MANUEL MEDINA

Se vende banco
por 1 €

Un análisis sencillo y certero

de la crisis bancaria en España

Dedicado a toda mi familia, compañeros,

clientes y amigos, por haber hecho posible

celebrar en este año 2018 el cuarenta

aniversario del Grupo Medina Cuadros

Prólogo

Es para mí un honor poder escribir el prólogo de este nuevo libro de Manuel Medina, en esta ocasión sobre banca y abogacía, que conmemora el cuarenta aniversario del Grupo Medina Cuadros, sabiamente pilotado por el autor, su esposa Amelia Cuadros y sus cinco hijos, junto a un extraordinario equipo de profesionales.

Aquellas personas o empresas que han triunfado normalmente no lo han hecho por casualidad. Cuando el lector se adentre en la obra, podrá comprobar de primera mano que el éxito de Medina Cuadros se basa en un profundo conocimiento de la profesión de la abogacía, así como en una incomparable experiencia en banca, y el sector financiero en general, de más de cuatro décadas.

En el año 1994 tuve el gusto de conocer personalmente al autor. Fue ese el año de mi incorporación como consejero delegado al Banco Central Hispano, que atravesaba unos momentos muy difíciles. Un entorno económico adverso, la súbita intervención de Banesto por insolvencia y una compleja fusión de los dos grandes bancos, el Central y el Hispano, hacían necesario, a juicio de los reguladores y del propio Consejo de Administración, un cambio de rumbo en la gestión de ese gran banco.

A propuesta del presidente del Consejo de Administración, y con el apoyo unánime de este, del Banco de España y del Ministerio de Economía, me hice cargo con cuarenta y dos años de la gestión de la entidad. Tuve la enorme suerte de encontrarme con un extraordinario equipo humano que, deseoso de salir de la difícil situación en la que nos hallábamos, mostraba una fuerza y una voluntad que eran capaces de mover montañas si hubiera hecho falta. Conté con el apoyo incondicional de todos ellos, y todos ellos contaron con mi confianza, desde el primer momento de aquel veraniego día de junio de 1994 en el que tomé posesión del cargo.

Entre las más de treinta mil personas que trabajaban en el banco, pronto conocí al autor del libro y a su esposa, que formaban parte del equipo de recuperaciones de créditos en dificultades, en estado precontencioso y contencioso. Con una morosidad galopante y generalizada que no cesaba de crecer en toda España, destacaba Andalucía por la intensidad con la que se cebó la crisis económica en dicha región. El equipo de recuperaciones de la entidad era extraordinario y jugó un papel muy destacado en asegurar el éxito que conseguimos en el saneamiento y el relanzamiento del Central Hispano. Tal fue el resultado, que los beneficios y el valor del banco en la Bolsa se multiplicaron por cinco en los casi cuatro años que duró el trabajo de reconstrucción del banco.

Como digo, dentro de las territoriales del área de recuperaciones, una de mis mayores preocupaciones era Andalucía, por su tamaño y su elevada morosidad crediticia. Por ello, necesitábamos un equipo que, sin desfallecer, fuera capaz de recuperar al máximo todas las situaciones de activos en dificultades. En este punto, Manuel Medina tuvo una actuación destacadísima como responsable territorial del recobro de activos dañados. Desde entonces somos compañeros y amigos.

Manuel analiza con valentía, usando ejemplos muy detallados y completos, las verdaderas causas de la profunda crisis bancaria en nuestro país. Sus cuarenta años de experiencia le avalan para poder dar una visión práctica y certera de la realidad de los últimos años en el sector de cajas de ahorros y bancos, desde el privilegio de la cercanía personal de la que ha disfrutado con muchos de sus principales actores. Desgrana en el libro, con fina pluma y gran conocimiento técnico, los usos y costumbres de nuestras cajas y bancos en las últimas décadas. Como buen observador, se adentra en la vida de estas instituciones con el mismo estilo costumbrista con el que nos relataba en libros anteriores las costumbres andaluzas a través de sus incomparables vivencias de niñez en la gran villa que es su Villanueva del Arzobispo y sus extraordinarios campos donde crecen con orgullo los mejores olivos de Europa (o del mundo).

Es necesario recordar los desmanes producidos en el crédito por el lado de la oferta y la demanda, con los reguladores mirando hacia otro lado, a pesar de que veían aumentar las carteras de préstamos a ritmos superiores al 20 % anual. Pero la economía crece, se crea empleo, «if it works, don’t fix it», etcétera, me decía alguien importante entonces en este país, cuando yo le alertaba del excesivo y desbocado crecimiento del crédito al sector privado, y al inmobiliario en particular. No parecía importar la pobre calidad del crecimiento de nuestro PIB; tampoco la del empleo, que era en gran medida el resultado del espejismo de una ficción o burbuja inmobiliaria. Se construía cerca de un millón de nuevas viviendas al año en España, casi tanto como en toda Europa junta. Algo estaba fallando…

Como bien explica el autor, la crisis financiera mundial estalló violentamente al caer Lehman Brothers en septiembre de 2008, momento este en el que nuestro sistema financiero se encontraba con una enorme debilidad, pues la estructura económica era extremadamente frágil, basada en una actividad inmobiliaria exagerada y con grandes desequilibrios exteriores por la falta de productividad. Sin embargo, tuvimos una enorme suerte, ya que, a diferencia del Crack de 1929, los responsables de los bancos centrales de Estados Unidos, la zona euro, Japón, Reino Unido, etcétera, actuaron con rapidez y eficacia inusitadas inyectando ingentes cantidades de liquidez al sistema financiero mundial para evitar el irremediable colapso al que estábamos abocados.

A pesar de ello, por entonces el sistema financiero español tuvo que enfrentarse a una economía doméstica sumida en una profunda recesión y con unos niveles de endeudamiento privado difícilmente soportables, lo que provocó grandes quiebras empresariales y personales, con los consiguientes impagos a las entidades financieras o, al menos, dolorosas reestructuraciones crediticias. De ello sabe mucho Manuel Medina, pues, como comentaba antes, desde 1994 ha estado en el corazón de las recuperaciones de activos dañados de la banca y de las necesidades de ingentes provisiones que se originan en tales circunstancias.

Con la visión y la experiencia de quien conoce bien de lo que escribe, el autor relata en estas páginas de qué manera los inevitables procesos de consolidación han propiciado que los famosos «siete grandes» bancos de los ochenta hoy se hayan convertido en dos sólidos grupos financieros internacionales. Es destacable cómo, tras la inolvidable crisis de la pasada década, nuestro país tiene sus dos principales grupos bancarios —Santander y BBVA— establecidos en el primer nivel internacional, ocupando destacadísimos lugares en el ranking global de solvencia, liquidez y rentabilidad. En definitiva, gracias a una buena gestión. Algo similar ocurre con el sector de las cajas de ahorros, donde finalmente destacan solo dos de ellas: La Caixa y Bankia.

No puedo dejar de mencionar aquí la gran labor realizada por el ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, para resolver la complicada y profunda crisis del sector financiero en nuestro país, sobre todo de las cajas de ahorros, que fueron las entidades más castigadas por la crisis.

El autor, asimismo, analiza aspectos relacionados con su labor propia de la abogacía y la procuraduría de tribunales, que conoce y domina como nadie. Estoy seguro de que un mundo cada vez más global, más digital, más difícil y dominado por el inglés hará cambiar los usos y costumbres también de los letrados. No tengo duda de que Medina Cuadros se mantendrá en la vanguardia de todos estos cambios que ya se han instalado en nuestra sociedad.

Termino este prólogo agradeciendo a Manuel Medina esta oportunidad que me ha brindado para poder expresar públicamente mi afecto y consideración profesional a Medina Cuadros, así como para desear a toda la familia que continúe con su buen hacer en lo técnico y en lo humano, por lo menos otros cuarenta años más. Así podré seguir disfrutando siempre de todos ellos como amigo y cliente.

ÁNGEL CORCÓSTEGUI GURAYA

Introducción

Escribir este libro no ha sido una tarea fácil. Entrar a valorar la banca española y las cajas de ahorros en sus últimos cuarenta años es arriesgado y difícil. Tanto la dedicación de muchos meses para recopilar la regulación más importante en este último cuarto de siglo, como el hecho de haber trabajado en banca más de cuatro décadas, han hecho posible reunir en un texto la esencia de disposiciones y expresiones ajenas, pero con sentimiento y conocimiento propio, dentro de unas limitaciones lógicas.

El contenido hace referencia a lo más notable en materia bancaria, incluyendo costumbres e historias que ya navegan en el tiempo. Sin embargo, lo más importante, además de plasmar la nostalgia por los tiempos que fueron (y que difícilmente volverán a ser), ha consistido en aportar una sencilla idea de la vida y las costumbres de la banca y las cajas de ahorros en el último cuarto del siglo XX y casi dos décadas del XXI.

La solvencia y la seriedad de ambas durante todo este período nunca se pusieron en duda, y tan solo hubo una alerta, posiblemente injusta, por parte de la autoridad europea sobre los últimos acontecimientos; una valoración asimismo dudosa que igualmente pone en tela de juicio la eficacia de los sistemas de control del Banco Central Europeo (BCE) de la que ya se encargan de estudiar y valorar los especialistas y los Estados. Con todo, el dictamen de la Junta Única de Resolución (JUR) no ha dejado a nadie indiferente y, por tanto, su problemática traerá consecuencias de todo tipo en el BCE, pues los afectados del Banco Popular, por ejemplo, seguirán luchando por sus derechos. Serán el tiempo y los tribunales quienes den o quiten la razón a la JUR por su resolución del 7 de junio de 2017 motivada por la falta de liquidez de la entidad, si bien tanto el BCE como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificaron dicha decisión el mes de agosto de 2017, y de la misma manera la Audiencia Nacional rechazó a finales de septiembre las reclamaciones ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), alegando que este organismo es instrumental y, en consecuencia, no puede entrar en las medidas cautelares solicitadas por parte de los reclamantes.

Gran parte de este libro se centra en los cambios normativos de los años ochenta del siglo pasado, concretamente la Ley 31/1985, que «democratizó» el funcionamiento y la composición de los consejos y asambleas de las cajas de ahorros, dando entrada a los entes locales y Comunidades Autónomas en dichas asambleas y consejos de las cajas de ahorros confederadas, donde ejercieron su control de la manera que han reflejado sus resultados en el siglo XXI y que casi han llegado a desaparecer por su mala gestión y el descontrol político. Las leyes de 2013 y 2014 trataron de corregir esto último al modificar toda la normativa bancaria y de las cajas de ahorros, obligando a que se transformasen en entidades bancarias y reduciendo su labor de cajas, dependiendo de sus fundaciones y modificando considerablemente la composición de sus consejos, así como la forma de actuar, y todo ello cumpliendo con lo establecido por la Unión Europea (UE) y por el conjunto normativo que se ha desarrollado en los últimos años en España.

En todo este tiempo, incluida la última crisis iniciada —y aún no resuelta— en 2008, se han producido numerosos casos de falta de liquidez y, por encima de todo, han proliferado abundantes activos tóxicos en todas las entidades de crédito. Para afrontar esta circunstancia, se valieron de una masiva provisión y dieron entrada a organismos concretos especializados en sanear y ejecutar estos activos tóxicos con el fin de saber realmente a cuánto ascendía el total aplicado del rescate bancario, lo cual, como todos sabemos, fue autorizado en el año 2012 en una cantidad máxima de 100.000 millones de euros por parte del BCE y el FMI.

La crisis de las hipotecas subprime ya es historia pasada, lo mismo que la explosión de la burbuja inmobiliaria. Con el tiempo, esto se ha ido desvaneciendo en el olvido, pero trajo consigo una devastación que ha dejado sobre España, principalmente, la huella de un gran huracán de proporciones insospechadas. No será fácil resolver las consecuencias funestas derivadas, y muy difícil reconstruir lo destruido debido a la confusión y la desconfianza que han generado en el sistema financiero español, así como los daños sociales que ha provocado dentro de todas las familias, muy especialmente en las menos favorecidas.

La crisis del año 2006, aunque se expandió por todo el mundo, afectó profundamente a España a partir de 2008, como acabo de explicar, por la comercialización de una gran cantidad de productos opacos relacionados con las hipotecas subprime, así como por la suscripción de preferentes, bonos subordinados y acciones desconocidas, todo ello con la intención de dar la máxima rentabilidad al cliente o al fondo que ayudaba a suscribir la oferta. La promoción inmobiliaria fue otro factor igualmente clave, cuando todo se construía y todo se vendía sin más limitación que apuntarse a una lista de espera, cediendo la posición a los treinta días a un tercero y de este modo obtener un beneficio sin apenas hacer nada. Así era la España de comienzos del siglo XXI. Aquí estalló la burbuja inmobiliaria un poco más tarde que en el resto del mundo y, por supuesto, duró (y dura) bastante más que en otros países que la padecieron antes que nosotros. La primera década de este siglo tuvo esplendor en los años iniciales y decadencia en los finales, y como consecuencia afloró un brote de pobreza social y financiera que llevó directamente a la deflación o crisis sistémica que, diez años después de haberse producido, aún perdura.

En el período estudiado se sucedieron las fusiones bancarias. Nadie podría haber pensado en tiempos de los «siete grandes» (Banco Español de Crédito, Banco Central, Banco Hispano Americano, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Popular y Banco Santander) que, pasadas pocas décadas, los tres primeros serían absorbidos por el último, el Banco Santander, cambiando el panorama financiero en nuestro país. Don Emilio Botín, de quien es preciso destacar su capacidad de estrategia y talento financiero, llevó a cabo esta gran fusión mediante la absorción de las tres entidades más poderosas del sistema bancario español.

Las cajas de ahorros afrontaron la implantación de la Ley 31/1985, que amplío en el apartado correspondiente, y sus consecuencias se padecieron principalmente en el siglo XXI. Hubo una gran transformación con la aparición del SIP (Sistema Institucional de Protección) o «fusión fría» al que se acogieron la mayor parte de las cajas de ahorros. Como ejemplo, baste mencionar el Banco Financiero y de Ahorros, compuesto por siete cajas de ahorros —Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja—, participando con el 45 % en el capital de Bankia y dejando el restante 55 % para su salida y cotización en Bolsa.

En esta situación de principios de siglo, donde todo producto financiero, por opaco que resultara, siempre tenía comprador porque se apostaba más por la rentabilidad que por la calidad del producto, incluso el sistema financiero de nuestro país desplegó todos sus medios para aumentar promociones, suscribir productos de gran rentabilidad, paralela a los objetivos de las sucursales, e imponer la constitución de nuevas sociedades para promocionar el mundo inmobiliario que crecía y crecía, hasta llegar a la ya mencionada crisis del 15 de septiembre de 2008, fecha en la que se produjo la quiebra de Lehman Brothers.

En el caso concreto de España, 2008 fue el año en que estalló la burbuja inmobiliaria y, con ella, la gran crisis en la que todavía estamos inmersos, empeñados en ver la luz que levemente aparece al final de este largo túnel del siglo XXI. Los abusos de todas las partes, unos por dar en demasía y otros por recibir sin tener la capacidad de devolver, consiguieron que durante muchos años solo se mencionara la palabra «crisis». El sistema financiero español tuvo que valerse de numerosos instrumentos para hacer frente a una situación tan trágica y acoplar la estructura bancaria bajo el control de organismos y limitaciones lo suficientemente fuertes para contener los efectos devastadores del estallido de la burbuja del ladrillo. Además de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD), se crearon el SIP, el FROB, los EPA (esquemas de protección de activos) y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), la intervención de la cual logró hacer frente a los resultados del gran estallido financiero y social que supuso la crisis iniciada a principios de 2006 y que aún hoy, en 2017, no ha concluido.

Por otro lado, los movimientos sociales se agruparon y la reacción no fue otra que culpar de todo lo acontecido a la banca y las cajas de ahorros por sus conocidas ventas de preferentes, cláusulas suelo, desahucios… De todo este ruido nacieron las asociaciones de perjudicados por un producto opaco o tóxico, por la pérdida de la vivienda o por la ejecución del crédito. La rebelión social creció de tal forma que la mayor parte de los días de la semana se empleaban para convocar manifestaciones que reclamaban algún derecho perdido en esta avalancha de acontecimientos a la que el pueblo no estaba acostumbrado y que siempre había conocido como un derecho conseguido del Estado del bienestar, que jamás había de sufrir alteración o menoscabo. Difícil fue acostumbrarse a volver a ser pobres, a valorar el precio de las cosas y la dificultad para conseguirlas. Ha sido una de las peores décadas de crisis en España, pues ni la recesión de 1929 en Estados Unidos influyó tanto como el estallido de la burbuja inmobiliaria del año 2008, en la convivencia y la situación de un gran número de personas que se quedaron sin trabajo, sin casa y sin futuro.

Posiblemente desde 1985, año de la promulgación de la ley de «democratización de las cajas de ahorros», nació una causa de sosegado avance donde se dio entrada en los consejos y asambleas de estas entidades a un 40 % de la representación de los entes locales y control a las Comunidades Autónomas. Después de más de un cuarto de siglo, las leyes de 2013 (Ley 26/2013) y 2014 (Ley 10/2014) vinieron a corregir esto último. Además, sobre ellas influye el control por todos conocido del BCE junto con el del Banco de España, y hemos comprobado, no sin sorpresa, cómo han desaparecido las cajas de ahorros, que se han transformado en fundaciones y la mayor parte de ellas se han convertido en bancos, según la Ley 26/2013.

De la crisis bancaria se está saliendo —eso sí, despacio—, y en cuanto dejemos de repetir dicha palabra, poco a poco desaparecerá de los informativos y se acomodará en el olvido del tiempo, ocupando el lugar que le corresponde en el silencio, y dentro de pocos años nos parecerá un mal sueño que también habrá pasado. Como ejemplo tenemos, en el otoño de 2017, la crisis catalana, que copa todos los informativos, tertulias y preocupaciones. En esta situación nadie menciona la consabida «crisis económica», porque la única que cuenta es la crisis política y el avance del nacionalismo, pues no olvidemos que estos sucesos dejan huella durante mucho tiempo y el único beneficio para el consumidor y la sociedad en general es valorar las cosas pequeñas, remodelando el esfuerzo y volviendo a la realidad.

Esta realidad, por dura que sea, siempre ampara una nueva forma de ver el futuro con esperanza, donde abundan de manera prioritaria las cosas más simples y sencillas, y en la que los lazos familiares se refuerzan para hacer frente a una situación difícil como la que nos ha tocado vivir y de la que no es fácil salir si no existe una profunda reflexión y una gran confianza en el futuro. El futuro solo nos corresponderá si ponemos en marcha el sentido común y amparamos el afán dentro de una de las mayores esperanzas del ser humano, que no es otra que la eficacia, siempre ayudada por la constancia, observando los movimientos sociales que habían estado en completo silencio y que han empezado a despertar, desplegando banderas y elevando la voz en la calle con la reivindicación del inconformismo de todas las tendencias y los gritos incontrolados que suelen resurgir cuando nadie sabe ni adónde ni a quién van dirigidos.

Igualmente, en la segunda parte de este libro describo de forma resumida la condición de abogado y todo cuanto conlleva la defensa de los intereses ajenos, defendidos como propios. En los últimos cuarenta años, la abogacía ha pasado por distintos escenarios, y actualmente se encuentra en una situación también de avalancha, donde los despachos de nuevas generaciones se abren camino con las reformas del siglo XXI. Las preferentes, las cláusulas suelo y los gastos que repercuten al banco han dado suficiente trabajo para que los despachos acumulen enormes cantidades de demandas a éxito; han desaparecido las normas mínimas y las asociaciones de profesionales se han potenciado y unido, creando una nueva forma colectiva y especializada para resolver, a partir de sus conocimientos y experiencia, cualquier problema, también el de las nuevas tendencias financieras, donde los sistemas informáticos y los avances tecnológicos son imprescindibles para el desarrollo de la profesión, sin olvidar las normas y las costumbres que la regulan.

Asimismo, la actividad profesional de los procuradores de los tribunales ha cambiado en cuanto al trabajo individual, y con la Ley Ómnibus (25/2009), que se explica más adelante, se ha consagrado la profesión también en avances colectivos, donde solamente con pertenecer a un colegio profesional se puede ejercer en todo el país, como sucede con los abogados.

Estas regulaciones han supuesto un gran avance para ambas profesiones liberales iguales, a las que por fin se aplica una legislación en consonancia con la influencia y el criterio de Europa y que, con cierta lentitud, se ha ido implantando en todos los colegios profesionales a pesar de la gran oposición que en un principio ejercieron en su contra, pero que a estas fechas se cumple con gran agilidad y orden, aprovechando la digitalización de los juzgados en beneficio sobre todo del consumidor y del prestigio de los profesionales de este gremio.

En resumen, las páginas que siguen tratan de recoger los ciclos reguladores, tanto en la actividad financiera como en la profesional y la humana.

No deseo acabar esta introducción sin agradecer a Ángel Corcóstegui Guraya, artífice de tres importantes fusiones en la banca española, su aportación a la presente obra, además de reconocerle sus méritos y, por encima de todo, su condición humana y su amistad cercana, sincera y familiar.

PRIMERA PARTE

La crisis bancaria

1

Esplendor, crisis, evolución y sostenibilidad de las entidades financieras en España

Se ha escrito mucho sobre la actividad de la banca en España, numerosas opiniones muy fundamentadas por grandes financieros con una excelente preparación y una profesionalidad y trayectoria demostradas, que han ejercido su labor en bancos y cajas de ahorros con cargos de responsabilidad durante la última mitad del pasado siglo hasta nuestros días. Debe considerar el lector que el libro que tiene entre sus manos lo ha escrito alguien al que solo le avalan más de cuarenta años dentro de la banca y que ha ejercido en este sector desde la escala de subalternos hasta los puestos de máxima categoría. Los conocimientos de que dispongo los fui adquiriendo gracias al trabajo diario desde los puestos más básicos en un banco a finales de 1969 hasta alcanzar la categoría de Jefe de Primera A en menos de veinte años.

El escalafón de la banca en las décadas de 1970 y 1980 se iniciaba desde botones y se acababa en dicha categoría de Jefe de Primera A, donde siempre se ejercía el mando de una jefatura; en mi caso, la Jefatura del Área Jurídica Territorial de Andalucía Oriental. La clasificación de las escalas de jefes en la banca estaba regulada por la categoría de la ciudad; existían, por tanto, plazas de clase A, de clase B y de clase C. Sin embargo, mientras que Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, por ejemplo, donde operaba el Banco de España principalmente, eran consideradas como plazas de Primera A y un Jefe de Primera A era la máxima autoridad administrativa para adoptar y ejecutar decisiones sometidas a las Subdirecciones y Direcciones Generales, como responsable de una jefatura, sin tener que depender de nadie de inferior categoría, otras plazas, en cambio, según la población, la actividad financiera y el núcleo de negocio podían ser consideradas, además de clase A, también como clases B y C, pues solo se daban esas tres categorías en el concepto de jefes, donde el tipo A dominaba al resto de los empleados y del negocio, y dependían directamente de las Direcciones Generales.

La Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 posiblemente facultaba al Banco de España para ejercer su control y el rigor de la época, pero en la escala de mandos el control lo ejercía directamente la banca privada, incluso bajo la dependencia del Consejo Superior Bancario. El Banco de España, además de ser un órgano regulador, tenía como función más específica la de emitir billetes de curso legal, desarrollando las misiones de descuentos y depósitos, y aunque su personalidad jurídica era independiente y contaba con plena capacidad, tanto el control como la fiscalidad los ejercía casi siempre de manera compartida o guiada por el Ministerio de Hacienda, el cual respondía a su vez ante el Consejo de Ministros.

Era por tanto una ley que facultaba al gobierno para controlar todo el sistema financiero, y según lo que estimara la Jefatura del Estado, se emitían más o menos billetes. Suponía el control absoluto. Cierto es que dicho control se delegaba en los organismos competentes, pero al final estos tenían que rendir cuentas y recibir órdenes del Consejo de Ministros, fiscalizando a los bancos oficiales: de Exterior, Hipotecario, de Crédito Oficial y de Crédito Industrial.

Para la banca privada se dictaron muchas normas y todas ellas dependían del Ministerio de Hacienda, reconociendo incluso los derechos a los bancos que existieran antes del 18 de julio de 1936 si su comportamiento había sido correcto durante la Guerra Civil a juicio del Consejo Superior Bancario. Asimismo, la autorización de crédito, de tipo de interés para acciones activas o de descuentos y medidas similares debía contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda, en muchos casos delegada al citado Consejo Superior Bancario. Esta ley fue derogada definitivamente el 28 de junio de 2014, después de más de cincuenta años en los que gozó de plena vigencia.

Actualmente, sin ser una de sus misiones primordiales, los bancos centrales siguen emitiendo billetes, eso sí, bajo la coordinación y el control del BCE. Al abandonar el patrón oro en 1931, los billetes dejaron de especificar el pago al portador, que no era más que un formulismo que representaba la cantidad de oro que podía percibir el tenedor del billete del banco emisor. Mientras que Estados Unidos se separa del patrón oro en 1971, España no había aceptado nunca este sistema. Cuentan los historiadores de la época que, a comienzos del siglo XX, en España el valor de la plata experimentó un gran crecimiento (aquí se había adoptado el patrón bimetálico) y quedó sujeta al patrón plata, ya que el patrón oro exigía una serie de medidas y circunstancias con las que nuestro país estaba lejos de contar.

En 1971, cuarenta años después de la quiebra del patrón oro, comenzaron a aparecer solo en los billetes leyendas como la siguiente: BANCO DE ESPAÑA CINCO PESETAS y debajo la numeración correspondiente, firmado por el gobernador del Banco de España, si bien hasta 1974 se emitieron billetes en los que se indicaba que el Banco de España PAGARÁ AL PORTADOR, por poner un ejemplo, 100 pesetas. Esto no tenía otro significado que el antiguo, es decir, que «el Banco de España pagaría al portador» el importe en reservas de oro o en cédulas.

Aunque España no se había acogido al patrón oro, se consideraba que era el valor más seguro, y siempre se pensó que nuestras reservas estaban amparadas en la existencia de tan cálido metal en las cajas fuertes del Banco de España, que nosotros considerábamos como nuestro tesoro, y que nunca se podrían emitir más billetes que el valor del oro existente en las cajas fuertes del banco emisor. La leyenda EL BANCO DE ESPAÑA PAGARÁ AL PORTADOR desapareció a finales del siglo XX. En el caso del euro, en los billetes tan solo se imprime en el anverso el número del valor (5, 10, 20, 50…) sin ninguna otra reseña que no sea un «BCE» seguido del año de emisión, sin la mención «al portador» y siempre con la firma del gobernador o presidente del banco emisor, mientras que en el reverso aparece el número de serie. Lo mismo ocurre con los billetes emitidos por el resto de los bancos del mundo: Banco de México, 50 pesos; Banco Central do Brasil, 50 reales; Bank of England, 50 pounds, o The United States of America, 20 dollars, y así en las diferentes cuantías, indicando cada uno el número de serie correspondiente y la firma del presidente, y siempre en el reverso la foto de algún personaje célebre o la sede del banco central de cada país y la del jefe o jefa del Estado, aunque en muchos casos también se consigna en el anverso junto a la firma del gobernador o presidente.

En el caso de los billetes de euro es más frecuente que en el anverso aparezca siempre un monumento y en el reverso, un tanto difuminado, el mapa de los países que forman la UE. (Una curiosidad que merece destacarse: en el anverso del billete de 10 euros aparece la portada románica de la capilla de San Roque, situada en el precioso pueblo coruñés de Melide; esta capilla se construyó con restos de dos iglesias, la de Melide y la de San Pedro, de la que conserva intacta la portada, y también de la antigua capilla de San Roque, del siglo XIII, y a su lado queda el crucero más antiguo de Galicia, uno de los lugares más visitados del Camino de Santiago.)

No obstante, en las monedas es diferente; en ellas abundan las figuras de los jefes de Estado y los monumentos más importantes de cada país, aunque casi siempre aparece, en la cara, el mapa de la comunidad y, en la cruz, los personajes o los citados monumentos. (Lo de «cara y cruz» trae causa en las monedas que circulaban en la época colonial, de cuando el imperio español, que tenían la cara del emperador en el anverso y la cruz en el reverso. Por tradición, se sigue usando esta expresión en varios países de habla hispana, si bien en México, por ejemplo, a la cara de la moneda se la llama «águila» y al reverso, «sol».)

DESDE LOS AÑOS SESENTA HASTA LA ACTUALIDAD

No es mi propósito acentuar esta visión de la banca anterior a los años sesenta, donde los manguitos y la visera formaban parte de la indumentaria de todo el que tocara dinero y atendiera al público principalmente en ventanilla. Quiero referirme más bien a la banca de los años sesenta en adelante. Haré especial hincapié en las normas de cada época y sobre todo a partir de esta década, con unos órganos de gobierno más avanzados, integrados en un sistema financiero que estaba más en consonancia con los tiempos y que poco a poco se adaptaba al marco internacional y europeo, donde el control, las exigencias y las legislaciones fueron el caballo de batalla del bastante complicado mundo de la banca y las cajas de ahorros.

Eran, pues, tiempos de riqueza rural, donde la mula pisaba el trigo de las eras y los silos de ese trigo vertían negociables del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), dando a la banca la riqueza de su negociación, con los apoyos del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPPA) en los pagos de los productos protegidos o subvencionados por el Estado a los agricultores de toda España, pero principalmente a los de las tierras del sur y Extremadura, que siempre canalizaban a través de algún banco de prestigio y primer nivel, sin olvidar la competencia asimismo feroz de las cajas de ahorros, cuya negociación también podían llevar a cabo. Pero hay que remontarse hasta 1995, cuando ambos servicios y fondos se integraron en el Fondo Español de Garantía Agraria, que realizó la misma función con la banca y las cajas de ahorros.

Los órganos estatales del desarrollo rural, principalmente, facilitaban a la banca, las cajas de ahorros y las cajas rurales la fuente esencial de sus ingresos, pues a través de los instrumentos financieros se canalizaba el dinero de los agricultores de todo el país. Esto suponía una riqueza segura que tenía el respaldo estatal y que a los bancos sobre todo, al inicio de las campañas, les permitía el descuento del precio del producto (de ahí el nombre conocido de «negociables»).

El sector agrario y su desarrollo contaban con un gran apoyo por parte del gobierno, pues a él se le trasladaba de forma indirecta la responsabilidad de atender y cuidar el empleo comunitario cuando en alguna región de España escaseaba el trabajo y había que preocuparse por las listas oficiales del desempleo. Un factor de negocio en la banca, durante y después de la posguerra, fueron estos pagos diferidos y con un plazo para hacerlos efectivos, a los que se les aplicaban los mínimos descuentos, ya que los importes sustanciosos de las grandes campañas pasaban por los bancos más colaboradores y experimentados en esta actividad temporal que tenía lugar todos los años y de las que se conseguían los grandes pasivos a nivel nacional. Se negociaba el importe del trigo, de las semillas, los garbanzos y otros productos agrarios de primera necesidad, lo que suponía un factor de riqueza seguro con un pago aplazado a no más de 90 días y siempre respaldado por los servicios del Estado.

En consecuencia, la producción agraria del campo era una riqueza muy importante para la banca de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Fue esta una época estable y tranquila en la que la legislación nacional para las entidades de crédito mantenía un gran peso en toda la actividad financiera, industrial, comercial, de bienes de equipo y de grandes planes de desarrollo ideados por el gobierno y financiados fundamentalmente por el sistema bancario.

Como ya he comentado, la parte social y de ahorro estaba más repartida entre la función básica de las cajas de ahorros, que con el paso del tiempo fueron asumiendo la actividad del descuento, pues era la forma de cobrar que tenían los productores. En tales repartos de negocio, a las cajas se les permitió compartir dicha actividad, y estas lo potenciaron, ya que, en cualquier pueblo, por pequeño que fuera, existía una caja de ahorros y lo normal era hacerla más rentable con el descuento de estos negociables o pagarés de los fondos de coyuntura agrícola que se repartían por todo el mundo agrario nacional como forma de adelantar (aparentemente) el pago, si bien los gastos del descuento dependían del agricultor beneficiario.

De todas maneras, el Banco de España controlaba la evolución del crédito y el ahorro, y cuando se creaba algún proyecto trascendente en el territorio, se ponían en marcha los bancos oficiales del Estado que, a su vez, y en muchos casos, se auxiliaban de la banca privada para llevar a cabo la financiación de toda actividad mercantil e industrial. El Banco de España estaba considerado más como un «órgano colaborador» porque la banca de entonces cumplía su cometido con rigidez, y cuando se la invitaba a que apoyase algún proyecto estatal, lo hacía sin dudarlo, pues gozaba de un gran espíritu de colaboración y dependencia y, además, contaba con una liquidez saneada y fuera de toda sombra de sospecha, asumiendo las disposiciones oficiales que marcaban las normas y el buen banquero acataba.

En la primera mitad del pasado siglo, la de banquero era una de las profesiones mejor consideradas por la sociedad. De hecho, en las ciudades más pequeñas, donde operaba cualquier banco, las gentes sencillas de los negocios y los tratos tenían más confianza con el director de una sucursal que con su propia familia a efectos de mover o guardar sus modestos ahorros; es más, incluso en alguna transacción importante se usaba el local del banco para otorgar mayor importancia al documento que hubiera que firmar, y si alguno de estos documentos contaba con la rúbrica de su director, lo volvía de obligado cumplimiento, aunque su participación fuera meramente de testigo (por ejemplo, en una compraventa privada). Lo importante para el banco o la caja era que el importe de la transacción quedara ingresado en la cuenta de la entidad. En este sentido, ejercían similar labor las cajas de ahorros, cumpliendo con gran disciplina la tradición heredada de los antiguos Montes de Piedad, cuya actividad era regulada por la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), fundada en 1928 y que agrupó a todas las cajas de ahorros del país.

La CECA nació como una entidad de crédito sin ninguna limitación específica y tenía un doble objetivo como asociación: por un lado, representar a las cajas de ahorros españolas ante los poderes públicos en el ámbito tanto nacional como internacional, y, por otro, actuar ejerciendo el control de sus entidades, colaborando con las autoridades financieras y enlazando como centro de coordinación operativa de información, asesoramiento, comunicación y de cualquier otra actividad en representación y defensa de las cajas de ahorros confederadas. Incluso en su concesión de préstamos, mantenían su propia tasa anual equivalente (TAE), si bien se conocía como «tipo activo de referencia» de las cajas de ahorros o «indicador CECA», y todos los meses comunicaban al Banco de España dicho TAE, que además se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con los avances en materia financiera y la reducción del número de cajas, este organismo fue eliminado a partir del 1 de noviembre de 2013, y en 2012 se convierte, por exigencias de la legislación, en Cecabank.

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

La ordenación bancaria y la Ley de Cajas transcurrieron por sendas diferentes, pues incluso la banca era controlada por el Consejo Superior Bancario y las cajas, por su órgano colegiado, la CECA. Sus convenios asimismo eran diferentes; mientras la banca contaba con una tabla mayor de categorías, las cajas de ahorros solo distinguían entre jefes hasta el cuarto o quinto grado sin especificar las categorías de las plazas donde prestaran sus servicios. Había muchos elementos parecidos, pero no eran iguales. Siempre se consideraba que las cajas de ahorros contaban con un radio de actuación más reducido que la propia banca, pues mientras las primeras tenían un marco más local-territorial a pesar de que contaban con una gran fuerza por estar agrupadas en la CECA, la segunda se extendía por toda España.

Los grandes banqueros y los grandes bancos mantenían unas relaciones muy cercanas con el gobierno de la época, y es preciso reconocerles el enorme mérito de adaptarse a las normas y a los tiempos si con ello lograban los objetivos de una sólida ganancia y un mantenimiento de la industria, el comercio y de todo tipo de actividad que repercutiera en el sostenimiento de las clases trabajadoras y obreras del país, ayudando a mantener el pleno empleo en las zonas más deprimidas y de las que conseguían un importante pasivo dentro de su actividad financiera, como ya expliqué antes.

La banca privada era un territorio menos extendido y muy ligado al mundo de la Bolsa; incluso los agentes de cambio y bolsa (profesión máxima para mínimos) tenían una enorme credibilidad y una estrecha relación con el Ministerio de Hacienda y sus órganos de control. En el sentir popular, los bancos crecían en las grandes ciudades y las cajas de ahorros en las pequeñas; estas últimas debían competir siempre con las cajas rurales, una marca utilizada por las cooperativas de crédito autónomas españolas y que en la actualidad la componen en número de 73. Esta asociación tiene como fines principales fomentar el crédito cooperativo y trabajar con la filosofía del sector agrario, que configura la cultura empresarial específica y exclusiva. Un ejemplo muy notable lo tenemos en la Caja Rural de Jaén, que en el campo del olivar y el aceite, por tradición y confianza, es una de las más solventes y mejor dirigidas de España. También ha destacado (y destaca) la Caja Postal de Ahorros de Correos, que sigue contando con oficinas en los más olvidados rincones aun después de haber experimentado grandes cambios en su forma de actuar (actualmente cabe destacar su primera oficina virtual).

La historia de la empresa estatal de Correos y Telégrafos es interesante, pues dejó de pertenecer al Estado para convertirse en organismo autónomo, algo en lo que colaboró de forma activa Alberto Núñez Feijóo, que fue su presidente desde el año 2000 hasta 2003. Durante su mandato se implantó la libre competencia empresarial y sacó a la entidad de los números rojos en los que estaba cuando era estatal, convirtiéndola en una gran empresa de servicios con visión de los avances que estaban por llegar con las nuevas tecnologías. De la mano de su presidente y en un corto período de tres años, Correos se actualizó en todo tipo de servicios y gestiones, conservando su identidad de cercanía y abnegado servicio encaminado a la sociedad más sencilla de todos los pueblos de España.

Nunca coinciden las fechas de las negociaciones de los convenios colectivos tanto de la banca como de las cajas de ahorros. En ellos siempre ha habido una rivalidad latente por la cuestión salarial, existiendo a veces una aparente diferencia en las mejoras entre un convenio y otro, lo que los hace distintos y les da fuerza y vida por separado, diferentes en el fondo pero muy parecidos en las formas. Mientras las cajas cuentan con el carácter benéfico-social, la banca mantiene además otros conceptos y pluses conforme a los beneficios de las entidades de crédito privadas, al servicio de sus accionistas y de cuyos beneficios también participan los empleados, logrando con ello que en muchos casos alcancen pagas de beneficios, medias pagas o un cuarto de paga, según se haya pactado en sus respectivos convenios colectivos, y estos reflejan los resultados y los beneficios que repercuten en los trabajadores, pues en la actualidad tienen reconocidas 15,75 pagas anuales, por el convenio de banca, lo que las hace más interesantes ante la decisión de cualquier opositor.

Generalmente, en las décadas de 1960-1980 los convenios tenían una vigencia anual; después, en otros muchos casos se estableció un período mayor o menor según creciera o se mantuviera el índice del coste de la vida. Hoy en día, ambos convenios se siguen discutiendo por separado. Por un lado, la banca señala una única escala: técnicos de banca con once niveles; por otro, las cajas de ahorros establecen grupos profesionales 1 (con catorce niveles retributivos) y 2 (con cinco niveles). Pero no es la vigencia de un convenio la que da forma a este libro. El auténtico sentido proviene de los grandes cambios registrados principalmente en las cajas de ahorros (menores en la banca) a partir del ecuador del pasado siglo. El gran cambio —más en la cuestión normativa que en la formal— se produce entrado ya el siglo XXI, y mucho más a partir de la crisis iniciada en 2008 que aún continúa oscureciendo el panorama financiero, social y bancario, cuyo desenlace hasta nuestros días ha sufrido grandes altibajos.

Con el nacimiento de nuevas medidas, nuevos órganos y nuevas exigencias se está consiguiendo aclarar el panorama financiero en conexión con la legislación europea, y en la actualidad presenta una gran modificación conforme a la situación en la que hoy se encuentra este sector, principalmente las cajas de ahorros. Ya en 1985, con la Ley 31/1985 de 2 de agosto (por cierto, un mes inhábil a todos los efectos) se empezó a modificar su estructura de representación, y continuó hasta la Ley 10/2014, en la que se estableció la ordenación, la regulación y la solvencia de las entidades de crédito, que comprenden las cajas de ahorros y la banca privada principalmente; queda fuera la antigua banca pública oficial, hoy encarnada en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), banco público adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Incluyen igualmente a Bankia como banco intervenido por el Estado y al FROB, creado a raíz de la crisis de 2008. Por lo tanto, una caja de ahorros que siempre hizo valer sus derechos en las negociaciones de convenios colectivos, desde que fue nacionalizada ha pasado a no participar en cuestiones privadas, si bien el Convenio de Cajas, aunque esté prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018, con el tiempo está abocado a su desaparición, quedando solo para las fundaciones, pues la mayor parte (por no decir casi todas) han pasado, según la ley de 2013, a denominarse «bancos»; en consecuencia, será el Convenio de la Banca por el que deban regirse (cuya vigencia actual finaliza también en 2018) y en el que en la actualidad se siguen conservando los derechos de percibir anualmente 15,75 pagas, como ya señalé antes.

Para imaginar la presión social hay que tener en cuenta que el empleo, como indicador de la crisis, marcaba mínimos históricos hasta 2008, cuando la tasa de desempleo no alcanzaba ni un 10 % de la población activa; a partir de 2009 superó más del 17 %, con un ascenso continuo hasta llegar en 2013 al 26,94 %, que es su máximo histórico, y desde dicho período ha registrado un descenso progresivo, hasta llegar en 2016 al 21 %, con una tendencia a la baja en los últimos tres años (incluso en junio de 2017 la tasa se ha vuelto a situar en poco más del 17 %).

Estos registros también son significativos para valorar el panorama social, y lo son asimismo para los sistemas políticos y financieros. Todos tienen que armonizar la situación más o menos estable de cara al futuro dentro de nuestro país, cuya credibilidad no solo debe de florecer ante Europa, sino ante el mundo y ante nosotros mismos, para concienciarnos del avance o retroceso de nuestra situación económica, laboral, política y financiera. Estos marcadores definirán y reflejarán de manera más aproximada en qué situación se encuentra nuestro país, al que le cuesta recuperar la confianza lograda a principios de este siglo.

Para ello, un sector a tener muy en cuenta es el turismo. Si bien en los dos últimos años ha experimentado una subida extraordinaria, incrementada en más de un 25 % respecto a los años anteriores y, por ello, con una tasa de crecimiento ascendente, igualmente habrá que estudiar en detalle qué tipo de turismo interesa a España, pues las grandes masificaciones no son buenas y la calidad debe primar sobre la cantidad. Por este motivo, es necesaria una regulación urgente para evitar que cada vez sean más las voces que se alzan en contra del turismo de masas, una evidencia que hay que resolver con el consenso de todos y por la buena planificación del sector turístico en el país.

Asimismo, no debemos olvidar que, a raíz del atentado terrorista cometido en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, el turismo se resentirá; es muy difícil salir indemne cuando las imágenes de una desgracia tan desproporcionada recorren el mundo entero. Incluso las actuaciones descontroladas de diversos grupos independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, están consiguiendo perjudicar el turismo. Habrá que esperar un tiempo prudencial y ver si el efecto negativo de este tipo de actos inseguros ha mermado la afluencia de visitantes, y para comprobar igualmente las medidas que se tomen para asegurar que España cuenta con la seguridad suficiente para seguir siendo atractiva al turismo, pues la reacción mundial puede ser devastadora si estos hechos sirven de referencia para decidir si se viene o no a nuestro país de vacaciones. España, hasta el 17 de agosto, era el país más seguro de la Comunidad Europea, pero a partir del día siguiente desconocemos a medio y corto plazo qué deriva puede tomar nuestra mayor fuente de ingresos, si bien en 2017 el número de visitantes superó los ochenta millones de personas.

Volviendo a las leyes que afectan, entre otras entidades financieras, a las cajas de ahorros, destacan por su significación tres que limitan o dan la vida a estas entidades, y cuya trascendencia las hace dignas de ser estudiadas en detalle y de cuyo resultado dependerá la propia vida de estas entidades. Me estoy refiriendo a la Ley 31/1985 de 2 de agosto de 1985, la Ley 26/2013 de 27 de diciembre de 2013 y la Ley 10/2014 de 26 de junio de 2014, que pasaremos a ver en el siguiente capítulo.

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Tres leyes trascendentales

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS: LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO DE 1985

En el año 1985, con la entrada en vigor de la Ley 31/1985 (Ley Orgánica de Cajas de Ahorros, o LORCA) se efectuó un cambio considerable al modificar el Real Decreto 2290/1977 de 27 de agosto, más conocido como «Decreto Fuentes Quintana», en el que se daba toda la representación a sus propios órganos de consejos y asambleas capitaneados por la CECA, donde cajas y bancos se equipararon a nivel operativo y se delimitó, por vez primera, el ámbito de la actuación de la Confederación, pues hasta ese momento las cajas de ahorros se habían diferenciado de la banca en muchas cosas, principalmente en que aquellas distribuían sus beneficios en obras y acciones sociales, mientras que la banca reportaba dividendos a sus accionistas. La Ley 31/1985, en su disposición última, establecía: «Queda derogado el Real Decreto 2290/1977 de 27 de agosto salvo lo establecido en sus Capítulos II y III y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley».

Se daba así una nueva configuración sobre la regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorros, todo ello fundamentado en el carácter social y el marco territorial donde se implantan, lo que conlleva una democratización de sus órganos rectores, de forma que en ellas puedan expresarse todos los intereses de las zonas en las que operan principalmente. «Esta democratización es perfectamente compatible con una mayor profesionalización.»

En esta ley se democratizan los componentes de los consejos y las asambleas; en su artículo 2.3 se establece que ostentarán el 40 % de los consejeros generales, las corporaciones municipales, en cuyo término tenga abierta una oficina la entidad; en su artículo 29, continúa la referida ley: «Deberán estar representadas adecuadamente en el Consejo de Administración todas las Comunidades Autónomas a través de sus representantes dentro de dichas Cajas con sede social en cada una de ellas», y en el artículo 31 se dice que las cajas podrán agruparse por federaciones de alcance territorial, con la finalidad de unificar su representación y colaboración con los poderes públicos territoriales, así como la prestación de servicios técnicos y financieros comunes a las entidades que abarque su ámbito. Establece, asimismo, que el consejo general de las federaciones es el máximo órgano de gobierno y estará constituido por dos representantes de cada caja asociada y dos representantes de la Comunidad Autónoma o Comunidades que abarque el ámbito de la federación.

Reseñar algunos párrafos del articulado de esta ley no tiene otro sentido que el de reflejar la democratización, muchas veces repetida, en su articulado y que necesitaban las cajas de ahorros cuando se aprobó esta ley en 1985, pues de tanto reiterar «la democratización» de estas parece como si con anterioridad hubieran actuado de forma descontrolada, clandestina o dispersa, algo que el tiempo ha demostrado que no fue así.

Hasta el final del siglo XX, las cajas de ahorros que no podían acudir a los mercados de capitales para aumentar sus recursos propios, como hacía la banca, fueron capitaneadas, a partir de la ley de 1985, por las corporaciones locales, que ejercieron en muchas ocasiones como auténticas conexiones políticas con los partidos dominantes en las plazas y comunidades, donde unos conseguían la mayoría y otros la perdían. Sin apenas darnos cuenta, las cajas de ahorros se acoplaban al poder político del momento o, más bien, el poder político se acoplaba a las cajas, y la representación de sus órganos simpatizaba sin mucho esfuerzo con el color del partido político dominante (sirvan de muestra los gobiernos de Andalucía y Madrid, entre otros).

Si en muchos de los artículos de la ley de 1985 se repetía que los gobiernos de las cajas tenían que democratizarse, ahora que ha pasado más de un cuarto de siglo hemos podido asistir a la desaparición de casi todas ellas, quedando operativas solo dos de las menos conocidas: Caixa Ontinyent, con sede en Onteniente (Valencia), y Colonya Caixa Pollença (Mallorca). La primera cuenta en la actualidad con 49 oficinas, todas ellas en la Comunidad de Valencia, y un total de 195 empleados. Fue fundada en 1884 y sus modestos beneficios dan para llevar a cabo, además, una gran obra social, y eso que no alcanzan los cinco millones. Por su parte, Colonya Caixa Pollença cuenta con 20 sucursales y no llega al centenar de empleados. Con unos beneficios anuales de unos dos millones y medio de euros, cubre una importante labor social de personas con un alto grado de exclusión social. Sus proyectos sociales más conocidos son: Proyecto Hombre de Baleares, Medicus Mundi de Baleares, Coordinadora de Discapacitados de Mallorca y Banco de Alimentos de las Islas Baleares, pero son muchas más las obras sociales en las que está inmersa y que darían para llenar una página, siendo además una entidad rentable y con beneficios. Patrocinan un premio infantil y juvenil de literatura en catalán, cuyos galardonados conviven con los niños de Pollença y Alcudia. Igualmente, patrocinan el festival de la música de Pollença y el deporte de base y escolar. De ella se dice que son los últimos mohicanos, destacando su lema: «La ética es posible en finanzas». Aglutina por tanto una gran relación de actividades sociales que son el ejemplo de cómo una caja de ahorros puede subsistir y, al mismo tiempo, desarrollar una gran labor social, siendo independiente y con una fortaleza tanto social como económica que la hacen ser ejemplo de otras muchas grandes que también desaparecieron en el marasmo de la insolvencia.

Tanto la de Ontinyent como la de Pollença cuentan con una solidez fuera de cualquier duda, y su reducido número de empleados y sucursales no les quita la importancia de ser entidades financieras muy bien controladas, de cuya solidez nadie duda y con un crecimiento moderado y modesto, como sus propios fines en ayuda social. Su funcionamiento modélico da ejemplo de cómo unas cajas modestas (posiblemente las más modestas) han subsistido con solidez a toda adversidad y siguen dando beneficios. Su gestión social es envidiable, llevando a cabo todo lo que está al alcance de su reducido margen de beneficio. Por todo ello, merecen ser el modelo de la auténtica caja de ahorros cercana a la gente y a las industrias de su comarca, sin hacer mucho ruido y aumentando la efectividad en la gestión, tanto la financiera como, principalmente, la social. Como digo, son un ejemplo que el resto de las cajas deben tener en cuenta, ya que todas las demás han desaparecido como tales y han traído consigo unos rescates muy sonados, que lo seguirán siendo por mucho tiempo, pues las cantidades que han de devolver al FROB, entre otras, las hacen inviables y su rescate ha sido muy comentado en Europa por el gran volumen de más de cincuenta mil millones inyectados para evitar su desaparición total como cajas y como bancos. Este tema se tratará posteriormente junto con la intervención de Bankia, que fue la más sonada y un ejemplo que refleja los movimientos y participaciones en la representación social que la han llevado al estado actual de nacionalización.

LOS «CONSEJEROS INDEPENDIENTES»: LEY 26/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS

En su preámbulo hace referencia al Real Decreto 2290/1977, cuyo modelo cristalizó en la mencionada Ley 31/1985 de las Regulaciones de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que perseguían un triple objetivo: democratizar los órganos de gobierno de estas, profesionalizarlos y ajustarlos, y crear el régimen normativo de estas entidades a la nueva organización territorial del Estado. Esta ley se estructura en dos títulos. El primero aborda la regulación de las cajas de ahorros y el segundo establece la regulación relativa a las fundaciones bancarias; dada la estrecha vinculación entre ambas entidades, se decidió incluirlo en un único texto normativo.

La Ley 26/2013 establece cambios de calado en la Ley 31/1985. Para empezar, exige grandes conocimientos específicos y gran experiencia en el ejercicio de todas las funciones de los órganos de gobierno; con ello se reduce el porcentaje de las entidades públicas de un 40 % a un 25 %, reforzando así el poder de los impositores mediante la previsión de un nuevo mecanismo para la designación de su representación en la Asamblea General, e incrementando su presencia en la misma hasta una horquilla del 50-60 %. Este conjunto de medidas pretende que las personas que tienen depositados sus ahorros en las cajas puedan ver mejor representados sus intereses en los órganos de gobierno.

Otro aspecto de singular relevancia es la inclusión de consejeros independientes como esencial en materia de orden corporativo, pues al estar presentes en los órganos de gobierno pueden tomar las decisiones con independencia, objetividad y neutralidad. La misma ley, en su título II, aborda la regulación básica sobre las fundaciones bancarias. Para ello se inspira en la figura de las fundaciones de carácter especial recogidas en el Real Decreto 11/2010 de 9 de julio. La regulación comienza definiendo las fundaciones bancarias como aquellas que tienen un porcentaje mínimo del 10 % de participación en un banco, lo cual afecta, en atención a un inexcusable respeto de los principios de igualdad y no discriminación, también a aquellas fundaciones ordinarias que adquieren tal porcentaje de participación de un banco.

Esta ley regula el régimen de transformación en una fundación bancaria, tanto de las cajas de ahorros como de las fundaciones ordinarias. Respecto a las primeras, su transformación se producirá en dos supuestos diferentes: a) cuando una caja de ahorros crezca por encima de los límites permitidos por la ley, dado que es necesario que no aumenten su volumen a niveles que las hagan sistémicas, y b) en el supuesto de cajas que, a la entrada en vigor de esta ley, estén ejerciendo su actividad financiera a través de un banco (puesto que la caja no ejerce actividad financiera alguna y centra sus funciones en la acción social, no tiene justificación y supone en cierta medida una anomalía que mantenga la licencia bancaria).

Respecto a las fundaciones ordinarias, la transformación en fundación bancaria se producirá en el caso de que adquieran el mencionado porcentaje del 10 % de participación en un banco. (En el caso concreto de La Caixa, ejercerá como Caixabank y también como caja de ahorros con la autorización de la Comunidad Europea, por cumplir los requisitos de mantener menos del 40 % en Caixabank y permitir sus activos mediante la fundación que pueda operar en el mercado financiero con las limitaciones de las cajas de ahorros, algo que el resto de las fundaciones no han conseguido aún.)

La ley introduce, además, normas en relación con los órganos de gobierno de las fundaciones bancarias, el régimen de participación de la fundación bancaria de la entidad de crédito, así como obligaciones en materia de gobierno corporativo y transparencia. Se trata, en todo caso, de que las fundaciones bancarias, en cuanto a actores significativos del sistema crediticio español, actúen dentro de los niveles de profesionalidad, independencia, transparencia y eficiencia máximas, sin que en ningún caso se pueda poner en peligro la solvencia de las entidades en las que participan.

Con carácter general, a todas las fundaciones bancarias les será de aplicación la normativa sobre gobierno corporativo, pero solo a aquellas fundaciones que tengan una participación igual o superior al 30 % en una entidad de crédito o de control de esta, se le impondrá la obligación de elaborar un protocolo de gestión en el que se expongan los elementos esenciales que definan las relaciones entre ambas entidades, así como un plan financiero en el que se explique cómo podrá hacer frente la fundación bancaria a posibles necesidades de financiación que en una situación de dificultad pudiera requerir una entidad de crédito.

El mayor grado de la intervención de la normativa estatal finalmente recaerá sobre aquellas fundaciones que ostenten posiciones de control sobre una entidad de crédito o tengan una participación superior al 50 %. La ley incluye una serie de disposiciones con objeto de crear un régimen especial en los casos de ampliaciones y repartos de dividendos. Asimismo, en su disposición transitoria segunda establece que no se podrán ejercer al mismo tiempo los cargos de presidente del banco y de la fundación, y en el supuesto de que así suceda, no será compatible a partir del 30 de junio de 2016. (Casos concretos de Caixabank, Unicaja, etcétera; Kutxabank es la excepción ya que, por medio de la fundación, sigue controlando el banco, y todo ello por un acuerdo del ministro de Economía con el Partido Nacionalista Vasco en el año 2017.)

La disposición transitoria primera prevé, por su parte, la transformación de las cajas de ahorros de ejercicio indirecto en fundaciones bancarias en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley (tras la derogada Ley 31/1985 ya mencionada).

LA «LEY DE LEYES»: LEY 10/2014, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Esta amplia ley crea en el sector financiero unas normas de obligado cumplimiento para todas las entidades bancarias que deberán estar sujetas a normas que concilien la necesaria capacidad de las entidades de crédito para el desarrollo de sus fines en el contexto de una economía de mercado. Sustituye a la Ley 31/1985 y con ello se reconoce la gran crisis en el sector bancario desde 1977 hasta 1985 que originó la quiebra de más de la mitad de los bancos que operaban en España a principios de 1978 y, también, la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea en 1986, un acontecimiento que abrió la actual etapa de vinculación de la regulación financiera española a la prolífica evolución del acervo comunitario en esta materia.

Esta ley, influida por el derecho de la UE y los acuerdos internacionales de la materia, ha ido configurando un entramado legal complejo y profundo que opera en la práctica como un auténtico estatuto profesional de las entidades de crédito. El texto se encarga, en primer lugar, de la vigilancia continuada de la solvencia y la gestión de riesgos de las entidades, atribuida con amplias prerrogativas al Banco de España. Del mismo modo que ya sucedió a mediados de 1980, la nueva regulación que incorpora esta ley viene impulsada por dos poderosas corrientes: la evolución internacional del derecho bancario y la constatación que la crisis financiera ha dejado sobre la necesidad de mejorar la calidad de la regularización prudencial de todas las entidades de crédito.

Dice la ley en su preámbulo: «La autoridad internacional que lidera la armonización de la regulación financiera internacional es el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. A través de los acuerdos alcanzados por este Comité se articuló una primera regulación que fijó para las entidades de crédito un capital mínimo de un 8 % sobre el conjunto de sus riesgos (Basilea I, 1988). Posteriormente, en 2004, se sofisticó la normativa (Basilea II) mejorando la sensibilidad de los mecanismos de estimación del riesgo y construyendo dos nuevos pilares: la autoevaluación del riesgo por cada entidad en diálogo con el supervisor (Pilar II) y la disciplina del mercado (Pilar III). Pero ninguna de las dos reformas anteriores, incorporadas en España a través de sendas transposiciones del Derecho de la Unión Europea, evitó los efectos de la crisis desencadenada en 2008. […] Dados los importantes desafíos que sobre la estabilidad de los mercados financieros y sobre la economía mundial surgieron a partir de 2008, y tras el impulso político de los grandes líderes mundiales reunidos en noviembre de aquel año en Washington en torno al Grupo de los Veinte, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria acordó en diciembre de 2010 el “Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” (Basilea III), que, tratando de evitar futuras crisis y mejorar la cooperación internacional, viene a reforzar significativamente las exigencias de capital de los bancos». Y, como es lógico, la UE trasladó a su propio ordenamiento jurídico los citados acuerdos mediante el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de julio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. El texto sigue así: «Durante los últimos años España ha conocido los grandes efectos ocasionados por la crisis de las entidades de crédito. La inviabilidad de ciertas entidades de crédito sin apoyo financiero ha exigido una decidida intervención pública para acometer su saneamiento y reestructuración».

De ahí que naciera esta Ley 10/2014, el preámbulo de la cual ha servido para esta reflexión en voz alta, y cuyo objeto principal no es otro que adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los cambios normativos que se imponen en el ámbito internacional y de la UE y llegar a una refundición en un único texto de las principales normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito. La vigencia de esta ley es la de mayor calado en nuestros sistemas financieros y contiene, por tanto, el núcleo esencial del régimen jurídico aplicable a las entidades de crédito, sin perjuicio de la existencia de otras normas especiales que regulen aspectos concretos de su actividad o el régimen jurídico particular de un tipo específico de entidad de crédito, como sucede con las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito; así, quedan establecidas como entidades de crédito: a) los bancos; b) las cajas de ahorros; c) las cooperativas de crédito, y d) el ICO.

Esta «ley de leyes» en el ámbito de las entidades de crédito con visión internacional y en el europeo ha sido el mayor pilar del sistema financiero español, y nada mejor que repasar sus 118 artículos, sus 20 disposiciones adicionales, sus 16 disposiciones transitorias y sus 14 disposiciones finales para conocer realmente la gran transformación que ha sufrido el sistema financiero internacional, pero principalmente el español, que ha cambiado casi por completo el concepto de aquella ley de 1985 sobre regulación, coeficientes de inversión y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

La gran cantidad de decretos, decretos leyes y leyes propiamente dichas ha quedado en la nebulosa del paso del tiempo, pero han dado consistencia temporal en cada momento a las situaciones y a las políticas económicas y sociales durante más de un cuarto de siglo de historia de nuestras entidades de crédito y, más concretamente, a las cajas de ahorros.

DE LA SOLVENCIA AL ENDEUDAMIENTO

A mediados del siglo pasado, se impulsaron los avances de nuestro sistema financiero que lo ampararon y protegieron, bien por las cajas de ahorros en 1928 con la creación de las cajas de ahorros confederadas, bien por la propia banca con su Ley de Ordenación Bancaria de 1946, gracias a lo cual tanto los bancos como las cajas de ahorros, además de credibilidad, gozaron de una gran salud conseguida paso a paso, día a día. Asimismo, los convenios colectivos también colaboraron a que las representaciones sociales lograran, tanto en el sector de las cajas de ahorros como en el sector de la banca, mejoras salariales y sociales; se mantuvo a los trabajadores de uno y otro en sus puestos de trabajo, e incluso aumentó el volumen de negocio de forma segura sin detrimento de ningún derecho.

Gracias a ello se logró dar al sistema financiero una de las épocas más importantes de su historia, donde los convenios colectivos se defendían y se discutían, consiguiendo altos grados de beneficio no solo para el sector, sino para la masa social que lo hacía posible (por entonces se contaba con plantillas de más de 400.000 empleados). Incluso en el año 1977 se creó el FGD (Fondo de Garantía de Depósitos), que fue controlado por las entidades bancarias para responder ante la crisis de cualquier banco.

La banca de los años setenta gozaba de un gran prestigio, incluso a nivel internacional. Bajo el control del Banco de España, fue abriéndose camino en el mercado y lentamente consiguió brillar a nivel internacional por su solidez y buen gobierno (gracias, por ejemplo, a la ley de 1985 sobre la democratización de las cajas de ahorros, también al Consejo Superior Bancario creado por ley en 1946 y suprimido por la Ley 3/1994).

