Recopilación de once artículos escritos por Azaña en 1939, publicados por primera vez en España en 1986 en los que explica con gran lucidez y objetividad el fin de la Segunda República española.

Al leerlos con la perspectiva que da el tiempo, uno no sabe qué admirar más: si la honestidad de un hombre que, en la amargura de la derrota, no hace el más mínimo intento por presentar los hechos de modo que le favorezcan, o la extraordinaria lucidez con que explica y razona el fin de la Segunda República española. Para el presidente Azaña, «del hecho de la guerra, por su monstruoso desarrollo, y su impensada duración, únicamente podían venirle a España males infinitos, sin compensación posible»; «¿por qué tanta desventura?».

Prólogo de Gabriel Jackson.

Manuel Azaña

Causas de la guerra de España

ePub r1.4

JeSsE 17.04.18

Título original: Causas de la guerra de España

Manuel Azaña, 1939

Retoque de cubierta: JeSsE

Editor digital: JeSsE

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Prólogo

Antonio Cánovas del Castillo y Manuel Azaña comparten la distinción de haber sido los dos jefes del gobierno español más cultos, más conscientes de la historia, de los siglos XIX y XX. Pero, mientras que Cánovas dedicó su talento político a un proyecto calificado de «mal menor» —la creación de una oligarquía civil, cuasi parlamentaria, tras un período de inestable dictadura militar— Azaña dedicó su carrera política a la creación de una república reformista y secular, basada en elecciones limpias y en una administración no corrompida. En su calidad de jefe del gobierno de octubre de 1931 a septiembre de 1933, guió el paso por las Cortes de las reformas más importantes conseguidas por la efímera Segunda República: la separación de la Iglesia y el Estado, la reorganización de las fuerzas armadas, un importante programa de construcción de escuelas, la primera ley del divorcio de la historia de España, el estatuto de autonomía de Cataluña y los tímidos inicios de una reforma agraria que se necesitaba desde hacía tiempo y había sido aplazada numerosas veces. Aunque no sentía un interés personal por las cuestiones económicas, Azaña comprendió y apoyó a Jaume Carner e Indalecio Prieto en sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento de la banca española, defender el valor cambiario de la peseta y, al mismo tiempo, combatir el paro y mejorar la infraestructura económica de España mediante un programa de obras públicas. Era un excelente orador, un sagaz conocedor de los abogados y funcionarios de clase media que eran sus principales colaboradores y rivales y un hombre en el que un elevado sentido de la ética personal iba unido a ideas claras y muy pragmáticas sobre lo que era realmente posible en España. Amigos y enemigos por igual reconocían en Azaña al líder que de modo más completo encarnaba el programa y el carácter de la mayoría republicano-socialista de los años 1931-1933. Pero esa mayoría se desintegró internamente durante el año 1933 y Azaña dejó la jefatura del gobierno cuando el presidente Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes constituyentes en septiembre del citado año. Durante los dos años siguientes Azaña, ahora en la oposición, siguió siendo el portavoz arquetípico de la República reformista y brevemente, después de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, pareció que Azaña iba a presidir de nuevo el gobierno y a reanudar el programa interrumpido de 1931-1933.

Pero las revueltas de Asturias y Cataluña en octubre de 1934, junto con la feroz represión que provocaron, habían cambiado por completo el clima político. La izquierda se reía de Azaña, al que calificaba de «Kerensky», de estadista «con un brillante porvenir en el pasado». La derecha se volvía cada vez más hacia los fascismos italiano y alemán como «modelos» para la derrota del «bolchevismo» y el mantenimiento de los privilegios tradicionales contra la reanudación del programa republicano de reformas. Los diputados de derechas y los militares activistas empezaron a tramar un pronunciamiento contra el gobierno del Frente Popular desde el primer momento. Los asesinatos y los intentos de asesinato se convirtieron en la moneda común de la juventud militante, tanto de izquierdas como de derechas. En tales circunstancias, ni Manuel Azaña ni nadie podía dirigir con éxito un gobierno parlamentario.

Por si la confusión era poca, la nueva mayoría en las Cortes decidió deponer al presidente de la República, al que acusaba de haber disuelto «ilegalmente» las Cortes anteriores, ¡disolución que había llevado directamente a la victoria del Frente Popular! Para entender el tono agraviado y pesimista de los artículos que se publican en el presente volumen, es necesario tener presentes las circunstancias en las que Azaña pasó a ser presidente de la República y las condiciones que restringieron su iniciativa mientras ocupó dicho cargo desde mayo de 1936 hasta su dimisión en febrero de 1939, un mes antes de la rendición definitiva del ejército republicano. Al amparo de la Constitución de 1931, el jefe del gobierno ejercía la autoridad ejecutiva y la iniciativa legislativa en su calidad de líder de la mayoría en las Cortes. Éste fue el cargo que ocupó Azaña durante los dos primeros años de la República y más adelante, brevemente, de febrero a abril de 1936. El presidente de la República tenía responsabilidades importantes, pero cuidadosamente limitadas. Podía «nombrar y destituir libremente» al jefe del gobierno de entre los líderes del partido o la coalición mayoritarios. Tenía poder consultivo en lo referente a la constitucionalidad de los proyectos de ley. En teoría también podía vetar las leyes, pero, dado que los monarcas españoles nunca habían ejercido el veto constitucional en el período 1876-1923, no se esperaba que el presidente de la República ejerciera el suyo.

En la primavera de 1936 la República reformista era atacada tanto por la izquierda militante como por la derecha monárquico-fascista. Después de la temeraria deposición del presidente Alcalá-Zamora, era indispensable que el nuevo presidente de la República fuera un hombre de moralidad y estatura reconocidas que encarnara el carácter político de la República. En épocas tranquilas las funciones del presidente de la República eran principalmente simbólicas, pero en tiempos agitados su facultad de nombrar y destituir al jefe del gobierno y sus opiniones consultivas sobre la constitucionalidad revestían gran importancia. Al dejar la presidencia del gobierno para ocupar la de la República, Azaña abandonó el liderazgo activo por el papel de símbolo y garante de la legalidad republicana. Azaña nunca tuvo la oportunidad de funcionar normalmente en calidad de presidente de la República, como tampoco la había tenido de ejercer con normalidad el cargo de jefe del gobierno en la primavera de 1936. A él le hubiera gustado nombrar a Indalecio Prieto, el más prestigioso de los parlamentarios socialistas y uno de los pocos líderes que advertían de forma enérgica y repetida del peligro de un levantamiento militar. Pero el partido socialista se hallaba fatalmente escindido entre los partidarios de Prieto y los de Largo Caballero, que no estaba dispuesto a tolerar un gobierno encabezado por Prieto. Así, pues, Azaña se vio obligado a depender de un miembro decente y escrupuloso, pero poco distinguido, de su propio partido republicano, Santiago Casares Quiroga. Dos meses más tarde la sublevación de los generales Mola y Franco se propuso destruir la República reformista y la Constitución. El pronunciamiento fue derrotado, pero no por el impotente gobierno republicano, sino por los sindicalistas, los socialistas de izquierda y los anarquistas, que hicieron frente al mismo en las calles de Madrid y Barcelona. Forzado por las circunstancias, Azaña se vio convertido en el símbolo de la legalidad republicana destruida en un país dividido en dos mitades, una de las cuales era una dictadura militar a la vez que la otra era escenario de una revolución en parte anarquista y en parte socialista.

El fracaso del pronunciamiento había llevado a la guerra civil, la revolución y la intervención internacional. Desde el principio Italia y Alemania enviaron abundantes suministros —más adelante enviarían hombres— en apoyo del general Franco. A partir de octubre de 1936 la Unión Soviética empezó a abastecer al ejército republicano, mientras la política de no intervención patrocinada por Inglaterra y Francia obligó a la República a depender cada vez más de la ayuda soviética durante los dos años y medio de guerra civil. Dejando aparte las crisis emocionales que indudablemente sufrió Azaña en diversas fases de la guerra, puede decirse con certeza que en todo momento conservó su comprensión lúcida de la marcha de la contienda, su decisión de restaurar la legalidad republicana en la zona del Frente Popular y su convencimiento de que una paz tolerable sólo podría conseguirse si Inglaterra y Francia ejercían presión sobre Franco para que aceptase su mediación. Aunque nunca fue admirador de Largo Caballero, y aunque acabó siendo enemigo encarnizado de Juan Negrín, Azaña nombró y apoyó a esos dos jefes del gobierno durante la guerra como claros representantes de la mayoría de las Cortes y como los líderes más aceptables desde el punto de vista de la opinión pública, en la medida en que era posible determinar ésta en plena guerra y revolución.

Empujado por el pesimismo en lo que se refería a las perspectivas militares del ejército republicano, así como por la desesperanza que en él producían los sufrimientos de sus compatriotas de ambas zonas, es indudable que Azaña abusó de sus prerrogativas constitucionales en su búsqueda de una paz mediada. De acuerdo con la Constitución, la política exterior era competencia del jefe del gobierno y no del presidente de la República. Pero en mayo de 1937 Azaña envió un mensaje personal a Inglaterra cuando Julián Besteiro representó a España en la coronación del rey Jorge VI, y en varias conversaciones con diplomáticos y periodistas expresó su parecer de que la mediación era necesaria, mientras que el jefe del gobierno se comprometía públicamente a alcanzar una victoria militar definitiva.

Los artículos que se incluyen en el presente volumen los escribió el ex-presidente en Francia durante los meses que siguieron a la derrota de la República y a la consolidación de la dictadura del general Franco, que contaba con el apoyo del fascismo. Son la obra de un hombre que se sentía profundamente deprimido y era completamente lúcido. Fueron escritos con muy poca documentación a mano.

Pero Azaña fue siempre un diarista, un pensador y un conversador dado a la reflexión, un lector atento e infatigable y un hombre que conocía la historia contemporánea y la política mundial muchísimo mejor que la mayoría de los líderes políticos de cualquier época. Tenía la virtud de la honradez y estos artículos me parecen sumamente admirables por la ausencia de todo intento de manipular los hechos con el fin de mejorar la «imagen» política del autor. Me gustaría comentar brevemente los artículos, dando por sentada su fiabilidad general como documentos históricos y concentrándome en las intuiciones y limitaciones particulares del presidente Azaña. «Causas de la guerra de España» ofrece una visión global, desde la época de la dictadura del general Primo de Rivera hasta el estallido de la guerra civil, de la historia de España. Me parece una crónica muy digna de confianza en lo que se refiere a su razonamiento de por qué la República llegó cuando llegó, de las diversas formas de apoyo limitado y de resistencia que encontró y de los logros de dicha República. Solamente discrepo cuando incluye la reforma agraria como una de las «realizaciones principales» de la República. Debido a una combinación de problemas económicos reales y de obstruccionismo legalista, en realidad sólo unas 10 000 familias campesinas recibieron tierra. De hecho, la falta de una reforma agraria significativa fue uno de los grandes fracasos de la República. Al mismo tiempo quisiera llamar respetuosamente la atención sobre la insistencia de Azaña en los conflictos internos de la clase media y la burguesía como causas de la guerra civil. La mayoría de los autores que han escrito sobre dicha guerra hacen hincapié en los conflictos de clase tal como los veían los marxistas, los anarquistas y los fascistas. Azaña hace una distinción entre la clase media (profesionales modestos, burócratas, comerciantes al por menor) y la burguesía (los grandes propietarios y los capitalistas) y contrasta los que estaban preparados para una sociedad secular y cierto grado de reforma social con los que rechazaban toda disminución de los privilegios históricos de grupo. Es muy posible que, en lo que hace al estallido de la guerra civil, esa división fuera más fundamental que las huelgas y los lock-out o que las batallas propagandísticas entre las organizaciones juveniles de izquierdas y de derechas.

«El eje Roma-Berlín y la política de no intervención». Llama discretamente la atención sobre varios puntos que no siempre se recalcan en la literatura que se ocupa de la participación extranjera en la guerra civil: que la intervención armada de las potencias fascistas tuvo lugar por invitación del general Franco y que el éxito principal de las potencias del eje no fue la ayuda militar directa que prestaron, sino su diplomacia, que aisló eficazmente a la República. En cuanto a la cuestión, tan debatida, de la retirada de las tropas extranjeras, Azaña expone con precisión y amargura las diferencias de intereses entre su gobierno y el de Gran Bretaña. «Para la República era cuestión de vida o muerte que la intervención cesara antes de que sobreviniera una decisión militar de la campaña… Al gobierno británico lo que en definitiva le importaba era que los extranjeros no se quedasen en España por tiempo indefinido».

El artículo relativo a «La URSS y la guerra de España» es acertado en lo que respecta a los motivos políticos y militares de la Unión Soviética como potencia mundial, pero guarda un silencio absoluto sobre las «purgas estalinianas» de 1936-1938 y su extensión a España. El mismo silencio aparece en «La insurrección libertaria y el eje Barcelona-Bilbao», donde el autor comenta los sucesos acaecidos en Barcelona en mayo de 1937 sin mencionar una sola vez la desaparición de Andreu Nin, las acusaciones de colaboración «trotskista» con los fascistas que se lanzaron contra el POUM, etcétera. Se me antoja muy improbable que Azaña desconociera la intervención directa de Stalin en la política de Cataluña y que ignorase también la estructura del abastecimiento del ejército republicano. Azaña, por supuesto, estaba completamente de acuerdo con las opiniones soviéticas en el sentido de que la «seguridad colectiva» requería la cooperación leal de las democracias occidentales y la Unión Soviética contra las agresiones del fascismo, y que la situación objetiva de España no era nada favorable a una revolución comunista. Pero las «purgas» de Stalin, tanto en Rusia como en España, fueron la razón principal que impidió que todos los diplomáticos occidentales, así como muchos partidarios de la República española, creyeran que Stalin estaba realmente dispuesto a apoyar a una República española democrática e independiente. El orgullo que le inspiraba su propia independencia, la insistencia en la naturaleza interna del conflicto español y la adhesión a la política histórica de neutralidad de España debieron de contribuir al silencio que guarda Azaña sobre las «purgas».

Los seis artículos (véanse los capítulos V-X) que tratan de problemas políticos y morales internos de la zona republicana, poseen ciertos rasgos comunes en lo que hace a su interpretación. Azaña critica siempre las tendencias «centrífugas» en España. A su modo de ver, casi nadie daba su lealtad principal al Estado republicano y a su ejército regular, que había sido reconstituido penosamente. La milicia anarquista anunciaba las condiciones en las que lucharía y, en general, los oficiales no podían dar órdenes a las tropas voluntarias, sino que, en vez de ello, tenían que recurrir a la persuasión. A la mayoría de los vascos sólo les preocupaba defender sus propias provincias, cosa que ocurría también en el caso de los catalanes. «Según la influencia que han tenido en los gobiernos las sindicales o el partido comunista, así ha crecido o menguado la afiliación de los militares en esas organizaciones. El primitivo impulso político que llevaba a todos a combatir, se convirtió en espíritu partidista». Allí donde otros dirían que las masas urbanas salvaron a la República de la insurrección militar los días 19 y 20 de julio, en Barcelona y Madrid, Azaña escribe: «La amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los enemigos de la República». Para él la revolución social no era un experimento admirable aunque ingenuo de nuevas formas de solidaridad humana, sino un desastre de ineficiencia, desorganización y violencia vengativa. Si los sentimientos revolucionarios y regionalistas destruyeron el Estado republicano desde dentro, la no intervención selló su destino desde fuera. No fue sólo que en la práctica la política de no intervención impidió a la República comprar armas mientras que las potencias del Eje abastecían a Franco sin interrupción ni obstáculo de ninguna clase. Fue que la política de no intervención negaba implícitamente la legitimidad de la autodefensa de la República y con ello contribuyó a su descrédito ante los ojos de la población española.

Finalmente, en vista de que con frecuencia se ha acusado a Azaña de cobardía moral y de derrotismo total, vale la pena citar su definición, sin mencionar nombres, de la diferencia que en 1938 había entre él mismo y Negrín. Azaña escribe que el dilema de la República jamás fue «resistencia o rendición». Más bien consistía en la diferencia entre «resistir es vencer; la resistencia es la única política posible» (Negrín) y «la guerra está perdida: aprovechemos la resistencia para concertar la paz» (Azaña). Azaña, con su lucidez de costumbre y su honradez fundamental, expone las alternativas en términos sencillos, objetivos, impersonales. En su conjunto, estos artículos hacen honor a su conocimiento, a su lucidez y a su honestidad.

GABRIEL JACKSON

Barcelona, enero de 1986

I. Causas de la guerra de España

Las causas de la guerra y de la revolución que han asolado a España durante treinta y dos meses, son de dos órdenes: de política interior española, de política internacional. Ambas series se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la otra no habría sido bastante para desencadenar tanta calamidad. Sin el hecho interno español del alzamiento de julio de 1936, la acción de las potencias totalitarias, que ha convertido el conflicto de España en un problema internacional, no habría tenido ocasión de producirse, ni materia donde clavar la garra. Sin el auxilio previamente concertado de aquellas potencias, la rebelión y la guerra civil subsiguiente no se habrían producido. Es lógico comenzar por la situación política de España este rápido examen, que no se dirige a atacar a nadie ni a defender nada, sino a proveer de elementos de juicio al público extranjero, aturdido por la propaganda.

Desde julio del 36, la propaganda, arma de guerra equivalente a los gases tóxicos, hizo saber al mundo que el alzamiento militar tenía por objeto: reprimir la anarquía, salir al paso a una inminente revolución comunista y librar a España del dominio de Moscú, defender la civilización cristiana en el occidente de Europa, restaurar la religión perseguida, consolidar la unidad nacional. A estos temas, no tardaron en agregarse otros dos: realizar en España una revolución nacional-sindicalista, crear un nuevo imperio español.

¿Cuáles eran, desde el punto de vista de la evolución política de mi país, y confrontados con la obra de la República, el origen y el valor de esos temas?

Sería erróneo representarse el movimiento de julio del 36 como una resolución desesperada que una parte del país adoptó ante un riesgo inminente. Los complots contra la República son casi coetáneos de la instauración del régimen. El más notable salió a luz el 10 de agosto de 1932, con la sublevación de la guarnición de Sevilla y parte de la de Madrid. Detrás estaban, aunque en la sombra, las mismas fuerzas sociales y políticas que han preparado y sostenido el movimiento de julio del 36. Pero en aquella fecha, no se había puesto en circulación el slogan del peligro comunista.

La instalación de la República, nacida pacíficamente de unas elecciones municipales, en abril de 1931, sorprendió, no solamente a la corona y los valedores del régimen monárquico, sino a buen número de republicanos. Los asaltos a viva fuerza contra el nuevo régimen no empezaron antes, porque sus enemigos necesitaron algún tiempo para reponerse del estupor y organizarse. El régimen monárquico se hundió por sus propias faltas, más que por el empuje de sus enemigos. La más grave de todas fue la de unir su suerte a la dictadura militar del general Primo de Rivera, instaurada en 1923 con la aprobación del rey. Siete años de opresión, despertaron el sentimiento político de los españoles. En abril del 31, la inmensa mayoría era anti-monárquica. La explosión del sufragio universal en esa fecha, más que un voto totalmente republicano, era un voto contra el rey y los dictadores. Pero la República era la consecuencia necesaria.

El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños. Una alegría desbordante inundó todo el país. La República venía realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del siglo trabajaban el espíritu público, a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. Pero el pueblo, excesivamente contento de su triunfo, no veía las dificultades del camino. En realidad, eran inmensas.

Las dificultades provenían del fondo mismo de la estructura social española y de su historia política en el último siglo. La sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros, aldeas que parecen detenidas en el siglo XV. Casi a la vista de los palacios de Madrid, los albergues miserables de la montaña. Una corriente vigorosa de libertad intelectual, que en materia de religión se traducía en indiferencia y agnosticismo, junto a demostraciones públicas de fanatismo y superstición, muy distantes del puro sentimiento religioso. Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en pedacitos que no bastan a mantener al cultivador; provincias del sur y del oeste, donde el propietario de 14 000 hectáreas detenta en una sola mano todo el territorio de un pueblo. En las grandes ciudades y en las cuencas fabriles, un proletariado industrial bien encuadrado y defendido por los sindicatos; en Andalucía y Extremadura, un proletariado rural que no había saciado el hambre, propicio al anarquismo. La clase media no había realizado a fondo, durante el siglo XIX, la revolución liberal. Expropió las tierras de la Iglesia, fundó el régimen parlamentario. El atraso de la instrucción popular, y su consecuencia, la indiferencia por los asuntos públicos, dejaban sin base sólida al sistema. La industria, la banca y, en general, la riqueza mobiliaria, resultante del espíritu de empresa, se desarrollaron poco. España siguió siendo un país rural, gobernado por unos cientos de familias. Aunque la Constitución limitaba teóricamente los poderes de la corona, el rey, en buen acuerdo con la Iglesia, reconciliada con la dinastía por la política de León XIII, y apoyado en el ejército, conservaba un predominio decisivo a través de unos partidos pendientes de la voluntad regia. La institución parlamentaria era poco más que una ficción.

Las clases mismas estaban internamente divididas. La porción más adelantada del proletariado formaba dos bandos irreconciliables. La Unión General de Trabajadores (UGT), inspirada y dirigida por el partido socialista (SEIO), se distinguía por su moderación, su disciplina, su concepto de la responsabilidad. Colaboraba en los organismos oficiales (incluso durante la dictadura de Primo de Rivera), aceptaba la legislación social. La organización rival, Confederación Nacional del Trabajo (CNT), abrigaba en su seno a la Federación Anarquista Ibérica (FAI), rehusaba toda participación en los asuntos políticos, repudiaba la legislación social, sus miembros no votaban en las elecciones, practicaba la violencia, el sabotaje, la huelga revolucionaria. Las luchas entre la UGT y la CNT, eran durísimas, a veces sangrientas. Por su parte, la clase media, en que el republicanismo liberal reclutaba los más de sus adeptos, también se dividía en bandos, por dos motivos: el religioso y el social. Muchos veían con horror todo intento de laicismo del Estado. A otros, cualquier concesión a las reivindicaciones del proletariado, les infundía miedo, como un comienzo de revolución. En realidad, esta discordia interna de la clase media y, en general, de la burguesía, es el origen de la guerra civil. La República heredó también de la monarquía el problema de las autonomías regionales. Sobre todo la cuestión catalana venía siendo, desde hacía treinta años, una perturbación constante en la vida política española.

El primer Parlamento y los primeros gobiernos republicanos tenían que contemporizar entre esas fuerzas heterogéneas, habitualmente divergentes, acordes por un momento en el interés común de establecer la República. Una República socialista era imposible. Las tres cuartas partes del país la habrían rechazado. Tampoco era posible una República cerradamente burguesa, como lo fue bastantes años la Tercera República en Francia. No era posible:

1. ° Porque la burguesía liberal española no tenía fuerza bastante para implantar por sí sola el nuevo régimen y defenderlo contra los ataques conjugados de la extrema derecha y de la extrema izquierda.

2. ° Porque no habría sido justo ni útil que el proletariado español, en su conjunto, se hallase, bajo la República, en iguales condiciones que bajo la monarquía. En la evolución política española, la República representaba la posibilidad de transformar el Estado sin someter al país a los estragos de una conmoción violenta. El primer presidente del gobierno provisional de la República, monárquico hasta dos años antes, jefe del partido republicano de la derecha, y católico, formó el ministerio con republicanos de todos los matices y tres ministros socialistas. La colaboración socialista, indispensable en los primeros tiempos del régimen, a quien primero perjudicó fue al mismo partido, en cuyas filas abrieron brecha los ataques de los extremistas revolucionarios y de los comunistas.

La obra legislativa y de gobierno de la República, arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal: sufragio universal, Parlamento, elegibilidad de todos los poderes, libertad de conciencia y de cultos, abolición de tribunales y jurisdicciones privilegiados, etcétera. En las cuestiones económicas era imposible (con socialistas y sin socialistas) atenerse al liberalismo tradicional. Las dificultades más graves que en este orden encontraron los gobiernos de la República, provenían de la crisis mundial. Los siete años de la dictadura de Primo de Rivera, coincidieron con los más prósperos de la posguerra. La República advino en plena crisis. Paralización de los negocios, barreras aduaneras, restricción del comercio exterior. La política de contingentes fue un golpe terrible para la exportación española. Bastantes explotaciones mineras se cerraron. Otras, como la de carbón, vivían en quiebra. La industria del hierro y del acero, aunque modestas, se habían equipado bien durante la guerra europea, pero ya no tenían apenas otro cliente que el Estado. Los ferrocarriles, en déficit crónico, vinieron a peor, no sólo por la competencia del transporte automóvil, sino por la decadencia general del tráfico, La industria de la construcción, la más importante de Madrid, llegó a una paralización casi total. Éstas fueron, y no los complots monárquicos ni los motines anarquistas, las formidables dificultades que le salieron al paso a la República naciente, y comprometieron su buen éxito. Ninguna propaganda mejor que la prosperidad. Para un régimen recién instalado, y ya combatido en el terreno político, la crisis económica podía ser mortal. El Estado tuvo que intervenir, si no para encontrar remedio definitivo, que no estaba a su alcance mientras la crisis azotara a los pueblos más poderosos, para acudir a lo muy urgente. Todas las intervenciones del Estado en los conflictos de la economía eran mal miradas, considerándolas como los avances de un estatismo amenazador.

