CAZARÉ AL MONSTRUO POR TI

MANUEL MARLASCA

Manuel Marlasca (Madrid, 1967) es reportero de sucesos, investigación y terrorismo desde hace más de tres décadas. Actualmente conduce el espacio Expediente Marlasca en La Sexta y copresenta Territorio Negro, en Onda Cero. Antes de su incorporación a La Sexta (2012), trabajó en periódicos, semanarios y otras cadenas de radio y televisión. Ha sido galardonado dos veces con el Premio de Periodismo Fundación Policía Española, el Premio de Periodismo Guardia Civil y ha recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. ‘Cazaré al monstruo por ti’ es su cuarto libro.

‘Cazaré al monstruo por ti’ es, sobre todo, la historia del compromiso de un puñado de policías con unas niñas, víctimas de un depredador sexual, y también es la historia de la mayor caza del hombre desencadenada nunca en Madrid, la Operación Candy. En 2014, la Brigada de Policía Judicial de Madrid se enfrentó a un reto gigantesco: un tipo que raptaba niñas a plena luz del día, las retenía durante horas y las agredía sexualmente. ‘Cazaré al monstruo por ti’ cuenta la caza del pederasta de Ciudad Lineal desde dentro, desde el punto de vista de los policías que persiguieron durante meses a una sombra a la que lograron poner nombre y detenerla gracias a la complicidad que lograron con las víctimas y a técnicas de investigación novedosas e imaginativas. El libro cuenta con el testimonio de los participantes en la Operación Candy y está basado en todos los documentos de una investigación que ya es historia criminal de España.

Primera edición: febrero del 2019

Para Josep Forment, siempre con nosotros

© Manuel Marlasca, 2019
© de la presente edición, 2019, Editorial Alrevés, S.L.

Directora de la colección: Marta Robles
Diseño de la colección: Ernest Mateu

Editorial Alrevés, S.L.
Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a - 08034 Barcelona
www.alreveseditorial.com

Producción del ebook: booqlab.com

ISBN: 978-84-17077-94-5
Código IBIC: BTC

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A las verdaderas Lúa, Paula, Xia y Daisy,

con el deseo de que olviden pronto lo que

nunca debieron vivir.

Y a los cazadores de monstruos que visten

uniforme azul, en especial a todos los que

participaron en la Operación Candy.

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Ahora me escondo y te observo y te puedo decir:
Yo mataré monstruos por ti, solo tienes que avisar.

SANTI BALMES,
Un día en el parque

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Los monstruos, como bien le había dicho su madre y ella
misma había aprendido con los años, no van vestidos
de monstruos, sino de seres humanos. Y lo que es más
curioso, no suelen saber que son monstruos.

DENNIS LEHANE,
Después de la caída

- PRÓLOGO -

Cuenta Manu Marlasca en Cazaré al monstruo por ti que «los viejos policías dicen que los malos necesitan tener muchos días de suerte, pero que a ellos, a los buenos, les basta uno». Y seguro que es así. O al menos así debería ser. Aunque tampoco viene mal que los buenos tengan más días buenos. Sobre todo cuando se enfrentan a los peores malos de entre los malos, los que se atreven con los niños. En esos casos, hasta los más duros del gremio se vuelven frágiles mientras avanzan en las pesquisas. Y duermen mal. Y sufren mucho. Saber que el padecimiento de un niño depende de si ellos son capaces de rastrear al monstruo tiene que ser delirante. Manu Marlasca, que es un hombre duro, pero del lado del periodismo y no del de la Policía, conoce bien, por su especialización en sucesos, a los miembros más destacados de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es por eso por lo que les homenajea con vehemencia en este relato tan duro como para cortar la respiración del lector en muchas ocasiones. Y lo hace mostrando sus debilidades y hasta sus errores, pero dejando bien claro que sus aciertos son nuestra salvación y que su intención siempre es la de avanzar lo más rápidamente posible en cualquier circunstancia, pese a saber que tanta intensidad les dejará sus propias vidas reducidas a la mitad. Sobre todo cuando hay niños de por medio. Es entonces, más que nunca, cuando todos les deseamos que tengan muchos días buenos. Muchos más de los que tienen los malos, aunque a ellos les baste con uno para cazar al monstruo… Gracias, Manu, por tanta profesionalidad y tanta entrega a la hora de contar. La misma que les adjudicas a los policías de este magnífico libro que nadie debería dejar de leer.

MARTA ROBLES

- ANTES DE EMPEZAR -

Todos los hechos y personajes que aparecen en este libro son reales. El relato está basado en los documentos policiales y judiciales de la Operación Candy y en las entrevistas que el autor mantuvo con los protagonistas de esta historia durante el año 2018. Tan solo se han cambiado los nombres de los menores y de sus familiares para garantizar que sigan permaneciendo en el anonimato.

Se han omitido los apellidos de la inmensa mayoría de los policías que aparecen en estas páginas, porque así lo pidieron ellos y porque siguen dedicados a cazar distintas clases de monstruos. Este libro no habría sido posible sin la colaboración de muchos de ellos, que se prestaron a compartir lo que vivieron y lo que sintieron durante los meses que duró la Operación Candy. Toda la sociedad está en deuda con ellos, pero yo de una forma especial. Sirvan estas páginas de agradecimiento y de homenaje a su labor.

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LÚA

—¿Cómo era? Dinos todo lo que recuerdes de él… Si era alto, bajo, cómo tenía el pelo, si hablaba con algún acento…

—Era fuerte, alto, con el pelo color carne. Tenía acento de aquí, español…

Lúa, una niña de cinco años de raza negra y de origen dominicano, puso en marcha los resortes de su memoria, activados por los dos agentes que le preguntaban, simulando un juego. David y Laura, los dos policías del Grupo 22 del SAM (Servicio de Atención a la Mujer) de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, sabían que cualquier dato escondido en los recuerdos de la niña sería fundamental para dar caza al tipo que se la había llevado durante unas horas y que, según había contado su madre a los agentes de un coche patrulla de la comisaría de San Blas, había abusado de ella.

Eran más allá de las doce de la noche del 24 de septiembre del 2013. Apenas habían pasado tres horas desde el rapto, un tiempo corto, en el que los recuerdos de una niña de cinco años permanecen aún frescos.

—¿Te acuerdas de cómo iba vestido?

—Llevaba un polo azul marino, de manga corta, un pantalón largo clarito y zapatillas de deporte.

—¿Qué te dijo?

—Me dijo que conocía a mi mamá, que me iba a dar unas bolsas que tenía para mí.

—¿Te las dio? ¿Las viste?

—No, me llevó a un coche…

—¿Cómo era el coche? ¿Cuántas puertas tenía? ¿De qué color era?

—Era gris, estaba aparcado al final de una calle. Creo que tenía puertas delante y atrás, pero era pequeño. Me dijo que me metiese para buscar las bolsas. Me metí en la parte de atrás y él se puso en el sitio del conductor. El coche se puso a andar…

—¿Te dijo algo mientras conducía?

—Me dijo que en dos días vendría a buscarme a casa, que me llamaría por el telefonillo… ¿No va a venir?, ¿verdad?, ¿no va a venir?, ¿a que no?

Lúa estaba asustada, aterrorizada. Miraba a su madre y a los policías, buscando refugio en ellos. David, un agente con una extraordinaria capacidad para empatizar con los niños, hizo lo posible por rebajar la tensión y tiró de una de sus habituales payasadas. Había que ganarse a esa cría tan pizpireta, que aparentaba por su tamaño y complexión menos de los cinco años que había cumplido. Los agentes del SAM sabían que había llegado el momento de hacer orfebrería, de desatascar la memoria de la cría, de hacerla revivir lo que ningún niño debería vivir nunca. Era su trabajo. Luego llegaría el trabajo de los que la ayudarían a olvidar cuanto antes lo vivido.

—No va a volver, claro que no. Cuéntanos qué te hizo, señala las partes de tu cuerpo que te tocó.

—Paró el coche y me dijo que pasase delante y me quitase la ropa. Yo no quería que me gritara. Me tocó aquí, aquí, aquí… —La pequeña acompañaba sus palabras señalando diversas partes de su cuerpo.

—¿Te hizo algo más? ¿Te hizo daño?

Lúa empleó el vocabulario propio de una niña de cinco años para relatar los abusos que sufrió.

—¿Qué pasó después?

—Me vestí sola y él me limpió las coletas.

Los dos policías sabían la importancia de lo que acababa de decir Lúa.

—¿Tenías las coletas manchadas? ¿Estaban manchadas por algún líquido que salió de él?

—Sí, él me manchó.

Los policías del Grupo 22 del SAM, la unidad policial encargada de investigar todos los delitos sexuales que se cometen en Madrid, supieron en ese instante que estaban ante un delito muy grave y un delincuente muy peligroso: un tipo capaz de llevarse a plena luz del día a una niña de cinco años de un parque, meterla en un coche, abusar de ella y dejarla abandonada a unos mil quinientos metros del lugar del rapto, en una avenida con varios carriles, llena de coches. Una ciudad como Madrid alberga delincuencia de todo pelaje, pero aquello era excepcional. Bien entrada la madrugada del 25 de septiembre, Olga, la jefa de grupo, ordenó el traslado de la pequeña y su madre al Hospital Universitario La Paz, un enorme complejo sanitario situado al norte de la capital al que se derivan todas las víctimas de delitos sexuales y en el que sus profesionales conocen a la perfección todos los protocolos a seguir en estos casos.

Pero aquella madrugada alguien no hizo bien su trabajo. El médico forense del juzgado de guardia que atendió a la pequeña se limitó a valorar que Lúa estaba perfectamente y consideró, de forma inexplicable, que no era necesario tomar ninguna muestra ni de sus ropas, ni de su pelo, ni de ninguna otra parte de su cuerpo en busca de la huella biológica que había dejado su agresor, pese a que lo avisaron de que Lúa había dicho que tenía las coletas manchadas, probablemente, de semen. Madre e hija regresaron a su casa a bordo del mismo coche patrulla que las había trasladado a La Paz.

La inspectora Olga llegó a su puesto a la mañana siguiente con pocas horas de sueño. Se había quedado en las dependencias del SAM hasta altas horas de la madrugada supervisando la exploración —así se denomina la toma de declaración de un menor— de Lúa, el interrogatorio de su madre y comunicando al juzgado de guardia lo ocurrido con la pequeña. Los dos grupos operativos del SAM —22 y 3— están alojados en una pequeña construcción levantada junto al enorme complejo que alberga la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Brigada de Policía Judicial, al oeste de la ciudad. Aquella última semana de septiembre del 2013, el 22 era el grupo de incidencias, el que se hacía cargo de todas las denuncias por delitos sexuales que se presentasen en la región policial de Madrid, que oscilaban entre sesenta y setenta al mes.

Olga se acostó con el malestar que le dejó en el cuerpo la sensación de peligrosidad del agresor de Lúa, y, a los pocos minutos de llegar a su puesto de trabajo, el malestar dio paso al cabreo cuando se enteró de que el médico forense de guardia no había recogido una sola muestra, ni un resto biológico de ese individuo. A la una de la tarde, la propia inspectora y un compañero de su grupo se presentaron en la casa de Lúa. Fueron con pocas expectativas, habían pasado varias horas, pero necesitaban saber si habían duchado a la niña. La madre les contó que ni siquiera la habían cambiado de ropa, que llevaba las mismas prendas que vestía cuando fue raptada. Horas después, la pequeña y su madre acudieron a los juzgados, acompañadas de dos agentes del SAM y otros dos de la Policía Científica, con la esperanza de que Lúa conservase en su pelo, en su ropa o en cualquier otra parte la huella de su agresor. Los policías tomaron cinco muestras, una de cada coleta, una en la parte superior de la cabeza, una en la camiseta y otra en el pecho de la niña.

Mientras, en el Grupo 22 la actividad era frenética. La misma noche del rapto de Lúa, los agentes de la comisaría del distrito de San Blas —en el que sucedieron los hechos— pusieron al SAM sobre la pista de un sospechoso, un tipo de treinta y siete años llamado Jacobo, con antecedentes por exhibicionismo. Era conocido por los policías del barrio, ya que acudía a los parques infantiles y se masturbaba a escondidas, lo que lo había hecho merecedor ya de alguna detención. El primer dato sobre él hizo albergar alguna esperanza a los investigadores: conducía habitualmente un viejo Audi de color gris, el color que recordaba Lúa. Merecía la pena, al menos, enseñarle a la niña su fotografía, pero la pequeña no reconoció ni a Jacobo ni a ninguno de los otros cinco tipos que componían el álbum que le mostraron. En ese instante, la memoria de la cría arrojó un dato más: «Tenía el pelo con flequillo, de color rubio y corto por el cuello, y tenía una bola en el cuello, en la zona de la nuca». La niña firmó el acta de reconocimiento fotográfico escribiendo su nombre en vertical, con letras mayúsculas.

Lúa fue abandonada por su agresor en la avenida de Arcentales, junto a una gasolinera Galp, un lugar que fue señalado por la propia cría in situ cuando no habían pasado ni veinticuatro horas desde que fue agredida. También les dijo que casi la atropella un coche junto a la boca de metro de Simancas, donde la encontró una pareja, que la vio vagando y llorando desconsolada. El encargado de un kebab, situado frente a esa entrada de metro, contó a la Policía que ese día oyó un fuerte frenazo y vio a una niña de raza negra que lloraba y era atendida por una pareja. Todo cuadraba. Lúa, pese a su corta edad, había narrado con precisión todo lo que le había ocurrido. Era una muy buena testigo.

Los agentes acudieron a la estación de servicio de la avenida de Arcentales en busca de cámaras de seguridad que acabasen de componer el puzle que la niña había iniciado en su declaración. Buscaban un coche gris, pero ni siquiera pudieron corroborar ese dato. En la gasolinera había dos cámaras que grababan imágenes panorámicas de los surtidores. Minutos después de las nueve de la noche de aquel 24 de septiembre, las dos cámaras registraron cómo un coche se paraba en la avenida de Arcentales y de él descendía una persona, pero la hora —estaba anocheciendo— y la mala calidad de las imágenes hicieron imposible identificar el modelo, el color o la matrícula del vehículo.

Los investigadores buscaron testigos del rapto, que se había producido poco antes de las nueve de la noche en un parque de la calle Rioconejos, donde no había una sola cámara de seguridad. Lúa jugaba con cinco niños y niñas de su edad. Alguno de ellos podía haber visto al secuestrador. Dos de sus compañeras de juegos le contaron a la Policía que Lúa se había quedado sola porque todos los niños decidieron irse a una cuesta cercana al parque y la cría no quiso, porque «mi mamá me ha dicho que no me mueva del parque». Una de ellas recordó algo: mientras jugaban, un coche estacionó cerca de donde estaban. «No me acuerdo si el conductor se bajó o no.»

El hombre que había raptado a Lúa, una niña de solo cinco años, la había vigilado y acechado, esperando el momento más propicio para atacarla. La había engañado para introducirla en un coche, había abusado de ella y la había abandonado en un lugar donde su vida corrió peligro.

Manuel Alcaide, en aquel momento inspector jefe, responsable del SAM, sitúa esa noche del 24 de septiembre del 2013 como el verdadero inicio de la Operación Candy, pese a que ese nombre no nació hasta medio año más tarde: «Nos quedamos con muy mal sabor de boca. Los protocolos, tan engorrosos para las víctimas, pero tan necesarios para nosotros, no se siguieron a rajatabla con Lúa en lo que respecta a la toma de muestras. No teníamos testigos, no teníamos imágenes buenas de las cámaras, la poca distancia que había entre el lugar del que se la llevó y donde la dejó hacía imposible cotejar antenas de telefonía, porque los dos puntos estaban bajo la misma antena… Todo se torció».

Alcaide, hoy comisario, padre de dos hijos, ha pasado sus veinticinco años de carrera en distintos puestos de la Policía Judicial, siempre en unidades dedicadas a la investigación: estupefacientes, delitos tecnológicos y cinco años al frente de la sección dedicada a perseguir a agresores sexuales, el SAM. De maneras ásperas, serio, recuerda con precisión aquellos días del 2013 y 2014. Tiene en la cabeza todas y cada una de las diligencias que se hicieron y las gestiones que se practicaron. Sus compañeros dicen que pocos policías tienen su capacidad de análisis y su destreza a la hora de estructurar unas diligencias para convencer a un juez. Alcaide recuerda bien la reflexión premonitoria que hizo tras el rapto de aquella niña, en septiembre del 2013: «Cuando vi que no podíamos avanzar con el tema de Lúa, pensé en lo que a veces tienes que pensar cuando te enfrentas a estos casos: los delitos sexuales se resuelven en muchas ocasiones por acumulación delictiva. Desgraciadamente, a veces hay que esperar a que el agresor vuelva a actuar, y sabíamos que quien se llevó a Lúa iba a volver a hacerlo».

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LA PRINGUE

Todos los policías que han pasado por allí desde los años setenta del siglo pasado saben qué es La Pringue. El nombre se ha transmitido de generación en generación. La Pringue es la Brigada de Policía Judicial de Madrid y, por extensión, hace referencia a todas las brigadas judiciales de España. Nadie sabe quién ni por qué alguien le puso ese nombre que tanta fortuna ha hecho. Una versión recuerda que cuando la brigada estaba alojada en el palacio de la Puerta del Sol —hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid— albergaba un bar conocido por sus parroquianos como La Pelos, en cuya barra grasienta y pringosa uno podía quedarse pegado. Eran tiempos de policías que fumaban tabaco negro y acababan sus jornadas con unos cuantos pelotazos de güisqui DYC. Otras versiones —quizás más realistas, aunque menos románticas— cuentan que en La Pringue estaban destinados los que más horas trabajaban, los más pringados. Hoy, en tiempos de policías que acaban sus jornadas en el gimnasio y que han cambiado los lingotazos por batidos de proteínas, la brigada sigue siendo La Pringue y se sigue trabajando a destajo.

La Brigada de Policía Judicial sucedió, bien entrada la Transición, a la Brigada de Investigación Criminal (BIC), encargada de investigar todos los delitos comunes. El mismo caserón de Sol albergaba la Brigada Político-Social, convertida con la democracia en Brigada de Información y dedicada antes a perseguir a opositores a la dictadura y a cualquier sospechoso de subversivo, y hoy a cualquier tipo de terrorismo. La criminal y la político-social eran el yin y el yang dentro del cuerpo, y los que pertenecían a la segunda llamaban pringosos a sus compañeros de la criminal.

La Pringue se trasladó a finales de los años ochenta muy cerca de la Puerta del Sol, al palacio de Pontejos, y estrenó el siglo XXI en un funcional y feo edificio cerca de la glorieta de Cuatro Caminos, en la avenida del Doctor Federico Rubio y Galí. Allí siguen hoy la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Brigada de Policía Judicial, es decir, La Pringue. Hoy nadie fuma en el interior de ese edificio y en el bar se despachan más zumos y tés que bebidas alcohólicas. Allí, en esa brigada, se sigue trabajando sin horarios y allí están destinados los agentes que persiguen a asesinos, extorsionadores, traficantes, falsificadores, estafadores, secuestradores, atracadores, butroneros… Todo el catálogo de la delincuencia. La brigada atesora en su currículo de las últimas cuatro décadas la detención de los asesinos de Anabel Segura, la de El Solitario, la de los ladrones de la colección de arte de Esther Koplowitz, la del asesino en serie de mendigos, la de los autores del crimen del rol…, y hasta la detención de la mano derecha de Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa, o de uno de los líderes del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Es uno de los destinos más deseados para todos aquellos que se hacen policías para dedicarse a la investigación.

En un pequeño edificio al que todos llaman «el chalé» y algunos, con ánimo de ofender, Villa Tanga, separado del resto de las dependencias, pero en la misma finca, está la unidad hoy conocida como UFAM (Unidad de Familia y Mujer). La burocracia policial ha cambiado varias veces el nombre de esta unidad —SAM, SAF—, pero las funciones de los que allí trabajan siguen siendo las mismas: perseguir los delitos sexuales. Una oficina de denuncias en la planta baja y dos grupos de investigación en el primer piso forman la unidad, aislada del resto de la brigada para que las mujeres que acuden hasta allí solo tengan contacto con policías especializados. Desde esas instalaciones, se ha dirigido la caza de los peores agresores sexuales de la historia de Madrid, también la Operación Candy.

Elena Palacios, hoy inspectora jefe destinada en la UFAM Central, es una pionera de la investigación de delitos sexuales y participó en la gestación de esta unidad. En 1986, cuando La Pringue estaba aún alojada en la Puerta del Sol, fue una de las cinco inspectoras que formaron el embrión de lo que muchos años después sería una unidad. Elena y sus cuatro compañeras se desplazaban a cualquier comisaría de Madrid en la que una mujer hubiese denunciado una agresión sexual, unos abusos o unos malos tratos. La etiqueta «violencia machista» tardó aún unos años en llegar, pero las mujeres ya sufrían palizas y morían a manos de sus parejas. Palacios recuerda aquellos tiempos: «Nuestra misión era demostrar a las víctimas que la Policía hacía todo lo posible por acercarse a ellas. Hasta entonces, cuando una chica acudía a una comisaría a denunciar que la habían violado o que le habían pegado, en ocasiones no había ni una mujer que la atendiese». Con ese mismo espíritu nació el GRUME, el Grupo de Menores, encargado de la resolución de delitos en los que los menores fuesen víctimas o autores. Elena se incorporó al GRUME en 1989 y desde allí acabó con distintas redes de prostitución en las que los menores eran tratados como mercancía carnal. Chicos y chicas vulnerables, fugados de sus domicilios y enganchados a las drogas. El primer gran servicio del GRUME desmanteló en 1990 una red de prostitución dirigida por un brasileño y rescató a seis menores. Los clientes de la organización pagaban entre ocho mil y quince mil pesetas —cincuenta y noventa euros— a cambio de mantener relaciones sexuales con críos y crías que no habían alcanzado la mayoría de edad.

Esmeraldo Rapino, hoy comisario jubilado y en aquel momento inspector jefe de la Sección de Delitos contra las Personas de la Brigada de Policía Judicial —que englobaba los grupos de Homicidios, el SAM y el GRUME—, dio alas a Elena, convencido de que la investigación de los delitos que afectaban a las mujeres y a los menores requería agentes especializados en esa materia. El Servicio de Atención a la Mujer (SAM) se convirtió en el año 2000 en Servicio de Atención a la Familia (SAF), que se dividió en SAM (mujeres) y GRUME (menores). Elena Palacios fue la última jefa del SAM y la primera del SAF. En el año 2004, con la puesta en marcha de la Ley de Violencia de Género y las órdenes de protección que ese reglamento contemplaba, el SAF tuvo que cambiar y la inspectora Palacios le propuso al entonces jefe superior de Madrid, Julio Corrochano, una gran revolución. «Lógicamente, todas las mujeres maltratadas venían a solicitar protección o a informarse de cómo pedirla. Se formaban unas colas enormes en el edificio, estábamos desbordados», recuerda Elena Palacios. «Era absurdo que desde la brigada se centralizasen estos delitos, así que le propuse a Corrochano que descentralizásemos todo lo que tenía que ver con la violencia de género. Nosotros, la brigada, nos quedaríamos con los delitos sexuales, los que exigían un mayor nivel de investigación, los más graves, y así descargábamos de trabajo a las comisarías que, eso sí, se quedaron con todo lo referente a la violencia en el ámbito doméstico y las medidas de protección para las mujeres.»

La propuesta de Elena Palacios cuajó y el SAM se convirtió a partir de ese momento en una unidad de investigación pura y dura, dividida en dos grupos: el 3, que investigaba las agresiones sexuales con autor conocido, y el 22, que se encargaba de las que no tenían autor conocido. Dos inspectoras, Mónica y Miriam, se pusieron al frente de cada uno de los dos grupos. Elena Palacios seleccionaba cuidadosamente a los policías que llegaban al SAM: «En los primeros años —recuerda— nadie quería trabajar en esta especialidad, pero yo me empeñaba en que toda la gente llegase de forma voluntaria. Buscaba buenos policías, sobre todo con mucho sentido común, y fue cuestión de tiempo que se hiciese una selección natural, que se quedasen a los que de verdad les gustaba esta especialidad».

Una buena investigación de un delito sexual debe tener unos cimientos muy sólidos, que se construyen al inicio, con la denuncia de la víctima. Elena Palacios lo sabía y por eso obligaba a todos los policías que llegaban al SAM a pasar por la guardia, para que aprendiesen la importancia que tenía la toma de declaración de las víctimas. Todos los detalles sobre el agresor son fundamentales. Su aspecto físico, su manera de andar, su acento, su forma de interactuar con la víctima… Todo ello forma parte de la firma de cada agresor y es en esas primeras horas de la investigación cuando el recuerdo está fresco.

Los hombres y mujeres de Elena Palacios aprendían rápido. Ya en 1997, habían cazado a Arlindo Carballo, un depredador que en ocho años asaltó a treinta y cinco mujeres, según la sentencia que lo condenó a más de medio siglo de cárcel, aunque él mismo confesó ciento cuarenta ataques tras ser arrestado. El que pasó a la historia criminal como El Violador de Pirámides fue el primer gran agresor sexual en serie de Madrid y la investigación fue muy larga y trabajosa en una época en la que ni los teléfonos móviles ni las cámaras de seguridad tenían el peso que hoy tienen en cualquier operación policial.

Arlindo, que salió de la cárcel en el 2017, tras pasar veinte años encerrado, era un violador peculiar. Instalador de gas, casado, con una hija, empezó a cometer sus delitos mientras esperaba a que su mujer saliese del trabajo, cerca de la glorieta de Pirámides, en las cercanías del estadio Vicente Calderón. Allí, en apenas ocho meses de 1994, atacó a veinte mujeres, a las que agredía sexualmente y robaba algún objeto. Su firma, lo que sirvió a la Policía para saber que estaban ante el mismo autor, era su forma de dirigirse a las víctimas: «Cógeme de la cintura como si fuera tu novio», les decía tras amenazarlas con un arma blanca. Inteligente, cuando los medios de comunicación dieron la alarma de que había un violador suelto actuando por la zona de Pirámides, se cortó el pelo, se dejó barba y dejó de atacar mujeres durante unos meses. Y cuando volvió lo hizo lejos de su escenario habitual: golpeó en Getafe, Móstoles, Alcorcón…

Los agentes del SAM perseguían una sombra, que cambió hasta el patrón de sus víctimas: pasó de atacar a chicas de entre diecisiete y veintidós años a atreverse con una madre y una hija que iban en un coche. Encerró a la madre en el maletero y abusó de la joven en un descampado. Pese a estos cambios, El Violador de Pirámides mantuvo su firma, seguía hablando a las víctimas con palabras similares —«no me mires a la cara y cierra los ojos», «no te pongas nerviosa, solo voy a registrarte»—, y gracias a ello, el SAM seguía su rastro de violencia y horror.

Los viejos policías dicen que los malos necesitan tener muchos días de suerte, pero que a ellos, a los buenos, les basta uno. Los agentes que perseguían a El Violador de Pirámides tuvieron su día de suerte el día de Navidad de 1996. Esa tarde del 25 de diciembre, una mujer que residía en la avenida de Juan Carlos I de Leganés no se fio del desconocido que se coló tras ella en el portal. Le preguntó que dónde iba y él cometió un error: le dijo que iba a ver a un amigo que vivía en el segundo piso, una planta en la que solo había oficinas. La mujer salió corriendo del portal y se fue directa a la comisaría de Leganés, donde al escuchar la descripción del sospechoso supieron que tenían muy cerca al violador que buscaba toda la Policía de Madrid. El segundo golpe de suerte de ese día llegó gracias a un ciudadano atento: al ver salir corriendo del portal a la mujer, se fijó en un hombre que salió del mismo lugar segundos después y que se introdujo en un Opel Kadett blanco, cuya matrícula anotó.

Los agentes del SAM detuvieron durante unas horas al titular del coche, Arlindo Carballo, el tiempo justo para poder hacerle una fotografía que enseñaron a las víctimas de El Violador de Pirámides. Todas lo reconocieron. Días después, volvieron a detenerlo. Arlindo tardaría veinte años en recuperar la libertad.

«Detuvimos a varios seriales, aprendimos a reconocer sus firmas, sus modus operandi —rememora Elena Palacios—; generalmente bastaban tres o cuatro ataques para dar con ellos.» Pero, a veces, las cosas se complicaban y había que esperar más: El Violador del Búho cayó en el 2008, tras diecinueve ataques, y el de Conde de Casal, en el 2003, acusado del mismo número de agresiones. «Detuvimos a portaleros, tipos que esperaban en las bocas de metro, merodeadores de parejas… Lo que era una excepción eran los agresores sexuales de niños o de niñas.»

La excepción fue El Mono, un repartidor que fue detenido en el 2006, tras cuatro años de investigaciones. Sus víctimas eran niños y niñas de entre seis y doce años, a los que seguía desde la salida del colegio hasta sus domicilios. Todos eran niños de la llave, críos que regresaban desde las escuelas a sus casas solos, porque sus padres estaban trabajando. Los abordaba en el portal o en el ascensor y trataba de ganarse su confianza pidiéndoles que le hiciesen un dibujo o que contestasen algunas preguntas a cambio de un premio. En varias ocasiones, llegó a acceder al interior de las casas de los pequeños, pero generalmente abusaba de ellos en alguna estancia del portal: cuartos de calderas, de contadores, trasteros…

Las víctimas, repartidas por varios distritos de Madrid, coincidían en la descripción: delgado, pelo corto, con una mancha debajo de un ojo, gafas de sol y siempre vestido con un mono de trabajo. Por eso, durante varios años para la Policía no tuvo nombre ni cara, solo era El Mono. Esta vez, el golpe de suerte para los buenos llegó gracias a una de las víctimas: se cruzó con él por la calle cuando iba con su madre y la mujer alertó a la Policía. Los agentes del SAM lo siguieron durante varias semanas y comprobaron cómo merodeaba por los colegios en los descansos de su trabajo. Fue detenido y acusado de catorce agresiones sexuales.

En el 2011, Elena Palacios dejó el SAM. Había ascendido a inspectora jefe dos años antes, decidió cambiar de aires y se hizo cargo de la comisaría de Aranjuez: «Noté que ya no podía aportar más, aquello funcionaba muy bien, iba rodado». Sin su fundadora y pionera, pero con una treintena de hombres y mujeres perfectamente adiestrados, el SAM estaba a punto de enfrentarse a la mayor caza del hombre de su historia.

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EL HOMBRE DEL SACO

Los jueves son los nuevos viernes. Eso dicen. Pero la noche de aquel jueves, 10 de abril del 2014, no daba más de sí. Charleston, el encargado del bar El Gallo, decidió que la una y cuarto de la madrugada era una buena hora para echar el cierre. El local está situado en el número 652 de la interminable calle Alcalá, donde muere la vía más popular de Madrid, aplastada por la A-2, la carretera de Barcelona. A El Gallo acuden los parroquianos habituales del barrio y muchos viajeros que, al asomar por la boca del metro de Canillejas, se encuentran de bruces con el local. Pero a la 1:15, el suburbano está a punto de cerrar sus puertas, así que Charleston comenzó a esa hora el ritual de cada noche, con un ojo dentro del bar y otro fuera, que los diablos y los cacos suelen aparecer a la hora del cierre. Pero aquella madrugada no apareció el diablo, sino una niña de entre siete y ocho años, según le contaría Charleston a la Policía. La cría, rubia, de pelo rizado, vestida con pantalón corto de color negro, una camiseta naranja y unas zapatillas deportivas, caminaba sola por la ancha acera de la calle Alcalá, arrastrando los pies y con un puchero dibujado en el rostro. A Charleston y a los dos clientes que quedaban en el bar les pareció que era una niña perdida.

—A ver, cariño, ¿dónde vas?

—Mi mamá me está esperando…

La pequeña miraba a todas partes, desorientada, y señalaba la boca de metro con una mano mientras con la otra agarraba con fuerza una pequeña bolsa de plástico con chucherías. Una mujer asomó por las escaleras del metro y se paró al ver a Charleston y a la niña llorando.

—¿Estás sola, niña?

—Estoy buscando a mi mamá —repetía la pequeña con la voz ahogada por las lágrimas.

La cría encaminó sus vacilantes pasos hacia las escaleras de la boca de metro. La mujer la cogió de una mano y se adentró con ella en la estación. Charleston las seguía de cerca. La pequeña buscaba con su mirada a su madre en los pasillos y vestíbulos desiertos. Pero allí no había nadie. El encargado del bar y la mujer se encontraron con Juanjo, Concha y Juan Manuel, tres empleados de Metro que estaban a punto de acabar su jornada de trabajo.

—Nos hemos encontrado a esta niña andando sola por la calle, parece perdida y no para de llorar. Dice que busca a su mamá.

Concha, una mujer de cincuenta años, se hizo cargo de la pequeña y trató de consolarla.

—¿Cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí?

La cría hablaba entre sollozos.

—Me llamo Paula… Me he perdido… Estaba en el parque y un señor…

Paula no podía seguir, lloraba inconsolable, pero siguió dando información. Dijo que vivía en Madrid y recitó los nueve números del teléfono de su madre.

Mientras, la mujer que la bajó hasta el metro llamó al 112 y contó que se había encontrado a una niña perdida y la había dejado a cargo de unos trabajadores del Metro en la estación de Canillejas. La patrulla de la Policía Municipal con el indicativo Puerto 1520 se dirigió hacia el lugar. Horas antes, desde la emisora había saltado la alarma de que una niña había desaparecido en el este de Madrid.

Los dos agentes de la Policía Local reconocieron a la pequeña nada más verla. Era Paula, la niña de nueve años desaparecida por la tarde en el parque de San Juan Bautista, cuya foto estaba ya en poder de todos los agentes que esa noche patrullaban las calles de la ciudad. Uno de los policías se quitó su jersey y envolvió a Paula con él. En brazos de ese agente subió las escaleras de la estación y entró en el coche patrulla, camino de la comisaría de Policía de Ciudad Lineal, ubicada entre los edificios que conforman las colmenas verticales del barrio de la Concepción. Allí estaba su madre desde horas antes.

A la 1:30 de la madrugada se produjo el encuentro entre madre e hija. Paula apenas podía caminar, balbuceaba y tenía unas marcadas ojeras. Lola se dio cuenta de un primer detalle inquietante: la niña tenía la camiseta puesta al revés. Acababan así cinco horas de angustia, de incertidumbre y del terror que conlleva la desaparición de un hijo para sus padres. Unas horas en las que el miedo y la culpa se confunden y en las que se pasa de la esperanza a la desesperación en segundos. Para Lola, todo ese torrente emocional se había desatado poco después de las ocho y media de la tarde.

A esa hora, Lola tomaba un café en la terraza del bar La Teja, en la calle Agastia, con una amiga. La acompañaban Paula, su hermano y el hijo de su amiga. Paula se encontró allí con dos amigas del colegio, Belén y Loreto. El bar La Teja está enclavado en una zona tranquila, detrás de la calle Arturo Soria, llena de pequeños jardines y espacios para los niños. El típico lugar en el que parece que nunca puede pasar nada malo. Paula, Loreto y Belén se acercaron a la mesa que ocupaban Lola y su amiga. Querían dinero para comprar unas chucherías en La Abuela Manuela, un establecimiento que, pese a su vetusto nombre, es uno de los miles de locales regentados por chinos que han hecho desaparecer del mapa a las tradicionales tiendas de ultramarinos de los barrios de Madrid. Apenas doscientos metros separan la terraza del bar La Teja del chino, en la calle Cidamón, y aquella era la zona de seguridad de las crías, que conocían cada parterre y cada rincón que separan los bloques de pisos, así que Lola le entregó a Paula unas monedas. Despreocupada, ni siquiera siguió con la mirada el recorrido de su hija y sus amigas.

Unos diez minutos después, Lola vio aparecer a Loreto y Belén, las amigas de su hija.

—¿Dónde está Paula?

—Se ha ido con un señor —acertó a decir una de las pequeñas.

El terror se cernió sobre Lola de la misma forma y a la misma velocidad que una nube de tormenta convierte el día en noche. Belén y Loreto contaron que «un señor» se había acercado a ellas y se había dirigido a Paula, aunque se había confundido de nombre:

—Belén, ven que te voy a probar una ropa. Te voy a poner unos trajes de modelo. Tu madre ya lo sabe, yo la conozco.

El coco, el hombre del saco, el sacamantecas hecho carne una tarde de primavera entre los parterres del parque de San Juan Bautista. Los terrores ancestrales que pasan de abuelos a padres y de padres a nietos, convertidos en realidad. El miedo de Lola no la atenazó y la mujer trató de obtener toda la información posible de las niñas:

—¿Cómo era ese hombre? ¿Hacia dónde se ha llevado a Paula?

—Era un señor de unos treinta y cinco años, tenía flequillo y un poco de barba. Llevaba un pantalón corto y una camiseta marrón.

Las niñas no comprendían la gravedad de lo que estaba ocurriendo, no entendían las razones de los gritos y las caras desencajadas. Al fin y al cabo, para ellas Paula solo había ido a probarse ropa.

—Nos ha dicho que esperásemos, que volvía en cinco minutos.

Lola pidió auxilio a gritos a los vecinos que a esa hora estaban por la calle, llamó al 112, fue a la tienda donde su hija había comprado las chucherías y pidió a las amigas de Paula que le dijesen por dónde se habían marchado la niña y «el señor». Las crías señalaron en dirección a la calle Torrelaguna, una vía con salida directa a la calle 30, la vía de circunvalación que rodea toda la ciudad, y a la A-2. Lola gritaba el nombre de su hija, convencida de que estaba ya muy lejos.

Dos policías nacionales destinados en la comisaría de Ciudad Lineal —componentes de la dotación Trama 100— se presentaron en la calle Cidamón, junto a la tienda La Abuela Manuela. Escucharon a Lola y a su amiga, que dieron una descripción muy precisa de Paula, que fue difundida rápidamente a través de la emisora policial: piel blanca, muy delgada, ciento treinta centímetros de estatura, pelo rubio ondulado, ojos pequeños castaños y labios muy finos, vestida con pantalón negro corto de gimnasia, camiseta de tirantes naranja fluorescente, zapatillas Nike de velcro negras y calcetines negros.

Pronto, dos patrullas de la Policía Municipal —Puerto 1521 y Tutor 1581, esta última compuesta por agentes de paisano especializados en el trato con menores— llegaron al lugar y se unieron a la búsqueda mientras avisaban al SAMUR para que atendiese a la madre de Paula, presa del pánico y la ansiedad. Los agentes recabaron en el menor tiempo posible un cúmulo de información. Preguntaron a las madres y a las niñas, que repitieron el relato que habían hecho antes, aunque con más detalles:

—Cuando hemos salido de la tienda, nos hemos sentado en un banco a comer las chucherías. Un señor se ha acercado y nos ha preguntado quién era Belén. Yo he levantado la mano.

La pequeña, en presencia de su madre y de su amiga, se esforzaba en rememorar. La llegada de tanta gente y la presencia de los uniformes habían activado los resortes de la memoria de las dos niñas, que empezaban a ser conscientes de la gravedad de lo que estaba pasando.

—Entonces, él dijo: «Tú, no». Y señaló a Paula y le dijo que su mamá le había dicho que tenía que irse con él a probarse ropa. Nos dijo que volvía en cinco minutos, pero como no volvía, hemos avisado a nuestras madres.

Los policías comunicaron por la emisora los detalles de lo ocurrido. Quien se había llevado a Paula había vigilado y acechado a las niñas. Sabía el nombre de una de ellas y había empleado un cebo para llevársela. Nada de fuerza, nada de violencia o intimidación. Palabras amables y gestos agradables para hacerse invisible en ese lugar donde parecía que nunca podía pasar nada.

La madre de Paula, tras ser atendida por el SAMUR, facilitó a los policías una fotografía de su hija para que fuese difundida. Casi al mismo tiempo, esa imagen de Paula sonriente, soplando velas en un par de bolas de helado, se multiplicaba en miles de teléfonos móviles a través de grupos de wasap, junto al mensaje de que había desaparecido esa tarde, escrito en letras mayúsculas y con la llamada «¡URGENTE!» al comienzo del texto. El rostro de la niña, que aparentaba un par de años menos de los nueve que tenía en ese momento, llegó a miles de pantallas a una velocidad asombrosa.

A las 23:57, cuando Lola se sentó delante de dos policías de la oficina de denuncias de la comisaría de Ciudad Lineal, centenares de agentes buscaban a Paula por las calles de Madrid y miles de ciudadanos transmitían su imagen de teléfono a teléfono. En su denuncia, Lola volvió a contar lo ocurrido y al final de su declaración quiso dejar bien claro que ni ella ni su marido habían tenido nunca problemas con nadie, ni en el ámbito personal ni en el profesional, ni habían sufrido amenazas. La mujer estaba convencida de que a su hija la habían secuestrado, pero no sabía con qué fin.

Apenas una hora y media después, cuando se encontró con ella en la comisaría y Paula empezó a contarle lo que había vivido en esas cinco horas, Lola supo que el resto de su vida iba a estar dedicado a que su hija borrase de su memoria aquel 10 de abril del 2014.

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PAULA

El momento más importante de una investigación sobre delitos sexuales es la declaración de la víctima. Ahí está casi siempre la clave de que las pesquisas lleguen a buen puerto, es decir, a la detención del agresor. Ahí, en ese instante, puede estar la diferencia entre una absolución y una condena. Esos momentos en los que la víctima rememora un hecho terrible y el policía rastrea entre sus recuerdos son la espina dorsal de cualquier atestado policial de esa clase. Mónica, la inspectora, jefa del Grupo 3 del SAM de la Brigada de Policía Judicial, lo sabía bien y por eso envió al hospital La Paz a Mari Luz, su policía más veterana, capaz de sacar oro del testimonio de cualquier víctima, especialmente si son menores. Su aspecto dulce, su capacidad de empatizar con niños y niñas, y sus más de veinte años de experiencia en el grupo la llevaron aquel 11 de abril del 2014 hasta una habitación del hospital La Paz. Allí estaba Paula, acompañada de sus padres. Habían pasado poco más de doce horas desde que ese señor que la engañó diciéndole que le probaría unos vestidos la dejó junto al metro de Canillejas.

—Ese señor dijo a mis amigas que se fueran, que se quedaba conmigo. Que me iba a enseñar ropa y que mi mamá estaba esperando en el coche. Nos metimos en el coche, un Toyota gris; a mí me dijo que me pusiera en la parte de atrás.

Paula hablaba desde la cama de su habitación de La Paz, mientras Mari Luz tomaba notas a mano. Los padres de la pequeña y la Policía ya eran conscientes de la gravedad de lo ocurrido. Era la hora de los profesionales, la hora de dejar hacer a los cazadores de monstruos. Y lo primero que necesitaban esos cazadores era toda la información posible sobre su presa.

Tras encontrarse con su madre la noche anterior en la comisaría de Ciudad Lineal, Paula fue conducida al hospital Ramón y Cajal para que los médicos la atendieran: tenía dificultades para hablar, estaba desorientada y apenas podía mantener el equilibrio. Por el camino, la pequeña empezó a contar a su madre lo que había vivido en las cinco horas en las que estuvo desaparecida. La mujer escuchó con horror la historia que le narraba su hija: pastillas, una ducha, un hombre vestido solo con una toalla, una habitación con colchones sin sábanas… Lola se sobrepuso al horror y le dijo a los policías que la acompañaban que su hija había sido víctima de un agresor sexual. Los protocolos se activaron y a las 3:20 de la madrugada del 11 de abril del 2014, los agentes de guardia del Grupo 3 del SAM comenzaron el atestado 9998, que arranca la Operación Candy. Apenas veinte minutos después, los mismos policías tomaban declaración a Lola en las dependencias de la brigada. La mujer trasladó en su relato lo que le había contado su hija, que permanecía en el hospital Ramón y Cajal acompañada de su tío. El relato estaba plagado de detalles, algo inusual en una víctima de tan corta edad y que, según dijo Paula y los médicos confirmaron, había sido sedada.

El juez de guardia, tras la comunicación del SAM, ordenó en plena madrugada el traslado de Paula al hospital La Paz, el centro sanitario encargado de atender a todas las víctimas de agresiones sexuales y en el que sus profesionales conocen a la perfección el protocolo de la recogida de muestras biológicas. Dos doctoras del servicio de urgencias del hospital infantil La Paz redactaron un informe en el que detallaban el estado general de Paula, describían una lesión sangrante en su región vulvar y bajo el epígrafe «Diagnóstico clínico», escribieron: «Sospecha de abuso sexual».

A primera hora de la mañana del 11 de abril, Mónica, la jefa del Grupo 3, y Manuel Alcaide, responsable del SAM, conocían todos los detalles de lo que había contado la madre de Paula. Los dos tuvieron el mismo pálpito y se acordaron de Lúa, aquella niña que siete meses antes había sido víctima de abusos en el interior de un coche, no muy lejos del parque de San Juan Bautista, el lugar en el que se habían llevado a Paula. La firma del autor coincidía, porque a Lúa, su agresor le había hablado de unas bolsas con ropa para engañarla e introducirla en su vehículo. El caso estaba sin resolver desde septiembre del año anterior y la palabra serial empezó a correr por los despachos del SAM aquella mañana. Manuel Alcaide sabía que esa palabra es la última que le gusta escuchar a un jefe de brigada, y mucho menos a un jefe superior, así que lo importante era que, de momento, no saliese del chalé.

Sin la certeza absoluta de que estaban ante un agresor en serie, pero con la seguridad de que se enfrentaban a un tipo extremadamente peligroso, Alcaide y Mónica, una de las fundadoras del SAM, decidieron que Paula debía ponerse en manos de Mari Luz, una oficial capaz de estar cuatro horas tomando declaración a una víctima y encontrar entre sus recuerdos toda la información de valor para una investigación.

A las dos de la tarde, Mari Luz y Mar, una inspectora del Grupo 3, entraron en la habitación de La Paz que ocupaba Paula. Junto a ella estaban su padre y su madre. Mari Luz percibió pronto que no estaba ante una víctima más. Aquella niña de nueve años y menos de treinta kilos de peso la escuchaba con atención y tenía una mirada viva, llena de inteligencia. La policía, madre de una hija que en aquel momento acababa de cumplir dieciocho años, comenzó una ceremonia de empatía con Paula.

—A ver, mi niña, ¿qué hizo el tonto ese? Cuéntamelo, que yo lo voy a ir apuntando aquí —le dijo, señalando unos folios con el membrete del SAM.

—Ayer, cuando estaba con mamá, me fui con mis amigas Loreto y Belén a comprar chuches al chino de abajo. Cuando salimos, se acercó un señor al que no había visto antes…

Mari Luz y Mar tenían un ojo puesto en la pequeña y otro en su padre. Un tipo de constitución enorme, que a medida que su hija avanzaba en el relato, iba apretando con más fuerza los puños y la mandíbula. A los pocos minutos de que Paula comenzase a hablar, su esposa y las policías lo convencieron de que sería mejor que saliera de la habitación para que su hija no se diese cuenta de su estado. La niña prosiguió su relato, atenta, concentrada.

—Ese señor dijo a mis amigas que se fueran, que se quedaba conmigo. Que me iba a enseñar ropa y que mi mamá estaba esperando en el coche. Nos metimos en el coche, un Toyota gris; a mí me dijo que me pusiera en la parte de atrás. Tuvo que mover los asientos para que yo me pusiera en la parte de atrás, detrás de él. El señor me dijo que en el coche estaba mi mamá, pero el señor me engañó, mi mamá no estaba.

Los ojos vivarachos de Paula se anegaron en ese instante y las lágrimas resbalaron por su rostro. Cuatro años después, Mari Luz sigue con ese momento grabado en su memoria de más de tres décadas de policía, treinta años en los que ha visto los mayores horrores. El instante en el que Paula contó cómo se metió en el coche de su agresor y se dio cuenta de que su mamá no estaba. El instante en el que supo que algo malo le iba a pasar. La veterana oficial dejó respirar a Paula, la necesitaba viva, con los recuerdos ordenados. Le dio tiempo para recuperarse, para recibir los mimos de su madre. En pocos minutos, la niña había dado datos tan valiosos como la marca del coche y su número de puertas. Paula era una mina de información y había que continuar explotando ese filón.

—El señor me dijo que íbamos cerca, pero era lejos. Pasamos por la casa de Jorge y de Manuela, mis amigos del cole.

—Muy bien, mi niña. ¿Te acuerdas de cómo era el sitio en el que paró el coche?

—Llegamos a una casa. Tenía la fachada de ladrillos. Nos metimos en un ascensor. Creo que era un cuarto o quinto piso. Entramos en una casa que parecía que la estaban arreglando. A la izquierda había una cocina y luego vi sofás y una mesa rota.

Paula estaba concentrada en su relato. Los recuerdos de la noche anterior salían con naturalidad, sin que Mari Luz tuviese que hacer preguntas. La oficial escribía intentando que la pequeña no percibiese la trascendencia de lo que estaba contando.

—¿Qué más viste en la casa? ¿Te acuerdas?

—Vi dos camas sin colchón, con cajas encima. El señor se metió en un baño y me dijo que me quitara toda la ropa y las bragas y que me tumbara…

—¿Qué pasó, Paula? ¿Qué hizo ese tonto? —Mari Luz necesitaba conocer la forma de actuar del pederasta.

