Tabla de contenido

Preparación de la Constitución

Monarquía o República

Relación Iglesia-Estado

El divorcio

Cuestión Territorial

La pena de muerte

Las madres de la Constitución

Las ‘pataletas’ constitucionales

Cronología de una Constitución

Notas

© Manuel Martínez Rodríguez, 2018

Ilustración de portada Cecilia Jiménez Ferres

Impresión:

unoeditorial.com

La reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio,
no autorizada por los autores y editores viola derechos reservados.
Cualquier utilización debe ser previamente autorizada.

A todas aquellas personas que perdieron la vida

sin cumplir su deseo de poder ver a España,

de nuevo, como una democracia.

Europa esperaba y deseaba la democracia en España, aunque la espera fue desesperadamente pasiva.

Siempre nos han contado el resultado final

del proceso constituyente español de 1978.

Nuestra Constitución.

¿Pero era la única opción posible?

¿Se debatió otra Constitución?

¿Era posible otra España?

Prólogo

Por Nacho Hernando Serrano

“Hay que cambiar la Constitución”.

¿Cuántas veces habremos escuchado esta frase en los últimos años de crisis económica, social, y política (probablemente por ese orden)?

¿Cómo se podría llevar a cabo esa tarea? ¿Sería una actualización, una revisión, o un borrón y cuenta nueva? ¿Se haría por títulos y artículos, o se haría por orden de importancia en función de nuestras prioridades actuales?

Podremos estar más o menos de acuerdo con la frase. La habremos escuchado en boca de gente que consideremos que en cualquier otro aspecto resulta más o menos convincente. Pero, sin duda, es una frase que aunque suena a solución plantea muchas preguntas. Las respuestas requerirían no solamente un libro, sino toda una colección de obras de dimensión enciclopédica. Este libro se ubica en la antesala de todas estas preguntas al resaltar la importancia de que para querer cambiarla primero hay que querer conocerla, hay que querer aceptarla, quizá incluso en ese proceso resulte imposible no querer quererla.

En su momento fue todo un acierto cederle prácticamente todo el protagonismo de la Constitución a la ciudadanía; era importante colectivizar el sentimiento de pertenencia. Quizá por ello conocemos tan poco sobre las personas que asumieron la tarea de poner en marcha el cambio de régimen en España. Después de 40 años, este libro nos ofrece la oportunidad de echar la vista atrás y conocer (y reconocer) en otro contexto y con otro prisma, de manera más cercana, los debates, las polémicas, y a los impulsores de la Constitución: a los padres y las poco reconocidas madres de nuestra Carta Magna, a través de las actas y de las minutas que de manera minuciosa, objetiva y representativa de todas las sensibilidades, se han recopilado y seleccionado en esta obra.

En contraste con el periodo de la transición, quizá a nuestra época algún día la denominen la época de la intransigencia. Nosotros vivimos en un momento en el que parece casi imposible llegar a acuerdos. Hoy reina la posverdad.

Vivimos sometidos a la vorágine informativa las 24 horas del día. Nuestro tiempo es tan distinto al de entonces que este libro al igual que una máquina del tiempo, nos sitúa 40 años atrás. Nos otorga un escaño invisible desde el que podemos codearnos con quienes priorizaban el consenso; con quienes renunciaban a muchas de sus posturas; con quienes buscaban el punto de encuentro; y con quienes precisamente para garantizar ese consenso se reunían en intencionado secreto.

Quizá el ejemplo más notable es el del Partido Comunista. De las actas y de las minutas se puede palpar la preocupación, y probablemente una angustiada cautela, de quienes no quisieron ni tensar ni romper la cuerda que podía amarrar por fin la libertad, la democracia, y la legalización; aunque ello supusiera un altísimo precio ideológico y programático en asuntos tan identitarios como la forma del Estado.

En otras cuestiones la derecha también tuvo que dar pasos al lado, obligada por un equilibrio imperfecto de fuerzas en aquel Congreso Constituyente donde los aliados en un debate se convertían en contrincantes en el siguiente punto en el orden del día, donde la disciplina de partido y las mayorías eran relativas según qué se discutiese, un ambiente en el que era preferible un acuerdo de mínimos pero unánime, como renunciar a la confesionalidad, para evitar que una mayoría puntual pusiera en marcha otras ideas inasumibles, como la laicidad.

Sumergirnos en este libro, en los entresijos y en los detalles de las discusiones de algunas de las polémicas más evidentes dentro del debate Constitucional de entonces, nos permite poder reflexionar sobre la Constitución que pudo ser, es decir, aquellos votos particulares, propuestas, transacciones que se plantearon pero que fueron rechazadas por la ausencia de consenso de aquel momento; lejos de ser esto un mero, melancólico, estéril suspiro, conocer lo que pudo ser nuestra Constitución nos permite en nuestro tiempo, sin aquellas dificultades e incluso libres de algunos complejos, poder empezar a dilucidar hacia donde puede evolucionar nuestra Constitución. El mejor ejemplo lo encontraremos en el cuarto capítulo ante un voto particular que aunque fue rechazado hubiera supuesto situar a España a la vanguardia de los derechos para la igualdad de género así como de los derechos LGTBi en el año 1978.

Ver con detalle las limitaciones coyunturales de la época seguramente nos sirva no para ver que hay que quitar, sino para ver cuánto podemos seguir añadiendo de forma unánime, pudiendo cambiar conceptos o ampliar derechos, pero manteniendo el espíritu del consenso y buscando siempre el punto de encuentro que permite que el sentimiento de pertenencia del texto sea mancomunado.

Quizá la Constitución, si a algo se parece, es a un pequeño comercio. Una zapatería, un despacho de pan, un establecimiento modesto pero solvente, que una generación de gente joven no habremos fundado, pero si heredado del esfuerzo de nuestros abuelos y de nuestros padres. Esto nos puede llevar a querer conocerla con mayor detalle, verla con mayor aprecio, sin que ello conlleve renunciar a querer mejorarla, actualizarla, hacerla aún más nuestra.

De nuestra capacidad para conseguirlo depende, en parte, la convivencia en nuestro país. Mirar atrás puede tener su valor siempre que se use como herramienta para poder avanzar hacia adelante. No en vano el libro destaca en su análisis del debate territorial constitucional el apoyo en las provincias de Cataluña al SI en el referéndum de la Constitución; paradójicamente hubo una aprobación rotunda por parte de los padres y las madres de quienes hoy piensan que votar para salir de España es la solución.

Para los retos que afrontamos y seguiremos afrontando en el debate territorial y en muchos otros en los próximos años en nuestro país, también podemos fijarnos en los valores que se recogen en las actas y las minutas de los debates que se celebraron hace 40 años. Es conmovedor e inspirador leer las declaraciones de aquellas personas que habiendo sido condenados a muerte durante la Guerra Civil o en la posguerra, siendo posteriormente diputados y diputadas en las Cortes Constituyentes, defendían la abolición de la pena máxima pero ante todo lo hacían apelando a apartar el rencor y abrazar el perdón.

1.

Preparación de la Constitución

Todo comenzó a las 17:05 horas del día 1 de agosto de 1978 en la madrileña calle de la Carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, sito en el Palacio de las Cortes, 10 días después del inicio oficial de la legislatura constituyente y ya transcurridos 19 días tras la histórica imagen de los diputados comunistas Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’ y Rafael Alberti como vicepresidentes del Congreso en la mesa de edad.

En esa sala se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso, formada por 36 diputados, eligiendo presidente de ésta a Emiliano Attard Alonso (UCD) con 19 votos a favor y 7 abstenciones. En dicha sesión se designó la ponencia constitucional, un grupo de siete diputados varones que eran nombrados por la Comisión para elaborar un primer anteproyecto sobre el que debatir en la comisión y presentar a Congreso y Senado.

Estos siete padres de la constitución fueron elegidos por consenso de las fuerzas políticas del momento, pero no siempre fueron siete. La propuesta inicial es que fueran nueve miembros, pero, según narran las crónicas de la época, el PSOE se opuso a que formara parte de la comisión constitucional Enrique Tierno Galván, quien más tarde fuera alcalde socialista de Madrid, que por aquel entonces era diputado y candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista Popular-Unidad Socialista. (6 diputados).

El PSOE quería la integración del PSP en sus filas, lo que años más tarde ocurrió, pero Tierno Galván se negó en aquellas primeras elecciones. Esa negativa inicial le ocasionó, presumiblemente, que el PSOE bloqueara su nombramiento como padre de la Constitución. La salida de Tierno Galván de la lista de nombres provocó que el Partido Nacionalista Vasco tampoco tuviera representación, cuestión que no disgustó en absoluto a la UCD, reacia a que los nacionalistas formaran parte de la ponencia.

Así las cosas, fueron siete los diputados varones que se hicieron cargo de redactar el anteproyecto de Constitución Española. Siete varones y ninguna mujer, pese a que había 21 mujeres en el Congreso y 6 en el Senado en aquella legislatura constituyente, pero ninguna recibió la atención suficiente de sus partidos como para situarlas en la ponencia, pero este asunto lo desarrollaremos más adelante. No obstante, éste es un dato a tener en cuenta para entender mejor nuestro texto constitucional.

Igualmente, el perfil político e ideológico de las personas que formaron parte de esta ponencia constitucional es tremendamente relevante para comprender nuestra Constitución, ya que, pese a que los siete diputados tuvieran como mandato principal mirar por el interés general en sus debates, es razonable pensar que cada uno lo hiciera desde el prisma de su posición ideológica, tanto personal como de partido.

Es importante también destacar la doble vertiente ideológica de los ponentes, ya que una cosa era la posición política de sus partidos y otra la propia del diputado, ya que en ocasiones no era totalmente coincidente, sobre todo en partidos heterogéneos como la UCD o la minoría catalana.

El reparto de la ponencia fue el siguiente:

3 diputados por la UCD (Unión de Centro Democrático), partido mayoritario y que gobernaba durante la Legislatura Constituyente.

El partido de Adolfo Suarez nombró ponentes a Gabriel Cisneros Laborda, nacido en Zaragoza y licenciado en Derecho que posteriormente se integró en las filas del PP. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón que presidió la UCD en 1980 y más tarde se pasó a las filas de Alianza Popular siendo su presidente en 1986. Y por último a José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo de Cádiz, quien más tarde fue ministro de la presidencia y de exteriores con Suarez y terminó colaborando con los gobiernos de Felipe González en el asunto de Kosovo.

2 diputados le correspondían al PSOE (Partido Socialista Obrero Español), principal partido de la oposición en aquella legislatura con Felipe González a la cabeza.

Finalmente, el PSOE solo tuvo un diputado en la ponencia, Gregorio Peces-Barba Martínez, ya que cedió un puesto a la minoría catalana, con el fin de aumentar la representatividad del texto.

1 diputado por el PCE (Partido Comunista de España) tercera fuerza en el Congreso con 20 escaños y presidido por Santiago Carrillo. El PCE designó a Jordi Solé Tura, quien procedía del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), defensor de las tesis del eurocomunismo y que finalmente fue ministro de cultura con el socialista Felipe González.

1 diputado por AP (Alianza Popular). Fue el único partido que nombró a su cabeza de lista como miembro de la ponencia, Manuel Fraga Iribarne, quien había sido ministro de la etapa franquista.

1 diputado por la Minoría Catalana (formada por CDC, UDC, PSC-R, EDC y ERC), ocupando en la ponencia el puesto cedido por el PSOE, designaron a Miquel Roca i Junyent, quien posteriormente intentó ser alcalde de Barcelona por CiU.

El único diputado del PNV en la Comisión, Xabier Arzállus, se abstuvo en la votación ante todos los ponentes como consecuencia de haber dejado a su partido fuera de la ponencia.

El perfil ideológico de los padres de la Constitución es clave y el reparto de la ponencia también. En primer lugar, hay que destacar que todos los partidos designaron diputados con licenciatura o doctorado en Derecho, es decir, prefirieron conformar una ponencia con un perfil más técnico-jurídico que político, para intentar evitar los enfrentamientos partidistas que hubieran surgido si los miembros fueran los cabezas de lista de las formaciones políticas. Todos los partidos actuaron así excepto Alianza Popular que si designó para la ponencia a su líder, Manuel Fraga, licenciado en Política y Economía, el único sin estudios de Derecho.

Una ponencia en la que las mayorías ideológicas no quedaban claras, no por el reparto de partidos, sino por el carácter personal de sus integrantes.

Si nos centráramos únicamente en la posición ideológica de los partidos de los que provenían los diputados, parece clara que la derecha tenía mayoría en la elaboración de la Constitución. Así, en un reparto en el que el centro derecha sumaba la mayoría con los 3 diputados de la UCD y el de Alianza Popular y la izquierda tan solo dos con el PSOE y PCE (o tres si contamos a la minoría catalana, a la que es mejor no encuadrar en el eje izquierda-derecha, ya que se componía de partidos que transitaban por todo el espectro político).

Pero analizar la variante ideológica de la Ponencia únicamente con la postura de los partidos de origen de los ponentes es demasiado simplista y conviene analizar la personalidad política y trayectoria posterior de cada diputado:

Tres diputados claramente conservadores. Los ucedistas Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros, que militaban en UCD pero terminaron pasándose al Partido Popular cuando su partido desapareció por lo que se les presupone una tendencia política más conservadora dentro del centro derecha que representaba su partido y Manuel Fraga (AP), que su posición parecía clara habiendo sido Ministro durante la etapa franquista.

Dos diputados de izquierdas, Peces-Barba del PSOE y Solé Turá del PCE, cuya posición ideológica personal si coincidía con la de sus partidos en el eje derecha-izquierda.

Por su parte, Pérez Llorca de UCD, que había formado parte del partido de Tierno Galván (PSP) antes de integrarse en la UCD, posteriormente colaboró con el Gobierno de Felipe González, por lo que su postura, dentro del centro, en determinados aspectos era de suponer que estuviera más cercana al PSOE que a Alianza Popular, lo que sin duda le costó no contar con todos los votos de su partido para ser ponente por la UCD.

Por último, Miquel Roca, de la minoría catalana, representaba a una amalgama de partidos catalanistas que integraba también a partidos de izquierdas, pese a ello, su trayectoria política ligado a CDC y CiU le sitúa en posiciones ideológicas de centroderecha, pero con una clara diferencia con la UCD o AP en el terreno de la cuestión territorial.

Por tanto, se conformó una ponencia plural en lo ideológico. Tres miembros claramente conservadores (Herrero de Miñón, Cisneros y Fraga), que contaban en ocasiones con el apoyo de otros dos (Miquel Roca y Perez Llorca) sobre todo en cuestiones económicas y de mercado, inclinando la balanza hacia la derecha en dichos aspectos. Y dos diputados progresistas (Peces Barca y Turá) que contaban en ocasiones con el apoyo de otros dos (Miquel Roca y Perez Llorca) en aspectos relacionados con los derechos civiles, la libertad, el reparto territorial y la moral, consiguiendo avanzar posiciones desde la izquierda.

En cuanto a la cuestión territorial, se trata de una ponencia marcada por la presencia de tan solo un representante de lo que hoy podríamos llamar nacionalismo, si bien es cierto que el diputado comunista, proveniente de un partido comunista catalán y, aunque menos, también el representante del PSOE, se sumaban en ocasiones a sus planteamientos territoriales de reparto y convivencia, pero nunca sumaban más votos que los diputados centristas en cuanto a la concepción del Estado. Es por ello comprensible que aunque el Anteproyecto de Constitución avanzó en el reconocimiento de un ‘Estado regionalizado’, lo hizo de forma tímida y tuvieron que ser los miembros de la Comisión, el Congreso y el Senado quienes avanzaran más en la materia.

Algo que si queda claro en la lectura de las actas y minutas es que esta ponencia constitucional realiza sus trabajos en un clima de consenso favorecido por el secreto de las sesiones que se acuerda en su inicio, ningún diputado podría contar nada de lo que allí se estuviera debatiendo para evitar injerencias de los partidos o que la presión social marcara la posición de sus diputados integrantes.

Libro de minutas de la Ponencia Constitucional. Primera sesión de la Ponencia, en reunión junto a la mesa de la Comisión. Congreso de los Diputados. 01-08-1977.

Se abre la sesión por el señor Presidente de la Comisión señor Attard Alonso a las 7,20 de la tarde, proponiendo un cambio de impresiones sobre el modo de desarrollar los trabajos de la Ponencia.

Intervinieron en el cambio de criterios, los señores Fraga Iribarne, Peces-Barba, Herrero Rodríguez de Miñón, Pérez Llorca, Múgica, quienes, tras la exposición de diferentes temas, adoptaron el acuerdo de preparar un “esquema general de materias” que deberá tener el proyecto de Constitución y volver a reunirse la Ponencia el día 22 de agosto, a las cinco de la tarde, para la reanudación de los trabajos.

Después de unas palabras de salutación y de total entrega a todos los grupos políticos representados en la Cámara para dar cima a la urgente necesidad de dotar al país de una Constitución, el Presidente de la Comisión, señor Attard Alonso, levantó la sesión a las 7,55 de la tarde.

No se tomó acta de las reuniones de la ponencia constitucional, sino que se fue anotando una minuta diaria de los acuerdos de cada sesión que salió a la luz en 1984 en el núm. 2 de la Revista de las Cortes Generales. Por tanto no se conocía los derroteros por los que los ‘padres de la constitución’ estaban llevando al país. Esto fue así hasta que el diario La Vanguardia filtró el texto íntegro del anteproyecto de la Constitución un mes antes de que la ponencia la hiciera pública.

La ponencia constitucional, cuya presidencia fue rotatoria entre todos sus miembros en cada reunión, trabajó durante 29 sesiones comprendidas entre el 22 de agosto y el 23 de diciembre de 1977. El Diario Oficial de la Cortes Generales del día 5 de enero de 1978 publicó el texto del anteproyecto elaborado por la ponencia, momento desde el cual se abría un plazo de veinte días naturales para presentar enmiendas por parte de los grupos políticos.

Este anteproyecto recibió más de 3.000 enmiendas que fueron revisadas una a una en la segunda fase de los trabajos de la ponencia constitucional.

Tanto en la ponencia como en la Comisión, fueron muchas las veces que los diputados hacían partícipes a sus compañeros la relevancia del momento histórico que estaban protagonizando. Un nuevo tiempo se abría en España y todos los actores sabían muy bien el episodio que estaban viviendo en primera persona.

ATTARD ALONSO, E. Primera sesión de debate del anteproyecto de la Constitución. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 05-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº59. Pág. 2021.

El señor PRESIDENTE: […] En nombre de la Mesa me cumple dirigir unas palabras a esta Asamblea, poniendo de relieve que, sin dramatismos, sin parlamentarismos castelarinos, pero conscientes todos de que vamos a escribir una página histórica que hoy se inicia con la feliz coincidencia de ser el «Día de Europa» y esta Constitución que nosotros vamos aquí a estudiar para España permitirá nuestra definitiva integración; nosotros tenemos conciencia y la tiene todo el Parlamento, de quien vosotros sois la quintaesencia de vuestra representación, que hoy vamos a reanudar el tracto sucesivo constitucional tantas veces interrumpido en nuestra Patria.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas fue el segundo órgano al que le correspondió el estudio del texto del anteproyecto y de cuyas decisiones tenía que nacer el proyecto de Constitución que pasarían a su debate del plenario del Congreso y del Senado.

La Comisión estaba formada por 38 diputados y una sola diputada. Maria Teresa Revilla López, licenciada en derecho y diputada de la UCD por Valladolid, fue la única mujer que formó parte de la Comisión constitucional del Congreso, a la que nos referiremos en mayor profundidad en el capítulo ‘Las madres de la Constitución’ de este ensayo.

17 miembros eran de la UCD, 14 por parte del PSOE, 2 por el Partido Socialista de Cataluña, 2 representantes del Partido Comunista, 2 por Alianza Popular, 1 del PNV y 1 del Grupo Mixto. De entre los miembros de la Comisión destacan personalidades políticas como Felipe González, Manuel Fraga, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo o Enrique Tierno Galván.

Sus 24 sesiones transcurrieron desde el día 5 de mayo hasta el día 20 de junio de 1978, con 148 horas de trabajo y 1.342 intervenciones de las personas que la conformaban. Su trabajo era trascendental ya que era un eslabón importante en la cadena parlamentaria hecha con la intención de trabajar el texto constitucional de una forma tan minuciosa que fuera muy difícil su voto en contra. Estos 39 diputados y diputadas tenían la obligación de acordar un texto del proyecto de Constitución sobre el que limarían las pocas asperezas que quedaran en el plenario de las Cortes antes de su votación popular.

Así se despedía su Presidente, el ucedista Attard Alonso, en la última sesión el día 20 de junio antes de publicar su proyecto de la Constitución.

ATTARD ALONSO, E. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 20-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº93. Pág. 3533.

El señor PRESIDENTE: […] Hemos celebrado, desde el 5 de mayo, veinticuatro sesiones; hemos consumido en este trabajo intenso 148 horas, merced a la apertura de posibilidad de enmiendas «in voce»; se defendieron 202 enmiendas “in voce”, y se han producido, hasta el mediodía de hoy, 1.342 intervenciones de Sus Señorías.

Merced a la amplia apertura de posibilidad de sustituir los miembros de la Comisión por la documentada autorización de los Grupos Parlamentarios, por esta Comisión ha pasado lo mejor del Derecho Constituyente de los representantes del pueblo español. Nosotros debemos estar satisfechos y no podemos consentir que se malbarate la labor hecha, porque habéis hecho, señores Diputados, una Constitución que plenamente ha de satisfacer al pueblo español.

