó por asalto el local del Sindicato de la Construcción, donde hubo ocho muertos. Centenares de trabajadores fueron encarcelados en el vapor Dédalo. Macia solicitó, en vano, la libertad de los presos, hacia los cuales no ocultó su simpatía el Gobierno de la Generalidad.

En el campo catalán, los rabassaires, deseosos de que se mejorase su situación, comenzaron a agitarse y a negarse a pagar lo exigido por los propietarios.

En general, la agitación era mayor en el campo, puesto que la situación de los trabajadores agrícolas era realmente dramática: numerosos propietarios burlaban tas nuevas leyes por el sencillo procedimiento de suprimir gran parte de labores en sus tierras, con lo cual se agravaba el paro. En agosto, los trabajadores de varios pueblos de Córdoba intentaron apoderarse de los campos sin cultivar. En septiembre, la ocupación de tierras se generalizó en Corral de Almaguer y otros pueblos de la provincia de Toledo, y la intervención de la Guardia civil (Sanjurjo en persona se trasladó a dicha localidad) causó cinco muertos y siete heridos. La muerte de otros dos trabajadores en Palacios Rubios (Salamanca) por los disparos de la fuerza pública contra una manifestación, dio lugar a la ya mencionada huelga en aquella capital. La actuación de la fuerza pública en el campo, provocaba cada día más las manifestaciones de protesta que, en la mayoría de estos casos, procedían de trabajadores sindicados en la U. G. T. y no en la C. N. T.

A primeros de septiembre, los trabajadores ocuparon de nuevo numerosos cortijos en la provincia de Córdoba, de donde fueron desalojados por fuerzas del Ejército. Hubo huelgas generales en Cádiz y Granada, así como en los Ferrocarriles Andaluces.

El ministerio Azaña

El ministerio Azaña

Comenzar la discusión del artículo 26 y ponerse las pasiones abrojo vivo fue todo uno. Se trataba de la extinción del presupuesto de Culto y Clero, el sometimiento de las congregaciones religiosas a una ley especial, la prohibición de ejercer la enseñanza y la disolución de las que tuviesen un voto especial de obediencia a autoridad distinta de la del Estado (lo que suponía la disolución de la Compañía de Jesús), libertad de conciencia y de cultos, y la secularización de cementerios. Pasaron al ataque las oposiciones, y sumóse a las críticas el propio Alcalá Zamora, que declaró: «Allá (en el cementerio de Huesca) habrá siempre una cruz recordando que la mitad, por lo menos, de la sangre sacrificada por la Dictadura y la Monarquía era republicana, pero católica también/» Albornoz, en cambio, arremetió violentamente contra las órdenes religiosas. Azaña y Fernando de los Ríos defendieron el proyecto. Leizaola y Gil Robles lo impugnaron sin cesar. La discusión se prolongó una semana. En la madrugada del 13 de octubre, el artículo 26 fue al fin aprobado por 178 votos contra 59. Abstuviéronse los radical-socialistas, partidarios del primitivo dictamen, que era más duro.

Amanecía cuando terminó la votación. Alcalá Zamora fue a descansar. Al levantarse llamó a Largo Caballero y Marcelino Domingo para comunicarles su decisión de dimitir. Al poco rato, se reunían a comer los tres ministros socialistas; luego con los demás (a excepción de Alcalá Zamora y Maura, que le había seguido en su dimisión), iban a casa de Prieto. A las cinco y media se declaró abierta la crisis en el Congreso. La situación era delicada, pues en ese momento no había más Poder que las Cortes y no existía una Constitución. Se encargó entonces al presidente de la Cámara la resolución de la crisis. Nadie salió del palacio del Congreso mientras se procedía a las consultas. A las nueve menos veinte de la noche el Gobierno, encabezado ahora por Manuel Azaña, entró en el salón de sesiones y durante varios minutos, los diputados, puestos de pie, le tributaron una gran ovación.

Estaban ausentes los diputados de los grupos agrario y vasco-navarro (tradicionalistas y nacionalistas) que, a las seis de la tarde, habían anunciado su retirada de las Cortes, tras redactar un manifiesto al país en el que se declaraba: «Hemos llegado al límite de nuestra transigencia. La Constitución que va a aprobarse no puede ser la nuestra». A ellos se unieron algunos católicos independientes. En total, 42 diputados.

En realidad, la derecha aprovechó la coyuntura para tomar la religión como bandera de combate, por conocer que era una plataforma susceptible de prender en grandes masas del país. Para la mayoría de los que se alzaban en disidencia, los artículos democráticos y sociales de la Constitución eran más graves que los relativos a las órdenes religiosas, pero comprendían perfectamente que no se podía hacer campaña por defender las desigualdades sociales.

Volvamos al Congreso. En el banco azul estaba el mismo Gobierno, con las siguientes variaciones: Casares, Quiroga pasaba a Gobernación y José Giral, nuevo ministro, iba al ministerio de Marina. Azaña reunía la Presidencia y Guerra.

Habló Azaña. El plan del Gobierno era terminar la Constitución y votar la ley de Reforma agraria. «La República es de todos los españoles, gobernada, regida y dirigida por los republicanos, y ¡ay del que intente alzar la mano contra ella!», fueron sus palabras.

Aquella noche del 14 de octubre se había producido un cambio esencial: los representantes netos de la burguesía salían del Gobierno. Había, pues, un Gobierno de la pequeña burguesía, de hombres salidos de las clases medias, en el que se integraba una representación de la clase obrera; un Gobierno, en su mayoría, de profesores y abogados, pero no un Gobierno de propietarios. Se reproducía la situación de 1873, de la Primera República. También, como entonces, una parte de la clase obrera estaba ya en la oposición, con la diferencia de que esta clase era ahora mucho más importante en la vida del país. También, como entonces, la oligarquía quería acabar con la República. También, como entonces, el Gobierno republicano no disponía de un aparato de Estado democrático, sino de los viejos instrumentos de Poder, mohosos y destartalados del Estado del Viejo Régimen. No era tarde, todavía, aquella noche del 14 de octubre, pero sí lo sería en septiembre de 1933, el día de la caída del Gobierno Azaña.

Si con la huelga de Sevilla se había producido la primera fractura del frente republicano —por la izquierda—, con el voto del artículo 26 y la formación del Gobierno Azaña se producía la segunda, por la derecha. Una vez más, un país iba a asistir a la experiencia de la «lucha en dos frentes».

Instrumento de esa lucha, en los planes del Gobierno, era la ley de Defensa de la República, votada por las Cortes el 20 de octubre, que suspendía prácticamente toda clase de garantías y concedía poderes omnímodos al ministro de la Gobernación[15].

Pese a ello, un mitin en Ledesma (Salamanca), en el que hablaron Gil Robles, Lamamié de Clairac y Casanueva, fue la señal para iniciar un vasto movimiento por la revisión de una Constitución que aún no había sido promulgada.

Los constituyentes proseguían, no obstante, su trabajo. Se aprobó el artículo 43, sobre la familia, que establecía la igualdad de los cónyuges, suprimía la clasificación de hijos en legítimos e ilegítimos y abría paso al establecimiento de la ley del Divorcio. También se aprobó el sistema unicameral, que por cierto lo fue contra el voto de los radicales.

Al margen de la tarea constituyente, las Cortes aprobaron la nueva ley de Ordenación bancaria, que no quebrantaba el baluarte de la oligarquía, como era el Banco de España, pues se limitaba a establecer la designación de tres representantes directos del Estado y a crear un servicio para que funcionarios de Hacienda inspeccionasen la contabilidad del Banco. Estos alfilerazos parecieron tremendas cuchilladas a los miembros de las «grandes familias» que constituían el Consejo de Administración del Banco, que desde aquel momento consideraron a Prieto como su enemigo mortal.

Un proyecto de ley de Largo Caballero, encaminado a crear Comisiones interventoras de obreros en las empresas, tuvo menos suerte. Pasó a una Comisión y allí falleció más tarde.

Alcalá Zamora, presidente de la República

Alcalá Zamora, presidente de la República

El 9 de diciembre, la Constitución fue aprobada por 368 votos (la mayoría absoluta era de 236), a los que sumaron 17 adhesiones de diputados ausentes. No hubo votos en contra; los diputados de derecha y cinco de extrema izquierda que no estaban de acuerdo no se hallaban presentes.

Al día siguiente se procedió a elegir Presidente de la República. Después que Lerroux esquivó algunas proposiciones que se le hicieron —al hombre no le interesaba desaparecer de la política activa, por cuanto pensaba canalizar la oposición en un partido de centro apoyado en la burguesía media—, el único candidato era Alcalá Zamora. De un total de 410 votantes obtuvo 362 votos. Votaron a don Niceto, no sólo los partidos gubernamentales, sino también la Derecha liberal republicana, La Agrupación al Servicio de la República, los nacionalistas vascos, y los diputados de extrema izquierda.

El 11 de diciembre, el nuevo jefe del Estado juró su cargo ante las Cortes. Después tuvo lugar frente al Palacio de Oriente (antes Real) un desfile militar. Una vez más, la muchedumbre madrileña ovacionaba a los dirigentes republicanos. Pero esta vez, los silbidos y denuestos al paso de la Guardia civil se produjeron repetidas veces, lo que dio lugar a diversos incidentes.

Hubo fiestas en toda España, pero en Gijón y Zaragoza había huelga general. En Gijón, los obreros ocuparon las fábricas, de las que fueron desalojados por la Guardia civil y los marinos del cañonero Dato. Un obrero fue muerto por la fuerza pública y once resultaron heridos.

Abrióse la crisis gubernamental de rigor, pero todos creían que sería simplemente formularia: los partidos gubernamentales habían manifestado su aquiescencia; por su parte, los dirigentes del Partido Socialista estimaban que debía continuar la colaboración con el Gobierno «burgués» hasta que fuesen aprobadas las principales leyes complementarias, sobre todo la de Reforma agraria y el Estatuto catalán. El día 13, todo parecía arreglado, pero, a última hora, Lerroux negó su colaboración cuando supo que la cartera de Hacienda sería desempeñada por el catalán Jaime Carner, con el cual había tenido grandes desavenencias en la época en que los lerrouxistas administraban el Ayuntamiento de Barcelona. El pretexto dado por Lerroux fue que no estaba de acuerdo con la continuación dejos socialistas en el Poder. También es verdad que había llegado para el Partido Radical un buen momento de consolidar posiciones oponiéndose al Gobierno.

Dos días se retrasó la solución de la crisis, y el 15 formó Azaña su segundo Gobierno, que se presentó ante las Cortes el 17[16].

Comenzaba a gobernar un gabinete de izquierda que, por boca de su presidente, aseguró que la tarea esencial era la aprobación, por las Cortes, del Presupuesto, la ley de Reforma agraria, el Estatuto de Cataluña, las modificaciones del Código civil, la ley orgánica del Tribunal de Garantías, etc.

La Constitución recién votada hacía legalmente posible el avance político hacia la izquierda. Sin embargo, era una «Constitución prematura», como ha dicho después su principal artífice, Jiménez de Asúa: «En los primeros días republicanos, las conquistas efectivas eran aún harto parvas. Para garantizar los avances en el orden político, éstos debían haberse ya ejecutado. Para establecer las garantías de la nueva distribución de la tierra, la reforma agraria debía haberse ya hecho. Para que la libertad de conciencia recibiese resguardos constitucionales, deberían haberse liberado ya las conciencias… Esa ingente labor, de auténtica revolución, debió ser hecha por el Gobierno, con el instrumento de los decretos-leyes. Una vez cumplida, la Constitución hubiera vestido el cuerpo formado y garantido las conquistas logradas… Bien pronto hube de apercibirme de que en el seno del Gobierno no se opinaba de igual modo»[17].

Castilblanco y Amedo. Insurrección del Alto Llobregat

Castilblanco y Amedo. Insurrección del Alto Llobregat

El último día del año 1931, los campesinos en huelga de Castilblanco (Badajoz) tuvieron un altercado con la Guardia civil. Enardecidos, los jornaleros rodearon a cuatro guardias y los asesinaron. Estas muertes tuvieron mucha más resonancia que las más numerosas ocasionadas por la fuerza pública y contribuyeron a envenenar la situación. No había transcurrido una semana, el 6 de enero, cuando los civiles dispararon a bocajarro contra una manifestación obrera en Amedo (Logroño): seis muertos —de ellos cuatro mujeres— y treinta heridos quedaron tendidos por el sucio.

Cuando la emoción en ambos bandos no se había disipado, el sector de la F. A. I. que dominaba ya la C. N. T. (Peiró, López, Pestaña, etc., habían sido desplazados y en algunos Sindicatos se había llegado a la escisión) lanzó un movimiento insurreccional, el 21 de enero, en la cuenca minera del Alto Llobregat. En Berga, Sallent, Fígols, Cardona y Suria los mineros se apoderaron de los Ayuntamientos, y proclamaron el comunismo libertario. La rebelión se extendió a Mantesa, adonde llegaron grupos armados con los fusiles del Somatén. Azaña habló en el Congreso de «movimiento con hilos en el extranjero» y dio órdenes al Ejército de «aplastar el levantamiento». En efecto, las tropas ocuparon primero Manresa y luego toda la zona minera. Tres días después se rindieron los últimos insurgentes.

El Gobierno, sirviéndose de la ley de Defensa de la República deportó a Guinea a 104 anarco-sindicalistas, entre ellos Buenaventura Durruti y Francisco Asease, que salieron de Barcelona, el 11 de febrero, en el vapor Buenos Aires. La C. N. T. declaró la huelga general de protesta, que tuvo importancia en Cataluña, Zaragoza, Sevilla, La Coruña, Málaga y algunas otras ciudades. El 15 de febrero, los grupos anarquistas de Tarrasa se apoderaron del Ayuntamiento, de donde fueron desalojados al día siguiente.

Las medidas para sofocar el movimiento del Alto Llobregat dieron lugar a las protestas de rigor, si bien el Gobierno obtuvo fácilmente un voto de confianza en las Cortes. Sólo cuatro diputados votaron en contra y los radicales se abstuvieron.

Casi al mismo tiempo que la sublevación anarquista, el 23 de enero se había promulgado un decreto expulsando de España a los jesuitas, en aplicación del artículo 26 de la Constitución.

El ciclo infernal continuaba. En el mes de marzo, con motivo de la suspensión de las obras del Ferrocarril Zamora-La Corana, se declaró en Orense la huelga general. Una vez más, el Gobierno empleó la Guardia civil y una vez más hubo obreros muertos. El sacerdote Basilio Álvarez dijo en el Congreso: «En las calles de Orense la Guardia civil hizo fuego sobre el pueblo. Y lo hizo una y otra vez, cayendo ensangrentadas siete personas; y del furor ciego con que se produjo la represión da idea que entre estas personas hay una mujer y un niño».

Llegó el 14 de abril. En muchas poblaciones se celebró alegremente —en Madrid, la Presidencia de la República ofreció un garden-party popular en el Campo del Moro—, pero en otras la situación fue más tensa que nunca. La C. N. T. proseguía incansablemente la guerrilla de las huelgas. Pero la verdad era que las condiciones de vida dura reinaban sobre todo en la España rural. Los hombres del campo no comprendían que los diputados que ellos votaron se hubiesen pasado un año elaborando una Constitución y algunas otras leyes (que a ellos les parecían secundarias) mientras que la Reforma agraria no pasaba de ser una promesa. Eso y la obstinación de los terratenientes explica la agitación en las regiones de gran propiedad, que a veces se traducía en manifestaciones violentas, ocupación de tierras y cortijos, seguidas de la inevitable y rigurosa intervención de la Guardia civil. Hechos de esa naturaleza se registraron en el mes de marzo en las provincias de Toledo y Sevilla, y en junio en las de Córdoba y Jaén.

En un debate parlamentario, como se hablase insistentemente del desorden reinante en el campo, el diputado Balbontín respondió: «Existe el desorden en Sevilla, como en Andalucía, como en todas las ciudades y en todos los campos de España. Existirá el desorden en España mientras la revolución democrática iniciada no logre sus fines esenciales. Es una ley histórica que está por encima de nuestra voluntad».

Ése era también, en líneas generales, el criterio del Partido Comunista, que celebró su IV Congreso, en Sevilla, en el mes de marzo, sin hacer más que seguir al dictado lo que decía la Internacional Comunista.

Llegó el 1.º de mayo. El Gobierno estimó prudente prohibir las manifestaciones, porque temía las llamadas perturbaciones del orden público. Era día de paro general, pero los obreros debían irse a merendar al campo con sus familias. Algo así como el jolgorio natural cuando todo había sido ya conquistado. La U. G. T., decidida a no crear el menor obstáculo al Gobierno, le sirvió de instrumento para aconsejar esa manera de celebrar la fiesta del trabajo. Y ocurrió que, precisamente, esa prohibición acarreó las «perturbaciones». En Madrid, una manifestación comunista, formada en Cibeles, subió por la calle de Alcalá hasta el cruce con la Gran Vía, en que fue disuelta por varias compañías de Guardias de asalto. En Sevilla, las manifestaciones tuvieron mayor importancia; salieron a la calle fuerzas del Ejército y resultaron dos obreros muertos. En Córdoba, Bilbao y otras ciudades la policía disolvió otras tantas manifestaciones comunistas.

El debate sobre la Reforma agraria

El debate sobre la Reforma agraria

Sabemos ya cuál era la estructura agraria de España. En un año de República no había experimentado ninguna variación. Veamos, sin embargo, algunos elementos de juicio para mejor situar la cuestión.

La memoria de la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial de 1930 establecía la siguiente división de parcelas en las veintisiete provincias catastradas hasta el año 1928, en hectáreas:

Número | Fincas | Extensión
Hasta 50 | 7 853 266 | 9 321 532
De 50 a 100 | 21 304 | 1 451 858
De 100 a 250 | 13 872 | 2 007 542
De más de 250 | 11 168 | 6 892 018
TOTALES | 7 899 610 | 19 672 950

Los datos del Catastro hasta el 31 de diciembre de 1930, expuestos por Pascual Carrión en su obra Los latifundios en España, daban el siguiente resultado en hectáreas:

Número | Fincas | Extensión
Menos de 10 | 10 016 094 | 8 014 715
De 10 a 100 | 169 472 | 4 611 789
De 100 a 250 | 16 305 | 2 339 957
De más de 250 | 12 488 | 7 468 629
TOTALES | 10 214 359 | 22 435 000

En las provincias no catastradas predominaba el minifundio, que llegaba en algunas, como Soria, Zamora y Burgos, a un promedio de 0,42 hectáreas por parcela. La contradicción latifundio-minifundio señalaba ya las dos partes de la tenaza que agarrotaba la agricultura española.

Hay que tener presente que el número de propietarios solía ser menor que el de parcelas. Este fenómeno se daba sobre todo en los grandes terratenientes, poseedores siempre de más de una finca. Once mil fincas de más de 250 hectáreas no querían decir 11 000 latifundistas, sino, probablemente, tres o cuatro mil.

También nos interesa conocer las propiedades rústicas que tenía la grandeza de España en un total de 577 146 hectáreas:

Duque de Medinaceli | 79 146
Duque de Peñaranda | 51 015
Duque de Vistahermosa | 47 203
Duque de Alba | 34 455
Marqués de la Romana | 29 096
Marqués de Comillas | 23 719
Duque de Fernán-Núñez | 17 732
Duque de Arión | 17 666
Duque del Infantado | 17 171
Conde de Romanones | 15 171
Otros 89 nobles | 248 987

Según los cálculos de Carrión, el tanto por ciento de fincas de más de 250 hectáreas era de 62 por ciento en Extremadura, 61 en La Mancha, 55 en Andalucía (en Cádiz llegaba a 68) y sólo 27 en Castilla la Vieja y León[18].

Hacia 1930, en Andalucía, muchos terratenientes habían arrendado sus latifundios en parcelas y cortijos de 50 a 400 hectáreas, con lo cual se había creado otra capa reducida de arrendatarios ricos, asentados en los pueblos y no absentistas, como los aristócratas terratenientes, que gravitaba a su vez sobre la población trabajadora del campo.

En cuanto a la situación, en las provincias castellanas, de los pequeños propietarios y arrendatarios era tan difícil como puede colegirse del siguiente dato: en 1929, de 1 026 412 propietarios y arrendatarios sujetos a] pago de impuestos en las provincias catastradas, 847 548 resultaban ganar menos de una peseta al día. Sin duda, había aquí ocultación al fisco, pero aunque se doblasen los ingresos, la conclusión no era menos pavorosa.

Durante 1931 y 1932, los mercados agrícolas se sostuvieron a pesar de la crisis mundial, en los productos principales como trigo y aceite; las bajas de precio más sensibles fueron las de arroz y patatas. Sólo en 1933 se generalizó el descenso de precios agrícolas al por mayor, para recuperarse relativamente en el año 1934. No obstante, los productos de exportación comenzaron a sufrir de la crisis. No se puede hablar, sin embargo, de mermas en la renta de los propietarios agrarios durante el primer año de la República (en 1930 se calculaba que 4 000 propietarios de Andalucía disponían de 18 000 pesetas de renta al año y en Castilla la Vieja, 23 000). Es más, las estimaciones hechas sobre la renta nacional (muy inseguras, desde luego) señalaron un ligero ascenso de 1931 a 1932, que no puede basarse en la producción industrial. Pese a la actitud de hostilidad de los propietarios, su falta de asistencia a la economía del país, se reflejó, por ejemplo en las importaciones de maquinaria agrícola: en 1930, los propietarios importaron maquinaria por valor de más de 14 millones de pesetas oro, en 1931 de 7,3 y en 1932 de 3,1, cantidad apenas superada en 1933. Y esto ocurría en un país donde había todavía 2 181 068 arados romanos y sólo 186 678 de doble vertedera, donde sólo había 5000 trilladoras y 4000 tractores.

Los propietarios decidieron no hacer una sola inversión más, y para contrarrestar los jornales mínimos de 5,50 pesetas suprimieron tranquilamente una serie de faenas agrícolas y, en algunos casos dejaron tierras sin cultivar, etc. El paro forzoso aumentó en el campo y cualquiera que haya vivido en los pueblos andaluces o extremeños en aquella época ha tenido ocasión de oír a algún administrador de grandes fincas o al mismo propietario aquella frase de «que os dé trabajo la República». Para colmo, y por un fenómeno de circuitos comerciales que sería preciso estudiar en detalle, los precios al por menor en los pueblos seguían con gran retraso la evolución de los precios en las ciudades, de modo que el alza experimentada de 1930 a 1931 sólo se presentó en el verano de este último año, pero en cambio persistió hasta el otoño de 1932.

Ésta era, a grandes rasgos, la situación económica del campo, cuando en marzo de 1932 se inició la discusión parlamentaria del proyecto de ley de Bases de Reforma agraria. Las condiciones de vida eran más difíciles en las regiones de latifundio; la baja de precios en 1933, y ese aspecto de la crisis no fue ajeno en noviembre al comportamiento de los electores campesinos en las provincias de pequeña propiedad.

Comenzaron, pues, los diputados su labor, pero dedicando tan sólo dos reuniones semanales a este asunto. Entró luego en liza la discusión del Estatuto catalán (del que nos ocuparemos a continuación) y el tímido proyecto de Reforma agraria languideció en el Congreso. Mientras los partidos republicanos se inclinaban hacia la creación de pequeños propietarios agrícolas y los socialistas eran partidarios de la explotación en común, las minorías de derechas se oponían de manera más o menos velada a los propósitos de reforma. Los debates llevaron un ritmo tan lento que la discusión sobre la totalidad del proyecto no terminó hasta el mes de junio[19].

También por aquellos días había estallado en las Cortes el «caso March» y, después de una enérgica intervención del ministro de Hacienda, Jaime Canter, el negociante mallorquín entró en la cárcel a disposición de la Comisión de Responsabilidades.

El Estatuto de Cataluña

El Estatuto de Cataluña

El 6 de mayo empezó la discusión del dictamen sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña presentado por una Comisión parlamentaria presidida por Luis Bello. Las derechas no habían cesado de crear agitación contra el Estatuto. Una vez más se intentaba tocar los resortes emotivos de gran parte de la población para presentar batalla a la República. Esta vez, un patrioterismo de charanga iba a servir para una verdadera movilización en todo el país, que no había de cesar, en realidad, hasta la anulación de la autonomía catalana después de la derrota de la República.

Los diputados catalanes habían presentado como voto particular el Estatuto redactado en Nuria, pero pronto Companys, en nombre de la Esquerra, dio a entender que aceptarían el proyecto de la mayoría. Éste, de acuerdo con la Constitución, se refería a Cataluña como «región autónoma», en vez de «Estado autónomo», que era la definición de Nuria.

La ofensiva contra el Estatuto tomó amplios vuelos en el Congreso. Gil Robles, Royo Villanova, Maura, Sánchez Román, José Ortega y Gasset, Martínez de Velasco y el apasionado Unamuno se relevaban en la guerrilla parlamentaria jaleados por numerosa prensa de derecha. Azaña declaró, no sin razón: «Yo creo, como opinaba el otro día el señor Lerroux, que el noventa por ciento de los que protestan contra el Estatuto no lo han leído, y suscribo y subrayo la segunda parte de la opinión del señor Lerroux en este particular, a saber: que si lo hubieran leído tal vez no protestarían». Por otra parte, Azaña entendía que el problema no era insoluble y en este sentido opuso a la tesis expuesta por Ortega y Gasset, sobre «el terrible destino» de Cataluña, las palabras siguientes: «Los hombres de talento exageran, aunque no se lo propongan. Cataluña dice, los catalanes dicen: queremos vivir de otra manera dentro del Estado español. La pretensión es legítima; es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. La ley fija los límites que debe seguir esta pretensión, y quién y cómo debe resolver sobre ella. Los catalanes han cumplido estos trámites y ahora nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República».

Éste fue uno de los más grandes discursos de Azaña en su carrera política. Exasperó a las oposiciones, pero suscitó también el entusiasmo de los catalanes, ¡Viva España! gritó Luis Companys, ¡Visca Catalunya!, respondió Azaña. A lo que, a manera de conclusión declaró Jaime Canter: «Con este discurso sí que se puede mandar a los catalanes».

José Pla, en su Historia de la Segunda República, nada favorable al régimen, ha escrito: «Que la causa exclusiva de esta agitación friese el Estatuto catalán, no lo creemos: el Estatuto fue el elemento que polarizó un enorme, un profundo malestar general». Que polarizó las fuerzas de oposición, podríamos añadir.

Las pasiones se desbordaron más de una vez. Así, por ejemplo, cuando el diputado y general Fanjul llamó traidores a los diputados catalanes, respondióle Ossorio y Gallardo con una intervención que se hizo célebre y de la que son estas palabras: «Yo, señor Fanjul, soy más humilde que su señoría, menos culto que su señoría, pero soy tan español como su señoría. Cada cual tiene su concepción y sus modos de servir a la patria. Y yo os digo: ¡patriotismo verbalista, no; patriotismo estancado, no; patriotismo monopolizado, no; marcha de Cádiz, no!».

Comenzó la discusión del articulado en la que Royo Villanova mostró sus habilidades de obstructor. Se trataba de obstruir todo: Estatuto, Reforma agraria… porque, en realidad, se urdía ya el primer levantamiento armado de la extrema derecha, en el que no participaban, pero al que tampoco hacían frente, otras fuerzas más importantes de la derecha. Estábamos en vísperas del 10 de agosto.

La sublevación del 10 de agosto

La sublevación del 10 de agosto

Los grupos monárquicos más exaltados (formados por aristócratas y militares) tuvieron el propósito, desde el primer momento, de derribar el nuevo régimen por un golpe de fuerza. El general Ponte, instalado en Biarritz, estaba en contacto con José Luis Oriol, Ansaldo, Fuentes Pila, el conde de Vallellano y otros conspiradores. Desde los primeros meses de 1932 iba planeándose un golpe militar. Pronto la red de conspiradores fue sumamente tupida. Los generales Barrera, Cavalcanti, Fernández Pérez, González Carrasco y Villegas eran de los más activos y se pusieron al habla con otros grupos capitaneados por los generales Orgaz y Ponte. Por fin, aceptó encabezar el movimiento el general Sanjurjo, probablemente despechado porque había sido trasladado a la Dirección general de Carabineros, mientras que Cabanellas ocupaba la de la Guardia civil. Pero para Sanjurjo el movimiento no debía tener, carácter monárquico, sino ir dirigido contra la Constitución y contra el Gobierno. No importó la falta de coincidencia sobre este particular para que los trabajos conspirativos prosiguiesen. Mauricio Carlavilla ha contado[20] cómo se entrevistó con el general Barrera en casa de la condesa de Santa María de Sisla, y cómo llevó a la conspiración al jefe de la Brigada social, bajo la Monarquía, Martín Báguenas, que empezó cobrando un sueldo mensual de 1500 pesetas (5000 según Ansaldo). El caso es que la conspiración engrosaba: allí estaban también el general Goded, el coronel Varela, los activos Jorge Vigón, Vegas Latapié y marqués de la Eliseda, que iban y venían de España a Francia y viceversa (los conspiradores trabajaban a sus anchas en Biarritz). En el aparato del Estado no faltaban las colaboraciones, cosa explicable dado que la República, excepción hecha de la poda de alguna que otra cabeza visible, seguía utilizando los engranajes del Estado monárquico: así, colaboraban en la conspiración varios funcionarios del gabinete telefónico-telegráfico de la Dirección general de Seguridad (Encinas, Aguado y Montero) y Alejandro Arias Salgado, que tenía un alto puesto en la Dirección general de Aeronáutica.

Eran también partícipes del movimiento Onésimo Redondo que acababa de crear en Valladolid el periódico Libertad y que desde diciembre de 1931 formaba parte del triunvirato de las J. O. N. S. Los tradicionalistas habían ofrecido 6000 requetés mandados por Sanz de Larín, pero luego no se comprometieron. También rehusó su participación Martínez Anido. Franco, que era gobernador militar de La Coruña, se desligó, según Ansaldo, de todo compromiso.

Lo más granado de la aristocracia, las familias que se estremecían al solo nombre de la reforma agraria, estimulaban y favorecían a los generales, vinculados de tiempo atrás en esos medios, que confundían fácilmente la patria y sus intereses particulares. No faltaba en la conspiración una minoría de la oligarquía financiera del Norte, representada por José María Urquijo y por Zubiría. El carácter del movimiento era, sobre todo, militar, aristocrático y terrateniente.

Los conjurados contaban con que Barrera, sublevado en Pamplona, marcharía sobre Madrid; González Carrasco levantaría Málaga; Varela haría lo mismo en Cádiz, y Sanjurjo iría a hacerse cargo de Sevilla. Varios regimientos comprometidos en Madrid y Alcalá debían ocupar los lugares estratégicos de la capital.

Pocas semanas antes, con ocasión de un banquete en Carabanchel, al terminar unas maniobras militares, el general Goded —jefe del Estado Mayor Central, anótese bien— gritó a la hora de los brindis: ¡Viva España, y nada más!, secundado por el general Villegas, jefe de la División de Madrid. El teniente coronel Mangada protestó enérgicamente, dio vivas a la República, y fue enviado a una fortaleza por desacato a sus superiores. Villegas era destituido aquel mismo día, 27 de junio.

La noche del 9 de agosto, Azaña estaba al corriente de todo. Al filo de las tres de la madrugada, las fuerzas del depósito de la Remonta intentaron asaltar el palacio de Comunicaciones y el ministerio de la Guerra. Los generales Fernández Pérez, Barrera, Cavalcanti y Serrador habían instalado su puesto de mando a pocos metros del ministerio, en la calle de Prim n.º 21. Las fuerzas de Asalto estaban ya dispuestas para hacerles frente, mandadas personalmente por el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, que en diciembre había sustituido a Galarza. La refriega duró cerca de dos horas, al cabo de las cuales los rebeldes habían perdido la partida. Les había fallado la caballería de Alcalá, el regimiento de infantería n.º 31 y la Guardia civil. Quedaron muertos, en el paseo de Recoletos, dos oficiales y siete soldados. Fernández Pérez fue hecho prisionero; los otros generales huyeron.

A la mañana siguiente, Azaña comunicaba al Presidente de la República, de veraneo en La Granja, los resultados de la operación. Pero entre tanto, Sanjurjo se había sublevado en Sevilla. Había hecho público un manifiesto, especie de parodia del de los republicanos en diciembre de 1930, que comenzaba con la misma frase. De su propia cuenta —o de quienes lo redactaron— en el manifiesto se añadía, entre otras cosas; «Las Cortes, que eran ilegítimas en su origen, por el régimen de terror con que fueron convocadas y elegidas, y facciosas… han quedado disueltas. No venimos, sin embargo, a imponer un régimen político contra la República, sino a libertar a España de la oligarquía que en un solo año ha ocasionado daños tan gravísimos, en lo material y en lo moral. La forma en que los poderes del Estado han de organizarse, se determinará por la representación legítima de todos los ciudadanos, designada en elecciones que se celebrarán en un régimen de libertad…».

Al llegar a Sevilla, Sanjurjo —eran las tres de la mañana— puso manos a la obra ayudado por el teniente coronel Infantes y el general García de la Herrán. A las pocas horas habían sublevado a toda la guarnición, detenido al gobernador civil —que no ofreció resistencia— y ocupado los lugares estratégicos. A media mañana Sanjurjo fue al aeródromo de Tablada, que no se sumó a la rebelión gracias a los soldados y mecánicos. Al regresar a Sevilla, las octavillas de la C. N. T. y del Partido Comunista circulaban profusamente y ponían en guardia a los obreros. Por la tarde comenzó la huelga general, mientras en Madrid los diputados escuchaban de labios de Azaña que el movimiento estaba aislado y que habían sido tomadas todas las medidas conducentes a su represión.

El coronel Polanco y el teniente coronel Tassara comunicaron a Sanjurjo que la guarnición de Sevilla no daba un paso más. Éste, su hijo y Esteban Infantes abandonaron la ciudad en automóvil y fueron detenidos en Ayamonte, cuando ya iban a alcanzar la frontera portuguesa. Una leyenda hagiográfica ha pretendido que el general rebelde fue a Huelva a entregarse al gobernador civil, Braulio Solsona.

La huelga general había ganado a Sevilla entera y, al comprobarse el fracaso del pronunciamiento, se desbordó la indignación popular: fueron incendiados o asaltados el Círculo de Labradores (lugar de reunión de los terratenientes), el Círculo de la Unión Mercantil, la Unión Comercial, el nuevo Casino, los domicilios de Luca de Tena y de José M. Ibarra…

El Gobierno ordenó numerosas detenciones, suspendió momentáneamente algunos periódicos de derechas y presentó un proyecto de ley que ordenaba «la expropiación sin indemnización de todas las fincas rústicas y derechos reales… que sean propiedad de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el régimen» y aplicaba dichas fincas a los fines de la Reforma agraria. Azaña, al defender este proyecto, declaró en el Congreso: «Anda por ahí una clase social entera, enemiga declarada de la República, que por algunos de sus representantes más destacados ha cooperado económica y personalmente a la operación con que se ha querido derribar al régimen. Y estas gentes son las que hay que poner en situación de inermes ante la República».

El 24 del mismo mes se vio el juicio sumarísimo contra Sanjurjo, padre e hijo, García de la Herrán y teniente coronel Esteban Infantes. Sanjurjo fue condenado a muerte, Garría de la Herrán a reclusión perpetua, Esteban Infantes a doce años y Sanjurjo hijo, absuelto. Socialistas, comunistas y anarcosindicalistas organizaron manifestaciones pidiendo que se cumpliese la sentencia y, en muchos casos, la disolución de la Guardia civil. Pero el Gobierno decidió —con el voto favorable de los ministros socialistas— indultar a Sanjurjo, que fue trasladado al penal de El Dueso. Ochenta de los sublevados de Madrid, entre ellos los generales Fernández Pérez y Cavalcanti, fueron condenados a diversas penas de prisión y más de un centenar de complicados en el movimiento deportados a Villa Cisneros. Varios de ellos se fugaron en diciembre y poco después regresaron los demás a la Península.

Voto de la Reforma agraria y del Estatuto de Cataluña

Voto de la Reforma agraria y del Estatuto de Cataluña

La quiebra de la sublevación tuvo por consecuencia un sobresalto de conciencia en la izquierda, que terminó con la lentitud en gestarse la ley agraria y el Estatuto Catalán. El 9 de septiembre, la ley de Bases de la Reforma agraria era aprobada por 318 votos contra 19. La ley tenía una base adicional que declaraba sujetas a expropiación las propiedades rústicas de la Grandeza de España, indemnizándose únicamente el importe de las mejoras útiles que no hubiesen sido amortizadas.

Azaña pronunció otro de sus mejores discursos: «Tenemos la resolución y no creo que haya ningún republicano que pueda desdecirse de ella, de crear una clase de trabajadores del campo, fundada en su trabajo y en la explotación directa de la tierra y esto no se puede conseguir sido desgajando, deshaciendo las vinculaciones de propiedad territorial existente en España desde muchos o desde pocos siglos, me es igual».

La ley creaba un Instituto de Reforma Agraria, encargado de señalar las tierras sujetas a expropiación (mediante indemnización, qué tenía por base las declaraciones de renta hechas por los propietarios), el modo de explotación de cada finca expropiada, así como el asentamiento en ellas de familias campesinas.

Los créditos para la reforma debían proceder del Banco Agrario Nacional, que el Estado creaba con un capital inicial de 50 millones de pesetas. Pero este banco, al estar administrado por representantes del Banco de España, del Banco Hipotecario, del Consejo Superior Bancario, del Banco Exterior de España, de entidades de crédito que suscribiesen un mínimo de cinco millones de pesetas —amén de los representantes del Estado— caía en poder de la oligarquía. Paradoja que ilustraba bien las contradicciones de un régimen que se permitía discursos atrevidos y leyes reformistas, sin tener nunca en cuenta los instrumentos de poder necesarios para cumplir aquellas promesas y los preceptos legales. Recordemos que en los Consejos de administración de los organismos bancarios citados se sentaban los duques de Alba y del Infantado, los marqueses de Urquijo y de Aledo, los Garnica, Martínez Campos…

La ley de Reforma agraria tenía también una grave laguna técnica, que había de tener consecuencias políticas de primer orden: para nada se tenía en cuenta el pavoroso problema de los minifundios, que condenaban a una vida miserable a más de millón y medio de familias campesinas en Castilla la Vieja, Galicia, etc. Tampoco abordaba la Ley el problema de los arrendamientos, en espera de que fueran objeto de legislación particular. Se dirá, y con razón, que la Reforma afrontaba el problema más agudo y apremiante: el de los latifundios y los jornaleros sin tierra. Hubiera sido empero necesario que la Reforma se hubiese aplicado y, esto, en gran escala. Ya veremos que no fue así. (El 31 de diciembre de 1933, el Instituto de Reforma agraria había distribuido… 110 956 hectáreas). Se comprende sin dificultad que los trabajadores agrícolas intentasen tomarse la justicia por su mano. La verdad pura y simple era que, dos años después de haber sido implantada la República, los «señoritos» eran todavía los dueños de la tierra en Andalucía, Extremadura y la Mancha. En la conciencia del trabajador del campo, la República no había venido para que el «amo» y los «civiles» siguiesen intangibles.

La ley del 15 de septiembre de 1932 consideraba tierras susceptibles de servir a la aplicación de la reforma agraria: las ofrecidas voluntariamente por sus dueños; las que se transmitan contractualmente a título oneroso y en ellas ejerza el derecho de retracto; las adjudicadas al Estado; las de corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que las exploten de cualquier forma que no sea explotación directa; las de señoríos jurisdiccionales; las incultas o manifiestamente mal cultivadas; las no regadas, a pesar de existir embalses y obligación de riego; las que tengan asignado un líquido imponible superior al 20 por ciento del cupo total de la riqueza rústica del término municipal; las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento a renta fija, en dinero o en especies, durante doce o más años; tratándose de tierras de regadío, aquellas comprendidas en zonas regables de 10 a 50 hectáreas; tratándose de tierras de secano, se establecieron tipos máximos: a) las dedicadas a cultivos herbáceos en alternativa, de 300 a 600 hectáreas; b) las dedicadas a la vid, de 100 a 150 hectáreas; c) las de árboles o arbustos frutales de 100 a 200 hectáreas; d) las dehesas de pasto y labor de 400 a 750 hectáreas; e) los olivares de 150 a 300 hectáreas.

En los casos de cultivo directo por el propietario se aumentarían en un 33 por ciento los tipos mínimos y en un 25 por ciento los máximos.

Se tomó por base la unidad-finca y no la unidad-propietario. Para justificar esto decía el diputado Serra y Moret: «No hay ningún documento que pueda inducir a saber cuáles son las fincas que existen en España y pertenecen a un solo propietario, y habría que pedir certificado de todas las fincas del registro de la Propiedad».

La base de imposición era el líquido imponible, capitalizado, según tipos que iban desde el 5 al 20 por ciento, según que la renta fuera inferior a 15 000 pesetas o superior a 200 000.

Se crearon, dependientes del Instituto de Reforma Agraria, las Juntas provinciales agrarias, integradas por representantes de obreros campesinos y de propietarios, con paridad de miembros, con un presidente nombrado por el Instituto.

Para el asentamiento de los campesinos se daba preferencia a las sociedades obreras de campesinos, en las tierras de secano, y se creaban las Comunidades de campesinos, en las que se podía ingresar o salir de ellas voluntariamente. La ley decía: «Las Comunidades, una vez posesionadas de las tierras, acordarán por mayoría de votos la forma individual o colectiva de su explotación. En caso de proceder a la parcelación, las parcelas se considerarán como fondos indivisibles e inacumulables».

La base 17 de la ley prescribía el fomento de Cooperativas agrícolas para «adquirir maquinaria y útiles de labranza, abonos, semillas… créditos». La base 22 declaraba revisables todos los censos, foros y subforos y asimilaba la «rabassa morta» a censo redimible a voluntad del rabassaire. Pascual Camón había estimado en 1931, que la reforma agraria en España necesitaba, para realizarse, que se entregasen 6 millones de tierras cultivables a 930 000 familias. El 31 de diciembre de 1934, el Instituto de Reforma Agraria había asentado 12 260 familias en una extensión de 117 837 hectáreas.

Pero volvamos al Parlamento. El Estatuto de Cataluña fue aprobado a paso de carga. El 9 de septiembre Cataluña obtenía su autonomía por 314 votos contra 24; Companys gritaba «¡Viva nuestra España!»; y Luis de Tapia «¡Viva nuestra Cataluña!». Días después, un viaje de Azaña a Barcelona dio lugar a una acogida apoteósica. Algunas palabras equivocas de Macià, no lograron turbar el ambiente de júbilo que reinaba en Cataluña.

El 20 de noviembre fue elegido el Parlamento catalán, que designó definitivamente a Maciá como presidente de la Generalitat; Companys fue elegido presidente de dicho Parlamento.

El Estatuto de Cataluña establecía la co-oficialidad de las lenguas castellana y catalana y reconocía a la región autónoma competencia en las cuestiones de orden público, enseñanza, administración local, organización judicial y legislación en materias de Derecho civil.

El proyecto de Estatuto vasco tuvo menos suerte. La asamblea de representantes de ayuntamientos, reunida en Pamplona el 19 de junio de 1932, aprobó un proyecto de Estatuto, con el voto adverso de la mayoría de representantes navarros, que eran fieles al tradicionalismo. Un año más tarde —el 6 de agosto de 1933— los representantes de las tres provincias vascas —con exclusión, ahora, de Navarra— votaron un proyecto definitivo de Estatuto que fue sometido a referéndum en noviembre del mismo año. Este proyecto fue aprobado por 459 225 votos a favor y 14 196 en contra; pero, los gobiernos y el Parlamento de mayoría radical-cedista frenaron los progresos de la autonomía vasca.

Como ya hemos apuntado, la tensión social se agudizó en el campo, en Extremadura y en diversas provincias andaluzas se produjeron diversas ocupaciones de tierras y los ya casi habituales choques entre trabajadores agrícolas y guardia civil.

También se agravó la situación en Barcelona; la C. N. T. y el nuevo gobierno de la Generalidad no tardaron en entrar en conflicto. La atribución del orden público al gobierno autónomo, establecida por él Estatuto, había que pagarla a un precio político caro. La C. N. T., bajo influencia «faísta», no aceptaba la legitimidad republicana que ahora estaba representada en Cataluña por el gobierno de la Generalidad.

En efecto, la mayoría de la C. N. T. había expulsado, en 1932, a los llamados «treintistas» (cuyos principales bastiones eran Levante y Sabadell). En cambio, el Partido Socialista, en su XIII Congreso celebrado en octubre de 1932, decidió continuar en el Gobierno (no sin que se manifestase una fuerte corriente en sentido opuesto), aunque el tono de los debates y la designación de directivos revelaron un indudable crecimiento de las corrientes de izquierda en el seno de dicho partido.

Otro foco de tensión social era Asturias, donde, numerosas empresas (Fábrica de Mieres, Hulleras de Turón, Duro-Felguera) despidieron, obreros pretextando que no se vendía el carbón. La réplica a esas medidas fue una huelga de 28 000 mineros.

Herriot en Madrid

Herriot en Madrid

En la primavera de 1932, el Cártel de izquierdas había salido triunfante de las elecciones generales celebradas en Francia, y Edouard Herriot formó gobierno. En política internacional, una de las preocupaciones del ministerio presidido por el alcalde de Lyon fue estrechar las relaciones franco-españolas, por cuyo motivo Herriot llegó a Madrid el 30 de octubre. En aquel momento, la paz mundial atravesaba un período sumamente crítico: en Alemania, Von Papen, que servía de puente a Hitler, se negaba a pagar las reparaciones de la primera guerra mundial, y Mussolini, en Italia, multiplicaba sus amenazas. En ese clima cargado de electricidad, el presidente del Gobierno francés llegó a la capital de España y con su viaje provocó no poco revuelo entre unos gobernantes y una mayoría parlamentaria que parecían no haberse ni enterado de los cambios que se producían en el mundo. Así Luis de Zulueta, ministro de Estado, declaró en la asamblea de Ginebra que el Gobierno español laboraba «por la paz y por una organización jurídica de las relaciones entre los pueblos», con lo que coincidía, sin quizá quererlo, con una extrema izquierda que, razonando con datos de la situación internacional de tres años atrás, vociferaba contra «el peligro del imperialismo francés».

Que por parte de Herriot había el propósito de realizar más que una visita, lo demostró el hecho de que ésta se debía a la iniciativa francesa. Tero el jefe del Gobierno español se limitó a unas recepciones protocolarias y a conversar sobre el Greco con su colega francés. Lo único que resultó de aquella visita fue un tratado de comercio y otro sobre los trabajadores españoles en Francia. Sin embargo, vale la pena de señalar que el citado tratado establecía que España adquiría su armamento en fábricas francesas y ya se verá, más adelante, en lo que paró todo esto.

Casas Viejas

Casas Viejas

La C. N. T., cada vez más dominada por los grupos de la F. A. I., parecía haber elegido definitivamente el camino de la violencia desesperada.

Un año después, casi día por día, del levantamiento de Fígols, la F. A. I. organizó otro movimiento insurreccional[21]. «El 8 de enero de 1933, las bombas colocadas en la puerta de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona dieron la señal de ataque a los grupos de la C. N. T. y la F. A. I. La intentona fracasó prácticamente desde el primer momento: los principales dirigentes fueron detenidos tras algunos tiroteos en las calles. Los anarquistas vieron desvanecerse su quimera de que los cuarteles se abriesen para dejar paso a la revolución. Sin embargo, nada pudo contener ya la lucha aquí y allá. Hubo refriegas en diferentes localidades catalanas, principalmente en Lérida, donde murieron varios libertarios al intentar el asalto de un cuartel. En cuatro pueblos de Levante (Bétera, Bugarra, Pedralba y Ribarroja) los revolucionarios se apoderaron del Ayuntamiento, proclamaron, el “comunismo libertario”, hicieron una pira con los títulos de propiedad y, al final, fueron aplastados por los guardias civiles y los de Asalto. Se declararon huelgas en Zaragoza, Murcia, Granada… En Madrid sólo hubo pequeños tiroteos en las proximidades de varios cuarteles. En Sevilla la huelga adquirió mayor violencia, pero fue en el campo andaluz donde el movimiento alcanzó más vuelo del 8 al 12 de enero; verdaderos levantamientos fueron los de Jerez de la Frontera, Sanlúcar, Alcalá de Guadaira, Utrera, La Rinconada, Medina Sidonia, etc. No obstante, se consiguió dominar la situación con relativa facilidad». Pero había un pueblecito de la provincia en Cádiz, cuyas tierras pertenecían en su mayoría al duque de Medina Sidonia, donde los campesinos habían instalado el comunismo libertario. La Guardia civil entró en guerrilla y tomó las salidas del pueblo. Luego llegó una sección de Asalto y se registró casa por casa. Pero en una de ellas, un viejo campesino apodado «Seisdedos» se había atrincherado con sus hijos, nietos y dos vecinos. No se rendían. Llegaron más guardias de Asalto, al mando del capitán Rojas, con ametralladoras. EL sitio continuó durante la noche. Al amanecer, los sitiadores incendiaban la casucha; que se hundió entre las llamas y abrasó a «Seisdedos», mientras los que intentaban huir eran ametrallados a quemarropa por la fuerza pública.

Pero hubo más. Hubo algo que tardó en saberse, pero que quedó comprobado por el sumario judicial y las investigaciones parlamentarias que siguieron a estos sucesos. Dos horas después de arder la casa de «Seisdedos», el capitán Rojas ordenó hacer una razzia por el pueblo y fusiló allí mismo, sin más ni más, a once personas.

Ocurrió entonces lo siguiente: si bien fracasó el movimiento libertario, lo de Casas Viejas, al tomar estado político, fue el golpe más duro recibido por el Gobierno Azaña.

Del movimiento puede decirse con Peyrats: «El pueblo se mostró indiferente o más bien acogió el movimiento con reservas/» Es verdad; la manera anarquista de concebir la revolución y la repetición de sus golpes de fuerza no contaban con el apoyo activo de la mayoría de los trabajadores.

En cambio, al reanudarse las sesiones parlamentarias, el primer día de febrero, Eduardo Ortega y Gasset (perteneciente entonces a Izquierda Radical-Socialista) interpeló al Gobierno sobre lo ocurrido en Casas Viejas. Azaña, tras un brevísimo cambio de impresiones con el subsecretario de Gobernación, Carlos Esplá, cometió la torpeza de responder: «En Casas Viejas no ha pasado más que lo que tenía que pasar».

Tal vez no se sepa jamás hasta qué punto Azaña estaba mal informado sobre los aspectos más reprobables de aquella represión, pero, sin duda alguna, la enconada querella parlamentaria (repetida diariamente en la calle) sobre Casas Viejas, que duró dos meses, fue una derrota para su Gobierno, pese a los repetidos votos de confianza que obtuvo. Al abrirse el debate, Azaña empezó negando; veinte días más tarde, ya sólo trataba de salvar la responsabilidad gubernamental. Obtuvo la confianza por 173 votos contra 130 y se nombró una Comisión investigadora; Pero el mes de marzo, Botella Asensi (diputado también de Izquierda Radical-Socialista) pasó al ataque y se fue sabiendo lo de los fusilamientos. La cuestión se envenenó porque unos capitanes de Asalto acusaron al director general de Seguridad de haber dicho que «no quería heridos ni prisioneros». El debate alcanzó tonos dramáticos. La Justicia abrió sumario sobre los hechos y el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, no tuvo más remedio que dimitir. El capitán Rojas confesó el crimen ante la Comisión parlamentaria, que no podía hacer más que salvar la responsabilidad de los miembros del Gobierno. Pero Jiménez de Asúa no vaciló en declarar que, aunque creía que el Gobierno no era responsable, lo incomprensible era que ese mismo Gobierno se hubiese pasado semanas y semanas sin saber la verdad de los hechos.

Saldóse parlamentariamente el asunto. Judicialmente, fueron detenidos y procesados el director general de Seguridad y el capitán Rojas; el primero vio su causa sobreseída y el segundo fue condenado a veintiún años de prisión. Justo es reconocer, lejos de toda pasión, que raras veces se han depurado así las responsabilidades de una represión en el período en que el mismo Gobierno continúa ocupando el Poder. No hay ninguna prueba de cargo fehaciente en esta historia contra los miembros del Gobierno Azaña[22]. La falta política fue muy grave: Casas Viejas sirvió de ariete a la derecha y desilusionó a la izquierda. Desde aquel, momento, el Gobierno presidido por Azaña estaba herido de muerte.

El hecho de Casas Viejas constituye un buen ejemplo de cómo, durante el bienio 1931-1933, los órganos de decisión central del Poder carecían de poder en el Estado, de ineficacia de los instrumentos a emplear. Hay un poder de fuerzas sociales externas al Gobierno, que de manera directa o indirecta influyen en el aparato del Estado y lo sustraen a la influencia de los órganos institucionales de decisión.

Hitler en el poder

Hitler en el poder

El 30 de enero de 1933, el mariscal Hindenburg daba el Poder a Adolfo Hitler, lo que estimuló los movimientos fascistas internacionales. En España fue el caso de las J. O. N. S., creadas en diciembre de 1931, que habían arrastrado hasta entonces una vida precaria. A partir de este momento, se desarrollaron en el medio estudiantil y dieron lugar a varios choques violentos en la Universidad de Madrid, en uno de los cuales resultó gravemente herido de bala el estudiante de la F. U. E. Baldomero Cordón.

Ante un tal estado de cosas, el director de La Nación, Delgado Barreto, tuvo la idea de fundar un semanario titulado El Fascio, cuyos redactores, además de Delgado, eran Giménez Caballero, José Antonio Primo de Rivera, Ledesma Ramos, Sánchez Mazas y Aparicio.

El Fascio fue recogido a las pocas horas de su salida (16 de marzo) y sus redactores, salvo el director, decidieron crear una fuerza política que, bajo el lema de «revolución nacional frente a revolución socialista», recogía con gran fidelidad las consignas y métodos que triunfaban en Berlín y Roma.

Las reacciones de la izquierda ante el crecimiento fascista fueron muy diversas en intensidad y orientación. La más acentuada fue la del Partido Comunista (a cuya cabeza figuraba ya José Díaz, obrero sevillano que había hecho sus primeras armas en los sindicatos de la C. N. T.) al desplegar su propaganda en favor de la creación de un Frente Antifascista.

No cejaban en su cometido diversas fuerzas de extrema derecha. Calvo Sotelo, desterrado en París (donde también estaba Aunós) se entregó a una intensa actividad. De esta época databa su entrevista, en Roma, con Italo Balbo, coincidiendo con el cardenal Segura.

Elecciones municipales y ley de Congregaciones

Elecciones municipales y ley de Congregaciones

La oposición atacó a fondo. Lerroux, que pronunció un resonante discurso en Zaragoza, no guardó ya ningún miramiento para el Gobierno. La Confederación Española de Derechas Autónomas (C. E. D. A.), nacida de la Acción Popular con la Derecha Regional Valenciana y otras organizaciones análogas, estimó que «era preciso agotar todos los caminos legales para comprobar la imposibilidad del régimen republicano». A juzgar por los testimonios de Galindo y Cortés Cavanillas[23], el exRey era partidario de intentar la «experiencia cediste» y así se lo dijo a Gil Robles en la entrevista que tuvo con éste en junio de 1933. En realidad, hubo dos entrevistas entre Alfonso XIII y Gil Robles, según explica este último en sus Memorias; la primera el 19 de junio, la segunda dos semanas después. El testimonio del que fue jefe de la C. E. D. A. coincide con los citados más arriba, en cuanto a la benevolencia del exmonarca para con su experiencia de una «política antirrevolucionaria» dentro de la República.

Celebráronse en el mes de abril unas elecciones municipales parciales que, por su naturaleza, no podían ser favorables al Gobierno; Se trataba de los Ayuntamientos elegidos por el artículo 29 cuando las elecciones municipales de 1931, que estaban regidos por Comisiones gestoras. En total 2478 Ayuntamientos con un censo electoral de cerca de millón y medio de votantes, radicados principalmente en Castilla, Navarra y País Vasco. Triunfaron en todas partes las candidaturas de oposición, que obtuvieron el doble de puestos que los partidos gubernamentales. El fenómeno más acusado fue la afirmación de la C. E. D. A. como partido arraigado en las poblaciones rurales.

Envalentonada, la derecha puso en práctica el método de obstrucción parlamentaria. Sin embargo, el Gobierno pudo contar con las oposiciones republicanas para aprobar, el 17 de mayo, la ley de Ordenes y Congregaciones religiosas por 240 votos contra 34. Esta ley contenía una serie de disposiciones de simple aplicación del laicismo del Estado, pero también declaraba propiedad pública los templos y monasterios (que seguirían sirviendo a sus fines religiosos), sometía las congregaciones a un régimen de derecho común bastante duro y, sobre todo, les prohibía el ejercicio de la enseñanza. Esto suponía, además del problema de principio, otro de orden técnico: 350 937 niños que recibían enseñanza en establecimientos de órdenes religiosas y a los que había que dotar de escuelas y maestros. Maestros hubo suficientes en pocos meses (8000). La búsqueda de 6000 escuelas fue mucho más difícil, pero en realidad, los gobiernos posteriores suspendieron esta transferencia de la enseñanza. Con todo, el Gobierno había herido una vez más a un extenso sector de españoles, sin granjearse la simpatía del otro. La Reforma agraria languidecía entre trámites burocráticos y escaseces financieras, y en las cárceles había numerosos presos políticos de extrema izquierda.

Las crisis de 1933

Las crisis de 1933

El ministro de Hacienda, Jaime Carner, enfermó gravemente y tuvo que dimitir (sólo sobreviviría quince meses). Alcalá Zamora, que ya había hecho resistencia a firmar la ley de Congregaciones, aprovechó esta crisis parcial y fortuita para abrir las consultas, y dio a entender que Azaña no gozaba de su confianza. Encargó sucesivamente de formar gobierno a Indalecio Prieto, Marcelino Domingo y Julián Besteiro, que declinó, y los otros, aunque aceptaron, renunciaron seguidamente (Prieto porque se opuso la Ejecutiva del Partido Socialista a formar un gobierno con participación de los radicales). Alcalá Zamora prefirió dejar que madurase la situación y llamó de nuevo a Azaña, que formó su tercer gobierno, y se presentó a las Cortes el 14 de junio[24].

La única variación política era la entrada de un representante del pequeño partido federal, Franchy Roca. Una semana duró el debate político hasta la obtención del voto de confianza, y en éste se perfilaron dos rasgos esenciales: la agresividad de Lerroux contra los socialistas, al mismo tiempo que se mostraba como Candidato al Poder, y la enemistad existente entre Azaña y Alcalá Zamora.

Un mes después, el 26 de julio, se aprobaba la ley de Orden Público, y a continuación la ley Electoral que, en sustancia, conservaba el sistema instaurado por el decreto de 8 de mayo de 1931. El 11 de agosto fue derogada la ley de Defensa de la República. También se aprobó la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, para cuya presidencia las Cortes eligieron a Álvaro de Albornoz.

Aquel verano la situación política se hizo cada vez más tensa. El retraimiento y la desconfianza de los elementos patronales —denunciados sin ambages por Sánchez Román—, la restricción de créditos por los bancos, la baja de los mercados agrícolas y la crisis económica mundial contribuían a agravar la situación económica y el paro forzoso. El reconocimiento diplomático de la Unión Soviética y el simple anuncio de que se le iba a comprar petróleo desataron una campaña de las fuerzas derechistas y conservadoras de todos los matices. La Unión Nacional de Exportación Agrícola se puso a exigir del Estado que vendiese a la Unión Soviética los productos que a ella le interesaban y los industriales del Norte exigían nada menos que colocar… material ferroviario (no se habían enterado de que empezaba el segundo plan quinquenal). El Sindicato Carbonero del Norte (patronal) protestó de que se fuera a comprar antracita soviética, más barata que ninguna, puesto que «Rusia vende sin beneficio económico alguno»[25] (sic). Estas empresas se quejaban mucho más suavemente de las importaciones británicas, también a precios inferiores que el carbón nacional.

La prensa de derechas concentraba sus fuegos contra la participación socialista en el Gobierno, «culpable», de todos los males: paro forzoso, burocracia, trastornos en el campo, parcialidad de los Jurados mixtos (organismo arbitral de patronos y obreros creado por Largo Caballero, que también elaboró las leyes de Contratos y Accidentes del trabajo), etc.

Esta excitación de ánimos permitió la realización de atentados por los grupos fascistas, como el asalto a mano armada de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, en plena Gran Vía, de Madrid. A los pocos días eran detenidos numerosos derechistas y algunos anarquistas, que fueron trasladados por breve tiempo al penal de Ocaña.

El partido Socialista no podía permanecer impasible ante la situación, con lo que aquel verano de 1933 se acentuaron las tendencias a no colaborar en el gobierno y optar por una vía revolucionaria. Araquistain representaba este criterio, que hacía ya profunda mella en el espíritu de Largo Caballero. Por el contrario, Besteiro y Prieto se resistían por creer, respectivamente, que «nuestra masa estaba mal preparada» o que la reacción era suficientemente fuerte para impedir un intento revolucionario por el Partido Socialista.

La continuación de los socialistas en el Poder favorecía el desarrollo del Partido Comunista que, en septiembre de 1933, fue capaz de llenar el Estadio Metropolitano de Madrid.

El Gobierno Azaña tenía cada día mayores dificultades en su lucha en dos frentes. En las Cortes, los grupos de derecha hicieron sistemática obstrucción a la ley de Arrendamientos rústicos.

El 4 de septiembre tuvieron lugar las elecciones, de segundo grado, a vocales del Tribunal de Garantías constitucionales, cuyo resultado fue desfavorable al Gobierno. La situación empeoraba por momentos. Lerroux pasó al ataque para acusar a Azaña de querer una dictadura. Éste tuvo que plantear a Alcalá Zamora la cuestión de confianza, lo cual aprovechó el Presidente de la República para abrir la crisis. En verdad, el propio Azaña no ocultó al presidente que la coalición gubernamental se desintegraba por momentos.

Cuatro días duraron las consultas, al cabo de los cuales Lerroux formó su primer gobierno el 12 de septiembre de 1933[26].

Aquella tarde, por vez primera, las Juventudes Socialistas y Comunistas se manifestaban conjuntamente en la Puerta del Sol, dando «mueras» al Gobierno Lerroux, pese a las violentas cargas de las fuerzas de Seguridad. Sin embargo, la facilidad con que había obtenido colaboraciones individuales de miembros de los partidos de la anterior coalición demostraba que Azaña estaba en lo cierto al decir que ésta se disgregaba.

El 2 de octubre se presentaba el Gobierno a las Cortes. El 3 era derrotado por 187 votos contra 91.

Triunfo de las derechas por la división de los republicanos

Triunfo de las derechas por la división de los republicanos

Alcalá Zamora encargó entonces la formación de nuevo gobierno a Sánchez Román, primero, al reformista Pedregal después, quienes, como era de esperar, fracasaron en su empeño. Esto significaba la disolución de Cortes, objetivo en el que coincidían Alcalá Zamora, la derecha y los radicales. Dio el Presidente el encargo de formar gobierno y, una vez hecho esto, el decreto de disolución de Cortes a la segunda personalidad del Partido Radical, Diego Martínez Barrio, el político surgido de los medios populares de Sevilla y, al mismo tiempo, miembro relevante de la francmasonería. El 8 de octubre formóse el nuevo gabinete[27].

Era, pues, un gobierno puente de coalición destinado a celebrar las elecciones.

Y empezó la campaña para unas elecciones en que, por primera vez, iban a votar las mujeres. Las derechas, en buena coyuntura política, formaron un frente único electoral, cuyo programa era: «Revisión de la legislación laica y socializante», «defensa de los intereses económicos del país» y amnistía. El Comité electoral, presidido por el agrario Martínez de Velasco, estaba compuesto por Gil Robles, Lamamié de Clairac, Sainz Rodríguez, Calderón, Royo Villanova, Cid y Casanueva:, monárquicos, tradicionalistas y, sobre todo, agrarios y Acción Popular fundidos ya en la C. E. D. A. Fue ésta la que tomó realmente en sus manos la campaña electoral.

Las izquierdas fueron divididas: fracasaron las negociaciones y los partidos fueron independientemente a la elección, excepto en Bilbao, donde Prieto y Azaña encabezaron la candidatura de la Conjunción, y en Málaga donde el médico comunista Cayetano Bolívar, encarcelado por haber prestado apoyo a los campesinos alzados en Villa de Don Fadrique, fue candidato de una coalición —sin llamarse así— de Frente Popular, la primera, que sepamos, en la historia política de Europa. Resultó imposible cualquier otra unión de socialistas con comunistas, que ya tenían cierta fuerza. En cuanto a la C. N. T., los anarquistas desplegaron todas sus energías para aconsejar a los obreros que no votasen. Los radicales marcharon solos en muchas provincias y en otras unidos con la derecha. También presentaron candidaturas independientes los nacionalistas vascos. En Cataluña, la Esquerra Republicana seguía capitalizando todas las corrientes de la izquierda, a excepción de una parte de la C. N. T., en manos del anarquismo[28].

El esfuerzo propagandístico de las derechas quedó bien expresado por las frases del tradicionalista Larramendi, con motivo del último mitin electoral en Madrid, el 18 de noviembre, en que se difundió un discurso de Calvo Sotelo, impresionado en disco en París: «¡Qué actividad desplegada! Ante el derroche de energías, entusiasmo y dinero hecho en estas elecciones, yo no puedo menos de decir que la democracia es maleante, perturbadora y muy cara»[29].

Las derechas y los radicales podían fácilmente servirse del descontento y el temor de las clases acomodadas, de masas de católicos y de los propietarios minifundistas y los arrendatarios que no habían visto mejorada su situación durante el bienio republicano-socialista. Las dificultades económicas, creadas en buena parte por los patronos de la industria, los propietarios agrarios y la oligarquía financiera eran entonces aprovechadas para lanzarlas al rostro de los adversarios políticos. Naturalmente, las derechas no desdeñaban la utilización de las tradicionales presiones sobre los trabajadores del agro, ni tampoco la presión espiritual indirecta, sobre todo las mujeres de la población rural y de las clases medias, ejercida por la Acción Católica, de la que la C. E. D. A. era una «prolongación política», según afirman escritores católicos como Monseñor Pierre Jobit y Jean Becarud.

Los socialistas, en fase de radicalización, hicieron una campaña de tonos izquierdistas, desilusionados de su experiencia reformista en dos años de colaboración gubernamental. Esa actitud estaba determinada por diversos factores, entre los qué se contaban como más importantes el desengaño de gran parte de sus afiliados por la política del bienio, los acontecimientos políticos de Alemania —y poco después de Austria—, la aparición del comunismo como corriente efectiva de la clase obrera y, también, la experiencia personal y la toma de conciencia de numerosos militantes con puestos de responsabilidad. Sin embargo, su influencia no podía por menos de resentirse de haber participado en «la lucha en dos frentes» durante dos años largos.

En cuanto a los partidos republicanos pequeño-burgueses, gastados por el ejercicio del Poder, tenían que ver limitada su influencia a una parte de las clases medias.

Durante el período electoral ocurrieron dos hechos importantes: uno, la formación de Falange Española, en el acto celebrado en el teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre, del que nos ocuparemos más adelante. Otro, la fuga de Juan March de la cárcel de Alcalá, en complicidad con un oficial de Prisiones. March llegaba en pocas horas a Gibraltar y de allí a Francia. Las derechas contaban con un refuerzo de valía.

El 19 de noviembre fueron a las urnas 8 711 136 españoles y españolas, es decir, el 67,46 por ciento del censo electoral; las abstenciones fueron más numerosas que en junio de 1931 e incluso que en abril del mismo año.

La ley electoral, que concedía prima a la mayoría, favoreció esta vez a las derechas y al centro, cuyas posiciones se afianzaron en el segundo tumo electoral, dos semanas después[30].

La composición definitiva de las Cortes ordinarias de la República fue la siguiente:

C. E. D. A 115

Progresistas 3

Agrarios 36

Acción republicana 5

Tradicionalistas 20

Radical-socialistas independientes 6

Renovación española (monárquicos) 16

Radical-socialistas de Gordón Ordax 1

Independiente
de derecha 15

Federales 1

Nacionalistas españoles 1

O .R .G. A. 6

Lliga catalana 24

Esquerra Republicana de Catalunya 19

Nacionalistas vascos 14

Socialistas 60

Republicanos conservadores. (Maura) 18

Comunistas 1

Radicales 102

Liberales demócratas (reformistas) 9

Sin duda, la composición de la Cámara no reflejaba exactamente las proporciones de votos expresados. Aunque éstos son muy difíciles de clasificar, a causa de las coaliciones, pueden considerarse las siguientes cantidades como estimaciones aproximativas de valor: Derechas, 3 350 000; Centro, 1 650 000; Partido Socialista, 1 800 000; Coaliciones republicano-socialistas, 700 000 (si se considera en ese apartado los votos de Esquerra porque llevaba en la candidatura a Unió Socialista de Catalunya; en caso contrario sólo unos 350 000); Partidos republicanos de izquierda, 650 000; Comunistas, 200 000.

Las elecciones hacían de la C. E. D. A. el primer grupo parlamentario y de los radicales y grupos del centro el eje de la situación política. Sin embargo, no se podía afirmar, sin forzar la realidad, que la opinión española había vuelto a ser derechista, pese a las numerosas coacciones electorales que motivaron la dimisión del ministro de Justicia, Botella Asenso, ya que al estado de fuerzas electorales había que añadir un importante sector de la izquierda, el anarquista, que se había abstenido. Las abstenciones más acentuadas de Sevilla provincia (50,16 por ciento), Málaga (49,37), Cádiz (62,73) y Barcelona (39,85) obedecían a la conducta de los anarcosindicalistas, pero no así las de Zamora (45,11), Huesca (48,53), y Pontevedra (44,50).

En cambio, se observó intensa participación electoral en Bilbao (78,18 por ciento), Asturias (79,99), Navarra (80,54), Valencia y provincia (77,95), Salamanca (77,24), Ávila (75,1) y Guipúzcoa (78,87).

En Madrid, donde votó el 72,02 por ciento (más que en las elecciones a Cortes constituyentes), triunfó la candidatura socialista con 177 000 sufragios, frente a 170 000 de las derechas y 100 000 de republicanos de izquierda y radicales.

La derecha triunfó netamente en Valladolid, Palencia, Zamora, Salamanca, Guadalajara, Navarra, Toledo, Cuenca, Bateares, Cáceres. Los socialistas, en Madrid y Huelva. El frente de izquierdas triunfa en Málaga. Los radicales se apuntaron triunfos esenciales en Valencia, Badajoz, algunas zonas de Andalucía y Galicia. Los partidos pequeñoburgueses se hundieron con la única excepción de la Esquerra Republicana de Catalunya[31].

Contemplando estos resultados, se tiene la impresión de que la oligarquía había conseguido una base de masas, sobre todo en las regiones agrarias de la Meseta y que podía enlazar con los partidos del centro, que representaban a extensos sectores de campesinos, comerciantes, pequeños industriales, etc. (En 1933, había en España 275 483 comerciantes y 107 311 industriales que tributaban como tales). En cambio, el Partido Socialista, que no había perdido sus posiciones, se encontraba cortado por un lado de los trabajadores que seguían a la extrema izquierda y, por otro, con unos partidos que representaban a un sector de clases medias, de intelectuales, funcionarios, etc., muy debilitados.

A nadie cabía ya la menor duda de que el momento había llegado para que Lerroux gobernase. Y sólo podía hacerlo apoyándose en la derecha o, por lo menos, en parte de ella. Así ocurrió antes de que llegasen las fiestas de Navidad. Pero el Gobierno de Martínez Barrio debía afrontar aún una violenta sacudida revolucionaria.

El movimiento anarquista de diciembre de 1933

El movimiento anarquista de diciembre de 1933

La dirección de la C. N. T., que seguía creyendo posible el triunfo de una revolución por la acción de sus grupos armados, creyó oportuna la coyuntura del disgusto producido en la clase obrera por el triunfo electoral de las derechas, para lanzarse a un nuevo intento de ese género. La C. N. T. había lanzado una campana bajo el lema «Frente a las urnas, la revolución social», que culminó en un mitin en la plaza de toros Monumental de Barcelona, en el que participaron Benito Pabón, Domingo Germinal, Buenaventura Durruti y Orobón Fernández. Tras un pleno de 7 regionales celebrado el 26 de noviembre, 5 de ellas (Aragón, Cataluña, Levante, Galicia y Centro) decidieron lanzarse a un movimiento; la C. N. T. instaló en Zaragoza un Comité revolucionario (del que formaban parte, entre otros, Cipriano Mera e Isaac Puente) y el 8 de diciembre, el mismo día en que se reunían las nuevas Cortes y elegían presidente a Santiago Alba, desencadenaba el movimiento insurreccional. El alzamiento central debía tener lugar en Aragón, apoyado por la huelga general revolucionaria en el resto del país. Comenzó con gran violencia en Barbastro, Zaragoza e innumerables pueblos de Aragón y la Rioja, así como en Barcelona, Huesca, Teruel, Logroño, Gijón y provincias de León, Badajoz, Córdoba, Burgos, etc. En Zaragoza duró la lucha varios días, pero el Gobierno, que estaba advertido de la inminencia del movimiento., practicó la noche antes numerosas detenciones.

En algunos pueblos de la Rioja se proclamó el comunismo libertario (Cenicero, Briones, Fuenmayor…), así como del Bajo Aragón (Castellote, Valderrobres, Alcorisa, Mas de las Matas), de Huesca (Tormos, Alcampel, Alcalá de Gurrea, Albalate) y de Daroca. Se luchó con singular violencia en Logroño, Calahorra, Almudévar y Calatayud. En la provincia de Valencia, el corte de vías férreas produjo la catástrofe del expreso Barcelona-Sevilla, que causó numerosos muertos y heridos[32].

En Villanueva de la Serena (Badajoz), un sargento y varios obreros se hicieron fuertes en la Caja de Recluta y resistieron durante dos días el asedio de una columna mixta de infantería, ametralladoras y morteros, hasta sucumbir todos. En Fabero (León), los mineros se hicieron también dueños de la situación.

El movimiento no fue dominado por completo hasta el 13 de diciembre. Durante tres días, en decenas de localidades los Comités revolucionarios se habían apoderado de Ayuntamientos, Juzgados, Telégrafos y demás centros vitales.

Sin embargo, una vez más se comprobaba la distancia entre los grupos de acción y la mayoría de la clase obrera, incluso entre afiliados a los Sindicatos cenetistas. Aquel era un movimiento fundado más sobre esperanzas que sobre elementos precisos de juicio. Y, cuando en una localidad aislada los trabajadores se encontraban dueños de la situación, no sabían, en rigor, qué hacer con aquel poder.

El Gobierno reprimió el movimiento y se practicaron millares de detenciones (en numerosos casos, como en Zaragoza, seguidas de malos tratos a los presos), se declaró, una vez más, la ilegalidad de la C. N. T., se clausuraron sus locales y fue suspendida su prensa. De paso, el Gobierno cerró también numerosos locales comunistas y suspendió igualmente sus periódicos. En fin, en los procesos que se siguieron a los encartados del movimiento de diciembre, unas 700 personas fueron condenadas a diversas penas de prisión.

Terminada la misión para que fue constituido, el Gobierno, Martínez Barrio presentó la dimisión, y abrió el camino a Lerroux. El mismo día en que se abría la crisis, publicaba El Debate (cuyo nuevo director era Francisco de Luis) un editorial titulado Los católicos y la República. En él se decía que era deber de los católicos «defender la religión, la propiedad y la familia… contra la masonería y el comunismo… ¿Con qué régimen? ¡Con el que sea! ¡Con el que se dio España por acción de unos y omisiones de otros! ¡Con el establecido, en fin!». Por primera vez, Gil Robles era llamado y acudía a las consultas del Presidente de la República; Había comenzado la «adaptación» de la C. E. D. A. al régimen.

En el extremo opuesto, Largo Caballero proponía a la Ejecutiva del Partido Socialista que se preparase un movimiento revolucionario para la toma del Poder; pero la propuesta no prosperó por la oposición del Comité nacional de la U. G. T. que, siguiendo a Tritón Gómez y Saborit, la rechazó por 28 votos contra 16. No obstante, en la mayoría del Partido Socialista se empezaba a producir un cambio profundo de orientación.

La tarea de «rectificación» de la obra republicana emprendida por Lerroux acercó más la C. E. D. A.; al Gobierno y separó a los socialistas. Así, a partir de enero de 1934 ya no había representantes de la izquierda española en el Poder.

Capítulo VIII. Balance del primer bienio

CAPÍTULO VIII
BALANCE DEL PRIMER BIENIO

La economía y sus estructuras

La economía y sus estructuras

No hay que insistir demasiado en algo que es de sobra conocido: la implantación de la forma de gobierno republicana no produjo ningún cambio en las estructuras económicas de España. Si la Constitución de 1931 y, con todas sus limitaciones, la ley de Reforma agraria abrían cauce legal a posibles transformaciones de estructura, la dinámica política del país determinó que nunca tuvieran la iniciativa en ese terreno las fuerzas populares cuyos intereses coincidían con esos cambios estructurales. Con ello, la transformación que las exigencias del desarrollo histórico venían planteando desde mediados del siglo XIX quedóse en promesas y en declaraciones de principios.

Se ha hablado con harta frecuencia de un colapso de la vida, económica española a partir de 1931. Sin duda incidieron en ésta algunos factores negativos a los que ya hemos hecho referencia: huida de capitales, descenso de inversiones y de créditos, en parte por temor a la nueva situación y en parte como maniobra política; resistencia de los propietarios agrícolas a la nueva legislación social; choques político-sociales en el campo; quiebra de mercados exteriores a causa de la crisis mundial y repercusión, pese al proteccionismo, en los mercados interiores.

Sin embargo, se impone una ponderación de los factores positivos y negativos que intervinieron en ello para comprender, sin espíritu preconcebido, el desarrollo económico de España de 1931 a 1935.

En la producción agrícola cabe señalar que, si bien hubo una casi total carencia de inversiones, ya señalada en el capítulo precedente, las áreas de cultivo permanecieron en general invariables. Aumentó la producción de trigo, maíz y cebada. La mayor parte de los productos agrícolas se mantuvieron estables con relación al quinquenio anterior. El olivar siguió sufriendo las oscilaciones de las cosechas; en cambio, descendió netamente la producción de uva y vino. La de naranja, que había continuado su expansión, descendió a partir de la cosecha 1934-1935, por razones de comercio exterior, y tardó más de veinte años en alcanzar el nivel de 1933.

La producción de minerales metálicos descendió considerablemente, fenómeno nada extraño si se tiene en cuenta su importancia como productos de exportación y la crisis mundial existente. Por el contrario, la producción carbonera se mantuvo con tendencia al alza. (España consumía su carbón en proporción del 80 por ciento de sus necesidades e importaba el resto). La siderurgia cayó verticalmente. También se observó una baja de la producción de cemento, vinculada en la construcción y ésta con los créditos a pequeñas empresas. Por el contrario —y este hecho es muy significativo— progresó la producción textil. Las industrias químicas, en fase de expansión, aumentaron la producción de ácido sulfúrico, sulfato de cobre, superfosfatos… Pero faltaban los abonos nitrogenados.

La instalación y producción de energía eléctrica siguió un ritmo creciente. Conviene observar que el aumento del consumo de energía eléctrica, entre 1931 y 1935, provenía, en primer lugar, de las aplicaciones industriales (electroquímica, electrometalurgia, etc.) y, en segundo término, del alumbrado público y uso doméstico.

Sin duda alguna, las estimaciones hechas posteriormente por el Consejo de Economía Nacional sobre la evolución de la renta son harto discutibles, aunque tienen un relativo valor a partir de 1929, son siempre muy interesantes como valores aproximados y, en el caso que nos ocupa, el equipo que hizo este trabajo lo es todo, menos sospechoso de querer realzar los años de la República. Su estimación es, en millones de pesetas:

Años
Renta nacional
Renta por habitante

Pesetas de
cada año
Pesetas de
1929
Pesetas de
cada año
Pesetas de
1929

1927
23 804
23 781
1051
1051

1928
21 891
22 570
957
987

1929
25 213
25 213
1092
1092

1930
24 003
24 104
1029
1033

1931
24 204
24 028
1027
1020

1932
25 566
25 742
1075
1083

1933
22 011
23 196
917
967

1934
25 465
26 146
1051
1078

1935
24 759
25 289
1012
1033

Algunos índices de producción establecidos con ciertas garantías pueden ayudamos a fijar las ideas expuestas más arriba y a situar las desigualdades entre las diferentes ramas de la producción.

Años | Trigo | Cebada | Maíz | Arroz | Garbanzos
| (millones de Qm.) | (miles de Qmnt.)
1930 | 39,9 | 22,6 | 7,3 | 3,1 | 829
1931 | 36,6 | 19,8 | 6,7 | 2,7 | 880
1932 | 50,1 | 28,9 | 6,9 | 3,2 | 1480
1933 | 37,6 | 21,8 | 6,6 | 3,0 | 1016
1934 | 50,8 | 28,2 | 7,9 | 2,9 | 1279
1935 | 43,0 | 21,1 | 7,4 | 2,9 | 1355

Años
Olivar
Viñedo
Naranjas

aceitunas
aceite
uva
mosto

miles
de Qm.
millones
de Qm.
miles
de Qm.
millones
de Qm.
miles
de Qm.

1930
6194
6,6
30 266
18,2
11 963

1931
18 061
1,1
30 755
19,0
12 042

1932
18 356
54,0
34 896
212
11 710

1933
16 472
55,0
31 874
19,8
9672

1934
15 790
49,0
35 683
21,7
9697

1935
22 511
47,0
28 623
17,0
9098

Carbón[1]
Piritas
Hierro
Mercurio

Años
Hulla y
antracita
Lignitos

(en toneladas)

1930
7 182 000
380 000
3 924 000
5 517 000
20 000

1931
7 113 000
353 000
3 134 000
3 190 000
30 000

1932
6 910 000
346 000
2 125 000
1 760 000
11 000

1933
5 995 000
290 000
2 269 000
1 815 000
10 000

1934
6 026 000
285 000
2 093 000
2 094 000
20 000

1935
7 028 000
312 000
2 185 000
3 983 000
26 000

Años
Lingote
de hierro
Lingote
de acero
Ferroman-
ganeso
Cemento

(en toneladas)

1930
624 256
953 673
6200
1 839 042

1931
468 802
655 798
4986
1 630 251

1932
295 108
537 786
3231
1 425 216

1933
331 528
527 389
6774
1 406 000

1934
357 888
588 946
8053
1 362 000

1935
344 202
637 280
5059
1 462 000

Año
Energía eléctrica
Ácido
sulfúrico
Super-
fosfatos
Sulfato
cobre

Potencia
(millones kwh)
Energía
producida
miles de toneladas

1930
1253
2609
193,6
999,6
6.9

1931
1385
2681
164,6
887,8
8,2

1932
1539
2804
146,5.
994,1
8,2

1933
1643
2897
162,5

1934
1648
3027
208,1

1935
1791
3272
334,3

Año
Textil
algodonera
Azúcar de
remolacha
Almendras
Plátanos

(en toneladas)
(miles de Qm.)

1930
100 700
2236
1000
1674

1931
97 800
2895
1023
1914

1932
107 200
3622
999
1807

1933
99 500
2338
1559
1810

1934
103 152
2172
1937
1808

1935
103 360
3146
1466
1810

Para darse cuenta del peso relativo de los sectores industrial y agrario conviene recordar que la producción de trigo tenía un valor diez veces, superior al de la producción de hulla y guardaba una proporción parecida con el valor de la producción siderúrgica. La producción de aceite valía tanto como la carbonera y siderúrgica reunidas, y así sucesivamente. Sólo con saber que en 1935 el 71 por ciento de las exportaciones eran productos agrarios y el 14 minerales y metales en bruto y que el 42,5 de las importaciones eran productos industriales y manufacturados (aunque apenas se compraba equipo industrial, ni abonos suficientes, ni maquinaria agrícola, etc.) se calibra ya el género de economía que tenía España, sin variaciones esenciales en la proporcionalidad de sectores productivos desde primeros de siglo aproximadamente.

Cualquier examen de la producción española en aquellos años muestra además que los sectores debilitados fueron aquellos que dependían sobre todo de la exportación. En cuanto a la baja de precios al por mayor, se produjo en España un año después (en 1932) que en los principales países de Europa y en los Estados Unidos; empezó la recuperación de precios en 1934, mientras que en esos otros países no se lograba hasta 1935 o 1936, según los casos. El punto más bajo de precios fue, calculando sobre un índice 100 para 1913, de 5,4 mientras que en la Gran Bretaña fue de 40, en Alemania de 49 y en los Estados Unidos de 42. En todos estos países la proporción de paro forzoso fue mucho mayor que en España.

Sin embargo, en nuestro país constituyó uno de los problemas más serios, agravado por la inexistencia de subsidio de paro. En la primavera de 1934 el número de parados llegó a 703 814, entre parados totales y parciales; de ellos unos 400 000 pertenecían al sector agrícola.

La atonía de los mercados en los años de crisis y también su recuperación a partir de 1934 se observa en las operaciones de compensación en las Cámaras de Comercio: 35 000 millones de pesetas en 1930, 41 000 en 1931, 23 000 en 1932, 25 000 en 1933, 34 700 en 1934, 45 000 en 1935.

La banca y las grandes empresas

La banca y las grandes empresas

¿Cuál era la situación de la banca? El capital y las reservas de los seis grandes bancos evolucionaron de la siguiente manera, en millones de pesetas:

Bancos | 1930 | 1932 | 1934 | 1935
Español de Crédito | 104 | 112 | 167 | 120
Hispano-Americano | 142 | 154 | 149 | 170
de Bilbao | 125 | 119 | 125 | 144
de Vizcaya | 110 | 85 | 90 | 110
Central | 80 | 69 | 87 | 87
Urquijo | 72 | 68 | 69 |

La suma de capitales y reservas de toda la banca privada, que era de 1861 millones en 1929, alcanzaba 2111 millones en 1935. Si la circulación fiduciaria permaneció estable durante los años de la República (4766 millones de pesetas en billetes en 1930 y 4836 en 1935), las cuentas corrientes se recuperaron a partir de 1934 y, al siguiente año, eran más cuantiosas que nunca. Otro dato interesante es que si la banca privada tenía declarados como efectos industriales y análogos por valor de 1404 millones de pesetas en enero de 1929, esos mismos efectos ascendían a 1590 millones en diciembre de 1934.

Hablar de la banca supone hablar de las grandes empresas, ya que sería enojosa repetición la de reiterar los estrechos vínculos entre una y otras. Una simple ojeada a las listas nominales de los Consejos de administración de los bancos y de la casi totalidad de empresas dotadas de fuerte capital puede sacar de dudas a aquel que todavía las tuviere. Esta concentración del poder bancario y empresarial en un núcleo muy reducido de personas, fenómeno paralelo al ya secular de la propiedad agraria (y entrelazado con éste en buen número de casos), ha planteado en nuestra patria el problema económico, sociológico y político de la oligarquía, de las «grandes familias», con una tendencia cada vez más monopolista, al que hemos hecho referencia repetidas veces.

Interesa, pues, situar también la evolución y la estructura del capital de las sociedades anónimas antes de considerar la cuestión de los beneficios de bancos y grandes empresas.

He aquí un cuadro de sociedades anónimas, con el capital nominal, el desembolsado y el de obligaciones en circulación, en millones de pesetas, que manejaban a cambio de un interés fijo percibido por el rentista que compraba dichos títulos:

Años | Núm. de soc. | Cap. nom. | Cap. desem. | Oblig.
1930 | 4605 | 14 986,5 | 11 969,0 | 7291
1931 | 4629 | 15 319,5 | 12 264,4 | 7375
1932 | 4627 | 15 742,3 | 12 690,6 | 7621
1933 | 4793 | 16 151,4 | 13 188,2 | 7670
1934[2] | 4804 | 16 013,3 | 13 129,0 | 7392
1935 | 4899 | 16 273,6 | 13 492,6 | 7336

La estructura de este capital por sectores de producción era, en grandes rasgos, la siguiente: las mayores inversiones se concentraban en electricidad y gas (2440 millones de pesetas), ferrocarriles (1570) y bancos. Los dos primeros sectores totalizaban las tres cuartas partes de las obligaciones. La industria textil tenía 789 millones de pesetas desembolsados; la minería, 762; la industria química, 606; la siderurgia tan sólo 350,5, menos que la industria azucarera (369) y que la maquinaria y construcciones metálicas (440). Toda la industria pesada sumaba 886 millones de pesetas de capital; la producción de energía, 2500 millones y los transportes, 1963 millones.

La mayor concentración de capitales se acusaba en siderurgia, construcciones navales, minería, energía eléctrica e industria azucarera.

Interesa igualmente conocer la distribución provincial, con objeto de tener una idea aproximada del mapa económico y social de la España de entonces. Las tres cuartas partes del capital residían en Madrid. Barcelona y Bilbao. Naturalmente, esto no quiere decir que estuviesen allí enclavadas las empresas, sino la sede de las sociedades anónimas. No obstante, es muy significativa la ausencia casi total de sociedades anónimas en las provincias de ambas Castillas (con excepción de Valladolid) y Extremadura.

En resumen, la siderurgia atravesaba un momento muy difícil, porque se había montado en los años de estabilización sobre una base falsa, muy superior al desarrollo económico real del país. Además, se trataba de una industria de monopolio (cartelizada) que descansaba en una exorbitante protección arancelaria, que le llevaba a establecer precios superiores en 100 por ciento al promedio europeo y constituía por ello una traba para el desarrollo industrial español.

La minería del carbón, la construcción naval, las navieras, los ferrocarriles, etc., descansaban parcialmente en las ayudas directas o indirectas del Estado.

El caso no era el mismo para otras industrias: la de energía eléctrica, en realidad en manos de los grupos financieros, prosperaba y no encontraba cortapisas a sus tarifas; la del papel, en situación de oligopolio, también nadaba en la abundancia. Las industrias químicas estaban en situación favorable de «despegue», pero tropezaban con la falta de industria química de base. Los intentos de desarrollar la fabricación de abonos nitrogenados se estrellaban también con la competencia hecha entonces por los nitratos chilenos.

En cuanto a la industria textil, ésta estaba interesada, como siempre, en el desarrollo del poder de compra de la mayoría de la población.

Mención aparte merece la importancia de las compañías extranjeras en la economía española. No se trata ahora de repetir lo dicho en capítulos anteriores, sino de trazara muy grandes rasgos cuáles eran las posiciones del capital extranjero durante los años que nos ocupan. He aquí una relación, que dista mucho de ser, exhaustiva: Banca: once establecimientos bancarios con un total de 21 millones de pesetas. Participación en el Banco Español de Crédito (francesa). Servicios públicos: Compañía Telefónica (Estados Unidos), Aguas de Sevilla y de Cartagena (Gran Bretaña). Minas: Riotinto, The Tarsis Sulphur Copper, Iron Ore Co., Luchana Mining (Gran Bretaña), Rodalquilar, Sierra Menera (participación británica), Royal Compagnie Asturienne de Mines (Bélgica), Potasa de Suria (Bélgica), Potasas Ibéricas (Francia), Peñarroya (Francia), Los Guindos (Alemania), Cobre de San Plato (Francia), Wolframio de Balborraz (Bélgica), Carbones de Berga (Francia), Minas de Centenillo (Gran Bretaña), Explotaciones potásicas (Alemania). Energía eléctrica: Barcelona Traction, Ligth and Power, Riegos y Fuerzas del Ebro (Bélgica-Canadá), Sevillana de Electricidad (Alemania), Luz y Fuerza de Levante (diversos capitales extranjeros), C. H. A. D. E. (alemanes y otros extranjeros), Saltos del Duero (part. británica). Transportes: Sociedad Madrileña de Tranvías (belgas), Tranvías de Sevilla (alemanes), Tranvías de Barcelona (franco-belgas), Tranvías y Electricidad de Bilbao (belgas). En las grandes compañías de ferrocarriles: M. Z. A., Norte de España, aunque ya no eran mayoritarios, quedaban los capitales franceses que, por otra parte, poseían grandes paquetes de obligaciones. Compañía de Ferrocarriles catalanes (extranjeros varios). Metalurgia y electromecánica: Babcok & Wilcox (participación británica), S. E. de Construcciones electromecánicas (franco-británicas), Geathom de Electrotecnia (franco-británicas), Standard Eléctrica (norteamericanos), Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (norteamericanos), General Eléctrica Española (norteamericanos y británicos), Sociedad Española de Construcción Naval (participación británica), S. E. de Construcciones electromecánicas (part. francesa), Aluminio español (franceses). Industrias químicas: Unión Española de Explosivos (part. francesa), Sociedad Ibérica del Nitrógeno (franceses). Pirelli (italianos), Firestone (norteamericanos), Electro-Química de Flix (franceses). Sulfates de Logrosán (británicos). Seguros: La Unión y el Fénix, La Franco-española (franceses), Plus Ultra (alemanes). Industrias alimenticias: Nestlé, Sociedad Lechera Montañesa (suizos). Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes (capitales extranjeros diversos), Azucarera de Adra, Azucarera de Madrid, Azucarera del Gállego (diversos). Otras industrias: Ford Motor Ibérica (norteamericanos), Hispano-Suiza (franceses), Compañía de Coches-Cama (franceses), S. A. de Fibras Artificiales (franceses), Sociedad Financiera de Industrias y Transportes (alemanes), Manufactura de Corcho Armstrong (británicos), La Seda de Barcelona (franceses), Sociedad Petrolífera Española (norteamericanos).

Citamos aquellas empresas cuya posesión total o parcial por capitalistas extranjeros era de sobra conocida. Hay otros muchos casos en que la penetración, por medio de testaferros, es mucho más sutil y no puede ser localizada. Por análogas razones es punto menos que imposible conocer la cuantía real de las inversiones extranjeras, al no poderse determinar la producción exacta de la aportación no española en innumerables empresas cuyo carácter mixto está desde luego establecido. A juzgar por los cálculos parciales de Ramos Oliveira, la suma de capitales extranjeros invertidos en España en 1935 debió exceder ampliamente de dos mil millones de pesetas, sin tener en cuenta las reservas. Sevillano habla de 1000 millones de beneficios anuales. Desde luego, un examen del repertorio de sociedades extranjeras o con participación extranjera existentes en España en 1935, tomando sólo en cuenta las empresas importantes y calculando lo más bajo posible los tanto por ciento de participación extranjera en los casos dudosos, elevaba las inversiones extranjeras en sociedades anónimas españolas a más de 2400 millones de pesetas.

Tal vez parezca fastidiosa la relación precedente e innecesariamente prolijo este examen de un aspecto de la vida económica. Sin embargo, estas nociones nos serán de gran utilidad para ayudar a comprender y matizar algunas actitudes internacionales al llegar, poco después, la guerra civil española.

Conviene también tener en cuenta que en la mayoría de los casos de empresas de capital mixto (español y extranjero) los participantes españoles eran miembros importantes de la oligarquía económica. Algunos de ellos sirvieron en numerosas ocasiones de testaferros al capital extranjero[3].

Producción y comercio

Producción y comercio

Hemos señalado ocasionalmente la estructura del comercio exterior español. Apenas varió. La proporción de productos manufacturados exportados fue todavía de 15 por ciento. Las exportaciones, que habían sido de 11 533 400 toneladas por un valor de 2112,9 millones de pesetas oro en 1929, fueron de 6 363 900 toneladas por un valor de 588,2 millones de pesetas en 1935. Las importaciones sumaron 7 131 100 toneladas por valor de 2737 millones de pesetas en 1929; 5 076 000 toneladas por valor de 876 millones de pesetas en 1935. El volumen del comercio exterior descendió a partir de 1932, a causa de la crisis mundial, y permaneció con escasas variaciones, salvo un descenso en 1935. En cambio, el déficit de la balanza de comercio fue mucho menor que el de los años de la Monarquía a partir de 1920. Disminuyó la importación de maquinaria y aceros, consecuencia del descenso casi vertical de las inversiones en las industrias básicas, y desapareció la de trigo (salvo en 1932) a causa de las buenas cosechas. Aumentó, en cambio, la importación de productos químicos. (Obsérvese también el escaso volumen del comercio exterior en relación con el producto nacional). El comercio exterior español siguió dependiendo de las grandes potencias. Los principales proveedores de España eran los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Los principales clientes, Gran Bretaña y Francia, únicos países, unidos a Bélgica y Holanda, que daban a España una balanza de comercio favorable. Podría pensarse que, en estas condiciones, la situación de la Hacienda pública se habría agravado catastróficamente. No fue así. Carner consiguió equilibrar el presupuesto del Estado, que en 1932 se liquidó con un superávit de 118 millones de pesetas; el único año de déficit presupuestario (102 millones) fue 1935, periodo de mayor orientación derechista de los gobiernos republicanos.

El presupuesto, que para 1931 era de 3855 millones de pesetas, se elevó a algo más de 4200 durante los tres años siguientes, y a 4557 en 1935. Disminuyeron los gastos de los departamentos de Ejército, Marina y Justicia. Aumentaron los de Trabajo, Hacienda y, sobre todo, de Instrucción Pública, cuyos gastos pasaron de 186,5 millones en 1930 a 326 en 1935. Sin embargo, en nada varió la estructura del sistema fiscal español. La única novedad, harto tímida por cierto, fue el establecimiento, en diciembre de 1932, de la contribución general sobre las rentas mayores de 100 000 pesetas con gravámenes de uno al cuatro por ciento. Este impuesto carecía, por minúsculo, de trascendencia económica o financiera, y hasta el propio Azaña se creyó obligado a disculparse ante la opinión de izquierda diciendo que «un impuesto de esta magnitud se inaugura modestamente». Grande fue también la modestia de la ley de Ordenación Bancaria, que ya hemos mencionado: el poder efectivo del Banco de España frente al Estado permaneció incólume. Y aun así, los miembros de la oligarquía se desgarraban las vestiduras ante el «socialismo» de Indalecio Prieto.

Sin duda alguna, el Gobierno de la República emitió Deuda pública; pero mucho menos que la Dictadura, aunque tuvo que hacer frente a 300 millones de descubierto del primorriverismo en Obras públicas. Durante los gobiernos de Primo de Rivera y Berenguer la Deuda pública pasó de 11 822 millones de pesetas a 19 701. En 1935 se había elevado a 21 730 millones.

Conviene señalar que la política hacendística y fiscal de la República no cambió nada en España, y fue de tal ortodoxia que frenó la emisión fiduciaria, conservó como reliquia el depósito de encaje oro, contempló las restricciones de crédito sin ningún intento para abaratar el dinero…

¿Qué otra política económica, emprendieron los Gobiernos de la República? Mantener el proteccionismo habitual en 1932 los derechos arancelarios suponían una protección de 111,11 por ciento para el precio del trigo y 72,4 para el del arroz; crear la Corporación de Productores y Comerciantes del Vino (Estatuto del Vino, 1933), la Comisión Mixta del Aceite (1932), el Instituto para el fomento del cultivo algodonero (1932), el Instituto del Nitrógeno (1933), la Junta para regular la exportación del arroz (1933), el Comité Industrial Sedero (1933), la Junta Naranjera nacional (1935), etc.

Desde 1931 se estableció el régimen de contingentes de importación, como medida de defensa del comercio exterior ante la crisis mundial y, concretamente, contra las barreras arancelarias puestas por Francia a nuestras exportaciones de vino. El régimen de contingentes y de acuerdos bilaterales se generalizó a partir de 1933[4].

En la mayoría de estos casos se trataba o bien de medidas que comenzaron a practicar todos los Estados en el comercio internacional o bien de proteccionismo respondiendo a los deseos de grupos de presión. Por ejemplo, la Unión de Remolacheros y Cañeros impidió, en 1932, que las Cortes votasen una proposición encaminada a autorizar la importación de azúcar extranjero para conservas.

En resumen, la relativa actividad intervencionista, más acusada en los años 1932 y 1933, pudo ser más o menos eficaz, pero no desbordó nunca los límites de la ortodoxia económica de los de la Monarquía.

En cuanto al cambio exterior, éste sufrió mucho en los meses que siguieron a la proclamación de la República. Hubo un momento, en verano de 1931, en que se cotizó la libra a 57 pesetas. La situación se restableció poco a poco y a fines de 1934 se cotizaba la libra a 36 pesetas, cambio análogo al de los últimos meses de 1929.

Entre los esfuerzos de mayores vuelos emprendidos durante los tres primeros años de la República (aunque no realizados a causa de los vaivenes políticos) debe mencionarse, junto a la ley de Reforma Agraria, el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, debido al ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, a quien Prieto nombró jefe del Centro de Estudios Hidrográficos al crearse este organismo. Este plan comprendía el proyecto de trasvasar el agua del Tajo y el Guadiana a la vertiente mediterránea y, además, un vasto programa de electrificación, repoblación forestal y expropiaciones agrarias. Estaba concebido en función de un amplio desarrollo de la Reforma agraria y, naturalmente, fue archivado en 1934. Hoy todavía se señala como modelo.

Los precios

Los precios

Hasta ahora nos hemos referido en términos generales a la evolución de precios entre 1931 y 1935. Tratemos de precisar este aspecto de la cuestión. El índice general de precios al por mayor, tomado como base igual a 100 el año 1913, evolucionó de la siguiente forma: 1930: 167,0; 1931: 168,8; 1932: 166,6; 1933: 159,1; 1934: 163,4; 1935: 164,2.

Los cálculos del Instituto Nacional de Estadística sobre la base 100 en 1955, dan el siguiente resultado: 1930: 12,1; 1931: 12,2; 1932: 12,1; 1933: 11,5; 1934: 11,9; 1935: 11,9.

Está fuera de duda que el punto más bajo de la curva de precios coincidió con el año de máxima repercusión de la crisis mundial en los mercados. Conviene, no obstante, ver más de cerca la cuestión: los productos agrícolas sólo experimentaron baja en 1933 y se recuperaron rápidamente, a excepción del arroz (cuyas exportaciones luchaban difícilmente con la competencia extranjera después de la Conferencia de Otawa) y de las judías y garbanzos, cuya producción aumentó. Los productos ganaderos prosiguieron la tendencia a la baja. Los azúcares sólo tuvieron baja sensible en 1932, año de superproducción excepcional. Aceites y vinos experimentaron tendencia general a la baja por razones de mercado exterior.

Los carbones nacionales estaban en alza constante, con la única excepción de los «menudos», cuyo tanto por ciento, sin embargo, fue muy notable. Subió también el petróleo y la energía eléctrica, que dieron un salto de 102 a 131 (base 100, 1913) el año 1935. Subieron igualmente las lanas, menos la ordinaria, que sufrió crisis en 1932 y 1933. Bajó asimismo considerablemente el algodón de importación.

Bajaron los metales (a excepción del lingote de hierro), que se recuperaron hacia 1935. Cemento, superfosfatos y nitratos subieron ininterrumpidamente.

Considerando algunos de los grupos más importantes, pueden hacerse las siguientes observaciones (siempre tomando el índice de 1913): los productos agrícolas, que en 1930 tenían un nivel de 156,63, bajaron hasta 148,65 en 1933, para llegar a 157 el año siguiente y situarse en 152,48 en 1935. Los productos alimenticios, de 177,8 en 1930, descendieron a 169,9 en 1933, subieron a 177 en 1934 y quedaron a 173 el año siguiente. Los productos industriales, que alcanzaron en 1930 un nivel de 168,4 descendieron a 160,6 en los años 1933-1934 para llegar a 171,4 en 1935.

En suma, desde el punto de vista de los precios pagados a la producción no puede hablarse de situaciones dramáticas más que en contados sectores de la misma y por un tiempo limitado.

Veamos ahora, la otra cara del problema: los precios al por menor que, cotejados con los salarios, nos darán el nivel real de vida.

El índice de costes de vida establecido por las Cámaras de Comercio dio los siguientes resultados (tomando por base 100 el año 1955): 1930: 13.6; 1931: 14,5; 1932: 14,2; 1933: 13,5; 1934: 13,7; 1935: 13,5.

Veamos también aquí, más de cerca, los precios al por menor en los años 1930 a 1933, según los Anuarios Estadísticos de la época:

Índice de tres grupos de productos: 1.º (carne de vaca de segunda, carne de cordero, de cerdo, tocino salado, sardinas, merluza, leche, huevos, manteca de vaca); 2.º (pan, arroz, garbanzos, patatas, judías, lentejas, azúcar, vino, aceite); 3.º (combustibles, electricidad, varios). (Base 100 = 1914):

| Madrid |  | Barcelona
Años | Gr. 1.º | Gr. 2.º | Gr. 3.º |  | Gr. 1.º | Gr. 2.º | Gr. 3.º
1930 | 216 | 169 | 172 |  | 173 | 168 | 181
1931 | 227,8 | 180,7 | 173,7 |  | 189 | 165 | 187,4
1932 | 218,2 | 163,5 | 172,5 |  | 179 | 160 | 185
1933 | 208,7 | 152,4 | 179,4 |  | 164,8 | 158 | 180

El punto más bajo de la curva de precios al por menor se registró en la primavera de 1933. El promedio general de precios en la plaza de Madrid pasó de 198,9 a 179,4 entre enero y diciembre de 1932; y de 177 a 179,1 entre enero y diciembre de 1933. A partir de entonces continuó el alza. He aquí el movimiento de precios sobre un índice de diez productos alimenticios:

Períodos | Cap. de prov. | Pueblos
Abril-septiembre 1930 | 165,4 | 189,7
Octubre 1930-marzo 1931 | 176,8 | 187,9
Abril-septiembre 1931 | 173,0 | 195,9
Octubre 1931-marzo 1932 | 179,6 | 192,0
Abril-septiembre 1932 | 172,9 | 191,4
Octubre 1932-marzo 1933 | 175,2 | 181,7
Abril-septiembre 1933 | 165,4 | 183,0
Octubre 1933-marzo 1934 | 173,9 | 185,2

En todos estos casos se observa fácilmente la subida de precios en los meses que precedieron a la proclamación de la República (que continuó en los medios rurales varios meses más), el punto máximo de baja en 1933 y la recuperación de precios más rápida en las ciudades que en los pueblos.

De gran interés son los índices de coste de vida publicados por la Oficina Internacional del Trabajo en 1936. El de España es de Madrid, elaborado a base de precios de productos de alimentación, combustibles y electricidad. He aquí el resultado: 1913-1914: 100; 1930: 186; 1931: 194; 1932: 186; 1933: 180; 1934: 184; 1935: 180; 1936 (enero-febrero): 176,5.

La Oficina Internacional del Trabajo publicó también el resultado de una encuesta en cuatro capitales españolas sobre precios de 32 productos al por menor en octubre de 1935. Helo aquí, por kilo o litro, en pesetas:

Pan blanco | 0,68 |  | Azúcar | 1,71
Pan de centeno | 0,70 |  | Café | 11,38
Harina de trigo | 0,85 |  | Té | 16,83
Harina de avena | 2,00 |  | Cacao | 6,94
Mantequilla | 9,00 |  | Queso | 4.19
Mantequilla salada | 9,00 |  | Leche | 0,58
Margarina | 4,50 |  | Huevos (la unidad) | 0,26
Grasa cerdo | 3,45 |  | Arroz | 0,93
Vaca de primera | 4,74 |  | Macarrones | 1,36
Vaca de segunda | 3.45 |  | Guisantes | 1,34
Cordero de primera | 4,70 |  | Alubias | 1,28
Cordero de segunda | 4.09 |  | Aceite de oliva | 2.19
Cerdo de primera | 5,98 |  | Leña (100 Kg) | 10,63
Cerdo de segunda | 4,17 |  | Carbón (100 Kg) | 27,69
Ternera de primera | 6.28 |  | Coque (100 Kg) | 15,13
Ternera de segunda | 4,88 |  | Electricidad (kwh) | 0,81
Tocino | 2,75 |  | Gas (m³) | 0,48
Patatas | 0,31 |  | Petróleo | 0,90

Este índice, establecido con fines y métodos internacionales, es discutible en algunos aspectos de su aplicación en España; por ejemplo, nadie consumía margarina, ni guisantes secos (pero sí, garbanzos), el precio de los huevos es el de los muy frescos, en la estación del año en que más caros están, etc., etc. Sin embargo, para los productos fundamentales, constituye un punto de referencia muy apreciable[5].

Los salarios

Los salarios

¿Cómo evolucionaron los salarios?

He aquí un muestrario de los salarios y jornales en Madrid, en 1931, publicados en el Anuario Estadístico de 1932-1933, tomando como fuente la Delegación provincial y Consejo de Trabajo de Madrid. Salario diario, en pesetas:

Oficio | Máximo | Mínimo
Albañiles | 12 | 8
Conductores de tranvías | 9 | 7
Costureras | 9,60 | 6,45
Electricistas | 14 | 7,50
Linotipistas | 12 | 8
Mecánicos | 13 | 9,50
Tipógrafos[6] | 12,25 | 9
Torneros | 13,65 | 9,45
Panaderos | 16 | 9,50
Metalúrgicos | 16 |
Dependientes de comercio (mensual) | 600 | 200

Aunque las calificaciones por oficios distan mucho de ser homogéneas se observan alzas de salarios en algunos oficios, como torneros y, en general los de la metalurgia, panaderos, etcétera.

En todos los casos, la jornada de trabajo era de ocho horas.

Veamos ahora, los salarios en 1935 (mes de octubre), publicados por la Oficina Internacional del Trabajo, dados por horas, con indicación de las horas de trabajo a la semana. Están tomados de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia:

Oficio
Horas sem.
Barcelona
Bilbao
Madrid
Valencia

(en pesetas)

Construcciones mecánicas

Ajustadores
y torneros
48
1,14
1,50
1,62
1,19

Vaciadores
48
1,14
1,50
1,62
1,19

Modeladores

1,14
1,50
1,62
1,19

Peones
48
0,94
1,00
1,00
0,87

Construcción (48 horas en Bilbao)

Oficial albañil
44
1,85
1,55
1,75
1,36

Construc. hierro
44
1,85
1,50
1,64
1,36

Fabr. cemento
44
1,27
1,35
1,85
1,13

Carpinteros
44
1,62
1,55
1,85
1,36

Pintores
44
2,04
1,35
1,74
1,50

Fumistas
44
1,7
1,55
1,80
1,64

Montador electr.
44
1,86
1,95
2,00
1,64

Peones
44
1,35
1,35
1,15
1,02

Industria del mueble

Ebanista
48
1,68
1,50
1,62
1,50

Tapiceros
48
1,68
1,50
1,75
1,63

Pulidores
48
1,68
1,47
1,62
1,25

Artes Gráficas

Cajistas
48
1,85
1,89
1,62[7]
1,67

Linotipistas
42
2,68
2,07
2,67
2,06

Maquinista imp.
48
1,85
1,85
1,63
1,30

Encuadernadores
48
1,71
1,53
1,60
1,60

Peones
48
1,25
1,19
1,00
1,25

Alimentación

Panaderos
48
1,50
1,25
1,56
1,50

Distribución electricidad (44 horas en Barcelona)

Montadores electricistas
48
1,86
1,95
1,50
1,50

Peones
48
1,12
1,35
1,00
1,00

Transportes

Tranvías y autobuses:

Conductores
48
1,41
1,16
1,19
1,16

Cobradores
48
1,28
1,16
1,19
1,16

Chóferes camiones
48
1,66[8]
1,25
1,25
1,25

Cocheros[9]

1,00
1,25
0,75
1,00

Ferrocarriles:

Mozos de tren
48
0,81
1,25
0,73
0,69

Obreros de la vía
48
0,81
0,75
0,73
0,75

Servicios municipales

Peones
48
1,29
1,10
1,00
0,94

Conviene comparar este cuadro con el de salarios máximos y mínimos establecidos posteriormente por el Instituto Nacional de Estadística (datos tomados del Anuario Estadístico de 1943), cuyas fuentes no están especificadas y que no está graduado por especialidades. La autenticidad de algunos de sus datos puede ser puesta en tela de juicio. Por ejemplo, no refleja el descenso evidente de salarios agrícolas en 1934, y cuando trata de años, anteriores (verbigracia en 1927), da un salario agrícola mínimo de 4,19 pesetas, a todas luces superior a los salarios mínimos que por entonces se pagaron en el campo. No obstante importa no despreciar este elemento de juicio. Damos los datos de 1930, 1933 y 1935 para poder realizar la confrontación con los niveles de precios ya indicados. Se trata de promedios nacionales por salario de jornada de ocho horas y en pesetas:

Oficio | 1930 | 1933 | 1935
Mineros | 9,21 | 9,96 | 10,42
| 6,04 | 6,81 | 7,36
Metalúrgicos | 9,84 | 10,56 | 10,94
| 6,34 | 6,92 | 7,09
Albañiles | 9,37 | 10,11 | 10,31
| 6,14 | 7,00 | 7,17
Textiles (hombres) | 8,17 | 8,75 | 9,10
| 5,65 | 6,05 | 6,39
Textiles (mujeres) | 3,87 | 4,11 | 4,33
| 2,31 | 2,32 | 2,53
Ebanistas | 9,22 | 9,86 | 9,94
| 5,92 | 6,75 | 7,01
Vidrio y cristal | 9,10 | 10,48 | 10,87
| 6,35 | 7,14 | 7,50
Costureras y modistas | 3,84 | 4,26 | 4,39
| 2,09 | 2,21 | 2,33
Agrícolas | 6,80 | 7,51 | 7,67
| 4,42 | 4,88 | 5,07

En fin, aunque menos preciso, porque no contiene calificaciones, y seguramente se trata de promedios,, conviene tener en cuenta el cuadro establecido por el Consejo Superior de Cámaras de Industria, Comercio y Navegación, tomando las capitales de provincia en 1936 y en pesetas por hora:

Mineros | 1,11 |  | Confección | 0,70 |  | Textil | 1,44
Metalúrgicos | 1,47 |  | Construcción | 1,62 |  | Tipógrafos | 1,95
Comercio | 1.20 |  | Portuarios | 1.59 |  | Vidrio | 1.44

Sea como fuere, el conjunto de datos que pueden utilizarse hoy confirman la elevación general de salarios durante los años de la República, sujeta, sin embargo, a diversas oscilaciones y zig-zags, dependientes de un complejo de causas políticas, sociales y económicas, entre las que no es posible ignorar la acción reivindicativa de los Sindicatos.

Situación de los asalariados agrícolas

Situación de los asalariados agrícolas

Ya hemos visto que los salarios mínimos de 5,50 pesetas establecidos en 1931 no fueron siempre mantenidos en el periodo 1934-1935. En 1934, el diputado socialista Manso dio cuenta al Parlamento de un proyecto de contrato de trabajo presentado al Jurado Mixto por los propietarios, en el que se preveían jornales de 2,50 pesetas, con la obligación, por parte de los jornaleros, de devolver dinero al propietario en el caso de que éste les proporcionase la comida. Otro procedimiento empicado por los terratenientes fue el de suprimir puestos de trabajo fijos y substituirlos por jornaleros eventuales, temporeros.

En cuanto a los trabajadores del campo no asalariados, su situación variaba según las regiones. Los rabassaires catalanes consiguieron rebajar la parte de cosecha que pagaban al propietario. Respecto a la ley que convertía la rabassa en enfiteusis apenas tuvo aplicación, como veremos más adelante. Por el contrario, los arrendatarios del resto del país sólo disfrutaron de las medidas transitorias de los primeros tiempos y a partir de 1934 volvieron a la dura situación de siempre. Los campesinos que trabajaban sus propias parcelas no encontraron ninguna ventaja ni modificación. No puede decirse que empeorase, en general, su situación, ya que la baja; por ejemplo, del trigo, fue menor y de onda más corta que la del coste de vida. No fue el mismo caso el de los que cultivaban leguminosas o vivían de productos de la ganadería, muy numerosos en las provincias gallegas, parte de Asturias, León, Santander, etc. A grandes rasgos no es exagerado decir que el régimen republicano no transformó, ni siquiera superficialmente, la vida de los campesinos de Castilla, Galicia y norte de España. Sirva para explicar, aunque sólo en parte, el comportamiento de una gran masa de los campesinos en 1933 y en elecciones de 1936 y la guerra civil.

La población urbana obtuvo en cambio ventajas que no se limitaban a los obreros de la industria y el transporte, sino también a los empleados, maestros, profesores, etc., cuyo nivel de vida se elevó. Con todo, el nivel de vida global no se determina solamente por la relación entre precios y salarios: el nivel o las condiciones de vida dependen del poder de compra, pero también de la posibilidad de empleo y sus condiciones, del alojamiento, de las técnicas, jornadas y reglamentación del trabajo, de las ventajas sociales legales, de la distancia del domicilio al taller y las condiciones de los medios de transporte, y también de las condiciones generales de sanidad y enseñanza.

Si tenemos en cuenta este cuadro general de las condiciones de vida, es el problema del paro forzoso el factor más negativo durante los años que nos ocupan. Los sectores industriales afectados por la crisis despidieron a gran número de obreros; otras empresas despidieron por psicosis de «revolución», muy extendida en los medios patronales; ya conocemos, en fin, las múltiples causas del aumento del paro agrícola debidas a la voluntad de los propietarios. El resultado fue un aumento considerable de los trabajadores en paro forzoso, que en 1934 llegaban a 381 278 en paro total y 240 541 parcial[10].

En 1935, el número de parados totales llegó a 434 931 y el de parciales a 262 059. Conviene hacer observar que el desempleo aumentó en los años en que los gobiernos republicanos evolucionaron hacia una política de derecha. El hecho de que fuese importante en sectores como el agrícola o la construcción, que reunían un contingente muy elevado de la mano de obra española, ayuda a explicar el volumen que alcanzó el paro forzoso.

Por el contrario, la reducción de la jornada de trabajo a 44 horas semanales en numerosas industrias, la implantación de la jornada de ocho horas en el campo (no siempre observada), las leyes de accidentes y la del contrato del trabajo, etc., contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Este cambio fue desde luego mucho más perceptible en las ciudades: en el vestido, las distracciones, la asistencia a espectáculos y centros de cultura popular…

Beneficios de los bancos y de las grandes empresas

Beneficios de los bancos y de las grandes empresas

Queda, pues establecido que la baja de precios internacionales y sus consecuencias en el mercado interior, así como el aumento de medidas proteccionistas por parte de otros países, perjudicó a los propietarios y exportadores de vinos, aceites, minerales, etc. La situación de los naranjeros fue diferente, pues de 1929 a 1932 realizaron sus mayores beneficios, que se tradujeron en un proceso de acumulación, lo que les permitió mantenerse después sin graves quebrantos. Respecto a otros sectores de nuestra economía, no puede hablarse en serio de quiebra, como se ha hecho frecuentemente con fines partidistas. Lo que sí ocurrió es que el aumento del precio de la fuerza de trabajo supuso un aumento de los costos de producción que, al no existir inflación, se tradujo en una disminución de beneficios. Por otra parte, la política bancaria de restringir los créditos o de concederlos sólo a las empresas insertas en el complejo financiero repercutió desfavorablemente en los empresarios medios y pequeños, cuyas economías eran las que más sentían el alza de salarios. Queda por dilucidar algo muy importante: si los beneficios disminuyeron para todos los empresarios en general o sólo para una parte de ellos.

En lo referente a la renta agraria resulta evidente que, a partir de 1934, no sufrió merma la parte del propietario, ya fuese explotador directo o ya arrendador. El problema del vino y del aceite era de otra naturaleza, puesto que se refería a los precios y a la competencia en los mercados exteriores.

Veamos ahora cómo marchaban los beneficios de la banca, de las grandes empresas, de las «grandes familias» en suma, que dominaban unas y otras, y que, unidas a los terratenientes, constituían la oligarquía.

Dejemos hablar a las cifras.

Beneficios de los bancos y otras empresas, en millones de pesetas:

| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934
Banco Español de Crédito | 11,6 | 10,6 | 9,0 | 7,8 | 9,3
Banco de Bilbao | 15,2 | 13,4 | 12,3 | 11,3 | 11,4
Banco de Vizcaya | 14,4 | 9,5 | 10,7 | 10,4 | 10,4
Banco Hispano-Americano | 15,9 | 13,7 | 14,3 | 14,3 | 14,8
Banco Central | 4,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0
Banco Pastor | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2.1 | 2,2
Banco Urquijo[11] | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 4,4 | 4,3
Banco de Aragón | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1.5 | 1,7
Banco de Valencia | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8
Banco de Santander | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Banco Herrero | 3.4 | 4,5 | 3,6 | 3.9 | 3,9
Banco de Gijón | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1.3 | 1,3
Banco Guipuzcoano | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0
Banco de San Sebastián | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1
Electra de Madrid | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5.7 | 6,0
Hidroeléctrica Española | 11,0 | 12,8 | 13.8 | 18.6 | 18,4
Unión Eléctrica Madrileña | 6,0 | 4,6 | 5,2 | 6,2 | 6,3
Mengemor | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 4,9
Hidroeléctrica El Chorro | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 |
Electra Vallisoletana | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1
Hidroeléctrica Ibérica | 10,3 | 9,6 | 9,4 | 13.6 | 13,9
Unión Española de Explosivos | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 17,7 | 16,1
Carburos Metálicos | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7
Pirelli | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8
Azucarera del Gállego | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 2,5
Ebro Azúcares | 7,9 | 6,0 | 5,0 | 6,4 | 7,6
Andaluza Portland | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 0.9 | 1,1
Cervezas El Águila | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 1.9 | 1,8
Almacenes Rodríguez | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0.5 | 0,7
Fomento Obras y Construcción | 6,9 | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2
Babcok & Wilcox | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,9
Maquinista Terrestre y Marítima | 3,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 1,1
Comercial Pirelli | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,0
Construcciones Electromecánicas | 1,8 | 2,2 | 22 | 2,4 | 2,8
Compañía Telefónica | 34,2 | 35,2 | 33,1 | 33,3 | 37,8
Los Guindos | 4,1 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 0,7
Papelera Española | 6,2 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 7,3
Hilaturas Fabra | 3.0 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,3
Valenciana Cementos | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1.5 | 1.4
Cros (prod. químicos) | 11.9 | 7,5 | 10,0 | 11,4 | 20,5
Electrometalúrgica Ebro | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9
Altos Hornos | 11,2 | 4,5 | 5,0 | 6,2 | 4,1
Basconia | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,1
La España Industrial | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1
Cía. Tabacos Filipinas | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 12,8 | 8,3
Banco de España[12] | 100,2 | 120,0 | 138,8 | 136,6 | 136,0
Crédito y Docks | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7

El cuadro precedente incita a algunas reflexiones:

Como cuestión previa y casi innecesaria por sabida, es que se trataba de beneficios declarados, en los que además no figuraban los sueldos de los consejeros, dietas, etc. Tampoco constaban los aumentos de reservas en los casos en que se dan.

Se comprueba la crisis de la siderurgia, la construcción naval, etc.

También se comprueba la marcha satisfactoria de la energía eléctrica, la industria papelera, la textil y, en general, las de bienes de consumo. Los bancos —a excepción del Urquijo— no sufrieron crisis importante y se resarcieron con mayor facilidad.

Es preciso tener en cuenta que se opera con datos a partir de 1930, que fue óptimo para las empresas y que faltan los de 1935, que señaló el progreso de la recuperación iniciada en 1934. Vale la pena de observar también los enormes tantos por ciento de beneficios sobre el capital desembolsado y las proporciones entre esos beneficios y el total de la renta nacional.

No parece demasiado aventurado suponer que las grandes empresas soportaron mucho mejor que las medianas y pequeñas el aumento de los costos de producción y el «bache» de 1933[13].

No obstante, al lado de los fenómenos apuntados, hay otros no menos ciertos: la falta de inversiones y, por consecuencia, de la renovación de equipos, factor importantísimo de la crisis siderúrgica y metalúrgica; la baja de cotizaciones en Bolsa, no sólo de los títulos del Estado, sino de las acciones de renta variable; la existencia de un clima psicológico de crisis. Un hecho es evidente; los hombres que tenían en sus manos la banca, las industrias clave, la propiedad rústica y urbana, las grandes empresas, no estaban contentos. ¿Por qué? No había cambiado el sistema fiscal, no había cambiado el sistema arancelario, sus industrias no estaban intervenidas… Había, en primer lugar, que pagaban salarios más elevados, aunque al mismo tiempo no se privaban de despedir obreros. Había, también que la parte del problema racionalmente atribuible a la crisis de los mercados internacionales se cargaba sobre la situación política interior por un reflejo de pasión explicable, aunque no defendible.

El clima de crisis que incidió sobre la economía española desde 1931 a 1936 (ausencia de inversiones y, por consecuencia, de pedidos, despidos, huida de capitales, mayor oferta que demanda de títulos del Estado, etc., etc.) tenía raíces indiscutiblemente políticas y sociales. Los terratenientes temían la Reforma agraria votada en el Parlamento, pero temían mucho más la posibilidad de nuevas reformas agrarias, de nuevas leyes de arrendamiento y, sobre todo, la acción de los trabajadores del campo dispuestos a ocupar las tierras por encima de todo. Los financieros y grandes industriales temían la posibilidad de la reforma fiscal, del control obrero (ahogado en las Cortes cuando lo propuso Largo Caballero), de nacionalizaciones… Unos y otros temían a los Sindicatos obreros, la influencia creciente de los partidos obreros en la población y en la política. La existencia de un régimen liberal de democracia llamada burguesa, por muy celoso guardián de las estructuras vigentes que fuera, significaba una espada de Damocles suspendida sobre la oligarquía. Su oposición al régimen fue, por consiguiente, de naturaleza indivisa política y económica. La crisis española de los años treinta adquiere caracteres extremos de complejidad por insertarse en una crisis económica y política mundial y ser, al mismo tiempo, una coyuntura autóctona de especial conflictividad. La economía mundial repercute en nuestro país, pero a su vez el cambio político español facilita la conflictividad frontal entre quienes defienden y quienes atacan las seculares estructuras socioeconómicas; este conflicto tiene sus repercusiones económicas internas. En fin, la existencia de una crisis política mundial, procedente en parte de la crisis económica coyuntural, pero en parte de una situación más vasta de crisis planteada desde la primera guerra mundial, influirá poderosamente en los comportamientos y estados de ánimo de las fuerzas socio-políticas que se enfrentan en la Península.

Frente a esta realidad sociológica figuraron los sucesivos gobiernos de la República. Desde la salida de Alcalá Zamora y Maura del Gobierno, éste estuvo formado por hombres de clases medias representantes de partidos pequeño burgueses y por delegados de un partido obrero, de un sector de los trabajadores. Sin embargo, su comportamiento en el Poder no quebrantó en nada esencial las estructuras de clase existentes y sus correspondientes privilegios.

En 1934, llegaron al Poder elementos de la burguesía media, de propietarios relativamente modestos e incluso alguno que otro hombre de la oligarquía. Pero fue a fines de aquel año y durante el siguiente cuando el sector de la oligarquía participó en el gobierno, mientras los pequeños burgueses eran excluidos del mismo. En febrero de 1936, se produjo un giro de noventa grados: otra vez, los intelectuales de los partidos pequeño-burgueses ocupaban el Poder, pero ahora apoyados activamente por los trabajadores de ciudades y campos. El asunto era serio para la oligarquía y como serio lo tomaron otros sectores de la burguesía que, desplazados del Poder, comulgaban entonces con las ideas de los oligarcas. Sin embargo, una cosa era la hostilidad política y otra la preparación de una guerra civil. Pero ése es tema que hemos de considerar más adelante.

Partidos políticos y Sindicatos de 1931 a 1934

Partidos políticos y Sindicatos de 1931 a 1934

El advenimiento de la República transformó de arriba abajo el panorama de los grupos políticos que, a su vez, estuvieron en constante fluidez durante los años siguientes. Vamos a intentar el trazado de un esquema de partidos y sindicatos dentro de la concisión que exige las dimensiones de esta obra. Para seguir un orden de exposición comenzaremos por los partidos en el Poder durante el primer bienio republicano, seguidos de los sindicatos; luego, los partidos de oposición desde extrema izquierda a extrema derecha y, por fin, las organizaciones y grupos que ofrezcan mayor interés.

Acción Republicana. Creada durante la Dictadura por un grupo de intelectuales, entre los que figuraban Manuel Azaña, José Giral, Honorato de Castro, etc. Este grupo, que tuvo 27 diputados en las Cortes constituyentes, gravitó en torno a la fuerte personalidad de su jefe. Formado; en su mayoría, por hombres de profesiones intelectuales, proporcionó numerosos «cuadros» al Estado entre 1931 y 1933. Durante esos años, su programa político se identificó con el del Gobierno. En enero de 1934, tras las elecciones de noviembre de 1933, en que consiguió cinco diputados, pasó a la oposición. En ese mismo año se fusionó con la mayoría del Partido Radical-Socialista para crear Izquierda Republicana, organización de más amplios vuelos, que canalizó el republicanismo pequeño-burgués de izquierda.

Partido Republicano Radical-Socialista Fundado en 1929, se desarrolló ampliamente al advenimiento de la República, y figuró en el ala extrema del republicanismo con ligero tinte jacobino. En 1931 llevó 59 diputados a las Cortes Constituyentes. Semanas antes se había celebrado el Congreso nacional en el que el ala izquierda (representada por el Comité de Madrid) propuso ir a las elecciones en candidaturas de izquierda, sin radicales ni Derecha Republicana (Alcalá Zamora). Esta proposición fue desechada por escasa mayoría en votación cuya regularidad se discutió mucho.

Entre los principales dirigentes de este partido figuraban Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza, Marcelino Domingo, Félix Gordón Ordax y Fernández Clérigo. De él se separaron varios sectores de izquierda descontentos de la colaboración en el Gobierno Azaña. Uno, dirigido por Ortega y Gasset, Eduardo y Botella Asensi, formó la Izquierda Radical-Socialista. Otro, con José Antonio Balbontín, fundó el Partido Social-Revolucionario que, andando el tiempo, ingresó en el Partido Comunista en el que Balbontín permaneció algo más de un año.

El Partido Radical-Socialista fracasó estrepitosamente en las elecciones de 1933. Meses después, al fundirse con Acción Republicana, dio vida a Izquierda Republicana, agrupación mucho más importante.

Hay que mencionar también a la O. R. G. A., que reunió en Galicia a los republicanos dirigidos por Casares Quiroga y a los nacionalistas de Antonio Villar Ponte. En cuanto a los partidos catalanes de izquierda, poco hay que añadir a lo dicho en capítulos anteriores.

Esquerra Republicana de Catalunya, que dirigió el Gobierno autónomo, representó a la inmensa mayoría de las clases medias catalanas, de los intelectuales y de los campesinos. La persecución de que fue objeto después del movimiento de octubre de 1934 no consiguió mermar su ascendiente en la opinión.

Partido Republicano Radical. Era el de más añeja tradición republicana y por ello el único que tenía un «aparato» con anterioridad a la Dictadura y utilizó más de una vez los métodos caciquiles en comarcas rurales. Ya conocemos la personalidad un tanto equívoca de su jefe indiscutido Alejandro Lerroux. Coincidían en este partido personas de limpio abolengo republicano y otras de discutible reputación, entre ellas Emiliano Iglesias, expulsado de las Cortes constituyentes por haberse probado que comunicaba a Juan March las deliberaciones de la Comisión de Responsabilidades. Muy lejos ya los radicales de su demagogia de principio de siglo, contaba el Partido Radical con la adhesión de comerciantes e industriales de la burguesía liberal. En Valencia, gracias a la adhesión de los republicanos que seguían al hijo de Blasco Ibáñez y a una tradición sólidamente implantada, contaban los radicales con burguesía media, huertanos acomodados e incluso un pequeño sector de obreros. Por el contrario, en otras regiones, principalmente en Andalucía, era la opinión de derecha, deseosa no obstante de pactar con el régimen, la que daba considerable apoyo a los radicales.

En 1934, el ala izquierda del Partido Radical, encabezada por Diego Martínez Barrio, se separó del tronco radical, demasiado comprometido, a su juicio, con la derecha, para formar el Partido Republicano Radical-Democrático que, pocos meses después, tomó el nombre definitivo de Unión Republicana.

Agrupación al Servicio de la República. Sin ser un partido, funcionó como tal en las Cortes constituyentes, tuvo poca vida. José Ortega y Gasset abandonó las actividades políticas a partir de 1932. Algunos de sus miembros emprendieron otros derroteros: Sánchez Román creó el Partido Nacional Republicano y García Valdecasas participó en la fundación de Falange Española.

Precisa también una mención el reducido grupo que formaba el Partido Republicano Federal con más valor de recuerdo que de actualidad.

Alcalá Zamora y Miguel Maura habían fundado la Derecha Liberal Republicana, que ya en 1932 había dado lugar a dos grupos: el Partido Republicano Conservador, dirigido por Maura, que tuvo aún importancia en las Cortes de 1933, y el Partido Republicano Progresista, fiel a Alcalá Zamora, entre cuyas personalidades figuraban Cirilo del Río, Castrillo, etc.

En cuanto al Partido Liberal Demócrata, nombre del antiguo Reformista (con Melquíades Álvarez, Pedregal, Álvarez Valdés, Villalobos, etc.), pequeño numéricamente, tenía hombres entrenados en la vida política, muchos de ellos ligados con la gran burguesía asturiana, con los campesinos acomodados de Salamanca, etc.