Las cajas son principalmente a las que más ha perjudicado la crisis financiera y por eso son la referencia de los análisis de este libro. Aunque ya en 1985 se daban por democratizados los bancos, para aquellas, por el contrario, llegó la Ley 31/1985, que, además de democratizarlas (así se repite continuamente en su redactado), regula los miembros de representación en el consejo, y a las corporaciones locales se les da un 40 % de representación en las plazas que estén establecidas. Por otro lado, la modificación de 1985 dio parte del control a las Comunidades Autónomas donde operaran estas cajas, un control que el gobierno central cedió con reservas.

Así pues, la democratización fue total al amparar, dentro de la representación de los consejos y las asambleas, una aparente mayoría del partido que gobernara en ciudades y autonomías concretas. Si este partido era del mismo signo político tanto en las plazas donde operaban como en las comunidades que las tutelaban, entonces mucho mejor (valga como ejemplo la Comunidad de Madrid). El control se convierte en político y suele cosechar unos resultados como los actuales, donde han desaparecido la mayoría de las cajas, y las que no lo han hecho han sido nacionalizadas, con una escasa permanencia de las fundaciones, cuyo desarrollo en el tiempo aún está por ver.

El resultado de estos últimos treinta años ha arrojado una situación en la que, sumando todos los bienes y derechos de las cajas de ahorros y restando su endeudamiento, daría un saldo negativo de más de 12.000 millones de euros, amparados en el rescate de las instituciones financieras, que actualmente supera los 60.000 millones dispuestos para un límite de 100.000 millones concedidos al rescate bancario, del que hablaremos más adelante. De todas formas, a nadie que piense, lea y vea se le escapan las motivaciones de una crisis como la que hemos conocido y de la que nadie es responsable único y final. Todos tienen una respuesta política para defender que «ellos no saben nada» y que aún quedan muchos años hasta que se depuren responsabilidades por el uso que se ha hecho de las leyes.

Como bien sabemos todos, los representantes de los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas han manipulado las cajas de ahorros, donde las irregularidades han estado a la orden del día: descontrol, desfases, concesiones de créditos de importantes cantidades sin solvencia, uso indebido de tarjetas de crédito por parte de sindicatos, políticos, representantes civiles de gran prestigio profesional… Tampoco se le escapa a nadie que en las Comunidades Autónomas donde radica una caja de ahorros muchas veces ha existido polémica en la composición del consejo, las asambleas y las comisiones, siempre formadas o capitaneadas por la fuerza política dominante. Como ejemplo, baste mencionar las Comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía como las más destacadas, y el resto han seguido el mismo ejemplo. Caja Madrid (con la que me extenderé más adelante) siempre fue controlada por el Partido Popular; Caixa Catalunya (nada que ver con La Caixa), por Convergència i Unió, y Unicaja, Caja Sol o el Monte, por el Partido Socialista Obrero Español. (Don Braulio Medel, presidente de Unicaja hasta su jubilación reciente, y actualmente presidente de la Fundación, fue a su vez vicepresidente de la Junta de Andalucía antes de dirigir la entidad.)

El 30 de junio de 2017, Unicaja debutó en Bolsa con cierta resistencia a la baja y más bien conservando una cotización aparentemente sólida y esperada. Incluso se permite presumir como Banco Unicaja dentro de la Bolsa de Madrid, con una tendencia alcista en los primeros días de su estreno; sin embargo, el 31 de julio se publicaba que al 30 de junio había ganado un 38 % menos que en el ejercicio anterior, luego los resultados no respaldaban su aparente solidez, si bien es pronto para sacar conclusiones.

Lo que ya sabemos seguro es que, a excepción de algunas cajas de ahorros, casi todas las demás no han podido remontar el vuelo y en casos concretos incluso han desaparecido, se han nacionalizado, se han fusionado, han cambiado su denominación o se han quedado en meras fundaciones, a excepción de las ya mencionadas Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença.

La historia de las cajas ha hecho mucho daño a la sensibilidad popular al dudar de todas ellas. Su primer objetivo se centraba en el carácter social de sus medios y fines; sin embargo, la pluralidad de sus representantes legales no lo llevaron a la práctica exactamente, y este incumplimiento ha desembocado, con el paso de los años, en una de las crisis más perversas y duras de toda nuestra historia financiera y civil. La conversión en bancos fue un acierto al exigir otro control más severo y al garantizar la actuación financiera a los más saneados y solventes, mientras que el resto fueron nacionalizados (caso de Bankia). Asimismo, el Estado supervisaba, mediante los órganos competentes, el saneamiento o la desaparición de los que no cumplían las exigencias del sistema financiero europeo y del propio Banco de España. Tras esta criba, solo han quedado las fundaciones detrás de las cajas de ahorros que puedan proseguir con su función de carácter social y siempre muy ubicadas en el territorio de su actividad, manteniendo un porcentaje mínimo del nuevo banco.

Las leyes de 2013 y 2014, en sus exposiciones de motivos, explican y razonan las circunstancias que han causado un cambio tan radical en la regulación, y más adelante comentaremos por separado cada una de ellas. Los casos tan sonados de corrupción, donde las cajas de ahorros han tenido tanto protagonismo, han hecho que el ciudadano medio no entienda nada de lo que pasa y en cambio desconfíe de todo. Esta impresión del ciudadano ocurre incluso con una regulación como la actual, que trata de encauzar esta mala práctica llevada a cabo por políticos y gestores cuya actuación es incomprensible y que siguen respondiendo cada día ante la justicia, ingresando algunos de ellos en las cárceles de Alcalá Meco o Soto del Real, haciendo de estos centros su domicilio habitual.

Como digo, su actitud irresponsable ha hecho un daño enorme a nuestras instituciones financieras, principalmente a las cajas de ahorros; los impositores de buena fe no entienden que exista una especulación tan desproporcionada y tan incomprensible ocurrida en el último cuarto de siglo, y por ello son reacios a pensar que la adopción de todas estas medidas modificará las cosas.

El sentir popular no entiende, ni comparte, el significado de diversas normas que tratan de arreglar lo que se ha hecho mal durante tanto tiempo; aunque estas actuaciones polémicas para la gente se hayan llevado a cabo conforme a ley, para millones de mileuristas sigue resultando incomprensible cómo es que hay ciudadanos enclavados en el último nivel de la tabla salarial y en cambio otros la multiplican por el número de delitos cometidos. Seguramente, los juicios paralelos que no solo la prensa motiva (y que nosotros mismos comentamos) desestimen la gravedad de muchas decisiones de carácter lícito que se producen cada día, pero que son de todo punto rechazadas en una situación de crisis como la que padecemos, pues no parece de buen gusto publicitar un día sí y otro también el importe de las indemnizaciones de los grandes directivos, aunque la empresa a la que representan esté en concurso de acreedores o en quiebra, y que un día sí y otro también sea el telediario el encargado de divulgar nuevas corruptelas del mundo político.

Con el tremendo revuelo que han generado dichas actuaciones, principalmente en las cajas de ahorros, quién de aquellos agricultores que mencionaba en páginas anteriores, que en el pasado siglo firmaban sus contratos de compraventa entre particulares en las oficinas de las entidades financieras para dar solidez a la rúbrica y prestigio al negocio, cuando el director de una oficina bancaria firmaba como testigo, no tendría ahora dudas fundamentadas de volver a hacerlo. La confianza en la credibilidad del sector se ha perdido a tal velocidad, que costará tiempo recuperar las buenas formas y costumbres que tanto engrandecieron esta noble profesión.

3

Las cajas de ahorros ante la nueva legislación

En este punto es obligado hacer un relato de la labor de las cajas a lo largo del tiempo, así como su transformación a partir de la ley de 1985 que vino a modificar su carácter costumbrista y retrasado por una legislación más democrática de las cajas. Con ella se dio entrada a una variopinta rama de miembros, la mayor parte de los cuales desconocían la actividad financiera y carecían de la experiencia necesaria exigida a estos fines, pero con el poder democrático que exigían los nuevos tiempos para aprobar o no los créditos relevantes, lo que se producía con la mayoría del consejo de turno según la tendencia política, sindical o empresarial y no en la solvencia personal. Así se ha demostrado con posterioridad después de intervenir las auditorías de los balances, arrojando este escenario: el consejo, más que de miembros y miembras, se componía de afines y afinas a una u otra cuerda política, y según se fuera de una o de otra, así se disponía o mandaba.

Ahí están los alcaldes de los pueblos sentados en el consejo de cualquier caja; el secretario del consejo entregaba al alcalde la relación de los clientes por los que sentía interés en la concesión, insistiendo en que informara de la fecha en que el crédito interesado era aprobado, e incluso, si era posible, que se lo pudiera dar a conocer a él antes que al director de la oficina. Esta gestión política se hacía en Madrid, Andalucía, las dos Castillas y en todas las Comunidades Autónomas de España. Sabiendo como sabemos que la UE ha dado un crédito de 100.000 millones para el saneamiento del sistema financiero español (y en el caso concreto del BFA, el Banco Financiero y de Ahorros, su valor fue 0 y tiene créditos próximos a los 30.000-40.000 millones después de haber sido intervenida), refuerza la tesis de la existencia de «cuerdas» o tendencias en los consejos de casi todas las cajas de ahorros; y digo «casi todas» porque La Caixa nada tiene que ver en esta calificación.

La Caixa es la antigua Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez, y fue fundada por Francesc Moragas i Barret el 16 de abril de 1904 (inaugurada por el rey Alfonso XIII, siendo su presidente honorífico) para estimular el ahorro y la prevención de ayuda a las clases más desfavorecidas cuya historia está escrita dentro de su obra social y su apoyo a la vejez. En su Consejo de Administración se sientan miembros de la sociedad catalana que conservan con contundencia un órgano directivo que defiende el ahorro y las pensiones de la vejez y la familia y cuya obra social, la más importante de Europa, hace una labor ímproba en favor de las clases sociales más débiles, apoyando cualquier causa a nivel nacional. Asimismo, destaca su labor en el campo de la cultura con la creación de CaixaForum, que tiene representación en toda España y cuya forma de trabajar silenciosa coincide con una idea básica para su presidente: «El bien no hace ruido y el ruido no hace bien».

También las cajas de ahorros tuvieron su origen en los antiguos pósitos y Montes de Piedad. Su principal actividad era la de hacer acopio de grano para prestarlo a los labradores en épocas de escasez con un interés moderado. Los Montes de Piedad nacieron en España en 1835 como instituciones de crédito sin ánimo de lucro cuyo propósito era fomentar el ahorro popular y mitigar las necesidades de las clases más desfavorecidas.

Entonces ¿qué ha sucedido después de más de un siglo con las cajas de ahorros y los Montes de Piedad? Por el artículo 33.7 de la Ley 2/1971 se establece la participación sindical en los consejos de administración de las instituciones de crédito de carácter oficial y en las cajas de ahorros benéfico-sociales. El Real Decreto 789/1975, en su artículo primero, fija dicha participación sindical disponiendo lo siguiente: «En todo caso, la organización sindical estará representada en las Cajas de Ahorros por dos consejeros, representantes igualmente de los Consejos Provinciales de trabajadores y técnicos y de empresarios, respectivamente…».

La citada Ley 31/1985 cambió la normativa de los órganos rectores de las cajas de ahorros estableciendo que al ser consideradas por su carácter social, exigían una plena democratización de sus órganos rectores, de forma que en estos entes de carácter territorial pudieran concentrarse todos los componentes genuinos de las zonas sobre las que dichas entidades operan. «Esta democratización», dice la exposición de motivos, «es perfectamente compatible con una mayor profesionalización necesaria en unas Entidades que, si bien ajenas al lucro mercantil, deben, no obstante, operar en unos mercados financieros cada vez más competitivos, para mantener su capacidad de ahorro y la eficacia de su servicio en la economía nacional. Además, la nueva reorganización territorial del Estado, que emana de la Constitución, ha propiciado la aprobación de unos Estatutos de Autonomía, que atribuyen a algunas Comunidades, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y política monetaria del Estado, competencias sobres las Cajas de Ahorros [las cursivas son mías], así como de desarrollo legislativo en materia de ordenación del crédito, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca. Se hace preciso, pues, que de acuerdo con el artículo 149.1.11.ª de la Constitución, establecer un marco estatal básico de la representación, organización y funcionamiento de los órganos de decisión de las Cajas de Ahorros que puedan ser desarrollados por las Comunidades Autónomas para ajustarlos con mayor concreción a las características peculiares de sus territorios.

»Esta Ley pretende alcanzar el triple objetivo de democratizar los Órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, conciliar esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz, que debe cumplirse con criterios estrictamente profesionales, y establecer una normativa de acuerdo con los principios que inspira la nueva organización territorial del Estado, sentando al mismo tiempo las bases del régimen de disciplina, inspección y control de estas Entidades.

»La aplicación de los principios de democratización se lleva a cabo en el máximo órgano de gobierno y de decisión de la Caja de Ahorros, la Asamblea General, mediante la representación en la misma de aquellos estamentos sociales más íntimamente vinculados a su actividad, es decir, las Corporaciones municipales de su ámbito de acción, en su calidad de representantes electos de los intereses de las colectividades locales, los impositores, como proveedores de los recursos con que aquellas operan; el personal, que hace posible con su trabajo el normal desarrollo de la actividad, gestión de cuyo resultado depende profesionalmente, y la Corporación Fundadora, en tanto ente fundador, cuando realmente exista y se mantenga activa. […]

»La Comisión de Control se configura como un auténtico órgano de supervisión de la gestión y administración de la Entidad, vigilando de forma habitual el cumplimiento que realiza el Consejo de Administración de los objetivos y finalidades marcados por la Asamblea General y por la normativa financiera. Se abre la posibilidad de incorporar a la Comisión un representante de la Comunidad Autónoma, con voz y sin voto, con la finalidad de conseguir una perfecta información y dar un verdadero sentido público al control de las actividades de la Entidad. […]»

Y en el título primero, artículo uno, dice que los componentes de sus órganos de gobierno deberán reunir los requisitos de «honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas del desarrollo de esta ley». Entiéndase por honorabilidad aquellas personas con respeto a la ley y la actividad de los negocios. Asimismo, la administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorros corresponderá a los siguientes órganos de gobierno: «a) Asamblea General, b) Consejo de Administración, c) Comisión de Control», etcétera. En el capítulo primero, artículo 2.1, dice lo siguiente: «La representación de los intereses colectivos de la Asamblea General se llevará a efecto mediante la participación de los grupos siguientes:

»a) Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad tendrán una participación del 40 por 100 de los Consejeros generales.

»b) Los impositores de la Caja de Ahorros tendrán una representación del 44 por 100 de los Consejeros generales.

»c) Las personas o Entidades fundadoras de las Cajas de Ahorros tendrán una representación del 11 por 100 de los Consejeros generales [y podrán delegar sus facultades a las corporaciones locales o entidades de interés social].

»d) Los empleados de las Cajas de Ahorros tendrán una participación del 5 por 100 de los Consejeros generales.»

Y añado: e) Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de una caja. En su caso participarán las Comunidades Autónomas que nombrarán a sus representantes a partir de su prestigio y profesionalidad.

Por último, en el artículo 2.2 dice: «El número de miembros de la Asamblea General será fijado por los Estatutos de cada Caja de Ahorros en función de su dimensión económica entre un mínimo de 60 y un máximo de 160 miembros».

No creo que sea necesaria mayor explicación de una ley que nació en un mes inhábil como agosto y que, efectivamente, cambió el régimen de las antiguas entidades de ahorros y las democratizó, como en la exposición de motivos se reitera continuamente. A partir de esta ley y de sucesivas llegamos hasta la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, en la que vuelven a operar como fundaciones, no pudiendo ser la misma persona la que dirija el nuevo banco dependiente de esta y la fundación que controle la actividad de las nuevas cajas de ahorros; prueba de ello es que al mes de junio de 2016, los dobles mandatos han sido extinguidos y los anteriores presidentes de ambos organismos han quedado dirigiendo los nuevos bancos nacidos de las cajas de ahorros o las fundaciones, como es el caso concreto, entre otros, de La Caixa, donde Isidro Fainé ha optado por dirigir la fundación.

No es misión de este libro describir lo que se hizo bien o mal. En cambio, sí es importante sacar reflexiones desde la ley primera de la democratización de las cajas de 1985 y la de 2013 como la más reciente ley que la reforma. Al referirme a Caja Madrid o Bankia, he querido especificar de forma concreta lo que supuso la Ley 31/1985 principalmente en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, pero que sucedió de forma parecida en todas las demás. Las historias que han provocado seguro que no le son ajenas al lector, como tampoco le son desconocidos los desgobiernos, las politizaciones, los compromisos políticos, el desfase de la concesión de créditos, las peleas entre políticos de un mismo color de partido por dominar los consejos, las asambleas y todo lo relacionado con las grandes decisiones de la caja de turno. Así, la intervención de la Audiencia Nacional en las conductas antijurídicas, culpables y punibles de muchos de sus dirigentes no se ha hecho esperar. No hace falta contar más, pues, como ya he dicho, las radios, televisiones y la prensa escrita se han encargado de airear los grandes escándalos y las actitudes dolosas durante una gestión que no ha resultado ser tan intachable como exigía la ley de 1985.

Veamos, a continuación, dos casos particulares.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA

Desde 1975 hasta 1986 se produjo una importante caída en la obra social de las cajas de ahorros; sus dotaciones presupuestarias para atender las obras sociales de todas ellas fueron bajando poco a poco, y el carácter social pasó a ser menos social y más político, pues de la dotación del 26 % en el año 2000 se redujo al 17,8 % en 2007. Este fue el caso de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM), que, acuciada por un gran riesgo debido a la burbuja inmobiliaria y todo tipo de concesiones políticas, llevó a su presidente a abandonar el cargo con exigencias de responsabilidad. El 28 de marzo de 2009 fue intervenida por el Banco de España y destituido todo su consejo, el mismo que después ha respondido a muy diversas causas penales en la Audiencia Nacional con condenas firmes por varios delitos debidamente probados y juzgados. A partir de entonces se convirtió en Banco Castilla-La Mancha.

El gobierno puso a disposición de CCM un crédito de hasta 9.000 millones de euros para hacer posible su viabilidad, después se fusionó parcialmente con Caja de Ahorros de Asturias, y el 3 de noviembre de 2009 nació Banco Liberta, una entidad inactiva de Caja de Asturias y que hizo la misma operación que Bankia, absorbiendo igualmente los activos y pasivos de CCM: Caja de Asturias pasaba a tener un 75 % de la nueva entidad y quedaba así como una sucursal más en Castilla-La Mancha de Cajastur, cediendo esta última un 25 % de Banco Liberta a la nueva Fundación que se tenía que crear en la comunidad autónoma, por lo que, ajeno a la Fundación, siguió operando el Banco CCM.

Hasta llegar a este punto se concedieron tres tipos de ayudas a CCM: una inyección para mantener viva la entidad por 1.150 millones (el gobierno puso a su disposición hasta 9.000, como hemos dicho), 1.300 millones en participaciones preferentes concedidos por el FGD (aún no existía el FROB) y 2.475 millones de EPA sobre el valor de sus activos para la entidad que ganara la puja, a lo que habría que añadir 350 millones más para la financiación puente; en total, 5.275 millones de euros. El 21 de septiembre de 2010, Cajastur se hizo con el control definitivo de CCM, por lo que Banco Liberta pasó a ejercer de forma definitiva como Banco Castilla-La Mancha, otro cambio de denominación social como en el caso de Bankia, si bien aquel continuó usando la marca CCM y su gestión controlada sigue siendo normal. El 30 de septiembre de ese mismo año, con la transformación de la CCM en banco nació en paralelo la Fundación Caja Castilla-La Mancha, que recibió el 25 % del capital del Banco Castilla-La Mancha, y en fecha de 27 de septiembre de 2014, la Fundación Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha aprobó la transformación en fundación bancaria.

De la historia de esta caja se extrae el final penal de todas sus andaduras financieras, al resultar condenado el expresidente de la entidad y exdiputado del PSOE a la pena de dos años de prisión, más dos años de inhabilitación; la misma pena le fue impuesta al exdirector general.

BANCA CÍVICA

Caso similar —aunque este conforme al SIP— es el de Banca Cívica, por la unión de Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Cajasol. Fue el primer SIP que empezó a operar en España, el 28 de junio de 2010, unificando la tesorería de las tres cajas y la consolidación contable de los resultados del grupo. El 16 de noviembre de 2010, el Consejo de Administración de Cajasol autorizó a su presidente, Antonio Pulido, a llevar a cabo las gestiones necesarias para la integración de esta en Banca Cívica. La integración se llevó a cabo a lo largo de 2010 y contó con una ayuda del FROB de 1.000 millones de euros; hubo, asimismo, dos copresidentes: el de Cajasol y el del SIP, Enrique Goñi, que era a su vez director general de Caja Navarra. Cada una de las cajas agrupadas mantendría un porcentaje conforme a su aportación de negocio: del 26,1 % para Cajasol y Caja Navarra, el 21,3 % para CajaCanarias y 20,5 % para Caja de Burgos.

El 11 de febrero de 2011, el FROB suscribió 977 millones de euros de preferentes en Banca Cívica. Tras el plan de recapitalización del Banco de España, Banca Cívica optó por salir a Bolsa, vendiendo más del 20 % de su capital. Banca Cívica realizó una Oferta Pública de Suscripción el 21 de julio de 2011. El tramo minorista previsto fue del 48 % y el de empleados, del 2 %; ambos necesitaban una aportación mínima de 2.500 millones de euros. El tramo institucional tuvo reservado el 50 % restante con aportaciones mínimas de 100.000 euros. El precio de salida fue de 2,7 euros, equivalente a un 60 % de descuento respecto al valor en libros. La valoración del banco fue de 1.342,3 millones de euros.

El 23 de marzo de 2012, Banca Cívica anunció su absorción por Caixabank, y el día 26 del mismo mes Caixabank la materializó y la llevó a cabo sin ningún tipo de ayuda pública ni coste financiero para el resto del sector. El 9 de abril de 2013, Caixabank devolvió los 997 millones de euros que el FROB había prestado a Banca Cívica, con lo que esta operación fue modélica y no fue necesaria otra actuación que no fuera la del negocio bancario, aunque, como es natural en estos casos, las asociaciones defensoras de los derechos del consumidor, como bien ha demostrado la Asociación Manos Limpias, siempre piden a los juzgados penas y multas para todos los responsables, algo que en este caso fue rechazado de forma contundente. Incluso la formación política Unión Progreso y Democracia (UPyD), muy acostumbrada a cooperar con estas asociaciones, interpuso en marzo de 2013 una querella criminal contra quince miembros del consejo de Banca Cívica que se archivó en la Audiencia Nacional. Quizá haya sido esta actividad la que haya convertido este partido político en lo más parecido a una asociación en defensa de determinados consumidores; así lo demuestran los resultados en las últimas elecciones generales del 26 de junio de 2016, donde han perdido el 95 % de sus votantes y, por tanto, ha desaparecido del mapa político español.

Un cuarto de siglo después (1985-2010), se ha cambiado el funcionamiento de las cajas de ahorros tradicionales amparadas en la ley de 1985 con la nueva Ley 26/2013, convirtiéndolas en bancos y subsistiendo tan solo una docena de las antiguas cajas, si bien se han transformado en fundaciones; quedan vigentes algunas obras sociales en aquellos casos donde se han constatado su solvencia y situación, si bien la obra social de las fundaciones de las cajas no pasa por su mejor momento, a excepción de La Caixa, como ya ha quedado referido en páginas anteriores.

Las cajas de ahorros se han dedicado a lo largo de su historia a captar depósitos por los que pagaban un interés, y con esos depósitos efectuaban préstamos a un tipo reducido, siempre en un ámbito local o regional. Con la ley de 1977 se eliminaron las restricciones legales a su actividad y les permitió ofrecer los mismos servicios que los bancos. La Ley 26/2013 obligó de nuevo a las cajas a operar dentro de su comunidad autónoma de origen y a no sobrepasar un activo de 10.000 millones de euros, centrándose en la captación de depósitos y financiando a las pequeñas y medianas empresas. Sus órganos de gobierno debían ser elegidos por la Asamblea General, compuesta por un número de consejeros representativos de los empleados, las administraciones públicas, los fundadores y grupos sociales donde operaban.

El concepto de caja de ahorros siempre fue el de una entidad de crédito, junto con los bancos, las cooperativas de crédito y el ICO. Las cajas y las cooperativas, por lo general dentro de un determinado territorio, no persiguen el ánimo de lucro y se las conoce por su carácter social, donde revierten sus beneficios; en cambio, los bancos son sociedades anónimas que operan en todo el territorio nacional y sus beneficios revierten en los dividendos de sus accionistas.

Se entiende fácilmente la gran diferencia que existe entre este modelo de las organizaciones sociales y del trabajo unidas a empresarios independientes de gran prestigio, trabajadores y el componente de las cajas de ahorros y su extinguido Monte de Piedad. Desde su democratización, las referidas cajas pasaron de ser casas de empeños orientadas a los pobres a ser cajas de ahorros controladas por entes locales y territoriales, donde cada comunidad autónoma quitaba y ponía, según su conveniencia, a las personas que la dirigían y donde la mayoría de las actuaciones solían estar bastante condicionadas por las tendencias políticas de las fuerzas dominantes (véanse los ejemplos ya citados en la Comunidad de Madrid y la de Andalucía).

Sin embargo, hay que excluir de esta manera de proceder a La Caixa, por su objeto social y sus formas diferentes de la composición de su Consejo de Administración, siendo un ejemplo de gestión, expansión y control e implantación por todo el país. En 1990, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (fundada en 1904) y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (fundada en 1844 por Francesc Barret Druet, abuelo materno de Francesc Moragas i Barret) se fusionaron y de ahí nació La Caixa, una entidad dedicada al ahorro familiar que además ofrecía a sus clientes un seguro para la vejez.

El 27 de enero de 2011, en el contexto de reestructuración del sistema financiero en España, el Consejo de La Caixa dio a conocer una reorganización del grupo por la cual traspasaba la red de oficinas, la cartera de clientes, los activos, el capital bancario… a una filial participada por la propia caja, adoptando la denominación de Caixabank (anteriormente conocida como Criteria CaixaCorp), de la que controlaría el 74 %. De esta forma, La Caixa dejaba de tener un negocio minorista y su única actividad quedaba limitada a la Obra Social La Caixa, que el 10 de abril de 2014 pasaba a ser una fundación bancaria conforme a la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias. Así, Caixabank continuaba su actividad financiera por todo el territorio nacional y la Fundación La Caixa se dedicaba a la gestión de su obra social, presidida por Isidro Fainé Casas (como curiosidad, el apellido Fainé se pronuncia igual que feiner, «trabajador» en catalán). Isidro Fainé dejó de ser presidente de Caixabank en junio de 2016, cumpliendo la normativa europea. En 2017, y también con el consentimiento de la Comunidad Europea, La Caixa contó con los requisitos para depender de una fundación y seguir siendo caja de ahorros.

A fecha de septiembre de 2017 existe una excepción donde caja y banco están bajo el control de la fundación y con un mismo presidente; se trata de Kutxabank. El Partido Nacionalista Vasco ha conseguido un acuerdo con el ministro de Economía Luis de Guindos con el que se alcanzan cinco años de vigencia en la posición que debió abandonar en 2016 como el resto de las cajas, según el cual ningún presidente de banco lo puede ser también de la fundación. En este caso, no ocurre así. Esta prerrogativa hacia Kutxabank se explica por el apoyo de los nacionalistas vascos al presidente del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018, un ejemplo puro y duro de nuestro criterio principal sobre las cajas de ahorros.

Es importante conocer cómo actuaron unas cajas y otras, pues mientras la mencionada se acogió a las nuevas regulaciones de la ley, la mayor parte de las cajas de ahorros actuaban en los municipios de Andalucía de forma parecida a los conductores de autobuses de línea, bien o mal llamados «corsarios». Aunque el mote nos recuerde a los miembros de la tripulación de un buque con patente de corso, en los pueblos se llamaba así a los chóferes que pasaban con sus autobuses recibiendo todo tipo de encargos que, a su vuelta, iban a recoger los peticionarios en las estaciones donde paraban (una leyenda urbana que aún subsiste en las ciudades pequeñas). De igual manera, o parecida, actuaban los alcaldes y concejales de esas pequeñas ciudades a los que se les encargaba, cuando asistían a las juntas del consejo de la caja de turno, que resolvieran el préstamo o el crédito solicitado por un ciudadano y que, al regresar del consejo, estas autoridades locales comunicaban al solicitante la concesión de lo pedido incluso antes de pasar por la sucursal. Se conocen innumerables casos de lo que explico en CCM (imputación de su presidente), Caja de Ahorros del Mediterráneo (imputación del consejo), Caja Madrid (imputación del presidente y después del consejo de Bankia)… Y así hasta llegar a casi todas. Recordemos que el resultado de las siete cajas agrupadas que formaron el Banco Financiero y de Ahorros, cuando se reformularon las cuentas con pérdidas tan abultadas, reveló que todas ellas, juntas o separadas, tenían un valor cero, incluso con pérdidas de más de 13.000 millones de euros.

4

La crisis de 2008: una visión personal

Antes de pasar a describir la situación de alguna de nuestras entidades financieras, no quiero dejar de expresar mi propio sentimiento sobre la crisis iniciada en 2008. Para ello, es obligado volver la mirada a la gran crisis de 1929. El crack del pasado siglo llegó por unas motivaciones diferentes a las de nuestros tiempos. La Gran Depresión del 29, como así se llamó, se produjo por la caída de la Bolsa de Estados Unidos, cuyas secuelas fueron globales y se extendieron en el tiempo, pues duró más de una década y posiblemente más de dos (incluida la etapa de la Segunda Guerra Mundial), sin que se reafirmara la total recuperación mundial hasta pasados los años cincuenta.

Esta crisis llegó como suelen aparecer las más grandes. Empieza con la apatía de hacer lo mismo, lo cual lleva casi al aburrimiento y, en algunos casos, roza incluso la depresión al no tener grandes problemas que resolver ni inquietudes que desarrollar, pues todo se realiza con una inusitada calma y nadie piensa más allá del día a día que se afronta sin complicaciones ni desasosiegos. La mejor novedad es que nunca hay novedad. Ante la seguridad, la primera figura que aparece es la de la especulación como nuevo avance de vida; se busca la forma de hacerse rico (o más rico aún), se crean profesiones diferentes que entusiasman a los más jóvenes y les hacen crecer en imaginación, por lo que solo les motiva inflar la burbuja de los proyectos, las nuevas formas de ganar dinero rápido (como aquella figura de las dos últimas décadas del siglo XX, cuando todos los niños querían ser de mayores Mario Conde). La Bolsa pudo ser uno de los objetivos en aquella época, como lo fue el sector inmobiliario en España en el presente siglo.

Como digo, la monotonía de hacer siempre las cosas igual cansó las mentes, y la idea de crear algo nuevo encendió el testigo de las nuevas formas de especulación, ganando dinero rápido y fácil. Dijo Irving Fisher: «Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente». La euforia de los mercados, que daban sustanciales beneficios, llevó a creer que todo era para siempre, hasta que aquel Jueves Negro del 24 de octubre de 1929 la estabilidad saltó por los aires y se consumieron tantos puestos de trabajo al día que se marchitaron las ilusiones de los que confiaban en que la nueva forma de vivir y de prosperar era definitiva en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Así llegó la Gran Depresión del 29, la que solo en tres días dejó más de cien mil personas sin trabajo, las cifras de paro se multiplicaron por treinta y el terror, más que el miedo, se apoderó de forma global de todas las naciones industrializadas.

El seísmo producido en el sector financiero hizo vibrar al mundo y los efectos de esta tragedia global fueron más devastadores en la economía y en la industria, pero no en las personas, que por desgracia padecerían seguidamente la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Grandes historiadores consideran que no solo fue la caída de la Bolsa lo que produjo la Gran Depresión, también hay que incluir la crisis del subconsumo, el comercio internacional, la especulación bursátil, el sistema financiero (los bancos) y la crisis industrial. Todas estas circunstancias y algunas más fueron las causantes de la Gran Depresión, no solo la caída de la Bolsa estadounidense.

Posiblemente se pueda estar o no de acuerdo con esta concepción de aquella crisis, pero sus efectos dejaron tantas desgracias como pudo provocar esa maldita guerra de líderes sobresaltados y locos que, el propio miedo heredado de semejante tragedia económica, los indujo en parte a sobreponer posiciones radicales como venganza sobre el sentimiento global, y las puertas independientes de su conciencia se cerraron a un sentimiento local que defendieron como única forma de subsistir. El ruido dio paso a la locura, y los locos temblaron y titubearon, pero sus víctimas murieron. Su propia confusión o engaño forzó un mayor miedo, y el terror del ruido se apoderó de sus mentes. A continuación llegó el delirio de enfrentarse unos contra otros, y al final el desastre fue global.

El miedo era de tal envergadura que cuando hablaba un loco lo seguían cien más que casi lo estaban, y se producía en ellos el efecto multiplicador del no ser todos los que están, aunando fuerzas día tras día para buscar una seguridad de vida, eliminando al que no pensara igual con el firme propósito de gozar más adelante de una economía nueva y más segura. Locos y fanáticos temerosos de que la crisis se globalizara y aterrados ante la posibilidad de perder el poder, lo cual los indujo a actuar en contra del sentido común y la tolerancia a la voluntad.

Este tiempo de la locura, que culminó en el ecuador del siglo XX, dejó de existir de forma moderada a partir de 1952. La larga década después de la Gran Depresión jamás alcanzó límites de estabilidad como antes de 1929. La gran turbulencia de las masas, que habían permanecido quietas en su mayor parte confiando que la gran meseta de la Bolsa y la estabilidad de la economía durarían siempre, se lanzaron al rescate de todo cuanto habían perdido y así pasaron años tratando de recomponer los cascotes del estallido sufrido. Así las cosas, en julio de 1932 volvió a caer la economía hasta los límites más bajos desde 1800, y se añoraba la segunda década del siglo XX, cuando se hablaba de los «felices años veinte», si bien la industria se recompuso con la fabricación de armas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La industria del armamento registró el auge natural de una contienda tan brutal como la vivida en septiembre de 1939 (invasión de Polonia por los alemanes), la guerra en Europa hasta 1940 y finalización de la contienda mundial entre mayo y agosto de 1945, con la fundación el 24 de octubre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para fomentar la cooperación internacional y evitar nuevos conflictos.

Las crisis económicas siempre han creado grandes conflictos en el pasado siglo, principalmente bélicos, como una manera de desahogar las conductas y las situaciones, adormiladas al principio y despiertas y agresivas al final; tanto es el ruido y la algarabía generados, que sus propios ecos han permitido su continuidad sin saber por qué no se les puso fin antes de destruir o disminuir la capacidad de los sistemas. La incomprensión humana a veces conserva un grado de tensión y ligereza que la hace incompatible, en muchos casos, con los resultados en los que confía la sociedad en general, cuyo grado de conformismo hace posible que el día a día de todo construya nuestro presente y avale nuestro futuro, pues, dicho en términos coloquiales y sencillos, ni todo está tan mal, ni todo se hace mal.

Por tanto, más que criticar conductas, habría que exigir resultados y, a ser posible, colaborar para que se consiga no solo la paz, que es una palabra muy dicha, sino el progreso de todo cuanto hacemos bien y en el que todos estamos inmersos, aunque no lo vayamos gritando por las esquinas, pues en muchos de estos casos regresa a la mente aquello que se decía como tópico real: la murmuración es a veces la excusa del que no sabe cumplir con su obligación en silencio. Guardemos un poco más de silencio y dejemos que el músculo duerma y la ambición trabaje y no descanse (contradiciendo a Carlos Gardel), y hagamos posible lo más fácil: dejar trabajar a los demás y cumplir lo mejor que podamos todos nuestro compromiso de estar y de hacer una sociedad más coherente, equitativa y justa.

DOS GRANDES CRISIS EN PARALELO: 1929 Y 2008

Las crisis se forman como las grandes tormentas, despacio, viento a viento y nublo a nublo, hasta que se hacen fuertes y descargan allí donde la presión las hace estallar, sembrando la desolación sobre el entorno que las padece. Así fue la Gran Depresión y así fue la Segunda Guerra Mundial. En el primer caso se llegó a creer que los inmensos beneficios en Bolsa serían duraderos, una gran meseta permanente, olvidando que unos crecimientos semejantes podían acabarse algún día. Sin embargo, el estallido del Jueves Negro, que culminó el Martes Negro, fue tan atronador que se estremecieron los cimientos de la economía, la industria y el desarrollo global de todo el mundo. La crisis acababa de empezar y, como todas ellas, traía miseria, pobreza, desconcierto y separaciones familiares; además, en aquellos tiempos el belicismo reinante aguijoneó la venganza, haciendo creer que se trataba de un modo de salvar al mundo, hasta que sus instigadores fueron vencidos y sus devastadores intentos de exterminio labraron la historia más negra y salvaje jamás contada y que nadie quiere recordar para no echarse a temblar. Siempre hay locos sueltos, y a estos no se les puede combatir como no sea logrando una mañana de sol y luz que clarifique las ideas y unifique los esfuerzos de aquellos que se conforman (nos conformamos) con poco y solo se reconfortan con el deber cumplido.

En circunstancias parecidas, pero sin ese belicismo devastador, han pasado nuestros mejores años de principios del siglo XXI. La tradición y la leyenda siempre han tenido (y retenido) un misterio especial, pues acabar un siglo y culminar su último día presentaba ciertas connotaciones con las profecías y los augurios de un fin del mundo con la culminación de San Silvestre el 31 de diciembre del año 2000. Con todo, el siglo XXI empezó y la vida transcurría sin ninguna alteración ni apariencia de profecías o falsos augurios; podría decirse que la situación tenía cierto parecido a la de aquellos «felices años veinte». La economía circulaba a velocidad de crucero, en España principalmente, donde se vendía todo.

Nuestro país parecía ser una balsa de aceite, como las de Jaén, donde el dinero flotaba igual que el oro líquido, que, al ser menos denso que el agua, emerge a la superficie por su composición molecular. Así aparecía el dinero flotando a todos los niveles. La banca lo prestaba sin exigencias ni vinculaciones, no había tiempo que dedicar a las pequeñas cosas, aumentaba el trabajo y casi todo el mundo compraba una casa a golpe de hipoteca, una de largo recorrido en la que, además, se incluía el importe de los muebles, el vehículo familiar y hasta el presupuesto de las vacaciones del verano. ¡Felices años 2001 y siguientes! Trabajaban las tuneladoras (máquinas capaces de excavar túneles de sección completa), las excavadoras gigantes con brazos de hierro que pueden llegar a levantar edificios y cambiar el trazado de los ríos sin que pierdan agua, grandes volquetes creaban nuevas urbes de tierra aprovechando la extraída de los túneles para configurar el nuevo diseño de una ciudad que fue vieja hasta que llegaron las máquinas; así cambiaron la fisonomía no solo de Madrid, sino de toda la España profunda que por fin descubrió que podía ser próspera además de grande y libre.

Los españoles teníamos casi de todo, y en cada rincón patrio se urbanizaba una huerta, un aprisco o un corral de gallinas; aquí valía todo con tal de crecer hacia el cielo, que es donde pensamos que está nuestro futuro y nuestro bien. Nos fuimos acostumbrando a reconocer que nuestros antepasados habían sido poco listos y que ahora nos tocaba a nosotros disfrutar la media hectárea de huerto junto con el cortijo abandonado donde penaron lo que no está escrito para evitar tener que mandar a sus hijos a trabajar a Barcelona o a cualquier otra capital industrial. Ese cortijillo y esa media hectárea un día se urbanizó y se acabó la escasez del sueldo fijo con trienios. Si no eras rico, al menos no tendrías que trabajar el resto de tu vida, aunque a veces por esos vientos que da el afán llegó la tormenta que produce el desengaño de la depresión económica, y derribamos la figura del cuento de la lechera en el que se nos había contado mal aquello de que «mira que ni el presente está seguro», pues el presente parecía más que seguro ya que al invertir cuatro de ahora nos podrían dar ocho de luego y, en consecuencia, con poco esfuerzo habríamos resuelto nuestro futuro y el de nuestros hijos.

En esos benditos años dos mil y pico tuvimos de todo y disfrutamos todo, hasta cambiamos de casa, de coche y, en muchos casos, hasta de mujer o marido. La felicidad parecía posible. Los hijos del albañil soñaron con hacerse arquitectos porque la construcción era el futuro de toda la clase media que caminaba inexorablemente hacia la gran plataforma de la comodidad, el dinero y los avances sociales. No era necesario despertar a los chiquillos de la casa, pues, aunque no estudiaran, tendrían la vida resuelta; tan solo había que observar cómo habían prosperado los padres sin apenas estudios, y ya se consolaban sabiendo que nunca podrían estar peor que ellos cuando tuvieran su edad.

En esa placidez y conformismo de trabajo y dinero se empezó a comentar bastante lejos, concretamente en Estados Unidos, que existían unas hipotecas conocidas como subprime (llamadas también «hipotecas basura»), pero al tratarse de un riesgo elevado que solo afectaba a Estados Unidos, no tendría efectos ni en España ni en Europa; ese era el criterio de nuestros gobernantes. Esta percepción cambió a medida que se conocieron el riesgo global y mortífero de estas hipotecas y el alto interés que se pagaba por ellas. La Reserva Federal norteamericana (FED) las limitaba por su alto riesgo y permitía su cesión a terceros, dado el tipo tan alto de interés que ofrecían. Este tipo de hipotecas llegó a copar casi el 13 % del mercado; el negocio estaba precisamente en la cesión por parte de las entidades bancarias a terceros, a los que le abonaban dos o tres puntos menos de los que percibían, y ahí estaba su ganancia (estas operaciones se realizaban principalmente con fondos de inversión).

El sistema de concesión de créditos en Estados Unidos se basa en el establecimiento de una tasa de evaluación del particular o la empresa que pide el préstamo, de tal forma que aquellos que superen los 850 puntos en dicha evaluación obtienen créditos conocidos como prime a un interés bajo; los que superen los 650 puntos consiguen créditos a un tipo de interés normal, y aquellos otros que no superen esta puntuación se los considera de alto riesgo y el tipo de interés puede variar en varios puntos, consiguiendo la calificación de subprime. Estas hipotecas pueden ser retiradas del activo de la entidad que las concede, y dado su elevado interés, son transferidas o transferibles a fondos de inversión o planes de pensiones, pues, repito, al tratarse de un interés muy alto para la clasificación subprime, el banco las cede y se reserva parte del interés sin arriesgar, pues las saca de sus balances, y los fondos que las adquieren aún tienen una gran rentabilidad en relación con otros productos financieros, si bien el riesgo es mucho mayor que el de cualquier otro activo.

La crisis de estas hipotecas se inició en 2007, cuando los inversores detectaron señales de alarma. El estallido de la burbuja inmobiliaria se propagó por Estados Unidos como un gran incendio, generando un ambiente de terror y pánico principalmente en los fondos de inversión, que para conseguir una mayor rentabilidad habían apostado por valores de alto riesgo. Esta apuesta condujo a una gran volatilidad en los valores bursátiles, generándose una espiral de desconfianza y pánico inversionista acompañada de una repentina caída de las bolsas de valores en todo el mundo debido a la falta de liquidez. A partir de agosto de 2007, la mayor parte de los fondos de inversión y los fondos de pensiones estadounidenses quebraron y el desconcierto fue total. Del 11 al 19 de agosto sucedió todo en la banca, en los fondos, en las bolsas. Un caos mundial exactamente igual al ocurrido en 1929.

A partir del 20 de agosto, tras la rebaja de tipos primarios de la FED, las bolsas empezaron a recuperarse, los bancos centrales inyectaron dinero y se paralizó el pánico de los ocho días de agosto de 2007. En septiembre del mismo año, el BCE volvió a provisionar liquidez, pero no redujo el tipo de interés, situado en el 4 %. El sistema seguía tambaleándose, y la FED bajó drásticamente el tipo de interés al 0,50 %. Se inyectó liquidez nuevamente, pero no se evitó que quebraran bancos y siguieran cayendo fondos de inversión. En el mes de octubre, el sistema bancario continuaba dando síntomas de deterioro, y la banca española se vio afectada en grandes inversiones en este producto; fueron el BBVA, el Banco Sabadell y el Banco Popular los más señalados por haber invertido en fondos avalados por hipotecas subprime. En los dos últimos meses del año 2007 siguió la crisis de liquidez y los grandes bancos norteamericanos redujeron su beneficio en más del 60 %. La FED bajó el tipo de interés oficial al 0,25 %, y la prensa británica puso en duda el sistema financiero español.

El año 2008 comenzó con la posible recesión económica de Estados Unidos, y todos los bancos del mundo perdieron beneficios. El 21 de enero se produjo una caída bursátil histórica en todo el mundo. En abril, el FMI cifró en 945.000 millones de euros las pérdidas acumuladas por la crisis, dando por hecho que se trataba de una crisis global que llegaba también a Latinoamérica y Asia. La Bolsa española registró la mayor caída en el primer semestre de 2008, la de mayor impacto negativo en sus 135 años de historia reciente. El 15 de septiembre, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, presentó la quiebra, y la mayor caja de ahorros, Washington Mutual, generó la mayor quiebra bancaria del país. El presidente George W. Bush anunció que Estados Unidos estaba rozando el pánico financiero.

Tras el plan de rescate de todas las bolsas del mundo, en el mes de octubre la recesión financiera ya era una realidad, aunque en España, inmersa en campaña electoral, el gobierno seguía negando la mayor. Recuerde el lector los intensos debates políticos donde unos decían lo que estaba sucediendo y otros lo negaban… Siempre quedará en la memoria la cordura de don Manuel Pizarro cuando no se cansaba de repetir que la crisis que se avecinaba haría temblar los pilares de la Tierra; sufrió por ello el rechazo de todos cuantos auguraban que la crisis era un invento de la derecha para derrotar a la izquierda. Al final se culminaron como ciertos los augurios de don Manuel y nadie explicó ni pidió disculpas por ocultar la realidad con fábulas de Samaniego, recibiendo el despiadado tsunami del maremoto financiero. Por entonces, muchos eran los países que retenían depósitos bancarios, otros establecían límites para disponer de ellos, y hubo algunos que impusieron un límite protegido.

La crisis económica derivada en un principio de las hipotecas subprime se extendía por todo el sistema internacional sin excepción. El euríbor se situaba en el 5 %, lo que encarecía el crédito debido a la escasez de liquidez en Europa, y principalmente en España. La crisis inmobiliaria hizo caer a la mayor parte de las empresas que se dedicaban a esta actividad, desaparecieron las agencias inmobiliarias casi en su totalidad y el caos en el sector fue un hecho, más que relevante, preocupante, pues el sistema financiero redujo la concesión del crédito y tuvo que hacer frente a un endeudamiento en el sistema inmobiliario superior a los 325.000 millones de euros de créditos al promotor. El canje de deuda por activos fue permanente y en muchos casos, como se está comprobando, gran parte de estos activos fueron tan tóxicos que su recuperación no superó el 5-10 % de su valor y aún continúan en poder de los fondos mayoritariamente.

Ante la crisis de estas hipotecas subprime en Estados Unidos, Europa empezó a temblar desde el verano de 2006, un temor que se evidenció en el verano siguiente. Se considera que fue el detonante de la crisis que abarca desde 2008 hasta 2015 en el plano internacional, incluyendo la burbuja inmobiliaria en España, un quebranto que hemos ido superando lentamente. El movimiento financiero a nivel mundial ha padecido un crack superior al de 1929, pues con los avances de la informática y los medios de comunicación hemos sabido de primera mano cuál era la situación pero nunca la solución. Con el paso de los años, esta circunstancia nos ha enseñado que no se puede negar la evidencia de una crisis mundial cuando esta aparece, y si se actúa de esta manera, después hay que asumir las consecuencias y aprender del juicio propio en lugar del ajeno y no repetir actuaciones tan temerarias.

Ya en 2017, los reajustes de la economía y los movimientos sociales han ido reorganizando la situación, y hemos entendido que para superar una de las peores crisis de la historia, el mundo ha tenido que responder con contundencia. Posiblemente, después de esta recesión nos espere un desarrollo sostenido y prolongado, donde la palabra «crisis» quede como un concepto histórico e histérico por bastantes años, y muy probablemente las cosas alcancen de nuevo su valor real (si no lo superan en algunos casos). Sin embargo, habrá que dejar anclado en la cordura los terribles efectos que ha producido y no olvidar nunca lo mal que lo ha pasado el conjunto de la sociedad.

5

El caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue fundada en 1975, fruto de haber agrupado en diferentes etapas 29 entidades financieras de pequeño volumen pero de grandes resultados en el último cuarto de siglo pasado, en el que la economía sufrió un cambio trascendental y de gran calado en el futuro de la industria, el desarrollo y las vías de comunicación. El 24 de mayo de 2010, la CAM llegó a un acuerdo con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria para la creación de un SIP, conocido en el sector como «fusión fría». Este mecanismo permite la agrupación de varias entidades pero impide la salida y entrada de dinero; por tanto, estamos hablando de un sistema de autoprotección de las entidades de crédito y que afectó a España desde la crisis de 2008 hasta 2010 cuya duración no puede ser superior a diez años y que para salir de él es preciso anunciarlo con un mínimo de dos años de antelación. Con la mencionada operación se descartaba la fusión de la CAM con Caja Madrid, que habría sido la preferida por el Banco de España, o con Bancaja, la otra gran caja de la Comunidad Valenciana. Nada de esto fue posible y, en consecuencia, la composición del SIP saldría por la agrupación de la CAM con Cajastur, que entre ambas aglutinaban el 80 %, y con Caja de Extremadura (11 %) y Caja Cantabria (9 %).

En julio de 2010, el Consejo de Administración de la CAM aprobó su integración en el referido SIP, creando la quinta entidad financiera española y la tercera agrupación de cajas. Dicha agrupación constituyó una entidad de crédito cuya cabecera la ostentó CAM, quedando el nuevo SIP constituido a finales de diciembre de 2010 con el nombre provisional de Banco Base. Entre diciembre de 2010 y finales de marzo de 2011, existieron las suficientes tensiones entre las entidades para que, llegado el momento, el día 30 de marzo las asambleas de las otras tres cajas votaran en contra de la integración y, por tanto, hicieran valer la cláusula suspensiva que lo permitía.

Al no llevarse a cabo el mencionado SIP, la CAM presentó ante el Banco de España su plan de recapitalización, por el que se solicitaba la ayuda del FROB con una aportación de 2.800 millones de euros. El Banco de España autorizó la operación, dada la solvencia aparente (solo la CAM ya superaba a algunos grupos en volumen y en actividad, por lo que esta sola caja creó el Banco CAM a favor del cual segregó su negocio financiero). Cabe decir que este tipo de recapitalización fue igualmente solicitado por otros grupos financieros españoles que agrupaban un total de veintiocho cajas de ahorros; por lo tanto, era habitual que estas agrupaciones de fusiones frías se crearan con el beneplácito del Banco de España. Así pues, la CAM, convertida en Banco CAM, adquirió de las otras tres cajas las participaciones de Banco Base (Real Decreto 2/2011), trasladó su sede social a Alicante y quedó como única accionista del nuevo banco.

Su corto período de actividad logró que, con fecha 22 de julio de 2011, fuera intervenida por el Banco de España y el FROB, destituidos sus administradores, auditada y recapitalizada, abriendo un proceso de subasta para su adjudicación. Asimismo, fue sometida a los test de estrés de la banca europea, que afloraron unas pérdidas sin declarar en el balance superiores a los 4.500 millones de euros. Sus inversiones en Terra Mítica y principalmente la concesión de créditos inmobiliarios con gran proyección de riesgo, así como la compra de deuda pública de los diferentes gobiernos de la Generalitat valenciana (el uso que hicieron las clases políticas de las instituciones autonómicas y el control de las instituciones financieras en su seno explican su desintegración total), llevaron la gestión del consejo ante los tribunales.

Tanto el FGD como el FROB hicieron lo posible para salvar esta institución ya transformada en Banco CAM, pero no lo consiguieron. Fue precisamente el FGD el que concedió a la CAM un EPA, que es el aval concedido por el FROB a la entidad que se hace cargo de un banco con problemas y que sirve para potenciar y proteger los activos y las pérdidas en la cartera de créditos del banco adquirido. Con este aval se asume hasta el 80 % de las posibles pérdidas generadas durante los siguientes diez años debidas a créditos de recuperación dudosa e inmuebles adjudicados como daciones en pago y ejecuciones hipotecarias, con lo que resulta una medida cuyo objetivo es dar seguridad y protección.

Finalmente, la entidad fue adjudicaba al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro, tras unas ayudas superiores a los 5.000 millones de euros del FGD a través de una ampliación de capital en la que se incluía la ayuda del FROB. Así, el Banco CAM quedaba integrado en el Banco Sabadell con fecha 8 de diciembre, dejando de existir como entidad independiente, y en diciembre de 2012 la CAM pasaba a ser una fundación de carácter especial tras disolverse todos sus órganos de gobierno y darse de baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España. Después del desmantelamiento de toda la organización como entidad financiera, el 9 de abril de 2014 se constituyó la Fundación Caja Mediterráneo.

Ahí concluyó la historia del Banco CAM, cuyos antecedentes habría que buscarlos en los últimos treinta años, cuando la mayor parte de las cajas de ahorros valencianas pasaron a engrosar las listas abiertas de la única caja que las agrupó, y no por un SIP, sino más bien por la conveniencia de los tiempos y a efectos de solidez ante una economía resistente y pujante de la Comunidad Valenciana. El responsable de fortalecer dicha posición ventajosa fue Vicente Sala, al que tuve el honor de conocer durante bastante tiempo y con el que compartí un poco del peso de su desgarradora enfermedad, pues nadie en los mejores tiempos de la CAM podría haber imaginado un final tan triste de la institución y de la familia Sala, que siempre actuó con rigor y honestidad.

LOS RESPONSABLES ANTE LA JUSTICIA

Entre la historia triste de la CAM hay que hacer una mención especial de las pérdidas descubiertas en inversión inmobiliaria por más de 4.000 millones de euros en México en octubre de 2011. A partir de 2012 la mayor parte de sus directivos fueron imputados por la Audiencia Nacional por delitos societarios, de estafa y manipulación del precio de las cosas. Toda la cúpula fue arrestada por operaciones opacas en el Caribe, imputación por dietas no justificadas, apropiación de 47 millones de euros… La envergadura de los casos obligó a aglutinarlos en una sola causa a cargo de la Audiencia Nacional. Cabe destacar entre ellos, la venta de cuotas participativas, es decir, acciones sin derechos políticos que emitió la antigua caja en 2008 y que, tras la intervención del Banco de España, los títulos se amortizaron a cero, dejando a miles de pequeños inversores sin sus ahorros. Estos son los que ahora reclaman ante los tribunales sin saber si habrá resoluciones en su favor que les ayuden a recuperar su inversión, algo que definitivamente acordó la CAM a valor cero. En 2016 se reabrieron las diligencias de investigación, y al finalizar 2017 aún no habían sido excluidas de la cotización en Bolsa.

El 30 de mayo de 2017 comenzó el juicio contra toda la cúpula de la antigua CAM en la sala presidida por doña Ángeles Murillo. Este proceso, que guarda similitudes con el caso Bankia, deriva de la insolvencia e intervención de la entidad alicantina a julio de 2011, cuyas cuentas tuvieron que ser reformuladas para aflorar sus ingentes pérdidas ocultas, incluido el concepto del gobernador del Banco de España de la época, al decir públicamente que la CAM era lo «peor de lo peor» del sistema financiero español, al que, mediante un EPA, el FGD concedió ayudas por 21.859 millones de euros, además de haberle inyectado el FROB otros 4.443 millones de euros, con el agravante ya mencionado de que en 2008 emitieron las llamadas «cuotas participativas» y que hasta el momento han sido consideradas con valor cero. El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena máxima de siete años para los principales imputados, si bien a lo largo del desarrollo del mismo se conocerán las peticiones de todas las defensas encaminadas a la resolución final.

El caso de la CAM y el de Bankia provienen de la misma época, sin embargo este último es un tanto más complejo. En el mes de mayo de 2017 se ha dictado el auto por el que se concluye la instrucción del caso Bankia y se solicita la apertura del juicio oral; los recursos de todas las partes implicadas están en marcha y se ha pedido la apertura del juicio oral para Bankia y sus responsables, aunque se estima que la resolución tarde varios años. Asimismo, tampoco hay que descartar que cuando se dicte sentencia, se plantee la casación ante el Tribunal Supremo; considerando la dificultad del procedimiento y el elevado número de partes implicadas, pueden transcurrir años hasta conseguir una resolución definitiva, si es que no se plantea el recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional y, subsidiariamente, ante el Tribunal de Estrasburgo. Todos estos recursos son los que igualmente puedan instar las partes perjudicadas de la CAM si consideran que están dañados sus intereses.

Volviendo al caso CAM, el Banco de España reconoce que no hubo falseamiento contable y, por tanto, el delito perseguido no está justificado. Hay muchas opiniones a favor y en contra, pero lo más destacado tiene que ver con la decisión del fiscal de mantener la acusación por delito de malversación de 47 millones de euros que el banco repartió como objetivos logrados en su gestión. Por su parte, el Banco de España no aclara que se cometiera este delito, al menos eso reconocieron los peritos, a los que al final se ha adherido el Ministerio Fiscal. Aunque se hable de malversación de esta cantidad, el banco va a costar a los contribuyentes alrededor de 12.000 millones de euros por el momento, porque aún no está cerrado el EPA, que concluye en 2024, por tanto esta cifra todavía puede verse aumentada.

El procedimiento quedó visto para sentencia con fecha 18 de junio de 2017. El diario digital Hispanidad, en un artículo del 28 de junio, dice lo siguiente: «El juicio que ahora concluye es una metedura de pata del FROB y el Banco de España y lo es por una sencilla razón: en lugar de perseguir los créditos fallidos y dolosos que otorgó la entidad —solo en México se estima un agujero de 4.000 millones de euros por unas inversiones inmobiliarias—, han centrado su atención en las remuneraciones y en las pensiones millonarias de los responsables de la caja al mismo tiempo que la entidad registraba pérdidas». Por otra parte, han dejado sin resolver los más de 12.000 millones que se otorgaron en créditos dudosos y a los que ni han hecho referencia, siguiendo solo a los directivos por unas remuneraciones que habían sido autorizadas por el Banco de España.

El 17 de octubre de 2017 se dictó la sentencia. Las penas impuestas van de dos a cuatro años para cuatro exdirectores generales por el delito continuado de conductas tendentes a distorsionar las cuentas y los balances de la entidad; el resto de los implicados han quedado absueltos, por lo que el tema CAM se va serenando hasta el próximo recurso, que se diluirá en el tiempo buscando la casación. Solo se ha valorado la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, por la cual, en lugar de unos beneficios de 39 millones de euros, daba unas pérdidas reales de 1.163, con lo que se entiende que alguno de los encausados pudieron alterar los resultados artificiosamente para su propio beneficio. En la sentencia se condena a los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, pero los exonera del pago de hasta 47 millones de euros, pues el falseamiento de las cuentas no era sino la forma de presentar mejor a la entidad para una posible fusión fría (SIP) con Cajastur. No se les acusa ni de negligencia ni de aprovecharse de dinero ni condición de privilegio, por eso la juez no les obliga a devolver ni a indemnizar cantidad alguna.

El Banco de España no debió de controlar excesivamente la CAM ya que, según todos los indicios, fue una de las cajas peor gestionadas. Sin embargo, se desconocen las medidas que debieron tomarse en una situación tan crítica, pues ya con esta sentencia queda probada la inocencia de sus gestores al no haberse aprovechado de nada y al no aparentar su actuación indicios de negligencia, por lo que no tienen que devolver ni indemnizar con cantidad alguna a la entidad o al Estado.

En cuanto a las cajas de ahorros que no aprobaron su integración en el SIP del Banco Base, en manifestaciones posteriores (principalmente Cajastur, con su presidente Manuel Meléndez a la cabeza) reiteran que no fueron ellas las que descubrieron el gran agujero que escondía unas pérdidas de más de 4.000 millones, sino que fue el propio Banco de España el que lo descubrió, junto con la auditora KPMG y donde el propio FROB aseguraba que las pérdidas ocultas eran mayores que las recogidas en la formulación de cuentas. Ponen en duda las manifestaciones del gobernador del Banco de España cuando afirmó que la CAM era «lo peor de lo peor», pues como órgano regulador debería haber tomado medidas drásticas antes de permitir su aprobación como banco. Incluso en las declaraciones que como testigo realizó el día 5 de junio de 2017 en la Audiencia Nacional, Manuel Meléndez afirmó que las sospechas de los socios del Banco Base (Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura) comenzaron después de que la inspección realizada por el Banco de España en 2010 revelase una reclasificación de riesgos «muy importante» con el consiguiente déficit de provisiones, que hizo que el patrimonio de la caja estuviese muy por debajo de lo previsto al constituir el SIP, aunque tal desfase en dicho momento no superara los 1.000 millones de euros.

Las declaraciones como testigos de los que fueron socios del Banco Base reiteran una ocultación por parte de la CAM, no viendo actuación delictiva ni en el Banco de España ni en la Auditora KPMG, si bien las inspecciones del primero puso sobre la pista a todos de que había más pérdidas camufladas; fue precisamente por eso por lo que no aceptaron el SIP al que se habían adscrito, y no se integraron en el Banco Base y abandonaron a la CAM a su suerte, que fue la intervención. Las tres cajas abordaron después otro proyecto de fusión, el actual Liberbank, y cuyo ataque de los cortos (actuación de especialistas financieros que con sus propias acciones y otras prestadas venden y hacen caer el valor, y cuando está en mínimos, vuelven a comprar, quedando un beneficio para todos los que intervienen), hizo perder más de un 30-40 % de la capitalización, aunque después del control ejercido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha vuelto a recuperar su estabilidad, al menos mientras dure dicho control.