En las cuestiones del trabajo (huelgas, salarios, duración de la jornada, etcétera), el Estado español, antes de la República, había ya abandonado, tímidamente, la política de abstenerse, de dejar hacer. La República, como era su deber, acentuó la acción del Estado. Acción inaplazable en cuanto a los obreros campesinos. El paro, que afectaba a todas las industrias españolas, era enorme, crónico, en la explotación de la tierra. Cuantos conocen algo de la economía española saben que la explotación lucrativa de las grandes propiedades rurales se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico durante cuatro o cinco meses del año, en los cuales el bracero campesino no trabaja ni come. Con socialistas ni sin socialistas, ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas, podía dejar las cosas en la situación que las halló la República. Sus disposiciones provisionales, mientras se implantaba la reforma agraria, fueron las más discutidas, las más enojosas, las que suscitaron contra el régimen mayores protestas.

De otra manera influyó también la crisis mundial en nuestros conflictos del trabajo: las repúblicas americanas no admitían más inmigrantes españoles. Pasaban de cien mil los que cada año buscaban trabajo en América. Hubo, pues, que contar por añadidura con ese excedente, que ya no absorbía la emigración. Cuando la República sostenía una política de jornales altos, afluían más que nunca al mercado del trabajo brazos ociosos. La República no aceptó la implantación del subsidio al paro forzoso, entre otras razones, porque el Tesoro no habría podido soportarlo. Se prefirió impulsar grandes obras públicas, y favorecer la construcción con desgravaciones y otras ventajas.

Las reformas políticas de la República satisfacían a los burgueses liberales, interesaban poco a los proletarios, enemistaban con la República a la burguesía conservadora. Las reformas sociales, por moderadas que fuesen, irritaban a los capitalistas. Las realizaciones principales de la República (reforma agraria, separación de la Iglesia y el Estado, ley de divorcio, autonomía de Cataluña, disminución de la oficialidad en el ejército, etcétera), suscitaron, como es normal, gran oposición. También fue rudamente combatida la fundación de millares de escuelas y de un centenar de establecimientos de segunda enseñanza, porque la instrucción era neutra en lo religioso.

El Parlamento y los gobiernos que emprendieron esa obra no se sorprendían porque hubiese contra ellos una fuerte oposición. Salidos del sufragio universal, persuadidos de que la política de un país civilizado debe hacerse con razones y con votos, merced al libre juego de las opiniones, triunfante hoy una, mañana otra, creyeron siempre que el mejor servicio que podían prestar a su país era el de habituarlo al funcionamiento normal de la democracia. Una gran porción del partido socialista, en sus representaciones más altas, coincidía en eso con los republicanos. Las mejores cabezas del socialismo, imbuidas de espíritu humanístico y liberal, querían continuar la tradición democrática de su partido. Ésta disposición era medianamente comprendida por sus masas. En el partido mismo llegó a formarse un núcleo extremista, cuya consigna fue: Los proletarios no pueden esperar nada de la República. Por su parte, las extremas derechas hacían propaganda demagógica, y prestaban a los métodos democráticos una adhesión condicional. Se resistían también a reconocer el régimen republicano, pero aspiraban a gobernarlo, como en efecto lo gobernaron desde 1934. El carácter español convirtió en una tempestad de pasiones violentísima lo que, en sus propios términos, era un problema político no tan nuevo que no se hubiese visto ya en otras partes, ni tan difícil que no pudiera ser dominado. Lo que debió ser una evolución normal, marcada por avances y retrocesos, se convirtió desde 1934, con dolor y estupor de los republicanos y de aquella porción del socialismo a que he aludido antes, en una carrera ciega hacia la catástrofe.

Los republicanos llamados radicales, se aliaron electoralmente con las extremas derechas. Los republicanos de izquierda y los socialistas fueron derrotados. Un Parlamento de derechas deshizo cuanto pudo de la obra de la República. Derogó la reforma agraria, amnistió y repuso en sus mandos a los militares sublevados el 10 de agosto de 1932, restableció en los campos los jornales de hambre, persiguió todo lo que significaba republicanismo. Había amenazas de un golpe de Estado, dado desde el poder por las derechas, y amenazas de insurrección de las masas proletarias. Huelga de campesinos en mayo del 34. Conflicto con Cataluña. Entrega del poder (octubre 1934) a los grupos de la derecha que no habían aceptado lealmente la República. Decisión gravísima, llena de peligros. Réplica: insurrección proletaria en Asturias, e insurrección del gobierno catalán. Errores mucho más graves aún, e irreparables. El gobierno no se contentó con sofocar las dos insurrecciones. Realizada una represión atroz, suprimió la autonomía de Cataluña y metió en la cárcel a treinta mil personas. Era el prólogo de la guerra civil.

Del aluvión electoral de febrero de 1936, que produjo una mayoría de republicanos y socialistas, salió un gobierno de republicanos burgueses, sin participación socialista. Su programa, sumamente moderado, se publicó antes de las elecciones. El gobierno pronunció palabras de paz, no tomó represalias por las persecuciones sufridas, se esforzó en restablecer la vida normal de la democracia. Los dislates cometidos desde 1934, daban ahora sus frutos. Extremas derechas y extremas izquierdas se hacían ya la guerra. Ardieron algunas iglesias, ardieron Casas del pueblo. Cayeron asesinadas algunas personas conocidas por su republicanismo y otras de los partidos de derecha. La Falange lanzaba públicas apelaciones a la violencia. Otro tanto hacían algunos grupos obreros. La organización militar clandestina que funcionaba por lo menos desde dos años antes, y los grupos políticos que se habían procurado el concurso de Italia y Alemania, comenzaron el alzamiento en julio. Lo que esperaban golpe rápido, que en 48 horas les diese el dominio del país, se convirtió en guerra civil, en la que inmediatamente se insertó la intervención extranjera.

II. El eje Roma-Berlín y la política de no intervención

El golpe de fuerza contra la República, que vino a estallar en julio del 36, necesitaba, para triunfar, el efecto de la sorpresa: apoderarse en pocas horas de los centros vitales del país y de todos los resortes de mando. Empresa difícil, porque no se logra nunca descartar lo imprevisto, por mucho que se perfeccione el funcionamiento maquinal de una organización militar; pero no empresa imposible. Fracasada la sorpresa, y obligado el movimiento a buscar la solución en una guerra civil, sus probabilidades de triunfo eran casi nulas, si se hubiera visto reducido a sus recursos propios en España. Ésta consideración, que ahora ya no tiene más valor que el de una hipótesis agotada por la experiencia, mostrará siempre la importancia capital de la acción extranjera en España para encender y sostener la guerra, y decidirla. Es seguro que si todas las potencias europeas hubiesen tenido en aquella ocasión una conciencia pacífica y una percepción desinteresada de sus deberes de solidaridad humana, la guerra española habría sido ahogada en su origen. Una barrera «sanitaria» a lo largo de las fronteras y costas españolas, habría en pocos días dejado a los españoles sin armas ni municiones para guerrear, y como no iban a pelearse a puñetazos, hubieran tenido que rendirse, no a esta o a la otra bandera política, sino a la cordura, y hacer las paces, como pedía el interés nacional. Ésta solución, muy arbitraria, agradable a todo espíritu pacífico, habría sido sin duda poco jurídica, y nada respetuosa con la altivez española. Otras soluciones se ha pretendido aplicar al caso de España, no más ajustadas al derecho ni más indulgentes con el amor propio nacional, y que han producido solamente daños. Pero si aquella conciencia pacífica, común a todas las potencias de Europa, hubiese existido, no habrían tenido que inventar ningún remedio para la desventura española, porque la guerra aún estaría por nacer. Cuando se habla de la intervención en la guerra española de ejércitos alemanes e italianos, enviados por sus gobiernos a combatir contra la República, no debe perderse de vista el rasgo principal de ese suceso: la intervención armada de estados extranjeros en nuestro conflicto, es originariamente un hecho español. Una parte, cuyo volumen no puede apreciarse ahora, de la nación, buscó y obtuvo el concurso de aquellos ejércitos; sin la voluntad de unos españoles —pocos o muchos— ningún ejército habría desembarcado en nuestro país. El caso no tiene semejanza en la historia contemporánea de Europa, salvo en nuestra misma España. No obstante ser muy vivo en el corazón de los españoles el sentimiento de independencia, se les ha visto en el siglo pasado reclamar y obtener la intervención de estados extranjeros, o los extranjeros mismos han aprovechado las discordias de España para justificar su intervención, con resistencia de una parte del país, pero con aplauso de la otra. La guerra civil, dolencia crónica del cuerpo nacional español, no reconoce fronteras. El caso no se explica plenamente con hablar de la «ideología» política. El obstáculo que hay que salvar para decidirse a una acción de ese género, está antes que los pensamientos y los planes políticos. Habría que escudriñar lo que el carácter español, su energía explosiva, pone de violencia peculiar en todos los negocios de la vida. Y con qué facilidad el español sacrifica en público sus intereses más caros a los arrebatos del amor propio. Por otra parte, muchos españoles admiten y aplican —más o menos conscientemente— un concepto de la nacionalidad y lo nacional, demasiado restringido. Según ese concepto, una sola manera de pensar y de creer, una sola manera de comprender la tradición y de continuarla son auténticamente españolas. El patriotismo se identifica con la profesión de ciertos principios, políticos, religiosos u otros. Quienes no los profesan, o los contradicen, no son patriotas, no son buenos españoles; casi no son españoles. Son la «anti-patria». Con semejante disposición de ánimo, todos los obstáculos se remueven fácilmente, y resulta posible hacer, invocando la patria, lo que, a juicio de otros hombres, menos convencidos del valor eterno de sus opiniones personales, puede conducir tan solo a destruirla. Ésta disposición trágica del alma española, inmolada en su propio fuego, produjo ya en nuestro pueblo mutilaciones memorables, que tienen más de un rasgo común con el resultado inmediato de la guerra civil.

La entrada de los ejércitos alemanes e italianos en España, no ha sido un recurso improvisado, impuesto por la necesidad de ganar la guerra a toda costa. Es parte de un plan mucho más vasto, que no se acaba con la transformación del régimen político español. Trámite previo era el de acabar la guerra con el triunfo del movimiento de julio. Sus directores aportan al plan su dominio de España. Grave error sería estimar por lo bajo la cuantía de esa aportación. Es equivalente a la importancia de la Península, entre los dos mares, los Pirineos y el estrecho de Gibraltar. Ha podido ser desestimado injustamente el valor de la neutralidad de España. Tal como era, constituía una pieza capital del sistema vigente en el occidente de Europa. Basta que en España cambie el viento, para que aquella importancia aparezca de pronto en toda su magnitud. Las pocas semanas transcurridas desde la conclusión de la guerra, han sido suficientes para demostrarlo. Así, los motivos de los directores del movimiento «nacionalista», al concertarse con las potencias totalitarias, son de dos órdenes:

1. ° Resolver a su favor, por la fuerza de las armas, la discordia interior española.

2. ° Complemento del anterior, coadyuvar (el tiempo dirá en qué medida) a una política europea que tiene todas sus simpatías, y que, como mostraré en otro artículo, tampoco son nuevas ni improvisadas.

Las potencias totalitarias han comprendido bien el valor de la carta española, y con la decisión que tantos éxitos les ha valido hasta ahora, han hecho todo lo necesario para incluirla en su juego. Ningún otro motivo podía pesar bastante para que Alemania e Italia echasen sobre sí las cargas y los riesgos de la operación.

La han conducido bien, con rotundidad, audacia y confianza en sus medios. Los más importantes, con serlo mucho, no han sido precisamente los medios militares enviados a España. Su peso en las operaciones ha sido naturalmente decisivo. Si nos atenemos a las declaraciones enfáticas de uno de los partícipes, Santander, Tortosa y Barcelona son victorias italianas. El Duce acaba de decir que la victoria de los nacionalistas españoles es también italiana; se entiende, victoria militar, además de política. Tanto como el esfuerzo combativo de los cuerpos italianos y alemanes, ha significado el efecto moral de su presencia. Infundían confianza en el éxito final de la empresa, cuyos recursos, contando con el eje Roma-Berlín, podían tenerse por ilimitados. Seguridad que ayuda a afrontar las dificultades, cuando el horizonte parece más cerrado, y a vencer el desaliento. A este propósito, se ha hablado mucho de la hostilidad con que algunas poblaciones acogían a los extranjeros, de rivalidades y enojos entre los oficiales españoles y sus colegas italianos, etcétera. Todo eso podrá ser verdad. No me consta. Pero un republicano que, después de sufrir dos años de prisión en Burgos, consiguió llegar a Barcelona, me dijo: «No crea usted en la hostilidad a los extranjeros. Hay incidentes aislados, sin más importancia. La mayoría de la gente adicta al movimiento, no desea que se vayan los italianos. Desea que vengan muchos más, para ganar cuanto antes». Ésta actitud es conforme a la lógica de los sentimientos suscitados por la guerra.

Pero el esfuerzo principal de Italia y Alemania se realizó en el terreno diplomático. El principal, porque nunca hubieran podido emprender ni mantener la intervención militar en España, sin el juego victorioso de sus cancillerías durante casi tres años. Las potencias totalitarias han operado en Londres y París con mejor información, con más cabal conocimiento de las intenciones y de los medios de la parte opuesta, que en la Península. Las peripecias de la guerra española, en su aspecto internacional, que era el dominante, se han desenlazado en aquellas capitales. El triunfo militar tenía que ser precedido, y ha sido en efecto precedido, de un triunfo diplomático rotundo.

Olvidemos por un momento las dilaciones y los reparos con que, durante los primeros meses de la guerra, se aparentaba poner en duda el hecho de la intervención ítalo-alemana. Todo el mundo la conocía, pero no se había demostrado suficientemente. Un día llegó en que fue necesario rendirse a la evidencia. Estábamos, una vez más, ante un hecho consumado. La acción del Eje había convertido la guerra española en un problema europeo de primera magnitud:

1. ° Jurídicamente, por la violación del pacto, en virtud de una agresión contra un Estado cuya soberanía estaba reconocida por todos los demás.

2. ° Políticamente, porque la agresión era un paso adelante en la expansión de las potencias del Eje. La República española mantenía en Ginebra, en Londres y en París, esta posición: que se retirasen de España todos los extranjeros. Era su derecho. Convenía a la paz general. Era una condición inexcusable para la pacificación interior de España. El caso podía tratarse en Ginebra, por los métodos de la Sociedad de Naciones; teóricamente, eso era lo debido. O por conversaciones entre los gobiernos, susceptibles de conducir a una solución satisfactoria, mediante concesiones recíprocas. Descartada la Sociedad de Naciones (constitución del Comité de No Intervención, nota franco-inglesa de 4 de diciembre de 1936, recomendaciones del Consejo, confiando en la gestión del Comité de Londres, etcétera), el problema quedaba pendiente de lo que, en último término, quisiera y pudiera hacer el gobierno británico.

Nuestra guerra ha dividido profundamente la opinión pública en los países extranjeros, como si la pasión española fuese contagiosa. Grandes sectores de la opinión han hecho causa común con uno u otro de los dos campos españoles, y a veces les han añadido razones y motivos que no eran suyos. Ésta tensión de los ánimos ha producido, entre otros efectos, el de obligar a los gobiernos a contemporizar. Contemplándolo desde España, con todas las probabilidades de error que comporta el alejamiento, tal parecía ser el caso de Francia. No era un secreto que el gobierno francés estaba dividido en cuanto al problema español. Contrariamente a lo que podía suponerse en mi país, la división no coincidía con el color político de los componentes del Ministerio. Hombres que por su pensamiento político, no podían simpatizar con la significación que, erradamente, se quería atribuir a la República española, anteponían a toda otra consideración lo que para el interés nacional francés significaba la frontera de los Pirineos. Otros ministros, y no de los menores, veían su responsabilidad terriblemente agravada y sus iniciativas paralizadas por el temor de que, una oposición enardecida les imputase el obedecer a consignas extranjeras. Con mucha aflicción y calientes lágrimas, tenían que resignarse a la reserva y al equilibrio entre las dos tendencias de la opinión. Había sobre todo la necesidad vital para la seguridad francesa, de no distanciarse de Inglaterra. De esa manera, siendo Francia el país más inmediatamente afectado por el problema de España, los métodos aplicados al caso de la intervención extranjera, los remedios propuestos y los resultados a que se llegó, más que franceses, eran británicos.

La política del gobierno británico en el problema de España, visto en conjunto, ha sido una política de equilibrio, de ganar tiempo, y de observar los acontecimientos. Desde fuera, esa política parecía a veces una desorientación, un no saber qué hacerse. A favor de esa oscuridad, de esa reserva, informaciones más o menos dignas de crédito atribuían a veces al gobierno británico vagos pensamientos de mediación, o propósitos de llevar el asunto de España a una conferencia internacional, o de favorecer una restauración monárquica. Los espíritus suspicaces parecían persuadidos de que Londres jugaba a la carta de Burgos y que la desaparición de la República estaba, pues, decretada. Para probarlo, hacían la cuenta de los actos del gobierno de Londres que (fuese o no su propósito), favorecían a los «nacionalistas», con perjuicio de la República. Realmente, antes de la guerra, la política británica no tenía motivos para mirar, no ya con hostilidad, pero ni siquiera con antipatía a la República española; ni creo, en efecto, que la mirase así. Encendida la guerra, con el cortejo de horrores y desmanes que asolaron a todo el país, los que ocurrieron en el territorio republicano repercutieron, como era natural, muy desfavorablemente para el régimen en la opinión británica, impresión profunda que ha persistido, sin llegar a borrarla del todo los esfuerzos del gobierno de la República. Con todas las salvedades necesarias, parece también cierto que la opinión británica en general, no llegó a interesarse por el aspecto político de la cuestión española tan vivamente como la de otros países. Conocida es la posición de los partidos. En el gobierno, personajes muy importantes por su calidad, eran hostiles a la República. Otros ministros, disidentes de sus colegas en la manera de apreciar el problema general de Europa (el tiempo ha venido a darles la razón), y mejor dispuestos en el asunto de España, estaban obligados a una gran prudencia y reserva, por solidaridad ministerial y porque siendo hombres políticos y de partido, tenían que contar con su opinión pública. Las oposiciones, laborista y liberal, pugnaban porque se acabase la no intervención, porque se volviese a la política de seguridad colectiva, porque se realizase la retirada de los contingentes extranjeros, etcétera. Ésta actitud, muy interesante, muy útil, no podía hacer variar radicalmente la política británica:

1. ° Porque su peso en la opinión general del país, no parecía, de momento, demasiado considerable. Nótese que, incluso entre las Trade Unions se advertía (como aparece en algunas de las resoluciones de sus organismos directivos y en las conferencias de la Internacional), una frialdad, una reserva respecto de la República española, que los socialistas y los sindicatos de España se explicaban difícilmente.

2. ° Porque la causa de la República no adelantaba un paso si aparecía identificada exclusivamente con los grupos o partidos que hacían la oposición en cada país, o se la utilizaba como arma de oposición, o se daba lugar a la sospecha de que la República española hostilizaba indirectamente a los gobiernos de otros países, moviendo contra ellos a los partidos de oposición. La misma observación puede aplicarse, en área más vasta, a las decisiones posibles de la Internacional sindical.

3. ° La política de intimidación del Eje había hecho creer (nadie tenía interés en desvanecer esta creencia) que cualquier rectificación favorable al derecho de la República en la política de no intervención, desencadenaría la guerra. Ahora bien: toda política encaminada enfáticamente a esquivar los riesgos de guerra tenía (mientras la experiencia no demostrase su esterilidad) las mayores probabilidades de aceptación general. Ésta misma razón (cuya fuerza pusieron de manifiesto los acuerdos de Munich y la alegría con que fueron recibidos) autorizaba a pensar que ni siquiera unas elecciones generales hubieran rectificado fundamentalmente la política británica en los asuntos de España. Así se veía desde mi país la política de Londres. Cuando las empresas del Eje han impuesto una rectificación enérgica, el problema español, acabada la guerra, había entrado en una nueva fase, en la cual, las consecuencias de todo lo hecho anteriormente, son, en sustancia, irrevocables.

El punto concreto sobre que se estuvo discutiendo dos años y agotó la sutileza del Comité de Londres, fue la retirada de los contingentes extranjeros. Realmente, lo peor del Comité de Londres, no fue que existiera, sino su fracaso. Implantada en teoría la no intervención, lo más deseable, lo más útil, era que el Comité cumpliera efectivamente la misión oficial que le habían asignado, hasta acabar con la acción, en todas sus formas, de los extranjeros en España. Según mi punto de vista personal, ante la realidad creada, la República debía colaborar con el Comité, facilitándole su labor. De hecho, los gobiernos de la República se han allanado (con reservas de pura forma, algunas veces) a las resoluciones del Comité. No fue la menos desconcertante de todas, la que decidió que los marroquíes no eran extranjeros en España; aplicación un poco abusiva de aquella boutade que situaba en los Pirineos la frontera de África. Y habiendo sido creado para mantener la no intervención, estuvo a punto de conducir al reconocimiento del gobierno de Burgos por todas las potencias representadas en el Comité; o sea, a un acto de intervención decisivo. En general, la actividad del Comité fue, de una parte, el enmascaramiento de una realidad que dejaba al descubierto su impotencia, y de otra, una provocación sostenida, entre insolente y burlona…

Hace dos años, un gran personaje británico se lamentaba, en conversación privada, de las «indignidades» que su gobierno tenía que soportar. Entre ellas estaban, seguramente, las jugarretas con que se hacía durar la intervención del Eje en España. No he puesto nunca en duda que el gobierno británico deseara y hubiese visto con satisfacción el reembarque de los contingentes extranjeros. Todavía en septiembre de 1938, el encargado de negocios en Barcelona me hizo saber que su gobierno persistía en el propósito y no había perdido la esperanza de lograr la retirada. Ésta conversación fue anterior a los acuerdos de Múnich y a la entrada en vigor del Gentlemen Agreement. De la importancia del reembarque de los extranjeros, realizado a tiempo, y de sus inmediatas consecuencias para la pacificación de España, estaba enterado el gobierno de Londres, entre otras informaciones de que disponía oficialmente, por la muy minuciosa que le llevó, en mayo del 37, un emisario excepcional. En el fondo, el interés del gobierno de la República no coincidía exactamente con los puntos de vista británicos en esa cuestión. Para la República era cuestión de vida o muerte que la intervención cesara antes de que sobreviniera una decisión militar de la campaña. Solamente así podía llegarse a una conclusión de la guerra menos desastrosa. Al gobierno británico lo que en definitiva le importaba era que los extranjeros no se quedasen en España por tiempo indefinido. Después, no faltarían medios de establecer una buena inteligencia con el nuevo régimen español. Naturalmente, el conflicto de España era para los británicos una parte, y no la principal, del problema europeo que aspiraban a desenlazar, si era posible, dentro de la paz. Trámite utilísimo para el desenlace pacífico, parecía ser la debilitación del Eje, atrayéndose a Italia. Para ese fin, se transigió con las pretensiones de Roma. El Gentlemen Agreement condujo a esto: las tropas italianas se retirarían de España cuando se acabase la guerra. O sea, cuando hubiera desaparecido la República. Ya se están marchando. Italia y Alemania, más unidas que nunca, suscitan una alianza militar de Francia e Inglaterra con la URSS. ¡La URSS, motivo de prevenciones contra la República española, que han pesado mucho en su suerte!

III. La URSS y la guerra de España

De todos los temas relacionados con la guerra española, pocos o ninguno han dado tanto que hablar como la cooperación rusa en la defensa de la República. El origen, los propósitos, la importancia de esa cooperación, sus efectos militares y políticos, han sido, tanto en España como en el resto de Europa, tergiversados por la propaganda y la polémica, desfigurados —en más o en menos— por la emoción de las partes contendientes. Es cierto que la cooperación rusa ha despertado graves temores, por las consecuencias (irrealizables en muchos respectos), que pudiera traer para el porvenir del pueblo español. También es cierto que despertó esperanzas alegres, primeramente, en un área de opinión muy extensa, para el resultado militar, y en segundo término, dentro de límites mucho más reducidos, en el terreno político. Ambos puntos de vista —el del temor y el de la esperanza— eran, a mi parecer, equivocados, por falta de conocimiento cabal de las cosas y por la peligrosa facilidad de confundir con la realidad un sentimiento personal.