Veamos ahora los partidos y organizaciones obreras:

Partido Socialista, Obrero Español. Éste era el partido político más numeroso y mejor organizado el 14 de abril de 1931. Sabemos ya que tuvo el grupo parlamentario más fuerte en las Cortes constituyentes, así como conocemos las grandes líneas de su política de colaboración con el Gobierno Azaña.

Del 6 al 13 de octubre de 1932 tuvo lugar el XIII Congreso del Partido, en el que ya se manifestó una importante corriente de izquierda, aunque se acordó seguir colaborando en el Gobierno, Largo Caballero fue elegido presidente por 15 817 votos contra 14 261 que obtuvo Besteiro. También fueron elegidos por la Comisión Ejecutiva Enrique de Francisco, Juan S. Vidarte, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto. La continuación en el Gobierno se aprobó por 23 718 votos contra 6536[14].

En el verano de 1933 se acentuó la corriente izquierdista, que se expresó muchas veces a través de las Juventudes Socialistas. A partir de la salida del Partido Socialista del Poder y de las elecciones del mes de noviembre, las tendencias de radicalización en el partido tomaron amplios vuelos. En el discurso pronunciado el día 3 de diciembre, Largo Caballero manifestó que había que «cambiar esta República por una República social», que era preciso marchar por el camino de la unidad obrera. Al mismo tiempo se declaró partidario de la concepción del Estado expuesta por Lenin. La tendencia llamada del «centro», representada en primer término por Prieto, parecía inclinarse por el camino de la acción revolucionaria, aunque por distintas razones.

En 1934, la tendencia izquierdista fue ganando posiciones. Entre sus órganos más acusados de expresión se contaban Renovación semanario de las Juventudes Socialistas y Leviatán, revista mensual dirigida por Araquistain.

La tendencia derechista, entonces minoritaria, estaba representada principalmente por Besteiro, Trifón Gómez, Saborit, etc.

De la evolución, de un extremo a otro, de algunos dirigentes socialistas dan idea estas mismas palabras de Largo Caballero:

«Voy tan sólo a recordar que nosotros, socialistas, hemos sido tan leales, que después de poner toda nuestra fuerza organizada al servicio de la revolución, hemos contribuido, un poco a regañadientes, pero con la lealtad a que estábamos obligados, a que el Parlamento aprobase toda la legislación coactiva y restrictiva que hay hoy en España».

Largo Caballero reconocía que él y sus compañeros procuraron que no se produjesen huelgas. Jiménez de Asúa, en 1932, era también bastante explícito: «La burguesía cerril que puebla los campos y las ciudades levanta guerra contra nosotros, incumple las leyes del ministerio de Trabajo niega labores a los campesinos de la U. G. T. para dar ocupación a sindicalistas y anarquistas, se apoya en la fuerza pública para atacar a los obreros y el socialismo, calla o aconseja calma a sus huestes doloridas».

Como vemos, para el Partido Socialista la dirección política de la República del 14 de abril era asunto de los partidos republicanos y de la burguesía liberal sin que la clase obrera tuviese otra función que la de fuerza de apoyo. En su estrategia de entonces no entraba de ocupar posiciones clave para que la República avanzase partiendo del empuje y la iniciativa populares. El cambio operado en 1934, del que no sería exagerado decir que tenía una carga sentimental, les empujaba a una estrategia radicalmente opuesta.

El número de afiliados al Partido Socialista durante estos años osciló entre 80 000 y 60 000.

Unión General de Trabajadores. Esta organización sindical estaba unida por tan estrechos lazos con el Partido Socialista, que precisa reseñarla inmediatamente después que dicha organización política. En el XVII Congreso, que se reunió del 14 al 22 de octubre de 1932, triunfó la corriente moderada. Fueron elegidos: Besteiro, presidente; Saborit, vicepresidente; Trifón Gómez, vicesecretario. Largo Caballero, nombrado secretario, no aceptó el cargo por discrepancias políticas con los otros elegidos.

Ya hemos dicho cómo el Comité Nacional de la U. G. T. rechazó en diciembre de 1933, por 28 votos contra 16, la propuesta de Largo Caballero encaminada a organizar «un movimiento de carácter nacional revolucionario para conquistar el Poder político para la clase obrera». Pero la evolución hacia la izquierda era muy fuerte y en una nueva reunión (27 de enero de 1934) la Comisión Ejecutiva fue derrotada y presentó la dimisión. Se nombró una nueva Ejecutiva con Largo Caballero como secretario.

Contaba entonces la U. G. T. con más de un millón de afiliados, de los cuales más de 400 000 pertenecían a la Federación de Trabajadores de la Tierra.

Confederación Nacional del Trabajo y Federación Anarquista Ibérica. Conocemos ya la creciente influencia del sector F. A. I. en el seno de la C. N. T., claramente manifestado en el Congreso extraordinario de Madrid el 11 de junio de 1931. Sin embargo, como tuvimos ocasión de señalar, la táctica de la C. N. T. ante las Cortes constituyentes no quedó enteramente dilucidada. Desde el punto de vista orgánico, se señaló este Congreso por haber aprobado la organización de Federaciones nacionales de industria. No obstante, la mayoría de los delegados atacó a la dirección nacional y, como dice Peyrats, «la impresión general de este Congreso es la de que la crisis interna de la C. N. T. se halla planteada».

En efecto, dos meses después se hizo público un manifiesto de treinta conocidos militantes del movimiento confederal. Este documento, tras criticar la confabulación de las clases poseedoras contra la economía española y la, pasividad del Gobierno provisional («nada ha hecho ni nada hará en el aspecto económico»), se alzó contra la idea de hacer la revolución a base de grupos minoritarios audaces («concepto simplista, clásico y un tanto peliculero de la revolución») y estimó que debía ser «un movimiento arrollador del pueblo en masa, de la clase trabajadora» y que la C. N. T. había de ser una organización revolucionaria, pero no que «cultive la algarada, el motín, la violencia por la violencia». Entre sus firmantes sobresalían Juan López, Ángel Pestaña, Ricardo Fornells, Juan Peiró, José Moix. Sebastián Clará…

Contra ellos, reaccionaron violentamente otros dirigentes como Federica Montseny, García Oliver, Aláiz, Durruti, Ascaso… Ya conocemos los resultados: divorcio entre la C. N. T. y el Gobierno de la República, serie de alzamientos armados minoritarios que comenzó con el de la cuenca del Alto Llobregat. La C. N. T. sufría de nuevo las consecuencias de la represión. Continuó la lucha interna. En septiembre de 1932 eran expulsados de la C. N. T. los Sindicatos de la Federación de Sabadell (20 000 afiliados). Un pleno regional en marzo de 1933 confirmó esas expulsiones; la misma suerte corrieron los Sindicatos de la Metalurgia, la Madera y el Transporte de Levante, así como otros Sindicatos de Sevilla, acusados éstos de estar orientados por los comunistas. En cuanto a Ángel Pestaña, éste fundó en abril el Partido Sindicalista, que arrastró hasta, 1939 una vida lánguida. En febrero de 1934 se celebró un Pleno nacional de Comités regionales de la C. N. T. La organización del Centro —representada principalmente por Orobón Fernández— y la de Asturias eran partidarias de una alianza con la U. G. T. Como programa no fijaban el comunismo libertario, sino «un régimen de democracia proletaria sin explotación ni privilegios de clase». Nada en concreto se decidió, sino un «emplazamiento» de la U. G. T. de eficacia harto dudosa. Con todo, la C. N. T. de Asturias firmó con la U. G. T. un pacto de alianza obrera.

Por aquellos años el número de afiliados de la C. N. T. osciló entre 600 000 y 1 200 000. Hay en la C. N. T. una franja periférica de afiliados que crece o disminuye según las circunstancias. La C. N. T. era mayoritaria en Cataluña y Levante; la U. G. T. en Vizcaya. Asturias, Madrid y zonas mineras de Andalucía y en el campo ganaba poco a poco la mayoría. Pero las principales ciudades andaluzas (Sevilla y Málaga) tenían una clase obrera orientada principalmente por comunistas y cenetistas. Naturalmente, se trata aquí de apreciaciones de orden general, ya que es difícil realizar comprobaciones documentales.

Partido Comunista. Hicimos referencia al IV Congreso, celebrado en Sevilla, el 17 de marzo de 1932. Este Congreso modificó el Comité Central, con nuevos nombramientos, entre ellos el de José Díaz. Sin embargo, la dirección siguió en manos de Bullejos y sus partidarios, hasta que fueron expulsados el 21 de octubre, tras una intervención de la Internacional Comunista. José Díaz fue nombrado secretario general, compartiendo la dirección con Dolores Ibárruri, Vicente Uribe, Antonio Mije, etc. A partir de entonces se fue operando lentamente un cambio en la política de este partido, que acrecentó su influencia a partir de 1933, al acentuar la necesidad de actuar conjuntamente contra la amenaza fascista después que Hitler subió al Poder. El Pleno del Comité Central celebrado en abril de 1933 hizo hincapié sobre la política de Frente antifascista y el de septiembre de 1934 decidió la entrada en las Alianzas Obreras, de las que había permanecido al margen cuando su fundación. En este mismo mes el Partido Comunista y el Partido Socialista celebraron un mitin común ante más de 25 000 personas en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Los Sindicatos orientados por militantes comunistas, que fueron expulsados de la C. N. T., y otros autónomos, formaron la Confederación General del Trabajo Unitaria, que ejerció su principal influencia en Sevilla y que, a fines de 1935, respondiendo a las orientaciones de la política de unidad, ingresó en la U. G. T.

En esa misma época, en Barcelona, se creó, como se explica antes, el Bloque Obrero y Campesino, dirigido por Joaquín Maurín, y luego la izquierda Comunista por Andrés Nin, y de la fusión de ambos grupos resultó el Partido Obrero de Unificación Marxista (P. O. U. M.)[15].

Aquí hay que mencionar de nuevo la Unió Socialista de Catalunya, que aumentó sus fuerzas e influencia a partir de 1932, bajo la presidencia de Juan Comorera.

Conviene señalar aquí, por la importancia que tuvieron, las organizaciones juveniles de los sectores obreros: Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas y Juventudes Libertarias. Las primeras, dirigidas, respectivamente, por Santiago Carrillo y Trifón Medrano, desarrollaron una política de anidad que llevó a la formación de Comités de enlace que realizaron la unificación total en la primavera de 1936.

Entre los partidos de derecha figuraba en primer lugar Acción Popular. Como se recordará, tenía sus orígenes en Acción Nacional, formada por Ángel Herrera al advenimiento de la República, sustituido en la dirección de este partido por José María Gil Robles el 1-7 de noviembre de 1931. Cambió luego su nombre por el de Acción Popular y constituyó al fin, al unirse en febrero de 1933 con la Derecha Regional Valenciana, la Confederación Española de Derechas Autónomas, conocida habitualmente por su sigla C. E. D. A. Gil Robles reivindica cerca de ochocientos mil afiliados para la C. E. D. A.

Este partido, apoyado implícitamente por Acción Católica, el gran diario El Debate y los Sindicatos católicos de algunas comarcas castellanas, encontró una base de masas para la oligarquía en los campesinos acomodados y medios de Castilla e incluso de Levante. En algún momento, verbigracia cuando la concentración de sus Juventudes en El Escorial, pareció inspirarse en métodos fascistas, impresión reforzada por el culto a su jefe político. Sin embargo, prefería la táctica de la penetración por vía legal. No es desatinado suponer que en aquella época ejerció influencia sobre los dirigentes de la C. E. D. A. el ejemplo del populismo austríaco del canciller Dollfuss. La política gubernamental y legislativa de la C. E. D. A. fue de neto apoyo a los intereses de la oligarquía. Entre sus diputados figuraban personalidades como Ignacio Villalonga y Honorio Riesgo.

Estrechamente vinculados en este partido estaban las Federaciones de Obreros Católicos y el Instituto Social Obrero, que no cosecharon grandes éxitos, precisamente por su estrecha dependencia a una política que defendía de hecho los intereses patronales[16].

Los monárquicos. No obstante, el sector más importante de la oligarquía —donde predominaban los aristócratas y grandes terratenientes al lado de grandes financieros— era el procedente del Partido Conservador, de Reacción Ciudadana, Acción Monárquica, Acción Nobiliaria, etc. Conocemos ya la formación del Círculo Monárquico en mayo de 1931. Aquel mismo año, «el Partido Tradicionalista renacía con vida pujante», según expresión de Juan Antonio Ansaldo. El Pacto de Terratel, firmado el 12 de septiembre de 1931 por Alfonso XIII y Jaime de Borbón, fue refrendado a la muerte del pretendiente carlista por su sucesor, Alfonso Carlos. Sabido es que los más conspicuos monárquicos (Vallellano, Julio Dávila, Fuentes Pila, Juan Pujol, Quiñones de León, Zubiría, Jorge Vigón, marqués de la Eliseda) conspiraban desde 1931 en unión de algunos militares.

En 1933, se deslindaron más los campos al fundarse Renovación Española, dirigida por Goicoechea, de la que formaban parte antiguos miembros de Acción Nacional que se separaron de ésta por no admitir su «oportunismo republicano». El propio Goicoechea, Vallellano y el tradicionalista Rodezno habían pertenecido en 1931 a la Junta de Acción Nacional.

En las Cortes de 1933, monárquicos y tradicionalistas acentuaron su oposición al régimen y en diciembre de 1934 suscribieron el manifiesto del Bloque Nacional, entre otros, Goicoechea, Rodezno, Pradera, Aunós, Yanguas Messía, el duque de Alba, Calvo Sotelo, Sainz Rodríguez, Areilza, Lequerica. Ya entonces habían pactado con Mussolini para recibir su ayuda en un futuro alzamiento armado.

Los estudiantes. La F. U. E. continuó siendo la organización que agrupaba a todos los estudiantes de izquierda. Frente a ella existía, como siempre, la Federación de Estudiantes Católicos, con numerosos afiliados, pero poco activa. Más tarde, a partir del curso 1932-1933, las organizaciones tradicionalistas y jonsistas empezaron a intervenir en la Universidad, con frecuencia de manera violenta.

Durante el bienio 1931-1933, la dirección de la (organismo central de todas las U. F. E. H.) siguió una política de colaboración con el Gobierno. En su Congreso de marzo de 1934, celebrado en Sevilla, adoptó resoluciones contra el peligro fascista en la Universidad que, en general, fueron dejadas a la libre iniciativa de las Federaciones locales. La organización sufrió después de octubre de 1934 una crisis y el sector más activo del izquierdismo estudiantil se polarizó en los núcleos socialistas y comunistas, que actuaban conjuntamente. En abril de 1935, se designó un nuevo Comité Ejecutivo de la U. F. E. H., cuya acción, favorecida por la situación general, contribuyó a vigorizar de nuevo la organización estudiantil, que llegó a contar 15 000 afiliados. En diciembre de 1935 tuvo lugar, en Madrid, el II Congreso extraordinario de la U. F. E. H. Entonces la oposición antirrepublicana estaba ya dirigida por el S. E. U. (Sindicato Español Universitario), organización falangista.

Durante aquellos años, los estudiantes de la F. U. E. desarrollaron una amplia labor de cultura popular por medio de las Universidades Populares, los Teatros Universitarios, las Misiones, Cine-Clubs, etc.

Las J. O. N. S. y Falange Española

Las J. O. N. S. y Falange Española

Estos movimientos merecen mención o capítulo aparte. Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (J. O. N. S.) fueron creadas en diciembre de 1931 por el grupo de La Conquista del Estado, dirigido por Ledesma Ramos, fusionado con las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, creadas por Onésimo Redondo en Valladolid, en agosto del mismo año. Pero no tuvieron ninguna importancia hasta 1933, después que Hitler hubo tomado el Poder en Alemania. En esa misma época, José Antonio Primo de Rivera colaboró en la publicación de El Fascio y en el mes de octubre fundó Falange Española, nombre que, según Ledesma Ramos, respondía al «deseo de no abandonar las iniciales F. E., que desde meses antes, como iniciales de Fascismo Español venían ya utilizando en sus hojas de propaganda»[17]. Su primer acto público se celebró el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid. Intervinieron García Valdecasas, Ruiz de Alda y José Antonio Primo de Rivera, que comenzó así: «Cuando en marzo de 1762, un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó El contrato social dejó de ser la verdad política una unidad permanente». Ni de derechas ni de izquierdas, enemigo acérrimo del liberalismo y del socialismo, el nuevo grupo consideraba que «la Patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases». Venían luego aquellas palabras que más tarde debían adquirir trágica significación: «Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria».

En febrero de 1934 se unificaban Falange Española y las J. O. N. S., bajo la dirección de un triunvirato formado por Primo, de Rivera, Ruiz de Alda y Ledesma Ramos. El mismo año funcionaron los grupos de choque de Falange, dirigidos por Ansaldo. Se organizó una concentración de milicias en Carabanchel. En dicha milicia participaban los coroneles Martín Alonso y Gallarza, el teniente coronel Rada, el comandante Arredondo, Jorge Vigón y el propio Juan Antonio Ansaldo. La mayoría de ellos abandonaron después la organización para entrar en otras de la derecha clásica.

En agosto de 1934, la Falange creó una Central Obrera Nacional Sindicalista (C. O. N. S.) que orientó su principal actividad hacia los parados. De acuerdo con algunos empresarios del ramo de la Construcción, trataron de colocarlos en algunos tajos, enfrentándolos así con los obreros de la U. G. T. y de la C. N. T., mirados con mucho mayor recelo por los patronos. La organización estaba dirigida por Ledesma Ramos. Sus esfuerzos de reclutamiento, intensificados durante los meses de octubre y noviembre del mismo año, fueron poco considerables y, sobre todo, de escasa duración. Esta deficiencia del trabajo sindical fue una de las causas de las divergencias entre José Antonio Primo de Rivera y Ledesma y Sotomayor (este último procedente de la C. N. T.), que terminaron rompiendo con la organización. A partir de entonces fue Mateo (que procedía del comunismo) quien se hizo cargo de la escuálida organización sindical.

En este verano de 1934 atravesó Falange una seria crisis, que terminó por la consolidación de la hegemonía de José Antonio Primo de Rivera, nombrado jefe político por el primer Consejo Nacional, reunido del 5 al 7 de octubre, con unos estatutos que le daban los máximos poderes. Este Consejo nombró también una Junta política consultiva, presidida por Ledesma Ramos, en la que participaban Sánchez Mazas, Ruiz de Alda. Fernández Cuesta, Onésimo Redondo, Sancho Dávila, Mateo, Valdés, Salazar, Alfaro y Sáinz. Meses después, Ledesma Ramos dejaba de pertenecer a Falange[18].

No es posible terminar esta relación de grupos políticos sin mencionar:

1.º El grupo agrario, denominación electoral adoptada por representantes de terratenientes y campesinos ricos de Castilla, dirigidos por Martínez Velasco, que aceptaron la legalidad republicana y giraron casi siempre en la órbita de la C. E. D. A.

2.º En Cataluña, la Lliga Catalana (ex Regionalista), más que nunca el partido de los grandes industriales y de los propietarios agrícolas, inspirado por personalidades de la oligarquía como Cambó y Ventosa, que constituyó la oposición en el Parlamento Catalán y tuvo importancia en las Cortes españolas elegidas en 1933.

3.º El Partido Nacionalista Vasco, principal catalizador de la opinión nacionalista en Euskadi, inspirador de la campaña pro Estatuto. Sus rasgos políticos, aparte del nacionalismo, podían asimilarle a una democracia cristiana por su ligazón con la Iglesia, la defensa del orden burgués y la base popular, sobre todo en el campo.

Este partido orientaba la organización sindical Solidaridad de Obreros Vascos, Su principal dirigente era José Antonio de Aguirre. Menos importante era Acción Nacionalista Vasca, mucho más matizada hacia la izquierda.

La República de Intelectuales

La República de Intelectuales

Expresión peyorativa y algo zumbona para unos, laudatoria según otros, con base cierta en todos los casos, merece capítulo propio. ¿Por qué, República de intelectuales? Desde el ángulo sociológico, en virtud de un fenómeno ya reseñado, los nuevos gobernantes, procedentes en su inmensa mayoría de las clases medias, eran, en general, hombres de profesión y de vocación intelectuales. Hay más: la mayor proporción de este tipo de hombre figuraba en los altos cargos políticos, en la administración, etc. Pero con ser mucho, no es lo más importante ni, desde luego, lo más eficaz, pues el fenómeno presentaba sus quiebras. Contó, en cambio, mucho más, el esmero de los gobernantes por los problemas de la cultura, que para si lo hubieran querido —y necesitado— cuando se trataba de los asuntos agrarios, eclesiásticos u otros.

En el enfoque de la enseñanza, por ejemplo, mereció bien el sobrenombre de República de intelectuales, y también porque coincidió con un nuevo ímpetu de escritores y universitarios, con un acrecentado deseo de saber de los hombres sencillos… Las causas eran aquí más hondas: la mayor participación popular en tareas políticas y sindicales, la apertura de nuevos horizontes, los debates sobre múltiples temas, la puesta en tela de juicio de concepciones seculares…

Piénsese como se quiera, no cabe en buena lid negar la proyección de la República sobre la enseñanza: creación de 7000 escuelas en 1931; 2580 en 1932; 3900 en 1933. Los sueldos de los maestros sumaban 5,8 millones de pesetas en el presupuesto de 1931 y 28,2 en el de 1932. Se triplicaron los Institutos de segunda enseñanza y se formaron nuevos profesores de la misma. Las misiones pedagógicas salieron por campos y aldeas dejando aquí y allá sus adelantados de la cultura. La obra de La Barraca, el teatro de los estudiantes, dirigido por García Lotea, ha quedado como jalón y ejemplo para otras generaciones. Menos conocido, pero del mismo tono, fue El Búho, teatro de la F. U. E. de Valencia, dirigido por Max Aub. Las Universidades Populares, empresa también de la F. U. E., que contó con el apoyo de las autoridades docentes, realizaron una obra de extensión cultural en casi todas las capitales universitarias de España y no de propaganda política como pretende algún libro de Memorias, prueba de su pluralismo es que en ellas hubo profesores como Carmen Castro, Rodolfo Barón (más tarde subdirector de la Unesco), Manuel Ballesteros, Lora, Laudelino Moreno.

En orden a la enseñanza universitaria, aunque el ritmo fue mucho más lento, hay que señalar la transformación experimentada por la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo plan recogía los métodos modernos, tanto en el sentido de dar numerosas opciones al estudiante para su especialización como en el de aligerar el lastre de los exámenes memorísticos. En ella funcionó una licenciatura de Pedagogía, por primera y última vez en España. Se acometió también la transformación de la enseñanza técnica elemental: en tres años, el número de alumnos de las Escuelas de Trabajo pasó de 4000 a 11 000.

Es verdad que algunas figuras de la cultura que momentáneamente se habían interesado por la República (Ortega y Gasset, Pérez de Ayala; Mar anón) o que mantenían de antaño bandera de rebeldía (Unamuno) mostraron amargura o disconformidad, pero la misma veneración de que eran objeto, la obra creadora de sus discípulos eran testimonios del clima intelectual en que se vivía. Un agudo ensayista de nuestros días, José R. Marra, se expresa así sobre aquel momento: «Sabemos en líneas generales cómo fue esta generación en la época de la República, llena de entusiasmo político, de fe en el pueblo español y de esperanza en un futuro progresivamente ascendente»[19].

Mucho se ha hablado de la actitud de Ortega y Gasset en aquel tiempo. Si en su conferencia, del Real Cinema (diciembre de 1931) reclamaba la «rectificación de la República», todo el siguiente año participó aún activamente en las Cortes y, el 1.º de octubre de 1932, aceptaba el encargo de abrir el curso universitario. Entregado de Heno a su labor intelectual, a partir de 1933 entró en un período creador al que pertenece En torno a Galileo, curso profesado en el pabellón Valdecilla, que fue el punto de arranque de sus posteriores ensayos sociológicos. Y, no obstante, ése fue el momento en que las trayectorias, de Ortega y del pueblo español, durante unos años coincidentes, divergieron proyectadas hacia el infinito. Ortega difería de la sensibilidad nacional (sin que comprobar esto nos aboque ya a un juicio de valor), al decir, nada, menos que en 1933, que la justicia social «no es, ni muchísimo menos, la cuestión central de la vida». Y erraba, al apreciar su circunstancia, cuando ingenuamente afirmaba que «podría tener a casi toda la juventud española en veinticuatro horas como un solo hombre, detrás de mí; bastaría con que pronunciase una sola palabra». Pero renunció a ello porque creía que esa palabra sería falsa y optó, en realidad, por desentenderse de las cuestiones más punzantes del convivir español, tal vez apretando el asidero intelectual de que «la mayor parte de lo que hace, dice o piensa el hombre… viene impuesto por la sociedad». En puridad, Ortega, prototipo de aspirante a «consejero del Príncipe», en una sociedad que él postulaba vaciada en el molde del poder burgués liberal, sufrió de no poder cumplir esa misión soñada en la situación concreta de España en que le tocó vivir. Sus cualidades intelectuales y su formación le hicieron rebelarse contra la vulgaridad de las clases directoras de España y no aceptar la pobreza intelectual en qué, forzosamente, se movían aún las clases, que aspiraban a dirigir. Sobrevino entonces la frustración, y con ella, la amargura. De ahí a la concepción de que el hombre vive alterado por la vida social y de que los demagogos han sido los empresarios de la alteración, no hay más que un paso que el filósofo franqueó pocos años después[20].

La originalidad y la lucidez de Ortega en ciertos temas desaparecían al enfrentarse con el quehacer político-social. Sirvan de ejemplo sus palabras del primer discurso parlamentario, que tanta resonancia obtuvo: «Es menester tranquilizar al capitalista, diciéndole seriamente que si se va a mermar una porción de su haber le queda el resto para movilizarlo con acierto, y además, si añade a ello el esfuerzo suyo de empresario, podrá tener un porvenir mucho más lúcido y ágil que lo ha tenido en las economías pasadas…». Y luego: «¡Obreros españoles!… España tiene que ser más rica para que vosotros, los obreros, podáis ser menos pobres, y eso aunque las voluntades de todos los españoles mágicamente unidas decidiesen vuestro mejoramiento».

Los dos párrafos, pertenecientes al mismo discurso, son contradictorios, económicamente hablando. Y los dos revelan el sueño de ver un país capitalista desarrollado. Olvidaba Ortega que España no había hecho «su revolución francesa» y prefería su esquema intelectual a la tarea, ingrata pero urgente, de «amasar el trigo con la harina que había».

También Unamuno, más arisco que nunca, se resistió a encajar sus sueños con la realidad española. Alistóse, con su brío habitual, en la campaña contra el Estatuto Catalán, con lo que recibió los aplausos de quienes lo denostaban tres años atrás. No se entienda por eso que se alistó en una bandería incompatible con él. Don Miguel vivió desgarrado en su «agonía», certeramente transcrita a lo literario en su San Manuel Bueno, Mártir, publicado en 1933. Nombrado rector vitalicio de su universidad de Salamanca, no por eso dejó de colaborar asiduamente, primero en El Sol y luego en Ahora. Siguió don Miguel su obra de maestro y no renunció a su liberalismo, ni a su españolidad que oponía al españolismo barato; denunció «la guerra civil. A la guerra civil incivil. A la de aquella barbarie del “¡vivan las cadenas!”, del suplicio de Riego, en los más tenebrosos años de Fernando VII…». Desgarrado, don Miguel cuando habla de «la demoniaca grandeza —grandeza, así como suena— de los enloquecidos dinamiteros asturianos…» y contra «las chiquilladas estúpidas tradicionalistas»… «Tradicionalista, no tradicional», se apresura a aclarar. Unamuno, que no aceptó el marxismo, dijo, por otra parte: «¿Es que cabe nada más impersonal, más borroso, que ese pobre Führer, un deficiente mental y espiritual?». Y apostrofó «la religión policiaca para sustento del orden social del reino —o república— de este mundo», del mismo modo que afirmó que «la religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo, que Dios entregó a las disputas de los hombres».

Don Miguel no encajó en las estructuras políticas e intelectuales del momento, pero no abandonó su pedestal de don Tancredo heroico, no renunció a sí mismo. Hasta el último momento adoptó apasionadamente posiciones y actitudes, se mezcló a la vorágine de cada día. Todo menos un desdeñoso, amargado que vuelve la espalda a la realidad de su patria.

Otra gran figura de la cultura española, Antonio Machado, intervino mucho menos en la política cotidiana, pero maduró la segunda parte de su obra en perfecta armonía con el nuevo clima. La razón es sencilla: Machado no partía de esquemas universitarios, sino de las raíces populares. Su simpatía por un poder popular (que no confundía, como otros intelectuales, con una invasión de los bárbaros) y sus ideas sobre interpenetración de cultura y pueblo, expresadas ya en 1920, se precisaron a fines de 1931; cuando preparaba su discurso de entrada en la Academia —que no debía pronunciar jamás—: «Difundir la cultura no es repartir un caudal ilimitado entre los muchos, para que nadie lo goce por entero, sino despertar las almas dormidas y acrecentar el número de los capaces de espiritualidad».

El 19 de noviembre de 1934 aparecieron en el Diario de Madrid las primeras líneas de Juan de Mairena, la gran obra de Machado como pensador, sólo interrumpida por la muerte. A partir de noviembre de 1935, Juan de Mairena se publicó en El Sol, y en 1936 en un volumen que constituye hoy el primer tomo. Nadie ignora que esta obra comienza así: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero» y que en ella va inscrita la divisa de don Antonio: «Recordad el proverbio de Castilla: Nadie es más que nadie. Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a todos, porque, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre».

Machado, que creía que el saber universitario no podía competir, en España, con el saber popular, creaba los cimientos de un quehacer cultural que tiene plena vigencia para las generaciones jóvenes treinta años después, mientras Ortega y Unamuno eran nombrados, en 1935, «ciudadanos de honor». Como siempre, él estaba con esa «otra España que nace».

La Generación de la República

La Generación de la República

Sin embargo, lo diferencial de este período era la presencia de una generación, cuyo brote hemos situado hacia 1927, pero que se fundía con aportaciones sucesivas para llegar a ser «la generación de la República». Si en poesía no puede silenciarse la continuidad de la obra de Juan Ramón Jiménez o de un León Felipe, lo esencial es que Lorca, Alberti, Salinas, Guillén y tantos otros eran ya poetas granados, en lo mejor de su creación: Alberti había encontrado su camino. No quería «morir… sin participación en los himnos futuros —sin recuerdo en los hombres que juzguen el pasado sombrío de la Tierra»—. Llamaba a sus antiguos siervos para «que suene esa hora en que el mundo va a cambiar de dueño». Se lanzaba de lleno a la poesía de combate y escribió Consignas, panfletos poéticos en que reaparecía la forma popular[21].

A partir de 1932 —De un momento a otro— dejó atrás el surrealismo y retomó a las formas de otro tiempo, con nuevos contenidos. Creó y dirigió con María Teresa León la revista Octubre (de escritores y artistas revolucionarios), en la que colaboró luego Machado.

Fieles al intimismo, Jorge Guillén proseguía su Cántico, cuya edición ampliada apareció en 1936, y Salinas lograba tal vez sus mejores poemas en La voz a ti debida (1933), mientras que Cernuda, todavía en su etapa surrealista, escribía Donde habite el olvido (1934).

Aleixandre fue Premio nacional de Literatura en 1933 con La destrucción o el amor. Otros poetas jóvenes entraban en liza: Herrera Petere, Serrano Plaja. Rosales… o proseguían su obra como Altolaguirre o Prados.

Y. sobre todo, había un antiguo pastor de Orihuela que en 1933 publicaba su primer libro de poemas, Perito en lunas. Se llamaba Miguel Hernández e iba a llegar a Madrid por primera vez. En 1934, Cruz y Raya, la revista de Bergantín, publicó su auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve.

Si en la novela continuaba Baroja y Benjamín Jarnés brillaba en la novela-ensayo, en primera línea de la generación descollaba Ramón J. Sender (Imán, Siete domingos rojos. Proclamación de la sonrisa. La noche de las cien cabezas y Mr. Witt en el cantón. Premio Nacional de Literatura 1935) como el novelista de mayor densidad, independientemente de su pasión política, expresada tanto en sus novelas como en sus reportajes. Jóvenes también eran otros escritores que no aceptaban la deshumanización de la novela: José Díaz Fernández (El blocao), Carranque de Ríos (Cinematógrafo), y todavía adolescente, Corrales Egea, que publicó en 1936 Hombres de acero.

Sin duda alguna, se trataba de una época de exaltación poética, de búsqueda en el ensayo pareja al esfuerzo universitario, de renacimiento teatral, pero mucho más endeble en la novela. A ello no eran ajenas la desorientación producida por la escuela orteguiana, la proximidad del surrealismo, la operación dirigida, cómo dijo Machado, «contra el sentimiento y contra la razón», en la Europa de la posguerra.

La renovación teatral, presidida por García Lotea, trizó la vulgaridad y el conformismo ambientes primero con Bodas de sangre y definitivamente con Yerma, estrenada la noche del 30 de diciembre de 1934. Aquel mismo año, Alejandro Casona estrenó La sirena varada, teatro muy cerebral, pero que abría otra ventana hacia el porvenir. Los Fuenteovejuna que montaban, primero García Lorca, y luego Rivas Cherif, constituían otro hito del arte escénico español.

En fin, aunque es desmesurado hablar de cine español, no hay que olvidar que 1933 fue el año de Tierra sin pan, de Buñuel, y 1934 de La picara molinera, dirigida por Harry D’Arrast.

La España de 1931 a 1935, a través de oscilaciones políticas de suma importancia, e incluso de cambio de matices sociales en la naturaleza del Poder, mantuvieron estilo y rasgos comunes en la vida cultural. Florecían las revistas de primera calidad: Revista de Occidente, pero también Cruz y Raya, con José Bergantín, José M. Semprún, Eugenio Imaz, y Octubre, con Alberti. María Teresa León, Arconada, Herrera Petere; Leviatán, con Araquistain y Baraibar; Nueva Cultura, con Renau… En el campo opuesto, la revista Acción Española, creada por monárquicos, pretendía dar solidez intelectual al conservadurismo social en la empresa de implantar las fronteras de lo nacional en idénticos límites que lo tradicional: Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, Goicoechea y Sainz Rodríguez —a los que se unió Calvo Sotelo al regresar de su destierro—, eran las primeras figuras de aquel prolongado esfuerzo, al que no fueron ajenos Sánchez Mazas, Giménez Caballero, etc.

El Sol, pese a su confusionismo político, siguió recogiendo colaboraciones de alta calidad intelectual. Sin embargo, el hombre de la calle leía ABC o El Debate si tendía hacia la derecha (o hacia la rutina simplemente), y La Libertad o El Liberal si era de izquierda. Era el mismo lector, por la noche de Heraldo de Madrid, mientras que el derechista leía Informaciones y el goloso de sucesos como los que hoy estila la llamada «prensa de información» prefería La Voz, escapatoria de la misma empresa que El Sol para tener un periódico de gran tirada. Prensa de partido era El Socialista por la mañana, Mundo Obrero por la noche, amén de La Tierra, que gozaba de las simpatías libertarias (más tarde aparecía C. N. T. como órgano de prensa confederal para Madrid). En Barcelona, La Vanguardia, Solidaridad Obrera. Las Noticias, El Diluvio, L’Opinió y La Humanitat eran los periódicos más difundidos.

En España se leía, sobre todo en la España urbana, mucho menos en la rural. La prensa llegaba a todos los hogares, que también tenían su aparatito de radio de galena propio para oír con auriculares la emisora local. El aparato de radio moderno, de lámparas, estaba todavía reservado a las clases medias acomodadas. Por aquellos años empezó a penetrar en los hogares obreros, a veces comprado a plazos, pero todavía no era un instrumento de difusión para multitudes. Comenzó a serlo en los tiempos que precedieron inmediatamente a la guerra. No es posible hablar de la vida cultural en este período sin reseñar el fenómeno de acceso a la cultura de grandes capas de la población, que antes se hallaba al margen de la misma, principalmente la clase obrera, de las ciudades, pero también el campo: los Ateneos Populares, sobre todo en Cataluña y Levante, las Bibliotecas circulantes, el esfuerzo ingente de las Universidades Populares creadas por la F. U. E.; teatros como La Barraca dirigido por Lorca, El Búho dirigido por Max Aub, el T. E. A., dirigido por Rivas Cherif; las Misiones pedagógicas del Ministerio de Instrucción[22], las misiones campesinas de la F. U. E. … Los Sindicatos de la U. G. T. y de la C. N. T., las Casas del Pueblo, etcétera, desarrollaban todos, en mayor o menor medida, un esfuerzo de transmisión del saber elemental que era testimonio de una indiscutible toma de contacto entre los medios populares y los valores culturales.

Prensa, revistas, vida política agitada, difusión de la cultura, espíritu abierto hacia corrientes de otros países… ¿Por qué no hablar, sin sonrojarse, de «República de Intelectuales»? Eran los tiempos en que legiones de jóvenes universitarios se formaban bajo la dirección de sabios que habían alcanzado nombradla universal: Del Río Hortega, Blas Cabrera, Márquez, Hernando, Duperier, Carrasco, Marañón, Martínez Risco, en las ciencias; Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, García Morente, Gaos, Zubiri, en las disciplinas históricas y filosóficas; Flores de Lemus, en la Economía, Jiménez de Asúa, Joaquín Garrigues, Cuello Calón, Pedroso, Fernando de los Ríos, Sánchez Román, los Xirau, en las variadas gamas del Derecho.

Capítulo IX. La «Restauración social»: bienio radical-cedista

CAPÍTULO IX
LA «RESTAURACIÓN SOCIAL»:
BIENIO RADICAL-CEDISTA

La política española en 1934

La política española en 1934

El 18 de diciembre de 1933 quedaba constituido el Gobierno presidido por Lerroux, formado por ocho radicales, un progresista, dos independientes, un liberal demócrata y un agrario[1]. Si políticamente era un Gobierno ya orientado hacia el centro, también socialmente había cambiado su carácter con la entrada en él de algunos acaudalados propietarios. En este sentido, la figura más relevante era la de Álvarez Valdés, de la gran burguesía asturiana, secretario general del Banco Hispano-Americano y consejero del Banco Herrero. En cuanto a Pita Romero y Cirilo del Río eran, ante todo, personas de confianza del presidente de la República. El ministro de Comunicaciones significaba la tímida entrada de la derecha en un gobierno de la República.

No fue menos significativo el discurso de Gil Robles al anunciar que la C. E. D. A. votaría la confianza al Gobierno. He aquí uno de sus párrafos: «No habíamos tenido parte alguna en el advenimiento de la República; sinceramente hay que reconocer que lo habíamos visto venir, con dolor y temor, pero, una vez establecido como situación de hecho, nuestra posición no podía ser más que una: acatamiento leal al Poder público, no sólo no creándole dificultad alguna, sino, por el contrario, dándole todas las facilidades que fueran precisas para que cumpliera su misión fundamental».

Prieto, por su parte, anunció —tal vez sin creerlo demasiado— que, en caso de golpe de Estado, «el Partido Socialista contrae el compromiso de desencadenar la revolución».

El Gobierno Lerroux, apoyado en sólida mayoría parlamentaria, emprendía la obra de rectificar la legislación republicana de los dos años precedentes. No era un secreto para nadie. ¿Qué decían algunos diputados, miembros de la oligarquía? Honorio Riesgo (personalidad de la industria química y del Banco Mercantil e Industrial) declaraba: «Hay que desempolvar la ley del Terrorismo de don Antonio Maura». E Ignacio Villalonga, diputado de, la C. E. D. A. (consejero del Banco de Valencia, de la Compañía española de Petróleos, de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia, personalidad del grupo Banco Central): «Combatir todo intento de subversión del orden, especialmente de huelgas con finalidad política marcada. Procurar mantener el tipo de salarios tan elevado como lo permitan las circunstancias, pero procurando por todos los medios que los trabajadores rindan lo debido durante la jornada normal». Y el conde de Romanones: «El problema del agro español no lo resuelve la Reforma agraria; hay que reformar la Constitución y la ley Electoral».

Rico Avello, desgastado por su participación en el anterior gobierno (sobre todo en la represión del movimiento anarquista), dimitió el 23 de enero siguiente. Martínez Barrio pasó a Gobernación y el radical Diego Hidalgo entró en el Gobierno como ministro de la Guerra.

Casi al mismo tiempo, se operaban los cambios que ya hemos señalado en la Ejecutiva de la U. G. T. , y el resultado fue una mayor cohesión en el sector socialista, decidido a emprender la contraofensiva.

En el Congreso se planteó inmediatamente la necesidad de amnistiar a los sublevados de agosto de 1932. Calvo Sotelo y Guadalhorce eran invitados a ocupar sus escaños parlamentarios. El regreso del primero de su destierro parisiense constituyó una manifestación política de las derechas. Estos hechos, unidos a la situación internacional en 1934 (consolidación de Hitler en el Poder, aplastamiento brutal de los socialistas austríacos por el canciller Dollfuss, motín fascista del 6 de febrero en París con la correspondiente réplica popular) inquietaron cada día más a la clase obrera y las izquierdas sobre el peligro de un fascismo que acabase con la República. El nacimiento de Falange, las manifestaciones no siempre pacíficas que constituían las ventas semanales de su periódico F. E., la agresión al local de la F. U. E.  de Medicina (que dio lugar a una huelga estudiantil de protesta) enardecieron cada vez más los ánimos, y estimularon procedimientos de terror individual, ajenos a la acción política de masas, que sólo podían servir para justificar la violencia por parte de un bando que la había enarbolado como declaración de principio de su acta fundacional. Por eso, el asesinato del estudiante falangista Matías Montero, días antes de unificarse Falange y las J. O. N. S., sirvió para estimular la actividad «escuadrista» de esta organización. El 4 de marzo, en Valladolid, tras un mitin en el que hablaron Ruiz de Alda, Redondo, Ledesma y Primo de Rivera, los asistentes produjeron un motín, complicado por la réplica de los izquierdistas. Poco después, Ansaldo se hacía cargo de los grupos de choque falangistas. De él decía Ledesma que «recogía ese sector activo, violento, que el espíritu reaccionario produce en todas partes, como uno de los ingredientes más fértiles para la lucha nacional armada».

Mientras la atmósfera se cargaba en Madrid, en Barcelona había muerto Macia (24 de diciembre de 1933) y Companys, elegido presidente de la Generalidad, constituyó un gobierno de concentración de izquierdas formado por Lluhí, Selvas, Dencàs, Esteve, Gassol, Barrera y Comorera. Las elecciones municipales de Cataluña, celebradas, el 14 de enero, constituyeron un rotundo triunfo de la Esquerra, robusteciendo así la autoridad del Gobierno autónomo. Éste tropezó ya con la resistencia pasiva del Poder central para el traspaso de algunos servicios, pero comenzó la obra cuyo primer plano era la solución del problema de los «rabassaires». Ya veremos cómo este asunto dio lugar después a un serio incidente entre el Gobierno de la Generalidad y el de la República, al aprobar el 22 de febrero el Parlamento Catalán la ley de Contratos de Cultivo.

El proyecto de Estatuto Vasco había sido entregado al jefe del Gobierno y al presidente de las Cortes, el 21 de diciembre. En febrero comenzó sus sesiones la Comisión encargada de estudiarlo y el día 27 de dicho mes, al presentarse en sesión plenaria, fue combatido mediante la argucia de una cuestión previa, por Goicoechea y otros diputados de derecha. No se volvió a hablar de él hasta el 5 de abril y cuando llegó el movimiento revolucionario de octubre todavía dormitaba entre los legajos de las Comisiones.

Unas declaraciones de Martínez Barrio a la revista Blanco y Negro fueron motivo o pretexto para una interpelación de Gil Robles. El problema de fondo era la oposición de Martínez Barrio y de una minoría de radicales a gobernar con la tutela de la derecha y también a que estos elementos entrasen en el Gobierno sin declarar más explícitamente su republicanismo. Así las cosas, Martínez Barrio y Lata no podían continuar en el Gobierno. Pero cuando Lerroux planteó a Alcalá Zamora la crisis parcial, el presidente de la República la convirtió en total y abrió las consultas. Sin embargo, Lerroux consiguió formar un nuevo gobierno igual al anterior, con el único cambio de los titulares de Gobernación, Hacienda e Instrucción, que lo fueron, respectivamente, Rafael Salazar Alonso, Manuel Marraco y Salvador de Madariaga.

Entre tanto, la «restauración social» no se había hecho esperar en el campo: un decreto del 11 de febrero ordenaba la expulsión de los campesinos de las fincas dedicadas a cultivo intensivo. En virtud de esta disposición de contrarreforma agraria se procedía al desahucio de 28 000 braceros (de ellos 18 000 en Extremadura). Una circular de cinco días después suspendía la revisión de las rentas de fincas rústicas. Los propietarios, para no perder la ocasión, se aprestaron a bajar los salarios.

Difícil es exponer en pocas líneas la agitación y la tensión políticas de aquel momento. Huelga de los obreros de la construcción, que obtuvieron la semana de 44 horas, saboteada en todo lo posible por los patronos; huelga de los 18 000 metalúrgicos madrileños; refriegas callejeras entre grupos obreros y grupos falangistas; malestar en el campo ante la ofensiva de los propietarios; incidentes entre estudiantes de uno y otro bando… En las Cortes, al discutirse la ley de Amnistía, un traspiés del ministro Alvares Valdés le costó la dimisión. Comenzó el asunto por una intervención de Prieto contra la amnistía de los culpables de fuga de capitales y señaló que uno de los beneficiados era colega del ministro en el Consejo de administración del Banco Hispano-Americano. Colocado en difícil posición, Álvarez Valdés llegó a decir que tan punible era la sublevación del 10 de agosto como la de Jaca en diciembre de 1930. El percance se arregló con la dimisión del financiero, sustituido por Salvador de Madariaga, que ocupó esta cartera con la de Instrucción Pública.

Mientras, las Cortes se disponían a amnistiar a los elementos hostiles al régimen. A fines de marzo llegaban a Roma Antonio Goicoechea, el general Barrera y los tradicionalistas Rafael Olazabal y Antonio Lizarza. Reunidos con Mussolini, Italo Balbo y el coronel Longo, recabaron y obtuvieron del jefe del Gobierno y del fascio italianos ayuda en dinero y armas para derribar el régimen republicano e instaurar la «Monarquía corporativa y orgánica». Firmaron un documento, preparado por Goicoechea, en que se decía que Mussolini estaba dispuesto a ayudar a los conspiradores españoles[2]. Antes de salir de Roma recibieron ya, en prueba de la buena voluntad del Duce, medio millón de pesetas, y poco después recibió Olazabal un millón. A partir de entonces fueron enviados a Italia jóvenes tradicionalistas «para instruirse en el manejo de las armas modernas», que figuraban oficialmente como «oficiales peruanos en viaje de prácticas». Poco después, el 3 de mayo, el pretendiente Alfonso Carlos nombraba al abogado Manuel Fal Conde secretario general de la Comunión Tradicionalista. Antonio Lizarza, en su libro Memorias de la conspiración, comenta así este nombramiento: «La venida de Fal Conde a la secretaría general del Partido significó también el abandono de la lucha legal contra la República, para pasar a la lucha abierta y descarada».

Gil Robles parecía dispuesto, más que nunca, a la conquista del Poder. El 7 de abril, dirigiéndose a una asamblea femenina, declaró: «Vamos a conquistar el Poder; ¿con este régimen?; con el que sea; con lo que sea y como sea…». La ambigüedad en el acatamiento de la forma de gobierno republicana corría pareja con el propósito, así explícitamente confesado, de no reparar en los medios para alcanzar el fin. ¿Propósito cierto o baladronada política? Aún ahora resulta difícil saberlo, pero fue considerado lo primero por toda la opinión republicana y de izquierda. La concentración del 22 de abril en la lonja de El Escorial levantó los recelos de la opinión republicana. Llevadas hasta la sede filipina aprovechando todos los medios de locomoción, más de 25 000 personas, al grito de ¡Jefe, Jefe, Jefe!, respondían a un llamamiento de las Juventudes de Acción Popular (J. A. P.) que hacía pensar hasta al más ingenuo en la Marcha hacia Roma.

Dieron la voz de alerta las organizaciones obreras y Madrid respondió con la huelga general a aquella concentración predominantemente rural. La C. E. D. A., a la vez que influía decisivamente en el Gobierno, daba la impresión de que no despreciaría métodos más expeditivos. Las organizaciones obreras, cada vez más preocupadas por la legislación de «restauración social», aceptaban la lucha en ese terreno. Y los republicanos de izquierda, deseosos de contar con una organización más eficaz, acababan de crear el Partido de Izquierda Republicana (2 de abril), resultado de la fusión de Acción Republicana y de la mayoría del Partido Republicano Radical-Socialista.

No había terminado el mes de abril y la mayoría parlamentaria había votado la ley de Amnistía, pero el presidente de la República se resistía a dar su firma para la promulgación. Tras no pocos conciliábulos, Alcalá Zamora accedió a ello, aunque añadiéndole una nota que, pese a su estilo farragoso, contenía serias advertencias. Y, la principal, la que negaba la reintegración al Ejército de los militares amnistiados mientras no se extinguieran las penas accesorias de inhabilitación y poniendo en guardia, para el día en qué dicha reintegración se produjera, contra la designación de los generales amnistiados para puestos de mando.

Como esto significaba la desautorización del Gobierno (cosa que también buscaba Alcalá Zamora), Lerroux no tuvo más remedio que dimitir. Pero su salida del Gobierno fue más aparente que real, puesto que le sustituyó un abogado valenciano miembro de su partido, Ricardo Samper, con más fidelidad a su jefe político que fuerza de carácter.

El Gobierno del 28 de abril no ofrecía, pues, ninguna novedad[3].

Aumentan la tensión y el recurso a la violencia

Aumentan la tensión y el recurso a la violencia

El 9 de mayo, Calvo Sotelo estaba ya en las Cortes. El Gobierno entablaba recurso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales contra la ley de Contratos de Cultivo aprobada por el Parlamento Catalán (que entraba en vigencia el 2 de aquel mes). El proyecto de Estatuto vasco era enterrado por la mayoría parlamentaria. Comenzaban las cosechas y los terratenientes volvían a ofrecer los bajos salarios anteriores a 1931. Los tradicionalistas entrenaban militarmente a sus patrullas en Navarra. Las milicias falangistas, que se concentraban en Carabanchel dirigidas por Ansaldo, atentaban contra la Casa del Pueblo de Cuatro Caminos, contra el Fomento de las Artes (centró de enseñanza al que Ansaldo, demostrando su ignorancia sobre la Instrucción pública llamó «centro de enseñanza comunista de la calle de San Lorenzo»), contra una exposición en el Ateneo de Madrid. Otro día, tras una violenta refriega con otros grupos de jóvenes excursionistas en El Pardo (con víctimas por ambas partes y fallecimiento de uno de los agresores), ametrallaron desde sus coches a unos jóvenes socialistas que volvían del campo y cayó muerta Juanita Rico. Luego fue el comunista Izquierdo, que murió en una refriega. La prensa de derechas se enardecía y este clima de violencia y desquite, unido al hecho de que un Gobierno republicano obraba al dictado de un partido de tonalidad más que confusa, acrecentaba la inquietud de las izquierdas y la tendencia a responder a la violencia con la violencia y a desatar una revolución si la derecha cedista accedía al Poder. La política de Alianza Obrera, propugnada por Largó Caballero, cristalizó en Asturias. En junio, como el Partido Comunista propusiera al Socialista la constitución de un frente único, este partido respondió invitando a los comunistas a ingresar en las Alianzas Obreras, a lo que los invitados arguyeron que éstas ignoraban a las masas campesinas. Desde mayo, la Federación de Trabajadores de la Tierra (U. G. T. ) preparaba, precisamente, una huelga general de campesinos[4].

Esa agitada situación de España coincidía, casi día por día, con las matanzas del 30 de junio en Alemania, el aplastamiento de los socialistas en Austria, la agresividad de los grupos fascistas en Francia, a la que replicaron, en el mes de julio, los partidos Comunista y Socialista con la firma de un pacto de frente común.

Por aquel entonces fue nombrado arzobispo de Toledo —primado de España— el que era obispo de Tarazona, Isidro Gomá. Pero lo más interesante fue que el cardenal Segura, instalado en una playa francesa vasca (Anglet) tomó la iniciativa de una entrevista con Gomá, celebrada allí mismo, el 23 de julio. Lo que entonces trataron ambos cardenales se supo pocos años después, durante la guerra, a causa de haberse incautado el Gobierno de la República de diversos papeles del cardenal. Sólo nos interesa, para el objeto de nuestra historia, la manifiesta aversión de los dos prelados hacia el Nuncio y hacia Ángel Herrera. Durante todo el año 1934 mantuvieron correspondencia Segura y Gomá, pero sus relaciones se enfriaron a partir del año siguiente.

En el seno de la C. E. D. A. había un sector partidario de la penetración pacífica (en el que figuraba Gil Robles y toda la Derecha Regional Valenciana) y otro que no quería comprometerse con el régimen. El jefe de la J. A. P. tuvo que dimitir de todos sus cargos después de haberse hecho pública en ABC una visita suya a Alfonso XIII en París. Valiente declaró en un acto público, en Santander: «Sin la religión y la monarquía, España no tiene salvación».

Al llegar el mes de junio, la Federación de Trabajadores de la Tierra declaró por fin su anunciada huelga general. La respuesta del Gobierno fue considerar «servicio público la recolección de la cosecha»; suspender los derechos de reunión; establecimiento de la censura y amenaza de cárcel a los dirigentes de cada pueblo que se negasen a retirar los oficios de paro. Lo que no impidió que la huelga fuese casi total en las provincias de Córdoba, Ciudad Real y Málaga, y parcial en las de Cáceres, Badajoz, Huelva, Toledo y Jaén. Esta huelga fue objeto de vivo debate en el seno del Partido Socialista y de la U. G. T. , pues gran parte del sector que seguía a Largo Caballero, obsesionado por la idea de un posible movimiento revolucionario para más adelante, estimaba que al obrar así se desgastaba el potencial de las organizaciones campesinas para una acción posterior coordinada con los trabajadores de las ciudades. Este criterio no era compartido por quienes consideraban la huelga de campesinos como un eslabón más en la cadena de acciones para hacer retroceder a la oligarquía y conjurar el peligro de deslizamiento hacia el fascismo.

Aún duraba la huelga en los campos, cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional la ley catalana de Contratos de Cultivo. A nadie escapó que la querella no era jurídica, sino política. Es más; las protestas de los propietarios adscritos al Instituto Catalán de San Isidro tampoco fueron la causa esencial de la actitud adoptada en Madrid. Se trataba, ante todo, de humillar a Cataluña, de satisfacer las exigencias de la derecha, que había votado la confianza al Gobierno Samper con la condición de que obrase así. Y no se atacó el contenido de la ley en cuestión, sino el derecho del Parlamento Catalán a legislar en la materia, por lo cual la Generalidad no aceptó el fallo del Tribunal de Garantías.

El 12 de junio, los diputados catalanes (a excepción de los de la Lliga, complicados en la ofensiva contra la Generalidad) abandonaban sus escaños en las Cortes y se solidarizaron con ellos los nacionalistas vascos. La opinión catalana, a excepción de un puñado de propietarios, reaccionó apasionadamente y el Parlamento Catalán votó de nuevo la ley por aclamación. En Madrid, la extrema derecha, representada por Goicoechea (que ya tenía en el bolsillo su pacto con Mussolini), se hizo el apóstol de la agresión contra el Gobierno catalán y exigió que se le arrebatasen los servicios de Orden público. Cambó se desolidarizaba una vez más de la Cataluña popular. Sin embargo, ante la gravedad de la situación, tanto el Gobierno como la C. E. D. A., la Lliga, etc., prefirieron negociar. La extrema derecha parecía elegir el camino de la violencia, y las izquierdas el de replicarle; las mayorías catalana y vasca estaban ya, por su parte en la oposición decidida. Él Gobierno, tras una sesión de Cortes agitadísima, en la que Gil Robles acusó a los parlamentarios de izquierda de «cómplices y encubridores de la rebeldía de la Generalidad», consiguió que se suspendieran las sesiones de Cortes durante todo el verano.

Cerradas las Cortes, el Gobierno central y el de Cataluña negociaron una solución de compromiso; el Gobierno catalán elaboró un Reglamento de la ley de Contratos de Cultivo y promulgó un texto refundido de Ley y Reglamento, del que desaparecían todos los preceptos tachados de inconstitucionales. Este nuevo texto fue aprobado por el Parlamento Catalán y fue promulgado el 21 de septiembre[5]. Para protestar de este nuevo texto, producto de un acuerdo entre el Gobierno central y el de Cataluña (pero combatido por la todopoderosa C. E. D. A.) se concentraron en Madrid, el 8 de septiembre, los propietarios adheridos al Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, lo que provocó la réplica de la huelga general de 24 horas que paralizó la capital de España.

Otra manifestación de centralismo del Gobierno, realizada probablemente para agradar a sus aliados y sostenedores de la derecha, fue el intento del ministro de Hacienda, Marraco, de suprimir el concierto económico con el País Vasco según el cual sus Diputaciones cobraban los impuestos y pagaban después al Estado una suma global convenida de antemano. La reacción de los Municipios vascos fue la de convocar para el 12 de agosto elecciones para las Juntas gestoras encargadas de defender su criterio y, eventualmente, de ocuparse de las contribuciones, ya que las Diputaciones provinciales que desempeñaban esa misión no eran de elección popular en su mayoría, sino hechura del ministro de la Gobernación, que prohibió las elecciones y movilizó para ello toda la fuerza pública. En Bilbao hubo un incidente entre el comisario general de policía y el alcalde, al que acompañaban los concejales nacionalistas, socialista y de Izquierda Republicana, que terminó con la destitución del policía. Las elecciones no pudieron celebrarse, salvo en contadas aldeas. Convocóse entonces una Asamblea de parlamentarios vascos que debía tener lugar el 26 de agosto, en Zumárraga, pero que en realidad se celebró el 2 de septiembre. El ministro de la Gobernación envió entonces a Bilbao al director general de Seguridad, Valdivia, y al jefe del Cuerpo de Asalto, coronel Muñoz Grandes. La reunión de parlamentarios se redujo, después de un incidente con el gobernador de Guipúzcoa, Emeterio Muga, a unos discursos del diputado nacionalista Hora y de Indalecio Prieto.

En las últimas semanas del verano, el horizonte político adquirió tintes de tormenta. El 31 de agosto, un choque entre falangistas y obreros en Cuatro Caminos, acarrea la muerte de Joaquín de Grado, del Comité Central de las Juventudes Comunistas. Al día siguiente, más de setenta mil obreros desfilaron tras el féretro de la víctima, detrás de los dirigentes comunistas y socialistas. Las milicias de ambas Juventudes desfilaron en línea de tres, vistiendo camisas rojas y azules, respectivamente… Al paso del cortejo voló el capitán González Gil, que lanzó rosas encarnadas sobre el féretro…

Ocho días más tarde, la C. E. D. A. movilizó sus fuerzas. Gil Robles, que parecía decidido a exigir el Poder, habló el 8 de septiembre en Madrid (en unión de Martínez de Velasco y Melquíades Álvarez) ante los terratenientes catalanes, y el 9 en Covadonga, donde tuvo lugar una concentración de sus huestes. Las organizaciones obreras respondieron con la huelga general en Madrid y Asturias. En Madrid. Sal azar Alonso clausuró la Casa del Pueblo, pero la huelga era tan unánime que por la tarde dejó de funcionar hasta la radio e impidió que el ministro continuase dando sus comunicados. El Socialista del día 10 comentaba: «La clase obrera madrileña demostró ayer, nuevamente, que no se la vence con facilidad».

El 11 de septiembre, en San Sebastián, era muerto a tiros el falangista y hotelero Manuel Carrión. Media hora después moría, por el mismo procedimiento, el republicano y ex director general de Seguridad Andrés Casaux. El entierro del falangista fue presidido por Fernández Cuesta y el gobernador civil, Muga; el de Casaux, por Azaña y Prieto[6].

El mismo día 11, se descubrió en San Esteban de Pravia (Asturias) un alijo de armas en el vapor Turquesa, propiedad de Horacio Echevarrieta, en el que se sospechaba que anduviesen mezclados ciertos dirigentes socialistas. Tres días después, un registro de la Casa del Pueblo de Madrid dio como resultado, según el atestado de la policía, el hallazgo de armas que acarreó la clausura de la sede sindical. Y a los pocos días, también se encontraban armas en la Ciudad Universitaria y fue detenido el estudiante socialista Francisco Ordóñez.

Cuando llegó la última semana de septiembre, el Gobierno Samper se consideraba a sí mismo liquidado. Salazar Alonso, que había nombrado juez especial para el asunto del alijo de armas al del distrito de la Latina, Salvador Alarcón (que había desempeñado misiones llamadas anticomunistas por mandato del Gobierno de la Dictadura, y viajes al extranjero con el mismo fin por orden del general Mola, cuando éste era director general de Seguridad), propuso la declaración del estado de guerra en toda España. Los ministros radicales, reunidos con Lerroux, prefirieron esperar el inevitable planteamiento de la crisis. Porque la C. E. D. A. ya no podía esperar. El día 9 había dicho Gil Robles en Covadonga: «¡Hasta aquí hemos llegado y ya no vamos a aguantar más!». El 28 de septiembre, el Consejo nacional cedista acordó «no prestar ayuda parlamentaria a Gobiernos que, por su estructura y debilidad, den a la opinión pública una sensación de cosas interinas».

Del lado de las organizaciones obreras, un fenómeno nuevo, acentuado en el transcurso del verano, era el acercamiento de socialistas y comunistas. El pleno del Comité Central del Partido Comunista (11 de septiembre) decidía ingresar en las Alianzas Obreras. Al mismo tiempo que esta decisión favorecía la acción coordinada desde el plano nacional hasta el local, se celebraba el mitin gigantesco del Estadio Metropolitano, organizado por las Juventudes Socialistas y las Comunistas, con la participación de dirigentes de los dos partidos. No obstante, ante la crisis gubernamental inminente y la más que probable entrada de la C. E. D. A. en el Gobierno, los dos partidos obreros teñían criterio diferente: el Partido Comunista proponía la declaración previa de la huelga general en todo el país para impedir la entrada de los cedistas en el Gobierno; el Partido Socialista no estuvo de acuerdo y decidió que cuándo la C. E. D. A. entrase en el Gobierno se desataría la insurrección armada. Muy probablemente —aunque este punto no ha sido todavía esclarecido— el ala izquierda (Largo Caballero) del Partido Socialista y sus Juventudes creían así poder conducir una revolución socialista al triunfo, mientras el sector del centro (Prieto y otros más) valora esta acción como un gesto supremo de fuerza para hacer retroceder al presidente de la República y obligarle a constituir un Gobierno republicano-socialista.

La prueba de fuerza se avecinaba. El 1.º de octubre, al abrirse las Cortes, Gil Robles emprendió la ofensiva contra el Gobierno, al que acusó de debilidad: «Se ha demostrado que es preciso una rectificación —dijo, dirigiéndose a Samper— y que su señoría no es el indicado para hacerla». La suerte estaba echada. Cid y Villalobos abandonaron ostensiblemente el banco azul. Alba suspendió la sesión por diez minutos, al cabo de los cuales el Gobierno declaró oficialmente la crisis.

Se abrieron las consultas en Palacio. Azaña, Maura y Martínez Barrio aconsejaron la disolución de las Cortes (el primero lo dijo por teléfono, pues había ido a Barcelona para el entierro del exministro Jaime Carnet); Gil Robles, Lerroux, Alba, Martínez de Velasco, etc., propusieron un ministerio mayoritario, es decir, con los radicales como eje y la participación de agrarios, Lliga y C. E. D. A. Alcalá Zamora encargó a Lerroux que formase gobierno. Éste, después de conferenciar con Gil Robles, presentó una lista a la que el Presidente puso objeciones. El 3 por la noche, aún sin resolver la crisis, se ordenó el acuartelamiento de las tropas. A media tarde del 4 quedaba constituido el nuevo Gobierno[7].

El Gobierno era el de la mayoría parlamentaria, con la C. E. D. A. al fin en el Poder; éste era el cambio esencialísimo. En cuanto a la salida de Guerra del Río y de Cirilo del Río, esta actitud obedecía a su oposición a la entrada de los populistas.

El Socialista del día 3 había dicho ya en su editorial: «En guardia, compañeros. Hemos llegado al límite de los retrocesos. Gil Robles en el Poder podría aplastar a las organizaciones obreras y a los partidos revolucionarios. Atención a la crisis. ¡En guardia!».

El Partido Socialista había decidido poner en práctica la acción revolucionaria planeada desde el invierno anterior. Los comunistas pensaban que «la preparación política y técnica del movimiento era a todas luces insuficiente para una lucha de aquella envergadura»[8]. Sin embargo, ante la inminencia de los hechos, Mundo Obrero del 4 por la noche, decía: «Ha llegado la hora de la decisión… Cuando comience la lucha, las Alianzas concentrarán en sus manos la dirección; ellas son el organismo fundamental de la lucha por el Poder»[9].

Los anarco-sindicalistas, sin contactos con las otras organizaciones obreras, salvo en Asturias, no tomaban posición definida. En realidad, en el plano nacional, los tres sectores del movimiento obrero actuaban cada uno por su cuenta, ya que los promotores del movimiento no habían estimado oportuno consultar a los demás. El secretario del Comité Nacional de la C. N. T. dijo después: «Cuando llegó octubre no aconsejamos a nadie que secundase la revolución ni que dejase de secundarla»[10].

Al caer la tarde del día 4, las órdenes de huelga estaban cursadas, los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana, Conservador Republicano, Federal y Nacional Republicano (Sánchez Román) redactaban sus notas declarándose incompatibles con la forma que tomaba la República. En la Generalidad de Barcelona había zafarrancho de combate. En el ministerio de la Gobernación se movilizaba a toda la fuerza pública, y en el ministerio de la Guerra, Hidalgo llamaba al general Franco, que días antes le había acompañado en las maniobras militares celebradas en los montes de León.

El movimiento de octubre de 1934

El movimiento de octubre de 1934

A los pocos minutos de dar los relojes la medianoche del 4 al 5 de octubre cesaron todas las actividades de trabajo en las principales capitales de España. Desde aquel momento, la huelga general era seguida unánimemente en Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Bilbao y todo el País Vasco, Sevilla, Córdoba, Salamanca, Palencia… En Andalucía paraban los obreros de las ciudades, en general, pero los del campo, muy quebrantados por la represión que siguió a la huelga de junio, no parecían secundar el movimiento.

En la madrugada del 5 comenzaron en Madrid los intentos insurreccionales, pero su alcance no fue muy considerable. Chocaron en el círculo socialista de la Guindalera las milicias socialistas y los guardias de Asalto, fracasó un intento de asaltar el cuartel del regimiento n.º 6 en la calle de Moret y otro en el Parque automóvil. Hubo tiroteos cerca de Gobernación, de la Telefónica y de la estación del Norte. Después de estos fracasos, los grupos armados socialistas se limitaron a hostilizar por la táctica del «paqueo».

En Barcelona, a las tres de la madrugada, la Alianza Obrera (Sindicatos «treintistas», Partido Comunista y Bloque Obrero y Campesino), y la Unió Socialista lanzaron la orden de huelga. Pero la policía de Dencàs había detenido el día 4 a varios militantes anarquistas, entre ellos Durruti No había, pues, acuerdo. Lo primero que había dicho Dencàs a sus hombres era: «Vigiladme a la F. A. I.». La C. N. T. lanzó entonces un manifiesto llamando a «la acción del proletariado revolucionario, por cuenta propia… sin el menor contacto con las instituciones oficiales» y sin más consignas, aparte la de abrir los locales clausurados y concentrarse en ellos, que una vaga preparación para la lucha. El frente de izquierdas estaba roto antes de nacen.

En Vizcaya, el Partido Nacionalista predicó la abstención: «Abstención, absoluta abstención de participar en movimiento de ninguna clase, prestando atención a las órdenes que, en caso preciso, serán dadas por las autoridades». La Solidaridad de Trabajadores Vascos, más dúctil por estar más presionada por su base, ordenó: «Allá donde pueda trabajarse sin peligro, acudan todos los trabajadores a sus labores, pero si para ello encontraran alguna dificultad o peligro, retírense sin participar en ninguna actividad no ordenada por la agrupación».

Tras esta aprobación tácita, el paro era unánime en Vizcaya y Guipúzcoa. En algunas localidades (Portugalete, Hernani, Éibar) se formaron los Comités antifascistas dirigentes de la acción, que llegó a tomar carácter de lucha armada.

En Asturias, la huelga fue total desde el primer momento. Entre tres y cuatro de la mañana, los obreros, armados con cartuchos de dinamita, atacaban los cuartelillos de la Guardia civil en la zona minera. En el valle del Nalón, donde dirigía la lucha Belarmino Tomás, cayeron los cuarteles de Sotrondio, El Entrego, Ciaño. En Oviedo, paralizado por la huelga, se supo que los revolucionarios habían atacado el cuartel de la Guardia civil de Olloniego, a seis kilómetros de distancia, con fuego de fusilería, dinamita y bombas de mano.

Amaneció el día 5 en un Madrid sin comercios, sin pan, sin prensa (salvo ABC y El Debate), sin metro ni tranvías, en el que se propalaban toda clase de rumores sobre los encuentros armados de la madrugada.

A las nueve, Eloy Vaquero se estrenaba como ministro de la Gobernación. «La tranquilidad reina en España», dijo por la radio, frase estérilmente repetida por los gobiernos de cualquier color cada vez que estalla una insurrección.

Pero el Gobierno, sumamente intranquilo, se reunió a las once menos cuarto y decidió instaurar la censura de prensa. De hecho, aún no sabía más que a medias lo que sucedía en España, pero se apuntó a su favor la frustración del leve intento de alzamiento armado en la capital.

A la salida del Consejo, la nota oficiosa decía: «Estamos en presencia de una acción revolucionaria, con propósito idéntico, plan estudiado y dirección única. Los sucesos y los desórdenes han culminado en Asturias y el Gobierno se ha creído en el caso de declarar el estado de guerra en aquella región».

Nada más lejos de la realidad que esa «dirección única». En verdad, a partir de aquellos momentos, no había tan siquiera dirección nacional de movimiento de ningún género o tendencia. En Madrid comenzaron las detenciones, y los dirigentes socialistas, obligados a esconderse (como también los comunistas) tenían ya rotos sus enlaces con las regiones.

Los partidos republicanos, aunque no formaban parte activa del movimiento, lo apoyaron moralmente al hacer públicas sus notas rompiendo todo lazo con la forma tomada por el régimen[11]. Álvaro de Albornoz, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, renunció a su cargo para «expresar la misma actitud de incompatibilidad con las fuerzas y elementos políticos, hoy al frente de un Estado sólo en apariencia republicano».

En Barcelona, la situación era sumamente tirante. Se tenían noticias de que en Sabadell, bajo la dirección de la Alianza Obrera, los trabajadores había paralizado la ciudad. En Villanueva y Geltrú, Sitges y otras localidades había una situación insurreccional. En Mantesa y Tarrasa, la huelga era también unánime. Pero, en la capital, todos actuaban en orden disperso. Companys, que el día anterior había intentado hablar con Alcalá Zamora (consiguió hacerlo sólo con Rafael Sánchez Guerra, subsecretario de la Presidencia de la República) para evitar lo irreparable, luchaba entre las actitudes contrarias de Estat Català y de la C. N. T., mientras los militantes del Sindicato de la Madera ocupaban su local, entonces clausurado, pero llegó la policía y los desalojó, tras vivo tiroteo. A las cinco de la tarde, la misma policía se incautó de los locales de Solidaridad Obrera. Mientras tanto, la Comisaría de Orden público repartía armas a los jóvenes de Estat Català y a los somatenes republicanos, recién formados por la Generalidad. En cuanto a la Alianza Obrera, tercer elemento en presencia, ésta instaló su cuartel general en el antes domicilio de Fomento del Trabajo Nacional, en la plaza de Santa Ana, esquina a Canuda.

A las cinco de la tarde, Companys hizo por radio un llamamiento a la calma: «El Gobierno se hace cargo de sus responsabilidades y de su deber —declaró— y en cada momento marcará la dirección de los acontecimientos con la asistencia y disciplina del pueblo que el Gobierno ha de conservar para la mejor eficiencia en la defensa de las libertades de Cataluña y de las esencias democráticas de la República».

Pero al poco rato, un gran número de jóvenes, respondiendo al llamamiento de la Alianza Obrera desfilaron, pidiendo armas, por la Plaza de la República. Los escamots[12] de Estat Català ocuparon entonces distintos puntos de la ciudad. La situación se agravaba por momentos y Companys volvió a hablar por radio a las siete de la tarde para recomendar serenidad y advertir que era necesario «abstenerse de violencias que el Gobierno se vería en el doloroso trance de reprimir…».

Mientras en Madrid se afirmaba el Gobierno y en Barcelona cundía la indecisión, en Asturias se iniciaba una verdadera revolución. Las Alianzas Obreras, integradas por socialistas, comunistas y cenetistas, nombraban sus Comités para la toma y conservación de Poder. Ramón González Peña actuaba como dirigente supremo, pero todas las organizaciones obraban de perfecto acuerdo.

En la jornada del 5, veintitrés cuarteles de la Guardia civil habían caído, con su armamento, en poder de los trabajadores, que eran dueños de todas las cuencas mineras, donde rápidamente se implantó el nuevo orden. Rendidos los 45 guardias del cuartel de Mieres, capitularon poco después los de la Rebolleda y Santullano. Los de Sama se defendieron desesperadamente hasta el día 6.

Desde Oviedo, en estado de guerra, se enviaron fuerzas de Asalto contra Manzaneda, ocupada por los revolucionarios, pero tuvieron que retroceder al encontrarse con la columna obrera mandada por Belarmino Tomás, parapetada en Armatilla, en el Pico del Castillo y, al otro lado del valle, en Santianes. Dentro de la ciudad menudeaban los tiroteos a la caída de la tarde, en el campo de San Francisco y en la plaza de la Escandalera. La columna mandada por González Peña llegó en tren hasta la entrada del túnel de San Lázaro, pero, al no encontrar allí los enlaces previstos evolucionó por Sograndio, la Mortera, San Pedro de Nora y Raheces. Por la tarde se avanzó de nuevo hacia Oviedo hasta el barrio de Paniceros, a tres kilómetros de la capital.

En Gijón, el tiroteo aumentó en la noche del 5 al 6 y los obreros ocuparon el barrio de Cimadevilla, a cuya entrada levantaron barricadas.

En Avilés se ocupó la fábrica de gas y luz, así como la finca de Pedregal[13].

En la Felguera (donde trabajaban 1900 obreros, la mayoría de la C. N. T.) se lanzaron octavillas para que la Guardia civil se rindiera. Como se negó a hacerlo, comenzó el asedio a las seis de la tarde del día 5. A medianoche, los obreros tomaban el cuartel: dos guardias civiles habían perecido y los demás habían huido. El Comité revolucionario de la Felguera publicó un manifiesto encabezado por las siglas C. N. T.-F. A. I., que decía así: «La Revolución Social ha triunfado en la Felguera; nuestro deber es organizar la distribución y el consumo en la forma debida. Rogamos al pueblo sensatez y cordura. Hay un Comité de distribución al cual se debe dirigir todo aquel encargado de cubrir las necesidades de su hogar…».

En Sama, los guardias civiles que resistían en el cuartel, al intentar una salida fueron muertos o apresados. El Comité político se instaló en el Ayuntamiento y el de Guerra en el Casino La Montera. Un bando ordenó la normalización de la vida y la reapertura de comercios. Se registraron las casas para incautarse de armas donde las hubiere, y luego se puso un aviso en la puerta, que decía: «Respeta esta casa que ya ha sido registrada».

En todo el valle de Turón quedó implantada la República socialista y en marcha los Comités, así como el reclutamiento e instrucción de hombres para el frente. Se utilizó la emisora de radio de la central eléctrica de Hulleras de Turón.

El 5 por la tarde, el Gobierno había ordenado que saliese de León una columna formada por el regimiento de Infantería número 36 y una sección del 12. Como la línea férrea estaba cortada después de la voladura del puente de los Fierros, las tropas descendieron en camiones desde el puerto de Pajares. Los revolucionarios concentraron entonces sus fuerzas en Pola de Lena, cuyo cuartel se había rendido sin lucha (por lo que más tarde fue condenado el sargento que lo mandaba). Al llegar las fuerzas del general Bosch, el día 6, a Vega del Rey —donde se les unieron el batallón de infantería ciclista y una compañía de ametralladoras, procedentes de Palencia— fueron paralizadas por la resistencia de las columnas obreras. Se creó allí un frente estabilizado, que iba a durar dos semanas.

Al mismo tiempo, otra columna mandada por el general López Ochoa salió de Lugo en camiones y llegó hasta Luarca, donde se habían concentrado fuerzas de la Guardia civil.

En Oviedo, en la mañana del mismo día, la primera columna obrera sorprendió a la 24 compañía de Asalto junto al caño del Águila y, a pesar de que ésta recibió refuerzos del Ejército, los obreros eran dueños de la situación a mediodía, y entraban en Oviedo por el barrio de San Lázaro. Al ocupar la loma del convento de las Adoratrices, fueron acogidos entusiásticamente por las mujeres de aquellas barriadas populares, que salían a su encuentro para vitorearlos y abrazarlos. Otros grupos obreros se abrieron paso con cartuchos de dinamita por las calles de Fierro, Santo Domingo y Guillermo Estrada, hasta apoderarse del Ayuntamiento a las dos y media de la tarde. En las calles de Leopoldo Alas y Arzobispo Guisasola, los carabineros intentaron resistir. En vano: las columnas mandadas por el sargento Diego Vázquez avanzaban a los gritos de «¡Viva Oviedo! ¡Viva la revolución social!». La mayoría vestían jersey rojo y muchos llevaban correaje y casco de acero. A las tres de la tarde dominaban el barrio y ocupaban el Hospital provincial.

Mientras tanto, en Trubia, donde los 1400 obreros habían entrado al trabajo, a las diez de la mañana, en combinación con un grupo armado del exterior, se apoderaron de la fábrica de armas, tras breve resistencia del comandante jefe Hernández Pomares, que murió en el combate, y de algunos oficiales. Los obreros se apoderaron así de un cañón Schneider de 15,5, nueve cañones de montaña de 10,5, uno de 7,5 y otros 18 cañones de montaña sistema Ramírez de Arellano.

Durante esos días siguió la huelga en Vizcaya y Guipúzcoa. En Mondragón, d propietario y diputado de extrema derecha Oreja Elósegui hizo frente a los revolucionarios y pereció en la lucha. En Portugalete, Sestao y otras localidades próximas a Bilbao, los obreros dominaban la situación y los cuarteles de la Guardia civil eran aislados y sitiados. Por todas partes se alzaban barricadas.

El 6 de octubre en Barcelona

El 6 de octubre en Barcelona

Y, mientras tanto, ¿qué pasaba en Barcelona?

Al amanecer del día 6, la Alianza Obrera difundió un manifiesto que terminaba así: «Es hoy cuando hay que proclamar la República catalana. Mañana quizás fuera tarde. Importa que las masas populares de Cataluña lo tengan presente y cumplan con su deber. ¡Viva la huelga revolucionaria! ¡Viva la República catalana!».

Pero en Barcelona había cuatro estados mayores, por decirlo así: el de Dencàs y Estat Català; el de la Alianza Obrera; el de la C. N. T. —que no se movió— y el del Ejército, mandado por Domingo Batet, general jefe de la Cuarta División Orgánica. Dencàs no sólo dio órdenes contra los anarquistas, sino que dijo a una comisión de la Alianza que se hallaba dispuesto a fusilar a los directores de su movimiento. Éstos le replicaron que el problema estaba en saber quién fusilaría a quién[14].

El sábado, el Gobierno de la Generalidad estaba reunido en sesión permanente. Companys se encontraba en situación difícil ante tan heterogéneas corrientes. Por fin, a las ocho de la noche, salió al balcón de la Generalidad y se dirigió a los miles de personas congregadas en la plaza de la República y proclamó el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española»[15].

Acto seguido, Companys pidió al general Batet que se pusiera a sus órdenes para servir a la República federal, pero, al mismo tiempo. Lerroux, instalado en el ministerio de la Gobernación, conferenciaba por teletipo con la Cuarta División Orgánica y le comunicaba que el Gobierno declaraba el estado de guerra en toda España. El jefe del Gobierno se dirigió por radio al país en términos de gran severidad contra los «anarquistas» de Asturias y los «separatistas» de Cataluña.

Cumpliendo las órdenes de Madrid, el general Batet se dispuso a proclamar el estado de guerra en Cataluña y, cuando en Barcelona la tropa avanzaba hacia la plaza de la República para fijar el bando en cuestión, el comandante Pérez Farrás, jefe de los Mozos de Escuadra de la Generalidad, mandó a sus hombres hacer fuego contra aquellos soldados. Y se generalizó el tiroteo en varios puntos de la ciudad. Mientras el Gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona estaban reunidos en sesión permanente, y la radio instalada en el palacio de la Generalidad y en la Conserjería de Gobernación no cesaba de llamar a las armas a todos los catalanes, en el local del Centro de Dependientes (C. A. D. C. I.) un puñado de hombres oponía resistencia al Ejército; el local fue destruido a cañonazos y allí cayeron muertos los catalanistas Jaime Comte y Manuel González Alba, y el comunista Amadeo Bardina.

A todo eso reinaba la inquietud en los medios oficiales de Madrid, temerosos de que en Cataluña la situación fuera tan grave como en Asturias. A las dos de la madrugada. Hidalgo, ministro de la Guerra, se fue a acostar, tranquilizado por el general Batet, que le aseguraba que con el alba se arreglaría todo. Junto al despacho del ministro, el general Franco preparaba el plan de ataque en Asturias, y el teniente coronel Yagüe era llamado con urgencia del pueblecito de Soria donde residía.

Y al romper el día, los artilleros de Batet, mandados por el comandante Fernández Unzúe, rompieron fuego contra el palacio de la Generalidad y las Casas Consistoriales, desde donde se dijo que se había tiroteado a la tropa que se dirigía a ocupar la plaza de la República y los dos edificios oficiales.

Comprendiendo que era inútil toda resistencia, el presidente Companys telefoneó al general Batet para comunicarle que se rendía y se hada único responsable de todo lo ocurrido. La bandera blanca sustituyó las catalanas izadas en los balcones principales de la Generalidad y del Ayuntamiento, y el presidente y sus consejeros Comorera, Lluhí Vallescá, Gassol, Barrera, Esteve y Mestres, el alcalde Carlos Pi y Súñer y numerosos concejales de la Esquerra y de la Unió Socialista, así como varios diputados al Parlamento Catalán y a Cortes, el comandante Pérez Farrás, algunos jefes y oficiales de Asalto, fueron conducidos a la Cuarta División, y de allí al vapor Uruguay, convertido en prisión de un Gobierno y de las principales autoridades de Barcelona y de Cataluña. El que no se entregó fue el consejero de Gobernación, Josep Dencàs, que huyó con Miguel Badía y algunos de sus hombres más comprometidos a Francia. Contra Dencàs se descargaron todas las culpas, las invectivas y hasta las más absurdas fantasías. ¿Separatista, fascista, agente provocador?

Pero el jefe del Gobierno central, que había ordenado bombardear la Generalidad, es más susceptible de ser incluido en la última categoría: desde su actuación en Barcelona a primeros de siglo hasta sus relaciones con policías monárquicos que conspiraban contra la República (Martín Báguenas), pasando por sus relaciones con Sanjurjo y con March, todo ha hecho de Lerroux uno de los personajes más confusos de nuestra historia contemporánea.

En la tarde del día 7 desembarcaba en Barcelona una bandera[16] del Tercio y un batallón de Cazadores de África, fondeaban allí varios buques de la flota y llegaban numerosos aviones. Las tropas desfilaban, a las once de la noche, entonando sus himnos bélicos; camino de los locales que en Montjuic les servían de cuartel provisional.

Mientras, en Asturias sigue la lucha…

Mientras, en Asturias sigue la lucha…

Pero la situación estaba muy lejos de aclararse y en el Madrid del domingo 7, paralizado por la huelga, los tiroteos creaban una atmósfera de expectación y nerviosismo. A partir de las ocho de la noche estaba prohibido circular por las calles; los raros transeúntes iban brazos engaito por la ciudad en tinieblas, jalonada aquí y allá por los puestos de guardias de Asalto, con silencio sólo roto, con perseverantes intermitencias, por las respuestas a los «pacos» apostados en esquinas o azoteas.

En medio de aquel ambiente, una manifestación sorprendió a los madrileños de la mañana de aquel domingo. El Consejo nacional de la Falange, reunido aquellos días, la había organizado para dar las gracias al Gobierno y «por la unidad de España». Compraron a tal efecto una bandera tricolor y marcharon desde la Castellana a la Puerta del Sol, aumentadas sus filas por la de aquellos derechistas que encontraban en el camino. Ya en la Puerta del Sol, José Antonio Primo de Rivera, encaramado a un montículo de las obras del Metro, evocó la batalla de Lepanto y afirmó que en éste su aniversario el Gobierno «nos ha devuelto la unidad de España». Subió a cumplimentar a Lerroux, quien, al referirse a aquella entrevista, ha escrito: «Me sucedía con el hijo lo mismo que con el padre: sentía por él una viva inclinación simpática».

También recibió Lerroux a numerosas personalidades monárquicas y de acentuado matiz conservador que iban a ofrecerse al Gobierno[17].

Lo necesitaba. La situación de Asturias era muy difícil, y todavía no se aclaraba la del País Vasco y otros lugares. El lunes 8, la prosecución de la huelga en Madrid contrariaba al Gobierno. Las reservas militares tenían que ocuparse de los ferrocarriles y los jóvenes radicales hacían el servicio urbano de limpieza.

En el palacio de Buenavista Franco «es realmente el general jefe de Estado Mayor del propio ministro»[18]. El general López Ochoa, inspector de la región de Asturias, Galicia y León, se hallaba al frente de las operaciones.

El Gobierno se reunió aquella noche y, a la salida, Diego Hidalgo declaró que, «en Asturias, los esfuerzos conjugados de los ejércitos de tierra y mar están a punto de lograr sus objetivos». Y Baquero, ministro de la Gobernación, afirmó por su parte: «La sumisión total de los rebeldes asturianos es cuestión de horas». Bien sabían ellos que no era verdad. Cuando salían del Consejo seguían los disparos en el paseo del Prado y Atocha, en Cuatro Caminos y Tetuán. Se frustraron aquel día dos ataques al Congreso y Correos. También otro a la Dirección de Seguridad, pero la refriega se extendió por la Gran Vía hasta la Red de San Luis. Por los barrios populares había choques en las calles de Argumosa, Ave María y por Delicias. Hubo un momento en que la estación de Las Peñuelas fue cercada por los huelguistas, que también atacaban con bombas de mano el depósito de locomotoras de M. Z. A. Pero era así mismo verdad que en el estudio del pintor Luis Quintanilla habían sido detenidos varios dirigentes del movimiento: De Francisco, Santiago Carrillo, Hernández Zancajo, Díaz Alor y Felipe Pretel. Negrín y Álvarez del Vayo consiguieron salir antes del estudio y fueron acogidos por Jay Allen, corresponsal del Chicago Tribune (detenido también durante unas horas). Prieto consiguió ponerse a buen recaudo. En cambio cayeron en manos de la policía Jiménez de Asúa, el cenetista González Inestal y Trifón Medrano, secretario de las Juventudes Comunistas.

El Gobierno iba a presentarse ante las Cortes, pero… ¿qué ocurría mientras tanto en Asturias?

El domingo 7, los mineros dominaban la situación en Oviedo: se tomó el depósito de máquinas y formó un tren para apoderarse de la estación, que cayó a las nueve de la mañana junto con los talleres. En vano se defendieron los carabineros en su Comandancia, donde murió el jefe y tres de sus hombres. Los demás se rindieron y fueron conducidos a Mieres. A mediodía caía la central de Telégrafos. Las fuerzas gubernamentales decidieron parapetarse en la torre de la catedral. También resistieron en el cuartel de Pelayo, bombardeado en vano por la tarde.

En las zonas mineras se instauró el orden revolucionario: reclutamiento para los frentes, abastecimientos, orden público[19]. José Pla ha escrito: «Los equipos de conservación de las minas fueron mantenidos y funcionaron perfectamente. Se produjeron, con normalidad, los desagües. Los hornos no se apagaron. En la zona minera, la superestructura económica fue mantenida intacta, lo que demuestra que contaron con una organización formidable»[20].

El 7 apareció en la zona de Grado la columna de López Ochoa, pero los revolucionarios, apostados en el desfiladero de Peñaflor, impidieron que continuase su progresión hacia Trubia. El 8, López Ochoa daba media vuelta y se dirigía hacia Avilés, que consiguió ocupar al día siguiente.

En Gijón, la situación de los revolucionarios se agravó con la llegada del crucero Libertad el día 7. Desembarcó primero un batallón de infantería de Marina, que no pudo pasar de Serin. El Comité revolucionario organizó el abastecimiento, un hospital de sangre y prohibió severamente todo acto de pillaje. El día 8, los obreros llegados de Cimadevilla se apoderaron de la Delegación marítima y de la Fábrica de Tabaco (donde se instaló otro hospital de sangre), pero no pudieron tomar el Ayuntamiento. Oscurecía cuando los cañones del Libertad abrieron fuego contra el barrio de Cimadevilla. La situación era cada vez más difícil.

En la zona Sur, los revolucionarios tenían cercado Vega del Rey. Llegó más fuerza del Ejército y con ella el propietario García Tuñón, para orientarle como conocedor del terreno, por lo que los obreros le quemaron su palacio de Fresnedo. Como las baterías del Ejército no cesaban de disparar sobre el valle de Pola de Laviana, los obreros respondieron atacando con un tren blindado.

Desde la madrugada del día 8, los cañones emplazados en el Naranco por los revolucionarios dirigieron el fuego sobre los reductos gubernamentales de Oviedo. Comenzó entonces el ataque contra el cuartel de la Guardia civil. Un testigo de los combates ha escrito: «El tiroteo de las ametralladoras, fusilería y el estampido de paquetes de dinamita es atronador» … «A las dos y media de la tarde el tiroteo es terrible en toda la ciudad». Volaban sobre Oviedo 18 aviones de reconocimiento y 12 de bombardeo. Hacia las once lanzaron varias bombas sobre los alrededores. Poco después empezaba el ataque decisivo contra la Fábrica de Armas, dirigido por el sargento Vázquez. Aparecieron los automóviles blindados en los que se distinguían las inscripciones U. H. P. (Unión de Hermanos Proletarios). Los obreros lanzaban paquetes de dinamita y chatarra, y un chaval de 17 años se acercó, varias veces hasta la verja de la fábrica y lanzó seis cartuchos, que encendía con un cigarrillo. «En una de éstas me matan», dijo. En efecto, a los pocos minutos, una ráfaga de ametralladora le quitó la vida.

Pero los cien hombres que defendían la fábrica no podían resistir más. A las ocho de la noche la abandonaban y se replegaban hacia el cuartel de Pelayo, situado a unos 250 metros de distancia. A las seis de la mañana la fábrica era ocupada por los obreros:

«Saltan las tapias por el lado Sur. Las mujeres de aquellos barrios les aplauden y les gritan: ¡Adelante, valientes! ¡Adelante, adelante, que la fábrica es vuestra!»[21].

El botín fue el siguiente: 21 115 fusiles y mosquetones, 281 fusiles ametralladores y numerosas ametralladoras pesadas.

Aquel mismo día, el Comité revolucionario de Oviedo publicaba un bando proscribiendo todo acto de pillaje, llamando a constituir la Guardia roja con medidas encaminadas a organizar el abastecimiento[22].

En el resto del país la lucha no había cesado, pero estaba enteramente desarticulada por la ausencia de un centro de dirección nacional En Vizcaya y Guipúzcoa la huelga era todavía total[23]. Durante el domingo 7 no cesaron los tiroteos en San Sebastián, donde los obreros, obligados a retroceder hacia el monte Ulía, continuaron allí su resistencia. También menudearon los encuentros armados en Bilbao y su zona minera. La huelga era total en Valencia, Málaga, Alicante, Granada, Sevilla, Vigo… En Barcelona, ocupada militarmente, cesó el lunes 8, por falta de visión revolucionaria de la C. N. T.[24]. Hubo igualmente choques armados en distintas localidades: Reinosa, zona minera de Huelva, Villarrobledo (Albacete), donde los obreros se apoderaron del Ayuntamiento y se atrincheraron allí. El Gobierno envió tropas desde Córdoba contra los mineros de Linares y La Carolina; la Guardia civil, secundada por el Ejército, tomó por asalto las Casas del Pueblo de esa zona minera, tras enconados combates con muertos y heridos por ambas partes. Pero ¡faltaba una dirección central y unificada! Como ha escrito Ramos Oliveira, «en las grandes capitales, el pueblo estaba preparado psicológicamente para una huelga política, antifascista, pero no para luchar por la conquista del Poder»[25].

«Un alto en el camino»

«Un alto en el camino»

Las Cortes se reunieron el 9 por la tarde. Ausentes los diputados de izquierda, el Gobierno obtuvo la adhesión entusiasta de los restantes. Ese mismo día, en Barcelona, en el domicilio del doctor Gubern, era detenido Manuel Azaña. El mismo percance fue el de Luis Bello, y a uno y a otro la prensa derechista cubrió de improperios y de infamias. Lerroux ha escrito después: «Tenía el íntimo convencimiento de que el personaje (Azaña) no había ido a Cataluña a conspirar y mucho menos a participar en la rebelión». Parece ser que el jefe del Gobierno telegrafió a la autoridad judicial para comunicarle «que no veía la flagrancia del delito» que permitiese detener al diputado Azaña. No le hicieron caso (¿mandaba él, en realidad?) y se calló. Azaña ingresó en calidad de procesado en el destructor Sánchez Barcáiztegui, anclado también en Barcelona.

Quedaba Asturias. Los mineros no se rendían. Para impedir que pudiesen progresar, el coronel Aranda desplegó un dispositivo en arco de unos 150 kilómetros, desde Galicia hasta Palencia, cerrando todos los accesos a Castilla. Legionarios y Regulares, «esas tropas mercenarias que España paga para que la sirvan» —dijo Hidalgo en el Congreso— eran enviados cada día en mayor número hacia Asturias.

El día 10, los aviones militares volaban sobre Oviedo invitando a la rendición. Sin embargo, un tren blindado atacaba todavía el cuartel de Pelayo, en cuyo patio se posó un autogiro a las tres de la tarde, con el teniente coronel Yagüe a bordo, que poco después prosiguió su ruta hacia Gijón. La columna de López Ochoa, que había salido de Avilés hacía veinticuatro horas, llegó hasta «La Corredera», a dos kilómetros y medio del cuartel de Pelayo, pero no pudo conquistar las posiciones de los obreros, pese a que éstos eran bombardeados por un avión.

En Gijón habían fondeado el Jaime I y el Miguel de Cervantes, el primero de los cuales embarrancó. Saltaron a tierra la Sexta Bandera del Tercio y el batallón de Cazadores de África n.º 8. A las cuatro de la tarde establecían contacto las fuerzas del Tercio y las del Ejército que había en Gijón. Llegó el general Rogelio Caridad Pita, que se hizo cargo de la plaza.

Pero la situación no cambió en el resto de Asturias. En Grado, los obreros eran otra vez dueños del terreno. El Comité, instalado en d Ayuntamiento, lanzó una proclama: «El proletariado de toda España, con un valor y una heroicidad desconocidos, se bate con las fuerzas que aún defienden, aunque en los estertores de la agonía, el régimen de explotación».

En La Felguera, donde se organizó el racionamiento, médicos y farmacéuticos colaboraban con los revolucionarios, pero no así los comerciantes[26].

En cuanto a Mieres, pese al bombardeo de la aviación, que causó diez muertos y varios heridos, el Comité continuó organizando la lucha, y el general Bosch siguió cercado en Vega del Rey, de dónde sólo, pudo salir, para; Campomanes, el día 12, pese a que el día 9 el ministro de la Gobernación había declarado: «Están en poder del Ejército, Ujo y Mieres».

El jueves 11, la lucha fue violentísima. Los mineros intentaron en vano asaltar la catedral de Oviedo, mientras 21 aviones de reconocimiento y cinco de bombardeo protegían la columna de López Ochoa. En el hospital de Oviedo se agotó el material de curas y no había ya gasa para esterilizar. No obstante, once médicos voluntarios trabajaban aún sin descanso en el hospital y en la casa de socorro. A la caída de la tarde, López Ochoa; reforzado por dos compañías de Infantería procedentes de Avilés, consiguió llegar al cuartel de Pelayo.

El Comité se reunió, bajo la presidencia de González Peña, y se pensó ya en la evacuación. En efecto, al día siguiente llegó a Gijón otra bandera del Tercio y un tabor de Regulares y de allí partió la columna mandada por Yagüe, que llevaba además artillería.

No desfallecían los obreros, a pesar de que el día 12 los aviones lanzaron proclamas que decían: «Rebeldes de Asturias. ¡Rendíos! Es la única manera de salvar vuestras vidas…». Pero en Trubia los obreros trabajaban dos tumos en la fabricación de proyectiles, y equipos de mujeres preparaban los saquetes para empaquetar la carga de los cañones.

A mediodía del 12. Yagüe inició el asalto, al mando de una bandera del Tercio, un tabor de Regulares, un batallón de Cazadores de África y una batería de artillería, protegido por seis aviones y un trimotor. La Fábrica de Armas fue ocupada por moros y legionarios a las cinco de la tarde, pero la lucha siguió rabiosa, casa por casa.

El 13 por la mañana, cuatro aviones bombardearon la estación del Norte. Atacaban legionarios y regulares, pero la resistencia era encarnizada. A mediodía, las tropas mercenarias, mandadas por un ruso blanco, el teniente Dimitri Iván Ivanof, tomaron la estación.

En la iglesia de San Pedro de Arcos, a 300 metros de dicha estación, una ametralladora empuñada por la joven comunista Aída Lafuente y servida por otra muchacha, resistió impávidamente protegiendo la retirada de las columnas obreras. Moros y legionarios avanzaban con penas, palmo a palmo y dieron muerte a Aída, que no había abandonado su ametralladora. Poco después Yagüe entró personalmente en la iglesia. Eran las tres de la tarde. A las cuatro, las tropas desfilaban por la calle Uría y, a su cabeza, el abanderado era un moro. Se luchaba todavía en los alrededores de la Universidad y del Ayuntamiento y sólo al atardecer, se retiraron los mineros hacia San Lázaro.

Hasta el domingo 14 no consiguieron ocupar los del Tercio el Ayuntamiento. Teodomiro Menéndez fue detenido en una casa de la calle de Félix Aramburu.

En Madrid, ese mismo día, lo fue Largo Caballero en su domicilio. El Gobierno, tras titubeos y falsas noticias, pudo anunciar, de verdad, la reconquista de Oviedo. El ultraderechista diario El Siglo Futuro proclamó: «El Ejército es hoy la encarnación de España».

Pero la zona minera resistía. Y en Oviedo, todas las fuerzas de la Legión (dos banderas), Regulares, Cazadores y Artillería, mandadas por Yagüe, necesitaron aún dos días para desalojar a los obreros de Villafría y San Lázaro. La fábrica de Trubia no fue ocupada hasta el 17 por la noche.

En el frente de Campomanes y Vega del Rey llovía torrencialmente. El 14 había llegado el tercer tabor de Regulares mandado por el teniente coronel Sáenz de Buruaga. Al día siguiente, el general Balmes reemplazó a Bosch. El 18 llegó la tercera bandera del Tercio. Pero los mineros no cedían un palmo de terreno. Todavía el día 15 salieron más hombres de Mieres para el frente de Vega del Rey. En el frente de Pola de Siero resistieron hasta el día 17.

Ese mismo día se organizó en Grado una columna para socorrer a los de Trubia, pero, atacados por el Ejército, tuvieron que aprestarse a la defensa. Bajo una lluvia diluviana hicieron retroceder a los gubernamentales hasta Pravia. Al día siguiente, las columnas obreras se retiraban en buen orden.

Pero se acercaba el final, López Ochoa envió un parlamentario a Sama para que los obreros se rindiesen y exigiendo la entrega inmediata de la cuarta parte del Comité provincial y que no se disparase un tiro sobre las tropas cuando éstas avanzaran. El Comité provincial revolucionario, formado por socialistas y comunistas, examinó la cuestión. En su nombre, Belarmino Tomás aceptó la rendición con la condición de que las tropas moras no entrasen en cabeza. López Ochoa aceptó. Ese mismo día, el Comité Provincial Revolucionario de Asturias publicó el siguiente manifiesto:

«A todos los trabajadores.

»El día 5 del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra la burguesía y después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de gobierno, ofreciendo alternativas de ataque y defensa ponderadas, estimamos necesaria una tregua en la lucha, deponiendo la lucha en evitación de males mayores. Por ello, reunidos todos los Comités revolucionarios con el provincial, se acordó la vuelta a la normalidad, encareciéndoos a todos os reintegréis de forma ordenada, consciente y serena, al trabajo.

»Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. La diferencia de medios de lucha, cuando nosotros hemos rendido tributo de ideales y hombría en el teatro de la guerra, y el enemigo cuenta con elementos modernos de combate, nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud extrema. Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto “surmenage”. Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase histórica: Al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer.

»¡Todos al trabajo y a continuar luchando por el triunfo! 18 octubre 1934».

En la plaza de Sama. Belarmino Alonso dirigió la última alocución a los mineros armados.

Al día siguiente, las tropas que tenía desplegadas el general Aranda descendieron para ocupar la zona minera. Los miembros del Comité no salieron hasta el último minuto, después de organizar la evacuación clandestina de los militantes más comprometidos. Muchos de ellos continuaron una lucha desigual en las montañas. Muy pronto, legionarios y regulares implantaban el terror en las zonas mineras. Cuatrocientos guardias civiles se encargaron de una labor especial de «limpieza». El juez Alarcón fue enviado a Asturias como juez especial instructor. También el comandante Doval, de la Guardia civil, fue allí para «recuperar las armas», organizar los registros y dirigir la represión. Las estadísticas oficiales, confeccionadas por la Dirección general de Seguridad, dieron como resultado total de víctimas el número de 1335 muertos y 2951 heridos. De ellos 1051 muertos y 2051 heridos están calificados de «paisanos», lo que equivale a decir que, salvo algunas excepciones, pertenecían a los revolucionarios. En las fuerzas gubernamentales, fue la Guardia Civil quien tuvo mayor número de muertos (100), pero en heridos el número más elevado fue el del Ejército, cuyas bajas por ese concepto se elevaron a 550. Esta estadística es de orden nacional y refleja también la importancia de los combates habidos en Barcelona y Madrid. Para Asturias-León los datos son 1105 muertos, de ellos 866 revolucionarios; 2104 heridos, de los cuales 1465 entre los revolucionarios (el Ejército tuvo allí casi 500 heridos).

La estadística de la Dirección General de Seguridad refleja también la gravedad de los choques habidos en Vizcaya, Guipúzcoa, Zaragoza (provincia), Santander (provincia). No obstante se observa a veces excesivo optimismo en sus datos. Por ejemplo, en la casilla «Días que duró la revuelta» pone «10» en Asturias. En cambio pone la misma duración para Vizcaya; e insospechadamente pone 12 días en Málaga.

Al mismo tiempo, cerca de 40 000 personas eran encarceladas en Asturias, País Vasco, Cataluña, Madrid y otros lugares de España.

El movimiento de octubre preparado, en realidad, por el Partido Socialista, con un programa que sólo fue conocido después[27], tuvo proyecciones muy diversas. Como movimiento central fue ineficaz desde que fracasó su realización en Madrid, proyectada a base de golpes de manó audaces por grupos reducidos de combate. En Asturias fue una verdadera revolución obrera, con órganos de poder, administración, sistema de transportes y abastecimientos, etc., secundado por la masa del pueblo[28]. En el País Vasco se frustró, probablemente, por falta de organismos de dirección. Lo sucedido en Barcelona fue un levantamiento de un Gobierno autónomo, representante de la pequeña burguesía, que no combatió y apoyado por una minoría obrera, a causa de la ausencia total de unidad. En el resto del país hubo una huelga general política llevada a cabo por las organizaciones obreras, con la simpatía, por lo general pasiva, de los partidos republicanos.

Una victoria pírrica. Lerroux en el Poder

Una victoria pírrica. Lerroux en el Poder

Dominado el movimiento revolucionario, clausuradas las Casas del Pueblo, suspendida la mayoría de la prensa obrera, la situación no era, sin embargo, cómoda para el Gobierno Lerroux. La derecha se creía en el momento de poder exigirlo todo. Así, por boca de Calvo Sotelo y de otros extremistas de derecha, se exigió de las Cortes, al reanudarse las sesiones el 6 de noviembre, la dimisión de Samper e Hidalgo. Calvo Sotelo, enarbolando, como prueba, la prensa obrera clandestina, dijo que «los revolucionarios se rehacen moral y espiritualmente». Samper e Hidalgo fueron catapultados del Gobierno. (Hidalgo ha sido después reivindicado por la derecha española). Lerroux se hizo cargo de la cartera de Guerra y Rocha de la de Estado. La represión seguía implacable en Asturias. Las Cortes (sin diputados de izquierdas) suspendían transitoriamente la aplicación del Estatuto de Cataluña, aunque los monárquicos y tradicionalistas querían la derogación pura y simple.

Al socaire de la situación que las derechas consideraban exclusivamente «salvada» por el Ejército, crecieron los rumores de golpe de Estado. El editorial del 22 de octubre de Le Temps, de París, se hacía eco de los rumores de dimisión de Alcalá Zamora y de la formación de un Directorio militar presidido por Franco. A título de curiosidad, cabe señalar que José Antonio Primo de Rivera se había dirigido a Franco, sin, por cierto, obtener respuesta, el 24 de septiembre, ofreciéndole su apoyo para un golpe militar[29]. En un Consejo de ministros, Alcalá Zamora pasó al contraataque y preguntó a Hidalgo sobre ciertos Comités de oficiales que amenazaban dar un golpe de Estado. Contestó el ministro de la Guerra citando atropelladamente el nombre de dos coroneles y el presidente de la República le replicó claramente que conspiraba con varios generales. La verdad es que Alcalá Zamora se batía en aquel momento por evitar que la situación se agravase. Comprendía, además, que la condena a muerte, por tribunales, de sublevados de octubre sería un gravísimo error político. La lucha empezó por el caso Pérez Farrás, condenado a última pena. El Gobierno acordó «darse por enterado de la sentencia», esto es, aprobarla. Entonces el presidente de la República convocó un Consejo para plantear de nuevo la cuestión. Lerroux ha escrito: «Los ministros empezaron a mirarse unos a otros… Mañana se diría que habíamos disputado como lobos hambrientos la cabeza de un hombre y que el único que había mantenido sentimientos humanos era Su Excelencia». Se decidió, pues, que el caso pasase a informe del Tribunal Supremo.

Mientras tanto. Lerroux no perdía su tiempo en el interinato del ministerio de la Guerra, en pugna constante con el presidente de la República. «Todos los, coroneles le parecían sospechosos», cuenta Lerroux de Alcalá Zamora. Y prosigue: «Yo le puse a la firma el ascenso del general Franco y luego su destino a África. Y cuando hubo una vacante de general que correspondía normalmente a Fanjul, no vacilé…». También propuso para otros mandos y ascensos a Millán Astray y Goded.

Por fin, el Supremo devolvió el expediente Pérez Farrás. No ponía objeciones. Los ministros creían que debía cumplirse la sentencia. No tenían el valor de afrontar la opinión pública ni tampoco a Alcalá Zamora, que les recordó que algunos de ellos habían pedido clemencia para Sanjurjo. Y rectificaron. El 2 de noviembre se indultó a Pérez Farrás[30]. La historia debe retener esta confesión de Lerroux, tres años después: «Con el alma en la pluma declaro que ni mi voluntad ni mi corazón pusieron nada en aquel acto de clemencia».

Pero siguieron otras condenas a muerte. González Peña fue detenido y también condenado a la última peña. La actitud ante la represión iba a servir de línea divisoria de la política española. Si tomamos un periódico de la época, no se leen más que noticias de represión y Consejos de guerra. Por ejemplo, el ABC del 31 de diciembre: Consejo de guerra contra el sargento Vázquez, intento de suicidio de Teodomiro Menéndez en la cárcel de Oviedo, hallazgos de armas en Asturias, suscripciones para la Guardia civil, suplicatorio contra González Peña, Consejos de guerra en Avilés y Oviedo, Consejos de guerra en Sevilla y Huelva, Consejos de guerra en Barcelona y Orense, detenciones en San Sebastián…

Y una queja, un grito de rencor en toda la derecha: a falta de pruebas contra él, Manuel Azaña era puesto en libertad el 28 de diciembre.

En ese momento se produjo una grave discrepancia en la derecha española: Gil Robles y los suyos querían conquistar el Poder por la vía pacífica. Calvo Sotelo y la extrema derecha no pensaban sino en derribarlo todo por la violencia. Aquel mes de diciembre de 1934 se formó el Bloque Nacional. Su primer manifiesto declarando que «la revolución no está vencida todavía» lo firmaban, entre otros, Goicoechea, Calvo Sotelo, el duque de Alba, Rodezno, Pradera, Yanguas, Areilza, Sáinz Rodríguez, Lequerica, el padre Gafo, Lamamié de Clairac. Ansaldo, tránsfuga de Falange, organizaba las guerrillas del Bloque, uniformadas con camisa gris, que pronto contaron con un millar de hombres. Un incidente epistolar entre Calvo Sotelo y Gil Robles puntuó las diferencias entre C. E. D. A. y Bloque Nacional.

También en el Partido Socialista continuaba la lucha de tendencias. La mayoría seguía al ala izquierda de Largo Caballero. Las Juventudes publicaban clandestinamente un folleto titulado Octubre, en el que se preconizaba «la bolchevización del Partido Socialista, la expulsión del reformismo, la eliminación del centrismo de los puestos de dirección, el abandono de la Segunda Internacional, la unificación del proletariado español en el Partido Socialista». Comenzaron a funcionar los Comités de enlace de las Juventudes Socialistas y Comunistas. En marzo de 1935, se creó el Comité nacional de Ayuda a los presos, en el que participaban los partidos y juventudes socialistas y comunistas, así como las organizaciones juveniles de los partidos republicanos.

Mientras tanto, en las esferas del Gobierno, Lerroux y Gil Robles forcejeaban. Salió Villalobos de su ministerio y fue reemplazado por Dualde. Dimitió luego Martínez de Velasco. Se hablaba de una reforma constitucional por iniciativa de Alcalá Zamora. Por fin, a últimos de enero, se modificó el Gobierno, aunque con pocos cambios: el radical Abad Conde entró en Marina y Lerroux siguió con la cartera de Guerra. No había ya ministros sin cartera. Pero el sargento Vázquez, condenado a muerte, había sido ejecutado. Crecía el divorcio entre las Cortes de centro-derecha y la opinión popular. La extrema derecha y la C. E. D. A. exigían la ejecución de González Peña, Teodomiro Menéndez y de otros dieciocho condenados a muerte. En la presidencia, Lerroux intentaba maniobrar: «El Partido Radical —decía a los periodistas el 23 de marzo— es el eje de la vida política española… gira ahora hacia la derecha porque la opinión le ha impulsado en ese sentido». Pero una gran parte de la opinión aclamaba a Álvaro de Albornoz al pronunciar su conferencia en el Ateneo de Madrid, que apoyaba las denuncias ante las Cortes de las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas, hechas por los diputados Gordón Ordax y Bolívar. Al otro extremo. Calvo Sotelo echaba manó de burdos tópicos: «Teodomiro Menéndez y González Peña —decía en un acto en Villarreal— serán indultados por Lerroux, ya que éste se comprometió a ello con las logias masónicas del extranjero». Los gubernamentales hablaban, sin interesar a nadie, de reforma de la Constitución. La coalición derecha-centro dejaba al desnudo su carácter clasista al negarse a aceptar el proyecto del ministro Jiménez Fernández, que sostenía lealmente los principios del cristianismo social. La ley de Arrendamientos rústicos concedió a los propietarios toda suerte de ventajas para prorrogar o anular Los contratos. Cuando Jiménez Fernández quiso legislar en favor de los yunteros de Extremadura, una voz de los escaños de la derecha le apostrofó: «Si desea usted quitamos las tierras con encíclicas en la mano, terminaremos haciéndonos cismáticos».

La C. E. D. A. pasó a la ofensiva y El Debate exigía que se cumpliesen las sentencias de muerte. La situación gubernamental se hacía más tensa porque Pita Romero (embajador en el Vaticano y muy amigo de Alcalá Zamora) sorprendió por azar una conferencia telefónica del nuncio Tedeschini con Roma en que se probaba su intervención en favor de la C. E. D. A.

El 29 de marzo se celebró Consejo de ministros y Lerroux y los radicales hicieron marcha atrás. Se trataba, según él, de «no dejarle a Su Excelencia la iniciativa de la campaña», puesto que campaña había en favor del indulto. El Gobierno aprobó, con el voto en contra de los ministros cedistas, de Cid y de Dualde, la conmutación de todas las penas muerte. No hubo sangre, pero sí crisis provocada por los ministros cedistas.

Consultas. Cabildeos. La C. E. D. A. pedía seis carteras, entre ellas la de Guerra. Por fin, el 3 de abril, Lerroux formó gobierno con radicales e independientes[31]. En verdad, se trataba tan sólo de un gobierno puente.

Todo estaba previsto. Al mes justo, Lerroux planteaba la crisis. La C. E. D. A. tuvo sus seis carteras y Gil Robles el ministerio de la Guerra[32]. Seis ministros de la C. E. D. A., tres radicales, un agrario, un liberal demócrata, dos «independientes». Triunfaba la derecha, el «orden». La mayoría de los ministros no eran republicanos en abril de 1931, ni siquiera en diciembre del mismo año. Los «sospechosos» Guerra del Río y Jiménez Fernández habían sido eliminados. La oligarquía agraria castellana, la jerarquía eclesiástica, los hombres de negocios estaban allí representados. Chapaprieta, hombre de confianza de los Consejos de administración. Portela, consejero del Banco Central, gran accionista de Minas del Rif y de otras empresas. Casanueva, el «cediste», notario de la gran burguesía y al mismo tiempo terrateniente salmantino… Todo entraría, por fin, en orden. Ya las empresas habían aumentado sus beneficios y los bancos los suyos. Los órganos de prensa de las Juventudes de Acción Popular pedían «todo el Poder para el Jefe»… Sin embargo, la extrema derecha estimaba que el peligro revolucionario no podría evitarse sino derribando la República e instaurando un régimen autoritario. No por eso dejaban de votar a este Gobierno, con nueve ministros exmonárquicos que creían cumplir una etapa en la que se facilitaría el logro de sus fines. El 13 de mayo, el general Franco eran nombrado jefe del Estado Mayor Central. El general Fanjul ocupaba la Subsecretaría de Guerra. El general Goded, la Dirección general de Aeronáutica[33].

La derecha se prepara, la izquierda se une

La derecha se prepara, la izquierda se une

Aquellos cuyo objeto era el derrocamiento de la República por la violencia acrecentaron sus actividades. Desde Bélgica, por mediación de José Luis Oriol (tradicionalista y financiero) se fletó un barco con 6000 fusiles, 150 ametralladoras pesadas, 300 ligeras, 10 000 bombas de mano y cinco millones de cartuchos. No se olvide que había el dinero de Mussolini. Las autoridades belgas decomisaron el cargamento, pero las ametralladoras llegaron a España. El rey de los belgas intervino personalmente para que se liquidase el embargo. Por su parte, Lizarza consiguió de la casa Mauser mil pistolas con culata de fusil y su munición correspondiente que llegaron a Pamplona por la frontera francesa, en la que tenían establecidos numerosos pasos clandestinos de montaña. Otras mil pistolas llegaron a Pasajes, desde San Juan de Luz. El inspector nacional de Requetés era entonces el teniente coronel Rada, que se había pasado de Falange a los tradicionalistas, pero el jefe supremo era Varela. Funcionaba en San Juan de Luz una Junta militar carlista y, desde Estoril Sanjurjo, mantenía relación constante con Fal Conde. Dice Lizarza: «Sanjurjo se entregó al carlismo, volvió a ser carlista de nuevo». Meses antes había declarado a la prensa, por intermedio de Martínez de Velasco, «que se encontraba totalmente alejado de los vaivenes de la política española, no interesándole ninguno de los rumbos que tome y deseando vivir tranquilo».

La Unión Militar Española cobraba importancia. Entraron en ella Goded y otros jefes de relieve. La Junta de esta organización clandestina estaba compuesta, en 1935, por los siguientes militares: Barba Hernández, Rodríguez Tarduchy. Arredondo, Rada, Sánchez Sacristán y de la Cámara. Poco después se incorporaron a sus tareas los generales Sanjurjo, Fanjul, Mola, Villegas, Orgaz, Barrera y Fernández Pérez.

También Falange pensaba en el levantamiento armado. En junio, «la Junta Política», reunida en el Parador de Gredos, decidía ir a la insurrección[34].

Es curioso que, según el historiador tradicionalista Iribarren, también por aquella época, los requetés pensaban en una insurrección que debía partir de la frontera portuguesa por Aracena (Huelva) y la sierra de Gata (Cáceres).

Esta situación tenía su origen probable en la carta dirigida a los militares por José Antonio Primo de Rivera, en noviembre de 1934, afirmando «él deber del Ejército de reemplazar, una vez más, al Estado inexistente». Según el ministro Vaquero, habían llegado hasta él informes, durante aquel invierno, de las relaciones entre Falange y militares. No obstante, las decisiones del Parador de Gredos no tuvieron muchas consecuencias. Barba, en nombre de la U. M. E., manifestó su disconformidad con el Gobierno sugerido por José Antonio Primo de Rivera y, negando así la colaboración militar, le disuadió de sus propósitos[35].

En la acera de enfrente, la experiencia de los últimos meses, la significación del Gobierno y el temor al fascismo, estimulaban la unión de las izquierdas, asistidas por una opinión popular que comprobaba el peligroso camino de los gobiernos Samper y Lerroux, con «cedistas» o sin ellos.

La derecha había querido cebarse en la persona de Azaña, no desdeñando las injurias de mal gusto ni las acusaciones que, al ser fácilmente rebatidas, se volvieron contra los acusadores. Esa agresividad hizo de Azaña, de rebote, la figura más popular en aquel momento. Y sus famosos discursos «en campo, abierto» —de Mestalla en Valencia (26 de mayo) y de Comillas en Madrid (20 de octubre)— fueron, a la vez que gigantescas movilizaciones de masas, dos hitos en la formación de la unión de izquierdas.

En Mestalla, ante ochenta mil personas, en acto presidido por Juan Peset, catedrático de Medicina y presidente de Izquierda Republicana de Valencia, Azaña dijo: «Hay que elaborar, en los problemas esenciales y urgentes del Estado, un programa de acción política que puedan apoyar todos los partidos de izquierda (…) La condición fundamental, hoy por hoy, es la unión electoral de las izquierdas».

Azaña puso todo su empeño en una contienda electoral que estimaba próxima y, expresándose en términos moderados, dijo que había que «poner a la sociedad española la vacuna del reformismo social que le librase, el día de mañana, de la viruela negra», es decir, de la revolución. Aquel mismo día concentró Gil Robles sus huestes en Uclés, sin mucho éxito. Perseveró y el 30 de junio logró dos concentraciones simultáneas, en Mestalla y Medina del Campo.

A comienzos de junio se vio ante el Tribunal Supremo la causa contra Companys y los consejeros de la Generalidad, defendidos por Ossorio y Gallardo, Jiménez de Asila, Barcia y Ruiz Funes. El Tribunal, presidido por Fernando Gasset, accedió, por mayoría de votos, a la petición fiscal y condenó a todos los acusados a treinta años de prisión.

Mientras el Gobierno de Cataluña emprendía el camino del presidio, los diputados de la reacción intentaban destruir la obra de las Constituyentes. Así, el 4 de julio, Lerroux leyó ante las Cortes el proyecto de reforma de la Constitución, que suponía un cambio esencial no sólo en materia de relaciones del Estado con la Iglesia, sino por lo que significaba de restricción de las autonomías regionales, posibilidad de crear un Senado, supresión del artículo 44 en lo referente a expropiación o socialización, etc., etc. La reforma afectaba a 42 artículos. Pero aprobar este proyecto equivalía a la disolución automática de las Cortes y a la convocatoria de elecciones. Y los partidos en el Poder eran los primeros en no desear el poner en marcha ese mecanismo. La extrema derecha declaraba, por boca de Calvo Sotelo: «El problema no es de revisión sino de sustitución». Como se requería una mayoría de dos tercios, fácil resultó pretextar que no se obtenía con los únicos votos gubernamentales. También se peroró en vano sobre una nueva ley Electoral. Se votó, en cambio, una ley de Contrarreforma agraria para complacer a los terratenientes. Y sólo se removieron las aguas, ya estancadas, de aquellas Cortes, al discutirse la ley de Restricciones, propuesta por Chapaprieta, según la cual no se podían aumentar los créditos previstos en el presupuesto ordinario para idénticos servicios, aprobada en los días tórridos de fines de julio.

Aquel verano conocía ya Alcalá Zamora el asunto del straperlo. Se trataba de un juego muy científico de ruleta que permitía ganar siempre al banquero, cuya autorización había gestionado el holandés Daniel Strauss en los medios oficiales, gracias a más de un soborno, y el aparato en cuestión llegó a funcionar en el casino de San Sebastián. Pero de pronto, desde el Gobierno, negaron el permiso y toda indemnización al holandés. Contraatacó Strauss, sin reparar en los medios para ello. Aurelio Lerroux (hijo adoptivo del jefe del Gobierno) y otros conspicuos radicales resultaban complicados en el asunto. Discutieron del caso el jefe del Estado y el del Gobierno. No extrañó, pues, a nadie que al plantearse la necesidad de reajustar el Gobierno de acuerdo con la ley de Restricciones —y también las dimisiones de Royo y Velayos—, y declarar Lerroux la crisis de su ministerio, el 19 de septiembre, Alcalá Zamora no le ratificara la confianza.

Fracasado un intento de Santiago Alba, el día 29, Chapaprieta consiguió formar su primer Gobierno[36]. Este ministerio lo componían, además del presidente, tres radicales, tres «cedistas», un agrario y uno de la Lliga. Dato curioso: en el último Consejo de ministros presidido por Lerroux, éste obtuvo el nombramiento de Martín Báguenas para director general de Seguridad. Se trataba del jefe de la brigada político-social en tiempos de la Monarquía y conspirador asalariado más tarde en la trama que llevó al 10 de agosto de 1932… Lerroux, según declara en sus Memorias, lo había puesto a su inmediato servicio. Cayó el Gobierno y no se habló más del asunto: Alcalá Zamora había hecho desaparecer el decreto antes de su promulgación.

Pero aquellos gobiernos, aquel tejemaneje de radicales, cedistas y agrarios, estaban cada día más alejados de la opinión. Un acto público de Manuel Azaña había de servir de aglutinante al conglomerado popular. Impidió el Gobierno que el acto tuviese lugar en la Plaza de Toros de Madrid. Se habilitó entonces la vasta explanada de Comillas, al sur de la ciudad. Fue aquélla una verdadera «marcha» de las izquierdas sobre Madrid, realizada en el más perfecto orden. El 20 de octubre se congregaban allí cuatrocientas mil personas procedentes de todos los rincones del país.

Hasta el derechista Ya reconocía: «La concurrencia puede calcularse en más de 200 000 personas».

Azaña criticó la labor gubernamental, pidió la convocatoria de elecciones. Mucha más importancia que el discurso tuvo el acto en sí. Había llegado el momento de la unión. Y pronto se abrieron conversaciones para ello. La impresión era tan fuerte en España que alcanzó a los más diversos sectores.

El espíritu de unidad obrera estimulaba esta otra más amplia. Ya el 2 de junio, el Partido Comunista, por boca de su secretario general. José Díaz, había propuesto una «concentración popular antifascista».

Del 25 de julio al 17 de agosto, el VII Congreso de la Internacional Comunista, reunido en Moscú, había aprobado el informe de Dimitrov, que establecía la táctica del Frente Popular, alianza con las clases medias y sus partidos, a base del frente único de la clase obrera, para cerrar el paso a la ofensiva fascista. «Hoy en día, en una serie de países capitalistas, las masas trabajadoras tienen que elegir concretamente, por el momento, no entre la dictadura del proletariado y la democracia burguesa, sino entre la democracia burguesa y el fascismo»[37].

La política exterior de la Unión Soviética estaba igualmente dominada por la preocupación de reunir, todas las fuerzas democráticas contra el fascismo de Berlín, Roma y Tokio. En septiembre de 1934, la U. R. S. S. había entrado en la Sociedad de Naciones. En mayo de 1935 se firmó el pacto franco-soviético.

Después del Congreso de Moscú, y de las experiencias de unidad popular realizadas en Francia, José Díaz propuso la creación del Bloque popular antifascista, del mismo modo que su partido propuso al Partido Socialista desarrollar las Alianzas, realizar la unidad sindical y crear el citado Bloque popular (de hecho, la C. G. T. U., de influencia comunista, ingresó en la U. G. T.  en el mes de diciembre).

En las organizaciones juveniles progresó la unidad de socialistas y comunistas y se creó el Frente de Juventud, que reunía además las secciones juveniles de los partidos republicanos.

Creció así mismo la corriente de izquierdas entre los estudiantes. Reorganizada la dirección nacional de la F. U. E.  en abril de 1935, con estudiantes del conjunto de la izquierda se reconstruyeron o fortalecieron sus organizaciones en todas las Universidades que, de nuevo, dejaron de estar dominadas por los grupos falangistas y tradicionalistas. La F. U. E. , privada de sus locales en la Universidad y de su representación en los claustros, ganó en cambio en actividad. En octubre organizó, en unión de los profesores, mítines de apertura de curso. Se enlazó con los obreros a través de las Universidades Populares y su teatro La Barraca llevó a los campos Fuenteovejuna, mientras sus actividades deportivas reunían cada vez mayor número de estudiantes. En diciembre de 1935, la U. F. E. H., que contaba entonces con 15 000 afiliados, celebraba su II Congreso extraordinario.

En este clima estalló ante la opinión el feo asunto del straperlo ya citado. No le faltaba razón a Romanones al decir que se trataba de «sobornos de calderilla». Pero el soborno tomó estado ministerial, parlamentario y público. La opinión desprecia más que apostrofa; hay bromas y chascarrillos sin fin. Del escándalo parlamentario y su consiguiente Comisión investigadora salió la prueba de la culpabilidad de Benzo, subsecretario de Gobernación, Sigfrido Blasco, Aurelio Lerroux, Salazar Alonso… Era la crisis. Lerroux y Rocha tuvieron que salir del Gobierno, en el que entraron dos radicales de poca significación, Bardají y Usabiaga, que fueron respectivamente, a Instrucción Pública y Agricultura, Industria y Comercio. Martínez de Velasco se encargó de la cartera de Estado.

Aunque se mantenía el mismo equilibrio de fuerzas, el Gobierno estaba herido en el ala. Estalló un nuevo escándalo a propósito de un cohecho en un asunto de suministro de barcos para Guinea, en el que resultó directamente complicado el que había sido subsecretario de la Presidencia con Lerroux. El ambiente se enrarecía por momentos, con lo que Gil Robles vio llegada la hora de forzar la situación: que le diesen el Poder o celebrar elecciones. Y planteó la crisis/con el pretexto de la política económica de Chapaprieta. El 10 de diciembre se abrían las consultas en Palacio. Declinó Chapaprieta, fracasó Martínez de Velasco y la C. E. D. A. se encerró en esta disyuntiva: el Poder a Gil Robles o la disolución de Cortes. El día 12 se creyó que Miguel Maura, llamado por Alcalá Zamora, iba a formar gobierno. Imposible: Gil Robles se encastillaba en la intransigencia. Nuevos conciliábulos. Por fin, el día 13, el país se enteró de que Portela Valladares había aceptado el encargo de formar gobierno.

Política extranjera

Política extranjera

El peligro de guerra crecía en el mundo. Mussolini amenazaba y la Sociedad de Naciones no sabía qué hacer. El 4 de octubre de 1935, las divisiones de la Italia fascista invadían el territorio etíope. La guerra había comenzado. Todos hablaban de sanciones, cero Samuel Hoare, en el Foreign Office, deseaba contemporizar con Mussolini, que comprendió que la agresión era rentable. Por su parte, el Gobierno español compartía el criterio de «apaciguar» al dictador de Roma, que era el de las cancillerías de Francia y Gran Bretaña. Toda la opinión española estaba a favor de Etiopía, pero el Gobierno, sostenido en la prensa por ABC y El Debate, insistía en su prudente reserva.

Sobre este particular hubo algo más inaudito, que pasó desapercibido en aquel tiempo. Azaña tenía una concepción muy particular sobre Italia. Pensaba él que «la política internacional de un país se hereda de régimen a régimen» y estimaba que dentro de esa política se hallaba el mantenimiento de una Italia fuerte.

La actitud del Gobierno era otra cosa: respondía a un criterio muy definido. Dentro de él entraba el estrechamiento de lazos con la dictadura portuguesa. El 10 de octubre, Oliveira Salazar daba una nota oficiosa sobre la aproximación franco-española y el exministro de Estado Vasco Borges publicaba en el Diario das Noticias, de Lisboa, un artículo con el título Portugal, Inglaterra, España: Alianza triangular, en el cual preveía ya la formación de un bloque peninsular o ibérico. El 21 de noviembre llegaba a Madrid el ministro de Asuntos extranjeros de Portugal, Monteiro. El Diario de Lisboa comentaba así aquel viaje: «Este acercamiento, debido a la iniciativa de Londres, no agradará a algunos…».

En 1935 apunta un acercamiento hispano-germánico que sustituye a las relaciones más bien indiferentes que habían existido entre los dos países desde 1931. Fue nombrado embajador en Berlín Francisco de Agramonte, que había sido subsecretario de Estado con Lerroux en 1931 y que ya había sido Ministro en aquella embajada en tiempos de Primo de Rivera (la personalidad política de este diplomático dice mucho sobre los colaboradores que tenía el jefe del radicalismo español). En 1935 el Gobierno español tiene interés en adquirir armamentos de fabricación alemana, en parte para compensar el saldo acreedor de España en el clearing hispano-germano, pero tal vez también por razones más complejas. Las prolongadas negociaciones, esmaltadas de poco edificantes episodios[38] se suspendieron a raíz del resultado electoral de febrero del 36. En marzo de aquel año el embajador Agramonte informaba que «las relaciones políticas entre Alemania y España no tienen sombra».

Pero hay algo más que hoy se conoce gracias a las investigaciones de Ángel Viñas: en marzo de 1935 el gobierno español expresa el deseo de establecer una colaboración entre la policía española y la Gestapo[39]. En septiembre del mismo año la embajada alemana en Madrid, por medio de un agente confidencial, el barón Rolland, propone al Ministro de la Guerra español, Gil Robles, «planes de intercambio de información policiaca e incluso militar»[40], y el 2 de octubre de 1935 el embajador alemán telegrafió que existía una aceptación española de principio, esperándose una decisión definitiva al día siguiente, tras consultar al «Estado Mayor Central». Siguiendo siempre el relato de Viñas, un nuevo telegrama del embajador alemán informa de obstáculos surgidos por objeciones de «terceras personas». Sin embargo, el embajador afirma tener contacto con la Dirección General de Seguridad, para «recibir bajo cuerda las informaciones deseadas», si continuase el mismo gobierno.

También dice Viñas que, en el mismo año (1933), posiblemente después de las elecciones de noviembre, que inauguraron el bienio radical-cedista, las autoridades españolas suscitaron la posibilidad de que se reanudara el intercambio de información entre las policías de ambos países, pero al parecer la Gestapo no respondió a estos sondeos sino hasta marzo de 1934, cuando solicitó de la Wilhelmstrasse que mediara la puesta a punto de tales contactos. (Se dice reanudar, pues los contactos policiales ya habían existido entre la Alemania de Weimar y la dictadura de Primo de Rivera, siendo Bazán Director general de Seguridad)[41].

Respecto a diversos aspectos de la propaganda nazi en España, el tantas veces citado libro de Viñas informa de las subvenciones dadas mensualmente al diario Informaciones, otras dadas a propagandistas como Vicente Gay, etc., así como de la penetración de la agencia de noticias alemana DNB y de agencias auxiliares.

Capítulo X. El Frente Popular

CAPÍTULO X
EL FRENTE POPULAR

Portela Valladares convoca a elecciones

Portela Valladares convoca a elecciones

El 14 de diciembre de 1935 Portela Valladares había formado su primer ministerio[1]. Un gobierno de centro-derecha, sin C. E. D. A. y sin radicales, ya que De Pablo y Becerra se hallaban en disidencia con su partido.