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El caso Bankia

El prototipo Bankia es un ejemplo que se repite en casi todas las entidades formadas al amparo del SIP, un mecanismo ya explicado en páginas anteriores. Pero su desenlace mediático obliga a centrarme en este tipo de nuevas sociedades de gran alcance que funcionan de forma parecida a como lo hacían antes, pero bajo un control por parte de los organismos creados para tal fin (llámense SIP, FROB, EPA o Sareb), y aunque no es igual, su composición puede ser similar pero con resultados distintos, ya que en cada una de estas entidades se conjugan actuaciones diferentes, pero dentro de las exigencias principalmente del SIP. Por tanto, si hago especial referencia al caso de Bankia es porque el FROB inyectó en él las ayudas pertinentes hasta su nacionalización y, en consecuencia, se comprenden mejor las repetidas ayudas activadas por este organismo. Al contar la historia de Bankia, cuento la de otras cajas que siguieron la misma tendencia y por ello acabaron de igual forma o parecida.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) nació el 30 de julio de 2010 mediante un SIP que agrupaba a siete cajas de ahorros: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y Caja de Ahorros de la Rioja, suscribiendo un contrato de colaboración regulado por este SIP.

La operación Bankia se planteó para que esta fuera una marca comercial con la que el BFA llevara a cabo su operativa financiera, pero debido a las circunstancias de nuestro país y también a las derivadas de la entidad, Bankia nació como empresa independiente, filial del Banco Financiero y de Ahorros, y no como una marca comercial, que era realmente la idea primera. Se creó en 2011, en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero español. Poco después de salir al mercado, el gobierno de España, conforme a los acuerdos de Basilea II, aprobó un plan que obligaba a los bancos a crear una reserva de capital que acabaría siendo una provisión para defenderse ante un eventual problema de liquidez.

El BFA no presentaba la suficiente liquidez para cubrir las exigencias derivadas de Basilea II y conseguir la reserva de capital exigida no era posible con la actual situación del banco, por lo que los gestores idearon la salida a Bolsa como la forma más rápida de obtener esa liquidez. Sin embargo, al estar dañada la solidez de sus activos como consecuencia de la crisis del ladrillo y el estallido de la burbuja inmobiliaria y otros productos tóxicos como las preferentes, las primas, etcétera, provocaron la no salida a Bolsa, pues podía estar abocada a un posible fracaso. En tan extremada situación, el BFA, con el acuerdo de su Consejo de Administración, ideó un sistema que dejara a un lado los activos tóxicos relacionados con la exposición del ladrillo y decidió sacar a Bolsa a Bankia para gestionar todo el negocio bancario, incluidos los clientes minoristas. El banco segregó todos los activos bancarios (capital, clientes, oficinas, depósitos…) que había heredado de las cajas de ahorros agrupadas, y el BFA se quedó con los activos de empresas inmobiliarias y las sociedades de participaciones preferentes. El 5 de abril de 2011, el BFA aprobó un proyecto de segregación para la aportación a Altae Banco S. A., una compañía que cambiaría su denominación social por la de Bankia y que sería objeto de salida a Bolsa transmitiendo en bloque todo el negocio bancario, las participaciones asociadas a la actividad financiera y el resto de los activos y pasivos que recibió de las cajas, excluyendo determinados activos y pasivos de los que el BFA continuó teniendo su titularidad. El Altae Banco nació el 17 de mayo de 2011 y su accionista mayoritario era Caja Madrid; después cambió su denominación por la de Bankia. El 20 de julio de 2011, el 55 % de esta sociedad salió a Bolsa, y quedó en manos del BFA el 45 % restante.

La salida a Bolsa fue muy sonada; cubría los requerimientos del capital mínimo establecido por el Real Decreto Ley para el Reforzamiento del Sector Financiero alcanzando un 9,9 %, y en octubre de 2011 ocupaba el decimocuarto puesto del Selectivo Español del IBEX 35. En las oficinas de la entidad se animaba a clientes y a conocidos a que participaran en la adquisición de acciones, una emisión que cubrieron casi en su totalidad al precio de salida de 3,75 euros, captando en dicho estreno más de 3.000 millones de euros. El 7 de mayo de 2011, y ante la exigencia de más liquidez, se produjo una nueva inyección de capital por parte del FROB. Este organismo puede tomar el control de cualquier entidad financiera si lo solicita al gobierno y este lo autoriza, fiscalizando toda la gestión económica y financiera, como fue el caso. Igualmente, como ente público puede sanear cualquier entidad financiera que se encuentre en una situación difícil. Lo que sorprende es cómo, una vez saneadas las entidades que interviene, las venda o ceda a otros bancos interesados por el precio simbólico de un euro; tal es el caso del Banco de Valencia, en el que se perdieron más de 5.000 millones de euros y el 27 de noviembre de 2012 fue vendido a Caixabank por el precio simbólico de un euro, dando por perdido todo el importe del saneamiento. En consecuencia, se ha comprobado que es un ente que nunca puede dar resultados positivos en lo económico, aunque mantenga el empleo, según se desprende de su forma de actuar.

Incluso por parte de la agrupación de las siete cajas mencionadas anteriormente, conforme a las exigencias del SIP, y una vez realizada la evaluación preliminar del Banco de España para que el FROB llevara a cabo la suscripción de las participaciones preferentes convertibles en acciones emitidas por Bankia por importe de 4.465 millones de euros, en 2010 ya se había tomado la decisión de provisionar 9.200 millones de euros para reforzar el balance, dando cumplimiento a las exigencias de Basilea II. Aun así, el 7 de mayo de 2012 se conoció la nueva aportación de 10.000 millones inyectados por el FROB, y fue ese día cuando su presidente Rodrigo Rato presentó la renuncia por estimar que era lo más conveniente para esta entidad, considerada como la posición más adecuada para el sistema financiero español, y propuso al consejo a José Ignacio Goirigolzarri como consejero y futuro presidente del grupo.

El 9 de mayo de 2012 se produjo la nacionalización del BFA, matriz de Bankia. El Estado se quedó con el 45 % del BFA y, en consecuencia, se convirtió en el dueño del 45 % de Bankia, y los respectivos consejos del BFA y de Bankia nombraron como presidente a José Ignacio Goirigolzarri, en sustitución de Rodrigo Rato. Esta nacionalización fue la consecuencia de convertir en capital los 4.465 millones de euros en participaciones preferentes. El 25 de mayo, la CNMV suspendió la cotización de Bankia a petición propia por haber cerrado el día anterior a menos de la mitad del precio de salida. Ese mismo día, el consejo acordó pedir una nueva inyección de 19.000 millones de euros de dinero público (FROB) para el BFA, doce mil de los cuales serían para Bankia. Esta cifra sembró la alarma en accionistas, clientes e inversores, convirtiéndose en la operación más sonada e importante de la historia de España y de Europa.

Esta cuantía, sumada a los 4.465 millones ya concedidos, arrojaba un total de 23.465 millones de euros, lo que dio lugar a la intervención total de ambas entidades, provocando la dimisión en bloque de todo el Consejo de Administración. Es importante destacar la actuación en silencio de Francisco Verdú, consejero delgado en la época de Rodrigo Rato y que se le recuerda como hombre honesto y honrado en todos los comentarios de la prensa escrita (entre otros, el de Miguel Alba, publicado en Vozpópuli el 19 de septiembre de 2016). Verdú abandonó voluntariamente la entidad y nunca hizo uso de tarjeta alguna, y recientemente, cuando ha sido llamado por la Audiencia Nacional, lo ha hecho en calidad de testigo y no como investigado.

MAYO DE 2012: BANKIA SE DESPLOMA EN LA BOLSA

El lunes 25 de mayo de 2012, las acciones de Bankia perdieron más de un 17 % de su valor, cotizando a 1,36 euros (la acción perdía desde su salida en 2011 más de un 60 % de su valor). La situación extrema de la caída de los bancos y la prima de riesgo disparada a 511 puntos básicos (su mayor subida desde la entrada en el euro) obligaron a que compareciera el presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunciando que no habría rescate de la banca española, y además descartaba pedir responsabilidades por la crisis de Bankia. No obstante, la oposición, liderada por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió explicaciones de por qué se había pasado de los 4.500 millones iniciales a los 23.000 millones ingresados por el FROB. Por ese motivo, tuvieron que comparecer en sede parlamentaria los gestores de la entidad y de sus antecesoras Bancaja y Caja Madrid, lo mismo que sus presidentes, Miguel Blesa, Rodrigo Rato y José Luis Olivas. En cambio, no se llegó a pedir el nombramiento de una comisión de investigación para no complicar más la situación creada.

Ese mismo viernes 25 de mayo, por la tarde, el Consejo de Administración del BFA, presidido nuevamente por José Ignacio Goirigolzarri, informó que tras, reformular las cuentas de 2011, que habían dado beneficios de más de 300 millones, el banco en realidad tuvo pérdidas de 3.318 millones, unas pérdidas que podían considerarse como las más elevadas de la historia de la banca en España, solo superadas por Banesto en su intervención del 28 de noviembre de 1993 (más de 3.500 millones). En las nuevas cuentas reformuladas por el banco se descubriría que el volumen de activos tóxicos (créditos, préstamos, bienes inmuebles adjudicados) pasaba de los 31.800 millones a más de 40.000 millones. Esta circunstancia se atribuyó a las diferencias detectadas con posterioridad al cierre del ejercicio y a la mala situación financiera de muchas de las cajas agrupadas, pues cada una de ellas arrastraba en sus balances todas las miserias de una gestión de acuerdo con las exigencias de los administradores de turno (y que no hace falta repetir) al participar las fuerzas vivas y muertas de la sociedad civil, política, sindical, empresarial de la época, ahorradores, etcétera.

El crédito de 4.465 millones que concedió inicialmente el FROB al BFA el 12 de septiembre de 2012 fue imposible de devolver a su vencimiento, y el FROB convirtió en acciones el importe entregado, por lo que pasó a ser accionista del BFA por dicho importe. El 29 de noviembre de 2012 realizó una ampliación de capital de 13.459 millones que suscribió en su totalidad, dando lugar al mayor rescate de una entidad de crédito española. El FROB nacionalizó al BFA y se quedó como único propietario de la entidad; sin embargo, como esta era dueña asimismo del 45 % de Bankia junto con los inversores privados que adquirieron acciones a su salida a Bolsa, también pasó a ser el accionista mayoritario de Bankia.

El FROB es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública o privada para el desarrollo de sus fines que tienen por objeto gestionar los procesos de resolución de las entidades en su fase ejecutiva. El régimen jurídico bajo el que desarrolla sus actividades es el conferido por la Ley 11/2015, de 18 de junio, que da continuidad a la Ley 9/2012, y está sometido al ordenamiento jurídico privado salvo que actúen en el ejercicio de las potestades administrativas conferidas por la Ley 11/2015, el derecho de la UE u otras normas con rango de ley. Sus resoluciones se comunican a la Comisión Europea o a la CNMV, y a efectos fiscales tiene el mismo tratamiento que el FGD de entidades de crédito. Su objetivo es gestionar los procesos de reestructuración y resolución de entidades de crédito, contando para ello con mucha facilidad a la hora de intervenir cajas o invertir en ellas. Aunque ya lo he definido en otras páginas del libro, repetirlo aquí está justificado para conocer, en todos los ámbitos financieros, la labor independiente de este organismo considerado de vital interés para el saneamiento de nuestras entidades de crédito, aunque en muchos casos los resultados no hayan sido los que se creyeron en su día, pero que sí han servido para mantener y sanear nuestras instituciones.

JUNIO DE 2012: EL GOBIERNO SOLICITA UN RESCATE

El día 9 de junio de 2012, el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la UE un rescate de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizaría para sanear el sistema financiero español, y muy especialmente Bankia a través del FROB, si bien posteriormente el presidente Rajoy matizó que no se trataba de un rescate, sino más bien de una línea de crédito a devolver; con esta aclaración afirmó que se había evitado el tan temido rescate de España, aunque se estima que por tal crédito se está pagando un interés del 3 %. A fecha de septiembre de 2016, el FROB ha recuperado solo 3.990 millones de euros, considerando que el rescate bancario suponía un total de 53.553 millones, a los que habría que sumar las aportaciones de los propios bancos a través del FGD, que suman 7.942 millones, con lo que la cifra total es de 61.495 millones, que es el coste que ha tenido el rescate bancario hasta principios del año 2017. No obstante, existen movimientos por los que el propio FROB, por medio de su presidente Jaime Ponce, está llevando a cabo gestiones y exigencias para la devolución del préstamo, que, en principio, vencía antes de finalizar 2017, pues el Estado debía salir del capital de Bankia en dicha fecha. Aun así, se prorrogó, como el propio ministro Luis de Guindos ha reconocido varias veces modificando el texto en el Congreso; incluso ya es público y notorio que se prorrogará hasta finales de 2018, una modificación aceptada en algunos otros países.

A lo largo del año 2016, Jaime Ponce denunció operaciones irregulares en los bancos rescatados por más de 3.500 millones de euros. Entre ellas se incluyen las indemnizaciones a devolver por los directivos de Novacaixagalicia (NCG) y la CAM. En el primer caso concretamente, en octubre de 2016 se dictó una sentencia por la que la Audiencia Nacional obliga a sus directivos a devolver esta indemnización, no al FROB, sino a Abanca, que es la legal sucesora de NCG. Esto ha provocado cierta discusión entre los dos organismos cuya legitimidad es parecida, pero el FROB precisamente es el organismo del Estado que dejó el dinero. Se persigue por parte del FROB la recuperación más efectiva, pues sus continuas acciones demandando y denunciando conductas inadecuadas lo convierten en un organismo que lucha por conseguir lo que realmente le tienen que devolver los beneficiarios de sus ayudas. También su lucha más conocida era conseguir que Bankia terminara fusionándose con Banco Mare Nostrum (BMN), una operación que sería bien vista por Europa porque así conseguiría maximizar la devolución de las ayudas públicas. Dicha fusión se ha llevado a cabo en el mes de marzo de 2017, cuando los dos consejos de administración así lo han acordado, y sabiendo que BMN, en el ejercicio de 2016, tuvo unas pérdidas de 39 millones de euros.

En el mes de julio ha declarado el FROB las cuentas de 2016; lo más destacado, además de las pérdidas registradas por 1.693 millones de euros, son las valoraciones realizadas por el organismo dependiente del Ministerio de Economía durante el ejercicio. El caso más sangrante, dice la prensa, es el de BMN, cuya participación (65 %) el FROB tenía valorada en 1.492 millones de euros y que ha colocado a Bankia por una cantidad muy inferior: 536 millones. Dicho de otra forma, el FROB tenía valorado el BMN en 1.741 millones, pero a la hora de la verdad, cuando se iba a integrar en Bankia, esa valoración pasó a 825 millones. El FROB ha aportado esta diferencia como pérdida a las cuentas de 2016, pero no hay problema porque para reequilibrar patrimonialmente las cuentas del FROB se ha acordado una conversión del préstamo concedido a este por el Estado por un importe de 3.000 millones, y Bankia y BMN ya solo adeudarían 10.456 millones.

En el mes de octubre se hizo público que a lo largo de 2016 el FROB había reconocido una recuperación de 8.160 millones del monto total que las cajas le deben, más de 58.996 millones. Dicho importe se puede y se debe conseguir de los activos impagados y la morosidad a recuperar; para ello, en primer término cuenta con la colaboración de la Sareb, que ejercerá durante bastantes años (hasta un máximo de quince) su labor recuperadora coordinada con el FROB. Incluso es importante ver la actuación de la Sareb en dichas recuperaciones, que junto con Bankia y otras entidades nacionalizadas, le transmitieron más de 37.000 millones, si bien el Ministerio de Economía calculó transmitirle más de 50.000 millones.

Pero la recuperación de activos no es la única misión de la que se encarga la Sareb; también se dedica a descubrir las presuntas actuaciones irregulares que puedan haberse cometido. Concretamente, en octubre de 2016 la Sareb denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades en la gestión del edificio In Tempo en Benidorm, el rascacielos más alto de Europa, por una desviación de más de 13 millones de euros. Esta forma de gestionar los activos adquiridos por el «banco malo» (como se conoce a la Sareb) es la adecuada para proteger el valor final de los mismos, que no es sino la suma de las cantidades que el Estado deberá devolver a Bruselas cuando acabe el plazo convenido para la recuperación de todo lo derivado del efecto «burbuja inmobiliaria», en la cual se incluyeron todas las cantidades y bienes de dudoso cobro. Ahora, tras su actualización y viabilidad de recuperación, está resultando bastante más difícil y complicado de lo que parecía cuando se iniciaron los trámites para dar solución de una forma ordenada a dicha recuperación de lo que se consideraba de dudoso cobro.

El tiempo está demorando la agilización de lo que se creía fácil de recaudar en pocos ejercicios, algo que comprobamos diariamente. Dicha prolongación del plazo de recuperación está acentuando una crisis que ya lleva encallada casi una década en el fango de tantos miles de operaciones dudosas a las que no se les ve un horizonte claro de saneamiento y recuperación dentro del plazo que se creía suficiente para conseguirlo. Aunque nos resulte difícil de comprender, este capítulo de la historia se prolongará bastantes años; por lo tanto, el saneamiento total de los bienes tóxicos de las instituciones financieras en unos casos sanarán y en otros derivarán en una larga enfermedad donde algunos se salvarán y otros morirán, y a los que tengan la suerte de subsistir les hará falta tiempo para recuperarse del todo. Para esto último será precisa la confianza del sector en España ante el repunte que experimenta nuestra economía y cuya suma de sinergias positivas puede favorecer el repunte en un período de tiempo más corto, pues ahora llega esa fiebre que siempre aparece después de una crisis profunda, que no es otra que la de conseguir (como en las rebajas) las cosas a mitad de precio, y siempre se da el caso de que las buenas oportunidades dan paso a la escasez en la oferta y el aumento de la demanda. Este juego de la economía de mercado es la que levanta los pilares de una crisis y construye el edificio de la estabilidad y la confianza ante la inversión en aquello que, pasado el tiempo, no era tan malo como dibujaba el panorama de la última década.

Aunque la economía va cambiando lentamente de signo, pues el crecimiento de un 3 % sobre el PIB nos hace ser ejemplo de Europa en los últimos años, lo que hace poco tiempo se consideraba negativo habrá pasado del desinterés al movimiento brusco que siempre aparece después de cada etapa de crisis. La afluencia de dinero se encarga de desobedecer consejos y estadísticas y actúa como la llama de un incendio, recorriendo todos los nichos de negocio, a los que pone en su punto de mira, olvidando situaciones pasadas e ilusionándose con el futuro que presentan los nuevos tiempos. Estos tiempos son los de una política diferente, negocios diferentes, inversiones diferentes, pensamientos diferentes… cuyo convencimiento es muy parecido al que resurge después de un verano caluroso, cuando al llegar el otoño todo se ve más normal y posible; incluso se apuesta más por los negocios, por el éxito y por la marcha de la economía, la cual se ve con signos positivos, aunque sean inferiores al límite de nuestra imaginación.

Es este el momento en que la crisis duerme y la ambición no descansa, pues el ser humano cambia de opinión según se adapta a la estación del tiempo que le toca vivir y necesita avanzar porque su situación se lo pide. A eso bien se le puede llamar «florecer allí donde se nos plante», y cuando llega este ciclo no se puede retroceder porque el fruto debe nacer y nadie quiere ni puede volverse atrás. El enterramiento de la crisis lo hacen las flores que nacen aun en los suelos más inhóspitos, y aunque su reputación sea la de tener poca vida, la vegetación se adaptará y en poco tiempo nos sorprenderá la abundancia de esa vegetación que se acomoda a la poca humedad existente. Ese misterio de la naturaleza a veces es el ejemplo en el que se reflejan las ilusiones de las personas después de una crisis: florecer donde se nos plante.

Volviendo al asunto que nos ocupa en este capítulo, el 27 de junio de 2012 se dio a conocer la tasación oficial de todos los bienes de cara a la nacionalización de BFA y Bankia, según la cual la entidad daba un saldo negativo de 13.635 millones de euros. La consecuencia fue que los 4.465 millones aportados por el Estado, al pasar de ser participaciones preferentes a convertirse en acciones, se tradujeron en la nacionalización del cien por cien de la matriz e, indirectamente, del 45 % de Bankia. Ante tal circunstancia, el Consejo de Administración, como ya he repetido anteriormente (pido disculpas por ello al lector), dimitió en bloque y las siete cajas que crearon el BFA se quedaron sin ningún patrimonio, todas las actividades de las mismas desaparecieron y se extinguieron las obras sociales por falta de dividendos; solo conservaron los activos que quedaron al margen de la negociación y que se supone permanecerían en los activos de sus correspondientes fundaciones.

UNA INTERVENCIÓN CONFUSA

El 2 de enero de 2013, Bankia fue excluida del IBEX 35 por la difícil situación en la que se encontraba una vez llevada a cabo la recapitalización aprobada por el FROB, que este cuantificó en 4.148 millones, y en 10.444 millones en la matriz BFA. Desde entonces hasta nuestros días, Bankia ha recogido ampliaciones de capital diferentes que han dado al BFA una participación en aquella del 68 %, recibiendo del rescate europeo a través del FROB la cantidad de 22.424 millones de euros, entre Bankia y BFA. Ya he mencionado la facilidad que tiene el FROB para resolver crisis económicas financieras y rescatar entidades también financieras, pero lo que sorprende de todas estas facilidades es también lo fácil que suelen equivocarse en sus valoraciones o en sus pérdidas.

Remitámonos al día 9 de agosto de 2016; entonces la prensa española, concretamente el diario digital El Español, publicó el siguiente titular: «El FROB eleva sus pérdidas por un “error” al valorar su participación en BFA (Bankia)», y en el artículo decía: «El FROB reconoce que debido a un error contable en BFA (Bankia), las pérdidas del organismo público han aumentado en 230 millones de euros más de lo anunciado previamente. De este modo, el deterioro de las cuentas de BFA Tenedora de Acciones alcanza los 993 millones, en lugar de los 763 que el FROB había comunicado. […] El organismo, en un comunicado publicado el 3 de agosto, asegura que se trata de un error “tolerable” que se ha subsanado y que no modifica las conclusiones finales de los Resultados del 2015». Dicho de otro modo, que como el FROB es un organismo que presta con facilidad a las entidades bancarias para que estas puedan seguir subsistiendo, un error de 230 millones se ha subsanado y en nada cambia sus resultados en el año 2015…

Sigue el artículo: «El organismo dependiente del Ministerio de Economía informó en un primer momento de que las pérdidas se explicaban ante el deterioro de la valoración de las participaciones en BFA (Bankia), en el “banco malo” Sareb y Banco Mare Nostrum (BMN)». Ya he explicado sobradamente la función de la Sareb y no es necesario repetir que, como banco malo, los resultados no pueden ser buenos, pues no estarían en consonancia con los principios de la entidad. Sin embargo, el FROB, que es el que ayuda, parece que tampoco repara a la hora de perder 200 millones más o menos, pues, al fin y al cabo, las cuentas de 2015 son las mismas; queda aclarado el error pero no queda aclarada la deuda o la duda. ¿Hay alguien que pueda confirmar que los activos, los valores, las situaciones de los bienes que controlan las entidades controladas asimismo por el FROB son veraces y ciertos? Me quiero referir a ello más como anécdota que como preocupación, pues ante la cifra de 100.000 millones que habrá que devolver con sus intereses… ¡qué importan 2.000-3.000 millones más o menos!

Con la situación confusa de tanta intervención financiera, y con la creación de otras tantas entidades para auxiliar al Estado, que es el primer y último responsable en percibir y devolver a Europa el préstamo concedido para el saneamiento financiero, es preciso extremar el control para que estas diferencias no supongan en el futuro repetir errores parecidos, y que los hombres de negro, además de controlar al banco malo, tengan que hacer lo mismo con los organismos buenos que parecen actuar activamente para paliar la situación y responder del pago cuando este sea reclamado; un pago que ya no se cumple en 2017 y se prolonga hasta final de 2018, y según vaya la economía se verá la solución adecuada cuando acabe el presente ejercicio. El gobernador del Banco de España ha declarado que se dan por perdidas el 75 % de las ayudas prestadas por el FROB; así pues, del importe del rescate ya se sabe que el 75 % entregado como ayudas tendrá que asumirlo el gobierno. Por lo tanto, como la cuantía prestada sobrepasó los 54.000 millones de euros, el gobernador está asumiendo que más de 40.000 millones son irrecuperables, lo que costará a cada contribuyente del orden de 861,4 euros. Cuando llegue el recuento final, esta cifra será superior, pues posiblemente se refiera solo al FROB, pero además está el FGD, que a través de diferentes tipos de ayudas ha desembolsado más de 10.000 millones que tampoco se recuperarán, como ya he explicado. Estas circunstancias impiden dar una cifra exacta dispuesta del importe de la recuperación, pero estará más próxima a los 70.000 que a los 60.000 millones; en consecuencia, el porcentaje subirá, ya que se calculaba en más de 1.100 euros por habitante cuando se habló del rescate financiero. Si en efecto se pierde el 75 %, tal como dice el Banco de España, estaremos en torno a los 825 euros por habitante (al menos en esta apreciación no anduvieron muy descaminados).

A partir de 2014 se abría una nueva etapa, y el BFA vendió participaciones que no superaban el 8 % a varios fondos que apostaban por la inversión en Bankia. Con ello volvía al IBEX 35, y el 7 de junio de 2015 se hacía efectivo el pago del primer dividendo de su historia por 01,75 céntimos por acción, si bien ha seguido controlada por el FROB, su dueño, con la obligación añadida de privatizarse en noviembre de 2017 como fecha límite, lo cual no ha sucedido, pues, como ya ha quedado dicho, esta operación puede que tenga lugar a finales de 2018.

De forma aproximada, esta es la historia mal contada y reducida de Bankia y el BFA hasta finales de 2015 y de la que ha derivado el conocimiento por parte de la sociedad civil de las gestiones llevadas a cabo por una gran parte de la plantilla del banco al realizar la venta de las famosas participaciones preferentes y que sugería a todos sus ahorradores que invirtieran en preferentes porque su rentabilidad era superior a cualquier otro tipo de inversión, como podrían ser los plazos fijos y todo tipo de cuenta con remuneración alta con la que contaba la banca en aquella ocasión. Más tarde, el tema de las preferentes ha sido resuelto de forma rápida y eficaz por el nuevo equipo gestor capitaneado por José Ignacio Goirigolzarri, cuyos resultados están siendo positivos y bien calculados.

Posteriormente afloraron oficinas y despachos defendiendo a los titulares de las participaciones preferentes, que abarrotaron las oficinas de la entidad y los registros de los juzgados reclamando su devolución. En muchos casos lograron que el sector de la abogacía ganara cantidades exorbitantes con solo ejecutar un único modelo de demanda, pues la suscripción de participaciones preferentes y acciones de Bankia ya son famosas por los movimientos sociales que se levantaron en todo el país. La figura de la participación preferente la usaron muchas otras entidades bancarias que hicieron bastante menos ruido, precisamente por haberles hecho frente antes de que las reclamaciones llegaran a los tribunales.

De todas formas, el Tribunal Supremo, en su sentencia de enero de 2016, anuló la adquisición de acciones de Bankia con ocasión de la oferta pública de 2011 porque hubo un error en el consentimiento al existir un desfase entre las cifras del folleto que las anunciabas y las cifras reales. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal obligaba a devolver el dinero de diversas emisiones de venta pública de acciones y abrió la vía de nuevas reclamaciones, por lo que la entidad, asumiendo su error y considerando el gran importe de las costas procesales, presentó un programa para que los pequeños accionistas que invirtieron en la salida a Bolsa recuperaran su dinero. Con ello se evitaban los elevados gastos de los procesos que pudieran producirse nuevamente.

Ya he mencionado que las costas procesales han supuesto el pago de cantidades millonarias y han beneficiado a muchos despachos y muchas compañías de publicidad, aplicando el derecho y el ingenio y valorando la rapidez y la ocasión propicia para una profesión con olfato ante semejante oportunidad. Sin embargo, esta sangría se detuvo cuando el Tribunal Supremo anuló la venta de preferentes y Bankia procedió al pago a todo accionista que lo reclamara directamente, sin intervención letrada. No ha sucedido igual en las reclamaciones de los inversores institucionales, como en el caso concreto de Iberdrola, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid desestimó íntegramente la demanda de Iberdrola contra Bankia por la salida a Bolsa en 2011. Iberdrola le reclamaba 12 millones de euros por las pérdidas sufridas en su inversión de unos 70 millones. En su fallo, el juzgado argumentaba que Iberdrola contaba con una información «notabilísima superior» a la que tenían los inversores minoristas, por lo que no puede apoyarse en la falsedad de las cuentas para cometer un error excusable al comprar acciones de la entidad. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia.

GASTOS Y FAVORES

El problema de las cajas de ahorros ha crecido de manera insólita en el último cuarto de siglo debido a que todos sus movimientos estaban controlados por consejeros de comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, fuerzas sindicales y empresariales, fuerzas independientes, etcétera. Como ejemplo de ello, me he centrado en el caso más conocido y manipulado tanto de Caja Madrid como del resto de las cajas agrupadas y en otras diversas fusiones parecidas y reguladas por el SIP.

En realidad, con el ejemplo de Bankia se puede entender perfectamente el funcionamiento del resto de estas entidades, sabiendo, como sabemos ahora, las guerras que se han producido dentro de Comunidades Autónomas y ayuntamientos por el control de Caja Madrid, por ejemplo.

Echando mano de la historia (y más aún de internet) he querido entrecomillar parte de los dichos y los hechos que se han publicado en el transcurso de los últimos diez años y que principalmente se acentúan en las informaciones sobre la guerra entre miembros de un mismo partido por conseguir el poder sobre Bankia. Seguro que al lector le suena lo siguiente: «Mejor reconocimiento merecen Ángel Acebes y Manuel Lamela que serán consejeros del nuevo holding de Caja Madrid que intenta salir a Bolsa. Lamela fue hace poco defenestrado por Esperanza Aguirre… A Miguel Blesa, llegado por la recomendación de José María Aznar, ya le ha nombrado sustituto Esperanza Aguirre… aunque este busca el apoyo de Rajoy y Gallardón. En Génova no quieren que la caja se convierta en el brazo financiero de la Comunidad con Aguirre al frente… En contra está el gobierno de Aguirre y el bloque de participación que tiene en Caja Madrid, parece ser que la lideresa ya tiene candidato para sustituir a Blesa. Ni más ni menos que a Manuel Pizarro, hombre inteligente donde los haya y de un perfil empresarial muy superior a las trifulcas de los políticos compañeros, amigos y enemigos dentro del mismo partido en Madrid, aunque suenan otros para esta posibilidad, como es Francisco Granados, fiel de Aguirre… Comisiones Obreras (CC. OO.), el sindicato mayoritario de Caja Madrid (y en todo el sector financiero) y con representación en su Consejo de Administración, reaccionó ayer con extrema dureza ante la maniobra del entorno de la presidenta autonómica de Madrid Esperanza Aguirre contra Miguel Blesa y concluía: “Caja Madrid no es una empresa pública, por lo que sus órganos de gobierno son autónomos…”. Otras divergencias dentro de la Caja no quieren que esta sea una prolongación de la Consejería de Economía e Industria y algunos consejeros ven en Aguirre y el vicepresidente Ignacio González que quieren imponer un “modelo valenciano de Caja” conocido por la fuerte injerencia política en sus órganos de gobierno… Tanto los consejeros del PSOE, PP, sindicatos y los representantes de los impositores apoyaron a Blesa, el cual confirmó que ya había hablado con Aguirre, Gallardón y Rajoy… Acebes podría ser al mismo tiempo abogado, diputado y consejero de Caja Madrid… Aguirre ha decidido no atacar sola sino de la mano del Partido Socialista de Madrid, por eso el gobierno retrasa la aprobación de la Ley de Cajas… Los dos bandos del PP en Madrid se enfrentan por el control de Caja Madrid».

Y así sucesivamente, año tras año, día tras día, y por si faltaba algún componente, aparece en la prensa de esos días las trifulcas entre Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre: «Las once entidades representativas de Caja Madrid estarán presentes en la próxima asamblea de esta caja; a un lado estarán los gallardonistas, Izquierda Unida, la confederación de cuadros y CC. OO. Al otro los aguirristas y en el medio UGT y los socialistas… Miguel Cobo, vicealcalde de Madrid, a su compañero del PP en el Consejo de Caja Madrid: “¡Esto lo vas a pagar!”… Gallardón amenaza con judicializar las elecciones de Caja Madrid mientras Esperanza Aguirre afirma que Gallardón ni ha tenido tiempo de leer la Ley de Cajas… “Voté en contra de mi partido (PSOE) para dar estabilidad a Caja Madrid y fui derrotado por el cónclave de PSM que coronó a Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños”… La lucha política amenaza con obstruir la gestión de Caja Madrid… Solbes considera muy grave la situación de Caja Madrid. De la Vega critica a Rajoy por no intervenir… Zapatero irrumpe en la batalla de Caja Madrid y rompe la estrategia de Aguirre, recurriendo al Constitucional la ley madrileña, algo que aplaude Ruiz-Gallardón y sus seguidores. El entorno de Rajoy se indigna por la injerencia, pero el alcalde se alegra… El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, denunció ayer a la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre por no respetar la voluntad de S.M. el Rey. La Casa Real contestó. El 19 de noviembre de 2008, el jefe de la Casa de S.M. el Rey comunicó a Caja Madrid: “La Corona no ejercerá el derecho de designación de los 64 consejeros generales que le asignan los Estatutos de la Entidad Fundadora y que estos se repartan entre el resto proporcionalmente de la Asamblea de la Caja”… Granados acusa a Gallardón de bombardear la estabilidad de Caja Madrid… Granados advierte a Mariano Rajoy que no intervenga para elegir al próximo Presidente… La presidenta exhibió el pacto en Caja Madrid para defender a su candidato. “Salimos de Gürtel y entramos en Caja Madrid, pero solo un ratito, para volver otra vez a Gürtel o Palma Arena.”… “Es agotador”, dice un dirigente, que resume así la sensación que se vive en el PP… Mariano Rajoy, desde Moncloa, en contra de la opinión de Aguirre, valora tres candidatos. Luis de Guindos, con grandes títulos y ocupaciones, es el favorito de Moncloa por su perfil técnico. Rodrigo Rato, también propuesto por Rajoy, expresidente del FMI, exvicepresidente económico del gobierno de Aznar, reúne sobrados conocimientos para asumir el cargo. Ignacio González, ante los currículums anteriores, expone sus cualidades de esta forma a Mariano Rajoy: es candidato de Esperanza Aguirre, es vicepresidente consejero de Cultura del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es la mano derecha de Esperanza Aguirre y su firme candidato para presidir Caja Madrid, no tiene experiencia financiera, no cuenta ni con el apoyo del líder del PP, Mariano Rajoy, ni con el de la dirección nacional del PSOE, ni con el del Banco de España»… (¡¿Cómo podía ser candidato con este historial?!)

Como se puede ver, el enfrentamiento de Mariano Rajoy con Esperanza Aguirre llegaba a situaciones límite, como demuestra el informe de Moncloa a los tres candidatos para la presidencia de Caja Madrid. Por fin llegaba el entendimiento y Rodrigo Rato era nombrado presidente de la «Caja de los Truenos», como dijeron los más allegados. Políticos populares, socialistas, Izquierda Unida, sindicalistas y empresarios. Rodrigo Rato fue presidente de Caja Madrid desde enero de 2010 y presidente de Bankia desde diciembre del mismo año hasta 2011, año de la salida a Bolsa. Tras una historia en la que no faltaron ni el descontrol ni la postura del «todos contra todos», sin tener seguridad ni en el presente ni en el futuro, Rodrigo Rato dimitió en el mes de mayo de 2012, proponiendo al nuevo presidente del Consejo de Administración a José Ignacio Goirigolzarri como su sucesor.

Toda esta historia entrecomillada no es sino la causa que ha dado lugar a la desaparición de las cajas de ahorros, pues sus elevados gastos y favores no dejaron de ser frecuentes en estas instituciones manejadas por partidos políticos (práctica habitual de todas ellas). Siempre había en ellas un control político, sindical y empresarial, y la actividad financiera se veía mermada por la injerencia de los no profesionales en un sector tan delicado como es el ahorro. Se cometieron ciertos actos —incluso sin pretenderlo— que dañaron y acabaron con la firmeza de las cajas en cualquier lugar de España, no solo en Madrid. Como se puede ver en el resumen de todos sus agrupamientos, ha resultado que el valor de todas ellas daba un coeficiente de valor cero después de ser intervenidas por el Estado, y solo han sobrevivido algunas fundaciones que han dejado intacto su patrimonio cultural por haber quedado fuera del control de los SIP. He destacado entre comillas algunas frases que nos permiten ver toda la evolución de Caja Madrid y Bankia desde principios del siglo XXI y dar así una idea aproximada de todos los protagonistas que han vivido de estas entidades y a las que han servido por su propio interés personal.

Ahora, cuando se reciben las ayudas de Europa por 100.000 millones, entendemos cuánto se ha perdido no solo en la gestión sino también en los compromisos políticos de todas las fuerzas de derechas, centro, izquierdas, sindicatos, empresarios, etcétera. He querido dejar solo un reflejo del sistema financiero creado por todos y que ha perjudicado a todos. Con ese modesto resumen se puede saber hasta dónde es capaz de llegar la avaricia y la envidia incluso dentro del mismo partido político. Esa ha sido la realidad de nuestras últimas décadas, una realidad que habrá que resolver día a día haciendo frente a la devolución del préstamo que el 10 de junio de 2012 concedió el Eurogrupo de Bruselas a España, limitando su autonomía fiscal.

La gran recesión del capitalismo dejó sus últimas secuelas en el euro. Las ayudas europeas a través de un rescate temporal son préstamos para recapitalizar el sistema financiero, que el Tesoro deberá devolver y, además, pagar un 3 % de interés, y que solo afectará a las entidades que requieran ayudas y soliciten este tipo de préstamo, no a las que no participen de él.

HOMBRES DE NEGRO Y PARTICIPACIONES PREFERENTES

Con la concesión del préstamo, Europa envió a sus «hombres de negro», representantes del FMI y el BCE, organismos a los que remiten sus informes, para estrechar el control sobre España, donde el gobierno tiene que acatar las exigencias de Bruselas. No se trata de extraterrestres con apariencia humana, vestidos de traje negro, camisa blanca y gafas negras, aunque son parecidos y tienen una misión muy concreta en nuestro país. Observan que se cumpla el pago de los 100.000 millones prestados, y además comprueban, con informes secretos, las posibilidades de recuperación que pueden existir; se dice incluso que son totalmente incorruptibles. Si se incumplen las exigencias, ya se puede dar por cerrado el préstamo y pedir su devolución, algo que en las circunstancias actuales sería difícil de cumplir, aunque las revisiones se hacen y se emiten informes periódicos para exigir el cumplimiento. En octubre de 2016 vinieron para revisar todo nuestro sistema económico y cerciorarse de que la economía española caminaba dentro de los cauces establecidos, y también para confirmar que las reformas se iban acometiendo. Una vez revisadas las condiciones, informaron favorablemente: el cumplimiento superaba en varias décimas las exigencias del FMI y la Comisión Europea. Su dictamen se plasmará todos los años en diciembre bajo el informe conocido como Artículo IV.

Se discutió mucho sobre el importe de los 100.000 millones en la línea de crédito al gobierno de España para paliar las necesidades del sistema financiero y cuyos cálculos no sobrepasaban los 40.000 millones, según la estimación del FMI. Entre lo pedido y las necesidades hubo un margen elevado que dio respiro al gobierno para argumentar que no era un rescate, sino que la propia UE había puesto a disposición de España este crédito para sanear el sistema financiero; el propio ministro Luis de Guindos lo consideró como un préstamo en condiciones muy favorables para activar el crédito a las empresas y particulares. Es de suponer que después del tiempo transcurrido, el gobierno pida a Bruselas la mejora de las condiciones para un futuro, incluso la ampliación del plazo de devolución, como ya he comentado con anterioridad, pues a finales de 2016 los cumplimientos eran relativamente insignificantes para todo lo exigido cuando se concedió el préstamo cuatro años antes.

Los hombres de negro son los encargados de velar por la consolidación fiscal en la moneda única y cuyo trabajo recibe el nombre ya célebre de «troika». Como personas responsables están: Klaus Masuch, del BCE, hombre cercano a Mario Draghi; Matthias Morse, miembro de la Comisión Europea, hombre formado en el Bundesbank y centrado en la estabilidad económica griega; Declan Costello, irlandés, director adjunto de asuntos económicos y financieros de la Comisión Europea, que también destacó por la coordinación de las finanzas de Grecia, y Poul Mathias Thomsen, economista danés del FMI, que trabaja al lado de Christine Lagarde, presidenta del FMI, y además ocupa el puesto de director adjunto de la Oficina Europea del FMI (ambos se encargan de controlar el buen funcionamiento de los sistemas financieros, así como las reformas exigidas a países como Grecia, Irlanda, Portugal y España). Como ya he dicho, se les considera los hombres más independientes del mundo, incapaces de cometer fallo alguno en su gestión; administran los tiempos sin publicidad alguna que los identifique como tales hombres de negro, y pesa sobre sus hombros una gran responsabilidad a nivel europeo.

Veamos a continuación el asunto de las participaciones preferentes. Este ha sido el caballo de batalla de Bankia, pues los valores preferenciales, también llamados acciones preferenciales o acciones preferentes, son normalmente valores de rango más alto —y además habría que añadir de riesgo— que las acciones comunes, y sus condiciones son negociadas entre la entidad emisora y el inversor. Las participaciones preferentes no cotizan en Bolsa y a veces cuentan con un contrato de liquidez, aunque esta en general es limitada, lo cual dificulta recuperar la inversión. Las participaciones siempre se consideran una inversión perpetua con una rentabilidad variable que no da derecho de voto a su poseedor, participación en el capital ni tampoco derecho de suscripción preferente, y se pueden considerar bonos cuya rentabilidad está sujeta al beneficio del banco; por tanto, no son depósitos garantizados ni acciones ordinarias, aunque a veces las entidades ofrecen la posibilidad de recomprarlas, lo que les da cierto viso de liquidez.

Estos productos financieros llegaron a sumar más de 30.000 millones en mayo de 2011 (según la CNMV). Al estallar la crisis, estos productos dejaron de pagar intereses y su cotización se hundió en el mercado secundario. Aquellos clientes que invirtieron en preferentes de cajas de ahorros de entidades ahora nacionalizadas, como el caso de Bankia o Novagalicia, han visto cómo sus participaciones han sido canjeadas por acciones de las entidades, asumiendo pérdidas de más del 50-60 % de lo invertido, que es el caso concreto de Caja Madrid-Bancaja.

La directiva europea sobre mercado de instrumentos financieros obliga a los bancos a someter a un examen a sus clientes antes de venderles productos financieros complejos, y tienen prohibido firmar el contrato si desconocen lo que están comprando. Hay muchos casos palpables y entendibles de que se actúa sin tener a la vista al ordenante de cualquier tipo de suscripción de operaciones opacas, y nada mejor lo acredita que el hecho de que en los documentos que hay que suscribir se les indica con una cruz dónde deben firmar. Son muchos los supuestos, como por ejemplo el de la CAM, cuando los clientes, al tratar de retirar un depósito, comprobaron que vencía en el año 3000. El endurecimiento de los requisitos exigidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha impulsado a los bancos y a las cajas principalmente a proponer el canje de las preferentes por acciones ordinarias. Incluso hay bancos que ofrecen el cambio de preferentes por bonos convertibles en acciones al final de un plazo razonable.

Mi exposición ha sido un poco reiterativa, pero es la mejor forma de distinguir la compra de acciones de libre mercado y participaciones de carácter preferente. Las primeras se pueden vender en el mercado continuo, mientras que con las preferentes debe hacerse en mercados secundarios donde nunca se asegura recuperar la cantidad invertida. Pero, además, en el tema de Bankia los que suscribieron participaciones preferentes han podido recuperar el importe de su inversión gracias a la responsabilidad penal de la entidad que vendía este tipo de producto engañando a los compradores al no explicarles detenidamente de qué trataba dicho producto, tal como exige la normativa europea (EBA). De ahí que Bankia haya decidido abonar los importes de los inversores minoritarios, consignando una partida para tal fin y así evitar seguir pagando enormes cantidades de las costas judiciales derivadas.

De todas formas, el famoso caso de Bankia no es solo por este «engaño masivo», sino más bien por el embrollo de su salida a Bolsa, además de los supuestos errores e inexactitudes del folleto que la anunciaba, unos actos premeditados que dieron lugar a la querella presentada por UPyD contra los directivos del BFA y de Bankia, a la que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción y cuyas actuaciones procesales se iniciaron por Diligencias Previas 59/2012 seguidas en la Audiencia Nacional, en el Juzgado número 4. Su titular, el juez Fernando Andreu, ha llevado a cabo una instrucción intachable con la que indirectamente ha conseguido lo más importante en este asunto: que los inversores pequeños pudieran recuperar el importe que desembolsaron en la compra de participaciones preferentes y también en acciones, aprovechándose en la mayoría de los casos de la ignorancia de los titulares a los que se les habían vendido esta clase de productos; se dieron casos de personas sin capacidad para entender lo que estaban adquiriendo, titulares de operaciones a plazo fijo, cuentas de ahorros, etcétera, insinuando que la rentabilidad era muy superior y su convertibilidad no era superior a un día y, por tanto, la ventaja era evidente. Una vez que se llevaron a cabo estas ventas masivas, el mejor sistema fue cambiar a los apoderados que habían intervenido en dichas operaciones; enviándolos a otra sucursal evitaban que los clientes de toda la vida no tuvieran que enfrentarse a ellos, pues el recién llegado decía no saber nada, y en cambio prometía que trataría de resolver la situación, algo que no llegó hasta mucho tiempo después y solo a partir de la intervención de la justicia.

Este hecho, el de los gestores que colocaron la emisión a sus clientes, en el que no ha entrado el campo penal, nos da una idea de las presuntas actuaciones ilícitas llevadas a cabo, como cooperadores necesarios, por los apoderados que las realizaron. En su mayor parte, estos han conseguido prejubilaciones, o bien que los trasladen a diferentes plazas para evitar situaciones incómodas. Durante el proceso penal de la Audiencia Nacional se ha llegado a descubrir otra serie de delitos, como el de las «tarjetas black», así como otra serie de tipos penales que pueden surgir a lo largo de la conclusión de la instrucción y que igualmente pueden dar lugar a piezas separadas del procedimiento principal, o acumuladas a este, lo que prolongaría mucho tiempo la instrucción del caso.

Aunque el tema de la responsabilidad se está debatiendo entre Bankia, Consejo de Administradores y auditores (concretamente, Deloitte), no se sabe a ciencia cierta si su conducta pudo ser delictiva, pues se dan muchas circunstancias que no lo ponen fácil, y más cuando casi al final de la instrucción aparecen las acusaciones populares tratando de demorar un asunto que ya ha cumplido con su mayor objetivo: conseguir que los clientes y los accionistas minoritarios recuperen las cantidades invertidas.

Otro asunto muy diferente es el de los inversores institucionales, que compraron estos productos confiando en obtener un beneficio y, en consecuencia, no se les puede considerar desconocedores de los requisitos esenciales de una salida a Bolsa. Varios de ellos habían sido incluso accionistas o participados por Caja Madrid (los minoritarios posiblemente no), de modo que ellos sí sabían qué clase de operación estaban realizando. Yo iría aún más lejos en cuanto a la responsabilidad de estos grandes inversores, pues no en vano muchos de los pequeños inversores entraron en la operación al ver que eso mismo hacían las grandes compañías, lo que reforzaba la seguridad de que su inversión podía ser un éxito, convirtiéndose en cooperadores necesarios para llevar a cabo esta salida a Bolsa.

De este asunto me guardo la opinión hasta que no se dicte sentencia, pero sí reitero que hubo negligencia en muchas grandes compañías, como es el caso de Iberdrola, que amenazó con pedir en los tribunales el importe de su inversión, cuando en todo caso se la podría acusar de presunto delito como colaborador necesario al alterar el precio de las cosas. Aunque se librase de la responsabilidad civil, no sería el caso en cuanto a la responsabilidad penal que, junto a otros, pudieron cometer. Sin embargo, hasta el momento el resto de los inversores han sabido observar esta circunstancia; baste el ejemplo de Mapfre, que anunció que no exigiría el pago como inversor institucional que fue. De este tema conviene hacer un estudio muy pormenorizado como ejemplo de lo que puede suceder en circunstancias similares; sin embargo, seguiré centrándome en Bankia por ser un caso tan especial como interesante.

EL CASO BANKIA ANTE EL JUEZ

A pesar de la gran lección de Antonio Alonso Ureba en su libro Obligación de información de las sociedades cotizadas (publicado por Ius Law), que contiene una explicación magistral sobre el conocimiento de los requisitos necesarios para salir a Bolsa y emplea formas de conducta ética y razonada, cuyo contenido y claridad son mucho más concretos que otros razonamientos jurídicos, el auto del juez Andreu es asimismo completo en la descripción, si bien difiere en la opinión, como es el caso del propio fiscal, que deja solo a cuatro imputados de los casi cuarenta que relaciona el auto; por tanto, habrá que esperar al pronunciamiento de la Sala, que decidirá si se confirma o se rechaza alguno de sus planteamientos. Incluso ya anuncia el Ministerio Fiscal que no acusará ni a Deloitte ni tampoco al auditor que firmaba las cuentas, y su acusación seguirá tan solo contra cuatro miembros del Consejo de Administración. Es de suponer, según el fiscal anticorrupción, que existan menos procesados de los que el auto imputa, y habrá que esperar varios meses para saber realmente cómo quedarán las acusaciones, más en concreto la parte dispositiva del auto del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal reduce a cuatro los imputados y levanta la responsabilidad de la auditora Deloitte y sus analistas, descartando el delito de falsedad contable, un cargo por el que fueron imputados los antiguos treinta y cuatro consejeros de la entidad investigados en esta causa, una decisión que reduce el horizonte penal de todos ellos. Incluso el Ministerio Fiscal desmonta totalmente el trabajo de los peritos nombrados judicialmente, en cuyos dictámenes siempre confió el juez instructor. En ellos se incluye a un grupo numeroso, donde la actividad social y económica tiene un especial tratamiento que posiblemente no se valore o no se tenga en cuenta, y en la práctica es difícil de sobrellevar por las presiones sociales y políticas que tiene todo procedimiento polémico donde se contemple el desahucio, si bien el auto recurrido está muy bien instrumentado y fundamentado, a la espera de la apelación interesada por los actores, cuya confirmación por la sala ha validado toda la instrucción del juez Andreu.

Como dije anteriormente, el 4 de julio de 2012 se abrieron Diligencias Previas 59/2012 iniciadas a instancia de UPyD, que presentaba una querella contra los treinta y cuatro miembros del consejo de BFA y Bankia, respectivamente, por delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas y a la que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción. Todos los consejeros comenzaron entonces un largo peregrinaje por el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional. Las primeras declaraciones se iniciaron el 5 de noviembre de 2012. Nadie sabía nada y parte de los consejeros echaron la culpa a la auditora Deloitte; «Aprobamos las cuentas de Bankia rápido para quitárnoslas de encima», declaró otro consejero. Incluso el día 23 del mismo mes, Ángel Acebes, exministro del PP, confirmó que la salida a Bolsa fue normal, y mencionó cómo el auditor de Deloitte había ratificado las cuentas por las que existían beneficios, si bien en no más de veinte días fueron reformuladas y acabaron reflejando grandes pérdidas. A reglón seguido de este largo desfile de declarantes, le llegó el turno a Rodrigo Rato. El expresidente afirmó que los beneficios reflejados en el balance de salidas de Bankia eran ciertos; asimismo, aclaró, negó y confirmó que todo estaba perfectamente bien instrumentado, prueba de ello era la auditoría ratificada y no firmada por parte de Deloitte; también afirmó no conocer el banco de inversión Lazard encargado de la salida a Bolsa de Bankia, aunque veinte días después reconoció tener negocios con el presidente del referido banco, lo que hizo sospechar cierta conformidad en el embrollo de la salida.

Pasó la Navidad de 2012, y en enero, concretamente el día 18, la Fiscalía Anticorrupción dio luz verde a que compareciera el ministro de Economía Luis de Guindos para aclarar su intervención en el caso Bankia varias semanas antes de la dimisión por escrito de Rodrigo Rato (Rato dimitió el 5 de mayo de 2012) en que proponía a José Ignacio Goirigolzarri como el nuevo presidente de la entidad. El día 1 de febrero, el juez admitió la declaración del ministro y la del presidente Goirigolzarri, pero antes compareció el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Este responsabilizó de todo cuanto estaba ocurriendo a Luis de Guindos al declarar que el cambio sobre las exigencias de capital dio lugar a que se perdiera totalmente el control en los últimos días de la crisis de Bankia antes de su salida a Bolsa.

En la contestación por escrito del ministro de Economía, hacía referencia a que el Estado jamás rechazó ningún plan de Rato para salvar Bankia; por otra parte, admitía que la salida a Bolsa contenía todos los elementos legales exigidos por el órgano rector, y reiteraba que en ningún momento pidió ni conoció la dimisión de Rodrigo Rato, pues recordaba que el Banco de España exigió una serie de medidas, entre ellas, la mejor gestión y administración, aumentando también la profesionalización de Bankia; terminaba diciendo que en ningún momento se cuestionó la figura del señor Rato.

Llegó entonces el turno de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien dijo que la conducta del banco estaba en consonancia con la ley vigente. Después hizo su declaración Francisco Celma, socio de Deloitte, quien contradijo ante el juez la versión de los consejeros imputados al afirmar que él avisó de que existían dudas más que razonables sobre la viabilidad de la entidad. Sorprende que una multinacional como Deloitte, que es la auditora externa contratada, no aparezca en ningún momento con algún grado de responsabilidad penal y que tan solo sea culpable el auditor que firma. Sería como si un banco no tuviera responsabilidad y toda la culpa recayera en el director de una sucursal. De todas estas circunstancias se encargará la Sala de lo Penal de confirmar o rechazar, si bien el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, había dejado fuera tanto a Deloitte como a Francisco Celma.

Posteriormente, la Sala desestimó las apelaciones y confirmó el auto del juez instructor, pidiendo responsabilidad tanto al auditor como a Deloitte, y en otro auto posterior confirmó la apertura del juicio oral contra Rodrigo Rato, rechazando todos los recursos contra la instrucción llevada a cabo por el juez Andreu. En el trámite de instrucción, la Audiencia Nacional ordenó al juez instructor del caso que extendiera la causa para incluir la posibilidad de un supuesto fraude en la venta de las participaciones preferentes que habían sido colocadas en la forma que todos conocemos.

El asunto amenaza con más complicaciones, y casi un año después seguimos sin conocer con exactitud cuál era la causa del mal causado. Además, UPyD y la Fiscalía Anticorrupción ya no son los únicos demandantes, pues se han personado varias acusaciones populares; entre otras, 15MpaRato. Precisamente esta asociación pidió al juez instructor, en octubre de 2013, que interesase a la CNMV los documentos que acreditaban que todas las cajas agrupadas en el SIP, y que luego se integraron en Bankia, fueron las encargadas de colocar o vender la práctica totalidad de la emisión de la salida a Bolsa de participaciones preferentes, una petición que el juez aceptó y solicitó al órgano rector.

En el mes de septiembre se incluyó en las diligencias previas que se siguen contra Bankia los correos aportados en la instrucción frenética y desordenada del caso Caja Madrid-Miguel Blesa seguida por el juez Elpidio José Silva (que tuvo sus horas de gloria por un supuesto fraude procesal hasta que fue apartado de la carrera judicial) sobre la compra de Bank of Florida por parte de la caja de ahorros madrileña, por el que además ordenó el ingreso en prisión en dos ocasiones del propio Miguel Blesa. En tales correos se ponían de manifiesto actos íntimos del presidente de la entidad y su círculo de amistades más cercano que nada tenían que ver con el caso de la Audiencia Nacional, de lo cual ha quedado constancia en los innumerables tomos del caso.

Pero he ahí la pericia judicial de algunos jueces: Manos Limpias intenta personarse como acusación popular y el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional lo rechaza por una serie de motivos que no vienen al caso mencionar, e incluso les impone una fianza de 200.000 euros para personarse; seguidamente, el mismo sindicato denuncia ante la justicia ordinaria igual asunto, que pasa al Juzgado de Instrucción número 21 de la plaza de Castilla, y este también se inhibe en un auto razonado a favor de la Audiencia Nacional. Un nuevo intento fallido de Manos Limpias por querer personarse en las Diligencias 59/2012. De nuevo otro intento de personación aún más reciente en el que se da traslado de la querella rechazada por el Juzgado de Instrucción número 21, y en este caso el juez sí admite dicho escrito en las diligencias, viendo en su contenido motivos para acumular la denuncia en el caso Bankia, manifestando que esta denuncia se refiere a «defraudaciones que produzcan un grave riesgo a la economía nacional», y se acuerda porque así procede… Sin embargo, el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional rechaza que el sindicato pueda intervenir como acusación en la causa ante las notables carencias e imperfecciones de la denuncia, como, por ejemplo, que hace mención de delitos graves que desaparecieron del Código Penal en la reforma de 1995. Que el juez Andreu desestimara la personación como acusación popular de Manos Limpias en dichas diligencias ha sido un completo acierto y es digno de hacerlo constar.

A pesar de sus intentos de hacer lo mismo en todas las jurisdicciones, lo cierto es que no lo han conseguido, y creo que después de saber lo que sucedía en Manos Limpias, nadie vería con buenos ojos que lo consideraran como acusación popular ni de ningún otro tipo. Incluso el juez Santiago Pedraz, que instruye la Operación Nelson, en la que investiga al sindicato, destaca en uno de sus autos la conversación del presidente de Manos Limpias con el presidente de Ausbanc en la que manifiestan lo importante que era personarse en el asunto de las tarjetas black para ejercer presión sobre los encausados, sin conseguirlo, como hemos visto. El magistrado del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional lo considera como un ejemplo de la instrumentalización que hacía Ausbanc de Manos Limpias para ejercer presión a determinadas entidades. Lo que resulta sorprendente es que alguna letrada de Manos Limpias haya ejercido la extorsión manifiesta no solo en las juntas del BBVA, sino en torno a la acusación popular contra la infanta doña Cristina y no se le haya aplicado la misma vara de medir que a los demás implicados en este entramado de extorsiones. Queda claro, pues, que los jueces han actuado con astucia para evitar que un grupo extorsionador se persone como acusación popular al considerar que lo que buscaban con esta actitud era más el beneficio propio que el de sus representados y, por supuesto, en ningún caso el beneficio que toda acusación popular debe contener favoreciendo la investigación para lograr una instrucción más completa de la causa.

De esta causa se hará una gran referencia al auto dictado con fecha 11 de mayo de 2017, cuyo estudio merece la pena para entender la investigación del asunto Bankia Procedimiento Abreviado 59/2012 para la apertura del juicio oral y los años que son necesarios para concluir una instrucción como esta en un texto de 253 páginas que ha sido recurrido ante la Sala de la Audiencia Nacional antes de ser firme; instrucción que fue confirmado, por la Sala de la Audiencia Nacional, y con fecha 17 de noviembre de 2017 el juez Andreu decretó la apertura del juicio oral, imputándoles los delitos de estafa a los inversores y falsedad en las cuentas presentadas para la salida a Bolsa en 2011, por lo que el juicio oral se acordará seguramente en 2018 o 2019. En la justicia ordinaria también existen contradicciones en diferentes sentencias; como ejemplos tenemos el Juzgado de Calatayud y el Juzgado número 44 de Barcelona. El primero de ellos se hace eco del conocimiento de que los inversores institucionales no podían recuperar su dinero conforme al criterio del Tribunal Supremo; sin embargo, el Juzgado número 44 de Barcelona ordena en una sentencia (recurrida, naturalmente) que se le devuelva a una Sicav catalana el dinero que perdió de los 800.000 euros invertidos. También en la jurisdicción civil hay desacuerdos que, como es lógico, el Tribunal Supremo se encargará de casar.

La instrucción del caso Bankia proseguía y aparecieron las tarjetas black de las que disponían libremente todos los consejeros, fueran de una tendencia u otra, del mundo sindical, político, intelectual o empresarial. Todos contaron en mayor o menor medida con estas tarjetas opacas e hicieron uso de ellas en los lugares más variopintos. De la instrucción de este asunto derivó el correspondiente juicio oral a celebrar en septiembre de 2016. En diciembre de 2014, el informe de los técnicos del Banco de España confirmaba que Bankia salió a Bolsa apoyada en engaños y una mala conducta bancaria, por lo que la acusación de UPyD pidió el ingreso en prisión de Rodrigo Rato, algo que no concedió el juez instructor.

En febrero de 2015, el juez Andreu impuso una fianza de 800 millones de euros al BFA como único accionista de Bankia para asegurar las responsabilidades que pudieran derivarse en el proceso abierto por este caso, después de considerar los informes de los peritos del Banco de España y teniendo en cuenta las acusaciones particulares que representaban a los afectados por la salida a Bolsa de Bankia. Posteriormente, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó un auto donde reducía dicha cuantía a solo 38 millones, al considerar que no se había acreditado el perjuicio que se valoraba y que hasta el momento no sobrepasaba dicho importe; con ello el juez Alfonso Guevara, como ponente, revocaba la cantidad ya señalada de 800 millones e imponía la cantidad hasta ahora conocida como perjuicio real en 38 millones, considerando además que se trataba de una entidad nacionalizada con la garantía del Estado.