Frente a la presencia importante, decisiva, de las potencias totalitarias en España, era fatal que se levantase, como antítesis necesaria, la de la presencia soviética, y que se le achacasen un origen, un propósito, un resultado paralelos (aunque de signo contrario) a los de la intervención ítalo-alemana, sin pararse a averiguar el volumen exacto y las posibilidades de la cooperación rusa. Así es siempre la polémica política, que ni en paz ni en guerra suele guardar miramientos con la verdad. Es creíble que durante la guerra, habrá habido en la España «nacionalista» extremosos defensores de la colaboración armada italiana; otros, más tibios, que la hayan soportado; y algunos que la habrán mirado con antipatía y recelo. El mismo fenómeno, guardadas las proporciones, ha podido producirse en la España republicana, con esta diferencia: nunca ha habido un ejército ruso, grande ni chico, en el territorio de la República. Nunca ha habido un pacto político, para el presente ni para el futuro, entre los gobiernos de la República y el de Moscú. La posición internacional de España, en el caso de haber subsistido la República, no habría variado esencialmente respecto de lo que venía siendo antes de la guerra. Éstas tres circunstancias muestran los límites impuestos por la naturaleza misma de las cosas, no ya a las intenciones, sino a los medios de acción y los resultados posibles de la cooperación rusa. De otros límites hablaré más tarde.

Había también en algunas zonas de opinión de la España republicana una actitud anti-rusa en la cual participaban hombres políticos muy importantes, que gobernaban o habían gobernado la República. Causa: la política absorbente del partido comunista en la política interior de la República. Para algunas gentes, la URSS y el partido comunista español eran la misma cosa. Es decir: se conducían como si estuvieran persuadidos de que la posición de la URSS ante el problema de España, incidente en un problema europeo más complejo, era igual a la del partido comunista español, que mirando forzosamente el problema desde Madrid o Barcelona, no podía verlo desde Moscú… ni desde Londres. Parecían también persuadidos de que la URSS sería para la República española un escudo invulnerable, con el cual se podría contar indefinidamente y en cualquiera eventualidad. Una información más puntual les habría demostrado que tales cálculos fallaban por su base. Admitamos que Alemania e Italia, empeñadas en ganar la guerra de España, habrían hecho para conseguirlo todos los esfuerzos imaginables. La recíproca no era cierta. Las potencias opuestas al bloque ítalo-alemán en Europa, y por consiguiente en España, consideraban que, en el juego europeo, la carta española era de segundo orden. Por dar jaque a Italia y Alemania en España, no solamente nadie arrostraría un conflicto grave, pero ni siquiera una tensión diplomática, ni un enfriamiento de las ententes ni de las amistades oficiales. Ésta situación alcanzaba también a la URSS. Cuando alguna persona, razonablemente, trataba de explicar los motivos de esa situación, probando que no podía esperarse otra cosa, y que la ayuda rusa no podía hacer prodigios, algunos fanáticos se enfurecían, como si los insultaran. Más que por fanatismo, por falta de instrucción. La República española, dirigida en sus comienzos por un gobierno de coalición republicano-socialista, tardó dos años en reconocer de jure a la URSS. Hecho el reconocimiento en 1933, no se nombró embajador, ni se estableció ninguna otra relación política o diplomática. Se intentó redactar un protocolo, que sirviese para prevenir las posibles actividades políticas de la URSS en España. Algún agente comercial ruso estuvo en España, examinando con el ministro de Hacienda las posibilidades de un convenio. Existía base para hacerlo, con ventaja de ambos países. No se llegó a nada, por las dificultades de concertar la forma y las garantías de pago. Estuvo también en España una comisión de marinos rusos, que visitó algunos establecimientos industriales, que pudieran aceptar encargos de material naval. El gobierno cayó en septiembre del 33, y las cosas quedaron en tal estado.

Así continuaban en febrero de 1936, al constituirse un nuevo gobierno republicano, esta vez sin participación socialista. Evidentemente, el reconocimiento hecho tres años antes, había de formalizarse, estableciéndose con la URSS relaciones normales. Los trámites se llevaron con tan poca prisa, que seis meses más tarde, al empezar la guerra, aún no se habían organizado las embajadas. El primer embajador soviético llegó a Madrid a los dos meses de guerra. Ninguna gestión se había hecho para ofrecer ni para buscar el apoyo ruso, en ninguna forma. En Moscú parecían tener acerca de la situación de la República, informes poco precisos, o más bien, equivocados, tal vez por haber creído demasiado a los optimistas. Dos únicas conversaciones tuve yo con el embajador soviético. Por ellas vine a saber que en Moscú creían en el triunfo inmediato y fácil de la República. Las observaciones del embajador debieron de convencerle de que no era así.

Las consecuencias, desastrosas para la República, de la no intervención, sobre todo de la no intervención unilateral, empezaban a dejarse sentir. Los gobiernos que prohibían la exportación de armas y municiones para España, estaban estrictamente en su derecho. También estaba en el suyo el gobierno español comprándolas donde se las quisieran vender. El embajador soviético, visitante asiduo del presidente del Consejo, ministro de la Guerra, mantuvo en el más riguroso secreto las intenciones de Moscú respecto de la venta de material de guerra, de suerte que el arribo de la primera expedición, fue casi una sorpresa. Y durante todo el curso de la guerra, la afluencia de material comprado en la URSS ha sido siempre lenta, problemática y nunca suficiente para las necesidades del ejército. La gran distancia, los riesgos de la navegación por el Mediterráneo, las barreras levantadas por la no intervención, impedían, por de pronto, un abastecimiento regular. Según mis noticias, en 1938, hubo un lapso de seis u ocho meses en que no entró en España ni un kilo de material ruso. Por otra parte, los pedidos del gobierno español, nunca eran atendidos en su totalidad; lejos de eso. Más de una vez, el embajador de la República en Moscú, trasladó a su gobierno las recomendaciones del ruso para que se mejorase y aumentase la producción de material en España, reduciendo al mínimo la importación, que no era segura ni de duración indefinida. Por qué la industria española no llegó a un rendimiento suficiente, pertenece a otro lugar. Resultado: en ningún momento de la campaña, el ejército republicano no solamente no ha tenido una dotación de material equilibrada con la del ejército enemigo, pero ni siquiera la dotación adecuada a su propia fuerza numérica. En cuanto a los combatientes rusos en España, he leído en una publicación, al parecer respetable, que la defensa de Madrid corría a cargo de un ejército ruso de ocupación, cifrado en cien mil hombres. En 1937, el presidente del Consejo de entonces, ciertamente poco inclinado a transigir con ninguna intromisión rusa, me hizo saber que el número de rusos presentes en España con diversas misiones, ascendía a 781. Móviles de los gobiernos españoles que promovieron el aprovisionamiento de material en la URSS: suplir la carencia de otros mercados en Europa y América. Sin esa circunstancia, la URSS no habría tenido nada que hacer en la guerra de España. Una situación tal, ha tenido consecuencias importantes. No fue la menor la impresión causada en la opinión popular española. El espíritu público, naturalmente agnado por la guerra y su cortejo de horrores, estaba pronto a llevar sus simpatías allí donde encontrase, o le pareciese encontrar, un asomo de amistad y comprensión. No se le puede pedir a una masa que discurra como un hombre de Estado, ni que aprecie con exactitud la política exterior de otro país, lejano y desconocido. Es indudable que en la mayoría de los adeptos de la República hubo, temporalmente, un movimiento de gratitud hacia la URSS; gratitud que era la fase positiva de una profunda decepción. Ése movimiento cedió poco a poco, después con gran celeridad, lo mismo en los grupos políticos y en algunos de sus leaders, que en la masa general. He aquí por qué: los comunistas españoles aprovecharon a fondo para su propaganda, aquella disposición del ánimo público. A juicio de personas expertas en política, conocedoras del país y de la situación de Europa, la aprovecharon demasiado. Un partido que en las elecciones de 1936 obtuvo el cuatro por ciento de los votos emitidos en toda la nación, creció durante la guerra, y a causa de ella, usando de todos los métodos de captación, entre ellos la influencia y la protección desde los ministerios que ocupaban. Una identificación imposible entre los fines propios de la política exterior de Moscú y los fines peculiares del partido comunista español, servía para reforzar o cimentar aquella propaganda. Como si detrás de cada personaje, más o menos embrujado por el prestigio moscovita, detrás de cada propagandista, detrás del partido estuvieran, y hubiesen de estar siempre el señor Litvinov, el ejército rojo, y los 180 millones de súbditos de la URSS. El primero de los tres miembros de esa suposición, se ha realizado algunas veces, pero los otros dos eran desvarío. Con todo, en algunas conversiones al comunismo, muy sorprendentes, he podido apreciar que el resorte psicológico no era la revelación de una doctrina, sino un sentimiento de despecho e irritación.

El vago sentimiento «rusófilo» de que he hecho mención, se vio envuelto y contrariado por la oposición creciente a la política de partido de los comunistas. Es cierto que los comunistas españoles no se cansaban de repetir que no aspiraban a implantar el bolchevismo, que su adhesión a la República democrática era sincera, etcétera. Informadores muy personales, que creo fidedignos, me aseguraban, viniendo de Moscú, que los dirigentes soviéticos estaban convencidos de que el comunismo en España era imposible, por motivos nacionales e internacionales. Si en efecto lo creían así, daban muestras de buen sentido. Más el partido comunista seguía la misma táctica que otros grupos políticos: ocupar posiciones en el Estado para ser los más fuertes el día de la paz. Justo es decir que esa táctica no fue adoptada por los Republicanos, ni por la fracción del partido socialista que había permanecido fiel a su tradición democrática y «anti-catastrófica». La oposición, la política de partido de los comunistas fue creciendo entre todos los que no estaban sujetos a su disciplina. Se vio reforzada por todo lo que era o aspiraba a ser oposición al gobierno, en el que los comunistas tenían dos o tres puestos, aunque los oponentes no hayan encontrado la ocasión o no hayan tenido los medios de manifestarse.

Tocante a los motivos de la política de Moscú en el problema de España, me abstengo de discurrir por conjeturas. Muy fino ha de ser quien pretenda conocer en su raíz última las decisiones de un gobierno que se rodea de tanto secreto. (Contraste notable con la locuacidad española; otros más profundos hay entre los dos pueblos, pese a quienes con ligereza pretenden asemejarlos). Preferir la explicación más complicada no es siempre lo más sagaz. Todo el mundo conoce que los puntos de vista de la URSS en los problemas planteados en Europa por la política del Eje, han diferido de los de París y Londres. Igualmente, y por los mismos motivos, han diferido en el asunto de España. El valor de España para la política internacional de la URSS no depende de que haya en la Península un régimen bolchevista, sino de que el gobierno español entre en el sistema de las potencias occidentales y refuerce el sistema, en lugar de disminuirlo o amenazarlo. Los dirigentes de Moscú no podían desconocer, incluso por su propia experiencia, que el bolchevismo en España, lejos de reforzar la amistad franco-española y anglo española; las habría puesto en entredicho. Una España «bolchevizada» habría sido relegada internacionalmente, al lazareto, por todo el tiempo, que no habría sido mucho, que necesitaran las potencias circundantes para aniquilar ese régimen en la Península. Según la tesis de Moscú, la descomposición de las amistades francesas en el oriente europeo, la política de intimidación del Eje, no contrarrestada por nadie, disminuían la personalidad internacional de Francia. La empresa ítalo-alemana en España era una pieza principal de aquella política. El hundimiento de la República menguaría la posición francesa en Occidente y en el Mediterráneo; menguando la posición de su aliada, menguaría también la posición de la URSS en Europa. La URSS apoyaba, en consecuencia, la causa de la República en el terreno diplomático. En el orden militar, el apoyo consistía esencialmente en lo que he dicho. Los límites de una y otra acción, impuestos por la situación que entonces tenía la URSS en Europa, estaban más o menos a la vista. En ningún caso podía ni quería tomar la URSS una actitud intransigente que originase decisiones peligrosas. Las discusiones de Ginebra y del Comité de No Intervención lo prueban. Menos aún ha entrado en los cálculos de la URSS comprometerse seriamente en España. La guerra española ha sido en todo momento para la URSS una «baza menor». Creo saber que un personaje del Kremlin llegó a admitir la sospecha de que alguien en Europa hubiera visto con gusto que la URSS se metiera a fondo en España, esperando que así se debilitara. Desconozco el fundamento de la sospecha. El solo hecho de admitirla y de prevenirse contra ella llevaba implícito el propósito, confirmado por los hechos, de no arriesgar directamente en la causa de España ningún atout (diplomático o militar) de verdadera importancia. Piénsese como se quiera de todo ello, las cosas ocurrieron, en los puntos que he tocado, como queda dicho y no de otra manera.

IV. La República de España y la Sociedad de Naciones

La República española había tomado en serio a la Sociedad de Naciones. Inscribió en la Constitución de 1931 una declaración terminante, adhiriéndose a los principios del Covenant, para ajustar a ellos su política exterior. El sistema de seguridad colectiva y las obligaciones derivadas del pacto parecían llamados a resolver para España un problema capital: el de encontrarse garantizada contra una agresión no provocada, sin necesidad de montar una organización militar y naval que hubiese impuesto al país una carga insoportable. Era la solución deseable para una nación desarmada, débil económicamente, pero en vías de progreso y de reconstitución interior. Por su parte, ¿a quién ni por qué iba a agredir España?

Miembro semipermanente del Consejo, España ha defendido siempre, en el Consejo y en la Asamblea, la letra y el espíritu del pacto. Haciéndolo así, se defendía a sí misma. Tal fue su posición, por ejemplo, ante la agresión del Japón contra la Manchuria. La delegación española tomó parte principal en el mantenimiento de la doctrina y en los procedimientos que se trató de poner en juego al ocurrir aquella ruptura del pacto. Tal fue también su actitud al votarse la política de sanciones por la invasión de Etiopía. Llegada la ocasión, la República podía creerse con derecho a un trato equivalente, en virtud de las obligaciones firmadas y en virtud de su conducta anterior. Al estallar la guerra y producirse la intervención extranjera, era opinión general en España que la Sociedad de Naciones haría lo que en justicia fuese necesario para reducir nuestro conflicto a las proporciones de una discordia interior, en la que ningún Estado extranjero tenía por qué mezclarse. Desde el primer contacto con la Sociedad de Naciones, empezada la guerra, se vio que no sería así. La doctrina oficiosa en Ginebra, aunque nadie la hubiese definido claramente, pareció ser que la República debía contentarse con triunfos morales, cuando más, no siendo posibles otros, sustanciales. Se implantó la táctica de pedirles a los delegados españoles que no importunaran demasiado con sus reclamaciones, que no comprometieran la tranquilidad de la reunión.

Desde el Congreso de Viena, España no había vuelto a comparecer ante una gran asamblea de estados a defender su derecho. En el Congreso de Viena, nuestro país era colaborador (de segundo orden, y un poco desdeñado, pese a la prestigiosa aureola de la guerra de Independencia), y la actitud del pueblo español, resistiendo al emperador salido de la revolución, enemigo de Inglaterra, iba en la misma dirección que la política de los gobiernos representados en el Congreso. Del sistema de reconstrucción política implantado en Viena, del equilibrio resultante y de la fuerza de las potencias coligadas para mantener aquella obra, España recibió, por todo regalo, la restauración del despotismo terrorífico de Fernando VII ¿Qué ha recibido ahora de la Sociedad de Naciones?

En la institución de Ginebra, nuestra calidad de Estado miembro nos permitía hacernos oír; pero más que colaboradora, en esta ocasión la República era demandante. Diversas circunstancias, ajenas al problema mismo, pero enredadas a él parasitariamente, influían de un modo desfavorable. Me refiero, en primer término, a cuanto había pasado en España bajo el nombre comprometedor e inexacto de «revolución». Era muy difícil impedir que al considerar el caso jurídico del Estado español, atacado a mano armada en una guerra exterior clandestina (materia propia de la Sociedad de Naciones), algunos identificasen, no siempre de buena fe, la causa de la República con la de los revolucionarios desmandados, y envolviesen a la una en igual aversión que a los otros. Tampoco puede desconocerse cuánto han hecho los españoles, sin prever tan triste resultado, para menguar su respetabilidad nacional. No me refiero ya a los hechos desatinados, inútiles, perjudiciales para aquello mismo que se pretendía defender, cometidos a uno y otro lado de las trincheras. El solo hecho del alzamiento en armas basta para hacer zozobrar el prestigio de un país. Y aún más, la furia con que dos masas enemigas se lanzaron la una contra la otra. Desgraciadamente, esto es racial.

Los desastrosos efectos que todo eso produjo en el exterior, no formaban en todo caso el obstáculo mayor con que la República tropezaba para obtener en Ginebra algún resultado útil. La Sociedad de Naciones nació teóricamente para declarar el derecho entre los pueblos y prestar un procedimiento pacífico de restablecerlo cuando fuese atropellado. Pretensiones (fallidas) de universalidad y permanencia. De hecho, la Sociedad de Naciones se había convertido en el guardián del sistema europeo elaborado en Versalles. El Tratado de Versalles se cae a pedazos, y con él la Sociedad de Naciones que lo custodia. Gobernar el mundo sobre el supuesto de que permanecería indefinidamente dentro de aquel estatuto, es inconcebible. ¿Qué «paz general», por muchos juristas que interviniesen en su redacción, y aunque dejase tras de sí menos resentimientos que la de 1919, ha durado en Europa arriba de una veintena de años? Era fatal que los resentidos y los ambiciosos (algunos reúnen ambos caracteres) trataran de romper, de un modo o de otro, las costuras de un traje que les venía estrecho. No había más que acceder a tiempo, y con buena gracia, a una equitativa rectificación, o sofocar por la fuerza el primer intento unilateral de rectificación. Se ha hecho lo peor: soportar, porque no podían impedirse, las violaciones de la legalidad internacional, y acusar el golpe, como un agravio de las naciones a quienes perjudican o molestan. Es claro que no todas las rupturas del pacto que pueden recordarse quebrantan los tratados de 1919, pero cualquiera modificación unilateral de ellos infringe el pacto. La guerra de España, en el orden internacional, era una violación formal del pacto (intervención armada de Alemania e Italia), y, en el fondo, una operación estratégica para obligar, si se podía, a Francia a someterse el día de mañana a un diktat germánico. Todos los hechos que han debilitado a la Sociedad de Naciones e impiden tomarla en serio desde que su acción coactiva quedó anulada en 1935, y todas las razones que las grandes potencias hayan podido tener para ir tolerando, a regañadientes, que la Europa reajustada en Versalles se descomponga por voluntad del Reich, se han conjurado contra la causa de la República y contra el destino político de España, envuelta en una onda suscitada para modificar las paces de 1919, en las que nada tuvo que ver. España ha padecido la guerra para facilitar que en su día vayan siendo alemanes el Danubio, la Silesia, el pasillo polaco, etcétera, y para que Inglaterra sea disminuida en el Mediterráneo. En cierto sentido, España ha sufrido las consecuencias del desarme británico.

En cuanto a lo que podía esperarse de la aplicación del pacto, era evidente que, no disponiendo de un sistema de sanciones, o no pudiendo aplicarlo (viene a ser lo mismo), la Sociedad de Naciones anuló su fin principal en cuanto el primer agresor quedó impune. Del caso de Manchuria se habló mucho con Ginebra. Comisiones, dictámenes… En la invasión de Abisinia pareció que las cosas se formalizaban. Quien o quienes hicieron fracasar la política de sanciones, o la emprendieron sin los medios ni la decisión bastantes para llevarla a término, dejando sembrados inútilmente resentimientos nuevos y desprestigiada a la Sociedad de Naciones, abrieron la puerta a la agresión contra España. Después de eso, era previsible que en Ginebra se hablaría poco y de mala gana del caso español.

El primer recurso ante la Sociedad de Naciones fue presentado formalmente por el gobierno español en diciembre de 1936. Tres meses antes, en la reunión de la asamblea, los delegados españoles habían ya expuesto los términos de la cuestión, pero sin demandar un acuerdo concreto sobre ella. La reunión extraordinaria del Consejo, pedida por el gobierno español, conforme al artículo 11 del Pacto, en vista de que la situación existente en España era una grave amenaza para la paz internacional, no pudo ser denegada. La víspera de la reunión del Consejo, un comunicado de París y Londres dio a conocer que el 4 de diciembre los dos gobiernos se habían dirigido a los de Alemania, Italia, Portugal y la URSS, pidiéndoles su cooperación para impedir todo acto de intervención extranjera en el conflicto, y que dirigiesen a sus representantes en el Comité de Londres las instrucciones necesarias para organizar un control eficaz. En la misma nota pedían a los cuatro gobiernos mencionados su aquiescencia para una mediación conjunta en España. Ignoro lo que respondieron a esta propuesta Alemania, Italia y Portugal.

El Consejo, después de oír excelentes discursos, en los que, más o menos, se hacía notar la inutilidad del llamamiento formulado por el gobierno español, adoptó una resolución que era una paráfrasis de la nota franco-inglesa y una ratificación de sus miras.

Incumbe a todo Estado el deber de respetar la integridad territorial y la independencia política de otro Estado… Informado [el Consejo], de que en el Comité de Londres se intentan nuevos esfuerzos para hacer más eficaz su acción, por el establecimiento de medidas de control, recomienda a los miembros de la Sociedad representados en el Comité que no omitan nada para hacer tan estrictos como sea posible los compromisos de no intervención, y tomar las medidas para asegurar un control eficaz…

La deliberación más importante de las dedicadas por la Sociedad de Naciones al asunto de España fue la de septiembre del 37. Como puede suponerse, la actitud que la delegación española debía adoptar fue examinada detenidamente en Valencia. Tuve ocasión de exponer no sólo al jefe del gobierno, sino al ministro de Estado y a otros miembros de la delegación, lo que, a mi juicio, procedía hacer. No podíamos ir a Ginebra a pedir «sanciones» contra los agresores. En cuanto habláramos de eso, todos se pondrían en contra. Tampoco se podía pensar, cediendo a un movimiento de mal humor, por justificado que estuviese, en retirarnos de la Sociedad. La cuestión debía plantearse tomando por base un acuerdo anterior del Consejo, en que se dio por comprobado el hecho de la invasión y se remitió el asunto al Comité de Londres. El complejo plan elaborado por los técnicos y sometido a la discusión del Comité en julio anterior, no pudo ser aprobado. Desde entonces, el Comité había caído en letargo. Era el momento de que la Sociedad de Naciones llamase a sí el problema nuevamente y se pronunciase sobre el fondo. Nuestra posición fundamental no podía ser más que una: que el conflicto español se redujera a sus límites propios, o sea, los de una cuestión de política interior del país; la acción consiguiente era la retirada de todos los combatientes extranjeros. Otras peticiones complementarias podían hacerse, sin hablar para nada del artículo 16 del pacto. Todos los delegados con quienes hablé, encontraron acertado el planteamiento, cuyos términos debían ser fijados en definitiva por el gobierno. Algún delegado me hizo observar que la asamblea podría incluso votar una resolución de principio, más o menos platónica, pero que era inútil esperar que de sus acuerdos saliera nada que pusiese fin a la intervención, ni un mecanismo que hiciese efectiva la retirada de los extranjeros. Opinión muy probable, sobre todo siendo tan contrario a la República el curso de la guerra. Había que resignarse de antemano a que la delegación española, que iría a Ginebra con dos provincias menos (estaba para consumarse la pérdida de todo el norte), retornase con las manos vacías. Pero el viaje de la delegación española a Ginebra, especialmente del jefe del gobierno y del ministro de Estado, tenía una importancia particular, con independencia de lo que pudiera ocurrir en la Sociedad de Naciones, por motivos que me propongo contar en otro artículo. También en aquella asamblea iba a resolverse el caso de la reelección de España como miembro semipermanente del Consejo. La reelección era dudosa, por varios motivos: la incertidumbre (cuando menos, incertidumbre) del resultado de la guerra, la desconfianza en lo que pudiera hacer la República, la desconsideración producida por el hecho mismo de la guerra, sus horrores y las disputas por la influencia extranjera en España, la animadversión (encubierta o declarada) de algunos gobiernos. Informaciones posteriores al suceso aseguraban que la elección de Bélgica en el lugar de España estaba concertada desde algunas semanas antes. Apenas llegó a Ginebra la delegación española, comprobó que la reelección de España era poco probable. En las conversaciones preparatorias de la votación surgió un incidente inesperado: el delegado chileno, por sí, y en nombre de otras delegaciones americanas, ofreció sus votos a España a cambio de que el gobierno de la República dejase salir de las embajadas en Madrid a todos los refugiados en ellas, y los situase en un puerto, para embarcar libremente.