Reaccionó Gil Robles con disgusto y violencia singulares y, no ignorando que Portela tenía ya en su bolsillo el decreto de disolución de Cortes, puso en marcha: el dispositivo electoral de su partido, a la vez que emplazaba a los derechistas del nuevo Gobierno a que lo abandonasen. «Vamos a la formación de un Frente Nacional contra la revolución y sus cómplices», declaró el jefe cedista el día 16. Martínez de Velasco y Melquíades Álvarez —éste con un ministro en el Gobierno— no desdeñaron la oferta. Era inevitable que el Gobierno no resistiese a la prueba. Se hubiera dicho que Alcalá Zamora y Portela se lo esperaban. La crisis se produjo en la mañana del 31 de diciembre y antes de dar las campanadas del nuevo año de 1936 ya estaba formado el nuevo Gobierno, al margen de los grandes partidos, con una orientación centrista y… con el decreto de disolución de Cortes[2].

Arremetió la extrema derecha (Goicoechea, Calvo Sotelo, Sáinz Rodríguez, Oriol, etc.) proponiendo a la Comisión permanente de Cortes nada menos que el enjuiciamiento de Alcalá Zamora y Portela Valladares, por haber prorrogado el presupuesto por un trimestre. No podía prosperar la maniobra, pero sí aceleró el decreto de disolución. Se convocaban elecciones legislativas para el 16 de febrero, y las nuevas Cortes deberían reunirse el 16 de marzo. Alcalá Zamora confiaba a Portela y a otros amigos la misión de formar partido o corriente política de centro, en la creencia de que sería bien acogido. No se había dado cuenta hasta qué extremo la «politización» había situado a los españoles en dos bandos opuestos[3].

Tras no pocas negociaciones, las fuerzas políticas de izquierda llegaron a elaborar el Pacto del Frente Popular, que fue firmado el 15 de enero de 1936 por los representantes del partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Unión General de Trabajadores, P. O. U. M., Partido Sindicalista (Pestaña) y Partido Republicano Federal. El programa del Frente Popular se limitaba a la amnistía general, la reintegración a sus puestos de los represaliados por el movimiento de Octubre, la nueva vigencia de la Reforma agraria y del Estatuto de Cataluña, reformas en la legislación social y en la enseñanza. Se hacía constar que los partidos republicanos habían rechazado la propuesta de nacionalización de tierras formulada por el Partido Socialista y la de la nacionalización de la banca hecha por los dos partidos obreros.

El Pacto del Frente Popular —Frente de Izquierdas en Cataluña— aglutinaba a toda la opinión de izquierda. No obstante, los partidos y grupos que lo integraban lo concebían de muy diversa manera. Para los sectores moderado y centrista el Partido Socialista se trataba de una alianza electoral más con los republicanos, impuesta por las circunstancias: En cambio, el ala izquierda del socialismo había sido muy reacia a la unidad con los republicanos. La consecuencia era, pues la misma, ya que para los hombres representativos de esta corriente el Frente Popular era un pacto electoral de circunstancias, estimando que luego la clase obrera podía y debía marchar sola hacia su revolución. Para los comunistas, el Frente Popular no podía limitarse a un acuerdo electoral, sino que debía proseguir después y robustecerse con órganos de base. En fin, para los republicanos contaba, ante todo, restaurar la situación del primer bienio, reconociendo la necesidad que tenían del apoyo obrero.

Ante la C. N. T. se presentaba un duro problema: ¿había que aconsejar la abstención, como otras veces, o era preferible votar al Frente Popular para liberar a los presos e impedir el avance de la derecha? La C. N. T. de Cataluña celebró el 25 de enero una Conferencia para estudiar la cuestión. La ponencia adoptada, tímidamente abstencionista, no se tradujo en realidades prácticas. Al contrario, la mayoría de los dirigentes confederales estimaron que no había por qué oponerse al triunfo electoral de las izquierdas y algunos, como Durruti, preconizaron netamente la conveniencia de votar.

La unión de las derechas tropezó con más dificultades para llevarse a cabo, ya que persistían los resquemores entre la extrema derecha y los partidos C. E. D. A. y Agrario. Al final, cincuenta y dos circunscripciones (entre un total de sesenta) se formaron candidaturas de la derecha y el centro unidos. La C. E. D. A. se unió, al fin, a monárquicos y tradicionalistas, sin dejar por eso de concertar alianzas con centristas gubernamentales y con radicales en algunas provincias. En Cataluña, la Lliga Catalana entró también en la coalición de derechas, que repitió como un eco la consigna de Gil Robles: «Contra la revolución y sus cómplices». Sólo Falange permaneció al margen. José Antonio Primo de Rivera se inclinaba, al principio, por entrar en la coalición. Renunció después y la decisión fue confirmada por nota de la Jefatura nacional, el 11 de febrero[4]. Falange presentó candidaturas independientes. E igual hizo el Partido Nacionalista en el País Vasco[5]. En resumen, la mecánica de los pactos y combinaciones electorales reprodujo la división entre izquierdas y derechas. Esa mecánica hacía que las candidaturas del «centro», patrocinadas por el Gobierno, encajasen en el 75 por 100 de las circunscripciones en el frente que requería los votos para oponerse a todo intento de transformar el orden arcaico.

La propaganda fue más apasionada que nunca. Grandes multitudes acudían a los actos públicos. Los periódicos publicaban violentas polémicas[6]. Con todo, la campaña electoral se desarrollaba en perfecto orden. José Pla reconoce que, por ejemplo, el domingo 9 de febrero, día en que se celebraron en todo el país 1048 actos de propaganda electoral, «no se produjo ni un solo hecho de sangre, ni el más ligero incidente». Aquel día se proclamaron 977 candidatos para proveer 473 puestos de diputado. Como se ve, la lucha se circunscribía a dos frentes, salvo raras excepciones. A última hora, derecha y centro llegaron a un acuerdo en la gran mayoría de circunscripciones. Sólo en Lugo, se alió el centro a la izquierda.

El 16 de Febrero

El 16 de Febrero

En Madrid llovía casi sin interrupción. Ante las puertas de los colegios se formaban colas larguísimas. La capital guardaba su calma, dentro del inevitable nerviosismo electoral y el enorme cartelón que ocupaba la fachada del edificio entre las calles Mayor y del Arenal —la efigie de Gil Robles que decía: «éstos son mis poderes»— parecía desteñir bajo los goterones. Por la tarde, todo el mundo estaba pendiente de la radia La elección había transcurrido con normalidad; sólo se registraron incidentes menores en alguna que otra provincia.

Antes de cenar, desde el ministerio de la Gobernación, empezaron a facilitar notas de resultados parciales que anunciaban una ventaja de las candidaturas centro-derecha. Portela mismo confirmó esas noticias y se retiró a descansar. Pero la realidad era muy otra, y pronto la radio comenzó a comunicar datos anunciando el triunfo de las candidaturas del Frente Popular. En la Casa del Pueblo, donde se recibían también noticias, el entusiasmo crecía por momentos. A medianoche no cabía ya la menor duda: el Frente Popular ganaba las elecciones. Despertaron a Portela. A las cuatro de la madrugada, Gil Robles llegó para tratar de convencerle de la necesidad de declarar el estado de guerra. Amanecía cuando era José Antonio Primo de Rivera quien le visitaba con objeto de pedirle armas para que Falange se defendiera[7]. También se presentó Enrique Ramos, en nombre del Frente Popular.

El jefe del Estado Mayor, general Franco, tampoco estaba inactivo aquella noche; Llamó al general Pozas, director general de la Guardia civil, y dijo:

—Te supongo enterado de lo que sucede.

—No creo que suceda nada —respondió Pozas.

—Te llamo para informarte de que las masas están en la calle y que se quiere sacar de estas elecciones unas consecuencias distintas de su resultado, y me temo que aquí y en provincias van a comenzar los disturbios.

—Creo que tus temores son exagerados.

Siguió la conversación telefónica entre los dos generales. Pozas rechazó categóricamente los contactos («para que la masa no nos rebase») que proponía Franco. Éste llamó entonces al general Molero, ministro de la Guerra, y le pidió que declarase el estado de sitio, a lo que Molero opuso que no podía hacerlo si no lo disponía el jefe del Gobierno.

El lunes 17, nadie dudó ya del triunfo del Frente Popular. Las manifestaciones se sucedían en todo el país. Todas exigían la libertad de los presos. En los medios monárquicos y de extrema derecha cundía el pánico. No fueron pocos los aristócratas que emprendieron precipitado viaje al extranjero. El general Franco, infatigable, consiguió entrevistarse con Portela a las cuatro de la tarde e insistió que urgía proclamar el estado de guerra. Portela declaró que eso supondría desatar la revolución. Y añadió que consultaría «con la almohada». Con quien consultó, naturalmente, fue con Alcalá Zamora. Y el estado de guerra no se declaró. Al anochecer, la prensa confirmaba ampliamente la victoria del Frente Popular. Había 453 diputados elegidos y de ellos 257 del Frente Popular. En tres provincias había que celebrar segunda vuelta de elecciones, porqué ninguna candidatura llegaba al 40 por ciento. La confusión era tal, que no faltó gobernador civil que abandonó su puesto.

Todavía, en la noche del 17 al 18, Calvo Sotelo conseguía una entrevista con Portela, por medio de un amigo común, Joaquín Baus. Se encontraron a medianoche en el Palace Hotel. Calvo Sotelo le conminó para que instaurase un régimen de fuerza con ayuda del general Franco, de los jefes de guarnición y de la. Guardia civil. «Señor Portela —le dijo— usted puede pasar a la historia como un hombre digno y heroico que salvó a España en uno de sus momentos más graves, o como un traidor que se avino a consumar la más monstruosa de las felonías…»[8].

Creyó Portela que era un suicidio «oponerse por las bayonetas a la voluntad nacional», como lo dijo años después. Aquel mismo día había nombrado a Juan Moles para que se hiciese cargo del Gobierno general de Cataluña. El martes 18 llamó a Martínez Barrio para que pidiese a Azaña hacerse cargo inmediatamente del Poder. Azaña se resistió, al principio. Quería esperar a la proclamación oficial de resultados e incluso la reunión de las Cortes. Como era en él costumbre, no había estado muy optimista los días precedentes[9]. En las principales ciudades, los presos eran liberados por inmensas manifestaciones, dirigidas muchas veces por los diputados electos. En Madrid, miles de manifestantes ocuparon la calle Blasco Ibáñez, desde la cárcel hasta la estatua de Arguelles, y la fuerza pública disparó. Portela no creyó posible permanecer un minuto más en el Gobierno. Por fin accedió Azaña. Companys y los consejeros de la Generalidad fueron liberados de los penales de Puerto de Santa María y de Cartagena, y su viaje hasta Barcelona fue triunfal en todas partes. Al caer la noche del miércoles día 19 Azaña había formado Gobierno.

¿Cuáles habían sido los resultados electorales, proclamados oficialmente el jueves 20 por las Juntas provinciales nombradas mucho antes, de acuerdo con la ley[10]?

Los resultados del día 20 daban los siguientes diputados elegidos: 257 del Frente Popular, distribuidos así: 85 socialistas, 76 de Izquierda Republicana, 34 de Unión Republicana, 20 de Esquerra Republicana de Catalunya, 15 comunistas, cinco de Unió Socialista de Catalunya, cinco de Acció Catalana, tres galleguistas, dos federales, dos nacionalistas, uno de Esquerra Valenciana, uno del Partit Catalá Proletari, uno del P. O. U .M. y un independiente de izquierda. De derechas, 139 distribuidos así: 94 de la C. E. D. A., 12 monárquicos, 11 tradicionalistas, dos católicos independientes, un nacionalista y siete independientes de derecha. Y 57 del Centro: 26 del grupo Portela Valladares, 11 de la Lliga, ocho radicales, seis progresistas, dos nacionalistas vascos, un liberal demócrata, un republicano conservador y dos independientes.

En treinta y siete de las sesenta circunscripciones las izquierdas habían triunfado, así como en todas las ciudades de más de 150 000 habitantes; en cinco circunscripciones debía celebrarse segunda vuelta: Castellón, Guipúzcoa, Vizcaya (provincia), Álava y Soria, Ningún partido o candidato de derechas formuló protestas ante las Juntas provinciales al proclamarse los resultados. La segunda vuelta para las citadas circunscripciones en que ninguna candidatura había alcanzado 40 % de votos, dieron los siguientes resultados; en las vascas triunfaron los nacionalistas (con la excepción de la elección de Oriol en Álava); en Soria, la candidatura de Miguel Maura, y en Castellón, la del Frente Popular.

Partiendo de los resultados proclamados el 20 de febrero y de la segunda vuelta cuyos resultados se proclamaron el 5 de marzo, José Venegas[11] estableció el siguiente cálculo de votos:

izquierda      | 4 838 449
derecha | 3 996 331
centro | 449 320

Los resultados del 20 de febrero son los que toma Jackson[12] para hacer la siguiente estimación.

izquierda      | 4 700 000
derecha | 3 997 000
centro | 449 000

Jean Bécarud[13] hace el siguiente cómputo

izquierda      | 4 800 000
derecha | 4 000 000
centro | 450 000

Bécarud parte de las afirmaciones de Brenan y Rama, pero las completa con sus investigaciones personales. Sin embargo, para Brenan el número de inscritos en el censo electoral es de 12 500 000 y para Bécarud «por lo menos 13 400 000». Teniendo en cuenta que, según el Anuario Estadístico de 1934, el censo electoral de 1933 era de 12 913 783, se hace necesario compartir el punto de vista de Bécarud. Un cálculo, desde luego tosco (los nacidos en 1910-1912, que adquieren derecho de voto entre las elecciones de 1933 y las de 1936 y los fallecidos mayores de edad en esos mismos dos años) nos da un crecimiento demográfico vegetativo de unos 487 000 electores aproximadamente, lo que coincide con las estimaciones de Bécarud.

Sin duda, existen varias dificultades para calcular con exactitud el número de votos de las elecciones de 1936, a saber:

Las alianzas que hubo entre derecha y centro.

El hecho de que la Ley Electoral autorizaba a mezclar nombres de candidatos de diversas listas en una misma papeleta de voto.

Los diferentes puntos de partida de las estimaciones: se pueden calcular los votos según los resultados del 16 de febrero, o bien, teniendo en cuenta las votaciones del 1.º de marzo, e incluso las votaciones muy posteriores de Granada y Cuenca cuyas elecciones fueron anuladas por el Parlamento y repetidas más tarde. Por último, hay quien tiene en cuenta la rectificación de algunas cifras parciales en provincias como Ciudad Real, Albacete, Baleares, etc., hecha por la Comisión parlamentaria de actas[14].

Obsérvese que en todos los cómputos se han clasificado los 139 000 votos de los nacionalistas vascos con la etiqueta de centro. Aceptando las cifras del Censo electoral de Bécarud, la participación en el voto debió ser levemente superior al 69 %.

La Comisión de Actas aprobó todas las elecciones, aun las de Ciudad Real, Albacete, Orense y Baleares, en las que las izquierdas se quejaron por presiones y violencias caciquiles. Sólo anuló las de Granada, en las que los agentes electorales de derechas actuaron armados y con apoyo de la fuerza pública[15] y las de Cuenca, a petición de las derechas que, aunque habían triunfado allí, les interesaba presentar nueva candidatura para hacer elegir a personalidades más relevantes.

Los resultados mostraban el dominio inequívoco del Frente Popular en Madrid, Cataluña, Málaga, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Bilbao; en general, las grandes capitales, zonas de concentración industrial y de proletariado agrícola. La derecha dominaba las tierras de la Meseta y Navarra (en Pamplona, según Lizarza, «el Requeté ocupó militarmente los puntos clave de la capital», el 16 de febrero). En Asturias, pese a los encarcelados y al terror, también triunfaban las izquierdas. Se perfilaba cada vez con más claridad la división entre la España periférica, más Andalucía, Extremadura y Madrid, votando a la izquierda; las dos Castillas a la derecha, esto es, las regiones donde la oligarquía había conseguido mantener una base de masas.

Esta vez, la mayoría de los anarco-sindicalistas habían votado al Frente Popular: en Zaragoza, donde hubo en 1933 el 40 por ciento de abstenciones, llegaron al 27 en 1936; en Barcelona descendieron del 38 al 31. Sólo persistió parte del abstencionismo confederal en Sevilla, Cádiz y Málaga. Parece, sin embargo exagerada la afirmación de Brenan, según la cual el voto de los anarco-sindicalistas fue el que hizo inclinar la balanza en favor del Frente Popular. El argumento de Brenan se basa en que, según él, el número de votantes en 1936 fue de 1 200 000 más que en 1933. En realidad, el aumento no fue más que de medio millón, puesto que en 1933 votaron 8 711 000 electores. El aumento corresponde, pues, al crecimiento demográfico vegetativo. Más interesante parece calcular la aportación de votos anarquistas al total de votos de la izquierda, que aumentó en más de 1 200 000. Teniendo en cuenta la cifra aproximada de setecientos mil afiliados de la C. N. T., y el hecho de que no todos votaron (el Congreso de mayo de 1936 de la C. N. T. refleja bien las discrepancias sobre el particular), podría evaluarse, con todo género de reservas, en medio millón la aportación de votos anarcosindicalistas al Frente Popular. Por otra parte, una evaluación de la baja de abstenciones en las provincias de influencia anarcosindicalista no nos da mucho más de 300 000 votos. El aumento de abstenciones en Burgos, Salamanca, Guadalajara y otras circunscripciones castellanas mostró, probablemente, el cansancio de parte de la clientela electoral campesina de la derecha, después del bienio de gobierno radical-cedista, en el que no lograron mejoría alguna. En las grandes capitales (a excepción de Valencia, seguramente por el hundimiento de los radicales), País Vasco y Asturias, lugares todos en que triunfaron las izquierdas, hubo menos abstenciones que nunca. La causa esencial de la polarización de votos radicaba, probablemente, en la tensión socio-política del país; en el crecimiento de votos de la izquierda contaron seguramente factores como e] desgaste del centro en el Gobierno, la atracción muchas veces comprobada en otros países de una candidatura única de la izquierda, el reflejo de defensa frente al ascenso del fascismo en el plano internacional y los sentimientos de solidaridad hacia los encarcelados y represaliados tras octubre de 1934.

Se cuenta que al día siguiente de las elecciones, Gil Robles se preguntaba: «Pero… si hemos tenido más votos que en 1933, ¿cómo ha triunfado la izquierda?». En efecto, las derechas habían aumentado sus votos, pero las izquierdas habían aumentado más; el centro era el que se había hundido. Por añadidura, las izquierdas habían ido unidas a la elección. (Habían pasado las izquierdas, de 3 200 000 votos en 1933 a 4 800 000 en 1936). Conviene observar que en las provincias de Castilla la Nueva, donde triunfaron las derechas, éstas aumentaron su tanto por ciento de votos con relación a las elecciones anteriores.

En cuanto a la influencia respectiva de cada uno de los partidos que componían el Frente Popular, es muy difícil calcularla electoralmente, puesto que las candidaturas eran el resultado de negociaciones entre dichos partidos. Cabe, sin embargo, señalar que el número de diputados de los partidos obreros era mayor en Madrid, Asturias, Pontevedra, Badajoz y en casi todas las provincias andaluzas.

Cuando el Congreso estuvo definitivamente constituido, la relación oficial de grupos parlamentarios, según la Secretaría del mismo era la siguiente: Socialistas, 99; C. E. D. A., 88; Izquierda Republicana, 87; Unión Republicana, 39; Esquerra, 36; Comunistas, 17; Centro, 16; Bloque Nacional, 13; Lliga, 12; Agrarios, 11; nacionalistas vascos, 10; Independientes, 10; Tradicionalistas, nueve; Progresistas, seis; Radicales, cuatro; Republicanos conservadores, tres; Independientes de derecha, tres; Mesócrata, uno; Varios, seis; Vacantes, tres; Total: 473.

Considerándolos en grandes grupos políticos se dividían así: Izquierda, 286; Derecha, 132; Centro, 42; Nacionalistas vascos, 10. Se comentó la derrota de personalidades como Martínez de Velasco, Lerroux y Goicoechea. Gil Robles fue elegido en cabeza de la lista por Salamanca, pero derrotado en Madrid. En esta capital, la candidatura triunfante estaba integrada per Julián Besteiro, Diego Martínez Barrio, Leandro Pérez Urria, Luis Jiménez de Asúa, Enrique Ramos, Antonio Velao, Luis Araquistain, Enrique de Francisco, Carlos Hernández Zancajo, Julio Álvarez del Vayo, Francisco Largo Caballero y José Díaz.

La candidatura de derechas consiguió la elección de Rafael Marín, Mariano Serrano, Honorio Riesgo y Antonio Bermúdez. La cabeza de la lista del Frente Popular obtuvo 224 540 votos y la de las derechas 186 422[16].

Entre las personalidades elegidas en provincias había Azaña (Madrid), Gil Robles (Salamanca), Companys (Barcelona), Giral (Cáceres), Casares (La Coruña), Victoria Kent (Jaén), Vicente Uribe (Jaén), Negrín (Las Palmas), Bolívar (Málaga), Calvo Sotelo (Orense), Albornoz (Oviedo), Dolores Ibárruri (Oviedo), Villalobos (Salamanca), Sáinz Rodríguez (Santander), Jiménez Fernández (Segovia), Miguel Maura (Soria), Portela Valladares (Pontevedra), Indalecio Prieto (Bilbao), Zugazagoitia (Bilbao), Leandro Carro (Bilbao), José Antonio Aguirre (Vizcaya, provincia), Santiago Alba (Zamora), Ángel Galarza (Zamora), Juan Peset (Valencia), Julio Just (Valencia, provincia), Manuel Irujo (Guipúzcoa) y Serrano Súñer (Zaragoza), etc.

Desde un punto de vista sociológico, se observa en la composición de aquellas Cortes un número creciente de obreros y una mayoría de miembros de profesiones intelectuales procedentes de las clases medias. Hubo también en él destacados representantes de la oligarquía, entre los que sobresalían Juan March (Baleares), Ventosa y Calvell (Barcelona), Ignacio Villalonga (Madrid), Romanones (Guadalajara), Riesgo (Madrid), Moreno Torres (Jaén), Pedregal (Oviedo), Álvarez Valdés (Oviedo), Finat (Toledo), Juan A. Gamazo (Valladolid), Chapaprieta (Alicante), el propio Portela Valladares, etc. No nos referimos a los políticos profesionales al servicio de la oligarquía (aunque socialmente no podían tal vez considerarse como miembros de ella), porque sus nombres son de sobra conocidos.

Se imponen, por último, dos reflexiones elementales: la primera, que el voto del 16 de febrero reflejó cabalmente la división del país en dos frentes hostiles, bastante equilibrados, que representaban fuerzas sociales y políticas antagónicas. El conservadurismo disfrazado de centrismo, se hundió ante la opinión. Ahora bien —y ésta es la segunda reflexión—, el más somero examen de los grupos políticos y de los diputados de derecha y del centro revela que sólo una parte podía identificarse con los que se situaron al lado de la sublevación del 18 de julio o de los que la prepararon. Si en esa categoría pueden incluirse los miembros del Bloque Nacional y los tradicionalistas, la respuesta no puede ser unívoca para todos los diputados «cedistas» y agrarios y tiene que ser negativa para casi todos los centristas. Sólo una parte del grupo parlamentario de la C. E. D. A. colaboró en la preparación directa de la sublevación y no es aventurado afirmar que la confianza de sus electores no les había sido otorgada con tal fin.

Gobierno de Azaña. Conspiraciones e incidentes.

Gobierno de Azaña. Conspiraciones e incidentes.

Azaña formó un Gobierno compuesto exclusivamente por republicanos. Si los socialistas y los comunistas apoyaban a ese Gobierno, en cambio no participaban en él. El ala izquierda del Partido Socialista que seguía a Largo Caballero (que había dimitido de la Ejecutiva del P. S. O. E., pero conservaba la presidencia de la U. G. T.) estimaba superada la etapa de colaboración gubernamental con los republicanos. El centro (representado por la Comisión Ejecutiva) y la derecha pensaban que era tarea de los republicanos burgueses dirigir el Estado en aquel momento, a reserva de preparar para más adelante combinaciones análogas a la de 1931. Si el Partido Comunista pensaba en la posibilidad de un Gobierno de Frente Popular, no tenía ninguna posibilidad de hacer prosperar ese propósito. Por consiguiente, Azaña rehacía un Gobierno en el que predominaban hombres de la pequeña burguesía y de la burguesía media republicanas[17].

El Gobierno hizo pública una nota en la que se decía: «El Gobierno de la República tiene el convencimiento de que todos los españoles, sin distinción de ideología política y depuestas ya las pasiones de la contienda electoral, muy legítimas, pero que deben terminar cuando la contienda cesa, cooperarán en la obra que el Gobierno ha de emprender bajo su responsabilidad exclusiva».

Las manifestaciones populares se sucedían. El día 21 era promulgada la amnistía. El Parlamento Catalán, reunido de nuevo, reelegía a Companys y a sus consejeros del 6 de octubre para el Gobierno autónomo de la Generalidad. El 1.º de marzo, día en que se promulgó el decreto de admisión de obreros despedidos por represalias políticas, tuvo lugar en Madrid una gigantesca manifestación de apoyo al Frente Popular.

Las gentes «bien», las familias de la oligarquía, se temían lo peor y salían de España con cualquier pretexto; recurrían a todos los procedimientos para poner a salvo todos sus bienes y exportar capitales al extranjero.

Gil Robles, en una entrevista concedida al Petit Parisien del 22 de febrero, atribuía la victoria del Frente Popular a razones de orden sentimental (la amnistía), al voto de los anarquistas y a la abstención de algunos sectores derechistas. En realidad, su situación era difícil, pues gran parte de la derecha le acusaba de ser el causante del fracaso electoral.

Calvo Sotelo, Goicoechea y demás directivos del Bloque Nacional publicaron una nota en la que, tras reconocer «la urgencia de coordinar las fuerzas contrarrevolucionarias, para una eficaz defensa del orden social», se concedía un voto de confianza a Calvo Sotelo para proceder a la reorganización del citado Bloque.

Los tradicionalistas, proseguían incansablemente su labor con vistas a un alzamiento armado. La Suprema Junta Militar Carlista seguía funcionando en San Juan de Luz y en noviembre de 1935 había conseguido concentrar cerca de 40 000 requetés en Montejurra.

Más circunspecta parecía Falange, a juzgar por las instrucciones que sus mandos cursaron el 21 de febrero, en las que se decía: «Los jefes cuidarán de que por nadie se adopte actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo Gobierno ni de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas».

Los militares reaccionaron más prestamente. Según Díaz de Villegas, desde tiempo atrás venían reuniéndose constantemente los generales Franco, Varela, Orgaz, Villegas, Fanjul y Mola. Lo que está fuera de duda es que, pocos días después de la formación del Gobierno Azaña, y cuando ya Franco había sido destinado a la División militar de Canarias, se celebró una reunión de generales en casa de Delgado Barreto, a la que asistieron los generales Franco, Mola, Orgaz, Varela, Ponte, Villegas, Saliquet, García de la Herrán, González Carrasco, Rodríguez del Barrio y el teniente coronel Valentín Galarza «para acordar un alzamiento que restableciera el orden en el interior, y el prestigio internacional de España…». Se acordó también en principio, a propuesta de Franco, «que tal movimiento fuese exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada…»[18]. Fijáronse enlaces, claves y responsabilidades. Al día siguiente, reunidos los generales Franco y Varela dentro del coche de Delgado, concretaron diversos pormenores del plan.

Arrarás, Brassillach y Díaz de Villegas dicen que Franco estableció aquellos días contacto con José Antonio Primo de Rivera. Difícil es confirmar o desmentir el hecho[19]. Más seguros parecen otros contactos con políticos de extrema derecha, monárquicos y tradicionalistas. Se trataba, como lo confirman todos los documentos, de «salvar el orden», de «coordinar las fuerzas contrarrevolucionarias», según el léxico de Calvo Sotelo.

No había en aquellos planes ni un solo propósito de innovación[20].

Los citados planes no impidieron —y tal vez lo contrario— que el general Franco se personase en el ministerio de la Gobernación, cuando tomaron posesión los ministros del Gobierno Azaña, para desmentir todos los rumores sobre supuestas actitudes suyas y declarar también a los periodistas que vivía «completamente ajeno a la política y atento únicamente a sus deberes militares».

Al despedirse de Azaña, para marchar a Canarias, le insistió sobre el peligro de una revolución comunista. Respondióle Azaña que en España no habría comunismo, pero que tampoco temía las sublevaciones militares. Repitió sus propósitos el general, con ligeras variantes, ante Alcalá Zamora, y salió para Canarias.

El 15 de marzo tenía lugar la reunión preparatoria del Congreso, que dos días después celebraba su sesión de constitución. Martínez Barrio era elegido presidente de las Cortes, por 386 votos. Los vicepresidentes elegidos fueron Jiménez de Asúa (socialista), Sánchez Albornoz (Izquierda Republicana), Casanueva (C. E. D. A.) y Rosado (centrista).

Pero ya era denso el aire que se respiraba, resonaban los ecos de pistoletazos terroristas y aumentaban los rumores de lo que sucedía aquí o allá. El 10 de marzo, al salir de su domicilio, fue agredido a tiros Jiménez de Asúa, y el policía Gisbert, que le daba escolta, resultó muerto. Los agresores, detenidos poco después, parecían haber obrado por cuenta de Falange. Muy pocos días habían transcurrido cuando el domicilio de Largo Caballero, en la calle de Viriato, fue objeto de otra agresión por nutrido tiroteo. El eterno reflejo anticlerical se manifestó por el incendio de la iglesia de San Luis en la calle de la Montera. Las derechas se excitaban al saber que el 10 de marzo López Ochoa había ingresado en prisiones militares acusado de haber ordenado —en 1934— fusilamientos sin formación de causa en el cuartel de Pelayo. Se susurraba ya que pudiera producirse un golpe militar y el ministro de la Guerra, general Masquelet, desmintió la noticia: «El ministro de la Guerra se honra en hacer público que toda la oficialidad y clases del Ejército español, desde los empleos más altos a los más modestos, se mantienen dentro de los límites de la más estricta disciplina, dispuestos en todo momento al cumplimiento exacto de sus deberes y —no hay que decirlo— a acatar las disposiciones del Gobierno legalmente constituido».

La violencia callejera crecía por parte de ambos bandos. El Gobierno declaró la Falange ilegal y procedió a un registro en sus locales, así como a la detención de José Antonio Primo de Rivera y de varios de sus compañeros. La noticia se hizo pública el 18 de marzo.

En el campo, en las regiones donde domina la propiedad latifundista, no se trataba de simples alborotos pasionales, sino del impulso irrefrenable de los hombres sin tierra para conquistarla. El programa del Frente Popular contenía la aplicación intensificada de la ley de Reforma agraria. Ya sabemos cuán mínima había sido esa aplicación en sus dos años de vigencia. Ahora, los asalariados de la tierra habían votado al Frente Popular para que su situación mejorase definitivamente y la República no fuese una palabra hueca en el campo.

Los campesinos pasaron rápidamente a la acción: en las provincias de Toledo, Salamanca, Madrid, Sevilla, etc., ocuparon grandes fincas desde los primeros días de marzo y se pusieron a trabajarlas bajo la dirección de sus organizaciones sindicales. Una vez que ocupaban las tierras, lo comunicaban al ministerio de Agricultura para que legalizase la situación. Este movimiento culminó el 25 de marzo con la ocupación de fincas realizada al mismo tiempo por ochenta mil campesinos de las provincias de Badajoz y Cáceres. En numerosas localidades se registraron choques violentos entre campesinos y Guardia civil, pero en general, el Ministerio dio curso a las ocupaciones de tierras (llevadas a cabo en fundos afectados, desde luego, por la ley de Reforma agraria) y envió los equipos técnicos para organizar la distribución y la explotación. Los propietarios y sus administradores se resistían por todos los medios y se negaban a dar trabajo allí donde eran fuertes y de nada sirvió que el propio Gil Robles, criticase en El Debate del 6 de marzo a los terratenientes que en años anteriores olvidaron «sus deberes de justicia y de caridad». «Ahora, decían en Madrid los grandes propietarios, es la revolución en marcha, la subversión social que hay que atajar». El Gobierno, que sé daba cuenta de la situación, dictó disposiciones para simplificar la tramitación de expropiaciones y reorganizó el Instituto de Reforma Agraria (decreto de 7 de mayo). Según los datos de este organismo, de febrero a junio se ocuparon 232 199 hectáreas, en las que fueron asentadas 71 919 familias campesinas, superficie todavía poco considerable, pero mucho mayor que la que había sido objeto de la Reforma durante los precedentes años de régimen republicano.

Para los grandes propietarios se trataba de la más grave e inconcebible subversión del orden social. No es de extrañar que en ese medio social, tan frecuentado por importantes mandos militares, se fortaleciese cada día más la idea de que era preciso una operación drástica para cortar el mal de raíz.

A finales de marzo se tuvieron noticias del viaje del general Sanjurjo a Berlín. Su presencia y contacto con los medios oficiales fue señalada por la embajada francesa[21]. El día 7 las tropas hitlerianas habían entrado en Renania y el pacto de Locarno no era ya más que un papel mojado. El Gobierno británico, presidido por Baldwin, al contemporizar con Hitler arrastraba al francés (presidido por Sarraut), en periodo preelectoral. El 24, el Consejo de la Sociedad de Naciones acreditaba una vez más su impotencia…

Pero antes, el Gobierno Azaña había creído obrar cuerdamente al destinar al general Mola a Pamplona. El 14 de marzo éste se hizo cargo del Gobierno militar y del mando de la 12 Brigada de Infantería, donde fue recibido por el coronel Solchaga. Según sus historiadores, Mola no se puso al frente de la conjuración hasta el 19 de abril[22]. Sin embargo, Galindo Herrero[23] explica que en abril funcionaba ya la primera Junta de generales compuesta por Franco, Mola, González de Lara, González Carrasco, Goded, Varela, Orgaz, Saliquet y, como coordinador, Rodríguez del Barrio. Pero sabemos que éste se retiró antes del 20 de abril, primera fecha que se había pensado para un alzamiento. Ésta es una cuestión de fechas y matices de difícil precisión.

Para completar esta reseña de preparativos militares hay que añadir los contactos establecidos en Melilla, durante el mes de marzo, por el coronel Seguí con grupos de Falange[24]. El embajador Bowers escribe que «hacia fines de marzo era perfectamente claro que se hallaba en preparación un golpe de Estado militar» y añade que el duque de Fernán-Núñez (una de las más conspicuas personalidades de la oligarquía terrateniente), en conversaciones que tuvo con él, daba como probable el hecho, así como que Madrid sería tomado inmediatamente[25].

Constituido definitivamente el Congreso el día 3 de abril, Indalecio Prieto planteó acto seguido, en nombre de la minoría socialista, la proposición encaminada a declarar que la disolución de las anteriores Cortes no había sido necesaria. Lógicamente, eso podía parecer un absurdo, pero se trataba sencillamente de destituir al presidente de la República, lo que iba implícito, según el artículo 81 de la Constitución, en la censura propuesta a la segunda disolución de Cortes hecha por un presidente durante el tiempo de su mandato. Alcalá Zamora había recogido la hostilidad de izquierdas y derechas y era la víctima propiciatoria del momento. Ya se pensaba en la elevación de Azaña a la primera magistratura del Estado y, sin duda, no eran pocos quienes acariciaban la idea de un Gobierno Prieto, más enérgico que el republicano homogéneo y más moderado por cuanto la participación socialista en el Poder podría paralizar —se pensaba— la presión de una masa de centenares de miles de sus simpatizantes en campos y ciudades.

Intervino el jefe de Gobierno, después que Prieto hubo expuesto su proposición, pero no para hablar de ella, sino para plantear de lleno el problema político. Fue el suyo un discurso, de fondo en el que se afirmó la necesidad de «la creciente actividad interventora del Estado en la regulación de los problemas de la producción y del trabajo». «Sí, es cierto, vamos a lastimar intereses. ¡Qué le vamos a hacer! Vamos a lastimar intereses cuya legitimidad histórica no voy a poner en cuestión, porque aquí no estamos en las Academias: pero que constituyen la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española (…) Mientras la ley nos dé medios para ello venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza, dondequiera que esté».

Azaña compartía las críticas a toda violencia, agresión y alboroto: «Hay que condenar el desmán, la violencia, el terrorismo, donde quiera que se manifiesten y hágalos quien los haga». Pero también añadió: «Me escandaliza en mi conciencia de hombre honrado que una persona que anda por ahí, cualquiera (naturalmente, no aludo a nadie), cualquiera gente de la calle, diga: Han quemado tres iglesias. ¡Qué horror! Yo también digo, si no qué horror, qué tontería y qué lástima. Pero dicen: ¡Ah! ¿No han matado a Fulano? ¡Hombre, qué lástima! ¡A ver si otra vez apuntan mejor!».

Los oradores no abordaban aún el meollo del tema político, sino la cuestión presentada por los socialistas. El 7 de abril se procedió a votar. Había en el hemiciclo 243 diputados; votaron a favor de la proposición 238 y cinco lo hicieron en contra. Como la mitad más uno de los diputados en ese momento era 209, la proposición fue aprobada: Alcalá Zamora había sido destituido.

La Comisión parlamentaria nombrada para comunicar oficialmente la decisión al presidente destituido no consiguió hablar con éste (que se hallaba reunido con el general Queipo de Llano, el expresidente Samper y su correligionario Fernández Castillejos). Se hizo entrega de la comunicación a Rafael Sánchez Guerra, secretario de la Presidencia, y acto seguido, en cumplimiento del artículo 74 de la Constitución, el presidente del Congreso, Martínez Barrio, prometió el cargo de presidente provisional de la República. El Congreso suspendió sus sesiones hasta el 15 de abril.

El encadenamiento de la violencia producía sus frutos; si en numerosos pueblos renacía el anticlericalismo (que se explicaba en la mayor parte de los casos, por la actitud del clero, favorable a los propietarios de cada lugar), en las ciudades aumentaba la agresividad falangista a pesar (o tal vez, en parte, por eso) de las detenciones de muchos de sus miembros. Eduardo Ortega y Gasset fue objeto de un atentado —una bomba enviada dentro de un paquete a su casa— y el magistrado Pedregal, que había intervenido en la condena de los asesinos del policía Gisbert, fue a su vez asesinado por el conocido método de la agresión pistolera. Los detenidos, en ambos casos, dijeron obrar por órdenes de Falange.

El 14 de abril, durante el desfile militar en el paseo de la Castellana, se registraron varios incidentes. Unos grupos fascistas hicieron estallar unos petardos junto a la tribuna del Gobierno, y siguió un tiroteo del que resultó muerto un alférez de la Guardia civil, que no estaba de servicio. En Barcelona, sin el menor incidente, Luis Companys presidió los actos conmemorativos. En Las Palmas (Canarias) fue el general Franco quien pasó revista a la tropa. En Guadalajara y Vitoria, grupos derechistas intentaron interrumpir los desfiles y, en la ciudad alavesa, dieron muerte a un obrero.

El 15 se reanudaban las sesiones de Cortes. Azaña leyó la declaración ministerial. No había en ella grandes novedades, pero si algunas afirmaciones de principio: «Estamos, pues, señores diputados, como hombres y como españoles y como demócratas, delante de este fenómeno histórico grandioso del acceso al Poder de clases sociales que hasta ahora estuvieron desprovistas de él, y desde los puntos de vista que acabo de exponer, nuestro deber de políticos y de gobernantes es acercamos a ese fenómeno con el propósito de organizar de nuevo la democracia española…».

Después de un llamamiento para terminar con la violencia, para que «los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros», advirtió: «Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil; más bien hemos venido con la intención de evitarla; pero si alguien la provoca, si alguien la mantiene, si alguien la costea en la forma que en nuestros tiempos puede sostenerse una guerra civil, nuestro deber, señores diputados, tranquila y sonrientemente, estará siempre al lado del Estado republicano».

Calvo Sotelo y Gil Robles llevaron la voz cantante de la oposición, basando sus intervenciones en los trastornos de orden público y en lo que ellos llamaban «persecución» de las derechas. El primero forzó la nota sobre «el peligro comunista»: «Aquí interesa a los Soviets implantar el comunismo».

Rodolfo Llopis, en nombre de los socialistas, se refirió al orden público: «No somos partidarios de la revuelta, del motín, ni de la violencia individual, pero nos explicamos lo ocurrido como réplica de las provocaciones ocurridas en otros sectores enemigos del nuestro».

José Díaz, en nombre de los comunistas, estimó que los disturbios tenían origen en las provocaciones de las derechas, interesadas en crear un clima de intranquilidad. Pidió la aplicación del programa del Frente Popular y, sobre todo, insistió en las conspiraciones dentro del Ejército: «Se dice que queremos destruir el Ejército, que somos enemigos del Ejército. Tampoco en esta cuestión están en lo cierto los señores de la derecha. Nosotros queremos un ejército republicanizado, un ejército de tipo democrático. Lo que no queremos es que los mandos militares más importantes se puedan encontrar en manos de elementos reaccionarios y fascistas…». A continuación, el diputado comunista aludió a los preparativos de golpe de Estado y leyó una nota difundida, en el mes de marzo, por la Unión Militar Española[26].

En efecto, el golpe militar estaba preparado para el 20 de abril, pero dos días antes el general Rodríguez del Barrio llamó a Varela para informarle de que no era posible, ya que el Gobierno adoptó sanciones, aunque leves, contra Varela y Orgaz. La Junta, dirigida en la Península por el general Mola, decidió entonces intensificar sus esfuerzos; a ella se incorporaron los generales Villegas y Fanjul. Por aquellos días se sondeó ya a Queipo de Llano y Cabanellas, que dieron su conformidad más tarde. Sanjurjo, fue nombrado jefe supremo de la U. M. E. y enlazó con Mola[27].

Si en los estados mayores y mansiones aristocráticas se preparaba el golpe de fuerza, tampoco es exagerado decir que el clima de guerra civil reinaba ya en la calle. El 16 de abril, con ocasión del entierro del alférez muerto dos días antes, se manifestó ese clima con singular virulencia. El entierro iba presidido por el general Pozas, director de la Guardia civil, pero los falangistas y otros derechistas lo convirtieron en una manifestación con el brazo en alto y obligando pistola en mano a los obreros a que saludasen igualmente. Numerosos albañiles que trabajaban en el paseo de la Castellana respondieron alzando el puño y vitoreando a la República. Se entabló un tiroteo, repetido luego en distintos puntos de la capital. Al final, los guardias de Asalto cargaron contra los manifestantes. Tres muertos y numerosos heridos fue el saldo trágico de aquella jornada.

Al día siguiente, la C. N. T. declaró la huelga general de 24 horas como protesta. La U. G. T., que al principio era opuesta a la huelga, se sumó a ella. El paro transcurrió sin incidentes. Estallaron también huelgas generales en Córdoba, Zamora y Almería…

En medio de aquel ambiente se celebraron las elecciones de compromisarios que, en unión de los diputados, debían elegir el nuevo presidente de la República. No cabía la menor duda de que todos los partidos del Frente Popular estaban decididos a que Azaña fuese el nuevo jefe del Estado. Esto planteó la cuestión de un nuevo Gobierno. Se habló mucho de Prieto, pero la mayoría del Partido Socialista (que se hacía fuerte en la U. G. T. y en la Agrupación Socialista de Madrid) era enemiga de toda colaboración. Claridad, portavoz del ala izquierda dirigida por Largo Caballero, planteaba la cuestión del Poder para la clase obrera. Los comunistas eran partidarios de una política de Frente Popular («la contienda se presenta de la siguiente manera: Democracia o fascismo», había dicho José Díaz), pero de ninguna manera podían romper sus vínculos con el ala izquierda del socialismo. Difícil, era, pues, toda solución que no fuera la de continuar con un Gobierno homogéneo de republicanos.

Azaña, presidente de la República

Azaña, presidente de la República

Con motivo del Primero de Mayo, más de medio millón de madrileños desfilaron bajo un sol radiante, por el paseo del Prado hasta la Castellana, tras las banderas socialistas y comunistas, de la U. G. T. y de las Juventudes. Estas (Juventudes Socialistas y Comunistas) habían acordado ya su unificación, qué había tenido lugar a nivel local en Madrid el 1.º de abril, y adoptaron el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas.

En toda España hubo desfiles obreros que se desarrollaron en perfecto orden.

El mismo día abría sus sesiones en Zaragoza el Congreso de la C. N. T., al que acudieron 649 delegados en representación de 982 Sindicatos y 550 595 afiliados. Este Congreso decidió la reintegración de los Sindicatos de oposición, allí representados, al seno de la C. N. T. Acordó también que no era posible pactar con ningún partido político y sí sólo con la U. G. T., cuando ésta aceptase las bases revolucionarias propuestas por la Central confederal. El Congreso elaboró una larga lista se reivindicaciones, entre las que figuraban la semana de trabajo de 36 horas, la expropiación sin indemnización de las propiedades rústicas de más de 50 hectáreas, etc., así como un programa general del comunismo libertario, a base de la comuna como entidad política y administrativa, en el que no faltaban las apreciaciones sobre la pedagogía, la educación sexual, el cine y la radio, etcétera[28].

Ese mismo 1.º de mayo Prieto pronunció en Cuenca —en plena campaña de nuevas elecciones— un discurso de grandes alcances y resonancia. (En la candidatura de derechas figuraban los nombres de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, pero el general desautorizó su inclusión en ella). Habló Prieto de los «fermentos de subversión» existentes entre los elementos militares y añadió: «El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombre que, en momento dado, puede acaudillar con el máximo de probabilidades —en todas las que se derivan de su prestigio personal—, un movimiento de este género. No me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de tal naturaleza. Acepto íntegra su declaración de apartamiento de la política…». Después de trazar un programa de gobierno, exaltó la necesidad de la disciplina, no sin insistir en que los excesos aislados o los templos chamuscados no hacían sino crear el ambiente propicio al fascismo.

El día 8 de mayo cayó asesinado en la calle de Lista el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, conocido por sus opiniones de izquierda. Corría por Madrid la falsa noticia de que unas catequistas habían repartido caramelos envenenados y la réplica de grupos exaltados (a la que probablemente no eran ajenos elementos provocadores) consistió en quemar varias iglesias en Cuatro Caminos. Pero no pocos jóvenes socialistas y comunistas se movilizaron ante la actitud harto vacilante del Gobierno para impedir que los desmanes continuasen.

El 10 de aquel mes de mayo se reunió la Asamblea de diputados y compromisarios en el Palacio de Cristal del Retiro[29]. A las dos de la tarde, el presidente. Jiménez de Asúa, proclamó los resultados de la votación: Manuel Azaña, 754 votos; Ramón González Peña, dos; Alejandro Lerroux, uno; Francisco Largo Caballero, uno; José Antonio Primo de Rivera, uno y 88 en blanco.

Azaña fue elegido presidente de la República no sólo por si voto de los partidos del Frente Popular, sino también por 51 de los republicanos conservadores, Lliga Catalana, Nacionalistas vascos, centristas, agrarios, radicales, independientes del centro y de izquierda. La C. E. D. A. votó en blanco.

Al día siguiente, Azaña, tras prometer su cargo ante el Congreso, abrió las consultas para formar gobierno. La mayoría de los consultados aconsejaron la formación de un Gobierno republicano (no sólo los partidos del Frente Popular, sino también la Lliga y los republicanos conservadores —Maura— y los agrarios —Cid—). Gil Robles se limitó a aconsejar «la formación de un Gobierno que dé trato de igualdad a todos los españoles». Como se esperaba, Azaña encargó a Prieto la formación de gobierno. El grupo parlamentario socialista, donde tenían mayoría los partidarios de Largo Caballero, se negó a que aceptase. Una versión de los hechos dada veintitrés años después por Prieto presenta la oferta presidencial como un puro simulacro, ya que la noche anterior Azaña había hablado al mismo tiempo con él y con Casares y sabía perfectamente que no podía aceptar el encargo[30].

Formó, pues, gobierno Santiago Casares Quiroga, con siete ministros de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana, uno de la Esquerra y un independiente de izquierda[31]. En realidad, era un gobierno más débil que el anterior, un gobierno más de abogados y profesores, presa de todo género de vacilaciones y temeroso de verse desbordado por el empuje popular.

El reflejo de defensa contra la ofensiva del fascismo en escala mundial se manifestaba en el desarrollo de la política del Frente Popular. En Francia, la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el 3 de mayo, confirmaba el triunfo de las candidaturas del Frente Popular, formado por socialistas, radicales y comunistas (378 diputados del Frente Popular y 220 del campo adverso). Pero esos mismos días entraba el mariscal Badoglio en Adis Abeba y Etiopía pasaba a formar parte del Imperio italiano. Y cuando Azaña recibió al cuerpo diplomático, el embajador de Italia, en vez de estrecharle la mano, saludó brazo en alto.

Naturalmente, una historia que se ciña a los actos políticos muestra tan sólo atentados, reyertas, manifestaciones, conspiraciones, llamaradas de incendios y ruido de sables. Sin embargo, no es posible ignorar que aquella primavera de 1936 era también la del triunfo de Alejandro Casona con Nuestra Natacha en el Teatro Victoria, de Madrid (200 representaciones el 11 de mayo), del viaje de La Barraca por tierras de Castilla y de León, y en Cataluña, adamada por los estudiantes de Barcelona, de la conferencia de Malraux en el Ateneo de Madrid, de la organización de la F. U. E. de misiones campesinas de estudiantes, de la intensificación del deporte popular, cuya Olimpíada debía celebrarse en Barcelona en el 19 de julio… García Lorca atento y sensible a la situación, declaraba a un periodista de El Sol, el dibujante Bagaría; «En estos momentos dramáticos que vive el mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo». Los poetas se reunían con Neruda, cónsul de Chile en España, en su domicilio madrileño de la Casa de las Flores.

Pero muchas empresas disminuían voluntariamente sus planes de producción, negaban trabajo. En Asturias, la Duro-Felguera y otras empresas reducían a sus obreros a trabajar tan sólo tres o cuatro días por semana. Las gentes adineradas adelantaban vacaciones a países extranjeros o inventaban viajes de recreo, la fuga de capitales alcanzaba proporciones gigantescas…

El 19 de mayo se presentó el Gobierno ante el Congreso y Casares Quiroga prodigó en su discurso las violencias verbales: «contra el fascismo el Gobierno es beligerante», afirmación que cuadraba poco con la impunidad en que se desarrollaba la conspiración militar. Gil Robles agitó el espectro de una ruptura del Frente Popular por los grupos que formaban su ala izquierda, pero afirmó que doctrinalmente ni de ninguna manera tenía contacto con los fascistas (días antes había declarado en El Defensor de Cuenca que el Frente Popular estaba herido de muerte y que la C. E. D. A. «iba a acentuar su carácter social sin contemplaciones de ningún género»), pero que «en el fondo de esas tendencias fascistas hay un gran amor a España». La intervención de Calvo Sotelo fue mucho más violenta y dio origen a un verdadero escándalo. El Congreso votó después la confianza.

En esta situación crítica se agudizaban las diferencias en el seno del Partido Socialista. Prieto, en un mitin celebrado en Bilbao; criticó a la tendencia opuesta de su partido, a la vez que afirmó que «no cabía ilusionarse con la destrucción total de las fuerzas de derecha». En Cádiz, Largo Caballero se mostraba partidario de la unificación de la clase obrera e insistió en las perspectivas de un régimen socialista.

Las huelgas se sucedían sin interrupción, en la mayoría de los casos alentadas por Sindicatos de la C. N. T. Pero en el campo, la fuerza propulsora más importante era la Federación de Trabajadores de la Tierra (U. G. T.) dominada por los «izquierdistas» de Largo Caballero. Su órgano de prensa decía el 30 de mayo: «Los campesinos quieren la tierra, y tengan en cuenta los encargados de dársela que si no aceleran más la marcha, que no les extrañe que los campesinos se lancen por lo que el Gobierno no les da y que tanta falta les hace».

La situación de los campesinos, a quienes los terratenientes negaban trabajo cada vez con más empeño, dio origen a los graves sucesos de Yeste (Albacete). Los hechos acaecieron así: los campesinos de diversas aldeas penetraron en una propiedad y empezaron a talar árboles. Se presentó la Guardia civil, que detuvo a varios campesinos. Los demás, para liberarlos, atacaron a los guardias y les causaron un muerto por arma blanca. Entonces comenzó una verdadera caza de trabajadores por la Guardia civil que haciendo uso de sus fusiles, mató a diecisiete de ellos e hirió a muchos más.

Esta noticia, y la del asesinato en Santander del republicano Luciano Malumbres, director del periódico La Región, contribuyeron a excitar los ánimos.

En Madrid, la C. N. T. declaró la huelga en el ramo de la construcción. La U. G. T., opuesta en principio, acabó por seguir la corriente. A esa huelga se añadió después la del ramo de la madera[32].

Semanas decisivas. La conspiración se precisa

Semanas decisivas. La conspiración se precisa

El Gobierno Casares Quiroga tenía ante sí el problema agrario, la situación económica agravada por la actitud de muchos empresarios, un Ejército cuyos mandos le eran hostiles, un alto clero receloso y, como muchos militares, nostálgico de los tiempos de la Monarquía. Pero contó también con el planteamiento ininterrumpido de huelgas, muchas de ellas por una Central sindical —la C. N. T.— que no se consideraba ligada por ningún vínculo con el Frente Popular. Los incidentes producidos aquí o allá eran explotados por las derechas, que hicieron del orden público su bandera de agitación para minar al Gobierno, como también sirvió luego como argumento justificativo de la sublevación.

La conspiración prosperaba. Mola, sirviéndose del aparato clandestino de la U. M. E., trabajaba infatigablemente. Aunque en estrecho contacto con los dirigentes tradicionalistas (que a principios de junio tenían ya encuadrada una fuerza de 8400 «boinas rojas»), estaba separado de ellos por hondas discrepancias. El 5 de junio, Mola había expuesto sus puntos de vista: establecimiento de una dictadura militar que conservase la forma de gobierno republicana y la separación de la Iglesia y el Estado, suspensión de la Constitución, cese del presidente de la República y de los miembros del Gobierno. Todo esto era inadmisible para los tradicionalistas, que pedían como mínimo la abolición del régimen republicano, la supresión de partidos políticos y el establecimiento de un sistema corporativo.

Los tradicionalistas mantenían además relaciones con Falange a partir de finales de mayo, en que tuvo lugar una entrevista, en la cárcel, entre Fal Conde, jefe de los tradicionalistas, y Primo de Rivera. Desde aquel momento se multiplicaron esos contactos y el jefe local falangista de Álava comenzó a obrar de acuerdo con los tradicionalistas. Se estableció la ligazón Mola-José Antonio Primo de Rivera. El enlace era Rafael Garcerán, pero sobre todo según Bravo, fue Fernando Primo de Rivera el encargado de pactar, en nombre de Falange, con los miembros de la Junta militar y, particularmente con Mola, quien, a su vez, mantenía relación con Franco por medio del capitán Barrera, consagrado a las tareas de la U. M. E.[33]. Las fuentes de que hasta ahora se dispone no permiten conocer el alcance y ramificaciones de la conspiración en los medios civiles. Se conoce, no obstante, la participación activa de hombres como Goicoechea, Oriol, Luca de Tena, Fernán-Núñez, Serrano, Súñer, Olazabal, Lequerica, Sangróniz, Pujol, Sáinz Rodríguez, Gamazo, Vallellano y, desde luego, Juan March. Parece obvio que el dirigente más calificado de la extrema derecha, Calvo Sotelo, no podía estar al margen de lo que se preparaba, tanto más cuanto que ya estaba muy avezado al trabajo conspirativo contra la República[34]. Está todavía por hacer el estudio de las relaciones y vínculos de los generales que componían la Junta con personas de la nobleza, propietarios agrarios, financieros, etc. Como partidos figuraban en la conspiración el Bloque Nacional (tradicionalistas y monárquicos de Renovación) y Falange, aunque ésta se incorporase más tardé. No estaba la C. E. D. A. como tal partido, aunque sí afiliados de importancia, ciertos diputados, etc. Por el contrario, se considera hoy probado que Gil Robles y otras personalidades cedistas (Jiménez Fernández, Lucia, etc.) no participaron en la conspiración. Además, la extrema derecha desconfiaba de ellos por haber aceptado la legalidad republicana y les reprochaba la derrota electoral de febrero.

Pero si la conspiración crecía, Casares Quiroga y sus colegas parecían no darse cuenta de ello. Indalecio Prieto y sus amigos socialistas, los comunistas y algunos militares republicanos llamaron repetidamente la atención del jefe del Gobierno sobre el peligro qué se corría. Pero éste respondió siempre de manera áspera y extremando su confianza en el dominio de la situación. Zugazagoitia ha contado que Casares llegó a decir: «Si Prieto continúa viniendo aquí será él quien gobierne y no yo». Dolores Ibárruri ha contado también cómo el jefe del Gobierno hizo caso omiso de las advertencias que ella, en unión de Monzón (delegado del Frente Popular de Navarra) le hizo sobre los preparativos de guerra en aquella región. A Hidalgo de Cisneros le contestaba: «No sea usted alarmista, Cisneros. Tengo todo en la mano». Análoga respuesta dio al general Núñez del Prado, que lo puso en guardia contra lo que se fraguaba.

El 16 de junio, las derechas plantearon una interpelación parlamentaria sobre el problema del orden público. Gil Robles manejó incisivamente las estadísticas para denunciar un sin fin de huelgas, quemas de iglesias, petardos y simples delitos comunes, plato muy a gusto y conveniencia de la derecha conservadora[35]. Pero, como siempre fue Calvo Sotelo quien dio el «do» de pecho, y dirigió sus ataques no sólo contra el Gobierno sino contra «la Constitución del 31 y el sistema democrático-parlamentario». Sus palabras más significativas fueron las siguientes: «Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo —y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto—, que exista actualmente en el Ejército español, cualesquiera, que sean las ideas políticas individuales, que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la Monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera sería un loco, lo digo con toda claridad, aunque también seria loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera».

Replicó Casares Quiroga señalando el alcance subversivo de las palabras de Calvo Sotelo. Intervinieron varios oradores, entre ellos Dolores Ibárruri, quien, por cierto, no pronunció ninguna amenaza personal contra Calvo Sotelo (y el Diario de Sesiones, así como los testigos dan prueba de ello) como se ha inventado a posteriori para tejer una burda fábula sobre el fin del personaje derechista. Al contrario y rectificando en cierto modo a Casares, la diputado comunista dijo: «No basta con hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que no aceptan los bandos del Gobierno».

La verdad era que el Congreso no servía ya sino como tribuna de agitación. Sin embargo, la vida política continuaba. Ya había sido presentado el Estatuto Vasco y el 28 de junio los gallegos aprobaban plebiscitariamente el suyo (991 476 votos a favor, 6085 contra y 30 por ciento de abstenciones). Seguía enconada la pugna de tendencias en el Partido Socialista. Algunos de sus miembros interrumpieron violentamente a Prieto, en un acto celebrado en Écija el 30 de junio. Ese mismo día, Largo Caballero y José Díaz hablaron en Zaragoza, donde también hubo interrupciones, aunque menos violentas, por parte de los anarquistas. Por entonces tuvo lugar un plebiscito entre las agrupaciones socialistas para cubrir las vacantes en la Comisión Ejecutiva. El resultado, favorable a la tendencia del centro, fue puesto en duda por el ala izquierda[36].

Mientras tanto, el Tribunal Supremo, siguiendo el criterio de la Audiencia de Madrid, que había absuelto a sus dirigentes, no había accedido a la disolución de la Falange, pero José Antonio Primo de Rivera fue condenado a cinco meses de prisión por tenencia ilícita de armas y trasladado a la cárcel de Alicante (6 de junio). Otro asunto grave fue que el día 23 de aquel mes, el general Francisco Franco había dirigido desde Canarias una carta al ministro de la Guerra, que era también jefe del Gobierno, Santiago Casares Quiroga. La carta empezaba así: «Respetado Ministro: Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y sobre los peligros que para la disciplina del Ejército tiene la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe, sin palmaria exteriorización, en los cuerpos de oficiales y suboficiales». Señalaba a continuación: «el relevo de mandos de historia brillante y el elevado concepto en el Ejército» y la «información deficiente que tiene el ministro», no sin añadir lo siguiente: «Faltan a la verdad quienes presentan al Ejército como desafecto a la República, le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones…», pero sí advertía: «No le oculto a V. E. el peligro que encierra este estado de conciencia colectiva en los momentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales con aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la patria».

El 29 de junio tuvieron lugar las maniobras del Ejército de África en el Llano Amarillo. Allí se juramentaron los comprometidos. En Marruecos, varios miembros de Falange habían establecido contacto con Johannes Bernhardt, negociante alemán, y con Adolf Langenheim, jefe del Partido Nacional-Socialista alemán de aquella zona. La compañía comercial alemana con la que estaba conectado el agente hitleriano ofreció privadamente créditos y facilidades de transporte al Ejército del Protectorado, pero los militares no creyeron necesario aceptar la oferta. Con todo, Franco, ya en Marruecos, pidió ayuda a Bernhardt[37].

En esos últimos días de junio se fijó también, de manera definitiva, la actitud falangista. Hubo quizás un momento de confusión. Mientras Fernando Primo de Rivera pactaba con Mola, su hermano José Antonio lanzaba todavía, el día 24, una nota desde la cárcel a las Jefaturas, en la que se decía: «Los proyectos políticos de los militares no suelen estar adornados por el acierto. La participación de la Falange en uno de esos proyectos constituiría una gravísima responsabilidad y arrastraría su total desaparición, aun en caso de triunfo». Y pedía a los jefes provinciales que le contestaran en el plazo de cinco días que habían acatado sus instrucciones.

Sin embargo, en aquel preciso plazo de cinco días, el jefe de Falange cambió de criterio. ¿Qué ocurrió? ¿Es que su hermano había pactado? ¿O fue convencido por el tradicionalista conde de Rodezno, que lo visitó en la cárcel? Tal vez ni lo uno ni lo otro. Debió comprender que no podían quedarse al margen. El caso es que su circular a todas las Jefaturas, fechada el 29 de junio, contenía instrucciones precisas para la participación militar de Falange en la sublevación. Para organizaría se nombró un triunvirato formado por Fernando Primo de Rivera, Manuel Hedilla y Manuel Mateo.

En esas, Mola seguía discutiendo con los tradicionalistas Fal Conde y Zamanillo, pero creía en un triunfo fácil, a base de que varias columnas militares se precipitasen sobre Madrid. «El Alzamiento lo iban, pues, a resolver principalmente las guarniciones comprometidas. Nunca Mola supuso que pudiera surgir una guerra civil»[38].

Mola pensaba iniciar el movimiento el 9 o el 10 de julio. Los jefes militares estaban designados. Queipo de Llano debía encargarse de Andalucía; Cabanellas (también ganado a la causa) de Aragón; Saliquet de Valladolid; González Carrasco de Cataluña; Goded de Valencia; Villegas de Madrid; Franco de África y Mola de Navarra y Burgos. El plan consistía en hacer converger sobre Madrid las fuerzas de Valladolid, Burgos y Zaragoza. El centro político se fijaba en Burgos, adonde debía acudir directamente Sanjurjo, desde Estoril, para hacerse cargo de la jefatura suprema. En cuanto a Madrid, se daba la consigna de que las tropas fueran sacadas cuanto antes de los cuarteles y de que, con el pretexto de ir a combatir contra las columnas rebeldes, saliesen de la capital y se uniesen a ellas al entrar en contacto.

Pero no había acuerdo entre Mola y tradicionalistas, y el 2 de julio, después de la entrevista de Echauri, quedaron rotas las negociaciones. Lizarza salió rápidamente para Estoril con objeto de que Sanjurjo lograse poner de acuerdo a Mola con Fal Conde. José Antonio Primo de Rivera prorrogó, por su parte, la validez de sus instrucciones hasta el 20 de julio.

En cuanto a la vida política, ésta continuaba tensa. En las Cortes, José María Cid interpeló al Gobierno sobre la situación agraria y le acusó de actuar como si sólo hubiera obreros parados y no propietarios. La verdad era que éstos dificultaban todo lo posible las faenas de la cosecha y que, en ocasiones, estaban dispuestos a perderla, con tal de no acceder a las reivindicaciones de los trabajadores.

Un laudo del ministro, del Trabajo propuso aumentos de salarios del 5 al 12 por ciento para resolver la huelga de la construcción. Sometido a referéndum, 15 000 obreros de la U. G. T. lo aceptaron, pero 50 000 de la C. N. T. lo rechazaron. La solución era difícil, por lo que Moles anunció que «el Gobierno será inexorable y está decidido a que se respeten las decisiones del ministro del Trabajo».

Por otro lado, cuando parecía que iba a resolverse la huelga de ascensoristas, los obreros del Metro pidieron reducción de la jornada de trabajo.

El centro-derecha buscó entonces otra salida a la situación. Miguel Maura habló de Gobierno nacional y el diario Ahora sugirió la creación de un Gobierno republicano-socialista, presidido por Prieto, y la ruptura del Frente Popular.

En Asturias los mineros declaraban la huelga porque el Gobierno había provocado la dimisión del, gobernador civil, Rafael del Bosque, que había apostrofado por telegrama a Calvo Sotelo. Pero en Oviedo no era seguida la huelga.

Indalecio Prieto, desde las columnas de El Liberal, de Bilbao, al señalar el peligro de un golpe de fuerza derechista, aconsejaba a los socialistas a estar alerta. En Madrid, el tema fue ampliamente recogido por El Socialista. La Libertad, Política (órgano de Izquierda Republicana) y Mundo Obrero, La conspiración progresaba. Sanjurjo, tras hablar con Lizarza, escribió una carta a Mola para recomponer los vidrios rotos. En ella decía que el movimiento triunfante «tendrá que revisar todo lo legislado, especialmente en materia de religión y social… procurando volver a lo que siempre fue España (…) El Gobierno tiene que constituirse en sentido puramente apolítico por militares y ha de procurarse que el que lo presida esté asesorado por un Consejo de hombres eminentes, no pudiendo formar parte de él aquellos que no hubiesen cooperado de manera decisiva por la acción del movimiento (…). Hay que ir a la estructuración del país, desechando el actual sistema liberal y parlamentario…».

No le agradó la carta a Mola, que exclamó: «La firma es de Sanjurjo, pero el contenido, no». Y no quiso firmar, por su parte, más que la conformidad «con las instrucciones que en su día del jefe del Gobierno provisional, general Sanjurjo». Fal Conde se enfadó y dio órdenes de «no secundar movimiento que no sea exclusivamente nuestro». Pero al mismo tiempo, la Junta carlista (tradicionalista) de Navarra seguía en contacto con Mola y fue a San Juan de Luz a explicar al pretendiente Javier de Borbón-Parma que el movimiento iba a estallar de todas maneras y que su gente se iría con Mola. La confusión era indescriptible[39]. Pero lo cierto es que la conspiración progresaba. Goded y González Carrasco permutaban sus puestos (sobre las razones de este cambio unos han dicho que obedecían a que Goded creía esencial su presencia en Barcelona y otros en cambio, que siendo de entusiasmo tibio por la sublevación, prefería pulsar sus posibilidades desde Barcelona) y lo mismo hizo Fanjul, que se encargó, en vez de Villegas, de dirigir el alzamiento en Madrid[40].

Mola pensaba ya en el armamento y, según su biógrafo Maíz, tenía todo preparado para empezar las gestiones —pagando al contado— en fábricas alemanas, austríacas y polacas.

Ultimo chispazo antes de la tragedia: el 11 de julio, un grupo falangista asaltó el local de Radio Valencia y difundió: «En estos momentos, Falange Española ocupa militarmente el estudio de Unión Radio. ¡Arriba el corazón! Dentro de unos días la revolución sindicalista estará en la calle». El pueblo reaccionó en grandes manifestaciones y fueron asaltados el local de la Derecha Regional, el del Diario de Valencia, el de la patronal, el Casino y el café Vodka. La policía detuvo a Pérez Laborda, exvicepresidente de la J. A. P. y a quince falangistas.

El día 12, el teniente de Asalto José del Castillo, muy significado por su filiación izquierdista, era asesinado en Madrid por cuatro pistoleros (luego se ha dicho que obraban al servicio de la U. M. E.) al salir de su domicilio en la calle de Hortaleza. En aquella atmósfera cargada, aquel asesinato produjo la máxima excitación en los medios izquierdistas, seguros ya de que iba a producirse un golpe de fuerza[41].

A la mañana siguiente, apareció en el depósito del cementerio del Este el cadáver de Calvo Sotelo, asesinado aquella noche después de haber sido detenido en su domicilio por guardias de Asalto, a las órdenes de un capitán de la Guardia civil. A las primeras horas, Fuentes Pila, Vallellano y otros dos diputados de derechas se presentaron en el domicilio del presidente del Congreso para protestar enérgicamente del secuestro de su colega. Martínez Barrio llamó a Moles, que no sabía nada. Minutos después, Moles telefoneaba la noticia del macabro hallazgo. «¡Te vengaremos!», gritó Fuentes Pila. Y acto seguido abandonaron aquel domicilio.

¿Qué había ocurrido? No es éste el lugar para desarrollar un tema que, por lo controvertido, ocuparía decenas de páginas. Los conspiradores, sublevados días después, y vencedores al cabo de tres años, pretendieron siempre presentar este hecho —que perjudicó mucho a la República y favoreció a los conspiradores— como un crimen de Estado. Ésa es la tesis sostenida en La causa general y en montañas de escritos de propaganda de tono hagiográfico. No hay una sola prueba procesal o histórica de tal aserto. En cambio es evidente que el auto salió del cuartelillo de Asalto en Pontejos, que el capitán de la Guardia civil era Fernando Condés (socialista, condenado a treinta años en octubre de 1934 e íntimo amigo de Castillo) y que iba acompañado de otros oficiales y por el socialista Victoriano Cuenca. Dijeron a Calvo Sotelo que lo llevaban a la Dirección de Seguridad (hay quien asegura que el propósito de Condés y de los otros oficiales era sólo apoderarse de él como rehén). Accedió Calvo Sotelo, al ver la documentación de Condés. Salieron a la calle y todos montaron en el coche de Asalto. Minutos después, Calvo Sotelo era asesinado[42].

Que la muerte de Calvo Sotelo no fue causa del alzamiento lo prueba, si hiciera falta, que el periodista Luis Bolín, siguiendo instrucciones de Luca de Tena, había alquilado previamente en Londres el avión Dragon Rapide, de la Olley Airways C.ª, y los servicios de un aviador inglés, el capitán Bebb. Este avión, cuya misión era trasladar a Franco desde Canarias a Marruecos, despegaba de suelo inglés el 11 de julio.

Puede muy bien ser que la precipitación de los acontecimientos decidiese a Mola a aceptar, el día 14, las proposiciones de Sanjurjo y los tradicionalistas: «Conforme en las orientaciones que en su carta del día 9 indicaba el general Sanjurjo y con las que el día de mañana determine el mismo, como jefe de Gobierno». Éste es el documento que firmó Mola.

Ese mismo, día 14, Mola reunió, en el monasterio de los Escolapios de Irache, a los coroneles jefes de las guarniciones de Pamplona, Logroño, Vitoria, San Sebastián y Estella, cuyo alcalde, Fortunato de Aguirre, al enterarse de ello, movilizó a la Guardia municipal para practicar detenciones y avisó al gobernador civil. Éste telefoneó a Casares, y el jefe del Gobierno respondió así: «Que se retire inmediatamente la guardia; Mola es un republicano leal». Igual respuesta dio a Prieto e Irujo.

También ese día, Garcerán fue a Pamplona, enviado, una vez más, por José Antonio Primo de Rivera. Según Iribarren, el jefe de Falange comunicaba que si la rebelión no comenzaba en el plazo de setenta y dos horas, él mismo y Falange la iniciarían en Alicante.

Al día siguiente, Luca de Tena reunía a un grupo de conspiradores en su villa de Biarritz. Se trataba de ir a buscar a Sanjurjo. Lizarza salió en un avión francés, pero el piloto aterrizó en Burgos con el pretexto de no tener bastante gasolina y la policía española detuvo al conspirador tradicionalista, que fue trasladado a Madrid. Entonces fue cuando se dispuso que Ansaldo, pilotando su avión personal, fuera a Lisboa a buscar a Sanjurjo. Al mismo tiempo, el diplomático Sangróniz prevenía a Franco de que ya tenía el avión a su disposición, en Las Palmas.

En Madrid, el entierro de Calvo Sotelo, constituyó una manifestación política y una declaración de guerra. Goicoechea declaró, ante una multitud que saludaba brazo en alto: «Ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte, salvar a España. Que todo es uno y lo mismo, porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España». Allí estaban Albiñana, Vallellano, el marqués de la Eliseda, Gil Robles, Ventosa.

El Gobierno no sabía qué hacer. Se diría que temía tanto a esos obreros que hacían huelgas o montaban guardia vigilante en sus locales como a la sublevación latente de las derechas. Suspendió la publicación de los diarios derechistas La Época y Ya, pero también clausuraba locales de la C. N. T. En cuanto a las organizaciones obreras del Frente Popular (Partido Comunista, Partido Socialista y U. G. T.) estaban en relación permanente y movilizaban sus milicias y afiliados para hacer frente a cualquier eventualidad. En Barcelona, el Comité de Enlace de los cuatro partidos obreros catalanes (Unió Socialista de Catalunya, presidida por Juan Comorera, Partit Comunista de Catalunya, Federación Catalana del P. S. O. E. y Partit Català Proletari) proseguía sus trabajos para la celebración del Congreso de unificación de las fuerzas marxistas de Cataluña y anunciaba la aparición de Treball como órgano diario del nuevo partido para el mes de septiembre. Ínterin se llegaba a la fusión, los semanarios Justicia Social (órgano de la U. S. C.) y Catalunya Roja (del P. C. C.) habían fusionado ambas redacciones y editaban un periódico único con los dos títulos citados. De esa labor debía resultar el Partit Socialista Unificat de Catalunya, creado el día 21 de julio.

El día 16 se reunía la Diputación permanente de las Cortes con objeto de decidir sobre la prórroga del estado de alarma. Los grupos de derechas reiteraban su declaración de guerra. Suárez de Tangil, en nombre de Renovación (monárquicos), anunció la retirada de su grupo de las Cortes «mientras no cambie la situación de España». Pero fue Gil Robles quien, paradójicamente, llevó la voz cantante de la oposición: «Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a ese estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad, ni en la democracia…». No obstante, Gil Robles no creía «que el Gobierno esté directamente mezclado en un hecho criminal de esta naturaleza» (el asesinato de Calvo Sotelo). Para él se trataba de una responsabilidad política y moral, y agregó: «Vosotros que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella».

El presidente Martínez Barrio explicó que la Justicia investigaba ya los hechos (habían sido detenidos los capitanes Gallego y Maeso, los tenientes Garrido, España, Artal, del cuerpo de Asalto, y 150 personas sospechosas de haber intervenido en la muerte de Calvo Sotelo). El ministro de Estado, Augusto Barcia, habló en tonos conciliatorios y prometió que el gobierno facilitaría todos los medios para que quienes hubieren cometido delitos los purgasen. Prieto, también en tonos mesurados, condenó toda violencia, pero no sólo la ejercida contra personas de derechas y recordó que muchos hechos parecidos ocurrieron cuando la represión de octubre. Esa misma comparación estableció José Díaz, pero éste centró el problema sobre la preparación de un golpe de Estado inminente: «Estamos completamente seguros —dijo— de que en muchas provincias de España, en Navarra, en Burgos, en Galicia, en parte de Madrid y otros puntos se están haciendo preparativos para el golpe de Estado…».

Pedro Corominas (Esquerra Republicana de Catalunya) señaló la gravedad de la fiase de Gil Robles, cuando afirmaba que «un día, la sangre vendrá sobre vosotros». Intervino luego el ministro de la Gobernación y los representantes de todos los grupos. Por 13 votos contra cinco y una abstención, se decidió prorrogar el estado de alarma. Iban a dar las tres de la tarde, cuando Martínez Barrio levantó la sesión.

Al mismo tiempo que esto sucedía en Madrid, el general Mola visitaba en Burgos al general Domingo Batet, y a una de sus preguntas, el exdirector de Seguridad le dio su palabra de que no se sublevaría.

Al día siguiente, a las seis y media de la mañana, Félix B. Maíz, expedía desde la oficina de Correos de Bayona los telegramas cifrados ordenando el levantamiento.

Hipótesis sobre los orígenes del levantamiento

Hipótesis sobre los orígenes del levantamiento

A trueque de interrumpir brevemente el relato, parece necesario incluir algunas de las hipótesis sobre las causas relativamente inmediatas del alzamiento armado que había de transformarse en terrible guerra. Y no está de más comenzar por aquellas razones que han servido a posteriori para fundamentar, justificar o explicar los actos que provocaron la guerra[43].

El argumento único, presentado de diversas formas, es que los militares se sublevaron para prevenir una inminente revolución comunista. Las pruebas aducidas son:

Un documento mecanografiado del que se afirmó haber encontrado copias en Lora del Río, La Línea y un pueblo de Badajoz. Contiene nada menos que instrucciones sobre la composición de un Soviet nacional, mandos e instrucciones de milicias, responsables de provincias, etc., para una «revolución» que había de comenzar entre el 11 de mayo y el 26 de junio.

Una supuesta orden secreta del 27 de febrero de 1936 que, a juzgar por los servicios de información de Mola, procedía de la Internacional Comunista, para desatar la revolución en España.

Un documento, presentado —sin ningún instrumento de prueba— por el Gobierno portugués al Comité de No Intervención, en su reunión del 24 de octubre de 1936, en el que se pretende que desde comienzos del mismo año se habían dado instrucciones para la revolución y para las destrucciones a realizar con dinamita por células armadas en cada pueblo del sur de España, con el médico a la cabeza.

Otro documento, que se decía redactado en París ante técnicos soviéticos, estudiando en treinta puntos el procedimiento a seguir para la ocupación de cuarteles, eliminación de oficiales, etc.

Otro documento, que se aseguraba haber sido copiado por espías al servicio de los conspiradores en una oficina de la U. G. T. de Madrid, que se refiere a la organización de un movimiento revolucionario simultáneo en Francia y España para mediados de junio de 1936, una vez que Blum hubiera formado Gobierno en París. Tal acuerdo era el tomado en otra supuesta reunión celebrada el 16 de mayo en la Casa del Pueblo de Valencia por «representantes de la U. R. S. S.» con delegados españoles de la III Internacional, resolviendo en el 9.º de sus puntos: «Encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, integrado por agentes de policía en activo, la eliminación de los personajes políticos y militares destinados a desempeñar un papel de interés en la contrarrevolución».

Resumiendo, se utilizaron, con el mismo fin, algunas declaraciones propagandísticas de Largo Caballero hablando de la dictadura del proletariado, la existencia de milicias obreras, los rumores sobre delegados de la Internacional Comunista que hubieran visitado España, etc., todo a base de recortes de prensa o de declaraciones gratuitas.

La simple lectura de cargos da idea de la fragilidad y del carácter circunstancial de los mismos. Sin embargo, como han sido utilizados con intento de conformar un juicio sobre un período esencial de la historia de España, vale la pena de esbozar al menos una crítica de ellos en tres planos: el de la política general de la época, el del contexto de acontecimientos históricos y el historiográfico con referencia a su verosimilitud como fuentes de la historia.

La política de la Internacional Comunista y de todos los partidos que la integraban, expresamente determinada en su Congreso de 1935, consistía en facilitar la unión más amplia posible de todas las fuerzas dispuestas a oponerse a la ofensiva del fascismo. Para la Internacional Comunista, el dilema político de la época era: democracia o fascismo. Esa idea general, expuesta en infinidad de discursos, resoluciones, artículos, etc., había tomado cuerpo en los Frentes populares de Francia y España, que constituían para los dirigentes comunistas un ejemplo para crear la unión antifascista en otros países. No hay un solo ejemplo de la época en que la I. C. propugnase la toma violenta del Poder por la clase obrera para ejercerlo exclusivamente en su provecho. Por lo que concierne a España, cualquier conocedor de la historia de su movimiento obrero sabe que mientras el ala izquierda del Partido Socialista propugnaba, en 1936, la perspectiva del Poder obrero, el Partido Comunista disentía de ello, por cuanto estimaba que era preciso mantener y desarrollar el Frente Popular. En este sentido pueden consultarse los discursos de José Díaz, las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista en marzo de 1936, la colección de Mundo Obrero, etc.

Desde el punto de vista de la política internacional, todos los esfuerzos de la diplomacia soviética se concentraban en lograr la mayor colaboración con los Estados democráticos de Occidente a fin de aislar los Gobiernos fascistas y de imponer un sistema de seguridad colectiva que evitase la guerra predicada por el fascismo. Por nada del mundo quería la Unión Soviética crear obstáculos a esa aproximación diplomática[44]. En resumen, la presunta sovietización de España era la antítesis de la política comunista en el país y en todo el mundo.

En segundo lugar, la historia de entonces y la de los años que siguieron demuestra que los progresos de unidad entre socialistas y comunistas no eran de tal grado para permitir esos planes, en los que personas, por ejemplo, como Araquistain o Bugeda, desempeñaban el papel de «agentes bolcheviques». Las Casas del Pueblo no podían ser lugares de reunión con fantásticos delegados soviéticos, ni desde ellas se podían dar órdenes a organismos comunistas que, como el famoso «radio 25» de Madrid, no han existido más que en la imaginación de los conspiradores y de sus servicios policíacos privados. Fácil es comprobar, con la simple lectura de la prensa de la época, que el 16 de mayo no había en Valencia ninguna personalidad socialista o comunista susceptible de tomar acuerdos de tamaña importancia. Por otra parte, hay una confusión deliberada entre la existencia de milicias de autodefensa socialistas y comunistas (existentes desde 1934, pero de número reducido y que carecieron siempre de verdadero armamento) y la organización de unidades militares de combate, como por ejemplo, las del Requeté navarro.

Por último, ninguno de esos documentos ofrece la menor prueba de verosimilitud. ¿Cómo era posible hallar al voleo copias de planes conspirativos en diversas localidades de tercer orden? ¿Por qué no realizaron esa «revolución» en fechas previstas? Y, ¿qué decir de esa «revolución» al alimón con Léon Blum? Hasta el estilo de redacción de los supuestos documentos muestran que fueron obra de personas que apenas conocían el movimiento obrero y su terminología política. Tomentos un ejemplo. Las palabras del «complot establecido el 26 de febrero para crear la República Socialista Ibérica y declarar la guerra a Portugal», que se dijo «descubierto» por los agentes operando al servicio de Mola. Allí se ponen en boca de Dimitrov estas palabras: «La fuerza subversiva del proletariado español es enorme. Es el principal eslabón de la cadena europea. Sin él no existe cerco para encadenar a Europa»[45].

Compárese ese texto con cualquier otro de Dimitrov o con una cualquiera resolución comunista y se observará inmediatamente el estilo de lo falsificado.

Este mismo informe daba la siguiente composición del pretenso y futuro «Consejo Supremo del Soviet Español», presidido por Largo Caballero. Además de Ventura Delgado, debían figurar Hernández Zancajo, Araquistain, Álvarez del Vayo, Mangada, Javier Bueno, José Díaz, Baraibar, Ortega y Gasset (Eduardo). Zabalza, Bugeda y Pascual Tomás. Y, curioso: ¡un «Soviet» de 13 personas donde sólo había un comunista[46]!

Han pasado casi cuarenta años de aquellos hechos y aunque nadie, en el terreno de la investigación histórica, concede importancia a lo que fueron argumentos de propaganda, es todavía necesario ejercer la crítica histórica de los mismos.

Ahora bien, si se desechan esas explicaciones, ¿es que no hubo causas del alzamiento armado de julio de 1936? ¿Es que éste obedeció a la obsesión belicista, al simple deseo de desquite o a reacciones psicológicas de una casta? Pretenderlo así sería tremendo dislate. Hubo causas del alzamiento; hubo razones, aunque las «razones» de unos grupos oligárquicos. Cierto que temían la revolución, y tenían sus razones para temerla. Pero no se trataba de la revolución proletaria ni mucho menos de un golpe armado. Se trataba, ni más ni menos, de la revolución democrática reemprendida en 1931 —fracasados los intentos anteriores—, contenida en 1934, que había recobrado toda su pujanza y contaba con posibilidades de desarrollo legal. Desde la victoria electoral del Frente Popular y la formación de un Gobierno republicano de izquierda apoyado popularmente, se pudo comprender que ciertos cambios esenciales en la estructura de España eran inevitables, a no ser que se les cerrase el camino por la vía de la violencia. ¿Cuáles iban a ser esos cambios? Una reforma agraria, impulsada de arriba abajo y de abajo arriba para transformar la estructura agraria y liquidar el poder oligárquico en ese dominio; una mayor participación obrera en la vida económica del país (a través de los Sindicatos) que debía frenar en seco los beneficios del gran capital y obligar a los Gobiernos a que tomasen medidas contra el libre arbitrio de bancos y grandes empresas. Los gobiernos republicanos, en los que no estaban representados los sectores obreros de la alianza frentepopulista, daban la impresión de cierta carencia de autoridad (tanto en su acepción «derechista» como «izquierdista»), agravada por la impaciencia de los sectores extremistas. Sin duda alguna había republicanos del Frente Popular que no querían ir tan lejos (incluso algunos prohombres socialistas) y otros que se movían en un mar de vacilaciones, pero se trataba de un movimiento irreversible porque minaba las bases materiales, las estructuras arcaicas, que durante más de un siglo habían impedido que España se incorporase al ritmo de la historia contemporánea.

Para los aristócratas terratenientes, para numerosos mandos militares, para no pocos miembros del alto clero o grandes financieros ese porvenir no era otro que el de la «anarquía» o el «comunismo» si usaban un término más de moda, pero que ya había sido utilizado trece años atrás por el general Primo de Rivera.

Muy representativo del estado de ánimo de ciertos sectores sociales es el juicio emitido por Gil Robles: «En la primavera de 1936 no existía un verdadero complot comunista, según han pretendido hacer creer los historiadores de la España oficial; pero se había iniciado en muchos sectores de la Península una profunda revolución agraria, que llevó al desorden y la anarquía a una gran parte del campo español»[47]. Falta todavía un estudio socio-histórico sobre personas y sectores que intervienen en la preparación del alzamiento. No es desdeñable la hipótesis de la función importante que pudieron jugar grandes propietarios agrarios y un sector extremista del capital financiero. La base social con que se contaba previamente eran los núcleos del tradicionalismo (mayoritario en Navarra, importante en zonas catalanas, en Sevilla, etc.) y los jóvenes de clases medias atraídos por. Falange, cuyas motivaciones eran probablemente muy complejas.

La fragilidad del consenso y la tradición de violencia contribuyeron a crear el intenso clima de ansiedad de julio del 36.

No participaron en la preparación del alzamiento, en su inmensa mayoría, los industriales catalanes y aún menos los campesinos castellanos que votaban a la C. E. D. A. Había incluso miembros de la oligarquía financiera al margen de lo que se tramaba (de los tres hermanos Urquijo, por ejemplo, uno se encontraba en Madrid, en julio, ignorante de lo que iba a suceder). Otros lo sabían, pero dejaban hacer, por ejemplo, Romanones, que dijo después a Bower: «Comenzaron a planear esto antes de las elecciones. Todo fue perfectamente organizado y se ejecutó con rapidez».

Es imprescindible distinguir en términos socio-históricos entre preparación del alzamiento y apoyos sociales (sin duda mucho más vastos) que éste recibe después de haberse iniciado.

Los jefes militares constituyeron la fuerza esencial del alzamiento. Unos eran monárquicos ligados de antiguo a las castas que dominaron en tiempos de Borbones (Orgaz, Fanjul, el propio Sanjurjo, a pesar de lo ocurrido el 14 de abril); otros procedían del equipo formado en la guerra del Rif, que se habían opuesto de diversas formas a Primo de Rivera (Mola, Franco, Goded). Los había que estaban en la lucha contra la República desde 1932, y también quienes por razones personales cambiaron de campo (Queipo, Cabanellas). La mayoría de ellos tenían ideas políticas bastante sumarias; reaccionaron ante la pérdida de varios de sus privilegios, sintiéndose hostiles a la República, con la que sólo se compenetraron en el bienio radical-cedista. Aunque procedentes la mayoría de las clases medias, el espíritu en que se formaron (Academias militares, Ejército de África, trato frecuente con las clases más elevadas allí donde iban) creó en ellos un espíritu conservador. Si por un lado se entusiasmaban ante el militarismo de Hitler y Mussolini, por otro ignoraban el aspecto demagógico de sus programas. Rarísimos eran los militares que pertenecían a Falange antes de la guerra y el solo nombre de «Sindicato» creaba en ellos un reflejo de hostilidad. La idea, expresada varias veces por Calvo Sotelo, de que «el Ejército no es solamente el brazo armado, sino la columna vertebral de la Patria», coincidía plenamente con su sentir[48]. Sin embargo, es un error bastante común el de identificar a la totalidad del Ejército español de 1936 con la mayoría que dio comienzo a la guerra.

En la mañana del 17 de julio, cada uno habría recibido la consigna. España iba a entrar en el período más trágico de su historia.

Tercera parte. La Guerra Civil (1936-1939)

La Guerra Civil
(1936-1939)

Capítulo XI. La guerra

CAPÍTULO XI
LA GUERRA

El alzamiento militar (17-20 de julio)

El alzamiento militar (17-20 de julio)

Todo está previsto para el 18. En Madrid, Casares Quiroga es el que menos se da cuenta de la tormenta que se cierne sobre España. No así las organizaciones obreras del Frente Popular, cuyos afiliados están de hecho movilizados y montan la guardia en sus locales.

A las tres de la tarde del viernes 17, el coronel Solans y los tenientes coroneles Seguí, Gazapo y Bertomeu dan en Melilla las últimas instrucciones para pasar a la acción. Ya en ese momento el general Romerales, comandante de la zona oriental, ha tenido noticias de lo que se trama y envía una sección de guardias de Asalto al edificio de la Comisión de Límites donde están reunidos los militares. Mientras Gazapo discute con ellos, un oficial, Julio de la Torre, telefonea a la delegación del Tercio en Melilla. Pasan unos minutos y llegan los legionarios; el choque no se produce; los de Asalto se rinden. Poco después, Solans y Seguí, pistola en mano, detienen a Romerales. Cuando a las cinco de la tarde, Casares le llama, es Solans quien responde: «No pasa nada». En realidad, se lucha en las calles y el Tercio ha puesto ya sitio a la Casa del Pueblo donde se han concentrado numerosos obreros. Casi al mismo tiempo, Yagüe, desde Ceuta, ordena secundar la acción de Melilla. En esta ciudad, Bertomeu ha proclamado el estado de guerra y los legionarios y regulares, que han afluido de sus acantonamientos, se hacen dueños de la situación. Los que se oponen son eliminados. Romerales es pasado por las armas[1].

En Tetuán, el coronel Saénz de Buruaga dirige la sublevación. Al anochecer, los regulares al mando del teniente coronel Asensio dominan la plaza, mientras Beigbeder (que había sido trasladado de Berlín a Marruecos) convence fácilmente al Jalifa y al Gran Visir para que apoyen el alzamiento. Álvarez Buylla alto comisario, está al habla por teléfono con Casares, pero se encuentra sitiado en su residencia. El aeródromo, al mando del comandante Lapuente (primo del general Franco) sigue fiel a la República. Al amanecer del sábado, el campo de aviación es ocupado por los regulares de Asensio, y Lapuente fusilado.

En Ceuta, Yagüe domina la situación antes de medianoche. Casi al mismo tiempo, se prepara en Melilla una columna para dirigirla a la Península. Pero el destructor Sánchez Barcáiztegui se niega a secundar la operación y, a medianoche, abre fuego contra Melilla antes de zarpar.

Por la noche, el Gobierno sabe lo que ocurre en Marruecos. Pero Casares Quiroga no se inmuta y, al parecer, el presidente de la República tampoco. Los gobernadores civiles responden a las llamadas telefónicas del Gobierno con buenas palabras, y afirman que todo está tranquilo.

Amanece el 18 de julio. El Gobierno anuncia por la radio que hay un alzamiento militar en Marruecos, y que nadie lo sigue en la Península. A esas horas se lucha duramente en Larache, donde los insurrectos, que han comenzado su acción a las dos de la madrugada, tropiezan con fuerte resistencia de militares republicanos y obreros. El capitán López de Haro, con varios grupos, resistirá cuatro días en el bosque de La Gava; el comandante de Marina, Guimerá, es ejecutado por negarse a entregar la clave; mueren en la lucha los tenientes Reinoso y Bozas.

El Gobierno pierde horas preciosas sin tomar ninguna medida, pese a los requerimientos de las organizaciones obreras. La expectación y la inquietud aumentan por instantes en Madrid.

En Barcelona, los militantes de la C. N. T. sé apoderan de las armas guardadas en cuatro barcos surtos en el puerto, las depositan en el Sindicato del Transporte y se niegan a devolverlas a los guardias de Asalto enviados por la Generalidad. Sin embargo, reina todavía la calma.

En Sevilla, a eso de mediodía, el general Queipo de Llano (director general de Carabineros, pero enviado por los conspiradores para hacerse cargo de la ciudad), en un golpe de audacia, acompañado tan sólo por cuatro oficiales, detiene al general Villabrille y luego al coronel del regimiento de Granada. Con poco más de cien hombres de tropa y quince falangistas voluntarios (número dado después por el mismo Queipo) desata su operación sorpresa. Poco después se le unen los artilleros y se apodera de la estación de la Radio. Las fuerzas de Asalto, mandadas por el capitán Escribano, resisten por la tarde en la plaza Nueva, pero tienen que ceder. Los rebeldes, a los que se ha unido ya la Guardia civil, se apoderan del Ayuntamiento y de Teléfonos. Los de Asalto se atrincheran en el Hotel de Inglaterra, pero cuando éste es batido por la artillería, el gobernador civil decide la rendición a cambio de que le respeten la vida. A las seis de la tarde, los sublevados dominan el centro de la ciudad y comienzan a radiar partes de victoria. Los obreros, que han tardado en movilizarse varias horas y no tienen armas, se agrupan en los barrios periféricos, donde alzan barricadas para una desesperada defensa que durará varios días.

En Algeciras, La Línea. Écija, Cádiz, la sublevación comienza y los obreros, desarmados, responden con la huelga.

En Córdoba, el coronel Cascajo, aprovechando que las fuerzas de Asalto pasan de su lado, hace triunfar rápidamente el alzamiento. La situación en la provincia es de lo más confuso. Huelva está aún en poder de los republicanos. En Granada, el general Campins sigue fiel a la República, pero no quiere distribuir armas a los Sindicatos.

En la base naval de San Fernando (Cádiz), el almirante jefe declara el estado de guerra. Ese mismo día zarpan de la base de El Ferrol los cruceros Libertad y Miguel de Cervantes con las tripulaciones sublevadas en favor de la República. En la ciudad reina aún la incertidumbre.

En Málaga, el general Patxot, después de haber sacado las tropas a la calle, retrocede, y el Frente Popular se hace dueño de la situación.

En Zaragoza, donde se cree que el general Cabanellas es republicano, la tropa está en los cuarteles; la C. N. T. amenaza con la huelga, pero el gobernador civil logra disuadir a sus dirigentes.

En Pamplona, Mola, al frente de la guarnición y de los requetés, es dueño de la ciudad; el jefe de la Guardia civil, comandante Rodríguez Medel, que hace frente a los sublevados, es eliminado de un pistoletazo.

En Burgos, el general González de Lara ha sido arrestado ya por las autoridades republicanas, pero los oficiales sublevados detienen al general Mena, procedente de Madrid, mientras el gobernador civil se niega a armar al pueblo. Por la noche del día 18, el teniente coronel Aizpuru depone al general Batet, comandante general de la región, al tiempo que el coronel Gistau, de la Guardia civil, y el coronel Gavilán se apoderan del gobernador civil.

En Valladolid, el general Saliquet, que ha estado esperando por los alrededores desde las diez de la mañana, se presenta con el general Ponte y varios oficiales para exigir al general Molero que le entregue el mando. Este responde con un ¡Viva la República! Hacen fuego los oficiales y resultan tres muertos y cinco heridos, entre ellos el general Molero. A las dos de la mañana, los generales sublevados proclaman el estado de guerra. Los sublevados dieron muerte al coronel Villena, jefe del Tercio de la Guardia civil.

En Oviedo, a instigación del coronel Aranda, que se dice republicano, se organiza una columna obrera que sale por la noche hacia Madrid; sólo unos cuantos de sus componentes llegarán a Madrid, la mayoría será de hecho interceptada en León.

En el País Vasco, el Partido Nacionalista anuncia por la Radio su adhesión a la legalidad republicana.

En fin, en la España insular todo es fácil para los sublevados, Goded domina Mallorca e Ibiza antes de salir para Barcelona (sólo en Menorca, la sublevación del general Bosch fue cortada de raíz y la isla quedó en poder de los republicanos).

En Las Palmas, Franco y Orgaz se adueñan de todo el poder; Franco sale por la noche en el Dragón Rapide rumbo a Tetuán, pero antes de llegar a esta ciudad hará escalas en Agadir y Casablanca, zona francesa del Protectorado.

El mismo día 18, por la mañana, las antenas canarias difunden un llamamiento del general Franco al país: «¡Españoles!: A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la patria, a los que jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa. La situación de España es cada día que pasa más crítica; la anarquía reina en la mayoría de sus campos y pueblos (…). Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la nación (…). La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total; ni igualdad ante la ley; ni libertad, aherrojada por la tiranía; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido al mutuo respeto (…). Justicia e igualdad ante la ley os ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Libertad y fraternidad exentas de libertinaje y tiranía (…). En estos momentos es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad y justicia. En todas las regiones, el Ejército, la Marina y las fuerzas del orden público se lanzan a defender la patria (…). Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que representan un avance en el mejoramiento político-social y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestros pechos, del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra patria, por primera vez, y por este orden, la trilogía fraternidad, libertad e igualdad. ¡Españoles: Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!».

Mientras, Casares Quiroga y su Gobierno, así como el presidente de la República, dejan pasar el tiempo sin adoptar ni una sola medida de defensa. «Quien facilite armas sin mi consentimiento será fusilado», afirma el jefe del Gobierno, pese a lo cual el coronel Rodrigo Gil facilita 5000 fusiles que había en el Parque de Artillería, con los que las Juventudes Socialistas Unificadas y la U. G. T. organizan unidades de defensa.

Por la tarde, el Gobierno ordena un bombardeo de Tetuán por un avión Douglas, que desmoraliza a la población marroquí, pronto calmada por el Gran Visir. También se dan órdenes a la Flota; pero aquí todo depende de los marineros que, fieles a la República, dan muerte a la mayoría de los oficiales.

Acuciado por las organizaciones obreras. Casares Quiroga dimite en la noche del 18. Son momentos decisivos. La población pide armas. Las piden también las direcciones de los partidos Comunista y Socialista, y de la U. G. T., que han estado en contacto todo el día. Lo mismo piensa el general Pozas, director general de la Guardia civil, único alto cargo en propugnar esa solución, frente al general Miaja, comandante general de Madrid quien tampoco cree prudente armar al pueblo.

Azaña piensa entonces en la solución de compromiso: un Gobierno moderado presidido por Martínez Barrio, con participación de Sánchez Román y dos amigos suyos del Partido Nacional Republicano, que se habían negado a entrar en el Frente Popular. Prieto no acepta formar parte, porque ése es el criterio de su partido, que decide, sin embargo apoyar al gobierno en proyecto. Durante unas horas está formado este gobierno. Su ministro de Guerra, Miaja, telefonea a Mola, que responde que se ha sublevado. En el cuarto de teléfonos de Gobernación las noticias se precipitan angustiosas al filo de la medianoche. En Zaragoza, el general Álvarez Arenas ha detenido al general Núñez del Prado, enviado por Casares para convencer a Cabanellas, y el comandante Mano ha hecho lo mismo con el gobernador civil, que había desaconsejado la declaración de la huelga general, propuesta por los Sindicatos. Los insurrectos son ya dueños de Valladolid y Burgos y de las otras dos capitales de Aragón. En las calles de Madrid, una multitud cada vez más numerosa, que reclama armas, prorrumpe en gritos de ¡traición! al correrse la noticia de que Martínez Barrio va a formar un gobierno que parlamente con los sublevados. Grupos de obreros, con las raras armas que poseen, se sitúan en lugares estratégicos, lo cual parece inquietar a los medios oficiales[2].

En este momento se sitúa la controvertida conversación telefónica entre Martínez Barrio y Mola. Es casi imposible saber los ofrecimientos que hizo el nombrado jefe del Gobierno, pero su existencia parece un hecho probado[3]. Conocida es la respuesta que se atribuye a Mola: «No, no es posible, señor Martínez Barrio. Ustedes tienen sus masas, y yo tengo las mías. Si yo acordara con ustedes una transacción habríamos los dos traicionado a nuestros ideales, a nuestros hombres. Mereceríamos antes que nos arrastrasen».

Amanece. La indignación crece en los medios populares de Madrid, donde casi nadie ha pegado un ojo en toda la noche. Martínez Barrio, cuyos intentos de mediación han fracasado, comprende que no puede presidir un gobierno carente del apoyo decidido de un pueblo con el que hay que contar para emprender la lucha. Todavía Prieto intenta convencerle de que siga. No; él ha comprendido. Parece que Azaña también. Se va a llamar a alguien de Izquierda Republicana. Se piensa en Ruiz Funes, pero éste no acepta. Por fin, Giral acepta formar Gobierno, constituido solamente por republicanos, pero apoyado por los partidos obreros y decidido a entregar las armas al pueblo[4].

Las primeras armas se distribuyen a las organizaciones del Frente Popular y Sindicatos, el 19 por la mañana; pero hay 45 000 fusiles de reserva inutilizados, porque sus cerrojos están en el Cuartel de la Montaña, donde las tropas observan una actitud hostil.

Se han perdido cuarenta horas decisivas. En esos momentos, el general Franco llega a Tetuán y toma el mando del Ejército de Marruecos. Por la noche, la motonave Ciudad de Algeciras, escoltada por el destructor Churruca (cuya tripulación se sublevará después, pasando al campo republicano), ha trasladado de Ceuta a Cádiz un tabor de Regulares, mandado por el comandante Oliver, primera fuerza sublevada en Marruecos que pone el pie en la Península y, de paso, liquida la resistencia republicana en Cádiz. Al día siguiente se hará la segunda expedición: otro tabor, embarcado en el Cabo Espartel bajo escolta del cañonero Dato.

En la mañana del 19, Navarra y Ávila, Castilla la Vieja casi entera, Salamanca, Zamora, Cáceres, Álava, Córdoba, Baleares y Canarias están en poder de los sublevados. La Guardia civil se ha apoderado de Albacete.

Resistencia en Barcelona

Resistencia en Barcelona

Pero no de Barcelona, gravísimo tropiezo de la sublevación. En efecto, a las cuatro de la madrugada, cuando Martínez Barrio intenta todavía negociar, han salido de sus cuarteles las tropas de la guarnición y avanzan hacia la plaza de Cataluña, punto de convergencia previsto de los distintos regimientos. Cuando sale el sol diríase que el ejército sublevado va a adueñarse rápidamente de la ciudad. No es así. La Guardia civil, con su jefe el general Aranguren (nombrado por el Gobierno autónomo, puesto que era fuerza de Orden público), permanece fiel a la República, y lo mismo los guardias de Asalto, fuerza esencialmente republicana. Mientras, los obreros se han movilizado por decenas de millares. Durruti, Ascaso, García Oliver y otros dirigentes de la C. N. T. dirigen una resistencia heroica. Las restantes organizaciones obreras participan en la lucha.

Las tropas procedentes del cuartel de Pedralbes han chocado a las cinco de la mañana con las fuerzas de Asalto, ayudadas por obreros en el cruce entre Paseo de Gracia y Diagonal (Cinco de Oros). Una parte de la tropa se dispersa en franca derrota por las azoteas o se entrega y el resto, principalmente los mandos, va a refugiarse al próximo convento de los Carmelitas de la calle de Claris donde, después de unas horas de resistencia, son hechos prisioneros. Mientras tanto, el 7.º regimiento de artillería ligera ha avanzado por el Paseo de San Juan y entra por Diputación hacia la Plaza de Cataluña. Por la Avenida de Icaria, por la zona del puerto los militares son impotentes frente a una muchedumbre que se lanza a cuerpo descubierto ante el fuego de las ametralladoras, y es capaz de tomar los cañones por asalto. Hay soldados que tiran las armas o se pasan a los grupos obreros; lo mismo hace una batería de artillería. Los soldados del Grupo de Información de San Andrés se han negado a salir y el cuartel de Santa Madrona ha caído en poder de los republicanos.

El capitán López Vareta se dispone a tomar la Consejería de Gobernación. Pero los guardias de Asalto y los trabajadores, improvisando barricadas con bobinas de papel de periódico, salvan la situación. Se rehacen los gubernamentales. Poco después López Varela es herido y hecho prisionero.

Con todo, los militares han llegado a la Plaza de Cataluña y ocupado el Hotel Colón y la Telefónica. Pero sus fuerzas están partidas en dos y su dispositivo roto.

Se despliegan los guardias civiles al mando del teniente coronel Escobar. Pueblo y guardias cercan la plaza de Cataluña:

«Vía Layetana arriba suben los guardias civiles, en dos líneas de quinientos, pegados a las casas; por medio de la calle, solo, pistola en mano, marcha el teniente coronel Escobar, el de la hermana monja…

Por la Plaza de Cataluña vuelan altas las palomas. En el arenal del centro, dos caballos muertos y otro que patalea por los aires… Si hay quien cuente, llegan a veinte los hombres muertos repartidos por todas partes… Cuando desembocó la guardia civil no dispararon más que los desesperados. Cinco minutos para tomar el Colón[5]».

Mientras tanto, los obreros de la Barceloneta cierran el paso a nuevos regimientos que debían enlazar con los sublevados. Y el cuartel de Atarazanas se halla sitiado por el pueblo. Las baterías tomadas al Ejército son emplazadas contra Capitanía general, donde Goded está instalado. Cuando comienzan a disparar, iza bandera blanca y telefonea a la Consejería de Gobernación diciendo que se rinde al general Aranguren. Preso, es salvado de las iras de la multitud y conducido al palacio de la Generalidad. Allí, el presidente Companys le dice: «General. Cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente», y le invita a que, igual que él hizo el 7 de octubre de 1934, declare que debe cesar la lucha. Minutos después, Goded dice ante el micrófono: «Declaro ante el pueblo español que la suerte me ha sido adversa. En adelante, aquellos que quieran continuar la lucha no deben ya contar conmigo».

Encarcelado en el Uruguay, Goded será juzgado por un Consejo de guerra y fusilado en el mes de agosto.

Lucha a muerte

Lucha a muerte

Pero la lucha está ya empeñada a muerte en toda España. En Madrid, se sabe que en el cuartel de la Montaña están alzados y que han llegado allí bastantes paisanos. Fanjul llega a media tarde, pronuncia discursos, declara el estado de guerra, pero no se atreve a salir a la calle. El regimiento de Transmisiones de El Pardo ha abandonado su cuartel y se dirige hacia el Norte. El regimiento de artillería de Getafe se ha sublevado y abre el fuego contra el aeródromo. Se lucha en el barrio del Pacífico, donde se han sublevado el regimiento de infantería n.º 6 y el de carros de combate. García de la Herrán se ha alzado en los cuarteles de Campamento y Vicálvaro. Durante todo el domingo 19 la situación está en el aire.

El Gobierno no tiene ningún control sobre el país. En muchas ciudades son los sublevados quienes responden por teléfono al llamar al gobernador civil. En otras, aplastada la rebelión, apenas hay otro Poder que el de las organizaciones del Frente Popular.

En Valencia, las tropas están acuarteladas en actitud sospechosa, por lo que los Sindicatos deciden la huelga general.

En Oviedo, el coronel Aranda ha ido dando largas al asunto y ganando tiempo, pero sin entregar armas. El Comité del Frente Popular vacila; comunistas, anarquistas y socialistas de izquierda proponen que se tomen las armas por la fuerza. Se oponen los demás. Aranda, que está reunido con ellos, sale pretextando que va a dar un paseo (en secreto ha concentrado en Oviedo a la Guardia civil). A las cinco de la tarde moviliza a los 3500 soldados y guardias, y se apodera rápidamente del Gobierno civil. Correos y Telégrafos. Teléfonos y la Radio. Se le unen 856 voluntarios, la mayoría falangistas. Muchos obreros salen de la ciudad y se reagrupan para comenzar el cerco. En cambio, en Gijón, al ver que los obreros y guardias de Asalto dominan la situación, los insurrectos se encierran en los cuarteles de Simancas y Coto. También en Santander aborta el movimiento. En Bilbao todo está en calma; un intento de insurrección en el cuartel de Basurto es fácilmente aplastado. En San Sebastián, el coronel Carrasco (que estaba comprometido) promete fidelidad a la República, pero enterado de que ha salido una columna hacia Mondragón se echa a la calle con las tropas y los guardias civiles. La reacción popular, secundada por los de Asalto, es unánime. Los sublevados se ven obligados a refugiarse en el Hotel María Cristina y el Gran Casino.

Los obreros mal armados intentan una resistencia desesperada en las Casas del Pueblo de Valladolid, Salamanca, Palencia, etc., pero son aniquilados unos tras otros.

En Andalucía, el único cambio es la caída de Cádiz; en Granada continúa la indecisión y la negativa de los gobernadores civil y militar a dar armas. En Sevilla, la artillería bombardea el barrio de Triana. Llegan por avión fuerzas de la Quinta Bandera del Tercio, mandadas por el comandante Castejón. En camiones los pasean sin cesar por la ciudad; para dar la impresión de una fuerza superior a la real.

El alzamiento ha fragmentado a España, ha deshecho los resortes del Estado, pero no ha triunfado con la facilidad prevista. Desde Pamplona sale hacia el Centro la columna del coronel García Escámez, compuesta por tres batallones de infantería, una bandera de Falange y varias compañías de requetés.

En África. Franco se encuentra sin flota y sin posibilidades inmediatas de transportar las fuerzas a la Península, a parte de las ya enviadas. La ayuda extranjera se impone. Habla entonces con los ya mencionados, hitlerianos Adolf Langenheim y Johannes Bernhardt, que salen de Tetuán dos días después (el 23 de julio), acompañados por el capitán Arranz, que lleva una carta del general Franco para Hitler[6].

Desde Gibraltar, el general Kindelán han enviado ya «en nombre de Franco tres telegramas al rey Alfonso XIII, a Hitler y a Mussolini»[7]. (No se extrañaría mucho el Führer, ya que el día 19 su encargado de Negocios en Madrid había telegrafiado a la Wilhelmstrasse: «Ayer estallaron en toda España las esperadas sublevaciones»).

El día 20 va a ser todavía decisivo. Desde la caída de la tarde del domingo se ha iniciado en Madrid el asedio al cuartel de la Montaña, en respuesta a las primeras descargas hechas desde el mismo. Los obreros armados se encuentran reforzados por oficiales republicanos y guardias de Asalto. El lunes por la mañana se organiza el sitio en regla. En vano pide Fanjul ayuda a García de la Herrán, que muere al ser dominada su sublevación en Carabanchel. Frente al cuartel sublevado se emplazan tres cañones y se hace fuego además con toda clase de armas. Una vez vencidos los sediciosos de Getafe y Cuatro Vientos, la Aviación, cuya mayoría sigue fiel a la República, empieza el bombardeo del cuartel de la Montaña. Por dos veces, los sitiados izan bandera blanca, pero cuando se aproximan los milicianos son recibidos con fuego de ametralladora. Arrecia el pueblo en su empuje y la resistencia es ya imposible. Una muchedumbre armada toma por asalto el cuartel y da muerte a todo el que encuentra a su paso. Los oficiales republicanos y los guardias de Asalto logran salvar a Fanjul y a varios oficiales. El general será fusilado en agosto después de haber sido juzgado por un Consejo de guerra.

Por la tarde, el regimiento de infantería n.º 1, hasta ese momento indeciso en su cuartel, reitera su fidelidad a la República. Inmediatamente sale esta fuerza para la Sierra, mandada por oficiales republicanos.

La misma tarde, las Milicias dominan por completo la capital de España y se lanzan hacia Alcalá, Guadalajara y Toledo, que ocupan con relativa facilidad. En esta ciudad, el coronel Moscardó se refugia en el Alcázar con un grupo de cadetes, numerosos guardias civiles y falangistas con sus familias, y, al parecer, cierto número de rehenes.

Salen los primeros batallones de Milicias hacia la Sierra de Guadarrama, transportados en los más diversos vehículos (camiones, autobuses, taxis, etc.) requisados a tal efecto. Se organizan las comandancias en algunos edificios aristocráticos abandonados por sus propietarios.

En Barcelona, vencido el último foco rebelde, el pueblo se apodera de todo el armamento de los cuarteles, y se crea el Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de todos los partidos y sindicatos, aunque son los anarcosindicalistas quienes ejercen mayor preponderancia. Éstos, tras entrevistarse con Companys, prometen acatamiento en la forma al Gobierno de la Generalidad. Paralelamente se organizan las primeras columnas armadas hacia Zaragoza.

En Valencia, la situación está aún indecisa: por un lado el Comité del Frente Popular (al que se ha integrado la C. N. T.) y por otro una Junta delegada del Gobierno, que preside Martínez Barrio. Y en medio, el general Martínez Monge, con buenas palabras, pero con el Ejército en los cuarteles. No se sabe en qué va a parar todo esto y, las multitudes, disgustadas, se entregan a la quema de iglesias.

En Granada, los coroneles Muñoz y León Maestre, tras detener al general Campins (que será juzgado en Consejo de guerra en Sevilla y fusilado), sacan las tropas a la calle, ayudados por varios grupos de falangistas. Los obreros —¡también aquí sin armas!— se retiran al Albaicín, donde tiene lugar una resistencia sin esperanza. La «escuadra negra» de Valdés organiza la «limpieza» (Federico García Lorca está, desde hace pocos días, en «San Vicente», la finca de sus padres[8]).

En Sevilla, la Quinta Bandera del Tercio se lanza al asalto del barrio de Triana. Queipo de Llano publica el siguiente bando: «¡Sevillanos! El Ejército español, fiel depositario de las virtudes de la raza, ha triunfado rotundamente». «¡Sevillanos! ¡Viva España republicana! ¡Españoles! Volvamos a serlo con dignidad. ¡Viva España!».

Y para mantener el ánimo de unos y el temor de otros lanza esta otra proclama: «Fuerzas de Regulares, tras de dominar Cádiz, avanzan sobre Sevilla… ¡Viva España! ¡Viva la República!»[9].

La siguiente «advertencia a los vecinos de Triana» es muy significativa: «Dentro de un cuarto de hora, a partir de esta orden, deberán todos los vecinos de Triana abrir sus puertas, a fin de que pueda hacerse el rápido servicio de captura de los pocos que aún disparan desde las azoteas para producir la alarma».

En efecto, la Legión conquista el barrio de Triana por sus habituales y expeditivos métodos al caer la tarde del día 20. Durante tres días aún, los legionarios se entregarán a operaciones de «limpieza» en los barrios de San Julián, San Marcos. La Macarena y Pumarejo. Lojendio dice: «En Sevilla, la población no queda totalmente pacificada hasta el día 25».

En San Sebastián, los militares encerrados en los cuarteles de Loyola, después de retirarse del Hotel María Cristina, esperan en vano los refuerzos prometidos por Mola. En efecto, éste, dueño de la situación en Navarra y Álava, lanza tres columnas sobre Guipúzcoa, pero sólo una consigue apoderarse de Alsasua.

Los primeros altos y bajos de la contienda

Los primeros altos y bajos de la contienda

Había llegado el día 20 y la sublevación no se había producido en Galicia. Las organizaciones obreras movilizadas, sobre todo en Vigo y La Corona, pedían armas. Todo inútil. El alcalde de Vigo, Martínez Garrido, llegó a convencer a los guardias de Asalto de que no había peligro alguno. En La Coruña, el general Salcedo anunció por teléfono al gobernador civil, Pérez Carballo, de Izquierda Republicana, que iba a declarar el estado de guerra, a lo que respondió la autoridad civil: «Si usted hace eso, yo doy armas al pueblo». Salcedo retrocedió, pero Carballo también. El gobernador militar, general Caridad Pita, estaba con él y creía todo asegurado. El caso de Santiago fue todavía más inaudito. El alcalde convenció a los mineros de Noya para que abandonasen sus posiciones. Como era de esperan el 20 por la mañana, los conjurados tomaban la ofensiva, bajo la dirección de los coroneles Pablo Martín Alonso y Enrique Cánovas de la Cruz. Sus baterías abrieron el friego contra el Gobierno civil, mientras que los generales Salcedo y Caridad Pita eran detenidos, y fusilados después de rápido Consejo de guerra. Los mineros de Noya, con unas cuantas escopetas, y los obreros coruñeses hicieron frente a los militares en lucha desigual. Durante dos días resistieron en el barrio de Santa Lucía y en la estación del ferrocarril a Santiago. Al fin fueron aplastados. En cuanto a Pérez Carballo, el exdirigente de la F. U. E. pagaba su error con la vida y la de su esposa, que se hallaba encinta. Ambos fueron inmediatamente ejecutados. Igual suerte corrieron los alcaldes de Vigo y Santiago, que tanto temor habían sentido ante la eventualidad de que el pueblo dispusiera de armas para su defensa.

En León, el movimiento se produjo el 20 por la tarde, cuando ya se había alejado una columna de mineros que pretendían dirigirse hacia Madrid. Tampoco habían sido armados los trabajadores que, sin embargo, resistieron en varias horas de desigual combate de calles. Encerráronse después en la Diputación provincial y otros locales, que fueron conquistados por los militares.

A todo esto, los marineros habían conservado la Flota en poder de la República. Para ello tuvieron que sublevarse contra sus jefes, que estaban casi todos comprometidos en la conjura. En Cartagena y Mahón, la marinería dominó la situación. Perdió, en cambio, el combate, en la base de San Fernando, no sin que se hundiese en llamas el cañonero Lauria. En la base de El Ferrol la lucha fue muy dura. Después de zarpar los cruceros Libertad y Miguel de Cervantes, ya en poder de los marineros, las tripulaciones del España y del Almirante Cervera se sublevaron contra los oficiales dentro del puerto y el destructor Velasco abrió fuego contra ellos. El combate duró hasta el 21, en que, dueños los rebeldes de la Comandancia y de toda la región, en general consiguieron dominar a los marineros. Mientras tanto, el acorazado Jaime I había zarpado de Vigo y navegaba hacia Ceuta para incorporarse al alzamiento, pero durante el viaje, los marineros se rebelaron, fusilaron a los oficiales y radiotelegrafía ron a Madrid diciendo que estaban al servicio de la República.

La contienda empezaba con la flota dividida de la siguiente manera: del lado de los sublevados: acorazado España: cruceros Almirante Cervera, Baleares y Canarias (en construcción los dos últimos); destructor Velasco: tres cañoneros, algunos torpederos y guardacostas, y el viejo y casi inservible crucero República. El resto de la Flota, en manos de Comités de marinos, permanecía en el bando republicano: acorazado Jaime I; cruceros Libertad y Miguel de Cervantes y el viejo Méndez Núñez; catorce destructores de 2120 toneladas; dos destructores ligeros; once submarinos, varios cañoneros, torpederos y guardacostas, Al atardecer del 20 de julio llegaban a Tánger, con objeto de impedir el paso del Estrecho a los sublevados, los cruceros Libertad y Miguel de Cervantes, el Churruca y varios cañoneros y guardacostas. Al día siguiente, varios de estos buques bombardearon Ceuta, mientras que los aviones rebeldes atacaban al Jaime I.

Desde Pamplona, Mola se esforzaba por movilizar sus fuerzas, al mismo tiempo, sobre Guipúzcoa y sobre Madrid. La columna de García Escámez que, como hemos visto, había salido el 19, tropezó al día siguiente con la viva resistencia de los obreros de Logroño, sólidamente parapetados en la Tabacalera. Lojendio añade: «Hubo que operar en policía por los núcleos rojos de la Rioja». En efecto, encontraron resistencia en algunas localidades. Perdieron dos días y cuando se dirigían a Guadalajara el 22, dieron marcha atrás hacia Aranda, desde donde se incorporaron al frente de Somosierra.

A una y otra vertientes guadarrameñas afluían fuerzas armadas; los primeros batallones de Milicias desde Madrid, las primeras unidades militares desde las ciudades castellanas. Desde Burgos avanzaban hacia la Sierra dos batallones de infantería y un grupo de artillería mandados por el coronel Gistau. En la noche del 21, salía de Valladolid la columna del coronel Serrador, integrada por un batallón del regimiento de San Quintín, un escuadrón de Farnesio, dos baterías del 14 ligero, una compañía de ametralladoras y 150 falangistas. En Villacastín se les unieron varios guardias civiles y el regimiento de Transmisiones que había huido de El Pardo. Éstas eran las fuerzas que se dirigían hacia el Alto del León.

Mientras los acontecimientos se precipitaban vertiginosamente en España, ocurría en Portugal un accidente que, sin poder decirse que cambiase su rumbo, no dejaba de tener importancia. Detenido Lizarza, fue Ansaldo el encargado de ir a Estoril a buscar a Sanjurjo. Pero para «cubrirse» ante las reclamaciones de Madrid, las autoridades portuguesas sugirieron a Ansaldo que despegase desde un terreno utilizado como hipódromo, cerca de Cascaes. Allá fueron Sanjurjo y el aviador. El general colocó en el avión una pesadísima maleta llena de uniformes y condecoraciones para usar atuendo a tono con su elevado cargo. Uniformes tal vez fatales, porque el despegue se realizó pésimamente. Apenas volaron un kilómetro, sin poder tomar velocidad, y el accidente fue inevitable. Cuando Ansaldo, ligeramente herido, pudo sacar a Sanjurjo del avión, el general había ya fallecido. El alzamiento, se quedaba, pues, sin su jefe nominal.

En verdad, los candidatos a la jefatura sobraban, aunque no estaban del todo concertados los diapasones. El general Mola, en su bando del día 19, declaró, por ejemplo, que se trataba de «restablecer el orden, no solamente en sus apariencias, sino también en su misma esencia. Restablecimiento del principio de autoridad (…) castigos ejemplares (…). Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no admitiéndose coacciones de una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y resueltas con la mayor justicia posible en un plan de cooperación, confiando en que la sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la razón, la justicia y el patriotismo, sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión con beneficios para todos y para el país».

Se trataba, como es fácil colegir, de expresiones comunes de un conservadurismo algo añejo. El tono difería mucho de las alocuciones de la zona Sur que conocemos. Es más, el ABC de Sevilla del día 22 (suplemento extraordinario) traía las siguientes declaraciones de Queipo de Llano a uno de sus periodistas: «Ante todo diga usted que el movimiento es netamente republicano, de lealtad absoluta y decidida al régimen que un movimiento de opinión legalmente expresado en tinas elecciones generales que fueron sinceras, dio al país en el año 31».

En Tetuán, el general Franco, convencido de la necesidad de ayudas extranjeras, envió a Bolín en el mismo Dragón Rapide a Biarritz, para que desde allí fuese a Roma a entrevistarse con Mussolini. De esa misión formaban parte también Sainz Rodríguez y Federico Urrutia, a los que se unió luego Luca de Tena.

Como tendremos ocasión de ver. Mola, después de instalar su cuartel general en Burgos, inició a los pocos días por su cuenta gestiones para solicitar ayuda de los Gobiernos de Berlín y Roma. Hubo un momento en que, muy preocupado, llegó a decir: «A usted debo decírselo; la situación es muy crítica: la ayuda de Francia, el peligro de una conflagración europea, el no poder pasar las tropas de África nos coloca en un trance difícil, muy difícil y delicado»[10].

Lo que fracasó

Lo que fracasó

En suma, aquella noche del 20 al 21 de julio, podía afirmarse que el alzamiento, concebido como una operación de horas para ocupar el Poder, había fracasado. El Gobierno de la República tenía en su poder Madrid, Cataluña, Levante, el Norte, excepto Galicia y la ciudad de Oviedo. Castilla la Nueva (salvo Albacete, que se rindió días después), media Andalucía y la parte sur de Extremadura, una tercera parte de Aragón y la isla de Menorca. Los sublevados ocupaban Castilla la Vieja, Navarra, Galicia, el norte de Extremadura, la totalidad de las provincias de Sevilla y Cádiz, las capitales y parte de la provincia de Córdoba y Granada, casi todos los territorios insulares y el Protectorado de Marruecos. La Flota, en general, estaba con la República, así como gran parte de la Aviación. El Ejército, como entidad organizada, estaba en frente, así como la mayor parte de la Guardia civil. Con el Gobierno estaba una población que recibía armas a través de partidos, sindicatos y oficiales del Ejército fieles, la mayoría del cuerpo de Asalto y una minoría de la Guardia civil. Tenía a su favor el hecho de disponer de las grandes zonas industriales del país; en contra, la pérdida del mayor contingente de la producción triguera en el momento crítico de la cosecha.

A pesar de la mucha literatura que se ha hecho sobre aquellos acontecimientos, es imposible para un historiador calificarlos de alzamiento popular. En las ciudades de significación más derechista, los voluntarios que se unieron al Ejército, formaron unidades o se entregaron a labores de policía. La mayoría del Ejército fue el que se sublevó con arreglo a un plan, el que se hizo cargo de la situación, el que ejerció el Poder desde el primer momento[11].

No se trataba de un pronunciamiento clásico, ya que los sublevados contaban con encontrar resistencia, pero esperaban aplastarla en dos o tres días. Se trataba de algo menos ingenuo que un pronunciamiento: la preparación fue minuciosa, los enlaces políticos y diplomáticos, previstos. Fue un golpe de Estado militar, cuyo contenido se presentó como «la defensa o restablecimiento del orden, con la colaboración de la parte más activa y agresiva de la derecha, así como del falangismo, que tenía, en apariencia, un programa distinto, y con el apoyo tácito de la derecha en general, que no se manifestó hasta, que se deslindaron los campos. No fue el Estado endeble, apenas existente, el que resistió los embates de la rebelión, sino la respuesta popular, en masa, que tuvo lugar incluso donde, por falta de medios» fue a la postre aplastada.

Conviene no caer tampoco en otro lugar común, que es aquel de «la sublevación del Ejército». No fue el Ejército, sino una parte, mayoritaria si se quiere, la que se sublevó y consiguió hacerse cargo de la estructura militar. Baste con recordar que en Bilbao, Santander, Tarragona, Gerona, Ciudad Real, Jaén; Alicante, Huelva, la mayoría de la guarnición de Valencia, de Málaga, etc., las unidades militares no estaban con los sublevados. Éstos, que habían conspirado durante largo tiempo, se apoderaron, en la mayoría de las ciudades, de los regimientos, pero no sin lucha contra sus compañeros republicanos en numerosos casos. No es posible entrar aquí en detalles, pero además de los militares que permanecieron fieles a la República —y que irán apareciendo posteriormente en nuestro relato— conviene recordar que el alzamiento se hizo pasando por los cadáveres de los generales Batet, Romerales, Caridad Pita, Campins, Núñez del Prado, contralmirante Azarola, Salcedo y de numerosísimos jefes y oficiales. Incluso en Marruecos lucharon los militares entre sí, sobre todo en Carache. Militares eran también los mandos de Asalto, de la Guardia civil, de la Aviación, que combatieron bajo la bandera de la República.

Otro rasgo que cabe señalar en las primeras proclamas e intervenciones públicas de los sublevados es que no se hizo ninguna referencia a la religión. Ya veremos cómo este fenómeno se produjo más tarde.

Había, pues, dos Españas aquella noche del 20 de julio. No eran, sin embargo, dos Españas delimitadas geográficamente. Cierto que en Castilla la Vieja, donde la derecha tenía su base de masa, dominaban los sublevados, pero esa masa no participó en el alzamiento. En cambio, Sevilla, Vigo, La Coruña, ciudades de izquierda, estaban en manos de los alzados; Cuenca. Guadalajara, Santander, ciudades de derecha, lo estaban de los republicanos. Se jugó la primera parte de una contienda en cada provincia, en cada localidad, decidida provisionalmente de diferente manera según los medios de defensa de que disponía la población trabajadora resuelta a enfrentarse al alzamiento, ayudada en ciertos casos por los cuerpos de Orden público. Día y medio de negativa de facilitar armamento, y la persistencia de esta actitud vacilante en numerosas autoridades provinciales de la República, permitió el triunfo de los sublevados en varias regiones. Y eso significó la guerra civil[12].

La sublevación se transforma en guerra civil (21 de julio-5 de agosto)

La sublevación se transforma en guerra civil (21 de julio-5 de agosto)

En la última semana del mes de julio, España entera estaba ya dentro del trágico engranaje de la guerra civil. No había aún frentes delimitados, pero las columnas que habían salido de las ciudades en poder de cada uno de los bandos entablaban ya sus primeros combates. Apenas podía hablarse de un poder coherente en ningún campo; la «anarquía castrense» dominaba en el de los sublevados y la debilidad de un Estado viejo —por no haber sido transformado durante los años de la República— hacía que los gobernantes compartiesen el Poder con una pluralidad de organizaciones. Si el Gobierno parecía contar con mayores posibilidades de acción, faltaban todavía los elementos necesarios para juzgar cabalmente la situación y no era el menor de ellos la actitud que seguirían las principales potencias.

En Madrid, en medio del entusiasmo popular, se organizaban batallones y batallones de milicias. Alcalá había sido recuperada el 21 a las ocho de la noche, y al día siguiente lo era Guadalajara; las milicias republicanas llegaban hasta Jadraque. Sin embargo, los combates más duros comenzaban a librarse a lo largo de la sierra del Guadarrama. El 22, la columna de Serrador, que había salido de Valladolid, consiguió desalojar a los milicianos que habían llegado al Alto del León. Fue todo lo que pudo hacer. Los contraataques republicanos iban a fijar pronto el frente en esa vertiente de la Sierra que da hacia Madrid. Por su parte, la columna García Escámez se retiró del sector de Guadalajara y, en unión de las fuerzas procedentes de Burgos, ocupó el puerto de Somosierra el día 23. El mismo resultado que en el anterior sector; las milicias mandadas por el capitán Francisco Galán impidieron que continuase el avance de los rebeldes. Los republicanos eran dueños del puerto de Navacerrada y de las restantes alturas. En realidad, los proyectos de Mola de marchar sobre Madrid fueron frustrados en las breñas del Guadarrama la última semana del mes de julio. Por ahí no era posible hacer nada y el éxito o fracaso de los sublevados dependía de la ofensiva que se emprendiese a partir del Sur, para lo cual era requisito indispensable que el ejército de África atravesara el Estrecho. Por eso, el nombre de Franco y las esperanzas en su acción cobraban nueva importancia en las filas de los rebeldes.

Franco esperaba todavía en Tetuán el resultado de sus gestiones con las potencias fascistas. Como la flota republicana disparara sobre Ceuta, el mando nacionalista hizo pública una nota oficiosa afirmando que «un mercante ruso ha disparado con ellos contra el puerto de Ceuta»[13]. Por otra parte, el jueves 23, ABC de Sevilla publicó una nota oficial del general Franco en la que se decía: «Todos tenéis el deber de cooperar en la lucha definitiva entre Rusia y España» y terminaba de la siguiente manera: «¡Españoles! ¡Viva España y la República!». Resultaba evidente el propósito de internacionalizar el conflicto para recibir las ayudas extranjeras necesarias, así como la indeterminación que existía aún sobre la futura forma de gobierno.

Al mismo tiempo, el general declaraba al periódico La Vigie Marocaine que no se proponía imponer en España «ni la monarquía, que ésta no quiere en modo alguno, ni una dictadura tiránica contraria a los sentimientos íntimos del pueblo español».

La presencia de la flota republicana en Tánger inquietó a los rebeldes, pero llegó en su ayuda la gestión hecha el día 24 por las embajadas británica y francesa en Madrid «insistiendo sobre los inconvenientes del mantenimiento de la flota gubernamental en el puerto de Tánger, la cual, por lo menos hasta el jueves se servía de este puerto internacional como base de operaciones contra los rebeldes». En realidad, Franco se había dirigido al jefe de control de la zona internacional de Tánger para denunciarle que la flota roja estaba compuesta de barcos piratas y pidiendo que no fondease en ese puerto. La petición fue atendida y por eso intervinieron dichas embajadas. Si el Gobierno español no aceptaba esa imposición se veía amenazado de que sus unidades navales fuesen consideradas como prisioneras de las escuadras francesa, británica, italiana y portuguesa surtas en la bahía. La decisión había sido tomada, pese al criterio adverso de los representantes franceses, en el Comité internacional. El caso es que, pocos días después, las unidades republicanas tuvieron que abandonar Tánger[14].

Los primeros combates en la Península

Los primeros combates en la Península

Pero volvamos a los primeros combates en la Península. La ofensiva rebelde había cejado, tras encarnizados combates en el frente de la Sierra, bajo las órdenes, por el lado republicano, del general Riquelme. También el coronel Mangada había avanzado con su columna hasta Navalperal de Pinares. La situación llegó a complicarse tanto que, según Lojendio, «el 26, Mola estudiaba las posibilidades de un repliegue de las posiciones de la Sierra sobre una línea de resistencia apoyada en el curso del Duero. No fue necesario hacerlo por la tenaz defensa de las avanzadillas rebeldes del Alto del León». El 27 se hizo cargo del mando el general Ponte, que recibió refuerzos procedentes de Salamanca. Valladolid y Pamplona.