Es importante destacar la concreción del auto emitido con fecha 11 de mayo de 2017, en el que se daba por concluida la instrucción de la causa, remitiendo la tramitación por los cauces del procedimiento abreviado contra un total de treinta y cuatro imputados, además de pedir la apertura del juicio oral. Recordemos que la tramitación de la causa se inició en el año 2012 por diligencias previas en virtud del auto del 4 de julio de 2012, por el que se admitió el escrito de querella presentado por UPyD (como ya dije antes) por la comisión de tres presuntos delitos de estafa, administración desleal y manipulación para alterar el precio de las cosas, todos ellos previstos en el Código Penal, contra Bankia y BFA, así como contra los Consejos de Administración de ambas sociedades, cuya instrucción resume cómo se creó una y otra a través de un SIP y cuya lectura se hace aconsejable dada la precisión con que lo describe y explica el propio auto en sus primeras páginas; asimismo, da entrada a la gestión llevada a cabo por el FROB para la agrupación de todas las cajas que componen el referido SIP y al que apoya financieramente dicho fondo con una gran facilidad y rapidez.

No es mi intención exponer estos planteamientos, ya comentados en páginas anteriores, pero sí referirme a los criterios del juez instructor con sus valoraciones sobre todos los imputados. A algunos de ellos les retira la imputación y a otros se la mantiene, después de una exhaustiva reflexión sobre todos los elementos que concurren en cada conducta, y la amplía incluso a lo largo de la instrucción. Con todo, el mayor argumento se centra en la salida a Bolsa de Bankia, mediante una oferta pública de suscripción y admisión de negociación de acciones (OPS), y siempre teniendo muy en cuenta el folleto que en todo momento explica la salida a Bolsa y en cuyo resumen se incluyen datos que no son ciertos y que provocan la equivocación de muchos posibles inversores, al manifestar que la información consolidada y auditada ofrecía una saludable solvencia con grandes posibilidades de beneficios asegurados; daba incluso beneficios el primer año de vida. Sin embargo, en la reformulación de las cuentas varios meses después, las pérdidas ascendían, como ya sabemos, a más de 4.000 millones. En esa reformulación de las cuentas se observa que el nuevo equipo de gobierno de Bankia, capitaneado por Goirigolzarri, podría haber llevado a cabo ciertas actuaciones parecidas a las de los anteriores gestores, por lo que advierte que se pueden haber cometido irregularidades que habría que investigar, pero que no entran dentro de esta instrucción.

Resulta fundamental haber hecho referencia al delito de «falsedad ideológica», que el juez fundamenta en el hecho de que en una economía de mercado es básica la información que ofrecen las sociedades que pretenden captar inversores, de ahí que el folleto que ilustra y hace fehaciente una situación lo suficientemente sostenible para salir a Bolsa, sin que haya dudas de no haber explicado todo lo concerniente a dicha operación, sea un elemento clave de la causa. El referido auto pendiente de que se admita su apelación tiene ciertos términos que excluyen de la responsabilidad penal, por ejemplo, al auditor oficial Deloitte, y castiga al auditor externo que trabaja en dicha firma; lo castiga a título personal, cuando realmente la relación contractual la tiene con la sociedad que representa. Se llega por tanto a tantas contradicciones que, aun pudiendo ser ciertas en la forma, no lo son en el fondo; la sala confirma a ambos según su auto del 15 de septiembre de 2017. Por este motivo, recomiendo que se lea para después seguir opinando conforme a la resolución que dicte el Tribunal de Apelación. (Resolución dictada el 15 de septiembre de 2017 por la Sala de lo Penal, Sección Tercera. Auto 351/2017.)

El citado auto confirma la no imputación o investigación de los miembros del Banco de España y de la CNMV, al no encontrar en sus actuaciones ni en su declaración de calidad indicios de delito. En consecuencia, la segunda instancia acoge la ausencia de implicación del Banco de España (BdE) «en tanto que la Institución no dio una carta blanca para cargar pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o acto de auxilio, la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma, por ende, resulta que podemos establecer que la elaboración de las cuentas es una obligación de los administradores exclusiva y excluyente. El acto de supervisión, incluso el desviado aunque se niega para el supuesto, nunca podría caracterizarse en términos de operación o complicidad, pues la naturaleza de las competencias que asume el BdE solo podrían encajar en una infracción penal de otra naturaleza que no es la dolosa por acción, como exige el tipo del artículo 290 del CP, imprescindible para sostener el concierto delictivo, sino en la dolosa de comisión por omisión, pero también con gran dificultad pues el tipo del artículo 290 CP se explica caracterizando la mendacidad contable por el daño final a la economía que propició ayudas millonarias, no se halla tipificada en armonía con el artículo 11 como una infracción del deber legal de vigilancia, y lo mismo se traslada a la descripción del artículo 282 bis del CP. El artículo 11 prevé “los delitos que consistan en la producción de un resultado, solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga según el sentido del texto de la ley a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: a) Cuando exista específica obligación legal o contractual de actuar. b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente”. Y todo ello porque la cooperación exige un acto simultáneo o anterior de iguales características, y la directriz del BdE no lo es».

El Banco de España y organismos afines no fueron quienes decidieron la salida a Bolsa de Bankia, aunque no se opusieran a ella, por lo que evocan para la CNMV «la misma respuesta ofrecida supra en cuanto a atipicidad de la autorización del BdE, para la salida a Bolsa, reconociendo por el auto en su página 249 en cuanto se habían presentado informes pro-forma del Banco de Bankia y las cuentas anuales de BFA y de Bankia con opinión favorable del auditor. De modo que aun considerando que las cuentas eran mendaces según los informes periciales, si hemos valorado la atipicidad de la autorización del BdE, mutatis mutanti [sic] se exporta a la actividad de la CNMV en armonía con que la instancia recoge “no parece razonable exigir a la CNMV que constatara por sus propios medios que los estados financieros que se presentaban junto al folleto representasen la imagen fiel de la entidad, toda vez que los mismos venían avalados por la opinión favorable del auditor externo D. Francisco Celma Sánchez”. En suma de la pretendida ausencia de diligencia por los máximos responsables de la entidad también se predica su atipicidad pues la Ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica, que hubiera integrado la omisión de decisiones dando lugar a impedir la salida a bolsa».

Igualmente, el referido auto, en su apartado tercero, expone en sus motivos del recurso frente a la decisión de sobreseimiento a Deloitte, S. L.: «En contra del criterio de la instancia basado en la naturaleza particular de las sociedades profesionales, habiendo establecido que la actuación profesional del socio auditor Francisco Celma se rige por los más absolutos principios de autonomía e independencia de criterio en el trabajo de la auditoría, siendo exigible, en su caso, responsabilidad civil conforme al artículo 11.2 de la Ley de Sociedades Profesionales y artículo 109 y siguientes del Código Penal y en la existencia de un manual de compliance (cumplimiento), el recurrente centra su persecución penal en lo siguiente, solicitando la revocación del pronunciamiento:

»i) Deloitte no solo fue la auditora responsable de los informes del Sr. Celma, sino que el mismo auto cita a otros auditores de la firma que habrían avalado igualmente irregularidades contables, así el M.M Auditor responsable de CISA, Cartera de Inmuebles S.L.U., MAB responsable del informe especial sobre información proforma al 31 de diciembre de 2010 y RMA auditora de Deloitte que firma el informe de CISA 2011, S.L.U. También se recoge abrumadoramente la presencia de Deloitte en la evolución contable del Grupo-BFA Bankia y las Cajas que lo constituyeron, y así lo narra el apartado 39 de los hechos punibles.

»ii) La resolución del ICAC (Instituto Supervisor de los Auditores de Cuentas) ha sancionado no solo al Sr. Celma, sino también a Deloitte, como responsable de haber comprometido su independencia mediante la realización de diversos trabajos de auditoría.»

Por tanto, Deloitte no está exenta de responsabilidad, y «en el caso de que se proponga la apertura del juicio oral a petición de concretas acusaciones frente a Deloitte, S. L., podrá ser contrariada valorando nuevamente los indicios apreciados para que el instructor resuelva con libertad de criterio sobre la apertura del juicio según las previsiones del artículo 783 de la Ley adjetiva en consecuencia».

Ya en su fallo establece que deja sin efecto el sobreseimiento en relación con Deloitte, S. L., debiendo dictarse la resolución que corresponda en orden a continuar este procedimiento.

Así concluye la instrucción del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional y, por tanto, el auto del juez Andreu se consolida con una instrucción ejemplar que busca ya la apertura del juicio oral.

En 2017, concretamente antes de la Junta General, a Bankia se le presupone un valor de unos 12.000 millones de euros, es decir, la mitad de lo que costó nacionalizarla (sobre unos 23.000). En la Junta General del 14 de septiembre de 2017 se aprobó la fusión por absorción de BMN, y el valor total de Bankia no se espera que sea superior a esos 12.000 millones, si bien hasta 2018 no es obligatorio privatizar la entidad y, por tanto, tiene la oportunidad de crecer y de estar completamente saneada y controlada para salir al mercado y privatizarse, dejando de ser banca pública.

Este largo peregrinar ha costado muchos miles de millones de euros. Precisamente, el 24 de agosto de 2017, el propio ministro de Economía expuso que, sumados los valores de Bankia y BMN, dan un valor contable de 11.187 millones de euros, después de haber invertido en dicho proyecto más de 22.000 millones; por tanto, es difícil calcular que no haya costado otro tanto a la economía española, de la que todos formamos parte. Teniendo en cuenta que el 7,50 % que vendió el FROB en 2014 por 1.300 millones podría llegar a un hipotético precio de 18.000 millones, hay que tener mucha imaginación para pensar que en estos tiempos alcance tal valor, quedando muy lejos de los más de 22.000 millones invertidos por el FROB. Léase o escríbase como se quiera, pero la política iniciada con la legislación de 1985 sobre la democratización de las cajas de ahorros ha dado un resultado, hasta nuestros días, de una quiebra superior a los 12.000-13.000 millones de euros.

En esta historia en concreto he querido dar a conocer no solo la ley de 1985 sobre cajas de ahorros, sino además todos los órganos que se crearon desde la crisis de 2008 y que se han acoplado al mecanismo de ayudas a diferentes entidades, pero principalmente referidos al caso de Bankia, que ha recogido, tanto en lo penal como en lo civil, todo un engranaje que puede entenderse al vivir una situación complicada. El sistema financiero ha experimentado por completo el funcionamiento de los órganos especiales creados por el Estado que han favorecido el control de la crisis, creando fusiones frías, EPA y demás figuras que han sido necesarias para atajar la sangría de la crisis financiera en España; es más, he mencionado incluso el rescate de 2012 y la aparición de los hombres de negro, cuya función seguramente se habrá entendido aún más al ligar esta figura a un caso concreto, entrelazándola con los distintos organismos creados con motivo de la crisis a nivel nacional e internacional, que son los que regulan y controlan el futuro de la economía europea, en general, y la española, irlandesa, griega y portuguesa, en particular.

LA MUERTE DE MIGUEL BLESA

El miércoles 19 de julio de 2017, Miguel Blesa viaja de madrugada a la finca de un amigo situada en Villanueva del Rey (Córdoba), y a la mañana siguiente se suicida al dispararse el rifle que portaba en su coche. Todo sucede en la hora del desayuno entre las nueve y las diez de dicha mañana. Sin apenas más ruido que el de un disparo y ante un silencio de desesperación y respeto, Miguel pone fin a su vida de la forma más inesperada y cruel. Miguel Blesa, aturdido y perplejo de su mala suerte, de su soledad implacable y su infinita tristeza, regresa con nocturnidad a la libertad de sus noches sin luna, mientras se pierde en el polvo del aire, como un lejano ruido de bala oprimida que devuelve después de bastante tiempo su ansiada soledad. La imagen del sueño más próximo de su vida con el que ha convivido los últimos tiempos y en cuya compañía disfrutó el encanto del amor tardío, ese amor que siempre compensa la ingratitud de ser importante, un amor que, repito, no consiguió la fortuna de compartir solo el polvo del aire y la ilusión inmensa de vivir enamorado, pues seguramente se hizo un poco tarde y anocheció de pronto y se perdió la luz entre las jaras y los tomillos resecos por el sol del verano.

Se produce un cierto desconcierto en torno a la noticia, y Miguel por fin regresa a su Linares natal, donde sus cenizas descansan en la tumba familiar. Vuelve con sus padres, donde descansa definitivamente ausente.

Aún faltan muchas explicaciones sobre la muerte o suicidio de Miguel Blesa. Miguel no era mala persona; conservo varias cartas contestando como paisano a cualquier consulta que le formulaba cuando se encontraba en lo más alto de la ola. Su confusión fue no distinguir las cosas y las gentes que conoció y siguió conociendo. Yo lo apreciaba en silencio y durante bastantes años comprendí lo que la vida le tenía reservado justa o injustamente. Por eso, posiblemente lo hemos matado entre todos, o quizá lo hiciera él solo; lo que seguramente le llevó a tomar esa decisión fue haber compartido durante mucho tiempo un sistema horroroso de mentiras y complicaciones, un ambiente en el que cuando pasa algo grave, adoptamos todos la postura del egipcio y miramos hacia el lado contrario sin inmutarnos, y si no pasa nada, actuamos con la frialdad o el calor que aconsejan los tiempos, la posición o el cargo.

Nadie le pudo decir a Miguel Blesa, criado en Linares, que la importancia de su posición privilegiada de gran ejecutivo de banca y tenedor del poder absoluto condicionaría su vida hasta llegar a un momento tan trágico en el que encontró la muerte. Pasó de una vida apacible a otra desapacible, complicada y diferente a la que conoció en la ciudad de las minas. Ninguna persona de perfil bajo puede concebir un suicidio por haber rebasado todos los índices de popularidad, dinero, posición económica y la consideración del estatus social, en el que todo es verdad hasta que la realidad evidencia que todo puede ser mentira. Haber crecido en el poder y gozar de las posibilidades que ofrece es algo que decrece dentro del convencimiento mismo de haber dejado de ser, es algo insuperable para el que alcanza una nube y se desvanece en ella, sin saber distinguir el porqué de las cosas y no esperar la caída a los infiernos del mundo «dosmileurista», donde muchos se mueven de un lado para otro buscando su acomodo y lo encuentran.

Sin embargo, la caída de un zorzal en una jaula de jilgueros no hace más que aletear hasta que se queda sin fuerzas y muere por inanición, por debilidad extrema, aun siendo más fuerte que todos los jilgueros juntos; le falta la adaptación, no saber comer por sí solo, pues la comida que pueda haber la derrama con el impulso de sus alas y le es muy difícil convivir con seres inferiores, aunque sea muy superior en tamaño… Es como observar el fuselaje de un avión de combate derribado; los niños juegan un poco asustados entre los hierros retorcidos, pero el avión ya no puede volar más. Miguel Blesa era débil, y solo lo mantenía flotando en su ambiente la fuerza que en muchas ocasiones da la abundancia de poder. Al final de sus días se fue allí donde más se sentía identificado, y junto al amigo al que se lo podía contar todo (incluso pedir la mínima ayuda para subsistir hasta final de mes) menos su último acto de voluntad.

En toda esta larga historia de Bankia, el más perjudicado ha sido Miguel Blesa porque no supo vivir su propia vida y seguramente quiso imitar la ajena, sin darse cuenta de que cada cual es hijo de su lugar y su tiempo y esclavo de las circunstancias de los recodos del camino. Además, igual también se le olvidó mirar para atrás muchas veces, con lo que perdió definitivamente la orientación del regreso, un camino del que lo tuvieron que recoger ya sin vida, mientras él era libre posiblemente sin saber que lo era.

La ingratitud humana se demuestra en estas horas bajas de la persona, cuando la adulación y la persecución por estar cerca de ella se compensan con la ausencia total, el miedo a salir en la foto (antes era ansia por estar en ella), y el silencio de un Linares minero con polvo de galena en el aire y un sol crecido de julio observa la soledad de las calles con todo su espacio abierto, mientras los más cercanos, los que nunca se fueron, comparecen para dar su último adiós a un hombre tímido e indeciso que no supo encontrar la sujeción a la vida, los pilares que lo mantuvieran firme y seguro, pues no había matado a nadie, ni se puede acreditar que le hubiera hecho falta robar para mantenerse en el lugar en el que siempre estuvo. Ni el último amor de su vida consiguió retenerlo; los sueños compartidos no fueron lo suficientemente largos para retenerlo en su huida hacia delante. Las historias de amor en muchos casos tienen comienzos furtivos y finales trágicos o diferentes a como uno los imagina; las noches de intenso amor a veces concluyen con la infinita tristeza de estar fuera del tiempo real, y posiblemente los desamores de la razón sumaron más ausencias que la presencia de la duda. Ante este estado de reflexión insegura, apareció la debilidad que acabó abrazándolo sin ruido y, como hace la soledad, lo dejó definitivamente ausente.

Miguel Blesa es uno más de los banqueros que han muerto pensando que el dinero era la única forma de encontrar el bien y los caminos del éxito. No me refiero al dinero por el hecho de tenerlo, sino por manejarlo y repartirlo con un interés entre todos aquellos necesitados del preciado metal y que adoran el brillo del oro mientras el becerro reluce, y en cuanto languidece, huyen buscando otro sol que los vuelva a favorecer, olvidando en el mismo acto al que los benefició ayer. Me consta que, ante un empresario del gremio del aceite, no le importó repetir: «A ver quién cae antes, si tú o yo…». Desgraciadamente cayó él. Todos se equivocaron, y se equivocan en forma parecida, por amar en exceso a los demás y estar fuera de su tiempo, pero ahí es donde hay que encontrar al auténtico banquero, que, lejos de parecerlo, siempre piensa como Isidro Fainé al refugiarse en su lema ya mencionado: «El bien no hace ruido y el ruido no hace bien».

7

Bancos buenos y bancos malos

Las cajas agrupadas presentaban una cierta independencia, como ya ha quedado referido en el tema Bankia, por eso es un asunto que debe tratarse de forma diferente debido a su importancia y a los resortes que se han puesto en marcha desde el principio de la crisis y que el sistema financiero otorga a entidades cuya situación puede ser difícil y complicada, principalmente para los ahorradores. Estas agrupaciones se regularon a mediados del año 2010 y he repetido varias veces el porqué de su creación y la pertenencia obligada por un plazo mínimo de diez años, anunciando su salida con una antelación mínima de dos. El Banco de España es quien pilota su regulación y el que valora que las entidades contratantes lo cumplan. Estas agrupaciones, más que fusionarse, se asociaban conforme al SIP, pues ya quedó dicho que aunque conservaran cierta independencia, podían ser rescatadas o intervenidas por el Estado, como fue el caso de Bankia, que integró a siete cajas de ahorros, sin que ello evite la responsabilidad penal que pudiera haber dentro de alguna de ellas o de la propia agrupación que las sitúa en el mercado de libre competencia para actuar en el negocio bancario. Esta situación se remonta al año 2012, cuando el gran descontrol puso de manifiesto el peligro de las entidades bancarias, aunque en este caso sean cajas de ahorros, cuando eran dirigidas por masas sociales desconocedoras del sistema financiero al que querían controlar haciendo que el afán político discurriese muy cerca del devenir del beneficio de los sectores afines o de aquellos que pudieran conseguir por desconocimientos que son exigibles para el cumplimiento de esta actividad tan seria.

Es importante reiterar que la crisis que arrasó los comienzos del siglo XXI en todo el mundo, iniciada en los años 2006-2007, cuyo estallido popular y financiero empezó en España el 15 de septiembre de 2008 por la quiebra del importante banco de inversión norteamericano Lehman Brothers, como ya he repetido antes, dio lugar a la crisis bancaria más importante del mundo. Y no fue precisamente por una retirada masiva de efectivo de los bancos. Hay crisis que pueden asociarse a la salida masiva de depósitos bancarios, pero este tipo de causalidad se atribuye a un período mucho más corto de tiempo que el propio de una crisis bancaria, cuando sus activos se deprecian por prácticas contables cuya realidad es muy diferente a las valoraciones que realmente tienen estos activos, quedando muy lejos de las cuantías contabilizadas en los balances. Las entidades que realizan esa práctica reducen su solvencia, por lo que se ven obligadas a provisionar las diferencias entre el valor real y el valor por el que se contabilizaron, algo que no siempre se hace, y más en época de crisis, cuando la reducción de la solvencia aboca a la desconfianza del mercado y, como consecuencia de ello, se puede llegar a una situación complicada de liquidez para la compañía que lo padece. Pero si además resulta que esta práctica la llevan a cabo la mayor parte de las entidades bancarias, entonces se produce una quiebra del sistema y se llega, como es el caso de España, a una bajada drástica del valor de los activos, seguramente por no haber ejercido un severo control de su gestión reflejada en el balance, y también por la falta de exigencia de los órganos reguladores, que debieron actuar de forma más activa y contundente, no permitiendo que la valoración de los activos contabilizados deteriorasen su precio y por no haber exigido la provisión de este desfase financiero y de valor contable.

La crisis de estas entidades y del sistema financiero en general viene propiciada por la tolerancia de los sistemas de fiscalización contable de sus activos, y más en el caso de Bankia, formada mediante las exigencias del SIP. La crisis en el sector inmobiliario principalmente, así como el aumento de la morosidad, que con el tiempo incrementará los activos tóxicos de especie parecida a la ya contabilizada, hace difícil prever en qué momento acabará esta situación, pues cuando se padece un acoso y un desconcierto tan imparables es preciso regir con toda frialdad el cumplimiento de las reglas. Si al principio se ponen en peligro algunos puestos de trabajo, las consecuencias pueden ser tan nefastas que acaben afectando al empleo en general; no en vano, la banca y las cajas de ahorros en España han perdido más del 50 % de sus empleados, y eso sin entrar a valorar otros sectores, que han seguido el mismo camino de reducción de puestos de trabajo. Otro efecto tiene que ver con los ingresos de las empresas; a su disminución se enfrentan por igual las grandes que las pequeñas, inmersas en una cadena de impagos que abarca todos los sectores de la actividad mercantil; solo quedan un tanto al margen otras actividades más concretas, como el sector agroalimentario y el agrícola, cuyas características difieren de otras actividades mercantiles y financieras.

A esta situación se llega por algo tan sencillo como la abundancia de liquidez. Hemos visto ejemplos en todas las situaciones. Recordemos que a principios de siglo las entidades financieras concedían préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas, incluyendo en dichas hipotecas el cien por cien del valor real del inmueble; además, se ampliaba el préstamo para cubrir el mobiliario de la nueva casa, y en algunos casos también se incluía la compra del vehículo… aumentando el bienestar de los ciudadanos. Se confiaba en que lo que se vendía o compraba por cien, en pocos meses se duplicaba su valor, por tanto no existía la presunción del riesgo, pues la adquisición se revalorizaba muy por encima de la cuota que había que pagar cada mes. Por otro lado, si en muchos hogares entraban dos sueldos, mayor razón para no tener ninguna preocupación, pues era tal la euforia que nunca se pensaba que podría ir a menos, cuando el trabajo era abundante y las compras especulativas de suelo, edificios en mal estado y terrenos sin calificación urbanística se disparaban con ofertas temerarias que hacían crecer los precios veinte veces más que su valor real.

La cuota del préstamo era una simple anécdota para aquellas rentas altas de todo el que se dedicaba con ganas al trabajo, a la venta de pisos, chalets, urbanizaciones y todo lo relacionado con la construcción; en las casas donde antes se compraba según la oferta del día, con esta situación de bonanza que traían los sueldos de ambos titulares la hipoteca de la vivienda pasaba a ser un simple gasto que se afrontaba sin mayores complicaciones. En el mundo inmobiliario y de la construcción se daba el caso, como he contado en otras ocasiones, de que los camiones cargados de ladrillos que circulaban por todas las carreteras de España eran abordados por contratistas y constructores, y en muchos casos pagaban el doble para que descargaran la mercancía en sus urbanizaciones en fase de construcción; la gran mayoría nunca llegaban a su destino, y volvían a cargar de día o de noche para aumentar los ingresos del camionero, el constructor, la fábrica de ladrillos, etcétera.

Esta situación era imparable, y el dinero asomaba por los bolsillos del que lo ganaba sin medida y del que repartía sin miramientos, ya que lo importante era hacer casas y venderlas; el Mercedes clásico lleno de polvo siempre servía como oficina para guardar el importe entregado para las reservas de todos los días, tras firmar un escueto contrato en el que se aseguraba la compra y se daba una señal para mantenerla… De este paraíso del boom inmobiliario se llegó en pocos años a la situación que trato de comentar; de aquellos lodos surgió la crisis, la inflación, que es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, pues mientras que en una situación aumentan los precios de todo, el dinero pierde valor porque se considera que resulta sencillo obtenerlo. No olvidemos que en esos años de vacas gordas cualquier entidad financiera ofrecía el dinero sin limitación alguna, y en muchos casos, más importante aún que el propio crédito, era suscribir un seguro de accidentes o responsabilidad civil. En los tiempos de euforia, los bancos, con solo domiciliar la nómina en su cuenta, otorgaban un crédito antes que a cualquier agricultor que tuviera una fortuna en fincas; para las entidades era más provechoso domiciliar una nómina y el pago de los recibos que una declaración de bienes cargada de valores registrados e inscritos. Tener una huerta cerca de un centro urbano, terrenos próximos a una playa y hasta los quiñones de tierra alejados de las ciudades subían su precio, pues se especulaba con la consecución de una licencia para un gran centro comercial o de otro tipo. Incluso en los restaurantes más importantes existían listas de espera, pues nunca había mesa libre; por no hablar de las cenas de empresa de Navidad, cuando era imperativo reservar el local justo después de las vacaciones de verano.

Todo lo material era un bien asequible a cualquier bolsillo, solo era cuestión de trabajar una o dos horas más para conseguirlo. Se creía que la inversión frenética y descerebrada sería para toda la vida. Incluso cuando se contaba con un familiar que era concejal de algún ayuntamiento, se confiaba que en los cuatro años de mandato no tendría problemas para enriquecerse, lo mismo que sus allegados y familiares; y si no lo conseguía, era considerado un inútil o un incapaz, pues hacerse cargo de la concejalía de Urbanismo, por ejemplo, era más que un premio de la lotería.

Sin embargo, a continuación llegan otras circunstancias bien distintas, contrarias a las que acabo de relatar. La euforia decae y la deflación empieza a diseñar en el horizonte una caída de la demanda y un exceso de oferta que siempre trae aparejada una disminución generalizada en los precios; también cae el consumo y nace la incertidumbre de pensar si esta situación viene para quedarse o es solo un espejismo. Poco a poco asoma la recesión económica y, por supuesto, el desplome del empleo, que es la piedra angular que provoca las recesiones. Las clases medias vuelven a su perfil bajo, mientras las clases altas apenas se enteran del hambre de los demás. El bien hipotecado por la ventolera de la euforia cae con igual fuerza que lo absorbió el remolino o la tromba que se lo tragó, y cuya definición popular se da cuando una gran circulación de aire, agua o cualquier otro elemento gira por la presión sobre sí misma y engulle todo lo que encuentra a su paso y después lo devuelve cuando se disuelve, quedando todo en un estado lamentable.

Así es la tromba o remolino que define una etapa de España en la que todo era abundancia y jolgorio y cuyas consecuencias las padecerá durante un largo período de tiempo la clase social más afectada por el paro. En cambio, la banca se librará, pues ya disfruta de una nacionalización encubierta con dinero del Estado procedente de Bruselas. Será entonces el órgano rector y público el que controle el asunto para discutirlo en el tiempo y para procurar no pagarlo nunca. De esta forma se creó no solo Bankia sino otras muchas entidades agrupadas o fusionadas entre sí pero bajo el paraguas de los SIP, que dan cobertura a ese tipo de agrupaciones que en unos casos naufragan y en otros llegan a buen puerto.

BUITRES Y BÚHOS

He repetido en numerosas ocasiones cómo aparece la crisis más significativa de los últimos cien años; ahora quiero insistir una vez más en que el valor de los activos de la banca sigue cayendo cada día, y su remontada no es posible al ritmo que va tomando la economía. Las grandes quitas, las grandes amortizaciones de la banca, la bajada del tipo de interés y la inseguridad política y financiera no consiguen animar a los inversores a realizar compras masivas de las gangas que ofrecen a diario los bancos, las cajas y la Sareb. Los inversores extranjeros también vienen buscando esas gangas, pero se tropiezan con la fiscalidad y el control de los ayuntamientos, así que huyen de España hacia otros pagos donde la estabilidad asegura la inversión. El diario El Mundo, en un artículo del 31 de julio de 2016, definía a España como un «país de camareros». Seguramente, esta noble profesión sea el aliciente de nuestro país en los próximos años, y siempre con los dedos cruzados por el miedo al terrorismo radical islámico. La España del «sueldo social» tiene un gran reto que defender ante el futuro que ya es presente, y no se puede crecer repartiendo peces; es más importante enseñar a pescar, como también dice la leyenda urbana.

Al inicio del siglo XXI, como ya he relatado anteriormente, no existían grandes problemas económicos, pero quince años después se ha comprobado que el citado remolino o tromba, que coincidió con el inicio de la crisis y la caída oficial de Lehman Brothers en 2008, nos ha devuelto a un estado lamentable. El efecto de la crisis ha llegado a todos los recodos de la sociedad, y en este, repito, estado lamentable nos ha abandonado a merced de los fondos que se dedican a acaparar lo que queda supuestamente en buen estado, y en ocasiones sin discutirle mucho el precio. Los famosos y tristemente conocidos como «fondos buitre» que hacen sus ofertas por las grandes carteras de activos cargados de insolvencia nunca rebasan el 10 % de la deuda en los casos extremos, si bien en la mayoría de los casos la oferta no pasa del 5 % sobre el total de la deuda adquirida, lo que conlleva una gran pérdida, y en el mercado de libre competencia, la oferta y la demanda son las que fijan el precio de las cosas. De ahí que ante una falta de liquidez, aumente la oferta y disminuya la demanda, dando lugar a las grandes crisis financieras, como son los casos de Irlanda, Portugal y, con más fuerza aún, Grecia.

En el movimiento internacional de la crisis, los fondos siempre llevan a cabo dos acciones diferentes y muy distintas para descubrir dónde está el verdadero negocio para sus fines. Estos pueden ser lícitos, claro, pero también son crueles por su forma de depreciar los activos bancarios, olvidando que están comprando bienes de todo tipo que tienen detrás un dueño, un sacrificio y una historia, y por circunstancias de la crisis no han podido satisfacer los pagos de las cuotas, y en lugar de renegociar los préstamos o ayudar para evitar el desahucio o la desposesión del bien a sus legítimos tenedores, lo venden a estos fondos, que asumen la representación del banco por la compra del crédito y actúan con la frialdad de las entidades que solo buscan conseguir el beneficio puro y duro de sus inversiones y que siempre consiguen a precios de derribo por ser poderosos. Ante semejante oportunidad, las entidades bancarias casi nunca negocian con el deudor directamente; para ellas son más útiles las ventas masivas de deuda con dificultades, así ingresan como beneficio el importe de una venta que ya tienen amortizada desde que entró en situación de impago, y el interés del fondo llega de un modo que muchos conocen: primero llega el «fondo búho» y después el «fondo buitre».

Por mucha leyenda urbana que haya al respecto, se repite con gran asiduidad. El primero, el fondo búho, observa y mira fijamente dónde está el negocio, y después orienta al fondo buitre para que ejecute la acción; es decir, acuden en auxilio de los negocios financieros y en beneficio propio, consiguiendo mover el mercado y dar salida a los inmuebles más conflictivos en cuanto a situación de saneamiento y estado. Además, en su mayor parte se trata de inmuebles con una menor demanda por el volumen y la complejidad; dichos fondos tratan de recolocarlos en los inversores que llevan a cabo tales gestiones y de las que obtienen una rentabilidad suficiente para realizar la inversión; sin embargo, nunca permanecen más de tres o cuatro años en una misma adquisición, y cuando han cumplido su objetivo, vuelan a otro nuevo presunto conflicto, siempre al acecho de una rentabilidad adecuada, y recolocan los bienes o carteras adquiridas en manos de otros gestores que ejecutan el último trámite de la venta o el alquiler de los bienes (incluso los primeros compradores a veces son los propios dueños, después de que el banco les subastara ese mismo bien que los fondos le ofrecían de nuevo).

Es muy diferente el tratamiento que suelen dar a los bienes inmuebles que reciben por vía de la adjudicación; siempre se trata de negociar con su anterior dueño con cierto orden económico social. Las carteras de deuda impagada sin garantía real las mueven de gestor en gestor y de agencia en agencia para conseguir superar el importe que han invertido, pues ahí está su rentabilidad. Este proceder lo mantienen en las agencias de recobros hasta que dejan de ser rentables los impagados recibidos, y entonces, en algunos casos, vuelven a vender dichas carteras de incobrables por un porcentaje que no supera el 1 % del valor nominal, y de nuevo se reclama la deuda igual número de veces, pero con resultados muy diferentes a los que se consiguieron cuando se adquirió la deuda del banco por primera vez.

Hay que clarificar que en los «paquetes» o portafolios de deuda que el banco pone en el mercado, y que los fondos adquieren, existe un porcentaje muy elevado de casos cuyo cobro ha realizado y reclamado el mismo banco mediante la gestión administrativa y la gestión judicial, y las cantidades residuales no recuperadas, generalmente debido a las insolvencias, son las que ponen en el mercado y por las que se pagan porcentajes tan bajos, pues existen otros bienes en ejecución hipotecaria, por ejemplo, que solo sufren el deterioro de la bajada del precio por la abundancia de ofertas, asuntos que nada tienen que ver con los explicados, pues se sitúan en la compra de créditos hipotecarios o deudas de empresas muy concretas, como Reyal Urbis (que entró en liquidación en el mes de septiembre de 2017), Martinsa Fadesa, Pescanova o aquellas otras que suponen un abultado problema en los balances del banco y, además de darlo de baja, eliminan las gestiones, las negociaciones y muchos ratos de trabajo, con pérdida de tiempo que los bancos tratan de evitar cuando los ceden por un precio al fondo que pueda estar interesado.

No hay duda de que los fondos de negociación habitual con bancos y otras entidades que también ponen en el mercado su deuda fallida son de total solvencia y confianza del cedente, pues a fuerza de colocar este tipo de mercancía se logra conocer a los mejores en el sector. Esta parte poco conocida es la que convence a cualquier entidad para vender su deuda fallida, pues tiene la seguridad de que se actuará con enorme respeto, ya que a nadie le es desconocido que cuando un banco, por ejemplo, entrega sus pólizas e hipotecas impagadas a un tercero que nada tiene que ver con la actividad bancaria, su prestigio, el del banco, sufre un grave deterioro al ceder la deuda íntima de un cliente para ponerla en manos de desconocidos que nunca saben los medios que puedan emplear en su reclamación, pues en esta gestión no vale todo, ya que la imagen de la entidad cedente hay que respetarla y procurar que no haya malas artes de recuperación, sino más bien la seriedad y el respeto debidos.

De ahí que se trate con mejor criterio a los que gozan de gran credibilidad en esta gestión última de la reclamación de la deuda fallida. Ayuda bastante que el «efecto papel» se elimina con el uso de la informática, pues no sería imaginable que los titulares de la deuda adquirida y los tenedores legítimos tuvieran que transportar los archivos de los bancos a las sedes de sus empresas, sería algo muy costoso y laborioso. Sin embargo, en algunos casos concretos donde existe una reclamación judicial o se niega la existencia de la deuda, se puede requerir este traslado de documentación física como una situación especial. Asimismo, la digitalización también ha hecho posible sacar cualquier documento físico tan solo buscando en los archivos informatizados. La imagen de las entidades de crédito, tanto en la Sareb como en los fondos que reclaman las cantidades adeudadas, cuenta con una gran consideración; de hecho, no se conoce que nadie haya planteado quejas o denuncias sobre su moderada actuación de recuperación del crédito.

Estas son las consecuencias que provocan las grandes crisis financieras, donde en muchas ocasiones conceden ayudas los gobiernos y las comunidades internacionales para evitar la caída del sistema, independientemente del valor de los activos bancarios, y la alarma social que llevan consigo las reclamaciones de este tipo, pues, repito, en muchos casos el cliente del banco que solicitó su hipoteca la amortizaba sin especiales dificultades hasta que la situación económica impulsó su impago, principalmente en las economías más vulnerables. En el momento en que el banco inicia el procedimiento hipotecario correspondiente y en poco tiempo se persona alguien diferente que ha comprado el crédito en contencioso, el ejecutado monta en cólera y le invade una incertidumbre, mezcla de rabia e impotencia, pues no sabe la relación que puede tener la entidad que le concedió el préstamo con el fondo dueño de estos créditos y cuyo deudor no reconoce a otro interlocutor que no sea el propio banco e incluso la persona con la que negoció la concesión del préstamo o el crédito.

Esta circunstancia hace que los desahucios sean tan complicados; como el ejecutor ya goza de una personalidad jurídica diferente a la del banco, las exigencias también son diferentes. En ese momento aparecen en escena las asociaciones antidesahucios, que dan mucha notoriedad al tema, para ver si los ejecutores se contienen principalmente por la mala reputación; al ser una empresa diferente a la que otorgó el crédito, no suelen mirarla con buenos ojos, más aún cuando se trata de quitarles a las personas el bien que tanto trabajo les costó conseguir en tiempos de bonanza económica. Este conflicto se suele resolver, en muchos casos, acudiendo nuevamente al banco y poniendo al día la hipoteca ejecutada, o bien acordando otros plazos de pago, incluso un arrendamiento social también de acuerdo con la entidad, pues al cambiar de titular en el Registro de la Propiedad, es al nuevo titular al que le corresponde convenir la venta o el acuerdo de pago, algo en lo que cuenta, como he dicho, la intervención del banco para dar estabilidad al cliente perjudicado.

Suele ocurrir que estos fondos compradores, cuando han recuperado la cantidad invertida junto con su beneficio, desaparecen de la gestión de la cartera y, por lo general, los residuales en muchos casos vuelven al banco, que se encarga de agilizar la solución para despejar este tipo de situaciones y evitar así la mala imagen de la entidad que lo concedió. Todo lo dicho puede comprobarse con las olas de desahucios que se vieron a diario en los informativos; eran habituales las imágenes donde la gente unía sus fuerzas para impedirlos, mientras gritaban abuelos, padres e hijos oponiéndose a abandonar lo que aún piensan que es del banco con el que se pondrán de acuerdo como ha ocurrido otras veces… hasta que acuden las fuerzas de seguridad para proteger conforme a la ley las comisiones del juzgado que restituyen la propiedad a su legítimo dueño. En la mayor parte de los casos se trata de un fondo extranjero, ya sea inglés, americano o chino, con el que no se puede hablar, no solo por la dificultad del idioma, sino porque su organización actúa en el cumplimiento de una compraventa legal a la que no le puede hacer frente el propietario que perdió su sueldo o la desgracia no le permitió seguir disfrutando del tren de vida que aún recuerda como un sueño feliz.

Esta gestión terminal de los fondos o las entidades que todavía conservan la titularidad y el derecho sobre los bienes hipotecados solo trata de conseguir el beneficio de sus cuentas de resultados. Y no son ellos sino sus representantes legales los que deben soportar las escenas dramáticas: les ha tocado ganar la partida conforme a objetivos, sin importarles que la situación ni la causa disminuyan sus beneficios. Una crisis bancaria provoca una gran conmoción en las clases sociales más bajas, que siempre son las que más cobertura mediática despiertan, con casos alarmantes de desahucio, donde nunca falta una plataforma que defienda su paralización «por la fuerza» y lo consigue. Después viene la negociación con el banco o el actor ejecutante, así ocurre todos los días, pero nada se puede hacer más que llegar a un acuerdo con los ejecutores, bien buscando un alquiler social, bien una prórroga de la deuda conforme a las posibilidades del ejecutado.

En definitiva, es una trágica realidad que destruye ilusiones, esperanzas y hasta vidas, y los que la padecen se comparan con aquellos otros que han llevado a la ruina a muchas cajas, bancos y empresas y que, aparentemente, siguen gozando de un bienestar que a los primeros, por lo general los de abajo, no se les permite y por tanto solo les queda la posibilidad de poder gritar en contra de todo, que acaba siendo la única forma de compensar su situación de ruina sobrevenida por su miseria manifiesta.

UN ARRIESGADO PRODUCTO FINANCIERO

Quiero referirme en este punto a los bonos convertibles en acciones. El Tribunal Supremo, en sentencia 411/2016 (publicada el 17 de junio de 2016), condenó al Banco Popular por la comercialización de este producto, dejando claro que los particulares o empresas que hayan comprado bonos convertibles en acciones tienen que ser expertos en el mercado de valores. Además, por no haber actuado de esta manera, la CNMV sancionó a esta entidad. El Tribunal Supremo advierte y alerta sobre la falta de información de este arriesgado producto financiero, abriendo una vía para demandar al banco muy parecida a la empleada en las inversiones preferentes, pues ya señala el Alto Tribunal que no consta que hubiera información previa, y ni siquiera la información que aparecía en la orden de compra del producto (confeccionada por la misma entidad financiera) era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era su naturaleza ni los riesgos que se asumían en función de la fecha de conversión. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo interpuesta por el Grupo Alcor S.L. por una inversión de 1,5 millones de euros tras la orden de adquisición de valores efectuada el 19 de noviembre de 2010.

La sentencia recoge además que el Banco Popular no informó al Grupo Alcor de los riesgos contraídos, ni tampoco entregó la denominada nota de valores registrada en la CNMV. En estos casos de financiación de los bancos, se presupone incluso que se aprovecha de la clientela para vender productos de riesgo sin que las personas que los adquieren tengan los conocimientos necesarios que dicha inversión establece. Asimismo, remarca la sentencia que los bonos necesariamente convertibles en acciones suponen una recapitalización del banco y que la principal característica es que al inicio otorga un interés fijo, mientras dura el bono, pero que cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la aportación adquiere las características de renta variable, «con el consiguiente riesgo de pérdida del capital invertido, y está claro que se trata de un producto no solo complejo, sino también arriesgado»; en este caso habrá perdido, ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión.

La resolución judicial 411/2016 de la Sala de lo Civil refuerza a los afectados por los bonos convertibles, que ya contaban a su favor con la multa de un millón de euros impuesta por la CNMV al Popular. El banco admite que hay 22.000 personas que suscribieron este producto financiero. El agujero económico para la entidad se podría elevar a 700 millones de euros. La base principal es reconocer que el banco no informó de los riesgos a los suscriptores, por lo que de no resolver dicho problema se están arriesgando lo mismo que otras entidades con productos similares; por tanto, los despachos especializados volverán a reclamar de forma masiva la devolución del importe invertido.

Hoy en día, las asociaciones de consumidores y despachos especializados aceptan todos estos casos al observar la poca firmeza en la garantía de recuperación de estos productos que ofrecían tan alta rentabilidad, y no dan tregua a los bancos y las entidades financieras a las que reclaman el importe de la inversión llevada a cabo con manifiesta opacidad. Malos tiempos para los productos opacos de alto tipo de interés, pero con riesgo de perder parte o todo el principal. En los últimos tiempos, cuando cualquier inversor pregunta por un producto, es obligado facilitarle por escrito el riesgo de la inversión; con ello, tanto la entidad como el cliente se aseguran de conocer lo que venden y compran, respectivamente, y así evitan futuros litigios.

Por su trascendencia y situación, dedicaremos al Banco Popular un capítulo especial más adelante. A primeros de junio de 2017, su capitalización no pasaba de los 2.000 millones de euros, algo impensable cuando en noviembre del año anterior el propio BBVA ofrecía más del doble de esta cantidad… Además, en el pasado mes de julio pasó los test de estrés y liquidez, cumpliendo así todos los requisitos exigibles. En consecuencia, sorprende que los controles de la banca llevados a cabo por el Banco de España, con la supervisión de Bruselas, no hayan detectado estos agujeros negros que, según el volumen del que se habla, superan los 8.000 millones de euros. Los Estados deberían exigir que estos test de estrés incluyesen además un control serio de la marcha del banco y sus balances de activos tóxicos.

Nadie entiende cómo es posible que un sistema financiero y bancario pueda ocultar cartera de activos, cuya valoración posiblemente esté desactualizada con precios de los primeros años del siglo, y no se obligue a actualizar los valores porque es más fácil mantenerla en balance de garantía y así se evita provisionar y aflorar las pérdidas que hoy han acabado con su solvencia. Nadie entiende por qué el Banco de España no investiga los activos de morosidad de los bancos y se logra saber de verdad si un banco va bien o mal. Con el nacimiento de la Sareb se traspasaron cerca de 80.000 millones de los activos tóxicos y su contabilización se hizo por el importe de adjudicación sin reparar en si el valor que transmiten es el que realmente tiene el inmueble tóxico o es otro muy diferente; así, cuando se rinden las cuentas, no se sabe cuánto se puede recuperar de la cantidad entregada.

Por tanto, a lo largo de los próximos ejercicios aparecerán nuevas pérdidas entre los importes entregados a la Sareb, así como las cantidades recuperadas de dichos importes. Como ejemplo de esto que explico, Bankia traspasó más de 26.000 millones, y la CAM ha superado esa cantidad, al alcanzar más de 27.000 millones. Estas cifras nada tienen que ver con las cantidades que da el FROB para crear los SIP o para dar liquidez en un momento concreto; esto es un balance de activos tóxicos que se le entrega a este banco conocido como «malo» y que a partir de su gestión se van a recuperar las cantidades que resulten de los bienes traspasados. Ni que decir tiene que el banco malo no va a devolver el importe del balance que recibe, pues al ser bienes con problemas, su venta nunca cubrirá el importe contabilizado en la mayor parte de los casos, a no ser que se recupere el mercado de forma inesperada y los valores de estos vuelvan a subir en la forma que lo hicieron después de la salida de la crisis de los años noventa y siguientes. De todas formas, la Sareb lleva funcionando ya más de cinco años y aún no ha dado beneficio alguno, y se teme que en los restantes diez años de su vida los beneficios no aparezcan, por lo que entonces se podrá considerar «banco malo, malo».

8

El Banco de España reacciona ante la crisis

Llegados a este punto, hay que hacer una mención especial de las actuaciones reguladoras en España. A pesar de todo lo descrito, en el día a día, principalmente de las cajas de ahorros, existe un control normativo (o Marco Regulatorio para las Entidades Financieras de Importancia Sistémica) que va desde 2010 hasta 2011, sin olvidar todas las disposiciones anteriores y los diferentes órganos que han nacido para paliar, a partir de 2009, el desajuste financiero de los operadores a raíz del simbólico estallido de la burbuja inmobiliaria un año antes.

Durante 2010, y sobre todo 2011, una de las líneas de trabajo prioritarias a escala internacional fue el desarrollo del marco para el tratamiento de las entidades de importancia sistémica, especialmente en el sector bancario y siempre tendente a un marco regulatorio internacional desde el cual se abordaron políticas financieras aplicables al resto de Europa. A partir de estas políticas se adoptaron una serie de iniciativas entre las que se incluyeron las reformas de la regulación y la supervisión financiera que recogían un cambio de la regulación prudencial, otros elementos del marco regulatorio y políticas de rescate del sistema financiero. Las medidas adoptadas por los distintos países fueron, principalmente, de tres tipos: a) garantías sobre pasivos y otras medidas de liquidez; b) recapitalizaciones, y c) medidas de saneamientos de activos hasta llegar al nacimiento de Basilea III, cuyos elementos esenciales fueron la reforma en materia microprudencial: 1) mejora de la calidad del capital ordinario y de los riesgos de los activos; 2) aumento del capital mínimo requerido; 3) establecimiento de un colchón de conservación adicional por encima de los requerimientos mínimos de capital; 4) mejora en el reflejo de los riesgos a través de cambios en el tratamiento del riesgo de mercado, seguido del rescate del sistema financiero, cuyas tres medidas principales ya he mencionado. Todos estos tecnicismos están ampliados en el referido libro blanco del Banco de España sobre la crisis de 2008 a 2014.

Paso a resumir las reformas en nuestro sistema financiero con cuatro medidas principales guardando un orden cronológico:

a) 2008: medidas destinadas a reforzar la liquidez de las entidades financieras y la confianza de los depositantes e inversores.

b) 2009: medidas de reestructuración del sector financiero (FROB I).

c) 2010: refuerzo de la solidez de las entidades y reforma del sector de cajas de ahorros.

d) 2011: reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito (FROB II).

Asimismo, no está de más reseñar los comportamientos negativos por parte del Banco de España, incrementando el coste de la crisis bancaria. Para empezar, solo las fusiones frías (SIP) forzadas de las cajas costaron 19.000 millones de euros, algo en lo que el propio Banco de España reconoce que fracasaron todos, después de ser el mecanismo por el que optó para concentrar el sector como una forma de sanearlo.

En los SIP, la valoración que se hizo de los activos de las cajas integradas permitió recuperar este esfuerzo de las dotaciones que habían hecho en años anteriores. La recuperación se hizo aprovechando la excepcionalidad de la norma de valoración que se aplicó a la creación de los SIP, que nacieron zombis, como demostraron los hechos posteriores. Y el Banco de España sabe (aunque en algunos momentos históricos no se quiso enterar) que la contabilidad es un relato que no puede cambiar la realidad, aunque se ajuste a derecho. El Banco de España se queja de las normas de gobernanza de las cajas de ahorros, tan antiguas como el sistema del que se celebran sus primeros cuarenta años (Reforma de Fuentes Quintana, 1977, que delimita las funciones de la Confederación de Cajas de Ahorros, entre otras grandes modificaciones en el sector), en cambio no se queja tanto de los directivos de las mismas como de la interferencia política en ellas.

El Banco de España culpa de la crisis a la política monetaria del BCE: era la política que necesitaba la eurozona, pero no España. La incapacidad de los organismos nacionales e internacionales para acertar en sus previsiones y la ausencia de mecanismos legales para resolver las situaciones en los primeros años de la crisis crearon una situación insegura y desconocida que todos querían atajar pero que nadie en los primeros años logró hacerlo. Además, el Banco de España limitó las grandes exposiciones de riesgo y mantuvo sus provisiones anticíclicas que rebasaron los 26.000 millones de euros, de los que solo se aprovechó unos 7.000, pues, como ya he dicho, los 19.000 millones restantes se aplicaron a los SIP. Por último, hay que añadir al debe de este organismo la falta de autocrítica. Parece que se cuenta una parte de nuestra crisis más aguda, pero la parte más importante del regulador, que es la preocupación y la autocrítica de aquello que se hizo mal, se silencia, si bien lo bueno superó a lo malo, como el tiempo está demostrando.

Con todo, el Banco de España hace un gran trabajo. Aun así, da la impresión de que se vio superado por la realidad. Culpa el BCE de la crisis a la política monetaria, que varias veces califica de demasiado laxa para la realidad española, una política que dicta el BCE, al que exonera, también varias veces, diciendo que era la que necesitaba la eurozona, aunque España no, pues el sistema de inspección del Banco de España advirtió con criterio firme en 2006 la que se le avecinaba al sistema financiero.

Los tipos anormalmente bajos terminan colapsando los precios de los activos que garantizan la financiación o, dicho de forma más clara, suben los precios, aumenta la financiación y este estado lleva siempre a la dificultad para seguir pagando de forma igual en el futuro. En ese momento es cuando se deja de adquirir, cuando se llega a un límite inasumible para el comprador, se deja de vender y lo que está pendiente de venta se paraliza. Los productores dejan de contratar, los trabajadores pierden sus empleos y lo que adquirieron no se puede seguir pagando. Las políticas fiscales también caen por efecto cascada, no se generan impuestos, ingresos especiales y los superávit se convierten en déficit primero y deuda después. El valor del dinero sube y la oferta del crédito se hace selectiva, pues la banca debe restituir los fondos con los que ha pagado de forma tan abundante. Se dio dinero por el cien por cien del valor de las garantías y se llegó al gran caos que un estado de crisis de esta envergadura provoca.

Aunque el BCE advirtió y el Banco de España conoció, a ninguno se le ocurrió prever que había que sanear en recursos propios, patrimonio neto, capital y reservas y menos deuda, pues los bancos, por cada cien euros que prestaban, tenían que pedir al sistema financiero el 99 %, y por tanto el apalancamiento del sector quedó muy tocado en el momento en que se paralizó la actividad. Nuestras entidades habían apostado fuerte por el endeudamiento inmobiliario. Las provisiones que mencioné antes llegaron a sumar más de 26.000 millones de euros, sin duda una gran ayuda pública, pero como dije antes, en los SIP se esfumaron más de 19.000 millones de euros y fracasaron la mayor parte, por no decir todos, de modo que la injerencia política tuvo bastante que ver en estas fusiones frías que el órgano regulador no controló con excesivo celo, de ahí que se produjeran más de diecisiete, con resultados nefastos en todas.

Tanto el Banco de España como los organismos internacionales se han quejado de no tener dotación para afrontar las prevenciones, los controles y las ejecuciones en un pasado poco lejano. Ahora se ha puesto en marcha dicho sistema de garantías europeas y, por ejemplo, la Unidad de Ejecución de Resoluciones se ha estrenado con la intervención y venta del Banco Popular; es de suponer que al ser la primera actuación que, al parecer, cuenta con todos los requisitos nacionales e internacionales haya funcionado bien, y se espera que no dé pie a la cadena de reclamaciones que ya se anuncia a todos los niveles y que aún no está claro si realmente funcionó tan acertadamente como se perseguía, y que tanto de las contradicciones como de los perjuicios sea responsable la Unión Europea, que debe resolver y hacer frente a los daños y responsabilidades que tales actuaciones provoquen, pero ya lo he dicho: es la puesta en marcha de un nuevo sistema en Europa que se inicia con el fin de hacerse fuerte.

Los cambios normativos en España tras la crisis de 2008

A continuación, expongo los puntos más significativos del «Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014», elaborado por el Banco de España. Doy la transcripción del texto y, entre corchetes, mis comentarios y aclaraciones al lector.

• 10 de octubre de 2008: Real Decreto-ley 6/2008, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF).

• 10 de octubre de 2008: Real Decreto 1642/2008, que reforma los Fondos de Garantía de Depósitos.

• 13 de octubre de 2008: Real Decreto-ley 7/2008, de medidas urgentes en materia económico-financiera.

• 26 de junio de 2009: Real Decreto-ley 9/2009, por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

• 29 de junio de 2010: Circular del Banco de España 3/2010, que modificó la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros.

• 9 de julio de 2010: Real Decreto-ley 11/2010, de reforma del sector de cajas de ahorros.

• 18 de febrero de 2011: Real Decreto-ley 2/2011, de reforzamiento de los requisitos de solvencia de las entidades de crédito.

• 3 de junio de 2011: Real Decreto 771/2011, por el que se modifican el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras, y el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito.

• 14 de octubre de 2011: Real Decreto-ley 16/2011, por el que se unifican los tres fondos de garantía de depósitos.

• 30 de noviembre de 2011: Circular del Banco de España 5/2011, que modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros.

Medidas destinadas a reforzar la liquidez de las entidades

Si bien en España el impacto de la primera oleada de la crisis financiera fue más limitado, las autoridades españolas, como parte de una acción concertada con el resto de los países de la UEM [Unión Económica y Monetaria] para la mejora de la liquidez, desarrollaron dos medidas: el establecimiento de un fondo para la adquisición de activos financieros de alta calidad y el desarrollo de un sistema para el otorgamiento de avales del Estado para determinadas emisiones:

• El Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, creó el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda […] para invertir en instrumentos financieros de alta calidad emitidos por las entidades de crédito que tuvieran como garantía nuevos créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras. […]

El objetivo era dotar de liquidez a las entidades de crédito para impulsar la financiación de las empresas y particulares. La FAAF fue una medida de carácter temporal que, en principio, se extendería hasta que se normalizaran los mercados financieros, si bien se marcaba como fecha límite para la celebración de subastas el 31 de diciembre de 2009. Entre noviembre de 2008 y enero de 2009 se realizaron cuatro subastas, que proporcionaron liquidez a 54 entidades de crédito [liquidándose en junio de 2012].

[…]

• El Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre [EPA], creó un mecanismo de concesión de avales del Estado en el marco del plan de acción concertada entre los países de la zona euro. [El volumen de emisiones superó los 69.000 millones.]

[…]

• El Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, aumentó los importes garantizados en los depósitos e inversiones de particulares de 20.000 a 100.000 euros, anticipándose a la normativa europea […] que promovió la convergencia entre los distintos sistemas de garantía de depósitos nacionales [dando confianza a los depósitos en las entidades de crédito].

2009: medidas de reestructuración y consolidación del sector: creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB I)

En crisis bancarias anteriores, los Fondos de Garantía de Depósitos, junto con el Banco de España, afrontaron crisis individuales de entidades financieras. Sin embargo, tras la intervención de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, y ante la prolongación en el tiempo de la crisis, se hizo patente la necesidad de contar con la capacidad financiera necesaria para favorecer una reestructuración ordenada del sistema bancario nacional.

Mediante el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, se creó el FROB. La dotación inicial fue de 9.000 millones de euros […]. En cuanto a sus órganos de gobierno, se regía por una comisión rectora de ocho miembros: cinco del Banco de España […] y los otros tres representaban a cada uno de los Fondos de Garantía de Depósitos.

[Los objetivos del FROB fueron dos]: i) gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito que no hubieran sido capaces de superar sus dificultades, y ii) reforzar los recursos propios de las entidades de crédito participantes en procesos de integración que así lo necesitaran (y solicitaran).

i) Gestión de procesos de reestructuración. El modelo de gestión de los procesos de reestructuración se articulaba en torno a los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían entonces y a esta nueva institución, y en él se distinguían tres fases:

1. La propia entidad de crédito que estaba en dificultades y requería un proceso de reestructuración debía, en primer lugar, buscar una solución privada […]. Por solución privada se entiende una operación en la que no interviene ningún organismo público ni requiere ayuda pública de cualquier tipo.

2. En caso de que la entidad de crédito, por sí misma, no encontrara una solución privada para acometer el necesario proceso de reestructuración, tenía la alternativa de diseñar un plan de actuación con ayudas de los Fondos de Garantía de Depósitos. Dicho plan, que debía ser aprobado por el Banco de España, podía contemplar tres actuaciones: i) el reforzamiento de su patrimonio y solvencia; ii) una fusión o absorción, o iii) el traspaso total o parcial de su negocio. En estos casos, el FROB podía facilitar financiación a los Fondos de Garantía de Depósitos para que estos acometieran las funciones de apoyo financiero que se incluían en los planes de actuación.

3. En caso de que la entidad de crédito, a pesar de su situación de debilidad, no presentara el plan señalado en el párrafo anterior, este no fuera viable a juicio del supervisor o, en caso de haber sido aprobado, lo incumpliera, el Banco de España podía acordar la sustitución de los órganos de administración de la entidad de crédito afectada, designando al FROB como administrador. En este caso, el FROB debía someter al Banco de España la aprobación de un plan de reestructuración con el objetivo final de lograr una fusión de la entidad o el traspaso total (o parcial) del negocio. Asimismo, el FROB debía elevar al Ministerio de Economía y Hacienda una memoria económica referida al impacto financiero del plan de reestructuración sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales.

ii) Refuerzo de los recursos propios de las entidades participantes en proceso de integración. Esta actuación del FROB suponía un estímulo a los procesos de fusión y racionalización de entidades de crédito para mejorar su eficiencia a medio plazo. En este caso, las entidades debían presentar un plan de integración en el que se detallaran las condiciones de la fusión y cómo iban a alcanzar las mejoras de eficiencia y el redimensionamiento de su capacidad productiva. Si el plan era aprobado por el Banco de España, la ayuda del FROB consistía en la adquisición transitoria de títulos de recursos propios emitidos por las entidades, como participaciones preferentes u otros instrumentos convertibles en capital. La entidad se comprometía a recomprar al FROB estos títulos tan pronto como le fuera posible o, en su defecto, serían convertidos en capital, como finalmente sucedió en la mayoría.

Este segundo objetivo fue el que más concentró las actuaciones del FROB durante una primera etapa, conocida como FROP I (que se extiende desde la creación del FROB en 2009 hasta la publicación del Real Decreto-ley 2/2010 que se comenta más adelante). Las ayudas comprometidas por el FROB para apoyar procesos de integración se basaron en la adquisición de participaciones preferentes. Las inversiones realizadas por el FROB I fueron de 9.674 millones de euros [que se centraron principalmente] en el sector de cajas de ahorros. En particular, en apenas tres años este sector pasó de contar con 46 grupos de entidades a finales de 2007 a estar integrado por 15 grupos a finales de 2011.

[Como gestión especial del FROB, tal como he referido varias veces en este libro, está el control y la exigencia de la devolución de las ayudas entregadas y su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción para recuperarlas cuando no se ha observado la adecuada diligencia en la gestión de las mismas. Incluso, entre otras muchas acciones, cabe destacar su denuncia permanente ante este tipo de actuaciones que rozan o caen dentro del campo penal, y que se repiten con facilidad. Como ejemplo, el año 2015 denunció la actuación de Sa Nostra, según los informes del Banco de España, cuya investigación corre a cargo de la Audiencia Nacional; se está pidiendo un aval que garantice la actuación de la mayor parte de sus directivos en operaciones concretas concedidas o toleradas de forma irregular y por las que se siguen diligencias penales, cuyos resultados aumentará el número de operaciones irregulares que el propio FROB se ha encargado de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir la comisión presunta de delito y, al mismo tiempo, tratar de recuperar las cantidades presuntamente bajo la sospecha de su concesión a terceros o en beneficio propio. Es importante resaltar esa actuación por parte del FROB porque, de forma genérica y automática, en cuanto detecta alguna actuación dudosa en las entidades a las que ha ayudado, la pone en conocimiento de los órganos competentes para que investiguen las causas de su concesión y, a ser posible, la recuperación; esto no evita cualquier tipo de actuación procesal que conlleve el esclarecimiento de los hechos o la persecución en caso de que no se haya respetado la legalidad financiera exigida en este tipo de operaciones (más cuando se ha contado con unas ayudas del FROB de las que no hay seguridad de recuperación). Muchas son las operaciones en las que surge la duda de una concesión temeraria, y todas ellas han sido entregadas a la Fiscalía Anticorrupción para conocer con todo lujo de detalles de qué manera se efectuó la concesión. Gracias a estos procedimientos se está conociendo un gran número de casos en los que no se observaron los principios básicos de transparencia, resaltando igualmente circunstancias y personas que presuntamente puedan estar detrás de una actuación dudosa por parte de la entidad de crédito y sus responsables.]