—Me quedé dormida. Estaba cansada, porque el señor me había dado unas pastillas blancas redondas. Luego me desperté y el señor se echó a un lado… —La pequeña detalló, entre lágrimas, los abusos de los que fue víctima y cómo su agresor la duchó.

Paula seguía con su relato en presencia de su madre y de las dos policías, que contenían la respiración para que los recuerdos de la niña siguiesen fluyendo como hasta ese instante.

—Vaya marrano, el tío… ¿Qué pasó después, mi niña?

—Fuimos a la calle y me metí en el coche, detrás del señor, y pasado un poco se paró y me enseñó un metro. Me dijo que me bajara, pero él no se bajó, solo movió el asiento de al lado del conductor para que me bajara. Me bajé del coche y fui hacia donde había unos señores y miré para atrás y no estaba el señor. Me ayudaron a ir al metro, llegó la Policía y me llevaron con mamá.

—Paula, ahora cuéntame todo lo que recuerdes de ese tonto, de ese señor. Cómo tenía el pelo, la cara…

—Tenía el pelo marrón amarillo, corto y con flequillo para un lado, los ojos marrones con muy poquita barba, y tenía unos veintisiete años, como mi profesor, Rafa. Iba vestido con una camiseta gris de manga corta, pantalón vaquero oscuro largo y creo que unas playeras negras con cordones.

—¿Hablaba español? ¿Tenía algún acento?

—Hablaba español bien, sin ningún acento raro.

Mari Luz había extraído todos los recuerdos posibles de Paula. La cría firmó con su caligrafía de una niña de nueve años el documento escrito por la oficial.

Los agentes del Grupo 3 del SAM leyeron con tanta avidez como sorpresa la declaración de la pequeña y la compararon con lo dicho por su madre once horas antes. El testimonio de Lola contenía algún detalle más. Su hija le dijo que el coche al que la subió era de color gris claro y en su matrícula estaban los números 0049, aunque no estaba muy segura de esos números. A su madre, Paula le contó que su raptor había parado el coche dos veces, que se había bajado a fumar y que el edificio al que la llevó tenía ocho plantas. El relato de la agresión sexual era similar al que la propia niña había hecho ante las policías, aunque con su madre fue más rica en detalles. Le contó que el hombre, tras pedirle que se desnudase, le dijo: «Te voy a dar clases de follar», y que le hizo «mucho daño».

La jefa del Grupo 3 y el jefe del SAM se dieron cuenta de que Paula era una testigo magnífica. Había aportado muchos más datos en su testimonio que la mayoría de las víctimas adultas que pasaban por esos despachos. En aquel momento, la propia Paula era el arma más poderosa para encontrar a quien ya tenían la seguridad de que era un agresor sexual en serie. Había que echar un órdago y convencer a Lola, la madre de la pequeña, de que tenían que seguir rebuscando en sus recuerdos.

A las ocho de la tarde del 11 de abril, veinticuatro horas después de que Paula fuese secuestrada, la cría se subió a un vehículo policial acompañada de dos agentes y de su madre. El coche paró en la calle Albelda, donde la niña relató que estaba aparcado el vehículo del pederasta cuando se subió a él. El recorrido del coche siguió por la calle Torrelaguna hasta Arturo Soria. Allí había aparcado un Toyota Yaris de cinco puertas y color gris.

—Paula, vamos a bajarnos a ver ese coche. Dinos si se parece al del señor.

Paula rodeó el coche, asomó su cabeza para ver el interior, se fijó en todos los detalles y reflexionó antes de contestar.

—Se parece mucho al del señor. Pero el otro tenía solo dos puertas, no tenía puertas detrás. Para entrar detrás había que mover los asientos de delante. Además, no era este gris, era un gris intermedio, ni muy claro ni muy oscuro.

La peculiar comitiva siguió su marcha por las calles Asura, Carril del Conde, Alba, Puerto de Santa María, hasta la carretera de Canillas. Paula, al llegar a un cruce, ya no pudo aportar más datos del recorrido, pero sí recordó algo:

—Mientras estuve en el coche, antes de llevarme a la casa, el señor paró dos veces. La primera cogió una mochila del asiento de delante y se la llevó. Se bajó del coche y yo me intenté escapar, porque me dijo que dejaba las puertas abiertas, pero estaban cerradas. Me volvió a engañar. Luego volvió y paró otra vez antes de parar en la casa.

En apenas un día, Paula había dado un valioso material de trabajo a los investigadores. En las semanas siguientes, la niña, convertida en la TP3 (testigo protegida 3), revivió decenas de veces sus cinco horas de horror, las mismas que sus padres, aún hoy, luchan para que olvide. David, subinspector del SAM, uno de los encargados de la Operación Candy, el designado para tratar durante toda la investigación con Paula y su familia, lo resume así: «El error más grave del pederasta de Ciudad Lineal fue elegir a Paula. Jamás imaginó que esa niña nos iba a dar tanta información sobre él».

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EL PUZLE

El arranque de una investigación policial se asemeja mucho a ese momento en el que uno se enfrenta a un puzle de miles de piezas y las vuelca en una mesa. Coloca primero los bordes y luego trata de agrupar las piezas por colores o por texturas. En una investigación policial hay que ordenar toda la información obtenida, compararla e ir a buscar las piezas que faltan. Esa es la gran diferencia. En una investigación suelen faltar muchas piezas para completar el puzle. Casi nunca están todas en la mesa.

La pequeña Paula había puesto sobre la mesa del SAM las primeras piezas. Su descripción del pederasta, el modelo de su coche, la casa a la que la llevó. En las primeras horas de la investigación, los policías intentaron acumular más piezas buscando testimonios e hilos de los que tirar. Belén y Loreto, las amigas de Paula, también describieron al tipo que se había llevado a la niña y relataron el momento del rapto con la ayuda de los agentes del SAM, que acudieron a sus casas y hablaron con ellas en presencia de sus padres.

Loreto dijo que «era un señor simpático, de unos treinta o treinta y cinco años, que llevaba una camiseta gris remangada o de manga corta, pero llevaba los brazos al aire, pantalón pirata de color marrón, de pelo castaño oscuro con flequillo que le caía sobre la frente sin taparle las cejas y sin raya, con una barba de un par de días». Belén describió al secuestrador como un «hombre español, de 1,65 de estatura, de complexión normal, con barba de varios días, ojos rasgados, el pelo color marrón, ni muy corto ni muy largo, y liso». Las dos niñas contaron que el pederasta se dirigió a ellas preguntándoles quién era Belén y al levantar la mano esta, les dijo: «Tú no, no te busco a ti, sino a una chica con una camiseta naranja fosforito y unos pantalones negros muy cortitos», la ropa que llevaba Paula.

Estas descripciones, junto a la de Paula, eran el punto de partida de la caza del pederasta: buscaban a un hombre de entre veinticinco y treinta y cinco años, con el pelo corto, castaño o rubio, con flequillo, de entre 165 y 175 centímetros de estatura, español y con una extrema facilidad para interactuar con niñas pequeñas. Los agentes del SAM sabían que el agresor había vigilado a las chicas, que conocía el nombre de una de ellas y que había elegido su objetivo. No podía ser una casualidad.

La Policía comenzó a buscar más piezas gracias al recorrido que Paula describió y el lugar en el que su secuestrador la liberó. Con esos datos, se trazó el primer mapa de los muchos que se acumularían en la Operación Candy, y tras analizarlo, se solicitó a las cinco operadoras telefónicas existentes en ese momento que enviasen la relación de cualquier comunicación, SMS, mensajes instantáneos o conexiones a Internet entre las 19:30 y las 21:00 de cuatro antenas que delimitaban una zona —la del rapto— y entre las 0:30 y la 1:20 de otras cuatro antenas diferentes —las cercanas al lugar en el que el agresor de Paula la liberó—. Tuvieron que pasar muchos meses y mucho dolor para que ese requerimiento fuese atendido.

Las cámaras de seguridad y la telefonía móvil se han convertido en los grandes aliados de los investigadores del siglo XXI. Hay fotogramas que han apuntalado condenas —como en los casos de José Bretón¹ o de Asunta Basterra²— y ya es muy difícil ver un atestado policial sin imágenes obtenidas por esas cámaras. El SAM también pidió en esas primeras horas de pesquisas las grabaciones de varias cámaras: las de un hotel y una hamburguesería cercanos al lugar en el que el pederasta dejó a Paula; las de la estación de metro de Canillejas, en las que se aprecia la llegada y la salida de la niña; las de una gasolinera cercana al lugar del rapto y hasta las que llevan incorporadas los autobuses de la línea 53, cuyo recorrido pasa por las inmediaciones del sitio en el que Paula fue secuestrada.

La tecnología es una herramienta imprescindible, pero jamás va a sustituir al trabajo de calle, así que los agentes regresaron al escenario del crimen. Buscaron testimonios que se sumasen a los de las niñas para acabar de completar el esbozo del tipo que buscaban. El pederasta había actuado a plena luz y en una zona concurrida. Hua Lin, la encargada de La Abuela Manuela, el chino en el que Paula y sus amigas habían comprado chucherías, despachó a los investigadores diciéndoles que allí entraban a diario muchos niños y que no podía aportar ningún dato. Los dependientes de una farmacia cercana y del bar La Teja, donde estaban las madres de las niñas, dijeron que aquella tarde no vieron a nadie extraño ni sospechoso, lo que confirmaba la idea de que el secuestrador de Paula tenía habilidad para hacerse invisible, para ocultar con una piel de cordero al depredador que llevaba dentro.

A medida que iban llegando piezas nuevas al chalé del SAM, los jefes iban aumentando su preocupación e iban confirmando que el secuestrador de Paula era el mismo que meses antes se había llevado a Lúa en la calle Rioconejos. Silvia, una subinspectora del Grupo 22 con diez años de experiencia en el SAM, había hablado con aquella niña negra de trenzas y cuando sus compañeros del Grupo 3 le contaron lo ocurrido con Paula, no tuvo ninguna duda de que se enfrentaban a un agresor serial. Silvia se ha ganado a pulso su apodo: WikiSAM. Tiene una memoria prodigiosa y recuerda cada hecho, cada atestado, cada diligencia, cada violador detenido por el SAM, su alias y su forma de actuar. «Lo tuve claro desde el principio —recuerda Silvia, destinada ahora en otro grupo de la brigada—: ¿cuántas personas secuestran niñas en Madrid? No es habitual que alguien se lleve a una cría durante dos o tres horas y la devuelva. Cuando me leí las primeras diligencias sobre Paula, mi cabeza hizo clic y relacioné el caso con el de Lúa. Era la misma firma, la misma forma de actuar, y si algo se aprende aquí es a identificar las firmas de los agresores sexuales.»

Manuel Alcaide, el jefe del SAM, y Mónica, la jefa del Grupo 3, coincidieron con el diagnóstico de Silvia: Lúa y Paula habían sido víctimas del mismo individuo. Pese a ello, y empujados por una mezcla de prudencia y deseo de no enfrentarse a un agresor en serie, trataron de establecer diferencias entre los dos casos. Lúa era de raza negra y tenía solo cinco años, mientras que Paula era de raza caucásica y tenía nueve años, aunque era muy menuda y aparentaba mucha menos edad. A Lúa, el pederasta la agredió en el coche, mientras que a Paula se la llevó a una casa, le dio somníferos y la duchó antes de liberarla. No eran suficientes diferencias. Pesaba mucho más eso de lo que hablaba Silvia y que es tan característico en los asesinos y en los agresores sexuales en serie: la firma. A Lúa, su raptor la engañó diciéndole que conocía a su madre y que le iba a dar unas bolsas. A Paula, le contó que le iba a probar ropa y que su madre lo sabía. Los escenarios de los dos raptos no estaban muy alejados y eran similares: zonas en las que habitualmente juegan los niños solos, en las que sus padres relajan la vigilancia. Las horas de los ataques también eran parecidas —las 20:00 y las 20:45 horas— y las descripciones hechas por las dos niñas eran perfectamente compatibles: «pelo color carne o rubio», dijo Lúa; «pelo marrón amarillo, corto», dijo Paula. Las dos describieron un coche gris pequeño. Demasiadas semejanzas.

Los violadores y los asesinos en serie pasan períodos en los que no actúan, fases de inacción llamadas de enfriamiento. A no ser que se trate de tipos con una pulsión irrefrenable, esos períodos de descanso suelen tener como única razón el pragmatismo de los delincuentes. Alfredo Galán, el Asesino de la Baraja —autor de seis asesinatos en los primeros meses del 2003—, reconoció a la Policía que había dejado de matar porque en los meses más cálidos su atuendo —capucha y guantes— llamaría demasiado la atención. El pederasta se había llevado a Lúa en septiembre y había vuelto a actuar en abril. Manuel Alcaide pensó que esos nueve meses de enfriamiento tenían una explicación sencilla: durante el invierno hay pocos niños por la calle. El depredador deja de tener presas a su alcance.

El testimonio de Paula había arrojado otro dato de sumo interés que podía acelerar la investigación. La niña le dijo a su madre que había visto en el coche de su captor cuatro números, que se convirtieron en una obsesión durante buena parte de la Operación Candy: 0049. Desde el SAM se solicitó a la Policía Municipal y a la Dirección General de Tráfico el listado de todos los coches matriculados en Madrid que tuviesen esos cuatro dígitos en su matrícula. Si alguno de esos vehículos era el Toyota de tres puertas descrito por Paula, la caza iba a terminar pronto. Pero ninguno de los ciento cincuenta coches con esos números era un Toyota. Paula se había equivocado en algo. Mari Luz, la oficial que había recogido su testimonio en el hospital, aconsejó a sus jefes que volviesen a hablar con ella, que era una testigo más que fiable.

Tres policías, la madre de Paula y la niña volvieron a subirse en un coche camuflado la tarde del 13 de abril. Fueron hasta la parada del metro de Canillejas, el lugar donde la liberó su captor. La memoria de la pequeña fue goteando nuevos datos durante el recorrido: dijo que el conductor dejó bien aparcado su coche, que la hizo salir por la puerta del copiloto y que llevaba una mochila de color negro. Poco más pudo decir del lugar, pero por alguna razón, aquella tarde Paula evocó de manera casi fotográfica la guarida del pederasta, el lugar al que la llevó y donde la agredió.

—Había un aparcamiento que estaba descubierto. Había coches en el lado izquierdo y enfrente un edificio de ocho plantas. La fachada era de ladrillos viejos, que sobresalían. El portal tenía unos barrotes de color negro que llegaban hasta el suelo. Dentro había dos ascensores, tenían botones con puntitos en relieve —para invidentes—. El ascensor solo tenía una puerta y el piso era un cuarto o un quinto y la puerta de la casa era de color blanco.

Los agentes del SAM que acompañaban a Paula se sorprendieron de la facilidad con que la pequeña recordaba el lugar e intentaron aprovechar aquella lucidez.

—¿Qué más recuerdas del sitio? ¿Qué había cerca?

—Al lado del portal había un bar o un restaurante. Y una tienda de ropa.

—Y ahora piensa en el coche al que te subió, piensa en los números de la matrícula.

—No me acuerdo de ninguno.

Aquel 0049 del que había hablado Lola había salido de alguna parte. La madre de la niña volvió a decir a los policías que su hija le había citado esos números la madrugada en la que la liberaron. Aquellas cifras existían, pero los recuerdos de la niña estaban alterados por las drogas que le dio el pederasta. Pese a ello, Paula seguía siendo una testigo excepcional.

Los agentes del SAM repasaron todo lo sucedido en las inmediaciones del lugar del secuestro de Paula durante las horas próximas al rapto. Desde la sala del 091 llegó un nuevo rastro sobre el agresor. En torno a las ocho de la tarde del 10 de abril, es decir, unos minutos antes de que el pederasta se llevase a Paula, un hombre llamó al 091 contando que su hija, una cría de diez años con rasgos orientales, llamada Kokoro, había sido abordada en el portal de su vivienda por un hombre, que le dijo que su madre le había encargado unos vestidos y que se los tenía que pagar. Le pidió a la niña que llamase al telefonillo para comprobar si estaban sus padres, pero ella decidió subir a casa y contarle lo ocurrido a su padre. El hombre bajó rápidamente al portal, pero ya no había nadie. Todo había ocurrido muy cerca del lugar del secuestro de Paula, en la calle Torrelaguna. Al depredador se le había escapado la primera presa que había elegido ese día y con la que había empleado el mismo cebo, la misma firma.

Dos agentes del SAM se desplazaron hasta la vivienda de la niña y allí le tomaron declaración. La firma era la misma —ropa, vestidos—, pero necesitaban conocer la descripción y ver si era coincidente con la que habían hecho Paula y sus amigas. Kokoro dijo que el hombre era «de unos treinta o treinta y cinco años, de 1,75 de estatura, más bien delgado, con cara redonda y con una verruga en la mejilla, cerca de la boca, con barba de unos días, pelo castaño claro, corto, sin rizos. Llevaba un pantalón marrón o gris de tela, no vaqueros, camiseta de manga corta marrón o gris».

La estatura, la edad, el pelo y la vestimenta coincidían. No había dudas. Kokoro se convirtió en la TA (testigo A) y su testimonio pasó a engrosar una carpeta en la que se iba acumulando toda la información del que ya era el pederasta de Ciudad Lineal. En un despacho del chalé que alberga el SAM a alguien se le ocurrió que un buen nombre para la operación abierta para dar caza a este depredador de niñas sería Operación Candy. Candy es «golosina» en inglés y Paula estaba comprando chucherías cuando el pederasta se la llevó.

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EL SEÑOR MARQUÉS

«Me voy donde usted y Dios dispongan y, eso sí, donde haya aparcamiento, porque yo no me subo al transporte público.» Esa fue la única petición que el entonces inspector José Luis Conde le hizo al superior que le anunció que su etapa en la lucha antiterrorista se había acabado. Conde llevaba trece años destinado en la Brigada de Información de San Sebastián. Años duros, años de plomo —a caballo entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado— en los que cualquier policía o guardia civil debía mirar cada mañana debajo de su coche y en los que vivir amenazado era tan natural para ellos como la inyección de insulina lo es para un diabético. «Los tiempos habían cambiado —recuerda Conde— y me dijeron que los que trabajábamos en Información éramos gente demasiado cerrada y distante. Intenté dar la cara por mis policías y me la partieron, me mandaron a tomar por culo.»

Dar la cara por los suyos ha sido una constante en la vida de José Luis Conde, padre de dos hijos y esposo de una viajera incansable, que le ha hecho recorrer medio mundo. Su último gran servicio antes de jubilarse fue la Operación Candy, durante la que estuvieron a punto de partirle la cara media docena de veces. En aquel momento, Conde era el comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, su máximo responsable operativo. Todos los agentes que estuvieron implicados en la Operación Candy se refieren a él con frases parecidas: «dio la cara por nosotros», «aguantó una presión insoportable», «creyó en todo momento en lo que estábamos haciendo», «tenía fe en nosotros»… Al fin y al cabo, en su última gran operación, Conde hizo lo que había estado haciendo durante toda su carrera como policía: defender a los suyos.

Tras su abrupta salida de Información, José Luis Conde llegó a la comisaría del distrito madrileño de Entrevías —la hoy Villa de Vallecas—, «la comisaría que nadie quería», según su propia denominación. Eran años —finales de los noventa— en los que la zona —sureste de la capital— albergaba los dos mayores supermercados de la droga de Madrid: La Celsa y La Rosilla. El desmantelamiento de estos dos poblados provocó el nacimiento de un enorme inframundo llamado Las Barranquillas. Allí se acumulaban cientos de chabolas convertidas en dispensarios de droga abiertos las veinticuatro horas del día, atendidos por traficantes sin escrúpulos que, en la mayoría de los casos, eran titulares de viviendas de realojo o hasta de casas en la playa compradas con el dinero que ganaban traficando. Junto a ellos, por las venas de barro y polvo alrededor de las que se agolpaban las chabolas, vagaban centenares de toxicómanos, los machacas, la casta más baja del lugar, los parias de Las Barranquillas. Los machacas servían de reclamo de una u otra chabola para los compradores que llegaban despistados a la zona, para dar el agua cuando aparecía la Policía o para colocarse en el tejado del techo de una infravivienda cuando llovía y evitar que las goteras estropeasen la mercancía de los traficantes. Y todo a cambio de un par de dosis de droga diarias, con las que los narcos pagaban a sus esclavos.

Conde recuerda con cariño los años de Entrevías. En su despacho de la brigada guardaba decenas de recuerdos de esa época: enormes navajas y bastones espada intervenidos a los jefes de los clanes gitanos, un trozo de ladrillo procedente del derribo de La Celsa, premios que le concedieron oenegés dedicadas a la atención a toxicómanos… «Aprendí mucha humanidad, aprendí que hay gente que pasa hambre y valoré comer a diario y tener agua caliente.» Conde pasó de la élite policial, la que intentaba cercar a la banda terrorista ETA, «a una policía abandonada, muy de barrio, en la que nadie te decía si lo estabas haciendo bien o mal, las normas y los niveles de exigencia me los ponía yo».

Al frente de los grupos de la Policía Judicial del distrito, Conde lideró decenas de operaciones contra los clanes del narcotráfico. «Había que ser extremadamente limpio, higiénico con cada actuación; en cada registro había mucho dinero y mucha droga.» Conocía los nombres, apellidos y motes de todos los traficantes y de sus familias. Paseaba por ese particular territorio comanche con tranquilidad y hasta con suficiencia, y para los gitanos de la zona era «el señor Marqués». Se ganó fama de impío con los que vendían droga y de piadoso con los adictos. Unas cuantas lápidas de los caídos por la droga del barrio están adornadas con la fotografía de reseña policial —la que se hace a los detenidos— que Conde regalaba a las familias cuando se enteraba de la muerte de algún chaval que había pasado por su comisaría. Conde dejó un grato recuerdo entre los que trabajaron con él en ese duro distrito: «Eran muy buenos policías, pero con malos modos, porque allí era difícil ser de otra manera».

Su experiencia en los mayores supermercados de la droga de Madrid lo llevó, al ascender a inspector jefe en el año 2000, a la jefatura de la Sección de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial, a La Pringue. Allí dirigió los grupos de heroína, cocaína, cannábicos y drogas de síntesis. La Pringue vivió años de gloria en la lucha contra la droga, y en el recuerdo queda el día en el que, en una rueda de prensa, delante de las cámaras de televisión, cogió un paquete de coca prensada, pero sin envolver, lo sacudió y llenó de polvo a los presentes. Al ascender a comisario, Conde se quedó en la brigada como responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), y desde allí siguió golpeando a las organizaciones de traficantes y a otra clase de delincuentes. En aquellos años, dirigió la Operación Bloque, que desmanteló una trama de corrupción policial dirigida por el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, y en la que Conde demostró una vez más que a los suyos nadie los tocaba. Ginés, el sheriff de Coslada, intentó desacreditar en los medios de comunicación y en los tribunales a los policías encargados de la Operación Bloque y Conde enseñó los colmillos ante cada intento de Ginés de desprestigiar a los policías que lo habían investigado.

En noviembre del 2013, la jubilación del comisario Emilio Alcázar —el artífice de la detención de Jaime Giménez Arbe, el atracador conocido como El Solitario, y de los ladrones de la colección de arte de Esther Koplowitz— llevó a José Luis Conde al frente de la Brigada de Policía Judicial. Era difícil verlo metido en su despacho. Recorría sin parar los pasillos del edificio de la jefatura, con su andar característico —las manos en los bolsillos, mirando al suelo—, y asomaba la cabeza por los grupos, interesándose por cada operación que estuviese en marcha, mirando por encima de sus gafas. Socarrón, castizo y hablador hasta la desesperación de alguno de sus subordinados, no podía evitar estar al tanto de todos los detalles de lo que se cocía en La Pringue. Despachaba a diario con el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, un comisario serio y exigente, de maneras casi marciales, y hacía de parapeto entre él y los trescientos hombres y mujeres que trabajaban en la brigada.

Los agentes destinados en el chalé del SAM estaban casi siempre a salvo de los paseos y las inacabables charlas de Conde, pero tras la agresión sexual a Paula y el convencimiento de que era el mismo agresor que el que había atacado a Lúa siete meses antes, Manuel Alcaide cruzó el patio que separa el chalé del edificio principal y trasladó sus sospechas al comisario: estaban ante un pederasta en serie. «Al escuchar a Manu, me temblaron las canillas —recuerda Conde—, porque desde el principio supe que había que cogerlo, que era un tipo muy peligroso, que las víctimas eran niñas y eso iba a poner muy nerviosos a los jefes y a la ciudadanía.»

Conde compartió todos los puntos de vista de Alcaide y el resto de los componentes del SAM: el pederasta iba a volver a actuar y la brigada debía reaccionar rápido para encontrar testigos y pruebas sin contaminar cuando se produjese un nuevo secuestro. «Medí mucho lo que le conté al jefe superior, le di la información justa, pero necesitaba su respaldo para las primeras medidas que pusimos en marcha.» Esas primeras medidas operativas de la Operación Candy se basaron en el análisis de los recorridos descritos por Paula: «Pusimos a parejas de policías haciendo esos recorridos en las dos direcciones, buscamos cámaras que vulnerasen la Ley de Protección de Datos, es decir, que recogiesen imágenes más allá de los metros que establece la ley, y sacamos las primeras conclusiones, la base sobre la que centramos nuestros primeros pasos».

Aquellos primeros análisis determinaron que el pederasta era alguien que conocía bien el barrio, que dejaba a las niñas en lugares con salidas fáciles y rápidas. Conde y Alcaide decidieron aumentar la presencia de policías en la calle en las horas críticas, las cercanas al anochecer, en las zonas frecuentadas por niños. Para no perseguir una sombra, en aquellas primeras semanas, la Policía Científica elaboró un par de retratos robot con las descripciones hechas por Lúa, Paula y las amigas de esta (ver aquí). Los investigadores contaron con un aliado inesperado: el padre de Paula hizo un retrato del agresor de su hija. «Era el mejor —señala Conde—, era un muy buen retrato, pero, además, era el único que tenía alma.» Los agentes movilizados en esas primeras semanas de la Operación Candy no llevaban encima esos retratos. Se los enseñaban antes de comenzar sus turnos, pero se guardaban celosamente para evitar que el esbozo del rostro del pederasta empezase a circular por redes sociales o grupos de wasap, una obsesión que permaneció hasta el último día de la operación.

A los despachos del SAM comenzaron a llegar cientos de imágenes de cámaras de seguridad y largos listados de delincuentes con antecedentes por delitos sexuales o presos que estuviesen cumpliendo condena por esos mismos delitos y disfrutasen de permisos en las fechas de los ataques. Fue una de las primeras líneas de investigación que se siguió. Había que comprobar uno por uno a esos tipos y no descartarlos hasta tener la certeza de que era imposible que alguno de ellos fuese el pederasta de Ciudad Lineal. Se eliminaban de inicio los individuos con aspecto desagradable, muy gordos o con señales físicas que provocasen rechazo. La teoría de los investigadores era que la presa a la que buscaban tenía un físico agradable, que no generaba rechazo, alguien capaz de atraer a niñas muy pequeñas con suma facilidad.

Los encargados de la Operación Candy también repasaron todos los asuntos llegados al SAM en los últimos años, buscando coincidencias o parecidos con los casos ya atribuidos al mismo depredador. Y la búsqueda dio resultados. El breve atestado 11591/13 —apenas nueve folios— de la comisaría de Coslada escondía entre sus líneas otro ataque del pederasta de Ciudad Lineal.

A las 13:30 del 11 de julio del 2013, Yan, una niña china de siete años, salió de la tienda que regentaban sus padres en San Fernando de Henares, una ciudad situada al este de Madrid, en el margen de la carretera nacional que une Madrid con Barcelona. Su madre le pidió que fuese a un establecimiento cercano a comprar patatas. Al detenerse en un semáforo, un hombre se puso junto a ella y mientras parecía hablar por su teléfono dijo: «Ya está conmigo, ya la he encontrado, ya la acompaño yo a casa», mientras le tendía la mano. «He hablado con tu padre —le dijo—, te llevo a casa.» Los dos, pese a las reticencias de Yan, llegaron hasta el portal donde residía la cría, que llevaba encima, como siempre, un juego de llaves. Subieron hasta el piso, en el que no había nadie. Una vez allí, según contó la madre de Yan en comisaría, el hombre obligó a la niña a ducharse. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, el desconocido le dijo que la ayudaría a secarse:

—Ella le dijo que se secaba y se vestía sola, pero el hombre la agarró por la parte de atrás del cuello y mi hija empezó a gritar «socorro, socorro». Él le decía que se callase y no gritase. Yan logró deshacerse de él, se vistió y cuando salió de la habitación ya no estaba.

El relato de Yan y su madre que recogía el atestado estaba lleno de lagunas. Cuando los agentes del SAM lo leyeron pensaron que en esa casa había pasado algo más, pero el habitual hermetismo de la comunidad china y la vergüenza a la que sus ancestrales tradiciones condenan a las víctimas de delitos sexuales impidieron que la narración fuera más sincera. Pese a ello, la niña describió con bastante precisión al desconocido:

—Era igual de alto que mi papá (1,72), tenía treinta o cuarenta años, llevaba zapatillas de deporte de color oscuro, pantalones largos y una camiseta de manga corta. Tenía la piel morena, el pelo corto y oscuro, la cara redonda y los ojos marrones y una barba con puntitos. Tenía los brazos con pelos y muy fuertes.

Los agentes de la Operación Candy releyeron esos nueve folios varias veces y extrajeron los elementos comunes con las agresiones a Lúa y a Paula. El pederasta había vigilado a su víctima —igual que a Paula—, porque sabía que llevaba encima las llaves de su casa y tenía la certeza de que no había nadie en su domicilio. Yan era china y Kokoro, la cría a la que abordó minutos antes de secuestrar a Paula, era de origen japonés. Con Yan había utilizado un cebo y aunque no había hablado de vestidos o de ropa, sí había citado a su padre, tal y como había hecho con las madres de otras dos de sus víctimas. Pero la coincidencia más inquietante era la de la ducha. Paula contó cómo el pederasta la había duchado y Yan dijo que la obligó a ducharse. Eso también era parte de su firma.

Yan, convertida en TP1 (testigo protegida 1), no era una testigo muy fiable para la Operación Candy. Su extraño secuestro había ocurrido un año atrás. Lúa ya había dado todos los datos que podía dar. Así que los responsables de las pesquisas sabían que su mejor arma era Paula, esa niña capaz de rememorar instantes y detalles en cada encuentro con la Policía. El comisario Conde y el inspector jefe Alcaide decidieron que dos subinspectores, David —del Grupo 3— y Silvia —del Grupo 22—, serían los encargados de cuidar a la que hasta ese momento era la principal baza para dar caza al que ya se había convertido en el hombre más buscado de Madrid. Ellos serían los únicos que a partir de ese momento hablarían con Paula y con sus padres. Mónica, una de las policías más experimentadas del SAM, recomendó a Alcaide que la investigación requería algo distinto, que había que seleccionar a los mejores hombres y mujeres de cada grupo y dedicarlos en exclusiva a la búsqueda del depredador.

A grandes problemas, grandes y, sobre todo, imaginativas soluciones. El comisario Conde, el mismo que había metido policías en cajas de grandes electrodomésticos para reventar puntos de venta de droga en su época de jefe de la Policía Judicial de Entrevías, pensó que para dar con el pederasta de Ciudad Lineal había que hacer algo diferente: los métodos convencionales no iban a servir con un depredador excepcional. Así nació el Grupo Candy, un reducido grupo de agentes de la brigada que se dejaron parte de sus vidas en la mayor y más compleja caza del hombre hecha nunca en Madrid.

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LAZOS QUE UNEN

Bruce Springsteen habla en su canción «Ties That Bind» (Lazos que unen), del álbum The River, de esos episodios en la vida de las personas que dejan hilos invisibles y fuertes que permanecen en el tiempo y que nada ni nadie pueden romper. La caza del pederasta de Ciudad Lineal fue un poderoso lazo para los seis policías que formaron parte del primer Grupo Candy. Sus destinos quedaron unidos para siempre en esos meses del 2014, en los que compartieron interminables jornadas de trabajo llenas de dolor, frustración, cansancio, rabia, pero en las que también cabían las risas, las bromas y en las que se fraguó entre ellos una hermandad que dura hasta hoy, cinco años después.

Una habitación de la planta baja de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, sin cartel distintivo, equipada con ordenadores, fue el lugar de trabajo de los agentes que comenzaron la Operación Candy. Un cuarto de unos diez metros de largo, por tres de ancho, en el extremo izquierdo del edificio, junto al salón de actos, en una zona poco transitada. En las paredes del que fue el despacho del Grupo Candy —hoy convertido en la sede de un grupo que nada tiene que ver con el SAM— aún resuenan las palabras que Fraile, tras muchas horas trabajando y con las pupilas enrojecidas, desgastadas de ver cifras y letras en la pantalla de su ordenador, pronunciaba a voz en grito: «Joder, me gusta tanto este trabajo que lo haría gratis». Fraile, como todos los integrantes del Grupo Candy, procedía del SAM, y es el único que hoy ha abandonado la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Vive y trabaja en Valladolid, donde estaban en el 2014 su madre y sus dos hijas —«las mujeres de su vida, a las que tanto admira», según uno de sus compañeros—, a las que privó de muchas horas mientras duró la Operación Candy. En Madrid vivía junto a dos compañeros en un piso alquilado del barrio de Moratalaz. Su paso por el Ejército de Tierra —donde estuvo antes de hacerse policía— lo convirtió en un tipo ordenado y disciplinado. Exigente con su trabajo y dotado de una enorme capacidad de sacrificio y de entrega a los demás, «es la definición perfecta de los valores policiales», tal y como recuerda otro de los integrantes del Grupo Candy. Durante la operación, comprobó domicilios, rellenó fichas de sospechosos y salió en auxilio de todo el que lo necesitase.

La hamburguesa de pollo convertida en foto de perfil del grupo de wasap de los componentes del Grupo Candy y en principal componente de su dieta en esos meses del 2014 (ver aquí), era sustituida ocasionalmente por las croquetas que cocinaba Víctor o por otras delicias de la gastronomía asturiana, su lugar de origen. Tímido, poco hablador, pero amable en el trato, de él dicen sus compañeros que es un asturiano de manual: noble, cabezón y, sobre todo, buen tipo. Sigue siendo, tal y como dicen las mujeres que trabajan con él, el soltero de oro de la brigada. Sin perder el acento de Pola de Lena, de buen porte —que suele lucir encima de una moto de gran cilindrada—, sonrisa fácil y estupendo cocinero, asumió sin una mala cara ni un mal gesto las tareas más mecánicas y engorrosas que se le asignaron, como el análisis de las interminables listas de teléfonos que llegaban desde las operadoras.

El hornazo de Salamanca era otra de las delicias que de vez en cuando caían por el Grupo Candy. David, para todos El Irlandés, la traía desde su tierra, Salamanca. Tapeador, juerguista, amante de la cerveza y de humor fino, era el policía mejor relacionado del grupo, el de mayor don de gentes. Siempre había un amigo de El Irlandés que podía facilitar una gestión o un contacto. Conversador y polemista incansable, sus discusiones acababan habitualmente en un pub, regadas con cerveza, donde su pelo rojo y su vestimenta hípster podían hacerle pasar perfectamente por un irlandés de visita por Madrid. En los meses de la Operación Candy era, junto a Víctor, el único soltero y sin pareja, aunque hoy es padre de un niño. Persistente e intuitivo en su trabajo, era capaz de leer entre líneas y ver lo que ninguno de sus compañeros podía ver. Fue el encargado de procesar toda la información que llegaba sobre los coches que podría conducir el pederasta de Ciudad Lineal. Gestionó las visitas de Paula al concesionario de Toyota y las peticiones a la Dirección General de Tráfico. Manejó información de cientos de miles de vehículos, de ventanillas, de faros… Y aún le quedaba energía para discutir —eso sí, frente a una buena cerveza— con su rival dialéctica favorita, Marisa.

Marisa, oficial, criada en Alcorcón —«es de barrio y ejerce como tal»—, fue uno de los cimientos más firmes de la Operación Candy. Una mujer fuerte, incansable, madre de dos hijos, a la que no han doblegado ninguno de los reveses que ha tenido en su vida y en su carrera. Imaginativa, siempre animada, pionera en el uso de las redes sociales dentro de la Policía, tiraba del carro del grupo cuando las fuerzas flaqueaban o la investigación llegaba a puntos sin retorno. Meticulosa como pocos policías, fue la integrante del grupo que más horas de grabaciones de cámaras de seguridad vio durante la operación, pese a que nunca llegaron aquellos monitores enormes que le prometieron los jefes. Veterana del SAM, llegó allí procedente de la comisaría de Tetuán, donde la recuerdan como «un terremoto».

Silvia, WikiSAM, subinspectora, pareja de un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), policía desde el año 2000, pasó por Ibiza y llegó al SAM en el año 2004. En los rincones de su cerebro almacena todos los violadores que ha detenido, sus zonas de actuación, sus modus operandi, sus apodos y es capaz de extraer el expediente correcto entre una montaña de legajos. Hija de un policía, tímida, de maneras dulces, aunque exigente consigo misma y con los suyos, sus compañeros dicen que trabaja como una hormiga: discretamente, sin alharacas y con una enorme eficacia. Tras la Operación Candy, fue madre de una niña y hoy sigue trabajando en aquel despacho que fue el centro neurálgico de la caza del pederasta.

John Kimble es el personaje de la película Poli de guardería que interpretó en 1990 Arnold Schwarzenegger y, seguramente, es el personaje de ficción al que más se parece David, el otro subinspector del Grupo Candy. El exculturista da vida en la película a un duro detective de narcóticos que se tiene que infiltrar en una escuela infantil para localizar a una testigo y allí se revela como un tipo tierno, al que los niños acaban adorando. De constitución grande, pero de carácter extremadamente amable, hay quien también ha comparado a David con el John Wayne de El hombre tranquilo, la película de John Ford. Educado y prudente, sufrió como pocos durante la Operación Candy por su implicación con las víctimas y sus familias. «Para él —recuerda uno de sus jefes— detener a este o a cualquier otro agresor sexual era un tema personal.» Durante aquellos meses del 2014, su vía de escape siempre fue su familia, con la que compartió las frustraciones y las alegrías. Su hija, de la misma edad que Paula, la víctima con la que más interactuó, era entonces y sigue siendo hoy el centro de su vida. David fue el principal defensor de la hamburguesa de pollo como elemento principal de la dieta del grupo, en detrimento de las opciones más saludables, «porque yo no como nada que no tenga padre y madre». Tras veintidós años de placa y uniforme azul —catorce de ellos en La Pringue—, es uno de los pocos subinspectores del cuerpo que luce dos cruces al mérito policial con distintivo rojo, una de las máximas distinciones que se conceden en la Policía.

El Grupo Candy se disolvió tras las últimas gestiones que se hicieron a instancias de la jueza instructora y que se prolongaron hasta el otoño del 2015. Pero el grupo de wasap continúa existiendo y para todos sus integrantes la canción «Prayer in C», de Lilly Wood and The Prick, seguirá siendo siempre la canción Candy, esa que evoca aquellos meses del 2014 en los que estos policías convirtieron la caza del monstruo en el único objetivo de sus existencias y en los que se tejieron los lazos que aún hoy los mantienen unidos.

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LA AGUJA EN EL PAJAR

David y Silvia, los dos subinspectores del Grupo Candy, salieron al patio del edificio de la jefatura. Acababan de trasladarse a su nueva oficina, junto a sus cuatro compañeros. Hasta allí habían llegado en esas fechas —mediados de mayo del 2014— miles de páginas de información con listados de vehículos de la marca Toyota, de presos de permiso penitenciario, de individuos con antecedentes… Silvia salió para darse un respiro. David, que había echado un primer vistazo al enorme volumen de información que había que revisar, no tenía su día más optimista.

—Esto es como buscar una aguja en un pajar, Silvia.

La subinspectora, con una hoja de servicios de diez años cazando agresores sexuales, definió a la perfección el trabajo que ella y sus compañeros iban a realizar en los siguientes meses:

—Pues habrá que empezar a quitar paja.

Junto a los dos subinspectores, se unieron al Grupo Candy Víctor, Marisa, El Irlandés y Fraile. A todos ellos los unía un denominador común: nunca tenían prisa por volver a su casa. La selección de este núcleo duro de la Operación Candy corrió a cargo del comisario José Luis Conde, su segundo, Manuel Vidal, y el jefe del SAM, Manuel Alcaide. Conde quería que el Grupo Candy trabajase aislado, sin presiones, sin contaminaciones, centrado en el análisis de la voluminosa información que iba llegando tras el secuestro de Paula. Por eso los metió en un cuarto lejos del bullicio de la brigada, una habitación que se convirtió en el cuartel general de la Operación Candy, en el centro neurálgico de la caza del pederasta. Pronto, sus paredes comenzaron a llenarse de mapas, de fotografías de coches de la marca Toyota, de edificios, de botoneras y puertas de ascensores… El mapa más importante, al que todos los integrantes del Grupo Candy dedicaron cientos de horas de observación en busca de un patrón de comportamiento o de una guarida, mostraba los puntos donde el pederasta secuestraba —marcados con un pequeño papel adhesivo circular de color rojo— y donde liberaba a sus víctimas —con los mismos adhesivos, pero de color verde— (ver mapa).

Mónica, la jefa del Grupo 3, se hizo cargo del Grupo Candy en un primer momento, pero en aquella época su grupo estaba instruyendo el caso Valdeluz³ y la enorme carga de trabajo del SAM hizo imposible que siguiese al frente de la Operación Candy, aunque nunca se desvinculó de ella y siguió pendiente del trabajo de los suyos mientras duró. Alcaide, el responsable del SAM, asumió el mando, pero eran los dos subinspectores, David y Silvia, los que llevaban el peso del trabajo y, a la vez, los que gestionaban la mejor fuente de información del grupo: Paula.

El Grupo Candy nació el 10 de mayo del 2014, exactamente un mes después del ataque a Paula. Lola, su madre, llevaba treinta días intentando que su hija olvidase lo ocurrido aquella tarde de abril, pero David y Silvia convencieron a los padres de la pequeña de que necesitaban los recuerdos de Paula para cazar a su agresor. La complicidad que los policías consiguieron con la familia de la niña fue el primer gran paso de la Operación Candy. Paula nunca visitó una sede policial, sino que fue aportando toda la información en su propia casa, en paseos por la calle o en visitas a concesionarios de coches en las que los agentes simulaban juegos que Paula se tomaba muy en serio. David recuerda, aún sorprendido, sus encuentros con la niña: «Siempre se tomaba un tiempo para reflexionar antes de contestar cualquier pregunta y solo respondía las que sabía con seguridad. Si no recordaba, te lo decía claramente. Nos dimos cuenta de que era una testigo fabulosa. Lo que decía iba a misa. Se concentraba tanto, que a veces en la calle había un acróbata parado en un semáforo y ella no le hacía ni caso, solo estaba pendiente de lo que nosotros le preguntábamos, no se distraía con nada».

La solvencia de Paula llevó a la cría y a los agentes hasta el concesionario de automóviles Llorente, distribuidor de la marca Toyota. David y Silvia la llevaron de la mano, caminaron entre centenares de coches y la invitaron a subir a los asientos traseros de los vehículos para que identificase el modelo en el que la llevó el pederasta, del que solo sabían que era un Toyota de color gris con tres puertas. Paula no protestaba. Subía en uno tras otro, se sentaba, se tumbaba, observaba detenidamente lo que veía a su alrededor e iba descartando: «esta ventanilla está muy alta», «la radio estaba en otro lado», «los asientos eran de otra forma»… Ninguno de los coches convencía a Paula. Allí no estaba el modelo usado por su agresor. La fiabilidad de la niña era absoluta para los policías.

Cuatro números —0049— fueron durante mucho tiempo un enigma para los investigadores. Lola contó a la Policía que su hija había hablado de ellos en los primeros instantes, tras ser abandonada por su secuestrador. Más tarde, la cría dijo que no recordaba ningún guarismo de la matrícula. ¿De dónde habían salido esos números? Los integrantes del Grupo Candy hicieron todas las combinaciones posibles de las cifras, buscando matrículas de coches Toyota que tuviesen esos números, pero el puzle no acababa de completarse. Los más pesimistas empezaron a pensar que los fármacos que el pederasta había obligado a ingerir a la niña podían estar confundiendo sus recuerdos. ¿Y si la memoria de Paula estaba contaminada? ¿Y si ni siquiera era un Toyota el coche al que la subió? ¿Y si los datos de la casa, que eran los más importantes con los que contaban los investigadores, tampoco eran fiables?

El subinspector David casi nunca está en el bando de los pesimistas, así que siguió teniendo fe en Paula. Lola le había contado que su hija estaba familiarizada con los números, porque cuando iban de viaje jugaban a las matrículas, así que tenía la certeza de que Paula había visto esos guarismos en alguna parte durante el trayecto en el coche de su agresor. La obsesión por esas cuatro cifras llegó hasta la familia de David. El subi, un tipo grandote, con aspecto de bueno de película de Disney, le había hablado a su mujer y a su hija, Claudia, una niña de la misma edad de Paula, de ese 0049 que les intrigaba tanto a él y a sus compañeros de grupo. Por mucho que uno quiera meterse en la cabeza y en la piel de una niña, ese ejercicio siempre será más fácil para una cría que para un adulto. Claudia, la hija de David, se sentó un día en el asiento trasero del coche de su madre, un Toyota Yaris, y pronunció unas palabras que acabaron con el misterio del 0049:

—A lo mejor, lo que veía Paula eran estos números —dijo, señalando unas pequeñas cifras grabadas en una esquina inferior de la ventanilla trasera del coche.

David acudió al concesionario Toyota al que habían ido con la niña y preguntó por esos números, que certifican que el cristal instalado está homologado, es decir, que cumple todos los requisitos exigidos por la ley. 0049 era una secuencia que podía estar en la ventanilla de algunos modelos, aunque era prácticamente imposible saber en cuáles. Paula no había fallado. Pese a los efectos de los fármacos que le dio su raptor, en un estado de somnolencia, posiblemente tumbada en los asientos traseros, se fijó en todo lo que había a su alrededor. Seguía siendo una testigo fuera de lo normal.

Los agentes del Grupo Candy tenían punteado el mapa de la zona noreste de Madrid con las pegatinas verdes y rojas que Silvia compraba en un chino. Habían marcado el recorrido descrito por Paula y se detenían frente al plano con la esperanza de que una epifanía les señalase la guarida del pederasta entre el laberinto que forman las calles de esos barrios de la capital. La niña y su madre habían facilitado muchos datos sobre la casa, que servían para descartar muchas viviendas: ocho plantas, fachada de ladrillo viejo, la puerta del portal con barrotes de hierro negros hasta el suelo, aparcamiento descubierto… Paula también había hablado de que a la entrada y a la salida del aparcamiento había unas «porterías», unas barreras de color rojiblanco, de la altura de una persona. Esas «porterías» también tardaron en tener una explicación. Una vez más, los pesimistas pensaron que Paula confundía recuerdos y que estaba mezclando su llegada a la casa del pederasta con su llegada al hospital y que esa barrera la pudo ver en el acceso al centro hospitalario. Pero David y Silvia seguían teniendo fe en ella y por eso le pidieron que hiciese un dibujo de lo que estaba describiendo.

De la mano de una niña de nueve años salieron un par de dibujos que han pasado a la historia de la investigación criminal española (ver dibujos). El primero de ellos mostraba un edificio semicircular, frente al que Paula dibujó el aparcamiento que recordaba. A cada uno de los lados, las dos «porterías», que no eran otra cosa que gálibos de altura, barras pintadas de rojo y blanco que impiden el acceso de vehículos pesados. En el segundo dibujo, la niña pintó el recorrido que hizo desde su llegada al portal hasta el ascensor, describiendo el lugar en el que estaban los buzones, la portería y los dos elevadores, junto a los que escribió una nota descriptiva: «Cada ascensor se abre con una puerta marrón manual y una vez abre la normal, tenía dos automáticas». La pequeña dio también detalles de los botones del ascensor: el número más alto era un ocho y tenía botones para ciegos. Ni siquiera David y Silvia, fans incondicionales de la prodigiosa memoria y claridad de Paula, podían imaginar en ese momento la fidelidad con que la niña había descrito y dibujado el lugar donde la agredió el pederasta. Lo sabrían meses más tarde.

El Grupo Candy pidió ayuda a las comisarías de distrito de Hortaleza, Ciudad Lineal y San Blas, las zonas por las que podría ubicarse la guarida del pederasta. Facilitaron la información con la que contaban acerca del edificio: casas de ocho plantas, de ladrillo, con aparcamiento delante y gálibos en los accesos a la zona de estacionamiento. Ese último detalle era singular y reducía mucho la búsqueda. La oficial Marisa, vecina de Hortaleza, recorrió a pie con algunos de sus compañeros todas las calles de su barrio y de otros cercanos, tachando en un callejero los edificios que revisaba. A veces, las caminatas se prolongaban durante doce horas diarias. Los policías de las comisarías de los distritos donde actuaba el pederasta comprobaron los barrios casa por casa en busca de la guarida.