El otro aspecto de la operación que intentaba llevar a cabo Mola se proyectaba hacia el Norte, con objeto de privar a los territorios gubernamentales de su frontera con Francia y, en primer lugar, de ayudar a los militares encerrados en los cuarteles de Loyola. Ocupado Vera, el coronel Beorlegui no pudo seguir avanzando porque los republicanos habían volado el puente de Endarlaza sobre el Bidasoa. Intentó atacar el 22 por el valle de Oyarzún, gracias a dos columnas procedentes de Pamplona: la del coronel Ortiz de Zárate (un tercio de requetés, un batallón de infantería y dos baterías de montaña) y la del teniente coronel de los Arcos, compuesta por varios centenares de guardias civiles, carabineros, requetés y falangistas. Ocuparon Oyarzún, pero tuvieron que retroceder hasta Rentería. En cambio, en otros sectores, los sublevados pudieron llegar a Beasaín el día 27. Mas los 400 militares que resistían en los cuarteles de Loyola se rindieron el día 28 e Irujo, Larrañaga y otros diputados tuvieron que hacer grandes esfuerzos para que los militares presos no fuesen exterminados por la enfurecida población de San Sebastián. La situación de Beorlegui empeoraba, pues, por momentos, lo que enojó sobremanera a Mola. Sólo el 5 de agosto pudieron organizar los rebeldes sus columnas en este sector, al que se había incorporado el comandante García Valiño, evadido de la zona republicana. En Asturias, Aranda consiguió atrincherarse en Oviedo, pero el resto de la provincia estaba en manos de los republicanos. En Gijón resistía el cuartel de Simancas y la ciudad era sometida sin tregua a los bombardeos del crucero Almirante Cervera.

En Cataluña se organizaban columnas de milicianos para marchar sobre Zaragoza, cuyos cuarteles fueron bombardeados el 23, por la aviación republicana. Salieron de Barcelona tres mil hombres al mando de Durruti y del comandante Pérez Farrás. Estas y otras formaciones, por lo general no muy preparadas militarmente, ocuparon una serie de localidades en las provincias de Huesca y Zaragoza. El 25 cayó Caspe, tras rudo combate. En el sector Norte, las milicias progresaron hasta las cercanías de Huesca.

En Andalucía, las fuerzas de Queipo de Llano, vencida la resistencia popular en Sevilla, ocuparon Utrera el día 25 y mandaron refuerzos a Granada por vía aérea. La columna Castejón, procedente de África como sabemos, ocupó Huelva, cuya zona minera debía resistir todavía un mes.

En el sector de Córdoba, las milicias, mandadas por el general Miaja, con escasísimo armamento, conseguían avanzar hacia la capital. El día 30 de julio, los mineros se apoderaron de Villanueva de Córdoba —que había quedado en poder de la Guardia civil—, atacando con cartuchos de dinamita lanzados con honda.

El día 25, el Gobierno se había apuntado un tanto importante: la toma de Villarrobledo y de Albacete, con lo cual quedaba restablecida la comunicación ferroviaria entre Madrid y Levante y limpia de enemigos la meseta de Castilla la Nueva. En Valencia, la indecisión de los primeros días fue superada por el asalto dado por fuerzas de Milicias al cuartel de Caballería, cuyos oficiales se habían declarado en franca rebelión. Sólo en Toledo, cuya ciudad había sido conquistada por milicianos, se organizó un importante bastión de resistencia en el Alcázar —y Academia de Infantería— al mando del jefe de la guarnición, coronel Moscardó. En el edificio había 150 oficiales, 160 soldados, 600 guardias civiles, 60 falangistas, ocho militantes de Renovación española, 18 de Acción Popular, cinco tradicionalistas, 15 independientes… y ocho cadetes, cosa natural, pues era época de vacaciones. En total eran 1024 combatientes, a los que había que añadir. 400 mujeres, numerosos niños familiares de los combatientes o de familias de derechas y otras mujeres encerradas allí contra su voluntad, consideradas como rehenes.

Mientras los españoles se lanzaban así a la más cruenta de sus guerras civiles, se daba en ambos campos el fenómeno de dispersión del Poder. Difícil es hablar de un Estado, en el sentido habitual de la palabra, para caracterizar aquel momento. Si los sublevados creaban una Junta Militar el 24 de julio, el Poder estaba allí en manos del jefe militar de cada sector. Y si el Gobierno Giral representaba todavía legalmente al Estado republicano, tenía que compartir el Poder con múltiples organismos surgidos de las organizaciones populares. En la mayoría de los frentes, los mandos superiores republicanos estaban en manos de generales designados por el ministro de la Guerra (el entonces teniente coronel Hernández Sarabia, que tuvo que sustituir a Castelló, que se había vuelto loco), pero su poder era nulo sobre el sector Cataluña-Aragón y, naturalmente, los territorios del norte de España tenían que organizarse autónomamente. El Gobierno, además de hacer frente a los problemas diplomáticos —de los que hablaremos después—, adoptó, desde los primeros días de agosto, una serie de medidas indispensables, como la explotación de las líneas férreas (con la colaboración de los Sindicatos), la prohibición de enajenación o gravámenes sobre toda clase de bienes, etc. Pero le faltaban los resortes judiciales, policíacos, aduaneros y casi se le desmoronó el aparato diplomático, constituido, en su mayoría, por personas desafectas a la República. Pietro Nenni ha contado que «el fenómeno más característico de la primera fase de la guerra fue la ausencia de un Poder, de una dirección central. El Estado no existía. En los ministerios se esforzaban por asegurar la continuidad del Gobierno, pero la autoridad se había hundido. Se la volvía a encontrar, en fragmentos, en las organizaciones políticas y sindicales». Se daba el caso curioso de que Indalecio Prieto, sin ser nada oficialmente, se hallase instalado en el ministerio de Marina, como primer colaborador de la obra gubernamental.

Azaña era profundamente pesimista. No creía en la posibilidad de resistir y se sentía en desacuerdo íntimo con el giro revolucionario que, como contrapartida de la rebelión, tomaban los acontecimientos[15].

En Barcelona, el Comité Central de Milicias fue, durante los primeros días, el verdadero Gobierno; las Patrullas de control ejercían por su cuenta actividades policiacas y represivas; en cada pueblo surgió su respectivo Comité. Pero Companys, dispuesto a reconstituir el Poder de la Generalidad, el 31 de julio formó un Gobierno presidido, por Juan Casanovas, que no duró más que una semana, ya que la actitud hostil de la C. N. T. hizo que los consejeros del P. S. U. de C. dimitiesen. Se formó entonces otro Gobierno, también presidido por Casanovas, pero sin cenetistas ni socialistas unificados. Desde los primeros días, la Generalidad había tenido que adoptar medidas de orden financiero, como la suspensión de transacciones de valores, el bloqueo de cuentas corrientes «pertenecientes a personas o instituciones que hayan participado en la subversión», limitación a 500 pesetas de la cantidad que retirar de cuentas corrientes, creación de una Oficina Reguladora del Pago de Salarios, etc. César M. Lorenzo, que ha estudiado el problema de los anarquistas apoyándose en fuentes de primera mano explica que, en las primeras semanas el verdadero poder en Barcelona era el Comité Central de Milicias Antifascistas y la Generalidad era «verdadero gobierno de paja, (que) decretaba a posteriori lo que la calle había ya realizado y “cubría” internacionalmente a la revolución catalana»[16].

Lorenzo señala, sin embargo que «los comités locales no obedecían más que a ellos mismos, y que “si la C. N. T. era sin duda la primera fuerza en Cataluña, estaba lejos de controlar el conjunto de sus habitantes. Las clases medias, la mayoría de los campesinos, no formaban parte de la Confederación”». De ahí y de las contradicciones entre el anarquismo teórico y la práctica, infiere lógicamente dicho autor que los militantes de la C. N. T. no pudiendo, por un lado, implantar el comunismo libertario, ni por otro retirarse a la sombra, sólo tenían el camino de la colaboración en el Poder.

En Valencia también subsistió durante meses el conflicto entre el Comité Ejecutivo popular y las autoridades enviadas por el Gobierno. Estos conflictos se multiplicaron aquí y allá, sobre todo en el período en que el Gobierno estaba compuesto exclusivamente por republicanos de los partidos de la pequeña burguesía, sin participación de las organizaciones obreras que, de hecho, eran mayoritarias en el campo republicano, agravado por la debilidad de la mayoría de los ministros y por la carencia de organismos del Estado. Estás contradicciones revistieron aspectos más graves en casos como el de Cataluña, donde la C. N. T. se oponía en los primeros días de agosto a la militarización de las milicias, conforme al criterio adoptado por el Pleno de la F. A. I. el 2 de dicho mes. O el caso de Aragón al constituirse más tarde un Consejo de Defensa, con poderes omnímodos, integrado por miembros de la F. A. I. y de la C. N. T.

En las regiones en que los partidos Comunista y Socialista, y las Juventudes Socialistas Unificadas eran la fuerza preponderante se produjo desde el primer momento la tendencia a dar un carácter militar, apropiado a la guerra, a las unidades de Milicias. Ése fue el caso de Madrid, donde el Partido Comunista organizó el Quinto Regimiento. Unidad orientada a servir de embrión a un Ejército popular; las Juventudes Socialistas Unificadas crearon los batallones Octubre, Largo Caballero, Joven Guardia, Pasionaria, el Partido Socialista la Motorizada, la C. N. T., el batallón Ascaso, etc. El Quinto Regimiento llegó a contar con más de veinte batallones, integrados no sólo por comunistas y simpatizantes, sino por hombres de las más diversas tendencias, es decir, con 70 000 combatientes, un verdadero cuerpo de ejército[17]. El Gobierno guardaba el control de un territorio de 350 000 km² y de una población de más de 18 millones de habitantes. Sólo tenía 21 capitales de provincia, pero eran las más pobladas.

Los sublevados controlaban 175 000 km² (además del protectorado marroquí), unos 7 millones de habitantes y 29 capitales de provincia, poco importantes a excepción de Sevilla y Zaragoza. Los republicanos poseían la costa mediterránea y buena parte de la atlántica, así como la parte de frontera más transitable con Francia (el control de esta frontera, en la parte catalana, estaba en manos de fuerzas anarquistas), mientras que los sublevados controlaban la frontera portuguesa, salvo Badajoz.

El Gobierno disponía de 15 000 Guardias de Asalto (sobre un total de 22 000), pero apenas de unos 5000 Guardias civiles verdaderamente encuadrados, entre 34 000, aunque mirando las plantillas, es decir, «en el papel», pueda creerse que la mitad de esta última fuerza quedase del lado gubernamental.

Al parecer, los generales sublevados disponían, además del Ejército de Marruecos, de 25 regimientos de infantería, 4 batallones de cazadores, dos de ametralladoras y 16 regimientos de artillería. No obstante, de los 145 000 hombres que teóricamente, formaban esas fuerzas, sólo había en los cuarteles, el 16 de julio (fecha en la que se suspendieron los permisos) unos 60 000.

En la zona controlada por el Gobierno había 14 regimientos de infantería y 11 de artillería, pero la mayor parte desarticulados y carentes de mandos medios o enteramente deshechos como los de Barcelona o una parte de las guarniciones de Madrid y Valencia.

¿Cuántos militares profesionales se sublevaron? Sabido es que un sólo general de división en activo (Cabanellas) participó directamente en el alzamiento. Pero las sublevaciones dependen mucho más de los coroneles y comandantes que de los generales de división.

El ejército contaba en 1936 con 10 698 jefes y oficiales en activo y un poco más de 4000 en la reserva. Hubo una minoría de participantes en la conspiración activa, pero una mayoría de participantes en el alzamiento. El general Rojo ha escrito que 2000 militares profesionales permanecieron fieles al Gobierno republicano; Álvarez del Vayo habla de 500, cifra tal vez válida, si no se cuenta la oficialidad de Guardias de asalto. El general Líster —que habla de 17 000 jefes y oficiales en 1936— afirma que 2006 militares profesionales se integraron en el Ejército popular de la República. El profesor Palacios Atard, dice que esos militares eran «cerca de 3000».

Mientras tanto, en el territorio dominado por los sublevados se constituyó, el 23 de julio, una Junta de Defensa, presidida por el general Cabanellas e integrada por los generales Saliquet. Ponte, Mola, Dávila y coroneles Montaner y Moreno. Su principal artífice fue Mola, que se trasladó para ello a Burgos, donde consultó con los caracterizados políticos de derecha Goicoechea y Vallellano. No se llegó a un acuerdo sobre la participación de hombres civiles, y por eso la Junta fue exclusivamente militar. No figuraba en ella Queipo de Llano, cuyos poderes en Andalucía eran, sin embargo, omnímodos. Hasta los primeros días de agosto, tampoco figuró en la Junta el general Franco. Su nombramiento coincidió con el paso del Estrecho por las fuerzas a su mando. Esta Junta tomó medidas como la declaración del estado de guerra, la incautación de la Constructora Naval, la creación de un Comité nacional de la banca privada, etc., pero en los primeros tiempos su poder se limitó a Castilla, Aragón, Navarra y Galicia. Había también en el campo rebelde el problema de las milicias de partido, pero como su proporción numérica era ínfima, no creó, por el momento ningún problema de importancia. La acción de esas milicias tuvo más alcance en la represión desatada en la retaguardia. Y esto nos lleva a otro aspecto, el más terrible, de la contienda, que sé presentó desde los primeros días: el terror, bajo la forma de «limpieza de la retaguardia», «depuración de enemigos», etc.

El terror

El terror

Comenzó la sublevación por el procedimiento de liquidar físicamente a los enemigos. Y la respuesta fue del mismo género. No es posible hacer aquí una descripción de las matanzas que tuvieron lugar durante las primeras semanas de la guerra.

La sublevación fue acompañada de medidas draconianas; detenciones de cualquier sospechoso practicadas no sólo por la Fuerza Pública sino por organismos de los grupos políticos que colaboraban en el alzamiento seguidas en muchos casos de ejecuciones irregulares. Se trataba de la eliminación radical de todo enemigo incluso en potencia. La represión fue muy dura en Andalucía. El 18 de agosto, Queipo de Llano decía en la radio: «El ochenta por ciento de las familias andaluzas están de luto y no vacilaremos en recurrir a medidas más rigurosas». La eliminación física del adversario de la retaguardia tuvo también aspectos muy duros en Valladolid, Navarra, etc. Algunos casos, como el asesinato de Federico García Lorca en Granada, estaban llamados a producir honda emoción.

Las matanzas colectivas en el territorio rebelde no excusan las que tuvieron lugar en la zona republicana, donde la práctica del terror empujó hacia el campo opuesto a numerosas personas de la clase media que se vieron tratadas de «burguesas». En el campo, la explosión revolucionaria de los trabajadores agrícolas, tratados secularmente como seres infrahumanos, produjo episodios sangrientos. Fue rasgo peculiar de este terror, realizado por lo general al margen de la mayor parte de partidos y sindicatos, el cebarse en los miembros del clero. Quien conociese el comportamiento político de la mayoría del clero español, que había confundido desde hacía mucho tiempo su misión religiosa con la defensa de las más arcaicas estructuras de clase, puede lamentar, pero no extrañar, aquella tremenda sacudida de la que hablaremos después. La carencia de organismos del Estado permitió la floración, en las primeras semanas de la contienda, de una serie de supuestos servicios y brigadas de investigación que realizaron numerosos desafueros. Las noticias de las ejecuciones sin freno en la zona sublevada y particularmente la horrible carnicería de Badajoz, excitaron más los ánimos y tuvieron por consecuencia que el mes de agosto de 1936 fuera el de más numerosas ejecuciones ilegales realizadas en la zona republicana.

La ira popular la había emprendido, como tantas otras veces en la historia de España, contra las iglesias y edificios de comunidades religiosas. Hubo numerosos incendios y devastaciones de templos —no robos, por lo general, como han asegurado los del bando adverso— y semejante estado de ánimo facilitó que la represión ilegal descargara particularmente sobre personas del clero regular y secular. Esta represión tuvo beneficiosos efectos para la propaganda de los rebeldes y se exageró notoriamente. ¿Quién no conoce el poema de Claudel hablando de los 16 000 sacerdotes asesinados? L’Osservatore Romano era el que había dado el número de 16 500. La Guía de la Iglesia en España, publicada en 1954 por la Oficina de Información y Estadística de la Iglesia, dio el de 7338, y añadía que en muchos casos la víctima ha sido incluida dos veces por ser señalada en la diócesis en que murió y en la de su domicilio. El sacerdote Antonio Montero, que publicó en 1961 su libro Historia de la persecución religiosa en España, hace la siguiente clasificación de víctimas: 4184 del clero regular (incluidos los seminaristas), 2365 religiosos, 283 religiosas, es decir, un total de 6832 personas. En esa lista no figuran los quince sacerdotes vascos asesinados por los sublevados, ni los franciscanos padres Revilla y Bombín, también asesinados por los rebeldes en Burgos y la Rioja, respectivamente.

El cubileteo con el número de asesinados en ambas zonas ha sido por demás exagerado y los que resultaron vencedores en 1939 pudieron entregarse a él con facilidad y sin la inquietud de que nadie discutiese sus afirmaciones. La llamada Causa general, incoada por las autoridades vencedoras sin la menor garantía procesal en la misma época en que los piquetes de ejecución seguían disparando diariamente sobre los vencidos, no es un documento serio. Lo menos que puede decirse de ella es que su veracidad está invalidada por una tremenda carga pasional. En ella se habla de 85 940 personas ejecutadas o asesinadas en la España republicana durante la guerra. No se trata de discutir el número, sino de señalar las necesarias reservas sobre su autenticidad. Por el contrario, el total de 40 000 víctimas de la zona llamada nacional dado por Hugh Thomas es evidentemente inferior al real, si se suman las matanzas iniciales de Navarra, Castilla la Vieja, Galicia, Marruecos, Andalucía y Baleares, las «limpiezas» realizadas al ir conquistando Badajoz, Toledo, Málaga, el País Vasco, Asturias… Ya en 1936 decía el doctor Olaechea, entonces obispo de Pamplona: «No más sangre. No más sangre que la que quiere el Señor que se vierta intercesora en los campos de batalla para salvar a nuestra patria…». Y hay unas palabras escalofriantes de Giménez Caballero, publicadas en el diario de San Sebastián La Voz de España, poco después de la toma de Bilbao: «Con todo, también ha sido indispensable en la exinvicta villa de Bilbao el expurgo posvictoria, la limpieza, la depuración… Pero no excusado este deber ni omitido su cumplimiento, estoy seguro de que no llegan a mil las existencias eliminadas en un mes, casi podría afirmar que no pasan de ochocientas». Y añadía: «Las columnas rescatadoras, que Dios guía, no tenían para qué actuar con el ímpetu justiciero y purificador que en Badajoz y en Málaga».

Pierre Vilar, en su Historia de España, ha dicho: «Sería absurdo subestimar las violencias cuyo recuerdo domina aún todas las reacciones del español medio. Terribles en el campo “rojo” por desordenadas, terribles en el campo blanco porque se ejecutaban en orden y cumpliendo órdenes, dichas violencias han dado lugar sin embargo a juicios que frecuentemente es útil revisar».

Hay, no obstante, una tendencia en numerosos autores extranjeros a considerar que el terror fue la consecuencia del carácter de los españoles, a quienes caprichosamente se nos adjetiva de pasionales, violentos, etc. La segunda tendencia, que con frecuencia coincide en los mismos autores, es la de cargar las tintas en estos aspectos de nuestra guerra, como si fueran los más importantes de ella. Debiera ser innecesario recordar que conmociones como las guerras de religión, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la guerra de Secesión de los Estados Unidos, la Comuna de París y su represión, la guerra civil rusa, etc., fuesen acompañadas de violencias análogas. Nada digamos de las invasiones hitlerianas ni de los exterminios colonialistas durante decenios y decenios.

En verdad, si en aquel verano de 1936 se perpetraron en España crímenes execrables, hay que decir que los criminales fueron una exigua minoría. No era eso lo que caracterizaba a los españoles, y si pasión había —que sí que la hubo— se manifestaba en el arrojo, en la valentía, en el heroísmo. En ambos bandos hubo muchos más héroes que criminales. Violencia fratricida, es verdad, engendrada durante más de un siglo, guerra desatada por el sector más agresivo de la oligarquía, vigorosa respuesta popular. Los españoles se mataban entre sí, pero el asesinato fue triste privilegio de minorías.

La actitud de la Iglesia

La actitud de la Iglesia

Durante las dos primeras semanas de la contienda, no hubo otras manifestaciones externas por parte de la jerarquía eclesiástica que la presencia manifiesta del cardenal Illundain al lado de Queipo de Llano, y el gesto del arzobispo de Burgos, que mandó echar al vuelo las campanas cuando se formó la Junta Militar. Iribarren comenta así: «Pasó el Arzobispo entre dos filas de canónigos con capas rojas y doradas… ¡Qué extraño efecto ver fusiles y boinas rojas y camisas azules en la catedral!», En Navarra, muchos clérigos participaron activamente en la rebelión. El cardenal Gomá no se hallaba en su sede —Toledo—, sino en Pamplona: ¿azar o prudencia? No se manifestó públicamente durante los primeros días, pero ya en los primeros de agosto redactó un escrito para que lo firmasen los obispos de Pamplona y Vitoria con carácter de pastoral, destinado a los católicos vascos para que no hiciesen «causa común con enemigos declarados, encarnizados de la Iglesia». Este documento fue publicado el 6 de agosto, sin tener en cuenta las correcciones que había hecho de su puño y letra el obispo Olaechea, mientras que el obispo Múgica lo firmó creyendo que no sería publicado hasta que hubieran tenido conocimiento de él los dirigentes nacionalistas por medio de una persona que atravesaría las líneas de fuego[18].

En cuanto al cardenal Vidal y Barraquer salió de Cataluña bajo la protección de la Generalidad, se expatrió voluntariamente y se instaló en Suiza, donde guardó una estricta neutralidad. Acción Católica se sumó al campo rebelde. Así vemos que la Comisión Gestora Nacional de la Juventud de Acción Católica se reúne en Burgos a primeros de septiembre y en su resolución n.º 2 dice: «Adherirse oficialmente con todo entusiasmo al movimiento patriótico nacional en la primera ocasión que le ha sido posible hacerlo»[19].

El conflicto en su aspecto internacional

El conflicto en su aspecto internacional

Hemos dejado a los enviados de Franco, camino de Berlín, para recabar la ayuda de Hitler. Las peticiones se multiplicaban. Cuando Bolín llegó a Biarritz en el O. H. Rapide se entrevistó con Juan March y con Luca de Tena y, en unión de éste, salió para Roma con objeto de pedir ayuda del Duce. Mola, por su parte, había enviado al marqués de Portago a Berlín (que no consiguió nada positivo) y a Goicoechea a Roma (puesto que era conocido y estimado por Mussolini por haber firmado el pacto de 1934), adonde llegó también Sainz Rodríguez. Otras gestiones menos importantes había sido la demanda de doce aviones de transporte hecha por Franco el día 22 al cónsul de Italia en Tánger, sin resultado, y la de Queipo, el 28, al cónsul italiano en Sevilla.

En cuanto a Giral, desde el día 20 éste se había dirigido a Blum para proponer la compra de armamento, en aplicación de una cláusula del tratado de comercio hispano-francés de 1935, e instruir en el mismo sentido a Cárdenas, embajador de España en París, sobre la adquisición de 24 aviones de bombardeo. Pero éste y el consejero de la embajada, Cristóbal del Castillo, eran afectos a los sublevados, así como el agregado militar Barroso Sánchez Guerra.

En principio, Léon Blum, jefe del Gobierno, y Pierre Cot, ministro del Aire, estaban de acuerdo. Pero al dimitir Cárdenas, negarse Del Castillo a firmar la nota y dimitir también dos días después, más la negativa de Barroso a firmar el cheque, demoraron la gestión. Al mismo tiempo. Barroso entregaba copia de los documentos relativos a la compra proyectada al derechista francés Henri de Kerillis, director de L’Echo de París, que desató una violenta campaña de prensa contra el Gobierno francés por su propósito de ayudar al Gobierno español. El día 23, el embajador alemán en Francia estaba al corriente de todo e informaba a su Gobierno. Ese mismo día. Fernando de los Ríos llegaba a París para hacerse cargo de la embajada, mientras que el presidente Blum y Delbos, ministro de Asuntos extranjeros, iban a Londres a reunirse con el Gobierno británico para estudiar el caso planteado por la violación del Tratado de Locarno. El día 23, Edén puso en guardia a Blum sobre el envío de armas a España. En el almuerzo de los gobernantes franceses con Baldwin y Edén se volvió a tratar del asunto. Y Corbin, embajador francés en Londres, de significación derechista, previno a Delbos contra toda ayuda a España. En el vestíbulo del Hotel Savoy, Delbos dijo a Blum: «Tenemos que elegir entre la colaboración con la Gran Bretaña o la ayuda a la República española». No es aventurado suponer que los estadistas británicos habían esbozado ya la idea de «no intervención». En todo caso, cuando Blum regresó a París, el día 25, la prensa de derechas había organizado ya el escándalo. Cárdenas había hablado a Lebrun, presidente de la República, con el pretexto de despedirse de él, Castillo y Barroso impedido que se entregasen los aviones. Aquel día la Voelkische Beobachter señaló «el peligro de un Estado soviético en España» y atacó al Gobierno francés basándose en el rumor de que iba a ayudar a la República española. El 26, Le Temps escribía en su editorial La crisis española y el deber de neutralidad: «En el momento en que la reunión anglo-franco-belga[20] de Londres intenta un nuevo y loable esfuerzo para hacer posible una negociación de conjunto con Alemania e Italia (negociación cuyo éxito asegurara mejores perspectivas para la paz general) no es posible dejarse arrastrar por la aventura española a nuevas complicaciones de orden internacional». El criterio de la alta burguesía francesa (y británica) quedaba así netamente expresado.

Blum no sabía qué hacer ni qué decir a Fernando de los Ríos. El 25 por la mañana. Lebrun lo llamó: el Presidente era hostil a la ayuda a España y pidió que por la tarde se celebrase Consejo de ministros. El mismo Herriot le aconsejó: «No te metas en ese avispero». En la reunión de aquella tarde, el presidente Lebrun, apoyado por Delbos, hizo pues cambiar la situación. Ante sus preguntas, Daladier declaró que él no tomaría la responsabilidad de enviar armamento a España. Como Pierre Cot, Vincent Auriol y Violette defendieran el punto de vista opuesto. Lebrun zanjó la cuestión dirigiéndose así a Cot: Monsieur, vous voulez la guerre!

A la salida de la reunión, el Gobierno francés hacía pública una nota declarando que «había decidido no intervenir de ninguna manera en el conflicto interior de España». Sin embargo, también había decidió no hacer objeción, por el momento, a la venta de material por empresas privadas.

Aquel mismo día 25 se registraban hechos de carácter bien diverso en Roma y Berlín. Llegado Goicoechea a Roma, la desconfianza de Mussolini y Ciano hacia la delegación enviada por Franco se desvaneció y, reunido el Duce con los comisionados, prometió la ayuda italiana. En efecto, doce aviones Savoia-Marchetti despegaron de Cerdeña el día 30 con rumbo a Ceuta y Melilla; nueve llegaron a Nador, uno se estrelló, otro cayó al mar y el último tuvo que aterrizar forzosamente en territorio del protectorado francés, donde las autoridades identificaron al avión y tripulantes e incluso una curiosa hoja de ruta que databa del 15 de julio.

El 2 de agosto, según el Times de Londres, había ya 21 Savoia en el aeródromo de Nador.

Llegados a Berlín, Arranz y sus amigos, éstos tomaron contacto con la Organización Exterior del Partido Nazi, cuyo jefe. Bohle, les puso en contacto nada menos que con Rodolfo Hess, quien en la mañana del 25 de julio recibió a Bernhardt y Langenheim en la finca de su padre donde estaba descansando[21]. Fue Hess quien telefoneó a Hitler y organizó para aquella misma noche la reunión en Bayreuth donde el «Führer» se encontraba asistiendo a unos festivales de ópera; allí fueron los dos nazis de Marruecos en unión de Kraneck, del departamento jurídico de la Organización Exterior. Bernhardt, según él mismo dice, leyó y tradujo a Hitler la carta de Franco. Hitler llamó inmediatamente a Goering y von Blomberg, tomando rápidamente la decisión de ayudar a Franco, sin hacer mucho caso de las vacilaciones de sus propios diplomáticos e incluso del telegrama de la embajada alemana que decía «Al menos que ocurra algo imprevisto, es difícil esperar, en vista de la situación militar, que la rebelión pueda triunfar». Lo «imprevisto» iba a ocurrir aquella noche en Bayreuth. Y allí mismo se planeó el paso del estrecho por el ejército español de África en «Junkers» alemanes de transporte, entusiasmando a Goering —al decir de Viñas y de su «fuente», Bernhardt— la idea de «transportar por primera vez en la historia un ejército por vía aérea de un continente a otro». En efecto, Goering explicó después en el proceso de Nüremberg, sus razones particulares para enviar aviones a España, «para probar, si la ocasión se presentaba, mi joven Luftwaffe, en estos o aquellos aspectos técnicos».

Se crearon dos compañías, la Hisma y la Rowak, que debían encubrir todos los envíos de material a España, se cursaron toda clase de instrucciones y comenzó la recluta de «voluntarios». Veinte Junkers de transporte salieron para Marruecos y pocos días después, el 31, salían de Hamburgo 85 aviadores, con seis Heinkel de caza. El 6 de agosto llegaron más aviones a Cádiz. Los envíos se sucedieron ya sin interrupción, y gran parte de ellos se realizaron por vía Portugal, donde el dictador Oliveira Salazar daba todo género de facilidades para ayudar a los sublevados.

El día 30, Franco declaraba a la agencia Reuter: «La cuestión no es solamente nacional, sino internacional. Sin duda, la Gran Bretaña, Alemania e Italia deben considerar nuestros propósitos con simpatía».

Hay que decir que la actitud de Londres era harto equívoca. El embajador británico en España, Chilton —que se trasladó aquellos días a San Juan de Luz, como la mayoría de los jefes de misión— apenas ocultaba su simpatía por los rebeldes. La flota británica profesaba las mismas simpatías y sus oficiales condenaban la ejecución de sus colegas españoles sublevados. El almirante lord Chahtfield, como ya veremos, compartía el mismo criterio, y así los marinos de su Graciosa Majestad tuvieron influencia decisiva en el acuerdo del Comité internacional de Control de Tánger que obligó a la flota republicana a alejarse de aquellos parajes. En documentos alemanes se llegó a decir (nota del encargado de Negocios alemán del 16 de octubre) que «la Gran Bretaña enviaba municiones a los blancos por Gibraltar». Lo que sí es evidente es que el 28 de julio llegaron ya a Lisboa, con rumbo a Sevilla, varios trimotores Fokker, comprados por los sublevados en Inglaterra, y que el inventor del autogiro, Juan de la Cierva, cumplió esta misión, en nombre de la Junta de Burgos, y la cumplió basta su muerte, acaecida en accidente, en diciembre de aquel mismo año.

Muy probablemente, el día 23 de julio, la idea de una política de «no intervención» debió ser ya sugerida por Baldwin, en el almuerzo con los gobernantes franceses. Pasados los años, nadie ignora ya que el Gobierno conservador británico ejerció toda clase de presiones para impedir que el Gobierno francés ayudase a la República española. Todos los informes diplomáticos de la época coinciden en este hecho. Para obrar así, el Gobierno de la Gran Bretaña tenía numerosas razones: su deseo de lograr un «apaciguamiento» a costa de entenderse con los países fascistas, y sobre todo de llegar a un acuerdo con Italia; el temor a una revolución popular en España, en primer lugar por los poderosísimos intereses británicos en la Península, pero también por razones estratégicas y naturalmente, por reflejo de clase de un Gobierno conservador.

En París, el 30 de julio, Blum y Delbos desmentían ante las Comisiones de Asuntos extranjeros de la Asamblea y del Senado los rumores relativos a entrega de armas a España. Al mismo tiempo, para pedir precisamente esa entrega, el Comité mundial contra la guerra y el fascismo celebraba un gran mitin, en el que participaron Hilario Arlandis, Francis Jourdain, el diputado socialista Zyromsky y André Malraux.

El día 31 declaraba Delbos en la Cámara: «Hubiéramos podido entregar armas al Gobierno español, Gobierno legítimo de derecho y de hecho. No lo hemos hecho, en primer lugar por doctrina y por humanidad, y para no dar un pretexto a los que estarían tentados a proporcionar armas a los rebeldes».

El 2 de agosto celebró el Gobierno francés una dramática reunión. Se conocía ya el envío de los Savoia a Marruecos. Cot y otros ministros se apoyaron sobre este hecho para pedir el envío de armas. Pero Delbos sugirió que, dada la actitud británica, era más oportuno dirigirse a todos los Gobiernos para impedir que nadie enviase armas a ningún bando. Ése fue el sentido de la nota publicada al terminar la reunión. La No-Intervención iba a nacer, aunque, mientras tanto, el Gobierno francés se reservaba el derecho a exportar armas.

El día 3, De Chambrun, embajador de Francia, se entrevistaba con Ciano, quien dio una respuesta dilatoria. El 4, se hacía idéntica gestión en Berlín. Neurath, ministro alemán de Asuntos extranjeros, dijo que nada se podía hacer si la Unión Soviética no se comprometía igualmente a no intervenir. El Gobierno de Londres respondió inmediatamente «aprobado calurosamente» la iniciativa de no intervención. El Times del 5 comentaba: «Es absolutamente necesario para todo el mundo que se adopte una política general de no intervención».

Mientras tanto, el acorazado Deutschland había fondeado en Ceuta y el almirante descendió para almorzar con Franco. Y Oliveira Salazar había dicho al ministro sueco en Lisboa que «tenía la intención de sostener por todos los medios a los españoles de derechas». El embajador español, Sánchez Albornoz, se hallaba virtualmente prisionero en sus locales diplomáticos de Lisboa. En Moscú, el 3 de agosto, Chvernik, secretario general de los Sindicatos soviéticos, anunciaba ante una asamblea que los trabajadores de su país ofrecerían su ayuda a los combatientes españoles. Tres días después anunció que habían sido recogidos 12 145 000 rublos. Sin embargo, el día 6, el Gobierno de Moscú respondía al encargado de Negocios de Francia que aceptaba «el principio de no intervención en los asuntos españoles», y añadía la solicitud de que se incorporase a él Portugal y de que «cese inmediatamente el apoyo prestado por ciertos Estados a los rebeldes contra el Gobierno legítimo español». Pero los medios gubernamentales británicos parecían tener prisa. Aquellos primeros días de agosto se produjeron dos hechos esenciales. En primer lugar, Blum y Daladier enviaron a Darían, jefe del Estado Mayor de la flota francesa, a que se entrevistase en Londres con el primer lord del Almirantazgo, lord Chatfield, para explicarle que era de interés común para ambos países oponerse al triunfo de los sublevados en España y pedirle que lo pusiera en relación con sir Maurice Hanke, secretario permanente del Gobierno británico, con objeto de conseguir una inmediata reunión de éste. Chatfield respondió con una negativa rotunda y un cálido elogio al general Franco. Cuando Darían regresó a París compartía el criterio de su colega británico. Las cosas tomaron un cariz todavía más serio, ya que el día 7, George Clerk, embajador británico en París, visitó a Delbos para transmitirle un verdadero ultimátum de su Gobierno: si Francia entraba en conflicto con Alemania por proporcionar armamento al Gobierno español, la Gran Bretaña se consideraría desligada de las obligaciones inherentes al Pacto de Locarno que garantizaban la frontera francesa.

Aquella gestión tuvo efectos fulminantes. El Gobierno francés tardó solamente veinticuatro horas en tomar la decisión unilateral de prohibir la venta y envío de toda clase de armamento a España[22]. Mientras tanto proseguían las discusiones con los Gobiernos alemán, italiano y portugués con objeto de llegar a un acuerdo sobre la no intervención. Ésta, en realidad, con el sentido unilateral que la caracterizó, había nacido el 8 de agosto, tres días después que las fuerzas del general Franco, gracias a la ayuda aérea facilitada por Berlín y Roma, habían atravesado el estrecho de Gibraltar y dado lugar a una nueva fase de la guerra[23].

A todo esto, los Estados Unidos aplicaban su política de neutralidad y de embargo de envío de armas, que había sido aplicada a la guerra de Etiopía, con lo que se equiparaba, de hecho el campo gubernamental con el rebelde. El embajador norteamericano en España, Claude Bowers —como el propio Roosevelt—, simpatizaba con el Gobierno de Madrid, pero fue siempre Cordel Hull, secretario de Estado, quien hizo valer su criterio. En relación con los suministros norteamericanos, se produjo un hecho que había de tener hondas consecuencias para el desarrollo de la guerra. Cinco petroleros de la Texas Oil Company —que había, suscrito un contrato de suministro con la C. A. M. P. S. A. en julio de 1935— navegaban rumbo a España. El director de la compañía, capitán Thorkild Rieber —que tenía buenos amigos en Alemania, como pudo comprobarse cuando estalló la segunda guerra mundial— dio orden de que, los cinco barcos se dirigieran a puertos ocupados por los rebeldes. Este petróleo fue entregado a crédito y durante mucho tiempo siguió la Texas vendiendo generosamente de fiado (más tarde cobró, naturalmente). Los suministres siguieron durante toda la guerra, pese a que la compañía fue multada por ello[24].

Durante todo el conflicto, un representante de la empresa norteamericana estuvo instalado en Burgos[25].

El paso del Estrecho y el puente aéreo

El paso del Estrecho y el puente aéreo

El general Gallard, que fue comandante de las fuerzas aéreas de la Alemania de Hitler, ha escrito rememorando la situación de 1936: «La mayor parte de las fuerzas armadas ganadas a la causa de la derecha se encontraba en Marruecos, bajo las órdenes de Franco. El joven general —tenía entonces cuarenta y tres años— contaba con sus moros, perfectamente entrenados y ávidos de batirse, para socorrer a sus amigos, cercados por todas partes en la Metrópoli. Pero la Marina había permanecido fiel a la República y controlaba las comunicaciones marítimas. Los republicanos se mantenían sólidamente en Madrid y Barcelona, y en tres cuartas partes del territorio español. Los nacionalistas se defendían desesperadamente en el Sur, el Noroeste y en algunas ciudades aisladas. Mussolini y Hitler decidieron socorrer a Franco. Se fundó la Hisma, empresa de transportes aéreos que, con Junkers 52 y tripulaciones alemanas, decidió llevar a la Península los refuerzos marroquíes volando sobre el Estrecho. Con este primer puente aéreo de la historia, Franco pudo, desde los primeros meses de la guerra, mejorar las posiciones nacionalistas». Su jefe, Goering, dijo en Nüremberg: «No se olvide que Franco y sus tropas se encontraban en África en la imposibilidad de transportar sus soldados a España, porque la flota estaba en manos de los comunistas o, como ellos decían entonces, del Gobierno revolucionario español. El factor decisivo para Franco era, ante todo, el transportar sus tropas a la Península».

En efecto, el día 25 había fracasado una expedición de legionarios embarcados en unos faluchos. Si el teniente coronel Asensio fue enviado a Sevilla y avanzó hacia Extremadura los primeros días de agosto, al frente de una bandera del Tercio y un puñado de regulares, nada más podía hacerse sin tener el grueso de las tuerzas en la Península. Mola lo sabía bien.

El día 4 de aquel mes de agosto, tres aviones italianos habían bombardeado la estación y el campo de aviación de Guadix y otros dos habían atacado a dos buques republicanos en el estrecho. Otro buque gubernamental que ese mismo día bombardeó Larache fue atacado por dos trimotores italianos[26].

Con todas las fuerzas aéreas de bombardeo, combate y transporte, y con un nuevo ultimátum al Comité de Control de Tánger, el camino estaba expedito para realizar la operación decisiva: el 5, un convoy marítimo, escoltado por el Dato y un guardacostas, protegido por la aviación, llevaba hasta Algeciras tres mil legionarios y regulares, tres baterías, diez caballos, dos millones de cartuchos, tres mil obuses y doce toneladas de dinamita. El transporte por vía aérea iba a proseguir sin interrupción. En pocos días, el ejército de África y gran número de moros reclutados en Marruecos estaban situados en España. Según Kindelán, se transportaron por vía aérea hasta primeros de octubre 13 952 hombres. 11 baterías de campaña. 92 ametralladoras y más de 500 toneladas de material de guerra. Según Sanchís, los Junkers transportaron en cinco semanas 12 500 hombres. 44 cañones. 90 ametralladoras y 216 toneladas de material[27].

Capítulo XII. De la guerra de movimiento a la batalla de Madrid

CAPÍTULO XII
DE LA GUERRA DE MOVIMIENTO
A LA BATALLA DE MADRID

La pérdida de Badajoz y sus consecuencias

La pérdida de Badajoz y sus consecuencias

El mes de agosto fue desfavorable para los republicanos, cuyas milicias no podían suplir con entusiasmo la falta de organización y de armamentos, y con un Gobierno que seguía sin dominar la situación. Por el contrario, las fuerzas mercenarias trasladadas de África a Andalucía, mandadas por jefes habituados a la guerra de movimiento en el Rif, iban a cambiar la situación militar, aunque las fuerzas de Mola, paralizadas en la Sierra, tenían que contentarse con avances nada fáciles en Guipúzcoa.

El día 7 llegaba Franco a Sevilla y el coronel Yagüe tomaba el mando de las tres columnas que avanzaban por Extremadura: las de Tello, Asensio y Castejón. Cada una de ellas estaba compuesta por una bandera del Tercio, un tabor de Regulares, una o dos baterías y los complementos necesarios de Ingenieros y Sanidad. Dos columnas actuaban en vanguardia y otra quedaba de reserva, sistema que seguía por rotación. Estas columnas ocuparon Mérida el día 11 y cortaban así la línea férrea Madrid-Badajoz. El 13 empezaba el ataque a Badajoz. Jaques Berthet escribió desde allí a Le Temps: «Los milicianos, que son varios millares —y cuyo número aumenta cada día—, están llenos de entusiasmo y podrían ser una gran fuerza, pero la ausencia de toda disciplina hace de ellos una aglomeración desordenada, valiente, pero sin gran valor táctico».

En realidad, había sólo unos tres mil milicianos y 500 soldados. La batalla por Badajoz duró día y medio. Los legionarios, protegidos por el fuego de la artillería, penetraron en los arrabales la mañana del 14. La ocupación se terminó al caer la tarde. La matanza fue indescriptible. El corresponsal de la Hayas contó que la sangre corría a ríos por las calles, y Reynolds Packard, corresponsal del Herald Tribune, agregaba que «tan pronto como eran detenidos los defensores republicanos eran ejecutados en masa». El corresponsal de Le Temps escribió el 15: «Los milicianos sospechosos detenidos son inmediatamente ejecutados» y daba el número de 1200 así exterminados. «Los milicianos capturados en el coro de la Catedral han sido ejecutados ante el altar». Yagüe declaró a este corresponsal: «Ha sido una espléndida victoria. Antes de seguir adelante, vamos a terminar la limpieza de Extremadura, ayudados por los falangistas». La exterminación era un criterio táctico. Así Yagüe precisaba a John T. Whitaker, corresponsal del New York Herald Tribune: «Naturalmente que hemos matado. ¿Qué suponía usted? ¿Qué iba a llevar 4000 prisioneros rojos con mi columna, teniendo que avanzar contra el reloj? ¿O iba a dejarlos en la retaguardia para que Badajoz fuera rojo otra vez?»[1]. También fueron ejecutados los militares republicanos coroneles Pastor Palacios y Cantero, y el comandante Alonso, que resistió hasta el final con unas ametralladoras en el fuerte de Pardilleros. El jefe de la plaza, coronel Puigdengolas, consiguió salir en los últimos momentos con parte de sus hombres y se internó en Portugal, cuyo Gobierno cometió la villanía de entregar gran número de ellos a los rebeldes[2].

En los otros frentes del Sur los sublevados, al tomar Antequera y Loja, lograron establecer contacto con las fuerzas de Granada y comenzaron a amenazar Málaga por el Norte. En Córdoba su situación era más difícil. El día 20 Miaja inició una ofensiva sobre la capital que, sin suficiente organización y con inferior armamento que el bando adverso (que podía emplear su aviación contra los atacantes) no consiguió ninguno de sus objetivos. Miaja fue relevado y enviado a la Comandancia militar de Valencia, de donde pasó a la de Madrid el mes de octubre.

En el Norte, Mola había concentrado numerosas fuerzas con objeto de apoderarse de Irún y San Sebastián, y cortar así la zona republicana de la frontera francesa. No obstante, durante dos semanas no consiguieron vencer la resistencia de las milicias vascas. Mientras tanto, Mola repetía desde Burgos: «Hemos ido al Movimiento seguidos ardorosamente del pueblo trabajador y honrado, para librar a nuestra patria del caos de la anarquía, caos que desde que escaló el Poder el llamado Frente Popular iba preparándose con todo detalle al amparo cínico y hasta con la complacencia morbosa de ciertos gobernantes».

El día 10, Franco había declarado a la prensa portuguesa: «España es republicana y seguirá siéndolo. Ni el régimen ni la bandera han cambiado. El único cambio será que el crimen será reemplazado por el orden y los actos de bandolerismo por el trabajo honrado y progresivo. España será gobernada a base de un sistema corporativo semejante al que ha sido instaurado en Portugal. Italia y Alemania».

Cinco días después, el mismo general Franco, en unión de sus colegas Queipo de Llano y Millán Astray, restauraban solemnemente en Sevilla la bandera bicolor de la Monarquía. Millán Astray gritaba y hacía gritar, por su parte, a la multitud «¡Viva la Muerte!».

Franco llegó a Burgos el 16, acompañado del general Kindelán. Se entrevistó con Mola y Cabanellas. Días después instaló su cuartel general en Cáceres. El centro político de los sublevados iba a establecerse en la zona de Castilla, mientras que Queipo de Llano gozaba en el Sur de más que amplia autonomía.

Mientras tanto, en Aragón, pese a la desorganización de los frentes, la columna Durruti había llegado a Pina y la de P. S. U. de C. a Tardienta. Las milicias mandadas por el coronel Villalba se encontraban a las puertas de Huesca. En Guadarrama comenzaba ya una guerra de posiciones y las milicias, formadas principalmente a base del Quinto Regimiento y de los batallones de la J. S. U., eran mucho más coherentes. El coronel Asensio (no confundirlo con su homónimo del campo adverso) había sustituido a Riquelme en el mando del sector, pero, sobre todo, comenzaban a sobresalir algunos jefes de Milicias.

Desde Valencia se iniciaba la marcha de columnas hacia Teruel; una de ellas fue aniquilada por los guardias civiles que la acompañaban, que se pasaron al campo rebelde (en la zona republicana, la Guardia civil fue transformada en Guardia Nacional Republicana) y otras, con una concepción muy particular de la guerra, eran totalmente ineficaces. Ése era el caso de la Columna de Hierro, de filiación anarquista.

En ese tiempo, las columnas de Yagüe proseguían su avance, reforzadas por la agrupación del teniente coronel Delgado, enviada desde Sevilla. A fines del mes (el 23) ocuparon Navalmoral de la Mata y quedó abierta, en la provincia de Toledo, la vía natural de penetración formada por el valle del Tajo.

La No Intervención en sentido único

La No Intervención en sentido único

Europa entera asistía emocionada a esa contienda y presagiaba que lo que en ella se ventilaba no le era ajeno. Y las cancillerías de Francia y la Gran Bretaña se esforzaban por conseguir un acuerdo de no intervención. El Gobierno de Londres previno a sus súbditos que asistían a cualquiera de los bandos contendientes que no podían esperar ningún apoyo de él. El editorial de Le Temps del 17 de agosto aplaudió esa medida y añadió que «este lenguaje tranco y claro… debiera ser escuchado en otras partes».

El 14 la Deutsche Allgemeine Zeifung había escrito que «las democracias occidentales abren los ojos sobre el peligro que supondría la implantación del bolchevismo en España».

El Führer, sin embargo se hacía rogar para adherirse a la no intervención. Su adhesión no llegó hasta el 24, es decir, un día después que la de ¡a Unión Soviética. Las Izvestia del 26 explicaban la actitud soviética encaminada a que cesase la ayuda a los rebeldes y a «garantizar la no participación real de otros países en el conflicto interno de España», pero no dejaba de señalar que era una innovación en la teoría y práctica internacionales «que el Gobierno de un país, elegido de acuerdo con sus leyes y reconocido por las potencias, haya sido considerado en pie de igualdad, jurídica y prácticamente, con los amotinados que se sublevaron contra él».

A fines de mes todos los países habían adoptado sus respectivas disposiciones legales prohibiendo el envío de armas a España y el Gobierno francés propuso que se crease un Comité, con sede en Londres, encargado de aplicar el acuerdo de no intervención. Éste era firmado, el 28 de agosto, por 28 Estados. Los documentos secretos alemanes han probado con posterioridad que los dirigentes del Eje pensaban seguir ayudando a los rebeldes sin preocuparse demasiado de este acuerdo, al que, en cambio, concedían la virtud de paralizar una eventual ayuda del Gobierno francés —empujado por la opinión democrática— a la República española. El único Gobierno que se declaró públicamente contra el acuerdo fue el de Méjico, presidido por Lázaro Cárdenas, que se apresuró a enviar 20 000 fusiles y veinte millones de cartuchos al Gobierno republicano.

La Unión Soviética enviaba a Madrid su primer embajador, Marcelo Rosenberg, que presentó el día 27 de aquel mes sus cartas credenciales a Azaña. Como se recordará, los gobiernos del bienio radical-cedista (y probablemente Alcalá Zamora en persona) habían impedido el intercambio de embajadores entre los dos países decidido en 1933.

Todas estas idas y venidas diplomáticas no impedían, en modo alguno que Alemania. Italia y Portugal acrecentasen su ayuda a los rebeldes.

El 12 de agosto, el cargo alemán Schleswig, escoltado por el destructor Leopard de la misma nacionalidad, desembarcaba en Palma de Mallorca gran cantidad de armas y municiones. El día 14 habían llegado a Sevilla dos escuadrillas de Junkers con su personal y una semana después los barcos alemanes Kamerun y Wigbert desembarcaban en Lisboa, con destino a la España «nacionalista», abundante material de guerra. El 7, el barco igualmente alemán Usaramo había desembarcado en Cádiz (simulando un crucero de turismo de la organización nazi La Fuerza por la Alegría) varios Heinkel desmontados y piezas de recambio. Mientras tanto la Hisma continuaba sus actividades y Mola pedía gran cantidad de armamento y munición que fueron desembarcados en La Coruña. A partir del 16 del mismo mes, salieron de Italia varias escuadrillas de bombardeo (algunas de ellas gestionadas directamente por Juan March) que se encaminaron hacia Mallorca. El día 28 se realizaron nuevos desembarcos de material alemán, esta vez en Vigo[3].

Por cierto que hubo ya antes un incidente con un Junker 52 alemán que se despistó y aterrizó en Barajas el 9 de agosto. En breves minutos reanudó el vuelo, pero falto de gasolina, se posó cerca de Oropesa, en territorio republicano. El encargado de Negocios alemán pidió entonces la liberación de los tripulantes y la devolución del aparato. El Gobierno español devolvió a los tripulantes (Delbos insistió para ello), pero retuvo el avión después de precintarlo.

En cuanto a la actitud de Portugal era inequívoca. En realidad, se había concluido un acuerdo entre el Gobierno portugués y la Junta de Burgos, el 26 de julio. Según el encargado de Negocios alemán en Lisboa, el territorio portugués servía desde los primeros momentos, no sólo para el transporte de material desembarcado en Lisboa hacia España, sino para transportar municiones entre las zonas Norte y Sur ocupadas por los rebeldes y todavía incomunicadas. La aceptación en principio del acuerdo de no intervención por Portugal estaba matizada por una serie de elocuentes reservas, entre las que figuraban «la defensa contra todos los regímenes de subversión social que lleguen a establecerse en España» y el «reconocimiento de beligerancia a las fuerzas de lucha». También afirmaba que la inscripción de voluntarios, aunque fuese indirecta, la simple apertura de suscripciones o el envío de sumas para continuar la lucha con el consentimiento de cualquiera de los Gobiernos firmantes desligada a Portugal de todo compromiso. Esto equivalía a negarse por adelantado a cumplir los acuerdos. Tiene razón el profesor García Arias cuando dice: «Clara era, pues, la actitud del Gobierno de Portugal con respecto a la España nacional: ser la retaguardia de los ejércitos de Franco». Esa actitud está comprobada documentalmente por la publicación oficial de documentos diplomáticos portugueses: Ministerio dos Negocios estrangeiros: Dez anos de política externa (1936-1947), tomos III y IV, Lisboa, 1964.

Las corrientes europeas de opinión democrática reaccionaban contra este estado de cosas. La C. G. T. francesa defendía el derecho de España a comprar armas; su secretario, Jouhaux, visitó en Madrid a las autoridades españolas, a mediados de agosto. La adhesión del Comité internacional de Escritores a la causa republicana llevaba las firmas de André Gide, Martin-Chauffier, Jean-Richard Bloch, Aragón, Claude Aveline, Nizan, Jouhaux, De Brouckère, Vaillant Couturier, Jean Cassou, Langevin…

Numerosos antifascistas franceses, italianos, británicos, alemanes, etc., se presentaron en España para combatir en las líneas republicanas. En los primeros momentos, muchos de ellos se integraron en unidades del frente de Aragón. Entre ellos figuraban los italianos Rosselli, Scotti, Angeloni, Pellegrini y Nino Nanetti, del grupo Giustizia e Liberta. En agosto y septiembre se formaron las centurias Rosselli (italiana), Thaelmann (alemana), y en el frente de Madrid la Commune de París (francesa) y la Zozzi (italiana). A ello hay que añadir la escuadrilla de aviación dirigida por André Malraux, que desplegó una gran actividad en los primeros meses de la guerra. En Francia, el grito des avions et des canons pour l’Espagne se hacía cada día más popular, pero Blum insistía en decir que su política «salvará a España y mantendrá la paz». En el seno del laborismo británico se entabló un apasionado debate sobre España, que no llegó a ser zanjado en el Congreso del partido. Pero sus dirigentes y los de las Trade Unions se solidarizaron poco después con la política de no intervención y consiguieron arrastrar el Congreso del T. U. C.

Madrid experimentó la presencia de la aviación extranjera al sufrir la primera incursión aérea el 28 de agosto. Su efecto material fue escaso: unas bombas en el Ministerio de la Guerra y otras en Barajas, que produjeron la muerte de un cabo y de un soldado. Pero los fragmentos de las bombas probaban que eran de fabricación alemana. En Madrid, todo el mundo hablaba de ello, pero nadie tomaba precauciones. La capital, hecha a su nueva vida (indumentaria de mono azul por todas partes, cafés repletos de milicianos) no parecía prestar mucha atención al peligro. Se ha dicho que aquel mes había una fuerte represión en Madrid. Cierto: pero también lo es que no podía alterar la vida de una ciudad de más de un millón de habitantes, cuyas cuatro quintas partes estaban junto al Gobierno. ¿Será preciso recordar lo que escribió Antonio Machado aquellos días? El fenómeno de Madrid era, para el gran poeta, «la súbita desaparición del señorito».

El 23 de agosto se produjo un incendio en la Cárcel Modelo, lo que aprovecharon algunos reclusos para iniciar un motín. La noticia corrió como reguero de pólvora en una población excitada por las noticias que llegaban de las matanzas de Badajoz y una muchedumbre enardecida asaltó el edificio. De los dos mil presos que allí había fueron asesinados unos cuarenta. Gran número de dirigentes de las organizaciones del Frente Popular se personaron allí para contener a la multitud, pero sólo lo lograron al constituir sobre el terreno un Tribunal irregular que dictó treinta sentencias de muerte, entre ellas la de Melquíades Álvarez, Martínez de Velasco, Fernando Primo de Rivera, Ruíz de Alda, Albiñana, Rico Avello, Álvarez Valdés, generales Capaz y Villegas, etc. Por el contrario, no fueron inquietados Serrano Súñer ni Fernández Cuesta. La indignación de Azaña al conocer estos sucesos fue tal, que costó trabajo convencerle para que no presentara la dimisión.

Una semana antes, Queipo de Llano hablaba así por Radio Sevilla: «Al tomar San Rafael y El Espinar, las tropas del general Mola han capturado cuarenta oficiales y soldados de aviación, que han sido inmediatamente fusilados».

La expedición a Mallorca y la lucha en el Norte

La expedición a Mallorca y la lucha en el Norte

Al mismo tiempo que esto acaecía, una columna de las Milicias catalanas, al mando del capitán Alberto Bayo, había desembarcado el 16 de agosto en Punta Amer. en la isla de Mallorca. Integraban aquella columna militantes del P. S. U. de C., de la U. G. T., y de las Juventudes Socialistas Unificadas junto con elementos de Esquerra Republicana y de la C. N. T. Entre los mandos, figuraban López Tienda, Zapatero, Otero, con José Matas, delegado del P. S. U. de C., y Virgilio Llanos en calidad de delegado político general. Como observadores embarcaron los diputados Ángel Galarza. Ruiz del Toro y Ruiz Lecina. Formaban el convoy los destructores Almirante Miranda y Antequera, el cañonero Xauen, el torpedero 77, los submarinos B-2, B-3 y B-4, varias barcazas, el aljibe 5, los transportes Ciudad de Cádiz. Mar Negro y Mar Cantábrico, el buque hospital Marqués de Comillas y los hidros de las bases de Barcelona y Mahón. Efectuado el desembarco. Punta Amer quedó a la retaguardia, que se extendía más de catorce kilómetros en forma de anfiteatro, de Porto Cristo a Punta Roja, con siete de profundidad. Y no se pasó de ahí. No se pasó, por falta de reserva, por la intervención del arma aérea italiana, por la presencia de Arconavaldo Bonaccorsi, alias conde Rossi, amo de Mallorca por cuenta de Mussolini, y porque lo impidió Indalecio Prieto. En resumen: a las tres semanas, «inesperadamente se destacaron sobre la neblina el acorazado Jaime I y el crucero Libertad»[4]. Creyeron los expedicionarios que, tras el fuego del acorazado contra las alturas de Son Carrión, llegaban refuerzos, creyeron aún después que les embarcaban con destino a Palma, y donde les dirigieron fue unos a Valencia y el resto a Barcelona.

Veamos el Norte. En Gijón, el cuartel de Simancas fue tomado por la Milicias. Su jefe, el coronel Pinilla, pidió al Almirante Cervera que hiciera fuego sobre él y sus fuerzas, para morir antes que caer en poder del enemigo. Así sucedió. En Oviedo, Aranda se aprestaba a una dura defensa en espera de que desde Galicia se intentase romper el cerco de la ciudad.

En los medios republicanos cundía la idea de que era preciso disponerse a una guerra larga. Así lo declaraba Prieto a la Agencia Havas, y el Partido Comunista en un manifiesto del 20 de agosto… En la C. N. T. surgían voces para llamar la atención sobre la exigencia ineludible de la guerra. El 15 de agosto escribía Juan Peiró en Solidaridad Obrera: «A juicio mío, yerran fundamentalmente los que creen que es ahora el momento propicio para implantar sendas reivindicaciones proletarias de tipo social, como son la reducción de jornadas y el aumento de sueldos y salarios (…). Ahora no debemos pensar más que en los camaradas que luchan en los frentes y en destruir para siempre el fascismo y esto, además de con los fusiles de las Milicias, se logrará con una economía potente, inagotable».

Sin embargo, subsistían grandes discrepancias sobre los métodos a seguir; mientras republicanos, comunistas y socialistas del centro —y otros de la izquierda— eran partidarios de constituir un ejército eficiente, no sólo los anarcosindicalistas se mostraban reacios a la «militarización» de las Milicias, sino inclusive el propio Largo Caballero y el periódico Claridad, portavoz de su tendencia en el Partido Socialista y la U. G. T.

Largo Caballero en el poder

Largo Caballero en el poder

La situación no admitía muchas contemplaciones. El 30 de agosto, las columnas de Yagüe habían ocupado Oropesa y marchaban sobre Talavera. En el Norte, las fuerzas de Beorlegui forzaban, tras larga lucha, las alturas fortificadas de San Marcial. Irún estaba en peligro inminente. Se hacía indispensable un Gobierno representativo de las fuerzas que estaban del lado republicano con objeto de dotar de coherencia el esfuerzo bélico. Giral comprendió la realidad de los hechos, y Azaña cedió a la fórmula de «Gobierno de Frente Popular», que en el fondo no le satisfacía. Largo Caballero y Prieto habían insistido con el presidente de la República sobre la necesidad del cambio. Lo que pensaba Prieto era más bien una reorganización del mismo Gobierno con entrada de ministros socialistas, pero Largo Caballero fue más imperativo y reclamó el Poder. También exigió que participasen en él los comunistas, que, al principio, no se mostraron partidarios de ello para no favorecer las campañas internacionales tachando de «rojo» al Gobierno republicano. Mas como Largo Caballero insistiera, los comunistas terminaron por aceptar. Mientras se negociaba la formación de este. Gobierno (el 3 de septiembre), las columnas de Yagüe entraban en Talavera. Aquel mismo día, la motorizada de Urrutia ocupaba Behovia, en la frontera franco-española.

El 4 de septiembre quedaba formado el nuevo Gobierno[5].

Días después fue nombrado ministro de Obras Públicas Julio Just (Izquierda Republicana) y ministro sin cartera, y Manuel de Irujo (Partido Nacionalista Vasco), que aceptó el cargo después que el Gobierno aseguró a una comisión formada por José Antonio de Aguirre y Francisco Basterrechea su aquiescencia para proponer inmediatamente a las Cortes la aprobación del Estatuto Vasco.

En el preciso momento en que el nuevo jefe del Gobierno presentaba los ministros al presidente de la República, la situación de Irún era insostenible. Sus defensores se batían desesperadamente, casi sin armas, y a pocos metros, en la frontera, seis camiones de municiones enviados desde Cataluña hablan sido detenidos por las autoridades francesas en aplicación de la no intervención. Cayó Irún, falto, pues, de municiones, y las tropas de Beorlegui entraron en una ciudad abandonada por sus habitantes e incendiada por sus defensores. Aquel día fue el primero de los éxodos que habla de sufrir el pueblo español: miles de mujeres, niños y ancianos, sin techo y sin bienes, acarreando penosamente algunos enseres de su ajuar, atravesaron la frontera. El día 5, esa frontera era ocupada por las tropas de la Junta Militar. El norte de la España republicana había quedado aislado del resto del mundo por vía terrestre.

La situación de San Sebastián era también insostenible. Las fuerzas al mando del coronel Los Arcos (Beorlegui había sido herido y murió a consecuencia de ello) entraban en la capital de Guipúzcoa el 15 por la tarde, en medio de un vacío total; la mayor parte de la población había evacuado la ciudad. Según datos de los vencedores, sólo quedaron allí 30 000 habitantes (de una población normal de más de 80 000). Los Arcos, con ocho batallones de infantería y dos grupos de artillería, aprovechó la coyuntura para proseguir el avance hasta fines del mes. Conseguía así dominar toda la provincia, con excepción de Éibar y Elgueta. La línea del frente seguía aproximadamente d curso del río Deva, con una cabeza de puente de las fuerzas de Mola en la zona costera, que comprendía Motrico y Ondárroa, primera localidad de Vizcaya. Así quedó estabilizada durante todo el invierno.

A esta situación se añadía que los esfuerzos, por lo general desorganizados, para apoderarse del Alcázar de Toledo, no daban ningún resultado, tanto más cuando Moscardó sabía que sus amigos estaban ya cerca. El defensor del Alcázar desechó las propuestas del comandante Rojo, del embajador Núñez Morgado y del padre Camarasa. A éste le contestó: «Todo está dicho, padre. No habrá una sola persona que abandone el edificio como no sea muerta o vencedora».

En Andalucía, las fuerzas de Varela habían conquistado Ronda el día 16 y aumentaban así la amenaza sobre Málaga. A fines de agosto se había terminado la resistencia, en forma desigual, de los mineros de Riotinto. Y el frente de Córdoba quedaba estabilizado después que los republicanos tuvieron que ceder Espejo y Peñarroya. Pero donde la situación era dramática, cuestión de vida o muerte para los republicanos, era en el frente al sudoeste d£ Madrid, por el enorme boquete abierto tras la caída de Talavera, llanuras sin la menor fortificación, adonde se llevaban de manera apresurada fuerzas traídas de la Sierra. El general Asensio, en su puesto de mando de Santa Olalla, no tenía grandes esperanzas de resistir[6].

En Castilla, el ala izquierda de las fuerzas «nacionalistas» del Sur al mando de Delgado Serrano, ocupaba el día 8 Arenas de San Pedro, y la columna de caballería de Monasterio, procedente de Ávila, llegaba ese mismo día a la Parra de Arenas, a siete kilómetros de distancia. Al día siguiente se unían las dos columnas en Ramacastañas, así como la de Tella, procedente de Talavera. Los atacantes de Madrid habían unido su frente. El día 21 tomaron Maqueda y el 22 Torrijos. Tras la toma de Maqueda, Yagüe sustituyó a Varela en el mando de todas esas fuerzas.

En aquel momento, Franco decidió marchar sobre Toledo en vez de proseguir el avance sobre Madrid. ¿Razones? Hay muchas. Las columnas que venían actuando desde Sevilla no estaban en condiciones de dar un gran asalto; necesitaban ser reorganizadas, reforzadas. Había que acercar hacia Madrid las líneas del frente del sur de Ávila para no establecer salientes peligrosos. Franco no quería la aventura, mientras que tomar Toledo y obtener el éxito de prestigio de liberar el Alcázar era empresa ya fácil. Seguir con unas cuantas columnas por la carretera de Maqueda a Navalcarnero y Madrid era un peligroso juego de azar. Por otra parte, la historia nos dice ya, y nos explicará mejor en el futuro, la importancia que tuvo la liberación del Alcázar para la operación política de elevar a Franco a la Jefatura suprema del Estado y de los Ejércitos.

¿Qué ocurría mientras tanto en Madrid? El nuevo Gobierno, muy popular, no por eso era muy eficaz. Se discutía todavía sobre si debía haber Milicias o Ejército popular, se hablaba de mando único, pero tal mando único brillaba por su ausencia, no se tomaba ninguna disposición para fortificar Madrid y sus alrededores. Y las noticias de la no intervención —que examinaremos más adelante— eran otra fuente de zozobras para el nuevo Gobierno.

Los anarquistas, reunidos el 15 de septiembre en Pleno Nacional de Regionales, propusieron que el Gobierno fuese sustituido por un Consejo nacional de Defensa —formado por cinco miembros de la U. G. T., cinco de la C. N. T. y cuatro republicanos—, la creación de una Milicia obligatoria de guerra y una serie de medidas de socialización. Se trataba de un texto transaccional entre los partidarios de la colaboración gubernamental como Juan López y Horacio Prieto y los adversarios como Federica Montseny y otros catalanes[7]. En realidad, se aceptaba gran parte del contenido estatal, pero aún se rechazaba la nomenclatura. Naturalmente, la proposición no podía prosperar. Por fin, el día 30 salió en la Gaceta el decreto de militarización de las Milicias. Primer paso, aunque tímido, hacia el Ejército regular.

Pero Toledo había caído en las primeras horas del día 28, y Varela y Moscardó se abrazaban sobre las ruinas del Alcázar. Al día siguiente, Franco prendía la Laureada en la guerrera de Moscardó. Como éxito de prestigio era el mayor obtenido por los rebeldes en dos meses de lucha, aunque los más eficaces habían sido el puente aéreo sobre el Estrecho y el corte del País Vasco con Francia. La leyenda de los cadetes del Alcázar iba a ser desde entonces un inagotable venero de propaganda. De la «limpieza» de Toledo, sobre la que no vamos a insistir, hay suficientes testimonios capaces de estremecer a cualquiera.

La Junta técnica de Burgos

La Junta técnica de Burgos

Pero si los rebeldes habían conseguido sustanciales progresos militares —y diplomáticos—, su organización política adolecía aún de la «anarquía militar» de los primeros momentos. Las «cabezas pensantes» de la retaguardia sabían que era preciso estructurar el Poder. Muerto Sanjurjo, era evidente que la presidencia de la Junta por Cabañeras era puramente un fantasma y había obedecido a razones de orden internacional, por no tener ese general antecedentes fascistas. Mola tenía el Poder político-militar en el Norte, Queipo de Llano en la retaguardia andaluza y Franco mandaba los frentes decisivos. El traslado de su Cuartel general a Cáceres daba a entender sus aspiraciones sobre la zona Norte. Además, no era posible olvidar que había sido él el factor principal para obtener la ayuda alemana. El general Kindelán y Nicolás Franco (hermano del general y uno de los hombres políticamente más activos en los primeros tiempos de la guerra) prepararon la candidatura de Franco para jefe supremo de las fuerzas «nacionales», cargo que, como veremos, se identificó con el de Jefe de un Estado todavía en ciernes. Kindelán fue quien aparentemente propuso en Cáceres, en una reunión de generales, la concentración del mando militar en manos de Franco. El 12 tuvo lugar una nueva reunión, a la que acudieron los generales Cabanellas, Queipo, Franco, Orgaz, Mola, Gil Yuste, Saliquet, Dávila y Kindelán, y los coroneles Montaner y Moreno Calderón. Insistió Kindelán en la proposición, ayudado por Orgaz, pero la acogida fue más bien fría, y Cabanellas estuvo en contra. Mola estuvo de acuerdo, probablemente porque siendo el competidor más señalado, era un problema de tacto el no oponerse. Por fin, reunidos de nuevo, Kindelán y Orgaz se salieron con la suya, con el voto aún en contra del viejo Cabanellas. Se convino en que los acuerdos quedasen secretos. Días después, Kindelán, Nicolás Franco y Millán Astray tramaron la nueva proposición consistente en que el cargo de generalísimo de los Ejércitos llevase anejo la jefatura del Estado. Se argüía, y no sin razón, que la junta de Burgos era pura entelequia. Se creía próxima la toma de Madrid y había que presentarse ante el mundo con un Poder político constituido. Llegó la toma de Toledo, y Nicolás Franco y Kindelán redactaron el proyecto de decreto.

Las versiones de lo que entones ocurrió son pocas y contradictorias.

Dos de los protagonistas, Dávila y Kindelán, han escrito con el propósito de testimoniar los hechos[8]. Vaya de antemano la observación de que Kindelán era el único de los reunidos que no pertenecía a la Junta Militar, por lo que su presencia tenía, pues, un carácter privilegiado. Se celebró otra reunión, en la finca del terrateniente y ganadero Pérez Tabernero, próxima a Salamanca (según Dávila el 27 de septiembre, según Kindelán después), y gracias tan sólo a él, Orgaz, Nicolás Franco y Yagüe. Se desprende de los testimonios citados —únicos de primera mano—, que la discusión fue ardua. Se discutió toda la mañana y al cabo de ella se aprobó por votación que Franco ejerciese el mando único de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire, con el título de generalísimo. Lo que resultó más difícil de hacer pasar fue la jefatura política. Kindelán ha dicho que casi todos se pusieron en contra, Mola el primero, pero añade, de manera harto extraña, que después de comer «se iniciaron conversaciones parciales en las que brilló el oro más puro del patriotismo», lo que dio por resultado que los planes del equipo de Franco (Orgaz, Yagüe, Kindelán y Nicolás Franco) se convirtiesen en realidad.

Más próxima a la verdad parece la versión del general Dávila. Se votó por la mañana a Franco como jefe militar y casi todos los reunidos se marcharon, pues desempeñaban tareas de guerra. Después de comer no quedaban allí más que Franco, Mola y Dávila. (Nada dice de Kindelán, pero hay que suponer que también estaba). Mola dijo que debía ausentarse y Dávila le replicó que estaba pendiente el problema de la jefatura política. Súbitamente, Mola accedió (en contraste con la versión de Kindelán) y ofreció los votos de Saliquet y Ponte. Por la noche, en Burgos, se recabaron los votos restantes y se encargó el exministro Yanguas Messía redactar la minuta del texto legal (según Kindelán, él lo llevaba ya en el bolsillo con todos sus puntos y comas). El decreto en cuestión declaraba «aneja a la jerarquía de Generalísimo la función de jefe del Gobierno, mientras dure la guerra…». Durante la noche un motociclista llevó a la imprenta la nueva redacción del decreto. Éste, fechado el 1.º de octubre decía en su art. 1.º: «En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excmo. Sr. General de División D. Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado». La operación había sido, pues rematada, con éxito completo. El día 2 se creó una Junta técnica, presidida por Dávila, que había de funcionar durante más de un año. El gobierno de esta zona quedó, en realidad, distribuido entre Salamanca y Burgos. En la primera de estas ciudades se instaló Franco (en el palacio arzobispal puesto a su disposición por Pla y Daniel), con su hermano Nicolás como secretado general, el diplomático Sangróniz se ocupaba de las relaciones extranjeras y Millán Astray de la Oficina de prensa. También colaboraban allí el conde de Mayalde, el terrateniente andaluz Moreno Torres, el profesor Ibáñez Martín, excolaborador de la Dictadura, y, con especial carácter de consejero privado, él padre Menéndez Reigada. En Burgos vegetaba la Junta Técnica con unos cuantos servicios administrativos y en Valladolid Martínez Anido instalaba la sede de los servicios de Orden Público.

Falange y los tradicionalistas no habían sido siquiera consultados, como no fuera para requerirles, respectivamente, una centuria y un tercio de requeté con objeto de que presentasen armas al nombrado generalísimo.

Por cierto que el 4 de septiembre se habían reunido en Valladolid los supervivientes del Consejo Nacional de Falange que se hallaban en esa zona. Se constituyó una Junta de Mandos de siete miembros, bajo la jefatura de Manuel Hedilla, que era jefe provincial de Santander, y estaba en muy buena relación con la tendencia encabezada por Agustín Aznar, exjefe de sus milicias antes de la guerra. Esta Junta se trasladó a Salamanca el 1.º de octubre y a ella se agregó Sancho Dávila, jefe territorial de Andalucía, que había escapado de Madrid gracias a los buenos servicios de la Embajada de Cuba[9].

Para completar este cuadro falta añadir que el cardenal Goma, así que tuvo noticia de la toma de Toledo, adoptó la más rotunda posición beligerante en una alocución transmitida por Radio Navarra: «Judíos y masones —dijo el primado— fuera de ley, y contra ley, o con la ley cuando llegó su hora, envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, con cuentos tártaros o mongoles aderezados y convertidos en sistema político y social en las sociedades tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita, y que eran diametralmente opuestas a las doctrinas del Evangelio, que han alboreado en siglos nuestra historia y nuestra alma nacional».

Cabe decir que también el cardenal había recibido el beneplácito del Vaticano, ya que Pío XI, aunque con tono y expresiones mucho más mesurados, había mostrado sus inclinaciones en audiencia concedida el 14 de septiembre a quinientos españoles de derechas[10]. No se tuvo por menos Plá y Daniel, al publicar su pastoral Las dos ciudades, en fecha tan sintomática como el 30 de septiembre, en la que se recurrió a la doctrina del padre Suárez para legitimar el alzamiento armado y la guerra contra la República; se calificó aquél de «alzamiento de la nación en armas»; se repitieron todas las invectivas contra «los comunistas y anarquistas… hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto a la virtud y por ello les asesinan y les martirizan»; se prosiguió la confusión entre nación y religión al decir «una España laica no es ya España» y se lanzaron las siguientes e interesantísimas bases doctrinales de la rebelión: «Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil; pero, en realidad, es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden». La Iglesia seguía así su trayectoria legendaria en España: identificación con el orden arcaico, con las más viejas estructuras, conservadurismo a ultranza y desdén por los argumentos «revolucionarios, nacional-sindicalistas» que iba a utilizar Falange.

Con todo, estos hechos fueron seguidos de la expulsión de España del obispo de Vitoria, doctor Mágica, sospechoso —sin razón para ello— de simpatizar con los nacionalistas vascos.

No intervención y realidades internacionales

No intervención y realidades internacionales

El 9 de septiembre celebró su primera reunión en Londres el Comité de No Intervención. El día 2, decenas de millares de parisienses, reunidos en el Velódromo de Invierno, habían reclamado des cartons et des avions pour l’Espagne! Cuatro días después, en el Luna-Park, Blum defendió su política. Cuando llegó la delegación del Frente Popular español (Marcelino Domingo, Dolores Ibárruri, Salmerón, Recasens, Lata, Jiménez de Asúa) Blum prorrumpió en sollozos, como un mes antes al abrazar a su amigo De los Ríos. Pero, como decimos, el 9 de septiembre se reunía el Comité de No Intervención, y el 14 se nombraba un Subcomité con carácter ejecutivo, formado por los representantes de Bélgica, Gran Bretaña, Checoslovaquia, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Unión Soviética. Fue elegido presidente lord Plymouth, que era uno de los subsecretarios del Foreign Office. En realidad, el Comité nada podía hacer sin contar con la adhesión definitiva de Portugal, que no llegó hasta el 28 de aquel. Pero ya en la reunión del 14, Kagan, representante soviético, denunció la llegada a Vigo de 24 aviones militares. El Comité funcionaba pesadamente. Cuando el 9 de octubre dicho Comité examinó las denuncias españolas de intervención de Alemania e Italia, los representantes de estos países negaron en redondo tal acusación. Pero los reunidos, a excepción del representante soviético, se negaron a considerar esa negativa como expresión oficial de los Gobiernos de Berlín y Roma, hasta tanto éstos no la comunicasen por escrito. Los días pasaban y el desarrollo de los acontecimientos militares hacía creer a los representantes de los países occidentales que la liquidación del Gobierno republicano era cuestión de pocas semanas. Ya el 6 de octubre, el representante soviético denunció el paso de armas por Portugal y propuso, por escrito, el envío de una comisión imparcial y el establecimiento en aquella zona de un control permanente. Kagan anunció que si las violaciones del Acuerdo continuaban, su Gobierno se consideraría liberado de las obligaciones inherentes al mismo.

Por otro lado, a fines de septiembre se había reunido en Ginebra la Asamblea general de la Sociedad de Naciones, cuyo prestigio no había salido nada bien parado por el fracaso de las sanciones contra Italia durante la guerra de Etiopía. Álvarez del Vayo —al que querían incluso disuadirle de plantear la cuestión no pocos diplomáticos occidentales— denunció «la monstruosidad jurídica de la fórmula de no intervención», así como la intervención ítalo-alemana. Nada consiguió. La Secretaría de la S. de N. se negó incluso a imprimir esa acusación de intervención.

Al mismo tiempo que el Comité de No Intervención celebraba sesiones estériles, llegaba a España el primer destacamento de carros blindados alemanes, con todo su personal, que sirvió, además de para combatir, para instruir a los nacionalistas en la utilización de esos vehículos, cañones y lanzallamas. Corría el mes de octubre[11]. En ese mismo mes visitó la España de Franco el almirante Canaris, sin duda para preparar, con conocimiento directo de la situación, las disposiciones de nuevas ayudas que no se hicieron esperar. En cuanto al Gobierno de Mussolini, éste envió a España en septiembre, según Manual Aznar, 11 baterías, 22 aviones, 10 carros ligeros y varios miles de proyectiles de artillería.

Ante la creciente intervención ítalo-germana, la Unión Soviética decidió vender armas al Gobierno republicano. Las primeras remesas llegaron al Analizar octubre y por eso hicieron su aparición en los frentes, coincidiendo con la batalla de Madrid.

Otro factor con que contaban los rebeldes, eran las reservas humanas proporcionadas por sus reclutas de Marruecos. Fueron inútiles las gestiones intentadas por los republicanos para que el Sultán prohibiese ese reclutamiento. Hubo, sin embargo, contactos entre los republicanos y el Comité de Acción Marroquí Nacionalista, que propuso, en una reunión celebrada en Barcelona en septiembre, que la República declarase la independencia de la zona jalifiana. El Gobierno francés se negó terminantemente a aprobar ese proyecto y el Gobierno no se atrevió a ir más adelante[12].

Al mismo tiempo, los republicanos iban a recibir otra ayuda: las Brigadas internacionales, cuyo alistamiento se centralizó en París, a fines de septiembre, dirigido por el comunista Giulio Cerreti. El núcleo originario fue constituido por el puñado de voluntarios extranjeros que estaban en España desde agosto. Pero de todos los países y de todas las organizaciones de izquierda iban a afluir rápidamente nuevos voluntarios que llegaron a España por sus propios medios. La base central de encuadramiento en España se instaló en Albacete, dirigida por los italianos Luigi Longo (con el sobrenombre de Gallo), Di Vittorio (Nicoletti) y el francés André Marty. Una delegación de los organizadores fue recibida con bastante frialdad por Largo Caballero. Con todo, el jefe del Gobierno los envió a Martínez Barrio, delegado del Gobierno en el mismo Albacete, quien, desde el primer momento, dio toda clase de facilidades. Los organizadores propusieron que las Brigadas internacionales estuviesen enteramente subordinadas al Gobierno y a las autoridades militares españolas. La proposición fue aceptada, y el 22 de octubre el Gobierno aprobaba oficialmente la creación de dichas Brigadas.

El Estatuto Vasco. Nuevo Gobierno catalán

El Estatuto Vasco. Nuevo Gobierno catalán

Pero regresemos a Madrid. El 1.º de octubre, en cumplimiento de la Constitución, se presentaba el Gobierno ante las Cortes. Tras un breve discurso de Largo Caballero, los diputados (de los que faltaban tanto los que se habían sumado a los rebeldes, como los asesinados por éstos) votaron unánimemente la confianza. A continuación, se dio lectura al proyecto de Estatuto Vasco. José Antonio de Aguirre ovacionado con entusiasmo, fijó la posición del nacionalismo vasco ante la República. El Estatuto se votó por unanimidad. Días después, el 7 de octubre, en Guernica, bajo el árbol sagrado de las libertades vascas, pronunciaba el presidente Aguirre su juramento, en presencia de una multitud entusiasta y de los batallones de las Milicias Vascas: «Ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, con el recuerdo de los antepasados, bajo el árbol de Guernica, juro cumplir fielmente mi mandato»[13].

De su declaración ministerial merecen destacarse los siguientes párrafos: «Tiene (el Gobierno) por finalidad inmediata el supremo designio de conseguir la victoria y establecer y organizar definitivamente la paz; como Gabinete de guerra que es en toda la significación que este vocablo encierra (…) establecerá el mando único y militarizará rápidamente todas las milicias (…). El Gobierno Vasco promoverá el acceso del trabajador al capital, a los beneficios y a la coadministración de las empresas, pudiendo llegar a la incautación y socialización de los elementos de producción que estime necesarios para organizar rápidamente la victoria. Procurará en todo momento evitar lesión innecesaria en los intereses de los productores y protegerá decididamente al modesto industrial y comerciante (…). Regulará el arrendamiento como contrato social y fijará el traspaso de la propiedad de las tierras y caseríos a sus cultivadores (…). Garantizará (…) la libre práctica de las confesiones y asociaciones religiosas, la seguridad de sus componentes y la de sus bienes, dentro siempre de las prescripciones establecidas por la Constitución».

En lo que concierne a Cataluña, la Generalidad tenía nuevo Gobierno desde el 26 de septiembre. En ese Gobierno participaba la C. N. T. que, violentando sus principios, pero reconociendo los imperativos del momento, entraba por primera vez en un órgano estatal, aunque impuso puerilmente que se llamase Consejo y no Gobierno. Única manera ésta de que hubiese de verdad un Gobierno catalán[14].

Este «Consejo», que significó la disolución del Comité Central de Milicias —y el principio del fin del Consejo Regional de Defensa de Aragón—, en su declaración pública anunció el mando único, la movilización militar obligatoria, la colectivización de la gran propiedad rústica y respeto de la pequeña propiedad agraria, la colectivización de las grandes industrias, así como de los establecimientos abandonados por sus propietarios, el control de la Banca y el control obrero de las industrias privadas. Demostrábase que si el Gobierno Vasco constituía virtualmente el ala derecha del campo republicano, el de Cataluña parecía representar la extrema izquierda. El vasco tenía ya la guerra dentro de su territorio, y en el bombardeo aéreo de Bilbao, el 25 de septiembre, hubo 126 muertos y 300 heridos.

En Asturias había también, aunque sólo de hecho, un Gobierno o Comité autónomo, a causa del aislamiento en que se encontraba dicha región. Dirigido por Belarmino Tomás (socialista), participaban en él dos socialistas, dos comunistas y cuatro republicanos. Los diputados González Peña y Manso (socialista y comunista, respectivamente) actuaban de comisarios políticos. En verdad, la hegemonía política correspondía a socialistas y comunistas, con los que colaboraban los anarcosindicalistas, menos numerosos. Los republicanos pesaban poco, a despecho de su participación en el Comité. En la práctica era un poder esencialmente obrero.

Prosigue el avance hacia Madrid

Prosigue el avance hacia Madrid

El 2 de octubre sufrió Madrid un duro bombardeo aéreo; otro el 6. El ataque se generalizó; el 8, el general Valdés Cabanillas ocupaba Navalperal, previamente evacuado por Mangada. Dos días después, el general Rada tomó Cebreros y realizó allí una nueva conjunción con las tropas mandadas por Varela. Por el lado opuesto, García Escámez se apoderó de Sigüenza el 15, tras una semana de lucha para vencer la tenaz resistencia de las Milicias.

El mismo día 15, Varela, procedente de San Martín de Valdeiglesias, tomó Chapinería y al día siguiente entró Saliquet en Robledo de Chavela. Esto en el Noroeste, mientras que en el Sudeste, la columna Barrón rompía el frente por la línea Bargas-Toledo, y seguía tranquilamente por la carretera de Madrid.

Así llegó a Illescas el día 17. En algunos medios oficiales de Madrid cundió el pánico, pues se creía todo perdido. Azaña que, según Largo Caballero, preguntaba a éste diariamente cuándo salía el Gobierno de Madrid, optó por salir solo, para instalarse en Barcelona.

Pese a ello, se empezó a fortificar Madrid, se lanzó un violento contraataque en el sector de Illescas, dirigido por los comandantes Rojo. Modesto y Mena. El día 15 se había creado el Comisariado de Guerra (las unidades del Quinto Regimiento y algunas otras más tenían ya comisarios políticos), dirigido por Álvarez del Vayo, aunque la verdad es que también en este aspecto el entusiasmo no podía suplir enteramente la falta de experiencia. Largo Caballero nombró subsecretario de la Guerra al general Asensio, medida que no fue muy bien vista por los comunistas y parte de los socialistas, que estimaban que este jefe militar no tenía ninguna confianza en defender Madrid. En Albacete se formaron, no obstante, a toda velocidad las Brigadas internacionales.

En el frente de Asturias los combates eran también adversos a los republicanos. Los mineros tenían ya una parte de la ciudad de Oviedo, cuando las columnas procedentes de Galicia consiguieron establecer contacto con Aranda. Una vez más en la historia, los regulares —mandados entonces por el coronel Pablo Martín Alonso— entraban en la capital asturiana. Las Milicias, sin aviación, sin intendencia (faltaba el pan), sin vestido para ponerse ni zapatos que calzar, no pudieron evitar la ruptura del cerco. Los 15 000 hombres de las columnas gallegas establecieron un pasillo por Pravia y Grado hasta Oviedo. El frente quedó estabilizado hasta finales de febrero.

El 19 de octubre firmaba Franco las instrucciones para el ataque decisivo entra Madrid: «… concentrar en los frentes de Madrid la máxima atención y los medios de combate de que se dispone, a fin de precipitar la caída de la capital… Por lo tanto, dispongo que a este objetivo principal se subordinen los futuros planes de operaciones».

Se reorganizaron entonces las tropas de Varela, que contó con ocho agrupaciones o columnas (nueve desde el 6 de noviembre) más la columna de caballería de Monasterio. En primera línea iban las mandadas por Asensio, Barrón, Tella, Castejón y Delgado Serrano[15]. El flanco izquierdo, a partir de Chapinería; estaba protegido por las fuerzas del teniente coronel Bertomeu. Detrás quedaba el segundo escalón de reservas con tropas del Ejército, Requetés, Milicias de Falange y el Cuerpo de Voluntarios de Sevilla, así como la reserva de artillería. En Olías del Rey estaba la base alemana de carros blindados. Desde el 10 de octubre se había reincorporado Yagüe, pero Varela seguía como jefe, al tiempo que Mola se trasladaba también a Ávila para capitanear la entrada en Madrid. Había ahí sin duda un conflicto de mandos.

Los objetivos estratégicos de la primera fase habían sido logrados: ocupación de los puntos de partida para avanzar de San Martín de Valdeiglesias, Maqueda y Toledo, y enlace con las fuerzas de Ávila. En ese momento se trataba de reajustar las fuerzas que debían asaltar Madrid.

El día 21 entraban los hombres de Varela en Navalcarnero. La situación de Madrid se agravaba y se empezó a cabildear sobre la conveniencia de evacuar el Gobierno. En realidad, los frentes estaban rotos. El 25 fue cortada la línea férrea de comunicación con el Sur, a la altura de Ciempozuelos, lo que también suponía el riesgo de envolvimiento por ese lado. El general Pozas fue nombrado jefe de todos los frentes del Centro. Pero las columnas de Varela, precedidas de tanques y de la caballería de Monasterio, avanzaron imperturbablemente. Habían caído Seseña y Griñón y ya estaban a las puertas de Getafe y de Leganés.

Pero llegaron a Madrid los primeros tanques republicanos y entraron en fuego el 29 en un contraataque en el sector de Seseña[16]. Durante dos días, las tropas de Varela no pudieron avanzar un palmo, pero el 30. Madrid sufrió un violentísimo bombardeo. El 31 atacaron no menos violentamente por la carretera de Navalcarnero. Tres días antes; el general Miaja había sido nombrado capitán general de Madrid, cargo puramente administrativo.

Aquella última tarde del mes de octubre, el parte de guerra del Cuartel general de Salamanca decía: «Nuevas baterías de artillería pueden ahora bombardear los suburbios de Madrid, que sólo distan 16 kilómetros».

Lo que había, en realidad, era otro tremendo bombardeo que causó 125 muertos y más de 300 heridos en la población civil. En el de Getafe murieron más de 60 niños. Menéndez Pidal. José Gaos, los profesores Márquez, Moles, Millares, Medinaveitia, Cuatrecasas, Navarro Tomás, el escultor Victorio Macho, los poetas Antonio Machado y Moreno Villa se dirigieron al mundo en protesta de los bombardeos de la población civil de Madrid.

En medio de esta dramática situación se empezó a negociar la participación de la C. N. T. en el Gobierno. Se forcejeó no poco sobre las carteras que tendrían, pero el acuerdo parecía inminente. En Barcelona se firmó un pacto solemne de unidad de acción entre la C. N. T. y la F. A. I., por un lado, y el P. S. U. C. y U. G. T. por otro[17]. En Asturias, los anarco-sindicalistas entraban en el Consejo Regional.

Noviembre de 1936. La Batalla de Madrid

Noviembre de 1936. La Batalla de Madrid

El día 3, seis tanques con las Milicias mandadas por Burillo contraatacaban en el sector de Valdemoro, y Líster lo hacía ante Pinto, pero las columnas atacantes lograron ocupar Móstoles y Villaviciosa. Por la noche, los regulares entraban en Getafe, por lo que el Partido Comunista difundió profusamente el llamamiento ¡Madrid está en peligro!

El día 4, las fuerzas de Vareta ocupaban el eje Alcorcón-Leganés-Getafe[18], a 13 kilómetros de la capital. Pero en Madrid eran incalculables las barricadas y las trincheras. Los Sindicatos y partidos, el Quinto Regimiento, las Juventudes, la F. U. E., organizaban la movilización general. En realidad, las unidades que habían combatido las últimas semanas estaban deshechas, y sólo casi intactas las del frente de la Sierra, pero tenían que guarnecer las líneas. Llegaban ya los legionarios y regulares a las primeras casas de Carabanchel Alto, cuando Largo Caballero trató de convencer a Azaña de que aceptase la entrada de ministros, de la C. N. T. en el Gobierno. El presidente de la República, totalmente opuesto a esa participación, había enviado a Giral para hacer patente su negativa. Temía, sobre todo, a los dos propuestos militantes de la F. A. I., García Oliver y Federica Montseny. La conversación prosiguió largo rato, pero al fin Azaña cedía. Aquella noche se hizo pública la formación del Gobierno[19].

Solidaridad Obrera explicaba que «El Gobierno, en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión de la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa la sociedad en clases…».

Mientras tanto, el mundo entero esperaba la caída inmediata de Madrid. Desde Ávila, Gastón Blanc telegrafiaba a Le Temps: «Madrid está próximo a caer. Los nacionales han hecho todos los preparativos para ocupar la capital. Todo ha sido previsto». En efecto, las radios de la zona rebelde prevenían a los periodistas de que se procurasen ya los salvoconductos para entrar en Madrid[20]. Y el editorial del mismo Le Temps del 6[21], a la vez que comentaba «la evolución del nuevo Gobierno hacia el extremismo», añadía que se aproximaba el momento en que Madrid caería en manos de «los nacionalistas del general Franco», lo cual iba a plantear la cuestión del reconocimiento de su Gobierno. Lo que tomaron las tropas de Franco fue el Cerro de los Ángeles, en la mañana del 5. La lucha prosiguió en casas y barricadas de ambos Carabancheles. Madrid estaba lleno de refugiados de los pueblos próximos, de los arrabales, que, sin rumbo fijo, arrastraban los raros enseres familiares que habían podido salvar. El avance era mucho más lento ahora. Sin embargo, el día 6, las columnas de vanguardia alcanzaron la línea de Retamares-Carabanchel-Villaverde.

El Gobierno, en verdad, debiera haber salido hacía tiempo de Madrid, pero en aquellas condiciones su marcha podía interpretarse de manera distinta. No obstante, Largo Caballero convocó el Consejo de ministros y, por mayoría de votos, se aprobó el día 6 que el Gobierno saliera inmediatamente. Al terminar la reunión, Largo Caballero despachó con Asensio, tomó el coche y partió hacia Valencia.

El presidente del Consejo había dejado dos órdenes para los generales Pozas y Miaja, respectivamente. Poco después le las siete, cuando ya no quedaba un ministro en Madrid, Asensio recibió a los dos generales, les entregó los sobres cerrados, y tomó también la carretera de Valencia. Horas después, los despachos estaban vacíos, sus puertas abiertas. Nadie sabía dónde se encontraban las unidades combatientes, ni dónde estaban las municiones, ni qué reservas había.

Miaja y Pozas se quedaron solos. Los sobres debían abrirse a las seis de la mañana. Pero a Miaja se le ocurrió 10 esperar. Pozas estaba de acuerdo; abrieron los pliegos y quedaron estupefactos: en el de Miaja había las instrucciones para Pozas, y viceversa. El error quedó reparado. A Pozas se le ordenaba hacerse cargo del mando de todas las fuerzas del Centro e instalarse en Tarancón. A Miaja, defender la capital y, en caso de derrota, replegarse a Cuenca[22]. No parecía muy seguro el supremo mando militar de poder resistir. Es más, el mando había prohibido utilizar cuatro brigadas que había de reserva en el sector del Jarama[23].

En la nota a Miaja se ordenaba la constitución de una Junta de Defensa de la capital presidida por él e integrada por representantes de todas las organizaciones que formaban parte del Gobierno.

A las diez de la noche. Miaja encargó a Rojo (ya teniente coronel) hacerse cargo de la jefatura de Estado Mayor. Veamos el testimonio de Rojo: «Se pasó la noche procurando salir de aquella confusión inmensa, tomando contacto con las fuerzas existentes, averiguando de qué otra podíamos echar mano, dando órdenes para reorganizar las columnas del frente, enviando las unidades que se improvisaban en los cuarteles de Milicias a los lugares adecuados, designando mandos nuevos, situando las fuerzas reorganizadas en los puestos de mayor peligro en razón de la amenaza que pesaba sobre la capital, estableciendo un sistema de transmisiones que hiciese posible la dirección de conjunto».

A la mañana siguiente, Ahora escribía: «Sigue dura, Feroz, la batalla de los arrabales de Madrid. La noche no ha logrado apagar el ardor de la lucha. Las masas de combatientes, arrebujadas en sus mantas, acechan el día en los parapetos. Se pelea a vida o muerte».

El Quinto Regimiento, tras lanzar una proclama que decía: «Madrileños; la salvación, de Madrid depende de horas», puso aquella noche a disposición de Miaja y Rojo todos sus servicios y los técnicos de su Estado Mayor. El general Goriev actuó desde entonces como consejero militar Je la Junta de Defensa de Madrid.

(Conviene hacer aquí un alto en el relato de la batalla madrileña para explicar que ese mismo 6 de noviembre legaban a Sevilla las primeras fuerzas de lo que había de ser Legión Cóndor alemana, mandadas por el teniente general Von Sperrle: 48 aviones de bombardeo Junkers 52, 18 de caza Heinkel 51 y Messerschmit 109, una escuadrilla de hidroaviones, varios cañones antitanques y otros antiaéreos, dos unidades de blindados de 16 tanques y 6500 hombres de dotación. Estas fuerzas, según se había convenido con Franco, eran independientes y obedecían al mando alemán. Interesante es saber que según el coronel Gómez, corresponsal de La Nación, de Buenos Aires, en las líneas de Franco, al comenzar noviembre éste disponía ya de 180 aviones en el frente del Centro[24]. En el 17 de noviembre llegaron a Sevilla unos 1200 alemanes más; el 1.º de diciembre desembarcaron otros 5000 en Cádiz y casi al mismo tiempo 2500 en Vigo).

El 7 de noviembre, a las ocho y media de la mañana. Radio Sevilla decía: «Madrid puede considerarse tomado». El dictador de Guatemala, Ubico, dirigía a Franco el siguiente, cablegrama, recibido por los defensores de Madrid: «Felicito a V .E. y tropas a sus órdenes por feliz entrada a la capital de España. Espero que su Gobierno y el mío mantendrán las mejores relaciones».

Las fuerzas de Varela, compuestas de nueve columnas, más la de caballería y seis grupos de artillería, tanteaban por el terreno y se disponían, para el ataque final. La totalidad aproximada de sus efectivos ha sido estimada por el general Rojo en unos 30 000 hombres.

Mientras tanto, la columna de Escobar y otra improvisada al mando del coronel Clairac (sustituido, al ser herido, por el teniente coronel Galán) cubría el boquete abierto en la Casa de Campo, y la del coronel Prada (donde había nuevas unidades reclutadas por las organizaciones juveniles) cumplía análoga función en el sector de Usera y Puente de la Princesa, que, junto con el de Segovia, la radio adversaria daba por alcanzados a la una de la tarde. Por el contrario, aquella mañana, moros y legionarios habían intentado avanzar por la calle General Ricardos hacia el Puente de Toledo; los milicianos, apenas uniformados, contraatacaron al canto de la Internacional y se estabilizaron momentáneamente las líneas a la altura de los viejos y románticos cementerios. Por la tarde, los blindados hicieron retroceder a la caballería mora. Pero en la Casa de Campo se combatía ya violentísimamente. En todos los locales de sindicatos, partidos y juventudes se reclutaban nuevos voluntarios que, las más de las veces, marchaban sin armas a la línea de fuego, en espera de recoger las de los defensores muertos o heridos. Hacia las diez de la noche, los milicianos se apoderaron de una tanqueta, cuyo capitán había muerto. Este jefe llevaba encima la orden general de operaciones que Varela daba para el día siguiente. La «idea de maniobra» era ésta: «Atacar para fijar al enemigo en el frente comprendido entre el puente de Segovia y el puente de Andalucía, desplazando el núcleo de maniobra hacia el NO para ocupar la zona comprendida entre la Ciudad Universitaria y la Plaza de España, que constituirá la base de partida para avances sucesivos en el interior de Madrid».

Poco después de medianoche, Rojo preparaba también su orden. El teniente coronel Barceló debía atacar con su columna de flanco desde las Rozas a la Casa de Campo y, Líster por Villaverde. Las otras fuerzas debían mantener tenazmente sus posiciones. La brigada internacional había de entrar en reserva en el Parque del Oeste.

Pero los titulares de ABC de Sevilla, el domingo 8 decían así: «Las columnas del general Varela realizaron en el día de ayer las operaciones preliminares para su entrada en el corazón de la capital de España, que virtualmente está ya en poder de los soldados nacionales». Su corresponsal Antonio Olmedo era más audaz: «Las tropas españolas se adueñaron de los arrabales del sur de Madrid y desde anoche montan guardia junto a las cabeceras de los puentes sobre el Manzanares».

Le Temps de ese día (fechado el 9) no fue menos imprudente. Sus títulos eran: «Se espera la toma inminente de Madrid», lo que glosaba así: «La entrada de las tropas nacionalistas en la capital parece una simple cuestión de horas».

Y Madrid resistió

Y Madrid resistió

Aquella misma tarde del día 7 se constituyó la Junta de Defensa de Madrid, que concentraba ya todos los poderes[25].

Al amanecer del día 8 las fuerzas del general Varela y Yagüe se lanzaron al ataque: la columna Asensio por la Casa de Campo, así como la de Castejón (que resultó herido) y la de Delgado Serrano, mientras que Tella y Barrón presionaban, como movimiento de diversión, en dirección a los puentes de Toledo y Segovia. Las fuerzas mandadas por Galán y Barceló contraatacaban desde Humera a la Casa de Campo: los asaltantes avanzaban con demasiada lentitud hacia el lago de la Casa de Campo, mientras que en la carretera de Extremadura eran detenidos por las fuerzas de Escobar. La lucha tenía lugar en el citado sector de la Casa de Campo en plena confusión de ambas fuerzas contendientes. El bombardeo aéreo de la capital continuaba sin cesar. Pero los objetivos de ataque de Varela habían fracasado; lo único que consiguieron sus columnas fue una penetración en el sector de la Casa de Campo.

Al día siguiente, el propio Mola asumía el mando directo de todo aquel frente. Sus fuerzas, que habían ocupado en la Casa de Campo la importante posición del cerro de Garabitas, donde emplazaron la artillería para disparar sobre Madrid, se aproximaron al Manzanares por el Puente de los Franceses. En Usera, presionaban con más fuerza. Nadie sabía lo que iba a pasar y los mandos militares que defendían Madrid, así como la Junta de Defensa, no tenían el menor contacto con Pozas ni con el Gobierno. Sin embargo, Madrid entero estaba movilizado, los altavoces y las tropillas de agitación del Quinto Regimiento no descansaban un minuto.

El martes día 10, las columnas de Galán y Enciso, más los batallones internacionales contraatacaban en la Casa de Campo, y Líster en Villaverde. Rojo había pedido desde el 8 por la noche la entrada en combate de las primeras fuerzas de Brigadas Internacionales. Pozas no pudo atenderle porque ello exigía órdenes directas del Ministro. Tampoco pudo conseguir nada del jefe de la XI Brigada Internacional (Kleber) con quien se entrevistó aquella madrugada; Por fin, el Ministro dio esas órdenes y la XI Brigada Internacional, salió de su acantonamiento y tras desfilar por la Gran Vía entre ovaciones delirantes, entró en linea en la mañana del día 10 en el sector de Manzanares. Estaba formada por los batallones Edgar André (alemán), Commune de París (francés) y Dombrowski (polaco); un total de 2000 hombres aproximadamente, que tenían por jefe al general Kleber y por comisario a «Nicoletti» (De Vittorio[26]). A todo esto, los aviones soviéticos I-15 y I-16 —desembarcados en Cartagena— se presentaron en Madrid, y de su cielo se hicieron dueños tras repetidos y brillantes combates, seguidos con emoción y alegría por la población en plena calle, sin temor a los obuses enemigos. Hombres, mujeres y niños gritaban: ¡Son los nuestros!, ¡son los nuestros!, y el ingenio madrileño los rebautizaba ya con los nombres de chatos y moscas. De aquellas escuadrillas formaban parte algunos de los mejores pilotos soviéticos, como Anatoli Serov, Nikifor Balanov, Víctor Jolsunov y otros. En el cielo de Madrid cayó después Alexander Minaev.

El parte de guerra de Franco del día 10 se limitaba a decir: «En el frente sur de Madrid continúa la progresión de nuestras tropas», y ABC del 11: «Ayer prosiguieron su avance las columnas del heroico general Varela, realizando las operaciones preliminares para su entrada en Madrid».

Se luchaba en todos los frentes. El marinero Antonio Coll destruyó entonces cinco tanques con bombas de mano para caer al fin segado por una ráfaga de ametralladora, pero su heroísmo fue ejemplo para otros antitanquistas. El 11, según Lojendio, los atacantes procedieron a los más espectaculares bombardeos de Madrid.

Rojo pidió reservas. La XII Brigada internacional, procedente de Albacete, y al mando del general Lukács (el escritor húngaro, Matei Jalka), y por comisario Luigi Gallo (Luigi Longo, dirigente comunista italiano), atacó por el flanco izquierdo de Madrid, en Perales de Tajuña. Luego fue trasladada a la capital. Cuando entró en línea, esta Brigada sólo contaba con el batallón Garibaldi (italiano) y siete compañías más, en total, menos de dos mil hombres, aunque después tuvo, además del Garibaldi, los batallones Franco-Belga y Thaelmann (alemán). Hasta ese momento, apoyándose en el valor de la población entera, las líneas fueron mantenidas por las unidades mandadas por Líster (Villaverde), Bueno (Vallecas), Prada (Puente de la Princesa), Escobar y, al ser este herido, Arce (carretera de Extremadura), Clairac y, al caer herido, por Galán (Casa de Campo), Enciso (Casa de Campo), Romero (Puente de los Franceses), José María Galán (Pozuelo), Barceló (Boadilla) y Kleber (Casa de Campo). En los días sucesivos fueron entrando en línea la columna de Durruti (que había llegado el 10 a Madrid), la brigada mandada por Sabio y otra por Arellano, la de Martínez de Aragón, las columnas de Mera, Perea y Cavada. Los coroneles Mena y Conque articularon además diferentes columnas, el coronel Ardid mandó los Ingenieros, el comandante Zamarro la Artillería y el doctor Planellas la Sanidad.

En Madrid corría la sangre, se desplomaban las casas bajo las bombas, morían los combatientes, y asimismo los niños y las mujeres. En Londres, impertérrito, seguía reuniéndose el Comité de No Intervención. El 11 de noviembre, la Unión Soviética propuso que se agregase al Pacto la prohibición de enviar tropas o voluntarios extranjeros a España; esta propuesta fue inmediatamente apoyada por Francia y la Gran Bretaña. Alemania e Italia demoraron las respuestas y, a su vez, respondían a la proposición de crear un cuerpo de observadores neutrales para controlar sobre el terreno —propuesto por Maiski, que había sustituido a Kagan el 28 de octubre— con una contraposición de control aéreo, cuya esterilidad era evidente.

En las capitales europeas se seguía creyendo en la inminente caída de Madrid. Le Temps del 11 atribuyó la lentitud de los asaltantes a que Varela «no se decide, por simples razones humanitarias, a poner en acción todos los medios de que dispone». En la prensa de la zona de Franco se publicó un gran recuadro, con el título Ante la próxima conquista de Madrid, que decía: «Por los gobernadores civiles se dará a la publicidad la creación del Servicio de Informaciones Urgentes sobre la situación de las personas que se supone residiendo en Madrid, una vez que el Ejército Nacional tome dicha capital»[27].

Desde Lisboa, Gil Robles recomendaba la unión de «todos los nacionales» y que la entrada en Madrid lo fuese solamente por las fuerzas militares.

El día 15, las fuerzas moras al mando de Asensio conseguían atravesar el Manzanares y penetrar en la Ciudad Universitaria. Tras el fracaso del primer plan Varela, habían fallado los ataques por los tres puentes (Segovia, Toledo y Princesa). Ésta era la tercera maniobra de penetración.

La XI Brigada internacional se batía en la Ciudad Universitaria y el 18 entraron en fuego los de la XII. Allí estaban también las columnas de Ortega, Sabio, Durruti[28], etc., cuyo mando articulado corría a cargo del coronel Alzugaray. Se luchaba en cada palmo de terreno, en cada casa, en cada piso de los edificios de la Ciudad Universitaria. Madrid era bombardeado sin cesar por bombas de 100 y hasta de 500 kilos, o por incendiarias. Se puede decir que ardía por los cuatro costados. Por la noche, las llamaradas de los incendios iluminaban siniestramente la ciudad. El hospital de San Carlos, terriblemente bombardeado, fue evacuado en condiciones dramáticas.

En estos días había casi constantemente sobre Madrid veinte Junkers de bombardeo protegidos por treinta cazas. La aviación republicana, aunque inferior en número, les hizo frente. Uno de los pilotos soviéticos, que cayó prisionero, fue descuartizado y lanzado en una caja de embalaje sobre Madrid[29].

La ofensiva de Varela quedó paralizada para siempre en la Ciudad Universitaria, cuyas líneas apenas oscilaron hasta el final de la guerra.

Pero de nuevo, aquellos días las gentes «bien informadas» de casi todos los países pudieron creer que Madrid había caído. Le Temps del 18 anunciaba al mundo: «Los nacionales han entrado en Madrid y aparecen decididos a llevar rápidamente su acción»[30]. Más curioso es saber lo que comunicaba su corresponsal en Ávila: «La toma de la capital» la anunciará el mismo general Mola desde el puesto de radio que le acompaña en todos sus desplazamientos, con estas sencillas palabras: «Estamos en el centro de Madrid. ¡Viva España! Estas palabras serán pronunciadas desde la Puerta del Sol y el mensaje será difundido sobre la misma longitud de onda de Radio Madrid».

Por su parte, Radio Sevilla difundía el 17, a las 8,30: «La situación en Madrid ha llegado a ser francamente caótica; las mujeres y los niños buscan refugio, huyen de los crímenes y horrores de la guerra, se ponen de rodillas, rezando en plena calle».

Con todo, a despecho de la carnicería cotidiana producida por la aviación y la artillería, madrileños y madrileñas de todas las edades se habían habituado al estampido permanente de los obuses que barrían la Gran Vía, cuyos cines eran frecuentados por numeroso público. Noviembre se puso gris y lluvioso, embarrado. La ciudad se fue llenando poco a poco de guerra, de trincheras, de parapetos, de sacos terreros. El paseo de Rosales, mirador de los fondos velazqueños de la sierra, era ya toda una línea de trincheras. A veces, no se podía doblar una calle, porque había allí un nuevo parapeto de piedras y sacos. Lo ha dicho en un poema Rafael Alberti: «las barricadas impiden las esquinas». En esos últimos días de noviembre murió Buenaventura Durruti, alcanzado por una bala en su puesto de mando. Murió también en las trincheras de Usera, el escultor Emiliano Banal. A su memoria dedicó Machado cuatro versos hoy universalmente conocidos[31].

La ofensiva a fondo sobre Madrid estaba articulada con otro audaz embate diplomático. El 17 de noviembre, Franco declaró el bloqueo de los puertos republicanos y amenazó con hundir los barcos extranjeros que no acatasen la medida. Esto afectaba a los buques británicos susceptibles de llevar armas embarcadas en un tercer país y que tenían el derecho de recurrir a su flota militar para ser protegidos. Pero Edén prefirió preparar una ley prohibiendo a dichos buques el transporte de armas a España desde terceros países… Cuando las casas de Madrid se derrumbaban bajo las bombas, el jefe del Foreign Office declaraba en los Comunes: «Por lo que respecta a la no intervención, afirmo categóricamente que hay otros Gobiernos que merecen ser más censurados que los de Alemania e Italia».

El 17 de aquel mes de noviembre debía ser un día decisivo. Legionarios y regulares, con los pies puestos sobre la otra orilla del Manzanares iban a emprender el asalto definitivo a Madrid, cuya caída era anunciada por la prensa de «información» de todos los países. Ese día, Von Neurath telefoneó al encargado de Negocios alemán en Lisboa para que anunciase a Franco que, al día siguiente, Berlín haría público el reconocimiento de su «Gobierno nacional». Berlín y Roma obraban concertados. Berlín y Roma reconocen el Gobierno del general Franco, publicaban en primera página los más grandes diarios del mundo. Le Temps escribía en su editorial: «Reconocer el Gobierno del general Franco no significa necesariamente que Alemania e Italia intervengan sistemáticamente en la guerra civil al otro lado de los Pirineos.»[32].

En Salamanca y Sevilla se desbordó el júbilo de la retaguardia, que encontraba con ello una compensación a las desilusiones del frente de Madrid. Los balcones se llenaron de colgaduras, las calles de banderas ítalo-alemanas, se cantó la Giovinezza y se vitoreó a Franco, Hitler y Mussolini. Un corresponsal francés en Salamanca contaba: «Los italianos y alemanes reconocidos en la calle eran llevados en hombros».

Ese día, Hitler nombró general a Wilhelm von Faupel «representante del Reich ante el Gobierno del general Franco en calidad de encargado de Negocios». Al cabo de diez días, Von Faupel estaba en Salamanca. (Y en su primer informe, del 10 de diciembre, pidió que Alemania aumentase su ayuda y organizase unidades combatientes).

Una semana más tarde, el 25, Alemania y el Japón firmaban el Pacto anti-Komintern, pieza fundamental de su política de agresión, al que Italia se adhirió después.

El día 28, Filippo Anfuso, primer representante diplomático de Mussolini en Salamanca, concluía con Sangróniz un protocolo secreto firmado por el Duce y el Caudillo. Tras una declaración liminar de «lucha contra el comunismo», establecían una alianza total, se pronunciaban contra el artículo 16 del Pacto de la S. de N. y el Gobierno de Franco se aseguraba la ayuda del de Mussolini.

La guerra en otros frentes. El proceso de Primo de Rivera

La guerra en otros frentes. El proceso de Primo de Rivera

El frente de Madrid recababa las máximas energías militares de ambos bandos. Los restantes frentes quedaron inmovilizados. Sólo cerca de Andújar, en el santuario de la Virgen de la Cabeza, quedó un islote, con 150 guardias civiles y 900 familiares, al mando del capitán Cortés; otro, de sesenta guardias, mandados por el teniente Ruano, en la finca Lugar Nuevo, propiedad de los marqueses de Cayo del Rey. El resto del frente andaluz y extremeño estuvo inmovilizado hasta mediados de diciembre.

En cambio, en el Norte, los vascos lanzaban el 30 de noviembre una ofensiva contra Villarreal, con el propósito de amenazar Vitoria. Tras cuatro días de empeñada lucha, los coroneles Solchaga y Camilo Alonso Vega, apoyándose en la superioridad de su aviación y en la mayor potencia de fuego de su artillería, consiguieron levantar el cerco de Villarreal y causar numerosas bajas a las Milicias vascas.

En él mar, la flota republicana, cuya acción estaba entorpecida por los comités de los barcos, dominados por la tendencia C. N. T.-F. A. I., se mostró ineficaz en el Norte; perdió en el Estrecho el Almirante Ferrándiz y tres submarinos. El 21 de octubre recibió orden de regresar a Cartagena. El 22 de noviembre era torpedeado el Miguel de Cervantes, por submarinos probablemente italianos, en la misma entrada del puerto de Cartagena.

Aquel mes de noviembre, el tribunal popular de Alicante juzgaba al fundador y jefe de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a su hermano Miguel, a su cuñada Margarita Larios y a seis personas más, acusadas de rebelión militar contra el Gobierno legítimo. José Antonio se defendió brillantemente (y también a sus familiares), y dio a entender que había estado al margen de la preparación del alzamiento[33], si bien estas afirmaciones eran, según su testamento, «recursos de mi oficio de abogado»[34].

Se ha hablado mucho de una proposición hecha por José Antonio Primo de Rivera de ir en avión a la zona sublevada con objeto de «hacer una gestión para que cese esto» (palabras de José Antonio en su defensa). Esta proposición fue dirigida en agosto a Martínez Barrio y, según me han afirmado testigos directos, repetida en conversación, el mismo mes de noviembre, a Martín Echevarría, subsecretario de Propaganda. La proposición fue desechada o tal vez ni siquiera planteada en Consejo de ministros. Se ha dicho que Prieto era partidario de ella. En cuanto al jefe del Gobierno, Largo Caballero, ha escrito en sus Memorias que cuando se recibió en Valencia notificación de la sentencia ésta ya se había ejecutado y que él se negó a firmar el «enterado»[35]. Condenado a muerte, José Antonio Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre. Su hermano fue condenado a 30 años y su cuñada a seis y un día. La noticia se ocultó durante bastante tiempo en la zona de Franco, pero la lucha por apoderarse de la dirección de Falange comenzó inmediatamente.

Guerra y política

Guerra y política

En una guerra, el primer objetivo político es la utilización del máximo de energía y recursos para vencer al enemigo. Los sublevados, encuadrados en una estricta organización militar, disponían del aparato militar intacto, estado de guerra, prohibición, por decreto del 25 de septiembre, de todas las actividades políticas y sindicales, incautación y militarización de industrias fundamentales de guerra, represión por Consejos sumarísimos de guerra, aparte de la «limpieza» realizada por grupos políticos paramilitares, etc. Había, no obstante, el problema de las milicias de partido, puesto que en 1936 existían los requetés, las banderas de Falange, las milicias de Renovación y otras análogas, como el Cuerpo de Voluntarios de Sevilla, «los voluntarios de Ladrada» en Oviedo, etc.[36].

La organización económica respondió a los rasgos más netos de una contrarrevolución. En cada pueblo «liberado» en que había sido aplicada la Reforma agraria se abolieron todas sus disposiciones; un decreto de 28 de agosto de 1936 suspendía todos los planes de dicha reforma. La Junta de Burgos, contando con el apoyo de la mayoría de los grupos financieros o aprovechando la actitud de expectativa de otros (no faltaba quien, como Garnica o Aledo, permanecía prudentemente en Portugal), creó desde el 20 de agosto un Comité nacional de la Banca privada y reunió el 14 de septiembre una Junta extraordinaria del Consejo del banco de España. Como la mayoría de las centrales bancadas estaban en Madrid, Bilbao y Barcelona se procedió a obtener anticipos del Banco de España sin otra garantía que el resultado de la guerra. La Central instalada en Burgos anticipó 10 000 millones de pesetas. Se restringió el movimiento de cuentas corrientes y se crearon nuevos impuestos; se suspendieron los pagos de Deuda pública; se estampillaron los billetes de banco que circulaban en el territorio llamado nacional y se declaró nula toda emisión que no fuera lanzada por la Central del Banco de España en Burgos. (La circulación de billetes pasó de 5451 millones en julio de 1936 a 8707 millones en 1939). El bajo poder de compra de la población mantuvo, en los primeros meses, la estabilidad de los precios. Algunos productos comenzaron a escasear, sobre todo los textiles.

Los patronos se organizaron rápidamente y adoptaron la forma de Central Nacional Sindicalista de Empresarios[37], que todavía funcionaba a parte de la Central Obrera Nacional Sindicalista.

En la zona republicana coincidieron una serie de fenómenos para que se produjeran cambios estructurales: la inexistencia de hecho del aparato del Estado en las primeras semanas de la guerra, la debilidad y falta de representación del Gobierno hasta septiembre, la colaboración de numerosos propietarios y patronos con el alzamiento o su simple huida y, naturalmente, la reacción popular apoyada en la influencia mayoritaria de los partidos obreros y las Centrales sindicales.

Al comenzar la sublevación y la guerra, los obreros se apoderaron de los instrumentos de producción en todo el territorio que quedó en poder de la República, con la excepción del País Vasco, y de los casos de pequeñas empresas cuyos patronos de filiación izquierdista quedaron al frente de ellas. En el campo, la ocupación de grandes propiedades —y de algunas que no lo eran— fue completa.

Según que en las regiones agrarias dominasen los Sindicatos de la C. N. T. o de la U. G. T., variaron las formas de ocupar la tierra. Paradójicamente, si tenemos en cuenta los clásicos del anarquismo, fue en Levante. Cataluña y Aragón donde la C. N. T. impuso la colectivización a ultranza de todas las tierras, con lo que chocaron en más de una ocasión de los cultivadores medios y pequeños de esas regiones. En Andalucía y Castilla la Nueva, donde predominan los latifundios, la explotación colectiva era un fenómeno más normal. En numerosas localidades de Levante y Aragón, en que se colectivizaban las tierras por asambleas de campesinos, pero en presencia de las milicias armadas de la C. N. T.-F. A. I., los Comités de estas organizaciones procedían a lo que llamaban «experiencias de comunismo libertario», a base de suprimir el comercio, la moneda, los impuestos, etc. Se colectivizaban también las tierras de pequeños propietarios y hasta las peluquerías, panaderías, carpinterías, sastrerías, etc. A los miembros de la colectividad se les pagaba a veces en especies y otras en vales y cupones. Fácil es comprender las consecuencias de semejante organización para una economía de guerra. Naturalmente, no hay que confundir estas experiencias —por otra parte muy limitadas en número— de «comunismo libertario», con las colectivizaciones agrícolas, enmarcadas en la economía de cada región, que tuvieron desde luego muy diversos resultados y eficacia según las condiciones de explotación y gestión, así como la clase de cultivos que se tratara. Que una colectividad cultivase una explotación olivarera o de cereales era lógico y eficaz; además, en esos lugares, casi todos los campesinos eran trabajadores agrícolas. Pero aplicar este sistema a cultivos hortícolas en Levante, donde predominaba la propiedad media y pequeña, tenía consecuencias muy diferentes. Hubo también, para obviar estos inconvenientes, numerosos casos de explotación cooperativa, pero el ajustamiento de la producción agraria se produjo en época posterior a la que ahora nos ocupa[38].

El Gobierno promulgó el 7 de octubre un decreto del ministro de Agricultura, Vicente Uribe, tendente a regularizar la situación y a crear las bases de una nueva reforma agraria. El decreto de 7 de octubre nacionalizaba todas las fincas rústicas pertenecientes a personas que habían intervenido directa o indirectamente en la sublevación y las entregaba a los campesinos, en régimen de usufructo perpetuo, para su explotación colectiva o individual, según decidiera en cada caso y lugar la mayoría de los beneficiados. El Decreto fue hostigado por el sector anarquista, defensor de la colectivización a ultranza de toda clase de propiedades, criterio compartido por algunos partidarios de Largo Caballero en la Federación de Trabajadores de la Tierra. Los comunistas, otro sector de socialistas y los republicanos insistían defender tanto el carácter voluntario de las colectivizaciones como los derechos del pequeño propietario a seguir explotando su tierra. Además, el Instituto de Reforma Agraria, no solamente regularizó la entrega de las tierras incautadas de cualquier forma en los primeros momentos, sino que inició una política de créditos agrarios, entrega de semillas y abonos, estímulo a la formación de cooperativas, etc.

El decreto del 7 de octubre concedía el arrendamiento perpetuo a los arrendatarios de fincas nacionalizadas cuya extensión no pasase de 30 hectáreas de secano, cinco de regadío o tres de huerta.

Además de las propiedades incautadas pertenecientes a personas consideradas cómplices del alzamiento, proseguía la expropiación por utilidad social.

En Cataluña se anularon todos los contratos de cultivo que estaban en vigor el 19 de julio de 1936. Un decreto de la Generalidad, del 1.º de enero de 1937, estipulaba que los ocupantes de esas tierras pagarían la contribución al Estado, Generalidad o Municipio, pero que nadie más estaba autorizado a cobrarles cantidad alguna, en metálico o en fuentes. Se reaccionaba así contra ciertos excesos de los primeros meses. Se decretó la afiliación sindical obligatoria de los que trabajaban la tierra, y se organizó la venta y transformación de productos, compra de géneros, etc., a través de los Sindicatos. El citado decreto de la Generalidad establecía, siguiendo así los principios de la legislación central, que la tierra podía, ser explotada por el sistema individual, el familiar o el colectivo.

Fenómenos análogos se produjeron en las empresas industriales. Sin embargo, los problemas eran aquí más heterogéneos; no era lo mismo la industria adaptable a fines de guerra que la de bienes de consumo ordinario y, dentro de ésta, la de bienes esenciales o bienes superfluos. Había todo el problema de los servicios públicos, de las fuentes de energía, de los monopolios estatales. Todo ello además de la enorme diferencia entre las grandes empresas de industrias clave y las decenas de millares de minúsculas empresas personales o familiares.

Las colectivizaciones

Las colectivizaciones

El primer fenómeno que se produjo fue la incautación de fábricas por Comités de afiliados a la C. N. T. y a la U. G. T, que tomaban en sus manos fa producción y gestión de las empresas de manera autónoma. Se trataba de empresas cuyos dueños o administradores hablan huido, o sido declarados enemigos del régimen o, a veces; cerrado simplemente la fábrica. Obvio es añadir que, en el clima pasional de los primeros momentos, la calificación de los propietarios, sobre todo de los pequeños, fue en muchos casos arbitraria. El hecho fue que se asistió a un fenómeno llamado de colectivización y también de sindicalización[39], pero que en realidad era la administración de la empresa por los obreros que trabajaban en ella. Y esto ocurrió no sólo en fábricas metalúrgicas, químicas, textiles, etc., sino incluso en minúsculas zapaterías, carpinterías, panaderías, tejares, peluquerías, etc. En Barcelona y Valencia fue donde adquirió mayores vuelos esta incautación de empresas de pequeños burgueses, así como la colectivización de los mercados centrales, la supresión de numerosos comerciantes intermediarios, etc. Una parte considerable de las clases medias debía reaccionar ante tales medidas de manera hostil, con lo que se situaban en el bando adversario, con el cual se sentían identificados en el momento de estallar la sublevación.

Sin duda, la incautación afectó en primer lugar a las industrias esenciales, los servicios públicos, los ferrocarriles, los transportes urbanos, las compañías navieras, etc., pero se generalizó a otras ramas. En el mes de septiembre, se calculaba que había unas 20 000 empresas incautadas. El Gobierno Giral había nombrado un Consejo Nacional de Incautación con objeto de intentar una coordinación, pero sus resultados fueron nulos. Hay que añadir que en el País Vasco la situación era diferente; la mayoría de las grandes empresas continuaron como de propiedad privada, ya que si unos de sus consejeros y directores colaboraban con los rebeldes, otros estaban allí, dentro de la legalidad republicana. En todas las empresas no incautadas existían, no obstante, los Comités de control obrero.

En Asturias, todas las minas e industrias estaban en poder de los obreros. No obstante, los territorios del Norte formaron por imperativo de la separación geográfica, una unidad económica (con frecuentes divergencias entre los organismos asturianos y los vascos) que no pudo dar ni recibir nada del resto de la economía republicana.

En Madrid, tanto por ser la sede del Gobierno, como por la mayor influencia de socialistas y comunistas, fue posible lograr cierta coordinación e iniciar la reconversión industrial para fines militares. Pero, en general, el rasgo dominante en la industria durante los primeros seis meses de guerra, fue la dispersión, la atomización. En muchos casos se repartían los beneficios sin reponer los depósitos ni tener en cuenta las amortizaciones. Pasados unos meses, los Comités se veían al borde de la quiebra y entonces recurrían al Gobierno.

En otras empresas, sobre todo en Cataluña, se imponía el salario igualitario y se pensaba en reducir la jornada de trabajo, en vez de intensificarla en orden a las necesidades bélicas.

El Gobierno hizo frente a algunos problemas básicos: intervención de los ferrocarriles, de la C. A. M. P. S. A., de las empresas de energía eléctrica, de la Telefónica, aunque en ésta, sin rozar el aspecto financiero, puesto que se trataba de empresa extranjera. Más tarde se decretó la militarización de industrias «con finalidades de guerra o que pudieran relacionarse de algún modo con las actividades militares», pero la aplicación de esta medida file cosa harto difícil. Dado que las instalaciones industriales más importantes se encontraban en Cataluña, Euzkadi y Asturias no era nada fácil la coordinación de las mismas. Tanto en el País Vasco como en Cataluña intervenía a veces el recelo de las autoridades autónomas, pero sobre todo en Cataluña la actitud de los Comités «colectivizadores» fue respaldada por la C. N. T. Con todo y eso, el Gobierno de la Generalidad decretó en agosto la coordinación de industrias bélicas, pero, según palabras del propio Companys, «este anhelo y este deseo de la Generalidad de coordinar toda nuestra industria, chocó con una resistencia, hasta cierto punto comprensible, por parte de aquellos Comités que desde el primer momento se habían apoderado de las fábricas y que creían de buena fe que solamente ellos podían llevar adelante la fabricación de material de guerra».

Todavía era más grave la actitud de otros Comités empeñados en fabricar productos en aquel momento innecesarios para lograr «beneficios», y la tendencia de los mismos a realizar por su cuenta el comercio exterior. En los primeros meses de guerra fue imposible controlar el comercio exterior realizado en orden disperso en Cataluña.

No obstante, ya en otoño de 1936, se puso allí en marcha la fabricación de cartuchería, de obuses de pólvora, etc.

En orden a las necesidades bélicas, socialistas, comunistas y republicanos (éstos más tibiamente) planteaban la necesidad de nacionalizar las industrias de guerra y de que todas las industrias básicas estuviesen bajo el control del Gobierno. El 21 de diciembre. Pascual Tomás, en nombre de la U. G. T., propugnaba la nacionalización de las industrias de guerra. Ese mismo mes, el Comité Central del Partido Comunista, en un documento titulado Las ocho condiciones de la victoria, proponía también la «nacionalización y reorganización de las industrias básicas y creación de una fuerte industria de guerra», además de la creación de un Consejo coordinador de la industria y la economía.

La dirección de la C. N. T. comprendía también la necesidad de coordinar la industria, pero prefería lo que llamaba «socialización», que en realidad era la «sindicalización» de industrias por ramas, sustraídas así al poder del Estado. Uno de estos ejemplos fue el de la industria de la madera de Barcelona; La cuestión fue muy discutida en la industria textil, donde la C. N. T. quería la «colectivización» y la U. G. T. la nacionalización (se trataba de las industrias de fuera de Cataluña, pues las catalanas estaban sujetas al decreto de Colectivización de la Generalidad, que examinaremos más adelante).

El ministro de Industria Juan Peiró, miembro como sabemos de la C. N. T., explicó en su conferencia del 3 de junio de 1937 la situación a que había tenido que hacer frente en los primeros meses de su gestión: «Teníamos todas las industrias al borde del abismo… los más comprometidos en el complot desaparecieron del territorio leal, abandonando las industrias y surgió la dirección de ellas por los obreros. Unas se controlaron, otras fueron incautadas, y en lugar de conservar la economía, la perjudicaron; otras, quedaron colectivizadas, y había algunas a cuyo frente quedaban los antiguos dueños, que exportaban los capitales, con el consiguiente perjuicio para el país. Hubo un momento de tragedia. En enero de este año (1937) había 11 000 instancias solicitando incautación o intervención de las industrias (por parte del Estado se entiende); pero la realidad es que se trataba de 11 000 peticiones al Estado de ayuda económica».

Explicó también Peiró la ineficacia de lo realizado en industrias eléctricas o, por ejemplo, en el Comité del Plomo, que se reunía una vez al mes, sin representación obrera, tan sólo para fijar los precios.

A los problemas señalados hay que añadir que gran parte de industrias (verbigracia, la textil) tenían gran cantidad de clientes en territorios ocupados desde el comienzo de la guerra por los rebeldes; como el procedimiento de venta era, por lo general, el de letras a noventa días se encontraron con una masa de créditos incobrables, que en muchos casos cobraban los propietarios pasados a la zona rebelde o por sus testaferros.

La situación de la industria en Cataluña fue regulada por el decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, promulgado por el Consejo de la Generalidad el 24 de octubre de 1936. Este decreto, que tendía a legalizar una situación de hecho, disponía la colectivización de todas las empresas que tenían más de cien obreros el 30 de junio de 1936, de aquellas que tenían menos si el patrono había sido declarado faccioso o si había abandonado la empresa o también si se acordaba por la mayoría de obreros y el patrono; en fin, también se colectivizaban las empresas de más de 50 obreros y menos de 100, si así lo decidían las tres cuartas partes del personal.

La gestión directiva de las empresas colectivizadas correspondía a un Consejo de Empresas nombrado por los trabajadores en asamblea general. Había un interventor de la Generalidad y, en las empresas con más de 500 obreros o más de un millón de capital, era el Consejo de Economía de la Generalidad quien debía aprobar el nombramiento de director.

En las empresas industriales o comerciales no colectivizadas se instituía el Comité de Control para fiscalizar las operaciones contables y las condiciones de trabajo y colaborar con el patronato en el proceso de producción. Se crearon también los Consejos Generales de Industria para coordinar cada rama de la producción.

Todo este sistema articulado no fue óbice para que, cuando se trató de incautar por el Estado algunas industrias de guerra o simplemente de plantear el mayor rendimiento de las mismas, surgieran numerosos conflictos con los Comités o Consejos que habían adquirido mentalidad de propietarios individuales.

En el País Vasco hubo un hecho diferencial; la regla general fue el mantenimiento de la propiedad privada de Tos medios de producción y, la excepción o la incautación por necesidades de guerra o por haber sido declarado faccioso el propietario. En el resto de la España republicana, la regla común fue la propiedad colectiva bajo diversas formas (nacionalización, colectivización, «sindicalización») de los medios fundamentales de producción, subsistiendo la propiedad privada de determinadas empresas medias y pequeñas[40].