Yo me propuse, cuando me honrasteis con el nombramiento de Presidente, imponer la cordialidad, porque creo que era esencial para que la labor fuera bien hecha; que todos se expresasen con la máxima libertad, porque no de otra manera se puede hacer la Constitución de un pueblo que aspira a ser libre, y que no se produjera jamás aquella ruptura que podría determinar que no llegásemos todos juntos a presentar al Pleno la Constitución en los propios términos. Mi propósito era que, por encima de todo, no se produjera la ruptura constituyente. Yo tengo el convencimiento de que el envilecido, el adulterado y el prostituido término “consenso”; yo, que no he participado en ninguno, porque el Presidente no debía participar, quiero hoy reivindicar aquí lo que ha sido la transacción y el compromiso, que no otra cosa es el consenso.

Nosotros, desde San Pablo a Rouseau y al Código Civil, sabemos lo que es ceder de nuestro derecho y hallar aquel denominador común de la coincidencia. Y eso y no otra cosa han sido las transacciones logradas. Yo muchas veces me pregunto: qué es preferible, aquella noche del 23 de mayo, que a muchos nos dolió, o aquella noche del 13 al 14 de octubre de 1931, en que se rompió la estructura constituyente. Yo prefiero la noche de la cena de “José Luis”, a la que no he asistido. (Risas.)

La Constitución es amplia, la Constitución es un traje, como decía Azaña, que nos va a servir a muchos españoles. La Constitución no ha sido ni un trágala, como dijo Manuel Fraga, ni ha sido sectaria, ni ha sido doctrinaria, como dijo Felipe González que no debía ser la Constitución.

Todos los que iniciamos el debate podremos mañana concurrir al Pleno y entregar el dictamen de esta Comisión, en la que no hay nadie que no haya defendido su derecho y que no haya reservado la enmienda o el voto particular para hacerlo valer en las últimas instancias. Esta ha sido la gran labor que ustedes han hecho posible, que Sus Señorías han hecho buena y que yo me honro en presidir como el mayor galardón que podría ya justificar una retirada de cualquier actividad política; porque la ambición queda cumplida, no con entregar la Constitución, sino con quedarse en el corazón el afecto de todos los Diputados constituyentes, y esto sí que creo que me lo llevo. Como la prensa ha colaborado, le expresamos nuestra más profunda gratitud. Han sido los representantes del pueblo en esta sala los que, día a día, con más puntualidad que los señores Diputados, estaban aquí para asistir a nuestros debates. (Risas.)

Qué gran responsabilidad la de esta Presidencia ‘para trasladar al país la auténtica imagen de la Constitución transaccionada, que ha de servir para regir los derechos de los hombres y de los pueblos de España en algunas décadas de paz y de convivencia. Esto es a lo que aspiramos y esto es lo que creo que refleja el proyecto constitucional.

Gracias, en definitiva, a todos; gracias a los señores letrados de las Cortes que nos han asistido; gracias a los señores taquígrafos, que también han soportado nuestra pesadez y nuestras impertinencias; gracias a la prensa, como dejo dicho; gracias a los ujieres, y gracias a todos los que, conjuntamente, han hecho esta labor que ha de servir para reconducir el Derecho Político dentro de la Constitución y dentro de la continuidad histórica, que no es continuismo, de los españoles en esta nueva etapa que nos ha tocado la honra y la servidumbre de vivir.

Muchas gracias a todos.

(Los señores Diputados, puestos en pie, subrayan las palabras del señor Presidente con fuertes y prolongados aplausos.)

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

El texto emanado de la Comisión fue trabajado posteriormente por el plenario del Congreso que estaba formado por los 350 diputados y diputadas que fueron elegidos tras las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977.

De estas elecciones, con una participación del 78,83%, salió vencedora la coalición de Adolfo Suarez, la Unión de Centro Democrático (UCD) con 166 escaños (7 de ellas mujeres) y 6.310.391 votos. La UCD se presentó como una coalición electoral formada una amalgama de partidos de centro liberales y democristianos. En las elecciones de 1977, la UCD estaba formada por los siguientes partidos: Partido Popular (principal partido de la coalición con mayor número de diputados), Partido Popular Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Cristiana, Partido Demócrata Popular, Federación de partidos demócratas y liberales y Unión Democrática Española.

El segundo partido fue el PSOE encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra, que obtuvo 118 diputados, 10 de ellas diputadas, con 5.371.866 votos. Se presentó el PSOE en estas elecciones en coalición con el Partido Socialista de Cataluña.

El Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo, con 20 escaños fue el tercer partido de aquellas elecciones en 1977, sumando 1.709.890 votos en coalición con el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC), con tres mujeres en su grupo parlamentario.

En cuarta posición quedó la Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga con 16 escaños, tan solo una mujer entre ellos, y 1.504.771 votos. De aquella federación derechista formaron parte las siguientes entidades: Reforma Democrática, Unión del Pueblo Español, Acción Democrática Española, Democracia Social, Acción Regional, Unión Social Popular y Unión Nacional Española. Finalmente el grupo parlamentario de Alianza Popular estuvo compuesto por hasta seis ministros franquistas.

El quinto lugar lo obtuvo el Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (PSP) de Enrique Tierno Galván con 6 escaños y 816.582 votos, sin ninguna mujer entre sus filas.

El Pacte Democratic per Catalunya (PDPC) de Jordi Pujol, obtuvo 11 diputados y 514.617 votos. Esta coalición catalana estaba formada por Convergencia Democrática de Cataluña, Partit Socialista de Catalunya y Esquerra Democrática de Catalunya.

Por su parte el Partido Nacionalista Vasco (PNV) obtuvo 8 escaños con 296.193 votos en Euskadi.

Otra coalición catalana, la Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya, con dos diputados y 172.719 votos en Cataluña. Esta coalición estuvo formada por la Unió Democrática de Catalunya y por Centre Catalá.

Aun hubo otra tercera coalición catalana que alcanzó representación parlamentaria, fue Esquerra de Catalunya - Front Electoral Democràtic (EC-FED) con un solo diputado y 143.954 votos. Esta coalición estuvo formada por Esquerra Republicana de Catalunya, Partit del Treball de Catalunya y Estát Catalá.

Igualmente con un diputado estaba la Coalición Aragonesa Independiente de Centro y la Candidatura Independiente de Centro.

Los debates constitucionales en el plenario del Congreso estaban más enconados por la atención mediática y social que suscitaban, por lo que los partidos tuvieron que escenificar los anhelos de sus votantes en los debates.

Posteriormente, el texto llegó al Senado, a su Comisión Constitucional concretamente, quien lo debatió de forma previa a ser trabajado por el plenario del Senado. En la cámara alta fue donde el PNV y los partidos catalanes consiguieron introducir reconocimiento a los derechos históricos de los territorios forales.

Una vez revisado el texto constitucional por el Senado, volvió al Congreso para su redacción definitiva en una comisión mixta entre senadores y diputados.

En el Congreso los resultados de la votación fueron los siguientes: votos emitidos, 345, afirmativos, 325, en contra, 6, abstenciones, 14.

Los votos afirmativos fueron de la UCD, PSOE y PCE al completo y en parte AP y los partidos catalanes de centro, incluido el propio Jordi Pujol quien defendió el voto positivo de su partido a la Constitución.

Los votos negativos correspondieron a los diputados del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, Gonzalo Fernández de la Mora, quien había sido Ministro de Obras Públicas del franquismo (1970-1974); Albero Jarabo Payá, que había delegado de prensa y radio del ‘Movimiento’ y procurador de las Cortes franquistas; José Martínez Emperador, igualmente había desempeñado el cargo de procurador en las Cortes franquistas y muy ligado a la falange; Pedro de Mendizábal y Uriarte y Federico Silva Muñoz , quien también fue Ministro franquista de Obras Públicas (1965-1970) y al diputado de Euskadiko Ezquerra, Francisco Letamendía Belzunce, quien encabezó más tarde las listas de Herri Batasuna.

Las abstenciones a los diputados del Partido Nacionalista Vasco, a los diputados de Alianza Popular Licinio de la Fuente y de la Fuente, ex Ministro de Trabajo durante la dictadura; Alvaro de Lapuerta y Quintero, que había sido procurador en las Cortes franquistas y más tarde uno de los polémicos tesoreros del Partido Popular; y Modesto Piñeiro Ceballos; a los diputados de Unión de Centro Democrático Jesús Aizpún Tuero, quien abandonó UCD debido a la aprobación de la disposición adicional cuarta de la Constitución que permite la anexión de Navarra al País Vasco mediante referéndum y Pedro Morales Moya, quien más tarde pasó a integrarse en las filas de Alianza Popular y a los diputados de la Minoría Catalana Joaquín Arana i Pelegre, que había formado parte del PSC hasta que su acuerdo con el PSOE le hizo integrarse en ERC y Heribert Barrera Costa, histórico militante de ERC lo que obligó a exiliarse durante el franquismo.

He querido dejar constancia, a modo de pincelada, de la trayectoria política de los diputados que se abstuvieron o votaron en contra con el fin de explicar su decisión.

El día 6 de diciembre de 1978, el texto de Proyecto de Constitución Española fue sometido a referéndum, obteniendo el apoyo mayoritario del pueblo español.

En este referéndum estuvieron convocados 26.632.180 españoles y españolas, pese a que solo participara un 67,11% de las personas censadas. De las personas que votaron, lo hicieron por el SI un total de 15.706.078 personas, lo que representaba un 88,54%, y por el NO 1.400.505 personas, un 7,89% de los votantes. En blanco votaron 632.902 personas.

La posición de los partidos políticos fue similar a la mantenida en las Cortes, de esta forma, hicieron campaña por el SI a la Constitución la UCD, PSOE, en parte Alianza Popular, Partido Comunista de España y los partidos catalanes de centro (raíces de CiU o de la actual PdCAT), así como los sindicatos CCOO y UGT.

Por su parte hicieron campaña por el NO los partidos de la izquierda catalana, gallega y vasca así como la Falange Española y de las JONS.

El PNV pidió la abstención en el referéndum.

Como se puede observar, los partidos que se habían quedado de la inicial ponencia constitucional no apoyaron el texto, aunque pudieran aportar numerosas enmiendas en el resto de la tramitación parlamentaria. Con esto parece demostrarse que fue un error estratégico territorial excluir a los partidos que hoy se podrían entender como nacionalistas de los trabajos iniciales de la Constitución ya que no se sintieron parte del texto como si lo hicieron los partidos que tenían a un diputado entre los ‘padres de la Constitución’.

Territorialmente, y como consecuencia clara de la posición de los partidos, las provincias con una menor participación fueron Orense con un 39,4% de participación, Lugo con un 41,80%, Vizcaya con un 42,5% y Guipúzcoa con un 43,4% de participación. Por su parte, fueron las más participativas fueron Toledo con un 77,80% de participación, Segovia con un 77,30% y Valencia con un 75,40%,

En cuando al sentido del voto, Guipúzcoa fue la provincia con un menor porcentaje de voto del SI a la constitución con un 64,6% de los votantes, siendo la provincia en la que el SI obtuvo un mayor respaldo Santa Cruz de Tenerife con un 93,6% de respaldo, seguida de Cádiz con un 93,50% de voto afirmativo.

Destacan en este sentido, de una forma preocupante para el normal funcionamiento de las instituciones, provincias como Guipúzcoa, Álava, Lugo, Orense o Vizcaya en las que cerca de 3 de cada 10 electores decidieron no apoyar la Constitución española, sumando las personas que votaron NO con aquellas que decidieron no votar o hacerlo en blanco.

Este dato, sin duda, supuso en su momento un reto político ya que había zonas muy concretas del país que no se sentían cómodas con el texto constitucional y con esto se entienden muchas de las políticas llevadas a cabo por los distintos gobiernos de la transición para con estas provincias a las que había que convencer de las bondades del nuevo marco constitucional.

Otra cuestión curiosa, al menos desde la perspectiva histórica, es el amplio apoyo que la Constitución obtuvo en las provincias catalanas, alcanzando en todas ellas un apoyo al texto superior a la media de la nación. (Tarragona 91,70%, Girona 90,40%, Lleida 91,90% y Barcelona 91%), lo cual tenía sentido ya que la minoría catalana en el Congreso, encabezada por el mismo Jordi Pujol formó parte de la elaboración de la Constitución y votó a favor del texto. Cuestión distinta es su posición hoy en día.

Carteles y publicidad

referéndum constitucional 6 diciembre de 1978

2.

Monarquía o República

Como ya sabemos, la Constitución de 1978 establece para España un estado en forma de monarquía parlamentaria. Pero esta no fue la única opción que se planteó, sino que la vuelta a una República, como la existente en España antes del golpe de 1936, también se puso sobre la mesa de aquellas cortes constituyentes.

En la historia de España tan solo ha habido dos momentos históricos en los que la forma de estado ha sido la República, la primera de una duración menor a dos años, desde el 11 de febrero de 1873, hasta el alzamiento militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874, y la segunda, más extensa, desde entre el 14 de abril de 1931 al 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil tras el golpe militar de 1936 y que dio paso a la dictadura franquista.

El resto de la historia de España, desde la unificación de los distintos reinos, ha estado marcada por la monarquía como forma de estado, desde las monarquías absolutistas a las parlamentarias.

Con estos mimbres se encontraron las Cortes constituyentes, por un lado tenían la posibilidad de continuar con el modelo monárquico restituido por Franco en 1947 y por otro restaurar la última forma de estado, la República, elegida democráticamente en 1931. Ambas opciones contaban con tantos apoyos como detractores.

Recuperar la monarquía, y de la mano de los borbones, suponía continuar con el legado franquista, lo que sin duda representaba una pesada losa para la institución, pero al mismo tiempo la monarquía contaba con la figura del Rey Juan Carlos I que había demostrado, o ojos de gran parte del arco parlamentario y de la sociedad, su compromiso con la democracia favoreciendo el cambio de régimen una vez fallecido el dictador.

Por otro lado, la recuperación de la normalidad democrática en España, podría justificar la recuperación también de la última forma de estado, la república. No obstante, el miedo que se había transmitido a la sociedad española en contra de las repúblicas, durante cuarenta años de dictadura, hacía difícil recuperar este sistema de forma pacífica en nuestro país.

Sin duda se trató de uno de los elementos de discordia con más posibilidades de amenazar la viabilidad del acuerdo político del 78, marcado por un sector político vinculado a la derecha que se negaba, ni tan siquiera, estudiar la posibilidad de la recuperación de un estado republicano para España y por una izquierda que se debatía entre conformarse con la vuelta a la democracia o exigir, además, la república y todo ello en unas Cortes con presencia tanto de numerosos altos cargos de la dictadura, como de diputados republicanos.

El debate monarquía-república comenzó en la ponencia constitucional el día 25 de Agosto de 1977, cuando tras la lectura de la propuesta de los miembros de la UCD al artículo 1, que contenía la referencia a la Monarquía como forma de estado, los representantes del Partido Socialista, Partido Comunista y Alianza Popular manifestaron sus reservas con el tema anunciando que presentarían voto particular.

Finalmente, el PSOE presentó la propuesta que más incidía en el tema y donde cambiaba toda la regulación prevista para la monarquía, por otra introduciendo la república como forma de estado.

La propuesta republicana del Partido Socialista era doble, por un lado contenía una modificación al art. 1 de la Constitución, suprimiendo el apartado tres que contiene referencia a la monarquía parlamentaria como forma del Estado, y por otro lado modificando por completo el Título III del Anteproyecto, dedicado a la Corona, por otro tercer título dedicado a la jefatura del Estado, que decía así:

Voto Particular del PSOE al Título III del Anteproyecto dedicado a la Corona. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. 05-01-1978. Diario de Sesiones del Congreso nº44, pág. 716.

TITULO 111

Del Jefe del Estado

Artículo 45 (48):

La Jefatura del Estado la ostentará el Presidente de la República que asume su más alta representación y ejerce las funciones que le otorga la Constitución.

Artículo 48 (49):

El cargo de Presidente de la República tiene una duración de seis años y no será posible la inmediata reelección. Podrán ser elegidos los ciudadanos mayores de treinta años que estén en el pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 47 (50):

La elección del Presidente de la República se producirá en una sesión conjunta de las Cortes Generales en la que participarán también cinco representantes por cada Territorio Autónomo elegidos por su Asamblea legislativa.

Será elegido el candidato que obtenga los tres quintos de los votos de los miembros del Colegio Electoral formado de acuerdo con el párrafo anterior. Si en tres votaciones ningún candidato hubiera obtenido ese quórum será suficiente la mayoría absoluta.

Artículo 48 (51):

Sesenta días antes de la expiración de su mandato, el Jefe del Estado convocará la reunión a que se refiere el artículo 47, para un día dentro de los treinta siguientes.

La sesión será presidida por el Presidente del Congreso. Cuando el Jefe del Estado estuviese impedido, hubiera fallecido o presentado la dimisión, la convocatoria de la elección la realizará el Presidente del Congreso.

Articulo 49 (52):

Cuando fuera proclamado ante las Cortes el Presidente de la República prestará juramento de lealtad a la Constitución y de desempeñar fielmente sus funciones.

Artículo 50 (53):

El Presidente de la República nombra al Jefe del Gobierno de acuerdo con lo establecido en el artículo 85. También nombrará y separará a los ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.

Artículo 51 (54):

Corresponde también al Jefe del Estado:

La convocatoria y disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones en los términos establecidos en la Constitución.

La promulgación de las leyes.

Dirigir mensajes a las Cortes Generales.

La convocatoria de referéndum en los casos previstos en la Constitución.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Expedir los decretos acordados por el Gobierno, conferir los empleos civiles y militares, conceder condecoraciones y honores.

Ejercer el derecho de gracia.

Presidir el Consejo de Ministros cuando sea necesario a petición del Gobierno.

Acreditar a los Embajadores y otros representantes diplomáticos.

Aquellas otras funciones que le otorguen la Constitución o las Leyes Orgánicas.

Artículo 52 (55):

El Jefe del Estado recibe una asignación de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su cargo y de su Casa y nombra directamente a los funcionarios civiles y militares de su servicio.

Artículo 53 (56):

Cuando el Presidente de la República no pudiera desempeñar sus funciones temporalmente por enfermedad o tuviera que ausentarse del país en viaje oficial le sustituirá provisionalmente el Presidente del Congreso.

En caso de muerte o de incapacidad permanente del Jefe del Estado, la Presidencia interina de la República corresponderá al Presidente del Congreso de los Diputados.

Artículo 54 (57):

Todos los actos del Presidente de la República irán refrendados por el Presidente del Gobierno o por los Ministros competentes, que asumirán la plena responsabilidad de los mismos.

Artículo 55 (58):

Al Jefe del Estado sólo podrá exigírsele responsabilidad por violación de la Constitución o por delitos contra la seguridad exterior del Estado. La competencia para enjuiciar al Jefe del Estado corresponde al Tribunal Supremo en Pleno y su posibilidad debe ser apreciada plenamente por el Congreso de los Diputados por una mayoría de tres quintos.

Por lo que vemos en su Voto Particular, el PSOE apostaba por una República donde la jefatura del estado estuviera en manos de alguien que recogiera un importante consenso político, al establecer un quórum de tres quintos de las cámaras para su elección o mayoría absoluta una vez pasadas tres votaciones fallidas. Este hecho hubiera obligado a elegir como Presidente o Presidenta de la República a una persona que recibiera el respaldo de distintas fuerzas políticas, en caso de no haber recibido ninguna de ellas la mayoría absoluta de los votos en las elecciones legislativas. Este quórum (y el pretendido consenso para la elección de la jefatura del estado) se da en otras constituciones de nuestro entorno como la italiana.

La elección de la presidencia de la República se haría, según la propuesta del PSOE, cada seis años, independientemente de que las Cortes se continuarían eligiendo cada cuatro.

Se trata, por sus competencias, de una república parlamentaria donde la presidencia de la República no cuenta con funciones ejecutivas, como en Italia y Alemania o incluso como el papel de la Corona en la actualidad, y se sometiera al control del Parlamento. No obstante, en la propuesta socialista se le concedía una prerrogativa distinta a la de estos países, ya que en España, la presidencia de la República, sería quien nombrara a la presidencia del gobierno.

En este sentido, lo que no se consigue dilucidar de la propuesta socialista es si de trata de un nombramiento tras su elección por parte de las Cortes, o se trata de elección directa, es decir, si la presidencia del Gobierno la deciden las Cortes y la nombra el Presidente o Presidenta de la República, o éste/a lo elige directamente. Por el carácter parlamentarista de la república planteada parece sensato entender que optaban por su designación por parte de las Cortes, pese a que el nombramiento oficial correspondiera a la jefatura del Estado, además esta teoría se refuerza con el hecho de que el voto particular socialista no modificaba el apartado relativo a la elección de la presidencia del Gobierno previsto en el Anteproyecto. En este aspecto señalaré que no sería extraño que el nombramiento de la presidencia del Gobierno recayera únicamente en el Presidente o Presidenta de la República, tal y como ocurre en las repúblicas semipresidencialistas como Francia, lo que sí que, en mi opinión, provocaría un déficit de legitimidad con respecto a este tipo de repúblicas donde la presidencia de la república es elegida por sufragio universal y no entre los diputados y senadores.