En los primeros días «apartando paja», como dijo Silvia, los agentes del Grupo Candy llegaron a una casa en la calle Santa Virgilia. El inmueble correspondiente al número 3 tenía en su exterior todas las características descritas por Paula. A pocos metros de la estación de metro Parque de Santa María y a la espalda de la carretera M-11, el bloque tenía ocho plantas y un aparcamiento idéntico al descrito por la niña.

David y Silvia le contaron a los padres de Paula que habían centrado un edificio, una posible guarida, pero necesitaban que la pequeña fuese allí y lo comprobase, reviviese in situ aquella noche del 10 de abril. Lejos de poner trabas, fue el padre de Paula quien les aconsejó que acudiesen allí a una hora cercana al anochecer, a la misma hora que su hija fue secuestrada. Los policías sabían que ese viaje a la calle Santa Virgilia podía ser definitivo, que de pronto la aguja podría hacerse visible entre las toneladas de paja. Paula no perdía detalle durante el recorrido y al llegar allí, se fijaba en todo. Las «porterías» eran las mismas que ella había visto aquella noche. Se plantó delante del edificio y miró de arriba abajo el inmueble, contó las ocho plantas, vio la fachada de ladrillo. Era lo mismo que ella recordaba. La puerta negra con barrotes hasta el suelo también era la descrita por ella. Al entrar en el portal, el pulso de David y Silvia se fue acelerando cuando vieron que la disposición era la misma que describía la niña y que los dos ascensores y sus botoneras respondían a lo contado y dibujado por Paula. Los tres subieron a un piso y se plantaron delante de las puertas.

—Aquí no es. Las puertas eran blancas y tenían números —dijo Paula, tajante.

Los dos subinspectores siguieron subiendo pisos y comprobaron que todas las puertas de entrada a las viviendas eran de color marrón. No había puertas blancas y ninguna de ellas tenía números. Paula no fallaba, tenía absoluta credibilidad, así que había que seguir apartando paja, pero aquel edificio nunca fue olvidado del todo por el Grupo Candy. Por si acaso, solicitaron información sobre todas las personas que residían allí, por si alguna de ellas hacía saltar las alarmas por sus antecedentes o por los coches que manejase. La gestión tampoco dio resultado, pero Santa Virgilia, 3 fue el lugar al que el Grupo Candy regresó de manera recurrente y al que acudieron para cerrar de forma definitiva la operación. Marisa insistía a sus compañeros: «En Madrid no hay un edificio igual». Aquella noche que David y Silvia llevaron de la mano a Paula piso por piso y no encontraron puertas blancas, no podían imaginar lo cerca que estaban de hallar la aguja.

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LA FAME DE VÍCTOR

Tirarse de coches en marcha, participar en tiroteos, trepar a un edificio o volar una puerta con explosivos tiene poco que ver con el trabajo real de un investigador. Una serie de televisión o una película que reflejasen de verdad el día a día de un grupo de la Policía Judicial, se parecería más al trabajo de uno de esos cargantes y ensimismados directores alabados por la crítica e ignorados por el público, que al de una superproducción de Hollywood. Un día en la oficina de un investigador transcurre entre visionado de imágenes de cámaras, comprobación de interminables listados de personas, coches, direcciones y escritos a jueces, compañías de teléfonos y toda clase de organismos que puedan ayudar en una investigación. El Grupo Candy estaba formado por seis investigadores acostumbrados a este plomizo trabajo. Silvia, David, Marisa, Fraile, El Irlandés y Víctor se enfrentaban a diario con toneladas de papeles y megas de información, la paja entre la que había que encontrar la aguja.

Los dos subinspectores —Silvia y David— seguían interactuando con Paula, la TP3, tratando de rebañar cualquier resto de información que quedase en su memoria sobre lo ocurrido el 10 de abril. Su testimonio sirvió, por ejemplo, para solicitar al Ayuntamiento de Madrid el listado de todos los edificios de San Blas, Ciudad Lineal y Hortaleza de al menos siete alturas construidos antes de 1999, el año en el que la normativa comenzó a exigir que todos los inmuebles contasen con ascensores de puertas correderas. El ascensor que describió la pequeña tenía una sola puerta, que se abría con un tirador. Un mapa punteado con chinchetas colgado de las paredes del despacho del grupo mostraba los centenares de inmuebles que cumplían ese requisito. Entre ellos estaba Santa Virgilia, 3, la casa que visitaron con Paula.

La empresa Toyota envió un listado de más de treinta mil coches que podrían tener en sus cristales los guarismos 0049, y bancos, tiendas y dependencias oficiales hicieron llegar a la brigada inacabables horas de grabación que incluían tramos del recorrido hecho por el pederasta en el secuestro de Paula. Entre ellas, los agentes del Grupo Candy tenían que buscar el Toyota descrito por la pequeña. Las operadoras de telefonía seguían sin mandar información de los móviles que estaban en las zonas del secuestro y la liberación de la niña en las horas críticas. Aquella investigación parecía no ir con ellos y la presión para que respondiesen era en aquel momento inexistente.

Los comisarios José Luis Conde y Manuel Vidal diseñaron, de acuerdo con el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández, un dispositivo para implicar a las unidades que habitualmente trabajaban en la calle. Se trataba de cubrir el máximo de espacio en la vía pública y de actuar con inmediatez en el caso de que hubiese un nuevo ataque. Los policías uniformados y de paisano de las comisarías de los distritos por donde se movía el pederasta y unidades como la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) debían recoger y comunicar cualquier información sobre individuos o situaciones sospechosas y trasladarla al grupo de investigación. Además, la sala del 091 tenía que comunicar al SAM cualquier aviso de rapto o secuestro de manera inmediata. Casi a diario saltaba la alarma de que se habían llevado a un niño o a una niña de un parque, pero siempre eran pérdidas momentáneas o despistes.

Todas y cada una de las informaciones que procedían de la calle eran procesadas por el Grupo Candy, al igual que las que habían llegado de Instituciones Penitenciarias sobre presos con antecedentes por delitos sexuales que hubiesen acabado sus condenas o que estuviesen de permiso en los días de los raptos de Paula y Lúa. Todo ello con una premisa que Manuel Alcaide repetía continuamente: jamás se podía volver sobre un sospechoso. Cuando se descartaba a alguien, tenía que estar descartado para siempre. Bien por su aspecto, incompatible con el descrito por las víctimas, o por la imposibilidad de que estuviese en el lugar de los hechos en el momento en el que se produjeron.

El trabajo de policía lleva aparejada una gran carga de vocación y entrega que, en el caso del investigador, llega a convertirse en un sacerdocio, un compromiso casi sin límites con lo que hace. Lo que ellos mismos llamaron el núcleo duro de la Operación Candy —el grupo investigador y sus responsables— seguía trabajando cuando acababa su larguísima jornada en la brigada. Todos tenían muy presente el testimonio de Paula y salían a la calle buscando edificios con gálibos en sus aparcamientos, coches de la marca Toyota o botoneras de ascensores que se pareciesen a las descritas por la testigo. El despacho del Grupo Candy se fue llenando de fotografías de coches, inmuebles y botones de ascensor (ver fotografía). Cada uno de esos vehículos y de esas casas tenían que ser descartados por los investigadores, unidos en un grupo de wasap cuya imagen era la grasienta hamburguesa de pollo, bacon y huevo frito que ofrecía la cantina de la jefatura a deshoras.

Ya en esas primeras semanas de investigación, las horas se diluían en el despacho del Grupo Candy. No había hora del café, ni de la comida, ni de la cena. Los ciclos vitales los marcaba Víctor, cuando levantaba la vista de su ordenador, se ponía de pie y anunciaba: «Tengo fame» (hambre en bable). Era el anuncio de que había que parar y consumir los hidratos, las proteínas y las grasas necesarios para continuar trabajando. Y la fame de Víctor solía llegar a horas intempestivas, cuando los menús de mediodía de la cantina ya se habían terminado.

Pese a la enorme repercusión que tuvo el rapto de Paula, en parte por la inmediata difusión que su propia familia le dio en las primeras horas, los medios de comunicación fueron olvidando el caso y en los periódicos y las televisiones se dejó de hablar del pederasta de Ciudad Lineal casi coincidiendo con la formación del Grupo Candy. Ningún periodista conocía su existencia, pese a que estaba ubicado cerca del gabinete de prensa de la jefatura, por el que pasan a diario varios profesionales de los medios para grabar entrevistas con los portavoces o recoger información. La prensa se mueve a un ritmo similar al de las mareas: temas que se explotan hasta la saciedad, de manera machacona, durante un tiempo y luego caen en el olvido sin más razón que la irrupción de un tema nuevo. El ataque del pederasta no fue una excepción, sobre todo porque la Policía se encargó de ocultar que a quien estaban buscando era a un agresor sexual en serie. Nadie, salvo ellos, sabía que el secuestro de Paula no había sido el primero que había perpetrado su autor.

El olvido de la prensa hizo que la calle también se enfriase, pero el Grupo Candy prsentía que se acercaban días críticos. Mediados y finales de junio son las fechas en las que terminan las clases en los colegios y las calles se llenan de niños, las presas del depredador que en ese instante seguía siendo una sombra, un borrón sin contornos. La tensión de los investigadores no estaba acompañada de la de los responsables policiales y políticos. Solo los comisarios Conde y Vidal, los jefes de la brigada, parecían entender el peligro que acechaba. Ellos y el jefe del SAM, Manuel Alcaide, intentaron transmitir a las unidades que trabajaban en la calle que extremasen la vigilancia, que se fijasen en cualquier detalle sospechoso, pero la cadena de mando en la Policía es larga y en ocasiones poco eficaz en sus comunicaciones.

Al fin y al cabo, para los máximos responsables de la Policía en Madrid habían pasado dos meses sin que el pederasta hubiese vuelto a atacar y la implicación de las autoridades desapareció, si es que alguna vez estuvo presente en esas primeras semanas. Los medios del SAM eran muy limitados. Tal y como dice Manuel Alcaide, «el SAM es el patito feo de la brigada, el que saca más detenidos que nadie, pero para el que nunca hay dinero, ni coches; eso va para la droga y el crimen organizado». Conde, el jefe de la brigada, detrajo todos los medios que pudo para la Operación Candy, pero sus recursos también eran limitados. Su don de gentes y sus amistades con otros mandos mantuvieron vivo el dispositivo. Agonizante, pero vivo.

«Solo Conde nos creyó —recuerda con un poso de amargura Manuel Alcaide— cuando dijimos que nos enfrentábamos a alguien muy peligroso, a alguien que actuaría de nuevo. Si nos hubiesen creído las altas instancias, nos hubiesen dado más medios. Se empezó a extender la idea de que lo que había pasado era poco más que un guarro que le había hecho algo a una niña, pero nosotros sabíamos que iba a volver a pasar, porque siempre vuelve a pasar.»

La Policía, muy a pesar de los hombres y las mujeres que la componen, está en manos de políticos. Ellos son los que administran el dinero y los medios destinados a luchar contra los criminales. Mantener un dispositivo especial durante más de dos meses es algo gravoso e incómodo para los políticos y los jefes de la Policía —mimetizados, cuando llegan a ciertas alturas, con los políticos más que con sus compañeros—, que raras veces entienden de prevención y para los que es difícil asimilar que existe una amenaza que no tiene nombre ni apellidos y que no pertenece a ninguna organización ni enarbola bandera alguna. En las moquetas y las maderas nobles que acostumbran a acompañar a los políticos y a los más altos mandos policiales no anidan los monstruos como aquel que aquellos días de junio del 2014 perseguía el Grupo Candy. Ese monstruo se escondía en las calles de Madrid, una ciudad de más de tres millones de habitantes, acechaba en las zonas frecuentadas por niños, se movía con seguridad y era invisible para los cientos de agentes que llevaban dos meses formando parte del dispositivo diseñado tras el ataque a Paula.

A mediados de junio, el comisario Conde recibió la orden de levantar el dispositivo especial. No había ningún dato —le dijeron— que justificase mantener tanta policía en la calle y destinar tantos medios por el ataque a una niña que se había producido dos meses antes. El veterano jefe de la brigada trató de salvar el dispositivo y tuvo que pelearse hasta para que no le quitasen un coche que estaba destinado al servicio especial Candy y que un alto mando policial decía necesitar con urgencia. La presión a Conde le llegaba desde arriba y desde abajo, porque Manuel Alcaide, el jefe del SAM, no tenía el menor problema para enfrentarse a él y advertirlo de que si permitía que retirasen el dispositivo, estaba dando vía libre al monstruo al que acababan de empezar a perseguir. Alcaide se quedaba sin argumentos, porque la investigación no avanzaba a la misma velocidad que llegaba la presión. «Sabíamos que habíamos empezado a investigar vías buenas —recuerda Alcaide—, pero todas eran vías lentas y en nuestras mentes todos teníamos la seguridad de que antes de que diesen fruto, el pederasta iba a volver a actuar.»

El 17 de junio del 2014, todo el país estaba pendiente del partido que la selección española de fútbol tenía que jugar contra Chile, tras el descalabro (1-5) que había tenido frente a Holanda en su debut en el Mundial de Brasil. En el Grupo Candy se seguían revisando listados de matrículas, de casas de más de siete alturas y de sospechosos poco sólidos. A las siete de la tarde, Xia, una niña china de seis años, jugaba en la calle Luis Ruiz, junto a la tienda regentada por sus padres. Allí mismo, invisible para los policías que patrullaban en ese mismo instante las calles de ese barrio, el monstruo vigilaba los movimientos de la pequeña y esperaba el mejor momento para actuar.

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XIA

Adriana nunca olvidará aquel abrazo. Un abrazo que parecía que no iba a tener final, el abrazo de alguien que parecía aferrarse a ella como el náufrago que se agarra a una tabla en mitad del océano, consciente de que a su alrededor no hay nada más que le pueda salvar la vida. Xia, una niña china de seis años de apenas dieciséis kilos, se abrazaba a Adriana con todas sus fuerzas, con las manos y las piernas y con la cabeza pegada a su pecho.

El reloj de Adriana, una joven de veinticinco años, marcaba las 22:50 cuando salió de su portal, en la calle Jazmín, en el madrileño barrio del Pinar de Chamartín, el 17 de junio del 2014, para pasear a su perro. Veinte minutos más tarde, a las 23:10, Adriana estaba a punto de entrar en su portal cuando escuchó los gritos desesperados de una niña llamando a su madre. La pequeña, vestida con pantalones vaqueros y camiseta blanca con letras azules, estaba de pie, junto a una farmacia, llorando y gritando sin parar: «Mamá, mamá, quiero irme con mi mamá». Adriana la cogió en brazos y enseguida se dio cuenta, tal y como recordaría ante la Policía, que olía a limpio y tenía el pelo mojado, como si acabase de pasar por la ducha. Con la pequeña en sus brazos, le preguntó cómo se llamaba y qué edad tenía:

—Me llamo Xia y tengo seis años.

—¿Dónde están tus padres? ¿Quiénes son?

Xia, aferrada al cuerpo de Adriana, balbuceaba y decía cosas inconexas.

—Estaba en la tienda y un amigo malo de mamá me ha traído aquí.

—Pero ¿dónde está la tienda?

—Lejos, el amigo de mamá me ha traído en coche.

Adriana llamó a su padre, Javier, para que bajase a ayudarla. El hombre salió a la calle y trató de obtener alguna información más de la pequeña, con la sospecha de que algo terrible acababa de ocurrirle.

—Ese amigo de mamá, ¿era bueno o malo?

—Malo.

—¿Te ha hecho algo malo?

Xia, con la cara pegada al pecho de Adriana, abrazada a ella con todas las partes de su menudo cuerpo, solo asintió.

Javier llamó al 112 y pocos minutos después varias dotaciones de la Policía Municipal y del SAMUR se presentaron en la calle Jazmín, muy cerca del final de Arturo Soria y a un paso de las carreteras M-11 y A-1. Xia continuaba aferrada a Adriana y ante la presencia de cualquier hombre, se abrazaba más fuerte a la joven. No quería hablar con nadie, solo quería seguir aferrada a su tabla de salvación en mitad del negro océano en el que se había convertido para ella aquella noche cerrada de verano.

En términos policiales, una hora es una eternidad. Una hora es a veces el tiempo que un asesino tiene para formarse una coartada. Y una hora es tiempo suficiente para que un criminal pueda hacer desaparecer el cuerpo de su víctima. La investigación policial tiene que ser precisa y explicar lo que ha ocurrido cada minuto, así que una hora es mucho tiempo. Una hora tardaron los integrantes del Grupo Candy en enterarse de que en la calle Luis Ruiz había desaparecido una niña de seis años. La niña, como Paula, estaba frente a un chino y, como a Paula, parecía habérsela tragado la tierra. El dispositivo Candy nació precisamente para que los agentes que perseguían al monstruo pudieran seguir su rastro reciente, ir tras sus huellas aún frescas. Pero aquel 17 de junio del 2014 algo falló.

La subinspectora Silvia habla, cuatro años después, con pesar y rabia de aquellos momentos: «Nosotros estábamos encerrados en el despacho del grupo. La gente de la calle eran nuestros ojos y nuestros oídos, hablábamos varias veces al día con la sala del 091, en cada comisaría había gente asignada al dispositivo Candy… Pero aquel día, nadie nos avisó de que se habían llevado a Xia hasta una hora más tarde».

La noticia del rapto de la pequeña china, aun con el retraso con el que llegó, puso en marcha el dispositivo que los responsables de la Operación Candy habían previsto para cuando ocurriese lo que ellos estaban seguros de que iba a volver a pasar: un nuevo ataque del pederasta. Varios agentes salieron hacia los inmuebles que ellos ya habían marcado como sospechosos y tomaron nota de los vehículos Toyota que hubiese aparcados en las inmediaciones. El jefe del SAM, Manuel Alcaide, se marchó personalmente a la casa que para él seguía siendo la principal candidata para ser la guarida del pederasta: Santa Virgilia, 3. «Tocamos los capós de los coches para ver qué motores estaban aún calientes —recuerda Manu—, nos metimos en el portal y hasta pegamos el oído a varias puertas. Buscamos coches Toyota aparcados en el garaje y por los alrededores. Yo seguía convencido de que allí se había llevado a Paula, así que pensé que allí podía estar Xia.»

Mientras, el subinspector David se tragó su cabreo y se presentó en la comisaría de Ciudad Lineal acompañado por Fraile, otro miembro del Grupo Candy, para hablar con el padre de la niña, que en ese instante estaba presentando la denuncia por la desaparición de su hija. La comunicación era complicada, precisaba de intérprete y el tiempo corría en contra de Xia y de los investigadores. En aquel momento, le entregaron a David una fotografía de la pequeña, en la que se la podía ver sentada, vestida con un peto y con una camiseta de manga larga. Era la pura imagen de la fragilidad. «¿Quién le puede hacer daño a esta niña?», pensó el subinspector al observar con detenimiento la fotografía.

Al filo de las once y media de la noche, a los canales de comunicación policiales llegó la noticia de que Xia había sido encontrada por una vecina en la calle Jazmín. David sabía que no se podían permitir más errores y salió disparado hacia Pinar de Chamartín, tras comunicarle al padre que su hija acababa de aparecer. Allí, Fraile y David se encontraron a la pequeña niña china, aferrada a su salvadora, escondiendo la cabeza cada vez que veía una figura masculina: ni policías municipales, ni sanitarios, ni policías nacionales podían arrancarle una sola palabra a la pequeña.

Yolanda, una agente de la comisaría de Ciudad Lineal, adscrita al dispositivo Candy, se acercó a Adriana y a Xia. El rechazo a los varones se tornó solo en desconfianza hacia la mujer policía.

—¿Qué ha pasado? ¿Me lo quieres contar?

Xia solo negaba con la cabeza y se escondía en el regazo que le proporcionaba Adriana.

La policía se dio cuenta de que la pequeña tenía el pelo mojado.

—¿Te has duchado?

Xia asintió.

—¿Y te has duchado sola?

La niña negó con la cabeza, sin pronunciar una sola palabra.

Adriana compartió con Yolanda la poca información que había obtenido de la pequeña. Le dijo que, según contó la pequeña, había llegado hasta allí en un coche conducido por un «amigo malo de mamá». La policía quería precisar más.

—¿El amigo de mamá te dejó aquí mismo?

Xia negaba con la cabeza y señalaba con el dedo, esforzándose por mantener los ojos abiertos.

Yolanda miró hacia la dirección a la que apuntaba la pequeña y recordó inmediatamente los detalles del caso de Paula.

—¿Donde te ha dejado había un cartel de color rojo y blanco?

—Sí.

—¿Y te ha dicho algo cuando te ha dejado?

—Que esperase ahí, que enseguida llegaba mi mamá.

El pederasta había elegido un escenario parecido, las inmediaciones de una boca de metro —en este caso, la de Pinar de Chamartín—, para abandonar a su víctima y le había dicho exactamente lo mismo que a Paula.

El subinspector David no quiso dejar ni un solo cabo suelto aquella noche. Esperó a la llegada de las unidades del SAMUR y pidió a los sanitarios que empleasen sábanas limpias para la camilla en la que iban a trasladar a Xia, porque cualquier resto biológico podía ser de utilidad y había que evitar la contaminación. En ese instante, David no se imaginaba la trascendencia que iba a tener esa orden en el futuro de la operación.

Ni la llegada de la madre de Xia sirvió para que la pequeña dejase de estar aferrada a Adriana. La niña, finalmente, soltó a la joven y subió a la ambulancia acompañada de su madre. David ordenó que la trasladasen a La Paz, el centro en el que seguían al pie de la letra los protocolos en casos de agresión sexual, y pidió a Adriana que entregase su chaqueta para comprobar si durante el interminable abrazo de la niña habían quedado restos biológicos. Mientras esperaban la llegada del forense, la policía Yolanda trató de obtener más información de la pequeña. Xia no recordaba nada del coche en el que la había llevado «el amigo malo de mamá», tan solo que la sentó en la parte de atrás. De su raptor solo pudo decir que no tenía el pelo rubio.

—¿Recuerdas dónde te llevó?

—Sí… A una casa.

—¿Y te acuerdas de qué color era la puerta de la casa?

—Blanca.

Xia y Paula habían visto puertas blancas, pero la fiabilidad de la niña china era mucho menor que la de Paula. Apenas hablaba y contestaba con poco más que monosílabos, pero sí dio un dato que volvió a poner en evidencia que estaban ante el mismo atacante: Xia le dijo a Yolanda que «el amigo malo de mamá» le había dado una pastilla de color blanco, algo compatible con el estado de somnolencia en el que se encontraba la pequeña, que tenía que esforzarse por mantener los ojos abiertos.

El equipo médico que atendió a Xia en el Hospital Universitario La Paz era el mismo que se había ocupado dos meses antes de Paula. Doctores y enfermeras siguieron las instrucciones de David, obsesionado con que no se perdiese ni un solo resto, ni una sola pista. El subinspector pidió a los sanitarios del SAMUR en el traslado hasta La Paz que no tocasen a la niña para nada. Quería preservar las pruebas hasta la llegada del forense y la Policía Científica.

Aquella madrugada, en la sala de Urgencias del hospital infantil La Paz, Fraile y David, los dos agentes del Grupo Candy que permanecían junto a la niña, comprobaron con sus propios ojos la dimensión del monstruo al que tenían que cazar. Xia estaba en una camilla, a la espera de ser explorada por el forense y por los médicos. De aspecto frágil, aparentando dos o tres años menos de los seis que realmente tenía, sin quejarse, quizás por el fármaco que le había hecho ingerir el pederasta, permanecía en estado de duermevela y solo reaccionaba cuando algún hombre —médico o enfermero— se intentaba acercar a ella. Los rechazaba, no soportaba ninguna presencia masculina. Los policías, pendientes de ella y de su madre, se dieron cuenta de que una mancha de color rojo comenzaba a extenderse por el pantalón vaquero de la pequeña. Avisaron a los médicos, que comprobaron que la niña tenía colocado en sus genitales un pañuelo de papel que estaba ya empapado de sangre. David y Fraile se miraron y aquel momento quedó registrado en sus memorias como el peor instante de todos los que vivieron durante los meses que duró la Operación Candy.

—Fraile, la niña acaba de reventar.

El terrible pronóstico de David fue ratificado por la jefa de pediatría. Al salir del quirófano, con el rostro desencajado y el horror de lo que acababa de ver aún grabado en sus retinas, se dirigió a los dos policías:

—No he visto nada igual en mi vida.

Lo decía la doctora encargada de atender todas las agresiones sexuales a menores que se producen en Madrid, alguien habituada a tutear al dolor y al horror. El parte médico de Xia recogía el estado de la niña con palabras en las que costaba reflejar lo vivido por la pequeña: «Desgarro recto-vaginal completo grado IV» (el máximo). Los médicos tuvieron que operarla para recomponer su pequeño cuerpo, atacado de manera bestial. Otros profesionales se tendrían que encargar de recomponer su alma, su mente y su corazón. «Me di cuenta de que esa niña iba a ser víctima toda la vida», recuerda David.

El jefe de la Brigada de Policía Judicial, José Luis Conde, el responsable del operativo del que se había burlado el monstruo, secuestrando y agrediendo de manera brutal a Xia con decenas de policías persiguiéndolo, leyó el parte médico de la pequeña. «Ese día supe que se me acababa la vida, que solo iba a vivir para detener a ese tipo», recuerda el comisario.

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ESCALADA CRIMINAL

«Ala próxima la mata.» La frase se repitió entre todos los integrantes del Grupo Candy y sus responsables tras conocer la magnitud de las lesiones de Xia. La violencia con la que el pederasta se había empleado con la menuda y frágil niña china ponía en evidencia que el hombre al que estaban persiguiendo estaba en plena escalada criminal. Ningún agresor sexual comienza su carrera delictiva cometiendo una violación con asesinato. El itinerario más lógico, ese que la casuística ha demostrado una y mil veces, es que se empieza por delitos menores —exhibicionismo, vigilar a las parejas mientras mantienen relaciones sexuales—, se pasa a los tocamientos y los abusos y se acaba en una violación y hasta en un asesinato, cuando las fantasías de dominación que anidan en estos individuos solo se cumplen arrancando una vida humana.

El agresor de Xia había dado un paso más. Había repetido su modus operandi en el secuestro y en la liberación de su víctima, pero había elegido una niña tres años menor que Paula y mucho más frágil. También la había llevado a una casa, la había duchado, la había obligado a tomar un somnífero y le había provocado lesiones mucho más graves, que mantuvieron a Xia nueve días en el hospital. Los forenses certificaron meses más tarde que la pequeña estaba rota por dentro y por fuera. Tanto, que cuando los agentes llevaron hasta la casa de la niña una caja de rotuladores y la silueta de un coche para que la colorease con el tono del vehículo de su agresor, Xia se negó en rotundo. Tampoco fue capaz de decirles en qué punto exacto de las inmediaciones de la tienda de sus padres se encontró a su secuestrador. Daba unos pocos pasos y se quedaba parada, sin pronunciar una palabra.

El atestado que daba cuenta de la detención ilegal y la agresión sexual a la niña china ponía de manifiesto las similitudes entre este caso y el de Paula, y en él se podía leer por primera vez la frase «agresor sexual en serie», ese tabú que ningún mando policial ni político quería oír. La investigación comenzó como las anteriores, buscando cámaras de seguridad que hubiesen registrado alguna imagen de valor para identificar al secuestrador, solicitando a las compañías telefónicas los aparatos que estuviesen bajo las antenas de las calles Luis Ruiz y Jazmín (lugares del secuestro y la liberación) en las horas críticas y recabando testimonios de personas que estuviesen en las inmediaciones del lugar del rapto.

Los investigadores del Grupo Candy percibieron pronto que habían pinchado en hueso. Toda la colaboración que prestaron —y seguían prestando— los padres de Paula, se tornó en recelo y falta de ayuda por parte de los progenitores de Xia. Cualquier policía acostumbrado a tratar con la comunidad china sabe que está cubierta por un manto de hermetismo que es difícilmente permeable, hasta cuando son víctimas de delitos tan graves como el asesinato o el secuestro. La colaboración con la investigación suele ser inexistente.

El padre de la pequeña le dijo a la Policía que había abandonado la tienda que regenta a las seis de la tarde, una hora antes del secuestro, dejando al cargo del establecimiento a la madre. El hombre ni siquiera hablaba castellano y se hizo entender gracias a un sobrino. La madre declaró en el hospital, mientras cuidaba de su hija, al día siguiente del rapto, también con la ayuda de una sobrina. Ni siquiera facilitó a la Policía un teléfono de contacto, porque dijo que sería inútil, ya que no hablaba castellano.

Antes de comenzar su testimonio, que recogieron una policía y la trabajadora social del SAM, la madre de Xia los advirtió de que estaba cansada y en estado de shock y que probablemente había olvidado muchas cosas sobre lo sucedido apenas unas horas antes. Lo siguiente que dijo la mujer fue que no deseaba que los medios de comunicación publicasen que su hija había sido víctima de una violación, que prefería que se limitasen a decir que había desaparecido durante unas horas, «para que en un futuro la niña pueda rehacer su vida con normalidad». Lo único que contó la madre de Xia en su escueto testimonio, porque decidió interrumpir su declaración a los pocos minutos de comenzarla con la excusa de atender a su hija —que estaba perfectamente atendida por los servicios médicos de La Paz—, fue que la niña solía pasar las tardes en el interior de la tienda o sentada en una silla a la puerta del establecimiento, que acudía con frecuencia a una droguería y a un locutorio colindante y que todos los vecinos la conocían. Sobre el momento del secuestro solo dijo recordar que la última vez que la vio, la niña estaba sentada en la silla situada a la entrada de la tienda, haciendo pulseras con gomas, y que en un momento dado, dejó de verla. De hecho, ni siquiera fue ella la que avisó a la Policía de la desaparición de Xia, sino un hombre que pasó por el lugar y al ver el revuelo, decidió llamar al 091.

La mujer dijo que su hija no le había dicho nada sobre lo ocurrido y señaló, al igual que hizo su marido en comisaría, que algún vecino le había hablado de un hombre desconocido que merodeaba por el lugar, un tipo del que solo pudo decir que tenía el pelo blanco.

Este detalle —el misterioso hombre canoso— dio alimento a la prensa durante muchas semanas. Periódicos y televisiones creaban rudimentarios y nada fiables retratos robot del pederasta basados en testimonios a los que la Policía no daba ninguna validez, pero servían para llenar minutos de programación y páginas de prensa. La silueta de un hombre de pelo blanco se repitió hasta la saciedad gracias a la peculiar pesca milagrosa que se vivió aquellos días en las inmediaciones del lugar del secuestro de Xia. Reporteros de todos los medios acudían a la zona y metían el micrófono a cualquiera que tuviese necesidad de unos minutos de fama. El bulo del secuestrador de pelo canoso o gris se extendió rápidamente —pese a que ninguna de las víctimas del pederasta había hablado de esa característica— y sirvió para que los investigadores del Grupo Candy descartasen cualquier pista que les llegase sobre un sospechoso de pelo blanco o gris que merodease por los parques.

Lo cierto es que en el atestado del secuestro de Xia se recogen las declaraciones de dos personas, un hombre y una mujer. La mujer, de sesenta y cuatro años, expolicía municipal, es vecina de un portal cercano a la tienda de los padres de Xia. Contó a la Policía que la tarde del rapto habló con la niña y vio a un hombre en la acera de enfrente hablando por teléfono. Lo describió como «extranjero, de unos treinta y cinco o cuarenta años, 1,75-1,80 de estatura, complexión delgada, pero atlética, pelo corto gris y tez blanca». La mujer dijo también que varios vecinos de la calle Luis Ruiz le comentaron haber visto a un hombre de semejantes características por la zona, en ocasiones acompañado de una mujer morena de pelo largo.

El segundo testimonio recogido por la Policía era el de otro vecino del barrio, que fue aún más preciso. Dijo que vio al hombre «de pelo corto y canoso» dando indicaciones a la niña sobre cómo hacer pulseras instantes antes de la desaparición de la pequeña. El testigo coincidió con su vecina al asegurar que varias personas de la zona le habían dicho que ese mismo hombre llevaba varios días rondando la zona. Los agentes del Grupo Candy no le dieron ninguna validez a su testimonio, pero las televisiones cebaron la historia del secuestrador de pelo canoso y gris, convirtiéndose así en aliados involuntarios de la Policía. Manuel Alcaide recuerda que prefirieron «no desmentir nada, porque mientras los medios hablasen de ese sospechoso no iban a hablar del de verdad. Hasta circulaban fotos en grupos de wasapdel hombre del pelo gris y a un tipo casi le dan una paliza porque andaba por un parque y tenía el pelo gris».

Tampoco hubo suerte a la hora de buscar imágenes de cámaras de seguridad. Solo un establecimiento de la zona, situado en la esquina de las calles Luis Ruiz y Esteban Collantes, disponía de una cámara, enfocada, precisamente, hacia el establecimiento regentado por los padres de Xia. Durante una semana, la propietaria del comercio aseguró a la Policía que era probable que el día del secuestro la cámara de su tienda hubiese grabado lo ocurrido frente al chino, pero finalmente les dijo que no había grabación alguna. Los agentes del Grupo Candy siempre sospecharon que, por algún motivo desconocido, la mujer se negó a colaborar con la Policía.

Silvia y David, los subinspectores al frente del Grupo Candy, se sobrepusieron al dolor que les había provocado lo vivido por Xia y lo emplearon como acicate. David, un hombre muy sensible al sufrimiento ajeno, no podía olvidar las horas pasadas junto a la niña en el hospital. Acostumbrado a las atrocidades que se ven en los grupos de delitos tecnológicos dedicados a la persecución de la difusión de pornografía infantil en la red —en los que pasó siete años antes de pedir el traslado porque le resultaba insoportable lo que veía a diario—, tenía la imagen de la pequeña Xia impresa en su memoria: «No era una niña que viese en una pantalla, era una niña a la que yo toqué, agarré la mano y abracé».

Silvia, con una década a su espalda persiguiendo agresores sexuales, conocía bien los pasos de la escalada criminal de estos delincuentes: «Sabía que iban a llegar más ataques, estos tipos crecen, evolucionan, pasan de sirleros (atracadores) a violadores a punta de cuchillo. Pero con lo que le había hecho a Xia, en la mente de todos estaba que a la siguiente niña la podía matar. En Madrid se ven cosas terribles, pero esto era algo excepcional. Era el violador más peligroso al que nunca nos habíamos enfrentado y esa era presión suficiente para nosotros, no hacía falta que nadie nos presionase».

Pero la presión llegó desde todos los frentes. Periódicos y televisiones comenzaron a hablar del pederasta de Ciudad Lineal, un violador en serie que merodeaba por el noreste de la capital acechando a las niñas y con la capacidad de hacerse invisible para los policías que patrullaban las calles. A mediados de junio, las clases estaban a punto de acabar en los colegios de Madrid, así que la Jefatura Superior de Policía de Madrid adoptó una iniciativa hasta entonces nunca vista. Los delitos del pederasta y su repercusión habían generado una lógica alarma entre los padres de la zona y las unidades de Participación Ciudadana de las comisarías de los distritos afectados se lanzaron a la calle, manteniendo encuentros con padres y profesores para transmitir tranquilidad, hacer visible a la Policía y, a la vez, dar consejos sobre cómo facilitar informaciones sobre cualquier sospechoso de la forma más eficaz posible.

La presión también llegó por parte de los mandos políticos y policiales. El jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández, comenzó a recibir las llamadas del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, interesándose por el pederasta de Ciudad Lineal. El ataque a Xia sirvió para que se aplazase sine die el final del dispositivo Candy, que estaba fijado para el día anterior al secuestro de la pequeña china. Los mandos habían decidido que el secuestro de Paula no era un motivo suficiente para mantener aquel despliegue, pero tras la agresión a la niña china los políticos necesitaban que los votantes viesen policías por la calle; cuantos más, mejor. La presión, que suele moverse por peculiares vasos comunicantes, también sirvió para que las empresas operadoras de telefonía espabilasen y respondiesen con más celeridad y eficacia a los requerimientos de la Policía y los juzgados. El 17 de junio del 2014, cuando Xia fue violada, el SAM aún no había recibido la información que pidió a las compañías telefónicas tras el secuestro de Paula, ocurrido dos meses antes.

Mientras la presión pasaba de despacho en despacho, el jefe de la brigada, José Luis Conde, hacía de tapón de contención para que su grupo investigador no la notase y trabajase con toda la tranquilidad de la que fuese capaz. En la planta baja del edificio, los seis integrantes del Grupo Candy valoraron la escasa información que tenían tras el rapto de Xia. Poco más que dos nuevas pegatinas, que marcaban los puntos del secuestro y la liberación de la niña, en el mapa que tenían pegado en una pared del despacho. Cualquier intento de obtener algún dato por parte de la niña o sus padres era inútil, ni siquiera se plantearon tomarle declaración. Cuando abandonó el hospital, dos agentes fueron a verla a la tienda de sus padres para intentar reproducir al menos parte del recorrido que hizo con el pederasta, pero la pequeña se negó. Ninguna cámara de seguridad, ningún testigo fiable, ni un solo dato del coche, ni una sola seña del atacante. Estaban como antes del rapto de Xia, pero con una niña destrozada por el monstruo, que seguía siendo un fantasma, alguien tan evanescente como audaz, capaz de llevarse una niña y secuestrarla durante horas con toda la Policía de Madrid siguiendo su rastro.

La conversación se produjo, una vez más, en el patio de la jefatura, en el espacio que hay entre el chalé del SAM y el edificio principal. Silvia y David habían salido a tomar un poco de aire en medio de su jornada de trabajo, que nunca acababa antes de la medianoche. Los dos subinspectores habían procesado toda la información que les había dejado el secuestro de Xia y el desánimo comenzaba a cundir entre los seis integrantes de aquel primer Grupo Candy.

—Silvi, ¿qué necesitamos para dar con él?

—Desgraciadamente, tú y yo sabemos que lo que necesitamos es que se lleve a más niñas, David. En un autor serial y desconocido, cada ataque nos va a aportar más información.

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«SOY EL DE LAS NOTICIAS»

Aquella premonición que tuvo el comisario José Luis Conde tras el ataque a Xia —«ese día supe que se me acababa la vida»— se cumplió al pie de la letra. El jefe de la brigada revive años después la escena que se repitió durante muchos días en el verano del 2014. A las cuatro de la tarde, después de malcomer algo en la cantina de la jefatura, asomado a una de las ventanas de la brigada que dan a la entrada del complejo, veía salir los coches camuflados en los que viajaban los policías que debían traer de vuelta alguna pista sobre el hombre más buscado de Madrid. Conde miraba a su gente e imploraba cada día para que alguno de ellos se hiciese con el primer hilo sólido del que tirar para dar con aquel tipo, convertido ya en el leviatán de un comisario transformado en capitán Acab, obsesionado con su presa.

El ataque a la niña china aportó muy poca información a los investigadores, pero sacó lo mejor de muchos hombres y mujeres que forman parte de la Policía. Víctor, un veterano inspector del Grupo de Atracos, fue solo uno de ellos. Se presentó en el despacho del jefe de la brigada y le dijo que ponía a su disposición todos los medios y los hombres y mujeres de su grupo para colaborar en la Operación Candy. Sin horarios, sin límites, sin retribución extra.

Como Víctor, muchos otros miembros de la Brigada se ofrecieron voluntarios para doblar sus turnos y aportar algo a la caza del pederasta. «Me sorprendió —recuerda Conde— que policías muy reivindicativos, de los que habitualmente protestan por los turnos o por las horas que hacen de más, venían a ofrecerse voluntarios para la operación.» Todos esos voluntarios se destinaron a intensificar la búsqueda en las calles de los distritos en los que había actuado el monstruo. Cada tarde, antes de salir, Conde y su mano derecha, el comisario Manuel Vidal, reunían a la docena de policías que saldrían esa tarde a la calle y les enseñaban los retratos robot del pederasta. Vidal, un policía brillante, muy inteligente y adicto al trabajo, aportaba la metodología y el orden en esas reuniones: establecía los recorridos de cada pareja y dejaba bien claro cuáles debían ser los objetivos. Su jefe, el comisario Conde, ponía pasión y corazón en esos briefings, que salpicaba con apelaciones a la condición de padres y madres de muchos de sus agentes y a lo que la ciudadanía esperaba de su Policía.

A los voluntarios de la Brigada de Policía Judicial se unían cada tarde los de la Brigada Provincial de Información —dedicados habitualmente a la lucha contra el terrorismo— y los de las comisarías de Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas. Mientras, la sala del 091 trasladaba cualquier llamada o incidencia sospechosa al grupo investigador. Conde, Vidal y Alcaide decidieron reforzar el Grupo Candy, el de los investigadores dedicados a analizar toda la información que llegaba de la calle, con cuatro agentes más: Luis y Silvia, procedentes del Grupo 6, dedicado a la resolución de homicidios, y otros dos del SAM, Montse y Jorge. Además, recibieron el apoyo de Víctor, especialista en detectar a pedófilos que actuaban en la red, ante la posibilidad de que uno de ellos hubiese pasado de consumir pornografía infantil a convertirse en un violador de menores. Todo refuerzo parecía poco ante el aluvión de información que llegaba sobre vehículos, inmuebles, teléfonos, sospechosos con antecedentes o presos de permiso…

A medianoche, los agentes que habían estado en la calle regresaban cargados de anotaciones. Valía casi cualquier cosa: un tipo que miraba niños al que le pedían su documentación, un Toyota gris parado en alguna de las zonas calientes, una casa con gálibos en el aparcamiento… Las notas eran procesadas y clasificadas antes de que fueran a parar al grupo de investigación, que era el encargado de descartarlas para siempre o seguir trabajando la información que contenían. Cada una de esas notas debía llevar los datos del policía que la entregaba para que no hubiese confusiones y cada agente fuese responsable de lo que aportaba. Al final de la operación, hubo quien quiso apuntarse medallas por méritos que no había acreditado y con este protocolo fue fácil demostrarlo.

Entre la una y las dos de la mañana, los responsables de la operación se reunían con el Grupo Candy para sacar conclusiones. Durante muchas semanas no hubo ninguna. Todos los involucrados en el dispositivo tenían la impresión de estar persiguiendo a alguien que volvería a actuar cuando, donde y como quisiera; a un fantasma. El comisario Conde evoca su mejor momento de todos aquellos días tan duros: «A las dos de la madrugada, cogía el coche y en el camino a casa comprobaba que por las calles no había niñas, así que no podía pasar nada malo. Llegaba y me ponía ciego a comer para calmar la ansiedad. La Operación Candy me dejó una gastritis crónica, que solo se me curó cuatro años después, cuando me quitaron la vesícula biliar». Hubo muchos días en los que Conde ni siquiera regresaba a dormir a su casa: «Me quedaba en el despacho dándole vueltas a una información, a un mapa… Y cuando me quería dar cuenta, había amanecido, así que me tomaba un café y seguía».

Las operaciones policiales o los crímenes que tienen cierta repercusión en los medios poseen un irresistible atractivo para personas con afán de protagonismo, que ven en ellas la oportunidad de alcanzar sus minutos de gloria, aun a costa de meterse en serios problemas. En 1993, una joven llamada Susana Ruiz murió en un descampado del madrileño barrio de Las Musas durante un botellón con un grupo de amigos. Tras varias autopsias y estudios forenses, se determinó que la chica falleció a consecuencia de un fallo cardíaco provocado por una malformación congénita. Su familia no estaba conforme con ese dictamen y removió cielo y tierra, creando toda clase de teorías de la conspiración, que dieron durante muchos meses carnaza a los medios de comunicación, en especial a las televisiones, que en aquellos tiempos tan cercanos a los crímenes de Alcàsser vivían la primera edad de oro de los reality shows, la información de sucesos convertida en espectáculo, entretenimiento o, sencillamente, en basura. A uno de esos espacios llamó un joven que aseguraba haber asesinado a Susana Ruiz. Lo dijo y lo mantuvo delante de una cámara. El coste que podía tener su aberrante confesión no lo amilanó en absoluto.

En la Operación Candy tampoco faltaron este tipo de personajes. A las 14:30 del 20 de junio del 2014 —apenas tres días después del brutal ataque a Xia—, la sala del 091 recibió una llamada procedente del número 913812100, correspondiente a una cabina telefónica situada en el número 38 de la calle Santa Susana, en el barrio de Hortaleza, una de las zonas cero de la Operación Candy, muy cerca del piso de Santa Virgilia que nunca dejó de ser sospechoso. El comunicante, un varón, le dijo al operador del 091: «Soy el de las noticias, el pederasta, lo siento, lo siento». La cabina fue acordonada y asegurada en pocos minutos y hasta allí llegaron agentes de la Policía Científica que tomaron todas las huellas posibles y recogieron muestras biológicas en las teclas y en el auricular del teléfono. Después, limpiaron cuidadosamente cada rincón de la cabina con toallitas húmedas por si alguien volvía a utilizarla con el mismo fin. Y así fue.

Al día siguiente, 21 de junio, la sala del 091 volvió a recibir otra llamada procedente de la misma cabina. Esta vez eran las 13:09 y el hombre que llamaba aseguraba que en ese mismo instante estaba viendo a un varón que coincidía con las características físicas del pederasta que los medios habían difundido —y que no respondían a la descripción que habían hecho las niñas—. Los investigadores decidieron montar un servicio de vigilancia en torno a la cabina durante un par de días, por si se repetían las llamadas, pero el anónimo comunicante no regresó. Lo hizo unos días después, el 7 de julio, desde otra cabina próxima, situada en la esquina de las calles Santa Virgilia y Santa Susana. Esta vez dijo que era un agresor sexual buscado por varios delitos. Nuevamente, los agentes de la Policía Científica fueron hasta allí en busca de huellas y ADN.

Al día siguiente, el 8 de julio, el Grupo Candy recibió una llamada del SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar). Todo lo que tuviera que ver con la caza del pederasta tenía prioridad absoluta y no era necesario esperar los lentos trámites que en ocasiones requieren las comunicaciones entre los servicios policiales. Los agentes del SAID dijeron que habían identificado cuatro huellas de los dedos pulgar, medio e índice de la mano izquierda de un tipo con antecedentes en la cabina de la esquina de Santa Virgilia con Santa Susana. Pertenecían a un individuo de treinta y seis años, llamado Juan José, que había sido detenido en el 2010 por la Guardia Civil y cuyo ADN también estaba en las bases policiales, porque se le tomaron muestras en esa detención. Era un candy-dato, palabra que los miembros del Grupo Candy comenzaron a utilizar para referirse a los sospechosos. Por si fuera poco, la fotografía de reseña del tal Juan José guardaba un sorprendente parecido con alguno de los retratos robot del pederasta. Todo parecía cuadrar, salvo que el hombre al que buscaban no parecía ser la clase de delincuente que quisiese jugar al gato y al ratón con las fuerzas de seguridad, como Unabomber⁴ o El Asesino del Zodíaco.⁵ Siempre había sido invisible y no había ninguna razón para que quisiera dejar de serlo.

No había tiempo que perder. Los investigadores compusieron un álbum, con seis fotografías, entre las que estaba la del propietario de las huellas de la cabina. Se las mostraron a Loreto y a Belén, las amigas de Paula. Ninguna de las dos identificó al candy-dato, cuyo ADN, además, no coincidía con los restos biológicos encontrados entre las ropas y el cuerpo de Xia. Juan José no era el pederasta de Ciudad Lineal, pese a su empeño y sus ganas de notoriedad.

Esta fue solo una de las investigaciones parasitarias que llevaron a cabo los agentes del Grupo Candy. Cuando en una operación no hay nada sólido a lo que agarrarse, cualquier hilo parece bueno y se sigue con la esperanza de que lleve a algún lado, pero ninguno de los hilos de los que estaba tirando la Policía conducía a buen puerto. La desazón comenzó a cundir entre los agentes del grupo. Los refuerzos que habían llegado no parecían suficientes para dar salida a todo el trabajo que había que hacer. Tras el rapto de Xia, las operadoras de telefonía enviaron datos en tablas Excel que los agentes tenían que descifrar. Había que buscar los teléfonos que hubiesen estado bajo las antenas cercanas a los lugares y en las horas de los secuestros y liberaciones de Lúa, Paula y Xia. A esas alturas ya se manejaban listas de cientos de miles de números de teléfonos, sábanas de cifras a los que había que poner nombre, comprobar si tenían antecedentes, si disponían de coches…

José Luis Conde recuerda en especial una madrugada de aquellos días. Antes de irse a casa, pasó por el despacho del Grupo Candy y asomó la cabeza, algo que se convirtió en rutina durante varios meses. Silvia, una de las policías que había llegado procedente de Homicidios, miraba imágenes de cámaras de seguridad en su ordenador, con los ojos enrojecidos.

—Silvia, vete ya para casa. Es muy tarde y mañana hay que volver —le dijo Conde.

—No, jefe. Soy madre de dos niñas y a este tipo hay que pillarlo. Descanso un rato y sigo.

