Un relato desde dentro, comprometido y honesto, de una de las etapas más convulsas de nuestra democracia.

Que un distinguido filósofo se aventure a entrar en la arena política constituye una magnífica oportunidad para acceder a una visión excepcional de la vida pública. Manuel Cruz, intelectual prestigioso y agudo observador de la realidad democrática, fue elegido, en 2016, diputado, formando parte del grupo socialista y, en 2019, presidente del Senado. Este libro relata su apasionante travesía política y las reflexiones que la misma le iba suscitando, al tiempo que muestra algunos de los entresijos de una actividad tan estimulante como exigente.

El autor fija su mirada en la segunda década del siglo XXI, un momento trascendental en el que se ha cuestionado severamente la herencia política de la Transición, tanto desde una perspectiva territorial (por parte del independentismo catalán) como desde una perspectiva social (por parte de quien irrumpió en el escenario presentándose como la nueva izquierda). Como se destaca en el texto, más allá de las obvias diferencias entre ellas, el denominador común compartido por ambas impugnaciones era el rechazo frontal al orden diseñado en los albores de nuestra democracia.

La condición de filósofo de Manuel Cruz le permite ofrecer, en este libro imprescindible, una interpretación brillante, original y constructiva de la deriva de nuestro país a lo largo de unos años cruciales, y extraer de ella valiosas lecciones para el futuro.

Manuel Cruz Rodríguez

Transeúnte de la política

Un filósofo en las Cortes Generales

ePub r1.1

Titivillus 03.02.2023

Título original: Transeúnte de la política

Manuel Cruz Rodríguez, 2020

Diseño de cubierta: Aristu & Co

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Jacobo Muñoz, in memoriam

Si tuvieras a un tiempo madrastra y madre, a aquella la honrarías, pero sin embargo las visitas a tu madre se harían continuas. Pues esto tienes ahora, la corte y la filosofía. De la misma manera, vuelve y descansa una y otra vez en esta, gracias a la cual te resulta soportable lo de allí, y soportable tú entre ellos.

MARCO AURELIO, Meditaciones

En el mundo académico, las ideas falsas no son más que falsas, y las inútiles pueden resultar divertidas. En la vida política, las ideas falsas pueden arruinar las vidas de millones de personas y las inútiles pueden malgastar recursos preciosos. La responsabilidad de un intelectual respecto a sus ideas es seguir sus consecuencias hasta donde le lleven. La responsabilidad de un político es controlar esas consecuencias e impedir que hagan daño.

MICHAEL IGNATIEFF, «Bush debe decidir, y pronto», El País

NOTA PREVIA

LA GRAN IMPUGNACIÓN

El presente libro tiene mucho de balance de una década. Pero de la misma manera que no siempre los siglos duran cien años (baste con pensar en el siglo XX, que se prolongó poco más de setenta), tampoco siempre las décadas duran diez. Alguien, aceptando el principio general, podría pensar que esta flexibilidad no se aplica a la segunda del siglo XXI, que entre nosotros se inició el 15-M de 2011 con el estallido del movimiento de los indignados y se cerró con la constitución del nuevo gobierno PSOE-UP a principios de enero de 2020.

Sin embargo, ni el arranque de la década tuvo lugar propiamente en la fecha señalada ni su fin coincidió con el primer Consejo de Ministras. La indignación que ocupó nuestras calles y plazas tenía claramente su origen en la crisis económica de 2008, y sobre todo en la gestión que de ella había hecho el gobierno de entonces. De idéntica forma, el balance de este periodo deberá tomar inexcusablemente como punto final la crisis sanitaria global provocada por el coronavirus en la primavera de 2020 y que representa un auténtico fundido en negro que da por clausurado de manera irreversible todo este tiempo. Ya (casi) nada podrá volver a ser como antes.

Pues bien, es en dicho marco mayor en el que hay que inscribir lo que nos ha ocurrido en estos años. Unos años que bien podrían considerarse en su conjunto como una determinada modalidad de periodo de entreguerras, con todo lo que ello comporta (en algún caso, una insoportable frivolidad política). Porque tal vez lo que hayamos empezado a vivir en este siglo por todo el planeta sean unas nuevas formas de guerra, las que corresponden a la era de la globalización. Tal vez, sin ser del todo conscientes («no lo saben, pero lo hacen», decía el clásico), tampoco en este país hayamos ido mucho más allá de hacernos eco, de ser caja de resonancia, de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Lo específico no ha sido propiamente lo que nos ha pasado, sino el modo en que hemos intentado responder a lo que nos pasaba. Es de tales respuestas de lo que trata el texto que sigue.

SOBRE UNAS PARTICULARES CIRCUNSTANCIAS

Empecé a escribir este libro en 2016, cuando fui elegido diputado al Congreso por la provincia de Barcelona en las listas del PSC. Mi propósito era el de intentar dar cuenta, desde mi privilegiado lugar de observación en un escaño de la Cámara Baja, de un momento cuyo carácter histórico venía anunciado desde la breve legislatura anterior, la que duró únicamente el primer semestre de 2016. A lo largo de aquellos seis meses quedó claro que, a la impugnación de la totalidad del sistema que se había empezado a producir en Cataluña por parte del independentismo desde un tiempo antes, había que sumar la emprendida por una nueva fuerza política de izquierdas que hacía bandera precisamente del completo rechazo de la herencia recibida. En todo caso, ambas impugnaciones compartían la oposición frontal al orden diseñado en los albores de nuestra democracia, que para unos no dejaba de ser otra cosa que una «pantalla pasada» (por utilizar una de las expresiones favoritas del independentismo), mientras que para otros constituía un candado (fueron estos otros quienes hicieron célebre la expresión «candado de la Transición») que se imponía hacer saltar cuanto antes.

La mirada libre y reflexiva que desde el primer momento intenté dirigir a lo que ocurría ante mis ojos tenía un objetivo claro: proporcionar a quien leyera el futuro libro claves de interpretación para entender globalmente, en su conjunto, una etapa que ya entonces se adivinaba trascendental para el futuro político de la sociedad española (aunque no dejara de haber incertidumbre acerca del signo que acabaría adoptando esa trascendencia). No se trataba, por tanto, de escribir nada parecido a un cuaderno de viaje o una mera crónica descriptiva de lo que iba presenciando, como tantos amigos me sugerían que hiciera. Lo que desde el primer momento pretendí fue llevar a cabo una interpretación reflexiva, como a fin de cuentas corresponde a mi condición de filósofo, acerca del sentido de la deriva de lo político adoptada por nuestro país en aquellos años cruciales.

Sentía, además, que debía aprovechar el tiempo, porque a la innegable importancia de lo anterior se unía la propia urgencia del asunto: estaba convencido de que mi andadura política como representante de los ciudadanos españoles se limitaría a una legislatura. Una legislatura que, por añadidura, nadie se sentía en condiciones de anticipar cuánto podría durar, sobre todo a la vista del precedente inmediato. En todo caso, ese convencimiento mío, finalmente equivocado (comentaré algo más sobre esto al finalizar la presente nota previa), hacía, si cabe, más atractivo y apremiante el empeño de intentar encontrar sentido donde solo parecía haber ruido, confusión y caos.

SOBRE EL ASUNTO MISMO

No intento decir que el desorden me viniera de nuevas. La realidad, en general y por definición, rara vez aparece ordenada. Más bien al contrario, gusta de mostrarse enigmática o, cuando opta por la discreción, simplemente ininteligible. Somos nosotros, sus inquilinos, quienes nos empeñamos, a menudo en vano, en descubrir en medio del caos, el ruido y la confusión secretos órdenes de sentido que nos permitan comprenderla. Con frecuencia, el empeño se salda con una derrota, como nuestros reiterados fracasos al hacer predicciones se encargan de certificar, pero no nos queda más opción que la de perseverar en la tarea, porque el ser humano no conoce mejor forma de adentrarse en la propia existencia que —permítaseme la concesión a la jerga de mi especialidad— con las armas del espíritu, esto es, con las de la inteligencia en el sentido más amplio de la palabra.

Como es obvio, lo que vale en general para el inmenso e inabarcable territorio de lo real vale, con más razón, para una de sus específicas regiones, la de la realidad política. El caudal incontenible y en muchas ocasiones imprevisible de cuanto en ella ocurre acepta con dificultad ser encauzado en el estrecho canal de una interpretación, que, por omniabarcadora que se pretenda, siempre termina dejando fuera (cuando no valorando equivocadamente) aspectos o sucesos relevantes de dicha realidad. Así, por poner un ejemplo destacado, poco antes de llegar a su ecuador la XII.ª legislatura, que tan tormentosamente se había iniciado (tras el largo preámbulo de lo que, en la jerga cómplice de los diputados, se denominaba entonces «la corta», la que solo duró el primer semestre de 2016), parecía ya estar ostentosamente finiquitada. A mediados de mayo de 2018, la sensación generalizada, dentro y fuera del hemiciclo, era la de que la legislatura ya no daba más de sí, y que lo único que quedaba por hacer era ir viendo cómo Rajoy administraba el balón de oxígeno temporal que le había proporcionado la aprobación de los presupuestos. Pues bien, en veinticuatro horas, esta percepción saltó por los aires y se abrió paso una posibilidad que hasta ese momento parecía poco menos que inimaginable.

Ante esta dificultad para medirse con una realidad cambiante conviene ser prudente e intentar evitar, entre otros, el peligro de convertir las conclusiones que podamos extraer en desembocadura última de todo lo precedente. Los historiadores conocen bien el riesgo de que las lecciones que se extraen de un determinado periodo se presenten como su clausura definitiva, cuando, en el mundo real, los acontecimientos no dejan de fluir. No se trata, por tanto, de convertir dichas lecciones en una especie de foto fija final. Sobre todo porque en tal caso se corre el peligro de que lo que ocurra a continuación desmienta lo concluido (debido a que la situación pase a adoptar otro signo o, simplemente, porque el hecho mismo de que continúe desarrollándose desmienta la presunta clausura). Hay que evitar, en consecuencia, esa tendencia a convertir cuanto va sucediendo, sea esto lo que sea, en una especie de destino prefijado que no cesa de confirmarse, en una especie de teleología invertida. Frente a semejante tentación, tan confortable como inútil a efectos de comprender lo que sucede, se trata, sencillamente, de pararse a meditar y mostrar a continuación lo pensado para poner a prueba su alcance (esto es, para ver si solo permite interpretar lo que acaba de ocurrir o proporciona indicaciones interpretativas de mayor recorrido).

Pero en cualquier caso, como empezábamos a señalar, no queda otra que atreverse a leer la realidad bajo alguna clave, confiando en que la finalmente escogida posea suficiente potencia hermenéutica como para tornar en algo más inteligible lo que, en primera instancia, se nos había aparecido como desordenado y caótico. En concreto, en lo que sigue se han propuesto como claves de lectura dos metáforas espaciales, la de arriba-abajo y la de dentro-fuera. Son simples herramientas bajo las que subsumir las dos dimensiones de lo ocurrido en estos años que, como ha quedado anunciado, me parecen más significativas: la irrupción de Podemos y la crisis catalana. ¿Por qué? Porque, más allá de que tales dimensiones puedan haber constituido una novedad —novedad que, en sentido propio, se discute aquí desde el primer momento—, lo cierto es que tanto la llegada de una nueva fuerza política que alteraba el ecosistema preexistente de la izquierda como la envergadura que terminó adoptando la propuesta independentista catalana pueden considerarse las más severas impugnaciones globales del orden político heredado que se han producido en los últimos años.

Pues bien, de lo que se habla aquí es de esos años, y muy especialmente de aquellos que he vivido desde un escaño en el Congreso de los Diputados primero y desde la presidencia del Senado después. Aun así, en ocasiones, para favorecer la inteligibilidad de lo que se cuenta, no ha habido más remedio que llevar a cabo excursiones esporádicas a momentos anteriores. Abundando en los términos recién planteados, el texto que sigue no pretende hacer de prospectiva, sino más bien de análisis e interpretación; no pretende establecer conjeturas de futuro, sino aportar elementos para la adecuada interpretación de lo sucedido.

No se está afirmando, por tanto, que carezcan de toda importancia otras realidades a las que aquí se prestará menor atención, como la crisis de los dos grandes partidos tradicionales —crisis que durante los años que duró pasó por muy variados momentos—, hasta hace no tanto mayoritarios en el panorama político español, o el hecho de que la irrupción de una de las nuevas fuerzas políticas (Ciudadanos) pudiera poner seriamente en cuestión por unos meses la hegemonía ostentada hasta entonces por los conservadores más históricos (el PP, claro está).

Con otras palabras: no se trata de desdeñar precisamente a quienes ejercieron el poder durante los dos primeros años de la legislatura iniciada en 2016, como tampoco se pretende ignorar a quienes eran en un primer momento sus aliados, luego se afanaron, con desigual fortuna, por ser su relevo y acabaron yendo de su brazo de nuevo (esta vez con la comprometedora compañía de una novísima fuerza de extrema derecha). Lo que se está diciendo es que, siendo tanto unos como otros (PP y Ciudadanos) protagonistas destacados de este tiempo, no poseen la capacidad de impugnación de la totalidad que poseen las dos realidades escogidas. Esta última afirmación no pretende ser un juicio de valor, sino una simple constatación. De hecho, Albert Rivera, líder de la fuerza política de centro derecha llamada en principio a sustituir al conservadurismo tradicional según algunos indicadores demoscópicos, no solo declaraba reiteradamente no perseguir la impugnación de nada, sino que siempre gustó de presentarse como el más fiel heredero de lo mejor (según él, la Unión de Centro Democrático —UCD— de Adolfo Suárez) del legado recibido.

Y por no dejar ningún cabo suelto: es por este mismo tipo de motivo por el que no se le ha prestado una atención particularmente relevante —aunque se le hayan dedicado algunos epígrafes hacia el final de la primera parte— a la formación que, en las postrimerías de la XII.ª legislatura, apareció con fuerza en el escenario político nacional, esto es, la mencionada Vox. Aunque es cierto que provocó una notable conmoción —no exenta de seria preocupación en algunos sectores— en el panorama político con ocasión de las elecciones andaluzas de 2018, no lo es menos que, al igual que Ciudadanos en otro registro, dicha formación tampoco se planteaba en sentido propio la impugnación de la herencia recibida, sino más bien el retroceso a alguno de los momentos anteriores de nuestro proceso democrático, sin poner en cuestión en su conjunto y en lo básico la arquitectura constitucional. Pero es que, además, el caso es que al final la repercusión que ha tenido la irrupción de Vox como partido con representación en el Congreso de los Diputados ha variado, y ha ido pasando de un porcentaje relativamente menor en las elecciones del 28-A a otro mucho más significativo en las del 10-N, es muy probable que como consecuencia de la reacción que se produjo en Cataluña tras la sentencia del procés. Tal vez sea prematuro, a partir de este último resultado, en buena medida coyuntural, realizar proyecciones de futuro de ningún tipo, dando por descontado el peso que está llamada a tener esta fuerza en lo sucesivo. A fin de cuentas, convendría no olvidar que, en el periodo que medió entre las dos elecciones generales que tuvieron lugar en 2019, la mayor parte de las encuestas señalaban como el futuro más probable de esta formación ser en gran medida reabsorbida por el Partido Popular.

Pero centrémonos en la capacidad de impugnación que, como decíamos, ofrecen las realidades seleccionadas aquí, porque ese es, en definitiva, el fondo del asunto. Los propios títulos de las diversas partes del libro anuncian el signo de lo que se desarrollará como respuesta a lo largo del texto. En el caso de la primera de ellas, sus protagonistas nos proponían volver a pensar, se suponía que con la mayor radicalidad política e intelectual posible, dónde estamos. Ello obligaba a reconsiderar nuestra ubicación, como personas y como grupos, en una estructura social que se nos proponía representar por medio de la imagen del arriba-abajo, y que daba lugar a una específica propuesta programática. En el caso de la segunda, lo que planteaban sus protagonistas correspondientes era algo en cierto sentido más radical, a saber, quiénes somos. O, por no decirlo todo en jerga más o menos filosófica, quién ha de formar parte de ese presunto nuevo demos en construcción y quién quedará excluido. De ahí que, para este segundo caso, la metáfora que mejor nombra lo que se analiza en esa parte del texto sea la del dentro-fuera.

Se trata, a la vista está, de dos impugnaciones de calado, de notable ambición, que, precisamente por ello, hacen más llamativa la deriva que una y otra terminaron adoptando en el último tramo de la XII.ª legislatura, tras la caída de Mariano Rajoy. La primera, poniendo en sordina sus tronantes críticas iniciales para asumir un dócil papel subalterno, de mero acompañamiento del nuevo poder a la espera de tiempos mejores; y la segunda, intentado encontrar una salida digna a su fracaso político que le permitiera salvar la cara (y los muebles) ante los suyos. Sería un error, insisto, convertir estas derivas, siempre provisionales por definición, como todo en la historia, en el desenlace definitivo. Aunque, mucho más modestamente, tal vez sí tuviera sentido hablar del fin de un ciclo.

No creo que proceda en la presente nota previa adelantar mucho más (cuando las notas previas se alargan en exceso dejan de serlo y pasan a constituir ya el primer capítulo de lo que simplemente deberían anunciar). Solo dos advertencias y una puntualización para finalizar este epígrafe sobre el asunto mismo del que se ocupa este libro. La primera advertencia es que la línea de demarcación que separa los dos ámbitos que se han intentado diferenciar no siempre es nítida y, sin duda, habrá ocasiones en las que, desde el punto de vista tanto de la temática como de los protagonistas, se podrá producir una interferencia recíproca, de manera que el lector pueda encontrarse con protagonistas de una parte en la otra y viceversa. Lo propio le puede suceder con las cuestiones abordadas, con las que es fácil que se tropiece tanto en un ámbito como en otro. Con otras palabras: que las dos impugnaciones se han visto entrelazadas en más de un momento por la fuerza de las circunstancias. Pero extremar la preocupación por convertir lo que es una distinción convencional (y, por tanto, instrumental) en una especie de sacrosanta diferencia ontológica hubiera terminado por empobrecer y, en la misma medida, oscurecer el análisis de ambas realidades.

Asimismo —segunda advertencia—, es obvio que la clave de lectura seleccionada no deja de constituir una propuesta susceptible de ser discutida. En todo caso, la única manera de dilucidar hasta qué punto es válida (o mejor nos hubiera ido sustituyéndola por otra) no pasa por apelar a ningún hecho o dato que finalmente certifique verdad o falsedad alguna, sino por atender a su virtud para ayudarnos a entender lo que nunca dejó de estar a la vista de todos. Eso, referido a las concretas situaciones y coyunturas, se supone que es lo que hacen los analistas políticos. Pero, aplicado en general a la realidad por entero, ha sido desde siempre la pretensión, en algún que otro caso obsesiva (Hannah Arendt no se privó de manifestarlo), de los filósofos y, por tanto, también del autor del presente texto.

Pero que la clave de lectura para interpretar lo real tenga una ineludible dimensión convencional —que sea, por tanto, un mero constructo— en modo alguno equivale a afirmar que al texto se le pueda atribuir cualquier significado o que, en sí mismo, en realidad no signifique nada. Las impugnaciones a las que nos hemos venido refiriendo han sido un hecho, incontestable por completo. Y aunque en la historia, como decíamos hace un momento, conviene, aunque solo sea por prudencia, rehuir la tentación de los carpetazos demasiado rotundos, ello no debe impedirnos levantar acta de victorias y fracasos, de etapas cumplidas y de ciclos que se cierran.

SOBRE EL AUTOR

Por lo que a mí respecta, como dejé señalado nada más empezar, mi previsión de abandonar la vida pública finalizada la XII.ª legislatura no se cumplió. Aunque quizá algunos puedan pensar que mi elección posterior como senador por Barcelona y, a continuación, el hecho de que el grupo parlamentario socialista en el Senado me propusiera para ocupar la presidencia de dicha cámara convierten en improcedente seguir predicando de mí la condición orteguiana de «transeúnte de la política» (Ortega utilizaba la expresión para autodefinirse como diputado por León en las Cortes republicanas), su empleo sigue siendo a mi juicio de todo punto pertinente. En primer lugar porque para mí nada sustantivo cambiaba por el hecho de que mi travesía por la esfera de lo político se alargara algo más de lo previsto inicialmente.

Pero, en segundo lugar, y tal vez sobre todo, porque la palabra «transeúnte» no solo indica una condición temporal respecto de alguna cosa —en este caso la política—, sino también una actitud vital y una forma de habitar el mundo. Transeúnte no es —o yo, al menos, no lo considero así— quien se limita a atravesar situaciones y momentos, sino quien no pierde la curiosidad ante la realidad que cada día le toca en suerte vivir, sea en mi caso como profesor, como diputado o como presidente del Senado. Transeúnte, pues, debe entenderse no solo como alguien que está de paso, sino también —y yo diría que sobre todo— como alguien que no deja de preguntarse por aquello con que se encuentra, en busca quizá de sentido, a veces por mero impulso o vocación literaria. Soy y seré un transeúnte porque he intentado que esa condición me acompañe en todos los aspectos de mi vida. También en la política, primero como diputado y luego como presidente de la Cámara Alta, que son las dos posiciones desde las que se habla en lo que sigue, en cada momento con sus circunstancias, obligaciones y alicientes específicos.

Digámoslo, en fin, de esta otra manera: es propio de quien ama la filosofía no solo la clara conciencia de estar de paso en cuanto se hace a lo largo de la vida, sino también el asombro, impenitente, en todos y cada uno de los momentos que la constituyen. Porque el gusto por la reflexión nunca abandona a aquel al que en algún momento sus maestros y los dioses inocularon el veneno del pensamiento.

INTRODUCCIÓN

POLÍTICOS DE HOJA CADUCA

El pensamiento, la reflexión, no precisan de especialistas. La política también concierne a todos, así que tampoco en este caso se justifica la especialización. Filósofos, políticos deberíamos ser todos, y después albañiles, carpinteros, matemáticos…

RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO, La forja de un plumífero

POLÍTICA: ENTRAR ALLÍ DE DONDE NUNCA SE SALIÓ

Una de las preguntas que con más insistencia se me formuló nada más hacerse público que iba a concurrir a las elecciones generales de 2016 para el Congreso de los Diputados fue «¿Por qué usted, un filósofo, ha decidido entrar en política?». La persistencia de la pregunta me dio la oportunidad de ir comprobando que determinadas respuestas no terminaban de satisfacer a mis interlocutores. Así, era evidente que a mis entrevistadores no les satisfacía una contestación genérica, del tipo de que en realidad, y en la medida en que a todos como ciudadanos nos afecta la cosa pública, todos estamos siempre metidos en política de una u otra manera, tal vez porque les parecía demasiado abstracta. Era la que probablemente esperaban de un filósofo pero, justo por ello, se les antojaba poco concreta o, tal vez, especulativa sin más.

Notaba que les satisfacía en mayor proporción mi comentario de que, de hecho, llevaba tiempo participando en el debate político público no solo a través de mis colaboraciones en los medios de comunicación, sino también a través de la asociación Federalistes d’Esquerres, que por aquel entonces todavía presidía. De algún modo, solía apostillar en las entrevistas, yo también venía de practicar cierto activismo. Un activismo diferente al que se suele asociar al rótulo «activista» —se podría decir que el mío era más bien un activismo tranquilo o de baja intensidad—, pero activismo al fin.

Sin embargo, el argumento que en el fondo a mí me parecía más convincente era el que, de largo, suscitaba el menor interés de mis interlocutores. El argumento tenía que ver con toda una concepción de la tarea del filósofo o, más en general, del intelectual, que no podía dejar de tener presente y por el que me sentía condicionado en gran medida. A quienes, por razones de biografía, procedemos de una determinada cultura política, una de las ideas que más rechazo ha tendido a provocarnos es aquella que solía resumirse con el tópico del intelectual en su torre de marfil. La convencional formulación era desde luego exagerada, entre otras cosas porque, para cuando llegamos a repetirla, nosotros también, aquella torre llevaba tiempo demolida (si es que alguna vez existió un tal lugar de refugio en sentido fuerte y generalizable para todos los intelectuales), pero, fuera como fuera, expresaba bien un elitismo desdeñoso hacia lo que ocurre en la sociedad a manos de determinados profesionales del espíritu y que nos resultaba de todo punto inaceptable.

Frente a ella, la idea alternativa que nos parecía no solo convincente, sino también extremadamente atractiva, era otra que —cosas de la vida y de la historia— ha terminado por caer en desuso. Me refiero a la idea de compromiso. Ha llegado a sonar tan anacrónica que en un reciente foro en el que tuve la ocasión de debatir sobre estos temas, un joven politólogo se ahorraba incluso el esfuerzo de entrar a discutir sobre ella, despachándola con el displicente calificativo de «mantra». Hay que reconocer que, en todo caso, no solo la normalidad democrática, sino la forma concreta en que han ido evolucionando nuestras democracias, ha hecho que la idea de compromiso vaya perdiendo buena parte de las determinaciones con que se adornaba antaño y que le concedían un aura que no dudaría en calificar de épica.

Sin embargo, que la idea haya ido abandonando algunas de sus antiguas determinaciones en modo alguno equivale a afirmar que haya quedado por completo huérfana de significado y que haya pasado a incrementar la nómina de esos significantes presuntamente vacíos, tan del gusto de los partidarios de convertir el discurso político en un mero juego de palabras. Acaso más bien valga la pena plantearse la posibilidad de que las nuevas circunstancias nos empujan a pensar el compromiso en unos términos diferentes, adecuados a la actual situación.

Probablemente de lo que se trate hoy no sea tanto de radicalizar el compromiso con el fin de que recupere la tonalidad casi heroica que tuvo en otro tiempo (por ejemplo, durante el franquismo), objetivo de todo punto imposible, por fortuna, sino más bien de democratizarlo, esto es, de dotar de un significado concreto a aquella primera respuesta mía que tan poco entusiasmaba a alguno de mis entrevistadores. Porque el hecho de que todos los ciudadanos estemos siempre, en tanto que ciudadanos, metidos en política en modo alguno equivale a afirmar que debamos estarlo siempre de la misma manera.

Pendientes como están algunos —con sobrados motivos, por supuesto— de acabar con las puertas giratorias, a menudo parecen olvidarse de otro peligro, no menor, que también acecha a nuestros representantes políticos: la tentación de convertirse en profesionales de la cosa pública. Peligro tanto mayor cuanto menos atractivo resulte el lugar (quiere decirse, la específica profesión y el concreto puesto de trabajo) al que deberían regresar en caso de verse obligados a abandonar la política. Téngase en cuenta, además, que algunos de los recién llegados ya habían hecho del activismo un auténtico modo de vida (remuneración incluida), en el sentido más profesional de la expresión. A ese respecto, no hacen falta una gran perspicacia ni particulares dotes de adivinación para anticipar que el grueso de quienes han irrumpido en el espacio público en los últimos tiempos denunciando, con grandes aspavientos, la fuerza con la que se aferraban a los cargos los viejos políticos tardará largo tiempo en abandonar la escena política.

De ahí que me atreva a sugerir que tan saludable como resultaría poner fin a los denostados privilegios giratorios de los que gozan algunos cuando abandonan la vida política lo resultaría asimismo poner los medios para que esta última no quedara convertida en territorio casi exclusivo de un determinado grupo (por más subdividido en tribus que se pueda encontrar), y se potenciara en lo posible la figura, a la que nos referíamos hace un momento, de «transeúnte de la política». A fin de cuentas, solo de muy pocos políticos cabe afirmar que la sabiduría que les ha permitido acumular su dedicación al servicio público constituye un capital que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar. Del resto de quienes se dedican a la cosa pública parece poco menos que obvio afirmar que resultan por completo sustituibles. No creo que sean estas afirmaciones particularmente atrevidas. A fin de cuentas, lo propio ocurre en cualquier otro ámbito de la sociedad, donde el paso del tiempo se encarga de certificar la condición de prescindibles de todos nosotros. Así pues, ¿por qué no iba a regir esta misma inexorable lógica en la esfera de la política?

(CASI) TODO ESTÁ A LA VISTA

El asunto, como estamos intentando argumentar, debe ser planteado, sin el menor género de dudas, en unos nuevos términos. Se trata más bien de abrir las instituciones y las formaciones políticas en general al mayor número posible de ciudadanos, de manera que la participación deje de constituir un privilegio al alcance de unos pocos (privilegio al que, por añadidura, buena parte de estos últimos habrían accedido por sus aventajadas relaciones con la dirección del partido correspondiente). Las graves disfunciones que la ausencia de dicha participación ha provocado en la vida pública en los últimos tiempos constituyen la prueba más contundente de su necesidad.

La condición de transeúnte (por perseverar en la expresión orteguiana) de los políticos debería contribuir también a deshacer algunas de las percepciones más frecuentes que la ciudadanía tiene no solo acerca del funcionamiento de las instituciones, sino también acerca de la práctica de los protagonistas de la vida pública. Así, nuestro lenguaje ordinario todavía conserva expresiones que dan a entender la existencia de un dentro y un fuera de la cosa pública, como si quienes se encuentran en su interior estuvieran en el secreto de cuestiones que les son vedadas a quienes habitan en el exterior, esto es, al común de los ciudadanos.

Pues bien, si algo se le hace evidente a quien se adentra por vez primera en el ámbito de la política más institucional, es la absoluta obsolescencia de viejas expresiones como «saber de buena tinta», «estar en el ajo» y otras similares. Por el contrario, hoy, cuando dos diputados de a pie se encuentran en los pasillos del Congreso y uno le pregunta al otro si dispone de alguna información sobre un determinado episodio político, lo más frecuente es que el segundo le responda aludiendo a lo que acaba de leer en un periódico, ver en la televisión o escuchar en una emisora de radio. Sin duda, este hecho tiene que ver con la difusión casi instantánea y generalizada de cualquier información (una difusión que cualquiera, espontáneamente, tendería a valorar como positiva, en términos de transparencia). Se debe reconocer que esa dimensión existe, desde luego. Pero no es menos cierto que cabe otra valoración, ya no tan positiva, de este mismo hecho.

Porque en nuestros días los representantes «normales» de la ciudadanía —como los diputados a los que se aludía en el párrafo anterior, sin ir más lejos— no manejan información privilegiada, ni disponen de más datos que los que obran en poder de cualquier ciudadano interesado en la política. Diputados y periodistas, pongamos por caso, van a la par a este respecto (aunque en más de un caso estos últimos incluso vayan por delante de los primeros: no es raro que un diario filtre las intervenciones de los miembros de la dirección de un partido en reuniones celebradas a puerta cerrada, proporcionando de esta manera a sus cuadros medios y militantes de base una información de cuyo conocimiento quedarían excluidos de no ser por los medios). Todo ello parece validar el diagnóstico que hizo en su momento Anthony Giddens cuando señaló que la vieja política murió el día en que los ciudadanos supieron que podían disfrutar de la información de los políticos en la misma longitud de onda que ellos.

Pero uno de los efectos que se sigue de esta mayor disponibilidad de la información posee un signo negativo. Las cúpulas de las formaciones políticas —al igual, por cierto, que quienes ostentan poder efectivo en cualquier ámbito de relevancia social— se han vuelto temerosas de que pueda devaluarse el capital informativo que manejan y han terminado por convertirse en extremadamente celosas de este. La paradójica situación en la que, debido a esto, hemos acabado por desembocar es la de un marcado contraste entre unos ámbitos en los que la transparencia tiene tan pocas restricciones que en muchos casos se diría que roza la obscenidad[1] —tan solo un ejemplo aunque no por ello menor es que se ha convertido en práctica habitual que determinados medios difundan mensajes estrictamente privados (correos electrónicos, whatsapps, telegrams, SMS, etcétera) de personajes públicos con el farisaico argumento de que «son noticia» o, peor aún, de que «los lectores tienen derecho» a conocerlos—, frente a otros ámbitos en los que la opacidad es casi absoluta, de tal manera que decisiones de la mayor trascendencia son conocidas previamente apenas por el reducidísimo círculo que rodea a quien las ha de tomar, cuando no solo por él mismo. No deja de ser llamativo que esta situación se haya producido en tiempos en los que a muchos se les llena la boca hablando de la necesidad no solo de transparencia, sino también de la máxima participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

No es este el momento de complicar lo planteado hasta aquí introduciendo un nuevo problema, pero al menos valdrá la pena dejarlo apuntado. No habría que descartar que el señalado déficit de transparencia, presente desde antiguo en nuestra vida política (algunos recordarán, por no remontarnos mucho más atrás, el célebre y misterioso cuaderno azul de Aznar), lejos de haberse debilitado en los últimos tiempos, se hubiera visto reforzado. De ser así, esta situación estaría indicando la persistencia de viejas lógicas de funcionamiento del poder que, más allá de las diferencias en la gesticulación y en las formas de unos y de otros, en absoluto habrían sufrido modificación alguna.

Lo llamativo, en todo caso, no es la persistencia de quienes ya venían practicando tan enigmático hermetismo (Rajoy habría sido, en ese sentido, un digno sucesor de Aznar), sino que este se dé también entre quienes afirmaban traer consigo una forma alternativa de hacer política, en teoría infinitamente más transparente y participativa. En este punto, no ha habido tal alternativa, hasta el extremo de que podría aventurarse que la perseverancia en la opacidad representa uno de los efectos (¿deseados o indeseados?) de esa reedición del culto a la personalidad que parece estar acompañando a los nuevos liderazgos.

Ahora bien, dicha perseverancia, según quién la protagonice, puede presentar un agravante: en los hiperliderazgos, la relación entre el líder y la sociedad se plantea como presuntamente directa e incompatible con la falta de transparencia. Estaríamos en un caso inexcusable del que la historia nos tenía más que advertidos. Este tipo de vínculo sin mediaciones (del que una buena muestra la constituirían las famosas consultas a las bases, casi siempre tuneadas, a las que algunos y algunas, ante el menor problema, acuden en busca de remedio) daña de manera frontal la democracia misma, que requiere para su adecuado funcionamiento no solo un máximo de participación de la ciudadanía, sino también, en lo posible, que esta sea comprometida, crítica, exigente y responsable. Esto que incluye, entre otras cosas, la conciencia generalizada del valor de todo ese entramado de procedimientos y mediaciones inherente a la materialidad democrática (y no a su mera formalidad). Es curioso que determinados políticos de nuestros días no tengan el menor interés en potenciar ese entramado esencial, en beneficio de los atajos de una presunta relación no mediada («democracia directa», se atreven a denominarla), atajos que no se termina de saber nunca a dónde conducen.

SOBRE LA MAL LLAMADA CLASE POLÍTICA Y OTRAS CLASES

Ya que hemos empezado a hablar de los políticos en general, sin introducir demasiadas matizaciones, tal vez valga la pena, antes de que sea demasiado tarde, reflexionar por un momento sobre la naturaleza de este colectivo, no fuera a ser que le estuviéramos atribuyendo, sin demasiado fundamento y dejándonos llevar por los tópicos más repetidos, un conjunto de rasgos que tal vez no sean los que mejor lo describen. A estos efectos, resultará de utilidad establecer una comparación con otros colectivos, de los que el político se encuentra menos alejado de lo que mucha gente cree. Me refiero al de los periodistas y al de los filósofos (este último, a qué esconderlo, por la parte que me toca).

Que los periodistas hablan mucho de sí mismos es bien sabido. Hasta el punto de que tal vez quepa afirmar que constituyen uno de los colectivos profesionales más autorreferenciales. Está de más ahora entrar a comentar en profundidad de qué manera lo son. Baste con decir que, en general, suelen referirse a sí mismos en términos elogiosos, destacando la importancia de su actividad para la buena salud crítica de la ciudadanía, la trascendental función social de su tarea para un correcto funcionamiento de la democracia, etcétera. Vale la pena puntualizar que los propios ciudadanos parecen no valorar de manera tan inequívoca a este colectivo, si atendemos a los comentarios que no es raro escuchar respecto a los periodistas, a los que se les suele reprochar su tendenciosidad y su subordinación a los dictados de la empresa para la que trabajan, soliendo cuestionarse su genuino interés por la verdad.

Se podrá contraargumentar que otros colectivos hacen lo propio. Los filósofos, por mencionar el que me resulta más familiar, también hablan mucho de sí mismos, sobre todo en los últimos tiempos. La clara percepción de que su disciplina está en peligro, tanto en nuestro país como en otros de nuestro entorno, es en gran medida la responsable de dicha reacción. Pero resultaría engañoso ubicar en esta particular y contingente circunstancia el único motivo de la querencia de la filosofía a tomarse como objeto principal. En realidad, la razón más importante es fundacional: la filosofía es un saber que tiene como una de sus características estructurales reflexionar sobre sí. La autorreferencialidad en su caso forma parte de su misma definición, lo cual no ocurre, obviamente, con el periodismo. Aunque habría que añadir a renglón seguido que, al igual que sucede con los periodistas, la percepción que de los filósofos a menudo se tiene en la sociedad —sumariamente, la de personas que viven encerradas en su propia burbuja especulativa, ajenas por completo a lo que sucede en el mundo real— no es tan entusiasta como la que los susodichos tienen de sí mismos.

Pues bien, podríamos decir que los políticos son tal vez el colectivo más anómalo desde el punto de vista que estamos considerando. Por lo pronto, en este caso la distinción entre ellos y su actividad tiene una importancia mucho mayor que en los colectivos anteriores. Porque no cabe afirmar que quienes más hablan de la política sean precisamente sus propios protagonistas, los políticos, sino los politólogos o los analistas políticos. Incluso, sin temor alguno a la exageración, podría afirmarse que los políticos hablan poco de sí mismos, igual que no se prodigan haciendo consideraciones sobre política en general, cosa que no deja de resultar un tanto sorprendente.

Es probable que una de las razones de este silencio tenga que ver con su naturaleza misma. Aunque se haya convertido en habitual el rótulo «los políticos» (a veces también denominados «políticos profesionales»), como si constituyeran un colectivo identificable con nitidez y formado por personas que permanecen en el ámbito público prácticamente toda su vida, la realidad está lejos de ser así. Tal vez resulte de utilidad a este respecto un simple dato. Alguien me comentaba que existe una asociación de exdiputados de la democracia, que bien podría servir como un universo representativo de la totalidad de los parlamentarios que ha habido en este país en los últimos cuarenta años. Pues bien, la mitad de sus miembros solo duraron en el escaño una legislatura (en algún caso, de menos de cuatro años) y, del resto, la mayoría solo prolongó su vida parlamentaria una legislatura más. Como se ve, una realidad algo diferente de la imagen de los políticos atornillados a su escaño o a su cargo durante casi toda su vida laboral.

Con estos datos no se pretende tender un manto de comprensiva benevolencia sobre este grupo ni, menos aún, indultar a quienes efectivamente pueden haberse profesionalizado en la política en el peor sentido de la expresión[2], sino más bien llamar la atención sobre la peculiar naturaleza del colectivo, en gran medida de aluvión y, en todo caso, muy alejada de la consistencia interna que desde fuera se le suele atribuir. Un colega filósofo muy cercano, aterrizado recientemente en las tareas parlamentarias, me comentaba, con divertido estupor, que la formación política por cuyas listas se había presentado a las últimas elecciones legislativas había procedido a reescribir su página de Wikipedia, pasando a definirle como «filósofo y político», tal que si hubiera adquirido esa nueva condición ontológica de un día para otro por el mero hecho de haber sido elegido.

Si la anécdota —de apariencia trivial, me reconocía mi colega— resultaba significativa es porque coincidía con una sensibilidad que también había detectado en amplios sectores de la sociedad. Y, para ilustrar esto, como anécdota de refuerzo, me hacía referencia a una reunión, a escasas semanas de haber empezado a ejercer como diputado, en la que el representante de una ONG (¡a la que él mismo había pertenecido en el pasado reciente!) había procedido a increparle, atribuyéndole todos los rasgos peyorativos con los que habitualmente se caracteriza a «los políticos» (tacticismo, ausencia de principios, desinterés por los problemas reales de los ciudadanos, exclusiva atención a los cálculos partidarios más electoralistas…):

Tuve la impresión de que se había producido en mí, sin que yo me hubiera enterado, algo parecido a la transubstanciación eucarística de la que nos hablaban los curas de nuestra infancia. Y de la misma forma que se nos decía que el pan y el vino se convertían durante el sacramento de la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, así también terminé por pensar que, con la toma de posesión del escaño, debía haberse producido en mí una transformación en mi sustancia de la que todo el mundo parecía ser consciente menos yo mismo.

En realidad, eso que la gente llama, tan sumariamente, «los políticos» carece por completo de identidad corporativa, que es algo que se les atribuye con insistencia desde fuera. En ocasiones, por cierto, por parte de sectores que sí practican un corporativismo feroz. De algo debe de ser expresivo el hecho de que no haya conocido en todos estos años ni a un solo diputado o senador que se defina a sí mismo como político. En todo caso, la heterogeneidad real de un colectivo tenido desde fuera por homogéneo permite explicar en gran medida su efectiva impotencia a la hora de dar cuenta de su propia práctica, de elaborar un mínimo discurso (más allá de los cuatro tópicos de ordenanza sobre el servicio público) que consiga tematizar el sentido profundo que para sus protagonistas tiene la política y, en idéntica medida, que sea capaz de dar respuesta a los ataques que esa misma actividad viene recibiendo últimamente desde diversos frentes. Porque no cabe olvidar la nueva faceta crítica que, desde dentro, parece habérsele abierto a la práctica política institucional. Flaco favor hacen no solo a la dignidad, sino a la propia eficacia de las instituciones, quienes, tras haber afirmado con triunfal insistencia que solo cuando ellos fueron elegidos entró por fin el pueblo en ellas (como si los votos obtenidos por otras fuerzas políticas procedieran de unos extraterrestres), luego, durante una temporada, se dedicaban a repetir que lo que realmente importaba no es el poco lucido trabajo institucional, sino lo que sucede en la calle. Se diría que a la prisa por entrar la siguió, a la vista de su insolvencia parlamentaria, la urgencia por salir. Aunque esta no sería la última etapa de su peculiar evolución, como tendremos ocasión de ver.

Considerado lo cual, podríamos concluir, todo lo provisionalmente que haga falta, que tal vez no les vendría mal a nuestros políticos algo del orgullo autorreferencial de los periodistas y buena dosis del empecinamiento autorreflexivo de los filósofos. En todo caso, siempre sería mejor opción que la vergüenza de culpabilidad que en ocasiones parece atenazar a algunos de nuestros representantes públicos por el mero hecho de serlo y la ausencia de discurso acerca del sentido último de su actividad en el que unos cuantos de ellos parecen encontrarse muy a gusto. En definitiva, puestos a buscar un eslogan que sustanciara lo que se echa a faltar en este colectivo, acaso se podría proponer el siguiente: menos voluntad de poder y más voluntad de entender.

HABLAR DE LO PÚBLICO EN PÚBLICO

Alguien podría argumentar, no sin buenas razones, que las puntualizaciones del epígrafe anterior, dirigidas fundamentalmente a deshacer algunos malentendidos respecto a los políticos, han soslayado una cuestión insoslayable en un libro como el que el lector tiene entre manos, a saber, la de la manera específica en la que el filósofo debe desenvolverse cuando se incorpora al espacio tradicionalmente ocupado en exclusiva por los políticos, esto es, las instituciones representativas (si bien es cierto que solo se ha hecho referencia a su querencia autorreflexiva). Adelantando el nervio de la respuesta podríamos decir que viene obligado a una doble tarea. Una, como representante de la ciudadanía, pasa por desarrollar, mediante las herramientas de que disponga, las tareas que le son propias en la cámara legislativa. Y otra, como filósofo, consiste en ejercer de tal, esto es, someter a reflexión y eventual crítica aquello que ocurre, es decir, pensar lo público en público. O, si se prefiere una formulación distinta, ejercer consecuentemente de intelectual.

A estos efectos, convendrá introducir algunas puntualizaciones. El término «intelectual» apenas conserva unas pocas briznas de su antiguo prestigio, de cuando dicha figura venía a constituir una modalidad secularizada del sacerdote y se le atribuía una enorme autoridad para emitir juicios de valor sobre cuanto pudiera ocurrir en la esfera pública y buena parte de la privada. Ciertamente, de tan desmesurado prestigio queda ya bien poco. De hecho, hoy en día, para conseguir el mismo efecto sobre la ciudadanía que antes provocaban las opiniones de una sola de aquellas figuras hace falta reunir un número muy elevado de profesionales de la cultura, a ser posible aderezado con un número no menor de otros, provenientes del mundo del espectáculo o incluso del deporte, como si la cosa ya fuera al peso. Y para alcanzar la repercusión que obtenía alguno de aquellos intelectuales de antes con sus argumentos no hay otra que recoger una abundante cantidad de firmas en apoyo de un manifiesto que no suele ir mucho más allá de presentar unas pocas ideas ordenadas en puntos, a modo de consignas.

Esta patente devaluación de la figura del intelectual a menudo se interpreta en una clave a mi juicio equivocada. Como si lo que ya no existiera fueran intelectuales de superioridad intelectual y moral tan notable como la que supuestamente poseían los del pasado. Tal vez la clave debería ser la contraria y habría que empezar afirmando que el secreto de la autoridad que se les atribuía nunca residió en esa presunta jerarquía, sino casi en su opuesto, como intentaré mostrar a continuación. De ahí que quizá la definición más adecuada de «intelectual» se resumiría en unas pocas palabras, sin duda para muchos exageradamente modestas[3]: aquel que tiene algo que decir.

De aceptar la definición de urgencia, lo que caracterizaría a la mejor versión de esta figura no sería en modo alguno su superioridad, su excepcionalidad ni ninguna otra forma de supremacía, sino, más bien al contrario, su completa, absoluta y perfecta normalidad. Esto es, el hecho de que esa persona sea capaz de plantear y argumentar unas ideas susceptibles de ser entendidas y aceptadas por el máximo de gente o, si se prefiere, de decir unas palabras en las que cualquiera se pudiera reconocer. Incluso mejor: unas que todo el mundo quisiera haber sido capaz de decir. El intelectual vendría a ser quien esclarece, porque trae a la conciencia de la mayoría aquello que, sin saberlo a ciencia cierta, pensaban. La tarea que tendría encomendada sería entonces la de acompañar a sus interlocutores en el camino de la autoclarificación, tarea que por tanto finalizaría en el momento en que estos consiguieran acceder a su particular ¡eureka!

Convendría introducir esta variable a la hora de analizar nuestra situación actual, especialmente en lo que se refiere a la desafección, en algunos momentos generalizada, respecto a los partidos políticos, que es algo que debería mover a todos a una profunda reflexión. Porque la proliferación creciente de «grupos de intelectuales», «círculos de opinión» o incluso de think tanks, la mayor parte de ellos de carácter transversal, induce a pensar que los partidos parecen haber renunciado a disponer no ya solo de intelectuales orgánicos en el sentido clásico sino de intelectuales a palo seco, lo que podría significar que han renunciado a producir discurso. Pero la inteligencia no puede abandonar a los partidos, que están ahí entre otras cosas para recoger y dar forma discursiva y programática a las preocupaciones y demandas de la ciudadanía. Sin inteligencia se corre el peligro de que los partidos queden reducidos, en el mejor de los casos, a meras organizaciones de reclutamiento de mano de obra política para las instituciones y, en el peor, a agencias de colocación para los más allegados.

Recuerdo una entrevista con Fernando Fernán Gómez que leí hace unos años en un diario de difusión nacional. En ella reconstruía su trayectoria, centrándose sobre todo en su faceta como director de cine, e iba pasando revista a las películas de las que había quedado más satisfecho personalmente, y a las que habían tenido mejor crítica, sin olvidar aquellas que habían resultado un auténtico fiasco en taquilla. En un momento dado de la entrevista, al ser preguntado justo por la película de la que había quedado menos contento, hizo referencia a una cuyo título no consigo recordar, pero respecto de la que sí recuerdo bien las razones de su descontento.

Había sido, venía a decir, una película de autoencargo. Esto es, alcanzada cierta altura en su carrera, Fernán Gómez llegó al convencimiento de que había adquirido el suficiente dominio del oficio y de los gustos del público como para llevar a cabo un producto con unas características tales que tuviera el éxito asegurado. Filmó esa película y el resultado fue un desastre. Entonces comprendió que lo que debía hacer no era ponerse de forma artificial en la piel de otros y realizar algo a la medida de lo que les atribuía, sino permanecer lo más fielmente en su propia piel, esto es, dirigir las películas que a él le gustaran, confiando en que gustaran también a mucha gente.

Cuando actuó de esta manera, consiguió grandes creaciones. No había otro secreto: ser lo más veraz posible a su persona y, desde esa sencilla afirmación de sí mismo, conectar con los espectadores. Materializaba con este nada pretencioso comportamiento lo que antes señalábamos, esto es, asumía que sus gustos no eran excepcionales, sino perfectamente comunes, que sus convencimientos podían ser compartidos por muchos y que lo que a él le emocionaba podía emocionar a cualquiera. Lo más íntimo es lo más universal, había escrito el poeta hace muchas décadas, y de nuevo este sencillo criterio resultaba ser el camino más directo para acceder al alma del mayor número de personas.

Es desde semejante perspectiva desde donde (re)cobra su sentido la vieja expresión «compromiso del intelectual», así como la afirmación según la cual el compromiso del intelectual, en tanto que tal, es únicamente con sus ideas. En efecto, esta figura, definida por su sencillez, también viene obligada por un compromiso a su vez sencillo: decir lo que piensa y no otra cosa. No, por ejemplo, lo que sus lectores estén esperando que diga, lo que él crea que es más oportuno y conveniente para sus propios intereses, lo que entienda que puede agradar al editor del medio para el que trabaja, lo que satisfaga al portavoz del grupo parlamentario al que pertenece o cualquier otra consideración ajena al pensamiento mismo[4]. Rechazar estas tentaciones tiene sus riesgos, claro está. El específico fracaso que aguarda a quien mantiene en la plaza pública lo que de veras piensa en su fuero interno es quedar descalificado por otros, verse refutado por los acontecimientos o ser incapaz de dar cuenta de aquello que pretende explicar. Pero comprometerse de esta manera es correr precisamente esos riesgos, al tiempo que el mejor servicio (aunque a algunos burócratas de los partidos, recelosos siempre ante el pensamiento, les cueste verlo) que un intelectual puede prestar a una formación política. Intentaré predicar con el ejemplo, e ilustraré en primera persona lo que pretendo sostener.

En los últimos tiempos, a menudo he tenido la impresión de que ni los comportamientos ni las palabras de algunos de los nuevos protagonistas que irrumpían en la vida pública anunciando un radical propósito regenerativo de esta no me venían de nuevas. Al contrario, me provocaban la poderosa sensación de que la película que protagonizaban, en teoría recién estrenada, yo ya la había visto. De inmediato, lo confieso públicamente, me asaltaba el temor a estar incurriendo en alguna modalidad del imperdonable pecado de «cebolletismo» (por el legendario abuelo Cebolleta de los tebeos de mi infancia, quien relacionaba todo cuanto ocurría con algún episodio de su lejana juventud), esto es, la resistencia a aceptar los cambios y novedades que acompañan al devenir de la historia. Pero, inevitablemente, me preguntaba a continuación: ¿hay otra opción que señalar lo que uno cree estar viendo?, ¿acaso resulta aceptable ocultar lo que se piensa por el miedo a cierto tipo de críticas o a las críticas de ciertas personas?

Para mi tranquilidad y alivio, el tiempo se encargó de demostrar que, en efecto, estábamos ante un mero remake (en muchos casos hasta en los menores detalles) de una película clásica. Un remake que, en determinadas escenas, lejos de hacernos olvidar la versión original, conseguía que la añoráramos intensamente. Pero de cualquier forma, más allá de que en unas ocasiones el tiempo pueda darnos la razón y en otras quitárnosla, no hay para ese particular profesional del espíritu que es el intelectual más alternativa que la de correr el riesgo de decir lo que piensa, sea esto lo que sea. Por más que a continuación Twitter, Facebook y similares puedan rugir o incluso arder en llamas.

DE QUÉ VA Y DE QUÉ NO VA ESTE LIBRO

Todo lo anterior ha pretendido dibujar, sin duda apresuradamente y a grandes trazos, lo que en otra época y con una terminología un tanto afrancesada se solía denominar el lugar teórico desde el que se va a hablar. O, si se prefiere un lenguaje menos pretencioso, la perspectiva en la que se coloca este libro y, en consecuencia, lo que se va a desarrollar a continuación y lo que no. Digámoslo claro: que nadie espere encontrarse en estas páginas con la revelación de secretos que hasta ahora permanecían ocultos para la mayoría, ni, menos aún, con chismes sobre rencillas personales provocadas por la vanidad o las ansias de poder interno de este o de aquella. Tampoco es mi propósito ofrecer al lector la consabida crónica del intelectual universitario «cejas altas», perplejo ante las complejidades, más o menos cargadas de burocracia y formalismos diversos, de la práctica parlamentaria diaria. Ni, por supuesto, pretendo ofrecer al lector el previsible relato del pensador-independiente-decepcionado-ante-el-abrumador-peso-del-aparato-de-los-partidos o torturado interiormente por ver violentada su íntima libertad de conciencia ante la obligación de acatar la estrategia política de la formación con la que se ha alineado[5].

De nada de eso va el presente libro. Aquí (quiere decirse en lo que sigue) no se engaña a nadie, ni en ese sentido ni en ningún otro. Y si alguien objetara que el planteamiento que se está presentando viene muy mediado por lo filosófico, no me quedaría otra que aceptar el reparo, como señalaba al finalizar la nota previa. En efecto, he terminado por descubrirlo y he de confesar que no me desagrada el descubrimiento: esto del filosofar no se quita, porque es la argamasa con la que el filósofo empasta su vida, de tal manera que puede resultar perfectamente descriptivo del devenir de su existencia afirmar que vive para pensar. Por eso, los diarios de un filósofo (los más íntimos, por cierto) acostumbran a resultar decepcionantes para determinados lectores, ávidos de lo que aquel casi nunca les podrá dar, a saber, acción vertiginosa o episodios de gran intensidad. Por el contrario, son textos reflexivos, en los que la preocupación motora es cuestionar el sentido de lo que aparece a los ojos de todos bajo una determinada interpretación, buscar ese sentido en aquello que se tiene por absurdo o, en fin, asumir el completo sinsentido de lo que muchos se empeñan en ver como cargado de profundo significado. Porque un filósofo, por definición, no cuenta lo que pasa: cuenta lo que se piensa acerca de lo que pasa. O, tal vez mejor en este caso, cuenta lo que se piensa para pasarlo por el cedazo de la reflexión y la crítica. Por ello (e ir al otro apunte), lo que el lector podrá encontrar a continuación no son tanto consideraciones sobre lo que se ha hecho como sobre lo que se ha ido pensando acerca de lo que se ha hecho o, tal vez mejor aún, sobre lo que se ha ido argumentando al respecto a lo largo de este tiempo y, muy especialmente, sobre la lógica subyacente a todas esas argumentaciones.

Permítanme que formule esto mismo con otras palabras, de difusa inspiración wittgensteiniana (las más propias de mi gremio): este no es un libro sobre el hecho de ver, sino sobre lo visto. O, si se prefiere, no se trata del ojo, sino de lo que el ojo ve. Corresponde al lector valorar si mi perspectiva, si lo contemplado desde la particular ubicación en la que me encontraba primero en mi escaño en el Congreso de los Diputados y luego en la presidencia del Senado resulta homologable con la suya o, por el contrario, abarca (o deja fuera de campo) dimensiones de lo real muy diferentes o incluso por completo heterogéneas.

Porque, como les decía también en la nota previa, ese ha sido, en efecto, mi propósito al escribir el presente texto: ir levantando acta reflexiva de lo que iba viendo desde mi escaño o desde mi presidencia e inscribirlo en un marco de sentido general. El resultado puede motivar diversas reacciones, soy consciente. Cabe la posibilidad, en primer lugar, de que el resultado no difiera mucho del que se habría producido si no me hubiera embarcado en esta aventura parlamentaria y de que haya acabado sosteniendo más o menos las mismas afirmaciones que si hubiera continuado con mis tareas de filósofo precedentes, esto es, que entre el antes y el después algunos no alcancen a percibir diferencias relevantes. No descarto tampoco, en segundo lugar, que haya lectores que consideren que su perspectiva no difiere tanto de la mía y concluyan que, por tanto, no se ve la situación de manera muy diferente desde dentro que desde fuera, por recuperar la tipificación de hace un momento. Aunque tampoco se puede excluir, en tercer lugar, que mi nueva situación me haya hecho desplazar mi punto de vista de manera imperceptible para mí mismo pero patente para los lectores. Tal vez me haya contagiado de determinadas actitudes del ambiente parlamentario y partidista, haya pasado a ser benevolente con aquello que a los ciudadanos solivianta y a soliviantarme con asuntos que en la calle generan la mayor de las indiferencias.

Demasiadas dudas, probablemente. Pero solo hay un modo de salir de ellas: corriendo el riesgo de dejar por escrito toda esa experiencia y de someterla a la consideración crítica de los lectores. Y si resulta finalmente que no hay grandes diferencias entre el antes y el después, el dentro y el fuera, lo propio y lo ajeno (cosa que no descarto en absoluto), no podré por menos que alegrarme: me habré cargado de razones para continuar defendiendo la necesidad de la condición de transeúnte para los políticos[6]. A fin de cuentas sería una forma de corregir el malhumorado «¡Que se vayan todos (estos)!», tan a la orden del día en su momento, por el más hospitalario «¡Que pasen (otros)!». Y, a ser posible, que luego nos lo cuenten.

PRIMERA PARTE

Dónde estamos

(o la metáfora del arriba-abajo)

1

QUÉ POLÍTICA SE NECESITA

CUANDO LA DEMOCRACIA ES SOLO UN ESLOGAN

Que nadie se sorprenda. Vamos a arrancar refiriéndonos a la situación catalana, por más que no sea esta la parte en la que se analizará con mayor detenimiento, pues esto queda para el segundo bloque, según se dejó anunciado en la nota previa. Lo hacemos con el propósito, puramente instrumental, de introducir unas consideraciones generales no solo acerca de la democracia, sino también acerca de uno de los argumentos con los que la española se ha visto impugnada con mayor rotundidad, a saber, el de ser una democracia de baja calidad, asunto que, este sí, resulta pertinente abordar en un primer capítulo.

Para cumplir con el propósito, empecemos con una referencia a unas determinadas circunstancias. De manera totalmente espontánea, como todo cuanto ha ocurrido en el procés, muchos balcones de las ciudades catalanas aparecieron hace un tiempo, de un día para otro, decorados con un nuevo tipo de pancartas. Desaparecieron las que aludían de una u otra manera a la independencia y todas pasaron a referirse, sencillamente, a la democracia. Eran iguales sin excepción, tanto en la leyenda como en el dibujo que acompañaba a esta, pero debió de ser casualidad, no me sean ustedes mal pensados. Al igual que debió de ser fruto de la casualidad que en la campaña electoral para las autonómicas de 2017 ninguno de los dos grandes partidos hoy decididamente independentistas —ERC y el PDeCAT, rebautizado por Puigdemont como Junts per Catalunya— hicieran la menor referencia a la independencia y se limitaran a presentar afirmaciones vacías, del tipo «la democracia siempre gana», susceptibles de ser suscritas por cualquier formación política del arco parlamentario. De hecho, para un observador de la realidad catalana mínimamente atento resultaba por completo evidente que la cuestión de la independencia incomodaba a ambos partidos de manera profunda. Supongo que en parte la incomodidad se debía a que ellos mismos parecían no tener claro si la que habían declarado semanas atrás había sido tan solo simbólica, litúrgica, testimonial o cualquiera de los términos que sus dirigentes utilizaban para definirla, pero dejando siempre claro que, en todo caso, no había sido efectivamente real.

Ambas circunstancias coincidían —tercera casualidad— con la tesis planteada por un ideólogo sobrevenido del independentismo, según la cual el problema de España es que tiene una democracia de baja calidad. Se conoce que, mientras para algunos las desgracias nunca vienen solas, para otros las que vienen juntas son las coincidencias. Pero no nos distraigamos con las casualidades, por abundantes que sean, e intentemos ir al fondo del asunto: ¿es cierto que esto del procés iba de democracia, como hemos visto que no han cesado de repetir sus partidarios? Adelantemos la respuesta: sí, pero no en el sentido que ellos acostumbran a declarar.

Llegados a este punto, podríamos proseguir insistiendo en esas consideraciones, tan reiteradas de un tiempo a esta parte, acerca del valor de las leyes como garante de la democracia, de la necesidad de cumplir con una serie de condiciones como el respeto a las minorías, unos medios de comunicación públicos alejados del sectarismo y respetuosos con la efectiva pluralidad de la sociedad, una Administración pública al servicio de los ciudadanos y ajena a toda forma de clientelismo, etcétera. Consideraciones todas ellas dignas, sin duda, de ser reiteradas cuantas veces haga falta, pero que no agotan la reflexión sobre el asunto. Por ello, tal vez valga la pena hacer referencia también a otras dimensiones de lo democrático, relacionadas más bien con las actitudes y disposiciones de sus protagonistas, tanto de los ciudadanos como de sus representantes, y en las que parece ponerse asimismo en juego, y de manera determinante, por cierto, la calidad de la vida pública de una sociedad.

Algo de lo que decía Karl Popper acerca de que el talante insobornablemente crítico del científico constituye condición indispensable para el desarrollo del conocimiento podría aplicarse a la ciudadanía y al buen funcionamiento de la democracia. Porque, en el fondo, uno de los supuestos básicos de esta es que la gente no solo puede cambiar de opinión, sino que, en efecto, cambia. Pensémoslo desde otro ángulo: en una sociedad repleta de votantes completamente fidelizados, obstinados en votar siempre lo mismo, de acuerdo con unos ideales inamovibles y persiguiendo un prototipo de sociedad respecto a cuya idoneidad no albergaran la menor duda, no habría alternancia democrática hasta que la biología (la inexorable muerte de los votantes de mayor edad y la irrupción de los más jóvenes) o la demografía (la incorporación de votantes venidos de otras latitudes) cambiara la composición del cuerpo electoral. No parece un modelo de gran vitalidad democrática precisamente. Sin embargo, lo cierto es que los resultados electorales del 21 de diciembre de 2017 en Cataluña, con un electorado independentista insensible a la rotunda falsación de las predicciones de sus dirigentes (por seguir con el lenguaje popperiano) y que aceptaba sin crítica las disparatadas versiones que el oficialismo le proporcionaba de lo que acababa de ocurrir escasas semanas antes (un solo botón de muestra: la huida de las empresas de Cataluña traía causa, según la Generalitat, en las cargas policiales del 1 de octubre), a lo que más nos acercan es, desde luego, al mencionado modelo.

Pero otra de las premisas básicas de la democracia es también la falibilidad de los gobernantes en particular y de los políticos en general. Se supone que en unas elecciones se lleva a cabo una rendición de cuentas de la gestión realizada por parte de quienes hasta ese momento ostentaban el poder (aunque también, en la medida correspondiente, de la actividad de la oposición), al tiempo que las diversas fuerzas políticas que concurren a la cita presentan a la ciudadanía una propuesta de actuación futura desde el Gobierno para el supuesto de que aquella les otorgue su confianza.

Empezando por lo primero, un ejemplo de ausencia de rendición de cuentas la tuvieron los ciudadanos catalanes en las elecciones autonómicas de 2017 recién aludidas, en las que la autocrítica hacia la deriva adoptada al final por el procés apenas duró un par de días. Pero tal vez mucho más claro sea el ejemplo de las inmediatamente anteriores, las del 27 de septiembre de 2015, calificadas por el convocante, Artur Mas, como plebiscitarias y en las que él mismo no iba como cabeza de lista, sino que dicho lugar lo ocupaba Raül Romeva, hasta pocas semanas antes en las filas de Iniciativa per Catalunya. Este, por definición, no estaba en condiciones objetivas de rendir cuentas de la acción de un Govern del que no había formado parte, como tampoco había formado parte del partido que lo sustentaba, por lo que soslayaba sistemáticamente la cuestión en cuantos debates participaba. Quedó así incumplido por completo uno de los requisitos fundamentales que concede sentido a las elecciones en democracia.

¿Y qué decir, en fin, del otro requisito imprescindible para que pueda hablarse de una vida democrática aceptable, el de la presentación de propuestas por parte de las diferentes fuerzas políticas para el hipotético caso de que alcancen el poder? ¿Se conocían en las elecciones de 2017 las del bloque independentista, más allá de instar a la restitución del anterior Govern, cesado con la aplicación del 155? En realidad, conocerse, lo que se dice conocerse, solo se conocía una propuesta concreta, la presentada por Carles Puigdemont para el caso de que la lista que él encabezaba, la de Junts per Catalunya, ganara las elecciones. La anunció el 12 de diciembre de ese año en una rueda de prensa desde su peculiar exilio, sin dejar margen para una interpretación ambigua: «Si la decisión es que el Parlamento me invista en el Gobierno a mí, si el Parlamento tiene mayoría independentista y me da la confianza, esto no tiene plan B. Este es el plan. Yo volveré al Palau de la Generalitat, que nadie tenga ninguna duda». Y por si alguien la tenía, el anuncio se convirtió en el mismísimo eslogan de su campaña: «Para que vuelva el president, vota al president». Pues bien, esta única propuesta ya fue desmentida casi de inmediato por su autor, que, apenas pocos días después de que el bloque independentista ganara las elecciones, ya no tenía tan claro si regresaba o no, pasó una larga temporada entre dudas y finalmente, como comentaremos más adelante, decidió optar por el mando a distancia.

Resumiendo: debería, como mínimo, sorprender o incluso mover a escándalo que quienes —además de quebrantar hasta sus propias leyes, no respetar a las minorías, intoxicar al conjunto de los ciudadanos a través de los medios de comunicación públicos y practicar el clientelismo en la Administración que controlan— no rinden cuentas a la ciudadanía y quienes, cuando hacen propuestas, se apresuran a incumplirlas a la menor oportunidad hayan convertido, precisamente ellos, la reivindicación de la democracia en su nueva consiga. Pero estos largos años de procés han dejado muy en entredicho la efectiva predisposición a la crítica por parte de un importante sector de ciudadanos catalanes que, si algo han acreditado, sobre todo en los últimos tiempos, es una credulidad a prueba de bombas.

No es esta última una buena noticia, desde luego, pero si la hemos traído aquí es en la medida en que constituye un indicador de algo más grave. Concretamente de que se tome el nombre de la democracia en vano, lo cual, por lo demás, parece haberse convertido en uno de los signos de nuestro tiempo. Y, desde luego, no solo en Cataluña, como se empezó avisando. Tal vez la prueba más contundente de ello sea, según veremos a continuación, la ligereza con la que los dos sectores que en estos años han arremetido contra la herencia recibida han puesto en cuestión un elemento tan vertebral de nuestro sistema democrático como es la forma del Estado y su jefatura.

Aunque valdrá la pena señalar, para cerrar este primer epígrafe, un matiz no menor, en el que seguro que algún lector ya habrá empezado a reparar. Y es que en muchos momentos la mencionada ligereza argumentativa, más que informar de la baja calidad de la democracia española, de lo que en realidad está informando es de la baja calidad política de algunos de sus críticos.

REPUBLICANISMO DE MERCADILLO

Ciertamente, una buena muestra del empobrecimiento del debate político la encontramos en los términos en los que se ha cuestionado, también fuera de Cataluña y por parte de otros sectores políticos, dicha calidad. Vaya por delante que no conozco a nadie que sostenga que el mejor método para acceder a la jefatura del Estado sea «por fecundación» (por decirlo a la manera de Pablo Iglesias), y menos aún si quien accede a tan alta magistratura de este modo dispone por ello de poderes autocráticos ajenos a la soberanía popular. Sin embargo, conozco a muchas personas que no ven un problema, y menos un problema importante, en la existencia de una monarquía cuyo titular vea, por mandato constitucional, limitadas sus capacidades al aliento, impulso y tutela de la democracia. Y aunque no tengo el gusto de conocer a tantas personas en el extranjero como en mi país, parece evidente que es muy amplio el número de ciudadanos que en Reino Unido, Suecia, Noruega o Dinamarca, por mencionar algunos casos destacados, tampoco parecen atribulados porque la jefatura del Estado recaiga en un rey o una reina.

Valdría entonces la pena preguntarse a qué responde la preocupación por la forma del Estado que con tanta recurrencia parece manifestarse cada cierto tiempo en bastantes de nuestros compatriotas (entre los cuales habría que incluir a destacados líderes políticos). Para plantear el asunto de una forma ordenada, convendría distinguir entre aquellos que desde siempre han sido partidarios de la forma republicana y aquellos otros a los que la misma preocupación parece sobrevenirles de forma intermitente y un tanto esporádica. Es muy probable que el rechazo de la monarquía por parte de unos y de otros responda a diferentes motivos y requiera, por tanto, de diferentes argumentaciones.

Supongo que se admitirá que en el primer grupo podemos incluir históricamente a los grandes partidos de izquierda de ámbito estatal, que se declararon desde siempre republicanos (si bien en el caso del PSOE la puntualización del accidentalismo es importante), aunque acabaron asumiendo la monarquía durante la Transición. Y lo hicieron, por cierto, antes de que Juan Carlos I obtuviera un amplio respaldo social tras el 23-F por su decidido comportamiento en defensa de la democracia. Parece razonable pensar que la asumieron, no porque no se hubieran preguntado acerca de la utilidad de la monarquía (pregunta que ahora algunos formulan con el aire de quien descubre el Mediterráneo), sino porque, una vez planteada, llegaron al convencimiento de que, en efecto, podía resultar una institución de utilidad para el país, como el tiempo se encargó enseguida de acreditar.

Ello no significa, ni muchísimo menos, que el actual rey emérito se ganara con dicha actitud ante los golpistas el derecho a quedar a salvo por completo de toda crítica o reproche. Si se me apura, más bien al contrario. De hecho, probablemente la gran paradoja de la trayectoria de Juan Carlos I sea que, habiendo contribuido de manera determinante a la consolidación de la democracia en nuestro país, él mismo debilitó de un modo importante a la Corona en sus últimos años como jefe del Estado. Pero hay que decir también que fue la propia institución monárquica la que pareció ser consciente de la situación y no solo promovió su abdicación (por completo impensable para sus partidarios más tradicionales) en Felipe VI, sino que más tarde, cuando se tuvo noticia de comportamientos sospechosos de corrupción protagonizados por el anterior rey, adoptó tajantes medidas que sin duda no debieron de resultarles fáciles a los protagonistas, dada la naturaleza del vínculo extraprofesional que los unía.

En todo caso, la utilidad que quepa atribuir a la monarquía no es asunto que deba valorarse como, ya en el segundo grupo de detractores de la institución, hacen en los últimos tiempos algunos líderes políticos de la izquierda, esto es, examinando la evolución de las encuestas de opinión pública. Semejante proceder, amén de poco serio, entra en conflicto frontal justo con lo que siempre se ha presentado como la principal utilidad de la Corona. Porque si alguna virtud destacan sus defensores es precisamente la de no estar al albur de las encuestas ni de las cambiantes formas de la opinión pública, esto es, la de ofrecer estabilidad y continuidad al Estado. Podemos discutir, sin duda, si valoramos tal aspecto como una virtud o no, pero entonces venimos obligados por pura lógica a dar el siguiente paso y plantearnos la misma pregunta (¿para qué sirve?) respecto a la forma de Estado republicana. Por lo pronto, algo (que a los críticos de izquierda debería importar de manera especial) puede afirmarse con total seguridad, y es que los países de Europa que han ido más lejos en la aplicación de políticas redistributivas socialdemócratas han sido los nórdicos, sin que se tenga noticia de que el hecho de que sean monarquías haya representado un obstáculo, ni tan siquiera un lastre, para dicha aplicación.

Sentado lo anterior, valdrá la pena añadir que no deja de ser curioso que quienes más gesticulan a favor de la república frente a la monarquía utilicen para ello unos argumentos no ya solo de una manifiesta debilidad, sino que incluso podrían volverse en su contra. Porque algún crítico de estos críticos, desde luego malpensado, todo hay que decirlo, podría conjeturar que la aparente impugnación de la monarquía en términos meramente instrumentales (a saber, porque no esté claro que sirva para algo) persigue la posibilidad de dar el volantazo correspondiente cuando convenga hacerlo, echando mano del argumento ventajista de que «en las nuevas circunstancias» el jefe del Estado ha demostrado que puede ser útil al país, o algún otro equivalente. Nuestro malpensado crítico podría puntualizar, para rematar la faena, que su conjetura no contiene juicio de intenciones alguno, sino que, de nuevo, constituye una cuestión de simple aplicación de la lógica: si el gran defecto de la monarquía es que no es útil, en el momento en el que pudiera acreditar alguna utilidad, el reproche de esta otra izquierda, de momento tan fervorosamente republicana, decaería y podría abrazar sin problemas el accidentalismo de los socialistas, que ahora tanto censuran.

Más enjundia tendría, en cambio, el argumento, planteado antes en el presente texto, según el cual la vía de la fecundación para acceder a la jefatura del Estado implica un déficit de democracia (argumento sospechosamente en línea con el planteado por el independentismo). Entrar en detalle en esta cuestión nos apartaría de lo que ahora interesa plantear, pero al menos una constatación me será permitida. En el primer mandato de Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona, supuestamente muy de izquierdas él, tenía a gala haber eliminado de calles y plazas todos aquellos nombres que poseían resonancias monárquicas, es de suponer que porque sus responsables compartían la opinión de Pablo Iglesias según la cual resulta escandaloso que el poder se pueda transmitir por vía hereditaria. Sin embargo, en un alarde de laicidad republicana, mantuvo en el callejero de la ciudad la totalidad de nombres de santos, vírgenes, papas, cardenales, obispos y cargos varios de la tradición católica. Se hace difícil entender que para algunos el designio divino resulte más democrático que la mismísima vía de la fecundación.

ATACAR A LA PIEDRA ANGULAR PARA CRONIFICAR EL CONFLICTO

En todo caso, no cabe soslayar que esta misma crítica a la forma de Estado, a la monarquía, presenta un alcance distinto según sea formulada por uno u otro de los dos sectores que han emprendido la impugnación de la herencia recibida y, en ese sentido, nos resulta de diferente utilidad como test de la calidad de nuestro debate político. Sin duda, la sobrevenida pulsión antimonárquica del independentismo catalán (la de Podemos, a la vista del mutante comportamiento de sus líderes, estaba cantado que iba a ser efímera) resulta de mayor interés no solo por el uso que este último está haciendo de ella como reclamo para sus recurrentes movilizaciones, sino también porque permite mostrar cómo la inconsistencia de los argumentos de que se vale, que se señalará a continuación, no constituye para muchos motivo suficiente para reconsiderar las propias opiniones. ¿Otro nuevo signo de los tiempos?

De nuevo, un pequeño paso atrás nos habrá de servir para plantear el asunto con un mínimo de perspectiva. Cuando se inició el juicio a los líderes independentistas catalanes, no faltaron voces que manifestaron su preocupación ante el hecho de que la sentencia trajera aparejada la desaparición de la vida pública de toda una generación de políticos debido a las inhabilitaciones subsiguientes. No estoy seguro de que sea una posibilidad muy de lamentar desde el punto de vista del interés común (distinto es lo que nos puedan parecer las penas de prisión desde el punto de vista humano), especialmente a la vista de cómo nos ha ido a lo largo de los últimos años.

Plantear el asunto en términos de personas y de liderazgos supone plantearlo mal en la medida en que, en cierto modo, implica distraerse con lo menos importante. Por supuesto que el independentismo, ya desde la desaparición política de Jordi Pujol, está teniendo serios problemas con la selección de sus líderes. Pero el contenido de esos problemas (al menos el contenido que ahora importa) no es psicológico, sino político, y no es otro que la incapacidad de diseñar una estrategia viable y convincente para el futuro por parte de quienes han ocupado las más altas responsabilidades de gobierno en Cataluña. Atrapados en unos compromisos iniciales de imposible cumplimiento (¿a qué responsable político se le puede ocurrir asegurar a sus votantes que los objetivos de su programa de máximos se iban a alcanzar en un plis plas?) han ido cambiando de consignas, de falacia en falacia y subiendo la apuesta con una frivolidad insufrible hasta desembocar en el disparate político que significó la proclamación de una república catalana que duró ocho segundos.

Agotado el relato del procés, sus dirigentes andan dando palos de ciego en busca de elementos reivindicativos que les permitan cohesionar de nuevo a sus votantes. Como era de prever en un discurso que siempre se ha alimentado del agravio, la intervención judicial ha proporcionado un nuevo combustible victimista a la causa del independentismo, que ha rebautizado dicha intervención como «represión judicial». Junto a este elemento, los ideólogos de lo que queda del procés han decidido mantener un segundo, el referéndum (aunque ya hayamos celebrado un par, y del último haya surgido, según su terminología, un «mandato democrático» para la independencia, por lo que no se termina de ver por parte alguna la necesidad de ningún referéndum más), y, finalmente, incorporar un tercero, el rechazo a la monarquía. Con estos tres elementos, a los que Quim Torra denomina «tres grandes consensos», se pretende elaborar la argamasa que cohesione de nuevo el electorado independentista, confundido no solo por sus estrepitosas derrotas políticas (no se ha alcanzado ninguno de los objetivos que se le anunciaron), sino por las banderías internas de su núcleo dirigente.

Conviene destacar el carácter sobrevenido del último de tales elementos, el rechazo a la monarquía. Un rechazo que, en boca de Torra, resulta inconsistente por completo desde el punto de vista doctrinal, sobre todo cuando pretende sustentarse en los valores republicanos. Porque, tratándose de reclamar estos valores no parece que el president esté en condiciones de dar lecciones a nadie. En primer lugar, porque parece ignorar que estos son perfectamente compatibles con la forma de Estado monárquica, al igual que hay repúblicas que los incumplen flagrantemente. En segundo lugar, porque la fraternidad, a la que a veces hace referencia para aludir a la relación que dice desear con el resto de pueblos de España, es algo que se predica de los ciudadanos, no de los pueblos, de las comunidades autónomas ni de las regiones. Por todo ello, no existe contradicción alguna entre ser fraternalmente republicano y ser jacobino. Para terminar con lo doctrinal, es importante recordar que esta virtud se inspira en una metáfora, la de que los ciudadanos libres se tratan políticamente a sí mismos como hermanas y hermanos de esa misma y extendida familia que es la sociedad. Esto significa que un republicano defensor de la fraternidad no puede ser bajo ningún concepto un republicano defensor de la supremacía. De ahí la afirmación de que Torra, que ha coqueteado descaradamente con el supremacismo, carece de autoridad moral y política para reclamarse no ya deudor de este valor en particular, sino de la propia tradición republicana en cuanto tal.

Creo que basta con lo dicho, aun siendo muy esquemático, para dejar claro que este rechazo sobrevenido a la monarquía no se ancla en los principios, sino en el mero cálculo, lo cual, claro está, no garantiza que sea correcto. De hecho, en los albores del procés había todavía quien fantaseaba con que la forma de encajar Cataluña en España que permitiría la resolución del supuesto conflicto entre ambas podría estar en una organización confederal del Estado que conservara la figura del monarca como elemento simbólico residual de la vieja unidad perdida, un poco a la manera del papel de la reina de Inglaterra en la Commonwealth. En un planteamiento así, se entendía que la Corona, lejos de constituir un objetivo primordial a batir, podía significar un elemento más de la búsqueda de una salida al conflicto. Pero alguien decidió que había que incorporar al rey al problema, no a la solución, y orquestó una manifestación-trampa en agosto de 2017 con ocasión de los atentados de Barcelona.

En la reconstrucción del último tramo del procés que ha realizado el independentismo se omite este episodio (así como la peregrina excusa, que entonces se aireó profusamente, de la venta de armas a Arabia Saudí por parte de empresas españolas como justificación del boicot a Felipe VI) y se coloca el inicio del rechazo secesionista a la monarquía en la intervención televisiva del jefe del Estado del 3 de octubre, llegando al extremo de afirmar que debería excusarse ante el pueblo de Cataluña por haber legitimado con sus palabras la violencia policial del 1-O. Lo cierto es que si alguien se tomara la molestia de repasar el discurso, comprobaría de inmediato que no aparecen en ningún momento los planteamientos que los independentistas se empeñan en atribuirle, pero no vale mucho la pena insistir en ello, porque este engañoso modo de proceder ha pasado a formar parte del ADN del procés. Mi opinión sobre este particular es que el texto de aquella intervención era inobjetable en lo que decía, aunque mejorable en lo que dejaba de decir.

Pero se podría ir todavía más allá de la mera constatación de que, en el corto y medio plazo, no acaba de verse que considerar la monarquía como el obstáculo primordial a apartar resulte lo más inteligente para los intereses del propio independentismo. Porque no solo algunos de los países que ocupan los primeros puestos del ranking mundial de democracias avanzadas son monarquías, sino porque el único país en el que se celebró el tipo de referèndum que nuestros independentistas tanto declaran anhelar, Escocia, forma parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tiene como cabeza visible a una reina.

Fieles a su ADN, este dato fue soslayado de manera sistemática por nuestros independentistas, que durante una larga temporada se dedicaron a lanzar todo tipo de elogios (sobre todo el de «auténtico demócrata») a un político tan acreditadamente inepto como David Cameron hasta que su ineptitud (con otro referéndum, el del Brexit) devino escandalosa. A pesar de ello, en la campaña para las generales del 28-A de 2019 la candidata de JxCAT al Congreso de los Diputados, Laura Borràs, todavía citaba fragmentos de las declaraciones del ex primer ministro británico a favor de los referéndums. Supongo que era un recurso argumentativo desesperado, a la vista de que el derecho comparado nunca ha proporcionado ninguno para las hojas de ruta secesionistas.

La mención a Cameron, como si por el mero hecho de haber tenido responsabilidades de gobierno en un país con pedigrí democrático no hubiese cometido errores y hubiera que copiarle en cuanto hiciera, resultaba profundamente provinciana desde el punto de vista intelectual. Porque Cameron, a los hechos me remito, ha sido lo más parecido a una plaga bíblica para su país, con sus desgraciadas iniciativas de convocar referéndums a poco que las cosas se le pusieran un poco cuesta arriba. Referéndums que, lejos de resolver nada, no han hecho más que provocar incesantes problemas a los ciudadanos británicos. La plaga bíblica que para estos ha significado Cameron solo resulta comparable a la que han representado para Cataluña los últimos tres presidentes de la Generalitat.

Regresando al asunto que estábamos tratando: o bien al independentismo se le había escapado el dato de que la forma del Estado en el que se estaba celebrando el referéndum era la monárquica (descuido imperdonable que denotaría una incompetencia política solo comparable a la del propio Cameron) o prefirió omitirlo ante los suyos (en cuyo caso nos encontraríamos ante el enésimo engaño del procés). Por cierto, ¿la causa de la omisión de este dato no estará en que, a partir de un determinado momento, el verdadero interés del independentismo pasó a ser la cronificación del conflicto, empeño en el que no ha hecho más que perseverar con desigual intensidad, porque considera que todo vale para seguir bloqueando la situación?

Dejémoslo aquí. El tratamiento que los dos sectores políticos en los que nos vamos a centrar en este libro han hecho de uno de los asuntos de mayor trascendencia institucional para una sociedad, la de su forma de Estado, nos ha permitido empezar a dibujar lo más significativo de sus respectivas actitudes (que en un caso podría definirse como de una extrema adaptabilidad al medio y en el otro como de una extrema rigidez frente a él). Max Weber nos puso sobre aviso de las patologías en las que, en la peor de las hipótesis, pueden desembocar ambas actitudes: la excesiva flexibilidad en materia de principios puede derivar en oportunismo cínico, y la excesiva rigidez, en dogmatismo fanático.

2

CONSULTAR A LAS BASES LA EXISTENCIA DE DIOS

(O QUÉ SUCEDE CUANDO SE EXTERNALIZA

LA RESPONSABILIDAD)

OBSESIONADOS POR EL DESENLACE

El asunto empezaba a ponerse tedioso (como, por lo demás, parece ser el destino de cuanto ocurre en cualquier mes de agosto). Desde hacía algunas semanas, la pregunta que monopolizaba debates y tertulias políticas era esta: ¿qué va a hacer el PSOE ante la investidura de Mariano Rajoy? La cuestión tenía mucho de retórica, puesto que el partido socialista ya había anunciado de manera pública y reiterada lo que iba a hacer. Pero como, sin duda, la respuesta no había agradado a algunos y, por otra parte, en ella no se había querido entrar a analizar determinados escenarios, como el que se abriría si Rajoy no superaba la investidura, se hizo poco menos que inevitable la reiteración de la pregunta.

Sin duda era un interrogante importante. Pero no es esta importancia lo que me gustaría ahora abordar. Lo que me llamaba la atención, recién iniciada mi andadura como diputado, era que muchos de los que se rasgaban las vestiduras ante el hecho de que se mantuviera por parte de la dirección del PSOE una ambigüedad o un silencio inquietantes ante el futuro no se estaban haciendo la pregunta previa: pero ¿acaso va a haber investidura?, asunto que por aquel entonces —estoy hablando del verano de 2016— permanecía abierto. No deja de ser curioso que se hubiera impuesto un orden de cuestiones determinado, como si esta última (que es la primera tanto desde el punto de vista lógico como desde el real) no resultara relevante.

Lo propio ocurría cuando se daba por descontado que, en el supuesto de que con la ayuda de Ciudadanos el PP se quedara al borde de los necesarios 176 diputados, la responsabilidad de completar el número hasta alcanzar la mayoría requerida recaería sobre los socialistas. También esto se encontraba lejos de ser obvio. Sin embargo, vale la pena recordar la forma en la que tendía a plantearse la situación por parte de muchos en aquel momento, dando por hecho que, aunque la mitad de la cámara le negara rotundamente el apoyo a Rajoy, ninguna otra formación más que la socialista tendría que asumir su cuota de responsabilidad ante unas eventuales terceras elecciones.

En realidad, lo que más llamaba mi atención era la forma en la que se imponían estos planteamientos argumentativos (que algunos, de un tiempo a esta parte, prefieren denominar frame). Porque no se trataba de preguntas sueltas, exentas, meras curiosidades que, de pronto, hubieran provocado la duda espontánea de un periodista o un tertuliano: se entendían desde un determinado marco que operaba a modo de trasfondo justificativo del sentido de estas.

Tampoco se trataba, bien mirado, de un fenómeno nuevo. Se nos había olvidado muy deprisa que durante la campaña electoral anterior la situación había sido parecida. De hecho, una de las preguntas que, de forma recurrente, se nos hacía a los candidatos era la de los pactos poselectorales (bueno, a los candidatos catalanes se nos preguntaba también, de manera inmisericorde, por nuestra posición ante un hipotético referéndum). Al margen de que en la práctica ninguna fuerza política en todo el mundo se dedique nunca en campaña a hacer públicas por anticipado sus alianzas futuras, en la medida en que ello podría alterar de un modo sustancial el sentido del voto de muchos electores, la pregunta en cuestión se planteaba además tomando como base los datos que iban proporcionando los sondeos (datos que, a la postre, se revelaron erróneos).

Aunque la prueba de que no nos encontrábamos ante una mera anécdota la tuvimos, tres años después, en vísperas de las elecciones del 28-A, cuando se pudo comprobar que todo continuaba exactamente igual a este respecto. La pregunta que, repito, de manera tenaz e inmisericorde se les planteaba a los candidatos socialistas continuaba siendo la misma (aunque con una mínima especificación: «¿Pactarán ustedes con Ciudadanos?»). También esta vez daba igual que les hubiera sido planteada una y otra vez a los más altos responsables del partido sin obtener respuesta: se la dirigían incluso a candidatos que, por su posición en la estructura orgánica del partido, era imposible que dispusieran de semejante información. La historia se repetía y, si cabe, para peor, porque el alto índice de indecisos hacía imposible de hecho cualquier predicción. Para un espectador que viera la situación desde fuera resultaba un empecinamiento demasiado exagerado como para no dar que pensar.

Por eso, tal vez convenga detenerse un momento más aquí. Porque, al margen de los matices que se acaban de señalar, llamaba la atención esa especie de urgencia compulsiva de tantos entrevistadores por saber, cuando las contiendas electorales se encontraban todavía abiertas, qué harían las fuerzas políticas una vez todo terminara. En algún momento se me ocurrió pensar que dicha insistencia se podía comparar con la de un periodista deportivo que, en el descanso del último partido de liga, cuando cuatro equipos se jugaban en un puño la temporada y el desenlace dependía no solo de cómo terminase el propio partido, sino también del resultado de los restantes, entrase en el vestuario a preguntar a los jugadores qué planes tenían para el año que viene. La única respuesta razonable por parte de estos habría sido otra pregunta: ¿le importa que terminemos de jugar y luego hablamos?

Pasemos ya de las anécdotas a un plano algo más general, que es el que de veras debería importarnos. Hay algo de inquietante en esta manera de consumir política, si se me permite la expresión, absolutamente intencionada. Es una manera que parece estar llevando a cabo una interpretación errónea de la categoría «relato», que tanto parece agradar a algunos en los últimos tiempos. Porque se diría que lo que se ha extendido como una mancha de aceite es una prisa incontenible por conocer el desenlace, como si fuera ahí donde se jugara el sentido de la narración.

Pero, continuemos con el paralelismo, ¿qué pensaríamos de quien abandonara en la primera página la lectura de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, porque, nada más empezar, el autor nos cuenta el final, el homicidio de Santiago Nasar? ¿Acaso ese modo de empezar por el final no se ha convertido en un recurso habitual en infinidad de narraciones? ¿Cuántas películas no habremos visto ya a estas alturas en las que, tras una trepidante escena inicial, el relato prosigue retrocediendo en el tiempo y situándonos unos cuantos años antes? ¿Qué opinión nos merecería quien desistiera de continuar viendo cualquiera de ellas con el argumento de que ya sabe cómo acaba? ¿Ese mismo argumento no llevaría a tales personas a desinteresarse por las más importantes obras de la literatura, el cine o el teatro universales, de todas las cuales podría afirmar también que tienen un desenlace sobradamente conocido?

Sin duda, la réplica razonable a semejante desinterés pasa por señalar que lo importante de tales obras no es tanto cómo terminan sino la forma en la que se transita hacia su desembocadura. Pues bien, en el relato político sucede algo parecido. Claro que resulta fundamental lo que realmente termina ocurriendo, pero se supone que el sentido de esa realidad final se va desplegando en el mientras tanto. Algo va mal cuando son los propios políticos los que transmiten a la ciudadanía la idea de que el debate parlamentario de investidura no es algo relevante y que no merece la pena llevarlo a cabo si no va a dar el resultado previsto. Como si no importara que los ciudadanos tuvieran conocimiento de las razones de unos y de otros. Aunque lo propio se podría afirmar cuando se anteponen los números a los argumentos, sustituyendo estos últimos por la constatación puramente aritmética del «sumamos» o «no sumamos», lo cual sugiere que la suma constituye un fin en sí misma.

Tal vez deberíamos hacer un esfuerzo entre todos por contener esa prisa equivocada, esa compulsiva urgencia por terminar cuanto antes, como si el fin nos aliviara de algo, y recordar que el cómo en muchas ocasiones importa tanto como el qué, entre otras razones porque determina qué tipo de qué termina produciéndose.

LAS PALABRAS LAS CARGA EL DIABLO

Lo que en Manuel Sacristán era descripción de la forma de proceder de los profesionales de la filosofía («En el gusto por el matiz se reconoce al filósofo», afirmaba literalmente) debería ser prescriptivo a los profesionales de la cosa pública. Apresurémonos a puntualizar que esto último no siempre resulta fácil. El político viene obligado a transmitir mensajes claros y rotundos, ideas-fuerza definidas y contundentes: se lo impone la misma lógica de la comunicación de masas.

Pero, al mismo tiempo, tales mensajes deben contener los suficientes matices como para que, en el caso de que las circunstancias vayan variando, sus propias palabras no se conviertan en una prisión en la que su emisor quede atrapado. Por decirlo de otra manera, resulta de todo punto indeseable que el precio que tenga que pagar un político por sostener un mensaje nítido sea la imposibilidad de encontrar una salida de emergencia en caso de apuro (provocado por la aparición de un escenario diferente o por cualquier imprevisto).

Y lo que vale para quien propone los mensajes vale también para quien los critica. Conviene estar extremadamente atento antes de aceptar sin juzgar muchas de las categorías, argumentos, juicios de valor y perspectivas (elementos que algunos subsumen en esas dos palabras fetiche de nuestros días a las que se acaba de hacer referencia: frame y «relato») que circulan en la esfera pública, particularmente en los medios de comunicación. Pongamos un ejemplo tan pertinente como peligroso (por el riesgo de que alguien pueda interpretarlo como una toma de posición ex post facto por mi parte respecto a la mencionada crisis): la expresión «barones» para referirse a los responsables del PSOE en las diferentes comunidades autónomas.

Que el término viene cargado de connotaciones valorativas parece claro: evoca el lenguaje de la aristocracia, del título concedido graciosamente por el monarca absoluto, y, por ello mismo, sugiere una contraposición entre el poder que el barón pueda ostentar y el de la democracia, que, cada vez más, suele quedar asociado al contacto directo con las bases. La trampa del planteamiento se puede desvelar de diversas maneras. Una de las más sencillas es constatando a qué responsables territoriales se acostumbra a calificar así y a cuáles no: suele depender del grado de enfrentamiento que mantengan con el poder central de la ejecutiva de su organización. Pero, sin entrar en tales análisis, resulta fácil constatar que la mencionada contraposición entre poderes de distinto signo carece del más mínimo fundamento en la medida en que los (des)calificados como barones también han obtenido su poder de forma democrática, merced al apoyo que han obtenido entre sus militantes.

Es cierto que algunos de los que más gustan de utilizar la aristocrática denominación como arma arrojadiza parecen reservarla para quienes gobiernan en sus respectivas comunidades, circunstancia que en su opinión los sitúa bajo sospecha. Como si el hecho de tener que pactar presupuestos con otras fuerzas políticas, negociar en diversas materias con el Gobierno central de turno y otras servidumbres propias de su responsabilidad los hiciera más proclives a la deslealtad respecto a sus propios ideales o a la traición del compromiso programático asumido. Habría que recordar una obviedad: quienes se encuentran en semejante situación disfrutan, si acaso, de una legitimidad democrática reforzada, ya que al respaldo que pudieran haber obtenido en su momento por parte de los militantes de su partido para ser candidatos se añade el que les ha concedido el conjunto de la ciudadanía del territorio donde gobiernan.

Deberíamos empezar, por tanto, revisando en profundidad nuestras propias categorías, argumentos, juicios de valor y perspectivas, no fuera el caso de que, como he intentado señalar, deslizaran supuestos que apenas resisten la más mínima crítica. Porque lo que hemos visto con el ejemplo del término «barones» también podría ser ilustrado a través de otros términos. Así, cuando el estallido del procés en Cataluña provocó importantes fracturas en casi todas las fuerzas políticas, con frecuencia se describían con calificativos como «renovadores», «críticos» o incluso «díscolos» algunos políticos socialistas que emigraban hacia el soberanismo emergente, al que auguraban un futuro más próspero que a su formación de procedencia. Eran políticos (en la mente de todos) que, como aquel que dice, hasta el día anterior habían estado ocupando cargos de máxima responsabilidad institucional —importantes conselleries incluidas— y que de repente se veían convertidos, por un puro ejercicio de prestidigitación retórica, en alternativa al «aparato», a la «vieja guardia», al «sector histórico», y otras expresiones claramente peyorativas que evocaban una ostentosa obsolescencia.

Las palabras las carga el diablo, en eso parece haber pocas dudas. Pero justo por ello, quienes tienen mayor responsabilidad en la producción y difusión de mensajes deberían resistirse a jugar con las cartas marcadas (por otros). Llegados a este punto, no cabe soslayar el activo papel, antes apenas insinuado, que a la hora de establecer los términos en los que se ha de plantear el debate público desempeñan los medios de comunicación, con cuya intervención colocan el foco de la atención en una dimensión u otra del problema, denominan de una manera u otra, o definen cuál es la única cuestión que vale la pena tratar (¿cuántas veces no habremos escuchado en una entrevista periodística la exigencia previa del entrevistador en términos de «contésteme con un sí o con un no» antes de formular su pregunta?); no creo que valga la pena debatir demasiado.

Quede claro que no tengo el menor inconveniente en considerar positiva la importancia alcanzada por dichos medios en la configuración de la opinión pública, pero tal reconocimiento resulta vinculante: porque entonces ya no es de recibo que intenten eludir toda responsabilidad en esa misma configuración, ni que rechacen cualquier crítica que se pueda formular a su lenguaje o a sus enfoques con el argumento —un punto farisaico, para mi gusto— de que criticarlos equivale a atacar al mensajero. Para bien y para mal, hace tiempo que dejaron de ser simples e inocentes correas de transmisión de la información para convertirse en agentes activos y conscientes en este tipo de procesos.

CUANDO SE LLEGÓ AL RÍO, YA NO HABÍA PUENTE

Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente.

JULIO CÉSAR

Conviene, en consecuencia, hacer limpieza de palabras cargadas (tan tramposas como los dados cargados) y de enfoques viciados, y atreverse a someter a examen los lugares comunes que parecen haberse convertido en incuestionables. No quisiera pecar de ventajista y aprovecharme del privilegio del tiempo transcurrido para dictaminar qué se podría haber hecho en su momento, pero, tal vez, precisamente esa distancia nos permita plantearnos de forma desapasionada una pregunta que importa porque marcó el signo de aquella legislatura: ¿tan entreguista y cómplice con la derecha hubiera sido intentar imponer unas severas condiciones al Partido Popular (imaginemos: apertura inmediata en el Congreso de una mesa para la reforma constitucional, derogación de la LOMCE, de la Ley Mordaza y de la Reforma Laboral, por no hablar de pedir la mismísima cabeza de Mariano Rajoy…) como precio de la abstención del Partido Socialista? Sin duda era mejor opción, a mi entender, el acuerdo con Ciudadanos y Podemos, pero visto que sus vetos mutuos lo hacían imposible, ¿tan difícil era haber hecho pedagogía de otras posibilidades como algo nítidamente diferenciado del sí incondicional a Rajoy?

Es cierto que quienes, desde algunas formaciones supuestamente a la izquierda del PSOE, podían haber echado una mano para dar una salida al país se dedicaron sistemáticamente a poner palos en la rueda y tensaron la situación todo cuanto les fue posible. Y así, los que declinaron optar por hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez cuando estaba en su mano y apostaron por la repetición de elecciones, banalizando esa repetición a base de calificarlas como «segunda vuelta» de las primeras (todo un hallazgo politológico, sobre todo viniendo de quien venía), pasaron luego a amenazar con la retirada de apoyos en aquellas comunidades autónomas en las que se había establecido una mayoría de gobierno de izquierdas en el caso de que finalmente se optara por la abstención en la investidura de Rajoy. Es decir, que, por lo que se pudo ver, estas formaciones, imposibilitado su horizonte ideal, parecían anteponer una España gobernada por el PP no solo en el Gobierno central, sino también en los gobiernos autonómicos en los que el poder permanecía todavía en manos de la izquierda.

Pero regresemos al principio. La opción del no era perfectamente correcta mientras existía margen de maniobra político (por ejemplo, el de un gobierno alternativo de progreso). En el momento en el que tal posibilidad se volatilizó, quienes se negaban a todo matiz quedaron condenados, irremediablemente, a probar de su propia y tajante medicina. Ya no quedaba más alternativa que esta: o Rajoy entonces o Rajoy más adelante, si se repetían las elecciones y se confirmaba el aumento de las expectativas del PP.

Todas las fuerzas políticas tuvieron que definirse ante este dilema y explicar públicamente por qué razones optaban por uno de los cuernos de este. Por lo que a mí respecta, que voté «no» sin la menor vacilación en la primera investidura, me declaré luego dispuesto a escuchar los argumentos de unos y de otros, sin descartar ninguna opción con premisas doctrinales. El desenlace final de este largo episodio es cosa sabida y no hace falta ahora volver sobre ello. Pero tal vez la lección que deberíamos retener no ha quedado suficientemente fijada en la opinión pública y tiene que ver con la necesaria disposición al diálogo por parte de todos. Necesaria por razones tanto políticas como de principio. Políticas porque, por lo que se está viendo y según auguran todos los especialistas, la época de las mayorías absolutas parece haber pasado a la historia de manera irreversible. Y en la nueva época en la que ya hemos entrado no parece que resulte viable, ni tan siquiera para empezar, perseverar en las actitudes que hemos tenido sobrada ocasión de constatar en estos tiempos, y que han consistido, en lo sustancial, en ponerlo todo perdido de líneas rojas, vetos y cláusulas varias de obligado cumplimiento (por parte de los otros, claro).

Pero el diálogo también es necesario por razones de fondo. No olvidemos que el diálogo constituye esa excepcional situación en la que uno se alegra de que el otro le haga caer en la cuenta de que andaba equivocado. Siempre habrá, desde luego, quien no esté por correr ese riesgo y se encastille en lo que traía pensado de casa. Pero quien mantenga dicha actitud debería recordar que lo opuesto al diálogo es el dogmatismo. Y me temo que de eso, francamente, ya tenemos overbooking.

MENTIRAS, CONSPIRACIONES E INCOMPETENCIAS

Muy probablemente una de las razones del éxito de las concepciones conspirativas del mundo es que no hay forma humana de refutarlas. Ocurra lo que ocurra, sea cual sea el efecto desencadenado, ponen a nuestra disposición una causa a la medida de la teoría (a fin de cuentas, siempre hay alguien a quien le viene bien lo que ha terminado sucediendo) que parece atribuir sentido a lo que de otro modo nos resultaría extremadamente difícil de entender.

De tales concepciones conspirativas existen múltiples variantes, desde la que se utiliza para dar cuenta del signo de toda la historia de la humanidad hasta la que sirve para explicar el más reciente y coyuntural episodio particular. Cerca de esta última modalidad se encuentra la teoría que dio en atribuir la repetición de las elecciones a un elaborado diseño del Palacio de la Moncloa (un supuesto diseño que, inexorablemente, no habría hecho otra cosa que cumplirse con el paso del tiempo).

Es cierto que la apuesta de Mariano Rajoy por la repetición de las elecciones fue de alto riesgo aunque, finalmente, salió bien. Pero inferir de esto último que el presidente en funciones disponía de las claves que le permitían predecir el futuro inmediato y que movió los hilos para que terminara por producirse lo que deseaba resulta abusivo desde el punto de vista de la más mínima racionalidad argumentativa. Rajoy podía suponer, imaginar o anticipar las dificultades que tendría Pedro Sánchez para recabar los apoyos que le permitieran ser investido nuevo presidente, pero en modo alguno podía conocer tanto a los posibles aliados de este como para estar seguro de la forma en que se comportarían a la hora de negociar, el límite de las renuncias de cada uno de ellos, las líneas rojas que trazarían, etcétera.

Obviamente, era necesario proyectar sobre Rajoy cualidades de hábil estratega (cuando no de formidable hombre de Estado), porque lo contrario le hubiera llevado a tener que reconocer que la apuesta de su líder representaba casi el grado cero de la política, a la vista de su absoluta falta de contenido. Porque con ella se trataba única y exclusivamente de no perder el sillón de la presidencia del Gobierno. En ningún momento —ni por un instante, lo recordarán muchos— ni él ni sus colaboradores se tomaron la molestia de presentar a la ciudadanía un mínimo plan de reformas para el país.

No es este un reproche menor. En una situación como aquella, en que la sociedad española tenía ante sí importantísimos retos de carácter social, económico y político, es posible que el dontancredismo de Rajoy fuera una salida personal para permanecer en el cargo mientras el resto de las fuerzas políticas se despedazaban entre sí, pero representaba un auténtico desastre para España (como el posterior desarrollo de los acontecimientos se ha encargado de demostrar). Sí, ya sé que este es el tipo de enunciados que apenas preocupan a nuestros responsables políticos, que, cuando escuchan frases del tipo «la actual situación representa una impugnación de toda la clase política», parecen pensar «bueno, si impugna a la totalidad, a mí me corresponde solo una pequeña parte de la impugnación». En todo caso, constituye un tipo de razonamiento que desautoriza y deslegitima por completo a quienes se acogen a él.

Sin embargo, supondría un error interpretar este reproche en términos abstractos, meramente especulativos. Y resultando de él graves imputaciones como las de tacticismo u oportunismo (los rótulos que corresponderían a las críticas precedentes), tal vez peor aún sería la de incompetencia. Pero ¿cómo evitar pensar en tales términos?, ¿acaso alguien creía que quienes no habían sido capaces de llegar a acuerdos para formar gobierno lo iban a ser para emprender las profundísimas e inaplazables reformas de diverso tipo que necesitaba (y continúa necesitando) este país?, ¿o que quienes anteponían la hipotética mejoría de sus resultados en caso de que se repitieran las elecciones al interés general de la sociedad y de los ciudadanos iban a tener posteriormente la altura de miras imprescindible para diseñar el futuro de la próxima generación dejando de lado sus beneficios a corto plazo?

Pero el reproche aún puede empeorar si a la incompetencia le añadimos la mendacidad, hábito o costumbre del que ninguna fuerza política parece haber quedado a salvo desde hace ya tiempo. Así, no deja de ser llamativo que buena parte de aquellos a los que tanto se les llenaba la boca con la proclamación del fin del bipartidismo luego parecían estar aplicando todos sus esfuerzos a reeditarlo, solo que sustituyendo a uno de los antiguos protagonistas (el PSOE) por otro nuevo (Podemos). Y qué decir de quienes interpretaban los resultados electorales del 20-D de 2015 como un mandato que la ciudadanía había hecho a los partidos para que dialogaran y alcanzaran acuerdos, los mismos que, apenas pocos días después, se dedicaron a trazar líneas rojas, poner vetos o declarar incompatibilidades ideológicas insalvables con otros partidos. Por no hablar, en fin, de los que, desde esta esquina de la península desde la que escribo, se habían dedicado toda la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy a repetir de manera inmisericorde el mensaje de que con España (que ellos identificaban con un PP que controlaba por completo el Congreso de los Diputados) no había nada que hacer y luego, cuando podían haber empezado a hacer algo, acreditaron de manera fehaciente que, en realidad, nunca supieron qué hacer.

VERDADES AL SERVICIO DE UNA MENTIRA

Cuando Felipe González era todavía presidente, un diario de Madrid publicó, como si de una revelación exclusiva se tratara, la transcripción de una conversación de un alto cargo que dejaba en muy mala posición al Gobierno. La noticia parecía escandalosa, hasta que algún lector cayó en la cuenta de que esa misma transcripción había sido publicada ya tiempo atrás ¡por el mismo diario! Preguntado por esta insólita circunstancia, el director del medio proporcionó una respuesta ciertamente llamativa: «Es que me parecían muy importantes». Una respuesta solo comparable a la de Camilo José Cela cuando volvió a leer en un curso de verano —y cobrando una tarifa sin duda sustanciosa— el mismo discurso que había leído en Estocolmo con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura: «Es que sigo pensando lo mismo».

No les voy a ocultar mi sensación conforme transcurrían las largas horas que duró la moción de censura presentada por Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados en junio de 2017, cuando ni siquiera se cumplía un año de legislatura: el rostro del candidato fue mutando hasta adquirir un extraordinario parecido con el de Antonio Hernández Mancha. Era un efecto óptico, sin duda, derivado del proceso de «hernandezmanchización» que iba experimentando el candidato conforme pasaba de un largo monólogo, aplaudido con el entusiasmo de ordenanza por sus correligionarios, a la confrontación con las preguntas de los representantes del resto de los grupos parlamentarios. Fue entonces cuando, a mi juicio y por utilizar una imagen gráfica, el candidato empezó a chapotear en su propio discurso.

Habrá que empezar diciendo que en modo alguno se trata aquí de cuestionar lo merecidas que siempre tuvo el gobierno del PP no solo las críticas que le plantearon tanto el candidato a la presidencia como la portavoz que le precedió en el uso de la palabra, sino también las que añadieron otros portavoces. El tiempo se encargó de demostrar cuánto las merecía, y no se tomó más de un año en hacerlo. Pero conviene diferenciar planos. Así, por ejemplo, se puede afirmar, sin temor a ser acusado de caricaturización, que replicar a cualquier reproche que una fuerza de la oposición le formulaba al candidato con un «curioso: le aplaude el PP» o argumentos similares es más propio de un tertuliano que de alguien que aspira a ser presidente del Gobierno. Vale la pena subrayar que la réplica del candidato implicaba que lo único que importa es quién aplaude, y no, por así decirlo, lo aplaudido, asunto este último que parecía traerle sin cuidado.

Podríamos proseguir y cada observación permitiría mostrar los flancos débiles del aspirante. Así, reivindicar un supuesto patriotismo auténtico con el único argumento de que los adversarios que también lo reivindican para sí no son patriotas de verdad (puesto que tienen una cuenta corriente en un banco suizo con abundantes cantidades de dinero) no deja de ser una forma de esquivar a qué viene la recuperación de un término de evocaciones tan equívocas. Ya sé que, en ocasiones, los que ahora han pasado a reclamarlo como si constituyera una aportación teórica han propuesto hablar del «patriotismo de los servicios sociales», pero es de suponer que, en lo sucesivo, eso significará algo más (u otra cosa) que en el frontispicio de los ambulatorios de la Seguridad Social se coloque la conocida leyenda «Todo por la patria». No se trata de una cuestión banal, especialmente si se tiene en cuenta que en más de un momento el candidato planteó la identificación, sin duda asombrosa, entre patriota y demócrata.

Aunque tal vez merezca la pena prestar alguna atención a otro supuesto, algo menos explicitado. Afirmar, como se hizo en la intervención que precedió a la del candidato, que con aquella moción de censura «se abría paso la democracia» obliga a una reflexión un poco más seria sobre lo que hemos estado haciendo exactamente estos últimos cuarenta años. El apoyo entusiasta de ERC a la moción de censura inducía a pensar que tanto esta fuerza política como aquella otra de la que era líder el candidato compartían idéntica valoración de lo que tenemos. Según esta consideración suya, el actual reino de España conectaría directamente con nuestras monarquías decimonónicas, y de ellas habría heredado todos los defectos (del turnismo a la corrupción, pasando por el clientelismo y todo un catálogo de calamidades) sin que la Constitución hoy en vigor hubiera introducido modificaciones suficientemente significativas. ¿Se estaba sosteniendo con ello que vivimos en un régimen autoritario, como había llegado a afirmar algún destacado personaje público independentista?, ¿que nuestra democracia es homologable a la turca, según han declarado reiteradamente tanto Carles Puigdemont como su vicario Quim Torra?, ¿o tan solo habría que definirla como una democracia de baja calidad, como gustaba de repetir Artur Mas? Menciono estos paralelismos porque la ausencia del menor comentario por parte de Iglesias sobre el autogobierno del que gozan las comunidades autónomas parecía indicar que estaba asumiendo acríticamente y al completo los planteamientos de los independentistas catalanes al respecto, con la desdeñosa alusión al tópico del «café para todos» en lugar destacado.

No creo que haya en las reservas planteadas asomo alguno de exageración por mi parte. El lenguaje de la portavoz de Podemos evocaba intencionadamente el del antifranquismo, con referencias no solo al dictador, sino también a Carrero Blanco, como si ambos fueran de alguna manera referentes que merecieran estar presentes en el actual debate político. Por no hablar de las evocaciones «epicoides» de esta misma portavoz a Gabriel Celaya, visto que las inspiradas por Lluís Llach, vigentes hasta ayer mismo en actos públicos de esta formación política, parecía que ya no resultaban particularmente oportunas tras las desafortunadas declaraciones que el cantautor no cesó de hacer, con asombroso empeño, durante sus años de diputado en el Parlament de Catalunya.

No se trata, convendrá subrayarlo, de censurar el hecho de que algunos de estos jóvenes hablen como si fueran viejos progres. Se trata de si esta manera de hablar da cuenta (o no) de la realidad que estamos viviendo. Que han irrumpido en la escena política unos nuevos protagonistas está fuera de toda duda, pero ¿acaso esta nueva condición garantiza sin más que entiendan bien aquello que protagonizan? Es obvio que no, porque si bastara con eso, ¿cómo dirimir, entre dos contemporáneos con visiones enfrentadas, quien entiende mejor lo que le pasa?

En todo caso, lo que queda claro es que, en vez de ofrecer respuestas satisfactorias a las preguntas que se le plantearon, el candidato, autoproclamado representante de una nueva era («representamos el futuro» era una de sus frases favoritas), optó por corretear durante el abundante tiempo del que dispuso por el espacio que separa la impostura del postureo (con desprecio a la totalidad de los representantes de la ciudadanía, como llegó a afirmar en un alarde de demagogia: «España es mejor que sus políticos»).

El episodio es ya cosa del pasado, evidentemente, y pertenece de manera inequívoca a eso que, como vimos, algunos gustan de denominar una pantalla pasada. Pero el hecho de que nos encontremos en otro escenario sustancialmente diferente no debería impedirnos extraer de dicho episodio las lecciones correspondientes. En realidad, nos convendría extraerlas, no solo en la medida en que nos puedan resultar de alguna utilidad para el futuro, sino, y tal vez sobre todo, por si algo ha puesto en evidencia las dimensiones estructurales, constituyentes y no accidentales, de sus protagonistas.

EXTERNALIZAR LA RESPONSABILIDAD

Lo peor de las redes sociales no es que mientan, sino que, más bien al contrario, parecen colmarnos de verdad. El asunto se hace particularmente evidente cuando surge cualquier polémica o estalla el menor escándalo. En esos casos, queda patente que el tipo de mensajes, sintéticos y apocopados, que tales redes suelen transmitir satisface, en su rotundidad, a cada una de las partes implicadas, que, encantadas con su propia argumentación, desisten de seguir pensando. Pierden así la magnífica oportunidad, tanto de someter a revisión alguna de las convicciones que tomaban por incuestionables, como de profundizar en la crítica al adversario.

Tomemos como ejemplo un tema que, junto con la moción de censura a Mariano Rajoy, ocupó muchísimo espacio en los medios de comunicación durante el mes de mayo de 2018: el de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Respecto a ello, las síntesis argumentativas de unos y de otros bien podrían resumirse de la siguiente manera: de un lado, se repetía hasta la saciedad que no solo somos el no va más de la transparencia, sino que nuestra conducta es toda una lección de democracia y de decencia política de la que algunos (o, mejor dicho, el resto del mundo) deberían aprender; del otro lado, se replicaba que cada cual hace con su dinero lo que quiere (siempre que sea legal), pero lo que en este caso ha fallado de manera ostensible ha sido la coherencia entre declaraciones y comportamientos.

Probablemente la eficacia de este tipo de mensajes tenga que ver con el hecho de que gravitan sobre palabras fetiche, que ya vienen coloreadas con una determinada tonalidad valorativa, de manera que su mero empleo decanta el signo de la argumentación sin necesidad de aportar ninguna otra consideración complementaria. A los efectos que estamos señalando, esto es, el de obviar la necesidad de la justificación de lo que se haya afirmado, resulta irrelevante que la concreta carga valorativa de tales palabras sea positiva o negativa. Cuando, pongamos por caso, se introduce el término «transparencia» se suele dar por descontado que esta es, en sí misma, indiscutiblemente buena, aunque conozcamos múltiples ejemplos de que lo que en ocasiones se presenta como transparencia sea más obscenidad que otra cosa. O bien nos parece claro que la mera referencia a la especulación lleva incorporada su condena, aunque no se termine de especificar nunca ni qué se entiende por especulación (¿el propietario de un apartamento turístico es un especulador?, ¿más o menos que si lo vendiera e ingresara el importe de la venta en una cuenta con una rentabilidad similar a la que le proporciona alquilarlo?) ni, en caso de haberla de más de un tipo, cuál de ellas resulta condenable.

Es cierto que en ocasiones estas palabras fetiche se ven reforzadas por afirmaciones de un tenor parecido y que tampoco parecen requerir ulterior justificación. Es lo que ha ocurrido en este caso, cuando se reforzaba la denuncia de la especulación que llevan a cabo otros, con la afirmación de que, a diferencia de ellos, los líderes de Podemos adquirían el chalet en Guadarrama «para vivir». Obviaban de esta manera un elemento sobre el que tal vez convendría detenerse a pensar un momento. Porque la cuestión relevante no es que adquieran una propiedad para vivir, sino de qué manera hacen público que quieren vivir al llevar a cabo precisamente esta compra.