En una reunión anterior del Consejo, ya el delegado chileno había planteado la cuestión del «derecho de asilo» en las embajadas, institución jurídica que, si existe en América, no era reconocida en España. En aquella ocasión, el representante español se opuso a que el Consejo entendiera en esa cuestión, pero se avino a examinar separadamente con cada gobierno el caso de los asilados en la embajada respectiva. En la práctica de ese derecho de asilo, tolerado por el gobierno (a mi juicio, hizo bien en tolerarlo), se había llegado a una situación sumamente difícil e irritante, más que por el número de personas asiladas, por la condición de algunas y por las actividades a que se dedicaban dentro de las embajadas, Que de este espinoso asunto, en el que la autoridad del gobierno estaba gravemente comprometida, se quisiera hacer materia de contrato, nada menos que para adquirir votos en la reelección de España, produjo asombro. El jefe del gobierno, presidente de la delegación, rechazó la propuesta, aunque algunos delegados parecían inclinarse a aceptarla. España no obtuvo el quórum. La delegación española pidió a la asamblea que se reconociese la agresión de que España era objeto por parte de Alemania e Italia, y que en virtud de tal reconocimiento la Sociedad de Naciones examinara con toda urgencia la manera de poner fin a la agresión; que se devolviese al gobierno español el derecho de adquirir libremente material de guerra y que se retirasen del territorio español los combatientes extranjeros. Un comité de redacción, designado por la Comisión sexta, elaboró trabajosamente un proyecto de resolución en el proyecto.

«La asamblea… lamenta que… no solamente el Comité de No Intervención no haya conseguido la retirada de los combatientes no españoles que participan en la guerra de España, sino que hoy sea preciso reconocer la existencia en el territorio español de verdaderos cuerpos de ejército extranjeros, lo que constituye una intervención extranjera en España…; la retirada de los combatientes extranjeros es el remedio más eficaz de una situación tan grave…; hace un llamamiento a los gobiernos para que se haga un nuevo esfuerzo en ese sentido; y consigna que, si ese resultado no fuese obtenido en un bref delai, los miembros de la Sociedad adheridos al acuerdo de no intervención considerarán el fin de la política de no intervención».

En el comité de redacción, la delegación española pidió aclaración sobre el alcance de la expresión: bref delai. El representante británico contestó que no se podía concretar en un número de días, pero que había de entenderse en su propio sentido. Entabladas negociaciones para la retirada de los combatientes extranjeros, se daba por supuesto que durante ellas no se enviaría a España ninguno más, y que de enviarse, la negociación se rompería. La negociación misma debería llegar a un resultado prontamente, sin admitirse dilaciones, y en otro caso se reconsideraría la política de no intervención. Al discutirse el proyecto de la Comisión sexta, se puso en claro, ante la oposición de algunos delegados, que lo de considerar el fin de la no intervención no comprometía a nadie, ni, en el fondo, significaba nada.

La asamblea no aprobó el proyecto porque no pudo lograrse la unanimidad. Las cosas continuaron como estaban.

La delegación española regresó a Valencia bastante apenada. La nota dominante en sus informes verbales era ésta: «Hemos hecho cuanto hemos podido. ¡Pero aquel ambiente! ¡Aquéllas gentes!». Persistía la hostilidad y la desconfianza hacia la República, pero, según el jefe del gobierno, se había ganado mucho terreno. La conducta del gobierno era generalmente bien (apreciada y se estimaba que había realizado un esfuerzo provechoso, como no podía esperarse. Pero ¿la sumisión de los anarquistas era efectiva? ¿No se trataba de una apariencia? ¿El gobierno tenía medios de imponer su autoridad? Tales eran las preocupaciones dominantes en cuanto a la política interior. La delegación procuró inculcar en sus interlocutores la convicción de que la guerra sería larga; podía durar dos años. A su juicio, éste era el mejor estímulo para buscar una solución, por los peligros que tal situación entraña.

La Sociedad de Naciones no podía abrir la boca sino para invocar el derecho y aplicarlo. Como el derecho internacional estaba enteramente de parte de la República, la Sociedad de Naciones enmudeció cuanto pudo. Los «pequeños pueblos» aguardaban las consignas de las grandes capitales mientras les llegaba (o hasta que les ha llegado) el turno de correr la suerte de España. Pareció que la Sociedad iba a ser el amparo de los débiles. Se había convertido en una tertulia de amedrentados. El motivo último de que la institución de Ginebra, prestándose a ser suplantada en sus funciones por el Comité de Londres, se desentendiera de nuestro litigio, era la debilidad de España. Si en lugar de docena y media de barcos, de escaso poder, hubiera tenido en el Mediterráneo ocho grandes acorazados, el derecho de España habría brillado en Ginebra con la fuerza de nuestro sol meridional. Para eso, poca falta hacía la seguridad colectiva. Hacerse oír de la Sociedad de Naciones requiere ser poderoso, estar preparado para la guerra y dispuesto cada uno a definirse a sí mismo el derecho, con resolución de aplicarlo. La República era débil.

Hundirse el sistema de la seguridad colectiva, es para España (con República o sin República) un desastre nacional, porque la antigua neutralidad le será ya imposible. El país habría necesitado siquiera veinticinco años de paz, de los que no ha disfrutado seguidamente desde hace siglo y medio. Para dejarse envolver en guerras futuras, ha empezado por desgarrarse las entrañas con sus propias manos. Muchos celebran con sarcasmo el fracaso de la Sociedad de Naciones, como un desquite del crudo realismo político sobre no sé qué «idealismos». Por lo visto, declarar el derecho es todavía una quijotada.

Para que se hablase poco y no se resolviese nada sobre el caso español en la Sociedad de Naciones, existía el Comité de Londres, encargado, como nadie ignora, de velar por el cumplimiento de la no intervención. De ahí le vinieron a la República los mayores daños. El nombre mismo de esa política era ya un equívoco. Si la no intervención consiste en que los estados se abstengan de mezclarse en los asuntos interiores de otros, la no intervención, tal como se definió para España, consistía en privar al gobierno español de la posibilidad de comprar armas en los mercados extranjeros. Y tal como se practicaba, consistió en disimular (y, por tanto, en proteger), bajo las discusiones bizantinas del Comité, la intervención a fondo de dos estados. Nada es más sagrado para la salud de un pueblo que conservar la paz. Gran cosa es decir, por tanto, para justificar una política, que se trabaja por conservar la paz. Pero que Alemania e Italia fuesen a declarar la guerra si el gobierno español hubiese comprado armas libremente a la industria extranjera, era una «paparruchada». Desde hace dos años, muchos pronosticaban la guerra inminente, y algunos la daban por comenzada, siendo su prólogo la de España. Siempre me ha parecido más seguro que, de haber guerra general, nunca empezaría antes de acabarse la nuestra. A este propósito, un ministro francés decía: «Hay que limitar la guerra de España (o sea: impedir que se generalice); hay que extinguirla». Tesis perfecta. La mía, complementaria, se reducía a esto: No depende de la República impedir (ni provocar) una guerra general. Corresponde a las potencias limitar la guerra de España. Extinguirla, corresponde a los españoles. En cuanto se vayan todos los extranjeros, los españoles no querrán, y si quieren, no podrán batirse.

Nunca he deseado que la guerra de España se convirtiera en guerra general. No lo deseaba por las razones que tiene todo hombre para aborrecer la guerra, y además por motivos de estricto interés nacional. El caso español habría pasado a muy segundo término en un conflicto general, y cualquiera que hubiese sido la conclusión, mi país hubiera tenido que someterse a las decisiones de los triunfadores. Lo que no se comprende bien, es que la guerra general sea menos probable hallándose España bajo el prestigio deslumbrador que hoy tiene allí el poderío germánico.

Ciertos cálculos para el futuro son muy problemáticos, porque la orientación que la España actual podría dar a su política exterior responde a móviles mucho más duraderos y profundos que una momentánea coincidencia de intereses.

V. El nuevo Ejército de la República

Al siguiente día del alzamiento militar, el gobierno republicano se encontró en esta situación: por un lado, tenía que hacer frente al movimiento que desde las capitales y provincias ocupadas (el noroeste y el centro de la península y buena parte de Andalucía) tomaba la ofensiva contra Madrid; y por otro, a la insurrección de las masas proletarias, que sin atacar directamente al gobierno, no le obedecían. Para combatir al fascismo, querían hacer una revolución sindical. La amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los enemigos de la República. Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del Estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes de un Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la República. En el curso de la campaña se han logrado, merced al esfuerzo de algunos hombres de mérito y a las rudas lecciones de la experiencia, grandes progresos en plinto a organización y disciplina, pero los hechos han probado que el problema no se había resuelto satisfactoriamente y a fondo.

El gobierno desligó de la obediencia a sus jefes a todos los soldados, pensando dejar sin tropas a los directores del movimiento. Éste decreto, naturalmente, no fue obedecido en las ciudades ya dominadas por los militares, pero sí en las importantes plazas en poder del gobierno (Madrid, Barcelona, Cartagena, Valencia, etcétera). Los soldados abandonaron los cuarteles y casi todos se marcharon a sus casas. Bastantes se sumaron a las columnas de voluntarios que, con jefes improvisados y con escasos medios, iban a combatir en los frentes. Las pocas unidades que pudieron ser retenidas en los cuarteles, eran casi inútiles. La rebelión había relajado en todas partes la disciplina. Los oficiales profesionales eran sospechosos, y la tropa, formada en su mayoría por proletarios, se inclinaba a escuchar las consignas de sus sindicatos y de sus partidos, con preferencia a las de sus jefes. En Madrid, cuya guarnición era de trece regimientos, costó trabajo organizar en los primeros días cuatro o seis compañías de Infantería y un batallón de Ingenieros, para enviarlos a la sierra.

El gobierno republicano dio armas al pueblo para defender los accesos a la capital. Se repartieron algunos miles de fusiles. Pero en Madrid mismo, y sobre todo en Barcelona, Valencia y otros puntos, las masas asaltaron los cuarteles y se llevaron las armas. En Barcelona ocuparon todos los establecimientos militares. El material, ya escaso, desapareció. Quemaron los registros de movilización, quemaron las monturas. En Valencia, los caballos de un regimiento de Caballería fueron vendidos a los gitanos a razón de cinco o diez pesetas cada caballo. Al comienzo de una guerra que se anunciaba terrible, las masas alucinadas destruían los últimos restos de la máquina militar, que iba a hacer tanta falta. Estos hechos, y otros no menos deplorables, procedían de las siguientes causas: pocas personas medían la importancia del alzamiento y la gravedad de la situación. Muchos la recibían como una coyuntura favorable. Aún no se había convertido en guerra campal, y creyendo ciegamente en su inmediato término, pensaban que debía aprovecharse para liquidar de una vez todas las cuestiones políticas pendientes en España desde muchos años atrás, entre ellas, la cuestión del ejército. Hacían esta cuenta: puesto que los militares se han sublevado, no más ejército en España, no más organización militar. El espíritu revolucionario de ciertos grupos sociales, ante el Estado impotente, creyó llegada su hora, y aunque no se apoderó del mando, a fuerza de indisciplina lo paralizó.

El gobierno decretó el alistamiento de veinte batallones de voluntarios, con una organización militar adecuada. Para estimular la recluta, asignó a cada soldado diez pesetas diarias, paga cinco veces mayor que la concedida habitualmente a la tropa en España. Ésta determinación fijó para toda la campaña el nivel de los sueldos para los combatientes, y cuando el ejército de la República se acercaba al millón de hombres, representó para el Tesoro público una carga exorbitante. Era casi imposible encontrar material y mandos para los veinte batallones. Su alistamiento y otras medidas del gobierno encaminadas a formar un ejército regular, eran mal recibidas por los sindicatos y por algunos partidos obreros. En uno de sus periódicos se hizo campaña contra el propósito de organizar un ejército, que sería «el ejército de la contrarrevolución». Millares y millares de combatientes voluntarios prefirieron alistarse en las milicias populares, organizadas espontáneamente por los sindicatos y los partidos. Hubo batallones y brigadas republicanos, socialistas, comunistas, de la. CNT, de la UGT, de la FAI, etcétera, e incluso unidades formadas por obreros de un mismo oficio. Sin conexión entre unas y otras, sin jefes superiores comunes, sin plan, acudiendo cada una a la guerra alegremente, con mandos improvisados por los mismos milicianos, y con objetivos políticos y estratégicos de su propia invención. Nadie estaba sujeto a la disciplina militar. En la composición de las milicias entraron obreros y burgueses, intelectuales y empleados, militares, profesionales, y periodistas, y algunas mujeres. No había fusiles para todos. Nunca los ha habido, ni a los dos años de guerra. Los 70 000 o más fusiles repartidos en Madrid, en julio del 36, desaparecieron pronto. Muy pocas ametralladoras. Algunas piezas de artillería de campaña. En el verano del 36 no había en todo el frente de Madrid más de doce baterías. Municiones, escasísimas. La fábrica de Murcia y la de Toledo producían menos de una tonelada de pólvora y de trescientos mil cartuchos de fusil cada veinticuatro horas. Con eso había que abastecer a los combatientes de Madrid, de Andalucía, de Aragón y del norte. En cierta ocasión, todas las existencias de que pudo disponer el ministerio de la Guerra alcanzaban a doce cajas de cartuchos. Las columnas se disputaban las municiones. De Oviedo, de Barcelona, de Córdoba, llegaban clamores desesperados. Irún se perdió (iniciándose con ello la caída de todo el norte) por falta de municiones, estando detenidos en la frontera francesa, a consecuencia de la no intervención, unos vagones de cartuchos. De artillería pesada y antiaérea, carros de combate, morteros, etcétera, y el innumerable material móvil que pide un ejército moderno, nada. Hasta septiembre del 36, no llegó la primera expedición de material: 17 000 fusiles que habían cruzado el Atlántico. El entonces ministro de la Guerra, señor Largo Caballero, se encargó de repartirlos personalmente, para que no se malgastara tal tesoro. Pocos días después se había agotado. Los milicianos fugitivos los perdieron casi todos en los desastres de Talavera. El ministerio de la Guerra se esforzaba en poner orden en tanta confusión. Aceptaba las unidades de milicianos, procuraba armarlas, les daba algún mando profesional (cuando querían aceptarlo) y les asignaba misiones tácticas o estratégicas, según las necesidades más urgentes. Las cumplían o no, según fuese el humor de la tropa, las veleidades de los mandos subalternos o las consignas de las organizaciones políticas. Los estados de situación de fuerzas que redactaba todos los días el ministerio de la Guerra, de los que conservo algún ejemplar, muestran la inverosímil heterogeneidad de aquel ejército y la desigual composición, en número y calidad, de sus unidades. A lo largo de las posiciones al norte y al oeste de Madrid, aparecen desplegados: dos compañías del antiguo ejército, una milicia local, un batallón de aviación, 200 guardias civiles, un batallón de guardias de seguridad (policía), una milicia de la CNT, un batallón republicano, medio batallón de Ingenieros; la milicia de la FAI. Por lo menos, el jefe de cada sector del frente era un oficial profesional, designado por el ministerio de la Guerra. Había otros en los mandos subalternos. Un coronel de Estado Mayor organizó la defensa del Guadarrama, que ha subsistido hasta el final de la guerra. Un general de Ingenieros mandó durante algún tiempo en Somosierra. Todos estaban en situación difícil. Su autoridad no siempre era acatada. Tenían que convencer a sus subordinados para que cumpliesen las órdenes. Y tener mucho cuidado para no incurrir en sospecha de deslealtad. Si la tropa se desbandaba, o desobedecía, o cumplía mal alguna orden, el jefe no podía ser riguroso con ella.

Sobre la arbitrariedad de las decisiones que las unidades de milicianos tomaban por su cuenta, las anécdotas serían inacabables. Una brigada de la FAI abandonó tranquilamente, por enojos con el jefe del sector, los embalses de agua que abastecían a la capital. Por suerte, el enemigo no se enteró. Una columna de voluntarios valencianos, destinada a la sierra, se desbandó al primer choque. Sus jefes alegaron que no querían ni sabían combatir más que en terreno llano. En una operación cerca de Talavera, los milicianos se negaron a emprender la marcha si la artillería no iba delante, abriéndoles camino.

En condiciones tales se mantuvo la defensa de los frentes de Madrid, entre los 50 y los 90 kilómetros de distancia del casco de la capital, hasta octubre o noviembre del 36. En iguales o peores condiciones, estuvieron estabilizados los otros frentes. ¿Cómo fue posible? Evidentemente, los enemigos no tenían aún ni grandes masas ni grandes medios ofensivos. Con las tropas sacadas de Marruecos formaron la única fuerza de choque que por entonces vimos en movimiento: la columna procedente de Andalucía, que en octubre llegó por el suroeste a los arrabales de Madrid. No obstante, es manifiesto que los intentos de entrar a viva fuerza en Madrid aquel verano se frustraron, a pesar del desbarajuste de la defensa. A todo suplió el entusiasmo de los combatientes, tropas voluntarias, poseídas de un espíritu político exaltado hasta el paroxismo, seguras de la victoria. Hay que remontarse a lo que se cuenta de los voluntarios de la República francesa en 1792, para encontrar una masa de soldados tan enardecida por una idea. No sabían manejar el arma, no sabían combatir, la disciplina militar les parecía cosa anticuada e insoportable, los mandos inferiores no existían. A fuerza de arrojo, de buena voluntad, muchas veces de heroísmo, hicieron cosas utilísimas para la defensa, y como no había otras mejor pensadas y ejecutadas, eran insustituibles. Contuvieron el ataque en la sierra. Despejaron los contornos de Madrid, llegando por la línea de Aragón hasta Sigüenza. Restablecieron la comunicación con el Mediterráneo, recuperando Albacete, que era vital para Madrid. Llegaron a Badajoz y durante algunos días hubo comunicación con el Atlántico, por Huelva. Llegaron a las puertas de Córdoba. Ahí se acabó su poder ofensivo, porque el entusiasmo y la improvisación, creciente el poder del enemigo, no daban más de sí.

Cuando se advirtió que la victoria no era fácil ni estaba próxima; cuando el ataque sobre Madrid se pronunció gravemente; cuando la no intervención privó al gobierno de poder comprar material a la industria extranjera; cuando los más optimistas se convencieron de que la guerra sería por lo menos larga y costosa, las medidas del gobierno para reorganizar un ejército regular se impusieron. Empezó por decretar que todos los milicianos quedaban sometidos a la disciplina militar. Como los milicianos se habían alistado en otras condiciones, el gobierno creyó bueno permitir que abandonasen el servicio los que no estuvieran conformes con la reforma. Algunos millares se marcharon, en efecto. Costaba trabajo introducir la severidad de costumbres propia de un ejército en campaña. En los campamentos de primera línea, los milicianos no se privaban de ningún placer. Muchos se volvían a dormir en Madrid. No faltaban casos en que el buen madrileño salía a campaña temprano, dejaba a su mujer en un acantonamiento o en medio del campo, preparándole la comida, y después de disparar unos tiros en la trinchera, se volvía pacíficamente a su casa. Quien no conozca el carácter del pueblo de Madrid, su buen humor, su descuido, su propensión a divertirse con todo, tendrá el hecho por increíble. Pero es cierto. En la formación del nuevo ejército ponían mano algunos políticos que dos meses antes combatieron las primeras medidas del gobierno republicano encaminadas a ese fin.

Véase ahora hasta qué punto, en el curso de la guerra, los términos del problema permanecieron invariables y en qué se modificaron, fuese en favor, fuese en contra de la eficacia militar del ejército de la República.

En 1936, masas de milicianos voluntarios, no demasiado numerosas, sin instrucción, sin disciplina, sin cuadros, sin material, pero con espíritu levantado por el entusiasmo político, creyentes en la victoria. Dos años más tarde: un millón de hombres agrupados en ejércitos, cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, etcétera, con todo el aparato técnico de organización apetecible, restablecida la disciplina, la uniformidad, la jerarquía. Un Estado Mayor Central y algunos mandos superiores muy capaces para dirigir las operaciones, Mandos intermedios e inferiores improvisados, sin experiencia, sin conocimientos, sin espíritu de iniciativa. Estados Mayores de ejército y de división reducidos al mínimo, por falta de personal. El material, enormemente aumentado con respecto al año 36, si se comparan las cifras absolutas, pero en proporción al del enemigo, la inferioridad del ejército republicano era todavía mayor que en los primeros meses de la guerra. Durante la última campaña de Cataluña, la aviación del enemigo era seis o siete veces más numerosa que la republicana. La artillería, diez veces superior en cuanto al número; respecto de calibres y alcances, faltan incluso los términos de comparación, porque los republicanos nunca han tenido una artillería pesada como la del enemigo. Escasez de transportes. Una ofensiva en Extremadura hubo de pararse por falta de camiones. Escasez de municiones. Durante la última ofensiva, algunas unidades de artillería recibieron día por día lo necesario para un consumo tasado y más de una vez cesaron el fuego por falta de proyectiles. Escasez de armamento. En otoño del 38, se me dijo por quien debía saberlo que faltaban 400 000 fusiles. En fin, el servicio militar forzoso, y últimamente la movilización en masa, metió en las filas una muchedumbre de gente fatigada o desafecta, que en 48 horas pasaba del taller o la oficina a las trincheras, sin ninguna instrucción y pocas ganas de batirse. En el curso de los años 37 y 38, el ejército, mejorando su organización y en lucha con esas dificultades internas, además de luchar con un enemigo cada día más potente, dio muestras muy brillantes de eficacia y valor. Por ejemplo, en las batallas del Jarama (marzo, 1937), las más encarnizadas hasta esa fecha de toda la campaña, en las que se contuvo la última gran ofensiva sobre Madrid.

En las operaciones sobre Teruel, en plena montaña, bajo tempestades de nieve, con temperaturas de veinte grados bajo cero. En el Paso del Ebro, operación audacísima y peligrosa, que salvó a Valencia e hizo concebir esperanzas, reducidas luego a retrasar unos meses la conclusión fatal de la guerra. Pero las mismas tropas que cumplían esas proezas y aguantaban privaciones que solamente la férrea dureza del español es capaz de soportar, abandonaban de pronto el combate y las posiciones, se desbandaban, sin aparente motivo. Tomado Teruel en diciembre de 1937, la noche última del año las tropas que ocupaban la ciudad huyeron, sin saber por qué, hasta nueve kilómetros a retaguardia, cuando menos. El hecho se ha repetido muchas veces. También el inverso. O sea, que tropas desbandadas, y al parecer sin moral, eran recogidas, puestas en línea, y volvían a batirse bien. La raíz del mal era la falta de cuadros de mando. El gobierno los fabricaba en serie porque la guerra consumía muchos. La celeridad en formarlos cedía en menoscabo de la calidad. No por falta de valor sino de preparación. En ese aspecto, el ejército era una masa sin esqueleto. El resultado tenía que ser desastroso.

De las primeras milicias se destacaron algunos caudillos o jefes, que ellas mismas se dieron, muy populares. Amalgamar estos mandos con los antiguos oficiales profesionales era un problema que no siempre se ha resuelto bien. Sobre los oficiales profesionales pesaba en los primeros tiempos la desconfianza suscitada por la conducta de sus compañeros. El motivo principal de que bastantes oficiales del antiguo ejército se afiliaran en un sindicato (sin ser sindicalistas), o en el comunismo (sin ser comunistas), era el de buscar protección contra postergaciones injustas. Según la influencia que han tenido en los gobiernos las sindicales o el partido comunista, así ha crecido o menguado la afiliación de los militares en esas organizaciones. El primitivo impulso político que llevaba a todos a combatir, se convirtió en espíritu partidista.

Cada partido, y las dos sindicales, protegieron, enfrente de los demás, a sus jefes y oficiales adictos. En general, los profesionales eran los menos favorecidos. Tenían preferencia los procedentes de las milicias y los de nueva creación. Sobre todo los que se habían encaramado a los primeros puestos. Es innegable que los más de ellos han hecho lo que sabían y podían. Pero desde el punto de vista militar, el problema consistía en saber lo que podrían y sabrían hacer. La realidad ha desmentido ciertas hipótesis fundadas únicamente en la popularidad. El arrojo personal, o ciertas dotes de mando, no bastan para ponerse al frente, de una gran unidad o de un ejército en campaña. En las últimas semanas de la guerra, uno de esos caudillos le decía a un general, procedente del antiguo ejército: «Ustedes los militares de carrera tienen la superstición del terreno. Pero en la guerra el terreno no tiene ninguna importancia». Ésta mentalidad no se rescata con nada y menos aún con la sangre de la tropa derramada en balde.

VI. El estado republicano y la revolución

No se entenderá nada de la situación en la España republicana durante los primeros meses de la guerra si no se tiene presente que para buen número de los agredidos el alzamiento militar era, si no un hecho venturoso, una coyuntura favorable, que podía y debía aprovecharse para cortar los nudos que los procedimientos normales del tiempo de paz no habían logrado desatar, y para resolver radicalmente ciertas cuestiones que la República dejaba en suspenso. Muchos de los que así sentían eran incapaces de desencadenar por su cuenta y para sus fines una catástrofe de tal magnitud; pero habiéndola producido otros, se creyeron dispensados de respetar las reglas del juego, violentamente rotas por el alzamiento. Junto al furor, la indignación y otros sentimientos parejos despertados por el suceso, hay que poner siempre una fuerte pincelada de optimismo en los juicios que se hacían sobre la situación durante las primeras semanas, y más aún sobre el porvenir de la República para después de la guerra.