Así pasaban los días en el Grupo Candy tras el brutal ataque a Xia. Sin más apariciones del pederasta, pero sin avances en las pesquisas, pese al entusiasmo de algunos mandos, que hacían llegar al grupo investigador sus sospechas sobre tal o cual individuo, procedentes de confidentes, de agentes jubilados o de cualquier otro lado. Los investigadores recibían un nombre escrito en un pósit, acompañados de la frase: «Dice el jefe superior de Barcelona que es este», o: «El comisario de Salamanca dice que un confite (confidente) le ha dicho que es este». Los policías del Grupo Candy recogían los papeles amarillos, introducían los nombres en el sistema y a veces no podían evitar la risa cuando veían en la foto del candy-dato aportado por los jefes que pesaba ciento cincuenta kilos, tenía setenta años o era calvo como una bola de billar. No sabían a quién buscaban, pero tenían claro a quién no buscaban. Pese a ello, redactaban un detallado informe en el que contaban las razones por las que el sospechoso del pósit no podía ser el pederasta de Ciudad Lineal.

El comisario Conde seguía teniendo una fe inquebrantable en el grupo elegido para cazar al pederasta, pero hubo quien empezó a cuestionar el trabajo de los investigadores. Desde la calle Miguel Ángel, sede de la Dirección General de la Policía, alguien comenzó a pedir cabezas.

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LA CABEZA DE CONDE

La política es ese terreno de la vida capaz de poner al frente de la Policía a alguien cuyas únicas credenciales hayan sido haber estado suficientemente cerca del líder de su partido, ser alguien de confianza para los jerarcas de la formación a la que corresponda gobernar el país. No hacen falta más méritos ni más hojas de servicio que esa cercanía para que, llegada la hora de formar gobierno y designar puestos, el dedo del líder supremo te apunte como ministro del Interior, secretario de Estado de Seguridad, director general de la Policía o delegado del Gobierno. Es así desde el principio de los tiempos y seguirá siendo así mientras se mantenga el sistema de partidos vigente en España, donde la meritocracia no es más que una utopía. Es cierto que muchos de los que han ocupado estos puestos han hecho un buen trabajo, se han rodeado de profesionales que conocían el cuerpo y han dejado un buen sabor de boca en la Policía. Pero, como punto de partida, ninguno de ellos sabe nada de seguridad y, mucho menos, de investigación policial.

En el verano del 2014, Ignacio Cosidó era el director general de la Policía. Había sido designado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, probablemente el mejor amigo que el entonces presidente, Mariano Rajoy, tenía en su gabinete. El secuestro de Xia y la brutal agresión de la que fue objeto irrumpió en el despacho de Cosidó, un hombre que entregó la dirección adjunta operativa al comisario Eugenio Pino, conocido en el cuerpo como El Botas, por su procedencia de las unidades antidisturbios y por sus maneras hoscas y marciales. La responsable política de la Policía en Madrid era Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno. Cifuentes se ganó las simpatías de la Policía tras la defensa a ultranza que hizo del cuerpo en los años más calientes de las calles de la capital, los de los «rodea el Congreso» y «las marchas de la dignidad». En su despacho, la delegada guardaba una bandeja llena de los adoquines y piedras que hirieron a sesenta y siete policías el 22 de marzo del 2014, al final de una de esas marchas. «Me sirven para recordar que mi obligación es no consentir que vuelva a pasar algo así», decía a los que la visitaban y se fijaban en ese peculiar elemento decorativo.

Cifuentes y Cosidó eran informados de la evolución de la Operación Candy por el jefe superior de Madrid, Alfonso Fernández. Los dos políticos trasladaban su preocupación por que un monstruo como el pederasta siguiese libre y por la sensación de amenaza continua en la que vivían los vecinos del noreste de la capital, su zona de caza. Cristina Cifuentes, que mantenía una excelente relación con el jefe superior y con toda la cúpula policial de Madrid, acudía de vez en cuando a las instalaciones de la brigada. Allí conoció a los integrantes del Grupo Candy y se interesó por el estado de las investigaciones. Se presentó en el despacho del grupo y saludó a los policías que trabajaban en ese momento, detrás de los monitores de los ordenadores.

—¿Qué tenéis? —preguntó la delegada.

Silvia, la subinspectora, le enseñó una de las imágenes grabadas por las cámaras de la gasolinera de la avenida de Arcentales, donde el pederasta había abandonado a Lúa el 24 de septiembre del 2013. En la imagen solo se veía, en la lejanía, un punto rojo que parecía ser un coche. Cristina Cifuentes lo miró detenidamente, como buscando allí la clave de la Operación Candy, y preguntó:

—Y con esto, ¿qué tenéis?

—Nada, no tenemos absolutamente nada —contestó Silvia emborrachada de sinceridad.

La delegada del Gobierno se interesó por otros agresores sexuales seriales que hubiesen sido detenidos en Madrid durante los últimos años. Le habían dicho que Silvia recordaba a todos ellos, que era la memoria viva del SAM. Lo que escuchó de boca de la subinspectora no dejó demasiado tranquila a Cifuentes.

—El Búho atacó a dieciocho mujeres, fue nuestro último gran agresor sexual en serie.

Cristina Cifuentes se dirigió a todos los que estaban en la sala y pronunció una frase que se movía entre lo imperativo y la esperanza.

—Este no se puede llevar a dieciocho niñas en Madrid.

Ni los integrantes del Grupo Candy ni sus jefes dieron falsas expectativas o esperanzas a sus superiores políticos. El jefe de la brigada, José Luis Conde, y el jefe superior de Madrid manejaban como podían la presión que llegaba desde esas alturas. Esa presión llevó un día de verano del 2014 a todos los responsables de la Operación Candy al despacho del director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Allí acudieron José Luis Conde, Manuel Vidal y Manuel Alcaide, los tres hombres que dirigían el operativo para dar caza al pederasta de Ciudad Lineal. Allí, en el despacho más noble de la sede de la Dirección General, esperaban Cosidó, Cifuentes, Eugenio Pino, Alfonso Fernández —jefe superior— y José Santiago Sánchez Aparicio, el Chati, entonces comisario general de la Policía Judicial. La reunión, celebrada un sábado por la tarde, estuvo plagada de momentos de tensión. Cosidó comenzó conciliador, preguntando a los jefes de la Operación Candy cómo podía ayudarlos. «Tenemos que hacer algo —les dijo—, no se puede llevar más niñas.» Alcaide, Vidal y Conde resumieron todas las líneas de investigación que se estaban siguiendo: grabaciones de las cámaras en los recorridos, edificios sospechosos, posicionamiento de teléfonos, individuos con antecedentes… El director general planteó que quizás la investigación debía pasar a manos de la Comisaría General de Policía Judicial, los servicios centrales, el FBI español, allí representado por el comisario Sánchez Aparicio.

José Luis Conde no quería ceder, no iba a permitir que la brigada, su brigada, fuese apartada del primer plano de una investigación en la que muchos de los suyos se estaban dejando el alma. Se fiaba de ellos y contó en esa reunión con el apoyo explícito de Cristina Cifuentes.

—Déjeme un tiempo más, hasta el otoño. Lo vamos a sacar, pero tendremos que aguantar más ataques —dijo Conde—. Si esto sale bien, será gracias a esta gente —señaló a Alcaide y a Vidal—. Y si sale mal, aquí tiene mi cabeza para cortármela.

Los presentes en la reunión contemplaron estupefactos cómo el comisario se inclinaba sobre la mesa del director general, apoyaba su cabeza en ella y simulaba con una mano el gesto de la cuchilla de una guillotina cayendo sobre su cuello. El director se rindió ante el gesto de Conde.

—No, por favor, yo confío plenamente en ustedes. Solo les he traído aquí para saber si necesitan algo.

Tras aquella reunión, Conde le repitió a Manuel Alcaide un centenar de veces que su cabeza estaba en sus manos y el jefe de la brigada se comprometió con el director general a recibir el apoyo de algunos agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, que no llegaron hasta el mes de agosto, y a reunirse con un experto del FBI en agresores sexuales, recomendado por los oficiales de enlace de la embajada estadounidense en Madrid.

La reunión con el experto de la agencia federal norteamericana fue lo más parecido a un examen que Conde había hecho desde que ascendió a comisario. El estadounidense, en presencia de Ignacio Cosidó, le preguntaba por todas y cada una de las líneas de investigación que ya se seguían en la Operación Candy y se sorprendió al comprobar que la Brigada de Policía Judicial de Madrid había ido incluso más lejos de lo que el FBI había previsto. En aquel examen, el agente norteamericano le preguntó por la posibilidad de crear un perfil del pederasta, aunque —le confesó— en los Estados Unidos, cuna de la perfilación criminal, se necesitan entre veinte y treinta ataques para hacer un perfil fiable.

La sugerencia de elaborar un perfil sirvió para que entrase en escena la Unidad de Análisis de la Conducta (UAC), dirigida por el inspector jefe Enrique Soto. La unidad, compuesta por policías licenciados en Psicología, presta servicio a los investigadores, analizando escenarios de crímenes y declaraciones de víctimas o sospechosos. El SAM ya conocía el trabajo de la UAC, porque habían trazado perfiles de agresores sexuales seriales como El Búho o El Mono. Enrique Soto acudió al Grupo Candy para conocer los detalles de la investigación. David, el subinspector, le pormenorizó los ataques, la descripción que habían hecho las niñas, lo que sabían de sus coches, del edificio al que llevó a Paula… Soto lo interrumpió:

—¿Tenéis todo eso apuntado junto en alguna parte?

David, socarrón, apuntó con el dedo índice a su cabeza y le dijo:

—Está todo aquí.

—¿Y si te pasa algo a ti?

—No pasa nada, somos seis y los seis lo tenemos en la cabeza —dijo David, señalando al resto del Grupo Candy.

La tensión que se vive en una investigación como la Operación Candy es difícil de trasladar a la vida civil. Un error o una mala interpretación de los miles de datos que llegaban podría poner en peligro el objetivo final que se perseguía, la detención del pederasta. A Manuel Alcaide, el jefe del SAM, le obsesionaba desechar un teléfono, un coche o un sospechoso sin haberlo comprobado antes por varias vías. Quería que los suyos fuesen tan minuciosos en el día uno de la operación —cuando apenas había datos— como en el noventa, cuando ya había cientos de miles de elementos sobre los que trabajar. La exigencia de Alcaide a veces chocaba con la impaciencia y la urgencia de los jefes.

Manuel Vidal, el segundo jefe de la brigada, se implicó de forma personal en la operación. Prestó su ayuda en todo momento, buscaba coches y edificios sospechosos en sus ratos libres, y aportó al Grupo Candy su larga experiencia como investigador. Su entusiasmo lo llevaba a sentarse a ver imágenes de cámaras de seguridad o a analizar personalmente algunas de las sábanas de datos que llegaban, y a descartar, por ejemplo, números de teléfono de personas que no tenían coches a su disposición. Aquello no gustaba a Alcaide. El inspector jefe quería que se siguiese su metodología y que nadie se precipitase a la hora de eliminar un candidato:

—Si uno de los míos dice que en esta caja —dijo señalando las cajas donde iban a parar las sábanas de datos descartadas— no hay una manzana podrida y luego la hay, nos cuelgan del palo de la bandera de la jefatura. Yo, de joven, barría fruterías. Y barría con un método: primero un cuadrado, y solo cuando estaba limpio pasaba a otro cuadrado… Pues aquí trabajamos así. Hasta que no haya nadie descartado del todo, no empezamos a mirar al siguiente.

Manuel Vidal, uno de los comisarios más brillantes y con mayor proyección de la Policía, entendió aquella charla de Manuel Alcaide. Siguió prestando toda su ayuda al grupo, pero dejó de sentarse en los ordenadores de los policías para ver las imágenes que ellos ya habían visto y de repasar las sábanas de papel que llegaban desde las compañías de teléfono. El Grupo Candy se había ganado a pulso la confianza de sus jefes, que los defendieron hasta las últimas consecuencias. Conde había puesto su cabeza en manos de aquellos policías y así lo había escenificado ante el máximo responsable de la Policía. «Le dije a mi mujer —recuerda el comisario— que si esto salía mal, pasaría a segunda actividad, dejaría de ser policía.» José Luis Conde se jubiló tres años después, al cumplir sesenta y cinco años.

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NUEVO COTO DE CAZA

El pederasta de Ciudad Lineal estaba fijado en agosto del 2014 en la parte más oscura de los cerebros de miles de padres de la ciudad de Madrid. Anidaba en esos rincones de la mente donde viven los monstruos a los que uno nunca desea enfrentarse, pero ante los que necesita estar preparado, por si alguna vez se hacen realidad. Los padres de Laura, una niña de once años, y su hermano, Darío, de cinco, se habían preparado ante la amenaza del monstruo que seguía sin ser capturado por la Policía, tras los secuestros de Lúa y Paula, los únicos que conocía el público y de los que daban cuenta todos los periódicos y las televisiones aquel verano. Los padres repetían machaconamente a sus hijos que no hablasen ni se marchasen con desconocidos bajo ningún concepto. Los medios de comunicación contaban una y otra vez la forma de actuar del pederasta y el ancestral consejo seguía sirviendo, probablemente aquellos días de manera más justificada que nunca.

El pederasta decidió salir de su zona de confort aquel 8 de agosto del 2014. Seguramente, la presión policial comenzó a hacer efecto: las calles se llenaron de uniformados a pie y en coches patrulla, que se hacían especialmente visibles en las zonas frecuentadas por niños. Así que el depredador abandonó sus cotos de caza habituales —San Blas, Hortaleza, Ciudad Lineal— y se fue a ventear presas hacia el sur, al barrio de Moratalaz, entre la calle 30 y la carretera de Valencia. A las nueve de la noche del mes de agosto, en Madrid aún hay suficiente claridad para que los padres dejen jugar a sus hijos en los parques. De hecho, Laura recordaría en su declaración ante la Policía que «las farolas aún no estaban encendidas». Sus padres aliviaban los rigores del verano madrileño con unas cervezas en la terraza del bar La Salmantina, en el número 189 de la avenida de Moratalaz, mientras sus hijos jugaban en un jardín muy cercano. El pederasta vigiló a los dos hermanos. Los observó en el bar y los escuchó, los acechó tanto como para conocer el nombre de la niña y llamarla a gritos:

—¡Laura, Laura!

La pequeña salió corriendo con su hermano detrás en la dirección en la que oyó la voz, la misma en la que estaban sus padres. En lugar de a ellos, la niña, al subir una cuesta que acababa en la avenida de Moratalaz, se encontró a un hombre «que parecía buscar a alguien, moviendo la cabeza a los lados».

—¿Tú estabas en el bar con unos chicos que eran tus padres?

—Sí.

—Tu padre me ha mandado a que vengas a buscar conmigo unas cosas al coche, que tu padre está ahí —dijo mientras señalaba un aparcamiento de superficie cercano.

Laura lo miró con recelo, mientras su hermano pequeño, ataviado con una camiseta de la selección española, no se separaba de ella. En la mente de los dos niños estaban grabadas las palabras que tantas veces les habían repetido en los últimos días:

—Mi padre me ha dicho que no hable con desconocidos.

El pederasta percibió enseguida que no era su día, que había subestimado a aquella presa, mucho menos dócil de lo que él pensaba, así que intentó salir del paso sin quebrantar una de sus normas de actuación: jamás había violencia en sus secuestros. Era lo que lo seguía haciendo invisible en todos los escenarios en los que había actuado hasta ese momento. Nunca nadie pudo ver un forcejeo, ni unos gritos, ni nada que llamase la atención.

—Vale, voy yo a buscar las cosas al coche —le dijo mientras le hacía un gesto con la mano para que esperase.

Pero Laura y Darío no esperaron ni un segundo. Cuando el desconocido se giró, salieron corriendo agarrados de la mano en dirección al bar El Salmantino y contaron lo ocurrido a sus padres. La madre de los niños fue presa de un ataque de nervios antes de que sus hijos terminasen de narrar lo que habían vivido, mientras que el padre fue corriendo hacia el lugar donde la niña le había dicho que se había dirigido el hombre que la había abordado, pero allí no había nadie que respondiese a los rasgos que la pequeña había contado.

Cuando los dos componentes de la patrulla enviada por la sala del 091, tras la llamada de la madre de Laura, llegaron al bar, encontraron a la mujer sollozando, muy nerviosa. Solo acertaba a decir: «Han intentado llevarse a mi hija». Uno de los policías la intentó calmar, mientras el otro se fue con la menor para extraer de ella toda la información que pudiese. Laura hizo un relato pormenorizado, que repetiría un par de días después su madre en la comisaría de Moratalaz.

Los agentes de la Policía Judicial de esa comisaría avisaron al SAM. En aquellos días, cualquier intento de secuestro de menores —la inmensa mayoría de ellos, fruto de la fantasía de padres en estado paranoico ante las noticias del pederasta de Ciudad Lineal— se trataba con especial cuidado, y ante la mínima sospecha de que tuviese visos de ser real, se comunicaba a los responsables de la Operación Candy. Cuando los investigadores leyeron el atestado de Moratalaz identificaron la firma, el sello del monstruo que perseguían. El hombre había observado a su presa antes de abordarla —hasta el punto de conocer su nombre— y había intentado tenderle una trampa empleando, esta vez, a su padre. Solo la prudencia de la niña frustró los planes del pederasta. Solo había algo que esta vez no cuadraba en la forma de actuar del depredador: Laura tenía once años, dos más que Paula, cinco más que Xia y seis más que Lúa. Era una presa demasiado mayor para él. Dos agentes del SAM se desplazaron a la casa de la niña el 11 de agosto, tres días después del ataque fallido, y tuvieron la certeza de que estaban ante una nueva acción del monstruo: Laura aparentaba tres o cuatro años menos de los que realmente tenía. Respondía perfectamente al perfil de las anteriores víctimas del pederasta de Ciudad Lineal.

Al día siguiente, 12 de agosto, el subinspector David recibió a Laura y a sus padres en el chalé del SAM. El Grupo Candy quería conocer de primera mano todas las características del desconocido en las que se hubiese fijado la pequeña, que, a tenor de lo dicho por su madre, aparentaba ser una buena testigo. Laura contó con todo detalle el lugar en el que jugaba con su hermano, su encuentro con el hombre, las palabras de este y su huida del lugar. Era el mismo relato, con idénticas palabras, que el que había hecho su madre en la comisaría. David buscaba detalles físicos del hombre, nuevas pinceladas que diesen un perfil más sólido a quien en ese momento seguía siendo un borrón.

—Laura, ¿ese hombre te dio miedo cuando te habló? —David había repetido una y otra vez que el pederasta debía ser una persona de apariencia y maneras atractivas para las niñas, que jamás huían de él.

—No, me habló de manera muy amable.

—Cuéntame cómo era, cómo hablaba, si era alto o bajo…

—Era español, no tenía ningún acento. Tenía unos treinta años y medía más o menos 1,75.

—¿Cómo eran la cara, el pelo, la piel?

—Tenía la piel de color blanco, pero como si hubiese tomado mucho el sol. El pelo era corto, de color castaño claro, con el flequillo hacia delante. —Laura acompañaba sus palabras atusándose con la mano su propio flequillo.

—¿Era delgado, gordo, fuerte?

La madre de Laura interrumpió a su hija en ese momento y se dirigió a los policías que escuchaban a la niña:

—Ayer mismo, Laura vio a un chico de complexión delgada, pero con pinta de cuidarse, de hacer deporte, y me dijo que era como él.

Laura continuó con su descripción:

—Tenía las cejas grandes, los ojos de color marrón claro y las orejas y la nariz pequeñas.

—¿Tenía marcas? ¿Cicatrices? ¿Lunares? ¿Pecas?

—No, solo tenía un poco de barba.

—¿Cómo iba vestido?

—Solo me acuerdo de que llevaba una camiseta de manga corta de color gris claro.

El pequeño Darío, que acompañaba a sus padres y a su hermana, hizo gala en ese momento de buena memoria:

—Yo sí me acuerdo de que llevaba pantalones vaqueros azules pirata, como los de papá, y unas zapatillas blancas con cordones.

La descripción del pederasta que había dado Laura era perfectamente compatible con las que habían hecho Lúa, Paula, Kokoro, Belén y Loreto. Las niñas hablaban del mismo hombre: edad, complexión, forma y color del pelo similar, casi coincidente en todas las declaraciones. El monstruo comenzaba a dejar de ser un ente sin contornos y empezaba a adoptar forma humana, pero seguía siendo invisible cuando entraba en acción, aunque algo había cambiado.

Los investigadores del Grupo Candy se esforzaban en meterse en la mente de su presa. Los cazadores querían conocer las razones de su cambio de escenario y, sobre todo, querían anticipar sus próximos movimientos. Una nueva pegatina de colores se colocó en el mapa de los ataques, esta vez solo una, igual que la correspondiente a Kokoro, porque había sido, como en el caso de la niña de origen japonés, un intento fallido. Era importante que las operadoras de telefonía diesen pronto la información de los aparatos que estuviesen a las ocho de la noche de aquel 8 de agosto bajo la antena que cubría la avenida de Moratalaz, 189. Era un punto relativamente distante al de los otros ataques y si había coincidencias, la caza se podría acelerar.

Los comisarios Conde y Vidal y el jefe del SAM, Manuel Alcaide, respiraron al conocer que esta vez el pederasta había fallado. El intento dejó muy poca información para procesar, a excepción de la detallada descripción que hizo Laura, que, sin embargo, no se fijó en el coche hacia el que se dirigió el desconocido tras darse cuenta de que no se la podía llevar. Pero el ataque frustrado dejó unas cuantas lecturas. Más allá del estado de histeria en el que estaban sumidos unos cuantos barrios de Madrid, el miedo al pederasta había evitado un nuevo secuestro. Pero la lectura más interesante para los investigadores fue que el monstruo ya no se movía tan a sus anchas por su territorio de caza preferido. Sentía el aliento de la Policía muy cerca y estaba a punto de cometer un error, de tener el día de mala suerte que los investigadores necesitaban para dar con él. Entonces no imaginaban lo cerca que estaba ese día. Solo faltaban dos semanas.

- • -

LAS LÁGRIMAS DE SILVIA

La Operación Candy está llena de cifras mareantes —medio millón de coches estudiados, más de ocho millones de conexiones de teléfono analizadas—, que dan una idea de las dimensiones del trabajo que hubo que hacer para dar con el pederasta de Ciudad Lineal. Lo que nadie midió, porque no hay unidad de medida para ello, fueron los niveles de frustración, de cansancio y de dolor que alcanzaron los cazadores del monstruo. El estrés y, sobre todo, el agotamiento de los integrantes del Grupo Candy estaban al límite en la segunda mitad de agosto del 2014. Llevaban más de tres meses prácticamente viviendo en los veinticinco metros cuadrados del despacho de la planta baja de la jefatura, atados a sus ordenadores, estudiando nombres, cifras, rodeados de mapas que marcaban el rastro que el pederasta iba dejando por Madrid. Mientras media España estaba de vacaciones, ellos vivían solo para acabar el trabajo que les habían encomendado, con el recuerdo aún fresco de las terribles heridas de Xia.

La subinspectora Silvia habló con el comisario Manuel Vidal y le dijo que necesitaba tres días, solo tres, de vacaciones. Quería desconectar setenta y dos horas, marcharse a Roquetas de Mar (Almería), donde nadie le hablase del pederasta, lejos del bullicio, fuera del gigantesco territorio de caza en el que ella y sus compañeros habían convertido las calles de Madrid. El 22 de agosto por la tarde, Silvia y su pareja —un agente de la UIP— salieron en coche en dirección a Almería. Aún no habían abandonado la Comunidad de Castilla-La Mancha, cuando en el grupo de wasap Candy entraron unos audios grabados por Fraile. El pederasta se había llevado a otra niña. Silvia no dejó de llorar hasta que llegó a Roquetas de Mar. Lágrimas de angustia y, sobre todo, lágrimas de frustración que la acompañaron en sus tres días de vacaciones, durante los que su pareja le prohibió ver las noticias en televisión.

La alarma la había dado Ángel, un vigilante de seguridad del edificio que Vodafone tiene en la avenida de América, 115. A las 19:15 de ese 22 de agosto, llamó al 091 y contó que en un descampado, cuando iba de camino a su casa, se había encontrado a una niña de siete años que decía estar perdida. Una patrulla de la comisaría de San Blas fue hasta el lugar indicado, la esquina de las calles Luis Aragonés y Mequinenza, y se encontró con el hombre y la niña. La pequeña, de origen dominicano, tez muy morena, con dos trenzas —una de ellas con restos de rastrojos—, le contó a los policías que su padre estaba trabajando, que no sabía dónde estaba su madre, porque estaban separados, y que esa tarde estaba jugando con sus abuelos en un parque de Canillas.

—¿Y qué te ha pasado? ¿Cómo has llegado hasta aquí?

—Un señor se ha acercado y me ha preguntado si los de enfrente eran mis abuelos. Le he dicho que sí y él me ha dicho que me fuera con él, que le íbamos a dar una sorpresa a mis abuelos. Me he ido con él y me ha tapado la boca y me ha metido en la parte de atrás de un coche. Me ha dicho que me agachara y que no le dijera a los abuelos que me había ido con él.

La niña contaba con desparpajo y con detalle lo ocurrido, hablaba del recorrido que había seguido el coche, del lugar en el que paró. Aparentemente, no parecía una niña en estado de shock.

—¿Te ha hecho algo ese hombre?

—Me ha obligado a desnudarme y me ha hecho cosas malas.

Los agentes de San Blas no necesitaron saber más. Su distrito había sido el escenario de varios de los secuestros y liberaciones del pederasta, y todos los policías de la comisaría que patrullaban en la calle estaban alertados de que, ante cualquier incidente sospechoso, debían ponerse en contacto con el SAM de manera urgente. Dos miembros del Grupo Candy se desplazaron a toda velocidad hasta el descampado donde el vigilante había encontrado a Daisy, tanta que estuvieron a punto de quedarse tirados porque el coche no tenía combustible y no quisieron parar a repostar. Al llegar se encontraron con una niña entera, que podía comunicarse con ellos sin problema y que les dijo dónde vivía y qué le había ocurrido.

Los policías extremaron las precauciones para que la recogida de muestras fuese lo más minuciosa posible. Según contó la pequeña, su secuestrador había abusado de ella en un descampado, fuera del coche en el que la llevó, así que había que preservar la zona por si allí había quedado algo que sirviese para identificarlo. El sitio fue acordonado y custodiado, y así permaneció más de veinticuatro horas para que los agentes de la Científica pudiesen trabajar con tranquilidad mientras buscaban cualquier vestigio. Los sanitarios del SAMUR condujeron a la pequeña al hospital La Paz, intentando no contaminar ni la ropa ni el cuerpo de Daisy, que recibió en el centro médico la visita del forense y de los agentes de la Policía Científica. Estaba siendo una actuación de manual, siguiendo todos los protocolos al pie de la letra y cumpliendo, por primera vez desde que se inició la operación, con las exigencias del dispositivo Candy.

La niña no presentaba lesiones graves y pudo abandonar el hospital en pocas horas. Sin embargo, nadie había denunciado su sustracción ni su desaparición. Daisy había contado que cuando fue secuestrada estaba con su abuelo y facilitó la dirección de su casa, a la que acudieron varios agentes. Allí se encontraron con el padre de la pequeña, desesperado, preguntando por su hija. El encuentro entre el hombre y la niña se produjo en el hospital La Paz.

El secuestro de Daisy era distinto y extraño. Esa fue la primera conclusión de los investigadores, que creían que empezaban a conocer a su enemigo y pensaban que podían prever sus movimientos. El pederasta no solo no había seguido subiendo en su escalada criminal, sino que había descendido un par de peldaños. La brutalidad del ataque a Xia parecía anunciar una tragedia en su siguiente acción, pero en este caso, el monstruo no se llevó a su presa a una casa, no la retuvo cuatro o cinco horas, no la duchó, ni le dio ninguna pastilla para someterla más fácilmente. Además, los abusos habían sido en la calle y, según dijo la cría a los primeros policías que la atendieron, el pederasta le había tapado la boca. Era una forma de actuar inédita en él. Por primera vez había empleado una mínima violencia en el secuestro. Pese a ello, los miembros del Grupo Candy no tuvieron ninguna duda de que era él. Había dejado su firma, esta vez hablándole a la pequeña de darle una sorpresa a sus abuelos. Al echar un vistazo al lugar en el que se habían cometido los abusos, los agentes del SAM se dieron cuenta de que el sitio estaba completamente despoblado, era una zona llena de solares en la que no había ni vida inteligente, ni cámaras de seguridad. Sus únicas bazas, esta vez, eran los posicionamientos del teléfono del pederasta y la descripción que de él y su coche hizo Daisy.

A las diez de la noche, los agentes del Grupo Candy comenzaron a tomar declaración a Ángel, el vigilante que encontró a la niña. Contó que la vio llorando en el descampado situado entre las calles Mequinenza, Alcalá y la glorieta de Carlos Llamas, cerca de la autovía de circunvalación M-40. Le preguntó que cómo había llegado hasta allí y Daisy le habló del desconocido que la había engañado diciéndole que le iban a dar una sorpresa a su abuelo. Ángel calmó a la cría y se la llevó hasta unos bancos y le preguntó si sabía dónde estaba o dónde vivía. Daisy le dijo que no.

El siguiente en pasar por la brigada fue Ezequiel, el tío de Daisy, el hombre que estaba al cuidado de la niña en el momento del secuestro. Contó que a las 17:30 estaba en la calle con la niña y su hermano, junto a la casa de los abuelos de Daisy, en la calle Gomeznarro. Los chicos montaban en sus bicicletas en un pequeño parque y en un momento vio cómo la niña dejaba la bicicleta y se iba andando en dirección a casa de sus abuelos, por lo que pensó que iría hacia allí. Media hora después, al comprobar que no volvía, comenzó a buscarla, fue a casa de su padre —el abuelo de la pequeña— y al ver que no estaba, salió a la calle a recorrer los parques cercanos. A la búsqueda se unió minutos más tarde el padre de la niña. Los dos decidieron ir a la comisaría a poner una denuncia por desaparición, y cuando iban hacia la casa de la niña a buscar una fotografía de ella, se encontraron un coche patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes les indicaron que Daisy estaba en el hospital La Paz.

Los agentes del SAM ya tenían una nueva zona de caza. Comprobaron en el mapa dónde estaba la calle Gomeznarro y se dieron cuenta de que el pederasta había regresado a su zona de seguridad, a los barrios donde había capturado más presas, muy cerca del lugar del secuestro de Paula. El sitio del que se llevó a Daisy está lleno de pequeños parques con arena, que separan los bloques de cuatro alturas que se acumulan en esas calles, un escenario casi calcado al del ataque a Paula, aunque en un barrio más humilde, poblado por muchas familias de inmigrantes. Los investigadores necesitaban saber algo más, si la niña estaba en el momento del rapto sola o con su hermano y si alguien más pudo ver al pederasta.

—¿Ha hablado con su sobrina? ¿Le ha contado algo del tipo que se la llevó?

—Solo le he preguntado que dónde se había metido cuando se marchó del parque y ella me ha dicho que se fue a hacer pis a la parte de atrás de la casa de su abuelo. Y que cuando estaba allí, un señor le ha dicho que se fuera con ella, que le iban a hacer un regalito a su abuelo. Me ha contado que cuando ella chillaba, el hombre le tapaba la boca con la mano.

Los policías trataron de ver con los ojos del monstruo la escena que acababa de describir el hombre. La pequeña agachada, con la ropa interior bajada, haciendo pis. Daba la impresión de que el depredador había improvisado este secuestro, de que Daisy fue una presa cobrada al paso, a la que no acechó ni vigiló. La vio y decidió llevársela sobre la marcha. Eso explicaba que no la hubiese llamado por su nombre, como a algunas de sus víctimas, y que hubiese utilizado algo de violencia para llevársela.

También por primera vez en toda la Operación Candy, los investigadores contaban con el escenario de un crimen. Sabían el lugar en el que se había producido el delito y podían rastrearlo a fondo para buscar pruebas. Paula y Xia habían sido agredidas en una casa desconocida, mientras que Lúa sufrió los abusos en un coche del que no sabían nada. Los agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada de Policía Científica de Madrid se emplearon a fondo en el descampado donde apareció la niña, una zona vallada, aunque con numerosos agujeros en la alambrada que la rodea. Los expertos en criminalística recogieron hasta trece vestigios —pañuelos de papel, bolsas y torundas de algodón que frotaron en la valla y en una silla que había en el lugar en busca de ADN— y pasaron la luz forense por cada rincón del descampado para localizar restos biológicos.

Todas las prendas de Daisy también fueron trasladadas al laboratorio, junto a las sábanas que empleó el SAMUR para conducir a la menor hasta el hospital. Además, los agentes de la Científica tomaron una muestra de un resto biológico que la niña tenía en el lado izquierdo del labio inferior, según reveló la luz forense.

Los agentes del Grupo Candy podían contar esta vez con más pruebas científicas que nunca. Faltaba saber todo lo que iba a aportar Daisy, la niña de las trenzas, en su declaración. A las once de la noche del mismo día de su rapto, la menor comenzó a hablar. Todo lo que dijo cambió el rumbo de la Operación Candy.

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DAISY

Su padre la acompañaba en el despacho del grupo, mientras los policías del SAM preparaban todo para la declaración de Daisy, una cría de siete años despierta y vivaracha, que se convirtió en la TP5 (testigo protegida 5). Al entrar en el chalé, sede del SAM, sorprendió a todos:

—Yo he estado aquí antes. Allí hay una señora mayor que me trata muy bien —dijo señalando el lugar habitualmente ocupado por Mari Luz, la veterana oficial del equipo.

El padre, avergonzado, tuvo que dar explicaciones a los policías. Su exmujer, en tratamiento psiquiátrico, lo había denunciado varias veces y en ocasiones lo había acusado de abusar de su hija, acusaciones que nunca tuvieron visos de verosimilitud. Por eso, la menor conocía las instalaciones del SAM, porque había estado allí declarando.

Era tarde, pero el estado físico y de ánimo de Daisy hizo pensar a los agentes que sus recuerdos estarían bien frescos. Solo habían pasado cuatro horas desde que el pederasta la había dejado en el descampado.

—Venga, cuéntanos qué te ha pasado.

—Estaba cerca de la casa de mis abuelos, con mi hermano y mi tío, jugando con la bici. Yo daba pedales, pero la bici no funcionaba y me caí. Mi tío se rio porque me había caído, así que me escondí entre dos coches y me puse a hacer pis.

—¿Y qué pasó? ¿Fue en ese momento cuando llegó el señor?

—Vino un señor mientras estaba haciendo pis y me preguntó, sin señalar a nadie, si ese era mi abuelo. Le dije que sí porque mi abuelo estaba cerca.

—Bien, Daisy. ¿Qué te dijo después?

—Me dijo: «Vamos a hacer una sorpresa a tu abuelo», y me pidió que me fuese con él. Me llevó hasta su coche, que estaba aparcado muy cerca.

—¿Te acuerdas de cómo era el coche?

—De color gris plata, de cuatro puertas.

—¿Dónde te sentaste?

—En la parte de atrás, en el suelo. Me dijo que era para que no me viese nadie.

—¿Y después? ¿Arrancó el coche?

—Se montó, avanzó un poco y se paró en un chino a comprar algo, pero no sé qué era.

—¿Cómo? ¿Se bajó del coche? ¿Te dejó sola?

—Sí. Dejó el coche en doble fila —la niña acompañaba su declaración gesticulando con las manos— y lo cerró, porque yo no podía abrir la puerta. Me asomé a la ventana y lo vi comprar en el chino.

El padre de Daisy le dijo a los policías que la niña conocía ese chino. Que su hija le había dicho que estaba al lado de un bar de la carretera de Canillas al que acudían con frecuencia, porque tenía una amiga que trabajaba allí como camarera. Un grupo de agentes salió inmediatamente hacia el lugar indicado, en busca de testigos, pruebas o algo que ayudase a identificar al pederasta, que se había atrevido a bajarse del coche con una presa dentro y a exponerse de una manera casi suicida.

—Sigue contando, Daisy. ¿Qué pasó luego?

—El hombre se volvió a montar en el coche. Llegamos a un campo y allí me bajó. Fuimos por un caminito, pasamos un puente y después por una caseta, donde hay una valla. El hombre agarró la valla y me dijo que pasase por debajo. Luego me pidió que le agarrase la mochila y pasó él. Seguimos andando hacia abajo, donde hay una silla vieja, con un asiento naranja, y allí nos paramos.

—¿Qué hizo después el hombre?

—Sacó de la mochila una toallita pequeña, como con la que te lavas las manos, de color entre marrón y morado, y la puso en el suelo.

—¿Te dijo algo?

—Me dijo que me quitase la ropa y le pregunté que para qué. Él me dijo que para una cosa. Le dije que me iba a ir y él me preguntó que dónde me iba a ir. Le dije que a mi casa.

Daisy, de siete años, cambió su gesto, que empezó a ensombrecerse, a adoptar un rictus entre el miedo y la vergüenza.

—Yo estaba asustada, le pregunté si iba a tardar mucho o poco y él no me contestó. Me empecé a asustar mucho, así que le hice caso y me quité la ropa.

Los agentes que tomaban declaración a Daisy sabían que llegaba el momento más duro de la exploración, en el que aflorarían los peores recuerdos. Contuvieron el aliento y siguieron buscando en la memoria de la pequeña.

—¿Qué hizo?

Daisy dio en su testimonio todo tipo de detalles. Contó qué le había hecho el pederasta, qué le había obligado a hacer a ella, los lugares de su cuerpo en los que le hizo daño… Era un relato minucioso y coherente, que la pequeña acompañaba con gestos y con movimientos de su cuerpo para hacerlo aún más comprensible. Y aportó un dato muy singular sobre su agresor:

—Cuando estaba encima, me cayeron muchas gotas de sudor, en la espalda y aquí, en el pelo. —Daisy se señalaba la coronilla—. Él sudaba mucho.

—¿Y después? ¿Qué pasó luego?

—Cuando se levantó, me puse la ropa y me fui corriendo. Él me dijo que me esperara, pero yo no quería, estaba llorando y quería irme a casa. En ese momento pasó un chico morenito y me preguntó que si me pasaba algo. Yo le dije que nada porque el hombre malo aún estaba cerca. Luego me encontré a otro señor, que me volvió a preguntar, y le dije que un hombre me había mentido y me había hecho cosas malas. Ese señor llamó a la Policía.

El relato había sido minucioso y Daisy había sido muy expresiva, recordando todos los detalles e incidiendo en ellos con su lenguaje corporal. El Grupo Candy tenía una nueva testigo excepcional.

—Cuéntanos todo lo que recuerdes de ese señor: si era alto, bajo, delgado, fuerte, cómo hablaba…

—Tenía acento español, era alto, muy fuerte, con muchos músculos, de pelo castaño, ojos castaños oscuros. Su piel era blanca, tenía lunares en los mofletes de la cara, dos marcas en la piel en el brazo derecho, debajo del hombro.

—¿Cómo iba vestido?

—Llevaba una camiseta de tirantes anchos de color gris oscuro, pantalón de chándal azul y zapatillas con cordones de color blanco. Y sudaba mucho.

—¿Recuerdas algo más?

—Solo que el coche olía mucho a tabaco, aunque yo no lo vi fumar.

La descripción que Daisy hizo del pederasta era la más completa que tenían desde el inicio de la Operación Candy, pero además contaban con una nueva testigo, la mujer china que estaba en el establecimiento al que entró el pederasta camino al descampado donde agredió a la pequeña. Varios policías fueron esa misma noche al chino Martinmar, en el número 72 de la carretera de Canillas. La flexibilidad de horarios de estos comercios facilitó que encontrasen a su propietaria, una mujer china de treinta y cuatro años, casi de madrugada en el interior de la tienda. Lijing Lin dijo que ese día había tenido poca clientela, así que recordaba bien a un hombre que entró solo en la tienda, muy apresurado, que se dirigió a los productos de droguería y cogió una lata de crema Nivea. La mujer les dijo que también había tocado varios botes de champú y que le había pagado con un billete de diez euros, que no pudo identificar en la caja. Los agentes le preguntaron por el aspecto del cliente y ella solo recordaba el descomunal tamaño de sus hombros y sus brazos, «grandes y fuertes, como de gimnasio, con las venas muy marcadas». La china les decía a los policías, rodeando con sus dos manos el brazo de un agente: «No coge mano, no coge, muy grandes». No pudo dar ningún detalle sobre su rostro ni sobre su manera de hablar porque, según dijo, solo había estado unos segundos en la tienda y no le había dirigido una sola palabra.

Los policías que acudieron al establecimiento miraron esperanzados la cámara que apuntaba hacia la caja, pero la mujer les dijo que solo era una carcasa con una falsa lente, que estaba allí como elemento disuasorio. Los agentes de la Policía Científica se llevaron cuatro botes de champú, fijador y crema, los que la encargada de la tienda dijo que su cliente había tocado antes de llevarse el bote de Nivea. Tenían la esperanza de que en alguno de ellos hubiese dejado sus huellas.

Los medios de comunicación contaron el nuevo ataque del pederasta de manera inmediata, detallando que una niña de origen dominicano había sido su nueva víctima y describiendo el lugar en el que se produjo la agresión. Agosto suele ser un mes pobre en actualidad y las andanzas del monstruo ocuparon muchas horas de televisión y muchas páginas de periódicos. Itziar, una mujer de cuarenta años, recordó, al ver las noticias sobre el nuevo rapto, que había paseado con su bebé la tarde del 22 de agosto por esa misma zona y rememoró el curioso encuentro que tuvo con «un tío bueno que iba con una niña negrita». Le llamó la atención la fuerte complexión del hombre y el color claro de su piel, en contraste con el color de la niña, e incluso llegó a pensar que eran padre e hija y que la madre debía de ser negra.

La mujer acudió a la Policía para contar lo ocurrido durante el paseo con su bebé, convencida de que había visto con sus propios ojos al hombre más buscado de Madrid. Dijo que vio al tipo y a la niña salir del coche. Describió el aspecto y la ropa de la cría, que coincidían con los de Daisy, y contó que le chocó el hecho de que el tipo no ayudase a la pequeña a bajar el terraplén que daba acceso al descampado, que la niña lo seguía «como un perrito». Itziar se fijó bien en el hombre, atraída por su físico, así que hizo un retrato muy preciso de él: «Entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años, con el pelo claro y muy corto, rapado, con la parte del flequillo algo más larga. Muy musculoso, especialmente los brazos. Su cara era de rasgos finos, agradable, incluso guapo. Llevaba una mochila con dos asas colgada del hombro».

Los agentes del Grupo Candy sintieron, por primera vez desde el inicio de la operación, que tenían un hilo grueso y firme para atrapar a su presa. Desde el momento del secuestro de Daisy no habían parado de trabajar ni una sola hora, encadenando dos días seguidos de gestiones, interrogatorios y recogida de pruebas, pero este ataque había proporcionado en muy pocas horas mucha información. Tenían casi un retrato del pederasta, gracias a las descripciones de Daisy, Itziar y la dependienta china. Tenían un escenario —la tienda— donde había podido dejar sus huellas y tenían tres puntos de un recorrido: el lugar del rapto, el lugar en el que paró y el lugar del ataque. Entre esos tres sitios, alguna cámara tenía que haber grabado al pederasta o, al menos, el coche en el que viajaba.

Releyendo las declaraciones tomadas en esas primeras horas, los encargados de la Operación Candy se dieron cuenta de que había algo que se repetía en todas ellas: la imponente musculatura del pederasta que las tres testigos describían. Daisy era una testigo de lujo —«un bicho», tal y como la definió una policía del grupo— y todos coincidieron en que había que seguir insistiendo con ella. Tenía que ir con los agentes al lugar de la agresión. Los policías recordaban perfectamente cómo Paula había hecho aflorar más recuerdos cuando la llevaron al sitio en el que la abandonó el depredador. Silvia, una policía procedente de Homicidios, que había empatizado con la pequeñaja de las trenzas, sería la encargada de rebuscar en la memoria de Daisy.

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LOS BRAZOS DEL MONSTRUO

Una imagen del fotógrafo Carlos Rosillo, publicada en el diario El País, es el mejor resumen gráfico de la Operación Candy. En la foto se ve una curiosa comitiva compuesta por una niña con dos trenzas, que camina agarrada de la mano de una mujer con el pelo recogido en una coleta y una mochila a la espalda. A cada lado de ambas, van dos agentes vestidos de paisano, ataviados con chalecos que los identifican como policías. Todos están de espaldas. La imagen fue captada la mañana el 23 de agosto del 2014, cuando Daisy regresó al descampado en el que fue agredida por el pederasta. La mujer que la llevaba de la mano es Silvia, la policía de Homicidios incorporada al Grupo Candy, que acompañó a la pequeña en todo momento y le fue sonsacando toda la información que aún guardaba la cría, tras la prolija declaración del día anterior.

Daisy y Silvia comenzaron la reconstrucción de lo ocurrido un día antes en el lugar del secuestro, la casa de los abuelos de la niña, en la calle Gomeznarro. La pequeña explicó con todo detalle y con desparpajo cómo el pederasta la engañó para que se subiese a su coche y cómo le hizo tumbarse entre el asiento del copiloto y los asientos traseros. En esa posición, no perdió detalle de lo que había a su alrededor:

—Entre los asientos, vi un trozo de maletero. Dentro había una especie de cuerda de color negro y amarillo con forma de triángulos. Y en el sitio del copiloto había una mochila de color negro.

Daisy se fijó incluso en la llave de contacto del coche y en el llavero.

—Era de plástico, de color verde, con un cuadradito en el centro de color blanco, en el que no había nada escrito.

La niña describió minuciosamente las calles por las que fue el coche, la parada frente al chino en la que se bajó su raptor, cómo regresó con una bolsa de plástico blanca y una llamada que recibió el hombre y que no contestó, tras mirar el teléfono, que Daisy también recordaba muy bien —«una pantalla grande con cuadraditos»—. Indicó dónde se paró el vehículo, el lugar por el que entraron al descampado, el recorrido que hicieron hasta que el pederasta se paró y sacó una pequeña toalla de la mochila que llevaba. Tras señalar el sitio donde la agredió, Daisy recordó algo que no había contado el día anterior:

—Cuando acabó de hacerme cosas, el hombre sacó una botellita de agua de su mochila y echó agua en la toalla y me limpió el pecho y la espalda. Luego volvió a meter la toalla en la mochila.

Los agentes del DEVI que acompañaban a Silvia y a la niña, vieron en ese momento al otro lado de la valla que rodeaba el descampado una botella de agua de la marca Bezoya. La pequeña dijo que era igual que la que llevaba su agresor, así que los policías se la llevaron, por si allí hubiera quedado alguna huella válida, aunque albergaban pocas esperanzas. El pederasta era muy cuidadoso, tanto como para duchar a sus víctimas o, como en este caso, limpiar las partes de sus cuerpos en las que sospechaba que podían quedar sus restos biológicos, así que parecía poco probable que hubiese dejado una prueba así en el escenario de uno de sus crímenes. De hecho, no pudieron obtener ninguna prueba de valor en esa botella.

Silvia le pidió a Daisy que hiciese un esfuerzo para recordar más rasgos del hombre que la secuestró:

—No sé cuántos años tenía, pero más o menos como él —dijo, señalando a uno de los policías, que tenía treinta y cinco años en ese momento—. Sus brazos tenían muchos músculos y en su cara había varios lunares. Uno, aquí —se señalaba la mejilla derecha mientras lo decía—, y otro en la boca. Tenía una marca, como una cicatriz, en el brazo derecho, no llevaba pendientes y no tenía pelos en la tripa.

El retrato estaba casi completo. El monstruo salía de las sombras y comenzaba a tener forma gracias al testimonio de la pequeña Daisy y a la complicidad que Silvia logró establecer con ella, la misma que los subinspectores Silvia y David consiguieron tener con Paula, la otra gran testigo con la que contaba el Grupo Candy. Esta vez, el rastro del pederasta estaba fresco, lo seguían de cerca.

El itinerario descrito por Daisy abrió otra vía de investigación a la que el grupo se aferró, convencido de que esta vez las cámaras que vigilan las calles de Madrid sí habían registrado la imagen del coche del pederasta. El vehículo, según dijo la niña, había recorrido la carretera de Canillas, una de las principales vías del distrito de Hortaleza, y, lo que era más importante, una de las calles que rodean el complejo policial de Canillas, la sede de los servicios centrales de la Policía. Los investigadores sabían que allí había cámaras, así que dieron por seguro que el coche estaría grabado.

Además, frente al chino en el que el pederasta compró un bote de Nivea había una sucursal de Bankia con cajeros automáticos equipados con cámara, y a su lado, una parada de autobús. Los agentes del Grupo Candy ya habían solicitado tras el secuestro de Paula las grabaciones de las cámaras que llevan los autobuses de la EMT y así lo volvieron a hacer, en este caso, con los vehículos que cubrían la línea 73.

En pocas horas, la esperanza depositada en esas tres cámaras se tornó en algo de frustración. Las cámaras del complejo de Canillas, el organismo policial más grande e importante de España, están programadas para grabar a baja resolución para que el disco duro tarde más en llenarse, así que lo único que se distinguía era el modelo del coche, un Citroën Xsara Picasso de color indefinido, en la gama que va del gris al negro. El vehículo pasó a las 18:29 frente a la cámara del complejo policial.