Como es obvio, si no hubieran sido ellos quienes tanto insistieron en que lo personal es político, los comentarios anteriores se encontrarían por completo fuera de lugar, y los nuevos propietarios podrían argumentar que la suya es una decisión que pertenece al ámbito privado en sentido estricto. Pero cuando se ha hecho bandera de la exhibición de un determinado modelo de vida como garantía de fiabilidad de una propuesta política, el cambio de modelo pasa a resultar una cuestión susceptible —por no decir merecedora— de debatirse en la plaza pública. Y el caso es que, en efecto, da la sensación de que se ha pasado de un igualitarismo por abajo a (la promesa de) un igualitarismo por arriba. De un «pobrismo» inicial que consideraba privilegio todo lo que sobrepasara mínimamente unos determinados estándares, tanto de salario como de modo de vida, de los sectores más populares se ha derivado hacia un planteamiento, manifestado en un comunicado de la organización, que, aunque mantenía la retórica de sus viejos discursos, implicaba una nada desdeñable mutación del discurso: «Sabemos que muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas».

Intentando formular más resumidamente el sentido de la mutación, es como si hubieran pasado a decir: «continuamos siendo igualitarios, pero ahora lo somos, no ya porque vivamos como la mayoría, sino porque queremos que la mayoría viva como nosotros». Y por si a alguien le quedaba alguna duda, el mismo comunicado continuaba así: «La realidad es que nuestros sueldos, que son públicos y que son decididos por la Asamblea Ciudadana de Podemos, nos han permitido emprender este proyecto». La realidad también es que el tono de estas últimas afirmaciones hacía presagiar que el comunicado se iba a cerrar con un castizo y achulado «¿pasa algo?».

A los ojos de buena parte de los votantes de Podemos y, por extensión, de la ciudadanía se diría que sí pasa algo, y de notable importancia, por cierto. El revuelo organizado alrededor de la noticia de la compra de la casa así lo acredita. Cuando finalmente los protagonistas de esta historia resolvieron formular a las bases una pregunta, pero no referida a su decisión inmobiliaria, que nunca parecieron dispuestos a revisar, sino relativa a su idoneidad para permanecer en sus cargos, externalizaban de esta manera la responsabilidad de su decisión, haciendo recaer lo que alguien podría considerar el reproche moral acerca de su comportamiento sobre las espaldas de quienes participasen en la consulta.

Tanto tiempo riéndonos de que durante la Segunda República se sometiera a votación entre los socios del Ateneo de Madrid la existencia de Dios y ahora resulta que lo más acrisolado de nuestra izquierda se dedica a trasladar a las bases del partido sus remordimientos de conciencia.

3

LA POLÍTICA LA HACEN (NO SIEMPRE BIEN)

LAS PERSONAS

EL EGO CIEGA TUS OJOS

Todavía quedarán bastantes que recuerden una hermosa melodía que interpretaban los Platters, allá por los lejanísimos años cincuenta del siglo pasado. El tema se titulaba «Smoke Gets In Your Eyes» (El humo ciega tus ojos) y me ha venido a la cabeza al evocar una conversación que mantuve hace cierto tiempo con Carlos Castilla del Pino.

Comentábamos, al finalizar una mesa redonda, hasta qué punto personajes del mundo de la política o de los negocios (el de la farándula y el de la cultura merecerían rancho aparte) a los que no hay forma de embaucar en una mesa de negociación, gente que ha acreditado una notoria capacidad para las más arteras maniobras y que ha demostrado ser capaz de elaborar las más imaginativas, parecen quedarse sin defensas cuando entra en escena la adulación o cualquier otra forma de masajeo del ego, momento en el cual se comportan como unos genuinos incautos y caen indefectiblemente rendidos ante semejantes caricias de la manera más escandalosa.

A este respecto, Castilla del Pino señalaba, divertido, el ridículo braceo de Aznar en actos solemnes, su bochornoso saludo militar tras la gesta de Perejil o sus declaraciones en castellano con acento texano como ejemplos de hasta qué punto alguien a quien se le podrá calificar de cualquier cosa menos de alma cándida o de ingenuo perdía por completo el principio de realidad cuando se veía jaleado por una corte de aduladores.

De la conversación se cumplen ya unos cuantos años, pero nada hace pensar que lo que entonces creíamos describir haya variado por alguna circunstancia, como podría ser, por ejemplo, la irrupción de los nuevos actores de la vida política a los que nos venimos refiriendo y que no cesan de alardear de que con ellos ha llegado una nueva manera de hacer las cosas en el espacio público. Y, pese a ello, la sensación que muchos ciudadanos transmiten cuando se les pregunta por esta cuestión es que la lógica de los comportamientos tanto de los recién llegados como de los que llevaban tiempo en la escena política no solo no han variado en lo más mínimo, sino que en algunos casos parecen haberse reforzado.

Así, desde hace algunas legislaturas el hemiciclo del Congreso de los Diputados se ha visto convertido de manera inmisericorde en el plató en el que se desarrollan variadas performances diseñadas no para los presentes, sino para los espectadores, que, al poco tiempo, las conocen merced a la televisión. Lo cual, en el fondo, nada tiene de extraño en estos tiempos de espectacularización de la política. El mero hecho de estar visible parece haberse convertido para los promotores de tales espectáculos en un genuino fin en sí mismo.

Tal vez el problema de quienes así actúan sea la escasa atención que dispensan a un elemento que, incluso en la lógica del espectáculo, no cabe desatender. Me refiero al argumento de la obra (que, en este caso, vendría a ser la política en cuanto tal). Aunque quizá, para decirlo con un poco más de precisión, habría que matizar que no es que se desentiendan por completo del argumento, sino que tan solo les interesa como reclamo para capturar la atención del espectador.

Probablemente aquí resida una de las claves que hace comprensible su opción permanente por un tipo específico de relato en el que luego poder inscribirse como protagonistas. Me refiero al relato de la confrontación, a la estrategia permanente del antagonismo. Qué duda cabe de que, desde el punto de vista del atractivo de la narración, el conflicto le gana la partida al acuerdo y la confrontación al consenso, tan aburridos siempre los segundos. No es el momento de analizar pormenorizadamente las causas de este desequilibrio ni de entrar en el detalle de por qué el relato de la felicidad parece ayuno de sexy narrativo. En todo caso, no debería venirnos de nuevas: para los profesionales de lo público es un lugar común que las buenas noticias no son noticia, de la misma manera que deberíamos recordar que los viejos cuentos finalizaban precisamente cuando terminaban las penalidades de los protagonistas, esto es, en el «y fueron felices…», o que, en fin, ya habíamos quedado advertidos por Tolstói sin excusa (son las primeras palabras con las que se tropieza el lector de su Anna Karénina) de que «todas las familias felices se parecen unas a otras, mientras que cada familia desdichada lo es a su manera».

En todo caso, la obsesión por el tono épico en las intervenciones de este tipo de políticos tiene que ver, sin duda, con este que no decaiga narrativo. Pero ni la vida es una película o una representación teatral ni la política puede convertirse en una épica permanente, si no se quiere correr el riesgo de desembocar en un esteticismo inane, que se limite a apelar constante y genéricamente a la necesidad de pasar a la práctica y que reivindique una y otra vez los hechos frente a las palabras, mientras se muestra por completo incapaz de presentar propuesta política alguna en concreto (no vaya a ser que los problemas se solucionen y la épica se quede sin objeto). Milan Kundera, que conocía bien a este tipo de personajes, ironizaba sobre esos presuntos revolucionarios de boquilla que, en las interminables sesiones del comité correspondiente, hacían callar a sus oponentes proclamando que había llegado «la hora de la acción», que consistía en continuar sentados hablando de ello.

Aunque grave de por sí, lo peor para quienes convierten el hecho de ser vistos en su objetivo primordial no es que la batalla que pretenden librar esté perdida de antemano, a fin de cuentas, el que se encuentra fuera del poder tiene que moverse continuamente para aparecer mientras que el que lo ostenta, siempre expuesto, no necesita hacer nada (incluso cuando la política tenía argumento, alguien que sabía de esto ya decía que lo que de veras desgasta no es el poder, sino la oposición, esto es, quedar fuera de foco). Así pues, lo realmente grave de aquellos es que, obsesionados por el protagonismo y jaleados sin descanso por los suyos, el ego les termina nublando la vista y acaban haciendo cualquier cosa con tal de ocupar el centro del escenario.

UN PIE EN LAS INSTITUCIONES Y OTRO EN LOS PLATÓS DE TELEVISIÓN

Una de las expresiones más habituales en el debate político es la de «desviar la atención». La suelen utilizar prácticamente todas las formaciones políticas cuando sus adversarios se empeñan en hablar de un tema diferente al que ellas querrían. Aunque también ocurre, incluso con frecuencia, que esa misma atención (la de los ciudadanos, se entiende) no la desvíen los políticos, sino otras circunstancias, como, por ejemplo, los planteamientos que hacen fortuna en los medios de comunicación.

Probablemente ambas situaciones le hayan venido ocurriendo a Podemos a lo largo de estos años: si bien es cierto que en ocasiones se empeñaba en que la ciudadanía mirara hacia donde al partido le importaba en vez de hacia lo importante para la ciudadanía en sí, lo es también que otras veces el propio Podemos resultaba objeto de una atención desviada. Ese fue el caso cuando se sustanciaron todas sus tensiones en el conflicto entre el número uno y el número dos de la formación, Iglesias y Errejón, obviando cuestiones organizativas, estratégicas o de cualquier otro tipo. No pretendo afirmar que no existieran tensiones personalizadas, como los acontecimientos posteriores se encargaron de certificar, ni tampoco negar que tenían la entidad suficiente como para haber dado lugar en un primer momento a la constitución de dos sectores nítidamente diferenciados (pablistas y errejonistas, en la terminología más usual) y, en un segundo, a una nítida fractura política y organizativa, consagrada el 10-N. Lo que quisiera plantear es que tal vez no fueran las únicas tensiones y que para analizar algunos de los episodios que han tenido lugar en el seno de esta organización es posible que convenga tomar en consideración otras, relacionadas con otros factores y que, precisamente por ello, dan lugar a agrupaciones o sectores de diferente naturaleza a la nombrada por la mera dependencia de su respectivo líder (esto es, pablismo o errejonismo, según aquel esquema).

Porque, más allá de la dependencia o la adscripción, cabe establecer otra distinción entre dos sectores diferenciables con nitidez dentro de Podemos. Uno de ellos probablemente sea el que en mayor medida ha contribuido a crear una imagen fresca, crítica e incluso ilustrada de la formación y que en buena medida está en el origen de la inicial simpatía que esta despertaba en amplios sectores sociales. De distintas maneras, ya fuera militando de forma expresa, simpatizando o dando su apoyo puntual, participaba en esta formación un número significativo de intelectuales españoles que se propuso revisar radicalmente el discurso político heredado, analizando de manera crítica las nuevas realidades emergentes y las respuestas alternativas que provocan en los ciudadanos.

Otro sector sería el constituido por quienes se aproximaron a Podemos atraídos por su espectacular crecimiento. La atracción hacia una fuerza cuyo ascenso parece imparable es una tendencia sobradamente conocida. Tanto que se diría inscrita en la entraña de la condición humana. También el PSOE se llenó de arribistas en los años ochenta, cuando era visto como un globo que se elevaba incontenible y al que valía la pena subirse en caso de tener cierto tipo de aspiraciones políticas o de notoriedad pública. En este segundo sector entrarían no solo los que veían a Podemos como una opción personal de futuro, sino también aquellos que lo veían como una opción personal de pasado, esto es, quienes, desde un resentimiento difícil de ocultar, consideraban que en etapas anteriores no se les dio lo que merecían y creían llegada la oportunidad de resarcirse del supuesto agravio. Es probable que el procedimiento más eficaz para detectar a semejante tipo de arribista sea analizando la reconstrucción de su trayectoria política. Así, algunos de los que aguardaban, impacientes, su turno ante la ventanilla de Podemos habían reescrito con presteza su propio pasado en unos términos no ya embellecidos, sino directamente deformados, cuando no mendaces, eliminando cuantas aristas pretéritas pudieran constituir un obstáculo para sus aspiraciones presentes.

Esta tensión entre ambos sectores no debería desdeñarse. Algunas voces pertenecientes al primero se atrevieron a manifestar en público su disgusto hacia determinadas derivas, sumándose a las numerosas que, en privado, se expresaban en idéntico sentido. Como muestra, las contundentes palabras de Santiago Alba Rico a propósito de lo que él mismo denominaba la inmadurez podemita: «La “generación mejor formada” de la historia de España es también la más mimada, la más consentida, la más ligera, la menos puesta a prueba por la historia. No tiene ni memoria ni —literalmente— experiencias. Nunca se ha jugado nada de verdad y cree ahora, por eso, que todo es un juego[7]».

Alguien podrá decir, y no le faltará razón, que tampoco este tipo de tensión es, en cuanto tal, una novedad. Por volver al ejemplo mencionado hace un instante, y que muchos alcanzarán a recordar: el propio PSOE pasó por esto mismo en su momento. También entonces, cuando la fortuna política le sonreía y encadenaba mayorías absolutas, se produjo un desembarco masivo de personas procedentes de otras formaciones menores (o de individuos que buscaban una salida a su particular situación política o laboral) que hacía difícil distinguir el grano de la paja, el mero arribismo de la revisión autocrítica de la propia trayectoria. Pero probablemente la diferencia fundamental entre ambos momentos radique en la gestión que entonces se hacía desde la dirección del viejo partido y la que se hace ahora desde la del nuevo.

Quizá la clave para entender dicha diferencia se encuentre concretamente en la última parte de la frase de Alba Rico: «Creen que todo es un juego». No se trata, quede claro, de abandonarse al trazo grueso y dibujar los a veces complicados cálculos que subyacen a la actividad política de Podemos con una brocha gorda. Pero reconocer la complejidad no invalida lo anterior: hay juegos muy complejos. Aun así, evitar los reduccionismos y las simplificaciones no excluye la constatación de cuál parece ser el fin último de todo, esto es, lo que se encuentra en juego en este juego, por seguir con la idea de Alba Rico. Incluso los simpatizantes de Podemos que justificaron en su momento la presentación de la moción de censura por parte de Pablo Iglesias lo admitían, aunque suavizando la formulación: que uno de los fines que se perseguían con ese movimiento era la visibilidad.

Pero esta justificación, referida a una formación política y, sobre todo, a un líder que está permanentemente en los medios de comunicación, no resulta aceptable ni con la máxima benevolencia crítica. A no ser que para dicho líder la aparición en los medios se haya constituido en un fin en sí mismo, hipótesis que a estas alturas debería tomarse seriamente en consideración. Ahora bien, alguien que, a pesar de estar tan mal colocado en el ranking de líderes políticos (a la cola, en su momento se encontraba en reñida pugna con el mismísimo Mariano Rajoy, auténtico epítome de la impopularidad), se obsesiona con la visibilidad tiene un serio problema. Habrá que empezar a pensar que, más que ante un líder político propiamente dicho, nos encontramos ante un obseso de la visibilidad.

De ser ello cierto se trataría, desde luego, de una mala noticia para la política. Se habría desvelado, demasiado deprisa, que el lema con el que la dirección de Podemos pretendía caracterizar el nuevo rumbo de su estrategia tras Vistalegre II, el tan publicitado «Un pie en las instituciones y mil en la calle», lo que en realidad significaba era «Un pie en las instituciones y otro en los platós de televisión».

NO BASTA CON HABLAR DE CORRIDO

Pero parémonos a pensar, aunque sea por un momento, en las cualidades que supuestamente deberían adornar a un líder (o aspirante a tal). Porque no es el caso que todos accedan a una posición de liderazgo tras un concurso de méritos, sino, por lo general, de muchas otras maneras (algunos incluso de mala manera). De cualquier forma, cuando se trata de justificar con efectos retroactivos la posición alcanzada, se acostumbra a subrayar como uno de los méritos más destacados del líder su condición de buen comunicador.

No pretendo aquí desdeñar semejante condición, sino únicamente introducir un modesto matiz, y es que con esa sola no basta. Conviene recordarlo en tiempos como los actuales, en los que se diría que la capacidad de comunicar se ha convertido en el alfa y omega para algunos políticos, como si quien la poseyera tuviera ya el pleno de las cualidades que necesita cualquiera que aspirara a gobernar. Pero si bastara con ello, para Mariano Rajoy, eficaz parlamentario (old style pero eficaz), el Gobierno de la nación habría sido un camino de rosas y nunca se habría visto apeado de la presidencia. O la no menos eficaz parlamentaria Soraya Sáez de Santamaría —con ese balanceo de pistolero a punto de desenfundar que solía utilizar en las sesiones de control al Gobierno de los miércoles— habría sido, sin mayores problemas, la heredera de quien la nombró vicepresidenta.

Similar razonamiento, claro está, habría que aplicar a quienes aspiran a asaltar el poder con las solas armas de la telegenia y la facilidad de palabra, que a menudo ellos mismos confunden con el mero hablar de corrido. Es cierto que el hecho de que algunos se vieran catapultados a un notable protagonismo político merced a la eficacísima colaboración de determinadas cadenas de televisión pareció hacerlos pensar que contar con unos cuantos poderosos medios de comunicación afines era más que suficiente. Tan convencidos estaban de ello que no faltaron los que no se recataban lo más mínimo de comentar en privado que de haber podido completar sus espacios de influencia con un programa de radio que les hubiera permitido difundir sus mensajes en prime time matinal («Nos faltó un Iñaki Gabilondo», solían decir), todo les habría ido mucho mejor.

Esta manera de entender la política termina por pasar factura, y si no fuera porque esta al final la pagan los ciudadanos, resultaría cosa digna de celebrar. El fracaso de este tipo de políticos debería constituir una buena noticia para la política, si ello significara que, por encima o más allá de la mercadotecnia, se está dando respuesta a lo que nuestras sociedades reclaman de manera persistente, esto es, personas capaces de gestionar adecuada y satisfactoriamente los problemas heredados y los nuevos que no cesan de plantearse, así como, y sobre todo, de dibujar horizontes de futuro posibles y deseables hacia los que dirigirse. Lo otro, a saber, el espectáculo de ingenio y de presunta brillantez o, por decirlo con un lenguaje más al uso, la producción sistemática de zascas susceptibles de ser reproducidos a continuación en las redes sociales o en los digitales más amarillos, tal vez constituya entretenimiento para algunos (y del peor, para mi gusto), pero no es política en el sentido más propio y fuerte de la palabra.

A menudo me acuerdo de aquel veterano dirigente conservador que en la Transición le dedicaba a un entonces joven político emergente esta refinada maldad: «[X] comunica bien, pero lástima que no comunique nada». Claro que, puestos a consolarse, a veces más vale no comunicar nada que comunicar según qué propuestas disparatadas.

LA HISTORIA LA HACEN LOS TERTULIANOS

No faltaron los que, benévolos e indulgentes, pensaron que esta querencia por el protagonismo del espectáculo era un sarampión pasajero, una debilidad humana perfectamente comprensible que se iría atemperando con el paso del tiempo. A fin de cuentas, es de toda evidencia que el mundo no se divide entre almas virtuosas y personas que acumulan todos los defectos, sino que en cada uno de nosotros hay de todo en proporciones variables, así que no es descartable que cualquiera pueda entrar en razón y poner sordina a sus dimensiones más imperfectas. Pero lo cierto es que fue el paso del tiempo el que se encargó de certificar que aquella mencionada querencia constituía un rasgo estructural del secretario general de Podemos que contaminaba su manera de entender y, por tanto, hacer la política. Un rasgo, por cierto, como habrá ocasión de comentar enseguida, que comparten algunos destacados representantes de la supuesta «nueva política». Y habrá que reconocer que Pablo Iglesias está dispuesto a morir con las botas del protagonismo puestas. Y, para muestra de ello, una anécdota, pequeña pero esclarecedora.

Confieso, entre contrito y avergonzado, que cuando leí las palabras con las que el líder de la formación morada dio por terminada su intervención en la finalmente poco triunfal rentrée que le prepararon los suyos el 23 de marzo anterior a las elecciones generales de 2019 no pude evitar que se me pasara por la cabeza una pequeña maldad. Porque, según cuentan las crónicas del acto, tras proclamar a voz en grito lo que luego supimos que iba a ser el eslogan de campaña de Podemos, ese tronante y un tanto excesivo «¡La historia la escribes tú!», el cuerpo le pidió a nuestro hombre introducir una apostilla que, a buen seguro, más de uno debió de juzgar profundamente sintomática de sus genuinas preocupaciones: «… y no los tertulianos». Mi maldad, al leer la morcilla que Iglesias había introducido sobre la marcha, fue fabular que la podía haber completado añadiendo la puntualización «… como yo».

No me refiero al hecho de que Pablo Iglesias diera su particular salto a la fama ejerciendo como tertuliano primero en Intereconomía y más tarde en La Sexta, medios en los que se manejaba con notable desenvoltura y eficacia, sino a que no parece haber abandonado del todo el estilo argumentativo que allí empleaba profusa y exitosamente. Es cierto que en determinados momentos de la actividad parlamentaria (por ejemplo, en las sesiones de control al Gobierno de las mañanas de los miércoles, en las que los diputados disponen de muy poco tiempo para sus réplicas) las habilidades adquiridas en debates televisivos o radiofónicos pueden resultar de notable utilidad. Pero continuar hablando y planteando la situación en cualquier foro como si siempre se estuviera de manera permanente en un plató de televisión (manía que, por más rabia que le dé a Pablo Iglesias, comparte con Albert Rivera) solo puede terminar dando lugar a patologías discursivas.

No me refiero únicamente al hecho de que el líder de Podemos prefiera la televisión como el medio más eficaz desde el que explicar sus posiciones o intentar marcar la agenda, sino a que parece sentir un verdadero apego por ella. Pensemos en sus últimos años, donde se ha visto obligado a volcarse de lleno en la tarea absorbente de fundar y mantener un partido; para más inri, de izquierdas, lo cual acostumbra a conllevar luchas internas. Pues bien, ni siquiera en semejante trance, en una legislatura y en un momento tan convulsos, se decidió a abandonar su propio programa de televisión dedicado a entrevistas en profundidad y con enfoque ideológico-intelectual a personajes de su interés, y no siempre de su cuerda. El día tiene veinticuatro horas para todos, por lo que no queda otro remedio que pensar que Iglesias, forzosamente, hubo de hacer alguna criba, más aún cuando fue padre de gemelos primero y de una niña después (asuntos que él convirtió en públicos). De entre sus muchas ocupaciones y responsabilidades, sabemos que no renunció a la de su propio programa de televisión. Quizá sea solo una anécdota, o quizá sea algo más.

Es muy frecuente en el caso del líder de Podemos buscar el titular, aunque eso implique entrar en contradicciones o incoherencias argumentativas. Mala cosa cuando lo que prima es el zasca contundente que deje al interlocutor sin palabras para reaccionar, la frase rotunda que a la mañana siguiente será el objeto de conversación preferente en cualquiera de los múltiples magazines matutinos que ofrecen las televisiones en España. Lo que suele ocurrir en tales casos es que el razonamiento, o en general los planteamientos articulados con voluntad comprensiva, van quedando en segundo plano, hasta que se abandonan por completo y el presunto discurso queda convertido en una sucesión de consignas o frases destacadas, susceptibles de utilizarse, además de como titular periodístico, como tuit que sirva de alimento ideológico para los incondicionales. Es entonces cuando estamos autorizados a afirmar de alguien que más que ante un político en el sentido propio y fuerte estamos ante un tertuliano venido a más. Especie, por desgracia, demasiado abundante entre nosotros.

Sin la menor duda, Pablo Iglesias, que en ocasiones ha llegado a reprochar desde la tribuna del Congreso la escasez de lecturas de alguno de sus adversarios, rechazaría de plano que se le pudiera aplicar una tipificación así. Argumentaría que esta no hace justicia a su perfil, mucho más rico y complejo que el de un mero tertuliano, y probablemente apelaría a su condición de intelectual, al hecho de que durante unos años fuera profesor (interino) de Ciencias Políticas en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, a sus artículos y libros (por cierto, francamente escasos y superficiales para los exigentes estándares con los que hoy se evalúa el trabajo de los jóvenes profesores universitarios) y a alguna que otra intervención pública de carácter más bien teórico trufada de citas (algunas de ellas tan sobradamente conocidas, como algunas de Maquiavelo y Gramsci, que desprenden un inequívoco aroma a material de segunda mano).

No es este el momento de entrar a analizar con detalle el currículum de nadie, por lo que me limitaré a señalar mi sorpresa, compartida por otros diputados de diferentes formaciones políticas, ante el perfil intelectual ofrecido por el líder de Podemos durante la moción de censura en la que se postuló como candidato a la presidencia del Gobierno. La ocasión era, sin duda, propicia para hacer gala de su formación. Se trataba de llevar a cabo un análisis completo y riguroso de la situación en la que se encontraba la sociedad española y de poner sobre la mesa su alternativa de futuro. Era el momento de levantar el vuelo teórico y de presentar una argumentación de otro nivel, distinta a la que suele ofrecer en sus frecuentes intervenciones televisivas, esto es, con mayor calado científico y cierta profundidad teórica. Mostrar, en definitiva, el espesor intelectual de quien aspiraba a ser investido como presidente del Gobierno de España. Pues bien, como todo el mundo recordará, Pablo Iglesias adoptó en largos pasajes de su intervención un impostado tono profesoral…, pero de profesor de historia de España moderna, asunto sobre el que no consta que sea especialista. Ni rastro de sus supuestos conocimientos como politólogo, estos sí, tan pertinentes en aquella circunstancia.

Tras su baja paternal regresó dispuesto, según dijo, a volver a sus raíces. No sé a cuáles pretendía volver, pero no habría que descartar que fueran aquellas épocas, no tan lejanas, en las que aplicaba todas sus energías a estar visible el máximo de tiempo, precisamente como tertuliano, en las pantallas de televisión. En esta ocasión consiguió dicha visibilidad echando mano de un recurso bien poco original, pero de efecto casi garantizado (habida cuenta de la tendencia al corporativismo de buena parte de la profesión periodística): meterse con la tele para salir en la tele. Aunque añadamos que, en tiempos de las fake news y de la posverdad, no deja de llamar la atención que a Iglesias le preocupen más las opiniones adversas de algunos tertulianos que las rotundas mentiras y falsedades de ciertos telediarios, máxime en alguien cuya querencia natural debería ser el debate de ideas. En todo caso, tanta obsesión por la tele en cualquiera de sus facetas va a terminar obligándonos a pensar que para el líder de Podemos la televisión nunca fue un medio para nada, sino un auténtico fin en sí mismo.

EL ADANISMO QUE NUNCA EXISTIÓ

Ahora bien, precisamente por lo que comentábamos poco antes respecto a que el mundo no se divide entre almas virtuosas y personas que acumulan todos los defectos, valdrá la pena ampliar el foco de nuestra atención e intentar ilustrar lo que se está intentando señalar empleando como falsilla otro caso particular bien conocido. No hará falta explicitar que me cuento entre ese gran número de personas que prefieren, sin ninguna duda, que su ciudad tenga un gobierno de izquierdas y que, en la misma medida, se alegraron de la derrota de Xavier Trias en las elecciones municipales a las que concurrió como alcalde de Barcelona en 2015. Por idéntica razón, celebré que el nuevo equipo reconsiderara meses después de acceder al poder algunos de los categóricos juicios políticos que había emitido en campaña (en algún caso, simples exabruptos) y que no solo diera entrada a otras fuerzas de izquierda a las que había denostado sin matices, sino que incorporara también a personas que habían acreditado su competencia en alguno de los gobiernos socialistas que tuvo la ciudad en el pasado. Nadie imaginaba, todo hay que decirlo, que al cabo de no mucho ese mismo equipo daría por finalizada dicha colaboración, aunque a esa ruptura aludiré un poco más adelante.

Pero también creo incluirme en el numeroso grupo de aquellos que prefieren que los responsables políticos gobiernen a que se dediquen a otras tareas, legítimas pero no relacionadas directamente con el encargo que han recibido de la ciudadanía. Lo diré de una forma simple: no recuerdo a ningún otro alcalde de Barcelona que haya intervenido para opinar tanto como Ada Colau sobre cuestiones de política nacional (y en algún caso rebasando incluso ese ámbito: los refugiados, la paz mundial, el terrorismo internacional, el cambio climático, la situación de las mujeres en el tercer mundo o la de la infancia en países en guerra, el acceso al poder de líderes como Trump, Salvini o Bolsonaro…) y tan poco sobre la ciudad que gobierna. Incluso me atrevería a añadir que, en el caso de la alcaldesa de Barcelona, cuando ha intervenido ha sido más de manera reactiva, esto es, para responder a alguna crítica que empezaba a generalizarse de manera inquietante para ella (a propósito de manteros, huelgas en transportes públicos en fechas clave, seguridad ciudadana, aumento del precio de los alquileres, etcétera) más que para mostrar de una vez por todas su proyecto de ciudad, que siempre permaneció como el secreto mejor guardado (de hecho, la ciudadanía barcelonesa se familiarizó rápidamente con la palabra «moratoria» debido al frecuente uso que de ella hacían las nuevas autoridades municipales).

No faltaron, en los primeros meses de gestión del nuevo equipo de gobierno, críticas al notable adanismo político de la alcaldesa, un reproche en el fondo menor y que solía ser replicado con el argumento de que estaba corrigiendo ese inevitable defecto fruto de la novedad con un acelerado aprendizaje del papel institucional que le correspondía en esta nueva etapa de su vida política. Es cierto que el grueso de su abundante gestualidad inicial, tan superflua como exclusivamente dirigida a su propia clientela (su sobrevenido republicanismo en el callejero, por ejemplo), parecía mostrar cierta inmadurez política susceptible de subsanarse con el paso del tiempo y la experiencia. Pero no es menos cierto que la evolución del personaje muestra no tanto su acelerada capacidad de aprendizaje como una manera abiertamente instrumental de entender la política que da la sensación de haber estado presente desde siempre en Colau, lo cual echaría por tierra la hipótesis adanista.

En ese sentido, no cabe considerar anecdótica la cantidad de renuncios que ha acumulado en su todavía corta carrera política. Porque la misma persona que aseguraba no buscar protagonismo alguno en la vida pública en el momento de abandonar el liderazgo de la plataforma contra los desahucios mostraba a las pocas semanas una hasta entonces desconocida vocación municipalista. Vocación que, a su vez, dio tempranas muestras de agotamiento, ya que las declaraciones con las que un portavoz (o portavoza, no recuerdo bien) suyo rebatió los rumores de que, recién llegada a la alcaldía, tuviese ya pensado presentarse a unas elecciones a la Generalitat (tan insistentes que, según algunos, provocaron que Artur Mas se decidiera a dar su famoso paso al lado en favor de Puigdemont), y se limitó a señalar que tenía la intención de dedicarse a Barcelona «todo lo que le queda de mandato» (sic).

Inscribiéndola en este marco, quizá quede más claro hasta qué punto la coincidencia con Xavier Trias, su predecesor e ilustre representante de la más vieja política, en el modo de argumentar no era ocasional. Como se recordará, ambos declararon, tras la jornada participativa del 9-N de 2014, que, a pesar de que había otras opciones a las que prestar su apoyo y con las que de hecho se identificaban, habían votado «SÍ-SÍ», pero ello en ningún caso significaba, insistían, que se consideraran independentistas. ¿Se imaginan a un político británico declarando que iba a votar sí al Brexit, pero que no era partidario de abandonar la Unión Europea? Supongo que a la vista de que tan peregrino planteamiento no le pasaba factura política alguna, Colau decidió seguir reiterándolo cuantas veces hiciera falta.

Ha dispuesto de múltiples ocasiones de perseverar (o no) en dicha actitud, y me atrevería a afirmar que no ha decepcionado en ninguna. Pongamos un ejemplo muy parecido al anterior, el de la Diada de 2016, convocada de forma expresa a favor de la hoja de ruta independentista. Tan explícito era el sentido de la convocatoria que políticos de la coalición en la que se integraba la formación de Ada Colau como Rabell o Coscubiela anunciaron que no acudirían por sentirse excluidos. Pues bien, de nuevo la alcaldesa declaró que acudiría «para defender el autogobierno» y «a favor de Carme Forcadell», amenazada en aquel momento de inhabilitación (por dos motivos que no aparecían en ningún momento en la convocatoria). Actuando así, hacía exactamente lo mismo que había hecho dos años atrás, alineándose con los independentistas en la consulta convocada por Mas. Entonces su comportamiento fue debido, según sus propias palabras, «a la prepotencia del PP» (asunto que, obviamente, nadie había propuesto nunca someter a votación).

De ahí que crea que Josep Borrell fue muy benévolo cuando, en la manifestación celebrada en Barcelona a finales de 2017, bautizó a Ada Colau como la emperatriz de la ambigüedad, sobre todo si acordamos que ambiguo es aquel que no define claramente sus actitudes u opiniones. Yo tiendo a pensar más bien al contrario: si algo la ha caracterizado es que siempre defiende con gran énfasis, rotundidad y determinación cuanto hace y dice. Lo que ocurre es que se comporta de esta manera tanto para defender una actitud como su contraria, giro de ciento ochenta grados que lleva a cabo con enorme frecuencia. Es decir, que tal vez si hubiera que coronarla como algo sería, a mi juicio, más bien como emperatriz de la contradicción.

La lista de volantazos que ha llevado a cabo Colau sin justificación pública alguna, como si fuera capaz de estar firmemente convencida de algo y de su contrario con pocas horas de diferencia, daría para muchas páginas, lo cual es significativo en alguien que entró en política hace relativamente poco tiempo. Pero, para no remontarnos demasiado atrás y añadir ejemplos posteriores a los que acabamos de mencionar, cabría recordar su rechazo firmísimo a los bolardos en las calles de Barcelona tras los atentados de agosto de 2017 y su defensa no menos firme de estos al cabo de poco; su exigencia de explicaciones al Govern de la Generalitat por haber engañado a los catalanes con el procés («¡Cataluña se merece explicaciones!», llegó a clamar desde un programa de televisión) y su negativa en banda a dar cuenta de los términos del pacto secreto que cerró personalmente con Puigdemont cara al referéndum del 1 de octubre de ese mismo año; o su rechazo a este último porque «no era el que necesitaba el pueblo de Cataluña» y su posterior participación (aunque, eso sí, cuidándose mucho de publicitar que había votado en blanco).

En mi opinión, tanta contradicción resulta reveladora, pero no de inseguridad o duda, ni siquiera de confusión teórica y política[8], sino de otra faceta sobre la que conviene reparar. Porque cometería un grave error de análisis quien, limitándose a constatar la volatilidad de sus palabras, se conformara con la interpretación de que con Colau no hay manera de saber a qué atenerse debido a que puede decir casi cualquier cosa en cualquier momento. Esa es la apariencia, sin duda, pero no el fondo del asunto. Para entender adecuadamente el signo de sus intervenciones, para intentar esclarecer a dónde, de verdad, apuntan, hay que fijarse no en lo que dicen (lo visible), sino en lo que pretenden (lo oculto).

DEL PODER COMO UN FIN EN SÍ MISMO

Cuando uno empieza a analizar la situación desde esta perspectiva, van mostrando su sentido unas decisiones que, de otro modo, parecerían poco menos que absurdas. ¿Se puede considerar que la ruptura del pacto de gobierno con el PSC fue una buena decisión para Barcelona en vísperas de que se resolviera cuál, de entre las ciudades candidatas, era la que finalmente iba a albergar a la Agencia Europea del Medicamento? ¿Resultaba mínimamente coherente que se rompiera un pacto en el que de manera expresa se habían dejado fuera las cuestiones relacionadas con «el debate sobre el futuro político y nacional de Cataluña» y se había establecido que en todo lo que afectara a estas cuestiones «cada formación actuará y se expresará […] en coherencia con su programa político», argumentando precisamente que el PSC había apoyado la aplicación del 155? También al analizar dicha decisión la lista de inconsistencias y contradicciones que contiene podría alargarse, pero, como acabo de indicar, resultaría por completo innecesario. Quien busque algún orden de racionalidad en el ámbito de lo que se manifiesta en público estará buscando en el lugar equivocado. La razón de la ruptura se encuentra en la pretensión que la alcaldesa intentaba esconder (y que, por tanto, callaba), aunque dejaba poco margen para la duda: las elecciones del entonces inminente 21-D de 2017. Estamos, con lo cual, ante un caso de ocultación, pero no de ambigüedad. La ciudad de Barcelona fue puesta inequívocamente al servicio de los intereses particulares de Ada Colau (tan particulares son que su formación es más conocida como «el partido de Ada Colau» que por cualquier otro nombre).

Por todo ello, tal vez tendría que corregir mi afirmación anterior de que el proyecto de ciudad que pudiera tener en mente Ada Colau constituía el secreto mejor guardado. Probablemente me quedé corto con ella. Jaume Collboni, que estuvo trabajando algo más de un año en el equipo de gobierno municipal codo con codo con la alcaldesa, lo manifestó con claridad en unas declaraciones a un diario barcelonés posteriores a su etapa de colaboración: no es que el tal proyecto sea un secreto celosamente guardado por Colau, es que no dispone de proyecto alguno. Por la simple razón de que la propia alcaldía en cuanto tal siempre tuvo para ella el carácter de mera herramienta para propósitos distintos al gobierno de la ciudad o, si se prefiere decir esto mismo de otra forma, siempre constituyó una mera estación de paso hacia lo que considera más altos destinos.

Hasta tal punto se ha hecho evidente la condición que la alcaldesa le atribuía al cargo que tenemos derecho a preguntarnos, echando la vista atrás, si la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con la que tanta notoriedad pública obtuvo, también tuvo siempre para ella el mismo carácter. Alguien podrá argumentar que se trata de una atribución de intenciones sin fundamento. Pero la sospecha parece ratificarse cuando comprobamos la casi inexistente política de la vivienda que ha llevado a cabo como máxima autoridad de la ciudad; baste con recordar que prometió ofrecer cuatro mil pisos de protección oficial, y al terminar su mandato solo había acabado cerca de setecientos o, dicho de otra manera, durante su mandato se habrá construido menos vivienda asequible que durante el del convergent Xavier Trias, que ya es decir[9].

Habrá quedado claro, pues, que no se han mencionado tantas inconsistencias y contradicciones con el propósito de mostrar la celeridad con la que los protagonistas de la nueva política han hecho suyos los trucos de oficio de los viejos zorros de la política más rancia, sino por otra razón, a mi parecer de mayor importancia, recién apuntada. Como principio general, cabe afirmar que el problema no es la ambición política de nadie en particular, por más desatada que esta pueda ser (a fin de cuentas, la ambición se ha convertido en un supuesto que ya atribuimos a cualquiera que se dedique a la cosa pública), sino la forma en que se satisface, esto es, los medios que se está dispuesto a poner para lograr los objetivos. Pues bien, en la medida en que la sostenida ambigüedad que en los asuntos relacionados con el futuro de Cataluña respecto a España viene manteniendo Ada Colau (y, por extensión, la entera formación que lidera) solo se entiende en esta clave, debería constituir motivo de severa preocupación[10].

Porque de todo lo precedente podemos extraer, como poco, dos consecuencias. La primera, que la irrupción política de la figura de la exactivista, lejos de venir a constituir un elemento de equilibrio, racionalidad o sosiego en la excitada esfera pública catalana, no ha hecho sino alborotarla más, en la medida en que ha proporcionado, en los momentos clave, un balón de oxígeno inestimable a las fuerzas independentistas de las que ella misma declara en sus ratos libres encontrarse muy alejada. Porque no habría que olvidar que dichas fuerzas, la noche electoral del 27 de septiembre de 2015, declaraban que la pantalla del referéndum estaba definitivamente superada y que fue más tarde, a la vista de la insuficiencia del respaldo obtenido y de sus problemas internos, cuando determinaron que solo podrían ampliar su base social acogiéndose al banderín de enganche que Colau y los suyos les ofrecían.

La segunda consecuencia, no por presentar un carácter más general posee una menor importancia. El recurso de la interpretación libre de sus actos al que se acoge con tanta desenvoltura Ada Colau, y en el que nos detendremos en la segunda parte[11], si a algo contribuye es a debilitar el debate político, arrastrándolo hacia la insustancialidad más banal y la confusión más oscura. Porque si se puede votar (o apoyar) A cuando se piensa no-A apelando a un elemento B, C o D, todo puede ser defendido en cualquier momento sin riesgo ni compromiso algunos por parte de quien así actúe, puesto que el valor y alcance de dicho comportamiento quedará finalmente pendiente de una hermenéutica privada acomodaticia, variable de acuerdo con el cambiante interés de su protagonista.

No descarto que lo que un lector de las presentes páginas acabe reteniendo al final de estos dos epígrafes sea que, a fin de cuentas, todas y cada una de las consideraciones que aquí se han planteado resultan predicables en algún grado a muchos otros profesionales de la cosa pública, no necesariamente asociados a la nueva política. Lo que, aplicado al personaje en cuestión, equivaldría a afirmar: no hay en él sombra de adanismo, sino, más bien al contrario, la reedición de viejas actitudes. Tan viejas como el combustible de la ambición que parece alimentarlas.

En todo caso, la idea que llegados a este punto convendría retener no se refiere a nadie en particular, sino que posee un carácter general. Ya que, por paradójico o incluso extraño que a algunos les pueda parecer, cuando alcanzar el poder se convierte en un fin en sí mismo, el sentido de la política en cuanto tal se ve irremediablemente desvirtuado. Es a eso a lo que se diría que, una vez más (ahora con los ajados ropajes de lo nuevo), estamos asistiendo.

CUANDO LO MALO MARCA TENDENCIA

Y todo ello con el agravante de que determinadas conductas de los representantes públicos, lejos de constituir anomalías o excepciones vergonzosas, parecen llevar camino de convertirse poco menos que en tendencia, lo cual podemos ilustrar sin dificultad recurriendo al mismo personaje al que nos hemos referido en los últimos epígrafes.

Así, de vez en cuando, como hemos venido diciendo, Ada Colau declara que no es independentista. A continuación, se diría que para hacerse perdonar tamaño atrevimiento, se apresura a llevar a cabo ostentosos gestos para reconciliarse con el independentismo, como el de enviar cartas a algunos dirigentes europeos criticando el juicio a los líderes del procés o su propio testimonio cuando declaró en este («en el banquillo deberían estar millones de personas» o «el 1-O fue organizado por la gente, por la ciudadanía autoorganizada» fueron algunas de sus afirmaciones), por señalar algunos de los que han alcanzado más notoriedad pública en los últimos tiempos. Sin duda, ella considera todos esos movimientos pendulares como ejercicios de extraordinaria habilidad política, pero también parece claro, a la vista de los resultados que obtuvo en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 la formación política que lidera, que sus votantes no comparten esa misma valoración.

Probablemente en la esfera de la política suceda algo parecido a lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, y es que quienes más presumen de una determinada cualidad en realidad están expresando precisamente su profundo déficit de esta. Ya ocurrió en Cataluña con otro político, que alardeaba de astucia y que acabó «arrojado a la papelera de la historia» (según expresión de sus arrojadores), quedándole solo como cruel consuelo haber terminado siendo motejado por el siempre brillante y divertido Ramón de España como el Astut.

Así, atendiendo a lo que hemos tenido la oportunidad de comentar hasta aquí, aunque la forma de proceder del personaje no debería venirnos de nuevas a estas alturas, merece la pena destacar el efecto de contagio al que dan lugar comportamientos como el suyo. Por ejemplo, cuando Joan Josep Nuet, supuesto comunista y hasta hace bien poco miembro de la tripulación del barco de Colau, anunció que iba de número cuatro por Barcelona en las listas de ERC al Congreso de los Diputados el 28-A, agregó a continuación que semejante decisión no debía ser malinterpretada: al igual que su compañera de navegación, él tampoco, en contra de lo que algún mal pensado podría suponer, era independentista. Solo le faltó decir: no sé de qué se sorprenden, ¿desde cuándo hace falta ser independentista para ir en las listas de ERC, conservador para ir en las del PP, nacionalista vasco para ir en las del PNV, y así?

Deberíamos preguntarnos a continuación, y para terminar, por qué es importante lo anterior. La respuesta parece clara: y es que este perfil político indefinido ante cuestiones esenciales, siempre subordinado a consideraciones de carácter menor, recuerda a aquello que Gramsci —al que tanto gustan de citar algunos de sus aliados— afirmó en 1917 en un texto de juventud: «La indiferencia es el peso muerto de la historia». O, por expresarlo con una reflexión de Christopher Hitchens, el papel del intelectual es buscar matices en los argumentos simples, en las falsas dicotomías, pero también, a veces, consiste en todo lo contrario: en defender con claridad compromisos irrenunciables, líneas rojas trazadas a fuego ante las que es exigible que los representantes públicos manifiesten y defiendan una posición. No es lo que hemos visto con Ada Colau en todos estos años de procés.

4

QUÉ DEPRISA ENVEJECE LO NUEVO

PEQUEÑA TEORÍA DE LA BICICLETA ESTÁTICA

Tanto celebrar por anticipado el final del bipartidismo (especialmente por lo que tenía de turnismo), tanto anunciar con gozo que estaba a punto de imponerse en nuestra vida pública la regeneradora práctica de la negociación y el pacto, tanto alegrarse por la llegada de la lógica de los gobiernos de coalición («Pero ¡si los hay en toda Europa!», no cesaban de repetir) para terminar en esto, y además con la inestimable colaboración de quienes más habían oficiado de portavoces de todas esas buenas nuevas.

Pues bien, ahora resulta, por lo que se escucha por ahí, que lo importante no es negociar, sino con quién se negocia, que la presunta esencia de la propia formación (tan desvaída en casi todos los casos) es lo fundamental e incluso autoriza a hablar de líneas rojas, que el lema «programa, programa, programa» no se refiere tanto a que haya que centrar la discusión en las diversas propuestas programáticas, sino a que el programa de cada cual es de obligado cumplimiento para los demás, y así sucesivamente.

En realidad, a lo que estamos asistiendo desde hace ya demasiado es, más que a una ceremonia de la confusión, a la persistencia, por parte de la totalidad de las fuerzas políticas (incluidas las recién llegadas), de unas formas, procedimientos y pautas de conducta sobradamente conocidos. No estoy diciendo, quede claro, que el escenario no haya variado, y de manera sustancial, respecto al que existía hasta hace no mucho. Es obvio que la irrupción de nuevas formaciones políticas ha trastocado el equilibrio con que contaba desde hace décadas la democracia española. Lo que estoy diciendo es que los protagonistas, lejos de desempeñarse de acuerdo con la situación recién inaugurada, parecen actuar siguiendo patrones más conocidos, con la defensa del interés partidario en un lugar muy destacado.

Es probable que a algún lector le sorprenda que las anteriores afirmaciones no establezcan diferencias entre unos y otros (derechas e izquierdas, nuevos y viejos, de ámbito estatal y nacionalistas…) y se refieran de manera genérica a aquellos que, cada uno por su lado, tanto se empeñan en no ser confundidos con el resto. Pero lo cierto es que han sido ellos mismos los que, con su práctica diaria, más han contribuido a que la ciudadanía tienda a homogeneizarlos y a subsumirlos a todos bajo una misma consideración y un mismo rubro («los políticos»).

Voy a dejar ahora de lado el hecho, nada irrelevante, de que fue una de las fuerzas que protagonizan la situación política española actual la que adquirió notoriedad precisamente homogeneizando y subsumiendo bajo un mismo rubro (la casta, ¿recuerdan?) al resto de fuerzas, y me centraré en otros aspectos del asunto. Llaman la atención, por ejemplo, los préstamos lingüísticos que desde hace un tiempo vienen produciéndose entre formaciones de diferente signo. No se trata de categorías o conceptos que tengan detrás un sólido discurso político, histórico o filosófico, sino de meras expresiones que, por lo visto, el asesor de turno considera afortunadas o con el gancho suficiente para que su asesorado las utilice profusamente.

Es el caso, en concreto, de la noción de seducción, convertida por algunos en expresión con ínfulas teóricas. De un lado del Ebro, hay quien dice: no queremos que los catalanes se vayan, los vamos a seducir para que se queden. Y cuando uno esperaría que los aludidos, esto es, los catalanes que se quieren ir, rechazaran semejante planteamiento (a fin de cuentas, la primera acepción del verbo «seducir» según el diccionario de la RAE es «persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, frecuentemente malo», y la segunda, «atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual») y replicaran: «No quiero que me seduzca, quiero que solucione nuestros problemas», resulta que responden con afirmaciones como que están esperando que la izquierda española «aporte elementos de seducción» para la no independencia y, de esta manera, «poder contrastar ideas políticas» (sic). Porque si el hecho de que alguien (el que fuera portavoz del Govern de Artur Mas, Francesc Homs, creó escuela en su momento, pero luego tuvo seguidores aventajados) exija a su interlocutor que le seduzca en el sentido opuesto a su ideario es chocante, por no decir estrambótico, afirmar a continuación que de esta manera podrán contrastarse ideas políticas, como si seducción fuera sinónimo de debate, entra directamente en el terreno del disparate.

Se podrían hacer afirmaciones parecidas respecto a otras nociones, utilizadas indistintamente por unos y por otros, en cualquier tipo de contexto, como aquel que dice. Sería el caso de la noción de sujeto político, predicada sobre su propia ciudad por un candidato de izquierdas en unas elecciones municipales, o de la de soberanía, convertida también en el perejil de todas las salsas discursivas (como lo ilustra el ejemplo de la reivindicación de una pintoresca soberanía alimentaria, presentada en su momento por una diputada independentista en el Parlament de Catalunya).

Alguien podrá contraargumentar que se trata de coincidencias menores, sin demasiada relevancia real, que todavía no alcanzan a convertir en indistinguibles las diversas formaciones y que, por ello, no constituyen indicadores de un empobrecimiento inquietante de la vida política. En este tipo de cuestiones no es fácil señalar con exactitud el momento en el que se traspasa definitivamente un límite importante. Pero el caso es que parecemos encontrarnos ya en medio de una situación caracterizada no tanto por la irrupción de nuevos actores como por el convencimiento generalizado de que todos, antiguos y nuevos, no solo se parecen mucho (demasiado, en realidad), sino que el parecido es para mal.

Porque no debería olvidársenos que fue la persistencia en las viejas lógicas por parte de los partidos la que terminó por provocar en España en 2016 una inédita repetición de elecciones generales y dio lugar a una inestabilidad política casi insoportable. Y eso, permítanme la insistencia, en la primera ocasión en la que nuevas formaciones habían obtenido representación parlamentaria (y no menor, por cierto). Con independencia de cuánto de ello haya quedado en la memoria colectiva de este país, la verdad es que para muchos lo que dejó acreditado la clase política fue una notable incapacidad (o tal vez sea mejor decir insolvencia) para gestionar el encargo que la ciudadanía le había hecho. Como es obvio, no lo digo con satisfacción. Con toda franqueza, una decepción respecto de la política, y precisamente en unos momentos en los que tanto la necesitamos, constituiría una pésima noticia para todos.

¿TODOS SOCIALDEMÓCRATAS?

A este paso, van a tener razón todos esos opinadores de la derecha más desatadamente neoliberal que desde hace tiempo no hacen más que quejarse de que en este país todo el mundo es socialdemócrata, incluidos muchos supuestos conservadores (Montoro, por ejemplo). De acuerdo con su argumentación, nadie hay entre nosotros que cuestione la necesidad de que el Estado proporcione a todos los ciudadanos de manera gratuita una educación, una sanidad y unas pensiones dignas. Pero es que dicho consenso, se quejan estos neoliberales, lejos de contentarse con permanecer en un plano de mínimos, ha ido ampliando la exigencia de servicios públicos considerados imprescindibles, además de a la tradicional prestación por desempleo, a nuevas ayudas como la dependencia, llegando a amenazar desde hace un tiempo con incluir entre ellos a la mismísima renta básica universal (aunque sea rebautizándola como ingreso mínimo vital).

Aunque no es solo por la derecha por donde la socialdemocracia parece estar ganando adeptos. También lo hace por la izquierda, si atendemos a la reconversión de tantos excomunistas a las filas del proyecto político que antaño representaba a sus ojos la traición por excelencia a la clase obrera. Si la deriva en dirección a un reformismo más propio de la tradición de la II.ª Internacional ya era perceptible tanto en Izquierda Unida como en Iniciativa per Catalunya (en este último caso, coloreada de verde pastel en su momento), se ha hecho del todo explícita con la irrupción en el panorama político español de Podemos, fuerza que, tras un periplo por diversos modelos de sociedad, parece haber decidido recalar en las tranquilas aguas de la socialdemocracia (cuanto más nórdica, mejor).

Por supuesto que habría que plantearse, en primer lugar, si nos encontramos ante un auténtico debate teórico-político, en el que un proyecto de carácter fuertemente redistributivo estaría ganando la batalla de las ideas, imponiéndose entre amplios sectores de la ciudadanía como la forma más adecuada y justa de organizar la vida en común, o si, más bien, a lo que asistimos es a una batalla por las etiquetas. Esta última posibilidad conviene tomarse seriamente en consideración. Es un hecho constatable con facilidad que el combate político en nuestras sociedades tiene mucho de combate por las palabras. Baste con señalar la resignificación del término «progresista», hasta no hace mucho sinónimo de «izquierdista» en sentido amplio y difuso, y ahora utilizado por sectores conservadores (facción neoliberal) que prefieren escamotear su auténtico perfil autodefiniéndose como «liberal-progresistas».

Aunque lo cierto es que podría ser aún más preocupante la hipótesis de que efectivamente en nuestra sociedad los socialdemócratas convencidos constituyeran una mayoría tan abrumadora como parece. Si así fuera, podría entonces afirmarse que nos está luciendo muy poco, a la vista del rampante crecimiento de las desigualdades y el imparable desmantelamiento del Estado del bienestar que estamos padeciendo, por citar solo dos circunstancias, particularmente sangrantes, que definen la situación actual.

Sin embargo, es posible que esta aparente paradoja no encierre, en realidad, contradicción alguna. Tal vez nos haya tocado vivir un momento histórico en el que la batalla de las ideas y la batalla de la realidad han pasado a librarse en escenarios diferentes. En todo caso, esa percepción es ampliamente compartida, quizá porque, si damos un paso más, la esfera de la política y la del poder han dejado de identificarse de manera automática. De hecho, hoy son los propios responsables políticos quienes, cuando precisan de la benevolencia de los electores, suelen aludir al escaso margen de maniobra de que disponen para llevar a cabo las políticas públicas que desearían por culpa de todo tipo de limitaciones impuestas desde Europa o por los mercados.

En caso de aceptar todo lo anterior, habría que empezar a plantearse entonces si lo que de veras necesita empoderamiento —y con urgencia— no será la política misma, de forma que recupere la capacidad de transformación de lo real que antaño le atribuían los ciudadanos (especialmente aquellos que no tenían a su alcance otra herramienta que esa, como ha defendido, entre otros, Flores d’Arcais: «La legalidad es muchas veces el poder de los sin poder»). Claro que no se puede postular la necesidad de empoderamiento de la política sin dejar constatada, ahora sí, una paradoja: quién nos iba a decir que, tras tanta crítica (microfísica y macrofísica), tanto Foucault y tanto foucaultiano, íbamos a ver al poder convertido en el nuevo objeto de deseo universal.

LA IZQUIERDA SOY YO

No tengo la menor duda de que Pablo Iglesias se cree lo que ha declarado en más de una ocasión de que la diferencia entre derecha e izquierda es un juego de trileros. De la misma forma, estoy convencido de que Íñigo Errejón era sincero cuando celebraba alborozado —como si de la buena nueva teórica del siglo XXI se tratara— la propuesta categorial de los significantes vacíos.

Probablemente resulte fácil estar de acuerdo en que los rasgos que sirvieron durante largo tiempo para definir izquierda y derecha han ido variando, conforme variaba la propia sociedad (y con ello tiene que ver, de hecho, la crisis de la socialdemocracia: con sus dificultades para mantener intactos sus viejos ideales redistributivos en los nuevos escenarios), aunque siempre se hayan mantenido ciertos principios o anhelos generales, vinculados fundamentalmente con el desarrollo y cumplimiento de los principios ilustrados clásicos. En todo caso, ya no cabe confundir las dificultades actuales para la redefinición de las viejas categorías o la volatilidad de la práctica totalidad de los planteamientos políticos con una especie de relativismo absoluto.

Porque algunos parecen hablar como si careciera por completo de sentido el mero intento de fijar los contenidos de los conceptos heredados. Tal vez, evocando el título del conocido libro de Gardner, no tenga sentido hablar de izquierda y derecha en el cosmos[12]. De igual manera que quizá solo quepa considerar como una broma aquello que Franco Battiato —ese genial Borges siciliano— cantaba en su conocida canción «Vía Láctea»: «Buscamos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea». Sin duda, derecha e izquierda lo son en relación con algo, pero la cuestión es ¿en relación con qué? Pues bien, puestos a encadenar anécdotas, con frecuencia se tiene la sensación de que algunos se comportan al respecto como aquel monarca que, a la vista de la tribulación que causaba en sus súbditos no saber en qué lugar acomodarlo en una mesa redonda porque no conseguían dilucidar dónde estaba situada la cabecera, sentenció: «Señores, la presidencia está donde estoy yo».

Convendría no plantear esto como un juicio de intenciones. En el fondo, nos encontramos ante las consecuencias de haber reducido la política a un conjunto de procedimientos para alcanzar el poder, sin que quienes aspiran a él se hayan sentido en ningún momento obligados a especificar para qué lo quieren. Porque semejante reducción convierte, de manera automática, en meros instrumentos los planteamientos con los que se libra el combate político. Así, la mencionada contraposición entre derecha e izquierda no deja de ser una simple metáfora espacial, susceptible de ser reemplazada por otra, la de arriba-abajo, la de la casta o la que proceda, si resulta más efectiva.

En realidad, el lenguaje que se pueda utilizar en cada momento no es en absoluto vinculante porque, a fin de cuentas, como ha señalado alguno de los teorizadores de esta nueva política «Hay que utilizar el lenguaje del enemigo para combatir al enemigo». De esta desprejuiciada afirmación conviene destacar dos elementos. El primero, que solo se aplica a aquellos que sostienen la tesis, pero a nadie más. Si, pongamos por caso, un partido de izquierda diferente al suyo utilizara el presunto lenguaje del enemigo, aquellos lo considerarían, automáticamente y sin vacilar un instante, la prueba concluyente de una grave traición política.

El segundo elemento que importa destacar es el de los límites de la tesis. Porque, si es legítimo servirse del lenguaje del enemigo para conseguir los fines propuestos, ¿en nombre de qué no va a resultar igualmente legítimo servirse de sus categorías? No estoy planteando un experimento mental, ni forzando hasta lo inverosímil situaciones imaginarias. Todavía recuerdo uno de los debates electorales previos a la jornada electoral del 26 de junio de 2016, en el que Pablo Iglesias insistía en la necesidad de adoptar determinadas medidas económicas no por razones éticas o de justicia social, sino de eficiencia del mercado. Dejaba de impugnar, por tanto, el modelo económico y se ofrecía como el mejor garante de su correcto funcionamiento. Aquí cabría preguntarse: ¿no se parece mucho este elogio de la eficiencia (capitalista, puesto que ya no hay otra) al denostado por estos mismos jóvenes airados «gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones», defendido hace unos años precisamente por Felipe González?

Se constatará, pues, que las actitudes de Iglesias y Errejón a las que nos referíamos al empezar este apartado pueden ser consideradas perfectamente complementarias (por no decir que constituyen las dos caras de una misma moneda). Alberto Garzón, compañero de viaje de los anteriores (aunque mucho menos ducho que ellos en cabriolas teóricas), lo resumía de una forma muy sencilla: se trata de construir un discurso «que caiga bien a la gente». Los significantes que el mismo pueda contener (patria, pueblo, gente o cualquier otro que se decida incorporar) no importan, porque, en la medida en que se han caracterizado previamente como carentes de contenido fijo, resultan susceptibles de ser resignificados de la manera que convenga a tenor de las cambiantes circunstancias.

Sin embargo, el objetivo del discurso político no puede reducirse a la permanente resignificación de categorías con vistas a la elaboración de un discurso atractivo a efectos electorales o movilizadores. Si se limitara a perseguir tal propósito, alguien podría argumentar, con toda razón, que una práctica discursiva de este tenor no pasa de constituir el nuevo ropaje de la vieja y conocida táctica de jugar con las palabras. El discurso político, por el contrario, debería proponerse dar cuenta de lo real: un objetivo tan sencillo de enunciar como imposible de cumplir por parte de quienes utilizan como herramienta teórica privilegiada la logomaquia y como convencimiento práctico vertebral la tesis, tan vacía como dogmática, de que son ellos, con su propia posición, los que definen dónde está la izquierda y dónde la derecha.

ANGUITISMO AMABLE

Constataba Antonio Elorza en un artículo periodístico, publicado cuando iba por la mitad la breve legislatura que ocupó el primer semestre de 2016, que «ni Podemos ni PP han hecho la menor alusión en tres meses al que decían era su principal adversario ni a sus proyectos políticos[13]». En el caso de los primeros, a la vista está que prefirieron centrar sus ataques en otras fuerzas políticas (el fugaz paso de Pablo Iglesias por una mesa de negociación con el PSOE para tratar la posible investidura de Pedro Sánchez merece una credibilidad comparable a la de Artur Mas despachando su negociación del concierto económico con Rajoy en una tarde de septiembre de 2012) que poner los medios para desalojar al entonces todavía inquilino de la Moncloa.

Los habría que atribuyeran esta intransigencia de Podemos a motivos ideológicos. Aceptar esta interpretación, aun admitiendo lo dogmático y trasnochado de semejantes motivos, no deja en realidad de ser una manera de aceptar una versión interesada. Según ella, su actitud debería haberse leído como una cuestión de coherencia, de firmeza en la defensa de los propios principios o de rebeldía frente a quienes pretendían domesticarla. Pero lo cierto es que si algo no ha acreditado Podemos en el tiempo que lleva de vida es precisamente coherencia ideológica (variando de convocatoria electoral en convocatoria electoral el contenido de su propuesta política) o energía en defender unos principios que, si estuviéramos para bromas, diríamos, con Cayo Lara, que guardan cierto aire familiar con los grouchianos, a la vista de cómo varían, incluso en aspectos sustanciales, según las previsiones electorales que le van proporcionando las encuestas.

Un solo ejemplo bastará para ilustrar la sistemática inconcreción de sus propuestas. Invitado Íñigo Errejón durante el transcurso de una entrevista a que describiera, aunque fuera a grandes rasgos, la opción que defendía Podemos como solución al conflicto político planteado entre Cataluña y el resto de España, lo máximo que alcanzó a especificar fue un auténtico flatus vocis: «Habrá que negociar un nuevo marco de encaje territorial escuchando a la ciudadanía [sic]». Era la nueva versión, apenas actualizada en el lenguaje, de lo que hasta poco antes muchos responsables políticos de Podemos señalaban que, además del candado de la forma de Estado, existían el del modelo económico, educativo, etcétera. A continuación se añadía, indefectiblemente, que resultaba necesario abrirlos todos, y consultarlo con los ciudadanos, sin prejuzgar ni proponer nada.

El tiempo transcurrido permite valorar la utilidad práctica de esta sistemática inconcreción por parte de los líderes de Podemos (inconcreción que valoraremos con algo más de detenimiento en la conclusión). A modo de ejemplo, cabe citar el caso de la campaña a las generales del 28-A de 2019, cuando la formación morada se olvidó por completo de la metáfora de los candados y pasó a convertir la Constitución en el eje principal de su programa, así como a sus candidatos en sus más destacados y apasionados valedores. Hasta el punto de que en los debates por televisión previos a la jornada electoral Pablo Iglesias no dejaba de agitar un pequeño volumen con el texto constitucional, como si del Libro rojo de Mao se tratara, citándolo con cualquier pretexto.

Pero volvamos a lo que en este momento nos importa. Porque, frente a tantas indefiniciones y vaivenes programáticos, lo que en aquel momento, en cambio, sí dejó claro de sobra Podemos es que parecía preferir que gobernara Mariano Rajoy a que lo hiciera Pedro Sánchez. O, tal vez mejor dicho: hizo pasar por delante su expectativa de sorpasso al PSOE a que la gente, a la que tanto ha invocado siempre, dejara de padecer las políticas del PP. En este aspecto nos encontramos con una coincidencia absoluta, como ya ocurrió en otros momentos del pasado con la famosa pinza (no deja de ser llamativo constatar cómo quienes tanto denostan la Transición parecen empeñados en repetir, a veces hasta en los menores detalles, alguno de sus episodios), entre los dos partidos que representan los dos extremos del arco parlamentario.

No se trata, conviene resaltarlo, de tomas de posición meramente coyunturales, relacionadas con los escarceos tácticos que conllevaba reunir votos para una investidura, sino de una coincidencia estratégica de fondo, como señalaba entonces José Antonio Zarzalejos. Valdrá la pena recordar sus palabras, que a pesar del tiempo transcurrido mantienen toda su validez: «Podemos quiere triturar al PSOE —sustituyéndolo en la izquierda y reduciéndolo a la mínima expresión— y el PP también, porque prefiere un adversario radical como es el partido de Iglesias antes que a una formación socialdemócrata[14]». En efecto, muy probablemente la fantasía del PP, antes de que Ciudadanos pasara de aliado suyo a su más directo rival, era que Podemos (y, por ende, Pablo Iglesias) viniera a resultar algo así como el equivalente a lo que fue Alianza Popular (y, por lo tanto, Fraga) para el PSOE (y, en su caso, Felipe González): la garantía de que nunca alcanzarán una mayoría alternativa y, por añadidura, siempre cumplirán, con su radicalidad, la función de cohesionar a los conservadores.

Por supuesto que el planteamiento de Podemos era, una vez sobrepasado el PSOE, mostrarse más amable, con menos aristas, y así ensanchar su base electoral, de modo que no resultara inverosímil el objetivo de alcanzar el poder. De hecho, tanto Monedero como Errejón llevaban tiempo insistiendo en la idea de la imagen de amabilidad que necesitaba su formación. Se trataría, desde una perspectiva política, de ir atrayendo al electorado más moderado, ese que había sido capaz de votar socialista en diversos momentos del pasado, ahuyentándole el temor a que su posible cambio de voto hacia Podemos fuera a avalar políticas radicales o alocadas. Probablemente esa constituiría la clave bajo la que se comprenda mejor la línea argumentativa en la que insistió Pablo Iglesias durante un tiempo. Cada vez que se le reprochaba que alguna de sus propuestas podía sonar antisistema o desestabilizadora, replicaba que en realidad ya hacía un tiempo que la había presentado el propio PSOE (esto lo utilizaba para justificar desde algunas de sus iniciativas económicas hasta el referèndum en Cataluña). El argumento era de doble uso: por un lado, servía para que una parte del electorado socialista pudiera ver en Podemos la reencarnación, actualizada, de los ideales abandonados por su antiguo partido y, por otro, permitía a la formación morada hurgar en la herida de las presuntas contradicciones de los herederos de Felipe González.

Probablemente era un argumento diseñado, como tantos otros, para televisión. O que incluso podría haber tenido cierta eficacia en uno de esos debates parlamentarios típicos de la vieja política, basados exclusivamente en el argumento del «y tú más». Pero si se trataba de proporcionar a la ciudadanía las claves para entender lo que estaba pasando, así como los instrumentos críticos para que pudiera elegir, de entre las opciones que se le ofrecían, la que mejor representaba sus intereses y preferencias, ya no era de recibo andar jugueteando con las palabras ni retorciendo los argumentos. Y esa clarificación pasaba por resolverles a los ciudadanos una duda que muy probablemente les asaltaba: cuando los socialistas presentaban las propuestas que después Podemos hacía suyas, ¿qué defendía esta fuerza política (o, en su defecto, sus precursores, o sus padres políticos, de los que se reclama hasta la emoción)? Porque si entonces no se sumaba a las propuestas que con posterioridad había decidido asumir como propias con tanto empeño (¿alguien recuerda lo que decía Podemos, por ejemplo, cuando Pere Navarro, entonces primer secretario del PSC, defendía un referèndum legal y acordado?: seguro que no, porque aquellos días el partido de Pablo Iglesias prefería mantener un espeso y calculado silencio respecto a dicho asunto[15]), tal vez debería, antes que nada y en vez de estar tan pendiente del adversario a batir en la izquierda, explicar sus propias mudanzas para que la ciudadanía supiera a qué atenerse y pudiera decidir, con conocimiento de causa, acerca de la veracidad de unos y de otros. Si es que eso de la regeneración política le importa a Podemos tanto como dice, claro.

Alguien podría objetar que todo lo anterior corresponde a un momento en cierto modo superado por la exitosa moción de censura presentada por Pedro Sánchez en mayo de 2018, y podría parecer que la objeción es correcta. Pero, aunque volveremos sobre esto más adelante, convendría tener en cuenta hasta qué punto fue el desgaste provocado precisamente por todo lo que acabamos de comentar, más que la autocrítica por los errores cometidos, uno de los factores determinantes en los posteriores cambios de actitud de Podemos respecto al PSOE.

DERECHO A CAMBIAR DE OPINIÓN (EXPLICACIÓN MEDIANTE, CLARO)

Una cosa conviene aclarar, pues, antes de dar por finalizado este capítulo. Me habría explicado muy mal si hubiera dado a entender que las posiciones adoptadas y las decisiones tomadas por los dirigentes de Podemos en los primeros compases de su andadura política constituyen una especie de pesadísimo lastre que les impide cualquier reconsideración o autocrítica. Por supuesto que no se trata de eso. No es solo que los políticos, como cualquier otra persona, tengan derecho a cambiar de opinión si las nuevas circunstancias los llevan al convencimiento de que las ideas que manejaban hasta ese momento han dejado de resultar útiles para explicar el mundo: es que tienen la obligación, política y moral, de llevar a cabo tal mudanza. Ya sabemos que, por desgracia, la actitud contraria es la más frecuente, pero no por ello la ciudadanía debería aceptarlo resignadamente. El sostenella y no enmendalla, por más que constituya casi el paradigma de la actitud dogmática, debería ser visto por los ciudadanos como uno de los mayores peligros que le pueden sobrevenir desde la esfera política. Quien afirma, henchido de orgullo, que sigue pensando lo mismo que pensaba hace décadas está afirmando simultáneamente que no está dispuesto a que la realidad le arruine lo que tiene por un convencimiento satisfactorio. Con la brillantez que le es propia, Fernando Savater lo señalaba hace un tiempo, cuando le preguntaron si continuaba manteniendo las mismas ideas que en su juventud: «Si así fuera, ¿de qué me habrían servido todos los libros que he leído durante todos estos años?».

Ahora bien, quedarse en esta constatación —prácticamente de mínimos— no es suficiente. Si no fuéramos más allá, no estaríamos añadiendo gran cosa al tópico de que la rectificación es cosa de sabios, tópico que, dicho sea de paso, está lejos de ser una evidencia. Porque también el que cae en algún error al modificar sus opiniones precedentes está rectificando… aunque para mal. O, un caso análogo, quien, inconsistente y dubitativo, es incapaz de sostener una posición de manera firme y la hace variar a la menor influencia, por ligera que sea, no podría ser considerado precisamente un modelo de sabio. Y qué decir, en fin, por no hacer muy larga la relación de contraejemplos, de quien abandona determinados planteamientos y abraza otros por motivos en nada relacionados con la calidad explicativa de ambos, sino tan solo por intereses prácticos, ¿también hemos de valorar su evolución como una muestra de sabiduría? En suma, dar por descontado que todo cambio de ideas implica de manera automática y sin más una mejora no se sostiene desde un punto de vista lógico.

De ahí que a la exigencia, que se le debe plantear a cualquier persona, de cambiar de ideas si ha dejado de ver claras aquellas que antes mantenía, se le deba sumar otra complementaria, y es la de dar cuenta de las razones que le han llevado a dicho cambio. Como es natural, la exigencia es tanto mayor cuanto más importantes fueran en el esquema global de su pensamiento las ideas ahora abandonadas, de la misma manera que la exigencia pasa a ser poco menos que ineludible cuando de un personaje público se trata. Concretamente de ese tipo de personaje público cuya notoriedad se debe a las ideas que defiende. Incluso podríamos dar una vuelta de tuerca más al planteamiento y añadir que si un político ha destacado por su implacable reclamación a los demás de coherencia en sus planteamientos, él mismo no puede pretender quedar exento de idéntico rigor en el cumplimiento de la obligación de dar cuenta de sus nuevas derivas.

Esta exigencia nos permite recuperar el hilo conductor de lo que veníamos planteando. Hace algunos meses, acaso barruntando la que se avecinaba, Pablo Iglesias sorprendía a su propia parroquia con una supuesta autocrítica, enunciada en términos ciertamente curiosos. Manifestó entonces, como el que se apea de un vehículo ajeno, que «ya no compartía» las opiniones que en el pasado había mantenido, incluso con pasión, sobre el régimen bolivariano imperante en Venezuela. Idéntica formulación («Ya no comparto») utilizó con posterioridad Íñigo Errejón en una entrevista periodística en El País del 27 de enero de 2019 para expresar el mismo distanciamiento al respecto, en este último caso con el agravante de que apenas tres meses atrás había defendido en un programa de radio las bondades de la vida en aquel país. A personas que alardean de su formación intelectual y de un insobornable espíritu crítico parece razonable pedirles que respondan a un par de sencillas preguntas a este respecto: ¿cómo han podido tardar tanto en caer en la cuenta de que el régimen de Maduro era un desastre?, ¿hasta que la inflación no ha llegado al millón por ciento anual, se han colapsado todos los servicios públicos y la hambruna y el desabastecimiento de productos básicos han pasado de ser amenazas a dolorosas realidades que castigan cruelmente a la población no han encontrado motivos para censurar a aquel Gobierno?

Dado que la rectificación de los dos líderes de Podemos no vino acompañada de la menor explicación sobre tan brusco cambio de opinión acerca de un asunto que no solo les proporcionó una considerable notoriedad pública en sus inicios, sino que parecía constituir un elemento central en los planteamientos políticos fundacionales de su formación, una sospecha se abre paso, inexorable, en medio de la presente reflexión: ¿no será que tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón han caído en la cuenta de que lo peor de la ruina del país caribeño es que en algún momento los ciudadanos españoles podrían llegar a preguntarse si ambos políticos contribuyeron con sus consejos como asesores, y a la escala que corresponda, a que dicha ruina se produjera?

La sospecha tiene como desembocadura otra interrogación, tal vez más desazonante aún para los antaño admiradores de Hugo Chávez: ¿no sería razonable que, como consecuencia de lo anterior, los ciudadanos vieran con genuina preocupación la posibilidad de que personas con tales antecedentes pudieran asumir tareas de gobierno entre nosotros? No parecen sospechas del todo infundadas a la vista de la forma en la que los dos líderes se distancian ahora de lo que antes tanto celebraban, como si no quisieran quedar salpicados por su propio pasado: «Yo no quiero eso para mi país». En todo caso, cabe plantearse si basta con una frase así, tan tajante como vacía de contenido, y con el apresurado borrado de los viejos tuits, para dar por zanjado su firme compromiso político-intelectual con el régimen chavista, al que, todavía en la misma década, Iglesias y Errejón consideraban un envidiable modelo digno de exportarse a Europa.

Unas gotas de ironía para finalizar. Es de suponer que el cambio de convicciones al respecto de Venezuela traerá aparejado consigo un cambio en la gestualidad no solo de los líderes de Podemos, sino también de todo su grupo parlamentario. Lo señalo porque, como aquel que dice, hasta hace un rato, cada vez que en el hemiciclo del Congreso los diputados conservadores de diverso signo mencionaban el nombre de Venezuela, la bancada morada, sin distinción alguna entre la facción pablista y la errejonista, estallaba en sonoras risotadas, cuando no en aplausos burlones, al tiempo que tanto el secretario general de la formación como el que fuera su segundo dibujaban en sus rostros unas displicentes sonrisas de desdén. Es de suponer que ahora, cuando se produzca esa misma alusión, los que ayer se carcajeaban romperán, compungidos, en sollozos mientras que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón (este último ya desde su nueva ubicación en otro grupo parlamentario) compondrán la más dolorida expresión de arrepentimiento. Qué menos en quienes llevan a cabo una sincera autocrítica.

5

LAS COSAS NO FUERON COMO

ESTABA PREVISTO

EL FRACASO DE LOS CONSPIRANOICOS

Se comprende el poderoso atractivo que presentan las teorías conspirativas de la historia: ofrecen siempre una explicación a cuanto ocurre, sea esto lo que sea, por extraño, sorprendente o insólito que pueda parecer. La razón de tan desmesurada eficacia explicativa es bien simple: tales explicaciones en realidad nunca explican nada. Al conspiranoico todo, absolutamente todo, le da la razón por dos motivos muy simples: porque echa cuentas a partir de lo que ha terminado ocurriendo, o bien porque lo atribuye todo a un oscuro interés, aún ignoto, que terminará explicándolo todo. Una tercera variante, pensada para resultados dudosos, es la que señala lo obtenido como el auténtico objetivo buscado en el fondo, y lo perdido como objetivos desechables que en realidad nunca interesaron a esa fantasmagórica mano negra que todo lo rige desde las sombras.

Pongamos a prueba estas afirmaciones aplicándolas al resultado de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez en mayo de 2018, resultado que debería haber hecho saltar por los aires los juicios que algunos llevaban tiempo repitiendo. Porque no parece que terminara dando la razón a quienes andaban pontificando que el todopoderoso IBEX 35 tenía un candidato propio a la presidencia del Gobierno de España, sobre todo a la vista del duro revolcón sufrido por este. Lo lógico hubiera sido inferir del resultado de dicha moción o bien que el tal IBEX nunca tuvo en sentido propio y fuerte un candidato, o bien que la fantasmagórica condición de todopoderoso atribuida a ese grupo de empresas constituía una manifiesta exageración. Sin embargo, nuestros conspiranoicos prefirieron no pronunciarse al respecto, a pesar de la ostentosa refutación de sus tesis.

De manera análoga, habría sido de agradecer que quienes llevaban una larga temporada negando la existencia de la separación de poderes en nuestro país, sin desfallecer ni por un instante en la denuncia de que el poder judicial era una simple marioneta en manos del ejecutivo, explicaran en público cómo pudo suceder que tan dócil instrumento propiciara, con sus durísimas sentencias sobre la corrupción del anterior Gobierno, la caída de quien se supone que lo controlaba todo desde las sombras.

En esta misma línea de ejemplos, podríamos aludir a la crítica contra las instituciones representativas y su marco constitucional, con tanta frecuencia denostadas por obsoletas, cuando no directamente inútiles para representar y vehicular los anhelos de la ciudadanía, por el hecho de estar parasitadas por los más oscuros intereses, pero que a pesar de ello y con ocasión de la moción de censura se revelaron extremadamente eficaces, cumpliendo la función para la que fueron diseñadas y posibilitando que se desatascara una situación política insostenible. Tampoco en este caso hubo el más mínimo reconocimiento autocrítico por parte de sus acusadores.

La relación de ejemplos se podría ampliar sin mayor esfuerzo, pero, fuera cual fuera el caso elegido y el número de ellos, serviría para ilustrar la generalización de un modo de argumentar cuya característica fundamental es la de rehuir la confrontación con los datos o, si se prefiere, la interesada referencia a estos únicamente con el objeto de ratificar convencimientos previos. Ahora bien, se reparará en que, en el fondo, la presunta capacidad omniexplicativa y la ausencia de confrontación constituyen dos caras de una misma moneda, o mejor, cumplen una sola función, en cierto modo similar a la que cumplía aquella vieja recomendación periodística, la célebre máxima «No dejes que la realidad te arruine un buen titular», que, en este caso, se podría reformular en unos términos parecidos a estos: «No dejes que la realidad arruine tus presuntas explicaciones». Para los conspiranoicos se trata, en definitiva, de quedar eximidos de toda responsabilidad y de poder atribuir a oscuras fuerzas que incumplen las reglas de juego establecidas, en lugar de a los propios errores o a los aciertos ajenos, la causa de todos sus males.

De los aciertos de unos, sobre todo en lo tocante a aprovechar la ventana de oportunidad que la sentencia del caso Gürtel abrió inopinadamente, ya se ha escrito mucho y, en todo caso, a la vista del éxito obtenido, no hay más lecciones que aprender que la de perseverar en la senda emprendida. Pero de los errores —de lo que de verdad se aprende, según ese reputado triunfador que es Bill Gates— se ha hablado menos, cuando es sobre aquello que más deberían reflexionar el resto de fuerzas políticas, en lugar de permanecer encerradas en sus teorías conspiratorias, lamiéndose las heridas.

Porque parece claro, en primer lugar, que el Partido Popular erró en sus planteamientos. Respecto a ellos, lo más benévolo que cabe decir de su discurso es que cayó víctima de su propia trampa. Tanto tiempo transfiriendo a la justicia las responsabilidades que como partido le correspondían, como si aquella fuera la única y última instancia disponible, acabó por dejarles sin argumentos creíbles ante la opinión pública cuando por fin los jueces empezaron a dejar oír su voz.

Por lo que respecta a la otra gran fuerza política derrotada en la moción, también a Ciudadanos le convendría reflexionar, por una parte, sobre esa peculiar disonancia cognitiva que le hacía vivir en las encuestas en vez de en la realidad, como si la promesa que estas le hacían de ser primera fuerza política en un futuro inmediato fuera ya efectivo valor de cambio. Pero, por otra parte, tal vez también debería pensar en el contenido y en la forma del discurso que solía plantear su anterior líder, con una preocupante tendencia a expresarse en el mismo registro fuese cual fuese el foro en el que intervenía. Rivera hablaba como si estuviera en un programa de televisión tanto en una reunión de empresarios o en un encuentro con sindicalistas, como en el Parlamento de la nación en una ocasión tan solemne como es una moción de censura.

Podemos, en cambio, según su propia dirigencia, no se equivocó en nada, por lo que es probable que piense que no tiene lección alguna que extraer de lo sucedido. Tanto es así que, al finalizar la sesión parlamentaria, los diputados de la formación, junto con alguno de sus ilustres invitados en la tribuna, se lanzaron a corear unánimemente el eslogan «sí se puede», como si hubiera sido Pablo Iglesias quien hubiera ganado la moción de censura (en vez de corear «sí que pueden», lo que acaso hubiera resultado algo más razonable). Su líder, acostumbrado según propio testimonio a cabalgar las contradicciones (de todo tipo, inmobiliarias incluidas, por lo que se supo en aquellas mismas semanas), andaba eufórico, a pesar de haber acusado poco rato antes al candidato de no dar la talla y de dejarse humillar por Rajoy. Ciertamente, no dejaba de ser chocante que quien un año antes había sido derrotado en su moción de censura diera ahora consejos a quien estaba a punto de resultar victorioso.

Aunque, tal vez, para explicar el comportamiento de esta fuerza política que ha recurrido con profusión a las teorías de la conspiración valga la pena introducir un último elemento complementario. Quizá, ya que parece haberse generalizado entre los analistas políticos la expresión «egoísmo de partido», valdría la pena introducir la expresión, en cierto modo análoga, «egocentrismo de partido». De existir este otro egoísmo, su autorreferencialidad nos proporcionaría la clave para terminar de comprender la deriva errática de quienes, tras celebrar como propia la victoria ajena, a continuación amenazan con un calvario al vencedor si no se atiene a lo que le vayan reclamando.

FRANCO Y «CINE DE BARRIO»

Pero no abandonemos el plano de los argumentos de carácter más general, en el que conviene inscribir las consideraciones anteriores, a efectos de no deslizarse hacia ninguna forma de argumentación ad hominem. En ese plano, tal vez un buen indicador del estado de la cultura política en nuestro país lo constituya el hecho de que, de manera recurrente, el franquismo se convierta en el eje de la política española, con la consecuencia habitual de que el reproche de franquista se utiliza de forma generalizada como arma arrojadiza para la descalificación del adversario político.

Por lo pronto, habría que decir que la generalización del reproche se encuentra en sintonía con una actitud que ha estado presente en exceso en cierta izquierda española desde hace demasiado tiempo, actitud que, a mi juicio, solo se puede valorar como expresión del déficit de cultura política de nuestra sociedad. En efecto, andar situando por menos de nada al adversario en la extrema derecha y, por tanto, en la misma zona ideológico-política que el franquismo se ha convertido casi en deporte nacional cuando dicho adversario no milite en las filas de la supuesta ortodoxia izquierdista.

Hasta tal punto es así que probablemente a muchos una determinada situación les resultará familiar: cuando alguien no muy versado en cuestiones politológicas nos pregunta por la posición ideológica de un tercero, si uno trata de puntualizarla describiendo a este último con etiquetas como «liberal-conservador», «centro-derecha», «monárquico ilustrado» o cualquier otra que intente evitar el trazo grueso, no resulta raro que nuestro interlocutor nos conmine a no andarnos por las ramas y nos resuma nuestra descripción con sus propias palabras, procediendo a la síntesis de ordenanza: «o sea, facha».

Quienes en estos tiempos con tanto entusiasmo corean en sus mítines las canciones de Paco Ibáñez como si hicieran referencia a nuestra realidad más inmediata, o como si prácticamente nada hubiera cambiado desde que las empezaron a cantar, a voz en grito, los jóvenes estudiantes de las postrimerías del franquismo, harían bien en recordar que algunos de los versos más celebrados del fervoroso poema de Gabriel Celaya «España en marcha» lanzaban proclamas tales como «No vivimos del pasado, / ni damos cuerda al recuerdo» o «¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos».

Tales versos expresaban una actitud que no era solo emotiva, sino también política. A este respecto, un par de datos resultan de inexcusable evocación: la que entonces se denominó política de Reconciliación Nacional fue propuesta por el PCE nada menos que en 1956, del mismo modo que un lugar común del conflicto generacional que se manifestaba desde los años sesenta era precisamente el reproche, dirigido por los en aquel momento jóvenes a sus mayores, de no ser capaces de dejar atrás el recuerdo de la Guerra Civil. Las vueltas que da la vida: mientras que la característica más destacada de los entonces fachas (que sí lo eran de verdad, por cierto) la constituía su incapacidad para superar el marco mental guerracivilista, hoy los que más empeñados parecen en repetir en el terreno de lo simbólico batallas ya libradas son los hijos de quienes se esforzaron por la reconciliación de los antiguos combatientes de ambos bandos. O, por formular apenas con otras palabras la misma paradoja: en nuestros días son algunos de los nuevos los que más hablan de lo viejo.

¿Será que cierta izquierda, ayuna de planes cohesionadores propios y capaces de proyectar con ilusión hacia el futuro a amplios sectores de la ciudadanía, necesita villanos de manual, de una sola pieza, sin fisuras de bondad, para poder seguir jugando al antagonismo rotundo, maniqueo, inequívoco? Tanto da a estos efectos que la contraposición sea entre populacho y casta, pueblo y élites, demócratas y franquistas, o cualquier otra: de lo que se trata, por lo visto, es de encontrar un elemento cohesionador exterior que, por añadidura, proporcione una identidad colectiva por encima de toda sospecha o reproche. La paradoja de que en un país en el que no hay un partido franquista (y de que, cuando lo ha habido, ha obtenido muy magros resultados electorales) alguna izquierda sea capaz de encontrar tantísimos franquistas por todas partes probablemente se explique desde ese proceder.

¿Qué se ha hecho, por cierto, del elogio histórico que le hacía la izquierda a Manuel Fraga por haber conseguido incorporar al juego de la democracia a los restos del franquismo? ¿Ha caducado? ¿O es que, en realidad, visto con efectos retroactivos, era un elogio farisaico? ¿O tal vez la nueva hipótesis de alguno de nuestros nuevos progres sea que los conservadores actuales están a la derecha de aquel ilustre ministro de Información y Turismo de la época de Franco? Pensémoslo bien: está durando más este periodo democrático que lo que duró el franquismo por entero y, sin embargo, seguimos hablando de este último como si fuera cosa de ayer mismo, como si todavía estuviéramos viviendo bajo su onda expansiva.

Pero Franco queda lejos (ha emprendido el camino del medio siglo). El mundo que representaba el franquismo resulta tan ajeno a nuestra realidad presente como el de un «Cine de barrio». Por supuesto que lo que se pudiera haber hecho mal o dejado de hacer en la Transición (que a fin de cuentas lo que pretendía era superar, cerrándolas, las heridas del franquismo) debe ser reparado (y aquí el ejemplo de la necesaria actuación en el Valle de los Caídos podría resultar pertinente, con independencia de los errores técnico-políticos con los que se ha gestionado el asunto). Pero no creo que sea eso lo que está en juego en este momento, o al menos lo que algunos han decidido colocar en el centro del debate político actual, porque la impugnación de la Transición en términos de derrota que debe ser revertida implica a su vez la impugnación del criterio político de fondo que la inspiraba.

Porque la situación, en última instancia, se podría resumir en términos de una disyuntiva, la de si nuestra acción colectiva debe estar guiada por el principio de la convivencia (y, por lo tanto, la reconciliación) o por el de la confrontación y el enfrentamiento. La Transición, con sus luces y sus sombras, apostó por lo primero. Sin duda otros hoy, en España (y ya no digamos en Cataluña particularmente), han decidido apostar con insistencia por lo segundo. Solo se me ocurre un comentario para finalizar: así nos fue y así nos va.

IRRUMPE VOX

Ya que hemos hablado de Franco, una referencia a la recién estrenada fuerza política que más abiertamente parece asumir su legado resulta poco menos que inevitable. Presentaba hace un tiempo José Antonio Zarzalejos una completa radiografía ideológico-política de Vox, señalando sus orígenes y llamando la atención sobre su sustrato de convicciones más profundas[16]. Un sustrato que no tiene que ver con la simplificación descalificadora que ha presentado cierto sector de la izquierda española (con el independentismo catalán como segunda voz) sacando en procesión el fantasma de Franco o incluso el propio fascismo, sino con un pensamiento conservador de honda raigambre en este país, en el que la impronta del catolicismo más ultramontano se articula sin dificultad con registros autoritarios más propios de los actuales defensores de la democracia iliberal que del franquismo propiamente dicho.

Hasta el momento no da la sensación, desde luego, de que la izquierda esté dispuesta a plantearse los motivos del éxito de estos últimos recién llegados. Motivos que, a mi juicio, no pasan tanto por el atractivo de sus propuestas programáticas, cuyo sustrato ideológico acaba de señalarse, como por el acierto a la hora de detectar esas cuestiones sensibles que tanto preocupan de una manera u otra a la ciudadanía y respecto de las cuales un amplio sector de esa misma ciudadanía parece tener la sensación de que las fuerzas políticas clásicas no solo no ofrecen una respuesta satisfactoria, sino que en muchos casos son ellas mismas las causantes. Las cuestiones sensibles en cuya denuncia se ha venido centrando Vox, sobre todo en la campaña electoral andaluza, son en esencia tres: la perspectiva de género, el independentismo catalán y la inmigración. Son, de forma paradójica en cierto sentido, las que sus adversarios políticos de la izquierda consideraban que constituyen sus puntos débiles y sobre las que no han hecho otra cosa que llamar la atención, en el convencimiento de que con ello desenmascaraban el fondo oscuro de las propuestas del nuevo partido.

Ahora bien, el hecho de que el resultado de tan insistente denuncia esté siendo ni más ni menos que el opuesto al buscado, con un éxito que literalmente ha sorprendido a la propia empresa, debería mover a alguna reflexión. Si la izquierda le está haciendo las campañas a Vox no ha sido porque haya hablado de esta fuerza política más de lo debido, sino porque en el fondo —y es obvio que sin pretenderlo— la ha eximido de la tarea de tener que argumentar sus propuestas. Craso error. El empeño por parte de cierta izquierda en negar la condición de problema a lo que mucha gente vive como tal implica olvidar ese principio fundamental de la política que tanto gusta de recordar Iñaki Gabilondo, y es que la percepción de la realidad forma, de hecho, parte de la realidad.

Así, está claro que no son pocas las personas que tienen la sensación de que, con demasiada frecuencia y en lo relativo a las cuestiones de género, las incontestables injusticias que padecieron las mujeres en el pasado están legitimando arbitrariedades en el presente, cuando no injusticias de signo inverso. De la misma manera que, llevada la cuestión al terreno de los sentimientos, los hay —y por lo visto, bastantes— que se sienten ofendidos cuando sus sentimientos de pertenencia, tan respetables los de unos como los de otros, son objeto de constante ataque y caricatura (por franquistas, subdesarrollados o cualquier otro menosprecio análogo). Parecidas afirmaciones cabría hacer de quienes, en tiempos de incertidumbre y miedo generalizado a casi todo, acentuados ambos por la crisis, viven con inquietud la llegada de contingentes (en algún caso masivos) de personas extranjeras que, piensan ellos, ponen en peligro su delicada situación actual y el reparto equitativo de las conquistas sociales alcanzadas con tanto esfuerzo.

Se podrá contraargumentar que son percepciones distorsionadas o exageradas, pero en ningún caso se podrá decir que resultan incomprensibles o absurdas. De ahí precisamente que, fuera de nuestras fronteras, hayan podido ser instrumentalizadas con tanta facilidad por personajes como Trump, Bolsonaro, Salvini y compañía. Porque es con ellos, y no con Franco, con los que deberíamos homologar a esas fuerzas políticas recién llegadas al teatro de la política. Y si pensamos en el primero de los mencionados, valdría la pena señalar el paralelismo con lo que ha pasado entre nosotros. También aquí parecía que personajes presentados en el espacio público poco menos que como fanáticos machos salvapatrias apenas obtendrían una simbólica, aunque levemente inquietante, representación política en las instituciones. Y también entre nosotros, al igual que en su momento ocurrió con Trump, la opinión pública y la publicada han seguido caminos divergentes.

Pero no abandonemos todavía el paralelismo. Porque, tras la conmoción que significó para los votantes demócratas la derrota de Hillary Clinton, hay que reconocer que los sectores progresistas norteamericanos emprendieron una tarea de reflexión autocrítica para intentar explicarse y explicar lo ocurrido. Tal vez buena parte de los argumentos que entonces se barajaron (como el de cierto elitismo intelectual de un determinado sector de la izquierda) podrían trasladarse a nuestra situación actual.

En todo caso, una primera constatación resulta ineludible. La cuestión va más allá del hecho de que, como señalábamos hace un momento, buena parte de los votantes parecen estar teniendo la sensación (muy probablemente sin entrar siquiera en el detalle de concretas propuestas programáticas) de que Vox ponía sobre el tapete cuestiones que les preocupaban en vez de descalificarlos como sospechosos por tener tal preocupación, lo cual tienden a hacer otras formaciones. Lo cierto es que, como los resultados de las últimas convocatorias electorales se han encargado de certificar, la izquierda no ha hecho los deberes que le correspondían si realmente pretendía neutralizar a los emergentes.

A este respecto, se diría que al menos una parte de esa izquierda ha estado más preocupada por reforzar a los suyos que por atraer a los otros, por cohesionar a sus bases más que por ampliarlas. Parece estar convencida de que la mayoría es una suma de minorías, y a estas últimas se dirige en exclusiva, como hizo Pablo Iglesias cuando Vox cosechó su primer éxito, en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. En su comparecencia tras conocerse el escrutinio, el líder de Podemos se dedicó a enumerar la relación de grupos y sectores que se verían afectados por la llegada de Vox a las instituciones andaluzas (movimiento feminista, plataforma de afectados por la hipoteca, colectivos LGTBI…). Como si los problemas de los ciudadanos con determinadas opiniones fueran más apremiantes que los de otros con opiniones distintas. Como si hubiera problemas de un signo político o de otro. Pero los problemas, cuando son auténticos, no son de derechas ni de izquierdas; lo que es de derechas o de izquierdas son las soluciones. Es por haber manejado con artera habilidad esta diferencia por lo que Vox ha conseguido irrumpir de manera espectacular en el panorama político español. Ahondemos un poco más en este asunto.

¡ALERTA ANTIFASCISTA! ¿ALERTA ANTIFASCISTA?

A bote pronto, uno diría que lo peor de Donald Trump es que hace buena cualquier opción que no sea él. Lo mejor, como contrapartida, es que convierte en malo todo cuanto se le acerca. Me explico. Empezando por lo último, parece claro que ser incluido en esa lista de políticos que en estos momentos viene encabezada por el nombre del presidente de Estados Unidos (ya saben: «Trump, Salvini, Bolsonaro, Le Pen, Orban…») descalifica por completo, a los ojos de un amplio sector de la ciudadanía, a la fuerza política a la que el incluido pertenezca. Por poner el ejemplo del que veníamos hablando, probablemente Vox vio interrumpido su fulgurante ascenso en las encuestas en el momento en el que, en la campaña de las generales del 28-A de 2019, empezó a hacer propuestas que calcaban mecánicamente las del actual inquilino de la Casa Blanca, como la de la legalización del uso de las armas o la del muro en Ceuta y Melilla (pagado por Marruecos, para que no falte ningún detalle en la copia).

Pero, decíamos, la mera alusión crítica a Trump también tiene el efecto —sobre el que me gustaría centrarme en el presente epígrafe— de poner a salvo de toda sospecha a quien la haga, como si bastara con el menor reproche al mandatario norteamericano para que el que lo formula pasara a ser considerado uno de los nuestros. Con el preocupante remate tautológico de que ese «los nuestros» designa a todos los que no son Trump, sin que haya ningún otro denominador común. En ese sentido, la figura de este cumpliría la función, tan del gusto de algunos en su momento, de significante vacío, susceptible de ser rellenado con casi cualquier contenido. Repárese, al respecto, en que buena parte de los discursos de cierta izquierda ha pasado a endosar al presidente estadounidense todos los males e injusticias que hasta hace poco endosaba, genéricamente, al neoliberalismo.

Ahora, en efecto, Trump (o, en su versión local, Vox) ha devenido en el nuevo referente aglutinador de la izquierda, como si fuera culpa de aquel la deriva que ha adoptado el capitalismo en los últimos tiempos, con los altos niveles de explotación y precariedad laboral, por no hablar del retroceso en derechos, el rechazo cruel en más de un caso hacia la inmigración, la indiferencia hacia el cambio climático que está afectando a los sectores más vulnerables en ciertas regiones del planeta o tantos otros males que afligen no solo a los desfavorecidos, sino a la población mundial en su conjunto. Pues bien, habrá que recordar que, hasta hace cuatro días, todos esos males, e incluso algún otro que se nos haya podido olvidar (como todo lo relacionado con injusticias y recortes en el Estado del bienestar), se los apuntábamos en su cuenta a personajes, no ya autoritarios como Trump y compañía, sino simplemente conservadores como Merkel, Macri o, entre nosotros, el mismísimo Mariano Rajoy.

Ya sé que los partidos políticos, atrapados en la lógica de la inmediatez, tienden a abordar este mismo tipo de asuntos desde otra perspectiva, lo que suele significar prácticamente siempre que se preocupan casi en exclusiva de dilucidar sus dimensiones más electorales, como la de quién va a rebufo de quién, si la derecha a rebufo de la extrema derecha o a la inversa. Lo que es lo mismo que preguntarse si esta última lo que en el fondo lleva a cabo es una campaña de agitación ideológica que luego únicamente puede materializar la primera (o, lo que viene a ser lo mismo, si se dedica a sacudir el árbol para que más tarde otros recojan las nueces, como solía decir un especialista en dicha práctica) o, por el contrario, estos nacional-populismos autoritarios pueden terminar haciendo que la política de un país gravite alrededor de ellos. No cabe en absoluto desdeñar la segunda opción. A fin de cuentas, es lo que se ha hecho realidad en el país vecino, donde los Le Pen hace tiempo que consiguieron que las campañas presidenciales desembocaran en un recurrente «el mundo contra nosotros», por no hablar de los casos de Italia, Brasil o Estados Unidos, donde las fuerzas de extrema derecha directamente ya han alcanzado el poder.

En todo caso, no cabe considerar inocuo o exento de consecuencias el protagonismo alcanzado por dichas fuerzas cuando consiguen que toda la política de un país gravite alrededor de ellas. Por el contrario, debería llevarnos a examinar bajo una luz crítica algunos de los planteamientos más habituales en relación con la actitud política que deben adoptar las formaciones democráticas con este tipo de partidos. Así, la «alerta antifascista» anunciada por Pablo Iglesias con su habitual teatralidad la noche en que se conoció el resultado de las elecciones andaluzas en diciembre de 2018 comportaba el desdibujamiento de los perfiles de las diferentes opciones políticas, lo cual, de prosperar la iniciativa, podría dar lugar a una situación como mínimo confundente, si no preocupante.

Porque un efecto que podría generar la constitución de un frente como el propuesto por el líder de Podemos o, lo que vendría a ser lo mismo, la sustitución del eje derecha-izquierda por el eje fascismo-democracia, sería uno que terminara blanqueando a todos los partidos conservadores siempre que cumplieran el requisito de aislar a Vox rechazando todo pacto o acuerdo con dicha formación. Pasaría de esta manera a segundo plano, por supuestas razones de urgencia (porque no significaba otra cosa, a fin de cuentas, la «alerta antifascista» anunciada a bombo y platillo), el hecho de que tales partidos pudieran mantener, pongamos por caso, planteamientos de corte fuertemente neoliberal. Quedaría en la sombra de esta manera el asunto, nada menor, de que en el caso de gobernar presentaran, en el plano de las medidas sociales y económicas que estarían dispuestos a adoptar (por ejemplo, en materia de pensiones, fiscalidad, sanidad, educación o empleo), unas propuestas que se encuentran muy próximas a las de esa fuerza que supuestamente estarían condenando junto con el resto de partidos democráticos.

No se trata —imagino que habrá quedado claro— de minusvalorar los disparates y horrores programáticos que propone Vox en diversos planos (a las propuestas mencionadas al principio de este epígrafe se podrían añadir las de la mili obligatoria, el cine patriótico o la ilegalización del aborto), sino de aquilatar con cuidado si esa manera de cerrarle el paso es la más adecuada, esto es, si no supone pagar un precio demasiado alto. Un precio —el blanqueamiento de una derecha que, en determinados ámbitos, no actuaría sensiblemente diferente— que, por supuesto y como siempre, pagarían los ciudadanos más desfavorecidos.

LAS RESPUESTAS QUE OFRECE LA IZQUIERDA A LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA DERECHA

Continuemos tirando de este cabo. Una de las formas más habituales para dilucidar la ubicación de una formación política en el abanico derecha-centro-izquierda es determinando el sector social al que se dirige y las propuestas que ofrece a los problemas que este le plantea. Cuando se consiguen determinar ambos es cuando se pueden empezar a utilizar ya de pleno derecho formulaciones como «La fuerza política X responde a los intereses del sector social Y» y similares.

Así, por ser más concretos, en nuestro país la insistencia de Ciudadanos en los problemas de los autónomos demuestra su interés en un sector no solo social, sino también generacional, claramente definido y en el que tiene depositadas buena parte de sus expectativas electorales. Algo parecido se podría señalar en relación con la insistencia del Partido Popular en la bajada de impuestos, que, por más que se presente como una medida que favorece a las clases medias, es evidente el sector económico social al que se dirige, y lo propio se podría ir diciendo, con los matices correspondientes, del resto de formaciones. Sin embargo, el caso de Vox es, en este sentido, peculiar. A pesar de que, obviamente, su programa incluye medidas económicas precisas, algunas de las cuales se airearon en la campaña de las generales del 28-A, la evidencia es que no son ellas las que han proporcionado notoriedad a esta formación ni, sobre todo, las que han hecho crecer tanto sus expectativas electorales. De hecho, si recordamos las tres cuestiones señaladas con anterioridad y que en la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018 Vox utilizó como ariete frente al resto de partidos (la inmigración, el feminismo y el independentismo catalán), por más que todas tengan, es obvio, una dimensión económica, en realidad se presentaban como cuestiones fundamentalmente ideológicas o, como se hubiera dicho en otros tiempos, superestructurales.

Pero la situación no cambiaría mucho si pensáramos en los nuevos asuntos que con posterioridad ha ido introduciendo en el debate público esa misma formación, asuntos que serán todo lo disparatados que se quiera (como lo es la idea de autorizar el uso de las armas en determinados supuestos), pero que siguen sin entrar en el signo político-económico de sus propuestas. Y este, como es obvio, aunque no se muestre de forma explícita, siempre se puede deducir con relativa claridad de estas. En cierta medida, los sectores populares atemorizados ante el hecho de que la incesante llegada de inmigrantes en determinadas zonas pueda afectar no solo a la calidad de los servicios sociales, sino también a su mismo mantenimiento, se pueden considerar los destinatarios de uno de los mensajes estrella de Vox. Sin embargo, eso, por sí solo, no prejuzga todavía el signo de la propuesta, pues se supone que una formación de izquierdas también debería estar preocupada, y mucho, ante la posibilidad de que los servicios sociales no pudieran responder a las demandas de los ciudadanos (sobre todo de los más desfavorecidos, que son los que más suelen necesitarlos), por causa de la inmigración o por cualquier otra.

¿Y qué decir de su patriotismo? ¿Acaso es condenable en sí mismo y sin más en un momento en el que sectores de la izquierda supuestamente más nueva y fresca han decidido reivindicar este concepto? Es cierto que, cuando estos últimos lo hacen, de inmediato añaden matices para marcar las diferencias con el patriotismo más rancio y conservador, unitarista y autoritario, hasta ahora hegemónico, pero no es menos cierto que tales matices no alcanzan su propósito. Porque no basta en absoluto con afirmar que este neopatriotismo «no es el de la pulsera con la banderita, sino el de los servicios sociales», frase que podría quedar hasta bien en un mitin para los ya convencidos, pero que tiene un recorrido argumentativo corto (como suele ocurrir cuando se importan de manera mecánica categorías pensadas para otros contextos, en este caso el latinoamericano).

Porque, en efecto, en un país como el nuestro, con un Estado muy descentralizado y con una diversidad de sentimientos identitarios, ¿qué contenido concreto tiene ese supuesto patriotismo de los servicios sociales? Pues es un hecho que en Cataluña, pongamos por caso, se habla con legítimo orgullo de la sanidad catalana y en igual tono de la escuela catalana. En consecuencia, no debería haber ningún problema en poder hablar, siguiendo esta lógica, de un patriotismo catalán de izquierdas. Pero entonces, en relación con España, ¿de qué sería correcto hablar según estos patriotas de nuevo cuño?, ¿de pluripatriotismo? Reconozcan que suena raro. No digo que no tenga sentido la cuestión de las identidades compartidas, pero sí me atrevo a afirmar que no parece que un planteamiento tan alambicado esté particularmente capacitado para desautorizar la propuesta de Vox a este respecto. Añado una argumentación más para finalizar esta: no deja de llamar la atención que quienes reivindican con tanto énfasis este nuevo patriotismo nunca terminan de especificar a qué patria se refieren, puesto que eluden sistemáticamente mencionar el nombre de España. Se admiten hipótesis para explicar esta curiosa circunstancia.

Ya sé que, de momento, la izquierda no tiene particular interés en entrar en estos asuntos (dejo de lado ahora el del feminismo por razones de economía de espacio) y aplica sabiamente para sus intereses la máxima napoleónica según la cual cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle. Aunque vale la pena puntualizar que en este caso el enemigo que se equivoca es más el Partido Popular y, a su rebufo, Ciudadanos, que Vox, al que, a la vista está, le van muy bien las cosas con tales planteamientos. Pero en algún momento habrá que abordar en serio el debate de la llamada extrema derecha en nuestro país, no vaya a ser que para cuando nos vengamos a dar cuenta el fenómeno pueda haber adquirido la dimensión y la consistencia del Frente Nacional en Francia.

Ahora bien, plantearlo en serio no significa andar todo el día anunciando el apocalipsis del retorno del franquismo, sino examinar con atención el sentido último de las propuestas que presenta Vox, más que de las denuncias que lleva a cabo (insisto: alguna de ellas, perfectamente atendible). Autores que se han preocupado por esto han señalado que en el fondo este nacional-populismo autoritario (por recurrir a la definición utilizada, entre otros, por Francis Fukuyama)[17] se basa, en el caso de Europa, en una especie de welfare-chovinismo que pretende salvaguardar los logros sociales alcanzados en países relativamente desarrollados para los ciudadanos naturales de estos. Convendría atender a este planteamiento porque, de ser correcto, estaría señalándonos la clave para entender el éxito electoral de tales propuestas. Un éxito que, si bien ya resultaba evidente al constatar en Francia la penetración del partido de Marine Le Pen en feudos tradicionales del Partido Comunista, presenta en nuestro país una particular característica, inquietante en cierto sentido y digna de ser resaltada: que la exitosa irrupción de Vox no se ha producido merced a un liderazgo particularmente poderoso, como tiende a pensarse que es el signo de los tiempos, sino por el impacto casi desnudo de sus ideas en amplios sectores de la población, lo que da una medida de su eficacia comunicativa.

Pero, de ser cierto que su planteamiento de base es el mencionado welfare-chovinismo, este hecho estaría suponiendo a la izquierda un problema de clarificación que tarde o temprano no le va a quedar más remedio que abordar. La cuestión iría entonces más allá del reiterado lugar común según el cual los sectores populares, en tiempos de incertidumbres de todo tipo, se sienten atraídos por propuestas que parecen ofrecerles tanto certezas como remedios. Porque, sobre el papel, alguien que hiciera suyo el mencionado planteamiento de base podría estar asumiendo, sin contradicción aparente, unas políticas fiscales fuertemente redistributivas, pero a continuación añadir que dicha redistribución se ha de llevar a cabo en exclusiva entre los nacionales.

Frente a esto, la izquierda siempre ha tendido a oponer un genérico imperativo de fraternidad que no deja de constituir, cuando se presenta como alternativa, un constructo articulado de elementos heterogéneos. Concretamente, de elementos políticos y éticos. El asunto ni es banal ni resulta obviable con difusas invocaciones a la dignidad de todos los seres humanos, entre otras razones porque si no se materializan se quedan en meros flatus vocis. El problema que, inexcusablemente, la izquierda tiene que plantearse —entre otros motivos porque, de no hacerlo ella, otros se lo plantearán, pero de peor manera— es a qué escala se debe pensar la solidaridad, si a la de los estados o a otras, supraestatales. Porque, si es a la primera, poco tiene de extraño que pueda haber ciudadanos de esos estados que, tras aceptar la necesidad de tender hacia un horizonte de redistribución de la riqueza entre los más desfavorecidos del propio país, no terminen de ver claro que dicha redistribución deba incluir también a cualesquiera ciudadanos de cualquier parte del mundo por el mero hecho de estar en un determinado momento en el territorio nacional. Sobre todo si se da la circunstancia de que esa misma política de solidaridad irrestricta no es seguida por el resto de Estados nación vecinos.

Como en estos asuntos nada hay más fácil que el malentendido o la interpretación torcida, terminaré con una puntualización y una advertencia. La puntualización es que, aunque no soy de los que piensan que el conjunto de la izquierda esté infectada por el virus de la superioridad moral, opinión que se comentará hacia el final del libro, sí estoy convencido de que tiene una tendencia preocupante a plantear en términos exclusivamente morales cuestiones que requieren una solución además de una valoración. Y en esa tesitura, tal vez en demasiadas ocasiones, a la izquierda le tiemblan las piernas.

La advertencia remite en cierto modo a lo que quedó señalado antes, cuando empezamos a hablar de Vox, pero incorporando un nuevo matiz. Como apuntamos, se impone atender con el debido cuidado (y, por supuesto, respeto) las preocupaciones de un número relevante de ciudadanos que han creído encontrar en esta formación la opción que les proporciona la mejor respuesta. Por sorprendente que pueda resultar a primera vista el enunciado, ha sido en el terreno de las ideas (que siguen siendo ideas, por pésimas que nos puedan parecer) donde Vox ha ganado sus primeras batallas. O, si se prefiere plantearlo desde otro ángulo que permita introducir el matiz que anunciamos: en tiempos de mercadotecnia, de política como espectáculo y de hiperliderazgo, el nuevo partido ha irrumpido sin presentar un líder con carisma, con capacidad de arrastre. Si se me apura, más bien al contrario. Pues bien, podríamos concluir anudando los dos cabos: si, a pesar de tamaña limitación, Vox ha conseguido alborotar el escenario político español en la forma en que lo ha hecho, no queda otra que pararse a pensar en serio y no a la ligera en las razones de que su mensaje resulte tan extremadamente atractivo para tantos ciudadanos.

FUESE (EL SORPASSO) Y NO HUBO NADA

Y luego, incontinente,

caló el chapeo, requirió la espada,

miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.

MIGUEL DE CERVANTES, Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla

Es posible que a fuerza de repetir que el bipartidismo ha muerto terminen por matarlo, pero de momento da la sensación de que se está asistiendo en España a la configuración de lo que tal vez podríamos denominar un perfecto bipartidismo imperfecto, con dos bloques muy consolidados, en el interior de cada cual a su vez dos fuerzas intentan quedarse con el santo y la limosna, en sendas partidas que a fecha de hoy continúan desigualmente abiertas, entre otras razones porque a cada uno de los bloques se le ha incorporado una tercera fuerza (la recién mencionada Vox y el partido de Íñigo Errejón, Más País), cuya estabilidad futura es sin duda incierta.

En algún momento todo pudo ser de otra manera, es cierto, pero convendría recordar que, si Pedro Sánchez no alcanzó el Gobierno la primera vez que lo intentó, en 2016, fue porque la otra fuerza política, Podemos, cuyo concurso necesitaba, además del de Ciudadanos, estimó que la vecindad de esta última, a la que consideraba de derechas (a pesar de los acuerdos programáticos, más que asumibles, que esta había alcanzado con el PSOE), le suponía una contaminación política insoportable. Comportándose así, la formación morada permanecía fiel a unas actitudes arraigadas de modo profundo —por no decir ancestrales— en nuestro país. Aquí quién sea o no franquista lo determinan los que se consideran antifranquistas, con absoluta independencia de lo que el así calificado pueda manifestar. Y es bien sabido que en España hay muchos más antifranquistas militantes que franquistas (al menos declarados). Aunque hay que añadir que esto no pasa solo en el sector de la izquierda. También los nacionalistas catalanes, por poner otro ejemplo, suelen empeñarse en tipificar como nacionalista español a cualquiera que se oponga a sus tesis, por más que el aludido insista en abominar del ideario del nacionalismo.

No se está poniendo en cuestión, quede claro, el hecho de que en nuestra sociedad se hayan producido profundos cambios de todo orden. De lo que se trata es de si las propuestas con las que algunas fuerzas han reaccionado a ellos están constituyendo la respuesta adecuada. Si tomamos como ejemplo el auge de la ideología populista en todo el mundo, se entenderá mejor lo que pretendemos señalar. Apenas nadie discute que los distintos populismos (incluido el conservador, por supuesto) que van ganando terreno político en muchos países deben interpretarse como una reacción, además de a la crisis económica, a los procesos de internacionalización y automatización de nuestras economías, que están dejando en la cuneta a un gran número de damnificados que se agarran a las simplezas populistas como a un clavo ardiendo.

En cambio, son legión los que cuestionan la validez de dicha reacción, precisamente por la impotencia política para afrontar las nuevas situaciones que expresa. Timothy Garton Ash sintetizaba su crítica a esta situación de una forma limpia y clara en unas manifestaciones recientes: «Los progresistas temen al pasado, en tanto que los populistas temen al futuro». Tal vez sea por eso por lo que nuestros populistas locales hablan más del pasado que del futuro, y han decidido convertir el franquismo y sus desmanes, la Transición y sus servidumbres (entre las que ellos incluyen la propia forma del Estado) en su campo de batalla favorito.

¿Qué lecciones extraer de esto? Parafraseando la célebre máxima de Lavoisier según la cual la materia ni se crea ni se destruye, sino que tan solo se transforma, podríamos afirmar que, en tiempos de saturación comunicativa como los actuales, las ideas ni se verifican ni se refutan, sino que permanecen en el imaginario colectivo o tan solo se abandonan, sin que ni lo uno ni lo otro puedan hacerse equivaler a verdad o falsedad ni, menos aún, a bondad o maldad. Pues bien, precisamente por ello, resulta necesario de vez en cuando volver la vista atrás y recordar algunos de aquellos tópicos que hace no tanto pasaban por certezas indiscutibles y que, sin explicación ni contrición alguna, han sido abandonados por quienes más los defendían.