En agosto del 36, los más pesimistas no creían que la guerra se prolongase hasta el año nuevo. Contando con una guerra corta (tal parecía ser también la convicción de los enemigos), la inmensidad del desastre que se abatía sobre España no era percibida claramente. La noche del 17 al 18 de julio, la República, en Madrid, estuvo pendiente de un hilo. Una decisión audaz por parte de quienes, ya en sorda rebelión contra el gobierno, ocupaban todos los establecimientos militares de Madrid y sus contornos, habría acabado con el régimen en unas horas. Se produjo el hecho contrario. La facilidad relativa con que el movimiento fue sofocado en la capital y en otras grandes ciudades y regiones que dejaban en poder del gobierno los recursos más importantes del país, engendró una confianza sin límites. El grave desbarajuste que siguió, revestido, para adoptar un nombre formidable, con el nombre de revolución, provino, en gran parte, de esa confianza, ligada al instintivo impulso de desquite de que he hablado más arriba. Se ha observado un sincronismo perfecto entre la recuperación de la autoridad del Estado, el retroceso de la revolución, y los apuros y reveses de la guerra. Está por analizar en qué medida los «avances» de la revolución contribuyeron a los «retrocesos» del ejército. La fuerza trágica de tal situación dimana de que la descomposición del Estado era el resultado de las leyes del choque; el efecto mecánico del alzamiento mismo. La razón sirve para comprender por qué la montaña, al derrumbarse, nos aplasta, pero no se puede contener el derrumbamiento a fuerza de raciocinios. Ahora bien: en tales momentos el gobierno disponía solamente del poder de la persuasión.

No todos los hombres políticos importantes profesaban aquella confianza, ni, menos aún, participaban en el sentimiento popular de aprovecharse de la coyuntura para hacer un corte de cuentas definitivo. No todos, pero sí algunos. He señalado la disposición dominante en las masas, pero no incluyo en este vocablo solamente a los proletarios organizados en los sindicatos y en los partidos. Habría que añadirles otra muchedumbre de gentes. El efecto de una opinión tan esparcida, pronta a manifestarse con violencia, se dejó sentir en seguida.

A mi juicio, la actitud del Estado frente al movimiento no podía ser otra que la de defender íntegramente la legalidad constitucional republicana. Solamente en su nombre se podía convocar a todos para la defensa del derecho establecido y exigir el esfuerzo necesario. Las querellas entre partidos, y sus designios, por respetables y justificados que fuesen, debían suspenderse ante el peligro común y aplazarse para pasado mañana. Era evidente que, después de una conmoción violentísima, como el alzamiento militar, la República, si lo dominaba, no podría seguir siendo como antes era. Más, para trazarse rutas nuevas era indispensable no sólo dominar el movimiento, sino tener en cuenta las condiciones y los medios con que hubiese sido dominado. Movido de esta convicción conferí al presidente de las Cortes el encargo de formar un gobierno con todos los partidos que acataran la Constitución, desde los republicanos más conservadores hasta los socialistas. Algunos personajes republicanos me hicieron observar que un Gobierno así, suscitaría protestas. Yo también lo temía, pero eso no era obstáculo para llevar adelante el propósito. Los republicanos conservadores consultados se negaron a entrar en la combinación. También los socialistas. Los motivos de unos y otros no eran los mismos, ciertamente. Por su parte, casi toda la mayoría parlamentaria parecía muy poco dispuesta a secundar al presidente de las Cortes en su empresa. Se formó un gobierno sin el concurso de las derechas y sin socialistas. No era, ni con mucho, lo que se había buscado. En una madrugada de agitación febril, hubo, según me contaron (yo no las vi), manifestaciones contra el nuevo gobierno. Algunos republicanos, más exaltados que perspicaces, hablaron incluso de una «traición» del presidente de la República. El gobierno duró cuatro horas. El presidente de las Cortes resignó los poderes porque estaba seguro de que de allí a poco «no le obedecería nadie». El gobierno que le sucedió, formado exclusivamente por republicanos de la mayoría parlamentaria, fue bien recibido. No es probable que ningún ministerio se haya hecho nunca cargo del poder en circunstancias tan terribles.

Las fuerzas centrífugas latentes en la sociedad española, y la indomable condición personalista del carácter, entraron en juego en cuanto los lazos coactivos del Estado fueron cortados por la espada. En general, los españoles participan vivamente en la emoción de lo nacional, representándoselo en formas y signos que hablan a su sensibilidad. Del Estado perciben mucho menos, salvo cuando tropiezan con él en los servicios de la administración. La reacción espontánea de los españoles, cada vez que el Estado, por unas u otras causas, ha caído en secuestro o invalidez, no ha consistido en acudir prestamente a restaurarlo, sino en suplantarlo, usurpando sus funciones. Un ejemplo ilustre, entre otros, nos lo ofrece nada menos que la guerra de Independencia, en 1808. Cuando más necesaria era la unidad disciplinada, todo se descompuso en un desorden grandioso de iniciativas aisladas. Incluso para la defensa militar, la autoridad coordinadora vino del extranjero. Ésa facilidad para dispersar el esfuerzo, que algunos, con impropiedad, llaman anárquica, y el peligroso relieve de la autoridad personal (legítima o usurpada), a la que se subordina la eficacia de la función y la aceptación de la autoridad misma (de que hay ejemplos glorificados en la tradición y el arte españoles), no tienen nada que ver con las opiniones políticas dominantes en cada ocasión. Estamos ante un rasgo natural, permanente, que debe tenerse en cuenta. No se puede gobernar contra el genio propio de un país, a no ser sometiéndole a mutilaciones horribles, como no se puede escribir contra el genio del idioma, a no ser estropeándolo con pedantería y barbarie. Tener en cuenta aquella condición, no es doblegarse a ella; mucho menos, exaltarla como un recurso salvador.

Ésta vez, en torno de los órganos del Estado, inerme, descoyuntado, se multiplicaron las iniciativas de grupos, partidos y sindicatos; de provincias y regiones, de ciudades; incluso de simples particulares. Iniciativas rivales entre sí, que se estorbaban; pero estorbaban sobre todo a la acción eficaz del gobierno. La situación, ya descrita, en cuanto a la defensa militar en los primeros tiempos de la guerra, se repetía en el terreno político y social. En realidad, eran la misma cosa, las dos caras de un solo hecho; y hasta solían ser las mismas personas. Era difícil saber dónde se acababa el «miliciano» y dónde empezaba el «responsable» de un servicio público o de una empresa. En el orden de la economía, esa tarea la tomaron por su cuenta los sindicatos: asumiendo la dirección administrativa de grandes servicios públicos; creando cada sindical, servicios propios; sustituyéndose a los patronos en las empresas privadas. No por eso la unidad entre las sindicales llegó a establecerse; todo lo contrario. Persistían las antiguas rivalidades y, dentro de cada sindical, las tendencias divergentes. En el orden político, los brotes del genio improvisador y particularista se manifestaron en los «gobiernitos» locales (además de los que legalmente existían), formados para atender a los apuros más urgentes de una provincia. Casi todos duraron poco. Solamente en la zona norte (País Vasco, Santander, Asturias) hubo, además del gobierno vasco, un gobierno en Santander, que contaba incluso con un ministro de Relaciones Exteriores; y en Asturias, estando la provincia a punto de perderse, los dirigentes políticos erigieron un «gobierno soberano», nada menos, que desató una campaña terrible contra el gobierno de la República, echándole la culpa de aquel desastre.

Éste movimiento, muy complejo, que no obedecía al principio a ninguna consigna, fue definiendo sus objetivos en la prensa, en los meetings, en las resoluciones y proclamas de quienes lo representaban, como si poco a poco adquiriese conciencia de su fuerza. Tenía objetivos inmediatos, y otros, más lejanos, para el día de la victoria. Ninguno de ellos coincidía con los objetivos y los deberes del gobierno. Objetivos inmediatos: derrotar al «fascismo internacional», arrancar a la República todas las reformas que, en plena vigencia de la democracia, nadie había prometido y que era imposible conceder. El cristal de aumento de la exaltación popular amplió desmesuradamente los fines de la defensa de la República. No se contentaba con dominar el alzamiento, restablecer el orden y el funcionamiento normal del Estado (objetivos del gobierno). La consigna de derrotar al «fascismo internacional», sumamente impolítica, era a todas luces irrealizable. No lo era menos, aunque pareciese al alcance de la mano, la de aprovechar la coyuntura para romper los límites que el régimen republicano había señalado a sus aspiraciones. En 1935, preparando la campaña electoral, repetí muchas veces, ante auditorios inmensos:

«En nuestros conflictos políticos, la República tiene que ser una solución de término medio, transaccional, y la válvula de seguridad contra sus desaciertos es el sufragio universal. Lo que se pierde en unas elecciones, puede recuperarse en otras. Nada duradero se funda sobre la desesperación y la violencia. La República no puede fundarse sobre ningún extremismo. Por el solo hecho de ser extremismo, tendría en contra a las cuatro quintas partes del país».

Ésta doctrina se imponía con más fuerza aún en tiempo de guerra (guerra contra la República, precisamente), que en tiempo de paz. Introducir motivos secundarios, particularistas (de región, de partido o de clase), en la resolución de defenderse contra el alzamiento, equivalía a hacer trizas la base de la disciplina común, a poner en discusión la utilidad, la recompensa del sacrificio de cada uno en beneficio de todos. El día en que el republicano, el socialista, el comunista, el burgués y el proletario, el catalán, el vasco y el castellano no pudieran dar una respuesta unánime a la pregunta:

¿Por qué nos batimos?, la República estaría perdida.

Antes de que los gobiernos, recuperando los resortes del mando, emprendieran la obra de redressement de que hablaré en otra ocasión, y durante el curso de esa misma obra, los efectos de aquella disolución de la unidad de miras aparecieron claros, no sólo en el juicio de las personas desapasionadas, sino en la experiencia. En cierta ocasión, el comité nacional de la CNT me pidió audiencia. Venía a quejarse de que el gobierno perseguía a la CNT, de que el partido comunista pretendía avasallarla o destruirla. «Si no se respeta —dijeron— lo que la CNT representa, si hemos de someternos a un partido nuevo en España, preferible es que se hunda todo». Cuando las diferencias entre el gobierno de la República y el gobierno catalán pasaban por una fase aguda, un político barcelonés, republicano, me dijo: «Los catalanes no saben ya por qué se baten». En otro momento hablaré del mismo estado de espíritu en el País Vasco. Tiempo antes, un ministro del gobierno catalán, miembro del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), decía en un meeting de Barcelona: «Nosotros no nos batimos para hacer una República que le guste al señor Azaña». ¡Muy bien! Los amigos del orador habrán ya comprendido, un poco tarde, su equivocación. Y no porque hubieran de aceptar una República cortada por un patrón de mi gusto (siempre hemos estado lejos de ello, en guerra y en paz), sino porque mis puntos de vista, tantas veces explicados y recomendados en público y en privado, no eran personales, sino los del régimen, únicos que podrían dejar a salvo su respetabilidad, lo mismo si ganaba que si perdía la guerra.

En cuanto a los objetivos lejanos, ya mentados, se manifestaban, por el momento, en una operación táctica, preventiva: ocupar en el Estado, en la economía, en la dirección de la guerra y de la política las posiciones necesarias para ser el más fuerte el día de la victoria. Consecuencias de esta táctica: primera, política de absorción y acaparamiento de funciones; segunda, hostilidad, a veces despiadada, de unos partidos (y de unos sindicatos) contra otros. Descarto de esa táctica a los republicanos en general. Lejos de practicarla, la han padecido. En ciertos momentos, por lo que ocurría en el territorio ya ocupado por los «nacionalistas», por los vientos que soplaban en el nuestro, pareció que, ganándose o perdiéndose la guerra, en ningún caso podrían los republicanos vivir tranquilos en España, con o sin República. Del partido socialista, trabajado internamente por antiguas tendencias discordantes, por otras, novísimas, y por incompatibilidades personales inextinguibles, no sería justo incluirle todo entero en aquella táctica. Por otra parte, los socialistas han asumido desde septiembre del 36, la mayor responsabilidad del poder. Cualquiera que fuese su representante principal en el gobierno, tenía a su disposición el reparto de las gracias, de la protección oficial, y su problema político inmediato consistía, en ese particular, en decidir cuáles, con quién y en qué medida las repartiría. Es también evidente que si la República se hubiese salvado bajo un gobierno de dirección socialista, el partido —acertando a resolver discretamente sus querellas domésticas, y restaurada su tradición democrática— habría encontrado naturalmente en la política una situación indisputable. Con la excepción y las salvedades hechas, todos los partidos, nacionales y regionales, usaron, más o menos descaradamente, de aquella táctica. Ser el más fuerte el día de la victoria, significaba influir decisivamente en la estructura que se diese al Estado, y, por de pronto, conservar las situaciones de hecho adquiridas a favor de la guerra. Éste propósito se formuló sin reservas, en un consejo de ministros, por uno de los más fervorosos mantenedores de las situaciones de hecho. El gobierno de la República no podía reconocerlas, ni legalizarlas. La reconstrucción del Estado consistía precisamente en suprimirlas. Los últimos conflictos políticos de la República surgieron a consecuencia o con ocasión de las rectificaciones logradas o intentadas. Pero en los tiempos primeros, de un optimismo radiante, casi todas las cabezas españolas parecían iluminadas por una vocación mesiánica. Si en el campo nacionalista venían a salvar la civilización cristiana en Occidente, los profetas del campo republicano anunciaban el nacimiento de una nueva civilización. ¡Terribles hipérboles, que prenden con facilidad en lo que el alma española tiene de visionaria! Ni la civilización cristiana corría peligro, ni si lo hubiese corrido se salvaría con una guerra atroz, ni la España republicana estaba preñada de una civilización nueva. ¡Ya hubiera sido mucho que todo el país se adaptara a la existente! La experiencia implacable repartirá sus lecciones a quienes más falta les hagan. En cuanto al movimiento desordenado cuyos caracteres generales he descrito, que no llegó a coronarse con el triunfo de una revolución, no fue menester mucho tiempo para demostrar, por los resultados obtenidos, la urgencia de restaurar las normas de gobierno y de disciplina que nunca se infringen impunemente; menos que nunca en tiempo de guerra.

VII. La revolución abortada

El gobierno republicano se hundió en septiembre del 36, agotado por los esfuerzos estériles de restablecer la unidad de dirección, descorazonado por la obra homicida —y suicida— que estaban cumpliendo, so capa de destruir al fascismo, los más desaforados enemigos de la República. El buen desempeño de su aplastante responsabilidad hubiera exigido por parte de todos la asistencia más leal.

Durante aquellas semanas, el optimismo causó estragos en la eficacia y la prontitud de la defensa. De entonces es la campaña contra la formación de un ejército regular, sometido a la disciplina del Estado, porque tal ejército, decían, iba a ser el instrumento de la contrarrevolución. Se dio el caso de que unos trenes de reclutas, movilizados por el gobierno y enviados a Barcelona para reconstituir las unidades de la guarnición, no pudieron pasar la raya de Cataluña porque las autoridades locales les impidieron proseguir el viaje. El trabajo, lejos de hacerse más intenso, menguó en duración y rendimiento. La huelga de la construcción, comenzada en mayo, dirigida e impuesta por la CNT, persistía después de empezar la guerra; no se terminó hasta agosto. La traición puede ser sofocada y castigada, pero una alucinación colectiva se disipa difícilmente. Es preferible creer en una alucinación colectiva: en 1937 se celebró en Madrid un meeting para conmemorar el primer aniversario de la huelga de la construcción, que entre otros méritos tuvo, en opinión de sus panegiristas, el de haber precipitado el alzamiento. Ya he dicho que algunos lo recibieron como un hecho venturoso. Los leaders políticos y sindicales visitaban a los milicianos en los frentes, les aconsejaban sobre la manera de hacer la guerra, de aprovisionarse sobre el país: «si encontráis una vaca o una ternera, la matáis, y os la repartís; ya la pagará el gobierno». El presidente del Consejo recibió quejas muy serias de un leader, porque los milicianos no tenían en el frente aguas minerales para beber. Madrid ofrecía una apariencia alegre, de jolgorio y holganza. Miles de coches recorrían velozmente las calles, derrochando la gasolina del Estado. Se derrochó también, en fabulosa escala, los víveres y toda clase de recursos. Músicas, desfiles, columnas que iban al frente, o volvían. Rebajamiento de la calidad y limpieza en el vestido. Muchos burgueses se disfrazaban, bastante mal, de proletarios. Ostentación de armas largas. Jóvenes ociosos, en vez de combatir en la trinchera, lucían por los cafés arreos marciales, el fusil en bandolera. La prensa adoptó un tono jactancioso, semejante al de 1898. Los tópicos eran aparentemente otros, pero la misma frivolidad. Hacía años que los periódicos no imprimían: «el heroico coronel», «el invicto general». Desempolvaron estos clichés. Como novedad propia de los tiempos, tuvimos que diariamente caían en nuestras líneas unos cuantos aviones enemigos «envueltos en llamas».

Bajo aquella confusión de frivolidad y heroísmo, de batallas verdaderas y paradas inofensivas, de abnegación silenciosa en unos y ruidosa petulancia en otros, la obra sombría de la venganza prosiguió extendiendo cada noche su mancha repulsiva. Los dos impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores, han sido el odio y el miedo. Odio destilado lentamente, durante años, en el corazón de los desposeídos. Odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la «insolencia» de los humildes. Odio de las ideologías contrapuestas, especie de odio teológico, con que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Una parte del país odiaba a la otra, y la temía. Miedo de ser devorado por un enemigo en acecho: el alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, preventivos, para cortarle el paso a una revolución comunista. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España, han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor. El odio se satisfacía en el exterminio. La humillación de haber tenido miedo, y el ansia de no tenerlo más, atizaban la furia. Como si la guerra civil no fuese bastante desventura, se le añadió el espectáculo de la venganza homicida. Por lo visto, la guerra, ya tan mortífera, no colmaba el apetito de destrucción. Era un método demasiado «político», no escogía bien a sus víctimas. Millares de ellas iban cayendo, no por resultas de sus actos personales, sino por su tendencia. El impulso motor era el mismo, ya se invocase el principio de autoridad y la urgencia de amputarle a la nación sus miembros «podridos», ya se operase clandestinamente por las pandillas de desalmados que en la pasión política pretendían encontrar una justificación de la delincuencia. En el territorio ocupado por los nacionalistas fusilaban a los francmasones, a los profesores de universidad y a los maestros de escuela tildados de izquierdismo, a una docena de generales que se habían negado a secundar el alzamiento, a los diputados y ex-diputados republicanos o socialistas, a gobernadores, alcaldes y a una cantidad difícilmente numerable de personas desconocidas; en el territorio dependiente del gobierno de la República, caían frailes, curas, patronos, militares sospechosos de «fascismo», políticos de significación derechista. Que todo eso ocurriera, en su territorio, contra la voluntad del gobierno de la República y a favor del colapso en que habían caído todos los resortes del mando, es importante para los gobiernos mismos y para su representación política. Pero si las atrocidades cometidas en uno y otro campo se consideran, no desde el punto de vista de la autoridad del Estado y de la justicia legal, ni desde el de la responsabilidad de quienes hayan gobernado en cada zona, sino como un fenómeno patológico en la sociedad española, el valor demostrativo de unos y otros hechos viene a ser el mismo; su carácter, mucho más entristecedor. La guerra es todavía una fase de la política. Juzgamos la licitud o la ilicitud de una guerra según los designios políticos que persigue. Las atrocidades del resentimiento homicida no pueden juzgarse con ese criterio. No es menester apelar a él para reprobarlas, ni es permitido invocarlo para absolverlas. Tal primitivismo de sentimientos, un desate tan irracional de los instintos, suprimen la política, la expulsan. Ya sabemos que existe el recurso de «organizar» la ferocidad y utilizarla como arma defensiva del Estado. Sistema del terrorismo, con el que la violencia inmoral parece reincorporarse a una razón política. Más, si las atrocidades resultantes del desorden inficionan mortalmente la causa que pretenden servir, el terrorismo organizado no asegura nada, ni siquiera su propia duración.

No es dudoso, que tales hechos, causaron un quebranto irreparable en la confianza que el gobierno republicano pudiera conservar sobre el resultado útil de su gestión. Por otra parte, las perspectivas de la guerra se ensombrecían. Ya los primeros aviones alemanes llegados a Andalucía transportaban a la Península tropas marroquíes. Se esperaba (y se temía) mucho de la acción de los moros. La experiencia probó pronto que, aun siendo importante, su concurso no decidiría la guerra. Pero el fácil avance de la columna de ataque sobre Madrid, por la ruta abierta de Extremadura, mostraba, a quienes no habían perdido el juicio, la inminencia del peligro. Mientras, en la prensa aparecían enormes manchettes, con estupideces de este calibre: «La batalla de Talavera será nuestra batalla del Marne», que hacían rechinar los dientes a las personas sensatas. Con la mejor buena fe del mundo, muchos «conductores» de la opinión creían lo más adecuado a la moral popular mantenerla en sus ilusiones de triunfo fácil. Un revulsivo eficaz habría sido, probablemente, ponerla frente a la realidad. Algo así ocurrió más tarde. Madrid, que no se había defendido en el Guadiana ni el Tajo, se defendió en sus propios arrabales, cuando podía presumirse, dados los antecedentes, que los moros llegarían al centro de la capital en tranvía.

Parte decisiva en el desmoronamiento del gobierno republicano le cupo a la situación exterior. El gobierno, desde el comienzo, se halló en la imposibilidad de comprar libremente armas en el extranjero. En este aspecto, la no intervención empezó a funcionar antes de haberse firmado el acuerdo entre las potencias, y se aplicó, con efecto retroactivo, a contratos de adquisición de material hechos por el gobierno español antes de empezar la guerra. La interdicción que padecía así la República, hirió mortalmente al gobierno, que se encontró sin armas que dar a las milicias, y en mala postura ante la opinión, que tal vez le inculpaba de no saber hacerse respetar en el exterior. Nadie ha ignorado nunca ni nadie tiene hoy interés en disimular las consecuencias decisivas de la no intervención en el curso de la campaña; pero los resultados de aquella situación en la política interior de la República no fueron menos graves, y difícilmente rectificables. Amén de las masas, la experiencia venía a desacreditar la hipótesis de que un gobierno exclusivamente republicano, que no suscitaba alarmas, era la garantía de que la República seguiría siendo mirada sin prevención en el extranjero. Se abrió paso, irresistiblemente, la idea de que en el gobierno de la República, debían estar representados todos cuantos la defendían. El gobierno fluctuó un par de semanas. Fue imposible sostenerlo, Al empezar septiembre, tomó sobre sí la responsabilidad de retirarse, y dio paso al gobierno llamado «de la victoria», compuesto de republicanos, socialistas, sindicales de la UGT y dos comunistas. Disposición dominante en el nuevo gobierno: gran confianza en sus planes, en su popularidad, en su energía, moderado todo ello por el fastidio de no haber sido llamado antes. Uno de los nuevos ministros me decía: «¡Con tal de que no sea demasiado tarde!». ¿Demasiado tarde? Llevábamos cincuenta y un días de guerra. Si el ministro hubiese podido sospechar que la guerra duraría novecientos treinta días más, acaso hubiera entrevisto que entonces no era demasiado tarde para nada.