Poco antes, la cámara del cajero de Bankia captó cómo el mismo coche paraba en doble fila, el conductor se bajaba y cómo regresaba al vehículo, pero la imagen era lejana y no se podía apreciar ni un solo rasgo del hombre, y del coche solo se podía distinguir el modelo. La cámara del autobús 8604 de la línea 73 era la única que había captado el coche en un ángulo que podía hacer posible distinguir la matrícula, pero el exceso de claridad —como si la imagen estuviera quemada— lo impedía (ver aquí). La vía de las cámaras no era definitiva, no le iba a dar al Grupo Candy la cabeza del pederasta, pero sí tenían la seguridad del coche en el que se estaba moviendo en esos instantes, un Citroën Xsara Picasso.

Todos esos fotogramas fueron revisados minuciosamente en busca de cualquier detalle más sobre el coche o el conductor. Las imágenes fueron tratadas en la Comisaría General de Policía Científica, se solicitó la ayuda del FBI, de las fuerzas de seguridad israelíes y de varios catedráticos, como los que analizaron los fotogramas del coche de José Bretón el día que mató a sus hijos, que fue captado por una cámara en Córdoba. El comisario Conde recuerda la frustración que le dejó uno de esos expertos: «Me dijo, refiriéndose a la imagen de la cámara del autobús, que la matrícula del coche no la podría sacar nadie, sencillamente porque no existía en la imagen. La cámara no la había registrado por el ángulo en el que los rayos del sol caían sobre ella».

Nada fue sencillo en la Operación Candy. La suerte muy pocas veces se puso de parte de la Policía. Ahora que tenían un modelo de automóvil —Xsara Picasso—, resultó ser uno de los vehículos más vendidos del país. Las primeras consultas de El Irlandés, el encargado del Grupo Candy de gestionar todo lo que tenía que ver con coches, revelaron que había más de ochocientos mil Xsara Picasso circulando por España. Poco a poco, fijándose en el color, la cifra se fue reduciendo, pero nunca fue menor de seis cifras. Sin matrícula, el coche tampoco iba a ser el hilo definitivo para dar con el monstruo.

Pese a la desilusión que produjo el visionado de las imágenes grabadas por las tres cámaras, el Grupo Candy y sus responsables se agarraron a lo más sólido que les había dejado el secuestro de Daisy. Por primera vez tenían dos descripciones del pederasta hechas por personas mayores de edad —la testigo que lo vio mientras paseaba a su hijo y la dependienta china— y el retrato que la pequeña había hecho de su captor era muy preciso y hablaba de rasgos de los que otras niñas también habían hablado: lunares, verrugas, bultos…

Pero más allá de los rasgos físicos, que sirvieron para seguir afianzando los retratos robot del sospechoso, había muchos elementos periféricos en los que fijarse. Todos los investigadores estuvieron de acuerdo en que Daisy fue una presa improvisada, que el pederasta no había planificado su secuestro. Los agentes prestaron atención a todo lo nuevo que había en este hecho: una pequeña toalla, una mochila, una botella de agua. La subinspectora Silvia le describió a su pareja esas cuerdas amarillas y negras que la niña dijo haber visto en el maletero del coche del agresor y el hombre le dijo que podría tratarse de un TRX, unas cintas que en aquella época empezaban a extenderse como método de entrenamiento funcional. La botella y la toalla podían ser perfectamente objetos que alguien llevase a un gimnasio. La mujer china había dicho que el tipo tenía los brazos «muy fuertes, como de gimnasio, y con las venas muy marcadas», e Itziar y la propia Daisy hablaron de lo musculado que estaba el hombre más buscado de Madrid.

Los investigadores analizaron las declaraciones de las testigos anteriores, desde la de Yan, la primera víctima que le atribuían al pederasta, pasando por Lúa, Kokoro, Paula y Laura. Llamaba la atención que en las primeras agresiones o tentativas las niñas no hablaban de alguien tan fuerte. El comisario José Luis Conde, aficionado al deporte, había sido un asiduo a los gimnasios y aportó una explicación: el sospechoso se ciclaba, se sometía a tratamientos con anabolizantes y otros productos para aumentar su musculatura. Eso hacía posible que se hinchase y deshinchase en cortos períodos de tiempo. Aquello cuadraba: la vascularización de los brazos (las venas marcadas) es una de las señales que dejan esos ciclos, pero había otro aún más evidente. Daisy había contado en su declaración que mientras el pederasta abusaba de ella, decía: «Ya casi se va poniendo duro». El tipo tenía problemas de erección, uno de los efectos secundarios del consumo de anabolizantes. El exceso de sudoración del que también habló la pequeña era otra de las señales que apuntaban a que al pederasta de Ciudad Lineal había que buscarlo en los gimnasios. Metidos en su mente, los encargados de la investigación se imaginaron que ese 22 de agosto el depredador salió de entrenar sin la intención de secuestrar a ninguna niña, pero que cuando vio a Daisy sola, agachada, haciendo pis, su pulsión pudo con él. Y se la llevó. Los agentes pensaron que el monstruo comenzaba a estar fuera de control, que su instinto depredador lo había empujado a improvisar y cometer su primer gran error.

La impresión de los investigadores era cierta: tan solo tres días después del ataque a Daisy, el pederasta lo volvió a intentar, aunque lejos de Ciudad Lineal, el barrio que le había dado nombre y fama. Regresó a un coto ya conocido por él, Coslada, donde había actuado trece meses antes, cuando se metió en la casa de Yan, una niña china de siete años. Entonces, nadie lo buscaba. Ahora, tenía el aliento de la Policía en su nuca.

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GUERRAS POLÍTICAS

Nadie, salvo los investigadores de la Operación Candy, sabía que Coslada, una ciudad situada al este de Madrid, había sido en julio del 2013 uno de los escenarios de actuación del pederasta. Sus vecinos seguían las noticias, como el resto del país, sin la paranoia que se vivía en Ciudad Lineal, Hortaleza o San Blas, los barrios en los que era conocido que el depredador había actuado. Quizás por ello, la tarde del 25 de agosto del 2014 la madre de Blanca le pidió a su hija, de ocho años, que bajase a comprar pan al chino que había cerca de su domicilio, en el número 87 de la avenida de La Cañada. Pocos minutos después, la niña subió con el pan, algo asustada, y le contó a su madre que un hombre le había pedido que se subiese a su coche «para que lo ayudase a bajar unas bolsas».

La mujer llamó inmediatamente al 112 y tres agentes de la Policía Local de Coslada se presentaron en su casa y escucharon lo que les contaba la niña. Los protocolos estaban muy bien engrasados y Blanca y su madre fueron trasladadas hasta la comisaría de la Policía Nacional de Coslada y, desde allí, a la Brigada de Policía Judicial. Mari Luz, la veterana oficial que exploró a Paula en el hospital, escuchó el relato de Blanca:

—Justo cuando salía de comprar el pan en el chino, había un coche de color gris, casi negro, aparcado al lado. Dentro había un hombre que me ha preguntado cómo me llamaba. Yo le he dicho mi nombre.

—¿Qué más te ha dicho?

—Me ha dicho que me subiera al coche y me ha hecho un gesto con la cabeza, como enseñándome el asiento de atrás. Que quería que lo ayudara a bajar unas bolsas. Yo le he dicho que iba a dejar el pan y que bajaría a ayudarlo. Cuando se lo he contado a mi madre, hemos bajado para ver si estaba, pero ya no estaba allí.

—Dime cómo era ese señor, cómo hablaba, cuántos años tenía, cómo iba vestido… —Mari Luz sabía que se trataba del mismo tipo que había atacado al resto de las niñas, pero necesitaba una descripción.

—Tenía veintiocho o treinta años, como mi profesor Luis. Hablaba español, sin acento, con una voz normal. Tenía la piel muy blanca. Iba vestido con una camiseta de color negro, sin dibujos ni letras. En la mano izquierda llevaba un reloj grande de color dorado. Tenía el pelo castaño, peinado hacia atrás, lo llevaba como mojado y estaba bien afeitado.

—¿Y te acuerdas de cómo era el coche?

—Es igual que el de mis vecinos, los marroquíes. —Mari Luz miró a la madre de la niña con gesto interrogante.

—Es un Citroën Xsara Picasso gris oscuro, con los cristales de atrás más oscuros que el resto —dijo la madre de la pequeña.

No hacía falta más. Lo que había contado la niña ni siquiera era un hecho delictivo. Difícilmente aquello podía acabar convertido en una acusación, no tenía ni siquiera la categoría de tentativa. Pero sí daba nuevos datos y muy importantes. Había vuelto a aparecer la firma del pederasta. A Blanca le dijo que lo ayudase «a bajar unas bolsas» y a Lúa, la niña a la que secuestró en septiembre del 2013 en la calle Rioconejos, la engañó diciéndole que tenía que darle «unas bolsas». Además, el pederasta había regresado a otro territorio conocido, Coslada, y había vuelto a intentar cazar en las inmediaciones de un chino, como hizo con Paula y con Xia. Pero lo más importante era la información en torno al coche: seguía conduciendo un Citroën Xsara Picasso, que ya sabían que no era negro, sino gris.

Al día siguiente, el 26 de agosto, saltó la alarma muy cerca de Coslada, en San Fernando de Henares. Una niña de dieciséis años —mucho mayor que las víctimas del pederasta— dijo que un hombre había intentado subirla a su coche. Los investigadores del Grupo Candy no dieron credibilidad al suceso, que parecía fruto de la paranoia en la que estaban inmersos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, alentada por los medios de comunicación y por algunos políticos, que quisieron utilizar al pederasta de Ciudad Lineal como arma arrojadiza contra sus rivales.

Tras el secuestro de Daisy, Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de un servicio especial en el centro de emergencias 112 para canalizar los avisos e informaciones sobre el pederasta. Casi de manera simultánea, su mano derecha, el entonces consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de la Comunidad, Salvador Victoria, se dedicaba a echar queroseno, sembrar la alarma y desprestigiar a la Policía y, por extensión, a la principal rival de González en el Partido Popular de Madrid, la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, responsable política de las fuerzas de seguridad en la comunidad autónoma.

El comisario Conde recuerda el daño que hizo el político a los investigadores con sus mensajes. «Tuvimos que aguantar que Salvador Victoria dijese que había que pasar la investigación a verdaderos profesionales, incluso sugirió que la Guardia Civil se hiciese cargo de las pesquisas. Fue asqueroso cómo, para hacer sus guerras, quisieron desprestigiarnos.»

Salvador Victoria contribuyó a crear un clima de alarma al que hasta entonces, pese a que el pederasta llevaba actuando varios meses, no se había llegado. En su empeño por atacar a Cifuentes, exigió a la Delegación del Gobierno que adoptase «medidas extraordinarias» para detener al pederasta y «acabar con el clima de inseguridad e intranquilidad». El portavoz de la Comunidad culminó su inflamado discurso con el deseo de que había que «devolver la calle a los niños, porque me consta que los padres no están bajando a los parques a sus hijos por miedo a que les ocurra algo». Casi al mismo tiempo que Victoria pronunciaba su discurso incendiario, Cifuentes reiteraba su confianza en la Policía y pedía que no se cayese en «más alarmismo del necesario». La delegada conocía casi en tiempo real los avances de las pesquisas y sabía que los últimos pasos del depredador habían servido a la Policía para acercarse a él.

La prensa tampoco contribuyó aquellos días a generar un clima de confianza ni ayudó a los investigadores en la persecución del agresor. La difusión de la noticia de que el pederasta había parado en un chino mientras llevaba a una de sus víctimas en el coche puso en fuga a la encargada del comercio, una testigo importante para la Policía, que huyó con rumbo desconocido tras ver la llegada de decenas de periodistas a su tienda. Además, las televisiones se hacían eco de cada supuesta tentativa, como si el delincuente, presa de una especie de furia secuestradora, fuera capaz de intentar llevarse niñas de manera casi simultánea en el distrito de Vallecas y en la localidad de Alcobendas, en la otra punta de la región.

Los responsables de la Operación Candy intentaban a toda costa que el grupo investigador siguiese haciendo su trabajo aislado, ajeno a lo que ocurría fuera, que no fuese contaminado por la basura que arrojaba sobre ellos Salvador Victoria y por la histeria que se vivía en las calles. Manuel Alcaide, el jefe del SAM, se empeñaba en ello y arengaba a los suyos en los momentos más bajos, cuando las fuerzas parecían flaquear. Tuvo como aliado para esa labor a Juan, un jubilado que el 27 de agosto del 2014 mandó un correo electrónico a través de la página web oficial de la Policía Nacional:

Estoy jubilado (sesenta y seis años) y me ofrezco para cualquier lugar de Madrid donde la policía estime oportuno, leyendo el periódico, paseando, al objeto de prestar vigilancia desapercibida donde me digan ustedes para poder localizar al pederasta de Ciudad Lineal. Dispongo de vehículo y de todo el tiempo del mundo. Tengo una nieta que cumple ocho años este mes.

El mail con la oferta del jubilado fue impreso por Manuel Alcaide, que lo colgó en una de las paredes del despacho del Grupo Candy. «Cuando alguien estaba de bajón —recuerda—, yo lo llevaba frente a ese correo y les hacía leerlo. Si ese abuelo se ofrecía a ayudarnos, nosotros no podíamos flaquear.» El propio Alcaide contestó al jubilado:

Agradecemos su ofrecimiento, semejante al que bastantes compañeros de nuestro propio cuerpo, en situación de segunda actividad (retirados) y que también viven por la zona, nos han ofrecido. De momento, disponemos de personal suficiente, aunque tenemos en cuenta su ofrecimiento para el futuro. Un saludo desde el Grupo Candy de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Los refuerzos llegaron, y no precisamente de policías jubilados o de personas mayores con tiempo libre. El Grupo Candy había crecido y en el despacho de la planta baja se empezaba a trabajar con estrecheces. A los seis agentes iniciales —David, Silvia, Marisa, El Irlandés, Fraile y Víctor— se habían sumado dos policías del Grupo VI de Homicidios —Silvia y Luis—, otros tantos del SAM —Jorge y Montse— y uno de delitos tecnológicos —Víctor—. Eran once funcionarios sin horarios, entregados doce o dieciséis horas diarias al análisis de toda la información que estaba llegando, cada vez a mayor velocidad y con mayor profusión. La Operación Candy se había convertido en algo prioritario para operadoras de teléfono, juzgados, empresas de coches y, por supuesto, para todas las unidades policiales, que se saltaban los protocolos que fuesen necesarios para agilizar cualquier entrega de datos a los investigadores. El mismo día que el pederasta actuó en Coslada —25 de agosto—, Manuel Alcaide recibió en su despacho a seis policías llegados desde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de Policía Judicial, los servicios centrales, donde está la élite de la investigación. Allí habían culminado operaciones como la detención de José Bretón, y tras la Operación Candy participaron, entre otras muchas, en la investigación del crimen de la peregrina Denise Pikka Thiem⁶ o en la caza de Sergio Morate.⁷

Los seis se habían ofrecido voluntarios cuando en la UDEV Central se anunció que el Grupo Candy necesitaba refuerzos para dar con el pederasta. Jesús, inspector del Grupo de Homicidios, fue uno de los elegidos: «En ese momento, mi mujer, Marina, que también es policía, esperaba un bebé y estaba siendo un embarazo muy complicado, de alto riesgo. Eso me hizo pensármelo mucho, porque sabía que si me metía en la Operación Candy podía ser un trabajo que durase muchos meses. Lo hablé con ella y no lo dudó, me dijo que adelante».

Junto a Jesús se unieron al Grupo Candy otros tres agentes procedentes de Homicidios —el inspector Manu, el oficial Tomás y el policía Jano—, uno de Delincuencia de Países del Este —el subinspector Bosco, hermano de Silvia, la policía de Homicidios integrada en el Grupo Candy— y otro de Secuestros y Extorsiones —el policía Andrés—. Todos ellos tenían como denominador común la experiencia en el manejo de grandes cantidades de información, en investigaciones muy largas y en operaciones en las que se trabajaba con mucha presión.

Nada más llegar a la brigada, Alcaide les presentó a los compañeros que participaban en la Operación Candy, les asignó un despacho, el que ocupaba tiempo atrás el ya inexistente Grupo 10 de Homicidios —cerrado desde el 2012 por el descenso de asesinatos en Madrid—, conectó varios ordenadores a la misma intranet en la que trabajaba el Grupo Candy y les asignó sus primeros cometidos. Jesús recuerda aquellos días: «Hubo que salvar un cliché, el de que venían los de la central como salvadores, porque nosotros solo íbamos a ayudar, pero fue muy fácil, conectamos desde el primer día con los compañeros».

David, el subinspector del Grupo Candy, coincide con Jesús: «Compartimos desde el inicio toda la información que teníamos y ellos trabajaron muy bien. Y desde entonces, amigos para siempre».

Tan amigos que hoy, más de cuatro años después, todos siguen unidos gracias al grupo de wasap Candy, donde los incluyeron el primer día. Y donde continúan.

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CANDY-DATOS

Las investigaciones policiales ponen un enorme foco de luz en muchos rincones oscuros, en espacios de la vida de la gente que permanecerían eternamente en la penumbra de no ser por la llegada de los investigadores y su empeño en alumbrar todo para que nada quede en la sombra. La mastodóntica Operación Candy alumbró los rincones oscuros de medio millar de personas, cuyas vidas fueron repasadas por los investigadores. Fueron los candy-datos, los sospechosos, los nombres que se barajaron para dar forma humana al que durante muchos meses fue solo un monstruo, un fantasma que parecía inalcanzable. De todos ellos, la Policía conoció sus antecedentes —si los tenían—, con quién vivían, en qué trabajaban, qué coches manejaban, con quién se relacionaban, qué aficiones —confesables o no— tenían… Necesitaban saberlo todo sobre ellos para descartarlos de manera definitiva o para seguir investigando.

Algunos candy-datos adquirieron esa categoría tras ser identificados en las zonas calientes, donde actuaba habitualmente el depredador, en actitudes sospechosas, sin dar explicaciones muy razonables cuando se les preguntaba qué hacían solos en un parque infantil; otros conducían coches similares a los relacionados con el pederasta y además tenían un pasado de delitos sexuales; a otros, el azar y sus teléfonos los situaron en los mismos días y horas en los lugares de los ataques…

El Grupo Candy y los grupos de vigilancia de la brigada dedicaron muchas horas a poner el foco sobre las vidas de los candy-datos y a seguir sus pasos. Daniel, un vecino de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, estuvo en el centro de las sospechas durante varias semanas, después de que los agentes que vigilaban una zona frecuentada por niños en uno de los barrios donde actuaba el monstruo le solicitasen la documentación, al verlo solo y observando a los críos. Los policías lo identificaron y lo cachearon de manera superficial, y le pidieron que vaciase sus bolsillos. En uno de ellos había una caja de Orfidal, un medicamento que tiene lorazepam, el principio activo que la Policía pensaba que contenían los fármacos que el pederasta dio a Paula y a Xia para sedarlas durante sus secuestros.

Cuando el Grupo Candy recibió la nota correspondiente a esa intervención y leyeron que el tipo llevaba encima ese fármaco, los agentes se pusieron en alerta. Comprobaron en la base del DNI que su imagen no era incompatible con las descripciones que las testigos habían dado del pederasta. Su edad, treinta y ocho años, también cuadraba, así que se convirtió en un candy-dato muy cualificado, al que al menos había que seguir los pasos de cerca. Daniel nunca lo supo, pero tuvo muchos días del verano del 2014 a varios policías vigilando todos sus extraños movimientos. Vieron cómo salía de casa de sus padres, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a bordo de su coche, un Mercedes Benz Clase A de color gris, y lo aparcaba en el barrio de Aluche, en el extremo suroeste de la capital. Después, se introducía en el metro y recorría entre diez y veinte estaciones para acudir a los parques de San Blas, Hortaleza, Ciudad Lineal y Moratalaz, justamente las zonas en las que había actuado el pederasta, al otro lado de la ciudad. De hecho, fue detectado en la calle Luis Ruiz —el lugar de secuestro de Xia—, en la avenida de Arcentales —muy cerca del sitio donde fue raptada Lúa— y en el mismo parque de Moratalaz en el que el hombre más buscado de Madrid quiso llevarse a Laura. Cuando llegaba a esas zonas llenas de niños, pasaba varias horas observándolos y hacía fotografías con una tableta de manera discreta. El objetivo de sus fotos eran siempre niñas de corta edad que jugaban en los columpios.

Los investigadores sabían que aquella manera de actuar no casaba con el modus operandi del pederasta de Ciudad Lineal, un hombre que parecía invisible, al que nadie nunca recordaba haber visto en el lugar de sus delitos, pero no pudieron descartar a Daniel hasta que tuvieron la absoluta seguridad de que no había estado en los escenarios de los crímenes. Boadilla del Monte, su lugar de residencia, y Pozuelo de Alarcón, el de sus padres, eran localidades llenas de parques infantiles donde dar rienda suelta a sus perversiones, fueran las que fueran. Los agentes se hicieron con el número de teléfono del candy-dato y solicitaron a su compañía los posicionamientos de su móvil en las fechas y las horas de los ataques. La respuesta fue lo que lo hizo caerse de la lista de candy-datos.

La relación de coches que manejaba El Irlandés en el Grupo Candy también dio una buena nómina de candy-datos. Toyota, la marca del coche que describió Paula, es una de las que más vehículos aporta al parque automovilístico de España, y el Citroën Xsara Picasso —el modelo que llevaba el pederasta cuando secuestró a Daisy, según las grabaciones de las tres cámaras que lo registraron— es uno de los coches más vendidos en nuestro país. Los investigadores partieron de la premisa de que en apenas cuatro meses, su objetivo había dispuesto de dos coches distintos, así que una de las líneas de investigación fue buscar personas que tuvieran a su disposición de manera simultánea vehículos Toyota o Xsara Picasso, bien porque fueran sus propietarios o porque en sus núcleos familiares estuviesen esos automóviles y pudieran utilizarlos con facilidad.

Esta línea dio a la Policía un nuevo candy-dato, un hombre de treinta y cuatro años, llamado Carlos, vecino de Villaviciosa de Odón (Madrid). Su aspecto —fuerte, musculoso— y su edad también eran compatibles con el hombre que habían descrito las víctimas, pero lo que le hizo estar en el foco de la investigación fue que tenía acceso a tres coches Toyota y a dos Citroën Xsara Picasso, vehículos que poseía su entorno familiar más cercano. Además, en las primeras averiguaciones que hicieron sobre Carlos, los agentes del Grupo Candy descubrieron que acudía habitualmente a un gimnasio del distrito de Hortaleza, una variable que se valoraba de manera especial después del secuestro de Daisy y los datos que dio la pequeña. El posicionamiento de su teléfono, alejado de los lugares de los raptos en los días y las horas críticas, también lo hizo caerse de la lista de sospechosos. Los cazadores de monstruos tenían que seguir buscando a su presa.

Durante el mes de agosto, llegaban a diario al grupo investigador imágenes procedentes de una nueva fuente. Algunas patrullas de la Policía Municipal grababan con cámaras GoPro a los individuos que rondaban los parques de Madrid, por si alguno de ellos podía encajar con la pieza que buscaba la Policía Nacional. Además, las influencias del comisario Conde posibilitaron que los investigadores pudiesen controlar, con una tecnología que habitualmente está reservada para operaciones antiterroristas, las matrículas de los coches que llegaban a diario a la capital por las carreteras de Barcelona (A-2) y Burgos (A-1), con la esperanza de encontrar alguno de los coches que buscaban.

La implicación de toda la Policía que trabajaba en Madrid en aquel agosto del 2014, cuando la Operación Candy estaba en su momento más caliente, era completa. Cualquier plantilla de cualquier comisaría, brigada o servicio se mostraba dispuesta a ayudar en la que ya se había convertido en la mayor caza del hombre desplegada nunca en Madrid, un apoyo que los responsables de la detención del pederasta aprovecharon para lanzar un órdago. Los comisarios Conde y Vidal y el jefe del SAM, Alcaide, decidieron apostar por la vía que su olfato de veteranos investigadores les decía que era la buena. En estos tiempos —y también en el 2014— la tecnología juega un papel definitivo en cualquier operación policial, pero el oficio de policía sigue basándose en la intuición y el instinto, en ese extraño sentido que desarrollan los investigadores y que les dice lo que no cuadra en una escena del crimen o les hace detectar un pequeño embuste en una declaración, por sincera que parezca a ojos y oídos de alguien que carezca o no haya desarrollado ese don.

El jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, José Luis Conde, estaba empeñado en que el pederasta secuestró a Daisy cuando acababa de salir de un gimnasio. Los datos aportados tras ese rapto —su aspecto, su sudoración, la toalla, la mochila, la botella de agua— le hicieron recordar sus no tan lejanos tiempos de adicto a los hierros de la sala de musculación, en los que la toalla, la botella y la mochila lo acompañaban, y en los que, aunque se hubiese duchado, seguía transpirando durante un largo rato.

Los responsables de la Operación Candy adoptaron una decisión sin precedentes: desplegaron parejas de policías de paisano por todos los gimnasios cercanos al lugar del rapto de Daisy. Debían hacerse con la lista de socios de cada centro para comprobar sus antecedentes y todas las tardes tenían que vigilar las inmediaciones de los gimnasios y observar a los que entraban y salían, buscando entre cientos de cuerpos y de rostros a alguien que se pareciese a la imagen, cada vez más nítida, que tenían del pederasta de Ciudad Lineal. A primera hora de la tarde se repetía la misma ceremonia en el despacho del jefe de la brigada. La reunión estaba presidida por un mapa de las calles a cubrir por lo que se llamaban equipos Candy, compuestos por agentes de la Brigada de Policía Judicial y de la comisaría de Hortaleza, conocedores del barrio donde se iban a desplegar. Conde, Vidal y Alcaide daban instrucciones precisas a los policías que se iban a lanzar a la calle y les enseñaban los retratos robot, que nunca les entregaban. Tenían que fijar aquellos rasgos en sus memorias y el comisario Conde ayudaba con sus arengas, que repetía machaconamente, sabedor de que su destino estaba en manos de aquellos hombres y mujeres que salían cada tarde a la calle en busca de la presa más preciada de su ya larga carrera de policía.

—Buscamos a un tipo que mide entre 1,75 y 1,85 de estatura, que puede tener entre treinta y cuarenta años, muy fuerte, con los brazos muy vascularizados. Probablemente vaya vestido con pantalón y camiseta cortos o con ropa deportiva. Tiene el pelo castaño o rubio, posiblemente con flequillo, y marcas en la cara y en el cuello, como verrugas o lunares. En los últimos días conduce un Citroën Xsara Picasso de color gris, pero puede manejar otros vehículos.

Hay una clase de policías que son capaces de identificar a alguien simplemente por sus andares, tal y como hizo el comisario Emilio Alcázar cuando vio caminar a Jaime Giménez Arbe, el Solitario,⁸ por primera vez, después de ver su imagen docenas de veces en las cámaras de los bancos que atracaba por todo el país. O que tienen la capacidad de fijarse en las manos de un individuo y reconocerlas si las vuelven a ver. O que les basta ver los ojos de un butronero tapado de arriba abajo para ponerle nombre y apellidos. O que distinguen a un delincuente de otro solamente por sus gestos o por detalles que para cualquier otra persona pasarían desapercibidos. Son los mejores fisonomistas y nadie como ellos para morder a un sospechoso, para casar un frío retrato robot hecho en el ordenador de un laboratorio con un rostro real, de carne y hueso. Esa clase de policías suelen estar destinados en los grupos de robos y atracos, en los que su trabajo diario exige ese activo para llevar a buen puerto sus pesquisas. Los atracadores, los butroneros y los aluniceros cometen sus delitos con sus rostros tapados, sabedores de que alguna cámara registrará su imagen y que un pequeño detalle puede servir para imputarles unos cuantos delitos. Ese mismo verano del 2014, un agente del Grupo 12 de Atracos identificó a Eduardo Camacho Chacón, un viejo atracador, que había cumplido condena por dos asesinatos, cuando vio su oreja en la imagen de una cámara. La oreja era lo único que dejaba al descubierto la careta de mono con la que se tapaba el rostro para cometer sus atracos, pero fue suficiente para reconocerlo.

La Pringue, la Brigada de Madrid, contaba en el 2014 con algunos de los mejores agentes en esas especialidades. El comisario Conde sabía que ellos podrían encargarse, mejor que nadie, de dar con el monstruo. Por eso lanzó a la calle en aquellos días de finales de agosto a un puñado de policías de sus secciones de Robos y Atracos. Muy pronto iba a comprobar hasta qué punto tenía razón.

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«ES ÉL, JEFE»

Un día de suerte. Eso era todo lo que necesitaban los encargados de la Operación Candy para poner rostro y nombre al hombre que llevaban persiguiendo cuatro meses y al que sentían cada vez más cerca. Percibían que, al fin, olfateaban su rastro fresco, como el cazador que sigue unas huellas sobre la nieve o el reguero de sangre que deja un animal herido, pero aún escurridizo. El 27 de agosto del 2014, la suerte, al fin, se puso del lado de los buenos.

Todo hacía pensar que iba a ser una jornada normal, un día más en la oficina de la Operación Candy. A primera hora de la tarde, los equipos designados, formados por parejas de policías de paisano, se desplegaron por las calles del distrito de Hortaleza. Siete de ellos tenían la denominación Candy 1, 2, 3… Otro era el Candy H, compuesto por efectivos de la comisaría del distrito, y un último equipo estaba formado exclusivamente por agentes de la Brigada de Policía Judicial. Todos ellos, divididos en un mapa de las zonas cercanas al secuestro de Daisy, tenían por misión vigilar las calles del barrio, poniendo especial atención a los individuos que entrasen o saliesen de los gimnasios que había en esas calles (ver imágenes).

Había pasado poco tiempo desde el inicio del despliegue. A las 17:15, dos policías del indicativo Candy H, adscritos a la comisaría de Hortaleza, se fijaron en un hombre que estaba de pie, junto a una parada de la línea 73 de la EMT, en la glorieta de Pilar Miró, una plaza en la que confluyen la carretera de Canillas y las calles Montearagón y López de Hoyos. El tipo respondía, incluso visto a cierta distancia, a casi todas las características de la presa que habían salido a cazar: medía entre 1,75 y 1,80, tenía el pelo de color castaño claro, corto por los lados y algo más largo en la parte superior. Al acercarse a él, los dos policías se dieron cuenta, al mismo tiempo, del mismo detalle: una verruga en el lado izquierdo de la cara. Su vestimenta también respondía a la descrita por los responsables del operativo: llevaba una camiseta negra ajustada —que dejaba al aire unos bíceps imponentes—, un pantalón de chándal negro con bandas azules, unas zapatillas deportivas y una mochila negra colgada al hombro.

—Buenas tardes. ¿Nos puede enseñar su documentación? —le dijo el policía mientras le mostraba su placa de manera discreta.

El hombre miró a los dos agentes y enseguida empezó a dar muestras de cierto nerviosismo, aunque sin perder las formas. Abrió su mochila para buscar la cartera y los agentes se fijaron en la toalla que había en el interior de la bolsa, aunque la vieron solo unos instantes, de forma fugaz, pero suficiente para apreciar que era de pequeño tamaño y su tonalidad. Era de color oscuro, entre roja y marrón, unos tonos similares a los que había descrito Daisy —«entre marrón y morado»—. El tipo tendió a los funcionarios su documento nacional de identidad, a nombre de Antonio Ángel Ortiz Martínez, nacido en Jaén el 22 de febrero de 1972, hijo de Antonio y María Dolores, domiciliado muy cerca del lugar en el que fue interceptado, en la calle Montearagón.

Uno de los policías, el que se llevó su carné, se alejó unos metros del hombre, mientras el otro se quedaba con él y pudo ver en su cartera otro documento, una tarjeta con su fotografía que lo acreditaba como socio del gimnasio Smart Gym (ver fotografía). El agente que se había retirado se puso en contacto con la base para comprobar si el individuo al que habían interceptado tenía pendiente alguna reclamación en vigor, si estaba siendo buscado o si tenía antecedentes. Facilitó a su interlocutor la filiación completa de Ortiz, su fecha de nacimiento y su número de DNI. Mientras, Antonio Ángel no pudo evitar deslizar una pregunta:

—¿Por qué me paran? ¿Ha pasado algo?

—No se preocupe, es solo un control rutinario —le dijo el policía, intentando tranquilizarlo y memorizando cada detalle de su rostro y de su cuerpo.

La respuesta de la base llegó en pocos minutos. Antonio Ángel no tenía ninguna reclamación pendiente, era un hombre libre, pero acumulaba una larga lista de antecedentes que constaban en los archivos policiales: malos tratos, robo con fuerza, robo con violencia, secuestro… Aquel listado, su aspecto físico y su nerviosismo lo convertían, cuando menos, en un tipo de interés. Uno de los agentes del equipo Candy H contactó con los responsables del dispositivo y les contó los detalles del individuo al que habían interceptado. La orden que recibieron fue que lo vigilasen de manera discreta. Tenían que evitar a toda costa que detectase el seguimiento. Lo querían virgen, que no sospechase que se había convertido en objetivo de interés.

Entre algunos miembros del Grupo Candy, el parón al sospechoso provocó cierto malestar. Preferían que, antes de identificar a un candidato, se acumulase toda la información posible sobre él: dónde vivía, qué coche conducía… Si ese individuo era el hombre al que estaban buscando, la identificación lo habría puesto en alerta y desaparecería del mapa al sentirse cercado. Por eso, precisamente, ya no podían perder su rastro.

Los agentes de Hortaleza devolvieron a Ortiz su DNI y se alejaron, aunque sin perderlo de vista. Vieron cómo, cinco minutos después de separarse de él, se subía a un autobús de la línea 73, que cubre el trayecto entre Diego de León y Canillas. Los policías siguieron el recorrido del autocar de la EMT y vieron bajarse al sospechoso a la altura del número 119 de la carretera de Canillas. Ya a pie, continuaron vigilándolo mientras él se dirigía al gimnasio Smart Gym, en el número 2 de la calle Malagón, fumando un cigarrillo de la marca Camel. Allí no podían mantener la vigilancia, era un lugar con poca afluencia de gente y serían detectados inmediatamente, así que se retiraron.

Hacia las nueve de la noche, los mismos policías comenzaron una batida por las zonas cercanas al gimnasio y al lugar en el que habían interceptado a Ortiz. Mientras, el equipo Candy 7, compuesto por agentes procedentes de los grupos de Robos y Atracos de la brigada, se dirigió hacia la misma zona. Los responsables de la operación querían que ellos viesen al sospechoso para que valorasen si podía ser el hombre que estaban buscando, porque eran los mejores fisonomistas que había esa tarde en la calle.

A las 21:20, los equipos Candy H y Candy 7 volvieron a ver a su objetivo muy cerca del gimnasio en el que lo había entrado horas antes. Estaba en la parada del autobús 73 de la esquina de la carretera de Canillas con Torquemada. Se había cambiado la camiseta, que ahora era de color blanco. Seguía llevando los mismos pantalones y la misma mochila al hombro. Los agentes de la brigada repararon en lo blanca que era su piel y en el tamaño de sus brazos antes de que se subiese al autobús, del que se bajó en la misma parada en la que había sido interceptado, en la glorieta de Pilar Miró.

Los cuatro policías se desplegaron para seguir a pie al sospechoso de forma discreta. Estuvieron tras sus pasos apenas tres minutos, el tiempo que tardó en introducirse en el portal correspondiente al número 5 de la calle Montearagón, el mismo domicilio que figuraba en su documento de identidad. Los agentes esperaron unos minutos, por si Ortiz volvía a salir. Al comprobar que no efectuaba movimiento alguno, levantaron el servicio y regresaron a la sede de la brigada para redactar la nota informativa en la que debían dar cuenta de lo ocurrido. Tenían un nombre, un domicilio y un aspecto que se ajustaba a la descripción del monstruo que buscaban.

Allí, en La Pringue, aguardaba el núcleo duro de la Operación Candy. El comisario José Luis Conde no ha olvidado lo que le dijo uno de los policías que vio y vigiló ese día a Ortiz: «Es él, jefe, seguro». Por mucho que se fiase de los suyos, Conde sabía que aquel no era más que un nuevo candy-dato. A lo largo de la investigación ya se habían encontrado con tipos de aspecto similar al descrito por las testigos, así que había que acumular información sobre el nuevo sospechoso y analizar su encuentro con él.

El lugar en el que había sido interceptado era muy significativo. La carretera de Canillas era la vía que el secuestrador recorrió cuando raptó a Daisy, el 22 de agosto, en la que paró para comprar un bote de Nivea y en la que fue grabado por hasta tres cámaras. La calle Gomeznarro, el lugar del secuestro, es paralela a ella, así que la zona encajaba perfectamente. El gimnasio Smart Gym, donde habían visto entrar al sospechoso, también estaba cerca de la carretera de Canillas, lo que cuadraba con la teoría del comisario Conde, según la cual, el pederasta acababa de salir del gimnasio cuando raptó a Daisy. Y su casa, en la calle Montearagón, también se encontraba en las inmediaciones de esa vía. La zona tenía toda la pinta de ser su espacio de seguridad, las calles en las que se sentía más protegido y, por tanto, donde relajaba las medidas de precaución.

Los responsables del Grupo Candy analizaron con detenimiento el encuentro de los policías con Ortiz porque había algunos elementos que no cuadraban. Si él era el pederasta de Ciudad Lineal, ¿por qué no fue ese 27 de agosto al gimnasio en coche? Si se movía habitualmente en autobús, parecía improbable que se tratase del depredador que recorría las calles de Madrid en un Toyota o en un Citroën Xsara Picasso en busca de presas a las que llevarse. Los investigadores apuntaron una explicación a esa aparente incongruencia: esa tarde, el tipo no quiso ir hacia su coche después de ser identificado. Se sentía acechado y no quería poner más información en bandeja a la Policía. El pederasta sabía que su vehículo —porque así lo habían contado los medios de comunicación— era uno de los elementos más importantes con los que contaban para dar con él. Y el agresor había demostrado ya mucha conciencia forense, era conocedor de las técnicas policiales, sabía lo que le podía incriminar. Por eso, por ejemplo, lavaba a las niñas tras abusar de ellas, intentando borrar la huella biológica que hubiese podido dejar en sus cuerpos.

Las primeras gestiones en torno al nuevo candy-dato se hicieron en el gimnasio Smart Gym. Ortiz era uno de los ochenta y dos socios que en aquel momento tenía el centro deportivo, al que acudía prácticamente a diario. Allí, en la base de datos de clientes, figuraba su domicilio —el mismo de su DNI, en la calle Montearagón— y su teléfono: 625173333, nueve cifras que Víctor, el encargado de manejar los inacabables listados que llegaban de las operadoras telefónicas, ya conocía. El teléfono de Antonio Ángel Ortiz, de la compañía Jazztel, estaba entre una selección de 279 números que el policía asturiano estaba manejando con especial atención porque coincidían en tres escenarios de los secuestros. Víctor iba comprobando uno por uno quiénes eran sus titulares, si tenían antecedentes, a qué coches tenían acceso… Aquel 27 de agosto le quedaban dos números de su lista por cotejar para llegar a la línea correspondiente al 625173333. El teléfono de Ortiz había estado cerca de la casa de Yan, en Coslada, el 11 de junio del 2013; junto a la calle Rioconejos —el escenario del secuestro de Lúa— el 24 de septiembre del 2013, y en las inmediaciones del parque de Moratalaz en el que quisieron raptar a Laura, el 9 de agosto del 2014. Ortiz estaba en esos lugares en días y horas próximos a los de los ataques.

El gimnasio Smart Gym dio otro dato fundamental a la Policía. El 22 de agosto, el día del secuestro de Daisy, Antonio Ángel Ortiz estuvo entrenando entre las 16:35 y las 17:54, según el control de accesos del recinto deportivo. Tan solo minutos después, la pequeña era secuestrada a muy poca distancia de allí. La teoría del veterano comisario Conde ganaba peso.

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DAREK Y PIOLÍN

La identificación de Antonio Ángel Ortiz dio la vuelta al puzle en el que se había convertido la Operación Candy. Hasta esa tarde del 27 de agosto del 2014, los investigadores solo tenían los bordes del puzle y una pequeña parte de las piezas del centro, pero faltaban muchas más. La irrupción del nuevo candy-dato dio a la Policía muchas nuevas piezas (un teléfono, un domicilio, unos antecedentes policiales…). El reto era saber si esas piezas encajaban con el resto del puzle.

Víctor, el asturiano que marcaba los ritmos horarios del grupo con su fame, ya sabía que el número de teléfono de Ortiz había estado en tres escenarios de secuestros o de tentativas —Yan, Lúa y Laura—, pero aún no había llegado toda la información de las antenas repetidoras en otros puntos. Había que seguir esperando. Los agentes del Grupo Candy accedieron inmediatamente al historial delictivo del sospechoso. No bastaba con saber qué antecedentes tenía, sino que debían conocer en profundidad los hechos que le habían costado detenciones, leer con detenimiento cada uno de los atestados de un recorrido criminal variopinto, en el que cabían los malos tratos, los secuestros y los robos.

La primera detención de Ortiz registrada en el sistema se remontaba a 1993, cuando él tenía veintisiete años. Fue arrestado por agentes de la Guardia Civil de Madrid, aunque en la base de datos a la que accedía la Policía no aparecían los motivos ni los detalles de este arresto. Alguien pensó en comunicarse con el cuerpo hermano para informarse de los pormenores de este primer tropiezo de Ortiz, pero durante la Operación Candy se habían vivido ya algunos episodios que hacían pensar que en el Instituto Armado había unos cuantos con mucho interés por avanzar en una investigación que en ningún momento fue de su competencia. José Luis Conde recuerda que, sorprendentemente, cuando los suyos pedían información sobre vehículos, comprobaban que poco después la Guardia Civil hacía la misma petición. «Tuvimos que emplear técnicas de desinformación, como las que usan los servicios de espionaje israelíes, pidiendo datos de coches que no nos interesaban, para despistarlos y comprobar si seguían haciendo lo mismo.» Manuel Alcaide reconoce la existencia de aquella guerra silenciosa entre los dos cuerpos y la disculpa: «Todos los investigadores, pertenezcamos a uno o a otro cuerpo, somos cazadores, queremos llevarnos la mejor presa». Así que los cazadores de azul decidieron no pedir ninguna información a los cazadores de verde para no ponerlos sobre la pista de su sospechoso, en aras de mantener, tal y como consta en los atestados, «el debido sigilo».

El siguiente antecedente que aparecía en la ficha de Ortiz se remontaba a 1998 y el motivo era una detención ilegal. En la base solo constaba la fecha del arresto, el 27 de marzo de 1998, y la unidad que lo detuvo: el GRUME (Grupo de Menores) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. En aquellos años, los atestados no se digitalizaban y, por tanto, no se podía acceder a ellos desde el ordenador. Había que pedir el legajo al archivo del GRUME, que estaba en la comisaría del distrito de Fuencarral. Manuel Alcaide encargó a los suyos una labor de monje amanuense: rebuscar entre las miles de carpetas para encontrar el atestado 2561/GRUME, el instruido tras esa detención de Ortiz. Habría que esperar varios días para descubrir el secreto que guardaban aquellos folios escritos en tipografía Courier, propia de las viejas máquinas de escribir que hasta bien entrado el siglo XXI había en todas las dependencias policiales de España.

El mismo año, 1998, Ortiz fue detenido por agentes de la comisaría de Ciudad Lineal por amenazas, dos meses después de su arresto anterior. El atestado tampoco estaba grabado informáticamente y solicitaron el legajo al archivo de la comisaría.

Los investigadores se dieron cuenta de que el sospechoso había pasado un tiempo privado de libertad —aún no habían consultado a Instituciones Penitenciarias—, porque el siguiente arresto que figuraba en su historial era del 2007, nueve años después, cuando fue detenido por la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial. En el atestado figuraba que en esa ocasión Ortiz se hacía llamar Darek. Bajo ese alias, trabajaba para una organización de delincuentes búlgaros que habían secuestrado a un hombre. Ortiz-Darek fue detenido en Alcalá de Henares, después de intentar cobrar los trescientos mil euros de rescate que pedían a cambio de la vida del rehén, una tentativa de pago que había tenido lugar en la estación de metro de Torres Arias, en el distrito de San Blas, no muy lejos de donde residía en ese momento, según constaba en las diligencias, en la plaza de Valsain, en el barrio de Ciudad Lineal.

En el año 2009, agentes de la comisaría del distrito de Salamanca detuvieron a Ortiz, acusado de un robo con fuerza en una clínica dental. Entonces ya vivía en la calle Montearagón, en Hortaleza. El mismo año fue arrestado en una operación conjunta de la comisaría de Alcorcón y el Grupo XIII de la Brigada de Policía Judicial de Madrid —dedicado a la lucha contra los robos—. En esa ocasión, Antonio Ángel se hacía llamar Piolín y estaba asociado con un grupo de delincuentes italianos que vivían en el distrito de Hortaleza. La banda fue acusada de perpetrar un robo en una empresa cárnica de Alcorcón.

El historial de Ortiz daba un salto de tres años, hasta el 16 de abril del 2012, cuando fue detenido por agentes de la comisaría de San Blas, tras una denuncia de su pareja, una mujer venezolana llamada Andreína, que contó en el atestado que lo había conocido mientras él cumplía condena en la prisión de Navalcarnero, entre diciembre del 2009 y junio del 2011. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la pareja, en la calle Aracne, del distrito de San Blas, y Ortiz ya utilizaba el teléfono 625173333.

Cuatro meses después, la misma mujer denunció en la misma comisaría a Antonio Ángel. Andreína relató a los policías de San Blas que su pareja la maltrataba, la mantenía retenida y que la había obligado a mantener relaciones sexuales bajo amenazas. En la denuncia, la venezolana hizo constar que Ortiz consumía mucha pornografía —sin especificar el tipo— y que la amenazó con esta frase textual, que llamó poderosamente la atención de los investigadores del Grupo Candy que revisaron la denuncia: «No me toques los cojones, que cuando venga tu hija de vacaciones, la violo». La chica a la que se refería Ortiz tenía en ese momento doce años.

Apenas veinte días después de esa denuncia, Andreína regresó a la comisaría de San Blas para volver a acusar a Antonio Ángel de malos tratos. En aquella época ella seguía residiendo en San Blas, mientras que él vivía en la calle Campezo, cerca del centro comercial Plenilunio, en el mismo distrito.

Los agentes del Grupo Candy revisaron minuciosamente todos los atestados para comprobar si esas piezas cuadraban con el resto del puzle. Inmediatamente se dieron cuenta de que, pese a la plasticidad criminal —la variedad de delitos de los que había sido acusado en los últimos años— de Ortiz, había, al menos, un patrón que se repetía. Los distritos de San Blas, Ciudad Lineal y Hortaleza —las zonas habituales de caza del pederasta al que buscaban— aparecían reiteradamente en el historial delictivo de su sospechoso. Se había movido y conocía perfectamente las calles en las que el monstruo se había llevado a las niñas.

Había, no obstante, algo que no encajaba en toda esa retahíla de delitos. Ortiz había estado asociado con grupos criminales búlgaros e italianos, había cometido robos, había amenazado y maltratado a su pareja, pero aquella detención de 1998, hecha por el Grupo de Menores, se salía del patrón. Lo único que sabían, en ese momento, es que había sido registrada como detención ilegal. Necesitaban más detalles.

Los agentes del Grupo Candy contaban también con el rostro de un sospechoso. Consultaron la fotografía de su documento nacional de identidad y las de la reseña de sus detenciones del año 2009 y las estudiaron con la misma precisión que un entomólogo observa todas y cada una de las manchas del ala de una mariposa (ver fotografías). En la foto correspondiente a su arresto en el mes de abril de ese año, Ortiz tenía el pelo muy corto, pero en la de diciembre, el flequillo le caía por la frente hasta las cejas, tal y como había descrito Laura, la niña a la que intentó secuestrar en Moratalaz. El retrato robot hecho por el padre de Paula tenía ese mismo flequillo y guardaba un extraordinario parecido con esa imagen de Ortiz posando ante una cámara en la comisaría. Los retratos hechos por el Grupo de Necroidentificación de la Comisaría General de Policía Científica también tenían ciertas semejanzas con la foto policial, pero, tal y como dijo el comisario Conde, «no tenían alma».

Los agentes volvieron a revisar todas las descripciones del monstruo que habían hecho las menores, la testigo que lo vio con Daisy mientras paseaba a su hijo y la empleada del chino en el que paró a comprar la crema ese mismo día. Había coincidencias entre ellas, como por ejemplo, la estatura, que oscilaba entre 1,72 y 1,78. Ortiz medía, aproximadamente, 1,78. La marca en su rostro —lunar o verruga— había sido descrita por Daisy, por Kokoro y por los policías que lo identificaron en la calle. Ampliando las fotos de reseña se podía apreciar esa mancha en la piel, en el lado izquierdo de la cara. Otro denominador común entre todas las descripciones era su aspecto musculado, fuera de lo normal, tanto que llamó la atención de las dos adultas que lo habían visto y que incluso atrajo a Itziar, la madre que paseaba a su hijo. Los agentes que lo vieron en la calle corroboraron que Ortiz estaba muy fuerte, especialmente en su tren superior: pecho, espalda, hombros y brazos estaban hipertrofiados.