Buena muestra de ello la constituiría el antes citado fin del bipartidismo, que solía venir justificado con la premisa de la aparición de una presunta nueva política, de la que, por cierto, ha dejado prácticamente de hablarse. En realidad, era un secreto a voces que las fuerzas emergentes nunca aspiraron a liquidar el bipartidismo, sino a ser sus nuevos titulares (Albert Rivera siempre fantaseó con ser la reencarnación de Adolfo Suárez, del mismo modo que Pablo Iglesias inició su andadura política imitando al detalle al joven Felipe González, viaje a Nueva York incluido). Parece entonces razonable preguntarse si lo propio no habría sido hablar, más que de nueva política, de nuevos políticos, la novedad de cuyo contenido estaba por determinar.

Pero la novedad, como casi todo en esta vida, admite grados: desde el grado mínimo de la biología (son nuevos tan solo porque acaban de llegar) hasta el grado máximo de las expectativas (concretado en la expectativa de que los nuevos traigan consigo una forma radicalmente distinta de entender y hacer política). En este esquema, la medida de la decepción (antaño llamada desencanto) se calcularía tomando como base la distancia entre ambos puntos. En todo caso, y sin pretender demorarnos ahora en esta cuestión, un hecho parece cierto: en cuanto los grandes partidos tradicionales iniciaron un proceso de renovación generacional, aquellos otros que nacieron con el propósito de impugnarlos han pasado a tener serias dificultades para presentarle a la ciudadanía una propuesta política específica. Ya ha ocurrido en la izquierda y podría ocurrir asimismo en poco tiempo en la derecha, donde al ciudadano medio se le hace de veras cuesta arriba dilucidar las diferencias entre, pongamos por caso, Albert Rivera y Pablo Casado. Así las cosas, la sospecha resulta casi ineludible: ¿alguna vez fueron las formaciones políticas recién llegadas algo más que un cambio cosmético, que un maquillaje de lo que ya había? De momento, de lo que no cabe la menor duda es de que el primer sorpasso que se produjo en este país, el de Cataluña en las autonómicas de diciembre de 2017, ha resultado completamente inútil desde el punto de vista político.

No han faltado voces que, en esta tesitura, han reivindicado la necesidad del debate de ideas para aclarar posiciones de una vez por todas. No estoy seguro de que, en este campo, tampoco nuestros emergentes estén dispuestos a tomar la iniciativa. Baste con recordar un par de detalles. Unos (Ciudadanos) pasaron de definirse como socialdemócratas a hacerlo como liberales en un periquete, sin la menor discusión pública ni reconsideración autocrítica alguna, como si el asunto no pareciera importarles demasiado. Es cierto que otros (Podemos) presumen, a menudo con el gesto altivo que caracteriza a sus dirigentes, de tener sólidos y abundantes principios, pero cuando alguien les pregunta cuáles son ellos responden que un momentito por favor, que enseguida vuelven, que se lo tienen que consultar a las bases.

BALANCE CRÍTICO (I)

CONTRAINDICACIONES DE NACER VIEJOS

¿Y SI LO QUE HUBO FUE UN RELEVO GENERACIONAL EN FALSO?

Hace unos años, en la época de máximo auge del discurso foucaultiano, tan antiinstitucional, un amigo y colega introducía en un artículo suyo una apostilla que por aquel entonces nos parecía a prácticamente todos casi de sentido común. Después de hacer una afirmación rotunda acerca de no recuerdo qué o quién, puntualizaba: «Dicho sea con todo el respeto a las personas y ninguno a las instituciones».

Últimamente, he recordado esa afirmación, que, insisto, yo mismo (viejo althusseriano a fin de cuentas) hubiera suscrito sin la menor vacilación en aquella época. Hoy, en cambio, pienso que defender la democracia —valor que, por lo menos de boquilla, en estos tiempos nadie osa cuestionar— obliga, con todos los matices que hagan falta, a defender a la vez a las instituciones en las que se materializa y cuyo correcto funcionamiento estas garantizan. Por lo que respecta a las personas, tal vez deberían preocuparnos menos y aplicarnos una paráfrasis de la tesis sostenida por el filósofo norteamericano Richard Rorty, «Cuida la libertad y la verdad se cuidará a sí misma» y afirmar «cuida las instituciones y las personas se cuidarán a sí mismas». O si prefieren formularlo con otras palabras: si las personas que ocupan cargos de responsabilidad política quieren ser respetadas, deberían empezar por respetar ellas a las instituciones que representan.

Les voy a ahorrar el listado de situaciones en las que tengo la sensación de que algunos de nuestros responsables políticos han incumplido el requisito de respetar a las instituciones porque, de presentárselo, su lectura les iba a resultar más aburrida que la intervención que, en la moción de censura a la que hacíamos referencia en el capítulo anterior, llevó a cabo Irene Montero enumerando los casos de corrupción del PP. Pero déjenme que les diga tan solo que algunas de las declaraciones que últimamente realizan estos responsables políticos parecen empeñadas en faltarle al respeto, además, a la inteligencia de los ciudadanos.

Remito al lector interesado en este extremo a los tuits que Carles Puigdemont, tanto en su época como president de la Generalitat en ejercicio como posteriormente, ya «exiliado», se ha dedicado a escribir a la menor ocasión de que ha dispuesto, todos ellos de una banalidad y confusión conceptual (mezclando a destajo churras con merinas: el derecho a decidir con la plataforma Castor, la ley de transitoriedad con el rescate de Bankia, las decisiones de un juez con los derechos de las mujeres, la lengua y cultura catalanas con las autopistas radiales de Madrid, la burocracia de Bruselas con el Valle de los Caídos, y así sucesivamente) impropias de quien ha ocupado tan alta representación y que, desde luego, nunca tuvieron nada que envidiar a los tuits que con tal profusión se sigue dedicando a pergeñar Donald Trump siempre que puede (y puede siempre). Aunque, habrá que decirlo todo, podríamos encontrar sin esfuerzo ejemplos de políticos de cualquier parte (y, ay, casi cualquier partido) que incurren en prácticas análogas (no en la misma proporción de manera necesaria, claro).

¿Por qué razón se hace menester recordar estas actitudes? Porque, como resultado de la confluencia de diversos factores, estamos viviendo una época en la que esta dimensión personal de la política ha adquirido una gran importancia. Tanto es así que parece haber adoptado carta de naturaleza tanto en la política española como la catalana saludar como una refrescante novedad la aparición de liderazgos fuertes. Si a quienes procedemos de una determinada cultura política la mera mención de la palabra «liderazgo» (tan grata también a los teóricos del management o, peor aún, a los de la autoayuda) ya nos provoca cierta desazón, que además se considere un valor positivo de este la fortaleza nos genera una seria preocupación.

Preocupación incrementada por el hecho de que la tendencia no es exclusiva de una fuerza política en particular (el líder presuntamente carismático bien podría ser una lideresa, o preferir el look grunge-Alcampo al kennediano más clásico), aunque es cierto que en alguna en particular resulta chocante, vistos sus presuntos antecedentes. Uno pensaba, en concreto, que lo que iba a surgir de un movimiento como el 15-M, una de cuyas consignas más celebradas era precisamente «No nos representan», y que alardeaba de no tener líderes, sino de hacer apología (se diría que de inspiración foucaultiana) del anonimato, sería una manera del todo distinta de practicar la política, en la que la participación directa de los ciudadanos constituiría casi el valor supremo. Pero hete aquí que son justo las fuerzas que se reclaman herederas de aquel movimiento las que elaboran sus listas electorales alrededor de la mesa-camilla de sus dirigentes máximos o rechazan llevar a cabo primarias ante una nueva convocatoria electoral con el ingenioso argumento —todo un hallazgo teórico de la politología contemporánea— de calificar como «segunda vuelta» a una repetición de elecciones si estas quedan muy cerca de las anteriores.

Pero tal vez lo que en apariencia podría considerarse una contradicción (indicio a su vez de tacticismo u oportunismo) constituya una forma profunda de coherencia. No descartemos que los liderazgos, fundamentalmente mediáticos, a cuyo surgimiento hemos asistido en los últimos tiempos, guarden poca relación con los de antaño. Quizá ahora de lo que se trate sea justo de que la imagen del líder (o lideresa) permanezca omnipresente, de que el ruido de sus declaraciones efímeras (hay quien ha saltado al estrellato político por su amenaza de lanzar un zapato o una sandalia) devenga permanente. En realidad, la carta oculta siempre estuvo a la vista: el argumento de la nueva obra es precisamente su absoluta falta de argumento. De argumento político, quiere decirse. A no ser que el mero hecho de alcanzar el poder o de mantenerse en él pueda considerarse una propuesta política en sentido propio.

Y puesto que esos nuevos liderazgos a menudo gustan de presentarse como adornados de una especie de legitimidad histórica por el hecho de representar a una nueva generación, silenciada por el acaparamiento del poder ostentado por la generación precedente, habrá que recordar otra obviedad, la de que ser hijo de una nueva época no garantiza en absoluto que las propuestas políticas que uno haga sean también nuevas. La novedad política no la definen la biología ni el DNI. Si hiciéramos una cata a ciegas de textos, y leyéramos los escritos de políticos de diferentes grupos generacionales sin conocer previamente a sus autores, con toda probabilidad a muchos les costaría diferenciar qué afirmaciones pertenecen a los de mayor edad y qué otras a los más jóvenes.

Pero no es solo eso. Por más obvio que pueda resultar, la condición de nuevo no constituye un valor en sí misma. En caso contrario, si diéramos por descontado que todo lo nuevo es bueno, no nos quedaría más remedio que plegarnos de manera acrítica ante lo inédito y celebrar lo inaugural por el mero hecho de serlo. Pero tanto en Cataluña como en el resto de España abundan los políticos de última generación que hacen afirmaciones y plantean propuestas no ya solo discutibles, sino en muchos casos directamente contradictorias. ¿Qué pensar, v. gr., de aquel artículo, firmado al alimón por Xavier Domènech y Pablo Iglesias, en el que, bajo el pomposo título de «Catalunya, “un sol poble”», se proponía un referèndum que si algo haría sería partir por la mitad a ese mismo pueblo cuya unidad proclamaban defender[18]?

Que la política de este país necesitaba un relevo generacional parece fuera de toda duda. Que en gran medida ese relevo ya ha empezado a producirse también parece un hecho. Pero que el relevo no siempre ha sido el que se necesitaba me parece asimismo una evidencia. Porque hay que estar a la altura de las instituciones que se pretende ocupar (o incluso okupar), y no alcanzo a ver qué derechos le asisten para ello al primero que llega por el solo hecho de haber sido el más rápido. O el más ambicioso.

UNIDOS PODEMOS: LA CONTRADICCIÓN ESTÁ EN EL NOMBRE

Alguien podrá pensar que lo mismo que se señala en el título del presente epígrafe ocurría desde hace tiempo con Izquierda Unida. Me refiero a que ya la denominación de la formación expresaba (a través del unitario adjetivo) un desideratum que quedaba desmentido con su propia existencia al margen de otras formaciones, también de izquierda. Pero lo de nuestros días va más allá. Porque, al paso al que vamos, no resulta descartable imaginar que pudiera llegar un momento en que, a la hora de las intervenciones, desde la presidencia del Congreso de los Diputados se llamara a la tribuna al portavoz del grupo parlamentario con una fórmula de un tenor parecido a este: «Tiene la palabra el portavoz de Unidos Podemos-Izquierda Unida-En comú podem-En marea-Unidos por Andalucía-Compromís», es decir, una fórmula que describiría la desunión de cierta izquierda (desunión en su seno y respecto a la otra izquierda, vamos a llamarla más moderada por abreviar) en contradictorios términos de unidad.

La contradicción en las denominaciones no expresa solo un desideratum fallido (del tipo: ojalá fueran juntos, como nosotros, todos los sectores de izquierda), sino, tal vez y sobre todo, un convencimiento altivo: el de que el resto de fuerzas de izquierda debería venir con nosotros, y aquí estamos para llevar a cabo esa misión histórica. O, si se prefiere: no estamos aquí para ahondar en la desunión, sino para ponerle remedio de una vez por todas.

Está claro que al propósito, por bienintencionado que pudiera ser en su origen, no le ha acompañado la fortuna. Y no me refiero, claro está, a las expectativas electorales, volátiles y contingentes por definición, sino al presunto anhelo de unidad, tan reiterado como incumplido. De hecho, las hasta ahora últimas noticias provenientes de la izquierda, tan unitarista sobre el papel, dan cuenta de que no deja de crecer el número de desunidos que reclaman unidad, como el caso de Íñigo Errejón en las elecciones a la Comunidad de Madrid y en las generales posteriores acredita bien a las claras. Constatado lo cual, convendría detenerse al menos un instante a reflexionar sobre la naturaleza del asunto. O al menos acerca de la forma en la que esa querencia por la fragmentación, casi legendaria en cierta izquierda, se ha materializado últimamente entre nosotros.

A este respecto cabría observar la particular manera en que tienen lugar estos procesos en nuestros días. Una manera determinada en gran medida por el personalismo de sus dirigentes, hasta el punto de que la casi totalidad de escisiones y reconfiguraciones tienen nombres y apellidos mucho más que etiquetas ideológicas. Así, como señalábamos con anterioridad, se ha convertido en habitual denominar a la formación más afín a Podemos en Cataluña «el partido de Ada Colau», sin que ni al analista más atento le resulte posible especificar por dónde pasan las diferencias ideológico-políticas con el partido de Pablo Iglesias.

Lo propio cabría señalar respecto a la escisión de Podemos, la ya mencionada y protagonizada por Íñigo Errejón, cuyos últimos textos en El País podrían haber sido firmados tranquilamente hasta por un liberal conservador, a tal extremo llegaba su vaporosidad teórica (vaporosidad que cabría resumir afirmando que el autor se declaraba a favor del bien y en contra del mal). Imposible, por tanto, también en este caso, precisar por dónde pasaría la línea de demarcación ideológico-política entre la nueva formación a la que se incorporó para concurrir a las autonómicas y la formación de la que provenía. Máxime habida cuenta de que esta última estuvo entregada en el tramo final de la XII.ª legislatura a la abierta colaboración con el PSOE, esto es, aplicó la línea de moderación y entendimiento entre izquierdas que se supone que siempre había defendido Errejón.

Ahora bien, resultaría de todo punto injusto imputar en exclusiva personalismo a quienes ahora se desgajan del tronco. Es más, probablemente los desunidos recientes lo han hecho mediante las mismas lógicas y procedimientos que utilizaron en su momento para constituirse aquellos otros de quienes ahora se separan. Porque si algo conforma uno de los rasgos más específicos de Podemos es precisamente su intenso personalismo, con un liderazgo de tal intensidad que los avatares privados de su dirigente máximo han ido repercutiendo de manera directísima en la deriva de la formación.

Si algo sobra son los ejemplos que pueden ilustrar la afirmación anterior. De la completa ausencia de Pablo Iglesias de la vida política en momentos trascendentales para el país con el argumento de su baja paternal al episodio de someter a la militancia la ratificación de sus adquisiciones inmobiliarias, son abundantes los casos de cuestiones estrictamente personales convertidas en abiertamente políticas por decisión expresa del máximo responsable del partido. (Aunque hay que admitir que en este punto la competencia con Colau es feroz: resulta difícil concebir obscenidad política mayor que la de intentar convertir en argumento electoral para no perder la alcaldía de Barcelona su presunta condición de «pobre y bisexual», como si la sexualidad, e incluso la pobreza individual, tuviera algún tipo de relevancia a la hora de gestionar una ciudad).

Frente a esto, la gran ventaja de los partidos tradicionales no es, obviamente, que estén a salvo de tentaciones personalistas (nadie lo está cuando a un asesor de campaña se le ocurre un eslogan sonrojante como el de «vuELve», al que solo le faltaba «el hombre» para copiar literalmente un viejo anuncio machista de colonia), sino el hecho de que dispongan de sólidas estructuras orgánicas y abundantes cuadros, amén de una consolidada cultura de partido, para el caso en que tanto los personalismos como otros errores análogos dañaran severamente a la propia formación. Es la existencia de este fondo de armario, si se me permite la expresión, la que marca la diferencia primordial entre recién llegados y veteranos.

Nada impide, por supuesto, que a la izquierda de uno (el PSOE), le pueda surgir competencia (Podemos), o a la derecha del otro (PP), una alternativa inquietante (Vox). Pero mientras las formaciones veteranas pueden reivindicarse como casa común de su respectivo ámbito —y ahí está para ilustrarlo la invitación a Íñigo Errejón por parte de Adriana Lastra, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, a integrarse en las filas de su partido—, el sino de la formación de izquierda en teoría nueva parece ser el de no dejar de convocar, de boquilla, a la unidad mientras se desangra en escisiones y abandonos.

Es cierto que sus líderes (básicamente Pablo Iglesias e Irene Montero) han denunciado en reiteradas ocasiones que las divisiones internas han sido el mayor error de Podemos, e incluso han llegado a afirmar que estas les habían provocado «vergüenza ajena» (¿no deberían decir «propia»?). Pero planteando así la situación esquivaban la cuestión fundamental, que es a qué responden todas esas divisiones. Que, una vez que se han producido, dichas divisiones han generado sus propios efectos (por ejemplo, la decepción de una parte de su electorado) está fuera de toda duda, pero, aun así, tienen a su vez una causa, sobre la que los responsables de la formación guardan un espeso silencio. En parte se comprende. No resulta fácil, para quienes no están dispuestos a llevar la autocrítica hasta sus últimas consecuencias, explicar determinadas situaciones como la que refería Iván Gil en un artículo de hace ya algún tiempo y cuyo título no podía ser más elocuente: «Tania Sánchez, ida y vuelta a la Asamblea de Madrid tras cuatro años y cuatro partidos[19]». ¿Alguien da más? Bueno, sí, tal vez Toni Comín, pero no creo que valga la pena que nos demoremos en dilucidar quién acumula mayor número de méritos en este más que dudoso ranking. En todo caso, la comparación es pertinente en la medida en que también el exconseller de Sanitat con Puigdemont, tras un largo y variado periplo por la izquierda catalana, decidió recalar en una formación que, ya desde su mismo nombre (Junts per Catalunya), convoca a la unidad. Con tan escasa fortuna, por cierto, como las otras formaciones a las que nos hemos referido en el presente epígrafe.

LA DÉCADA DE UNA GENERACIÓN

Terminemos ya este balance, y hagámoslo intentando capturar el sentido global, la línea de fuerza mayor de todo lo planteado hasta aquí. Para ello, tal vez lo más operativo sea empezar con una referencia, tan somera como ineludible, al marco en el que conviene inscribir la reflexión de toda esta primera parte. Y si, como dijimos nada más empezar, es un lugar común aceptado por la práctica totalidad de los historiadores del mundo contemporáneo que el siglo XX se inició en realidad en 1917 con la Revolución soviética, por qué no aceptar la hipótesis, mucho más modesta, de que en España la segunda década del presente siglo arrancó algo antes del 15-M de 2011, concretamente con el estallido de la crisis económica de 2008, y finalizó a principios de 2020 (concretamente en el mes de marzo, con el estado de alerta).

Por supuesto que eso no rebaja en lo más mínimo la trascendencia político-simbólica del 15-M, que parece fuera de toda duda. La fecha no solo terminó siendo la referencia de una nueva fuerza política, Podemos, sino que ha estado funcionando desde entonces como el acontecimiento fundacional de una generación, que se reconocía en la ruptura con el statu quo preexistente en una forma análoga a como lo había hecho la generación de sus padres en mayo de 1968 con sus predecesores.

Romper con los rupturistas del siglo pasado comportaba, lógicamente, abominar de su legado. Y así, las consignas con las que los nuevos se dieron a conocer en el espacio público significaban una enmienda a la totalidad de la herencia recibida. No queda tan lejos en el tiempo para que nos hayamos olvidado: de la Transición se hablaba como un candado, de la democracia configurada en aquel momento como el régimen del 78, de la totalidad de los representantes políticos de los ciudadanos como la casta, y así sucesivamente. Insisto: probablemente no podía ser de otra manera, y lo que importe no sea tanto el rechazo frontal como en nombre de qué se llevaba a cabo este.

No faltaron analistas atentos que señalaron que, por chocante que pudiera parecer a primera vista, buena parte de estos políticos emergentes estaban repitiendo el guion de la Transición, solo que ahora eran ellos los protagonistas, y que buena parte de sus mensajes e iniciativas calcaban prácticamente los de los jóvenes políticos de hace cuarenta años. De ser cierta la observación, semejante actitud, en el fondo mimética, estaría implicando una íntima y profunda contradicción que en buena medida explicaría lo que ha terminado por ocurrir con los que se tenían por nuevos de un modo radical.

Las anteriores no pretenden ser consideraciones genéricas o vaporosamente abstractas. Tanto si analizamos la evolución del discurso de esta izquierda alternativa como si atendemos a sus diversas iniciativas políticas, sin la menor dificultad encontramos un paralelismo, en ocasiones asombroso, con lo ocurrido en este país hace algunas décadas. Así, por mencionar lo tal vez más llamativo y reiterado en el plano de las ideas, del discurso más abiertamente impugnador del orden político precedente, que se sustanciaba en la descalificación de la totalidad de los representantes de la ciudadanía considerándolos como casta (cual si de procuradores franquistas se tratara), Podemos ha pasado a centrar en exclusiva sus críticas y ataques en el IBEX 35, que queda enfrentado ahora a un magmático y totalizador concepto de «gente», del que, por lo visto, apenas nadie queda excluido. Es probable también que este desplazamiento teórico-programático resultase poco menos que inevitable, una vez que los hipercríticos con la clase política habían «entrado en las instituciones». En semejante tesitura, solo les quedaban dos opciones: o distinguir entre casta buena y casta mala, o abandonar el propio concepto; y, sin proporcionar explicación alguna, eligieron esto último.

Parecido paralelismo encontramos si atendemos a lo que está ocurriendo en el plano de la práctica política. Así, por no desdeñar lo más próximo, el goteo de abandonos en el partido de Pablo Iglesias, que culminó en la iniciativa de Íñigo Errejón de aliarse con Manuela Carmena para las autonómicas y luego la de presentarse en solitario a las generales del 10-N de 2019, recuerda lo que ocurría en este país en los años ochenta en el seno de la izquierda. En aquel momento, buena parte de los dirigentes y cuadros del PCE, insatisfechos con la deriva política de su organización y a la vista de su imparable declive electoral, tomaban la iniciativa de constituir una plataforma, tendencia o asociación, que se anunciaba en un primer momento como independiente y ajena a los partidos, y que, de manera indefectible, acababa con sus miembros en el PSOE.

No descarten que esto mismo sea lo que acabe ocurriendo ahora, con lo cual se abriría en España la posibilidad de regresar a un diseño político con un panorama de partidos (cuatro: dos hegemónicos, los más centrados, y dos subalternos en los extremos; cuáles sean los dos de la derecha está ligado al futuro de Vox) y un equilibrio entre ellos parecido al del principio de la Transición. Por supuesto que también cabe la posibilidad de que lo que nos aguarde sea el escenario, inédito, de tres izquierdas para tres derechas, aunque, francamente, lo considero menos probable, entre otras cosas porque no veo quién podría liderar (y ofreciendo qué) un tercer partido de izquierdas. En todo caso, no me parece esto ahora lo más importante

Tal vez tenga mayor importancia en el presente momento intentar esbozar un primer balance, aunque sea apresurado y a brochazos, del signo de lo ocurrido en esta década. Si intentamos tomar una perspectiva de conjunto de los años pasados, podemos afirmar que la historia reciente le regaló a Podemos una oportunidad y un problema trascendentales para que pudiera beneficiarse de una y medirse con el otro. La oportunidad fue la de alcanzar la hegemonía de la izquierda (el en su momento famoso sorpasso), que está claro que no supo aprovechar, sin que quepa atribuir dicho fracaso a factores externos a la propia formación, sino más bien a sus perseverantes errores, que no creo que haga falta evocar ahora por estar en la mente de todos. En cuanto al problema, en el que se ponía a prueba su estatura política, era el de la situación en Cataluña. Por ese lado, no se puede decir tampoco, ciertamente, que ni el partido ni sus sucursales hayan estado a la altura del desafío. Su presunta respuesta a este se ha movido entre una oportunista ambigüedad, protagonizada por la terminal catalana de Podemos, con Ada Colau a la cabeza, y los volantazos trufados de confusión política de sus presuntos estrategas (como la sobrevenida adhesión a un patriotismo que solo se diferencia del de derechas porque manifiesta estar movido por mejores sentimientos). Probablemente sea la suma de ambos fracasos la que explique el hecho de que en este instante la formación morada se encuentre en caída libre.

No deja de ser paradójico que el principal reproche que, llegados a este punto, se les pueda hacer a los nuevos sea precisamente el de no haber entendido la especificidad del tiempo que les ha tocado en suerte vivir. Ellos, que tanto alardeaban de la presunta novedad de la que eran portadores por el mero hecho de acabar de llegar (como si por eso estuvieran a salvo de hacer planteamientos obsoletos), han interpretado su tiempo con claves antiguas, sirviéndose de discursos y categorías que ya no dan cuenta de lo diferente que es todo aquello que lleva rato ocurriendo.

A medio camino entre el dogmatismo y la ignorancia, han optado por la repetición de los discursos y categorías que describían y explicaban un mundo que ya no es. Irrumpieron aspirando a un remake de la Transición, esta vez con ellos como actores principales, y lo teorizaron en un primer momento con los discursos de resentimiento de los que consideraban que no habían salido bien parados de ella (el neoanguitismo) y, más tarde, con los planteamientos de quienes la llevaron a cabo, abandonando, con total desparpajo, el lenguaje del candado por el de «las conquistas de la Transición». Ahora, cuando lo que toca es reformar todo aquello, no disponen ni de discurso ni de propuestas a la altura de lo que se necesita por la sencilla razón de que nunca pensaron en el asunto. Tal vez en esto se sustancie todo: no es que hayan envejecido de forma prematura, es que nacieron viejos.

SEGUNDA PARTE

Quiénes somos

(o la metáfora del dentro-fuera)

6

POCAS IDEAS, PERO MUY SENTIDAS

CUANDO LA METODOLOGÍA SE CONFUNDE CON LA CRONOLOGÍA

Conviene empezar advirtiendo sobre una diferencia respecto a lo que acabamos de tratar, porque en cierto modo afectará al desarrollo de lo que sigue. En el momento de escribir estas líneas se puede afirmar que la mayor parte de lo que se ha dado en denominar el procés había transcurrido en la etapa previa a mi entrada en el Congreso. Ello nos obliga a remitirnos mucho más al pasado de lo que hemos hecho en lo precedente, donde este tipo de referencias no pasaban de ser puramente genéricas.

Como es evidente, esta insistencia no se debe a una razón tan solo cuantitativa (esto es, que el tiempo transcurrido desde el 2012 hasta el 2016 sea mayor que el que va de entonces a ahora), sino cualitativa en lo fundamental. Porque, en efecto, el procés, por más que guste de ser presentado por sus impulsores como algo que viene de muy atrás (no faltando quienes sitúan el pistoletazo de salida en el mismísimo 1714), ha tenido lugar, en lo sustancial, durante los últimos cuatro años de gobierno con mayoría del Partido Popular en España (del 13 de diciembre de 2011 al 20 de diciembre de 2015).

Es para mí importante empezar resaltando que este marco no constituye simplemente una circunstancia de fondo o un difuso contexto al que convenga apelar para tener una visión más completa de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos tiempos, sino la clave de sentido primordial desde la que mejor se entiende el modo en que la propuesta independentista ha sido planteada —con notable éxito, por cierto— a la ciudadanía catalana. Voy a intentar argumentarlo.

Con las elecciones generales celebradas en España a finales de 2015 se cerró de manera definitiva la legislatura que se había iniciado cuatro años atrás. En ese mismo lapso de tiempo, en Cataluña tuvieron lugar dos elecciones al Parlament y un simulacro de referèndum (el 9-N). Tal vez, enredados como estamos en un día a día convulso, resulte de utilidad recordar estos datos, sencillos y conocidos, que pueden destacar un rasgo importante de nuestra situación que a menudo ha pasado desapercibido (quizá por no ser suficientemente destacado).

Queda claro a estas alturas que el eslogan «tenim pressa» [tenemos prisa] que tanto se dedicaban a repetir los independentistas no manifestaba una mera compulsión por alcanzar cuanto antes la meta soñada, una impaciencia juvenil por satisfacer sin demora sus deseos, sino que mostraba, al trasluz, el sentido profundo de su estrategia, la razón última por la que querían imprimir un ritmo tan alto a sus actuaciones. Porque es cierto que la velocidad a la que se iba desarrollando el procés en ocasiones dificultaba valorar cada uno de sus pasos con el suficiente sosiego y desde la adecuada distancia. Todo marchaba muy deprisa (de no creerlo: se negoció —y se dio por descartado— en una tarde un posible pacto fiscal), y no había día en esos años que no trajera aparejado un nuevo sobresalto.

Pero no cabe llamarse a engaño; propiciar el aturdimiento de la ciudadanía catalana ha sido algo claramente inducido desde el poder, que necesitaba mantener un alto grado de excitación en los suyos. Para ello hacía falta convertir lo que era un estado contingente de la situación (la mayoría absoluta del PP), con fecha de inicio y de caducidad, en destino, en situación histórica irreversible y fatal. De esta manera, el eslogan podía difundirse como si se tratara de la descripción de una evidencia: con España no hay nada que hacer.

No descarten que el segundo adelanto de las elecciones catalanas al 27 de septiembre de 2015 propiciado por Artur Mas tuviera que ver con esta actitud (además de con aprovechar cierto estado de euforia colectiva tras las sucesivas Diadas masivas, por supuesto) a fin de situarlas tres meses antes de las generales del 20 de diciembre del mismo año: en parte se trataba de mantener el marco conceptual antagónico, agonístico y que tan eficaces resultados había proporcionado a los independentistas hasta entonces. ¿Cómo iban a perseverar en el mismo discurso si el gobierno de España pasaba a estar en manos de fuerzas abiertamente partidarias de la reforma constitucional, como sucedió tres años más tarde? Los erráticos objetos de sus críticas a partir de ese momento se encargaron de certificar, por si a alguien le quedaba alguna duda, que, a no dudar, contra Rajoy vivían mejor.

Porque, una vez que Mariano Rajoy hizo mutis por el foro —con una peculiar mezcla de elegancia personal y de desdén político hacia su propio partido (su renuncia al escaño, tras negarse a dimitir como presidente del Gobierno, siempre se pareció más a un «ahí os quedáis» que a una generosa voluntad de no interferir en el futuro del PP)—, se hizo todavía más evidente que sus presidencias constituyeron para los independentistas una auténtica bendición, solo comparable a la que representaba para el PSOE de los años ochenta la oposición de Manuel Fraga (no por otra razón lo mimaban entonces tanto los socialistas). El primero de sus gobiernos, el de la mayoría absoluta en el Congreso, mucho más que el segundo, que, en su fragilidad, dejaba claro que el continuo España-Estado-Gobierno-PP que desde el principio los independentistas se habían esforzado en dibujar para consumo interno constituía un artificio narrativo absolutamente imaginario.

Pero, si durante los dos años de la última legislatura del PP, esos mismos independentistas intentaron aún perseverar en este planteamiento, sustituyendo al PP por el «bloque del 155», la salida de Mariano Rajoy pareció desbaratar por completo tal relato. Aunque, en realidad, tal vez lo propio fuera afirmar que el cambio de gobierno dejó en evidencia de manera incontrovertible algo que el independentismo se empeñaba en soslayar: que en democracia las mayorías de gobierno (incluida la absoluta del PP) son reversibles. Pero, por razones que tendremos ocasión de señalar, sería ingenuo suponer que una contrariedad narrativa de este tipo conseguiría variar los planteamientos independentistas.

UNA LIVIANA ARGAMASA COHESIONADORA

Conviene subrayar que esos «eficaces resultados» que el señalado marco conceptual agonístico proporcionaba a los independentistas aluden también a la cohesión interna que este movimiento ha conseguido mantener entre sectores diferenciados. Ciertamente, tanto el independentismo histórico como el procedente del nacionalismo o el sobrevenido por razones más económicas o políticas que identitarias se reunieron (por no decir amontonaron) en un intento de acompasar sus estrategias y visiones del mundo en un lapso de tiempo extremadamente breve. Y lo hicieron utilizando como cemento distintas consignas y eslóganes de enorme fuerza movilizadora (a la vista están las Diadas de todos estos años: «dret a decidir» —«derecho a decidir»—, «volem votar» —«queremos votar»—, «volem ser un país normal» —«queremos ser un país normal»—…), pero de escasa consistencia política.

También ha habido quienes han recurrido a argumentos con pretensiones de mayor entidad que los meramente coyunturales y han intentado leer la deriva de los acontecimientos en términos de devenir de la historia, de progreso imparable, de pueblo catalán en marcha hacia la materialización de sus ilusiones más ancestrales, etcétera. Era lo que en el lenguaje tan del gusto de los publicistas del independentismo se denominaba, como recordábamos hace poco, «pasar pantalla». El problema de este planteamiento, que sobre el papel resultaba más ambicioso, es que resiste mal la contrastación con los hechos.

En estos tiempos resulta francamente difícil continuar manteniendo una idea tan ingenua y lineal del progreso, sobre todo a la vista de las numerosas refutaciones a las que cierto convencimiento se viene enfrentando de manera reiterada. Pero no olvidemos que una de las características más acreditadas del independentismo (y que se abordará más adelante) es justo la de ser inmune a la refutación o, si se prefiere, su empleo puramente instrumental de los argumentos. Baste con constatar el nulo efecto disuasorio que tuvieron sobre las bases independentistas los sonoros fracasos políticos del otoño de 2017 (huida de Cataluña de las principales empresas o cero solidaridad de ningún Estado del mundo con la recién nacida república catalana).

Probablemente, tamaña resistencia a la falsación solo pueda explicarse atendiendo al hecho de que, en este caso, el pensamiento de matriz progresista del independentismo echa mano del ideario mágico, uno de cuyos rasgos fundamentales es, como se sabe, el convencimiento de que el pensamiento crea mundo. Esto lleva a sostener a tantísimos independentistas que su sentimiento funda derecho, lo cual no deja de ser una variante de este pensamiento. Y así proclaman sin pestañear y de manera reiterada que, puesto que no se sienten españoles, no son españoles (como si el pasaporte o el DNI fueran cartas de amor, y no documentos civiles). O que, dado que se sienten independientes, son en verdad independientes.

Llegados a este punto resulta del todo ineludible una matización. Porque se podría objetar que algunas de las afirmaciones precedentes, siendo perfectamente predicables del independentismo de matriz nacionalista, no lo son para todo independentismo. Porque, desde hace unos años, en Cataluña se ha convertido en un lugar común afirmar que podría existir un nuevo independentismo emergente que no tuviera nada que ver con el nacionalismo hasta ahora hegemónico.

Es claro que, más allá de la inequívoca intención de no verse salpicados por todo lo que han comportado las décadas de poder nacionalista (con una corrupción sistémica que nada tiene que envidiar a la del PP), estos independentistas de presunto nuevo cuño también pretenden marcar distancias con el discurso, fundamentalmente sentimentalista, del viejo nacionalismo. Viejo pero, por cierto, en vigor hasta hace no mucho. ¿En cuantas ocasiones Artur Mas basó en el sentiment todo cuanto defendía, cada uno de los puntos del listado de sus reivindicaciones, desde la existencia como nación de Cataluña hasta la reclamación del autogobierno?

Tal vez este recurso sentimental, globalmente considerado, ya no fue tan utilizado con Puigdemont, quien parecía haber hecho suyo el talante de Esquerra Republicana al respecto, aunque me atrevería a afirmar que no ha desaparecido por completo de los planteamientos independentistas. Más bien tengo la sensación de que dicho recurso se ha transformado y que a lo que estamos asistiendo últimamente es a la aparición de nuevas estrategias de sentimentalización (si me permiten el abrupto neologismo). No es de extrañar la perseverancia en este argumento, a la vista del magnífico rendimiento que proporcionó en el pasado y de la continuidad de un público muy bien dispuesto, casi en la frontera de la credulidad, y que, aunque pretenda marcar distancias de las variantes más tópicas de dicho recurso, sigue mostrándose receptivo hacia esta manera, fundamentalmente emotiva, de tratar los asuntos políticos.

Al respecto de tamaña perseverancia me permitirán una pequeña broma gremial para proseguir con la argumentación: si en algún lugar del territorio nacional los estudiantes de filosofía de bachillerato entienden a la primera, sin necesidad de explicación ni desarrollo alguno, el concepto nietzscheano del eterno retorno de lo mismo es en Cataluña. Lo cierto es que algo de verdad tiene la broma. Es más, intentando ser concretos y no perder de vista los hechos, la primera época del postprocés (o reprocés, o como sea que decidamos denominar a este alboroto que no cesa), que tuvo como pistoletazo de salida la Diada de 2018, se anunciaba como una sucesión de rememoraciones de los diferentes episodios ocurridos en Cataluña (referèndum del 1-O, «huelga de país», DUI, encarcelamientos de noviembre de 2017, etcétera).

Más allá de que el objetivo indisimulado de tanta celebración fuera la movilización permanente, con vistas a mantener encendidos los ánimos de las bases independentistas ante la perspectiva del inminente juicio a los políticos procesados y la subsiguiente convocatoria electoral, conviene llamar la atención sobre otra dimensión de estas celebraciones. Y es que el hecho mismo de considerarlas como tales cumplía la función de fijar en el imaginario colectivo de la sociedad catalana una determinada interpretación de estas.

El verbo «fijar» es aquí importante en la medida en que indica la voluntad por parte de la dirigencia independentista de consolidar un relato concreto de lo ocurrido en Cataluña no solo durante los últimos años, sino, más allá y sobre todo, durante todos los que viene durando este desventurado procés. Así, conmemorar el 1-O es dar por descontado que en 2017 se celebró un referèndum en condiciones del que surgió, por utilizar una de las expresiones favoritas del oficialismo catalán, un «mandato democrático» para la secesión, de la misma manera que celebrar el día de la declaración de independencia contribuye a consolidar en la sociedad catalana la idea de que la república es algo ya solo pendiente de «implementación», y así sucesivamente.

El asunto no es banal. Porque, me disculparán lo obvio de la formulación, si algo se celebra es porque se supone que resulta digno de ser celebrado. Sin embargo, parece razonable preguntarse hasta qué punto merecen tal consideración unos hechos cuyos protagonistas, en sede judicial, describían como nada más que simbólicos y sin la menor trascendencia real. O, por si alguien argumenta en su descargo que estas descripciones tan solo perseguían el objetivo, humanamente comprensible, de eludir la prisión, podríamos recordar las posteriores declaraciones desde Escocia de Clara Ponsatí, exconsellera de Educació de la Generalitat, admitiendo, sin presión judicial alguna, que el ejecutivo catalán presidido por Carles Puigdemont siempre jugó «de farol». ¿Desde cuándo se conmemora una partida de póquer que, además, se ha perdido?

Constituiría un error poner el foco de nuestra atención en la consistencia de cada uno de los episodios por separado o incluso en su específica naturaleza. Quien así procediera terminaría a buen seguro enredado en una discusión, que a estas alturas ya no importa a casi nadie, referida a asuntos tales como el incumplimiento de los principios básicos de un ordenamiento democrático, el respeto a las leyes y cuestiones similares. Lo que en realidad está en juego en tal encadenado de celebraciones es la secuencia que sus episodios componen en conjunto, así como el efecto que produce esta. No parece que quepan muchas dudas a este respecto. El resultado de este encadenamiento es un relato épico que, aunque no consiga dar cuenta de nada realmente, alcanza el objetivo que se propone. Y este no es otro que el de blindar, a base de grandes dosis de épica, el estado de ánimo colectivo de un sector de la ciudadanía catalana, el independentista.

Porque de eso parece tratarse realmente, de salvaguardar lo que siempre fue el nervio y el eje de la propuesta independentista, que, más allá de las cambiantes argumentaciones y planteamientos que ha ido ofreciendo a lo largo de estos años (planteamientos a menudo contradictorios, cuando no erráticos: ¿hay ejemplo más claro que la deriva del propio Carles Puigdemont?), constituía un poderoso estado de ánimo colectivo o, por decirlo con lo que, hasta hace no tanto, eran sus propias palabras: un sentiment.

Ello no significa, claro está, que la apelación a este sentimiento se haya mantenido siempre igual o, mejor dicho, se haya planteado siempre de la misma manera. También a este respecto cabe hablar de matices. Por procurar ser algo más concretos: se diría que, frente a la antigua estrategia de intentar generar una intensa identificación emotiva con una idea de carácter general —la de Cataluña como nación—, de lo que se trata ahora es de poner el foco de la intensidad emotiva sobre aspectos particulares, variables según el momento (y ahí pueden entrar desde los clásicos de la lengua y la escuela hasta los más recientes de la televisión catalana o los Mossos, pasando por el que convenga en cada circunstancia), con el objeto de generar un fuerte sentimiento de adhesión hacia ellos. Forzando un poco los términos, es como si se propusiera sustituir el nacionalismo del todo (la nación como tal) por el nacionalismo de las partes (lengua, cultura, instituciones…). Con dicha operación se logra lo que el viejo nacionalismo ya conseguía respecto a lo que le interesaba, que es sustraer del debate y de la crítica dichos elementos.

En todo caso y para ir concluyendo: tal vez la prueba más contundente de que estos diferentes planteamientos argumentativos (tanto los lineales como los cíclicos), en última instancia deudores de una metafísica histórica por completo obsoleta, tenían escaso recorrido es que ese lenguaje del «proceso imparable» fue cediendo el paso paulatinamente al más metafórico de las mareas que suben y bajan, los reflujos, etcétera. Con otras palabras, quienes parecían estar defendiendo una concepción lineal-progresista de la historia fueron pasando, a la menor contrariedad, a una concepción circular de la misma. Tan obsoleta la segunda, por cierto, como la primera, pero, acaso habría que recordar aquí, parafraseando el refrán popular, que quien a mito mata, a mito muere.

En realidad, si en el título del presente epígrafe nos hemos atrevido a calificar buena parte de la argumentación independentista como «liviana argamasa cohesionadora» es porque, a nuestro juicio, lo que desde una perspectiva mínimamente seria habría que decir es que cuanto ha venido sucediendo en Cataluña a lo largo de la segunda década de este siglo debe conectarse con su propio pasado, además de con lo que está ocurriendo hoy en todas partes con la política. No se debe olvidar que uno de los rasgos más relevantes que parece haber adquirido en los últimos tiempos este ámbito es la volatilidad, tanto de propuestas como de formaciones. En el caso de estas últimas, podríamos pensar tanto en UPyD como en la deriva ruinosa de CDC y su transformación en PDeCAT, la desaparición de Unió o la explosión electoral y posterior declive de Bildu, por no mencionar lo más importante, la irrupción de Podemos, Ciudadanos y, ya más recientemente, Vox y el Más País de Iñigo Errejón.

En el caso de las propuestas, la deriva que han adoptado las independentistas tampoco ha seguido un signo predeterminado (en contra de lo que a los nacionalistas más historicistas les gustaría pensar). Así, en el País Vasco, el apoyo al independentismo ha disminuido sustancialmente, lo cual también ha sucedido en Quebec. Podríamos sospechar que tal vez la conciencia de esta volatilidad ha sido un elemento que ha influido asimismo en la voluntad del bloque independentista catalán de convertir en irreversibles movimientos electorales o tendencias que corrían el riesgo (para él) de seguir el mismo destino que las mencionadas y devenir meramente contingentes.

INASEQUIBLES AL DESALIENTO Y A LA CRÍTICA (O «TODO SIGUE IGUAL», PASE LO QUE PASE)

El título del presente epígrafe toma como punto de partida (irónico, claro está) el hecho, sobradamente contrastado, de que el mapa político en España ha variado muchísimo. En realidad, empezó a hacerlo en las elecciones generales de diciembre de 2015, que supusieron la irrupción en el escenario político de unas nuevas fuerzas que alteraban el equilibrio consolidado entre los dos grandes partidos (variación que, por si alguien tenía alguna duda quedó ratificada medio año después). Aunque el independentismo no haya querido darse por enterado del todo, lo cierto es que el equilibrio emergente (a cuatro bandas, para entendernos, durante casi toda la legislatura y a cinco al final de esta), según parece definitivamente alejado del bipartidismo, ha debilitado el sustrato argumentativo de las tesis independentistas. Pero ello no ha llevado a reconsideración autocrítica alguna por parte de los defensores de estas, sino tan solo a un ligero retoque cosmético, consistente en descartar algunos eslóganes y poner en circulación nuevas ideas-fuerza.

Pienso en concreto en aquella frase que podía leerse en muchas pancartas que empezaron a colgarse en los balcones de los pueblos y ciudades catalanes: «Volem ser un país normal». Es cierto que cuando se le inquiría a algún soberanista por cuáles eran esos países normales la relación que se solía presentar era ciertamente exigua: «Escocia, Quebec…», respondían, con el tono de que eran los primeros nombres de una larga lista. Cuando se pedía algún otro más quedaba en evidencia que no lo había, y que esos dos países constituían la excepción, y no la regla, en el concierto internacional.

La verdad es que, en el caso de que alguien se tomara la molestia de elaborar una relación de las inconsistencias y contradicciones del discurso soberanista, el material que podría recoger le daría para una enciclopedia (voluminosa). Pero eso no es ahora lo relevante. A estas alturas, lo verdaderamente relevante es la constatación de la más que cuestionable utilidad de señalar tantas inconsistencias y contradicciones. Se extiende desde hace un tiempo por la sociedad catalana, casi como una mancha de aceite, la idea de que, como diría un castizo, está todo el pescado vendido, y empieza a parecer más que dudoso que, entre en el debate el elemento que entre (por escandaloso que pueda llegar a ser), el signo de las opiniones pueda cambiar.

No es una buena noticia. Me parece preocupante, de estar fundada esta sensación, la falta de disposición por parte de muchos catalanes de tomar en consideración argumentos y datos que vengan a cuestionar sus convencimientos previos. Aunque sobran ejemplos, ya habrá ocasión más adelante de analizar con mayor atención los niveles de credulidad acrítica asumidos por un sector importante de la ciudadanía catalana. Tampoco es cuestión de enredarse en los detalles (aunque tal vez unos resultasen más reveladores que otros), pues ahora importa más que el detalle de los árboles (abundantes y frondosos) no nos impida ver el bosque en su conjunto. Lo cierto es que la política catalana lleva demasiado tiempo abandonada al consignismo más desatado, al esloganismo más insustancial o, si se prefiere, a una dinámica en la que una nueva formulación publicística, más o menos eficaz, sustituye a la anterior sin que medie justificación y sin que nadie se sienta obligado a pedir explicaciones. Más aún, se promueve de manera sistemática el olvido de los episodios anteriores precisamente por parte de aquellos que más los impulsaron.

Mencionaré tan solo un caso por el calado de las preguntas que permite extraer. Sé que a algunos la fecha del 9 de noviembre de 2014 les parecerá muy remota a estas alturas —sobre todo a aquellos que se obstinaron en convertirla en histórica—, pero tal vez sea este un momento adecuado para plantearse preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el saldo político de aquel denominado «proceso participativo»?, ¿para qué sirvió?, ¿qué lección se extrajo de él?, ¿alguien se atrevería a afirmar que su resultado proporcionó una fotografía fiel del sentir de la ciudadanía catalana?, ¿no será más bien que el objetivo real de todo aquel montaje era en exclusiva que Artur Mas pudiera afirmar ante los suyos que había cumplido su palabra «poniendo urnas»? Y, en ese supuesto, ¿qué juicio nos debería merecer tamaña movilización para semejante propósito?

Es probable que, volviendo por un momento al plano más amplio para entender mejor el sentido de nuestra crítica, nos encontremos ante uno de los efectos perversos de comprender que la ilusión o las emociones en general constituyen un criterio último e incontrovertible por encima de cualquier valoración racional o incluso por encima de los mismos hechos. Ahora bien, para poder colocarlas en ese lugar supremo hace falta comulgar con su carácter espontáneo, casi natural. Pero sabemos perfectamente que no siempre es así, que también las emociones, a pesar de las resistencias que parecen ofrecer a nuestra propia racionalidad, no vienen caídas del cielo, sino que son inducidas, es decir, que en un determinado sentido constituyen el resultado de la acción humana. Esto se hace más evidente, si cabe, en el caso de lo que podríamos llamar las emociones colectivas.

Así, puestos a especificar, todas aquellas emociones que conforman el entramado básico sobre el que se edifican las identidades colectivas precisan o de un Estado o de instituciones equivalentes por su eficacia (gobiernos autonómicos, iglesias, medios de comunicación potentes…), las únicas capaces de incidir en la socialización de los individuos generando adhesiones emotivas de un determinado tipo (como, por ejemplo, ante los símbolos). Al señalar esto no estamos descubriendo nada nuevo. De hecho, hace ya mucho (en 1861, para ser exactos) que Massimo d’Azeglio pronunció su famosa frase en la primera sesión del primer parlamento italiano: «Hemos hecho Italia, ahora hemos de hacer a los italianos».

No se trata, pues, de cuestionar tales emociones, sino de señalar su genuina naturaleza, precisamente para que no se utilicen con un fin distinto de aquel para el que fueron diseñadas. Qué duda cabe de que en muchas ocasiones las emociones desempeñan el papel de cemento del conjunto de opiniones y convicciones, viniendo en ayuda sobre todo de quien anduviera escaso de ambas, un poco a la manera en que, si se me permite la analogía, los liderazgos cumplen la función de antropomorfizar los programas políticos. Pero no es casualidad que en ambos casos los peligros de patologización sean grandes, resultando subsumibles bajo el rubro de una fanatización acrítica. Volveremos a ello más adelante.

Entretanto, y para finalizar este pequeño rodeo muy general, dejemos constancia de que el atractivo de la posición emotivista que estamos criticando se relaciona con el hecho de que quien la toma se blinda ante cualquier cuestionamiento (pues nada hay por encima de una ilusión potente, que parece ser el supuesto con el que operan quienes naturalizan esta instancia). Las críticas que puedan recibir por sus incoherencias y contradicciones les traen perfectamente sin cuidado. Para que este blindaje pueda funcionar se necesita un argumento complementario, una pieza indispensable también de fondo o de carácter general que se desprende, como fruta madura, de lo anterior: la desresponsabilización.

Recuperando el hilo de lo concreto se entenderá mejor lo que se pretende señalar, que no es otra cosa que el fariseísmo de determinadas posiciones políticas. No somos responsables de nada, vienen a decir, nuestros independentistas, sino que «nos limitamos a acompañar al pueblo de Cataluña en sus reivindicaciones», por utilizar una expresión muy de Artur Mas. Al margen de que no parece que la tarea para la que los ciudadanos eligen a sus representantes sea que se limiten a eso (¿acaso escogerían ustedes a alguien que les pidiera su voto únicamente para acompañarlos?) en lugar de a formular propuestas atractivas o resolver sus problemas más acuciantes, lo cierto es que si nos fijamos en uno de los protagonistas más destacados del proceso, Artur Mas, constataremos que su trayectoria acredita más bien una querencia extremadamente intensa hacia el personalismo y el viejo politiqueo de camarillas, habiéndose ajustado su conducta a este patrón político en múltiples ocasiones en el pasado (rasgo que han compartido sus sucesores), por más que se empeñase en aparecer como mera dama de compañía de su electorado, intentando eludir así toda responsabilidad.

No se trata de un juicio de intenciones, sino de una simple constatación. Baste con recordar que, en las elecciones de septiembre de 2015, a las que estamos haciendo alusión, Artur Mas se ausentó del debate en el que le habría tocado rendir cuentas y se refugió en un recóndito lugar de la lista electoral, a cubierto de la demanda de responsabilidades. Después, instalado en el confort de la sala de máquinas de su partido, se dedicó durante un tiempo a matizar, reconvenir y proponer, algunas veces en sentidos muy distintos a los que defendía cuando estaba en el poder. Lo malo es que esta actitud acabó por marcar tendencia entre los suyos. Y lo peor es que la ciudadanía catalana parece haberse acostumbrado a que, cuando llega la hora de la verdad, sus políticos se escaqueen.

En todo caso, y por resumir, la situación podían haberla dibujado en una de sus viñetas el Chumy Chúmez, El Roto o el Summers de la inolvidable revista de humor Hermano lobo: el líder carismático, de mentón prominente y tupé «escobarino» (el copyright de la expresión corresponde al añorado Forges) se dirige a las masas, alentándolas al grito de «¡Seguidme!». Las masas, un punto atónitas, contestan: «¿A dónde?», pregunta a la que el líder carismático, con total desparpajo, replica: «Ah, no sé, donde digáis». El chiste funciona igual si, en la viñeta, este, en lugar de tupé escobarino, se adorna con un corte de pelo estilo Beatles. Ustedes me entienden.

LIDERAZGOS ERRÁTICOS

Los argumentos con los que se han justificado tales actitudes —de marcado carácter personalista y obsesionadas por la figura del líder (o lideresa)— han sido de diferente tenor. Por un lado, está el de la naturaleza instrumental del liderazgo, según el cual no había que desperdiciar el capital político que suponía el hecho de que el candidato fuera ya conocido de manera amplia por la ciudadanía, argumento de un crudo pragmatismo, sin duda inquietante, y válido tan solo para aquellos casos que aporten cierta notoriedad pública previa. Pero hemos tenido oportunidad de comprobar hasta qué punto esta argumentación puede terminar legitimando un personalismo fronterizo con el fanatismo, y cómo las figuras en principio aupadas al poder por razones meramente coyunturales y apenas conocidas por la mayor parte de la ciudadanía (pienso, como es obvio, en Carles Puigdemont) pueden acabar propiciando y promoviendo auténticos cultos a la personalidad.

Por otro lado, se afirmaba que lo importante del liderazgo es que tras él hubiera una línea política definida, argumento de mayor sustancia pero de más que difícil aplicación a la situación catalana. Porque no ha sido solo transparencia y participación lo que se ha echado en falta en Cataluña, sino también —y tal vez sobre todo— precisamente una línea política definida. La ausencia de esta intentaba enmascararse tras una gestualidad de apariencia democrática («Lo que la gente decida») pero que a duras penas conseguía ocultar la existencia de unas actitudes subyacentes que los más críticos no han dudado en calificar como tacticistas, cuando no directamente oportunistas.

Con lo que regresamos a la viñeta imaginaria. En el esquema que hemos reconstruido es a los ciudadanos a quienes parecen haberles endosado la tarea de señalar el camino para la solución de los problemas que les han planteado. Repárese en que, de asumir esa tarea, se habría procedido a una radical inversión de los papeles de cada cual, de tal manera que se diría que para algunas formaciones son los ciudadanos los que en realidad representan a los políticos. Como es de todo punto evidente, la ciudadanía nunca tuvo en sus manos semejante poder. La versión (relato, siguiendo la terminología al uso) según la cual cuanto sucedía en Cataluña surgía espontáneamente de la sociedad, sin que élites, dirigentes o cúpulas tuvieran nada que ver, quedó por completo desmentida en otoño de 2017, cuando algunas detenciones desactivaron por completo las movilizaciones callejeras. El privilegio del tiempo transcurrido permite certificar, sin margen de error, que aquella versión solo pretendía ser el burladero tras el que se pudieran esconder los promotores de lo que estaba sucediendo para evitar responder de sus actos.

En el bien entendido de que sería injusto endosar el reproche de la desresponsabilización exclusivamente a algunos, lo peor de todo es que esta actitud pasó a formar parte de la nueva normalidad. Así, y permítanme el breve recordatorio, cuando a principios de 2016 parecía inevitable la repetición de las elecciones en Cataluña no faltaron voces, sobre todo entre los incondicionales del expresident Artur Mas, que clamaron por la necesidad de desvincularse de manera rotunda e irreversible de la CUP, incluso en el supuesto de que, en el último instante de la negociación (como terminó sucediendo), esta diera su brazo a torcer en alguna medida. La formación antisistema había mostrado su auténtico rostro, argumentaban, y con ella ya no tenía el menor sentido intentar acuerdo alguno. Tocaba repartir las fichas de nuevo.

No fue eso lo que finalmente sucedió, pero esto no descolocó en lo más mínimo al mencionado sector incondicional ni lo movió a la menor autocrítica. Lo relevante de la anécdota no es tanto la ciega sumisión a los designios del líder carismático, sino la manera en que algunas personas se acomodaron al nuevo escenario. Cuando a alguna se le recordaron sus afirmaciones de pocas horas antes, su respuesta no pudo resultar más reveladora: «Ayer era ayer y hoy es hoy». Una rotunda tautología al servicio de la más flagrante inconsecuencia argumentativa y que, aplicada a destajo, no solo permitía, sino que anunciaba, los más espectaculares (e impunes) cambios de posición.

Si semejantes reacciones no han movido a escándalo, ni siquiera a sorpresa, es porque han acabado constituyendo, como intentaba señalar, una pauta generalizada de conducta encabezada por los propios responsables políticos, que hace tiempo que abandonaron la mínima exigencia democrática de rendir cuentas ante la ciudadanía. Si, en efecto, los responsables políticos hubieran ejercido de tales y se hubieran sentido obligados a responder del cumplimiento (o no) de sus propuestas, del resultado de su gestión y, más en general, del sentido de sus propias palabras, probablemente la deriva de nuestra vida colectiva habría sido distinta.

Y, así, como segundo recordatorio del mismo momento político, los que en plena noche electoral de las autonómicas catalanas del 27 de septiembre de 2015 proclamaban, alardeando de ser políglotas, «Hem guanyat, hemos ganado, we have won, nous avons gagné», pocas semanas después alumbraban un argumento rigurosamente inédito en la historia de la teoría política: aquel «hemos ganado, pero poco», que recuerda de un modo lamentable al «estar un poco embarazada». Por decirlo a su manera: «Hemos obtenido un mandato democrático para iniciar el proceso de desconexión, pero no para culminarlo». Está claro que, en su momento, a los independentistas quebequeses o escoceses les faltó creatividad para interpretar de esta manera el resultado de sus consultas y, ayunos de imaginación, pensaron que habían sido derrotados. (Aunque para que esta breve excursión al pasado no nos haga perder de vista el presente, valdrá la pena recordar que, dos años después, Artur Mas cambiaba de opinión y la cifra que en 2015 le parecía suficiente pasó a resultarle abiertamente insuficiente. Sin proporcionar la menor explicación de su cambio de opinión, por supuesto).

Pero que las referencias a los protagonistas no aparten nuestra atención de aquello que protagonizaban. El giro que tomó la política catalana en otoño de ese mismo año, con el anuncio formal de la desconexión con España por parte del Parlament de Catalunya, nos alejaba por completo incluso de aquellos dos casos, el de Quebec y el de Escocia, del que tanto se reclamaban ¿herederos? nuestros independentistas. Ya no cabía afirmar que lo que se estaba intentando hacer en Cataluña tenía precedentes, al menos en países con los que nos gustaría homologarnos. El independentismo había pasado a formular unas propuestas de todo punto excepcionales, de todo punto anómalas. Por supuesto, hubo quienes dijeron que tampoco era tan grave. Pero, en cualquier caso, no podía mantenerse el mismo argumentario de antes sin llevar a cabo alguna modificación. Recuerdo a un guasón que propuso una: la de cambiar la leyenda de aquellas pancartas a las que aludíamos, («Volem ser un país normal») y sustituirla por otra nueva: «Volem ser un país anormal». Y por esta senda de anormalidad fue por donde se continuó.

ANTES ROTA QUE ROJA

Si el detonante del procés no fue, como el relato del oficialismo catalán gusta de repetir, la sentencia del Estatut de junio de 2010, sino lo ocurrido justo un año después, en junio de 2011, cuando Artur Mas tuvo que entrar en helicóptero en un parque de la Ciudadela rodeado de indignados que le impedían el acceso al Parlament en protesta por su feroz política de recortes, entonces se impone una reflexión. Habrá que empezar a plantearse seriamente si lo que en realidad pensaron siempre los promotores del procés, volviendo del revés la famosa frase de José Calvo Sotelo referida a España para aplicarla a Cataluña, es antes rota que roja.

Lo cierto es que la reconstrucción veraz de los hechos abona más esta hipótesis que la oficial, pero no es esta cuestión la que pretendo plantear ahora, sino otra, según mi parecer, de mayor importancia, que es con la que, estirando el hilo de nuestra sospecha, llegaríamos a la conclusión de que la fractura de la sociedad catalana no es un imponderable, un efecto no deseado de la voluntad de secesión por parte de un sector de esta, sino el precio que este ha aceptado pagar de forma consciente para alcanzar sus objetivos.

A mi juicio no se destacaron lo suficiente las palabras de Ernest Maragall, que fue candidato a la alcaldía de Barcelona por ERC, cuando, como president provisional del Parlament, finalizó su discurso el 17 de enero de 2018: «Este país siempre será nuestro». Una interpretación benévola sostendría que, en el contexto de su furibunda crítica al Estado español, el posesivo «nuestro» empleado por Maragall aludía a la totalidad del pueblo de Cataluña. Sin embargo, los hechos se han encargado de demostrar que esta benevolencia entra en rotunda contradicción con la actuación del bloque independentista.

Así, por más que algunos sectores de dicho bloque insistan en la necesidad de ensanchar su base social atrayendo para la causa a nuevos sectores ahora desafectos, la evidencia es que, por proporcionar solo un dato, pero muy significativo, el president Torra nunca se ha dirigido a los ciudadanos catalanes no independentistas ni, como aquel que dice, para saludarlos. Sus repetidas referencias al pueblo de Cataluña en realidad se dirigen únicamente al sector independentista, ignorando por completo al resto o, si se digna aludirlo muy de refilón, identificándolo con los sectores de la derecha española más franquista.

A la vista de semejantes prácticas, ¿alguien puede creerse la existencia de esa proclamada voluntad de integrar a los que todavía no comparten el proyecto secesionista, acogiendo al máximo de catalanes en un fraternal diseño de futuro común? Más bien parece que las iniciativas publicitadas en ese sentido, como podrían ser las de asociaciones de castellanoparlantes por la independencia, al margen de propiciar la promoción política personal de sus dirigentes, estaban en realidad más cerca del «de uno en uno y con el carné en la boca» que de una genuina política de brazos abiertos[20]. Tampoco debería extrañar tanto esta actitud por parte del sector independentista, que ya hace tiempo renunció a intentar persuadir a los ciudadanos discrepantes para dedicar todos sus esfuerzos a colocarlos en la disyuntiva de tener que elegir entre la adhesión inquebrantable a su causa o el silencio más absoluto.

La insistencia, tan incansable como cansina, de los promotores del procés en llevar a cabo un referéndum de autodeterminación expresa con claridad meridiana su empeño por consagrar la fractura de la sociedad catalana. Porque si a estas alturas algo parece asegurado es el resultado: dos mitades enfrentadas en las que una de ellas obtendría una diferencia casi insignificante sobre la otra. No conozco a ningún constitucionalista que se alegre ante la posibilidad de ganar un referéndum por la mínima que certificara el fracaso de Cataluña como proyecto nacional integrador. Proliferan, en cambio, los independentistas que valoran esta posibilidad, siempre que el resultado sea a su favor, como una auténtica Ítaca.

Llegado a este punto, el oficialismo catalán acostumbra a argumentar en su descargo que han sido las circunstancias externas (léase, la cerrazón y la intransigencia de los gobiernos centrales) las que lo han abocado a esta reclamación como única alternativa. Pero la prueba de la inconsistencia del argumento es que cada vez que alguien, desde sus propias filas y aunque fuera con la boca pequeña, ha insinuado la posibilidad de alcanzar alguna forma de acuerdo entre las fuerzas de izquierda para superar el impasse actual, sacando así a la política catalana del ensimismado eje nacional y desplazándola, aunque sea en parte, hacia el eje social, los independentistas de pata negra se han lanzado a la yugular del proponente al grito de «traidor» o, en su defecto, «botifler». Podrían haber gritado «antes rota que roja».

Pero no confundamos la valoración con la descripción. De ser cierta la hipótesis que hemos planteado no nos quedaría otro remedio que reconocer que el empeño de ruptura de la sociedad catalana por parte del independentismo, perseguido con tenacidad desde junio de 2011, ha empezado a dar sus frutos. A poco que los promotores del procés perseveren en su actitud no hay que descartar que terminen por conseguirlo. Aunque, conviene puntualizar, ello no tiene por qué implicar necesariamente que alcancen los objetivos políticos finales que se habían fijado. En este último supuesto su comportamiento se ajustaría como un guante a la tercera ley básica de la estupidez humana presentada por Carlo Cipolla, la cual, como se sabe, sostiene que «una persona estúpida es una persona que causa pérdidas a otras personas sin obtener ningún beneficio, incluso incurriendo en pérdidas».

En cualquier caso, no da la sensación de que a los líderes independentistas parezca importarles demasiado la posibilidad del fracaso político, concentrados como están en conseguir romper la sociedad catalana en dos. Ya no queda tanto para que lo logren (empiezan a no ser raras las noticias de enfrentamientos en la calle, sea por los lazos amarillos, por el encuentro de manifestaciones de diferente signo o por cualquier otro motivo análogo) y, aunque visto desde fuera pueda resultar chocante, se les ve eufóricos ante esta perspectiva.

7

LOS HECHOS, POR ASÍ DECIR

JORDI PUJOL, O CUANDO SER HONRADO ES UN MAL NEGOCIO

Probablemente todos ustedes recordarán a Enric Marco, aquel gran impostor que paseaba por platós de televisión, colegios, asociaciones de vecinos e incluso parlamentos (tanto nacionales como autonómicos) su falsa historia como víctima de la barbarie nazi, se supone que con el bienintencionado propósito de que no cayera en el olvido todo aquel horror que vivió Europa el pasado siglo. Él mismo llegó a justificar sus mentiras con este argumento: a veces hay que exagerar, o incluso inventar los hechos, para obtener un buen fin.

Sin embargo, quizá no sean tantos los que recuerden el texto con el que finalizaban las octavillas que, el 19 de mayo de 1960, lanzó un entonces joven Jordi Pujol en el Palau de la Música Catalana de Barcelona en presencia de Franco, quien había acudido al lugar para sumarse a los actos de homenaje por el centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall (lanzamiento que hizo que el que luego sería fundador de CDC terminara con sus huesos en la cárcel una temporada). Merece la pena recordar las palabras finales que podían leerse en aquellos panfletos: «El general Franco […] ha escogido como instrumento de gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido con hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso el Régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. […] además de UN OPRESOR, [Franco] ES UN CORRUPTOR».

Como el tiempo se encargó de demostrar, no se trataba de un registro ético ocasional o anecdótico. De hecho, Jordi Pujol perseveró en él un cuarto de siglo después, con ocasión de otro suceso trascendental en su trayectoria política, el escándalo de Banca Catalana. Así, ante la multitud congregada en la plaza de Sant Jaume para desagraviarle, proclamaba desde el balcón de la Generalitat el 30 de mayo de 1984: «En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos». El paralelismo con la figura de Marco resulta evidente y se comprende el «cráter radiactivo», como lo denomina Enric Juliana en sus artículos, que generó la tardía confesión del exhonorable en julio de 2014, en la que admitía que desde el año 1980 dispuso de varias cuentas en el extranjero con dinero sin regularizar.

Valdría la pena plantearse hasta qué punto este episodio ha servido para cerrar con siete llaves el sepulcro del discurso nacionalista o simplemente lo ha condenado a llevar una existencia política vergonzosa. Es cierto que ERC viene proclamando desde hace tiempo la posibilidad de un independentismo no nacionalista (para ser exactos, desde la época de Carod Rovira) y esta propuesta tuvo cierto éxito, sobre todo entre sectores que no querían descolgarse demasiado del oficialismo soberanista ni perder cierta aura de progresismo. En todo caso, es un hecho que la propuesta surgió no tanto con la intención de fagocitar al nacionalismo, como con la de conseguir ensanchar la base del electorado independentista (accediendo a sectores provenientes de la inmigración) y, de esta manera, reforzar una alternativa de izquierda al nacionalismo. Porque, ciertamente, ni en sus peores pesadillas soñaba ERC con que la novedosa propuesta de Carod Rovira pudiera terminar sirviendo para que una CDC reciclada fingiera haber dejado de ser nacionalista y le disputara, vía una radicalidad unilateralista y «puigdemontista», su propio electorado.

Tal vez en esa huida hacia delante del nacionalismo o, si se prefiere, en esa urgencia sobrevenida por olvidar sus orígenes, el escándalo de la presunta herencia de Jordi Pujol haya desempeñado un papel central, pues en gran medida ha hecho saltar por los aires el discurso victimista autocomplaciente en el que Convergència estuvo durante décadas instalada de forma cómoda. Porque no es asunto menor ni irrelevante que quien había pasado por ser la gran victima fundacional de los enemigos de Cataluña acabara revelándose como (y confesando ser) su más precisa copia. De pronto, y sin duda de manera brutal, el relato mítico que situaba en los orígenes (fundamentalmente en el franquismo) la gran pérdida, el daño pendiente de reparar, la inocencia histórica mancillada mudó en oscuridad moral y mostró su obscena condición de mentira.

Durante años, Jordi Pujol gustó de aparecer ante los suyos y, por extensión, ante toda la ciudadanía catalana como el heredero de una actitud política capaz de anudar sin atisbo de contradicción los ideales más acendrados con el pragmatismo más eficaz. Se presentaba como un tipo de fiar; si se prefiere, como una persona honrada, pero de una manera específica: honrada tanto por responsabilidad como por convicción, si lo formulamos a la clásica manera de Max Weber. Él mismo lo declaró en cierta ocasión en unos términos que recordaban mucho los utilizados por el filósofo contractualista canadiense David Gauthier en su libro La moral por acuerdo[21]. Las palabras textuales del patriarca nacionalista fueron «Ser honrado es un buen negocio».

Los hechos se encargaron de demostrar que esa afirmación, aun pudiendo ser verdad, era solo una parte de lo que pensaba Jordi Pujol. Lo que no decía (pero que en cierto modo dejaba avisado) era que si la razón fundamental para apostar por la honradez radicaba sobre todo en que es un buen negocio, entonces su actitud podía cambiar en cuanto dejara de serlo o hubiera otro más rentable. De manera que, implícitamente, venía a confesar que tan pronto como descubriera que era mucho mejor negocio abandonar la honradez (y que no le pillaran, claro), se quedaría huérfano de razones de peso para perseverar en la virtud, como en efecto hoy sabemos que ocurrió bien pronto.

En todo caso, lo que está fuera de toda duda es que Pujol creó escuela en cierto tipo de prácticas. No es este un juicio de valor sino de hechos: los tribunales de justicia, en el capítulo «hechos probados», han certificado que la gran figura del nacionalismo catalán del siglo XX tuvo numerosos y aventajados discípulos. Tampoco cabe la menor duda de que en otros lugares los protagonistas de este tipo de comportamientos no se hubieran podido ir de rositas políticamente —así quedó certificado con el triunfo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez en 2018—, como lleva sucediendo en Cataluña desde hace décadas.

Quede claro que no estoy intentando deslizar la idea de la existencia de un vínculo a este respecto entre el fundador y su proyecto político, al que estoy convencido de que se sumaron personas sin la menor mancha. Tampoco pretendo insinuar la tesis, que tanto complace a algunos, de que el origen del procés se encuentra en el intento de ocultar la corrupción de sus dirigentes bajo el manto de las movilizaciones de masas. Tan solo pretendo adelantar una pequeña muestra de lo que se desarrollará en lo que sigue, a saber, la existencia en la sociedad catalana de una anomalía, que me atrevería a calificar de estructural, generada por la naturaleza profunda del discurso nacionalista y que permite entender la escasa, por no decir nula, exigencia de responsabilidad a sus dirigentes por parte de todo ese sector de la ciudadanía catalana afín al nacionalismo, primero, y al independentismo, después.

EL SUSTITUTO DEL SUSTITUTO DEL SUSTITUTO DEL SUSTITUTO…

Pero sigamos con el relato de los hechos. Es cosa sobradamente conocida que la pretensión de Jordi Pujol era verse sustituido al frente de la Generalitat por su hijo Oriol Pujol. Nunca sabremos cómo hubiera sido su gestión de haber ocupado dicha presidencia, aunque la forma en la que se desempeñó en otros ámbitos profesionales no invita a aventurar hipótesis muy optimistas. El caso es que, mientras llegaba el momento previsto, el patriarca designó a un sustituto del sustituto: Artur Mas.

No tiene sentido abrir ahora un debate, del todo estéril por ucrónico, respecto al acierto o error de esta designación. Es cierto que a veces ocurre que el sucesor es peor que el antecesor, aunque esto no convierte a este último en bueno, sino únicamente en menos malo. Esta constatación resulta casi inevitable al referirse a Artur Mas, desde luego, pero podríamos aplicarla sin dificultad al sucesor (Quim Torra) del sucesor (Carles Puigdemont). En todo caso, si el delfín de Jordi Pujol pasa a la historia por algo será por los enormes daños causados no solo a su partido, sino también al catalanismo político y a la propia Cataluña. De hecho, él mismo no parecía ser capaz de encontrar mayores méritos a su carrera cuando, preguntado por el balance que hacía de su trayectoria en la rueda de prensa de despedida de la política, ya en 2018, puso el énfasis en sus victorias electorales, pero no en lo que había hecho con ellas.

Xavier Vidal Folch sintetizó bien en aquel momento las virtudes y las limitaciones de Mas y, de paso, constató la enorme distancia que, a pesar de estas últimas, le separaba no solo de esos prófugos amantes de «maniobras circenses» (Carles Puigdemont, obviamente), sino también de sus «monaguillos de ridículas investiduras telemáticas» (Quim Torra, claro está[22]). Pero constituiría un grave error —o, mejor dicho, una perseverancia en el error— aprovechar que estemos analizando este extremo para lanzar el enésimo lamento del tipo: «¡Lo que va de ayer a hoy!», subrayando únicamente lo que la situación política general del país ha empeorado con el tiempo y con los relevos en sus élites, ya que eso implicaría dejar sin cuestión por qué razón ese ayer, tan añorado por algunos, ha dado lugar a este hoy, tan denostado por los mismos.

Porque, en cierto modo, los rasgos del expresident Mas —incluso aquellos que, en principio, solían merecer una consideración positiva— prefiguraban el modelo de político que, posteriormente, no ha hecho otra cosa que consolidarse. En efecto, de Mas solía destacarse su condición de buen parlamentario, poseedor de un estilo sobrio y eficaz que le permitía extraer rendimiento político a un argumentario no siempre bien articulado. Si se prefiere formular idéntico elogio con otros términos: se acostumbraba a subrayar el hecho de que fuera un buen comunicador.

No voy a negar ni que Mas poseyera las virtudes que se le suelen atribuir, ni a cuestionar que estas sean tales. Me limitaré a reiterar algo que ya quedó apuntado con anterioridad, y es que con dichas virtudes no basta. Con la perspectiva que otorga el tiempo transcurrido, el balance de su gestión se deja resumir muy brevemente en dos palabras: peor, imposible. El presidente de un gobierno que se proclamaba business friendly habría sido despedido de manera fulminante como consejero delegado de cualquiera de las empresas con las que tan buenas relaciones deseaba tener si, en la primera ocasión para rendir cuentas, hubiera presentado un balance de resultados comparable al que obtuvo en política. Quien alcanzó el poder oteando la mayoría absoluta lo abandonó dejando a su partido en un estado lamentable.

Pero no basta con la mera constatación cuantitativa del fracaso. También es importante señalar su signo a fin de interpretar adecuadamente la magnitud de la debacle. Durante años solía decirse que el electorado soberanista (nacionalista e independentista) constituía, en cierto modo, un único compartimento que producía algunos trasvases, de tal manera que, haciendo números, las pérdidas de uno eran siempre, casi con exactitud, ganancias del otro y a la inversa.

Es en este contexto en el que se deben valorar, no ya las sucesivas derrotas de Artur Mas (cuando adelantó elecciones para obtener mayoría absoluta y perdió doce diputados, o cuando fracasó en su presunto plebiscito), sino, quizá sobre todo, su reacción ante ellas. Tras la primera, lejos de llevar a cabo la menor reconsideración crítica, decidió uncir su suerte a la de su competidor electoral, el resultado es bien conocido: las encuestas que vaticinaban el sorpasso de CiU por ERC en las siguientes elecciones eran tan coincidentes que Mas se vio obligado a forzar la coalición Junts pel Sí como única manera de enmascarar la ruina a la que estaba llevando a su partido. La segunda derrota, la de las plebiscitarias, fue si cabe más sangrante, ya que el posterior pacto con la CUP le costó la propia cabeza. En suma: la de Mas es una política de alianzas de la que, a la vista está, siempre han salido damnificados tanto él como su partido. Cuesta encontrar en la historia reciente de nuestro país casos tan flagrantes de incompetencia política.

Pero la conocida ley de Murphy, según la cual si algo puede ir mal irá mal, en este caso se ha cumplido con una fatalidad solo comparable a la ley de la caída de los graves. Lógico. Habría resultado sorprendente que quien tan poco acertó durante su mandato fuera a hacerlo a la hora de elegir sucesor. Incurriendo probablemente en el consabido error de tantos políticos de colocar en su lugar a sustitutos de escaso relieve que los hagan buenos con efecto retroactivo (a ser posible hasta el extremo de ser añorados), Mas propuso, en un ejercicio de dedazo, como dicen los mexicanos, que nada tenía que envidiar a los del PRI, al entonces alcalde de Girona, que, me atrevería a afirmar, era un perfecto desconocido para el grueso de la ciudadanía catalana.

Pues bien, todavía resulta más fácil un balance de la gestión de Carles Puigdemont, por la sencilla razón de que nunca existió. Cuando llegó al poder, su único objetivo —rayano con la obsesión— fue pasar a la posteridad como el president que convocó el referèndum para la independencia. Que lo convocó es un hecho incuestionable, pero que eso, y todo lo que vino después, le haga pasar a la posteridad en la forma que con tanta ansia espera está por ver. A fin de cuentas, también Mas, en un gesto no precisamente de humildad franciscana, donó al Museo de Historia de Cataluña la pluma estilográfica con la que había firmado la convocatoria de un seudorreferéndum que hoy nadie se toma en serio. Pero, como es obvio, la falta de gestión de Puigdemont al frente de la Generalitat no agota el análisis del personaje, cuyas andanzas posteriores han ido mucho más allá. Por ello, no nos precipitemos en ofrecer valoraciones apresuradas y detengámonos antes a considerar algunos momentos previos que no conviene en modo alguno dejar que caigan en el olvido. Entre otras razones porque, aunque el vértigo posterior de los acontecimientos haga que todo lo anterior parezca poco menos que de la prehistoria, lo cierto es que en ellos encontramos claves que arrojan luz sobre todo lo ocurrido después.

NADIE QUERÍA SER PRESIDENTE

Nada más conocerse la renuncia de Mas a presentarse a la investidura como president de la Generalitat, alguien escribió que, en el fondo, la aspiración secreta del líder de CDC era la de convertirse en el Arzalluz catalán, y manejar desde la sombra los hilos del poder político en Cataluña sin sufrir el inevitable desgaste de la gestión directa. Desde el primer momento me mostré de acuerdo con esta tesis, y guardaba en mi coincidencia la reserva que el autor de la afirmación manifestaba respecto a que también era de esperar que el designado como sustituto más o menos instrumentalizable se resistiera a desempeñar tan poco lucido papel e intentara ser protagonista de la función, poniendo así en peligro la expectativa alimentada por quien lo había designado de limitarse a ser un mero actor de reparto. En todo caso, Puigdemont ya se había incorporado a la larga lista de políticos colocados en lugares de responsabilidad con la poco disimulada intención de ser teledirigidos, guardar el sitio al saliente por si se decidiese regresar o, simplemente, hacer parecer bueno, con su debilidad política, a quien antes ocupó el mismo cargo.

Pero Puigdemont ya dio una inicial sorpresa (peccata minuta comparada con las que nos aguardaban) al decidirse a seguir los pasos de su antecesor de un modo imprevisto. ¿Cuál? La de desdeñar la importancia de la más alta institución catalana. Porque ese es el mensaje que se empeñaron en difundir algunos de los incondicionales que en los últimos años más se destacaron por su cerrada defensa de la figura de Mas: tras defender a capa y espada su entregada disponibilidad a ceder ante la CUP cuanto hiciera falta con tal de mantenerse al frente de la Generalitat, en el preciso instante en el que este tiró la toalla decidieron reeditar la fábula de la zorra y las uvas, y pasaron a afirmar que no había de lo que preocuparse porque la Generalitat del momento apenas era otra cosa que una estructura administrativa vacía, comparable a una diputación provincial, sin contenido político alguno.

Desde entonces, esos mismos incondicionales parecían haberse propuesto la tarea de fijar en la mente de la ciudadanía catalana que si bien Puigdemont era el president de la Generalitat, Artur Mas lo era de Cataluña. A ello, mucho más que a reflotar su formación política, se dedicó con notable empeño este último. No había acto público relevante —esto es: aquel al que estuviera previsto que acudieran los medios—, tratárase de la inauguración de una línea de metro, del recibimiento de Francesc Homs en la sede de CDC tras su declaración ante el TSJC o incluso del fallecimiento de un exfutbolista ilustre, en el que el expresident no estuviera presente, y no precisamente de manera simbólica, sino que dejaba el testimonio de unas palabras que marcaban en público la dirección por la que debía transitar el sustituto (por ejemplo, declarando —¡él!— que no se le deben hacer a la ciudadanía catalana promesas que no se pueden cumplir).

Puigdemont, en efecto, parecía haberse decidido a imitar, también en esto, a su antecesor y le había dado por mostrar idéntica displicencia hacia la institución que presidía. Así, declaraba que «para ir a gestionar una Cataluña autonómica no habría dejado de ser alcalde para ser presidente». Es cierto que en las mismas declaraciones intentaba explicar, en uno de esos ejercicios de logomaquia tan frecuentes entre nuestros responsables políticos, las razones de su aceptación del cargo: su convencimiento de que sería el presidente que iría «de la posautonomía a la preindependencia». (Aludimos a la logomaquia porque, puestos a intentar ser precisos, se suponía que en aquel lugar preindependiente ya estábamos desde la solemne declaración parlamentaria de desconexión de principios de noviembre de 2015).

No habría que descartar que tanta insistencia inicial en la transitoriedad de su mandato estuviera condicionada por la conciencia de haber sido objeto de una designación bien poco democrática. En efecto, Puigdemont estaba donde estaba sin que hubiera mediado elección alguna, a través del dedazo de su antecesor en el cargo, Artur Mas (el cual a su vez, como hemos venido recordando, se había presentado en el número cuatro en las elecciones autonómicas).

Tal vez contaminado por su propio origen o porque le pareció que no era una mala manera de proceder políticamente, antes de abandonar la alcaldía de Girona tomó a su vez la iniciativa de designar como su sucesor en el Ayuntamiento a Albert Ballesta, que había ido en el número diecinueve de la lista de CiU y ni siquiera había obtenido plaza en el Consistorio. Como probablemente recordarán, para que pudiera tomar posesión del cargo se requirió la insólita renuncia de los dieciocho candidatos que lo precedían.

VOLADURA DESCONTROLADA

Pero puestos a reconstruir los acontecimientos con la máxima fidelidad posible, habría que decir que, cuanta mayor envergadura presentaban las situaciones que le correspondía afrontar, más evidentes se hacían la inseguridad y la debilidad políticas de Carles Puigdemont (opacadas posteriormente por un liderazgo de pretensiones carismáticas). Y no digamos conforme se aproximaba la hora de la verdad. Así, no fui el único que, tras su comparecencia el 20 de septiembre de 2017, rodeado por todo su Govern para llevar a cabo una declaración institucional, pensó que la situación podía tomar otro rumbo.

Recuerden el contexto: el referéndum del 1 de octubre ya había sido convocado y el Estado había puesto en marcha su maquinaria. Es cierto que el entonces president inició su intervención con una crítica frontal al gobierno central, a los registros de sedes de la Generalitat y a las detenciones que se habían producido esa misma mañana, pero a cualquier espectador avisado se le hacía evidente que los mismos términos de la condena eran de doble uso. En efecto, denunciar la situación en Cataluña calificándola de «estado de excepción» le podía servir tanto para ratificarse en la necesidad de cumplir sus promesas como para abrirse una puerta que en los siguientes días le permitiera comunicar a la ciudadanía catalana que, en las nuevas circunstancias, la fuerza bruta del Estado español hacía inviable la celebración del referèndum. Por lo que a él respectaba, toda su gestión al frente del Govern, consagrada en exclusiva a organizar el proceso, habría acreditado una inequívoca voluntad de que tuviera lugar.

Pero, a mi juicio, resultaron mucho más llamativas las palabras que empleó para seguir hablando del 1-O. Evitó los términos más comprometidos y comprometedores (votación, referèndum…) y, en su lugar, optó por eufemismos como «saldremos a la calle con una papeleta», que recordaban a los «pondremos urnas» de Artur Mas y que, con el tiempo, se revelaron profundamente tramposos, como por lo demás cabía esperar de alguien que presumía de astuto. En el caso de Puigdemont, las expresiones utilizadas invitaban a pensar que el plan B de su gobierno, ante la imposibilidad material de celebrar el referèndum, era convocar una Diada bis, en la que se hiciera patente ante el mundo que lo único que reclamaba una previsible multitud agitando sus papeletas era un elemental ejercicio democrático. Un plan, por cierto, que parecía haber admitido días antes Joan Rigol en declaraciones radiofónicas, cuando señaló que lo importante del 1-O era la foto (ya fuera de las colas de votantes ante las urnas o de la Guardia Civil requisándolas o, podríamos añadir ahora, aprovechando el privilegio que nos concede saber lo que finalmente sucedió, de la Policía Nacional apaleando a ciudadanos indefensos y pacíficos).

La intervención en televisión del expresident esa misma noche parecía dar por zanjada la cuestión de la viabilidad material del referèndum: «Ya no es posible», remachó. En el fondo, Oriol Junqueras se pronunció al día siguiente en la misma línea, reconociendo que el desmantelamiento de la logística del referèndum alteraba significativamente las circunstancias. Y aunque es cierto que no fue más allá, lo es también que esa sola declaración implicaba un reconocimiento claro de que había que empezar a pensar políticamente en otros términos.

Con el paso del tiempo, hemos ido conociendo la intrahistoria de esos días no solo en el Palau de la Generalitat, sino también en la sede de los partidos soberanistas. La ciudadanía catalana ha ido teniendo noticia de las fuertes discrepancias entre un vicepresidente (Junqueras) que alimentaba unas expectativas de futuro muy claras y un presidente (Puigdemont) que entonces identificaba el suyo con la posteridad. Dichas tensiones probablemente prefiguraban las que iban a tener lugar un par de meses después, cuando, de nuevo, los intentos de Puigdemont por jugar a las ambigüedades florentinas y ser él quien convocara elecciones autonómicas para así evitar el 155 chocaron con la rocosa determinación de ERC, en aquel momento segura ganadora de unos próximos comicios.

De momento, lo único que conocemos es el dato de que, el 20 de septiembre por la tarde, Puigdemont, esta vez solo (dato llamativo en alguien a quien, siendo president en ejercicio, acompañaba en todo momento como su sombra Oriol Junqueras), volvió a comparecer ante los medios, en esta ocasión para declarar que nada se había visto alterado por las actuaciones judiciales y que tales contingencias estaban previstas. Por si alguien tenía dudas al respecto, al poco informaba a través de las redes sociales de la dirección electrónica a través de la cual los catalanes podían conocer el lugar en el que les correspondía votar. Además de todo eso, ese mismo día TV3, poco antes de su Telenotícies de las 21.00 emitió un anuncio invitando a votar en el referéndum.

Imposible obviar el dato de que, entretanto, las calles de Barcelona se fueron llenando de manifestantes. Más bien al contrario, es importante destacar este hecho y su relación con los responsables políticos del momento. Aunque tal vez fuera más apropiado hablar de no relación, esto es, de la ausencia de dirección política del proceso en una fase que algunos suponían final. Quienes hasta entonces lo animaban y dirigían (ANC y Òmnium) parecían haber perdido el control. Confiaban, por supuesto, en que el carácter masivo de las movilizaciones jugara a su favor, pero nadie en su sano juicio estaba en condiciones de asegurar que no se produjera un incidente que llevara la situación a un extremo por completo incontrolable. La imagen del estado en el que quedó un coche de la Guardia Civil aparcado esa primera noche ante la conselleria de Economía debería haber invitado más bien a la preocupación.

Pero no perdamos el hilo. En lugar de dirección política lo que parecía haber era una extraña amalgama de personajes dispuestos a pescar en río revuelto y de líderes ávidos de una presunta autoinmolación (solo presunta: cuando estaba a punto de materializarse, algunos huyeron despavoridos) que convirtiera su insignificancia política en grandeza histórica. A este respecto, el caso concreto de Puigdemont resulta paradigmático: un prófugo de la justicia que salió como salió de su cargo y del país, haciendo alarde del mismo coraje con el que fue a votar el 1 de octubre y con el que no se atrevió ni a convocar elecciones unas semanas más tarde ni a arriar la bandera española del Palau de la Generalitat, ha pretendido después aparecer no solo como un héroe, sino como el nuevo líder de toda la Cataluña soberanista. Curioso también —y profundamente significativo— hasta qué punto ha repetido los mismos movimientos que quien le designó y ahora se empeña en presentarse como el president de la república catalana, dejando al señalado por él, Quim Torra, como mero gestor del día a día administrativo de la Generalitat.

Y al igual que Mas, también Puigdemont parece empeñado en revestir su propia figura y sus comportamientos con unos ropajes épicos que, ciertamente, le vienen en exceso grandes. Así, por citar solo un aspecto relativo al último tramo de su fugitiva deriva, se empeña en presentar sus personalísimas decisiones en una muestra de la soledad a la que se ve condenado el auténtico político. Parece olvidar —o tal vez ignore— que la soledad del político en la cúspide del poder tiene que ver sobre todo con su insoslayable responsabilidad a la hora de tomar decisiones de particular trascendencia y de las que al final no tendrá más remedio que hacerse cargo, y no, ciertamente, con el hecho de que no pueda contar con nadie que venga en su ayuda en caso de apuro.

Haría bien Puigdemont en distinguir entre la soledad del político responsable que viene obligado a decidir el último qué conviene más a la sociedad que gobierna de la del político que está solo porque va nada más que a la suya y no comparte con nadie el cálculo de lo que más le interesa (no vaya a ser que se le arruine el plan). Mal asunto cuando un político duda mucho para lo primero y no incurre en la menor vacilación para lo segundo. Por la parte que me toca como catalán, preferiría equivocarme y no tener que decir esto de un expresident de la Generalitat, pero lo cierto es que Carles Puigdemont parece pertenecer a este tipo de políticos. Baste con recordar sus titubeos a la hora de convocar elecciones autonómicas o sus debilidades confesadas vía WhatsApp a su exconseller de Sanidad, Toni Comín, así como la firmeza recalcitrante con la que está defendiendo unas posiciones que la mayor parte de observadores coinciden en afirmar que lo único que persiguen es proporcionar una salida a su complicada situación personal.

Pero hay algo más importante que la idiosincrasia personal del político, y es la relación que mantiene con la verdad y con la mentira. Parafraseando al politólogo italiano Giovanni Sartori, bien podríamos afirmar que, en efecto, el pueblo tiene derecho a equivocarse, pero que a ese derecho le corresponde la obligación, por parte de los responsables políticos, de intentar evitar por todos los medios a su alcance dicha equivocación. Ahora bien, si estos carecen de la capacidad política para lograrlo o del arrojo personal para atreverse a contrariar a los suyos cuando se encaminan con decisión hacia el error, de la misma afirmación se desprende que lo que los responsables políticos deberían tener rigurosamente prohibido es potenciar el error a sabiendas de que lo es. Porque inducir a error es, a fin de cuentas, otro de los nombres del engaño.

Coda

Una última consideración de carácter más personal que político, pero que abunda en lo que acabamos de señalar. Sé que es solo un detalle, y que, por añadidura, también empieza a quedar muy atrás en el tiempo, pero creo que muestra algo acerca de la idiosincrasia del personaje del que hemos venido hablando y que merece tenerse en cuenta. Me pareció extraordinariamente llamativo que a los propios independentistas no les resultara extraño (al menos no encontré en ningún medio de comunicación el menor comentario al respecto) el hecho de que durante la campaña de las autonómicas de diciembre de 2017 Carles Puigdemont eludiera sistemáticamente citar por su nombre a Oriol Junqueras, ya encarcelado, y se refiriera siempre a él como «mi número dos».

Sin necesidad de entrar en el capítulo de la atribución de intenciones electorales, me resultaba llamativo que quien tanto apelaba a la empatía de los ciudadanos catalanes aludiendo a su situación personal, separado de su familia y en un supuestamente doloroso exilio en Waterloo, mostrara una y otra vez tan poca con quien a buen seguro la hubiera agradecido bastante. En otras circunstancias seguro que me habría permitido añadir a lo anterior un comentario final del tipo «los votantes independentistas deberían tomar buena nota de ello», pero, puestos a ser coherentes con lo que ya hemos comentado hasta aquí y, sobre todo, con lo que se plantea más adelante, no me queda más remedio que abstenerme de hacerlo. Sería una apostilla perfectamente inútil.

COMPLICIDADES IMPRESCINDIBLES Y COMPORTAMIENTOS REITERADOS

Junto a la dudosa competencia política de Puigdemont, resulta ineludible otra evidencia. Me refiero al espectáculo de oportunismo por parte de algunos profesionales de la cosa pública que durante aquellos días alcanzó cotas difíciles de igualar. La alcaldesa de Barcelona —capaz, como ya hemos comentado, de defender con la misma determinación y firmeza una posición y su contraria en el plazo de veinticuatro horas— creyó haber encontrado en la agitación callejera réditos electorales al tiempo que esta le permitía evitar dar a conocer a la ciudadanía la posición de su grupo político respecto a la independencia de Cataluña.

Su entonces lugarteniente en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, no solo reprochaba esa misma semana al PP estar haciendo saltar por los aires los pactos de la Transición (esos mismos pactos a los que su formación política ha calificado reiteradamente como candado, y cuya presunta voladura por parte del PP ahora de golpe declaraba lamentar), sino que se permitía leer un fragmento de un texto de Francesc de Carreras en el que el constitucionalista catalán denunciaba a quienes se refugian en la ambigüedad y evitan tomar partido. Que esto tuviera el cuajo de afirmarlo desde la tribuna del Congreso el representante de una formación cuya dirección, a una semana del 1-O, todavía no había decidido lo que iba a decidir cuando tuviera que decidir de veras es, como poco, escandaloso. (Aunque aceptaría, humildemente, que alguien censurara mi tibieza al calificar de oportunistas tales comportamientos y puntualizara, irritado, que algunos llegan a niveles que se adentran de lleno en el territorio del cinismo).

Pero en el fondo, y siendo grave, tal vez no sea eso lo que más debería movernos a reflexión. Acaso convendría que fijáramos nuestra atención sobre otro hecho, a mi juicio mucho más importante. Y es que lo sucedido con posterioridad a las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 con las que se cerraba el periodo de intervención de la Generalitat significó, de alguna manera, la reiteración de comportamientos ya conocidos, solo que con otros protagonistas.

Esta vez fue Puigdemont quien protagonizó el dedazo que antes había protagonizado Mas con él. También buscó, como el delfín de Pujol hizo en su día, cuando la CUP le forzó a tirar la toalla, alguien que en principio no pareciera capaz de hacerle sombra. Y Quim Torra, el designado, aceptó ese papel de subalterno, tan mansa y dócilmente que llegó al extremo (inaceptable desde el punto de vista institucional) de iniciar su discurso de toma de posesión como president de la Generalitat afirmando que no era él quien debería estar en aquel momento en ese lugar. Sin que quepa replicar que fue una afirmación particular con más relevancia retórica que política propiamente dicha. De hecho, la expresión con la que se ha autodescrito Torra a lo largo de todo su mandato, «presidente custodio», no deja de provocar cierto rubor.

Pero los paralelismos los carga el diablo, y de la misma forma que, como apuntábamos antes, Puigdemont autocumplió la profecía del sucesor-presuntamente-manipulable-que-termina-volando-por-su-cuenta, ahora resulta poco menos que obligada la pregunta: ¿queda descartada por completo la posibilidad de que el nuevo president, una vez instalado en el poder, decida también volar por su cuenta en lugar de quedar relegado a la condición de mera correa de transmisión que siempre ha pretendido asignarle Puigdemont? Por supuesto, esa posibilidad siempre existió, pero lo cierto es que durante el tiempo en el que ha estado al frente de la Generalitat Torra ha dado muestras de un sometimiento casi absoluto a las órdenes de su antecesor. Aunque conviene introducir un matiz al respecto antes de precipitarnos a considerar que cualquier hipotético incumplimiento del voto de obediencia a aquel que lo nombró hubiera podido constituir una buena noticia. Sin duda, hay ocasiones en las que el rechazo a asumir el papel de títere (en el sentido político de la expresión, obviamente) puede llegar a tener efectos positivos. Pero para ello resulta imprescindible que se cumpla un requisito fundamental, a saber, el de que quien se rebela contra esta condición disponga de criterio propio y tenga la habilidad necesaria: en caso contrario, más le vale permanecer en una posición subalterna que no deje en evidencia sus limitaciones.

Sea como sea, lo que de hecho importa no es cómo se sienta cada cual (un mandado, un líder carismático o cualquier otra opción), sino que ese cual cumpla el requisito de autonomía de criterio e inteligencia al que hemos aludido. Porque, de no cumplirlo, podría ocurrir que el aspirante a rebelde pasara de la condición de títere para la que fue designado a la condición, desastrosa para la ciudadanía, de adorno inútil. Pero hay que llevar el argumento hasta el final, porque, puestos a decirlo todo, el desastre que acabamos de mencionar no es el único que amenaza a la ciudadanía. No convendría olvidar este otro, tan o más preocupante que el anterior: estar en manos del títere útil de un adorno inútil.

Por supuesto, nadie es capaz de reconocerse a sí mismo en semejante condición. Es más, si algo abunda son los individuos dispuestos a aceptar, encantados, la versión de sí mismos que les devuelven los aduladores profesionales que siempre revolotean alrededor del poderoso. En el caso que nos ocupa, algunos analistas próximos a la dirección independentista han deslizado la idea de que, tal vez, cuando Quim Torra, antes de embarcarse en la peregrina guerra de los lazos amarillos, anunciaba que no pensaba quedarse de brazos cruzados ante una sentencia distinta de la completa absolución de los políticos ahora juzgados, con lo que en realidad estaba amagando era con presentar su dimisión como president, buscando una salida a su trayectoria que, al menos, tuviera la apariencia de honrosa y le permitiera blanquear su imagen de mero vicario de Puigdemont. Tal vez porque creyera que le podía ser de aplicación, en clave política, la sentencia de Petrarca: «Un bel morir tutta una vita onora». Sinceramente, no creo que una fingida indignación como coartada para poner los pies en polvorosa pueda considerarse una hermosa muerte política, como tampoco creo que semejante gesto consiga dignificar una gestión tan desastrosa como la de Torra al frente de la Generalitat.

Pero no es esto lo que ahora me interesa señalar. A fin de cuentas, tampoco creo que la posibilidad de una precipitada renuncia por parte del sucesor de Puigdemont deba causar una gran preocupación, a la vista de cómo se ha desenvuelto en el cargo. Lo que de veras asusta es pensar quién podría ser el próximo president o presidenta de la Generalitat si en el futuro se siguiera el mismo procedimiento que hasta ahora, esto es, que el dedazo del presidente saliente designara al entrante con la intención, poco oculta, de convertir al propietario del dedo en digno de ser añorado. La pregunta que cualquiera, de manera inevitable, se plantea en la presente situación es: ¿hay alguien que pueda lograr esto respecto a Torra?

De encontrar a esa persona, estaríamos ante la reedición, agravada, del caso del banderillero de Juan Belmonte, Joaquín Miranda. Muchos de ustedes conocerán la anécdota. Este hombre llegó a ser gobernador civil de la provincia de Huelva después de la guerra. Comoquiera que en función de dicho cargo le correspondió presidir un festival taurino, al que asistía como público su maestro, se produjo la situación que ahora viene a cuento. Un amigo que acompañaba a Belmonte, al ver al antiguo discípulo de este en el palco presidencial, le preguntó al Pasmo de Triana: «Don Juan, ¿es verdad que este señor gobernador ha sido banderillero suyo?». La escueta respuesta afirmativa del torero, lejos de saciar la curiosidad del amigo, le generó una perplejidad suplementaria: «Don Juan, ¿y cómo se puede llegar de banderillero de Belmonte a gobernador?», repreguntó. A lo que don Juan le respondió con la frase que se ha hecho célebre: «¿Cómo va a ser? Degenerando…».

8

NO HAY DEMOCRACIA SIN CLARIDAD

A CUALQUIER COSA NO SE LE PUEDE LLAMAR DEMOCRACIA

Tal vez algunos recuerden el reproche que se dirigía a los políticos nacionalistas catalanes en los primeros compases de la democracia: «decir una cosa en Madrid y otra en Barcelona». El reproche tenía cierto sentido cuando lo dicho en uno u otro lugar alcanzaba una repercusión limitada, a través de los diarios en papel o de las emisoras de radio. Pero desde hace unos años este escenario se ha transformado por completo: lo que se dice ya no se dice «en Madrid», «en Barcelona» o en ningún otro lugar concreto, se dice en ese no lugar que es el espacio virtual[23].

Esto podría inducir a algunos a pensar que las opiniones públicas consolidadas en los diferentes territorios han tendido hacia cierta homogeneización en la medida en que todos los ciudadanos tienen igual acceso a las informaciones y opiniones publicadas en la red. Pero la verdad está lejos de ser así. Los tópicos más reiterados y las actitudes más generalizadas en Cataluña distan de ser compartidos con la misma naturalidad fuera del territorio catalán. Por supuesto, una de las reacciones más extendidas, especialmente entre los soberanistas cuando constatan esta evidencia, es considerar esta discrepancia como incomprensión. «No nos entienden», suelen repetir. La cuestión es si eso es así como resultado de una obtusa intransigencia de los ciudadanos de fuera de Cataluña o, tan solo, de que en muchas ocasiones la situación misma no se entiende. Se me permitirán, a este respecto, un par de ejemplos.

Hace ya bastante tiempo, en concreto el 23 de noviembre de 2013, la asociación Federalistes d’Esquerres organizó en un teatro de la localidad barcelonesa de Hospitalet un diálogo entre los representantes de dos formaciones de izquierda, Ramón Jáuregui por el PSOE y Joan Coscubiela por ICV, para que debatieran en público acerca de las propuestas que cada una de ellas presentaba para resolver el problema de lo que se suele denominar el encaje de Cataluña en España. Al finalizar sus intervenciones, se abrió el proverbial turno de preguntas. Como presidente de la asociación que yo era por aquel entonces me pareció poco menos que obligado romper el hielo planteando algunas dudas que tenía la sensación de que habían quedado en el aire.

A Jáuregui le planteé la cuestión de los problemas políticos que podrían generarse en el supuesto de que en el referéndum de ratificación del nuevo texto constitucional, que debería tener lugar tras la reforma de la Carta Magna propugnada por el documento de Granada del PSOE, los resultados que se obtuvieran en Cataluña y en el resto de España fueran sensiblemente diferentes; y a Coscubiela le dirigí una pregunta que me pareció asimismo inevitable, y que ahora en particular me resulta pertinente recordar. Mis palabras aproximadas fueron estas: «Queda claro que ICV está a favor del derecho a decidir, pero en el momento en que tengáis que decidir, ¿ya habéis decidido lo que decidiréis?». Creo que no exagero lo más mínimo (si lo hiciera, demasiados testigos podrían desautorizarme) al decir que Coscubiela reaccionó con notable irritación, reprochándome, a mi entender de manera enigmática, que fuera precisamente yo quien le hiciera la pregunta. Al final, como era de prever, no la respondió.

Pasados unos cuantos años, y por sorprendente que pueda resultar a algunos, la pregunta sigue sin responderse. Cuando el referéndum del 1 de octubre de 2017 era inminente, algunos confiaban en que por fin las dudas quedarían despejadas en una asamblea que debía celebrarse pocos días antes de la fecha en cuestión y donde participarían la nueva formación en la que se integran tanto los llamados comunes como ICV y la sección catalana de Podemos. Pero, detalle significativo que hacía presagiar lo peor, en la convocatoria de la asamblea no se aclaraba lo que allí se tenía que decidir: si la formación participaba en un eventual referéndum unilateral como el que planeaba Puigdemont —y, en tal caso, a qué título: como mera movilización o sin considerarlo una consulta vinculante— o si, de una vez, se definiría la posición que se asumía frente a la independencia. Ya sabemos cómo terminó ese episodio: se transfirió toda la responsabilidad a las bases para que fueran ellas las que decidieran si les parecía bien participar en la consulta, mientras que la dirección optó por no pronunciarse (aunque, eso sí, su lideresa, en uno de esos alardes de funambulismo que le caracterizan, se encargó de hacer público que ella se había abstenido).

El segundo ejemplo podría ser el de ese mismo referéndum defendido con tanto entusiasmo por las formaciones independentistas con el argumento de que tenían un mandato democrático para llevarlo a cabo. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Junts pel Sí se presentó en el 2015 a unas elecciones autonómicas que la propia coalición calificó como plebiscitarias sosteniendo que el referéndum era ya una pantalla superada, y que, de ganarlas, el Parlament resultante se pondría inmediatamente a la tarea de elaborar una constitución catalana, que, eso sí, quedaría ratificada en referéndum. Pues bien, hete aquí que, sin mediar la menor explicación a los votantes, la derrota en el plebiscito (solo reconocida dentro del sector independentista por el entonces líder de la CUP, Antonio Baños) se transformó en victoria y, por si fuera poco, se afirmó que el supuesto mandato era realizar un referéndum que se había estado rechazando a lo largo de la campaña.

Convendrán conmigo en que tantas y tan persistentes piruetas no resultan precisamente fáciles de comprender desde fuera de Cataluña. Porque a la recalcitrante indefinición de unos se añade la capacidad de otros para un contorsionismo propositivo sin duda notable. Por resumir esto último: ¿dónde se ha visto una hoja de ruta cuyo recorrido cambia constantemente?, ¿acaso cabe calificar como tal una sucesión de propuestas que se ve alterada sobre la marcha, sin que ni siquiera esté claro que se vaya a alcanzar el preciso destino final? O, déjenme que lo formule de una manera algo más distendida, ¿contratarían ustedes un crucero si les dijeran que las paradas intermedias pueden sufrir variación en el caso de que así lo considerara oportuno el capitán, y que incluso el punto exacto de llegada permaneciera en el aire?

Eludiré la ironía de afirmar que ha habido quien ha propuesto denominar «viaje a Ítaca» a este errático transitar. Ni siquiera haré comentario alguno sobre el hecho —más relevante que el anterior y que sin duda merecería una reflexión atenta— de que muchos parecen haberse sentido atraídos por semejante tipo de travesía. Lo que me importa ahora son los argumentos utilizados para defender una propuesta así. Porque lo llamativo —e, insisto, es probable que incomprensible para quienes contemplan la situación catalana desde fuera— es que todo cuanto hacen los soberanistas, indefiniciones y contorsionismos incluidos, lo justifican apelando a la democracia. Una democracia, eso sí, entendida en términos exclusivamente decisionistas.

Porque, en efecto, para los nacionalistas reconvertidos al independentismo, al igual que para los soberanistas sobrevenidos, «democracia» equivale a votar, sin necesidad de más determinaciones. Adjetivos como «representativa», «deliberativa» o similares son aditamentos no ya innecesarios, sino directamente enojosos. «Los problemas en democracia se resuelven votando» es una de las frases más repetidas por los líderes del procés. En consecuencia, cualquier limitación que se presente a esta concepción de la democracia, por pequeña que sea, se considera un ataque a ella y, por tanto, una expresión del peor autoritarismo. De ahí que Quim Torra, por poner un ejemplo relativamente reciente, juzgara como intolerables atentados a la libertad de expresión de los funcionarios de la Generalitat los requerimientos para retirar los símbolos políticos de las fachadas de los edificios públicos donde trabajan estos, requerimientos emitidos por parte de la Junta Electoral Central ante la inminencia de las elecciones generales de abril de 2019 (instancia, por cierto, nunca cuestionada durante la democracia por ninguna otra fuerza política).

De semejante concepción cuelgan un sinfín de afirmaciones, menores pero de notable capacidad movilizadora, por lo visto derivadas de los últimos tiempos. Así, la afirmación de que los políticos responsables de la organización del 9-N de 2014, con Artur Mas a la cabeza, habían sido procesados «por poner las urnas» ha pasado de consigna de argumentario a tópico utilizado a mansalva, tanto por los independentistas como por algunos de sus aliados sobrevenidos, obviando el detalle, irrelevante a juicio de quienes así hablan, de que dicha acción había sido prohibida y, por tanto, podía considerarse un delito de desobediencia. Al parecer, el matiz es demasiado sutil, y carece de toda importancia el hecho de que aquel movimiento supusiera el incumplimiento de la ley. La grosería intelectual que supone la afirmación entrecomillada previa sería comparable a la del estafador que, al ser acusado de presentar un talón sin fondos, se defendiera reprochando que se le juzga solo «por firmar un papel». De la misma manera, cuando tres años después fueron detenidos y encarcelados los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, así como el vicepresident Junqueras y algunos de sus consellers, los portavoces del independentismo no cesaban de repetir que habían sufrido esa represión «por sus ideas», cuando en realidad podían expresar las suyas (las mismas que los encarcelados, obviamente) en todas partes y sin limitación alguna.

Pero no nos alejemos demasiado de lo que estábamos planteando. No recuerdo a quién le leí en cierta ocasión la frase: «Creer que la democracia consiste en meter la papeleta en la urna es como pensar que el sexo se reduce a la penetración», pero sí recuerdo que esta otra se la leí al pensador indio Ramin Jahanbegloo: «Cuando la democracia se reduce a votar genera monstruos». Es obvio que si bastara con votar para tener democracia, le estaríamos concediendo la condición de demócratas a todos los dictadores que alguna vez convocaron a las urnas a sus súbditos. No deja de ser llamativo que a quienes pretenden resumir el signo de su reivindicación soberanista con el eslogan «Esto va de democracia» les traiga completamente sin cuidado el incumplimiento de las condiciones mínimas de esta. A todos ellos habría que regalarles la colección completa de la revista Cuadernos para el diálogo, donde, ya en los años sesenta, se hacía pedagogía de los requisitos que ha de cumplir un régimen político si quiere ser considerado democrático. Pero, claro, aquella pedagogía resultaba imprescindible en un contexto en el que se pretendía hacer pasar el gato dictatorial por liebre democrática (la de una presunta democracia orgánica). Lo preocupante es que hoy nos veamos obligados a recordar esos requisitos. En concreto, el hecho cierto de que sin claridad no hay democracia.

DERECHO A DECIDIR Y OBLIGACIÓN DE DECIDIRSE

Me permitirán que utilice como falsilla para lo que pretendo plantear en este epígrafe el argumento de una película, a mi juicio ciertamente interesante, El sentido de un final, basada en una novela de Julian Barnes y que trata de esas peculiares reconstrucciones del propio pasado y de alguno de los episodios que suelen tener lugar al llegar a una determinada edad (para no tener que entrar en detalles: cuando se acumula suficiente experiencia a las espaldas).

Uno de los mecanismos psicológicos que allí aparece es el de la tendencia a reordenar todo lo ocurrido a lo largo de la vida o en uno de sus tramos desde la perspectiva del suceso más reciente. Es una tentación que parece razonable, pues permite introducir un orden (a menudo ficticio) sobre el conjunto de lo vivido aliviándonos de la desagradable sensación de que la totalidad de nuestra existencia ha estado trufada de sucesos incoherentes y decisiones desgraciadas o de la defensa de convencimientos poco menos que absurdos.

Nada tiene de extraño suponer que si este mecanismo funciona tan eficazmente en la esfera privada no lo vaya a hacer también en la pública. De hecho, se hace de todo punto evidente en campaña electoral. Entre otras cosas, porque ninguna fuerza política estaría dispuesta a reconocer que lo malo que pueda tener la situación presente ha sido algo perseguido tenazmente durante mucho tiempo. Como tampoco ninguna aceptaría que la trayectoria que ha seguido no ha respondido a un diseño a largo plazo, a la búsqueda de unos objetivos últimos que siempre estuvieron claros, sino al más desatado tacticismo, al aprovechamiento oportunista de las cambiantes coyunturas. De ahí que eso que desde hace un tiempo ha dado en denominarse el relato se retuerza una y otra vez, exprimiéndose con la esperanza de que de él destilen unas gotas de coherencia teleológica.

Porque, en definitiva, de esto parece tratarse: de intentar introducir diseño donde solo hubo contingencia. O incluso peor: de disfrazar de diseño lo que no es más que regate corto para continuar esquivando los problemas que se han venido escamoteando con perseverancia en el pasado. Así, se comprueba cómo, cuando se avecinaban las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, los comunes decidieron presentarse como los genuinos representantes de la tercera vía, rótulo al que hasta el día anterior, como aquel que dice, dedicaban todo tipo de chanzas. Es más, en nombre del derecho a decidir clamaban contra esa vía. A partir de ese momento, en cambio, se autopropusieron como los apóstoles de aquel «tercerismo» que tanto habían denostado hasta entonces, aunque ni siquiera tenían claro si el resto habíamos decidido o no (es de suponer que su lideresa acudió a votar el 1 de octubre para decidir algo, ¿no?: de hecho, los independentistas contabilizaron dicho voto como un aval a su referèndum) y, por consiguiente, si estábamos pendientes de implementar una república ya declarada (como afirmó entonces Marta Rovira y que luego pareció haberse convertido en versión casi oficial) o de recuperar el autogobierno secuestrado por el 155 (como sostenía el PDeCAT).

Poco después de aquellas elecciones, Xavier Domènech dijo en el Congreso algo ciertamente sorprendente: que, frente al PP, ellos sí tenían una propuesta muy clara para Cataluña. Y añadió a continuación: la bilateralidad. Y se quedó tan ancho, como si con esa sola palabra, que hace referencia tan solo a la forma, al procedimiento, al método, ya estuviera mostrando un contenido que nunca han terminado de mostrar. ¿Por qué no? Porque, como el transcurso de los acontecimientos no ha hecho otra cosa que dejar patente, su relato se va reconstruyendo sobre la marcha, a la vista del próximo objetivo, y sin más perspectiva, horizonte, ni telos.

El eslogan «ni DUI, ni 155» que esgrimían los comunes en aquella campaña intentaba endosar a las fuerzas políticas constitucionalistas una disyuntiva que nunca se llegó a plantear así. O, mejor dicho, que solo se planteó así una vez, pero no a aquellas fuerzas, sino a Carles Puigdemont. Él sí tuvo en su mano sortear la disyuntiva convocando elecciones anticipadas, pero no lo hizo, debilidades personales al margen, porque ERC boicoteó la convocatoria. Desaprovechada esa oportunidad, el 155 dejó de ser el otro cuerno del dilema para pasar a constituir la respuesta a una decisión política ya tomada, la proclamación de la independencia. Cuál era la alternativa a la DUI y al 155 que los comunes proponían siempre fue un misterio, como lo prueba el hecho no solo de que su voto en el Parlament llegada la hora de la verdad se dividiera, sino de que fueran precisamente ellos los que solicitaron el voto secreto.

Que los políticos trasladen a la ciudadanía las cuestiones que a ellos les corresponde resolver no constituye lo que se dice un modelo de buena práctica. Si una fuerza política, como es el caso de los comunes, tiene a sus bases divididas entre un sector más proclive a la independencia y otro más próximo a las tesis federalistas, compete a sus responsables clarificar en lo posible sus propias posiciones e intentar persuadir a dichas bases de que la opción que ellos defienden es la mejor. No deberían tener tanto miedo a hacerlo: en el pasado hubo líderes de otros partidos que corrieron ese riesgo y asumieron las consecuencias. A algunos, por cierto, no les fue mal por actuar de esta forma, y tanto los suyos como el electorado terminaron por premiar lo que entendieron que era coraje político.