Refuerzo de la solidez en las entidades de crédito

En junio de 2010 se dio un paso adicional para reforzar la solidez de las entidades de crédito mediante la entrada en vigor de la Circular del Banco de España 3/2010, de 29 de junio. El objetivo era que las entidades de crédito mejorasen sus políticas de gestión de las operaciones crediticias para reducir la morosidad y aumentaran la cobertura de sus operaciones impagadas y de los activos adjudicados en pago de deudas […]. Con este último se pretendía incentivar que las entidades de crédito vendieran estos activos, ante el aumento que se estaba produciendo en sus carteras de inmuebles.

Circular 3/2010: endurecimiento de las coberturas de operaciones impagadas y de adjudicados

Antes de la circular, el deterioro estimado en la inversión crediticia se calculaba en función de un calendario que tenía en cuenta el tiempo que llevaba la operación impagada (según aumentaba el tiempo en que la operación estaba impagada, se aumentaba la cobertura). Este calendario era distinto en función de la existencia o no de garantías en las operaciones y, en su caso, en función de la naturaleza de la garantía (había un «calendario largo» que extendía la cobertura plena del riesgo hasta los seis años en las operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas, y otro «corto», en el que a los 24 meses se lograba cubrir el 100 % [del importe de la operación una vez deducido, en su caso, el valor de las garantías que tuviera dicha operación].

La nueva Circular 3/2010 unificó dichos calendarios, estableciendo uno progresivo en el que la cobertura del riesgo, transcurridos 12 meses desde su calificación como dudoso, alcanzaba el 100 % del importe de la operación una vez deducido, en su caso, el valor de las garantías que tuviera dicha operación. Este valor, en el caso de las garantías inmobiliarias, se consideraba bajo determinadas condiciones (se reconocían las garantías inmobiliarias que fuesen primera carga y por el menor valor [de tasación], pero aplicando una serie de recortes que oscilaban entre el 20 % en caso de viviendas terminadas residencia habitual del prestatario, y un 50 % para parcelas y solares urbanizables).

[…]

Reforma del sector de cajas de ahorros

La reforma del sector se inició mediante el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio. La persistencia de la crisis financiera y su especial incidencia en este sector hacían necesario establecer un marco que permitiera darles mayor flexibilidad para captar recursos de capital de primera calidad, ajustar sus estructuras operativas y mejorar su gobernanza. Los principales elementos de la reforma fueron:

i) Medidas que facilitaban el acceso a los mercados de capitales. […]

ii) Medidas que facilitaban diferentes alternativas de organización institucional que permitían el acceso al mercado. Así, las cajas podían ejercer su actividad financiera, bien mediante la creación de un banco a través del que pasarían a ejercer indirectamente dicha actividad (manteniendo la figura jurídica de caja o transformándose en fundación), bien a través de un «sistema institucional de protección» (SIP) del que la caja pasaría a formar parte [algo que ya se ha explicado con anterioridad].

[…]

iii) Medidas que impulsaban una mayor profesionalización de los órganos de gobierno de estas entidades [reduciendo el peso máximo de los organismos públicos en los órganos de gobierno de las cajas de un 50 % a un 40 %. Algo que también se ha comentado anteriormente, junto con los SIP que adaptó la Ley 13/1985 por la 36/2007]. Con esta norma se permitía que las exposiciones frente a contrapartidas que pertenecieran al mismo sistema institucional de protección pudieran tener una ponderación del 0 % bajo determinadas condiciones. [Igualmente, la] base de los SIP reforzados, que eran los que se aplicaron en la reestructuración del sector, era un acuerdo contractual entre las entidades participantes que suponía la cesión a una entidad central de la capacidad para establecer y ejecutar estrategias de negocio.

Real Decreto-ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero

Esta norma incluía dos elementos principales: i) la nueva regulación de requerimientos de capital (en línea con el nuevo marco regulatorio internacional), y ii) una segunda etapa en la actuación del FROB (conocida como FROB II), al ampliar sus actuaciones al ámbito de la participación en el accionariado de las entidades de crédito, dando así apoyo a aquellas entidades con más dificultades para asumir los nuevos requisitos regulatorios.

i) Requerimientos de capital. El RDL [Real Decreto-ley] perseguía reforzar el nivel de solvencia de las entidades de crédito nacionales, en la misma línea que la seguida en la revisión de los estándares internacionales que suponía el acuerdo de Basilea III. Por un lado, se introdujo la noción de «capital principal» como el capital de máxima calidad que garantizaba una alta capacidad de absorción de pérdidas. Los elementos que lo integraban eran, entre otros: el capital, las reservas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración, los intereses minoritarios […] y, adicionalmente, los instrumentos suscritos por el FROB. […]

ii) Establecimiento del FROB II. Con el fin de paliar las dificultades de acceso de las entidades españolas a los mercados financieros mayoristas, se adoptó el papel del FROB como instrumento público. Para ello, se permitió que el FROB pudiera dar apoyos mediante la adquisición de acciones ordinarias de las entidades que no cumplieran los niveles exigidos de capital (y así lo solicitaran), pasando el FROB a participar directamente del consejo de administración de la entidad emisora en proporción a sus porcentajes de participación en el capital. […] La presencia del FROB en el capital de una entidad de crédito tenía carácter temporal, debiendo vender en condiciones de mercado las acciones adquiridas, bien a la propia entidad o bien a terceros, en un plazo máximo de cinco años.

Otras medidas adicionales para reforzar la solvencia de las entidades de crédito

• Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, del que merecen resaltarse: i) la exigencia a las entidades de establecer sistemas de identificación, medición y control del riesgo de liquidez, y ii) el desarrollo de un nuevo régimen sobre políticas y prácticas de remuneración, con el fin de evitar políticas que socavaran la solidez de las entidades y contribuyeran a una asunción excesiva de riesgos, estableciéndose unos principios que se habían de seguir en la remuneración de empleados con actividades profesionales que influyeran en el perfil de riesgo de la entidad. Además, en los casos de entidades que recibieran apoyo público para su reestructuración o saneamiento, se definieron unos requisitos adicionales específicos que habrían de seguir los esquemas de remuneración de estas entidades. Esta norma estableció por primera vez una capacidad supervisora específica sobre aspectos relacionados con la política de remuneraciones de las entidades de crédito.

• Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se unificaron los tres Fondos de Garantía de Depósitos existentes hasta entonces (bancos, cajas y cooperativas de crédito) en uno solo, y se fortaleció una de las funciones que tradicionalmente los fondos ya venían realizando, la de reforzar la solvencia de las entidades en dificultades. A estos efectos, se amplió el ámbito de actuación del Fondo permitiendo la adopción de medidas preventivas y de saneamiento en el marco de un plan de reestructuración de una entidad, siempre que fuese aprobado por el Banco de España.

• Circular del Banco de España 5/2011, de 30 de noviembre. Para mejorar la confianza en las entidades de crédito mediante una mayor información sobre sus balances, la circular recogía la exigencia de transparencia hacia el mercado por parte de las entidades de crédito sobre sus exposiciones al sector inmobiliario. […]

En definitiva, todo este conjunto de medidas articulan una estrategia general de reforzamiento de la solvencia y, en su caso, reestructuración de las entidades financieras.

El día 30 de septiembre de 2011 fue el plazo fijado para la recapitalización del sistema financiero y todas las entidades cumplieron con los niveles de capital principal fijados en el RDL.

[…]

La actuación supervisora del Banco de España se fue adaptando en los primeros años de la crisis financiera en línea con los cambios que se iban introduciendo en el marco regulatorio, […] bien mediante circulares, bien indirectamente a través del asesoramiento al Gobierno en las reformas llevadas a cabo.

[…]

[La crisis de 2009, con la caída de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha,] dio lugar a un cambio de la estrategia que se debía adoptar para afrontar la reestructuración de las entidades con problemas [principalmente las cajas de ahorros], concentrándose en el Real Decreto-ley 9/2009, por el que se constituía el FROB. Esta estrategia suponía un estudio caso a caso, primando las soluciones privadas, con una doble vía:

• Reestructuración de entidades en crisis no viables, cuando no pudiera alcanzarse una solución en el marco de los Fondos de Garantía de Depósitos. Suponía la sustitución de los administradores de la entidad por el FROB y la elaboración de un plan de reestructuración.

• Apoyo a los procesos de integración voluntarios entre entidades viables que comportaban una mejora de la eficiencia, una racionalización de su administración y un redimensionamiento de su capacidad productiva.

La primera intervención de entidades por el Banco de España. CCM y CajaSur

Tras diversas actuaciones inspectoras realizadas en 2008 y 2009, se decretaron importantes déficits en las provisiones que cubrían el deterioro de la inversión crediticia, con una inestable estructura de financiación. Y todo ello en un marco de gobernanza claramente deficiente, que no adoptó las medidas necesarias para cambiar una gestión que se mantenía como en los años de expansión. Todo esto llevó a una situación insostenible de liquidez [como ya he comentado con anterioridad]. […] El 28 de marzo de 2009, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la sustitución de los administradores de la CCM, y el 3 de noviembre de 2009 esta misma comisión aprobó el proyecto propuesto por CCM para su integración en Caja de Ahorros de Asturias. Finalmente, el 30 de junio de 2010 la asamblea de CCM aprobó el citado proyecto. El FGD decidió apoyar financieramente tal proyecto con 1.740 millones de euros de ayudas al capital y un EPA cuyo valor esperado a diciembre de 2011 se elevaba a 1.715 millones de euros. [El final de esta historia ya lo he contado más detalladamente en páginas anteriores.]

El caso de CajaSur fue similar al de CCM, entre otras características de su situación, por el déficit de cobertura de la inversión, el excesivo crecimiento, la inestable estructura financiera y la rebaja del rating. Pero, a diferencia de CCM, en este caso sí había un proceso de integración en Unicaja que, en principio, hacía posible una solución a los problemas enunciados. No obstante, después de diversas vicisitudes, el Consejo de Administración de CajaSur rechazó la propuesta de integración, sin que existiera un plan alternativo viable. El 21 de mayo de 2010, debido a los problemas señalados, el Banco de España acordó la sustitución de los administradores de CajaSur y la designación como administrador provisional del FROB, que apoyó a la entidad con la suscripción y desembolso de 800 millones de euros de cuotas participativas emitidas por aquella, lo que le confería el control de la entidad.

Esta actuación se realizó bajo el nuevo marco establecido por el Real Decreto-ley 9/2009 y, por tanto, con la participación del FROB, que permitió una solución más ágil, rápida y eficiente que la que tuvo que arbitrarse para CCM con el marco tradicional. El 15 de julio de 2010 se aprobó el plan de reestructuración que contemplaba la adjudicación de CajaSur, a través de un proceso competitivo, a la entidad de Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK). El FROB otorgó un EPA de 392 millones de euros (importe máximo a pagar por el FROB) que cubría una cartera con valor en libros del orden de 5.540 millones de euros, devolviéndose los 800 millones de cuotas emitidas y suscritas por el FROB.

Procesos de integración en el sector de cajas de ahorros

Gran parte de los procesos de integración de las cajas de ahorros se instrumentaron a través de SIP [como ya se comentó anteriormente de forma específica]. Dada la naturaleza de las cajas de ahorros y su compleja gobernanza, las condiciones de las fusiones tradicionales (desaparición de las entidades fusionadas) dificultaban estos procesos de integración, muy especialmente en el caso de fusiones interregionales. El diseño y la construcción legal de los SIP estaban guiados por la búsqueda de una fórmula flexible de integración análoga a las fusiones en términos de resultados prácticos, incluyendo la cesión del control la sociedad central del SIP […]. Precisamente por entender que los efectos del SIP eran equiparables económicamente a una fusión —dada la mutualización de la solvencia, liquidez y resultados de las entidades que lo integraban, aunque sin desaparición legal de las entidades individuales—, todas las cajas integrantes de los SIP formularon sus cuentas individuales cargando contra reservas los mismos ajustes valorativos que se efectuaban en los estados consolidados del SIP, evitando así una discrepancia de las valoraciones entre los distintos estados, es decir, el consolidado del SIP y los individuales de las cajas integrantes […]. Este tratamiento se decidió por los consejos de las cajas, previa consulta al Banco de España, al no ser los SIP una figura regulada explícitamente en la normativa contable.

Como ya se ha comentado [antes], el FROB […] tenía entre sus funciones apoyar procesos de integración entre entidades viables que voluntariamente acordaran participar en fusiones o SIP que implicaran una mejora de la eficiencia, racionalización de su administración y redimensionamiento de la capacidad productiva. En este marco, la actuación del Banco de España se dirigía a analizar y a aprobar, en su caso, dichos procesos. En aquellos en los que mediara apoyo financiero del FROB […] también era necesaria la aprobación de la Comisión Europea, que exigía el cumplimiento de una serie de condiciones y compromisos por los partícipes, al objeto de garantizar la competencia.

Los años 2010 y 2011 estuvieron marcados por el redimensionamiento del sector bancario, muy especialmente el de las cajas […]. En el sector de las cajas de ahorros se pasó de 45 grupos a 15 a través de diversos procesos de integración, en los que estuvieron involucradas 42 entidades. Tres de estos procesos se acometieron sin apoyo financiero del FROP, ni del FGD (La Caixa-Girona, Unicaja-Jaén y Caja 3).

Esquemas de protección de activos

Un esquema de protección de activos es un mecanismo por el que la institución que lo concede (el FGD o el FROB) garantiza a una entidad de crédito el valor de una cartera de activos, en todo o en parte, por encima de las provisiones constituidas por la entidad beneficiaria para cubrir dichos activos. […] En la reestructuración del sistema bancario español se han utilizado dos tipos de EPA:

i) Aquellos en los que se fija expresamente el importe máximo de garantía, de forma que las primeras pérdidas producidas en las operaciones amparadas en el EPA son cubiertas por quien concede el EPA hasta el importe de la garantía establecida. Este fue el caso del EPA concedido por el FGD a CCM.

ii) Aquellos en los que quien concede el EPA garantiza un determinado porcentaje de las pérdidas finales en que se incurra a medida que se vayan materializando las pérdidas en las operaciones amparadas en el EPA, asumiendo la entidad beneficiaria el resto no cubierto […]. Algunos, además, tienen establecido un importe máximo de responsabilidad del garante (como fue el caso de CajaSur).

9

El recrudecimiento de la crisis entre 2012 y 2013

Para el período tratado en este capítulo, continúo con la transcripción y comentario del informe elaborado por el Banco de España.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El agravamiento de los problemas políticos en Grecia en el primer semestre de 2012 acentuó las tensiones en el marco de la UEM, al incrementar la percepción de los inversores del riesgo de reversibilidad de la moneda única. En este contexto, la recesión de la economía española se intensificó a lo largo de 2012. […] A comienzos de abril de 2012, las condiciones de financiación en los mercados mayoristas para las entidades españolas, que ya eran muy estrictas, comenzaron a endurecerse nuevamente, influidas por los temores sobre el impacto de la nueva recesión en la situación patrimonial de las entidades de crédito y por la realimentación entre el riesgo soberano y bancario. A comienzos de mayo, estos temores se vieron en parte confirmados con la solicitud de recapitalización pública por parte del grupo BFA-Bankia. En paralelo, se comenzaron a intensificar los movimientos de salidas de fondos hacia el exterior, [que ya se habían iniciado a mediados del año anterior en nuestro país, dando salida a más de 320.000 millones de euros, el 29 % del PIB.] […] Al igual que en otros países vulnerables de la UEM, el resultado de estas tensiones fue un incremento sustancial del recurso de las entidades de crédito nacionales a la financiación del Eurosistema, que llegó a alcanzar los 412.000 millones de euros en agosto de 2012, un 13 % de su activo total y un 34 % de la liquidez inyectada por el Eurosistema a los bancos del conjunto del área del euro. […] El Gobierno español adoptó diversas medidas durante los primeros meses del año, tanto en el ámbito presupuestario como en otros campos, […] y en mayo de 2012 solicitó la ayuda financiera a las instituciones europeas, en un contexto de creciente fragilidad de algunas entidades financieras y de dificultades para la obtención de fondos en los mercados de capitales internacionales. La obtención de esta ayuda y los sucesivos pasos acometidos para sanear y capitalizar las entidades más débiles del sector bancario español, junto con las medidas adoptadas por la UEM, dieron paso a una fase de progresiva relajación de las tensiones en los mercados financieros nacionales e internacionales a partir de septiembre y a una recuperación de los flujos de inversión hacia nuestro país. […] [Se llevaron a cabo diversas medidas financieras para aliviar la situación del crédito en España, fondos de liquidez para las entidades financieras (FLA), en momentos de dificultad extrema para el crédito en España. Creció el paro (primer trimestre de 2013) hasta el 27 %.] En el sector inmobiliario, los precios y la actividad constructora fueron decreciendo hasta finales de 2013, convirtiendo este episodio de corrección inmobiliaria en el de mayor intensidad […] desde, al menos, la Guerra Civil […]. Como ejemplo del alcance de este ajuste, cabe subrayar que el volumen de compraventas de viviendas en 2013 alcanzó las 300.000 unidades, frente a casi un millón de operaciones en cada uno de los años 2005 y 2006. La inversión residencial en 2013 era solamente del 43 % del máximo alcanzado en 2006, [decayendo el precio de las viviendas en ese período en más del 44 % anual]. […]

La recuperación de la confianza de los inversores se hizo viable también en la evolución de los flujos de financiación exterior de la economía española. Tras la salida de fondos por valor de más de 170.000 millones de euros en 2012 (16 % del PIB), en 2013 tuvo lugar una entrada neta de recursos de casi 85.000 millones de euros (8 % del PIB) [y se volvía a olvidar la segunda recesión del 2011 a 2013].

[En el sector financiero, en 2012 y parte de 2013,] la situación macroeconómica aceleró su empeoramiento, registrándose la caída del PIB real del 4,2 % en estos dos años. De forma paralela, el sector financiero también incrementó de forma notable su inestabilidad, con un aumento significativo de la morosidad, una importante caída en el crédito concedido y una creciente incertidumbre sobre la solvencia de algunas entidades y, por extensión, del sector bancario en su conjunto. [Se observó] una aceleración de la reducción del crédito concedido a las familias, que pasó de contraerse un 2 % en 2011 a hacerlo en un 5 % en 2013, con un descenso de un 5 % también en el destinado a adquisición de vivienda. Asimismo, la caída de los préstamos a las empresas pasó del 6 % al 13 % en esos mismos años, con disminución tanto del crédito concedido a las empresas constructoras e inmobiliarias como al resto [de la industria y también a particulares]. Todo ello estuvo acompañado de un aumento en las tasas de mora. La reducción del crédito vino determinada por las necesidades de desapalancamiento tanto del conjunto del sector de hogares como del de las sociedades no financieras, junto con el impacto de la debilidad de las perspectivas económicas sobre la demanda y la calidad crediticia de los prestatarios. […]

Durante los años 2012 y 2013 se cumplieron las condiciones señaladas en el MoU [Memorándum de Entendimiento], incluyendo las reformas legislativas que reforzaron el marco para la resolución y recuperación de entidades, mejoraron la transparencia sobre la exposición al sector inmobiliario y sobre las refinanciaciones, y reformaron el sector de las cajas de ahorros. El programa de reformas también incluía la segregación de los activos problemáticos, relacionados con la actividad inmobiliaria, de las entidades que recibieran ayudas públicas, a una Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Estos traspasos de activos problemáticos relacionados con el sector inmobiliario condicionaron la evolución del crédito vivo en el total del sistema financiero español durante este período, que descendió en más de 324.000 millones de euros entre diciembre de 2011 y diciembre de 2013, lo que supuso una caída acumulada del 19 % en dos años, [si bien repercutió con mayor intensidad en las cajas de ahorros, siendo en un 10 % a los hogares y un 26 % a las empresas no financieras. Mientras los bancos limitaron el crédito en un 8 %, las cajas lo hicieron en un 31 %.]

[La morosidad en general se disparó a un 14 %, mientras que] la ratio de morosidad del crédito del sector de la construcción y actividades inmobiliarias se situó muy por encima del 37 %. […] Por otra parte, en estos años se produjo un aumento significativo en las ratios de cobertura del crédito dudoso, que alcanzaron niveles por encima del 45 %, especialmente en el caso del crédito a la construcción y actividades inmobiliarias, con un nivel de cobertura superior al 50 % y, en el caso de cajas, por encima del 60 %.

Una vez la crisis desplegó sus efectos, fue cobrando relevancia el análisis de una nueva variable, el volumen de activos adjudicados, que surge como resultado de los impagos en créditos con garantía. La evolución del volumen de activos adjudicados también se vio afectada por el ya comentado traspaso de activos a la Sareb. Fruto de estos traspasos, el volumen de activos adjudicados se redujo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2013 […]. Por su parte, su ratio de cobertura se vio influida por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2012. […] Ante la insuficiente información sobre los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria que afectaban a viviendas […], el Banco de España publicó por primera vez en mayo de 2013, con información de 2012, datos estadísticos sobre estos procesos a partir de una encuesta realizada a las principales entidades bancarias. Desde esa fecha, el Banco de España requirió esa información a todas las entidades […] y la publicó a través de notas informativas. A partir de 2016, […] el INE [Instituto Nacional de Estadística] empezó a publicar una nueva estadística al respecto más detallada y de mayor frecuencia.

ALGUNAS REFLEXIONES

Todo lo citado y comentado hasta aquí, fiel reflejo de lo publicado por el Banco de España en su informe, deja una duda bastante desconcertante: a la Sareb se le entregan las cantidades de la valoración de activos dudosos por cuantías contabilizadas de más de 80.000 millones de euros (aunque la Sareb publica que solo han sido 50.000) cuyas entidades han entregado por su valor real (por ejemplo, Bankia y CAM) más de 25.000 millones cada una. De estas cantidades entregadas, ¿cuánto importe se dejará de recuperar? Es de suponer que las cantidades que pueda recuperar la Sareb en sus quince años de vida desde su creación en 2012 (ya han pasado cinco) serán en un porcentaje de no más del 30-40 % (y es mucho). El resto acumulará más pérdidas en las cuentas de resultados de las entidades de crédito, si bien cabe imaginar que, ante tales situaciones, los organismos oficiales deberán exigir, tanto a bancos como a cajas, la provisión correspondiente para que al final no vuelvan a ocasionar graves desajustes en esas cuentas de resultados de las entidades que puedan seguir existiendo, o haya que contabilizar como pérdidas (caso CAM) dentro de las cuentas del FROB o el FGD, algo que soportará, como es lógico, el Estado y sus obligados contribuyentes.

Es importante conocer la situación trágica de nuestro sistema financiero a partir de la crisis de 2008, pero en los años sucesivos hasta 2013 se han padecido dos recesiones y se ha logrado reformar el control sobre las entidades financieras. Vista la situación de estos desgraciados años, la afluencia del crédito no será posible en mucho tiempo, pues analizando despacio la situación del sector, habrá que pensar más en cómo recomponer su maltrecha situación de liquidez, para después preocuparse por la activación del crédito, si bien hay grandes competidores que están copando espacios antes reservados a las cajas y los bancos y que ahora han compartido con otras entidades que prestan, compran y venden sin necesidad de necesitar del sistema financiero.

Es de suponer que la escasez de los últimos ocho a diez años les haga replantearse su futuro, pues, como ya decía antes, si entregan el paraguas en verano y lo recogen en invierno, les costará trabajo volver a ser imprescindibles en las grandes operaciones. Con todo, para las pequeñas operaciones resultarán obligados, aunque nunca se pueda olvidar la enfermedad que supone conseguir un crédito con todo tipo de garantías, todo tipo de comisión y estudio, vinculación a las compañías de seguros del grupo y, además, valorando insistentemente los bienes aportados en garantía, y en caso de que su valor descienda, pedir un aumento de esta garantía con nuevos bienes no afectados con anterioridad. De esto último, dan cuenta los departamentos de riesgos, que se han multiplicado en los últimos años, aunque siempre está el razonamiento lógico del representante de cada banco o caja: «Por mí te daría el crédito, pero la central de riesgos “no lo ve” y habrá que dejarlo para otra ocasión», y siempre que los movimientos y las contraprestaciones te hagan merecedor de tan alta distinción, todo ello en un plazo no inferior a uno o dos meses.

La realidad después del resumen de los últimos ocho a diez años es francamente triste al no encontrar en las nuevas entidades resurgidas después de la crisis la agilidad y la disposición para facilitar la financiación a muchas de las empresas que, ante la negativa, se ven obligadas a cerrar y a desaparecer. No parece haber nadie que reflexione frente a una situación tan dramática; si bien para salvar las entidades de crédito han sabido crear y poner en circulación FROB, SIP, EPA, Sareb…, para las empresas medianas y pequeñas no ha quedado tiempo ni fondo para asistirlas y hacer posible su continuidad.

Sigamos viendo y comentando el informe del Banco de España.

MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL

El Comité de Basilea continuó trabajando en los desarrollos regulatorios asociados a Basilea III. Además, dedicó parte de sus esfuerzos a evaluar la implantación de los nuevos estándares de capital y liquidez publicando informes en los que detallaba los países que habían introducido cambios legislativos/regulatorios en este ámbito. […]

El BCBS [Comité de Supervisión Bancaria de Basilea] publicó en junio de 2011 el texto final de lo que se conoce como Basilea III en respuesta a las lecciones aprendidas en la crisis […]. Estas normas se han ido aplicando en Europa de forma gradual desde 2013 y su implantación está prevista que se complete en 2019, con la excepción de los instrumentos que no son elegibles en la nueva definición de capital, que podrán tenerse en cuenta parcialmente hasta 2023.

En enero de 2013 se publicaron las normas revisadas de la ratio de liquidez a corto plazo (LCR), que, entre otras cuestiones, aumentaba el número de instrumentos elegibles como activos líquidos de alta calidad y revisaba su implantación, que pasó de ser plena en 2015 a gradual desde 2015 a 2019.

En un ámbito diferente, el BCBS publicó en octubre de 2012 la revisión de los «Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz», que son un conjunto de normas que contribuyen a asegurar una sólida regulación y supervisión prudencial del sector bancario. Estas normas son utilizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP), con objeto de comprobar la eficacia de los sistemas y prácticas de supervisión bancaria en los distintos países. […]

La Autoridad Bancaria Europea (EBA), creada en enero de 2011, llegó a esta etapa en pleno funcionamiento y con poderes y capacidades regulatorias bien definidas para: i) elaborar normas técnicas de obligado cumplimiento, ii) emitir guías que, sin ser obligatorias, deben ser adoptadas por las autoridades nacionales (quienes deben dar explicaciones en caso de no hacerlo).

El trabajo de la EBA durante este bienio consistió, en gran parte, en desarrollar mediante normas técnicas y guías de desarrollo los diversos mandatos contenidos en la Directiva y en el Reglamento Europeo de requisitos de capital […]. Entre 2012 y 2013, la EBA finalizó y elevó a la Comisión en torno a cincuenta normas técnicas y publicó ocho guías.

[De las más de cincuenta normas técnicas, cabe destacar las siguientes:]

• Fondos Propios que trasladó Basilea III a la legislación europea […].

• Información adicional de supervisores por parte de las entidades, […] que desarrolló tres normas para que las entidades remitieran información detallada sobre los créditos hipotecarios dudosos y las medidas de refinanciación, así como las cargas a las que se encontraran sometidos los activos.

• Remuneraciones. Plantearon medidas para el seguimiento y el control de las remuneraciones en el sector bancario, al entender que las políticas de incentivos puestas en práctica por las entidades en los años previos a la crisis fomentaron una asunción exagerada de riesgos por su parte, constituyendo uno de los factores coadyuvantes a la crisis. Ambas directivas encargaron a la EBA el desarrollo de diversos aspectos de ellas, a través de normas técnicas y guías. Así, la EBA elevó en 2013 a la Comisión la norma técnica para la identificación de las categorías de personal con incidencia en el perfil de riesgo de una entidad, al que se aplicarían políticas de remuneraciones que no incitasen a una toma de riesgos excesiva.

[De las ocho guías hay que destacar:]

• Directrices sobre evaluación de la identidad de los miembros de los órganos de dirección y de quienes desempeñaron funciones clave […]. Orientadas a abordar los problemas de gobernanza y de inadecuación de los directivos de las entidades, factores que incidieron en una asunción excesiva de riesgos que condujo a las entidades a situaciones críticas.

• Directrices sobre el ejercicio de recopilación de información relativa a personas con alta remuneración […]. Se establecieron medidas de seguimiento de las remuneraciones, incluyendo: inventario del personal de las entidades con retribuciones anuales superiores al millón de euros, para después publicar los datos. Este es uno de los elementos que ayudan a los supervisores a poder evaluar, dentro del Pilar 2, si los incentivos retributivos aplicados por las entidades están en consonancia con sus objetivos a largo plazo.

• Directrices sobre el ejercicio de comparación de remuneraciones […]. Directrices para llevar a cabo el ejercicio comparativo de retribuciones de las entidades europeas, cuyos resultados forman parte de las herramientas con que las autoridades pueden realizar la revisión supervisora sobre las remuneraciones.

[…]

Con el mismo objetivo de restaurar la confianza de los mercados en el sector bancario, la EBA emitió una nueva recomendación en octubre de 2013 […], instando a las autoridades a que realizaran ejercicios de revisión de la calidad de los activos de las entidades bajo su supervisión; concretamente, de las categorías de activos consideradas de mayor riesgo. El objetivo de la recomendación fue contribuir a la armonización de los enfoques de los supervisores a la hora de analizar las carteras de sus entidades, de forma que se pudieran evaluar adecuadamente los niveles de capital necesarios para cubrir sus riesgos reales.

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL

En el ámbito regulatorio, el primer semestre de 2012 se caracterizó por el aumento de los saneamientos de los riesgos de las entidades de crédito con el sector inmobiliario. A partir de julio de 2012, las iniciativas regulatorias en el sector bancario estuvieron condicionadas por la firma del MoU entre las autoridades europeas y las españolas, en cuyo contexto se realizó una valoración independiente del sector bancario español.

En cuanto a otros cambios normativos del período, cabe destacar la aprobación a escala europea de las normas de solvencia que se recogen en la Directiva 2013/36/UE (CRD IV) y en el Reglamento (UE) 575/2013 (CRR), así como la transposición de la primera al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre. También es destacable la publicación de la Circular del Banco de España 6/2012, de 28 de septiembre, cuyo objetivo principal era aumentar la transparencia de las entidades de crédito en relación con sus operaciones de refinanciación y su cobertura.

Saneamientos de los riesgos en el sector inmobiliario

En febrero y mayo de 2012 se adoptaron dos reales decretos-ley con el objetivo de reducir la incertidumbre que persistía sobre las valoraciones de los balances bancarios de los activos asociados a la construcción y a la promoción inmobiliaria: el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (RDL 2/2012), y el Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (RDL 18/2012).

Las medidas introducidas por el RDL 2/2012 se articularon a través de tres elementos:

1. Provisiones específicas sobre inversión irregular: se fijaron coberturas específicas adicionales para cubrir las pérdidas incurridas en la cartera de activos problemáticos derivados de la financiación de la construcción y la promoción inmobiliaria (que incluía los préstamos clasificados como dudosos y como subestándar, así como los activos adjudicados). Dichas coberturas variarán según el tipo de activos al que se refiriera:

• 60 % en operaciones de financiación de suelo.

• 50 % en la financiación de promociones en curso (salvo que fueran promociones que continuaban en marcha y estuvieran clasificadas como subestándar, en cuyo caso el nivel de cobertura era del 24 %).

• Hasta en un 50 % en el cuarto año de permanencia en balance (un 40 % si eran viviendas de particulares), en el caso de adjudicados de promociones terminadas y otras garantías reales.

• El resto de dudosos de este sector debía contar con una provisión del 25 % del préstamo, y en el caso de operaciones clasificadas como subestándar la provisión debería ser como mínimo del 20 % o del 24 %, dependiendo de la existencia o no de garantías reales.

2. Recargo de capital: además, los activos problemáticos vinculados con suelo y con promoción en curso se debían cubrir con importes adicionales de capital de máxima calidad.

3. Provisiones para la inversión normal: las carteras relacionadas con la financiación de suelo y construcción, y con la promoción inmobiliaria en situación normal (al corriente de pago), debían cubrirse de una sola vez en un 7 % del importe vivo al 31.12.2011.

[…]

[Seguidamente se han establecido una gran cantidad de medidas para reforzar el saneamiento de nuestro sistema financiero, con el Memorándum de Entendimiento con las Comunidades Europeas para el sector bancario y cajas de ahorros; todas ellas están encaminadas a fortalecer la solvencia y la credibilidad, a apoyar la reestructuración y la recapitalización del sector bancario y de cajas de ahorros, y a recuperar la confianza para el acceso a los mercados financieros internacionales... Se establece la clasificación de bancos y cajas en cuatro grupos:]

• Grupo 0: bancos que cumplan los niveles de solvencia exigidos y no presenten déficit de capital.

• Grupo 1: bancos ya propiedad del FROB.

• Grupo 2: bancos de déficit de capital detectados en la prueba de resistencia y que necesiten ayuda estatal para cubrirlo.

• Grupo 3: bancos con déficit de capital en la prueba de resistencia y que podrían afrontarlo sin ayuda estatal.

[En resumen, todas las actuaciones llevadas a cabo en coordinación y bajo la tutela de la Comunidad Europea y el Banco de España van solo encaminadas a restablecer la confianza de nuestras entidades financieras y conseguir reforzar la solvencia de dichas entidades con el cumplimiento para todas ellas de un nivel de capital de primera calidad del 9 %.]

Otros aspectos de relevancia incluidos en la Ley 9/2012. Pueden destacarse:

i) modificación de los requerimientos de capital […] del 9 %

ii) atribución al Banco de España de las competencias en materia de autorización de entidades de crédito e imposición de todo tipo de sanciones a dichas entidades […], y

iii) fijación de un límite de 500.000 euros al total de retribuciones fijas a percibir por presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades receptoras de ayuda pública no participadas mayoritariamente por el FROB.

Reforma del marco jurídico de las cajas de ahorros

La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, hizo efectivo el compromiso que España había asumido con sus socios europeos al solicitar la asistencia financiera en julio de 2012. La aprobación de esta ley supuso un cambio radical en el régimen jurídico de las cajas de ahorros. Dicho cambio venía a culminar un proceso normativo que tenía como objetivos hacer que las entidades que se mantuvieran como cajas de ahorros retornaran a sus características clásicas (carácter social y arraigo territorial) y profesionalizar su gestión. Entre las medidas encaminadas a la consecución del primer objetivo, la Ley 26/2013 obligaba a las cajas de ahorros que excedieran de determinados límites, fijados en términos de su ámbito de actuación territorial o de su volumen de negocio, a transformarse en fundaciones ordinarias o bancarias, perdiendo su condición de entidad de crédito, debiendo focalizar su atención en el desarrollo de la obra social. Asimismo, esta norma fijó ciertas obligaciones especiales para las fundaciones bancarias cuyo porcentaje de participación en el capital social de la entidad de crédito excediera de un determinado nivel. En cuanto a las medidas introducidas por la Ley 26/2013 dirigidas a lograr una mayor profesionalización de los órganos de gobierno y la mejora del gobierno corporativo, pueden señalarse: i) la exigencia de honorabilidad, experiencia y buen gobierno a todos los vocales del consejo de administración, debiendo ser la mayoría de ellos independientes; ii) el aumento del número de miembros designados por los impositores en la asamblea general y la desaparición de la representación de los cuota-partícipes; iii) la exigencia de dedicación exclusiva en el ejercicio del cargo del presidente ejecutivo del consejo, que sería incompatible con cualquier actividad retribuida, y iv) la exigencia de publicación de un informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del consejo que complementaba el informe de gobierno corporativo introducido por el RDL 11/2010.

Otros cambios normativos

Cabe añadir otros dos cambios normativos importantes y relevantes en este período. El primero de ellos estaba dirigido a aumentar la transparencia y a homogeneizar las políticas contables entre entidades. Con la Circular del Banco de España 6/2012 […] se exigió a las entidades divulgar en sus cuentas anuales información sobre sus operaciones de refinanciación y reestructuración. Además, introdujo definiciones precisas sobre este tipo de operaciones que debían considerarse en la estimación de los posibles deterioros conforme a la Circular 4/2004.

El segundo cambio (otra novedad relacionada con la solvencia de las entidades de crédito) fue la aprobación, en junio de 2013, del Reglamento (UE) 575/2013 (CRR), de 26 de junio, y la Directiva 2013/36/UE (CRD IV). Dichas normas, ya mencionadas y sobre las que se [hace un gran hincapié], introdujeron en la normativa bancaria europea los acuerdos internacionales conocidos como Basilea III, cuyos principios eran la propuesta del regulador europeo a la crisis financiera.

[Posteriormente, el Banco de España ha realizado una gran labor en cuanto a controles de todo tipo sobre las entidades bancarias en España. No hace falta incidir en esta situación, pues de una forma muy cabal y fuente de mi información, se ha logrado ver y entender el excelente trabajo del órgano regulador de las entidades financieras que, a través de circulares y otras disposiciones de control, ejerce su tarea fiscalizadora muy de acuerdo con las exigencias y criterios de la Comunidad Europea.]

Como complemento a este primer ejercicio, y en el marco del MoU, en julio de 2012 se realizó un segundo ejercicio desagregado entidad por entidad, conocido como análisis bottom-up. Este segundo ejercicio permitió determinar las necesidades de capital específicas de cada entidad, primer paso necesario para llevar a cabo la estrategia del programa de reforma acordado por el MoU. El ejercicio se estructuró en dos fases. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión exhaustiva y pormenorizada de la calidad de los activos de las entidades de crédito, extendiendo el análisis, además de a los préstamos relacionados con el sector inmobiliario, a los créditos a hogares y resto de empresas no financieras, entre ellas pymes. En segundo lugar, se realizaron las pruebas del esfuerzo o de stress test desagregado, entidad a entidad.

A pesar del poco tiempo del que se disponía —apenas tres meses—, el ejercicio cumplió con los mejores estándares de rigor. Abarcó la práctica totalidad del sector bancario español, basado en una información muy exhaustiva y en el estricto proceso de gobernanza, en el que participaron las autoridades españolas —Banco de España, Ministerio de Economía y Competitividad y FROB— e internacionales —Comisión Europea, BCE, EBA y FMI—, garantizándose así la máxima calidad y coherencia en los trabajos realizados.

CONCLUSIONES

He querido llegar hasta aquí para resumir los más de veinticinco años de existencia de los bancos y las cajas de ahorros, limitándome a hacer un análisis a partir de la entrada en vigor de la Ley 31/1985, aquella que nació con la idea de «democratizar las cajas de ahorros» y cuyos resultados son evidentes, fáciles de entender y hasta de comprender. Los que hemos vivido tantos episodios a lo largo del tiempo, cuyas consecuencias han dado resultados tristes en aquellas (principalmente) cajas democratizadas, podemos hacer nuestra propia valoración y reflexión en cuanto a todo lo malo y lo bueno que nos trajeron los avances del mundo político dentro (también principalmente) de las cajas de ahorros. Y si realmente nos escuchamos a nosotros mismos, no cabe la menor duda de que la actividad de nuestro sistema financiero ha encajado dentro de la Comunidad Europea, siendo digno de repasar y de valorar posteriormente.

La propia historia financiera se encargará de resumir tal cúmulo de disposiciones nacionales e internacionales que han vuelto a poner en la parrilla de salida a nuestro sistema financiero, al que por el bien de todos le deseamos toda clase de aciertos y esfuerzos, y que logre en el presente y en el futuro toda la estabilidad económica y financiera que necesita para hacer viable la convivencia social. Las instituciones de un país, su estabilidad, son la cara y la fuerza de sus habitantes; gracias a ellas y dentro de la Unión Europea y la unidad de su moneda única, logramos destacar como un país trabajador, emprendedor y serio, y siempre fiel a sus compromisos, para ser no solo referente en Europa, sino también en todo el mundo.

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La nueva banca y el fin de la banca tradicional

Tanto la normativa como la situación financiera y social han cambiado enormemente las formas de afrontar los nuevos parámetros globales de la economía. La crisis se ha introducido en la vida de las personas físicas y jurídicas; ya nada extraña ni a casi nada se teme, pues, por el bien general, todo parece tener solución. Con el paso del tiempo, la sociedad se acopla a una forma de vivir y de poseer que se contrae a lo mínimo, en la que importan las cosas que en épocas de abundancia seguramente no reparábamos tanto en ellas. El paso vertiginoso de una economía poco real a otra demasiado real volvió en polvo las paredes de muchas casas y el viento se encargó de hacerlas desaparecer. La feria continuó, se convirtió en el día después, y ya nunca nada volvió a ser como antes. No fue la melancolía, pero posiblemente sí el silencio, el que se adueñó de las voluntades de las gentes, que empezaron a despertar del sueño del que habíamos participado todos y del que solo quedaban los vestigios de otra era que duró bastantes primaveras y que hubo que despedir con lágrimas de realidad y, aunque se lo imploramos, no se quedó para siempre. Y llegó el otoño, y seguidamente el invierno, y los cortos atardeceres también se llevaron muchas ilusiones de propios y extraños al comprobar que la realidad era muy diferente a lo que un sueño de verano nos dejó ver como permanente.

Por todo el bosque de normas, tanto nacionales como internacionales, nos hemos acostumbrado a no entender nada, a no decir nada, a guardar silencio como si de un complot se tratara. No podemos creer que lo que está pasando sea cierto. No podemos pensar sin echarnos a temblar que al rescate del sistema financiero se le puedan adeudar cerca de los 100.000 millones que nos prestaron y dormir sin tirarnos de la cama. Posiblemente se nos está obligando a acostumbrarnos a otras formas de vivir, a otras formas de pensar, a no valorar muchas cosas que en otros tiempos sí valoramos. Cuando recuerdo a mi padre, siempre me aborda una de sus frases: «Nunca tener razón, pero nunca equivocarse». Me creo lo que veo y a veces dudo de lo que no veo, cuando antes vivía en el convencimiento de que casi todo era cierto, lo bueno y lo malo. A fuerza de repetir las cosas te las vas creyendo y no te extraña que alguien de tu máxima confianza te resulte desleal y descubras, además, que la envidia lo convirtió en tu enemigo.

Los medios de comunicación, con su maximalismo exacerbado que procura enrarecer el ambiente y deja en los hogares la incertidumbre de cuándo podrá acabar todo esto, hacen que uno dude si será posible algún día vivir sin sobresaltos y rodeados de personas queridas, responsables y honradas. Nos están acostumbrando a dudar, y no hay nada peor que la duda para no tomar decisiones, y nada mejor que la certeza para decidir. Y entre la duda y la certeza, alguien va tejiendo a nuestro alrededor un mundo distinto del que pensábamos iba a ser el nuestro. Resulta que ese mundo nuestro no existe, y si recordamos demasiado el que tuvimos, nos aborda a continuación la duda de cuál será el de nuestros hijos, si el mundo que vamos a dejar a nuestra descendencia o a las generaciones venideras será mejor que el que nos dejaron a nosotros nuestros padres. Esa es la gran incógnita y ese es nuestro reto, asegurando el contenido del signo interrogante que todos queremos conocer y que cada vez estamos más lejos de lograrlo.

De esta crisis bancaria queda mucho por escribir, pero hay mucho más escrito y vivido. Se comprende un poco mejor a aquellos que escribían detrás de una sociedad sin alma buscando el bien y lo conseguían sin hacer ruido, mientras otros se colgaban las medallas. Hay verdades que el tiempo te enseña y mentiras que el tiempo no te deja olvidar. El paso del tiempo te enseña que entre dos mundos iguales cada cual escoge el que más le conviene, aunque sea el que menos le guste. Las gentes nos hemos acostumbrado a no repetir, como hace ya diez años, que existe la crisis. La crisis ya no está, ha traspasado el costado frágil de la gente y se ha quedado como la soledad, en el mejor rincón del alma; seguramente que el tiempo, al que tantas veces aludimos, en algún momento se la llevará, como ha pasado otras muchas veces.

La crisis bancaria nos ha alejado de los banqueros tradicionales de toda la vida, nos ha separado de las prácticas leales y nos ha inundado de normas, afianzamientos, gastos de todo tipo… Y por si faltaba algo, nos ha entregado a los analistas de riesgos, que son máquinas para las que no existe la sensibilidad, e incluso comulgan con el convencimiento de que eso es para siempre y que nunca volverán a poner los pies en la tierra, pues la consideran como algo suyo o de la empresa que representan, y viven de por vida abrazados a su desconfianza como religión. Pasaron a la historia los directores de la oficina cercana, los gestores de toda la vida; unos y otros se han quedado sin más facultad que la de trasladar al analista la propuesta del crédito o el préstamo que no puede conceder, pero cuyo cumplimiento está obligado a vigilar, y ojo con equivocarse, porque siempre será responsabilidad suya no haber recuperado el principal más los intereses de aquel que no pudo cobrar al vencimiento. Así es la banca de hoy, pues de las cajas de ahorros ya no queda nada más que la sombra de una fundación que da imagen pero no dinero.

Las entidades de crédito han cambiado, la gente ha cambiado, las oficinas también han modificado su rumbo, incluso las hay en las que «han puesto un nuevo bar y arriba una pensión… por horas o días», como dice la canción de Charles Aznavour. Lo que nunca cambia es la persecución para entregarte el paraguas en verano y confiscártelo en invierno, así rezaba un dicho popular sobre uno de los bancos más importantes que acabó en una fusión por absorción perdiendo su nombre e identidad: «Los bancos dan el paraguas en verano y lo recogen en invierno».

En los últimos tiempos se está generando una concienciación de alquileres sociales por parte de los bancos cuyas rentas se adecuan a las cantidades que el deudor pueda pagar. Con ello se está consiguiendo que el número de desahucios disminuya de forma considerable y que las mismas entidades bancarias pongan en el mercado centenares de viviendas, con lo que, además de conservarlas en buen estado, al menos produzcan ingresos que hagan posible el éxito de esta nueva visión de la banca: alquileres sociales de acuerdo con la situación de la clase media baja, que es la que no puede permitirse pagar alquileres altos. Incluso en la Comunidad de Madrid, su presidenta, Cristina Cifuentes, ha negociado con Bankia la posibilidad de concertar un alquiler social equilibrado y asequible para la clase social más desprotegida. Esta medida se puede extender a otras comunidades, y los miles de viviendas que controlan tanto la Sareb como las entidades financieras podrían paliar con alquileres sociales la gran cartera de oferta que arrasa el mercado inmobiliario y, por otro lado, reducir el deterioro que sufren muchas de estas viviendas.

El sistema financiero de un país y el descrédito de los órganos reguladores que lo permiten y toleran han dado lugar a una situación de confusión donde nadie sabe el precio real de las cosas y todos esperan la oportunidad de la ganga, convencidos de que llegará si se sabe esperar. En estas grandes operaciones siempre aparece la mala gestión de los sistemas financieros, los que con el tiempo provocan estas situaciones al inflar las burbujas inmobiliarias, agroalimentarias o de cualquier otro sistema especulativo, generando crecimientos espontáneos en los que la abundancia de dinero siempre hace estallar la avaricia de la inversión fácil y rápida, y al final los más ambiciosos quedan en muchas ocasiones aprisionados y cargan por lo general con las mayores pérdidas en ese túnel sin salida en el que han entrado por su propia ambición y en el que no pueden retroceder. Lo peor es que la simpleza de conocimientos que en algunos casos se da entre la clase social sencilla y fácil de manejar hace que sean ellos los que paguen los platos rotos de los fuertes remolinos que engullen a los más débiles, haciéndolos definitivamente pobres para toda su vida.

BANCOS BUENOS Y BANCOS MALOS

Según el Banco de España, la Sareb es una entidad privada creada para ayudar al saneamiento del sector financiero español, principalmente los activos de aquellas entidades que arrastraban los problemas generados por el sector inmobiliario. Su presidente actual es Jaime Echegoyen. Tiene como misión comercializar su cartera de activos, valorados en más de 50.000 millones de euros, en un plazo de quince años. Es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por cuatro entidades nacionalizadas: BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia, y está participada por el 55 % de capital privado (en el que participan la práctica totalidad de las entidades financieras) y el 45 % restante por capital público a través del FROB. En España se le conoce como «banco malo» y no cuenta con licencia bancaria, pero sí con un permiso de quince años para dedicarse a la desinversión de todos sus activos financieros. La venta de estos activos no estará sometida más que al control del Banco de España.

He definido la Sareb según visión del Banco de España porque es la pieza que faltaba para cuadrar el círculo, después del nacimiento del FROB, la creación de Bankia mediante los SIP y una morosidad de más de 50.000-80.000 millones. Por tanto, era necesario que apareciera otro órgano que se hiciera cargo de comercializar, sanear y poner en el mercado los activos recibidos principalmente de las cajas de ahorros. Se han creado diversos bancos malos por parte de Caixabank, BBVA y las cajas gallegas, pero de cuantías mucho más pequeñas. Aun así, todo ello da una idea de cómo empieza la crisis, cómo van deteriorándose los sistemas financieros, cómo estalla la burbuja inmobiliaria, cómo los activos adjudicados a los bancos cuentan con un enorme grado de toxicidad y una falta de saneamiento que hacen temblar las cuentas y los balances de las entidades financieras, y finalmente, cómo dificultan después comercializar tales activos hasta sanearlos definitivamente y colocarlos en el mercado.

En esta tarea, la Sareb ha recibido una enorme cantidad de casos de diferentes cajas y bancos; en muchos de ellos se sigue contando toda la documentación y el estado real de los bienes adjudicados, en subasta o aún sin ejecutar, para saber a qué cantidad ascienden las deudas totales. Principalmente han sido las cajas las que se han desprendido de todo lo tóxico que atesoraban, pero solo se conoce el número de asuntos que han enviado a la Sareb, pues los documentos van apareciendo poco a poco, y cabe suponer que a partir de este año 2018 puedan dar resultados más favorables. Se habla de miles y miles de casos, de cajas agrupadas o en solitario, de miles y miles de millones, y en muchos de ellos, como la CAM, con «menos papeles que una liebre», si se me permite la comparación.

Conocí a la mayor parte de los fundadores de la Sareb; la mayoría dormían en la propia sede para concluir lo antes posible todos los trámites fundamentales y así poner en marcha el funcionamiento. Muchos de ellos ya no están, pero su espíritu sigue vivo y su afán de ayer será el futuro de mañana. En algunos momentos yo me sentía como ellos, convencido de que era necesario agilizar el saneamiento de tantos bienes adjudicados, esclarecer los temas difíciles aun sin apenas documentación, pensando siempre que sobre sus espaldas iba a recaer el peso de ser los responsables de sanear y recuperar lo que hubiera resultado irrecuperable de no haber existido. Mi relación con todos fue sincera y me contagiaron su entusiasmo, algo que yo compartía por mi procedencia de la banca, si bien nunca firmé reclamación alguna en su representación como abogado. Fueron personas como Óscar, José Ramón, Manuel… las que dejaron su energía en el empeño de hacer posible lo imposible. De ellos aprendí bastante, y lo sigo haciendo aunque muchos ya cabalgan en otras responsabilidades y otros afanes. Les debía este breve recuerdo.

La Sareb ha registrado un gran movimiento en sus filas, lo mismo que en sus dispersados archivos o sus archivos dispersos. Su misión está fijada en quince años, como ya he dicho, de los cuales ya se han consumido cinco; esto significa que los ingresos que se puedan conseguir de todos los asuntos «tóxicos» que le han entregado deben empezar a materializarse este mismo año 2018, pues me consta que ya se han planteado todos los litigios cuya documentación estaba completa, y se están tratando de ejecutar todos aquellos que cuentan con alguna dificultad en los documentos o los bienes que le han sido transmitidos por su valor de libros, el cual difiere mucho del contable, el día que se recupere la cantidad que pueda ser reclamada. Aunque en todos los medios se habla de que las cantidades sobrepasan los 50.000 millones, rozando los 80.000 millones en asuntos, no se puede evaluar con exactitud el número, pero es lógico que sobrepase los 300.000, y estoy seguro de que me quedo corto. El 80 % se trata de créditos al promotor y el 20 % restante, bienes inmobiliarios. Su cartera está compuesta por préstamos y créditos superiores a 250.000 euros e inmuebles cuyo valor sobrepasa los 100.000 euros. Hasta septiembre de 2017, se han recuperado para las arcas del Estado más de 7.700 millones de euros, según su versión, aunque hay previsiones que sitúan la cifra por encima de los 12.000 millones.

Como todo buen pensador, ligado además a la banca, puede imaginar, el hecho de que los documentos sean deficientes en la mayor parte de los casos y que la reconstrucción sea todavía más difícil por haber desaparecido la entidad o estar agrupada por un SIP, resulta mucho más laborioso acreditar documentalmente lo que se tiene que reclamar. De todas formas, la labor de la Sareb es admirable porque, imitando a una comunidad de hormiguitas, va reconstruyendo ordenadamente el derecho que reclama en la representación de la entidad que le entrega el crédito o préstamo de dudoso cobro. Seguro que los próximos años podrá recoger el fruto de su trabajo iniciado en 2012 y que hasta la fecha se está ejecutando con el acierto del que se dedica, sin compromiso comercial alguno, a intentar rescatar para las arcas del Estado la mayor cantidad de dinero posible; al fin y al cabo, es la última pieza del puzle de medidas de recuperación de las entidades financieras con serios apuros. A medida que conozcamos las cifras de recuperación podremos otorgarles el beneplácito por su labor complicada pero satisfactoria, a pesar de llevar encima el sambenito de «banco malo».

La Sareb realiza, por tanto, una excepcional gestión, asumiendo en los últimos años las insolvencias generalizadas hasta confluir en un diagnóstico real de la situación. No es tarea baladí. Ha servido para que sobre todo las cajas se deshicieran de todos los asuntos sin futuro, e incluso para llegar a la conclusión, no sin cierto desencanto, de que en el último cuarto de siglo las entidades de crédito no han funcionado como debían, posiblemente mal gestionadas por la intervención política, a la que le ha estallado en las manos una especie de bomba financiera y de desprestigio cuya onda expansiva ha provocado la crisis más grande de toda la historia de España. Los culpables seremos todos, por eso todos debemos pensar en hacer cuanto sea posible para que no se deteriore más nuestra situación, pues, de lo contrario, los organismos internacionales tendrán que mediar y exigirán otro tipo de controles y comportamientos dentro de la Comunidad Europea mientras seamos deudores de tantas ayudas como las recibidas, principalmente, en la última década.

El Banco de España, en su libro blanco publicado en junio de 2017 y que he citado en abundancia en los capítulos 8 y 9, además de definir perfectamente los comportamientos registrados desde 2008 hasta nuestros días, también aporta una fotografía del crecimiento desbocado de nuestra economía desde principios de siglo hasta la crisis provocada por la caída de Lehman Brothers en 2008.

A partir de esas fechas, todos los elementos se ponen de acuerdo para provocar la caída más atroz de nuestro sistema financiero, donde el crédito muere y la gente empieza a tener dificultades para pagar su hipoteca; aparecen los balances de los bancos bombardeados por bienes tóxicos, y la legislación europea empuja para taponar las heridas que devastan nuestra economía. Ya ni preocupan las grandes extracciones de dinero del sistema bancario, cuyo daño es muy inferior al generado por los balances fallidos de los activos bancarios, que tienen una incidencia mayor en las cajas de ahorros. Y a pesar de los SIP, los EPA, el FROB, la Sareb, entre otros organismos, no se ha conseguido evitar el rescate del sistema financiero en 2012.

Como sabemos, de los 100.000 millones de euros concedidos, ya se han consumido más de 65.000, y de los quince años de vida de la Sareb, una tercera parte ha pasado sin obtener unos resultados tan espectaculares como los que se habían anunciado, pues a fecha de hoy, solo se ha recuperado menos del 10 % de los 50.000 millones entregados por las entidades financieras. Sin embargo, como ya he dicho antes, la recuperación al alza se verá en los próximos años; aplicando dicho porcentaje, se puede llegar a un 15-20 % de recuperación, por lo que es de suponer que el dinero recuperado por los asuntos «tóxicos» no sea superior a los 15.000-20.000 millones; los más de 40.000 millones restantes, que tendrán que volver como fallidos de los bancos y las cajas de ahorros que los dieron en gestión de cobro, por lo provisionado, en parte se podrán recuperar los próximos años gracias a la gestión de la Sareb, lo que representará un beneficio directo para sus cuentas de resultados, y esto generará una liquidez más sólida.

No obstante, las pérdidas de más de 40.000 millones seguirán siendo pérdidas y habrá que cuadrarlas dentro del rescate financiero de 2012. Como dicho rescate tiene un vencimiento y unas fechas de pago, el Estado español, no la banca ni las cajas, deberá hacer frente a su pago aunque sea durante mucho tiempo. De esta eventualidad no se nos informó cuando se llevó a cabo, en cambio sí se dijo que no costaría dinero alguno a los contribuyentes.

A pesar de todo lo dicho, es evidente que este puzle de siglas y organismos ha ayudado al sistema financiero español y se les reconoce su valor, aunque mucha gente no lo comprenda y critique por norma lo que no entiende por derecho. Aun así, siempre habrá una oportunidad para justificar la actuación del FROB, los SIP y la Sareb, que han tratado de insuflar vida a algo que ya llegaba muerto por culpa, como ya he comentado numerosas veces, de la Ley 31/1985, que ha tenido un papel protagonista en esta desgraciada historia.

HACIA LA BANCA VIRTUAL

La valoración del Banco de España respecto al sector financiero cambió en el período 2007-2011, ya que la desaceleración del crédito fue una realidad, y más que incrementarse, se redujo de una forma drástica. A partir de 2008, las tasas de crecimiento de años anteriores, que superaban el 17 %, fueron disminuyendo hasta concluir en 2011 con una bajada de más de un 6 %. Destaca que la caída del crédito se acentuó muchísimo más en las cajas que en los bancos, pues estos últimos mantuvieron la ratio ascendente, si bien en su conjunto, en el período mencionado, se redujo más de 6 %. Esta etapa se caracterizó por el crédito dudoso, especialmente al sector de la construcción. El crédito dudoso creció más de un 300 %; incluso las cajas registraban un incremento de la morosidad en un año de más del 44 %. Fue en este período en que las entidades de crédito apostaron por la deuda pública, sustituyendo al crédito al sector privado. La deuda pública en manos de las entidades de crédito creció un 145 %, e incluso se incrementó en una tasa anual del 54 %. Igual sucedió con la deuda de las Comunidades Autónomas, que se incrementó en manos del sector financiero en más de un 95 % anual.

Todo indica que ninguna autoridad del Estado se preocupó por la situación del sector privado, que acometió el cierre de más de un 30 % de las empresas sin posibilidad de financiación, pues el sector financiero solo tenía dinero para la deuda pública, y esta cada día aumentaba más, hasta rozar el billón de millones actuales. El Banco de España lo dice con toda naturalidad, y lo mismo nos ocurre a los que lo vemos con cierta lógica: el Estado controló el sistema y lo puso a su disposición sin importarle la caída brutal de las empresas con dificultades financieras, reforzando la regulación de los bancos a escala individual, mejorando igualmente la calidad de su capital.

Aumento del capital mínimo requerido, mejora en riesgos, introducción de dos estándares mínimos de liquidez… Todo aparentemente perfecto, pero la crisis no solo se ha reflejado en las empresas, en las economías domésticas, en los particulares… La crisis ha llegado a la propia banca, y desde su inicio han cerrado el 50 % de las oficinas y se ha prejubilado a más de la mitad de la plantilla. Desde 2010 hasta 2015 se han cerrado más de 17.000 oficinas, y el FMI exige que se cierren más en los próximos ejercicios. Puede que no sea una noticia cierta, pero se especula que en no más de tres años la banca se habrá quedado con un tercio de su plantilla actual.

El avance de la informática y el vacío de contenido de los directores de oficina, que dependen más del departamento de riesgos que de su propia gestión, han logrado los cierres masivos de oficinas y la prejubilación de un gran número de empleados que no han llegado a cumplir los sesenta y cinco años. En el año 2018 se habla de un incremento con el año anterior de más de un 7 % de prejubilaciones, a las que el pasado año 2016 se destinaron 1.700 millones de euros, y en 2017 ya ha superado un 7 % más, por lo que las cantidades que hay que aplicar para esta tasa de despido o prejubilación pueden superar los 2.000 millones, y los empleados que desaparecerán de las nóminas de los bancos ascenderán a varias decenas de miles. Todo ello se está realizando con un gran sentido de la responsabilidad a través de acuerdos de los comités de empresa, teniendo prioridad los empleados de una edad más avanzada.

Por lo general, todos los bancos están llevando a cabo este sistema y efectúan retenciones para provisionar los expedientes de regulación de empleo (ERE) de unos y las prejubilaciones de otros, por lo que cualquier banco de primera línea puede haber amortizado en el pasado ejercicio cantidades superiores a los mil o dos mil trabajadores cada uno. Ya el año 2017 se ha incrementado, como he dicho, más de un 7 % para realizar los ajustes de plantillas. Incluso los trabajos de la sucursal se pueden realizar por internet, cajeros y oficinas virtuales; por tanto, antes de finales de 2017 han vuelto a cerrar gran cantidad de oficinas. Con ello se contentará al FMI, cuya presidenta Christine Lagarde ha pedido a nuestro ministro de Economía que se continúen cerrando las que sean menos imprescindibles y, con ello, aplicar las nuevas prejubilaciones de los nacidos en la década de 1960. Esto era algo inimaginable e imprevisible en las últimas décadas del siglo XX, cuando las plantillas de la banca sumaban entre 400.000 y 450.000 empleados, mientras que ahora, como ya he dicho, no superan una tercera parte.