Los investigadores recurrieron a una herramienta imprescindible ya en cualquier operación, las redes sociales. Marisa, pionera en la Policía en su uso, buscó todos los perfiles de Facebook que podían corresponder con el sospechoso y encontró inmediatamente el que buscaba, con la suerte de que tenía su página abierta, se podía acceder a su contenido sin restricciones y sin necesidad de solicitarle amistad. Antonio Ortiz tenía —y aún tiene, porque permanece abierto a la hora de escribir este libro— como imagen de fondo y foto de perfil dos fotografías de él, con el torso desnudo, entrenando en un gimnasio. En ellas se aprecia su gigantesca musculatura y las venas marcadas, tal y como describieron las testigos. Su perfil guardaba apenas una docena de fotos, la mayoría de ellas relacionadas con su actividad deportiva. Los agentes se fijaron también en las otras y encontraron varios detalles que les llamaron la atención. En una de ellas salía fumando —hábito del que habían hablado algunas testigos— y en un par de imágenes aparecía con un reloj en su muñeca izquierda muy característico, de esfera y correa doradas. Blanca, la niña a la que el pederasta había llamado desde su coche para que la ayudase a «bajar unas bolsas» en Coslada, se fijó en que el hombre tenía un reloj exactamente así. En varias de las imágenes de Facebook también lucía el flequillo del que hablaban varias testigos.

Las primeras piezas encajaban. Ortiz, tras las primeras horas en las que la Policía había empezado enfocar su gigantesca luz sobre él, seguía siendo un sospechoso muy cualificado, un candy-dato de primera categoría, pero había que seguir buscando piezas para poder terminar el puzle. La casa de la calle Montearagón donde lo habían visto entrar y que figuraba como su domicilio actual, no tenía nada que ver con la descrita tan detalladamente por Paula. Y en las primeras indagaciones, Ortiz no tenía acceso a ningún Citroën Xsara Picasso ni a ningún Toyota, los coches que la Policía relacionaba con los ataques del pederasta. El único coche que aparecía en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico a su nombre era un viejo Renault Clio. Si Ortiz era el pederasta de Ciudad Lineal, ¿de dónde había sacado el Citroën y el Toyota? Alguien recordó un detalle: el llavero descrito por Daisy —«de plástico, con una etiqueta blanca»— podía corresponder a los que utilizan las empresas de alquiler o de compraventa de vehículos.

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LA FIRMA

El jefe del SAM, Manuel Alcaide, tiene claras las fechas del inicio y del final de la Operación Candy. El principio lo sitúa en la mañana del 25 de septiembre del 2013, cuando se enteró de los pormenores del rapto de Lúa, cometido la noche anterior. Ese día supo que se iba a enfrentar a un depredador de niñas, a alguien muy peligroso, que con total seguridad iba a volver a actuar. Las previsiones del entonces inspector jefe se cumplieron y el pederasta secuestró a Paula, a Xia y a Daisy, y lo intentó con otras niñas. El final de la operación, el día que Alcaide puso nombre, apellidos y rostro al monstruo, lo fija él mismo el viernes 9 de septiembre del 2014. Casi un año persiguiendo a un fantasma, intentando dar forma y contornos a quien durante mucho tiempo fue invisible para la Policía. Ese día, Alcaide recibió un legajo procedente del archivo del GRUME: el atestado 2581, instruido dieciséis años antes, el 27 de marzo de 1998. Allí, entre las líneas escritas en la vieja tipografía Courier de una máquina de escribir, Alcaide encontró la firma del pederasta, la misma firma que se había repetido en todos los delitos que el depredador había cometido en los últimos meses.

Aquella mañana de viernes, Alcaide supo que Antonio Ángel Ortiz era el pederasta de Ciudad Lineal al llegar a los folios que recogían la declaración de una menor de siete años, Elena, a la que Ortiz abordó en la puerta de su colegio. Manuel Alcaide releyó varias veces la frase con la que el detenido engañó a la víctima para que se metiese en su coche: «Vengo de parte de tu madre para darte una sorpresa». Dieciséis años después, Ortiz mantenía intacta la firma que le funcionó en su primer delito sexual conocido, el que le costó una condena de nueve años de prisión.

«Al leer aquello me di cuenta de que tenía que ser él —recuerda Alcaide—. Ordené que paralizásemos todas las demás vías, que nos centrásemos en él. Aún no teníamos sus coches, su casa, solo unos cuantos posicionamientos telefónicos, pero no tuve ninguna duda de que lo habíamos encontrado. Pedí a todos que hiciésemos la investigación en dirección contraria: partiendo de él, buscando todo lo que pudiéramos encontrar sobre Ortiz y que encajase con los hechos investigados.»

El viejo legajo detallaba lo ocurrido a las nueve de la mañana del 27 de marzo de 1998, cuando Elena estaba a punto de entrar en su colegio, en el distrito de Fuencarral. Ortiz la introdujo en su coche —un Renault Clio—, agarrándola de una mano y engañándola con el ardid de que venía de parte de su madre. Estuvo dando vueltas con el vehículo durante una hora, en la que preguntó a la niña —de tan solo siete años— si llevaba sujetador, hasta que paró, cerca de la carretera de Colmenar Viejo (M-607). Allí, según recoge la sentencia dictada por la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, «sacó sus órganos genitales y comenzó a realizar frotamientos en la zona vaginal de la menor hasta conseguir eyacular manchando las bragas de esta». Tras consumar la agresión, la dejó a quinientos metros de la puerta del colegio. Ortiz fue detenido poco después y cumplió ocho de los nueve años de prisión que establecía la condena en la cárcel de Navalcarnero, donde permaneció desde el 3 de noviembre del año 2000 hasta el 12 de noviembre del 2008.

La alegría, rayana en la euforia, de Manuel Alcaide y su grupo de investigación no logró tapar el cabreo y la decepción que habían supuesto el hallazgo del viejo atestado del GRUME. El delito de Ortiz estaba registrado en las bases de datos policiales como una «detención ilegal», cuando lo ocurrido se ajustaba mucho más a una agresión sexual a una menor. De hecho, la sentencia condenó al pederasta por esos dos delitos, pese a lo cual a Antonio Ángel solo le constaban, de manera oficial, antecedentes policiales por detención ilegal a consecuencia de este hecho. Aquel error involuntario del policía que introdujo en el sistema esa detención de Ortiz retrasó varios meses el final de la Operación Candy. Una de las primeras líneas de investigación que siguieron los agentes fue la búsqueda de individuos con antecedentes por delitos similares a los que habían sufrido las víctimas del pederasta de Ciudad Lineal, y aquel secuestro de 1998 era un calco del que sufrieron Lúa, Paula o Daisy.

En las primeras semanas de la Operación Candy, los investigadores manejaron listas con miles de nombres de sospechosos que estaban de permiso penitenciario, que acababan de cumplir condena o que tenían antecedentes por abusos o agresiones sexuales a menores o incluso por tenencia o distribución de pornografía infantil. El nombre de Ortiz nunca estuvo en esas listas, sencillamente porque el error burocrático cometido en 1998 hizo posible que no le constasen esos antecedentes.

La orden de Alcaide llegó al despacho del Grupo Candy y también al del antiguo Grupo 10, donde trabajaban los policías llegados desde la Comisaría General de Policía Judicial. La investigación de estos estaba centrada en los vehículos relacionados con los raptos, especialmente en el Citroën Xsara que había sido grabado el día del secuestro de Daisy. Los agentes de la UDEV Central debían buscar alguna relación de Ortiz con ese coche o con el Toyota del que había hablado Paula, pero del que desconocían el modelo y el color.

Había que diseccionar la vida de Ortiz y poner la lupa en todos los rincones posibles. Jesús, Manu, Bosco, Tomás, Jano y Andrés procedían de los grupos de Secuestros y Homicidios de la UDEV Central y estaban habituados a manejar bloques de datos masivos y a seguir larguísimos hilos en fuentes abiertas y semiabiertas para dar con el dato que buscaban. Antonio Ángel, según la Dirección General de Tráfico, no tenía vehículos a su nombre, salvo el viejo Clio con el que había perpetrado el secuestro de 1998, pero en el Registro Mercantil aparecía como administrador único de la empresa Hardsoft Technology System, fundada en el 2013, y a la que le constaba la titularidad de dos coches, un Audi A4 y un Chrysler Stratus. Los dos habían sido comprados en agosto del 2014 a Autosquality Tormes, una sociedad regentada por un individuo llamado José Alfredo, con antecedentes policiales. La Policía volvió a encontrarse con esa empresa tirando del hilo de la denuncia de malos tratos que Andreína puso a Ortiz en octubre del 2010. En ella, la mujer dijo que fue propietaria de un Toyota Celica, matrícula 4339BKS, hasta el 22 de noviembre del 2013. Era la primera vez que el sospechoso aparecía relacionado, aunque remotamente, con la marca de coche en la que tanto había insistido Paula. Y las coincidencias seguían: el Toyota fue vendido a Autosquality Tormes, la misma sociedad a la que Ortiz había comprado dos vehículos, que se lo transfirió a otra compañía, Buy Easy Car.

En el puzle ya había un Toyota, pero ¿y el Xsara Picasso? La Policía sabía que apenas unas semanas antes, Ortiz había conducido ese coche. Los investigadores comprobaron en los archivos de la Dirección General de Tráfico todos los vehículos de los que había sido propietaria Autosquality Tormes, una compañía que ya habían vinculado a su ya único sospechoso. Y allí estaba el Xsara Picasso: la empresa había sido titular de un coche de este modelo entre el 13 y el 27 de agosto del 2014, y en ese intervalo de fechas, Ortiz había secuestrado a Daisy y había intentado raptar a Laura al volante de un vehículo idéntico. La matrícula del automóvil propiedad de Autosquality Tormes era 2636FML y su color era compatible con lo que se veía en las cámaras que lo grabaron el 22 de agosto y con las descripciones de las testigos: gris fulminator, según el catálogo de Citroën; gris oscuro, casi negro, según el resto del mundo. El coche había sido adquirido por la empresa Pluscarperfecto el 27 de agosto del 2014, el día que la Policía identificó a Ortiz en la calle. No podía ser una casualidad, sobre todo teniendo en cuenta que sobre el coche pesaba una orden de precinto y depósito desde un año antes, el 24 de octubre del 2013.

Como si se tratase de un juego de muñecas rusas, los agentes procedentes de la Comisaría General de Policía Judicial empezaron a investigar a la compañía propietaria del Xsara, Pluscarperfecto, y a Autosquality Tormes, en la que Ortiz había comprado dos coches. En alguna de ellas tenía que estar el rastro del Citroën gris fulminator que buscaban, y Tomás, el oficial llegado desde la UDEV Central, era un especialista en la búsqueda de automóviles, por escondidos que estuviesen. Averiguaron que Autosquality tenía una nave con aparcamiento exterior en Móstoles, que en ese momento estaba vacía, porque la empresa había cesado repentinamente su actividad, así que allí no estaba el Xsara. Siguieron su búsqueda por la red y allí, en la página www.coches.com, hallaron el coche, a la venta por 6.250 euros. En el anuncio había una banda blanca sobre la matrícula del vehículo, pero pese a ello se podían distinguir las cifras y letras: 2636FML. El mismo coche aparecía ofertado en otra página web, www.milanuncios.com. La matrícula estaba tapada, pero el anuncio estaba ilustrado con varias fotografías, una de ellas del interior del automóvil, que se mostraba limpio, impecable y en el que se veía un detalle que fue casi definitivo: la llave de contacto tenía un llavero de plástico, color verde, con una etiqueta de color blanco (ver fotografía). Exactamente el mismo llavero que Daisy había descrito a los agentes del SAM tras ser liberada por el pederasta. El anuncio indicaba que el coche se podía ver en la exposición que la empresa Automóviles Illescar Joscar tenía en Fuenlabrada. Hasta allí se desplazaron los agentes de la Comisaría General para asegurarse de que era el mismo automóvil. No tuvieron ni que entrar: desde fuera se veía el Xsara Picasso, matrícula 2636FML. Había que hacerse con él sin levantar sospechas, porque ese vehículo podía tener huellas de la agresión sexual a Daisy.

A esas alturas de la Operación Candy, toda la Brigada de Policía Judicial de Madrid estaba volcada en la caza del pederasta, así que los agentes del Grupo 16, dedicado al tráfico ilícito de vehículos, se prestaron encantados a ayudar al Grupo Candy. Se presentaron en la sede Automóviles Illescar Joscar, haciendo pasar su visita por rutinaria, habitual —dijeron— dentro de los controles que tienen que hacer sobre estos establecimientos. Al llegar al Citroën Xsara hicieron el paripé de consultar en la base de datos y dijeron a los encargados que se tenían que llevar ese vehículo, porque sobre él pesaba una orden de depósito y precinto dictada un año antes por un juzgado de Amposta (Tarragona), orden que realmente existía. El Xsara pasó inmediatamente a manos del Grupo de Delitos Violentos de la Brigada de Policía Científica, que se puso a trabajar en él a fondo, aunque todo parecía indicar que el coche había sido cuidadosamente limpiado. Recogieron más de cuarenta huellas y vestigios en los que no pudieron encontrar nada que incriminase a Ortiz.

Poco después, al Grupo Candy le llegó un regalo procedente de la Policía Municipal de Madrid, que durante toda la operación prestó su máxima colaboración con sus colegas: «El malo es el de ahí fuera», contestaban a cualquier petición de ayuda. La Sección de Coordinación de Análisis de la Información de este cuerpo facilitó al Grupo Candy un informe que situaba el Xsara el 22 de agosto en las inmediaciones del gimnasio al que habitualmente acudía Ortiz. La matrícula de ese coche había sido registrada ese día por los lectores ópticos OCR que llevaban algunas patrullas. Estaba aparcado en la calle Emigrantes, muy cerca del centro deportivo del que Ortiz salió minutos antes de secuestrar a Daisy.

Las gestiones continuaron en torno a Pluscarperfecto, la compañía que había comprado el coche el mismo día que la Policía identificó a Ortiz. Como administrador único de la empresa figuraba un individuo llamado Conrado, que había sido detenido varias veces por la Guardia Civil, según comprobaron los investigadores. Su última detención era reciente, del 26 de junio del 2014, acusado de extorsión. Los agentes del Grupo Candy se pusieron en contacto con la Unidad de Policía Judicial de Villarrobledo (Albacete). Ellos habían instruido el atestado que acabó con el arresto de Conrado. Naturalmente, el inspector de la UDEV Central que habló con ellos no les dijo nada sobre el objetivo final de esta gestión, Antonio Ángel Ortiz, y simuló mucho interés en el tal Conrado. Su sorpresa llegó cuando el guardia civil con el que estaba hablando le dijo que seguían buscando a un cómplice de Conrado, del que solo sabían que había estado en prisión, que estaba fuerte «de gimnasio» y que se llamaba «Antonio Ángel o Ángel Antonio». Las piezas seguían encajando. Y lo hacían a una velocidad asombrosa.

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LA GUARIDA

La carrera profesional de un investigador está salpicada de sinsabores y también de momentos de euforia y alegría, siempre relacionados con logros, con el final de un largo trabajo. Para algunos, esos instantes que quedan guardados para siempre en una estancia de la memoria tienen que ver con el sonido de los grilletes cerrándose en torno a las muñecas de un detenido; para otros, con la lectura de la sentencia contra un tipo al que persiguieron durante meses; para unos cuantos, con la llamada que le hicieron a la familia de una víctima para anunciarle que su pesadilla había terminado, que habían detenido a quien había provocado tanto dolor. Para Silvia, la subinspectora del Grupo Candy, el mejor momento de la operación que marcó su carrera profesional llegó la noche del viernes 12 de septiembre del 2014, en el despacho del grupo, el lugar en el que había pasado infinitas horas desde que le encargaron cazar al pederasta.

Tres días antes, ella y sus compañeros habían leído el atestado policial de 1998 que daba cuenta del asalto de Ortiz a una niña de siete años y que lo convertía ya en el mejor candy-dato. Todo el Grupo Candy llevaba más de setenta y dos horas indagando en la vida del sospechoso y en la de su familia para encontrar datos que lo relacionasen con los secuestros. Todos estaban convencidos de que él era el monstruo al que buscaban, pero eso no bastaba. Había que encontrar las evidencias que ellos y la jueza necesitaban para poder detenerlo. Esa noche, los ordenadores del despacho echaban humo. Montse, una de las policías del SAM que reforzaron el Grupo Candy, miró a Silvia por encima del monitor: «Ya está. Lo tenemos», le dijo.

«Ese fue mi momentaco, ese instante en el que supe que todo había terminado, que lo teníamos, que ya no escaparía —recuerda Silvia cuatro años después—. Ese fue el mejor momento de todos estos meses.» Montse tenía asignada la misión de averiguar todo en torno a la familia de Antonio Ángel Ortiz, el ya único sospechoso. Y acababa de descubrir que su madre, María Dolores Martínez del Rey, era, según el catastro, la propietaria de un piso en la calle Santa Virgilia, 3, el edificio que todos siempre pensaron que era la guarida del pederasta, la casa a la que Silvia y David habían ido con Paula y que se ajustaba —salvo el detalle del color de las puertas— a la detallada descripción que había hecho la pequeña (ver imágenes aquí, aquí y aquí).

Silvia no quiso esperar ni un minuto para compartir con su compañero David lo que habían encontrado. El otro subinspector estaba esa noche celebrando el cumpleaños de un sobrino: «Vi el nombre de Silvia en la pantalla y pensé que era algo importante, el tema estaba ya muy caliente —recuerda David—. Me dijo: “¿Estás sentado?”. Nada más colgar, me fui a abrazar a mi mujer y a mi hija. No hizo falta contarles nada más».

La subinspectora fue a ver de inmediato a Manuel Alcaide, el jefe del SAM, que estaba reunido. Desde la puerta del despacho, impaciente, le dijo: «Jefe, ha llegado algo importante». El olfato de Alcaide no había fallado y aquel dato del catastro cerraba el círculo. La casa de Santa Virgilia, 3 siempre estuvo en el centro de las sospechas y a ella había que volver.

Los investigadores regresaron al inmueble y comprobaron que en el buzón correspondiente al 4.º A de la escalera derecha figuraban los nombres de María Dolores Martínez del Rey, María Dolores Marco Martínez y Andrea Marco Martínez, sus dos hijas, fruto del segundo matrimonio de la madre del pederasta. Los agentes hablaron con el portero de la finca, haciéndose pasar por personas interesadas en la adquisición de la vivienda. El hombre les dijo que la casa estaba vacía en esos momentos, pero que su dueña, Dolores Martínez, tenía intención de regresar allí en noviembre. El administrador de la finca certificó que la mujer estaba al corriente de pago de los gastos de la comunidad de propietarios y aportó otro dato interesante: el segundo domicilio de Dolores era Montearagón, 5, la casa en la que habían visto entrar a Ortiz el día que fue identificado en la calle.

Los responsables de la Operación Candy fueron conscientes de que el interior del piso de Santa Virgilia podía albergar las pruebas de la agresión a Paula y a Xia, las dos menores a las que el pederasta había llevado a una guarida. No podían perder de vista esa vivienda y debían saber todo en torno a ella. Los buenos recurrieron a las técnicas que habían aprendido de los malos y colocaron pequeños trozos de plástico en la puerta del piso, a modo de testigos, para comprobar diariamente si alguien entraba en la casa, el mismo sistema que emplean los cacos para desvalijar viviendas vacías, aprovechando la ausencia de sus moradores.

Solo había algo que seguía sin cuadrar en torno a ese inmueble. David, Silvia y Mari Luz, los policías que habían tratado con Paula, avalaron siempre su fiabilidad como testigo y la niña había sido muy clara al hablar de la puerta del piso. In situ había insistido en que era de color blanco, no marrón, como era la de la guarida del pederasta. David y Silvia volvieron a hablar con ella, en presencia de su madre. Le pidieron que les contara otra vez todo lo que recordara de la casa a la que la llevó el señor. Habían pasado cinco meses desde su secuestro, pero la memoria de Paula seguía siendo prodigiosa. Fue dando datos que, juntos, componían la fotografía del inmueble:

—El edificio era como medio redondo, con un aparcamiento en medio, como para quince o veinte coches. Tenía dos hierros antes de entrar al aparcamiento de la calle, que por uno se entra y por otro se sale, y se parecen a porterías de fútbol, pero pintadas de rojo y blanco…

La niña siguió describiendo el portal, los buzones, el ascensor y sus botoneras, acompañando sus palabras con gestos de sus manos para, por ejemplo, escenificar las dimensiones de algo o las distancias entre dos puntos. Y de pronto, dio un detalle que hasta entonces no había contado:

—Cuando entré en el portal, había dos mujeres viejas a las que el hombre no saludó.

Dos vecinas habían visto a Ortiz con una niña el día del secuestro, un dato que los investigadores desconocían y que era muy importante.

—¿Cómo era la puerta de la casa? —David y Silvia insistieron, con la esperanza de que Paula ajustase su descripción a la del piso de Santa Virgilia, 3.

—Las puertas tienen en el medio una chapa de metal, de color aluminio o dorado, y puede que tuviera tres números descolocados, de tamaño grande y como un triángulo, que puede que uno fuese un 9.

La imagen de la puerta que Paula seguía recordando no era la de la puerta del piso, sino la de las puertas de los trasteros, que los policías habían visto en una de sus visitas al inmueble y que se ajustaban perfectamente a esa descripción. Los agentes encontraron una explicación al error de Paula y encajaron por fin en el puzle el detalle de la puerta blanca. El pederasta, al encontrarse con dos vecinas en el portal, decidió bajar por las escaleras a la planta de los trasteros y desde allí coger el ascensor. El estado de somnolencia de la pequeña, provocado por las pastillas que le había dado su secuestrador, pudo haberla confundido.

El resto de la descripción de Paula sobre el interior del piso —la habitación donde la agredió, el baño donde la duchó— fue igual de precisa que siempre. Incluso, deslizó una frase que coincidía con el estado de la vivienda que ya conocían los investigadores: «Todo estaba nuevo, pero como vacío».

La relación de Ortiz con la casa de Santa Virgilia era el dato que la Policía necesitaba para entregar a la jueza un atestado detallado que recogiese todos los indicios que había contra Antonio Ángel Ortiz. En los días previos, la magistrada Antonia de Torres ya había recibido información sobre él y había firmado, por ejemplo, un mandamiento dirigido a la compañía de su teléfono para saber bajo qué antenas repetidoras había estado su celular. Pero había llegado el momento de escuchar sus conversaciones y de conocer todos los pasos que daba. No podía escapar ni un instante del control de la Policía.

Manuel Alcaide le contó esa misma noche de viernes al comisario Manuel Vidal lo que habían encontrado y le anunció que el lunes irían al juzgado a entregarle a la jueza el oficio en el que solicitarían la intervención del teléfono del pederasta. Sabían que Ortiz residía en los últimos días del mes de agosto en la casa de Montearagón, 5, donde vivían su madre, el segundo marido de esta y las dos hermanastras de Antonio Ángel, pero en esos días desconocían cuál era su paradero. Ignoraban qué coche manejaba, lo que descartaba la posibilidad de ponerle una baliza de seguimiento, y no lo vigilaban de forma permanente para evitar que mordiese el seguimiento e intentase fugarse.

Los agentes del Grupo Candy sabían prácticamente todo en torno a su presa, incluido el banco en el que guardaba sus ahorros. El Grupo 12, dedicado a los atracos a bancos y a los secuestros, mantenía una relación muy fluida con los directores de seguridad de todas las entidades bancarias, y sus agentes estaban comprometidos con la Operación Candy desde sus inicios. De ellos llegó la información que sirvió para comprobar que Antonio Ángel había puesto tierra de por medio: había operado con su tarjeta de débito en un cajero situado a cientos de kilómetros de su coto de caza. Estaba en Santander. El depredador se sentía perseguido, percibía muy cerca el aliento de sus cazadores y buscó una guarida lejana.

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre del 2014 registró una actividad febril en la Brigada de Policía Judicial de Madrid. «Trabajamos sin parar, apenas dormimos unas horas durante esos días», recuerda Silvia. Todos los agentes implicados en la Operación Candy fueron volcando sus averiguaciones en una carpeta etiquetada como «MANU FINDE», de la que Manuel Alcaide iba extrayendo los documentos para elaborar el oficio que entregaría el lunes a la jueza de instrucción. Las veintiséis páginas de ese documento recogen todas las pruebas e indicios que en ese momento había contra Antonio Ángel Ortiz: el posicionamiento de su teléfono en tres de los escenarios, sus antecedentes —incluida una reproducción de la declaración de Elena, su víctima de 1998—, las coincidencias de los rasgos físicos del sospechoso con las descripciones de las testigos y sus fotografías, y la relación de Ortiz con la casa de Santa Virgilia y con el Citroën Xsara Picasso. Todo un edificio acusatorio con los cimientos suficientemente firmes como para pedirle a la jueza la intervención de su teléfono, una restricción de libertades que debe estar bien motivada. Y aquella, sin duda, lo estaba.

El domingo por la noche, una vez acabado el oficio, Manuel Alcaide hizo la llamada que más deseaba hacer desde el inicio de la Operación Candy. Solo él y el comisario Vidal conocían la vertiginosa velocidad a la que habían avanzado las pesquisas en las últimas horas. No compartieron la información con ningún responsable policial más, porque querían evitar filtraciones de cualquier tipo, como las que había habido durante los últimos meses. Alcaide marcó el teléfono del jefe de la Brigada de Policía Judicial, el comisario José Luis Conde, el hombre que llevaba varios meses dando la cara por todos los investigadores y que había puesto su cabeza en manos del Grupo Candy:

—Jefe, garantizado. Ya lo tenemos.

Manuel Alcaide le dijo a Conde que a la mañana siguiente, lunes 15 de septiembre, irían los dos a ver a la jueza de instrucción: «Se lo merecía —recuerda Alcaide—, porque fue él quien más presión recibió y quien se llevó todos los golpes para defender al equipo investigador. Era el padre de la criatura».

La jueza María Antonia de Torres recibió a los comisarios Conde y Vidal y al inspector jefe en su despacho del juzgado de instrucción número 10, en la plaza de Castilla. Allí también estaba la fiscal encargada del caso. Con varias copias del oficio en sus manos, los policías le contaron que estaban seguros de haber encontrado al monstruo y le explicaron sus razones. La jueza los escuchó, sin poder ocultar algo de escepticismo. Al acabar de oírlos, recordó lo que había vivido años atrás: «No quiero otro falso Asesino de la Baraja».⁹

La jueza De Torres se había tenido que tragar un enorme sapo en el año 2003, cuando Madrid vivió un estado de paranoia similar al que provocaron los ataques del pederasta de Ciudad Lineal, en aquella ocasión motivados por El Asesino de la Baraja, un pistolero que elegía al azar a sus víctimas por toda la comunidad. La presión política y mediática hizo que la Brigada de Policía Judicial de Madrid detuviese, sin más indicios que el reconocimiento fotográfico que hizo una superviviente de sus crímenes, a un conocido ultraderechista, acusándolo de los crímenes. La jueza De Torres no tuvo más opción que ponerlo en libertad, ante la inconsistencia de las pruebas que había contra él. Meses después, Alfredo Galán, el verdadero Asesino de la Baraja, se entregó en la comisaría de Puertollano (Ciudad Real).

José Luis Conde convenció a la jueza de que aquello no se iba a repetir. Le dijo que habían recopilado material suficiente para que Ortiz pasase muchos años en la cárcel. La magistrada firmó el mandamiento para que la Policía pudiese escuchar las conversaciones de su sospechoso.

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A LA ESCUCHA

AAntonio Ángel Ortiz había que ponerle rabo, la expresión con la que la Policía se refiere a someter a un individuo a una estrecha vigilancia, a conocer todos sus movimientos en tiempo real. Sus conversaciones las escuchaban desde el 16 de septiembre del 2014, después de que la jueza autorizase la intervención de su teléfono, pero eso no bastaba. La Operación Candy tenía su epicentro ahora en Santander y había que estar allí para evitar que Ortiz se escapase y se tirase por tierra el trabajo de miles de horas. El comisario José Luis Conde recordó su época en la lucha antiterrorista y pensó en aquellos policías con el don de hacerse invisibles para el objetivo que perseguían, aunque estuviesen tras él las veinticuatro horas del día. Hombres y mujeres capaces de cambiar su aspecto durante un seguimiento a pie y con los medios técnicos necesarios para que sea absolutamente imposible que nadie se escape a su control. Eran quienes vigilaban a los dirigentes etarras antes de ser capturados, para asegurarse de que no huirían, o quienes controlaban a un comando a un palmo de sus narices sin que se enterasen, inmediatamente antes de la llegada del GEO (Grupo Especial de Operaciones), la unidad táctica de élite de la Policía, encargada de los trabajos más delicados o arriesgados.

Conde sabía que la Comisaría General de Información contaba con los mejores hombres y mujeres de la Policía a la hora de realizar una vigilancia o un seguimiento. Eran los agentes del AES (Área Especial de Seguimiento), unos setenta policías englobados dentro de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo). Conde solicitó al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que le dejase emplear el AES para vigilar al pederasta. La Operación Candy era ya una cuestión de Estado y Pino dio su visto bueno, así que el control de Ortiz quedó en manos del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, máximo responsable de la UCAO. Veinte miembros del AES viajaron a Santander sin saber quién era realmente su objetivo, que solo conocía su jefe de equipo, un inspector con el indicativo Bryant. Sus instrucciones eran que debían vigilar a Antonio Ángel Ortiz las veinticuatro horas del día. La mayoría de ellos pensaron que estaban ante un terrorista, como ocurría casi siempre en su trabajo, pero no le dieron más vueltas. Su misión era exclusivamente tenerlo en todo momento controlado e informar periódicamente de sus movimientos a sus superiores. Ni siquiera tenían que dar cuenta de su presencia al jefe superior de Policía de la región en la que estuviesen.

Mientras, en Madrid, el SITEL (Servicio de Interceptación de las Comunicaciones Telefónicas), la UCIC (Unidad Central de Inteligencia Criminal) y la Unidad Territorial de Inteligencia Criminal trabajaban con los datos del teléfono de Ortiz. Habían constatado que el aparato y, por tanto, su propietario habían viajado a Santander los primeros días del mes de septiembre. Pero, además, el análisis de sus conexiones de datos y voz había hecho posible trazar de manera fiel el recorrido de Ortiz en los días de los secuestros de la mayoría de las niñas. Su teléfono estaba en Coslada cuando alguien se metió en casa de Yun (el 11 de julio del 2013); hizo llamadas cerca de la calle Rioconejos el día en que secuestraron a Lúa (el 24 de septiembre del 2013); estaba en la calle Santa Virgilia cuando agredieron a Paula en un piso (el 10 de abril del 2014); interrumpió cualquier comunicación a las horas en las que fue secuestrada Xia (el 17 de agosto del 2014), aunque las antenas lo posicionaban cerca del domicilio de la calle Montearagón; hizo una llamada desde la avenida de Moratalaz diez minutos antes de que alguien intentase meter a Laura en un coche (el 8 de agosto del 2014); y no registró comunicación alguna ni durante el rapto de Daisy (el 22 de agosto del 2014), ni durante la tentativa de secuestro de Blanca, en Coslada (el 25 de agosto del 2014).

La información sobre sus conexiones hizo pensar a la Policía que la conciencia forense de Ortiz había ido creciendo a medida que iba cometiendo más delitos. Aprendía de sus crímenes y sabía que su teléfono lo podía inculpar, igual que supo cuando fue identificado en la calle que debía quitarse de en medio, deshacerse del coche con el que había hecho sus últimas fechorías —el Citroën Xsara Picasso— y dejar la ciudad, que se había convertido en un campo de minas para él, y en la que en cualquier esquina de la que era hasta entonces su zona de seguridad podía esperarlo un policía.

El teléfono de Ortiz seguía dando información de su estancia en Santander. Por las noches, quedaba posicionado bajo una antena situada a doscientos metros del domicilio al que los agentes del AES lo habían visto entrar, en un bajo de la bajada de San Juan. Según el padrón, en esa casa estaba censado José Ignacio Martínez Sánchez, al que Ortiz se refería en sus conversaciones, que la Policía ya escuchaba con atención, como «tío Nacho». Los agentes supieron, gracias a las escuchas, que Ortiz iba a regresar de manera fugaz a Madrid la noche del 17 de septiembre. A la mañana siguiente, había quedado con Conrado, el hombre que le había vendido y comprado coches, con el que la Guardia Civil lo relacionaba en un caso de extorsión. Antonio Ángel también iba a aprovechar su paso por la ciudad para verse con Rosa, una mujer con la que mantenía una relación de amistad. La Policía escuchó las procacidades que ambos se decían previas al viaje del pederasta, que auguraban una noche tórrida.

Una vez en Madrid, Ortiz siguió con rabo. Los agentes del AES traspasaron el seguimiento a los del Grupo Candy llegados de la Comisaría General de Policía Judicial. Tras su anunciada noche de sexo en casa de Rosa, en el centro de la capital, Antonio Ángel llegó a las once de la mañana del 18 de septiembre a la terraza del bar La Casuca, en Móstoles, donde lo esperaban su amigo Conrado y un desconocido, con el que se marchó en un Volkswagen Golf, camino de Santander. La cita fue vigilada de cerca por la Policía, que seguía obteniendo datos muy valiosos de las escuchas a Ortiz. El 22 de septiembre, Antonio Ángel recibió una llamada de Conrado, que puso en alerta a los que escuchaban:

—¿Te acuerdas de la Picasso esa tuya, la que te cogió la Policía que te llevó a declarar y todo el rollo y tal? —preguntó Conrado.

—Sí, sí.

—Pues el otro día se presentaron en la carpa y se la llevaron.

—Pero si los papeles estaban ahí.

—Claro, pero que se llevaron el coche, por cojones.

—Pero ¿con qué justificación se han llevado el coche?

—Porque dicen que tiene un embargo y un precinto.

Los policías del Grupo Candy percibieron el nerviosismo de Ortiz al enterarse de que se habían llevado el Xsara Picasso, un estado que ratificaron minutos después, cuando fue él quien llamó a Conrado.

—Oye, una pregunta, es que me he quedado un poco así, pensando en lo que me has dicho y el coche ese… ¿Por qué han ido allí a buscarlo?

—No, no han ido a buscar el coche allí. Se han pasado rutinariamente, porque dicen que la Policía Judicial de la Policía Nacional ha creado un grupo específico para eso y están visitando, al parecer, a todo el mundo.

—Sí, sí.

—Han ido a ver a todo el mundo, entonces fueron allí, vieron diez coches…

—¿Y entre ellos ese?

—Y entre ellos ese, y entonces este cuando lo consultan a ellos les sale…

—¡Ah, vale, vale!

—Embargo y precinto, y llegan y dicen: «Oye, que estáis vendiendo un coche embargado»…

Conrado se había tragado el embuste de los agentes de la brigada, que hicieron pasar su visita por una inspección rutinaria. Pero Ortiz no parecía conforme con las explicaciones de su amigo. Le preguntó qué día se llevaron el Xsara y le hizo una curiosa petición, tras conocer que la Policía se lo devolvería en unos pocos días. El pederasta se sentía ya perseguido y sabía que ese coche podía contener pruebas de sus crímenes:

—Pues míralo bien a ver qué le pasa al coche, a ver si le han hecho algo al coche.

Tras la conversación entre Conrado y Antonio Ángel, el Grupo Candy se interesó por algo que habían oído. El comerciante se había referido al Citroën Xsara Picasso como «la que te cogió la Policía que te llevó a declarar». Los investigadores no tenían constancia de ese incidente y pidieron ayuda a la Policía Municipal para que rastreasen entre sus intervenciones en busca de ese episodio.

Días más tarde averiguaron que el 14 de agosto del 2014, una semana antes de secuestrar a Daisy, una patrulla de la Policía Municipal interceptó en la glorieta Mar de Cristal, en el barrio de Hortaleza, a Ortiz cuando iba al volante del Citroën Xsara Picasso por realizar un adelantamiento por la derecha. Cuando los agentes lo identificaron, comprobaron que no había ninguna orden de arresto contra él —como así era—, pero al introducir la matrícula del vehículo en el sistema, el coche aparecía como sustraído. Ortiz dijo que había comprado recientemente el automóvil a la empresa Autosquality Tormes y que le extrañaba que le hubiesen vendido un coche robado. Para aclarar las cosas, los policías municipales trasladaron a Antonio Ángel hasta la comisaría de Policía Nacional de Hortaleza, una de las movilizadas para dar caza al pederasta de Ciudad Lineal desde sus primeras acciones. Allí, en el mismo edificio en el que trabajaban decenas de agentes que tenían por misión encontrarlo, Ortiz dio todo tipo de explicaciones y se mostró tranquilo y cooperador para aclarar el malentendido. Finalmente, el pederasta salió de la comisaría a bordo de su coche, después de que se comprobase que sobre el Xsara tan solo había una orden de precinto y que no había sido robado. Días después, a bordo de ese mismo vehículo, secuestró a Daisy.

Escuchando las conversaciones de su sospechoso, el Grupo Candy se dio cuenta de que Ortiz no iba a regresar a Madrid, que su estancia en Santander parecía definitiva o que, al menos, se iba a prolongar durante bastante tiempo. A su amigo Rubén le dijo que su idea era «quedarme a vivir aquí si me sale curro». A su primo le advirtió que al menos se quedaría dos meses, y a una administrativa del gimnasio al que acudía en Madrid, el Smart Gym, le pidió que no le cobrasen las siguientes cuotas porque tenía previsto «estar tres o cuatro meses más fuera de Madrid», mientras que a Rosa, la mujer a la que había visitado en su fugaz paso por la capital, le contó sus intenciones: «Mi idea es irme a Torrelavega, alquilar un apartamento pequeño y en dos meses comprarme un coche».

La vida de Ortiz en Santander era bastante rutinaria, a tenor de lo que escuchaban los agentes desde Madrid y de lo que veían los que lo vigilaban sobre el terreno. No trabajaba, había encontrado un gimnasio al que acudía a diario, dormía en un colchón tirado en el salón de la vivienda que compartía con su tío Nacho y su mujer, y mantenía continuas discusiones sobre dinero con su tío, al que también acusaba de robarle sus porros.

A las 22:24 del 23 de septiembre, Rosa llamó a Antonio Ángel, le contó los pormenores del mercadillo que había instalado y le habló de todos los perros con los que vivía. Él le dijo que estaba «en casita», que iba a ver una película y que había cogido peso. Fue la última vez que Ortiz habló por teléfono en libertad. Dieciséis agentes del GEO estaban a punto de desplegarse por los alrededores de su casa de Santander, la guarida que había elegido para huir de quienes ya no podía huir.

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FIN DE LA CACERÍA

La noche del martes 23 de septiembre ninguno de los participantes en la Operación Candy pegó ojo. El subinspector David llamó esa tarde a Lola, la madre de Paula, que estaba convaleciente de una operación quirúrgica, y le anunció que tenía algo importante que contarle.

—No puedo conducir aún, porque no puedo mover bien los brazos —le dijo, disculpándose, la madre de la pequeña.

—¿Y puedes dar abrazos? —le preguntó David.

Poco después, el subinspector se presentó en casa de la niña que había sido la mejor cómplice de los investigadores durante toda la Operación Candy.

—Lo tenemos. Mañana lo vamos a detener.

La madre de Paula apenas pudo aguantar la emoción y se fundió en un abrazo con el policía.

—Si tú me dices que lo tenéis, yo te creo.

David le contó a su mujer y a su hija lo que le esperaba en las horas siguientes y avisó de que estaría dos o tres días sin aparecer por casa. Silvia, la otra subinspectora del Grupo Candy, apenas durmió esa noche. Muy reservada en todo lo que tenía que ver con su trabajo, no le contó a su pareja lo poco que faltaba para que terminase la cacería que tantos desvelos y tantas lágrimas le habían provocado. Tampoco le dijo nada a su padre, policía jubilado, que la vio salir de su casa a las cinco de la mañana. «No hizo falta que hablásemos, él sabía qué iba a pasar», recuerda Silvia.

El comisario José Luis Conde tampoco pudo dormir. «Sabía que estaba todo controlado. La gente de Información había dado el relevo por la noche al GEO, ya no podía escapar, pero con lo que nos había hecho pasar ese hijo de puta, se me cruzaron por la cabeza todo tipo de cosas… Le dije a mi mujer que si todo salía bien, nos daríamos un capricho.»

Manuel Alcaide, el jefe del SAM, fue el instructor de la diligencia final y de organizar todo el dispositivo de la detención. Los mandos de la Operación Candy esperaron a que la jueza De Torres regresara de sus días de vacaciones para detener a Ortiz. Acordaron con ella y con la fiscal la fecha y la hora del arresto y solicitaron mandamientos de entrada y registro para tres domicilios: la casa de Santander, la vivienda de la calle Montearagón —donde residía la madre del pederasta— y el piso de Santa Virgilia. En la petición de las órdenes de registro se detallaban los cinco motivos que apuntaban al sospechoso: su ubicación —gracias al posicionamiento de su teléfono— en los escenarios y a las horas de los secuestros y las tentativas, la disponibilidad que tenía del piso de Santa Virgilia, su relación con el Citroën Xsara Picasso, su parecido físico con la descripción que las víctimas y las testigos habían hecho del pederasta y su huida a Santander.

Alcaide eligió cuidadosamente a todos los participantes en el dispositivo. Mónica, la jefa del Grupo 3, la mujer que había comenzado la Operación Candy, la inspectora que llevaba más de una década en el SAM, lideraría el dispositivo en Santander y sería la encargada de leerle los derechos a Ortiz y anunciarle los motivos de su detención. Además, en la diligencia final figuraría como secretaria, junto a él, que era el instructor.

El originario Grupo Candy eligió de forma casi asamblearia a los dos agentes que acompañarían a Mónica a Santander. Víctor y Fraile, dos policías que se habían dejado el alma durante los meses que duró la operación, fueron los seleccionados. Junto a ellos, irían dos de los agentes incorporados desde la Comisaría General de Policía Judicial, Bosco y Andrés. Alcaide quiso premiar así la entrega y el compañerismo que habían demostrado en el mes que llevaban trabajando en la brigada. Los registros de la calle Montearagón y Santa Virgilia también estarían dirigidos por los inspectores de la Comisaría General, Jesús y Manu, acompañados por el resto de los integrantes del Grupo Candy y por unos cuantos agentes de la comisaría de Hortaleza, entre los que estaban los dos que identificaron a Ortiz en la calle el 27 de agosto.

La comitiva salió de Madrid en dirección a Santander el mediodía del martes 23 de septiembre. Allí esperaban los agentes que habían vigilado en los últimos días a Ortiz y el grupo del GEO que iba a ejecutar la detención. El Grupo Especial de Operaciones, que en el 2014 acumulaba más de treinta y cinco años de historia, es una de las mejores unidades tácticas del mundo, y en su larga hoja de servicios figuran abordajes de barcos en alta mar, liberaciones de rehenes, detenciones de comandos terroristas, protección de embajadas en los lugares más peligrosos del planeta… Nadie como ellos para asegurar que la detención se ejecutaría rápida y limpiamente.

La cúpula de la Dirección General de la Policía y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, estaban al tanto del operativo, que se preparó con absoluto sigilo. Tanto, que desde el SAM pidieron al centro de datos de El Escorial —desde el que se centralizan todas las bases policiales— que se inhabilitase la posibilidad de acceder a la fotografía de reseña de Antonio Ángel Ortiz desde cualquier ordenador de la Policía. Los responsables de la Operación Candy pretendían impedir que la imagen del pederasta circulase al conocerse su identidad y eso pudiese invalidar los reconocimientos de las testigos.

La noche del martes, los agentes de Información dieron el relevo a los del GEO, que se encargarían a partir de ese instante de vigilar al objetivo. La inspectora Mónica lideró la reunión con los policías de la unidad táctica. Solo el responsable del grupo supo a quién iban a detener y de los delitos de los que estaba acusado. Cuando oyó su nombre, el agente recordó que ese mismo tipo se les había escapado en una intervención unos años atrás, cuando Ortiz se hacía llamar Darek y se relacionaba con un grupo de secuestradores búlgaros. El jefe del GEO decidió que lo más prudente era no desvelar a sus compañeros quién era el objetivo. La adrenalina en esos instantes puede jugar malas pasadas hasta a los tipos más templados del planeta, entre los que están los geos. Mónica le hizo una petición: «Haced lo posible para no tocarlo, sobre todo no le toquéis la cara».

Ocho geos se desplegaron durante la madrugada del 24 de septiembre por los alrededores del número 79 de la bajada de San Juan de Santander para cerrar cualquier posibilidad de huida al pederasta. Otros ocho se apostaron en la puerta de la vivienda minutos antes de las ocho de la mañana. Vestidos de negro, con la cabeza cubierta por cascos y provistos de armas largas y cortas, derribaron con un ariete la puerta de la casa y en pocos segundos, Antonio Ángel Ortiz tuvo sus enormes brazos inmovilizados por los grilletes. Ni siquiera le dio tiempo a levantarse del colchón en el que dormía, en medio del salón, antes de ver delante de sus ojos el negro del cañón de la pistola Sig Sauer P226 que le apuntaba. Mónica le leyó los derechos que lo amparaban como detenido y le anunció los delitos de los que estaba acusado: cinco agresiones sexuales, una en grado de tentativa, seis detenciones ilegales, dos en grado de tentativa, dos homicidios en grado de tentativa, un delito de lesiones, dos delitos de allanamiento de morada, uno en grado de tentativa, y dos delitos contra la salud pública. El frío vocabulario jurídico resumía con estas palabras las atrocidades que Ortiz había hecho y había intentado hacer a un puñado de niñas de entre cinco y once años.

Mónica recuerda bien aquellos momentos y la reacción del monstruo, rodeado de agentes armados, el instante en el que se dio cuenta de que lo habían cazado: «No se inmutó, no dijo nada, y solo me miró sorprendido cuando oyó lo de las dos tentativas de homicidio». La Policía había calificado así las agresiones a Paula y Xia, en base a los medicamentos que les suministró y que podían haber puesto en peligro las vidas de las menores.

La noticia de la detención llegó rápidamente a la sede de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, cuartel general de la Operación Candy. Un vídeo enviado por Fraile al grupo de wasap, que a esas alturas tenía dieciocho miembros, mostraba a Ortiz esposado, rodeado por agentes del GEO y escuchando a Mónica leyéndole los derechos. Pocos minutos después de las ocho de la mañana de aquel 24 de septiembre, el comisario Conde supo que conservaría su cabeza y a Silvia se le escaparon las primeras lágrimas de alegría desde que comenzó a perseguir al depredador de niñas.

En el interior de la casa de Santander asaltada por el GEO se vivían escenas con un punto de surrealismo. Mientras unos policías ayudaban a Ortiz a vestirse —solo llevaba puestos unos pantalones largos cuando lo engrilletaron—, Gladys, la mujer del tío del pederasta, era presa de un ataque de pánico del que no acababa de reponerse. La irrupción de los ocho agentes armados hasta los dientes la había sumido en un estado de terror que acabó con ella en un hospital.

Mónica ordenó que Ortiz fuese encapuchado antes de salir de la casa, a la que habían empezado a llegar curiosos y periodistas. Una de las instrucciones que había dado Alcaide era que nadie —sobre todo ninguna cámara de televisión— podía verle el rostro. Antonio Ángel intentó evitar a toda costa que le cubriesen la cabeza con una capucha: «¡Me ahogo, me ahogo!», repetía, intentando arrojarse al suelo. Los agentes del GEO lo introdujeron a empujones en el coche y el que dirigía el grupo dio una instrucción muy clara al conductor: «Tirad para el SAM a lo que dé el coche. No paréis ni en los peajes».

Mientras el detenido recorría los cuatrocientos cincuenta kilómetros que separan Santander de Madrid a una velocidad vertiginosa, que hizo saltar varios radares, la noticia empezó a llegar a las redacciones. «Detenido en Santander el pederasta de Ciudad Lineal», repetían los rótulos de los informativos matinales y las portadas de las webs. El subinspector David empezó a recibir las primeras de las trescientas setenta y cinco llamadas que su teléfono registró durante esa inacabable jornada y por los pasillos de la brigada se sucedían los abrazos y las felicitaciones a todos los participantes en la Operación Candy que no estaban en Santander o en alguno de los registros.

Una vez culminada la caza del pederasta, la Policía comenzó el juego del ratón y el gato con los periodistas, ávidos de captar la imagen del detenido. Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid se hizo creer a los medios que Ortiz ingresaría en los calabozos del complejo de Moratalaz, al que habitualmente iban a parar la mayoría de los arrestados, pero ese no era un detenido cualquiera. Nada se había dejado al azar en la fase final de la Operación Candy y en los días previos, en la planta baja del chalé del SAM, junto a la inspección de guardia, se había habilitado un pequeño calabozo en el que se instaló una cámara para tener controlado al detenido en todo momento. Solo lo podían custodiar agentes del SAM, para evitar —aquello era una obsesión para no poner en peligro el trabajo de tantos meses— que alguien le hiciese una foto.