En todo caso, a los comunes les convendría tener en cuenta que no atreverse a asumir su responsabilidad y convertir el funambulismo en propuesta electoral es, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana. Y en el peor, solo hambre, que es lo que parecen anunciarles las encuestas, por cierto, por lo que tal hambruna tendría su lógica. Porque no deja de ser curioso que les cueste de esta manera decidirse a quienes tanto han insistido en el derecho a decidir.

CUANDO LA INTERPRETACIÓN ES LIBRE, TODO VALE

Es probable que no les falte razón a los que afirman que en materia electoral todo está inventado. Pero no es menos cierto que, aceptando la mayor, también puede suceder que ciertas actitudes o procedimientos, al no ser estricta y rigurosamente nuevos, ganen, a partir de cierto momento, más peso o importancia del que habían tenido en el pasado. Ese parece ser el caso de un recurso al que, en las recién celebradas elecciones catalanas, se recurrió de forma reiterada y creciente. Me refiero al de atribuirles un signo determinado, de manera que los resultados únicamente pudieran ser interpretados bajo una (y solo una) clave. Así, en los días previos al 21-D de 2017 pudimos ver y escuchar a Carles Puigdemont pontificando acerca del único sentido bajo el que, según él, debían considerarse dichas elecciones. Se trataba, repetía, de validar o rechazar el 155, de tal manera que la derrota de lo que se obstinaba en calificar como «la coalición del 155» (PSC, Ciudadanos y PP) debía implicar automáticamente revertir sus efectos y restablecerle en la presidencia de la Generalitat (aunque hubiera sido ERC la fuerza política más votada).

Artur Mas había empleado antes este mismo recurso cuando proclamó la condición de plebiscitarias de las elecciones precedentes, las del 27-S de 2015. Imponía de esa manera una lógica con la que valorar su resultado que terminaba reduciendo el margen de actuación política del resto de formaciones, condenadas por la fuerza del planteamiento a una disyuntiva excluyente. Por supuesto que estas formaciones se resistían a un planteamiento de este jaez, reiterando que eran unas elecciones autonómicas normales, pero el frame, que diría Lakoff, ya estaba creado y resultaba poco menos que ineludible[24]. Prueba fehaciente de ello fue que cadenas de televisión de distinto signo leían aquella noche electoral los resultados bajo idéntica clave: TV3 proyectando una circunferencia que evocaba una tarta y en cuya superficie se iba dibujando el tanto por ciento que sumaba la porción soberanista (tarta que, curiosamente, desapareció como fondo del escenario tan pronto como se empezó a confirmar que el independentismo no alcanzaba la anhelada mayoría de votos), y la Sexta con su ingenioso «pactómetro», que venía a cumplir poco más o menos la misma función visual que la volátil tarta de TV3.

Pero, aplicando a lo que estamos hablando la citadísima afirmación de Humpty-Dumpty en Alicia a través del espejo según la cual el significado de las palabras lo decide el que manda, deberíamos decir que el frame o marco interpretativo en el que ir inscribiendo cuanto va pasando lo decide aquel que está en el poder. Y si eso valía para explicar en gran medida el éxito obtenido por el relato independentista, también da cuenta de las dificultades que ahora encuentra este para imponer sus interpretaciones. Desprovistas estas del amparo semántico que les proporcionaba su inequívoca posición hegemónica en el espacio público (aunque la pérdida sea solo parcial), aparecen ya como lo que realmente son: afirmaciones con muy escaso recorrido argumentativo, cuando no injustificables sin más.

Pensemos, en concreto, en la aludida interpretación de las elecciones que hacía Puigdemont desde Bruselas. Toda su justificación descansaba sobre el verbo «equivaler»: «No votarme a mí equivale a legitimar la aplicación del 155», reiteraba sin cesar. Conviene reparar precisamente en la falta de justificación del planteamiento. ¿Qué significa, hablando con una mínima propiedad, este «equivale»? Apenas otra cosa que «lo interpreto» (por parte de Puigdemont) o «será interpretado» (por parte de Rajoy) como un aval al artículo. Observen que, de aceptar esta premisa, nos sirve tanto para justificar cualquier posición propia como para atacar la del adversario cuando convenga.

De lo primero tuvimos en Cataluña un ejemplo notorio con ocasión de la consulta del 9-N organizada por Mas en 2014. En aquella ocasión, la alcaldesa de Barcelona votó «SÍ-SÍ» a la independencia, a pesar de declararse expresamente no independentista. ¿Motivo? Para castigar a Rajoy, esto es, porque, según su personalísima interpretación, el voto afirmativo equivalía a una censura a las políticas de aquel. (En la misma línea, por cierto, cinco años después Jaume Asens, primer teniente de alcalde con Colau, declaraba en el juicio a los líderes del procés que el Ayuntamiento de Barcelona había apoyado el referéndum del 1-O porque entendía que era «un medio para presionar al Gobierno central para restablecer el diálogo»). De la segunda utilidad —atacar al adversario— tuvimos ejemplo algunos meses después del 9-N con motivo de la complicadísima investidura de Rajoy como presidente del Gobierno tras la repetición de las elecciones generales en España. Uno de los argumentos más reiterados por parte de quienes criticaban la posibilidad de que el PSOE pudiera abstenerse era que ello equivalía a indultar la corrupción del PP, sus recortes, la ley mordaza, la reforma laboral o cualquier otro aspecto con el que el crítico decidiera establecer la equivalencia.

Se reparará en que lo peor de esta libérrima —por no decir directamente arbitraria— interpretación de lo que va ocurriendo es que permite extraer de lo que al final suceda la consecuencia que se le antoje al intérprete. No creo estar incurriendo en la menor exageración al describir así la situación. Los ciudadanos catalanes deberían recordar no solo la lectura que Junts pel Sí hizo de la derrota de su plebiscito en septiembre de 2015, transformándola en victoria, sino, mucho más grave aún, el uso que hicieron de ese escamoteo los responsables de la coalición. A partir de un determinado momento y sin mediar explicación alguna a la ciudadanía, presentaron como «un mandato democrático legitimado por las urnas» (sic) algo que ni siquiera iba en su programa electoral (entre otras razones porque, de acuerdo con su propia jerga, la consideraban una pantalla superada): la convocatoria de un referéndum.

En todo caso, lo relevante de las consideraciones precedentes es la luz que proyectan sobre un modo de proceder político que, a buen seguro, no va a dejar de repetirse. A la vista de lo ocurrido, cualquier ciudadano catalán tiene fundados motivos para preguntarse, inquieto, ¿a qué se hará equivaler en la próxima contienda electoral, sea esta cuando sea, una posible victoria del bloque independentista?, ¿qué nuevo «mandato democrático» interpretarán sus líderes que se desprende de un hipotético resultado exitoso? Solo me atrevería a afirmar una cosa: no cabe descartar lo más extravagante o disparatado. De alguien como Puigdemont, cuya primera propuesta, tras conocerse el resultado de las urnas en Cataluña en diciembre de 2017, fue la de reunirse con el presidente del Gobierno de España fuera del territorio nacional, se puede esperar cualquier iniciativa.

En todo caso, lo más probable es que el independentismo vuelva a plantear, a la menor ocasión, que la única salida para el desbloqueo de la situación catalana pasa por conseguir acordar un referèndum de autodeterminación, en teoría para contarnos de una vez por todas. Un mensaje sin duda tan escasamente estimulante, si se trata de «ensanchar la base social del independentismo», como poco creíble. Porque la verdad es que, entre estadísticas, sondeos y resultados electorales diversos, los catalanes estamos ya, más que contados, recontados. A este paso, de lo que vamos a perder la cuenta es del número de referèndums y consultas sobre lo mismo que habremos llevado a cabo.

LA ETERNIDAD YA NO ES LO QUE ERA

En Cataluña, en cuanto algo dura un poco más de la cuenta enseguida lo llaman eterno. Creo que fue Carod Rovira quien acuñó la expresión «empate eterno» en la época en que CiU y PSC andaban muy a la par en preferencias del electorado y él pretendía que ERC fuera clave para el desempate. Pero no es este el único caso que se puede mencionar de esta peculiar interpretación de la eternidad. Cuando falleció el añorado Tito Vilanova, el sucesor de Pep Guardiola en el banquillo del Barça, en la capilla ardiente instalada en el Camp Nou podía leerse, bajo la foto del fallecido, la frase «eterno para siempre», en lo que no dejaba de ser una llamativa redundancia.

Resulta sin duda curioso que muchos de los políticos que en la primera década del presente siglo hablaban en esos términos ahora hayan cambiado de registro a propósito del nuevo empate que existe en la sociedad catalana entre secesionistas y constitucionalistas. Si de verdad se creían sus palabras de entonces, ahora deberían proponer una nueva articulación de las fuerzas políticas que permitiera salir al país del bloqueo institucional en el que se encuentra sumido. En cambio, lejos de eso, parecen estar haciendo una apuesta que, como mínimo, entra en contradicción con sus premisas pasadas, pues, en efecto, hablan de perseverar en el esquema preexistente, el que ha abocado al empate, salvo que intentando «ensanchar la base social» de los suyos. Con este planteamiento abandonan, ciertamente, un esquema de imposible justificación, el de la eternidad, pero lo hacen para incurrir, de nuevo, en otro no demasiado justificable.

Porque en la historia, por definición, todo es contingente y finito (por eso es historia), y las apariencias de necesidad o de eternidad no pasan de ser un espejismo engañoso, destinado a consolar o a reforzar —recuerden a Gramsci—, pero engañoso al fin y al cabo. De la apariencia de eternidad se podría decir lo mismo que decía el poeta simbolista francés Henri de Régnier acerca de la eternidad del amor: «El amor es eterno mientras dura». Pero aceptar la finitud de algo para, a continuación, atribuirle a su duración un signo determinado no es más que la sustitución de un mito, el de su eternidad, por otro, en este caso, el mito del progreso.

Porque, en efecto, los defensores de acabar con el empate actual considerando asegurada la victoria futura dan por descontado el signo de la evolución que seguirá la realidad. Y así, repiten afirmaciones del siguiente tenor: si en tan poco tiempo (el que ha durado el procés hasta ahora) ya hemos llegado hasta aquí, con un ligero empujoncito más alcanzaremos por fin la meta soñada. El argumento es calcado, cambiando las referencias, del que me presentaba a finales de los años sesenta, recién ingresado yo en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, aquel responsable del Partido Socialista Unificado de Cataluña para persuadirme de que me sumara a las filas del partido: «Si en los cincuenta años que han transcurrido desde la Revolución rusa un tercio de la humanidad ya vive en países socialistas, estate seguro —me observaba convencido— de que, para cuando venga a acabar el siglo XX, el planeta por entero habrá abrazado el socialismo».

Cosas parecidas pensaban sin duda también los secesionistas quebequeses tras su segundo referéndum o buena parte de los independentistas vascos en la época de máxima euforia con el Plan Ibarretxe, por poner solo un par de ejemplos, y ahí está la situación actual de unos y de otros. Si algo acredita la evolución de ambos es que se debe prejuzgar el signo de los acontecimientos de la historia, pues hacerlo no deja de ser una forma de incurrir en una variante específica del pensamiento mítico.

IRRUMPE UN NUEVO SUJETO POLÍTICO

Poco antes de las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 asistí a uno de esos «desayunos informativos» que se ofrecen principalmente a los medios de comunicación y sectores sociales influyentes y en los que los candidatos de las diversas fuerzas políticas suelen presentar su programa para, a continuación, someterse a las preguntas de los asistentes. El protagonista era en aquella ocasión Lluís Rabell, entonces cabeza de lista de la candidatura de Catalunya Sí Que Es Pot, quien, en su intervención, planteó las conocidas tesis de su formación, según las cuales Cataluña es un sujeto político y, en cuanto tal, le asiste el derecho a decidir acerca de su futuro (derecho del que se desprende que la única manera de resolver el encaje en España pasa por la convocatoria de un referéndum vinculante de autodeterminación).

Al llegar el turno de preguntas, le pasé por escrito, como era preceptivo, una en la que simplemente le planteaba que, incluso dando por bueno, de manera provisional y por razones metodológicas, que Cataluña fuera un sujeto político y asumiendo las consecuencias que de ello derivaba Rabell, la siguiente cuestión que debía determinarse de forma ineludible era la de cuántos sujetos políticos entendía él que existían en España. ¿Tantos como comunidades autónomas?, ¿o la relación debía atender a otros criterios? La respuesta del invitado, debo reconocerlo, fue clara, aunque no por ello clarificadora: «Tantos cuantos lo reclamen».

Como el formato del evento no contemplaba el derecho de réplica, tuve que quedarme con las ganas de repreguntarle si disponía de algún criterio complementario para diferenciar entre el primer «¡Viva Cartagena!» que a cualquiera se le pudiera ocurrir y las reivindicaciones de idéntica condición, aunque más sólidas tanto desde el punto de vista histórico como social y político. Pero, de la misma manera que las olas terminan por devolver a la playa los cuerpos arrebatados por el mar, también el tiempo ha devuelto a las orillas del presente la cuestión que Rabell hace unos pocos años zanjaba de un modo tan poco satisfactorio para mí.

Porque, en el fondo, lo más relevante del debate abierto por la propuesta de constitución de una comunidad autónoma diferenciada de Cataluña, llamada Tabarnia, sea justo que coloca bajo otra luz la discusión acerca de qué es un sujeto político, dejando en evidencia las inconsistencias de cómo el independentismo, e incluso el soberanismo no expresamente independentista, abordaba dicha discusión.

No voy a entrar en detalle en los contraargumentos que el independentismo ha empezado a utilizar para rechazar incluso la posibilidad de que se pueda discutir la cuestión tabarnesa, entre otras cosas porque ya ha habido quien, como el economista Fernando Trías de Bes, ha destacado que a su vez estos contraargumentos son rigurosamente aplicables al independentismo.

Sin embargo, sí me importa destacar un detalle, sin duda menor, pero que parece estar obrando como una auténtica broma pesada que el destino ha decidido jugar al independentismo. Y es que, en el caso de que la propuesta de la nueva comunidad autónoma prosperara, lo que estaría sucediendo es que su hipotético éxito se debería en gran medida a un discurso que habrían elaborado sus adversarios más recalcitrantes. Todas las presuntas obviedades que han estado utilizando con profusión para intentar legitimar su propósito secesionista, hasta el punto de haber suscitado en un importante sector de la ciudadanía catalana una opinión favorable a él, podrían ser consideradas por buena parte de esa misma ciudadanía perfectamente aplicables a la propuesta de Tabarnia.

Ignoro el futuro que le aguarda a esta propuesta, aunque no me agradaría que se materializara, entre otras cosas, porque estaría certificando el rotundo fracaso de la sociedad catalana a la hora de articular un proyecto político de convivencia en el que cupieran todos sus ciudadanos. Pero si prosperara, sería muy probablemente porque la eficacia del relato independentista, consagrado como hegemónico durante los años del procés, habría terminado, en una de esas paradojas que de vez en cuando tiene la historia, por jugarle a ese mismo independentismo la peor de las malas pasadas. Y sucedería entonces que quienes tanto habían luchado por un Estado propio habrían alcanzado por fin su objetivo… con dos naciones dentro de él. Se consumaría de esta manera una paradoja tan triste como cruel, la de que la reivindicación nacional, que en sus orígenes se presentó como una posibilidad para la convivencia democrática —casi como una exigencia prepolítica—, ha sido la que ha terminado haciendo saltar por los aires esa misma convivencia.

9

EL DULCE ENCANTO DE LA VÍCTIMA

FALTONES DE PIEL FINA

En el improbable supuesto de que aún alguien albergara alguna duda respecto a la cuestión de si España tiene, efectivamente, un problema con la selección de sus élites, a buen seguro quedó disipada tras ver en televisión, poco antes de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, aquel cara a cara entre Inés Arrimadas y Marta Rovira en el programa Salvados que dirigía Jordi Évole. Incluso me atrevería a decir más: no solo debió de convencerse de la existencia del problema, sino de su gravedad. Y si a alguien, por cierto, le siguieran quedando dudas al respecto, o pensara que la situación ha cambiado de forma radical en el tiempo transcurrido, bastará con proporcionar un dato. La elección de Oriol Junqueras por parte de ERC como candidato número uno al Congreso, al Parlamento Europeo para las elecciones de la primavera de 2019 y, cuando se convoquen, al Parlament de Catalunya, más allá de intentar rentabilizar con votos su condición de represaliado por la justicia española, si de algo parece estar informando es de una alarmante falta de dirigentes de mínima talla en ese partido. Circunstancia que, por supuesto, comparten otras formaciones, pero que en esta, por el lugar que ocupa en la política catalana, resulta particularmente relevante. En todo caso, no es esa la dirección en la que ahora querría proseguir, sino en la señalada desde el mismo título del epígrafe.

Constatar los esfuerzos de la hoy huida Marta Rovira por dar apariencia de argumentación racional a sus afirmaciones inconexas y en muchos casos inconsistentes y contradictorias («yo también estoy cansada del procés» fue su contradicción estelar) no debió de ser plato de gusto ni siquiera para sus adversarios. Porque, más allá de la satisfacción momentánea que alguno de ellos experimentara, anticipando el beneficio electoral que le pudieran reportar, estoy seguro de que quedaron muy preocupados cuando cayeron en la cuenta de que estábamos ante la persona designada —si bien de modo fugaz— por el dedazo de Oriol Junqueras como su sucesora y candidata al cargo de presidenta de la Generalitat de Cataluña, y que, por tanto, no resultaba descartable en aquel momento que pudiera terminar siendo quien sucediera a Carles Puigdemont al frente de la institución.

Pero tal vez la escasa solvencia argumentativa de la señora Rovira tuviera para los espectadores un aspecto positivo, pues les permitió apreciar con claridad otros aspectos de su intervención distintos a los señalados por los analistas, más pendientes estos, como es natural, de las afirmaciones vinculadas con elementos concretos de la coyuntura de aquel momento. Y es que la notoria incompetencia discursiva de la diputada de Esquerra Republicana permitía vislumbrar sus actitudes de fondo respecto a algunos asuntos o, si se prefiere de otra manera, los supuestos no siempre verbalizados con los que operaba a la hora de abordar determinadas cuestiones.

Por señalar una de esas actitudes, no dejó de sorprenderme la forma en que reaccionaba a los reproches que le dirigía su interlocutora por el hecho de haber utilizado en el pasado, insistentemente y a modo de consigna, determinadas afirmaciones como «España nos roba». La respuesta de Rovira fue la que imagino que debía de prescribir el argumentario de su partido y que se sustanciaba en una variante, actualizada, del «yo no he sido» de los niños pillados en falta y que ella resumía en un escueto «Yo nunca he dicho semejante cosa». No pretendo subrayar, por más llamativa que resultara, la imperturbabilidad de esfinge con la que negaba lo que, como mínimo, numerosos compañeros de su mismo partido habían reiterado hasta la extenuación, sino la escasa importancia que atribuía a un eslogan como ese, utilizado con tanta profusión por todo el independentismo. De hecho, cualquiera puede encontrar en internet pasquines de las Juventudes de ERC (o imágenes del posterior vicepresident de la Generalitat con Torra, Pere Aragonés) con dicha frase, en una variante que podía haber sido firmada por quien luego se convertiría en primer ministro británico, Boris Johnson, o por uno de los líderes más conspicuos del movimiento Brexit, Nigel Farage: «Cada segundo España nos roba 450 euros».

Subrayo su imperturbabilidad porque una actitud idéntica reapareció en otro momento de esa misma conversación, cuando se le preguntó sobre su afirmación de que el Estado estaba dispuesto a utilizar una violencia extrema en Cataluña, sin retroceder ante la posibilidad de que pudieran llegar a producirse muertes. No tengo problema en insistir en la irresponsabilidad de hacer unas afirmaciones para las cuales no solo es que Marta Rovira nunca aportase la menor prueba, sino que fueron tajantemente desmentidas por las personas a las que apelaba como testigos. Ni siquiera vale la pena detenerse en recordar que justo quien hizo tiempo atrás una afirmación en ese sentido —solo que con el agravante de reconocer que algún muerto iba a favorecer la culminación exitosa del procés— fue un miembro de la CUP. Lo que también ahora me importa subrayar es la escasa importancia que la diputada de ERC les concedía a sus propias afirmaciones.

Resumiendo un tanto abruptamente la cuestión: para el independentismo, del que la señora Rovira se convirtió en portavoz destacada aquel día, el hecho de que altas instancias del Govern de la Generalitat (president Puigdemont incluido), así como destacados políticos de partidos con representación en el Parlament de Catalunya calificaran a España de ladrona y (potencial) asesina no era excesivamente grave y, en modo alguno, debería ofender la sensibilidad de nadie, ni siquiera de aquellos con un acendrado sentimiento español. En cambio, que un grupo de descerebrados que solo se representaban a sí mismos decidiera corear por su cuenta y riesgo, a modo de grito de apoyo, a unos guardias civiles que se disponían a viajar a Cataluña antes del 1-O el futbolístico «¡A por ellos!» ha sido considerado por los independentistas, sin la menor vacilación, como un rotundo indicador del carácter sanguinario de los españoles y de las perversas intenciones del Estado de aplastar Cataluña en todos los sentidos.

No quisiera que la selección de los adjetivos o alguna formulación algo tajante por mi parte pudiera llevar a ningún lector a pensar que exagero. Siempre he mantenido que en tiempos como los actuales, saturado de mensajes el espacio público, se impone seleccionar con cuidado aquellos que se consideran portavoces autorizados de las diferentes posiciones, evitando generalizaciones que son fruto de extrapolaciones a partir de casos particulares escasamente representativos. Por eso me he referido a la señora Rovira o a destacados líderes de su mismo bloque independentista. Son estas personas las que, en más de una ocasión, han utilizado en sede parlamentaria los planteamientos a los que me he referido y que se dejan resumir en el título de este epígrafe. Porque todos se han comportado siempre como faltones de piel fina, actitud sobre la que les convendría reflexionar con autocrítica casi tanto como sobre sus profusas mentiras acerca del procés. Sobre todo si, como acostumbran a declarar de manera intermitente, tienen un enorme interés en llegar a una solución negociada con Madrid, y por lo que, en consecuencia, necesitan con urgencia encontrar aliados en el resto de España que puedan convertirse en eventuales apoyos de su propuesta.

Porque tal vez puede resultar gratificante, a efectos de reafirmación de los ya convencidos, reiterar la consigna del «no nos entienden» para referirse al rechazo que suscitan las tesis independentistas fuera de Cataluña. Pero, si de veras les importara a dichos secesionistas lo que piensan aquellos que no comparten sus convicciones, les convendría darse cuenta de que, a veces, no se trata de que los entiendan o no, sino de que su planteamiento resulta incomprensible. Y si alguien no acaba de entender a qué me refiero, lo formularé con una extrema sencillez, fronteriza con lo tosco: la mejor forma de hacer amigos no es empezar insultándolos. No conozco a nadie que coja cariño a quien se empeña en llamarle ladrón y asesino.

UN APUNTE SOBRE LA LÓGICA DEL AGRAVIO

Ello no obsta para que se pueda afirmar que en Cataluña los episodios se suceden de manera incontenible y que, además, aunque a menudo varían de aspecto, la lógica con que se los analiza y valora permanece invariable. Se trata de convertir cuanto pueda ocurrir y resulte susceptible de ser criticado en mera irrelevancia, en caso aislado que no representa nada significativo.

Pero para que esta lógica funcione a pleno rendimiento y de manera satisfactoria no basta con convertir lo que cualquiera consideraría como categoría (o al menos categórico) en simple anécdota. También es preciso que el suceso más intrascendente protagonizado por los adversarios políticos pueda instrumentalizarse para alcanzar automáticamente el rango de categoría. Esta estrategia, además, presenta la cómoda ventaja de que no hace falta rebuscar demasiado: la menor insignificancia sirve. Baste con recordar la enorme rentabilidad publicitaria que el independentismo extrajo del inaceptable grito «¡A por ellos!» que mencionamos unas líneas atrás. Tanta fue que durante una temporada se convirtió en la descalificación favorita que los independentistas dirigían cuando pretendían atacar al adversario, acuñando expresiones como el «bloque del “a por ellos”» o el «jefe del Estado del “a por ellos”», por mencionar solo un par de ejemplos. Por supuesto que, llegados a este punto, cualquiera podría preguntarse: pero ¿acaso de una u otra manera no ha sido siempre así?, ¿no es esta una práctica argumentativa habitual, sobre todo en el debate político? Por supuesto que sí, pero esto, lejos de tranquilizarnos, debería constituir motivo de específica preocupación. Aunque las realidades sean sustancialmente diferentes y no se trate de comparar lo incomparable, en un punto al menos se podría establecer el paralelismo entre la situación que durante años se vivió en el País Vasco y la que hoy se vive en Cataluña. Hace algún tiempo, Ramón de España, con la fina ironía que le caracteriza, presentaba en un artículo titulado «A buenas horas, mamarrachos» una tipología que, con todas las cautelas y salvando todas las distancias, podría aplicarse a la situación catalana. En él podía leerse: «El País Vasco se compone de ciudadanos en diferente grado de putrefacción moral: los asesinos, los que les aplaudían, los que no aprobaban sus métodos pero los encontraban disculpables, y los que no estaban de acuerdo con la situación pero callaban como muertos y seguían comiendo pintxos tranquilamente».

Con toda probabilidad son los miembros del tercer grupo los que recurren más habitualmente a la lógica a la que nos venimos refiriendo. Lo hacen cada vez que juzgan con benevolencia paternalista los comportamientos de aquellos de los que, con la boca pequeña, declaran discrepar. Así, no es raro que resten importancia a los renuncios y contradicciones de estos últimos comparándolos con los de los aficionados al fútbol, de los niños, de los creyentes y otras figuras similares, inocuas, por otra parte. Apoyados en esta comparación terminan, entre otras cosas, infiriendo la conveniencia de no llevar a cabo ninguna acción, por correcta y justa que sea, que pueda molestar en alguna medida a un sector tan sensible y escasamente racional. Una de sus expresiones más frecuentes para censurar lo que en sí mismo no resulta censurable es afirmar que una determinada iniciativa «no ayuda nada» a la resolución del conflicto. Como si solo correspondiera a una de las partes la responsabilidad de apaciguar los ánimos, en tanto que a la otra no le resultara exigible la menor contención ni prudencia.

Este planteamiento se sostiene con gran dificultad. Uno puede aceptar el argumento de que —por poner un ejemplo banal— la prohibición de asistir a un acto deportivo como la final de la Copa del Rey de fútbol vestido con determinadas camisetas, por más ajustada que dicha prohibición esté a la normativa por la que se rigen este tipo de actos, no contribuye al sosiego ni a la reconciliación. Sin embargo, no se acaba de entender la razón por la cual el mismo reproche no se aplica a quienes planifican el boicoteo a unos símbolos que sin duda ellos consideran ajenos a su sensibilidad, pero que otros ciudadanos sienten como muy suyos, a veces hasta el extremo de emocionarlos vivamente. ¿Ayuda en algo (que a nosotros se nos escapa) ese tipo de actos y faltas de respeto o es que hay quienes están exentos de la responsabilidad de contribuir a rebajar el conflicto, mientras que otros, sin saber por qué, se encuentran obligados a ello?

Pero no se trata de enredarse en la casuística o de debatir sobre un ejemplo u otro, sino de atender a la lógica subyacente a todos ellos. Si tomamos esa perspectiva, lo que se hace evidente es que lo que podríamos denominar la lógica de la benevolencia, que convierte todo lo propio en anécdota y lo ajeno en categoría (con su corolario práctico correspondiente: la política del contentamiento, por utilizar la expresión del federalista canadiense Stéphane Dion), deja sin consideración lo que realmente importa, que es por cierto lo que más problemas plantea.

Porque lo grave no es el ventajismo de declararse ofendido y agraviado por casi cualquier cosa, mientras al mismo tiempo se resta toda trascendencia a las ofensas que uno pueda cometer, sino el efecto que provoca semejante actitud. El independentismo catalán ha llevado hasta la exasperación la estrategia heredada del nacionalismo de mantener la cohesión de los suyos a base de alimentar el enfrentamiento con el enemigo exterior (España, los españoles…), como si le resultara de todo punto inimaginable que pudiera existir un rechazo a sus tesis que surgiera del interior mismo de la sociedad catalana. No parece darse cuenta de que cuando ataca, ofende o insulta con impune ligereza a ese presunto enemigo exterior está atacando, ofendiendo o insultando también a más de la mitad de los catalanes que, sin renunciar a serlo, se sienten también identificados con dicho «enemigo» (entre otras razones porque no lo consideran tal).

Con esta beligerancia irreductible no se hace más que ahondar la fractura interna en Cataluña. Una fractura que si el independentismo niega de manera sistemática no es porque esos otros catalanes que no comulgan con su proyecto político le resulten invisibles, sino por algo todavía peor: porque los considera inexistentes. Esto no tiene nada de casual. El victimista es incapaz de pensarse a sí mismo provocando daño alguno, pues perdería su impoluta condición de víctima, en la que, a salvo de cualquier reproche, vive tan confortablemente instalado.

NO EXAGERE, MAJESTAD

«No exagere, señoría» fue la frase, en su momento muy comentada, con la que los agentes de los Mossos d’Esquadra respondieron a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Amposta, partido judicial al que pertenece Alcanar (Tarragona), cuando esta les trasladó su sospecha de que las bombonas de la casa okupada que habían hecho explosión dos días antes de la acción terrorista en las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017 podían estar preparadas para un atentado. Me ha venido a la cabeza la frase al recordar las reacciones de algunas personas del entorno independentista tras el discurso del rey la noche del 3 de octubre de 2017, al que tanto partido han sacado desde entonces.

No se trata, valdrá la pena advertirlo de inmediato, de comparar situaciones (en este caso, la inminencia de un atentado terrorista con la de una DUI), sino de homologar reacciones. Una actitud muy extendida en la opinión pública en Cataluña es la de calificar como excesiva toda iniciativa procedente de Madrid que simplemente ponga en cuestión las decisiones y comportamientos del Gobierno de Cataluña en cualquier nivel. Así, por referirme solo a lo ocurrido en la inminencia del referéndum del 1 de octubre (pues es a ello a lo que respondía el discurso de Felipe VI), de las cargas policiales a los registros de imprentas, de las medidas de control de las finanzas a los procesamientos de altos cargos, y así todo lo que quieran, son a menudo descalificados no tanto por su improcedencia o su injusticia como por su presunta exageración. Es como si, en Cataluña, muchos exclamaran, escandalizados por la reacción que provocan sus actos, al tener noticia de sus consecuencias: pero ¡si no hay para tanto!

Se engañaría quien identificara esta actitud con sangre fría o con impasibilidad oriental. No. El fondo del asunto tiene que ver con una disposición inducida de manera pertinaz durante años en Cataluña, casi hasta el inicio del procés, y que ha desembocado en la ausencia de crítica política propiamente dicha en el espacio público en general y en una completa falta de autocrítica por parte de los gobernantes catalanes en particular. El convencimiento extendido de que el contenido de la política que correspondía llevar a cabo a los partidos se sustanciaba en las diferentes formas de relacionarse con Madrid que cada uno de ellos representaba, como si la política interna careciera de importancia, ha terminado propiciando un convencimiento de segundo orden que se ha revelado nefasto. Este vendría a ser, formulado de manera telegráfica, que nada malo o erróneo puede suceder como consecuencia de nuestros actos y que, en el caso de que así ocurriese, solo puede ser culpa de Madrid.

De ahí que, por sorprendente que pueda resultar, hubiese en Cataluña personas para quienes el hecho de que la declaración de independencia estuviera a la vuelta de la esquina, como efectivamente ocurrió, no constituyera motivo de preocupación, de la misma forma que no faltaron quienes formularon como primer (y en muchos casos único) comentario respecto al discurso del rey la ausencia en él de la palabra «diálogo». Se percibirá que el reproche implícito era, en alguna medida, que se endosaba a Felipe VI la responsabilidad por el clima de alarma que se pudiera haber desencadenado desde entonces. De esta manera, tales críticos rehuían entrar en el fondo del asunto.

Más allá de las interpretaciones que se puedan hacer en el sentido de que el rey, con sus palabras, hubiera avalado o no las medidas legales adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy (el 155 fundamentalmente), lo importante de su intervención —como, por cierto, el propio jefe del Estado se encargó de resaltar incluso con su lenguaje corporal— estaba en un lugar diferente, en concreto en denunciar que el Govern de la Generalitat había traspasado todas las líneas rojas de deslealtad institucional. Como es evidente, ante una crítica de tal magnitud y contundencia resulta difícil seguir manteniendo el argumento de la exageración centralista, y el independentismo se vio obligado a echar mano de uno de refuerzo que ya había utilizado en numerosas ocasiones anteriores.

Un argumento de refuerzo es aquel que intenta defenderse de las críticas recurriendo a un agravio padecido previamente. En efecto, la lógica que parece subyacer al discurso independentista en relación con sus actos es que estos, sean cuales sean, no pueden condenarse porque constituyen una reacción frente a algo. De esta forma, los independentistas confunden, si se me permite la simplificación, disponer de alguna razón para actuar de determinada manera con el hecho de tener razón sin más. Pensarán ustedes que la diferencia es simple, pero no parece que el independentismo alcance a percibirla con la misma claridad. La lógica, a la que acabamos de aludir, mediante la cual parece funcionar el discurso independentista podría entonces resumirse así: cualquier cosa que haga el Gobierno central y no me agrade (aunque solo sea porque no satisfaga mis expectativas), o que deje de hacer, deseando yo que la hubiera hecho (plantearme una propuesta), justifica por mi parte la respuesta que yo estime oportuna, sin que proceda someterla a crítica y mucho menos a condena alguna.

Pero es obvio que el error del otro no hace buena cualquier respuesta propia. Una respuesta desmesurada no queda justificada por el hecho de que estuviera motivada por un agravio previo; para que efectivamente lo esté debe corresponderse con aquello a lo que pretende replicar o ser proporcional de alguna manera. De lo contrario, se corre el peligro de terminar incurriendo en lo que en el lenguaje popular se conoce como «matar moscas a cañonazos».

Así pues, estamos ante una notable muestra de lo que, cediendo por un momento a la tentación del lenguaje filosófico, podríamos denominar «inocencia irreductible» o «impunidad argumentativa». Con palabras más simples: se trata de que, por definición, para el independentismo ni se es responsable de nada ni hace falta proporcionar argumentos consistentes para lo que se hace. A tal extremo ha llegado su desnudo voluntarismo. Si la situación estuviera para bromas podríamos afirmar que, salvo saltarse las leyes, engañar repetidamente a los ciudadanos catalanes, creer que el país es suyo, llevar a la sociedad al borde del enfrentamiento civil, poner en peligro el turismo y la industria, enemistarse con toda Europa, favorecer el crecimiento de la ultraderecha y dejar de gobernar durante un par de años, el independentismo apenas ha cometido en este tiempo errores que le puedan ser reprochados.

Pero si preferimos continuar hablando en serio y, además, ser específicos, bastará con que señalemos como paradigmáticas de esta actitud que se autoatribuye una especie de inocencia universal algunas de las últimas intervenciones de Carles Puigdemont como president, en concreto las dos que se produjeron el 1 de octubre de 2017, con ocasión de la jornada del referéndum. En la primera, realizada a media mañana de aquel domingo, se limitó a descalificar con todo tipo de adjetivos al Estado español por las contundentes cargas policiales que se habían producido a primera hora, como si su propio Govern fuera del todo inocente al respecto y no tuviera ninguna relación (directa o indirectamente a través de la ANC y Òmnium Cultural) con el llamamiento a la ciudadanía a desbordar la legalidad y a ocupar la noche anterior las escuelas que iban a ser colegios electorales.

Tal vez resultó más significativa su intervención tras el cierre de los colegios. Compareció rodeado por todo el Govern y, sin proporcionar cifras (es de suponer que debió de pensar: ¿a quién le importa un detalle tan nimio como el del resultado exacto de la consulta en un momento de tamaña trascendencia histórica?), se dedicó a reiterar sus críticas a la actuación de la policía para, a renglón seguido y sin mayor argumentación, como si fuera una inferencia obvia (cuando en realidad era un non sequitur flagrante), extraer de dichas críticas la conclusión de que el pueblo catalán «se había ganado el derecho a la independencia». Que el presunto referèndum hubiera incumplido todos los estándares exigibles para ser reconocido como tal en cualquier democracia que se precie era, para Puigdemont, completamente irrelevante, una minucia sin la menor importancia. He aquí el ejemplo más claro de lo que hemos destacado en lo anterior. Un agravio legitima cualquier respuesta, la que se le antoje al agraviado. En este caso, el asunto quedó más que claro: para el entonces president de la Generalitat una carga policial legitimaba un pucherazo.

CUANDO LA ANÉCDOTA VALE COMO CATEGORÍA

Hay que reconocer que uno de los éxitos incuestionables del independentismo catalán ha sido el de contagiar a la política española su gusto por las jornadas históricas y las fechas trascendentales. Si damos un salto en el tiempo y nos situamos un año después del referéndum, concretamente durante la semana del 21 de diciembre de 2018, lo certificaremos de nuevo. En aquellos días, los vecinos de Barcelona estuvimos en un sinvivir, pendientes de lo que pudiera ocurrir el viernes con ocasión de la celebración allí del Consejo de Ministros. De lo que terminara por pasar aquel día parecía dilucidarse el futuro inmediato de España, hasta el punto de que no faltaron analistas que hicieron depender la aplicación del 155 y la inmediata convocatoria de elecciones generales del grado de control que demostraran los Mossos d’Esquadra sobre los manifestantes más exaltados.

Desde que se emitió el comunicado conjunto entre los dos gobiernos tras el encuentro del jueves por la noche, se pudo comprobar que los augurios más catastrofistas no se iban a cumplir. Lo que proporcionó la clave del ten con ten al que parecía haberse llegado, no solo entre gobiernos, sino, sobre todo a los efectos de lo que pretendo plantear, en el seno del independentismo, fue el modo en que iba informando TV3 del transcurso de la jornada. La televisión pública catalana parecía tener gran interés en transmitir otro mensaje: que nada podía hacer doblar la cerviz al tozudo y orgulloso pueblo catalán en su empeño por manifestar su rechazo a la insolente y provocadora presencia del Gobierno de España (de ahí la constante y detallada información de los diversos puntos de Cataluña en que se estaban produciendo incidentes, por menores que fueran). Se trataba de dejar claro que la consigna «els carrers seran sempre nostres» continuaba en vigor y que debía repetirse sin dejar (en exceso) en evidencia ni al president ni a su Govern, que necesitaban transmitir, no solo a Madrid para evitar males mayores (tipo 155 o Ley de Seguridad Ciudadana), sino también a un sector de los suyos preocupado por los anuncios más tremendistas, que la situación no se le había ido de manera irreversible de las manos.

Enredarse ahora en intentar aquilatar con precisión el grado de importancia de los incidentes de aquel viernes quizá constituya un camino de escaso recorrido, amén de que el día en cuestión ya queda muy atrás. Pero parece claro que, finalmente y por fortuna, a pesar de algunos problemas de orden público que no cabe desdeñar, la sangre no llegó al río. Tanto fue así que el propio independentismo radical terminó por asumir, sobre todo comparando el resultado final con sus expectativas, que la jornada se saldó para ellos con un fracaso. De mayor interés sería intentar plantear una consideración que tome cierta distancia respecto a lo sucedido, por mínima que sea, la suficiente como para poder abordar la pregunta que ahora de verdad importa: ¿qué lecciones extraer de lo que pasó?

En primer lugar, quedó demostrado con claridad que lo que durante mucho tiempo ha tendido a denominarse «bloque independentista» es en realidad un conglomerado, heterogéneo y confuso, carente casi por completo de dirección política. Ejemplos de ello sobran, pero en el que sigue se hizo patente lo errático de sus dirigentes. Los mismos dirigentes que un día estimaban la visita de Pedro Sánchez a Barcelona a finales de 2018 como una magnífica oportunidad para plantearle sus reivindicaciones de autodeterminación, al día siguiente consideraban esa misma visita como una provocación para, al tercero, declarar que a lo único a lo que se negaban era a una reunión para hacerse una foto, pero que, si se trataba de dialogar, ellos siempre los primeros, y así sucesivamente. A la vista de esta ostentación de volatilidad de los dirigentes independentistas, la primera lección que se podría extraer es que quizá sus cambiantes tomas de posición no merecían tanta atención.

La segunda lección es complementaria de la primera. Dada la práctica inexistencia de dirección política en el independentismo, constituye un error subsidiario del anterior confiar en que las contradicciones entre los diversos sectores independentistas (ERC, Crida per Catalunya, PDeCAT, CUP…) representen el anticipo o el germen de su derrota. Que a sus dirigentes les tiemblan las piernas a la mínima es un hecho más que contrastado: Puigdemont se desdijo de su intención inicial de convocar elecciones autonómicas en cuanto leyó el primer tuit de un diputado de ERC que le calificaba de traidor y escuchó en la plaza de Sant Jaume el primer «botifler» proferido por un comité de defensa de la república (CDR). Igual que el ínclito Quim Torra entró en pánico al ver un moratón en la mano de una dirigente de la CUP provocado por la intervención de los Mossos, corriendo a desautorizar a sus propias fuerzas policiales en momentos particularmente delicados para estas.

Pero extraer de aquí la conclusión de que de semejante inconsistencia política terminará por desprenderse como fruta madura el progresivo abandono de la causa independentista por parte de sus votantes constituye, evidentemente, un non sequitur. A la vista está que los ciudadanos que han abrazado la causa del independentismo no parecen dispuestos a dejar a sus dirigentes en la estacada hagan lo que hagan. Que nadie se apresure, pues, a celebrar las contradicciones o incluso los ridículos de la dirigencia independentista, porque con ello demuestra desconocer a sus bases. Ello significa —tercera lección que extraer— que la cohesión de este sector es de una fortaleza tal que no solo ha acreditado estar a prueba de decepciones mayúsculas, sino que, incluso, incumple algunos de los tópicos más arraigados en relación con el comportamiento de los electorados en democracia.

Porque, en efecto, uno de los principios más reiterados (y contrastados) a este respecto es el de que la ciudadanía penaliza a los partidos que sufren querellas internas. Pues bien, aquí no se inflige semejante castigo, sino que sucede más bien lo mismo que en cualquier iglesia, en la que los representantes en la tierra de la deidad correspondiente pueden cometer las mayores aberraciones o mantener las disensiones internas más escandalosas que las deserciones masivas que provocan entre sus fieles son nulas. Quizá habría que plantear la deuda que tantas organizaciones humanas, con los partidos políticos en un lugar muy destacado, tienen no solo con las estructuras militares, sobre todo en lo referido a la importancia de la jerarquía y la disciplina, sino también con el pensamiento religioso y su acreditada capacidad para adiestrar las almas.

Ahora bien, constatado todo lo anterior, ¿se impone alguna conclusión práctica por encima de las demás? Si se hace una lectura apresurada y un tanto superficial de todo lo que llevamos de procés en sus diversas variantes y etapas (y llevamos ya mucho si incluimos este extraño postprocés en el que a ratos parecemos estar inmersos), se corre el peligro de concluir que con el independentismo no hay nada que hacer, que no cabe trato alguno. Quienes opinan así suelen mantener que todas las estrategias blandas ensayadas hasta ahora han desembocado en sonoros fracasos. Pensemos, nos dicen estos mismos, en la estrategia pusilánime de Mariano Rajoy: incapaz de intervenir en Cataluña a pesar de las flagrantes vulneraciones de la legalidad a primeros de septiembre de 2017, e incluso habiéndole enviado a Carles Puigdemont unas cartas (según Felipe González, más propias de Gila que de un presidente de Gobierno) en las que le preguntaba si realmente había proclamado o no la república, acabó aplicando un 155 de muy baja intensidad (tan baja que, por debajo de los consellers, no dimitió ni un solo cargo, lo que da una idea de la ferocidad de la represión).

Quienes esto afirman son también muy críticos, si cabe, con los planteamientos dialogantes y desinflamadores, al estilo de Pedro Sánchez. Para justificar su crítica consideran que todos los gestos destinados a apaciguar al independentismo quedan inmediatamente amortizados, como si de deuda pendiente se tratara, sin obtenerse de ellos la menor rentabilidad política, cuando menos en forma de cierta distensión ambiental. Así, continúan, los mismos independentistas que reclamaban el acercamiento de los presos a Cataluña como prueba de la buena voluntad del Gobierno central pasaron a reclamar, al día siguiente del traslado de estos a cárceles catalanas, que la abogacía del Estado retirara el delito de rebelión, lo que, recién obtenido, dio paso a nuevas exigencias, y así sucesivamente. Nada de ello ha impedido, por abreviar el relato y pasar a lo más reciente, que pudieran tildar de colonizador a ese Gobierno que había tenido todos los gestos que le habían solicitado, que propusieran la vía eslovena como el camino más adecuado hacia la autodeterminación o, tal vez lo más destacado, que, a mediados de febrero de 2019, votaran en contra de la tramitación de los presupuestos desencadenando el final de la legislatura.

Es grande la tentación de ceder a semejante tipo de lecturas, que suelen desembocar de manera inexorable en la exigencia de estrategias duras. Pero para que resultaran realmente satisfactorias quienes las sostienen deberían responder antes a una simple pregunta: ¿cuál es su plan para el día después de la represión? (incluso por legítima que fuese y justificada que pudiera llegar a estar). ¿O es que acaso su perspectiva es mantenerla sine die? Y, en tal caso, ¿cabe considerar semejante planteamiento como una efectiva solución o como una simple respuesta para contentar a los afines? Porque, de momento, podría decirse que el contenido de ese propósito, proclamado reiteradamente en el último tramo de la XII.ª legislatura por la esforzada Dolors Montserrat desde la tribuna del Congreso de los Diputados, de desactivar al independentismo catalán a base de ofrecerle «un proyecto atractivo de España», constituye el secreto mejor guardado de la derecha de este país.

El problema nunca fue la anécdota de aquel viernes del Consejo de Ministros en Barcelona, ni lo será ningún otro viernes que pueda aparecer en el horizonte (que aparecerá, no lo duden: los soberanistas no pierden la ocasión de anunciar ciclos de movilizaciones con los más variados motivos). Esta voluntad, entre empecinada y reincidente, no se deduce de analizar el subtexto de las declaraciones de los dirigentes independentistas o sus estrategias mejor guardadas, sino que son estos mismos quienes las explicitan incluso en momentos en que hacerlo resulta especialmente gravoso. Tal es el caso del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que no tuvo remilgos en declarar ante el Tribunal Supremo en su alegato final durante el juicio del procés que «lo volveremos a hacer». Propósito que no tardó en convertirse en eslogan del independentismo, que ha pasado a utilizarlo como muestra de bravuconería en redes o ante los medios cuando alguien osa afirmar que la huida hacia delante de los independentistas no tiene más recorrido. El propio president Torra ha echado mano de la sentencia de Cuixart en diversas ocasiones, aunque, eso sí, sin traspasar de momento las líneas que separan el reproche civil y administrativo del penal.

El peligro más preocupante que se cierne sobre Cataluña y, por extensión, sobre España es la cronificación del conflicto. Y algo así no se resuelve con un manotazo legislativo (que siempre será una variante de la castiza y achulada sentencia de barra de bar «esto lo arreglaba yo enseguida», glosada en su momento por Rafael Sánchez Ferlosio), sino con mucha paciencia y un proyecto de futuro claro que ofrecer como alternativa al independentismo. Tal vez no haya otra manera de que aquellos que todavía aguardan la llegada del Mesías de la independencia se hagan a la idea de que esta nunca se producirá, pero para lograrlo también hará falta alguna otra actuación.

A qué ocultarlo: ni la mayor dosis de paciencia garantiza nada. La necesaria secularización del independentismo, la imprescindible conversión de lo que ahora parece más un credo teológico que un discurso político propiamente dicho, exige que sus dirigentes recuperen la credibilidad perdida durante estos años de desatada incompetencia política por su parte. Para alcanzar este objetivo deberían empezar por hacer lo que tanto reclaman a sus adversarios. Porque no deja de resultar sorprendente que quienes tantas veces han dudado y en ningún momento se han atrevido a decirles a los suyos que los habían estado engañando de la manera más descarada reclamen ahora al constitucionalismo coraje y determinación. El motivo de su persistente miedo ofrece pocas dudas: les asusta la posibilidad de que la mitad de la ciudadanía catalana que los ha estado apoyando pueda perder la fe en ellos. Pero, en ocasiones, es imprescindible perder la fe para entrar en razón.

10

CREDULIDAD CULPABLE

¿LA BUENA FE EXIME DE SER CRITICADO?

Para lo que sigue no será necesario repetir los argumentos que numerosos analistas políticos y juristas cualificados han esgrimido acerca de la escasa calidad democrática del oficialismo independentista, especialmente durante los meses previos a la aplicación del artículo 155. Tampoco ha sido complicado reconocer la acreditada habilidad de este sector para generar eslóganes de gran eficacia político-mediática (del inicial «dret a decidir» al más reciente «Se trata de democracia», pasando por los ya mencionados «Volem votar», «Volem ser un país normal» y tantos otros…). Pero, reconocido el mérito publicístico, algo habrá que decir respecto a ese sector de la ciudadanía catalana que no parece ofrecerles una gran resistencia crítica, ni siquiera cuando entran en flagrante contradicción con prácticas tan escasamente democráticas como las señaladas.

Bien está preocuparse por la profunda decepción que sufrirán todos aquellos que han visto frustradas sus ilusionadas expectativas. Pero mejor está llamar la atención sobre la cuota de responsabilidad de quienes han hecho uso de lo que, parafraseando a Ignacio Varela, podríamos llamar el «apoyo impune». Tampoco en esto los catalanes somos muy diferentes al resto de los ciudadanos de España o del mundo entero. ¿O es que nos viene de nuevas el espectáculo de grandes colectivos hechizados por la tentación de usar el voto como desahogo, sin reparar en lo que pasará después?

Ya que tanto les agrada a algunos compararse con los primeros de la clase, ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos o de Reino Unido, donde un importante sector de la población, horrorizada ante la decisión de sus propios conciudadanos, ha salido a la calle a protestar, desde el preciso instante en que se conocieron los resultados de sus respectivas votaciones. No pretendo decir, entiéndaseme bien, que lo peor de la presente situación sea una ciudadanía tan predispuesta a lo que Timothy Snyder en Sobre la tiranía ha denominado «la obediencia por anticipado». Lo peor, sin duda, son los políticos que jalean esa actitud obediente como si fuera una virtud. Pero la constatación de dónde se ubica la responsabilidad mayor no exime de ella a tantos ciudadanos que se abandonan, se diría que incluso complacidos, a lo que se les indica que hagan, sea esto lo que sea. Y si alguien piensa que exagero, que continúe leyendo.

Como se suele decir, «las imágenes han dado la vuelta al mundo». Con esto me refiero a aquellas de las personas congregadas el 10 de octubre de 2017 en el paseo Lluís Companys, ante el parque de la Ciudadela de Barcelona, aguardando, expectantes, la proclamación de la República catalana independiente por parte del president de la Generalitat. La oportunidad de las imágenes de Reuters radicaba justo en el hecho de que eran dos, tomadas con pocos segundos de diferencia (ocho, para ser exactos), lapso de tiempo durante el cual se materializó la largamente anunciada «decepción de los independentistas de buena fe». En una de ellas podía verse, en la primera fila de la multitud agolpada, una mujer que, tras escuchar la inicial declaración de independencia por parte de Puigdemont, alzaba los brazos y parecía gritar entusiasmada, al igual que otra que está a su derecha. En la siguiente foto de la secuencia, la misma mujer parecía estar preguntando con su gesto de perplejidad por el motivo de la suspensión de la independencia recién anunciada, mientras su vecina tenía ya la cabeza gacha, en gesto de abatimiento, las manos juntas como si hubiera empezado a rezar con recogimiento.

La verdad es que la expresión entrecomillada («independentistas de buena fe») nunca ha terminado de convencerme. En primer lugar, porque sugiere la existencia de un impreciso y opuesto «independentistas de mala fe», que parece dar a entender que la bondad o maldad del independentismo gravita sobre —y depende de— la buena o mala fe de sus defensores. Pero conviene no precipitarse en considerar poco menos que obvio lo que tal vez diste de serlo, porque, en efecto, ¿acaso alguien utilizaría —al menos con la desenvoltura y profusión con la que se aplica a los independentistas— la expresión «liberales de buena fe», «socialdemócratas de buena fe» o cualquier otra similar? ¿Por qué, entonces, en el caso al que nos referimos nos parece tan normal?

Quizá porque, por más que se empeñen en negarlo tanto ERC como algunos intelectuales exquisitos que parecen encontrar muy vintage a la CUP, el independentismo es una forma exasperada de nacionalismo, y ya sabemos que para este el elemento clave que todo lo justifica es el sentiment. De ahí que, desde su punto de vista, no solo tenga sentido, sino que incluso resulte pertinente, distinguir entre distintas calidades de este, no habiendo nada que objetar ni criticar a quien pueda acreditar que el sentimiento que le embarga es noble. ¿Acaso no es a esto a lo que apelaba reiteradamente Oriol Junqueras al referirse a los suyos en términos de «bona gent», como si pertenecer a tan bondadoso grupo (y, por tanto, albergar buenos sentimientos) garantizara, sin la menor duda, la verdad y el acierto de la propia posición?

Pero, como empezábamos preguntando, ¿es efectivamente así? ¿Nada cabe exigir al ciudadano independentista por el mero hecho de que se acoja a la bondad de sus sentimientos? ¿No tiene sentido reclamarle lo mismo que a cualquier otro ciudadano de cualquier otra ideología, esto es, un mínimo de responsabilidad y de crítica para con sus representantes políticos? Intentemos descender a casos particulares y formular preguntas algo más concretas para ilustrar este argumento: ¿qué pensarían ustedes de ese ciudadano británico que votó a favor del Brexit persuadido, según él, por los datos que le había presentado Nigel Farage, en el caso de que, tras conocer la falsedad de estos, declarara que mantendría igual el sentido de su voto si se repitiera el referéndum? Cualquier cosa menos que es un antieuropeísta «de buena fe» engañado por unos políticos tramposos. Lo que en un primer momento hubieran podido considerar una credulidad inocente, muy probablemente ahora pasarían a juzgarlo como una credulidad culpable.

Apliquemos este esquema al caso de Cataluña. Tal vez a estas alturas lo que deberíamos plantearnos, más que el escándalo que supone que los medios de comunicación públicos (con la impagable ayuda de algunos privados, regados con generosas subvenciones) se hayan lanzado sin freno a la intoxicación, es el hecho de que exista un sector no pequeño de la ciudadanía catalana que acepta complacida y sin el menor atisbo de crítica estos mensajes, pues no parece haber reaccionado ante las mentiras de nuestros Farage locales. Por citar las más llamativas: quienes reiteraban que era cosa de la campaña del miedo instigada desde Madrid pensar que la independencia de Cataluña podía provocar la marcha de empresas y grandes bancos a otras zonas de España quedaron rotundamente desautorizados. Igual que vieron desautorizado sin matices su anuncio de que, en el supuesto de que se montara en Cataluña «un gran pollo» (expresión literal de Artur Mas, también muy del gusto de Puigdemont), Europa se vería obligada a intervenir. El paralelismo con el párrafo anterior es claro: si el ciudadano que decía basar en estas tesis su convencimiento independentista no lo somete a revisión al comprobar que se han visto falsadas, tenemos derecho a preguntarnos si, lejos de haber sido sorprendido en su buena fe, también podemos adjudicarle una credulidad culpable o, si lo prefieren, una decidida voluntad de autoengaño.

En su intervención del 10 de octubre de 2017 en el Parlament de Catalunya, el entonces president Puigdemont —se diría que poniendo la venda antes de que hubiese herida— hizo referencia, con especial énfasis, a todo aquello que, según él, no son los independentistas. Sus palabras textuales fueron: «No somos unos delincuentes, no estamos locos, no somos golpistas, no estamos abducidos». Y, a continuación, llevó a cabo una de las mayores melonadas en sede parlamentaria de la que se tiene memoria (de hecho, la sabiduría popular ya ha acuñado la expresión «marcarse un Puigdemont» para describir un tipo de comportamiento particularmente incoherente y ridículo).

Tal vez sea cierto que los independentistas en general y el expresident de la Generalitat en particular no merezcan los adjetivos que este último rechazaba en su intervención. Pero, en todo caso, tanto los unos como el otro se harán acreedores (o no) de una determinada caracterización en función de sus actos, no de sus declaraciones. A fin de cuentas, el modo en el que cada cual gusta de caracterizarse a sí mismo tiene un valor muy relativo. ¿O es que algún fanático reconoce que lo es? Los que yo veo a mi alrededor más bien presumen, incluso ostentosamente, de su lucidez. Quizá la clave del asunto radique en que lo que define al fanatismo no es el completo abandono de la razón, sino su uso perverso y torcido.

FÁTIMA, EL INDEPENDENTISMO Y LAS DISONANCIAS COGNITIVAS

Podemos aceptar y comprender a los pastorcillos portugueses que hace ahora un siglo padecieron una grave disonancia cognitiva y creyeron, en un rapto de fe, que se les estaba apareciendo la Virgen María en la Cova da Iria, pero no por ello se nos ocurriría nunca ir de peregrinación al santuario de Fátima. Precisamente cuando se es comprensivo con tales disonancias, a continuación solo se puede ser crítico en extremo con quienes (en el ejemplo de los pastorcillos, las autoridades eclesiásticas del momento, que a buen seguro no padecían esas mismas disonancias) se aprovechan de ellas y las ponen al servicio de sus propios intereses.

Últimamente creo detectar en algunos analistas de la izquierda que habían simpatizado con el procés, como aquel que dice hasta ayer mismo (no tanto porque compartieran de pleno todos sus objetivos, como porque tendían de un modo sistemático a interpretarlo como una reacción a las políticas del PP, y consideraban que todo lo que fuera atizarle duro a la derecha debía aplaudirse por principios), cierto giro en el sesgo de su discurso. Tal vez visto que la lista de contradicciones y mentiras del «procesismo» empezaba a ser demasiado gravosa y, en consecuencia, de más que difícil justificación (resultaba materialmente imposible endosárselo todo siempre a Rajoy), parecen haber decidido sustituirla por la exculpación. Y hete aquí que empiezan a proliferar artículos e intervenciones que ofrecen explicaciones en términos de psicología de masas a la férrea actitud, inasequible no solo al desaliento, sino también a la crítica y, en muchas ocasiones, hasta a la menor consideración racional, de los votantes independentistas.

Pero, aunque comprendamos que a muchos de ellos, por insondables razones psicológicas, les resulte extremadamente difícil aceptar las opiniones del adversario político, sí creo que debería ser posible reclamarles algo mucho más sencillo: que, al menos, se crean las propias. Podría decirse, concretando un poco lo que afirmábamos en el epígrafe anterior, que acaso el test más eficaz para medir el grado de fanatización de alguien no sea tanto la intensidad emotiva con la que asume determinadas posiciones como la capacidad para argumentar sobre aquello que declara opinar; dicho de otra manera, la nula resistencia a defender lo contrario a lo que defendía hace un momento si eso es lo que se le indica y no comporta el riesgo de salir de la propia ortodoxia.

No pretendo llevar a cabo una valoración sumaria y simplista de un sector de votantes por entero (como decía Churchill cuando le preguntaban por su opinión de los franceses: «No los conozco a todos»). Me interesa más llamar la atención sobre una cuestión de otra naturaleza, a saber, el modo concreto en que ese sector ha gestionado durante bastante tiempo determinadas afirmaciones. Me limitaré a dos. En primer lugar, la de que la candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, lo era en realidad de José María Aznar (afirmación también, dicho sea de paso, muy del gusto de Podemos). A quienes tanto han defendido esta tesis les tocaría haber extraído la consecuencia correspondiente: el primer partido de Cataluña en votos y escaños en las elecciones autonómicas de 2017 es el que está en la misma longitud de onda que el del expresidente del Gobierno español, a su vez este a la derecha del que lo fuera hasta mayo de 2018, Mariano Rajoy. Pero, parece razonable preguntarse, ¿no habían repetido hasta la extenuación los portavoces del oficialismo catalán que el PP era una máquina de generar independentistas? ¿No habría que decir entonces, aplicando la misma lógica discursiva, que el independentismo es una máquina de generar partidarios de Aznar? ¿No habían caído en la cuenta o era exactamente lo que perseguían aquellos?

En segundo lugar, qué decir del tópico según el cual el procés no podía entenderse a la vieja manera, como una movilización dirigida por una élite, sino como una que surgía de abajo arriba, de forma espontánea, absolutamente al margen de cualquier tipo de cúpulas. Sin embargo, la súbita paralización de las movilizaciones a partir de un momento determinado (cuando por casualidad ciertas cúpulas fueron detenidas) certificó bien a las claras que, en realidad, todas ellas siempre funcionaron, como quien dice, a toque de silbato. Nada menos que Josep Martí, antiguo secretario de Comunicación de la Generalitat, lo ha reconocido por escrito: «En ningún caso puede darse por buena la tesis más romántica que sitúa todo lo acontecido como fruto del empuje popular». Y, por si con esas palabras no fuera suficiente, continúa: «Nada hubiera sido posible sin la complicidad e interés de los partidos políticos y de las instituciones gobernadas por estos insuflando aire a las movilizaciones a través de sus estructuras territoriales, cuadros y proclamas[25]».

Siempre es de agradecer, sobre todo procediendo del sector del que procede, la sinceridad, pero lo cierto es que llevábamos tiempo al cabo de la calle. En realidad, no hacía falta este tardío ataque de franqueza. ¿O es que alguien podía creerse que unas multitudes que, de acuerdo con el relato oficial independentista, se lanzaron, valerosas, a las calles el 1 de octubre de 2017 para votar en el referèndum hasta sumar más de dos millones de personas, desafiando la brutal e indiscriminada represión de la policía española, pero luego se volvieron miedosas de un día para otro y no se atrevieron a manifestarse, paralizadas ante la mera advocación del 155? O, también: ¿qué se hizo de los numerosos comités de defensa de la república que supuestamente estaban preparados para intervenir en el sentido que su propio nombre indica? ¿No existían todavía o es que entonces no fueron convocados a actuar? ¿Por qué solo aparecieron mucho más tarde, a partir del levantamiento del 155 y el restablecimiento de la normalidad estatutaria, y no en el momento en el que presuntamente la patria (y la república) más les necesitaban?

«¿MANI O MISA DE 12?» SOBRE LA ÚLTIMA RELIGIÓN DISPONIBLE

Aludíamos más arriba al programa emitido poco antes de las autonómicas de diciembre de 2017 en el que Jordi Évole invitó a debatir a Inés Arrimadas y Marta Rovira. En el programa, el presentador tuvo el detalle malévolo de recordar a Rovira sus inflamadas palabras en mítines transcurridos durante las diversas convocatorias electorales recientes celebradas en Cataluña (tanto ordinarias como anómalas). Todas las votaciones, según proclamaba en esas grabaciones la entonces líder de ERC, eran trascendentales, en todas se jugaba el pueblo catalán su futuro, en todas se dilucidaba la supervivencia de la nación, todas, en fin, eran la oportunidad para que los ciudadanos tomaran la decisión más importante de sus vidas. El recordatorio del periodista era pertinente, e incluso admitiría alguna que otra ampliación: ¿cuántas jornadas históricas ha vivido Cataluña desde que se inició todo esto?, ¿cuántas manifestaciones multitudinarias, de esas en que los asistentes se cuentan por centenares de miles y que los medios afines describen sistemáticamente como alegres, civilizadas y pacíficas, hemos vivido desde 2012?, ¿cuántas campañas con lazos, pegatinas o lo que sea que se le haya ocurrido diseñar al publicitario de turno hemos presenciado? Los catalanes ya hemos perdido la cuenta. Pero tal vez la masiva manifestación en Bruselas del 6 de diciembre de 2017, a pesar de no ser la que más se evoca, nos puede dar la medida exacta de la naturaleza que han terminado adquiriendo las movilizaciones independentistas en Cataluña por la sencilla razón de que era una peregrinación en toda regla. A este asunto pretendo referirme a continuación.

Si, como suele decirse desde tiempo inmemorial, la verdad es la primera víctima de la guerra, habrá que admitir que, en lo tocante a esto, el procés ha sido mucho peor que una guerra. Porque hemos podido ver que, en un primer momento, su desarrollo llevaba aparejado un creciente desinterés hacia los argumentos, desestimados desde bien temprano a favor del puro voluntarismo, de los tan afirmativos como vacuos «dret a decidir», «volem votar», «la voluntat d’un poble» y similares. Como no podía ser de otra manera, en el debate terminó renunciándose a la argumentación («Dejémoslo: no nos pondremos de acuerdo», solicitó Marta Rovira a Évole para zanjar su discusión con Inés Arrimadas sobre quién era nacionalista y quién no). Luego, en una segunda fase, lo que decayó fueron los hechos, susceptibles de ser negados o retorcidos hasta que destilaran el significado preciso en cada momento.

A este respecto, el carrusel de falsedades objetivas y disparates interpretativos que ha lanzado el independentismo incluso en los peores momentos para el procés deja atónito al observador más curtido. Citemos solo algunos de los más repetidos en público por los portavoces independentistas: «La economía catalana va viento en popa, hasta el punto de que Cataluña es líder en atracción de inversiones extranjeras» (mérito que habría que atribuir en especial a la gestión de Raül Romeva y su Diplocat), «No es cierto que el paro haya aumentado en esta comunidad más que en el resto de España», «TV3 es un modelo de pluralidad informativa de idéntico modo que el Govern de la Generalitat es ejemplar en su gestión» (para sus críticos, inexistente sin más), «El número de turistas que nos han visitado en los últimos tiempos se redujo en cierto momento, en efecto, pero menos que en Madrid o Andalucía», «No existe sombra de fractura social alguna» y así sucesivamente.

¿Quiere decirse con ellos que, para el independentismo, en Cataluña no ha ocurrido nada que, lejos de ser digno de celebración, debiera preocuparnos como, por ejemplo, que en un momento dado numerosas empresas catalanas trasladaran su sede a otros lugares de España, que los ahorradores se lanzaran a abrir cuentas espejo domiciliadas fuera de Cataluña o que Barcelona no consiguiera finalmente ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento? Todo eso es cierto, reconocen los responsables políticos independentistas, pero para esos casos, como para cualesquiera otros que se les puedan plantear, las explicaciones son tan sencillas como rotundas: lo primero se debe a las presiones del Gobierno central y a sus decretos para facilitar la movilidad empresarial, lo segundo es producto de la campaña del miedo promovida por el PP, y lo tercero se debió a las cargas policiales en la jornada del referéndum del 1 de octubre, que, por si alguien no se había enterado, dejaron un saldo de ¡mil heridos! (aunque habría que puntualizar que, por asombroso que pueda resultar, solo dos merecieron hospitalización, uno de ellos debido a un infarto) y, por supuesto, al 155, que es además el responsable, entre otras muchas cosas, del encarcelamiento de algunos políticos catalanes e incluso de las providencias del juez de la audiencia provincial de Huesca sobre las obras de arte de Sijena.

A estas alturas, alguien podría pensar que, desvanecidos los argumentos y volatilizados los hechos, ya solo quedan las promesas, que constituyen el combustible más o menos residual del movimiento independentista. Hasta cierto momento tal vez pudo ser así, cuando todavía se invocaban volátiles hojas de ruta para continuar avanzando hacia el futuro, pero incluso ese lugar imaginario, el de los proyectos, ha dejado de existir. Desde hace ya un tiempo, no hay forma humana de saber qué propone el independentismo para el futuro inmediato. Esto, aunque grave, no es lo peor. Lo peor es que no parece hacerle la menor falta definir su plan, porque el procés (o sea cual sea el nombre con el que se denomine la cosa tras tanto fracaso) se ha convertido en un auténtico fin en sí mismo, como acredita el hecho de que, en contra de lo que cabría esperar de una ciudadanía que ejerció como agente racional deliberativo, sus partidarios son inmunes tanto a la argumentación de las ideas como a la refutación de los hechos.

De lo anterior parece desprenderse una conclusión. Se equivocaban los que se preguntaban por la hipotética decepción de los «independentistas de buena fe». A la vista está que no los hay de buena ni de mala fe. Nos podemos ahorrar el adjetivo: son todos de fe, y es esa fe, una fe desnuda, lo que les congrega alrededor de determinadas iniciativas en el espacio público (manifestaciones, concentraciones silenciosas o ruidosas según convenga, procesiones con antorchas o velas, pancartas con cambiantes leyendas en los balcones, etcétera), cuya función es precisamente la creación y el refuerzo del sentimiento de pertenencia a un grupo, sin que tenga sentido alguno cuestionarlas. ¿O es que acaso alguna vez se ha abierto un debate entre los católicos respecto a si una determinada fiesta ha de ser de precepto o no?

Por ello, no basta con señalar que el procés se ha convertido en una auténtica industria. Es cierto, desde luego, que ha representado un medio de vida para muchos, concretamente para todo el grupo consagrado en régimen de dedicación exclusiva a defender no solo la idea misma del procés, sino también a sus dirigentes, fueran estos cuales fueran y decidieran lo que decidieran. Este grupo en su conjunto constituye lo que se ha dado en llamar la clerecía catalana. Y si para Samuel Coleridge, que lo acuñó, el concepto englobaba a quienes viven de crear, preservar y diseminar la cultura nacional, su versión actualizada en Cataluña abarca a todos aquellos que se han sumado a ese proyecto de construcción nacional catalana que debía desembocar en la constitución de un Estado propio.

Más importante que el hecho de que el procés haya terminado por convertirse en un medio de vida para muchos es que haya acabado siendo un modo de vida para un número aún mayor de ciudadanos. Aunque tal vez fuera más propio decir que, más que un modo de vida, lo que les ha proporcionado es un sentido a su vida. Alguno (alguna, para ser precisos) debería empezar a pensar en reformular su jaleada tesis de que el independentismo era la última utopía disponible y plantearse si lo que en realidad constituía era el último credo religioso disponible. En un programa político de TV3 —¿cuál no lo ha sido durante estos años en esa cadena, por cierto?—, el escritor y periodista Jordi Amat, catalanista y no siempre reacio a determinados argumentos soberanistas, afirmó con claridad algo que hemos ido subrayando a lo largo de estas páginas: el procés, dijo, había dejado a Cataluña sin clase dirigente, sin gobierno efectivo, en una parálisis administrativa mal disimulada y escondida bajo una retórica épica que pretende cubrir lo que no es más que el abandono de la gestión. Algo que casa mal con el tan cacareado aprecio por las instituciones de un autogobierno que, en realidad, es despreciado en beneficio de una añoranza maximalista.

LA REVOLUCIÓN DE LOS GIN-TONICS

No quisiera que todo lo anterior diera a entender que estoy a favor de una lectura en clave de psicología de masas, lectura que hace unos años la ortodoxia marxista hubiera calificado de superestructural. No pretendo relativizarlo, sino dejar claro que todo ello debe encontrar su específica articulación con lo que, por perseverar en el lenguaje de antaño, podríamos denominar las «condiciones materiales de los sujetos» o incluso (en un alarde de anacronismo) su «posición de clase». Porque es en esa estructura donde se insertan todas esas instancias de orden emotivo o sentimental a las que nos hemos referido y que permiten entender lo que de otro modo parecería pura y simple irracionalidad.

A este respecto, Manuel Vázquez Montalbán solía decir, además de que el Barça era el ejército desarmado de Cataluña, que el enraizado antimadridismo culé era la expresión de un profundo sentimiento anticentralista catalán. Tal vez tuviera razón, quién sabe. Lo cómodo de los sentimientos es que permiten albergar cualquier contradicción, sin que tenga demasiado sentido reclamar nada a nadie por el hecho de que aquello que se sienta en un determinado momento case mal con alguna otra dimensión de su vida (pues el interpelado siempre puede acogerse a un inefable: «No puedo mandar sobre mis sentimientos, ¿qué quieres que le haga?»). Lo paradójico, en concreto, del sentimiento antimadridista en cuestión era que uno de sus representantes más furibundos, el expresidente Joan Gaspart, era miembro de Alianza Popular, y no precisamente un miembro irrelevante o con un exiguo compromiso. De hecho, en la inminencia de unas elecciones autonómicas llegó a sonar su nombre como cabeza de lista de dicha fuerza y, según informaciones que aparecieron en los medios de comunicación de la época, fue su padre el que le disuadió de presentarse, pero no por razones ideológicas o políticas, sino por el eventual perjuicio que una decisión así podía causar sobre los negocios hoteleros de la familia. Hasta donde yo sé, nunca nadie en el entorno culé le reprochó esta llamativa contradicción. Su «hooliganismo» antimadridista, por lo visto, parecía redimirle de todo.

Traigo a colación las palabras de Vázquez Montalbán porque parece que en nuestros días asistimos a paradojas —por no decir contradicciones— de parecido signo. Si en lugar de antimadridismo habláramos de, por abreviar, «antipepeísmo», comprobaríamos hasta qué punto dicha actitud resulta perfectamente compatible para muchos independentistas con su afinidad de fondo a las posiciones que defiende el PP en materia económica o social. Esto no es una suposición ni una hipótesis imaginativa armada a partir de escasos elementos. Al contrario. Todas las encuestas y estudios realizados sobre este punto (incluidos los del CEO o el CIS de la Generalitat) certifican el mismo dato: en Cataluña, el independentismo es hegemónico en los sectores sociales más altos y su presencia disminuye conforme los niveles de renta decrecen. Hasta tal punto es así que no ha faltado quien se ha atrevido a calificar al procés como la revolución de los acomodados, por no decir la de los más ricos[26]. Definición que no desmiente la sociología.

El paralelismo con el ejemplo del antimadridismo parece claro. Tampoco ahora nadie parece dispuesto a formular el menor reproche a los Pujol o a los Madí de turno (por mencionar solo un par de apellidos ilustres) capaces de simultanear una intensa actividad conspirativa en la sala de máquinas del independentismo con suculentos negocios con las empresas españolas más cavernícolas o con la burguesía madrileña antinacionalista más recalcitrante. Y si a algunos los redimía su «hooliganismo», en estos otros casos lo que parece funcionar es el cínico «pelillos a la mar» (o su versión local, no menos cínica, «la pela és la pela»).

Pero intentemos ir más allá de la mera constatación de las contradicciones y entremos un poco más en los pliegues del asunto. Porque si, como afirmábamos antes, el proyecto independentista que parece obligado plantearse, a la vista de los incontrovertibles datos estadísticos, constituye la última utopía disponible, ¿de quién es la utopía? De todos los que compartan un determinado sentiment, por supuesto. Pero repárese ahora en una de las consecuencias de esta premisa, comentada hasta ahora desde otros ángulos y que convierte a esta en una de las grandes ventajas del nacionalismo. Porque el nacionalismo es esa doctrina que permite a sectores sociales acomodados incorporarse a la lógica del agravio y aparecer también como víctimas, en este caso, de un agravio identitario simbólico. Por decirlo con palabras ajenas, el nacionalismo es esa enfermedad por la que los ricos se creen menesterosos. Podríamos cruzar todo esto con la provocadora afirmación del millonario norteamericano Warren Buffett, en la que sostenía que no solo seguía existiendo la lucha de clases, como suelen desmentir los conservadores, sino que, además, los ricos (en Cataluña, víctimas simbólicas) la iban ganando. El cruce de las afirmaciones anteriores nos ofrece un serio motivo para la reflexión.

Qué poco duró la indignación en casa del pobre. Con qué facilidad incluso un político tan ostentosamente incompetente como Artur Mas (baste con pensar el desastre electoral al que fue llevando, con tenacidad, a su propio partido) pudo neutralizar las energías de transformación social representadas por el 15-M y reconducirlas a donde le convenía a él y al sector económico cuyos intereses asumió de forma explícita desde el primer momento (ya saben, business friendly). Qué poca resistencia ofrecieron los que en su momento no se cansaban de proclamar «no nos representan», y ahora que por fin tocan poder no se termina de saber a quién representan ellos exactamente. Qué docilidad con los discursos hegemónicos en Cataluña mostraron algunos recién llegados cuando vislumbraron la posibilidad de que una posición diferente al seguidismo dañara sus ambiciones electorales futuras.

Pero se impone pensar en algo más. La izquierda debería dejar de entretenerse en difundir formulaciones inanes, del tipo «el miedo ha cambiado de bando», y pasar a cuestionarse cómo puede ser que haya terminado comportándose con absoluta benevolencia con aquellos a los que en tiempos pasados denominaba sus enemigos de clase, de esto hoy diríamos que están al otro lado de la brecha de la desigualdad. Hay que reflexionar sobre esta penuria de la izquierda que, huérfana de banderas propias, se acoge presurosa a las ajenas. Parecería que, atrapada en la nostalgia de las movilizaciones que era capaz de promover en otro tiempo, tiende ahora a sumarse a cualesquiera otras, sea quien sea quien las convoque y sea cual sea el objetivo, como si se diera por descontado que solo donde están las masas pueden estar también la razón y el bien (cuando la historia demuestra bien a las claras la falsedad de un convencimiento así). Por todo ello, no es de extrañar que haya habido quienes, desde una presunta izquierda como señuelo para persuadir a los suyos de la conveniencia de participar en un referèndum tan escasamente democrático como el del 1 de octubre de 2017, emplearan el argumento de que se trataba de una movilización y, claro, ¿cómo iba a estar alguien que se considere de izquierdas en contra de una movilización, máxime si además se la adjetiva como «popular»?

A quienes consideren persuasivo el cantinflismo puro y duro en el que derivó Ada Colau durante la segunda mitad de su primer mandato, me siento incapaz, francamente, de razonarles nada. Pero a aquellos que, desde esa misma izquierda, creen todavía que la situación generada en Cataluña guarda algún parecido con las insurrecciones clásicas, a esos sí me permitiría recomendarles algo: que volvieran a ver el clásico de Gillo Pontecorvo Queimada. En ella, como algunos recordarán, se narra la historia de la revuelta que tuvo lugar a principios del siglo XIX en la caribeña isla de Queimada, bajo dominio colonial portugués. Aprovechando el malestar de los esclavos de las vastas plantaciones de caña de azúcar, la burguesía local instigó una insurrección popular. Cuando por fin estalló, uno de aquellos criollos que hasta el día anterior había estado departiendo amigablemente con las autoridades portuguesas en los salones del palacio del gobernador corrió al balcón, atribuyéndose el liderazgo de lo que los auténticos desfavorecidos habían propiciado y desde allí gritó «¡Viva Queimada libre!».

Seguro que establecerán sin dificultad los paralelismos entre los personajes del filme de Pontecorvo y los protagonistas de la situación actual en Cataluña, sobre todo en lo relativo a quiénes representan en nuestros días al oportunista y quiénes al pelele de la película. Y supongo que coincidirán conmigo en que, a los efectos de lo que estamos planteando aquí, que este último crea apasionadamente en la causa que defiende resulta irrelevante. Además de que, como es obvio, esa pasión no lo convierte en listo (más bien al contrario, agrava su condición inicial).

NO SOLO DE RELATO VIVE EL HOMBRE (BUENO, EL INDEPENDENTISTA SÍ)

Hay ejemplos que, aunque nos queden ya algo lejanos y fueron comentados en su momento, conservan intacta toda su capacidad de ilustración. Me refiero al «la república no existe, idiota» que un mosso d’esquadra espetó al manifestante que el 21-D de 2018 (con motivo de la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona) se resistía a disolverse apelando a que estaba defendiendo la república, y que constituyó y constituye una sonora bofetada de realidad en la mejilla de una sonrosada ensoñación.

Importa resaltar esto último para no incurrir en el error de interpretar la respuesta del mosso como la declaración de unos ideales políticos opuestos a los del manifestante o como expresión de unas concepciones muy claras sobre el funcionamiento del Estado de derecho, la necesidad de respetar la legislación vigente, la separación de poderes, los derechos de las minorías a manifestarse, etcétera, sino que replicó al mencionado defensor de la república con esa frase que se ha hecho viral en nombre de tales convencimientos. Lo que parecía reprochar el antidisturbios al manifestante, del que sabemos que iba vestido con el uniforme de guarda forestal, es que prefiriera apoyar a los manifestantes más radicales que a otro funcionario, como él, en este caso de un cuerpo de seguridad.

Con lo que no habría que descartar que ese mosso, que, tras conocerse el episodio, pasó a convertirse poco menos que en un icono para amplios sectores no independentistas, fuera él mismo un difuso simpatizante del independentismo, solo que reticente con los sectores más radicalizados de la causa, lo cual explicaría que, lejos de apelar a ideas distintas de las del manifestante, apelara a una mera solidaridad corporativa. Tal vez esta sea la explicación más interesante, en la medida en que proporciona una pista para comprender mejor la situación en la que se encuentra en este momento el secesionismo catalán.

En efecto, se podría pensar que el episodio en su totalidad (y no reparando tan solo en la contundente frase final y en el descalificador «idiota», que fue la excusa de su conseller para apresurarse a expedientar al mosso) constituye una especie de parábola de lo que está sucediendo últimamente en Cataluña, en especial dentro del bloque independentista, que no es más que un conglomerado carente casi por completo, como vimos, de dirección política. Hasta ahora, el conglomerado parecía funcionar a golpe de eslogan y consigna, y de un modo tan inmejorable, especialmente en lo tocante a capacidad de movilización, que se había convertido en un lugar común la tesis de que el independentismo estaba ganando la llamada batalla por el relato.

Pero el relato tiene también su propia lógica, y no cabe incumplirla sin generar, primero, el estupor del espectador y, después, su desinterés. Pues los personajes están obligados a tener cierta consistencia. No pueden defender una idea y su contraria, anunciar unos comportamientos y llevar a cabo los opuestos, ser bondadosos y malvados, tolerantes e intransigentes, radicales y contemporizadores, etcétera, todo al mismo tiempo. Y si lo son, es posible que, en un primer momento, el espectador conceda al relato el beneficio de la duda e intente atribuir a estas inconsistencias y contradicciones un designio oculto, secreto, que terminará por mostrarse cuando se llegue al desenlace. Sin embargo, conforme vaya comprobando que esa aparente complejidad no es otra cosa que confusión, y que los guionistas van rectificando el argumento sobre la marcha a medida que los índices de audiencia les informan del descenso del interés del público, lo más probable es que decida, aburrido, desentenderse de la historia que le están contando.

Esto es lo que, a mi juicio, parecía expresar el mosso. Posiblemente formaba parte de ese amplio contingente de ciudadanos catalanes de difusa sensibilidad nacionalista que empezaron creyéndose la consulta del 9-N, el plebiscito de 2015 y el referéndum del 1-O, que luego alcanzaron a ilusionarse con lo del voto más importante de tu vida y las estructuras de Estado, pero que llegó un momento en que cayeron en la cuenta de que los líderes del procés les estaban obligando a aplicar en masa lo que en teoría de la literatura se denomina «suspensión de la incredulidad» (el copyright es de Coleridge). Ese momento tal vez llegó para algunos cuando comprobaron que los mismos políticos que les habían estado exhortando a no desfallecer y a constituir auténticos escudos humanos para impedir que la policía nacional o la guardia civil requisara las urnas y papeletas del referéndum del 1-O, enviándolos de esta manera a una situación de riesgo para su integridad física, luego, en sede judicial, se deshacían en poco heroicas excusas para evitar cualquier posible castigo penal por su responsabilidad en el desarrollo de los hechos.

Y, así, dichos políticos no se privaron de declarar que en realidad todo aquello no tenía la menor trascendencia, que poseía un mero carácter simbólico y otras excusas de parecido tenor que tenían como denominador común el hecho de que devaluaban de forma ostentosa lo que ellos mismos habían estado calificando ante sus seguidores como de enorme trascendencia histórica, el paso definitivo para acceder a la independencia definitiva. Aunque también es posible que muchos de los ciudadanos catalanes a los que hacíamos referencia, cuando tuvieron que asistir al espectáculo de la DUI de la república más efímera de la historia y al gobierno efectivo de la Generalitat en el exilio más fantasmagórico que se conoce, es más que probable que llegaran al convencimiento de que el relato con el que se les había intentado movilizar, amén de resultar escasamente creíble, estaba más que agotado, y que una cosa es confiar y otra bien distinta ser un crédulo irredento.

El relato independentista no parece, en efecto, dar más de sí. Al margen de lo cómico de la situación, cabe leer las palabras del antidisturbios como una muestra de la evolución que podrían seguir los sentimientos de buena parte de los ciudadanos decepcionados por el mayúsculo engaño que ha significado el procés, que es el sector de los habitualmente calificados como «independentistas de buena fe». Dudo mucho que ninguno de ellos cambie de bloque (ni siquiera de conglomerado), al menos en primera instancia. Pienso que más bien rumiarán su decepción en soledad, retirándose electoralmente al balneario de la abstención y lamiéndose las heridas de su íntima frustración en los cuarteles de invierno de la esfera privada. A fin de cuentas, los estudios que nos informan del nivel social de los votantes de las diferentes opciones señalan que la mayor parte de los independentistas se lo puede permitir. Perder la fe sin duda puede resultar traumático para quien había establecido en ella el sentido de su vida, pero el trauma es más llevadero si el descreído encuentra cobijo en una realidad confortable, como parece ser el caso.

11

CAMINO DE LA DESEMBOCADURA

EMBARCAR A TANTOS A LA NADA

No faltan quienes piensan que el hecho de que en Cataluña las conversaciones políticas desde hace ya tiempo giren en exclusiva alrededor de una misma pregunta («¿Cómo crees que acabará todo esto?») constituye un triunfo del independentismo, lo cual le acreditaría una capacidad notable para fijar en el imaginario colectivo sus prioridades. Pero no estoy seguro de que esta interpretación explique adecuadamente las razones de la omnipresencia de la pregunta.

Porque resulta fácil constatar que no son solo los sectores ajenos al independentismo los que se formulan este interrogante. Ni siquiera se lo plantean en mayor medida aquellos que se confiesan fatigados de lo que Peridis denomina en sus viñetas «raca-raca». A cualquier observador mínimamente informado de la situación catalana le llama con fuerza la atención que los que, en privado, muestran mayores dudas respecto a la materialización de la convocatoria son personas que forman parte de lo que podríamos denominar el independentismo sobrevenido. En buena medida son las mismas que durante mucho tiempo se mostraron indulgentes con las astutas iniciativas de Artur Mas, argumentando que en realidad lo único que pretendían era tensar la situación de manera que se pudiera llegar en mejores condiciones a una mesa de negociación con el Gobierno central, pero que en modo alguno perseguían alcanzar el objetivo que se proclamaba. Estas personas no conformaban un grupo pequeño e irrelevante: en él se integraban significados líderes de la antigua CiU (algunos con cargos de alta responsabilidad en su momento), así como representantes de las nuevas formaciones políticas que consideraban en extremo rentable desde el punto de vista electoral mantener una ambigüedad controlada frente al independentismo.

Llegó un momento en que todos ellos pasaron a declararse en privado alarmados por la deriva que habían adoptado los acontecimientos. Creían que en el último suspiro todo se reconduciría y que la sangre no llegaría al río, pero, tras el cataclismo que para ellos supuso el 155, a estas alturas dudan mucho de la capacidad de los políticos independentistas para gestionar la situación que ellos mismos han provocado.

Sin duda, no resulta fácil para el bloque independentista mantener la tensión entre los suyos. A no ser que se cuente con la previa disposición cómplice de un sector de la ciudadanía decididamente propenso al autoengaño. Y este es el caso, lamento tener que reiterar. No resulta extraño encontrarse en foros de debate con individuos de los que uno nunca esperaría que hiciesen afirmaciones como que la lengua catalana está peor que nunca, asediada por la amenaza aniquiladora del castellano, que los escolares catalanes se están viendo sometidos a un proceso de españolización imparable (proceso que solo existe en su imaginación y, en su momento, en la calenturienta del ministro Wert) y otras afirmaciones parecidas que no resisten una mínima contrastación empírica. Pues bien, la suma de todas estas declaraciones les permite extraer la disyuntiva a la que, según su parecer, estamos abocados y que da sentido a su posición maximalista: o independencia o desaparición de Cataluña.

Tal vez sea este un buen momento para recordar aquellas palabras que Jordi Pujol pronunció tras el proceso estatutario de la pasada década: «Los catalanes nos hemos mirado en el espejo y no nos hemos gustado». Debo decir que no me duelen prendas en señalar su acierto en este punto. Sospecho que ahora, cuando el procés, al menos tal como comenzó en 2012, puede darse por finiquitado y ha desembocado en un marasmo sin horizonte político alguno, son muchos los que en Cataluña se sienten profundamente incómodos ante la imagen que les devuelve el espejo y prefieren desviar la mirada, como si no fueran ellos los que aparecen reflejados en él. Pero ya no hay margen para persistir en esa actitud esquiva. Una evidencia se ha ido abriendo paso de manera imparable: en este momento la pelota se encuentra en el tejado catalán y la asunción de responsabilidades se ha vuelto tan perentoria como ineludible, aunque, como veremos más adelante, en ocasiones algunos se empeñan en eludir lo ineludible.

Es comprensible que todo lo anterior coloque a muchos en una situación de extrema incomodidad. Pero la razón de la resistencia por parte de estos independentistas sobrevenidos a reconocer públicamente la verdad de lo que han terminado por pensar está clara. A los más antiguos de este grupo —ya hemos dicho que en su mayoría convergents y democristianos de UDC, aunque no faltan algunos de esos socialistas, exconsellers los más significados, que cuando empezó toda esta situación gustaban de autoproclamarse díscolos— se les hace muy cuesta arriba tener que admitir la ambigüedad culpable con la que estuvieron coqueteando no sin una importante dosis de frivolidad política. En cuanto a los más nuevos, descubrieron bien pronto la fórmula para ocultar sus cartas: no adoptar posición alguna con el fin de no «condicionar el debate», por utilizar una de sus formulaciones favoritas y, cuando no hubiera más remedio que definirse respecto al fondo del asunto, «consultar a las bases». Evidentemente se está intentando retrasar al límite este momento.

Todo parece indicar que, si pueden, apurarán hasta la misma bocina, como se dice en la terminología baloncestística (el problema es cuándo consideran ellos que, por fin, ha sonado la bocina). No crean que al decir esto exagero o hago un infundado juicio de intenciones: el sábado anterior a la semana del referéndum del 1-O la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, máximo órgano del partido entre congresos, se reunió para debatir la cuestión. Nada más fácil para quien no tuviera noticia de cómo transcurrió la reunión que adivinar la decisión adoptada. En efecto, se acordó la enésima moratoria al respecto.

Llegados a este punto, cabe plantearse una pregunta: ¿y si a esas bases, intrigadas por tan prolongado silencio, les diera por interpelar a los miembros de la dirección política de su partido para conocer de una vez por todas su posición? Lo más probable, en pura lógica, es que se encontraran con una respuesta de un tenor parecido al siguiente: «Ah, no sé, vosotros mismos: lo que os parezca». Algún día alguien se planteará qué lideran exactamente estos líderes.

MUCHO RUIDO Y… ¿POCAS NUECES?

Lo primero que hay que decir es que los representantes de los partidos que componen el bloque independentista no le han puesto fácil a la ciudadanía catalana saber cuáles son sus planes de futuro. En cambio, sí les han hecho saber profusamente cuáles eran sus planes de pasado, si se me permite el oxímoron. Porque durante la campaña electoral de las autonómicas de 2017, el objetivo expresado tanto por ERC como por Junts per Catalunya en el supuesto de que gobernaran no era otro que restablecer el Govern cesado por Rajoy, sin especificar para qué propósito (a no ser que «reparar los estragos del 155» se considere una especificación). Pero, en todo caso y a pesar de que quienes deberían informar de todo ello permanecieron en silencio al respecto (silencio que se prolongó durante el gobierno de Torra, epítome de la parálisis política), el tiempo mismo se ha encargado de mostrar, si se me permite la paradójica formulación, cuál era el contenido de ese vacío de planes. Echando mano de la lógica y de la experiencia podríamos aventurar algún plan.

Por lo pronto, una cosa quedó descartada de inmediato, y es lo que podríamos llamar una «reconciliación con la realidad» o, si se prefiere, alguna variante de la afirmación con la que José Luis Rodríguez Zapatero inició el discurso con el que ganó la secretaría general del PSOE en julio de 2000, aquella célebre «pues no estamos tan mal». Semejante afirmación, igual que implicaría, en el fondo, el regreso a cierta normalidad política en el marco de la legalidad vigente, con toda seguridad sería leída como una autoenmienda a la totalidad por parte de quienes han llevado a Cataluña al borde del abismo. A fin de cuentas, estos lo hicieron con el argumento de que peor que con la autonomía no se podía estar. Pero si, tras haber persuadido durante años a la mitad de la ciudadanía catalana de que la situación era literalmente insoportable, a continuación hubiera sucedido que, empleando herramientas de las que ya se disponía o, como mucho, mejorándolas en algunos aspectos como el de la financiación, el blindaje de competencias, el reconocimiento de las singularidades de Cataluña, etcétera, los problemas pendientes se hubieran podido ir solucionando, pues incluso al más incondicional de los independentistas se le habría hecho evidente que la magnitud del engaño perpetrado había alcanzado dimensiones colosales.

Que esta vía esté cegada no implica necesariamente que el gobierno independentista de Quim Torra perseverara y reincidiera en los procedimientos y rutas que había intentado en el pasado, con los desastrosos resultados de sobra constatados, pero sí que continuara con la estrategia de mantener un clima social de permanente crispación buscando la confrontación continuada con el Gobierno central en cuestiones sensibles para ambos. En este capítulo se incluirían las descalificaciones, de creciente intensidad, al jefe del Estado o la creación de organismos y entidades que mantenían el espejismo de que la institucionalidad catalana se edifica. Buen ejemplo de ello podría ser el llamado «consejo asesor para el impulso del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente», presentado a bombo y platillo a finales de octubre de 2018 y en cuyo acto de presentación su presidente, el cantante Lluís Llach, puso un gran empeño en puntualizar que ese foro para cuyo impulso se creaba el consejo se limitaría a promover el debate, pero en ningún caso redactaría una constitución catalana. El escrúpulo puntualizador probablemente tuviera que ver con un comprensible temor a posibles consecuencias legales, pero, con independencia de ello, el resultado fue un caso evidente de mucho ruido y pocas nueces.

Ahora bien, no está claro que este empeño en buscar a toda costa la confrontación, aunque sea en el plano retórico o simbólico y en teoría de baja intensidad (sobre todo si se le compara con la DUI y similares, es de consumo exclusivamente interno pues solo cabe seguir engañando a los ya autoengañados), carezca de contraindicaciones, igual que no está garantizado que no vaya a dar lugar a imprevistos. La situación actual ya no es la del pujolismo, ni siquiera la del primer pospujolismo. El independentismo no puede hacer como si no hubiera mostrado sus cartas, como si todavía apenas nadie se hubiera dado cuenta de que sus reclamaciones casi siempre tienen doble fondo o, enunciado a la inversa, como si la atribución de determinadas intenciones secesionistas fuera solo intención de unos pocos recelosos españolistas mal pensados o de recalcitrantes centralistas incapaces de asumir con normalidad las demandas de más autogobierno por parte de las comunidades autónomas. Definitivamente, ya no estamos ahí. Y no lo estamos porque el vínculo de confianza, si no se ha quebrado por completo, ha quedado dañado de gravedad. No cabe minimizar, mirar hacia otro lado o cambiar de conversación ante un caso de deslealtad tan flagrante como el perpetrado por el independentismo en los últimos tiempos, y menos cuando dicha deslealtad fue objeto de una rotunda y explícita denuncia por parte del jefe del Estado en su intervención televisiva del 3 de octubre de 2017.

Pero, además, ya no estamos en ese lugar mental también por otra razón, si cabe más importante. El independentismo sigue actuando como si la mitad de la ciudadanía catalana no independentista fuera el enemigo a batir o, en su defecto, a ignorar. Continúa planteando la situación como si Cataluña constituyera una unidad de destino en lo universal, enfrentada a la unidad simétrica que sería España. Olvida, o se empeña en desconocer, que esa mitad de la ciudadanía catalana, heterogénea y plural, que no desea la secesión ha abandonado la actitud pasiva y silenciosa que había mantenido hasta ahora y, una vez que los independentistas han mostrado sus auténticas pretensiones, renunciando por completo al gradualismo reformista de antaño, ha pasado a manifestarse molesta, cuando no directamente ofendida, por todas las invectivas, desdenes o insultos que estos no dejan de dirigir al presunto enemigo español. Tampoco debería extrañarnos esta reacción airada: esa otra Cataluña nunca sintió a España como algo ajeno, sino más bien al contrario, como algo próximo. Sin olvidar que uno de los aspectos más destacables de la intervención de Felipe VI, a efectos de reforzar al sector de la sociedad catalana excluido por el independentismo, fue precisamente la insistencia en que la jefatura del Estado no iba a dejarlos abandonados a su suerte.

La consecuencia de que el independentismo, a través del Govern de la Generalitat o de cualquier otra instancia, siguiera con esta estrategia de provocación permanente orientada a mantener el nivel de crispación en el seno de la sociedad catalana no sería otra que se ahondara aún más la fractura social, la cual a estas alturas ya nadie pone en cuestión. Probablemente, este dejar que la situación continúe deteriorándose, a la espera de que el adversario cometa algún error que la desgaste (tipo actuación policial el 1 de octubre), sea lo que algunos independentistas denominan «ensanchar la base social».

¿HABLAR DE TODO O SOLO DE UNA CUESTIÓN?

Lo malo de los tópicos no es que sean lugares comunes, sino que por el hecho de serlo no se ponga en duda su fundamento. A menudo se afirma que, para acordar una solución entre dos partes, el procedimiento que se debe seguir es la conocida secuencia «diálogo, negociación y pacto». Pero, cuando no se está dispuesto a dejarse convencer por el otro, no hay diálogo, de la misma forma que no hay negociación cuando no se está dispuesto a ceder en nada ante el otro. Con tales premisas, el pacto, tercer elemento conclusivo de la tríada, se hace lógicamente imposible.

Una de las expresiones-conjuro a las que es más aficionado el independentismo es la de que «hay que poder hablar de todo». Está más que acreditado que el estilo de esta frase les gusta por su apariencia de obvia (el procés ha proporcionado un abundante muestrario de ellas), apariencia que obtiene, fundamentalmente, del rechazo intuitivo que suscita su contraria. Y, en este caso, se debe a la sensación de que rechazar la premisa inicial —poder hablar de todo— solo puede hacerse sobre la base de unas prejuiciosas líneas rojas o, peor aún, de presiones externas irresistibles para quien marca esas líneas.

Pero, como conjuros los hay de muchos tipos, maticemos que este pertenece y obtiene su apariencia de obviedad de la variante sinécdoque. Cuando los independentistas se refieren a ese «todo» del que hay que poder hablar, en realidad siempre quieren decir una única cosa, la autodeterminación. Cuando desdeñan la posibilidad de solucionar cualquier otro problema si esta no se plantea, están mostrando que no conceden el menor valor a las demás cuestiones.

Ante esto, hay personas que, con una peculiar mezcla de ingenuidad y cinismo, no otorgan mayor trascendencia a solucionar ese otro problema. A fin de cuentas, lo único que están reclamando los «indepes» es poder hablar de la autodeterminación, argumentan no sin cierta suficiencia desdeñosa. Pues hablemos de ello sin ceder un ápice en la práctica y se acabó, rematan, sobrados con su argumentación. Lo cierto es que este tipo de planteamientos no resisten el análisis, como se deja ver en cuanto intentamos aplicarlo a cualquier otro caso. Dado que no quisiera deslizarme hacia el tremendismo argumentativo (aludiendo a la tortura, la violación de derechos básicos, las discriminaciones inaceptables o cualquier otra injusticia o crueldad flagrante) invito al lector a un ejercicio mental.

Que elija el ejemplo de algo que le parezca absolutamente condenable y suponga que, a continuación, alguien le dijera que «solo quiere poder hablar» de su valoración del ejemplo en cuestión y, por último, que intente pensar en cuál sería su reacción al ver cuestionado lo que considera fuera de cualquier posible debate. Probablemente nuestro lector se sentiría igual que muchos ciudadanos ajenos al independentismo a los que se les pide, como si fuera algo inocuo, que se pueda hablar acerca de si las leyes deben cumplirse o no.

Para terminar, añadamos un agravante y una evidencia a estas consideraciones sobre las contradicciones e inconsistencias del «poder hablar de todo» independentista. El agravante es que los mismos que reclaman su derecho a poder incumplir las leyes exigen a los demás su riguroso cumplimiento cuando son ellos los que se ven perjudicados (en su momento, el juicio a los líderes del procés proporcionó la ocasión de constatar esto de manera reiterada). Y la evidencia es que quienes reclaman una conversación sin límites con toda seguridad se los pondrían a aquellos que sugirieran someter a debate determinados asuntos. ¿O es que se aceptaría que se pusiera en cuestión, como hace Vox, la existencia misma de las autonomías? Y el sistema democrático en cuanto tal, ¿también entra para el independentismo en el ámbito de temas susceptibles de ser cuestionados o, por el contrario, constituye el marco institucional, la condición de posibilidad política de cualquier debate? De esa misma naturaleza fundamental es el respeto a las leyes que tanto cuesta aceptar a algunos secesionistas.

Ya en el plano de los principios, valdrá la pena recordar, a este respecto y frente a la caricatura de leyes y tribunales a la que son tan proclives los independentistas (aunque luego ellos fantaseen unas constituciones que le ponen los pelos de punta a cualquier ciudadano que simpatice con el garantismo), que los defensores del Estado de derecho y la separación de poderes no son acríticos adoradores de la legislación vigente ni de sus administradores. Aceptar, pongamos por caso, que los jueces son la última instancia no implica atribuirles el monopolio de verdad. Uno de los filósofos del derecho más importantes de la segunda mitad del siglo xx, H. L. A. Hart, ya nos advirtió de que las decisiones de los tribunales no son infalibles; simplemente son decisiones y, además, en el caso de los tribunales constitucionales, finales. Esto quiere decir que constituyen la última palabra de la pirámide político-jurisdiccional, pero no necesariamente la palabra correcta.

Repárese en que atribuirles la condición de última palabra es vinculante: si hemos acordado que esos tribunales representan la instancia más fiable de la que poder dotarnos, esto implica que renunciamos a romper la baraja cuando nos desagraden sus decisiones. O, si se prefiere, en términos positivos: precisamente porque esta palabra final es el resultado de un gran acuerdo de la sociedad, los políticos deberían aplicar todos sus esfuerzos a proteger esa última instancia en lugar de ponerla en riesgo. Ellos son los que deberían actuar como fusible previo, en vez de al revés (sin duda ese fue el gran error de la derecha española al abordar el desafío independentista: externalizar en la justicia sus responsabilidades políticas). Nos encontramos ante el entramado básico de las democracias constitucionales. Porque no se puede hablar de verdadera democracia si no hay imperio de la ley: eso es lo que el independentismo nos invita a poner en cuestión con su afirmación, aparentemente inocente, de que «hay que poder hablar de todo».

Ahora bien, regresando al terreno de la política, si hace un momento se consideraba que la actitud indulgente hacia quienes manifiestan que su pretensión se limita a poder hablar de la autodeterminación contiene también cierta dosis de ingenuidad, es porque los hechos (además de la doctrina) certifican que lo que aquí está en juego no es una conversación intrascendente. Si fuera así, ¿por qué ponerla como requisito inexcusable para aceptar los presupuestos presentados por el PSOE en febrero de 2019 y que afectaban de manera inmediata al bienestar de los catalanes? La falacia del argumento se hace aún más evidente si pensamos en las consecuencias que esa obstinación conversadora podía provocar. Estaba fuera de toda duda la posibilidad de que la celebración de elecciones anticipadas debida al rechazo a la tramitación de las cuentas públicas abriera las puertas a una derecha infinitamente más intransigente respecto a las reivindicaciones independentistas de lo que pudiera haberlo sido el Gobierno surgido de la moción de censura. No parece creíble que lo que llevó al independentismo a facilitar el regreso de esa derecha fuera el mero hecho de no poder hablar de referéndum de autodeterminación.

El devenir de los acontecimientos ha terminado por desvelar su auténtico significado. El presunto «mero hablar» era, en realidad, una forma encubierta de decir «empezar a negociar». Porque para quienes lo reclamaban hablar del derecho de autodeterminación era un modo de conseguir que se admitiera su existencia. Igualmente, reconocer la condición de sujeto político a todos los efectos de una determinada instancia (en este caso una comunidad autónoma) en realidad implica aceptar que pueda intentar «decidir su futuro», por decirlo con la jerga «procesista», cuantas veces estime oportuno (para ser más precisos, hasta que ese futuro adopte la forma que se pretende). Solo en ese momento, parecen pensar nuestros independentistas, el derecho a decidir prescribiría, porque habría quedado decidido lo único que siempre importó decidir.

DEL SEBASTIANISMO REPUBLICANO AL PERONISMO TELEMÁTICO

Recordarán ustedes la afirmación de Ortega según la cual «el esfuerzo inútil conduce a la melancolía». También recordarán el matiz que diferencia a la melancolía de la nostalgia: mientras esta constituye la añoranza del pasado en general, la primera es la añoranza de un pasado imaginario en particular, aquel que no se llegó a materializar, «el que pudo haber sido y no fue», que gustaba repetir Manuel Vázquez Montalbán, el que se quedó en pura promesa incumplida, por decirlo a la manera de Walter Benjamin, o, en fin, el que solo dio lugar al «esfuerzo inútil» orteguiano.

Costaría hallar un ejemplo más rotundo y flagrante de esfuerzo inútil que el que representa el procés, con todas sus expectativas incumplidas (desde la de que una futura Cataluña independiente sería recibida con los brazos abiertos por Europa hasta la de que el Estado español nada podría hacer frente a la decidida voluntad del pueblo catalán en marcha, pasando por la de que el nuevo país se convertiría en un potente polo de atracción para empresas y bancos del mundo entero…). Todas las metas que el independentismo aseguró que se encontraban al alcance de la mano se han revelado ilusorias, sin excepción.

Todo esto es de sobra conocido. Pero si resulta de interés reiterar esas metas, es en la medida en que nos permiten entender mejor los planteamientos que, en este momento, sostiene el independentismo. Porque, superada la primera reacción, sin duda efímera, en la que se apuntaron elementos de autocrítica (llegando a reconocerse que se había mentido a la ciudadanía en algunos aspectos importantes), y constatada la inexistencia de un plan B que pudiera reemplazar al tan ostentosamente fracasado, la salida, que no solución, ideada por Carles Puigdemont para afrontar dicho fracaso ha sido la de buscar refugio en una actitud legitimista que se sustancia (y se agota) en rehuir cualquier debate, tanto sobre el balance final del procés como sobre cualquier proyecto de futuro, y limitarse a reivindicar su condición de auténtico presidente de Cataluña (ya dijimos que su sucesor, Quim Torra, se dedica a reconocer en cuanto tiene ocasión su condición de mero «presidente custodio»).

Los efectos que está provocando esta actitud sobre el bloque independentista han sido ya señalados por diversos analistas. ERC ha quedado atrapada en el discurso que mantenía hasta hace bien poco. Puigdemont le ha dado a beber de su propia medicina, de manera que aquellos que, desde la formación de Junqueras y en nombre de la república recién proclamada, le tildaban de traidor por querer convocar simplemente unas elecciones autonómicas, ahora no tienen más remedio que, al menos en público, seguirle en su deriva legitimista, por más disparatada o incluso contraproducente que les pueda parecer.

Queda fuera de toda duda que, desde la perspectiva de lo que ha terminado ocurriendo, las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 no cumplieron la función para la que fueron convocadas, que no era otra que la clarificación del panorama en Cataluña. El marasmo y la confusión en la que vive instalada desde entonces la política catalana es ciertamente notable, y mientras los partidos no independentistas llevan ya un tiempo lamiéndose las heridas, tras su fallido sorpasso al bloque independentista, los secesionistas transmiten la sensación de no saber a qué atenerse, tal vez conscientes de que a este paso, y a poco que se descuiden, el tan cacareado carlismo de Puigdemont podría terminar en una variante de melancólico sebastianismo, con el expresident convertido en una versión actualizada del rey fantasma portugués cuya reaparición aguardaría el pueblo catalán mientras todo en el país permanecería en suspenso, paralizado o, peor aún, en lenta pero imparable descomposición.

En realidad, el inacabable alboroto mediático generado por las palabras y los comportamientos de Puigdemont parece estar cumpliendo la función objetiva de soslayar la pregunta que cualquier ciudadano catalán podría dirigir, con pleno derecho, a las fuerzas políticas que conforman el bloque en el poder y que nadie en el entorno independentista se ha atrevido a responder: ¿a qué tarea se ha entregado el Govern de Quim Torra, una vez que se supone que ha quedado restablecida de pleno la normalidad institucional previa al 155, al revertirse cuanto se llevó a cabo durante los meses de su aplicación por parte del Gobierno central?, ¿a la tarea reiteradamente anunciada de «implementar» la república? En ese caso, ¿se ha logrado algún objetivo? A pesar del tiempo que lleva Torra en el Palau de la Generalitat, no hay manera de atinar con las respuestas.

También podría ser que estas no fueran las preguntas pertinentes, y que hubiera que preguntarse algo previo, más básico: ¿quién ostenta realmente el poder en Cataluña?, asunto que a veces se tiene la sensación de que ni el propio independentismo tiene claro. La medida de esta confusión la proporcionaba Carles Puigdemont a finales de 2018 al escribir en su cuenta de Twitter unas palabras que, a buen seguro, provocaron más de una sonora carcajada: «En el PSOE no se sabe quién manda». No dudo de que en el PSOE existan disensiones y que algunas de ellas pueden llegar a resultar importantes, incluso graves. Pero comparadas con el juego de enredos en que lleva sumido el conglomerado independentista desde hace un tiempo, lo de los socialistas es un modelo de orden interno, disciplina, jerarquía y certezas incontrovertibles.

Bastaría con plantearse esta sencilla pregunta para certificar la diferencia entre unos y otros: ¿se sabe quién manda en la Generalitat? La pregunta podría ramificarse en muchas otras, pero me limitaré a formular estas pocas: ¿acaso manda un president que se autodefine como vicario o sustituto y que asume como exclusiva función la de guardarle el sitio a su predecesor, supuestamente el único legítimo?, ¿gobierna un partido, el PDeCAT, que el propio Puigdemont está empeñado en finiquitar poniendo en marcha un movimiento político que lo sustituya, la Crida Nacional per la República?, ¿o asume el mando un fantasmagórico Consell per la República, dirigido desde Waterloo por el expresident huido y al que en la plaza de Sant Jaume sus socios de gobierno de ERC le discuten toda autoridad?

Son muchas preguntas. En todo caso, se trata de cuestiones políticas que bien podrían doblarse en preguntas sobre los estados de ánimo de quienes están planteando propuestas de signo legitimista: ¿de qué calidad es la añoranza de ese pasado con Puigdemont que les embarga y al que dicen querer regresar invistiéndolo de nuevo como president único y legítimo?, ¿sienten nostalgia de la plena autonomía ahora presuntamente laminada por los gobiernos centrales, empeñados en la recentralización, una autonomía que en su momento tanto denostaban y que el procés pretendía dejar atrás?, ¿o más bien les invade una honda melancolía por la república que pudo haber sido y no fue, y a cuyo restablecimiento, vía telemática, parece decidido a consagrarse Carles Puigdemont desde su «casa de la república» en Waterloo?

BALANCE CRÍTICO (II)

¿ERA ESTO LO QUE SE QUERÍA?

LA CONVIVENCIA NO SE VOTA

No tengo una razón sólida para afirmarlo, reconozco que es tan solo una cuestión de intuición. El caso es que siempre he pensado que a José María Aznar le gusta más acertar profetizando desastres que anunciando finales felices, atinar antes con los malos augurios que con las soluciones. De ser cierto, es de suponer que se habrá sentido extremadamente halagado al comprobar que su pronóstico de que antes se rompería Cataluña que España se ha cumplido. Ahora no viene al caso entretenerse analizando los fundamentos de su conjetura o dilucidar hasta qué punto se basaba en un profundo conocimiento de la sociedad catalana o más bien en una fe inquebrantable en que los españoles no permitirían nunca que la unidad de su patria saltara por los aires. Sospecho que se debía más a lo segundo que a lo primero, pero, sea como sea y al margen de la fundamentación de su profecía, lo cierto es que hizo bien en poner el foco de atención sobre las consecuencias que podía tener el procés dentro de Cataluña, en lugar de aceptar el diseño de un conflicto entre esta y España, entendidas cada una de ellas como unidades internamente homogéneas y enfrentadas entre sí que el independentismo se empeñaba en proponer.

Resulta obvio que Aznar no acertó por completo, en la medida en que la otra cara de la moneda de su pronóstico era el reproche, dirigido a Rajoy, de no haber actuado con mayor firmeza atajando de raíz el conflicto a las primeras de cambio y haber esperado indolente (a la manera mariana) a que se pudriera solo. Pero la mera reclamación de firmeza por parte del expresidente olvidaba algo fundamental, y es que el hecho, sobradamente contrastado a estas alturas, de que exista un problema dentro de Cataluña —quiere decirse, entre catalanes— no significa en modo alguno que España en su conjunto no tenga el suyo. Parece obvio no solo que lo tiene, sino que ha resonado de manera directa en lo ocurrido desde 2012.

Probablemente el reconocimiento de la existencia de dos dimensiones del problema (interna y externa, si se me permite la simplificación) nos pueda proporcionar una primera indicación acerca de la línea que debería seguir cualquier intento de solución del conflicto catalán. A este respecto, lo que habría que empezar a dilucidar, o en lo que deberíamos ponernos de acuerdo previamente, es en cuál constituye el principal problema al que nos enfrentamos, asunto en que, sin duda, la coincidencia no va a resultar fácil. A mi juicio, es justo la fractura a la que hemos aludido antes la cuestión que urge resolver.

Ya sé que los políticos gustan de declarar algo similar sirviéndose del verbo «recoser». Pero no deja de ser significativo que muchos de ellos, tras declarar tan noble propósito, emprendan la cuestión con medidas que no hacen más que ahondar en la fractura (el caso del actual president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, resulta paradigmático a este respecto). Por eso prefiero emplear el término «reconciliación», que, más allá de las resonancias histórico-políticas que pueda tener, proporciona desde su enunciado mismo una clave acerca de cómo proceder.

Porque, desde luego, parece claro que iniciativas como las de Tabarnia (aparte de lo que tenga de broma catártica) o la del empecinado referéndum de autodeterminación, lejos de ayudar a la reconciliación pendiente, solo contribuyen a ahondar la fractura. Es evidente que la primera iniciativa no puede cumplir esta función reconciliadora en la medida en que lo que consagra es precisamente la división entre dos comunidades; ni tampoco la segunda, porque, además de apoyarse en burdos sofismas, si para algo sirve es para hacer volar los puentes que pudieran quedar en pie entre los distintos sectores de la sociedad catalana.

Pensemos, por ejemplo, en el argumento que en cuanto tiene ocasión saca a pasear el independentismo para justificar la necesidad del referéndum. Me refiero al de ese 80 por ciento, de incertísimo origen, que según ellos está a favor de convocarlo. La sola cifra ya da a entender que hay una parte significativa del electorado no independentista que ve con buenos ojos dicha convocatoria como forma de resolver de una vez por todas el conflicto enquistado en Cataluña desde hace años. En realidad, con esta imaginativa contabilidad, el independentismo se apropia los votos de los partidarios de los comunes en Cataluña, en la medida en que la dirección de estos siempre ha proclamado estar a favor de que el conflicto se resuelva finalmente en un referéndum.