Los reveses de la campaña hicieron comprender a todos la necesidad de tomar la guerra en serio, y prestaron al gobierno el resorte necesario para imponer un cambio de conducta, pero a costa de demasiado tiempo. No puede negarse que el precio del aprendizaje fue elevadísimo y, en su mayor parte, irrescatable. La reacción comenzó por el ejército. El nuevo gobierno sometió a todos a la disciplina militar y comenzó la organización metódica de las fuerzas. Empezaron a formarse las grandes unidades, y el Estado Mayor fue recuperando la dirección de la campaña. Antes no podía hacerse otra cosa que operaciones locales, para acudir como se podía a los apuros más urgentes. El enemigo tenía ya, entre otras ventajas, la de una dirección única, y la de que todo su territorio estaba unido (después de la toma de Mérida y Badajoz), aseguradas sus comunicaciones interiores. Ya partido en dos trozos incomunicables por el aislamiento del norte, el territorio del gobierno de la República estaba, para los efectos de dirigir la campaña, dividido en tres o cuatro pedazos, como resultado de la situación de Cataluña y del País Vasco, Las consecuencias fueron deplorables. En agosto del 36, los que mandaban en Barcelona decidieron enviar, auxiliados por Valencia, una expedición contra Mallorca, No contaron con el gobierno de Madrid ni siquiera para pedirle informes sobre cuál pudiera ser el estado militar de la isla. La expedición, anunciada ruidosamente en la prensa, desembarcó, perdió quinientos soldados, casi toda la artillería, cerca de un centenar de ametralladoras tiradas al agua, sin lograr la conquista de las Baleares para la «gran Cataluña», y malogró, para lo sucesivo, cualquier empresa sobre un objetivo tan importante. Otros ejemplos, no tan desastrosos, podrían citarse de aquella dirección de la guerra desde cada provincia. Realmente, la unidad de mando superior no fue completa sino a mediados de 1937, y todavía quedó, hasta su pérdida, el sector excéntrico del norte. La creación de un nuevo ejército, capaz de hacer frente al enemigo, no podía lograrse plenamente, ni en cuanto a la organización y disciplina, ni en cuanto a la selección del personal, si no se operaba al mismo tiempo una transformación en el estado de la retaguardia. Donde más se hacía sentir el desorden de las iniciativas privadas, que ahogaban al Estado o rivalizaban con él, era en el funcionamiento de los servicios públicos relacionados con la guerra, y en el rendimiento de la industria. Aquéllas iniciativas eran de dos clases: o bien de orden regional y político, como las del gobierno catalán, o bien de orden sindical. Claro está que dentro del marco regional, se manifestaban también las obras de la actividad sindical. En los servicios y empresas de cuya dirección se habían apoderado los sindicatos, la calidad y la cantidad del trabajo descendieron. El derrame sindical produjo un efecto paralizante. En 1937 me dijo el director general de Minas que la extracción de carbón en Utrillas se había reducido a la décima parte de lo normal. Encareció el costo de las obras: emprendida la construcción de un ferrocarril transversal desde la provincia de Valencia a Madrid, para asegurar el abastecimiento de la capital, cada metro cúbico de tierra removida venía a costar unas cuarenta mil pesetas. Disolvía la responsabilidad en comités anónimos. El servicio de transportes pagaba sueldo a dieciséis mil chauffeurs, y no se conseguía regularizar el envío de víveres a Madrid, cuando todavía no escaseaban. Si la memoria no me engaña, fue el señor Largo Caballero, a la sazón presidente del Consejo, quien ordenó la prisión del Comité de transportes. Se daban tan poca cuenta de la gravedad de la guerra, o anteponían de tal manera las ventajas del momento presente, que en septiembre del 36, habiendo en Madrid tres aviones de caza, los obreros del taller de reparaciones del aeródromo de los Alcázares se negaban a prolongar una hora la jornada y a trabajar los domingos. Éstas muestras, tomadas de la realidad, bastan para formarse una idea de la situación en ese aspecto y de la inmensa tarea que los gobiernos debían cumplir.

Tanto desbarajuste, tales movimientos desordenados, que arruinaban la producción, estaban destinados al fracaso. La opinión pública, en general, los reprobó. Los resultados obtenidos, acabaron de desacreditarlos. Pero su efecto, desastroso para la República, estaba ya producido. Es seguro que, después de los italianos y los alemanes, no han tenido los «nacionalistas» mejor auxiliar que todos aquellos creadores de una economía dirigida, o más bien, secuestrada por los sindicatos. El planteamiento de tal aventura hubiera sido físicamente imposible en España durante la paz. Creer en su éxito fácil, a favor de la guerra, porque se constituían situaciones de hecho, incompatibles no solamente con las leyes vigentes sino con el conjunto de la economía del país, y esperar que tales situaciones, si duraban hasta el final de la guerra, podrían subsistir (en la hipótesis de una solución favorable a la República), no era muy halagüeño para la perspicacia de quienes así pensaran.

Todos estos hechos, de orden económico u otro, que menguaban la capacidad de resistencia de la República, no obedecían a un pensamiento común, no se amoldaban a un plan. Su fuerza se desparramó por el área de las incautaciones y colectivizaciones que interesaban más a los meneurs, y no pasó adelante. El sindicato se instaló pesadamente en servicios y empresas; pesadamente, porque todo lo hacía con lentitud. Pero la fuerza ascendente de ese movimiento menguaba con rapidez, a medida que se apartaba de su terreno propio. Nunca se apoderó del gobierno ni del Estado. Es concebible que, en las primeras semanas de la guerra, hubiese estallado en el territorio de la República una revolución violentísima, fulminante, que destruyera las instituciones republicanas, reemplazara a sus partidos y a sus hombres, y entronizase un gobierno de su hechura, para conducir de frente, bajo una disciplina de hierro, la revolución y la guerra. Un fenómeno tal, observado ya en otros países, en circunstancias parecidas, no llegó a producirse en España. La conmoción fue bastante fuerte para quebrantar al Estado, colaborando en eso, seguramente sin darse cuenta, con las fuerzas nacionalistas; pero no pudo construir un Estado nuevo, no pudo sustituir una disciplina por otra, un sistema por otro. Así, en los momentos en que la confusión fue mayor, se seguía invocando el Estado, la disciplina y el sistema antiguos, y a los gobiernos a quienes se estorbaba la función de gobernar, nadie los combatía de frente. Por la doctrina y por la táctica que lo han formado, una gran parte del sindicalismo español estaba habituada a considerar al Estado como su enemigo irreconciliable, cuyo aniquilamiento era el paso preliminar para la emancipación personal y social. En plena guerra, debieron de creer, o procedieron como si creyeran, que la función de mando, de dirección y de representación de una sociedad política, y la coordinación de su economía, podían suprimirse, simplemente, y que las actividades de la sociedad española se encauzarían por las deliberaciones de unos comités. Reducido el Estado a la impotencia, por asfixia, quedaría hecha la revolución. Doble error, desde el punto de vista de la necesidad y la utilidad del Estado y desde el punto de vista revolucionario. Algunos lamentarán que en España no hubiese de verdad una revolución a fondo, capaz de tomar las riendas del poder, que hubiera conducido a la República a la victoria. En todo caso —dirán— las cosas no habrían podido salir peor de cómo han salido. Es juego fácil discurrir sobre experiencias imaginarias. Si los hechos, observados rigurosamente, significan algo, es manifiesto que el remedio de una revolución «creadora» no habría servido de nada. Las dificultades en que se ha estrellado la República eran de orden internacional y de orden técnico (militar e industrial). Danton y Carnot que resucitaran, no las habrían resuelto, dada la situación de Europa y dados los recursos con que se contaba en España. La Revolución triunfante se habría encontrado ante las mismas dificultades, y algunas más, nacidas de su propio triunfo. La República —siendo iguales las otras circunstancias— se habría perdido lo mismo. Acaso la guerra se hubiera terminado antes. Dudosa compensación, porque en esas condiciones, la guerra misma, y su conclusión, no habrían sido menos onerosas para quienes la han padecido, para los defensores de la República y para el país en general.

VIII. Cataluña en la guerra

El papel de Cataluña durante la guerra ha sido de importancia capital, en todos los órdenes. Si en tiempo de paz, ya desde la monarquía, las cuestiones políticas y económicas de Cataluña estaban siempre en el primer plano de las preocupaciones del gobierno español y de la opinión, el hecho de la guerra acreció enormemente el peso relativo de aquella región en los destinos de la República. Ocupada gran parte del territorio nacional por las fuerzas enemigas, Cataluña era, entre las provincias donde subsistía el régimen republicano, la más rica, la más abundante en recursos de todo género. En Cataluña estaba el mayor número de establecimientos industriales que podían utilizarse para la guerra. Barcelona es el puerto español más importante del Mediterráneo. Cataluña cubre la única frontera terrestre con Europa que le quedaba a la República. Alimentaba a una población numerosa, laboriosa, habituada a vivir bien, profundamente trabajada por las agitaciones políticas y sociales. Dotada de un régimen propio y de un gobierno autónomo, lo que ocurriese en Cataluña y la dirección que diese a su esfuerzo habrían de tener, y han tenido realmente, un efecto decisivo en la política general de la República y en la guerra. La posición fronteriza de Cataluña y la potente irradiación de Barcelona, influían notablemente en el aprecio que desde el exterior se hiciera de los asuntos de España.

Todo contribuía, pues, a hacer de Cataluña, en el orden militar, un objetivo de primer orden. En ciertos respectos, el objetivo principal. La resistencia de la República se apoyaba en Madrid y en Cataluña. Perderse cualquiera de los dos, en los primeros meses del conflicto, habría puesto fin a la campaña. No así más adelante. Recuerdo haber leído, en la primavera de 1938, un rapport del Estado Mayor, en el que, examinando la situación resultante de la llegada del ejército enemigo a la costa del Mediterráneo, se afirma que, perderse Madrid, Valencia y toda la zona centro-sur de la península, no significaría haber perdido la guerra, porque desde Cataluña podía emprenderse la reconquista de toda España. Rebájese cuanto pueda haber de hiperbólico en esa proposición. La recíproca es cierta: perdiéndose Cataluña, no habría ya nada que hacer en el resto de España. No hay ninguna exageración en la importancia atribuida a Cataluña en el curso de la guerra. La opinión pública española —adicta o adversa a la República— lo comprendía muy bien. La opinión extranjera, bien o mal informada, lo presentía, y ha prestado atención preferente a Barcelona.

Por su parte, los grupos políticos y las organizaciones sindicales que, de una manera o de otra, asumieron la dirección de los asuntos públicos en Cataluña, desde julio de 1936, hacían todo lo necesario (y bastante más de lo necesario), para aumentar temerariamente la importancia de la región en los problemas de la guerra. No puede negarse que lo consiguieron, por acción y por omisión. Por acción, atribuyéndose funciones, incluso en el orden militar, que en modo alguno les correspondían; por omisión, escatimando la cooperación con el gobierno de la República. Después que, a consecuencia del alzamiento, y aprovechándose de la confusión, los poderes públicos de Cataluña se salieron de su cauce, se produjo la reacción necesaria por parte del Estado, que se había visto desalojado casi por completo de aquella región. Los que oficialmente representaban la opinión catalana, solían decir que Cataluña y su gobierno eran vejados y atropellados por el gobierno de la República, que les arrebataba no solamente las situaciones de hecho conquistadas desde el comienzo de la guerra, sino las facultades que legalmente les confería el régimen autonómico. Miraban en el ejército de la República, reorganizado en Cataluña desde que en mayo del 37 el Estado recuperó en la región el mando militar, «un ejército de ocupación». Consideraban perdida la autonomía y menospreciada la aportación de Cataluña a la defensa de la República. En las esferas oficiales del Estado la convicción dominante era que la conducta del gobierno de Cataluña, más atento a las ambiciones políticas locales del nacionalismo catalán, y sometido, de mejor o peor gana, a la influencia omnímoda de los sindicatos, estorbaba gravísimamente la función del poder central. Éste conflicto, causa de desconcierto y debilidad en la conducta de la guerra, pasó por varias fases, desde la insubordinación plena en el segundo semestre de 1936, hasta el sometimiento impuesto autoritariamente en 1938. Nunca se resolvió con entera satisfacción de nadie, e influyó perniciosamente hasta el último momento. Trataré de resumir el origen y las consecuencias de tal situación.

Por lo menos desde principio del siglo, el nombre de Cataluña venía asociado, en las cuestiones de política general española, a dos problemas: el del nacionalismo catalán y el del sindicalismo anarquista y revolucionario. El primero era un problema específico de la región, y provenía de la expansión creciente del sentimiento particularista de los catalanes. Renacimiento literario de su lengua, restauración erudita de los valores históricos de la antigua Cataluña, apego sentimental a los usos y leyes propios del país, prosperidad de la industria, y cierta altanería resultante de la riqueza, al compararse con otras partes de España, mucho más pobres, oposición y protesta contra el Estado y los malos gobiernos, sobre todo después de la guerra con los Estados Unidos en 1898: todos estos componentes, amasados con la profunda convicción que los catalanes tienen del valor eminente de su pueblo (algunos hablaban de su raza), y de ser distintos, cuando no contrarios de los demás españoles, concurrieron a formar una poderosa corriente contra el unitarismo asimilista del Estado español. El catalanismo, desde el comienzo de sus actividades políticas, contó con uno o más partidos «republicanos nacionalistas». Pero la fuerza catalanista más importante estuvo representada, hasta el advenimiento de la República, por un partido (o Liga), profundamente burgués y conservador. Éste partido colaboró en algunos ministerios de la monarquía y les arrancó la concesión de una autonomía administrativa para Cataluña.

Es obvio que el sindicalismo revolucionario de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), no puede ser considerado como un movimiento específico catalán. La asociación de las actividades de aquella sindical con las cuestiones políticas de Cataluña proviene que en Barcelona residía el organismo director de la CNT; en Cataluña estaban sus masas más numerosas, sus hombres más conocidos; de Barcelona partían las consignas para toda España; en Cataluña desencadenó la CNT algunos de sus movimientos más alarmantes. La CNT, que incluía en su organización a la Federación Anarquista Ibérica, no tenía apenas contrapeso en el movimiento obrero de Cataluña. El Partido Socialista Español (SEIO), carecía de importancia en la región. Los sindicatos de dirección socialista, agrupados en la Unión General de Trabajadores (UGT), eran pocos, relativamente a los de la CNT. Y en más de una ocasión, la acción sindical de la CNT, que repercutía en toda España, estuvo determinada por cuestiones propias de Cataluña, por su situación política o social. En los últimos años de la monarquía constitucional, antes de la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, una de las ciudades más amenas y alegres de España, ganó una reputación siniestra. Los pistoleros del «Sindicato Único» asesinaban patronos. El general Martínez Anido, gobernador de Barcelona, organizó un sindicato, llamado «libre», cuyos pistoleros, en represalias ordenadas por el gobernador, asesinaban a los del «Único», y a gentes que no pertenecían a él. Los muertos de ambos bandos se contaron por centenares. Desde entonces, la capacidad de invención de la barbarie parecía agotada.

Producido el alzamiento de julio del 36, nacionalismo y sindicalismo, en una acción muy confusa, pero convergente, usurparon todas las funciones del Estado en Cataluña. No sería justo decir que secundaban un movimiento general. Pusieron en ejecución una iniciativa propia. El levantamiento de la guarnición de Barcelona fue vencido el 20 de julio. La Guardia Civil, manteniéndose fiel a la República y al gobierno autónomo catalán (que tenía entonces a su cargo los servicios de orden público), decidió la jornada. Las demás guarniciones de Cataluña que secundaban el movimiento, volvieron a sus cuarteles y depusieron las armas. Éste triunfo rápido, la percepción de la importancia que Cataluña cobraba para la decisión de la guerra, las dificultades inextricables que embarazaban al gobierno central, desataron la ambición política del nacionalismo y le decidieron a ensanchar, sin límite conocido, su dominio en la gobernación de Cataluña.

Desde que se instauró la República, el gobierno de Cataluña estaba en manos de un partido republicano llamado de «izquierda catalana». Éste partido surgió casi de improviso en las elecciones de 1931, y obtuvo un triunfo fantástico. En toda España se votó entonces contra la dictadura militar, contra la monarquía y por la República, en Cataluña se votó por o contra los mismos objetivos, y además, por catalanismo. Es digno de recordarse que, en 1923, al sublevarse el general Primo de Rivera, contaba con el apoyo de algunos importantes personajes del catalanismo burgués y conservador. No tardaron en conocer su error y en arrepentirse de él. La política de Primo de Rivera fue tenazmente anti-catalanista, lo que para los nacionalistas significaba sencillamente anti-catalana. Primo de Rivera se jactó siempre de que había conseguido suprimir el «problema catalán». Hay motivos para creer que lo enconó. El caso es que en las elecciones de 1931, el catalanismo lastimado tomó el desquite, y los republicanos catalanes de izquierda fueron, sin excepción, nacionalistas. Con ocasión de la guerra, los catalanistas de la derecha han repetido aquel error, pero en gran escala. Su oposición a la República ha podido más que su catalanismo. Se abstuvieron de colaborar en la elaboración y aprobación del régimen autonómico de Cataluña, que, de esa manera, apareció ante la opinión catalana como una «conquista» de los republicanos de izquierda. En el alzamiento militar, los catalanistas conservadores se pusieron decididamente al servicio de la que era entonces «Junta de Burgos». Su cálculo era éste: nos aprovecharemos del movimiento para librarnos del peligro comunista y de la revolución; después, nos desembarazaremos de los militares, como nos desembarazamos de Primo de Rivera. Personas que presumen de bien enteradas aseguran que los autores de ese cálculo no tienen ahora motivo ninguno de estar satisfechos.

Vencida la guarnición de Barcelona el 20 de julio, y hallándose libre de los estragos de la guerra todo el territorio catalán (las columnas de milicianos barceloneses penetraron hasta las cercanías de Zaragoza), se creyó sin duda que se había logrado todo, y que era el gran momento para hacer política. Nacionalismo y sindicalismo se aprestaron a recoger una gran cosecha. Es difícil analizar hasta qué punto coincidían y desde qué punto diferían en su acción el uno y el otro. La táctica de hacer cara al gobierno de la República y de sustraerse a su obediencia les era común. En todo lo demás, tenían que entrar en conflicto, a no ser que el gobierno catalán se sometiera mansamente a los sindicatos. El gobierno catalán desconoció la preeminencia del Estado y la demolió a fuerza de «incautaciones», pero dentro de Cataluña estaba sufriendo, a su vez, una terrible crisis de autoridad. La invasión sindical, más fuerte en Cataluña que en ninguna otra parte, desbordó al gobierno autónomo. No pudiendo dominarla, aquel gobierno contemporizaba con ella, y hasta la utilizaba algunas veces para justificar o disculpar sus propias extra-limitaciones. Por ejemplo, el gobierno catalán se incautaba del Banco de España, para evitar que se incautase de él la FAI. Véanse ahora algunas de las situaciones de hecho creadas en Cataluña: todos los establecimientos militares de Barcelona quedaron en poder de las «milicias antifascistas», controladas por los sindicatos. El gobierno catalán se apropió la fortaleza de Montjuich; con qué autoridad efectiva sobre ella, es punto dudoso. La policía de fronteras, las aduanas, los ferrocarriles, y otros servicios de igual importancia fueron arrebatados al Estado. La Universidad de Barcelona se convirtió en «Universidad de Cataluña». Hasta el teatro del Liceo, propiedad de una empresa, se llamó Teatro Nacional de Cataluña. (En él se representaban zarzuelas madrileñas y óperas francesas o italianas). El gobierno catalán emitió unos billetes, manifiestamente ilegítimos, puesto que el privilegio de emisión estaba reservado al Banco de España. Los periódicos oficiosos de Barcelona comentaron: «Ha sido creada la moneda catalana». También aquel gobierno publicó unos decretos organizando las fuerzas militares de Cataluña. Los mismos periódicos dijeron: «Ha sido creado el ejército catalán». Tales creaciones, y otras más (que no son un secreto, porque constan en las publicaciones oficiales del gobierno catalán y en la prensa de Barcelona), respondían a la política de intimidación, que ya he mencionado. Cuando esos avances del nacionalismo iban siendo corregidos por el gobierno de la República, un eminente político barcelonés, republicano, me decía apesadumbrado: «Si hubiéramos ganado la guerra en tres meses, todas esas cosas habrían sido otros tantos triunfos en nuestra mano».

Por su repercusión inmediata en la guerra, es necesario recordar especialmente lo que se hizo en Cataluña, durante ese período, en el orden militar y en la industria. El gobierno autónomo instituyó inmediatamente un ministerio de la Guerra (consejería de Defensa), para su región. Al principio, estuvo al frente de ese departamento, por lo menos en apariencia, un militar profesional. Más tarde, ocupó el puesto un obrero tonelero. El ministro, o consejero, estaba asistido por un Estado Mayor, formado en su mayoría por oficiales del ejército. Asumieron la dirección de las fuerzas catalanas y pretendieron organizarías. Pocas en número, sin cuadros, sin material, escasas de municiones, continuaron divididas en columnas y en divisiones según el color político de sus componentes. En realidad, la consejería de Defensa fue un semillero de burócratas, un hogar de intrigas políticas. En diciembre del 36, persona que tenía motivos para saberlo, me dijo que había 700 funcionarios para administrar unas fuerzas que en el papel no excedían de 40 000 hombres. Rechazados fácilmente los primeros amagos de los milicianos sobre Zaragoza; fracasada la expedición a Mallorca; concluidas por un descalabro serio las operaciones sobre Huesca, todo el frente de Aragón, desde los Pirineos hasta Teruel, cayó en absoluta inacción. Se había demostrado la imposibilidad de constituir a fuerza de armas y por derecho de conquista, la «gran Cataluña». En marzo del 37, el diario de Barcelona, La Vanguardia, publicó un artículo, en el que aparecía la palabra traición, a propósito de la inactividad del frente. Me parece exagerado. Tomar la iniciativa era imposible. Pero es cierto que no se hacía casi nada para remediarlo, ni se levantaban las fortificaciones necesarias para prevenirse siquiera contra una ofensiva, que, por lo visto, parecía improbable. En general, dominaba la creencia de que la guerra se decidiría en otra parte, lejos de Cataluña. Sofocado en pocas horas, dentro del territorio catalán, el alzamiento militar, y llevando sus fuerzas al interior de las provincias limítrofes, a gran distancia de Barcelona, Cataluña había ganado su guerra. En el frente de Aragón no se retrocedía, en tanto que en los demás teatros de operaciones se cosechaban desastres. Cataluña había cumplido lo que le correspondía. Su hermosa tierra estaba libre de enemigos, y continuaría estándolo. «¡Qué hagan en todas partes lo mismo, en vez de ir corriendo desde Cádiz hasta Madrid!», decía un ministro catalán. Ésta situación era, para muchos, un mérito especial, y para casi todos, un argumento justificativo de la política imperante en Barcelona.

En los tiempos de mayor desbarajuste, subyugado el gobierno catalán por la CNT, pactó con los sindicatos un decreto de militarización, concediendo en cambio que ciertas industrias serían oficialmente colectivizadas. Hubo por entonces una crisis del gobierno catalán, y en el curso de ella, alguien propuso que los partidos y las sindicales que estuviesen representados en el nuevo gobierno, firmasen un papel comprometiéndose a obedecerle. Éste propósito no debió de alcanzar al decreto sobre el servicio militar, que no se cumplió. No corrieron mejor suerte otros decretos de la misma procedencia, y su incumplimiento no se debió en todos los casos a que los sindicatos no los aceptasen. Eran a veces de imposible aplicación, o la opinión general no los aceptaba.

La colectivización de industrias en Cataluña, que se fundaba originariamente en incautaciones de hecho (y en eso consistía toda su fuerza), condujo inmediatamente a un callejón sin salida. La tesorería de las empresas colectivizadas se agotó rápidamente. Carecían de medios para adquirir en el extranjero primeras materias. Naturalmente, era imposible llevar los productos manufacturados en Cataluña al territorio ocupado por el enemigo, y muy difícil también distribuirlos por las otras provincias. Abrirse mercados nuevos en el exterior no estaba al alcance de la buena voluntad. En ciertos ramos de la industria, los artículos invendidos, por valor de muchos millones, abarrotaban los depósitos. Al poco tiempo de «organizar» la producción en esa forma (sin examinar ahora las demás condiciones en que se producía), un ministro catalán pintaba la situación con muy negros colores: muchas fábricas tendrían que cerrarse; doscientos mil obreros quedarían en paro forzoso… El gobierno catalán aportaba fondos para el pago de los salarios, como si acudiese al socorro de una calamidad pública. Un periódico barcelonés insertó este anuncio:

«Empresa colectivizada desea socio capitalista». No es verosímil que lo encontrara. El gobierno catalán venía a ser el socio capitalista de las empresas a quienes necesitaba sostener, pero un socio para las pérdidas, nunca para las ganancias, aun en el supuesto temerario de que las hubiese habido. Exhausta su tesorería, el gobierno catalán se volvía al gobierno de la República, para obtener su auxilio, mediante la liquidación de suministros de material de guerra y de gastos hechos por cuenta del Estado, y otros conceptos, que daban origen a discusiones, compromisos y regateos muy penosos, con los que se enredaban las cuestiones de política general, y cuya solución, cuando parecía haberse encontrado alguna, dejaba descontentas a las dos partes.