Los geos y el detenido llegaron a la sede de la brigada en menos de dos horas y cuarenta y cinco minutos desde su salida de Santander. Pocos minutos después, el pederasta estrenó el calabozo del SAM. Todos los mandos de la Jefatura Superior de Madrid y de la brigada y muchos compañeros que acababan de comprender el mutismo que todos los miembros del Grupo Candy mantenían los últimos días, se fueron agolpando en el estrecho pasillo de la planta baja del SAM. David, el subinspector que jamás olvidará el día que vio con sus ojos el infinito daño que el pederasta le hizo a Xia, se abrió paso entre lo que ya era una multitud y se metió en la estancia que daba paso al calabozo. Ortiz estaba arrodillado, como un penitente. El policía se puso en cuclillas para que las miradas de los dos estuvieran a la misma altura y observó al monstruo al que había perseguido durante meses. Tras unos segundos de silencio, el detenido habló:

—¿Qué pasa? —espetó Ortiz con chulería.

—Solamente quería verte la cara y, sobre todo, verte aquí—le dijo el policía con total tranquilidad.

—No sé qué hago aquí.

—Pues ve acostumbrándote.

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EL TAXISTA AGRADECIDO

No habían pasado ni tres horas desde que el indicativo Algodón —el nombre en clave de los equipos del GEO— anunció desde Santander la detención del objetivo asignado, cuando una multitud de representantes de medios de comunicación se agolpaba en la sala de prensa del Ministerio del Interior. Habían sido convocados de manera urgente en el número 5 del paseo de la Castellana para que el ministro Jorge Fernández Díaz anunciase el exitoso final de la Operación Candy. El político estaba flanqueado por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el jefe superior de Madrid, Alfonso Fernández, y el jefe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, el comisario José Luis Conde, al que el ministro presentó como «José Luis Calvo».

Algunos deslizaron entonces ridículas teorías de la conspiración, según las cuales la detención del pederasta se había precipitado para desviar la atención informativa de la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que había renunciado a su cargo el día anterior tras la retirada de su conservadora Ley del Aborto. La teoría, que se extendió gracias a tertulianos dispuestos a hablar de macroeconomía con la misma o tan poca solvencia como de una operación policial, era absurda y no tenía ningún fundamento: la fecha de la detención de Ortiz estaba programada desde una semana antes y era un operativo muy complicado, que implicaba muchos actores a los que había que poner de acuerdo con tiempo suficiente.

En la rueda de prensa apenas se dieron detalles de la investigación, que permanecía bajo secreto de sumario, así que Conde y el jefe superior de Madrid hicieron enormes esfuerzos para esquivar las preguntas de los periodistas y no revelar detalles que comprometiesen el trabajo que aún quedaba por hacer. Tenían setenta y dos horas antes de presentar a Ortiz ante la jueza y debían acumular todas las pruebas posibles para asegurarse de que la magistrada lo mandaría a prisión. Al salir del ministerio, el comisario Conde, acompañado por el entonces jefe de prensa de la Jefatura Superior de Madrid, el inspector Víctor Brocate, se subió a un taxi para regresar a la brigada. Al llegar al número 55 de la calle Federico Rubio y Gali, sede de la jefatura, el conductor se volvió hacia los dos hombres uniformados:

—No les voy a cobrar. Me he enterado de que la Policía ha cogido a ese hijo de puta y yo también soy padre. Muchas gracias.

Conde denegó la invitación, le entregó los nueve euros que marcaba el taxímetro y abandonó el coche en dirección al chalé del SAM. También quiso ver el rostro de quien tantas horas de sueño le había robado y estuvo a punto de acabar anticipadamente con su brillante carrera de policía. «Lo miré y me fijé en el lunar y en las venas que se le marcaban en los brazos que describían las testigos y me fijé en que tenía una cara agradable, como siempre pensamos», recuerda Conde, que vivió con Ortiz un diálogo idéntico al que había tenido David poco antes.

—No sé qué hago aquí —repitió Antonio Ángel.

—Acostúmbrate, vas a pasar muchos años en sitios como este.

A Conde lo acompañaron en aquella visita al calabozo el jefe superior de Madrid, Alfonso Fernández, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que también quiso ver a Ortiz. «Se lo merecía —recuerda el comisario—, nos había apoyado en todo momento.» A la política se le quedó grabada la constitución física de aquel tipo: «Era enorme, no podía dejar de pensar en que había atacado a niñas tan pequeñas», dice Cifuentes, evocando los segundos que vio al depredador a través del metacrilato que servía para vigilarlo de forma permanente.

A mediodía, la detención del pederasta se había convertido en la noticia del momento. Los vecinos de Madrid respiraban aliviados y dieron muestras de agradecimiento y apoyo a la Policía Nacional. La sala del 091 recibió cientos de llamadas de personas que daban las gracias a los agentes por su trabajo y los dos compañeros de piso de Fraile, uno de los miembros del originario Grupo Candy, lo llamaron para contarle que la gente se acercaba al vehículo zeta en el que patrullaban para felicitarlos. La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los barrios más castigados por el pederasta. En muy pocas ocasiones, la Policía Nacional obtuvo un reconocimiento tan unánime y tan inmediato por parte de los ciudadanos como en esas horas que siguieron al final de la Operación Candy.

Mientras Ortiz pasaba sus primeras horas en el calabozo, los investigadores comenzaban un maratón de registros, tomas de declaraciones y gestiones para apuntalar las acusaciones contra el pederasta. En Santander se quedaron varios agentes, registrando la última guarida de Ortiz. Allí hallaron mucha ropa, el teléfono móvil de la marca Sony cuyo rastro delataba su presencia en los escenarios de los secuestros de las niñas y una colección de fármacos esteroides anabolizantes, con los que Ortiz se dopaba para aumentar su masa muscular: Winstrol, Proviron, Parabolan, Stanozolol, Oxaver… Todos ellos muy populares y consumidos entre los culturistas. Pero el hallazgo más relevante de la casa de Santander fue una lata de crema Nivea, metida en una bolsa de plástico de color blanco. Los agentes recordaron que la empleada del chino en el que paró durante el rapto de Daisy contó que el hombre que entró en su tienda de forma apresurada y sin decir una sola palabra había comprado exactamente ese producto.

La Policía, empeñada en no dejar ni un cabo suelto en la Operación Candy, contactó con la empresa Beiersdorf, distribuidora de la marca Nivea. Necesitaban saber si se podía acreditar que la lata incautada en Santander, en la que estaba grabado el número 42312110, procedía del establecimiento chino de la carretera de Canillas (ver fotografía). La compañía certificó que con ese número de serie se habían distribuido en la península ibérica —España y Portugal— 12.096 latas de Nivea entre el 9 y el 10 de junio, así que era imposible seguir el rastro de la crema que guardaba Ortiz en Santander.

Mientras el detenido viajaba hacia Madrid a toda velocidad custodiado por los geos, Mónica, la inspectora que le había leído los derechos, tomaba declaración a su tío, Ignacio Martínez, y a la pareja de este, Gladys, una vez repuesta del ataque de pánico que le provocó el asalto del GEO. Los dos manifestaron que Antonio Ángel tenía pensado desplazarse a Santander a mediados de septiembre, para ayudar a su tío en la construcción de una vivienda en Torrelavega. Ignacio contó que, sin embargo, el «26 o 27 de agosto Antonio me llamó y me pidió si podía venir antes, porque estaba muy agobiado y en Madrid se aburría». La fecha no era casual. Ortiz fue identificado en la calle el 27 de agosto y ese día debió sentir la necesidad de escapar, de irse lejos de la ciudad en la que ya no se sentía seguro. De hecho, Gladys e Ignacio dijeron a la Policía que se sorprendieron de la cantidad de equipaje —cinco maletas— que Antonio Ángel llevó desde Madrid, «teniendo en cuenta que la obra no se iba a prolongar mucho tiempo».

El despacho de Mónica fue el escenario en el que Ortiz posó para los agentes de la Policía Científica, que le hicieron las fotografías de reseña y le tomaron las huellas dactilares. Además, captaron imágenes de algunos detalles físicos de los que sus víctimas habían hablado: un bulto en la mejilla izquierda, los brazos musculados, la zona púbica depilada de la que habló Daisy y los bultos en el cuello que recordaba Paula (ver aquí). Antonio Ángel posó de mala gana, sin afeitar y con mal aspecto, propiciado por su negativa a ingerir alimentos y bebidas desde que ingresó en el calabozo, lo que para la Policía era una treta para intentar modificar su aspecto de cara a las ruedas de reconocimiento que sabía que le esperaban próximamente. Alcaide pidió a la jueza en un escrito que se acelerasen todo lo posible esas ruedas, porque en personas que practican el culturismo, el ayuno «supone una rápida pérdida de masa muscular que puede influir en el aspecto físico que presente».

La casa de Montearagón y la de Santa Virgilia fueron, junto a la de Santander, los otros dos escenarios clave de aquellas primeras horas tras la detención del pederasta. A primera hora de la mañana del mismo día del arresto, dos equipos de agentes se presentaron en los dos domicilios para precintarlos y asegurar que no entrase nadie antes de los registros. Jesús, el inspector de Homicidios de la Comisaría General de Policía Judicial, fue el encargado de comunicar a la madre de Ortiz que su hijo había sido detenido y que iban a registrar su casa, en la calle Montearagón, donde vivía el arrestado antes de huir a Santander. La mujer se echó a llorar y comenzó a gritar: «¡Otra vez, no! ¡No puede ser!». A primera hora de la tarde, Ortiz fue trasladado a la vivienda para presenciar el registro. Allí volvió a ver a uno de los dos policías de la comisaría de Hortaleza que lo habían identificado en la calle y al subinspector David, el mismo que lo había visitado en el calabozo. Sin abrir la boca, acompañado por su hermanastra, Dolores Marco, el pederasta fue testigo de cómo los agentes rebuscaban entre su ropa y entre sus papeles y hallaban piezas fundamentales para terminar el puzle que habían comenzado meses atrás.

El material más valioso encontrado en la casa de Montearagón tenía que ver con un coche del que los investigadores sabían aún muy poco, el Toyota que describió Paula una y otra vez durante la investigación. Allí, entre un mar de papeles, los agentes encontraron una multa a nombre de Antonio Ángel Ortiz, que había sido cazado en el kilómetro 160 de la A-1 circulando a 169 kilómetros por hora conduciendo un Toyota Celica el 11 de marzo del 2014 (ver aquí), un mes antes del secuestro de Paula, lo que demostraba que en fechas muy próximas al rapto, Ortiz disponía de un Toyota. La Policía encontró más multas, comunicaciones de apremio y modificaciones del seguro, todo ello relacionado con ese mismo coche, que los investigadores localizaron aparcado en un centro comercial de Móstoles. El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Policía Científica para ver si escondía alguna prueba de los delitos de Ortiz.

Tras el registro, los agentes tomaron declaración a la madre y a la hermana del detenido. Sus manifestaciones sirvieron para acreditar que Antonio Ángel tenía absoluta disponibilidad de las llaves del piso de Santa Virgilia, al que acudía con frecuencia para trasladar enseres o para realizar algún arreglo. La madre reveló que unos días antes de irse a Santander su hijo le contó que la Policía lo había parado en la glorieta de Pilar Miró y que ella le dijo que seguramente era porque estaban buscando al pederasta de Ciudad Lineal. La mujer, que tuvo que ser asistida por el SAMUR por una crisis nerviosa al terminar su interrogatorio, dio un dato, aparentemente intrascendente, pero de mucho interés para los investigadores: contó que el 17 de junio ella se marchó unos días a Santander. Ese día, Ortiz secuestró a Xia y la llevó a una casa, donde la agredió brutalmente y la duchó. Su teléfono estuvo situado buena parte de esa jornada bajo la antena que cubre la vivienda de Montearagón, donde los agentes siempre sospecharon que se había llevado a la pequeña china, pese a que no pudieron hallar ni una sola prueba que lo acreditase.

Todos en el Grupo Candy sabían que el registro en el que tenían que echar el resto era el de la calle Santa Virgilia, 3. Allí tenían la certeza de que había estado Paula y allí debía quedar algún vestigio de su presencia. La madre de Ortiz dijo a los agentes que una mujer había hecho limpieza en esa casa durante el mes de agosto, pero los investigadores tenían fundadas esperanzas de encontrar allí las piezas que aún les faltaban. Los componentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada de Policía Científica de Madrid, encargados de la recogida y procesamiento de pruebas durante toda la Operación Candy, no ocultaban su frustración. Hasta ese momento, no habían logrado hallar una sola evidencia de los delitos del pederasta, no habían podido apuntalar con la ciencia las acusaciones contra el monstruo. «En la policía judicial —dice el subinspector David— hay blancos, negros y una amplia gama de grises, pero para la gente de la Científica solo hay blancos y negros. Ellos necesitaban algo sólido para sentir que habían hecho bien su trabajo, y hasta el registro de Santa Virgilia no tenían nada.»

Allí, en Santa Virgilia, estaba el blanco que buscaban.

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LAS MANOS DE PAULA

Antonio Ángel Ortiz durmió poco en su primera noche en el calabozo del SAM. Antes de las ocho de la mañana del 25 de septiembre del 2014, veinticuatro horas después de su detención, los dos policías que lo custodiaban permanentemente desde su llegada a la brigada le anunciaron que salía en dirección a la calle Santa Virgilia, 3. Ortiz, correcto, educado —«el detenido ideal», según uno de los agentes que lo vigiló—, estaba a las 8:30 en la puerta del 4.º A, escalera derecha. Lo acompañaban veinte policías, la secretaria judicial y la fiscal Pilar González García. El papel más importante en el registro más decisivo de la Operación Candy estaba reservado para los nueve agentes de la Policía Científica, cuatro del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial y cinco del Grupo de Infografía Forense de la Comisaría General. Estos últimos tenían asignada la misión de fotografiar y grabar en vídeo cada rincón del piso para elaborar un tour virtual, una animación que representase fielmente el interior de la vivienda, para mostrársela a las víctimas en el juzgado y evitar así que regresasen al lugar en el que sufrieron la agresión. La protección de las niñas, que no volviesen a ser victimizadas, fue una obsesión para todos los que desde la Policía o los juzgados trabajaron en el caso. Los agentes del DEVI eran los encargados de recoger los vestigios biológicos y las huellas que hubiese en la casa, las evidencias de que allí habían estado Ortiz y algunas de sus víctimas.

Provistos de trajes forenses de color blanco, cubiertos de la cabeza a los pies para evitar cualquier contaminación, los policías de la Científica fueron los primeros en acceder a la vivienda, un piso de dos habitaciones y otros tantos baños, repleto de enseres empaquetados, cubiertos con plásticos y mantas, bolsas y cajas, desordenado y con el aspecto de una casa sin habitar, tal y como había contado la madre de Ortiz, que tenía previsto mudarse allí en el mes de noviembre (ver fotografías).

Los agentes del DEVI no dejaron un palmo del piso sin revisar. Recogieron hasta noventa vestigios en distintos rincones del inmueble. Se llevaron toallas, bayetas, sábanas, guantes, trozos de papel higiénico y decenas de cabellos, algunos de ellos encontrados tras desmontar los desagües de la vivienda, labor que corrió a cargo de los agentes del Grupo Operativo de Intervención Técnica (GOIT). No podía quedar ningún resto de origen biológico sin que fuese cotejado. Los policías recorrieron con sus luces forenses todos y cada uno de los metros cuadrados del piso y de los enseres allí acumulados y pasaron decenas de torundas de algodón impregnadas en agua destilada, en busca de ADN, por la separación de las baldosas, en vasos, en las manillas de las puertas, en las paredes, en los rodapiés, en los plásticos que recubrían algunos muebles y colchones, en los telefonillos y los mandos de los grifos de las duchas… Los agentes de la Científica también revelaron un total de veinticuatro huellas en distintas superficies para buscar el rastro del pederasta y de sus víctimas. Si habían estado allí, la ciencia lo diría. El registro estuvo a la altura de la Operación Candy: a la mayor caza del hombre hecha en Madrid le siguió el registro más minucioso de la historia de la Policía madrileña.

La inspección duró catorce horas, en las que Ortiz aguantó pacientemente, sin dirigir la palabra a nadie y sin la presencia de su abogado, porque así lo decidió él. Los agentes de la Científica se vieron obligados a abandonar la vivienda de vez en cuando para beber agua y evitar la deshidratación, a la que contribuían los trajes en los que estaban envueltos. Cuando acabaron su faena, los policías del Grupo Candy y el resto de la comitiva pudieron entrar en la casa para registrarla a fondo. De allí se llevaron ropa, documentación, cámaras de fotos y vídeo y distintos soportes informáticos. Nada que pareciese relevante para apuntalar las acusaciones contra el detenido. El subinspector David pasó por el piso mientras sus compañeros efectuaban el registro para corroborar la fidelidad con la que Paula, su mejor testigo, había descrito tantas veces el interior de la casa, estancia por estancia. La pequeña les había hecho una fiel fotografía de la vivienda con sus declaraciones.

La madrugada del 26 de septiembre, una vez concluidos todos los registros, la actividad en la brigada remitió algo. Los policías del Grupo Candy pudieron descansar unas horas antes de regresar a sus puestos, tras recibir el aplauso en el pasillo de todos sus compañeros, que salían de sus despachos para ovacionarlos. A las nueve de la mañana, Ortiz abandonó el calabozo en dirección a uno de los despachos del SAM, acompañado del abogado que le había correspondido por el turno de oficio, Cristóbal Sitjar Fernández. Las actuaciones seguían bajo secreto de sumario y el detenido, de acuerdo con su letrado, tomó la decisión de guardar silencio, una decisión que mantuvo hasta el último día de su juicio, que no llegaría hasta dos años más tarde.

Antes de poner a Ortiz a disposición judicial, los investigadores interrogaron a las personas de su entorno que pudiesen aportar datos y pruebas con las que cimentar las acusaciones contra él y presentárselas a la jueza De Torres. Su exmujer Andreína dijo que estuvo casada con él desde noviembre del 2010 hasta finales del 2013 y ratificó que Antonio Ángel se quedó con su Toyota Celica en septiembre del 2013, siete meses antes de que atacase a Paula, la niña que aseguraba que esa era la marca del coche en el que la trasladó. El pederasta nunca le pagó los tres mil euros acordados y le reclamó varias veces el automóvil o el dinero, pero él le dijo, en septiembre del 2014, que no podía devolvérselo porque «ese coche está muy guardado». La Policía localizó en Marruecos a Latifa, una mujer marroquí exempleada de un centro de estética regentado por Andreína, que tuvo una breve relación sentimental con Antonio Ángel y que confirmó que él conducía habitualmente un Toyota Celica, coche que llegó a estar a su nombre.

Rosa, la mujer a la que Ortiz fue a ver en su fugaz paso por Madrid cuando ya había huido a Santander, confesó que conoció al pederasta en 1999, cuando ambos cumplían condena en la prisión de Soto del Real, y que desde entonces mantenían una buena relación, salpicada con algunos encuentros sexuales. Él le dijo que estaba encarcelado por narcotráfico, pero las funcionarias de la cárcel aclararon a la mujer que el motivo real de su condena era una agresión sexual a una niña de siete años, que él negaba, asegurando que se limitó a secuestrar a la hija de alguien que le debía dinero, pero que no había abusado de ella. Rosa reconoció en una fotografía el Citroën Xsara Picasso que conducía Antonio Ángel en los últimos meses y le dijo a la Policía que había echado en falta en su casa una caja de Orfidal 50 mg, un medicamento que los investigadores siempre sospecharon que fue el que suministró a Paula y a Xia. Las declaraciones de otros testigos sirvieron para confirmar que Ortiz tuvo a su disposición los dos coches —Toyota y Citroën—. El Celica fue localizado cuando estaba a punto de embarcar en un contenedor, con dirección a Guinea, pero en ninguno de los dos vehículos los agentes de la Científica encontraron pruebas que situaran a las víctimas de Ortiz en su interior.

La tarde del 26 de septiembre, una comitiva abandonó la sede de la Brigada de Policía Judicial en dirección a los juzgados de plaza de Castilla para presentar a Antonio Ángel Ortiz a la titular del Juzgado de Instrucción número 10, María Antonia de Torres. Junto a él, Manuel Alcaide entregó a la magistrada una minuciosa diligencia de informe, compuesta por sesenta y ocho folios y varios anexos en los que se detallaban todas las gestiones hechas tras el arresto del pederasta, dos días antes, y el resultado de los registros y las declaraciones de los testigos. En esos folios, firmados por Alcaide, jefe del SAM, y Mónica, la jefa del Grupo 3, se enumeraban todos los indicios contra el pederasta acumulados en cinco meses de investigación. «Había que hacer un atestado muy completo —recuerda el comisario Conde— para que el fiscal fuese de nuestra mano y no dejar dudas.»

La juez no tuvo ninguna duda y envió a Ortiz —que se negó a declarar— a la cárcel de Soto del Real, tal y como solicitó la fiscal. En el auto de prisión, la magistrada escribió que había quedado «indiciariamente acreditada» la participación del detenido en siete hechos: los ataques a Yan, Lúa, Paula, Xia y Daisy y las tentativas de secuestro de Laura y Blanca. Su abogado anticipó lo que iba a ser su futura estrategia de defensa, acusando a la Policía de haber filtrado la identidad de su cliente y de haber violado el secreto de sumario, invalidando —decía— las pruebas incriminatorias.

La entrega de Ortiz al juez culminó tres días de vigilia entre los miembros del Grupo Candy, que pudieron, al fin, descansar en sus casas. Pero en la mente y en las plegarias de todos ellos estaban sus compañeros de los laboratorios. Era la hora de la ciencia y eran los agentes de la Científica los que tenían que dar las últimas vueltas a las llaves de la celda en la que todos querían ver a Ortiz encerrado muchos años. Las plegarias fueron atendidas y en las semanas siguientes llegaron al juzgado distintos informes, fruto de la minuciosa inspección que se hizo en la guarida del pederasta y del cuidado con el que se recogieron las ropas y las evidencias forenses de algunas de sus víctimas.

El laboratorio de Biología, encargado de los análisis de ADN, certificó que Paula había estado en la casa de Santa Virgilia. Los investigadores sabían que aquel informe era un anticipo de la condena de Ortiz, al menos por el secuestro de esa niña. El perfil genético de la pequeña estaba en el plástico que cubría el colchón de uno de los dormitorios. El informe de Biología afirmaba, en un enrevesado pero contundente lenguaje estadístico, que «es algo más de ocho mil ochocientos cuatro cuatrillones de veces más probable» que el perfil genético obtenido en esas muestras del plástico cubrecolchón procediese de Paula que de cualquier otra persona escogida al azar entre toda la población española. La traducción para cualquier juez y hasta para cualquier profano en derecho era que no había ninguna duda de que allí, sobre ese plástico, había estado Paula. Y en ese mismo colchón había estado Antonio Ángel Ortiz. El laboratorio encontró allí sus espermatozoides.

La prueba era demoledora, pero fue reforzada por la Sección del SAID de la Unidad Central de Identificación. En el plástico que tapaba el colchón, la Policía identificó las huellas de los dedos anular y medio de la mano derecha de Paula y dos huellas palmares de su mano izquierda. La pequeña había apoyado allí sus manos y, sin saberlo, garantizó con ese gesto la condena de su agresor. Junto a las huellas de Paula, muy cerca, estaban también las de tres dedos del pederasta (ver aquí). Pero había más evidencias de la agresión a la niña. En las mallas y la ropa interior de la menor, los agentes del laboratorio de Biología también hallaron el ADN de Ortiz, la misma huella genética que también encontraron en la ropa interior de Daisy, la última niña agredida por el monstruo. Ese hallazgo incriminaba al pederasta en el asalto a la pequeña dominicana, porque ni en el descampado donde la agredió ni en el coche en el que la trasladó —el Xsara Picasso— se pudo encontrar prueba alguna.

Los agentes revelaron en el suelo de la vivienda el fragmento de lo que parecían tres huellas de zapatillas de talla infantil. El Grupo de Trazas Instrumentales de la Sección de Balística Forense localizó en la base de datos SICAR (Captación y Recuperación de Imágenes de Huellas de Calzado) unas deportivas a las que correspondían las huellas del piso. Se trataba de unas Nike modelo Main Draw, el mismo que llevaba Paula el día de su rapto. Sin embargo, la poca claridad de los restos de las huellas hizo concluir a los investigadores que no podía afirmarse ni descartarse «que se trate de las mismas» zapatillas que calzaba Paula (ver imagen).

En el piso de Santa Virgilia no había ni rastro de la presencia de más víctimas. La Policía tenía la certeza de que Xia había sido agredida en el interior de una casa, donde Ortiz se había molestado en ducharla para borrar las huellas de la atrocidad que hizo con ella, pero en ese inmueble no estuvo. Así lo certificaba el trabajo de la Policía Científica. El síndrome de estrés postraumático que padecía la pequeña china, a la que ni siquiera se pudo interrogar, hacía imprescindible contar con alguna prueba más, que finalmente llegó, gracias al laboratorio de Biología. Pese a sus esfuerzos para hacer desaparecer cualquier vestigio, Ortiz dejó su rastro biológico en las braguitas de Xia, en su vagina y en el pañuelo de papel con el que intentó detener la hemorragia de la cría. La huella genética del pederasta también estaba mezclada con la sangre de su víctima más frágil en dos manchas que impregnaron la sábana sobre la que estuvo mientras la atendían en el hospital La Paz. La sangre que la brutalidad del monstruo hizo manar se convirtió en una de las principales pruebas de cargo contra él.

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EL PEOR TRABAJO DEL MUNDO

El abogado Cristóbal Sitjar tuvo durante un tiempo el peor trabajo del mundo: defender al pederasta de Ciudad Lineal. Cualquier sistema penal civilizado garantiza el derecho a la defensa hasta al más terrible de los monstruos, y a Ortiz se le asignó, mediante el turno de oficio, un abogado que hizo todo lo posible para defenderlo. Así es y así debe seguir siendo, pese a la poca popularidad que atesoran los letrados a los que les corresponde esa labor, mal pagada y peor vista.

La primera estrategia de defensa que empleó Sitjar fue cargar contra la Policía y el mismísimo ministro del Interior, a los que acusó de un delito de revelación de secretos, que, según él, cometieron en la rueda de prensa que dieron la mañana de la detención de Antonio Ángel Ortiz. En ella, según sus escritos, se facilitaron datos como la identidad y los antecedentes de su cliente, que vulneraban el secreto de las actuaciones. Mientras un juez mantiene el secreto sumarial, ninguna parte personada en un procedimiento —ni defensa ni acusaciones— puede ver lo instruido hasta ese momento. Sitjar se quejaba de que Ortiz desconocía las acusaciones que había contra él, algo que no era cierto, ya que en el auto de prisión —que sí pudo ver el abogado— la jueza detallaba los secuestros y las tentativas que se le imputaban. Lo que tardaron en conocer el acusado y su abogado fueron las pruebas que la Policía había ido acumulando contra él.

La caza del pederasta de Ciudad Lineal fue el principal argumento informativo durante varias semanas, especialmente en la televisión. Los programas contaron con la presencia en sus platós de algunos de los responsables de la Operación Candy, como el comisario José Luis Conde, que estuvo en El Programa de Ana Rosa manteniendo un difícil equilibrio entre el sigilo que debía guardar para respetar el secreto sumarial y la voracidad de los periodistas, deseosos de conocer todos los detalles de una investigación larga, compleja y de exitoso final.

Esa gula de la prensa y el hecho de que su perfil de Facebook estuviese abierto facilitó que la imagen del pederasta apareciese en todos los medios. Las fotografías de la red social de Ortiz ejercitándose en el gimnasio o posando sonriente con un cigarrillo en la mano —las mismas que habían servido a la Policía para comprobar el parecido que tenía con la descripción de las testigos— se difundieron masivamente. Eso sirvió al abogado para intentar invalidar una diligencia judicial que aún no se había producido. Sitjar solicitó que su cliente no fuese sometido a ninguna rueda de reconocimiento, ya que sería nula, en tanto en cuanto las víctimas habían visto ya su imagen, lo que anularía la validez de la diligencia.

La Policía había previsto esta estrategia de defensa antes de que se pusiese en marcha y por eso tuvo un especial cuidado para que ninguna cámara pudiese captar la imagen de Ortiz tras ser detenido, para no contaminar las ruedas de reconocimiento que debían hacer las víctimas. Durante los traslados a los registros y, finalmente, al juzgado, los policías del Grupo Candy burlaron a los periodistas, lanzando coches señuelo con agentes para hacerles creer que allí dentro iba el pederasta. El objetivo se logró y ningún medio pudo hacerse con esa imagen.

Periódicos y televisiones emprendieron una carrera en busca de testimonios que diesen fe de la vida del que fuera el enemigo público número uno. Su familia, sus parejas y todo aquel que hubiese tenido contacto con él vivieron el asedio mediático durante unas cuantas semanas, mientras la carrera de la Policía era otra. A lo largo de varios meses, los laboratorios fueron entregando sus resultados, que resultaron decisivos para, primero, procesar, y después, condenar al pederasta. De los cientos de vestigios analizados en los dos coches que manejó Ortiz, en las tres viviendas registradas, en las ropas y los cuerpos de las niñas y en el descampado donde agredió a Daisy, solo unos pocos tuvieron valor identificativo, pero eran suficientes y el abogado Sitjar intentó echarlos abajo.

El ADN de Ortiz encontrado por el laboratorio de Biología en varias prendas de las víctimas, en el cuerpo de Xia y en el piso de Santa Virgilia correspondía al halotipo del cromosoma Y. Solo se hereda por la línea paterna y, por tanto, todos los individuos varones relacionados por esa vía heredan el mismo halotipo, lo que implica que ese ADN podría pertenecer a un familiar directo de Ortiz.

El abogado del detenido se aferró a este resquicio que le dejaba la biología y planteó en el juzgado la posibilidad de que quien hubiese estado en el escenario del crimen o quien hubiese dejado su rastro genético en la ropa de Daisy y Paula y en la vagina de Xia no fuese su cliente, sino un familiar. Era una jugada original y arriesgada en una partida en la que tenía todas las de perder. Los agentes del Grupo Candy se embarcaron entonces en una labor más propia de historiador o de investigador de heráldica que de policías. Consultaron en cuatro registros civiles —Madrid, Martos, Baeza y Andújar— para dibujar con precisión el árbol genealógico de la familia de Antonio Ángel Ortiz hasta sus bisabuelos. Así concluyeron que los únicos parientes varones que podían compartir su huella genética eran su tío José Luis, hermano del padre del pederasta—fallecido en 1982—, y los hijos que el detenido tuvo con su primera esposa, Rosa, Antonio y Ángel.

José Luis, el tío del pederasta, le dijo a la Policía que en los últimos quince años solo había estado en Madrid dos veces, las dos en diciembre del 2014, cuando su sobrino ya estaba detenido. Los dos hijos de Antonio Ángel acudieron a la brigada para explicar dónde habían estado los días de los secuestros de las niñas. Ninguno de los dos lo recordaba, aunque ambos coincidieron en que seguramente estarían en casa jugando con su consola o con su ordenador. Manuel Alcaide escribió un oficio a la jueza en el que adjuntaba el árbol genealógico de la familia y en el que señalaba que «ni por edad ni por parecido físico se considera que pudieran ser los autores», aunque para descartarlos completamente sugería que ordenase a las compañías operadoras de telefonía mandamientos para saber dónde estaban sus teléfonos en los días y a las horas de los secuestros. La jueza consideró que no era necesario y puso así fin a la imaginativa jugada del abogado Sitjar.

El letrado de Ortiz lanzó a la Policía, a través de sus peticiones al juzgado, varios órdagos que pusieron a prueba la paciencia de los responsables de la Operación Candy, que contestaron todas las solicitudes que llegaban desde la plaza de Castilla, por insólitas que fueran. Así, por ejemplo, Sitjar pidió la identidad de todos los policías que en mayor o menor medida participaron en la Operación Candy, las actas de las reuniones diarias que mantenían los encargados de la búsqueda del pederasta, el nombre de todos los sospechosos barajados durante los meses que duró la investigación o los datos de los vehículos, edificios o personas identificadas durante la operación. Las peticiones eran peregrinas y de imposible cumplimiento sin que se vulnerasen leyes como la de protección de datos. En el sumario, que el abogado Sitjar manejaba y al que tuvo acceso tras el levantamiento del secreto, aparecían las informaciones relevantes en torno a la investigación, pero ni mucho menos todas las gestiones de la Policía o los bloques masivos de datos —coches, personas, líneas de teléfono…— con los que trabajaron.

Manuel Alcaide finalizaba uno de sus escritos al juez, contestando estas solicitudes, pidiendo «amparo a la autoridad judicial y fiscal, sugiriendo que se disponga lo necesario para que en lo sucesivo no se dé traslado a la Policía de solicitudes de información de la defensa de Antonio Ángel Ortiz que reiteradamente banalicen la labor de la Policía Judicial». En rebuscado lenguaje burocrático, el jefe del SAM le decía a la jueza que su paciencia se estaba agotando.

Ninguna de las estrategias de defensa del abogado de Ortiz funcionó antes del inicio del juicio. La visita que las víctimas habían hecho meses antes al juzgado, en la que volvieron a ver el rostro del monstruo, cerró al pederasta todas las vías de escape.

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EL DEDO DE XIA

Un juzgado es probablemente el último escenario en el que un niño puede sentirse a gusto, tranquilo y relajado. La frialdad de las dependencias judiciales y el envaramiento de casi todos los que pasan a diario por allí lo convierte en un lugar hostil para cualquier ciudadano y, desde luego, para cualquier menor. La jueza María Antonia de Torres, magistrada veterana, lo sabía mejor que nadie y era consciente de la importancia de las testigos que recibió en su juzgado los días 6 y 7 de octubre y 13 de noviembre del 2014. Esos días estaban citadas las víctimas del pederasta de Ciudad Lineal y las menores que fueron testigos de los raptos. Era la diligencia más importante de cuantas se habían practicado hasta ese momento y de las que se iban a practicar en el futuro. Todas las pruebas que la Policía había acumulado contra Antonio Ángel Ortiz se diluirían como un azucarillo si las niñas no contaban en el juzgado lo que les había ocurrido y, sobre todo, si no reconocían a su agresor. La prueba era vital, porque se decidió preconstituir, es decir, hacerla con la presencia de todas las partes del procedimiento —fiscal, acusaciones y defensa—, para que las menores no tuviesen que acudir al juicio. La prioridad de la jueza De Torres fue siempre evitar, en la medida de lo posible, una mayor victimización de las pequeñas. Era imprescindible que no sufrieran aún más, pero la visita al juzgado era necesaria.

La jueza y el equipo de psicólogos del juzgado prepararon la cita con el mismo mimo con el que unos padres se encargan de la fiesta de cumpleaños de su hijo. El despacho de la magistrada se llenó de chucherías, rotuladores, cuadernos, coches y muñecos. Se instaló un biombo para que las menores no vieran a ninguno de los personajes que pasan habitualmente por esas dependencias y su traslado y custodia corrió a cargo de policías del Grupo de Protección de Testigos, que se esforzaron al máximo por ganarse la confianza y la complicidad de las pequeñas. Además, los agentes del Grupo Candy le dieron a la jueza pegatinas, marcapáginas, pins y carnés de policía infantil para que la magistrada se los entregara a las menores.

Las exploraciones se desarrollaron en el despacho de la jueza, que cedió su enorme sillón a las testigos. En la misma estancia, mientras ellas declaraban, solo estuvieron la magistrada, una psicóloga y los familiares de las crías. En una sala contigua, viendo a través de una cámara lo que estaba pasando, permanecieron la fiscal y los abogados de las acusaciones y la defensa, que pudieron entregar, a través de un oficial, las preguntas que consideraron necesarias hacer a las testigos. El principio de contradicción, una de las bases del derecho penal español, quedó así absolutamente garantizado. El abogado de Ortiz pudo formular en todo momento las cuestiones que quiso para defender a su cliente.

Las declaraciones de las niñas en el juzgado fueron grabadas en vídeo. Los magistrados de la Audiencia Provincial que juzgaron al pederasta las vieron en la sala para poder redactar la sentencia y a las partes se les facilitó una copia, con los rostros de las niñas completamente pixelados para evitar su identificación. Esas grabaciones son la prueba de la enorme profesionalidad y del absoluto compromiso con las víctimas de la jueza María Antonia de Torres. En los tiempos que corren, en los que los jueces son cuestionados permanentemente, ver lo ocurrido en esos días en el interior del despacho de una anónima magistrada de la plaza de Castilla, una pieza más del complejo engranaje de nuestro sistema penal, es un ejercicio reconfortante para confiar en la justicia y en quienes tienen asignado el papel de administrarla.

La jueza hizo todo lo posible por ganarse la confianza de las testigos, con la inestimable ayuda de las psicólogas:

—La señorita TP1 va a venir aquí al juzgado porque nos va a hacer unas joyas mientras le hacemos una entrevista…

Así comenzó la primera de las exploraciones, la que se hizo a Yan, la niña que en julio del 2013 denunció que un hombre subió con ella a su casa de Coslada. Ni ella ni Blanca ni Laura —las dos menores que no llegaron a ser secuestradas— reconocieron en las ruedas a Ortiz, así que todo quedaba en manos de Lúa, Xia, Paula y Daisy, las cuatro niñas que habían sido presas del depredador.

Lúa llegó al despacho de la jueza con muy pocas ganas de hablar. En el momento de la exploración tenía seis años y habían pasado trece meses desde el ataque del pederasta. La jueza buscó su complicidad regalándole unos marcapáginas y unas pegatinas —«me ha dicho la Policía que te los dé»— y preguntándole por sus series de televisión favoritas —«mis dibujos preferidos son los de La banda del patio», le dijo la magistrada—, pero era muy difícil desatascar los recuerdos de la pequeña, evasiva y distraída durante toda la diligencia. La psicóloga logró que contase algunos detalles sobre la descripción de su agresor y sobre lo que le hizo, pese a que casi desde los primeros minutos la niña repetía «me quiero ir ya» y se recostaba sobre la mesa con gesto de hartazgo. La magistrada le ofreció hacer pompas de jabón y la psicóloga sacó unos muñecos para que explicase qué partes del cuerpo le tocó el pederasta. Así pasaron cuarenta minutos, en los que Lúa luchó contra ella misma y contra las mujeres que peleaban por hacerle aflorar los recuerdos de aquel 24 de septiembre del 2013. «Se me ha olvidado, ha pasado mucho tiempo y no quiero recordarlo», llegó a decir la pequeña, que con esa frase dio por finalizada la exploración. Había sido suficiente. Pese a su resistencia, la menor dio datos —la descripción del pederasta, las circunstancias de su secuestro— que avalaban lo que contó en el SAM un año antes, aunque con muchos menos detalles.

Tras su declaración, la cría fue a la sala de la rueda de reconocimiento. A un lado, ella, acompañada por su madre, la jueza y la psicóloga. Al otro lado de un enorme cristal, cinco individuos sentados, mirando al frente, con un número encima de cada uno de ellos.

—¿Está aquí el malo? —le preguntó la magistrada.

Toda la pereza que había mostrado Lúa en su declaración se transformó en atención en la rueda. La niña respondió a la jueza moviendo la cabeza afirmativamente y acompañando el gesto extendiendo los cinco dedos de su mano derecha. Bajo el número 5 estaba Antonio Ángel Ortiz, impasible, casi sin pestañear. Lo acompañaban cuatro policías vestidos de paisano, de aspecto y complexión física similar, pero la niña no dudó.

—Lo primero que quiero saber es en qué ballet quieres bailar.

Así comenzó la magistrada el interrogatorio de Daisy, la última víctima del pederasta. Había pasado apenas mes y medio desde el ataque y los recuerdos estaban frescos. La jueza le preguntó, como al resto de las niñas, si había visto en los periódicos o en la televisión al «hombre malo». Ella, como las demás, dijo que no. Daisy también fue en el juzgado, como lo había sido ante la Policía, una testigo excepcional, que hizo asomar sus recuerdos con la ayuda de la jueza: «Estás asustada y yo también estoy un poco asustada —le dijo María Antonia de Torres—, así que vamos a hacer lo que hacemos aquí cuando estamos asustados, comernos un Chupa Chups». Sin dejar ni un solo momento de chupar el caramelo, Daisy hizo un relato fluido y detallado de su secuestro, de cómo el pederasta la subió a su coche engañándola, describió el coche —«gris oscuro, ordenado, olía a limpio»— y el llavero que colgaba de las llaves de contacto, contó la parada en el chino y su llegada al descampado. Llegado ese punto, la actitud de la niña cambió, su gesto se ensombreció y asomaron las primeras lágrimas.

La jueza le dio un respiro a la testigo:

—Me ha dicho la Policía que eres una chica muy valiente y me ha dado un carné de policía para ti… —La magistrada le entregó uno de los carnés que le habían dado los agentes del Grupo Candy y le dijo que pusiese una foto suya. Al verla más relajada, siguió—: Cuando llegasteis al descampado, ¿qué fue lo que pasó?

Daisy hablaba despacio, con largas pausas.

—Me dijo que me quitara la ropa… Yo le dije que por qué… Puso una toalla en el suelo… No me acuerdo de más.

Daisy intentaba escapar. No quería rememorar los momentos más dolorosos, pero la jueza necesitaba que ella y los abogados que estaban en la sala contigua escuchasen su relato.

—¿Qué hizo él?

—No me acuerdo ya casi… —Daisy rompió a llorar.

Su padre se acercó a ella, la abrazó, la acarició y le recordó para qué estaba allí:

—Venga, hija, tú tienes buena memoria. Cuéntaselo a esta señora para que el hombre malo no haga daño a nadie más.

Daisy seguía bloqueada, negaba con la cabeza, entre pucheros. La magistrada insistía:

—Tú eres una heroína, una chica muy valiente. La forma de que no se vuelva a repetir es que lo cuentes.

La niña seguía negando. Estaba bloqueada y solo salió de ese estado con la intervención de la psicóloga, que a partir de ese momento llevó el peso del interrogatorio. Daisy le hablaba al oído y ella lo repetía en voz alta para que quedase grabado y los abogados la escuchasen. Unos muñecos —«esta eres tú y este es él»— sirvieron para que la pequeña contase que el pederasta se bajó los pantalones por debajo de las rodillas y que se puso encima de ella, primero con ella de cara y luego de espaldas. Pese a su resistencia, contó toda la agresión de la que fue víctima. La magistrada, que se había mantenido en silencio, dejando el protagonismo a la psicóloga, dio por finalizada, aliviada, la diligencia:

—Yo a esta niña la nombraría policía de honor.

La jueza acompañó a la pequeña a la sala de la rueda de reconocimiento.

—Ellos ni te ven ni te escuchan —tranquilizó a la niña, que se esforzaba por mirar por encima del borde del cristal a los cinco hombres que había al otro lado de la mampara. Bajo el número uno estaba Ortiz, mirando al frente—. Entonces, ¿tú cuál dices?

—El uno —dijo la pequeña, tras observarlos durante un minuto.

—¿Seguro, seguro?

—Sí.

—Pues ya está, ya hemos terminado —concluyó la jueza.

Paula fue durante toda la Operación Candy la testigo más valiosa, la niña que describió con precisión fotográfica la guarida y el coche del pederasta, a la que los subinspectores David y Silvia recurrieron con mayor frecuencia. La mañana de su declaración, David acudió al juzgado para verla a ella y a su madre, pero tuvo que negociar con sus compañeros del Grupo de Protección de Testigos, que se negaban a facilitarle el acceso a la niña. Solo la intervención de la madre hizo posible el encuentro entre el policía y la que fue su mejor socia durante toda la investigación.

La niña llegó al despacho de la jueza concienciada de que tenía que volver a hablar de lo ocurrido el 10 de abril. Hizo todo lo posible durante más de una hora para recordarlo, pese al dolor que le producía y que todos percibieron esa mañana de octubre del 2014. La jueza comenzó haciéndole sentir todo lo importante que había sido durante la operación policial:

—Me ha llegado la noticia de que un chico policía al que tú conoces va a organizar una comida con hamburguesas… Y me ha dicho que te dé este carné de policía infantil.

Paula estaba igual de concentrada que siempre, atenta a cada pregunta.

—Sabemos que en abril te hicieron daño. ¿Te importaría contarme lo qué pasó ese día?

Paula afirmó con la cabeza, al mismo tiempo que emitía un gemido agudo, un llanto contenido. Poco a poco, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas y su madre le daba pañuelos de papel para secárselas, fue contando cómo el pederasta la engañó diciéndole que conocía a su madre y que le iba a probar unos vestidos. Con la ayuda de las chucherías que le daba la jueza, dio los detalles del coche, habló del tamaño y del color de las pastillas que le suministró. Describió el portal y el interior de la casa de Santa Virgilia y, a medida que avanzaba en el relato, se retorcía con más frecuencia en el asiento de la jueza, que parecía aún más grande ocupado por ella.

—¿Qué pasó cuando llegaste a esa habitación? ¿Te hizo pupa? ¿Te hizo daño? —La magistrada sabía que estaba ante el momento crítico de la exploración.

El agudo gemido se convirtió en un llanto inconsolable. Paula quería seguir hablando, pero no podía. Tenía que luchar para contar lo que quería olvidar. Todas las personas presentes en el despacho se dieron cuenta de ello.

—Vamos a ver, princesa. Tienes que ser hoy muy, muy valiente —le dijo la jueza.

—Lo estás haciendo muy bien —la apoyó la psicóloga.

La magistrada trataba de retomar el relato:

—Estábamos en esa casa, pasamos a la habitación que tenía una cama y una colcha. ¿Qué pasó?

Paula gemía, intentaba sobreponerse a sus lágrimas.

—Me dijo que me quitase la ropa.

La niña rompió a llorar, se quebró del todo. Su madre la abrazó, la refugió en su regazo y le habló. El micrófono captó sus palabras, que encogieron el corazón de todos los que las escucharon:

—Después de que lo cuentes esta vez, esto no lo vas a contar nunca más. Y así ya lo olvidamos. Haz el esfuerzo de contarlo.

La madre de Paula la agarraba de la mano, la animaba a rememorar. Luchaba contra el dolor de su hija porque era consciente de la importancia que tenía su testimonio. Tras seis minutos de llantos, la pequeña se repuso. A partir de ese momento, fue la psicóloga, armada de dulzura, la que prosiguió el interrogatorio, buscando todos los detalles posibles en la memoria de la niña, que dio una minuciosa descripción de su agresor.

Paula llegó a la sala de reconocimiento con la misma actitud que recordaban los policías que habían tratado con ella. Absolutamente concentrada, pese a saber que tras el cristal podía estar su secuestrador, escuchó las instrucciones de la jueza.

—¿Has visto películas de detectives? Pues esto es igual. Aquí tenemos unos números, hay unas personas. ¿Alguna de estas personas es la que te hizo daño? Él no te está viendo ni oyendo ni nada de nada.

Paula se tomó más de un minuto y medio para contestar, observando con detenimiento a los cinco hombres. Tanto, que la jueza le dijo si quería que se pusieran de pie.

—No, me da igual —dijo Paula, sentada en una silla, con su madre a su izquierda.

Siguió mirando y sentenció:

—Me recuerda mucho al uno.

Bajo ese número estaba, ataviado con una camiseta gris de manga corta que enseñaba sus enormes brazos, Antonio Ángel Ortiz.

Xia, a diferencia del resto de las menores atacadas, no había declarado ante la Policía. Su madre solo quiso contar que su hija había sido víctima de un secuestro, pero las terribles heridas de las que fue atendida y que la mantuvieron en el hospital más de una semana dejaban claro que la niña china había sido víctima de algo mucho peor.

La pequeña hizo todo lo posible durante su exploración por no contar absolutamente nada de lo ocurrido. Evasiva, negándose a responder o haciéndolo con respuestas lacónicas, hizo prácticamente imposible que sonsacasen algo de sus recuerdos. Pintando, jugando con los muñecos y los coches que le dieron, solo dijo que el «hombre malo» la llevó a una casa. Con la ayuda de los muñecos, escenificó que primero le quitó la ropa a ella y que después la acostó en una cama. Señaló el vientre y los genitales de la psicóloga para explicar dónde le hizo «pupa el hombre malo». La madre de la niña tampoco ayudó, hasta el punto de que la jueza le tuvo que llamar la atención y pedirle que apagase el teléfono y que se mantuviese en silencio. Quedó claro que Xia estaba allí a pesar de su madre.

La jueza María Antonia de Torres era consciente de la importancia de la rueda de reconocimiento. El testimonio de la pequeña había servido de muy poco y Xia era la niña a la que el pederasta había provocado mayores daños físicos y psicológicos. Si no lo reconocía, el crimen podría quedar impune, porque en ese momento no se sabía aún que en su cuerpo habían quedado restos biológicos de su secuestrador. Por ello, la niña entró en la sala de reconocimientos en brazos de la magistrada, con la madre ajena a lo que pasaba, como si no fuera con ella.

—¿Está aquí el malo? —le dijo a la pequeña, que estaba en sus brazos—. ¿Dónde está? ¿Quién es el malo?