La apreciación global, desde el inicio de la crisis hasta 2016, es que ha habido más de 85.000 bajas en las plantillas de los bancos por prejubilaciones, excluyendo las jubilaciones ordinarias, lo que supone más de un 30 % del total del sector. Esto mismo sucede en las sucursales extinguidas, que, bien por una causa u otra, y sin darle una gran publicidad, han provocado una gran crisis en las entidades financieras de consecuencias muy considerables para sus empleados. Las organizaciones restringen plantillas, cierran oficinas y todas parecen encarar el futuro virtual, que en pocos años habrá arrasado el antiguo sistema y se adaptará a los nuevos tiempos como cualquier otra actividad de cara al público.

Por desgracia para este sector, nadie sabe cuándo tocará fondo la caída iniciada casi hace una década, ni tampoco cuánto queda para ver la luz del final del túnel. Mientras tanto, esta situación se está llevando por delante a mucha gente, víctimas aparentes no solo de la crisis, sino también de los avances informáticos y virtuales que amortizarán por si solos una gran parte de los empleos que sobran en un sector cuyas plantillas con vocación de servicio al cliente crecieron en el último cuarto del siglo XX casi al medio millón de empleados. En mundo tan globalizado como el nuestro, la situación de estos trabajadores no difiere de la que tienen otros profesionales del sector servicios, donde el avance de las máquinas está consiguiendo el retroceso del hombre, y digo «hombre» referido al empleado de banca, tanto masculino como femenino.

No cabe esperar un cambio de tendencia en los tiempos venideros, pues la cibernética es un campo aún desconocido en su totalidad y la era de la digitalización y la atención virtual llevará aparejada la reducción de personal. Habrá que sobrellevar despacio las consecuencias lógicas de los avances tecnológicos, pero también con precaución; en no más de diez años habrá cambiado nuestra mentalidad y las formas del trabajo tradicional van a ser sustituidas por elementos virtuales, e internet establecerá la oficina del banco en nuestro domicilio, si no lo ha hecho ya.

En consecuencia, los tiempos se abren camino en la era virtual, y como ya he comentado en algún otro libro, cuando transcurra una década habrán nacido tantas nuevas profesiones que aún no somos capaces de imaginar hasta dónde pueden llegar, ni tampoco las aplicaciones surgidas de la digitalización: big data, drones… El mundo se está moviendo a otro ritmo y en parámetros distintos, pero nuestros jóvenes han sabido aferrarse a él; de ellos es el futuro, y a nosotros, los no tan jóvenes, no nos queda otra que acompañarlos si queremos conquistar la parte del mundo que aún nos queda por conocer.

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Auge y caída del Banco Popular

El Banco Popular siempre fue conocido como una de las entidades más rentables del mundo. En las décadas de 1960-1980 gozaba de una salud espléndida y en todas las campañas de emigrantes, por ejemplo, era el número uno en España y fuera de ella: en Europa, en los años ochenta, llegó a controlar más del 60-70 % de las remesas en divisas que los emigrantes remitían a sus familiares en España. Disfrutaba por tanto de un gran respeto, pues incluso se le consideraba como un banco muy serio y con mucha liquidez, no en vano se le llamaba el «banco del Opus». Sus oficinas disponían de unas instalaciones bastante conservadoras y principalmente sus gestores tenían la fuerza que les daba contar con las grandes fortunas del país, además del dicho popular de ser «el banco más rentable del mundo» o «el banco de Dios y sus obispos». Esto fue así hasta el final del siglo XX y bien adentrado el XXI, al lograr un gran impacto en las pequeñas y medianas empresas con una financiación puntera en muchos sectores, donde llegaron a conseguir una gran cuota de mercado. Incluso se dudaba de aquellos clientes que no consideraban rentables y, por el contrario, admitían a los que sí podían serlo (conozco algún caso cercano).

Pero ha sido precisamente en el año 2017 cuando el acoso y derribo se apoderó de su estabilidad, interviniendo los llamados «bajistas» en Bolsa, que operan por los inversores cuando creen que el mercado va a caer, toman títulos prestados de accionistas de la compañía y pagan un alquiler devolviendo los títulos en el plazo pactado, pues los inversores a largo plazo, aunque baje mucho la acción, con el interés que cobran en este tipo de operaciones, les compensa. El juego del corto plazo bajista es muy habitual entre inversores o brokers que juegan hasta donde les permite la CNMV, organismo que exige estar enterado cuando pasen del 0,2 % del capital social de una sociedad, sin que esta comunicación tenga trascendencia a terceros. En el Banco Popular no se ha dado el caso de las posiciones largas, que son compras que solamente aguardan a la subida y no se realizan a corto plazo.

UN BANCO «INSOLVENTE O PROBABLEMENTE INSOLVENTE»

El Popular ha sido el protagonista de la primera intervención del mecanismo único europeo de resolución de entidades bancarias tras la falta de liquidez a la que se vio abocado a partir del 6 de junio de 2017. Ese martes, a las 9.30 horas, el Consejo de Supervisión del BCE declaró inviable al Banco Popular por unanimidad. A diferencia de lo ocurrido con otras entidades en apuros, los más de veinte miembros del consejo consideraron que los problemas de liquidez hacían imposible que el banco español llegara al fin de semana y activaron por primera vez en su corta historia los mecanismos de resolución europeos.

El esquema del proceso es fácil: cuando la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, consideró que el Banco Popular era «insolvente o probablemente insolvente» por el deterioro de su situación de falta de liquidez, la Junta Única de Resolución (JUR), presidida por Elke König, tomó la decisión de cerrar en pocas horas una operación que debería servir de modelo para el futuro. El MUS está en Frankfurt y la JUR en Bruselas; uno vigila y la otra interviene, incluso de oficio si el BCE no se pronuncia en 72 horas. Por tanto, le correspondía al MUS aseverar que el Banco Popular no podía pagar sus deudas en un corto período de tiempo, así que le tocaba a la Junta de Resolución confeccionar y aprobar un plan, y que el FROB lo llevara a cabo, algo que así se hizo, pues el FROB vendió por un euro el Banco Popular al Banco Santander, una vez activada toda la organización internacional y consultados los organismos competentes. Por lo tanto, ha sido la primera vez que se ha llevado a cabo la consulta preceptiva y la resolución favorable del mecanismo europeo que le da solidez y seguridad a la actuación del FROB.

En esta operación han intervenido todos los órganos oficiales nacionales e internacionales, y cualquiera que siga esta historia debe conocer que no se lleva a cabo en una madrugada: Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, adelantó la absorción del Banco Popular tras la intervención europea, y el día 7, sin ninguna opa, se llevó a cabo una compraventa con la que el Santander afianzó su liderazgo sin ningún problema para los fondos ni los depósitos, si bien los accionistas han perdido toda su inversión a cambio de un euro. De modo que el tema no se pudo resolver en un trasnoche.

Por lo demás, ya han empezado las guerras en el seno de la Audiencia Nacional para ver cuál de los instructores tiene más experiencia para hacerse cargo de este complicado asunto cuya legitimación está en Bruselas, si bien la responsabilidad penal debe tramitarla la Audiencia Nacional, como ha ocurrido con el caso Bankia. Los perjudicados han sido los accionistas rebeldes del consejo de Ángel Ron, los propietarios de bonos convertibles y deuda subordinada. Es cierto que hay frentes abiertos por reclamaciones judiciales y también las exigencias de responsabilidad penal al haberse dado diversos delitos societarios que ya las partes se encargarán de plantear. Además, es de suponer que a los perjudicados les asista algún derecho para recuperar su inversión o parte de esta. La inteligente forma de actuar del Banco Santander tendrá prevista alguna compensación que evite colapsar los juzgados nacionales y europeos.

Los depósitos han sufrido una retirada masiva y han reducido también la liquidez principalmente en el segundo trimestre de 2017, y ya se habla de más de 4.000 millones de euros los que han salido de la entidad. Incluso se consideraba la opción de haber tratado de cambiar los fondos a depósitos para fortalecer el capital, según varias firmas de inversión, si bien la explicación de que los fondos puedan estar fuera del balance y los depósitos no albergó esperanza alguna de cara a la liquidez propia. Sin embargo, tampoco ha cristalizado la idea, pues aunque los fondos de inversión no figuren en el balance del banco, si están invertidos en activos financieros como acciones, bonos u otras inversiones que no sean precisamente del propio banco, no debe de afectarles la mala situación del mismo, y lo que suele suceder a veces es que estos fondos tienen una gran inversión en los propios títulos de la entidad y los bonos, donde, como es lógico, caerán o subirán de acuerdo con la evolución del banco. Puede suceder al contrario si el resto de la inversión en otras entidades cae igualmente y se mantiene la inversión en el propio banco donde se suscribe el bono.

UN BANCO POR UN EURO

Sorprende ver que un banco como el Popular tenía un valor de más de 5.000 millones en el mes de noviembre de 2016, y cuando se rumoreaba que le interesaba al BBVA, y tan solo pasados unos meses, haya podido caer a finales de mayo de 2017 a no más de 2.000 millones. A ello hay que sumar, con el paso de los días, el desprestigio de toda la cúpula de la entidad, los cambios permanentes de personas, el silencio de los banqueros, el desinterés del gobierno y el nerviosismo de los inversores, junto con el desprestigio del propio Consejo de Administración, sus directivos, los reguladores, determinados medios de comunicación metidos a banqueros que obedecían las consignas interesadas. Y por si faltaba algo, luego está el informe demoledor de Deloitte, cuya urgente auditoría, realizada tres o cuatro días antes de la venta, daba un valor por debajo del euro que pagó el Banco Santander. Sorprende que después de la sanción impuesta por su actuación en el caso Bankia, se le encargase una tarea tan arriesgada y decisiva y no ajena a la polémica posterior, pues, según se ha conocido después, la auditora envió a cincuenta consultores para descubrir la verdadera situación del Banco Popular, y dicho trabajo lo encargó la Single Resolution Board (SRB) o Comité de Resolución del BCE.

La culpa de todo ello no la tiene ni el gobierno, ni el BCE ni el ministro de Hacienda. Tan solo sus gestores han sido los causantes de la situación real que ahora se conoce. Emilio Saracho vio el vaso casi lleno, y cuando se incorporó a la presidencia de la entidad en febrero de 2017, se dio cuenta de que estaba medio vacío. Creyó dar un paso en firme y lo dio en falso. Su amigo Jamie Dimon, a su vez presidente de JP Morgan, le advirtió de que su decisión implicaba tres niveles de riesgo: el 33 % de que saliera bien, otro 33 % de que saliera mal y el 33 % restante, neutro. Pensó tal vez que el colofón de su carrera podía ser presidir un banco. Un día que coincidí con él, le dije: «El que aguanta, vence», y él asintió con una prolongada sonrisa. Creo que el test de estrés lo realizó confiando en vencer el gran obstáculo de la liquidez y el saneamiento, y en muchas ocasiones no se sabe si entraba o salía dejándose los pies detrás del cuerpo.

Emilio Saracho se comportó como un banquero de inversión más que como un banquero tradicional, y el hecho de conducirse con dudas ha deslucido su abnegado trabajo; siempre se le echa en cara que más que sanear el banco, que fue para lo que se le contrató, lo que ha conseguido con tales vaivenes ha sido desconcertar a los accionistas, a los posibles compradores, al personal cesado y sin cesar, así como a la propia opinión pública, que se ha contagiado del miedo a la pérdida de depósitos y a una caída brutal (como ha sucedido) del precio de sus acciones. Ha sonado una alarma que, aun no siendo necesaria, sí ha hecho el ruido suficiente para poner en alerta al mercado financiero y del ahorro, al que no ha sido posible convencer con hechos bien explicados de una situación que ha dado lugar a que el Santander adquiriera por un euro un Popular que, bien gestionado y con la seguridad de su histórica gestión, tendría en poco tiempo un valor de muchos miles de millones.

La decisión de la comisión rectora del FROB de vender el Banco Popular al Banco Santander fue para evitar el contagio del mercado, después de la inviabilidad reconocida por el BCE tras un proceso competitivo, en ejecución de la decisión adoptada por la autoridad de resolución competente, la JUR, y tras haber sido declarado inviable por el BCE. Precisamente por la ejecución de esta resolución se ha llevado a cabo la amortización de la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Banco Popular, así como las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital a nivel 1 (instrumentos híbridos de capital). Igualmente se ha procedido a convertir la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio de nivel 2 (deuda subordinada) emitidos por el Banco Popular en acciones de nueva emisión del propio banco, que han sido adquiridas por Banco Santander por el precio de un euro. La operación no ha comprometido recursos públicos ni depósitos, por lo que el Banco Santander, mediante contrato de compraventa, se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades, los servicios y las operaciones del Banco Popular y a proveer de la liquidez necesaria para ello.

Según los titulares de prensa, aunque es el FROB quien vende, se cita que Europa es quien vende al Popular, por considerarlo inviable, al Banco Santander sin recurrir a ayudas públicas. Según las mismas fuentes, esta operación se decidió la madrugada del día 7 de junio, aunque resulta un poco difícil de comprender que a esas horas se consiguiera el informe de un experto independiente que dio al Popular un valor negativo de entre 2.000 y 8.000 millones de euros. Sea como fuere, lo que ha primado era dar la seguridad a los depositantes, y no ha importado en absoluto dejar a los accionistas con valor cero en su inversión, así como la deuda subordinada y todos los dueños de deuda computable como capital (los llamados «Cocos»). Todo absolutamente se ha vendido al Banco Santander por un euro. Tras la compra, los clientes del Popular amanecían con una bienvenida y se les decía que pasaban a formar parte del Grupo Santander.

Los depósitos no tienen que temer a la garantía del FGD, que cubre hasta un máximo de 100.000 euros. Eso queda para las quiebras. Al realizarse la compra, no es preciso que se ponga en marcha dicho resorte, así que los depositantes tienen todo garantizado. No es el caso de los accionistas, que lo pierden todo, según ya se ha explicado. No obstante, en la nueva guerra de demandas abierta se verá si los organismos competentes pueden expropiar a los dueños de un banco que siempre deben ser sus accionistas. Nos podemos encontrar con la Rumasa II del siglo XXI, pues en poco tiempo habrá versiones y demandas para todos los gustos y resoluciones judiciales que admitan o no la responsabilidad de unos o la confianza de otros. De todas formas, pasarán varios años hasta que sepamos lo que el Alto Tribunal juzgue y case cuando llegue su intervención, que se presume a largo plazo. No olvidemos que el Banco Popular expondrá que la culpa no fue suya sino de quien acordó la expropiación, intervención o incluso la venta. El Ministerio de Economía ni que decir tiene que se remitirá a Europa, al no contar con competencias para hacerlo, pues las tiene transferidas a Bruselas, y por tanto no puede poner en marcha con dinero público un mecanismo para compensar a los accionistas de un banco que aparentemente ellos consideran que ha quebrado. El FROB, por su parte, se limita a cumplir con las órdenes de Bruselas; en consecuencia, tampoco dará ninguna compensación.

Por parte del BCE, se limitaron a declarar la inviabilidad del Banco Popular, pero la decisión de que las acciones se quedaran en valor cero y su venta al Santander no fue suya; una pelota que devolvió el consejero delegado del Santander al afirmar que ellos fueron a una subasta y la ganaron. Los mecanismos de esta subasta, precisamente sin más postor que el adjudicatario, no reúne las condiciones de plazo, comunicación y publicación que exigen otras; pero aquí no se trata de la situación del banco en sí, sino la de todo el sistema bancario español, europeo y mundial. Con todo, existe un único perdedor de todo el sistema: los accionistas en bloque del Banco Popular. Un miembro del sistema ha caído, y en lugar de hacer causa común todos los posibles afectados, se pone en marcha la JUR y acuerda poner a la venta la entidad al único comprador en unas determinadas condiciones que aceptó aquella, y que por tanto no hay nada más que lo firmado. En esa firma nunca se reconoció ninguna compensación para los accionistas del Popular, con lo cual la legitimación del Banco Santander a efectos de responsabilidad ante terceros no se da por ningún lado, pues en una compraventa lo que no se escribe está por no acordado ni dicho.

El asunto del Banco Popular, que aún dejará a su paso ríos de tinta impresa y digital, servirá de referencia en muchos supuestos y aumentará la presión social muy en favor de los pequeños accionistas principalmente, aunque estos sepan que su valor vale cero. Se ha publicado en la prensa que el FROB pagó 250.000 euros a Jefferies y Arcano por el asesoramiento en la resolución del caso, cuando otras fuentes mantenían que el informe lo había realizado Deloitte. Incluso se ha hecho pública también la factura del asesoramiento jurídico, actuando bajo el control del MUR, si bien las diversas opiniones cuentan por decenas los delitos en que presuntamente se ha incurrido: enriquecimiento ilícito en la resolución, información privilegiada, manipulación de cotización… Es de suponer que durante varios años se desate la batalla judicial y, cuando menos, con solo oponerse a los procedimientos y demandas habrá trabajo suficiente para varios despachos del país. El peor de los escenarios es cuando las redes sociales rugen, y a través de bulos o criterios ciertos siempre se ensalza a la figura del perdedor y se humilla a la del ganador.

El tiempo irá dando paso a la acción, pero lo que está claro es que los resultados pueden ser perjudiciales, pues nunca son beneficiosos cuando se aúpa a la víctima (aunque no lo sea) y se procura cavarle la tumba al vencedor, aunque en esta situación no haya ni vencedor ni vencido, y sí una situación de insolvencia sobrevenida donde el MUR ha actuado conforme a la legislación internacional y el FROB siempre ha actuado bajo su protección y mandato. Pero es más: el propio Banco Santander ya ha anunciado más de 900 millones de euros para compensar en bonos de fidelización a largo plazo a los accionistas del Banco Popular (noticia de Expansión de 14 de julio de 2017). Quizá el Santander está haciendo más por los accionistas del Popular que los propios órganos internacionales dependientes del BCE. Cabe suponer que este tipo de actuaciones sigan apareciendo, y no procedan precisamente de los órganos que valoraron y ejecutaron la orden de expropiación.

Las distintas versiones consideran que si se compraron acciones en la ampliación de 2016, puede suponer una demanda fácil si se aplica el vicio del consentimiento, que es lo que sucedió en Bankia; este razonamiento podría servir para el folleto de dicha ampliación argumentando que las cuentas del banco en ese momento no eran exactas, algo que sirvió a los titulares preferentes de Bankia para que el nuevo equipo tras la reformulación tuviera que pagar el importe invertido. Algo parecido podría pasar entonces con el Banco Popular. En el caso de los tenedores de acciones del Banco Popular, estos lo tienen bastante más complicado, pues para ellos no existió reformulación de cuentas cuando compraron los valores del Popular previamente a la ampliación de 2016, y es bastante complicado demostrar dicha situación varios años antes; sin olvidar a los inversores institucionales, que el Tribunal Supremo, en su sentencia de Bankia, los dejaba fuera por considerar que disponían de mejor información, aunque las cuentas fueran las mismas para todos los accionistas.

Como vemos, el del Banco Popular es un caso muy similar al de Bankia. Queda abierta la vía penal para todo el que se sienta engañado o estafado: querellas contra el anterior consejo, el presente, los auditores, el Banco de España y el propio Ministerio de Economía al haber intervenido de forma un tanto extraña al aconsejar la venta por un euro al Banco Santander, según se desprende de las informaciones de la prensa. Se atribuye al Banco Popular una cartera de activos tóxicos superior a 37.000 millones de euros, algo difícil de digerir si se tiene en cuenta que la incorporación del Banco Popular al mundo inmobiliario se hizo más al final que al principio de la crisis del ladrillo, convencido quizá de que este período de crisis sería parecido al de principios de los años noventa, pues en menos de cinco o seis años habían desaparecido y se habían recuperado los mercados del sector inmobiliario hasta cuotas insospechadas, como sucedió en los primeros años del siglo XXI, cuando aquellas adjudicaciones que los bancos hicieron a sus propias sociedades participadas se vendieron por un precio de mercado que en muchos casos duplicó el precio de adjudicación.

No fue un banco concreto el que se benefició de la expansión inmobiliaria de principios de siglo, sino que fueron todos. Seguramente, alguna otra entidad bancaria también pensó que la recuperación del valor es solo cuestión de aguantar un tiempo («El que aguanta, vence»), pero ese tiempo no llegó, tampoco para el que se vio atrapado por la burbuja especuladora del ladrillo. Pero hay algo más que el estallido tardío de la burbuja inmobiliaria que explica la situación del Banco Popular. Ya en 2011, la compra del Banco Pastor por 1.240 millones de euros (sin pedir ayuda de ningún tipo) se le atragantó en unos años de crisis, y lo ha digerido con la dificultad de los tiempos, posiblemente los más difíciles de las últimas décadas. Además, está la adjudicación de una gran cantidad de bienes inmuebles sobrevalorados esperando que la bonanza de los años siguientes mantuvieran al menos el valor contable o de adjudicación.

Todo se fue acumulando, y al tratarse de un banco serio que casi nunca se había equivocado, trató de hacer frente a su increíble situación, y quizá por la forma de actuar durante casi un siglo, y al contar además con el apoyo de la Iglesia, de la que controlaba sus grandes pasivos y movimientos, le hizo pensar que podría salir adelante y confió demasiado en la evolución de los tiempos y en el milagro de la fe, que siempre da esperanza pero nunca la llave de la fortuna material. Posiblemente ese haya sido su gran error: esperar los frutos del tiempo y confiar demasiado en Dios y en sus milagros, y no correr para buscar otra solución diferente a los convencimientos de la fe. El desconcierto de un consejo de administración, posiblemente mal asesorado y con prisas, haya dado lugar a que los analistas facilitaran, con sus valoraciones aceleradas e informes, la decisión de la Unidad de Ejecución de Resoluciones de expropiar y vender en el acto al Banco Santander. Sin duda, Ana Botín y su equipo han sabido jugar sus cartas en un escenario en el que siempre afloran los nervios del vendedor en apuros, lo que posibilita una gran oportunidad para el que compra en silencio un gran banco. Cierto que era uno con una mochila de decisiones desacertadas o acertadas, pero en el fondo también era un banco con cierta solvencia sólida en el tiempo y la seguridad de sus pasivos estables.

En este apartado, como ya he explicado, la Iglesia española ha jugado el gran papel de la liquidez gracias a la diversidad de sus depósitos, lo cual no es por casualidad, sino más bien por la coordinación de importantes miembros eclesiásticos cuya misión era atender los ingresos y evitar las fugas. Una misión que seguirán realizando sin problema alguno por el bien de los depósitos y del propio banco adquirente (no olvidemos que tanto la Iglesia como la gente sencilla siempre han visto con buenos ojos al Banco Santander).

LOS GRANDES PERJUDICADOS

Yo mismo he conocido desde otro banco la feroz competencia del Banco Popular, su prestigio y su palabra, y no me puedo creer que las tensiones que se han producido en los últimos tiempos buscando la tabla de salvación le hayan beneficiado; su propio silencio se ha amparado en el orgullo de su raza, además de haber confiado en el tiempo de recuperación económica para dar salida a todo el inmovilizado procedente de los grandes paquetes de inmuebles que se han adjudicado a precios de mercado para evitar tener que provisionar las pérdidas que suponen el valor contable y el de adjudicación provocando una gran diferencia negativa. Sin contar con el enorme esfuerzo de digerir el Banco Pastor, cuando un buen número de sus oficinas aún permanecían con poca actividad en los lugares y provincias más emblemáticas.

Esa lentitud del balance de inmuebles, que suele dar grandes números, hay que verificarlo cada año debido al deterioro que experimenta no solo el mercado sino el propio inmueble y, por tanto, al no recuperarse dicho mercado y esperar a que llegue la reactivación, en este caso beneficia a la parte que no solo le va a responder la cotización favorable, sino que además cada escalón que suba el mercado inmobiliario será un balón no de oxígeno sino de euros que a la vuelta de pocos años, y con la mejoría del sector, podrá valorarse como una de las operaciones más brillantes que haya podido hacer el Banco Santander, pues los precios barajados con anterioridad siempre estaban muy por encima de venderlo por un euro, posiblemente confiados en el dicho popular de «El que aguanta, vence». Pero es un riesgo que asume el comprador sin conocer las tendencias del mercado en el futuro; además, en estos tiempos no es fácil desprenderse con éxito de una cartera tan amplia de activos tóxicos, como se ha dado en llamar.

Las declaraciones poco afortunadas de la presidenta de la JUR, Elke König pocos días antes de la intervención y venta del Popular, el 23 de mayo de 2017, sobre la solvencia del Banco Popular que llevaron a la retirada masiva de depósitos; esto contribuyó a una actuación a nivel europeo más rápida de intervención. Pensando en los depositantes, y en el sistema internacional financiero, se decidió perjudicar a los accionistas y evitar el rescate con dinero público, algo que en el peor escenario habría dado libre valor a la acción y no a expropiar a los titulares de estas de una forma un tanto compleja; una situación que los tribunales europeos y españoles habrán de valorar y decidir si apoyan la actuación o buscan otras fórmulas conocidas en el sector para que el sacrificio de unos soporte la seguridad de otros.

Pero en esta historia, el hecho de aguantar con oxígeno limitado auxilia las respiraciones asistidas pero provoca el ahogo de la falta de liquidez suficiente; el miedo de los poseedores del dinero agudiza el estado, por lo que levantan sus depósitos y huyen. Esto habría que analizarlo en los dos últimos días de vida del Banco Popular, pues nos sorprende cómo organismos públicos y privados retiraban sus fondos «sin saber nada» de la situación del banco. Un acto semejante provoca que la crisis se agudice en lugar de calmarla, pues la seguridad ante una compra de un banco es total y nadie debe tener miedo a perder sus ahorros y no sus acciones, pues en ningún momento se ha instado una quiebra que podría ser la que liquidara el banco y dejara protegidos por el FGD hasta un máximo de 100.000 euros por impositor.

Sin embargo, este caso nada tiene que ver con una quiebra ni con un rescate; ha sido una compraventa que lleva consigo la garantía de la entidad que lo adquiere (al día siguiente de la operación, la cotización del Santander cubría con su subida casi el 50 % de la inversión). De todas formas, los órganos reguladores actúan más por el ruido que por el control, pues poca gente se explica que un banco que ha superado los test de estrés tenga un consejo que no haya sabido explicar (o no haya podido) el gran socavón inmobiliario en el que estaba inmerso. Que las pruebas de liquidez a nivel europeo las haya superado en todos los controles de estrés y no se haya detectado por tanto órgano intervencionista que el banco podía quebrar, es una muestra más de las regulaciones españolas y europeas, donde se actúa con temeridad y nadie lo percibe. Pensemos que nos estamos refiriendo a un banco solvente, de tamaño medio, cuya posición de liquidez lo hacía insostenible sin que nadie lo descubriera en ningún tipo de prueba o inspección, y tuvo que ser el propio presidente el que llamara al ministro de Economía y le dijera: «Mañana no abrimos, no tenemos liquidez».

Favoreciera a quien favoreciera, se hiciera como se hiciera, no le quita mérito al tiempo de una tarde y una noche para que la JUR europea decidiera intervenir en una operación relámpago y vendiera el Popular al Santander por un euro. En un principio, los accionistas perdieron su dinero, pero se dio seguridad a los depósitos y los créditos, que mantuvieron sus posiciones, y a la apertura de las oficinas del Popular al día siguiente, las cajas contaban con abundante liquidez y un nuevo dueño, aunque en la banca el dueño auténtico es el Banco de España y el Ministerio de Economía, sin olvidar al BCE, principalmente a partir del inicio de la crisis.

En la rueda de prensa de los responsables se dejaba claro que las autoridades españolas se habían puesto en contacto con el Banco Santander para diseñar la mejor operación que diera estabilidad a ambas entidades y también que reforzara el sistema financiero español, europeo y mundial. Con todo, es muy fácil que en tiempos venideros solo se hable de las actuaciones judiciales que como último recurso plantearán los que se sientan perjudicados y lo consideren injusto, sin que exista unanimidad en los criterios de error o acierto. En este punto, cada cual defenderá la postura de su situación de interesado, independiente, beneficiado o perjudicado, pero nadie desistirá nunca de su razón.

La del Popular fue una actuación de Europa en nuestro sistema financiero impensable al principio de la crisis o en la historia bancaria de España de los últimos años. Acatamos y ejecutamos por indicación europea la expropiación de un banco con un proceso nuevo en nuestra legislación europea, donde intervinieron muchas partes y todas fueron favorables para la actuación tomada, algo que los grandes juristas ya habrán tenido en cuenta para conocer la jurisdicción ante la que se tienen que plantear las reclamaciones, si las hay.

No obstante, otro tipo de actuaciones penales serán, como siempre, competencia de la Audiencia Nacional. Por tanto, deseamos que desde hoy hasta que se dicte el oportuno auto, si lo hubiera, no tarde lo mismo que con el caso Bankia, más de cinco años. Habrá que confiar en la efectividad y los conocimientos de jueces, fiscales y peritos, entre otros, agilizando su trabajo, y que al menos den la estabilidad a las operaciones financieras, que busquen si hay algún culpable además de los consejos de administración y los posibles especuladores, que reparen su culpa en el menor tiempo posible y que no se castigue justa o injustamente durante varios años a todos aquellos investigados que al final o bien el instructor o bien el fiscal toma la decisión de absolverlos sin pensar que parte de su vida ha quedado por el camino del juicio mediático al que nos tienen acostumbrados estos tiempos de «calumnia, que algo queda».

Cada día se suceden manifiestos, comentarios y opiniones sobre la compra del Banco Popular. Hasta la Asociación de Inspectores del Banco de España, a través de un comunicado, cuestiona los precedentes, las circunstancias y, en última instancia, la propia labor de supervisión bancaria, con críticas veladas incluso al BCE y al ministro de Economía. Esta asociación cuestiona la valoración de pérdidas del Popular que realizó la auditora Deloitte. La horquilla es demasiado amplia y llamativa, entre 2.000 y 8.000 millones de euros, dependiendo de los escenarios, poniéndola en entredicho. En segundo lugar, sorprende que se haya hablado de una crisis de liquidez del Popular sin aludir a una crisis de solvencia, lo cual es extraño, pues una conduce a otra, pero más aún si se tiene en cuenta lo difícil que resulta a día de hoy llegar a una situación de quiebra por un problema estrictamente de liquidez, cuando los bancos tienen establecidos plazos de garantía de liquidez que pueden sobrepasar dos o tres meses para estas situaciones donde todavía existe solvencia.

Estas dos dudas anteriores provocan otra duda incluso mayor sobre el comportamiento de los que controlan, al menos teóricamente, la estabilidad financiera. Se dice igualmente que el ministro de Economía hizo poco por evitar la enfermedad y su curación, limitándose a dejar que la primera continuara hasta que devino en incurable. Asimismo, la Asociación de Inspectores critica al BCE por la rigidez del modelo de la supervisión bancaria, que no deja margen, como ha quedado probado, para imprevistos. También valora que los test de estrés hayan acabado siendo un fracaso por la vía de los hechos, y a los hechos se remiten. (El diario digital Hispanidad ha hecho un excelente análisis del tema, del que he aprovechado su lectura e ilustración.)

UNA LUCHA FEROZ

Sorprende la abundante información sobre la desaparición del Banco Popular, incluso en la limpieza de los comités de integración, en los que cayeron fulminados secretarios generales y altos directivos, el propio presidente quedó desautorizado en el momento de la compra cuando se le notificó en el acto que no era portavoz de nadie ni de nada. En estos casos, la crueldad de la parte dominante es total, además de algo necesario para que el banco siga adelante. Se trata de una lucha feroz, como la de dos carneros (igual no es una buena comparación) cuando, a fuerza de topetazos, uno de ellos se impone al otro. En un caso como el que nos ocupa, el vencedor no tiene que dar topetazos para hacerse con el poder, más bien lo ejerce sin miramientos ante el adversario descompuesto, perdido en su propio laberinto del que salir no puede y permanecer le abrasa.

En este corto período de tiempo, desde la venta hasta nuestros días de 2018, donde la abundancia de titulares sobre la resolución de la JUR y el discutido informe de Deloitte, reavivan todas las versiones, y donde cabe el dicho popular de «Vísteme despacio que tengo prisa», han sucedido muchas historias no solo financieras, sino también personales, gladiadores prestos al combate para intentar ser merecedores de los trozos más reconocibles del poder y que los designen para las siguientes batallas hasta conseguir ganar la guerra, una guerra que los poderosos llaman «mantener el mando sobre los demás», para luego ser recompensados con citas especiales. La cadena de mando se rompe en el bando dominado, pero se refuerza en el ganador. A veces se retrocede en el tiempo y se comprueba que entonces sucedió exactamente igual: cambios, ascensos, destituciones…, y un día cualquiera todo da la vuelta y los que estaban arriba caen hacia abajo. Así es la historia de la banca y la vida misma. Nos acostumbramos a ella porque es lo único cierto de nuestra existencia: la vida, el paso del tiempo se lleva los ascensos, las destituciones y un mismo rasero iguala como la muerte a todos. No es que en el caso de los bancos existan prismas parecidos, pero en este mundo de locos, donde cualquiera ejerce una acusación popular y paraliza a todo un consejo o a un consejero, y la pena de banquillo (o la simple entrada a las mazmorras de la Audiencia Nacional) castiga con más rigor que la propia sentencia que pueda dictarse años después, la absolución puede llegar incluso después de la muerte del investigado.

La sensibilidad de las entidades de crédito se resiente, pues el mundo del dinero ajeno es mucho más complicado que el del dinero propio; basta solo un rumor de malas prácticas o insolvencia para que una entidad pierda credibilidad e incluso ya quede marcado su destino con la absorción por parte de otra entidad de mayor solidez. Así de real y triste. Pero en la vida cotidiana, la mayor parte de las personas ni se dan cuenta ni tampoco entienden; solo les motiva repetir lo mismo cuando hablan o son preguntados: «Todos son iguales». Después, el tiempo demuestra que no todo ni todos son así.

El exceso de noticias negativas publicitadas en todas las cadenas seguramente crea una imagen igual o muy parecida con la crisis; cuando todos repiten que existe la crisis, la crisis aparece, y cuando nadie la menciona y empieza la liga del fútbol, por ejemplo, ¿a quién le preocupa otra cosa? Muchos olvidan los problemas más acuciantes y se aferran a las ilusiones más simples, como la de ver ganar a su equipo. Los ciudadanos están cansados con tantas noticias iguales que siempre se emiten empleando parecidos razonamientos, la mayor parte de los cuales dejan entrever la tendencia política del partido que está en el gobierno. A veces sorprende la rapidez con que salen las noticias… y lo rápido (más incluso) que se olvidan. A la gente le preocupa poco lo que pasa; son tantas las noticias que la capacidad de comprensión del ser humano no da abasto. Lo que antes sucedía en un año, ahora sucede en una semana, y a la siguiente ya se ha olvidado. Nos consternan los acontecimientos trágicos ocurridos en el mundo, como el gravísimo incendio de Portugal el verano de 2017, y cuando muere la tarde, la vida empieza a gozar los placeres del comentario desenfadado, la fisonomía de nuestros representantes que copan casi todas las horas de programación televisiva… aunque la gente está empezando a no creer en casi nada y ya no hay noticia que no sea parecida a la del día anterior y al siguiente.

Parece mentira que la televisión haya vuelto a ser un instrumento de entretenimiento que no profundiza en la realidad para, en cambio, avanzar en la banalidad de las cosas sin sentido y simples, sin cerciorarse de si lo que están comunicando es cierto o es mera invención. Es necesario hacer un análisis profundo antes de provocar el daño, y si se hace por desconocimiento, que no se repita por costumbre. Se piensa siempre que mañana habrá nuevas novedades, nuevos sucesos, nuevas elecciones, nuevos ciclos de desarrollo, nuevos bancos y nuevos gestores, pero en el fondo, aunque se cometan grandes errores, la gente ya no distingue el error del acierto, les interesa bastante menos lo que suceda que lo que está pasando realmente. La mayor parte de las citas de los políticos no son ciertas ni corresponden al autor al que se las atribuyen, y como dijo Groucho Marx: «Si no le gustan estos principios, no se preocupe, tengo otros».

Los comentarios se suceden a diario, lo mismo que las declaraciones de algunos responsables. Por ejemplo, Elke König, presidenta de la JUR, explica a su manera cómo se resuelve la muerte del Banco Popular. Incluso después de esta muerte poco anunciada, se suceden las autopsias. Así describió el ministro Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados un bello cadáver: «No se ha comprometido dinero público y ningún depositante se ha visto afectado»; igualmente manifestó que pediría al FROB que solicitase al Mecanismo Europeo de Resolución la publicación del informe sobre el Popular. Una semana antes su teoría era que el Banco Popular resultaba viable; una semana después, ya estaba quebrado. El Eurogrupo y el BCE aplaudieron esos días la primera resolución de este último, celebrando no haber tenido que poner ni un solo euro. La presidenta König se justificaba respondiendo que la literatura económica dice que en ese caso hay que evitar el cierre a toda costa, si bien al plantearle un caso parecido en Italia con el Monte dei Paschi (con el que los italianos están actuando de manera distinta), solo contestó que estaba estudiando cómo ha funcionado el Marco de Resolución, y el resto de las dudas las dejaba para posteriores análisis, si bien recurría a que, en una economía de mercado, los accionistas y tenedores de deuda ya conocen el riesgo al que se someten cuando realizan la inversión.

Surge la duda cuando se habla de que no había problemas de solvencia, dicho por el BCE, y no se presta a la entidad toda la liquidez necesaria. La presidenta de la JUR, en una entrevista concedida a El País, decía sentirse molesta por las filtraciones de la agencia Reuters al manifestar que se estaba siguiendo con detenimiento los movimientos del Popular, algo que hizo bajar el valor de forma drástica en la Bolsa, si bien ella se encontraba en ese momento en Estados Unidos y consideraba que era una historia muy desafortunada, y nada más. No entraba a valorar los test de estrés, pues decía que eso le correspondía contestarlo el BCE…

De todas formas, a medida que avanzan las reclamaciones judiciales, se van conociendo informaciones sobre la forma de actuar de los perjudicados. Concretamente, en la revista Expansión del 22 de junio de 2017, se informaba: «La Comisión Europea deberá cubrir todas las demandas que ganen los inversores por la resolución de Banco Popular. Esta será la primera aplicación del Reglamento de la UE que se creó para la resolución de entidades de crédito. Así lo establece el Reglamento de la UE 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014 sobre la Junta Única de Resolución del Mecanismo Único de Resolución (MUR). El MUR es el encargado de poner en marcha en los Estados miembros la Directiva de recuperación y resolución bancaria, marco legal para la recuperación y resolución de entidades de crédito próximas a una situación de inviabilidad. En su artículo 87, estipula que la Junta que ha resuelto Popular “reparará los daños causados por ella o por su personal en el ejercicio de sus funciones, en particular sus funciones de resolución, incluidos los actos y omisiones en apoyo de procedimientos de resolución en el extranjero”. Además, añade el mismo artículo, “la Junta compensará a toda autoridad nacional de resolución por los daños y perjuicios que le haya ordenado pagar un órgano jurisdiccional nacional, o que, en concertación con la Junta, se haya comprometido a pagar en aplicación de un acuerdo amistoso, que sean consecuencia igualmente de un acto u omisión cometido por dicha autoridad nacional de resolución en el transcurso de cualquier disposición, emprendida en virtud del presente Reglamento”».

Esta nueva visión recogida en el Reglamento de la UE, y siempre que sean demandas favorables y obligadas al pago, pues los despachos de abogados tienen centenares de inversores españoles y extranjeros de todo tipo, interesados en recurrir por estas vías, ya que es el único recurso que les queda después de haberles dado valor cero a su inversión. Sigue el artículo de Expansión: «El plazo para recurrir el recurso de anulación acaba el día 7 de agosto, aunque no se tenga todavía el informe sobre la resolución que elabora Deloitte», si bien al final pudo ser otra firma auditora la que lo llevara a cabo. Según criterios jurídicos, «los inversores tienen dos vías para recurrir, que pueden acumularse: contra la resolución de la Junta Única de Resolución del MUR, que debe plantearse ante el Tribunal de Justicia de la UE, como establece sin lugar a dudas el Reglamento de la UE, y contra la resolución del FROB que adopta la de la Junta», si bien existen criterios que consideran que los recursos del FROB también los debería juzgar el Tribunal de la UE.

Opiniones distintas apuntan a la Audiencia Nacional también como competente si se ejercitaran acciones penales, ajenas a las civiles, donde el plazo para interponerlas se amplía conforme al Código Penal, si bien los daños y perjuicios que deban pagarse correrán a cargo de Bruselas, como estipula el Reglamento, y deberían juzgarse bajo Derecho español. Ambigüedades que solo el tiempo y la rotación del sistema aclararán para un futuro. En el supuesto de plantear ante la Audiencia Nacional el recurso contencioso administrativo contra el FROB, tendrían un plazo de un mes más que en Europa, dada la inhabilidad del mes de agosto en España. Si bien consta que los fondos, así como los perjudicados minoritarios, cuya cuantía invertida en bonos subordinados del Banco Popular supera los 850 millones de euros, reclamarán desde España hasta el día 7 de septiembre directamente al FROB. Por tanto, llega el momento para los despachos de abogados nacionales e internacionales en los planteamientos de las reclamaciones, pues ajeno a la jurisdicción competente que habrá que aclarar, aplicando el Reglamento de la UE, será Bruselas la que cargue con todos los daños y perjuicios causados por la JUR y que se reconozca en la correspondiente sentencia.

El día 6 de julio de 2017, la Comisión Europea y el BCE advirtieron de los riesgos que el Banco Santander debe asumir con la compra del Banco Popular. El importe potencial oscilaría entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Las acciones legales se plantearán ante la JUR y contra el banco cántabro. La Comunidad Europea y el BCE quieren seguir muy de cerca los riesgos derivados de los costes legales potenciales, pues se teme que no solo los que suscribieron la ampliación de 2016 reclamen al banco, sino además aquellos otros que suscribieron deuda subordinada por 450 millones al mismo tiempo y colocada a inversores minoristas, como el importe distribuido entre los inversores institucionales.

Continúa así la lluvia de opiniones junto al torrencial de demandas que se plantearán por esta circunstancia durante los tiempos presentes y venideros. Seguidamente, la presidenta de la JUR aseguró el día 11 de julio de 2017 que no haría público el informe de Deloitte que valoró Banco Popular en menos 2.000 millones de euros a menos 8.200 millones de euros en un escenario estresado, alegando que este incluye demasiada información confidencial. König lo aseguró en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Este informe fue el que llevó a la JUR a reducir a cero el valor de las acciones del Banco Popular y venderlo por un euro al Banco Santander después de que el Consejo de Supervisión del BCE declarase que el banco era inviable, algo que el propio ministro de Economía creía conveniente en aras de la transparencia. De todas formas, tras un largo debate, la Autoridad de Resolución Europea decidió mantener el informe en secreto, algo que aviva más las sospechas de los perjudicados y la afluencia de más reclamaciones judiciales, si bien ya en 2018 se va conociendo el contenido, con las alarmas correspondientes y la diversidad de pareceres y contradicciones.

Es importante seguir el curso de las reclamaciones, como también sus aceptaciones o rechazos, y esperar a conocer quién tendrá más razón cuando se pronuncie la sentencia definitiva, aunque para llegar a dicha situación pasarán muchos años. Todos los días se presentan gran cantidad de demandas en todas las instancias, por lo que habrá que esperar a que algún pronunciamiento clarifique cuál es la instancia y el organismo adecuado, y quién asume la responsabilidad. Las posibles nulidades de que tanto se habla últimamente no será cuestión de restablecer el bien dañado o disuelto, sino más bien las cantidades a compensar por unos y recibir por otros, todo ello cuando realmente los recursos se hayan agotado y las instancias asuman su competencia y dicten sus resoluciones, que, como es lógico, también tendrán un plazo para recurrir a otra instancia superior, porque hasta que no se pronuncie el Tribunal de Estrasburgo seguramente no habrá conformidad en ninguna de las partes.

El 4 de septiembre de 2017, un artículo del diario digital Hispanidad recogía unas declaraciones del gobernador del Banco de España, Luis Linde, en las que decía estar dispuesto a contar toda la verdad sobre el Banco Popular. Manifestaba su convencimiento de que Europa expolió el Popular para dar un escarmiento a la banca europea en materia de liquidación bancaria, y confirmaba que el Popular «ha servido para que todo el mundo sepa hasta dónde están dispuestos a llegar en Europa», incluso estaba decidido a decirlo ante un tribunal. Asimismo, se lamentaba de la pasividad del ministro de Justicia y del gobierno, de que todo se hubiera hecho a espaldas del supervisor español.

Mientras tanto, el BCE ultima un marco regulatorio que evitará un nuevo «caso Popular» imponiendo moratorias en entidades con problemas. Este asunto está sirviendo para que los responsables de supervisar y regular el sector bancario saquen conclusiones. Una de las principales lecciones aprendidas es que en el caso de una crisis de liquidez y fuga de depósitos como la sufrida por la entidad española son necesarias más herramientas de las que hasta ahora preveía la unión bancaria, además de reaccionar ante casos similares con la necesaria flexibilidad.

Danièle Nouy, responsable del MUS, reconoció en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios que sería conveniente dar nuevos poderes a las autoridades supervisoras y de regulación «con el fin de reaccionar con los necesarios conocimientos a controlar los tiempos en actuaciones similares a las del Banco Popular». Posiblemente esta reacción justifique el enfado del gobernador del Banco de España al decir que todo se ha hecho a sus espaldas. En concreto, Nouy y el resto de los responsables del MUR están estudiando la posibilidad de crear nuevas herramientas de prerresolución, como sería una moratoria que limitara los grandes movimientos de liquidez, durante un tiempo determinado mientras las autoridades deciden la mejor solución para una determinada entidad, evitando con ello la actuación rápida y sin plazo, como ha sucedido en el banco español y al que se han aplicado todos los resortes negativos de la Unidad de Ejecución con una severidad de la que seguramente tengan aún mucho que decir los tribunales españoles y europeos.

EL COSTE FINAL

Acaba la historia del Banco Popular, fundado en 1926 y cuya gestión se ha centrado en España (principalmente), Portugal y México. Siempre fue considerada como una de las entidades más rentables y eficientes de España, como antes dije. Los hermanos Luis y Javier Valls-Taberner Arnó le dieron solidez y prestigio, además de seguridad y un absoluto silencio a toda su operativa, pero silencio en sentido positivo, ya que nunca fueron tachados de banqueros amantes de los conflictos. Luis murió en 2006, y sin saber por qué, a partir de esas fechas cambió la estrategia y (bastante) las formas del Banco Popular. Comentan partes interesadas y desinteresadas que la estrategia del banco cambió a partir de ese año con inversiones en el sector inmobiliario, que se hundieron como consecuencia de la crisis económica y financiera que España sufrió a partir de 2008, algo que es fácil atribuir a cualquier entidad o empresa que tenga falta de liquidez, ya que nadie es capaz ni de comentar y mucho menos de subsistir si no hay liquidez, sin el apoyo de los sistemas financiero y político y con el pánico que los medios lanzan cada mañana sobre una entidad que se puede adquirir por el simbólico precio de un euro.

Esto fue lo que hizo un grupo potente, comprar el banco y además asegurar su continuidad, porque tiene los medios suficientes para soportar una mayor carga de trabajo casi con la misma gente. Si hacemos la comparación, vendría a ser una máquina que puede moler más aceituna con la misma fuerza energética, o el burro que puede llevar más peso en el mismo viaje; en ambos casos, aumenta la producción y se mantienen iguales fuerzas, por lo que el beneficio es seguro aunque la comparación sea muy simple. Sin embargo, no ha sido así para los accionistas, que lo han perdido todo a cambio de haber asegurado la estabilidad del sistema financiero, al que ellos dejan de pertenecer como accionistas del Banco Popular. Se espera que ganen aquellos nuevos gestores que ya hacen cábalas de los beneficios que van a obtener a partir de 2019. Tampoco han padecido los clientes el rigor de regular la limitación de depósitos superiores a 100.000 euros, que serán reembolsados a sus titulares o se aplicará la ley del máximo garantizado inferior a 100.000 euros y de la que se hará cargo el FGD.

Los depósitos no han sufrido merma en ningún momento y nunca se ha planteado que pudiera afectarles tal compra, ya que en ella estaban contemplados toda clase de pasivos exigibles, así como la ampliación de 2016 y los bonos subordinados. La historia no ha hecho más que empezar… pero al asumir el movimiento normal del banco nadie ha visto perjudicados sus depósitos, como he dicho; en todo caso, aunque existiera una supuesta anulación, que no es fácil, los depósitos nada tienen que ver con el capital del banco, y en todos los supuestos los depósitos se mantendrían intactos. El valor de las acciones es lo que se va a discutir, y se distribuirá en la forma que establezcan los tribunales de justicia.

Es de suponer que la reflexión se haga en voz alta y se compare con otras operaciones donde fue el FROB quien perdió (caso Bankia) al inyectar más de 22.000 millones de euros y que los detrajeron del importe del rescate dado por la Comunidad Europea al gobierno de España a través de este mismo órgano regulador. Pero en este otro caso del Banco Popular, quienes lo han soportado son los propios accionistas al perder todo el capital invertido en acciones y sin que se les haya dado ni el aviso ni el plazo suficiente para poder defender sus legítimos intereses. Aun así, seguramente les tendrán que dar una larga explicación no solo de tipo financiero, sino ante los tribunales de justicia. Para ello se ha organizado un despliegue informativo de opinión donde los despachos especialistas alertan a su posible clientela de que deben actuar contra la entidad, aunque en este caso tendrán de considerar contra quiénes dirigen en concreto la reclamación: ¿contra la cúpula del anterior presidente, Ángel Ron, contra el FROB, contra el BCE, contra el Banco Santander? Esto es muy importante a efectos de legitimación pasiva, pues si la reclamación va dirigida contra todos, puede aparecer esa figura de la legitimación pasiva y que no prospere en el caso de alguno de los demandados, por lo que el capítulo de costas podría ser bastante perjudicial para el que ejerza la legitimación activa, o sea el actor.

En el tema penal todo vale, pues se investiga a quienes de verdad han sido «la causa del mal causado», y al resto ni se les llama a declarar. Sin embargo, hay bastante diferencia económica entre la vía penal y la civil, una circunstancia que seguramente han sopesado los despachos más representativos en ese campo. Lo mismo que ha ocurrido en el caso Bankia, aún no resuelto jurídicamente a pesar de los más de cinco años de instrucción en los que se ha citado, imputado, desimputado, investigado… puede ocurrir en el caso del Banco Popular, pues abundarán las demandas, las responsabilidades y los culpables. En esto sucede como en la pesca, que con la abundancia de peces se escapan más de los que se capturan y al final son todos tan escurridizos que la mayor parte vuelven al mar o al río. Así sucederá con estos temas más políticos que jurídicos: pasados diez o quince años, aún se continuará investigando en las piezas separadas que pueden surgir del procedimiento principal, y a buen seguro que muchos de los que hoy demandan habrán muerto cuando les den o les quiten la razón. En el campo penal siempre hay motivo para hacer uso de la presunción de inocencia, y defender dicho mandato constitucional por los años de los años, por eso la edad habrá pasado la barrera de la culpa e incluso en muchos casos se habrán cumplido las barreras de la propia vida.

La responsabilidad civil tendrá un recorrido bastante más rápido, pero siempre habrá que ceñirse al criterio de las diferentes instancias, pues en cuanto una de ellas encuentre esa falta de legitimación o de intervención directa, se puede cambiar por completo el criterio para reclamar lo que aparentemente puede ser de quien lo reclama o, por el contrario, recuperar lo perdido y no haber cogido el adecuado camino que nos conduzca sin sobresaltos hasta donde esté la responsabilidad, y que esta no se haya diluido de manera directa o indirecta entre los organismos que han intervenido.

La voz social es la única que va a poder gritar con fuerza, pero no quiere decir que vaya a conseguir compensar su derecho como bien jurídico protegido ante quien realmente sea el responsable y sus subsidiarios, y aunque todos en el funeral expongan que hay que pedir responsabilidades, habrá que medir con cautela si la acción planteada es la adecuada y no cierra el paso a la que realmente debió de ser la correspondiente al lugar y a la legitimación de los demandados. Tampoco podemos olvidar el respaldo dado en agosto de 2017 a la JUR por parte del FMI y el BCE, algo que complica bastante la consecución de una resolución favorable a los intereses de los perjudicados.

Con tanto movimiento de opinión, tantas decisiones tomadas y sin tomar, se dice que la CNMV no suspendió la cotización del banco el día 30 de noviembre de 2016 ante la discusión de los propios consejeros, y no lo hizo cuando en solo dos días se desplomó un 40 %; critican que no proteja al inversor y piense solo en el prestigio de sus compañías. Incluso por parte de Danièle Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE, se pone en entredicho la actuación de la presidenta de la MUR, Elke König, cuando en el pasado noviembre de 2016, Daniele Nouy, felicitaba al Banco Popular por lo bien que realizaba el reajuste de personal y el brote de sus beneficios. Ahora, la señora Nouy teme que entre todos hayan dado lugar a que los tribunales europeos empiecen a contradecir la política del BCE, dando lugar al mayor vapuleo de su no muy larga historia. Las consecuencias pueden ser nefastas incluso para la implantación de sus actuaciones futuras, las que seguramente deberán contar con más apoyos de otros órganos para no volver a causar una incertidumbre tan preocupante y poner en riesgo la credibilidad del BCE.

La presidenta de la Junta Única de Resolución y el informe de Deloitte lo dejan claro: el Banco Popular era insolvente, aunque su caída se precipitó por la falta de liquidez.

¿POR QUÉ SOLO UN EURO?

El Banco Santander es una entidad que hace las cosas muy bien y con poco ruido. Creo que tienen, como el cardenal Robert Sarah, la fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido. Es difícil contener a los perjudicados que indirectamente llegan a sus puertas pidiendo justicia, y no es plato de buen gusto el que se suele hacer y padecer al mismo tiempo. A veces los grandes crecimientos, cuando llegan a ciertas alturas, hacen más cercanas a las personas, pues ven más lejos el suelo y temen que si se produce una caída, sea mortal. Seguramente esto sea lo que estamos viendo: un Banco Santander grande, ganador, con la presa entre sus fauces (y prueba de ello es que la opinión pública lo ve como el triunfador, al que le acompañan el éxito y el dinero, y cuando es al vencido al que se compra, en nuestro país no se perdona). Hay que ver la cara inversa de Maquiavelo, cuando escribió: «Prefiero que me odien a que me quieran».

En este asunto, a medida que avanza el nuevo siglo no se puede pedir que la gente quiera al que triunfa; en todo caso, que lo odien menos, y más siendo el mayor banco de España y uno de los grandes del mundo. Su situación no es fácil y ha sido un resorte más del mecanismo de ejecución europea al que le han asignado el producto que ha salido después de poner en marcha todos los organismos públicos y políticos de la UE; su experiencia en estos temas se ha estrenado con el Banco Popular, y es evidente que nadie va a dar marcha atrás para decir que hay algo que falla. Lo hecho, hecho está, y el que pretenda ir contra este criterio se estrellará contra las instituciones, contra el BCE y contra Europa. Es como si en una montería autorizada se discutiera dónde están los animales legalmente muertos y los cazadores ufanamente vivos: no se puede perseguir al que los retira de donde yacen muertos, aunque sea un componente imprescindible en este tipo de eventos, pues legalmente está facultado para realizar esa tarea, como lo estaban los demás, pero todos debidamente autorizados, un ejemplo también simple pero fácil. Así ha actuado el FROB, como el último eslabón del circuito, pero es el que realmente ha materializado la venta, porque, además de estar autorizado, era el órgano español al que le correspondía llevar a cabo la venta cumpliendo una resolución de la JUR. Eso es lo que ha pasado con la JUR, que estaba autorizada por todos, y todos van a apoyar su actuación, tanto el BCE como el FMI.

Una semana después de la operación ya se habían movilizado accionistas de todas las cuantías, incluso alguna agrupación mayoritaria con casi cinco mil accionistas que está tratando de buscar la vía para demandar al Popular, pero tal y como está la situación, el muerto ya ha sido enterrado y su herencia aceptada a beneficio de inventario. Los juristas observan con incertidumbre antes de plantear las correspondientes acciones ante el órgano que cuente con la legitimación pasiva correspondiente. Al propio gobierno se le piden toda clase de explicaciones, pues ocho días después de haber sido vendido el Popular por un euro, buena parte del informe que sustenta la decisión de reducir a cero el valor de las acciones y los bonistas subordinados, sigue siendo un misterio o una ecuación difícil de resol-ver al menos por su complejidad ante la actuación de la JUR.

El ejecutivo quiere que la JUR haga público el informe que valoraba entre 2.000 y 8.000 millones negativos la situación real del banco y que fue clave para que el pago de un euro por parte del Santander se considerara razonable y adecuado para llevar a cabo la transacción. Ocho días después, como he repetido, seguía sin hacerse público, y es una de las piezas clave para determinar si la operación se ejecutó correctamente. Se han pedido respuestas ante el Ministerio de Hacienda y nadie ha respondido. Asimismo, los propios accionistas ya están pidiendo explicaciones sobre si el día antes el mercado valoraba al Banco Popular en 1.300 millones de euros, algo que también avalaban los inspectores del Banco de España, que en un comunicado interno ponían en duda la independencia y la valía técnica del informe: ¿cómo es posible que en tan corto período de tiempo pasase a valer cero y con la posibilidad de unas pérdidas tan cuantiosas como las referidas?

La JUR, sin embargo, defiende el informe de Deloitte y no facilita a la prensa ni a los propios accionistas, que son los perjudicados, otra información que no sea el silencio total, si bien ya en 2018 se ha empezado a conocer parte de su contenido. Hay quien dice que Bruselas tenía ganas de estrenar el MUR del BCE, y ahora existe la duda de si el Banco Popular ha podido hacer de conejillo de Indias. Aunque no lo sea, nadie puede evitar que esta duda siempre esté presente en la referida venta. El fallo de diseño de la JUR junto con el BCE ha terminado por desconectar el oxígeno al Banco Popular; este es el criterio más generalizado, y sería muy conveniente que se explicara en detalle el porqué y él cómo del proceso. De lo contrario, cada día que pasa el daño al sistema financiero puede ser mayor. Al final, la desconfianza y las opiniones encontradas con los test de estrés, valoraciones exprés, y la JUR van a dar la razón a Elke König cuando hizo uso de la profecía cumplida de haberse llevado a cabo la liquidación del Banco Popular, unas declaraciones que más adelante dejarían al descubierto su decisión y sus consecuencias.

Pero ante tal indecisión y abundancia de noticias contradictorias, Bruselas ha encargado un segundo informe clave sobre la liquidación del Banco Popular. Miembros del Parlamento Europeo comentan: «Algo ha fracasado en el sistema». Como he mencionado, König ha encargado un segundo informe sobre la resolución del Banco Popular a una consultora independiente que previsiblemente estará redactado en el primer trimestre de 2018, donde también será Deloitte la que determinará si la institución tiene que compensar a los accionistas y acreedores del banco y en qué medida. El MUR ya encargó un primer estudio que realizó Deloitte y que König se ha negado a hacer público, y se reafirma: «Un supervisor tiene que ser absolutamente discreto en la fase de análisis y totalmente transparente en la ejecución». La desconfianza que lleva aparejada esta forma de proceder es evidente, y es de suponer que afrontarán las circunstancias aquellos que las hayan provocado, pues de lo contrario habría una total indefensión para unos y una riqueza manifiesta para otros. Todo ello se irá clarificando con el tiempo, pues durante todo el verano-otoño de 2017 se ha discutido el cómo, el porqué y el cuándo de esta operación realizada en la oscuridad de la noche, cuando ya se conocían los procedimientos y la adjudicación antes de que se tomaran las decisiones. Es lógico que exista cierta resistencia a aceptar una ejecución de Bruselas sin haber recabado absolutamente todas las garantías antes de llevarla a cabo, pues a nadie se le escapa lo polémico que resulta que un organismo internacional ejecute de esa manera una empresa española sin tener la seguridad de que todos los requisitos necesarios se han tenido en cuenta en una operación de tal calibre y tan trascendente para el sistema financiero español, europeo y mundial.

Cada día aparecen noticias para reconfortar a los perdedores de casi todo en esta intervención. El propio FROB advertía el 15 de julio de 2017 que los inversores del Banco Popular que perdieron su dinero podían demandar tanto a la Junta Europea de Resolución como al FROB por la forma en que aplicó la liquidación. Fuentes del organismo admitían que su actuación era recurrible, sin embargo confirmaban que era difícil mantener que el FROB tenía margen de discrecionalidad en el diseño del plan; el primer responsable era la Junta Europea, aunque el FROB colaborara en la elaboración, pero siempre cumpliendo las órdenes del organismo internacional. De todas formas, nos esperan varios años en los que los litigios serán abundantes, donde ya puede servir como ejemplo toda la actuación en el caso Bankia. Esto nos puede dar una idea a la hora de plantear las reclamaciones. En el caso concreto del FROB, cuenta con un documento de dieciséis páginas en el que explica la forma en que se debe reclamar; el pie del recurso especifica cómo se debe actuar en el plazo de dos meses ante los tribunales de justicia europeos, y ante el FROB en el plazo de un mes por vía administrativa, y si se opta por la vía judicial en el contencioso administrativo, dos meses desde la fecha de la resolución o liquidación (sin tener en cuenta la inhabilidad de agosto).

Con todo, existe la completa seguridad de que la Junta de Resolución deberá responsabilizarse por los daños ocasionados por sus propias actuaciones, e incluso será igualmente responsable de las actuaciones de sus funcionarios en el ejercicio de sus cometidos, y en esto queda poca duda de quién tomó la decisión.