La propuesta del PSOE venía inspirada en la Constitución Española de 1931, aunque introducían ligeras modificaciones en cuanto a la elección de la presidencia de la república y del gobierno, adaptándose más al parlamentarismo republicano contemporáneo.

Así defendió el portavoz del PSOE en la comisión, Luis Gómez Llorente, el día 11 de mayo de 1978 las razones que llevaron a su partido a presentar la ‘enmienda republicana’:

GOMEZ LLORENTE, L. Presentación de la enmienda del PSOE al art. 1. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 11-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº64. Pág. 2197.

El Señor GOMEZ LLORENTE: […] Ved, Señorías, que en España la libertad y la democracia llegaron a tener un solo nombre: ¡República!.

Una inteligencia que es preciso respetar por su agudeza, como Luis Araquistaín, podía expresar así la situación en “El Ocaso de un Régimen. Hay que desear la República por patriotismo, por españolismo.

La idea de España y la República se confunden. El problema mínimo de todo liberal español debe ser la República. Ningún liberal puede ser monárquico en España. Los Socialistas españoles no se hacen vanas ilusiones, aunque sin ellos no habría República y cuando la haya será principal, y casi exclusivamente, por ellos, no ignoran que esa República no podrá ser inmediatamente socialista..

Perdonen Vuestras Señorías estas brevísimas alusiones al pasado, que no hubieran sido hechas sino para dar claves de nuestra actuación no sólo en el presente, sino en el futuro.

El PSOE fue en primer lugar republicano, y baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia en la gestión. Don Manuel Azaña no definía de otro modo en sus discursos la virtud republicana.

Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la Monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alterativo por los Gobierno de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que viabilice La autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado.

Pero a la hora en que estamos, y estando por el trance constituyente determinados a definirnos, hemos expuesto nuestros motivos de diversa índole para mantener nuestro voto particular.

Finalmente, señoras y señores Diputados, una afirmación que es un serio compromiso: Nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la constitución por esto. Acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella.

El proceso de la reforma política hace inevitable que en su día se pronuncie el pueblo sobre el conjunto de la Constitución, y puesto que ello es previsible y racionalmente inevitable, no haremos obstrucción, sino que facilitaremos el máximo consenso a una Constitución que ha de cerrar cuanto antes este período de la transición y abrir el camino a nuevas etapas de progreso y transformaciones económicas y sociales, a las que en nada renunciamos, y para las que sólo pretendemos ser un instrumento de nuestro pueblo.

Nada más y muchas gracias.

Por su parte, UCD se manifestó en contra del voto particular de los socialistas, expresando su posición de la siguiente forma su diputado Oscar Alzaga Villaamil:

ALZAGA VILLAAMIL. Turno en contra de UCD a la enmienda del PSOE al art. 1. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 11-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº64. Pág. 2206.

ALZAGA VILLAAMIL: […] No es posible plantearse la forma política que hoy interesa a España desconociendo la coyuntura por la que atraviesa el país.

La democracia no sería posible sin la Monarquía y hoy es un hecho incontestable que la Monarquía tampoco sería posible sin la democracia. Y aunque podamos reconocer a efectos dialécticos, por qué no, que en la historia en ocasiones la Corona ha cometido errores en España y ha podido ser factor de graves discrepancias, hoy realmente la Corona es la gran fuente de la que han manado las libertades públicas y la posibilidad de que estas Cortes den al pueblo una Constitución genuinamente democrática. Y, consiguientemente, tornan aquellas célebres palabras de Salmerón cuando, desde el banco azul, en la 1 República, afirma, en frase histórica, que «hay que traer la república, porque la monarquía ya no es posible para todos los españoles y sólo la república puede ser plataforma hábil de convivencia de todo el pueblo)).

Pues bien, ahora, transcurrido el tiempo y en la realidad en que nos movemos, podemos en verdad afirmar que hoy la república no es posible, porque no serviría de encuentro, de plataforma de convivencia de todos los españoles y, por el contrario, el Rey es en verdad el Rey de todos los españoles. […]

Así las cosas, se produjo ese mismo 11 de mayo de 1978 la votación más importante durante todo el proceso constituyente en cuanto a la posibilidad de introducir la República como forma de estado. No porque fuera la única votación, sino porque el PSOE había supeditado la continuidad de su propuesta republicana a esa primera votación, si salía afirmativa continuarían con todo el texto, pero si se votaba en contra, la retirarían del debate plenario.

En la votación de la propuesta del PSOE, evidentemente, perdió la posición republicana con 13 votos a favor (únicamente los votos socialistas), 22 en contra (hicieron causa común UCD, Partido Comunista, Alianza Popular y la minoría catalana) y una abstención del PNV.

Este no fue el único intento republicano en nuestra Constitución ya que ese mismo día se descartaron las enmiendas republicanas presentadas por ERC y por EE, pero si fue el intento más sonado, aunque no pasó de eso, de un intento. Este Voto Particular socialista ni siquiera llegó a ser votado en el Pleno del Congreso ya que el propio PSOE lo retiró antes de su debate como consecuencia de su compromiso de hacerlo si la mayoría de Comisión rechazaba su propuesta, como ocurrió.

Como es evidente, el asunto republicano formó parte del debate en más de una ocasión, siendo relevante los argumentos que daba Santiago Carrillo del grupo comunista anunciando en la sesión inicial de la Comisión cual sería su postura en el tema.

CARRILLO SOLARES, S. Sesión inicial de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 05-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº59. Pág. 2037.

El señor CARRILLO SOLARES: (…) Ya en este debate general quiero exponer de forma precisa nuestra posición ante el problema de la forma de Gobierno. Según el Artículo 1. del proyecto, «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

Como todos ustedes saben, el Partido Comunista ha considerado siempre la República democrática como la forma más idónea de la democracia. Cuando en los años 20 la Monarquía conculcó la Constitución de entonces y dio paso a la dictadura del General Primo de Rivera, los comunistas, que no habíamos hecho nunca de la forma política el objetivo esencial de nuestra lucha —orientada fundamentalmente a la emancipación social de los trabajadores—, llegamos a la conclusión, como otras fuerzas democráticas y nacionales, que al romper la Monarquía el pacto constitucional no quedaba más opción que reemplazarla por la República y participamos en las acciones para lograrlo y, una vez instaurada la República como régimen constitucional, la defendimos con nuestra sangre, a pesar de que aquella República, también burguesa, nos reprimió duramente en más de una ocasión.

Más tarde, a medida que la guerra del 36-39 fue pasando a la categoría de acontecimiento histórico trágico, pero pasado ya, cuando la necesidad de rehacer el país y superar aquella tragedia nos condujo a pensar la política de reconciliación nacional, los comunistas explicamos públicamente que las diferencias sobre la forma de Gobierno no debían ser obstáculo para esa reconciliación;

Que lo decisivo era obtener, con el consenso más amplio, un sistema de libertades democráticas, lo decisivo era la democracia, y que una vez instaurada ésta sería llegado el momento de decidir, sin dramas ni rupturas, la cuestión de la forma de Gobierno.

En ésas estamos. Pero estamos a través de un proceso concreto en el que el cambio no se ha producido por una ruptura revolucionaria, hecha de golpe, como por ejemplo sucedió en Portugal, sino un proceso que se caracteriza por una serie de pasos que corresponden a una política de reconciliación.

Previamente al comienzo del cambio, debo confesarlo con sinceridad, los comunistas abrigábamos no sólo reservas, sino una evidente hostilidad a la figura del Jefe del Estado, que aparecía como la heredera de la pasada dictadura. Y no ocultamos en ningún momento esa hostilidad, diferenciando en esto nuestra posición de la de otras fuerzas de oposición que quizá mejor informadas, o más oportunistas, parecían no oponer ningún reparo a la Monarquía y al papel de ésta.

Pero después, en el proceso de cambio, hemos ido viendo que el Jefe del Estado ha sabido hacerse eco de las aspiraciones democráticas y ha asumido la concepción de una Monarquía democrática y parlamentaria. La realidad es que el Jefe del Estado ha sido una pieza decisiva en el difícil equilibrio político establecido en este país y lo sigue siendo. El ha desempeñado el papel de bisagra entre el aparato del Estado, sobre cuyas características no necesito insistir y las profundas aspiraciones democráticas de la sociedad civil.

Si él no estuviera ahí —repito que teniendo en cuenta las características del cambio—, el aparato del Estado y la sociedad civil hubieran chocado, y la misma sociedad civil se habría dividido también, con consecuencias dramáticas para los pueblos de España.

Esa es la realidad. A veces la realidad puede criticarse desde posiciones sedicentemente éticas y elitistas. La realidad no corresponde siempre al ideal imaginado. Esta actitud puede cuadrar al hombre aislado que no compromete otra cosa que su autoridad. Un Partido político que se propone transformar la sociedad no puede prescindir de la realidad. Si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro, no obtendríamos la República, pero perderíamos la democracia.

Tal riesgo podría correrlo un grupo puramente testimonial que no se proponga hacer política, Un Partido serio y responsable, dispuesto a hacer avanzar el cambio democrático, a convertirse en una fuerza de Gobierno, no puede lanzarse y lanzar al país en esa aventura.

Nosotros nos negamos incluso a hacer una finta con ese tema, a jugar a amagar y no dar; es demasiado serio y el pueblo sabe muy bien lo que somos unos y otros, lo que nos estamos jugando, para dejarse deslumbrar por jugadas demagógicas. Hay que darse cuenta de que en estas condiciones, si las instituciones de gobierno surgieran discutidas por la izquierda, aunque esto sólo se hiciese con un gesto para la galería, nosotros mismos estaríamos contribuyendo a inclinarlas y desplazarlas hacia la derecha, e incluso hacia la ultraderecha que avizora todos los errores de la izquierda para recuperar el terreno perdido.

Por esas razones, sucintamente expuestas, los comunistas, en aras de la democracia y de la paz civil, vamos a votar el artículo 1 del proyecto constitucional tal como viene, y afirmamos que mientras la Monarquía respete la Constitución y la soberanía popular, nosotros respetaremos la Monarquía.

Al hacerlo no olvidamos la historia de la Institución, que en muchos casos fue nefasta para España. Abrimos un crédito de confianza a un hombre joven que da muestras de identificarse más con la España de hoy que con la del pasado. Y sobre todo reiteramos nuestra confianza en la voluntad del pueblo y en su capacidad de hacer respetar su soberanía en cualquier circunstancia. […]

El debate de la monarquía se reiteró en el Pleno del Congreso, de hecho la primera intervención que albergó el Congreso sobre el texto remitido por parte de la comisión fue por parte del representante de Esquerra Republicana de Cataluña, Heribert Barrera i Costa el día 4 de julio de 1978.

BARRERA i COSTA, H. Plenario. Congreso de los Diputados. 04-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº103. Pág. 3761.

El señor BARRERA COSTA: (…) No es por razones puramente testimoniales ni por ninguna nostalgia de un pasado, que apenas fue el mío, por lo que he propuesto y propongo todavía una Constitución republicana.

No es tampoco por inconsciencia del riesgo que podría suponer que mi propuesta fuese aceptada; este riesgo se exagera mucho, pero, a pesar de todo, existe.

Es precisamente para minimizarlo. Lo que era y continúa siendo mi propuesta más seria no es que Vuestras Señorías voten la República, sino que, tal como dije ante la Comisión, pidamos todos juntos al Gobierno que organice un referéndum sobre la forma de Estado. Si la República ganase, podríamos construir en seguida una auténtica democracia moderna sin rémoras y sin hipotecas, y si fuese la Monarquía quien ganase —eventualidad que no es nada improbable—, tendríamos en ese caso una Monarquía verdaderamente independiente, de base popular, lavada del pecado original franquista, que no debería su existencia al viejo dictador ni a ninguna fuerza oculta, que podríamos aceptar todos, no con resignación, sino con esperanza. Entonces —así quiero creerlo—, esta Monarquía ya no sería ningún obstáculo para llevar a su plenitud la democracia y podríamos encontrar en ella su lugar adecuado.

Por su parte, Alianza Popular fijaba su posición como firmes defensores de la institución monárquica esa misma mañana;

FRAGA IRIBARNE, M. Plenario. Congreso de los Diputados. 04-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº103. Pág. 3779.

El señor FRAGA IRIBARNE: (…) La Corona, símbolo de unidad y continuidad, máxima representación exterior, árbitro moderador, necesitada a nuestro juicio —así lo defenderemos— de un Consejo de la Corona que aumente su actuación imparcial y de una reserva última de prerrogativa para momentos de excepción es, por supuesto, la Institución fundamental del Estado español tradicional y, evidentemente, los elogios de las dos Repúblicas anteriores no pueden convencernos.

Y es que Alianza Popular había manifestado en más de una ocasión su disconformidad con la regulación de la Corona que hacía la UCD, pero no en el sentido de caminar hacia un estado republicano sino en el de aumentar las funciones constitucionales de la monarquía, siempre respetando el sistema democrático, pero añadiéndole funciones ejecutivas en momentos de especial trascendencia y proponiendo la creación de una nueva institución llamada Consejo de la Corona con el fin de asesorar y guiar las decisiones reales.

El debate republicano no supuso ruptura alguna del consenso constitucional ya que ninguna fuerza política puso ese elemento como requisito necesario para la negociación. El propio Partido Socialista, que había perdido en su intención republicana, finalmente votó a favor del texto constitucional monárquico.

Este debate sirvió para generar una brecha entre los partidos de izquierdas, por un lado el PSOE recriminaba al Partido Comunista de Carrillo haber hecho causa común con la derecha para bloquear la enmienda republicana, y por otro lado, los comunistas acusaban al PSOE de Felipe González de haber presentado la enmienda republicana sin intención real de que saliera adelante sino como gesto electoral ante sus bases.

Cierto es que al PSOE se le acusó en aquel momento de haber actuado de forma oportunista con la presentación de su enmienda republicana, no solo por parte del Partido Comunista sino también por las fuerzas centristas o los medios de comunicación, que vieron en la propuesta socialista una amenaza de ruptura del diálogo constitucional, que no tuvo lugar, ya que ponía sobre la mesa este asunto, con una importante carga ideológica. en una España poco acostumbrada a este tipo de debates tras cuatro décadas de dictadura.

Finalmente, el PSOE zanjó la polémica señalando que uno de los motivos de generar el debate y votación sobe la monarquía era una forma de otorgarle legitimidad al sistema escogido, ya que, según entendían los socialistas en 1978, no se podía pasar la página constitucional del 31, sin que al menos el parlamento se manifestara sobre continuar con un sistema republicano o instaurar uno monárquico.

Y no les faltaba razón en su justificación. Gracias a esta propuesta se generó un debate y una votación a favor de la monarquía como forma de estado, que pasaría a la historia como la única legitimación democrática al sistema monárquico. De no haberse presentado este Voto Particular, la monarquía tendría, todavía con mayor peso, un fuerte componente de herencia del régimen dictatorial anterior, que quedó oficialmente limado en aquella Comisión ya que siempre podrán justificar que el parlamento elegido democráticamente validó ese sistema.

Fuere como fuere, la Constitución Española de 1978 no recuperó el tracto sucesivo de la historia tras el golpe del 36 y recoge, aun a día de hoy, a la monarquía parlamentaria como forma de estado regulando sus funciones y competencias en el título II.

Constitución Española, Título II.

TÍTULO II

De la Corona

Artículo 56

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 57

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59

Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60

Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Artículo 62

Corresponde al Rey:

Sancionar y promulgar las leyes.

Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63

El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64

Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65

El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa

3.

Relación Iglesia-Estado

Otro asunto polémico por excelencia en nuestro debate político continuo es el de la relación entre el Estado y la Iglesia. Y el debate constitucional no quedó fuera de dicha polémica.

Analizando la situación histórica de aquel momento observamos cómo se presentan en España dos formas muy distintas de entender a la iglesia católica y a su imbricación en las cuestiones de estado.

Partimos, por un lado, con el recuerdo del último sistema democrático, el republicano, donde su Constitución dejaba clara la separación total entre la religión y el estado, cuestión desarrollada más adelante con la ley de confesiones religiosas.

Constitución de la República Española. (1931)

Artículo 26: (…) El Estado, las regiones, las provincias y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. (1933)

Artículo 3: El Estado no tiene religión oficial.

Como vemos, una regulación legal que genera una separación total entre el Estado y las confesiones religiosas, tanto desde el punto de vista económico, como ideológico.

Pero, por otro lado, aun se mantenía en el recuerdo la legislación vigente en el último régimen político, el existente entre los años 1939 y 1975, del que todavía no se había conseguido salir, de hecho, alguno de sus ministros y muchos de sus seguidores formaban parte activa de estos debates constitucionales.

Si bien es cierto que el régimen franquista no había contado con un texto constitucional como tal, se auto regulaba con un conjunto de leyes, llamadas Leyes Fundamentales del Reino, entre las que se encuentran la Ley de Principios del Movimiento Nacional (17 de mayo de 1958) que entraba a regular la relación iglesia-estado de esta forma tan clara:

Ley de Principios del Movimiento Nacional. (1958)

Principio II: la Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.

Se observa una sumisión total del Estado y de su legislación a una confesión religiosa concreta.

Entre estos dos modelos, diametralmente opuestos, tenía que debatirse esta cuestión en las cortes constituyentes de 1978, teniendo entre las partes negociadoras a fuerzas políticas que habían aprobado y defendido la laicidad de la constitución republicana y a fuerzas que provenían, al menos desde el punto de vista de la inspiración política, del franquismo católico.

Todo indicaba que éste sería un asunto polémico y así fue. El debate religioso partía con ciertas similitudes al monárquico pero desde una balanza de fuerzas opuesta, es decir, si en el debate sobre la forma de estado veíamos como parecía estar claro que la apuesta mayoritaria era a favor de una monarquía parlamentaria borbónica, lo que provocó que las fuerzas republicanas tuvieran que renunciar a ello casi antes de empezar a debatir, en el debate religioso, fueron las fuerzas de la derecha católica las que partían con el debate perdido de antemano y por mucha insistencia que recibieran por parte de sus bases electorales, no podían plantear un debate del todo o nada en cuanto a la cuestión religiosa, a sabiendas de que la tendencia de nuestro entorno nos conducía más a la laicidad que a la confesionalidad y por ello cedieron en el debate de la Ponencia. Si las fuerzas de izquierda sacrificaron la república para obtener la democracia, la derecha renunció a la confesionalidad para evitar la laicidad. Aun así, éstos obtuvieron más éxito en sus pretensiones que los republicanos con las suyas.

El primer debate religioso que se produjo en el proceso constituyente español de 1978, excluyendo lo que ocurriera en las reuniones de ‘los padres de la constitución’ de las cuales no hay actas, sino una mera minuta de acuerdos, se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas el día 18 de mayo de 1978 en la sesión de la tarde iniciada a las cinco y media.

Alianza Popular, reconocía públicamente que no podía haber religiones de Estado, como hubo durante el franquismo:

FRAGA IRIBARNE. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Pág. 2470.

El señor FRAGA IRIBARNE: El artículo que estamos debatiendo constituye, sin duda alguna —y así me permití resaltarlo en mi discurso sobre la totalidad—, uno de los artículos más importantes de la Constitución, y, por ello, uno de los que más importante sería que pasara con claridad, sin ambigüedad y, a ser posible, con el máximo consenso. No es un hecho desconocido que desde las Constituciones de 1808 y 1812, que declararon que la religión de los españoles seguiría siendo para siempre la católica, apostólica y romana, hasta la de Cánovas, en 1876, a este tema se le dedicó más de la mitad del tiempo, y que en la Constitución de 1931 fue uno de los más graves problemas, que impidió la falta de consenso definitivo sobre aquella Constitución.

Este no es hoy un tema que, si lo enfocamos como debemos, con realismo y con el espíritu que todos tenemos, deba ser la cuestión batallona. Aquí se dice con toda claridad —y yo como cristiano tengo que decir que de acuerdo con la doctrina claramente expuesta en la declaración histórica del Concilio Vaticano II—que no hay religión de Estado, que hay plena libertad religiosa. Se añade, para que no haya duda alguna, de cualquier tipo de creencia, y finalmente se dice dentro del orden público. […]

En el mismo sentido se manifestaba el señor Alzaga Villaamil de la UCD en esa misma sesión;

ALZAGA VILLAAMIL. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Pág. 2481.

ALZAGA VILLAAMIL: […] UCD no es un partido confesional, pero UCD es un partido que recoge un amplio espectro de votos católicos. Pues bien, desde esa óptica, hemos de afirmar que no vamos a defender, ni aquí ni en ningún momento, la confesionalidad del Estado, ni pedir derechos para los católicos que no corresponden a los restantes españoles.

Es más, hacemos en este acto constituyente solemne expresión de que abjuramos de prejuicios hist6ricos que en ocasiones han sostenido los católicos en España. […]

Así, las dos fuerzas conservadoras del parlamento, las integradas en buena medida por altos cargos del franquismo y provenientes de familias de alta alcurnia muy enraizadas con la, otrora omnipresente, Iglesia Católica española, las únicas dos fuerzas políticas que podrían haber planteado un problema serio de consenso constitucional si se enrocaban con el tema religioso, renunciaban a la consideración del catolicismo como la religión del estado y sacrificaban la confesionalidad que habían mantenido a rajatabla durante el régimen anterior, apenas tres años antes. Al menos en el principio del debate.