Las industrias adaptadas a la producción de material de guerra, estaban, en ciertos respectos, en otra situación: tenían un cliente seguro, el Estado; vendían a buen precio, todo lo que fabricaban; el problema consistía en que fabricasen más. El gobierno de la República pretendía justamente requisar con arreglo a las leyes las fábricas de material de guerra, tratar directamente con ellas para los encargos que necesitase, y asegurarse de su buen rendimiento en calidad y cantidad. Ésta cuestión, que, en buena lógica, solamente podía suscitar dificultades de orden administrativo y técnico, promovió desgraciadamente un problema político de primera magnitud. El gobierno de Cataluña se interponía entre la acción del Estado y las fábricas de material. Según su criterio, el Estado debía tratar únicamente con el gobierno catalán, sin ninguna intervención directa en el funcionamiento de las fábricas. No es ahora posible aquilatar en qué medida concurrían a sostener esa posición el gobierno catalán y los sindicatos. En cierta ocasión, el gobierno catalán suspendió o prohibió la fabricación de un pedido contratado directamente por el gobierno de la República; motivo: que la conducta sindical de la fábrica no había sido buena. Una de las razones que el gobierno de la República dio para trasladarse de Valencia a Barcelona, fue que desde Barcelona removería más fácilmente los obstáculos que se le oponían. El resultado no debió de ser muy lisonjero, porque en septiembre del 38 se decidió a militarizar, sometiéndolas al ministerio de la Guerra, las fábricas de material. Los representantes de los partidos catalanes y vascos en el gobierno de la República, dimitieron. Se llegó a una situación de grandísima violencia y gravedad, complicada por la crisis interna de los partidos que sostenían al gobierno de la República, llamado de «unión nacional», por graves faltas de tacto, y por violencias innecesarias, como si cada cual se empeñase en perder la parte de razón que tuviera. Las consecuencias de este conflicto no salieron a luz, porque sobrevino el desastre militar, y todo quedó sepultado bajo los escombros.

IX. La insurrección libertaria y el «eje» Barcelona-Bilbao

Cuanto llevo escrito sobre la situación de Cataluña durante la guerra, y los antecedentes recordados para la mejor comprensión de los hechos, parecen demostrar que nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias, ya las cometa el Estado, ya se cometan contra él: eso prueba la realidad del problema, que está muy lejos de ser una «cuestión artificial». Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español. Desde hace casi siglo y medio, la sociedad española busca, sin encontrarlo, el asentamiento durable de sus instituciones. Las guerras civiles, pronunciamientos, destronamientos y restauraciones, reveladores de un desequilibrio interno, enseñan que los españoles no quieren o no saben ponerse de acuerdo para levantar por asenso común un Estado dentro del cual puedan vivir todos, respetándose y respetándolo. Por eso, en España, las formas políticas liberales, que no ponen fuera de la ley a los disidentes ni a los descontentos, han vivido siempre en peligro. Las «soluciones de fuerza» que periódicamente reaparecen en la historia de ese período, solían decir que se imponían para «acallar las discordias» y restablecer la moral unificadora del patriotismo. En realidad, no venían a salvar un Estado en peligro, sino a confiscarlo en provecho de una fracción, o de una facción de descontentos.

Una persona de mi conocimiento afirma, como una ley de la historia de España, la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. Ésta boutade denota todo un programa político. De hecho, Barcelona ha sufrido más veces que ninguna otra capital española el rigor de las armas. En protesta contra la política de unificación, los catalanes se sublevaron en el siglo XVII contra el Habsburgo reinante en Madrid. Luis XIII, rey de Francia, se alió con ellos. Medio siglo más tarde, los catalanes se aliaron con la Casa de Austria, y sostuvieron la guerra contra un descendiente de aquel rey, entronizado en España. En castigo, nuestro primer Borbón privó a los catalanes del régimen de gobierno propio que hasta entonces tuvieron.

El sistema borbónico, continuado y completado por la organización administrativa que los liberales moderados del siglo XIX, dieron a España, duró más de doscientos años. O no significaba nada más que autoritarismo estéril y una apariencia de unidad, o tenía que ser el aparato necesario para una política de profunda y definitiva asimilación, principalmente lingüística y cultural. Admitamos que una violencia sostenida durante dos siglos contra un hecho natural, hubiera resultado a la larga ventajosa para toda España. Admitamos que en nuestro tiempo, habría valido más que todos los españoles hablasen una sola lengua y estuvieran criados en una tradición común, sin diferencias locales. Para ello habría sido menester que un Estado potente, de gran prestigio, realizara una labor enérgica, tenaz, desde las escuelas. Ahora bien, en España, durante una gran porción de esos dos siglos, el Estado carecía de tales prestigio y poderío, y había pocas escuelas. El catalán se conservó como lengua usual, ya que no como lengua literaria, incluso en los tiempos en que la buena sociedad barcelonesa afectaba por distinción hablar en castellano y lo usaban a la perfección en sus escritos los catalanes más letrados. El pueblo, y sobre todo el pueblo rural, seguían siendo impermeables a la lengua castellana. Subsistir la diferencia lingüística significaba que la obra de asimilación había fallado por la base. Factor importante en aquella resistencia fue el clero, alegando que para enseñar la doctrina cristiana debía hablar a los fieles en su lengua vernácula. Gran parte del clero catalán apoyó con fervor la expansión del catalanismo, y algún obispo de Barcelona se hizo célebre por su ruidosa adhesión a ese movimiento. Nadie ignora tampoco que el monasterio benedictino de Montserrat venía siendo, por sus trabajos de erudición (entre otros, la publicación de la Biblia en catalán), un hogar intelectual de la «catalanidad» y del nacionalismo. Hace pocos años, los benedictinos de Montserrat recibieron al presidente del gobierno español haciendo sonar en el órgano de su iglesia, consagrada a la Virgen María, el himno catalanista de Els Segadors.

Ésa disposición del clero catalán tenía arraigo tradicional. Clérigos eran algunos de los más violentos mantenedores de la causa de Cataluña en la insurrección del siglo XVII. Por sus anatemas, los catalanes miraron con horror, como a una banda de herejes, de sacrílegos profanadores del Santo Sacramento, al «ejército católico» que envió el rey para someter a Cataluña. En estos últimos tiempos, acaparada la acción política del catalanismo por los partidos catalanes de izquierda, ha podido parecer, a quien lo observase desde fuera, un movimiento revolucionario y marcadamente anticlerical No era así, de hecho. Esos caracteres, si los ha tenido, no proceden específicamente del catalanismo, sino de otras tendencias políticas amalgamadas con él. Uno de los grupos catalanes más intransigentes en su nacionalismo, era fidelísimo devoto de la Iglesia romana. El hombre político que conocidamente lo representaba, católico practicante, y declarado separatista, fue fusilado en Burgos por los «nacionalistas» de la otra banda. Recuerdo que el año pasado me visitó en Barcelona una delegación de ese grupo católico-nacionalista, hablamos de la restauración del culto. En la conversación salió el nombre del obispo de Barcelona, furibundo militante en el movimiento antirrepublicano. Aquéllos señores sabían, como todo el mundo, que hundirse la República era acabarse la autonomía de Cataluña. Y recordando la acción política del prelado, cuya suerte se ignoraba, uno de mis interlocutores, chispeándole en los ojos la cólera refrenada, exclamó: «No. Seguramente no le han asesinado. El señor obispo no merecía el martirio».

La República no inventó el problema de Cataluña. Le trató por métodos distintos que la monarquía, No inventó el renacimiento lingüístico y cultural de Cataluña, no inventó el nacionalismo, ni lo hizo prender en las masas. Se lo encontró pujante, y enconado por la política dictatorial de Primo de Rivera. La monarquía misma había entrado por el camino de las transacciones. Entre los intelectuales madrileños apuntaba una tendencia a las soluciones de concordia, en gran parte por reacción contra las arbitrariedades de la dictadura del general, que se imaginaba poder suprimir el problema catalán. El año antes de proclamarse la República, una delegación numerosa de intelectuales madrileños, de los más eminentes, estuvo en Barcelona, invitados por sus colegas catalanes. Abundaron los banquetes, los discursos, las efusiones fraternales. Se trataba de conocerse y de «comprenderse». Un profesor de Madrid, monárquico, que durante la guerra se ha significado personalmente por sus servicios al gobierno de Burgos, traducía en esta fórmula la conducta que parecía deseable en la cuestión catalana: «Ni separación, ni asimilación». Fracasado el sistema de la unificación asimilista, había que buscar otro. No era útil que España llevase abierta en el costado la llaga del descontento catalán, ni era justo que los catalanes fuesen desoídos brutalmente, ni podía tratarse a una espléndida parte de España como a un pueblo enemigo. Urgía afrontar la realidad, por desagradable que pareciese y hallar una solución de paz, dejando a salvo lo que ningún español hubiera consentido comprometer: la unidad de España y la preeminencia del Estado, De ahí salió la autonomía de Cataluña, votada por la República.

Para que el nuevo régimen catalán prosperase y se consolidara, era menester cumplirlo con absoluta lealtad, en Barcelona y en Madrid. Si desde la capital de España debía persuadirse a los catalanes que la autonomía no era una concesión arrancada a un Estado débil, importaba todavía más que en Barcelona supieran que cualquiera extralimitación, o el mal uso de su régimen, desataría en el resto de España una reacción violentísima, no ya contra la autonomía, sino contra la propia Cataluña. Sería aventurado decir que el tacto y la sagacidad necesarios para gobernar en tales condiciones han abundado en las dos capitales, lo mismo durante la guerra que antes de ella. Ateniéndome a los tiempos de guerra, es de notar que los movimientos políticos de Cataluña habían suscitado (antes de la insurrección de mayo del 37), grave descontento en el resto de España. En realidad, la opinión pública no conocía bien lo que pasaba en Barcelona. La gente, agobiada por la guerra, por las crecientes dificultades de la vida, no prestaba demasiada atención a las cuestiones de Cataluña. La prensa no catalana, se abstenía de subrayarlas. Incluso se presentaban como «avances» de la República, y otras tantas garantías de triunfo sobre el fascismo. No obstante la defectuosa información, el descontento existía, sobre todo entre republicanos y socialistas, y en las gentes sin partido. Se estimaba comúnmente que el gobierno catalán, además de sus obligaciones estrictas derivadas de las leyes, tenía una especie de deuda moral con la República y con los partidos que habían votado la autonomía. Viéndola destruida (porque a eso equivalía el transgredirla), se enfurecían, estimándolo como una ingratitud y una falta política de primer orden. Por la razón que he dicho, este movimiento no cundió entre el gran público. El conflicto no salió de las esferas de ambos gobiernos, ni de las disputas entre gabinete y gabinete, y a veces, de persona a persona.

La situación hizo crisis en mayo del 37. Una insurrección de sindicales y libertarios tuvo cuatro días a Barcelona bajo su fuego. He leído una explicación de este suceso (del que fui testigo), achacándolo a profundos manejos de un país extranjero. Me parece novelesco. Las disputas por el mando, las rivalidades entre partidos y sindicales, la falsa situación del poder legal en Cataluña, mediatizado por los que imponían su voluntad, la trágica impotencia del gobierno catalán, flotante como un corcho en aquel revuelto caudal, acumularon en Barcelona los elementos necesarios para una conflagración. Se produjo de improviso (aunque no inesperadamente), cuando un ministro del gobierno catalán quiso realizar un acto de autoridad, recuperando por la fuerza el edificio de la Telefónica, en poder de los sindicatos. La insurrección, dirigida contra el ministro que se había atrevido a tanto y contra el jefe de policía, causó centenares de muertos. Para los insurrectos, se trataba de una cuestión entre catalanes, o entre obreros catalanes, en la que no debía mezclarse el gobierno de la República. Tal pareció ser también la actitud del gobierno catalán, que no informó a tiempo al poder central de la gravedad de los hechos, y se resistió cuanto pudo a desprenderse del mando de las fuerzas de policía. Bloqueado en su residencia oficial, mientras la fusilería, las ametralladoras, las bombas, los carros blindados sembraban la muerte en las calles, el gobierno catalán entró en crisis, de la que resultó el cese del ministro que había dado pretexto al conflicto, y el relevo del jefe de policía. Los revoltosos asesinaron en la calle a uno de los miembros del nuevo gobierno, cuando se dirigía a tomar posesión de su departamento.

Tengo motivos para creer que el gobierno de la República, instalado en Valencia, conoció la verdadera índole del conflicto por las conversaciones telegráficas que durante los cuatro días mantuve con el ministro de Marina. El gobierno decretó la supresión de los servicios autónomos de seguridad y policía en Cataluña, poniéndolos de nuevo bajo la dependencia directa del poder central. Nombró un general del ejército (que difícilmente logró introducirse en Barcelona) para mandar todas las fuerzas militares de Cataluña, lo que equivalía a suprimir la consejería de Defensa o ministerio de la Guerra del gobierno catalán. Envió unas columnas de tropas, refuerzos de aviación, y unos barcos de guerra al puerto de Barcelona. No llegaron a entrar en acción. Algunos delegados de la CNT, y dos ministros del gobierno de la República, pertenecientes a esa sindical, estuvieron en Barcelona, con el propósito de apaciguar la ciudad. Trataron el caso como si estuvieran en presencia de una huelga. En sus discursos radiados, aconsejaban a los revoltosos que volvieran al trabajo, y a los «camaradas guardias» (las fuerzas de policía), que depusieran su actitud. Un gerifalte de la CNT hizo saber que serían considerados facciosos quienes persistieran en la lucha. Tales recomendaciones no dieron resultado apreciable. La insurrección se acabó por consecuencia y a cambio de las modificaciones introducidas en el gobierno catalán. Los directores del movimiento publicaron en la mañana del cuarto día una nota ordenando que cesaran las hostilidades y se reanudara el trabajo, porque el proletariado había obtenido satisfacción de los agravios. La paz material se restableció. Un escándalo de tanta magnitud, acabó de mostrar a los más ciegos la gravedad del mal. La opinión barcelonesa recibió con un suspiro de satisfacción las medidas del gobierno de la República. «Lo primero es vivir», decían muchos. Los más obstinados en mantener, siquiera en apariencia, las facultades del gobierno autónomo, se sometieron de mala gana a la necesidad de cambiar de métodos, reconocida por todos. Pocos días más tarde, el gobierno de la República se modificó profundamente, saliendo de él los representantes de las sindicales. El nuevo gobierno, estimulado por la opinión, y por la urgencia de recuperar en Cataluña las funciones indispensables para dirigir la guerra y asegurar la tranquilidad pública, emprendió una obra que tenía el solo defecto de llegar con retraso. La ocasión era propicia para realizar en Cataluña un reajuste a fondo. Recobrado el mando de las fuerzas de policía y del ejército en la región, el gobierno ocupó también con sus agentes todos los servicios de la frontera. Los campesinos de algunos valles pirenaicos acudían gozosos a la raya, para ver ondear de nuevo la bandera de la República, que significaba una liberación. Se planteó, entre Barcelona y Valencia, el problema de abolir las situaciones de hecho, creadas con abuso de poder.

No haré la cuenta de las ventajas obtenidas por el gobierno de la República ni de las que dejó de obtener. Importa consignar que en esa pugna, prolongada hasta el final de la guerra, reaparecieron los tópicos, los enconos, los rozamientos, los empeños de amor propio y de prestigio personal que desde hacía muchos años solían acompañar a las cuestiones de Cataluña, avivado todo ello por el excitante de la guerra.

Los republicanos catalanes, adscritos a la política nacionalista (esta cuestión les importaba poco o nada a las organizaciones del proletariado), usufructuarios del régimen autonómico hasta el día del alzamiento, vieron en la nueva actitud del gobierno de la República una ofensiva contra la autonomía. «El único pensamiento común del gobierno —solían decir— es la política anti-catalana». Temían sobre todo que, al terminarse la guerra, victoriosa la República, Cataluña perdiese de nuevo su régimen propio. Estaban dispuestos a renunciar, temporalmente, a cualquier texto del Estatuto catalán, que a juicio del gobierno estorbase para la política de guerra, con tal de obtener garantías del restablecimiento de la autonomía, al hacerse la paz. De otra manera, y ante la conducta del gobierno de la República, «los jóvenes catalanes que están en filas, no sabrán ya por qué se baten».

La cuestión quedaba así mal planteada. Uno de los efectos causados por la conmoción de la guerra, ha sido el desconcierto de lo que parecía ser el pensamiento político de algunas cabezas. Hemos visto a hombres muy moderados durante la paz, abanderarse en la revolución; y a quienes de mala gana aceptaban los principios autonómicos de la Constitución, propugnar en la guerra la disparatada idea de una «federación de pueblos ibéricos», en la que entrarían cuantos quisieran, y saldrían los que no estuvieran a gusto. Hemos visto a hombres, partícipes en la creación del régimen autonómico catalán, descubrir que el catalanismo debía contentarse con bailar sardanas. Éste desconcierto, propio de las gentes que revolotean en la política a merced del viento que sopla, no influía en el curso de la cuestión que voy examinando, por violentas que fuesen a veces las reacciones del mal humor.

El gobierno no se proponía suprimir el Estatuto autonómico de Cataluña. Tampoco tenía atribuciones para suprimirlo. Se trataba de restablecer, dentro de sus límites, el funcionamiento normal de los poderes públicos establecidos en Cataluña por su Estatuto peculiar. Subvertidos los poderes, que no tenían otra base que el sufragio universal directo, ni otra hechura que la democracia, era inadmisible que, con pretexto de ser Cataluña una región autónoma, fuese gobernada por un grupo irresponsable, al amparo de una antigua popularidad. Ciertamente, los republicanos catalanes han aprobado o consentido (alegando necesidades de la guerra y el hecho indominable de la «revolución») transgresiones flagrantes del Estatuto. Pero estoy muy inclinado a creer que los mismos republicanos veían con despecho y alarma la destrucción, o por lo menos el secuestro, de la base democrática de su régimen, gracias a la invasión sindical. O todas las instituciones liberales de la autonomía funcionaban por entero, o la autonomía no funcionaba en modo alguno.

Quienes más obligados estaban a comprenderlo así, y a proceder en consecuencia, eran los que desde el comienzo echaban cuentas con un porvenir victorioso. Porque ninguna cosa fundada durante la guerra sería duradera, si el día de la paz no podía resistir el juicio libre de la opinión española. Ésta era la cuestión, y no otra. Que haya sido bien o mal entendida, no se deberá a falta de razones, dadas y demostradas irrefutablemente.

Recuerdo por conclusión, un incidente ocurrido en Barcelona en el verano del 37, poco después de perderse para la República todo el País Vasco. Ciertos personajes del gobierno autónomo de Bilbao, pasaron por Barcelona. Hubo demostraciones de simpatía entre los políticos catalanes y vascos. Con estupor y algo de risa por parte de las personas de buen seso, quedó proclamado «el eje Barcelona-Bilbao». Ésta caricatura significaba que los nacionalistas vascos y los catalanes harían un frente común contra la política invasora del gobierno de la República. Entre la situación de Cataluña y la del País Vasco durante la guerra, puede establecerse un paralelismo fácil. Pero no todas las observaciones hechas sobre el nacionalismo catalán convienen al de Vasconia. Aunque muy poderoso electoralmente en su país, el peso relativo del nacionalismo vasco en la política general de España era mucho menor que el del catalán. El nacionalismo vasco, sin excepción apreciable, forma un partido de extrema derecha, de confesión católica. La creencia religiosa se mantiene robusta en aquellas provincias. El clero, muy influyente, es nacionalista acérrimo. El problema lingüístico es también distinto. El vascuence, tal como se ha pretendido salvarlo de la descomposición que lo disolvía, sigue siendo una lengua sin monumentos literarios, de área reducidísima, sin expansión posible. El vasco que desea conservar su idioma (a lo que tiene pleno derecho) necesita, en cuanto sale de sus montañas, saber otro.

No es muy exacto considerar al nacionalismo vasco como sucesor del antiguo carlismo. Lo es, más que nada, en las contiendas políticas locales, porque el nacionalismo ha asumido en el País Vasco la posición anti-liberal más fuerte. Los republicanos y socialistas de Bilbao resisten a los nacionalistas, como sus abuelos, los liberales del siglo pasado, resistían a los carlistas. El carlismo sostuvo dos largas guerras para abatir la monarquía constitucional y entronizar al rey absoluto. Don Carlos, pretendiente a la corona, se apoyó en el fervor religioso y en el sentimiento localista de los vascos, proclamándose defensor de la religión y los fueros, amenazados por los liberales de Madrid, centralizadores y en pugna con la Iglesia. Pero de los tres términos del lema carlista: Dios, Patria y Rey los nacionalistas conservan el primero, han dejado caer el tercero, y han estrechado el segundo: patria. Según el catecismo nacionalista la patria de los vascos es Euskadi. Los carlistas, que siempre han blasonado de ardiente españolismo, renegarán de todo parentesco con los nacionalistas. En la guerra, el partido carlista ha puesto sus soldados al servicio del gobierno de Burgos, que, después de conquistar Bilbao, suprimió, además de la autonomía política concedida por la República, los restos de los antiguos privilegios de los vizcaínos en el orden administrativo.

Salvo que la situación social era mucho menos revuelta en el País Vasco que en Cataluña, la posición de aquel gobierno respecto del de la República, se parecía mucho a la del gobierno catalán, y en las relaciones con el exterior, la acentuó.

El aislamiento territorial del norte, impedía muchas cosas y favorecía otras tantas. El gobierno enviaba oficiales y algunos generales para dirigir las operaciones. Es un hecho conocido que los generales no lograron hacerse oír del gobierno vasco, ni mandar nada. Ni siquiera los desastres de la guerra condujeron a mejorar la colaboración militar entre el país vasco y las demás provincias de aquella zona. Caído Bilbao, ocupada Vizcaya, en cuya defensa colaboraron hombres de todos los partidos, la moral de las tropas nacionalistas se desmoronó. Perdida su tierra, nada les quedaba por hacer. Unos cuantos batallones vascos se pasaron al enemigo. Más tarde, algunos políticos vascos discurrieron, para rehacer la moral de sus tropas, llevarlas a la zona del Pirineo aragonés, y emplearlas en una ofensiva contra Navarra. «No pretendemos —decían— someterla a nuestro dominio político, pero nuestras tropas se enardecerán si van a castigar a Navarra, desleal a la causa vasca».

X. La moral de la retaguardia y las probabilidades de paz

Si se confronta los recursos militares de que disponía la República y los cada día más fuertes de que iba proveyéndose el enemigo; si a la inferioridad constante de los medios de resistencia, se añade el mal uso que en ocasiones se hacía de ellos y el desperdicio de energías causado por la discordia y la insubordinación, es asombroso que la guerra haya tardado treinta y tantos meses en decidirse sobre el terreno. Se ha de admitir como parte de la explicación de ese fenómeno (la otra parte hay que adjudicársela a los planes del enemigo y a los recursos de que dispusiera), que un esfuerzo suplementario, un recargo en los sufrimientos de la población civil y de los combatientes, estuvo supliendo, hasta cierto día, las deficiencias comprobadas. Es un hecho innegable que la voluntad de resistencia fue general, mientras las masas creyeron en la eficacia de resistir para salvar la República. Al abrigo de esa esperanza, las privaciones más duras y las decepciones más amargas, se soportaron con estoicismo. Era también evidente, y los hechos vinieron a corroborarlo, que en perdiéndose la esperanza, nadie podría obtener, ni por la persuasión ni por la violencia, un sacrificio más. Esto es así, por las condiciones actuales de la guerra, que no se hace únicamente con los ejércitos en línea, sino con toda la retaguardia, de cuya moral se alimenta la del soldado. Es necesario recordar, para levantarla a la altura de su mérito, la abnegación de una gran masa, clase media y obreros, sacrificando, quién su trabajo, quién su bienestar, todos la tranquilidad y la alegría, muchos la vida. De cuanto se ha visto en el campo republicano, eso es lo más puro, lo intachable sin disputa. Que unos sacripantes, altos o bajos, hayan realizado, por diversos estilos, un sabotaje siniestro, esclarece la humilde virtud de los que han cumplido con su deber. Derrumbarse la República les ha arrancado lágrimas de rabia; una rabia que no se dirigirá siempre contra los vencedores.

Las sucesivas pérdidas de territorio no bastaron, durante algún tiempo, para quebrantar la confianza. Las causas verdaderas, incurables, de aquellas adversidades, eran ignoradas por la gente común, y mal apreciadas, cuando no desconocidas también, por muchos hombres políticos. Siempre había preparada para ellas una explicación local, demostrativa de que no afectaban al resultado último de la guerra. Que Madrid no hubiese caído, ni cayera, producía en la moral pública el efecto de una victoria continuada, por más que desde marzo del 37 las operaciones en torno de la capital estuvieran en un punto muerto. «¿Qué van ustedes a hacer si se pierde Madrid?», le preguntaba yo a un ministro en esa fecha, cuando se libraba la batalla del Jarama. «¡Reconquistarlo!», me respondió.

¿Espíritu espartano?

No. Ignorancia de la realidad de la guerra. Antes de qué las ofensivas del ejército republicano se estrellaran en Madrid (julio, 1937), Aragón (agosto, 1937), Teruel (enero, 1938), y de que se perdiera todo el norte, los descalabros locales se recibían con buen ánimo, pensando que en cuanto el ejército estuviese reorganizado y bien provisto de material, se empeñaría, por iniciativa propia, la partida decisiva. Tan robusto era el optimismo que, al perderse Bilbao y todo el País Vasco, algunas personas muy calificadas decían que de esa manera quedaba suprimido un problema político, para el presente y para el futuro, ventaja que venía a compensar en cierto modo el revés de las armas.