Con fecha de últimos de julio de 2017, Ana Botín encargó a BDO (asesores tributarios) un informe para justificar el precio del Banco Popular desde el 7 de junio de 2017 elaborando una tasación actualizada y real en la que se recojan las pérdidas que según otras valoraciones ascienden a más de 12.000 millones de euros. PwC subrayaba los trabajos internos del Santander junto a los suyos y BDO. Todo cuanto está justificando el Banco Santander vale un euro más 7.000 millones de ampliación de capital, aunque ya hay quien critica que la ampliación no ha servido para respaldar al Popular sino al propio Santander. Sigue existiendo una contradicción desde el principio. En cualquier caso, entre la prueba del BCE, no solo por los test de estrés de julio, sino también por el plan de saneamiento vigente hasta diciembre y los problemas de liquidez, aleja a la JUR de la intervención.

Igualmente existe un criterio coincidente en que la venta de una participación mayoritaria que puede suponer más de 14.000 millones es un ingreso recuperado por la inversión de un euro, sin entrar en los beneficios fiscales, pues incluso estos inmuebles ya los había provisionado el Banco Popular por el 43 % de la totalidad, es decir, sobre el valor real total de unos 30.000 millones a que ascendía la cartera de activos inmobiliarios. Hay grandes contradicciones en la actuación de la JUR aunque ya esté ratificada por el BCE y el FMI. Con fecha 8 de agosto de 2017, la JUR ratificó la venta al considerar que la operación no planteaba problemas de competencia en el espacio económico europeo. Esta decisión del organismo comunitario era el elemento final del proceso de autorización por parte de Bruselas. La Comisión Europea investigó la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero y de factorización tanto en España como en Portugal, y llegó a la conclusión de que los dos bancos unidos no sobrepasaban la cuota del 25 % del mercado, y también que continuarán habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados. Se resolvía así la decisión llevada a cabo en el pasado mes de junio.

En pleno mes de agosto seguía la abundancia de noticias sobre la venta del Popular. El BCE decía haber llegado a esta situación por el agotamiento significativo de los depósitos del Banco Popular, justificando los acontecimientos que provocaron la crisis de la entidad. Entre ellos señalaba una cobertura negativa de los medios, en relación con las especulaciones sobre la dimisión de algunos de sus gestores, las pérdidas registradas en el ejercicio de 2016 y primer trimestre de 2017, así como los anuncios por parte de Emilio Saracho, presidente del banco en aquel momento, de cuán necesario era realizar una ampliación de capital o acometer una operación corporativa. Según detallaba la evaluación, el hecho de que en febrero de 2017 la entidad revelara una necesidad de provisiones extraordinarias por 5.692 millones de euros, algo que derivó en preocupaciones significativas, fomentó que se propagaran las salidas de depósitos inesperados y se convirtió en un problema de liquidez relevante. A pesar del recurso a la ELA (línea de liquidez de emergencia), la situación de liquidez aquel 7 de junio no era suficiente para asegurar la capacidad de la entidad supervisada de cumplir con sus responsabilidades de pagos previstos y posibles; por todo ello, el BCE concluyó que la entidad tenía «opciones muy limitadas» para obtener financiación a través de operaciones regulares en el mercado o en bancos centrales, y que no era capaz de movilizar suficiente liquidez adicional.

La salida insistente de depósitos y la posibilidad de ser incapaz de pagar sus deudas en un futuro próximo fueron decisivos para tomar la determinación de intentar salvar la credibilidad de la banca en general. Por eso consideraron que la entidad caería en muy breve tiempo. Esta evaluación no publicaba las partes confidenciales de la misma, como el propio contenido de la comunicación que el Banco Popular remitió al BCE el 6 de junio en la que sus gestores reconocían la inviabilidad de la entidad. El BCE ha dado su versión no confidencial, pues es lógico que no se publiquen los puntos confidenciales a no ser que se soliciten en los correspondientes procedimientos o bien a instancias del Defensor del Pueblo Europeo, nueva figura que entra en escena y cuya misión es, entre otras, la de recibir a todo el que se sienta perjudicado por el mal funcionamiento de las instituciones europeas. Posiblemente esta figura pueda agrupar o apoyar las iniciativas masivas de aquellos que se sientan perjudicados, y además ejercer cierta presión en las resoluciones que puedan dictarse, apoyando a los perjudicados que acrediten que lo son.

Si menciono lo del Defensor del Pueblo Europeo es por aquello de que sea menos costoso que entablar procedimientos contra las instituciones europeas, como la JUR o el MUR. En cuanto a la primera, su presidenta Elke König ha rechazado varios recursos planteados, y ya ciertos despachos dicen que sus fundamentos son endebles y poco argumentados y, por tanto, es probable que recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los efectos de paralizar de forma cautelar la resolución del Banco Popular. A este respecto se están poniendo en marcha todas las instancias europeas, y cada día se dan a conocer los recursos que plantean ante ellas los accionistas y bonistas del Banco Popular. En un principio se entendía que PIMCO, la mayor gestora de fondos, también suscribiría la demanda, pero al final, por cuestión de imagen, no lo hizo y dejó al resto de los fondos en solitario, si bien actuó en septiembre de 2017 en España contra el FROB, dado que con la inhabilidad del mes de agosto ha podido recurrir a la Audiencia Nacional e interponer reclamación por la decisión adoptada el 7 de junio, algo que ha llevado a cabo junto con otros fondos precisamente el 7 de septiembre de 2017, pues había agotado el plazo el 17 de agosto, caducando la instancia, y no interponiendo acción alguna ante el TJEU, contra la decisión adoptada el pasado 7 de junio por la JUR, pues se cumplieron los dos meses y diez días extraordinarios por razón de la distancia, concedidos por la autoridad europea, si bien para los que decidieron recurrir ante la Audiencia Nacional el plazo era hasta el 7 de septiembre de 2017 por la inhabilidad del mes de agosto para las cuestiones contenciosas.

En este caso, los fondos más importantes han centrado la diana en la opacidad del BCE y el FROB, exigiendo transparencia a la última capitalización del Banco Popular, planteando un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el FROB, que fue el organismo que ejecutó la resolución de la JUR. Las demandas se han presentado en todas las jurisdicciones contra prácticamente todas las instituciones y gestores como Ángel Ron y Emilio Saracho por todo tipo de causas. No se comenta la vía penal, que mantiene unos plazos mucho más amplios, por no hablar de aquello que ni se ha planteado ni existe indicio alguno que lo justifique hasta el momento.

Las causas de legitimación y la aceptación o rechazo de recursos se resolverán dentro del año 2018, pues al tratarse de un mecanismo nuevo, deben agilizar los procesos para no caer en el error de agotar el plazo, ya que hay que aclarar la duda en aquellos casos que puedan rechazarse, teniendo suficientemente claro que el fuera de plazo no afecte a la petición de daños y perjuicios en el supuesto que no se aceptara la petición de nulidad de la resolución y se considerara interrumpida la prescripción solo para este asunto, pues la reclamación de daños y perjuicios, si se considera una reclamación diferente, habría de estar en el plazo establecido del 17 de agosto. Aun así, si se trata de otros daños posteriores justificados, ir a los tribunales europeos no debe estar limitado por el plazo de la nulidad de la resolución de la JUR; pero si la reclamación de daños y perjuicios está dentro de una cuantía conocida antes de finalizar el plazo oficial, se debería formular como reclamación independiente o, de forma alternativa, solicitarlo en el procedimiento principal.

El ejercicio de las acciones ante los organismos europeos contra la subasta de un banco español, así como la tramitación y sus consecuencias a nivel europeo, creará una jurisprudencia moderna que servirá a las universidades para plantear ejemplos prácticos y, con asuntos como el que nos ocupa, sentirse encajados dentro de la legislación europea y, por tanto, ser igualmente parte de las instituciones que las regulan. De ahora en adelante, además de conocer las siglas de los organismos nacionales creados para la crisis, también tendremos muy en cuenta lo que significan las siglas MUR, JUR, TJUE… pues nosotros mismos somos parte de sus componentes y nos benefician o perjudican como a cualquier otro miembro de la Comunidad Europea.

Habrá que conocer los sucesivos recursos y su admisión, inadmisión o rechazo para saber si el engranaje europeo actuó adecuadamente en esta resolución, o bien algo no se hizo bien. De todas formas, los beneficios del Banco Popular a favor del Banco Santander ya han empezado a dar sus frutos. Precisamente, el 17 de agosto de 2017 se supo que Hacienda compensaba 500 millones de euros al banco comprador por las pérdidas que sufrió el Banco Popular en el año 2016, con lo que monetizaba parte de sus créditos fiscales. Es algo admitido en la Ley de Sociedades y, por tanto, aun le quedaría por compensar créditos fiscales sobre 4.900 millones de euros al cierre de 2016. Es de suponer que, en beneficios fiscales, la cifra pueda ser mayor o menor, pero siempre cierta. Además de hacer uso de estos beneficios fiscales, refuerza su posición dentro del mecanismo de venta a los efectos de llevar a cabo operaciones que lo consoliden y confirmen que la compra del Popular es irreversible, aunque en el futuro la anulen los tribunales. Por la misma razón, el Santander aceleró la venta del ladrillo tóxico del Banco Popular a la entidad adquirente Blackstone, uno de los fondos más importantes del mundo, y así llevar a cabo las suficientes operaciones para hacer imposible que la venta pueda ser anulada.

En todo caso se podría valorar el daño en el supuesto de que algo se hubiera hecho mal, por lo que se estaría discutiendo el valor económico, pero nunca la compra, pues el comprador de buena fe ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el vendedor, y en este caso, además, con la conformidad del Órgano de Unidad de Ejecución, máximo referente del BCE, cuya intervención asegura la ausencia de ningún tipo de actuaciones de carácter penal, si bien las acciones civiles pueden ser valoradas o tasadas según las reclamaciones que pudieran ser admitidas con razón justificada y suficiente, algo que es difícil de presuponer a estas alturas, y más teniendo en cuenta que por parte del FROB se llevaron a cabo todas las notificaciones exigibles para realizar la venta, pues lo hizo con igual texto para todas las interesadas en participar en dicha venta exprés, a la que tan solo acudió el Banco Santander.

La subasta o venta, según la terminología, se pudo hacer en el momento en que la JUR reconoció que el Popular no tenía liquidez suficiente para seguir operando. Con este sistema rápido solo se trataba de conseguir que no se expandiera el pánico en el sistema financiero, tanto español como europeo, y por eso exigía suficiente liquidez a la adjudicataria para que el banco siguiera operando sin ningún tipo de recorte en ninguna de sus operaciones financieras, y sobre todo en la abundancia de liquidez. En consecuencia, el Banco Santander inyectó en el acto de la compra 1.300 millones de euros para hacer posible la continuidad del día siguiente sin ningún tipo de problema, como así ocurrió.

Visto el funcionamiento legal de las instituciones financieras españolas y europeas, la operación se llevó a cabo con total claridad, y aunque pudo haber perjuicio, que lo hubo en los inversores del Banco Popular, no es menos cierto que la medida dio seguridad al sistema europeo. Precisamente, el día 6 de junio de 2017 las bancas española y europea continuaron su ritmo de operaciones como si no hubiera pasado nada, algo que dio también seguridad a las instituciones financieras, que pueden asumir en un día la dificultad que alguna de ellas pueda presentar sin que el resto se inmuten. El engranaje de la cadena financiera siguió funcionando con la fortaleza suficiente de un Estado global que, cuando algo mal gestionado cae, lo elimina sin dañar al resto de los componentes.

De todas formas, los grandes fondos han hecho una petición a Europa: piden anular la resolución de la JUR, y lo hacen ante el TJUE. En este recurso argumentan que su presidenta, Elke König, violó el secreto profesional por las declaraciones del 23 de mayo de 2017, además de encontrar errores en la resolución, puesto que la Comisión Europea evaluó este procedimiento en un máximo de setenta y siete minutos. El grupo de bonistas defiende, además, que la JUR basó su decisión en una información incompleta, y critican el informe precipitado de Deloitte que dio al Popular la valoración negativa ya citada (2.000-8.000 millones). Argumentan también que, según la prensa europea, a los pocos días ofrecía una valoración positiva de 1.500 millones. La fuerza de esta demanda ante el TJUE se basa principalmente en que representa los intereses de fondos muy conocidos y potentes, sumando más de 800 millones las pérdidas sufridas por la intervención y la venta del banco. De todas formas, ya he repetido que en el pasado mes de agosto de 2017 tanto el BCE como el FMI ratificaron la venta, por lo que ya es inamovible.

Hay algo tan importante o más que lo comentado hasta este punto, y tiene que ver con los trabajadores del Banco Popular. Los empleados y las jefaturas de la entidad, las direcciones territoriales, las direcciones generales de áreas, las direcciones generales comerciales, jurídicas… Hay tanta incertidumbre en los mandos y empleados del Banco Popular, que aunque después no sean ciertos sus temores, los rumores, los reajustes de áreas y su inclusión en el organigrama del nuevo dueño los tiene sumidos en un mar de confusiones: el nuevo día a día de los objetivos de antes y de los resultados después. La situación de inseguridad es algo que se podrá corregir con el tiempo, pero no deja de ser incierto el futuro de muchos que lo han dado todo por su banco y ahora les embarga la duda de no saber a qué señor sirven y si este sabrá valorar sus esfuerzos. Las cuentas de resultados son las que mandan, las que deciden, y el empleo, que antes era seguro, ahora se tiñe de una temporalidad cuyo desenlace final nadie conoce, aunque cabe suponer que en el transcurso de 2018 se dará solución a una situación tan compleja y complicada.

Estamos ante dos culturas diferentes, dos conceptos distintos de hacer banca, y aunque son compatibles, serán inevitables las consecuencias laborales para la tripulación de los vagones de cola que deben acostumbrarse a la velocidad de la máquina que los mueve y que, por supuesto, más que un peso, deben ser la dosis de energía que dé mayor impulso a su movimiento. Seguro que, pasado un año, todos viajarán en el mismo tren y cada cual ocupará el asiento que le corresponda, donde puede que no haya clases y sí personas. Con todo, es bastante preocupante leer las noticias publicadas por cualquier periódico local de los pueblos de España; baste como ejemplo la portada del Diario de Jaén del 21 de agosto de 2017: «El Banco Popular deja 300.000 “víctimas” en Jaén». Así, la relación a nivel nacional se hace interminable, y creo que la reacción que provoca esta situación no se ha considerado todavía, pues al ser millones los afectados, su rugido puede ser estremecedor y de consecuencias incalculables, principalmente para la imagen que transmiten los movimientos sociales tanto en el ámbito judicial nacional como internacional y su impacto en los medios de comunicación.

La mención a las presuntas reservas que dicen se han tenido en cuenta para los litigios no hace sino enturbiar la buena imagen del primer banco de España que fue llamado de urgencia como salvador de una situación a la que no le encontraba salida la JUR, y más que aprovecharse de una coyuntura, le hizo frente sin fisuras y siempre a instancias de la autoridad europea, observando todas las garantías legales exigidas por el órgano máximo del BCE. De todas formas, el 12 de septiembre de 2017 el Banco Santander dio tres meses a los afectados por la ampliación de 2016 del Banco Popular, así como las obligaciones subordinadas vendidas entre julio y octubre de 2012, para que se acojan a los bonos de fidelización con los que la entidad financiera quiere compensar a los afectados, evitando con ello una ola de demandas. Para ello ha puesto en circulación una emisión de bonos con vencimiento perpetuo con los que la entidad financiera compensará a los accionistas del Banco Popular que acudieron a la ampliación de 2016 y perdieron todo tras la resolución de la JUR (la fecha de la comercialización concluyó el 12 de diciembre de 2017). Como digo, esta acción comercial pretende dar una solución a los clientes minoristas del Popular relacionados anteriormente, pero del resto no se ha dicho ni se ha hecho nada. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000-500.000, el 75 %, y para los que estén por encima de 500.000-1.000.000, el 50 %. La oferta posibilita amortizar estos bonos a partir de los siete años a voluntad del Banco Santander, pues según se desprende en la oferta se trata de «un regalo» que hace la entidad sin estar obligada a ello; sin embargo, hay un detalle importante: quien se suscriba a esta oferta no podrá plantear ningún procedimiento judicial contra el Banco Santander.

Siguen apareciendo nuevas voluntades, aunque desconocemos qué acogida tendrán dentro del plazo establecido. El mismo día 12 de septiembre de 2017, la patronal bancaria AEB hizo públicas las pérdidas de 12.218 millones de euros del Banco Popular en el primer semestre; en su mayor parte corresponden a las provisiones por más de 10.000 millones de euros llevadas a cabo por el Banco Santander, cuyos activos tóxicos se vendieron, como es sabido, a Blackstone por más de 5.000 millones. Por parte de la Audiencia Nacional, el 28 de septiembre la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo rechazó la suspensión cautelar de la venta del Popular al Santander que habían pedido varios particulares en sus recursos contra la resolución del FROB del 7 de junio por la que acordaba las medidas necesarias para ejecutar la venta de la entidad. Considera la Audiencia que la actuación del FROB ha sido de carácter instrumental porque dimana de una decisión previa de un organismo europeo del sistema financiero de la JUR, y que es en otros tribunales donde deberían residenciarse los perjuicios invocados. Este auto de medidas cautelares responde a uno de los seis mil recurrentes que constan ya registrados en más de doscientos cincuenta recursos. Se trata de la primera respuesta que rechaza la reclamación planteada en las medidas cautelares contra el FROB, y serán los organismos internacionales los que se pronuncien sobre estas reclamaciones, si bien por parte del FMI y el BCE se ha confirmado y aprobado la resolución de venta por un euro al Banco Santander. Continúan los movimientos de los grandes despachos y es de suponer que los plazos no sean los acostumbrados en España y que, por tanto, los pronunciamientos del derecho internacional atisben una rapidez mayor.

A medida que los engranajes financieros de la Comunidad Europea se van poniendo en marcha se advierte y se rectifica algún posible fallo, como es el caso del levantamiento que hace la banca en general contra el cambio normativo para evitar un nuevo «caso Popular». Las entidades piden al regulador que reconsidere su propuesta. El sector alerta del riesgo sistémico que pueden crear las nuevas herramientas europeas, y que al haberse empleado de la manera que he explicado en el caso del Popular pueden crear un mal mayor que el que se trata de atajar. Esto es al menos lo que el sector cree que puede suceder si la Comisión y el Parlamento Europeos siguen adelante con sus planes, con el ánimo de tomar medidas para atajar posibles crisis de liquidez, y que si se parecen a la acometida por la JUR por primera vez, pueden crear un riesgo sistémico que antes no existía, e incluso generar una volatilidad de los depósitos hasta ahora desconocida que perturbaría la estabilidad en el ahorro de miles de impositores.

Esta amenaza ha conseguido que dos grandes asociaciones del sector financiero del viejo continente unan sus fuerzas para pedir a Europa que reconsidere su postura: la Federación Bancaria Europea, que agrupa 3.500 bancos, y la Asociación de los Mercados Financieros de Europa, que agrupa a todas las entidades que operan en los mercados mayoristas. Ambas han pedido a los responsables europeos que hagan un alto en su marco normativo hasta comprobar el impacto y las consecuencias que pueda tener en el futuro. La existencia de estas herramientas, aunque no se lleguen a usar, pondrán en alerta a inversores y clientes que sepan que existen. En la carta enviada a las autoridades europeas, las dos asociaciones afirman: «Cualquier depositante asegurado o no que pueda verse afectado por la moratoria se verá incentivado a retirar sus depósitos al primer síntoma de peligro por temor a la perspectiva de quedarse por un tiempo sin acceso a su dinero», pues al crear o levantar una moratoria en la disposición del dinero, traerá consigo que, tan pronto esta se alce, los depósitos desaparezcan amparados en el miedo. Ante tal cúmulo de disposiciones, el depositante confunde si la normativa afectará por igual a sus depósitos operativos que mueven gobiernos, empresas, fondos de inversión y otras instituciones financieras, y todo ello con consecuencias efectivas en los inversores finales, propagando el efecto contagio. A veces esto no es tan real como parece, pero el lenguaje del dinero es el de la desconfianza, y si esta se produce, afecta seriamente a todas las instituciones financieras, pues en todas ellas su base final no conoce la operativa y está más pendiente del ruido que de la legislación, y todos sabemos que el murmullo y la desconfianza producen turbulencias de alcance insospechado. Es por ello por lo que ambas asociaciones han pedido al Parlamento y a la Comisión que reconsideren su decisión de aplicar la moratoria, y ya en el año 2018 que sigan actuando en la forma más adecuada y valorada para no crear inseguridad en el sistema financiero.

La muerte del Banco Popular posiblemente ayude a salvar otras vidas en el futuro bancario de Europa. Según publicó el diario El Mundo el 30 de octubre de 2017, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite una demanda contra Banco Popular por la venta al Santander en la que se contabilizan 300.000 afectados. Explica el artículo: «Se trata de un concurso necesario contra el Banco Popular, una fórmula que ofrece una peculiaridad sobre el resto de procedimientos abiertos hasta el momento a propósito de esta operación. Será este concurso el matriz, el que absorba todas las demandas y querellas presentadas hasta la fecha». El despacho Corbalán de Celis y Guerri es el que firma el escrito «cuya admisión a trámite supone un cambio en el escenario judicial. […] A partir de ahora, será este juzgado quien asuma la investigación íntegra. En el escrito, el letrado plasma su intención de no solicitar que el Popular vaya a liquidación, sino que asuma su responsabilidad y pague a los afectados». Tal como explican en el despacho, «el fundamento del concurso necesario del Banco Popular es una idea original que quiere aprovechar las lagunas jurídicas del MUR, que a su entender han provocado la posible nulidad del proceso de resolución de la entidad y su posterior liquidación y adjudicación al Banco Santander».

También puede ser una forma jurídica para que salga a la luz el informe secreto de Deloitte, del que tanto se habla y tan poco se conoce. A juicio de los socios de Corbalán de Celis y Guerri, «el MUR, regulado por el reglamento (UE) número 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014, adolece de insuficiencias e imprecisiones muy graves en punto de nombramiento de los expertos independientes que han de emitir las preceptivas valoraciones. Tal es el cúmulo de ambigüedades que no se sabe muy bien cuál es el órgano al que le compete esa designación; no se indica si es la JUR o es el FROB. Ni siquiera se menciona cuál ha de ser el procedimiento para la designación de estos expertos independientes, o el mecanismo para su funcionamiento. El silencio ante estos temas es absoluto», y añaden que «el fundamento que se ha escogido para solicitar el concurso necesario del Banco Popular es el previsto en el art. 15.1 de la Ley Concursal, que no permite que se acumulen a la primeramente repartida las solicitudes que se vayan presentando con posterioridad; como por el contrario sí que permite el art. 15.2 de la Ley». Por último, según este despacho, «la puerta que hemos abierto para la negociación ha cerrado sin embargo la puerta a las nuevas solicitudes del concurso necesario».

Es de suponer que todas estas reclamaciones tendrán una contestación jurídica en el tiempo; aun así, nadie puede asegurar que los pronunciamientos no tengan sus correspondientes recursos. Sin embargo, hasta el momento hay una realidad que da más fuerza al procedimiento empleado por la JUR, la ratificación y conformidad del FMI y el BCE en el verano de 2017, algo que puede dar más solidez a la reclamación de daños, ya que la anulación no se puede llevar a cabo, pues incluso el Banco Santander cedió o vendió a los fondos la cartera de inmuebles tóxicos del Banco Popular (con un valor nominal superior a los 12.000 millones) por los ya citados 5.000 millones, según sus propios comunicados. De todas formas, aún quedan muchos escritos y recursos por resolver, y puede que cuando este libro aparezca en las librerías sigan naciendo recursos, ideas y resoluciones que harán más insegura esta historia a la que alguna vez habrá que poner fin por el bien de los sistemas financieros nacional e internacional.

Incluso, ya en 2018 el informe de Deloitte ha salido a la luz en parte, y se espera que la contienda se prolongue durante varios años, pues ya en febrero de 2018 se habla de que el Banco Popular tenía un agujero entre 11.800 y 20.600 millones según el informe de la auditora… Un camino largo e inseguro para los inversores, pero el único existente en esta jungla de organismos y normas con los que nos tenemos que acostumbrar a convivir.

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Luces y sombras

¿CUÁNTO HA COSTADO LA CRISIS BANCARIA?

He tratado de resumir desde el punto de vista de un empleado de banca y, más tarde, abogado la situación del último cuarto de siglo de la vida de las entidades de crédito, principalmente las cajas de ahorros y los organismos que han surgido a partir del inicio de la crisis de 2008, sin olvidar las modificaciones legales que se han producido en este período de tiempo en el que ha sucedido de todo. He tratado de contarlo de forma fácil y sencilla sin entrar en análisis muy técnicos, a los que no llego, sin reparar en la politización que ha sufrido el sector y que ha acabado con casi la totalidad de las cajas de ahorros, a excepción de las más solventes, dejando al margen a La Caixa, por supuesto, gracias a su gestión, solidez, control y solvencia, cuyos fines son distintos y distantes de los que he comentado, pues nunca necesitó ayuda pública y siempre cumplió con sus obligaciones financieras.

El 16 de junio de 2017, el Banco de España hizo público su libro blanco sobre la crisis («Informe sobre la crisis financiera y bancaria de España, 2008-2014») del que he tomado mucha información. Resume a su medida cuáles han sido sus efectos, cómo se ha afrontado y cuál ha sido el coste para los contribuyentes, que no para el sistema financiero: más de 60.000 millones de euros (según sus análisis, 60.613 millones). En su exposición refleja que no tuvo herramientas para afrontar la crisis motivada por la burbuja inmobiliaria y otras causas que, aunque no se mencionen, existen y será importante tenerlas en cuenta. Este libro blanco del Banco de España nace posiblemente como una defensa concreta de las reiteradas implicaciones de este organismo en el caso Bankia, de las que hasta el momento no se han visto excesivos motivos dolosos; también contiene una explicación razonada y escrita de cómo y por qué se ha llegado a esta situación de rescate por 100.000 millones de euros, de los cuales se han consumido más de 60.000. Es de suponer que sigan apareciendo lagunas y recodos oscuros que puedan aumentar esta cantidad, incluso en la confianza de que la Sareb recupere los 76.400 millones entregados para su gestión de cobro, un porcentaje inseguro, pues, como he dicho en otras ocasiones, a fecha de hoy solo se han recuperado 4.139 millones y, con un poco de suerte, se llegue a los 12.200 millones.

El FROB, los SIP, los EPA, la Sareb… Todos ellos fueron creados por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda o del Banco de España, con el beneplácito del BCE, que reúne e implica a un gran número de organismos internacionales y personas dependientes de él, inspectores dedicados a realizar las pruebas de estrés de la banca española (que ya se ha visto para lo que sirven en el caso concreto del Banco Popular). Los hombres de negro, miembros de la troika formada por el FMI, el BCE y la UE, han sido enviados para elaborar el Memorándum de Entendimiento con el objetivo de que España pueda beneficiarse del importe del rescate financiero recibido en 2012, la actuación de los cuales ya expliqué al principio de este libro, dentro de las competencias y el control de cada organismo de los que intervienen y nacen a partir de la crisis de 2008. Las pérdidas publicadas provienen de diferentes ayudas aportadas a la banca española y suman un total de 76.410 millones de euros, de los cuales 64.098 millones corresponden a capital e híbridos, 10.390 millones a los EPA y 1.922 millones a garantías. Estos conceptos no incorporan las pérdidas sufridas por accionistas, tenedores de preferentes y deuda subordinada, ni los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que facilita ayuda financiera a miembros de la UE que sufren grandes problemas de financiación. Tampoco incluye los intereses obtenidos ni los gastos soportados.

El periodismo continúa haciendo su trabajo y nos informa de que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que el gobierno espera recuperar «lo máximo posible» de las ayudas concedidas a la banca, y que es necesario aguardar a la privatización de las participaciones que tiene el FROB en Bankia y BMN para tener una idea aproximada de cuánto será el importe de la recuperación. «Vamos a recuperar muchísimo dinero» en la privatización de Bankia y BMN, declaró el ministro. Se confía en los resultados de la Sareb, que recuperará despacio la cantidad puesta a su disposición pero con una orientación positiva. Dispone de 50.000-80.000 millones de euros entregados por entidades bancarias privadas y públicas, y de estas últimas es de suponer que se logren cifras considerables de la recuperación de activos tóxicos, si bien en 2012 el propio ministro reiteró que no tendría coste para los españoles, aunque ya se ha calculado que si al final se recupera lo que se presupone, costará a los contribuyentes sobre 39.500 millones de euros. Las entidades prestatarias en España fueron el FROB y el FGD, cuya aportación y posible pérdida es la siguiente: 55.800 millones para el primero (se presume que perderá en torno al 70 %) y 22.000 millones para el segundo (se estima que perderá el 90 %). Por tanto, casi se puede asegurar que de cada diez euros que ha inyectado el Estado se perderán ocho.

En el mismo informe del Banco de España se expone que el aumento de la ayuda pública era de 50.312 millones de euros a finales de 2015, lo que no coincide con el saldo actual. El argumento es que la ayuda pública no incorpora los recursos aportados por el FGD de entidades de crédito con anterioridad a 2012 ni las provisiones realizadas para las garantías, de ahí la diferencia entre saldos. Hace referencia también a los ingresos netos de las ayudas entregadas, bien por intereses y dividendos, así como por ventas o reprivatizaciones, pues no hay que olvidar que las ayudas del FROB conllevan el pago de intereses, así como cualquier otra; incluso las ventas son un capítulo importante, y dentro de las cantidades recuperadas hay también devoluciones hechas al FROB por entidades que, por ejemplo, se han adjudicado alguna caja intervenida y han devuelto las ayudas de dicho organismo incluso antes de vencer el plazo. Es muy significativo el control que el propio FROB está llevando sobre casi un centenar de operaciones de enormes cuantías, las cuales ha puesto a disposición de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para pedir responsabilidades a quien corresponda y tratar de recuperar las elevadas cantidades de créditos fallidos en los que se observa alguna deficiencia en su concesión, pidiendo igualmente responsabilidades penales a quienes las hayan cometido. Asimismo, el FROB está personado como perjudicado en muchos procedimientos instados en la Audiencia Nacional y de cuyas resoluciones les pueden favorecer ingresos por gestiones mal realizadas por las personas físicas y jurídicas responsables de estas. A pesar de que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y el Banco de España, cuenta con autonomía para ser parte en cualquier procedimiento en el que se vean lesionados sus intereses.

En el análisis que hace el Banco de España de su propia actividad, relata que ha logrado el objetivo principal: evitar la quiebra de un gran número de entidades, algo que, según su criterio, habría sido demoledor para la estabilidad del sistema sobre el empleo y sobre la economía real. Reitera que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo económico del país era muy vulnerable y la situación de las entidades, principalmente las cajas de ahorros, era bastante crítica. Sin embargo, algunas han sobrevivido por haber mantenido la confianza sobre este sector y por su empeño en proteger a los ahorradores o los contribuyentes, pues los FGD contaban con límites que habría que haber aumentado con ayuda pública. También se lamenta de la falta de instrumentos supervisores ante la llegada de la gran crisis de 2008, que a todos cogió de sorpresa, cuando las famosas hipotecas subprime de Estados Unidos se empezaron a desmoronar en todo el mundo. Hasta 2007, el sistema financiero español había resistido bien esta crisis, pero la quiebra de Lehman Brothers en 2008 complicó el sistema financiero mundial, y en 2009 la solvencia de las entidades españolas se vio muy comprometida.

El propio Banco de España reconoce que el entorno internacional facilitó las políticas monetarias adoptadas de forma global, y que estas resultaron muy perjudiciales para nuestro sistema, contribuyendo a los desequilibrios que no tuvieron respuesta por parte de nuestras entidades, que carecieron de la fuerza suficiente para buscar otras palancas y se exigieron saneamientos e incluso apoyaron las ya mencionadas fusiones frías (SIP). Para inyectar fondos públicos se creó el FROB, que acabó ayudando a la mayoría de los grupos de cajas por sus limitaciones para captar capital. Tal como he explicado, de las 45 cajas que había en 2008, se pasó a diez grupos, ocho de los cuales se convirtieron en bancos. Como es lógico, esta reestructuración obligó a reducir el número de oficinas y personal, sembrando la alarma y el desconcierto dentro y fuera de ellas. Con sus intervenciones, el Banco de España buscó en todo momento evitar la crisis sistémica que habría producido un gran número de quiebras en diversas entidades, si bien reitera que, de no haber sido por la segunda recesión de 2011, situación que ningún organismo nacional o internacional tampoco supo prever, la banca habría salido adelante. Por el contrario, la caída de confianza en la economía española que propició esta segunda recesión exigió nuevos apoyos a la banca, pero la ayuda fue insuficiente para conseguir la estabilidad del sector.

Con el endurecimiento de los requisitos legales, España acabó pidiendo el rescate financiero a Europa, y el FROB inyectó capital a nueve grupos bancarios y suscribió acciones de la Sareb, el banco malo que España se vio obligado a crear con una infraestructura lo suficientemente ambiciosa para poder atender una cartera próxima a los 80.000 millones (solo Bankia y CAM superan los 50.000 millones) de activos tóxicos. Su gestión sufrió el desajuste de los acomodos hasta conseguir tomar el pulso a la situación, sosteniéndola y controlándola dentro del plazo establecido, como elemento de su creación y del que se esperan resultados que hasta el momento no han sido tan brillantes como se pensaron cuando se puso en marcha su actividad hace más de cinco años. Aunque los momentos vividos han sido muy difíciles principalmente para España, la reacción de nuestras instituciones ha sido encomiable y digna de un gran respeto, pues no me atrevo a mencionar elogio porque enseguida se confunde el buen sentido de su expresión.

Repito que la información de este libro se fundamenta en nuestro sistema financiero de ayer y de hoy al objeto de acercar al lector la historia lo más real posible y su funcionamiento no solo en su primer cuarto de siglo, sino también en los años posteriores del siglo XXI que están transcurriendo en mitad de una crisis de mercado y una adaptación a las nuevas legislaciones que han cambiado sustancialmente el control y las formas de ejercer la actividad financiera en nuestro país dentro de la UE. Además de medios, cada vez se le exigen más conocimientos para hacer posible la mejora del sistema y evitar seguir cayendo en prácticas que, aun siendo desconocidas en estos primeros compases de siglo, reflejan un panorama más seguro pero difícil de afianzar hasta que el tiempo no consolide su funcionamiento que, por cabal que sea, carece de la práctica que le da el rodaje. La dificultad estriba, además, en que debe sostener una actividad tan seria e importante, que pasa por ser el motor de nuestras vidas y nuestros proyectos.

Todo subsiste con el apoyo de un sistema financiero bien organizado a nivel europeo, incluso con posibles fallos, como es el caso de la venta del Banco Popular por parte del FROB siguiendo las indicaciones de la JUR. Los perjudicados por esos fallos posiblemente reivindiquen acciones de reclamación por las pérdidas de sus inversiones; sin embargo, no hay duda de que, en una economía de mercado, el riesgo siempre tiene dos caras, el peligro y la suerte, y el inversor no puede prever de qué lado caerá la moneda. Por otro lado, hay que reconocer que el sistema financiero europeo se ha fortalecido y se fortalecerá con el ejercicio del control y el saneamiento de aquello que, a lo largo del tiempo, principalmente en España, se hizo mal. Con estos organismos y controles será difícil que se vuelva a repetir una situación como la vivida; sin embargo, todas las demandas planteadas contra la intervención coinciden en una cosa, la falta de liquidez. El consenso jurídico de todas las demandas presentadas hasta ahora por el polémico desenlace del Popular está muy claro: si el banco era solvente, como había demostrado el BCE, hubiera bastado con una señal de que aportaría liquidez para acabar con el problema. Porque ese es el problema, la falta de liquidez, al que se acogió la JUR para decidir que la entidad acabara en manos del Santander por un solo euro.

LOS SILENCIOSOS CREADORES DE RIQUEZA

A pesar de lo dicho, no todo fue crisis de las entidades financieras. Hay que rendir un entusiasmado homenaje a los bancos y banqueros del siglo XX hasta nuestros días que labraron un brillante camino de éxitos, manejando fortunas ajenas protegidas por los grandes silencios. Ellos fueron el secreto mejor guardado de la profesión de banquero. Escuchaban a todos, pero a ellos jamás se les oyó fuera del consejo de administración de turno. Hablaban por circulares y creaban riqueza en silencio, algo parecido a los jueces de entonces, que únicamente hablaban mediante sentencias. Los grandes financieros y los grandes pensadores se prodigaban solo en la destreza de la sala de juntas. Tampoco había departamentos de publicidad e imagen. La imagen ya la daban ellos con su silencio y moderación. Estaban tan vinculados con las normas del Banco de España, que suscribían siempre las disposiciones del regulador, y para llevar a cabo cualquier modificación o rectificación era necesario que una junta extraordinaria aprobara por mayoría el punto concreto que se trataba de modificar, contando siempre con el consenso de toda la banca, lo que reforzaba la labor de control de todas las entidades financieras. Se valoraba, se discutía y se creaba escuela de bancos y banqueros, donde jamás se daba a conocer una decisión que perjudicara al sistema y siempre se discutía de qué manera había que adaptarla al engranaje del banco emisor y el rector de los órganos de nuestro sistema financiero.

Entre bancos y banqueros solo existían formas diferentes pero con un fondo común que todos respetaban y propagaban como ejemplo de hablar poco y trabajar mucho. Era más importante el sistema, la organización y el respeto que el estatus de las personas que movían el mundo de las finanzas desde el silencio más absoluto. Por todo ello es preciso reconocer los valores y el prestigio de aquellos banqueros que no eran conocidos en debates ni tertulias y cuyos departamentos de información solo hablaban del funcionamiento de los mercados, de la liquidez compartida en muchos casos, de la marcha de la economía nacional y de la solvencia del banco, pero todo dentro siempre del propio consejo o de la comisión ejecutiva. Era un tiempo en que los grandes cambios en los consejos de administración solo se conocían por la memoria explicativa de la Junta General. Un tiempo en que la prudencia y el silencio se encargaban de dar realce e importancia a esta profesión tan delicada y difícil.

Durante las últimas cuatro décadas del siglo pasado, la iniciativa de la banca, lo mismo que de la Confederación de Cajas de Ahorros, hizo poco ruido y mantuvo la solvencia y el prestigio de bancos, banqueros y bancarios. Ser empleado de banca se consideraba un privilegio y ascender dentro de la profesión era un lujo, que además despertaba el interés de todo el que tenía afán y proyectos de futuro en el sector en el que prestaba sus servicios. Los empleados de banca, como expliqué al principio, vivían bajo la protección de los convenios colectivos que siempre negociaban bien. Hay que reconocer el mérito de los enlaces del Sindicato Vertical y posteriormente de las fuerzas sindicales de todos los signos, pues poco a poco consiguieron que los convenios colectivos no solo fueran fruto de una buena negociación, sino que además gozaran de un gran prestigio. En la mayor parte de los casos los beneficios alcanzaban tanto a los que negociaban como a los que se beneficiaban de sus logros, entre los que cabe destacar jefes y personal apoderado, pues a estos se les prohibía casi por norma que tomaran parte en ningún acto. Cuando se realizaba algún tipo de huelga, apoderados y jefes atendían las sucursales de la mejor manera, y ante los clientes parecían ser los buenos, los que luchaban; se les atribuía el grado de maldad de los comités de empresa, pero realmente eran los que sacaban adelante las negociaciones de cada convenio.

En este punto quiero mencionar a una figura inolvidable de la profesión: don Juan March. Nacido en un ambiente de pobreza en su isla de Mallorca, creó uno de los imperios más grandes y sólidos de la banca y la riqueza en España y dejó a su descendencia una de las mayores fortunas y más saneadas del país.

Los banqueros de entonces ejercían su profesión obedeciendo al gobierno, sin importar del color que fuera. Decía don José María Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto desde 1970 hasta 1983, que «la Banca, como servicio público prestado por empresas privadas, debe obedecer al Gobierno». Sorprendentemente, José María Aguirre entró en Banesto con don Pablo Garnica Echevarría, como presidente, que a su vez fue ministro de Gracia y Justicia. Aguirre se hizo cargo de la presidencia de Banesto de forma interina desde 1970 y la abandonó en 1983, entregándosela nuevamente al descendiente de la saga, Pablo Garnica Mensi, que vivió la expropiación de Rumasa y además tuvo que hacer frente a la opa hostil lanzada por el Banco de Bilbao, que no logró superar, e hizo entrega de la presidencia a Mario Conde. Continuó como consejero del banco su hijo Pablo Garnica Gutiérrez, pero Mario Conde acabó con la carrera de esta dinastía dentro del banco.

Estos grandes banqueros de la historia de España dieron vida no solo al primer banco de la época, sino también al grupo industrial más importante de aquellos tiempos. Personas de las que apenas se conocen sus nombres por su excesiva prudencia profesional y a los que menciona muy de tarde en tarde alguna revista especializada en economía, pues la saga de banqueros irrepetibles hace poco ruido, pero hizo (y hace) mucho bien.

El último cuarto del siglo XX fue prolífico en grandes banqueros que dieron realce a la profesión y riqueza al mercado y, por tanto, abundantes puestos de trabajo. El Banco Central tuvo un banquero que conocía muy bien la profesión y que se enfrentó tanto al régimen de Franco como a los sindicatos. En esto estuvieron de acuerdo ambas fuerzas. Se trataba de los XXV años de paz celebrados por el gobierno franquista en 1964 y de cuyo logro se acordó dar a los empleados de banca una paga extraordinaria. Muchas entidades la aceptaron a regañadientes, pero Ignacio Villalonga Villalba se opuso a concederla, y fue el único banquero que se resistió a tal distinción económica durante mucho tiempo; pasados varios años accedió a ella, pero revestida como el concepto de otros logros sociales. Conservo testimonios escritos antes de dejar su puesto en 1970 por enfermedad. Fue un hombre único en la banca y su descendencia logró unir grandes apellidos, como Villalonga-March.

A partir de 1970, la figura de Alfonso Escámez se hizo cargo de forma interina del Banco Central, hasta 1973, cuando falleció Ignacio Villalonga y se proclamó su sucesor definitivo. Don Alfonso Escámez López, hombre leal y constante, nació en Águilas e ingresó de meritorio a los doce años en el Banco Internacional de Industria y Comercio. Dicho banco fue absorbido por el Banco Central, entidad de la que nunca se separaría hasta llegar a la presidencia en 1973. Para hablar con propiedad, quiero reseñar mi relación de amistad y cariño con la familia Escámez, desde los años setenta, incluso cuando aún era presidente don Ignacio Villalonga, y así hasta la muerte de don Alfonso, el 16 de mayo de 2010. Su vida y la mía tuvieron mucho que ver con las relaciones humanas que fomentamos con gran respeto y cariño, y así lo acreditan cantidad de testimonios gráficos y escritos que siempre enriquecen la vida personal. La relación familiar que mi mujer y yo teníamos con Alfonso Escámez nos llevó a acompañarle en diversas inauguraciones de sucursales, en las que nos ponía de ejemplo de constancia y superación.

Alfonso Escámez tuvo un gran apoyo en la figura de otro gran banquero, Epifanio Ridruejo. En el Banco Central, la figura de Epifanio Ridruejo como consejero delegado, con una visión amplísima sobre las operaciones de crédito del mundo de la actividad bancaria, le afianzaron dentro de su consejo y le otorgaron competencias en algunas operaciones financieras que siempre fueron pagadas al vencimiento y que le encantaba hacer para demostrar que su ojo nunca fallaba ante los más importantes clientes. Como digo, en muchos casos las concedía y las controlaba hasta su recuperación. Epifanio siempre fue un hombre de Alfonso Escámez que nunca le planteaba grandes problemas, y él solo los resolvía a base de tiempo y cabeza privilegiada. Personalidad seria y respetuosa, durante los malos momentos que vivió la economía y el país, obligó a los más leales a arriesgar el tiempo y la vida por el banco. En 1985, ETA asesinó al consejero-director general, Ricardo Tejero Magro, quien rápidamente fue sustituido por Epifanio Ridruejo. Por obligaciones del cargo, tuvo que hacer frente a la fusión planteada por el Banco Español de Crédito contra el Banco Central iniciada por Mario Conde y de cuya fusión nacería el Banco Español Central de Crédito (BECC), algo de lo que reflejó en libros y documentos pero que no llegó a prosperar, aun a pesar de tener designado el número de consejeros y de haber firmado, el 17 de mayo de 1988, un acuerdo entre Conde y Escámez.

En enero de 1990 se disolvió la fusión en la que había intervenido el ministro Carlos Solchaga, siendo presidente del Gobierno Felipe González Márquez. Seguidamente, en 1991, el Banco Central volvió a capitanear y a superar una nueva fusión con el Banco Hispano Americano, que fue una realidad a principios de 1992, naciendo el Banco Central Hispano (BCH). Alfonso Escámez fue presidente del BCH desde 1990 hasta 1992, sustituyéndole José María Amusátegui de la Cierva. En esta situación de la banca hay que reconocerles grandes méritos no solo a Escámez y a Amusátegui, sino también a Claudio Boada, presidente del Banco Hispano Americano, fallecido en 2006, un hombre que supo estar a la altura sin apenas hacer ruido.

En 1993 se vivieron momentos tensos cuando, en el caso Filesa, Epifanio Ridruejo y Alfonso Escámez declararon en sentido diferente: el primero declaró en contra del segundo por un pago de 204 millones de euros que ambos negaron haber hecho. A raíz de aquello hubo un reajuste en el BCH: José María Amusátegui de la Cierva se hizo cargo de la presidencia y Epifanio Ridruejo definitivamente pasó a depender de él para todas sus decisiones. Con el nombramiento en 1994 de Ángel Corcóstegui como consejero delegado del BCH, Epifanio Ridruejo sería apartado de la entidad, concluyendo su historia de banquero. Murió el 22 de diciembre de 2000.

Precisamente, con la incorporación de Ángel Corcóstegui se produjeron los reajustes de la fusión del BCH, que capitaneó con gran experiencia y soltura. Él y Amusátegui reorganizaron un gran banco para que en 1999 se fusionara con el Banco Santander. De ahí nació la marca Santander Central Hispano, de la que Corcóstegui fue su consejero delegado y vicepresidente primero hasta dejarlo totalmente reorganizado bajo la marca Santander. Ángel Corcóstegui fue la persona que capitaneó, como creo haber dicho antes, las fusiones del Bilbao Vizcaya, el Central Hispano y el Santander Central Hispano, y todas estas operaciones las concluyó sin haber cumplido los cincuenta años. En la fusión de Banco Bilbao Vizcaya, llevada a cabo en 1988 y de la que él fue piedra angular, ocupó la dirección general en las épocas de Pedro de Toledo y José Ángel Sánchez Asiaín, dos grandes genios de la banca que unieron sus fuerzas para crear una entidad con dos copresidencias hasta 1993, cuando Pedro de Toledo tendría que convertirse en presidente único, lo cual no ocurrió debido a su fallecimiento en Nueva York a finales de 1989.

De Toledo fue el gran impulsor de la banca comercial, y aunque en aquella época hubo un gran esplendor en la banca con la aparición del mencionado Mario Conde como presidente del Banco Español de Crédito en 1987, compitió con él en encanto personal y capacidad de seducción; sin embargo, tras su llorada muerte, su figura alcanzó un refinamiento y un prestigio que nadie en toda la historia del sector había logrado. Muerto Pedro de Toledo, la sucesión de presidente único recayó en José Ángel Sánchez Asiaín que solo permaneció en el cargo hasta 1990, cuando pasó a presidir la Fundación BBVA.

Después de todos estos movimientos de la banca en las décadas 1980-2000, la figura de Ángel Corcóstegui fue la de más prestigio y también la menos conocida, pues su perfil bajo, logrado fuera y dentro de España, no solo lo convirtió en uno de los banqueros con mayor conocimiento del mundo de las fusiones, absorciones y organización de la profesión, sino que además siempre sería el hombre más astuto y seguro que hace las cosas en poco tiempo y bien, y cuando se dan a conocer sus logros, él ya está capitaneando en silencio otro proyecto importante. Con algo más de sesenta años, es una de las grandes piezas de cualquier banco o caja que algún día quiera llegar a ser grande, pues su prudencia, cercanía y conocimientos le auguran el éxito en los muchos años que le quedan por vivir, lo cual no solo será beneficioso para él a título personal, sino también para el futuro del sistema financiero español. Además, resulta que es uno de los mejores amigos de la familia y ha tenido la gentileza de escribir el prólogo de este libro, por lo que puedo presumir de él con sumo gusto.

El exclusivo club de los siete grandes —Banco Español de Crédito, Banco Central, Banco Hispano Americano, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Popular y Banco Santander— compartieron responsabilidad, prestigio, buenas formas y el poder más absoluto dentro de la banca. No hay que olvidar el poder de integración de la CECA, en el que siempre resaltará la figura de Juan de la Rosa como presidente de la Caja de Ahorros de Ronda (hoy Unicaja), consiguiendo que esta fuera la primera caja de ahorros de Andalucía, gracias a sus éxitos en la obra social y en la gestión al frente de la entidad; le sucedió su hijo Francisco de la Rosa, que empezó con doce años poniendo timbres a los préstamos en 1948. Francisco de la Rosa sustituyó a su padre desde su muerte, en 1984, y acabó siendo uno de los grandes banqueros de la época, como lo fue su padre durante más de cincuenta años. Participó en la unión de diversas cajas, creando Unicaja en 1991 sin ningún tipo de SIP, sino uniendo la mayor parte de las cajas andaluzas. Dio así lugar a una gran entidad que, además, a finales de junio de 2017 ya ha cotizado en la Bolsa de Madrid como Banco Unicaja, consiguiendo una buena aceptación y éxito.

Igualmente, en la cartera de banqueros de gran prestigio siempre hay que referirse a la familia Botín por su tradición. Don Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos era bisnieto, nieto, sobrino, hijo, hermano y padre de banqueros. Su vida se truncó pocos días antes de cumplir los ochenta años, un 10 de septiembre de 2014. La saga Botín fue historia de banqueros a través de los siglos y actualmente es el primer banco del país, dirigido en silencio por Ana Botín O’Shea. Nadie podría haber imaginado en los consejos de los siete grandes que uno de los más modestos en la composición de la mesa en la que solían comer casi todos los meses, Emilio Botín, pudiera hacerse con casi todos a excepción del BBVA. La astucia y la historia, junto con la casta y la profesionalidad, le han dado al Grupo Santander vida y fuerza con esencia de siglos. Nadie discute su solidez y todos lo respetan por considerarlo firme y fuerte para afrontar los años venideros y seguir haciendo historia durante todo el siglo XXI sobre la base de una gran fórmula de hacer banca, sabiendo renovarse con los tiempos para ser líderes y seguir cumpliendo con su obligación en silencio.

Igual reconocimiento merecen los hermanos Luis y Javier Valls-Taberner, grandes banqueros y hombres tan ligados al Banco Popular como al Opus Dei. Jamás dieron muestras de debilidad en la gestión de un banco que, como he dicho en varias ocasiones, fue uno de los más rentables del mundo y su perfil modesto lo hizo diferente. Nunca se podría haber imaginado un final tan triste como el escrito por la Junta de Ejecución del BCE, sin que las autoridades financieras españolas mostraran interés alguno por intentar socorrerlo hasta el final de sus días. Europa se encargó de darle carpetazo, algo que está trayendo cola, tal como he explicado en el capítulo anterior. La gran gestión de los hermanos Valls-Taberner se ha visto mal concluida por aquellos que los sucedieron. Aun así, esto último no puede oscurecer la historia limpia y modélica del Banco Popular mientras ejercieron su mandato y bastantes años después, cuando siguió considerándose como uno de los bancos más rentables del mundo.

A nadie se le puede escapar el crecimiento del Banco Bilbao Vizcaya después de que en 1998 culminara la OPV llevada a cabo sobre Argentaria. Con Emilio Ibarra en la presidencia del primero y Francisco González en la del segundo, nació el nuevo BBVA. Desde el año 2000 está presidido por este último, quien ha fomentado la expansión por América Latina y, desde 2011, está abanderando la transformación digital y tecnológica de la entidad. No hace falta hablar de sus reconocimientos ni de sus premios, tan solo hay que sumar los años de presidente para comprobar que es uno de los de mayor mandato dentro del club de relevantes banqueros en la historia financiera de nuestro país desde finales del pasado siglo hasta nuestros días. El BBVA goza de ser la primera entidad financiera de México y su expansión ha ido en aumento tanto financiera como tecnológicamente. La visión de este banco y de su presidente se ha actualizado en el siglo XXI con la implantación de la era digital; incluso en 2016 inauguró la nueva sede social fuera del entorno urbano, creando también su ciudad financiera BBVA.

Dentro de los avances de los nuevos banqueros, Isidro Fainé alcanza su mayor plenitud siendo presidente de La Caixa y creando Caixabank; cumplía así con la legislación vigente. En 2016 pasaba a presidir la Fundación La Caixa y se mantenía como presidente de la CECA, vicepresidente de Telefónica y presidente de Gas Natural Fenosa. En su trayectoria de banquero ha recorrido todas las escalas de la profesión, presidiendo el grupo industrial más sólido, Criteria CaixaCorp. Es un hombre tradicional y moderno al que le apasionan las innovaciones y la creación de riqueza y puestos de trabajo. Su tiempo de descanso es muy limitado y sus horas de trabajo copan su vida cotidiana, fundamentado en la máxima ya citada de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Isidro Fainé ha enseñado muchas formas de trabajar y su visión de la vida es siempre positiva; no pierde ocasión de repetir que todos debemos florecer allí donde se nos plante. Su ejemplo es la fuerza que mueve a veces las cosas más difíciles, asegurando el sentir con el hacer, sin importarle quién se cuelgue las medallas. A Isidro Fainé aún le queda cuerda para rato y posiblemente lo más importante de su vida aún esté por llegar en el mundo financiero. Por todo ello, me siento orgulloso de ser su amigo.

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche fue, dentro del BBVA, un ejemplo de banquero, adaptado a todas las necesidades de la banca comercial. Durante muchos años fue consejero delegado de la entidad, y a partir del 9 de mayo de 2012 presidió Bankia. Fueron momentos duros, cuando la crisis, el desconcierto, la alteración social, las prácticas abusivas y los enriquecimientos injustos dejaron al BFA y a Bankia al borde de la quiebra. La llegada de Goirigolzarri y su escogido equipo, capitaneado por su secretario general Miguel Crespo, lograron enderezar la trayectoria torcida de una nave en la que el FROB había dejado custodiados más de 20.000 millones de euros, convirtiendo en entidad pública la primera fusión fría de los SIP.

De difícil solución y fácil disolución, Bankia se hizo fuerte ante la adversidad, ante el desprestigio y ante la nacionalización de una entidad muy arraigada en Madrid y en la que ha podido pasar de todo, pues el caso Bankia ha superado todas las barreras de la atipicidad y el desconcierto. Es difícil mantener el tipo en una empresa que más que una caja de ahorros o un banco, resultó ser una caja de bombas y sorpresas en la que no faltó de nada, incluso inaugurar las salas de la nueva Audiencia Nacional, donde sus protagonistas ya tenían reservado un sitio en el banquillo y una larga lista de preguntas. De ahí que el nombre fácil y apellido complicado se lanzara a recuperar el nuevo banco nacido de un SIP al que el FROB ayudó hasta el último momento, confiando en la prudencia y el buen hacer de un equipo que ya ha cumplido cinco años al frente de una aventura que cada vez renace más sólida y se afianza con vocación de privatizarse algún día y poder cuadrar sus cuentas con el FROB. Lo que ha quedado demostrado en este nuevo giro de Bankia es que el equipo que dirige con acierto y silencio José Ignacio Goirigolzarri ha conseguido el control y la confianza no solo de los madrileños, sino de todos aquellos españoles que saben valorar el esfuerzo y el deber cumplido.

Queda un recuerdo emocionado por los banqueros del pasado siglo cuya profesionalidad estuvo fuera de cualquier duda; así lo indican los datos estadísticos, que recogen perfectamente cómo era la banca del último cuarto del siglo XX y como es la de hoy, tres o cuatro décadas después. Como referencia, se puede analizar desde 1974 hasta 2017. La ocupación en la banca era de 350.000 empleados, y de 150.000 en las cajas; en total, medio millón de puestos de trabajo; en 2017 los datos son distintos: 95.000 empleados de banca y 76.000 empleados de cajas de ahorros, 171.000 en total. Según las estadísticas que se consulten dan un resultado u otro, pero lo cierto es que desde 2008 hasta 2016 la banca y las cajas han despedido a más de 81.000 trabajadores, es decir, un 30 % del total, y mientras que en la eurozona han disminuido en un 6 %, en España la disminución ha sido del 22,9 %, lo que hace presagiar cierto retroceso del sector en la creación de nuevos empleos.

A medida que el tiempo avanza y la mecanización se extiende, es un hecho que las entidades de ahorros dan un resultado negativo en la creación de puestos de trabajo y es algo que no se puede evitar, pues nadie puede ir en contra del futuro. Los avances del mundo moderno y la tecnología caminan reestructurando el sistema financiero e informatizando las oficinas que aún quedan abiertas y que cada día se reducen por su negativa rentabilidad y también porque los clientes prefieren realizar las operaciones desde sus domicilios, cuando antes era necesario desplazarse a la oficina y esperar turno para ser atendido. Ahora todo es diferente; tan solo una tercera parte de los empleados de la banca y las cajas de ahorros subsisten en comparación con el pasado siglo, donde este privilegiado gremio se significaba por ser una de las más envidiadas profesiones de chaqueta y corbata en las que se cobraba conforme a los convenios colectivos y se defendía con entusiasmo el hecho de ser un distinguido trabajador del dinero ajeno, pero siempre incentivado con un gran interés. La banca creció entre la igualdad hombre-mujer, pero descendió en ocupación, y así está ocurriendo hasta nuestros días, sin posibilidades de retener su modernización y eficacia, pero con más técnicas y menos personal. La banca electrónica copa todas las pantallas, y hasta en el más apartado rincón existe internet y un ordenador que facilita todas las aplicaciones. Tanto los jóvenes como los mayores cuentan con los conocimientos básicos desde hace tiempo, por lo que entre los cajeros automáticos y la banca electrónica, así como la ampliación del big data, las oficinas bancarias dentro de pocos años quedarán como museos de la actividad mercantil obsoleta donde las viseras y los manguitos lucirán como un símbolo de la antigua banca, colgados sobre las ventanillas de pagos, la realidad nos llevará al dinero de plástico e incluso habrá prohibiciones de usar el dinero en efectivo.

El futuro de la banca y las cajas de ahorros está por llegar, pero el de los empleados se va perdiendo lentamente y solo queda el recuerdo de los años ochenta, cuando los convenios colectivos se negociaban para más de medio millón de empleados y las centrales sindicales mantenían su efervescente poder y su gran hegemonía dentro de las masas sociales. Incluso cuando existían los enlaces sindicales del Sindicato Vertical, su influencia era decisiva en los logros sociales de entonces. Dicho sindicato desapareció a finales de 1977, durante el mandato de Adolfo Suárez. Eran los años de la gran banca y las cajas de ahorros confederadas, cuando ni por asomo se podía pensar que la vida y nosotros mismos cambiaríamos tanto en tan poco tiempo.

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El caso de la banca catalana ante la crisis independentista

Lo que nadie había supuesto ha llegado camuflado con el ruido: cuanto más avanza el independentismo catalán, más corren los bancos a cambiar el domicilio social y fiscal fuera de Cataluña, lo mismo que las grandes multinacionales. Los bancos siempre se habían alejado de la marea política aunque tuvieran que remar en ella; sin embargo, ha sorprendido bastante observar cómo durante la primera semana de octubre de 2017 ha registrado el cambio de domicilio social fuera de Cataluña la banca más representativa, así como grandes multinacionales, amparadas dentro del BCE, pero tiene su explicación. En el momento en que un «aparente» Estado se considera independiente (tal es el caso de la República Catalana), ajeno a la legalidad o ilegalidad a la que se acoja, si no está respaldado por la propia Comunidad Europea y a nivel internacional, el BCE no lo reconoce y, por tanto, tampoco puede ejercer su protección en cuanto a liquidez ni operaciones internacionales. En consecuencia, los bancos que continuaran con el domicilio social en Cataluña quedarían automáticamente fuera del control y la protección del BCE; de este modo, tanto los depósitos como las operaciones bancarias quedarían circunscritas a la aparente nueva República declarada de forma unilateral.

Como medida cautelar, el BCE tomaría en el acto, como actuación precautoria, dejar fuera de su ámbito de protección los fondos, la actividad y el riesgo de todas las entidades que fueran controladas por la presunta República. Así, los depósitos y la operativa bancaria dependerían del correspondiente gobierno de dicha República, y no solo quedarían todos fuera de la protección del BCE, sino que también se pondría en duda la normativa del FGD, ya que al separarse del sistema financiero español, las consecuencias serían irreparables en cuanto a garantizar una cantidad mínima protegida. Como sabemos, en España están protegidos los primeros 100.000 euros por titular, y dispone de la seguridad del BCE para todos los depósitos situados en el sistema bancario español, por lo que ostentan y gozan de los derechos y deberes de un país europeo. En un supuesto de independencia, tampoco se podría contar con ningún tipo de apoyo de cualquier organismo internacional que igualmente diera cobertura a este tipo de garantías de los depósitos bancarios.

La razón por la que han actuado con tanta rapidez Banco Sabadell y Caixabank no es otra que establecer fuera de Cataluña el domicilio social y fiscal para seguir contando con la protección del BCE, ya que si se hiciera efectiva la República en Cataluña, las instituciones europeas, al no reconocerla como tal, dejarían en el acto de garantizar sus operaciones financieras; estas se someterían al gobierno de la República, que decidiría qué medidas tomar contra los depósitos, la deuda, las acciones y todo el nuevo sistema financiero que se formaría conforme a la nueva situación, en el que solo intervendría el nuevo poder creado, dejando por tanto de pertenecer al sistema financiero europeo. Esta medida sería inmediata, aunque posteriormente se buscaran apoyos para subsistir; en todo caso, Europa siempre podría reconsiderar cualquier acuerdo puntual, pero de momento es muy aventurado predecir tal escenario.