Las fuerzas de izquierda lo tenían más fácil en este debate, ya que su tesis aconfesional laicista era la mayoritaria en el clima político de la época. El margen de negociación que les quedaba era el de limar cualquier referencia a la Iglesia Católica y perfilar de una manera clara la separación entre religión y estado de forma que ningún gobierno, por muy conservador que fuese, pudiese ‘confesionalizar’ el estado.

No obstante, UCD y Alianza Popular, con el llamativo apoyo del PCE, aun tenían preparada otra sorpresa y fue la introducción, lejos del consenso alcanzado en la Ponencia, de una referencia expresa a la Iglesia Católica en el texto del artículo 15 (posteriormente 16). Una referencia que no venía prevista en el Anteproyecto de ‘los padres de la constitución’ pero que se coló a última hora por insistencia de los conservadores.

Así, desaparecía la claridad con la que se entendía a nuestra Constitución como aconfesional, cercana al laicismo. Se proponía un artículo que si bien reconocía la libertad religiosa y establecía que el Estado no tenía religión oficial, contentaba a los sectores más católicos de la sociedad y del arco parlamentario con la frase final del apartado 3: y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Todo un logro para las tesis conservadoras que, habiendo renunciado a la confesionalidad, tenían la íntima necesidad perentoria de incluir la referencia a la Iglesia Católica.

Pese a todo, la inclusión de esta referencia de última hora no marcó el voto en contra del artículo que fue aprobado por 23 votos a favor (los relativos a la UCD, Alianza Popular y Partido Comunista) y 13 en contra (los votos socialistas)

Así se manifestaba el diputado Solé Tura del Partido Comunista en la explicación del voto al artículo 15, incluyendo la referencia expresa a la Iglesia Católica.

SOLÉ TURA. Explicación del voto del Partido Comunista al art. 15. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Pág. 2486.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, nuestro Grupo considera que el artículo que acabamos de aprobar en su totalidad constituye un enorme progreso, puesto que constitucionaliza la libertad religiosa y de cultos, la libertad ideológica, tanto en el plano personal como en el colectivo, establece con claridad la separación entre la esfera religiosa y la esfera estatal y, en definitiva, permite abordar con serenidad la superación de la vieja y nociva contraposición entre clericalismo y anticlericalismo.

Es cierto que habríamos preferido algunas matizaciones del texto, habríamos preferido, por ejemplo, sustituir el principio de orden público, porque, aparte de su indeterminación como concepto jurídico, tiene un sentido determinado en el terreno administrativo, sobre todo en nuestro país, donde las connotaciones han sido tremendamente negativas y siguen sin estar claras de cara al futuro.

También en función de la paz religiosa habríamos preferido no hacer ninguna referencia explícita a ninguna confesión; pero hemos votado el texto de la Ponencia, después de haber dejado claro esto también, porque sabemos, en definitiva, lo que la Iglesia católica representa sociológicamente y culturalmente en nuestro país, y queremos dejar claro que nuestra actitud ante el hecho de la separación de la esfera religiosa y de la esfera del Estado es, al mismo tiempo, una actitud que intenta fomentar —y en ese sentido nosotros hemos colaborado y colaboraremos en la medida de nuestras fuerzas— la paz civil y la paz religiosa.

Se trata, es cierto, de partir de la realidad del país; pero, al mismo tiempo, de no distorsionarla y de hacer que esa realidad evolucione de la manera más pacífica posible, evitando que la construcción de la democracia se mezcle con cosas con las que no tiene que mezclarse ni, evidentemente, con guerras o conflictos donde el hecho religioso sea predominante.

Pensamos que el voto que acabamos de hacer es un voto, no sé si conviene utilizar aquí los grandes calificativos, pero me parece que es un voto histórico, y si ahora somos consecuentes con lo que acabamos de aprobar, nuestro país habrá ahorrado uno de sus grandes traumas históricos, y habremos encauzado debidamente la solución de uno de los problemas decisivos para que la democracia en este país funcione.

De nuevo el Partido Comunista hacía un esfuerzo ímprobo para justificar su apoyo a determinadas cuestiones contra las que se había enfrentado durante toda su historia, por entenderlas menores en contraposición con la consecución de la democracia.

Sin duda una actitud que fue calificada por muchos como responsable, pero que supuso una ruptura importante con parte de su electorado y con su larga trayectoria política republicana y laicista.

Y es que el Partido Comunista afrontaba este debate con el recuerdo de la regulación republicana en cuanto a la cuestión religiosa. Es muy común, por parte de historiadores e historiadoras, señalar a la separación Iglesia-Estado como uno de los principales elementos de discordia que terminaron con la II República, tesis a la que se apuntaba el Secretario General del Partido Comunista en su exposición general de la Constitución.

CARRILLO SOLARES, S. Plenario. Congreso de los Diputados. 04-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº103. Pág. 3783.

El señor CARRILLO SOLARES: España deja de ser un Estado confesional, independientemente de que una parte importante de sus ciudadanos sustenten creencias religiosas.

Como Estado, España pasa a ser una Estado laico, y uno se percata en este momento de la inmensa distancia que nos separa de 1931, cuando la separación de la Iglesia y del Estado fue como el principio de la separación de los españoles en dos grupos opuestos, como una operación quirúrgica sobre un enfermo que no está anestesiado —son palabras de don Manuel Azaña—y con los debates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla mortal, no sé para quién, pero mortal para alguien.

En efecto, aquella operación fue mortal para la República, pero a la larga, lo fue también para una concepción integrista de la Iglesia, que convertía a ésta en la punta de lanza de la derecha más tradicional.

Por otro lado, el PSOE mantuvo el voto en contra de la inclusión de la referencia expresa a la Iglesia Católica en el texto constitucional, justificando así su postura el diputado Peces-Barba:

PECES-BARBA MARTÍNEZ. Explicación del voto del PSOE al art. 15. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Pág. 2486.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista, como se ha visto, ha votado a favor del apartado primero del artículo 15, donde se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los individuos y de las comunidades.

[…] Hemos votado a favor del apartado 2 porque establece un amplio principio que consideramos enormemente positivo. Por cierto que, en cuanto sea texto legal, hará anticonstitucionales algunas preguntas que se realizan en formularios de concesiones de becas y algunos otros textos, donde es necesario explicitar, por ejemplo, la religión que se practica para obtener la citada beca.

Y hemos votado en contra del apartado 3, exclusivamente, porque nadie nos ha justificado —y no era a nosotros a quien nos correspondía hacerlo— la inclusión del término ((Iglesia católica)).

Por cierto que, con las grandes palabras con que se han intentado defender la presencia del término de ((Iglesia católica)) en el apartado 3, no entendemos cómo no se le ha dado el lugar mucho más digno del apartado 1, que es el de los principios y el de los derechos, y se le ha dado el apartado 3, que es el número de las cooperaciones, que, de alguna manera, puede sonar, para aquellas personas especialmente maliciosas, a temas económicos.

Nosotros estamos absolutamente a favor de todo el tenor literal del apartado 3, porque ese apartado 3, sin el término ((Iglesia católica)), fue fruto de una elaboración unánime de la Ponencia y porque entendíamos y entendemos que recoge todo lo que hay que decir en esta materia. Por eso, nosotros tenemos que decir ex presamente que estamos a favor de que se tengan en cuenta las creencias religiosas, estamos a favor de que se mantengan las relaciones de cooperación necesarias con las di versas confesiones.

Pero nadie nos ha explicado por qué, precisamente en este apartado 3, y no en el noble apartado 1, donde se establecen los principios, es donde hay que mencionar a la Iglesia católica. Estamos en contra de esa mención no justificada porque de alguna manera, ha roto el intento que se ha hecho de establecer un consenso. Y nadie nos ha explicado ni justificado las razones de la inclusión, ni tampoco ha combatido las nuestras.

[…] Nosotros, señor Presidente, hemos hecho en este tema, como en otros muchos temas ya votados con anterioridad, un enorme esfuerzo para llegar a fórmulas que aseguren una vida tranquila, pacífica y seria a esta Constitución.

Pero nosotros, porque en nuestro Partido existen muchos hombres creyentes, no podemos admitir que nadie tenga el monopolio de la fe, que nadie nos dé lecciones de fe ni de lo que tenemos que aprender ni de lo que tenemos que olvidar. Porque, cuando se han hecho menciones a la historia, también nosotros podíamos recordar esa Pastoral colectiva declarando ((Cruzada)) el levantamiento militar de 1939, o la persecución de los liberales en el siglo XIX por sectores cristianos, porque nosotros hemos estado a favor de todos los sacerdotes y de los creyentes perseguidos durante el régimen franquista. Hemos estado en contra del secuestro y de la persecución que sufrió la revista ((Signo)), de la Acción Católica, por el Ministerio de Información y Turismo durante varios años del franquismo. Porque hemos estado en contra de que hubiera más sacerdotes detenidos en aquel estado confesional que defendía las esencias de la religión católica, que nunca había habido en España, hasta el punto de que incluso fue necesaria una cárcel para recogerlos. Y estamos en contra también de aquel Estado que incluso estuvo a punto de expulsar a un obispo en los últimos años.

Cuando, señor Presidente, y con esto termino, la historia se escribe o se refiere uno ella, hay que escribirla o referirse a ella con integridad y no como conviene en cada momento. […]

Un debate con segunda vuelta.

El debate que acabamos de narrar no fue el único que se mantuvo en el proceso constituyente en cuanto al asunto religioso y los socialistas y Esquerra Republicana llevaron al Pleno del Congreso, el día 7 de julio de 1978, una enmienda para intentar suprimir la referencia expresa a la Iglesia Católica en el apartado 3 del artículo 15 (posteriormente 16) del proyecto de Constitución.

En este punto cabe recordar que el reparto de fuerzas en el Congreso era proporcional al llevado a cabo en la Comisión, pero la publicidad absoluta de los debates y la presencia en los mismos de los líderes de los partidos, hacían que fuera probable el cambio en alguna postura y todas las miradas estaban puestas en Santiago Carrillo del PCE.

En primer lugar, el representante de Esquerra Republicana justificó su propuesta de eliminar la referencia a la Iglesia de esta forma resumida:

BARRERA COSTA, H. Plenario. Congreso de los Diputados. 07-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº106. Pág. 3972.

El señor BARRERA COSTA: […] creo que la mención específica de la Iglesia católica, por comedida que sea en sus términos, puede evocar en el país, como decía al principio, inoportunos recuerdos, y dar lugar a trasnochadas nostalgias. […]

Como ya ocurriera en el debate republicano, las principales fuerzas de izquierda se habían dividido, manteniendo el Partido Comunista una posición menos beligerante con las tesis centristas y siendo los socialistas quienes planteaban en solitario las cuestiones que cabía esperar de un partido de izquierda, y más teniendo en cuenta la historia política española.

En este caso, de nuevo, el asunto debatido sirvió de acicate político entre las fuerzas de la izquierda. Fueron varios los momentos en los que los representantes del Partido Socialista destacaron el voto en contra del Partido Comunista a la enmienda que pretendía la retirada de la mención expresa a la Iglesia Católica, recibiendo en cambio, los socialistas críticas de los comunistas por lo que éstos entendían que era una actitud electoralista.

Así, el diputado socialista Barón Crespo y el líder comunista Carrillo Solares, se cruzaban mensajes en la sesión del 7 de julio de 1978;

BARÓN CRESPO y CARRILLO SOLARES, S.. Plenario. Congreso de los Diputados. 07-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº106. Pág. 3979 y 3994.

El señor BARÓN CRESPO: (…) y después de lo que nos explicó el Secretario General del Partido Comunista en su intervención general sobre la Constitución, me temo también que va a haber que convencer a los compañeros comunistas en este terreno. […]

El señor CARRILLO SOLARES: (…) Mi compañero el señor Barón nos criticaba porque hemos rectificado en relación con este artículo, Yo preguntaría quién no ha rectificado una, dos, tres, cuatro, diez o veinte veces en la Ponencia o en la Comisión Constitucional; quién no ha rectificado sus opiniones para llegar a soluciones de acuerdo satisfactorio para unos u otros. Si ese es el crimen que nosotros hemos cometido, yo lo asumo sin ningún temor, convencido de que el señor Barón es responsable de unos cuantos crímenes semejantes. (Risas.) […]

Las crónicas periodísticas se hacían eco de esta disputa entre socialistas y comunistas a cuenta de la cuestión religiosa, así el diario ‘El País’ publicaba un artículo con el nombre de ‘Socialistas y Comunistas, enfrentados en el debate sobre la Iglesia’ al día siguiente del debate, el 8 de julio de 1978, destacando el diario que, “desde una perspectiva tradicional del comunismo, resultaba difícilmente digerible la posición expresada por Santiago Carrillo”, en un discurso que calificaban de “habilidoso”.

El debate religioso, como parecía predecible, se recrudeció esa mañana del Congreso, y los diputados, con todas las miradas del país puestas en ellos, se dejaron a un lado la cortesía y el buen tono de los debates de la ponencia y de la Comisión para elevar el nivel de confrontación ideológica del debate.

Este debate crudo lo inició el líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, recordando la quema de conventos y el anticlericalismo que desde las posiciones franquistas se achacaron a los gobiernos de izquierda:

FRAGA IRIBARNE, M. Plenario. Congreso de los Diputados. 07-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº106. Pág. 3976-3977.

El señor FRAGA IRIBARNE: (…) Ahí Está la historia de la matanza de los frailes en por los liberales; la historia de la trágica desamortización, que no se hizo en beneficio del pueblo, sino en beneficio de un; cierta clase en aquel momento, y que destruyó completamente tesoros inmensos de riqueza y de cultura y, por supuesto, una gran posibilidad, que pudo haberse hecho, de reforma social. Y es la historia de la Constitución de 1931, donde se expulsó a los jesuitas, donde sectariamente se destruyó lo mejor del sistema educativo español, prohibiendo la enseñanza a las órdenes religiosas. […]

Estas acusaciones de Fraga encontraron rápidamente respuesta por parte del líder el Partido Comunista, Santiago Carrillo:

CARRILLO SOLARES, S. Plenario. Congreso de los Diputados. 07-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº106. Pág. 3993.

El señor CARRILLO SOLARES: […] En realidad, señor Fraga, las quemas de conventos fueron tremendas provocaciones contra la República. Y yo, que entonces vivía, señor Barón, siendo joven socialista he salido con los jóvenes comunistas a la calle, precisamente a impedir o a tratar de impedir las quemas de los conventos, que no eran provocadas por la izquierda exactamente, sino que probablemente estaban provocadas por la ultraderecha. (Rumores,)

En realidad, señor Fraga, las quemas de conventos eran a la República lo que el terrorismo es a la situación de hoy: un elemento desestabilizador; y los que tenían interés en desestabilizar a la República y los que tienen interés en desestabilizar el proceso democrático de hoy, aunque haya por dentro, entre ellos, algún izquierdista loco, en general son las fuerzas que están mirando al pasado y que entonces miraban al pasado también, tratando de resucitarlo. […]

Tanto Alianza Popular como la UCD habían procurado mantener una cierta distancia con posiciones confesionales, señalando en todo el proceso que este artículo, así redactado, garantizaba la libertad religiosa para que cada español pudiera profesar la que libremente escogiera, o ninguna de ellas, y que la referencia expresa a la Iglesia Católica no suponía en ningún caso preferencia con ésta sino un reconocimiento expreso a la principal religión de los españoles, dando cabido al resto de confesiones en la expresión genérica con la que termina el articulado.

No obstante, el diputado conservador, Manuel Fraga, terminó su primer discurso esa mañana del día 7 de julio de 1978 con una alocución que se salía de este discurso al enarbolar claramente la posición católica:

FRAGA IRIBARNE, M. Plenario. Congreso de los Diputados. 07-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº106. Pág. 3979.

El señor FRAGA IRIBARNE: […] Pero para los cristianos, repito, mayoría le los españoles, el Hijo del Hombre es también Dios, más que Señor del Mundo su Creador y Redentor, superador de todo materialismo y símbolo de toda reconciliación, vencedor le la muerte y del odio. A Ese queremos también reconocer en la Constitución.

Durante todo el debate salió numerosas veces a colación el discurso que dio Manuel Azaña en las Cortes constituyentes de la República, en octubre de 1931 con ocasión de debate constitucional sobre el asunto religioso, en el que señaló, que España había dejado de ser católica.

En este sentido se manifestó el líder del Partido Socialista Popular, Tierno Galván, en clara analogía a la frase de Azaña:

TIERNO GALVAN, E. Plenario. Congreso de los Diputados. 07-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº106. Pág. 39996.

El señor TIERNO GALVÁN: […] me permiten admitir que el Estado Español ha dejado de ser confesional, pero que dudo haya dejado de ser católico. […]

El periodista Manuel Vicent se refería al recuerdo de Azaña en el diario El País en su edición del día 8 de julio con un artículo llamado ‘El fantasma de Azaña’, señalando que el debate religioso “se trata de un tema desactivado que huele a Heno de Pravia”.

Como fuera, cuando las enmiendas para retirar la referencia a la Iglesia Católica fueron votadas en el Congreso, recordemos que habían presentado enmiendas en este sentido tanto Esquerra Republicana como el PSOE, también los socialistas catalanes pero se votó de forma conjunta a la del PSOE, ambas votaciones resultaron con el voto en contra de la mayoría de las cortes, finalmente el PCE de Santiago Carrillo votó junto a AP y UCD en contra de la supresión:

Enmienda del diputado Heribert Barrera de ERC: A favor 127, en contra 170, abstenciones 20.

Enmienda de los socialistas: A favor 126, en contra 171, abstenciones 19.

Un dato relevante para tener en cuenta en las votaciones, es el peso que en las mismas tuvieron los votos comunistas. 20 diputados tenía el grupo Comunista en aquellas Cortes, en el caso de producirse un cambio de voto y haberlo hecho favorablemente a la enmienda de retirar la referencia expresa a la Iglesia, el resultado hubiera sido igualmente en contra, pero con una diferencia muy reducida, tan solo de 3 diputados.

En el Senado, se volvió a repetir los mismos debates con el mismo reparto de fuerzas e idéntico resultado en las votaciones, primero en la Comisión Constitucional del Senado y más tarde en el Plenario: rechazo a las enmiendas que pretendían la retirada de la referencia expresa a la Iglesia Católica en la Constitución por parte de UCD, Alianza Popular, PCE, vascos y la minoría catalana en parte.

Destaca una frase dicha por el senador de la izquierda catalana y sacerdote, Lluís Maria Xirinacs, el día 26 de Septiembre de 1978:

XIRINACS i DAMIANS, L M. Plenario. Senado. 26-09-1978. Diario de Sesiones Senado.

El señor XIRINACS i DAMIANS: […] Como sacerdote, me avergüenzo de la situación de privilegio de que ha sido objeto mi Iglesia […]

La inclusión de la referencia a la Iglesia era ya inevitable en nuestra Constitución y así se iba a presentar para su votación a los españoles y españolas. Este hecho, además de incomodar a los partidos políticos que habían manifestado su rechazo, también lo hizo a otras confesiones religiosas españolas que veían en esa referencia expresa una discriminación hacia su opción y un favoritismo estatal hacia la Iglesia Católica. Fue especialmente sonado el rechazo que manifestó la Iglesia Evangelista, cargando contra el PCE por su postura.

Como consecuencia de todo este debate, la Constitución española, aún a día de hoy, recoge de la siguiente manera el asunto religioso en su artículo 16:

Constitución Española. Artículo 16.

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

4.

El divorcio

Otro de los debates interesantes que se produjeron durante la elaboración del texto constitucional español en 1978 fue el relativo a la regulación del matrimonio y su disolución en la Constitución.

La primera vez que los ‘padres de la constitución’ abordan el asunto, el día 27 de septiembre de 1977, parece reinar el absoluto consenso, aprobándose el siguiente texto por parte de la ponencia:

Anteproyecto de Constitución. Ponencia Consitucional.

Artículo 39:

A partir de la edad núbil, el hombre la mujer tienen el derecho a contraer matrimonio y a crear y mantener, en igualdad de derechos, relaciones estables de familia.

2. El derecho civil regulará las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución, y sus efectos.

Como ya hemos visto en otros asuntos del debate constitucional, el consenso que parece existir en la ponencia, recordemos formada por los siete ‘padres de la constitución’, no se mantiene a lo largo del proceso parlamentario. Sin duda, el secreto de las deliberaciones, estar apartados del debate público y la ausencia de los líderes, excepto en el caso de Alianza Popular, favoreció el acuerdo de la ponencia para la redacción del texto del anteproyecto, pero una vez se encendieron los focos y los líderes tomaron la palabra, se terminó el consenso y llegaba la escenificación política de las distintas ideologías a través de las enmiendas. Pese a que en casi todas las ocasiones se sabía de antemano que se trataba de votaciones perdidas, se llevaba a cabo un debate parlamentario para justificar la posición de cada fuerza política.

En el asunto del matrimonio, y, sobre todo, en el de su disolución o divorcio, ocurrió otro tanto de lo mismo y el consenso alcanzado en la redacción del primer texto quedó en agua de borrajas al llegar a la Comisión.

En la Comisión, antes de empezar los debates ya se presentaron dos votos particulares al artículo que regula el matrimonio, uno por parte del Partido Comunista que decía lo siguiente:

Voto Particular Partido Comunista de España. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 05-01-1978. Diario de Sesiones Congreso nº44. Págs. 704.