La jueza caminaba, paralela al cristal, frente a los cinco hombres que posaban sentados. En un momento, la pequeña pegó el dedo índice de su mano izquierda al cristal, señalando a uno de ellos. La jueza quería asegurarse:

—¿De qué color lleva la camisa?

—Negro.

—¿Y qué número tiene arriba, que yo no llevo las gafas?

—El cinco.

—¡El cinco es el malo! —exclamó la jueza, dando la espalda al cristal para que Xia no volviese a ver a su violador. Vestido de negro y bajo el número cinco, Ortiz miraba al frente.

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EL JUICIO

Siete meses después de que Antonio Ángel Ortiz fuese detenido en Santander, el magistrado Juan Javier Pérez lo procesó por cuatro delitos de detención ilegal, otras tantas agresiones sexuales y dos delitos de lesiones. El juez consideraba que había indicios suficientes para sentar en el banquillo a Ortiz por los ataques a Lúa, Paula, Xia y Daisy. Los casos de Yun, Blanca y Laura no llegaron a ser juzgados y en su auto del 10 de abril del 2015, el magistrado explicaba las razones: ninguna de ellas había identificado al pederasta en las ruedas de reconocimiento y no había una sola prueba científica que avalase que el detenido estuviese en los escenarios en los que se produjeron esos hechos. La Policía solo había podido aportar que los posicionamientos de su teléfono en las fechas y las horas clave eran compatibles con su presencia allí, «un indicio de entidad muy relativa», según el juez. Por el contrario, las sospechas de que Ortiz era el autor del resto de los secuestros estaban avaladas por los vestigios biológicos que dejó en sus cuerpos, en sus ropas y en el escenario, y por la contundencia con la que lo reconocieron en el juzgado.

El abogado defensor, Cristóbal Sitjar, intentó hasta el último momento dinamitar las pruebas clave contra su cliente. Insistió en pretender invalidar las identificaciones en las ruedas de reconocimiento, aduciendo que la imagen de Ortiz se había difundido masivamente en los medios de comunicación, y ello pese a que en las exploraciones ante la jueza todas las niñas negaron haberlo visto en la prensa o en la televisión. Sitjar también quiso demoler otra diligencia decisiva, el registro del piso de Santa Virgilia, que, según él, no guardaba la ortodoxia exigida en nuestro derecho, porque a la casa habían accedido, antes que nadie, los agentes de la Policía Científica. El rigor que merecía el registro y el temor a que la escena se contaminase eran razones más que justificadas para que la comitiva judicial entrase más tarde, según todas las instancias a las que recurrió el letrado.

En el juicio, Sitjar no solo tuvo enfrente a la Fiscalía de Madrid. Dos de las víctimas, Paula y Xia, estaban representadas por acusaciones particulares, y, además, en el proceso se personaron dos acusaciones populares, en nombre de la Asociación Clara Campoamor y la Asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen y la prevención. El letrado de Paula, José Antonio Tuero Sánchez, pidió al inicio del juicio que, además de por las detenciones ilegales, las agresiones sexuales y las lesiones, el pederasta fuera condenado también por un delito de homicidio en grado de tentativa, al considerar que Ortiz había puesto en peligro la vida de Paula suministrándole los somníferos que le dio durante su secuestro. En sus conclusiones definitivas también intentó que el tribunal calificase como tentativa de homicidio la agresión a Xia. Estas peticiones fueron desestimadas por el tribunal, que no vio peligro de muerte en ninguno de los casos.

El abogado defensor de Ortiz trató de deslegitimar toda la investigación, lanzando sobre la Policía gravísimas acusaciones, como la de actuar «a espaldas de la autoridad judicial». El letrado presentó a su defendido como la víctima de una enorme conspiración urdida por la Policía para dar respuesta a una serie de hechos delictivos de autor desconocido. De esta manera, según el abogado, los investigadores habían creado artificialmente un perfil del autor de las agresiones hasta hacerlo coincidir con el de Ortiz, ocultando otras pruebas que lo exculpaban.

Con esta declaración de intenciones y de muy mal humor se presentó Cristóbal Sitjar en el juicio, que comenzó el 18 de octubre del 2016 en la Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal estaba presidido por la magistrada María Luisa Aparicio Carril, acompañada por Francisco José Goyena Salgado y María Teresa García Quesada. En la primera sesión, que congregó a decenas de periodistas, Sitjar ya dio muestras de su enfado, dándole la espalda a las cámaras cuando entraron en la sala —«ya estoy harto y cansado», espetó— y diciendo que su cliente «ya estaba juzgado». Pero no lo estaba. Nuestro sistema penal establece claramente que una sentencia ha de estar basada en lo que se vea en el juicio oral. De nada servían el día que comenzó la vista los catorce tomos y las siete piezas separadas que formaban el sumario, en el que se recogían todas las pruebas e indicios contra el procesado. Todo lo que se podía leer en esos miles de folios debía ratificarse frente al tribunal.

Antonio Ángel Ortiz llegó a la sala vestido con un chándal gris, una camiseta verde y unas zapatillas deportivas, como si los códigos de vestimenta no fuesen con él. Con el pelo más corto de como lo llevaba habitualmente, barba de dos días y su aspecto musculado de siempre, le dijo a la presidenta del tribunal que no pensaba responder a ninguna pregunta:

—No voy a declarar, señoría —fueron sus únicas palabras.

La sesión continuó a puerta cerrada. Ni periodistas ni público pudieron ver las grabaciones de las exploraciones de las víctimas que se detallan en el capítulo anterior. Más de cien testigos —la mayor parte de ellos, policías— desfilaron por la sala de la Audiencia Provincial. Los agentes fueron desgranando todas las líneas de investigación y cómo llegaron a la convicción, en base a los indicios acumulados, de que Ortiz era el pederasta de Ciudad Lineal. La declaración de Alcaide, el jefe del SAM, fue especialmente larga, prolija y llena de detalles, y sirvió para derribar uno por uno los ladrillos de la conspiración que pretendía levantar el abogado defensor para intentar tumbar así el procedimiento, desacreditando la labor policial. Ante el tribunal pasaron prácticamente todos los agentes que participaron en la Operación Candy. La subinspectora Silvia acudió embarazada a la vista oral; David recordó las terribles lesiones que él mismo vio en Xia la noche de su secuestro; Mari Luz no pudo evitar las lágrimas cuando recordó la desgarradora frase que Paula le dijo en la cama del hospital —«y mi mamá no estaba»—; los peritos ratificaron sus informes y, especialmente, los que explicaron los vestigios de ADN, fueron didácticos y minuciosos en sus declaraciones… Ningún testimonio parecía alterar a Ortiz, que seguía las sesiones aburrido, bostezando y con gesto de hartazgo. Ni siquiera las agresivas preguntas de su defensor a los policías le motivaban para seguir la vista con una mayor atención.

Por la sala pasó también Adriana, la joven que encontró a Xia. Recordó, entre lágrimas y muy nerviosa, cómo la pequeña se abrazaba a ella «como una lapa». Itziar, la madre que paseaba a su bebé cuando vio a Ortiz con Daisy, dijo haberlo reconocido en rueda sin ningún género de dudas. La madre del acusado, María Dolores, declaró desde Málaga a través de videoconferencia e hizo un enorme esfuerzo por librar a su hijo de las decenas de años de prisión que se cernían sobre él, desdiciéndose de lo que había dicho a la Policía tras la detención del pederasta. Negó que su hijo pudiese haber accedido al piso de la calle Santa Virgilia, aduciendo que ella no le dio las llaves, e incluso intentó apuntalar la teoría de la conspiración diseñada por el abogado Sitjar, asegurando que ella misma había limpiado con agua y amoníaco la funda del colchón en la que fueron hallados el ADN de Ortiz y las huellas de Paula, lo que sugería que los agentes habían colocado allí pruebas falsas.

Las distintas partes hicieron sus informes finales, en los que no hubo sorpresas. La Fiscalía solicitó setenta y siete años de prisión para Ortiz, pena que llegaba hasta los ciento veintiséis años en el caso de una de las acusaciones populares. La defensa pidió la libre absolución del procesado y dijo, sin rubor, que el pederasta de Ciudad Lineal fue una figura creada por la Policía.

Como en cualquier juicio, el tribunal dio el último turno de palabra al acusado, antes de dictar el «visto para sentencia», el 15 de diciembre del 2016. Ortiz no había abierto la boca desde su detención, más de dos años antes, así que fue toda una sorpresa que anunciase que quería hablar. El procesado se levantó de su asiento y se sentó en la silla que tenía un micrófono delante, por la que había visto pasar a más de cien testigos durante los últimos dos meses.

—Lo primero que quiero decir es que si no he declarado antes es porque se me informó de los delitos que se habían cometido, pero no de los hechos. Cuando empezó el juicio decidí no declarar porque, sinceramente, no me iban a creer. No es que ahora me vayan a creer, por supuesto, pero tampoco voy a decir nada que no haya salido en los informes.

Así empezó un aburrido soliloquio de diecisiete minutos, en los que Ortiz comenzó hablando de sus razones para irse a Santander —a trabajar con su tío—, negando que fuese una huida. Con media sonrisa, a veces riéndose abiertamente, intentó poner en evidencia las contradicciones de las descripciones de las testigos —«se han dicho todos los colores de pelo, excepto el pelirrojo»— y se refirió a la declaración de «un hombre calvo, con traje gris» (Manuel Alcaide) cuando dijo que se fio de su intuición: «Acusar a una persona de delitos tan graves me parece irresponsable. No puedes coger al que te apetezca».

La intervención acabó con las primeras palabras que Ortiz dedicó a las víctimas y por primera vez, el tribunal vio quebrarse parcialmente al hombre que había estado sentado en el banquillo durante dos meses, ajeno a lo que pasaba en la sala:

—Nada más. No tengo mucho más que decir. Simplemente que siento mucho lo que les ha pasado a estas menores, me parece terrible, una barbaridad, sobre todo en el caso de TP4. Eso no tiene nombre. Lo siento por sus familias, por supuesto. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Nada. Soy inocente, señoría.

En sus últimas palabras, la voz de Ortiz se rompió. Después, se levantó y tendió los brazos delante de una de las policías que lo custodiaba para que le pusiese los grilletes, al tiempo que escuchaba a la presidenta del tribunal pronunciar el «visto para sentencia».

El fallo llegó menos de dos meses después, el 6 de febrero. La sentencia, compuesta por ciento veintiséis páginas, era un calco, en el apartado de los hechos probados, de los actos que el juez instructor imputó al pederasta en el auto de procesamiento. Ortiz fue condenado a setenta años y seis meses de prisión, aunque el fallo aclaraba que el máximo tiempo que pasaría entre rejas serían veinte años, pero veinte años a pulso, sin disfrutar de permisos ni beneficios penitenciarios de ninguna clase. Ese era el precio que la justicia ponía a las agresiones de Lúa, Paula, Xia y Daisy, un precio mayor al que la familia de Paula preveía. «Hice una apuesta con la madre —recuerda David, el subinspector del Grupo Candy— sobre la sentencia, porque ella pensaba que le iban a caer menos años.» El apartado de los fundamentos jurídicos del fallo era un reconocimiento implícito a la labor de la Policía. En él constaban todas las pruebas que los agentes habían acumulado durante los meses de investigación y que sirvieron como base para condenar a Antonio Ángel Ortiz.

Once meses después, en enero del 2018, llegó el fallo del Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y desestimó todos y cada uno de los catorce motivos de casación alegados por el abogado de Ortiz, según los cuales durante el proceso se habían vulnerado los derechos de su defendido, al que se le había negado un procedimiento con garantías.

El Alto Tribunal echó por tierra los recursos del abogado Cristóbal Sitjar, pero Manuel Marchena, el ponente, le dedicó un párrafo de su sentencia que, a buen seguro, el letrado guarda con cariño y orgullo: «La Sala quiere dejar constancia de la profesionalidad y de la encomiable dedicación del letrado que ha asumido la defensa del procesado por el turno de oficio», comenzaba ese párrafo, que acababa recordando la importancia del papel de la justicia gratuita en nuestro sistema penal. «Nuestro reconocimiento a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías.»

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PALABRA DE ANTONIO ÁNGEL

Antonio Ángel Ortiz guardó silencio tras ser detenido en Santander. No quiso declarar ante la Policía, ni tampoco ante la juez que lo mandó a prisión, María Antonia de Torres. Nunca habló de sus víctimas, ni pidió perdón. Permaneció más de dos años sin decir una sola palabra, un silencio que mantuvo también en el juicio, donde ya advirtió en la primera sesión que no contestaría a ninguna de las preguntas que le formulasen las partes. Solo habló en su turno de última palabra para no decir prácticamente nada, en un monólogo de diecisiete minutos en el que terminó proclamando su inocencia.

Los únicos que tuvieron ocasión de hablar en profundidad con Ortiz desde su arresto fueron dos médicos forenses, que lo entrevistaron en los calabozos de la sede de los juzgados de Madrid, en plaza de Castilla, el 25 de noviembre y el 5 de diciembre del 2014. La juez les encargó que valorasen si el pederasta tenía alguna patología que pudiese reducir su responsabilidad penal. A los forenses, Ortiz les contó su vida y les habló de las acusaciones que pesaban sobre él, antes de someterlo a diversas pruebas para llegar a una conclusión sobre su estado. El diagnóstico médico fue tajante: «No presenta ningún trastorno psiquiátrico que afecte a su capacidad para conocer y comprender las conductas que son lícitas y las que no lo son». Eso sí, los médicos que conversaron con él durante dos jornadas dijeron en su informe que presentaba «un trastorno de la personalidad con rasgos disociales y narcisistas, un bajo nivel de empatía y tendencia a la manipulación, superficialidad afectiva, una baja tolerancia a la frustración con incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia, un sentido elevado de sí mismo y dificultad para asumir responsabilidades, situándose en posición de víctima con tendencia a externalizar el origen de sus conflictos».

En las dos entrevistas con los psiquiatras, Antonio Ángel comenzó hablando de su infancia y dijo a los médicos que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño: «Desde que tengo uso de razón, no recuerdo cuándo, nunca he preguntado ni me han contado nada». Hasta los nueve años, vivió con su padre en Jaén, pero al enfermar este de cáncer, se trasladó a Madrid, junto a su madre, con la que siempre, dijo, se había llevado bien, «salvo cuando era joven, porque era un perdido». Su padre murió al año siguiente: «Fue doloroso, pero suelo llevar las cosas bien por dentro».

El joven Ortiz cambió tres veces de colegio y a los quince años ingresó en un internado, «porque mi madre trabajaba, no podía estar conmigo en todo el día y no quería dejarme solo. Debió pensar que era un buen colegio y para ella era más fácil que yo estuviese ahí». A los diecisiete años se escapó del centro, «porque no quería seguir internado», lo que le costó la expulsión. Ortiz finalizó sus estudios —3.º de BUP y COU— en el colegio Cumbre.

Su vida laboral tampoco fue nunca demasiado estable. A los diecisiete años comenzó a trabajar como aparcacoches. Después, alternó empleos de camarero y portero de discoteca. Lejos del mundo de la noche, hizo trabajos de reformas de viviendas, fue comercial de una empresa de compraventa de coches y montador de escaleras mecánicas de metro. El propio Ortiz se responsabilizó de esa inestabilidad laboral ante los forenses: «No duraba más de un año o un año y medio en un trabajo, porque desaparecía, aunque siempre he trabajado bien». Entre el 2010 y el 2012 tuvo su último empleo estable, dedicado al alquiler de pisos en una empresa que regentaba su segunda mujer, de la que se divorció en el 2012. Se había casado por primera vez a los veintitrés años y se separó cinco años después. De ese matrimonio nacieron sus dos hijos, que tenían, cuando su padre fue encarcelado en el 2014, diecisiete y diecinueve años, y que viven con su madre desde la separación.

Ortiz tiene dos hermanas, dieciocho y veinte años menores que él, fruto del segundo matrimonio de su madre, que se volvió a divorciar. La madre es una de las pocas personas que lo van a ver a prisión, pese a que él se marchó de casa muy joven y perdió el contacto con ella durante varios años: «Hice amistades nuevas, empecé a conocer gente y me dejé llevar por los demás. Bebían, se drogaban y poco más. Salíamos a juerga diaria». En esos mismos años llegaron sus escarceos con las drogas y el alcohol. A los diecisiete años comenzó a beber: «Me mantenía borracho todo el día, no se me notaba por la costumbre». A los dieciocho años probó LSD (ácido lisérgico, una droga de síntesis), y consumió cocaína desde los veinte a los veintisiete, y a partir de esa edad, abandonó por completo los tóxicos, más allá de los cócteles de anabolizantes que empleaba para mantener su imponente aspecto.

El pederasta de Ciudad Lineal habló con detenimiento a los forenses de sus relaciones de pareja. Conoció a su primera mujer a los veintidós años, aunque él tenía novia en ese momento. Era la hermana de una amiga, «una chica también de la noche». La joven se quedó embarazada y se casó con ella a los veintitrés años, aunque asegura que «no era la mujer de mi vida, la mujer de mi vida era la novia que tenía yo antes». Tras casarse, intentó abandonar los empleos nocturnos, reanudó la relación con su madre y trabajó como comercial. Durante su matrimonio, «tenía amigos que me llevaron por el mal camino… No era la relación que yo quería tener… Teníamos para comer y poco más… Estaba muy preocupado por mis hijos, para mí mis hijos son todo. No me sentía cómodo con mi mujer, no era para mí. A veces, estaba tres días sin ir a casa. Yo llegaba luego con un ramo de rosas y le montaba una fiestecita, le pedía disculpas y se solucionaba todo». En estas discusiones, la mujer se marchaba de vez en cuando con su hijo mayor a casa de sus padres, llegando a pasar hasta un año separados, aunque niega haberla agredido —pese a que fue denunciado por ella—, pero reconoce que «hubo muchos gritos, pero tampoco fuertes». El deterioro de su relación de pareja acabó con el matrimonio cuando tenía veintiocho años, tras una fuerte discusión. Siete meses después de ingresar en la cárcel en 1999, acusado de abusos a una menor, él solicitó el divorcio, «porque ella me engañó con un conocido».

Sobre sus hijos, Ortiz dijo a los médicos forenses que mantuvo una relación diaria con ellos hasta que entró en prisión en 1999. Durante los primeros meses de su encarcelamiento, lo visitaban una vez al mes, aunque más tarde estuvo cuatro años sin verlos, «porque ella no me dejaba».

Su segunda mujer era la esposa de un interno con el que coincidió en la cárcel, cuando estuvo cumpliendo una condena por varios atracos. Ella estaba también encarcelada y contactó con él cuando salió en libertad. Una vez en la calle los dos, se casaron en el 2008 y él empezó a trabajar en la empresa inmobiliaria que ella regentaba, aunque la relación no fue muy satisfactoria porque «ella era muy celosa y me engañó cuando yo estaba en prisión». La pareja se disolvió definitivamente en el 2012 y desde entonces Ortiz vivía con su madre y se ganaba la vida realizando «pequeñas chapuzas». Su tiempo libre lo pasaba en el gimnasio —seis días a la semana— y leyendo y viendo la televisión. Dijo que salía poco porque no tenía dinero y que conservaba un grupo de amigos, «aunque no me siento muy apoyado por ellos en estos momentos».

Antonio Ángel habló con los forenses también sobre su carrera delictiva, aunque lo hizo a su manera, asumiendo nada más que lo imprescindible. Confesó haber cometido pequeños delitos en su adolescencia, especialmente robos de motocicletas: «A los veintiún años estuve en la cárcel por un delito contra la salud pública, pero el asunto lo archivaron y me declararon inocente». En 1998 fue denunciado por agredir sexualmente a una menor, Elena, la chica a la que secuestró a la salida del colegio en el distrito de Fuencarral. Pasó unos días en la cárcel y fue encarcelado veinte meses después, en 1999, para cumplir una condena de ocho años de prisión. Como en el resto de los delitos sexuales que le atribuyen, Ortiz negó haber abusado de esa niña: «Me puso una denuncia falsa una chica con la que salía. La dejé porque me enteré del segundo embarazo de mi mujer y ella me denunció para vengarse». Ortiz aprovechó esta estancia en prisión, entre 1999 y 2007, para realizar el acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. Se matriculó, precisamente, en Pedagogía, pero tan solo cursó esos estudios durante un año: «Me apunté, pero me trajeron los libros seis meses más tarde y suspendí. Solo tenía beca para ese curso, al año siguiente ya tenía que pagarlo y no me lo podía permitir».

Ortiz ha negado durante todos estos años ser un delincuente sexual, un pederasta. Tiene menos reparos en asumir el resto de los hitos que jalonan su dilatada carrera delictiva. Contó a los forenses que en el 2007 fue detenido por un secuestro y poco después, por un robo con fuerza, delitos por los que pasó algo menos de un año en la cárcel. Para ellos, también tenía justificación: «Me hacía falta dinero y no tenía otra cosa que hacer, comer o morir de hambre». Entre el 2009 y el 2010 estuvo año y medio en prisión preventiva, acusado de dos atracos: «Me acusaron porque por tener amigos delincuentes ya eres un delincuente; por tener amistad con las personas que están metidas en esos asuntos, solo por eso».

Los forenses le preguntaron por los terribles delitos de los que estaba acusado, por los que estaba encarcelado, y en su informe los médicos hicieron constar que les llamaba la atención «la escasa repercusión emocional que muestra ante la acusación de la que ha sido objeto». Antonio Ángel clamó por su inocencia ante los forenses, igual que hizo más tarde, en la última sesión de su juicio: «Estoy pagando una cosa por haber estado en prisión, ha sido todo un montaje, desde el principio».

Antonio Ángel dio a los forenses una particular explicación sobre las razones de sus delitos, incluso habló de su particular ética criminal: «Yo he hecho lo que en ese momento tenía que hacer porque era mi forma de sobrevivir, pero siempre se lo he hecho a personas que eran peores que yo, dedicadas al narcotráfico y a otras cosas. Con el tiempo, pienso que no sé por qué hice esas cosas, porque no soy quién para juzgar a los demás».

El pederasta negó ser un depredador de menores y remarcó a los médicos que a él le gustaban las mujeres: «Me encantan las niñas, pero desde un punto de vista sano. Una persona que hubiera hecho eso —se refiere a los delitos de los que él está acusado— es una persona enferma, porque nadie en su sano juicio podría hacer algo así. Para hacer una cosa de estas hay que ser cruel, y yo no soy cruel. Hay mujeres y hay otras formas, no lo entiendo. La persona que lo haya hecho no debería salir nunca de la cárcel».

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HERIDAS

Los tribunales sirven para encuadrar unos hechos dentro del Código Penal, dar un castigo justo al responsable y reparar a las víctimas. Las sentencias no son más que la traducción de este mecanismo, en el que se basa la administración de Justicia. Lo que nunca aparece en una sentencia —por brillante que esta sea— es la verdadera dimensión del dolor provocado por el criminal, que es imposible traducir en años de condena o en euros de indemnización. Cuando los focos de la Policía, de los tribunales o de la prensa se apagan o se dirigen a otro lado, siempre hay víctimas que se quedan solas en la penumbra, sobrellevando como pueden el dolor que dejó en ellos el criminal. A veces, ese dolor dura mucho más que los años de cárcel que pasa el responsable de haberlo causado. Y en ocasiones, es un dolor irreparable. Nadie sabe cuánto durará el daño provocado por Antonio Ángel Ortiz en sus víctimas. Quizás, cuando haya cumplido los veinte años que le esperan en prisión, Lúa, Xia, Daisy y Paula sean cuatro veinteañeras que hayan olvidado el rostro, el olor, la voz y el tacto de la piel del monstruo. Sus familias luchan para que sea así. Pero nadie puede garantizarlo.

El juzgado necesitaba saber, antes del comienzo del juicio contra Ortiz, las secuelas que había dejado el criminal en las niñas, el nivel de daño físico y psicológico que había provocado en ellas, para tenerlo en cuenta a la hora de la sentencia. Meses antes del inicio de la vista oral, varios médicos y psicólogos se entrevistaron con los familiares de las víctimas, revisaron las exploraciones que les hicieron en el juzgado y accedieron a sus declaraciones ante la Policía para valorar su estado.

Lúa —TP2— tenía cinco años en el momento de la agresión —septiembre del 2013—. Hija única, vivía en Madrid con su madre, que trabajaba en una empresa de limpieza, y con la pareja de esta. El padre de Lúa residía en la República Dominicana y se relacionaba con ella por teléfono e Internet, aunque llevaba cuatro años sin verla. La madre de Lúa contó a los forenses que su hija se negaba a hablar del rapto en los días posteriores al suceso e insistía en que «quería olvidar», tal y como dijo durante su exploración en el juzgado. La pequeña estaba muy nerviosa, no quería bajar al parque ni a la calle, quería estar en casa viendo la televisión, síntomas que se aliviaron tras unos meses. Solo su visita a los juzgados, para ser explorada y acudir a la rueda de reconocimiento, la sumieron de nuevo en un estado de tristeza y nerviosismo.

Paula —TP3—residía con sus padres y su hermano mayor cuando fue secuestrada por Ortiz —abril del 2014—. El ataque de Ortiz cambió la vida de la familia, según reflejan los informes. Lola, su madre, contrajo una grave enfermedad meses después, de la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; su padre vivió en silencio y con rabia el episodio, y su hermano, que fue testigo de la desaparición de Paula y de las horas de angustia que la siguieron, se sintió desplazado y bajó su rendimiento escolar.

La que fue una de las mejores armas con las que contó la Policía para dar con Antonio Ángel Ortiz y su guarida de la calle Santa Virgilia ha gozado de una enorme protección familiar y de todo su entorno. Pese a ello, su madre contó a los forenses que lo que más preocupa a Paula es que la gente se entere de lo sucedido y que incluso ha llegado a sentirse observada: «No me gusta que me miren por lo que me pasó, no me gusta que sepan que soy la niña a la que le pasó». Aunque sus padres trataron de evitar por todos los medios que su hija no viese ni leyese noticias en torno al pederasta de Ciudad Lineal, la madre manifestó que «tuvo dos noches muy malas, había oído en la tele que hablaban de ella y lo pasó muy mal».

Paula sorprendió al Grupo Candy por su precisión a la hora de aportar detalles a los investigadores y, sobre todo, por su entereza, que sirvió para contar con ella varias veces durante la operación —acudió a un concesionario de coches, al edificio de Santa Virgilia, reprodujo el recorrido que hizo con el pederasta—, pero su madre reveló a los psicólogos que, ocasionalmente, sus heridas se reabrían: «Algunas veces se acuerda y dice que tiene miedo de que le vuelva a pasar». Aquellas lágrimas que se le resbalaron en el hospital, al contar que el pederasta le había dicho que en el coche estaba su mamá «y mi mamá no estaba», han regresado alguna vez: «Su miedo era que no me iba a volver a ver», dijo la madre a los forenses.

Daisy, la última víctima del pederasta —TP5 en el sumario—, es la menor con una situación familiar más compleja. Es la pequeña de cinco hermanos, tres de ellos procedentes de una relación anterior de la madre, una mujer enferma mental, que ha pasado largos períodos de tiempo ingresada en centros psiquiátricos. El padre de Daisy mantiene con el sueldo que gana en un taller mecánico a sus dos hijos y mantuvo también a los tres de su exmujer hasta que se comenzaron a independizar.

Daisy tenía siete años cuando Ortiz la raptó en las inmediaciones de la casa de sus abuelos. Desde entonces, según contó su padre a los forenses, su rendimiento escolar ha caído en picado y tiene continuas pesadillas, que se niega a contar a su padre, al que solo le dice que sueña cosas malas. El pederasta dejó en la niña, a la que su padre define como «muy fuerte», un trastorno ansioso y depresivo, tal y como los forenses hicieron constar en su informe.

Xia, la pequeña china denominada TP4 en el sumario judicial, fue el acicate definitivo para muchos de los policías que intervinieron en la Operación Candy, que al comprobar el inmenso daño que el pederasta le había infligido, se juramentaron para cazar al monstruo por ella y por el resto de las víctimas. Las heridas en su organismo son terribles —necesitará revisiones periódicas hasta bien entrada su adolescencia—, pero las que dejó en su alma son aún peores.

La pequeña tenía seis años cuando fue atacada por Ortiz y hasta ese momento había tenido una vida como la de tantos otros hijos de inmigrantes chinos llegados a España. Nacida en Barcelona, comenzó su etapa escolar a los cuatro años, ya en Madrid, sin ningún problema de integración en el colegio, el mismo al que acudía su hermano, siete años mayor que ella. Sus padres, que apenas hablan español, regentaban una tienda, junto a la que fue secuestrada la niña, y su círculo de relaciones se reduce a unos familiares de la madre, que llevan más tiempo en nuestro país.

Una psicóloga acompañó a Xia en uno de los momentos más duros de todo el proceso. Ella y el resto de las víctimas tenían que ser exploradas en los juzgados, en presencia de todas las partes —fiscal, abogado defensor y acusaciones—, para que no tuvieran que declarar en el juicio. Debían volver a revivir todo por última vez. La profesional que se encargó de Xia contó a los forenses la escena vivida en la sede de plaza de Castilla, que da una buena idea de la dimensión de las heridas que Ortiz dejó en la pequeña china: «Estaba paralizada, no mantenía contacto físico ni ocular con nadie, ni siquiera con su madre. Su mirada era de terror, incapaz de relajarse e interactuar. Tras cuarenta y cinco minutos de intervención, se relaciona con personas del género femenino, no así con las del masculino». La madre de Xia también dijo a los forenses que «le asustan los niños, intenta evitarlos», y se queja de que el profesor de educación física es «maestro y no maestra».

Tras la visita al juzgado, Xia preguntaba continuamente a su madre por la mujer que la acompañó, la mimó y logró desbloquearla parcialmente en ese trance tan duro. La psicóloga forense del Servicio de Protección de Víctimas y Testigos Protegidos de la Fiscalía logró crear con la cría un vínculo que Xia no estaba dispuesta a romper. La niña comenzó un tratamiento de psicoterapia con ella en enero del 2015 y la psicóloga facilitó al juzgado un informe tras las cinco primeras sesiones. En él describe con todo detalle el estado de Xia, diagnosticada con síndrome de estrés postraumático.

Xia, por ejemplo, ha convertido el dolor en algo inherente a ella. El informe cuenta que tiene constantes picores, dolores de cabeza y «respuestas exageradas ante cualquier accidente cotidiano. Si se tropieza, se queja muchísimo y mantiene la conversación sobre el dolor durante un largo período de tiempo». Las dos semanas que pasó ingresada en el hospital para curarse de las heridas provocadas por Ortiz le dejaron una profunda huella y las recuerda con frecuencia con frases como «pobrecita yo, tanto tiempo en el hospital», «los médicos me pinchaban aquí y aquí», «tenía una bolsa con pis que me ponían y me quitaban». De hecho, los padres contaron a la psicóloga que, varios meses después, Xia iba a las revisiones del hospital sin saber que iba allí. La tenían que engañar.

El monstruo se cuela también en los sueños de Xia, que se despierta con frecuencia con pesadillas: «El malo está en la cárcel, pero también dentro de mi cabeza todo el rato, el hombre malo me molesta en la cabeza», repite la niña. La psicóloga relata en su informe el elevado estado de alerta en el que vive continuamente la menor. Cuando está en la consulta, si escucha un timbre o una voz masculina en el pasillo, se sobresalta y pregunta: «¿Quién habla? ¿Son amigos nuestros?».

El rechazo a cualquier persona del género masculino es la secuela más visible que le ha quedado a Xia. Desde la noche de su secuestro, en la que se aferraba a Adriana y no quería ver a ningún hombre, la pequeña ha evolucionado muy poco, rechazando incluso a su padre y a su hermano, según dijo la niña a la psicóloga: «¿Sabes? Mi hermano dice palabrotas, como el malo. Cuando pienso en el hombre malo me enfado con mi hermano y no sé por qué». Algunas palabras y hasta algunos tonos de voz llevan a la menor otra vez a la noche de su secuestro: «No me llames “cariño” —le pide a la psicóloga en las sesiones—, eso lo hacía el malo. Él me gritaba mucho y se enfadaba, menos mal que ya lo hemos metido en la cárcel para siempre».

Xia estuvo sangrando diariamente durante seis meses, a consecuencia de las brutales heridas que le dejó el pederasta y la cirugía que le practicaron para reconstruir su aparato genital. La sangre en una mujer, para ella, solo puede ser consecuencia de una agresión. La psicóloga de la Fiscalía la ha intentado convencer de que cuando su madre tiene la menstruación no es porque su padre la haya atacado. Ese era el estado de Xia casi un año después de que Antonio Ángel Ortiz se la llevase.

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«A NUESTRA COMPAÑERA… PAULA»

El destino quiso que el final de la Operación Candy llegase unos días antes de la festividad de los Santos Ángeles Custodios —2 de octubre—, el patrón de la Policía Nacional. Durante la primera semana de octubre, el cuerpo celebra todo tipo de actos y entrega las medallas que distinguen cada año el trabajo de los agentes. La práctica totalidad de los policías que participaron en la operación fueron condecorados con cruces al mérito policial con distintivo blanco y cuatro de ellos, el comisario Conde, el inspector jefe Manuel Alcaide y los subinspectores David y Silvia, recibieron cruces con distintivo rojo, las que llevan aparejadas una recompensa económica. Todos los condecorados de la Operación Candy posaron en uniforme para una foto irrepetible y que acompañó a la medalla que para muchos de ellos fue la más importante de las entregadas esos días. Los agentes hicieron llegar a Paula un cofre de madera, con la inscripción «A nuestra compañera… Paula» y el escudo de la Policía Nacional. En su interior iba la fotografía de todos los participantes en la operación, una muñeca de cabellos rubios —como ella—, vestida de uniforme, una reproducción de una cruz roja al mérito policial y una carta en la que detallaban todos los que habían intervenido en mayor o menor medida en la caza del pederasta:

Gracias…

Al servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz y a su especial mesura cada vez que requeríamos sus atenciones.

A las ambulancias del SAMUR, que tan meticulosamente nos hicieron caso para no cometer errores.

A la Sección de Coordinación y Análisis de la Información SECAI de la Policía Municipal de Madrid, cuyos componentes diariamente contestaban a los cientos de consultas que hacíamos de sus bases de datos y que siempre aportaban con la frase «el malo es el de ahí fuera».

A la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuyos turnos nos tenían urgentemente informados de cuantos sucesos ocurrían en Madrid, mañana, tarde y noche.

A las Unidades de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía, que con su presencia en parques y colegios ayudaban preventivamente.

Al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de distrito de Hortaleza del CNP, que uno por uno fueron entrando en edificios de todo su distrito, sin olvidarse de ninguno.

Al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Distrito de Ciudad Lineal y de San Blas del CNP, que recorrían su distrito para vigilar que todo fuera bien.

Al departamento de Seguridad de la Empresa Municipal de Transportes EMT de Madrid, que tan rápidamente nos daba los vídeos de las cámaras de sus autobuses.

A los departamentos Jurídico y de Homologación de Producto de Toyota, que incluso en sus vacaciones nos contestaban a las numerosísimas preguntas que les hacíamos sobre sus modelos de coches.

Al departamento jurídico de Citroën, que nos aportó toda la información que le pedíamos.

A todas las secciones de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que tarde a tarde, restando gente a su trabajo, aportaban policías para que salieran diez coches camuflados para vigilar las calles de los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, Moratalaz y San Blas, y la localidad de Coslada.

A la Brigada Provincial de Información de Madrid, que también aportó policías para patrullar las calles de los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, Moratalaz y San Blas, y el pueblo de Coslada.

Al concesionario de Toyota Llorente, que nos ayudaba a comprobar las características de sus coches.

Al Grupo de SITEL (Sistemas de Telecomunicaciones), que tan rápidamente nos daba respuesta a todas las peticiones de teléfonos y metía tanta prisa a las operadoras telefónicas.

Al Grupo de ROMES de Sistemas de Telecomunicaciones, que nos hacía los estudios de coberturas para que todo fuera exacto.

A la Comisaría General de Policía Judicial y sus grupos de Homicidios y Secuestros, de los que salieron los que terminaron siendo amigos, que durante el último mes de investigación estuvieron codo con codo con nosotros.

A la Unidad de Tratamiento de la Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, quienes a diario nos contestaban a los cientos de preguntas que hacíamos a sus bases de datos y nos cruzaban los cientos de miles de teléfonos que investigábamos.

A la Unidad Central de Tratamiento de la Información del CNP, que ayudaron a los anteriores en su labor.

Al Grupo de Necroidentificación de la Comisaría General de Policía Científica, cuyos profesionales realizaron los retratos robot.

Al Grupo de Análisis Químico-Biológico y Grupo de ADN de la Comisaría General de Policía Científica, que con su callada labor buscaban evidencias científicas.

Al Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica, que palmo a palmo buscaron huellas donde se les dijo y que demostraron un esfuerzo extra cuando tenían que estar.

Al Grupo 6 de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que robaron horas a sus investigaciones para ayudarnos en la nuestra.

Al Grupo 8 de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que buscó uno por uno en sus archivos.

Al Grupo 12 de Secuestros de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que aun en domingo, movilizaba a entidades bancarias para que nos dieran lo que pedíamos.

Al Grupo 16 de Países del Este de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que donde otros dijeron «no puedo», ellos dijeron, «yo sí».

A todos aquellos que «secretamente» nos dieron toda su colaboración, y sobre todo porque la palabra «no» no estaba en su diccionario. Y en especial a los que, durante mañana, tarde y noche, fuera de sus casas, durante tantos días, cuidaron de que todo estuviera controlado.

Al Grupo Especial de Operaciones (GEO), que aseguraron que todo saliera bien en los momentos más delicados.

A los enlaces del FBI de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, que pusieron a nuestra disposición los medios de los que disponían.

Al Juzgado de Instrucción núm. 10 de los de Madrid, que dejaron trabajar a la Policía hasta que terminamos.

Al Grupo de Protecciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, que os cuidaron como si fuéramos nosotros los que os llevábamos.

A la trabajadora social del Servicio de Atención a la Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que como siempre tan buenos consejos nos/os dio.

Al Servicio de Atención a la Mujer (SAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, lugar al que pertenecemos y cuyo resto de policías tuvieron que continuar con su labor diaria con la mitad del personal y a quienes cuando se les decía: «Nos tenéis que echar una mano», lo hacían.

Y, muy especialmente, a vosotras.

La carta para Paula era un reconocimiento a todos aquellos que contribuyeron a terminar con la pesadilla del monstruo. La trabajadora social del SAM desaconsejó que el resto de las víctimas recibiesen regalos similares e hizo a los agentes del Grupo Candy desechar la idea de juntar a las niñas para llevarlas a comer y a una exhibición de la Unidad Canina, tal y como habían previsto. La prioridad debía ser que las menores olvidasen cuanto antes.

Manuel Alcaide ascendió a comisario y hoy ocupa un puesto de responsabilidad en la Secretaría de Estado de Seguridad. Guarda en sus dispositivos, perfectamente ordenados, todos los archivos creados durante la Operación Candy. José Luis Conde se jubiló el 21 de abril del 2017 con tres cruces rojas en su haber —una como inspector, otra como inspector jefe y la última como comisario responsable de la caza del pederasta— y se dio el capricho que le prometió a su mujer: hicieron un viaje por Tierra Santa. Manuel Vidal, el que fuera su mano derecha en la Operación Candy, es hoy el jefe de la brigada. David y Silvia siguen en La Pringue, como la mayoría del originario Grupo Candy, a excepción de Fraile, que se reunió con su familia en Valladolid. Mari Luz, la oficial que tomó declaración a Paula en el hospital, continúa en el SAM, desatascando los recuerdos de las víctimas de agresiones sexuales. Mónica, la jefe del Grupo 3, es la responsable de la Policía Judicial de Centro, el distrito policial más importante y complicado de Madrid. El SAM, hoy al mando de una inspectora jefe, sigue pulverizando récords de detenidos.

Jesús, uno de los inspectores llegados desde la Comisaría General de Policía Judicial, sigue destinado en la UDEV Central. En su grupo está colgada una viñeta publicada en el diario ABC por Nieto —que le hizo merecedor de una cruz blanca al mérito policial—, en la que se ve a unos geos provistos de alas de ángeles de la guarda deteniendo a un tipo mientras un niño sonriente asoma por una puerta. La reproducción enmarcada de la viñeta, que llevaba la leyenda «Santander, 24 de septiembre del 2014. 7:37», fue un regalo que Conde hizo a todos los que participaron en la Operación Candy. Su hijo, de algo más de tres años, le dice con frecuencia que quiere jugar a hacer lo que hace él: «Ayudar a la gente».

La subinspectora Silvia resume el sentir de todos los que estuvieron en aquella operación: «Durante el camino hubo gente que no creyó en nosotros y que apostaba que era mejor no estar ahí. Pero nosotros fuimos unos privilegiados por estar».

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EPÍLOGO

El encuentro tuvo lugar una tarde de diciembre del 2018 en el despacho de la planta baja de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que albergó durante meses al Grupo Candy. Allí, en ese mismo espacio, continúan trabajando la subinspectora Silvia, la oficial Marisa y los policías Víctor y El Irlandés —que esa tarde no estaba allí—. Ya no persiguen agresores sexuales, pero sus carreras y sus vidas siguen marcadas por aquellos meses del 2014 en los que dieron caza al monstruo. Tanto, que Marisa, nada más empezar la conversación, se interesó por Xia, la niña china que sufrió el ataque más brutal de Antonio Ángel Ortiz, con un gesto que denotaba no albergar muchas esperanzas.

—¿La has visto? ¿Sabes cómo está?

Xia, probablemente, seguirá siendo una víctima de Ortiz durante el resto de su vida. Los médicos le curarán las heridas que dejó en su cuerpo el pederasta, pero las del alma tardarán más en sanarse o, quizás, no se cierren nunca. El resto de «las niñas»—así se refieren los agentes del Grupo Candy siempre a las víctimas de Ortiz— han seguido con sus vidas y sus familias han conseguido que olviden aquellas horas que estuvieron a merced del monstruo.

Al fondo del despacho, en lo más alto de una estantería metálica, permanecen apilados los archivadores que se fueron llenando de documentos durante la Operación Candy: «Planos Candy», «Candy parte 1», «Teléfonos Candy»… Nadie quiere deshacerse de ellos o trasladarlos a otro lugar, aunque lleven más de cuatro años acumulando capas de polvo. Son el recordatorio de los meses más duros de sus vidas de policías, que siguen estando tan vívidos como si solo hubiesen pasado semanas. Marisa recuerda las doce horas diarias de caminatas por el noreste de Madrid, descartando edificios, en busca de la guarida del pederasta, el inmueble que con tanta fidelidad describió Paula. Víctor rememora los cientos de miles de teléfonos que tuvo que comprobar y las sábanas de datos que llegaban desde las compañías operadoras, y Silvia se sigue emocionando al recordar aquella noche de viernes, cuando su compañera Montse logró relacionar a Ortiz con la casa de Santa Virgilia, 3 y cerrar el círculo. Todos se acuerdan de las madrugadas en las que el comisario Conde asomaba la cabeza por la puerta del grupo y repetía siempre la misma frase, entre la esperanza y el deseo:

—Lo vais a trincar, ¿verdad?

Marisa repasa las horas que pasó observando al pederasta durante los registros, pero mira con curiosidad las fotos de él, ya detenido, que aparecen en las páginas centrales de este libro:

—Hacía mucho que no lo veía… Me había olvidado de su cara.

Antonio Ángel Ortiz es otra vez un monstruo sin rostro para ellos. Una vez cobrada la pieza, dejó de ser una obsesión, volvió a las sombras y permanece en la oscuridad reservada a aquellos que pasarán muchos años entre rejas. Permanece recluido en la prisión de Herrera de la Mancha. Él habrá cumplido sesenta y dos años y sus víctimas serán mujeres veinteañeras en el 2034, la fecha en la que quedará en libertad.

—Alguna vez saldrá —dice Marisa con pesar.

—Dijo que se suicidaría en la cárcel si demostrábamos que él le había hecho eso a las niñas —recuerda Silvia.

—A ver si es verdad —apostilla alguien.

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MATERIAL GRÁFICO

Dibujo de Paula de la casa donde la llevó el pederasta.

Dibujo de Paula del portal y el acceso a los ascensores de la casa donde la llevó el pederasta.

Comparativa del edificio de la guarida del pederasta (calle Santa Virgilia, 3), el dibujo que hizo Paula de él y la reconstrucción en 3D que realizó la Policía.

Edificio de Santa Virgilia, 3, la guarida del pederasta. Se pueden apreciar los gálibos, las “porterías” de las que hablaba Paula.

Dibujo que Paula hizo del portal y reconstrucción en 3D realizada por la Policía.

Fotografías del portal de la calle Santa Virgilia, 3 y de los ascensores, que corresponden a la descricpión que hizo Paula. Las puertas blancas que describía la niña eran, en realidad, marrones.

Así se encontró la Policía la casa de Santa Virgilia, 3, el lugar en el que el pederasta abusó de, al menos, una de sus víctimas.

En la funda de este colchón de la calle Santa Virgilia, 3, la Policía encontró huellas del pederasta y de Paula.

Huella hallada en la casa de Santa Virgilia, 3, compatible con las zapatillas que llevaba Paula (a la derecha).

Multa hallada en uno de los domicilios del pederasta, correspondiente a un Toyota Celica, el coche descrito por Paula.

La cámara de una sucursal bancaria captó la imagen del pederasta bajándose de su coche mientras su víctima, Daisy, permanecía en el vehículo.

Estas imágenes, grabadas por la cámara de un autobús de la EMT, fueron enviadas a los mayores expertos del mundo para intentar ver la matrícula del coche del pederasta. Fue imposible.

Bote de crema intervenido por la Policía en el domicilio del detenido, en Santander. La Policía intentó averiguar si era el mismo bote que compró el día de la agresión a Daisy.

La llave del coche y el llavero descrito por Daisy, que fueron hallados en poder del pederasta.

Los tres retratos robot que manejó la Policía durante la Operación Candy y las imágenes de Antonio Ángel Ortiz correspondientes a detenciones anteriores.

Antonio Ángel Ortiz tras ser detenido. La Policía fotografió todos los rasgos y características descritos por sus víctimas.

El pubis depilado y las verrugas fueron dos de los detalles de los que hablaron las víctimas del pederasta.

Carnet del gimnasio al que acudía Antonio Ángel Ortiz. A la salida del centro fue identificado por la Policía.

El Irlandés, David y Silvia, tres de los integrantes del Grupo Candy, frente a las fotografías de diversos modelos de Toyota, el coche descrito por Paula.

Plano de las zonas que abarcaba el dispositivo de la Operación Candy tras el rapto de Daisy.

Plano que estaba en las paredes del despacho del Grupo Candy en la que están marcados los puntos de los secuestros y las liberaciones de las niñas.

Este fue casi el único menú de los componentes del Grupo Candy durante los meses que duró la operación. Esta foto era la perfil de ‘wasap’ del Grupo Candy

NOTAS

¹ José Bretón asesinó a sus hijos, Ruth y José, de seis y dos años, en Córdoba, el 8 de octubre del 2011, según la sentencia que lo condenó.

² Asunta Basterra, una niña de doce años, fue asesinada por sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, el 21 de septiembre del 2013 en La Coruña, según la sentencia que condenó a ambos.

³ Un profesor de música del colegio Valdeluz fue acusado de abusar durante años de sus alumnas. El SAM instruyó el caso, que acabó con una condena de cuarenta y nueve años de prisión para el profesor Andrés D. D. por doce delitos de abuso sexual.

⁴ Theodore Kaczynski es un matemático y filósofo, conocido como Unabomber. De 1978 a 1995 envió dieciséis artefactos explosivos a distintas empresas y entidades de los Estados Unidos, con un balance de tres muertos y los veintitrés heridos. Antes de ser detenido por el FBI, en 1995, remitió una carta en forma de manifiesto al diario The New York Times para que la publicasen, como condición para cesar su actividad terrorista.

⁵ El Asesino del Zodíaco es un criminal en serie que mató a siete personas al norte del estado de California (EE. UU.) entre 1968 y 1969. Envió a distintos periódicos cartas que incluían criptogramas en los que, según decía, se revelaba su identidad. Nunca fue identificado ni detenido.

⁶ Denise PikkaThiem, una mujer norteamericana, fue asesinada el 5 de abril del 2015 en Astorga (León), mientras hacía el Camino de Santiago. Su asesino, Miguel Ángel Muñoz Blas, fue condenado a veintitrés años de cárcel.

⁷ Sergio Morate asesinó en Cuenca a Laura del Hoyo y Marina Okarynska el 6 de agosto del 2015. Fue arrestado días después en Rumanía y condenado a cuarenta y ocho años de cárcel.

⁸ Jaime Giménez Arbe es un atracador apodado el Solitario. Entre 1993 y 2007, asaltó treinta bancos y mató a dos guardias civiles. Fue detenido el 23 de julio del 2007 en Figuiera da Foz (Portugal), gracias a las investigaciones de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.

⁹ Alfredo Galán, el Asesino de la Baraja, es un exmilitar condenado a ciento cuarenta años de prisión por seis asesinatos y tres tentativas, cometidos en el año 2003 en la Comunidad de Madrid.