La decisión fue crear «cuentas espejo» fuera de la comunidad, es decir, un duplicado de las cuentas existentes en Cataluña en las que se recogen todos los movimientos acometidos en la cuenta originaria; como su sede social no está en territorio catalán, gozan de la protección del FGD y su liquidez siempre es inmediata, pues a todos los efectos son cuentas con iguales derechos que los del resto del Estado español. Esta medida tiene como objetivo retener a los clientes y frenar la sangría de huida de depósitos fuera de las entidades catalanas. La creación de las cuentas espejo ha dado tranquilidad y seguridad a los titulares de fondos que han visto cómo con el cambio de domicilio social se han frenado las salidas de efectivo y se han vuelto a consolidar las operaciones bancarias habituales sin ningún tipo de limitación, pues su depósito y su operativa siguen protegidos en la eurozona y con las garantías del FGD. Por lo general, las cuentas espejo se establecen en las ciudades más próximas, de ahí que se haya acordado establecer el domicilio social en la Comunidad Valenciana (Banco Sabadell en Alicante y Caixabank en Valencia). Este tipo de oficinas virtuales se pueden controlar fácilmente incluso por internet y evitan la oficina física donde se controla la cuenta espejo, por lo que el cliente no precisa desplazarse, y tampoco tiene que pagar nada.

Esta medida ha supuesto un gran acierto para la protección de los clientes, sin que además estos tengan que hacer nada, pues todo se ha ejecutado a iniciativa del banco. En definitiva, todo ha quedado más seguro, y es de suponer que muchos de los depósitos que se hayan podido trasladar de entidad puedan volver sin ningún tipo de problema ni limitación, por lo que se ha abortado la fuga de depósitos. Como digo, una actuación inteligente y rápida para evitar que se entre en la duda de las consecuencias de una declaración de independencia. Además de Banco Sabadell y Caixabank, otras grandes empresas han seguido esta iniciativa al contar en toda su actividad con el apoyo de Europa y sus instituciones; por tanto, el cambio de domicilio social les permite seguir disfrutando de los beneficios de la Comunidad Europea y sus organismos reguladores.

Sin embargo, el cambio de las multinacionales también lleva aparejado, como es lógico, que su ejecutiva y órganos de dirección se instalen allí donde está el nuevo domicilio fiscal y social, pues así lo exigen los organismos internacionales. La dispensa que puedan ofrecer de forma transitoria las autoridades para estos cambios de domicilio social y fiscal se verá mermada por la autoridad internacional europea, ya que no es normal que empresas potentes cambien sus domicilios de una comunidad a otra y no vayan acompañados de todo el aparato directivo de que dimana dicha decisión, pues se estaría ante un encubierto fraude de ley que Europa no permitiría, pues sería una práctica fácil de poner en marcha y difícil de llevar a cabo.

El 6 de octubre de 2017, con el Real Decreto-ley 15/2017 sobre la movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, el gobierno reformó la Ley de Sociedades de Capital de 2015; ahora, una sociedad puede acordar en su consejo el cambio de domicilio social con carácter urgente sin necesidad de tener que llevarlo a una junta general extraordinaria. El mismo día de su entrada en vigor, se acogieron tanto La Caixa como el resto de las empresas que operan en Cataluña y cuentan con la protección de Europa. Asimismo, se puede cambiar solo de domicilio social o solo de domicilio fiscal, pues una cosa no obliga a la otra, pero es bien sabido que los criterios generalizados de los órganos nacionales e internacionales no van a consentir que se tenga un domicilio social y también fiscal, si se solicita, donde no exista físicamente la mayor parte de la actividad, pues sería una medida incomprensible pasada la situación provisional. Incluso, como es el caso de los bancos, Bruselas exigiría la presencia obligada de los órganos de gobierno junto con los controles más especializados de la actividad.

Puede darse el caso de que estos cambios repentinos, motivados por circunstancias extremas (por ejemplo, en las entidades de crédito que cuentan con la protección y control del BCE), se puedan reajustar en el futuro, nadie se lo impide; no obstante, una vez que así se procediera, volverían a darse los movimientos de depósitos de aquellos que defienden una economía global y nacional y los que defienden la tradición del lugar de origen de la entidad que lleva a cabo cambios en su domicilio social por temas políticos, lo cual debilita mucho la solidez y la confianza en una entidad que opera en España y cuyo domicilio social se cambia ante la conveniencia del momento, pero no por una cuestión de vocación o convencimiento.

En los temas económicos, los depósitos son inseguros, al igual que los cambios frecuentes de domicilio social o fiscal. No es habitual que los bancos cambien de domicilio según sea la situación política, pues se arriesgan a contentar a unos y enfadar a otros; en consecuencia, si crecen los ingresos en el lugar acordado para el domicilio social, pueden disminuir en el de origen que se ha abandonado. Una problemática muy sensible que es preferible no poner a prueba para evitar la volatilidad de las operaciones bancarias, así como el tráfico financiero del que se sustenta una actividad tan frágil y seria como es la del mundo del dinero, donde la confianza es uno de los pilares más sólidos con los que cuentan las entidades acreditadas a través de los años y de las que nunca se duda por rigor y seriedad. Todo ello explica la distancia aparente de los banqueros del mundo de la política. Aunque la historia nos ha demostrado que unos y otros siempre están cerca, mezclarse nunca será bueno. El mayor ejemplo de ello, y que he puesto el empeño de demostrar en este libro, es la incursión de las fuerzas políticas locales y territoriales en las cajas de ahorros, que, como todos conocemos, en la última década han acabado desapareciendo y dejando a su paso una gran deuda ante Europa.

LA COMUNIDAD VALENCIANA COMO POTENCIA FINANCIERA

Como he explicado, Caixabank ha sabido mover rápidamente ficha y ya ha celebrado, con fecha de 23 de octubre de 2017, reunión del Consejo de Administración en Valencia, donde se dieron a conocer unos beneficios hasta septiembre de 1.488 millones de euros, un 58 % más que el año anterior. Igualmente se comentó la existencia de las ya dichas cuentas espejo como una forma de asegurar a todos los clientes sus saldos en la entidad, algo que en ningún momento pusieron en duda ni el mercado ni el sistema financiero. Además, Caixabank ya ha dejado claro que habrá muchas más juntas generales en Valencia, que es donde se ha fijado el nuevo domicilio social. Ha quedado totalmente resuelto el trámite empleado para la seguridad de todos sus clientes, y la evidencia de los resultados ha despejado el futuro de una entidad tan imparable como sólida cuyas fronteras solo las limita el afán y su propia historia, que es un ejemplo a seguir y a estudiar por aquellos que, amando a Cataluña, aman a España.

Igualmente, el Banco Sabadell celebró tres días después, el 26 de octubre, la primera reunión del Consejo de Administración en Alicante. En su comunicado oficial reitera que su traslado de la sede social a Alicante no tiene caducidad y que por tanto su decisión es firme y decidida, cumpliendo así lo establecido con este movimiento. En consecuencia, la Comunidad Valenciana pasará en muy poco tiempo a ser una de las comunidades financieras más importantes del país en detrimento, claro está, de Cataluña, que perdió en el mes de octubre de 2017 más de 1.800 empresas, que han cambiado su domicilio social y fiscal fuera de su territorio.

La indecisión en los mercados es similar en lo político, pues el día 10 de octubre de 2017 se declaró la República Independiente Catalana, pero solo por unos segundos, ya que inmediatamente fue suspendida por quienes la promulgaron, con idea de abrir un período de diálogo bilateral con el Estado español y, además, recabar cuantos apoyos fueran posibles, esperando que para entonces los pilares que sustentan dicha proclamación sean más sólidos. Algo realmente anecdótico si se consideran los movimientos de empresas que cambian de domicilio por temor a quedar fuera de la eurozona, protegiendo con este movimiento su propia actividad e intereses.

Vivimos por tanto tiempos de difícil entendimiento y no fácil solución, y no será tan sencillo salir sin dejar perjudicados por el camino. De todas formas, y como la historia no se detiene, el día 11 de octubre, el gobierno de España requirió de manera formal al presidente de la Generalitat de Cataluña que acreditase si se había declarado la tan sonada República Catalana, o bien no era tal el caso. En el primer supuesto, tendría que aplicarse el artículo 155 de la Constitución, destinado a aquellas comunidades que no respeten lo establecido en cuanto a normas de actuación y comportamiento que la Carta Magna exige a todos por igual. Según lo establecido, y en el caso que nos ocupa, el Estado podría resolver suspendiendo y controlando la Generalitat de forma administrativa y ejecutiva, desempeñando todas sus competencias hasta que la situación se resuelva, bien por desistir de todo lo andado, bien por convocar elecciones autonómicas y que los representantes que surjan de las urnas se entiendan directamente con el Estado, dispuestos a pactar una salida conforme a la legalidad vigente. Asimismo, se tomarán las medidas que la ley ampara para los rebeldes que no acaten otros resultados que la separación de España, algo que está suspendido por el propio Tribunal Constitucional.

De todas formas, a mediados de octubre las cosas cambiaron de forma considerable, pues mientras el gobierno de la Generalitat divagó en la creación de la República Catalana, proclamada (esta vez sí) el día 27 por los grupos independentistas, con igual fecha, el gobierno central puso en marcha el artículo 155 de la Constitución y destituyó al ejecutivo catalán en pleno, tomando a su cargo todas las gestiones y funciones administrativas; además, disolvió el Parlamento catalán y proclamó la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre de 2017.

Los resultados de estos comicios ya son conocidos, lo mismo que la fuga del expresidente a Bélgica, así como el triunfo en votos de los partidos no independentistas, aunque en escaños hayan conseguido mayoría los que defienden la independencia de Cataluña, con la sorpresa de haber sido Ciudadanos la fuerza más votada.

Con varios miembros políticos en la cárcel, y al mes de febrero de 2018 sin que aún no se haya constituido gobierno, el panorama es bastante incierto y bien poco se ha avanzado en la estabilidad de Cataluña.

Confiemos que a lo largo de 2018 se normalice la situación por el bien de todos.

SEGUNDA PARTE

Abogados y procuradores

Nuevos tiempos

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La profesión de abogado en el último cuarto de siglo

Este capítulo dedicado a la profesión de abogado es solo un criterio personal que me asigna mi condición de abogado, cuyo ejercicio he llevado a cabo durante más de cuarenta años, principalmente como jefe de Asesoría Jurídica en Andalucía Oriental en el Banco Central, Banco Central Hispano y Banco Santander, del que he sido durante más de quince años asesor del Consejo de Administración. He vivido los suficientes años para poder valorar las cualidades del abogado de toda la vida y los abogados de nuevo cuño que han empezado a proliferar principalmente desde comienzos del siglo XXI, en solitario o agrupados, sin haber disfrutado de una prolongada pasantía y los conocimientos que los despachos regidos por buenos profesionales suelen dejar sobre los nuevos abogados ejercientes.

A mediados del pasado siglo, la profesión de abogado estaba extendida por todos los partidos judiciales de nuestras capitales y pueblos, si bien en las cabezas de partido eran más habituales los despachos de aquellos abogados tradicionales que, bien por herencia, bien por poder económico, estudiaban la carrera de Derecho y ejercían esta profesión, gozando de grandes éxitos los que defendían y exponían ante el tribunal la razón de su cliente en los estrados de todas las instancias. En otros casos era habitual que se contara dentro del seno de una familia pudiente con algún miembro opositor a la profesión la profesión de juez, fiscal y abogado del Estado entre otras oposiciones como abogados del Banco de España, abogados jefes de todas las asesorías de bancos, cajas y multinacionales principalmente.

A mediados del siglo XX, incluso en los pueblos existían conocidos abogados con notables despachos tradicionales del derecho puro y duro y el conocimiento de los códigos Civil, Penal y Procesal. Aplicando estos en la forma adecuada y defendiendo en los tribunales a la parte representada, y aplicando además las leyes de Enjuiciamiento Civil y Penal en todas sus vertientes, se lograban en la mayor parte de las ocasiones los resultados esperados de éxito, del que nadie dudaba al tratarse de los grandes y tradicionales abogados que, sobre todo en las cabeceras de provincia, gozaban de la experiencia y el prestigio necesarios para sacar adelante las contiendas más complicadas. Aunque parezca simple esta reflexión, los abogados procedentes de cabezas de partido judicial nunca podían estar a la altura de los prestigiosos letrados de las capitales, sobre todo de Madrid y Barcelona. Aunque se aplicaran las mismas leyes y su regulación procesal, las diferencias siempre eran notorias; entonces se recurría a estos abogados para saber que el resultado podría ser más favorable al conocer con más soltura la práctica procesal, principalmente en los recursos de audiencias y casación ante el Tribunal Supremo. Esta práctica era muy similar en el ejercicio de la procura, pues la experiencia igualmente siempre jugaba más a su favor por el control de iguales normas procesales. Lo mismo que ocurría con los abogados, existían procuradores diligentes que siempre eran los primeros en presentar un mandamiento de embargo y anotarlo con letra «A», en impulsar los procedimientos personándose casi a diario para agilizar los trámites y conseguir los proveídos, autos o sentencias con una diligencia avanzada y exacta. Estos profesionales, bien en partidos judiciales, audiencias o Tribunal Supremo, realizaban su profesión como ejemplo del conocimiento, el equilibrio y la experiencia, y de ellos aprendían sus pasantes, al igual que en los despachos de laureados letrados. Ellos marcaban el rumbo y el camino a todos cuantos iban enseñando una profesión tan importante y llena de pequeños detalles que en muchos casos los diferenciaba del resto de los compañeros del mismo gremio, y en numerosas ocasiones sus dictámenes producían el efecto de sentencias no recurribles.

La relación dentro de la judicatura fue siempre leal y se distinguió por un gran respeto hacia el juez, magistrado o secretario judicial. Siempre existió el entendimiento y la distancia, y en muchos casos, más por convencimiento que por las dotes de orador del defensor, el juzgador admitía la teoría más cargada de razón y, por supuesto, la mejor expuesta y más fluida en razonamientos jurídicos en el plano procesal, observando una compostura y una presencia dignas de tan loables profesiones. Tengo que reconocer que en el despacho en el que realicé mi pasantía, dirigido por don Eduardo Ortega Anguita, aprendí a usar la reverencia ante la autoridad judicial, así como guardar distancia y evitar en todo momento un comportamiento que no estuviera dentro de la lealtad y la exigencia de defensor, y pedir siempre toda clase de pronunciamientos favorables hacia el defendido. Aquellas profesiones de abogado y procurador, además de complementarse, hacían posible el buen trato y los grandes resultados. Era un mundo en el que cada cual tenía su espacio y a cada cual se le reconocía igual respeto, y cuando el contrario vencía, se apelaba si se tenía razón o se aconsejaba al demandante o demandado aquello que le pudiera suponer menos desembolso y más éxito en la resolución final.

Al hablar de grandes penalistas, siempre recuerdo a mi padrino José Antonio Sainz Cantero, catedrático de Derecho Penal que sustituyó en la Universidad de Granada a don José María Stampa Braun, padrino de mi mujer (también abogada) y con el que colaboré durante muchos años en su despacho de Madrid. Seguramente fue él quien siguió enseñándome cómo se debe actuar ante los tribunales, principalmente en el ámbito penal, y hacer posible, a través del conocimiento y la experiencia, la defensa de cualquier causa aplicando siempre el principio de la presunción de inocencia. En el ámbito penal, me enseñó (y no sé si aprendí) a decidir en la vista oral todo el peso no solo de la carga de la prueba, sino también de las conclusiones finales.

Los grandes conocimientos en la instrucción, no solo de las diligencias previas, sino también del propio sumario, daban la posibilidad de crear un escrito de conclusiones que, antes de elevarlo a definitivas, se podía modificar según hubiera resultado la vista oral, prueba testifical, etcétera. En la mayoría de los casos, cuando el tribunal pedía dichas conclusiones en el acto del juicio, muchas veces se modificaban para dejar totalmente desorientada a la otra parte, pues en función de las conclusiones aportadas al sumario, dicha parte ya había trabajado en tal orientación y siempre se trataba de aprovechar la posición de acusador o acusado, en cualquiera de los casos, para modificar las conclusiones y dejar en desventaja al que no ejerció ese derecho y elevó estas a definitivas, pues existen momentos procesales en los que la prisión o la libertad se consiguen con la pericia de usar los tiempos procesales para cambiar en el último trámite de dicho proceso un pronunciamiento que puede resultar favorable. El juicio oral permite que el juez requiera primero a la acusación, si en este caso es el Ministerio Fiscal, después a las acusaciones y, por último, a las defensas que manifiesten si ratifican o modifican sus escritos de conclusiones provisionales (artículos 732, 733 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Es precisamente en ese trámite donde la parte acusadora puede cambiar su criterio y desconcertar a las defensas, pues, por lo general, la defensa se ciñe a las conclusiones provisionales conocidas.

En definitiva, estos son relatos de muchos años de instrucción penal que solo el tiempo puede dejar con su práctica y su paso en los letrados que ya cumplieron más de cuarenta años en el ejercicio de su profesión.

UN NUEVO SIGLO

Llegado el siglo XXI, la sociedad experimenta un cambio, un ritmo y una tendencia que dejan atrás una etapa de la abogacía tradicional, y resurge el ejercicio de una abogacía agresiva que discurre en paralelo al auge económico de principios de siglo hasta la llegada de 2008, cuando la crisis, más que aparecer, destroza principalmente los sistemas inmobiliarios. Esta frenética actividad, nacida también con el nuevo siglo, trajo consigo todo tipo de productos bancarios, preferentes o simplemente «productos tóxicos», que se colocaron como inversión por toda la banca y cuya rentabilidad aparente se manifestaba por los abonos trimestrales que reflejaban las cuentas beneficiarias. En algunos casos son productos de riesgo que solo los comercializaban los conocedores del sector. Había dinero fácil incluso para estas remuneraciones que proliferaban no solo en las oficinas bancarias, sino también en los despachos de los especialistas financieros, donde un gran número de abogados salidos de las mejores universidades de España y del mundo decidían trabajar en el momento que concluían sus estudios de Derecho, Economía y Ciencias Empresariales. Incluso se daba el caso de que un gran número de talentos acumulaban ambas carreras, como es el caso de E3 en ICADE, y conquistaban con sus conocimientos los mejores puestos con responsabilidad dentro, principalmente, de los sectores bancario y financiero.

En la abogacía cambian las formas, las tendencias, y más que a defender, se aprende a asesorar y a promocionar jurídicamente el nacimiento de nuevos productos, nuevas formas de ejercer el derecho y el asesoramiento constante para nuevas salidas a Bolsa, nuevos entramados financieros, muy legales pero muy complejos. El ejercicio de los abogados tradicionales se limita a las contiendas civiles y penales de toda la vida, ejercer como letrados de zona de un banco y procurar ser el primero en llegar al juzgado cuando había que hacer reclamaciones y se empezaba a asesorar de forma territorial y local a las redes de los bancos que colocaban en el mercado todo el aluvión de nuevos productos cuya existencia hasta el momento se desconocía.

En estos casos, el asesoramiento del letrado de plantilla era muy necesario; incluso en las asesorías territoriales de los grandes bancos se celebraban continuamente reuniones para ir asesorando al personal comercial y a todos los letrados de zona sobre los nuevos productos que poblaban los mercados financieros y a los que había que dar credibilidad y difusión; estos incluso solían colocarse fácilmente en clientes de bancos porque su rentabilidad era elevada, e incluso en la época del boom inmobiliario se otorgaban préstamos sin límites, pues la solvencia de estos cada vez era mayor de un día para otro por el aumento de una demanda desenfrenada de adquisición de todo tipo de productos ligados a la promoción inmobiliaria sin reparar en la rentabilidad ni en la conveniencia, o sin realizar antes un estudio pormenorizado de su rentabilidad y riesgo, que también lo tenía.

Los grandes despachos y departamentos de la banca daban toda la seguridad jurídica y patrimonial a estos productos, lo cual facilitaba su colocación. Al igual que los créditos y los préstamos, estos otros crecían igual de rápido que las grandes urbanizaciones y los grandes complejos inmobiliarios, que cambiaban las fisonomías de las capitales, las grandes zonas industriales de las ciudades dormitorio, cercanas a las grandes capitales. En tan interesante mundo, la profesión de abogado tenía una gran salida y prestaba un gran servicio de asesoramiento y gestión.

A comienzos del siglo XXI, arrancaban en Estados Unidos las hipotecas subprime que en España podrían haberse llamado «alegría española», como he leído en algún sitio. Los tiempos de estas hipotecas nacían con el nuevo siglo y su profusión y propagación inundó el mundo: no importa el valor del inmueble hoy, pues mañana valdrá mucho más y, por tanto, admite una hipoteca por el cien por cien del valor de concesión, incluso hasta un 20 % más para cubrir gastos de mobiliario, coche, boda y otros…

Los abogados, tanto los nuevos como los viejos, son necesarios para regular y orientar los funcionamientos rápidos de este tipo de producto que arrasaba por el mundo. Crecen las agencias inmobiliarias donde el letrado repasa el contrato e incluye la regulación legal, resaltando en muchos casos un requisito exigido por los bancos: la responsabilidad solidaria de los hipotecados. Un detalle en el que no se repara, ya que muchos de los adquirentes carecen de bienes e incluso, en algunos casos, de trabajo; pero eso no importa, porque hay que cubrir la campaña a diario, pues las oficinas bancarias y las notarías cuadran sus agendas para llevar a cabo los trámites de firmas que en muchas ocasiones guardan un riguroso turno en las fechas en que tengan la suerte de comparecer los agitados compradores, donde los gastos no se discuten, los asesoramientos y los estudios tampoco, y los tipos de interés variable se acomodan al euríbor para que todo en conjunto dé una cuota asequible al importe de los sueldos de aquellos que los firman. Posiblemente, en muchos casos jamás se pedía la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España), pues se contaba con la seguridad de que la vivienda hipotecada superaba la cobertura de todo el riesgo autorizado y en la mayoría de los casos bastaba con acompañar las últimas nóminas de los solicitantes. Por ello existían dos clases de hipotecas: las que amparaban este requisito (imprescindible ahora) y las que no lo tenían en cuenta. Incluso hay que destacar que en muchos casos estos datos no están actualizados al mismo día que se solicitan.

Muchos de los abogados, recién acabada la carrera, montaban agencias inmobiliarias, pues era la profesión de moda y en la que más dinero se ganaba. Allí se realizaban todos los trámites, e incluso se entregaba al cliente la escritura de la casa y la de la hipoteca debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, y ahí acababa la gestión. Así sucedió durante unos años en los que había trabajo suficiente para todos, hasta que en 2008 llegó la quiebra de Lehman Brothers y aparecieron otro tipo de delitos desconocidos en el pasado siglo: corrupción, blanqueo de capitales, cohecho, estafa, delito económico, delito societario…

Nacía un nuevo siglo y con él los nuevos tipos de delitos, así como las nuevas formas de juzgar y encausar. Por un lado estaban los jueces estrella, que siempre niegan que lo quieran ser, y los juicios mediáticos con la pena del telediario; aparecían grupos de investigación que, sin ser jueces, ya seleccionan a los encausados y el delito de que se les acusaba. Las fuerzas de seguridad del Estado han pasado a copar los telediarios y los informativos sensacionalistas, y las cámaras llegan al lugar de las detenciones antes incluso que la policía o la Guardia Civil; se suceden las filtraciones, que aparecen de inmediato en los medios de comunicación y siempre con las injerencias políticas de turno. «Se le ponen o no las esposas» para introducir al detenido en el vehículo policial: así se inicia la instrucción del telediario. Como ya estamos acostumbrados, nadie hace nada por evitar esa pena que ofrecen en exclusiva los medios de comunicación alertados, como es lógico, por las partes que intervienen; si bien cuando hablan de su independencia, afirman no equivocarse en nada y jamás cometen errores.

El siglo XXI está plagado de juicios políticos y mediáticos que dan trabajo suficiente para que diversas cadenas de televisión alimenten su programación y suban de audiencia. Sorprende que las fuerzas que llevan a cabo las detenciones también le digan al juez por qué delitos hay que juzgar a los detenidos; incluso salen a la luz peleas entre políticos a los que la Guardia Civil señala el delito por el que deben ser investigados, dándolo a conocer a la prensa, y después el juez desmiente y rechaza la calificación «procesal» de las fuerzas de seguridad del Estado, sin que nadie pida explicación a nadie y todo siga en el embrollo sin saber a quién hacer caso. A esto hay que sumar que a veces el juez instructor abandona el juzgado para pasar a un puesto más alto del escalafón, por lo que todo queda en manos de las fuerzas de seguridad mientras se busca a otro juez que prosiga con la instrucción.

A nadie se le convence de que los medios de seguridad, más que por la seguridad, velan por conseguir una implicación que salga en todos los informativos sin clarificar quién decide y quién condena. (Un caso concreto: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, denuncia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por prevaricación y cohecho en la Operación Púnica; el juez titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, corrige a la UCO y desmiente que se le atribuyan estos delitos, algo a lo que ya habían dado la máxima difusión en los medios, incluso antes de que el juez tuviera conocimiento de esta investigación…)

Lo importante es hacerse famoso y salir en los medios, pues es la forma más rápida de aceptar ofertas de grandes despachos y pedir excedencias, sin mencionar casos concretos pero ampliamente conocidos entre los jueces y fiscales principalmente. Nadie se explica que la figura de la persona, ese bien jurídico protegido que señala la Constitución, pueda ser investigada y dictaminar su culpabilidad antes de que un juez se pronuncie, incluso ignorando la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, que debe proteger a la persona como tal y respetar la presunción de inocencia, y no ser castigada con la pena del telediario antes de que un tribunal haya formulado cargos en su contra, y en muchos casos, además, sin haberle tomado declaración. Sin embargo, la noticia se abre paso al ritmo de centenares de cámaras de televisión, fotógrafos, corresponsales, redactores, policías… Parecen no lesionar ningún bien jurídico protegido, pero los están lesionando todos; ni siquiera se escapa la famosa protección de datos…, tan de moda en estos tiempos y, claro, tan exigente con unos y tan flexible con otros.

Pero es de los avances del siglo XXI de los que pretendo hablar en este capítulo, y para ello hay que entender el carácter normativo que regula la profesión de abogado y procurador, así como analizar con tiempo y en silencio las siguientes disposiciones divulgadas y aprobadas en este siglo y que definitivamente han dado un cambio radical a las profesiones liberales y, dentro de ellas, las que nos ocupan. Entre otras existentes, cabe mencionar las siguientes leyes:

• Ley 34/2006, de 10 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

• Ley 2/2007, de 15 de marzo, sobre sociedades profesionales, donde regula su actividad y composición jurídica.

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, denominada Ley Ómnibus, promulgada para adaptar la legislación española a la directiva europea, Ley 123/2006/CE.

El objeto y la finalidad de la Ley 34/2006 es regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador, pues sin él no se pueden ejercer ninguna de las dos profesiones y, por tanto, tampoco se podrá ejercer la defensa privada y la representación de las partes. Además de la formación universitaria de licenciatura en Derecho, será necesario llevar a cabo cursos de formación en universidades públicas y privadas de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de posgrado junto con las prácticas externas en cada especialidad y formación de las escuelas de práctica jurídica. La profesión de abogado y procurador de los tribunales ha experimentado un gran avance en la profesionalización de cada especialidad, pues a diferencia del pasado siglo, en el que solo bastaba con acabar la carrera de Derecho y darse de alta en un Colegio Oficial de Abogados o Procuradores y empezar a ejercer, en la actual situación, además de los estudios de posgrado y las prácticas pertinentes, se llega a la colegiación, que, para las fechas de esta ley, era de obligado cumplimiento. La idea fue acertada para dotar a los profesionales de la práctica en el ejercicio de su profesión y con ello lograr un servicio más eficaz y repetido del que se puede beneficiar no solo la profesión sino el propio consumidor al que van dirigidas todas las reformas en el ámbito de la administración de justicia. Esto es así porque las leyes posteriores (hasta nuestros días) reiteran una y otra vez que el espíritu de las regulaciones normativas sobre la profesión, además de ir encaminadas al mejor conocimiento de las leyes y su práctica, buscan sobre todo la conformidad con el consumidor, que es el que recibe el producto final de todo el esfuerzo y al que se trata de beneficiar con un adecuado trabajo y una también adecuada remuneración.

La Ley 2/2007 recoge la evolución de las actividades profesionales para llevar a cabo en equipo aquello que resultaría más complicado hacer a nivel personal. Y es este el criterio que hace ya una década se tuvo en cuenta para poder realizar las asociaciones de profesionales y llevar a cabo un trabajo más en común y del que responde la sociedad misma. Por tanto, se crean las sociedades multidisciplinares desde las que se pueden ejercer diversas actividades profesionales. Estas sociedades pueden constituirse por los profesionales que lo deseen y cuyo requisito es el título universitario y la inscripción en el colegio profesional correspondiente. Este tipo de sociedad tuvo cierta aceptación nada más salir, y aunque después han proliferado menos, se la considera un gran medio para constituir pequeñas asociaciones de profesionales cuyo control siempre lo ejerce el profesional más cualificado (tal como ocurre con los SIP de las cajas de ahorros, cuya representación la ejerce la de mayor prestigio o conocimiento del sector).

La Ley 17/2009, en su artículo primero, define las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios, y señala el «servicio», el «prestador», el «destinatario» y una serie de figuras que nadie consideraría que se puedan referir a los abogados y procuradores. En cambio, al llegar a la interpretación de su articulado se observa que los colegios profesionales deben promover los consejos generales y autonómicos de colegios, organizaciones profesionales y de las cámaras de comercio para controlar los códigos de conducta que faciliten la libre prestación de servicios o prestador de otro Estado miembro de la Unión Europea, respetando las normas de la competencia; sobre todo recoge condiciones comunitarias para intercambiar servicios profesionales, principalmente para establecerse en España.

Por último, la Ley 25/2009, en su capítulo tercero (servicios profesionales), modifica, entre otras, la Ley 2/1974 sobre colegios profesionales y también la Ley 2/2007 sobre las sociedades profesionales. Respecto a esta última, lo hace con un doble objetivo: la adaptación de la directiva de servicios y la reforma en profundidad de la regulación del sector más importante de la economía española. Se controlan con esta ley las actividades más eficaces pero menos gravosas para ciudadanos y empresas, y dentro de sus objetivos está el de crear puestos de trabajo y, además, favorecer en todo lo posible al ciudadano, adaptando su contenido a la normativa europea. Asimismo, se modifican cuarenta y seis leyes estatales sobre diversas materias con el fin de crear un entorno regulatorio más favorable y transparente para el desarrollo de la actividad económica. Regula las ochenta y siete profesiones con colegio profesional, facilitando los trámites de colegiación y eliminando las restricciones de publicidad establecidas por normas colegiales; con ello busca que el consumidor esté más informado prohibiendo la publicidad engañosa.

Se eliminan también las restricciones impuestas por los colegios profesionales; así, con que el profesional se dé de alta en un solo colegio es suficiente para poder ejercer en toda España. Incluso se permite el ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones, aprovechando las sinergias que puedan generar las sociedades multidisciplinares. Los abogados podrán trabajar conjuntamente, y asimismo podrán ejercer las funciones de los procuradores, puesto que ninguna ley lo prohíbe (era decisión de los propios colegios); sigue estando prohibido actuar como médico y farmacéutico, porque así lo dice la ley, pero abogados y procuradores pueden actuar de forma conjunta sin ningún tipo de prohibición. Con esta ley se garantiza el ejercicio de las profesiones en forma societaria, lo que permitirá a los profesionales asociarse con mayor facilidad, y aclara la situación de las grandes empresas de servicios profesionales, como puede ser el trabajo profesional a nivel nacional de asociaciones de abogados y procuradores, procuradores solamente e incluso abogados. Pongo un ejemplo que conozco bien: MC Abogados o MC Procuradores, aunque estén participadas entre sí. Da fuerza al nacimiento de nuevas sociedades prestadoras de servicios profesionales que tengan mayor capacidad de adaptación a las demandas de sus clientes, así como una mayor capacidad de competir, creando innumerables puestos de trabajo no solo donde se ubique su colegio profesional sino en toda España.

El ejercicio profesional se verá beneficiado por la supresión de trámites habituales, como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del colegio de inscripción. Igualmente, se suprime el baremo orientativo de normas mínimas, donde cada colegio mantenía un criterio diferente, quedando libre el concepto de honorarios, pues considera que favorecía la concertación tácita de precios y, por tanto, resultan anticompetitivos al impedir la competencia en precios que beneficia al consumidor. Ha existido una gran oposición por parte de los colegios, principalmente los de procuradores, que defienden, más que la profesión, las normas de honorarios. Es razonable que lo intenten, y aún los hay que consideran que volverán los aranceles de toda la vida, si bien aquellos profesionales que han comprendido el alcance de esta ley han respondido colaborando o asociándose con otros profesionales para tener un campo de trabajo que pasa de lo local a lo nacional. En un mercado de libre competencia, pueden instalar otros profesionales de la Unión Europea y pueden realizar el mismo trabajo en todo tipo de plazas, señalando un precio cerrado por toda la actuación. Igualmente, en otro tipo de profesiones se suprimen los visados obligatorios y se pueden llevar a cabo si ambas partes están de acuerdo.

Se reafirma el espíritu de esta ley de leyes en el campo profesional, reforzando la orientación de los colegios profesionales a la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, obligando a dichos colegios a mantener un servicio de atención a los usuarios, asegurándoles un canal directo y gratuito para presentar sus reclamaciones por actuaciones defectuosas de servicios profesionales y que puedan perjudicar al usuario, quien de este modo queda totalmente protegido. Como digo, esta ley (principalmente en el campo de los procuradores) tuvo un gran rechazo incluso dentro de los propios juzgados; en los partidos judiciales ya estaban acostumbrados a los profesionales concretos de la plaza, por lo que lo consideraban una intromisión en el ejercicio de su actividad. Sin embargo, con el paso de los años han comprobado que se ha producido un incremento de trabajo, y aunque los honorarios hayan descendido, los asuntos han aumentado y la profesionalidad de cada cual no tiene más fronteras que las que quiera establecer sobre su actividad.

«PÁSEME UN PRESUPUESTO»

He querido traer a estas páginas algunos de los cambios que ha experimentado la abogacía en los últimos veinticinco años, y muy especialmente en los primeros diecisiete de este siglo. Hace tan solo una década, nadie podía imaginar la cantidad de leyes importantes que han influido en la profesión de abogado y procurador. Una y otra, ambas liberales, se guiaban por sus colegios profesionales y sus normas orientativas de la escala de honorarios, y nada podía hacer pensar que siendo un abogado con despacho abierto en distintas provincias, la rentabilidad de hoy no se parecería en nada a lo que suponía, dos décadas atrás, ser letrado de zona de un solo banco y en una provincia como la de Jaén, por ejemplo. En la actualidad, las entidades de crédito y las grandes compañías piden diferentes presupuestos a despachos distintos y el más barato consigue el asunto. No importan los conocimientos, el interés o el estudio pormenorizado del tema; lo fundamental es el presupuesto y, como acabo de decir, el más económico es el que siempre gana. Por tanto, en la profesión de abogado y procurador se han perdido aquellas consideraciones que se merecía un trabajo bien hecho. Desgraciadamente, hoy el más barato no es el mejor, pero sí el más rentable, y para hacer un trabajo siempre precede la coletilla: «Páseme un presupuesto». Los presupuestos y las máquinas tienen la palabra. Los antecedentes ya no tienen cabida nada más que en los penales.

Han proliferado los grandes fondos que compran las carteras de las entidades bancarias; en consecuencia, los resultados son la clave. No importa los escrúpulos que hace un cuarto de siglo se mantenían por el buen nombre del banco o de la empresa a la que se servía. Ahora se busca la forma de recuperar más y con los menores gastos posibles para que sea rentable, y si no se cubre el porcentaje que asignan, se busca otro despacho que cumpla con la exigencia sin reparar en reconocer el prestigio de toda una vida al servicio de las entidades que hoy se deshacen de sus carteras de morosos, buscando el saneamiento de sus balances para reducir la cuota de morosidad.

La última década, desde que nació la crisis en 2008, ha cambiado la forma de actuar de la abogacía tradicional, y algo parecido ha sucedido en los procuradores. Aquellos tiempos en que los grandes despachos eran conocidos por ser «abogados de pleitos» han dado paso a los despachos de «abogados de costas», como bien se puede ver en la publicidad de muchos de ellos. Han triunfado en lo económico y han actuado aprovechando la tendencia y la oportunidad del momento. Se han seguido campañas sobre «participaciones preferentes», «cláusulas suelo», «gastos de tramitación de hipotecas atribuidos al banco o compartidos en parte con el cliente»… La abogacía principalmente ha vuelto a elegir tema y lo está explicando y desarrollando de la forma más clara posible, y aunque se hable de miles de demandas con un mismo texto donde solo cambia la cantidad y el nombre del deudor, lo cierto es que están apareciendo sociedades profesionales y agrupaciones de despachos que, lejos del sistema tradicional, están poniendo en jaque a muchas entidades de crédito con todo tipo de reclamaciones. Igual sucede con los despachos colectivos de procuradores o sociedades profesionales que se dedican a apoyar esta tarea.

Nacen miles de asuntos con cualquier resolución del Consejo de Ministros y, por lo general, las entidades bancarias suelen negociar con sus clientes para evitar las campañas masivas no solo de desprestigio, sino también de costes. En muchos de estos casos, además, se ha encendido la antorcha de la inconformidad contra las entidades bancarias; se forman asociaciones de afectados por un producto u otro, tramitado por una entidad de crédito a la que le piden su devolución y exigen su responsabilidad; una y otra se suelen casar y coadyuvan con estos nuevos tiempos de exigir responsabilidades a los que traficaron con supuestas formas toleradas por los reguladores, denunciadas hoy ante la autoridad judicial. La prioridad está ahora en los despachos que reclaman los derechos y la inversión de sus clientes, y aunque en muchos casos se vea como una actuación muy atípica de la abogacía y la procura, no es menos atípico el comportamiento de las entidades de crédito al ofrecer a sus clientes productos tóxicos de incierta recuperación. Es lo que hemos visto en el caso de la CAM, con sus cuotas participativas en 2008 que la caja emitió como valores que eran similares a las acciones pero no para las cajas de ahorros; cotizaban en Bolsa y pagaban dividendos, pero cuando dicha caja fue intervenida, el valor de esas «cuotas participativas» se redujo a cero y fueron suscritas casi en su totalidad por clientes de la entidad. En mayo de 2017, la Audiencia Provincial de Alicante se pronunció en contra de los titulares de dichas cuotas participativas y las anuló hasta 2011, por lo que todos los inversores de los años anteriores han perdido su dinero. Esta práctica ha copado los titulares de los servicios informativos de todas las cadenas de televisión.

No es comparable, pero al igual que la clase política sufre deterioro en sus congresos y guerras intestinas, las entidades bancarias padecen enormemente el desprestigio y el acoso, cuando pocos son los que confían y muchos los que se quejan. Basta con conocer las situaciones de muchas entidades, cuyas carteras de incobrables han puesto en manos de fondos buitre a precios de derribo, donde el porcentaje que se paga por estos activos nunca supera el 5 % y estos reclaman el total adeudado, si bien, como es lógico, con grandes quitas. No es comparación, pero sí insinuación: ha llegado la época donde los búhos se ausentaron, pues lo que tenían que observar ya lo observaron, y han vuelto las águilas para agitar la comida de los buitres que acuden en bandadas para engullir la materia que los alimenta; entre todo ese revoltijo existen sueños de personas que se creyeron ricas y poderosas y que a partir de 2008 descubrieron que su «riqueza aparente» era más frágil de lo que parecía, y aunque dio para mucho, pronto murió, y aunque se intentó, nada volvió a ser lo que era.

El tiempo dio la oportunidad al mundo de cambiar de valores, costumbres y formas que en nada se asemejaban a las tradicionales de toda la vida: los profesionales de las tertulias sobrevolaban los estudios de radios y, sobre todo, de televisiones que lo saben todo pero que después no predican con el ejemplo en sus cuentas. Y es que viven del sensacionalismo y del saldo de su cuenta de resultados, que aumenta o disminuye según la información que propagan y que consume y padece un pueblo harto y cansado de tanta manipulación y tanta repetición.

La disputa nacional repartió sus audiencias y nació un nuevo fenómeno que aparentemente agrupaba a los más listos aconsejando a los más tontos; con ello se creó tal desconcierto que todos empezaron a no fiarse de nadie. Estos listos crearon a nivel social la profesión más escandalosa y subida de tono que todos hayamos conocido, y que se caracteriza por repetir una y otra vez eso de «Déjeme terminar», «¿Me deja hablar?» o «Ahora déjeme hablar a mí, que yo le he dejado hablar a usted»… Uno es incapaz de distinguir el tema del que tratan, porque todos hablan a la vez de todo y desde el plató lo resuelven. No obstante, la figura del paro no la tocan; no se conoce que a ninguno de ellos se le atribuya la creación de algún puesto de trabajo, pues actúan solos, y solo entre ellos arreglan o desarreglan el país cada día.

El morbo lo da el tema que se afronta, y si no tiene muchos seguidores plantados delante de la pantalla, rápidamente se cambia por otro: una desgracia, un incendio de grandes proporciones, un atropello, un caso de malos tratos con publicidad máxima, o las continuas entradas y salidas de la Audiencia Nacional y el poder de sus funcionarios que, como es conocido, siempre están de actualidad en estos azarosos tiempos en los que un banco se muere y, al momento, acuden al tanatorio financiero una inmensidad de «enemigos y parientes» que esperan hacerse con sus cenizas y distribuirlas entre sus adversarios para conservar «un recuerdo» que lo mantenga vivo en sus vidas y comportamientos, hasta que caiga el siguiente…

EL «ABOGADO DE CABECERA»

En todo este entramado de folclore bullicioso y crispado, los abogados también han encontrado una nueva cuota de mercado: las querellas por insultos, insinuaciones, desmentidos e incluso agresiones, con las indemnizaciones pertinentes. Todos, absolutamente todos cuentan historias difíciles de creer, pero siempre disponen de un abogado de cabecera, dejando a un lado al médico, que parece no estar de moda por eso de que la sangre no llega al río. Pero todo sigue cambiando, y ya avanzado el siglo XXI aquello de «Llamaré a mi abogado» se ha sustituido por «Llamaré a los medios de comunicación»; bueno, no a los medios de información que informan, sino a los medios que comunican la actualidad más apasionante del día a día, con más morbo y, si es posible, con un protagonista famoso. Hemos visto invenciones de supuestos hijos de pintores (Dalí) o de cantantes (Julio Iglesias) y cómo los jueces llevan a cabo con la mayor diligencia la exhumación de los cadáveres, para luego comprobar que solo se trataba de conseguir fama y copar los platós de televisión.

Mientras tanto, los científicos siguen con sus descubrimientos médicos esenciales para nuestra salud sin hacer apenas ruido; y qué decir de los avances de nuestro tiempo en la investigación molecular, la era digital, la transferencia de datos a cualquier parte del mundo… Todo esto no interesa, la audiencia no acompaña y, por tanto, no merece la pena reponer programas culturales, que a veces casi nadie entiende porque la sociedad está más acostumbrada a la absurda actualidad del cambio deluxe del hijo adoptivo del conductor de un famoso, las vacaciones de muchas mujeres y hombres que sin apenas saber leer ni escribir llevan tras de sí una nube de fotógrafos y cámaras para contar a la audiencia con quiénes se han acostado y si la prueba de paternidad de algún famoso pone de moda a su madre, que un día contó en la intimidad que creía que su padre era el Marqués de los Líos. Todas estas noticias ocupan más minutos de pantalla en un día que los programas culturales en todo el mes.

Los personajes, además de estudiarse, se lanzan al mercado de forma interesada por ellos mismos, y ya con un empujoncito de la audiencia se ponen de moda y salen a la calle para que todo el vecindario salga a la puerta y le repita: «Pepita Pérez soy yo o está en mi casa». Después, como es lógico, el jolgorio y los empujones por salir en un programa de audiencia premian a los que más gritan o mayor pancarta exhiben con la consagración de su imagen en la pequeña pantalla; en su minuto de gloria cuentan lo que se les ocurre aunque no tenga nada que ver con el tema que se les pregunta, porque así pueden promocionar un tema nuevo, como, por ejemplo, contar que el jefe de su padre ha tenido una relación sentimental con la presentadora de la información del tiempo y por eso se equivoca tanto.

Aunque con escasa trascendencia, así transcurren los días del siglo XXI, en los que cada cual se busca la vida donde puede. Por eso precisamente los abogados deben estar para defender todos los problemas que afecten a la convivencia humana y hacerla posible mediante la ley o medidas de seguridad, evitando o paliando el mal. Incluso se nos está diciendo todos los días que la asesora jurídica de un caso mediático, de corte feminista, de mujer contra hombre en un ayuntamiento de Granada no es abogada y, por tanto, el Consejo de la Abogacía lo hace público, pero no pasa nada, pues sigue ejerciendo y tomando parte en platós y medios de comunicación, habiendo conseguido su minuto de gloria, saliendo más veces en las pantallas de las televisiones que cualquier científico de nuestro planeta; para ejercer el asesoramiento jurídico de un ayuntamiento no importa no ser letrada, basta con salir muchas veces en televisión y convocar ruedas de prensa. Su objetivo está consumado en un país donde todo vale y todo se permite, y si alguien se siente perseguido, aunque sea justamente, se alían con las fuerzas políticas de turno y hasta los presidentes de Gobierno apoyan los pronunciamientos políticos y populares de la multitud por eso de estar con el pueblo, aunque después no conozcan el fondo de lo que están apoyando e incluso pueden estar infringiendo los propios principios del Estado de derecho, pero qué importan los principios si todos empiezan por el final.

Estamos en un país libre donde en muchos casos se persigue más al que cumple la ley que al que la incumple, y al final el segundo se beneficia más que el primero de todos los incentivos sociales y las más sagradas consideraciones del elenco político amparado en el ruido de la población. En un país donde todo vale y todo se justifica se beneficia al que más veces comparece ante las cámaras y los micrófonos, lo cual dificulta distinguir a quién le asisten más derechos, si al que se calla o al que grita y manipula. No es preciso haber estudiado mucho para ver que al segundo se le cree más porque ha aprendido, como los futbolistas, a engañar al árbitro, y siempre sale más favorecido el que despista que el que cumple y dice la verdad. Esa es la impresión que toma el pueblo llano y que se impone porque los medios y los políticos así lo consideran. La respuesta, más que en una sentencia, la encuentran en las vecinas y vecinos de la calle, que con solo gritar más fuerte consiguen la respuesta judicial que los calme, para justificar ante los medios que las redes sociales y las algaradas callejeras han sembrado una jurisprudencia más sonada que la que hasta el momento había primado en el Estado de derecho.

Estamos en plena identificación de «representantes jurídicos» sin título, políticos de todos los modelos, más o menos feos, pero fundidos con la causa que defienda un caso mediático; no importan los antecedentes, lo políticamente correcto es ponerse del lado del que más grita, y posiblemente el que tenga la razón no entienda lo banal que resulta esta incertidumbre procesal. ¿Acaso usted, estimado lector, cree que un presidente del Gobierno conoce el fondo de las causas legales a las que apoya sin rodeos? Seguro que no, pero no se puede quedar fuera, pues lo criticarían el resto de los «voceros sin conocimientos», y seguro que por no hacerlo tendría que dar una explicación en el arco parlamentario, así que prefiere acompañar a Vicente, ese que dicen que va donde va la gente, antes que pararse y decir a los jueces que cumplan con la ley para hacer más fuerte su mandato y, además, consolidar el Estado de derecho y hacer valer la defensa legítima que ejerce el Ministerio Fiscal. Si lo hiciera así, perdería votos pero ganaría credibilidad y prestigio, algo que alguna vez volveremos a recuperar con un poco de sentido común y una reflexión obligada de la gente normal, que recordará estos tiempos del espectáculo esperpéntico como la causa del mal causado de lo que está ocurriendo.

ESE MAÑANA QUE FUE AYER

A medida que avanzaba el siglo XX se fue implantando la profesión de abogado, en la mayoría de los casos, preparando primero oposiciones a los diferentes cargos públicos para los que era necesario vencer, preparando los temarios complicados e inciertos que conducían hasta el examen oral, que era en el que realmente se conseguía la prueba final para alzarse con la plaza disputada, volver a intentarlo o volver a buscar un trabajo en función de los conocimientos adquiridos.

Por entonces, los colegios profesionales mantenían un control exhaustivo del ejercicio de la abogacía, y siempre con su tabla de honorarios mínimos protegían la materialización del trabajo del letrado, perdiera o ganara el pleito. Ser decano del Colegio de Abogados o Procuradores era demostrar ser un gran profesional y, por añadidura, el superior jerárquico de todos los profesionales de cada ramo y del que dependía el control de la actividad de estos, contando con la representación en los tribunales de toda la abogacía o procura del lugar. No en vano, los decanos de todos los colegios profesionales formaban el núcleo de los consejos generales de aquellas profesiones liberales que se regían, como he dicho, por las normas de sus colegios, siendo muy respetados en el ejercicio de su profesión como ejemplo del buen hacer, y de cuyo despacho procedían los nuevos abogados que trataban de abrirse camino en la profesión, consiguiendo organizar una vida y una profesión que, además de estar bien vista por las propias cualidades de sus miembros, contaba con el apoyo del mutualismo futuro que protegía la vejez y la remuneración incierta de estos profesionales liberales.

Los últimos años del siglo XX fueron igual de convulsos que los primeros del XXI, que mostró el avance de las ciencias telemáticas extendidas por todas las ramificaciones judiciales. Valiéndose de un sistema llamado LexNet (una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos), se podía recibir y enviar toda la contienda judicial escaneada y segura, evitando su pérdida y las presentaciones fuera de plazo.

La nueva abogacía y la nueva procura se intensificaron a partir de la crisis de 2008; desde entonces, no solo las leyes la han cambiado, sino también la mentalidad, las contiendas judiciales, los nuevos tipos penales: blanqueo, corrupción, preferentes… Todo ello era desconocido en el pasado siglo, y tampoco estaba reconocido en la legislación.

Los nuevos tiempos han llegado, por tanto hay que seguir conservando el espíritu prudencial e inteligente del abogado y el procurador responsable, pero sin olvidar el entorno que acompaña al paso del tiempo, donde hay que moverse con menos papeles y más imaginación. Pretender quedarse anclados en lo que fue no nos dejará conseguir lo que queremos ser en este siglo, que corre y corre y puede dejar atrás grandes proyectos que deben concurrir y adaptarse a nuestro presente, tratando de alcanzar el futuro que ya es hoy.

Parece que fue ayer y ya es mañana,

mañana, ese mañana que fue ayer…

Epílogo

Este es el final al que he llegado después de un largo viaje por el mundo de la banca, al que he pertenecido durante más de cuarenta años. En él he vivido todo tipo de momentos, desde aquellos en los que adornaba los despachos con vistas a la calle exponiendo la publicidad de las cosas que hacía el banco y que, al paso de las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, todo el mundo gustaba de mirar para saber que aquel Banco Central era «Su banco amigo», tan cercano. En parte, éramos una familia a la que motivaba poder dar lo mejor que teníamos dentro, y nos alegraba sentirnos queridos por los clientes, que igualmente también formaban parte de ese núcleo familiar y financiero desde el que se podía definir la banca desde los años sesenta hasta finales de siglo. Tiempos en los que los propios clientes acompañaban al gestor hasta la puerta del banco para que nadie pudiera poner en peligro su integridad personal cuando trasladaba dinero. En este punto aprovecho la ocasión de rendir homenaje a Rafael Toledano Colmenero, que todos los días acompañaba al personal del banco hasta la puerta para evitar robos, y que murió en 2017.

Aquella banca y aquellas cajas de ahorros eran el saludo del nuevo día y el adiós cansado de la noche. Se hacían muchos números, se cuadraban muchos balances, y en el libro mayor se anotaban los resultados de la entidad, pues siempre existía el jefe de contabilidad que luchaba con su equipo para descubrir los 30 o 50 céntimos que le faltaban a fin de mes, y no digamos cuando esto sucedía por el abono de intereses en el cierre de finales de año… Siempre había empleados adelantados que, con su sagacidad y sus conocimientos de los números, conseguían cuadrar las grandes cuentas de las cabeceras de zonas, donde las jefaturas de las sucursales, departamentos de contabilidad e inspección de sucursales centrales, siempre con la autorización del departamento de personal, lograban conformar los balances de activos y pasivos y encontrar la rentabilidad dentro de cada ejercicio, algo que, avanzado el siglo XX, se llegó a resolver con los departamentos de contabilidad y cálculo territoriales y nacionales, asistidos por los sistemas informáticos de cada época.

Fueron tiempos de bancos y bancarios donde el peso de la responsabilidad de los beneficios era una tarea que nos implicaba a todos, y a todos nos descubría lo que éramos capaces de aportar a la cuenta de resultados del banco o caja de ahorros.

Por fin el siglo XXI, que tan cerca estaba, llegó. Los sistemas bancarios se actualizaron y mejoraron sensiblemente. La rapidez y la eficacia de los números de los cerebros informáticos en todos los departamentos centrales de control se hicieron creíbles, y se avanzó en máquinas, lo que obligó a retroceder en personas. De este modo, los bancos y cajas lograron un sistema perfecto de organización y control, donde las máquinas eran más fiables que la capacidad de las personas, algo que era normal por el avance de los tiempos.

Igualmente pasó el tiempo de aquel despacho familiar para avanzar en un despacho colectivo, de aquel letrado de zona de un banco de provincia a un letrado de la capital de España, donde es muy difícil subsistir y no solo vale la honradez conocida de la ciudad pequeña; por otra parte, hay que demostrar procesalmente que no solo son los conocimientos los que triunfan, sino hacer buen uso de ellos y, además, en los momentos más oportunos, gozando siempre del perfil bajo y la palabra justa para conseguir pasar desapercibido en todos los lugares menos en los juzgados y las audiencias, que es donde se hace valer la búsqueda de la verdad con medios legales bien estudiados, siendo nuestro reto la sentencia favorable y nuestra meta y esfuerzo el conseguirla.

Seguramente, lo explicado en estas páginas para muchos solo sea una recopilación de leyes y decretos, pero estoy seguro de que los que hayan pertenecido al mundo de la banca y las cajas de ahorros encontrarán cierto parecido con su realidad, con su convenio, con su sucursal y con su forma de trabajo. Ya he dejado dicho que cualquiera antes que yo podría haber escrito este libro, pero hay algo especial en él, y son los más de cuarenta años de profesión en un sentido y en otro, primero como empleado, después como abogado del mismo banco y, en último lugar, como jefe jurídico de Andalucía Oriental. De todas estas experiencias he sacado la conclusión de que siempre debe haber una motivación para renovarse cada día, como decía Goethe. Sentir la responsabilidad con ilusión y ofrecer la lealtad con el orgullo de pertenecer a ese mundo tan responsable e importante de la banca y las cajas de ahorros tiene que ser uno de los acontecimientos más importantes en la vida de las personas. Las instituciones financieras de nuestro país han jugado un importante papel en el desarrollo de la economía y la relación entre distintos sectores que componen la masa social española. Que lo haya contado yo, con mis cortos conocimientos, puede considerarse un atrevimiento, pero si dentro de este atrevimiento se encuentra la ilusión de haber compartido las ganas de levantarse cada día a todo el que alberga un afán para el día siguiente, habré logrado mi objetivo, objetivo que no es otro que haber escrito durante mucho tiempo de todo cuanto ha supuesto el poder financiero de un país y de lo difícil que resulta adaptarlo a cada momento y situación, y más dentro del siglo XXI.

Sirva este epílogo para recordar a tantos y tantos compañeros con los que compartí el mismo afán, las mismas ganas de florecer donde se nos plantó, y que a veces la sociedad que nos rodeaba no entendía que fuéramos fieles custodios del dinero ajeno, que lo cuidáramos más que al nuestro y que siempre estuviéramos orgullosos de hacerlo con un comportamiento normal en la profesión de la banca, cumpliendo con nuestra obligación en silencio.

Igualmente es importante haber conseguido muchas sentencias favorables repletas de sentido común y explicaciones sencillas, sintiendo en el alma aquellas que se perdieron porque, o bien no tuvimos o bien no supimos demostrar la argumentación de nuestra defensa, aunque nos asistiera la razón. Las que se perdieron se recuerdan más que las que se ganaron, y nunca hubo un juicio a celebrar que no mereciera la pena reproducirlo la noche anterior de la vista y sentir cierto grado de responsabilidad al vestir la toga y subir al estrado y convencer al tribunal y al propio Ministerio Fiscal, en las causas penales, de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Con igual pasión, la defensa de los derechos protegidos, así como los comportamientos en vía civil y administrativa como sujetos de derecho, siempre movieron la responsabilidad del abogado que nunca se dio por vencido hasta que una instancia superior concluyó definitivamente el esfuerzo de su afán.

Hasta aquí han llegado mis días y mis noches, componiendo los trazos de esta historia de bancos, cajas de ahorros, banqueros, abogados, procuradores… que han sido y serán el motor silencioso de nuestra economía y nuestra justicia y cuya virtud fue siempre pasar desapercibidos y hacer su trabajo en silencio sin importarles quién se cuelga las medallas, como diría Isidro Fainé. No debemos dejar pasar el tiempo sin contar lo que hemos hecho o lo que hemos vivido, sabiendo que cualquier otro lo podría haber explicado de forma más clara y brillante. Pero escrito queda, por si alguien ha sido capaz de llegar a este punto final después de haber leído una historia en la que, como tantas otras, solo me ha empujado el afán de describir las curiosidades y las cosas contadas con sencillez.

Billete del Banco de España de 5 pesetas certificado de plata de curso legal en el año 1935.

Certificados provisionales de moneda divisionaria que firmaban el director del Tesoro y Seguros y el interventor general del Estado durante la Guerra Civil.

Billete de 25 pesetas, emitido por el Banco de España en Burgos el día 20 de mayo de 1938 y en el que se incluye el lema «El Banco de España pagará al portador». Billete legal emitido fuera de Madrid por el Banco de España y cuya garantía de emisión tuvo validez acabada la Guerra Civil, donde aparecen las firmas tanto del gobernador del Banco de España como del cajero.

Billete de 2.000 pesetas de emisión de 1992 en el que no aparece el lema «El Banco de España pagará al portador» y donde tan solo se refleja el importe y las firmas correspondientes.

La peseta de los años cincuenta en la que se reflejaba una moneda de curso legal y en la que firmaban el gobernador, el interventor y el cajero del Banco de España. Iguales características reflejaban los billetes de siguientes emisiones como la de 1953, indicando siempre al pie «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre».

Billetes de curso legal de 100 pesetas. Tanto Julio Romero de Torres como Gustavo Adolfo Bécquer eran personajes de portada. Emisiones de 1953 y 1965.

Primer billete de 5.000 pesetas en el que desaparece el lema «El Banco de España pagará al portador». Emisión de octubre de 1979. En el reverso se incluye «Para la Corona y para los demás órganos del Estado, todas las aspiraciones son legítimas, y todas deben, en beneficio de la comunidad, limitarse recíprocamente».

Medalla conmemorativa de los cincuenta años del Banco Central en la que aparece la efigie de don Ignacio Villalonga como presidente.

Banco Central y, abajo, escritura de constitución de la sociedad, aparecida en el libro Banco Español Central de Crédito, dedicado a la fusión del Banco Español de Crédito y el Banco Central, aprobada por las juntas generales de ambos bancos donde eran sus presidentes Mario Conde Conde y Alfonso Escámez López el 14 de octubre de 1988. La fusión no llegó a llevarse a cabo por los imperativos legales que el gobierno consideró oportunos.

Modelo de carta que la banca catalana remitió a sus clientes para anunciarles el cambio de domicilio social fuera de Cataluña, asegurando con ello los intereses de sus clientes, accionistas y empleados bajo el control del Banco Central Europeo. Se evitaba así el perjuicio ante la posible independencia de Cataluña.

«Los casos sonados de corrupción donde las cajas de ahorros han tenido tanto protagonismo han hecho que el ciudadano medio no entienda nada de lo que pasa y desconfíe de todo»

Cubierta¿Puede comprarse un banco, con un valor de miles de millones, por un euro? ¿Qué provocó realmente la caída de Bankia? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de la «fuga» de los bancos catalanes en octubre de 2017?

Manuel Medina, testigo privilegiado de los hechos, abogado con más de cuarenta años de experiencia, gran parte de los cuales estuvieron relacionados con el mundo de la banca, nos explica los entresijos y las auténticas razones de algunos de los escándalos económicos más impactantes de la reciente Historia de España.

Un libro imprescindible para entender la génesis, la actualidad y el futuro de la situación económica de nuestro país

Manuel Medina González nació en Villanueva del Arzobispo (Jaén) a mediados del siglo XX y siempre ha compaginado su profesión de abogado con la vocación literaria, como demuestran sus numerosas publicaciones: Campo olvidado, Amelia, Juan Carlos I: Un rey para la humanidad, Guía práctica del aceite de oliva, Prejubilación: ¿premio o pesadilla?, Las cuatro estaciones de la vida y Conducir en España y no morir en el intento. En Plaza & Janés ha publicado además su autobiografía La conquista de la vida, Los misterios de la noche de San Juan, El éxito de la humildad, Próxima estación, Cataluña, Próxima estación, Madrid-Atocha y La crisis puede esperar, la vida no.

Su bufete de abogados cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Oviedo, Santiago de Compostela, Jaén y Lanzarote, y tiene una sede central en México desde donde se asesoran y controlan todas las actividades en Brasil y Colombia.

Edición en formato digital: marzo de 2018

© 2018, Manuel Medina González

© 2018, Ángel Corcóstegui Guraya, por el prólogo

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