Las empresas extranjeras

Las empresas extranjeras

Mención aparte merece el caso de las empresas extranjeras. La norma del Gobierno republicano fue respetar esas empresas. No siempre le fue posible en regiones que escapaban a su control (Huelva durante el primer mes, Asturias, después). Hubo casos, como en el de la S. O. F. I. N. A. (Barcelona Traction) en que fueron las empresas extranjeras las que ordenaron a sus gerentes y personal que abandonasen toda actividad. En otras empresas, los consulados intervinieron rápidamente para protegerlas y, por este motivo la intervención se limitó al funcionamiento del Comité de control obrero.

La obstrucción y sabotaje por parte de las compañías extranjeras fue evidente en numerosos casos. Peiró se quejaba de la mala voluntad de la Peñarroya, que tenía voluntariamente paralizada o a media producción (a juicio del ministro) Cartagena y Linares[41].

Gobierno tan respetuoso de la propiedad privada como era el del país Vasco tuvo que destituir al gerente y altos cargos de Tranways et Electricité de Bilbao. En cambio, la Babcok & Wilcox hacía donativos para hospitales de sangre en octubre del año 1936.

Muy significativo para situar la posición de grandes empresas y comerciantes extranjeros fue un texto de Arthur F. Lovedey, presidente de la Cámara de Comercio británica en España[42], en el que no se ocultaba que los intereses de los negociantes británicos prosperaron más en la zona «nacional» —que Lovedey visitó—, donde «La industria y la agricultura marchan prósperamente». Igual ocurría en el Norte, que exportaba más hierro a la Gran Bretaña desde que había sido ocupado por los llamados nacionales. En cambio, Lovedey se quejó amargamente de que «la zona gubernamental ha colectivizado, salvo raras excepciones. Los súbditos británicos han sido privados de sus propiedades, mientras que en la zona de Franco las conservan… El informe de la Barcelona Traction se queja de que el Comité obrero, compuesto de representantes sindicales, y autorizado por el Gobierno de Cataluña, ha nombrado a su vez un interventor. Pocas semanas después —seguía Lovedey— la empresa era intervenida y el Comité obrero asumía todo el control», sin que las protestas diplomáticas dieran resultado[43].

Este criterio de las compañías extranjeras se reflejaba también en la obra de Brassillach y Bardeche: «En los territorios sometidos a Franco se restablecía en seguida el orden y se reanudaban los negocios. Este hecho ha sido expresado en los informes de las compañías extranjeras Wagonlits, Río Tinto, Tharsis Sulphur and Cooper, Anglo-Spanish Construction, Sociedad Francesa Minero-Metalúrgica de Peñarroya, etc.»[44].

La economía

La economía

Pero si el problema de las industrias era arduo, no lo era menos el financiero, tanto en el plano de la banca privada como en el de la Hacienda pública y las relaciones entre ambas. Desde los primeros momentos, el Estado conservó el control del Banco de España, apoyado por los Sindicatos. Se tomaron medidas, restrictivas en el movimiento de cuentas corrientes, se prohibieron las transmisiones de bienes inmuebles y derechos reales, etc. Ya en el mes de agosto se declararon cesantes a los consejeros de administración de empresas que no se hubiesen presentado desde el 18 de julio y se prohibió la acumulación de cargos de consejeros en empresas industriales, comerciales, navieras o bancarias.

La banca privada continuó como tal, pero sujeta al control obrero por medio de los Sindicatos y a la intervención oficial. A fines de año, los Consejos de Administración se modificaron; la mitad fueron integrados por los consejeros que habían permanecido en sus puestos y los demás por los representantes sindicales de los empleados, amén de un interventor del Estado. Los cuentacorrentistas estaban también representados en el Consejo de Administración. Naturalmente, desde el primer momento se dio el caso de que la banca privada fue escindida según su situación territorial, pero en la primera parte de la guerra todas las centrales (Madrid, Bilbao, Cataluña) se hallaban en territorio republicano.

El problema de la Hacienda era fabuloso, tanto para el Gobierno central como para los autónomos: había que hacer frente a los gastos de guerra, a las pagas de los combatientes (que habían sido establecidas a diez pesetas diarias para los milicianos rasos, luego soldados), a los créditos que solicitaban sin cesar las industrias colectivizadas, a las importaciones de todo género en una situación difícil para el comercio exterior, etc. En los primeros meses de guerra se registró una caída vertical en la recaudación de impuestos y se empezó a sentir el efecto de la inflación (el criterio inequívoco que tenían sobre la guerra las fuerzas hegemónicas de la Bolsa en los países extranjeros contribuyó en mucho a la depreciación monetaria).

En orden a la política financiera se situó un problema que ha sido muy discutido: el envío a la Unión Soviética de la mayoría de las reservas de oro existentes en el Banco de España. (Otra cantidad se había enviado al Banco de Francia desde los comienzos de la guerra, como garantía del pago de armas que no se vendieron nunca). Al comenzar el asedio de Madrid, Negrín, ministro de Hacienda, y Largo Caballero decidieron sacar el oro de las cajas del Banco y trasladarlo a la base naval de Cartagena, con objeto de impedir que cayese en manos del enemigo si éste conseguía ocupar la capital.

Fue días después cuando se decidió enviar a la Unión Soviética más de la mitad de las reservas de oro del Banco de España, cuyo valor aproximado era de 578 millones de dólares[45]. Largo Caballero explica en sus Memorias esta decisión: «Inglaterra y Francia eran el alma de la no intervención, ¿se podía tener confianza en ellas? ¿En dónde depositarlo? No había otro lugar que Rusia, país que nos ayudaba con armas y víveres».

¿Quién tomó esta decisión? Está fuera de duda que Largo Caballero y Negrín, pero los criterios difieren al tratarse de los otros ministros. Prieto ha dicho que conoció el embarque del oro, pero no su destino, lo que no deja de resultar extraño, mientras que Álvarez del Vayo dice que el ministro de Marina y Aire estaba al corriente de todo. Lo mismo afirma Galarza, entonces ministro de la Gobernación. Zugazagoitia escribió que la operación la inició Negrín como gestión de consulta y que fue aprobada, como conveniente, por el Gobierno.

Largo Caballero escribía en 1946: «De ese oro se pagaba todo el material que enviaba Rusia, a cuyo efecto se abrió una cuenta corriente. También se utilizaba lo necesario para otras compras, cuyas operaciones se hacían con un banco de París…».

El Gobierno soviético servía de intermediario para compras de armamento en terceros países, procedimiento al que tuvo que recurrir Largo Caballero después de lamentables experiencias con algunos países. El testimonio citado de Largo Caballero es apoyado por el general Hidalgo de Cisneros[46].

A las compras de armamento debe añadirse el saldo de la balanza comercial entre España y la Unión Soviética, de gran cuantía, pues España se convirtió en el segundo cliente —después de la Gran Bretaña— de aquel país. En el primer semestre de 1937, las exportaciones soviéticas fueron de un valor de 51 442 000 rublos (contra 2 582 000 en el primer semestre de 1936) y las importaciones procedentes de España sumaron 16 943 000 rublos (900 000 en el primer semestre de 1936). España compró, sobre todo, carbón, petróleos, abonos y algodón, y vendió plomo y naranjas[47].

Sabido es que la opinión de que el oro sirvió para saldar deudas no ha sido compartida por otras personalidades (entre las que sobresalió Araquistain) y por ciertos medios oficiales del Estado español surgido a consecuencia de la guerra[48].

Volviendo a nuestro tema central conviene añadir que los fenómenos financieros apuntados y la rareza de algunos productos determinaron rápidamente un alza de precios sin que al principio fuera contenida tan siquiera por medidas de tasación y racionamiento (que se hicieron de evidente necesidad en los meses siguientes). La presión de la demanda que suponía la masa dineraria lanzada con el pago de milicianos, algunos aumentos salariales —además de la enorme demanda del Estado por necesidades de guerra—, sin contrapartida en la producción, iba a precipitar el alza, así como la escasez de ciertos productos, que en los primeros meses se hizo sentir tan sólo en Madrid y territorios del Norte. Se daba el caso de que en 1936 se consumían en Cataluña y Levante toda clase de productos, cuando se estaba ya en los umbrales de la escasez y se habían agotado prácticamente las reservas.

El Estado

El Estado

Sabemos ya que el Estado, con pocos resortes en marcha, debía hacer frente a la movilización de la población en tiempo de guerra. Los resultados obtenidos durante 1936 no fueron sino muy fragmentarios. Ante la insistencia de los comunistas, Largo Caballero se decidió a llamar a Filas los reemplazos de 1932 a 1935 (decreto de 29 de septiembre). Si ese llamamiento dio sobre el papel unos cuantos millares de reclutas, no se tradujo momentáneamente en cambio de Milicias a Ejército que tardará aún varios meses en llegar. En plena defensa de Madrid (puedo aportar mi propio testimonio) se reclutaba voluntariado sin formalidades de ninguna clase para integrarlo en las columnas y unidades de Milicias que estaban en línea y se organizaban incluso nuevas unidades de Milicias de voluntarios, con todos sus mandos incluidos. La prueba de que los reclutas presentados en octubre tardaron mucho en ser «operacionales» es que incluso se organizaron administrativamente en regimientos, mientras que ya se preparaba la organización del Ejército en brigadas mixtas. En realidad, el Gobierno tenía el problema inicial de la militarización de las Milicias, que también fue decretada, pero qué tropezó con no pocas resistencias, principalmente en las unidades de orientación, anarquista. Una de ellas, la Columna de Hierro, en discrepancia con el propio Comité regional de la C. N. T. de Levante, que se regía por la asamblea general de milicianos, se indisciplinó repetidas veces y provocó sangrientos desórdenes en Valencia. Por el contrario, las unidades del frente de Madrid —inclusive las de matiz anarquista— comprendieron rápidamente la necesidad de la militarización. A fines del año se comenzaron a organizar las Brigadas mixtas a modo de embrión del Ejército regular, tas primeras brigadas surgieron de las unidades del Quinto Regimiento, de las Juventudes Socialistas Unificadas y de algunas unidades socialistas, como la Columna Sabio.

Otro problema básico de orden militar era llegar al mando único, cosa que se logró por primera vez en Madrid, cuando el asedio había comenzado, pero que era todavía peliaguda cuestión para los restantes frentes.

En fin, el Gobierno creó a fines de noviembre las Escuelas Populares de Guerra para la formación de oficiales en cursos de tres meses, así como en el seno del mismo Gobierno, a propuesta de los anarco-sindicalistas y comunistas, un Consejo Superior de Guerra, integrado por Largo Caballero, Prieto, Álvarez del Vayo, Just, Uribe y García Oliver, pero que en realidad desempeñó una función de poca importancia.

En el orden militar hay que señalar, desde los últimos meses de 1936, la presencia de asesores soviéticos a los que se dio el título de «consejeros». No eran muy numerosos, pero su función, fue, en ocasiones, de mucha utilidad. Aunque actuaban bajo seudónimo, hay se conocen ya los nombres de los más calificados: el general Stern (Grigorievich, que no hay que confundir con Lazar Stern, nombre del general Kleber, que era de origen austríaco), Goriev, Meretzov, Rodimtsev, Malinovski, Berzin, el general J. W. Smuchkievich (consejero de la Aviación con el seudónimo de Douglas), N. Kutnezov (Kolia, consejero de la artillería) y otros cuya personalidad es más difícil de precisar.

Problema nada leve para los órganos de gobierno republicanos fue el de organizar una administración de Justicia que había desaparecido el 19 de julio y cuya urgencia era evidente, tanto para suprimir los excesos del terror, como para dotarla del carácter que la situación exigía. Ya el 26 de agosto fueron creados los Tribunales Populares, compuestos por tres funcionarios judiciales y catorce jurados, que afirmaron luego su jurisdicción, precisamente cuando García Oliver fue ministro del ramo.

De la misma manera, se hizo frente al caos de Patrullas de control. Comités de investigación y otras policías más o menos particulares. El primer paso fue la unificación de todos esos grupos en las Milicias de vigilancia de la retaguardia (20 de septiembre), seguido poco después por la unificación total de la Policía bajo el control del ministro de la Gobernación y del director general de Seguridad, Wenceslao Carrillo y del Consejo Superior de Seguridad, creado el 15 de diciembre. La última irregularidad grave cometida al margen del Estado fue la de Paracuellos del Jarama, lugar de la matanza de presos sacados de Madrid, en los primeros días de noviembre, cuando muchos creían en la caída inminente de la capital.

Este comienzo de restauración del Poder estatal, orientado hacia las necesidades bélicas, tuvo que ser completado por la desaparición del poder de vigilancia, control de carreteras, etc., de los Comités locales, sustituidos al finalizar el año, por Consejos municipales integrados por representantes de los partidos políticos y organizaciones sindicales. Estas reformas respondieron al criterio unánime de los ministros y de sus grupos políticos respectivos. Fue notoria la crítica que Juan Peiró hizo en su conferencia de Valencia el 28 de diciembre sobre la labor desorganizadora de los Comités locales.

Los cambios operados en las estructuras político-económicas de la zona republicana, tras la ausencia de Poder estatal durante las primeras semanas de la guerra, tuvieron indiscutible importancia. Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno, la Presidencia de la República, las Cortes y, en general, las Instituciones, conservaron la normalidad constitucional. Pero esas formas tuvieron otro contenido socioeconómico: la estructura agraria del país (nos referimos al territorio republicano) había cambiado radicalmente y lo mismo, en gran parte, la industrial. La moneda, el crédito y el comercio exterior estaban rigurosamente intervenidos, a pesar de la subsistencia de la banca privada. El Ejército, los cuerpos de Seguridad y de administración de justicia tenían una composición política y social —y una concepción— completamente diferente de la vigente hasta julio de 1936. Por otra parte, en el Gobierno estaban representadas todas las organizaciones obreras y republicanas de izquierda, además de los nacionalistas catalanes y vascos. Sin duda alguna, las tres organizaciones obreras en el Poder tenían serias discrepancias entre sí, lo que conducía a que el peso numérico de la clase obrera en el Estado fuera mayor que el político y su función de dirección gubernamental; pero era harto evidente la presencia en el Estado de los representantes de los trabajadores, no como colaboradores apendiculares o «fuerza de sostén» de los republicanos de la pequeña burguesía y cierta burguesía media, sino como copartícipes del Poder, del que tenían en sus manos resortes esenciales.

El fenómeno señalado tenía que dar particular relieve e interés (que hoy guarda desde el punto de vista histórico) a la tarea de reconstrucción del Estado, llevada a cabo principalmente a lo largo del año 1937[49].

La cultura

La cultura

Al producirse el estallido de Julio, los intelectuales de mayor prestigio testimoniaron su adhesión a la causa republicana: Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez, Teófilo Hernando. Otros, como Fernando de los Ríos, Araquistain, Jiménez de Asúa, Wenceslao Roces, etc., a su vez militantes políticos, desempeñaban funciones de embajadores o altos cargos. Poetas y escritores lanzaron el semanario El Mono Azul, y escribieron el Romancero de la guerra civil, etc. (Rafael Alberti, María Teresa León, Bergamín, Altolaguirre, Herrera Petere, Serrano Plaja, Aleixandre, Miguel Hernández, Ramón J. Sender, Emilio Prados y tantos otros).

La represión ejercida desde los primeros momentos contra numerosísimos maestros, profesores y médicos en los territorios dominados por los sublevados —que culminó con el asesinato de García Lorca— produjo la natural reacción en los medios intelectuales. Hubo escritores como Pío Baroja, que huyó de su pueblo natal. Vera de Bidasoa, para instalarse en Francia (más tarde regresó a la zona «nacional» para huir de nuevo) o Azorín, que pasó también desde San Sebastián a París.

En el territorio rebelde descollaban por su adhesión al movimiento el poeta y dramaturgo José María Pemán[50], Manuel Machado, y jóvenes falangistas como Rosales, Sánchez Mazas, Ridruejo, Laín, etc., y, como primera figura intelectual, la de Eugenio d’Ors[51].

La acción colectiva de mayor trascendencia en el campo republicano fue la de las Alianzas de Intelectuales por organismos como Cultura Popular, Guerrillas del Teatro. La Barraca. Altavoz del Frente, etc., encaminadas a desarrollar una obra de difusión cultural, tanto en los frentes como en la retaguardia. El Quinto Regimiento tuvo pronto su sección cultural, que sirvió de ejemplo a otras unidades. Las bibliotecas, la enseñanza en los frentes y la edición de periódicos de cada unidad importante se convirtieron en una nueva función auxiliar del Ejército regular.

Mas, según evolucionaba la guerra, ciertos intelectuales cambiaron de posición: José Ortega y Gasset salió de España con un pasaporte del Gobierno republicano y luego escribió que había firmado en Madrid amenazado a punta de pistola; Marañón, que había hablado por una emisora comunista de Madrid y en diciembre se había inscrito en la C. N. T. de Barcelona, marchó también a Francia para escribir un ensayo, según el cual lo esencial del drama español era la lucha del comunismo contra el liberalismo.

En cambio otros intelectuales, al arreciar el sitio de Madrid y los devastadores bombardeos aéreos sobre la población civil, endurecieron su actitud. Fue el caso de la mayoría de profesores universitarios, cuyo manifiesto de 1936 hemos mencionado.

Miguel de Unamuno siguió una trayectoria opuesta a la de Ortega y Gasset. Al inaugurar el curso en la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre, en su calidad de rector, don Miguel opuso enérgicamente a los gritos de ¡Viva la Muerte!, lanzados por Millán Astray, palabras que se han hecho célebres: «Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho».

Unamuno no volvió a salir de su domicilio. Poco después hizo unas declaraciones publicadas en el periódico católico Vers, de Namur:

«El tiempo ha pasado. He visto otros excesos, cometidos éstos por la extrema derecha, he visto otro peligro; y los he denunciado al mismo Franco (…). Se cometen crímenes, venganzas y ejecuciones sumarías, no aquí, en Salamanca (Unamuno desconocía el asesinato del diputado socialista Manso, y otros análogos, pero había sabido el de su amigo el doctor Vilar, rector de la Universidad de Granada), sino en Valladolid, por ejemplo, y en los pueblos apartados donde reinan la fuerza y la arbitrariedad (…). Hace, ocho días que me han destituido de mis funciones de rector sin una palabra de explicación. Sin duda, hablo demasiado. Pero continuaré hablando, pase lo que pase… Se trata de la salvación y de la libertad de España».

El 31 de diciembre de 1936 moría Unamuno, enclaustrado en su casa de Salamanca. Horas antes de morir había dicho, ante un falangista, al que «agradeció que no fuera a verlo con la camisa azul»: «A pesar de todo, España se salvará»[52].

Capítulo XIII. Durante la segunda fase de la batalla de Madrid

CAPÍTULO XIII
DURANTE LA SEGUNDA FASE
DE LA BATALLA DE MADRID

Primer intento de ataque envolvente a la capital

Primer intento de ataque envolvente a la capital

Madrid no se podía tomar de frente. El mando de las fuerzas asaltantes concibió entonces la primera maniobra envolvente: atacar por el NO para cortar la carretera de La Coruña y las comunicaciones entre Madrid y la Sierra. El ataque comenzó el 29 de noviembre por Garabitas, Humera y Pozuelo, con carros alemanes y protección aérea, pero pasada la sorpresa inicial, el asaltante no logró sus objetivos. Se reanudó la ofensiva con mayor violencia el 13 de diciembre en dirección de Boadilla del Monte. Se trataba también de liquidar la bolsa republicana que amenazaba el sector de las fuerzas de Varela situado en la Casa de Campo y parte de la Ciudad Universitaria. Bajo el mando supremo de Orgaz. Varela puso en línea 17 000 hombres, que atacaron el sector defendido por la columna Barceló y consiguieron ocupar Boadilla del Monte y Villanueva de la Cañada. La lucha fue encarnizada y las tropas de Barceló fueron reforzadas por la XI y la XII brigadas internacionales. El Tercio tomó el castillo de Boadilla, el día 15, en lucha cuerpo a cuerpo, habitación por habitación. Lojendio comenta así esta acción: «De cuál fue la naturaleza del encuentro que allí se libró da idea el hecho de que al ocupar el castillo, de sus habitaciones hubo que retirar más de un centenar de cadáveres enemigos». No obstante, los republicanos, al contraatacar, salvaron la línea Pozuelo-Las Rozas. El 20, Orgaz, que sólo había conseguido una penetración de ocho kilómetros, desistió, de esta operación hasta el mes siguiente. Un día antes, el general Franco había ordenado el plan general consistente en cortar todas las carreteras entre Madrid y la Sierra por el Norte, llegar hasta Arganda, Loeches y Alcalá de Henares por el Sur, avanzar desde Jadraque a Guadalajara y cercar así Madrid e impedirle toda posibilidad de resistencia. Ésta era su idea de maniobra, que fracasó, como veremos más adelante, durante los meses de febrero y marzo.

Al mismo tiempo, por iniciativa de Queipo de Llano, se lanzaba una ofensiva con objeto de descongestionar el frente de Córdoba y tratar de acercarse, al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Esta ofensiva dio lugar a la toma de El Carpió, Montero, Villa del Río y a una penetración en el extremo occidental de la provincia de Jaén, por la ocupación de Porcuna y Lopera. En esta localidad quedó frenado el avance —sin lograr su objetivo máximo de llegar a Andújar y el Santuario— por las fuerzas mandadas por Martínez Cartón, Galán y por la XIV brigada internacional, mandada por el polaco Wisniewski (Walter) que entraba en fuego por primera vez.

En los últimos días del año se señalaron también algunos movimientos de diversión por iniciativa republicana en los frentes de Huesca y Teruel.

La diplomacia

La diplomacia

El 10 de diciembre, Álvarez del Vayo señalaba ante el Consejo de la S. de N. los numerosos casos de intervención ítalo-germana. El Consejo se limitó a condenar en abstracto la intervención y a aconsejar que los miembros de la S. de N. se esforzasen por dar eficacia a la acción del Comité de Londres. El Comité seguía arrastrando su penosa existencia; el Gobierno de la República aceptaba el plan de control, pero el de Salamanca no daba más que respuestas dilatorias. Los Gobiernos de Alemania, Italia y Portugal siguieron el mismo método obstruccionista. Igual suerte corrió, durante el mes de diciembre, la propuesta de prohibir el envío de voluntarios. Durante el mes de enero, sólo aceptaron el «principio» de la prohibición de voluntarios, sujetándolo a numerosas condiciones previas.

La táctica dilatoria se explica al conocer qué realidad se escondía tras ella. Le Temps del 6 de diciembre anunciaba que habían sido enviados en varias piezas 50 Junkers modelo 1934 por la vía Múnich-Roma-Nápoles-Mallorca. El 17 de diciembre, Mussolini decidía enviar a Cádiz una expedición de 3000 camisas negras, seguida el día 29 de otra de 1500 especialistas y 3000 combatientes. Kindelán dice que el 26 de diciembre desembarcaron 3000 «voluntarios» italianos; Von Faupel, en su despacho del 7 de enero, se refería a 4000 italianos llegados en diciembre y a 2000 en camino. La prensa británica del 5 de enero hablaba de 22 000 italianos llegados a Cádiz el 22 de diciembre. Roma desmentía la noticia, pero, al día siguiente, el Foreign Office la confirmaba y añadía que estaba enterado por las autoridades navales de Gibraltar. Los documentos oficiales italianos de la época que hoy se conocen estimaban sus fuerzas en España, en enero de 1937, en 211 pilotos, 238 especialistas, 777 jefes y oficiales, 995 suboficiales y 14 745 soldados. En cuanto a los alemanes, según el testimonio del general Sperrle, eran 6500 al acabar el año. Los envíos de hombres y armamento iban a proseguir sin interrupción. Para completar el cuadro hay que añadir la presencia de unos 15 000 «Voluntarios» portugueses, los llamados Viriatos, amén de extremistas de derecha de diversos países que se sumaban al ejército de Franco. Ése fue el caso del general rumano Cantacuzene y de varios miembros de la organización fascista de aquel país Guardia de Hierro y de 96 rusos blancos, entre ellos dos generales.

Pero no se trataba tan sólo de intervenir, sino de contraatacar. El 14 de diciembre era hundido en aguas del Mediterráneo el barco soviético Konsomol. En cambio, cuando unos navíos republicanos se apoderaron del barco alemán Palos, que llevaba armas a los rebeldes (que ya eran Gobierno reconocido para Roma y Berlín), Alemania amenazó con represalias y el Admiral Graf Spee se apoderó de un mercante español.

El Gobierno británico (por lo demás muy preocupado por la crisis que acarreó la abdicación de Eduardo VIII) estaba dispuesto a tolerar todo con tal de poder entenderse con Mussolini. Este propósito quedó enteramente revelado cuando el 4 de enero de 1937 se firmó un acuerdo ítalo-británico por el que se reconocía la soberanía italiana en Etiopía y se establecía el compromiso de mantener el statu quo en el Mediterráneo. La coincidencia en el tiempo con los desembarcos italianos en Cádiz daba la medida de lo que se escondía tras la actitud británica en el Comité de No Intervención. En sus Memorias, Eden se queja amargamente de que los italianos «habían utilizado el gentleman’s agreement como una cobertura para intensificar su intervención». Nunca es tarde para reconocer los errores, aunque tal vez sí para reparar los daños.

En verdad, la benevolencia del Gobierno británico se extendía a la Junta de Salamanca. El embajador británico ante el Gobierno de la República, Chillón, instalado con carácter permanente en San Juan de Luz, mantenía relaciones constantes con Sangróniz, hasta el extremo de que éste dijo a Faupel que las declaraciones de Eden en los Comunes sobre la cuestión española «habían sido comunicadas previamente al Gobierno nacionalista». Chilton fue quien solicitó de Franco que el agregado comercial británico en Madrid, Pack, residiera en Salamanca. Cantalupo, entonces embajador italiano en aquella ciudad, ha hablado de un coronel británico, agregado a la embajada en París, que en realidad se encontraba eh Salamanca, pero esta afirmación no se encuentra confirmada por otras fuentes[1].

No se detuvo ahí la política llevada a cabo por los Gobiernos de Londres y París, que decidieron aplicar unilateral mente la prohibición del envío de voluntarios, exactamente en los mismos días que se instalaban en España varias divisiones de Mussolini. El 11 del mismo mes de enero, el Gobierno de Su Graciosa Majestad británica prohibía, bajo pena de prisión, el alistamiento voluntario para España. El News Chronicle y el Daily Herald, al comentar la disposición, denunciaban que sólo favorecía a los rebeldes y que hacía el juego a las dictaduras. Los laboristas negaron validez legal a esa disposición, aunque, come se recordará, sus instancias superiores habían aprobado la política de la no intervención. Dos días después, la Cámara de Diputados francesa autorizaba unánimemente a su Gobierno para que «impida el alistamiento de voluntarios en las fuerzas que combaten hoy en España» y que la disposición afectase a los extranjeros residentes en territorio francés, españoles inclusive, según aclaró Blum en respuesta a una pregunta del diputado Desbons[2]. Esta decisión, que tenía la forma de «autorización al Gobierno», venía, no obstante, atenuada por el criterio de no ponerla en ejecución mientras no fueran adoptadas medidas análogas por otros países.

Por su parte, el Congreso norteamericano había aprobado el día 6, por unanimidad (con la sola excepción del senador Jean Toussaint Bernard, de origen corso), la propuesta del senador Pittman, presidente de la Comisión de Asuntos extranjeros del Senado, de proceder al embargo de armas destinadas a España.

Naturalmente, esta política estaba lejos de ser compartida por extensos sectores de la opinión en esos y otros países. El 18 de diciembre, el conocido escritor norteamericano Waldo Franck dirigía una carta a Léon Blum en la que decía: «Ésta no es una guerra civil de España, es la guerra civil de Europa. Es una guerra de conquista, Léon Blum, emprendida contra los valores que usted más respeta, por los elementos contra quienes usted ha combatido toda su vida… ¡Abra las fronteras de Francia para ayudar al Gobierno legítimo de España antes de que sea demasiado tarde!». Numerosos diputados laboristas se dirigieron al agente oficioso de Franco en Londres, duque de Alba, para que transmitiera a Salamanca su protesta por los bombardeos de Madrid (389 muertos y 1703 heridos —muchos de ellos muertos después— entre la población civil, eran los datos que daba la prensa moderada de Francia y la Gran Bretaña).

La respuesta del duque de Alba tenía el valor de un símbolo: «Me niego a comunicar su protesta contra las operaciones militares indispensables a las que se ha visto obligado el general Franco por la obstinación inútil de las autoridades de Madrid y su transformación de ciudad abierta en una fortaleza defendida por tropas extranjeras».

En Bélgica se producía una crisis en el seno del Partido Socialista, porque algunos de sus jefes (Huysmans, Vandervelde, Isabelle Blum) se oponían a la política de no intervención de Spaak y los socialdemócratas del Gobierno. En Francia, el Partido Comunista y un sector socialista minoritario combatían igualmente aquella política y el asunto de España constituyó, a la postre, la principal línea de fractura que dio al traste con el Frente Popular. La Internacional Socialista había terminado por reconocer que la no intervención había fracasado, pero, al mismo tiempo rechazaba las proposiciones de la Internacional Comunista para emprender una acción común en favor de la República española.

Batalla de la carretera de La Cortina

Batalla de la carretera de La Cortina

A las seis de la madrugada del 3 de enero, las fuerzas del general Orgaz —unos 10 000 hombres—, apoyadas por aviación y carros, conseguían romper el frente republicano y llegar hasta Villanueva del Pardillo. Se trataba de repetir, empleando esta vez mayores medios, la operación frustrada el mes anterior y cortar las comunicaciones entre Madrid y la Sierra. Cogido por sorpresa el mando republicano, las unidades de ese sector quedaron momentáneamente dispersas y rotas las comunicaciones. El día 6 caía Pozuelo, el 7 Humera, el 8 Aravaca. Las fuerzas de Orgaz llegaban a la carretera de La Coruña (una de las vías de comunicación con la Sierra). Había, sin embargo, unidades que resistían con valor ejemplar. El batallón Thaelmann, que no pudo recibir la orden de repliegue, resistía todos los ataques de los carros y de la caballería rifeña. De sus 200 hombres quedaban 32, que se replegaban el 9 hacia Galapagar.

Las fuerzas de Líster contraatacaron en el Sur por el sector del Basurero. Por fin se logró concentrar en ese sector la mayor parte de los efectivos de que disponía el mando en Madrid, y el día 11 pudo comenzar el contraataque republicano que desbarató la penetración hacia El Pardo: Orgaz estableció una línea que iba del kilómetro 9 al 19 de la carretera de La Coruña, pero no consiguió su objetivo esencial de cortar las comunicaciones con la Sierra. Las pérdidas por ambas partes fueron cuantiosas y se había empleado más material que en batallas anteriores.

La caída de Málaga

La caída de Málaga

Dos columnas salidas de Ronda el 14 de enero ocuparon en tres días, con apoyo de la flota, Estepona y Marbella, y se aproximaron así a Málaga por la costa. Una semana después, la ocupación de Alhama de Granada amenazaba a Málaga por el Nordeste. Como explica Lojendio, quedó tendido un arco Marbella-Antequera-Alhama, que se cernía sobre Málaga. El peligro era inminente, pero, el mando central de Valencia parecía no darse cuenta de ello. Cuando a finales de enero, el comisario de Guerra y diputado comunista Bolívar pidió armamento y municiones para Málaga tropezó con la negativa de Largo Caballero y Asensio, obsesionados con preparar una ofensiva en el frente del Jarama, dirigida por el ejército mandado por Pozas. Ya en los angustiosos días en que se combatía en Las Rozas, hubo un penoso incidente entre Miaja y Largo Caballero, cuando éste repuso a las peticiones de munición y reservas: «Usted, general, lo que quiere es cubrirse con la pinta». Parece ser que sólo la intervención de Rojo logró que Miaja no abandonase su puesto. Por añadidura, el general Cabrera, entonces jefe del Estado Mayor Central, no parecía prestar mucha atención a aquel frente andaluz, por no considerarlo eficaz en sentido estratégico.

Así andaban las cosas cuando las unidades italianas desembarcadas, estructuradas ya en divisiones y brigadas, bajo el mando supremo del general Roatta (Mancini) ocuparon la primera línea en el sector del arco que iba desde Ronda hasta Alhama; el coronel Borbón, duque de Sevilla, mandaba las fuerzas que debían operar a partir de Marbella, y una columna mandada por el coronel Espinosa tenía la misión de cortar la retirada republicana por Motril, partiendo de posiciones de Orjiva. Operaban, en conjunto, tres divisiones con 28 baterías, tres compañías de carros ligeros italianos y una de blindados. Coadyuvaban a la ofensiva 69 aviones, los cruceros Baleares, Canarias y Almirante Cervera, dos cañoneros y, vigilante a lo lejos, el crucero alemán Graf Spee y algunas unidades navales italianas. Los batallones de Milicias de Málaga, mandadas por el coronel Villalba, no sólo estaban mal pertrechadas, sino en la fase primaria de su organización. La transformación de las unidades de Milicias en brigadas del Ejército regular, que ya había sido decretada, sólo había encontrado aplicación en el Ejército del Centro.

El 5 de febrero comenzó la ofensiva definitiva, emprendida por tres columnas italianas, que sumaban 20 000 hombres, mandadas, respectivamente, por el general Rossi, el coronel Rivolta y el coronel Guassardo. El día 6, los italianos llegaban a Vélez-Málaga y el duque de Sevilla a Fuengirola. Prácticamente era el copo. En Málaga, bombardeada por la aviación y la flota, cundió el desconcierto, y el coronel Villalba no pensaba sino en dar la orden de evacuación y ponerse personalmente a salvo. El 7, los italianos se encontraban en los arrabales de Málaga, pero esperaron hasta el día siguiente a las tropas del duque de Servilla, cuyo avance fue más difícil El 8 por la mañana, la ciudad era ocupada y acto seguido empezaron las ejecuciones sumarias. Por la carretera hacia Motril y Almería huía una columna interminable de hombre, mujeres y niños, sobre los que se cebaron la aviación y la marina de los vencedores. «La carretera es un calvario de infinitas cruces —ha escrito Zugazagoitia—… Los gritos de las víctimas, el balido angustioso de tanta criatura inocente por miedo a la muerte, deben estar prendidos en las zarzas de las cunetas y a los arbustos del paisaje».

En fin, y para proseguir el relato de los hechos militares, los refuerzos de tropas republicanas consiguieron establecer una línea de resistencia delante de Albuñol, en la costa, acción combinada con ataques de diversión en Sierra Nevada y por Alcalá la Real. El 18 del mismo mes de febrero se libraba ya en las orillas del Jarama la hasta entonces mayor batalla de la guerra.

La batalla del Jarama

La batalla del Jarama

El mando central republicano había planeado, durante el mes de enero, una ofensiva desde el Jarama para cortar las comunicaciones entre Toledo y el frente de Madrid, operación dirigida por el general Pozas, jefe del Ejército del Centro, mientras que las fuerzas de Miaja debían atacar hacia Brunete y Navalcarnero.

El Estado Mayor de la defensa de Madrid tenía informaciones que permitían suponer la ofensiva enemiga —que probablemente esperaba tan sólo a que mejorase un poco el tiempo—, y lo comunicó al Estado Mayor Central, que aquí no parecieron prestarles mucha atención.

La verdad era que él general Orgaz tenía preparada su operación, precisamente para el 22 de enero en el Jarama, pero, como suponía Rojo; había sido aplazada a causa de la lluvia. Cinco divisiones y dos brigadas de reserva debían ocupar Arganda, La Poveda y Loeches, y cortar, como objetivo final, todas las comunicaciones de Madrid, con Valencia.

Los republicanos Asensio y Cabrera tenían preparada la ofensiva para el día 27, pero se fue aplazando sucesivamente. Por fin, la iniciativa correspondió a Orgaz, cuyas columnas (mandadas por los coroneles García Escámez, Rada, Asensio, Cabanillas, Barrón, Sáenz de Buruaga y Cebollino, éste para la caballería) pasaron al ataque en el sector comprendido entre Perales de Tajuña y Ciempozuelos, rompían el frente y ocupaban esta localidad y La Marañosa. El mando republicano envió a primera línea las unidades que se estaban concentrando en aquel sector, pero su número era mucho menor que el de los atacantes. Por otra parte, dado que el sector correspondía al Ejército del Centro, el Estado Mayor de Madrid se veía privado de iniciativa, con lo que se produjo una peligrosa dualidad de mandos. En las primeras horas del 11, las fuerzas de Orgaz y Varela atravesaban el Jarama por el puente de Pindoque. Entre este puente y el de Arganda no hay más de cuatro kilómetros. La división de Listen la V Brigada, las brigadas internacionales XI, XII, XIV y la XV, que entraba en línea por primera vez, libraron una difícil batalla defensiva, en la que intervino la artillería de precisión alemana y el mayor volumen de material y hombres empleado hasta entonces en la guerra. Ambos bandos se desangraron literalmente. El 14, los carros de Varela avanzaron todavía un poco en la dirección de Arganda-Chinchón.

El día 15, se decidió que el Ejército del Centro fuese puesto a las órdenes del Estado Mayor de la defensa de Madrid (Miaja-Rojo). Se reorganizó el mando y se llevaron tropas escogidas sacadas del frente de la capital. El cuerpo de ejército dirigido por el teniente coronel Burillo se organizó en tres divisiones, mandadas, respectivamente, por el teniente coronel Arce,, el general Gal y el comandante, Güemes, además de la división de Líster, y de la cooperación, hacia el Norte, de la división de Modesto y, hacia el sector de Aranjuez, de unas brigadas al frente de las cuales figuraba el teniente coronel Rubert.

El 17, las tropas republicanas pasaron al contraataque y concentraron sus esfuerzos sobre La Marañosa y las alturas del Pingarrón. Al cabo de tres días de combates de inusitada violencia no conseguían su objetivo, pero la capacidad ofensiva de las fuerzas de Orgaz había quedado deshecha. Aznar ha explicado que Franco desistió de alcanzar la línea del Tajuña, y Lojendio afirma que Orgaz no recibió las reservas que esperaba.

La lucha prosiguió aún varios días. Las colinas, transfiguradas por el machaqueo artillero y de la aviación estaban llenas de cadáveres, de restos de cuerpos humanos. Los combates aéreos alcanzaron también tal intensidad que hubo momentos en que ocupaban el espacio más de cien aparatos. Se emplearon allí todos los tipos de armamento conocidos y se llegó a una potencia de fuego hasta entonces nunca alcanzada.

Todavía duró la lucha hasta los últimos días de febrero, pero las posiciones quedaron invariables. Las fuerzas de Franco mantuvieron su cabeza de puente, pero no lograron su objetivó. Como dice el citado Lojendio, la ofensiva se proponía algo más que mejorar los flancos; se trataba de una maniobra de envolvimiento, que fracasó. El resultado de aquella batalla, que causó más de 40 000 bajas entre ambos bandos, fue nulo en el orden táctico, pero una victoria estratégica de los republicanos, al hacerse cada vez más difícil la maniobra de cercar Madrid.

El frente de Asturias

El frente de Asturias

Si durante todo el invierno no habían cesado los combates en torno a Oviedo, éstos adquirieron mucha mayor intensidad en el mes de febrero. A randa disponía de 50 batallones y 10 baterías. El 21, las Milicias asturianas pasaron a la ofensiva y ocuparon varias posiciones en el Naranco. Lo mismo hicieron por el Escamplero y el frente de Grado hasta entrar en varios arrabales de Oviedo. En siete días; las bajas de las fuerzas de Aranda eran, según el propio coronel. 143 oficiales y 3527 soldados. Oviedo fríe reforzado con dos batallones más, un tambor de Regulares y una batería. El día 27, las unidades republicanas avanzaban por el barrio de San Lázaro. Sin embargo, las fuerzas iban a equilibrarse pronto, por lo que los combates de durante todo el mes de marzo no cambiaron la fisonomía general de los frentes asturianos. Cuando a fines de aquel mes, Mola lanzó su ofensiva contra Vizcaya, las fuerzas asturianas no podían mantener ya la iniciativa.

España y Europa

España y Europa

El primero de febrero, Hitler hablaba en el Reichstag, y declaraba con respecto a nuestro país: «Nuestras simpatías por el general Franco y su gobierno son de orden general. Se basan, además, en la esperanza de que la consolidación de una España verdaderamente nacional dará a Europa nuevas posibilidades económicas… Estamos dispuestos a hacer todo lo que pueda contribuir, de cualquier manera, a restablecer el orden en España»[3].

Al día siguiente, el corresponsal de la Agencia Havas en Salamanca telegrafiaba: «Los medios oficiales, que son siempre aquí muy reservados, expresan su satisfacción sin restricciones».

Días después, Ciano recibía el parte del mando italiano que anunciaba la victoria de Málaga. Mussolini, informado inmediatamente por teléfono, dispuso el ascenso de Roatta a general de división.

Al mismo tiempo, en los Comunes, Atlee preguntaba a lord Cranborne si podía dar a la Cámara informaciones sobre recientes desembarcos de importantes contingentes italianos en España. Lord Cranborne confirmó los desembarcos, pero añadió que; a su juicio, no se trataba de una intervención unilateral.

El Gobierno de la República hizo por su parte un nuevo esfuerzo para disipar los resquemores de las potencias occidentales. El 9 de febrero dirigió una nota a los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña en la que precisaba que el Gobierno de la República «desea que la futura política internacional española, en todo aquello que se refiera a Europa occidental, asuma la forma de una activa colaboración con el Reino Unido y Francia».

El Gobierno republicano prometía tomar en consideración los intereses militares y económicos de ambos países e incluso la posibilidad de reexaminar la situación del Protectorado español en Marruecos.

Se trataba, en verdad, de una propuesta de alianza con la perspectiva de una posible conflagración entre los países fascistas y las democracias europeas. Esa perspectiva parecía no entrar: por aquel invierno de 1937 en la penetrante visión diplomática de los gobernantes británicos y franceses.

El Gobierno de la República no pedía, en contrapartida, más que la aplicación estricta de la no intervención. Sólo obtuvo declaraciones corteses de Eden y Delbos, pero ninguna atención a la propuesta ni cambio de actitud. Aunque es ocioso escribir la historia en pasado de subjuntivo («si hubiese ocurrido esto o aquello»), es fácil suponer que la política de Europa (y el desarrollo de la guerra mundial) hubieran tomado derroteros muy diferentes en la hipótesis de haberse aceptado la proposición española de febrero de 1937.

Los desembarcos continuaron. Y el 24 de febrero, los republicanos derribaron en Andújar un Junker con todos sus ocupantes alemanes: tres muertos y un prisionero, llamado Simeher-Lohning.

El 20, el Comité de Londres decidió por unanimidad que el Pacto de No Intervención se extendiese al reclutamiento y envío de voluntarios extranjeros a España. Declaración estéril, porque seguía sin llegarse a un acuerdo sobre el control.

Al mismo tiempo, la Junta de Salamanca afirmaba sus posiciones diplomáticas. Pedro García Conde era nombrado encargado de Negocios en Roma y Luis Álvarez de Estrada en Berlín. Al comenzar el año, Sangróniz había nombrado cónsules en Hamburgo, Frankfurt, Múnich, Trieste y Ginebra. La publicación del Anuario Pontifical confirmaba que el Vaticano había reconocido al marqués de Magaz como «encargado de Negocios oficioso» del Gobierno de Franco. El 11 de febrero llegaba a Salamanca Roberto Cantalupo, embajador del Duce.

La batalla de Guadalajara

La batalla de Guadalajara

Desde diciembre estaba prevista la maniobra de atacar la línea Jadraque-Almadrones hasta ocupar Guadalajara y Alcalá, lo que, en combinación con las fuerzas del Jarama, debía complementar el cerco de Madrid y determinar en brevísimo plazo la caída de la capital. El alto mando de Salamanca pudo contar ya en febrero con unidades completas italianas, perfectamente equipadas, y en buen estado después de la fácil conquista de Málaga. A este nuevo hecho obedecía la instrucción reservada del 15 de febrero que, en realidad, concedía la función esencial de la operación a «un grupo de banderas legionarias con su artillería correspondiente», y limitaba la acción de la división Soria (mandada por el ya general Moscardó) a una colaboración secundaria por el flanco derecho. Se trataba en verdad, de una operación a cargo del Cuerpo expedicionario italiano. Bajo el mando superior del general Roatta, lo formaban las divisiones I, II y III, a las órdenes, respectivamente, de los generales Coppi, Rossi y Nuvolari; la división Littorio, mandada por el general Bergonzoli; las brigadas mixtas Flechas Azules y Flechas Negras, el batallón de carros de combate, la artillería divisionaria y de Cuerpo, las de antitanques y antiaéreas, los lanzallamas, moto-ametralladoras y todos los Servicios, con un total aproximado de 50 000 hombres. Su plan consistía en la ruptura del frente por unas unidades, y el desbordamiento del mismo y consolidación de flancos por otras motorizadas. Se preveían tres días para tomar Guadalajara y cuatro para estar en Alcalá.

En efecto, la división Coppi rompió el frente republicano en la mañana del 8 de marzo. Al día siguiente, ocupó Almadrones, donde las líneas republicanas eran casi inexistentes. En Madrid y Valencia se consideraba la situación como muy grave. El mando del Ejercito del Centro movilizó lo mejor de sus fuerzas (sacando muchas de ellas del Jarama, donde habían estado combatiendo) y formó un IV Cuerpo de Ejército, mandado por el teniente coronel Jurado, cuyas primeras unidades fueron al encuentro del enemigo la noche del 9 al 10. Pero no se sabía dónde estaban las líneas, cuál era la verdadera situación del frente, ni dónde, exactamente, se podría entrar en contacto con el enemigo. Llovía y hacía frío. Ese noche los italianos habían entrado en Brihuega. Moscardó estaba ya en Cogolludo. Líster instaló su puesto de mando en Torija y Cipriano Mera (de cuya división formaba parte la XII Brigada Internacional con el batallón italiano Garibaldi) se situó en la carretera de Torija a Brihuega. Pese al mal tiempo, la aviación actuó por ambas partes (Roatta disponía de 100 aparatos). Las líneas republicanas se reorganizaron durante del día 10; la 12 División cubría el flanco izquierdo, y la 72 Brigada el derecho. Se fortificó apresuradamente entre Guadalajara y Alcalá. El avance italiano era ya mucho más difícil. El batallón Garibaldi (con el que iban Luigi Longo, inspector general de las Brigadas internacionales, y el comisario Vittorio Vidali[4]), se enfrentó con la división Coppi. Los fascistas italianos penetraron en el palacio de Ibarra y, en el bosque próximo, los italianos antifascistas, los garibaldinos, a los que se rindieron 31 soldados y un mayor.

No obstante, el día 11, los Flechas Negras conseguían ocupar Trijueque, pero el frente ya no seK rompió. Los garibaldinos mantuvieron sus posiciones en la carretera de Brihuega a Torija y, por la noche, cayeron allí no pocos hombres de Roatta. Durante el 12 y el 13 prosiguió la lucha sin grandes cambios. Bajo la dirección de Longo, se desplegó un inmenso trabajo de propaganda por medio de potentes altavoces y de octavillas entre los soldados de Roatta: «¡Italianos! ¡Soldados y camisas negras! ¡Volved a vuestros hogares! ¡Pasaos a las filas republicanas; venid con los garibaldinos! ¡Seréis acogidos como hermanos!».

Esta propaganda dio sus frutos; cada vez eran más numerosos los desertores. El empuje de los atacantes se convertía en defensiva cada vez más débil. El día 13 por la tarde, fuerzas de la XI Brigada internacional, mandadas por Hans y de Valentín González, el Campesino (pertenecientes todas a la 11 División de Líster) recuperaban Trijueque. Roatta sacó de la línea las divisiones de Coppi y Nuvolari, ya impotentes, y las sustituyó con la Littorio y la segunda, mandada por Rossi. Todo inútil, pues los garibaldinos se apoderaron el domingo, día 14, del palacio de Ibarra, tras encarnizada lucha que había durado todo el día. La situación de la batalla cambió en aquel momento en favor de los republicanos. Los italianos, abandonaron toda clase de material y pertrechos en su retirada de Trijueque, pero no había fuerzas suficientes para marchar, precedidos de los tanques en su persecución[5].

Al cabo de tres días de relativa calma, el mando republicano organizó la contraofensiva, añadiendo a las divisiones de Líster y Mera algunas fuerzas extraídas de los frentes de Madrid y del Jarama. A pesar de la lluvia torrencial, a las dos de la tarde del día 18 empezó la preparación artillera. Cuarenta minutos más tarde, ochenta aviones, dirigidos personalmente por el coronel Hidalgo de Cisneros, machacaban las posiciones de Roatta. Minutos después se emprendía la ofensiva, en un suelo enfangado en que tanques y hombres avanzaban con dificultad. Sin embargo, el avance fue incontenible. Las divisiones fascistas abandonaban armamento, material… ¡todo! Se reconquistó Brihuega, Villaviciosa, Masegoso, Grajanejos. La orden de retirada dada por Roatta se llevó a cabo en forma de huida. Moscardó recibió también orden de retirarse, pero «despegó» con facilidad. Durante la noche, las unidades republicanas continuaron su progresión. Al día siguiente, los hombres no podían más de fatiga. Y no había fuerzas para relevarlos. Aún avanzaron el día 20 hasta el kilómetro 94 de la carretera nacional para fijar el día 21 la nueva línea entre Hontanares y Cogollor[6].

La batalla de Guadalajara, al frustrar una vez más el intento de cercar y tomar Madrid, daba fin virtualmente a la gran batalla de Madrid comenzada en octubre de 1936.

En la zona de Franco se produjo una reacción hostil contra los expedicionarios italianos. Lojendio refleja ese estado de espíritu cuando dice: «Un apasionamiento, feroz envolvió la guerra informativa desarrollada en torno a la batalla. Diríase en cierto modo que España era ajena a aquel conflicto».

No es ajeno a esa actitud de desinteresarse de Guadalajara el general Asensio Cabanillas, cuando veinticinco años más tarde se refiere despectivamente a «las contemplaciones que fue necesario tener con un país que quiso enviar en su representación a esos voluntarios para que tomasen parte en nuestra guerra»[7]. El mismo general Franco se negaba a enviar tropas para que relevasen el Cuerpo expedicionario italiano, lo que sólo pudo conseguir el embajador Cantalupo, ante la gravedad de la situación, el 21 de marzo.

Pasaron los años y Guadalajara ha quedado como un hecho nacional. Por eso, no le falta razón al general Rojo al escribir: «En la historia de nuestra guerra, cualquiera que sea quien la escriba, la batalla de Guadalajara será siempre un airón de gloria»[8].

Guerra en Andalucía

Guerra en Andalucía

El 5 de marzo, tres columnas nacionalistas marchaban sobre Pozoblanco con el doble objeto de llegar al santuario de la Virgen de la Cabeza y a la región de Almadén. Las Milicias que había en aquel sector, formadas en buena parte por mineros de la cuenca de Linares, resistieron encarnizadamente durante tres semanas, delante de Pozoblanco. Los asaltantes desistieron de su empeño en los últimos días del mes, pero fueron alcanzados en la primera semana de abril por una violenta contraofensiva realizada por la VI y la 86 brigadas y la XIII Internacional. Las fuerzas republicanas ocuparon La Granjuela, Los Blázquez, Valsequillo, las alturas de Sierra Noria y amenazaron gravemente la región minera de Peñarroya. Mas el día 7 de abril fracasaron en el asalto de Sierra Mulva, a causa, principalmente, de su inferioridad aérea. El frente quedaba establecido a 50 kilómetros al oeste de Pozoblanco, que ya no peligró más en el transcurso de la guerra.

En el santuario de la Virgen de la Cabeza, la situación del capitán Cortés y sus guardias civiles se agravaba por momentos. En la noche del 12 al 13 de abril, los defensores de Lugar Nuevo, mandados por el teniente Ruano, tuvieron que evacuar la posición y refugiarse también en el Santuario, que fue sitiado por la XVI Brigada, al mando de Martínez Cartón. El día primero de mayo caía herido Cortés y los defensores tuvieron que rendirse. Los supervivientes fueron hechos prisioneros y las mujeres y niños fueron trasladados en camiones a la retaguardia. El capitán Cortés murió a consecuencia de las heridas recibidas el último día de lucha.

Ofensiva de Mola en el Norte

Ofensiva de Mola en el Norte

Si Madrid no había caído, era preciso que Bilbao cayese. La riqueza industrial de esta zona, el efecto que su caída haría en ciertos medios extranjeros —sobre todo en Londres—, el interés por liquidar un Gobierno democrático dirigido por católicos y la parte del territorio republicano que tenía sus templos abiertos y donde las transformaciones sociales habían sido mínimas, eran otras tantas razones para que Mola y su jefe de Estado Mayor, coronel Vigón, lanzasen el 31 de marzo la ofensiva contra Vizcaya. Comenzó la operación con cuatro brigadas navarras (algo más de 30 000 hombres) y ocho grupos de artillería y la cobertura aérea de la Legión Cóndor. La primera brigada mandada por García Valiño rompió el frente por Mondragón, mientras que al Sur, tras cinco días de lucha y protegidos por un «techo» de aviones alemanes, pudo tomar Ochandiano. Sin embargo, los vascos se batían denodadamente. Se produjo entonces el bombardeo de Durango por la aviación alemana, el más atroz que hasta entonces había conocido la historia militar del mundo. Un convento de monjas fue pulverizado con las religiosas dentro. Los sacerdotes Billalabeitia y Morilla perecieron bajo los escombros cuando decían misa, el segundo en el momento de la elevación.

El País Vasco tenía particulares dificultades para defenderse. La más importante era su aislamiento de la zona central, pero a ella se unían otras o tal vez se derivaban de dicha situación. Teóricamente, el Ejército del Norte estaba mandado desde enero por el general Llano de la Encomienda, enviado por el ministro de la Guerra, pero en la práctica había las fuerzas vascas, dependientes del consejero de Defensa del Gobierno Vasco, las de Santander y las de Asturias, cada una por su lado[9]. Por aquella época no se había realizado aún la transformación de las Milicias vascas en Ejército regular. Recíprocas incomprensiones entre organismos del Gobierno central y del Gobierno vasco aumentaban a veces las dificultades. Las fuerzas aéreas de la República eran allí infinitamente inferiores a las de los atacantes y escasos los aeródromos. Para colmo, las dificultades alimenticias se agravaron seriamente en el mes de abril.

El Gobierno Vasco llamó a todos los hombres aptos para movilizarlos en tareas de defensa y se negó a las proposiciones de paz separada que se le hicieron. La primera fue la del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pacelli, en telegrama dirigido al presidente Aguirre, para aconsejarle, en nombre del Papa, que cesara la resistencia y ofreciéndole que Franco se conduciría con humanidad y, respetaría las industrias bilbaínas. Este telegrama fue dirigido por error a Valencia y comunicado no a Aguirre, sino a Largo Caballero. Más tarde, dos semanas después del bombardeo de Guernica. Franco —al parecer por deferencia a una iniciativa italiana— autorizó las gestiones del cónsul italiano en San Sebastián, Cavalletti, que se sirvió del Padre Pareda como intermediario, encaminadas a obtener la rendición de Bilbao. Las propuestas fueron rechazadas.

Durante las primeras semanas de abril, las fuerzas de Mola tropezaron con la resistencia de los vascos. Entonces entraron en línea las brigadas navarras y la brigada italiana de Flechas Negras. En mayo se les agregó la división italiana 23 de marzo. Estas fuerzas disponían de 140 aviones alemanes.

Destrucción de Guernica

Destrucción de Guernica

Para seguir avanzando, los asaltantes no encontraron otro procedimiento que pulverizar literalmente los núcleos de población. Se produjo entonces, el 26 de abril, un hecho que estremeció al mundo: la destrucción de Guernica por los aviones de la Legión Cóndor, Guernica, la ciudad sagrada de los vascos, símbolo de sus libertades, estaba llena aquel lunes de campesinos de los alrededores y contemplaron con terror, cómo algo después de las cuatro de la tarde, verdaderas nubes de aviones lanzaban repetidas veces sus explosivos sobre la ciudad y ametrallaban metódicamente, volviendo una y otra vez, a hombres, mujeres y niños horrorizados y sin refugio posible[10].

La destrucción de Guernica, crimen contra la humanidad (reconocido por Goering «como banco de pruebas» y confesado por el jefe de la Legión Cóndor), que no iba a ser sino, el anuncio de otros todavía más atroces en otras latitudes, causó honda emoción en la opinión mundial. Noel Monks, enviado de París Soir y del Daily Express, comunicaba: «He visto muchas escenas de espanto en España desde hace seis meses, pero no he visto nada más terrible que la destrucción de Guernica, la antigua capital de los vascos, aniquilada por los bombarderos extranjeros al servicio del general Franco». Steer, corresponsal del Times, confirmaba la misma impresión de horror. Por su parte, el corresponsal de Il Messagero en la zona de Franco cometió la indiscreción de anunciar el bombardeo de Guernica.

Mientras el presidente Aguirre denunciaba los hechos a los cuatro vientos, la Radio Nacional de Salamanca repetía una y otra vez: «Aguirre miente, nosotros no hemos incendiado Guernica. La España de Franco no incendia». Gay, que había sustituido a Millán Astray en los servicios de Prensa y Propaganda, declaró en Salamanca que eran «los rojos» quienes habían destruido Guernica. Dos días después, cuando los soldados de Mola entraron en las ruinas de Durango y Guernica, se repitió desde Burgos la misma versión. Pero, aquel mismo día. Emmanuel Mounier escribía en París: «Guernica ha sido arrasada hoy sin razones de guerra, con el más extremo salvajismo. Hombres, jóvenes, niños, sacerdotes, una masa católica ha sido ametrallada por aviones católicos al servicio del catolicismo».

Y François Mauriac decía: «Puede que llegue un día en que se reconozca que ese pobre pueblo (los vascos) sufría y moría por nosotros. Dios quiera entonces que no encontremos sus muertos en el mismo lugar en que haya que enterrar los nuestros».

Jacques Maritain escribía en la N. R. F.: «… en estas civilizaciones de tipo profano (en que lo temporal está perfectamente diferenciado de lo espiritual), la noción de guerra santa pierde toda su significación. La guerra no se hace santa, sino que corre el riesgo de hacer blasfemo lo que es santo».

Mas esas protestas no tenían ninguna influencia en el desarrollo de los acontecimientos militares. Las tropas de Mola conseguían alcanzar el 8 de mayo las alturas del Sollube. De esa manera se aproximaban por el Nordeste a Bilbao, por el valle de Munguía e iban a establecer contacto con el llamado «cinturón de hierro», línea fortificada que protegía la capital. El famoso «cinturón» había creado en muchos de los defensores una falsa idea de invulnerabilidad. Por otra parte, opiniones de técnicos de ambos bandos, como los generales Gámir Ulíbarri y García Valiño, estiman, respectivamente, que su construcción era defectuosa. Para colmo, el ingeniero que lo había construido, capitán Goicoechea, se pasó a las fuerzas rebeldes. Lojendio dice por eso, púdicamente: «El mando nacional, por su servicio de información, conocía exactamente el trazado y las circunstancias de la obra».

Después de la deserción de Goicoechea se intentaron algunas modificaciones, pero ya era tarde. Por otra parte la falta de reservas había hecho que cuando el «cinturón» desempeñaba la función de línea de última resistencia, de segundo escalón, estaba desguarnecido. Las Milicias Vascas —transformadas en Ejército regular por decreto del mismo día del bombardeo de Guernica— sólo disponían de 29 300 hombres, con el único refuerzo, en mayo, de tres brigadas procedentes de Asturias. Con todo, los ejércitos de Mola y Mussolini no avanzaron sino lentamente a causa de la resistencia que se les oponía.

El 9, Aguirre tomaba personalmente el mando del Ejército de Operaciones Vasco y nombraba al comandante Lafuente jefe de Estado Mayor. El Gobierno central envió numerosos mandos militares y cierto número de aviones de caza, pero más de la mitad no llegaron a su destino. «Pocos saben cuántos aparatos se perdieron tratando de salvar Bilbao…», ha escrito Constancia de la Mora, esposa del jefe de la Aviación republicana.

Evolución de la situación política en la zona rebelde

Evolución de la situación política en la zona rebelde

Al comenzar 1937, la dirección política de la zona rebelde residía, como hemos visto, en el núcleo que se agrupaba en torno al Cuartel General de Salamanca, apenas contrapesado por los departamentos administrativos instalados en Burgos, y con la semiautonomía andaluza, donde Queipo de Llano llegó hasta a crear una Junta para exportaciones e importaciones. Falange, que aumentaba no sólo sus Milicias, sino sus afiliados, no tenía participación decisiva en aquel embrión de Estado. Su dirección se había reforzado con la llegada de Sancho Dávila, jefe territorial de Andalucía, escapado de la zona republicana gracias a la embajada de Cuba, y, de otros militantes de relieve, como Vicente Cadenas y Roberto Reyes. Mas en el seno de Falange luchaban varias tendencias: los partidarios de métodos enérgicos y «sociales», seguidores de Hedilla; los que sobre todo querían continuar al pie de la letra el espíritu de José Antonio, tales como Garcerán y Aznar, y la muy importante de los oportunistas, llegados recientemente y procedentes de los sectores conservadores, clericales, monárquicos, todos vinculados en los medios sociales más poderosos. Dentro de esta tendencia había viejos falangistas, como el citado Sancho Dávila, que parecía dirigirla, y personas de capacidad pertenecientes a la oligarquía, como Gamero del Castillo. Este sector preconizaba la necesidad de crear un partido único. Con ese fin, durante el mes de enero, celebraron los primeros contactos en Sevilla, Sancho Dávila y el conde de Rodezno, en representación éste de los tradicionalistas y autorizado por Fal Conde, que residía en Portugal desde que fue desterrado. En Lisboa se prepararon entrevistas más amplias que tuvieron lugar en febrero, con la asistencia, en nombre de Falange, de Sancho Dávila. Gamero del Castillo y José Luis Escario[11]. Aunque las reuniones se celebraron en términos cordiales, no se llegó a ningún resultado práctico. Los tradicionalistas temían ser absorbidos y se obstinaban en el establecimiento de una monarquía con regencia de don Javier de Borbón.

A primeros de febrero, Gil Robles escribía a su delegado en Valladolid, Luciano Calzada, diciendo que su movimiento (se trataba de Acción Popular, columna vertebral de la C. E. D. A.) cesaba toda actividad política y que «no es más que una milicia cuyos miembros están orgullosos de combatir bajo la disciplina del Ejército»[12]. El 8 de marzo, Renovación Española anunciaba su disolución. Se iban así eliminando los obstáculos para crear un partido único.

Naturalmente, el régimen no era otra cosa que una dictadura militar, como lo probaba un decreto del 21 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, de Salamanca, en el que se decía: «Los generales y oficiales superiores mandando las fuerzas armadas en la zona de guerra nombrarán, con carácter provisional, todas las autoridades civiles de ciudades, pueblos y provincias (…). La autoridad superior corresponderá siempre a los militares…».

La Iglesia acentuaba su fidelidad al régimen instaurado en la zona rebelde. El cardenal primado, doctor Gomá, que en diciembre había sido recibido por el Papa, publicó, a primeros de febrero, una pastoral en la que afirmaba: «Toda criatura tiene derecho a entrar en guerra contra otra cuando esta última se pone en guerra contra Dios». Y el mismo papa Pío XI, en su Encíclica Divini Redemptoris (19 de marzo de 1937), decía: «También allí donde, como en nuestra queridísima España, el azote comunista no ha tenido aún tiempo de hacer sentir todos los efectos de sus teorías, se ha desquitado desencadenándose con una violencia más furibunda (…). Ningún particular que tenga buen juicio, ningún hombre de Estado consciente de su responsabilidad, no puede dejar de temblar de horror al pensar que lo que hoy sucede en España tal vez pueda repetirse mañana en otras naciones civilizadas».

A todo esto, un acontecimiento, en apariencia poco importante, iba a tener hondas consecuencias en la política de Salamanca: la llegada de Ramón Serrano Súñer (al que ya conocíamos como diputado de la C. E. D. A. en el período anterior a la guerra), cuñado del general Franco. Serrano Súñer había conseguido de Irujo su traslado de la cárcel a una clínica, de la que consiguió evadirse, para pasar al campo opuesto. En cambio, sus hermanos habían sido asesinados, lo que acrecentó su odio contra los republicanos, así como contra Francia, pues pretendía que los diplomáticos de este país les habían negado asilo.

Hombre de indiscutibles dotes, tenía a su favor su ascendiente personal cerca de su cuñado, el ya Generalísimo, que le envió a San Juan de Luz un coche de su Cuartel General para trasladarse a Salamanca. Desde su llegada. Serrano Súñer y su familia se instalaron en la planta alta del mismo Cuartel General de Franco y, sin tener cargo oficial alguno, se convirtió en la más subyugante eminencia gris. En largas conversaciones con Franco lo convenció de que había que proceder a la organización política de la nueva situación, hasta entonces desatendida, en aras de las preocupaciones militares, naturalmente prioritarias. Se entrevistó con Rodezno (tradicionalista), Sainz Rodríguez y Amado (monárquicos), Hedilla, Gameto y Valdecasas (falangistas los dos primeros y exfalangista el último), con el cardenal Gomá y con Molares decir, con lo que podría llamarse, para repetir una expresión común, «las fuerzas vivas» del Movimiento. Pronto llegaron los dos cuñados a la convicción de que según palabras de Serrano Súñer «urgía proceder tácticamente a la configuración del Movimiento como un Estado (…), definir el contenido político del Movimiento y echar las bases para la creación de un nuevo Estado Español». No ocultó Serrano Súñer que el Movimiento «carecía de dogma mínimo positivo», que había sido tan sólo una reacción de signo negativo.

Surgió entonces la idea de la Falange unificada y franquista que, según Payne, fue patrimonio de Ladislao López Bassa, ayudado por Giménez Caballero y por Miranda. Todos estos hechos contribuyeron a gestar la organización de una fuerza política unificada, que necesitaba la oligarquía, pero con un revestimiento ideológico susceptible de conseguir una base social. No obstante, antes y después de la llegada de Serrano Súñer a Salamanca, las personalidades que ejercieron funciones decisivas pertenecían, salvo rara excepción, a la «gente bien», a las familias de una de las dos grandes ramas de la oligarquía (la agraria y la financiera, tan frecuentemente entrelazadas) o en todo caso, a sectores de las clases medias que tenían ya una historia en los partidos monárquicos y conservadores.

Pero dejemos Salamanca, para ver qué ocurría en Valencia y Barcelona.

En la zona Republicana

En la zona Republicana

El Gobierno se había presentado nuevamente ante las Cortes, reunidas en Valencia el primero de febrero. Largo Caballero proclamó que había dejado de lado, momentáneamente, sus ideales, para consagrarse al único fin de ganar la guerra y pidió a los partidos y organizaciones sindicales que, sin abandonar sus respectivas ideologías, se unieran todos con ese mismo y único fin.

La realidad distaba, sin embargo, de los discursos parlamentarios. Las resistencias a la transformación de las Milicias en Ejército regular (decretada al finalizar el año), al establecimiento del mando único, a la aplicación integral de las industrias afines, de guerra, etc., surgían con frecuencia. La caída de Málaga aumentó el disgusto reinante contra las negligencias en la política militar. En Valencia tuvo lugar una gran manifestación, organizada por la U. G. T., para pedir urgentes medidas militares. En el Gobierno, los ministros comunistas y Álvarez del Vayo pidieron la destitución del general Asensio. Largo Caballero se negó, pero Asensio dimitía días después y era sustituido en la Subsecretaría de Guerra por Carlos Baraibar. También se decretó aquellos días el servicio militar obligatorio y la movilización de cinco quintas. La actitud de los anarco-sindicalistas respecto al Ejército regular era aún bastante equívoca; los comunistas y numerosos socialistas (Prieto, Negrín, Álvarez del Vayo) estimaban que el jefe del Gobierno y ministro de la Guerra obraba negligentemente sobre este particular. En cambio, Largo Caballero y otros amigos suyos temían la absorción de su partido por los comunistas, a quienes acusaban de «proselitismo». Prieto, que condenaba también las actividades políticas en el seno del Ejército y miraba con cierto recelo a los jefes militares no profesionales, coincidía entonces con muchas de las críticas que aquéllos hacían al mando militar. Por su parte, los ministros anarcosindicalistas criticaron severamente la conducta de Asensio. Largo Caballero reaccionó a su vez y destituyó de puestos importantes a militares afiliados al Partido Comunista y nombró a seis amigos políticos suyos para vigilar a todos los jefes, oficiales y comisarios del Ejército[13]. Y el 17 de abril subordinó a su autoridad todos los nombramientos, destituciones y ascensos del Comisario de Guerra, con lo cual anulaba de hecho al comisario general, Álvarez del Vayo. También, dictó otra disposición, extraña por venir de un viejo militante obrero, según la cual los jefes militares no profesionales no podrían ascender a grados superiores al de comandante. La disolución de la Junta de Defensa de Madrid (23 de abril de 1937), sustituida por un Ayuntamiento de dirección socialista, respondía al mismo estado de espíritu.

En esta situación no podía sorprender que la prensa extranjera se hiciese eco de rumores de crisis a fines de febrero[14]. Y era cierto. Largo Caballero y algunos de sus amigos habían tenido la idea de formar un «Gobierno sindical», con representantes de la C. N. T. y de la U. G. T., pero sin republicanos y comunistas, por ser éstos minoritarios en la dirección de la U. G. T. Los partidos políticos —incluida la Ejecutiva del Partido Socialista— reaccionaron contra el proyecto de Gobierno sindical, que desapareció pronto de los cabildeos políticos.

Otra serie de problemas tenían su origen en las relaciones entre el Gobierno central y los Gobiernos y Consejos autónomos, así como en su propio funcionamiento. El Gobierno de la Generalidad había atravesado diversas crisis. El 14 de diciembre de 1936 se había formado un Gobierno dirigido aún por Tarradellas, pero sin participación del P. O. U. M.[15]. Este Gobierno tuvo varios rozamientos con el central y recabó una serie de derechos en entrevista que sostuvieron Companys y Largo Caballero en Valencia, el 18 de enero. La verdad es que la centralización de industrias de guerra tropezaba allí con toda clase de dificultades. Había también discrepancias económicas, pues la Generalidad recababa una cierta libertad financiera.

Una nueva crisis del Gobierno de la Generalidad fue resuelta el 17 de abril con un ligero cambio de carteras[16]. Justo es decir que en marzo de 1937, el Gobierno catalán había disuelto el Consejo de Seguridad interior, las Patrullas de control, de fronteras, etc., y sometido todas las funciones policiales a la Dirección de Seguridad de Cataluña, creada por decreto del 3 de aquel mes.

No pocos quebraderos de cabeza daba el Consejo de Aragón (reconocido por el Gobierno central en diciembre) bajo la hegemonía de los anarquistas, con residencia en Caspe, que tenía jurisdicción sobre casi medio millón de habitantes. En cuanto al Consejo de Asturias-León, también reconocido por decreto de 23 de diciembre, tenía absoluta autonomía a causa de su aislamiento geográfico.

El presidente de la República había dicho en un discurso pronunciado en Valencia, el 21 de enero, el primero desde el estallido de la contienda: «Nos batimos por la independencia de España y por la libertad de los españoles». Su declaración, lo mismo que la de Largo Caballero pías después, remachaba el objetivo de defensa de la legalidad del régimen como denominador común de las fuerzas que integraban el bando republicano. A este objetivo común se supeditaban los particulares y, en verdad, las transformaciones operadas en el transcurso de la guerra no exigían ruptura alguna del orden institucional.

También tenía que preocupar al Gobierno el hecho de que el jefe del Estado, no sólo tenía su concepción particular de la política exterior, sino que obraba por su cuenta con objeto de ponerla en práctica. Creía Azaña que había llegado el momento de obtener una mediación con que poner fin a la guerra, y para ello utilizó los buenos oficios de su cuñado y cónsul general en Ginebra, Cipriano Rivas Cherif[17] y de otras personas, entre ellas el republicano catalán Amadeo Hurtado, residente entonces en París.

Llegó en esto la coronación del rey Jorge VI de Inglaterra. Había que enviar a la ceremonia un representante de España y Azaña designó a Besteiro, al que dio ciertas instrucciones para sondear el ambiente internacional para lograr la mediación[18]. Cuando regresó Besteiro, el Gobierno Largo Caballero había sido sustituido por el de Negrín. Desde luego, el Gobierno de Franco se negaba a toda mediación, pero Besteiro no pareció muy satisfecho de la acogida que le reservó el Presidente. Regresó a Madrid, de donde no había salido hasta entonces y sin que hubiese participado en ninguna actividad relacionada con la guerra[19].

La crisis de abril en Salamanca. Él Partido único

La crisis de abril en Salamanca. Él Partido único

En la zona de Franco había más bien grupos políticos que partidos, con la única excepción de Falange, que había aprovechado la coyuntura para realizar un amplio reclutamiento. Los tradicionalistas tenían una base real en el Norte y, relativamente, en Sevilla. Sus importantes núcleos de Cataluña y Levante habían quedado en zona republicana.

El Poder estaba en manos del Ejército. Sin embargo, la fuerza social cuyos intereses eran defendidos a sangre y fuego desde hacía nueve meses, que daba dinero, hombres e influencias para la lucha, necesitaba ya un aparato u organización política que, a la vez pudiera hacerse cargo de un Estado todavía embrionario y revestir la acción emprendida con un ropaje ideológico o repertorio de ideas políticas que, entre otras funciones, cumpliese la de lograr una base social que no fuera la adquirida por la coacción, la indiferencia o la rutina. Serrano Súñer, que había comprendido muy bien estos problemas, compartía además, con hombres como Gamero del Castillo y González Bueno y otros vinculados en la «buena sociedad», la preocupación de eliminar a los «extremistas» de la dirección de Falange. A esta cuestión de fondo se unían las luchas intestinas en la organización a raíz de la muerte del joven Primo de Rivera.

La formación de un partido único por decreto fue preparada por Franco y Serrano Súñer y fueron consultados, que se sepa, Mola y Queipo de Llano. Pero no se consultó en absoluto a los dirigentes de los partidos que iban a ser integrados en uno solo. Las luchas internas de Falange desembocaron en una grave crisis política, entre el 12 y el 15 de abril, esmaltada de sangrientos incidentes. No puede excluirse la hipótesis de que esa crisis fuese provocada o acelerada desde el Poder, sobre todo cuando se lee de la pluma de Serrano Súñer que el Cuartel General «no se decidió a dar el paso de unificación que laboriosamente iba gestando sino en virtud de los sucesos que se produjeron en Salamanca en los primeros días de abril… En el Cuartel General se consideró intolerable lo sucedido, y el decreto de unificación de partidos en un Movimiento político acaudillado por Franco fue publicado el día 19 de abril de 1937»[20]. Resulta demasiado pueril creer que en 48 horas se había decidido la publicación del decreto. En el mejor de los casos se pensó que había llegado la ocasión propicia. Como se ve, la formación de un partido único tenía su segunda parte, consistente en descabezar los movimientos existentes (empresa facilitada por la desaparición de José Antonio Primo de Rivera) y acentuando la preponderancia de la institución militar en el organismo político que se creaba.

Pero ¿qué fue lo sucedido en Salamanca? Digamos de antemano que más de un cuarto de siglo después los hechos se presentan aún bastante confusos y las fuentes son muy contradictorias[21].

Al convocar Hedilla el Consejo Nacional, respondieron Sancho Dávila, Aznar y Garcerán. Reunidos el 12 de abril, los convocados le presentaron un pliego de cargos y acusaciones. El día 16 de abril por la mañana, se reunieron Agustín Aznar, José Moreno, Jesús Muro, Sancho Dávila y Rafael Garcerán, quienes nombraron un triunvirato compuesto por Dávila, Aznar y Moreno. Luego se presentaron en el despacho de Hedilla, quien convocó con carácter de urgencia el Consejo Nacional y se entrevistó con el Caudillo, acto que también realizaron los miembros del triunvirato (en algunas fuentes quedan en entredicho estas entrevistas). Cada bando tomó sus disposiciones y la tensión era ya dramática en Salamanca la noche del 16 al 17 de abril. En las Cartas de Hedilla se da la fecha del 14 de abril, al referirse a estos sucesos. José María Alonso Goya, jefe de Falange de Salamanca, y Daniel López Puertas salieron de casa de Hedilla acompañados por una escolta de falangistas (más o menos numerosa, según los testimonios) y se dirigieron a la pensión donde vivía Sancho Dávila; según unos, con intenciones de discutir (para lo cual no hace falta escolta), según otros, con propósito de detenerlo o incluso ejecutarlo. Hoy es el día en que resulta difícil establecer cómo ocurrieron los hechos. ¿Quién tiró primero? ¿Quién mató a quién? ¿Tiraron Goya y los suyos una granada de mano? El caso es que Alonso Goya fue muerto de un pistoletazo en la cabeza disparado, según se dice, por alguien de la escolta de Sancho Dávila. Ciertas versiones afirman que fue entonces cuando los acompañantes de Goya respondieron con una bomba de mano que mató a otro escolta de Dávila, desarmaron a éste y dominaron la situación hasta la llegada de la Guardia civil.

El 18 de abril se celebraba el Consejo Nacional (Hedilla lo había convocado para el 25). Hedilla fue nombrado Jefe Nacional por 10 votos contra 8 en blanco y 4 a favor de diversos nombres. Mayoría relativa, situación frágil para el jefe de un partido totalitario.

El día 19 se publicaba el Decretó de Unificación. «Falange Española y Requetés —decía el artículo 1.º—, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo mi jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.». Todas las milicias de partido quedaban tundidas en una sola bajo el mando supremo del jefe del Estado y al mando de un general. Hedilla sale al balcón, junto a Franco, la noche del 18 cuando el Caudillo pronuncia el discurso sobre la unificación. ¿Sabía ya el texto del Decreto promulgado el 19? En todo caso cursó un telegrama para que sólo se acatasen órdenes de su Mando.

Dos días después. Hedilla rechazaba un puesto en el secretariado de la nueva organización[22] y se nombraba una Junta de la que formaban parte Pilar Primo de Rivera. José Sáinz. Dionisio Ridruejo y varios más. La Junta expidió un telegrama a las Jefaturas provinciales ordenándoles que «no acatasen más órdenes que las que reciban por conducto jerárquico» y envió a Arrese como delegado a Andalucía. El Cuartel General de Franco ordenó entonces la detención de Hedilla, de Arrese y de veinte falangistas más. El comandante Doval (al que ya hemos conocido cuando la represión de la revolución de octubre de 1934) abrió causa contra ellos por rebelión. Hedilla fue condenado a muerte e indultado después. Arrese, sancionado con una pena leve, pronto se reconcilió con Franco. Serrano Súñer se dedicó a coordinar el nuevo Movimiento y a captarse a los descontentos que seguían agrupados simbólicamente en torno a Pilar Primo de Rivera.

Hasta aquí lo que puede afirmarse de aquella enrevesada maraña de intrigas. El resultado fue más claro: partido único, con reconocimiento programático (como veremos más adelante) de la casi totalidad de los postulados falangistas, pero con una fuerte carga real procedente de la Iglesia, del Ejército y del tradicionalismo, además de la integración de políticos simplemente conservadores. Todos los generales, jefes, oficiales y clases de los ejércitos de tierra, mar y aire adquirieron automáticamente, pocos meses después, la calidad de militantes de F. E. T. y de las J. O. N. S.[23].

Sucesos de mayo en Barcelona

Sucesos de mayo en Barcelona

Al empezar el mes de mayo la tensión política había subido de punto en Barcelona. El sector extremista de la F. A. I., la agrupación Los Amigos de Durruti, que seguía las consignas faístas[24], y el Partido Obrero de Unificación Marxista (P. O. U. M.) estaban obsesionados por la idea de la prioridad de lo que llamaban «desarrollo de la revolución». Si sus ideales políticos parecían muy distintos, sus objetivos tácticos, dirigidos a la ruptura del Frente Popular y a estimular una «revolución proletaria», parecían coincidentes. Tropezaban con el criterio adverso del P. S. U. C. y su Central sindical U. G. T., de la Esquerra e incluso de buen número de confederales. Por otra parte, los anarquistas estimaban que no estaban suficientemente representados en el Gobierno de la Generalidad. El que éste respaldase las medidas de militarización del Gobierno central, así como que hubiera unificado los servicios de Seguridad en un cuerpo regular, dependiente del Gobierno catalán, había producido en los citados sectores extremistas un aumento del malestar. Estos sectores hacían también propaganda apoyándose en el inevitable aumento del coste de la vida en la retaguardia. Durante todo el mes de abril, la prensa del P. O. U. M. hizo campaña, contra la coalición antifascista y por una revolución de «obreros y campesinos» a basé de Comités, opuestos a los órganos del Estado. Una manifestación de esta tendencia era el Frente de la Juventud Revolucionaria, creado en Barcelona el 11 de febrero por las Juventudes Libertarias, la Juventud Comunista Ibérica (poumista), la Agrupación de Mujeres Libres y unas tituladas Juventudes Cooperatistas.

La situación se agravó a finales de abril cuando las fuerzas de Carabineros consiguieron establecer la soberanía del Estado en las fronteras y fueron definitivamente sustituidas las Patrullas de control. Por otra parte, él día 25 había sido asesinado en Molins de Llobregat (antes Molins de Rey) el dirigente de la U. G. T. catalana y militante del P. S. U. C. Roldán Cortada, secretario político del consejero de Trabajo. Rafael Vidiella. Su entierro dio lugar a una imponente manifestación popular que La Batalla, órgano del P. O. U. M., calificó de contrarrevolucionaria.

Con ocasión del Primero de Mayo, ese periódico invitó a los obreros a estar vigilantes con el arma al brazo y publicó además un manifiesto en que se decía: «Consciente de su responsabilidad histórica, el P. O. U. M., partido de la Revolución, invita a todos los trabajadores a formar, en este Primero de Mayo, el Frente Obrero Revolucionario, por la lucha contra el enemigo común, que es el capitalismo, por el socialismo, por la destrucción de todas las instituciones burguesas y por la constitución de un Gobierno obrero y campesino».

Solidaridad Obrera, actuando con más prudencia, si bien protestando de lo que calificaba de «cruzada contra la C. N. T.», recomendó serenidad a los trabajadores y les recordó que la guerra no estaba ganada. «Hemos de deponer actitudes violentas entre hermanos que no pueden beneficiar más que al enemigo común».

Al día siguiente, Indalecio Prieto llamó por teléfono al Gobierno de la Generalidad y oyó con sorpresa la siguiente respuesta: «Aquí no hay más que el Comité de Defensa de Barcelona». ¿Qué había pasado? La Central Telefónica de Barcelona, controlada teóricamente por un Comité sindical C. N. T.-U. G. T., pero en realidad en manos de la Central anarco-sindicalista, estaba ya ocupada por los Amigos de Durruti[25]. El día 3, Rodríguez Sala, comisario general de Orden público, se presentó en la Telefónica y fue recibido con hostilidad. La presencia de fuerza pública no hizo sino agravar la situación. El sector extremista de la F. A. I., el Comité Ejecutivo del P. O. U. M. y parte de las Juventudes Libertarías lanzaron la consigna de huelga y de levantar barricadas. Por la noche, Barcelona asemejaba un campo de batalla. El cuartel del Batallón de Montaña había sido asaltado por grupos anarquistas y los ya insurrectos controlaban las comunicaciones y vías de transporte. Aquella tarde los representantes de la C. N. T. habían visitado al Gobierno de la Generalidad para exigirle la dimisión de Artemio Aguadé, consejero de Seguridad, y de Rodríguez Salas, y que esos puestos pasaran a sus partidarios, así como las Consejerías de Defensa y de Industria. Al anochecer, ambos bandos se habían fortificado en barrios y edificios estableciéndose una verdadera línea divisoria dentro de la ciudad. Las baterías antiaéreas de Montjuic (controladas por la C. N. T.-F. A. I., según cuenta Peyrats) apuntaban sobre el palacio de la Generalidad.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno se reunió en Valencia con carácter extraordinario. A nadie se le ocultó la necesidad de atajar rápidamente el movimiento armado, que ya era aprovechado por las radios de la zona de Franco. Zugazagoitia ha dicho que, al salir del Consejo, un ministro de la C. N. T. afirmó: «Esto no es más que el comienzo. El ataque va a ser a fondo y definitivo». Pero también aclara que Peiró estaba en contra y García Oliver y Federica Montseny se prestaron a actuar de mediadores. Por su parte. Galarza enviaba por carretera tres mil guardias de Asalto, que tuvieron que liquidar unos ligeros focos insurreccionales en Tarragona y Reus antes de llegar a Barcelona.

El día 4, los insurrectos pasaron al ataque de los edificios oficia les y cuarteles de fuerza pública, mientras que sus delegados continuaban negociando con el Gobierno de la Generalidad. Companys lanzó un llamamiento en tono conciliador. Pero ya el Comité Regional de la C. N. T. había invitado a los obreros alzados a deponer las armas. Por la tardé llegaron García Oliver, Federica Montseny. Mariano R. Vázquez, secretario del Comité Nacional de la C. N. T., y el socialista Hernández Zancajo. García Oliver aconsejó por la radio: «Hay que terminar esta lucha fratricida», pero al anunciar que el «Gobierno tomará las medidas necesarias», dejó traslucir también la posibilidad de una mediación con Largo Caballero, poco deseoso de recurrir a la fuerza.

Mas de nada sirvieron esos llamamientos y, el día 5, el Gobierno de la Generalidad estuvo a punto de claudicar. Continuaron las agresiones armadas y los. Amigos de Durruti pedían nada menos que el fusilamiento de los policías que ocuparon la Telefónica. Aquella tarde caían muertos Antonio Sesé, dirigente del P. S. U. C., secretario general de la U. G. T.[26] y Camilo Berneri, anarquista italiano.

Sin embargo, la insurrección iba perdiendo fuerza. Los batallones de la 46 División (anarquista) y de la 29 (poumista), que habían abandonado el frente e iniciado la marcha sobre Barcelona, no prosiguieron su marcha, a excepción de un reducido número de combatientes del P. O. U. M. El 6, se reanudaban las hostilidades a partir de las diez de la mañana. Los insurrectos tiroteaban y lanzaban bombas de mano contra algunos tranvías que habían empezado a circular. También atacaban con granadas a los guardias de Asalto en la plaza de Ferrer Guardia, asaltaban el Casal de Esquerra en el Distrito Sexto e intentaban lo mismo en la Conserjería de Trabajo. El coronel Escobar resultó seriamente herido de un balazo. Por la tarde llegaron varias unidades de la Flota enviadas por el Gobierno con más refuerzos. Pero la rebelión estaba ya vencida y sus últimos estertores eran los disparos de una batería de costa que un grupo de jóvenes libertarios había sacado del frente. Aquella tarde, el general Pozas tomaba el mando del Ejército y asumía las funciones de consejero de Defensa, y Martí Feced se hacía cargo de la Consejería de Seguridad. La C. N. T. se dirigió de nuevo por la Radio a sus afiliados y simpatizantes a fin de restablecer la normalidad. Ésta era ya un hecho en la mañana del día 8[27]. La insurrección había costado más de 400 muertos y unos 2000 heridos.

El orden se había restablecido, pero las consecuencias políticas de estos sucesos no se hicieron esperar.

Las organizaciones del Frente Popular y la inmensa mayoría de la prensa repudiaron enérgicamente el movimiento de Barcelona. En Madrid, cuya población civil tuvo que soportar precisamente en aquellos momentos dos días sin abastecimiento de pan. Las reacciones fueron violentas. El Socialista escribía: «A esos incontrolados, con los cuales ha tenido ocasión de chocar todo el que ha viajado por tierras de Cataluña, alguien les ha entregado el carnet que les servía de amparo, y alguien les entregó las armas que esgrimen —¡cuándo el enemigo nos ataca más duramente!— contra el Gobierno de la República…». Claridad no era más benévolo y decía: «¡A muerte los agentes del fascismo! ¡Disolución inmediata del P. O. U. M., avanzada fascista en la España leal! ¡Disciplina en las organizaciones antifascistas!».

No era sólo la prensa comunista la que calificaba al P. O. U. M. de colaborador del fascismo. Desde luego, esa tesis fue sostenida por José Díaz en su discurso de Valencia el 9 de mayo, al mismo tiempo que afirmaba sus deseos de unidad con la C. N. T. y añadía: «Queremos ganar la guerra y la revolución».

En ciertos medios socialistas se habían ahondado, sin embargo, las discrepancias con los anarquistas. Zugazagoitia, refiriéndose a aquella situación, ha escrito: «El P. O. U. M. pagó los vidrios fotos por la F. A. I. La convicción que yo formé y que ninguna información posterior logró quebrantar es que la insurrección fue fomentada por los anarquistas». Naturalmente, era un poco aventurado hablar así de los anarquistas, en general. Los órganos de dirección nacional de la C. N. T. mantuvieron una actitud prudente. Había toda clase de tendencias: Solidaridad Obrera del 13 de aquel mes decía: «Parte de la prensa se ha lanzado a una campaña de desprestigio en contra del sector antifascista a cuya serenidad y buen juicio se debe el que la lucha no terminara en hecatombe».

En cuanto a Adelante, de Valencia, que expresaba el criterio de los amigos de Largo Caballero, atacaba a los comunistas, porque éstos pedían la disolución del P. O. U. M.

En realidad, la cuestión de concentrar todas las energías para la guerra, de obtener un verdadero Ejército regular, con mando único y reservas y, en general, un verdadero Estado que respondiese a las exigencias bélicas, quedó planteada con toda crudeza después de los sucesos de mayo. Aquella insurrección tenía que merecer duros juicios de personas de las más diversas tendencias. Y si Azaña, desde su punto de vista que ya conocemos, habló del «asalto al Estado». Pietro Nenni, por ejemplo, ha escrito: «Hubo momentos en que la actitud de los anarquistas bordeó la provocación, para caer en ella de lleno cuando los acontecimientos de Barcelona en mayo de 1937».

Y Francesco Fausto Nitti, en su libro Il maggiore e un rosso, juzga así aquella situación: «Las jornadas de Barcelona en mayo de 1937 revelaron que el P. O. U. M. era un instrumento de división de la clase obrera y que la acción de este grupo, que podía contar en su seno con militantes de muy buena fe, representaba un grave peligro para el pueblo español empeñado en la más dura lucha de su historia».

Hay que reconocer que los documentos alemanes conocidos muchos años después han venido a apoyar la tesis según la cual los sucesos de Barcelona fueron inspirados por los adversarios de la República. En efecto, Faupel informaba el 11 de mayo a su ministro que el general Franco le había dicho que «los combates callejeros (de Barcelona) habían sido desatados por sus agentes», uno de los cuales había informado de que «la tensión entre comunistas y anarquistas era tan grande que podía garantizar provocar el estallido de la lucha entre ellos»[28]. Se trataba de 13 agentes, no obstante, según Nicolás Franco había dicho anteriormente a Faupel. Estos datos —e incluso las expresiones que se usan— inducen a creer en una de las habituales exageraciones de los servicios secretos y de sus agentes, así como el deseo de apuntarse un tanto en una conversación diplomática.

Crisis gubernamental y subida de Negrín al Poder

Crisis gubernamental y subida de Negrín al Poder

En la primera reunión del Consejo de ministros, los comunistas plantearon las cuestiones de fondo sobre política de guerra y orden público. Además, desde hacia algún tiempo existía una manifiesta tensión entre Largo Caballero y el embajador soviético Rosenberg. (Por aquel entonces había surgido otra divergencia; Largo Caballero quería hacer una operación por Extremadura con el propósito de llegar hasta la frontera portuguesa y cortar en dos el campo adverso; pero los comunistas y varios socialistas estimaban irrealizable y perjudicial esa operación, y aconsejaban otra en el frente del Centro para descongestionar Madrid). El jefe del Gobierno estimó que no eran cuestiones que discutir entonces[29]. Chocó también con los ministros comunistas cuando éstos pidieron la disolución del P. O. U. M. e impuso la discusión del orden del día que él había preparado. Uribe y Hernández abandonaron entonces la reunión. Largo Caballero quería continuar despachando los asuntos de trámite. Prieto le hizo ver que era imposible, pues se acababa de romper la coalición ministerial y que había que comunicárselo al presidente de la República. La crisis estaba abierta.

Azaña, tal vez por cumplir una simple fórmula, encargó a Largo Caballero que formase un nuevo Gobierno. El Partido Comunista puso como condiciones que todos los asuntos se discutiesen y solucionasen colectivamente con el Gobierno: el funcionamiento efectivo del Consejo Superior de Guerra, la reorganización del Estado Mayor con el nombramiento de un jefe (no había ya jefe del Estado Mayor Central), la reorganización del Comisariado, la dimisión del ministro de la Gobernación y la separación del cargo de presidente del Consejo y de ministro de la Guerra.

Esto se oponía a los proyectos de Largo Caballero, que no solamente se proponía seguir acumulando esos dos cargos, sino también los de Marina y Aire, reunidos, con Guerra, en un ministerio de Defensa.

La ejecutiva del Partido Socialista pidió que se modificase la política de orden público y que ese ministerio de Defensa fuera regentado por Prieto. Además, tanto el Partido Socialista como Izquierda Republicana no estaban dispuestos a formar un Gobierno sin comunistas.

La Ejecutiva de la U. G. T. pidió, por el contrario, que Largo Caballero continuase acumulando la Presidencia y Guerra. Esa actitud era secundada por la C. N. T., que ponía también como condición para colaborar que esas dos carteras siguiesen en manos de Largo Caballero.

Azaña reunió a Largo Caballero. La moneda, Prieto, Martínez Barrio, José Díaz y Salvador Quemados. Las posiciones eran irreductibles: de un lado, el presidente saliente y, del otro, los demás. Entones fue cuando el presidente de la República encargó al doctor Juan Negrín la formación de Gobierno, que contaba con la confianza de todos los partidos del Frente Popular, pero sin el concurso de la C. N. T. y de la dirección de la U. G. T.[30].

El 17 de mayo Negrín presentaba al presidente de la República el nuevo Gobierno[31].

El día 28 se reunió el Consejo de la S. de N., ante el que Álvarez del Vayo presentó un recurso con pruebas fehacientes de la intervención alemana e italiana. Sólo fue secundado por Litvinov. Eden, apoyado por el representante de Francia, se declaró satisfecho de los progresos de la No Intervención.

En aquellos días Chamberlain sustituía a Baldwin en la presidencia del Gabinete británico, pero Eden continuaba en el Foreign Office. Un mes después, en Francia, el Senado impedía la aprobación de una ley de plenos poderes financieros, por lo que Blum dimitió el 21 de junio y se formó un Gobierno presidido por el radical Camille Chautemps, aunque con colaboración socialista. Si bien el Frente Popular subsistió en el papel, la realidad era que ya estaba agonizando.

Bombardeo de Almería por el «Deutschland»

Bombardeo de Almería por el «Deutschland»

El 28 de mayo, el delegado italiano en el Comité de No Intervención, conde Grandi, presentó una queja peregrina. Un bombardeó de la aviación republicana en el puerto de Palma de Mallorca había alcanzado al crucero italiano Barletta, agregado a las patrullas navales de control de la no intervención, y le causó seis bajas. Lo sorprendente era que no había razón alguna para justificar la presencia de dicha unidad en el puerto de Palma, por lo qué el Comité se limitó a deplorar el caso.

Mucho más grave fue lo ocurrido el día siguiente, por la tarde, cuando dos aviones republicanos lanzaron doce bombas contra el puerto de Ibiza. Esos proyectiles cayeron en el acorazado alemán Deutschland, que se encontraba ilegalmente allí, ya que los buques extranjeros encargados de controlar la no intervención debían permanecer a una distancia mínima de diez millas de la costa y, por añadidura, el control de Ibiza correspondía a la escuadra francesa y no a la alemana. Según la versión alemana, habían resultado muertos 23 tripulantes y 74 heridos. El Gobierno de Berlín anunció el día 30 que retiraba sus unidades navales de las patrullas de control. Italia, a instancias de Alemania, adoptó idéntica actitud. Pero Hitler estaba loco de furor, en la madrugada del 31 tomó represalias: varias unidades de la flota alemana se situaron frente al puerto indefenso de Almería y dispararon doscientos cañonazos contra la población civil. Total: 39 muertos, más de un centenar de heridos y decenas de casas en ruinas eran la consecuencia de un acto de provocación, de una agresión premeditada que rasgaba el ya arrugado papel del Derecho internacional.

En la zona republicana la emoción fue inmensa. El Gobierno se reunió inmediatamente y Prieto propuso bombardear todos los barcos alemanes, aun a trueque de provocar una guerra mundial. Jesús Hernández ha escrito: «Me sentí electrizado por la propuesta. ¿Que aquello fuera la conflagración mundial? ¡Que fuera el diluvio!»[32]. Sin embargo, la reflexión se impuso y todos los partidos integrantes del Gobierno desecharon aquella sugerencia. El Gobierno encaminó sus propuestas por la vía diplomática. Pero las potencias temían irritar a Hitler. Eden criticó el bombardeo de Almería como susceptible de engendrar una guerra mundial, pero quedó intimidado cuando el Gobierno alemán le respondió que eso dependía de la actitud que la Gran Bretaña siguiese con el «Gobierno rojo». En realidad, lo que más preocupaba entonces al jefe de la política exterior británica era que una retirada prolongada de Alemania y de su país del Comité de No Intervención agravase la tensión internacional. Y cuando el embajador español. Azcárate lo visitó el 1.º de junio para protestar del bombardeo de Almería, se condujo de manera malhumorada y dio a entender que aceptaba la versión alemana. Fueron tímidas también las críticas francesas. En cuanto a Cordel Hull, que dirigía el Departamento de Estado norteamericano, se limitó a desear que Alemania «no fuera más allá» del bombardeo de Almería, con objeto de «preservar la paz».

El 12 de junio, Francia y la Gran Bretaña llegaron a un acuerdo (sin contar con la U. R. S. S.) con Alemania e Italia por el que se reconocía el derecho de autodefensa de las unidades navales de control, pero no el de represalia. No obstante, los dos Gobiernos fascistas, pretextando un ataque submarino —jamás comprobado— contra el crucero Leipzig, se retiraron definitivamente del control naval el 22 de aquel mismo mes.

La caída de Bilbao

La caída de Bilbao

La guerra continuaba con toda su dureza. El 8 de mayo, cuatro brigadas navarras, apoyadas por la Legión Cóndor, habían tomado las alturas del Sollube. El 28 ocupaban las Peñas de Lemona.

La situación en Bilbao era angustiosa al comenzar el mes de junio. La superioridad aérea del enemigo había creado una sensación de inferioridad en gran parte de la población. El general Ulíbarri fue enviado a sustituir a Llano de la Encomienda, e igualmente lo fueron los consejeros soviéticos Goriev y Berzin. Pero apenas podían ir aviones ni podía llegar ya material.

En esto sucedió un hecho cuyas consecuencias fueron más políticas que militares: la muerte del general Mola, cuyo avión se estrelló, el 3 de junio, cerca de los montes de la Brújula, en la Cordillera Ibérica, sin que jamás se hayan conocido las causas del accidente. El entierro se celebró con gran solemnidad en Burgos (Prieto tuvo un momento la idea de bombardearlo), pero el cuerpo de Mola, atrozmente mutilado, no fue mostrado a nadie.

Hay que señalar, aunque el hecho, dado el desarrollo que había alcanzado la batalla de Bilbao, no fuera esencial, que al morir Mola, Franco tuvo las manos libres para planear con más libertad la prosecución de las operaciones[33].

El mando republicano comprendía que la mejor manera de defender Bilbao era atacar en otros frentes. A este criterio respondieron dos operaciones que, sin embargo, no dieron los resultados apetecidos: las de Balsaín y Huesca. El 30 de mayo, la 35 División, mandada por Walter (compuesta por las brigadas españolas 31 y 69 y por la XIV internacional) atacó por la Sierra hacia La Granja y ocupó Cabeza Grande. Pero la operación falló en los días sucesivos[34]. Si el 31 las brigadas 31 y 69 llegaban a La Granja y rodeaban el Palacio (donde se alojaba el propio general Varela), los internacionales se estrellaban una y otra vez frente a Balsaín. La lucha continuó hasta el 3 de junio, pero Varela, reforzado con siete batallones más impidió que las fuerzas republicanas lograsen sus objetivos.

Pocos días después (12 de junio), dos brigadas internacionales (entonces con numerosos soldados españoles), más la 149 Brigada y dos batallones atacaron Chimillas y Alerre con el propósito de cortar la carretera Huesca-Zaragoza. Su empeño fue inútil y, tras una semana de combates, tuvieron que retirarse con grandes pérdidas. El día anterior a la ofensiva, un obús había dado muerte a Mate Zalka (general Lukacs), jefe de la división internacional, cuyas altas cualidades humanas le habían hecho acreedor al afecto de cuantos habían tenido ocasión de tratarlo.

En el Norte se había reemprendido el día antes la ofensiva contra Bilbao. Los vascos se defendieron tenazmente y cerraron el paso a las brigadas navarras en el monte Uzcullu, pero, faltos de reservas, vieron su frente roto por los altos de Cantobairo «al término —según cuenta el general García Valiño— de la más formidable preparación artillera y de aviación que se había visto en la campaña». Los republicanos se retiraron sin dejar de combatir, a la orilla izquierda del Nervión, después de volar algunos puentes, pero toda la industria pesada quedaba allí intacta, pues éste parece que fue el criterio de la mayoría de los consejeros del Gobierno vasco. El 17, se procedió a la evacuación de Bilbao, donde quedó una Junta compuesta por Leizaola, Aznar y Astigarrabía. Pero el general Dávila —que había sustituido a Mola— estaba ya en Las Arenas, con lo que Bilbao quedaba casi rodeado. No obstante, la mayoría del Ejército pudo retirarse el 18. Ese mismo día, la Junta liberó a los presos políticos de derechas. Por la tarde, una brigada navarra mandada por Juan Bautista Sánchez penetró en la ciudad. En los últimos momentos salieron los miembros de la Junta y el general Gámir Ulíbarri. Bilbao había caído y con él Euzkadi[35]. Este hecho tuvo un triple alcance militar, económico y político favorable al Gobierno del general Franco.

La Pastoral colectiva de los prelados españoles

La Pastoral colectiva de los prelados españoles

La caída del País Vasco acrecentó la inquietud de los medios católicos liberales de todo el mundo, ya muy conmovidos por las matanzas de Guernica y Durango. En cambio suprimía de los primeros planos de actualidad a un Gobierno de mayoría católica, como el vasco, que perdía de hecho su jurisdicción territorial. En Salamanca se creyó que había llegado la hora de que el alto clero español jugase una baza decisiva en favor del general Franco. El 1 de julio se hizo pública la carta colectiva que el episcopado español dirigió a los católicos del mundo entero. Como es sabido, este documento trató de justificar el alzamiento que recurría al argumento de que se preparaba «una revolución comunista», al cual nos hemos referido en el capítulo que precede al del estallido de la guerra. Los prelados calificaban el conflicto de «plebiscito armado», afirmaban el carácter «nacional» del movimiento y terminaban criticando la conducta de los sacerdotes vascos. Pero señalemos que también declaraban: «Afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un Estado autocrático sobre una nación humillada…»[36].

Sobre los orígenes de este documento arroja luz la carta circular del cardenal Gomá dirigida a todos los obispos el 7 de junio, a la que se adjuntaba el proyecto ya redactado de la Pastoral. En esa carta decía: «Excelencia y amigo: El 15 de mayo escribía a los Reverendos Metropolitanos para ponerles al corriente de una indicación que había recibido pocos días antes del Jefe del Estado y pedirles su opinión sobre la conveniencia de secundarla».

No hay, pues, duda sobre el autor de la iniciativa de tan importante documento que, según afirmaba el cardenal primado en la misma carta, había sido puesto luego en conocimiento de la Santa Sede. No se ha sabido si Pío XI aprobó la Pastoral; en todo caso no la prohibió ni desautorizó. En cambio se negó a aceptar la sugerencia de su secretario de Estado, cardenal Pacelli, encaminada a que se publicase en el Acta Apostolicae Sedis. Aquel verano, el Vaticano reconoció oficialmente al Gobierno de Franco y envió a su zona a Monseñor Antoniutti en calidad de legado apostólico.

El cardenal Vidal y Barraquer y el obispo Múgica, ambos exiliados, se negaron a firmar la pastoral colectiva.

El movimiento obrero internacional y la guerra de España

El movimiento obrero internacional y la guerra de España

Desde los primeros meses de la guerra, la Internacional Comunista había propuesto a la Socialista un acuerdo de acción común en ayuda de la España republicana. Pero la Segunda Internacional no se había decidido a aceptar. De sus directivos, Adler, Citrine y Schevenels eran opuestos a esa iniciativa. Otros, como su presidente. De Brouckère, Vandervelde y Pietro Nenni, que luchaba en España, eran partidarios de la ayuda a la República española. Vandervelde dimitió del Gobierno belga por disconformidad con la política de no intervención y el 1.º de mayo dirigió una carta abierta a Léon Blum en la que decía: «¿Hasta cuándo una imparcialidad irrisoria pretenderá mantener nivelada la balanza entre el Gobierno reconocido de una nación amiga y los rebeldes de 1936?».

Por su parte, la U. G. T. de España se había dirigido a la Federación Sindical Internacional (de matiz socialista) para reclamar una acción común. Esto coincidió con un acercamiento de socialistas y comunistas en el plano interior español, que plasmó, en el mes de abril, en la formación de un Comité de Enlace de los órganos directivos de los partidos Socialista y Comunista, así como en todas las direcciones provinciales. Esta orientación, propugnada con insistencia por los comunistas, era combatida por el sector socialista que seguía a Largo Caballero. No obstante, el desarrollo de la crisis de mayo mostró la convergencia de las direcciones comunista y socialista para solucionarla. En aquel momento, los comunistas, queriendo ir demasiado lejos, hicieron nuevas propuestas encaminadas a una unificación total de ambos partidos, que no encontraron eco en los medios directivos del Partido Socialista.

Sin embargo, la acción concordante en el Gobierno, en los Sindicatos y a través de los Comités de Enlace (hubo incluso un programa de acción conjunta firmado por ambos partidos en agosto de 1937), no solamente tenía, repercusión en el plano interior, sino también en el internacional.

Por fin, el 21 de junio ambas Internacionales celebraron una reunión común en Annemasse. De Brouckère y Adler representaban la Internacional Socialista: Cachin, Checa, Longo, Dahlem y Bonte la Comunista. Se llegó a un acuerdo de principio para protestar del bloqueo de la España republicana y para actuar de común acuerdo en la medida de lo posible a su favor. Tan frágil acuerdo encontró serios obstáculos en la práctica. En el sector juvenil también celebraban una reunión común (pero ésta en España), las Internacionales de jóvenes socialistas y comunistas, cuyas delegaciones estaban presididas, respectivamente, por Erich Ollenhauer y Michail Wolf, ya que la J. S. U. de España estaba adherida a ambas organizaciones.

La economía en la zona de la junta militar

La economía en la zona de la junta militar

Hemos visto cómo en ambos bandos —desde sus respectivos puntos de vista y concepciones— se solidificaban los andamiajes de la organización estatal. El Ejército, la economía de guerra, la administración, etc. Hemos mencionado las principales actividades de los órganos de gobierno, del legislativo (sólo existente, en sentido jurídico, en la zona republicana), de mando militar, etc. Falta que sigamos examinando las bases de los esfuerzos de guerra, según ya lo hicimos para el primer semestre de la contienda.

En la zona de Franco, el mantenimiento de las estructuras económicas tradicionales y del bajo poder de compra de la población (sobre todo la de zonas agrarias) evitó trastornos económicos importantes. Sin duda, escasearon ya una serie de productos y durante el verano, la conquista de zonas importantes de población (Málaga en invierno, Vizcaya en junio) empezó a plantear la cuestión de la «austeridad». La creación del Servicio Nacional del Trigo, en agosto de 1937, respondía sin embargo a la necesidad de controlar la producción, la distribución y los precios, más que a un problema de escasez que sólo se planteó al terminar la guerra. En las zonas industriales se producía también otro fenómeno: un elevado tanto por ciento de familias obreras habían visto disminuido su poder de compra a causa de las medidas represivas o de la movilización, que en ambos casos determinó la ausencia de los jornales habituales. En resumen, el fenómeno de alza de precios no se produjo en esta zona hasta un año después.

La banca privada y grandes empresas se acomodaban a la situación y obtenían facilidades con el pretexto de la situación de guerra. No tenía otro sentido el decreto de 17 de febrero de 1937, según el cual «quedan en suspenso las disposiciones legales y normas estatutarias relativas a la obligación que afecta a la banca y sociedades de formalizar los balances al final del ejercicio transcurrido y de convocar juntas generales de accionistas para someter a la aprobación de los mismos la memoria, inventario, cuentas y demás documentos de contabilidad, siempre que se encuentren en la imposibilidad absoluta de cumplirlos».

La medida, que se explica por el hecho de que numerosas empresas trabajaban fuera de su sede central (que había quedado en zona republicana), así como la que eximía a las mismas de todas las deudas cuyos acreedores se encontrasen en la zona adversa, facilitaba sin duda sus negocios. También eran éstos estimulados por el hecho de que la guerra había convertido el Estado en el principal cliente de la industria.

Los problemas más intrincados de esta zona se relacionaban con la preponderancia que hubieran de tener las empresas extranjeras. Las aspiraciones alemanas encontraban sólido respaldo en sus suministros de armas y hombres para la guerra. Pero ya hemos visto que la Gran Bretaña enviaba representantes encargados de defender sus intereses económicos.

La cuestión de las negociaciones económicas, ya prevista en el protocolo secreto de alianza entre Alemania y la España de Franco, firmado en Salamanca el 20 de marzo, cobró mayor importancia durante la primavera, cuando ya se perfilaba la toma del Norte. En el mes de mayo, una delegación comercial alemana fue a Burgos y Salamanca con objeto de obtener una serie de concesiones internacionales. En una reunión celebrada a primeros de junio en Berlín, Goering planteaba la cuestión de repartirse alemanes y británicos el hierro de Vizcaya[37]. Por fin, a mediados de julio, se firmaron varios protocolos comerciales hispano-alemanes en Burgos. Días antes, el representante de la Rowak había visitado las instalaciones siderúrgicas y mineras de Vizcaya, que había encontrado en perfecto estado y con grandes existencias. Bethke, que así se llamaba el tal representante, había señalado que el 40 por ciento de las minas pertenecía a los británicos. En cuanto a los propietarios vascos, añadía en su informe, mostraban la mejor voluntad para enviar sus minerales a Alemania. En lo concerniente a los protocolos en cuestión, agregaba que: el Gobierno Nacional Español pagaría sus deudas en marcos alemanes y con un interés del cuatro por ciento como garantía de la liquidación de sus obligaciones; Burgos enviaría a Alemania productos alimenticios y materias primas; el Gobierno alemán se prestaba a «cooperar en la reconstrucción económica de España» a base de utilizar sus minerales y materias primas, tanto de la Península como del Protectorado de Marruecos, y con el personal técnico necesario; el Gobierno Nacionalista Español se comprometía a facilitar el establecimiento de compañías españolas, con participación de firmas y ciudadanos alemanes, para la explotación de recursos minerales y otras materias primas.

En la zona republicana

En la zona republicana

Mientras tanto, en la zona republicana, la cuestión central era el acoplamiento de las necesidades de la guerra a las nuevas estructuras. Los sectores más importantes de la industria, concentrados en Cataluña, debían ser la clave de la producción. Pero, aun en 1937, había muchas fábricas —colectivizadas— que producían objetos de uso civil para los que ni siquiera existía un mercado en las condiciones de guerra. Faltaba la coordinación de las industrias, sobraba el «cantonalismo» de esta o aquella fábrica.

Las palabras del que fue ministro de Industria hasta la crisis de mayo, Juan Peiró, sobre algunos aspectos del problema, eran bien elocuentes:

«Teníamos todas las industrias al borde del abismo… Los más comprometidos en el complot desaparecieron del territorio leal, abandonando las industrias y surgió la dirección de ellas por los obreros. Unas se controlaron, otras fueron incautadas, y en lugar de conservar la economía, la perjudicaron; otras quedaron colectivizadas y había algunas a cuyo frente quedaban los antiguos dueños…»[38].

El mismo ministro había expuesto así el problema de las materias primas de la industria textil catalana, en una nota oficial del 14 de mayo: «Falta de materias primas que hasta ahora han sido facilitadas por el Ministerio de Industria, pero que en lo sucesivo ya no se podrán facilitar, porque la actitud de Cataluña, que sigue un camino unilateral y exclusivista en materias económicas, ha puesto al ministro de Hacienda de la República en el trance de negarse a dar divisas para la adquisición de fibras textiles».

«Hace pocas semanas el ministro consignó un crédito de 20 millones para que el Comité Industrial Algodonero tuviera una masa de maniobra y de 2 800 000 pesetas para el Comité Internacional Lanero y para compensación a la exportación de tejidos de Cataluña un crédito de 24 millones al C. I. A., y de 8,5 al Comité Industrial Sedero (…) El ministro de Hacienda ha intentado comprar a Cataluña tejidos por valor de 200 millones de pesetas (…) y Cataluña se ha negado, porque quiere que la venta se efectúe directamente de Cataluña a los países compradores, sin otro objeto que quedarse con las divisas. Y la lógica del ministro de Hacienda es incuestionable: con las divisas de sus tejidos, Cataluña puede comprar las fibras para tejerlas».

En resumen, los Comités de cada industria (es un poco exagerado hablar de Cataluña, como hacía Peiró) pedían divisas para comprar materia prima, pero exportaban por su cuenta y se quedaban con las divisas producto de las ventas.

Esa ausencia de coordinación fue poco a poco mejorando, no sólo por disposiciones oficiales, sino por el esfuerzo de las organizaciones obreras. Con independencia de otro juicio de valor, hay que reconocer la tenacidad con que el Partido Comunista propagó la idea de trabajar nueve horas. En muchas fábricas, sobre todo del Centro y de Valencia, se organizaron con el mismo criterio brigadas de obreros de choque y se impulsó la producción. Naturalmente que ese punto de vista era compartido por todas las personas y organizaciones que daban absoluta prioridad al objetivo de ganar la guerra como factor condicionante de los problemas político-sociales.

Pese a las deficiencias señaladas, la producción industrial en el primer semestre de 1937 señaló un progreso considerable sobre la del segundo semestre de 1936, a causa del mayor esfuerzo de las industrias de guerra. Por fin, el 16 de junio, se decretaba la nacionalización de las industrias de guerra.

En el País Vasco continuó el régimen de propiedad industrial privada y las sociedades anónimas celebraron normalmente sus Juntas generales. Las expropiaciones no afectaron más que a personas determinadas, como el marqués de Urquijo, el conde de Motrico, etc. La Central Siderúrgica siguió funcionando y fue autorizada en el mes de marzo a aumentar en 20 por ciento el precio de los laminados[39]. A finales del mismo mes se creó una Ponencia coordinadora de industrias, que debía inspirarse en las necesidades bélicas de la producción, pero no tuvo tiempo de realizar una acción eficaz. Por otra parte —y como ya hemos visto— el criterio de dejar intactas las instalaciones (y de no evacuar con tiempo aquellas que pudieran ser desmontables) favoreció en gran manera a quienes ocuparon Vizcaya desde fines de junio.

En Asturias, prácticamente aislada, y en Santander (sobre todo en Trubia y Reinosa) continuaba la fabricación de material de guerra, aunque las necesidades de materia prima se hicieron sentir tras la caída de Vizcaya.

En el campo, la situación fue mejorando a pesar de los estragos de algunas experiencias sociales verdaderamente infantiles. El Instituto de Reforma Agraria otorgó créditos, aperos, semillas y fertilizantes a las colectividades y a los propietarios[40] que trabajaban sus rieras. La extensión de tierra cultivada aumentó en seis por ciento y se realizaron grandes esfuerzos para la recogida de cosechas. Pero la economía agraria de la zona republicana, si bien concentraba productos esenciales de exportación (toda la naranja, gran parte del aceite) era deficiente en cereales, a excepción de arroz. Además, los grandes núcleos de consumo constituidos por las aglomeraciones urbanas de mayor importancia seguían en poder de la República durante el primer semestre de 1937. Se hizo necesaria una verdadera política de abastecimientos y en el mes de marzo ya estaba organizado el racionamiento en todo el territorio republicano. Esta situación y el incremento de los gastos públicos —sin disminución del poder de compra de la población— acarreó el alza de precios y, en ciertos casos, la aparición de un mercado «negro». El aumento de precios en Cataluña, del primer trimestre de 1936 al primer trimestre de 1937, fue de 77 por ciento en las subsistencias y de 41 en el conjunto de precios al por mayor.

En fin, tanto el Gobierno central como el de la Generalidad hicieron grandes esfuerzos por regularizar la situación financiera, la recaudación de impuestos, etc.

Otro tanto puede decirse de la administración de justicia y régimen penitenciario. He aquí el testimonio de un preso político relevante, Antonio Lizarza, refiriéndose al mes de abril de 1937: «De esta prisión (la de Portier, en Madrid) habían desaparecido “las sacas” y solamente había condenados por los Tribunales populares».

La cultura

La cultura

Un rasgo peculiar de la actividad oficial en la España republicana fue la preocupación por la cultura. A esta época corresponden la inauguración de los Institutos Obreros de Valencia y Madrid, la formación del cuerpo de Milicianos de la Cultura, cuyos miembros, integrados a las distintas unidades del Ejército, desplegaron una inmensa actividad en la alfabetización de soldados, formación de bibliotecas en los frentes, organización de actividades culturales en primera y segunda líneas, etcétera. Al mismo tiempo fue desarrollándose la prensa de las grandes unidades militares. Al despuntar cada mañana llegaba a las trincheras la prensa madrileña, que se convirtió en expresión de un fenómeno peculiar: un ejército en línea de combate con una población de más de un millón de habitantes a tiro de cañón —cuando no de fusil— de las líneas enemigas.

En orden a las publicaciones estrictamente culturales, conoció aquella época la aparición de Hora de España, revista en la que colaboraron asiduamente Antonio Machado (en ella escribió la segunda parte de su Juan de Mairena), José Bergamín, Moreno Villa, Altolaguirre, Dieste, Serrano Plaja, María Zambrano, etc. La Casa de la Cultura, organizada en Valencia con la participación de los decanos doctores Márquez y Carrasco (de las facultades de Medicina y Ciencias de Madrid), el subsecretario de Instrucción, profesor Roces, León Felipe, Gómez Nadal, Rioja, Núñez Arenas y tantos otros, publicó sus cuadernos, titulados Madrid, que además tuvo colaboraciones plásticas de Solana, Ateta, Souto, Prieto, etc.

En fin, es indispensable, señalar la importancia de dos textos de Antonio Machado: uno muy conocido, dirigido a la Conferencia Nacional de la J. S. U. (enero 1937); otro, más breve y menos conocido, dirigido a los estudiantes[41]. Por último, ¿quién podrá ignorar que Pablo Picasso respondía a la matanza de Guernica al tomar los pinceles y dar al mundo una de sus mejores obras? Su Guernica figuró aquel verano de 1937 en el Pabellón español de Exposición Internacional de París. Entonces fue cuando Marinetti, el futurista-fascista italiano, se le acercó con la mano tendida. Picasso le volvió la espalda, al tiempo que le decía: «Estamos en guerra».

Capítulo XIV. De Brunete a Teruel

CAPÍTULO XIV
DE BRUNETE A TERUEL

Primer intento ofensivo del ejército de la República

Primer intento ofensivo del ejército de la República

Pronto iba a cumplirse un año de la tremenda lucha abierta entre españoles, agravada por las intervenciones extranjeras. España estaba partida en dos y frente al Estado republicano surgía otro Estado. La caída del País Vasco y la dificilísima situación en que quedaban Santander y Asturias suponía para la República la pérdida de una región industrial que podría ser utilizada plenamente por el Gobierno de Franco en mucho mejores condiciones por no tener el problema de discontinuidad territorial. Suponía también mayores reservas humanas. El objetivo de liquidar el frente del Norte estaba también fundado en la perspectiva de poder dominar mucha mayor extensión de costa y en poder concentrar las fuerzas militares en las zonas centrales.

El mando republicano, dada la extrema dificultad de comunicaciones, apenas podía aportar mayor defensa directa al frente del Norte. Las líneas habían quedado momentáneamente estabilizadas al comenzar el mes de julio, desde diez kilómetros al este de Castro Urdiales hasta Valdecebollas, donde enlazaban con el frente asturiano, pasando por los montes de Ordunte y el puerto del Escudo. No cabía, pues, sino la defensa estratégica, con el ataque por otros frentes. Así tuvo lugar la primera ofensiva del Ejército republicano, que ha pasado a la historia con el nombre de batalla de Brunete.

Sabemos que este plan había sido preparado desde algún tiempo atrás por el Estado Mayor de la Defensa de Madrid, con el fin táctico de separar el frente adversario de la capital, aceptado en ese momento por el nuevo ministro de Defensa. El general Rojo ha explicado las ventajas que ofrecía proceder a esa operación en el frente de Madrid y no en otro cualquiera, a saber: emplear el máximo de tropas sin debilitar la defensa de Madrid, a la vez que se resolvía el problema táctico de alejar la amenaza sobre la capital, emplear tropas buenas y numerosas que atacasen a unidades enemigas ya desgastadas. En efecto, se estaban creando las unidades de maniobra y la que ya existía, con preparación suficiente, era el V Cuerpo de Ejército, creado en Madrid. Para emprender la ofensiva se movilizaron dicho Cuerpo, al mando de Modesto (cuyas tres divisiones eran mandadas por Líster, Campesino y Walter); el XVIII, a las órdenes de Jurado y después de Casado (sus tres divisiones lo estaban, a las de José María Galán, Enciso y Gal): el II Cuerpo de Ejército, que estaba en Madrid, dirigido por el teniente coronel Romero y dos divisiones de reserva (las de Kleber y Durán) y cuatro brigadas más, situadas también en la capital. La aviación estaba mandada por el coronel Hidalgo de Cisneros y la D. C. A. por el coronel Hernández Sarabia[1]. El total de fuerzas se elevaba a cerca de 50 000 hombres, apoyados por más de 100 tanques, 150 aviones y 136 cañones.

«Brunete está en una llanura seca, sin árboles y sin agua, donde no crece más que trigo, cebada, garbanzos y algarroba. Hay que buscar el agua con burros a tres kilómetros del pueblo, a un barranco —que es una grieta en el campo— que se pierde a lo lejos, camino de la sierra»[2].

En aquellas estepas, bajo el sol abrasador del mes de julio, iba a librarse la batalla. El plan era el siguiente: los Cuerpos V y XVIII, debían llegar a Brunete y Sevilla la Nueva, y proseguir hasta la carretera entre Móstoles y Navalcarnero. Parte del XVIII debía atacar hasta alcanzar Villanueva de la Cañada y Boadilla, y enlazar con el II Cuerpo —encargado de iniciar el ataque desde Vallecas— a la altura de Alcorcón, y cortar de esa manera el frente enemigo.

La batalla de Brunete

La batalla de Brunete

El 5 de julio se hizo una operación de diversión en el sector de la Cuesta de la Reina (Aranjuez). En la noche del 5 al 6 comenzó la ofensiva. El éxito de sorpresa fue plenamente conseguido: la II División rompía el frente y sus primeras unidades entraban en Brunete a las siete y media de la mañana. El mando dudaba; Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Quijorna resistieron. Las avanzadas de Líster estaban ante Sevilla la Nueva y pedían proseguir tranquilamente hasta cortar la carretera de Navalcarnero. Pero se temía ese avance en flechas sin los flancos protegidos. Los minutos eran preciosos, pues el adversario movilizó refuerzos apresuradamente: a las primeras unidades dispersas de legionarios y regulares y de fuerzas de la 13 División (Iruretagoyena), se sumó inmediatamente la 13 División, mandada por Barrón. En ese momento había ya nuevos refuerzos en camino. Villanueva de la Cañada no cayó hasta la noche del 6. Las banderas falangistas que la guarnecían recibieron refuerzos y conservaron durante todo un día sus posiciones. Para ocuparlas, la 15 División republicana tuvo que sumarse a la 34, que combatía desde la madrugada. Entonces, parte de las fuerzas de la II División desviaron hacia su izquierda y llegaron a atravesar el río Guadarrama en dirección a Boadilla. Pero a la mañana siguiente, las órdenes del mando eran de continuar el avance inicial hacia el Sur. Comenzó entonces el ataque secundario por el II Cuerpo de Ejército, que hizo una profunda penetración en el sector de la carretera de Toledo, pero por la tarde se produjo una situación momentánea de pánico que dio al traste con la operación, y fue preciso replegarse a la base de partida. En cambio, esa misma tarde, los carros de Líster llegaban hasta las cercanías de Boadilla. Pero Quijorna y Villanueva del Pardillo seguían resistiendo. Varela se hizo cargo del mando de los defensores, y el día 8 ya había otra división más mandada por Asensio. Se trasladaron tropas del Norte: la 150 División, mandada por Buruaga, la IV y V Brigadas navarras, la 108 División (que estaba en Galicia) y la aviación de la Legión Cóndor. El Alto Mando de Salamanca estaba preocupado por la situación.

La lucha fue violentísima, la potencia de fuegos enorme; la intervención de numerosos carros y de la aviación la hicieron más impresionante. No había un árbol ni apenas un matorral; el campo reseco, más bien quemado por el sol y por el fuego, estaba desprovisto de todo manantial. El calor aguijoneaba la sed.

Ante Quijorna, bien defendida, la división del Campesino recibió refuerzos de, la Brigada internacional. Las pérdidas eran sangrientas. Al cabo, el día 9, penetraron los soldados en el pueblo lanzando bombas de mano y precedidas de los carros. Quijorna había caído, pero sólo al cuarto día de combate y tras cuantiosas pérdidas. El factor sorpresa había desaparecido ya de la batalla.

Al día siguiente, Villanueva del Pardillo era conquistada por fuerzas de la XII Brigada (con los garibaldinos cabeza) y otras de la 34 División, que hicieron 600 prisioneros.

El 10, dos brigadas de la 35 División llegaban hasta el kilómetro 23 de la carretera entre Brunete y Alcorcón, mientras que la 15 División se batía en el sector de Mosquito y Romanillos. En la extremidad izquierda del frente republicano se luchó aún por conquistar Villafranca del Castillo, que sólo quedó 24 horas en poder de los republicanos. Reinaba la confusión en aquel sector en el que, junto a los veteranos, habían entrado en fuego reclutas apenas instruidos. A veces, los proyectiles de la artillería republicana caían sobre sus mismas filas. Las dos aviaciones libraron una batalla infernal. El equilibrio de fuerzas frustró por el momento los empeños de uno y otro bando[3].

Varela, al mando de unos 45 000 hombres, inició la contraofensiva el día 18, al cumplirse el año de la sublevación. Tras las pérdidas sufridas por los republicanos, la correlación de fuerzas había cambiado en su perjuicio. También su aviación era entonces inferior en número. En cuanto a la artillería de Varela pasaba de 200 piezas. Pero sus primeros esfuerzos se saldaron por un fracaso. Las fuerzas mandadas por Barren se estrellaron ante Brunete, así como las divisiones de Asensio y Buruaga, que pretendían cerrar la bolsa. Asensio ha comentado así esta fase de la batalla: «El 18 comenzó la contraofensiva proyectada, que fracasó. Hubo que disminuir el radio con que se quería cerrar la bolsa, en vista de la resistencia enemiga»[4].

El 23, la enorme concentración artillera y de aviación acabó por quebrar la resistencia de los republicanos en el sector del río Guadarrama, donde se creó una situación de desbandada en el momento en que la violencia del ataque enemigo coincidía con un relevo de fuerzas de los defensores de Brunete. Aquella tarde, en medio de una tal tempestad de fuego, pudo hundirse todo el frente republicano. Los carros enemigos llegaban ya a las primeras casas del pueblo, donde resistían pequeñas unidades, pegadas al terreno. En unas horas, jefes y comisarios organizaban grupos escogidos, contenían la desbandada y reorganizaban las líneas. Se abandonó Brunete, pero se resistió en el cementerio durante más de veinticuatro horas. Al día siguiente, se efectuó el repliegue desde Quijorna. Pero el dispositivo de Valdemorillo había permanecido intacto. El 26, las tropas de Varela fracasaban en su intento de apoderarse de Villanueva de la Cañada y de Villanueva del Pardillo. El 28, la línea quedaba estabilizada con el entrante conquistado por los republicanos en esos dos pueblos hasta las proximidades de Quijorna, es decir, tal como había de permanecer hasta el final de la guerra. La batalla de Brunete, sangrienta y atroz, había terminado.

Como ha comentado el general Rojo, «Brunete había sido un éxito táctico de resultados muy limitados y un éxito estratégico también de carácter restringido, pues si se logró plenamente la suspensión de la ofensiva en el Norte, carecíamos de potencia para mantener activa nuestra ofensiva, y la del adversario en aquella región podría reproducirse en cuanto rehiciese sus fuerzas».

El éxito inicial no fue enteramente aprovechado, pues cuando se había ensanchado la base de los flancos, ya era tarde para lograr los objetivos de maniobra. La falta de reservas preparadas para entrar en línea había, esterilizado la operación Brunete preparada por el Estado Mayor republicano. Esa falta de reservas preparadas —que ya había impedido sacar más partido de la victoria de Guadalajara— seguirá siendo un punto débil de los republicanos durante toda la guerra, unido al más grave —y en parte, relacionado con él— de la inferioridad de armamento.

Congreso Internacional de Escritores

Congreso Internacional de Escritores

Un acontecimiento de muy diversa naturaleza, pero coincidente con la batalla de Brunete y que hacía trascender la guerra de España a los planos universal e intelectual, fue el Congreso Internacional de Escritores, que abrió sus sesiones el 4 de julio en el Ayuntamiento de Valencia[5]. El doctor Negrín saludó a los congresistas para darles la bienvenida, le respondió el decano de los reunidos. Andersen Nex, y José Bergantín habló en nombre de la delegación española. Luego intervinieron Ludwig Reno, Alexis Tolstoi, Eremburg, Miguel Hernández, Álvarez del Vayo, Julien Benda, Brauer, Mancisidor, González Tuñón, etc. Antonio Machado leyó su ya clásico texto El Poeta y el Pueblo. «Era una mañana alta y clara de sol mediterráneo —ha contado luego Nicolás Guillén—, después de una noche de bombardeo. Don Antonio estaba vestido de negro… o de verde, de un verde problemático. Su aspecto era desaliñado como suele ocurrirles a los que tienen orden en su cabeza. En su rostro denso, bajo una frente inmensa, lucían sus ojillos que necesitaban la ayuda de una lupa. Don Antonio hablaba ante un auditorio atento. Su voz era lenta, grave, llena de ideas y de imágenes».

Los jóvenes escritores y artistas españoles (Miguel Hernández, José Herrera Petere, Lorenzo Varela, Arturo Serrano Plaja, Antonio Aparicio. Miguel Prieto, Arturo Souto, etc.) presentaron, una «ponencia colectiva» en la que se decía: «Consideramos el humanismo como una tentativa de restituir al hombre la conciencia de su valor, por limpiar la civilización moderna del capitalismo…».

Se leyeron innumerables mensajes, entre los que descollaron los de Romain Rolland y Albert Einstein. El autor de Juan Cristóbal decía; «Envío a mis compañeros escritores reunidos en Valencia. Madrid y Barcelona, mis más calurosos saludos. En esas capitales está reunida en estos momentos la civilización del mundo entero amenazada por los aviones y las bombas de los bárbaros fascistas, como lo estuvo la Antigüedad por la invasión de los bárbaros…».

Y el autor de la teoría de la relatividad afirmaba: «Lo único que, en las circunstancias que enmarcan nuestra época, puede conservar viva la esperanza de tiempos mejores es la lucha heroica del pueblo español por la libertad y la dignidad humanas»[6].

El día 7, cuando el cañón tronaba en los campos de Brunete, el Congreso reanudaba sus sesiones a pocos kilómetros de allí, en el Auditorium de la madrileña Residencia de Estudiantes. Hablaron María Teresa León, Koltsov, Marinello, Moussignac, Winlevski, Renn, Córdoba Iturburu, Strachey, Vicente Sáenz, Nicolás Guillén, Cortacao, Malraux, Ana Luisa Strong, el chino Seng Ring-hai, de nuevo Bergamín, Tristan Tzara, Eugenio Imaz, el indio Yalty, Gustavo Regler, Denis Marion y muchos otros más. El Congreso fue saludado por el delegado de Instrucción pública, profesor Aguilar, y por representantes del VI Cuerpo de Ejército, de la F. U. E. y de la J. S. U. Los delegados regresaron a Valencia y Barcelona. Además de los citados se encontraban también allí César Vallejo, Octavio Paz, Anna Seghers, Claude Aveline, André Chamson, Spender, Dos Passos, Hemingway, el yugoeslavo Teodoro Balk, el checo Erwin Kisch, el ruso Kelin, el italiano Donini… En la última sesión, celebrada en París, intervinieron Louis Aragón, Hugues, Heinrich Mann y Pablo Neruda.