Artículo 27:

“1. El matrimonio se basa en la plena igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges.

2. Podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

3. La formalización y la disolución del matrimonio será regulado por ley.”

La propuesta del Partido Comunista desarrollaba la parte relativa a la disolución del matrimonio, pasando de una mera remisión a la legislación ordinaria como planteaba el anteproyecto, a una expresión más clara del derecho al divorcio, tanto por mutuo acuerdo como por una de las partes.

La propuesta escogida por los comunistas es inspirada claramente en la regulación de la Constitución republicana de 1931, transcribiendo, literalmente, parte del artículo 43 de aquella Constitución.

Otro voto particular que se presentó al texto de la ponencia fue por parte del Partido Socialista, que decía lo siguiente:

Voto Particular Partido Socialista Obrero Español. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 05-01-1978. Diario de Sesiones Congreso nº44. Págs. 714.

Artículo 27:

‘1. Toda persona tiene derecho al desarrollo de su afectividad y su sexualidad: a contraer matrimonio, a crear en libertad, relaciones estables de familia y a decidir, libremente, los hijos que desea tener, a cuyo fin tiene derecho a acceder a la información necesaria y a los medios que permitan su ejercicio.

2. Los padres deben prestar a sus hijos alimentos, educación, instrucción y toda asistencia durante la minoría. El Estado vela por el cumplimiento de estos deberes y, en su caso, los satisface subsidiariamente.

Se autoriza la investigación de la paternidad.

3. La adopción se producirá bajo la intervención y vigilancia del Estado.

4. El matrimonio puede disolverse por mutuo disenso y a petición de cualquiera de los cónyuges, si concurre justa causa en la forma que se establezca por ley de divorcio.”

Como se observa, los socialistas iban mucho más allá de lo previsto por la ponencia y de lo propuesto por el PCE, pretendían introducir en la Constitución la protección al libre desarrollo de la afectividad y de la sexualidad, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.

Una de las partes más conflictivas del voto particular del PSOE fue la que proponía la inclusión de un derecho a decidir sobre la maternidad (a decidir, libremente, los hijos que desea tener), que bien podría haber servido de base y fundamento legal para una posterior legislación sobre el aborto más avanzada que la que se aprobó en la transición.

Finalmente, los socialistas, al igual que los comunistas, transcribían la regulación del divorcio que ya planteaba el texto constitucional republicano de 1931, con la salvedad de que el PSOE además recuperaba la regulación sobre la investigación de la paternidad, tal y como ya constaba en el texto republicano.

En el caso de que estos votos particulares hubieran salido adelante, estaríamos ante una de las constituciones más avanzadas en derechos sexuales y reproductivos de nuestro entorno y sin duda de nuestra historia, una regulación fundamental que hubiera podido propiciar el desarrollo normativo de la materia mucho antes de lo que finalmente se hizo debido a la ausencia de esta previsión constitucional.

Finalmente, nada de esto ocurrió.

El día 23 de mayo de 1978 se debatió este artículo 27 en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso. Al debate se aportó un texto consensuado por la UCD, socialistas, comunistas, Minoría Catalana y Grupo Mixto (es decir todos los grupos excepto Alianza Popular) que, conllevaba la renuncia del PCE y PSOE a sus votos particulares y proponía una redacción similar a la de la Ponencia.

Se desconocen las razones que llevaron a los socialistas y comunistas a renunciar a sus propuestas progresistas en la materia, ya que esos motivos no forman parte de las actas del Congreso. Pero, tras la investigación del asunto y como veremos a continuación, cabe plantearse que la presión que Alianza Popular y, probablemente, los sectores más conservadores de la UCD, ejercían para hacer desaparecer cualquier referencia al divorcio en la Constitución, provocó, de nuevo, que las fuerzas de izquierdas (en minoría en las cámaras) renunciaran a sus avanzadas propuestas para garantizarse, al menos, el apoyo de la UCD a la referencia expresa a la disolución del matrimonio en la Constitución, a desarrollarse por una legislación posterior.

Cabía, por tanto, el riesgo de que al forzar las votaciones para desarrollar el divorcio o incluir derechos afectivos, sexuales y reproductivos, como proponían comunistas y socialistas, se perdiera la mera referencia al divorcio, lo que hubiera supuesto una seria dificultad a la hora de legislar sobre la materia en un futuro.

De nuevo, la izquierda tenía que llegar a acuerdos de mínimos con los ucedistas más moderados, renunciando a determinadas posiciones ideológicas, para evitar así una Constitución más conservadora en asuntos morales y de derechos civiles, que hubiera sido la consecuencia de haber provocado la unión de la UCD con Alianza Popular en las votaciones y debates. Por su parte, el sector moderado de UCD, liderado por Adolfo Suarez, pero sin mucha fortaleza interna, conseguía aplacar a su lado conservador.

En este sentido, el texto pactado por los grupos a excepción de Alianza Popular recibió tres enmiendas de Alianza Popular, que pretendían eliminar la referencia a la disolución del matrimonio del precepto constitucional. Estas enmiendas fueron rechazas en la Comisión, obteniendo únicamente los votos favorables de Alianza Popular, pero como dato curioso, obtuvieron 14 abstenciones por parte de diputados de la UCD, lo que denota, de forma clara, la división de la coalición entre las opciones más conservadoras que quisieron demostrar así su cercanía con Alianza Popular y las más centristas que votaron contra las enmiendas junto a socialistas y comunistas.

Pese a haber perdido las tres enmiendas, Alianza Popular, el día 11 de julio de 1978, presentó otras dos enmiendas idénticas al artículo cuando el texto era debatido en el plenario del Congreso, ambas manteniendo la intención de eliminar la referencia constitucional al divorcio, como ya hicieron en la Comisión.

Las enmiendas fueron presentadas por dos diputados de Alianza Popular de marcado carácter conservador, por un lado, Pedro de Mendizábal y Uriarte, que había participado en la Guerra Civil como voluntario en un tercio carlistas de requetés en el bando del General Franco, y por otro lado Gregorio López-Bravo de Castro, quien fue ministro de Industria y Asuntos Exteriores durante la dictadura franquista, abandonando finalmente la política el mismo día de la aprobación de la Constitución como rechazo a la misma. Y hubo una tercera enmienda, presentada por Licio de la Fuente, quien había sido ministro de trabajo de Franco y que finalmente la retiró.

La unión de la UCD, PSOE, PCE, nacionalistas y grupo mixto dejó solos a los diputados de Alianza Popular en la votación y ambas enmiendas fueron desestimadas, recogiendo finalmente el proyecto de Constitución la posibilidad de que una ley regulara la disolución del matrimonio y sus efectos.

Un resultado amargo para todas las fuerzas políticas, excepto para Adolfo Suárez. Para los partidos de izquierda ya que de nuevo no conseguían sus aspiraciones ideológicas y tenían que renunciar a gran parte de ellas para garantizarse algún elemento principal. Y para los más conservadores ya que, pese a que habían conseguido frenar las pretensiones progresistas de la izquierda, tenían que aceptar la constitucionalización del divorcio, con las complicaciones de conciencia que ello conllevaba.

Dejemos que sean los protagonistas quienes nos cuenten la historia, así se manifestaron los diputados, en nombre de sus respectivas fuerzas políticas en el Congreso aquel 11 de julio de 1978.

FRAGA IRIBARNE, SOLÉ TURA, HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑON y SOTILLO MARTÍ. Intervención para explicar el voto en nombre de Alianza Popular, Partido Comunista, UCD y PSOE respectivamente. Plenario. Congreso de los Diputados.11-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº107. Págs. 4084 y ss.

El señor FRAGA IRIBARNE (Alianza Popular): […] Nosotros hemos votado no a este artículo por entender que es un artículo clave que afecta a nuestra conciencia y a la de muchos que nos han votado.

Entendemos que no hay ningún acertijo en la cuestión que nuestras enmiendas han planteado a la Cámara: se trataba, lisa y llanamente, de constitucionalizar o no el divorcio. El voto mayoritario ha sido decir sí, el nuestro es decir no.

Por supuesto, nosotros ni en esta ni en ninguna ocasión hemos aludido a acciones extralegales, como a veces se hace en otros sectores de la Cámara; nos hemos referido a la influencia que esto pueda tener en el voto de los españoles, que esperamos la tenga importante, ahora y después.

La ley de que nosotros hablamos no dice exactamente lo mismo que la que saldrá ahora, porque tiene su contenido prejuzgado. Precisamente por eso, en una tercera enmienda, que en aras a la brevedad del debate hemos sacrificado, hablábamos de que esta ley, por su importancia, fuera incluso sometida a referéndum. En cuanto a que permitir una cosa sea poner en la Constitución, en la ley, algo que sólo afecta a los que hagan uso de ella, eso puede que sea verdad cuando se trata de acciones que inciden só1o en la persona que las toma, pero en el caso de la familia esa decisión afecta a muchas personas, a los demás miembros de esa familia, e incluso debo decir a los que han sido, los que son y, luego, los que van a ser.

Tratándose de una institución clave como ésta, tal decisión afecta a la sociedad entera.

[…]

El señor SOLÉ TURA (Partido Comunista): […] no decir nada en un tema tan importante como éste sería realmente cerrar puertas, cuando sabemos que está ahí y que lo menos conveniente es cerrar puertas.

Alianza Popular dice que esto es un atentado a toda la concepción de la familia. Seguramente habrá diversas concepciones de la familia, pero nosotros entendemos que la familia estable, la familia que funciona, no tiene por qué sentirse afectada por la posibilidad que aquí se dice que se abre. En cambio, las que no lo sean deben tener la posibilidad de rehacerse, y no precisamente esperando a lo que nos decía antes el señor Mendizábal de que la disolución sólo podrá ocurrir por causa de muerte, en cuyo caso lo único que reconoceríamos sería el derecho de viudas o viudos a rehacer un posible matrimonio fallido.

[...] esta regulación del divorcio no abre las puertas por sí misma, sino que las deja abiertas, y dependerá luego del juego político posconstitucional que esas puertas se abran del todo, que no se abran, que se abran hasta un cierto punto o de cualquier otra forma.

[…]

El señor HERRERO RODRÍGUEZ DE MIÑÓN (UCD): […] En cuanto a la tan traída y llevada palabra «disolución», es claro que, como han expuesto los representantes del Partido Socialista y del Grupo Comunista en el Congreso, no prejuzga cuál sea la opción que tome el legislador del futuro y, ante la afirmación del digno representante de Alianza Popular referente a que hemos constitucionalizado el divorcio, hemos de oponer el simple hecho de que mañana, una vez la Constitución aprobada con esta fórmula, sería imposible pretender el divorcio ante ningún tribunal del Estado. Si una ley no se hubiese pronunciado sobre el tema.

Se ha dicho que «disolución» se refiere necesariamente al divorcio, y a ello hemos de oponer que hoy día no só10 el artículo 52 del Código Civil reconoce la disolución por muerte, sino que otros preceptos del Código Civil, como los artículos 72, 1.417 y 1.429 asimilan, a muchos efectos, la disolución con 1ª nulidad y que, además, en el Derecho Canónico, al que hoy se remite el Derecho Civil, se reconocen formas de nulidad sobrevenida que suponen una disolución del vínculo.

[…]

El señor SOTILLO MARTÍ (PSOE): {…] ¿,Qué es lo que el artículo 30 señala? Porque se ha dicho que la Constitución+ se declara —fíjense SS. SS.— disolutoria del matrimonio y yo no leo tal en el artículo 30, que dice que una ley regulará, entre otros temas, la disolución del matrimonio.

[…] Quisiéramos decir que en este lema a nadie se le va a imponer, y la Constitución no impone, el tema del divorcio o la cuestión del divorcio. Nadie puede sentir temor por esa solución.

Será, en definitiva, un tema de conciencia, como lo es hoy día. Será un tema sobre el cual cada ciudadano y ciudadana españoles tendrán que decidir en conciencia si se acogen o no a una legislación, que lo único que hará es no imponer, sino permitir

¿Que habrá ciudadanos que no entiendan o no quieran entender el artículo 30? Evidente. Como habrá otros que no entiendan O no quieran entender otros artículos de la Constitución.

[…] El Grupo Socialista entiende que este artículo 30 es un artículo correcto desde un punto de vista general, pese a que no es que el Grupo Socialista —en algunas de sus enmiendas que retiró en su momento, en beneficio de este texto común de acuerdo— tenía planteado. […]

Pese a lo, aparentemente, breve e inocuo del debate sobre el divorcio, éste asunto marcó el voto en contra a la Constitución de parte de los diputados de Alianza Popular pertenecientes al ala más conservadora de la coalición de derechas y así lo defendieron durante la campaña del referéndum.

Se trataba éste de un asunto moral de importancia para el sector proveniente del franquismo, hicieron todo lo posible para que esa previsión desapareciera, pero no lo consiguieron.

Tan solo 3 años más tarde, en 1981, España tenía su nueva Ley del divorcio promovida por el Gobierno de Adolfo Suarez, lo que le generó una importante división interna en la UCD. Esta Ley recuperaba el derecho a la disolución del matrimonio, que ya se había disfrutado en España anteriormente, aunque se forma breve, tan solo desde 1934, cuando se aprobó la ley del divorcio durante la II República, hasta su derogación por parte del franquismo al terminar la Guerra Civil.

5.

Cuestión Territorial

La primera vez que los ‘padres de la constitución’ trataron el polémico asunto del reparto territorial de España fue en la sesión de la Ponencia del día 25 de agosto de 1977 cuando pasaba por sus manos la redacción del artículo 2 de la Constitución.

El texto sobre el que trabajaron los siete diputados aquel día fue el propuesto por Miquel Roca, representante de la minoría catalana, aunque debido a la ausencia de los vascos en la Ponencia, también hiciera de representación de ellos.

Así lo recogen las minutas de la ponencia.

Minuta de la Sesión de la Ponencia celebrada el día 25 de agosto de 1877. Congreso de los Diputados. 25-08-1977. Revista de la Cortes Generales. Pág. 256.

6. Para el artículo 2º, ofreció igualmente un texto conciliatorio el representante de la Minoría Vasco-Catalana, que se adoptó también, como documento de trabajo, en primera lectura. El representante de Alianza Popular manifestó su oposición a la redacción presentada por su referencia a las nacionalidades, anunciando su Voto Particular sobre el tema. Del mismo modo el representante del PSOE y grupo Comunista anunció la posibilidad de un Voto Particular por la inclusión de una referencia a la Monarquía. El texto adoptado se une igualmente a esta minuta.

[…] ARTÍCULO 2º: La Constitución reconoce y la Monarquía garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España, la unidad del Estado y la solidaridad de los pueblos.

El texto propuesto por el catalán Roca reconoce la existencia en España de distintas nacionalidades y su posibilidad de autonomía, con la unidad del Estado y la solidaridad interregional como principios inspiradores. Tal y como recoge la minuta de la ponencia, Alianza Popular ya se manifestó en contra de este reconocimiento de nacionalidades, posición que mantuvo hasta el final del debate constitucional.

Más allá de este primer asalto en el art. 2, y ya con el derecho al reconocimiento de las autonomías, la Constitución contiene un título concreto dedicado a las autonomías, asunto que los ‘padres de la constitución’ trataron inicialmente en las sesiones celebradas los días 25 y 26 de octubre de 1977. De las minutas de la ponencia se extrae que se produjo un intenso debate sobre esta materia marcado por la tensión entre los representantes de la Minoría Vasco-Catalana, PSOE y Grupo Comunista con el representante de Alianza Popular, más reacio a descentralizar el Estado.

Minuta de la Sesión de la Ponencia celebrada el día 25 de octubre de 1877. Congreso de los Diputados. 25-10-1977. Revista de la Cortes Generales. Pág. 301.

[…] y tras el correspondiente debate, el Presidente entiende, y así lo hace saber a los Ponentes, que existe consenso sobre la constitucionalización de un “Estado regionalizado”.

Un aspecto este tremendamente relevante para la construcción del nuevo país que se abría con la elaboración y promulgación de este texto constitucional. El modelo territorial y el reparto competencial de dicho modelo iban a marcar el devenir de los acontecimientos durante las siguientes décadas en nuestro país.

España había estado durante el régimen franquista sometida a un poder centralista sin ningún tipo de descentralización, más allá de representaciones del gobierno central en las distintas provincias y sus Diputaciones, que si mantenían su división original.

Pero esto no siempre fue así, España, en su formación inicial, está compuesta por distintos reinos y territorios que, pese a que se anexionaron, mantenían sus costumbres, tradiciones, lenguas e incluso leyes.

Las primeras divisiones territoriales, tras la unificación, se hacen por provincias, intentando la primera de ellas la Constitución de 1812, pero no llevándose a la práctica hasta 1822 con el trienio liberal.

La regionalización de España se había intentado ya otras veces antes de 1978, la primera vez, a efectos meramente estadísticos y sin competencias, en 1833. Siendo la primera vez que se regula el derecho a la constitución de regiones autónomas en España con competencias propias en la Constitución de la Segunda República, aunque tan solo lo consiguieron Cataluña, País Vasco e inicialmente Galicia ya que el golpe militar de 1936 y la posterior Guerra Civil dieron por finalizado el proceso autonómico.

Con estos modelos tan distintos, sin duda suponía un avance histórico el hecho de que los ‘padres de la constitución’ alcanzaran el acuerdo de avanzar en un “Estado regionalizado”, independientemente de que cada grupo mantuviera sus discrepancias en cuanto al autogobierno y competencias de estas regiones. Se trataba de un acuerdo de mínimos, España iba a estar dividida administrativamente en regiones y éstas tendrían gobierno, asamblea y competencias de gestión propia, pero la forma de hacerlo y el alcance de sus competencias lo habrían de definir las cámaras durante el proceso constituyente.

Si los ‘padres de la constitución’ no hubieran, siquiera, alcanzado el acuerdo de la división regional del país, difícilmente después se hubiera avanzado en la materia y se trataría de una Constitución abocada al fracaso.

La segunda lectura por parte de la ponencia del Título dedicado a las autonomías se produjo en la sesión del día 15 de noviembre de 1977.

El Anteproyecto de Constitución que elabora la Ponencia regula la división territorial del país en el art.2 reconociendo el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones en España, y en el Título VIII bajo el nombre de territorios autónomos. El asunto del nombre también estuvo en liza, las distintas posibilidades erran ‘territorios’, ‘comunidades’ o ‘regiones’.

A este texto le presentó Alianza Popular un Voto Particular doble, por un lado, en relación al art. 2 sustituyendo toda referencia al término ‘nacionalidades’ por el de ‘regiones’ y, por otro lado, toda una regulación distinta al Tïtulo VIII que afectaba a la formación de las autonomías, a su nombre, a los Estatutos y a sus competencias.

A este asunto se refirió su representante Manuel Fraga en el posicionamiento general sobre la Constitución el día 5 de mayo de 1978 ante la Comisión.

FRAGA IRIBARNE, M. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 05-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº59. Pág. 2043.

El señor FRAGA IRIBARNE: […] El segundo gran grupo de problemas gira en torno al necesario equilibrio entre la sagrada e indisoluble unidad de España, como nación y como Estado nacional, y las autonomías que permitan una mejor integración de la variada riqueza de nuestras regiones y comarcas. Repito hoy lo que Alianza Popular ha dicho en numerosas ocasiones: así como en otros momentos la gran cuestión polémica fue, como en Cádiz, la libertad de expresión; o como en 1869 o 1876, la tolerancia de la libertad religiosa; o en 1931, la forma de Gobierno, en este momento histórico será sobre el acierto o el fracaso en esta materia de la salvaguardia de la unidad nacional y la articulación efectiva de un sistema constructivo de autonomías por donde nos juzgará la Historia.

Aquí se plantean cuestiones diversas sobre el origen de los Estatutos (en buena doctrina del Estado regional no hay más poder estatuyente que el nacional, es decir, las Cortes generales); el de la amplitud de las facultades normativas de las regiones autónomas, que en ningún caso deben romper la unidad del Derecho español; el de la autonomía económica, que tampoco puede romper la unidad del espacio económico ni de la política económica y financiera en su planificación, ni menos suponer privilegio o ruptura de la solidaridad entre todas las regiones de España.

Reservaremos su tratamiento para la discusión circunstanciada del Título VI11 y de la Disposición adicional, aunque puedo adelantar que Alianza Popular mantiene la integridad de su voto particular sobre la materia. [...]

Entrando ya en materia de debate, este asunto, como estamos viendo tenía dos momentos constitucionales importantes, el reconocimiento de las nacionalidades en el art. 2 y su desarrollo en el Título VIII. Por la riqueza del debate y el resumen de las ideas de cada fuerza, nos centraremos en el art. 2.

El debate en la Comisión se produce el día 12 de mayo de 1978, anunciando el presidente del Congreso la existencia de 10 enmiendas y el Voto Particular de Alianza Popular. De las eniendas, una correspondía al diputado vasco de EE, Jorge Letamendía, seis a los diputados de Alianza Popular Antonio Carro, Alberto Járabo, Licinio de la Fuente, Gómez de las Roces, Fernández de la Mora, Silva, una al diputado de la Coalición Independiente de Centro, José Miguel Ortiz Bordás, y otra al diputado de la UCD Manuel Jesús García Garrido. Más tarde se presentó otra enmienda por parte de Xabier Arzálluz del grupo vasco.