Pero, de la misma forma que dicha fuerza nunca ha especificado en qué sentido se inclinaría su voto llegado ese momento, también se ha cuidado mucho de no aclarar en qué tipo de referéndum estaba pensando. Porque no es lo mismo un referéndum para una reforma constitucional o estatutaria que uno de autodeterminación. Y vale la pena recordar a este respecto algo a lo que hemos venido aludiendo a lo largo de todo lo precedente, y es que cuando Ada Colau ha tenido que justificar su participación en los referéndums organizados por el independentismo lo ha hecho apelando a las más pintorescas razones (se acordarán: en el del 9-N, la de «castigar a Rajoy», y en el del 1-O, la de que era una «movilización popular»), pero nunca admitiendo explícitamente la legitimidad de tales convocatorias. En todo caso, lo único que parece claro es que, tras el repentino y furioso amor hacia la Constitución que le ha sobrevenido a Podemos y a sus confluencias en los últimos tiempos, si junto a algunos pueden ser contados los partidarios de esta formación política es junto a quienes sostienen que cualquier diálogo debe desarrollarse en el marco constitucional y estatutario, y no junto a los empeñados en hacerlo saltar por los aires.

Al lado de esta grosera falacia, el otro aspecto que sorprende, y que nunca llegan a explicar los mencionados independentistas, es que ese importante tanto por ciento de no independentistas supuestamente partidarios también del referéndum de autodeterminación ni tan siquiera hayan acudido a votar en las dos ocasiones (9-N de 2014 y 1-O de 2017) en las que se les convocaba a ello explícitamente (dejo de lado elecciones autonómicas rebautizadas como de otro tipo). Por el contrario, solo se presentaron en ambas ocasiones ante las urnas casi el mismo número de ciudadanos que en otras convocatorias votan a formaciones independentistas. ¿Dónde está, pues, ese 30 por ciento largo de no independentistas que no hay forma humana de que haga el menor caso a las convocatorias del independentismo con las que, según este, se encuentran por completo de acuerdo?

Hace tiempo que decayó el argumento «se trata de contarnos», esgrimido hasta la extenuación por parte del independentismo (e incluso por la de algún constitucionalista de buena fe). Los ciudadanos catalanes estamos contados y recontados, y sabemos, con escaso margen de duda y movimientos coyunturales al margen, que nuestra sociedad se encuentra partida por la mitad. ¿Para qué entonces este empecinamiento? Artur Mas lo manifestó en diversas ocasiones, dejando claro al mismo tiempo su fuste como político: «En democracia, los problemas se resuelven votando».

A nadie se le escapará que esta afirmación es prima hermana de la tesis del derecho a decidir y, como ella, compatibiliza su apariencia de obviedad con su inconsistencia de fondo. Porque no es cierto que en democracia todos los problemas se resuelvan votando o pudiendo elegir. Los ciudadanos no pueden elegir sobre todo y en cualquier momento, ni siquiera sobre asuntos que les importen sobremanera. Cuando el PP y Ciudadanos, en un alarde de oportunismo político, sacaron a la palestra la cuestión lingüística y el modelo educativo catalán, fueron los sectores independentistas los que más pusieron el grito en el cielo, con el argumento de que dejar elegir a los padres la lengua vehicular de sus hijos iba a romper la cohesión social en Cataluña.

Exageraban con sus presagios más catastrofistas (resulta difícil de entender, por ejemplo, que el mero hecho de impartir en castellano la asignatura de lengua castellana y otras más pueda romper cohesión alguna, a no ser que esta ya viniera muy deteriorada de fábrica), pero acertaban en el fondo del asunto: existen valores vertebrales, constituyentes de la vida en común, que no están en el mismo rango que aquellas decisiones de orden político que pueden modificarse con el cambio de mayorías parlamentarias.

Dudo que haya un valor más vertebral de la vida en común que el de convivencia (entendida más allá de la mera descripción de estar juntos). Pero precisamente porque la convivencia en Cataluña está dañada, lo que urge es promover la reconciliación en diversos planos, y no solo articulando este objetivo con España, mediante propuestas de todo tipo (sociales, culturales, económicas y, cómo no, políticas), sino también entre los catalanes. Pero habría que añadir, por metafísico y especulativo que pueda parecer, una tercera reconciliación pendiente, aquella que debería tener lugar dentro de cada uno de nosotros, esto es, entre las diversas dimensiones y registros que nos constituyen y nos hacen ser quienes y como somos.

Es justo esto último lo que no me deja entregarme (por completo) al pesimismo sobre las posibilidades de reconciliación en el seno de la sociedad catalana. Y no cabe duda de que hay razones para el pesimismo. Por enunciar el problema de una forma tan rotunda como vertical: el dato objetivo de la coincidencia de los mapas políticos y lingüísticos resulta muy inquietante, pues que se superpongan casi con total exactitud los territorios mayoritariamente catalanoparlantes y castellanoparlantes con los territorios en los que son hegemónicos el independentismo y el constitucionalismo, o las zonas con una mayoría de población nacida en Cataluña desde hace generaciones con las zonas en las que viven hijos y nietos de la inmigración, lleva a pensar en vectores de largo recorrido y notable peso sobre los que las intervenciones políticas coyunturales tienen relativamente poco efecto.

Pero si hay posibilidad de superar las dificultades y alcanzar la mencionada reconciliación en el seno de la sociedad catalana, se debe no solo a la disponibilidad de los sectores más sensatos de sus dos «comunidades», sino también a que ninguno de nosotros es de una pieza, a que en todos y cada uno coexisten elementos de ambas (cuando no de más). El problema es que, de la misma manera que en el plano general de lo político y lo social algunos pretenden que una comunidad se imponga y silencie a la otra, se diría que en ocasiones, sobre todo de un tiempo a esta parte, son muchos los individuos de nuestro entorno los que parecen empeñados en no aceptar su propia condición heterogénea, mestiza, en suma: la pluralidad que les habita, el real caleidoscopio de su identidad. Y son ellos los que silencian una de sus lenguas, se niegan a emocionarse ante los símbolos del adversario político o sus manifestaciones culturales, aunque también les puedan emocionar, etcétera. Deberían sustituir ese autoodio inducido desde fuera por una gozosa aceptación de la complejidad con la que están construidos y que, a fin de cuentas, los hace más ricos. Deberían, en fin, reconciliarse consigo mismos.

¿Y SI HICIÉRAMOS TABLA RASA DE LOS AGRAVIOS?

La historia ha certificado reiteradamente que cuando un conflicto se enquista y se prolonga a lo largo del tiempo, de tal manera que las distintas partes van acumulando agravios —reales o imaginarios—, la posibilidad de llegar a una solución satisfactoria para ambas se hace inversamente proporcional a la duración del conflicto en cuestión.

Es probable que podamos fechar en la inminencia del 1-O de octubre de 2017 (jornada de celebración del referéndum que iba a materializar el anunciado choque de trenes) el abandono de la etapa anterior, en la que las ideas, los sofismas, las palabras y los eslóganes todavía funcionaban. Esta etapa había finalizado de manera irreversible y entrábamos en una nueva, en la que lo único que importaba eran el poder, el control y la ocupación de los diferentes espacios públicos. En uno de ellos, el espacio de lo real, el debate parecía reducido a determinar quién debía dar las órdenes a las diferentes policías, qué sanciones y penas se encontraban en juego si se perseveraba en las ilegalidades, o qué planes alternativos estaban previstos para sortear las prohibiciones y cuestiones semejantes. En el terreno de los mensajes, ya no circulaban en el ágora global otra cosa que vídeos de WhatsApp, tuits, memes y otras memeces. Puro ruido.

En cierta ocasión preguntaron al gran Juan Marsé por el origen de la inquina que le tenía a un escritor mallorquín ya fallecido, al que no había dejado de dedicar pullas desde las páginas del semanario humorístico Por favor durante los años setenta. Su respuesta, un lacónico «ya ni me acuerdo» siempre me dio que pensar. Algo parecido podría acabar pasando en Cataluña. La fractura social en la que, con tanta saña como irresponsabilidad, ha ido ahondando el independentismo —el mismísimo Joan Manuel Serrat ha llegado a ser incorporado a la lista de traidores a la causa catalana, lo cual proporciona una idea clara de que hablar de sectarismo para definir a este bloque no constituye en absoluto una exageración— podría terminar siendo un hecho generado desde el pasado y de cuya justificación se hubiera perdido memoria, como la inquina de Marsé hacia su colega. A fin de cuentas, el grueso de todas esas fobias que tanto se critican de un tiempo a esta parte —de la xenofobia a la catalanofobia o la hispanofobia, pasando por la LGTBIfobia— funcionan de idéntica manera: primero se produce el rechazo visceral de un determinado colectivo y, cuando es necesario justificar esa actitud, se buscan razones que vengan en ayuda del fóbico o, lo que es lo mismo, que permitan revestir de aparente racionalidad su rechazo.

Por paradójico que parezca, tal vez pudiera extraerse algún beneficio de esto. Si los efectos de los agravios ya apenas están vivos, si su reconstrucción detallada empieza a convertirse en una tarea entre aburrida y penosa, ¿no sería un buen momento para intentar desterrarlos de una vez por todas?, ¿de verdad nos acerca a alguna posible solución (o, al menos, a una salida) recordar la lista de errores cometidos en los años inmediatamente anteriores al inicio del procés, por no remontarnos más atrás (y terminar, como se suele, en el 1714)? Tener la mente en querellas de siglos pasados puede producir escenas bien llamativas. Al igual que en Cataluña se hace mención a los sucesos de 1714 como el origen del presunto conflicto con España, en Serbia y Kosovo se retrotraen todavía más, hasta el siglo XIV, cuando los serbios perdieron un lugar sagrado, fundacional de su patria, a manos de los otomanos; una zona que ahora se encuentra en el independizado Kosovo, y que reivindicaron los serbios con armas durante los duros años de las guerras de los Balcanes. Por aquel entonces, un periodista preguntó a un serbio de dónde nacía tanta rabia asesina contra un vecino con el que, apenas unos años antes, convivía con cierta normalidad; el miliciano respondió aduciendo el asunto de dicho lugar sagrado. Como fuera que el periodista le recordó que el episodio había tenido lugar hacía más de seis siglos, aquel hombre declaró sin la menor sorna: «Sí, pero es que yo me he enterado ahora».

Volviendo a Cataluña, podría hacerse una lista apresurada y breve de los agravios formulando las siguientes preguntas: ¿fue un acierto prometer, como hizo Zapatero, que se aceptaría cualquier Estatut que propusiera el Parlament de Catalunya? ¿Alguien se enorgullece del Pacto del Tinell? ¿Fue un modelo de participación democrática el acuerdo sobre el Estatut de la Moncloa? ¿Pueden escandalizarse por la sentencia del Tribunal Constitucional quienes rechazaron votar a favor del Estatut en el referèndum para su aprobación en 2006? ¿Reveló su resultado un entusiasmo indescriptible de la ciudadanía catalana hacia este texto? La recogida de firmas contra el Estatut y las maniobras para influir en el TC por parte del PP, ¿no constituyeron un escandaloso caso de oportunismo tacticista? Y, si tan dañado quedó el autogobierno de Cataluña debido a estas iniciativas, ¿cómo puede ser que todos esos independentistas a los que durante estos años no se les podía mentar a Rajoy sin provocarles un sarpullido[27] no salieran a la calle, airados, cuando, al principio de su primera legislatura, Artur Mas decidió pactar con el PP? ¿No habría resultado más lógico, si la versión que ahora reitera el oficialismo catalán se correspondiera mínimamente con los hechos, que hubieran sido los independentistas y no los indignados por los recortes los que hubieran obligado al entonces president a acceder al Parlament en helicóptero?

Pero del hecho de que haya reproches para todos no debería extraerse la conclusión, tan estéril como incorrecta, de que las culpas están equitativamente repartidas. Pues sería incorrecta en cuanto que da por descontada, sin argumentación alguna, una tesis que está lejos de ser evidente por sí misma: que basta con poder presentar cualquier motivo para que la propia acción quede suficientemente justificada. Se obvia la necesidad de acreditar que los motivos que se esgrimen tengan bastante envergadura como para que apelar a ellos resulte concluyente. Eso es lo que suelen obviar los independentistas cuando replican los reproches de sus críticos con un «… pero hay que preguntarse por qué estos catalanes actúan así», como si cualquier porqué, incluidos los menos consistentes (hemos venido haciendo referencia a uno de los más habituales entre los procesistas: «porque tengo ese sentimiento»), valiera como justificación satisfactoria.

Ahora bien, la conclusión del reparto equitativo de culpas es estéril, porque de ella no cabe inferir propuestas para hacer frente a la situación creada. Quizá el apresurado listado de agravios que hemos dibujado debería movernos a plantearnos otra pregunta que, en cierto modo, subsume a las anteriores: ¿alguien cree a estas alturas que es posible encontrar una fórmula que repare tanta deuda, que pueda dar satisfacción a tanto agravio acumulado?

Acaso haya llegado el momento de plantearse con seriedad si mantener la expectativa de encontrar esa fórmula mágica únicamente nos condena a que esto no se acabe nunca. Tal vez en su lugar merezca la pena intentar la reconciliación por otro camino, el de hacer tabla rasa de los agravios sufridos, olvidar las deudas pendientes y buscar que la respuesta a los problemas esté regida por el criterio de que no haya ni vencedores ni vencidos.

Se equivocaría quien pensara que un criterio así constituye un deseo piadoso, una bienintencionada aspiración sin contenido político alguno y, por tanto, aceptable para todo el mundo en la medida en que no desprende ningún efecto concreto. Querer que no haya ni vencedores ni vencidos no es algo que todos estén dispuestos a aceptar. Unos, porque lo que parecen anhelar con fervor es una victoria aplastante sobre el adversario. A estos habría que decirles que cometerían un grave error perseverando en esa obsesión. No solo porque la sabiduría popular nos tenía advertidos de antiguo que, en general, «a enemigo que huye, puente de plata», sino porque, mucho más importante sin duda, pretender una derrota en toda regla implicaría desconocer la naturaleza del adversario político, que si por algo se caracteriza es precisamente por el hecho —nada banal— de que tal vez pueda llegar a sentirse frustrado, pero en modo alguno se desencanta, como certifica sin margen de error la irreductible fidelidad de su voto, inasequible a las flagrantes mentiras de sus líderes y al incumplimiento de todas sus promesas. Tanto es así que lo que en muchos momentos parece desear en secreto es sufrir una derrota con una carga épica de tal magnitud que lo eleve a los altares de la gloria patriótica, que permita renovar el ciclo histórico de la victimización y que proporcione el combustible para que la maquinaria de su práctica y de su discurso políticos (aunque tal vez lo más propio fuera hablar de argumentario, sin más) continúen funcionando a pleno rendimiento. De ahí la importancia de no distraerse con lo accidental, esto es, con los mensajes que el independentismo dirige exclusivamente a los suyos, y atender a lo esencial de verdad, que es donde de veras se juega la posibilidad de encontrar salidas al bloqueo político actual.

TAMBIÉN HA HABIDO ERRORES DEL OTRO LADO

Ahora bien, una vez descartada la tesis presuntamente equidistante según la cual las responsabilidades se reparten por igual, habrá que dar un paso más. Porque tal vez no baste con señalar la incapacidad del conglomerado independentista para asumir sus errores y fracasos, y desde el otro lado resulte necesario, para hacerse una idea más correcta de la situación en su conjunto, no quedarse, como también hemos venido haciendo en este texto hasta ahora, en la mera censura del dontancredismo de Mariano Rajoy y su parálisis política como causa del enconamiento del conflicto. Conformarse con esto significaría quedarse corto a dos bandas.

Esa actitud por parte de la derecha se basaba en unos supuestos, a veces no declarados, otras veces explícitos, que conviene poner sobre la mesa para cuestionarlos. Uno de ellos era el que podríamos identificar como el de la teoría del soufflé, que, aunque así planteada podría parecer poco consistente, en realidad se basaba en un convencimiento muy extendido desde hace algún tiempo: el de la extrema volatilidad de la política de las sociedades actuales.

Ya hemos tenido ocasión de señalar que esa volatilidad debe ser adecuadamente contextualizada porque no funciona de manera mecánica e inexorable. Es un hecho que la aparente (y hasta el momento real) inmovilidad del voto en Cataluña parece entrar en contradicción con el tópico de la extrema volatilidad de la política actual. Sin embargo, tal vez se disuelva esta contradicción si prestamos la debida atención al factor de las emociones que hemos analizado anteriormente. Cuando la política se convierte en una emoción, y más si es de primer orden, se diría que la volatilidad se desvanece.

La teoría del soufflé ofrecía a menudo un corolario si cabe aún más equivocado. Desde esa derecha se decía: «Cuando baje el soufflé y los líderes independentistas se hagan cargo de la nueva situación, no tendrán más remedio que asumirla y volver al redil con la cabeza gacha. Será el momento de reconducirlo todo ofreciendo cuatro migajas». Al plantear la realidad de ese modo no percibían una de las contradicciones más notables que atraviesa por entero al independentismo: que su gran capital político, la existencia de una amplia base social fuertemente movilizada, representará al mismo tiempo un pesado lastre cuando se considere que ha llegado el momento de reconducir la travesía. Todo este entramado de creencias o sentimientos compartidos por las bases independentistas ha acabado constituyendo una especie de monumental artefacto que necesita mucho espacio y tiempo para cambiar de rumbo. Y aunque dispusiera de ambos, es dudoso que pudiera llevarlo a cabo. Entre otras cosas porque para conducir (y reconducir) una nave con inercias tan pesadas se requiere una notable pericia.

Por desgracia, como hemos tenido ocasión de ver a lo largo del presente texto, esa cualidad no se ha podido predicar de los líderes independentistas, lo cual ha convertido una tarea difícil en grado sumo y complicada en algo casi imposible. Sin ser del todo conscientes, esto era lo que reconocían en cierta manera los políticos independentistas en aquellas confidencias, tanto a periodistas como a compañeros de otros partidos, en las que manifestaban su dificultad para convencer a los suyos, fuertemente sensibilizados a favor de una determinada dirección, de la necesidad de reconsiderarla a la vista de los acontecimientos. No eran conscientes de que al hablar así estaban reconociendo que su destino era la derrota.

Añádasele a esto el factor, nada menor, del interés personal y profesional de muchos dirigentes independentistas para los que el procés se había convertido en un modo de vida. Esto no pretende ser una insidia, todo lo contrario. De hecho, solo con esa afirmación se entienden las declaraciones de relevantes dirigentes independentistas que, en la inminencia de las elecciones de la primavera de 2019, se vieron apeados de alguna de las listas con las que contaban ir. La práctica totalidad de ellos, de una manera que recuerda a la del exconseller Santi Vila en su momento, se apresuraron a declarar que nunca estuvieron de acuerdo con el rumbo que sus máximos responsables imprimieron al procés en su fase final. Ante el estupor que naturalmente generan estos súbitos y radicales cambios de opinión, no es posible más que preguntarse: ¿y por qué no dijeron todo esto en su momento? Porque ocasiones para hacerlo no faltaron. Si no queremos atribuirles mendacidad, ya que eso sería una insidia injusta y no tenemos ningún derecho a hacerlo, nos vemos abocados a entender que su motivación, comprensible desde un punto de vista humano, estuvo en el interés personal o profesional.

Es debido a la suma de estos factores por lo que antes llegamos a la conclusión de que es más fácil cambiar de opinión que de emoción. Pero lo expuesto hasta aquí nos ha permitido añadir a esa constatación, en cierto modo abstracta, otra de carácter práctico-político particularmente relevante para lo que hemos venido planteando en este último tramo. Así, ahora estamos en condiciones de añadir que esa rocosa resistencia de lo emocional, en apariencia carta ganadora, no solo ha sido en última instancia la causante de la derrota política del procés, sino también de su empantanamiento actual.

Aunque habrá que añadir, para no endosarle en exclusiva a la derecha la responsabilidad de no haber calibrado adecuadamente el alcance y los efectos de esta intensa emotivización de la política catalana, que no han faltado quienes, desde la izquierda, lejos de contribuir a desemotivizar la política (y, por tanto, hacerla más racional y debatible), se han dedicado a echar leña al fuego, creyendo que atizando la hoguera podrían extraer algún beneficio. Así, cierta izquierda nueva parece haber hecho suyas las tesis nacionalistas y emotivistas y ha propuesto, en sintonía con ellas, desplazar el debate político al terreno de los afectos. De hecho, últimamente, y a propósito del nacionalismo español, hemos podido leer, escritas por algunos de los más destacados dirigentes de aquella, afirmaciones como «Es inútil confrontar con datos cuando el adversario choca ya en el terreno de los afectos», que propone, frente la idea de España de la derecha, «un amor superior» y reivindica la empatía como lazo social. Por una de esas travesuras de la vida, estas declaraciones coincidieron en el tiempo con las que hizo un escritor independentista tras ser galardonado con un premio literario y que, a mi juicio, no tienen desperdicio: «La verdad está sobrevalorada, prefiero la empatía». En tiempos de fake news, una preferencia así solo puede resultar preocupante.

Junto al convencimiento de que la inflamación de la política catalana se podía interpretar como si fuese un soufflé, un segundo supuesto que ha estado muy presente en los sectores no independentistas ha sido el referido al marco mental o narrativo en el que se planteaba todo el conflicto. Ya nos había advertido Lakoff en su famoso ensayo No pienses en un elefante que las palabras evocan marcos cognitivos y que, en la pugna electoral, el partido que triunfa es el que logra imponer el suyo frente al de sus rivales. Esto es lo que parece haber ocurrido en Cataluña.

El nacionalismo, más adelante devenido independentismo, se ha aplicado de manera eficaz durante años a consolidar un determinado marco o frame sin encontrar resistencia ni oposición algunas. De hecho, la recurrente insistencia independentista en la cuestión de la lengua, que tan de cerca toca a todas las personas, siempre ha ido por ahí: llevar el debate a un terreno de intensa carga sentimental.

Algo parecido podría decirse respecto a los medios de comunicación públicos, metidos de lleno en la tarea de establecer un determinado marco mental. A este respecto, y también para ejemplificar la falta de marco alternativo con la que se ha encontrado el independentismo, bastaría con señalar un dato. Mientras los votantes no independentistas reparten sus preferencias entre las diversas cadenas de televisión a la hora de informarse, los independentistas se informan solo en TV3, sospechosa exclusividad que permite comprender en gran medida la resistencia del voto nacionalista/independentista a cambiar de signo. Aunque esto tampoco debería resultarnos tan sorprendente, pues cualquier noticia, por más que cuestione sus planteamientos, llega al espectador simpatizante convenientemente interpretada.

Sea como fuere, lo importante ahora es resaltar que en Cataluña no ha habido en ningún momento un marco alternativo frente a esta situación. En parte porque históricamente el conjunto de la izquierda nunca pareció tener especial interés en ello, paralizada como estaba desde antiguo por el temor a recibir el reproche de sucursalismo, o aun de lerrouxismo, a poco que levantara la cabeza frente al nacionalismo; y, desde hace menos, por el miedo a ser acusada de alimentar el frentismo, un grave pecado que se convertía en mortal si, por añadidura, en ese frente la mencionada izquierda aparecía en compañías tipificadas como indeseables por el independentismo. Así las cosas, resultan comprensibles situaciones que de otro modo parecerían por completo absurdas. Porque, aunque sería grave que el independentismo confundiera su propia propaganda con la realidad y nunca abandonara el lenguaje de enfrentamiento con el Gobierno de la nación, cuando lo que tenía enfrente era al Estado, a Europa, a las empresas y bancos catalanes más importantes y a más de la mitad de ciudadanos de Cataluña, tanto o más grave es la actitud de todas estas instancias, que siendo sobradamente fuertes para poner fin al disparate político del procés, no lo han sido lo bastante para persuadir a los ciudadanos independentistas.

La completa ausencia de marco interpretativo también puede formularse de otra manera: se aceptaron como únicos y, en consecuencia, válidos los planteamientos generales que ofrecía el independentismo, lo cual significaba, entre otras cosas, que el sector no independentista, lejos de impugnar las premisas que daban sentido a los presuntos problemas planteados por aquel, se devanaba los sesos por encontrar las posibles soluciones. Así, los no independentistas han ido admitiendo ampliamente y desde el principio del procés que el hecho de que no se alcanzasen los objetivos que habían prometido los líderes independentistas generaría una gran frustración entre los suyos, como si fuera antinatural que estos pudieran sentirse así, algo con lo que el resto de los mortales convivimos todo el tiempo sin problemas. Tal vez esta expectativa, injustificable desde un punto de vista lógico, oculte una premisa que se prefiere no enunciar en público, un específico «Porque yo lo valgo» que, en política, recibe el nombre de supremacismo.

Otra variante de lo mismo, un poco desplazada, es la que subyace en aquellos que, aunque se declaren no independentistas, acostumbran a preguntar con gesto de preocupación cosas de este tipo: ¿qué se les ofrece a esos dos millones de catalanes que se supone que quieren la independencia? Es cierto que, así formulada, la pregunta parece perfectamente razonable, pero su condición de sofisma se muestra cuando el interpelado empieza a desgranar posibles respuestas que van siendo rechazadas de forma sistemática por el interrogador con frases como «eso no lo aceptarán», «eso no les satisface», «eso es pantalla pasada» y similares.

Este repertorio de respuestas resulta tan inconsistente y fuera de toda lógica como si en una negociación cualquiera una de las partes afirmara, inflexible, que solo existen «dos» opciones: o se me da todo lo que exijo o se me da todo lo que exijo. ¿Cómo juzgaríamos una actitud así? Sin lugar a dudas nos parecería inaceptable, amén de disparatada. En cambio, no se suele criticar al independentismo por mantenerla, sino que sus adversarios se preocupan por encontrar la manera de satisfacerla. Basta con recordar que fue Puigdemont quien, en sede parlamentaria, hizo la afirmación de que «o referéndum o referéndum» y que Torra no deja de repetir a la menor ocasión que «o autodeterminación o autodeterminación». Así, el origen del empantanamiento actual de la situación política y social en Cataluña se encuentra en buena medida en esta aceptación acrítica del marco del otro por parte de quienes deberían combatirlo con argumentos.

EL COMPARTIDO TEMOR A SALIR A CAMPO ABIERTO

Salir de aquí no va a ser fácil. Está claro que algunos no han abandonado la expectativa de la victoria aplastante. Solo así se explican actitudes como las de la derecha del arco parlamentario español, cuando sabotean cuantas iniciáticas se plantean para desembarrancar la situación. Tiene su cuajo. Es ciertamente sorprendente que ahora se presenten como los apóstoles de la eficacia política y de la determinación para cerrar el paso al independentismo quienes permitieron que convocaran dos referéndums y proclamaran una república. Resulta abracadabrante que sean estos quienes, ante los suyos, alimenten la expectativa de una derrota contundente de los independentistas, cuando, si no llega a ser por la intervención de los jueces, la decisión de buena parte de las empresas catalanas (a las que se sumaron La Caixa y el Banco de Sabadell) y, desde luego, el discurso del jefe del Estado, la situación hubiera devenido completamente incontrolable. Porque fueron estas instancias las que actuaron de escudo.

Sin embargo, como si la cosa nunca hubiera ido con ellos, son esos mismos políticos de la derecha los que ahora proponen la aplicación a perpetuidad del 155 como única salida para la situación en Cataluña. Exigiendo, además, con carácter previo, que los independentistas abominen de los supuestos pecados cometidos. No pretendo insinuar que no los hayan cometido, pero se puede afirmar con toda seguridad que aquel que exige como requisito previo al diálogo que su interlocutor pida perdón acredita con esta actitud que no tiene el menor interés en que de la conversación salga acuerdo alguno.

Es probable que semejante desinterés por parte de los políticos de la derecha esté enraizado en una concepción determinada de la política que, de forma nada paradójica, tiene puntos de contacto con la que también opera en aquellos a los que más critican (los independentistas). En efecto, la forma en la que los sectores conservadores pasaron a plantear la cuestión de Cataluña desde el momento en que se vieron apeados del poder por la moción de censura presentada por Pedro Sánchez evoca inequívocamente el discurso amigo-enemigo, de tal manera que no parece haber en sus planteamientos más horizonte que el de la aniquilación política del segundo, su expulsión de la plaza pública. Si, en vez de pensar en estos términos, lo hicieran en términos de adversario, analizarían mejor cuanto ocurre y percibirían que, incluso en el supuesto de que pueda producirse una derrota de aquellos a los que se oponen, esta no tiene por qué significar la muerte política de estos. Es cierto que nuestros conservadores apelan reiteradamente al marco legal, pero no lo es menos que este nunca es entendido como un instrumento que dibuja el perímetro en cuyo interior quedan todos comprometidos a debatir en busca de las mejores soluciones para el conjunto de la ciudadanía, sino como un espadón toledano con el que cortar la cabeza de quienes no piensan como ellos. Enseguida recuperaremos esta invocación espuria al constitucionalismo en la que anda embarcada la derecha en los últimos tiempos.

Aquellos que siguen apostando por exacerbar hasta el límite la situación (con Carles Puigdemont a la cabeza) no van a facilitar su buen desarrollo. Pero no debemos fingir que nos resulta incomprensible esta actitud. Está claro que si, frente a estos, el independentismo hiciera caso a aquellos que, como Joan Tardà en un determinado momento, plantearon la necesidad de reconsiderar por entero el proyecto a la vista de que por su diseño había terminado en un completo fracaso, la posición de sus máximos dirigentes quedaría a buen seguro en entredicho.

Si alguien fuera capaz de enfriar el partido en vez de abandonarse a una escalada emotiva de imposible control, parece razonable pensar que, con toda probabilidad, en el colectivo se irían creando las condiciones anímicas necesarias para que al final pudiera hacerse un balance ponderado de lo ocurrido. Si esto sucediera, quedan pocas dudas de que la figura de Carles Puigdemont menguaría incluso entre aquellos que depositaron alguna esperanza en él, igual que ha menguado la de Artur Mas. Entonces, algunos caerían en la cuenta de que, aunque nadie está libre de cometer errores, obstinarse en ellos descalifica por completo a un político. Carles Puigdemont aspiraba a ser la versión mejorada de quien lo designó, y se propuso competir con él en astucia. ¿Recuerdan los jugueteos que se traía con Rajoy cuando este le pedía por escrito que dejara claro si había declarado la independencia o no para evitar la implantación del 155? Simplemente con que hubiera respondido lo mismo que luego declararon ante el juez Llarena cuantos desfilaron ante él, imagínense lo que nos hubiéramos ahorrado todos.

Evitar un escenario de rendición de cuentas explica en gran medida la perseverancia en el victimismo que ha mantenido el independentismo liderado por Puigdemont, así como su decidida apuesta por continuar tensando la situación para sostener su imagen particular de víctima. Porque esta condición le ofrecería una apariencia noble, una coartada impecable a lo que en realidad solo constituye mero cálculo de supervivencia política personal. Desde esta perspectiva es desde donde mejor se entiende el empecinamiento del independentismo afín a Puigdemont por continuar asegurando a los suyos que su programa de máximos (la independencia) estaba al alcance de la mano, hasta el extremo de afirmar que apenas faltaban unos meses para cumplir la totalidad de sus objetivos programáticos o por sostener, cuando se puso de manifiesto que ese no era el caso, que toda vez que habían proclamado la república se trataba solo de implementarla.

Si algo revela lo ocurrido desde entonces es la impotencia del independentismo para salir de la parálisis en la que se encuentra sumido y que deja en evidencia su total ausencia de dirección política. Su empecinamiento, al iniciarse la legislatura posterior a la de la aplicación del 155, en proponer, uno tras otro, candidatos imposibles con el único objeto de chocar contra el muro de la legalidad y obtener así el rédito de un nuevo agravio hacía prever lo que ocurrió en cuanto la maquinaria judicial se puso en marcha. En efecto, en lugar de reconsiderar la situación teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, se dedicaron denodadamente a la sobreactuación en la solidaridad con los políticos presos o huidos, a la espera de la sentencia por el juicio de sus líderes, el único asunto que parecía importarles, como si recuperar las instituciones, gobernar o tomar medidas para ayudar a la ciudadanía catalana más desfavorecida a mejorar su situación constituyeran una minucia que no mereciese demasiada atención, o como si no fueran responsables de las tareas para las que han sido elegidos. Su rotundo desdén a los presupuestos presentados en mayo de 2019, a pesar de que suponían una mejora sustancial de los ingresos de la Generalitat, confirma esta hipótesis.

Es evidente que los independentistas siempre han considerado la sentencia del juicio como una oportunidad para volver a poner en tensión a la sociedad catalana. Según comentamos con anterioridad, las reiteradas declaraciones de Torra de que no aceptaría otra sentencia que la absolución, su advertencia de que no se quedaría de brazos cruzados ante una condena, por pequeña que fuera, lo que en realidad estaban anunciando era su propósito de presentar no mucho después su dimisión como president de la Generalitat y convocar elecciones autonómicas. Que Torra termine por abandonar el cargo no debería causar gran preocupación, sobre todo a la vista de cómo lleva desenvolviéndose en él desde que fue nombrado, pero constituye una buena muestra de ese modo de proceder político guiado por el principio del «mucho ruido y pocas nueces» que hemos analizado con anterioridad.

Convocar elecciones autonómicas, se las denomine como se las denomine, no deja de ser una manera de continuar transitando por el raíl de la normalidad institucional. Pero esa convocatoria, esas pocas nueces, a buen seguro harán mucho ruido, probablemente estruendo. El independentismo no dudará en introducir de nuevo una enorme tensión en el seno de la sociedad catalana instrumentalizando en su provecho el sentimiento de agravio que se pueda derivar de la sentencia para amagar (lo que no forzosamente significa dar) con una nueva DUI o una maniobra equivalente. Como hemos visto, si el conglomerado plantea así la situación, si sube tanto la apuesta, es porque, en cierto sentido, se trata de una apuesta sin riesgos, un auténtico win-win, por decirlo con aquella expresión tan del gusto de Artur Mas. Parece evidente que de una promesa tan excesiva (e irreal) como la de que lo único que le falta a esa república catalana ya proclamada es ponerla en marcha (implementarla, si no se desea abandonar su jerga) solo se puede salir con una derrota a la misma altura, una derrota que permita a los independentistas declarar que ha sido la imponente fuerza represiva del Estado la única que ha conseguido detener la materialización de la promesa. En otras palabras: al independentismo que hoy está en el poder parece importarle mucho más manifestar ante sus seguidores la actitud de «por mí no ha quedado» que las consecuencias de sus actos.

No son buenas noticias, pero tal vez no nos quede más remedio que seguir manteniendo a pesar de ellas nuestra pregunta: ¿y si hiciéramos tabla rasa de los agravios? Entre otras cosas, porque en su respuesta acaso hayamos empezado a jugarnos nuestra propia supervivencia como sociedad, la posibilidad de continuar viviendo juntos y no solo yuxtapuestos, meramente amontonados.

Pero quede claro que lo de menos es el futuro que pueda aguardar a los personajes a los que nos hemos venido refiriendo, la incógnita de si irán a parar o no de manera definitiva a la papelera de la historia (en todo caso, el desarrollo de los acontecimientos ya nos lo harán saber). Lo que importa, mucho más que ellos mismos, es determinar la magnitud del desastre que han provocado en el seno de la sociedad catalana, que, incluso en su sector favorable a la secesión, no tiene la posibilidad de saber en qué punto de la travesía se encuentra por más que intente averiguarlo. En Cataluña, en un momento dado, dejó de corearse el grito de «independencia» para, en su lugar, sustituirlo por el de «república» e inmediatamente después por el de «autodeterminación», sin que semejante mudanza conceptual haya supuesto la menor clarificación del panorama.

Es probable que para cubrir este vacío argumentativo el independentismo haya virado hacia un resistencialismo épico, que no parece tener ya otra reivindicación que la absolución o, en su defecto, la amnistía de los políticos presos. Una reivindicación de la que no se acaba de saber si se hace para proclamar que no cometieron los delitos de los que se les acusa (con la rebelión en lugar destacado) o que aquello que se les imputa y que efectivamente hicieron no debería ser delito (la autodeterminación), aunque algunos reclamen la absolución con el irrebatible argumento de que los acusados son buena gente.

Pero el resistencialismo épico y su complemento obligado, la agitación permanente, ya no dan más de sí. La pelota está en el tejado catalán, y el futuro del bloque independentista dependerá de su capacidad para saber jugarla. Lo que está claro es que la estrategia de la huida hacia delante (tensando al máximo la situación en la confianza de que ya habría ocasión de negociar más adelante), que tan buenos dividendos les proporcionó en los albores del procés, parece haber quedado completamente agotada. A la dirigencia independentista le tocaría entonces, además de abandonar el recurrente recordatorio de agravios, volver a definir objetivos y nuevas estrategias, procurando que la redefinición no resultara muy obvia o, en todo caso, que no fuera percibida por sus fieles como una renuncia.

Pero, claro, lo que le tocaría no siempre coincide con lo que efectivamente se termina haciendo. Tal vez deberíamos alejar el foco de la atención, al menos por un rato, de los dirigentes políticos, por más que sean ellos los que ponen voz y rostro a lo que va ocurriendo, y ponerlo sobre los ciudadanos. Porque solo saldremos de este embrollo realmente cuando amplios sectores de la propia ciudadanía catalana tomen conciencia de que no queda otro remedio que reclamar a sus políticos que, de una vez, estén a la altura de sus responsabilidades.

De momento, puestos a buscar motivos para el optimismo, tal vez el único que podamos señalar sea el de que, haciendo números, lo que ha significado el procés no ha sido en sentido propio una ampliación de la base soberanista (la suma de votantes de ERC y los de la vieja CiU se mantiene casi idéntica desde hace años), sino más bien una radicalización de la práctica totalidad de ese sector hacia un independentismo explícito. De ahí que la franja de independentistas sobrevenidos, procedentes del nacionalismo moderado —y, por tanto, supuestamente más proclives a una reconsideración crítica de sus últimas posiciones que los independentistas de pata negra—, se haya convertido en el oculto objeto de deseo de los sectores constitucionalistas más abiertos. Pero entretanto esos votantes no exijan una rendición de cuentas a sus líderes, no creo que podamos hablar, en sentido propio, de que existan motivos para sentirse optimistas.

TERCERA PARTE

Dietario de un presidente del Senado

DE ESPECTADOR A PROTAGONISTA

Tanto en la nota previa como en la introducción, quedó pospuesta, apenas apuntada, una cuestión que resulta ineludible plantear ahora de manera abierta y definida. Y es que una de las razones de mayor peso para desestimar la invitación de escribir un libro contando la experiencia de mi paso por el Congreso, invitación que amigos bienintencionados me hacían cuando inicié mi andadura parlamentaria, era que ese libro no solo ya estaba escrito (me refiero al antes citado El cortesano y su fantasma, de Xavier Rubert de Ventós), sino que, en cierto sentido, entre muchos lo habían ido actualizando.

Aludo con esto último a algo que también se mencionó al principio. Las presuntas interioridades de la vida de un diputado y de su grupo parlamentario hace tiempo que dejaron de ser tales. Cualquier ciudadano medio, por poner un ejemplo trivial, ya sabe que a la hora de las votaciones en el hemiciclo los miembros de la dirección de cada grupo político levantan uno, dos o tres dedos para informar a sus diputados de lo que tienen que votar, cosa que no es raro que estos ignoren. De la misma manera que, como asimismo se dijo, algunas de las otras actividades más habituales de los representantes de la ciudadanía, incluidas las reuniones a puerta cerrada o los encuentros supuestamente más reservados, trascienden de inmediato, a poco que ofrezcan el menor interés, a los medios de comunicación, filtrados por los propios protagonistas.

Pues bien, por si esto no fuera suficiente, y dado que todavía quedaban unos pocos aspectos de la vida del parlamentario pendientes de conocer por el gran público, a algunos de los nuevos protagonistas de la vida política les ha dado últimamente por revelarlos. Al parecer, han considerado que podía constituir una munición argumentativa útil contra sus adversarios informar de aspectos de lo que se podría denominar la cocina parlamentaria, que, aunque no supusieran nada parecido a secretos de Estado, solían tratarse con discreción, entre otras cosas porque había cierto acuerdo en preservar lo que, permítanme el anacronismo, podríamos llamar la dignidad de la cámara.

Aunque, bien pensado, tal vez más anacrónico que este empeño de tipo institucional sea el de querer parecer iconoclasta a cualquier precio. Por supuesto que este último empeño puede tener mayor o menor importancia, según aquello de lo que se trate. Señalar, como el que denuncia un escándalo, que tanto los discursos de las ocasiones más solemnes como otras intervenciones parlamentarias menos relevantes las preparan los altos responsables con ayuda de asesores, tanto en comunicación como en las áreas de las que se trate, no deja de constituir una observación casi infantil, pero que a algunos les agrada sobremanera reiterar en los plenos[28].

Mayor alcance, en cambio, tiene otra práctica a la que son muy aficionados aquellos de los que estaba hablando. Me refiero a la de andar proclamando a los cuatro vientos el contenido de conversaciones privadas o referir a los medios de comunicación las críticas confidenciales hacia el propio grupo que le pueda haber hecho un diputado a otro. Porque, en el fondo, no dejan de ser otra cosa que deslealtades que, con la excusa de la transparencia, quiebran la confianza mínima necesaria, como en cualquier otro ámbito de la vida, para alcanzar acuerdos. No es casualidad que, tradicionalmente, una de las virtudes más valoradas en los parlamentarios por sus compañeros haya sido la lealtad.

En todo caso, la obsesión, un punto obscena, por que esté todo a la vista ha terminado dando como resultado que la ciudadanía tenga la sensación de que conoce casi al dedillo lo más relevante del quehacer del parlamentario. Si a esto le añadimos que no es el caso que un diputado raso maneje información privilegiada, sino que lo habitual es más bien que obtenga la noticia de lo que ocurre, incluso en el ámbito de su especialidad, a través de los medios de comunicación, como igualmente quedó dicho en la introducción, se comprenderá mi decisión de desestimar desde un buen principio la sugerencia de escribir un libro con la intrahistoria de mi experiencia en la Cámara Baja y optar por la vía discursiva desarrollada a lo largo de todo lo precedente.

Pero esta percepción mía de ser, exagerando un poco, un mero espectador de la política (por más que lo pudiera ser desde la ubicación privilegiada de un escaño) experimentó una variación sustancial en la siguiente legislatura, como resultado de mi elección como presidente del Senado. Y ya no tanto porque el quehacer de los senadores fuera menos conocido por el gran público, sino, sobre todo, porque yo ya no era el equivalente a lo que era antes solo que en otra cámara, esto es, senador raso. En mi posición como presidente de la cámara muchas situaciones me venían de nuevas, entre otras cosas porque, como es obvio, a quien ocupa este cargo le corresponde una cuota de protagonismo inexistente en la etapa anterior.

De ahí que haya titulado este epígrafe introductorio como lo he hecho («De espectador a protagonista»), pero de ahí también el formato de dietario que decidí adoptar, un cambio respecto a lo precedente que me pareció más adecuado por diversas razones. En primer lugar, me permitía ir haciendo referencia no solo a las nuevas tareas, sino también a mi vivencia de estas. Me parecía que, habida cuenta de la menor información acerca del Senado de la que la gente dispone, dar cuenta de lo que allí ocurría y de cómo era visto desde la perspectiva de su presidente podía tener algún interés para el lector.

Pero, en segundo lugar, había otra razón, sin duda de más peso. Mi nueva posición institucional me obligaba a una contención en las opiniones que formulaba en público de la que estaba exento en mi etapa de diputado. Es obvio que el presidente de la Cámara Alta del Parlamento de España debe atender ciertos deberes y guardar determinadas cautelas en el ejercicio de su cargo, pues no en vano preside una institución representativa, con funciones y cometidos que obligan a una actitud dialogante, conciliadora y respetuosa. Pero no es menos obvio que ello no hace que esa persona deje de tener sus propias opiniones respecto a cuanto ocurre a su alrededor. Y aunque pudiera convenir cierta prudencia expresiva en el desarrollo de sus funciones, también podía resultar de interés para futuros lectores conocer la opinión de cuanto iba pasando de quien ocupaba tan privilegiado lugar.

Esta es, pues, la clave que explica el cambio de registro de esta parte respecto a las anteriores. Entendí que el formato de dietario era el que mejor me permitía ir levantando acta, dejando constancia no solo de mis nuevas experiencias, sino también de la interpretación que iba haciendo de cuanto me tocaba vivir, pero, sobre todo, de cómo se inscribía en el marco mayor de sentido que había propuesto. Porque, como quedó dicho desde las primeras páginas, mi pretensión con este libro nunca fue la de escribir un mero cuaderno de viaje, sino más bien la de dibujar un mapa del territorio que estaba atravesando.

DIETARIO

16 de mayo de 2019

Me encontraba en la cocina de mi casa, cenando algo ligero como tengo por costumbre, cuando noté sobre la mesa la vibración del teléfono móvil. Eran poco más de las ocho de la tarde. Veinticuatro horas antes había recibido un whatsapp irónico de Joan Botella, viejo amigo y actual presidente de Federalistes d’Esquerres, en que me comentaba que en Madrid andaban buscando un senador socialista catalán para hacerle presidente del Senado, y que anduviera alerta. Los emoticonos que acompañaban al texto no dejaban lugar a dudas acerca del carácter bromista del mensaje. Luego supe que alguna emisora de radio había estado difundiendo el mismo rumor.

Con la corta experiencia que tuve unos meses antes, cuando el reparto de carteras ministeriales en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura se desarrolló en medios de comunicación y redes sociales con una ligereza y frivolidad inauditas (yo mismo llegué a aparecer en alguna quiniela para cargos diversos), no le concedí mayor verosimilitud al rumor. Pero se dio la circunstancia de que a la mañana del día siguiente recibí una llamada de Juan José Laborda, antiguo presidente de la Cámara, y en el transcurso de la conversación, que tenía un objetivo concreto (mi participación en un curso de verano organizado por él), me hizo saber su opinión sobre el perfil que debía tener un futuro presidente tras el bloqueo independentista en el Parlament de Catalunya a la candidatura de Miquel Iceta como senador. Él creía que para ese perfil yo era la persona más adecuada.

El rumor persistía, ahora reforzado, pero yo creía disponer del antídoto para no distraerme con esa posibilidad: mi convencimiento de que, en caso de que no estuviéramos ante una simple e imaginativa especulación, ya habría recibido alguna indicación al respecto. Había leído en algún lugar que los nombres de los candidatos a presidir Congreso y Senado se resolverían en una reunión de la ejecutiva del PSOE, convocada para el día siguiente a mediodía. Me decía a mí mismo: es impensable que de una cosa así avisen pocas horas antes.

El whatsapp de Pedro Sánchez en realidad fue de cortesía. Me preguntaba si podía llamarme unas horas más tarde cuando hubiera llegado a Madrid procedente de Canarias, donde se encontraba en ese momento. Tampoco me hacía falta que dijera nada más. No solo por el antecedente de los rumores que acabo de mencionar, sino también porque no era el caso que yo hubiera tenido en el pasado comunicación personal telefónica con él. En consecuencia, el propósito de la inminente llamada tenía todos los números de ser el de plantearme la posibilidad de que presidiera el Senado.

Fueron tres horas aproximadamente las que mediaron entre el anuncio de la llamada y la llamada misma. Horas pesadas, con pequeñas y residuales dosis de incertidumbre respecto al motivo de esta (conforme pasaba el tiempo, la evidencia se me imponía incontestable) y enormes dosis de sentimiento de responsabilidad. Hablamos a la hora prevista, y la conversación se desarrolló en unos términos extremadamente amables y con el contenido que ahora todo el mundo puede suponer. Tras la llamada de Pedro Sánchez, hubo un par más, de carácter vamos a decir técnico, para cerrar algunos detalles relacionados fundamentalmente con cuestiones de comunicación. Me avisaron de que el anuncio de la propuesta que se iba a llevar a la ejecutiva se haría a eso de las nueve de la mañana y que me abstuviera de hacer declaraciones hasta que todo quedara organizado. Luego, ya por fin, llegó la noche.

17 de mayo de 2019

A partir de las ocho y media aproximadamente empezaron a entrar mensajes de felicitación en cascada, tanto en mi teléfono como en mi correo electrónico. Intentaba contestarlos casi de inmediato, tal vez para sacudirme el aturdimiento que me embargaba en aquellas horas.

Luego, a media mañana, fui a la sede del PSC. Todo el mundo estaba contento, cuando no directamente eufórico. Creo que el menos contento era yo, que todavía me sentía sobrepasado por la situación. Por añadidura, la gente con la que me iba encontrando perseveraba en decirme, sin duda con la mejor de las intenciones, cosas como «ahora te tocará…» y a continuación alguna tarea que yo ni tenía prevista, con lo que no hacían más que incrementar mi sensación.

Por supuesto que al aturdimiento contribuía no solo el cansancio de una noche en la que apenas había podido pegar ojo, sino también una notable tensión. Miquel Iceta, cariñoso como siempre, me riñó por no haber dormido y, junto con Salvador Illa, siempre amable también, empezaron a darme los primeros consejos, referidos fundamentalmente a la necesidad de empezar a configurar un equipo de trabajo. Eran consejos sabios, lo vi enseguida. Resultaba evidente que para emprender este camino hacía falta no solo poder dibujar un mapa inicial del territorio por el que iba a transitar, sino también configurar un grupo de personas que caminaran conmigo y en las que poder ir delegando.

18 de mayo de 2019

A pesar de ello, reconozco que me preocupaba que el volumen y la intensidad del trabajo que me aguardaba me impidieran mantener un mínimo de actividad intelectual en los ámbitos y sobre los temas —filosóficos, por resumirlo abruptamente— que siempre me han preocupado. Recuerdo que hace muchos años me planteaba, a modo de experimento mental, una cuestión: qué haría si alguien me garantizara una vida regalada, con todo tipo de comodidades y lujos a mi alcance, pero me pusiera como requisito para disfrutar de todo ello la renuncia a leer los libros que me gustan y a escribir mis pensamientos. Lo cierto es que la cuestión no me suscitaba la menor duda. Bajo ningún concepto renunciaría a lo que entiendo, propio y con fuerza, como la sustancia de mi vida, como aquello que le da sentido. El título Vivir para pensar que se le puso a un volumen que con toda generosidad me dedicó un grupo de amigos y colegas al cumplir los sesenta me parecía, a este respecto, perfectamente descriptivo.

La cuestión volvió a surgir, bajo otra forma, décadas después, cuando fui elegido como diputado por el PSC por la circunscripción de Barcelona en las elecciones generales de 2016. En ese momento, lo que empezó a preocuparme fue que el nuevo perfil político terminara oscureciendo, o incluso relegando al olvido, todo mi trabajo teórico de tantos años. Pero pronto vi que, con buena lógica, mi especificidad como filósofo era lo que públicamente llamaba más la atención. A fin de cuentas, para preguntar por la coyuntura ya había muchos compañeros de escaño a los que los medios de comunicación se podían dirigir y que sin duda lo podían hacer mejor que yo a la hora de elaborar análisis políticos. Eso me tranquilizó y en algún momento hasta me hizo sentir liberado y aliviado a la vez. Por formular en términos coloquiales la conclusión a la que llegué, y que también quedó dicha nada más empezar: esto de filosofar es algo indeleble; no se quita.

Sin embargo, al iniciarse la nueva etapa como presidente del Senado, los planteamientos anteriores dejaban de funcionar, al menos en la forma en que lo habían venido haciendo hasta entonces. Era evidente que a partir de entonces el volumen de trabajo iba a ser infinitamente mayor y que la exigencia de dedicación, no solo material, sino también mental, sería incomparable. Pero de inmediato caí en la cuenta de lo equivocado de un determinado planteamiento al respecto. Porque equivocado, por irresponsable, hubiera sido abordar esta reactualizada preocupación mía en términos de cuánto tiempo libre para seguir reflexionando y escribiendo sobre cuestiones filosóficas me iba a dejar el nuevo cargo.

El planteamiento debía ser otro, el de si mis supuestas destrezas, adquiridas en décadas de experiencia profesional (la querencia reflexiva, el gusto por el análisis del discurso, una familiaridad con los lenguajes más abstractos y generalistas, y algunas más), unidas a mi interés por cuestiones directamente relacionadas con la nueva tarea (los problemas de la democracia en el mundo actual, la necesidad de la regeneración institucional, el lugar de las identidades en la esfera pública y tantas otras), podían resultar de utilidad para la institución que iba a tener el honor de presidir. Al respecto, alguna de las cuestiones que había empezado a plantearme antes de que Pedro Sánchez me hiciera el ofrecimiento no solo podían ser recuperadas sino incluso potenciadas desde el lugar que me tocaba ahora ocupar. Y todas ellas se podían resumir en una afirmación-lema: habría que intentar convertir el Senado en una nueva plaza pública de diálogo y debate. El Senado como ágora, vendría a ser la idea.

19 de mayo de 2019

El viernes anterior, Salvador Illa me había reservado una sorpresa: que participara el domingo, junto con Meritxell Batet y Miquel Iceta, en un mitin de apoyo a Jaume Collboni en la campaña para las municipales en el barrio de La Marina en Barcelona. Él sabía de mi resistencia a participar en este tipo de actos, pero, sumando a su amabilidad la habilidad, me fue persuadiendo, con la siempre eficaz ayuda de Miquel Iceta, para que me animara a hacerlo. Me decían que no me preocupara por seguir un determinado modelo de intervención, sino que adquiriera mi propia voz, mi manera propia de comunicar. En el fondo, era bien fácil: se trataba de que hablara como suelo hacerlo en cualquier otro foro público (en una conferencia, debate o sesión académica), porque, en el fondo, a la gente también le agradan, y agradece, las intervenciones que no insistan en el registro emotivo-persuasivo, sino que exploren los caminos de la reflexión y el análisis. Y así lo hice. En realidad, tampoco sé hacerlo de otro modo. Pero creo que el resultado fue aceptable. Me sentí cómodo y extremadamente relajado, creo que la gente me prestó atención (los años de docencia hace que uno desarrolle cierto olfato para detectarlo) y, en todo caso, no dejé de ser una voz diferente, no del todo discordante, dentro del acto.

Esa fue, al menos, mi sensación. Porque, divertido, leía al día siguiente en un importante diario barcelonés una crónica del acto en la que el periodista, penetrando en los más profundos rincones de mi alma, describía mi estado de ánimo con unos matices que no dejaron de sorprenderme. Es esta una práctica que algunos profesionales tienden a llevar a cabo con descarado ventajismo. Porque nadie, como es obvio, va a escribir una carta al director o formular una reclamación al diario por los términos, más o menos arbitrarios, de una descripción. Pero no acaba de parecer demasiado correcto ese abuso de formulaciones del tipo «visiblemente molesto», «sobrepasado por la situación», «notablemente inseguro», «dolido con…», «incapaz de…» y similares que algunos periodistas, tan escasos de escrúpulos profesionales como de recursos técnicos, utilizan con desenvuelta ligereza.

20 de mayo de 2019

Al día siguiente, lunes, viajé a Madrid. Tenía previsto un primer contacto con Manuel Cavero, letrado mayor del Senado, del que tenía las mejores referencias. Era, efectivamente, como me lo habían descrito: un hombre serio, competente, formal, riguroso y leal a la institución. De inmediato me sentí cómodo con él, y pensé que me iba a resultar un apoyo básico, además de una fuente de tranquilidad.

Fue él mismo quien me llevó al despacho de Pío García Escudero, presidente en las dos legislaturas anteriores. El encuentro fue muy relajado y amable. Aproveché para preguntarle por una cuestión que me preocupaba entonces, que era la del juramento o promesa de los senadores. Mi preocupación se debía a un razonamiento que me hacía y que me parecía perfectamente plausible. En aquel momento, lo que estaba en el ambiente era que la propuesta de Pedro Sánchez de colocar al frente de ambas cámaras a dos catalanes constituía una respuesta al bloqueo que el independentismo había llevado a cabo ante la propuesta de que Miquel Iceta fuera designado senador autonómico, en la perspectiva de que a continuación pudiera ser candidato a presidir la Cámara Alta. Proponiendo a un senador del PSC, el presidente del Gobierno reafirmaba su inequívoca voluntad política de tender puentes. Frente a esto, pensaba yo, tanto a ERC como a Junts per Catalunya les interesaba tensar la situación al día siguiente, en el acto de toma de posesión de los senadores. Si conseguían que la nueva presidencia tomara alguna medida susceptible de ser presentada como represiva ante los suyos, el mensaje quedaría construido: tanto da que la presidencia lo ocupe alguien del PP como alguien del PSC, al final todos se comportan de la misma manera, sofocando la voz de los representantes de los catalanes.

García Escudero intentó tranquilizarme al respecto, relatándome sus experiencias en sus dos legislaturas como presidente. Se trataba, me vino a decir, de que en algún momento pronuncien la palabra «acato». Cumplido este requisito, lo que puedan añadir a continuación, en nombre de qué juren o prometan resulta de todo punto irrelevante. Me tranquilizó a medias, porque seguía pensando que los senadores independentistas no iban a optar por el perfil bajo, disponiendo de la oportunidad, con todos los focos apuntándolos, de inventarse alguna fórmula que me pusiera en un brete y consiguiera atraer la atención de todos los medios.

También le pregunté al presidente saliente por otras cuestiones menores, pero que quería empezar a conocer, como el contenido concreto de la expresión «actividades de representación», algunos asuntos relacionados con la infraestructura del Senado y cosas así. Al final, tras dar por terminada la conversación, se produjo una situación que me hizo sonreír para mis adentros. Yo estaba presto a irme cuando él se me adelantó y me dijo muy educado algo así como un «Bueno, te dejo en tu despacho». Una vez que, sin esperarlo, me encontré solo en medio de aquel espacio, pensé que podía haberme dicho «Ahí te quedas» y me hubiera sentido exactamente igual.

21 de mayo de 2019

Al final, el acto transcurrió con considerable normalidad, sin sorpresas ni sobresaltos destacables. Al estar yo tan pendiente de su funcionamiento, lo cierto es que no alcancé a emocionarme ni a percibir la intensidad del momento. Creo que el único instante en el que me sentí liberado se produjo en el último tramo, cuando ya no había posibilidad objetiva de cometer errores y pude pronunciar mi discurso con tranquilidad. Me sentía muy cómodo con el texto, en el que, a modo de guiño cómplice hacia mí mismo, había incrustadas afirmaciones de otros textos míos particularmente pertinentes para la ocasión.

Antes de mi discurso se había producido un pequeño incidente al que los medios catalanes prestaron especial atención. Fue cuando Raül Romeva pronunciaba la particular forma de promesa que había escogido, en la que se hacía mención, como ya habían hecho antes otros senadores de su mismo grupo, a los presos políticos, al presunto mandato del 1-O, a la república catalana y a alguna otra cuestión más que no recuerdo. A media promesa, la voz de uno de los secretarios que iba convocando a los senadores por orden alfabético empezó a llamar al siguiente. Me volví hacia él de manera refleja para indicarle que se detuviera en la llamada y dejara finalizar a Romeva. Di por descontado que era una mera torpeza de aquel secretario —de espaldas a ellos, yo no sabía quién había protagonizado la interrupción—, pero luego supe que no había sido un error. El secretario de marras era Rafael Hernando, y había intentado sabotear deliberadamente al nuevo senador. Mi actitud —nada meritoria, por lo que acabo de decir— fue muy celebrada por algunos medios de comunicación catalanes, pero, conociéndolos, no me hice ilusiones: sabía a la perfección que ese microcrédito político que me concedían por haber defendido a Romeva caducaría pronto (en concreto, en el momento en el que tomara cualquier medida que les contrariara).

22 de mayo de 2019

El día se presentaba movido, aunque con actividades de diversa importancia. A primera hora de la mañana asistí al desayuno de Ángel Gabilondo organizado por Europa Press. Recibí, como era previsible, muchas felicitaciones por mi reciente elección como presidente. Me agradó conocer personalmente a Felipe González y poder saludar a muchos amigos. Gabilondo, como por lo demás suele, estuvo brillante y divertido. Nunca decepciona.

A la salida, me tocó emprender el camino hacia la Zarzuela, donde debía presentar a su majestad el rey la documentación conforme se había procedido a la constitución del Senado. El encuentro se desarrolló de acuerdo con las pautas establecidas, por lo demás de sobra conocidas por el público. La conversación con el rey resultó en extremo grata y estimulante. No descubro nada si digo que está perfectamente informado de cuanto ocurre en el país y que agradece que sus interlocutores le hablen con absoluta libertad y le formulen sin la menor restricción mental sus opiniones. Al cabo de una hora, dio el encuentro por finalizado.

Tras un almuerzo de trabajo con Meritxell Batet, emprendí viaje de regreso a Barcelona, donde tenía una entrevista con una periodista de El País. Hasta ese momento había concedido un par para medios escritos (entrevistas radiofónicas al margen), una a El Confidencial y otra a Crónica global, y había quedado contento del resultado. Poco podía imaginar que la entrevista para el diario con el que llevo colaborando hace más de treinta años iba a ser la que me proporcionaría el primer quebradero de cabeza político en mi nuevo cargo.

25 de mayo de 2019

A primera hora de la mañana recibí un whatsapp de mi viejo amigo Manuel Monereo felicitándome por la entrevista de El País. Me tranquilizó su mensaje, porque siempre me genera cierta inquietud la distancia que puede producirse entre lo dicho y lo finalmente editado. Pero me duró poco la tranquilidad porque, al cabo de poco, recibí otro mensaje de otro amigo con el enlace a la entrevista. En él ya podía leerse como titular «Una sentencia absolutoria del procés lo reconciliaría todo». En la edición en papel ese no era el titular, sino un destacado, pero, como supe de inmediato, era la frase que más se estaba comentando en las tertulias radiofónicas y los medios digitales. Al cabo de poco, como era de prever, los más conservadores empezaron a lanzar los furiosos y previsibles ataques.

Yo no recordaba en absoluto haber pronunciado la frase que se me atribuía, más que nada porque no lo pensaba, pero estaba dispuesto a aceptar que tal vez me había expresado mal, que podía no haber atinado con las palabras precisas, tras un día francamente duro. Además, intentaba convencerme a mí mismo, si alguien se tomaba la molestia de leerse la entrevista, quedaba claro el lugar desde el que yo hablaba, aunque tampoco podía autoengañarme demasiado al respecto: resulta evidente que cada vez es menor el número de personas dispuestas a leerse casi nada por entero.

Enseguida pasé a pensar que me tocaba considerar la experiencia como un bautismo de fuego. Y de fuego amigo, por añadidura. Afortunadamente, la responsable de prensa de Ferraz, Maritcha Ruiz, consiguió, no sin esfuerzo, aclarar la situación. La grabación de la entrevista (cuya autora, según supe, se resistía a entregar) dejaba claro que yo no había dicho en ningún momento lo que se me atribuía y El País procedió de inmediato a la rectificación. Soledad Gallego Díaz, su directora, en un gesto que le honró, me escribió un SMS para pedir disculpas, que yo acepté, por supuesto, entre otras cosas porque le tengo un aprecio personal y un respeto profesional antiguos. Por lo que respecta a la periodista que cometió el error, se demoró en cumplir con lo ineludible y no dijo esta boca es mía hasta el día siguiente. Y, como era de esperar, los que se dieron tanta prisa en criticarme, con Pablo Casado y Albert Rivera en reñida pugna por ver quién aparecía como más escandalizado ante la opinión pública, nunca rectificaron.

Al final terminé diciéndome a mí mismo, resignadamente, que algo así tenía que llegar tarde o temprano y que del mal, el menos (la rectificación de El País había dejado sin recorrido político los ataques). El episodio había sido mi primer contacto con el barro de la política, y me había dejado patente también que entre el número de personas dispuestas a felicitarte cuando las cosas van bien y las dispuestas a manifestarte su apoyo cuando vienen mal dadas hay una distancia casi sideral. Lo que no sabía era que lo ocurrido constituía un pequeño anticipo de lo que iba a venir pocos meses más tarde.

26 de mayo de 2019

Enseñanzas de un error. En la entrada correspondiente al pasado 20 de mayo olvidé mencionar uno de los asuntos por los que le pregunté a Pío García Escudero. Me refiero al de la seguridad. Tenía noticia, claro está, de que me correspondía un servicio de escoltas, pero ignoraba por completo en qué medida iba a afectar eso a mi vida cotidiana, si tendría que ir acompañado por uno siempre y a todas partes, etcétera. Mi antecesor me tranquilizó al respecto, tal vez porque debió de percibirme preocupado por los trastornos que el mencionado servicio podría provocar en mi día a día.

Está claro que no le interpreté bien, como tuve ocasión de comprobar hoy, jornada electoral. El colegio en que me correspondía votar está muy cerca de mi casa y, entre esta cercanía y el convencimiento de que el presidente del Senado es una figura escasamente conocida por la mayoría de los ciudadanos, decidí ir a cumplir mis obligaciones cívicas sin avisar a los escoltas. Craso error. Allí varios apoderados de diversas formaciones se acercaron a saludarme, e incluso me pidieron hacerse algún selfie conmigo. Hasta aquí nada preocupante.

El problema surgió cuando, ya en la cola para votar, me abordó una señora, delgada, menuda y entrada en años, y me preguntó: «¿Usted es un político?». Sin apenas esperar a mi respuesta, me empezó a reclamar con tono vehemente una mayor atención a los políticos catalanes encarcelados y a las reivindicaciones independentistas. Conforme avanzaba en su diatriba su vehemencia iba aumentando. Era evidente, tanto por la intensidad creciente de esta como por su desorden verbal y argumental, que la señora estaba algo desequilibrada. El percance, afortunadamente, no fue a más y tener que cumplir con el trámite de la votación me permitió dar por finalizada la conversación. Pero no pude evitar pensar que, con absoluta independencia de su ideología (alguna vez he presenciado de cerca la ferocidad con la que personas de extrema derecha se dirigían a Miquel Iceta, bordeando la agresión física), si en vez de ser una señora delgada, menuda y ya entrada en años la persona que me había interpelado hubiera sido un hombre joven, corpulento y también un tanto desequilibrado, la situación hubiera adquirido otro carácter, sin duda más preocupante.

Terminé autocriticándome por mi pequeña irresponsabilidad. Mi comodidad o incomodidad por el hecho de llevar escolta debería ser irrelevante, porque no es a mí personalmente a quien se le ofrece protección, sino a la figura del presidente del Senado, por lo que mi obligación institucional es facilitar al máximo la tarea de los encargados del servicio de protección. Me quedó claro que, a partir de entonces, debía comunicar mis movimientos cuando tuviera previsto llevar a cabo alguna actividad pública en la que mi presencia estuviese anunciada o fuese previsible por parte de cualquiera.

28 de mayo de 2019

Me las prometía muy felices esa mañana. Hasta mediodía, en que tomaba el AVE rumbo a Madrid, podría poner en orden algunas ideas, repasar papeles, responder emails pendientes, e incluso empezar a leer algún texto del trabajo que tenía aguardando sobre mi mesa. Pero bien pronto el plan se vino abajo. ERC había tenido la idea de prestar algunos de sus senadores a Junts per Catalunya para que pudiera formar grupo parlamentario (práctica habitual, por otra parte) y se había quedado con los números justos, incluyendo a Bildu, para conformar uno propio. El problema venía porque, de acuerdo con el informe de los letrados, no cabía otra opción que suspender a Raül Romeva, con lo cual ERC ya se quedaba por debajo del número de senadores imprescindible (diez) para tener grupo parlamentario. No paré de recibir llamadas durante toda la mañana.

La tarde también estuvo llena de reuniones. El día siguiente se preveía complicado y, conforme pasaban las horas, el cansancio me hacía ver la situación cada vez más negra. Para acabar de oscurecerme la jornada, me habían comunicado que el próximo viernes debía viajar a El Salvador para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, dado que las tres autoridades del Estado que me preceden tenían ocupaciones y compromisos diversos que les impedían asumir la representación de España en dicho acto. Como ya me había empezado a ocurrir en días anteriores, ni siquiera me paré a reflexionar sobre la tarea, sobre la experiencia de encontrarme en una situación inédita para mí desde muchos puntos de vista, sino que me sentía como ese boxeador que bastante tiene con parar los golpes, o como el trabajador cargado de faena que intenta despachar el mayor volumen de tareas pendientes sin detenerse a hacer demasiadas valoraciones.

29 de mayo de 2019

Al final, todo transcurrió razonablemente bien. La Mesa del Senado se reunió para abordar los asuntos pendientes, de entre los cuales comentaba antes los más polémicos. Primero se trató el de la suspensión de Romeva. Se pronunciaron a favor de inmediato Pío García Escudero y Rafael Hernando. Pidió la palabra a continuación Imanol Landa, del PNV, para repetir un argumento que ya había utilizado en la primera mesa que tuvimos, a saber, que no había tenido tiempo de mirarse el informe y que, en consecuencia, pedía que la prorrogáramos para el día siguiente. Pensé que no tenía sentido un aplazamiento así. El informe no era tan extenso y obraba en poder de los senadores desde primera hora de la mañana. Por otra parte, los términos de la argumentación eran de sobra conocidos, porque la prensa se había dedicado en días anteriores a explicar de forma razonada las diversas opciones posibles, con lo que la mirada del lector avezado de inmediato podía dirigirse al meollo de la argumentación. Dado que mis compañeros declinaban intervenir, lo hice yo en el sentido que acabo de indicar.

Se produjo entonces una situación en el fondo divertida. El representante del PNV, al ver frustrada su propuesta, sacó su libreta e hizo una detallada y prolija exposición de los motivos por los que estaba en contra de la suspensión de Romeva. Con lo que su argumento de que apenas había tenido tiempo de leerse el informe saltó por los aires, como le observó con elegancia Cristina Narbona en una intervención posterior.

También se abordó el asunto de las palabras que, según algunos, había pronunciado Rafael Hernando mientras Raül Romeva prometía acatar la Constitución. ERC solicitaba que la Mesa reprobara al senador popular por la frase «Que se joda…», que supuestamente había dicho. Lo cierto es que ninguna de las personas que estaba cerca (yo mismo incluido) las oyeron, y se hace extraño que la portavoz de ERC sí pudiera hacerlo desde la otra punta de la sala. Así las cosas, y habida cuenta de que, además, la figura de la reprobación por parte de la Mesa a un miembro de esta no tenía antecedentes (al margen de que se situaba en el borde del absurdo), se le dio carpetazo al asunto.

Antes de pasar al siguiente tema, Cristina Narbona intervino para hacer un llamamiento a la sensatez y la cordura. Los miembros de la Mesa, argumentó con buen sentido, como los demás senadores, además de estar sometidos al reglamento de la Cámara deberían comprometerse con un talante no ya solo correcto, sino particularmente respetuoso con el resto de sus miembros. Me sumé a su reflexión añadiendo una dimensión digamos que más práctica. Y es que mal podremos en ningún momento reclamar, cuando tengamos que presidir los plenos, comportamientos adecuados a los senadores si nosotros somos los primeros en no tenerlos.

Rafael Hernando, como era de prever, saltó como impulsado por un resorte. Vino a decir que nadie estaba en condiciones de dar lecciones a nadie y que, sin ir más lejos, el propio presidente (o sea, yo) el fin de semana anterior había hecho unas declaraciones improcedentes. Este hombre ha hecho del empeño en hacer amigos el norte de su vida, pensé para mis adentros.

30 de mayo de 2019

Apareció publicado en El País un artículo de Germán Cano, antiguo alumno de Jacobo Muñoz, sobre la crisis de Podemos. El texto, titulado «Asesinato en el Consejo Ciudadano», se servía de la novela de Manuel Vázquez Montalbán Asesinato en el Comité Central para establecer un paralelismo entre la crisis del PC de Santiago Carrillo en los años ochenta y la actual de Podemos. Era un artículo fino, como su autor, aunque dudo que al periodista que lo editó le resultase fácil seleccionar dos destacados en los que sustanciar la tesis del escrito. Parecía que Cano no se decidía a afirmar con claridad lo que estaba pensando, que sin duda era crítico respecto a la formación en la que milita.

Pero, más allá de esto, lo que me llamó la atención del artículo fue algo que, por lo demás, parece haberse convertido en una constante para muchos militantes de Podemos, y es su fijación con esa Transición a la que, por otro lado, tanto han denostado. Irrumpieron, con eficacia, en la escena pública haciendo de la impugnación radical de la herencia recibida una de sus señas de identidad política y, al paso al que vamos, acabarán reivindicándose como sus auténticos herederos frente a quienes ilegítimamente se habrían apropiado de ese legado para ponerlo al servicio de oscuros intereses. Asistiríamos en tal caso a una de las piruetas políticas más atrevidas que se recuerda: pasaríamos del candado de la Transición al tesoro de la Transición.

No creo que haya exageración alguna en semejante pronóstico. A fin de cuentas, en la campaña de las generales de finales del pasado abril Pablo Iglesias convirtió la Constitución en el eje de su programa. No parece, pues, descabellado imaginar que aspire a convertirse en su principal valedor. En tal caso, quedaría ratificado lo que muchos afirmamos en su momento, y es que la auténtica aspiración de Podemos nunca fue acabar con el bipartidismo, sino mantenerlo, solo que ocupando ellos el lugar en el que hasta ahora había estado el PSOE.

31 de mayo de 2019

El viaje a El Salvador fue un auténtico bautismo de fuego en tareas de representación internacional. Afortunadamente, los miembros de la delegación (secretario de Estado, su adjunto y David Giménez Gluck, mi jefe de gabinete) me prestaron una ayuda impagable en las diversas circunstancias que se iban produciendo. Lo cual es en especial de agradecer cuando todo, y digo todo, me venía de nuevas.

De las personalidades a las que teníamos que visitar, el primero, el presidente saliente Salvador Sánchez Cerén, fue quien más difícil me lo puso. Era un hombre más bien reservado y, aunque tenía un pasado guerrillero, su aspecto era más bien el de un plácido abuelito parco en palabras. Por suerte, se había incorporado a la delegación el que en ese momento era el embajador de España en El Salvador, Federico de Torres Muro, hombre listo, experimentado y buen conocedor del terreno, quien sabía en cada momento el capote que convenía echar. Si a ello le añadimos que, en el fondo y desde el punto de vista protocolario, esa visita era la menos importante, el hecho de que no fuera como la seda resultaba menos grave, lo cual me permitía decirme a mí mismo que se trataba de ir aprendiendo los códigos.

Así fue. Lo que no me impide reconocer que a punto estuve de cometer algún error. No habría sido grave, ni habría comprometido las relaciones entre nuestros estados, ni alterado el equilibrio geoestratégico de la región, ni nada de análoga importancia: simplemente, habría sido un pequeño ridículo por mi parte. Porque, como fruto de mi inexperiencia y de mi nerviosismo, y preocupado como estaba por las cuestiones que debía abordar en mis diferentes encuentros, olvidé examinar con suficiente detenimiento las fichas que me había pasado el Ministerio de Asuntos Exteriores referidas a las personas con las que me iba a entrevistar. El caso es que en la primera entrevista no tenía claro cómo era físicamente el presidente saliente. Fruto de mi ignorancia fue que, cuando se abrió la puerta de la sala en la que se encontraba mi anfitrión, di por descontado que la persona que me venía a recibir era ya el expresidente. A punto estuve de soltarle todo el monólogo que llevaba preparado acerca de lo encantado que estaba de estar ahí, de mi agradecimiento por su amabilidad al recibirme y demás frases convencionales. No sé si fueron mis reflejos o los del secretario (o jefe de protocolo, o figura equivalente), quien en realidad me estaba recibiendo, pero lo cierto es que no llegué, por los pelos, a decirle todo aquello al destinatario equivocado. De haberlo hecho, el hombre se habría reído a mi costa unas cuantas semanas recordando el episodio. Me salvó la campana, a qué engañarnos.

La segunda visita, la efectivamente importante, fue ya con el presidente electo, Nayib Bukele, hombre mucho más extrovertido y conversador, aunque también más desconcertante. Para empezar, su indumentaria era, como poco, sorprendente. Lo de menos era su pelo engominado y la ausencia de corbata. Lo llamativo era que del bolsillo exterior de su americana azul marino sobresalía un pañuelo rojo chillón que combinaba con sus calcetines, de idéntico color e intensidad. En España un look semejante hubiera recibido el calificativo de hortera por parte de muchos, aunque a buen seguro tampoco faltarían quienes lo considerarían el no va más de lo millennial.

Las manifestaciones de Bukele ante la delegación también resultaron algo desconcertantes. Cuando le pregunté, para abrir fuego, cuáles iban a ser sus áreas prioritarias de trabajo —asunto que el Gobierno de España estaba particularmente interesado en conocer con el objeto de articular las formas de cooperación más eficaces—, su respuesta fue tan rotunda como sorprendente (amén de inespecífica): «Todas». La sensación que me produjo en ese primer momento se me ratificó al día siguiente, en el acto de toma de posesión.

1 de junio de 2019

Contraviniendo la tradición, el nuevo presidente organizó el acto en la plaza adjunta al Palacio Nacional, con la inequívoca intención de recibir un baño de multitudes, lo cual sucedió solo a medias, puesto que no consiguió llenar por completo dicho espacio. Dejando aparte el detalle, bien poco laico, de que la ceremonia se abriera con la intervención de un sacerdote católico, que se declaró de la herencia del obispo Romero, y concluyera con la de un pastor evangélico, lo más significativo fue el propio discurso del nuevo presidente. No había duda de que estábamos ante un populista de una sola pieza, que se autoerigía como representante exclusivo y portavoz máximo de todo el pueblo, al que no cesó de exhortar a trabajar por la patria, sin concretar ni siquiera someramente alguna de las líneas mayores de lo que pretendía llevar a cabo.

Sin duda, los nefastos precedentes le allanaban el camino («¡Devuelvan lo robado!» fue una de las consignas más coreadas), pero en la región eso no constituye garantía de nada. También Daniel Ortega gobernó Nicaragua tras un régimen corrupto y sanguinario, y ello no le impidió terminar adoptando él también una deriva política decididamente inquietante, con más presos políticos que la mismísima Venezuela (que quintuplica su población). Al recordar ese ejemplo, no pude evitar pensar que este nuevo presidente nacionalista-populista tenía muchos números para terminar sumándose a la larga lista de presidentes latinoamericanos que han violentado sus propias constituciones para perpetuarse en el poder. Preferiría equivocarme, claro está. Sobre todo por los propios salvadoreños.

2 de junio de 2019

Había leído en el móvil, de manera torpe y apresurada, el artículo que había publicado Antonio Muñoz Molina en su sección «Ida y vuelta», del suplemento «Babelia», de El País. Se titulaba «Elogio del político», y debo reconocer que me conmovió. Presentaba un dibujo de mí de una generosidad insólita en estos tiempos. Máxime teniendo en cuenta que nos conocemos poco.

Aunque tal vez este último dato, presuntamente objetivo, habría que relativizarlo. No creo que sea exagerado afirmar que, en cierto sentido, nadie nos conoce mejor que quien nos lee. Y yo, desde luego, vengo leyendo a Muñoz Molina casi desde el principio (empecé por su segunda novela, El invierno en Lisboa, y desde entonces no he dejado de leer cuanto ha publicado). A este respecto, me comentaba en cierta ocasión Emilio Lledó que, tras escuchar una conferencia que pronunció el novelista sobre algunos de los temas que a ambos han preocupado desde siempre (la palabra, la memoria, el paso del tiempo…), se le acercó y le dijo, sencillamente: «Yo soy tú». No me atrevería yo a decir tanto, pero sí a afirmar que entiendo perfectamente, sin la menor dificultad, las palabras del filósofo.

Regresando a nuestro caso, me atrevería a afirmar que la sensación de cercanía que ambos experimentamos tiene que ver, entre otras cosas, con un rasgo compartido. Me refiero a la sobriedad de los que nacimos sin privilegios en los años cincuenta. Ello hace que valoremos especialmente la democracia y la justicia social. Conocimos un mundo mucho peor y sabemos la diferencia entre el entonces y el ahora. Por esa misma razón, nos desagrada profundamente que haya en la esfera pública quienes, más jóvenes, hacen ostentación de unos presuntos orígenes humildes (en muchas ocasiones, incluso exagerados) como si ello los convirtiera de modo automático o en mejores personas o en la mejor garantía de que se preocuparán por los más desfavorecidos y vulnerables, cosas ambas que tanto la historia como el propio presente demuestran de sobra que no son el caso necesariamente.

Por eso coincidimos también en reivindicar la política como servicio público, en intentar contener las oleadas de irracionalidad y sectarismo que a diario nos llegan desde los más variados frentes, en procurar introducir serenidad y sensatez en la plaza pública, en romper tantas lanzas como nos sea posible por valores sin los cuales no hay convivencia, sino mera yuxtaposición o, peor aún, puro amontonamiento hostil.

Por lo que respecta, en fin, al dibujo que hacía de mí en su artículo, tanta era la generosidad que contenía que no conseguí reconocerme en sus finos y delicados trazos. Pensé que ojalá fuera como él me veía, y que, en todo caso, cuando llegara a mayor me gustaría haber conseguido parecerme al retrato que Antonio Muñoz Molina había dibujado de mí.

5 de junio de 2019

Me había comprometido, meses atrás, con los organizadores del ciclo «Cartagena Piensa», y no quería anular el compromiso bajo ningún concepto. Antonio Campillo, que fue quien medió para que se me invitara, ha hecho un magnífico trabajo en la Red española de Filosofía, contribuyendo a que la percepción social de nuestra disciplina sea abiertamente positiva. Sin querer parecer triunfalista, me atrevo a decir que la filosofía ha ganado la batalla de la opinión pública.

Pero, sin el apoyo y el empuje de tantísimos profesores de filosofía anónimos, que trabajan en institutos o en centros privados, esa victoria (que es de una batalla, no de la guerra) no hubiera sido posible. Por eso, y porque siempre he pensado que era un error desatender a ese enorme contingente de personas, que son los interlocutores naturales y principales del trabajo que llevamos a cabo quienes tenemos un más fácil acceso a los medios, decidí mantener el compromiso adquirido.

No voy a ocultar que, en segundo plano, operaba también otro motivo, me sentía obligado a continuar hablando y pensando en las cuestiones que siempre me han preocupado. No dejar de ejercer de filósofo, por decirlo de forma tan breve como imprecisa. Lo cierto es que, finalmente, celebré haber mantenido mi palabra. Porque creo que el ciclo fue bien, en el sentido de que los asistentes parecieron quedar contentos de cómo transcurrió la sesión, y porque, tal vez sobre todo, tuve la sensación de que sirvió para insuflarles renovados ánimos para seguir defendiendo no solo la filosofía, sino las humanidades en general.

Además, tuve la oportunidad de conocer a gente magnífica, entusiasta además de inteligente y bien formada. Para no tener que llevar a cabo una enumeración muy larga de personas, me limitaré a mencionar a la profesora que me presentó, Belén Rosa de Gea, doctora en filosofía por la Universidad de Murcia con una tesis sobre el pensamiento político moderno (sobre Saavedra Fajardo, para ser exactos), que lo hizo con palabras hermosas y medidas, plenas de delicadeza y sabiduría. Más allá de la generosidad de sus expresiones, al escucharla pensé en todas esas personas que, de forma tan discreta como tenaz, sostienen la filosofía de este país, transmiten a las nuevas generaciones el entusiasmo por pensar y, más allá de ayudarnos a entender lo que nos pasa, embellecen el mundo con su mirada.

11 de junio de 2019

Me correspondía recibir, en mi calidad de presidente de la cámara, al defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. Me sorprendió un poco la pompa y el boato del acto, en uno de los salones más hermosos de la parte antigua del edificio del Senado, con una liturgia claramente preestablecida respecto al lugar en el que cada uno de nosotros se ha de situar para que los fotógrafos puedan captar el momento en el que me hace entrega del informe anual de actividades, así como del lugar en el que a continuación nos hemos de sentar para conversar y otros detalles formales.

Superada la sorpresa inicial, lo cierto es que la conversación resultó francamente interesante y provechosa para mí. Junto con la memoria USB con el informe completo de lo realizado en el último ejercicio, me hizo entrega de dos números monográficos sobre asuntos de interés a los que la oficina de Marugán ha prestado especial atención. De un lado, la evolución de la demografía en España, los cambios que ha experimentado la pirámide de población y los efectos a corto plazo y en todos los órdenes que de ellos se derivarán. Del otro, la oficina ha investigado la situación de los reclusos aquejados de diversos tipos de enfermedades mentales. Es toda una casuística muy variada e impactante. Porque en el estudio presentado por el defensor quedaba claro que en muchas ocasiones los casos han desembocado en escenarios incluso dramáticos como consecuencia de negligencias, descuidos o simplemente errores humanos que han terminado por afectar de manera tan grave como directa a la vida de esas personas recluidas en módulos específicos de centros penitenciarios ordinarios.

Me despedí del defensor con cierto regusto amargo al constatar la escasa repercusión pública —al menos, en comparación con el enorme y valioso esfuerzo realizado— que obtiene este tipo de estudios. La amargura se incrementa si nos paramos a pensar cuánto nos ayudarían a entender la realidad que nos circunda y respecto de la cual a menudo estamos tan ciegos.

13 de junio de 2019

Viajé a París, acompañado del antes mencionado David Giménez Gluck, el también mencionado Manuel Cavero y María López (responsable de relaciones internacionales de la Cámara), al XX.º Congreso de la Asociación de Senados Europeos, presidida por un viejo amigo de España, el republicano Gérard Larcher. Ellos viajan desde Madrid y yo lo hago desde Barcelona. La única actividad de la jornada es una cena ofrecida por el embajador de España en Francia, Fernando Carderera, en la sede.

El lugar es absolutamente espectacular y produce un inmediato efecto casi intimidatorio sobre cualquier visitante. Tapices de Goya en las paredes, cuadros de Madrazo y, en general, un mobiliario clásico de exquisito gusto configuran un marco que persigue hacer inmediatamente visible, como nos explica el embajador, que aquella es la embajada de un país con un peso histórico y cultural de primera magnitud. Entendí mejor el propósito al día siguiente, cuando visité el Senado.

La cena resultó extremadamente agradable. Además de preguntarme por la situación en Cataluña en estos momentos y por mi opinión acerca de cómo puede evolucionar esta en los próximos tiempos, hablamos sobre el momento que se está viviendo en Francia, del conflicto con los llamados «chalecos amarillos» y, más en general, de la cultura política de un país al que, como comenta el embajador, no sin razón, le encantan las novedades, pero aborrece los cambios. Lo que no deja de ser un indicador del valor de lo alcanzado y de la conciencia que de ello tiene la ciudadanía francesa. Es cierto que, especialmente a raíz de las políticas de austeridad debidas a la crisis económica, las luchas sociales en Francia han sido más propiciadas por la voluntad de no perder lo conquistado que por la de obtener nuevas conquistas.

14 de junio de 2019

Efectivamente, tanto el marco en el que se iba a desarrollar el encuentro como el recibimiento que se nos brindó nos hicieron entender mejor a todos los miembros de la delegación cuanto nos había explicado el día anterior el embajador. Aquello era la grandeur en estado puro. El afable y expansivo presidente del Senado nos recibió a la puerta del edificio tras ser anunciados en voz alta por un funcionario vestido como un sommelier. Después de dedicarnos unas simpáticas y cordiales palabras, Larcher nos dejaba en manos de otro funcionario, con idéntica indumentaria que el anterior, que nos precedía por una larga escalinata con alfombra roja, custodiada a ambos lados por soldados de gala que nos presentaban sus respetos con los sables en posición de saludo.

Los salones en los que desembocaba la escalinata eran, directa y sencillamente, imperiales. Tampoco el efecto que todo esto provocaba en el visitante era casual, sino del todo deliberado. Lejos de intentar hacer olvidar la estética y la lógica del poder monárquicos, la République los había hecho suyos. La sensación se acentuaba cuando se accedía al hemiciclo, cuya presidencia se alzaba de manera notable sobre los escaños de los senadores, y estaba, a su vez, tutelada por enormes estatuas que proporcionaban al espacio un aire sin lugar a dudas neoclásico, muy del Imperio romano (aunque un poco péplum para mi gusto, todo hay que decirlo).

Las sesiones del encuentro fueron decididamente interesantes. Su especificidad consistía en que habían sido invitados presidentes del Senado de países africanos, lo cual introducía una perspectiva esclarecedora, y poco habitual, de los problemas que estaba previsto abordar. Por una de esas casualidades de la vida, el día anterior había aparecido en El País un interesante artículo de Sami Naïr que incidía en la necesidad de que Europa encontrara fórmulas de cooperación con África, y advertía de los riesgos de cometer los errores que ya se cometieron en este siglo tanto con ocasión de la crisis económica de 2008 como, posteriormente, cuando la guerra en Siria provocó un inesperado y masivo flujo migratorio hacia nuestro continente.

Los representantes africanos llamaban la atención sobre el escenario que se iba a abrir en no demasiados años. Aludían al enorme crecimiento de la población en su continente, con una proporción de jóvenes que contrastaba con el envejecimiento europeo; a la existencia de unas reservas naturales de enorme valor; al surgimiento de una clase media que podía constituirse en un nuevo mercado de consumidores para los productos europeos, y a toda una serie de circunstancias que diferían notablemente del dibujo tópico que solemos tener de la realidad de África. Y aunque ninguno de los representantes africanos aludió a ello, de su análisis se desprendía una advertencia: la de que, de no actuar Europa con prontitud, China iba a ocupar de manera irreversible ese lugar protagonista.

Tras un almuerzo en una carpa en los jardines del Senado (limítrofes con los jardines de Luxemburgo), Larcher tuvo la deferencia de recibirnos en su despacho. Fue un encuentro no solo agradable, sino también estimulante. Le trasladé una invitación para venir a España en cuanto pudiera, lo cual le encantó, y hablamos sobre la situación de las instituciones europeas. Tuve la nítida sensación de que los políticos franceses piensan decididamente en clave continental. Mucho más que nosotros, a quienes todavía nos traiciona el lenguaje cuando se nos escapan expresiones del tipo «ir a Europa», como si esta fuera un espacio exterior a nosotros, al que de vez en cuando acudimos. Aun así, Larcher se mostró inteligente y crítico con las propias instituciones europeas al reprocharles la actitud que habían tenido con el Gobierno italiano, desentendiéndose casi por completo de los problemas de este cuando se produjo el colapso migratorio en Lampedusa.

Las sesiones se prolongaron a lo largo de la tarde. Luego, tras un descanso de un par de horas, tuvo lugar la cena de gala. Lo cierto es que Larcher multiplicó conmigo los gestos de amabilidad y deferencia. Quienes manejan las claves para interpretar esos códigos destacaron que tales gestos contrastaban en cierto modo con los que tenía con el presidente del Bundesrat alemán, a quien, por ejemplo, no le concedió una entrevista aparte.

La sensación que había tenido al mediodía se me ratificó durante la cena. Tuve a mi lado al presidente de la comisión de Defensa del Senado francés, quien me hizo observaciones también inteligentes y certeras respecto a la actitud de Europa con Rusia, especialmente con ocasión de la crisis de Ucrania. Andaba asimismo muy preocupado por la expansión de China en diversos planos, no solo el económico. Me proporcionó cifras preocupantes sobre el número de navíos chinos en el Mediterráneo, presencia que respondía a toda una estrategia político-económica global. También le preocupaba la expansión de China por el sudeste asiático. Llevaba en su móvil imágenes en las que aparecía la simulación de proyectos faraónicos ya iniciados en Laos por empresas chinas: construcciones de grandes moles de apartamentos para turistas chinos, así como un tren de alta velocidad que alteraba radicalmente un paisaje que hasta ese momento era de una naturaleza casi virgen.

15 de junio de 2019

Sin duda, el viaje a París había constituido, tras el de El Salvador, mi segundo bautismo de fuego. No creo que proceda que yo entre a valorar el resultado. Baste con decir que sobreviví a ambos bautismos, lo que ya es mucho. Haber sobrevivido a la prueba me hizo sentir aliviado. Lo más gravoso de estas primeras semanas era precisamente que, al venirme todo de nuevas, las situaciones me generaban una enorme tensión, que terminaba por desgastarme en una medida muy considerable. La sensación no me resultaba del todo extraña, pues en cierto modo ya la había tenido en mi primer año como diputado. Por eso, sabía que se trataba de ir adquiriendo automatismos que me permitieran transitar por todas esas situaciones nuevas con el menor desgaste posible. Me agradaba pensar que ese proceso de adquisición ya se había iniciado. De hecho, a partir del lunes me tocaba empezar a recibir a embajadores de diversos países que habían solicitado una visita, y ello ya no me generaba una particular preocupación.

Pero no se trataba solo de alivio o, si se prefiere, de descargarme de tensiones. Quizá sea mejor metáfora la del disco duro del que de pronto se libera espacio: el disco duro era mi cabeza y, de pronto, en ella cabían cuestiones que hasta ese momento habían quedado fuera. Me sorprendí a mí mismo pensando de nuevo en teorizaciones en las que andaba trabajando antes de tomar posesión del cargo y que ahora podía recuperar, quiero creer que enriquecidas a partir de la nueva experiencia. La posibilidad de no ser un mero autómata consagrado a ir despachando tareas que me venían programadas desde fuera empezaba a ser verosímil. Me veía, por ejemplo, capaz de escribir alguna pieza (de momento corta, claro está) sobre las cuestiones que ahora conseguía empezar a pensar bajo una nueva luz y hacerlo en el tono y con la escritura con que solía hacerlo antes, y que tan buenos ratos me deparaba. No lo voy a ocultar: que se abriera esa posibilidad —en definitiva, la de volver a pensar y volver a escribir— me generaba cierta euforia. Una euforia que tenía algo de liberación. El esclavo había salido un ratito de la caverna platónica, y ahora le tocaba decidir dónde se quedaba a vivir.

17 de junio de 2019

Se iniciaba una semana que presumía tranquila. Al no haber comenzado la actividad parlamentaria propiamente dicha (plenos y comisiones), aproveché para ir adelantando el ineludible trámite de recibir embajadores. Hoy tocaba el embajador del Japón, persona educada, como era de esperar, pero también con un fino sentido del humor. Cuando, tras los saludos iniciales, nos dispusimos a hacernos las tradicionales fotos, me comentó que se tenía que cambiar las gafas. En un primer momento supuse que lo hacía por razones estéticas, pero me sorprendió comprobar que las que se sacó del bolsillo eran exactamente iguales que las que ya llevaba. Tal vez porque detectó mi sorpresa, me aclaró la razón del cambio: las nuevas no llevaban cristales, solo montura. De esta manera evita que aparezca en las fotos el reflejo de los flashes de los fotógrafos.

La conversación transcurrió sin grandes sorpresas. Su actitud se correspondía con la que suele atribuirse a los diplomáticos: sorteaba las dificultades y los conflictos, evitaba las palabras gruesas y las descalificaciones, afirmaba grandes principios incuestionables, como el de estar a favor de la paz y en contra de cualquier recurso a la violencia, etcétera. Al final, cuando le acompañé hacia la salida, me comentó su experiencia como diplomático en Buenos Aires durante años. Sutilmente, me deslizó que la forma de ser del porteño más tópico no siempre le resultaba fácil a un japonés como él. No me dijo más, ni yo le comenté nada al respecto. Me limité a sonreír, pero él, al ver mi sonrisa, se permitió el exceso de reírse abiertamente. Tiene retranca este hombre, pensé para mis adentros. Al final, nos intercambiamos tarjetas entre grandes reverencias.

18 de junio de 2019

A primera hora de la mañana recibí la visita de una delegación, francamente numerosa, del Bundesrat. Me interesaba en especial este encuentro, en la medida en que la Cámara Alta alemana es un referente ineludible cuando hablamos en España de la reforma del Senado. De las palabras de la vicepresidenta me llamaron la atención dos cosas sobre todo. La primera, que no presentó la estructura federal alemana con entusiasmo, sino como el resultado de una circunstancia histórica determinada. Tras la Segunda Guerra Mundial, vino a decir, se imponía intentar evitar la reconstrucción de un Estado alemán fuerte. Quizá porque pocas horas antes había hablado en otros términos con el embajador de Japón, lo cierto es que eché en falta que la vicepresidenta se refiriera a su federalismo como el cauce más adecuado para integrar con armonía las diversas identidades del país.

Almorcé con Diego López Garrido, todavía letrado en el Senado (se jubilaba definitivamente el próximo mes de septiembre), y conversamos acerca de sus propuestas de reforma de la Cámara, que me interesaban mucho. Me quedé con la idea de que, cuando se incorporase a mi gabinete como asesor Carles Martí, teníamos que trabajar duro en este frente.

La jornada terminó con la visita del embajador de Chile, un profesional de los pies a la cabeza, que no se mete en ningún charco, pero mantiene la apariencia de absoluta espontaneidad. Era un hombre corpulento, risueño y expansivo, muy simpático, cuya apariencia contrastaba con la del funcionario que le acompañaba, un tipo joven y silencioso, flaco, de piel cetrina y mirada melancólica, que parecía salido de un relato de Kafka. Dado que las relaciones de Chile con España son muy buenas, sin ningún contencioso pendiente, el encuentro transcurrió de manera grata y fluida. Al final, el embajador me comentó que probablemente en septiembre tuviese lugar en su país algún acto conmemorativo del octogésimo aniversario de la llegada al puerto de Valparaíso del barco Winnipeg con dos mil doscientos exiliados republicanos, y que estaría encantado de que asistiera.

19 de junio de 2019

A primera hora de la mañana recibí la visita de la embajadora de Moldavia. Según los informes que me habían pasado de Exteriores para que preparase la reunión, la situación política reciente del país ha sido muy inestable y delicada, con recomendaciones por parte de la Unión Europea a favor de soluciones «pacíficas y dialogadas», lo que constituye, por sí solo, un indicador de la gravedad de los acontecimientos. Es más, Exteriores aconsejaba en sus escritos que se le preguntara por ello.

Sin embargo, la embajadora parecía empeñada en desmentir dicha versión y se diría que abonada a la tesis de la balsa de aceite y de que allí no ha pasado nada. Como el embajador de Chile, vino acompañada de una sola persona, cuyo aspecto también contrastaba vivamente con el de la embajadora. La mujer que la acompañaba, que de vez en cuando ejercía de traductora cuando aquella no atinaba con la palabra en castellano, era casi lo opuesto a la embajadora. Mientras que esta era una mujer joven y bien parecida, agradable y locuaz, su acompañante tenía un rostro y un aspecto torvos, como de ama de llaves de película de miedo, de gobernanta en un internado inglés para señoritas o de cualquiera de los tópicos que han hecho fortuna en el cine para describir este tipo de figuras. Apenas intervenía, y cuando lo hacía para ayudar a la embajadora se limitaba a sugerir el término en castellano (con desigual acierto) y luego regresaba al gesto serio y la mirada ceñuda. Daba un poco de miedito, la verdad.

Al margen de estas anécdotas, la entrevista me permitió hacerme una idea de la situación de Moldavia. Por más que se empeñase en intentar convencerme de que allí todo transcurre de forma plácida, algunas de las informaciones que proporcionaba me resultaban muy llamativas. De hecho, el Estado moldavo ignora datos del todo fundamentales, como el de la población rusa que vive instalada en determinadas zonas de su territorio. La embajadora también reconoció que permanecían en Moldavia (creo entender que desde la época del Pacto de Varsovia) contingentes de tropas rusas con su armamento correspondiente. El caso es que estas informaciones, junto con alguna otra que surgió a lo largo de la conversación, me llevaron a pensar que se trataba de un Estado débil, emparedado entre Rumania y Ucrania, con unas tensiones internas que nada tendría de extraño que pudieran dar lugar en algún momento a una crisis de importancia. La combinación de debilidad y de ubicación geoestratégica clave constituye un cóctel sin duda explosivo.

Tras el encuentro con la embajadora, grabé una entrevista para el programa «Parlamento», de TVE, en la biblioteca del Senado, un lugar sencillamente espectacular. Todos los visitantes lo definen de la misma manera: es como la biblioteca gótica que aparece en las películas de Harry Potter, pero en pequeño. Esta entrevista, aunque de carácter fuertemente institucional, ya me ponía sobre aviso de los frentes por los que, con toda probabilidad, me iba a ver atacado en todas aquellas que mantuviese en el futuro. La dificultad, en cierta medida, se podía resumir así: el mensaje de la reforma del Senado, que se viene repitiendo casi desde el principio de la democracia (porque bien pronto la Cámara Alta mostró su falta de adecuación a las nuevas realidades autonómicas emergentes), es un mensaje muy poco atractivo para presentarla como el nervio de la propuesta para la etapa de mi presidencia.

27 de junio de 2019

Por la mañana tuvo lugar, en el hemiciclo del Congreso, un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo. Fue de una emotividad contenida, y en él se interpretaron dos piezas musicales: el segundo movimiento de la sonata de Giovanni Battista Pescetti para arpa, y el aria, hermosísima, de Händel Lascia ch’io pianga. Solo desmerecieron el acto algunos fragmentos de la intervención de María del Mar Blanco, que habló en calidad de presidenta de las asociaciones de víctimas, y que también es diputada del PP. Aprovechó la ocasión para arremeter contra Bildu y quienes quieren, según ella, blanquear a los asesinos, así como para criticar el hecho de que el día anterior TVE entrevistara a Arnaldo Otegi.

La intervención generó una clara incomodidad entre buena parte de los diputados y senadores presentes. Los nacionalistas y los representantes de Unidas Podemos explicitaron esa sensación dejando de aplaudir las palabras de la diputada del PP, aunque me consta que también participaron de la incomodidad buena parte de los socialistas, si bien es cierto que estos últimos se esfuerzan por no hacerla visible. Lo cual fue un gesto de generosidad que ayudó a que el sentido del acto, la debida solidaridad con las víctimas, apenas quedase empañada por lo que muchos perciben como instrumentalización del sufrimiento de aquellas. Sin duda, no es grandeza precisamente lo que sobra entre nosotros.

Al terminar, enfilamos rumbo a Mérida, donde, al caer la tarde, tuvo lugar la toma de posesión de Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta de Extremadura. Quiso reunir para la ocasión el presidente entrante a una representación institucional relevante. Además de Meritxell Batet como presidenta del Congreso, acudieron la vicepresidenta, Carmen Calvo, en representación del presidente del Gobierno; la presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE (este rasgo lo resaltó el propio Vara en su discurso), José Luis Ábalos. El acto transcurrió al aire libre, en la plaza que hay delante de la sede del Parlamento.

Más tarde, fuimos invitados a asistir a la representación de la ópera Sansón y Dalila en el teatro romano de Mérida. No conocía el espacio, aunque estaba advertido de su espectacularidad. El montaje de la obra, además, aprovechaba las posibilidades del lugar para desplegar una escenografía sin duda impresionante. Tuve la oportunidad de conversar un poco con el alcalde de la ciudad, quien me destacó la magnífica acogida que estaban teniendo las propuestas de los organizadores, con una asistencia masiva prácticamente en todas las representaciones a lo largo de los dos meses que duraba la temporada. Una buena noticia para oponer a quienes intentan justificar la producción y difusión de la cultura basura (valga el oxímoron) con el argumento de que es lo único que le gusta a la gente.

1 de julio de 2019

Finalizaba Ignacio Varela su artículo del día en El Confidencial («Con investidura o sin ella, otra vez España atrancada») con una frase tan rotunda como demoledora: «España sigue atrancada por esta generación de dirigentes narcisistas que aprendieron todo lo malo de sus mayores, pero olvidaron lo bueno. O quizá ni se fijaron». Como se suele apostillar en estos casos, se puede decir más alto pero no más claro. Yo mismo, en algún texto de mi etapa anterior (en la que podía manifestar mis opiniones sin las constricciones institucionales de ahora) había expresado opiniones de parecido tenor. En efecto, los que irrumpieron como los partidos de la nueva política son extremadamente personalistas, están basados en unos hiperliderazgos mediáticos que los protagonistas consideran la llave de su éxito, pero que condicionan con severidad su funcionamiento. Esos líderes no solo han creado artefactos a su medida, sino que han ido eliminando a todos aquellos dirigentes críticos o que podían hacerles sombra, de tal manera que resulta impensable la sustitución de aquellos sin la debacle del propio partido.

Pero mi acuerdo con el artículo va más allá. Expresa en él Varela una profunda preocupación que no puedo por menos que compartir. Distraídos todos como estamos con los pactómetros y otras bobadas análogas, somos incapaces de alzar un poco la mirada y preguntarnos por el futuro que parece dibujarse ante nosotros. Reconozco que yo pertenezco al grupo de quienes respiraron aliviados al conocerse el resultado de las elecciones generales. No tanto porque hubiéramos ganado (eso me producía alegría, más que alivio) como porque, por fin, parecía posible una legislatura relativamente tranquila, que permitiera afrontar todas las tareas que tiene pendiente nuestro país.

Pero la expectativa empezó a desvanecerse muy deprisa. Porque, de pronto, la investidura misma se puso en cuestión, y no precisamente por parte de la derecha. El dato no es menor, porque si al final no hubiera otra que repetir elecciones, nada le resultaría más fácil a la oposición (y no sin parte de razón) que hacer recaer la responsabilidad de la repetición sobre las espaldas de la izquierda, con el más que presumible castigo electoral. Un indicio de que esto preocupaba, y mucho, al Gobierno lo constituye el hecho de que Pedro Sánchez en esos días anduviera señalando también a PP y a Ciudadanos como hipotéticos responsables futuros de unas nuevas elecciones: se trataría de intentar no asumir la totalidad del coste de una nueva convocatoria electoral que podría provocar una notable irritación en la ciudadanía.

No eran estas las únicas razones para la preocupación. Además, era altamente probable que la abstención se disparara y que el resultado final fuera mucho más confuso que el del pasado mes de abril. No creo que hubiese resultado exagerado afirmar que el sistema entraría en un colapso si en cuatro años hubiéramos tenido que ir cuatro veces a elecciones generales. En vez de abrirse la posibilidad de una nueva transición, nos encontraríamos ante un auténtico fin de régimen, ante una degeneración institucional difícil de superar (y máxime con estos mimbres…), que probablemente traería aparejada grandes convulsiones.

Por supuesto que también cabía la posibilidad de eludir el peligro de regresar a las urnas. Pero la breve experiencia de aquellos dos meses no invitaba al optimismo. ¿Quienes deberían ayudar estaban dispuestos a hacerlo? ¿Qué tipo de confianza cabía establecer, qué tipo de lealtad cabía esperar, si aquellos que afirmaban su voluntad de colaboración se apresuraban a proclamar a grandes voces que lo hacían porque sus socios no eran de fiar, y como se les dejaba solos eran capaces de lo peor? Con otras palabras, aunque al final se superara el escollo de la investidura, no parecía haber motivos fundados para mantener la expectativa que en su momento yo consideraba del todo viable, la de una legislatura relativamente tranquila, en la que se pudiera hacer política y no solo ruido.

Es a esto último a lo que demasiados sectores parecen haberle encontrado el gusto. Ya entonces aparecían comentarios en la prensa, sin duda inducidos por los partidos de la oposición (los términos en los que se plantean los mensajes reproducen con asombrosa exactitud los que utilizan los representantes de las formaciones de derechas), en los que se denunciaba a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la parálisis de la Cámara, esto es, por el hecho de que no hubiese constituido todavía ni la Diputación Permanente ni las diversas comisiones.

Es lógico que la oposición hurgara en este flanco. Es el más fácil de presentar como denuncia ante la opinión pública. ¿A quién le iba a parecer mal que los diputados conservadores tuvieran prisa por ponerse a trabajar? ¿Quién iba a defender la molicie de los diputados que apoyaban al Gobierno y de sus socios, que según aquellos viven cómodamente instalados en el dolce far niente de unas vacaciones anticipadas, que para sus adentros deseaban prolongar hasta septiembre? En realidad, el problema nunca tuvo que ver con un sobrevenido estajanovismo por parte de la derecha. También quienes clamaban por la constitución inmediata de las comisiones sabían a la perfección que estas no se podrían poner en marcha de manera efectiva hasta que hubiese Gobierno y, por tanto, lo único que de veras se podía hacer era llevar a cabo el trámite formal de su constitución. Pero la tentación de desgastar por anticipado a Pedro Sánchez era demasiado fuerte como para dejarla escapar así como así. Quienes más insistían en esto sabían también que los diputados que apoyaban al Gobierno no caerían en el barro de denunciar en público que los motivos profundos de tantas prisas por constituir comisiones eran de orden más bien profano. Profano de verdad.

2 de julio de 2019

Ese martes fue Enrique Gil Calvo quien cerraba su artículo («Ruletas rusas») de El País con una frase rotunda, también dedicada, como la del día anterior de Ignacio Varela, a Podemos: «Definitivamente, como acusaba el 15-M, tampoco estos nos representan». Al igual que el día anterior, tampoco ahora me costaba estar de acuerdo con la afirmación. De hecho, yo mismo titulaba un capítulo de mi libro El ojo de halcón con una pregunta, retórica sin duda alguna: «¿Ha habido una apropiación indebida de la indignación?». En otro contexto habría celebrado haber acertado en mis pronósticos, pero en aquel habría sido una frivolidad por mi parte hacerlo. La cosa iba más allá de la sensación, que tenía desde el primer momento en que interrumpieron estos presuntos nuevos políticos, de que sus palabras eran palabras ya dichas, de que sus comportamientos repetían comportamientos pasados, y no siempre protagonizados por los mejores. Entonces acertar era, si cabía, más fácil. No había ya la menor duda de los pasos que irían dando ni de la dirección en que se dirigirían.

Así, nada más fácil que adivinar qué iba a hacer Ada Colau durante los días en los que presuntamente estaba negociando con el PSC y con ERC acerca de quién iba a ocupar por fin el sillón de la alcaldía de Barcelona tras las últimas elecciones municipales. No había la menor duda de lo que iba a hacer: aliarse con aquella fuerza que le garantizara dicho sillón. Si no hubiera sido el PSC, no hubiera dudado en aceptar un acuerdo repartiéndose el tiempo de mandato con Ernest Maragall. Atribuirle la menor importancia a la consulta que llevó a cabo entre las bases de su partido habría sido de una ingenuidad fronteriza con la estulticia. Según pude saber, tiempo después, de fuentes más que fiables, fue el empecinamiento intransigente del hermano de Pasqual Maragall por ser, también él, alcalde todo el mandato lo que trastocó finalmente toda posibilidad de entendimiento de ERC con Colau.

No debe de ser casualidad que todos esos representantes de la prematuramente envejecida nueva política solo consulten a sus bases aquello que de alguna manera podría comprometerlos, sino que —siempre, siempre, siempre— consigan que sea justo su propuesta la que salga adelante. Repásense, si no, en los términos de las preguntas que todos ellos han ido trasladando a los afiliados. Por eso, nada tiene de extraño que las mismas bases de los comunes que pudieron aprobar que se expulsara al PSC del Gobierno de la ciudad, pocos meses después votaban en masa que su partido gobernara con ellos Barcelona. En las preguntas tuneadas que en cada momento se les plantearon se encuentra la clave de tan espectaculares mudanzas.

8 de julio de 2019

Dialogué con Lluís Bassets en un curso de verano en El Escorial organizado por la Complutense y la Fundación Pablo Iglesias. Inicialmente estaba previsto que cada uno de nosotros hiciera una breve comunicación de alrededor de quince minutos a la que siguiera un debate, primero entre nosotros y luego con el público, pero Lluís Bassets me propuso saltarnos las comunicaciones previas e ir directamente al debate. Tanto a mí como a los organizadores nos pareció muy bien, ya que, casi con toda seguridad, este otro formato garantizaba una mayor agilidad y amenidad, como así fue. El tema que nos convocaba era el de la libertad de expresión, asunto que, como parecía casi inevitable, hizo que se terminara planteando la cuestión de los delitos de odio. Creo que, a pesar de la espada de Damocles que significaba (sobre todo para mí) la presencia de los medios, algunos de ellos siempre prestos a sacarle punta a cualquier cosa que se diga, por más inocua e insustancial que sea, hablé con absoluta libertad y dije lo que pensaba. Sin duda, a ello me había ayudado Bassets, quien también huyó de los tópicos y de los artificiosos corsés de la corrección política y no dudó en manifestarse con toda claridad incluso ante las preguntas más incómodas.

Creo que el balance fue positivo, también a este respecto. Siempre he pensado que, en general, a la gente, por más convencida que esté de algo, no le agrada tener la sensación de que le están repitiendo consignas de argumentario y agradece el tratamiento abierto y sincero de todos los temas, incluidos los más conflictivos. Yo intenté hacerlo entonces, cuando surgió la cuestión del rechazo de una parte del colectivo LGTBI a la presencia de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo. O cuando puntualicé, hablando de Vox, que no es correcto afirmar que la propuesta de esta formación de regresar a una ley promulgada en los años ochenta (me refiero a la primera ley socialista del aborto) es, ya en el periodo democrático, una propuesta franquista. Se podrá considerar un paso atrás, un retroceso respecto a conquistas alcanzadas posteriormente o cosas así, pero en ningún caso justifica la acusación mencionada, que debe encontrar mejores motivos para mantenerse.

Pues bien, me di cuenta, viendo la expresión de las caras, de que en un primer momento estos planteamientos sobresaltaron un poco a un sector de los asistentes, pero que luego, conforme escuchaban la argumentación y les iba quedando claro que no pretendía deslizar ningún planteamiento reaccionario, sino, más bien al contrario, fundamentar de manera adecuada una perspectiva de izquierdas, fueron aceptando de buen grado lo que les decía. No habría querido equivocarme, porque, de momento, sigo convencido de que ese perfil propio, que supuestamente había de presentar en público en mi condición de presidente del Senado, pasaba en gran parte por aquí, por evitar los planteamientos de argumentario y por atreverme a expresar ideas a las que a veces se les tiene un injustificado miedo.

9 de julio de 2019

Almorcé en el Congreso con Pedro Sánchez y Meritxell Batet. La comida comenzó con retraso porque esa mañana había tenido lugar el encuentro entre el presidente y Pablo Iglesias. Al terminar, Adriana Lastra había comparecido como portavoz del PSOE ante los medios y no era cuestión de perderse su intervención. Que, en todo caso, fue muy correcta y eficaz. Al terminar dejó caer la frase rotunda («Parece que Pablo Iglesias tiene más interés en hablar de ministerios que de política», o algo así) que sin duda obtuvo el resultado perseguido, que no era otro que ser el titular destacado por los periodistas que recogieran la noticia de su rueda de prensa.

Más allá de los comentarios concretos que nos hizo Pedro Sánchez respecto a su encuentro con Pablo Iglesias, lo que más me llamó la atención era la tranquilidad que transmitía. Creí percibirle contrariado por la deriva que estaban tomando las negociaciones, pero no preocupado en sentido grave. Lo que me hizo pensar que debía de tener la situación más controlada de lo que desde fuera parecía, o que podía introducir en su análisis de la situación elementos que a los demás se nos escapaban. Porque habría sido lógico que dispusiera de informaciones concretas de las que el resto no disponíamos o que, más en general, su conocimiento de la situación interna de los otros líderes en sus respectivas formaciones le permitiera anticipar el auténtico margen de maniobra del que disponían.

Por mi parte, ignorando el detalle de estos asuntos, que conocía únicamente a través de los medios de comunicación, se me hacía evidente que ni Iglesias ni Rivera ni Casado podían estar tranquilos confiando en que nadie de entre los suyos les va a intentar mover la silla. Por no mencionar que alguno de ellos (pienso en Rivera) parecía estar perdiendo, además, algunos de los apoyos externos, tanto de sectores mediáticos como económicos, que hasta ahora le respaldaban decididamente.

14 de julio de 2019

Era domingo, y los diarios venían repletos de análisis de la situación política en España, con el acento puesto, cómo no, en la tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a cuenta de los pactos para la investidura, el gobierno de coalición o de cooperación, la presencia o no de Pablo Iglesias como vicepresidente en el futuro Gobierno, etcétera.

Supongo que debía de estar influido por la lectura del libro de Enzo Traverso Melancolía de izquierda[29], pero el caso es que no podía evitar cierto sentimiento de melancolía a la vista de lo que estaba ocurriendo. Recordé el momento en el que, hacía entonces algo más de tres años, Meritxell Batet me propuso ir de número dos en las listas del PSC por Barcelona, y regresaron a mi cabeza los motivos que barajé para decidirme a aceptar su invitación. Uno, ciertamente importante, era que consideraba todo un privilegio poder presenciar (y, a la modesta escala de un diputado raso, protagonizar) lo que se barruntaba como una etapa histórica para la democracia española. Todo estaba abierto y, aunque los resultados socialistas en la convocatoria de finales de 2015 no llamaban a un optimismo desatado, no era inverosímil pensar que tal vez en la nueva legislatura se pudieran emprender las transformaciones de fondo, de diverso tipo, que nuestra sociedad reclamaba. Siguiendo con este planteamiento, llegué a creer, buscando argumentos para que mi íntima deliberación se decantara en algún sentido, que tal vez incluso me fuera dado asistir a esa segunda transición pendiente de la que tantos habían hablado.