Problemas de gobierno

Problemas de gobierno

Tras muchas discusiones en el seno del Gobierno, el 16 de junio se decidió la detención de los miembros del Comité Central del P. O. U. M. y la disolución de este partido[7]. Si estas medidas podían encontrar su explicación y justificación en necesidades de la política de guerra y en el alzamiento de mayo en Barcelona, no ocurría lo mismo con la amalgama hecha por los servicios de Seguridad entre las actividades de ese partido y la de una organización fascista auténtica descubierta en Madrid por aquel entonces.

Tras una larga instrucción procesal, más de un año, los dirigentes del P. O. U. M. fueron condenados por los sucesos de mayo de 1937; pero por atentar contra el orden público y la legalidad republicana, no por delitos de traición o inteligencia con el enemigo. En aquellos días surge una complicación más: Nin desaparece de entre las manos de la policía sin explicación alguna. Los comunistas afirman que se ha fugado y en las reuniones ministeriales reiteran su ignorancia de lo sucedido: los anticomunistas, a su vez, han afirmado siempre, que Nin fue liquidado en la cárcel de Alcalá de Henares por agentes de la N. K. V. D. soviética; la opinión de izquierdas se mostraba perpleja.

Una hipótesis serena, con un cieno distanciamiento histórico, podría encuadrar la muerte de Nin en el mismo capítulo sangriento que, por aquel entonces, inauguraba el stalinismo. No se olvide que cayeron comunistas (muchos de ellos veteranos de la guerra de España) que estaban limpios de toda sospecha. No era éste el caso de Nin, dedicado, además, desde hacía años, a una labor de oposición a Rusia y a la política frente-populista; elementos que abonan, aún más, nuestra hipótesis. En todo caso, hay algo cierto: la ignorancia de los ministros comunistas españoles. No se trata de una afirmación aventurada; el clima de confusión y desconcierto del movimiento obrero internacional llegó a dar por válida la condena de Tukhachevski y dudó, incluso, de las circunstancias que rodearon la muerte de Gorki. El marxismo internacional vivía la época de las grandes crisis: al tiempo que la Unión Soviética apoyaba las formaciones de frente popular, ayudaba a España y se oponía a la no-intervención, el stalinismo se lanzaba a la práctica de la violencia, alimentado así la propaganda ideológica del fascismo internacional.

En el caso concreto de España, esta conducta política sólo servía para debilitar y romper el frente unido del pueblo español, con su gobierno, en defensa de la República.

Dentro de la misma preocupación de establecer una disciplina sólida de guerra, pero sin matices inquietantes, afrontó el Gobierno el escabroso asunto de la disolución del Consejo de Aragón, que asumía aún poderes de orden público, economía, hacienda, etc., y llegó a ser un verdadero cantón independiente[8].

El Gobierno era de criterio unánime de acabar con aquella situación de Aragón. La urgencia de las medidas que adoptar se hizo patente cuando, tras la operación de Brunete, se pensó en montar una ofensiva en el frente aragonés. Zugazagoitia redactó el 10 de agosto el decreto de disolución del Consejo, al mismo tiempo que se concentraban en Caspe fuerzas del V Cuerpo de Ejército.

Acontecimientos políticos

Acontecimientos políticos

En esos meses, si bien se produjo cierta tirantez entre los grupos políticos que participaban en el Gobierno y un sector de la C. N. T. (y los amigos políticos de Largo Caballero), se observó, por el contrario, una tendencia a la unión entre la mayoría de los sectores políticos que integraban el campo republicano. El 17 de agosto se publicó el programa de acción conjunta elaborado por el Comité de Enlace de los partidos Socialista y Comunista, programa mínimo encaminado a cumplir los objetivos de guerra y la política de buenas relaciones entre obreros, campesinos y clases medias, a base de la unidad en los planos sindical, juvenil e internacional, con la consigna de que los grupos de ambos partidos en el Parlamento, Consejos provinciales, Ayuntamientos y Sindicatos obraran conjuntamente. Firmaron este texto, en nombre del Partido Socialista, Juan S. Vidarte, Ramón Lamoneda, Ramón González Peña y Manuel Cordero; por el Comunista. José Díaz, Dolores Ibárruri, Pedro Checa y Luis Cabo Giorla.

Celebróse los días 2, 3 y 4 de julio la Conferencia Nacional de Estudiantes de la F. U. E., que eligió presidente de la organización estudiantil a José Alcalá-Zamora. Esta Conferencia invitó a las organizaciones juveniles a establecer unos lazos orgánicos de coordinación. Respondiendo a ese llamamiento hablaron en ella Serafín Aliaga, por las Juventudes Libertarias; Santiago Carrillo, por la J. S. U.; Noguera, Álvarez y López por las distintas Juventudes de los partidos republicanos. La Conferencia estudiantil fue seguida de varias reuniones de las organizaciones juveniles en los meses de julio y agosto, que dieron lugar a la creación de la Alianza Nacional de la Juventud, integrada por las J. S. U., Juventudes Libertarias, Juventudes de Izquierda Republicana, de Unión Republicana, Federales y la F. U. E.

En Salamanca también se producían acontecimientos políticos. Serrano Súñer continuaba pacientemente su tarea de modelar los futuros órganos de gobierno. Las primeras consecuencias de la unificación fueron de orden militar (sumisión de milicias, calidad de militante falangista atribuida a todo jefe u oficial del Ejército); las de orden político precisaban mayor ductilidad. Los objetivos perseguidos desde la primavera anterior se lograron plenamente con la publicación del decreto de 4 de agosto de 1937 que aprobaba los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., es decir, el partido único. El nuevo partido, organizado jerárquicamente, tenía como jefe supremo al del Estado. El artículo 47 precisaba: «… el Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia». La Junta política y la Secretaría, así como el Consejo Nacional, no pasaban del rango de organismos consultivos. Aun así, la lucha fue áspera por la secretaría general, a la que accedió Fernández Cuesta, que si bien representaba a la vieja solera falangista, también parecía acomodarse al pragmatismo del momento.

Se había llegado a la trilogía Estado-Partido-Jefe carismático, con la característica de que el segundo de estos elementos estaba supeditado al primero.

La guerra en el mar

La guerra en el mar

Las posibilidades navales de los republicanos continuaron casi sin explotarse. Tal vez sea un índice de lo que ocurría el hecho de que, al caer Bilbao, desertó el jefe de las fuerzas navales del Norte y fue nombrado para sustituirle el capitán de navío Valentín Fuentes, quien, al mando de los destructores José Luis Diez, Ciscar y de tres submarinos, mantuvo durante el verano una de las raras acciones eficaces de la flota republicana, que rompió repetidas veces el bloqueo de aquellos puertos por unidades navales de Franco, más numerosas. Tuvo lugar por aquel entonces el hundimiento del España, que no se ha sabido si obedeció a ser alcanzado por bombas de la aviación republicana o a otras causas. En cambio, en otro acorazado también viejo del campo republicano, el Jaime I, se produjo una explosión que lo inutilizó definitivamente.

El único combate naval de importancia de este, período fue el de Cherchell, en que varias unidades republicanas que iban hacia aguas de Argel, para proteger un convoy de víveres, fueron sorprendidas por el Canarias, al que se agregaron otras unidades en el transcurso de la jornada, pues la lucha duró todo el día. Al final, la presencia de la aviación «nacionalista», sin competidores en el aire, salvó a sus unidades de una situación delicada.

Batalla y caída de Santander

Batalla y caída de Santander

Franco trasladó su Cuartel general a Burgos, que fue denominado Terminus. A sus órdenes directas se encontraba el generar Juan Vigón, mientras que la jefatura de Estado Mayor estaba a cargo del general Francisco Martín Moreno, El segundo jefe de Estado Mayor era el coronel Luis Gonzalo y el jefe de operaciones, el teniente coronel Barroso. Para ese Estado Mayor, el primer objetivo era liquidar la zona republicana del norte de España, muy debilitada tras la caída de Bilbao. Así, pues, una vez pasado el peligro de Brunete, se inició la ofensiva contra Santander. Se concentraron a tal efecto el Cuerpo de Voluntarios Italianos, mandado por el general Bastico, compuesto de tres divisiones, destacamentos de carros y 80 cañones, seis brigadas de Navarra mandadas por Solchaga y la Brigada de Castilla. Un total de 250 piezas de artillería, la aviación Cóndor y la «legionaria» italiana apoyaban la operación, en la que participaban algo más de 50 000 hombres. El general Dávila mandaba el Ejército del Norte.

El general Gámir Ulíbarri, que mandaba por su parte el ya unificado Ejército del Norte republicano, disponía en total de cuatro cuerpos de Ejército (16 divisiones, de las cuales seis en el frente de Santander, tres en línea y tres en reserva). Estas unidades estaban deficientemente armadas y escasas de munición. Su artillería estaba formada por 102 piezas. Los carros eran pocos y muy usados, de tipo Renault fabricados en Trubia. Contaban con 36 aviones, la mayoría viejos y 17 piezas de la D. E. C. A.

Las fuerzas de Gámir Ulíbarri emprendieron ofensivas locales de diversión en el frente de Asturias, mientras que las acciones de artillería proseguían en los restantes frentes.

Por fin, las brigadas navarras e italianas se lanzaron al asalto al despuntar el 14 de agosto y concentraron su ataque no por el sector de Vizcaya, sino por el Sur y el Sudoeste, tras lo cual lograron ocupar al final de la jornada el macizo de Peña Labra. La ofensiva prosiguió al día siguiente hacia Reinosa, con gran lujo de fuerzas; el 16 entraban en la ciudad, cuya fábrica de la Constructora Naval (adaptada a fines de guerra) era volada por el mando republicano. La batalla fue encarnizadísima en el puerto del Escudo, donde los italianos atacaron protegidos por un «techo» de cien aviones. La situación se agravaba por horas y hubo que proceder a la evacuación de industrias, material de transporte y heridos. El 22, día en que cayó Ontaneda, se reunieron los mandos militares, la Junta delegada de Gobierno del Norte de España y representantes del Frente Popular. No acudió el delegado del Partido Nacionalista Vasco, que alegó haber recibido tarde la convocatoria[9]. Se suspendió la reunión hasta la tarde y entonces se presentó el presidente Aguirre. Aquel día. Prieto había telegrafiado pidiendo que se extremase la resistencia, pues la ofensiva de Aragón debía comenzar en el plazo de 72 horas. Sin embargo, la situación apurada se agravó más por la conducta de tres batallones nacionalistas vascos (Padura, Murguía y Arana Goiri), pertenecientes a la 50 División, que abandonaron el frente, «concentrándose seguidamente en la débil Santoña, en clara actitud de indisciplina, alegando que, perdido Euzkadi, ellos no se batían con quien no tuviese aviación»[10].

En dicha reunión, la mayor parte de los asistentes se manifestaron por la resistencia a ultranza (el presidente Aguirre, el comisario de XV Cuerpo de Ejército, el representante de los socialistas, comunistas y J. S. U.), pese a la opinión del general Gámir Ulíbarri, partidario del repliegue, por lo que se decidió resistir por lo menos las 72 horas pedidas desde Valencia. Pero aquella decisión no pasó de los buenos propósitos, porque el dispositivo se hundió por todas partes. La misma noche, la caída de Cabezón de la Sal suponía que la línea férrea y la carretera principal con Asturias estaban ya cortadas. Hubo jefes que desertaron, mientras que la actitud de los batallones vascos acampados en Santoña y Laredo, junto al pánico de la población civil que deseaba evacuar (otros esperaban alborozados la entrada de las tropas de Franco, pues Santander era ciudad de matiz derechista), etc., hacían casi imposibles los esfuerzos por resistir. En la tarde del día 24 quedaban definitivamente cortadas las comunicaciones por carretera entre Santander y Asturias. Gámir Ulíbarri decidió inmediatamente la evacuación de las fuerzas hasta una línea situada en San Vicente de la Barquera, utilizando para ello la flota pesquera y todo otro barco o motora fondeado en la bahía. Al anochecer se luchaba con inaudita violencia en el paso de Barreda, pero fue el último esfuerzo. El 26, cuando ya los republicanos habían pasado a la ofensiva en Aragón, las unidades italianas y navarras hacían su entrada en Santander.

Entretanto prosiguió el lamentable incidente de los batallones vascos que, en Laredo y Santoña, tomaron en serio que iban a hacer una rendición separada ante los italianos. En efecto, el dirigente del Partido Nacionalista Juan de Ajuriaguerra fue a parlamentar con el mando italiano y se firmó un acuerdo según el cual los soldados vascos, después de rendirse, quedarían libres y exentos de toda obligación de participar en la guerra. También se prometía que la población vasca no sería perseguida. El 25 por la noche entraron los italianos en Laredo y fijaron copias de la convención en todas las esquinas. La Junta de Defensa, formada por varios nacionalistas vascos, entregó la ciudad al coronel italiano Fergosi, al tiempo que dos barcos británicos fondeaban en Santoña para transportar a quienes prefirieran trasladarse a Francia. Otros hubo que embarcaron en pesqueros surtos en aquel puerto. Pero el día 28 se desmoronaron todas las ilusiones. La convención no era sino un papel mojado y el Cuartel General de Burgos había ordenado que de allí no saliese nadie. Los italianos emplazaron sus ametralladoras frente al puerto para obligar a desembarcar a los que ya estaban a bordo de los buques británicos. Algunos de sus jefes estaban indignados por el triste papel que les habían obligado a representar. Y los vascos allí concentrados fueron conducidos a cárceles y campos de concentración en espera de que se decidiese su suerte[11].

La consecuencia política de la caída de Santander fue la desaparición automática de la Junta delegada de Gobierno del Norte. El día 29, el Consejo provincial de Asturias, al asumir las funciones de Consejo soberano, destituyó a Gámir, nombró para sustituirlo al coronel Prada, y llegó hasta dirigirse por telegrama a la S. de N. que, asombrada, reexpidió el despacho al ministerio de Estado de Valencia. Prieto se indignó ante esta situación, que no parecía aclararse. Sin embargo, Belarmino Tomás, gobernador civil y primera autoridad de Asturias, telegrafiaba a Negrín para informarle: «Jamás rehuiremos órdenes Gobierno. Dirección guerra está a sus órdenes como siempre».

La batalla de Belchite

La batalla de Belchite

El frente de Aragón, estabilizado desde hacía un año, no era una verdadera línea, sino una serie de puntos de resistencia y de observatorios. Creyó, pues, el mando republicano que era aquel el lugar indicado para emprender una ofensiva cuyo fin estratégico era la ayuda al frente del Norte. Se trataba de romper el frente por tres puntos, amenazar seriamente Zaragoza y envolverla si no se llegaba a ocupar.

Fueron movilizados: el V Cuerpo de Ejército, mandado por Modesto (con sus tres divisiones de Líster, Campesino y Walter); la 27 División, al mando de Trueba; la 35 por Kleber; el XII Cuerpo de Ejército, a las órdenes de Sánchez Plaza, con la división de Vivancos y otras fuerzas, además de las brigadas en línea, de diez brigadas de reserva, y los servicios generales de tanques y blindados, D. E. C. A., etc. Dirigía la operación el general Pozas —jefe del Ejército del Este— con el teniente coronel Antonio Cordón como jefe de Estado Mayor y Virgilio Llanos de comisario. El general Vicente Rojo era ya jefe del Estado Mayor Central.

Empezó la lucha el 24 de agosto. A mediodía, la 27 División había roto el frente y entrado en Zuera. Más al Sur, también avanzó la 45 División, pero lentamente, por encontrarse muy dificultada su tarea, puesto que parece ser que el mando divisionario dio tan sólo órdenes orales y que los de brigada las transmitieron sin previo reconocimiento del terreno[12].

Al Sur, el V Cuerpo abrió el frente entre Quinto y Belchite. La primera de estas localidades, sólidamente fortificada, en el altiplano que domina la seca llanura, resistió toda la mañana, aunque quedó cortada de Zaragoza por un movimiento envolvente de la caballería republicana. El combate duró varios días, en medio de un calor asfixiante. Se ocupó Codo, cuyos defensores (guardias civiles y requetés) se refugiaron en Belchite. Al anochecer del 25, el ejército republicano había avanzado por un inmenso boquete que iba desde las proximidades de Fuendetodos hasta Mediana y el Ebro, pero su poca costumbre de la guerra de movimiento y la dificultad de comunicaciones impidieron que la marcha hacia Zaragoza fuese más sensacional. Por otra parte. Belchite y Quinto, situados en los dos lados del boquete, seguían resistiendo, y el mando republicano concedía excesiva atención, una vez más, a vencer las resistencias de flanco e impedir un eventual estrangulamiento de la bolsa. El día 27 era ya tarde cuando se intentó la marcha motorizada hacia Zaragoza.

En el Cuartel general Terminus estaban preocupados. El general Franco salió hacia Zaragoza, pero no llegó a esta capital. Pasado el pueblo de Alfaro organizó una reunión de jefes militares en la casilla del Portazgo. Además, Santander ya había caído, y las reservas iban a afluir sobre el frente de Aragón.

Belchite resistió hasta el 3 de septiembre. (Quinto había caído el 26 de agosto). Sin agua y sin luz, sus defensores se batieron hasta el último momento. El alcalde murió luchando y su hija fue hecha prisionera con las armas en la mano[13]. La 35 División, luchando con análogo coraje, conquistó el pueblo casa por casa e hizo quinientos prisioneros. En cuanto a la división de Barrón, que había intentado salvar Belchite, fracasó en su empeño, pero allí se había cortado el alcance de la ofensiva.

Así terminó la verdadera batalla de Belchite. Aunque desde la línea Fuentes de Ebro-Mediana-Fuendetodos, la ciudad de Zaragoza seguía amenazada, los combates que tuvieron lugar a mediados de octubre en el sector de Fuentes de Ebro no cambiaron en nada la situación.

La Conferencia de Nyon y la Sociedad de Naciones

La Conferencia de Nyon y la Sociedad de Naciones

Durante el verano de 1937, los submarinos italianos torpedearon numerosos barcos de países neutrales que se dirigían a los puertos de la España republicana. Hoy se sabe que actuaban así por decisión expresa de Mussolini. El Gobierno republicano recurrió ante el Consejo de la S. de N. y envió una nota a los Gobiernos europeos denunciando los hechos. Pero los Gobiernos de Londres y París, sobre todo el británico, temían irritar a los dictadores. Chamberlain buscaba infatigablemente un acuerdo con Italia. Sin embargo, después que los submarinos «desconocidos» atacaron el 31 de agosto al cazatorpedero británico Havok, y hundieron un mercante de la misma nacionalidad el 2 de septiembre, tal vez también para evitar que el asunto se plantease en la Asamblea de la S. de N. que, debía tener lugar el 13 del mismo mes (y de la que estaban ausentes Alemania e Italia), los Gobiernos de la Gran Bretaña y Francia propusieron una reunión para el día 6, en la que participasen además los países ribereños del Mediterráneo y del mar Negro. Alemania e Italia se negaron a asistir. La Conferencia tuvo lugar en Nyon —localidad cercana a Ginebra— en la fecha prevista y participaron en ella los representantes de la Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética, Grecia, Yugoslavia, Turquía, Bulgaria y Egipto. La U. R. S. S. había pedido que el Gobierno de España, país mediterráneo, participase en la Conferencia, pero esta sugerencia no fue aceptada. En verdad, el Gobierno francés, que había tomado la iniciativa de la reunión, propuso al de Londres que se convocase también al Gobierno republicano de España, pero Eden disuadió a sus colegas franceses de tal propósito.

El 14 se firmó el Acuerdo de Nyon que autorizaba a las patrullas navales franco británicas a atacar a partir de Malta todo submarino sospechoso que se encontrase en el Mediterráneo. Un acuerdo suplementario, firmado el día 17, extendió este género de medidas a la conducta a seguir con los aviones igualmente sospechosos. Pero, como señala el tratadista norteamericano David T. Cattell, «los Gobiernos británico y francés abrieron inmediatamente negociaciones con Italia para convencerla de entrar en el nuevo sistema de control. Italia —añade—, muy alarmada por los progresos hechos en ausencia suya y de Alemania, aceptó sin vacilar la invitación de participar en las patrullas navales. Las conversaciones sobre el particular se abrieron en París el 21 de septiembre, y la participación efectiva de Italia comenzó el 11 de noviembre».

Mientras Italia actuaba así y sus diplomáticos prometían a Delbos y Eden que no enviarían más ayuda a España, Mussolini decía a Hitler que la actuación de los submarinos continuaría a despecho de cualquier decisión internacional.

El 18 de septiembre, Negrín habló ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones en estos términos: «Hemos llegado a un punto en que empeñarse en mantener la ficción de la no intervención es trabajar, conscientemente o no, para prolongar la guerra (…). He aquí lo que el Gobierno de la República se considera con derecho a pedir: 1.º Que se reconozca la agresión de que España es objeto por parte de Alemania y de Italia; 2.º Que sobre esa base, la Sociedad de Naciones examine con toda urgencia los medios de poner fin a la agresión; 3.º Que se devuelva íntegramente al Gobierno español el derecho de procurarse libremente todo el material de guerra que estime necesario; 4.º Que los combatientes no españoles sean retirados del suelo de España; 5.º Que las medidas de seguridad adoptadas en el Mediterráneo sean extendidas a toda España y que se asegure a España la participación que legítimamente le corresponde».

Sólo los representantes de la Unión Soviética y de México insistieron en que se condenase cómo agresores a Italia y Alemania. Litvinov puso de relieve —y no sin razón— la paradoja de que en el informe de la Secretaría de un organismo consagrado estatutariamente a salvaguardar la paz y el orden internacionales no se dijese una palabra de los casos de España y de China, en que la guerra era ya un hecho.

El asunto se envió a la VI Comisión, que redactó un proyecto de resolución en otro punto, en el que las aristas hirientes se habían limado de tal manera que no tenía ninguna finalidad práctica. Se reconocía de hecho la intervención extranjera y el fracaso de la política de no intervención[14], pero se perseveraba en ella y se limitaba a hacer un llamamiento a la buena voluntad de los gobiernos. La resolución fue aprobada por 32 votos a favor, dos en contra (los de Portugal y Albania) y 14 abstenciones.

El Comité de Londres

El Comité de Londres

El Comité de Londres vegetaba. Se hablaba de nuevas tropas italianas enviadas a España, donde el general Bastico pretendía ser forjador de la victoria de Santander (Franco pidió a Mussolini su relevo); se sabía que una Compañía Franco-Ibérica, cuyos armadores residían en Marsella, fletaba barcos noruegos que desembarcaban material en Lisboa. El 21 de octubre pasaron de Portugal a España, por Elvas, más de doscientos camiones con armamento. Y el 29 del mismo mes llegaron por análoga vía 25 000 fusiles le Alemania, que eran la primera parte de un pedido de 80 000.

Mas para Londres el objetivo esencial era ganarse las simpatías de Italia. La víspera de la reunión del Subcomité, el 15 de octubre, publicó el Times un editorial cuya inspiración se suponía de fuente gubernamental: «… La intervención extranjera es en gran parte responsable de haber provocado y prolongado la guerra civil. Gran parte del resentimiento que ha causado la rebelión contra el Gobierno ha sido debido a la influencia de los agentes de la Komintern, cuya actividad era tanto más notoria cuanto que era deletérea. Esta interferencia de Rusia en los asuntos españoles, no menos dañosa por ser secreta y no oficial, ha empujado a Alemania e Italia a enviar ayuda a la otra parte…».

Como puede verse, ésta era la tesis de los alzados el 18 de julio y la de Roma y Berlín. Sin embargo, el Foreign Office combinaba los halagos y las amenazas. Lord Plymouth amenazó, al día siguiente, con liquidar la No Intervención si no se avanzaba en la cuestión de la retirada de voluntarios.

En efecto, no se avanzaba ni un palmo. El 4 de noviembre se aprobó el plan británico de retirada de voluntarios, que debía someterse a los dos bandos contendientes. En aquel momento, el Gobierno francés parecía decidido a modificar su actitud. Pablo de Azcárate cuenta que el 13 de noviembre visitó a Pierre Cot, quien, no sólo le acogió muy favorablemente —su actitud personal era inequívoca—, sino que también le declaró que el propio jefe del Gobierno francés le había hablado de «la conveniencia de estrechar las relaciones con la República española en el plano militar». Como consecuencia de sus gestiones en París, Azcárate envió a Negrín una carta cuyo borrador decía: «Sobre la frontera y el tránsito me informó ayer Laugier lo siguiente: “Todos los ministros, incluso Chautemps, están de acuerdo para dejar pasar el contrabando que quieran”. Eden ha dicho a Delbos: “Que no se abra la frontera, pero que pasen todo lo que quieran”».

El 20 de noviembre, el general Franco aceptaba el principio de la retirada de voluntarios, pero con una serie de limitaciones y condiciones (entre ellas que los voluntarios fueran reintegrados a su país natal) y a condición de obtener los derechos de beligerancia. El Gobierno de la República aceptaba por su parte la propuesta el 1.º de diciembre. La frontera francesa se cerraba de nuevo poco después.

El Comité de Londres nombró Comisiones y Subcomisiones, y se discutía sobre los detalles del Plan (la respuesta de Burgos consideraba como una «retirada sustancial» sólo la de 3000 voluntarios). El mes de enero de 1938 transcurrió en interminables discusiones. El Gobierno francés se mostraba más enérgico, pero en el seno del británico Chamberlain, cada vez más decidido a pactar con los dictadores, pesaba con mayor fuerza que Eden, que ya se daba cuenta del fracaso de la No Intervención.

La realidad de la política británica se mostraba con mayor claridad en sus relaciones con la Junta de Burgos. Después de la caída de Bilbao, Chilton pidió a Sangróniz (en una entrevista personal) el exequatur para mantener un cónsul británico en la capital vasca. Sangróniz respondió que la condición para ello era el reconocimiento de los derechos de beligerancia. Londres respondió indirectamente, a través de Portugal, que el reconocimiento podría efectuarse en breve plazo.

Por fin, durante el mes de octubre, tuvieron lugar conversaciones entre la Gran Bretaña y la Junta de Burgos, que condujeron a un acuerdo para intercambiar misiones semioficiales. Se firmaron un acuerdo de clearing, uno sobre pagos del mineral procedente de Río Tinto y otro sobre ventas de minerales de Vizcaya. Por el lado rebelde, las negociaciones fueron realizadas por Gómez Jordana, Sangróniz y Nicolás Franco[15].

El 16 de noviembre fue nombrado «agente comercial británico en la España nacionalista» sir Robert Hodgson. En realidad era el jefe de una misión diplomática. Llegó a Salamanca (y después se trasladó a Burgos) el 16 de diciembre de 1937, acompañado del consejero comercial y de un secretario de la Embajada británica ante el Gobierno de la República. Su misión estaba integrada, además, por dos militares: el coronel De Ronzy-Martin y el mayor Desmond Mahony. Sir Robert Hodgson fue recibido, por primera vez, por el general Franco el 1.º de febrero de 1938.

Este acercamiento inquietó en más de una ocasión al Gobierno de Hitler, pero sus representantes fueron siempre tranquilizados por el general Franco y los miembros de la Junta Técnica, como consta en numerosos documentos diplomáticos alemanes de la época.

Realmente, la Junta de Burgos ganaba puntos en el orden diplomático. En agosto había sido reconocida por el Vaticano como Gobierno de España y su representante oficioso transformado en embajador. Hungría siguió el ejemplo británico y nombró un representante «comercial», y si Austria no llegó a hacerlo fue porque antes pereció engullida por Hitler. El Japón reconocía a la Junta el 1.º de diciembre, al tiempo que Holanda y Suiza firmaban con ella acuerdos comerciales.

La caída de Asturias

La caída de Asturias

La guerra seguía implacable. Los hechos de armas en los sectores de Aragón y del Centro eran de segundo orden frente a la desigual batalla que se libraba en el Norte, a consecuencia de la caída de Bilbao y Santander. Comenzó Aranda su ofensiva el 1.º de septiembre, al frente de tres divisiones (las 81, 82 y 83) y dos brigadas navarras, mientras que Solchaga atacaba por la costa con otras cuatro también navarras, más la Brigada de Castilla. El día 9. Aranda inició la maniobra sobre Pajares y se intensificó la lucha en el sector de La Robla. Pese a la superioridad de material, Aranda avanzó muy difícilmente; el 14 ocupó Celleros y el 17 la altura de Las Perrucas. A partir de ese momento estaban abiertas las bajadas de los puertos hacia la zona minera, pero la resistencia era tenaz, y, Aranda, prudente. Por otra parte, Solchaga apenas avanzaba en el sector del Este. Para avanzar desde Llanes a Posada, es decir, menos de seis kilómetros las brigadas navarras emplearon trece días. Las unidades asturianas y otras procedentes del frente vasco (el batallón Larrañaga, Isaac Puente, etc.) se batían cuerpo a cuerpo, y contraatacaban, bajo el fuego de la aviación enemiga, dueña del cielo.

A fines de septiembre, las fuerzas de Aranda, al atacar partiendo de Riaño, encontraron tenacísima resistencia en la sierra de Mataporquera. Hasta el 4 de octubre no consiguieron ocupar el puerto de San Isidro. El 10, las fuerzas de Solchaga ocupaban Cangas de Onís; ¡a ocupación de Arriondas, el 14, colocó a los republicanos en una situación muy comprometida, por lo que el Consejo Soberano de Asturias decidió evacuar el mayor número de combatientes. En cuanto a la evacuación de la población civil era ya dificilísima. La aviación no cesaba de bombardear los puertos de Gijón y Avilés y había hundido el vapor Reina (que había llevado material de guerra), el destructor Ciscar y el submarino C-B, La flota de Franco bloqueó los muertos y ningún barco extranjero se atrevía a evacuar a aquellas mujeres y niños. A esto se añadió la necesidad de evacuar los combatientes y el 19, las unidades fueron abandonando las posiciones en dirección a los pitados puertos de Gijón y Avilés. El día 20 embarcó el Consejo Soberano, pero decenas de millares de personas quedaron allí y muchas de las que huían fueron apresadas en alta mar y enviadas a campos de concentración.

Aquel mismo día las tropas de Aranda y Solchaga tenían establecido un arco ofensivo Villaviciosa-Infiesto-Pola de Laviana. El 21, desfilaban por las calles de Gijón. La plaza de Toros estaba atestada de presos. La «limpieza» comenzó en toda la región. Durante semanas, los piquetes de ejecución funcionaron sin descanso. Las mujeres de los mineros fueron objeto de innumerables vejaciones. Las unidades de Regulares tenían carta blanca en la zona de Mieres. El odio de clase contra los mineros asturianos estaba cargado de resabios. Durante años, diga lo que quiera una propaganda unilateral, Asturias vivió un régimen de ocupación. En contrapartida, varios millares de combatientes que no pudieron embarcar se replegaron a las montañas, donde durante largos meses prosiguieron una lucha de guerrillas.

Las radios de Burgos y Salamanca proclamaron: «El trente del Norte ha desaparecido». Puertos, minas y zonas industriales pasaban así a su poder; el bloqueo de la zona republicana podía concentrarse fácilmente en el Mediterráneo. El considerable aumento de población, si bien planteaba serios problemas de abastecimiento, ofrecía también nuevas reservas para la guerra. Además, los 65 000 hombres que habían operado en el Norte (sin contar las divisiones italianas) podían trasladarse entonces a un frente ininterrumpido desde el Pirineo hasta Sierra Nevada.

En Valencia, Prieto, considerándose fracasado, presentó la dimisión, pero Negrín no se la aceptó.

La vida política

La vida política

El 1.º de octubre se reunieron las Cortes en la Lonja de Valencia. Martínez Barrio abrió la sesión ante doscientos diputados, algunos de los cuales pertenecían a los partidos del centro no adheridos al Frente Popular, entre ellos Portela Valladares. Por primera vez iba a explicar las presiones de que fue objeto la noche del 16 al 17 de febrero de 1936. También estaba Guerra del Río.

Negrín leyó la declaración ministerial. Nadie habló en contra. Se había rumoreado que algunos amigos de Largo Caballero expresarían su oposición, pero no hubo nada de eso. Intervinieron los representantes de las minorías: González Peña, Velao, Dolores Ibárruri… y el Congreso otorgó plena confianza al Gobierno Negrín.

El Gobierno decidió, por fin, el 31 de octubre trasladarse a Barcelona. Desde mayo, Negrín estaba convencido de que era la solución más eficaz de emplazamiento del Gobierno. La instalación del Gobierno central en Cataluña acarreó los inevitables conflictos de jurisdicción e hirió no pocos sentimientos. Sin embargo, los conflictos no adquirieron demasiado carácter dramático y la economía catalana dio un rendimiento más eficaz[16].

Pocos días después (13 a 16 de noviembre) se reunía en Valencia el Pleno de Comité Central del Partido Comunista.

Los comunistas concentraron su atención en la política de guerra (reservas, fortificaciones, industrias militares) y se pronunciaron contra todo intento de compromiso, es decir —y sin decirlo—, contra la política de Azaña y de ciertos republicanos moderados (secundada en el exterior por Miguel Maura y Salvador de Madariaga, entre otros) coincidente con el criterio británico. En esto coincidían con Negrín y la inmensa mayoría de socialistas, cenetistas y republicanos. En verdad, este planteamiento era necesario para evitar la desmoralización sembrada por los eternos buscadores del compromiso, pero era innecesario en cuanto al objeto del debate, pues el general Franco había repetido una y otra vez, en respuesta a ese género de sondeos, que sólo admitiría la capitulación sin condiciones.

El pleito de la U. G. T. se agravó en el mes de octubre. Largo Caballero pronunció un violento discurso de oposición, mientras que la mayoría del Comité Nacional nombró otra Ejecutiva presidida por González Peña y con Rodríguez Vega de secretario. La anterior Ejecutiva, presidida por Díaz Alor, con Largo Caballero de secretario, no reconoció a la nueva. Por fin, gracias a la intervención de la C. G. T. francesa, se llegó en enero de 1938 a una fórmula conciliatoria, sugerida por León Jouhaux, y se nombró una Comisión Ejecutiva integrada por representantes de ambas tendencias, pero con Rodríguez Vega de secretario.

En Burgos y Salamanca también menudeban los problemas políticos. La Junta Técnica, esparcida por varias provincias, sin verdadero poder político, tenía menos peso que el Cuartel general, donde Sangróniz y Nicolás Franco eran los primeros colaboradores del Generalísimo. Pero otro colaborador muy inmediato Serrano Súñer, estimaba que ya era hora de disponer de un Gobierno de apariencia normal. Legalmente había ya un partido único, pero esa unidad era muy relativa. En su informe confidencial del 25 de octubre, el embajador alemán Stohrer (que había sustituido a Faupel) hablaba de cinco tendencias en el seno de la F. E. T.: los «camisas viejas» falangistas; los provaticanistas y requetés; los intelectuales de Acción Española; los de Acción Popular (que él asimilaba al Centro católico alemán) y los tradicionalistas o monárquicos puros.

El problema más complicado que se presentó en esta zona en el orden económico fue el de las negociaciones con Alemania sobre las minas. Goering, a través de la Hisma y la Rowak, proseguía su labor de penetración. El Plan Montaña, establecido por los altos funcionarios de la Hisma, preveía el control alemán de 73 minas españolas. Pero el acercamiento de Burgos y Londres, después de Ta caída de Bilbao, inducía a la prudencia a los españoles. Un decreto del 9 de octubre anuló todas las concesiones hechas desde el 18 de julio de 1936. Los alemanes se inquietaron, tanto más cuanto que todavía no habían recibido ni un céntimo en pago a su cuantiosa ayuda bélica. En Burgos se les dijo que los derechos de la Hisma no serían afectados, pero la inquietud de Goering «no había desaparecido enteramente por las declaraciones del generalísimo Franco sobre la salvaguardia de los intereses alemanes»[17]. Stohrer y Bernhardt hicieron múltiples gestiones y conversaron de nuevo con el general Franco, su hermano Nicolás y Sangróniz. Hacia Navidad se llegó al acuerdo de que una Comisión mixta germano-española estudiase el asunto. En un memorando de la Embajada alemana, del 10 de enero de 1938, se dice que el trabajo en las minas «continúa en gran escala con el consentimiento tácito de los españoles». Como tendremos ocasión de ver, el asunto Montaña siguió en primer plano durante todo el año 1938. Por otra parte, y según los datos facilitados por Bernhardt al ministro alemán de Asuntos extranjeros, durante el año 1937 se habían enviado de España a Alemania 2 584 000 toneladas de mineral, de las cuales 1 620 000 de hierro. Los envíos se habían aumentado en el transcurso del año y la mayor parte procedían de Marruecos (minas del Rif) y de Bilbao desde que esta zona pasó a poder de Franco.

La batalla de Teruel

La batalla de Teruel

El Cuartel general de Burgos preparaba una nueva ofensiva sobre Guadalajara encaminada, como en marzo de 1937, a envolver Madrid para provocar su caída. En aquel momento había doce divisiones escalonadas en el valle del Jalón hasta Medinaceli. El general Valiño ha explicado así la situación: «Se iba, pues, a reproducir en gran escala la fracasada operación sobre Madrid que desde la región alcarreña se intentara en el mes de marzo del mismo año». Dice también que se habían concentrado tres cuerpos de ejército en el frente Cogolludo-Salices, entre ellos el italiano, compuesto de cuatro divisiones.

Pero el Consejo Superior de guerra de la República se había adelantado a esa operación y, el 8 de diciembre, había decidido atacar por Teruel, con el objetivo táctico de envolver y tomar esta ciudad, y el estratégico de impedir el ataque sobre Guadalajara-Madrid, del que había tenido conocimiento por sus servicios de información.

Disponía ya el mando republicano de un ejército de maniobra formado por cinco cuerpos de ejército, de los cuales tres fueron utilizados para esta ofensiva, en unión de fuerzas pertenecientes al Ejército de Levante. Los hombres puestos en línea eran 40 000, distribuidos así: XVIII Cuerpo de Ejército, mandado por el teniente coronel Heredia (compuesto por las divisiones 34 y 70, cuyos jefes eran, respectivamente, Etelvino Vega y Toral); XXII Cuerpo, a las órdenes del teniente coronel Ibarrola, formado por las divisiones 11 y 25, de Líster y Vivancos; XX Cuerpo, dirigido por el teniente coronel Menéndez, que sólo disponía de la 68 División (al mando de Trigueros), a la que luego se le unió la 40, de Nieto, todas unidades del Ejército de maniobra. Al Ejército de Levante pertenecían la 64 División, de Martínez Cartón, y la 39, de Malibrera. Otras dos divisiones del Ejército de Levante sólo entraron en fuego más tarde, en el transcurso de la lucha. La artillería estaba mandada por el teniente coronel Gallego, los ingenieros por el comandante Carrer, los tanques y carros por el coronel Parra y la D. E. C. A. por el coronel Jurado. Otras fuerzas del V Cuerpo de Ejército tuvieron que entrar en línea en fases posteriores de la batalla.

El Ejército republicano consiguió la ventaja inicial de la sorpresa. En la madrugada del 15 de diciembre, con una temperatura de varios grados bajo cero, se pusieron en marcha el XXII Cuerpo por la derecha desde Villalba Baja, y el XVIII por la izquierda, que lo hizo desde Rubiales. Las fuerzas de Líster, después de infiltrarse por el río Alfambra y las estribaciones del Muletón, ocuparon Concud poco después de las diez de la mañana y a mediodía cortaban la carretera de Teruel a Zaragoza a la altura del kilómetro 173. Al atardecer, los dos cuerpos de ejército se encontraban delante de San Blas y cerraban así la bolsa que envolvía ya Teruel. Esta vez de había avanzado sin preocuparse de los flancos y focos locales de resistencia, y se había ocupado cuatro pueblos. La 68 División atacó frontalmente y penetró entre Castralvo y Vallaespesa, por el Sudeste, en línea recta hacia Teruel.

El frente se derrumbaba: el 17 cayó todo, el entrante de Villastar, el 18 la Muela de Teruel, el 19 el puerto del Escandón y el cementerio de la capital. Rey d’Harcourt, coronel que mandaba las fuerzas de Teruel, replegó sus fuerzas hacia el interior del casco urbano. Todo inútil; el día 22 las tropas republicanas entraban en la ciudad. Rey d’Harcourt encastilló a sus hombres en varios reductos: el Seminario, el Banco de España, el Gobierno civil, la Diputación…

Franco, que tenía ya su Cuartel general en Medinaceli en espera de la «segunda ofensiva» de Guadalajara, se encontró sorprendido por la nueva situación. Por fin, el 22 de diciembre, decidía organizar dos cuerpos de ejército, uno al mando de Aranda y otro al de Varela. El día 25 puso en línea once divisiones, apoyadas por 296 piezas de artillería, más del doble de las republicanas. Se ordenó a Rey d’Harcourt que resistiese a toda costa.

El 29, Varela y Aranda conseguían avances sustanciales y el 31 llegaban a la Muela de Teruel. Pero Rey d’Harcourt había llegado al límite de sus fuerzas: «No podemos resistir más —comunicó ese mismo día—. Si mañana no llegáis hasta nosotros nos rendiremos al enemigo».

La helada noche del Año Viejo fue decisiva. Los republicanos habían llegado a evacuar Teruel, pero de madrugada habían vuelto a sus posiciones sin que nadie se enterase. Acudieron reservas a aquel frente, con lo cual se restablecía momentáneamente la situación, pero se imposibilitaba toda acción coordinada con otros sectores, y se condenó la proyectada maniobra. Militares y políticos de ambos bandos han discutido mucho sobre si era o no posible otra salida al mando republicano. En definitiva, la falta de perspectivas, y el llevar y traer desconsideradamente al Ejército de maniobra contribuyeron en gran medida a desgastar el potencial militar republicano durante la batalla de Teruel[18].

Durante, los primeros días de enero, las fuerzas de Aranda se estrellaban en los sectores de Celadas y el Muletón. Este fracaso impidió a Varela continuar sus ataques en las cercanías de Teruel. Nevaba cada vez más y las operaciones eran penosísimas. Los hombres de Rey d’Harcourt eran batidos por la artillería, que disparaba a cero. El 8, se rindió el coronel, «con noventa por ciento de bajas en la oficialidad, perdida la moral de la tropa, en la que es continua la deserción y con mil quinientos heridos sin asistencia por falta de material sanitario y amenazados de muerte por modernos medios de combate», dice el acta de rendición firmada por Rey d’Harcourt y sus oficiales. Al mismo tiempo, caía el reducto de Santa Clara, mandado por el coronel Barba[19].

Durante todo un mes de enero de durísimos combates, las posiciones de ambos ejércitos operando en terreno helado no experimentaron grandes cambios. La contraofensiva tuvo lugar a partir de la constitución —el 30 de enero— de un Ejército de operaciones integrado por los cuerpos de ejército Marroquí (con cinco divisiones), el de Galicia (cuatro divisiones y media), el de Castilla (tres divisiones y media) y una reserva formada por la V División y la División de Caballería.

En aquel momento, el mando republicano había sacado fuerzas del frente. La debilidad de su guarnición es subrayada por García Valiño, que cita, como ejemplo, que «la totalidad del frente a atacar por el Cuerpo de Ejército Marroquí estaba cubierto por dos brigadas mixtas».

El 5 de febrero, ya entrada la mañana, pues la operación se retrasaba a causa de la niebla, comenzaba aquella gigantesca ofensiva de 125 000 hombres, apoyados por 400 piezas de artillería. El frente fue roto y las tropas de Aranda y Yagüe ocuparon Alfambra, Villalba y una gran extensión de terreno.

Ya era hora, porque los aliados de la Junta de Burgos empezaban a inquietarse. Stohrer había dicho (informe secreto del 13 de enero) que no bastaba dar a Franco más hombres y material, sino un número mucho mayor de personal técnico y de oficiales. En cuanto a Mussolini, estaba irritado, por lo que su embajador comunicó a Franco que seguirían prestándole ayuda, pero no indefinidamente. Las cosas no podían alargarse más de seis meses. Al comenzar febrero, el Duce escribió una nueva carta a Franco, que debí llevarla el general Berti, pidiéndole una acción, enérgica, pero en vista de que había comenzado la contraofensiva en Teruel, Berti y el embajador italiano decidieron no entregarla.

Por otra parte, al finalizar enero se constituía en Burgos, bajo la jefatura del general Franco, el primer Gobierno con nombre de tal, del que nos ocuparemos más adelante. La aviación «legionaria», partiendo de sus bases de Baleares, comenzó los bombardeos en gran escala contra Barcelona. También se reprodujeron los ataques a mercantes de varios países por submarinos «desconocidos» que surcaban el Mediterráneo.

Después de consolidar la orilla derecha del Alfambra, los cuerpos de ejército marroquí y de Galicia emprendieron la maniobra de envolver Teruel. «El enemigo se defendió con tesón en todas partes —cuenta García Valiño—, sufriendo el día 17, durante seis horas, los más potentes bombardeos en picado de la aviación conocidos hasta entonces, con bombas de 200 y 500 kilos». Añadamos que los Stukas acababan de comenzar su historia militar en el cielo aragonés. Una vez más, la superioridad de material era aplastante en favor de las fuerzas de Franco.

Los defensores de Teruel, mandados entonces por Valentín González (Campesino) quedaron cercados el 20 de febrero. El 21, cuando ya habían perdido la Plaza de Toros y no tenían otra munición que bombas de mano, el Campesino, montado en un tanque, rompió el cerco y regresó al anochecer al puesto de mando de la División, sito en la Plaza del Torico, después de haberse entrevistado con Modesto. Quedaban allí dos mil hombres atacados por todo el Cuerpo de Ejército de Castilla y bajo el fuego de cincuenta baterías. En Junta de mandos se decidió intentar la salida y a las diez de la noche los republicanos atravesaron el Tuna a nado, donde sufrieron no pocas bajas. Con bombas de mano se fueron abriendo paso, pero más de mil cayeron prisioneros, entre ellos Palacio, jefe de Estado Mayor de la 46 División. Un puñado de hombres guiados por el Campesino fueron los únicos que pudieron llegar a las líneas republicanas[20]. Las líneas se estabilizaron pocos días después, delante de Alfambra, Valdecebro, Castralvo… El general Aranda ha comentado así el final de la batalla: «La situación final fue tablas. El enemigo sólo retrocedió lo indispensable para ocupar buenas posiciones sólidamente, sin perder el contacto. Los contendientes se pararon tácticamente, dejando para mejor ocasión la lucha decisiva»[21].

El primer Gobierno de Burgos

El primer Gobierno de Burgos

El 30 de enero, la Junta Técnica de Burgos era sustituida por un Gobierno, presidido por el general Franco[22]. Este tipo de gobierno respondía al conglomerado de tendencias que en julio de 1936 se alzó contra «la anarquía», sin que nada permita hablar de tendencias «sociales». Monárquicos, carlistas, colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera, algún que otro tecnócrata y, sobre todo, la fuerte personalidad del cuñado del Generalísimo, Serrano Súñer, hizo saltar literalmente la Secretaría General del Estado, condición que sin duda requería para ejercer sus dotes de mando. Sangróniz fue políticamente triturado al enviarle de ministro… a Caracas (!). Nicolás Franco fue enviado como embajador a Lisboa, puesto en el que había de permanecer largos años.

También parecía ya engrasado el mecanismo de la nueva Falange (F. E. T. y de las J. O. N. S.) y su Consejo Nacional se reunió en Burgos. Sus miembros, designados por el Jefe, fueron reclutados, para decirlo con palabras de Serrano Súñer, «entre las personalidades oficiales más destacadas del régimen —generales, ministros— y los falangistas y requetés que en breve etapa de prueba se habían dado a conocer con más relieve». Se observará que el secretario general de la Falange. Fernández Cuesta, se había visto asignado en el Gobierno un modesto puesto de ministro de Agricultura, desde el que podía presidir a sus anchas la contrarreforma agraria.

Mientras tanto, Chamberlain, que tenía sus ideas, inició desde comienzos de febrero conversaciones con el embajador italiano Grandi para llegar a un acuerdo general con Mussolini. Eden, que no compartía el criterio del jefe de su Gobierno, estimaba que tos italianos no habían hecho honor al gentlemen’s agreement del año anterior. Todavía el 1.º de febrero, el mercante británico Endymion, que llevaba carbón a Cartagena, había sido torpedeado por los submarinos italianos y perdido nueve de sus hombres, más el oficial de no intervención, de nacionalidad sueca. Eden sostenía que cualquier pacto con Italia debía ir precedido de un progreso sustancial en la aplicación del plan de retirada de «voluntarios» en España, del cual el Gobierno de Roma no quería ni oír hablar.

Chamberlain (apoyado, entre otros, por Samuel Hoare) no veía más solución que entenderse con el Gobierno fascista, por lo que Eden presentó la dimisión el 20 de febrero. Chamberlain tenía las manos libres.

En Francia, los socialistas habían provocado la crisis, al abandonar el Gobierno el 13 de febrero, y Chautemps formó otro Gabinete sin ellos.

Aspectos económicos de la situación

Aspectos económicos de la situación

Conocemos ya algunos rasgos esenciales de la evolución del estado económico en ambas zonas. La agricultura producía en ambas con notorio rendimiento, pese a las dificultades inherentes a la guerra. En la zona republicana, aunque había déficit de cereales, ganadería y sus derivados, etc., se disponía de la cosecha de agrios para la exportación. En la zona llamada nacionalista, el aumento demográfico producido por la toma del Norte acarreaba un aumento de la demanda cerealística, pero suponía una aportación de productos de ganadería, sin referimos, claro está, a la muy esencial de minas e industria pesada.

En la zona republicana, a pesar de algunos balbuceos y experiencias fallidas, las nuevas relaciones de propiedad determinaron un esfuerzo productivo; la cosecha de trigo en esos territorios fue en 1937 superior en un 9 por ciento a la del año precedente. En ese verano, se habían distribuido 3 856 020 hectáreas y el Instituto de Reforma Agraria había prestado 72 464 398 pesetas a los campesinos. Según el Instituto, en mayo de 1938 había 2 432 202 hectáreas expropiadas por abandono o responsabilidades de guerra. 2 008 000 por utilidad social y 1 253 000 ocupadas provisionalmente, sujetas a revisión.

Al acabar 1937, la producción industrial de la zona dependiente de Burgos se veía estimulada por la marcha de las operaciones militares. Sin embargo, comenzaba ya a plantearse un problema que años más tarde había de ser grave: el desgaste de utillaje y la baja inversión.

En la zona republicana se realizaron progresos notables en la coordinación y control de industrias de guerra. Pero aún en otoño de 1937, muchas fábricas catalanas no trabajaban a pleno rendimiento y otras producían artículos sin objeto ni mercado en plena guerra. Por el contrario, en otras muchas, tanto en Cataluña como en Madrid y Levante, se trabajaba en varios turnos, se multiplicaban las iniciativas obreras, se ayudaba a la industria por equipos de adolescentes que recogían chatarra, etc. La mayoría de los dirigentes sindicales comprendían la necesidad de dedicarse los principales esfuerzos a la industria de guerra.

La Hacienda había vuelto a entrar en orden bajo la dirección de Negrín. Se volvieron a reanudar los impuestos y los ingresos del Estado por este concepto fueron, en el segundo semestre de 1937, superiores en 130 millones de pesetas al segundo semestre de 1936. La restauración del control de fronteras por parte del Estado mejoró los ingresos de Aduanas: 19,5 millones de pesetas en julio a diciembre de 1936, 52,8 en el mismo período de 1937 y 98,7 en el segundo semestre de 1938. Puede decirse que, a fines de 1937, el Gobierno central controlaba enteramente el comercio exterior y el funcionamiento de los habituales monopolios del Estado (petróleo, tabacos, etc.).

En cuanto al comercio exterior de ambas zonas, si tenemos algunos elementos, aunque incompletos, de los intercambios respectivos con Alemania y la Unión Soviética, el informe de Arthur F. Lovedey nos ofrece los referentes al comercio hispano-británico, pero con el inconveniente de que las cantidades dadas en libras esterlinas representan sin distinción el comercio con las dos zonas:

Concepto | 1935 | 1937
Importaciones de España | 7 035 000     | 7 310 000
Exportaciones a España | 3 430 000     | 1 179 000

Algunos datos sobre las importaciones son significativos: aumentaron las naranjas (en 26 por ciento), tomates (en 22), vinos (en 45), piritas (en 40), pero disminuyeron las patatas (46), nueces y almendras (en 30). Lovedey añadía que las importaciones de hierro procedente de España habían aumentado desde que Franco ocupó el norte del país, lo que él consideraba «un buen augurio para Inglaterra».

La cuestión eclesiástica

La cuestión eclesiástica

Situada en las antípodas de la cuestión precedente, la relación del Poder con la Iglesia siguió ocupando un plano importante en ciertos aspectos de la contienda. También en este punto favoreció a Franco la toma del Norte y no fue extraño a ella el reconocimiento de jure de la Junta por parte del Vaticano. Sin embargo, la instalación del Gobierno Vasco en Barcelona y la orientación del Gobierno Negrín coincidieron en un espíritu de tolerancia religiosa en la zona republicana. Varios millares de sacerdotes vivían libremente en ella y estaban exentos de cumplir el servicio militar. En la capital de Cataluña se celebraba el culto en numerosas capillas privadas y se dio el caso de que el padre Torrents, vicario general «clandestino» de Barcelona, llegó a ser confesor del ministro Irujo y a bendecir su capilla personal, cuando el ministro de Justicia de la República le preguntó por el paradero del obispo Irurita —con objeto de sacarlo de España—, Torrents contestó que lo ignoraba, falsedad que ha quedado evidenciada por el libro del padre Montero, varias veces citado, en el que se cuenta como Torrents actuaba según instrucciones del obispo barcelonés. También el vicario general «clandestino» de Valencia mantenía relaciones con Irujo[23].

El 31 de julio de 1937, un texto legal emanado del Gobierno insistía en el principio constitucional de libertad de cultos y precisaba lo siguiente; «No existe inconveniente alguno para realizar el culto en capillas privadas, siempre que tanto las mismas, como sus ministros, sean autorizados previamente por el Departamento de Justicia a tales efectos…».

El 7 de agosto se abrieron las dos primeras capillas y el 9 del mismo mes apareció una Orden en La Gaceta según la cual sería sancionada toda persona que «denuncie a un ciudadano por ser sacerdote».

Estos hechos no favorecían en nada la opción que el Vaticano había hecho en favor de Franco, siguiendo así la política del cardenal Pacelli, quien, a causa del estado de salud de Pío XI tenía cada vez mayor hegemonía en la vida diplomática de la Santa Sede. Por eso no es de extrañar que fuera el Vaticano el que se negase a la propuesta del Gobierno español de evacuar al obispo de Teruel (prisionero por su comportamiento beligerante), en las mismas condiciones que habían sido las de Múgica —esto es, permanecer en Roma—, con el pretexto de que, en caso de salir debía regresar a su diócesis.

En cuanto al padre Torrents fue él mismo (probablemente inducido por el obispo Irurita y las organizaciones políticas clandestinas) quien negó el permiso para que se abriesen públicamente iglesias en Barcelona, en un momento en que el Gobierno estaba dispuesto a ello, y llegó a amenazar con la suspensión de licencias a los sacerdotes que fuesen a esos templos.

En verdad, el tema religioso, olvidado o ignorado en las primeras proclamas de los sublevados de julio de 1936, se había convertido en una de las mejores armas de propaganda, gracias, en parte, a la errónea reacción anticlerical de numerosos grupos e individuos de la zona republicana en los primeros meses de la guerra. Cuando el general, Franco expuso los fines de su combate a L’Echo de París (16 de noviembre de 1937), ya se habían hecho públicos la opción del Vaticano y la Pastoral colectiva de los prelados españoles. Por eso el Generalísimo no vaciló en decir: «Nuestra guerra es una guerra religiosa. Nosotros, todos los que combatimos, cristianos o musulmanes, somos soldados de Dios y no luchamos contra hombres, sino contra el ateísmo y el materialismo, contra todo lo que rebaja la dignidad humana, que nosotros queremos elevar, purificar y ennoblecer».

Aspectos culturales

Aspectos culturales

No es una figura retórica ni una preocupación de rutina, la que nos obliga a observar reiteradamente estas o aquellas manifestaciones culturales en la España republicana durante la guerra. La preocupación cultural y didáctica había sido —y ya lo hemos visto— un rasgo saliente del régimen desde 1931. La mayoría de sus gobernantes fueron —antes y durante la guerra— hombres, de profesión y vocación intelectuales; la mayoría de los escritores, profesores, médicos, maestros, científicos, artistas, etc., estuvo al lado de la República.

Un hecho sintomático es el que durante el primer año y medio de guerra se aumentasen las escuelas de primera enseñanza, además de las 800 creadas en los frentes por las Milicias de la Cultura, en cuyo trabajo participaban más de dos mil educadores (en octubre de 1937 más de 75 000 soldados habían aprendido a leer y a escribir[24]). Se crearon un millar de bibliotecas en hospitales y cuarteles, se publicaban regularmente 150 periódicos de unidades militares en muchos de los cuales colaboraban regularmente escritores jóvenes como Rafael Alberti, Miguel Hernández, Serrano Plaja, Herrera Petere, Antonio Aparicio, Sánchez Barbudo, Emilio Prados, Garfias, Chabás, Altolaguirre, Izcaray, Sánchez Vázquez, Rejano, etc. En todas las regiones de Levante y Cataluña se organizaron colonias y guarderías para más de 60 000 niños evacuados de las zonas próximas a los frentes.

En septiembre de 1937 apareció en Valencia un libro de poemas que había de señalar una fecha en la historia literaria de España: Viento del pueblo, del ya citado Miguel Hernández. El libro, editado por Socorro Rojo, estaba, dedicado a Vicente Aleixandre: «Nuestro cimiento será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo… El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo».

Capítulo XV. De Teruel al Ebro

CAPÍTULO XV
DE TERUEL AL EBRO

Se inicia la maniobra de Levante

Se inicia la maniobra de Levante

La batalla de Teruel había desgastado las fuerzas republicanas, entre ellas el Ejército de maniobra traído y llevado en el curso de la misma sin un criterio fijo del mando supremo. El ministro de Defensa, Indalecio Prieto, se hallaba evidentemente deprimido. Al Evacuarse Teruel, antes de que los franquistas se diesen cuenta de que la ciudad había sido enteramente abandonada. Prieto lo hizo público en el parte de guerra. Como Rojo le preguntase la causa de tan extraña actitud, el ministro respondió que: «no quería que la ocupación de Teruel por los rebeldes se diese exclusivamente a través de las radios facciosas…»[1].

El momento era, pues, poco propicio para los republicanos, y cada día que pasaba contaba para tomar la iniciativa. Sin duda, había acontecimientos favorables a los republicanos, pero eran menos importantes que la correlación de potenciales militares al comenzar marzo de 1938. Entre ésos debe citarse, en primer lugar, la intensa actividad guerrillera en el Norte. A primeros de marzo, Franco decía a Stohrer que 18 000 republicanos que habían quedado armados en Asturias sólo habían sido capturados dos mil, y cuya actividad había retrasado la proyectada operación sobre Madrid en el mes de diciembre. En realidad, la actividad guerrillera se desarrollaba también por Extremadura y Andalucía, pero se trataba de grupos reducidos con la misión de volar puentes y líneas férreas, dar golpes de mano aislados, etc. La guerrilla como unidad de combate no llegó nunca a desarrollarse.

Otro acontecimiento, más espectacular que eficaz, fue el hundimiento del crucero Baleares, el 5 de marzo. Dos cruceros y tres destructores de la flota republicana se encontraron cerca de Ibiza con el Almirante Cerrera, Baleares y Canarias. Los destructores lanzaron por dos veces sus torpedos. Cinco minutos después saltaba el Baleares y se hundía con la mayoría de su dotación. Ubieta, que mandaba las fuerzas republicanas, no quiso perseguir a los otros dos cruceros, y ordenó el regreso a Cartagena.

En verdad, la flota republicana había sido bien poco eficaz, si se exceptúan algunos casos aislados. Atemorizada o ineficaz, no hizo frente al enemigo cuando la caída de Málaga, ni jamás hizo acto de presencia en el Mediterráneo para atacar, a los barcos que transportaban material para el enemigo o para defender los que venían a los propios puertos. En el momento que nos ocupa, el crucero Miguel de Cervantes, completamente renovado, se incorporó a la flota y fue desde entonces el buque insignia. Pero la escuadra permaneció inactiva cuando, al llegar las tropas adversarias a la costa levantina, en abril de 1938, hubiera podido actuar con eficacia. Una excepción fue la del destructor José Luis Diez, que forzó el paso del Estrecho, a fines de 1938, y fue luego internado en Gibraltar.

El día 9, cien mil hombres integrados en los cuerpos de ejército Marroquí (Yagüe), de Galicia (Aranda), de Tropas Voluntarias (italianos) y la División de Caballería, apoyados por 150 piezas de artillería, rompían el frente republicano por la línea Viver-Rudilla-Belchite-Quinto, en dirección al Este, para alcanzar el Guadalope, donde Rojo concentró los refuerzos que pudo desde Alcañiz a Caspe. Pero el mando nacionalista lanzó a su vez tres nuevas divisiones traídas de otros frentes. La desproporción de fuerzas era evidente, y además el desconcierto y la falta de coordinación dominaban en el alto mando republicano, aunque algunas de sus unidades se batían locamente con ejemplar valor. Aranda sólo pudo tomar Montalbán el día 13, tras penosos esfuerzos. Mas Alcañiz ya había caído. Se dio el caso de que la 35 División recibió la orden de defenderlo cuando ya estaba en poder del enemigo. En ausencia de Walter, el italiano Luigi Longo tuvo que hacerse cargo del mando de la División y marchar hacia Caspe sin saber en manos de quién estaba esta ciudad. Pero aún estaban allí los republicanos, que durante una semana contuvieron las fuerzas de Yagüe hasta el día 17.

(Al mismo tiempo [el 13] las divisiones hitlerianas habían invadido Austria y realizado el Anschluss bajo el signo de la cruz gaznada. Chamberlain se aterraba cada día más, y en París el nuevo Gobierno formado por Léon Blum 48 horas antes, se inquietó sobremanera por el giro que tomaba la situación. Mas en el Palais Bourbon, la derecha, por boca de Flandin, le negó su apoyo y declaró que el único peligro era el comunista).

Por otra parte, aquellos días se reunió la Ejecutiva del Partido Socialista y Prieto declaró que todo estaba perdido y que la guerra se acababa en unas semanas. El ministro repitió lo mismo ante el Consejo Supremo de Defensa. «He escrito una carta a mis hijas —precisó Prieto— diciéndoles que hemos entrado en el último episodio. Preveo el desenlace para el mes de abril… La frontera nos será cerrada con bayonetas, y se podrán contar con los dedos los españoles que consigan alcanzarla».

Negrín tomó el avión para París, donde tuvo que esperar a que se resolviese la crisis. Encontró buena acogida y a la pregunta de «¿qué podemos hacer por vosotros?» respondió: «Necesitamos el envío de divisiones, de 200 cañones pesados y 150 aviones de caza». Le respondieron que lo de las divisiones era imposible; tampoco podían dar aviones. Darían los cañones «que no es material nuevo, pero sí bueno» y facilidades para el paso de armas por la frontera.

Nada se concretó[2]. El frente del Este se hundía por momentos. Prieto repetía a todo, el que quería oírlo que la guerra estaba irremisiblemente perdida y, al final, enteramente aplanado, ni siquiera respondía a los telegramas que llegaban del frente. Azaña tenía la misma opinión, y entre ambos habían convencido a Giral, ministro de Asuntos extranjeros.

Mientras tanto, el mando militar de Burgos había ordenado ya el paso del Cinca o del Segre por el Norte y el avance, desde el Ebro hacia el Sur, para tomar Castelló, Sagunto, separar Cataluña del resto de la zona republicana y caer sobre Valencia. La acción debía comenzar simultaneando la ofensiva al norte del Ebro, desde el Gállego al Cinca, con el comienzo de la maniobra de Levante (ruptura de la línea del Guadalope y avance por Alcorisa hasta Morella).

Hundimiento del frente republicano de Aragón

Hundimiento del frente republicano de Aragón

Esta segunda parte de la ofensiva fue precedida de bombardeos para sembrar el terror en Barcelona, como jamás hasta entonces, había conocido la historia militar. El Gobierno de Mussolini estaba sumamente inquieto por las noticias que teñía de una posible intervención francesa en favor de la República[3]. Y sus aviadores, que salieron de la base de Mallorca (pero también acompañados de algunos alemanes) atacaron Barcelona la noche del 16 al 17 de marzo con bombas de enorme potencia. El bombardeo se repitió varias veces durante los días 17 y 18. Mil trescientos muertos, más de dos mil heridos, centenares de casas pulverizadas, las calles llenas de una mezcla de sangre, escombros y piltrafas humanas, fueron el resultado. «Barcelona bombardeada. La ciudad abierta por los cuatro costados al azar trágico de los aviones italianos, esparrancada en las laderas del Tibidabo y Montjuic, llana hacia San Andrés. Festoneada del mar traidor que no deja distinguir los aviones hasta que se avistan (…). Desde hace tres días, las bombas van subiendo por la ciudad como una marea…»[4]. Este género de guerra aérea de exterminio despertó la indignación en todas partes. Stohrer anunciaba a su Gobierno que esos procedimientos sólo servían para estimular la resistencia de los «rojos». El embajador alemán añadía que los bombardeos habían sido realizados por italianos y que no habían tenido objetivos militares. El propio Franco hizo decir a uno de sus oficiales de enlace que «estaba muy indignado» y llegó a decirle a Stohrer que ese bombardeo «era una torpeza». Llovían sobre Burgos las protestas de todas las partes del mundo y el embajador nazi decía que la Legión Cóndor no era responsable del crimen. Sin embargo, en otras incursiones análogas fueron derribados aviones alemanes y hechos prisioneros sus pilotos. Uno de ellos, Kurt Kaener, que estaba en España desde octubre de 1936 y pilotaba un Heinkel 111, respondió riendo, al preguntarle por qué bombardeaban ciudades abiertas: «¿Otra vez el cuento de las mujeres y los niños? (mujeres y niños lo decía en español). ¡Cuánto ruido! Hace poco, después de un bombardeo, vi unas columnas de humo. ¡Probablemente era humo de mujeres y niños!»[5].

La ofensiva continuaba. Diez divisiones (un total de 110 000 hombres, 404 piezas de artillería) atacaban en un extenso frente, desde Huesca a Quinto, sector defendido por 35 000 soldados republicanos y 87 piezas de artillería. Delante de Huesca, el X Cuerpo de Ejército resistió más allá de los límites humanos. Muchos de sus hombres se dejaron aplastar por los carros enemigos, pero finalmente sus líneas fueron desbordadas. El Cuerpo de Ejército de Navarra, mandado por Solchaga, entraba el día 28 en Barbastro y se unía al día siguiente, en Monzón, con el Cuerpo de Ejército de Aragón, que ya había ocupado Sariñena y alcanzado así el objetivo del río Cinca. El Cuerpo de Ejército Marroquí, a las órdenes de Yagüe, avanzó por Pina y Bujaraloz, precedido por 60 carros y cubierto por 160 aviones. El 28 de marzo, los moros ocuparon Fraga. Lérida, defendida por la 46 División, fue atacada por todas partes desde el 31 de marzo. La población huyó casi en su totalidad y gran parte de la ciudad no era ya más que un montón de ruinas. Estas ruinas deshabitadas fueron ocupadas por los tanques de Yagüe el 3 de abril, no sin tener que vencerlas últimas y enconadas resistencias de los hombres de la 46 División. El frente quedó allí estabilizado, pero más al Norte, las fuerzas de Solchaga acababan de conquistar el Valle de Arán. No obstante, en la bolsa de Bielsa, la 43 División iba a resistir durante varios meses, al cabo de los cuales se vio obligada a pasar la frontera. Una vez en Francia, de sus 4500 hombres, 185 eligieron, pasar a combatir a la zona de Burgos; los 4315 restantes regresaron a Barcelona para proseguir la lucha[6].

Al sur del Ebro, la Agrupación de Divisiones mandada por García Valiño y el Cuerpo de Ejército italiano atacaron en el sector del Guadalope el 26 de marzo, tras una «preparación artillera —dice García Valiño— de dos horas, en la que intervinieron 21 baterías en un frente de un kilómetro». La infantería avanzaba apoyada por «cadenas» de aviones que volaban a escasísima altura. Intervino otra vez la artillería y, según el jefe de las fuerzas atacantes, «al terminar esta nueva preparación, el enemigo seguía inconmovible, rompiendo el fuego de armas automáticas con la misma densidad cada vez que nuestra infantería intentaba el avance».

Solamente, al final de la jornada, consiguieron los hombres de Valiño ocupar algunas cotas. Al día siguiente, la situación seguía invariable y sólo por la noche se ocuparon otras cotas. Pero las tropas que así se defendían eran unidades improvisadas que gracias al coraje de jefes y soldados, cubrieron un boquete de 60 kilómetros abierto días antes por el desmoronamiento del XII Cuerpo de Ejército. Hacia el Norte, también quedaron deshechos los Cuerpos X y XI. La situación se agravaba por momentos debido a la confusión, la falta de enlaces y comunicaciones, la desorganización de bastantes unidades y la depresión de ánimo del Mando de Barcelona. Rojo ha explicado que a estos cuerpos de Ejército las faltaba el 30 por ciento de hombres y el 40 de armamentos. «Habían construido un esqueleto de ejército con el propósito de irlo rellenando gradualmente con los elementos necesarios para combatir; pero aún no habíamos alcanzado la meta porque nunca veíamos llegar los medios que para ello eran precisos».

Rota la línea del Guadalope, los italianos y la Agrupación Valiño avanzaron hacia Gandesa, pero fracasaron en el ataque frontal. No obstante el 3 de abril, con fuerzas netamente superiores, entre las que figuraban dos divisiones italianas, consiguieron ocupar dicha plaza. A partir del día 4, la XI División libró una batalla en el vértice del Rey para permitir el repliegue general de las unidades republicanas al otro lado del Ebro. Todavía contraatacó Líster para tomar Cherta el día 7, de donde, sólo se replegó el 13. En la otra orilla iba a organizarse el Ejército del Ebro. Durante estos días, en el extremo sur del frente, el Cuerpo de Ejército de Galicia consiguió llegar hasta Morella.

Crisis en Barcelona

Crisis en Barcelona

El ambiente político se cargaba en Barcelona. El mismo día del infernal bombardeo de la ciudad (16 de marzo), el Partido Comunista y el P. S. U. de C. habían convocado al pueblo para exigir al Gobierno la continuación de la guerra y la sustitución de los ministros remisos a la lucha. Se adhirieron a la manifestación la C. N. T., la U. G. T. y la J. S. U. Los manifestantes fueron al palacio de Pedralbes, donde se celebraba Consejo de ministros y una comisión fue recibida por Negrín[7]. Prieto pensó que la manifestación había sido aconsejada a los comunistas por el propio jefe del Gobierno. Pero además se había declarado incompatible con Jesús Hernández, a quien atribuía, no sin razón, unos artículos contra su política en Defensa nacional, firmados con el seudónimo de Juan Ventura y publicados en el diario comunista Frente Rojo.

La U. G. T. y la C. N. T. decidieron respaldar la política de resistir a toda costa. Mas ése no era el ambiente en ciertos medios ministeriales. El desánimo de algunos ministros había llegado a tales proporciones que el 27 de marzo, cuando Negrín pedía al embajador de Francia, Labonne, la aplicación de las decisiones adoptadas en París con Blum y Boncour (es decir, abrir la frontera), el embajador le respondió que el ministro de Defensa y el de Estado no creían posible prolongar la resistencia más allá de quince días. Labonne, con la mejor voluntad, no tenía otra idea que poner un buque de guerra a disposición de los miembros del Gobierno para que pudieran salvarse (propuesta que también hizo a Giral). También ofreció una mediación franco británica, pero cuando Negrín le preguntó si esa gestión podría dar algún fruto, le respondió que no.

En estas condiciones se reunió al día siguiente el Consejo Supremo de Guerra con los altos mandos, mientras las posiciones del frente se hundían una tras otra. Prieto estuvo más pesimista que nunca y atacó con tremenda rudeza a los jefes militares e intentó hacerles responsables de lo ocurrido. Al final de la reunión, Negrín se esforzó por asegurar a dichos jefes —que realizaban ímprobos esfuerzos para evitar el hundimiento total de los frentes— que gozaban de la confianza del Gobierno.

El día 29, al reunirse el Consejo de ministros, Negrín habló de la propuesta de mediación hecha por Labonne. Prieto insistió en su criterio de que no había nada que hacer; Azaña habló en términos pesimistas; Irujo mostró sus dudas…, pero el Gobierno decidió que no había más salida que continuar la lucha.

Aquella noche misma, el jefe de Gobierno pensó que tenía que prescindir de Prieto como ministro de Defensa. El día 31, Negrín propuso a Azaña las siguientes modificaciones en el Gobierno: el presidente se encargaría además de la cartera de Defensa; Méndez Aspe, de la de Hacienda; Álvarez del Vayo, de la de Estado; Giral iría a Instrucción pública y Prieto sería ministro sin cartera o de Obras Públicas. Azaña pidió dos días para reflexionar. Mientras el presidente de la República reflexionaba caían Lérida, Gandesa… Azaña habló con Prieto, luego con Negrín. Citó para el día 4 los representantes de las organizaciones políticas y Negrín se negó a asistir, a la reunión. El 5, Azaña aceptó, por fin, lo propuesto por el presidente del Concejo, aunque Prieto se opuso terminantemente: Defensa o nada. No quería ser un ministro «decorativo»[8]. Pero el 6 de abril quedó formado el nuevo Gobierno[9].

La política de resistencia que caracterizaba a este Gobierno encontró el apoyo de la mayoría de las organizaciones, sobre todo las obreras. La J. S. U. lanzó una campaña para reclutar dos divisiones de jóvenes voluntarios. En pocos días, pese al escepticismo de unos e incluso a los frenos puestos por algunas autoridades de nivel medio, miles y miles de muchachos que por su edad no habían sido aún llamados a quintas, fueron así encuadrados y enviados rápidamente a las unidades militares[10]. La frontera continuó abierta, por el momento, lo que permitió traer por vía terrestre (la única posible desde hacía ya tiempo) el material soviético y algún, otro comprado en diferentes países. Sin embargo, a los dos días de formarse el nuevo Gobierno Negrín, la negativa del Senado francés a otorgar plenos poderes financieros al Gobierno Léon Blum-Paul Boncour provocaba su caída. El día 9 se formaba en París un Gobierno, mucho más moderado, presidido por Daladier, con Georges Bonnet en Asuntos extranjeros. No obstante, la frontera seguía abierta. ¿Iba a durar mucho esa situación? Se aprovechó desde luego para reponer fuerzas.

El nuevo Gobierno de la República no estaba ya en condiciones de impedir lo que era punto menos que irreparable: la llegada de las fuerzas de Franco al Mediterráneo y el consiguiente tajo que dividía en dos el territorio republicano. Desde Morella, el Cuerpo de Ejército de Galicia aprovechó la situación para marchar en línea recta hacia el mar. La división mandada por Alonso Vega llegó a Vinaroz el día 15. El mando republicano había tenido, con todo, tiempo de tomar medidas militares y administrativas para adaptarse a la nueva situación creada.

En la parte meridional, la ofensiva continuaba. Los italianos ocuparon Tortosa el 18, pero no pudieron avanzar más. El día 21, tres divisiones de las que habían llegado al Mediterráneo atacaban hacia el Sur y llegaban a ocupar la línea Chisvert-Cuevas de Vinromá, a costa de combates durísimos en los que sufrieron tres mil bajas. Simultáneamente, el Cuerpo de Ejército de Castilla (mandado por Varela), pasaba a la ofensiva, partiendo del sector Montalbán-Ejulve, y lograba una importante penetración hasta Alcalá de la Selva, con lo que situaba las líneas a una altura paralela a Teruel. Se creaban así las premisas para librar la batalla del Maestrazgo, con los objetivos finales de Castellón. Sagunto y Valencia. Mas la ofensiva sufrió un alto de varias semanas.

Pacto ítalo-británico y vida política

Pacto ítalo-británico y vida política

Un día después de que Alonso Vega alzase la cruz al llegar victorioso al mar, Chamberlain veía cumplido el sueño acariciado desde tiempo atrás, y que se había convertido en obsesión después de la entrada de los hitlerianos en Austria: el pacto ítalo-británico. Éste era firmado el 16 de abril y, tras confirmar el Acuerdo de enero de 1937 sobre el statu quo en el Mediterráneo. Italia se comprometía a retirar todos sus voluntarios de España, «cuando terminase la guerra española», a no dejar tropas en la Península ni ocupar las Baleares; declaraba, además, que no tenía ningún interés territorial en la Península. Esta fórmula, que implicaba la aceptación de la presencia de tropas italianas en España mientras durase la guerra, tenía como contrapartida —si la expresión no es demasiado irónica— el reconocimiento del Imperio italiano en Etiopía por el Gobierno de Londres. Gran parte de la opinión británica —y entre ella Churchill, que empezaba a cambiar de criterio sobre la cuestión española— recibió mal esta claudicación ante Mussolini. En cambio la sustitución de Paul Boncour por Georges Bonnet en el Quai d’Orsay era favorable a los designios del jefe del. Gobierno británico.

El mejor comentario a esta política de Chamberlain no salió de labios de un estadista, sino de la pluma de un gran poeta y escritor: Antonio Machado: «Aludiendo a la cuestión española, ha dicho Chamberlain (escribía Machado en La Vanguardia del 27 de marzo de 1938): “no seré yo quien se queme los dedos en esa hoguera”. Es una frase perfectamente cínica y perversa. Por fortuna Inglaterra, un gran pueblo de varones, no puede hacer suya la frase que está pidiendo a gritos el fuego que abrasó a Sodoma».

Y un mes después: «La paz circundante es un equilibrio entre fieras y un compromiso entre gitanos (perdón, ¡pobres gitanos!), llamémosle mejor un gentlemen agreement… El patriotismo verdadero de esas dos grandes democracias, que es el del pueblo, está decididamente con nosotros, pero quienes disponen aún de los destinos nacionales están en contra nuestra».

Mientras tanto, la ayuda ítalo-alemana continuaba en aviadores y personal especializado. A fines de mayo señalaban la salida de aviadores de Roma y a primeros de junio salían de Berlín, con rumbo a España, aviadores acompañados por ingenieros especializados del ministerio alemán del Aire. Durante ese mismo mes llegaron nuevas tropas italianas. La frontera de Francia con la de Cataluña republicana siguió abierta durante el mes de abril. Pero las presiones de Chamberlain sobre Daladier eran cada vez mayores. A fines de aquel mes se establecieron contactos entre París y Burgos con el fin de que Francia nombrase un agente diplomático oficioso para representarla en la zona rebelde, donde la situación política no era tan buena como podía hacerlo suponer la progresión de sus ejércitos. Cada vez que éstos volvían a detenerse y frustraban las esperanzas de un rápido fin de la guerra (y ése era el caso desde las últimas semanas de abril) se producía una decepción en la opinión fatigada de guerra, de movilizaciones, afectada además por la subida considerable de precios que, por primera vez, se producía en gran escala en esta zona.

Por otra parte, continuaban las disensiones entre los diversos grupos que habían integrado el Movimiento. Un discurso de Yagüe —conocido por sus preferencias falangistas— pronunciado el 19 de abril, con motivo del primer aniversario de la Unificación, produjo mucho revuelo: criticó la represión, la ausencia de medidas sociales, la conducta de alemanes e italianos, y alabó el valor de los «rojos» y «azules». El resultado inmediato fue que se le quitó durante cierto tiempo el mando de fuerzas combatientes. Sin embargo, ese tipo de incidentes, los rumores que corrían sobre la enemistad de Queipo con Franco, la posibilidad de una restauración monárquica, la ayuda francesa a los «rojos», etc., contribuían a mantener cierto clima de inquietud.

Por lo que se refiere a «reformas sociales», el 9 de marzo había sido promulgado el Fuero del Trabajo, documento que reunía, junto a declaraciones de principio la naturaleza fascisto-tradicionalista, otras concernientes a derechos sedales y, por último, la institucionalización del Sindicato Vertical (que agrupaba a obreros y patronos) como instrumento al servicio del Estado[11].

El contenido del Fuero, cuyo parentesco con la Carta di Lavoro italiana es difícil de refutar (salvo en diferencias de nomenclatura y que el texto español es más tradicionalista y su organización sindical más cerrada), fue objeto de debates y querellas entre Consejo Nacional y Gobierno, aunque se trataba más bien de una declaración programática, algo así como la llamada parte dogmática de una Constitución[12].

El interés del asunto residía en la organización de los Sindicatos, prevista ya en la ley de Administración Central del Estado, de 30 de enero de 1938, al crear un Ministerio de Organización y Acción Social (para el que fue nombrado González Bueno), que debía encargarse, entre otras cosas, de los Sindicatos. Quedó pues, bien claro, que el Sindicato Vertical (del que jamás había hablado la Falange primitiva[13]), iba a ser una Corporación de Derecho público, verdadero apéndice del Estado. En cuanto a los derechos «sociales», éstos cuadraban mal, en aquellos momentos, con el aumento de horario de trabajo en las minas de Río Tinto y el restablecimiento de la semana de 48 horas en la siderurgia y metalurgia.

La influencia eclesiástica se hacía sentir cada vez más. Ejemplo de ella fue el decreto de 5 de mayo otorgando nueva autorización legal a la Compañía de Jesús, en condiciones tan favorables como no las había conocido ni en tiempos de la Monarquía. En torno a la persona misma del Generalísimo, la presencia de los padres Menéndez Reigada y Luzurika tenían sus consecuencias políticas. En general, la influencia de los medios de la extrema derecha en el nuevo Gobierno no hacía sino confirmar las tendencias fundamentales observadas desde julio de 1936.

Por otro lado continuaban las discusiones económicas con Alemania. Al finalizar el mes de marzo, Hitler había adelantado 338 millones de marcos en material y personal, del que sólo había sido reembolsado una mínima parte (26 millones en mineral de hierro y 19 en divisas). El asunto Montaña de las 70 minas seguía en pie. El Gobierno de Burgos daba largas al asunto; el momento era delicado y se comprendía que había que tener todo género de miramientos para no herir a la Gran Bretaña. El general Franco insistía en que los acuerdos comerciales hispano-alemanes del año anterior continuasen secretos. En el mes de mayo, el Gobierno británico había dado a entender al duque de Alba que se estaba esforzando para que Francia cerrase de nuevo la frontera[14].

En Barcelona y Valencia, tras las sacudidas políticas de fines de marzo, las organizaciones se agrupaban en tomo al Gobierno. El pacto U. G. T.-C. N. T. estaba consagrado a la movilización de todas las fuerzas de producción, para obtener el máximo rendimiento con fines bélicos[15].

El Gobierno, con objeto de subrayar el carácter nacional de su acción y fines, así como de despejar equívocos sostenidos por la propaganda adversa y echar las bases de una futura convivencia entre los españoles, elaboró un programa, conocido con el nombre de Los Trece Puntos de Negrín. El programa significaba, de hecho, una oferta de bases para poner fin a la guerra: independencia e integridad territorial de España; Gobierno basado en el sufragio universal con Ejecutivo fuerte, y estructura jurídica y social del Estado determinada por un plebiscito, realizado con todas garantías, al término de la guerra; respecto de las libertades regionales sin comprometer la unidad española; respeto a la propiedad privada dentro de los límites dictados por los intereses superiores de la Nación; indemnización a los extranjeros cuyos bienes hubieran sufrido daños a causa de la guerra; libertad de conciencia y de religión; reforma agraria radical; respeto a los derechos de los trabajadores; ejército al servicio de la nación, libre de toda influencia de tendencia o partido; política de paz, de seguridad colectiva y de apoyo a la S. de N.; amnistía para todos los españoles que desearan participar en la reconstrucción de España. Se trataba, como puede verse, no ya de una política de Frente Popular, sino de Unión Nacional, dictada por la evolución de los acontecimientos.

El Gobierno español se presentó una vez más ante la Sociedad de Naciones, en la reunión del Consejo celebrada el 13 de mayo. Álvarez del Vayo recordó que la Asamblea general había decidido que si no se podía conseguir, «en breve plazo», la retirada inmediata y completa de los combatientes no españoles, habrían que considerar el fin de la No Intervención, y propuso que se estimase llegado ese momento. Nada consiguió. Sólo su voto y el de la Unión Soviética fueron favorables, frente a cinco en contra (entre ellos Francia y Gran Bretaña) y nueve abstenciones, entre ellas las de Nueva Zelanda y China, que se mostraron en todos modos favorables a la tesis de España. Los pequeños Estados se agitaban, pero los grandes conseguían mantener lo que, según frase afortunada de Azaña, fue la única «no intervención» en la guerra de España; la no intervención de la Sociedad de Naciones[16].

La batalla de Levante

La batalla de Levante

Finalizaba mayo cuando las fuerzas de Varela y Aranda atacaron desde Morella hasta Villafranca del Cid, mientras que por el sector de Teruel conseguían llegar a la Puebla de Val verde, después de largos días de combate y de sufrir cuantiosas bajas. Había, pues, ya un arco que formaba el frente entre la Puebla de Val verde y Alcalá de Chisvert, pasando por Alcalá de la Selva y Albocácer. Las direcciones de ataque iban a proyectarse hacia Castellón y el eje Viver-Segorbe-Sagunto.

El mando del Ejército de Levante y el del Ejército de Maniobra (que se fundieron en junio bajo la jefatura del coronel Menéndez), en vez de lanzar grandes fuerzas a la acción crearon una línea fortificada de resistencia que pasaba por las sierras de Javalambre y de Toro hasta llegar a la costa por los altos de Almenara.

Al mismo tiempo, con las unidades reorganizadas al norte del Ebro se había intentado una ofensiva por el sector de Balaguer. Pero esa reorganización, demasiado precipitada, no había dado aún consistencia a las unidades, que fracasaron en su empeño. Había que empezar de nuevo. El Estado Mayor Central republicano, que tenía el problema de contener la ofensiva en el Maestrazgo y recuperar la iniciativa, elaboró entonces un plan para el segundo semestre del año, que comprendía la resistencia en Levante, la ruptura del frente enemigo por el Ebro y el llamado Plan P., la ofensiva de Andalucía y Extremadura, cuyo objetivo militar era cortar las comunicaciones entre el norte y el sur de la zona de Franco y facilitar un posible levantamiento de Andalucía, donde se observaba mayor descontento.

Se combatía tenazmente en el Maestrazgo y, por fin, las fuerzas de Aranda llegaron junto al río Mijares, que atravesaron luego, para quedar paralizadas frente a las defensas republicanas de la sierra de Espadán. Pero la maniobra sobre Castellón era ya fácil. El 13 de junio caía Castellón y el 14 Villarreal.

Por otro lado, desde finales de mayo se reprodujeron los ataques aéreos contra Barcelona, Valencia, Alicante y otros puertos. Y otra vez, los mercantes británicos alcanzados por las bombas. Y de nuevo la opinión mundial se sensibilizaba. El Generalísimo se explicaba sobre el particular en una interviú, concedida al Times. De Londres, y reproducida por ABC, de Sevilla, del 28 de junio: «—¿A qué atribuye V. E. la considerable repercusión que en los medios internacionales tienen las noticias relativas al bombardeo de puertos de la zona roja y de los barcos surtos en ellos? —Esa repercusión a que usted se refiere obedece a las siguientes causas: 1.º a la intensa campaña de propaganda rojo-soviética encaminada a la difamación de los nacionales; 2.º a la explotación política de esa misma campaña por parte de los partidos de oposición de los países llamados democráticos, los cuales, acuciados o estimulados, directa o indirectamente, por los agentes soviéticos, procuran el rápido desgaste de sus Gobiernos respectivos; 3.º al intento, por Rusia y sus agentes, de crear un clima favorable a una guerra que, a su juicio, sólo había de favorecer a Rusia; 4.º a que los rojos españoles, que a fin de cuentas no son otra cosa que un instrumento manejado por los rusos y por los comunistas franceses, pretenden, con sus campañas y sus actos, desencadenar esa misma guerra europea, propósito de que es clara muestra el reciente bombardeo de pueblos y territorios franceses por la aviación roja».

Al día siguiente, el editorial de ABC insistía: «Los bombardeos aéreos de los puertos rojos son una medida de legítima defensa».

A pesar de estos incidentes, el Gobierno de Burgos consolidaba sus posiciones diplomáticas. El 2 de junio había sido reconocido de facto por Checoslovaquia; el 22 del mismo mes, el agente general del Gobierno suizo presentaba sus cartas de gabinete al conde de Jordana; el 24 llegaba a Burgos monseñor Gaetano Cicognani, primer Nuncio del Vaticano (en sustitución de Antoniutti, que era delegado apostólico) y el 30, Yanguas Messía presentaba sus cartas credenciales a Pío XI. Todo ello coincidía con el cierre de la frontera de Francia con la República, ordenado con carácter definitivo por el Gobierno Daladier, el 13 de aquel mes. Sin embargo, para Burgos, la situación interior no era tan buena. Resultaba evidente que la guerra estaba lejos de su fin y la propaganda de la política de los 13 Puntos, España para los españoles, hacía mella en muchas gentes. Esta opinión era expresada incluso por Stohrer, que se refería también a los efectos nocivos del terror desatado por Martínez Anido[17]. La idea de que era necesario poner fin a la guerra se iba abriendo paso en algunos medios políticos y militares.

Tanto esta cuestión como el malestar originado por el aumento del coste de la vida se reflejan en los comunicados de prensa de la reunión del Gobierno, celebrada en Burgos el 4 de junio: «El Gobierno, ante los acentuados rumores que por diversos conductos llegan a él, relacionados con nuevos manejos del Comité de Barcelona y sus secuaces, para lograr un armisticio y una tregua en la contienda española, declara una vez más que no aceptará como fin de la guerra otra solución que no sea la rendición sin condiciones del enemigo»[18].

En la misma reunión se acordó «no tolerar bajo ningún concepto la carestía de la vida». Esta segunda declaración se quedó en la esfera de los buenos propósitos, como tendremos ocasión de ver al examinar el índice de precios de la época.

La propaganda de los católicos demócratas en el extranjero, que también preocupaba al Gobierno de Burgos, dio lugar a un resonante discurso de Serrano Súñer al conmemorar el aniversario de la toma de Bilbao. Tras afirmar que no se podían admitir «ni pactos, ni abrazos, ni transacciones», se expresó así: «Maritain (…), el presidente del Comité para la paz civil y religiosa de España (…). Este judío converso, que comete la infamia de lanzar a los vientos del mundo la especie de las matanzas de Franco y la necedad inmensa de la legitimidad del Gobierno de Barcelona, y La Croix, periódico hoy pacifista y como tal enemigo nuestro (…) La sabiduría de Jacques Maritain tiene acentos que recuerdan la de los sabios de Israel, y tiene las falsas maneras de los demócratas judíos. Nosotros sabemos que él está en trance de recibir o recibe ya el homenaje de las logias y las sinagogas. Y tenemos derecho a dudar de la sinceridad de su conversión y, ante el mundo católico denunciamos este peligro tremendo de traición…»[19].

En fin, Martínez Anido dictaba el día 28 una orden que parecía confirmar los resquemores de los medios oficiales. Decía así: «No se permitirán manifestaciones patrióticas sin la debida autorización».

De Levante a Extremadura

De Levante a Extremadura

Y la batalla de Levante proseguía. El 6 de julio, Stohrer informó a Franco de la decisión de su Gobierno de renovar el material terrestre y aéreo de la Legión Cóndor. Al día siguiente, Ciano declaraba a Mackensen (embajador alemán en Roma) que el Gobierno italiano quería retrasar la retirada de voluntarios, porque se preparaban operaciones le importancia en las que habían de participar todas las unidades disponibles de voluntarios italianos.

En efecto, el Cuerpo de ejército italiano y otro nuevo español, el del Turia (formado por cuatro divisiones) habían sido puestos en línea por el Mando de Burgos, que concentró en ese frente más de 125 000 hombres. El XVIII Cuerpo republicano, amenazado de cerco en Mora de Rubielos, tuvo que retirarse. Las fuerzas de Varela. García Valiño, Aranda y el Cuerpo italiano atacaron ya desde el 22 de junio en el frente de Caudiel a Onda. Su avance resultó dificilísimo. Cuenta García Valiño que la Primera División empleó cinco días en tomar Onda, en cuyo castillo quedaron los cadáveres de 225 de sus defensores[20].

Las unidades franquistas se estrellaban en la línea de defensa prevista por el Mando republicano. El 2 de julio, los republicanos contraatacaban. Sólo el saliente de Caudiel fue ocupado por los italianos. Pero la línea general de resistencia permaneció inconmovible. El 10, frente a la sierra de Espadán —cuenta García Valiño— «las tropas son detenidas y puestas bajo el fuego de un sistema potente de armas automáticas y de artillería de calibres, medios… La 1.ª División es rechazada con sensibles pérdidas al tratar de ocupar las cotas 850 y la misma suerte corren las tropas de la D. I. 84, que tratan de apoderarse de la posición fortificada de Castillo de Castro». El 14, un contraataque republicano llegaba hasta la Peña de Marcos, pero el 16 perdían Albentosa y evacuaban el sector norte del río Mijares. Nada cambió sin embargo. La sierra de Espadán seguía inexpugnable. García Valiño dice: «Se mete más artillería y la aviación de la Legión Cóndor, pero el enemigo no sólo resiste sino que contraataca»[21].

A partir del 15, los asaltantes, situaron una línea de 600 piezas de artillería, gran número de carros, todas las divisiones italianas y de Vareta, 400 aviones; se empeñaron por Viver hacia Segorbe y Sagunto (las fuerzas de Aranda habían quedado paralizadas entre Nules y Sagunto) con el objetivo de desviarse también una vez llegados a Segorbe, hacia Liria-Valencia, donde se trataba de estar el 25, día de Santiago.

El bombardeo, destructor y tenaz de un frente de veinte kilómetros no consiguió nada. Cada vez que los tanques y la infantería se lanzaban al ataque eran barridos por las defensas republicanas. La lucha adquirió violencia inusitada del 20 al 23, bajo un sol abrasador. Pero cada vez que pasaban al asalto carros e infantes (la mayoría italianos, otros navarros, etc.) eran segados por las ametralladoras, destrozados por las granadas de mano.

Al atardecer del 23, los asaltantes, con cerca de 15 000 bajas, habían desistido de su empeño. La batalla de Levante había terminado, no porque empezó la del Ebro (dos días después), sino por el desgaste de las fuerzas que, habiendo emprendido la ofensiva, no pudieron pasar de aquella línea.

Lo más probable es que sin la ofensiva republicana del Ebro, él Mando de Burgos, tras una o dos semanas de descanso, hubiera concentrado nuevas fuerzas para intentar la maniobra sobre Valencia. En cuanto a las fuerzas republicanas, si bien habían resistido con éxito, estaban ya sin reservas, porque se habían sacado todas las unidades posibles de los otros frentes de la zona central.

El Mando de Burgos tenía interés por acercarse a Almadén, precisamente cuando se discutía con Italia un nuevo acuerdo para distribuirse el monopolio del mercado mundial de mercurio. Se decía en la zona Norte de Franco que esos frentes estaban inmovilizados por culpa de Queipo de Llano (cuya «autonomía virreinal» subsistía en Andalucía), pero los militares del Sur se quejaban del Alto Mando y atribuían a mala voluntad que sus ejércitos no dispusiesen de bastante material. Hubo incluso una carta de Queipo a Franco, el 12 de abril de 1938, quejándose de que, por falta de medios, el Ejército del Sur (que había tenido 4675 bajas desde octubre de 1937) no podía aprovechar los éxitos locales y rectificaciones de línea.

Por fin, en junio, el Alto Mando puso en línea cerca de cuatro divisiones, que le sirvieron para una ruptura parcial de frente y dio por resultado la ocupación de Peraleda del Zaucejo, defendida por una sola brigada republicana.

A mediados de julio se preparó la ofensiva con el propósito de ocupar todo el territorio extremeño en poder de los republicanos, comenzando por el saliente de Don Benito y Castuera y llegar hasta Belalcázar e Hinojosa del Duque para amenazar Almadén por su flanco izquierdo. Para ello se movilizaron cinco divisiones, una de Caballería, más una brigada de la misma arma, las reservas del frente y un destacamento de maniobra que, como parte de estas fuerzas, fue sacado al frente del Centro. El frente republicano, cubierto por una división, fue fácilmente desbordado. Entre el 20 y el 24 caían Don Benito, Castuera y Villanueva de la Serena. La llegada de refuerzos republicanos y la marcha de una división franquista hacia el frente del Ebro redujo la operación a la liquidación del citado saliente.

Debates en Londres

Debates en Londres

Los hombres morían en la tierra de España y los diplomáticos seguían discutiendo en Londres bajo la imperturbable presidencia de lord Plymouth. El 5 de julio, el Comité de No Intervención aprobaba por unanimidad, tras no pocas y prolijas discusiones, el plan de retirada de voluntarios. Faltaba, sin embargo, lo más importante: obtener el asentimiento de los contendientes. El Gobierno de la República contestó el día 26 en sentido afirmativo. El Gobierno de Franco comenzó a consultar a los embajadores de Alemania e Italia, que no tenían instrucciones de sus gobiernos, pero Stohrer señaló que el plan no podría aplicarse a la Legión Cóndor. Todos estuvieron de acuerdo en que convenía ganar tiempo. Pasaron los días, comenzó la batalla del Ebro y la respuesta de Burgos no llegaba. La frontera de Francia con la República seguía cerrada, mientras los puertos portugueses permanecían abiertos. Las cancillerías de Berlín, Roma y Burgos pensaban y retocaban los proyectos de repuesta. Por Fin, ésta llegó a Londres el 15 de agosto. El Gobierno de Burgos aceptaba en principio el plan, pero con dos condiciones: reconocimiento del derecho de beligerancia, previo a la salida del primer voluntario, y que el número de voluntarios retirados fuese igual por ambas partes.

«De un solo golpe —comenta Cattell— los nacionalistas y sus aliados habían conseguido hacer retroceder un año entero de negociaciones». Lord Plymouth propuso que se enviase a Francis Hemming secretario del Comité, a Burgos para persuadir a Franco y que modificase sus contrapropuestas. La unión Soviética se opuso, lo cual no fue óbice para que Hemming se diese una vuelta por Burgos a primeros de octubre.

En agosto y septiembre, los combates seguían, la Legión Cóndor se renovaba, mientras Daladier y Bonnet no dejaban pasar nada por la frontera. La República no volvió a recibir material. En el frente diplomático, Franco obtenía nuevos éxitos. No fue el menor de ellos la sentencia del Tribunal de París negándose a devolver al Gobierno de la República el oro que tenía depositado en Francia con el pretexto de que «pertenecía a una sociedad privada llamada Banco de España, que no era un Banco del Estado». Tal vez se comprenda mejor el criterio de los magistrados franceses al leer el editorial de Le Temps del 2 de agosto, una semana antes de hacerse pública la sentencia: «El interés francés exige que el incendio español no se propague más allá de las fronteras de la Península; exige que no nos indispongamos por adelantado y sin salida con el bando que tiene más posibilidades de convertirse en dueño de toda España».

Al cumplirse el segundo aniversario del alzamiento, Doriot visitaba a Franco, quien, por su parte, explicaba en un discurso que el Frente Popular quería «bolchevizar a Europa. Por eso, nuestra empresa desborda los límites de lo nacional para convertirse en Cruzada en el que se debate la suerte de Europa».

Ese criterio era, sin duda, el del Gobierno portugués, cuyo embajador conmemoró aquel día pasando revista a las Banderas de Viriatos en el frente del Pirineo.

No obstante, otros hombres políticos sentían mayor simpatía por los republicanos, en función de la crisis europea a todas luces evidente. Ése era el caso de Lloyd George, que en aquellos mismos días se dirigió al Gobierno de la República «expresando su admiración por la resistencia heroica de los españoles de ambos sexos contra la formidable conspiración de los enemigos de la libertad en numerosos países. Su lucha —continuaba— puede todavía salvar la democracia europea de la perversidad de sus enemigos y de la traición y la cobardía de sus tibios amigos».

El paso del Ebro

El paso del Ebro

En la mañana del 24 de julio se reunía el Consejo Supremo de Guerra, bajo la presidencia de Negrín. El general Rojo expuso el plan de una ofensiva consistente en pasar el Ebro entre Fayón y Benifallet, tomar los montes de Fatarella, las sierras de Pándols y Cavalls y avanzar hacia Batea, Corbera y Gandesa. Este plan era más modesto que el proyectado en junio, cuando se creía contar con más posibilidades materiales, antes del cierre de la frontera. El coronel Azcárate, inspector general de Ingenieros explicó las medidas tomadas relativas a los puentes, su construcción, reparación, etc. Se adoptó la decisión en el mayor secreto. Por la tarde se impartieron las últimas órdenes de operación, pero en realidad todo estaba dispuesto desde la madrugada del día 24.

Al otro lado del Ebro, guarnecido por el Cuerpo de Ejército Marroquí, mandado de nuevo por Yagüe, los servicios de información habían observado algún movimiento en el campo adverso. Pidió Yagüe refuerzos, el 23, al mando del Ejército del Norte (Dávila), pero éste, empeñado en la batalla de Valencia, desatendió la petición[22].

Llegó la noche. A las 0,15 del 25 comenzó el paso del Ebro: se tendieron puentes y pasarelas sobre barcas, e iban pasando en silencio al frente de sus hombres los jefes de pequeñas unidades. Realizó la operación el ya creado Ejército del Ebro, a las órdenes de Modesto, con el V Cuerpo de Ejército, a las de Líster, y el XV mandado por Tagüeña. A la 1,30, la 13 Brigada mixta (de la 35 División, bajo el mando de Mateo Merino) había pasado el río. En el sector del V Cuerpo —que lo atravesó por la parte Sur— sonaron los primeros tiros. Empezó a disparar la artillería de Yagüe. Las unidades cruzaban el Ebro, unas con viva lucha, otras por sorpresa; los cañonazos hacían saltar algunas barcas. A las tres de la mañana había ya varios jefes de brigada en la otra orilla. Amanecía. Estaban pasando el río la artillería y los tanques, pero la aviación abrió el fuego sobre ellos. Sin embargo, la D. C. A. republicana obligó a los aviones a que lanzasen sus bombas desde mucha altura. No obstante, de vez en cuando era alcanzado un puente. Las fuerzas de Líster habían ocupado ya Miravet. La penetración era rápida y había órdenes de no entretenerse en reducir las resistencias locales. A las siete de la mañana, el jefe del sector en el cruce de Camposines, fue despertado por los soldados de la XIII brigada, que le hicieron prisionero.

Nitti ha descrito así el alba de aquel 25 de julio: «El cielo estaba clarísimo, el sol achicharraba apenas salir, la tierra parecía agrietarse bajo nuestros pies. Ni una nube, ni una gota de agua desde hacía meses…».

La 50 División, del Cuerpo Marroquí, mandada por el coronel Campos Guereta, «se replegaba con innegable desorientación», dice Lojendio, y añade que «las noticias de aquella mañana fueron bien confusas». La otra división, la 13, no corría mejor suerte, Aznar también reconoce la sorpresa. En realidad, aquella mañana el general Dávila comunicaba: «El enemigo ha logrado arrollar nuestras líneas de vigilancia del Ebro y se propone, al parecer, organizarse en una cabeza de puente entre Miravet y Fayón».

Así era, en efecto, sólo que la cabeza de puente era más extensa e iba de Benifallet a Fayón. Por la tarde del primer día, el avance era en algunos puntos de más de 15 kilómetros de profundidad y se habían ocupado Flix, Ascó, Ribarroja, Fatarella, Miravet, Pinell…

Al mismo tiempo, se realizaban dos operaciones de diversión: al Sur, entre Tortosa y Amposta y, al Norte, cerca de Mequinenza, se establecían unas cabezas de puente, con objeto de fijar fuerzas enemigas durante algunos días.

El día 26 llegaban, para contener la ofensiva, siete divisiones mandadas, respectivamente, por Alonso Vega, Galera, Rada, Barrón Serrano, Castejón y Arias. Todo inútil. El V y el XV Cuerpos realizaban su unión, se apoderaban de Mora de Ebro, Benisanet, Corvera y de la Sierra de Caballs. El día 27 limpiaban la bolsa (se habían hecho 5000 prisioneros) y atacaban Villalba y Gandesa.

ABC, de Sevilla, decía el 26 de julio: «Unas partidas que en las inmediaciones de Fayón y de Aseó consiguieron infiltrarse con la complicidad de parte de la población civil roja de estos pueblos fueron acosadas por nuestras tropas, que han causado al enemigo, en este sector, varios millares de bajas». Y el día 27: «Cruento descalabro marxista al intentar pasar el Ebro por tres puntos (…). El enemigo ha persistido en sus ataques en el valle del Ebro al amparo de destacamentos ligeros que cruzaron el río durante la noche del 24 al 25».

Aquella noche, el parte de guerra del Cuartel General «nacionalista» se limitaba a decir: «En el sector del Ebro han continuado las operaciones de limpieza de las partidas que pasaron el río entre Fayón y Mequinenza». Durante dos días, el parte sólo habló de los frentes de Extremadura y de Valencia.

Le Temps, de París, no era más explícito. El número de la tarde del 26 de julio (con fecha 27) se dedicó a explicar extensamente «el éxito de los nacionalistas en Extremadura». Luego, en breves líneas, se lee el siguiente título: «Un contraataque de los gubernamentales en el sector del Ebro». En realidad, había empezado la batalla más importante de la historia militar en el período comprendido entre la primera y la segunda guerra mundiales.

La batalla del Ebro

La batalla del Ebro

Por espacio de cuatro días las fuerzas de Modesto no cesaron de penetrar en la bolsa del Ebro, aunque en los dos primeros no pudieron utilizar los tanques y gran parte de la artillería por las dificultades de pasar el río. Luego, la entrada en línea de dos cuerpos de ejército (además del Marroquí, que había sido sorprendido) dificultó la penetración que, a partir del día 30, no pudo ir más allá de las inmediaciones de Villalba y Gandesa. La batalla del Ebro se convertía en una batalla de desgaste[23].

Las tropas de Franco desistieron en los primeros días de pasar al contraataque en la bolsa central (se ha dicho que Yagüe era de ese criterio) y prefirieron liquidar la bolsa secundaria creada por la 42 División al pasar el río entre Fayón y Mequinenza. Sin embargo, no habían de conseguirlo hasta el 6 de agosto, con el doble de fuerzas, un batallón de carros y 100 piezas de artillería.

La batalla continuaba. El mando republicano dio órdenes de fortificarse sólidamente en el terreno conquistado y organizó, en la medida de lo posible, el relevo de tropas desgastadas. Contaba, también, con tres divisiones del Ejército del Este. Las ofensivas de Levante y Extremadura habían sido enteramente paralizadas, pero la transformación de la batalla del Ebro en defensiva exigía una acción cooperativa en los distintos frentes expresada por acciones ofensivas en el Centro y en el Sur. Entrado el tercer año de la guerra no era posible que un solo Ejército —el del Ebro— llevase la lucha y que los restantes permaneciesen inactivos. La empresa no era fácil, ya que exigía una previa organización de las fuerzas de la zona central, muchas de ellas desgastadas tras la batalla de Levante y todas faltas de armamento y material. A esos problemas técnicos se unían otros de naturaleza política que examinaremos más adelante. Por unos u otros, o por ambos a la vez, los restantes frentes no se movían y no se movieron más, con la sola excepción de la batalla de Extremadura.

Todo esto no dejaba de tener sus consecuencias sobre la retaguardia inmediata —población civil próxima a los frentes—. En Madrid, por ejemplo, se vivía desde hacía veintiún meses bajo el fuego de la artillería enemiga. Niños, mujeres y ancianos morían por igual de la explosión de un obús, de gripe o de dolencia cardiovascular, es decir, el bombardeo era una causa natural de muerte. Aunque la aviación hacía incursiones de vez en cuando —menos que antes, pues la D. E. C. A. era potente—, el bombardeo del 14 de julio fue particularmente sangriento y produjo 14 muertos y 68 heridos. No era, sin embargo, la mortandad atroz de 1936. La ausencia de grandes combates —que no excluía las acciones locales, los golpes de mano; etc.— repercutía sobre el estado de ánimo de la población. La unidad política era mucho menor que en el invierno 1936-1937; en la capital de España afloraban las querellas «provincianas»; las mejores unidades del Ejército, que tanto habían contribuido a restablecer la moral de la población, no estaban ya en los frentes del Centro. Mandaba este Ejército el coronel Segismundo Casado —al que ya vimos mandando un Cuerpo de Ejército en la operación de Brunete—, que había sido jefe de la Escolta presidencial. El comisario general Piñera era del Partido Socialista (en diciembre fue sustituido por Edmundo Domínguez, del mismo partido, pero de criterio político distinto) y el gobernador civil, Gómez Ossorio, también. La fatiga de la guerra y las discordias entre los republicanos favorecían, sin duda, la acción de los partidarios de Burgos, de la Falange clandestina, que actuaron verdaderamente en el duro invierno de 1938-1939.

Pero volvamos al Ebro. El mando militar de Burgos dio las directivas para contraatacar. Los primeros intentos de recuperar la sierra de Pándols, ocupada por la 11 División republicana, resultaron estériles tras varios días de fallidos combates. En las crestas de Pándols y Caballs, destrozadas por la guerra, se batían los hombres clavados verdaderamente en cada metro de terreno. La Legión Cóndor y la aviación «legionaria» italiana pasaban una y otra, vez bombardeando a lo largo de ambas sierras: «Volando sobre la espina dorsal de las sierras, desde Puig Caballé —Pándols— al vértice de Gaeta, repobló el monte de espoletas. Por cada espoleta una bomba; por cada bomba un cráter; por cada cráter un cementerio sin paredes y cónico…»[24].

Aquellas sierras, entre grises y cárdenas, sin pizca de hierba, talladas en rocas y pedregales, que apenas ofrecían protección a la infantería (las piedras más duras que los picos) eran teatro de la lucha desesperada de los hombres que, tras cada castigo de la aviación y la artillería, permanecían en sus parvos abrigos de ametralladoras, las cuales segaban una y otra vez los avances impetuosos de las brigadas navarras.

La batalla del Ebro había tenido consecuencias en Extremadura. El general Saliquet lanzó de nuevo tres divisiones y la de Caballería para tomar Cabeza de Buey, pero dos divisiones del Vil Cuerpo de Ejército republicano contraatacaron y recuperaron gran parte del territorio perdido en julio, con lo que impidieron toda posibilidad de penetración hacia Almadén (según el general Monereo, las fuerzas de Saliquet tuvieron en aquel mes de agosto 5129 bajas).

Las repercusiones del Ebro en Burgos

Las repercusiones del Ebro en Burgos

Los contratiempos del Ebro agravaron la situación política en la zona «nacionalista». En el seno de la Falange, la oposición dirigida por Agustín Aznar y Martínez Vélez (que había sido jefe territorial de Melilla) entró en una fase conspirativa, después de haber fracasado en su intento de ganarse a Fernández Cuesta. Aznar y Vélez fueron detenidos, procesados y condenados a cinco años de prisión. Las críticas brotaban por todas partes. Se sabe que las hubo incluso en las más altas esferas militares. También las había en el hombre de la calle. Más contra éstas que contra aquéllas iba dirigido un violento artículo de Ernesto Giménez Caballero, aparecido en ABC, de Sevilla, el 9 de agosto: «¡Ay del que murmure! Esa cosa, vil, comadrera, cobarde, asquerosa del murmurar…».

Las recomendaciones imperativas con que terminaba el artículo, así como la separación implícita entre dos categorías de españoles que suponía, le convirtieron en un trozo de antología para quien quiera estudiar las ideologías dominantes en aquel bando: «Así que, ¡a tomar café en pocos minutos! ¡A charlar de lo que convenga al Estado! ¡A reglamentar las comidas y sus horas! ¡A limpiarse menos las botas y más las conciencias! ¡A recluirse más en el hogar! ¡A casarse! ¡A tener hijos que sean los soldados del Imperio de mañana! ¡Abajo los zánganos! ¡Abajo los residuos que quedan de la chulería y del señoritismo burgués y socialista! ¡A trabajar y crear! ¡Todo el mundo! (…). Y nosotros, arma al brazo: vigilantes».

En Roma, Mussolini se impacientaba, y decía al Generalísimo, por conducto del general Berti, que Italia no podía continuar ayudando indefinidamente. El embajador italiano aclaró a Stohrer, «muy confidencialmente», que se trataba de exagerar algo para inducir a Franco a actuar más enérgicamente. Pero el jefe del Gobierno de Burgos no necesitaba tales presiones, porque él hacía cuanto podía, pero la situación no era nada fácil. Como señalaba Stohrer, en su informe del 19 de septiembre, militarmente había fracasado la ofensiva de Almadén y la contraofensiva del Ebro, las pérdidas eran muy grandes, los «rojos» demostraban incluso una superioridad de mandos militares. En suma, para Stohrer, diez días justos antes del pacto de Múnich, «la situación militar presente tiene que ser, por consiguiente, muy poco satisfactoria. Sin embargo, no es peligrosa…». No creía que la guerra pudiera terminarse en plazo breve, a menos que uno de los contendientes recibiese una ayuda sustancial.

El embajador alemán hablaba igualmente de «violentas escenas entre Franco y sus generales». Por otra parte, Serrano Súñer se llevaba mal con varios ministros que compartían con numerosos militares su criterio «antisuñerista». Los falangistas se quejaban de que nombraban gobernadores civiles a monárquicos y sostenían una oposición, real o ficticia, entre Yagüe y otros generales.

Los productos manufacturados faltaban, los precios no podían ser ya contenidos y los aumentos de salarios eran poco importantes. Por otro lado todos los hombres jóvenes y de mediana edad estaban en el Ejército y el poder de compra de sus familias era bajísimo.

En resumen, pese a las apariencias, el corte del territorio republicano, la dominación del Norte y de Aragón no habían sido decisivos para inclinar la balanza en favor de los insurrectos de 1936, convertidos en Gobierno de hecho de más de media España. Por si faltaba poco, en los medios de dicho Gobierno crecía la inquietud por «la propaganda roja» en su zona, dirigida contra el fascismo alemán e italiano y encaminada a buscar esta solución: «Los asuntos de España deben ser solucionados por los españoles solos».

En Barcelona

En Barcelona

Sería erróneo creer que en la zona republicana no existían problemas análogos. No solamente existían, sino que aumentaban. Diversos medios internacionales presionaban a personalidades republicanas con objeto de que se pusiera término a la guerra, fuese como fuese, aunque a dichas personalidades se les hacía creer en la posibilidad de una mediación, a sabiendas de que el Gobierno de Burgos rechazaba de plano esa posibilidad. Por otra parte, los fenómenos de ruptura del Frente Popular en el orden internacional (que hallaron su expresión más acusada en el período 1939-1940) y las tendencias a nuevos reagrupamientos de fuerzas políticas se manifestaban ampliamente e incidían en los medios políticos españoles.

El presidente de la República no cejaba en sus empeños. Su discurso del 18 de julio, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, centrado sobre los temas «Paz, piedad, perdón», había sido interpretado como un gesto de debilidad[25]. Las relaciones entre Azaña y Negrín se hicieron tirantes. Ya lo habían sido con Largo Caballero, pero en ese momento, el enérgico jefe del Gobierno soportaba mal el carácter pesimista del presidente de la República. Por añadidura, Negrín pudo enterarse confidencialmente de que Azaña había celebrado una entrevista secreta con el señor Litch, encargado de Negocios de la Gran Bretaña.

El 7 de agosto se reunió en Barcelona el Comité Nacional del Partido Socialista. Negrín explicó toda su conducta en la crisis de marzo y abril. Prieto afirmó, en un largo discurso, que había sido «expulsado» del Gobierno por orden de los soviéticos, ya que él no se prestaba a obedecer los mandatos de Moscú. La mayoría de los reunidos piensan que Prieto eludía así el fondo de la cuestión[26]. Prieto dimitió su cargo de la Ejecutiva. Se cubrieron los puestos vacantes en ésta con el criterio de que todas las tendencias estuviesen allí representadas. Se designó a Besteiro y Largo Caballero como vocales natos, pero ambos rechazaron; también se negaron a participar en un acto público. Al hacerlo así, Besteiro declaró: «Los españoles nos estamos asesinando de una manera estúpida, por unos motivos todavía más estúpidos y criminales». A pesar de todos estos incidentes, en el Comité Nacional tuvieron mayoría los partidarios de la resistencia[27], al mismo tiempo que se expresó «el deseo de que las relaciones entre el Partido Socialista y el Comunista, lejos de enfriarse, sean cada día más cordiales y estrechas»[28].

El mar de fondo era grande y no iba a dejar de manifestarse, precisamente cuando los combates del Ebro eran más intensos.

El subsecretario de Armamento, Otero (miembro del Partido Socialista), propuso que pasaran a depender de su departamento todas las fábricas dedicadas a la producción de material de guerra. El momento era duro. Rojo ha contado después que «durante largos períodos algunas unidades de artillería las del calibre 10,5) sólo podían disparar diariamente los proyectiles que se fabricaban en la jornada». Los camiones esperaban a la puerta de las fábricas de Barcelona para ir transportando los proyectiles al frente, según eran fabricados. También eran angustiosos los problemas de Reparación de piezas de artillería (la sustitución no era posible) y de puentes y pasos del río[29].

La medida, pues, de someter todas las fábricas a la jurisdicción de la Subsecretaría de Armamento estaba muy lejos de parecer descabellada. Sirvió, sin embargo, de pretexto para que se desatase una operación contra el Gobierno de Negrín, preparada de antemano y que no aguardaba más que aquella u otra ocasión para producirse. Ya se venía hablando de un Gobierno Besteiro-Martínez Barrio. La marejada era honda y arrastraba fracciones de diversos partidos. El viejo socialista Amador Fernández estuvo sondeando a Zugazagoitia. De él son estas palabras: «He hablado con Blanco (el ministro de Instrucción Pública, de la C. N. T.). …Su enemistad contra los comunistas es profunda y están dispuestos a unirse a nosotros para destrozarlos». Por su parte, Besteiro decía al senador australiano Elliot que estaba dispuesto a formar Gobierno «para terminar la guerra» si le dejaban elegir libremente sus colaboradores. En suma, la política que llevó a Múnich, también tenía sus representantes en los medios políticos de la España republicana. El «anticomunismo» pasó a ser la preocupación primordial de esas tendencias. Refiriéndose a las actividades de aquellos elementos de la zona central, y sobre todo en Madrid, comentaba Zugazagoitia: «La hostilidad anticomunista había pasado de sentimiento difuso a organización secreta».

Las rivalidades políticas en el seno del Ejército habían creado ya no pocos problemas. «Ninguno podía ascender —comenta Ramos Oliveira— sin disgusto o sospecha de sus émulos, que veían en ello medro político o aumento de la influencia de partido. El ascenso de Líster, comunista, a teniente coronel, como premio a su brillante intervención en la batalla de Teruel, fue seguido días más tarde del ascenso de Mera, anarquista, al mismo grado».

Lo que eran primero recelos, se fue convirtiendo en cuestión política al ser aprovechados por quienes creían posible obtener una mediación con el enemigo a base de sacrificar a los comunistas y a sus amigos. El general Rojo comenta —refiriéndose al otoño de 1938— que, «aquella pugna que de largo tiempo venían sosteniendo los partidos, celosos del predominio que en el Ejército tenían los comunistas, se recrudeció, llegando a manifestarse en forma difamatoria».

La primera manifestación de esta tendencia política se produjo con la crisis del 17 de agosto, planteada por los ministros Aguadé e Irujo, nacionalistas catalán y vasco, respectivamente, que so pretexto de salvaguardar atribuciones de las regiones autónomas (aunque no existía ya más que Cataluña), intentaron provocar así la caída del Gobierno de Negrín. No se atrevió o no quiso Azaña seguir esa corriente en el momento en que era más dura la batalla del Ebro y en que los republicanos contaban con mayores posibilidades que hacía un año. La crisis fue, pues, resuelta con la sustitución de los ministros dimitidos por José Moix, del P. S. U. de Cataluña, y Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca (grupo nacionalista de izquierda).

Comenzó septiembre y con él una nueva ofensiva de varios cuerpos de ejército decididos a romper el frente republicano entre un eje de avance Gandesa-Camposines. Esta acción, que duró hasta el 16, es comentada así por García Valiño: «La maniobra desbordante por Gandesa no fue realizada, y así la batalla se convirtió en una serie ininterrumpida de ataques frontales, en el que se fue empujando materialmente al enemigo de loma en loma, con el flanco derecho siempre amenazado por haber fracasado el intento de escalar las cimas de la sierra de Caballs… En vista de la gran resistencia enemiga y de la profundidad de su posición de resistencia decidió el Mando del Ejército trasladar definitivamente el centro de gravedad del ataque al ala derecha del despliegue».

Esta decisión se tomó después de haber fracasado otra ofensiva que duró desde el 18 de septiembre hasta primeros de octubre.

Durante todo el mes de septiembre prosiguió aquella lucha con toneladas de material y técnica de aplastamiento. Se trataba de probar que la artillería conquista el terreno y la infantería lo ocupa. Pero esos cálculos fallaron porque posiciones republicanas, tras horas de bombardeo aéreo y más horas aún de machucamiento artillero que llegaban a «cambiar la topografía del terreno», seguían defendidas por sus hombres y sus máquinas, cuando los tanques y la infantería se lanzaban al asalto creyendo que no quedaba allí ningún ser viviente. Una y mil veces se repitieron estas escenas dantescas en cada cota del terreno. Hubo casos como el de la cota que dominaba Corbera, tomada y vuelta a tomar cuatro veces, hasta que por falta de tropas de refresco, fue abandonada por los republicanos cerca de medianoche.

Retirada de los voluntarios extranjeros del lado republicano

Retirada de los voluntarios extranjeros del lado republicano

Mientras las pretensiones de Hitler sobre Checoslovaquia agravaban peligrosamente la situación europea, la Sociedad de Naciones celebraba reunión de su Asamblea general. El espíritu de claudicación dominó todos los debates. Pero el Gobierno español dio la nota sensacional declarando, por boca de su presidente, doctor Negrín, el 21 de septiembre, «qué había decidido el retiro inmediato y completo de todos los combatientes no españoles que tomaban parte en la lucha de España del lado gubernamental». El Gobierno español pedía que la Sociedad de Naciones controlase esta retirada de voluntarios, pero se negaba a que esa función fuese ejercida por el desacreditado Comité de Londres. La Gran Bretaña hubiese preferido esa solución (así lo sugería el Times del 23 de septiembre), pero el tándem Chamberlain-Halifax, dedicado a la poco gloriosa tarea de preparar la capitulación ante Hitler y el abandono de Checoslovaquia, cedió en este asunto a todas luces secundario. La Asamblea aceptó la propuesta española y el Comité para controlar la retirada quedó constituido el 14 de octubre y entró en España dos días después[30].

Los combatientes extranjeros eran retirados del frente en todo el Ejército republicano. Apenas eran 13 000 y el Gobierno pensaba que estratégicamente nada perdía, mientras la baza política que jugaba podía ser interesante. El Gobierno de Burgos decidió, por su parte, en el mes de octubre, la retirada de 10 000 «voluntarios» italianos, cuando los de esta nacionalidad que luchaban junto al ejército de Franco eran el 1.º de julio 40 075, a los que había que añadir 8000 —de los cuales 300 oficiales—, llegados entre esta fecha y el 11 de agosto[31].

La capitulación de Múnich

La capitulación de Múnich

No entra en el objeto de este libro la descripción de la capitulación franco-británica frente a los dictadores fascistas, que había de facilitar los preparativos de la guerra de agresión, pero sí examinar la influencia decisiva que el acuerdo de Múnich tuvo en el desarrollo y fin de la guerra de España.

Hitler había pedido en Nüremberg el desmembramiento de Checoslovaquia con el pretexto de la existencia de minorías alemanas (sudetes). Una vez más, los Gobiernos de la Gran Bretaña y Francia vacilaron, retrocedieron… En la asamblea de Ginebra. Litvinov había recordado que su país estaba dispuesto a respetar su pacto con Francia. Nadie parecía haber tomado en serio el asunto, a excepción de los delegados de España (Álvarez del Vayo). México y Colombia. La partida no se jugaba allí, sino en las cancillerías. El 22 de septiembre, Benes sabía ya que la Gran Bretaña y Francia no irían a la guerra por defender a Checoslovaquia. Pero Hitler quería más y exigió la ocupación militar inmediata de todos los territorios que se le cedían.

Según se agravaba la crisis, igual crecía la ansiedad en los medios oficiales de Burgos. Si la Gran Bretaña y Francia no cedían, podía ser ya la guerra, y entonces las divisiones francesas reforzarían el Ejército del Ebro y atacarían también la frontera de Irún. Y si no era el conflicto armado, y Hitler retrocedía, no cabía pensar en un rápido final victorioso de la guerra civil. (Stohrer mismo y, desde luego, Hodgson, presionaron para la mediación). Había que realizar, pues, más que nunca el juego de báscula. El general Franco habló con el oficial alemán de enlace en su Cuartel General y éste declaró no saber nada de las intenciones de su Gobierno en caso de que estallase la guerra europea. ¿Qué iba a ocurrir con la Legión Cóndor? ¿Qué hacía el Deutschland en el puerto de Vigo? ¿Tenía Alemania el propósito de hacer que sus buques se abasteciesen en los puertos españoles? El duque de Alba y Quiñones de León recibieron instrucciones para informar a los Gobiernos de Chamberlain y Daladier, respectivamente, que la España de Franco permanecería neutral. No le quedaba otra opción: Gamelin acababa de comunicar que, en caso de guerra, sus divisiones atacarían el Ejército franquista por los Pirineos y en Marruecos, si éste no guardaba estricta neutralidad. Stohrer, comprensivo, comunicó a su Gobierno que «la situación de España era muy difícil». Magaz, embajador en Berlín, expuso también el criterio de neutralidad. Se le contestó, tras consultar con Roma, que se comprendía la necesidad para España de permanecer neutral en caso de conflicto europeo (en el cual, por otra parte, no creían), pero que esperaban que observaría esa neutralidad con entera benevolencia hacia Alemania e Italia. Jordana insistió, al hablar con Stohrer, en que este asunto de la neutralidad española había sido una iniciativa de Francia y la Gran Bretaña, y en modo alguno del Gobierno de Franco[32]. El día 29, Chamberlain y, Daladier se sometieron a las exigencias de Hitler y Mussolini. No solamente se decidió allí la suerte de Checoslovaquia, sino la de toda una política internacional. La política de seguridad colectiva y del frente internacional democrático fue rematada por dos malos puntilleros. Ello significaba que se había decidido también la suerte de España: nadie se atrevería ya a inquietar a los Gobiernos de Berlín y Roma. Por otra parte, el cerco que ya se perfilaba contra la U. R. S. S. obligó a que Moscú extremase su prudencia en el asunto español.

¿Qué importaba todo eso a hombres políticos y a multitudes acongojadas por un miedo insuperable y que creían comprar su mezquina paz cotidiana por el «razonable» precio de Checoslovaquia y España? Chamberlain y Daladier fueron aclamados a su regreso, pero parece que el presidente francés, más consciente de lo que sucedía, se horrorizaba de aquellos aplausos.

El mismo día de la claudicación de Múnich, el ministro francés de Asuntos extranjeros. Georges Bonnet, recibía en el Quai d’Orsay a Álvarez del Vayo y al embajador de la República española, Marcelino Pascua. Bonnet insinuó con mayor energía que nunca que los republicanos debían examinar cómo poner término a la guerra de España. Álvarez del Vayo respondió que «su deseo de paz era inmenso, pero que el que España recobrase la paz dependía más de los Gobiernos de Londres y París que de nosotros mismos»[33].

A los pocos días, cuando el embajador de Francia en Barcelona, señor Labonne, anunció al presidente Lebrun que iba a despedirse del Gobierno español antes de incorporarse a su nuevo destino de Residente general en Túnez, el jefe del Estado francés le dijo: «¿Y a qué va usted a España ya?»[34].

En Burgos, la «solución pacífica» de Múnich fue considerada —con razón— como un triunfo. Se estimaba que el momento era propicio para rechazar todo intento de mediación, como sugería Hodgson. Pero Stohrer comprendía que la guerra no estaba militarmente decidida y el mismo 2 de octubre insistía, en un memorando secreto a Ribbentrop, en que, «según los medios militares alemanes e italianos… es inconcebible que Franco pueda ganar la guerra en un futuro previsible, al menos que Alemania e Italia no tomen una vez más la decisión de hacer en España nuevos y grandes sacrificios de material y hombres». Stohrer creía que era preferible buscar «un arreglo favorable a Franco», que no proseguir una guerra de resultados inciertos.

Al mismo tiempo, Magaz reclamaba en la Wilhelmstrasse, temeroso por lo que hubiera podido hablarse en Múnich sobre España. Se habló, pero nada se decidió. El tema fue tratado más particularmente por Chamberlain y Mussolini, que prometió la retirada de 10 000 italianos, pero añadió que no quería dar la impresión de que se abandonaba del todo a Franco. Chamberlain pareció satisfecho. Al menos esto era lo que decía dos días después Ciano al embajador británico, lord Perth.

En San Sebastián. Jordana expresaba a Stohrer su regocijo por «la solución pacífica del conflicto checo» y por «la severa derrota infligida a Moscú». Pero el Cuartel General pedía más armas a Alemania. Y en Berlín se estimaba que esa nueva ayuda debía ser pagada accediendo a todas las peticiones económicas alemanas, como así se hizo finalmente.

Chamberlain creía llegado el momento de poner en aplicación el pacto ítalo-británico firmado en abril. Contentóse el Gobierno británico con la retirada de los 10 000, italianos y la promesa verbal de Mussolini de que no enviaría más tropas a España. A primeros de noviembre, el pacto ítalo-británico fue ratificado por los Comunes (Edén estuvo en contra), a pesar del fracaso de la gestión de Hemming en Burgos, en nombre del Comité de No Intervención. La tarde del 3 quedaron claras las cosas, cuando lord Halifax declaró, en nombre del Gobierno: «Mussolini ha dicho siempre claramente, desde las primeras conversaciones entre el Gobierno de Su Majestad y el Gobierno italiano que, por razones conocidas por nosotros, que podíamos comprobar o no, no está dispuesto a dejar que Franco sea derrotado».

¿Qué importaba? Los miopes, política y moralmente, creían haber firmado un seguro de vida tranquila.

Coventry y Oradour iban a entrar en la historia.

Negrín en las Cortes

Negrín en las Cortes

Múnich era un fenómeno de la política europea, y el espíritu de Múnich se reflejaba en todas partes. Los medios políticos españoles no estaban indemnes del contagio. El «espíritu de Múnich» existía con caracteres acusados en la España republicana desde marzo de 1938.

Las Cortes, fieles a los preceptos constitucionales, reuniéronse al comenzar octubre, esta vez en el monasterio de San Cugat del Vallés, a las puertas de Barcelona. Algunos creyeron que había llegado el momento de acabar con Negrín. Las intervenciones de los representantes de Izquierda Republicana (Palomo). Nacionalistas Vascos (Irujo), Esquerra (Santaló) contenían velados ataques al Gobierno y a su política de resistencia. Sólo las intervenciones de Lamoneda y de Dolores Ibárruri, en nombre de socialistas y comunistas, respectivamente, habían sido de apoyo incondicional al Gobierno.

Negrín, en un ambiente harto hostil, solicitó una suspensión de sesión. Se creyó que iba a dimitir. Pero Negrín volvió para decir que el Gobierno no estaba dispuesto a secuestrar las prerrogativas parlamentarias. Si no se estaba de acuerdo con él había que decirlo claramente y formar otro Gobierno, pero si se estaba de acuerdo, el apoyo no podía ser condicionado. El jefe del Gobierno exigía un voto de confianza sin reservas. Los críticos quedaron un tanto desconcertados. Hubo un momento de vacilación general. Indalecio Prieto, tal vez porque comprendió que no era posible otra solución, o por uno de los sobresaltos emotivos que tenía, trató de arreglar la cuestión. No hubo más remedio que votar la confianza. Ello se debía a que el Ejercito del Ebro seguía firme en sus posiciones bajo tempestades de fuego y hierro.

Fin de la batalla del Ebro

Fin de la batalla del Ebro

Otra vez el otoño, y la batalla del Ebro seguía en su tercer mes. La lucha tuvo las mismas características de desgaste durante todo octubre. Una nueva ofensiva con tropas de refresco lanzada por el Mando franquista delante de Corbeta, del 8 al 20, consiguió mínimos resultados. Como dice Aznar, «el terreno es conquistado metro por metro».

Al acabar el mes de octubre, los cuatro cuerpos de ejército (Maestrazgo, Marroquí, Navarro, Italiano, más las unidades selectas de legionarios y regalares) consiguieron un avance máximo en una cuña de ocho kilómetros, a partir de las líneas del 30 de julio. En cuanto a los flancos de las líneas republicanas, éstas continuaban inconmovibles. El 19 de octubre. Stohrer comunicaba a su Gobierno que «la situación militar no había cambiado (…), los pequeños y laboriosos avances de las tropas nacionalistas en el Ebro no tienen importancia real». Los agregados militares alemanes hablaban del descontento de varios generales por la manera de llevar la guerra.