La primera y la última de las enmiendas diferían notablemente del resto. Si el sentir general de las enmiendas de los diputados conservadores era la de eliminar cualquier referencia a las nacionalidades, las enmiendas de los diputados vascos eran en el sentido contrario y pretendían, no solo reconocer la plurinacionalidad del país, sino también el derecho de autodeterminación de estas nacionalidades.

LETAMENDÍA BELZUNCE, J. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 12-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº66. Pág. 2263.

El señor LETAMENDÍA BELZUNCE: [..] El texto de la enmienda del artículo 2.”, Como ha dicho el señor Presidente, que no figura en el libro grande, es el siguiente: “La Constitución se fundamenta en la plurinacionalidad del Estado español. La solidaridad entre sus pueblos. El derecho a la autonomía de las regiones y naciones que lo integran. Y el derecho a la autodeterminación de estas últimas».

[…] Es doctrina unánime que éstas consisten en una lengua propia, una cultura, y una comunidad psíquica compartidas, una historia específica. Qué duda puede caber que el pueblo vasco reúne de modo perfecto estas tres primeras características: comunidad psíquica, cultura y lengua.

Evidentemente, las enmiendas se rechazaron. De haber salido adelante la propuesta de los diputados vascos, los partidos independentistas catalanes tendrían en la actualidad en anclaje constitucional perfecto para promover su referéndum de autodeterminación con total legalidad.

El resto de las enmiendas iban encaminadas a la supresión de la expresión ‘nacionalidades’ del texto de la Constitución. Desde los sectores más conservadores del parlamento se parecía estar conforme con la construcción de un ‘Estado regionalizado’, pero no querían, bajo ningún concepto, reconocer la existencia de distintas nacionalidades dentro de España.

DE LA FUENTE DE LA FUENTE, L. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 12-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº66. Pág. 2270.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: [..] 1Nosotros hemos pedido la supresión de la palabra “nacionalidades” porque, de un lado, oscurece este sentido de unidad nacional de España y, de otro, no añade nada a la posibilidad de una organización territorial que posibilite efectivamente las autonomías territoriales dentro de esa unidad nacional. Tanto lo confunde que ayer, cuando se trataba de definir al Estado en función de estructura territorial, no se encontraba la palabra adecuada para hacerlo.

Estado unitario, se dijo, no; Estado federal, tampoco; Estado regionalista, desde luego no. ¿Entonces, qué? Y se dijo que se había que inventar una palabra nueva o no habrá una posibilidad, no ya constitucional, sino doctrinalmente, de definir realmente lo que es el Estado español de acuerdo con la fórmula actual, al introducir, junto con los conceptos de unidad nacional y de unidad de Patria, el concepto confuso e impreciso de nacionalidad.

Tras el intenso debate de todas las enmiendas, la comisión rechazó la intención de Alianza Popular de suprimir la expresión ‘nacionalidades’ del texto constitucional.

Debate similar al de la Comisión se produjo en el plenario del Congreso, donde Alianza Popular mantuvo sus posiciones a sabiendas que perderían la votación.

SILVA MUÑOZ. Plenario. Congreso de los Diputados. 04-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº103. Pág. 3794.

El señor SILVA MUÑOZ: [..] evocando otros momentos de la vida parlamentaria en este hemiciclo, diré con viejo saludo de los gladiadores: “los que van a morir os saludan”, “las enmiendas que van a morir os saludan”. (Rumores.)

Como es habitual, conviene detenerse en el discurso del profesor Tierno Galván, también en esta materia.

TIERNO GALVÁN, E. Plenario. Congreso de los Diputados. 04-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº103. Pág. 3814.

El señor TIERNO GALVÁN: [..] es muy claro que los que hemos mantenido el supuesto profundo de la unidad de España hemos sido los que hemos arrostrado peligros y hemos defendido ahí, en la clandestinidad, la convivencia y hemos apelado a compromisos, sin cuyos compromisos quizá ahora no estuviéramos aquí defendiendo apaciblemente qué es o qué no es la nacionalidad.

Ese compromiso ha habido que cumplirlo, y en función de ese compromiso estamos aquí; parque yo no digo «no es esto, no es esto», yo digo «es esto, es esto, es esto». Es decir, hay que estar aquí, hay que asimilar los compromisos, hay que seguir defendiendo a España como una unidad genérica, en la que caben todos los pueblos y las nacionalidades.

Hay que seguir, no es posible alejarse de lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, en tanto en cuanto que quienes estaban con el franquismo, en general, lo que hacían era, como aquí se ha dicho, con aquellos polvos traer estos lodos.

Porque si no se hubiesen cometido ‘genocidios —algún genocidio y alguna represalia ha habido contra el País Vasco—, si no se hubiesen cometido barbaridades en el proceso de la clandestinidad, no hubiéramos tenido que llegar a extremos que después hemos tenido que paliar, para que ahora esos extremos no aparezcan, que aun algunas veces con dolor aparecen cuando ya los creíamos coordinados, encauzados y no predispuestos en ningún caso a la violencia.

El acuerdo entre socialistas, UCD, comunistas y la minoría catalana, consiguió de nuevo descartar todas las enmiendas presentadas al texto, tanto las que pretendían desandar el camino autonómico eliminando la referencia a las nacionalidades, como aquellas que pretendían dar un salto en cuanto a la autodeterminación de los pueblos.

En consecuencia, el plenario del Congreso rechazó las enmiendas presentadas.

Otro hito importante en cuanto a la cuestión territorial tuvo lugar en el Senado, donde el PNV logró el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales en la disposición adicional primera del texto constitucional.

Desde el punto de vista histórico, es interesante analizar el apoyo que el texto constitucional tuvo entre los diputados de las formaciones nacionalistas, ya que más adelante ha sido habitual en su discurso desentenderse de la regulación que la Constitución hace de la cuestión territorial, llegando incluso a rechazarla.

En este sentido hay que destacar que en aquel Parlamento estaban presentes personajes tan ilustres para los nacionalismos periféricos como Xabier Arzalluz o Jordi Pujol, quienes fueran más adelante Lehendakari vasco y President de la Generalitat de Catalunya respectivamente.

Pujol, diputado por la coalición Pacte Democràtic per Catalunya, votó sí al texto final de la Constitución el día 31 de Octubre de 1978, expresando así la posición de su grupo, la Minoría Catalana.

PUJOL SOLEY, J. Plenario. Congreso de los Diputados. 31-10-1978. Diario de Sesiones Congreso nº130. Pág. 5187.

El señor PUJOL SOLEY: Señor Presidente, Señorías, todo cuanto pueda decirles yo hoy en mi explicación del voto positivo de nuestra Minoría —explicación que, por supuesto, no puedo hacer extensiva a nuestro compañero de Minoría señor Barrera, que se ha abstenido—, todo cuanto pueda decirles ya lo dije el 21 de julio, la fecha en que aprobamos el primer texto de la Constitución. Entonces, en la valoración positiva que hacíamos del consenso, por lo menos en esta circunstancia histórica y en este país, me congratulé, además, de la aportación que en este sentido nuestra Minoría había hecho.

Valoré positivamente también lo que a nuestro entender era un carácter netamente progresivo del texto constitucional y me referí de una forma especial al acierto de haber constitucionalizado el deber que el país en su conjunto tiene de luchar contra los desequilibrios territoriales, contra este grave hecho que pone de manifiesto fallos políticos, fallos sociales de antigua raíz histórica, e incluso fallos éticos, y que, además, amenaza la democracia, amenaza, más simplemente todavía, la convivencia y el progreso general del país.

Desde entonces pensamos que los hechos han reforzado la necesidad de dar un voto positivo a esta Constitución, dentro, si ustedes quieren, de la relatividad de las cosas; pero, en último término, de una forma clara y tajante, voto positivo.

Porque si alguna duda hubiéramos podido tener entonces, hace tres meses, de la validez de esta Constitución, pensamos que los hechos, tal y como han sucedido, la hubieran desvanecido.

[…] queremos manifestarles, en nombre de nuestra Minoría, que de la misma forma que hemos conseguido, digan lo que quieran sus detractores, un cambio importante en el país, equilibrado y al propio tiempo profundo, nosotros, con la ayuda de ese gran instrumento de la Constitución, conseguiremos lo que les decía: consolidar la democracia, marchar adelante en el camino de la justicia y estructurar definitivamente España, de acuerdo con la realidad de sus diversas regiones y diversas nacionalidades.

Gracias.

Por su parte, Arzalluz se abstuvo en la votación del día 31-10-78, junto a otros diputados del grupo vasco del PNV.

ARZALLUZ ANTÍA, X. Plenario. Congreso de los Diputados. 31-10-1978. Diario de Sesiones Congreso nº130. Pág. 5185.

El señor ARZALLUZ ANTÍA: [..] Dije en su día repetidas veces, en los trámites de Comisión y de Pleno, que el Partido Nacionalista Vasco se presentaba ante este momento, ante este intento constitucional (y en un momento, por otra parte, grave para el País Vasco), con unos planteamientos más fueristas que nacionalistas, y la razón fue que, dada la coyuntura política, queríamos ante todo rellenar el abismo abierto por la supresión del sistema histórico foral, por la supresión de nuestras instituciones públicas vivas hasta hace un siglo, y reanudar en sus puntos fundamentales el tracto interrumpido de convivencia voluntaria, pacífica y de colaboración. Esto era para nosotros lo fundamental. El progreso cultural, el económico, etc., vendría por añadidura.

Porque especialmente el pueblo vasco necesita ante todo paz interna, satisfacción de conciencia, más todavía que la paz social. Por ello renunciamos a la constitucionalización de postulados férreamente defendidos por todo nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos y hasta contrarios a los nuestros. Tal vez otros Grupos Parlamentarios —o algunos— no hayan entendido lo que podía suponer de renuncia, lo que podía suponer de intento de aproximación a ese consenso.

[..] Hemos preconizado y preconizamos la abstención porque, por esas razones, no queremos adoptar una actitud que fuera o pudiera parecer agresiva ante esta Constitución, ni negar las posibilidades que encierra ni lo delicado del momento.

Trabajaremos, pues —y éste es el sentido de nuestra abstención—, para que la dinámica política, que muchas veces corre por encima o por debajo de los textos jurídicos, haga realidad los contenidos de nuestro planteamiento doctrinal.

Con esta abstención expresamos también nuestra voluntad reformadora de esta Constitución, a partir de dos mismos mecanismos de reforma establecidos por la propia Constitución, hasta que encontremos el encaje doctrinal preconizado no solamente por nosotros, sino por toda una línea política durante tantos años en el País Vasco.

Quede claro que nunca potenciaremos ninguna vuelta a la dictadura, nunca potenciaremos ni colaboraremos en ningún movimiento de disturbación del proceso democrático. Pero tampoco podemos votar sí renunciando a una serie de puntos doctrinales sagrados para nosotros, con el señuelo de que luego se arreglarán los problemas.

Tampoco recurriremos a métodos violentos, por nuestra propia concepción ética de la vida y porque no tenemos fe en la violencia.

Colaboraremos con quienes trabajen en la profundización y asentamiento de la democracia, que es trabajo de todos. Tampoco en el período republicano nuestros Diputados aprobaron aquella Constitución, y ahí está el aval histórico de la fidelidad de un Gobierno vasco de la fidelidad de un partido que, no habiendo votado «sí» a la Constitución republicana, defendió su autonomía, aquella Constitución que la hizo posible y aquel régimen en la guerra y en la posguerra durante tantos años.

Desde nuestro concepto de la dignidad y honestidad políticas, estamos dispuestos a ir con todo aquel que en su programa de gobierno nos ofrezca posibilidades reales de progreso en nuestras aspiraciones políticas, aspiraciones que hemos presentado de frente, con claridad y con moderación. Nada más, señoras y señores Diputados.

Estas palabras del líder de los nacionalistas vascos molestaron a otro diputado vasco, en este caso diputado por EE, el señor Letamendía Belzunce, muy crítico con la Constitución debido, precisamente, a la cuestión territorial y al tratamiento que, según él, había recibido el País Vasco, así, cuando terminó de hablar Arzalluz, gritó un muy sonoro ‘¡Mal, muy mal!’ y que de esa forma recoge el Diario de Sesiones.

Como vemos, en general, los representantes de los partidos nacionalistas veían en la Constitución de 1978 una puerta abierta a sus aspiraciones políticas.

Es fácil cuestionar estos posicionamientos políticos con la realidad actual, pasados 40 años desde la promulgación constitucional, incluso se pueden usar estas palabras para achacar, sobre todo al representante catalán, su cambio de postura: del sí a la Constitución a rechazarla. Pero en justicia hemos de recordar que en 1978 se terminaban con 40 años de una dictadura que centralizó el poder en Madrid y no les permitió a las regiones tener ni sus propias instituciones ni defender su cultura, lengua, fueros,… Por ello, cuando, con la Constitución, se planteaba una apertura en este sentido, un reconocimiento de sus derechos históricos y una buena dosis de autogobierno, los representantes nacionalistas no la podían ver como un elemento enemigo de sus posiciones políticas, sino todo lo contrario.

Como ya le ocurrió a la izquierda en otros debates de la Constitución, especialmente al Partido Comunista, el voto de los nacionalistas en aquel momento no puede ser valorado con las actuales circunstancias sino con las del momento, y todos los grupos que no habían formado parte de la dictadura abrazaron la Constitución como propia en 1978 ya que avanzaba notablemente en sus posiciones, aun sin conseguir todos sus anhelos. Lo que no implica que tras 40 años, sin notables cambios constitucionales, empiecen a sentirse menos cómodos con el texto.

En todo caso, la respuesta a esta incomodidad constitucional nunca debe ser la ruptura, sino el consenso para elaborar una reforma más adaptada a los tiempos actuales y que vuelva a generar otros 40 años de estabilidad social y política.

6.

La pena de muerte

El art. 15 del Anteproyecto que elaboraron ‘los padres de la constitución’ en la Ponencia regulaba el derecho fundamental a la vida, prohibiendo las torturas y las penas y tratos inhumanos o degradantes.

A este texto presentaron Voto Particular los grupos de la izquierda parlamentaria y todos, tanto PSOE, como PCE y la minoría catalana, en el mismo sentido de incluir un tercer párrafo al artículo 15 del texto:

Voto Particular del PSOE, PCE y Minoría Catalana al art. 15 del Anteproyecto. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados.05-01-1978. Diario de Sesiones Congreso nº44.

Añadir un número 3 con la siguiente redacción:

3. Queda abolida la pena de muerte,

Las tres formaciones políticas coincidían en pedir la incorporación expresa de la abolición de la pena de muerte en nuestra Constitución, siguiendo el ejemplo de constituciones de nuestro entorno como la francesa de 1959.

Los tres votos particulares se mantuvieron y fueron debatidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso el día 18 de mayo de 1978. El primero en exponer su voto particular fue Gregorio Peces-Barba en nombre del Partido Socialista.

PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Págs. 2446 y ss.

El señor PECES-BARBA MARTÍNEZ: [..] Le pedimos al Estado con nuestro voto particular —nosotros pedimos, todos— que renuncie a una pena cruel, inhumana y degradante, y que lo haga en el texto jurídico superior.

Entendemos que el hecho de que exista, de una manera agudizada en el mundo, en estos momentos, una violencia y acciones terroristas no puede, en ningún caso, ser utilizado como un impedimento a que prospere nuestro voto, sino por el contrario entendemos que debe ser un acicate a la racionalidad.

Nosotros, lo hemos afirmado reiteradamente, condenarnos toda violencia en una saciedad democrática y afirmamos que acciones de ese estilo pueden ser, aunque se proclamen progresistas, colaboradoras objetivas de las posiciones más reaccionarias. Pero esto no nos obliga a reaccionar con la misma irracionalidad. La aplicación tajante de la ley y de penas suficientes y severas es, debe ser, la respuesta adecuada de los poderes públicos. No puede, en ningún caso, serlo la pena de muerte.

Ya en un escrito que se planteó por Víctor Hugo, en 11867, en su llamado «Manifiesto de Paz a los pueblos de Europa», fechado en 1867, decía: «En el siglo xx la existencia del patíbulo les parecerá una afrenta a las naciones de Europa y la decapitación de un ser será imposible».

Estamos intentando que eso que decía Víctor Hugo pueda ser una realidad en nuestro país. Lo estamos intentando no a través de una tradición nueva, sino a través de una tradición que hunde sus raíces en los propios estoicos; que las hunde en gran parte del pensamiento clásico cristiano medieba1, pero que sobre todo las hunde en el pensamiento moderno, donde Montesquieu, cuando decía en 1715, con gran agudeza, “que los castigos más crueles a que un Estado somete a sus súbditos no hace que las leyes sean obedecidas mejor.”

[…] Estamos, como ya tuve ocasión de decir cuando se trató este tema en la toma en consideración de nuestra proposición de ley al respecto, en una evolución similar a la de1 problema de la tortura. Cuando ce combatía la tortura se daban argumentos en algunos momentos similares los que ahora se dan en relación con la pena de muerte. La tortura ha desaparecido ya de la legalidad de los textos de los países del mundo.

Estamos seguros que en el sentido de la historia también desaparecerá la pena de muerte. Y voy a terminar con unas palabras poco sospechosas de un gran jurista alemán, Merkel, cuando decía muy bien, referido a este tema, que «el castigo no debe reflejar el espíritu de los elementos que combaten —repito—: «el castigo no debe reflejar el espíritu de los elementos que combate, sino el de aquellos otros que están llamados a elevarlo por encima de ellos)).

Nada más y muchas gracias.

Como vemos, los socialistas estaban dispuestos a plantear un intenso debate de principios sobre la pena de muerte, así, en su alocución, el diputado Peces-Barba hacía una defensa clásica de las posturas contra la pena de muerte, entendiendo que si ésta no quedaba prohibida en la Constitución, un gobierno ordinario podría introducirla en nuestro Código Penal, de ahí la importancia de la inclusión expresa de la abolición.

Este voto particular del PSOE tuvo un turno de palabra en contra de Alianza Popular expresado por Manuel Fraga.

FRAGA IRIBARNE, M. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Págs. 2448.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, yo no voy a hacer un alegato sobre la pena de muerte, aunque habré de referirme al tema, sino sobre el tema que está planteado, que es el de si se debe constitucionalizar o no. No prejuzgo la actitud que mi Grupo pueda tomar más adelante y, desde ahora, aclaro que mi Grupo, examinando este tema ante un eventual proyecto de ley anunciado, ha reconocido en este punto, como cuestión de conciencia, libertad de voto a sus miembros. Pero aquí no estamos discutiendo esa ley, sino, de una vez y para todos los casos, si se introduce por vía constitucional el tema de la nena de muerte, excluirlo para todos los casos.

[…] En una palabra, señor Presidente, creo que no podemos abolir la pena de muerte. Entiendo que este tema debe ser debatido, y lo será muy pronto en esta Cámara, por ley ordinaria; entiendo que no podemos comprometer el futuro en este punto y que en este tema de la ‘dura lex, sed lex’ y ‘salus populi, suprema ley», me opongo a la aprobación del voto particular.

Por el contrario que los socialistas, desde Alianza Popular no entraban al fondo del asunto, ni debatían sobre la pena de muerte en sí, sino que se limitaban a cuestionar la oportunidad de incluir su prohibición en el texto constitucional y remitiendo tal asunto a una ley ordinaria. Sabedores desde Alianza Popular que si se prohibía la pena de muerte en la Constitución jamás podría ningún Gobierno plantear su regulación, querían evitar la prohibición expresa. Esta postura les haría parecer menos radicales, atrayendo así el voto de la UCD, cosa que jamás ocurriría si hubieran planteado un debate sobre el fondo de la pena de muerte. No obstante esta intención, en ocasiones durante el debate se observó la posición favorable de Alianza Popular a permitir la pena de muerte, al menos en determinados supuestos:

FRAGA IRIBARNE, M. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Págs. 2448.

El señor FRAGA IRIBARNE: […] entiendo que, efectivamente, la pena de muerte, como tantas otras cosas relacionadas con la convivencia humana, es un tema muy grave y muy serio. Pero, evidentemente, no lo es menos el poner a la sociedad, en situaciones determinadas, en situación de indefensión. […]

Hemos de recordar que este asunto contaba con tres votos particulares, del PSOE, PCE y Minoría Catalana, pero además, se habían planteado enmiendas por el Grupo Mixto, PNV, EE y los Catalanes centristas, todos en el sentido de constitucionalizar la abolición de la pena de muerte, por lo que el presidente de la Comisión, el señor Attard, decidió unir todos los votos particulares y enmiendas y que todos los grupos se manifestaran al respecto.

En estas intervenciones vemos como, pese a los intentos de Alianza Popular y de la UCD de plantear este debate, únicamente, desde la oportunidad, o no, de la constitucionalización de la abolición de la pena de muerte y no desde el fondo de este tipo de penas, el debate se centró sobre la pena de muerte en toda su extensión. Hemos de tener en cuenta que en el hemiciclo se encontraban diputados que habían sido condenados a pena de muerte y otros que habían formado parte de un gobierno que firmaba condenas a muerte hasta hacía pocos años antes (los últimos fusilamientos del franquismo tuvieron lugar el día 27 de septiembre de 1975).

El debate ideológico y pasional estaba servido y más que justificado. España se merecía poder debatir en paz sobre estos asuntos de tanta importancia para la construcción del nuevo país que venía.