Acepté, y aquella legislatura terminó dándonos la alegría del triunfo de la moción de censura a Rajoy, alegría a la que siguió otra por la victoria electoral del abril anterior. Sin embargo, no parecía estar abriéndose ante nosotros una nueva etapa política en el sentido más serio y hondamente cualitativo de la expresión. Es más, a lo que parecía que estábamos asistiendo era a una reedición de los momentos de mayor confusión y oscuridad del arranque de la XII.ª legislatura, con un tacticismo exasperado y un personalismo que solo podían provocar una profunda vergüenza ajena. Algunos creíamos que no podría superarse, en lo tocante a dicha vergüenza, la imagen de Pablo Iglesias en 2016 presentando, en su condición imaginaria de futuro vicepresidente, a los futuros ministros de Podemos, con sus respectivas carteras ya asignadas (por él, claro). Pero, como decía Woody Allen hablando de otra cosa no menos seria, los récords están para ser superados.

No caben ingenuidades al respecto. Ya sé que quienes actúan de la manera que estoy comentando (tacticista, personalista) suelen excusarse argumentando que esas son las reglas del juego, y que está muy bien apelar a determinados valores a la hora de pronunciar discursos. Pero, suelen continuar, si todos los implicados en este juego siguen las mismas reglas, apelar a otras supuestamente mejores es un mero flatus vocis que, por añadidura, puede comportarle a quien intentara jugar según ellas quedar descalificado de la partida.

Tal vez el argumento, tras su apariencia realista, lo que en realidad esconda sea una profunda inseguridad. No está escrito en parte alguna que quien se atreva a jugar con otras reglas vaya a salir perdiendo necesariamente. Así, en estos días no faltan voces que manifiestan su añoranza por aquellos políticos que eran capaces de anteponer una perspectiva de Estado al mero interés partidista. Cuando las escuchan, nuestros tacticistas ofrecen una sonrisa torcida y miran con condescendencia a quienes realizan tales planteamientos, dando por descontado que asumir semejante perspectiva representaría un sacrificio estéril, que no obtendría la menor compensación.

Sin embargo, no está tan claro que las cosas sean como ellos creen. Bastaría con pensar en el caso de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Su gesto de ceder sus tres votos a la candidatura de Colau y Collboni a la alcaldía con el exclusivo fin de que la ciudad no cayera en manos del independentismo, sin pedir nada a cambio, dejó al grueso de políticos y analistas con el pie cambiado. No eran, efectivamente, las reglas del juego a las que todos ellos estaban acostumbrados. De pronto, un actor político introducía en el debate un elemento relacionado con los principios que todos los demás habían desdeñado. ¿Que también el propio Valls lo hizo por interés y que su presunta generosidad no era tal? Es posible, pero no es a las intenciones que pudieran habitar en lo más profundo de su alma a lo que me estaba intentando referir, entre otras cosas, porque las ignoro por completo, sino al hecho de que, tal vez y en contra de lo que piensan gran parte de nuestros alicortos representantes políticos, el hecho de que alguien apele a razones de Estado o a valores para actuar de una manera diferente a como lo hace el resto es bien recibido por la ciudadanía. De hecho, el efecto que terminó causando la imprevista iniciativa de Valls fue que le permitió extraer de un resultado electoral sin duda decepcionante un triunfo personal, con su imagen política ciertamente reforzada. Con otras palabras: que no habría que descartar en absoluto que para un político tener mentalidad de estadista y comportarse como tal pueda resultar un negocio provechoso.

18 de julio de 2019

Maldades de mantenimiento. Ese jueves algún digital traía como grandes titulares a presunta noticia el escandaloso sueldo que cobran los senadores por no hacer nada. Afortunadamente, este tipo de comportamientos periodísticos no le pueden venir de nuevas a nadie. Recordé que, hace entonces algo más de tres años, en una de las primeras entrevistas que me hicieron cuando se hizo público que me presentaba a las elecciones generales al Congreso, el periodista me preguntó mi opinión acerca de los privilegios de los diputados. Le respondí que en cuanto me enterara de cuáles eran los tales privilegios contestaría a su pregunta, pero que de momento no tenía constancia de que existieran en sentido mínimamente propio.

No voy a entrar ahora en el detalle de los tópicos a este respecto, que, inicio de legislatura tras inicio de legislatura, se repiten de manera inmisericorde en muchos medios de comunicación, pues no me escandalizan. Lo que me escandaliza es que se sigan repitiendo por parte de profesionales que saben del carácter demagógico, cuando no directamente falso, de estos. Y, en un segundo escalón, no es que también me escandalice, sino que me preocupa que desde las instituciones nadie se moleste en salir al paso de esa lluvia fina e intoxicadora que no parece dispuesta a remitir.

Otra anécdota de refuerzo. Hace ya un tiempo, en un programa de televisión, más o menos ligero, se llevaba a cabo una encuesta improvisada sobre esos presuntos privilegios de los diputados, y se les preguntaba precisamente a algunos de ellos por asuntos tan «trascendentales» para el país como el modelo del móvil o de tableta que les había proporcionado el Congreso, la tarifa plana de la que disfrutaban cuando hacían uso de esos aparatos, la tarjeta de taxi de la que disponían para circular por Madrid, el hecho de que los billetes correspondientes a los viajes desde y hasta su circunscripción fueran abonados por las cámaras, etcétera. Buena parte de los entrevistados y entrevistadas parecían avergonzados por tanto privilegio, e incluso hubo quien tuvo interés en dejar claro que había renunciado a alguno de ellos o incluso a su totalidad.

Hasta que por fin entrevistaron a Ramón Jáuregui, quien, tras tener que manifestar alguna obviedad (si hablamos de herramientas necesarias para el desempeño de su actividad, el paralelismo está claro: ¿acaso los mecánicos tienen que traerse la llave inglesa de casa o se supone que se la proporciona el taller en el que trabajan?), informó del tipo de contratos que tenían las cámaras con las empresas de telefonía, transportes y otras; de las condiciones, muy ventajosas para el erario público, con que se habían firmado; del hecho de que, al cesar en el cargo los diputados devolvían tanto los teléfonos como las tabletas, y de otras realidades que desactivaban la práctica totalidad de las insinuaciones críticas. Pues bien, nunca más he vuelto a ver, escuchar o leer a nadie que salga en defensa de las instituciones y sus representantes en lo relativo a estos asuntos. Me llama la atención esto porque, en realidad y como acabo de señalar, ni siquiera haría falta que se echara mano de elaborados argumentos o de complicadas justificaciones: bastaría con que se informara de la realidad de los hechos.

Pero está claro que son pocos, no solo en los medios, sino también entre los mismos políticos, los interesados en disipar los malentendidos y desmentir las medias verdades que tanto se difunden. Si acaso, más bien al contrario. Así, durante un tiempo alguna fuerza política emergente podía verse haciendo gala, como si fuera su imagen de marca, su más genuina especificidad, de unas actitudes desatadamente «pobristas». Ya no la hacen tanto (o casi nada), es probable que por razones en la mente de todos, pero siempre hay alguien, y no de izquierdas de manera necesaria, dispuesto a tomarle el relevo. Así, en estos días Vox había declarado que no estaba dispuesta a que sus diputados cobrasen los complementos correspondientes a su condición de miembros de las diferentes comisiones hasta que estas entrasen en funcionamiento, y no desde su fecha de constitución. Cuando leo este tipo de declaraciones me ratifico en algo que planteé hace tiempo en el curso de la UNED en Portugalete sobre ejemplaridad: este concepto, lejos de clarificar el debate político, en el fondo no ha hecho otra cosa que confundirlo.

Sigo pensando que la virtud que necesitamos con carácter de urgencia es la de responsabilidad. No sé por qué, pero cada día desconfío más de aquellos a los que les hace ilusión ser ejemplares. Puestos a ser sinceros, reconozco mi debilidad por esos buenos que, pudiendo ser malos y obtener rédito de ello, renuncian a serlo, no los que son buenos porque no se atreven a ser otra cosa. Por no hablar, claro, de los que convierten la bondad en su particular negocio porque no creo que de eso se pueda predicar bondad en sentido mínimamente propio.

19 de julio de 2019

Quería pensar en esos días que los líderes políticos no viven aislados de la ciudadanía, escuchando únicamente a sus más fieles y a sus asesores, sino que disponen de algún tipo de sensores para detectar el estado de ánimo de la población. Me parecía evidente (teniendo cuidado en no confundir la opinión pública con la publicada, ni siquiera con la tertuliada) que entre la gente común y corriente se estaba generalizando un sentimiento de hartazgo, no ya solo por la agotadora duración de las negociaciones para la investidura, sino, tal vez sobre todo, por los términos en los que se estaba planteando.

No estaba seguro de que el envite que jugó Pedro Sánchez, con toda claridad, de que Pablo Iglesias era el escollo fundamental para alcanzar un acuerdo pudiera servir para desencallar en la dirección que fuera el asunto. No descartaba, por supuesto, que el líder de Podemos aceptara retirar su exigencia de formar parte del nuevo Gobierno. De hecho, me resultaba fácil imaginarme una de sus habituales intervenciones, esta vez en la clave frailuna que en ocasiones utiliza, fingiendo humildad y declarando algo así como que no quisiera ser él precisamente el obstáculo para que se formara un Gobierno de izquierdas, que cualquiera de sus compañeros lo puede hacer tan bien o mejor que él, que por responsabilidad daría un paso atrás, etcétera.

Pero, la verdad, tampoco descartaba que esa aparentemente generosa renuncia fuera un movimiento táctico para librarse del reproche de que, por segunda vez, su descontrolado egocentrismo era el responsable del fracaso de la negociación. En ese supuesto, a continuación, aliviado ya de ese peso crítico, podría ocurrir que Iglesias se dedicara a poner a Pedro Sánchez unas condiciones de imposible cumplimiento. Si este no las aceptara, sería él quien tendría que cargar con la responsabilidad del fracaso. Y si las aceptara, Pablo Iglesias se podría presentar ante los suyos como el líder que ha conseguido llevar a su formación a las más altas cotas de poder sin pedir personalmente nada a cambio. No veía yo esta hipótesis como la más probable, pero, atendiendo a la idiosincrasia del personaje, no me atrevía a descartarla por completo.

20 de julio de 2019

Algunos meses antes, lo ocurrido en aquellos días me hubiera movido a escribir un artículo que probablemente habría titulado «Pablo Iglesias: de zar a Rasputín», atendiendo al nuevo lugar que es de prever que ocupará en el organigrama de su propio partido y a las nuevas tareas a las que se diría que parece destinado. Pero mejor será que intente explicar el razonamiento del que se desprendió la ocurrencia del título.

En ese fin de semana que empezaba aquel sábado, en el que parecía que las noticias y rumores invitaban a suponer que finalmente habría acuerdo entre PSOE y Podemos para la investidura, me daba por imaginar que, al entrar en lo que iba a ser el último tramo de la negociación, algunos de sus protagonistas se habían puesto nerviosos, entrándoles lo que podríamos llamar el vértigo de la realidad. Lo denomino así para diferenciarlo del relato, que solo produce vértigos de mentirijillas (tipo «¿te imaginas que ocurriría si…?») y en el que las nuevas fuerzas políticas parecían instaladas desde el primer momento en que irrumpieron en la escena pública. Y no lo digo tan solo por el hecho de que convirtieran la Transición en el centro de sus respectivos relatos, en algún caso (Ciudadanos) creyéndose la viva reencarnación de alguno de sus protagonistas (Suárez, en este caso, por lo que respecta a Rivera) como modelo a seguir, sino por algo quizá menos evidente pero que a mí, que pude seguir aquella etapa de nuestra historia con todo detalle, no me ofrecía la menor duda. En realidad, la Transición, más allá de sus diferentes valoraciones, siempre les sirvió de guion, hasta el punto de que utilizaban incluso las palabras de sus protagonistas de entonces (qué le vamos a hacer: hoy en día, ¡ay!, todo está en internet) para afrontar las diversas situaciones que se iban produciendo. En el fondo, no tenía nada de extraño ese inconfesado seguidismo respecto al pasado; en realidad, estos presuntos nuevos nunca quisieron de veras que llegara el futuro: solo querían que se repitiera el pasado (el que les habían contado sus respectivos mayores, por cierto), pero esta vez con ellos como protagonistas.

Precisamente por eso, no me extrañaba que un determinado sector de esos nuevos, el representado por Podemos, no pareciera ser consciente de la novedad que se estaba produciendo en aquellos momentos. Porque lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo (me atrevería a decir que desde el 15-M, en el que ellos, por cierto, no tuvieron el menor protagonismo, aunque se lo hayan querido apropiar luego con efectos retroactivos), tenía la sensación de que estábamos entrando en terreno ignoto, para cuya travesía los actores recién llegados iban a tener que buscar nuevos modelos que poder copiar, agotada como había quedado la práctica de los inconfesados remakes de la Transición, en la que se habían convertido en auténticos expertos.

Si es cierto lo que afirmaba Churchill de que un buen acuerdo es aquel que deja a todas las partes moderadamente insatisfechas, tal vez había motivos para respirar aliviados. Al menos en el sentido de que parecería estarse abriendo ante nuestros ojos en aquellos días la posibilidad de sustituir el alboroto político y el estruendo mediático, que amenazaban ambos con cronificarse, por cierto sosiego. Lo de menos, si se conseguía eso, sería la poco edificante manera en que habríamos llegado hasta ahí, con las dos partes calculando qué tipo de acuerdo causaba mayores daños al contrario. Eso sí, en el fondo, bien está lo que bien acaba.

Acepto, por supuesto, que los habría, en ambos bandos de la negociación, que pensasen que la descripción anterior no era correcta, y que a lo que habíamos asistido en aquellos días habían sido audaces jugadas protagonizadas por grandes estadistas con visión de futuro. Este empeño en convertir en designio o maniobra de largo alcance lo que en realidad era contingente o azaroso parecía estar bastante arraigado en los ciudadanos. Pero en Cataluña ya habíamos pasado por esto y habíamos visto que carecía del menor fundamento el supuesto de que la realidad no podía ser tan disparatada como parecía, y que alguien con sentido común seguro que estaba al mando y tenía un plan razonable que acabaría dando sentido a lo que a todas luces parecía absurdo.

Tal vez no habría que ser demasiado duro con esta expectativa, en el fondo confiada, de la ciudadanía. A lo mejor incluso tiene algo de saludable desde el punto de vista democrático que la sociedad todavía conserve cierto grado de confianza en sus representantes políticos y prefiera atribuirles ocultas capacidades antes que manifiesta incompetencia. Pero también en este punto convendría no pasarse de frenada y dar por descontado sin pruebas que todo responde siempre a un plan, porque, en ocasiones, por esta vía se termina desembocando en concepciones conspiranoicas de la historia en la que la idea misma del azar acaba por resultar sospechosa.

El añorado Alfredo Pérez Rubalcaba se reía mucho de quienes se empeñaban en leer bajo este tipo de claves el curso de los acontecimientos. La pizarra de Suresnes, el cuaderno secreto de Torcuato Fernández Miranda, el documento interno de la Convergencia del Pujol de principios de los ochenta en el que diseñaba el camino hacia la independencia para tres décadas después, y otros planteamientos semejantes le parecían al gran político socialista fantasiosas especulaciones propias de quien solo conoce de oídas el día a día de la política. Día a día en el que uno, comentaba, bastante tiene con intentar solucionar los múltiples problemas que le van surgiendo de manera constante y desordenada como para poder dedicarse a diseñar ambiciosas arquitecturas de futuro.

Aunque tal vez semejantes tentaciones especulativo-conspiranoicas, al igual que los esfuerzos por proyectar profunda inteligencia y luces largas en unas decisiones que a menudo apenas representan otra cosa que un mero intento de salir del paso, se expliquen desde otro lugar. Quizá lo que suceda sea que resultan expresivas de una tendencia profunda del ser humano que Nietzsche, en el primer aforismo del libro primero de Aurora (1881), titulado «Razón ulterior», describía así: «Todo lo que pervive durante mucho tiempo se ha ido cargando poco a poco de razón, hasta el extremo de que nos resulta inverosímil que en su origen fuera una sinrazón[30]». Es solo una hipótesis, pero me reconocerán que plausible.

21 de julio de 2019

No sé qué les ocurrirá a los ciudadanos poco interesados en la política, pero a los que sí lo estamos no nos resulta fácil orientarnos en medio de tanto estruendo y tanta confusión, especialmente si intentamos hacerlo atendiendo a lo que los medios de comunicación van refiriendo. Cada paso de una negociación es valorado de diferente manera según la particular opción del analista, que, por descontado, niega tener opción alguna y declara atenerse pulcramente a lo que los hechos le sugieren. Hace tiempo que la diferencia entre información y opinión saltó por los aires, pero es que, además, esta última se encuentra cada vez más electrificada.

Vi un rato por la noche un programa de debate político y me sorprendió escuchar la interpretación que hicieron algunos de los comentaristas que intervinieron en él. Como el presentador siguió la costumbre —cuya utilidad no consigo entender, pero que, por lo visto, agrada mucho a algunos de ellos— de pedir un titular a los colaboradores, las respuestas que iba obteniendo de ellos no dejaban de generarme cierta perplejidad. Eran titulares del tipo: «Gran triunfo de Pablo Iglesias», «Jugada maestra del líder de Podemos», «Pedro Sánchez contra las cuerdas» y así sucesivamente.

No es menos cierto que quienes más enfatizan el éxito de uno y el fracaso de otro son comentaristas inequívocamente alineados con posiciones conservadoras. Como lo es que a dichos comentaristas no les he escuchado desde que apareció Podemos otra cosa que elogios a Pablo Iglesias. Tal vez se los merezca —no voy a entrar en ello ahora—, pero lo que me parece lógicamente insostenible es que haya podido acertar en todas las decisiones que ha tomado, incluidas las que le han llevado a su notable declive actual. En realidad, los defensores de Pablo Iglesias en la derecha suelen manejar dos tipos de argumentos, de parecida inconsistencia.

Uno es el desatadamente hiperbólico, que le atribuye al líder de Podemos cualidades de tal magnitud e importancia que, de creer a quienes lo usan, nos encontraríamos ante un cruce entre Bismarck y Hegel. El otro es de corte más bien minimalista y tiende a sustanciarse en la afirmación de que «Pablo Iglesias no es tonto», como si el mundo se dividiera entre listos y tontos, quedándose estos últimos con la totalidad de los errores posibles y los primeros con la de los aciertos. Plantean la realidad los amantes de este simplista argumento como si les resultara de todo punto inconcebible, desde el punto de vista lógico, que una persona inteligente pudiera cometer errores o, a la inversa, que alguien de escasas luces fuera capaz de tomar una decisión acertada alguna vez. Más clarificador resultaría que, en vez de plantearlo todo de esta manera, se preguntaran si los seres humanos en general (y los responsables políticos en particular, claro está) actúan siempre como agentes racionales. De inmediato tendrían que aceptar que no ha lugar a una respuesta inequívocamente positiva, lo que no convierte a aquellos de manera automática y por completo en unos insensatos irracionales. De vez en cuando, introducir matices en los análisis no viene del todo mal.

Me comentaba por aquellos días en una conversación privada una acreditada profesional de la comunicación que los periodistas tienen también pendiente una reflexión sobre su responsabilidad en la vida pública. Si fuéramos al límite, a los casos en los que se habrían excedido, parece claro, como reconocía Lluís Bassets en el encuentro de El Escorial al que antes he hecho referencia, que ese tan reiterado ideal de autorregulación de los propios medios de comunicación que con tanta frecuencia defienden algunos de sus profesionales, sobre todo cuando se plantea cualquier forma de control legal sobre sus prácticas, ha fracasado estrepitosamente, y casi no tiene sentido continuar proponiéndolo si además pensamos en lo que ha cambiado todo el escenario comunicativo desde la irrupción de internet y las redes sociales. Pero, aun sin llegar a ese límite, y permaneciendo en el ámbito de lo perfectamente legítimo, parece claro que los hay que, desde los medios, aspiran a convertirse en auténticos líderes de opinión, esto es, a intervenir en la conformación de la opinión pública o, si se prefiere, a inducir determinadas perspectivas o puntos de vista. Nada que objetar si, en primer lugar, declararan su propósito y, en segundo, estuvieran dispuestos a someterse a la misma crítica que cualquier representante político. Porque no deja de llamar la atención que a aquellos que muchas veces se dedican a recordar las afirmaciones y tomas de posición en general de los responsables de los partidos en el pasado nunca se les recuerde sus afirmaciones y tomas de posición, en muchos casos tan desacertadas como las de estos últimos.

22 de julio de 2019

Este día comenzaba el debate de investidura. Buena parte de los medios venían con la valoración tomada de casa. Los más conservadores parecían seguir todos la misma estrategia argumentativa. Como cualquier negociación implica una cesión (en una entrada anterior citábamos a Churchill hablando de esto), se dedicaron a afirmar que aquello que había cedido el PSOE era precisamente lo que quería Podemos, y aquello que había cedido este en realidad carecía de todo valor. Incluso hubo quien llegó a afirmar que este saldo era el que buscaba Pablo Iglesias desde el principio (bueno, en realidad, van diciendo lo mismo de la nueva posición conforme va cambiando este). Probablemente un filósofo le llamaría a esto «pura teleología invertida». Aunque también le cuadraría denominarlo «concepción conspirativa en estado puro». Lo que terminó por suceder, aunque parezca suceder por casualidad, era lo que desde el primer momento perseguía el protagonista que al conspirador le cae más simpático.

Como era de suponer, el debate gravitó alrededor de los dos partidos de izquierda. Los de derecha, a pesar de ser interpelados reiteradamente por el candidato, silbaban y miraban al techo, como si la cosa no fuera con ellos. Iban a votar que no, anunciaron desde el principio, y las invitaciones a abstenerse para que hubiese Gobierno y quedase ahuyentado el fantasma de la repetición de elecciones las consideraban auténticos cantos de sirena a los que no hacer el menor caso. Pablo Casado parecía irse asentando como líder del PP y Rivera estaba cada vez más fuera de control. Como dijo alguno de los suyos, no acertó ni en la estrategia ni en el tono. Hablar, como él hace, de «Sánchez y su banda» es algo que si a alguien desautoriza es a quien es capaz de utilizar semejantes expresiones, impropias de un responsable político que se precie como tal.

Pero es que, además, el patinazo con el que inició su intervención fue de los que hacen época. «Puro teatro» fueron sus primeras palabras, en las que acreditó que Dios no le había llamado por la senda de las profecías. Según Rivera, todo había sido ya acordado entre PSOE y Podemos en la que, con presunto ingenio, denominó la «habitación del pánico». Por suerte para él, quienes podrían haberle reprochado días después la ligereza de sus palabras, esto es, otros líderes políticos y algunos de nuestros sesudos analistas, no estuvieron por la labor y el patinazo pasó desapercibido, no significándole al líder de Ciudadanos el menor coste político.

Pablo Iglesias terminó su enfrentamiento con Pedro Sánchez haciendo públicas las negociaciones que habían tenido lugar ese mismo día, las ofertas que Podemos había ido presentando y que, en su versión, el PSOE había ido rechazando. No parece, desde luego, que desvelar unas negociaciones que el mismo que las desvela había reclamado antes que fueran discretas constituya un modelo de coherencia, lealtad y elegancia. Pero, para mi sorpresa, el candidato declinó responder. Algunos me dijeron que la intervención de Iglesias le había irritado profundamente y prefería no exponerse a ser demasiado duro en su respuesta. Es una razón, desde luego, pero a mi juicio no del todo convincente. La última palabra es la que termina resonando en la cabeza de la gente, la versión con la que se queda y la que finalmente recuerda. Además, cabía la posibilidad de que alguien interpretara que quien calla otorga o, para terminar con las contraindicaciones del silencio, que entendiera que no responder era una forma de desdén y, por tanto, de falta de respeto. El caso es que, al finalizar la sesión, buena parte de diputados socialistas comentaron, cabizbajos, que ese día se había perdido la batalla del relato en beneficio de Podemos.

25 de julio de 2019

Idea-fuerza frente a relato (o concepto frente a discurso). Cuando algunos comentaban el primer día del debate de investidura lo del relato (concepto que bien se podría sustituir por versión, pero no es cuestión de ponerse ahora pejigueros con esto), tal vez estaban valorando equivocadamente los recursos argumentativos disponibles para cualquiera que entre a participar en cualquier discusión. Es cierto que el primer día el PSOE no había conseguido hilvanar del todo bien el sentido de las diferentes propuestas que le había ido presentando a Podemos, modificaciones que eran interpretadas sistemáticamente por estos como cesiones que demostraban la falsedad de los planteamientos socialistas precedentes.

Aunque había cierto ventajismo en esta interpretación no es menos cierto que a veces la argumentación de los portavoces socialistas dejaba algunos flancos para la crítica. Así, por poner un solo ejemplo, rechazar la presencia de Pablo Iglesias en la dirección del Estado con el argumento de la incompatibilidad de sus posiciones sobre Cataluña con las sostenidas por el Gobierno se compadecía mal con aceptar la presencia de otros miembros de la dirección de Podemos que compartían las mismas posiciones que su secretario general.

Por supuesto que el PSOE intentaba revertir la interpretación que hacía Podemos de esa misma secuencia de cesiones, atribuyéndole el signo contrario: por más que nosotros cedíamos, venían a decir, ustedes nunca tenían suficiente. Pero en el fondo enredarse en esta discusión era aceptar la cancha diseñada por el otro o, tal vez mejor dicho, servirse de las herramientas en realidad menos útiles para sus propósitos. Porque habría que plantearse seriamente si esa categoría de relato, tan jaleada por muchos de un tiempo a esta parte, no será una herramienta de escasa utilidad en los tiempos que corren. Como mínimo por dos motivos.

El primero sería el de que, si el relato, tal como se tiende a entender últimamente, aspira a articular una secuencia de sucesos, acontecimientos o hechos de tal manera que al final emerja un sentido o dirección que los hilvane a todos, mal podrá llevar a cabo un tal propósito de no conseguir, de salida, dejar establecidos con claridad cuáles son los sucesos, acontecimientos o hechos a los que pretende dotar de un sentido. Y esa premisa, que antaño podía parecer de todo punto obvia, se ha tornado absolutamente cuestionable desde el momento en el que, en tiempos de hechos alternativos y posverdades varias, nada puede quedar establecido con toda nitidez. Lo ocurrido en aquellos días proporcionó un magnífico ejemplo de lo que estamos señalando. A cualquier observador mínimamente imparcial el relato de los mismos hechos presentado por ambas partes se le antojaría relato de hechos diferentes, de tantos como son los desmentidos y versiones radicalmente distintas de ellos que se han presentado.

Pero que los hechos ya no sean de fiar no es el único motivo de la obsolescencia de los relatos. Junto al indicado, habría que señalar, como mínimo, otro. Y es que, sin ninguna duda, «narrativizar» (por utilizar la categoría del filósofo de la historia estadounidense Hayden White[31], categoría que él contraponía a la de «narrar», entendida como mero informe de lo que entrega la evidencia), en la medida en que equivale a imponer a los hechos la forma de un relato, implica una tarea ciertamente complicada. Porque hay que inyectar en aquellos una estructura inicio-intermedio-fin (o planteamiento-nudo-desenlace, si así lo prefieren), introduciendo en la secuencia una sucesión causal o multicausal. El principal reproche que se le puede hacer a semejante constructo es el de que resulta extremadamente vulnerable a la crítica y a la argumentación, lo que, en el mejor de los casos, desactiva la contundencia persuasiva perseguida por el relato. Antes aludimos a la réplica planteada por Podemos a la exigencia socialista de que Pablo Iglesias no formara parte del nuevo Gobierno, señalando que los posibles ministros de la formación morada comparten las mismas posiciones políticas que su secretario general. Podría ser una buena ilustración de que las grietas argumentativas pueden terminar afectando seriamente a la solidez y la estabilidad de ese edificio narrativo que es el relato.

Se diría que algo de esto debieron de percibir en algún momento del debate de investidura los portavoces del PSOE porque, en efecto, la cosa solo experimentó un giro cuando lo que el PSOE opuso a la versión (o relato) de lo sucedido que presentaba Podemos consistió en un par de ideas-fuerza. Fue entonces cuando verdaderamente la hegemonía de la interpretación cambió de signo. La primera idea-fuerza era: lo que al final va a quedar fijado en la retina de la gente es que usted, señor Iglesias, ha vuelto a impedir, de nuevo, como en 2016, el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando está en su mano que haya un gobierno de izquierda, usted dinamita, de manera sistemática, esa posibilidad. La segunda idea fuerza, de formulación retórica y sin duda eficaz, adoptaba formas como estas: ¿cómo puede calificar de «florero» (expresión utilizada días antes por Pablo Iglesias) un ministerio como el de Igualdad?, ¿cómo puede desdeñar usted un ministerio tan importante hoy para tantos ciudadanos, especialmente para los jóvenes, como el de Vivienda?, ¿en qué cabeza cabe que le haga ascos a un ministerio que gestiona algo fundamental en la vida de la gente, y que representa la auténtica joya de la corona de nuestro Estado del bienestar, como es el de Sanidad? Las expresiones de unos y de otros cuando acabó todo dejó claro que, en el combate entre relato e ideas-fuerza, la victoria había caído del lado de estas últimas.

No estoy diciendo —espero que se me entienda— que la idea de relato en cuanto tal haya quedado obsoleta por completo. Lo que pretendo señalar es que ha quedado obsoleta como herramienta o arma para el debate político. Como creo haber dicho ya algo respecto a esto último, se me permitirá, aunque solo sea por deformación profesional, una puntualización respecto a lo primero. Por ir al grano: creo que sigue siendo válida la tesis defendida por Paul Ricoeur en su libro Tiempo y narración según la cual el mundo de la experiencia humana (real) posee una estructura prenarrativa, es decir, es una historia no contada todavía, sobre la cual, por decirlo con sus propias palabras, «la narración resignifica lo que ya ha sido presignificado en el plano del obrar humano[32]». Es distinto, en esto evidentemente no procede entrar, a qué dimensión de esa experiencia humana le atribuimos una estructura prenarrativa. Los hay que querrían atribuírsela a la totalidad de la vida humana (suelen ser los mismos que gustan de empezar a contar la suya propia en términos macroteleológicos del tipo «Ya desde muy pequeño…»). Quizá este empeño sea el más discutible, en especial en los tiempos que nos está tocando vivir, de precariedad generalizada en absolutamente todos los órdenes, pero cuestionar tan desmesurada ambición no implica renunciar por completo a este planteamiento. Tal vez ya no seamos, como gustaba de afirmar Ortega, novelistas de nosotros mismos. Pero quizá sí seamos los autores de una sucesión de relatos cortos, los que cuentan y justifican las diferentes etapas de nuestra vida.

27 de julio de 2019

Es curioso: tan pendientes como estaban muchos de ver quién perdía más en el caso de elecciones anticipadas, se olvidaron de hacerse la pregunta, previa, de quién perdía más en el caso de una investidura fallida.

Alberto Garzón, el líder de IU, pareció haberlo entendido enseguida. El día anterior mismo, su formación hizo público un comunicado en el que abogaba por pactar un programa con el PSOE y olvidarse del reparto de cargos, contencioso que tan mala imagen ha terminado dejando incluso entre sus propias bases. Se comprende la reacción de Garzón. Por varios motivos. En primer lugar, resulta evidente que aparecer como el mero subalterno de alguien como Pablo Iglesias, que, sobre todo tras el fracaso de la investidura, que se encontraba en horas francamente bajas según comentaban todos los analistas, no parecía el mejor negocio político. Máxime cuando eso implicaba regalarle el papel de izquierdista-moderadoy-razonable-dispuesto-a-pactar-con-el-PSOE a Íñigo Errejón. ¿Por qué Garzón le iba a regalar ese papel cuando, tan solo propiciando que se iniciara la legislatura (y, por tanto, impidiendo que Errejón accediera al Congreso de los Diputados), ya podría al menos intentar quedárselo para sí?

El segundo motivo es de diferente naturaleza, pero tal vez de mayor calado. Se ha prestado, a mi juicio, poca atención a una frase de Pablo Iglesias que, desde el punto de vista político-ideológico, resultaba ciertamente reveladora. Cuando el debate de investidura daba sus últimas boqueadas, el líder de Podemos describió la relación de su formación con el PSOE en unos términos que deslizaban supuestos dignos de mención: afirmó que Podemos debía su existencia a los errores de aquel. Es cierto que, ya con poco tiempo disponible para las réplicas, Pedro Sánchez le señaló que, desde la Transición, siempre hubo una formación a la izquierda del PSOE. Se llamó de diferentes formas, pero en sustancia era siempre la misma.

Si acabo de escribir «supuestos» en plural es porque hay más de uno operando tras la afirmación de Pablo Iglesias. Por lo pronto, supone sostener que, de no haber cometido el PSOE determinados errores a partir de cierto momento (se da por descontado que en la segunda década de este siglo, que es cuando aparece Podemos), la formación que ahora lidera Iglesias ni siquiera existiría. Pero ello implica mantener que Podemos nada tiene que ver con aquellas otras fuerzas que antes ocupaban ese mismo espacio y a cuya tradición política todo el mundo suponía que él mismo pertenecía. ¿O acaso no es cierto que Iglesias procede de las juventudes comunistas?, ¿a qué venían aquellos emocionados elogios a Julio Anguita de hace un tiempo, de los que hubo sobrada constancia en los medios, si nada tiene que ver su pensamiento con toda esa cultura política, proveniente en última instancia de la III. ª Internacional?

No se trata de señalar contradicciones personales, sino rasgos estructurales de su discurso. De hecho, la insistencia tanto de Iglesias como de otros responsables de Podemos en que el PSOE no es de fiar y que en cuanto puede corre a lanzarse a los brazos de la derecha para pactar con ella sus políticas sociales responde a la misma matriz discursiva de la vieja crítica comunista a la socialdemocracia por traicionar los auténticos intereses de la clase obrera, de la que solo aquella sería su fiel representante. Pero no solo la letra de la intervención de Iglesias retrotraía al pasado: también la música, henchida de términos grandilocuentes y trompeteros, como, sobre todo, «humillación», «rendición» y similares, evocaba el lenguaje de la agitación política, típico de la Europa de entreguerras.

Por último, la mencionada afirmación de Iglesias respecto al origen de su propio partido implica dar un carpetazo —entiendo que definitivo— a lo que fue una de las señas de identidad política de Podemos, uno de sus argumentos fundacionales favoritos y por el que adquirieron especial notoriedad pública. Me refiero a su crítica a la Transición (crítica que constituía una auténtica enmienda a la totalidad de la herencia recibida). Pues bien, nada queda ya de ella, últimamente sepultada tras unos entusiastas elogios a la Constitución, que —«cosas veredes»— durante el debate de investidura, como ocurrió a lo largo de la pasada campaña electoral, Iglesias llegó a presentar como el eje e inspiración de sus propuestas programáticas. Por esta vía, no hay que descartar que dentro de no mucho su formación se plantee cambiar de nombre y lleve a cabo una consulta entre las bases planteándoles la propuesta de pasar a denominarse PSOE auténtico (o cosa parecida).

29 de julio de 2019

Quiénes desde los medios de comunicación, hacía entonces exactamente una semana, se dedicaban a interpretar cuanto iba sucediendo en las negociaciones (fuera esto lo que fuera, incluso lo más imprevisto) como precisamente el objetivo buscado por Pablo Iglesias haciendo gala de su extraordinaria inteligencia estratégica se plantean ahora menos autocrítica que los mismísimos partidos políticos.

De un día para otro, esos mismos analistas y comentaristas de la actualidad se pasaron al lenguaje de la decepción global, de la impugnación de los políticos o de la clase política en general, sin apenas matices ni distingos. Aunque también los había que, ya que el asunto se había saldado con un fracaso, de pronto le endosaban el grueso de su responsabilidad a Pedro Sánchez. No es que pretenda yo ahora entrar en la materialidad de esta tesis, sino en la formalidad de su argumentación. Pues, en este segundo caso, los medios habrían pasado de considerar al presidente en funciones como un político mediocre y sin recursos, y al que el líder de Podemos no dejaba de dar lecciones de inteligencia estratégica e incluso de astucia, a presentarlo como un perverso narcisista dispuesto a acabar con las ilusiones de tantos españoles (Pablo Iglesias incluido) con tal de continuar en la poltrona de la Moncloa.

Sin embargo, siguiendo con esta consideración puramente formal de algunas de las argumentaciones más repetidas en aquellos días, una cosa parece clara. Por más que se propendiera al ventajismo de ir explicando el pasado a partir de lo que terminó por suceder, lo cierto es que el desenlace de la investidura, aunque se interpretase como una etapa volante a la espera de cómo se resuelva todo al final de la carrera, dejó a estos dos responsables políticos en una situación muy diferente. Ni los más fervorosos palmeros de Pablo Iglesias (algunos de ellos, como se comentó, situados en una derecha profundamente conservadora) se atreven a describir en términos positivos para él lo que sucedió aquel pasado jueves en el hemiciclo del Congreso.

¿Significa esto que todas las virtudes y aciertos que unos atribuían al líder de Podemos deberían haberle sido transferidos en su totalidad a Pedro Sánchez? Es obvio que hacerlo significaría incurrir en una lógica argumentativa cuya inconsistencia se ha intentado mostrar en estas líneas. Frente a ella, de mayor utilidad nos será recordar la definición de estrategia presentada por Lawrence Freedman en su libro Estrategia. Una historia: «La estrategia es el arte de crear poder[33]». Bien podríamos decir entonces que, en este particular duelo, Pedro Sánchez ganó a alguien y algo. ¿Qué, en concreto? Ganó tiempo. No tiempo vacío, no mero durar, sino tiempo cargado de poder. Tiempo en el que, a diferencia de su rival, poder diseñar y darse nuevas oportunidades. Eso no garantiza, claro está, que las cosas le vayan a salir a su plena satisfacción, pero ahora sí que el desenlace depende mucho más de sus propios errores y aciertos que de los movimientos de un rival al que no le va a resultar fácil levantarse de la lona.

30 de julio de 2019

Insistía mucho la flamante portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en calificar de reaccionaria a la izquierda. Sin duda, recogió la idea de Félix Ovejero, quien en reiteradas ocasiones ha utilizado la expresión «izquierda reaccionaria» para referirse fundamentalmente a la actitud de esta con el nacionalismo. Por supuesto que dicha reflexión es no solo atendible, sino más que pertinente en muchos casos. De idéntica forma que también cabría aplicarla a los posicionamientos que en diversos momentos ha podido adoptar esa misma izquierda respecto a otros asuntos.

Pero utilizar lo que son consideraciones críticas respecto a asuntos concretos como si se tratara de una descalificación global o, si se prefiere, una enmienda a la totalidad de la izquierda no deja de constituir una grosera torpeza argumentativa, que se hace evidente, además, en el momento en que la diputada popular extrae de la descalificación la conclusión de que quien de veras es progresista es la derecha. Como no pertenezco al grupo de los que proclamó la alerta antifascista[34] ni nada parecido cuando irrumpió en escena Vox, me siento autorizado a decirlo: tiene su cuajo que pretenda no solo descalificar a la izquierda por reaccionaria, sino autoproclamarse progresista la portavoz de una fuerza política que no tiene el menor inconveniente en pactar con la extrema derecha y que incluso reconoce que esta no deja de ser una oveja descarriada que terminará volviendo al redil de Génova, de donde nunca debió escapar.

En el fondo, esto pasa por aplicar mecánicamente y sin el menor criterio teórico propio los planteamientos de alguien como Félix Ovejero, que viene de una tradición científica y emancipatoria que en modo alguno es desde la que piensa la portavoz conservadora. Lo que se hizo más evidente aún —si es que hacía falta mayor evidencia— cuando esta se atrevió a decir no ya que estar fuera de la alianza de las derechas es estar fuera del constitucionalismo, sino que equivale a estar fuera ¡de la razón misma! Esta mujer está tan preocupada por parecer brillante con las palabras que a menudo se le olvida ser consistente con los argumentos. Promete tardes de gloria.

5 de agosto de 2019

Estaba siendo aquel un agosto ciertamente peculiar. Cumplía con los rasgos más habituales de cualquier otro agosto, con las grandes ciudades en buena medida vaciadas de sus residentes habituales, pero reemplazadas por enjambres de turistas, que ocupan sobre todo sus centros históricos. Los lugares de playa experimentaron la invasión habitual en esa época del año y la preceptiva huelga de personal de tierra en el aeropuerto del Prat permitía a cualquier espectador de televisión comprobar que las escapadas al extranjero por parte de los ciudadanos españoles no parecían haber disminuido, o al menos no de forma significativa. Por su parte, los diarios habían visto reducido su tamaño, como suele ser habitual en este mes, y abundaban los reportajes sobre temas inequívocamente veraniegos (helados con sabores nunca antes imaginados, nuevas formas de preparar la sangría, las mejores terrazas de la ciudad, playas nudistas poco visitadas…).

Pero ello no significa que, como otros años, la política hubiera desaparecido del espacio público. La portavoz del Gobierno ya anunció que los ministros no tendrían más días de asueto que los que les permitiera el puente del 15 de agosto, así que el resto de los responsables políticos de otras formaciones se vieron obligados a transitar por la misma senda o, de tomar otra, hacerlo de incógnito. Lo propio ocurría en los espacios dedicados a la política en los medios de comunicación. Aunque sus directores y directoras disfrutasen de unas merecidas vacaciones, el tono que se intentaba imprimir a los programas parecía regido por la consigna «aquí seguimos todos al pie del cañón».

Luego los acontecimientos mismos no daban de sí tanto, pero había que mantener la ficción de la intensidad. De manera que cuando la actualidad propiamente dicha no proporciona materiales para alimentar la tensión, se recurre a la consabida crítica a los políticos, que ya se sabe que son la condensación de todos los males patrios. Al margen de que aquellos, según las encuestas del CIS, se hubiesen alzado por propios merecimientos a la segunda posición en el ranking de los problemas que más preocupan a los ciudadanos españoles, lo cierto es que, como grupo, se habían constituido en el chivo expiatorio por excelencia en nuestro país.

Hay que reconocer que cumplen a la perfección con ese papel, como lo prueba el hecho de que, hagan lo que hagan, obtienen un rotundo reproche social. Así, cuando las formaciones a las que pertenecen intentan llevar a cabo acuerdos con otras fuerzas políticas algo alejadas de su ideario básico, de inmediato suelen ser criticados con acidez por su ausencia de principios, por su cinismo al pactar incluso con los que más alejados están de ellos, y así sucesivamente. Pero no hay que preocuparse: si actuaran de otra manera, más intransigente para entendernos, también serían criticados, con otros motivos pero con idéntica energía y acidez. En este otro caso, el reproche sería el de su absoluta incapacidad para pactar y llegar a acuerdos, su dogmatismo irreductible, y así siempre.

No estoy pretendiendo eximir de su responsabilidad a ningún dirigente político, sino llamar la atención sobre el hecho de que el ciudadano también tiene la suya, aunque sea infinitamente menor comparada con la del primero. Pero en todo caso, alguna —la que le corresponda— tiene. La situación recuerda mucho a la de esos ciudadanos anónimos que en la barra del bar, al escuchar la noticia de que un responsable político ha sido procesado por corrupción, despotrican hasta quedarse afónicos contra todos los representantes de la ciudadanía sin excepción, pero que luego, una vez que han apurado su caña de cerveza, corren a la puerta de los juzgados de su localidad a animar al futbolista de su equipo favorito al que Hacienda acusa de haber llevado a cabo todo tipo de trapacerías contables con tal de eludir el pago de impuestos.

8 de agosto de 2019

Si algo parecía claro a aquellas alturas, pasados ya tres meses largos desde las últimas elecciones generales, era que aquella expectativa que algunos, de forma ingenua, albergábamos al conocer el resultado, esto es, la de que por fin íbamos a tener, tras tanto ruido y tanta furia precedentes, una legislativa más o menos tranquila, de las de antes, se desvaneció por completo. La legislatura, si la había, sería corta y convulsa en cualquier caso. La opción había dejado de ser, de manera definitiva, la de conseguir algún tipo de pipa de la paz entre todos los contendientes, para pasar a ser la de acordar cuándo empezábamos la guerra.

Porque guerra la iba a haber con total seguridad. Podría empezar en cuanto se convocara la repetición de elecciones o cuando eventualmente el candidato superase la investidura. Además, se desarrollaría en diversos escenarios. Por un lado, la oposición de entonces, que andaba reiterándole a Pedro Sánchez la invitación a que pactara con Podemos, ya tenía preparado, para el día siguiente a que ello ocurriera, el argumentario en el que se le acusaría de pactar con los comunistas. De hecho, su nueva portavoz ya andaba rebuscando entre los libros de su biblioteca los adjetivos presuntamente más agudos e hirientes con los que castigar al miembro del Gobierno que hubiese en cada momento.

Pero, por otro lado, no cabía descartar a aquellas alturas que Podemos decidiese que le traía más a cuenta quedarse con el papel de auténtica y genuina oposición de izquierdas que correr el riesgo de desgastarse en el Gobierno al tener que asumir medidas que pudieran dañar su perfil más radical. En ese caso, su voto a Pedro Sánchez estaría destinado exclusivamente a que superara el trámite de la investidura, pero en ningún caso implicaría un compromiso de legislatura. De esta manera, Pablo Iglesias ganaría tiempo para intentar recomponer su maltrecho proyecto político explotando el recurso izquierdista (de viejo indignado, a fin de cuentas), que es el que, visto el desenlace con perspectiva, mejor resultado le había dado hasta el momento. Además, ello le ahorraría tener que pasar por el trágala de aceptar una oferta que hacía pocas semanas había rechazado entre grandes aspavientos de escándalo. En efecto, no tendría fácil argumentar ante los suyos por qué razón lo que antes le había parecido poco menos que una humillación y una falta de respeto intolerables ahora resultaba perfectamente aceptable. Mejor entonces, en esa tesitura, limitarse a aceptar que el PSOE formase Gobierno y, al día siguiente de constituido este, erigirse en la única fuerza política que defiende en el Congreso de los Diputados los intereses de los sectores desfavorecidos, y aparecer así como el azote inmisericorde de los desfallecimientos de los socialdemócratas.

12 de agosto de 2019

Una vez que Pedro Sánchez anunció que hasta finales de aquel mes de agosto o principios de septiembre no presentaría a las fuerzas políticas la nueva formulación de su programa, se abrió un compás de espera en el que nada nuevo, fuera de ocasionales declaraciones de unos y de otros, cabía esperar. Tal vez lo más llamativo a aquellas alturas fuese precisamente lo poco que se estaba hablando de la situación en Cataluña, a un mes de la Diada.

Sobre el papel, la Diada de aquel año debía ser el momento en el que el independentismo llevara a cabo el ensayo general del golpe de efecto que siempre se supuso que tendría lugar cuando se hiciera pública la sentencia del procés. Yo mismo, lo reconozco, pertenecía al grupo de los convencidos de que el Govern de la Generalitat no dejaría pasar la oportunidad de aprovechar un estado de intensa movilización colectiva tras una presumible condena de los líderes independentistas para convocar elecciones. Sin embargo, las querellas internas en el seno del independentismo parecían estar bloqueando un acuerdo al respecto. Aquellos días leía que Puigdemont, ante la perspectiva de una victoria de ERC anunciada por la práctica totalidad de las encuestas, estaba intentando el aplazamiento de la convocatoria electoral autonómica.

No hace falta destacar que nos encontrábamos ante un ejercicio de tacticismo en estado puro. Dudo mucho que el cálculo de las fuerzas independentistas alcanzase más allá de los meses siguientes. De hecho, la propia Laura Borràs, que hacía entonces menos de un mes proclamaba desde la tribuna del hemiciclo que tenía ciento cincuenta y cinco (¿lo pillan?) razones para votar que no a la investidura de Pedro Sánchez, ese mismo 12 de agosto declaraba que no descartaba votar a favor del presidente del Gobierno en funciones. Se me escapan qué ciento cincuenta y cinco poderosos motivos le habían dado a la señora Borràs para tan brusco cambio de opinión.

Por supuesto que siempre cabe interpretar las querellas internas que se produzcan en el seno del conglomerado independentista en clave de una creciente debilidad de este, pero habría que ser prudente a la hora de extraer conclusiones rotundas al respecto. Es cierto que a la querella sorda que mantenían ERC y Junts per Catalunya por ver quién se alzaba con la hegemonía política había venido a sumarse la actitud de la ANC, yendo en cierto modo por libre cuando no en franco enfrentamiento con ambas fuerzas políticas. Incluso alguien podría añadir que la propia CUP o los mismísimos CDR estaban contribuyendo, cada uno a su manera, a incrementar la sensación de que estábamos asistiendo a un nuevo procés, esta vez el de descomposición del antiguo procés.

Sin embargo, no habría sido bueno abonarse a una variante específica del «cuanto peor, mejor», esta vez aplicada al adversario político. Porque no cabía descartar que la tan largamente anunciada frustración que sentirían los independentistas al comprobar el engaño del que habían sido objeto por parte de sus líderes tuviese efectos del todo indeseables desde el punto de vista de la convivencia. Y habría que ver, llegada esa tesitura, cuál sería la reacción de los que en los últimos tiempos parecían haber amagado con renunciar a la unilateralidad, regresar al marco legal existente y buscar vías de diálogo para resolver el conflicto.

No cabía ser exageradamente optimistas al respecto. Bastaba con recordar cuál fue la reacción de Puigdemont —luego tan radicalizado— cuando escuchó los primeros gritos de «traidor» o botifler en la plaza Sant Jaume solo por querer convocar elecciones autonómicas anticipadas en el otoño de 2017. O cuando leyó el tuit de un diputado de ERC —luego tan moderado— homologándolo al mismísimo Judas Iscariote. Era el mismo diputado que, por cierto, reconoció en la sesión de investidura del entonces mes pasado en el Congreso de los Diputados que quizá en septiembre, en una segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez, no podría seguir absteniéndose. Parecía estar avisando de que tal vez no estaría en condiciones de resistir la presión ambiental en Cataluña tras la Diada. Con lo que la pregunta surgía, inevitable: si a la menor Diada ya desfallecían, ¿cabía esperar que fuesen más fuertes cuando tocase asumir una posición firme y decidida que pudiera irritar a los sectores independentistas más radicalizados?

18 de agosto de 2019

A buen seguro muchos de ustedes recuerden el famoso fragmento de la obra de Thomas de Quincey Del asesinato considerado como una de las bellas artes: «Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente». A mí me vino a la cabeza el fragmento aquellos días, mientras leía las crónicas del debate de investidura que había tenido lugar en la Asamblea de Madrid, tras el que finalmente fue elegida presidenta de la comunidad la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso.

Recogían dichas crónicas que el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, le había reprochado a aquella lo mal que había leído su discurso. Reconozco que me sorprendió un poco el gesto, pero de inmediato el recuerdo del gran escritor inglés vino en mi ayuda. Y pensé que él podía haber escrito algo parecido a esto: «Si uno empieza reprochando a sus adversarios haber participado en alguna forma de guerra sucia, pronto no le da importancia a acusarles de robar, de ahí a reprocharles la financiación ilegal de su partido y de colocar a sus parientes y amigos en cargos de confianza, luego les acusa de incumplir el programa con el que se presentaron a las últimas elecciones y se termina por criticarles que no entonen bien al dar lectura a sus discursos».

El asunto podría haber quedado aquí, en una mera broma. Pero tal vez daba más de sí. Porque no era la primera vez que jóvenes líderes provenientes de un mismo espacio político adoptaban idéntica actitud respecto a sus adversarios. Ya lo hizo el antiguo conmilitón y amigo de Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, cuando aprovechó el episodio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez para alardear de que la suya era de seiscientas páginas (como si las tesis fueran al peso) y de que tenía varios libros publicados, o cuando le recriminó desde la tribuna del Congreso a Albert Rivera sus escasas lecturas. Lo de menos es que estos episodios puedan volverse en contra de quienes los protagonizan, lo cual le sucedió al mismo Iglesias cuando, a instancias de unos estudiantes, recomendó la lectura de un libro de Kant (¡de Kant!) solo conocido por él, una hasta el momento ignota Ética de la razón pura.

Por supuesto que no habría que exagerar la importancia de estas pequeñas equivocaciones, comprensibles en quien tiene una tan acreditada compulsión por aparecer siempre en los medios de comunicación. No son esos ocasionales gazapos lo que debería importarnos, sino la actitud que revelan, y sobre la que tengo la impresión de que no se ha llamado debidamente la atención. Porque tanto hablar del supremacismo de algunos nacionalistas o del presunto complejo de superioridad moral de la izquierda en general, y se ha desatendido lo que parece ser una de las señas de identidad de un sector de esta última, lo que bien podríamos denominar el supremacismo intelectual. De hecho, algo de lo que decía Lola García en uno de sus billetes en La Vanguardia aquellos días de agosto, bien podría aplicarse sin dificultad a lo que estamos comentando. Y donde ella decía «en la izquierda proliferan líderes tan convencidos de la superioridad moral de sus principios que antes abonarán mil derrotas que asumir una renuncia», nosotros podríamos decir ahora que «en la izquierda proliferan líderes tan convencidos de su superioridad intelectual que antes preferirán sostener una idea equivocada que aceptar que su adversario lleva razón en algo».

A quienes por edad y por fortuna se nos ha brindado la oportunidad de conocer a personas de acreditadísimos méritos intelectuales, a figuras de reconocido prestigio incluso a nivel internacional, no deja de llamarnos la atención la humildad de estos últimos frente a la altiva y repelente pedantería de los anteriores. Sócrates (por medio de Platón) nos había advertido de la primera mitad de la verdad, el «solo sé que no sé nada». Dejó en nuestras manos completarla con la segunda mitad: poco puede saber aquel que alardea de saber tanto.

Ahora bien, plantear este asunto en términos exclusivamente de actitud personal o de idiosincrasia implicaría obviar lo que tal vez resulte más importante. Por una de esas casualidades de la vida, hacía entonces escasos días me tropecé en un artículo de Javier Cercas con una cita de Santiago Carrillo extremadamente pertinente a este respecto. El contexto para entenderla era el siguiente. En el transcurso de una entrevista, el autor de Soldados de Salamina le había preguntado al segundo si él también pensaba, como tantos, que Adolfo Suárez había sido un político inculto. «¿Dice usted que ha sido profesor universitario?», le replicó el viejo dirigente comunista. Y prosiguió, tras recibir una respuesta afirmativa, con las palabras que ahora me interesa destacar: «Entonces habrá conocido usted a muchos tontos cultos, ¿verdad?». (La respuesta a la pregunta de Cercas se desprendía, por cierto, de lo anterior: «Pues Suárez era todo lo contrario»).

Sorprende que haya que recordar estos sucesos a estas alturas. Pero tal vez ello constituya en sí mismo un indicador de la banalización a la que ha llegado la política en nuestros días entre nosotros. Una vez más (y van ya muchas), un detalle como el de Errejón con Isabel Díaz Ayuso había pasado completamente desapercibido por los propios cronistas que daban cuenta del acto y por los opinadores en general. Tal vez porque, como señalábamos al comienzo de la presente entrada, este tipo de actitudes habían dejado de ser raras en un sector de nuestra izquierda y la ciudadanía se había acostumbrado a ellas, por más que resulten del todo impensables en quien mantiene una relación veraz (y no instrumental u ornamental) con el conocimiento y con las ideas.

Una última consideración, si cabe todavía más inquietante. A nadie parecieron llamarle la atención las palabras de Errejón, cuyo estilo, profundamente desdeñoso hacia el adversario político, recordaba el de la mismísima Cayetana Álvarez de Toledo (lo que no sé yo si debería constituir motivo de alegría para el líder de Más Madrid). No habría contradicción alguna respecto a lo que comentábamos antes acerca del supremacismo intelectual de cierta izquierda. La, a primera vista, sorprendente semejanza tendría una fácil explicación: lo que en una es clasismo, en el otro es elitismo (un fallido clasismo de la inteligencia, a fin de cuentas). Aunque, seamos ecuánimes y ponderados al respecto, hay que reconocer que a Errejón todavía le queda largo trecho por recorrer hasta alcanzar a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que parece proyectar su desdén no ya solo sobre sus adversarios, sino sobre el universo mundo por entero (propios votantes y camaradas incluidos, como es obvio).

24 de agosto de 2019

Parecía claro que los dos grandes partidos independentistas (ERC y Junts per Catalunya), además de andar enzarzados en una cada vez menos sorda lucha por la hegemonía del conglomerado secesionista, se miraban de reojo todo el tiempo, pendientes cada uno del nuevo paso que pudiese dar el otro. Como muestra, uno de los botones más recientes. Hacía escasos días Joan Tardà publicaba en El Periódico de Cataluña un artículo titulado «¿Quién tiene miedo de ERC?», en el que defendía «un Govern que incluya a todos los partidarios de la convocatoria de un referéndum, de amplia base ideológica». Obviamente, era un guiño a los comunes, que por boca de Jaume Asens no dejaban de repetir (el día anterior mismo) que dicha convocatoria era para ellos una reivindicación irrenunciable. Pues bien, apenas dos días después se filtraba la noticia de que el president Torra andaba estudiando la posibilidad de llevar a cabo una remodelación de su Gobierno a primeros de octubre, coincidiendo con la sentencia del procés, con el objeto de dar entrada en él a la CUP y a los comunes. De momento, el futuro gabinete ya tenía nombre: se llamaría «el Govern del 80 por ciento», en referencia al presunto apoyo con el que contaba la convocatoria de un referéndum. Ya aludimos anteriormente a lo fantasmagórico de un cálculo que, en realidad, no era otra cosa que una proyección demoscópica que nació de una encuesta del diario Ara en 2018. Una aseveración que el reiterado comportamiento de los ciudadanos catalanes ha desmentido por completo cuando han sido convocados unilateralmente a alguna forma de seudorreferéndum (9-N y 1-O), ya que nunca ha comparecido ante las urnas semejante proporción[35].

Pero tal vez más importante que este marcaje mutuo al que se sometían ambas fuerzas políticas fuese la sensación que, también las dos, transmitían de andar dando palos de ciego. Porque si la propuesta de Tardà se inscribía en la línea de supuesta moderación y pragmatismo adoptada entonces por ERC, al menos de puertas para afuera, la decisión hecha pública en aquellos mismos días por el vicepresident del Govern y conseller de Economía, el republicano Pere Aragonès, de llevar al Gobierno central ante los tribunales por impago de los recursos correspondientes a la financiación del año 2019 parecía abonar la idea de una ausencia de estrategia definida por parte del independentismo.

Porque no se terminaba de saber si el objetivo último de semejante decisión era el de continuar alimentando el sentimiento de agravio por el tratamiento económico que recibe Cataluña por parte del Estado (con lo que nos encontraríamos, a fin de cuentas, ante una variante actualizada del «España nos roba»), contribuyendo así a calentar el ambiente cara a la Diada, o, por el contrario, lo que pretendía era mostrar un perfil reivindicativo más bajo, planteando una reclamación de menor intensidad política (como era la recurrente de un referéndum de autodeterminación). Esta última interpretación se correspondería con la pretensión, planteada abiertamente, de que la reclamación fuese secundada por otras comunidades autónomas. Ahora bien, al margen de cuál pudiese ser la interpretación más adecuada, lo que parecía claro era que el hecho de que todo esto se plantease a escasas semanas del posible debate de investidura no hacía más que complicar la situación, porque eran los propios dirigentes de ERC los que, con sus declaraciones y comportamientos, introducían presión (y, por tanto, se autolimitaban) cara a decidir si su formación apoyaba o no a Pedro Sánchez.

28 de agosto de 2019

No hacía en aquellos días más que escuchar y leer comentarios acerca de la inevitabilidad de una nueva convocatoria electoral. Quienes argumentaban a su favor hablaban de unas encuestas que dibujaban un horizonte más que favorable a los intereses del PSOE, no solo por su subida (¡ciento cincuenta diputados!), sino también por el descalabro de Podemos. Pero, aunque esto último pudiese entenderse sin mayor dificultad, lo primero no terminaba de estar claro. Porque había buenas razones para cuestionar semejante expectativa, pero también, y tal vez sobre todo, porque parecía chocar con la evidencia de la realidad.

En efecto, de la misma manera que en la inminencia de las elecciones generales del anterior 28 de abril era fácil encontrarse con gente que, a medio camino entre el entusiasmo por la gestión del Gobierno surgido de la moción de censura y el miedo a la amenazadora derecha —tricéfala y trifálica, al decir de algunas—, se declaraba decidida a votar, y a hacerlo a formaciones de izquierda, lo que entonces cualquiera pasó a percibir en la calles era una particular mezcla de frustración e irritación que tenía como desembocadura natural el retraimiento electoral. ¿De dónde salían, pues, las triunfalistas cifras que algunos esgrimían? Si una parte de los que habían votado socialista abandonasen esa opción para irse a la abstención, como indicaban todos los sondeos, ¿quiénes eran los que antes no votaron PSOE y en noviembre correrían, entusiastas, a hacerlo? Tal vez unos pocos de Podemos, es cierto, pero ¿y el resto? ¿Exvotantes de Ciudadanos desencantados ante la errática deriva de Rivera? Lo siento, pero lo cierto es que, según qué previsiones, me sonaban más a cuentas del Gran Capitán que a otra cosa.

Por lo demás, jugaba un papel fundamental en el convencimiento de que íbamos, de manera inexorable, hacia una repetición electoral un elemento que en realidad no controlaban quienes lo esgrimían, y eran los planes del rival. Dar por descontado, desde el punto de vista de los socialistas, que Pablo Iglesias iba a aceptar esto o lo otro, que iba a pasar por tal cesión o se iba a plantar en lo que en su momento consultó a las bases, no dejaba de ser un supuesto ciertamente aventurado. Entre otras cosas porque no estaba nada claro que hasta el momento los protagonistas que habían intervenido en el acuerdo se hubiesen comportado como agentes racionales. Habían procurado, eso sí, revestir sus decisiones de apariencia racional, pero lo cierto es que en muchos momentos su argumentación tenía todo el aspecto de una justificación sobrevenida, más que de constituir la base firme de lo decidido.

La escasa racionalidad, claro está, hacía referencia a su condición de representantes de una formación política que había obtenido cierto respaldo en las urnas y, en consecuencia, de un sector de los ciudadanos, cuyos intereses ellos estaban obligados a defender. En vez de eso, en ocasiones parecieron comportarse con arreglo a una lógica individual, lo que les había llevado incluso a declarar públicamente su confianza o desconfianza hacia el otro, su sintonía personal o la falta de esta, y similares consideraciones. Tal vez todo eso resultara comprensible desde un punto de vista humano, pero convendría recordar al respecto aquella máxima de las teorías de acción colectiva que dice así: «Las lógicas individuales conducen a escenarios de irracionalidad colectiva». De ahí que quienes mantienen una adhesión emotiva incondicional con tales políticos los vean como absolutamente consecuentes y los que no, como escasamente racionales.

2 de septiembre de 2019

Artículo aparecido en la sección de opinión de El País:

EL SENADO COMO ÁGORA

Quien albergue el firme propósito de neutralizar una demanda tiene a su disposición una vieja fórmula, de eficacia probada. Se trata de presentar dicha demanda cada cierto tiempo, pero cuidándose mucho de que nada cambie como consecuencia de la presentación. De esta manera, se consigue que los destinatarios del mensaje se acostumbren tanto a verla presentada como a la ausencia de resultados. El desenlace último de tanta vana insistencia es que la reclamación originaria queda convertida en una letanía tan previsible como bienintencionada, que se ve incorporada al catálogo de reivindicaciones heredadas, pero de la que nadie espera que se derive verdaderamente consecuencia alguna. Ni siquiera se trata, pues, como en la sentencia de Lampedusa en El Gatopardo, de que «todo cambie para que todo siga igual». A veces, parece que basta con limitarse a formular el deseo, sin más, para así dar por concluido un deber institucional o político.

Eso es en buena medida lo que parece haber ocurrido con el debate sobre el papel del Senado desde hace décadas. El diagnóstico sobre la necesidad de su reforma es compartido de manera prácticamente unánime por todas las fuerzas políticas, y así se ha venido expresando a lo largo de varias legislaturas, especialmente al inicio de las mismas. Todo el mundo ve necesario dotar al Senado de mayor peso y relevancia, y adecuarlo así de forma genuina a lo que la Constitución de 1978 nos dice que es: una Cámara de representación territorial y, también, de segunda lectura legislativa. Sin embargo, las urgencias y coyunturas de una vida política cambiante —que ha pasado de un escenario de bipartidismo imperfecto a un multipartidismo al que aún nos hemos de acostumbrar, pero cuyo destino no deja de ser también incierto— siempre han terminado por imponer su ritmo y sus intereses, aunque estos no fueran siempre los de España. Eso debe cambiar, y ha de hacerlo en la presente legislatura.

Soy muy consciente de las dificultades de la tarea, y a ellas ya me referí en mi discurso de toma de posesión: son demasiados los matices jurídicos y políticos que hacen de mi intención algo complejo, y en cierta medida, ajeno a mi sola voluntad y a la del grupo que me propuso para el cargo que ahora ocupo. Pero no es menos cierto que sí se dispone de un margen determinado para acercar nuestra realidad a nuestras aspiraciones. Un terreno que estoy decidido a explorar en esta legislatura —dure lo que dure— y con el decidido objetivo de no hacer de este un esfuerzo inútil que, en palabras de Ortega, nos conduzca a todos a la melancolía, sino un camino fecundo que culmine una aspiración no solo ampliamente compartida, sino también necesaria y urgente.

Vivimos momentos de zozobra personal y política, de perplejidad ante acontecimientos que cuestionan una forma asentada de entender el mundo. El relato ilustrado se nos presenta en crisis, con la linealidad de la idea del progreso puesta en entredicho y con la consiguiente crisis de nuestra relación con el futuro. Todos hemos escuchado el generalizado lamento de que nuestros hijos e hijas vivirán peor que nosotros. Por añadidura, durante estos años convulsos las instituciones democráticas han perdido solidez y atractivo a los ojos de unos ciudadanos crecientemente desencantados, hasta el extremo de que podría hablarse de una auténtica quiebra de uno de los pilares sobre los que se sostiene el edificio democrático, a saber, la confianza entre ciudadanos e instituciones.

Ahora bien, incluso la desconfianza admite grados, y no cabe llamarse a engaño respecto a que la misma se ve agravada cuando sobre las instituciones de las que se desconfía ya recaía con anterioridad algún tipo de sospecha (de inutilidad, de obsolescencia u otra), como es el caso del Senado de España. Pero precisamente porque me ha correspondido el honor de presidirlo y he asumido el deber político y moral de reivindicarlo, me atrevo a formular esta idea con toda rotundidad. Es hora de cambiar el orden de la ecuación: si el Senado pudo ser parte involuntaria de ese problema, debe ser ahora, con más determinación, uno de los ejes de la recuperación de nuestra autoestima como ciudadanos políticos de una democracia plena. Porque, como ya nos advirtieron Ralf Dahrendorf y tantos otros, no conocemos mejor manera de reforzar la democracia que reforzando sus instituciones.

No se trata de un mero desideratum, y mucho menos de una mal entendida obligación institucional. Se me permitirá a este respecto una reflexión final que atañe tanto a nuestro sistema político como a nuestro momento histórico general. Dominados como están nuestro debate y nuestra vida pública por las urgencias cortoplacistas y nuestra adaptación inmediata a un nuevo sistema de partidos, el Senado tiene la oportunidad y el deber de pensar a largo plazo, de ser la conciencia estratégica de nuestro sistema político. Desde el regreso de la democracia, nunca como hasta ahora podrán ser más evidentes las virtudes del bicameralismo y del equilibrio de poderes de nuestro andamiaje institucional. No en vano, acreditados especialistas gustan de referirse, de tan tentados por demasiados estímulos y falsas urgencias como nos vemos constantemente, a la capacidad de atención como el nuevo cociente intelectual de nuestros días. Pues bien, es este papel de reflexión de fondo el que nuestra Cámara Alta está en disposición de jugar mejor que ninguna otra institución.

Aspiro a que el Senado sea a partir de esta legislatura la cámara que hable con voz más autorizada sobre aquellos asuntos relacionados con la organización y la estabilidad territorial de España. Porque no son pocas las iniciativas que podremos tomar en este sentido, desde la recepción de las conferencias de presidentes autonómicos hasta el análisis y el impulso de un nuevo sistema de financiación autonómica, pasando por la creación de ponencias y comisiones encargadas de estudiar todo aquello relacionado con lo que, de forma diáfana, podríamos encuadrar como asuntos de competencia territorial. Pero, como Senado, tenemos además una oportunidad añadida en estos años venideros: la de hacernos cargo de los retos estratégicos que afrontamos como país y como sociedad a medio y largo plazo. Ser capaces de elaborar diagnósticos ampliamente compartidos que puedan luego servir de base para el diseño de las políticas públicas adecuadas. Ser, en definitiva, una auténtica y genuina cámara de reflexión, conciencia y brújula, en la que se debatan aquellos asuntos medulares que constituyen el entramado básico de las preocupaciones colectivas que conforman nuestro presente. Con el corolario ineludible que se desprende de lo anterior: precisamente por la trascendencia de la tarea pendiente, se necesita la participación en la misma de todos aquellos ciudadanos que tengan ideas que aportar en orden a construir un mejor futuro para todos.

Estoy convencido de que el Senado tiene ahora, y de forma inédita en los últimos años, la oportunidad de convertirse en una auténtica ágora influyente, eficaz, cercana. En un espacio de debate y encuentro menos asediado por distracciones y complicaciones coyunturales, e idóneo para atender todos aquellos problemas que nos van a definir como individuos, como sociedad y como país en los próximos años. Porque vivimos un auténtico cambio de época, en un crucial momento de transformaciones globales, y todo ciudadano debe sentir y saber que el Senado está a su altura y a su servicio. Ese es mi objetivo, y en base a él quisiera que, pasado el tiempo, se juzgara mi desempeño.

4 de septiembre de 2019

Definitivamente, lo que quedaría de aquellos días, protagonizados por negociadores de una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no sería lo que cada uno de ellos iba diciendo a cada paso, cuestión que iba a terminar por olvidarse para que su lugar fuese ocupado por el desenlace, sino el en nombre de qué se decía lo que se decía. O, lo que viene a ser prácticamente lo mismo, la lógica que aplicaban, los argumentos que ponían encima de la mesa e incluso, en algunos pocos casos, los valores que servían de inspiración y guía a cuanto se planteaba. En el fondo, es lo único sobre lo que vale la pena pensar un poco. Por el contrario, hacer demasiado caso a lo que en cada momento se airea ante los medios de comunicación con todo lujo de detalles se podría comparar a la actitud del espectador empeñado en descubrir los trucos del mago concentrando toda su atención en la mano que este agita en primer plano precisamente para despistar al público.

En efecto, las propuestas que cada una de las partes publicita en el transcurso de una negociación no solo tienen muy a menudo un carácter instrumental (es frecuente que un político proponga algo en escena porque, pongamos por caso, no hay más remedio que responder públicamente a una oferta previa del interlocutor con el que está negociando), sino que, por añadidura, llevan en el dorso la fecha de caducidad, el destino de ser sustituidas por otras. De ahí la importancia de reparar en el lugar teórico desde el que se habla, por reiterar la afrancesada expresión.

Una de las primeras sorpresas resultantes de adoptar esta perspectiva, más cauta, es la constatación de que a menudo el presunto lugar teórico tiene poco de teórico. Es el caso de las ya comentadas referencias hechas y reiteradas por Pablo Iglesias a la humillación a la que, según él, estaría sometiendo Pedro Sánchez a los votantes de Podemos presentando unas propuestas inaceptables. Si tales planteamientos funcionaban, esto es, si conseguían ser efectivos, era porque previamente se habían creado las condiciones (digamos que mentales) para ello, que no eran otras que la fuerte emotivización de la vida pública en general y de la esfera política en particular que padece el mundo en nuestro tiempo.

Dicha tendencia no es, contra lo que algunos tienden a pensar, un rasgo exclusivo de los nacionalismos y otras ideologías análogas. El anterior domingo, con ocasión de la cena de gala ofrecida por el Gobierno polaco a las autoridades invitadas a Varsovia para conmemorar el octogésimo aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, tuve el privilegio de poder comentar este asunto con el que fuera presidente de Portugal António Ramalho Eanes. Surgió este tema porque a ambos nos habían comentado interlocutores diferentes que en Polonia las cuestiones políticas habían tensado muchísimo a la sociedad, generando un clima de crispación que había terminado por contaminar las relaciones personales, familiares, etcétera. Como es obvio, no pude por menos que pensar en lo que ocurría en Cataluña, pero, a continuación, la cabeza se me fue a Argentina, donde, hace unos años, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, también sucedía algo extremadamente parecido. Son tres ejemplos escogidos al azar. La relación se podría ampliar sin ningún problema (incluyendo casos tan relevantes como el de Estados Unidos o Reino Unido a consecuencia del Brexit), pero esos tres, justo por su heterogeneidad, cumplen bien la función de ilustrar el carácter general de lo que está pasando.

La situación parece tener una relación directa con lo que a buen seguro Gianni Vattimo denominaría un «debilitamiento de los discursos», que han dejado de ocupar un lugar central en la definición de la identidad de los individuos y de los grupos. El ocaso de los grandes relatos, anunciado hace casi medio siglo, ha terminado por sustanciarse, caída del muro mediante, en una volatilización casi absoluta de las concepciones globales del mundo y de la historia, sustituidas ambas por un pragmatismo de vuelo gallináceo cuya teorización más ambiciosa es la apología del sentido común, del que ahora todos parecen alardear.

Pero ni el sentido común ni el pragmatismo constituyen fuentes de identificación fuertes, como tampoco pueden constituir motivos para el entusiasmo, ni personal ni colectivo. Nadie se moviliza por lo obvio ni se siente orgulloso de una determinación absolutamente universal. No es casual en este contexto —ayuno de grandes causas a las que sumarse— el notable auge del victimismo como mecanismo de construcción de identidad (de nuevo: tanto individual como colectiva), cuyo motivo presenta pocos secretos: con frecuencia el victimismo es el recurso favorito de quienes necesitan justificar una derrota, y es justo en un clima de derrota histórica en el que viven algunos sectores políticos de izquierda desde hace un tiempo.

Probablemente tenga que ver con lo anterior el hecho de que algunos líderes políticos, como es el caso de Pablo Iglesias, visto que les resulta cada vez más difícil conseguir la adhesión de los suyos apelando a la consecución de unos objetivos que el adversario (el PSOE, hablando de la negociación por la investidura) ya está dispuesto a concederle, remitan a sentimientos como el de la humillación a la que hacíamos referencia como fuente de legitimación de su comportamiento como representante político. Se diría que estos líderes han llegado a un convencimiento que, parafraseando la parte final del célebre verso de Rainer Maria Rilke, podría quedar formulada así: «Emocionarse es todo[36]».

7 de septiembre de 2019

Al president Artur Mas, que, según parece, fantaseaba con regresar a la primera línea de la política una vez cumplida su pena de inhabilitación, le gustaba repetir que «en democracia los problemas se resuelven votando». No deja de ser curioso el destino que ha sufrido tan magna aportación teórica. Porque, por un lado, su sucesor en la presidencia de la Generalitat, el inefable Quim Torra, se resistía como gato panza arriba a convocar elecciones autonómicas con el argumento, de inspiración «puigdemontiana», de que era el momento de reforzar la instituciones. Eso lo decía quien no dejaba de debilitarlas, alguien a quien no se le ha conocido un solo acto de gestión y que apenas ha conseguido, en todo el tiempo que lleva en el poder, sacar una ley adelante, aquella por la que se crea la Agencia Catalana de Salud.

Pero, por otro lado, se diría que donde más éxito ha tenido la afirmación de Mas ha sido —paradojas de la vida y de la historia— en la política española, donde, en efecto, parece estar volviéndose una costumbre llamar de nuevo a las urnas a los ciudadanos en cuanto surgen problemas. Ciertamente, si la convocatoria de elecciones es un índice de buen funcionamiento de la democracia, como piensa Mas, tenemos motivos para estar más que contentos. Porque a este respecto, parece fuera de toda duda que funcionamos a un excelente ritmo. En efecto, con las elecciones del siguiente noviembre de nuevo los españoles votamos más que nunca, cuatro veces en cuatro años.

Sin embargo, a la vista está que la ciudadanía, lejos de considerar que la reiterada convocatoria de elecciones constituye un buen procedimiento para resolver problemas, más bien piensa que expresa la impotencia de los responsables políticos para hacerles frente. Hay ya demasiadas evidencias a estas alturas de que el empeño populista en saltarse las mediaciones y establecer un vínculo directo con la ciudadanía, votando a cada poco, lejos de mejorar el funcionamiento de la democracia, lo deteriora. Tal vez lo que estaba ocurriendo en la esfera de la política general fuese un reflejo de lo que ocurría en el seno de los propios partidos. Y así, a base de identificar con oscuros intereses personales e inconfesables ambiciones las mediaciones que introducían las instancias internas de las formaciones políticas, en vez de con la posibilidad de someter a control y crítica las relaciones entre las bases y la cúpula de poder de la organización, se desembocó en aquella situación: en la que las propuestas presentadas a consulta por las direcciones de dichas formaciones fueron prácticamente siempre ratificadas sin la menor reserva, contribuyendo de esta manera a reforzar los hiperliderazgos.

Aunque tal vez esto, aun siendo muy importante, no fuese lo más grave. Más grave, a mi juicio, era el deterioro de la política misma al que estaban contribuyendo semejantes actitudes, desdibujando por completo la importancia del mecanismo de la representación. Expresiones, tan al uso desde hace un tiempo entre nosotros, como «los políticos hacen», «los políticos negocian» o «los políticos deciden» contribuyen a fijar entre buena parte de la ciudadanía la idea de que esas personas constituyen en su conjunto algo así como un cuerpo extraño, con sus propios intereses y sus propias lógicas de funcionamiento, del que conviene que los ciudadanos, cuando les toca afrontar un problema de veras importante, prescindan para, en su lugar, tomar estos directamente las decisiones. Saltémonos los pasos intermedios de la argumentación que rebatiría tan extendidísima opinión y vayamos sin más dilación a la conclusión: actitudes como estas son las que han llevado a desastres de la magnitud económica, social y política del Brexit, o al deterioro de la convivencia del calado del que se ha producido en Cataluña.

Sin duda, los ha habido que han jugado a aprendices de brujo y han desencadenado fuerzas que luego no han sido capaces de controlar. Apuntarse sin matices al «no nos representan» puede terminar significando una jugada de alto riesgo. Porque una cosa, perfectamente legítima (por no decir necesaria), es censurar a aquellos políticos que incumplen con la obligación de representar los intereses de los ciudadanos y otra, bien distinta, rechazar el propio mecanismo de la representación, como si el voto no significara una expresión de confianza en sus elegidos por parte de los electores. Pues bien, es el rechazo al propio mecanismo el que parecían estar expresando aquellos responsables políticos que, en vez de intentar alcanzar acuerdos o emprender iniciativas en el ámbito que les correspondía cuando hacía falta (tareas ambas para las que fueron avalados de manera expresa por las urnas), se refugiaban en el burladero de la consulta directa para endosar a otros una responsabilidad que temían asumir por miedo al desgaste electoral. Pocos políticos han expresado este convencimiento con tanta crudeza como Jean-Claude Juncker, quien llegó a afirmar en lo peor de la crisis del euro: «Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo ganar las elecciones después». Pocos han sido, ciertamente, los que han hablado tan claro, pero son legión los que parecen seguir dicho convencimiento a pie juntillas.

11 de septiembre de 2019

Reconozco autocríticamente que pertenezco al grupo de los que estaba convencido de que, tras la sentencia del procés, Torra convocaría elecciones autonómicas. Mi razonamiento no podía ser más simple: no iba a poder dejar pasar la oportunidad, del todo excepcional, de tener a todo su electorado movilizado para llamarlo a las urnas y obtener un resultado contundente, que incluso tal vez le permitiera argumentar que sus apoyos ya sobrepasaban el 50 por ciento.

Sin embargo, tanto las manifestaciones del president como las de su predecesor, Carles Puigdemont —imposible resistirse a la imagen del ventrílocuo—, iban en dirección contraria. No tanto porque renunciasen a extraer provecho alguno de la sentencia, como porque este sería de un tipo algo diferente al que parecía más previsible. Por supuesto que intentarían movilizar a los suyos y utilizar tales movilizaciones no solo para volver a cohesionar a sus bases, sino también para relanzar la imagen independentista en el exterior. Y, desde luego, se servirían de ellas como elemento de presión al gobierno central, estuviese este en la situación que estuviese en ese momento.

En todo caso, lo que quedaba inequívocamente claro era que la respuesta que se le diese a la sentencia por parte del independentismo iba a estar guiada por el cálculo. Por el cálculo electoral, para ser precisos. Y, puestos a precisar más aún, por el cálculo de una de las partes del independentismo, la controlada desde Waterloo por Puigdemont. Era un secreto a voces (que todas las encuestas se han encargado de revelar) que sería ERC quien más provecho electoral extraería de la sentencia, habida cuenta de que era su líder quien había pasado en prisión los dos últimos años, por contraposición al comportamiento del expresident, protagonista de una huida más bien innoble en el maletero de un coche tras engañar a sus propios consellers, por más que ahora se la quiera maquillar denominándola exilio.

No deja de llamar la atención que quienes llevan años utilizando la apelación al sentiment como la palanca fundamental de movilización de la sociedad catalana decidieran dejarla de lado justo en el momento en el que aquel iba a alcanzar las más altas cotas, y optasen por neutralizar unas emociones presumiblemente a flor de piel en beneficio de la contabilidad electoral más fría e interesada.

13 de septiembre de 2019

El alboroto que intentó montar el diario ABC a cuenta del imaginario plagio contenido en mi manual Filosofía Contemporánea sirvió como indicador de unas cuantas cosas. Del nivel moral y político de unos pocos medios (ABC parecía estar volviendo por sus fueros, emblemáticamente representados por el caso —insuperable en su abyección— de Enrique Ruano) y de algunos presuntos profesionales de la comunicación, de los que se podría predicar, parafraseando a Machado, que critican cuanto ignoran, pero también de algunos políticos que, en cuanto creen oler la sangre, intentan lanzarse a degüello, persuadidos de que todo vale con tal de tener quince segundos de gloria con algún canutazo.

Por supuesto que el episodio también sirvió de indicador de lo contrario, esto es, de una manera de ser y actuar que rechaza entrar en esa manera de hacer política y periodismo. Debo decir aquí que Pedro Sánchez y Meritxell Batet me manifestaron su apoyo, solidaridad y afecto desde el primer momento y, tras ellos, la lista de quienes debería mencionar, con los miembros de mi gabinete y la totalidad del grupo parlamentario socialista en el Senado a la cabeza, sería extensísima, sin que faltasen queridos compañeros y amigos del ámbito de la filosofía y la universidad. De la misma forma que no me gustaría olvidar —por aquello de que lo cortés no quita lo valiente— a políticos de los que no solo estoy alejado, sino a los que incluso he llegado a criticar por escrito en algún artículo, como Jaume Asens o Juan Carlos Monedero, entre otros, y que han sido capaces de pasar por encima de nuestras diferencias y manifestarme públicamente su apoyo y solidaridad (el segundo con un tuit en el que afirmaba textualmente: «Decía Eco que copiar a 1 es plagio, copiar a 2 plagio y copiar a 100, una tesis doctoral. Acusar a @manuelcruzr_ de plagio por un par de lugares comunes en un manual da la medida de dónde está el periodismo y la política en España. Igual no hay que hacer manuales, pero plagio…»).

Con todo, tampoco habría que exagerar el alcance de la polémica. Porque no es menos cierto que transcurrió por un ámbito muy limitado y que, fuera del mencionado ABC, de unos pocos colaboradores de El Mundo como Arcadi Espada o Federico Jiménez Losantos (¿por qué será que a veces se me confunden?) y de algunos digitales cavernícolas, el grueso de los diarios prestigiosos de este país ni siquiera se hizo eco del asunto, lo cual pareció enrabietar mucho a sus esforzados acusadores. Por ello, esto es, porque cabe la posibilidad de que algún lector de estas líneas ni siquiera sepa de qué estoy hablando, remito a quienes se encuentren en dicha situación y quieran hacerse una idea breve y sintética de lo ocurrido al artículo publicado en aquellos días por Antonio Casado[37].

14 de septiembre de 2019

He de reconocer que una de las cosas que me resultaba más fastidiosa de mi posición como presidente del Senado era la imposibilidad de expresar, de manera abierta, mis opiniones. Asumía la limitación, obligada institucionalmente, pero tampoco voy a ocultar que me generaba cierta sensación de frustración. Al margen de que el montaje del ABC tuviese un escaso recorrido, como anotaba en la entrada anterior, si hubiera querido escribir un artículo saliendo al paso de sus difamaciones, con toda seguridad las personas de mi equipo que conocen de asuntos de comunicación me hubieran disuadido de hacerlo con el argumento, ciertamente pertinente, de que con ello no estaría haciendo otra cosa que proporcionar a los difamadores la oportunidad de reabrir la polémica. Por ello opto por dejar planteada ahora una pequeña reflexión, posponiendo para más adelante la publicación de las pertinentes aclaraciones de carácter más técnico[38].

En realidad, los propios autores de la denuncia, con su insistencia en establecer paralelismos con otros presuntos plagios (fundamentalmente el de Pedro Sánchez en su tesis doctoral), estaban mostrando la intención última de esta. Pero de las dimensiones del asunto sobre las que conviene reflexionar me voy a detener ahora en una, con demasiada frecuencia silenciada por motivos que merecen ser denunciados. Porque la razón de dicho silencio se encuentra en la notable capacidad de intimidación que han desarrollado los difamadores.

Veamos lo mismo desde otro lado. Sería injusto deslizarse por el tobogán del tópico más manido y dar por descontado que la picadora en la que se ha convertido la política desde hace un tiempo está ubicada en una única sede, el cuartel general de este o aquel partido. Es cierto que no han faltado representantes políticos aislados que en este caso han intentado extraer algún rédito de lo que consideraban una ocasión que otros les servían en bandeja y, en un alarde de oportunismo, se han apresurado a reclamar dimisiones. Pero, además de constituir una minoría insignificante, esas pocas conductas no nos deberían distraer de lo que realmente más importa; y es que no es menos cierto que en muchas ocasiones, como la que nos ocupa, la sede de la maquinaria en cuestión se ubica en las redacciones de algunos medios de comunicación, lo cual debería resultar motivo de seria preocupación, no solo para la ciudanía en general, sino también para el resto de medios, afortunadamente ajenos a tales prácticas.

En cualquier caso, no quisiera terminar esta entrada de manera sombría o pesimista. Aún queda un resquicio de esperanza para no abandonarse al derrotismo más absoluto. En aquellos días también se habían alzado voces, como, entre otras, la del propio Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, que censuraban —yo creo que con sincera preocupación— modos de proceder en la vida pública como los comentados aquí, de la misma forma que, insisto, la mayoría de los medios se había negado a hacerse eco de una campaña que no hacía más que desprestigiar a quien se sumara a ella.

18 de septiembre de 2019

Legislatura finiquitada. Íbamos a nuevas elecciones. Me entrevistaba aquella mañana Gemma Nierga y me preguntó con insistencia acerca de la frustración de amplios sectores de la ciudadanía y del fracaso de la política que dicha repetición suponía. Ciertamente, no le faltaba razón, aunque le observé que tal vez convendría no transformar esos sentimientos, comprensibles por completo, en munición antipolítica. A fin de cuentas, una cosa era que volver a las urnas no fuese la mejor de las noticias y otra que constituyera un gigantesco cataclismo democrático. Esto ya ocurrió hace tres años y al final se pudo constituir Gobierno.

Pero, más allá de tales observaciones, quizá lo más interesante sea extraer alguna lección de lo ocurrido. Era, en efecto, la segunda vez en poco tiempo que se repetía la misma situación. La primera se produjo en el primer semestre de 2016, en la que acabaría siendo la legislatura más corta del actual periodo democrático (y la más corta desde 1923). En todo caso, ambas tuvieron lugar cuando se suponía que el mapa parlamentario heredado, dominado por el bipartidismo, había saltado por los aires con la irrupción de unas nuevas formaciones que anunciaban a bombo y platillo su voluntad radical de regenerar, cada una a su manera, la vida pública. El lugar común más extendido en aquel momento era que debíamos sentirnos de enhorabuena: se había iniciado la época del pluripartidismo.

Convendría no perder de vista esta perspectiva global. Alguien podrá argumentar que de la coincidencia temporal no se deriva lógicamente un nexo causal, y que atribuirles a las nuevas formaciones la responsabilidad de los reiterados bloqueos parlamentarios no deja de ser un sofisma. Pero este no es un debate lógico-formal acerca de los diversos tipos de causalidad. La constatación de la coincidencia temporal entre nueva política y parálisis permite plantear una sospecha de calado. Y esta solo se podrá disipar o confirmar examinando el comportamiento que en cada momento —y muy especialmente en las situaciones clave— han tenido los mencionados partidos. Si se procede de esta manera, lo que de inmediato salta a la vista es que cada uno de ellos se ha radicalizado en una dirección, dejándose caer uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, autoinstituyéndose en el guardián de las esencias del sector correspondiente.

Así, mientras Podemos se dedicó a lo largo de la campaña electoral anterior a proclamar, contra toda evidencia, que el deseo secreto del PSOE era pactar con Ciudadanos, esta última formación, por su parte, dibujaba un cordón sanitario alrededor de los socialistas y no cesaba de reiterar, asimismo contra toda evidencia, que ya estaba pactado hasta el último detalle el acuerdo también secreto entre las dos formaciones de izquierda. Con tales actitudes, claro está que no estaban facilitando tender puentes, sino, bien al contrario, dinamitándolos por completo. Por poner uno de los últimos ejemplos, en el momento, ciertamente límite (horas antes de que el rey recibiera a Pablo Casado y Pedro Sánchez), en que Ciudadanos planteó la posibilidad de una abstención en el debate de investidura si se cumplían tres condiciones (condiciones que, al margen de que pudieran resultar o no aceptables, de ningún modo podían considerarse un pacto en toda regla), Podemos se apresuró a advertir que, en caso de que el PSOE entrara a considerar el ofrecimiento de Ciudadanos, pasaría a votar que no.

22 de septiembre de 2019

Para mí sorpresa, ABC volvió a la carga. Con asuntos tan ridículos que ni siquiera merece la pena mencionarlos. Pero tal vez lo que sí merezca la pena es detenerse a reflexionar, aunque sea por un momento, acerca de lo que esta campaña poseía de síntoma o indicador del signo que estaban adoptando determinadas transformaciones de nuestra sociedad.

Lo que me preocupaba era la concepción de la cultura y del trabajo intelectual que parecían manejar quienes efectivamente habían intervenido. Por paradójico que pudiera parecer a primera vista, el uso que hicieron de un instrumento que sin duda ellos debían de considerar poderosísimo —un programa de ordenador que permite contabilizar el número de coincidencias literales entre textos— dejó en evidencia su profunda ignorancia de aquello de lo que decían querer hablar.

Les invito a un sencillo ejercicio. Prueben a explicar con sus propias palabras las etapas del pensamiento de Marx, las tópicas de Freud o cualquier otro momento de la historia de la cultura de parecida importancia. De inmediato se encontrarán, con toda seguridad, con que sus presuntas propias palabras no consiguen ser tales, sino que ya habían sido dichas por alguien con anterioridad, como no podría ser de otra manera. Pero, de acuerdo con la lógica que manejan nuestros nuevos e ignorantes inquisidores, ello los convertiría a ustedes de forma automática en sospechosos de plagio. Por lo visto, para esas personas el contenido de los libros ha de salir casi entero de la cabeza de su autor, siendo tan solo aceptable que, en caso de que se incluyan fragmentos pertenecientes a otros, vayan entrecomillados.

Pero los libros de pensamiento o de ensayo en general, como bien sabe cualquiera que haya escrito uno (o haya intentado hacerlo), se construyen en esencia a partir de otros libros, esto es, asumiendo la herencia recibida e intentando darle un nuevo impulso. Considerar que todo lo que no sea rigurosamente original debe ir entrecomillado convertiría, pongamos por caso, un libro de historia de una época cuyo autor no hubiera vivido y de la que, por tanto, no cupiera el menor testimonio personal, en una interminable sucesión de citas, puesto que todo lo comentado habría sido extraído por aquel de algún otro libro.

Se percibirá que, dado el propósito último de estos Torquemadas de bolsillo, no hay forma humana de cumplir con los requisitos que se inventan y con las exigencias que reclaman. Según ellos, en un texto no puede repetirse ni una sola palabra que haya aparecido con anterioridad en otro. Sobre el que ose hacerlo caerá todo el escarnio público (en forma de portada de ABC). Sin embargo, que nadie se llame a engaño a este respecto y piense que ha dado con la forma de evitar tan atroz linchamiento: si cambia las palabras para no ser acusado de plagio, el inquisidor, ojo avizor, le acusará de inmediato de intentar escamotear el plagio (e irá igualmente a la portada de ABC), tal y como me tocó padecer a mí.

25 de septiembre de 2019

No deja de ser curioso examinar la forma en la que las formaciones políticas han ido decidiendo, a lo largo del tiempo, denominarse. Antaño se daba por descontado que sus nombres debían resultar definitorios de su ideología, se supone que para que el ciudadano supiera a qué atenerse. Aplicado este criterio, los partidos se calificaban como comunista, socialista, democratacristiano, conservador, etcétera. Como mucho se admitía, en el seno de los de izquierda, cierta puntualización para que alguna de sus proverbiales escisiones se diferenciara del tronco del que se había separado. Y así, proliferaban los paréntesis presuntamente aclaratorios como «reconstituido», «histórico», «marxista-leninista» y similares.

De esa etapa, casi hegemónica durante largos años, pasamos a otra en la que los nombres de los partidos expresaban estrategias, como serían los casos en su momento de Izquierda Unida o Convergència i Unió en Cataluña. Pero enseguida la lógica de la denominación pasó a utilizar rótulos que, sencillamente, no nombraban nada. A este sector pertenecerían aquellos como El Olivo y La Margarita, en Italia, o Iniciativa per Catalunya y Vox, entre nosotros.

Tal vez a estas maneras de denominar se les haya añadido en los últimos tiempos una nueva, consistente en bautizar un partido o coalición con un nombre que exprese una opción nada más que táctica, una idea oportuna. Casi por definición, esta otra manera parece la adecuada para designar una coalición electoral, efímera en sí misma. Es el caso de la hipotética España Suma, de futuro incierto en el momento de escribir esta entrada.

Llegados aquí, valdrá la pena llevar a cabo una constatación, que tal vez tenga algún recorrido discursivo. Cualquiera, a poco que se fije, reparará en el extraordinario parecido de los rótulos España Suma y Más País (con el que denominaría Íñigo Errejón a su nuevo partido). De hecho, si en este último caso se hubiera sustituido «país» por «España», ambos rótulos hubieran resultado casi por completo indistinguibles. Cabe preguntarse si, lejos de ser simplemente casual, el parecido va más allá de las meras palabras. No habría que descartar que, aunque la formación del antiguo líder de Podemos no se presentaba como una alianza electoral, sino como un nuevo partido, en el fondo tuviera también una vocación transitoria, análoga a la que tenían, en la época de Julio Anguita, aquellas plataformas de militantes díscolos de Izquierda Unida que se presentaban como puros espacios de reflexión crítica de la izquierda y terminaban, inexorablemente, con sus miembros en puestos destacados del partido entonces en el poder, el PSOE, cuando no en altos cargos del Gobierno. Se hizo referencia a esto con anterioridad.

Pero, más allá del incierto destino que también pueda aguardar a la formación de Errejón, lo cierto es que la similitud con la alianza electoral promovida por el PP parece tener también cierta dimensión de contenido. Por lo pronto, la vaporosidad de su definición ideológico-política desbordaba incluso la que en su momento presentaba Ciudadanos. También esta última formación se definía como progresista, aunque se cuidaba de apostillar «en lo social» (para luego añadir que, por otra parte, era liberal «en lo económico»). Tal vez lo más llamativo de estos recién llegados era que parecían estar apostando por un neonacionalismo presuntamente de izquierdas que se servía de los mismos recursos argumentativos más tópicos del nacionalismo tradicional, como, por ejemplo, la apelación a la sentimentalidad. Recuerdo todavía un artículo de Íñigo Errejón en El País, en el que, lejos de contraponer esa apelación a una argumentación atravesada de los razonamientos potentes e incluso científicos de los que, afortunadamente para ella, la izquierda dispone, contraponía los sentimientos malos de la derecha a los buenos de la izquierda. Está claro que el sentimiento es la gran certeza del corazón en tiempos de incertidumbre de la razón. Ay, si Gramsci levantara la cabeza…

29 de septiembre de 2019

Con una semana de retraso se celebraba la fiesta de la Rosa, que reúne todos los años en una pineda en las afueras de Barcelona a los militantes y simpatizantes del PSC. El retraso se debió a que en la fecha habitual le resultaba imposible asistir a Pedro Sánchez. Yo había asistido los últimos años, pero en la presente edición me tocaba, además, intervenir.

No voy a esconder que imponía un poco la intervención en un mitin ante miles de personas, pero tanto Miquel Iceta como Salvador Illa me venían insistiendo en la necesidad de que venciera mis resistencias e hiciera un discurso con mi propio estilo, sin intentar un estilo impostado, en el que no me sentiría cómodo (y, añado yo, me saldría fatal). Para ello, preparé lo que iba a decir de una manera parecida a como prepararía una intervención en cualquier otro foro, esto es, escribiéndola. Obviamente, intenté no hacer algo que les resultase árido y ya no digamos incomprensible a los asistentes, pero también me esforcé por exponer alguna idea, por sencilla que fuera. Pensé que como esa situación, inédita para mí hasta entonces, formaba parte de mi experiencia de aquella etapa como presidente del Senado (que lo seguía siendo, aunque aquel día fuese a la pineda de Gavà como candidato a senador), podría resultar de algún interés trasladar al lector al menos lo que dije. Es lo que sigue, de donde he eliminado las partes más convencionales (agradecimientos iniciales, apelaciones finales al voto, etcétera):

Cuando, en mayo de 2016, se supo que me presentaba como número dos en las listas del PSC por Barcelona muchos periodistas me preguntaban: «¿Porqué alguien como usted, un filósofo, se ha metido a político?».

Yo, por deformación profesional, les soltaba una chapa aburridísima y les hablaba de un filósofo italiano que se llamaba Antonio Gramsci y que dijo aquello de que todo hombre es filósofo, o les recordaba que otro algo más antiguo, Aristóteles, definía al ser humano como zoon politikón, esto es, animal político. Intentaba explicarles de esta manera que los filósofos no tenemos nada de raros, y los políticos, menos todavía.

En realidad, toda esa chapa tan aburrida la resumió mucho mejor y, por supuesto, con más belleza y gracia que yo, uno de los grandes escritores contemporáneos en lengua castellana, Rafael Sánchez Ferlosio: «El pensamiento, la reflexión, no precisan de especialistas». La política también concierne a todos, así que tampoco en este caso se justifica la especialización. Filósofos, políticos deberíamos ser todos, y después albañiles, carpinteros, matemáticos.

Pero fíjense en estas palabras de Ferlosio: «La política concierne a todos». Yo creo que deberíamos dejar de hablar —o hablar mucho menos— de políticos y, en su lugar, hablar de la política. Pero no porque piense que todos aquellos son iguales o cosa parecida, sino porque lo que importa es otra cosa. Por supuesto que no todos los políticos son iguales, como tampoco lo son los partidos; la cuestión es en qué se diferencian. Y se diferencian precisamente en dos elementos: en el concepto de política que tienen y en las políticas que pretenden aplicar.

La derecha lleva mucho tiempo alardeando de apolítica. En Estados Unidos uno de sus intelectuales más ilustres, Daniel Bell, ya proclamaba a finales de los cincuenta el fin de las ideologías políticas, y esa misma tesis era recogida en España pocos años después por un ministro de Franco que hablaba del crepúsculo de las ideologías. Pero no se llamen a engaño: cuando alguien diga que no es de derechas ni de izquierdas, pueden estar ustedes completamente seguros de que es de derechas. ¿Hace falta algún ejemplo? Propongo uno bien próximo. ¿Se acuerdan de aquel representante de la presunta nueva política que, como decía mi abuela andaluza, había venido a poner el pan barato? Durante años, este líder no paró de repetir que «España está cansada de tener que escoger entre derecha e izquierda, entre rojos y azules, entre PSOE y PP». Quién le ha visto y quién le ve: ahora camina abrazado no ya al PP, sino a la mismísima extrema derecha de Vox.

Pero reparemos también en otro pequeño detalle: quien hablaba en España, a mediados de los sesenta, del crepúsculo de las ideologías era ministro (Gonzalo Fernández de la Mora se llamaba) y, por tanto, aunque decía desdeñar la política, llevaba a cabo políticas bien concretas, no solo en contra de las libertades democráticas, sino también en contra de los sectores sociales más desfavorecidos.

Pues bien, en un determinado sentido no pasan cosas muy distintas hoy. Cuando el PP aplicaba sus políticas de recortes tampoco reconocía hacerlo en nombre de una ideología conservadora —como tampoco lo reconocía Artur Mas, que, por cierto, era bien de derechas—, sino que declaraba actuar en nombre de un presunto sentido común que —¡oh!, casualidades de la vida— siempre terminaba favoreciendo a los mismos. Ahora bien, ¿acaso es de sentido común afirmar, como hacen nuestros conservadores, sentencias del tipo «donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos»? Pues no, eso no es de sentido común. Lo que es de sentido común es preguntarse: ¿todos los ciudadanos tienen los bolsillos llenos de dinero que se resisten a entregar a Hacienda o solo aquellos a los que las derechas defienden con tanto entusiasmo?

La izquierda, en cambio, la auténtica izquierda, la izquierda de verdad (no confundir con la del postureo permanente), la izquierda que transforma, no se esconde. Reconoce su condición de tal y presume, orgullosa, de su pasado. Reivindica la política entendida no como lucha por estar en el Gobierno a toda costa, no como el conjunto de procedimientos y estrategias para tomar por asalto unas parcelas de poder (que, por cierto, algunos identifican con el cielo), sino como servicio público.

En efecto, hay políticas y políticas (no todas son iguales). La política que nosotros defendemos no consiste solo en hacerse cargo de problemas y ofrecerles solución, sino también en algo igual de importante: en ofrecer horizontes de valores compartidos, de dignidad y de esperanza. Nuestra política es, en definitiva, la herramienta que abre el cauce para que se cumplan las ilusiones que dan sentido real a nuestras vidas.

30 de septiembre de 2019

Hasta entonces, como quedó señalado con anterioridad, el significado último de los movimientos que iba llevando a cabo el independentismo tras el fracaso del procés parecía poder resumirse con el dicho «mucho ruido y pocas nueces». En efecto, si uno examinaba con un mínimo de atención los actos de su dirigencia, de ninguno de ellos, más allá de su rompedora apariencia inicial, se podía decir que resultaban constitutivos de delito, que vulneraban la ley ni que significaban avance alguno hacia la consecución de sus objetivos. Así, hacer una declaración afirmando que la vía de acceso a la independencia que se desea para Cataluña es la seguida por Eslovenia, como hizo en su momento el president Quim Torra, no dejaba de ser eso, una declaración, por más que pudiera sobresaltar a quienes, en otras partes de España, no estaban acostumbrados a semejantes ejercicios de pura pirotécnica verbal.

El problema que empezó a plantearse en aquellos últimos días era que, ante la inminencia del aniversario del 1-O, el ruido iba en aumento y amenazaba con convertirse en ensordecedor. Sin duda, la detención de unas personas vinculadas a los CDR que, según el fiscal, preparaban alguna acción utilizando explosivos y, en consecuencia, susceptible de ser tipificada como terrorismo, contribuyó notablemente al estruendo mediático-político.

Dejemos aparte ahora la enorme torpeza política del president Torra, saliendo en defensa de los detenidos sin desmarcarse, aunque solo fuera en el plano de los principios más generales, de toda forma de violencia política. Tuvo que ser el vicepresident, Pere Aragonés, quien, uno o dos días después, hiciera la obvia declaración, en tanto que Torra se demoró cuatro y, aun así, con la boca pequeña y con absurdas puntualizaciones («No se puede condenar la violencia que no existe» fue una de sus perlas). Pero lo que tal vez importe más sea lo que la situación tuvo de indicativa de la tensión interna que recorría en aquel momento al conglomerado independentista, con ERC y Junts per Catalunya invirtiendo sus tradicionales papeles de posibilismo (el viejo «peix al cove» o «pájaro en mano») y radicalidad.

Obviamente, para quien tenga como única pretensión estratégica «montar un gran pollo» (Puigdemont dixit), cualquier situación que pueda provocar alguna reacción por parte del Gobierno central susceptible de alimentar el victimismo es bien recibida. En cambio, para quien aspire a alguna salida dialogada al conflicto, como parecía ser el caso de la formación republicana, entonces, a partir de un determinado punto, el incremento de la tensión no le favorece en absoluto. Porque es obvio que la movilización de amplios sectores de la sociedad, que le dan fuerza a cualquier líder político para conseguir arrancarle al adversario una negociación que este no desea, le puede terminar debilitando en el instante en que los movilizados escapan a su control y, por tanto, el líder en cuestión ya no aparece como su genuino representante. Esta es la tesitura en la que se encontraba entonces Esquerra y había que ver si, siguiendo con la inversión de papeles, era a ella a la que le temblaban las piernas como le temblaron a Puigdemont a finales de octubre de 2017.

4 de octubre de 2019

En muchas ocasiones, quienes se resisten a intentar transformar lo existente se acogen a una argumentación pretendidamente realista. «Es lo que hay» suele ser una de sus afirmaciones favoritas. Frente a ellos, los que no han abdicado del ideal de transformación del mundo proponen redefinir la realidad incorporando un matiz: la realidad es lo que hay más lo posible, suelen decir.

La contraposición, pudiendo ser válida en el trazo grueso, precisa de muchos matices. Por lo pronto, ni el más renuente a los cambios se atreve a negar la existencia en el mundo actual de transformaciones incesantes de todo tipo, ante las que no hay otro remedio que actuar. Hasta el punto de que hace ya casi medio siglo que el filósofo Manuel Sacristán advertía de que en realidad los conservadores lo único que conservan es el registro de la propiedad, transformando todo lo demás en su provecho. De idéntica manera que ni el más entusiasma partidario de intervenir en el seno de lo real da por buenos todos los cambios que se producen, pudiendo llegar a convertirse en el más apasionado conservacionista de aquello bueno que considere en peligro. En ese sentido van todas las reivindicaciones proteccionistas del medioambiente o de las especies amenazadas, y a nadie se le ocurre poner en cuestión el carácter progresista de tales reivindicaciones.

Probablemente el malentendido de aquella contraposición inicial tan rígida tenga que ver con una valoración subyacente que no se explicita y tiende a darse por descontada, a saber, la de que la posibilidad es en sí misma algo positivo. Pero a la vista está, como se acaba de señalar, que lo real puede albergar en su seno potencialidades de desarrollo francamente inquietantes. De hecho, cuando, pongamos por caso, los responsables en cualquier ámbito de gobierno hablan de la necesidad de políticas de prevención están reconociendo que lo existente puede terminar derivando en la irrupción de dimensiones ahora ocultas frente a las que conviene estar alerta y actuar por anticipado.

Por eso no cabe una actitud acrítica frente a cualquier posibilidad, dando por descontado que estar a favor de ella nos garantiza estar a salvo del error. Está claro que no es así. La posibilidad no lleva el signo positivo inscrito en la frente. En realidad, no lleva inscrito signo alguno. Deberíamos aprender que ha llegado un momento en el que los seguidores de prácticamente todas las fuerzas políticas —de Podemos a Vox, pasando por toda la gama intermedia de grises (en el momento de escribir estas líneas, recién iniciada la campaña presidencial argentina, se acababan de incorporar a este variopinto grupo los partidarios del neoliberal Mauricio Macri, sin duda como voluntariosa respuesta al oscuro panorama que le dibujaban los sondeos)— corean alborozadas «¡Sí se puede!» cuando consiguen aquello que en principio parecía imposible para ellos o cuando intentan darse ánimos para conseguirlo.

De la misma forma que, en sentido contrario, algunas de las personas que más identificaban esa misma consigna con transformaciones radicales de la realidad social, como es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el momento en el que acceden a la parcela de poder real y efectivo largamente anhelada se apresuran, con aire contrito, a hacer público uno de los primeros descubrimientos que realizaron en su nueva etapa, a saber, que poder, lo que se dice poder, no se puede todo lo que se quiere. ¿De verdad no lo sabían?

Los avatares de la consigna pueden leerse en clave de esa banalización de la política que parece constituir uno de los signos más característicos de estos tiempos o, lo que viene a ser lo mismo, como un episodio más del destino que aguarda a las ideas y las palabras más nobles en una sociedad como la nuestra. Para abonarse a esta interpretación bastaría con recordar episodios como los de los eslóganes de Mayo del 68 aplicados, décadas después, a la publicidad de vehículos de alta gama o de productos de lujo en general. Sin duda, mucho de banalización hay, pero no creo que la referencia a esta agote la comprensión del fenómeno.

Tal vez habría que hacer intervenir en el análisis otra variable, que permitiera analizar la situación desde diferente ángulo. Porque no deja de resultar inquietante, como acabamos de señalar, que esta remozada variante del «seamos realistas, pidamos lo imposible» parisino que es el «sí se puede» se utilice casi exclusivamente para hacer referencia a una victoria electoral. Como si la materialización de lo que se presentaba como una utopía consistiera en realidad y tan solo en que los nuestros arribaran al poder, no en que hicieran en él determinadas transformaciones (puesto que, como acabamos de señalar, en cuanto alcanzan la meta perseguida, pasan a proclamar que no se puede todo y que por responsabilidad —ay, si el pobre Max Weber levantara la cabeza— renuncian a gran parte de lo que hasta ese momento habían venido prometiendo que llevarían a cabo).

A menudo pienso que algún día habrá que actualizar las consignas y los eslóganes electores, cambiando los verbos. Tal vez, a la vista de cómo está evolucionando la situación, el nuevo grito de guerra de quienes hasta ahora se limitaban a reivindicar la posibilidad en abstracto va a tener que ser «¡Sí, se debe!» y a renglón seguido la especificación del contenido del supuesto deber. También valdría otro de muy parecido tenor, me da igual, siempre que sirviera para dejar un poco más claro qué es lo que de verdad andan buscando los que corean la consigna en cuestión. No fuera a resultar que a algún malvado le diera por pensar que la versión completa de esta era en realidad (léase con cadencia de consigna, susceptible de ser acompasada por palmas y de cambiar el cargo al que se aspire en cada caso): «¡Sí-se-puede / ser-al-calde!» o «¡Sí-sepuede / ser-mi-nistro!».

7 de octubre de 2019

En Portugal, el Partido Socialista revalidó, ampliándola, su mayoría parlamentaria. No iba a tener problemas para seguir gobernando. Como en España estábamos en nuestra propia precampaña, su lógica acelerada haría que probablemente no se prestase demasiada atención a cómo el resultado del país vecino podía repercutir sobre el nuestro. Aunque no había que descartar que Enric Juliana, a quien le gusta analizar la forma en que la situación internacional repercute sobre la nacional, lo señalase. Pero, a lo que iba: me parecía altamente probable que la victoria socialista en Portugal aportara argumentos complementarios a quienes desde Podemos no han dejado de insistir en un gobierno de coalición, con ministros e incluso una vicepresidencia en un hipotético gabinete de Pedro Sánchez. Resulta fácil imaginarse al propio Pablo Iglesias o a cualquier otro muy afín de la dirección de Podemos afirmar antes sus compañeros: «¿Veis para lo que sirve apoyar desde fuera a un Gobierno? Para que este se ponga todas las medallas y al final seamos nosotros los que no obtengamos nada con nuestro apoyo gratuito».

La argumentación es atendible, aunque tampoco cabría olvidar que son muchos los gobiernos de coalición en los que ha sido el partido mayoritario el que, al terminar su mandato, ha obtenido el mayor provecho electoral, sin que el hecho de ocupar ministerios haya supuesto beneficio alguno en términos de votos al partido minoritario. Tal vez sea este otro razonamiento el que tenía presente Íñigo Errejón, al que me pareció que se le estaba acabando el periodo de gracia del que disfrutó tras anunciar su participación en las elecciones generales del 10 de noviembre. Imagino que cualquier día alguien le reprochará algo que me sorprende que aún no se haya puesto encima de la mesa. Porque no me parecía en absoluto irrelevante desde el punto de vista político que a escasas semanas de haberse formado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el líder de una nueva fuerza política que se presentaba con el enfático nombre de Más Madrid, se olvidase de Madrid y corriera a presentarse a las elecciones generales sin proporcionar una explicación convincente a su espantada (no creo que se puedan considerar tales afirmaciones como «Me siento llamado a acabar con el bloqueo desde posiciones progresistas, y me veo obligado a dejar Madrid» y similares). Que esto no mereciera el menor comentario crítico en la esfera pública, o que incluso pudiera ser considerado como algo natural, por no decir obvio, resultaba todo un indicador de la deriva que había adoptado la política entre nosotros.

A partir de esta desertización discursiva, nada tienen de extraño otros detalles que hace un tiempo, o en otros partidos, hubieran constituido piedra de escándalo, como el hecho de que, tras los precedentes de Pablo Iglesias y Ada Colau, fuese Íñigo Errejón el que pondría su rostro en las papeletas de su partido. Obviamente, como ya hemos empezado a ver, estos hiperliderazgos, esta fuerte identificación entre la persona y el partido, a menudo significan pan para hoy y hambre para mañana. O, mejor dicho, pan para el líder, que disfruta de una formidable plataforma electoral para su promoción personal, y hambre para el partido, cuyo capital político, ayuno de programa, se limita a su cabeza de lista por Madrid[39].

Lo que planteé en una entrada anterior creo que se va confirmando. Dudo mucho que exista, más allá de la coyuntura electoral, un espacio político entre el PSOE y Podemos para una tercera fuerza de izquierda. Y si antes comentaba que el futuro de Errejón parecía ser el de acabar incorporándose a las filas socialistas, por aquel entonces habría añadido que también disponía de otra opción para la que no sabía si tenía suficiente cuajo político, que era la de acabar llevando a cabo el sorpasso a su propia formación de origen, Podemos. El espejismo de Más Madrid (donde la presencia de Manuela Carmena ha resultado determinante en su buen resultado) podía hacer que más de uno considerase que esta segunda opción era tan posible como deseable. Tal vez. Pero tenía para mí —sin prueba alguna, lo dejo claro— que el propio Íñigo Errejón no la iba a considerar así y que estaba por otra labor.

11 de octubre de 2019

Aquel viernes los diarios informaban acerca de las penas a las que probablemente se verían condenados los diferentes líderes del procés. La sentencia, según casi todos los medios, se haría pública el lunes siguiente, día 14. Para un sector del independentismo ese sería un nuevo momentum, comparable al mismísimo 1-O de 2017.

Tengo la sensación de que establecer un paralelismo entre ambas fechas no deja de ser una expresión de voluntarismo. Por supuesto que cabía hacer una comparación con aquella fecha por lo que respecta a la movilización de las bases independentistas en las calles y plazas de Cataluña. E incluso no faltarían quienes buscarían denodadamente establecer también un paralelismo en cuanto a represión policial. Pero, al margen de que la movilización fuese mayor o menor de lo previsto, y de que hubiese desórdenes de importancia que obligasen a intervenir a Mossos, Policía Nacional o Guardia Civil, ambas fechas eran de naturaleza política diferente y, por tanto, no podían dar lugar a los mismos efectos.

Porque del hecho de que el independentismo considerara el 1-O como un referéndum en toda regla se desprendía que, a continuación, pudiera apelar a su resultado en la forma en que lo ha hecho, esto es, como un mandato democrático, del que se infirió la posterior declaración de independencia por parte de Puigdemont. Pero, cabía preguntarse, ¿qué efecto político se podía desprender del hecho de que la movilización independentista tras la sentencia alcanzara tal volumen que mereciera considerarse un nuevo momentum? El efecto que parecía más lógico era la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas, pero, si se descartaba esta opción, como hizo de manera reiterada Torra, ¿cuál sería el efecto de que saliera tanta gente a la calle?