En aquel momento, los Gobiernos de Hitler y Mussolini habían ya decidido «reconstruir íntegramente la potencia de combate de las tropas que se encuentran en España, enviándoles los refuerzos necesarios en material y munición». A mediados de aquel mismo mes, el general Franco pidió 50 000 fusiles. 1500 ametralladoras ligeras, 500 pesadas y 100 cañones de calibre 75. Esa ayuda se le envió en noviembre, a condición de que cumpliese sus promesas de orden económico[35].

Mientras los tres cuerpos que constituían el Ejército del Ebro y varias divisiones del Ejército del Este soportaban todo el peso de la guerra, los ejércitos de la Agrupación Centro-Sur (mandada por Miaja) en los frentes del Centro, Extremadura, Andalucía y Levante permanecían inactivos, con la única excepción de las mencionadas operaciones del mes de agosto en Extremadura. Esta falta de cooperación de ejércitos iba sin duda a influir en el desarrollo de las operaciones.

A fines de octubre, tras un Consejo de Guerra presidido por Franco, se decidió atacar por la sierra de Caballs con cuatro divisiones. 16 grupos de artillería, tres compañías de morteros del 81 y un grupo de carros de combate. «El día 30 —según García Valiño— se inició la más potente preparación artillera conocida hasta entonces»; el 1.º de noviembre quedaron rotas las líneas republicanas en la sierra de Caballs. Sin embargo, se rehicieron las unidades y se efectuó el repliegue sin dejar de combatir. El día 8, tras la evacuación de Mora de Ebro, todavía conservaban las fuerzas de Modesto una bolsa de unos trescientos kilómetros cuadrados. Pero allí no era posible organizar una resistencia sólida; el 15, la cabeza de puente quedó reducida al arco Ribarroja —en las proximidades de Fatarella—, Ascó. El 16, se efectuó el repliegue a las posiciones de partida ocupadas el 25 de julio; otra vez se tendieron los puentes y, sin dejar de combatir, las unidades se retiraron en orden, sin abandonar material ni depósitos.

La batalla del Ebro había terminado. En el cuartel General de Franco informaron a los alemanes que la batalla les había costado 35 000 bajas. Por su cuenta, Stohrer consideraba exagerado el número de 75 000 atribuidas por la prensa falangista a los republicanos. Líster ha escrito que las bajas fueron 55 000 y calcula en algo más de 60 000 (haciendo una estimación que tiene por base las 19 763 declaradas por el Cuerpo de Maestrazgo) las adversarias.

El asunto Montana y otras cuestiones económicas

El asunto Montana y otras cuestiones económicas

La ley de Minas promulgada por el Gobierno de Burgos en junio concedía la posibilidad de inversiones extranjeras hasta el 40 por ciento del capital de cada empresa, así como inversiones superiores con previa autorización gubernamental. En el fondo, quedaban satisfechas las peticiones alemanas, y aun lo fueron más cuando se autorizó la formación en Marruecos de una sociedad alemana para explotar recursos mineros y la liberación del contravalor en pesetas de 15 millones de marcos, destinado a pagar la participación del capital alemán en las empresas mineras. Éstas eran la Aralar, S. A., de Tolosa; la Montes de Galicia, S. A., de Orense; la Santa Tecla, de Vigo; la Sierra de Gredos, S. A., de Salamanca, y la Montañas del Sur, S. A., de Sevilla, todas creadas por la Hisma. En diciembre, la participación alemana en las dos primeras y en Montañas del Sur ascendía a 75 por ciento y en Sierra de Gredos al 60, además de la propiedad total de la S. A. Mauritania, fundada en Marruecos español.

Por otra parte, la Hisma creó la Sofindus, trust de empresas de importación y exportación, cuyo capital era alemán en el 90 por ciento (a fines de 1938 había 25 millones de marcos invertidos en Sofindus). También se creó en Salamanca la Nova, S. A., destinada a facilitar el trabajo de empresas alemanas en tareas de reconstrucción económica de España[36].

En cuanto a la nota de gastos de la Legión Cóndor, presentada al Gobierno de Burgos en noviembre de 1938, se elevaba a 190 millones de marcos.

Desde el punto de vista del comercio exterior. Alemania se aseguró también la preeminencia: en 1938 importó de España por valor de 1.9 millones de dólares y exportó por valor de 22. Pero no hay que olvidar que la Gran Bretaña (que comerciaba con ambas zonas) importó por valor de 12 millones y exportó por el de 16. Por el contrario, Italia apenas obtuvo ventajas de orden económico. Cuando Mussolini se hundió, los vencedores de la guerra de España distaban mucho de haberle pagado los 5000 millones de liras a que ascendió su deuda de guerra con Italia. (La deuda de guerra con Alemania —que cobró toda Hitler en los años sucesivos a la guerra de España— ha sido estimada en 1200 millones de pesetas oro[37]).

Por otra parte, el Gobierno de Burgos tuvo que hacer frente en 1938 a numerosos problemas económicos que no eran sino la primera parte de los que se presentaron en años sucesivos. Las medidas de invalidación de los billetes lanzados a la circulación por el Gobierno republicano durante la guerra podían atenuar, pero no evitar, la propia inflación creada por los gastos de guerra. Los 4836 millones de pesetas de billetes en circulación que había al acabar el año 1935, se convirtieron en 12 000 millones al terminar la guerra.

En 1938 fue imposible contener el alza de los precios, que pasaron de 164,15 en 1935 (base 100, año 1913) a 212 en 1938. El precio de la carne subió el 80 por ciento desde el comienzo de la guerra; el de las legumbres, patatas y aceite, entre el 40 y el 50 según los casos. Los productos textiles eran raros y caros; los metalúrgicos subieron, pero en menor proporción. Como los salarios no aumentaron en más del 20 por ciento, el empeoramiento del nivel de vida fue evidente. Todo ello sin contar con la baja del poder de compra provocada por la mano de obra movilizada, por la situación de las familias afectadas por el encarcelamiento de más de 100 000 personas y el confinamiento de más de 130 000 en «batallones de trabajadores» y campos de concentración, pertenecientes en su casi totalidad a la población activa.

Sin embargo, la marcha de la guerra había devuelto la confianza a los capitalistas y las grandes empresas mejoraban sus posiciones. Le Temps del 18 de agosto de 1938 ofrecía esta comparación entre las cotizaciones en la Bolsa de Madrid en julio de 1936 y las del Bolsín de Bilbao en julio de 1938[38]:

Valores | 1936 | 1938
Cía. Sevillana de Electricidad | 60 | 80
Minas del Rif | 337 | 725
Altos Hornos | 59 | 114
Constructora Naval | 19 | 25
Explosivos | 426 | 470
Alcoholes Ebro | 163 | 860

Capítulo XVI. El fin de la guerra

CAPÍTULO XVI
EL FIN DE LA GUERRA

Las fuerzas en presencia en el frente catalán

Las fuerzas en presencia en el frente catalán

Al terminar la batalla del Ebro, ambos ejércitos estaban desgastados y con graves quebrantos de material. Pero la orientación de la política europea iba a ser decisiva en el desarrollo militar y político de los acontecimientos en España. El Gobierno de Burgos había cedido en cuanto a las concesiones mineras y envío de minerales y, en compensación, obtenía la ayuda decisiva de Hitler. Hugh Thomas afirma que «el envío de nuevo material de guerra que siguió a estos acuerdos constituyó el acto más importante de intervención extranjera en la guerra civil española»[1]. En verdad, si el alzamiento de 1936 se había convertido en una guerra fue a causa de la primera intervención alemana e italiana a finales de aquel mes de julio. Ahora, en otoño de 1938, el espíritu político de Múnich tenía sus partidarios y representantes, conscientes o no, en numerosos grupos republicanos y en algunos de sus jefes militares. A ese estado de espíritu no era ajeno el propio presidente de la República. Por aquel entonces llamó a Besteiro para que, con un pretexto, se presentase en Barcelona. «No hay nada que hacer», dijo después Azaña. Besteiro estaba de acuerdo con él, pero dijo encontrarse solo. Participó también en una reunión de la Ejecutiva del P. S. O. E. y tuvo una violenta escena con Negrín: «Antes de que le cuenten a usted nada —le dijo— quiero que sepa usted por mí lo que he dicho en la Comisión Ejecutiva. Le tengo a usted por un agente de los comunistas»[2].

Mientras tanto, Azaña se sentía herido por cuestiones de rango entre el presidente de la República y el de la Generalidad, al tiempo que Companys estaba obsesionado con la idea de que el comportamiento de Negrín, como jefe del Gobierno central, restringía indebidamente la esfera de autonomía del Gobierno catalán.

No obstante, la vida en la capital accidental de la República tenía aspectos más normales que en la primera mitad de la guerra: se abrieron iglesias para celebrar matrimonios y funerales, y la tolerancia religiosa era cada día mayor[3]; ya no se ejecutaba ninguna pena de muerte; los dirigentes del P. O. U. M. fueron condenados a penas de prisión por el levantamiento armado de mayo de 1937, pero en modo alguno por traición o complicidad con el enemigo, cargo que rechazaron los tribunales de la República. En cambio, la situación alimenticia se hacía muy difícil. En cuanto a la posibilidad de renovar el armamento y material, todas las gestiones hechas con el Gobierno francés para levantar el cierre de la frontera no habían dado resultado. Sin embargo, había numerosos envíos soviéticos que estaban ya en Francia y el Gobierno no perdía la esperanza de obtener un gesto de condescendencia por parte de Daladier y Bonnet.

Barcelona hizo una emotiva despedida a los combatientes de las Brigadas internacionales y la Comisión de la S. de N. comprobó que en los frentes de la zona republicana no quedaban ya combatientes extranjeros.

La visita de Vincent Auriol a Barcelona confirmó a los gobernantes republicanos lo poco que podían esperar del Gobierno francés (con cuyos ministros había hablado Auriol, aunque su viaje tenía carácter oficioso). Parecía como si la resistencia republicana constituyese un engorro para los atemorizados Gobiernos de Europa occidental.

Negrín, que desplegaba una actividad sobrehumana, hacía lo que podía, como la mayoría de los ministros. Pero el jefe del Gobierno chocaba a menudo con los partidos políticos, a los que llegó a juzgar como obstáculos en la tarea gubernamental. A primeros de diciembre había sugerido una especie de suspensión de los partidos, reunidos en un «frente nacional», idea que los comunistas y otros rechazaron[4].

El 23 de noviembre, el general Rojo había redactado un informe sobre la situación militar, en el cual preveía la próxima ofensiva del enemigo contra Cataluña. Sus posiciones básicas eran las siguientes: a) evitar que el enemigo montase libremente esa maniobra y, para ello, operar ofensivamente en un frente sensible; b) poner en actividad todos los demás frentes; c) trazar un plan de defensa de Cataluña, basado en la resistencia y en la maniobra. En ese momento, el Ejército republicano en Cataluña contaba con un total de 220 000 hombres (de los cuales sólo 140 000 encuadrados en brigadas mixtas; había los de las quintas recién llamadas sin encuadrar, etc.), 250 piezas de artillería, 40 tanques, 80 carros blindados, 46 piezas de la D. E. C. A., 80 aviones de caza, 26 de bombardeo, seis mixtos y tres patrullas de vuelo nocturno. Este ejército tenía enfrente otro de 320 000 o 340 000 hombres. 800 piezas de artillería, 300 tanques y carros, de 80 a 100 piezas de D. E. C. A. y entre 500 a 600 aviones.

En el Centro había tres ejércitos, más los efectivos de maniobra, que sumaban unos 80 000 hombres. Teniendo en cuéntalas unidades de Asalto, de Carabineros, los reclutas, etc., podía contarse con más de 500 000 combatientes, pero no había armamento para todos.

Maniobras para salvar a Cataluña

Maniobras para salvar a Cataluña

El 6 de diciembre, Rojo comunicó a Negrín su impresión de que la ofensiva enemiga contra Cataluña era inminente. Se estableció entonces el siguiente plan de operaciones:

Realizar un ataque al sur de Granada, por el sector de Motril, con la flota y una brigada de desembarco;

Un ataque principal sobre el frente Córdoba-Peñarroya, hacia Zafra, con un mínimo de tres cuerpos de ejército, que debería iniciarse cinco días después;

Un ataque complementario en el frente del Centro con el objetivo de cortar las comunicaciones enemigas de dicho frente con Extremadura, que debería tener lugar doce días después.

Pero a las cuarenta y ocho horas, el general Miaja, jefe de la zona Centro-Sur, respondió negándose en redondo a realizar la operación de Motril, al tiempo que manifestaba que el jefe de la flota estaba de acuerdo con él. Sin embargo, la flota se había hecho ya a la mar, así como los barcos que transportaban la brigada de desembarco, cuando Negrín, cediendo a la desobediencia, suspendió la operación. «La batalla de Cataluña —dice Rojo— comenzamos a perderla al suspender la operación sobre Motril».

Éste fue el primer traspiés de una serie de vacilaciones que acabaron mal. Al suspenderse lo de Motril, el Estado Mayor. Central dio orden de que en vez de atacarse por Extremadura, el día 18, como estaba previsto, se atacase por el frente de Granada el 24. La situación se hizo cada vez más confusa: las malas comunicaciones, unidas a una crisis de abastecimientos de Madrid, complicaron la cuestión. En esto llegó el 23 de diciembre: seis cuerpos de ejército (mandados por Cambara, García Valiño, Solchaga, Moscardó, Yagüe y Muñoz Grandes) iniciaban la gran ofensiva contra Cataluña, con 600 piezas de artillería y toda la aviación Cóndor y Legionaria. Las líneas republicanas fueron rotas por el Segre, al sur de Lérida, en el sector de la 179 Brigada de Carabineros y la 56 de Marina. También retrocedió la reserva formada por la 16 División. El 25 se lanzaron al contraataque los V y XV cuerpos de ejército. El primero paralizó varios días a los italianos delante de Castelldans, pero el frente fue desbordado por varios puntos.

Ante situación tan grave, el Estado Mayor Central dejó en libertad, al del grupo de ejércitos Centro-Sur para que, tras resolver el problema de abastecimientos, realizase la ofensiva prevista por donde juzgara más útil (el Estado Mayor del Centro-Sur se decidió, al fin, por Extremadura).

Al comenzar enero de 1939, la situación de Cataluña era dificilísima. El día 4, los cuerpos de ejército italiano y navarro ocupaban Borjas Blancas, en la carretera de Lérida a Tarragona, y los del Maestrazgo y Urgel entraban en Artesa, por el sector del Segre. En el sur de Cataluña se luchaba en campo abierto, con mínimas posibilidades de defensa. Al transcurrir la primera semana de enero, los republicanos sólo disponían en realidad, de 90 000 combatientes y 60 000 fusiles; la proporción artillera era de una pieza contra seis, y la aviación estaba absolutamente dominada. Se tomaron medidas extremas, entre otras la formación de batallones de ametralladoras formados por voluntarios. Uno de ellos, el de los metalúrgicos ugetistas barceloneses, se batió valientemente en el Bruch, pero la retaguardia comenzó a vacilar.

Ya era muy tarde, cuando el día 5 se emprendió la ofensiva de Extremadura. El XXII Cuerpo de Ejército, mandado por el teniente coronel Ibarrola, rompió el frente y avanzó en una profundidad de veinte kilómetros. En cuarenta y ocho horas, el XXII Cuerpo y la Agrupación Toral habían conquistado Balsequillo, Los Blázquez, La Granjuela, Fuenteovejuna, Aldea de Cuenca, La Coronada y la Granja de Torrehermosa, en total 600 kilómetros cuadrados. Pero al llegar ahí, el Mando, teniendo en cuenta que los flancos no cedían, no se atrevió a profundizar la brecha ni a realizar una posible maniobra envolvente sobre uno de dichos flancos. Un ejército de 90 000 hombres quedó paralizado, con dificultad de transporte por las pésimas vías de comunicación, y dando tiempo a que el enemigo concentrase reservas. En efecto, el Mando de Burgos envió como refuerzos una agrupación de tres divisiones y media, mandada por García Escámez, además de la 11 División, la de Caballería y nueve grupos de reserva general de artillería. Los republicanos realizaron, sin embargo, un segundo esfuerzo ofensivo hasta el día 13. A primeros de febrero, perdida ya la razón estratégica de la batalla, se replegaron a las posiciones de partida.

La tardía ofensiva de Extremadura fue acompañada por la que se había previsto en el Centro, pero en condiciones harto extrañas que los historiadores no han conseguido aclarar. El Estado Mayor del Grupo de Ejércitos proyectó la operación como una repetición de la de Brunete. Se preparó en Madrid, sin ninguna convicción, y se utilizaron 25 000 hombres (dos divisiones y una reserva). El ataque, realizado el 15 de enero, fracasó desde el primer momento, pese a la acometividad de las fuerzas en línea, que sufrieron 900 bajas. Se habló de que el enemigo conocía los planes de la operación. Casado se indignó ante esta sospecha, pero en su Estado Mayor figuraba Garijo, que fue ascendido por los vencedores al terminar la guerra.

En suma, todos los planes de diversión para contrarrestar la ofensiva de Cataluña habían fracasado. Se había comenzado por la indisciplina, luego se había operado tarde y el Estado. Mayor Central había dejado de controlar los movimientos del de la zona Centro-Sur, en cuya actuación intervinieron factores de difícil esclarecimiento.

La caída de Barcelona…

La caída de Barcelona…

El mismo día 15, un rápido movimiento de las fuerzas de Yagüe dio por resultado la caída de Tarragona, Se abrió una brecha por la que se precipitaron varios cuerpos de ejército. El republicano se batió encarnizadamente en desigual batalla. No había fusiles, ni ametralladoras, ni cañones. Barcelona era bombardeada de nuevo. La moral de la población civil se había roto. En Francia había miles de ametralladoras, 500 piezas de artillería y 30 lanchas torpederas vendidas por la Unión Soviética a la República española. En aquel momento, cuando caía Tarragona, se consiguió que el Gobierno francés autorizase el paso de parte de ese material. Con ello se pensó en constituir una cabeza de puente en la frontera catalana incluso si se perdía Barcelona. Pero ya era tarde. Casi todo ese armamento se quedó en Francia (que no dejó salir nada desde que cayó Barcelona) y del poco que llegó la mayor parte no estaba siquiera desembalado cuando cayó en poder de los vencedores[5].

Entre tanto Chamberlain había visitado a Mussolini en Roma. El Consejo de la Sociedad de Naciones se reunía una vez más, y otra vez Álvarez de Vayo defendió los derechos de la República española. Bonnet aparentó no escuchar y Halifax se levantó del asiento. Álvarez del Vayo declaró con más energía, apoyando cada una de sus palabras: «Sí, señores; malherido, abandonado, el pueblo español continuará la resistencia. No se ha podido restablecer la paz en la justicia y no nos queda más que combatir hasta la muerte. Pero llegará un día en que se acuerden de nuestras advertencias y en que se den cuenta de que España era el primer campo de batalla de la segunda guerra mundial, que se aproxima inevitablemente».

No obstante, el 6 de aquel enero, Roosevelt, en su mensaje al Congreso, había reconocido que el embargo de armas decretado por los Estados Unidos había sido un error y que «había favorecido al agresor». En muchos medios políticos de Londres y París se había cambiado de criterio con respecto al asunto de España, pero los Gobiernos no hacían nada por impedir su desenlace.

En la noche del 21 al 22, el Estado Mayor tuvo que comunicar al Gobierno que el frente ya no existía en tres direcciones: la de Solsona, la de Garraf y por el eje Igualada-Manresa, ocupadas por el Cuerpo de Ejército italiano y el del Maestrazgo. Al día siguiente, el Gobierno dispuso que todos los organismos del Estado salieran de Barcelona.

La defensa de Barcelona, ante un enemigo muy superior en número y armamento, era muy difícil, pero el clima de derrota precipitó su caída. El día 25 no se sabía quién mandaba allí En principio debía ser el general Hernández Sarabia, jefe del Grupo de Ejércitos de la zona, pero al mismo tiempo asumió la defensa de la plaza el teniente coronel Romero, al cual sustituyó con rapidez cinematográfica el coronel Velasco[6]. La confusión de jurisdicciones puso las cosas peor de lo que estaban. Para acabar de complicarlas, el ministro de la Gobernación daba orden el día 25 por la noche de que evacuaran Barcelona los Guardias de Asalto: dos mil hombres, con ametralladoras y carros blindados se retiraron en dirección de Gerona, con lo que contribuyeron a desmoralizar a la población.

Sin líneas ya, las fuerzas de Yagüe, Solchaga y Gambara marchaban sobre la capital, después de haber atravesado el Llobregat. Aquí y allá, unidades del V Cuerpo y algunos grupos aislados oponían resistencias locales al avance. Ese día. Ciano escribió en su Diario: «Nuestros voluntarios están venciendo la resistencia final de la División Líster. Barcelona está ya a su alcance».

Así era. En la mañana del 26, los camisas negras italianos y boinas rojas navarros ocupaban la altura del Tibidabo. A las cuatro de la tarde, varias tanquetas italianas avanzaban desacompasadamente por las calles laterales de Sarriá y llegaban al paseo de Pi y Margall. Los vencedores (Cambara, Yagüe, Solchaga) entraban protegidos por sus aviones, en una ciudad silenciosa cuyos habitantes se guarecían en el Metro o tras las ventanas cerradas de sus casas. Sólo al cabo de varias horas, cuando los Mandos «nacionales» se habían instalado en la plaza de Cataluña, sus partidarios salieron a la calle para manifestar su regocijo por la victoria.

Mientras tanto, el Estado se encontraba ambulante desde Gerona a la frontera. Muchos funcionarios no habían parado hasta llegar a Francia. Negrín se esforzaba por reunir en Figueras a todos, los miembros del Gobierno. Azaña se había instalado a seis kilómetros, en el castillo de Perelada. Álvarez del Vayo consiguió del Gobierno francés, que había cerrado herméticamente la frontera, que autorizase el paso de heridos y de población civil. El general Rojo, con el Estado Mayor, estaba en La Agullana y había dejado escapar el timón de sus manos. Sólo el subsecretario, coronel Cordón, y el comisario general de Guerra, Ossorio y Tafall (de Izquierda Republicana) hacían frente, junto a Negrín, al derrumbamiento casi general. En Perelada se reunieron Azaña, Rojo J Negrín. El informe de Rojo fue pesimista: todo lo más, según él, se podría resistir cincuenta días aún, si las circunstancias internacionales no cambiaban en sentido favorable. Azaña estimaba que no quedaba «sino requerir los buenos oficios de Francia y la Gran Bretaña para ver de obtener una paz humanitaria», y opinó que la cuestión debía plantearse en Consejo de ministros.

A todo esto, el Gobierno francés cerró de nuevo la frontera; decenas de millares de mujeres, niños y ancianos se aglomeraban, durante aquellas noches heladas de finales de enero, en los puestos fronterizos. Llovía torrencialmente…, muchos heridos marchaban a pie y no había curas de repuesto para sus llagas…, las mujeres se arrastraban penosamente por los senderos helados llevando en sus brazos a los pequeñuelos… Por fin, la frontera fue abierta otra vez pero también se abrieron, próximos a ella, los campos de internamiento de Argelès, Saint-Cyprien, Prats de Molló… Una nueva tragedia comenzaba para centenares de miles de españoles que habían perdido su patria.

… y la de Cataluña

… y la de Cataluña

Volvamos por un momento a Figueras. El 1.º de febrero debían reunirse las Cortes. Y las Cortes se reunieron a medianoche en las caballerizas del Castillo de Figueras.

Estuvieron presentes 64 diputados; hubo otros que, habiendo pasado ya la frontera, no creyeron conveniente regresar por unas horas.

Aquella noche expuso Negrín las condiciones en que su Gobierno aceptaría la paz. Eran tres: independencia del país, garantía de que el pueblo español decidiese cuál sería su régimen y que, «liquidada la guerra, habrá de cesar toda persecución y toda represalia, y esto en nombre de una labor patriótica de reconciliación, base necesaria para la reconstrucción de nuestro país devastado».

Se trataba en realidad de obtener la tercera garantía, sin la cual no quedaban más salidas que la resistencia a ultranza (cuyos objetivos podían ser diversos, como ya veremos) o entregarse inermes al aniquilamiento.

Comentando aquellas condiciones, afirmó más tarde Negrín: «Sabíamos que a los dos primeros puntos los facciosos argüirían que ellos, eran sus genuinos defensores, y aunque no lo creyéramos, tendríamos que conformamos con tal declaración; pero respecto al tercer punto, el referente a garantías contra represalias y persecuciones, ahí sí que exigíamos de las potencias mediadoras, que estaban insistentemente haciendo presión sobre el Gobierno de la República para que termináramos la lucha, para que cesáramos el combate, que esas potencias asumieran la responsabilidad de que tal cosa se iba a cumplir (…). Debo confesar que el plan presentado por el Gobierno al Parlamento no era de mi agrado, por no corresponder a mi política de imperturbable resistencia. Pero se presentaban las cosas de tal manera… que no teníamos más remedio que hacer esas concesiones»[7].

Hablaron aquella noche los diputados Fernández Clérigo, Lamoneda, Mije, Irujo y Zulueta, en nombre de sus respectivos grupos políticos. El Gobierno obtuvo la confianza unánime, así como sus tres puntos para la paz. No parece que tales decisiones coincidiesen con el criterio de Azaña, que hubiera preferido que Negrín hubiese comunicado a las Cortes el contenido de la reunión que ambos tuvieron con el general Rojo. Para el presidente de la República, los tres puntos de Figueras significaban «la continuación de la guerra a ultranza».

No habían transcurrido muchas horas desde que Martínez Barrio levantara la sesión en los sótanos del castillo de Figueras, cuando de nuevo el embajador de Francia, Henry, apremiaba a Álvarez del Vayo para que el Gobierno cesase toda resistencia. Se le comunicó la decisión de las Cortes y se preparó otra reunión para el 5 de febrero, en la que debía tomar parte también el representante de la Gran Bretaña, Stevenson.

Salió Azaña del territorio nacional, con su esposa y su cuñado, Martínez Barrio y Giral. Negrín le acompañó hasta el primer pueblo de Francia, donde fue recibido por un delegado del prefecto de los Pirineos Orientales. No ocultó Azaña que salía dispuesto a dimitir y que, de ninguna manera volvería a la zona central. Aceptó, sin embargo, residir cierto tiempo en la embajada española en París para no obstaculizar los sondeos y eventuales negociaciones de paz. El Gobierno francés aceptó la ficción jurídica de que el Presidente se encontrase, como de incógnito, en el territorio jurisdiccional español de la Embajada.

Pocas horas después que Azaña, abandonaron el territorio nacional los presidentes Companys y Aguirre. Transcurridos otros dos días, los ministros que quedaban en la «cabeza de frontera» catalana eran Negrín, Álvarez del Vayo, Uribe y Méndez Aspe.

Él día 4 cayó Gerona. Se dio entonces la orden de repliegue general y se previno —tardíamente— el transporte de hombres y material a la zona central, por la ruta Marsella, Orán, Cartagena, por el internamiento decretado por el Gobierno francés hizo que esa orden no se cumpliese. Cada hora contaba entonces por años. El día 6, en La Agullana se reunía Negrín. Álvarez del Vayo, Henry y Stevenson. Expuso Negrín el sentido de los «tres puntos» que en realidad se reducían a uno solo, y llegó a prometer que, si era necesario, el Gobierno se ofrecería en la persona de su presidente como víctima propiciatoria para que fuera la única que hubiese, una vez terminada la guerra. Prometieron los diplomáticos extranjeros hacer todo lo posible, ion sus respectivos Gobiernos, para obtener una solución viable.

Mientras tanto, la situación militar no permitía ya ninguna esperanza. Al atardecer del día 7, los partes acusaban la imposibilidad de resistir. A las tres de la madrugada del 8 se dio la última directiva ordenando el repliegue sobre la frontera.

En la mañana del 9, después de presenciar el paso de las tropas republicanas que se replegaban, Negrín y los otros tres ministros pasaban la frontera por Le Perthus. El coronel Morell, agregado militar de Francia, estaba allí y lo saludó en posición de firmes y las fuerzas francesas presentaron armas. Pero centenares de miles de españoles, de ambos sexos y de todas las edades, internados en los campos en pésimas condiciones, comenzaban la amarga experiencia del destierro.

El mismo día 9, se reunió el Gobierno en el Consulado español de Toulouse y decidió su reinstalación en la zona Centro-Sur. Se dieron órdenes a los mandos militares de regresar también. Las acataron Ossorio Tafall, Modesto, Líster… Se negaron los generales Rojo y Jurado.

También aquel mismo día, Mahón capitulaba tras una extraña maniobra. En Palma se negoció entre el cónsul de la Gran Bretaña y las autoridades franquistas el procedimiento para imponer la rendición de Menorca, con las condiciones que los dirigentes republicanos serían evacuados y de que la isla sería exclusivamente ocupada por tropas españolas y no italianas o alemanas. El crucero británico Devonshire se presentó en Menorca el día 9, como para realizar una visita protocolaria. Su capitán fue a saludar al jefe de la base, almirante Ubieta, y éste devolvió la visita a bordo del buque británico. En ese momento comenzó un ataque aéreo contra la isla y se sublevaron en ella los partidarios de Franco. Cuando Ubieta llegó al Devonshire se enteró, con la natural sorpresa, de que estaba allí el conde de San Luis. Gobernador civil de Mallorca, para «negociar la rendición de Menorca». Quiso el almirante regresar a tierra, pero pronto se dio cuenta de que se hallaba secuestrado. Aunque la sublevación en la isla había sido dominada, Ubieta acabó por ceder. El Devonshire se llevó 400 republicanos, a los que desembarcó en Francia, y el conde de San Luis se hizo cargo de Menorca[8].

El día 10 regresaban Negrín y Álvarez del Vayo a España, seguidos, poco después, por los demás ministros, a excepción de los que tenían misiones exteriores que cumplir. Faltábale al Gobierno el aparato administrativo, que tenía que organizar sobre la marcha. Otra cuestión esencial era fijar su residencia.

Cuatro semanas de reuniones

Cuatro semanas de reuniones

Lo primero que hizo Negrín fue reunirse con los mandos militares para explicarles el alcance de las decisiones de Figueras y recabar su opinión sobre la situación de sus ejércitos. El estado de espíritu de los generales no era muy optimista, Casado era el que veía el horizonte más oscuro, aunque Menéndez, jefe del Ejército de Levante, Escobar y Moriones, jefes, respectivamente, de los ejércitos de Extremadura y Andalucía, confiaban más en la situación de sus frentes. En el transcurso de aquella larga junta parecía que Negrín convencía a sus interlocutores. Sólo Buiza, jefe de la flota, insistió rotundamente en que la resistencia era imposible. Al terminar, Moriones trató duramente a Buiza. En cambio. Casado y Matallana se le acercaron para decirle que, en el fondo, estaban de acuerdo con él. La reunión, que había tenido lugar en Los Llanos (Albacete), se había prolongado durante más de cinco horas. Los allí presentes, militares profesionales, no estaban animados por el mismo espíritu de los mandos republicanos de un año o dos antes. A las graves dificultades de hecho se unían una evidente influencia desmoralizadora que actuaba sobre ellos, reservas mentales en orden político, etc. En suma, el espíritu de Múnich, traspasando las fronteras, había llegado hasta los Estados Mayores del Ejército republicano.

No obstante, aquellos generales tenían un ejército en pie de guerra de más de 500 000 hombres, una flota, varios puertos importantes (entre ellos una base naval), una población de diez millones de personas. El armamento era deficiente, sin duda, pero mayor que el de la última época en Cataluña. Negrín les explicó que el Gobierno había tomado las medidas adecuadas para que llegase el material de guerra ya comprado que estaba en otros países. Había más: en previsión de que las grandes potencias reconociesen al Gobierno de Burgos, se había transferido ese material a países cuyos Gobiernos eran amigos (Méjico, Colombia, China) con objeto de que el enemigo no pudiera incautarlo.

Por otro lado se fabricaba armamento ligero y munición en las industrias de guerra organizadas en Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, etc.

El 13 de febrero, los ministros fueron a Madrid. Desde allí lanzaron una proclama al país, llamando a la resistencia por «asegurar la independencia de España y evitar que nuestro país se sumerja en un mar de sangre, de odio y de persecuciones…».

El Gobierno decidió unánimemente pedir a Azaña que se reintegrase al territorio nacional. Para realizar esa gestión fue a París Álvarez del Vayo, quien no ocultó a Negrín las serias dudas que tenía sobre el éxito de la misión que se le encomendaba.

¿Qué ocurría, mientras tanto, en el mundo?

El día 13 el embajador en Londres, Pablo Azcárate, presentaba una nota al Foreign Office, en la que se insistía en que el Gobierno republicano estaba de acuerdo con el cese de hostilidades siempre y cuando el Gobierno británico garantizase, por su acción cerca del de Burgos, que no habría ningún género de represalias.

Al mismo tiempo, la preocupación esencial del Gobierno de Franco era que se acelerase su reconocimiento por parte de Francia y la Gran Bretaña. El Gobierno francés envió a Burgos a Léon Bérard con objeto de preparar una amplia negociación (el memorando de las conversaciones Bérard-Jordana fue inmediatamente transmitido a Stohrer). Jordana y sus agentes Quiñones de León y duque de Alba insistían en la necesidad de que su Gobierno fuese reconocido de jure. En cuanto al cese de hostilidades, Franco no admitía otra fórmula que la rendición incondicional. La Gran Bretaña, fiel a su táctica de «echar por delante a Francia», pretendía que fuese París el que primero reconociese el gobierno de Burgos, a fin de no herir la sensibilidad de la opinión pública norteamericana.

Todos estos conciliábulos, preparativos y devaneos de los correveidiles diplomáticos incitaban al Mando de Burgos a esperar que, con tan valiosas colaboraciones internacionales y teniendo en cuenta el estado de espíritu que reinaba en Europa, el enemigo se hundiría sin necesidad de nuevas acciones militares que azuzasen la impaciencia de la retaguardia nacionalista. Sin embargo, para el caso de que la guerra continuase, el Estado Mayor pensaba en una eventual ofensiva contra Madrid, aunque también se decía que el Generalísimo quería proseguir la ofensiva contra Valencia. No estaban horros de problemas internos aquellos que estaban tan cerca ya de convertirse en titulares del Estado español: se hablaba mucho de posible restauración monárquica, pero en realidad quien tenía el máximo poder no pensaba en ella; los falangistas «puros» seguían descontentos: los militares jugaban su baza y Serrano Súñer la suya personal, que, siendo opuesta a la de los generales podía coincidir momentáneamente con la de los camisas viejas. La jerarquía eclesiástica comprendía, por su parte, que el huevo Estado tenía mucho que agradecerle y deseaba acrecentar sus poderes en el orden temporal. Frente a todo esto, regiones enteras «liberadas» eran todavía «rojas», a pesar de la represión. En cuanto a Cataluña, privada (con el País Vasco) de sus derechos de autonomía y del libre uso de su lengua vernácula, en cuya capital continuaba la represión, inspiraba también inquietud a los medios gubernamentales de Burgos.

Por último, la promulgación en Burgos de la ley de Responsabilidades políticas[9] revelaba inequívocamente cuál era el criterio de los cuasivencedores sobre exención de represalias y pacificación de espíritus. Su artículo primero decía: «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1.º de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave».

Seguía una relación exhaustiva de organizaciones y un largo articulado para sancionar con inhabilitación absoluta, confinamiento, pérdida total de bienes, etc., etc., a cualquiera que hubiese hecho el más mínimo gesto opuesto a la rebelión de 1936, como, por ejemplo, permanecer en el extranjero sin pasar a la llamada zona nacional, haber aceptado un cargo de consejero o gerente en una compañía económica (ésta era la venganza de las «grandes familias»), haber realizado cualquier acto en favor del Frente Popular y en contra del Movimiento Nacional, aunque no se hubiesen desempeñado cargos directivos, ni misiones o cargos de confianza, ni se fuese afiliado a esas organizaciones.

¿Resistencia o rendición?

¿Resistencia o rendición?

Los republicanos sabían, pues, a qué atenerse. ¿Podía prolongarse la resistencia? Ya hemos visto los elementos militares con que contaban. También sabemos que las dificultades alimenticias eran grandes. La cuestión era saber si se podía resistir varios meses; cinco o seis. En realidad, en la reunión de Los Llanos, tanto Matallana, jefe del Estado Mayor de la zona Centro-Sur, como Menéndez no habían negado la posibilidad de resistir cuatro o cinco meses, pero no comprendían qué objeto podía tener esa resistencia prolongada. En cuanto a Casado, creía que Madrid no se podía ya defender. Negrín creía que la resistencia era posible durante seis meses o más. Los partidarios de la resistencia la creían posible en los frentes de Madrid y Valencia, pero también, si llegaba «el caso improbable de que Madrid tuviera que ser abandonado»[10], se contaba establecer una línea defensiva en la región meridional de Valencia y al sur de la meseta central. Esto es, se pensaba, en el peor de los casos, en un repliegue organizado. Pero ¿por qué la resistencia?, ¿por qué unos meses más?

En primer lugar, para decirlo con palabras del embajador Pablo de Azcárate: «Era obvio que el único medio de que disponía el Gobierno español para ejercer una presión sobre el Gobierno británico consistía, primero, en demostrar sus posibilidades reales y positivas de continuar la lucha, y segundo, en afirmar su decisión de hacerlo si el Gobierno británico no conseguía hacer aceptar por los jefes rebeldes las condiciones razonables y moderadas contenidas en los tres puntos enunciados por el jefe del Gobierno español en su discurso ante las Cortes».

La verdad era que la situación internacional, a pesar de los progresos del fascismo después de Múnich, estaba lejos de definirse, y qué muchas fuerzas políticas consideraban que el sostenimiento de la República española era el único medio de enmendar los errores del «apaciguamiento» tembloroso ante Hitler y Mussolini. Ésa era la actitud, al comenzar 1939, de Churchill y Edén (además, naturalmente, de la del Partido Laborista británico), la de Roosevelt, que se había convencido de lo erróneo que era su política de «neutralidad», de los socialistas franceses que, por boca del propio León Blum, atacaron violentamente en la Cámara la política de no intervención (paradoja, si se quiere, pero realidad política), coincidiendo en ello con la constante actitud de los comunistas, pero también con conservadores franceses que, por interés nacional, no querían ceder ante los Estados fascistas ni tener en la frontera del Sur, en Marruecos, Baleares, etc., unas líneas que vigilar, con vecinos si no hostiles con las armas, (que salían de una agotadora guerra civil), sí en potencia, y que preferiría tener allí un aliado: ésa era la posición de un Georges Mandel, de un derechista como De Kerillis (partidario de la sublevación militar en 1936) y la que, a veces, sin atreverse luego a mantenerla, compartían Daladier y Reynaud. La Unión Soviética estaba dispuesta a continuar su ayuda, siempre y cuando la Gran Bretaña y Francia no tratasen de aislarla y entenderse a sus espaldas en el Eje. Por eso había aún una esperanza de que la política de seguridad colectiva diese señales de vida. La opinión pública también se agitaba en los principales países occidentales. Había, pues, en primer lugar, la posibilidad de un cambio de la política mundial que parase en seco la carrera hacia la catástrofe iniciada por la guerra en España y China, seguida por la ocupación de Austria, impulsada decisivamente en Múnich. Hoy es fácil escribir la historia, cuando ya se conocen los resultados, pero en febrero de 1939 se podía pensar en que los países democráticos de Occidente pondrían punto final a sus claudicaciones.

En segundo lugar, y si así no era, debía suceder lo contrario: la guerra mundial. En ese caso, la situación debía cambiar totalmente a favor de los republicanos españoles. Si Negrín lo creía así, también en Burgos se temía (ya se había temido durante la crisis que preludió el acuerdo de Múnich) y Serrano Súñer lo ha confirmado más tarde: «Me parece seguro que Negrín —al contrario que Prieto— no deseaba la mediación. Deseaba alargar la guerra civil y conseguir el incidente para que la guerra europea se conectase con nuestra guerra civil (…) para nosotros y para España, esa complicación era la catástrofe»[11].

No ha faltado alguien para afirmar que si la guerra española se hubiese prolongado, la mundial no habría comenzado tan pronto. La afirmación revela un desconocimiento total de la política de Hitler, para quien no era de primer orden la batalla de España. ¿Acaso le detuvo ésta, para invadir Austria? ¿Y para despedazar Checoslovaquia? Es más, la ocupación total de Checoslovaquia, realizada en marzo de 1939, preparada cuando no se sabía si la guerra de España duraría aún varios meses, hubiera tenido lugar de todos modos. En todo caso precedió en dos semanas a la terminación de la guerra de España.

En último término, e independientemente de la situación internacional, la política de resistir durante algunos meses todavía era la única que podía permitir un repliegue, una evacuación sin desbandada de las personas que corrieran mayor peligro de ser víctimas de represalias: un repliegue combativo y no un desplome (complicado con luchas intestinas) permitía también la transformación de la lucha de frentes en lucha guerrillera, con unidades de guerrilla importantes que —ésas sí, sin duda alguna— hubieran estado en perfectas condiciones de acción al iniciarse la guerra mundial; permitía, igualmente, a las organizaciones del Frente Popular que así lo deseasen, dejar montados los andamiajes de una actividad clandestina sólidamente organizada.

La política de resistencia no era acto de locura, sino el intento de jugar las últimas cartas posibles. Pero esa política, preconizada por el Gobierno, particularmente por Negrín y Álvarez del Vayo, no la sostenía en su totalidad más que el Partido Comunista. Las restantes organizaciones tenían su fracción partidaria de resistir y la que sostenían el criterio opuesto, si bien la mayoría de la dirección del P. S. O. E. defendía igualmente la tesis de la resistencia. Esta distribución de las corrientes políticas en torno al problema de cómo terminar la guerra facilitaba argumentos a los partidarios de la capitulación para matizar erróneamente el comportamiento de quienes, como Negrín, se oponían a sus propósitos. (Ya lo había expuesto claramente Besteiro en noviembre de 1938). Ante una población fatigada por cerca de tres años de guerra era fácil presentar a los partidarios de resistir como deseosos de proseguir una lucha suicida. Además, esa oposición de fuerzas políticas había despertado en muchos de los partidarios de la rendición un cálculo de naturaleza análoga al de los gobernantes franco-británicos que estamparon su firma en el acuerdo para despedazar Checoslovaquia: «puesto que nuestros adversarios se declaran ante todo anticomunistas, bien pudiera ser que solamente ejerzan represalias contra hombres y organizaciones de la tendencia que dicen combatir. Además, si damos garantías de anticomunismo. Francia y la Gran Bretaña podrán influir en nuestro favor con mayor comodidad y eficacia». A esto se añadía, por último, el criterio de algunos militares profesionales de que «al fin y al cabo, todos somos compañeros, los de Burgos y nosotros».

Los efectos de la capitulación de Múnich

Los efectos de la capitulación de Múnich

Tal era la situación, extremadamente difícil, cuando Negrín y sus ministros buscaban dónde instalarse por las provincias que quedaban en poder de la República, se reunían con los no bien avenidos Comités provinciales del Frente Popular y preparaban una reorganización militar. Se había pensado en crear un nuevo Ejército de maniobra y utilizar los mandos que habían regresado de Francia. Pero algunos militares, y en particular Casado, estaban inquietos por esos proyectos. El jefe del Ejército del Centro temía ser sustituido por Modesto y estaba dispuesto, si llegaba el caso, a no acatar esa orden[12]. Casado tenía frecuentes entrevistas con Cowen, cónsul británico en Madrid, quien se le había ofrecido para sondear la opinión del Gobierno de Burgos sobre una posible negociación de paz. «El coronel Casado, que mantenía frecuentes contactos con el cónsul británico en Madrid, Cowen, busca ya en febrero de 1939 contactos con el Gobierno de Burgos para negociar una paz. Se le presenta entonces el teniente Coronel Centaño (que estaba a sus órdenes en el taller de artillería n.º 4) que en realidad era agente secreto del SIPM de dicho Gobierno. Tiene lugar entonces la primera entrevista Casado-Centaño, de las varias que se celebraron. Por consiguiente, un mes antes de alzarse, el coronel Casado estaba ya en negociaciones secretas con el Mando adversario a escondidas, naturalmente del Mando republicano»[13]. También se entrevistaba Casado con numerosos mandos militares de territorios ajenos a su jurisdicción. Insistía en que había que replegarse a la provincia de Murcia. Casado, a juzgar por lo que él mismo ha escrito, creía que si Negrín no conseguía las condiciones mínimas para obtener la paz, otras personas como él mismo podían iniciarlas con éxito.

Mientras esto acaecía en el perímetro Madrid-Valencia-Almería-Albacete-Jaén, el ministro Álvarez del Vayo se esforzaba en París en conseguir que Azaña regresase a España. Vano empeño. El presidente de la República perseveraba en el criterio que tenía al salir de Cataluña. Quiso que Rojo, Jurado e Hidalgo de Cisneros le expusiesen por escrito su opinión sobre la situación militar. Hidalgo de Cisneros respondió que sólo podía hacerlo por conducto reglamentario, es decir, por medio del ministro de Defensa. Tampoco confirmó Rojo por escrito su informe pesimista hecho en la reunión de La Agullana (que sin embargo fue mencionado luego por el Presidente en su escrito de dimisión). El general se extrañaba aquellos días, de que el ministro de Defensa no respondiese a sus comunicaciones. En efecto, parte de la correspondencia diplomática no llegaba a su destino, puesto que era interceptada en Madrid por agentes a las órdenes del socialista Ángel Pedrero, jefe del S. I. M. del Centro[14]. Estas interferencias, como luego veremos, iban a tener importancia.

El 16 de febrero, a las siete de la tarde, entregó lord Halifax a Azcárate la copia de un proyecto de telegrama en el cual se pedía a Franco «que diera facilidades para que pudiera salir de España toda la personalidad republicana de relieve, que no se tomaran represalias políticas contra personas que en una u otra forma aparecieran identificadas con el Gobierno republicano, y que toda persona acusada de actos criminales fuera juzgada dentro de un plazo razonable, y según un procedimiento establecido por una ley española». Azcárate salió para París, donde comunicó este asunto a Álvarez del Vayo, que el mismo día 17 expidió un telegrama urgente a Negrín, por estimar que una decisión de esta naturaleza sólo podía tomarla el jefe del Gobierno. «La respuesta favorable al telegrama urgente, que fue varias veces repetido —cuenta Pablo de Azcárate—, no llegó a nuestras manos hasta el 25 de febrero. Demasiado tarde… El Foreign Office me hizo saber el día 21 que si no recibía una respuesta el 22, recobraba su libertad de acción; los franquistas hicieron llegar al Gobierno británico una declaración el 23, cuyo texto me comunicó el Foreign Office al día siguiente…»[15].

Los cables enviados por Azcárate y Álvarez del Vayo conteniendo la proposición británica no llegaron a poder de Negrín. La primera respuesta del jefe del Gobierno lo fue a la carta que le llevó personalmente Hidalgo de Cisneros, que había regresado por avión a España desde Toulouse.

El Gobierno francés, sometido al mismo tiempo a la presión británica y a las amenazas italianas, no aguardaba más que a la conclusión de las conversaciones Jordana-Bérard para reconocer el Gobierno de Burgos. Mussolini apremiaba; su portavoz en la prensa, Virginio Gayda, hablaba de las «vacilaciones, maniobras, regateos y chantajes» que se escondían tras la aparente sinceridad de los Gobiernos francés y británico, e insistía sobre la negativa de Franco a toda mediación. En Il Popolo d’Italia denunciaba a los «instigadores y cómplices del Gobierno rojo».

El Gobierno francés, conocedor de las intenciones de Azaña, prefería que éste dimitiese previamente para que la postura de París, al reconocer a Franco, fuese menos delicada. Así se lo hizo saber al presidente de la República, por medio del embajador Henry. Naturalmente, Azaña no podía acceder a semejante petición; muy al contrario, estimaba que su dimisión sería facilitada por el previo reconocimiento del Gobierno de Franco por Francia y la Gran Bretaña. Contra lo que hubiera podido creer Azaña[16], el Gobierno francés, que tenía aquellos días su representante. Bérard, negociando en Burgos, no había hecho gestión alguna para lograr una mediación que supusiera la exclusión de represalias, sin duda porque la actitud negativa sobre el particular del Gobierno de Burgos no dejaba lugar a dudas.

Llegó la última semana de febrero. El día 21, más de 80 000 soldados desfilaron ante Franco por las calles de Barcelona.

El 22, cara al Mediterráneo, «casi desnudo como los hijos de la mar», en el pueblecito francés de Collioure, moría don Antonio Machado. Don Antonio el Bueno, que había atravesado la frontera participando en el éxodo de su pueblo, del que jamás se separó. Al día siguiente, unos oficiales de un escuadrón de caballería del ejército republicano, internados en el castillo de los Templarios, llevaron a hombros su ataúd, envuelto en la bandera tricolor del pueblo de España. Hoy, Collioure es lugar de peregrinación de todos los españoles de buena voluntad.

Entonces, el drama colectivo lo anegaba todo.

En Madrid, se conspiraba sin reparo. Casado insistía en que la capital no podría resistir el primer embate enemigo. Así se lo dijo al ministro de la Gobernación, Paulino Gómez. Según Edmundo Domínguez, comisario general del Ejército del Centro, González Peña asintió: «Es verdad. No sirve el vivir de ilusiones»[17]. Sin embargo, la mayoría de los jefes de Cuerpo de Ejército no compartían ese criterio.

El día 23, los dirigentes comunistas que se encontraban en Madrid (Dolores Ibárruri, Uribe, Checa, Delicado, Diéguez y otros) daban a la publicidad un documento en el que se decía: «La resistencia es posible y será un hecho que nos permitirá salvar la vida y la libertad de millares y millares de hermanos nuestros».

La hostilidad de Casado hacia los comunistas se evidenciaba por momentos, por medio de la censura de su periódico, Mundo Obrero, de detenciones de algunos de sus militantes e incluso estuvo a punto de prohibirles la celebración de la Conferencia provincial de Madrid[18]. Al mismo tiempo insistía en que no tenía nada contra ellos[19], pese a lo cual, el día 24 celebraba una reunión con dos representantes de Izquierda Republicana y convenía con ellos en que irían a París para llevar un mensaje a Azaña para invitarle a regresar a España con objeto de destituir a Negrín y formar otro Gobierno, compuesto de republicanos y socialistas[20]. También se entrevistó con Besteiro, al que expuso la imposibilidad de resistir. Besteiro le respondió lo mismo que a una delegación de Unión Republicana que se dirigió a él por aquellos días: «El Ejército de la República tiene en sus manos la única posibilidad de salvar, cuando menos, además del honor de la causa, la vida de los combatientes y evitar sufrimientos innecesarios y hasta la posible muerte de gran parte de la población civil (…). No hay, pues, otra salida a la difícil situación creada, que buscar la paz y terminar con el mantenimiento de la lucha, estéril ya que sólo conduce a la catástrofe»[21]. Añadió Besteiro que la opinión de la Gran Bretaña le había sido expresada por su enviado, señor Stevenson.

Se conspiraba, se susurraba, pero nadie se decidía a nada. Tampoco en los medios del Gobierno. Negrín se encontraba literalmente desbordado. El Gobierno seguía sin sede fija. El Partido Comunista supo que algo se preparaba en Madrid. Los miembros de, su dirección nacional, acompañados de Palmiro Togliatti (que también había regresado a la zona central después de la caída de Cataluña), se trasladaron a El Palmar (Murcia). En aquellos mismos días, Negrín se resolvía a fijar en Elda (Alicante) la residencia del Gobierno, que recibió el nombre de «Posición Yuste».

El día 27, los Gobiernos de la Gran Bretaña y Francia se decidieron a dar el paso de reconocer de jure al Gobierno de Franco[22]. Los embajadores de la República fueron previamente informados, así como el presidente Azaña, quien pudo así salir con antelación para su residencia de Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie).

Todo sucedió con vertiginosa rapidez, como en el tablado de un teatro dirigido por mano maestra. Aquella misma tarde redactaba y firmaba Azaña su renuncia, basándose en que el jefe del Estado Mayor Central (Rojo) le había informado en Cataluña que la guerra estaba perdida para la República, lo que le condujo a recomendar «el inmediato ajuste de una paz en condiciones humanitarias» y a trabajar por ello personalmente. «Nada positivo he logrado —añadía—. El reconocimiento de un Gobierno legal en Burgos por parte de las potencias, singularmente Francia e Inglaterra, me priva de la representación jurídica internacional…». También daba por desaparecidos «el aparato político del Estado, Parlamento, representaciones superiores de los partidos, etc.»[23].

Al día siguiente, en la Cámara de los Comunes, tenía Jugar un debate sobre el gesto del Gobierno británico. Chamberlain leyó entonces el documento del Gobierno de Burgos del día 23 —ya citado— y, apoyándose en su contenido, declaró «que antes de haber sido reconocido el Gobierno de Franco, éste había dado garantías en cuanto a la renuncia por su parte de toda represalia política».

El 1 de marzo. Claude G. Bowers, embajador de los Estados Unidos en España, era llamado «a consulta» por su Gobierno. Bowers había repetido sin cesar durante tres años: «Nuestro embargo sobre la venta de armas y la no intervención representan una contribución muy importante a la victoria del Eje sobre la democracia en España…». Cuando Bowers regresó a Washington, Roosevelt reconoció: «Hemos cometido un error; usted ha tenido siempre razón». Pero Cordell Hull ha dejado escrito en sus Memorias: «Sugiero que se ordene al embajador Bowers que venga a consultar a fin de tener las manos libres para el establecimiento de relaciones con el Gobierno de Franco». Cordell Hull y Dunn, su asesor para Europa occidental, no discrepaban mucho de la política de Chamberlain.

Negrín comunicó cablegráficamente a Martínez Barrio que, según la Constitución, debía hacerse cargo interinamente de la presidencia de la República, ya que el Gobierno estaba a sus órdenes. Martínez Barrio respondió que era preciso esperar a la reunión de Cortes. Según él la sucesión no era un acto automático. Aquello terminó en una reunión de la Diputación permanente de Cortes en el restaurante La Perousse, del quai des Grands Agustins, de París. Asistieron 16 diputados y el Presidente. No acudió Portela Valladares, por encontrarse enfermo, ni la representación comunista, que no fue convocada (Martínez Barrio afirmó que «no había sido posible por ausencia de miembros de la misma»). La Diputación se dio por enterada de la renuncia de Azaña y consideró «la eventualidad de que el señor Presidente de las Cortes acepte la Presidencia interina de la República, previa la prestación de la promesa constitucional…». Eso fue todo. Era el 3 de marzo. Por iniciativa de Martínez Barrio se consultó a Negrín, pero la respuesta del jefe del Gobierno no pudo llegar a París. Dos días después, la Diputación permanente decidía que «se había impedido resolver definitivamente sobre la sustitución interina del presidente de la República». Al morir, como al nacer, la segunda República española no podía prescindir de una «juricidad» tan complicada como poco realista.

El reconocimiento del Gobierno de Burgos por las grandes potencias occidentales y la renuncia de Azaña constituían un doble golpe asestado a los últimos defensores de la República. Ya el día 26, Negrín había reunido nuevamente a los mandos para exponerles sus proyectos y algo de lo que pensaba decir en una alocución radiada el 6 de marzo. El jefe de Gobierno iba a pasar a la acción. Demasiado tarde. Había perdido dos semanas preciosas.

El día 2, Casado había invitado a comer a Hidalgo de Cisneros en el Cuartel General del Ejército del Centro, la Alameda de Osuna, conocida entonces militarmente bajo el nombre de «posición Jaca». Casado, que el día antes habló con Menéndez, expuso su tesis al jefe de la Aviación: Franco no negociaría nunca con Negrín, pero «nosotros los militares podemos lograr un acuerdo». Relató sus entrevistas con representantes británicos e informó al mismo tiempo de que se había ofrecido inútilmente a Negrín para tomar parte en las negociaciones de paz que se entablaran, ya que se creía «muy respetado en el campo enemigo»[24]. Casado llegó a decir a Hidalgo: «No puedo entrar en detalles, pero le doy mi palabra de honor de que puedo conseguir de Franco mucho más de lo que pueda lograr Negrín». También, bajo palabra de honor, aseguró que podría obtenerse del adversario que no hubiese represalias, que no entrasen en Madrid tropas extranjeras ni marroquíes y… ¡hasta que los militares profesionales verían reconocidos sus grados! Esto o el hundimiento a las cuarenta y ocho horas de que atacase el enemigo. Casado parecía obseso en su idea.

No pensó Hidalgo de Cisneros que era objeto de un sondeo por parte de un conspirador y, con toda ingenuidad, recomendó a su interlocutor que lo repitiese al jefe del Gobierno.

La sublevación de Cartagena

La sublevación de Cartagena

El Gobierno debía tener una reunión trascendental, con asistencia de los jefes del Ejército, en la que Negrín explicaría el plan de resistencia «para obtener del adversario una paz tolerable». Se trataba de discutir las grandes líneas del discurso que Negrín debía pronunciar el 6 de marzo para explicar la posición del Gobierno sobre la paz y decidir el comportamiento a observar para obtener un armisticio sin represalias. Para hacer frente a las contingencias de proseguir la resistencia, el Gobierno empezó a establecer una combinación de mandos. El teniente coronel Francisco Galán era nombrado jefe de la base naval de Cartagena y el comandante Etelvino Vega, de la comandancia militar de Alicante. Se suprimía el Grupo de Ejércitos de la zona Centro-Sur (ya sin razón de ser, puesto que esa zona se identificaba con la totalidad del territorio republicano), parte de cuyas funciones serían asumidas por la Subsecretaría de Defensa y el resto por el Estado Mayor Central. Miaja pasaba a un puesto de inspector general de Ejércitos; Matallana al de jefe del Estado Mayor Central reorganizado; los coroneles Modesto, Casado y Cordón eran ascendidos a generales. Garijo era separado del Ejército del Centro y puesto a las órdenes de Miaja.

Esta combinación de mandos es lo que algunos han llamado «golpe de Estado comunista» y a otros sirvió para justificar el verdadero golpe de fuerza, igual que les sirvieron la renuncia de Azaña, las vacilaciones de Martínez Barrio y las vagas promesas de funcionarios británicos o franceses.

No obstante, aquellos nombramientos enconaron las pasiones. En las provincias se hablaba, por algunos grupos políticos, de negarse rotundamente a aceptarlos. En Cartagena, la situación de la escuadra era por demás confusa. A las tres de la tarde del día 2, el almirante Buiza había reunido a los mandos en el buque insignia Miguel de Cervantes y les informó de que los jefes militares habían dado un plazo a Negrín para terminar la guerra, y que ese plazo expiraba dentro de 24 horas. Al día siguiente llegó el ministro de la Gobernación, Paulino Gómez; el jefe de la Base, Bernal, y el jefe de Estado Mayor, Ramírez, le dijeron sin preámbulos que todo estaba perdido y no había más que entregarse. El ministro tuvo un altercado con Barreiro, jefe de la flotilla de destructores, que le respondió que la guerra estaba perdida y que había que tratar con Franco inmediatamente[25]. «Tenga usted en cuenta —le respondió Gómez— que eso lo podrán decir los que dan su vida en los frentes de Madrid y Extremadura, pero no usted, en este camarote». Bruno Alonso, comisario general de la flota y correligionario del ministro, asistía silencioso a la escena. Poco antes había negado obediencia al comisario general, Osorio Tafall[26].

Llegó el 4 y Bernal, aconsejado por los jefes de la flota, se negó a traspasar el mando a Galán. Hacia las siete comenzó una intensa agitación en la ciudad y se oyeron algunos gritos de ¡Viva Franco! A las nueve estallaba una sublevación dirigida por Fernando Oliva, jefe del Estado Mayor de la Marina en tierra —que «tenía detenida a su familia y estaba emparentado con el enemigo»[27]—, el general de la reserva Barrionuevo y el coronel Armentía, con el concurso de fuerzas de infantería de marina, de artillería y civiles vestidos de uniforme. Armentía estableció su puesto de mando en el Parque de Artillería, mientras que otros grupos ocuparon la emisora de Radio de la Base, A medianoche, los sublevados, que gritaban ¡Arriba España! y ¡Viva Franco!, dominaban la ciudad y habían practicado más de 3000 detenciones de republicanos. Los jefes de la flota, para no perder la costumbre, vacilaron horas y horas. Por fin, Buiza anunció que iba a hacer fuego contra la Base si Galán y Ramírez no eran liberados, pero éstos se pusieron al teléfono e informaron de que todo iba a arreglarse. Pasó la noche del 4 al 5 en la mayor confusión. A las ocho y media de la mañana, las baterías de costa (sublevadas) amenazaron con disparar contra la escuadra si ésta no se rendía en el plazo de un cuarto de hora. La amenaza no se cumplió, pero pocas horas después se presentaron cinco trimotores italianos que, con sus bombas, hundieron el Sánchez Barcáiztegui y el Alcalá Galiano. Las baterías de costa renovaron su ultimátum y Buiza, al mediodía, ordenó formar una columna de desembarco. En esto. Galán y Morell anunciaron por teléfono que todo estaba perdido en Cartagena: leyeron además un teletipo de Negrín en que se pedía no derramar más sangre. Ramírez subió a bordo y declaró: «No hay nada que hacer; Cartagena es de Franco». Sin embargo, en aquellos momentos, una división con fuerzas del Ejército y de Asalto, mandadas por el comandante Rodríguez, estaba a pocos kilómetros de Cartagena. Todo inútil. Galán, Morell y varios más se embarcaron con unas 500 personas de población civil y Buiza dio orden de levar anclas. Antes de la una de la tarde, la escuadra abandonaba España.

Hacia el anochecer, las fuerzas republicanas habían reconquistado la mayor parte de la ciudad: los sublevados, atrincherados en la Base Naval, el cuartel de Artillería y el Arsenal pedían refuerzos al ejército de Franco. La lucha iba a durar hasta el amanecer del día 6, en que se rindieron los dos mil insurrectos parapetados en el Arsenal. Armentía se suicidó con una granada de mano al grito de ¡Viva España! En ese momento, desde la posición Yuste radiotelegrafiaron a Buiza que la escuadra podía volver a Cartagena. Pero Casado —que ya se había sublevado— les comunicó que había baterías de costa en poder del enemigo[28]. La flota estaba ya a la vista de Argel, pero allí les informaron de que no podían entrar, puesto que era un puerto comercial, y que debían dirigirse a Bizerta. Dudaron en si volver a Cartagena o dirigirse a Bizerta. Sólo había petróleo para uno de los dos trayectos. Decidieron entonces proseguir hacia Bizerta. Las autoridades francesas internaron los buques (que veinte días después fueron entregados al nuevo Gobierno reconocido como de España) y sus hombres. De los cuatro mil que componían la dotación, 2400 optaron por volver a España. Todos los comandantes, salvo cinco, manifestaron también su deseo de reintegrarse al país. No deja de ser interesante la comparación entre esta opción de la tripulación y los jefes de la Flota, y la que hicieron en los campos franceses, los jefes, oficiales y soldados del Ejército de Tierra.

El Consejo de ministros fue a reunirse en la posición Yuste. Casado debía asistir a la reunión, pero una y otra vez se negó a salir de Madrid y convenció a los ministros que había allí para que dijeran a Negrín que lo mejor era reunirse en la capital. No se convenció el jefe del Gobierno —tanto más receloso cuanto que Cartagena estaba sublevada— y envió un avión para que los ministros y Casado se dirigieran a Elda. Miaja, por su parte, opuso varios pretextos para no asistir a la reunión, mientras los de Casado eran la situación de Madrid y su enfermedad crónica (padecía una úlcera de estómago que le obligaba con frecuencia a guardar cama). Respondió negativamente a Giner de los Ríos y a Negrín, que le ofrecían mardarle de nuevo un avión, lo siguiente: «La situación de Madrid hace imprudente mi desplazamiento, pero en fin, yo me pondré de acuerdo con los ministros».

El golpe de Casado y el fin de la Guerra

El golpe de Casado y el fin de la Guerra

Los ministros tomaron el avión para Elda, y Casado con quien se puso de acuerdo fue con Besteiro, Wenceslao Carrillo, Cipriano Mera, Martínez Cabrera (gobernador militar de Madrid), Pedro Girauta (director general de Seguridad), etc. Todos fueron reuniéndose en el Cuartel General de los sótanos del ministerio de Hacienda: allí estaban también García Pradas, Del Val y Marín, de la C. N. T.; San Andrés de Izquierda Republicana, y los coroneles López Otero y Prada. Llegó, sin saber nada, el comisario del Centro. Edmundo Domínguez, que se encontró en una posición muy incómoda. Casado le dijo lisamente que se había sublevado. Pero la noticia no era conocida por nadie. Eran poco más de las nueve de la noche del domingo. En Elda —posición Yuste— estaba reunido el Consejo de ministros, que interrumpió su reunión para cenar, tarde ya. Daban las doce de la noche, cuando se oyó la voz del popular locutor de la Radio. Augusto Fernández: «Señores radioyentes —dijo—, van ustedes a oír a don Julián Besteiro, que por su gran popularidad no precisa presentación». Habló Besteiro, con voz entrecortada, para declarar que la República, tras la renuncia del Presidente, estaba decapitada, que el Gobierno Negrín carecía de legitimidad, pero que los representantes de Izquierda Republicana, Partido Socialista y Movimiento Libertario y él mismo estaban «dispuestos a prestar al Poder legitimo del Ejército republicano la asistencia necesaria en estas horas solemnes… Yo os pido, poniendo en esta petición todo el énfasis de la propia personalidad, que en estos momentos graves asistáis, como nosotros lo asistimos, al Poder legítimo de la República, que Transitoriamente no es otro que el poder militar».

Luego tomó la palabra Cipriano Mera, jefe del IV Cuerpo de Ejército. Trató a Negrín de perjuro, traidor y otros calificativos análogos, para terminar diciendo que quería «la paz honrosa, basada en postulados de justicia y de hermandad», pero que si esto no era posible lucharía «hasta sucumbir defendiendo la independencia de España».

Por fin. Casado, dirigiéndose a los «españoles de allende las trincheras», declaró: «Nuestra guerra no terminará mientras no aseguréis la independencia de España. El pueblo español no abandonará las armas mientras no tenga la garantía de una paz sin crímenes. ¡Establecedla!».

Lo más importante fue, sin duda, el Manifiesto del Consejo Nacional de Defensa, que así se llamaba oficialmente el organismo constituido aquella noche. Dicho documento negaba base jurídica al Gobierno Negrín y anunciaba la constitución del Consejo. Sus componentes afirmaban de sí mismos su «propia autoridad de auténticos y genuinos defensores del pueblo español». En su parte esencial, el Manifiesto decía: «Propugnamos La resistencia para no hundir nuestra causa en el ludibrio ni en la vergüenza. Para esto pedimos el concurso de todos los españoles. Y para esto, también damos a todos la seguridad de que nadie, absolutamente nadie, escapará al cumplimiento de los deberes que le corresponden. “O nos salvamos todos, o todos nos hundimos”, dijo el doctor Negrín. Y el Consejo Nacional de Defensa se impone, como primera y última, como única tarea^ convertir en realidad estas palabras».

Ciertamente, un observador que no estuviera en antecedentes no hubiera captado otra diferencia entre lo que proponían el Gobierno y el Consejo que las injurias de sus miembros a Negrín y a sus colaboradores. Sabemos, no obstante, que la realidad era muy otra.

Wenceslao Carrillo expidió inmediatamente telegramas a los gobernadores conminándoles para que se pusieran a las órdenes del Consejo[29]. «Los tres teléfonos —cuenta Domínguez— eran chorros de noticias y consultas, peticiones de refuerzos, noticias generales, adhesiones al Consejo. Todo mezclado».

Llamó Miaja para felicitarlos y decirles «que se le habían adelantado». Casado le invitó a ir a Madrid para ocupar la jefatura del Consejo (como así sucedió, aunque esa jefatura fuese nominal). Pero en Madrid la situación era confesa. Ascanio, Comunista y jefe de división, se había hecho con el mando del Segundo Cuerpo de Ejército (el del frente de la capital misma), cuyo jefe, Bueno, se hallaba enfermo. Por otra parte, el comisario de este Cuerpo, Molina (socialista), había detenido al comisario general de Artillería, Girón (comunista) y lo había entregado a Pedrero, jefe del S. I. M. (socialista de tendencia Prieto); pero a su vez Molina era detenido por Ascanio y Conesa, comisario éste de la 7 División. Se esperaban fuerzas de Mera, enviadas desde el frente de Guadalajara, pero tardaban en llegar.

En la posición Yuste alguien informó de que desde Madrid radiaban ataques al Gobierno. Negrín llamó a Casado. El diálogo es conocido, en lo esencial: «—¿Qué pasa? —Que nos hemos sublevado. —¿Contra quién? —Contra usted. —¿Contra mí? ¡Qué locura! ¡Queda usted destituido!»[30]. Fueron inútiles los diálogos telefónicos de Paulino Gómez con Casado y de Segundo Blanco con su compañero Del Val. Giner de los Ríos tardó media hora en conseguir comunicar con Besteiro, que le respondió: «Vosotros no podéis hacer ya nada. Tu obligación, como republicano, es estar aquí, con nosotros, contra los comunistas».

Negrín ordenó a Cordón que sondease a los jefes de Cuerpo de Ejército. El resultado fue confirmar que la situación era difícil. Se decían leales, pero no estaban dispuestos a realizar ningún acto contra Casado. Menéndez fue más violento: amenazó con «dar órdenes para que las fuerzas se retiren del frente» si el Gobierno intentaba resistir. Y creyendo que Matallana se hallaba en Yuste en calidad de prisionero amenazó con «ametrallar la posición para liberarlo». Durante largo rato, el Gobierno no pudo comunicar con nadie. A las dos de la madrugada, Casado llamó a Hidalgo de Cisneros. Casado decía que el gobernador de Alicante había informado que la aviación iba a bombardearlo. «Por esto telefoneo», añadió. «Toda la aviación está a mis órdenes», respondió Hidalgo. «Pero hay que evitar un choque, a toda costa», insistió Casado. «De acuerdo, pero para eso necesito poder comunicar con todos los aeródromos», replicó Hidalgo. Así fue posible que las comunicaciones siguiesen más o menos funcionando. Pero, al amanecer, el Gobierno comprobaba su aislamiento. El Gobierno no tenía más protección que la de ochenta guerrilleros. A las primeras horas de la madrugada, Negrín y Álvarez del Vayo llegaron a la posición Dakar, donde se encontraban Dolores Ibárruri, Checa, Jesús Hernández, Togliatti, Modesto, Líster… Fueron llegando Uribe, Moix, Cordón, Hidalgo de Cisneros, el coronel Núñez Mazas…

Negrín estaba decidido a marcharse. Discutieron. Negrín accedió por fin a hacer un último llamamiento a Casado para evitar la ruptura; si ésta se consumaba, era evidente que la guerra se perdía en las peores condiciones, y se puso a escribir. Llamó a Hidalgo de Cisneros. Ya no se podía comunicar por teléfono. El general fue a expedir el mensaje por teletipo. Sin embargo, Negrín llamó en un aparte a Álvarez del Vayo y le dijo en alemán: «Yo, de todas maneras, me voy».

Hidalgo empezó a transmitir: «El Gobierno de mi presidencia se ha visto dolorosamente sorprendido por un movimiento que no parece justificado ni por las discrepancias en los propósitos que anuncia ese Consejo en su manifiesto al país, a saber: una paz rápida y honrosa sin persecuciones ni represalias que garantice la independencia patria, ni por la manera en que las negociaciones habían de iniciarse. Si impaciencias que en los no conocedores de la situación real de nuestras gestiones pueden justificar interpretaciones equivocadas de actos de gobierno, que sólo ha buscado que se conserve el espíritu de unidad que informa su política, hubieran permitido aguardar a la exposición que sobre el momento actual iba a hacerse, la noche de hoy en nombre del Gobierno, a buen seguro que este infortunado episodio habría quedado inédito. Si una inteligencia entre el Gobierno y los sectores que aparecen discrepantes se hubiera establecido a tiempo, a no dudarlo hubieran aparecido borradas toda clase de diferencias. No se puede corregir el hecho, pero sí es posible evitar que acarree males graves a los que fraternalmente han combatido por un denominador común de ideales y sobre todo a España. Si la semilla del daño se depura a tiempo, puede dar frutos debidos. En aras de los intereses sagrados de España debemos todos deponer las armas y si queremos estrechar las manos de nuestros adversarios estamos obligados a evitar toda sangrienta contienda entre quienes hemos sido hermanos de armas. En su virtud, el Gobierno se dirige a la Junta constituida en Madrid y le propone que designe uno o más personas que puedan amistosa y patrióticamente zanjar las diferencias. Le interesa al Gobierno, porque le interesa a España, que en cualquier caso toda eventual transferencia de poderes se haga de manera normal y constitucional. Solamente de esta manera se podrá mantener enaltecida y prestigiada la causa por qué hemos luchado. Y sólo así podremos en el orden internacional conservar las ventajas que nuestras escasas relaciones aún nos preservan. Seguros de que al invocar el sentimiento de españoles esa Junta prestará oído y atención a nuestra demanda, le saluda, Negrín».

Cuando el teletipo fue recibido en los sótanos de Hacienda, en Madrid, estaba allí Rodríguez Vega, secretario general de la U. G. T., que se ofreció para una mediación. Casado estaba de acuerdo, pero Besteiro se negó terminantemente. E igual Wenceslao Carrillo y Mera. En unos segundos se esfumó la última posibilidad de «paz honrosa». Al aniquilarse mutuamente, las fuerzas de la República se suicidaban sin remedio[31].

Mera trasladó a Madrid la 70 Brigada que, con los carabineros mandados por Luis del Val[32] y fuerzas de Asalto, ocupó algunos locales comunistas y detuvo a algunos miembros de este partido. Pero los comunistas reaccionaron. Blindados y guerrilleros de la base de Alcalá, unidos a una brigada de Carabineros del III Cuerpo, ocuparon la posición Jaca, Ascanio, dueño de El Pardo con la Octava División, avanzó sobre Madrid. La población civil contemplaba, casi indiferente, el emplazamiento de cañones, tanques y ametralladoras en distintos puntos de la ciudad.

En Valencia, Menéndez afirmaba que ya no había más Poder que el de la Junta, «reconocida por el Frente Popular». Así se lo dijo a Jesús Hernández. Burillo procedió a la detención de algunos comunistas. Pero la 47 División del XXII Cuerpo de Ejército, mandada por el teniente coronel Recalde, desarmó a los batallones de Etapas y cortó las comunicaciones telegráficas y telefónicas entre Madrid y Valencia, y aseguró el control de las terrestres antes de llegar al puerto de Contreras. Menéndez, que había prometido enviar refuerzos a Casado, no pudo tan siquiera dominar el XXII Cuerpo, mandado ya por Recalde, al que las otras fuerzas del Ejército de Levante no hostilizaban. En el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos, situado en Torrente (Valencia), llamado posición Pekín, los partidarios de Casado dominaban la situación y detuvieron a Sendín, comisario de la Agrupación de Fuerzas Blindadas, fiel al Gobierno.

Así transcurrió el lunes 6 de marzo. Dolores Ibárruri tomó un avión que despegó de la posición Dakar. El Gobierno esperaba todavía por si la Junta contestaba. Negrín descansó un poco. Álvarez del Vayo y Modesto mataban la espera jugando a las cartas. A las dos de la tarde, se supo que Alicante estaba en poder de la Junta, es decir, apenas a treinta kilómetros de la posición del Gobierno a disposición del cual Hidalgo puso dos Douglas. Los ochenta guerrilleros protegían la salida. Más tarde salieron Modesto, Cordón y los demás jefes… Hidalgo de Cisneros, el último de todos. Togliatti y Checa se quedaron —como Claudín, dirigente de la J. S. U.— para organizar la evacuación del mayor número posible de militantes, así como la continuación de la lucha. (Su situación fue extremadamente difícil y sólo salieron de España el 25 de marzo).

Aquel día, la prensa hitleriana decía que la formación de la Junta obedecía a maniobras franco-británicas y que «Burgos no se dejaría engañar por el gesto anticomunista de Madrid».

En París. Quiñones de León decía a Bullit, embajador de los Estados Unidos, que después de algunas negociaciones de pura forma «la Junta transmitiría el poder a Franco».

La impresión en el mundo era que la guerra de España estaba prácticamente liquidada por la ruptura de la coalición republicana.

Azaña[33] a pesar de su criterio sobre el cese de hostilidades, juzgó duramente el golpe de fuerza de Casado. No se le ocultaba que, una vez más. España era víctima de un golpe militar, de una intervención de los militares profesionales en la política, ni tampoco que sus argumentos contra los partidarios del Gobierno —tratados de «rebeldes» y «sediciosos» por Casado— se asemejaban extrañamente a los de sus colegas sublevados en 1936.

El martes 7, Madrid fue teatro de cruentas batallas entre partidarios y enemigos del Consejo de Defensa. Éste se reunió por la tarde[34] e hizo pública una nota en la que daba cuenta de las adhesiones que recibía y de «las alteraciones de orden público», causadas en Madrid «por determinados elementos del Partido Comunista». La verdad era —y Casado lo ha escrito después— que se habían tomado medidas previas contra ese partido y sus simpatizantes, «anticipándose a la agresiva actitud que el Partido Comunista adoptaría posiblemente con las fuerzas militares que le siguieran». En realidad, la combinación política preparada desdé hacía meses, alimentada en el espíritu anti-Frentepopulista de Múnich, exigía la represión anticomunista para obtener un acuerdo con el campo adverso[35]. Otras personas y grupos no se solidarizaban con la Junta, aunque permanecían indiferentes por comprender que todo había terminado, pero Casado y sus amigos no arremetían, contra ellos, porque políticamente no le interesaba. Ése era el caso de los jefes de Ejército Escobar y Moriones, del comisario general Ossorio Tafall, del secretario general de la U. G. T., Rodríguez Vega, del jefe de Estado Mayor de Levante, coronel La Iglesia…

Besteiro seguía hablando por radio: «El Consejo Nacional de Defensa quiere impedir que el gobierno de España caiga definitivamente en poder del comunismo que tiraniza al pueblo».

El día 8, la situación del Consejo era muy difícil: las fuerzas del coronel Barceló y del comandante Ascanio dominaban gran parte de Madrid e hicieron, prisioneros al gobernador civil. Gómez Ossorio, y alcalde, Henche de la Plata. Los comunistas proponían un compromiso: Mendezona y el coronel Ortega se entrevistaron con Casado. Se acordó que cesase la lucha y que ambas partes soltaran a los detenidos. Por la noche. Casado dio un plazo por la radio para poner término a las hostilidades, pero no liberó a nadie; los otros tampoco. Casado obraba así porque ya le llegaban refuerzos del IV Cuerpo. Por cierto que esas fuerzas que venían de Cuenca, donde estaban de reserva, pasaron por el puente de Arganda, batido por las ametralladoras enemigas, sin ser molestadas. Otro caso insólito fue el de la 7 División, que defendía la Casa de Campo, atacada al mismo tiempo por fuerzas de la Junta (que avanzaron desde la Puerta del Sol al Paseó de San Vicente) y por las tropas de Franco. El comandante González, que mandaba la División, rechazó fácilmente a los «casadistas», pero tuvo que replegarse hasta la misma puerta de la Casa de Campo. Sin embargo, al día siguiente, contraatacó, restableció sus líneas e hizo noventa prisioneros del Ejército sitiador[36].

En Valencia, el XXII Cuerpo seguía cortando las comunicaciones con Madrid y la Agrupación de Fuerzas Blindadas amenazó con marchar sobre la ciudad. Liberaron entonces al comisario Sendín y los de blindados se fortificaron en su base de Calabarra, y rechazaron un ataque de guardias de Asalto enviados por Menéndez.

En Cartagena, el barco Castillo de Olite, enviado desde Castellón con un regimiento, para ayudar a los sublevados, fue volado por los disparos que las baterías de costa le hicieron a bocajarro[37]. Aquel día se rindió Oliva con los sublevados que quedaban en la Base naval. Pérez Salas, su nuevo jefe, liberó a los sublevados cinco días después.

El viernes día 10 terminó la lucha en Madrid. Casado prometió poner en libertad a los detenidos, no perseguir al Partido Comunista como entidad política y sancionar tan sólo a los militares que hubiesen quebrantado la disciplina. Pero no cumplió las condiciones. Si bien es verdad que muchos detenido^ fueron liberados, otros, los más importantes (el pretexto de que casi todos eran militares) quedaron presos hasta ser entregados a los vencedores el 28 de marzo (Girón, Mesón, Ascanio, Calvo, que fueron fusilados dos años después). El teniente coronel Barceló y el comisario Conesa fueron juzgados sumarísimamente y fusilados por orden del Consejo de Defensa. Los combates de Madrid habían costado la vida a dos mil personas.

Tras la semana de luchas callejeras en Madrid, la Junta tenía que hacer frente a la «paz honrosa», motivo o pretexto de su nacimiento. No faltaban quienes se daban cuenta de la realidad de la situación. Otros, como Besteiro, no abandonaban sus viejas ilusiones. «Mire usted. Cañas —le dijo al gobernador de Murcia, el 11 de marzo—, los hombres que tenemos una responsabilidad, sobre todo en la organización sindical, no podemos abandonar ésta. Tengo la seguridad de que casi nada va a ocurrir. Esperemos los acontecimientos, quizá podamos reconstituir una U. G. T. de carácter más moderado; algo así como las Trade-Unions inglesas. Quédese usted en su puesto de gobernador, que todo se arreglará, yo lo aseguro»[38].

Otro exponente de las ideas que dominaban en el Consejo eran los editoriales de El Socialista. El del día 13 defendía la política de la No Intervención y los acuerdos de Múnich.

El Poder ya no existía, el aparato del Estado era una cosa inexistente, a pesar de los nombramientos que para satisfacción tardía de algunos aparecían diariamente. Los cuerpos de ejército obraban autónomamente. Gobernadores, jueces y policías actuaban no poco a su antojo. Los consejeros nacidos del golpe militar del 5 de marzo se embriagaban con un Poder que no iba más allá de sus despachos. El llamado Consejo de Defensa vivía sencillamente porque ya no había Gobierno y, a aquellas alturas, a nadie se le iba a ocurrir nombrar otro. Para nadie era un secreto que la situación no podía durar más que breves semanas. Fuera de España se había organizado un Comité Internacional de Coordinación con el fin de evacuar el mayor número de republicanos susceptibles de ser víctimas de represalias. Pero el Consejo no preparaba nada y en las provincias las personas que no estaban militarizadas buscaban la manera de poder abandonar el país. Todo esto ocurría en el mayor desorden. El día 17 llegó a Cartagena un barco británico dispuesto a embarcar refugiados, pero Pérez Salas se negó a ello: «Mientras yo esté aquí, no saldrá nadie».

El Consejo de Defensa sólo se preocupaba de negociar la paz que él creía honrosa. Para iniciar las negociaciones elaboró un documento de nueve puntos en los que pedían garantías de que no se ejercerían represalias; respecto a la vida y a la libertad de militares tanto profesionales como de Milicias que no hubiesen cometido delitos comunes; distinción clara y terminante entre los delitos políticos y los comunes; concesión de un plazo mínimo de veinticinco días para cuantas personas quisieran abandonar el territorio nacional, etc. El Consejo de Defensa, deshecha ya la unidla política y militar de la República, pedía mucho más que lo que el Gobierno Negrín no había podido conseguir.

Según algunas fuentes hay entonces otra entrevista de Casado con Cendaños y otra persona. Cendaños y la persona que le acompañaba insistieron en que el Caudillo sólo admitía la rendición incondicional y entregaron un documento en el que se mantenían los «ofrecimientos de perdón hechos por medio de proclamas y de la radio» y de generosidad «para cuantos, sin haber cometido crímenes, hayan sido arrastrados engañosamente a la lucha».

Durante una semana reinó la incertidumbre en el Consejo, El 17, Wenceslao Carrillo, consejero de Gobernación, telegrafiaba a los gobernadores: «Proceda V. E. a la detención de todos los comunistas significados en la provincia de su mando»[39].

Dos días después se presentó Cendaños en los sótanos del ministerio de Hacienda: Franco estaba dispuesto a recibir a los «negociadores» pero rechazaba a Casado y Matallana (de rango militar demasiado elevado) para ir a Burgos como tales. El Consejo nombró entonces al teniente coronel Garijo y al comandante Ortega. Casado imploró la opinión del cónsul británico, quien sentó plaza de lucidez al contestar que su opinión particular era que no había otro camino.

Había, pues, que pensar en la evacuación. Y fue el mismo Wenceslao Carrillo quien telegrafió en la madrugada del 23 (el mismo día en que Garijo y Ortega estaban en Burgos) para que se formasen las Juntas de evacuación en las provincias, «compuestas por representantes de los partidos políticos y organizaciones obreras y del Frente Popular y por militares, debiendo participar en ellas los comunistas».

Muy tarde. Esas Juntas no se formaron nunca.

En Burgos, los mensajeros de Casado nada consiguieron. Habían pedido facilidades para quienes deseasen salir de España, entregar la zona republicana por zonas de operaciones en el término de veinticinco días y habían prometido ayuda para la alimentación de la zona central. No sólo tropezaron con la más rotunda negativa, sino con la exigencia de que la aviación se entregase el día 25 y el resto del Ejército republicano el 27. Además les comunicaron que allí no se firmaba nada.

El Consejo pidió otra entrevista y Franco la concedió precisamente para el día 25. A las seis de la tarde, los representantes del Generalísimo dieron por rotas las negociaciones, puesto que la Aviación republicana no se había entregado.

Imploró, en vano el Consejo, que radiografió al día siguiente a Burgos para ofrecer la entrega inmediata de la Aviación (la que quedaba, muchos aviones habían abandonado el territorio nacional). La respuesta fue que la ofensiva ya ordenada no se podía detener y que aconsejaban a los republicanos izar bandera blanca para enviar rehenes con objeto de entregarse.

Aquella misma noche, el Consejo, por boca de su secretario, José del Río, tuvo que explicar por radio lo que ocurría y prometió todavía ocuparse de la evacuación «de los ciudadanos de la zona republicana que deseen expatriarse». Habló Casado diciendo que todo lo que había sucedido estaba en los planes concebidos al tomar el Poder el 5 de marzo (!).

Al día siguiente, los ejércitos de Franco avanzaron hacia Almadén y Mora de Toledo. Nadie opuso resistencia.

El 28, a primera hora de la mañana, Casado y los demás miembros del Consejo, con la única excepción, de Besteiro (que se quedó en Hacienda esperando que fuesen a detenerlo) tomaron el avión para Valencia. Casado ordenó al coronel Prada que rindiese el Ejército del Centro. Pero ya los soldados habían abandonado los frentes[40].

Al llegar a Valencia, Casado declaró que, «según las promesas de Franco, todo el que no haya cometido crímenes de sangre quedará en libertad».

Poco después, en un despacho de la Comandancia Militar, sentado ante su habitual vaso de leche, Casado recibía a los miembros del Consejo de Defensa y les daba a entender que la resistencia iba a durar tres, cuatro o seis días. La delegación convino con él en que se anunciaría a todos los barcos de que pudiese disponerse que se dirigieran al puerto de Alicante que; según Casado, era el último que debían ocupar las tropas vencedoras. Y añadió: «El generalísimo Franco me ha prometido que no se opondría a esta evacuación; no ha firmado ningún papel porque eso sería una humillación que no puede pedirse a un vencedor, pero pueden ustedes creer en su palabra; todas las promesas que me ha hecho las ha cumplido»[41].

Por las carreteras que van hacia Alicante desfilaba una interminable hilera de camiones y coches de toda clase. Hubo quienes desde puertos de refugio consiguieron salir en pequeños grupos en improvisadas embarcaciones. Otros, los más, regresaron a sus hogares para aguardar allí lo irremediable o buscar cobijo por unas horas. La política de la «paz honrosa» había privado a los republicanos de todas las posibilidades de repliegue ordenado, de evacuación y de defensa.

Casado llegó a Gandía, donde un buque de guerra francés y otro británico se habían negado a ir a Alicante. Allí estaba todavía cuando los falangistas ocuparon la ciudad. Y no sólo no le molestaron, sino que le enviaron un pequeño refrigerio. Poco después, Segismundo Casado embarcaba en el buque británico Galaica, que zarpó hacia Inglaterra.

En Burgos, Franco recibió al mariscal Pétain, primer embajador enviado por el Gobierno francés presidido por Daladier. El día 27 se firmó en aquella ciudad la adhesión de España al Pacto Anti-Komintern, decidida desde mediados de febrero y solamente dada a la publicidad el 7 de abril.

La política de Múnich daba sus frutos en todas partes. El 15 de marzo, las divisiones del III Reich habían borrado del mapa Checoslovaquia como Estado independiente.

Mientras, los españoles pensaban sólo en la guerra que terminaba, alivio para unos, alegría para otros, lágrimas y sangre para muchos en ambos lados de las trincheras… En Alicante había más de 15 000 personas —militares, políticos, mujeres, niños, simples combatientes— que escrutaban ansiosamente el horizonte esperando columbrar la silueta de unos barcos que impidiesen caer en manos de los vencedores. Allí estaban, entre otros, Rodríguez Vega, Larrañaga, Toral, Etelvino Vega… Así como Ángel Pedrero y Burillo.

Al atardecer del día 30 —un día gris de llovizna— entraban las tropas italianas, al mando de Gambara, en columna de camiones que serpenteaba junto al mar. Iban cantando la Giovinezza. Intervinieron los cónsules de Argentina y Cuba y los miembros de la Delegación internacional para crear una zona neutral en el puerto. El ministro de Asuntos extranjeros de Francia telegrafió a su cónsul para anunciarle la llegada de un torpedero autorizado para el embarque de las personas más comprometidas. En Gandía, el almirante británico accedió a enviar al Sussex a Alicante (donde fueron el señor Forcinal, de la delegación internacional, lord Faringdon, sir George Young y el mayor Thomson) para que embarcasen dos señoras inglesas y, si era posible, algunos españoles.

A las ocho de la noche, el cónsul británico en Mallorca señaló que «la evacuación sería considerada por el general Franco como un acto inamistoso». Poco después el Almirantazgo prohibía que ningún británico visitase un puerto español con el exclusivo objeto de evacuar súbditos españoles. Mientras tanto, Charles Tillon y André Ulmann, de la delegación internacional, habían conseguido establecer una zona neutra en el puerto de Alicante, en el cual el gran buque de carga Winnipeg estaba dispuesto a entrar y embarcar hasta 6000 personas, pero no podía hacerlo sin una protección naval, puesto que ya había unidades de Franco. Pero las flotas británica y francesa se abstuvieron de intervenir. En París, parece ser que Bonnet, ministro de Asuntos extranjeros, no se había puesto de acuerdo con su colega el ministro de Marina. La abstención de las flotas fue interpretada como un cambio de política. La zona neutra desapareció y la llegada de tropas de Franco, que enfilaron sus baterías hacia el puerto (una pieza llegó a disparar), hizo desaparecer la última posibilidad de evacuación. El último reducto de la República se entregaba a los soldados de Gambara. En la mañana del 1.º de abril salían del puerto —hacia los campos de concentración de los Almendros, Albatera, de la Plaza de Toros y del castillo de Alicante— los últimos jefes militares. Aquella noche, la última de libertad, la habían pasado conversando, en tomó a las hogueras que encendieron bajo las techumbres del puerto. De vez en cuando, el silencio de la noche era roto por las ráfagas de alguna ametralladora. La guerra había terminado. Esta vez era cierto el parte del Cuartel General de Burgos. La guerra, la de los frentes, había terminado.

BIBLIOGRAFÍA

No es, probablemente, el denominador de bibliografía el que más conviene a estas páginas finales, ya que bien pudiera inducir a confusión. Faltos, sin embargo, de encontrar otro más adecuado, estamos obligados a precisar su dominio y sus fronteras.

Es harto evidente que no se trata de una bibliografía completa de los períodos históricos estudiados, empresa que exigiría una obra igual a ésta. Se trata, sencillamente, de una exposición de las fuentes de trabajo utilizadas para escribir esta obra. De modo que si no es una bibliografía completa, tampoco es esa lista de obras de las que se tuvieron referencias o se supo su existencia que se encuentra al final de ciertas obras, induciendo a error al lector poco avisado. Insistimos, pues, en que se trata de exponer el material bibliográfico y hemerográfico con que se ha trabajado.

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—, Campo del Moro. México, 1963.

—, Campo de los almendros. México, 1968.

BAREA, Arturo: La finja. La ruta. La llama. Buenos Aires, 1951.

FERNÁNDEZ de la Reguera, Ricardo: Cuerpo a tierra. Barcelona, 1954.

HEMINGWAY, Ernest: For whorn the bells tolls. New York, 1940.

HERNÁNDEZ, Miguel: Viento del pueblo. Madrid, 1937.

LERA, Ángel María de: Las últimas banderas. Barcelona, 1967.

MACHADO, Antonio: Obras poesía y prosa. Edic. reunida por Aurora de Albornoz y Guillermo de Torre. Buenos Aires, 1964.

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MALRAUX, André: L’Espoir. París, 1937.

MARCH, Susana: Algo muere cada día. Barcelona, 1955.

MATUTE, Ana María: Primera memoria. Barcelona, 1960.

NERUDA, Pablo: España en el corazón. Buenos Aires, 1939.

ORTAS, F. M.: Soldado y medio. México, 1961.

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Notas

[1] Sobre estos temas, ver Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura española, 1970, y Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo, 1974. <<

[2] Sobre este tema en general, véase mi trabajo: «La oposición juzgada por el poder, como fuente de la Historia». Boletín del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, n.º 29-30. <<

[3] La España del siglo XIX, pág. 399. <<

[4] Cálculo de la Comisión de Renta Nacional, en 1944, por extrapolación, partiendo de 1929, a su vez estimada sobre datos un tanto problemáticos. <<

[5] El País, de Madrid, publicaba el 23 de agosto un cuadro detallado de producción y beneficios de la industria del carbón durante los años de guerra, del que hemos extraído los siguientes datos:

Año | Beneficio en ptas. por t. | Beneficios totales en pts.
1914 | 8 | 28 900 000
1915 | 21,80 | 100 600 000
1916 | 42 | 230 500 000
1917 | 60 | 418 000 000
1918 | 64 | 455 000 000

El citado periódico añadía: «Si fuera preciso podríamos citar tales y cuales propietarios que durante los tres últimos años han amasado una fortuna de más de 50 millones de pesetas». <<

[6] Ver autor, op. cit., pág. 285. <<

[7] Fernández de Almagro, Historia del reinado de Alfonso XIII, pág. número 256. <<

[8] Ver España, 25 de junio de 1915. <<

[9] Declaración del señor López Ferrer ante la Comisión parlamentaria de Responsabilidades en 1923. <<

[10] Ver autor, op. cit., pág. 319. <<

[11] Publicado en España el 16 de septiembre de 1916. <<

[12] Declaración del general Riquelme ante la Comisión parlamentaria de Responsabilidades en 1923. <<

[13] «Datos para una historia de la estrategia patronal en España», en S. Roldán y J. L. García-Delgado, La formación de la sociedad capitalista en España, Madrid, 1973, vol. I, cap. V. <<

[14] Los detenidos fueron Besteiro, Llaneza, Aragonés, Acevedo, etc., y los confederales Salvador Seguí y Ángel Pestaña, Largo Caballero y Remigio Cabello lograron escapar. <<

[15] Este Comité lo formaban: presidente, Pablo Iglesias; vicepresidente, Julián Besteiro; secretario-tesorero, Daniel Anguiano; vicesecretario, Andrés Saborit; secretario de actas, Francisco Núñez Tomás; vocales, Virginia González, Luis Torrent, Francisco Largo Caballero, Toribio Pascual, Luis Araquistain y Luis Pereira. Director de El Socialista, Pablo Iglesias. <<

[16] Este Comité quedó compuesto así: presidente, Pablo Iglesias; vicepresidente, Francisco Largo Caballero; secretario-tesorero, Barrio; vicesecretario, Daniel Anguiano; vocales, Julián Besteiro, Andrés Saborit, Virginia González, Eduardo Torralba Beci, Modesto Aragonés, José Maeso y Manuel Cordero. <<

[1] Juan José Morato, El Partido Socialista Obrero, Madrid, s. f, pero 1918. <<

[2] Eran éstos: el coronel Benito Márquez; teniente coronel Silverio Martínez Raposo; comandante Rafael Espino: capitanes Leopoldo Pérez Pala, Miguel García Rodríguez y Manuel Álvarez Gilarranz: tenientes Emilio González y Marcelino Flores. <<

[3] Salvador Canals, Crónica de política interior en Nuestro tiempo, Madrid, junio de 1917. <<

[4] Emilio Mola, Obras completas, Valladolid, 1940, pág. 1003. <<

[5] Constituían este gobierno: Presidencia, Eduardo Dato; José Sánchez Guerra, Gobernación; Marqués de Lema, Estado; general Fernando Primo de Rivera, Guerra; Manuel Burgos Mazo, Gracia y Justicia; Gabino Bugallal, Hacienda; Vizconde de Éza, Fomento; Rafael Andrade, Instrucción Pública, y Manuel Flores, Marina. <<

[6] Dé aquella moción entresacamos estos párrafos esenciales: «La política del actual gobierno, sobre significar una provocación a Cataluña y a España entera, constituye a la vez un agravio al Parlamento y un obstáculo a que las ansias de renovación que siente el país puedan obtener una normal satisfacción… considerando la Asamblea que es urgente deliberar y resolver sobre la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los demás problemas que las circunstancias plantean con apremio inaplazable para la vida del país, enciende que es indispensable la convocatoria de uñas nuevas Cortes que, en funciones de Constituyentes, puedan deliberar sobre estos problemas y resolverlos… Las Cortes constituyentes no pueden ser convocadas por un Gobierno de partido… sino por un Gobierno que encarne y represente la voluntad soberana del país. Que es indispensable que el acto realizado por el Ejército el primero de junio vaya seguido de una profunda renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por los elementos políticos». <<

[7] Ante la insistencia del público que no cesaba de aplaudir, Melquíades Álvarez apareció en uno de los balcones del Gran Hotel, y pronunció estas palabras: «Ciudadanos, a despecho de los propósitos del Gobierno, la Asamblea se ha celebrado. Ha triunfado el derecho contra la arbitrariedad del Gobierno. Tened confianza en nosotros y estad seguros que no acataremos más soberanía que la del pueblo» (grandes, aplausos). Acto seguido apareció el diputado losé Zulueta, que declaró, en catalán, entre estruendosos aplausos: «Ciudadanos, nuestra serenidad ha vencido la impremeditación del Gobierno. El Gobierno no sabe cómo hacer uso de lo que cree poseer: la fuerza. Nosotros empleamos lo que tenemos: la razón. Hoy hemos escrito el prólogo de un libro voluminoso. Estamos satisfechos del prólogo. Queríamos reunirnos y nos hemos reunido. Queríamos tomar acuerdos y los hemos tomado. En esencia estos acuerdos son: que el Gobierno, al calificar de sedición esta Asamblea de parlamentarios que cumple con su deber de fiscalizar la conducta del Gobierno, ha injuriado a Cataluña y a España, y nadie más que él fue el sedicioso. Queremos que se reúnan las Cortes constituyentes, presididas por un Gobierno que no sea de partido: queremos que sea respetada la soberanía de la nación. Y ahora, ciudadanos, no deis ocasión a que el Gobierno se salga con sus planes». Por su parte, Dato había declarado en Madrid: «He decidido impedir la celebración de esa Asamblea, y todas las noticias que he recibido me confirman en la opinión de que todo ello se reducirá a una sencilla cuestión de guardia civil». <<

[8] «Yo, además, no veía, y así lo expresé en Consejo, razón ninguna para que la Compañía se negase a admitir como uno de los temas de discusión, el despido de algunos ferroviarios de Valencia… La Compañía se mantuvo cada vez más intransigente en este punto», Manuel de Burgos Mazo, Vida política española. Páginas históricas de 1917. <<

[9] Confirmado por Indalecio Prieto en su discurso parlamentario en 1918 sobre la huelga y por Dolores Ibárruri en sus Memorias. <<

[10] «Se había preparado una huelga revolucionaria, pero ahora se cursaban nuevas órdenes para que fuese pacífica, aunque dichas órdenes no pudieron llegar a todas partes», Juan José Morato, op. cit. <<

[11] Ver Andrés Saborit, Asturias y sus hombres, Toulouse, 1964, páginas 137-220. <<

[12] Nuestro Tiempo, núm. 27, noviembre de 1917. <<

[13] Carta leída por Indalecio Prieto en el citado discurso parlamentario. <<

[14] Nuestro Tiempo, ibid. <<

[15] Virginia González fue absuelta. <<

[16] Este Gobierno lo formaban: Presidencia y Estado, García Prieto; Gobernación, Vizconde de Matamala; Guerra, Juan de La Cierva (impuesto por las Juntas y a indicación expresa del Rey); Fomento, Niceto Alcalá Zamora (liberal demócrata); Gracia y Justicia, Manuel Fernández Prida (maurista); Marina, Amalio Gimeno (liberal romanonista); Hacienda, Juan Ventosa y Calvell (lugarteniente de Cambó y capitalista de primera magnitud); Instrucción Pública, Felipe Rodés (republicano catalán hasta el día antes). <<

[17] Andrés Saborit, Julián Besteiro, México, 1961. <<

[18] Jesús Pabón, Cambó, Barcelona, 1952. <<

[19] Formaban este Gobierno: Antonio Maura, presidente; Eduardo Dato, Estado; Manuel García Prieto, Gobernación; Conde de Romanones, Gracia y Justicia; Francisco Cambó, Fomento; Santiago Alba, Instrucción Pública; Augusto González Besada, Hacienda; general Marina, Guerra; almirante Pidal, Marina. <<

[1] Tratando de este Gobierno, el primero de España en que se habló de nacionalización de industria. Ramos Oliveira dice en su Historia de España II, pág. 450: «Como cabía aguardar, los nuevos consejeros llegaban con incontenibles deseos de acometer reformas y, por el lado de los de la Lliga, no sólo para Cataluña, sino para toda España. Dióse Cambó con entusiasmo al estudio de los grandes problemas económicos nacionales con ánimo de ponerles remedio. Trazó un ambicioso plan de obras públicas, visitó las zonas mineras, propuso la nacionalización de servicios públicos. Acertado o no el detalle de los proyectos, era evidente que había entrado en el gobierno de España una fuerza nueva, progresiva y despierta. La plana mayor de la Lliga, como imbuida de nuevo espíritu, recorrió las demás regiones españolas con el designio de crear un movimiento político hermano. Cambó, Ventosa, Abadal y otros primates del catalanismo visitaron Andalucía, Galicia, el Levante y hablaron a las multitudes. Querían otra España. Pero sólo la clase media industrial —que no existía realmente en las regiones visitadas— podía entender a Cambó, y el llamamiento de la Lliga no despertó el eco deseado. Había que empezar, no con discursos, sino con reformas revolucionarias». <<

[2] El ministerio estaba constituido así: Presidencia y Fomento, Manuel García Prieto; Estado, Conde de Romanones; Gobernación, Silvela; Guerra, Dámaso Berenguer; Marina, Almirante Chacón; Gracia y Justicia, José Roig y Bergadá; Hacienda, Santiago Alba; Instrucción Pública, Julio Burell; Abastecimientos, Pablo Garnica. <<

[3] Cálculo de Vandellós y del Banco Urquijo sobre la renta nacional. <<

[4] Y un notable progreso de acumulación de capital. <<

[5] Conviene señalar que las importaciones de maquinaria, que se multiplicaron por tres, ascendieron a 76 600 toneladas en 1920 (cantidad sólo comparable a 1913) y a 79 300 en 1921, para descender a 44 000 en 1922, y seguir en el marasmo durante varios años. <<

[6] José Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid. 1929. <<

[7] París Eguilaz, El movimiento de precios en España, Madrid, 1943. <<

[8] El Banco de Bilbao, el de Vizcaya y el de Santander llegaron a repartir en 1920 dividendos de un 20 por ciento. <<

[9] Formaban este ministerio los siguientes: Presidencia y Estado, Conde de Romanones; Gobernación, Amalio Gimeno; Guerra, Dámaso Berenguer; Marina, Almirante Chacón; Hacienda, Fermín Calbetón; Fomento, Marqués de Cortina; Gracia y Justicia, Alejandro Reselló; Abastecimientos, Baldomero Argente, e Instrucción Pública el catalán Joaquín Salvatella. <<

[10] Este ministerio estaba formado por: Presidencia, Antonio Maura; Estado, González Hontoria; Gobernación, Goicoechea; Guerra, General Santiago; Marina, Almirante Miranda; Hacienda, Juan de La Cierva; Fomento, Ángel Ossorio y Gallardo; Gracia y Justicia, Vizconde de Matamala; Instrucción Pública, César Silió; Abastecimientos, Maestre. <<

[11] Los socialistas electos fueron: Pablo Iglesias y Julián Besteiro, por Madrid, y Teodomiro Menéndez, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Saborit. <<

[12] Este ministerio lo formaban: Presidencia, Joaquín Sánchez de Toca; Estado, Marqués de Lema; Guerra, General Tovar; Marina, Almirante Flórez; Gobernación, Manuel Burgos Mazo; Gracia y Justicia, Pascual Amat; Hacienda, Gabino Bugallal; Fomento, Abilio Calderón; Instrucción Pública, José Prado Palacio; Abastecimientos, Marqués de Mochales. <<

[13] Constituían esto Gabinete: Presidencia, Manuel Allendesalazar; Estado, Marqués de Lema; Gobernación, Fernández Prida; Guerra, General Villalva; Marina; Almirante Flórez; Hacienda, Gabino Bugallal; Fomento, Amallo Gimeno; Instrucción Pública, Natalio Rivas; Gracia y Justicia, Pablo Garnica; Abastecimientos, Terán. <<

[14] Formaban este ministerio: Presidencia, Eduardo Dato; Gobernación, Francisco Bergantín; Estado, Marqués de Lema; Guerra, Vizconde de Eza; Gracia y Justicia, Gabino Bugallal; Hacienda, Domínguez Pascual; Fomento, Ortuño; Instrucción Pública, Luis Espada. <<

[15] Más tarde corrió la versión de que el autor era Inocencio Feced, que se pasó luego al Sindicato Libre y fue en 1923 uno de los asesinos de Salvador Seguí. <<

[16] Las principales fuentes utilizadas para este asunto han sido los textos de Juan José Morato, Andrés Saborit, García Venero, Amaro del Rosal, José Peirats, Gerald Brenan, Largo Caballero, Historia del P. C. de España, y prensa francesa y española de la época. <<

[17] Formaban el Comité Nacional: Presidente, Pablo Iglesias; vicepresidente, Julián Besteiro; Secretario, Daniel Anguiano; vicesecretario-tesorero, Francisco Núñez; secretario de actas, Andrés Saborit; secretario de estudios, Manuel Núñez de Arenas; secretaria femenina, Virginia González; secretario agrario, Andrés Ovejero; vocales, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. <<

[18] Este Congreso eligió la siguiente Comisión Ejecutiva: presidente, Pablo Iglesias; vicepresidente, Antonio García Quejido; secretario, Daniel Anguiano; vicesecretario, Ramón Lamoneda; secretario de actas, Rodríguez González; vocales, López Baeza, Manuel Núñez de Arenas, Manuel Fibra Ribas, Andrés Ovejero, Luis Araquistain y Fernando de los Ríos, Besteiro y Largo Caballero, que habían sido elegidos, dimitieron en el transcurso del Congreso, por no permanecer en la Ejecutiva en la que tenían mayoría los partidarios de la Tercera Internacional, contra los cuales se dedicaron a luchar desde la Agrupación de Madrid. <<

[19] Ver M. Tuñón, El movimiento obrero en la historia de España, 1972. <<

[20] El Comité Nacional Provisional estaba formado por Antonio García Quejido, Manuel Núñez de Arenas, Daniel Anguiano, Facundo Perezagua y Virginia González. Su órgano de prensa fue Guerra Social, semanario. <<

[21] Esta Comisión la formaban: presidente, Pablo Iglesias (enfermo, no asistió al Congreso, pero estaba contra la Tercera Internacional); vicepresidente, Julián Besteiro; secretario-tesorero, Andrés Saborit; vicesecretario, Núñez Tomás; secretario de actas, Fermín Blásquez; vocales, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Antonio F. Quer, Toribio Pascual y Lucio Martínez. <<

[22] Ver sobre este asunto el informe de Graziadei a la I. C. reproducido en Archives de Jules Humbert-Droz: Origines et débuts des partís communistes des pays latins, 1919-1923. Dordrecht-Holanda, 1970. <<

[23] Para llevar esta adhesión provisional a Moscú, el Comité Nacional decidió delegar a Eusebio C. Carbó, Salvador Quemades y Ángel Pestaña, que marcharon por vías diferentes, y el único que logró burlar la vigilarás internacional fue Pestaña. <<

[24] Ver Autor, op. cit., pág. 328. <<

[25] «Pero amo mucho más la edad que se avecina —decía el gran Machado— y a los poetas que han de surgir, cuando una tarea común apasione las almas… Los defensores de una economía social definitivamente rota seguirán echando sus viejas cuentas, y soñarán con toda clase de restauraciones; les conviene ignorar que la vida no se restaura ni se compone como los productos de la industria humana, sino que se renueva o parece». <<

[1] Gabriel Maura Gamazo, Bosquejo histórico de la dictadura, Madrid, 1930, pág. 15. El Informe fiscal en la causa que siguió al Expediente Picasso dice: «La Policía, equivocando su labor política, o no apercibida de su verdadera misión, parece haber ido no a la compenetración con el país, sino a la dominación del mismo». <<

[2] Expediente Picasso, folio 540. <<

[3] Declaración del teniente coronel Fernández Tamarit. <<

[4] Informe de la Comisión de Responsabilidades, Madrid, 1931, página 385 y siguientes. <<

[5] Declaraciones del sargento Dávila y el soldado Ruiz López, del regimiento de Ceriñola. <<

[6] Es impresionante este relato del capitán Chacón: «Al embocar la angostura se agolpaban las unidades, individuos sueltos montados, camiones rápidos y otros vehículos, artolas con heridos, determinando en la estrechez del camino una revuelta confusión que hizo imposible desde aquel momento distinguir ni reformar las unidades, ni regularizar la marcha…», folio 1178 del Expediente. <<

[7] Arturo Barea, La ruta, Buenos Aires, 1954, pág. 165. <<

[8] Componían este Gobierno: Antonio Maura, Presidencia; Juan de la Cierva, Guerra; González Hontoria, Estado; Francisco Cambó, Hacienda; Marqués de Cortina, Marina; Conde de Coello de Portugal, Gobernación; José Francos Rodríguez, Gracia y Justicia; César Silió, Instrucción Pública; Maestre, Fomento; Leopoldo Matos, trabajo. <<

[9] En el mes de enero se había conjurado ya una crisis del Gobierno. Entonces Sanjurjo, comandante general de Melilla, recorrió los campamentos con objeto de recoger firmas para un telegrama de los militares al Rey, exigiendo la continuación del ministerio Maura, con La Cierva en Guerra. Este acto se realizó en complicidad con el alto comisario, general Berenguer, que cursó el telegrama en cuestión. <<

[10] Este Ministerio lo constituían: Presidencia, José Sánchez Guerra; Estado, Fernández Prida; Gobernación, Ordóñez; Guerra, general Olaguer Feliu; Hacienda, Francisco Bergamín; Instrucción Pública, César Silió; Trabajo, Abilio Calderón; Gracia y Justicia, José Bertrán y Musitu. <<

[11] El último Ministerio de la restauración estaba formado así: Presidencia, Manuel García Prieto; Estado, Santiago Alba; Guerra, Niceto Alcalá Zamora; Gracia y Justicia, Conde de Romanones; Marina, Luís Silvela; Hacienda, Manuel Pedregal; Gobernación, Almodóvar del Valle; Fomento, Rafael Gasset; Instrucción Pública, Joaquín Salvatella; Trabajo, Joaquín Chapaprieta. <<

[12] Memoria del Alto Comisario, general Hurguete, elevada al Gobierno el 19 de diciembre de 1922. <<

[13] Ver nota autógrafa de Maura para su entrevista con el Rey, reproducido por su hijo Gabriel en el ya citado libro, Bosquejo histórico de la Dictadura, pág. 20. <<

[14] General Eduardo López Ochoa, De la Dictadura a la república, Madrid, 1930, pág. 27. <<

[15] El llamamiento Al país y al Ejército sacaba buen provecho denunciando los «asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad…». Condenaba el «separatismo» y el régimen de partidos políticos. Enarbolaba la bandera de un «somatén, hermano y reserva del Ejército» y arriaba las responsabilidades. Prometía solución «pronta, digna y sensata» al problema de Marruecos y, en los inevitables párrafos de demagogia que siempre contienen los documentos de esta índole, arremetía contra Santiago Alba para agradar a Cambó y Puig y Cadafalch, cómplices de categoría en el golpe de Estado, y estimulaba las denuncias, prometiendo la impunidad de los delatores. <<

[1] Componían el Directorio los generales: Luis Navarro, Dalmiro Rodríguez Pedré, Mario Muslera, Luis Hermosa, Francisco Ruiz del Portal, Antonio Mayandía, Francisco Gómez Jordana, Adolfo Vallespinosa, y contraalmirante Marqués de Magaz, Secretario: coronel Godofredo Nouvilas. <<

[2] Alfonso XIII, ya destronado, concedió una interviú al gran duque Alejandro de Rusia, que fue publicada por La Nación de Buenos Aires, a la que pertenecen estos párrafos: «De 1921 a 1923, el Gobierno español no cumplió su deber con la nación, y el Parlamento español no cumplió tampoco el suyo con el Ejército… No es necesario que encarezca la indignación de los generales, oficiales y soldados…». «¿Qué hacía el Rey? Le creían amigo suyo, y había tolerado, sin embargo, que el Parlamento rechazara los créditos militares. Era el gobernante de España y había permitido, sin embargo, que los crímenes de Barcelona quedaran impunes… ¿Qué podía yo responder a mis guerreros? Reducido, a la inacción, me hallaba también atado por otro deber constitucional: el que obligaba a la Corona a guardar un silencio espléndido y a no pronunciar más discursos que los que le preparaban de antemano los ministros». <<

[3] El Somatén, organizado a la manera de Cataluña, fue creado «en todas las provincias españolas y en las ciudades de soberanía del territorio de Marruecos» por Real Decreto del 18 de septiembre de 1923. <<

[4] Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo, Bucarest, 1963, t. I, página 165. <<

[5] Eduardo López Ochoa, op. cit., pág. 58. <<

[6] El Consejo de Guerra condenó a cadena perpetua a los catalanistas Jaime Comte, Marcelino Perelló y Miguel Badía, y a otras penas a los jóvenes Civit, Ferrer, etc. Emilio Granier-Barrera fue absuelto. <<

[7] León Gabrielli, Abd el-Krim et les événements du Riff, Carablanca, 1953, págs. 98 y 118. <<

[8] He aquí las variaciones experimentadas durante aquellos años en la producción por kilos y habitantes de los productos industriales básicos:

Artículos | 1923 | 1926 | 1929
Carbón | 328 | 346 | 412
Cemento portland | 22,89 | 40,65 | 64,59
Acero | 20,93 | 23,14 | 43,67
Lingote hierro | 17,73 | 21,77 | 31,32
Ácido sulfúrico | 10,11 | 12,48 | 6,04
Energía eléctrica | 54 kwh | 71 kwh | 104 kwh

<<

[9] Dio mucho que hablar el hecho de que la compañía concesionaria para los Saltos del Alberche, que era la Electro-Metalúrgica Ibérica, estaba presidida por el ministro de la Guerra, duque de Tetuán. Por añadidura, la citada compañía vendió la concesión por cinco millones de pesetas a una empresa suiza. <<

[10] Los colaboradores de Primo de Rivera eran: Guerra, duque de Tetuán; Marina, almirante Cornejo; Estado, José Yanguas; Gobernación, Severiano Martínez Anido; Hacienda, José Calvo Sotelo; Fomento, conde de Guadalhorce; Gracia y Justicia, Galo Ponte; Instrucción Pública, Eduardo Callejo; Trabajo, Eduardo Aunós. <<

[11] Eduardo López Ochoa, op. cit., págs. 110-111. <<

[12] Cortés Cavanillas, La caída de Alfonso XIII, Madrid, 1932, pág. 86. <<

[13] Nota de Pétain reproducida en el libro del teniente coronel Laure, La victoire franco-espagnole dans le Riff, París, 1927, págs. 212-213. <<

[14] Abd el-Krim permaneció allí hasta 1947. Trasladado a Francia se fugó a El Cairo, donde falleció en 1963. <<

[15] En el botín de guerra confiscado en el puesto de mando de Macià (la Villa Denis) figuraban 3 ametralladoras, 200 fusiles, 24 000 cartuchos y 393 bombas. <<

[16] Resulta pintoresca la idea que el dictador tenía de Juan March, expresada por la siguiente nota oficiosa de 5 de Julio de 1929: «Podrá ser cualquiera el origen inicial de la cuantiosa fortuna del señor March, pero lo cierto es que desde que advino el Directorio la puso a su disposición para cuantos fines patrióticos o benéficos se le solicitara, y que en tal sentido ha atendido sin titubeo requerimientos que significan importantes sacrificios, pues unos han sido donaciones puramente benéficas y otros intervenciones en asuntos de interés público, que sólo pueden liquidarse con pérdida, pero siempre en beneficio del prestigio nacional. Indudablemente el nombre del señor March era de los más discutidos en España al advenir el Directorio, y aún tenía entonces asuntos pendientes con la justicia, de los que salió absuelto libremente y con pronunciamientos favorables. A nadie ha cerrado el régimen el camino de la restitución de su buen nombre, y menos si por alcanzar la digna aspiración de legado a sus hijos limpio de toda imputación, se impone sacrificios compensadores para el interés público de posibles daños inferidos anteriormente. Éste es el caso del señor March». <<

[17] Ver David Ruiz: El movimiento obrero en Asturias, Oviedo, 1968. <<

[18] Este Congreso eligió la siguiente Comisión ejecutiva: presidente, Julián Besteiro; vicepresidente, Francisco Largo Caballero; secretario, tesorero y director de El Socialista, Andrés Saborit; vicesecretario, Lucio Martínez; secretario de actas, Wenceslao Carrillo; vocales, Fernando de los Ríos, Tritón Gómez, Manuel Cordero, Andrés Ovejero, Anastasio de Gracia y Aníbal Sánchez. <<

[19] El Congreso eligió la siguiente Comisión ejecutiva: presidente, Julián Besteiro; vicepresidente, Andrés Saborit; secretario, Francisco Largo Caballero; secretario-tesorero, Wenceslao Carrillo; vocales, Manuel Cordero, Anastasio de Gracia, Tritón Gómez, Lucio Martínez, A. Gana, Rafael Henche y Enrique de Santiago. <<

[20] Conviene señalar el caso de la Federación de Trabajadores del Puerto de Barcelona, organización autónoma creada por cenetistas —para salir al paso de los Sindicatos Libres—, y cuya cabeza visible fue Desiderio Trillas, que murió comunista en 1936. Lo mismo ocurrió en el ramo textil de Barcelona, con los Murtra, Guardiola, etc. <<

[21] Publicado en la revista Europa núm. 61, París, enero de 1928. <<

[22] Aquella noche, por consejo del comandante Pérez Farrás, el doctor Jaime Aguadé y Luis Companys llamaron inútilmente a la puerta del cuartel de los artilleros de plaza (Atarazanas). «Aquí Luis Companys, diputado por Sabadell» dijo el que ofrecía el concurso de los numerosos trabajadores que esperaban sumarse al pronunciamiento y por esto estaban en la calle. <<

[23] Se ha dicho que se volvió atrás Castro Girona, porque, conociendo su esposa lo que se tramaba, fue a confesarse con el arzobispo, y el doctor Meló, rompiendo el secreto de confesión, amenazó al capitán general con revelarlo todo al Gobierno. <<

[24] El acróstico era éste: «Paladín de la Patria redimida, /Recio soldado que pelea y canta, /Ira de Dios que cuando azota es santa, /Místico rayo que al matar es vida. /Otra es España, a tu virtud rendida; /Ella es feliz bajo tu noble planta, /Solo el hampón, que en odio se amamanta, /Blasfema ante tu frente esclarecida. /Otro es el mundo ante la España nueva. /Rencores viejos de la edad medieva, /Rompió tu lanza, que a los viles trunca, /Ahora está en paz tu grey bajo el amado /Chorro de luz de tu inmortal cayado. /¡Oh, pastor santo! ¡No nos dejes nunca!». <<

[25] Aquella, última nota oficiosa, en el más genuino estilo de Primo de Rivera, comenzaba así: «La madrugada del sábado, en que, dando suelta al lápiz, escribí a toda prisa las cuartillas de la nota oficiosa publicada el domingo, y sin consultarlas con nadie, ni siquiera conmigo mismo, sin releerlas, listo el ciclista que había de llevarlas a la Oficina de Información de Prensa, para no perder minuto, como si de publicarlas en seguida dependiera la salvación del país, sufrí un pequeño mareo que me ha alarmado y me ha obligado a hacer todo lo posible para prevenir la repetición de caso parecido, sometiéndome a un tratamiento y plan que fortalezca mis nervios y dé a mi naturaleza dominio absoluto de ellos… Creo, con el pensamiento puesto en Dios y en España, que por muchos años debe seguir gobernando la Dictadura o cosa parecida…». Y como voto de Año Nuevo deseaba a los españoles «paz, cordialidad de clases, cultura y trabajo», no sin agregar que hasta el momento «la verdadera libertad… necesita ir acompañada de guardias civiles». El hombre que en sus «notas oficiosas» había polemizado a diestro y siniestro, que prohibió el piropo callejero para practicarlo en su prosa, que aconsejó a los soldados que lavasen bien la ropa y a los españoles que cambiasen su horario de comidas e «hiciesen un desayuno de tenedor», resaltando además el ahorro que haría un «carbón y lavado de mantelería», el hombre sin dotes de estadista, pero de innegable sinceridad, que hacía la política como la hubiera pensado en el casino de su Jerez natal, escribía con ésta su última nota, a la que sobrevivió mes y medio. <<

[1] Lo constituían: Presidencia, Guerra y Estado, Dámaso Berenguer; Hacienda, Manuel Arguelles; Gobernación, general Enrique Marzo; Fomento, Leopoldo Matos; Justicia, José Estrada; Trabajo, Pedro Sangro y Ros de Olano; Instrucción Pública, Duque de Alba; Marina, contralmirante Carvia. El 3 de febrero era nombrado Julio Wais ministro de Economía, el 22 el Duque de Alba pasó a Estado, y el entonces rector de la Universidad Central, Elías Tormo, ocupó la cartera de Instrucción Pública. <<

[2] Ángel Ossorio y Gallardo, Mis Memorias, Buenos Aires, 1946, página 156. <<

[3] Emilio Mola, op. cit., pág. 288. <<

[4] Después de las discrepancias registradas entre los detenidos comunistas en la Modelo de Barcelona, su organización en Cataluña se limitaba a los restos de la Federación Catalano-Balear. Convertido Oscar Pérez Solís por el padre Gafo, y Joaquín Maurín en París, tras casi tres años de cárcel, un grupo de trabajadores catalanes, haciendo caso omiso de aquellas peleas, creó el 2 de noviembre de 1928, en el depósito ferroviario de Lérida, el Partit Comunista Català, cuyo desdoblamiento legal era el Partit Obrer i Camperol Català con Treball como órgano semanal desde 1930. Como en este año Maurín, de vuelta a Barcelona, se encontrase sin partido, por no aceptar la disciplina impuesta por la Federación Catalano-Balear, provocó una escisión en el Partit Comunista Català, y el resultado fue la fundación del Bloc Obrer i Camperol, con L’Hora como portavoz semanal. En 1936, el Bloc se fusionó con el Partido de Izquierda Comunista de Andrés Nin, y de esa fusión nació el Partido Obrero de Unificación Marxista (P. O. U .M.), con La Batalla, semanario y luego diario. Y entre un buen número de militantes que no quisieron seguir a Maurín en 1930 se hallaba en 1936 el principal núcleo que dio vida al Partit Socialista Unificat de Catalunya (P. S. U. C.). <<

[5] Andrés Saborit, op. cit., pág. 266. <<

[6] Las estadísticas de la Oficina Internacional del Trabajo señalaban un total de 247 460 huelguistas para el año 1930. Se trataba, sin duda alguna, de «conflictos de trabajo», con exclusión de las numerosas huelgas políticas que tuvieron lugar. <<

[7] Ver Graco Marsá, La sublevación de Jaca (relato de un rebelde), París, 1931. <<

[8] Casares Quiroga decía que se alzarían a las cinco de la mañana del día 12, puesto que así lo había comunicado Galán a Azaña, por intermedio de Rafael Rodríguez Delgado, que mantenía el contacto entre Jaca y el Comité revolucionario de Madrid y que se había entrevistado dos días antes con dicho Comité. Azaña confiaba en que Casares llegaría a tiempo para prevenir a Galán, quien desde luego parecía dispuesto a aplazar la echa del alzamiento si se trataba sólo de unos pocos días. El hecho de que el coche en que Rodríguez Delgado se dirigía desde Madrid a Jaca sufriera una avería y no llegara a su destino hasta las ocho de la mañana del día 12, cambió tal vez el curso de los acontecimientos; era el único de los «ateneístas» llegados de Madrid para colaborar en el alzamiento que sabía que este mismo día se dirigía a Jaca un miembro del Comité revolucionario. Si hubiera hablado con Galán la noche antes, el movimiento habría sido aplazado. (Testimonio facilitado cortésmente por el propio Rafael Rodríguez Delgado). <<

[9] Ver Graco Marsá. <<

[10] Dice Miguel Maura: «Pregunté si no estaba en la lista don Alejandro, y el inspector, sin la menor vacilación, exclamó: “Oh, no, a don Alejandro no le molestarán”. Don Alejandro tenía bula, sin duda». Así cayó Alfonso XIII, México, 1962, pág. 105. <<

[11] La falta de participación socialista en el movimiento del 15 de diciembre en Madrid fue objeto de enconadas disputas en el seno de las organizaciones del P. S. O. E. y los diversos testimonios, con frecuencia orientados a justificar actitudes personales, no deben ser acogidos sino con cierto espíritu crítico. <<

[12] Emilio Mola, op. cit., pág. 556. <<

[13] Para diciembre de 1930 es de consulta interesante el libro de Eduardo de Guzmán, 1930, historia política de un año decisivo, Madrid, 1973, págs. 249-510. <<

[14] En este manifiesto se decía: «Pero como es ilusorio creer que la Monarquía va a ceder galantemente el paso y sólo ha de rendirse ante una formidable presión de la opinión pública, debe de organizarse esta presión y ellos (los firmantes) se ponen a su servicio, sin forma de partido, con afán de unificar, proponiéndose suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República, cuyos esfuerzos tenderán a unificar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española». <<

[15] De la entrevista de Sánchez Guerra con los dirigentes encarcelados dieron una versión muy discutible Berenguer y Mola en sus respectivos libros de Memorias: la de que iba a pedirles que suspendieran Un movimiento revolucionario que debía estallar de un momento a otro. Hoy está comprobado que se trató de una oferta de colaborar en el Gobierno como ministros sin cartera. <<

[16] Era ésta: Presidencia, José Sánchez Guerra; Vicepresidencia y Estado, Melquíades Álvarez; Justicia, Francisco Bergantín; Gobernación, Manuel Burgos Mazo; Hacienda, Miguel Villanueva; Economía, Joaquín Chapaprieta; Instrucción Pública, Pío Piniés; Guerra, Manuel Goded; Marina, almirante José Rivera. <<

[17] Estaba formado así: Presidencia, almirante Juan Bautista Aznar; Estado, conde de Romanones; Gobernación, marqués de Hoyos; Gracia y Justicia, Manuel García Prieto (marqués de Alhucemas); Ejército, general Dámaso Berenguer (conde de Xauen); Marina, almirante José Rivera; Hacienda, Juan Ventosa y Calvell; Instrucción Pública, José Gascón y Marín; Fomento, Juan de La Cierva; Trabajo, Gabriel Maura (duque de Maura); Economía, conde de Bugallal. <<

[18] Sin embargo, continuaron existiendo Acció Catalana, dirigida por Nicolau d’Olwer y Acció Republicana de Catalunya que dirigida por Routra y Virgili, se había separado de aquél otro grupo. <<

[19] Ángel Ossorio y Gallardo, op. cit., pág. 176. <<

[20] «Minutos después —escribe Mola— por orden expresa del ministro de la Gobernación las fuerzas de la Guardia Civil se retiraban a Antón Martín y el doctor Recasens, con todos los honores de un héroe, a la cabeza de sus discípulos, entre los que se hallaban una legión de “pistoleros”, abandonaba tranquilamente la Facultad…». (Mola, op. cit., página 787). <<

[21] Los firmantes de la Junta de Gobierno eran: rector (dimisionario), Blas Cabrera; vicerrectores, Clemente de Diego y Cardenal; decanos, Altamira, O. de Toledo, O. Fernández, Daza de Campos; secretario de la Universidad, Amat; delegados de las Facultades, Sánchez Román, Beceña, H. de Castro, Barras, M. Márquez, J. Negrín, J. Giral, C. González y Gil y Fagoaga. <<

[22] Miguel Maura, op. cit., págs. 143-144. <<

[23] En Barcelona, Esquerra Republicana de Catalunya había triunfado en toda la línea. Las «candidaturas de Macià», como decían los electores, pulverizaron no sólo la Lliga Regionalista, sino Acció Catalana, que no se dio cuenta de que se trataba de elecciones políticas más que administrativas. He aquí la relación de concejales de la Conjunción Republicano-Socialista elegidos en Madrid: Distrito de Buenavista: Fernando de los Ríos, Miguel Maura y Pedro Rico; Distrito del Centro: Rafael Sánchez Guerra, Honorato de Castro y José Mouriz; Distrito del Congreso: Manuel Muiño, Celestino García y Julián Talanquer; Distrito de Chamberí: Niceto Alcalá Zamora, Fernando Coca y Cayetano Redondo; Distrito del Hospicio: Eduardo Ortega y Gasset, Antonio Fernández y Lucio Martínez; Distrito del Hospital: Rafael Solazar Alonso, Andrés Saborit y Trifón Gómez; Distrito de la Inclusa: Álvaro de Albornoz, Eugenio Araúz y Manuel Cordero; Distrito de la Latina: Julián Besteiro, José Nogueras y Rafael Henche; Distrito de la Universidad: Ángel Galana, Francisco Largo Caballero y Wenceslao Carrillo; Distrito de Palacio: Eduardo Álvarez, Miguel Cámara y Francisco Cantos. <<

[24] Javier Tusell: Sociología electoral de Madrid: 1903-1931, Madrid, 1969, pág. 209. <<

[25] Miguel Martínez Cuadrado: Elecciones y partidos políticos de España 1868-1931, Madrid, 1969, tomo II, pág. 885. Ciertamente, esta estadística tiene en cuenta que millares de concejales se declararon «republicanos» entre el martes 14 y el jueves 16 de abril, día de la firma de actas de resultados electorales. <<

[1] Marqués de Hoyos, Mi testimonio, Madrid, 1962, pág. 147. <<

[2] Este relato está tomado de Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII… El autor no indica las fuentes de las conversaciones entre el Rey y Marfil; cabe suponer que es el testimonio del segundo, persona vinculada por vieja amistad con la familia Maura. <<

[3] He aquí la traducción del texto del Bando de la proclamación de la República Catalana: «Catalanes: Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación ibérica. De acuerdo con el presidente de la República federal española, señor don Niceto Alcalá Zamora, con quien hemos ratificado los acuerdos tomados en el pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de presidente del Gobierno de Cataluña, esperando que el pueblo español y el catalán expresarán cuál es en estos momentos su voluntad. Al hacer esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos juramos y pedimos a todos los ciudadanos de Cataluña que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sean, aunque precise llegar al sacrificio de la propia vida. Rogamos que cada catalán, así como todo ciudadano residente en Cataluña, que se haga cargo de la enorme responsabilidad que pesa en estos momentos sobre nosotros. Todo aquel, pues, que perturbe el orden de la naciente República catalana será considerado como un agente provocador y como un traidor a la Patria. Esperamos que sabréis todos haceros dignos de la libertad que nos hemos dado y de la justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer. Nos apoyamos en cosas inmortales como son los derechos de los hombres y de los pueblos y, muriendo si es necesario, no podemos perder. Al proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos de España y del mundo, pidiéndoles que estén espiritualmente a nuestro lado y frente a la monarquía borbónica que hemos derrocado, y les ofrecemos aportar todo nuestro esfuerzo y toda la emoción de nuestro pueblo renaciente para afirmar la paz internacional. Por Cataluña, por los demás pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos, sabed haceros dignos de Cataluña. Barcelona, 14 de abril de 1931. El presidente, Francesc Macià». <<

[4] «Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo… Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y, mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como la única señora de sus destinos…». <<

[5] El infante Don Juan, acompañado de su profesor, el capitán de corbeta Fernando Abárzuza, embarcó en un torpedero en el arsenal de La Carraca (Cádiz) con rumbo a Gibraltar. <<

[6] General Díaz Villegas, Franco frente a la República y en el alzamiento nacional, en Reino, núm. 7, Madrid, 14 de diciembre de 1957. <<

[7] Las Memorias de Azaña demuestran que éste conocía, en buena parte al menos, la animosidad contra la República de numerosos mandos militares y las conspiraciones que ya se esbozan en 1931: ver principalmente Obras completas, págs. 5-109 y, sobre el incidente Goded-Mangada en el campamento de Carabanchel las págs. 413-420 del mismo volumen (IV). <<

[8] Gil Robles ha explicado así la formación de Acción Nacional: «Liquidados los partidos políticos conservadores, imposible la reacción de los elementos monárquicos dispersos, era urgente establecer un fuerte núcleo de resistencia e intentar prepararse para las elecciones constituyentes anunciadas. Con ese doble propósito se fundó Acción Nacional, y se trazó el plan de una serie de viajes por provincias, con el propósito de agrupar a las fuerzas no republicanas, destrozadas y maltrechas». Más adelante añade que a partir del 11 de mayo Acción Nacional se convirtió «en el reducto a que se acogieron tedas las fuerzas de derecha, haciendo abstracción del problema de la forma de gobierno». José M. Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, 1968, págs. 35-36. <<

[9] Téngase en cuenta que entonces la Generalidad no disponía aún de los servicios de Orden público. <<

[10] Para situar mejor la personalidad económica de algunos de los allí reunidos, puede recordarse su participación en la dirección de grandes empresas: Conde de Gamazo, presidente de Azucarera Peninsular, Carburos Metálicos, Arnús-Garí, Constructora Ferroviaria, Banco Vitalicio, Seguros Covadonga S. A., Tranvías de Barcelona; consejero del Banco Industrial, Asfaltos Portland, Compañía Colonial de África, Compañía de Marismas del Guadalquivir, S. I. del Nitrógeno, Prensa Española, S. E. de Construcción Naval, C. H. A. D. E., Ferrocarril de Aragón, Constructora Nacional Eléctrica, Compañía Trasatlántica, etc.; Arsenio Martínez Campos, consejero del Banco Español de Crédito, del Banco Hipotecario, de la Unión y el Fénix, de Seguros el Fénix, y vicepresidente del Consorcio Nacional Almadrabero; Gabriel Maura, consejero del Banco Español de Crédito, Presidente de Ediciones Calleja; Leopoldo Matos, vicepresidente de Pirelli y consejero de la Sevillana de Electricidad. <<

[11] Miguel Maura, op. cit., pág. 251. <<

[12] Para detalles sobre este asumo pueden consultarse: Iturralde, El catolicismo y la cruzada de Franco, Aubin, 1955; y Joan Comas, L’Església contra la República espanyola, Toulouse (1962). La postura de la Iglesia puede verse en Església i Estat davant la segona república espanyola, archivos de Vidal i Barraquer presentados por los PP. Batllori y Arbeloa, Barcelona, 1971. <<

[13] El decreto de 8 de mayo establecía el escrutinio de lista por provincia, a razón de un diputado por cada 50 000 habitantes, y las ciudades de más de 100 000 formaban circunscripción aparte. Cada elector podía votar por cierto número de puestos a proveer, alrededor del 80 por ciento. El partido o candidatura que obtenía la mayoría conseguía el 80 por ciento de los puestos, con tal de que hubiese tenido un mínimo del 20 de suframos expresados, es decir, había un sistema de prima a la mayoría. En cambio, había un remedo de sistema proporcional, puesto que el 20 por ciento de los puestos eran reservados a las «minorías», esto es, la candidatura que llegaba a segundo lugar. Este sistema, en sus fincas esenciales, duró todo el tiempo de la República, con la diferencia de que para obtener la prima a la mayoría en primera vuelta se necesitaban el 40 por ciento de sufragios. <<

[14] Los diputados de la Conjunción elegidas por Madrid fueron, por orden de votos, los siguientes: Lerroux, Castrovido, Sánchez Román, Rico, Largo Caballero, Besteiro, Luis de Tapia, Juarros, Sanchís Banús, Ovejero, Marial, Cordero, Saborit y Tritón Gómez; por las minorías fueron elegidos Ossorio y Gallardo y Sánchez-Guerra (padre) que formaban parte de la candidatura llamada «Apoyo a la República». En dos elecciones parciales fueron elegidos Luis Bello y Manuel B. Cossío, candidatos ambos de la conjunción (para detalles ver J. Tusell: La segunda república en Madrid, Madrid, 1970). <<

[15] Miguel Maura exclamó aquel día: «Así da gusto ser ministro de la Gobernación». <<

[16] Este Gobierno lo formaban: Presidencia y Guerra, Manuel Azaña; Estado, Luis de Zulueta; Gobernación, Casares Quiroga; Justicia, Álvaro de Albornoz; Hacienda, Jaime Carner; Obras Públicas, Indalecio Prieto; Instrucción Pública, Fernando de los Ríos; Trabajo, Francisco Largo Caballero; Agricultura, Industria y Comercio, Marcelino Domingo; Marina, José Giral. <<

[17] Luis Jiménez de Asúa, La Constitución de la democracia española, Buenos Aires, 1946, págs. 75-76. <<

[18] Carrión calculaba que unas 10 000 familias poseían la mitad de la tierra catastrada.