Teníamos que decidir sobre estas cuestiones y además Europa nos estaban mirando con atención, querían comprobar cuanto de cierto era esto de que en España íbamos a cambiar de régimen sin derramar ni una sola gota de sangre. El debate sobre la pena de muerte, sin duda, suponía algo muy significativo sobre la realidad de este cambio y los diputados y diputadas constituyentes estaban llamados a mantenerlo.

SOLE i BARBERÁ y VIZCAYA RETANA. .Intervención en nombre del PCE y PNV respectivamente Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Págs. 2450 y ss.

El señor SOLE BARBERA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creo que me cabe el triste privilegio de ser en esta Comisión el único indultado de pena de muerte, y no voy a caer en la tentación de elevar mi experiencia personal a la anécdota, ni mucho menos de sublimar esta experiencia personal. Voy, sin embargo, a afirmar, con permiso del señor Presidente, que, indudablemente, mi intervención estará matizada por esta experiencia personal; pero, sobre todo, por la consideración de que, cualesquiera que sean mis palabras, cualquiera que sea la forma, quiero decirles que en este momento para mí no hay condenados a muerte de un color distinto de otros.

Mi combate, el combate de la Minoría Comunista en este momento, señor Presidente, señoras y señores Diputados, es, pues, contra la pena de muerte en su contenido total, en su contenido amplio.

[…] Nosotros, en cuanto al problema del porqué de la abolición, señalamos que al argumento más racional, más importante para nosotros contra la pena de muerte es el de Bockelmann, cuando afirma que no existe ningún argumento racional en favor de la pena de muerte. En efecto, basta hacer un breve repaso a los principales argumentos que tradicionalmente se han esgrimido en su favor para darse cuenta de la debilidad de cualquier argumentación en favor de la pena de muerte.

[…] Si rechazamos aquí y ahora la pena de muerte, habremos dado un paso importante en la posibilidad de que todos los ciudadanos de este país, todos los ciudadanos —y permitidme una palabra que he borrado de mis labios durante cuarenta años— de mi Patria, puedan convivir en paz, puedan convivir en justicia.

El señor VIZCAYA RETANA: […] En 1970, con motivo del proceso de Burgos, determinadas personas fueron condenadas a muerte y, mediante un acto gracioso de pretendida bondad, fueron perdonadas. Hoy día, estas personas ejercen una función en la vida, están totalmente reintegradas en la vida política, social, económica y cultural del país; es decir, son otra vez nuevamente auténticas personas.

Sin embargo, no se puede decir de 1975, de las personas que fueron ejecutadas, lo mismo. A estas personas se les privó de la oportunidad de rehabilitarse en este sentido amplio que estoy dando a la palabra. ¿Qué hubiera pasado a estas personas si no hubiesen sido ejecutadas? Pues sinceramente entiendo que hubiesen sido objeto de una amnistía y hoy día estarían, como otros, desarrollando también su función social. […]

La UCD procuró no aparecer en este debate. En un principio anunciaron su voto en contra de la constitucionalización de la abolición de la pena de muerte, pero prefirieron no intervenir hasta después de la votación, con la firme intención de no ser el blanco de todas las intervenciones de la parte abolicionista. La posición de la UCD en este asunto era espinosa para la formación de Alfonso Suarez, tan empeñado en potenciar su imagen centrista, ya que ponía en entredicho internacional su compromiso con la democracia y las libertades. No obstante, en este caso decidieron acercarse más a Alianza Popular que a los partidos de izquierdas y votaron contra la previsión constitucional de la abolición de la pena de muerte.

Se realizó una votación nominal, a propuesta del PSOE, de forma que los diputados y diputada de la Comisión tenían que retratarse personalmente sobre una materia tan sensible como la abolición de la pena de muerte. Este sistema de votación se propuso, precisamente, para intentar ejercer presión sobre los diputados ucedistas más centristas, sin éxito.

Todos los diputados y la diputada de UCD presentes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas votaron en contra de introducir en la Constitución la abolición de la pena muerte.

Todos los diputados socialistas, (entre ellos Felipe González y Alfonso Guerra), los comunistas, vascos, catalanes y miembros del grupo mixto votaron ‘si’ a constitucionalizar la prohibición de la pena de muerte.

Manuel Fraga se ausentó de la Comisión justo en el momento de la votación y no puso así expresar su parecer, aunque a la vista de su intervención y de su votación posterior en el plenario del Congreso, habría votado en contra del voto particular.

Así, la mayoría de la UCD decantó la votación y con 18 votos en contra y 17 a favor, la pena de muerte quedaba sin prohibir en el proyecto de Constitución.

El debate, como era evidente, continuó en el plenario del Congreso el día 6 de julio de 1978. A plenario llegaron votos particulares al articulo 14 sobre la pena de muerte del grupo socialista, comunista, minoría catalana, socialistas de Cataluña, grupo mixto y PNV.

Los grupos que ya habían defendido su enmienda repitieron prácticamente sus argumentaciones en favor de la abolición de la pena de muerte y la importancia de su regulación constitucional, quien no intervino en la Comisión y si en el plenario fue Tierno Galván, con un interesante discurso sobre el cambio que estaba sufriendo España.

TIERNO GALVÁN, E. Plenario. Congreso de los Diputados. 06-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº105. Págs. 3942 y ss.

El señor TIERNO GALVAN: […] ¿Que está ocurriendo en España? Yo diría que la respuesta se hace muy concreta, perceptible, se delinean los confines y aparece claro si respondemos: en España está acabando la convivencia como tragedia; en España estamos rebasando el sentido de la tragedia; éramos un pueblo latino, mediterráneo, con tragedia, quizá el último pueblo de Europa en el que sobrevivía la conciencia de la vida como una dimensión trágica, y eso se está perdiendo, prácticamente se ha perdido.

Si esta discusión se hubiese producido en un Parlamento hace cincuenta o sesenta años la discusi6n hubiera, de un modo u otro, estado construida en la estructura y desde los supuestos que definen la tragedia personal o colectiva. Pero ya no hay tragedia en España; España ha dejado de ser un pueblo trágico.

Ahora miramos atrás y consideramos las tragedias, la literatura trágica, la convivencia trágica como algo que es agradable de ver, que causa sorpresa, que motiva explicaciones, pero que a la mayor parte de los que hoy pueblan España no les atañe y, sobre todo, a los que tienen menos de cuarenta o cuarenta y cinco años.

Sin embargo, hay muchos de los que estamos aquí, la minoría, que contamos con cincuenta o cincuenta y cinco años, que tenemos la personalidad casi escindida, dividida en dos; porque, de una parte, nuestras raíces están metidas en la España trágica y, de otra parte, nuestra razón, la contemplación de lo que juzgamos mejor y verdadero, está metida en la España sin tragedia. Esto explica muchas reacciones, muchas dudas, perplejidades, violencias momentáneas, arrepentimientos.

Nos hemos de dar cuenta de que el español de hoy es ese español doble en esas generaciones que, de una parte, es trágico y, de otra, está metido en la España que nace y que va a continuar, en que la tragedia está superada.

¿Desde cuándo hubiera sido posible abolir, de acuerdo con la palabra que ahora se emplea, despenalizar el adulterio sin que hubiese habido una reacción trágica?

¿Desde cuándo hubiera sido posible despenalizar otros delitos que atendían a lo que tradicionalmente llamábamos y aún llamamos con la palabra la ‘honra’, configurada desde términos y desde puntos de vista que son esencialmente trágicos, si ese elemento de tragedia no se estuviera desvaneciendo?

¿Desde cuándo hubiera sido posible que la concepción católica del pecado hubiese disminuido, hubiese casi perdido el elemento trágico que tenía en la vida de los españoles durante tantos siglos?

La España sin tragedias está aquí hoy, en esta sesión, en que se está defendiendo la abolición de la pena de muerte para una nación que ha considerado siempre la muerte como elemento esencial de la vida trágica y lo estamos haciendo con absoluta serenidad, desprendidos por completo, incluso, de elementos retóricos, entendiendo que es un proceso racional, y ahora sí que me parece que en los Pirineos, en el pórtico de la Península, podríamos poner un letrero que dijera: «Aquí yace la España trágica)), y podríamos añadir: «Aquí nace una nueva España)).

[…] Ahora que todos tenemos la razón y la inteligencia libres para percibir, sin el peso de la tragedia y desde la nueva España, lo que viene y respecto de lo cual estamos enfrentados, que los elementos explicatorios no sean suficientes, que busquemos los elementos justificatorios, porque me parece, en resumen, que lo que más dignifica y más esclarece la persona, como persona, realmente es que sepa justificar, que no se limite a explicar, y que si se intenta justificar por qué queda abolida la pena de muerte, la justificación nos lleva a terrenos tan profundos que nadie habrá, creo yo, que, en nombre de nada, pueda oponerse.

Hubo en esta sesión una intervención muy emotiva, la esgrimida por el diputado de Andreu Abelló de los socialistas catalanes, que recordó a sus amigos a los que se les había aplicado la pena de muerte durante el franquismo. Andreu fue uno de los fundadores de Esquerra Republicana de Cataluña, diputado en las Cortes de la II República española y exiliado político durante el franquismo.

ANDREU ABELLÓ, J. Plenario. Congreso de los Diputados. 06-07-1978. Diario de Sesiones Congreso nº105. Págs. 3939.

El señor ANDREU ABELLO: […] Señoras y señores Diputados, os va a hablar un hombre que durante ya más de cincuenta años ha luchado siempre contra la pena de muerte; un hombre al que le ha tocado vivir los momentos dramáticos que representan esos cuarenta ú1timos años de nuestro país; un hombre al que en este momento, al levantarse a hablar, se le agolpan en su corazón y en su mente el recuerdo de tantos y tantos amigos a los que les fue aplicada la pena de muerte.

Yo creo que si somos sinceros tenemos que reconocer que en esos últimos cuarenta años en nuestro país se ha usado y se ha abusado de la aplicación de la pena de muerte; han muerto muchos hombres dignos, muchos hombres buenos y muchos hombres que, sin ninguna duda, perecieron condenados a muerte y tendrán su nombre inscrito en las páginas de la Historia y el recuerdo emocionado de todos los pueblos de España.

[…] Yo quisiera recordaros que muchos de esos muertos nos han dejado un legado (yo he visto mensajes escritos en sus últimas horas antes de morir); el legado es que morían como el Presidente Companys, sin rencor. Como las cartas que yo he leído de dos socialistas amigos míos, Cruz Alido y Zugazagoitia (sus familias vivían en Méjico, donde yo me encontraba exiliado), en que se dirigían a sus esposas e hijos y les decían que si por la muerte de su padre sentían algún rencor, algún deseo de venganza, que él les pedía de todo corazón que se nacionalizaran mejicanos y que se quedaran por toda su vida y toda su descendencia en Méjico y que jamás regresaran a España

Yo quiero deciros a todos vosotros que los muertos nos han dejado un legado de no rencor y perdón y que, por tanto, si queremos corresponder a esto, el mejor homenaje que podemos hacer a los muertos por todos los errores que se han cometido es abolir la pena de muerte. [..]

En este momento del debate, había un Congreso cargado de razones legales y emotivas, para abolir constitucionalmente la pena de muerte y las argumentaciones esgrimidas en contra no eran lo suficientemente fuertes al no querer entrar en el fondo del debate. Las fuerzas políticas, tanto de izquierdas como nacionalistas, cuya militancia había sufrido condenas a muerte por orden del franquismo, tan solo unos pocos años atrás, no parecían estar dispuestas a darse por vencidas en este debate, y menos frente a quienes formaban parte de aquel régimen que ahora intentábamos superar. España se debatía en aquel momento, casi por casualidad, entre dar un paso claro hacia la democracia o mantener una permisividad con la pena de muerte, abolida ya en toda Europa.

Justo en ese momento, en el que más difícil parecía tenerlo UCD y Adolfo Suarez para justificar ante el mundo entero su apuesta por mantener la pena de muerte en España, apareció la solución.

De repente, una enmienda ‘in voce’ de UCD, daba por zanjado el tema. Una enmienda que se presentaba suscrita por los grupos parlamentarios, excepto Alianza Popular, que se abstenía y que dejaba así la regulación de la pena de en nuestra Constitución: Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para delitos cometidos por personas sujetas por su propia condición al fuero castrense.

Ante esta solución, todos los grupos retiraban sus enmiendas y votos particulares y se sometía a votación el texto propuesto por UCD. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado, votos a favor, 299; en contra, uno; abstenciones, 17.

Votaron a favor todos los grupos políticos excepto Alianza Popular. Votó en contra el diputado de la izquierda vasca (EE) Francisco Letamendía, ya que no le satisfacía la solución dada al mantener la pena de muerte, aunque solo fuera en la legislación militar. Se abstuvo Alianza Popular y los diputados Colino Salamanca (PSOE) y Cros Palencia (UCD).

Esta salida, in extremis, por parte de UCD puso fin al debate sobre la pena de muerte y supuso una victoria para las fuerzas abolicionistas de la Cámara, que lograban ver en la Constitución su ansiada referencia expresa a la prohibición de la pena de muerte. Una solución que descolocaba a la parte más conservadora de UCD y a Alianza Popular, que tenían muy difícil votar en contra de esta enmienda ‘in voce’ y demostrar así su aprobación hacia la pena de muerte.

Una vez más, la UCD de Adolfo Suarez hizo de bisagra entre las aspiraciones progresistas de la parte de la Cámara que se había opuesto al régimen franquista (no solo fuerzas de izquierdas sino también centristas y nacionalistas) y la parte más conservadora representada, en muchas ocasiones, por miembros de los gobiernos de Franco. En este caso, un parlamento formado por condenados a muerte y por quienes promovían dichas condenas.

Pero en este asunto hubo una principal diferencia con respecto a otros debates de importancia durante la tramitación parlamentaria de la Constitución. Habitualmente, UCD se adelantaba a los debates ideológicos y proponía soluciones de consenso con las que aplacar las aspiraciones de cambio de la izquierda, sin entregarse a las tesis conservadoras de AP.

En este caso, la UCD se mantuvo en posiciones muy conservadoras durante todo el debate, llegando incluso a votar junto a los conservadores en la Comisión, pero finalmente cedió en favor de los progresistas. Desde luego en el asunto de la abolición de la pena de muerte, Adolfo Suarez se hizo esperar y ofreció una solución solo cuando la situación ya se había vuelto insostenible para sus pretensiones.

Finalmente, tras los debates en el Senado, este artículo quedó de la siguiente manera:

Constitución Española, Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

7.

Las madres de la Constitución

La gran mayoría de las crónicas sobre la Constitución hablan de los ‘padres’ constitucionales, en referencia al grupo de siete hombres que diseñaron el primer borrador del texto. De ellos se sabe casi todo porque ya ha sido publicado.

Pero no solo hombres había en España en 1977, evidentemente, y no solo hombres votaron en esas elecciones ya que la mujer disfrutaba del derecho al voto que se había ganado 46 años antes durante la II República, y por supuesto tampoco había solo hombres en aquellas Cortes constituyentes.

Aquellas elecciones se convocaban bajo el paraguas legal de dos elementos normativos, en primer lugar, la Ley para la Reforma Política, que en su art. 3 señalaba que:

Uno. Las Cortes se componen del Congreso de Diputados y del Senado.

Dos. Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad.

Tres. Los Senadores serán elegidos en representación de las Entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura Senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos.

Cuatro. La duración del mandato de Diputados y Senadores será de cuatro años.

Y en su desarrollo, se promulgó el Real decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, señalando en su art. 2 y 3 que serían electores y elegibles todos los ‘españoles mayores de edad’.

Pese a no distinguir el género en la disposición legal, no se excluía de tales derechos a las mujeres, por lo que pudieron votar y ser votadas.

Las listas de los diferentes partidos y coaliciones en aquellas elecciones estaban compuestas por 5.359 personas candidatas al Congreso, de las cuales, tan solo 703 eran mujeres, un 13% del total. Siendo Valladolid, con un 20%, la provincia con mayor presencia femenina en sus listas y Ceuta o Melilla las que menos con nula presencia femenina.

En cuanto a las listas al Senado, la participación de las mujeres era mucho menor, un irrisorio 4%.

Como consecuencia, tan solo 25 mujeres fueron elegidas en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, 21 de ellas en el Congreso y 4 en el Senado, a las que sumaron otras dos mujeres senadoras elegidas por el Rey, es decir, un total de 27 mujeres y 571 hombres en las Cortes.

Las diputadas y senadoras apenas representaron un 4,72% de los escaños en las Cortes que estaban llamadas a elaborar la Constitución Española que se aplicaría a los españoles, pero también a las españolas.

Merece la pena en este estudio de los momentos de la elaboración de la Constitución detenernos un segundo en estudiar a estar 27 mujeres y reconocer sus méritos, ya que pasaron por la historia sin que la sociedad patriarcal les prestara atención. Quizás, porque nunca lo sabremos, una mayor presencia de mujeres en estas Cortes hubiera dado como resultado otra Constitución distinta.

Según consta en la publicación ‘Las mujeres parlamentarias en la legislatura Constituyente’ editada por las Cortes y el Ministerio de Presidencia bajo mandato de Mª Teresa Fernández de la Vega en 2006, con Julia Sevilla Merino, Asunción Ventura Franch, M.ª del Mar Esquembre Valdés, Margarita Soler Sánchez y M.ª Fernanda Del Rincón García como autoras, las diputadas en el Congreso de 1977 fueron:

Becerril Bustamante, Soledad. UCD. Nº 4 por Sevilla. Ministra de Cultura en el Gobierno de Calvo Sotelo (1981-1982), alcaldesa de Sevilla por el PP (1995-1999) y Defensora del Pueblo Español (2012-2017).

Brabo Castells, Pilar. PCE. Nº 1 por Alicante. Profesora de Ciencias Físicas, en 1987 fue nombrada Gobernadora Civil de Castellón.

Bustelo García Del Real, Carlota. PSOE. Nº 11 por Madrid. Destacada feminista de la época que más tarde fue la primera directora del Instituto de la Mujer de España (1983-1988) y desde 1999 ejerció como miembro del Comité para la no discriminación de la mujer de la ONU.

Calvet Puig, María Dolors. PCE. Nº 7 por Barcelona. Periodista licenciada en Ciencias de la Información.

Castro García, Virtudes. PSOE. Nº 2 por Almería. Maestra de enseñanza primaria.

Cruañes Molina, Asunción. PSOE. Nº 3 por Alicante. Desde 1964 miembro del Movimiento Democrático de la Mujer, donde adquirió fama entre las feministas durante la década de los sesenta.

Fernández-España y Fernández-Latorre, María Victoria. Alianza Popular, nº 1 por La Coruña. Graduada en Periodismo, en 1988 fue elegida vicepresidenta del consejo de administración del diario La Voz de Galicia.

García Bloise, Carmen. PSOE. Nº 5 por Madrid. Técnica Comercial y Administrativa por la Escuela de Contables de Francia durante el exilio.

Ibárruri Gómez, Dolores. PCE. Nº 1 por Oviedo. La mayor del Congreso, nacida en 1895. Fue diputada en las Cortes republicanas en 1936, pasando casi 40 años en el exilio, su vuelta a España y como vicepresidenta de la mesa de edad del Congreso junto a Rafael Alberti fue el símbolo de que había terminado el franquismo en nuestro país.

Izquierdo Rojo, María. PSOE, nº 2 por Granada. Licenciada en Filosofía y Letras, secretaria general del PSOE de Granada. Fue consejera de la Junta preautonómica de Andalucía creando los primeros centros asesores de la mujer en 1977.

Lajo Pérez, Rosina. PSC. Nº 2 por Girona. Licenciada en Historia.

Mata I Garriga, Marta Angela. PSC. Nº 9 por Barcelona. Pedagoga, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue presidenta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y del Consejo Escolar del Estado (2004-2006).

Moll De Miguel, Mercedes. UCD. Nº 3 por Granada. Maestra y enfermera, en 1978 era la presidenta de la Asociación de Mujeres empresarias de Pequeña y Mediana Empresa de España, la primera asociación empresarial de mujeres.

Morenas Aydillo, Dolores Blanca. UCD. Nº4 por Badajoz. Licenciada en Biología y catedrática en Ciencias Naturales. Fue Consejera de Industria en la Junta preautonómica de Extremadura.

Moreno González, Elena María. UCD. Nº 6 por Pontevedra. Directiva del Banco de Bilbao y directora del Banco de la Mujer.

Pla Pechovierto, Palmira. PSOE. Nº 2 por Castellón. Maestra republicana.

Revilla López, María Teresa. UCD. Nº 3 por Valladolid. Licenciada en Derecho, la única mujer que formó parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso.

Ruiz-Tagle Morales, Ana M.ª. PSOE. Nº 5 por Sevilla. Licenciada en Derecho y abogada laboralista. Fue presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional (1993-1996).

Sabater Llorens, Inmaculada. PSOE. Nº 4 por Alicante. Trabajadora del calzado muy vinculada al movimiento vecinal de los setenta en Alicante.

Tellado Alfonso, Esther Beatriz. UCD. Nº 5 por Tenerife. Titulada en idiomas.

Vilariño Salgado, Nona Inés. UCD. Nº 4 por La Coruña. Licenciada en Filosofía y Letras. Fue la Jefa de Gabinete de Federico Mayor Zaragoza (1981-1982).

Por su parte, las mujeres senadoras en 1977 fueron:

Arce Molina, Juana. UCD. Albacete. Licenciada en Filosofía y Letras y Filología Inglesa.