La pregunta era pertinente, habida cuenta de que los sectores independentistas más afines a Puigdemont y Torra parecían confiar en que las reacciones de protesta en las calles alcanzasen un nivel tal que terminasen por propiciar una situación de descontrol en la que fuese el propio Estado el que entrara en una profunda crisis, aunque ni ellos mismos parecían saber qué movimiento político llevarían a cabo en dicho caso. Nunca hay que descartar, aunque sea por la pura prudencia analítica de anticipar todos los escenarios posibles, que alguna contingencia inesperada (aunque deseada en secreto por más de uno), como podría ser una desgracia personal en enfrentamientos con la policía, complicara extremadamente la gestión de la situación. Pero no parecía lo más probable, sobre todo si tomábamos como referencia la coordinación entre policías con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el anterior mes de noviembre (coordinación que se saldó con éxito por lo que hace al control del orden público).

De ocurrir esto último, las manifestaciones que se produjeran, por multitudinarias que pudieran llegar a ser, no pasarían de constituir un mero desahogo colectivo sin trascendencia política alguna. Máxime cuando, como venimos repitiendo, no se alcanzaba a ver qué as que les permitiera darle la vuelta a la situación podían tener escondido en la manga Puigdemont o Torra. Algún diario de Madrid alarmó a sus lectores planteando la posibilidad de que al president se le ocurriera abrir la puerta de las prisiones catalanas en las que se encuentran encerrados los políticos catalanes entonces recién juzgados para que salieran. Era una alarma de todo punto injustificada. Torra nunca haría algo así, y no por falta de ganas, sino, en primer lugar, por miedo a las consecuencias penales de un acto así, sobre todo cuando había quedado patente de manera irrefutable que en España no se puede violar la ley impunemente. Pero, en especial y en lo fundamental, para evitarse el bochorno de que los políticos allí presos le manifestaran con absoluta claridad que no tienen la menor intención de salir de esa manera.

12 de octubre de 2019

Probablemente Borges exageraba cuando pronunció su famosa frase «los periódicos se hacen para el olvido, mientras que los libros son para la memoria». Me atrevo a atribuirle exageración viendo las frases que precedían a la que se ha hecho más famosa: «Yo no he leído un periódico en toda mi vida. En un diario, por lo general, se escriben noticias, desde luego tontas». En todo caso, es una concepción del papel de la prensa en las antípodas de la no menos célebre definición de Philip Graham, el que fue editor y copropietario de The Washington Post, definición según la cual «el periodismo es el primer borrador de la historia».

Quizá no sea cuestión de tener que decidirse entre las dos concepciones, por completo antagónicas en lo que a valoración de la prensa se refiere, sino de intentar determinar si, en efecto, el lugar por el que pasa la diferencia entre los periódicos y los libros (especialmente los de historia, pero no solo) es, sobre todo, la temporalidad propia de cada uno de ellos. Cuando analizamos ambos desde esta perspectiva podemos empezar a dilucidar si llevaba razón el gran escritor argentino al cuestionar lo que, según él, constituía la falsa creencia en la que se basa el periodismo, a saber, que todos los días ocurre algo nuevo; o si, por el contrario, conviene que seamos conscientes de que lo que hoy se nos cuenta en los diarios que sucede será la materia prima con la que el futuro sabrá lo que ocurrió en el presente.

Ahora bien, se piense como se piense a este respecto, algo parece estar meridianamente claro: no se escribe igual para un diario que para un libro. Este último formato, en cuanto que se despliega en el tiempo, permite ir contrastando en qué medida lo que uno escribió semanas atrás estaba demasiado contaminado por la coyuntura de la actualidad y merece, pongamos por caso, mayor sosiego en el tono o ponderación en el contenido. Los diarios, en cambio, no conceden ese margen y ello repercute a menudo en la forma, agria y desabrida con la que algunos se expresan, especialmente en las columnas de opinión. Con frecuencia en aquellos meses de presidencia del Senado, una tecnología que no termino de controlar hacía que fueran llegando a mi teléfono móvil referencias de artículos periodísticos en los que columnistas a los que no tenía el gusto de conocer (y que, por lo demás, en ocasiones ni tan siquiera son mínimamente conocidos) arremetían contra mí, con cualquier excusa, con una ira y una violencia verbal que la perspectiva del tiempo transcurrido me permite afirmar con rotundidad que eran de todo punto exageradas.

Tal vez sobre lo que convendría reflexionar en algún momento sería sobre las razones que han llevado a que finalmente algunos diarios (lo de las redes sociales es obvio que merece capítulo aparte) sean también el lugar en el que se recoge la rabia cotidiana, en el que se puede exponer a la luz pública, sin recato alguno, la propia bilis, en la confianza de que ni el menor rastro de dicha exposición, a veces obscena, perdurará en la memoria de nadie. Quizá porque, como también se suele decir en el periodismo, nada hay más viejo que el diario de ayer. Y es cierto. Pero estaría bien que este olvido, tan estructural como acelerado, inducido por la dinámica de nuestra propia sociedad, no se convirtiera en una cobertura para irresponsables. O para deslenguados, que a los efectos de lo que estamos comentando viene a ser lo mismo. Todo ello sin menoscabo alguno de la libertad de expresión, por si hace falta dejarlo claro.

14 de octubre de 2019

Tras la publicación de la sentencia del procés no faltaron personas, o incluso instituciones (como el F.C. Barcelona), que hicieran declaraciones o emitieran comunicados afirmando que «la sentencia no es la solución». A fuerza de repetir la frase, fue perdiendo casi por completo su capacidad de sorprenderme, aunque todavía conserva un resto. ¿Desde cuándo una sentencia judicial se plantea como la solución de algo? Los tribunales juzgan conductas que supuestamente han incurrido en alguna ilegalidad y, por tanto, significan una reacción frente a aquellas con el objeto de restablecer el orden. Pero no están para hacer propuestas que supongan el avance hacia ninguna solución[40]. Eso, como suelen reiterar algunos, corresponde a la política.

Lo llamativo es que buena parte de estos algunos son también los que proclaman que volverían hacer aquello por lo que han sido juzgados y condenados. Tal vez fuera a esas personas a las que habría que decirles que la reiteración en comportamientos delictivos no es la solución. A ellos parecía dirigirse especialmente Pedro Sánchez en su intervención de ese 14 de octubre tras conocerse la sentencia, al insistir en que esta significaba el punto final de una etapa, el procés, que había durado demasiado («el naufragio político de un proceso que ha fracasado» fueron sus palabras textuales). Hizo bien, a mi juicio, en determinar el significado político, por no decir histórico, de la sentencia.

Ahora bien, este fracaso, anunciado desde hacía dos años, no debería confundirse con que entráramos en una etapa de sosiego absoluto. Claro está que no. Incluso no cabía descartar que en los próximos días pudieran producirse alteraciones del orden público relevantes. Pero creo que todas ellas, aunque alcanzaran un volumen no menor, podrían interpretarse utilizando aquella metáfora que tanto gustaba a Baudrillard: también a los cadáveres, en sus primeras horas, todavía les crecen las uñas y el pelo.

15 de octubre de 2019

Siempre me hizo gracia aquel rap de Joaquín Sabina titulado «Como te digo una co te digo la o». Me vino a la cabeza porque, tras ir dejando caer a lo largo de las páginas anteriores algunas reservas críticas respecto a la conducta de determinados medios de comunicación, me parecía pertinente puntualizar otras situaciones en que sus profesionales, comparados con los políticos, salen más que airosos.

El 14 de octubre por la noche, zapeando para comprobar la diferente forma en que las cadenas trataban los problemas de orden público en Barcelona tras la sentencia, terminé recalando en el canal 24 horas de TVE. Allí primero reunieron a siete representantes de diversas formaciones políticas y, terminadas sus intervenciones, a cinco periodistas. Tuve la misma sensación que tenía cuando, años atrás, veía en TV3 un magnífico programa de debate titulado Ágora, a saber, que, frente al interés que solía tener el contraste de pareceres entre analistas, en el momento en el que los invitados eran políticos profesionales, el interés decaía casi por completo. Estos últimos transmitían una intensa sensación de rigidez, una incapacidad para alejarse lo más mínimo de la línea argumentativa diseñada por las direcciones de sus respectivos partidos, con una falta casi absoluta de espontaneidad e imaginación.

Una parte de los políticos que intervenían esa noche respondían a este patrón. Tanto que alguno de los periodistas que participaron a continuación no pudieron dejar de mostrar su decepcionado asombro ante alguna de las afirmaciones que acaban de escuchar en la mesa anterior. Brillaron en este sentido con luz propia los invitados soberanistas Joan Josep Nuet, de ERC, y Míriam Nogueras, del PDeCAT. Uno esforzándose por que los famosos versos de Bertolt Brecht («Primero vinieron a buscar a los comunistas…») fueran de aplicación a la situación española actual. Según sus previsiones, deberían tentarse la ropa feministas, sindicalistas, ecologistas e tutti quanti porque el día menos pensado podían ser juzgados por rebelión a poco que les diera por protestar. La otra, Nogueras, me recordaba a aquellas personas que asistían como público a los programas de radio durante el franquismo y que, en el momento en el que el locutor les daba la oportunidad de intervenir para opinar sobre algo, indefectiblemente terminaban suplicándole: «¿Puedo saludar?». La diferencia es que la diputada del PDeCAT acostumbra a ocupar la totalidad del tiempo de sus intervenciones en saludar a sus camaradas, dedicando apenas unos segundos finales a alguna frase que a buen seguro, a la vista de la expresión de satisfacción que se le queda en el rostro tras pronunciarla, ella considera demoledora y concluyente, tipo «a los catalanes nadie nos volverá a engañar» o cualquier otra de similar insustancialidad.

Tras dichas intervenciones, el diálogo con los periodistas especializados en tribunales, entrando en los detalles de la sentencia y observando aspectos particulares de esta que podían desplegar consecuencias en el futuro, era una fiesta para la inteligencia. No me complace tener que escribirlo, por el severo reproche que implica hacia los políticos en esta ocasión, pero es la verdad.

16 de octubre de 2019

No cabe minimizar los incidentes de aquel martes por la noche en Barcelona. Me pillaron en la cena del Premio Planeta, sentado al lado de la alcaldesa Ada Colau. También debía haber asistido la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, pero consideró que, dadas las circunstancias, debía estar en el Centro de Coordinación de los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, atendiendo a lo que más importaba en aquellas horas. Me pareció una muestra de responsabilidad por su parte. No era, desde luego, momento para venir a hacerse fotos.

La figura del president de la Generalitat, Quim Torra, menguaba a marchas forzadas, si es que le quedaba estatura por menguar. Ya ni siquiera contaba como agente político al que reclamar responsabilidad. Por esa misma razón, carecía por completo de propuesta política que ofrecer a la ciudadanía. Correteaba por el escenario público como pollo sin cabeza. En el pasado negó la realidad y fue de los que habló de que el supuesto mandato democrático del 1-O abría el proceso de implementación de la república (implementación que no se ha visto por parte alguna, ya que, directamente, su Govern no ha gobernado). Luego, con la desenvoltura del que desconoce el principio de no contradicción, proclamó que volvería a hacer lo que, según él, no hacía falta repetir porque ya estaba en marcha. Y, por supuesto, o no tuvo los reflejos para salir en televisión a decir que lamentaba los incidentes que se estaban produciendo en Barcelona, que estaba en contra de toda forma de violencia, etcétera, o no queda más remedio que pensar que en su fuero interno no los lamentaba en absoluto porque consideraba que contribuían a acercarse a su tan anhelado momentum.

Por su parte, Pablo Iglesias aprovechó el río revuelto del desorden en las calles de Barcelona para intentar extraer algún pequeño rédito. Probablemente preocupado por el retroceso de su partido que anunciaban todos los sondeos, cambió de nuevo su discurso y, en vez de continuar repitiendo que lo que el PSOE deseaba en secreto era gobernar con Ciudadanos (cosa que decía mientras Albert Rivera hablaba de «Sánchez y su banda» y denunciaba que ya estaba todo pactado entre los socialistas y Podemos), afirmación que carecería por completo de sentido a la vista de la ruina electoral de la formación naranja, pasó a proclamar que lo que en realidad perseguía el entonces presidente en funciones era una gran coalición con el PP. Tanto daba que Pedro Sánchez no dejase de repetir que lo que deseaba era un gobierno progresista. Iglesias seguía la vieja consigna periodística, aplicada a sus intereses más coyunturales: no dejes que la realidad te arruine un buen titular. Y si la mentira no te sirve como titular, utilízala como consigna en algún mitin.

17 de octubre de 2019

A diferencia de los incidentes de la noche del martes, de los que fui teniendo noticia a través de los distintos medios de comunicación, de los de la noche del 16 de octubre tuve conocimiento directo, como aquel que dice, desde el palco, porque buena parte de ellos pude contemplarlos desde el balcón de mi domicilio. Esta otra perspectiva tal vez no sea la que proporcione una valoración más completa de estos, puesto que uno solo ve los que ocurren delante de él, pero permite incorporar otros elementos de indudable interés. Me refiero a las reacciones de las demás personas que en ese momento están contemplando lo mismo.

Tal vez a quienes hayan vivido situaciones análogas en otras zonas de España lo que voy a decir no les venga de nuevas, pero confieso que a mí no dejó de perturbarme. Podía escuchar los comentarios de otros vecinos que, acodados como yo en el balcón, observaban cuanto pasaba en la calle (quema de contenedores, alzamiento de barricadas, etcétera). Algunos utilizaban un lenguaje y un tono claramente indulgentes. Describían a los protagonistas de los altercados con expresiones exentas de la menor crítica: «Ya se ve que son chicos jóvenes», «Deben de ser estudiantes», «Se conoce que están enfadados» y similares. Un lenguaje que en algún momento me hizo evocar aquella formulación de «los chicos de la gasolina» acuñada por Xabier Arzalluz en su momento.

Otro comentario que tuve la ocasión de escuchar en aquel rato tenía también un tono abiertamente exculpatorio: «En realidad son cuatro gatos, pero hacen mucho ruido», expresión que, aunque no lo explicitara, tenía como corolario subyacente la consideración de que no había vínculo alguno de los protagonistas de estas acciones con el grueso del independentismo. Dejé de escuchar el resto del comentario cuando alguien desde su balcón informó de que, pocas calles más abajo, el número y actitud de los encapuchados había sido tal que los Mossos y la Policía Nacional se habían visto obligados a retroceder. No voy a entrar a discutir la obviedad de que la mayor parte de los independentistas no son violentos, pero, desde un punto de vista meramente lógico, se me permitirá alguna puntualización. La proporción más grande de alteraciones de orden público que se producen al final de una manifestación la protagonizan casi siempre grupos minoritarios ajenos a la mayoría de los manifestantes, lo que no impide que asociemos las manifestaciones de cierto signo (en especial las de extrema derecha) con la violencia, y no sin parte de razón. Por lo demás, si el independentismo ha estado alardeando durante años de su extremo pacifismo mostrando como prueba que en las sucesivas manifestaciones de cada Diada no se producía el menor incidente («ni se tiraba un papel al suelo», por utilizar una de las frases favoritas de estos presuntos pacifistas), habrá que concluir, utilizando la misma lógica argumentativa, que los serios incidentes producidos tras las manifestaciones cuestionan muy en serio ese pacifismo del que tanto alardeaba.

Aunque tal vez el comentario que más me impresionó, porque lo entendí como profundamente revelador de una determinada mentalidad, fue el que le escuché a otro vecino, hombre amable, educado, sensato y siempre dispuesto a ayudar a quien se lo pida. Cuando este empezó a percibir que los incidentes estaban subiendo de nivel y aquellos «chicos jóvenes» no se contentaban con interrumpir el tráfico y gritar «las calles siempre serán nuestras», sino que empezaban a bloquear las calles con contenedores, traer gruesos maceteros de terrazas próximas y aprestarse a prender una hoguera debajo de su mismo balcón, pronunció con tono solemne el comentario revelador: «Todos estos seguro que son de derechas».

He calificado la frase como reveladora precisamente porque no la considero anecdótica. Forma parte del conjunto de mecanismos que ha venido utilizando el independentismo para negar la realidad, para blindarse contra cualquier refutación por parte de los hechos. Porque va para dos años que la realidad se ha encargado de mostrar, reiteradamente, no solo el error, sino también el monumental engaño que ha significado el procés. Ahora, los engañados se resisten a reconocer que han sido víctimas de él, lo cual es hasta cierto punto comprensible, habida cuenta de la inversión emotiva que llevaron a cabo. Sin duda la frustración no siempre es fácil de gestionar.

Pero ello no puede justificar en modo alguno la negación de la evidencia (en caso de hacerlo se convertirían en merecedores, de pleno derecho, de la calificación de fanáticos). Porque el engaño alcanzó una desmesurada magnitud, irrefutable, y la mentira, reconocida a ratos por los mentirosos, tuvo unos efectos —sobre todos y sobre todo— de una enorme trascendencia. Pues bien, por si todo esto fuera poco, lo que se estaba mostrando en aquellos días era que, a la lista de los reproches más evidentes que se le pueden hacer a los independentistas, habría que incorporar otro, tal vez el más grave: tras incubar el huevo de la serpiente, ahora les horrorizaba mirar a los ojos a su criatura.

18 de octubre de 2019

Si alguna metáfora calza como un guante para describir la deriva que había terminado por tomar el independentismo es la del aprendiz de brujo. O la de la pasta de dientes imposible de devolver al tubo una vez que ha salido de él. Los líderes del procés creyeron que, para alcanzar sus objetivos, se trataba de desplazar el eje de la acción política desde las instituciones hasta la calle, y ahora se encontraban con la evidencia de que no controlaban la calle en absoluto.

Alguien podría pensar que tenía algo de paradójica aquella situación. La publicación de la sentencia, el gran momento que esperaba el independentismo para volver a movilizar a los suyos, había dejado en evidencia la ausencia completa tanto de un plan B al procés como de una dirigencia política a la altura de las circunstancias. Ya hemos venido haciendo referencia a lo primero, pero nunca se insistirá bastante en lo segundo. El nivel de ineptitud de quien tenía en ese momento la máxima responsabilidad política en Cataluña era clamoroso. El espectáculo que ofreció el 17 de octubre el president de la Generalitat primero en el Parlament y luego, por la noche, en TV3 debería de haber producido auténtico bochorno entre los suyos. Proponer por su cuenta y riesgo, sin ni tan siquiera consultar a sus socios de gobierno de ERC, el enésimo referéndum de autodeterminación (al parecer se refería a ello bajo el eufemismo «poner las urnas», que ya sabemos la ambigua manera en que fue utilizado por Artur Mas en su momento) equivalía a decirle a la ciudadanía que quiere repetir todos los errores que habían conducido a aquella caótica situación.

La frustración en crudo, unida al fanatismo de quien se niega a aceptar la realidad, provocaron ese estallido de rabia impotente. No se podía decir que resultase una sorpresa. Casi desde el primer momento en que se puso en marcha el procés fueron muchas las voces que advirtieron de lo que ahora estaba sucediendo. Lo mínimo que cabría esperar de unos dirigentes responsables es que hubieran tenido previsto cómo gestionar un estado de ánimo colectivo de este tipo. Pero con lo que nos estábamos encontrando era con un president de la Generalitat que proponía como respuesta a la sentencia repetir los errores que habían desembocado en aquella situación y que alentaba a unos grupos que se dedicaban a gritar por las calles catalanas «els carrers sempre serán nostres!» [«las calles siempre serán nuestras»], esto es, una consigna que propone expulsar del espacio público a quienes no piensan como ellos.

19 de octubre de 2019

Fueron días complicados para el equipo de escoltas que se encargaba de mi seguridad. Habían trabajado con la eficacia y discreción que les caracteriza, pero tal vez aquella semana, cuando la situación se había tensado en Barcelona hasta extremos ciertamente preocupantes, más evidentes se habían hecho las virtudes de este grupo comandado por un atento y educado subinspector, de nombre Javier.

Me agradaba preguntarles por detalles de su trabajo, para mí algo prácticamente desconocido hasta entonces y del que lo poco que sabía era a través del cine norteamericano (referencia no siempre del todo fiable). Mi curiosidad a veces me deparaba sorpresas divertidas. Hacía poco, teníamos que dirigirnos a no recuerdo dónde y se dio la circunstancia de que para llegar a nuestro destino estábamos poco menos que obligados a pasar por calles que presumiblemente iban a estar cortadas por los CDR. Cuando le pregunté a Javier por esa eventualidad intentó tranquilizarme informándome de que ya la tenía prevista. Como debió de ver que mi curiosidad no había quedado del todo satisfecha, añadió que en la parte trasera de su asiento llevaba lo necesario. Miré en él y no pude evitar la risa. ¡Llevaba una estelada! Me imaginé por un momento al piquete independentista dejándome pasar, amablemente y con una amplia sonrisa, al ver que hacía ondear por la ventanilla su bandera.

La imaginaria situación resultaba cómica en más de un sentido. Porque a lo divertida que era en sí misma se añadía la posibilidad, asimismo cómica, de que alguno de esos periodistas de la caverna que tanto aprecio me habían demostrado por entonces me hubiera hecho una foto dentro del coche con la estelada de marras al lado. Mi imperdonable condición de plagiario habría pasado a ser un pecado venial, una minucia, comparada con esta insuperable maldad: ¡el presidente del Senado agitando la bandera de los independentistas! Portada asegurada de ya sabemos qué diario una semana seguida.

20 de octubre de 2019

La expectativa, acariciada por gran parte del independentismo de que la sentencia constituyera la nueva oportunidad para reactivar a sus bases contenía una íntima contradicción: la sentencia, en efecto, reactivó el sentimiento de agravio y volvió a sacar a la gente a la calle, debidamente alentada a ello desde los poderosos altavoces del poder catalán. Pero, por otro lado, este mismo poder ya no se encontraba en condiciones de cabalgar semejante ola de movilizaciones, porque sabía que, en cuanto esta sobrepasase ciertos límites, su exceso podía dar lugar a consecuencias penales. En todo caso, todavía no habíamos salido de la lógica del mucho ruido y pocas nueces ya comentada anteriormente, aunque ahora había dos diferencias notables.

La primera era que el ruido había pasado a ser estruendo. Un estruendo ensordecedor, habrá que decirlo todo. Y la segunda, conectada con la anterior, era que había llegado un momento en el que lo que hasta entonces era inacción, esto es, el mero dedicarse a una política declarativa (aunque de alta intensidad inflamatoria, como gustaba de hacer Torra), había pasado a ser una forma de acción. Que un president de la Generalitat se abstuviese de hacer aquello que venía obligado a hacer, por ejemplo, en política de orden público, era una forma, por omisión, de ayudar a que se produjeran sucesos que, en realidad, estaba obligado a impedir en función de su cargo.

Aunque tal vez la descripción anterior sea en exceso benévola. Las diferentes intervenciones públicas de Torra a lo largo de aquella semana, lejos de contribuir a encauzar la situación, no sirvieron para otra cosa que para hacerla más confusa (esto en la más favorable de las interpretaciones, pues la menos es que contribuyeron a exaltar los ánimos). Valdrá la pena recordar que su primera comparecencia pública a principios de aquella semana fue en TV3 pasadas las doce de la noche, y que en ella omitió algo tan importante como el apoyo a los Mossos, que estaban pasando en aquellas mismas horas, junto con la Policía Nacional, por momentos extremadamente complicados y difíciles. Tras esa desafortunada comparecencia, la que le siguió en el propio Parlament de Catalunya no le fue a la zaga, prometió un referéndum de autodeterminación en un plazo corto de tiempo (antes de que acabase aquella legislatura) que le vino de nuevas incluso a sus socios de Gobierno.

Pero tal vez la intervención que llevó al extremo la confusión fue la del 19 de octubre, en la que, con el visible respaldo del Govern (en la que destacaba la presencia del vicepresident, Pere Aragonés, con el que se suponía que mantenía serias discrepancias), se dedicó a reclamarle diálogo a Pedro Sánchez y a lamentarse de que no se hubiera puesto al teléfono cuando le llamó el otro día. Por si alguien no había terminado de captar la asociación que Torra pretendía sugerir, los medios de comunicación públicos catalanes se encargaron machaconamente de resaltarla: la violencia en las calles era la consecuencia directa de la ausencia de diálogo, a su vez responsabilidad directa del Gobierno de Pedro Sánchez. Imagino que alguien le debió de sugerir al president que un planteamiento así le permitía sacudirse toda responsabilidad sobre lo que estaba ocurriendo y, de paso, conseguía hacer olvidar que muchos de los que promovían los alborotos en las ciudades de Cataluña lo hacían en protesta por la cobardía de Torra.

No alcanza mi memoria a recordar un político más superado por los acontecimientos, más incapaz de hacerles frente y, en consecuencia, más abrasado por ellos que el que se autodenominaba president vicario. Por cínico que pueda sonar, el futuro del independentismo precisa de un partido que maneje bien la gesticulación rupturista y con suficientes excesos unilaterales en el pasado reciente (servirían la negativa de Junqueras a que Puigdemont convocara elecciones autonómicas en 2017 o la acusación a este de ser un nuevo Judas por parte de Rufián) para resultar de fiar a quienes siguen creyendo, a pesar de los fracasos, en la ensoñación independentista. Quien parece claro que no puede jugar de nuevo el papel histórico de devolver a puerto una nave a la deriva es el partido antaño moderado y hoy de nombre mutante (¿PDeCAT?, ¿Junts per Catalunya?, ¿Crida Nacional per la República?) que ha pasado a estar fuera de control como consecuencia de su empeño por radicalizarse. Un empeño que no responde a ninguna caída del caballo ideológica, sino con el que pretende hacerse perdonar ante los independentistas de pata negra su prolongada tibieza pasada durante los años de pujolismo.

El problema en aquel momento de octubre era que ese necesario relevo de la hegemonía en el seno del bloque independentista solo se produciría tras unas elecciones, a las que se resistía el tándem Torra-Puigdemont con argumentos como el de que no era momento de elecciones sino de «fortalecer las instituciones» (argumento del todo increíble en quienes las tienen sumidas en una parálisis casi absoluta, con un gobierno inoperante y un Parlament cerrado durante largas temporadas).

En todo caso, tampoco quisiera entrar en contradicción con alguna afirmación precedente, pues no se trata de que haya pasado a confiar ciegamente en el presunto giro pragmático y moderado de ERC. No hace falta ir muy atrás y remontarnos al resultado que le dio a la vicepresidenta de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, confiar en Oriol Junqueras. De hecho, basta con recordar lo más reciente. Porque incluso las declaraciones de los líderes republicanos de los últimos tiempos, en sentido pragmático y moderado, han ido prácticamente siempre pespunteadas de gestos de signo contrario. Tal vez una buena muestra de esta actitud, tutelada por el clásico principio de nadar y guardar la ropa, la constituyan las palabras de Gabriel Rufián en la sesión de investidura del entonces pasado mes de julio, cuando, tras anunciar su abstención en la votación, informó de que en caso de una segunda vuelta y «a la vista de las previsibles circunstancias futuras» (en las que estaba claro que no pensaba intervenir) no podía garantizar el mantenimiento del sentido de su voto.

21 de octubre de 2019

Me informaron de que el ABC volvía a arremeter contra mí, esta vez a cuenta de que tanto en Las malas pasadas del pasado, premio Anagrama de ensayo, como en Amo, luego existo, premio Espasa de ensayo, incumplí las bases del concurso porque ambos libros no eran del todo inéditos al contener partes que ya habían sido publicadas. La verdad es que no creo que el asunto mereciese mayores comentarios por mi parte (aunque el ABC le dedicara su editorial), pero si esta parte del presente libro recoge mis experiencias más significativas durante el tiempo en el que fui presidente del Senado, no creo que fuera correcto para con mis hipotéticos lectores omitir estos episodios, aunque no merezca la pena hacerlos perder el tiempo entreteniéndome en comentarlos.

Ahora bien, puestos a tomarse el suceso con una mínima distancia, algo hemos avanzado: antes me acusaban de plagio, ahora me acusaban de autoplagio. Habría que ver cuál sería el próximo episodio de lo que Antonio Casado —a la vista está que de manera premonitoria— calificó de auténtica cacería. Como suele decir a menudo Miguel Ángel Aguilar para cerrar sus artículos: atentos. Entretanto nada más sucede, lo que sí se podía constatar, llegados a aquellas alturas, era una cosa: tiene su cuajo que aquellos a los que no se les conoce ni una sola idea propia vayan acusando de plagio a todos los demás. Claro que, cuando se les agota la acusación, pasan a la de autoplagio.

No deja de ser curioso que estos acusadores hayan sido incapaces de reprocharme nada en el plano teórico y que no hayan encontrado ningún flanco por el que criticarme en el plano de las ideas, teniendo tantas páginas donde escoger. La hipótesis más benévola para ellos es que no hayan encontrado porque no se han tomado la molestia de buscar, prefiriendo dedicarse a la cómoda tarea de hacerse eco de acusaciones ajenas, que terceros les han servido en bandeja. Pero, en tal caso, esta preferencia suya resulta altamente informativa de aquello que más les importa. Acabarán acusando a sus adversarios de pensar, que para mí es lo que de veras les molesta que hagan los demás.

Dicho esto, y volviendo de nuevo al plano de lo más general, regresó a mi cabeza algo a lo que ya le di vueltas durante la primera etapa de la cacería: ¿qué informaciones importantes se les estaban hurtando a los lectores cuando se decide colocar el foco de la atención sobre mi trayectoria y dedicarle tanto espacio?, ¿con qué criterios decidía un medio de comunicación que lo más importante, con la que estaba cayendo en nuestro país en ese momento, eran estos episodios (obviamente fruto de acusaciones tan interesadas como carentes del menor fundamento)? Porque la que estaba cayendo, sobre todo en Cataluña, no era menor ni muchísimo menos.

22 de octubre de 2019

Lo que sigue constituye una reflexión que, si no fuera porque era presidente del Senado, habría publicado en forma de artículo, pero que la elemental prudencia a la que venía obligado (como comentaba en una entrada anterior, a mediados de septiembre) recomendaba dejar en reflexión personal a la espera de futuros lectores. Al artículo, por cierto, posiblemente le habría puesto por título «Por una política sin daño», o cosa parecida[41]. Ahí va.

Decía Aristóteles que la política es el arte del bien común. Y decía también, en una definición universalmente conocida, que el hombre es un animal político, en referencia a su capacidad de crear sociedades y organizar la vida en ellas. Lo social, por tanto, como sinónimo de lo político e inherente a la naturaleza propia del ser humano.

Hoy, muy lejos ya de Aristóteles, encontramos que con frecuencia los representantes de la ciudadanía —ese colectivo difuso y heterogéneo al que solemos subsumir bajo el rubro de «los políticos»— son criticados por algunos por convertir su tarea de representación en un modo de vida, en una auténtica profesión. Quienes hacen tales planteamientos, personas normalmente alineadas en el populismo más antipolítico, les reprochan a aquellos aferrarse al escaño (o en su defecto al cargo) bien por no disponer de otro medio de vida, bien por disponer de otro medio de vida de una calidad comparable al que les proporciona la política.

De acuerdo con esto, parecería que tales sectores de opinión deberían recibir con alegría el hecho de que se incorporaran a las tareas de representación pública o de colaboración con la Administración personas procedentes de la sociedad civil, sin vínculo alguno previo con los partidos y poseedoras de una acreditada cualificación en algo que pudiera resultar de utilidad para la gobernanza de la comunidad en su conjunto. Pero resulta evidente que las cosas no funcionan así entre nosotros. Cualquier ciudadano con el perfil mencionado que decida dar un paso adelante y adquirir un compromiso político público ha de ser consciente de que, con toda probabilidad, de inmediato todos los aspectos de su vida serán objeto de un escrutinio despiadado.

Hasta tal punto es así que algunos de los que tanto criticaban el perfil habitual de los políticos, en cuanto irrumpe en escena alguien con uno nuevo, se afanan en rebuscar en su pasado profesional elementos que les permitan destruirlo cuanto antes. Parecen acreditar con ello que, como han dicho —cada uno a su manera— Daniel Gascón, Joan Coscubiela o incluso el propio Borja Sémper, en realidad nunca les preocupó que el recién llegado tuviera algo que ocultar, sino algo que mostrar, algo que ofrecer. Poco les importan los usos y prácticas establecidos en el ámbito del que procede el voluntarioso ciudadano, porque el objetivo, en todo caso, no es la censura de lo que, a juicio del crítico, pueda haber hecho erróneamente el recién llegado al iniciar su tarea política, sino el ataque a lo que constituye el núcleo de su identidad pública, aquello por lo que pudo obtener en el pasado cierto reconocimiento o respeto en su ámbito profesional.

Pero detenernos, aunque fuera a efectos de ejemplificación, en algún caso particular podría distraernos de lo que realmente importa (al que pudiera interesarle mi experiencia de hace unos meses le remito al artículo «Desprestigia, que algo queda», de próxima publicación en Letras Libres[42]). Conviene que los árboles no nos impidan ver el bosque, no vaya a ser que, enredados en discutir los detalles, descuidáramos la perspectiva de conjunto. Y lo que de veras importa, lo que resulta imperativo plantearse, es en último término si todo vale en política, si aceptamos que esta se convierta en una monstruosa maquinaria de picar carne (humana, claro) o consideramos que hay límites ante los que todos deberíamos ser respetuosos, porque el «calumnia que algo queda», acuñado en 1625 por Francis Bacon, aunque sea en la versión soft que sustituye «calumnia» por «desprestigia», no solo resulta dañino para el desprestigiado, sino que perjudica de gravedad los fundamentos de la vida en común. Uno de los efectos no menores de esta práctica es el que empezábamos a comentar hace un momento y que estamos teniendo sobrada oportunidad de certificar a cada nueva convocatoria electoral, a saber, que personas que sin duda podrían aportar su cualificado conocimiento y su experiencia profesional a la gestión de los problemas colectivos se tientan la ropa antes de dar un paso al frente, sobre todo a la vista del tratamiento público que recibieron quienes, antes que ellos, se atrevieron a hacerlo.

Sin dificultad podríamos ponernos todos de acuerdo en que algo va mal, muy mal, cuando amplios sectores de la ciudadanía identifican a aquellos que deberían aportar soluciones, los políticos, con su principal problema. Pero llevemos esta constatación hasta el final. Porque, análogamente, podría decirse también que algo no va nada bien cuando algunos de quienes tienen en sus manos determinar cuáles son las cuestiones que merecen ser debatidas en el espacio público utilizan ese poder, sea por razones ideológicas, de partido o económicas, en su propio provecho particular, sustituyendo las cuestiones importantes de verdad para los ciudadanos por las que a ellos les interesan.

Es sobre esto último sobre lo que resulta inexcusable empezar a pensar, sobre todo a la vista de la deriva que con tanta facilidad, especialmente en los últimos tiempos, toma la vida pública en nuestro país. A los que advertimos hace ya bastante de los peligros que comportaba una noción tan equívoca como la de ejemplaridad el tiempo nos ha dado, por desgracia, la razón. En el tipo de casos a los que estamos aludiendo, resulta por completo evidente que estos nuevos inquisidores, a los que en todo momento se les llena la boca exigiendo ejemplaridad a los demás (y sobre todo a los cargos públicos), se consideran por completo exentos de la misma. Por lo visto, a ellos les basta con una declaración grandilocuente y retórica de su compromiso con la información veraz o con la libertad de expresión para que nada les pueda ser exigido.

De ahí que siempre haya considerado más útil para un buen funcionamiento de la vida pública la reivindicación de la responsabilidad. Pues es algo exigible a todo el mundo, obviamente de acuerdo con el poder que ostenta. Pero nadie debería considerarse ajeno a ella, desde el más humilde de los votantes hasta el más poderoso de los mandatarios, desde el más modesto usuario de una red social hasta el director del periódico más influyente, pasando, claro está, por todos aquellos que, de una u otra manera, participan activamente en el curso de cuanto nos ocurre.

Por supuesto que en un determinado sentido la situación en la que nos encontramos no es por completo nueva, y no costaría encontrar en el pasado reciente múltiples episodios de ataques como los mencionados más arriba (de desprestigio de las personas), que mostrarían que el problema viene de lejos. Pero la facilidad creciente con la que dichos episodios han pasado a ocurrir contiene un elemento ante el que convendría no pasar de largo. Valdrá la pena reflexionar algún día sobre el efecto de los mismos, potenciado por una situación objetiva, y no solo el resultado de la irresponsabilidad censurable de algunos.

Porque resulta incuestionable el hecho de que ha ido en aumento de manera acelerada en nuestra sociedad la tendencia a la espectacularización de absolutamente todas las dimensiones de la vida —la privada incluida (las redes sociales proporcionan abundantísimas muestras de ello a diario)—, tendencia anunciada ya en los años sesenta del pasado siglo por los filósofos situacionistas, con Guy Debord a la cabeza. Pero un cambio cualitativo en el desarrollo de dicha tendencia tiene lugar en el momento en el que esta no solo coloniza la totalidad del ámbito público, sino que entra en contacto con otra, esta vez de carácter moral. Porque la complejidad social, asimismo creciente, hace cada vez más difícil acordar una escala de valores mínimamente compartida. La coincidencia de ambas tendencias da como resultado la transformación de la sociedad del espectáculo en la sociedad del escándalo permanente. Una sociedad esta última cuya avidez destructiva en lo simbólico no para en barras ni ante personas ni ante instituciones, y a la que la apelación a códigos deontológicos le parece una antigualla desdeñable, sin el menor sentido.

Ahora bien, la metáfora de la vida pública como un teatro en el que solo los actores son sometidos al escrutinio del público, mientras que a este todo le resulta permitido porque ha abonado su localidad, constituye, sin el menor género de dudas, una metáfora desafortunada. Y si se quiere seguir utilizándola, habrá que puntualizar entonces que, en esta representación teatral que es nuestro presente, todos estamos involucrados (con mayor o menor protagonismo, eso por descontado), pero nadie tiene derecho a considerarse exento de responder de su comportamiento, en la medida en que vivimos en sociedad y cuanto hagamos repercute de alguna manera, para bien o para mal, sobre los demás.

Regresemos al principio. Tuve la ocasión, hacía escasas semanas, de escuchar al director de un joven e influyente medio de comunicación defender el papel de la prensa como herramienta de regeneración democrática. No le faltaba razón. Así ha sido, así es, y así debe seguir siendo. Pero en tiempos de hooliganismo, desafección, incertidumbre y tentaciones populistas, conviene recordar que la política es, como decía Aristóteles, el arte del bien común y no un mero espectáculo con el que entretenerse o del que sacar algún provecho. Sin embargo, estas dos últimas opciones parecen ser cada vez más el caso, y ello debería servirnos de aviso como sociedad: en ocasiones, lo peor de emprender una caza de brujas es que se termina oficiando de aprendiz de brujo.

23 de octubre de 2019

Si tuviera que resumir en dos palabras la lógica por la que parece regirse Quim Torra en su gestión política como president de la Generalitat elegiría estas: confrontación y distracción. La confrontación es algo largamente anunciado (casi desde el principio de su mandato) pero explicitado este verano en la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, cuando tuvo que hablar de la respuesta independentista a la sentencia. Luego fue añadiendo otros matices para completar la respuesta y se refirió a la desobediencia institucional (todo un hallazgo politológico) y a otras desobediencias. En la misma línea, aunque esta vez de manera implícita, se incluiría su propuesta-sorpresa de la semana anterior de llevar la idea de un referéndum de autodeterminación al Parlament en aquella legislatura. Y también, cómo no (tal vez debería decir sobre todo), su actitud respecto a la violencia protagonizada por el independentismo más radical.

Se recordará la peculiar manera en la que se refirió a los detenidos por presunto terrorismo en la llamada Operación Judas: «No puedo condenar la violencia que no existe», dijo para esquivar la valoración de la conducta de unos sujetos que, según declaró en TV3 la propia madre de uno de ellos, «tenía bombas, pero era buena persona». O su falta de apoyo a la policía catalana, a la que en su primera declaración ni mencionó (como parece obligado en su máximo responsable, para apoyarla) y a la que en su comunicado más reciente, extenso y solemne, del 22 de octubre mismo, puso en el punto de mira, insistiendo en sus posibles excesos, es de suponer que para compensar el énfasis un poco mayor que había puesto al condenar los actos vandálicos de aquellos días.

El propósito último de esta sostenida actitud por parte de Torra no ofrecía demasiado margen para la duda: se trataba de convertir la frustración ante la sentencia en rabia. No ya solo por ver si conseguían reeditar ese momentum con el que tanto fantaseaban, sino también por un interés electoral mucho más inmediato, y es que no se produjeran demasiadas fugas del electorado de Junts per Catalunya hacia la CUP. De hecho, esta era la clave que concedía pleno sentido (más allá de cierta incontinencia verbal) a alguna de las manifestaciones más comentadas de Torra. Pienso en aquel «apreteu, apreteu», al que siguió un explícito respaldo a su exhortación: «Feu bé d’apretar» [«hacéis bien en apretar»]. De la misma manera que es desde aquí desde donde se entienden mejor sus resistencias a aceptar los episodios de violencia callejera de aquellos días.

Una diputada de la CUP, Mireia Boya, respondió de la siguiente forma a las palabras de Quim Torra, según las cuales los protagonistas de los actos violentos eran «infiltrados»: «Sabéis perfectamente que estos jóvenes en las calles no son grupos violentos. Son vuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos, que han perdido el miedo y se defienden de la violencia policial». En idéntico sentido se pronunciaba el día anterior mismo en una entrevista en La Vanguardia Jordi Sánchez: «Es indiscutible que una parte de los que tiran adoquines al lado de profesionales de los disturbios son nuestros jóvenes y adolescentes. No son solo extranjeros o personas ajenas al independentismo». No les faltaba razón. En efecto, las redes sociales se habían llenado en aquellos días de testimonios de jóvenes que habían participado de forma activa en los disturbios; en ellos se declaraban abiertamente cansados, hartos, de unos planteamientos que se habían revelado inútiles. De nada había servido, repetían, la revolución de las sonrisas o la confianza en que Europa vendría en ayuda del independentismo cuando viera la magnitud de la revuelta[43].

A poco que se piense, su exasperada reacción nada tenía de extraña en quienes venían oyendo de boca de sus mayores desde hacía años que «el Estado español» no es una auténtica democracia, que no hay separación de poderes, que los jueces obedecen a los gobiernos y, por eso, más que juzgar, se ensañan. Que la policía es franquista y reprime con saña cualquier manifestación democrática, por pacífica que sea, etcétera. Que los españoles odian a los catalanes (obviamente, por envidia), y que lo que pretenden es que Cataluña permanezca en una situación colonial, como la que hasta ahora ha padecido.

¿Que esta descripción de lo que venían oyendo estos jóvenes desde su más tierna infancia era exagerada? En absoluto. Es más, en aquellos días pudimos leer afirmaciones, por parte de opinadores que presumen de su condición de ilustrados, jaleando los comportamientos de los mencionados jóvenes, en una forma que sin duda aquellos consideran de lo más cool y alineado con el anarconihilismo de los black block, pero que mucho me temo que tiene su más profunda raíz en otro lugar. Porque los términos en los que los opinadores en cuestión planteaban la situación si a algo recordaban era a la famosa escena de Cabaret en el merendero de alta montaña. He aquí un par de fragmentos de lo publicado en un diario independentista catalán generosamente subvencionado por la Generalitat: «La violència funciona i té tota la legitimitat del món quan defensa una idea gran, bella i per la qual valgui la pena trencar-se la cara» [«la violencia funciona y tiene toda la legitimidad del mundo cuando defiende una idea grande, bella y por la cual valga la pena romperse la cara»]. Y también: «Els últims dies ha preferit enfrontar-se gallardament a la policia i jugar-se els ulls que no pas passar-se la nit a Razzmatazz fotent-se MDMA i ballant música infecta» [«los últimos días ha preferido enfrentarse gallardamente a la policía y jugarse los ojos en vez de pasarse la noche en Razzmatazz tomando MDMA y bailando música infecta»]. Juventud sana y fascinación por la violencia: un viejo cóctel sobradamente conocido.

La otra pata sobre la que decíamos al principio de la presente entrada que parecía apoyarse Torra en su estrategia política de aquellos meses era la distracción. A este capítulo pertenecen los episodios de la semana anterior en que insistía en hablar por teléfono con Pedro Sánchez, actitud que perseguía deslizar un planteamiento de todo punto falaz, a saber, que lo ocurrido en aquellos días traía causa en la sentencia a los líderes del procés, a su vez consecuencia de la falta de diálogo con el Gobierno central. Cuando precisamente si algo ha caracterizado —y desgastado— a Pedro Sánchez ha sido su permanente reivindicación del diálogo. Y cuando fue el independentismo el que le dio portazo, negándose a acudir a la comisión creada en el Congreso para debatir la modernización del Estado autonómico, el que precipitó la convocatoria electoral rechazando los presupuestos, el que en parte impidió que hubiera Gobierno votando que no en la investidura con el argumento de que «tenía 155 razones para votar que no» y el que plantea como condición irrenunciable el derecho a la autodeterminación.

Pero, incluso aunque no tomáramos en consideración todos estos precedentes, hay un argumento que certifica con total claridad que todas las invocaciones al diálogo llevadas a cabo por Torra aquella semana, incluidos los bochornosos spots publicitarios en TV3, en los que se teatralizaba el rechazo de Pedro Sánchez a ponerse al teléfono, constituían una simple maniobra de distracción: ¿a alguien en su sano juicio se le ocurre que un Gobierno en funciones y a las puertas de una campaña electoral puede emprender una negociación sobre un asunto de semejante calado?

24 de octubre de 2019

Participé aquella mañana en un acto de homenaje a los represaliados por la dictadura franquista. Estas fueron mis palabras para los periodistas: «Este no es un acto contra nadie, sino a favor de la reconciliación. A veces se nos ha reprochado que rendir homenaje a los represaliados por la dictadura franquista o querer dar sepultura a aquellos cuyos cuerpos fueron arrojados, sin la menor humanidad, a las cunetas son gestos de rencor. No es así: constituyen gestos de dignidad democrática. Que nadie nos acuse de querer reabrir heridas porque no había herida más sangrante en este país que el mantenimiento de un mausoleo al dictador. El futuro no se construye olvidando el pasado, sino aprendiendo de él. La sociedad española se debe un gran perdón. Pero solo puede perdonar el que conoce la magnitud de lo perdonable. Y, como decía Hannah Arendt, solo se perdona lo imperdonable. Por eso hoy es un día histórico».

25 de octubre de 2019

Aunque estoy dispuesto a reconocer la buena intención de esos ciudadanos que en los días de mayor conflictividad en las calles de Barcelona decidieron constituirse en fuerza de intermediación entre los manifestantes más radicales y los Mossos, había algo en su actitud que, a mi juicio, contenía un supuesto inaceptable.

En primer lugar, porque con dicha actitud colocaban en pie de igualdad a unos y a otros, sugiriendo la idea de que, de no verse controlados por la ciudadanía, ambos grupos terminarían indefectiblemente peleándose. Pero la policía no se pelea con nadie. O, mejor dicho, si se pelea es porque alguien está cometiendo una presunta ilegalidad. Obviar este pequeño detalle permite a continuación un tipo de afirmaciones, de sobra conocidas, que equiparan todas las violencias (algunos se adornan añadiendo «vengan de donde vengan»). Pero no hace falta ponerse muy doctrinal y recordar lo del monopolio de la violencia por parte del Estado para percibir el supuesto que parecía estar funcionando tras esa actitud.

Para que no se me acuse de demagogo, evitaré ejemplos como el de preguntarme si esos bienintencionados mediadores habrían adoptado la misma actitud si lo que había frente a la policía hubiera sido un grupo de delincuentes que acababan de cometer un delito atroz y se mostraran dispuestos a hacer frente a las fuerzas del orden con tal de no ser detenidos. Sustituyamos este ejemplo por otro de naturaleza más próxima a lo que estamos tratando. Esas mismas bienintencionadas personas de las que venimos hablando ¿se habrían comportado de idéntica forma si quienes mantuvieron una actitud hostil hacia la policía hubiesen sido manifestantes radicales, solo que de un signo político diferente, pongamos por caso de extrema derecha?

No creo que sea aventurado por mi parte suponer que habrían desistido de la mediación, fundamentalmente porque en tal caso considerarían del todo justificada la represión de este otro tipo de manifestantes. En el contraste con la actitud respecto de los anteriores queda clara la diferencia: da toda la sensación que estos mediadores piensan que los jóvenes radicales son de los nuestros. Eso justifica su intervención seudopacifista. La califico así porque en el fondo, con la excusa de evitar la violencia, no persiguen realmente otra cosa que proteger a los suyos de la eventual intervención de la policía y, más allá, de la justicia. Una policía, por cierto, que, en cuanto empieza a operar con profesionalidad, deja de ser considerada por el independentismo como la nostra.

26 de octubre de 2019

La teoría del señuelo defendida por el Tribunal Supremo generó problemas a dos bandas. Por un lado, criticaban algunos, el rey quedó desairado, ridiculizadas las empresas que se fueron y la oposición en el Parlament que puso el grito en el cielo el 6 y 7 de septiembre de 2017, descalificada. Todo era broma. Por otro, el independentismo, desdeñado, estaría haciendo su propio ridículo amenazando con volver a llevar a cabo el simulacro. (Por cierto que los portavoces independentistas solicitaban para los acusados penas menores que las solicitadas por los propios abogados defensores).

Tras la experiencia de aquella entrevista, nada más acceder a la presidencia del Senado, en la que se puso en mis labios cosas que no había dicho[44], me tenté la ropa antes de pronunciarme en campaña sobre la sentencia del Supremo a los líderes del procés. Además de por principios (quien ocupa la presidencia de una de las cámaras no debe pronunciarse sobre las decisiones de otro poder, el judicial en este caso), también por prudencia, porque los riesgos de manipulación eran más que evidentes. Pero como ese riesgo disminuye de manera notable para el caso de los libros (por ser, ay, muy poco visitados), me permitiré matizar algo más mi opinión al respecto.

Por lo pronto, creo que cuando se habla de prisión excesiva, habría que distinguir planos. En primer lugar estaría el que podríamos denominar «técnico», lo cual en este caso significa que si, aplicando determinados criterios establecidos por la ley, se aplica ante determinadas conductas una específica condena. Valdría la pena a este respecto intentar al menos ser ecuánimes, porque hay otros políticos de otras formaciones que también estuvieron un tiempo en prisión preventiva y se vieron luego condenados a años de cárcel. Y deberíamos aplicar la presunción de inocencia (aunque tal vez en este caso fuera más preciso decir de profesionalidad, o de imparcialidad) también a las instituciones. Además, no podemos olvidar el hecho de que cuando los jueces y los tribunales sentencian con determinadas penas, están obligados a justificar las razones de su decisión, lo cual en este caso hicieron sobradamente.

Dicho todo lo cual añado que, a diferencia de otros, que andan siempre muy sueltos de verbo y se sienten cualificados para opinar sobre todo lo divino y humano, yo no me considero con autoridad para emitir un juicio solvente sobre una sentencia que ha obtenido la unanimidad del tribunal, cosa que no me parece irrelevante en absoluto. No me cuesta imaginar el provecho que le hubieran sacado algunos a la existencia de un voto particular discrepante, aunque hubiera sido solo uno. En todo caso, y respecto a estos opinadores omniscientes (alineados en este punto con los políticos independentistas), constato lo chocante que me resultaba observar que ya por anticipado consideraban una flagrante injusticia cualquier otra sentencia que no fuera la absolución, cuando los propios abogados defensores de los acusados reconocían por lo menos el delito de desobediencia.

Otro plano diferente para valorar la sentencia es el político. Y en él ha dado lugar aquella a las situaciones de máxima tensión que hemos vivido en Cataluña, porque es evidente que los sectores independentistas ya tenían previsto y preparado utilizar las condenas como un elemento de agravio, cohesionador, movilizador, fueran aquellas cuales fueran (descartada la absolución). Por supuesto que, siempre que las respuestas transcurren en el marco de la ley, no solo son por completo legítimas, sino incluso expresión de salud democrática. Pero constituye un grave error, que a largo plazo termina volviéndose contra quienes lo difunden, confundir la valoración técnica con la política, lo cual se hace, interesadamente, cuando se valora la sentencia atribuyendo criterios políticos a los tribunales. Pero difundir este tipo de tópicos solo puede dar lugar a un deterioro de la cultura política de una sociedad, consecuencia que acaban por pagar todos los ciudadanos.

Y luego está la dimensión personal. No soy, en sentido propio, amigo de Romeva, pero nos conocemos de cuando coincidíamos en una tertulia en Catalunya Ràdio, en el programa de Mónica Terribas. Más adelante, cuando todavía estaba en Soto del Real, tuvo el bonito detalle de hacerme llegar, a través de la senadora Mirella Cortés, también de ERC, su libro con una dedicatoria muy amable[45]. Y que haya pasado dos años en prisión provisional y le espere todavía un tiempo más es, sin duda, duro desde el punto de vista humano. No se lo deseo a nadie, por si hace falta explicitarlo. Pero cuando digo «nadie», quiero decir nadie, no «nadie de los nuestros», «nadie próximo» o similares.

En todo caso, se trata de tres planos diferentes, que convendría distinguir a efectos de análisis. Pero, como sucede en la política catalana desde hace bastante tiempo, la razón analítica está en horas bajas y, en vez de diferenciar los diversos elementos que componen una situación para poder ponderarlos adecuadamente, se mezclan todos y se agitan, dando lugar al resultado que vivimos en aquellos días, a saber, el cóctel de un escenario tan insostenible como insoportable.

31 de octubre de 2019

Borrador inicial del texto de mi intervención en el mitin de inicio de campaña:

Hace un mes, cuando hice mi debut mitinero con ocasión de la Festa de la Rosa, en Gavà, un periodista que cubría el acto terminaba su crónica preguntándose si conseguiría yo en los mítines multitudinarios de la campaña que se avecinaba despertar grandes pasiones con mis intervenciones. Por si a alguien le interesa el asunto, se lo dejaré claro nada más empezar: no está entre mis propósitos despertar grandes pasiones, ni emociones desatadas. Prefiero mil veces despertar razones, aportar argumentos, dar que pensar, en definitiva.

Y no solo por deformación profesional, por aquello de dedicarme a la filosofía, sino porque creo que si de algo andamos sobrados, especialmente en Cataluña, es de sentiment, de emociones, de pasiones. Muchos apelan a ellas como si así quedaran liberados de la obligación de explicar y justificar sus conductas y sus posiciones políticas, como si sentir de determinada manera incluso fundara derecho (a más de uno le he oído decir: «Como no me siento español, no soy español»). Pero las cosas no van así.

En primer lugar, apelar a los sentimientos no garantiza inocencia alguna. Porque no es cierto que los sentimientos sean todos buenos, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. El odio, por ejemplo, que tanto atizan algunos, acaba siendo letal para una sociedad. Lo vemos a diario, tanto aquí como más allá de nuestras fronteras.

Pero es que, en segundo lugar, la convivencia en una sociedad heterogénea y plural no se puede organizar sobre la base de los diferentes sentimientos. Acerca de los sentimientos ajenos, acerca del hecho de que alguien se emocione con un himno, una bandera o una montaña sagrada hay poco que hablar. Se impone el respeto, eso por descontado, pero poco más cabe hacer.

Para la convivencia, para una buena convivencia (no confundir con la mera coexistencia) hace falta otra cosa: hace falta diálogo, que es el instrumento privilegiado que nos proporciona la posibilidad de llegar a acuerdos con los otros. El ser humano es capaz de dialogar porque reúne una doble condición: dispone de la razón y dispone de la palabra. Es ese tesoro el que permite la comunicación entre las personas. Decía Elias Canetti que «la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras».

Pero no nos engañemos: cabe un mal uso de ambas instancias. El fanático también habla y, como los perros, que te miran y parece que te entienden, hace como que argumenta, pero en realidad está convencido de que cualquier cosa, sea la que sea, le da la razón. ¿Acaso no hemos visto eso entre nosotros en los últimos años, independentistas a los que absolutamente nada, ni el más rotundo de los fracasos, les movía ni un ápice de sus planteamientos? ¿Acaso no lo vemos también en los dirigentes de Vox?

El diálogo, en cambio, exige ciudadanos críticos. ¿Y qué es un ciudadano crítico? ¿El que es capaz de poner a caer de un burro al adversario? Bueno, eso siempre está bien, pero no es el auténtico test de su capacidad crítica. El auténtico test es que esté dispuesto a cambiar de opinión, a revisar sus propios puntos de vista, porque prioriza no solo entenderse con el otro, sino entender el mundo. El fanático, en cambio, ayuno de opiniones propias, es incapaz de cambiar de emoción.

Al diálogo con quienes piensan diferente nosotros acudimos aportando nuestras ideas, nuestros puntos de vista y, sobre todo, nuestros valores. Porque para nosotros la política sin principios, sin ideales, sin valores, en definitiva, no es política, es mera politiquería. Y hemos de reivindicar una política atravesada de ética, empapada de ética. Esto que estoy señalando no son grandes palabras vacías, apelaciones retóricas a favor del bien y en contra del mal. Para nosotros hacer política es hacer el bien, en el sentido de producir cosas buenas, de contribuir a la vida buena de la gente.

Fijaos que no estoy diciendo tener buenas intenciones, estar animado de los mejores deseos, etcétera, como hacen aquellos que presumen todo el tiempo de ser bona gent, como si eso garantizara que cualquier cosa que hagan estará bien, cuando en realidad lo que han acreditado en estos años es que no hacen más que generar desastres allá por donde pasan y pisan, lo que es como decir allá donde gobiernan. Por el contrario, cuando yo hablo de empapar de ética la política estoy hablando de ser capaces de materializar todo eso, de ser capaces de llevar eso a la práctica. En definitiva: de hacer bien el bien.

Pero hemos de ver cómo hacemos para vivir mejor, no solo cada uno de nosotros, viendo atendidas nuestras necesidades básicas, sino en la compañía de los demás, de todos los demás. Pero los socialistas no estamos aquí para recrearnos en una hoja de servicios excepcional, sino para afrontar los nuevos retos y ofrecer soluciones y esperanzas. Y hemos de comenzar por lo más urgente, por cómo hacemos para vivir mejor juntos. Y no ayudan a esa tarea, sino más bien al contrario, los que dividen y enfrentan, los que no tienen más horizonte que el conmigo o contra mí, los que no plantean otra disyuntiva que o lo que yo te exijo o lo que yo te exijo. No queremos una sociedad sobre la que a diario caiga esa lluvia fina que hace unos días podíamos leer en forma de noticia en un medio de comunicación: los delitos de odio crecieron un 124 por ciento en los últimos años en Cataluña.

Nosotros, en cambio, no es que no planteemos ninguna disyuntiva, sino que planteamos una disyuntiva absolutamente diferente, la disyuntiva que siempre que puede repite nuestra magnífica presidenta del Congreso, Meritxell Batet: o diálogo o diálogo. Pero, al igual que el tango, para el diálogo hacen falta dos, y ahora mismo solo hay uno dispuesto, nosotros. Por eso al señor Torra hay que insistirle en que dialogar no es condescender a sus exigencias, como él pretende, sino buscar soluciones para convivir juntos. Senyor president: hable con la otra mitad de Cataluña, escúchela, dialogue y acuerde con ella, y después, si puede, intente dar lecciones a los demás.

Nosotros no le tenemos miedo al resultado de un referéndum. Ya sabemos que somos más quienes no queremos la independencia. Pero nosotros no queremos el referéndum, ni siquiera para ganarlo. Porque nosotros no nos proponemos como horizonte ser algún día la mitad más uno para poder silenciar y excluir definitivamente a la mitad menos uno. Eso, que para otros parece ser la victoria a la que aspiran, para nosotros constituiría una derrota como sociedad. Por eso rechazamos esas falsas soluciones que no hacen otra cosa que dividir y confrontar. No queremos ganar a costa de dividir a los ciudadanos en un falso ellos y nosotros, de renunciar a los matices que nos conforman como sociedad plural, diversa, abierta. No queremos ganar a costa de la convivencia, ni de negar al otro su identidad y sus derechos.

Por eso buscamos el acuerdo, y no la división. Cataluña, y España en su conjunto, son sociedades maduras y, como tales, heterogéneas, llenas de matices, justo lo contrario de lo que supone plantear preguntas binarias. No, no se construye democracia negando la realidad diversa y compleja de nuestro país. Porque es en esa complejidad territorial donde reside también nuestra grandeza y nuestra riqueza.

La nuestra es, ella sí, una Cataluña de todos y para todos. En nuestra Cataluña, caben ellos. En la suya, no cabemos nosotros. Queremos a Cataluña liderando de nuevo una España que progresa para todos, capaz de reformarse y de impulsar otra etapa de bienestar. Una España también diversa, que no responde al cliché falaz en el que tantos quieren fundar la excusa de la ruptura. Queremos una España con más cohesión social y, también, con más cohesión territorial.

Esa es la Cataluña que todos nosotros queremos, por la que luchamos en el pasado, por la que luchamos en el presente y por la que seguiremos luchando en el futuro. La nuestra es, ella sí, una Cataluña de todos y para todos. La Cataluña que queremos en la España que queremos. En una España bien gobernada y con un horizonte de progreso. Una España, en definitiva, en la que se haga bien el bien.

3 de noviembre de 2019

Era la tercera vez que me presentaba a unas elecciones, pero la primera que, en sentido un poco propio, hacía campaña. En las anteriores, lo cierto es que intervine poco, y en contextos muy determinados. Esta vez no. Me tocaba ir de aquí para allá, pero en realidad también resultaba una experiencia interesante. Y grata, a qué ocultarlo. Uno se dirige a un público favorable, muy bien dispuesto, al que, más que convencer, hay que animar. Un público agradecido que, en la mayoría de los casos te recibe con un cálido afecto. Es cierto que, en alguna ocasión, uno también se tropieza, de camino, con gente hostil y alcanza a percibir, aunque sea fugazmente el odio en algunas voces.

Tras la inyección de optimismo para los socialistas que supuso la encuesta del CIS del martes anterior, dándole al PSOE una horquilla entre 133 y 150 diputados, ese fin de semana volvían las previsiones inquietantes, con un resultado prácticamente igual al del 28 de abril que, a poco que se produjera alguna contingencia imprevista (un debate entre los números uno de los principales partidos mal planteado, por ejemplo), podría incluso haber derivado a peor.

En todo caso, tenía para mí que la hipótesis más pesimista no eran unas terceras elecciones, que todas las fuerzas políticas querrían evitar (de momento una, Ciudadanos, parecía que iba a salir francamente escaldada de aquellas segundas), sino una legislatura muy breve en la que el fuego cruzado de unos y otros terminara obligando a Pedro Sánchez a elecciones anticipadas. Mi sensación era la de que tanto PP como Podemos confiaban más en las posibilidades de mejorar su resultado ejerciendo de oposición de derechas o de izquierdas que perseverando en la cantinela cansina de una repetición electoral que llevaría al país a un escenario indeseable para los intereses de esos mismos partidos.

8 de noviembre de 2019

Borrador inicial del texto de mi intervención en el mitin final de campaña:

Más de una vez me habéis oído decir que la política y la filosofía tienen muchos aspectos en común, que no son cosas tan alejadas. A fin de cuentas, como ya nos dijo aquel revolucionario del siglo XIX, la filosofía trata de comprender el mundo, y la política de transformarlo en base a ese conocimiento.

Por eso, cuando me preguntan por qué yo, un filósofo, entré en política, suelo responder que ya estaba en ella. Que, como ciudadano libre de la polis, soy, de acuerdo con la definición de Aristóteles, un animal político.

Pero, precisamente porque reivindico el amor por el saber —esa es, como sabéis, la etimología de la palabra filosofía: amor a la sabiduría—, he de comenzar por asumir esa realidad, también cuando no me gusta. Lo que significa, aplicado a nuestra realidad presente, que no podemos negar la evidencia de que la repetición electoral ha dejado cierta sensación de fracaso colectivo. Lo de menos es que esa sensación sea justa o no, lo importante es que la tiene gran parte de la ciudadanía hoy. Y es a ese convencimiento al que estábamos llamados a dar la vuelta en esta campaña, y creo que en gran parte lo hemos conseguido. Pero aún queda un gran número de indecisos y hemos de perseverar en la tarea en las escasas horas que nos separan del momento en el que se cierren las urnas el próximo domingo.

Debemos transmitir en nuestro entorno que, aunque la democracia de partidos puede llegar a resultar en ocasiones cansina o incluso frustrante, no conocemos una mejor manera de conseguir sociedades más cohesionadas, más bienestar, más igualdad y más progreso. Me contaba el otro día un colaborador que su abuelo era muy glotón, muy comilón, y que su abuela siempre le reñía recordándole aquel refrán que dice que «de grandes cenas están las sepulturas llenas». A lo que él, un médico curtido en la dura posguerra, respondía con sarcasmo que no, que de lo que están llenas las tumbas es de lo contrario, de gente que ha pasado mucha hambre. Pues bien, si me permitís el paralelismo, lo mismo diría yo que ocurre con las elecciones y con la democracia.

O dejadme que lo diga de esta otra manera: de exceso de democracia no se muere. Por eso los que, por desgracia, tuvimos la ocasión de pasar hambre de democracia tenemos claro que las elecciones son una fiesta. Pero no una fiesta cualquiera, una fiesta banal, una fiesta frívola. Son, si me permitís que lo diga así, una fiesta muy seria: son una fiesta de libertad, pero también de responsabilidad.

Porque la abstención, siendo perfectamente legítima (e incluso, en este caso, comprensible), implica no solo abdicar de una responsabilidad ciudadana, sino, como suele señalar con acierto Meritxell Batet, aceptar sin resistencia alguna que sean otros los que decidan por nosotros y, por tanto, que sea su voluntad la que marque el destino de todos. Ya sabéis lo que se dice: la política, o la haces o te la hacen. Por eso tenemos que rebelarnos contra la apatía, pero también, al mismo tiempo, contra la vacuidad de debates interesados o banales, que desdibujan la importancia de lo que está en juego en unas elecciones. El debate político no es un concurso de zascas o de tuits más o menos ingeniosos, desagradables o provocadores, ni menos aún un casting entre líderes políticos para escoger a aquel que le cae más simpático a la ciudadanía. El ruido de las redes sociales o los debates insustanciales no son ningún peaje que la democracia deba pagar, sino el vicio con el que la pervierten los malos políticos. Identificar el debate político con estas actitudes equivale a olvidar la esencia de la democracia.

Nosotros no podemos permitirnos olvidar lo que importa, ni podemos contribuir a la frivolización: la democracia sirve, la política cambia la realidad, y los ciudadanos nos necesitan. Tal vez los que la frivolizan, los que se empeñan en convertirla en un mero espectáculo, lo que persiguen es que no nos la tomemos demasiado en serio, que no pensemos demasiado en lo que está en juego en unas elecciones.

Y lo que está en juego en unas elecciones no es que ganen los nuestros, ni siquiera que los nuestros ocupen un ministerio de más o de menos, una vicepresidencia de una cosa o de otra (asuntos estos últimos, por cierto, que a algunos, más que preocuparles, parecen obsesionarlos). Lo que está en juego en estas elecciones es lo que siempre estuvo en juego: el futuro de todos. Lo estuvo en el pasado, y recordad todo lo que conseguimos cuando obtuvimos vuestro respaldo. Fue la democracia española la que consiguió cotas inéditas de autogobierno para las comunidades históricas, la que creó el Estado de bienestar, la que universalizó las pensiones, la que aprobó una Ley de Dependencia. También la que aprobó el matrimonio igualitario y nos convirtió en país de vanguardia. La que consiguió, diseñó y organizó los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y la que aquí, en Cataluña, ha apoyado los grandes equipamientos de capitalidad científica y cultural. El AVE, el aeropuerto del Prat. Logros tangibles que han cambiado y mejorado radicalmente la vida de la gente. Logros, por cierto, todos ellos inconcebibles sin la fuerza socialista.

Si os decía que en estas elecciones está en juego el futuro es porque tenemos por delante problemas no menores, pero también retos que deberíamos ser capaces de convertir en oportunidades ilusionantes. Pensemos en la construcción europea, y también en la transformación de España. En la creación de un tejido industrial potente, renovado, plenamente respetuoso con el medioambiente, capaz de generar nuevos y mejores empleos, así como muchas otras oportunidades que no podemos dejar perder.

En estos tiempos, en los que tanto abundan las pasiones o emociones negativas (miedo al otro, rechazo a tal o cual idea, o la sensación de no estar siendo atendido y escuchado), hemos de ser capaces de sustituirlas por pasiones positivas (la ilusión, el entusiasmo, la empatía). Y si antes utilizaba la metáfora del hambre, ahora la apuraría un poco más y me atrevería a deciros que si algún hambre es buena, si algún hambre es saludable para la sociedad, es el hambre de futuro. Porque, igual que tenemos derecho a reclamar el cumplimiento de las viejas promesas, también lo tenemos a fundar otras nuevas, a fundar nuestras propias promesas.

Animaros a todo esto no equivale a reincidir en ninguna variedad del viejo somiar truites ni del no menos viejo fer volar coloms[46]. Al contrario: nosotros tenemos todo lo que se necesita para hacer reales estos sueños. Sabemos lo que queremos, tenemos la energía para emprenderlo y contamos con las personas adecuadas para llevarlo a cabo.

Primero, tenemos las ideas más poderosas. Además del programa que ya conocéis, encarnamos lo mejor de la tradición emancipatoria de la modernidad. Históricamente, el socialismo ha sido la única fuerza política que ha hecho suyos los tres objetivos de la Revolución francesa, conciliándonos, aunándolos, sin sacrificar ninguno. Y, si no, echad la vista atrás: a nuestra derecha no han faltado aquellos a los que se les llenaba la boca hablando de libertad, pero que silbaban y miraban al techo cuando se les preguntaba por la igualdad. A nuestra izquierda, han sobrado los ejemplos de quienes consideraban la pérdida de la libertad como un mal menor para alcanzar la igualdad. ¿Y qué decir de la fraternidad?: nos hemos quedado solos defendiendo que el federalismo es la forma política de la fraternidad. El socialismo, en suma, es la síntesis (la única síntesis, me permito añadir) de las ideas políticas que alumbraron el mundo moderno.

Segundo, también tenemos una cosa importantísima, vuestra energía, vuestras ganas de transformar la sociedad en un sentido más justo, más igualitario, más fraternal. Queremos una sociedad que cambie incesantemente hacia mejor, pero sin dejar a nadie atrás. Por eso yo os digo: no dudéis de vuestro empuje, no dudéis de vosotros mismos.

Hace unos años, cuando era joven (y, por tanto, más pesimista), me gustaba mucho una cita de Sandro Pertini: «Hemos de aprender a luchar incluso cuando no nos queda esperanza». Ahora he cambiado de opinión y de cita y prefiero esta otra, de Ernst Bloch: «Tenemos que aprender de nuevo a tener esperanza».

Tercero, y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a las personas para que todo eso se cumpla, se haga realidad.

9 de noviembre de 2019

La indisposición de Meritxell Batet hizo que tuviéramos que repartirnos sus tareas de campaña entre Miquel Iceta, José Zaragoza y yo mismo. En mi caso, además de algunos actos de tamaño mediano en diversas localidades catalanas, me correspondió hacerme cargo de algunas entrevistas que ella tenía comprometidas, tarea que no me resultaba desagradable ni incómoda.

Creo que mi valoración está relacionada con el hecho de que siempre he encontrado que las entrevistas resultan, en general, un formato estimulante. Bien pensado, podrían considerarse una variante del diálogo, si uno las encara con una determinada disposición. Me refiero a la de poner a prueba las propias ideas o, por lo menos, intentar verificar su consistencia. Asimismo, son útiles para comprobar el grado en que algunos tópicos, a menudo de más que dudosa solidez, han conseguido cuajar en el ambiente y son vehiculados por los entrevistadores. Así, el día anterior mismo se me preguntaba cómo podría evolucionar la situación en España tras las elecciones si, según quien me formulaba la pregunta, los resultados se repetían. Pero precisamente que los resultados no se iban a repetir era de lo que nos informaban todos los sondeos, que coincidían en señalar el hundimiento de Ciudadanos y el ascenso de Vox. Es cierto que podría decirse que la nueva suma de la derecha no variaría mucho en el saldo final de la anterior, pero el hecho de que sus protagonistas se repartieran de otra manera el peso electoral debería por lo menos habernos hecho variar el análisis.

También sirven las entrevistas para ir precisando los propios planteamientos, puesto que uno viene obligado, por el formato del propio medio en el que se expresa, a intentar atinar con las formulaciones más claras y rotundas. Por mi parte, intenté insistir en una idea en la que tal vez no se había insistido lo suficiente. Porque se había comentado mucho que el inquietante ascenso de Vox traía causa en el «blanqueo» que de esa formación hicieron tanto PP como Ciudadanos firmando pactos de gobierno con ella. Pero se había comentado mucho menos la otra cara de la moneda. Y era que, si aceptábamos el argumento que repetía sin cesar el independentismo al inicio del procés, argumento según el cual el PP (o Mariano Rajoy o incluso Madrid sin más precisiones) era una fábrica de independentistas, habíamos de aceptar ahora, aplicando idéntica lógica, que el independentismo se había convertido en una formidable maquinaria de producción de votantes de Vox.

Los entrevistadores de medios independentistas se removían inquietos cuando yo les hacía este planteamiento (uno de ellos llegó a decirme que mis afirmaciones se parecían a la sentencia de aquel juez que reprochaba a la víctima de una violación llevar minifalda). Siempre les ha incomodado que se les coloque ante el espejo. En parte no resulta difícil de entender. Un sector independentista ha apostado decididamente por la estrategia del «cuanto peor, mejor», pero le desagrada tener que asumir a continuación la responsabilidad del empeoramiento de la situación. Es lo que tiene el victimismo: que le espanta perder su presunta inocencia absoluta y tener que hacerse cargo de sus actos.

11 de noviembre de 2019

Para quienes hayan aceptado la versión de que las elecciones del 10-N eran fruto de un cálculo equivocado por parte de Pedro Sánchez, confiado en que una nueva convocatoria electoral le permitiría incrementar de manera espectacular el número de sus diputados, el refranero español les ofrece, por lo menos, dos formulaciones a la medida: «Para este viaje no hacían falta alforjas» y «La avaricia rompe el saco».

Probablemente se repetirán en los próximos días para consolidar un relato, por expresarlo a la manera hoy preceptiva, que, todo hay que decirlo, estaba teniendo fortuna en el espacio público. Una de las ventajas de tales formulaciones es que, en su rotundidad, permiten obviar algunos matices en los que es más que probable que resida el quid de la cuestión. Así, empezando por lo que menos importa, en su comparecencia nocturna del día de las elecciones Pablo Iglesias endosaba por completo a Pedro Sánchez el crecimiento de Vox, como si tanto su comportamiento intransigente en la fallida investidura del pasado julio como su propio descenso electoral (proporcionalmente superior al del PSOE) fueran cuestiones irrelevantes, en absoluto dignas de la menor mención.

Importa más, en efecto, reparar en el espectacular aumento en el respaldo a Vox por parte de la ciudadanía. En los días previos a la jornada electoral, un buen número de analistas, viendo lo que anunciaban las encuestas, insistían en algo que hemos comentado en estas mismas páginas: esta formación se aprovechó del campo libre que le dejaron sobre todo los partidos de izquierda, al no entrar a debatir sus planteamientos, tal vez porque daban por descontado —a la vista está que de forma equivocada— que determinadas cuestiones ya eran tierra conquistada en el sentido ideológico y que bastaba con ignorarlas para neutralizarlas.

A la vista está que no era así. Quienes tanto presumían de su buen olfato político y de su capacidad para detectar de inmediato los cambios que empezaban a producirse en la sociedad deberían haber prestado más atención a una frase que, casi desde el principio, se escuchaba con frecuencia por muchos sitios, el recurrente «yo no soy de Vox, pero…». No lo detectaron al empezar (en Andalucía) y se precipitaron al dar por amortizada a esta formación pocos meses después.

Y si en la primera fase la izquierda pecó de cierta soberbia ideológica (ante nuestras potentes ideas nada tienen que hacer cuatro tópicos reaccionarios y anacrónicos, parecía pensar), luego se le pasó por alto que lo que estaba ocurriendo en nuestro país le estaba proporcionando a Vox el caladero de votos complementario que necesitaba. En efecto, a partir de cierto momento, el discurso de esta formación pasó de la reiteración de unos cuantos lugares comunes (crítica al feminismo, a la inmigración y al independentismo) a la antipolítica más desatada.

Siempre cabía pensar, para no ser del todo pesimista en aquella hora, que el PP sabría reaccionar con inteligencia a la potente amenaza que le había surgido por su derecha y no jugaría a seguir bloqueando la situación política. De hacerlo, era más que posible que la ola antipolítica se lo llevase también a él por delante y el sorpasso de la derecha clásica lo protagonizase, para más inri, el partido con el líder con menor tirón mediático de los que han subido al escenario de la vida política nacional en los últimos años. A mi juicio, al PP le convenía más jugar la carta de la moderación centrista que había mostrado cara a las elecciones del 10-N (y que a la vista está que le ha dado buen resultado) y no reincidir en un tremendismo político que, junto con algún otro factor, había llevado a la ruina a Albert Rivera.

Otro factor para no abandonarse al pesimismo más desatado lo constituía el resultado del independentismo. Y aunque es cierto que Junts per Catalunya había obtenido un escaño más (los dos que perdió ERC parecían ser los que se habían ido a la CUP), si ese era todo el incremento electoral que había obtenido el independentismo después de unas semanas de intensa movilización tras la sentencia a los líderes del procés (movilización que algunos fantaseaban como el nuevo momentum), el saldo obtenido finalmente sonaba más a estancamiento que a otra cosa.

Pero no abandonarse al pesimismo no equivale, aunque pueda parecerlo a primera vista, a optimismo. Más allá del análisis de lo ocurrido, algunos elementos proyectaban sombras de inquietud sobre el futuro. Uno era, sin duda, ese auge de la antipolítica, al que resultaba más que dudoso que se le estuviera saliendo al paso adecuadamente. Y el otro, el surgimiento de una violencia política en Cataluña (ese huevo de la serpiente al que se hacía referencia un poco más arriba) de una magnitud tal que sería irresponsable minimizar por el mero hecho de que, por razones tácticas, pudiese haber decidido un coyuntural repliegue.

13 de noviembre de 2019

Tanto dar la matraca —con perdón— con que si estos son más o menos nuevos que los otros, con que si un acontecimiento constituye una auténtica novedad o no, etcétera, y cuando realmente ocurre algo inédito, algo sin precedentes en nuestra joven democracia como es un posible gobierno de coalición, resulta que solo un diario, La Vanguardia, lo saca en portada.

La noticia del día anterior convirtió en pasado remoto la del 11 de noviembre, la dimisión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos tras su desastroso resultado del domingo. Aunque quizá hubiera que hablar no tanto de dimisión como de espantá. Porque en vez de anunciar su marcha y mantenerse al timón del partido de forma temporal para que este pudiera llevar a cabo una transición ordenada, decidió, en una de esas escenificaciones muy de su gusto, tomar el portante y marcharse. Sin dar explicaciones ni cosa parecida, simplemente diciendo que quería vivir la vida y ya está. Es lo que tienen los hiperliderazgos, que el líder hasta ayer mismo carismático puede tomar una decisión política como si de un asunto personal se tratara, decir que ahora quiere dedicarse a sus cosas y dejar a los suyos con un palmo de narices.

Al margen de otras consideraciones que se puedan plantear, lo cierto es que el anunciado Gobierno de coalición tenía, sin duda, un lado positivo. A poco que el previsible acuerdo de investidura con el resto de fuerzas políticas necesarias para obtener la mayoría sirviera de base para un posterior acuerdo presupuestario, se abría la expectativa de disponer como mínimo de dos años de legislatura. No era algo que se debiera desdeñar, tal como venían los tiempos, sobre todo habida cuenta de que la posibilidad alternativa, la de que el PP se hubiera abstenido simplemente para desbloquear la situación, colocaba al país ante un horizonte mucho más preocupante.

En efecto, si el PSOE hubiera respondido a este ofrecimiento planteando un Gobierno en solitario, casi con toda seguridad sus expectativas de supervivencia habrían sido francamente escasas, emparedado entre la oposición de izquierdas, que habría quedado expedita para Podemos, y la de derechas, en la que PP y Vox habrían competido por alzarse con el santo y la limosna de la oposición conservadora. En tales condiciones, ni siquiera resultaba verosímil pensar que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera podido sacar adelante unos primeros presupuestos propios. No es que una legislatura tal se hubiese iniciado con fecha de caducidad, sino que, sencillamente, habría nacido muerta.

Pues bien, justo por ello, me sorprendió que el PP no aprovechara la oportunidad que se le brindaba de poder ejercer oposición a un Gobierno débil en extremo y reforzarse a su costa, al tiempo que se desmarcaba de Vox mostrándose como un partido más centrado, en vez de optar por competir con él en ferocidad. A fin de cuentas, en Vox la ferocidad es imagen de marca, pero en el PP, aunque vaya siendo costumbre, no es un designio inexorable. Ya sé que hay quien dice que los populares no habían querido regalarle a Vox la bandera de la respuesta patriótica ante un independentismo catalán que reaccionó de manera incontrolada a la sentencia del procés. Pero no es menos cierto que los sondeos ya anunciaban un ascenso del PP desde mucho antes, precisamente como consecuencia de la decisión de Pablo Casado de abandonar los mensajes más exagerados contra Pedro Sánchez del 28-A (tipo «felón» y similares) y deslizarse hacia posiciones más templadas, como las que se le suelen atribuir a Núñez Feijóo.

Que el posible Gobierno de coalición tuviese aspectos positivos no significaba que no viniera exento de problemas, especialmente referidos a las previsibles tensiones internas en su seno. Tensiones previsibles por inevitables en la medida en que el socio minoritario, Podemos, tenía depositadas todas sus esperanzas de crecimiento en el desgaste del socio mayoritario (no podía crecer en otra dirección). Por supuesto que, precisamente por ello, si quería apropiarse del electorado, se supone que algo más moderado, del PSOE debía aparecer como un partido serio y solvente, de Gobierno, lejos de la imagen de radicalidad alborotada con la que se dio a conocer. O, lo que viene a ser lo mismo, debía iniciar su primera etapa en la gobernación de España mostrándose como el más leal y eficiente de los socios, como el más consecuente seguidor de los postulados socialdemócratas. Quedaría para más tarde la escenificación de su previsible decepción ante la falta de voluntad por parte del PSOE para emprender las transformaciones de signo progresista prometidas y pactadas entre ambos, escenificación que a buen seguro terminaría por producirse cuando llegase el momento (electoral, claro).

16 de noviembre de 2019

Si Rosa Luxemburgo levantara la cabeza y viera la forma en que los CDR parafrasean su célebre consigna «Socialismo o barbarie» convirtiéndola en «Independència o barbarie», a buen seguro que preferiría regresar a la tumba. Porque, más allá de la sustitución de los términos, lo que ha llevado a cabo este brazo agitador del independentismo catalán es una radical transformación del sentido de la frase, y lo que en la teórica marxista polaca era la advertencia de la disyuntiva hacia la que se encaminaba el mundo se ha convertido directamente en una amenaza en toda regla.

En efecto, a diferencia de la barbarie anunciada por Luxemburgo, que sería la generada por los enemigos del socialismo, por el capitalismo, la que dibujan en el horizonte los Comités de Defensa de la República la producirían ellos mismos con su vandalismo. Con lo que, en realidad, sería más propio afirmar que la amenaza constituye, en realidad, un completo chantaje: o se nos da lo que reclamamos o provocaremos el caos. Tal vez deberían haber puntualizado: provocaremos más caos. En el fondo, y sin pretenderlo, los autores de la consigna hacen que recordemos aquella frase que alguien, furtivamente, escribió bajo uno de los grandes carteles que inundaban La Habana en los años noventa, en pleno «periodo especial»: «Patria o muerte». Algún guasón se había permitido puntualizar debajo: «Valga la redundancia».

No se trata, claro está, de que debamos escandalizarnos por la manipulación de una consigna revolucionaria, o por el empleo engañoso de un lenguaje grandilocuente y presuntamente antisistema. El escándalo, de haberlo, se sitúa en otro lugar. Porque si tenemos en cuenta no ya solo la profunda sintonía multinivel (personal, familiar, política…) del president Torra con los CDR, sino también la defensa que de ellos se ha venido haciendo desde el poder catalán, minimizando el alcance de sus acciones o, cuando esto no era posible, desplazando su responsabilidad hacia quienes pretendían evitarlas (los Mossos y la Policía Nacional), terminaremos por concluir que el chantaje planteado por estos retoños del independentismo ha sido asumido de buen grado por las autoridades autonómicas.

Puestos a resumir abruptamente las consecuencias de esto, bien podrían formularse así: he aquí un Gobierno, el catalán, que amenaza con el desgobierno. Y si con esto no bastara, cabría añadir: lo hace ante la indiferencia de unas clases medias (las nacionalistas) de tradición conservadora que parecen haberle cogido el gusto a que aquellos a los que se supone autoridad, sus gobernantes, carezcan por completo de ella. Así, por si hiciera falta un ejemplo complementario, la irrupción en la contienda electoral por el Congreso el pasado 10-N tuvo en Cataluña un nuevo protagonista, la CUP, que utilizaban como reclamo para el voto la promesa de que convertirían la Cámara Baja en ingobernable. La promesa fue acogida con inocultable simpatía por la televisión pública catalana, que difundió el reportaje grabado por los mismos candidatos en las dependencias del Congreso, llevando a cabo bromas infantiles que harían sonrojar a un estudiante de bachillerato, sin el menor asomo de respeto a las instituciones.

Tampoco se trata ahora de fingirse escandalizado, sino, simplemente, de llamar la atención sobre la lógica que parece subyacer a todas estas actitudes. El escándalo ya no tiene caso porque cualquier ciudadano a estas alturas, con todo lo que ha llovido en los últimos tiempos, está vacunado contra él. A fin de cuentas, el hoy sensato y razonable Gabriel Rufián se pasó toda la legislatura anterior intentando llamar la atención de los medios a base de acudir a los plenos de control al Gobierno de los miércoles provisto de todo tipo de manualidades (el copyright es de Soraya Sáenz de Santamaría) de diverso tamaño, desde una aparatosa impresora hasta unas reducidas esposas, es de suponer que adquiridas en un sex shop. Importa más llamar la atención sobre la conclusión que sacó el propio Rufián de esas experiencias: lo que conseguía con tales escenografías era que nadie hablara de lo que había querido defender, sino de las escenografías mismas. Con otras palabras: había convertido sus intervenciones en un espectáculo sin la menor trascendencia política.

Alguien debería reflexionar, a partir de aquí, en su responsabilidad acerca de lo que está pasando: si convertimos la política por entero en espectáculo, en el momento en el que este resulte aburrido, la ciudadanía se desentenderá de él y buscará otro que le entretenga más. Cuando llegue ese día, que parece acercarse a marchas forzadas, los «espectacularizadores» no podrán quejarse del advenimiento de la antipolítica.

22 de noviembre de 2019

El momento se prestaba mucho a la banalización más insustancial de la política. Los cálculos para ver si Pedro Sánchez conseguía superar el trámite de la investidura habían puesto otra vez de moda el frívolo invento del llamado pactómetro. Me atrevo a calificarlo como frívolo porque sintetiza casi a la perfección aquello a lo que parece quedar reducida la política cuando se convierte en un espectáculo, por añadidura de extremada banalidad. El invento, en efecto, incluso en su visualización, a lo que más recuerda es a un juego de mesa en el que los participantes van colocando sus fichas en un lado (el Gobierno), en otro (la oposición) o en tierra de nadie (la abstención) hasta alcanzar el número suficiente para dar por cerrada la partida en un determinado sentido.

Para hacer más entretenido el juego, el siguiente paso consiste en cruzar apuestas a favor de alguno de los participantes, a la espera de conocer cuál de ellos anticipa el resultado de la partida en el mundo real. No sé si esto representa la apoteosis de la banalización de la política, pero, de no ser así, se le parece bastante. En vez de pensar en el escenario en el que habíamos desembocado como consecuencia de la acumulación de múltiples factores (no solo políticos, sino también sociales, económicos e incluso culturales), en vez de intentar arrojar algo de luz sobre los que nos pasaba y que tanto nos confundía, en vez de procurar esclarecer qué alternativas estaban en nuestra mano para revertir las múltiples situaciones que deberían preocuparnos seriamente, transformamos la política en un juego. Déjenme que lo diga de esta forma: convertimos la incertidumbre, esa incertidumbre que en gran medida es el signo del tiempo que nos ha tocado vivir, en una bobada. ¿Más claro aún?: convertimos la incertidumbre en una porra.

25 de noviembre de 2019

El próximo 3 de diciembre finalizaba mi presidencia. Con ese motivo, había regresado a mi cabeza, por una obvia asociación de ideas, algo que me comentó Meritxell Batet una lluviosa noche de la primavera de 2016, el día en que me propuso acompañarla en las listas del PSC al Congreso. Al final de nuestra conversación y tras haber respondido a mis múltiples preguntas, me hizo, a modo de síntesis, una observación que me dejó un tanto sorprendido: me dijo que el Congreso era un lugar muy agradable para trabajar.

Reconstruyendo el momento, supongo que la razón de mi sorpresa fue que su observación casaba mal con la imagen que muchos ciudadanos tenemos de las cámaras, que vemos como el espacio del conflicto permanente, por lo que tendemos a dar por descontado que esa misma conflictividad, que ese persistente antagonismo en la esfera de la política, contamina el ambiente de trabajo en general. Pero nada más lejos de la realidad. Lo mismo, pero aumentado, cabe predicar del Senado, un lugar todavía más agradable, porque en su caso se añade el hecho de que, al recibir una mucho menor atención mediática, la tendencia a la sobreactuación crispadora, habitual en el Congreso sobre todo por parte de quienes quieren rentabilizar al máximo su cuota de pantalla, prácticamente no existe.

Ahora bien, quizá, en aquella hora ya más próxima a los balances, valía la pena añadir que una de las cosas que más llamó mi atención, que más se me hizo visible desde mi nueva posición como presidente, fue el magnífico funcionamiento de la Cámara Alta. En este capítulo ocupa un lugar destacadísimo su personal, de una amabilidad, educación y buen hacer notables. Nada hay, por cierto, en esta consideración de agradecimiento meramente protocolario, de cortesía obligada por los usos y la costumbre. En absoluto. Mi percepción es compartida por todos los senadores y senadoras con quienes la he comentado.

Acababa de regresar de una comida que me habían ofrecido los miembros de mi gabinete. A la hora de los postres, David Giménez Gluck, cuya competencia no le impide ser divertido siempre, me preguntó por aquello que más había llamado mi atención en aquellos meses. Y le respondí que el magnífico funcionamiento de la Cámara al que acabo de hacer referencia. Si el asunto merece aunque sea un brevísimo comentario aquí es porque creo que la equivocada expectativa por mi parte a la que aludía al principio era, en sí misma, sintomática. O, si se prefiere, expresiva de una actitud generalizada en grado sumo en Cataluña.

Imagino que, debido a un peculiar cóctel de ignorancia y supremacismo, resulta más que frecuente en tierras catalanas oír hablar de la Administración del Estado en términos desdeñosos. A poco que se piense, semejante actitud tenía cierta lógica en su momento. No disponer de un Estado propio, ni siquiera de una Administración propia mínimamente potente hasta la llegada de la democracia, provocó que durante mucho tiempo en Cataluña la posibilidad de dedicarse a la función pública no fuera ni tan siquiera contemplada entre los jóvenes, que tendían a ver un campo profesional mucho más atractivo en la empresa privada. En cierto modo, no les faltaba razón en esto último, como lo prueba el hecho de que, en efecto, ha sido en los ámbitos del comercio y de la industria en los que la sociedad catalana ha sido más pujante a lo largo de la historia moderna. En todo caso, el resultado de este alejamiento de la realidad de la función pública solo podía terminar siendo un notable desconocimiento de esta.

Pero dicho desconocimiento, por más que haga comprensibles desde el punto de vista humano determinadas valoraciones, no es suficiente para justificarlas. Y por sorprendente que en otras zonas de este país pueda parecer, todavía es habitual entre catalanes una manera de hablar sobre la Administración que da por descontado que los funcionarios estatales son indolentes trabajadores con manguitos, que se dedican a dilatar y complicar cuanto pueden los procesos administrativos que de ellos dependen. El cuadro se suele completar, por si todo lo anterior no fuera suficiente, añadiendo la pincelada, totalmente imaginaria, de que la actitud personal de dichos funcionarios es la de una completa indiferencia hacia las preocupaciones de los ciudadanos que acuden a ellos en solicitud de ayuda, de tal manera que cuando no despachan al que se presenta ante su ventanilla con el viejo «vuelva usted mañana» lo hacen con un huraño «eso no es tarea de mi negociado».

A discrepar por completo de este caricaturesco e injusto dibujo ha contribuido, lo reconozco, un privilegio personal. He tenido una suerte enorme con mi gabinete. Y digo suerte porque no a todos sus miembros los escogí yo. Cuando llegué ya estaban en él Elena Pardo de Santayana y Beatriz Moreno, y a ellas se añadió luego, procedente del Congreso, Teresa Giménez. Más allá de la notable eficiencia en su trabajo, son de destacar su infatigable amabilidad y simpatía. Lo propio podría decir de Victoria Luna y Eva Cuesta, responsables de comunicación, y de Carles Martí, que tan bien hacía valer su experiencia como senador. Por no hablar de David Giménez Gluck o de Antonio García Maldonado, a los que ya he ido aludiendo en páginas anteriores. Espero que nada de esto suene a frivolidad, porque lo digo totalmente en serio: no soy capaz de encontrar mejor indicador del excelente funcionamiento del gabinete que lo mucho que nos hemos llegado a reír a lo largo de este tiempo.

27 de noviembre de 2019

El valor que puedan tener estos apuntes no está vinculado tanto con el hecho de que anticipen correctamente el futuro (que ya se habrá materializado para cuando el lector se encuentre con estas líneas) como con que señalen indicios de la lógica profunda de las situaciones que estábamos viviendo y sobre la que vale la pena pararse a pensar un momento. Enredados como estábamos de nuevo con las contabilidades preinvestidura reparamos poco en un dato que venía cargado de significado.

Me refiero a la irrupción en el Congreso de los Diputados de partidos no ya solo regionales, sino incluso directamente provinciales (como Teruel Existe, sin ir más lejos). Parece claro que su mera existencia, pero sobre todo el respaldo popular que habían obtenido, estaba informando de un cambio cualitativo en las expectativas de la ciudadanía. Porque parecía acreditar una profunda decepción respecto a las fuerzas políticas más tradicionales, que vinculaban la solución de los problemas particulares (pongamos por caso, de una provincia) a una reforma del marco general (del país por entero).

Tal vez la decepción no estaba del todo justificada o, en todo caso, habría que analizar con detalle las políticas públicas llevadas a cabo en los últimos años para determinar con precisión si era correcta. Pero, sea como sea, parecía claro que los vientos antipolíticos habían contribuido de manera muy eficaz a que esa sensación cuajara. Y, si se trataba de combatirlos, ello obligaba a dar la batalla también en el terreno de las ideas. Alguien, puntilloso, podrá puntualizar que el terreno primordial en el que esta se debía librar era en el de los hechos, y que poner aquellas por delante de estos había sido precisamente una de las causas de aquella situación. Eso es cierto, pero no lo es menos que convendría que los partidos tradicionales, sobre todo los de izquierda, no reaccionaran a estas nuevas situaciones con patrones también tradicionales que, a la vista está, no han funcionado. Sin querer meterlos a todos en el mismo saco, las izquierdas no pueden repetir con estos partidos pequeños los errores que han cometido con Vox.

No faltaron tampoco quienes, para no tener que considerar la posibilidad de que esta sopa de letras —por recuperar la expresión antigua, de los primeros compases de la Transición— constituyera la expresión de un fracaso político, prefiriesen interpretarla como la consecuencia técnica de una determinada legislación electoral. El planteamiento podría compararse al de quien dijo que el auge de Vox se debió a la repetición electoral (un tal planteamiento resulta trivialmente verdadero: de no haberla habido, no hubieran tenido la oportunidad material de crecer en número de escaños, lo cual tampoco habría impedido que su base social se fuera ampliando) y no a las actitudes del PP y del independentismo (aquel por blanquearlo con sus pactos de Gobierno en diferentes autonomías y este por la intensa sensación de caos en Cataluña provocada por su respuesta a la sentencia del procés[47]). En cualquiera de los supuestos, en lo que más conviene reparar es en que tal vez en el fondo estuviese impugnando más a la política esa atomización de los partidos recién llegados que los que hasta hace poco eran considerados como nuevos. En el fondo, estos últimos solo pretendían ocupar el lugar de los viejos, como hemos tenido sobrada ocasión de ir constatando a lo largo del presente texto. Estos minipartidos de ahora lo que exigen en realidad es que la política cumpla de una vez por todas su función.

2 de diciembre de 2019

Este dietario llega a su fin. Al día siguiente iba a tener lugar la sesión constitutiva de la nueva cámara, surgida de las últimas elecciones, en la que resultaría elegida la nueva presidenta. En aquellos días ya habían empezado a preguntarme, además de por mi estado de ánimo, por mi futuro. En el fondo, las dos preguntas tienen una sola y misma respuesta. Yo he estado en las instituciones por compromiso con un proyecto político, no por querencia a ocupar un cargo u ostentar una determinada responsabilidad. Esta, lejos de ser una afirmación retórica, se verifica con facilidad atendiendo a la manera en que llegué hasta aquí. Si a alguien le da por echar la vista atrás y analizar mis últimos años desde la perspectiva pública, no le aparecerá en absoluto una trayectoria definida, bien preparada y minuciosamente ejecutada, sino una sucesión de azares, que para mí fueron auténticas sorpresas. Fue una sorpresa monumental la llamada de Pedro Sánchez, referida al principio del presente dietario, en la que me proponía presidir la Cámara Alta. Antes, había sido una sorpresa la invitación de Miquel Iceta a ir de número uno al Senado por Barcelona y, más al principio aún, algo más de tres años atrás, también fue una sorpresa, y bien grande, la llamada de Meritxell Batet ofreciéndome ir como su número dos en las listas del PSC al Congreso por Barcelona. Por supuesto que a todos ellos les agradezco mucho (nunca me he privado de hacerlo, tanto en público como en privado) las sorpresas que me dieron. En todo caso, este periplo arrancó cuando yo tenía la edad en la que la mayoría de los trabajadores de este país se jubilan, coincidencia que si algo acredita es que ni sentido tendría que alguien me atribuyera la voluntad de hacer carrera política o cosa parecida. Ya sé que esto a algunos les resulta difícil de comprender, en especial a quienes proyectan cálculos interesados sobre las conductas de absolutamente todos los seres humanos. Como, por idéntica razón, tampoco les cabe en la cabeza a esos mismos que alguien pueda estar deseando reencontrarse con sus lecturas y sus escritos, o que haya personas que identifiquen la soledad de su trabajo intelectual con la mayor de las gratificaciones.

Probablemente tampoco sea su culpa. Se ha generalizado en exceso en nuestra sociedad una cultura de la sospecha que no parece dispuesta a aceptar ninguna otra explicación para las conductas de los individuos que no sea la que pasa por la ambición, la búsqueda de reconocimiento, el ansia de notoriedad pública y similares. Como si aquellos que no valoran sobremanera todo eso, o no lo convierten en el eje de su existencia, fueran unos ingenuos (o unos hipócritas). No lo son, por supuesto. Como tampoco son almas bellas sin sombra de defecto ni imperfección alguna. Simplemente, tienen otras prioridades.

Quienes han dedicado toda su vida a producir y a transmitir conocimiento —a la docencia y a la investigación, en definitiva— sabrán de qué hablo: lo que importa es conocer y dar a conocer. No ser conocido. De igual forma que para quienes han convertido la escritura en una pasión, su mayor anhelo es que los lean, no que los vean (a fin de cuentas, escribir es una manera de estar solo). Por eso, equivocados o no, todos ellos tienen la intensa sensación de estar en el secreto de lo que de veras importa. Y de lo que hace feliz y da sentido en lo más hondo. Es así de sencillo.

Coda

Artículo que escribí para la revista Letras Libres al finalizar la XIII.ª legislatura:

DESPRESTIGIA, QUE ALGO QUEDA

(O ESTO ME PASA POR METERME EN POLÍTICA)

1. Previa.- A mediados del pasado mes de septiembre un diario de difusión nacional inició, a cuenta fundamentalmente del presunto plagio que habría llevado a cabo en mi manual Filosofía contemporánea, una campaña contra mí (creo que se puede denominar así al hecho de que ocupara su portada por completo dos días seguidos, sin que se abandonara el asunto en una semana, con abundantes llamadas al mismo en primera página, aunque luego intentara prolongarla en el tiempo con derivadas menores). La campaña, puestos a ser precisos, no apuntaba en el fondo contra mí, sino contra el entonces presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con cuya tesis doctoral en todo momento tanto el autor de los reportajes como los analistas que luego se sumaron a comentar el asunto (del mismo diario la práctica totalidad y los que no, en su misma longitud de onda ideológica) establecieron un paralelismo.

Precisamente por lo poco oculta de la intención de la campaña opté por guardar silencio, para no alimentar con una posible respuesta una polémica cuyas dimensiones políticas desbordaban con mucho mi caso particular. Me importa dejar claro esto porque no han faltado quienes —ignoro con qué fundamento— interpretaron dicho silencio como la actitud del que se siente ofendido. La ofensa existe, claro está, en quien se siente objeto de un ataque injusto, pero no fue ese el motivo de que no interviniera en público para, en lo posible, disipar las dudas que pudieran tener algunos. Porque, debo decirlo, me preocupaba que algunas personas, de buena fe y sin conocer en detalle las prácticas habituales en el medio académico, dieran por aceptable el planteamiento del diario en cuestión, identificando ausencia de citas entrecomilladas —esta era, en sustancia, la base de la acusación— con plagio. Quiero pensar que ahora, pasado el tiempo del estruendo electoral y fuera ya de esa primerísima línea de fuego política que representaba mi condición de cuarta autoridad del Estado en tanto que presidente del Senado (ubicación que sin duda me convertía en una apetitosa pieza de caza mayor para algunos), tal vez sea un momento adecuado para responder a las mencionadas acusaciones.

2. De manuales y plagios.- Solían decir los filósofos neopositivistas que existen dos tipos de enunciados, aquellos que se refieren al mundo y de los que, en consecuencia, se puede predicar que son verdaderos o falsos, y aquellos otros (a los neopositivistas les preocupaban los de la metafísica) de los que no cabe predicar verdad o falsedad porque sencillamente son sinsentidos, frases con apariencia significativa pero de hecho vacías de toda referencia al mundo real.

El recordatorio calza como un guante en las acusaciones sobre el presunto plagio que habría llevado a cabo en mi manual Filosofía contemporánea. El hecho de que se hablara al mismo tiempo de manual y de plagio ya indica el nivel intelectual de la polémica que el medio al que antes me refería pretendía crear (plagio solo lo hay cuando alguien pretende presentar ideas ajenas como propias[48], no cuando divulga lo que ya estaba dicho por otros, era sobradamente conocido y trata tan solo de presentar de manera funcional y clara). Dicho de otra manera, acusar de plagio a un manual posee el mismo calado teórico que tendría acusar de humedad al agua o de calor al fuego.

Pequeño paréntesis en la argumentación. Probablemente porque lo anterior es algo de todo punto evidente, no han faltado los que con posterioridad, tal vez para que la acusación no decayera, han cuestionado la condición de manual de mi libro con el argumento —a mi juicio, totalmente peregrino— de que aparecía publicado en una colección en la que no suelen editarse manuales universitarios. La verdad es que colecciones en las que se incluyan exclusivamente manuales universitarios ciertamente existen, pero son muy pocas. La mayoría de los manuales aparece en colecciones que publican todo tipo de libros, como puede comprobar cualquiera en una rápida visita a una librería.

Por otra parte, resulta de todo punto evidente que, exceptuando que un título tenga voluntad expresa de ser una herramienta de utilidad académica, como es el caso de un manual, a ningún autor se le ocurre titular su libro con el aburrido nombre de una asignatura (sea esta filosofía contemporánea, ética, estética, lógica o cualquier otra). Al igual que, en fin, resulta francamente dudoso que alguien no perciba el carácter instrumental —y no de creación— de mi libro con solo echarle una mirada al índice, o incluso al mismísimo texto de contratapa, y ver que en el interior se pasa revista a las principales corrientes del pensamiento actual.

Pero cerremos el paréntesis y sigamos con la argumentación acerca de los usos establecidos en la comunidad universitaria. Es una práctica académica perfectamente admitida por dicha comunidad (amén de solicitada encarecidamente por los editores) que los manuales, al igual que las historias generales de una disciplina, eviten en lo posible tanto el entrecomillado como las citas. No es esta una apreciación particular mía, sino la descripción de un hecho.

Así, cualquiera puede comprobar que en la Historia de la filosofía de Nicola Abbagnano, una de las obras que presuntamente yo habría plagiado, no se cita dentro del texto literatura secundaria alguna, haciendo referencia únicamente al clásico que se esté tratando en ese momento, y lo propio se podría decir de las historias de la filosofía de Frederick Copleston, Émile Bréhier o incluso la inacabada de Jesús Mosterín, a quien supuestamente habría yo también plagiado.

Lo que, si acaso, aparece al final de los capítulos de dichas obras es una bibliografía general sobre lo que se haya tratado antes. Tan absurdo sería afirmar que estos ilustres historiadores de las ideas —con los que no pretendo en modo alguno compararme— ignoraban el ingente número de monografías disponibles (y que, por tanto, cuanto escribían salía de sus cabezas tras reflexionar sobre el clásico en cuestión) como que intentaban ocultar sus fuentes de inspiración eludiendo las comillas[49].

Vale la pena insistir en que esta consideración de la literatura escolar o de divulgación no es una opinión particular mía, sino que está completamente consolidada y admitida por el gremio. Hasta tal punto es así que, como sabe cualquier profesor universitario, cuando la agencia estatal correspondiente tiene que evaluar su actividad investigadora, los manuales no computan como méritos (salvo los muy innovadores) porque únicamente sirven para divulgar conocimientos básicos y comúnmente conocidos y expuestos, como indicaba al empezar.

Desde esta perspectiva debería entenderse mejor mi consideración anterior acerca de lo absurdo de la acusación de plagio. Si quienes han propalado o se han hecho eco de la misma se hubieran tomado la pequeña molestia de acudir a los autores de los que se habla en el libro, clásicos de la filosofía contemporánea todos ellos, hubieran podido comprobar que no es que en el mío se plagiaran silenciosamente o de tapadillo los libros de otros comentaristas, sino que tanto ellos como yo glosábamos a los mismos autores (Heidegger, Frege, Popper, Russell o cualquiera de los filósofos analizados).

3. Entrando en los detalles.- Así, por no rehuir entrar en los detalles, no es que, como se llegaba a afirmar en el diario acusador, yo haya copiado los ejemplos que ponía mi admirado profesor Jesús Mosterín al hablar de Frege (cosa que se señalaba con aparente escándalo: «¡Ha copiado hasta los ejemplos!», podía leerse en uno de los titulares), sino que tanto Mosterín como yo utilizábamos los ejemplos que el propio Frege presentaba en su obra Sobre sentido y referencia (el conocidísimo ejemplo de la diferencia entre lucero vespertino y lucero del alba).

Lo propio podría afirmarse sobre mi presunto plagio de una monografía sobre Popper: las afirmaciones que se denuncian como plagiadas por mí son paráfrasis que tanto en dicha monografía como en mi libro se hacían del propio Popper. Y qué decir de cuando la acusación alude a la pedagógica Introducción a Heidegger de Gianni Vattimo. Como cualquier conocedor de la filosofía contemporánea sabe, la interpretación que hace el filósofo turinés no es en sí misma original, sino que se alinea con las lecturas más convencionales del autor de Ser y tiempo, presentando afirmaciones ampliamente compartidas por los especialistas con las que no tiene nada de extraño coincidir. O, en fin, mi presunto plagio de un texto sobre Russell no es tal: el supuesto plagiado y yo estamos aludiendo al mismo libro (la Autobiografía del gran filósofo británico, texto que por cierto sí quedaba mencionado en mi caso).

Idéntico nivel de desconocimiento demuestran esos mismos acusadores cuando, obsesionados por encontrar plagios a toda costa, llegan a considerar como tales la mera referencia a datos biográficos como la fecha de nacimiento de un autor o similares (que forman parte del acervo común), o la paráfrasis de un texto por más que se dé la referencia bibliográfica del autor parafraseado, o a quien se ha citado unos párrafos más arriba, prácticas todas ellas, como decíamos hace un momento, aceptadas por la comunidad académica para los libros de ensayo (que son cosa distinta de los trabajos científicos o de investigación).

Por supuesto que no se le puede pedir a quien no esté familiarizado con los usos académicos que conozca estos al detalle. Incluso es disculpable que haya quien no sepa algo tan básico como que se puede citar a un autor directamente, escribiendo dos puntos y abriendo comillas a continuación, o indirectamente, con formulas del tipo «X sostiene que…», y similares. Pero lo que ya resulta menos disculpable es que quien ignora tales extremos pretenda denunciar como prácticas fraudulentas aquello que desconoce por completo.

Y qué decir de los momentos en los que mis acusadores consideran igualmente apropiación indebida de un autor las referencias a una idea que ha devenido un lugar común, conocido por cualquier persona mínimamente culta. Lo formulaba de una forma clara y rotunda en un tuit María José Guerra, catedrática de Filosofía de la Universidad de La Laguna, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y, hasta fecha reciente, presidenta de la Red Española de Filosofía: «Lo real es racional y viceversa. Acabo de “plagiar” a Hegel».

Aunque no costaría encontrar parecidos ejemplos en muchas otras disciplinas. ¿O es que alguien consideraría que cuando se hace referencia a la distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad sin citar expresamente a Max Weber se está incurriendo en plagio? En tal caso, la lista de plagiarios se iba a hacer infinita.

En realidad, si se me permite una última digresión, se trata de un tipo de prácticas perfectamente normalizadas no solo en el medio académico, sino en muchos otros, como el periodístico sin ir más lejos. Así, hace pocas semanas tropezaba, navegando por internet, con el blog de un periodista latinoamericano en el que se le atribuía a un profesional de la comunicación español de reconocidísimo prestigio la autoría de la afirmación según la cual «el periodismo es el primer borrador de la historia».

Es obvio que si nuestro compatriota no se creyó obligado a especificar que la célebre afirmación pertenece a Philip Graham, el que fue editor y copropietario de The Washington Post, es porque daba por descontado que sus interlocutores conocían el origen, no porque quisiera atribuírsela arteramente. Es cierto que el responsable del mencionado blog se confundió al respecto, pero inferir de la ignorancia de este último la voluntad de llamar a engaño por parte de nuestro compatriota, haciendo pasar como suyas las afirmaciones de otro, media un abismo.

No costaría ampliar la nómina de los ejemplos, añadiendo otros, pertenecientes a muy diversos ámbitos, que servirían para mostrar hasta qué punto, en efecto, determinadas prácticas se encuentran completamente normalizadas, sin que ello cause la menor perturbación en la comunicación ni dé lugar al menor malentendido, puesto que todo el mundo sabe interpretarlas de manera adecuada. De hecho, en nuestra vida cotidiana a nadie se le ocurre, pongamos por caso, reclamar que cada vez que se pronuncia la frase «cualquier tiempo pasado fue mejor» se mencione a continuación la autoría de Jorge Manrique, y si a alguien se le ocurriera hacerlo encontraríamos de todo punto ridícula su reclamación.

Pero tal vez sea el ejemplo periodístico más próximo a lo que se está tratando aquí el que en mayor medida resulte pertinente, amén de esclarecedor, al objeto de completar nuestra argumentación. Me refiero al hecho, que cualquiera puede contrastar sin esfuerzo, de que buena parte de quienes en diversos medios de comunicación se han hecho eco de la denuncia de mi presunto plagio llevaban a cabo ellos mismos un literal recorta-y-pega de lo publicado originalmente en el diario acusador, en muchos casos incumpliendo incluso la obligada cortesía de citar la fuente.

4. Concluyendo: una turbia desmesura.- Conviene detenerse en este último ejemplo porque probablemente sea el que más luz arroja sobre nuestro episodio. En efecto, de acuerdo con la propia argumentación de aquellos a los que tanto parecía indignar la contemplación de los plagios ajenos (el presunto mío, en esta ocasión), resultaría razonable pensar que ahora, al ser ellos mismos objeto de tan censurables prácticas, como mínimo montarían en cólera. Sin embargo, no ha sido así, lo que autoriza como mínimo a sospechar de la veracidad de su escandalizada actitud inicial con mi libro Filosofía contemporánea.

Si no me falla la memoria, la moral escolástica, que a algunos nos obligaron a estudiar en nuestra juventud, denominaba «escándalo farisaico» a este fingido escándalo. La definición del mismo era: «Aquel escándalo que se recibe o se aparenta recibir sin causa, mirando como reprensible lo que no lo es». Aunque tal vez podría añadirse ahora, atendiendo a lo que estamos hablando, el matiz de que puede considerarse como tal también aquel que no trae causa en lo que se denuncia, sino en otro elemento o factor que el supuesto escandalizado procura cuidadosamente no explicitar.

La sospecha de encontrarnos ante este tipo de escándalo se vería reforzada por el ominoso silencio que estos mismos acusadores vienen manteniendo ante casos sobradamente conocidos, que ya han trascendido a la opinión pública y a los que ni la más benévola interpretación consigue salvar del reproche social (cuando no penal). Sin embargo, no deja de resultar llamativo que este otro tipo de casos no haya movido en ningún momento a los mencionados acusadores ni a la más insignificante de las reacciones.

Aunque tal vez, a los efectos de mostrar la interesada inconsistencia de los planteamientos de estos últimos, haya, para finalizar, un procedimiento más vertical y sencillo que el de andar señalando sus contradicciones e ignorancias. En realidad, lo esencial de esta campaña de desprestigio hacia mi trabajo llevada a cabo por el diario en cuestión se hace de todo punto evidente cuando se lleva a cabo una sencilla operación, consistente en cuantificar el volumen de lo denunciado. Porque incluso en el supuesto de que las acusaciones tuvieran algún fundamento —cosa que creo haber refutado de manera más que suficiente a lo largo de todo lo anterior— las 34 líneas presuntamente plagiadas, en un libro de 428 páginas[50], constituyen menos del 0,20 por ciento del total. ¿Realmente es de recibo que con semejante respaldo algunos puedan presentar acusaciones tan graves y que tanto dañan el prestigio de quien las recibe como son las de plagio, falta de integridad académica y otras similares? Tal vez fueran aquellos que las han presentado quienes deberían responder de su turbia desmesura.

BALANCE CRÍTICO (III)

EL OCASO DE LA GRAN IMPUGNACIÓN

POR CIERTO, ¿ALGUIEN SABE LO QUE PROPONE LA DERECHA?

En tiempos de banalización generalizada, conviene afinar con las palabras. A algunos, sin duda, les costará mucho hacerlo. Los independentistas, por ejemplo, llevan tiempo llamando «facha» a todo el que no comulgue con su programa de máximos (y «traidor» o botifler al que desfallezca momentáneamente). Pero sería injusto endosarle al independentismo en exclusiva esta querencia, tan extendida en nuestro país. También la izquierda, en diversos momentos, ha incurrido en esta tentación descalificadora.

Para que la actualidad, exasperada como está, no contamine con sus urgencias nuestra argumentación, remontémonos un poco en el tiempo. Durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ya se produjo una situación que recuerda mucho a la que estamos viviendo últimamente. La Ley de Memoria Histórica y otras iniciativas de parecido tenor proporcionaban a la izquierda una ocasión privilegiada para golpear a la derecha con una idea-fuerza: todas las resistencias conservadoras a las iniciativas del Gobierno socialista en este terreno acreditaban que, en realidad, el Partido Popular todavía conservaba importantes adherencias franquistas. Es decir, que no era en realidad demócrata. Por su parte, la derecha utilizaba a ETA como argumento para intentar demostrar que, para el PSOE, la unidad de España nunca ha sido algo importante de verdad. Planteado en estos términos, el combate no podía ser más simple: «Ustedes no son realmente demócratas» frente a «Ustedes no son auténticos españoles».