El Anuario Estadístico daba en 1933 este cuadro de tanto por ciento de fincas de más de 250 hectáreas en provincias catastradas y la extensión media por propietario:

Provincia | Porcentaje | Extensión
Badajoz | 61,94 | 694,73
Cáceres | 64,24 | 870,04
Ciudad Real | 75,28 | 846,79
Córdoba | 53,39 | 684,61
Huelva | 50,54 | 861,52
Jaén | 48,85 | 774,82
Sevilla | 59,23 | 663,48
Toledo | 60,62 | 823,44

<<

[19] Después de escrito este libro se ha publicado una obra capital sobre el tema: E. Malefakis: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, 1970. <<

[20] Mauricio Carlavilla, La anti-España, Madrid, 1959, pág. 25. <<

[21] Según se desprende de las actas del Congreso de la C. N. T. celebrado en 1936, el Comité nacional rechazó la paternidad del movimiento de enero de 1933, por lo que la F. A. I. recabó toda la responsabilidad del mismo. Sin embargo, numerosos delegados de Andalucía y Levante lo consideraron, en dicho congreso, como un movimiento de carácter «cenetista». El representante del «Comité nacional de Defensa del 8 de Enero», perteneciente a la F. A. I. declaró: «Caímos por un movimiento preparado por la C. N. T. Y tuvimos que contemplar cómo el propio órgano de la Confederación nos desautorizaba. Pero no renunciamos a la responsabilidad de aquel movimiento». <<

[22] El capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba, que se hallaba de guardia en la División orgánica de Madrid la noche de los sucesos, puso en boca del jefe del Gobierno, en declaraciones privadas, la tan repetida frase de «¡Tiros a la barriga!». Este militar fue el iniciador, a principios de 1934, de la Unión Militar Española (U. M. E.), organización militar clandestina destinada a luchar contra el régimen. <<

[23] Santiago Galindo Herrero, Historia de los partidos monárquicos bajo la Segunda República, Madrid, 1954, pág. 117 <<

[24] Este ministerio estaba formado así: Presidencia y Guerra, Manuel Azaña; Estado, Fernando de los Ríos; Justicia, Álvaro de Albornoz; Gobernación, Santiago Casares Quiroga; Hacienda, Agustín Virtuales; Obras Públicas, Indalecio Prieto; Agricultura, Marcelino Domingo; Industria y Comercio, José Franch y Roca; Marina, Luis Companys; Instrucción Pública, Francisco J. Barnés; Trabajo, Francisco Largo Caballero. <<

[25] J. A. de Oropesa, Las relaciones comerciales entre Rusia y Esparta, en Blanco y Negro, de Madrid, 22 de octubre de 1933. <<

[26] Estaba así formado: Presidencia, Alejandro Lerroux (radical); Estado, Claudio Sánchez Albornoz (Acción, Republicana); Gobernación, Diego Martínez Barrio (radical); Guerra, José Rocha (radical); Marina, Vicente tranzo (independiente); Hacienda, Antonio de Lara (radical); Justicia, Juan Botella Asensi (Izquierda radical-socialista); Obras Públicas, Rafael Guerra del Río (radical); Agricultura, Ramón Feced (radical-socialista); Industria y Comercio, Laureano Gómez Paratcha (O. R. G. A.); Instrucción Pública, Domingo Barnés (radical-socialista), hermano de Francisco; Trabajo, Ricardo Samper (radical); Comunicaciones, Miguel Santaló (Esquerra Republicana). <<

[27] Lo componían: Presidencia, Diego Martínez Barrio (radical); Estado, Claudio Sánchez Albornoz (Acción Republicana); Gobernación, Manuel Rico Avelló (independiente); Guerra, Vicente tranzo (independiente); Marina, Leandro Pita Romero (autonomista gallego); Hacienda, Antonio de Lara (radical); Justicia, Juan Botella Asensi (Izquierda radical-socialista); Agricultura, Cirilo del Río (progresista, grupo formado a base de la antigua Derecha liberal republicana); Industria y Comercio, Félix Gordón Ordax (radical-socialista); Instrucción Pública, Domingo Barnés (radical-socialista); Obras Públicas, Rafael Guerra del Río (radical); Trabajo, Carlos Pi y Súñer (Esquerra Republicana); Comunicaciones, Emilio Palomo (radical-socialista). <<

[28] A este respecto no deja de ser certero Jaime Vicens Vives: «Sólo en Cataluña, a pesar de la preponderancia de la C. N. T. detectada allí entre el elemento obrero, el régimen republicano contaba con una base sólida; de tal índole que incluso había llegado a llevar a la C. N. T. hacía una zona de polémica legal. Este fenómeno se explica por la actitud más liberal de la burguesía, la fe republicana de los pequeños burgueses y la convicción, difundida durante 1930 y confirmada luego por los hechos, de que el nuevo régimen resolvería el problema autonomista planteado desde 1901», Historia social y económica de España y América, t. V. pág. 231. <<

[29] Citado por Víctor Fragoso del Toro en La España de ayer, Valladolid, 1955, pág. 410. <<

[30] Si ninguna candidatura obtenía el 40 por ciento de los votos expresados en el primer tumo, se procedía a un segundo tumo de elección dos semanas después, del que eran excluidas las candidaturas que no hubiesen obtenido el 8 por ciento de los votos de los electores inscritos. No se permitían nuevas coaliciones entre el primero y segundo turnos. <<

[31] Pueden consultarse los mapas electorales establecidos por Jean Bécarud en su estudio, La deuxième république espagnole, París, 1962. <<

[32] Para, todos estos temas, ver el trabajo de Jeanne Pastor, «Estructura social y movimiento obrero en Zaragoza y provincia, 1916-1936», Universidad de Pau, 1971-1972 (ejemplares mecanografiados). <<

[1] La producción de carbón en 1929 y 1930 fue excepcional. Lo mismo puede decirse de la textil y de la de aceite en 1930. <<

[2] El descenso que se observa en 1934 es debido a que baste 1933 he utilizado los datos del Anuario Estadístico de 1934 y a partir de este año los del Anuario Financiero de 1935, que difieren del anterior tan sólo en lo referente a 1933. Cabe suponer que los datos del Anuario Financiero tengan la misma fuente, pero sean más verídicos porque han sido establecidos con más tiempo, mientras que los del Anuario Estadístico pudieran ser provisionales. <<

[3] Resulta de interés conocer los nombres de alpinas personalidades que ejercían puestos de dirección en compañías dominadas, de hecho, por capitales extranjeros. Entre ellas estaba el marqués de Hoyos, tos hermanos Oriol, Ignacio Herrero (marqués de Aledo), el conde de Gamazo, Miguel Mateu, el marqués de Urquijo, Ibarra, Cambó, Ventosa, el marqués de Foronda, Mariano Marfil, Arteche, Romanones, García Prieto, Garnica, Martínez Campos, Coll, Garí… <<

[4] Ver Ramón Tamames, Estructura económica de España, Madrid, 1960, página 490. <<

[5] Compárese en pesetas los precios indicados con los siguientes de Madrid en 1933 publicados por el Anuario Estadístico (Tos precios corresponden a kilos, salvo para el vino, aceite y leche, que son los de un litro): vaca de segunda, 3,78; cordero, 3,97; cerdo, 5,12; bacalao, 2,46; sardinas, 1,57; merluza, 4,70; manteca de vaca, 1,46; pan candeal, 0,65; ama, 1,18; garbanzos, 1,42; patatas, 0,22; judías 1,55; lentejas, 1,32; azúcar, 1,51; racha, 0,70; vino, 0,60; aceite, 1,87; una docena de huevos, 253. <<

[6] Causa extrañeza que el promedio de salarios de tipógrafos sea superior al de linotipistas. Puede tratarse de un error. Véase, en sentido contrario, los salarios publicados por la O. I. T. <<

[7] 36 horas en Madrid. <<

[8] En Barcelona 60 horas. <<

[9] 48 horas en Bilbao y Valencia, 60 en Barcelona, 72 en Madrid. <<

[10] La primera estadística oficial del paro apareció en agosto de 1933, publicada por la Oficina de Colocación y Defensa contra el Paro, dependiente del Ministerio del Trabajo y daba un total de 544 837. En el mes de septiembre era de 619 000, de los cuales 395 000 pertenecían a la agricultura, 78 000 a la construcción, 21 000 a la siderometalurgia y 12 000 a la madera. El 30 de abril de 1934 asciende a 703 814, que baja en julio —estación de cosechas— a 438 994, para subir el 30 de noviembre a 611 124, de los cuales 365 381 eran trabajadores agrícolas, 79 109 de la construcción y 18 400 de la siderometalurgia. En el mismo año 1934 el número de parados en Gran Bretaña era de 1 807 000 obreros en paro total y 314 600 temporal. Una estadística incompleta realizada por la U. G. T. en 1931 había dado 500 000 parados. Hay que saber que la emigración al extranjero, que en tiempos de la Dictadura ofrecía un promedio de 50 000 obreros que abandonaban España cada año (antes fueron aún más), cayó verticalmente a 10 000 el año 1932. <<

[11] Urquijo tenía además sus bancos Urquijo vascongado, guipuzcoano y catalán. El establecimiento central se resiente de la crisis siderúrgica y minera, base de sus negocios en el Norte. <<

[12] Los beneficios del Banco de España están calculados antes del pago de impuestos y de la percepción de la parte de Estado. <<

[13] Índice de cotización en Bolsa de acciones de renta variable: 1930: 100; 1931: 78,50; 1932: 62,69; 1933: 53,03. En 1934 y 1935 hubo una recuperación general de las acciones. En cuanto a los Fondas Públicos, a partir de 1934 llegaron a cotizarse al nivel de 1930, signo evidente de que el Estado ofrecía mayores garantías a los poseedores del dinero. <<

[14] Para más detalles sobre este Congreso, donde también se debatió ampliamente el comportamiento de los dirigentes socialistas en diciembre de 1930, ver Manuel Tuñón de Lara: El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, 1972. <<

[15] Ver sobre el particular el trabajo de A. Balcells, El socialismo en Cataluña durante la segunda república, en el libro Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX, Pau-Madrid, 1973. <<

[16] A. Elorza, El sindicalismo católico en la segunda república en su libro La utopía anarquista bajo la segunda república española Madrid, 1973, págs. 295-350. <<

[17] Fascismo en España, escrito por Ramiro de Ledesma Ramos bajo el seudónimo de Roberto Lanzas, Madrid, 1935, pág. 127. Sin embarco esta opinión es controvertida por otros colaboradores de José Antonio Prono de Rivera, entre ellos su hermano Miguel, que hacen valer la negativa de José Antonio a asistir a un llamado Congreso Internacional fascista que tuvo lugar en Montreux. <<

[18] Sobre estos temas es muy interesante la consulta del libro de Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio. Madrid, 1974, págs. 152 a 159. <<

[19] José R. Marra López, Narrativa española fuera de España, Madrid, 1963. <<

[20] Probablemente escapó a Ortega la posible relación entre su idea de aceración y la de alienación, puesto que cercenaba sus raíces sociales. Ver Ensimismamiento y alteración, Madrid, 1939. <<

[21] «Campesinos de Zorita / iban a los encinares, / a coger esas bellotas / que ni los cerdos ya pacen. / Con tres civiles Juan López / llegó a las tres de la tarde. / Un tiro arrancó tres ayes». <<

[22] Ver Patronato de Misiones pedagógicas, Madrid, 1934, 190 páginas. <<

[1] Integraba este gabinete: Alejandro Lerroux, Presidencia; Pita Romero, Estado; Manuel Rico Avello, Gobernación; Álvarez Valdés, Justicia; Diego Martínez Barrio, Guerra; José Rocha, Marina; Antonio de Lara, Hacienda; Rafael Guerra del Río, Obras Publicas; Ricardo Samper, Industria y Comercio; Cirilo del Río, Agricultura; José Pareja, Instrucción Pública; José Estadella, Trabajo; José María Cid, Comunicaciones. <<

[2] El documento, firmado el 31 de marzo de 1934, dice principalmente: «1.º Que está dispuesto (Mussolini) a ayudar con la asistencia y medios necesarios a ambas partes de la oposición al régimen existente, con el fin de derrumbarlo y reemplazarlo por una Regencia que prepararía la restauración completa de la Monarquía. 2.º Que como demostración práctica y previa de esta intención está dispuesto a contribuir inmediatamente con 20 000 fusiles, 20 000 granadas de mano, 200 ametralladoras y 1 500 000 pesetas en metálico…». <<

[3] El Gobierno del 28 de abril de 1934 estaba formado así: Presidencia, Ricardo Samper; Estado, Leandro Pita Romero; Gobernación, Rafael Salazar Alonso; Guerra, Diego Hidalgo; Marina, José Rocha; Justicia, Vicente Cantos; Hacienda, Manuel Marraco; Industria y Comercio, Vicente tranzo; Agricultura, Cirilo del Río; Obras Públicas, Rafael Guerra del Río; Trabajo, José Estadella; Instrucción Pública, Filiberto Villalobos; Comunicaciones, José María Cid. <<

[4] La huelga fue decidida por los trabajadores agrícolas sindicados mediante un referéndum cuyo resultado fue de 70 000 votos a favor y 350 en contra. Pese a que los oficios de huelga se cursaron en forma legal, fueron encarcelados varios millares de campesinos y clausuradas casi todas las Casas del Pueblo de las localidades en que la huelga se llevó a efecto. No obstante, los efectivos de la Federación de Trabajadores de la Tierra eran mucho más elevados. <<

[5] Las bases esenciales de la ley de Contratos de Cultivos eran las siguientes: El plazo de contrato de arrendamiento no sería nunca inferior a seis años y podía ser prorrogado, por tácita reconducción, de año en año a voluntad del cultivador. El propietario podría desahuciar, al cultivador por falta de pago, o por mal cultivo de la tierra, así como cuando él o sus familiares fuesen a cultivar por sí mismos la tierra. El propietario quedaba obligado a pagar al cultivador al término del contrato, Tas mejoras hechas en la tierra. La transferencia de la propiedad no era causa de interrupción del contrato. Se establecía la revisión periódica de los precios a petición de cualquiera de las partes. El cultivador (arrendatario) tendría derecho de comprar la tierra después de 18 años de cultivarla, así como el de tanteo y retracto sí el propietario vendía la finca. La rabassa morta se convertía en censo enfitéutico, redimible a voluntad del rabassaire. Se constituía un Tribunal paritario de propietarios y cultivadores. <<

[6] Según Ledesma Ramos, «nada más sencillo, ni más falso, que ligar los dos asesinatos, en el sentido de atribuir el de Casaux a una venganza de los fascistas». Ése es, sin embargo, el criterio de Fragoso del Toro, veintiocho años después, quien titula los hechos Diente por diente en una serie de artículos en La España de ayer. Ver op. cit. <<

[7] Presidencia: Alejandro Lerroux (radical); Estado, Ricardo Samper (radical); Gobernación, Eloy Vaquero (radical); Guerra, Diego Hidalgo (radical); Marina, Juan José Rocha (radical); Justicia, Rafael Aizpún (C. E. D. A.); Hacienda, Manuel Marraco (radical); Obras Públicas, José María Cid (agrario); Industria y Comercio, Andrés Orozco (radical); Agricultura, Manuel Jiménez Fernández (C. E. D. A.); Trabajo, José Oriol Anguera de Sojo (C. E. D. A.); Instrucción Pública, Filiberto Villalobos (liberal demócrata); Comunicaciones, César Jalón (radical); ministros sin cartera, José Martínez de Velasco y Leandro Pita Romero. <<

[8] Ver Historia del Partido Comunista de España, París, 1961, pág. 90. <<

[9] Del resto de la prensa, El Liberal y La Libertad protestaban contra la participación de la CEDA, en el Gobierno. El Sol pedía la disolución de las Cortes, mientras que Ahora, ABC y El Debate aprobaban la formación de un gobierno, conforme a la mayoría parlamentaria, con participación del partido de Gil Robles. En París, Le Temps decía en su editorial, titulado El nuevo Gabinete español: «Los grupos de derecha no se han sumado a la República más que de labios hacia fuera». <<

[10] La C. N. T. de Cataluña declaró después que la Alianza Obrera se había dirigido a ella para prevenirla del movimiento tan sólo dos días antes de comenzar y que ellos exigieron para poder participar que se rompiese con Esquerra y Estat Català. <<

[11] Unión Republicana decía en su nota que la «constitución del Gobierno que acaba de formarse, integrado, entre otros, por un grupo político cuyo pretendido republicanismo no ha recibido la sanción del voto popular, le obliga a apartarse de toda colaboración y a romper toda solidaridad con los órganos del régimen». Izquierda Republicana declaraba que «el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición; rompe toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República». El Partido Republicano Conservador concluía así su nota: «A nadie sorprenda, pues, que declaremos desde ahora nuestra esencial incompatibilidad con esta República desfigurada, antesala de una reacción incivil y antidemocrática y que rompamos toda solidaridad y trato con los órganos de un régimen desleal a sí mismo y a quienes por él lucharon victoriosamente». <<

[12] Escamot: grupo, no individuo. <<

[13] Cuando los mineros asaltaron el día 6 la finca de Pedregal en Avilés detuvieron a su esposa e hija, pero las liberaron horas después. Pedregal fue conducido a Trubia, donde estuvo prisionero hasta el 18 de octubre, sin sufrir ningún mal trato. <<

[14] Ángel Ossorio y Gallardo: Vida y sacrificio de Companys, Buenos Aires, 1943, pág. 126. <<

[15] «¡Catalanes! Las tuerzas monarquizantes y fascistas que de tiempo atrás pretenden traicionar la República han logrado su objetivo y han asaltado el Poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican continuamente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones… Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales avanzados, sin distinción ni excepción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista… Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnifica. El Gobierno de Cataluña estará en todo momento en contacto con el pueblo. Aspiramos a establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República… Catalanes: la hora es grave y gloriosa. El espíritu del presidente Macià, restaurador de la Generalidad, nos acompaña. Cada uno en su lugar y la República en el corazón de todos. ¡Viva la República y viva la libertad!». <<

[16] En el Tercio de extranjeros, La bandera es equivalente a batallón. <<

[17] ABC del 7 de octubre decía: «Hoy no hay monárquicos ni republicanos. No hay más que españoles y traidores que merecen dejar de serlo». <<

[18] Díaz de Villegas, art. cit. <<

[19] Como en todo movimiento revolucionario se ha discutido mucho sobre la extensión y alcance del «terror rojo» impuesto por el Poder obrero durante aquellas dos semanas de octubre de 1934. No es superfino facilitar algunas precisiones sobre el particular. La represión más dura por parte de los revolucionarios se ejerció contra los miembros de la fuerza pública que resistieron. Ése fue el caso de tres tenientes y veintidós guardias civiles fusilados en Sama y de algunos guardias capturados después de haber huido de los cuarteles. En Mieres fusilaron al ingeniero Rafael de Riego y al presidente de Acción Popular. En La Veguina (valle del Turón) lo fueron, sin otra justificación que el sempiterno anticlericalismo, ocho hermanos de la doctrina cristiana. También lo fue el cura de Valdecuna, que se había distinguido durante varios años por sus actividades políticas de extrema derecha y sus violentas disputas con los trabajadores. Fueron igualmente pasados por las armas d párroco de La Rebolleda y el cura ecónomo de San Esteban de Oviedo. En cambio, el párroco de Sama murió de un balazo al atravesar la calle en medio de la refriega. En Oviedo, los canónigos Gómez Puertas y Gago, sorprendidos en el palacio de la marquesa de Ferrara, donde se habían refugiado, fueron fusilados en el antiguo mercado del barrio de San Lázaro.

Otros sacerdotes fueron detenidos durante el movimiento. Pero de entre ellos, siete, un ingeniero y varios guardias civiles que estuvieron en la cárcel de Laviana «hablan del buen comportamiento que han tenido con ellos en la prisión sus guardianes y el Comité revolucionario». En el mismo sentido se expresa el padre Valcarce, párroco de Lada.

Son muy interesantes los testimonios recogidos después de la revolución por un hombre conservador, Aurelio de Llano Roza de Ampudia, y publicados con autorización de la censura, relativos al comportamiento de los obreros con las religiosas y en los conventos que ocuparon. He aquí algunos de estos testimonios:

La madre superiora de las Adoratrices declara el 1.º de noviembre: «Cuando entraron aquí los revolucionarios sólo había 25 alumnas; hablaron con nosotras y no han pasado del portal ni nos han molestado. Un día nos trajeron pan, que buena falta nos hacía».

La madre Florentina, superiora del convento de las Dominicas, hacía el siguiente relato, el 1.º de noviembre: «Se presentaron a ellos —después que habían hablado con la demandadora— vestidas con su hábito blanco, las veinticinco monjas que había.

»—No se asusten ustedes, señoras, les dijo el jefe del grupo; ni a ustedes ni a las alumnas les pasará nada; nosotros buscamos curas; ¿hay aquí alguno?

»—No, señor.

Registraron el convento y como no encontraron lo que buscaban, las dejaron tranquilas».

A las monjas del Servicio doméstico y a las niñas las trasladaron al convento de las Salesas. «Y cuando quemó el convento de San Pelayo —me dice la monja encargada de las muchachas— trajeron a esta casa las monjas que allí había y a las Agustinas que estaban con ellas. Los revolucionarios estuvieron aquí hasta que entraron las tropas en la ciudad. No nos estropearon nada. Vea usted, todo lo dejaron en orden; la capilla y las imágenes están intactas» (pág.  51).

Datos facilitados por el canónigo de la catedral, Rodríguez Santamarina, que fue testigo de los hechos: «Entran por la tarde los rojos en el convento de San Pelayo, en cuya comunidad se encuentran las Agustinas… Las dos comunidades rezan en el oratorio. El Santísimo está expuesto. Las superiores determinan dar la comunión a las monjas para evitar la posible profanación de las sagradas formas. En esto aparecen los revolucionarios a la puerta del oratorio y se detienen silenciosamente, a pie firme, ante la solemnidad del acto. Las superioras colocan el cáliz en el sagrario. Entonces un revolucionario les dijo:

—Vaya. Esto se acabó. ¿Hay por aquí algún hombre?

—No hay ninguno (el canónigo estaba escondido).

—Pues no tengan ustedes miedo.

Once monjas salieron del convento y se quedaron veintitantas. Los revolucionarios les pidieron que les hiciese la comida la demandadora. Las monjas se refugiaron en una habitación de la planta baja y de vez en cuando bajaba uno a ver si se les ofrecía algo. Una de las veces, el revolucionario llegó con una jaula en la mano y les dijo:

—Cuiden ustedes este canario que se dejaron arriba, en la galería». <<

[20] Ver José Pla, Historia de la Segunda República española, vol. III, pág. 306, Barcelona, 1940. <<

[21] Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Op. cit. <<

[22] El bando decía así: «Hacemos saber: Que el Comité revolucionario, como intérprete de la voluntad popular, y velando por los intereses de la Revolución, se dispone a tomar, con la energía necesaria, todas las medidas conducentes a encauzar el curso del movimiento. A tal efecto, disponemos: 1.º El cese radical de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en un acto de esta naturaleza será pasado por las armas; 2.º, todo individuo que posea armas debe presentarse inmediatamente ante el Comité a identificar su personalidad. A quien se coja con armas en sil domicilio o en la calle, sin la correspondiente declaración, será juzgado severamente; 3.º, todo el que tenga en su domicilio particular producto de pillaje o cantidades de los mismos que sean producto de ocultaciones, se le conmina a hacer entrega de los mismos inmediatamente. El que así no lo haga se atendrá a las consecuencias naturales, como enemigo de la Revolución; 4.º, todos los víveres existentes, así como artículos de vestir, quedan confiscados; 5.º, se ruega la presentación inmediata ante este Comité de todos los miembros pertenecientes a los Comités directivos de las organizaciones obreras de la localidad, para normalizar la distribución y consumo de víveres y artículos de vestir; 6.º, los miembros de los partidos y Juventudes obreras de la localidad deben presentarse inmediatamente con su correspondiente carnet para constituir la guardia roja que ha de velar por el orden y la buena marcha de la Revolución. En Oviedo, a 9 de octubre de 1934, El Comité Revolucionario». <<

[23] ABC del 9 de octubre publicaba el siguiente despacho fechado en Bilbao el lunes 8, a las tres de la tarde: «La noche del sábado al domingo fue de verdadera inquietud en Bilbao. Hacia las nueve de la noche apenas si se veía luz en balcones y ventanas. Todo contribuía a aumentar la inquietud de la gente, pero sobre todo los tiroteos, que no tardaron en oírse y que se sucedieron frecuentes e intensos durante toda la noche. Había circulado el rumor de que los mineros avanzaban sobre Bilbao… La noticia, por fortuna, no se confirmó. Por el contrario, parecen mejores los que se reciben de la zona minera, donde los revoltosos, cercados por las fuerzas gubernativas y del Ejército, han huido al monte…». <<

[24] La radio instalada en la Cuarta División Orgánica emitió la orden de vuelta al trabajo para el martes 9, dada por la Federación Local de la C. N. T. de Barcelona. Este asunto fue discutido en d Congreso confederal de 1936.Los delegados del Comité regional de Cataluña se disculparon diciendo que no sabían lo que pasaba en Asturias y que por eso dieron orden de volver al trabajo; que dieron la orden por radio, porque de otra manera había dificultades para hacerlo y como la radio estaba intervenida, se imprimió en un disco la declaración de la C. N. T., a la que se agregó, sin que ellos lo supiesen: «Radiada desde la Cuarta División, etc.». <<

[25] Ramos Oliveira, op. cit., vol. III, pág. 209. <<

[26] El Comité revolucionario de La Felguera decía, el 17 de octubre: «… por el momento no tenemos quejas de médicos, farmacéuticos, practicantes y otras profesiones que parecían alejadas de nuestras inquietudes espirituales. En cambio, panaderos y comerciantes de ciertos artículos de abastos parece como si quisieran poner un grano de arena en el carril que recorre la locomotora de la revolución». <<

[27] El programa del movimiento revolucionario de 1934 sólo fue dado a la publicidad el 11 de enero de 1936 por El Liberal de Bilbao. Sus puntos esenciales eran: nacionalización de las tierras, pero respetando la posesión de los pequeños campesinos; disolución del Ejército y reorganización del mismo sobre una base democrática; disolución de la Guardia civil, sustituida por milicias obreras; reformas fiscal y de la enseñanza; mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, pero sin modificar en nada la estructura capitalista de la economía. Naturalmente, este programa desconocido, no desempeñó papel alguno en la revolución de 1934. <<

[28] De 27 604 mineros, más de 20 000 lucharon con las armas, en la mano y los restantes en otros puestos. Las mujeres colaboraron activamente. <<

[29] X. de Sandoval, José Antonio (biografió apasionada), Barcelona, 1941. Esta carta fue confirmada por Miguel Primo de Rivera en un artículo de Es Así (1936). Está reproducida en la edición de Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera, Madrid, 1945, pág. 623. <<

[30] Con él fueron indultados el teniente coronel Ricart y el capitán Escofet, también condenados a muerte en Barcelona. <<

[31] El ministerio estaba formado así: Gobernación, Manuel Portela Valladares; Justicia, Vicente Cantos; Guerra, general Carlos Masquelet; Marina, vicealmirante Francisco Salas; Hacienda, Alfredo Zavala; Obras Públicas, Rafael Guerra del Río; Industria y Comercio, Manuel Marraco; Agricultura, Juan José Benayas; Trabajo, Eloy Vaquero; Instrucción Pública, Ramón Prieto Bances; Comunicaciones, César Jalón. <<

[32] El Gobierno era éste: Presidencia, Alejandro Lerroux; Estado, Juan José Rocha; Gobernación, Manuel Portela Valladares; Justicia, Cándido Casanueva; Hacienda, Joaquín Chapaprieta; Guerra, José María Gil Robles; Marina, Antonio Royo Villanova; Obras Públicas, Manuel Marraco; Industria y Comercio, Rafael Aizpún; Agricultura, Nicasio Velayos; Trabajo, Federico Salmón; Instrucción Pública, Joaquín Dualde; Comunicaciones, Luis Lucia. <<

[33] El general Díaz de Villegas se ha referido así a la actuación del Jefe del Estado Mayor: «Durante la estancia de Franco en el Estado Mayor Central, se había realizado una labor realmente eficiente. Todo había entrado en orden; se comenzaba a trabajar temprano y se inició una tarea inteligente y tenaz para restaurar el Ejército. Dióse destino a los generales residenciados, que servirían luego de puntales importantes del Alzamiento; a Orgaz, a Varela, a Mola, que estaban desterrados en el ostracismo. Y se montó —¡cómo no!— una eficiente sección de información anticomunista. Se artilló la costa ¡incluso Sierra Carbonera!». <<

[34] Francisco Bravo, historiador de la Falange, lo cuerna así: «José Antonio hizo saber que disponía de un ofrecimiento de fusiles y armas y de la asistencia de técnicos militares, y hasta de un general decidido a ponerse al frente de nuestras milicias». Se trataba de «concentrar unos miles de hombres en un punto de la frontera portuguesa, en la provincia de Salamanca y alzar la bandera insurreccional». Estaban presentes: José Antonio Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Sancho Dávila, José Sáinz, José M. Alfaro, Aizpurúa, Valdés, Sánchez Mazas, Onésimo Redondo, Luna, Aguilar, Mateo, Gil Ramírez y el propio Bravo, que añade había «otros camaradas que no eran dirigentes», Historia de la falange Española y de las J. O. N. S., Madrid, 1940, págs. 97 y ss. <<

[35] El Gobierno que proyectaba José Antonio Primo de Rivera, para el caso de salir triunfante un movimiento Falange-U. M. E., era una coalición de falangistas con otras fuerzas de derecha. Véanse algunos ministerios: Defensa, Franco; Justicia, Serrano Súñer; Educación, Aunós; Interior, Mola; Economía, Carceller; Comunicaciones, Ruiz de Alda; Corporaciones, Manuel Mateo. <<

[36] El nuevo Gobierno quedó formado así: Presidencia y Hacienda, Joaquín Chapaprieta; Estado, Alejandro Lerroux; Gobernación, Joaquín de Pablo-Blanco; Guerra, José María Gil Robles; Marina, Pedro Rahola; Justicia y Trabajo, Federico Salmón; Agricultura, Industria y Comercio, José Martínez de Velasco; Instrucción Pública, Juan José Rocha; Obras Públicas y Comunicaciones, Luis Lucia. <<

[37] Dimitrov, Ceuvres choisies, París, 1952, pág. 137. <<

[38] Estos párrafos están inspirados en el documentado libro de Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, 1974. El autor de dicho libro parece haber tenido todo género de facilidades para acceder a los archivos oficiales de Bonn. <<

[39] Op. cit., pág. 172. <<

[40] Ibid., pág. 172-173. Sin duda, las fuentes de que se hace mención no permiten sino un conocimiento fragmentario del asunto, pero ya son de una importancia de primer orden. Dejamos, naturalmente, al autor la responsabilidad de las afirmaciones de grave alcance que se hacen. <<

[41] Estas afirmaciones revisten enorme gravedad ante la historia. Resulta que en el Gobierno Lerroux de diciembre del 33 era Rico Avello ministro de la Gobernación y Martínez Barrio de la Guerra. ¿Les acusa Viñas de pedir intercambio policial en la Gestapo? Hidalgo entró en Guerra en enero de 1934. En cuanto a Salazar Alonso, entró como ministro de la Gobernación en febrero del 34. De todos modos ese comportamiento radical-cedista viene en apoyo de la tesis socialista de «justificación de la República». <<

[1] Estaba formado así: Presidencia y Gobernación, Manuel Portela Valladares; Estado, José Martínez de Velasco; Guerra, general Nicolás Motero; Marina, almirante Francisco Salas; Hacienda, Joaquín Chapaprieta; Justicia y Trabajo, García Arguelles; Obras Públicas, Cirilo del Río; Agricultura, Industria y Comercio, Joaquín de Pablo Blanco; Instrucción Pública, Manuel Becerra; ministro sin cartera, Pedro Rahola. <<

[2] Portela Valladares seguía con Presidencia y Gobernación; Molero en Guerra; Cirilo del Río en Obras Públicas; Álvarez Mendizábal (radical disidente) iba a Agricultura, Industria y Comercio, y Manuel Becerra pasaba a Justicia, Trabajo y Sanidad, Manuel Rico Avello en Hacienda; el contraalmirante Antonio Azarola en Marina; Joaquín Urzáiz en Estado y Filiberto Villalobos en Instrucción Pública completaban el Gobierno. Para una interpretación del papel de Alcalá Zamora, Gil Robles y Alba en estas dos crisis, ver Joaquín Chapaprieta: La paz fue posible, Barcelona, 1971. <<

[3] Ansaldo ha explicado en su libro ¿Para qué?, que Calvo Sotelo, por intermedio suyo, pidió a Franco, Fanjul y Goded que se opusieran a la formación del Gobierno Portela, pero que los generales, especialmente Franco, respondieron que no creían aún llegado el momento. <<

[4] La nota de la Jefatura de la Falange del 11 de febrero decía así: «Falange Española no ha concertado pacto electoral de ninguna clase en ninguna provincia de España. Conste, para que cada cual acepte su responsabilidad, que no sólo no se ha hecho a la Falange ningún ofrecimiento, sino que ha existido la consigna de prescindir de ella». <<

[5] Es sabido que cuando varios diputados nacionalistas vascos fueron a Roma, en enero de 1936, el secretario de Estado, cardenal Pacelli, se negó a recibirlos, y que monseñor Pizzardo les recriminó porque no se unían a las derechas: «¿Por qué no se unen ustedes con la C. E. D. A.? Porque les repito que de estas elecciones depende que España sea de Cristo o de Lenin. Si las ganan Azaña, Alcalá Zamora y los socialistas es el fin de la Iglesia, de la Religión y de Cristo». <<

[6] N. del editor digital: en el libro original (editorial Laia, 1974) supuestamente hay un error, y el texto dice: «La propaganda fue más apasionada que nunca. Grandes multitudes acudían a los actos públicos de una u otra resumen, la mecánica de los polémica en la prensa eran asaz violentos». <<

[7] Según Fernández Cuesta fue él quien sirvió de emisario de Primo de Rivera cerca de Portela Valladares. Ver La guerra de liberación nacional, Zaragoza, 1961. <<

[8] Ver sobre este asunto Ricardo de la Cierva: Historia de la guerra civil española. Antecedentes, Madrid, 1969, págs. 639-641, donde se explica el intento de golpe militar a raíz de las elecciones. <<

[9] «Si se gana será por tan pocos votos y con tal fuerza de oposición, que no habrá quien gobierne con un Parlamento así», dijo Azaña (Cfr. Rivas Cherif, Retrato de un desconocido, México, 1961, pág. 237. <<

[10] Sobre los resultados electorales de 1936 pueden consultarse las obras citadas de Bécarud, Venegas, Brenan, Rama, Tusell y las historias de carácter general. Para los acontecimientos de aquellos días pueden también consultarse las obras de Pla, Ramos Oliveira, Iturralde, Bowers, Valdesoto y Galindo Herrero. <<

[11] José Venegas: Las elecciones del Frente Popular, Buenos Aires, 1942. <<

[12] Jackson, pág. 193 de la edición en lengua inglesa. Obsérvese que estos cálculos cambian el número de votos de la izquierda, pero no los del centro y derecha. <<

[13] J. Bécarud: La Segunda República española, págs. 156 y ss., ha realizado sus evaluaciones más importantes a base de El Sol y El Debate del 3 de marzo. <<

[14] Ver también, Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, 1971, 2 vols. Según este autor el Frente Popular y aliados obtienen 4 654 000; derecha y aliados 4 503 000; centro 525 000, de los cuales 125 000 de nacionalistas vascos. <<

[15] Así explicaba Fernando de los Ríos la situación preelectoral en Granada: «En los días que inmediatamente anteceden a la elección llegan a Granada una compañía de guardias de Jaén, una compañía de guardias de Asalto de Málaga, una sección de la Guardia civil de Burgos, un tanque ametralladora procedente de Madrid… Entre enero y febrero, el Gobierno civil da cuatro mil licencias de uso de armas». <<

[16] La candidatura de Falange por Madrid, que obtuvo 5000 votos, estaba integrada por José Antonio Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Sánchez Mazas y Fernández Cuesta. <<

[17] Formaban aquel Gobierno: Presidencia, Manuel Azaña; Estado, Augusto Barcia; Gobernación, Amós Salvador; Guerra, general Carlos Masquelet: Marina, José Giral; Justicia, Antonio Lara; Hacienda, Gabriel Franco; Obras Públicas, Santiago Casares; Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla; Agricultura, Mariano Ruiz Funes; Trabajo, Enrique Ramos; Instrucción Pública, Marcelino Domingo; Comunicaciones, Manuel Blasco Garzón. <<

[18] La Historia de la Guerra de liberación, redactada por el Estado Mayor Central, y citada por Galindo Herrero (pág. 159), dice: «El mismo general Franco, que hasta entonces no quiso dar oídos a los que hablaban de sublevaciones, se puso en contacto con los jefes del cuerpo para declarar por su cuenta el estado de guerra cuando le fue negada la autorización». La misma obra dice, en su pág. 429: «Se acordó también en principio, a propuesta del primero, (el general Franco), que tal movimiento fuese exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada, pero sin cerrar el camino a que una vez triunfante aquél y establecido el orden, pudiere instaurarse el régimen que más conviniese a la Nación». Otras fuentes: Bertrán Guell, Galindo, Iribarren… <<

[19] Joaquín Arrarás asegura que se entrevistaron en casa de Serrano Súñer. Este último lo confirma y da como fecha de la entrevista el 12 de marzo. <<

[20] «Se preparaba pues, el clásico pronunciamiento absolutista respaldado por la parte más poderosa de la oligarquía agraria, como en el siglo XIX, momento en que aún vivía políticamente España…», comenta Ramos Oliveira, op. cit., t. III, pág. 269. Para una tesis contraria ver Ricardo de la Cierva, op. cit., págs. 637 y ss., para quien la sublevación es la obra de un «frente cívico-militar». <<

[21] Ver La misma obra de Ramos Oliveira (pág. 270), que cita textos de «Pertinax». <<

[22] Ver las obras de Iribarren y Lizarza. <<

[23] Santiago Galindo Herrero, op. cit. <<

[24] Según Brassillach y Bardeche en su Histoire de la guerra d’Espagne, París, 1939. <<

[25] Bowers, op. cit., pág. 220. <<

[26] La nota de la U. M. E. decía así: «Ante la situación anárquica actual, el Ejército, con la vista puesta en los intereses supremos de la Patria, espera de los Poderes públicos: 1.º Respeto máximo a todo el personal de generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropas que, alejados de toda política, sólo desean la paz pública, para llegar por cauces legales al engrandecimiento de la nación; 2.º Para conseguirlo necesitarnos, en primer término, el desarme, llevado a efecto principalmente por el instituto de la Guardia civil, de todas las organizaciones y sus individuos, ajenas a las instituciones armadas o policía gubernativa; 3.º Libertad inmediata de aquellos militares que, en cumplimiento de su deber, tomaron parte en las alteraciones de orden público o movimientos subversivos, y sobreseimiento de los procedimientos y reintegro a sus destinos; 4.º Que de lodos los hechos en que estén incursos los militares por su actuación profesional, entiendan única y exclusivamente tribunales constituidos por militares: 5.º Las medidas conducentes a la solución de los puntos antes expuestos han de llevarse a efecto en el plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde la presentación de los mismos al señor ministro de la Guerra». <<

[27] Por entonces se desechó un proyecto de alzamiento exclusivamente carlista —preparado después de una entrevista de Sanjurjo con Javier Borbón Parma— que debía comenzar en las sierras de Aracena (Huelva) y Gata (Cáceres). Sanjurjo se había de poner al frente de los Tercios de Extremadura que deberían avanzar sobre Madrid. <<

[28] Ver El Congreso confederal de Zaragoza (mayo 1936), conteniendo el resumen de las actas, 1955, y la obra de Peirats, La C. N. T. en la revolución española, Toulouse, 1951-52. <<

[29] La Asamblea de compromisarios y diputados estaba así compuesta: socialistas, 242; Izquierda Republicana, 201; Unión Republicana, 99; C. E. D. A., 91; Esquerra, 69; comunistas, 52; republicanos conservadores, 35; Lliga, 26; centristas, 17; independientes de izquierda, 16; agrarios, 14; radicales, 13; monárquicos, 12; nacionalistas vascos, 11; tradicionalistas, 11; independientes de derecha, 9; independientes de centro, 8; «alcalá zamoristas», 6; republicanos federales, 5; sindicalistas, 5; monárquicos independientes, 2; nacionalistas (extrema derecha), 1. <<

[30] «Azaña quería un gabinete doméstico, y yo no servía para funciones domésticas, por lo cual, implícitamente, estaba rechazado por él, aunque al día siguiente de la escena que te refiero me llamase a Palacio a fin de encargarme oficialmente del Gobierno, pero bajo la seguridad de que yo no podía ni debía aceptar», (Indalecio Prieto, Cartas a un escultor, Buenos Aires, 1961, pág. 45). No parece desprenderse lo mismo de las Memorias de Azaña: ver «Obras Completas», tomo IV, pág. 714. <<

[31] Su composición era la siguiente: Presidencia y Guerra, Santiago Casares; Estado, Augusto Barcia; Gobernación, Juan Moles; Marina, José Giral; Justicia, Manuel Blasco Garzón; Hacienda, Enrique Ramos; Obras Públicas, Antonio Velao; Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla; Agricultura, Mariano Ruiz-Funes; Instrucción Pública, Francisco Barnés; Trabajo, Juan Lluhí y Vallescá; Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos. <<

[32] «Antes de ir a la huelga es necesario agotar todas las formas posibles de lucha… estamos en un período en que los patronos provocan y atizan las huelgas por conveniencias políticas de sabotaje…», declaró José Díaz, en su discurso de Zaragoza, el 1.º de junio de 1936. <<

[33] Para este asunto pueden utilizarse como fuentes las obras de Lizarza, Iribarren, Francisco Bravo, Bertrán Guell, Galindo Herrero, la de Stanley G. Payne, Falange: A history of a spanish fascism, Londres, 1962, la de García Venero, Falange-Hedilla, París, 1967. <<

[34] Don José María Gil Robles en la página 730 de sus Memorias, tituladas No fue posible la paz, piensa que ni Jackson ni nosotros estamos en lo cierto sobre la participación de Calvo Sotelo en la conspiración: «según mis noticias (dice) el líder monárquico no estableció contacto personal con ninguno de los militares responsables del movimiento hasta unos días antes de ser asesinado».

Historiadores del Alzamiento, como Bertrán Guell y Maíz, se refieren a reuniones de Calvo Sotelo con militares y civiles que conspiraban, y concretamente, a una de las últimas, celebrada con el general Villegas, perteneciente a la Junta de generales. En los días en que tuvo lugar su asesinato, los conspiradores de Navarra esperaban que Calvo Sotelo, que había dado en el mes de junio su adhesión explícita, llegase de un momento a otro a la capital navarra.

Se trata, tal vez, de una cuestión de fechas, pero además, en este género de hechos hay siempre dificultad para valorar las fuentes históricas, por lo que dejamos constancia de la afirmación del Sr. Gil Robles que, en el fondo, no excluye, sino que retrasa, la participación de Calvo Sotelo en la conspiración. <<

[35] En realidad las alteraciones del llamado orden público habían sido mayores en varios momentos de la Monarquía (período 1918-1920 y en 1930) y el hábil manejo de despachos y de prensa daba una imagen exagerada del clima moral del país. Un juicio completamente opuesto es el del embajador norteamericano Claude G. Bowers, en su obra citada: «Al día siguiente llegamos a Madrid. Otra vez, por todas partes, oímos hablar de los atropellos que sucedían en las carreteras, de coches detenidos por gente armada de pistolas, de peligros y disturbios por doquier, y de nuevo me sorprendí. Habíamos recorrido centenares de kilómetros, durante muchos días, casi a todo lo largo de la costa del Mediterráneo, y hacia arriba desde Sevilla, a través de Córdoba, Málaga, Granada, en febrero, marzo, mayo y junio de 1936, con tanta seguridad como si hubiéramos viajado por Westchester en Nueva York», pág. 244). <<

[36] La Comisión Ejecutiva quedo integrada por: Ramón González Peña, Ramón Lamoneda, Manuel Albar, Jerónimo Bugeda, Manuel Cordero, Cruz Salido, Anastasio de Gracia, Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos y Tomás Vidarte. <<

[37] Ver Stanley G. Payne, op. cit., que también se refiere, cómo fuentes, a los documentos de la Wilhelmstrasse publicados en Washington en 1950. Y sobre todo, el ya citado Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio. <<

[38] Lizarra, Memorias de la conspiración, Pamplona, 1954, 3.ª ed., página 90. <<

[39] Sobre estos aspectos pueden consultarse las obras de Lizarza, Iribarren y Maíz, Alzamiento en España, Pamplona, 1952. <<

[40] Hay bastante imprecisión sobre cómo estaban repartidas las responsabilidades entre los jefes militares que constituían la Junta encargada del alzamiento en Madrid; ¿Villegas? ¿Fanjul? ¿García de la Herrón? ¿Álvarez de Rementeria? Sobre este particular ver Máximo García Venero, Madrid, julio 1936, Madrid, 1974. <<

[41] Hugh Thomas asegura, en cambio, que los agresores eran falangistas y da a entender que conoce la identidad por lo menos de uno de ellos. <<

[42] Sobre la muerte de Calvo Sotelo pueden consultarse La causa general que es la fuente de que se sirven todos los historiadores que simpatizan con la sublevación (y también Thomas, en lo esencial); Romero Solano, Vísperas de la guerra en España; Manuel D. Benavides, El crimen de Europa, que reproduce íntegramente F. Almagro en su Historia de la Segunda República, e Indalecio Prieto, Cartas a un escultor. El relato de Prieto termina así: «Fernando Condés, lo digo en honor suyo, pretendió efectuar una detención, desde luego arbitraria, porque a Calvo Sotelo le amparaba su inmunidad de diputado, pero luego nunca pensó que el detenido iba a ser asesinado. Se lo oí de sus propios labios, mostrándome propósitos de suicidarse como castigo al deshonor en que había caído, y fui yo quien le disuadió de ese propósito, diciéndole que la sublevación era inminentísima y que en vez de quitarse la vida debía jugársela en el campo de batalla. Y así fue. En uno de los primeros combates librados en Somosierra, Condés cayó mortalmente herido, y en ese mismo combate quedó muerto sobre el campo, Cuenca, autor material del asesinato» (págs. 40-41). Ver También: Indalecio Prieto: Convulsiones de España, I, México, 1967, págs. 157-162 en que confirma y detalla el anterior relato. <<

[43] Ver León de Poncins, Historie secrete de la révolution espagnole, París, 1938, obras citadas de Brassillach y Bardeche, Galindo Herrero, la Pastoral colectiva de los obispos españoles, el libro de David T. Cattell, Communisme and the Spanish Civil War, Univ. de California, 1955. Al citar lo hago sobre la edición italiana, I comunisti e la guerra civile spagnola, Milán, 1962. <<

[44] Ver Cattell, op. cit., págs. 72-76 principalmente. Hugh Thomas, aunque cree auténticos los documentos de la reunión de Valencia, del «soviet» de Largo Caballero y de instrucciones a milicias, juicio tan sólo comprensible por el conocimiento demasiado superficial que tiene de la España de preguerra, no cree, sin embargo, que respondieran a un plan «revolucionario, ni que influyeran en nada como causa de la sublevación». <<

[45] Galindo Herrero, op. cit., pág. 161. <<

[46] Un autor norteamericano, Herbert Rutledge Southworth, ha realizado muy recientemente un análisis casi exhaustivo sobre la pueril leyenda de unos «documentos» encaminados a justificar una rebelión. Southworth ha subrayado también algo que hasta ahora nadie había puesto de manifiesto en este debate: la reproducción, en el número del diario Claridad del 30 de mayo de 1936, de dos de los famosos «documentos confidenciales» con el «soviet» que debía presidir Largo Caballero, etc., etc. El diario socialista estimaba que se trataba «de una pieza más en el plan de agitación y terror que los fascistas están desenvolviendo con el fin de crear el clima propicio para sus siniestros designios». Se trataba, pues, del secreto de Polichinela, y quienes luego hicieron gala de una imaginación folletinesca para describir el hallazgo de tales documentos, no se tomaron la molestia de consultar las publicaciones de la prensa española. <<

[47] José María Gil Robles: No fue posible la paz, Barcelona, 1968, página 647. <<

[48] Uno de los raros jefes militares que teorizó en tiempo de la República, el general Mola, en su libro El pasado. Azaña y el porvenir, escribió: «La guerra… constituye una necesidad biológica… La guerra es sobre todo una consecuencia de la vida misma; por eso subsistirá mientras el hombre aliente sobre la tierra. Esta afirmación no necesita ser demostrada, porque es evidente, axiomática» (págs. 1134-1135 de sus Obras completas). «El militarismo, donde existe, constituye en sí una sociedad que desarrolla una civilización, es decir, una moral» (ibid., pág. 945). «Esta moral tiene por fin el engrandecimiento de la patria, por un sistema simple: la guerra… Los pueblos que por considerarse débiles, degeneran hasta carecer de ambiciones, se tragan de buena fe el anzuelo de la democracia y del parlamentarismo». <<

[1] Asensio Cabanillas en El avance sobre Madrid… (de La guerra de liberación nacional, Zaragoza, 1961) dice que el alzamiento se adelantó porque el general García Morato se había trasladado a Melilla por avión para hacerlo fracasar. La realidad parece ser que se trasladó tan sólo cuando el alzamiento había comenzado, y que fue detenido al llegar al aeródromo de Melilla. <<

[2] Según declaración de Sánchez Román, citada por Bolloten en su libro La revolución española, México, 1962, pág. 30, cuyo texto original inglés lleva por título The grand camouflage, Londres, 1961 <<

[3] Conversación confirmada por Iribarren, Bertrán Guell, Largo Caballero y Clara Campoamor en sus respectivos textos. Conviene precisar que a la hora en que tenía lugar, Mola no había proclamado aún el estado de guerra. <<

[4] El Gobierno de la mañana del 19 de julio fue éste: Presidencia y Marina, José Giral; Estado, Augusto Barcia; Gobernación, general Pozas; Guerra, general Castelló; Justicia, Manuel Blasco Garzón; Hacienda, Enrique Ramos; Trabajo, Sanidad y Abastecimientos, Juan Lluhí Vallescá; Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla; Agricultura, Mariano Ruiz Funes; Educación, Francisco Barnés; Comunicaciones y Marina Mercante, Bernardo Giner de los Ríos. <<

[5] Max Aub, Campo cerrado. <<

[6] El hecho es conocido por los documentos de los archivos secretos alemanes publicados después de la segunda guerra mundial, recogido también por las obras de Cattell y Payne y corroborado por el general Asensio Cabanillas y Luis García Arias, en sus respectivos textos de La guerra de liberación nacional. <<

[7] Ver Alfredo Kindelán. La aviación en nuestra guerra, pág. 356 de La guerra de liberación nacional y Mis cuadernos de guerra, Madrid, 1942, página 19. El 22 de julio, Franco se dirigía en demanda de ayuda a Kühlental, agregado militar alemán para Francia, Portugal y España, cuya residencia era París. El mensaje iba también firmado por el teniente coronel Beigbeder, que había acompañado a Kühlental en el viaje que éste hizo a Marruecos en octubre de 1935. (Ver Ángel Viñas, op. cit.). <<

[8] Ver Claude Couffon, A Grenade, sur les pas de García Lorca, París, 1962. Ver también Ian Gibson: La represión de 1936 en Granada y la muerte de Federico García Lorca, París, 1971. <<

[9] ABC de Sevilla. 21 de julio de 1936. <<

[10] Iribarren, El general Mola, Zaragoza, 1938, pág. 131. <<

[11] Carlos M. Rama ha estudiado con acierto este fenómeno en lo que llama la era militar. Ver La crisis española del siglo XX, México, 1960, páginas 206 y ss. <<

[12] Las fuentes esenciales para el relato de los días 17 al 20 de julio han sido los textos de Aznar, Asensio, Bertrán Guell, Bolloten, Brassillach y Bardeche, Cattell, Cuesta Monereo, García Arias, García Valiño (en La campaña del Norte), Ibárruri, Iribarren, Iturralde, Kindelán, Largo Caballero, Lojendio, Maíz, Pérez Solís, Peyrats, Zugazagoitia, etc.; las colecciones de Le Temps, de París, y de ABC, de Sevilla, los textos de Bruno Alonso y del Almirante Bastarreche para lo referente a la Flota y, en fin, numerosos testimonios personales. <<

[13] Pravda del 25 de julio comentaba duramente la noticia y añadía: «¿Qué tipo de nave era preciso que llegase de la lejana Rusia para participar en el cañoneo de las fortificaciones de costa del Marruecos español? ¿Una nave de línea, un cazatorpedero o un submarino? Nada de eso. Parece como si la U. R. S. S. no hubiera podido encontrar nada mejor que un petrolero para una operación naval frente a las costas del Marruecos español». <<

[14] Ver Le Temps. París, 25 de julio de 1936, García Arias: La política internacional en torno a la guerra de España, Brassillach y Bardeche: op. cit. El incidente de Tánger tuvo funestas consecuencias para los republicanos en el futuro desarrollo de los acontecimientos militares y diplomáticos. <<

[15] Rivas Cherif cuenta en su biografía de Azaña que éste, a los pocos días de empezar la guerra le dijo, asomados a un balcón del Palacio de los que dan al Campo del Moro: —¿Ves aquel humo? Y me señalaba la línea azul de la sierra, hacia el Alto del León. Ahí están ellos. Un día nos los encontraremos en la Plaza de Oriente. Ossorio y Gallardo dice en sus Memorias: «Este (Azaña) era sin duda el gobernante de la paz. ¿Era también el de la guerra? Creo que no. Y no hay que censurarle, sino que compadecerle. Porque lo que le pasaba era que no creyó en nuestra victoria nunca. Y que desde el primer momento nos vio perdidos. Además, los inevitables y justificadísimos extravíos que se producían en nuestras filas, a impulsos de la bien explicable indignación de los primeros instantes, le sublevaban y le descomponían. Frecuentemente me llamaba a mí su secretaria en septiembre de 1936: —Don Ángel, venga usted que este hombre se nos hunde» (pág. 226). El propio Azaña lo ha escrito en La Velada de Benicarló: «Por rechazo de la insurrección militar, hallándose el Gobierno sin medios coactivos, se produce un levantamiento proletario, que no se dirige contra el Gobierno… La obra revolucionaria comenzó bajo un Gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla». Éste era, al menos, su criterio. <<

[16] Ver César M. Lorenzo: Les anarchistes espagnols et le Pouvoir. París, 1969 (págs. 116-117). <<

[17] Salas Larrazábal, en su Historia del Ejército Popular de la República, juzga esa cifra muy exagerada. En cuanto a los batallones de Juventudes, en realidad, no eran todavía unificados sino que emanaban de las respectivas direcciones nacionales que se unificaron mes y medio después. <<

[18] Más tarde, el obispo Olaechea se doblegó ante la presión de quienes llevaban las de ganar. En cambio, el obispo Mágica explicó años después en su libro Imperativos de mi conciencia que había obrado sin tener una visión completa de lo que era la guerra. <<

[19] ABC de Sevilla, 10 septiembre de 1936. <<

[20] Spaak había participado en la reunión de Londres en nombre del Gobierno de Bruselas. <<

[21] En esta nueva redacción hemos tenido en cuenta el relato que de la entrevista de Bayreuth hace Ángel Viñas (op. cit., págs. 408-422) cuya aportación consiste en el testimonio de Bernhardt. Añade dicho autor que la carta de Franco «no se ha localizado nunca en los archivos alemanes». En cuanto a los aspectos anecdóticos de este episodio, preferimos dejarlos de lado. <<

[22] Pese a todo, gracias a la actitud personal de Pierre Cot, el Gobierno de la República pudo obtener 12 cazas Dewoitine y 6 Potez de bombardeo, de modelo bastante anticuado y sin armamento. <<

[23] Las fuentes sobre las primeras ayudas militares y el preludio de la No Intervención son hoy numerosísimas y, en primer lugar, hay que citar Les archives secretes de la Wilhelmstrasse, vol. III, L’Allemagne et la guerre civile espagnole (1936-1939), París, 1952, el Journal potitique, de Ciano, Les archives secretes du comte Ciano. Les événements survenus. Son de gran valor la parte que se refiere a este tema en La guerra civil española, de Hugh Thomas, el trabajo citado de García Arias, los dos libros de David T. Cattell, Freedom’s Battlle, de Álvarez del Vayo, Misión en España, de Claude G. Bowers. He utilizado también la colección de Le Temps. <<

[24] Estos suministros alcanzaron: año 1936, 344 000 toneladas; 1937, 420 000; 1938, 478 000; 1939, 624 000. <<

[25] Herbert Feis, The Spanish Story, Nueva York, 1948. El hecho ha sido confirmado, aunque con menos precisiones, en textos de Serrano Súñer y de Doussinague. <<

[26] Ver Brassillach y Bardeche, op. cit. <<

[27] Miguel Sanchís, artículo de la revista Avión. Madrid, 1959. Pero Aznar da una cantidad mayor de fuerzas aerotransportadas en tres meses y medio: 24 930 hombres. <<

[1] Iribarren relata su conversación con unos legionarios: «Era el uno un gigante barbudo de dientes feroces. Otro chaparro, quijarudo, moreno. Un tercero sin dientes, feotón. Todos con el pecho y los brazos signados de tatuajes.

»—¿De dónde venís? —De Badajoz. —¿Cuántos has apiolao tú?… Y el legionario de barbas sonríe con un gesto de ¡Vaya usted a saber!, en que la gloria del asalto se une a una pesadilla sangrienta» (op. cit., página número 300). <<

[2] Blackfrieirs, revista de los dominicos inglesa, decía sobre la operación de Badajoz: «Todo católico tiene que simpatizar con los católicos españoles. Pero es falso y rotundamente anticristiano el situarse por esta razón al lado de los insurrectos, y rehusar su simpatía a quienes resisten porque estiman —con razón— que se encuentran ante una tiranía reaccionaria feroz… En Badajoz, los rebeldes han celebrado la Asunción con una terrible matanza». <<

[3] Según los Foreign Relations of the United States, citados por Dante A. Puzzo en su obra Spain and the Great Powers. <<

[4] Manuel Benavides, Guerra y Revolución en Cataluña, México, 1946, págs. 323 y ss. <<

[5] Fue el siguiente: Presidencia y Guerra, Francisco Largo Caballero; Estado, Julio Álvarez del Vayo; Gobernación, Ángel Galarza; Hacienda, Juan Negrín; Marina y Aire, Indalecio Prieto; Industria y Comercio, Anastasio de Gracia (todos ellos socialistas); Justicia, Mariano Ruiz Funes (Izquierda Republicana); Agricultura, Vicente Cribe (comunista); Instrucción Pública, Jesús Hernández (comunista); Trabajo, Sanidad y Previsión, José Tomás y Piera (Esquerra); Comunicaciones y Marina mercante, Bernardo Giner de los Ríos (Unión Republicana); ministro sin cartera, José Giral (Izquierda Republicana). <<

[6] «He estado en Santa Olalla —cuenta Pietro Nenni, el 13 de septiembre—, donde se encuentra el puesto de mando del general Asensio. El general está pesimista. Dice que las Milicias están desmoralizadas». Op. cit., pág. 145 (edición italiana). <<

[7] César M. Lorenzo, op. cit., págs. 224-227. <<

[8] Aquel primero de octubre, entrevista del general Dávila publicada por La voz de España de San Sebastián (1 de octubre de 1961). La versión del general Dávila y la del general Kindelán difieren en múltiples aspectos: fechas de las reuniones, orden de discusión, redacción del decreto, etc. Ambas fuentes confirman, sin embargo, la oposición de Cabanellas y Mola, aunque Dávila atenúa la de éste. También confirman ambos que las decisiones políticas se obtuvieron en reuniones parciales después de la comida de mediodía. <<

[9] Las embajadas en Madrid, a excepción de la de los Estados Unidos, acogieron a millares de partidarios de los rebeldes, basándose en el derecho de asilo establecido por la Convención de La Habana, que jamás se había aplicado en Europa. Para acoger a los asilados habilitaron, además de las embajadas, otros locales que gozaban de extraterritorialidad: por ejemplo, el Liceo Francés de Madrid. <<

[10] Los despachos del Ministro de Portugal en el Vaticano a su Ministro de Asuntos Exteriores de 24 y 29 de julio y de 11 de agosto, demuestran la posición beligerante del Vaticano. A la «aprensión» de Pío XI a propósito de la situación en España reflejada en el telegrama del día 24 sucede que «los medios del Vaticano consideran la situación como muy peligrosa, sobre todo por la significación subversiva y por el gravísimo hecho de que el Gobierno haya armado a todo el pueblo, obreros, campesinos, jóvenes y mujeres», según telegrama n.º 23, confidencial y reservado del citado ministro (Quevedo). El 11 de agosto, siempre según el diplomático portugués. «El Vaticano ha protestado con energía ante el Gobierno de Madrid contra el incendio de iglesias, asesinato de religiosos, violaciones y profanaciones de cadáveres realizados por los comunistas» (sic). (Ver op. cit., t. III, págs. 27-52-53 y 122). <<

[11] Informe oficial reproducido en 1939 por la prensa alemana y citado por Bolloten, op. cit., págs. 96-97. También en octubre se creó en Berlín el Estado Mayor Espacial W para organizar la ayuda a la España de Franco, organismo que, a partir de noviembre, fue dirigido por el general Jaenecke. <<

[12] Este asunto ha sido relatado por Alai el-Fasi en su libro Los movimientos de independencia en el Magreb árabe, y recogido por García Arias, op. cit., págs. 524-527. Se dice allí que llegó a existir un pacto entre el Comité de Acción Nacionalista Marroquí y los partidos políticos catalanes. <<

[13] Aguirre fue elegido presidente por 291 471 votos contra 100 obtenidos por Ramón de Madariaga. El Gobierno vasco quedó así constituido: Presidencia y Guerra, José Antonio de Aguirre (nacionalista); Justicia y Cultura, Jesús María de Leizaola (nacionalista); Gobernación, Telesforo de Monzón (nacionalista); Obras Públicas, Juan de Astigarrabía (comunista); Industria, Santiago Aznar (socialista); Comercio y Abastecimientos, Ramón María de Aldaroso (Izquierda Republicana); Hacienda, Eliodoro de la Torre (nacionalista); Trabajo, Previsión y Comunicaciones, Juan de los Toyos (socialista); Sanidad, Alfredo Espinosa (Unión Republicana); Agricultura, Gonzalo Nárdiz (Acción Nacionalista). <<

[14] Quedó formado así: Primer consejero, y Hacienda, José Tarradellas (Esquerra); Defensa, Felipe Díaz Sandino (militar); Seguridad Interior, Artemio Aguadé (Esquerra); Justicia, Andrés Nin (P. O. U. M.); Economía, Juan P. Fábregas (C. N. T.); Agricultura, José Calvet (Unió de Rabassaires); Abastecimientos, Juan Doménech (C. N. T.); Trabajo, Miguel Valdés (P. S. U. C.); Cultura, Ventura Gassol (Esquerra); Sanidad, Antonio García Birlán (C. N. T.); Servicios Públicos, Juan Comorera (P. S. U. C.); consejero sin cartera, Rafael Glosas (Acció Catalana). <<

[15] Cada columna estaba compuesta por dos labores de Regulares o Mehala (450 hombres cada uno), una bandera del Tercio (600 hombres), una o dos baterías de artillería y los elementos necesarios de ingenieros, sanidad e intendencia. El conjunto de tuerzas en primera línea era de, unos doce mil hombres. <<

[16] Este contraataque fue anunciado la noche precedente por el Ministerio de la Guerra. <<

[17] Este pacto se estableció a raíz del famoso mitin celebrado en la plaza de toros La Monumental, y allí Rafael Vidiella se abrazó con el confederal Vázquez. <<

[18] Las fuentes esenciales utilizadas para la historia de la batalla de Madrid han sido los textos de Aznar, Brassillach, Koltsov, Colodny, Lojendio, Longo, López Fernández y Rojo: las colecciones de ABC de Sevilla, Ahora de Madrid y Le Temps de París, así como numerosos recuerdos personales. El texto de Asensio sirve tan sólo para los preliminares: más carde, para las batallas del Jarama. Guadal ajara y Brunete. <<

[19] Era éste: Presidencia y Guerra, Francisco Largo Caballero (socialista); Estado, Julio Álvarez del Vayo (socialista); Marina y Aire, Indalecio Prieto (socialista); Hacienda, Juan Negrín (socialista); Gobernación, Ángel Galarza (socialista); Justicia, Juan García Oliver (C. N. T.-F. A. I.); Industria, Juan Peiró (C. N. T.); Agricultura, Vicente Uribe (comunista); Obras Públicas, Julio Just (Izquierda Republicana); Comercio, Juan López (C. N. T.); Trabajo, Anastasio de Gracia (socialista); Instrucción Pública, Jesús Hernández (comunista); Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos (Unión Republicana); Sanidad, Federica Montseny (C. N. T.-F. A. I.); Propaganda, Carlos Esplá (Izquierda Republicana); ministros sin cartera, José Giral (Izquierda Republicana), Manuel de Irujo (nacionalista vasco), Jaime Aguadé (Esquerra Republicana de Catalunya). Azaña, en sus Memorias, va más lejos: «Que no solamente contra mi opinión, sino contra mi protesta más airada, se impuso la modificación ministerial de noviembre, con la entrada de la C. N. T. y los anarquistas, aconsejada como inevitable y útil por Los mismos republicanos». Op. cit., tomo IV, pág. 592. <<

[20] Es curioso señalar que ya estaba impreso el número del diario Arriba anunciando la entrada en Madrid. <<

[21] La fecha es posterior a la real (un día), como en toda la prensa parisiense de la tarde. <<

[22] La orden que correspondía al general Miaja decía así: «El Gobierno ha decidido, para poder continuar su primordial cometido de defensa de la causa republicana, ausentarse de Madrid, y encarga a V. E. la defensa de la capital a toda costa. A fin de que se le auxilie en cometido tan trascendental, al margen de los organismos administrativos, que continuarán actuando como hasta ahora, se constituye en la capital una Junta de Defensa de Madrid, con representaciones de todos los partidos políticos que forman parte del Gobierno (…). En caso de que, a pesar de todos los esfuerzos que se realicen para conservarla, haya que abandonar la capital, ese organismo quedará encargado de salvar todo el material y elementos de guerra (…). En tal caso desgraciado, las fuerzas procederán a la retirada en la dirección de Cuenca, para establecer una línea defensiva en el lugar que indique el general Jefe del Ejército del Centro…». <<

[23] Zugazagoitia ha escrito que Prieto le dijo: «Dentro de tres días estarán en la Puerta del Sol». Tengo por testigo presencial esta otra opinión de Prieto. Acababa de llegar el Gobierno a Valencia; en el Hotel Inglés de aquella ciudad se sentaban a cenar Prieto, Lamoneda y algún otro dirigente más. El ministro de Marina y Aire, sacudiéndose —con un gesto muy suyo— las rodillas con la servilleta, dice: «Dos meses… y a palmar». <<

[24] El ministro de la Guerra, Von Blomberg, daba instrucciones el 30 de octubre, sobre la ayuda militar alemana a la España «nacionalista». En mayo de 1939 publicaba la revista Die Wehrmacht un estudio del general alemán, de aviación Sperrle, precisando que a principios de noviembre de 1936 llegaron a Cádiz 6500 voluntarios alemanes. Sperrle añadía: «Alemania creó igualmente en España una organización de instrucción muy ramificada, que instruyó en primer lugar a los jefes de Infantería, y luego a las tropas de las otras armas. Los instructores alemanes dieron igualmente cursos sobre el uso de lanzaminas, servicios de exploración, protección contra gases, etc. (…). Incluso la Marina de guerra española recibió para sus aspirantes y suboficiales una educación alemana de Infantería». Y precisaba que el número de militares españoles que recibió esa instrucción era de 56 000. En cuanto a los blindados, el coronel barón Von Funck explicó en 1939 en Die Wehrmacht que desde septiembre de 1936 se envió a España una sección de carros… y que «los soldados alemanes tomaron Darte en los combates en sus propios tanques». <<

[25] Formaban la Junta; Presidencia, general José Miaja; Secretaría, Fernando Frade (socialista); Guerra, Antonio Mije (comunista); Orden Público, Santiago Carrillo (Juventudes Socialistas Unificadas); Industrias, Amor Nuño (Juventudes Libertarias); Abastos, Pablo Yagüe (U. G. T. comunista); Comunicaciones, José Carreño (Izquierda Republicana); Hacienda, Enrique Jiménez (Unión Republicana); información, Mariano García (C. N. T.); Evacuación, Francisco Caminero (partido Sindicalista). Cada miembro de la Junta tenía su respectivo suplente. Durante los once primeros días de su existencia, la Junta se reunió cotidianamente. A la reunión del día 11 asistió también el ministro Álvarez del Vayo y a las del 12 y 13, los ministros García Oliver y Montseny. También asistió el general Pozas a la reunión del día 11. No obstante, el día 15 hubo dos conferencias por teletipo muy tensas entre el general Miaja (sostenido por la Junta) y el subsecretario de Guerra, general Asensio, y un telegrama muy crítico dirigido por Largo Caballero a Miaja el día 17, acusándole de no obedecer sus órdenes. Miaja respondió ofreciendo su cargo. El asunto se suavizó, momentáneamente, mediante la visita a Valencia, de una comisión de La Junta, que parlamentó con Caballero. <<

[26] Se ha convertido en objeto de debate histórico la cuestión de la fecha de entrada en fuego de las Brigadas Internacionales, después de que el general Rojo explicó la versión que, en líneas generales, reproducimos en nuestro texto (Vicente Rojo: Así fue la defensa de Madrid, México, 1967, págs. 82-87). Salas Larrazábal afirma que la XI Brigada estaba en línea el 7 de noviembre (op. cit., t. I, pág. 584) apoyándose en una orden firmada por el mismo Rojo. Lo que se reproduce en el tomo III de la misma obra es un estadillo de fuerzas del 8 de noviembre, donde está la XI Brigada, pero no se indica la fuente. Delperrie de Bayac sitúa también en el día 7 la entrada en línea de la XI Brigada. Luigi Longo (Le Brigate Internationale in Spagna, pág. 73) es muy preciso. Es el 9 de noviembre cuando los batallones «Commune de París» y «Dombrowski» de la XI Brigada entran en línea delante de la Ciudad Universitaria, y su E. M. se instala en la Facilitad de Filosofía y Letras. <<

[27] ABC, de Sevilla. 10 de noviembre de 1936. <<

[28] Este había llegado el día 14 a Madrid, procedente del frente de Aragón, al mando de 3000 hombres perfectamente equipados. <<

[29] Sin embargo. Salas Larrazábal (op. cit., t. I, pág. 621) trata este hecho de «patraña» y de «increíble anécdota… recogida por Koltzov y reproducida por multitud de escritores…». (Salas sitúa «el invento» el día 14). En efecto. Koltzov habla de ello en su diario (15 de noviembre, página 233) y también Hidalgo de Cisneros. La prensa diaria publica la noticia y fotos (ver Ahora, 17-11-1936). El general soviético Prokofiev (que combatía entonces en España), relata este hecho (Bajo la bandera de la España republicana, pág. 385) afirmando que la víctima era Primo Gibelli, de origen italiano, pero aviador soviético ya que vivía en aquel país desde 1921. Sin embargo Prokofiev dice que Gibelli fue derribado en las cercanías de Pinto y que se lanzó en paracaídas, mientras que Koltzov e Hidalgo hablan de «aterrizaje forzoso» hacia Segovia. Nos limitamos a dar los elementos del debate que no por versar sobre tema trágico deja de ser episódico. <<

[30] Le Temps del 18 de noviembre comentaba así los bombardeas contra la población civil de Madrid: «Se adivina que el generalísimo Franco habrá tenido penosas dudas antes de resignarse a un acto tan cruel Pero le era imposible esperar más, a menos de comprometer el éxito final de su empresa. Por otra parte, los horribles desórdenes de que Madrid viene siendo teatro desde hace algún tiempo, le obligan naturalmente a precipitar su acción». Según consta en las actas de la Junta de Defensa, las fuerzas de Durruti, sostenidas por el responsable político de días (y contra el criterio de Durruti) se negaron a entrar en línea en la mañana del 14 de noviembre; al día siguiente —siempre según dichas Actas— esas fuerzas y las de la Brigada Catalana fueron presas de pánico cuando un grupo de moros atravesó el río Manzanares por lugares fuera de los puentes. La preocupación por la situación de dichas fuerzas se expresa en la conferencia por teletipo que el general Miaja celebra con el general Asensio a primeras horas de la noche del día 15. <<

[31] ¡Madrid. Madrid!, ¡qué bien tu nombre suena, / rompeolas de todas las Españas! / La tierra se desgarra, el cielo truena. / Tú sonríes con plomo en las entrañas. <<

[32] Ver «Dez anos de política externa» (documentos diplomáticos portugueses), t. III, págs. 546-553. <<

[33] En el juicio oral José Antonio Primo de Rivera dijo que trabajó «para impedir que se produjera» (el alzamiento) y que «había sido deliberadamente aislado». <<

[34] «Pero como el deber de defensa me aconsejó no sólo ciertos silencios, sino ciertas acusaciones fundadas en sospechas de habérseme aislado adrede, en medio de una región que a tal fin se mantuvo sumisa, declaro que esta sospecha no está ni mucho menos comprobada por mí…». Sin embargo, hubo dos testamentos de José Antonio Primo de Rivera y sólo se ha conocido uno de ellos. <<

[35] Esta afirmación es contradicha por José María Mancisidor en su libro Frente a frente (Madrid, 1963), que contiene los documentos del proceso. El autor sostiene que Largo Caballero firmó el «enterado». <<

[36] Los principales jefes de milicias falangistas eran, al parecer. Girón, González Vicén y Castelló, que crearon unas pequeñas escuelas militares en Salamanca y Sevilla. Los profesores de la Primera eran oficiales alemanes. Es curioso señalar que precisamente por haber intentado crear una escuela militar fue desterrado de España, por el General Franco, el jefe tradicionalista Fal Conde. <<

[37] Ver Francisco Villena, Las estructuras sindicales de la guerra civil española, Madrid, 1963, que todavía funcionaba aparte de la Central Obrera Nacional Sindicalista. <<

[38] El total de tierras expropiadas durante la guerra (sin contar Cataluña) fue de 5 458 885 ha, de ellas 2 928 975 en forma de colectividades. Éstas fueron 2213; 823 de la U. G. T., 284 de la C. N. T. y 1106 mixtas. (Pascual Carrión, La reforma agraria de la Segunda República, Barcelona, 1973, págs. 135-136). <<

[39] En la colectivización la empresa es propiedad colectiva de todos los que trabajan en ella; en la sindicalización la empresa es propiedad del sindicato y los derechos del trabajador hacia ella lo son en tanto que sindicado. <<

[40] En Bilbao continuaron sus operaciones financieras empresas como la Basconia, Altos Hornos de Vizcaya, Sierra Menera, etc. <<

[41] Nota del ministro de Industria anunciando la incautación provisional por el Estado de todas las minas de carbón y plomo, aparecida en La Vanguardia, de Barcelona, el 24 de abril de 1937. <<

[42] Lovedey, British Trade Interests and the Spanish War, Londres, año 1938. <<

[43] Lo que ya no dice es que la empresa ordenó a su personal que se negase a toda colaboración y que abandonase sus puestos, a pesar de que se trataba (o precisamente a causa de ello) de una de las más importantes fuentes de suministro de energía en Cataluña. <<

[44] Los siguientes datos sobre la evolución de las cotizaciones en Bolsa de las acciones de Río Tinto son más elocuentes que una docena de discursos del representante del Foreign Office: 20 julio 1936 (los mineros ocupan las minas), 975: 1.º de septiembre (Queipo ocupa las minas), 1000; fines de septiembre (toma de San Sebastián), 1200; noviembre-diciembre (asedio a Madrid), 2600; febrero 1937 (toma de Málaga), 2700 a 3000; marzo 1937 (batalla de Guadalajara), 2500. <<

[45] Es decir. 1 581 642 400 pesetas oro, de un total de 2 558 569 908 que constituían las reservas. Es interesante señalar que el entonces joven y ya prestigioso economista Jesús Prados Arrarte, preconizaba la exportación del oro en un artículo, Economía de guerra, publicado por El Mono Azul del 17 de septiembre de 1936: «Contando, pues, con un déficit de nuestra balanza de comercio, que en forma alguna podrá ser compensado por un superávit de la balanza de pagos, no queda otro remedio que la exportación del oro del Banco de España (…). El metal amarillo no juega otro papel que el de reserva para casos de extrema gravedad (en una ordenación monetaria como la española) y no creo pueda dudarse que la lucha a muerte contra el fascismo representa un caso de esta índole». También señalaba Prados Arrate la necesidad de organizar rápidamente el racionamiento de la población. <<

[46] Hidalgo de Cisneros, Memorias, t. II, págs. 394-396. <<

[47] Datos dados por el Financial News de 7 de octubre de 1937 y por el Daily Telegraph del 30 del mismo mes, transcritos por Cattell, op. cit. <<

[48] De primer interés es un testimonio reciente del que fue entonces embajador de España en la U. R. S. S., Dr. Marcelino Pascua: Oro español en Moscú. «Cuadernos Data el Diálogo», n.º 81-82, junio-julio 1970. Véase también el estudio del profesor Juan Sarda, El Banco de España 1931-1962 en el libro El Banco de España: una historia económica, Madrid. 1970. <<

[49] Contribuyó en buena parte a consolidar la autoridad del Estado, el desarrollo y organización que dio Negrín, como ministro de Hacienda, al cuerpo de Carabineros, muy disciplinado, cuyas unidades alcanzaban 30 000 hombres al comenzar el año 1937. <<

[50] Pemán iba con el ejército que avanzaba sobre Madrid. La primera página de ABC de Sevilla, del 7 de noviembre de 1936, está ocupada por una fotografía en la que se ve a Pemán, en unión del marqués de Luca de Tena, García Sanchiz y Sánchez del Arco, todos con el general Varela, momentos después de la ocupación de Griñón. <<

[51] Algunos, como Salvador de Madariaga, se colocaron en una posición aparentemente neutra. <<

[52] Prólogo del profesor Loscertales al libro de Aragonés, Economía corporativa, Salamanca. 1939. <<

[1] Roberto Cantalupo dice en su libro Embajada en España (Fu la Spagna, Milán, 1948): «A cada salto hacia adelante de las fuerzas franquistas, correspondía otro de los agentes de Eden cerca de Franco». A fines de enero de 1937, el Foreign Office envié a Salamanca al capitán D. Winterbottom para discutir con Franco sobre acuerdos comerciales y de la situación de las minas de Río Tinto (Ver Le Temps, del 27 de enero de 1937). <<

[2] Dos semanas antes, Luis y José Alcalá Zamora, hijos del expresidente de la República, habían abandonado Francia para alistarse en las filas del Ejército republicano. Las gestiones que hizo su padre ante las autoridades francesas para frustrar este viaje resultaron a la postre infructuosas. El 29 de enero de 1937, Gregorio Marañón Moya, hijo del sabio médico, salía de París, rumbo a Salamanca, para incorporarse a las fuerzas franquistas. Aquel mismo día. José de Unamuno, hijo de don Miguel, era ascendido, por méritos de guerra, a teniente de la Artillería republicana. <<

[3] Días antes, Faupel había informado a su Gobierno de la buena marcha de las negociaciones para disponer del 60 por ciento de la producción de Río Tinto, lo que sin duda estaba relacionado con la misión británica enviada a España, de la que hemos hecho mención. <<

[4] Vittorio Vidali, conocido en España por el nombre de Comandante Carlos, fue uno de los organizadores del Quinto Regimiento. <<

[5] El total de las fuerzas puestas en línea por los republicanos no llegó a 30 000 hombres, de los cuales sólo unos 5000 pertenecían a Brigadas internacionales. <<

[6] «Carecíamos de reservas para relevar aquellas tropas —dice el general Rojo—, pues todas estaban empeñadas en la lucha desde trece días antes. Por ello las jornadas siguientes tuvieron de invertirse en restablecer un frente de combate y un dispositivo de fuerzas que habían quedado desorganizados por la victoria». <<

[7] Asensio Cabanillas, op. cit., pág. 182. <<

[8] Vicente Rojo. España heroica, 2.ª ed., México, 1961, pág. 76. <<

[9] Ver la correspondencia sobre el particular cruzada entre el general Llano de la Encomienda y el presidente Aguirre, reproducida por Dolores Ibárruri en su libro El único camino, París, 1962, pág. 375 y ss. <<

[10] El Padre Alberto Onaindía ha relatado así los hechos: «Llegué a Guernica el 26 de abril, a las cuatro cuarenta de la tardé. Apenas había bajado del coche cuando comenzó el bombardeo. La gente estaba aterrorizada. Los campesinos huyeron, abandonando sus animales en el mercado. El bombardeo duró hasta las siete cuarenta y cinco. Durante ese tiempo no pasaban cinco minutos sin que el espacio se viera ennegrecido por los aviones alemanes. El método de ataque fue siempre el mismo. Primeramente hacían fuego de ametralladora; después lanzaban las bombas explosivas y, finalmente, las incendiarias. Los aviones volaban muy bajo, arrasando los caminos y bosques con fuego de ametralladora, y en las cunetas de las carreteras se amontonaban juntos, tirados al suelo, hombres, mujeres y niños… Se oían gritos de dolor por todas partes, y las gentes, llenas de terror, se arrodillaban, levantando sus manos al ciclo, como si implorasen a La Divina Providencia». <<

[11] Según Hugh Thomas, que ha consultado los archivos carlistas de Sevilla, fue Garcerán y no Gamero quien asistió a estas reuniones. Añade que Hedilla estaba informado de su celebración. Por el contrario, Payne afirma que Hedilla sólo se enteró después que habían tenido lugar. <<

[12] La evolución de Acción Popular durante los primeros seis meses de la guerra fue muy significativa: representaba el criterio de una parte de la derecha que no había participado, por Jo menos de manera activa, en la preparación del alzamiento, pero que al transformarse éste en guerra, con todas sus consecuencias político-sociales, abrazó la causa de los insurgentes. <<

[13] Ver Bolloten, op. cit., págs. 278 y ss. <<

[14] Ver Le Temps, del 28 de febrero de 1937. <<

[15] Estaba, formado así: Primer consejero y Finanzas, José Tarradellas (Esquerra); Gobernación, Artemio Aguadé (Esquerra); Cultura, José María Sbert (Esquerra); Defensa, Francisco Isgleas (C. N. T.); Economía, Diego Abad de Santillán (C. N. T.); Sanidad, Pedro Herrera (C. N. T.); Abastecimientos, Juan Comorera (P. S. U.); Justicia, Rafael Vidiella (P. S. U.); Trabajo, Miguel Valdés (P. S. U.); Agricultura, José Calvet (Unió de Rabassaires). <<

[16] Era éste: por la Esquerra, José Tarradellas, primer consejero y Finanzas; Artemio Aguadé, Gobernación; José María Sbert, Cultura. Por el P. S. U.: Juan Comorera, Justicia; Rafael Vidiella. Trabajo; José Miret, Abastecimientos. Por la C. N. T.: Francisco Isgleas, Defensa; Aurelio Fernández, Sanidad; Juan Doménech, Servicios Públicos; Andrés Capdevila, Economía. Por la Unió de Rabassaires: José Calvet, Agricultura. <<

[17] Cipriano Rivas Cherif, op. cit., pág. 275. <<

[18] Azaña ha escrito sobre su entrevista con Besteiro, en el aeródromo de Manises: «… hablamos cerca de una hora… Le inculqué mis ideas sobre la llamada mediación, suspensión de hostilidades, etc. Pareció encontrarlas acertadas». Op. cit., tomo IV, pág. 588. <<

[19] Azaña da a entender que Besteiro no había acertado a expresar su posición a Eden. Op. cit., tomo IV, págs. 555-556. <<

[20] Serrano Súñer, Entre Hendaya y Gibraltar, Madrid, 1974, páginas 30-31. <<

[21] Las principales fuentes utilizadas para relatar la crisis de abril en Salamanca son: Payne, Falange: a history of spanish fascism (que se basa no sólo en textos, sino también en numerosos testimonios orates); Serrano Súñer. Entre Hendaya y Gibraltar de Hedilla y Serrano Súñer, con varias cartas más sobre los sucesos de abril (1947); Luis Pagés, La traición de Franco. ¡Arriba España! Sin fecha, impreso en Madrid, probablemente a fines de 1937; Archives secretes… núm. 248, 1 de marzo de 1937. Textos del discurso de unificación (Franco) y del Decreto con su preámbulo. Testimonios que Dionisio Ridruejo ha tenido la amabilidad de comunicar al autor. M. García-Venero: Falange-Hedilla y H. R. Southworth: Antifalange. <<

[22] El decreto 260, de 22 de abril de 1937 decía en su artículo único: «Son miembros del Secretariado político de F. E. T. y de las J. O. N. S. don Manuel Hedilla, don Tomás Domínguez Arévalo, don Darío Gazapo, don Tomás Ruiz Espejo, don Joaquín Miranda, don Luis Arellano, don Ernesto Giménez Caballero, don Pedro González, don Ladislao López Bassa». <<

[23] Quedaba suprimido el Punto 27 del Programa original de Falange, que decía así: «Nos afanaremos por triunfar en la lucha sólo con las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos muy poco. Sólo en el empuje final para la conquista del Estado gestionará el mando las colaboraciones necesarias, siempre que este asegurado nuestro predominio». <<

[24] Los Amigos de Durruti representaban la tendencia anarquista opuesta a la militarización y publicaban el periódico El Amigo del Pueblo. <<

[25] La C. N. T. había interferido más de una vez las comunicaciones telefónicas del Gobierno Central con el de Cataluña, con el presidente de la República y con los embajadores en el extranjero. <<

[26] Sesé cayó en la calle de Caspe cuando se dirigía a tomar posesión de su cargo de consejero de la Generalidad en el nuevo Gobierno de compromiso, formado por cuatro consejeros: Sesé, por la U. G. T.; Valerio Mas, por la C. N. T.; Carlos Martí Feced, por la Esquerra: Joaquín Pou, por la Unió de Rabassaires. <<

[27] El llamamiento del Comité Regional de la C. N. T., publicado por Solidaridad Obrera del 8 de mayo, empieza así: «Terminado el trágico incidente que ha llenado de luto a Barcelona, y para que todo el mundo sepa a qué atenerse, el Comité Regional de la C. N. T. y la Federación Local de Sindicatos Únicos manifiestan su voluntad unánime de colaborar con la mayor eficacia y lealtad al restablecimiento del orden público en Cataluña, cesando con la etapa de actuación partidista que llevó precisamente a la situación insostenible que desencadenó la tragedia». <<

[28] Archives secretes… núm. 254, que condene el informe del embajador en España al ministro de Asuntos Extranjeros, fechado en Salamanca, el 11 de mayo de 1937. <<

[29] Largo Caballero confirmó su acritud en un discurso de octubre de 1937. En cuanto a la querella sobre el proyecto de operación en Extremadura, las Memorias de Azaña son bastante explícitas. Según el Presidente, Largo Caballero y Casado habían planeado conjuntamente dicha operación, y el primero acusaba a Miaja de insubordinación por haberle enviado un escrito —firmado por los jefes militares más importantes de la defensa de Madrid— opuesto a dicho proyecto. El criterio de Azaña era muy distinto, tanto más cuanto que pudo comprobar que las órdenes de Caballero habían sido cumplidas por el Mando de Madrid, pese a no estimarlas oportunas (se trataba de sacar siete brigadas del Frente de Madrid y enviarlas para la proyectada operación de Extremadura). (Ver Azaña, op. cit., y tomo V, págs. 589-591). El documento en cuestión (que hemos podido consultar en su primera copia existente en la Biblioteca del Congreso de Washington) estaba firmado por Miaja. Rojo, el Comisario del Ejército del Centro Francisco Antón y los Jefes y Comisarios de los Cuerpos del Ejército X, XX, XXX, IX, V y VI. Tras consideraciones sobre los inconvenientes de las medidas dictadas, se llega a las siguientes conclusiones:

1. —Que el Ejército del Centro facilite cuantos medios considere necesarios al Mando Superior para el éxito de las operaciones proyectadas, aunque éstas se ignoren.

2. —Que se considere conveniente, para la mayor eficacia en nuevas operaciones que puedan planearse, una colaboración más estrecha entre los Mandos superiores. V. E. y su E. M.

3. —Que se tenga en cuenta la situación defensiva en que queda este Ejercito, la posibilidad de una ofensiva enemiga en sus frentes, y la falta de medios para contenerla.

4. —Que se tenga en cuenta la situación moral de los combatientes para abrir cauce a operaciones ofensivas en todos los frentes y principalmente con la finalidad de alejar la presión sobre Madrid.

5. —Que se imponga una inmediata movilización de hombres para asegurar con tiempo suficiente la instrucción y que las unidades puedan conservaren todo momento su plantilla.

6. —Que a falta de otras unidades con que aumentar sus reservas, se dote a este Ejército de un mínimo de 15 000 fusiles, artillería pesada, ametralladoras y fusiles ametralladores en cantidad suficiente para dejar dotadas a sus Brigadas como lo están las recientemente organizadas. <<

[30] El Comité Nacional de la U. G. T., reunido a fines de mayo, desautorizó la conducta de la Comisión Ejecutiva, por 24 votos contra 14, y decidió prestar apoyo al Gobierno Negrín. La Comisión Ejecutiva replicó con la expulsión de 29 Federaciones (de las 42 que constituían la U. G. T.) con el pretexto de falta de pago de cotizaciones. A su vez, el Comité Nacional reunido en Valencia, en octubre no aceptó esa medida y nombró otra Comisión Ejecutiva. Esta situación de escisión duró hasta enero de 1938.En cuanto a la C. N. T., el Pleno Nacional, reunido el 1.º de junio, se mostró de acuerdo en colaborar con el Gobierno Negrín. <<

[31] Estaba formado así: Presidencia y Hacienda, Juan Negrín; Estado, José Giral; Defensa (Guerra. Marina y Aire), Indalecio Prieto; Gobernación, Julián Zugazagoitia; Agricultura, Vicente Uribe; Instrucción Pública, Jesús Hernández; Justicia, Manuel de Irujo; Trabajo, Jaime Aguadé; Comunicaciones y Obras Públicas, Bernardo Giner de los Ríos. Álvarez del Vayo no era ministro, pero seguía de Comisario general de Guerra y de representante de España en la S. de N. <<

[32] Jesús Hernández. Yo fui ministro de Stalin. México, 1953, pág. 115. <<

[33] Faupel reprodujo las palabras del general Franco sobre discrepancias con Mola en la dirección de las operaciones, en su informe fechado en Salamanca el 9 de julio de 1937. Núm. 390 de los Archivos de la Wilhelmstrasse. <<

[34] Esta es la operación descrita por Hemingway en Por quién doblan las campanas. <<

[35] Ver pág. 422 de esta misma obra. <<

[36] El texto íntegro, editado en trece lenguas, puede consultarse en la obra del Padre Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, Madrid, 1961. <<

[37] Archives secretes, núm. 301, 11 de junio de 1937. <<

[38] Conferencia de Peiró sobre su gestión en el ministerio de Industria. La Vanguardia, de Barcelona. 4 de junio de 1937. <<

[39] Un botón de muestra del régimen de propiedad en el País Vasco, lo obtenemos consultando el Boletín Oficial del País Vasco del 10 de marzo de 1937. He aquí un anuncio, como cualquier otro de tiempos normales: «Don Manuel Romero Jiménez solicita permiso para instalar una fundición de metales en el barrio de Ecalde, pabellón conocido por La Cacharrería, situado en la calle particular, sin nombre, contigua a La Tonelera del Norte» (…). El Boletín del día siguiente (otros ejemplos) convocaba las Juntas generales de accionistas del Banco Urquijo Vascongado y de la Naviera Muncada. <<

[40] Diose el caso curioso de numerosas colectividades dominadas por la C. N. T. que no aprovecharon estas ventajas «por no ver comprometida su independencia». <<

[41] El texto de Machado, publicado en Ahora, de Madrid, el 1.º de mayo de 1937, dice así: «A los estudiantes os está reservado un gran papel en la revolución, ya que toda revolución no es sino una rebelión de menores. Además: yo he tenido siempre un alto concepto de vosotros. He expresado ya en otras ocasiones que la enseñanza española no podía reformarse, encauzarse de manera eficaz, sin la colaboración de los estudiantes. Tampoco he creído justa la idea del estudiante apolítico. Los estudiantes deben hacer política, si no la política se hará contra vosotros». <<

[1] General Vicente Rojo, op. cit., págs. 82-83. <<

[2] Arturo Barea, La Forja. <<

[3] Testimonio del catedrático Ángel Palacio Gros, en aquel tiempo jefe del Estado Mayor de la 46 División: «Cuando atacábamos Quijorna se presentó José María Galán en nuestro puesto de mando. Se quejó de que Casado, a cuyo Cuerpo de Ejército pertenecía la División que mandaba Galán, le tenía atado de pies y manos, le cortaba toda iniciativa y hasta le había ordenado situar las ametralladoras en aquellos lugares que él estimó oportunos haciendo caso omiso de la opinión de Galán. Galán opinó que, con las medidas de tipo militar ordenadas por Casado (y que él tenía que obedecer necesariamente), le parecía muy dudosa la posibilidad de tomar Villafranca del Castillo. Las predicciones de Galán se cumplieron (…) Una vez terminada la batalla de Brunete, fuimos a Valencia Modesto, el Campesino y yo; allí nos hospedamos en un hotel de la calle Ribera y en la habitación de Modesto, éste nos rogó que sacase un informe que había dentro de su maleta y que lo leyese —con la finalidad de que el Campesino tuviese conocimiento de él—. En dicho informe, dirigido al general Rojo, se analizaban las causas del fracaso parcial de la ofensiva; mientras el V Cuerpo cumplió todos los objetivos que el Estado Mayor le había asignado, el XVIII Cuerpo, mandado por Casado, no cumplió parte de la misión que se le había encomendado, incurriendo en proezas desde el punto de vista militar que resultaba difícil creer fuesen involuntarias». <<

[4] Asensio, op. cit., pág. 191. <<

[5] La Asociación Internacional de Escritores había decidido, antes de que comenzase la guerra, que este Congreso se celebrase en Madrid. <<

[6] José Ortega y Gasset, instalado en el extranjero, criticó ásperamente a Einstein por esta adhesión. <<

[7] Prieto sostuvo después que él ignoraba la decisión. Esta ignorancia resulta extraña, tratándose del ministro de Defensa, si bien es verdad que la orden fue firmada por Zugazagoitia y que fueron los ministros comunistas quienes más insistieron para llegar a ese resultado. <<

[8] En su última etapa, el Consejo de Aragón comprendía, no obstante, representantes de todas las organizaciones y partidos: republicanos, comunistas, socialistas, C. N. T. y U. G. T. La hegemonía, sin embargo, seguía siendo anarquista. El Consejo fue disuelto por las fuerzas de la 11 división, en cumplimiento de órdenes directas del Ministro de Defensa, Prieto, y del General Pozas, Jefe del Ejército del Este. Fue nombrado Gobernador general de Aragón, José Ignacio Mantecón. Dos versiones contradictorias de este asunto pueden verse en Líster: Nuestra guerra, (págs. 151-162) y C. M. Lorenzo: Les anarchistes espagnols et le pouvoir (págs. 305-310). <<

[9] General Gámir Ulíbarri, Guerra de España, París, 1939, pág. 84. <<

[10] Gámir Ulíbarri, op. cit., págs. 83-84. <<

[11] Cuando Prieto, enterado a posteriori de la capitulación de Santoña, planteó el asunto en Consejo de Ministros, nadie, ni siquiera Irujo, defendió el comportamiento de aquella minoría vasca. <<

[12] Giacomo Calandrone. La Spagna brucia, Roma, 1962, pág. 193 <<

[13] Cuenta Francesco Fausto Nitti que las mujeres de Belchite, creyendo que los vencedores eran rusos, gritaban aterradas a la puerta de sus casas: «¡Viva Rusia! ¡Viva Stalin! ¡Vivan los cosacos!». Un comisario les respondió: «Somos españoles, compañera» y con un gesto cómico añadió: «Y yo soy de la Barceloneta». Les hablan dicho que Belchite estaba sitiado por cuatro divisiones rusas. Ver Francesco Fausto Nitti, Il Maggiore e un rosso, Milán, 1953. <<

[14] «La Asamblea… 4.º Lamenta que, pese a los esfuerzos de la mayoría de sus miembros, a cuyos esfuerzos rinde homenaje, no sólo el Comité de Londres no ha conseguido asegurar la retirada de voluntarios no españoles que participan en la lucha de España, sino que actualmente hay que reconocer la existencia en territorio español de verdaderos cuerpos de ejército extranjeros, lo que constituye una intervención extranjera en los asuntos de España». <<

[15] Archives secretas y, particularmente, el núm. 454, informe enviado por Stohrer a su Gobierno el 24 de octubre de 1937. <<

[16] El Gobierno de la Generalidad, desde mediados de 1937 hasta el fin de la guerra, estuvo formado así: Presidencia, Luis Companys; Gobernación, José María Sbert (Esquerra); Finanzas, José Tarradellas (Esquerra); Cultura, Carlos Pi y Súñer (Esquerra); Economía, Juan Comorera (P. S. U.); Trabajo y Obras Públicas, Rafael Vidiella (P. S. U.); Abastecimientos, Miguel Serra Pàmies (P. S. U.); Justicia, Pedro Bosch Gimpera (Acció Catalana); Agricultura, José Calvet (Unió de Rabassaires). <<

[17] Archives secretes, núm. 472, 27 de noviembre de 1937. <<

[18] Veinticinco años más tarde, Eremburg ha contado en sus Memorias (ver vol. IV, de la edición italiana, Roma, 1963, pág. 208) que el general Grigorievich le dijo la noche del segundo día de la ofensiva en Teruel: «Tomaremos Teruel, pero no conseguiremos conservarlo. Nosotros nos reforzamos por kilos, mientras que los alemanes e italianos se refuerzan por quintales». A propósito de refuerzos y reservas, es interesante conocer la estimación hecha por el Estado Mayor alemán al comenzar el año 1938: Fuerzas de Franco: 470 000 hombres en el frente, 87 000 de reservas y 25 000 de fuerzas de Seguridad. Total: 582 000 hombres. Fuerzas «rojas»: 342 000 hombres en el frente, 120 000 de reservas y 30 000 de fuerzas de Seguridad. Total: 492 000 hombres. El Memorando alemán en cuestión (núm. 502) dice que se trata de cantidades aproximadas. Es probable que el número Fuera ligeramente superior por ambas partes. <<

[19] Rey d’Harcourt Fue tratado duramente por sus compañeros, por haberse rendido. Once años después, todavía escribía García Valiño en su libro que «hubiera sido factible prolongarla (la resistencia) mayor tiempo mediante un adecuado plan de defensa». En el momento final de la retirada de Cataluña, Rey d’Harcourt fue asesinado por unos incontrolados en unión del obispo. Los restantes prisioneros de Teruel (entre ellos el gobernador civil y el coronel Barba) fueron entregados al pasar la frontera a las autoridades francesas, que los devolvieron poco después al Gobierno de Franco. <<

[20] Testimonio del jefe de Estado Mayor de la 46 División, Ángel Palacio Gros. El general Modesto en sus Memorias («Soy del Quinto Regimiento», págs. 150-151) confirma la entrevista con «El Campesino» y dice que él se negó al abandono de la plaza y da a entender que el 21 no se había consumado el cerco. Hay aquí, sin duda, algunos aspectos que deben ser todavía objeto de una investigación histórica más rigurosa. <<

[21] Op cit., pág. 339. <<

[22] Además de Franco, el primer Gobierno de Burgos estaba integrado así: Vicepresidencia y Asuntos Exteriores, teniente general Jordana; Interior, Ramón Serrano Súñer; Justicia, conde de Rodezno; Ejército, general Dávila; Orden Público, general Martínez Anido; Hacienda, Andrés Amado; Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf; Educación Nacional, Pedro Sáinz Rodríguez; Agricultura, Raimundo Fernández Cuesta; Trabajo, Pedro González Bueno; Industria y Comercio, Juan A. Suances. <<

[23] No está de más recordar que el doctor Eguino, obispo de Santander, fue salvado por el Gobierno Vasco y después evacuado a Francia, así como el doctor Gandasegui, que se encontraba en San Sebastián en julio de 1936, no fue inquietado y pudo volver tranquilamente a su diócesis de Valladolid. Por cierto que se negó a declarar que había sufrido malos tratos «bajo el dominio rojo», como se le pidió con mucha insistencia. En cuanto al obispo auxiliar de Valencia, doctor Lauzarica, también pudo salir de España gracias a las autoridades republicanas. <<

[24] En el transcurso de la guerra, más de 300 000 personas en edad adulta aprendieron a leer y escribir en las ciudades y pueblos de la retaguardia republicana. <<

[1] Se ha dicho que por aquellos días renovó Prieto sus intentos de obtener una mediación, para lo que había encargado a uno de sus secretarios, Ángel Baza, de establecer contactos desde el sur de Francia con las autoridades francesas. Baza no logró ningún resultado interesante. <<

[2] En la reunión del Comité Francés de Defensa Nacional, Gamelin puso reparos a toda presión sobre Franco que exigiere una movilización en el Sur para la cual no estaba Francia preparada. Daladier y Alexis Léger señalaron igualmente el peligro de que sus medidas desatasen una guerra europea. <<

[3] El Alto mando de la Wehrmacht, probablemente mejor informado, «no creía probable una intervención militar de Francia en el conflicto español», sino, en todo caso, una intervención política. <<

[4] Max Aub, op. cit., págs. 495 y 497. <<

[5] Eremburg, op. cit., pág. 228. <<

[6] Robert Mesplé-Somps, apoyándose en la prensa regional francesa de aquellos días, señala que los nacionalistas ocupan Bielsa el miércoles 15 de junio a las once de la mañana. A partir de las once de la noche, las fuerzas de la 43 División entran en Francia. Beltrán, jefe de la 43 División declara según el diario Le Patriote de Pau del día 17: «No queda tras nosotros, ni un herido, ni un prisionero, ni una acémila. La ofensiva franquista, ha sido de las más duras, realizada por 20 batallones y 9 baterías de artillería, sostenida por 48 trimotores alemanes. Para resistir a esos ataques, no teníamos más que 3 cañones, casi sin municiones, nuestros fusiles y ametralladoras… Ante la tenaz resistencia de nuestros soldados, el enemigo, que no podía romper el frente, cambió, su dispositivo y atacó sobre nuestro flanco izquierdo ante San Juan y Gistain». Según las mismas fuentes, el referéndum organizado por las autoridades francesas en la estación de Arrau, dio por resultado: 411 soldados que deseaban entrar por la frontera de Irán y 6889 que pidieron ir a Barcelona por Port-Bou: R. Mesplé-Somps: «La guerre d’Espagne a travers de la presse des Basses-Pyrénées et des témoins personnels». Diploma E. S. Universidad de Burdeos. 1970, págs. 100 y 101 de ejemplares multicopiados. <<

[7] La comisión estaba formada por Vidarte, en nombre del Partido Socialista; Dolores Ibárruri, por el Partido Comunista; Santiago Carrillo, por la J. S. U.; Mariano R. Vázquez, por la C. N. T.; Felipe Pretel, por la U. G. T.; Guerrero, por la F. A.  I. y Serra Pàmies, por el P. S. U. C. <<

[8] Se pensó en que Prieto fuera de embajador a México y él aceptó. Pero Azaña, que quería tenerlo en reserva, le telefoneó a París diciéndole que no aceptara. Prieto le respondió: «En tanto que el partido en que milito no rectifique su posición en orden a la guerra, yo no puedo encarnar la política que a S. E. le interesa que haga». Sin embargo, volvió a Barcelona y habló con Azaña, que le dijo que se negaría a firmar el nombramiento, y Prieto, en definitiva, se negó a aceptar, cuando ya el presidente Cárdenas de México había dado el placet. <<

[9] Estaba formado de la manera siguiente: Presidencia y Defensa, Juan Negrín (P. S. O. E.); Estado, Julio Álvarez del Vayo (P. S. O. E.); Gobernación, Paulino Gómez (P. S. O. E.); Justicia, Ramón González Peña (U. G. T. y P. S. O. E.); Hacienda, Francisco Méndez Aspe (independiente y amigo personal de Negrín); Trabajo, Jaime Aguadé (Esquerra); Agricultura, Vicente Uribe (P. C.); Obras Públicas, Antonio Velao (Izquierda Republicana); Comunicaciones y Transportes, Bernardo Giner de los Ríos (Unión Republicana); Instrucción Pública, Segundo Blanco (C. N. T.); ministros sin cartera: José Giral (Izquierda Republicana), Manuel Irujo (Partido Nacionalista Vasco), Julián Zugazagoitia era nombrado secretario general del Ministerio de Defensa, el teniente coronel Antonio Cordón, subsecretario del Ejército y Jesús Hernández, comisario general de la zona central. <<

[10] Hubo casos de notorio entusiasmo entre los jóvenes. Por ejemplo, d de una expedición de varios batallones (en potencia), enviados desde Valencia en un tren especial organizado gracias al esfuerzo de la J. S. U., venciendo todo género de resistencias pasivas. Salió, por fin, el tren, y a las pocas decenas de kilómetros era bombardeado por la aviación. Numerosos muchachos cayeron muertos y heridos, pero el grueso de la fuerza se reorganizó y prosiguió la marcha hacia su punto de destino. <<

[11] «Renovando la tradición católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista emprende la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religiosos— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia». (Preámbulo del Fuero del Trabajo). El Fuero considera el trabajo como un deber social y un honor: establece los principios de descanso dominical, vacaciones pagadas y retribución mínima «para proporcionar al trabajador y a su familia una vida moral y digna». En el Titulo XII se reconoce y ampara la propiedad privada: en el XIII se define el Sindicato vertical como «Corporación de derecho público que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del progreso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado». Se añade que «las Jerarquías del Sindicato recaerán necesariamente en militantes de F. E. T. y de las J. O. N. S.», y que «el Sindicato Vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del cual realizará principalmente su política económica». <<

[12] Este carácter está perfectamente explicado por Carlos M. Rama, que cita, para demostración, textos de Beneyto y otros. Rama, op. cit., págs. 354 y siguientes. <<

[13] F. Villena Villalón, op. cit., págs. 56 y ss. <<

[14] Comunicado por Stohrer —a quien se lo había dicho Franco— el 19 de mayo. Llevaban razón, puesto que Daladier cerró la frontera el 13 de junio. <<

[15] En abril de 1938, la U. G. T. contaba con 1 904 569 afiliados en zona republicana. <<

[16] «La voz de España —comentaba Antonio Machado en La Vanguardia del 22 de mayo— ha sonado serena, cortés y varonil en boca de Álvarez del Vayo. Por fortuna la voz de Francia y de Inglaterra, dos grandes pueblos orgullo de la Historia, no es la que ha sonado en labios de los homúnculos que pretenden representarlos». <<

[17] Informe sobre la situación interna de la España nacionalista, enviado el 1.º de julio de 1938. <<

[18] ABC de Sevilla, 5 de junio de 1938. <<

[19] ABC de Sevilla, 21 de junio de 1938. <<

[20] García Valiño, op. cit., pág. 137. <<

[21] El autor —y protagonista de los hechos— estima que fue una obstinación del Mando querer tomar Segorbe de frente. <<

[22] «Es cierto, además, que no se creía demasiado verosímil la posibilidad de un ataque en la región del Ebro, pues no ha de olvidarse que en aquellas fechas los ríos caudalosos eran considerados como obstáculos casi infranqueables por la mayor parte de los reglamentos y tratadistas militares». García Valiño, op. cit., págs. 224 y 225. <<

[23] En esta apreciación coinciden jefes del Ejército de la República como Rojo y Líster. Éste dice: «Desde el tercer día de la ofensiva estaba claro para nosotros que el avance quedaba cortado y que la operación entraba en una fase de batalla de desgaste». Líster. La batalla del Ebro, en Nuestras Ideas, núm. 4, Bruselas. 1958. <<

[24] Orta, Soldado y medio. México, 1961. <<

[25] Hay en él, sin embargo, trozos de alcance histórico, como éste: «En una guerra civil no se triunfa contra un contrario, aunque éste sea un delincuente. El exterminio del adversario es imposible; por muchos miles de uno y otro lado que se maten, siempre quedarán los suficientes de las dos tendencias para que se les plantee el problema de si es posible o no seguir viviendo juntos». <<

[26] Esa era, por ejemplo, la impresión de Zugazagoitia. Hugh Thomas, al referirse a esto dice: «Prieto manifestó más tarde que había abandonado el ministerio de Defensa porque se decía harto de soportar el control comunista… Sin embargo, no sugirió ninguna otra política social o militar que, desde el punto de vista del desarrollo de la guerra, hubiera sido mejor que la propugnada por los comunistas», (op. cit., pág. 443). Fue más emotiva la declaración de Negrín en respuesta a las acusaciones de Prieto, hecha en la conferencia que pronunció en el Palacio de Bellas Artes de México, el 1.º de agosto de 1945: «Se ha hecho circular que mi decisión (la de encargarse del ministerio de Defensa y el cese en éste de Prieto) se debió a presiones extrañas. Quiero concretar: del Partido Comunista y del Gobierno soviético. Eso es falso, absolutamente falso. Eso es no conocerme. ¡Yo os aseguro por los muertos en nuestra guerra que en ello no hay una palabra de verdad!». <<

[27] La Comisión Ejecutiva quedó constituida así: Presidente, Ramón González Peña; vicepresidente, Otero; Secretario, Ramón Lamoneda; vicesecretario, Juan S. Vidarte; secretario de actas, Cruz Salido; vocales: Manuel Cordero, Indalecio Prieto (que había presentado la dimisión), Albar, Huerta, Zabalza y Lucio Martínez. <<

[28] En verdad, esas relaciones se enfriaban y los Comités de Enlace creados un año antes, en algunas provincias existían más en el papel que en la realidad. <<

[29] También en el campo adverso había dificultades de municionamiento. A mediados de agosto, Bernhardt informaba a Stohrer que se habían agotado las reservas de obuses de 38 mm del Ejército nacionalista. Urgía, pues, el envío, desde Alemania, de obuses y de motores de avión B. M. W. para no comprometer gravemente la situación en el frente del Ebro (Archives secretes…, núm. 651). <<

[30] No todos los grupos políticos británicos seguían la política de Chamberlain y Halifax. Un grupo de parlamentarios laboristas y liberales dirigió una carta, el 13 de septiembre, al jefe del Foreign Office, en la que se decía: «… Los abajo firmantes, miembros del Parlamento británico, pedimos urgentemente que la delegación británica apoye en Ginebra toda proposición para que se levante el embargo sobre la compra de armas, municiones y material por el Gobierno legítimo de España La continuada intervención de Alemania e Italia representa un acto de agresión contra un Estado miembro de la S. de N. que debe retener la atención de la Sociedad, so pena de que la adhesión a los principios de la misma pierda toda significación. Creemos, además, que la heroica resistencia del Gobierno español, lejos de poner en peligro la paz de Europa, constituye una influencia moderadora y que previene, otros actos de agresión contra países democráticos. Estimamos que, aunque sólo fuera por razones estratégicas, el triunfo de la intervención de las dictaduras en España pondría en peligro la seguridad de las democracias occidentales». Firmaban, entre otros, Richard Acland. Lord Cecil, S. O. Davies, R. Fletcher, D. Grenfell, James Griffiths, Georges Hicks, Morgan Jones, lord Listowl, Wilfrid Robert, lord Strabolgi, Edith Summerskill, F. C. Watkins, J. C. Wedwood, Ellen Wilkison. <<

[31] Informe de Stohrer a su Gobierno (Archives secretes… núm. 648). Los datos de Ciano sobre fueras italianas en España, de acuerdo con la estimación del War Office eran los siguientes: 40 000 combatientes de Infantería, 250 aviones y 2200 hombres de personal aéreo. Documento of British Foreign Policy. 3.ª serie, vol. III, doc. núm. 326. <<

[32] Telegrama del 30 de septiembre. (Archives secretes… núm. 670). <<

[33] Julio Álvarez del Vayo, Freedom’s Batle. Nueva York, 1940, pág. número 253. <<

[34] De la conversación entre Labonne y Azaña, según Rivas Cherif, op. cit., pág. 295. <<

[35] El Memorando del subsecretario de Estado alemán, del 22 de octubre, señalaba que si se quería ayudar a Franco hasta su victoria final, «tendrá necesidad de una ayuda militar importante, superior, incluso, a la que ahora nos pide». <<

[36] Ver documentos sobre inversiones alemanas del ministerio de Asuntos Exteriores alemán. <<

[37] Según Juan Sardá (que cita la obra de Glenn T. Harper) ha explicado que en 1939 aún adeudaba España 378 millones de marcos, pero durante la guerra mundial España presentó una cuenca a Alemania de 220 millones de marcos por gastos de la División Azul y de trabajadores españoles en Alemania. España y la República Federal Alemana renunciaron a ulteriores reclamaciones por un Convenio de 10 de mayo de 1948. J. Sardá, El Banco de España, 1931-1962 en «El Banco de España: una historia económica». Madrid, 1970. <<

[38] Tal vez sea interesante recordar, para un enfoque sociológico de la guerra, que entre los dueños efectivos de esas empresas se encontraban familias de la Oligarquía (los Urquijo, Motrico, Garnica, Gamazo, Romanones, Herrero, Foronda, Ibarra, Gandarias, Zubiría, Bustillo), así como poderosas firmas británicas y francesas. <<

[1] Hugh Thomas, op. cit., pág. 456. <<

[2] Declaración de Besteiro ante el Consejo de guerra que lo juzgó en 1939, reproducida en la biografía escrita por Andrés Saborit, pág. 421. <<

[3] A primeros de diciembre de 1938 se creó el Comisariado General de Cultos. <<

[4] Dolores Ibárruri, op. cit., pág. 409. <<

[5] En diciembre de 193, la U. R. S. S. vendió al Gobierno republicano, mediante una operación de empréstito, gran cantidad de material de guerra, que fue embarcado en siete buques en Murmansk con dirección a Burdeos. La lentitud y las trabas opuestas por el Gobierno Daladier hicieron que aquel material no sirviese para nada. Cuenta Hidalgo de Cisneros que, cuando llegaron —en piezas— los primeros aviones, de los 250 que enviaba la U. R. S. S., ya no había en Cataluña aeródromos donde poder montarlos. <<

[6] Después de la evacuación de Barcelona, el general Hernández Sarabia fue relevado y sustituido por el general Jurado. <<

[7] Conferencia en el Palacio de Bellas Artes de México, agosto de 1945. <<

[8] Ver Archives secrètes… núms. 730, 731 y 732. <<

[9] Boletín Oficial del Estado. Burgos, 13 de febrero de 1939. Es una consecuencia del Decreto 108 de la Junta de Burgos (13 de septiembre de 1936) declarando fuera de la ley a los partidos y agrupaciones del «llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional». <<

[10] Discurso de México en 1945, ya citado. <<

[11] Serrano Súñer, op. cit., pág. 76. <<

[12] Edmundo Domínguez, Los vencedores de Negrín, México, 1940, página 119. <<

[13] Ricardo de la Cierva, Historia ilustrada de la Guerra Civil Madrid, t. II, pág. 494, quien dice tener bases documentales para probar que esta primera entrevista tuvo lugar en esa fecha, y no en el mes de marzo como se había creído hasta ahora. <<

[14] En la última semana de febrero, el general Rojo envió a uno de sus ayudantes a la zona central con determinada misión. Cuando el teniente J. R. aterrizó en Barajas, los policías del S. I. M. a las órdenes de Pedrero lo detuvieron y encarcelaron sin más explicaciones. Sólo fue liberado el 28 de marzo por la mañana. El teniente se dirigió entonces al puesto de mando del Ejercito del Centro (Ministerio de Hacienda) y no tuvo más tiempo que el de ver cómo salía en su coche el coronel Prada para ir a rendirse al general Ríos Capapé, en el frente de la Ciudad Universitaria. <<

[15] El texto en cuestión decía; «La España nacional ha ganado la guerra y el vencido no tiene más que rendirse incondicional mente. El patriotismo, la caballerosidad y la generosidad del Caudillo, de los cuales ha dado tantos ejemplos en las regiones liberadas, así como el espíritu de equidad y justicia que inspira todos los actos del Gobierno nacional, constituyen una firme garantía para todos los españoles que no sean criminales. Los Tribunales de Justicia se limitarán a procesar y juzgar a los autores de crímenes, aplicando las leyes y los procedimientos existentes antes del 16 de julio de 1936 y dentro de los límites fijados por ellos. Si prolongando una resistencia criminal, los jefes rojos continúan sacrificando más vidas y vertiendo más sangre exclusivamente en sus propios intereses personales, y como el Gobierno nacional y el Caudillo están exentos de todo espíritu de represalias, lo único que conseguirán será provocar el aplazamiento de esa demencial resistencia y agravar sus propias responsabilidades». <<

[16] Rivas Cherif, op. cit., pág. 322. <<

[17] Edmundo Domínguez, op. cit., pág. 131. <<

[18] El 1 de enero de 1939 se había declarado el estado de guerra en todo el territorio de la España republicana, por vez primera desde el comienzo de la guerra. Esta medida de última hora, cuyos móviles no quedaron muy claros, puso en manos de los jefes militares profesionales una serie de atribuciones políticas. <<

[19] Conversación entre Casado y Dolores Ibárruri, según ésta, en su op. cit., pág. 428 y ss. <<

[20] Segismundo Casado. The Last Days of Madrid, Londres, 1939, página número 182. <<

[21] De un artículo de José del Río, miembro que fue del Consejo Nacional de Defensa en marzo de 1939, reproducido en la ya citada biografía de Besteiro escrita por Saborit, págs. 416-417. <<

[22] El reconocimiento por parte de Francia iba acompañado de un repertorio de concesiones, entre otras la entrega del oro del Banco de España que los Tribunales franceses habían negado en 1938 al Gobierno de la República: entrega de armas, material de guerra, flora mercante y pesquera, etc. Además, en los Acuerdos Bérard-Jordana se estipulaba lo siguiente: «El Gobierno francés adoptará de modo especial las medidas necesarias para prohibir en las proximidades de la frontera toda acción de los españoles que pueda perturbar esa tranquilidad». En verdad, cerca de la frontera había centenares de miles de republicanos españoles, en una particular circunstancia, es decir, la de hallarse internados en los campos de concentración. <<

[23] La Dépêche, de Toulouse, publicó una rectificación del general Rojo, que se puso a las órdenes del presidente de las Cortes, Martínez Barrio. <<

[24] En el prólogo del libro Ocho días, la revuelta comunista, de A. Bouthelier y J. López Mora, Madrid, 1940, se llega a decir: «Efectivamente, ya hacía más de un año que, conocidos los antecedentes que concurrían en sus familiares, algunos de ellos, su propia mujer entre otros, horrorizados por las enormidades que de continuo cometían los rojos, se habían hecho gestiones cérea de Casado para que, valiéndose de su posición como jefe del Ejército del Centro, facilitase la labor de quienes, en la misma entraña de la zona roja, trabajaban, silenciosa y abnegadamente, por la causa eterna de España. A todos los requerimientos contestó con evasivas, cuando no con negativas rotundas…». No obstante, estas afirmaciones deben ser tomadas con todo género de reservas, dado el carácter panfletario y apasionadamente partidista del libro de referencia. <<

[25] Luis Abárzuza, del Estado Mayor de la Rota, actuaba a las órdenes del Gobierno de Burgos, secundado por los miembros de la Falange clandestina Meroño, Armada, Núñez de Castro y Ahumada. <<

[26] Después de escrito este libro se ha publicado uno de indispensable consulta: Desastre en Cartagena, de Luis Romero, Barcelona 1972 <<

[27] Ver Bruno Alonso, La flota republicana y la guerra civil de España, México, 1944. <<

[28] Casado ha dado una versión diferente. Besteiro condenó la salida de la flota. <<

[29] «Diga rápidamente V. E. si acata Junta Gobierno recientemente constituida. En caso negativo aténgase consecuencias. Firmado: W. Carrillo». Texto del telegrama recibido por el gobernador civil de Murcia, Eustaquio Cañas, a las 0,05 del 6 de marzo. <<

[30] Decimos que es lo esencial, ya que hay otras versiones y resulta difícil la comprobación y más aún el acoplamiento de unas con otras. No sólo es diferente la versión de Casado, sino también la de Edmundo Domínguez, que pone en boca de Casado frases como «usted ha engañado al pueblo» y «ustedes ya no son Gobierno ni tienen fuerza ni prestigio para sostenerse y menos para detenemos». Domínguez sólo oía las palabras de Casado. Quizás la última frase citada sea dirigida a Paulino Gómez. <<

[31] Esta versión de un testigo presencial parece confirmada por Saborit (partido del Consejo de Defensa) en su obra citada (pág. 409): «Cuando Negrín requirió a Casado para llegar a una inteligencia entre el Consejo y el Gobierno reunido en la posición “Yuste”, en Elda, provincia de Alicante, ¿será cierto que estuvo a punto de ceder y que Besteiro fue quien lo impidió? No me extrañaría. Besteiro sólo intervenía para hacer la paz, no para proseguir la guerra». <<

[32] Estudiante de las Juventudes Socialistas, que no hay que confundir con su homónimo de la C. N. T. <<

[33] «Pero él (Azaña) no podía admitir que lo que sucedía tuviera mucho ni poco que ver con su manera de pensar, y, desde luego, nada en absoluto con su modo de proceder», cuenta Rivas Cherif… «No se le alcanzaba cómo Besteiro… podía sumar su esfuerzo al de un militar que, al rebelarse también contra el Gobierno legalmente en funciones, repetía el golpe de Estado de Franco y, lo que era peor, con el mismo pretexto: la preponderancia excesiva o la demasía intolerable de los comunistas». Rojo, en su Alerta los pueblos, califica de «error lamentable» el golpe de Casado. «Pudo tener intenciones honradas, pero fue torpe En esencia se trataba de dirigir una acción contra un partido del que estaban celosos, es decir, de una ruptura del Frente Popular». <<

[34] El Consejo quedó, por fin, constituido así: Presidente, José Miaja; Estado, Julián Besteiro; Defensa, Segismundo Casado; Gobernación, Wenceslao Carrillo; Hacienda, González Marín (C. N. T); Comunicaciones, Eduardo Val (C. N. T); Justicia, Miguel San Andrés (Izquierda Republicana), a quien sustituyó por enfermedad José del Río (Unión Republicana); Trabajo, Antonio Pérez (U. G. T.); Secretario, Sánchez Requena (C. N. T). En resumen: tres socialistas, tres anarcosindicalistas, un republicano y dos militares. <<

[35] Ramos Oliveira comenta los hechos en su Historia citada: «Pero otra cosa era el pleito con los comunistas. Casado tenía que reducirlos a la impotencia si había de moverse con absoluta libertad en sus tratos con los fascistas» (t. III, pág. 387). <<

[36] Cañas reproduce el relato de Wenceslao Carrillo, en una cena, el 10 de marzo, en la que también participan Casado, Gómez Ossorio, Tritón Gómez (estos dos liberados por los comunistas, que los tuvieron prisioneros en El Pardo) y él mismo. Carrillo dice: «Lo sucedido ha sido asombroso. Para sofocar la resistencia comunista, hemos tenido que retirar tropas de los frentes. Los soldados de Franco nos alentaban, asegurándonos que no sólo no avanzarían, sino que cuidarían de nuestras trincheras. Por la carretera de Arganda no podía pasar un vehículo sin servir de blanco a las ametralladoras enemigas. Pues estos días han pasado docenas de camiones con soldados nuestros, y los fascistas no han disparado un tiro». En el libro de Bouthelier y López Mora se mencionan unas entrevistas cuya autenticidad no es segura mientras otras fuentes no las confirmen. En la página 91 se dice: «Las entrevistas que durante estos días celebró Matallana con los agentes del Servicio de Información de la Policía Militar (S. I. P. M. clandestino de Franco) fueron verdaderamente angustiosas. Sobre todo en una de ellas, casi con lágrimas en los ojos, rogaba Matallana, en los pasillos del ministerio de Hacienda, comunicasen urgentemente a los Mandos nacionales la crítica y desesperada situación en que se encontraban, y les rogaba que ocuparan Madrid, pues solamente veían una posible solución a sus cuitas en la entrada de las tropas de Franco en la capital». Desde luego, la personalidad del general Matallana no ha sido todavía bien definida. El 4 de marzo, de acuerdo con Menéndez, le dice a Hidalgo de Cisneros que no hay otra solución que rendirse. El 5 es el único de ese grupo de generales que va a la reunión del Consejo de ministros en Yuste, en la que se manifiesta leal, incluso cuando Menéndez, hablando con él por teléfono, cree que está prisionero. Se despide de Negrín con lágrimas (otra vez las lágrimas) y los allí presentes lo han considerado como leal. Regresa a Valencia y dos días después se halla en Madrid colaborando con Casado e incluso hablando por la radio. Los autores del tendencioso librito citado lo presentan en tratos con agentes del otro campo. Nada autoriza a creerlo, pero sí a pensar en la compleja personalidad de este general. <<

[37] Cañas cuenta el hundimiento del Castillo de Olite así: «Cuando ya está el barco tan cerca que se ven los rostros de los soldados, tira una batería costera y le alcanza en pleno puente. Hombres y pertrechos vuelan a cincuenta metros de altura. Casi simultáneamente suena un segundo cañonazo que también le alcanza en el puente, y por fin un tercero que hace explotar las calderas. Hombres, chapas, ametralladoras y hasta un cañón vuelan por los aires envueltos en una nube de ardiente vapor. El barco se hunde en un instante. El vocerío es aturdidor. Numerosos heridos ganan a nado la isla, donde se los acoge para trasladarlos al hospital». <<

[38] Del Diario. El último mes —inédito— de Cañas. El punto de vista aquí expresado coincide con el de las cuartillas reproducidas por Saborit en su biografía de Besteiro y que dice escritas por éste en los primeros días de marzo de 1939 op. cit., págs. 411-412): «La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la “línea” bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas, que se han batido en la gran cruzada anticomintern Para construir la personalidad española mañana, la España nacional, vencedora, habrá de contar con la experiencia de los que han sufrido los enormes errores de la República bolchevizada o se expone a perderse por los caminas extraviados que no conducen más que al fracaso. La masa republicana útil no puede pedir, sin degradarse, una participación en el botín. Pero si puede y debe pedir un puesto en el frente de trabajo constructivo». <<

[39] En muchos sitios no se cumplió. Cañas cuenta, por ejemplo, lo ocurrido en Murcia. Discutieron él y el comandante militar de la plaza y, por último, decidieron «remitir su ejecución a lo que acuerde el Frente Popular». Prosigue; «Después de una discusión de más de dos horas, violenta pero sensata, convinimos en que sería absurdo dejar en la cárcel, como holocausto ofrecido a los fascistas, a hombres que hasta ayer colaboraron con nosotros, y que no hablan turbado el orden público en Murcia. Se acordó, pues, sin divulgar la decisión, no cumplimentar la orden». Otros gobernadores civiles, como David Antona en Ciudad Real, ejecutaron celosamente aquellas instrucciones. <<

[40] Como ha escrito el poeta Rafael Alberti: «El soldado soñaba, aquel soldado / de tierra adentro, oscuro: —Si ganamos, / la llevare a que toque la mar, que nunca ha visto, / y se le llene el corazón de barcos. / Pero vino la paz. Y era un olivo / de interminable sangre por el campo». <<

[41] Resulta curioso, y es una prueba de su autenticidad, que la versión de Casado y la de Ulmann coincidan con exactitud casi total. <<