Begué Cantón, Gloria. Designación Real. Licenciada en Económicas y Doctorada en Derecho. Fue catedrática de Economía y Hacienda en la Universidad de Salamanca en 1964, la primera mujer con una cátedra en una facultad de derecho de España. Más tarde, en 1969 fue la primera mujer década de Facultad de España. En 1980 fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional.

Landáburu González, María Belén. Designación Real. Licenciada en Derecho, había sido Procuradora en Cortes y Consejera Nacional del Movimiento.

Miranzo Martínez, Amalia. PSOE. Cuenca. Licenciada en Ciencias Físicas.

Pelayo Duque, María Dolores. UCD. Tenerife. Licenciada en Derecho y abogada con una impecable trayectoria jurídica que le hizo merecedora de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Rubiés Garrofé, Maria. CDC. Lleida. Catedrática de Matemáticas.

Las mujeres, pese a su número reducido, tuvieron un papel relevante en los debates constitucionales. La primera intervención de una mujer en estos asuntos tuvo lugar en la Comisión constitucional del Congreso, fue la ucedista Teresa Revilla López, el día 18 de mayo de 1978 a propósito del debate sobre el artículo 14, el relativo a la igualdad.

REVILLA LÓPEZ. Intervención en nombre de UCD. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 18-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº69. Págs. 2445.

La Señora REVILLA LÓPEZ: Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere, por fin, la plenitud de sus derechos. Es verdad que la votación ha sido unánime, sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad. Pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. Tampoco vamos a mirar al pasado con amargura o con rencor.

Ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser, para ser lo que podamos. Queremos conservar nuestra feminidad, que es un atributo precioso de la humanidad y, al mismo tiempo, sin renunciar a poder ser protagonistas de nuestra propia vida y a participar en igualdad de esfuerzos y responsabilidades en el quehacer común.

Para ello necesitamos, además de la igualdad ante la ley, de una sociedad rica en posibilidades de vida y en formas de existencia, una sociedad flexible en sus sistemas de trabajo y de educación, donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo, la vida familiar y la cultura.

La mujer necesita de una sociedad flexible y plural, pero también la necesita el hombre, que empieza hoy a sentirse atrapado en un destino unidimensional. Y para terminar, Señorías, que no se piense que la crisis de identidad de la mujer es sólo un problema femenino, de mujeres, porque es un problema de la sociedad en su conjunto. La sociedad lo sufre y la sociedad se enriquecerá en sus soluciones.

Simbólico es, sin duda, que la primera intervención de una mujer en el debate constitucional fuera en el artículo relativo a la igualdad de oportunidades, no por ser éste el único asunto de interés para la mujer, pero si como clara consecuencia de la situación de discriminación que vivían las españolas en aquel momento, recién salidas de una dictadura que las relegó al papel de menores de edad bajo tutela de sus maridos, padres o hermanos.

8.

Las ‘pataletas’
constitucionales

Cualquier proceso de negociación política, en cualquier ámbito, vive algún momento de ‘pataleta’ de alguno de los interlocutores, entendido como una escenificación del disenso muchas veces protagonizado por la parte minoritaria de la negociación, en ocasiones para dejar constancia pública de su posición y otras tantas como medio de presionar y conseguir sus objetivos supliendo su situación minoritaria. En todo caso son opciones legítimas en una negociación y que siempre suscitan el interés del público.

Pues si esto ocurre en cualquier ámbito, no iba a ser menos en la negociación de la Constitución, con todo el país, y media Europa, mirando.

Fueron varias las ‘pataletas’ que se dieron en el largo proceso constituyente, que por su interés, hemos querido traer a este ensayo, aunque sea como nota de curiosidad histórica.

Las dos que vamos a narrar vienen protagonizadas por fuerzas de la oposición política en 1977, ya que UCD no necesitaba recurrir a estas situaciones al tener mayoría en la Cámara.

La primera de ellas se dio en la ponencia de la Constitución, recordando que la ponencia fue el grupo de siete ‘padres’ que los partidos eligieron para elaborar el anteproyecto.

Ocurrió el día 6 de marzo de 1978, la ponencia estaba en la segunda fase de sus trabajos, debatiéndose las enmiendas recibidas por parte de los grupos políticos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, concretamente correspondía trabajar sobre el Título VIII relativo a las autonomías, pero el representante del PSOE quiso que se volviera a debatir el artículo 28 que versaba sobre la Educación.

En el fragor del debate, el diputado del PSOE, Gregorio Peces-Barba, entendió roto el consenso alcanzado en este asunto meses atrás en cuanto a la limitación de las enseñanzas religiosas y decidió abandonar la ponencia.

Se abría así la primera brecha relevante en el trabajo constitucional ya que el PSOE era la segunda fuerza en el Congreso y sin el voto de sus 118 escaños no podría aprobarse jamás un texto constitucional.

Así lo recogieron las actas de la ponencia:

Libro de minutas de la Ponencia constitucional. Congreso de los Diputados. 06-03-1978.

Al terminar el estudio del artículo 28, el señor Peces-Barba Martínez manifiesta que, a su juicio, se ha roto el consenso originalmente alcanzado sobre este artículo y que, por tanto, considera inútil su trabajo en la ponencia por el carácter no constructivo del trabajo de ésta, y que por consiguiente, solicita la venia del Presidente en el día de hoy, el señor Fraga Iribarne, para retirarse.

Después de varias intervenciones de todos los ponentes a fin de que el señor Peces-Barba Martínez reconsiderara su posición y manteniéndola éste firme, los señores Solé Tura y Roca Junyent piden que se haga constar su queja por esta decisión y manifiestan su convencimiento que el estudio del título VIII del proyecto no podrá hacerse sin que la Ponencia cuente con la presencia de todos sus miembros.

El señor Presidente solicita al señor Peces-Barba que mantenga secreta su decisión hasta la hora prevista para la reunión de mañana, que es a las cinco de la tarde, a fin de que durante el tiempo restante puedan hacerse las gestiones oportunas para que tal decisión sea modificada. El señor Peces-Barba accede a esa petición (…)

Esta decisión del PSOE supuso un inmenso revuelo mediático ya que podría suponer el fin del proceso constituyente, casi antes de empezar. Al menos significaba la finalización del clima de consenso en la elaboración del anteproyecto. Con esta decisión, formalizada en el día siguiente, el Partido Socialista abandonaba la Ponencia de forma definitiva ya que no se incorporó en el resto de debates que finalizaban días después, el 10 de abril.

El diputado socialista y el propio partido justificaron su controvertida decisión el día 8 de marzo, donde consideraron esta disputa como un “problema aislado”.

Tal y como se desprende de las crónicas periodísticas y de las actas de la ponencia, el abandono se produjo en el momento en el que se debatía el artículo 28 (sobre la Educación), pero no era ese el único elemento que irritó al representante socialista, sino que el asunto autonómico, y la propuesta que UCD presentaba para modificar los acuerdos alcanzados hasta la fecha, provocaron su salida inmediata antes de tener que formar parte del debate de este último asunto.

No obstante, como hemos visto, la sangre no llegó al rio y el consenso volvió. Así las cosas, cuando la ponencia presentó su Informe definitivo sobre el anteproyecto de Constitución, también constaba la firma del socialista Peces-Barba, quien adjuntaba al Informe una explicación sobre la justificación de su firma pese al disenso manifestado.

La segunda sonada ‘pataleta’ constituyente tuvo lugar el 24 de mayo de 1978, ya en el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Recordemos que esta Comisión estaba formada por una treintena de miembros, ya rota la privacidad y clima de confianza surgida en la Ponencia y con los medios de comunicación más atentos a las negociaciones.

Se estaban debatiendo los primeros artículos de la Constitución en la Comisión, concretamente andaban por el artículo 24 del anteproyecto cuando los representantes del PNV, Grupo Mixto y Alianza Popular mostraron su disconformidad por estar, según ellos, apartados de toda decisión ya que sus votos no eran necesarios para la toma de acuerdos importantes.

Así lo manifestaron:

VIZCAYA RETANA, GASTÓN SANZ y SILVA MUÑOZ. Intervención en nombre del Grupo Vasco, Grupo Mixto y Alianza Popular respectivamente. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 23-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº72. Págs. 2587 y ss.

El señor VIZCAYA RETANA: Con todos los respetos para esta Presidencia, y agradeciendo las únicas excusas que hemos oído por ahora, el Grupo Parlamentario Vasco es consciente de nuestro actual peso específico como minoría parlamentaria en el Congreso, aunque pensamos ser un grupo que en su nación vasca tiene una gran representatividad necesaria para que la Constitución sea efectiva, pero, a pesar de todo, consideramos de todo punto intolerable la marginación sistemática a que nos vemos sometidos respecto a cualquier tipo de acuerdo, compromiso y decisión que con frecuencia se está dando a lo largo de los debates constitucionales.

Creemos que nuestra postura como Grupo, abierto a soluciones más óptimas al consenso, presto a colaborar con todos, no merece este trato discriminatorio de que somos objeto.

Si es cierto, como creemos, que hay acuerdo entre los demás Grupos Parlamentarios en una gran parte del articulado del informe de la Ponencia, del que no poseemos la más mínima información, excepto la que voluntariamente nos ha dado el señor Peces-Barba, estamos obligados a manifestar que vamos a reconsiderar nuestra presencia en esta Comisión constitucional no participando hoy en debate alguno, ya que parece ser que el consenso, ajeno a nosotros, alcanza el articulado que en esta sesión se verá.

Pido perdón a esta Presidencia; no quiero que se considere como un desacato o acto de indisciplina, pero creanos que este acto de protesta es necesario.

[…]

El señor GASTON SANZ: Muchas gracias señor Presidente. Con todos los respetos, quiero que quede constancia, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, de esta situación que nos ha dejado completamente aislados de todos los trabajos que se han venido haciendo por la Ponencia y de cualquier otro que ha surgido después del consenso, y, sobre todo, de los que vinieron y causaron la sorpresa incluso del Grupo Parlamentaria Socialista, que se vio obligado a abandonar la Ponencia en un momento determinado.

Creemos que estas anomalías de la Constitución debieran haberse procurado obviar.

[…]

El señor SILVA MUÑOZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, unas palabras muy breves, a continuación de las que tan brillantemente ha pronunciado el señor Presidente, para decir que lamentándolo mucho el Grupo Parlamentario de Alianza Popular no puede sumarse de una manera genérica a ese consenso a que ha aludido la Presidencia, Y quiero explicarlo de una manera muy breve.

En primer lugar, no queremos aparecer como aguafiestas de este acuerdo a que a1 parecer se ha llegado. Nosotros somos los primeros en mantener el principio de solidaridad entre los partidos en la común empresa que tenemos confiada por nuestros electores de dotar a España de una Constitución y de hacerlo de la manera más breve y eficaz posible.

Ahora bien, entendemos que la elaboración de esta Constitución, en los términos en que ha sido planteado hoy el problema, exige más que nunca ese principio a que el señor Presidente aludía de «luz y taquígrafos)), tan esencial para la democracia, y a mí me permitirán decir «luz, taquígrafos y periodistas)). Por consiguiente, yo, alabando el principio de acuerdo y el espíritu que ha llevado, o que puede llevar, a él, tengo que discrepar del principio de unanimidad a que dice que se ha llegado, en nombre del Grupo de Alianza Popular, en primer término, porque entendemos que el lugar apto y adecuado para conseguir ese consenso es esta sala, y no un despacho donde se reúnen los representantes de los partidos. Esta sala y el hemiciclo, por supuesto.

Esta ‘pataleta’ de los grupos minoritarios surgió ante el acuerdo de UCD, PSOE y PCE de darle una mayor agilidad a la tramitación parlamentaria de la Constitución acordando la resolución de algunas enmiendas entre los grupos sin pasar por el debate en la Comisión, a menudo excesivamente tedioso.

No duró mucho y en seguida los grupos volvieron a la normalidad del debate participando en la totalidad de las deliberaciones.

Alianza Popular emitió un comunicado informando que volvían a los trabajos activos de la Comisión constitucional el día 29 de mayo, cinco días después de la decisión de no participar. Esta ‘pataleta’ pareció no surtir el efecto esperado ya que el resto de Grupos continuaron aprobando las enmiendas de forma ágil, más si cabe sin la intervención de vascos y populares.

El comunicado de Alianza Popular formó parte del acta de la Comisión de ese día 29 de mayo de 1978:

Comunicado de Alianza Popular. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Congreso de los Diputados. 29-05-1978. Diario de Sesiones Congreso nº75. Pág. 2749. Anejo.

El Grupo Parlamentario de Alianza Popular ha estudiado la situación creada en la Comisión Constitucional del Congreso, que le había obligado, por decisión unánime, y con la conformidad de su portavoz, señor Fraga Iribarne, a retirarse de sus sesiones, por las razones expresadas en un comunicado anterior.

A la vista de hechos posteriores, reitera igualmente por unanimidad su actitud de desaprobar los pactos que se produzcan fuera de la publicidad parlamentaria, Única garantía de que la opinión pública pueda valorar los méritos y argumentos de las distintas posiciones, en materia tan trascendente como la constitucional; y reprueba en particular la actitud de determinados Grupos de intentar imponer sus propios arreglos a los demás, poniéndoles en situación de clara indefensión.

Lamenta en particular Alianza Popular Que el resultado de algunos de estos pactos haya sido referente a temas tan trascendentales como los que afectan a instituciones sociales básicas: la familia, la enseñanza, la propiedad y la empresa privada, cuya defensa ante el Pleno y en el Senado va a mantener.

Por otra parte, el Grupo de AP, para mejor defender hasta el límite de sus posibilidades estos y otros aspectos básicos de su programa, ha decidido reincorporarse a los trabajos de la Comisión Constitucional, en la esperanza de que no vuelvan a producirse incidentes que le obliguen a reconsiderar esta decisión. Al aceptar las garantías que le han sido ofrecidas al respecto, no prejuzga su actitud definitiva sobre el texto que en su día aprueben las dos Cámaras, a cuyo perfeccionamiento seguirá contribuyendo, en una acción pública y responsable, con la que procura servir a España, reincorporándose a los trabajos de la Comisión justamente cuando va a iniciarse el titulo relativo a la Corona, que debe ser símbolo efectivo de la unión entre todos los españoles.

Y con esto, la normalidad volvía a la elaboración de la Constitución. Alianza Popular no podía permitirse, ideológicamente, quedarse fuera del debate del título relativo a la Corona.

9.

Cronología
de una Constitución

Como método de ayuda a la comprensión del proceso constituyente, el Congreso, en su blog dedicado al 40 aniversario de la Constitución, nos ofrece una cronología de los principales hitos repartidos en la siguiente línea temporal.

Año 1977.

15 de Junio: Se celebran elecciones generales.

1 de Agosto: Se constituye la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. Esta Comisión elegirá a la ponencia que se encargará de diseñar el primer anteproyecto.

22 de Agosto: Se reúne por primera vez la Ponencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso encargada de elaborar el anteproyecto de Constitución formada por 7 diputados de UCD, PSOE, PC, AP y la minoría catalana, los conocidos posteriormente como ‘los padres de la Constitución’.

17 de noviembre: La ponencia constitucional concluye la primera lectura del borrador constitucional, aun le quedarán otras dos antes de enviar su propuesta definitiva a la Comisión.

7 de diciembre: Los ‘padres de la Constitución’ terminan la segunda lectura de su texto.

14 de diciembre: Termina la tercera y última lectura del borrador de la Constitución en la ponencia.

Año 1978.

5 de enero: El Boletín Oficial de las Cortes publica el anteproyecto de Constitución realizado por la ponencia, y se abre un plazo de presentación de enmiendas de veinte días naturales, que después se ampliará. Se presentan más de 3.000 enmiendas al texto.

10 de abril: Una vez analizadas las enmiendas presentadas al anteproyecto, todos los miembros de la ponencia firman el definitivo anteproyecto de constitución que remiten de nuevo a la Comisión.

11 de mayo: Comienza la votación del articulado del anteproyecto de la Constitución.

20 de junio: Termina la votación y dictamen sobre el anteproyecto de Constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.

1 de julio: Comienza el trabajo constitucional del plenario del Congreso, donde se votarán una a una las enmiendas que aún se mantienen al texto, como por ejemplo la mención expresa a la Iglesia Católica.

21 de julio: El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Constitución por 258 votos a favor, 14 abstenciones y 2 votos en contra. Los ocho diputados del PNV se ausentan del hemiciclo momentos antes de la votación. El Grupo Parlamentario de Alianza Popular se abstiene, al igual que los diputados Barrera y Arana, de Esquerra Republicana de Cataluña. Votan en contra los diputados Francisco Letamendía (Euskadiko Ezquerra) y Federico Silva Muñoz (Alianza Popular).

18 de agosto: Comienza el debate del proyecto de Constitución en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por José Federico de Carvajal.

5 de octubre: El Pleno del Senado aprueba el proyecto de Constitución.

11 de octubre: Se constituye la Comisión Mixta Congreso-Senado para elaborar un texto único sobre la Constitución para someterlo a las Cámaras. Inicia sus trabajos el día 16.

31 de octubre: Se celebra el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprueba el dictamen de la Comisión Mixta sobre el Proyecto de Constitución con el siguiente resultado: asistentes, 345; votos a favor, 325; votos en contra, 6; abstenciones, 14. El Pleno del Senado aprueba asimismo el dictamen con el siguiente resultado: asistentes, 239; votos a favor, 226; votos en contra, 5; abstenciones, 8

6 de noviembre: El BOE publica el Real-Decreto por el que se somete a referéndum de la nación el proyecto de Constitución.

6 de diciembre: Se somete a referéndum el proyecto de Constitución aprobado por las Cortes. Es aprobado con el 87,87 % a favor de los votos emitidos, la abstención alcanza el 32,8% del censo.

29 de diciembre: El BOE publica la Constitución y entra en vigor. El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, anuncia la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales y municipales.

Notas

Sobre el ensayo

Este ensayo ha pretendido, a través de los debates parlamentarios de la Legislatura Constituyente (1977-1979), intentar conocer mejor la Constitución que tenemos y ser conscientes de la que pudimos tener.

Los extractos del Diario de Sesiones han sido extraídos de la página web www.congreso.es, todas ellas en la versión del día 11 de enero de 2018, siendo este contenido público según el aviso legal de la propia web ‘La información disponible en el sitio web www.congreso.es, es susceptible de reutilización y es puesta a disposición del público sin sujeción a condiciones’.

De la misma web han sido obtenidos los datos personales y de currículum de los diputados. En cuanto a las diputadas y senadoras, los datos han sido obtenidos del libro ‘LAS MUJERES PARLAMENTARIAS EN LA LEGISLATURA CONSTITUYENTE’ editada por las Cortes y el Ministerio de Presidencia bajo mandato de Mª Teresa Fernández de la Vega en 2006, con Julia Sevilla Merino, Asunción Ventura Franch, M.ª del Mar Esquembre Valdés, Margarita Soler Sánchez y M.ª Fernanda Del Rincón García como autoras.

La cronología, los extractos de los diarios de sesiones, las declaraciones de los líderes políticos o las crónicas periodísticas son solo referencias de dos años de intenso trabajo parlamentario, cuyo fruto fue la Constitución que suponía la entrada de España en la democracia, por tanto, la puerta para empezar a relacionarnos, en términos de igualdad, con el resto de los países de nuestro entorno.

Cada uno de los debates y sus votaciones, construían el tipo de país que empezaba a andar por aquellos días.

Sobre el autor

Un albaceteño nacido en democracia.

En 1986 la democracia y los derechos formaban parte de nuestro modelo de vida y la Constitución parecía algo que nos venía dado desde siempre.

Pero no era así, por lo que, justo cuando cumple 40 años, me he preguntado ¿otra Constitución era posible? Y si, lo era y se debatió. La Constitución que hoy conocemos es reflejo de una época, de unos debates y de un reparto concreto de fuerzas políticas. En este ensayo quería imaginar qué otra Constitución pudimos haber tenido basándome en las propuestas y debates políticos en algunos temas espinosos de nuestro texto constitucional.

Nacido en Albacete en diciembre de 1986, licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, letrado de profesión y actualmente ejerciendo de concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Albacete.

Este se trata de mi segundo ensayo, autor también de Reflexiones para callar a machistas de bar.

Sobre el autor del Prólogo

Como ya hice con mis ‘Reflexiones para callar a machistas de bar’, el ensayo comienza con un prólogo imprescindible para mí.

El prologuista, en esta ocasión, es Nacho Hernando, actual Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y Secretario General de las Juventudes Socialistas de C-LM.

Un amigo y una de las personas con más capacidad para lo conseguir todo lo que se proponga que conozco. Con tan solo 24 años se sentó por primera vez en un Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y desde entonces le ha puesto voz y cara, hasta partírsela, a las medidas de un Gobierno que confió en su juventud y preparación.

Nacido en Madrid en 1991, Nacho cuenta con el grado en Ciencias Políticas, Filosofía y Economía por la Universidad británica de York.

Nacho es una de esas personas en cuyas manos dejaría, sin duda, la reforma de la Constitución que nos diera a España otros 40 años de convivencia y progreso.

gracias

LaConstitucionQuePudoSer@gmail.com

www.facebook.com/1978LaConstitucionQuePudoSer

¡¡No olvides valorarlo y dejar tu comentario!!