Todavía estamos a tiempo de no repetir esta dinámica, tan enconadamente crispada como inútil y peligrosa. En algunos mítines socialistas de las últimas convocatorias electorales, no faltaban quienes gustaban de citar una frase que Pedro Zerolo dirigió en cierta ocasión a un adversario político, y que convendría tomarse muy en serio: «En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted». Víctor Manuel, el intérprete asturiano, cantaba hace años una canción en uno de cuyos versos se decía algo muy parecido: «Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios». Conviene insistir en ambas afirmaciones, porque en los últimos tiempos la derecha ha decidido expulsar de su modelo al resto de fuerzas políticas declarando inconstitucionales a prácticamente todas ellas.

No estamos pensando ahora, aunque el asunto también resulte preocupante, en las gruesas descalificaciones al adversario que algunos se complacen en repetir en cuanto tienen ocasión. Es más relevante destacar aquellas otras que parecen basarse en supuestos sobre los que conviene llamar la atención. Tal es el caso de las particulares descalificaciones a las que era aficionado Albert Rivera, para las que encontraba en Inés Arrimadas a una fiel imitadora, y en las que decretaba la expulsión de los socialistas del terreno del juego del constitucionalismo con el argumento de que habían llegado a acuerdos con quienes quieren romper España o con quienes no aceptan el texto constitucional por considerarlo un «legado del tardofranquismo» (o, por decirlo con los términos del dimitido líder de Ciudadanos y de su sucesora, con «comunistas», «separatistas» y «filoetarras»). Aunque idéntica descalificación implícita se encontraba en la base de la convocatoria por parte de Pablo Casado de una «cumbre constitucionalista» de la que expresamente quedaban excluidos los socialistas.

En el fondo, se diría que, con la excusa de la Constitución, nuestras derechas están intentando, con variables protagonistas, recomponer el tablero político y variar la percepción que la ciudadanía tiene de ellas sin moverse, expulsando de aquel a toda la izquierda (además de al independentismo) por inconstitucional. Fantasean así con que, vaciado dicho espacio, se podrán repartir entre sí y a su gusto las etiquetas clásicas de derecha, centro e izquierda. Lo cierto es que una parte de esa derecha emprendió hace tiempo un largo viaje al centro del que, por lo visto, ha desfallecido, decidiendo regresar a sus orígenes. La otra parte de esa misma derecha, la que irrumpió con ínfulas presuntamente regenerativas, aquella cuyo líder no cesaba de repetir una y otra vez, tan incansable como cansino, la cantinela de que «los españoles no quieren tener que escoger entre rojos y azules, entre derechas e izquierdas», escogió, de forma inequívoca, no solo alinearse con el resto de las derechas, sino hacerlo incluso con una de un azul particularmente intenso (azul mahón, para ser concretos).

No cabe llamarse a engaño al respecto, pues el problema de nuestra derecha no es constitucional. Proclamar con énfasis que se está a favor de la Constitución no pasa de ser una obviedad semejante a la que supone proclamar a voz en grito que se está a favor de la familia. El problema de los partidos a los que nos hemos referido ha sido siempre político, y como tal tienen que asumirlo sus líderes. Albert Rivera quería, en sus orígenes, ser Suárez bis y acabó convertido en aspirante a Fraga para capitanear, al grito de «¡La Constitución es mía!», una reedición de la CEDA. Pablo Casado parece tenerlo más claro: siempre quiso ser Aznar bis.

La izquierda no debería incurrir en el error, calco del anterior, de declarar franquista al conjunto de las derechas y, de esa forma, expulsarlas, en el plano simbólico, de la democracia. Porque una cosa es que muchas de las propuestas que estas últimas plantean supongan un retroceso a momentos ya superados (pero dentro de la democracia) y otra, muy distinta, es que nos retrotraigan de lleno al franquismo. De la misma forma que no es lo mismo que se proponga, como hace Vox, una modificación (prácticamente imposible) de la Constitución para suprimir las autonomías que el hecho de que se abomine de ella por completo y se proponga regresar a las Leyes Fundamentales del Reino, de la época de Franco.

Sin duda hay personas, y parece que bastantes, que o bien no aprecian estos matices o los consideran irrelevantes desde el punto de vista político. Tal vez tengan razón —estoy con toda sinceridad dispuesto a aceptarlo—, pero debo confesar que a menudo me viene a la cabeza el elogio que la izquierda solía dedicarle a Fraga en los primeros compases de la democracia. Se le reconocía el mérito de haber conseguido neutralizar políticamente a la derecha franquista, integrándola en el sistema democrático. No estoy diciendo que Pablo Casado se haya propuesto ese mismo objetivo. En todo caso hay que decir que no lo parece.

Lo que parece, y bien a las claras, es que la tesitura objetiva en la que se encuentra el líder del PP le aboca a una disyuntiva: o hacerle al país el favor de neutralizar las tentaciones de Vox de desbordar por la derecha los límites del sistema, integrándolo en el normal juego democrático como una fuerza política más, o abandonarse a una feroz incluso programática competencia con ella, descalificando por antiespañol a todo el mundo y alimentando de esta forma el peligro de tensar la situación hasta extremos insoportables.

No conviene echar esta última posibilidad en saco roto. Así, poco antes de las elecciones del 28-A, Adolfo Suárez Illana, por aquel entonces flamante número dos popular por Madrid, llegaba a descalificar a Ciudadanos por ser un «submarino de los socialistas» (sic). Es cierto que, tras la debacle electoral del PP en esas generales, Pablo Casado intentó centrar a su propia formación, pero conviene reparar en los términos en que lo hizo. Porque se limitó a desmarcarse de Vox (al que pocos días antes de la jornada electoral había invitado a entrar en el Gobierno en caso de victoria) calificándola de formación de extrema derecha, lo que le permitió autoubicarse en la centroderecha, pero siguió considerando a Ciudadanos como un partido «socialdemócrata disfrazado de liberal». De los socialdemócratas sin disfraz, esto es, de los socialistas, nada dijo, es de suponer que porque para él continuaban instalados extramuros del constitucionalismo.

El juicio a los líderes independentistas nos ha permitido extraer alguna lección de interés. Hemos sabido que los errores cometidos por los máximos responsables políticos de aquel momento (Rajoy y Puigdemont) no tienen que ver solo con lo que hicieron, sino también con lo que, en un determinado momento y aún pudiendo, dejaron de hacer. Probablemente lo que se dice de ellos pueda predicarse, en estos últimos tiempos, de buena parte de los responsables políticos de nuestro país. ¿Tan gravoso les resulta intentar poner las bases para solucionar los serios problemas que siguen pendientes de abordarse? ¿Compensa ganar si el precio que se paga por ello es no poder sentarse a hablar con el derrotado?

Convendría recordar que las profundas reformas que necesita este país requieren acuerdos máximamente amplios, no solo por imperativo legal, sino por imperativo de convivencia (es el diseño del futuro de todos lo que está pendiente de acuerdo). Sin duda, ¡ay!, son demasiados los que piensan que la crispación favorece la movilización de los suyos, pero convendría que quienes así piensan no se excediesen en sus planteamientos. No solo porque es posible que mañana tengan que pactar con aquellos a quienes tanto han denostado hoy, sino por algo mucho más sencillo y al tiempo más importante: por simple higiene democrática. No vaya a ser que la razón por la que la solución de nuestros problemas va para largo no tenga que ver con su compleja naturaleza, sino con la extrema torpeza de quienes deberían haber ayudado a resolverlos.

NO HAY QUE CONFUNDIR CONVIVENCIA Y COEXISTENCIA

«¿Cómo está la situación en Cataluña?». He aquí la pregunta que, de manera recurrente, se nos hace a los catalanes cuando salimos de nuestra comunidad. A una pregunta tan genérica tal vez solo quepa darle una respuesta asimismo genérica, como la que voy a ensayar a continuación, y que sin duda no informa de detalle alguno, pero quizá sí proporciona el tono o la atmósfera de cómo se vive una situación que, sin el menor género de dudas, ya está durando demasiado.

En Cataluña, al independentista se le puede reconocer de inmediato a través de diversos elementos, unos externos y otros internos. El externo más claro ha sido el lazo amarillo (en algunos casos, sustituido por una mariposa o algún otro símbolo equivalente, pero siempre amarillo). Los elementos internos, esto es, los relacionados con las ideas, que permiten reconocerlo en cuanto empieza a hablar de política, son diversos, y en cierto modo cambiantes, como los eslóganes mismos que pone en circulación la dirigencia independentista conforme varía la coyuntura («dret a decidir», «volem votar», «volem ser un país normal», «això va de democràcia», «això va de llibertat», etcétera). En todo caso, el convencimiento compartido por todos los independentistas es el mismo de los nacionalistas de toda la vida (por ejemplo, puesto que Cataluña es una nación tiene derecho a un Estado propio), con el añadido de que ello implica el derecho a tomar ya, en un referéndum de autodeterminación, la decisión que lo materialice.

Sin embargo, junto a estos elementos discursivos más característicos hay otros, menos visibles pero que en la práctica constituyen señas de identidad del independentista. Uno de ellos es la permanente y rotunda negativa a aceptar que en Cataluña exista el más mínimo problema de convivencia, endosándole esta acusación antes, con el PP, a los gobiernos de Madrid y ahora a los partidos de derecha españoles y a sus altavoces mediáticos. En realidad, la negativa misma la hacen a regañadientes, en la medida en que implica reconocer que los catalanes no constituyen un conjunto perfectamente homogéneo y de acuerdo por completo en sus planteamientos de país.

En cierto modo, esto ya es un paso hacia delante. Sobre todo si lo comparamos con lo que sucedía hasta hace bien poco, cuando la dirección del procés planteaba la situación en términos de conflicto entre España y Cataluña, como si en el seno de esta no existiera el menor desacuerdo. Ahora por lo menos se reconoce que existe un importante contingente de catalanes que no asumen el programa independentista, aunque, no lancemos las campanas al vuelo, son para el independentismo ciudadanos de segunda, como lo acredita claramente el hecho de que el actual president de la Generalitat, el inefable Quim Torra, jamás se dirige a ellos, dando por descontado que catalanes, lo que se dice catalanes, solo lo son los que aspiran a un Estado propio.

Sin embargo, repiten los independentistas, con estos otros ciudadanos no hay problema alguno de convivencia. Cuando se les invita a desarrollar esta afirmación acostumbran a aludir a que ciertas dimensiones básicas como la paz en las calles, las libertades individuales o la tranquilidad en las madrugadas no se han roto ni por asomo y añaden que nuestra situación nada tiene que ver con la que vivió este país en la Guerra Civil o, más cerca de nosotros, una parte de Europa en la guerra de los Balcanes. Aceptémoslo, desde luego. Obviamente, si ocurrieran tales conflictos aquí, el problema de una parte de los catalanes no sería la convivencia, sino la supervivencia.

No deja de ser curioso que quienes acusan de cargar las tintas a los que hablan de ruptura de la convivencia las carguen ellos tanto repetir afirmaciones tales como que las libertades democráticas están en peligro en este país, que ayer los poderes del Estado español fueron a por los políticos encarcelados y mañana pueden ir a por cualquier ciudadano por el mero hecho de pensar diferente o que el 155 fue la apoteosis de la represión (como no dejaba de repetir TV3 mientras estaba este en vigor). Todo ello lo sostienen los que no tienen el menor problema de libertad de expresión para manifestar sus ideas incluso en la televisión pública española (y en las privadas que se les antoje), o los altos responsables de la Generalitat que no fueron apartados de sus cargos (ni ellos dimitieron, por cierto) y vieron que la aplicación del artículo de marras se limitaba a sustituir al conseller del departamento correspondiente por un alto funcionario del Estado.

Tal vez, quienes niegan la ruptura de la convivencia deberían preguntar a la otra parte de los catalanes cómo ven su situación en la comunidad donde viven. Hasta qué punto, por ejemplo, sobre todo en aquellas zonas del territorio en las que el independentismo es mayoritario, este otro sector de la ciudadanía catalana tiene la sensación de que sus ideas son respetadas, de que sus planteamientos respecto al futuro de nuestra sociedad son escuchados y no silenciados (cuando no directamente caricaturizados), o de que sus sentimientos en relación con España no son objeto constante y permanente de burla, y así una tras otra. Y si estos otros catalanes discrepan de la opinión de los independentistas respecto a dichos asuntos, habrá que concluir que lo que hay en Cataluña desde hace unos años no es convivencia en el sentido más noble y fuerte de la palabra (el que contenía la aspiración a ser «un sol poble»), sino mera coexistencia.

FORMAS DE APEARSE DEL TREN

Y si alguien, tras agradecernos la genérica reflexión precedente, nos pidiera, persistente, que entráramos en detalles, tal vez lo más adecuado sería decirle que el tren del procés parece haber entrado en vía muerta. Todavía se mueve, pero muy despacio y no se le aprecia más rumbo que hacia los hangares. Cuando se detenga definitivamente, los viajeros, tras unos minutos de perplejidad inicial («¿Ya está?», «¿Ya hemos llegado?»), empezarán a descender con lentitud de los vagones. Unos, incrédulos al ver que no han llegado al lugar para el que compraron el billete, y otros, tristes al certificar que, como habían empezado a barruntar, el destino soñado nunca existió en realidad.

Cuando ya estén todos en tierra y empiecen a mirarse unos a otros, irán cayendo en la cuenta, con estupor, de que faltan aquellos cuyos rostros les resultaban más familiares. Eran los que iban delante, en cabina, animando a los maquinistas a no reducir la velocidad («¡Tenim pressa!») y a no desviarse de la ruta. Como en un remake posmoderno de Los hermanos Marx en el Oeste, no cesaban de gritar a quienes estaban al tablero de mandos los equivalentes del «¡más madera!» grouchiano. Les decían que ya faltaba menos, que a medida que se acercaran a la estación final podrían ver que el paisaje era cada vez más hermoso y que atrás quedaban, definitivamente, las tierras yermas, el panorama agreste y aquellas gentes ceñudas, pobres e ignorantes con las que habían estado obligados a convivir durante demasiado tiempo. Los pasajeros no se enteraron, pero desde fuera se les vio saltar del tren en marcha cuando la velocidad había aminorado lo suficiente. No saltaron todos a la vez, ni por el mismo lado, conviene resaltarlo. Los primeros, siempre prudentes, recuperando su estilo originario, intentaron descender por el lado del andén, más seguro, cuando pasaron por un apeadero que ofrecía una mayor seguridad. Los segundos, más alocados, se lanzaron de cualquier manera desde el otro lado y, tras un ligero revolcón, acabaron en el suelo cubiertos de polvo. Pero ambos, de nuevo en pie tras el trastabilleo inicial, enseguida recompusieron tanto la figura como el discurso para intentar explicar las razones de su huida a quienes, sorprendidos, habían sido testigos involuntarios de ella.

Los que en su día fueron tenidos como más moderados se esforzarán de inmediato por recuperar su imagen clásica, señalando que, efectivamente, las cosas no se hicieron bien. No solo por la excesiva velocidad que tomó la máquina, con el consiguiente riesgo de descarrilamiento, sino también porque los responsables del viaje no se tomaron la molestia de invitar a nadie al margen de los inscritos inicialmente, todos ellos viejos compañeros de antiguas aventuras. Fue un error, dirán. Si el tren hubiera estado lleno, nada ni nadie le hubiera podido impedir alcanzar la meta soñada.

Pero si unos se acogieron a la prudencia y a una presunta generosidad política para justificar su abandono del tren, los otros apelaron a la pureza y a la coherencia, aderezadas ambas con unas gotas de presunta inocencia. «Creímos que nos llevarían a donde nos habían prometido», repetirían los que hasta entonces se habían dedicado a susurrar al oído de sus líderes las promesas que convenía hacer a una ciudadanía crédula y enfervorizada. En el momento en que la realidad se encargó de dejar patente que no se cumplirían semejantes promesas, simplemente porque no había ruta que permitiera llegar a aquel destino imaginario, se dedicaron a descalificar, por traidores, a quienes habían renunciado a continuar el viaje.

Sin embargo, a ambos tipos de desertores sigue yéndoles bien tras la huida. Saben que si algún día este tren volviera a ponerse en marcha podrían subirse de nuevo sin demasiados problemas. Ni siquiera debería descartarse que fueran bien recibidos en la nueva singladura: a fin de cuentas, siempre se declararon a favor de viajar hacia cierto destino, aunque discreparan del momento, el trayecto o de las compañías. Entretanto, han conseguido conservar su visibilidad, porque sus adversarios tradicionales siguen criticándolos creyendo que han encontrado en sus deserciones una munición eficaz para asestar la estocada final a un proyecto político que anhelaban derrotar sobremanera.

De ahí que últimamente sea frecuente encontrárselos en espacios de comunicación que les habían sido hostiles por tradición. Pero si bien es indudable la intención instrumentalizadora de los anfitriones, no deja lugar a dudas (como queda de manifiesto en titulares y entradillas del tipo «Hasta X, ideólogo del procés, reconoce ahora que este ha fracasado» y similares) la disponibilidad de sus huéspedes a dejarse instrumentalizar. Quizá se trate de vivir del procés, ya sea para alentarlo o para lamentarlo o añorarlo, según convenga. Se me acaba de ocurrir que tal vez este empecinamiento se deba a que no saben hablar de otra cosa.

ESTO ES LO QUE HAY, O PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA

El balance no da más de sí: hace tiempo que no hay nada que añadir a lo ya dicho (y repetido hasta la saciedad, por cierto). Las palabras han saltado por los aires. Los argumentos hace tiempo que ya lo habían hecho. A los ciudadanos de Cataluña el independentismo les ha reconstruido un pasado a la medida de su conveniencia (ejemplo paradigmático: aquel congreso de historia, exclusivamente para historiadores independentistas, titulado «España contra Cataluña»), les ha descrito el presente utilizando un entramado de groseros sofismas y les ha hecho un conjunto de promesas de imposible cumplimiento (v. gr., si Cataluña se independiza la propia España, participando del entusiasmo europeo por la existencia del nuevo Estado, aceptará que todos sus ciudadanos mantengan la nacionalidad española). Todo ello aderezado con una notable cantidad de mentiras (véase, como muestra, Las cuentas y los cuentos de la independencia, el libro de Josep Borrell y Joan Llorach), que no solo no resisten el menor embate de la argumentación racional, sino que ni tan siquiera soportan la más ligera confrontación con los hechos[51].

Todo esto lo sabemos de sobra a estas alturas. Pero ya estamos más allá de todo eso. De ahí que no tenga caso ni sentido volver sobre lo sabido. Como hubiera dicho el guiñol de Michael Robinson en Canal Plus, «pescao vendío». Finalmente, aquello que durante tanto tiempo se nos anunció, lo que estaba por venir, el choque de trenes, se produjo. Lo que solo era una posibilidad terminó por materializarse, y por cierto que con puntualidad, a la hora y en los días anunciados. Ya no es posible mirar hacia otro lado porque no hay otro lado a donde mirar.

Las ideas ya están resecas, y se diría que incluso quienes hasta ahora las defendían las han abandonado, marchitas, al borde del camino. Se ajaron muy rápido porque eran flor de invernadero, consignas diseñadas ad hoc en gabinetes de comunicación y destinadas al consumo rápido, inmediato, de la agitación, de tal manera que, una vez utilizadas, ni siquiera quienes las sostenían con pasión en emisoras de radio afines y platós de televisión se dignan volver sobre ellas, y se comportan como si nunca hubieran existido. Ahora basta con un grito airado, con una afirmación de apariencia autoevidente, el «¡volem votar!», el «democràcia, sí» o cualquier otra, lanzada para mantener movilizados a los propios y, de ser posible, engatusar a algún despistado reacio a la independencia que pudiera legitimarles votando «no». Voluntarismo puro, afirmación escasamente racional del propio deseo, como fundamento para un nuevo orden político. A estas alturas todos sabemos a qué suena todo esto.

¿Y qué decir de las palabras? Tal vez sea deformación profesional, pero desde hace un tiempo regresa de forma recurrente a mi cabeza la Carta de Lord Chandos, de Hugo von Hofmannsthal, en concreto el célebre pasaje en que el autor escribía: «Encontraba imposible dar un juicio en mi interior acerca de los asuntos de la corte, los sucesos del parlamento o lo que queráis, porque las palabras abstractas que usa la lengua de modo natural para sacar a la luz cualquier tipo de juicio se me deshacían en la boca como hongos podridos[52]». Difícil encontrar expresiones más ajustadas.

Por lo que a mí respecta, me siento incapaz de anticipar cómo terminará todo esto. Pero tanto da mi incapacidad, compartida por muchos. Un analista político, antaño prestigioso y reconvertido ahora en zigzagueante y acomodaticio apologeta del procés, empezaba a diseñar ya desde hace algún tiempo la coartada que probablemente se nos presentará a los ciudadanos de Cataluña si, al final, no puede ni tan siquiera fingir que ha alcanzado los objetivos que proclamaba perseguir. Se nos dirá algo parecido a esto: los independentistas, en realidad, nunca confiaron en alcanzar en este momento esos objetivos. Su auténtico objetivo no era llegar de inmediato a la tierra prometida de la república catalana, sino que el topetazo frontal con el Estado los dejara en mejores condiciones políticas ante su electorado, frente al que saldrían reforzados al poder decirles que, por vez primera, habían plantado cara a España para separarse, inequívocamente, de ella. Solo la fuerza (la «violencia judicial», según el neologismo que pusieron en circulación en cuanto los tribunales de justicia empezaron a hacer su trabajo) sería capaz de impedirlo. Pero ellos, y solo ellos, habrían conseguido hacer visible ante el mundo el anhelo de independencia del pueblo catalán. Ese presunto triunfo, además, podría tener onda expansiva y generar sinergias en otros grupos y sectores políticos, tanto en Cataluña como en el resto de España, puesto que el independentismo podría alardear ante ellos de haber sido quien de veras había abierto una brecha en el régimen del 78. En definitiva, dirán a los catalanes, hemos ganado esta batalla y, en consecuencia, rematarán, el combate continúa.

No es descartable que ese sea el relato de lo ocurrido que presente ex post facto el independentismo. (Se me permitirá añadir que para que se consolide dicho relato hará falta que sus fieles perseveren en la credulidad culpable a la que se ha hecho ya referencia y a cuyos componentes básicos también se ha aludido). Tal vez tengan razón algunos autores (Daniel Gascón, Pau Luque…) cuando señalan que lo que ha ocurrido en Cataluña no ha sido un golpe de Estado tradicional, sino un golpe de Estado posmoderno. En ese caso, habría que añadir, para acentuar su especificidad, que dicho golpe se ha apoyado en un pensamiento mágico que, en sentido propio, no atiende a razones porque él mismo funda su propia racionalidad. De ahí que no solo las refutaciones resulten irrelevantes, sino que incluso las propias contradicciones carezcan de importancia y no sean capaces de generar la menor sombra de preocupación o inquietud.

Solo así se entiende que los independentistas hayan podido hacer en público determinadas afirmaciones sin que nadie entre los suyos pareciera percibir su inconsistencia. Así, no han faltado portavoces oficiales de partidos independentistas que han reiterado que en Cataluña tuvo lugar un referéndum, que el pueblo catalán decidió y que la república ya ha sido proclamada, quedando ahora tan solo pendiente «hacerla efectiva». En buena lógica, esto significaría que la autodeterminación ya se ha ejercido y que su materialización es ahora cuestión de (correlación de) fuerzas. Pero entonces ¿por qué se insiste en reclamar el derecho a la autodeterminación como una cuestión pendiente si, según su propio relato, ya la han ejercido los ciudadanos catalanes?

Tal vez lo que de veras debería preocupar a los constitucionalistas no es tanto que los secesionistas hayan ganado la batalla del relato, lo cual a estas alturas nadie parece discutir, como que hayan podido hacerlo con un relato errático, trufado de contradicciones, renuncios, promesas incumplidas y, por qué no llamar a las cosas por su nombre, mentiras flagrantes. Porque las declaraciones de Carles Puigdemont al semanario Der Spiegel en agosto de 2018, en las que afirmaba que nunca esperó que ningún Gobierno reconociese a Cataluña como país independiente tras la decisión de romper con la legalidad española y declararse país soberano, no pueden calificarse de otra manera, pues son exactamente lo contrario de lo que tanto él como los portavoces del independentismo estuvieron repitiendo durante todo el procés.

Digámoslo de otra manera: como indicador de la salud política de una comunidad resulta decididamente alarmante que pueda llegar a proponerse ¡un cuarto! referéndum de presunta autodeterminación (contando las llamadas plebiscitarias) sin que aquellos que se atreven a formular la propuesta sientan siquiera un ligero rubor ni las bases independentistas manifiesten un mínimo estupor.

Me permitirán que concluya este balance crítico con una confidencia. A mí el cine norteamericano también me ha predispuesto hacia los finales felices, algo que, aplicado a libros, artículos y otras exposiciones públicas de las propias ideas se podría traducir en una tendencia a terminar estas intervenciones con un mensaje que, al menos, contenga unas gotas de optimismo. Pero si lo hiciera en este momento me temo que tendría la desasosegante sensación de estar mintiendo.

Es evidente que no hay soluciones fáciles. Pero sí está claro que el cambio de las personas no soluciona por sí solo los problemas, y más claro está aún que sostener a quienes los han provocado con toda seguridad los agrava. Si en el pasado confiar en que Rajoy tomara alguna iniciativa resultaba ilusorio, como los propios hechos se encargaron de demostrar, esperar de Carles Puigdemont racionalidad y sentido de Estado, o de Quim Torra un mínimo de competencia política, me parece irremisiblemente condenado al fracaso.

Si alguien considera este último juicio un tanto exagerado, permítanme proponer un escenario imaginario que nos permitirá calibrar el nivel de disparate en el que ha desembocado el procés. Imaginen qué sucedería en un futuro inmediato si sus protagonistas más destacados perseveraran en los comportamientos que han seguido hasta ahora. Supongamos que Torra fuera inhabilitado por el asunto de los lazos amarillos antes de que finalizara su mandato. Lo más lógico sería pensar, viendo cómo se ha comportado hasta ahora el independentismo, que, ante algo así, no tendría otro remedio que manifestar que consideraba semejante decisión profundamente injusta y que procedería a no aceptar la sentencia. Siguiendo con la misma lógica, al tomar posesión, el sucesor de Torra declararía que en realidad él no debería estar ahí porque el único president legítimo era el condenado por los tribunales españoles, y afirmaría a continuación que se consideraba a sí mismo un president vicario, mero sustituto hasta el momento en que el inhabilitado fuera rehabilitado con toda la dignidad que merecía. Con lo que —por hacer el cuento corto, que dirían los mexicanos— nos encontraríamos en la situación de que la presidencia de la más alta institución de Cataluña la ocuparía el vicario de un vicario. Pero imaginen que el vicario del vicario optara por mantener el perfil retador de su predecesor y terminara corriendo su misma suerte ante la justicia. Pasaría entonces a ser el tercer president presuntamente legítimo sin presidencia, y así ad infinitum. Monty Python le sacaría mucho partido a una situación así. Por desgracia, esta es la senda errática por la que ha venido transitando la política catalana hasta hoy.

CONCLUSIÓN

LA RESTAURACIÓN DE LA TRANSICIÓN, O DE

CÓMO EL EDIFICIO QUE SE PRETENDÍA

DEMOLER RESISTIÓ

ADVERTENCIA PREVIA INELUDIBLE EXTRACCIÓN

Hace unos años el ya fallecido profesor de crítica literaria británico Frank Kermode escribía en su magnífico libro El sentido de un final (el cual no debe confundirse con la obra de Julian Barnes del mismo título a la que antes se ha hecho referencia) que la lógica narrativa empuja al lector a transformar el final de un texto (por abierto, incoherente o absurdo que dicho final pueda llegar a ser) en el fin, en el telos desde el que interpretar el sentido de todo lo precedente[53]. Esto es así hasta el extremo de que, si hiciéramos el experimento de darle a leer a alguien el manuscrito de una novela sin su último capítulo, en el que se aclararan todos los enigmas presentados a lo largo del texto, a buen seguro ese lector se las compondría para reinterpretar a su manera el significado del conjunto de lo anterior desde la perspectiva de lo leído, posiblemente sin echar en falta nada.

Es probable que lo que valga para el relato valga también para la descripción de los acontecimientos que se han intentado presentar. Advertíamos del peligro en la «Nota previa» y este es un buen momento para recordar aquella advertencia. Lo que ha terminado por suceder en la esfera política de nuestro país en el momento de terminar este libro no constituye un telos ni, menos aún, designio o destino alguno, del mismo modo en que tampoco nos permite pensarlo en términos de cumplimiento de leyes o regularidades históricas de ningún tipo. Ha sido, es, pura contingencia. Contingencia a la que he podido asistir en vivo y en directo desde un emplazamiento en cierto modo privilegiado (un escaño en el Congreso de los Diputados). Una contingencia que tal vez muestre tendencia, dirección o sentido, pero que serán, en todo caso, tendencia, dirección o sentido susceptibles de ser reconducidos a través de nuestra propia acción hacia otro lugar distinto al que parecen señalar en primera instancia.

De ahí el carácter modesto, tentativo y provisional de lo que pueda haber de propuesta en este apartado último. Hasta tal punto es así que cuando, en un alarde de imprudencia, me he atrevido, ya hacia el final del texto, a presentar alguna recomendación lo he hecho calificándola previamente de obvia. No por poner la venda antes de que haya herida, sino para llamar la atención sobre un hecho que me parece incontrovertible: hay que volver a colocar en el centro de la reconstrucción y del análisis de cuanto ocurre la aceptación de nuestra capacidad de equivocarnos, en lugar de empecinarnos en detectar retroactivamente razones y causalidades ocultas que den sentido a lo que con demasiada frecuencia responde a motivaciones mucho menos presentables.

Me lo decía un veterano político por el que siento el mayor de los respetos: el grueso de las sobresaltos y contrariedades que sufren tanto los gobernantes como los aspirantes a serlo se deben, a partes desiguales, a imprevistos que les vienen de fuera y a lo que en el lenguaje del tenis se denominan «errores no forzados». Aunque, bien pensado, tal vez sería mejor llamarlos «errores forzados»: forzados por la vanidad, el ansia de poder, la ambición y otras oscuras determinaciones del alma humana de las que los políticos, ciertamente, no parecen estar a salvo.

Tal vez sean demasiadas advertencias, pero creo que resultan imprescindibles para no malinterpretar la conclusión que sigue, que no en vano ha sido adjetivada desde el principio como no concluyente. Pero terminemos de una vez con el engorroso trámite de las advertencias y entremos ya en el fin mismo.

TÁCTICA COMO ESTRATEGIA Y ESTRATEGIA COMO TÁCTICA

Aludíamos al arrancar el presente libro a la capacidad de impugnación de la totalidad que tenían las dos realidades escogidas como hilo conductor para el análisis de lo sucedido en las últimas legislaturas. Ahora que llegamos al final del texto, se puede plantear con absoluta rotundidad una primera afirmación: ambos proyectos, el de una izquierda que empezó presentándose como alternativa al orden político surgido de la Transición y el de un independentismo, el catalán, que cuestionaba la propia unidad de la nación española han fracasado en su empeño. Ninguno de los dos ha alcanzado sus objetivos y está por ver el futuro que los aguarda, que por el momento solo cabe adelantar que es desigualmente dudoso. Entre otras razones porque, más allá de la incertidumbre que acompaña a todo futuro por el hecho mismo de serlo, ni la que irrumpió con pretensión de nueva izquierda ni el independentismo se han atrevido a presentar a los suyos alguna estrategia alternativa tras el fiasco de sus planes anteriores. (De hecho, últimamente los independentistas intentan ocultar esta ausencia de planes alternativos sustituyendo la expresión «hoja de ruta» por la de «work in progress» y el ya famoso término «procés» por el más inocuo de «conflicto»).

Pero extraer como único balance provisional la constatación de ambos fracasos sería quedarse manifiestamente corto. Tras tantas páginas, qué menos que intentar ofrecerle alguna conjetura que valga como explicación provisional capaz de proyectar inteligibilidad, por poca que sea, sobre la deriva, en algunos momentos sorprendente, de lo ocurrido en estos años. En ese sentido, la clave, a mi juicio, reside en las afirmaciones destacadas tanto en el subtítulo de la conclusión como en el título del presente epígrafe. Lo que ha vinculado a los dos proyectos de que hablábamos, pues, no ha sido solo la voluntad de impugnación de la totalidad del sistema político español, sino también la manera en que ambos abordaron esta tarea, esto es, utilizando un esquema que, compartiendo una confusión, invertía su signo.

Dicha confusión compartida es la de estrategia con táctica y viceversa, es decir, de objetivos últimos e instrumentos inmediatos con los que ir avanzando hacia ese horizonte. En el caso del independentismo, el signo de la confusión consistió en presentar lo que solo podían ser las metas últimas por alcanzar (el programa de máximos) como reivindicaciones tácticas asumibles en el corto plazo (por ejemplo, la promesa de independencia de Cataluña a fecha fija). Sin embargo, convendría no precipitarse en descalificar esta actitud como grosero error político con el argumento de que el bloque independentista no habría caído en la cuenta de que carecía de táctica en sentido propio o de que la que planteaba era extremadamente deficiente. Más razonable que una tan sumaria descalificación sería preguntarse en qué medida el secesionismo tenía la posibilidad de asumir cualquier otro planteamiento distinto a este.

Al afirmar esto estoy pensando en la dificultad que suponía para el independentismo intentar una movilización sobre la base de unas reivindicaciones tácticas susceptibles de constituir materia de negociación con el gobierno central. No es baladí el hecho, sobradamente conocido, de que el nivel de competencias que tienen atribuidas determinadas comunidades autónomas, como es el caso de la catalana, supera con mucho el nivel que disfrutan los entes federados en países explícitamente federales. En tales condiciones, cabe preguntarse qué reivindicaciones concretas podía haber puesto encima de la mesa el independentismo con la esperanza de movilizar con ellas a la ciudadanía catalana: ¿competencias exclusivas en educación?, ¿en cultura?, ¿en sanidad?, ¿unos medios públicos de comunicación propios?, ¿una Administración potente con un número de funcionarios suficiente?, ¿una policía integral propia?, ¿el control sobre las prisiones? Basta un ligero repaso sobre lo que eran las reivindicaciones más tradicionales del nacionalismo catalán para constatar que la mayor parte de ellas se han visto satisfechas, con lo que la elevación del nivel de exigencia era poco menos que obligado para enfrentarse con el Gobierno central.

Pero, más allá de que tal vez la única manera de la que disponía el independentismo para mantener la movilización de los suyos era alimentar una fuerte emotividad sirviéndose del programa de máximos, no es menos cierto que un análisis ponderado de este planteamiento debe tener en cuenta otra variable, la del coste político que podía representar la derrota. Tendría pleno sentido que alguien se formulara la cuestión en estos términos: si los votantes no penalizan ni el engaño (reconocido por los propios protagonistas) ni el fracaso a la hora de alcanzar los objetivos prometidos, y si la constatación por su parte de que la fuerza del independentismo resultaba del todo insuficiente para enfrentarse al formidable poder del Estado no ha conseguido alterar en lo más mínimo las convicciones de esa parte de la sociedad catalana que apoya la secesión, si, en definitiva, la derrota política no tiene coste alguno, ¿por qué razón habría que cambiar de modo de proceder?

Desde este punto de vista convendría asimismo valorar adecuadamente el empeño de algunos independentistas por cronificar el conflicto. Suponer que tal empeño implica una alocada e irreflexiva adhesión al viejo «cuanto peor, mejor», tal vez sea un supuesto también irreflexivo. En relación con esto, valdrá la pena distinguir dos posibilidades: que dicho supuesto contenga errores de apreciación o de valoración o bien que carezca por completo de sentido y constituya un ejercicio de aventurerismo casi irracional.

Sin duda que, respecto a la primera opción, se constata fácilmente la dirección autodestructiva que ha seguido en todo momento el independentismo y que explica su desdén hacia toda reivindicación susceptible de ser satisfecha. Por supuesto que cuestiones bien concretas —por más sensibles que resultaran para amplios sectores de la ciudadanía catalana, como las listas de espera— han sido despreciadas como minucias reivindicativas por las autoridades de la Generalitat. La misma valoración desdeñosa han merecido la sanidad, la educación e incluso el bienestar en cuanto tal de los ciudadanos. Idéntica (mala) suerte han corrido las propias instituciones catalanas, como los Mossos, cuestionados por el propio president o incluso la mismísima Generalitat, tan devaluada por los propios independentistas que para cualquier político con ambición ha pasado a ser mejor destino el ayuntamiento de una ciudad medianamente grande que el propio Govern. Así, resulta paradigmático al respecto el caso de Elsa Artadi, que abandonó el ejecutivo catalán, en el que se suponía que era un peso fuerte en su condición de consejera de la presidencia y portavoz del Govern, para pasar a la política municipal, a pesar de no tener apenas ninguna posibilidad de llegar a ser alcaldesa de Barcelona. En realidad, todo ello constituye para los secesionistas menudencias irrelevantes cuando se las compara con el objetivo de la independencia, que no solo resolverá todos los problemas mencionados, sino que dará paso a una genuina institucionalización a la altura de la meta prometida.

El origen de esa pulsión autodestructiva (de la que también es expresión el ataque a la monarquía del que se trata en el presente texto) podría situarse, siguiendo con nuestra argumentación, en un error de planteamiento: el independentismo no solo habría ido despreciando objetivos menores, sino que habría quemado todas las naves de las que disponía en la pira incandescente del ideal, considerando que podían servirle únicamente como combustible político coyuntural de rentabilidad inmediata. En otras palabras, habría malgastado la estrategia utilizándola como táctica, la habría abrasado y ahora, hecha cenizas, no dispondría de horizonte que dibujar. Su «tenim pressa» habría terminado por devorarle. Si no hubiera confundido táctica con estrategia, se habría dado cuenta de que su horizonte de máximos (la república independiente) es compatible con la reivindicación de objetivos presuntamente menores (o con la aceptación de que, en el corto y medio plazo, la monarquía no sea el obstáculo primordial por remover).

Ahora bien, por lo que respecta a la segunda opción, que la cronificación sea la expresión de un aventurerismo casi irracional, deducirla como conclusión a partir de las críticas que acabamos de plantear, a pesar de su pertinencia, constituiría un claro non sequitur. Porque no entran en un asunto que se impone abordar para comprender adecuadamente la perseverancia independentista en alimentar a toda costa el conflicto. La lógica victimista que hemos tenido sobrada ocasión de analizar a lo largo de las páginas precedentes ya indica el significado profundo del empeño cronificador. Porque, desde esta perspectiva ideológica, ser derrotado solo demuestra que el vencedor es más poderoso, pero en modo alguno que la razón esté de su lado. Para el victimismo la razón cae por principio del lado de la víctima precisamente por el único hecho de serlo. Si a eso le unimos que, para el discurso nacionalista —matriz ideológica del independentismo—, el Estado propio es un destino no ya irrenunciable, sino directamente inexorable, ya que el progreso de la historia solo puede ir en la dirección de la «profundización en el autogobierno», proceso que tiene como desembocadura necesaria la constitución de un Estado propio, la reacción ante la derrota es perfectamente previsible.

Derrotas como las del procés no pueden ser valoradas por quienes asumen este historicismo victimista más que como contrariedades en el camino, en ningún caso como sucesos que deban mover a revisar el planteamiento global, que está para ellos más allá de toda duda razonable, como cuestión de fe que es (por definición, el nacionalismo no se confronta con la realidad, sino con sus propios deseos). A la espera, pues, del desenlace definitivo, que solo puede ser triunfal, el resultado negativo de esta particular batalla pasa a ser considerado como un episodio heroico en la sostenida lucha por la independencia final. Solo así se comprende que al terminar la XII.ª legislatura una de las últimas decisiones del sector del independentismo afín a Puigdemont fuera despedir a los diputados más proclives al pacto y a la negociación como salida a la crisis catalana (Carles Campuzano, Jordi Xuclà…), para reemplazarlos por los más partidarios de bloquear la conformación de un Gobierno de izquierdas dialogante tras las elecciones del 28 de abril.

Por su parte, también Unidas Podemos ha incurrido en la misma confusión entre táctica y estrategia, solo que con el signo inverso. Así, en los pasados años hemos tenido la oportunidad de ir viendo como esta fuerza política presentaba sus cambiantes objetivos tácticos como si de horizontes estratégicos se tratara, cargando así de aparente trascendencia —por no decir de ficticia ambición histórica— los movimientos concretos que llevaba a cabo en cada momento. Probablemente, el ejemplo paradigmático por excelencia de este escamoteo lo constituya el cambio en los modelos de sociedad que han ido presentando. Como se recordará, los líderes de la formación se dieron a conocer por su apoyo entusiasta al régimen bolivariano (primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro) como modelo de sociedad al que declaraban aspirar y que consideraban digno de imitación. Ya se ha analizado la forma en que los dirigentes de Podemos abdicaron de sus convicciones anteriores a este respecto. Dicho modelo fue sustituido, según conviniera en cada momento, por el modelo socialdemócrata nórdico o, incluso, por el del propio socialismo español en la etapa de Felipe González, por poner solo un par de ejemplos.

Esta misma volubilidad de planteamientos puede apreciarse planteándola desde otro ángulo. Quienes se dieron a conocer denostando a lo que denominaban «casta» se desentendieron del término en cuanto entraron en las instituciones y pasaron a hablar exclusivamente del IBEX 35; y, tras comenzar refiriéndose al régimen del 78 y a «los candados de la Transición», abandonaron estos conceptos cuando dejaron de resultar de utilidad, sustituyéndolos por «las conquistas de la Transición» y otras expresiones parecidas, hasta llegar al extremo de convertir la defensa de la Constitución en el eje de su programa electoral en las generales de 2019, tanto las de abril como las de noviembre. Y así, con motivo de su presentación, Pablo Iglesias no solo se lamentaba —¡él!— de que el texto constitucional se hubiera convertido en un arma arrojadiza y proponía que se leyera con detenimiento, sino que, sin despeinarse lo más mínimo, convertía en el principal reproche a sus adversarios el hecho de que, autoproclamándose constitucionalistas, no estuvieran dispuestos a hacer que se cumpliera, a lo cual ahora él exhortaba. Y si «cumplamos la Constitución en vez de usarla contra el adversario» eran sus palabras textuales a pocos días del 28-A, tras las elecciones del 10-N esa misma Constitución pasó a ser, a su juicio, el principal instrumento con que enfrentarse a Vox. Como se deja ver con facilidad, el texto constitucional iba adquiriendo diferentes virtualidades a medida que los objetivos más inmediatos iban variando.

Se reparará en que todas las afirmaciones anteriores hacen referencia a aspectos programáticos fundamentales, definitorios de los objetivos a largo plazo de un partido. En realidad, como el tiempo se ha encargado de aclarar, los modelos que los líderes de Podemos declaraban admirar o las potentes categorías que parecían guiar toda su acción política, con la impugnación de la Transición y de la Constitución del 78 en un lugar destacadísimo y proponiendo la apertura de un proceso constituyente en toda regla, no eran otra cosa que una falsa retórica estratégica destinada a proporcionar una aparente legitimación a los volantazos tácticos que en cada momento la dirección del partido consideraba conveniente y oportuno dar para alcanzar sus propósitos.

En otras palabras: tanto Unidas Podemos como el independentismo presentaban una enmienda a la totalidad con un único propósito, que, a la vez, marca la diferencia entre ambos proyectos políticos. Intentemos explicarlo. Por un lado, el propósito compartido era el poder, entendido como un fin en sí mismo y no como un medio. De haber sido un mero medio, hubieran dejado claro qué transformaciones perseguían, pero ha sido precisamente eso lo que, en un caso, no ha hecho más que variar y, en el otro, nunca se ha especificado. Por otro lado, la diferencia entre los dos proyectos políticos deriva de su desigual situación de partida respecto al poder, que nos permite explicar en buena medida sus específicas trayectorias. Formulado con la máxima verticalidad: la diferencia entre ambos pasa por el hecho de que, mientras unos querían acceder al poder cuanto antes, los otros nunca han dejado de pretender mantenerse en él a cualquier precio. De esta diferente situación deriva el principal peligro que a cada uno de ellos acecha: mientras que el oportunismo sin principios ronda a quienes lo subordinan todo a los intereses tácticos a corto plazo, el peligro que amenaza a quienes anteponen a todo sus objetivos últimos es el fanatismo intransigente, el dogmatismo irrefutable.

Empezábamos el presente epígrafe señalando que ninguna de estas impugnaciones del sistema ha alcanzado su objetivo. Baste con constatar, como certificación apresurada de sus derrotas, el giro que ambas daban a sus planteamientos en la inminencia de las elecciones del 28-A. Por un lado, los había que, en el seno del independentismo, andaban proponiendo con la boca pequeña el regreso a la vieja estrategia gradualista del «peix al cove» pujolista, con Junqueras en el papel del exhonorable. No nos entretengamos ahora, porque nos alejaría de lo que estamos intentando plantear, en qué medida semejante propuesta no deja de ser un intento de mantener en la práctica una cronificación de baja intensidad frente a la performance permanente a la que es tan proclive Carles Puigdemont. Aunque, eso sí, nos será permitida al menos una pequeña puntualización respecto a la credibilidad que merece este coqueteo con el gradualismo por parte de un sector del independentismo entregado hasta hace bien poco a un unilateralismo innegociable. Y es que, en efecto, resulta imposible no sospechar, sobre todo habida cuenta del protagonismo del líder de ERC a la hora de persuadir al entonces president de la Generalitat para que no convocara elecciones autonómicas en octubre de 2017, si su templada y conciliadora actitud de ahora no responderá a un cálculo meramente táctico más que al convencimiento profundo del que ha llevado a cabo la necesaria autocrítica. O, por decirlo con otros términos: no deja de ser inquietante constatar que quienes declaran haberse moderado en sus reivindicaciones no son, como parecería razonable esperar a la vista del fracaso político del procés, los independentistas sobrevenidos, sino los de pata negra. Curioso por lo menos lo es, me lo reconocerán.

Por el otro lado, el de Podemos, su volantazo tomaba la dirección de abandonar de forma definitiva las estrategias de confrontación más dura planteadas en sus orígenes para sustituirlas por una aceptación de los postulados más colaborativos que en teoría había defendido siempre Íñigo Errejón. Aunque tal vez lo que haya hecho aún más patente la derrota de la impugnación de Podemos a la totalidad del sistema haya sido justo su insistencia en entrar en el Gobierno de la nación. Y no porque consideremos que el mero hecho de incorporarse a un ejecutivo implique de manera necesaria la renuncia a los objetivos políticos más radicalmente transformadores (vieja y vacua disputa izquierdista resuelta hace ya mucho tiempo en contra de los puristas), sino porque la insistente y sobreactuada reclamación de los dirigentes de Podemos perseguía, con poco disimulo, poder presentar dicha entrada ante los suyos como un triunfo que les hiciera olvidar a estos el severo castigo sufrido en las urnas. Añadamos ahora un matiz, pequeño pero muy importante: en todo caso, lo que sí han conseguido ambas impugnaciones ha sido deteriorar eso que, de manera peyorativa, se suele denominar el statu quo. Un statu quo (o régimen del 78, en formulación también peyorativa) que descansaba sobre cuatro pilares fundacionales: la democracia representativa como forma de Gobierno, la monarquía parlamentaria como forma de Estado, un modelo territorial basado en la descentralización política dentro de un Estado unitario y la economía de mercado corregida con criterios de equidad social. A estas cuatro patas se les añadió más tarde una quinta: la pertenencia a la Unión Europea, que conlleva aceptar progresivas cesiones de soberanía.

Pues bien, esta impugnación global se sustancia en el rechazo compartido por Podemos y el independentismo casi al completo (en lo de la economía de mercado habría discrepancias en el seno de este último) de estos principios. Así, ambos descreen de la democracia representativa y apuestan por la plebiscitaria (así calificó Artur Mas, recuérdese, una de las elecciones autonómicas que convocó); los dos han hecho del derribo de la monarquía parlamentaria uno de los ejes de su política; tanto unos como otros defienden el derecho de autodeterminación, incompatible con la integridad territorial (como fijan la abrumadora mayoría de constituciones del mundo[54]); y, por último, ambos comparten también la desconfianza profunda hacia la Unión Europea, en el caso de Unidas Podemos por razones doctrinales y en el del independentismo por motivos puramente coyunturales.

Como es obvio, no hay contradicción alguna en afirmar que, a pesar de la dureza de los ataques, el tan denostado por algunos régimen del 78 ha resistido bien. Aunque conviene apresurarse a puntualizar que no sin daños. Por ello, por lo dañada que ha quedado la situación en nuestro país tras un cuestionamiento tan global como radical de la herencia recibida, y que, lejos de remitir, amenaza con agravarse (dado que a este cuestionamiento del statu quo se acaba de incorporar una nueva fuerza política, Vox), convendrá que finalicemos el presente libro con una advertencia, una reflexión y una recomendación. Aunque solo sea para evitar que la anterior constatación de la fortaleza de nuestra democracia pueda ser confundida con forma alguna, por ligera que sea, de triunfalismo.

NO SUPIERON LEER SU PRESENTE

El tópico de la extraordinaria velocidad a la que se mueve el mundo actual a menudo no da lugar a otra conclusión que a la de constatar la enorme volatilidad de todo, empezando por nuestra propia manera de ver las cosas (valga como ilustración: ha pasado a ser normal que un mismo ciudadano a lo largo de una campaña electoral vaya cambiando su intención de voto a medida que pasan los días). La volatilidad es un hecho, pero tal vez conformarse con constatarla no resulte suficiente, entre otras cosas porque da lugar a múltiples efectos en diferentes ámbitos, efectos a los que no siempre prestamos la debida atención. Es el caso de nuestra propia identidad, es imposible de continuar siendo pensada en los mismos términos que antaño cuando ya apenas subsiste nada de lo que había entonces. No es algo que haya ocurrido de manera repentina, ciertamente, pero no cabe duda de que la creciente velocidad de los cambios, tanto en la esfera privada como en la pública, parece dejarnos en muchos momentos sin capacidad de reacción para pensarnos a nosotros mismos bajo otra clave.

Tal vez convenga, para que no parezca que pretendemos movernos en un plano abstracto en exceso, tomar tierra en la realidad del mundo que nos rodea. Si lo hacemos así, de inmediato constatamos que, conforme nos acercamos a la actualidad, el número de situaciones sociales y políticas que suponíamos que evolucionarían en una determinada dirección y que, al final, han tomado una muy distinta, y a gran velocidad por cierto, no han hecho más que aumentar. Tantos y tan acelerados cambios a nuestro alrededor no representan una simple variación del decorado de nuestras vidas, no son únicamente un cambio en las circunstancias de nuestro entorno, sino que nos afectan de manera directa porque constituyen la realidad del mundo en la que tenemos que actuar.

Pensemos, por poner un ejemplo escogido casi al azar, en aquellos días, nada lejanos (en el 2014, para ser exactos), en los que Achim Post, Pedro Sánchez, Matteo Renzi, Manuel Valls y Diederik Samsom se fotografiaban en la Festa de l’Unità, organizada por el PD en Bolonia, con refulgentes camisas blancas. El futuro, al menos el europeo, parecía pertenecer casi con toda probabilidad a quienes en aquel momento compartían indumentaria. Pues bien, solo a uno las cosas le han ido como todos esperaban para sí mismos, lo que en absoluto significa que quepa deducir que el resto ya han sido arrojados al basurero de la historia. Imposible determinarlo.

Así, sin alejarnos del ejemplo de la foto, quien vino a sustituir a Valls en el papel de sucesor de François Hollande, Emmanuel Macron, fue saludado en su momento por algunos sectores como la gran esperanza de la política europea y como la materialización del único modo viable de ejercer el poder en estos tiempos (un modo tan ligero de equipaje orgánico como ideológico). Sin embargo, no parece muy audaz afirmar, a la vista de los problemas que ha tenido en Francia y de los sensibles vaivenes que no deja de sufrir su popularidad, que probablemente los mismos que entonces le jaleaban con enorme entusiasmo hoy se tentarían la ropa antes de llevar a cabo una apuesta firme por su futuro.

En efecto, la aceleración en la que vivimos inmersos es de tal magnitud hoy en día que la posibilidad misma de llevar a cabo previsiones y, por tanto, de elaborar proyectos de futuro en los que desplegarnos como sujetos con una determinada identidad personal se encuentra gravemente en entredicho. Lo propio sucede si planteamos esto mismo a la escala, un poco más amplia, de la identidad generacional. El resultado no es muy diferente, como se certifica si hacemos el pequeño ejercicio de reflexionar en esa declaración, consustancial a toda generación que irrumpe por vez primera en el escenario de su tiempo, que es «hemos venido para quedarnos».

Ciertamente, la declaración resulta poco menos que consustancial a cada nueva generación cuando esta percibe que le toca tomar el relevo de la precedente y se siente por completo inaugural. Sin duda, esa percepción empieza a cambiar cuando esos mismos jóvenes, hasta cierto momento sin competencia alguna, empiezan a notar en la nuca la respiración de otros, más jóvenes aún, que ya han puesto un pie en la escena pública y no son sensibles, pongamos por caso, a los estímulos que conmocionan a los primeros (por ejemplo, la pérdida de algún referente fundamental en la construcción de su identidad como grupo). No se trata, claro está, de que los más nuevos sean insensibles, sino, simplemente, que aún no han tenido la oportunidad de poner un mínimo de tiempo por medio respecto a cuanto les pasa. Son, en ese sentido, pura vivencia en crudo.

En todo caso, el referido «hemos venido para quedarnos» no puede ya, con toda probabilidad, significar lo mismo que hace algunas décadas. De acuerdo con lo que acabamos de señalar, la frase de marras no está en condiciones de describir la realidad que viene (porque en estos tiempos ya no hay forma humana de determinar lo que aún no ha llegado) y menos aún de asegurar que en ella estará garantizada la presencia de unos o de otros ni, en consecuencia, su identidad en tanto que grupo. De hecho, a lo que se limita el enunciado es a describir la intención de algunos de permanecer el máximo de tiempo posible en un lugar, con lo que hoy apenas podría significar en la práctica esta otra cosa, mucho más modesta: «hemos venido con la intención de quedarnos». Comprensible intención, ciertamente, pero está claro que el hecho de que termine por hacerse realidad o no en absoluto depende de su anuncio, tal y como la propia realidad se encarga de certificarnos a diario.

Porque, en efecto, estos enunciados han devenido «viejunos» en la medida en que se basaban en un supuesto que ha dejado de serlo, el de que la historia no solo progresa, sino que lo hace acumulativamente, de tal manera que lo hoy obtenido viene a equivaler a tierra conquistada a la que se le irían añadiendo en el futuro, también sin remedio, otros nuevos territorios de conquista. No hay la más mínima caricatura en semejante descripción. Baste con un sencillo ejemplo, bien próximo a nuestra actualidad. Quienes hasta hace bien poco se las prometían muy felices en el terreno de la política porque se les jaleaba por doquier como las fuerzas emergentes (en un lado del espectro político o en otro, no es eso lo importante ahora), llamadas a alcanzar las más altas cotas de éxito electoral, daban por descontado que aquellos que tenían por suyos, esto es, sus votantes, nunca los abandonarían, sino que, si acaso, a este contingente de fieles se le irían sumando las nuevas olas generacionales que fueran rompiendo, incesantes, en la orilla de los sucesivos presentes.

El análisis de lo ocurrido en los últimos meses acredita bien a las claras que ninguno de los dos supuestos, ni el de la fidelidad de unos ni el de la incorporación de otros, se ha cumplido. La aceleración consiste en que siga pasando lo mismo de siempre, solo que mucho más deprisa. Nuestros presuntos emergentes lo dejaron todo sin pensar. Tanto alardear de novedad y ni siquiera un concepto de recambio para el de progreso tenían preparado.

EL PROBLEMA NO ES EL EDIFICIO: EL PROBLEMA SON LOS INQUILINOS

Previa (unas gotas de filosofía de la historia)

¿Progresará la humanidad? Se conoce la respuesta que proporcionó Kant a la pregunta: depende de lo que decidan hacer los propios hombres. El progreso, por el que con tanto entusiasmo clamaba el filósofo de Königsberg, en realidad debe entenderse como un deber del género humano para consigo mismo. Pues bien, alguien podría pensar que la tesis de la restauración de la Transición, explicitada como título de la presente conclusión, en cierto modo supone inclinarse por la idea de la repetición o el retorno, más que por la del progreso o avance de la historia, sustentada por los impugnadores de la herencia recibida (que se consideran los representantes exclusivos del avance de la humanidad, como hemos tenido ocasión de señalar con anterioridad).

Pero en la respuesta que proporcionaba Kant a la pregunta inicial se encuentra también la clave para entender la posición que se ha defendido en este libro. Digámoslo ya, y con cierta verticalidad: no es que en muchos momentos la historia se repita o regrese como resultado de alguna fatalidad, destino o cualquier íntimo mecanismo que le obligue a la incesante reiteración, es que los seres humanos con frecuencia se empeñan en repetir comportamientos pasados.

Importa poner el acento sobre los protagonistas de dichos comportamientos para no dar lugar a malentendidos indeseables como sería, por ejemplo, que alguien interpretara que hablar de repetición o retorno implica negar la existencia de desarrollos, avances y mejoras. Perseveremos en la verticalidad: la cuestión no es si se dan sucesos que nunca habían ocurrido en el pasado, o no lo habían hecho bajo la forma actual. Es evidente que no estamos en muchísimos aspectos como estábamos tiempo atrás (y que cada cual retroceda hasta donde considere oportuno si necesita verlo más claro), la cuestión es si nuestra reacción ante estos cambios reitera reacciones del pasado o no. Porque la historia nos muestra abundantes ejemplos de situaciones malinterpretadas por sus contemporáneos. Sea porque estos resultaran incapaces de percibir lo revolucionario de una determinada propuesta o iniciativa y la desdeñaran calificándola como un déjà vu, sea porque atribuyeran un desmedido valor innovador a propuestas que el tiempo se encargó de demostrar que apenas aportaban nada que no fuera ya conocido de antemano y quedaran deslumbrados por ellas.

Es cierto que, tanto en esto como en todo en la historia, no siempre resulta fácil dilucidar lo que efectivamente supone una novedad y lo que constituye una reedición apenas maquillada de algún viejo conocido. Dificultad de la que se desprende otra no menos importante, a saber, la de valorar de manera correcta lo que irrumpe como novedad. Sin duda por la persistencia en nuestro imaginario colectivo de la creencia (en sentido orteguiano, si se quiere) en el progreso, hemos tendido a incurrir en el automatismo de identificar lo nuevo con lo bueno, con el consiguiente corolario: tender a considerar que la desaparición de lo viejo responde a una lógica histórica y por ello no generarnos una especial preocupación.

Si pensáramos en uno de los ámbitos en los que intuitivamente parece sustentarse el convencimiento de la existencia del progreso, esto es, el del desarrollo del conocimiento, comprobaríamos con claridad que ni siquiera ahí puede sustentarse dicha idea sin problemas. No se trata de poner en cuestión el aumento de dicho progreso en determinados ámbitos, pero tal vez sí tanto los escogidos como los desdeñados[55], de igual modo que la existencia de aquellos otros en los que los especialistas constatan que apenas se ha avanzado en los últimos años. Así, resulta de todo punto evidente que, así como hay esferas del conocimiento en las que nos desenvolvemos cada vez mejor, no solo porque disponemos de una mayor información, sino porque hacemos un uso cada vez más eficaz de ellas, también resulta indiscutible que, por motivos en los que no hace falta demorarse, hemos perdido destrezas de diverso tipo en el camino. (De hecho, en nuestros días hay proyectos en el ámbito de la cultura en general que ya no se pueden poner en marcha por la inexistencia de personas con la formación adecuada. En el ámbito de lo que se suele denominar humanidades esto resulta particularmente notorio)[56]. Por no mencionar, para no alargar demasiado la relación de situaciones que ponen en cuestión la confianza irrestricta en el progreso, aquellas realidades sin duda inéditas que, lejos de constituir causa de ninguna mejoría en su ámbito correspondiente, lo que nos provocan es más bien una seria preocupación respecto a los efectos a que pueden dar lugar. De hecho, nos ha tocado vivir un tiempo histórico en el que empieza a dibujarse ante nuestros ojos una situación límite que constituye la ilustración del carácter ambiguo, de la equivocidad, más contundente y sombría que pueda imaginarse, que acompaña a todo desarrollo humano. Porque, de idéntica forma que estamos en condiciones objetivas de resolver la mayor parte de todos los problemas (hambrunas, enfermedades, etcétera) que hasta el presente han venido castigando a la humanidad, también se está empezando a plantear en términos de una amenaza real la supervivencia de la especie humana como resultado precisamente de nuestra propia acción.

Habrá quedado claro, por tanto y tras tanto matiz, que ni se trata de celebrar con entusiasmo acrítico cuanto pueda ocurrir que no parezca la mera reiteración de lo pasado, ni es cuestión de abandonarse a una nostalgia falaz y engañosa por unos presuntos buenos tiempos perdidos. Ambos simplismos resultan inútiles por igual a la hora de enfrentarse a la insoslayable complejidad de lo real. Resultará particularmente oportuno a este respecto evocar ahora la afirmación que hacíamos al iniciar el presente libro. Decíamos entonces que la realidad, por definición, rara vez aparece ordenada, más bien al contrario, gusta de mostrarse enigmática o, cuando opta por la discreción, simplemente ininteligible. Somos nosotros, sus inquilinos, quienes nos empeñamos, a menudo en vano, en descubrir en medio del caos y el ruido y la confusión, secretos órdenes de sentido que nos permitan comprenderla.

Vino viejo en odres nuevos

Todas estas afirmaciones, que en un primer momento cumplían la función de advertencia general o de antídoto contra cualquier forma de reduccionismo, ahora muestran su auténtico alcance y nos deberían permitir plantear lo ocurrido entre nosotros en los últimos años en unos términos bien distintos a los que habían sido los más habituales. Porque, en efecto, en demasiadas ocasiones se ha pasado de largo ante lo que importaba de verdad. Ha quedado dicho: se impone entender de manera adecuada la situación para, a continuación, estar en condiciones de valorar si la respuesta que se le ha dado es atinada o no. Y de acuerdo con lo que también hemos venido comentando a lo largo del texto, no está en absoluto claro que lo primero se haya producido.

Es más, con suma frecuencia se ha podido tener la sensación de que los protagonistas estaban confundiendo una cosa con la otra, es decir, lo que estaba ocurriendo con las reacciones ante ello. Y así, ha sido más que frecuente de un tiempo a esta parte que algunos consideraran que lo nuevo de la situación que habíamos empezado a vivir era precisamente su irrupción en la escena pública. Con otras palabras, se atribuían a sí mismos la condición de novedad, cuando en realidad lo que constituían, si acaso, era justo el efecto de la novedad.

De ahí nuestra tajante formulación de un epígrafe anterior: «No supieron leer su presente» o, por decirlo con otras palabras, los que se tenían a sí mismos por nuevos no estuvieron a la altura de su tiempo. No fueron conscientes de la novedad a la que estaban asistiendo, e incurrieron en la grosera simplificación de considerar que ellos mismos eran la novedad, cuando simplemente eran los recién llegados, cuya novedad tenían, si acaso, aún que acreditar. Consecuencia de esta simplificación fue un error que se reiteró en estos años de manera pertinaz, y que hemos tenido sobrada ocasión de comentar en las páginas precedentes, esto es, el error de afrontar situaciones nuevas con criterios viejos.

Tal vez una de las muestras más claras de esta actitud haya sido, entrando ya decididamente en el terreno de la política concreta, el tratamiento que estos presuntos nuevos han hecho de la crisis del bipartidismo. Un tratamiento que a lo que ha terminado dando lugar no ha sido a un esquema por completo diferente del originario, sino a un mero bipartidismo imperfecto, aunque de una imperfección tal que ha devenido un auténtico «bibloquismo». Otra prueba de la inoperancia regeneradora de todos estos planteamientos la constituyen las propias manifestaciones de sus protagonistas. Porque no deja de ser llamativo que, cuando no les queda otra que constatar dicha inoperancia, son ellos mismos, protagonistas desde hace tan poco, los que reclaman otras nuevas ideas (cuando no nuevos rostros).

Que el bibloquismo no parece ser la alternativa para superar las limitaciones e insuficiencias de lo que había hasta ahora lo prueba el hecho, ya suficientemente contrastado a estas alturas, de que ha resultado ser mucho más rígido (y, por tanto, menos útil como instrumento político) que el bipartidismo. Entre otras razones, debido a la actitud de algunos de los nuevos protagonistas, que se han dedicado a atribuirle a este último todos los males, hasta el extremo de identificar los acuerdos entre los grandes partidos (por ejemplo, en cuestiones de Estado) con contubernios, cuando no con reparto del botín. Una de las consecuencias de dicha actitud es la incomunicación entre bloques, lo que a su vez da lugar a otra consecuencia no menos importante, la de que la tensión interbloques se ha replicado inexorablemente en forma de una tensión intrabloques.

Importa destacar ese carácter poco menos que inexorable de esta deriva. En el caso del bloque de la izquierda, al hecho ya conocido de que al miembro que se considera situado más a la izquierda (Podemos) la única posibilidad de crecimiento que se le ofrece es a costa de la fuerza más moderada (el PSOE), entre otras razones porque aquella no tiene nada a su izquierda, se le une un hecho en cierto modo inédito: que, por su parte, los más moderados tienen problemas para crecer por su derecha, ya que el bibloquismo ha elevado un denso muro de separación entre bloques con el que aquellos terminan chocando (no puede ser casualidad que «bloque» y «bloqueo» posean la misma raíz). Así las cosas, no le queda otro remedio a la moderación que radicalizarse, intentando recuperar por la izquierda lo que en algún momento perdió por ese mismo lado. Pero ello significa, analizando la situación con cierta distancia, que la dinámica general con la que ahora se rigen las formaciones políticas habría cambiado, pasando de la antigua búsqueda de la centralidad, donde solía decirse que se jugaban las mayorías, a la búsqueda de la radicalidad. En este nuevo escenario, serían los extremos los que estarían marcando, al margen de acuerdos tácticos o alianzas coyunturales, la dinámica política en los tiempos actuales. (En el independentismo también se habría producido una deriva análoga, con la CUP, los CDR o Tsunami Democràtic marcando en muchos momentos la agenda catalana).

Probablemente, este caso constituya una buena muestra de lo que estábamos intentando plantear. En efecto, que el bipartidismo (o, por mejor decir, el turnismo) no diera adecuada respuesta a los problemas políticos del siglo XXI en nuestro país no implica que cualquier otra opción deba valernos. Como dijimos, la bondad de la respuesta no viene dada simplemente por el hecho de haber sido propuesta por alguien distinto al que con anterioridad se equivocó. Si nuevo no es lo mismo que bueno, la bondad de lo nuevo depende de la propuesta misma, no de la condición, más o menos inaugural, de quien la proclama. Lo cual, aplicado al caso que estábamos comentando, significa que no habría que descartar que el desenlace de la crisis del bipartidismo no fuera finalmente la consolidación de un bibloquismo (con cinco o seis partidos alineados en dos frentes opuestos), sino alguna forma de resurrección del primero.

Por lo pronto, una cosa se puede certificar sin temor a equivocarse, y es que nada hay ya más viejo a estas alturas que hablar de nueva política. Los propios ciudadanos, cuando son preguntados al respecto, responden mayoritariamente que los que llegaron hace poco se comportan igual que los que llevaban ahí toda la vida. Ahora podemos ver que tal vez la percepción de ruptura y de cambio radical de las lógicas políticas que en algún momento pudo flotar en el ambiente en realidad tenía que ver con un relevo generacional más que con ninguna otra cosa. El caso es que, cuando los partidos tradicionales también procedieron a una renovación de sus liderazgos, dando paso a rostros más jóvenes, se hizo evidente que la presunta ruptura nunca había sido realmente tal. Hasta tal punto ha resultado ser así que incluso entre los que llegaron para relevar ya se han producido relevos (pienso en Albert Rivera o en Íñigo Errejón), certificando con ello que nunca estuvo ahí, en el mero cambio de personas, la clave de la regeneración política de la que ellos tanto alardeaban. Es más, no resultaría demasiado audaz afirmar que muchas de las sustituciones y relevos más o menos forzosos que se han producido en los últimos años, lejos de resolver los problemas que arrastraba este país, solo han servido para agravarlos.

Pero quedarnos en semejante constatación, por más que pudiera ser por completo cierta, sería quedarnos manifiestamente cortos. Se impone ir más allá y abordar la cuestión del sentido último de unas propuestas que, presentándose como la respuesta adecuada a los cambios que se estaban produciendo en nuestra sociedad, no han sido capaces de ofrecer alternativas a cuanto estaba ocurriendo[57]. Aunque, en realidad, ello tampoco debería sorprendernos tanto. En cierto modo es el signo de los tiempos, caracterizados por la desaparición de la idea de futuro. Repárese en que esta afirmación desborda con mucho el viejo y consabido dictum «el futuro no es lo que era». Si el problema se sustanciara solo en eso, todavía no tendríamos motivo de seria preocupación: apenas nada parece mantenerse igual que antaño. Lo grave y nuevo de verdad no es que el futuro haya variado, ni siquiera que lo haya hecho de manera sustancial, sino que, directamente, nos hayamos quedado sin él, que haya desaparecido de nuestro horizonte. No ha sido, desde luego, una desaparición casual o azarosa, sino que ha tenido lugar como consecuencia de la deriva que ha tomado nuestro mundo.

Tan explícita es dicha desaparición que empieza a ser recurrente por parte de la izquierda —casi una de sus más recientes señas de identidad— ubicar el horizonte de la mayor parte de sus reivindicaciones en el pasado. No aludo tan solo al hecho de que muchas de ellas vengan anunciadas por verbos como «salvemos», «conservemos», «recuperemos» y similares. Si solo fuera eso, todavía podría pensarse que nos encontramos ante un mero caso de ingeniería social fragmentaria de izquierda, o ante un repliegue sobre el reformismo. Pero la cosa va más allá. Tal vez si la consigna «queremos vivir como nuestros padres», puesta en circulación por los jóvenes estudiantes parisinos en el momento álgido de la crisis, la entendemos en sentido amplio (y donde ellos decían «padres» escribimos ahora «generación anterior»), buena parte de lo ocurrido entre nosotros alcance pleno sentido.

Con lo que podríamos regresar, quiero pensar que en mejores condiciones teóricas, a la cuestión con la que iniciábamos el presente epígrafe. El marco en el que inscribir lo que nos ha pasado en estos años no es el de un debate entre una concepción de la historia lineal-progresista y otra circular, pues se dejó dicho, y con la suficiente rotundidad por cierto: no es que la historia se repita, es que sus protagonistas se empeñan en repetir comportamientos. Lo hacen en general todos aquellos que, como los recién comentados en el párrafo anterior, aspiran a que su vida sea un calco de la de sus padres (especialmente en lo tocante a su situación material), pero también en particular aquellas fuerzas políticas y aquellos líderes que, de manera explícita o inconfesada, toman como modelo lo que hicieron en el pasado algunos de sus predecesores.

El modelo puede ser positivo o negativo, claro está. Puede ser el modelo a imitar o el modelo a batir. Lo que importa, en cualquiera de las formas que pueda adoptar, es si el marco mental en el que se están planteando las propuestas, más allá de su diferente signo, rebasa lo existente, esto es, se adentra en el futuro o, por el contrario, sea como sea, permanece encerrado en el pasado. Sobre el papel, las propuestas en las que nos hemos detenido en este libro, en la medida en que pretendían una impugnación radical de la herencia recibida, deberían pertenecer al primer grupo, esto es, ser capaces de hacer un diseño que nos proyectara hacia lo que está por venir. Pero no parece que haya sido el caso, como se hace evidente cuando se analizan los términos de la impugnación. Si por un momento abandonamos la presentada por cierta izquierda y nos centramos en la llevada a cabo por el independentismo, comprobamos que tampoco aquí parece haberse superado el marco mental precedente. Tal vez esto esté revelando la secreta verdad de quienes, incluso en los momentos de mayor excitación, susurraban por lo bajo a aquellos que, desde fuera de Cataluña, les trasladaban su profunda alarma ante cómo estaban evolucionando los acontecimientos en esta comunidad: «No os preocupéis, que todo esto es únicamente para negociar».

No pretendo corregir, ya en el tramo final del libro, lo que yo mismo he venido manteniendo a lo largo de las páginas precedentes. No estoy hablando de las recónditas intenciones que, en lo más hondo de su corazoncito, albergaban quienes pusieron en marcha un procés que de forma manifiesta ha desembocado en un fracaso, ni estoy planteando la disyuntiva de si en realidad anhelaban la ruptura con España o, tan solo, a lo que aspiraban era a alcanzar un nuevo estatus en esa relación. No en vano a lo largo de todo lo anterior he cuestionado en diversos momentos la obstinación de algunos en presentar la reivindicación independentista como la última utopía disponible. Lo que planteo es que la pretensión de que a una comunidad, con rasgos identitarios lo bastante fuertes como para considerarse una nación cultural, le ha de corresponder forzosa y necesariamente un Estado propio en modo alguno significa que se deba ir más allá del marco mental preexistente (en dirección a alguna variante de horizonte utópico), sino más bien adentrarse en su núcleo duro.

Y tal vez la prueba más contundente de que, en el fondo, no se había progresado sería la reacción que han tenido los protagonistas cuando se ha hecho evidente la inviabilidad de su estrategia. Cuando se han retirado las aguas de la euforia independentista más álgida, no ha aparecido sobre la arena de la realidad ningún discurso nuevo, ni un tratamiento distinto al que se dio en el pasado a los mismos problemas, sino una reedición de los viejos esquemas y funciones, apenas con un reparto levemente diferente de los papeles entre los actores. A este respecto, tanto da quien escribiera a primeros de agosto de 2019 las siguientes palabras para definir los objetivos del soberanismo tras la derrota del procés: «Canalizar las demandas políticas de la sociedad catalana de reconocimiento nacional y poder político, que son ampliamente transversales en Cataluña[58]». El caso es que son las palabras de siempre del soberanismo catalán, sea en su versión nacionalista más contenida o en la independentista más explícita.

Se observará, a este respecto, la significativa naturalidad con la que ha pasado a hablarse de una inversión de roles entre las dos fuerzas básicas que constituyen el conglomerado independentista, con ERC actuando como si fuera la nueva CiU y la vieja CiU (sea cual sea su último nombre: si ahora aventurara uno, cuando el lector leyera esto muy probablemente ya habría cambiado) comportándose como la Esquerra de toda la vida, cuando no desbordándola en radicalidad (hasta el extremo de que ya ha habido quien ha propuesto rebautizarla como CUPvergència). También esto constituye un ejemplo claro de que, en el fondo, si a algo parecemos condenados no es tanto a que la historia se repita como a repetirla nosotros.

Valdrá la pena remachar el clavo para ahuyentar la sombra del malentendido, siempre revoloteando sobre este asunto. Nunca ha estado en duda el vertiginoso dinamismo de lo real. Por supuesto que, para no hacer afirmaciones exageradamente sumarias, conviene distinguir entre planos o niveles sociales, en especial porque no todos ellos experimentan las transformaciones a idéntica velocidad. A estos efectos, se impone no tratar de la misma manera el nivel infraestructural (el de los cambios sociales), el estructural (el de las transformaciones legales y normativas) y el superestructural (el de las transformaciones políticas e ideológicas), que acostumbra este a ir con retraso, con viejos discursos y actitudes añejas. Pero si por un momento nos detenemos, a efectos de ilustración, en el nivel técnico-político, se puede sostener con toda rotundidad que gran parte de lo sucedido en la XII.ª legislatura —del éxito de una moción de censura a un gobierno hiperminoritario, pasando, entre otras cosas, por lo que en algún momento dio en llamarse «Gobierno del Parlamento»— nunca antes había tenido lugar[59].

Ahora bien, justo porque no parece haber ámbito de lo real (inclusive los más próximos a lo político propiamente dicho) del que no quepa predicar lo vertiginoso de los cambios, la pregunta que deberíamos formularnos ahora, constatada esta situación, más bien convendría que fuera esta otra: ¿y si pasan tantas cosas y tan deprisa que no solo no digerimos las novedades, sino que ni tan siquiera somos capaces de distinguirlas de lo antiguo, cuya existencia habíamos olvidado precisamente como resultado de la extraordinaria aceleración en la que vivimos?

La pregunta en el fondo se basa en una sospecha no del todo infundada. De hecho, es llamativo el estupor con el que se reacciona ante situaciones objetivamente inéditas. Pienso en la posibilidad política que se abrió a finales de julio de 2019, ese momento en que estuvo a punto de producirse algo inédito en nuestra democracia reciente, a saber, un Gobierno de coalición. Pero, en esa ocasión, la experiencia de la Transición no podía servir de ayuda más que como cautela o recelo, en ningún caso como precedente. Parece razonable pensar que semejante condición estuviera en el origen de la mejorable gestión de la negociación llevada a cabo por los dos partidos involucrados (negociación de cuyo fracaso se derivó la repetición electoral del 10-N). Porque, por paradójico que pueda parecer, los presuntos nuevos gestionaron lo inédito con criterios viejos. Alguien podría pensar que, cuando no ha habido Transición que copiar (o en la que inspirarse), la política se ha desquiciado en este país.

Un desquiciamiento que, lejos de verse refutado por el pacto posterior al 10-N, quedó ratificado por él. Porque hizo falta una repetición electoral para hacer posible en cuestión de horas lo que en julio parecía imposible. A estos efectos, lo de menos es que, según ha quedado comentado antes[60], en el momento de producirse el acuerdo, prácticamente nadie constatara su trascendencia, su carácter inédito en nuestra joven democracia. Tal vez porque los enormes costes en términos de desgaste democrático hicieron que su carácter de novedad pasara a un segundo plano. Los que no disponían de la falsilla de lo realizado por sus predecesores tuvieron que equivocarse mucho para ser capaces de darse cuenta de la naturaleza de lo que estaba ocurriendo.

Democracia española: más resistente que resiliente

En todo caso, que, más allá de los pactos de gobierno, se pueda estar volviendo al esquema de la Transición, en modo alguno significa que este careciera de defectos o insuficiencias. Así, no faltaron quienes, desde muy temprano, alertaron de las disfunciones que podía generar el hecho de que los partidos nacionalistas periféricos resultaran claves en la gobernabilidad del país. Y hubo intentos, también desde bien temprano, de no dejar la estabilidad política del conjunto de la nación en manos de formaciones que, por definición, tienen un interés territorial limitado, y se esforzaron por ocupar ese espacio a nivel nacional. Del anterior CDS al más reciente Ciudadanos, pasando por UPyD (por no hablar de aquel peculiar machihembrado que fue la llamada Operación Roca), han sido diversas las tentativas por hacerse con esa posición política, por otro lado no fácil de definir, que se acostumbra a denominar centro político.

El artefacto de la Transición, ciertamente, no era perfecto. La cuestión es si, como de la democracia misma, podemos decir que era el peor de los artefactos una vez exceptuados todos los demás. Que presentaba defectos e insuficiencias parece fuera de toda duda. Sin embargo, para nosotros hoy, por ser algo más concretos, no debería ser demasiado difícil llegar a acuerdos sobre las reformas que precisa el texto constitucional. Necesitamos, entre otras cosas, que nuestra ley de leyes se depure de anacronismos, registre actualizaciones como nuestra pertenencia a Europa, acoja nuevas realidades como la igualdad radical entre hombres y mujeres, y reinterprete las comunidades autónomas desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de sus estatutos que son ahora leyes orgánicas. Sin olvidar la muy deseable constitucionalización de los derechos sociales, que tanto costó conquistar.

En todo caso, convendría, para ser justos, no endosarle a la Transición misma —insisto, en tanto que artefacto— defectos o insuficiencias que son más responsabilidad del uso que se ha hecho de ella que de su diseño originario. Es el caso de la identificación entre esta y el bipartidismo, presentada sistemáticamente por todos los partidos pequeños emergentes (hasta que dejan de ser pequeños y ya se han instalado) como una oscura maniobra del legislador para amputar la rica pluralidad de la sociedad española. Cuando, en realidad, lo que aquel perseguía, prudente, era evitar una excesiva atomización del arco parlamentario (la sopa de letras de la que entonces se hablaba mucho y a la que ya hemos hecho referencia antes) que hiciera extremadamente difícil la gobernabilidad.

Pero más importante que todas las matizaciones tal vez sea un recordatorio básico, a saber, el de que se falsea la Transición si se la reduce a un entramado normativo más o menos eficaz. La Constitución del 78 es el destilado legal de mucho esfuerzo, sin duda, pero junto a ella habría que recordar otros elementos que jugaron un papel fundamental en aquel momento en orden a alcanzar el resultado que se perseguía. Uno sería la claridad con la que se planteaba tanto el punto de partida, una dictadura, como el destino en el que se aspiraba a desembocar, un régimen de democracia parlamentaria homologable a los de nuestro entorno. En cierto modo, ambos elementos operaban como ideas tutelares que señalaban los márgenes en los que los protagonistas de entonces venían obligados a moverse.

Probablemente en ese sentido resultaría de más utilidad referirse no ya a un impreciso y vaporoso «espíritu de la Transición», como es frecuente hacer, sino a una más concreta y definida «metodología de la Transición». Porque la insistencia en el diálogo y el consenso como procedimientos para hacer avanzar las negociaciones entre las diversas fuerzas y llegar a acuerdos básicos no venía determinada por una benéfica y altruista disposición anímica de los que en aquel momento eran los responsables políticos de las mismas a empatizar con sus adversarios, sino por el convencimiento de que era el único procedimiento para que el edificio que se comenzaba a construir tuviese la solidez necesaria para no venirse abajo a la menor embestida que suponen siempre las circunstancias adversas.

Pero no abandonemos todavía una de las ideas tutelares. Si la Transición no significó un bloqueo, en contra de lo que algunos durante los últimos años se han empeñado en repetir, fue porque todas las fuerzas compartían que existía un bien superior que había que salvaguardar: la democracia, que constituía un referente inequívoco tras cuarenta años de dictadura. Hoy, en cambio, no está claro cuál podría ser ese bien. O, mejor dicho, algunos parecen no tenerlo claro. Pero cuando se producen dos repeticiones electorales en cuatro años, amenazando así con una crisis sistémica, y los dirigentes de una comunidad autónoma perseveran en su voluntad de hacer saltar por los aires la unidad del Estado, parece claro que el mencionado bien se encuentra amenazado de gravedad. Hasta ahora, como estamos afirmando en este tramo final del presente libro, el edificio está resistiendo, pero sería iluso pensar que, por sólida que sea, una construcción así puede resistir indefinidamente todo tipo de ataques, sea cual sea su magnitud y su perseverancia.

Ahora bien, justo porque, como dijimos, la Transición dejó muchos aspectos abiertos, pendientes de concreción, se impone una reflexión acerca del sentido global del futuro, esto es, de la dirección a la que han de apuntar las tareas pendientes. No faltarán los que propondrán denominar segunda Transición o cosa parecida a esta necesaria adecuación de la herencia recibida. El rótulo es lo de menos, aunque es cierto que el propuesto permite plantear la pregunta: en tanto que en la primera Transición lo que había que salvar a toda costa era el objetivo de la democracia, ¿qué es lo que hay que salvar ahora? No es una pregunta banal, teniendo en cuenta que algunos de quienes en sus orígenes impugnaban la herencia recibida, como es el caso de Podemos, afirmando que había que salvar a la democracia del candado de la Constitución, ahora han pasado a afirmar que hay que salvarla de los ataques de la extrema derecha de Vox utilizando para ello la Constitución, que ha devenido según ellos y casi por arte de magia, el mejor instrumento de defensa del orden democrático.

Hay otra pregunta que, siguiendo con el paralelismo, también resulta ineludible plantearse. Porque si en la primera Transición parecía estar claro que de quienes había que salvar a la naciente democracia era de los franquistas, la pregunta actualizada (¿de quienes la hemos de salvar hoy?) no tiene una respuesta clara e inequívoca. En todo caso, no parece que la de convertir a unos presuntos neofranquistas en el adversario primordial del que defendernos constituya una respuesta adecuada, de acuerdo con lo que comentamos en su momento. Buscar en el pasado arcadias perdidas es tan inútil y engañoso como traerse de él los viejos fantasmas, presentándolos como una amenaza real. La clave de Vox no puede ser el franquismo, entre otras razones porque a estas alturas el grueso de españoles no lo vivió, de la misma forma que, en sentido fuerte, no hay nostalgia del comunismo en los países excomunistas ni, menos aún, en Alemania del nazismo, que a fin de cuentas solo duró doce años, siete de los cuales transcurrieron en guerra. Es absurdo considerar que, pongamos por caso, todo el electorado de localidades andaluzas que hasta hace poco votaban masivamente opciones políticas de izquierda y ahora han cambiado a Vox eran votantes progresistas reconvertidos de un día para otro en franquistas. Semejante interpretación solo se puede atribuir a pereza (o a incompetencia) intelectual.

No deja de ser curioso que la izquierda, que con tanta frecuencia argumenta la necesidad de ir a la raíz de los problemas, en este caso plantee los debates en el territorio de los meros efectos, esto es, en el de cómo frenar la irrupción de la extrema derecha, sin detenerse a analizar sus causas. Tal vez prefiera no hacerlo porque, en caso contrario, probablemente se vería obligada a reconsiderar buena parte de sus propias estrategias políticas y de comunicación de los últimos tiempos. Por lo que respecta a la otra gran impugnación de estos años, la representada por el independentismo, este también prefiere disimular y cambiar de conversación para evitar enfrentarse a la evidencia de que el espectacular repunte electoral de Vox se produjo a partir de octubre de 2019, cuando la respuesta a la sentencia del procés, claramente propiciada por el Govern de la Generalitat, desembocó en una situación de auténtico desgobierno y caos en Cataluña que facilitó de manera definitiva la penetración del mensaje alarmista de Vox en toda España[61].

Bien podría decirse que ninguno de los dos sectores citados, habiendo contribuido, cada cual a su manera, a la consolidación de esta fuerza política, coincide tampoco en su incapacidad para valorar adecuadamente su significado, que parece claro que debe verse en una clave que desborda con mucho lo local, la particularidad nacional española, y conecta con transformaciones que se están produciendo a escala global. Porque Vox se alinea con las diversas reacciones que se vienen produciendo en todo el mundo a modo de repliegue atemorizado sobre la propia comunidad, al ámbito de la cohesión perdida. Se trata de reacciones vinculadas a las tensiones de vivir en un mundo globalizado, a la rampante desigualdad social, a las dudas respecto a la capacidad de llevar a cabo políticas redistributivas que podrían tener todavía los Estados nación, a la importancia de que estos conserven alguna soberanía, a los temores de unas clases medias depauperadas y con un poder adquisitivo muy menguado respecto al pasado (de su horizonte han desaparecido expectativas antaño habituales como la de adquirir una vivienda), a perder a manos de recién llegados las conquistas sociales trabajosamente conseguidas en años de luchas sociales…

Si a esto le unimos la posibilidad de la aparente participación universal que ofrece internet, el cóctel explosivo está servido. Porque el populismo, del que tanto se habló durante una temporada, no tiene que ver solo (aunque también, claro está) con el atractivo demagógico que siempre posee ofrecer respuestas simples a problemas complejos, sino también con la enorme difusión que aquellas obtienen merced a las nuevas tecnologías, en las que por añadidura se produce una igualación por abajo de los mensajes, igualación que los más incautos (e ignorantes) toman por participación democrática.

No han faltado quienes, deseosos de saludar la menor novedad como un avance, han interpretado que esta presunta participación universal equivale a la reaparición del concepto de masas, que tantos daban por superado, como factor de cambio. En todo caso, las masas que hoy regresan a través de internet no son las de Marx, desde luego. Es cierto que las nuevas tecnologías posibilitan una movilización de aquellas impensable con los antiguos instrumentos de las convocatorias tradicionales. Pero, aun así, como hemos tenido oportunidad de constatar reiteradamente en los últimos tiempos, una movilización ayuna de dirección política da lugar a una efímera volatilidad, como desde la llamada Primavera Árabe hasta hoy hemos ido viendo casi a cada poco.

No se trata, claro está, de enredarnos ahora a debatir sobre la extrema derecha y las reacciones que respecto a ella pueden haber tenido el resto de formaciones políticas de nuestro país. Lo importante es que su irrupción constituye todo un indicador de las profundas transformaciones que se han estado produciendo en todo el mundo en los últimos tiempos, del cuestionamiento de la democracia que han traído consigo y de la, a mi juicio, inadecuada respuesta a su llegada que determinadas fuerzas políticas están ofreciendo. Quedó dicho: centrarse en los efectos obviando las causas, poner todo el foco de atención en las formas más útiles de apartar del poder a la extrema derecha, supone, paradójicamente, que quienes más insistían en la falta de representación de nuestra democracia (no cabe olvidar que uno de sus gritos de guerra era «no nos representan») ahora estén propiciando que una parte importante de votantes se encuentre con que a sus representantes se les impide ejercer la tarea para la que fueron elegidos.

El encargo venía en sobre cerrado

Como ya se ha dicho, el texto constitucional dejó muchas cuestiones abiertas, pendientes de resolver más adelante, a la vista de las transformaciones y concreciones que se fueran produciendo en el país. Esta afirmación, además de refutar por completo el carácter de candado que algunos se empeñaban en atribuirle a la Constitución (¿hasta qué punto a un candado abierto se le puede denominar tal?), sitúa el debate en otro plano, el que pretendíamos anunciar desde el primer momento del presente capítulo final. Decíamos entonces que constituye un grave error conceptual plantear el debate político en términos de si se ha producido algo especialmente nuevo en nuestra sociedad en los últimos tiempos o no. Dando por descontado que sí, lo que procede plantearse es otra cuestión, a saber, si la respuesta que algunas fuerzas políticas han ofrecido a tales novedades ha sido o no correcta.

Digámoslo de otra manera, tan sencilla como (casi) obvia: las condiciones objetivas a menudo no dependen de nosotros (por eso las denominamos así), pero sin duda sí nuestra reacción ante ellas. Estamos frente a una afirmación de principio que, aunque aplicable a cualquier momento, deviene particularmente trascendente cuando aquello a lo que hay que reaccionar es asimismo trascendente. Podemos encontrar ejemplos para ilustrar este tipo de situaciones en diversos momentos de nuestro pasado reciente. Así, el ejemplo de la reacción de las fuerzas soberanistas catalanas ante la sentencia del Estatut resulta esclarecedor a este respecto. La fingida indignación con el PP, con efectos retardados (dos años después de la sentencia, tras haber considerado Mas a los populares socios preferentes para pactar sus primeros presupuestos a la Generalitat), o el desdén con que aquellas mismas fuerzas políticas respondieron a las propuestas que hicieron Carme Chacón, Felipe González o Zapatero para recuperar por otra vía los artículos del Estatut suspendidos por el TC, fue plena responsabilidad de sus líderes.

Pero es a medida que nos adentramos en la segunda década de este siglo cuando vemos como, entre otras cosas, los efectos de la crisis dañan de modo severo a amplios sectores de la sociedad española aumentando el malestar general cuando los errores cobran mayor importancia. Sin que, tampoco ahora, tales errores sean atribuibles a la herencia recibida. El dontancredismo de Rajoy, la tremenda irresponsabilidad de Mas poniendo en marcha un procés disparatado o la megalomanía egocéntrica de Iglesias que le llevó a votar reiteradamente en contra de la investidura de un presidente socialista, por citar solo unos pocos ejemplos, en modo alguno pueden considerarse actitudes o comportamientos susceptibles de ser imputados al artefacto, sino en todo caso a quienes lo manejaban.

El planteamiento no solo se mantiene, sino que incluso se hace más patente conforme nos acercamos más al presente. Nada de cuanto viene ocurriendo en los últimos tiempos puede endosarse a factores de carácter necesario y, por tanto, ajenos a la voluntad humana (tipo presuntas leyes históricas o inexorables determinaciones económicas). Por el contrario, resultan ostentosamente atribuibles a persistentes errores, fruto de decisiones tomadas a voluntad por los protagonistas. Sería el caso del desastre electoral de Albert Rivera, solo comprensible (y, aun así, con dificultad) como fruto de una desmedida ambición personal que le llevó a dilapidar, seducido por los cantos de sirena de algunas encuestas, todo el capital político acumulado en los últimos años.

Se reparará en que, haciendo referencia a errores cometidos en la primera década de este siglo, se intenta evitar el tópico reproche de descalificar genéricamente a la generación de los recién llegados (alguno de los cuales, como también se comentó, incluso ha pasado ya a la condición de recién salido). Y no solo porque los anteriores a los actuales también hubieran podido equivocarse en su momento, sino tal vez porque incluso les corresponda una responsabilidad añadida en las equivocaciones del presente. Porque el planteamiento melancólico, que se limita a constatar las diferencias entre los responsables políticos de antaño y los actuales, esquiva abordar una cuestión fundamental.

La cuestión fundamental que se impone plantear no es la pregunta, ostentosamente retórica, de si hay o no políticos como los de antes, sino la de por qué razón no los hay. Porque esta última formulación nos lleva a plantearnos a continuación, y de manera casi ineludible, otra pregunta, a saber, la de qué errores cometieron aquellos que posibilitaron la situación actual. Esta, a su vez y también ineludiblemente, obliga a cuestionarse los procedimientos de selección de las élites políticas, la estructura de los partidos y sus mecanismos de cooptación, etcétera. Sin que sea de recibo, por cierto, el tópico argumento que transfiere a la sociedad en su conjunto, de manera casi metafísica, la responsabilidad por la situación actual, echando mano de la frase hecha, tan inconsistente como vacía, «cada sociedad tiene los políticos que se merece». A quienes sostienen semejante tipo de pensamientos les corresponde la carga de la prueba de explicar, por poner un ejemplo foráneo, cómo puede ser que la misma sociedad norteamericana que durante ocho años se mereció un presidente como Obama haya pasado a merecerse otro como Trump.

Aunque tal vez más importancia que esta inconsistencia lógica tenga otra dimensión del asunto, que en el caso de España se hace particularmente patente, y es la notable diferencia entre nuestras élites políticas y otras élites (empresariales, artísticas, literarias, científicas…), cuya excelencia en muchos casos está fuera de toda duda y está reconocida con creces fuera de nuestras fronteras. Hecha la afirmación más rotunda, convendrá introducir algún matiz, no fuera a ser que la rotundidad pudiera confundirse, malintencionadamente, con el trazo en exceso grueso y, por tanto, demagógico. Porque es un hecho que si nuestra vida política no ha terminado por encallarse para siempre, a pesar de coquetear con ello de manera insistente, es porque podemos hablar, y no como prudente o convencional cláusula de salvaguarda, de unas evidentes y loables excepciones.

Pero si tenemos motivos para el optimismo, ello no se debe sobre todo a las excepciones mencionadas, o a la constatación de que el orden constitucional heredado haya resistido los embates de dos impugnaciones a la totalidad de la herencia recibida y que en algún momento parecían contar con un notable respaldo social, a pesar de sus poderosas contradicciones. Porque que los que se dieron a conocer como los más feroces críticos de la casta hayan terminado ocupando sillones en el Consejo de Ministros o que hayan pasado a convertirse en los más entusiastas defensores de la Constitución (incluyendo en el capítulo de dicha defensa, además de a la monarquía, antaño tan denostada, al actual titular de esta, e incluso no ha faltado quien ha incluido a su heredera) no debe valorarse poniendo el acento en lo que tiene de derrota de aquellos críticos, sino de victoria de la carta magna.

Lo propio, o parecido, cabría predicar de un independentismo que ha ido quedándose sin argumentos. Incluso aquellos que en los últimos tiempos parecían ofrecer más eficacia publicística (recuérdense las performances del anterior Rufián en las sesiones de control al Gobierno de los miércoles) han caducado irreversiblemente. Cómo pretender continuar apareciendo como los adalides de la revolución de las sonrisas frente a la brutal y ciega represión de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O de 2017, cuando los que tanto decían sonreír propiciaron, dos años después, una violencia inusitada en las calles de Barcelona. Cómo seguir tratando de carceleros a unos adversarios políticos con los que el independentismo se ha sentado a negociar la investidura de Pedro Sánchez (ello al margen de que, con las competencias sobre prisiones ya transferidas, la jefa de los carceleros es una consellera que forma parte del Consell Executiu de la Generalitat). Cómo perpetuar el lenguaje de Cataluña frente a España como si aquella fuera una unidad monolítica en su soberanismo, cuando en realidad en la mencionada mesa de negociación se sentaba también un representante de un partido catalán no independentista (del PSC).

Todas estas caducidades —entre otras muchas que, sin esfuerzo, se podrían señalar— resultan indicadores expresivos del agotamiento de un discurso, esto es, de su derrota política. Aunque también en este caso preferimos hablar de las victorias propias en vez de las derrotas ajenas. La solidez de ese orden constitucional que el independentismo pretendía impugnar ha quedado acreditada de diversas maneras. En primer lugar, aquel ha renunciado a seguir hablando de procés —desaparecida ya toda hoja de ruta, se acepta que cualquier nuevo calendario que se quisiera plantear debería negociarse con el Gobierno central—, al que ha sustituido por un genérico y vaporoso conflicto. En segundo lugar, aquellos elementos, como el referéndum de autodeterminación o la ley de amnistía, que hasta hace bien poco eran presentados como irrenunciables (recuérdese el «referèndum o referèndum» de Puigdemont en sede parlamentaria), ahora han abandonado su condición de líneas rojas para adquirir la más modesta de las propuestas para la negociación. Y, por último, aunque tal vez sobre todo, el independentismo ha terminado reconociendo —con la boca pequeña, eso sí, pero reconociendo al fin y al cabo— que ninguna negociación para ningún tipo de reforma política es ni tan siquiera pensable fuera de la legalidad que nos hemos dado.

Ahora bien, si, como se advertía hace un momento, no son estas las principales razones para el optimismo, ¿cuáles lo son entonces? En cierto modo, también quedaron anunciadas. Por extraño o extravagante que a muchos les pueda parecer, el principal motivo que encuentro en esta hora para ser moderadamente optimista es de carácter abstracto, casi metafísico (como por lo demás corresponde a mi propia condición de filósofo), y se relaciona con el peso del libre albedrío en el curso de los acontecimientos históricos. ¿Por qué esta consideración puede alimentar cierto optimismo? Por una razón muy simple. Porque aquello que fue estropeado por acciones humanas equivocadas —y en lo precedente dejamos constancia de unas cuantas, ciertamente importantes— siempre será susceptible de ser arreglado por acciones humanas acertadas.

No pretendo con esto finalizar el libro con una especie de apología blanda (más propia de un humanismo delicuescente) de la libertad, sino más bien argumentar contra la tendencia, tan extendida, a interpretar cuanto nos va pasando en términos de fatalidad, destino o cumplimiento de alguna legalidad histórica que esté por encima de nuestras voluntades particulares. No se trata de apología acrítica de la libertad, pues, sino de apelación a la responsabilidad. Ser libre, a la vista está, tiene sus riesgos: correrlos, en más de una ocasión, nos ha supuesto un notable coste como sociedad, pero no por ello hay que renunciar a asumirlos.

Esto afecta, de manera directa, al corazón de lo que hemos estado tratando en el presente libro. Los padres de la Transición dejaron en nuestras manos el desarrollo de esta, y de nosotros depende la deriva que pueda terminar adoptando. Tómenselo así, si lo prefieren: quienes nos precedieron nos legaron un guion con un final abierto. En sobre cerrado venía el encargo de que los futuros actores decidieran el desenlace, y ha llegado ya la hora de que estos últimos lo abran y tomen sus decisiones. La suerte (que incluye la desgracia, nunca se olvide) está echada.

Manuel Cruz (Barcelona, 1951) es catedrático de Filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Ha impartido docencia en diversas universidades europeas y americanas, y ha sido investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC. Autor de más de una treintena de títulos y compilador de casi una quincena de volúmenes colectivos, ha recibido premios como el Anagrama de Ensayo 2005 por Las malas pasadas del pasado, Espasa de Ensayo 2010 por Amo, luego existo, Jovellanos de Ensayo 2012 por Adiós, historia, adiós y Miguel de Unamuno de Ensayo 2016 por La flecha (sin blanco) de la historia. Director de varias colecciones de pensamiento, es colaborador habitual en medios como El País, La Vanguardia o El Confidencial. En la XII.ª legislatura fue, primero, portavoz del PSOE en la comisión de Educación y, posteriormente, en la de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados. En la XIII.ª legislatura ocupó la presidencia del Senado.

Notas

[1] He desarrollado un poco más mi punto de vista a este respecto en el epígrafe «Las opacidades de la transparencia» de mi libro El ojo de halcón, Barcelona, ARPA, 2017, pp. 110 y ss. <<

[2] Deriva esta última que, en contra de lo que muchos creen, no es cosa de hoy. En su momento, ya Voltaire escribía lo siguiente: «la palabra “político” significaba originariamente “ciudadano”, mientras que hoy viene a significar embaucador de los ciudadanos». <<

[3] Incluso más que las del propio George Steiner, que, como es sabido, definía al intelectual como alguien que lee un libro con un lápiz en la mano. <<

[4] Sin dificultad se podrían complementar estas afirmaciones con las que, en una clave más epistemológica, hacía en 1959 Bertrand Russell en una entrevista para la televisión: «Algo es verdad o no lo es; si es verdad, debes creerlo y, si no, no debes creerlo, y si no sabes si es verdad o no, deberías posponer tu opinión. Me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo solo porque te beneficia y no porque pienses que es verdad». Solo me atrevería a añadir que, en el tercer caso (no tener claro si algo es verdad o no), sería bueno para todos que el intelectual que expresa sus opiniones en público dejara constancia de su confundida perplejidad. <<

[5] Entre otras razones porque de todas estas dimensiones del asunto ya se ocupó Xavier Rubert de Ventós en su libro El cortesano y su fantasma, Madrid, Destino, 1991. <<

[6] A ella se refirió, aunque concretándola en una propuesta no por antigua menos exenta de polémica (una democracia basada en el sorteo), David van Reybrouck en su estimulante libro Contra las elecciones, Madrid, Taurus, 2017. <<

[7] «Dilemas», ctxt, 18 de enero de 2017. El artículo merecería leerse en paralelo con el que, un año después (13 de enero de 2018), publicaba Eduardo Madina en el diario El País con el título «Un horizonte compartido de país» y en el que venía a señalar, en síntesis, la falta de una idea compartida de futuro por parte de toda una generación. <<

[8] Aunque de esto último no le falte: en noviembre de 2017 necesitó un día entero, cesado el Govern y disuelto el Parlament por la aplicación del 155, para poder responder a la pregunta de si Cataluña era o no en esos momentos una república independiente. <<

[9] Información aparecida en La Vanguardia el 28 de diciembre de 2018. <<

[10] Que tampoco estas afirmaciones constituyen en modo alguno un malicioso juicio de intenciones lo acredita el hecho de que el presidente del grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament de Catalunya, Lluís Rabell, un año después del referéndum del 1 de octubre de 2017 se pronunciaba en idéntico sentido: «Catalunya en Comú […] sigue deshojando la margarita de su ideario. ¿Qué somos? ¿Federalistas o confederales? ¿Somos tal vez un poco independentistas? La pregunta que nos hace la clase trabajadora es, sin embargo, mucho más directa y no se pierde en divagaciones: “¿Queréis la ruptura de Cataluña con España, sí o no?”». <<

[11] Cfr. infra, capítulo 8, titulado «No hay democracia sin claridad», especialmente el epígrafe «Cuando la interpretación es libre, todo vale». <<

[12] Martin Gardner, Izquierda y derecha en el cosmos, Madrid, Alianza, 1966. <<

[13] Antonio Elorza, «¿Matámoslo todos?», El País, 15 de abril de 2016. <<

[14] José Antonio Zarzalejos, «Rajoy, Iglesias y sus impúdicas coincidencias», El Confidencial, 9 de abril de 2016. <<

[15] Reitero una información que ya proporcioné en otro lugar. En verano de 2014 Íñigo Errejón, consultado por Pablo Iglesias respecto a si convenía que participara en un debate con Pedro Sánchez y Alberto Garzón sobre la cuestión del modelo de Estado, respondía lo siguiente: «Tengo dudas. Creo que habría que ponerse de medio lado en este tema, pero no sé si es posible. No ganamos nada en lo táctico». (Son palabras textuales, solo he corregido alguna falta de ortografía menor). <<

[16] José Antonio Zarzalejos, «El cebo de Santiago Abascal», El Confidencial, 1 de diciembre de 2018. <<

[17] Francis Fukuyama, Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, Barcelona, Deusto, 2019, passim. Un análisis detallado de esta noción se encuentra en el libro de Roger Eatwell y Matthew Goodwin, Nacionalpopulismo. Por qué está triunfando y de qué forma es un reto para la democracia, Barcelona, Península, 2019. <<

[18] Pablo Iglesias y Xavier Domènech, «Catalunya, “un sol poble”», El Periódico de Cataluña, 16 de julio de 2017. <<

[19] Iván Gil, «Tania Sánchez, ida y vuelta a la Asamblea de Madrid tras cuatro años y cuatro partidos», El Confidencial, 9 de marzo de 2019. <<

[20] Aunque el lenguaje parezca indicar lo contrario, no se trata de una sospecha, sino de una constatación. Baste con recordar una de las afirmaciones del manifiesto Koiné a favor del catalán como única lengua oficial, firmado en 2016 por representantes de la cultura catalana afines al independentismo, una de las cuales (Laura Borràs) obtuvo acta de diputada nada menos que como número dos de Junts per Catalunya en las elecciones del 28-A de 2019 y como número uno en las del 10-N del mismo año: «Denunciamos la ideología política del llamado “bilingüismo”, que se ha ido inoculando desde las esferas de poder a toda la población catalana […] haciendo creer que la coexistencia de dos lenguas en Cataluña, ambas con un supuesto mismo estatus de oficialidad e igualdad de derechos, es un hecho natural, positivo, enriquecedor y democrático». Y no se trata, créanme, de una declaración sacada de contexto. En la presentación del acto, uno de los promotores del manifiesto llegó a afirmar, entre aplausos de los asistentes, que «todo el mundo, siempre, en todo lugar y para todo» debería utilizar el catalán. <<

[21] David Gauthier, La moral por acuerdo, Barcelona, Gedisa, 1994. <<

[22] Xavier Vidal Folch, «El último pujolista», El País, 10 de enero de 2018. <<

[23] Marc Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 1993. <<

[24] George Lakoff, No pienses en un elefante, Madrid, Editorial Complutense, 2006. <<

[25] En su libro Cómo ganamos el proceso y perdimos la república, Barcelona, ED Libros, 2018, p. 42. <<

[26] Vid. Antonio Muñoz Molina, «En Cataluña puedes tenerlo todo», El País, 2 de noviembre de 2019. <<

[27] Aunque luego, cuando tuvo que abandonar la presidencia del Gobierno de la nación, no faltó quien, como Ester Capella, consellera de Justicia por ERC en el gabinete de Torra, declaró echarlo en falta. <<

[28] De hecho, puedo adelantar, antes de entrar en la narración más detallada de lo que fue el tiempo en el que ocupé la presidencia del Senado, que yo mismo tenía en mi gabinete a una persona dedicada a esas tareas, Antonio García Maldonado. Aunque debo decir, en honor a la verdad, que oficiaba más como consejero de discursos que como redactor, y me ayudó mucho a afinar los borradores que yo le mandaba, mejorándolos siempre. Un capítulo aparte, claro está, era el constituido por los discursos muy protocolarios y de audiencia limitada, de los que solía encargarse él en una primera versión, independientemente de que yo luego lo hiciera mío, lo retocara o lo descartara. <<

[29] Enzo Traverso, Melancolía de izquierda, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019. <<

[30] Friedrich Nietzsche, Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. <<

[31] Vid. Hayden White, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Barcelona, Paidós, 1992. <<

[32] Paul Ricoeur, Tiempo y narración. Los dos primeros volúmenes, I. Configuración del tiempo en el relato histórico y II. Configuración del tiempo en el relato de ficción, aparecieron publicados en la editorial Cristiandad, de Madrid, en 1987. El vol. III. El tiempo narrado lo publicó Siglo XXI, Madrid, en 2009. <<

[33] Lawrence Freedman, Estrategia. Una historia, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016. <<

[34] Vid. supra, epígrafe «¡Alerta antifascista! ¿Alerta antifascista?», pp. 119 y ss. <<

[35] Se comentó algo más ampliamente este asunto supra, en el epígrafe «La convivencia no se vota», pp. 244 y ss. <<

[36] Utilicé esta paráfrasis como título de mi reseña al libro de Enzo Traverso, Melancolía de la izquierda. <<

[37] Antonio Casado, «¿Qué plagio? A la caza de Manuel Cruz», El Confidencial, 11 de septiembre de 2019. Aludo a él de nuevo en mi artículo «Desprestigia, que algo queda», vid. infra, p. 411. Este último apareció finalmente publicado en el n.º 222 de la revista Letras Libres, correspondiente a marzo de 2020. <<

[38] «Desprestigia…», ibidem. <<

[39] Refiriéndose a Podemos y a su líder, escribía Manolo Monereo en su artículo «Vacío estratégico: el Gobierno como objetivo» publicado en el número 377 de la revista El Viejo Topo correspondiente a junio de 2019, lo siguiente, aplicable a otras fuerzas análogas: «Para debatir sobre Podemos tenemos una dificultad: es un partido-movimiento ágrafo: no tiene programa, no emite resoluciones políticas y sus órganos de dirección suelen refrendar lo que se discute y se decide en otras partes. Es el secretario general quien define y deslinda las grandes decisiones y lo hace en ruedas de prensa, en libros y, sobre todo, en informes orales de los que no quedan resúmenes escritos ni conclusiones. Saber lo que piensa Podemos no es nada fácil». <<

[40] Por decirlo con las propias palabras de la Sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo: «No nos incumbe ofrecer —ni siquiera, sugerir o insinuar— soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas. Nuestra aproximación valorativa a los hechos ha de limitarse a examinar si los procesados que impulsaron una declaración unilateral de independencia, que lo hicieron mediante la creación de una legislación paralela sin otra fuente de legitimidad que las vías de hecho y que recurrieron a la movilización tumultuaria, encaminada a la inobservancia de los mandatos judiciales, han quebrantado valores constitucionales sujetos a protección penal». <<

[41] Finalmente, apareció publicado en El País el 13 de febrero de 2020. <<

[42] Incluido al final del presente dietario, infra, pp. 411 y ss. <<

[43] Vid. Daniel Gascón, «Arde Barcelona: Carta desde las barricadas», Letras Libres, n.º 250, 22 de octubre de 2019. <<

[44] Vid. supra, la entrada correspondiente al 25 de mayo, pp. 278-279. <<

[45] Raül Romeva, Esperança i llibertat, Barcelona, Ara Llibres, 2019. <<

[46] De manera literal estas expresiones se traducirían al castellano como «soñar tortillas» y «hacer volar palomas». Se utilizan en el lenguaje ordinario para significar «hacerse ilusiones» y «dar rienda suelta a la imaginación», respectivamente. <<

[47] Cfr. supra, entrada correspondiente al 9 de noviembre. <<

[48] O, por utilizar la exacta definición que presenta la Universidad de Oxford en la página web dirigida a sus estudiantes: «El plagio es la presentación del trabajo o las ideas de otra persona como si fueran propias, con o sin su consentimiento, mediante su incorporación en el trabajo de uno sin el completo reconocimiento» (en <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism?wssl=1>). Le agradezco la referencia al que fuera rector de la Universidad Pompeu Fabra y catedrático de Filosofía del Derecho, José Juan Moreso. <<

[49] Debo añadir, para proporcionar al lector toda la información, que, a pesar de no ser ni necesario ni conveniente en libros de esta naturaleza, en mi Filosofía contemporánea no solo no escasean las citas y las referencias bibliográficas, sino que son generosas y extensas, probablemente más de lo habitual y recomendable en un manual. Hay más de quinientas citas referenciadas (quinientas diecisiete, para ser exactos) y se cita a más de un centenar de autores que han trabajado a los clásicos del siglo XX. <<

[50] El cálculo lo presentaba el prestigioso periodista Antonio Casado en su artículo «¿Qué plagio? A la caza de Manuel Cruz», El Confidencial, 11 de septiembre de 2019. <<

[51] Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Madrid, La Catarata, 2015. <<

[52] Hugo von Hofmannsthal, Carta de Lord Chandos, Madrid, Alianza, 2008. <<

[53] Frank Kermode, El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción, Barcelona, Gedisa, 1983. <<

[54] No es ahora el momento ni este el lugar para extendernos en la cuestión, pero ya que a lo largo del libro apenas nos hemos detenido en ella, en gran medida por su naturaleza técnico-jurídica, se nos permitirá al menos una breve consideración a pie de página antes de terminar. Por lo pronto, tan enorme coincidencia entre prácticamente todas las constituciones del mundo no tiene nada de casual ni de arbitrario. Pero para quienes una consideración fáctica de semejante orden no les resulte ni persuasiva ni concluyente, valdrá la pena añadir que incluso aquellos autores que, como Allen Buchanan, han llegado a plantear la idea de la secesión como remedio último (remedial secession) ante situaciones límite, los supuestos en los que la aplicación de ese procedimiento resultase aceptable están muy acotados. Así, en el prólogo de la edición española de su libro Secesión Buchanan establecía los cuatro tipos de injusticia que a su juicio justificarían una demanda de secesión en nuestros días: (i) anexión injusta del territorio de un Estado soberano, (ii) violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales, (iii) redistribución discriminatoria continuada y grave (distribución de los recursos del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada) y (iv) vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía intraestatal adecuada. Es evidente que ninguno de estos supuestos resulta de aplicación al caso de Cataluña. <<

[55] Con enorme frecuencia los escogidos son por motivos puramente económicos. Valga como argumento de autoridad el testimonio de una científica, la japonesa Masaio Takahashi, proclamada científica del año 2019 por la revista Nature, quien declaraba en una entrevista periodística (La Vanguardia, 21 de diciembre de 2019): «En Japón nuestras terapias progresan porque eludimos a las grandes farmacéuticas». Temerosas, continuaba, de que las patologías que estas tratan con fármacos pudieran curarse, de una vez para siempre, en el quirófano. <<

[56] Si alguien se planteara, pongamos por caso, nuevas traducciones de los clásicos latinos y griegos se tropezaría, con toda probabilidad, con grandes dificultades para encontrar especialistas a la altura en ambas lenguas, tanto en latín como en griego. <<

[57] Esa era, por cierto, también la valoración de uno de los más lúcidos intelectuales de Podemos, el antes citado Manuel Monereo, quien declaraba en cierta ocasión: «Podemos no ha sido capaz de transformar un voto de protesta en un voto de propuesta». <<

[58] Las escribió, por cierto, el exdiputado de Junts per Catalunya Carles Campuzano en su artículo «La rectificación», publicado en El Periódico de Cataluña el 8 de agosto de 2019. <<

[59] De hecho, con esta frase («Esto nunca había pasado antes») se inicia el interesante libro de David Giménez Glück El gobierno hiperminoritario (y su relación con el Parlamento), Valencia, Tirant lo Blanch, 2019. Esa era, refiere el autor, la frase que más escuchó durante los años que duró aquella legislatura en boca de letrados de las cámaras, diputados y senadores con más experiencia, funcionarios de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y, en fin, todos los que habían participado en la relación entre el Gobierno y las Cortes Generales en anteriores periodos. <<

[60] En la entrada correspondiente al 13 de noviembre de 2019. Vid. supra, pp. 400-402. <<

[61] De hecho, se conoce el dato de que en mayo de 2019 había muchos más arrepentidos de haber votado a Vox que al resto de partidos, lo que supuso una interrupción en la tendencia al alza de esta formación en las elecciones municipales y autonómicas del 26-M de ese mismo año. <<