Los fracasos que acabo de mencionar, dejaban poco margen a la confianza. En vísperas de la ofensiva de Madrid, el ministro de Defensa me decía: «El resultado de estas operaciones va a prejuzgar lo que será la guerra para nosotros. Tenemos allí nuestro mejor ejército. Se han llevado otras tropas, toda la aviación y una masa de artillería. Si no logramos un resultado importante, no tenemos ya nada que hacer». La rudeza de aquellas lecciones, melló profundamente la moral. Las consignas oficiales, cada vez más rigurosas, lo daban a conocer. Por otra parte, el bloqueo se hacía sentir cruelmente. Madrid tenía hambre. En otras comarcas, como Valencia y Cataluña, donde solía haber de todo, empezaban a faltar las cosas más necesarias. Peregrinar en busca de alimentos, vino a ser la ocupación principal de las familias. Los precios subieron hasta diez o doce veces sobre el costo normal de los artículos. La tasa agravó la escasez. Los vendedores escondían los géneros, y el público, disputándose a fuerza de billetes lo poco que había, aceleraba el encarecimiento. El papel moneda, por su misma profusión, se depreciaba en el mercado interior. Solamente el pago de los sueldos de la fuerza armada, requería una suma mensual que, grosso modo, puede calcularse en unos cuatrocientos millones de pesetas. Su importancia relativa se aprecia mejor teniendo presente que los gastos totales del Estado español, en tiempo de paz, no llegaban, mensualmente, a tanto. Hubiera bastado la carestía para producir un malestar intolerable: quien encontraba una docena de huevos, había de pagarla en treinta duros; un pollo, si algún campesino se decidía a venderlo, cuarenta duros; una lechuga, cinco o seis pesetas; un par de zapatos hechos, quinientas o seiscientas pesetas; unos zapatos a la medida, aportando el cliente la suela, mil pesetas. La escasez, el hambre, eran el suplicio cotidiano, mucho más terrible que los bombardeos de aviación, cuyo poder desmoralizante es pequeño, comparado con los estragos que causan. Empeorando la situación militar, forzosamente había de preguntarse la retaguardia si tales sacrificios durarían mucho tiempo y, si al final, serían de alguna utilidad. Ésta angustia no aparecía en las resoluciones, proclamas y otras muestras oficiales de la opinión de los partidos, cortadas todas por un solo patrón; pero las mismas personas que, siguiendo la corriente, o por otro respeto humano, aprobaban en público la «guerra hasta el fin» (¿hasta el fin de qué?), confesaban en privado su deseo de verla concluida cuanto antes y del modo menos malo posible.

En realidad, en el campo republicano no se propuso nunca este dilema; resistencia o rendición. La divergencia podía ser entre guerra a todo trance o paz negociada. Cuando el sordo trabajo que minaba la opinión tuvo fuerza bastante para originar un problema político y una crisis de gobierno (abril, 1938) las posiciones extremas eran: resistir es vencer; la resistencia es la única política posible; o bien: la guerra está perdida; aprovechemos la resistencia para concertar la paz.

No puede fallarse honestamente sobre el valor de esas posiciones, si no se tiene presente dos verdades axiomáticas, obtenidas por observación de la realidad:

1. ° Del hecho de la guerra, por su monstruoso desarrollo, y su impensada duración, únicamente podían venirle a España males infinitos, sin compensación posible.

2. ° Practicándose la no intervención en la forma que conocíamos, la República no podía vencer en el campo de batalla a sus enemigos. Oyendo formular por vez primera estas verdades, muchos se escandalizaban. ¡Lástima que los sucesos hayan desmentido el escándalo!

La guerra, desde su origen, carecía de justificación. Es normal que se exprima el ingenio y se apuren los argumentos para justificarla. Eso denota en algunas personas la necesidad moral de ahuyentar las dudas y tal vez la conveniencia política de salir al encuentro de una pregunta que el país no dejará de hacerse: ¿por qué tanta desventura? Aunque hubiesen sido ciertos todos los males que se le cargaban a la República no hacía falta la guerra. Era inútil para remediar aquellos males. Los agravaba todos, añadiéndoles los que resultan de tanto destrozo. Viéndose agredida, la República tenía que defenderse. Ante un alzamiento militar, la obligación estricta del Estado era resistirlo, y tratar de dominarlo. Creo haber explicado en el curso de estos artículos por qué no se logró. Al convertirse el movimiento en guerra campal, y al desatarse aquel furor que, en la contemplación de sus obras, se embravecía más, fueron comprometiéndose en la guerra muchas más cosas de las que pensaban comprometer o arriesgar sus promotores. No previeron lo que encerraba su germen. Iban a perderse los más preciados valores del patrimonio nacional. Vidas y bienes, para siempre. Hábitos de trabajo, independencia del espíritu, captado por todos los fanatismos. Se ganarían odios incurables y la lesión moral recibida por las generaciones más jóvenes. En España, a ambos lados de las trincheras, y en el extranjero, se hacían cábalas sobre quién ganaría la guerra. En realidad, la guerra no la han perdido sólo la República y sus defensores. La han perdido todos los españoles. Contemplar la magnitud de la catástrofe, traía aparejado el afán de poner término a la guerra. Pero quien, amarrado a un deber muy estrecho, quería restaurar la paz y conservar la República, hacer de la una la condición de la otra, estaba seguro de navegar contra la corriente.

Convencerse de que la República, aherrojada por la no intervención, no podría derrotar militarmente a sus enemigos, estuvo, de primera intención, al alcance de pocos. Desde septiembre del 36, los datos del problema no variaron sustancialmente, pero su lento desarrollo en el tiempo y sobre el terreno dejaban amplio margen a la esperanza de que podrían modificarse, o a la ilusión de que no eran tan rigurosos como se había supuesto. Extraer de los datos conocidos la consecuencia fatal, merecía casi siempre esta respuesta: «Si las cosas continuaran así, no habría remedio. Pero hay motivos para esperar un cambio. Mussolini y Hitler no harán siempre lo que se les antoje. No todo cabe en la lógica. Hay los imponderables». En la opinión popular, más emocional que analítica —y la opinión de esa calidad llegaba muy alto— alentaba la conmovedora seguridad de que un derecho tan claro, un sacrificio tan fuerte, la voluntad de no someterse a la dictadura, tendrían su recompensa. Por obra de esta disposición, las adversidades de la guerra parecían más graves cuando la imaginación las temía que cuando la realidad las imponía. Así, el hecho desastroso, que debía poner límite a las esperanzas y demostrar que la guerra estaba perdida, se iba poniendo, también con la imaginación, cada vez más lejos. En julio del 37, recibí en Valencia a unos diputados comunistas. Como les hablase de la probabilidad de que llegase el enemigo al Mediterráneo, quedando cortadas las comunicaciones con Cataluña, uno de los presentes, de mucha cuenta en su partido, exclamó: «Esperemos que no ocurra eso, porque si ocurriese la guerra estaría perdida, y no habría más que pensar en salvar lo que se pudiese de la República». Ocurrió el suceso en abril del 38, y ¡en qué condiciones! Mis visitantes de Valencia continuaron siendo acérrimos partidarios de proseguir la guerra. El ejemplo no es exclusivo. Puedo aplicarlo a otros grupos y personas, muy lejanos del comunismo. ¿Cuál era en todo esto la opinión de los militares profesionales? Con los dictámenes y propuestas elevados al gobierno por el Estado Mayor Central [EMC], se hacía algunas veces un juego equívoco. Realmente, la guerra estuvo mucho tiempo sin decidirse sobre el terreno. Los ejércitos no habían sido aún derrotados, los puntos vitales de la resistencia se conservaban. En sus informes, después de subrayar la gravedad de la situación, sus peligros, el EMC proponía o reclamaba, conforme a la buena doctrina para la conducta de la guerra, las medidas de gobierno necesarias para vencer la dificultad: háganse tales cosas, y se salvarán tales peligros y se obtendrán tales ventajas. Era el punto de vista técnico-militar, propio del EM. Pero no le incumbía saber ni resolver si, dada la situación interior y exterior, eran posibles las medidas aconsejadas para llegar a una decisión feliz. Esto último era de la competencia del gobierno. Sin embargo, más de una vez, los informes del EMC sirvieron a los jusq'auboutistes para hacer callar a los pesimistas. El Estado Mayor —decían— asegura que se puede ganar la guerra. Se omitía lo más importante: ¿estamos en condiciones de hacer lo que el EM cree necesario para ganarla? Eso era todo el problema.

De sus proporciones puede formarse idea repasando el informe elevado por el EMC al ministro de Defensa, ya en noviembre de 1937.

«La guerra» —dice el EM— «no puede ni debe perderse, ni pensar en ello aun en las situaciones más catastróficas. Prevenir éstas no es obrar con miedo, sino pensar en afrontarlas, pues en ello va la vida de todos, y, lo que es más importante, la salvación de España». Para hacer frente a la situación grave que podía derivarse de una probable ofensiva del enemigo, el EM recapitula las deficiencias más notables de la defensa y propone los remedios. «La reserva general del transporte del ejército es solamente de trescientos camiones».

Consigna una vez más el riesgo de que el ejército carezca del mínimo de camiones indispensable para su actuación. «La industria de guerra, pese a todos los esfuerzos, ha sido hasta ahora impotente para subvenir al consumo normal de los frentes». La creciente merma de los depósitos, imposibilita toda acción ofensiva, y reduce también las posibilidades defensivas, porque restringe el empleo de ciertas armas y unidades. Análoga consideración podría hacerse acerca del armamento, pero el EM no insiste, porque conoce las dificultades para su adquisición. El problema más grave, a juicio del EM, es el de la retaguardia: los actos de sabotaje y de espionaje, la deslealtad de algunos funcionarios, la actividad de los simpatizantes con el enemigo, la escasez de víveres, incluso de pan, el precio de los artículos, la desorganización del trabajo, y la falta de equidad en la administración, conducen a desmoralizar la retaguardia. «Si alguna lección cabe extraer de lo ocurrido en Asturias, Santander y Vizcaya… es la necesidad de provocar una verdadera armonía, un verdadero mando único, una efectiva seguridad en la retaguardia, un ambiente político, social y moral más sano». Conceder satisfacciones morales a los combatientes, en forma de recompensas, prestar más atención a las necesidades materiales de las tropas, sobre todo al vestuario, exigir «una austeridad administrativa mucho mayor que la actual y una equidad verdadera en cuanto a calidad de las tropas y mandos, daría a todos, jefes y subordinados, una moral superior a la existente». Por otra parte, «está en el ánimo de todos que en la retaguardia existen muchísimas personas que pertenecen a los reemplazos movilizados y que no se han incorporado a filas, ni prestan ningún servicio en relación con la guerra». La información, como servicio auxiliar del mando, funciona mal. Tampoco existe «una propaganda exterior dirigida, ni una propaganda adecuada a los fines de guerra».

Es urgente reorganizar el comisariado, pues «mientras se mantenga como está, dependiendo exclusivamente del acierto de la gestión de algunas individualidades destacadas que actúan como excelentes comisarios, más que resultar beneficioso, el conjunto viene a ser perjudicial». Después de examinar las consecuencias que tendrían el reconocimiento de la beligerancia y el cierre de la frontera francesa al restablecerse el control, el EMC propone una serie de medidas, sumamente razonables. Recordaré las más significativas: organizar ampliamente la industria nacional para las necesidades de la guerra; importar las primeras materias indispensables para un año; montar la fabricación de un mínimo de armas y municiones; imponer la jornada intensiva de trabajo en la industria de guerra y militarizar al personal; proclamar el estado de guerra; reducir sueldos, nivelar jornales, no pagando más que al que trabaje; sanear la política de abastecimientos y de precios; proveer al país de los recursos necesarios para un año; «invocar el buen sentido de los partidos políticos y organizaciones sindicales, para que comprendiendo la gravedad de los momentos que se avecinan, abandonen toda actividad de tipo político o social». Tal era la situación, descrita por el EMC, cuando en casi todos los problemas que toca se había ya dado, como él mismo proclama, «pasos de gigante». El informe está suscrito, en unión de los jefes militares del EMC, por un miembro del gobierno de la República, el señor ministro de Estado, en su calidad de jefe del comisariado. Lo cual autoriza a pensar que entre el juicio del gobierno acerca de la situación y el de los técnicos militares, no habría diferencias sustanciales. En tales condiciones, procurar la paz, para que la suerte de la República y la de España no estuvieran pendientes del azar de las armas, no quería decir que se abandonase la resistencia. Todo lo contrario: la única probabilidad de obtener una solución medianamente aceptable consistía en que la capacidad de resistencia fuese tan poderosa y duradera, que los enemigos y sus protectores hallasen también ventajoso poner término al conflicto por una negociación. No se puede entrar en ningún trato en condiciones de igualdad, si no se tiene en la mano algo que dar. Sobre esta cuestión, hubo siempre una mala inteligencia de fondo entre las personas que creían necesaria una solución pacificadora, y una parte de los que dirigían la opinión pública. Se afectaba creer que había la intención de entregar la República a sus enemigos, «en virtud de la cobardía de algunos republicanos, incapaces de comprender la hora grandiosa que estaba viviendo España». Ésta disposición era muy aguda entre los más recientes convertidos al fanatismo, o entre quienes, a favor de la guerra y sus trastornos, habían cambiado de fanatismo. El ardor de los neófitos es temible. Una tarde de abril de 1938, cuando el ejército enemigo, recuperando Teruel, destruida nuestra organización defensiva en aquella zona, llegaba a la costa mediterránea y hundía nuestro frente de Aragón, una manifestación copiosa inundó las avenidas de Pedralbes, en Barcelona, y se agolpó ante las verjas de la presidencia de la República, donde estaba celebrándose consejo de ministros. Se suponía que del consejo iba a salir un «arreglo» con Burgos. Los manifestantes gritaban: «¡Mueran los republicanos traidores! ¡No queremos armisticio! ¡Resistir, resistir!». Algunos ministros abandonaron el consejo, para calmar a los manifestantes y aconsejarles que se retirasen, como lo hicieron. Un «arreglo», que ya no estaba en la mano de nadie conseguir, pactado entonces, habría sido recibido con entusiasmo por la inmensa mayoría del pueblo español. Lo que aquella manifestación representaba, se habría desencadenado para despedazar a los autores del arreglo. Los sucesos de Madrid, de marzo del 39, habrían ocurrido en Barcelona mucho antes, pero alterado el orden de los factores. No se habrían sublevado, como en Madrid, los partidarios de la paz, sino los partidarios de la guerra. Ahora, a menos de un año de distancia, pienso con melancolía en la suerte de quienes formaron la manifestación de Pedralbes. Si lo que llamaban «traición» de los republicanos hubiese llegado a colmo, unos y otros estaríamos más contentos, y, sobre todo, nuestro país sería un poco menos infortunado.

XI. La neutralidad española

Hace por ahora tres años, un diplomático español, hombre importante en su carrera, me decía: «Se habla mucho de nuestra política internacional. ¿Pero qué necesidad tenemos de una política internacional?». Aquél diplomático había llegado, por el camino de su reflexión personal, a una conclusión equivalente a la que solía profesar la mayoría de la opinión española. España —decían casi todos—, escarmentada de antiguas aventuras, debe permanecer apartada de los conflictos europeos y atender a su reconstrucción interior.

En el fondo de esta opinión palpitaba, aunque no todos lo advirtiesen, una punta de orgullo nacional lastimado. Con su gran historia, y consciente de su debilidad actual —comprobada con dolorosa sorpresa del vulgo en las guerras coloniales y en la guerra con los Estados Unidos al finalizar el siglo XIX— el español se avenía mal a representar un papel de segundo orden. Su divisa parecía ser: César o nada. Alienta también en aquella opinión el sentimiento de que España, en tiempos pasados, fue tratada con injusticia cruel por sus rivales en la preponderancia europea. Justificado o no, ese sentimiento se mantiene vivo por la enseñanza y la educación en ciertas clases de la sociedad española.

Ésta inclinación a la renuncia, entre desdeñosa y enojada, tomó su forma definitiva después de los desastres de 1898. También entonces España se creyó abandonada por Francia e Inglaterra ante la omnipotencia agresiva de los Estados Unidos. En rigor, España cosechó entonces, además de los frutos de una alucinación (se le hizo creer al pueblo que el poder naval de los Estados Unidos era desdeñable) los de su aislamiento voluntario. Con un imperio colonial, España, además de carecer de escuadra, no había preparado el menor concierto diplomático que pudiera servir de relativa garantía a su integridad.

De hecho, el papel activo de España en Europa se había acabado con las guerras napoleónicas. Los antecedentes y resultados de tales guerras dejaron en el ánimo español un surco profundo de amargura y rencor. Del imperio francés, España recibió la criminal agresión contra su independencia. Siguió una guerra atroz, que dejó al país sumido en la pobreza y la anarquía por medio siglo. Más tarde, la Francia legitimista hizo en España la intervención de 1823 para restaurar el despotismo. El sentimiento liberal, agraviado, por la política de Chateaubriand y el patriotismo, inflamado por el recuerdo de las depredaciones napoleónicas, coincidieron en mantener durante todo el siglo XIX la significación anti-francesa de la fiesta del 2 de mayo (insurrección de Madrid contra Murat). Solamente en 1908, con motivo de la exposición franco-española de Zaragoza, celebrada precisamente con ocasión del centenario de la guerra, el gobierno español se decidió a quitar, a aquella fiesta, el carácter nacional que antes tenía, reduciéndola a una fiesta local. Eran los tiempos de la entente cordial, de los pactos sobre Marruecos. Los agravios anti-franceses del patriotismo español, parecían borrados. Todo el mundo aceptaba que las agresiones napoleónicas no eran, esencialmente, una política nacional de Francia.

Acerca de Inglaterra, el instinto popular español, cree saber que es muy mal enemigo. De las guerras de Carlos III y Carlos IV con Inglaterra, de la destrucción del poder naval español en Trafalgar, viene el dicho: «Con todo el mundo guerra, paz con Inglaterra». El auxilio militar británico en la guerra de la Península contra Bonaparte, tuvo la importancia decisiva que nadie desconoce. Pero, aunque solicitado desde el primer momento por los directores de la resistencia española, el auxilio británico no amansó, ni mucho menos, las antipatías de los patriotas. Las relaciones del ejército inglés con el gobierno y el pueblo de España, distaron de ser fáciles ni cómodas. La política británica en la emancipación de las colonias españolas de América, no favoreció, ciertamente, un mejor acuerdo entre ambos países. La cuádruple alianza (Inglaterra, Francia, España y Portugal), no sirvió de gran cosa; pero marcó una aproximación entre los gobiernos. El de Palmerston era favorable a la causa legítima del Partido Constitucional, representado por Isabel II. Por este motivo, Palmerston fue popular en España. Arrasada por una guerra civil feroz, sin dinero, sin barcos, sin cohesión interior, sin prestigio, España parecía a dos dedos de perder su independencia. Los agentes británicos y franceses en la Corte de Madrid, se disputaban la influencia sobre el gobierno español, intervenían en la política, como en país de protectorado. Por el boquete de la guerra civil penetra fatalmente, de una manera o de otra, la preponderancia extranjera. El caso se ha repetido en forma mucho más grave, con motivo de la guerra que acaba de concluir. No obstante, apenas restauraban medianamente la paz, los gobiernos españoles acometieron durante el siglo XIX algunas aventuras exteriores, por razones de prestigio, y creyendo continuar una tradición nacional: expedición a Roma (1849), guerra de África (1860), expediciones a México y Santo Domingo. Todas concluyeron en puros desastres, o en dispendios estériles de vidas y haciendas.

El punto más bajo de la depresión del espíritu nacional español, coincide con el albor del siglo XX. Españoles muy distinguidos creían llegado el fin de nuestra historia de pueblo independiente. El polígrafo Costa popularizó un programa de regeneración nacional, sobre estos postulados: «Triple llave al sepulcro del Cid» (es decir, proscripción de la política de aventuras, del espíritu belicoso, del panaché español); «despensa y escuelas» (es decir, dar de comer al pueblo e instruirlo). Más que inventarlas, Costa traducía en esas fórmulas un estado de espíritu nacional. Fueron popularísimas. Los programas políticos de entonces se impregnaron de costismo. Y aunque Costa, con apariencias de revolucionario, era profundamente conservador e historicista, sus predicaciones fueron especialmente bien acogidas y utilizadas por los partidos de izquierda.

En el orden exterior, la clausura definitiva del sepulcro del Cid se traducía así: neutralidad a todo trance. En eso, los españoles estaban, por una vez, unánimes. Consistiendo la neutralidad, por definición, en abstenerse, a la gente común le parecía que la neutralidad era la menor cantidad de política internacional que podía hacerse. Con todo, es indispensable que la neutralidad pueda ser voluntaria y defendida, y que los beligerantes la respeten. La política de neutralidad se apoyaba en la creencia de que la posición casi insular de España favorecía aquel propósito. Ésa creencia es, en general, errónea. Para ser cierta, se necesita que en cada caso concurran circunstancias que no dependen de la voluntad del pueblo ni del gobierno español.

Realmente, lo que hizo posible y, sobre todo, cómoda la posición neutral de España, fue la entente franco-inglesa. Mientras la rivalidad entre Francia e Inglaterra subsistía, la posición neutral de España en caso de conflicto habría sido dificilísima, insostenible, porque ambas potencias cubren todas las fronteras terrestres y marítimas de España (Portugal, aliado de Inglaterra), y dominan sus comunicaciones. Zanjadas con ventajas recíprocas las competencias franco-inglesas, la situación exterior de España estaba despejada para mucho tiempo, mientras no surgiera en el Mediterráneo un rival, un competidor nuevo. En cuanto el competidor ha surgido, la actitud de España en el orden internacional entra en crisis; el sistema y sobre todo las razones del sistema vigente desde hace treinta años, quedan sometidas a una prueba muy dura.

Neutral y todo, España no pudo dejar de mezclarse en el problema de Marruecos, que si hubiera desencadenado una guerra, habría acabado con nuestra neutralidad. Los españoles no tenían ninguna gana de ir a Marruecos, y menos aún de batirse allí. La razón de Estado, el interés estratégico, y el sentimiento de la continuidad histórica, así como las perspectivas de ciertas ventajas económicas, se impusieron. Si había de haber reparto de zonas de influencia o de protectorado en Marruecos, España no podía desentenderse de ello. Hubiera podido alegar entonces que el norte de Marruecos era «un espacio vital», si esta expresión hubiese estado de moda. Un primer proyecto de reparto, anterior al acto de Algeciras, atribuía a España una parte del imperio marroquí mucho mayor que la zona de su protectorado actual. Un gobernante español de entonces, se felicitó, a mi juicio con razón, de que tal proyecto no llegara a realizarse. Lo que España obtuvo en aplicación de los convenios de 1912, defraudó las esperanzas de los gobiernos y de aquella parte de la opinión que hacía de la expansión en Marruecos una cuestión de prestigio; por dos motivos: la solución híbrida dada al asunto de Tánger, espina clavada en el amor propio de los africanistas y la mezquindad con que a su parecer se hizo la delimitación de la zona española. Motivo de resentimiento y punto de fricción que están muy lejos de haber desaparecido.

La visita de Eduardo VII a Cartagena, y otras demostraciones de que España entraba en la órbita de la política franco-inglesa no fueron obstáculo para que se mantuviese neutral durante la guerra. La neutralidad fue posible porque Italia se puso al fin del lado de Francia e Inglaterra.

Otra cosa habría sido si el Mediterráneo occidental se hubiese convertido en teatro de las operaciones. Neutral el Estado español, la opinión del país no lo fue en modo alguno. Los españoles se dividieron apasionadamente en dos bandos irreconciliables. El ambiente parecía de guerra civil, menos los tiros. Prueba evidente de que el conflicto era mucho menos ajeno al interés español de cuanto se creía. Y no precisamente por el destino ulterior de Alsacia-Lorena o de Polonia, sino por las consecuencias seguras que del triunfo del uno o del otro grupo de beligerantes se deducirían para España. Es seguro que la inmensa mayoría, en los dos bandos españoles, sabía poco de las causas de la guerra. Ignorancia disculpable. ¿Sabían mucho más, acerca de eso, buena parte de los combatientes? Cierto: no faltaban españoles —sobre todo en la élite— que tomaron posición por móviles desinteresados abrazando la causa que les pareció más justa y más acorde con el porvenir de la civilización liberal en Europa. Pero eran muchos más los que obedecían a otros motivos. Si la política exterior de un país es función de su política interior, parece normal que cada bando español desease con furia y, dentro de sus medios, trabajase por el triunfo de quienes podían aportar a la política futura de España un apoyo o cuando menos un ejemplo muy deseados.

Formaban en el partido pro-alemán: el ejército (recuerdo de las antiguas guerras con Francia; prestigio de la disciplina y la técnica prusianas); el clero (rencor anti-francés por la política laica y la expulsión de las órdenes); gran parte de la burguesía (animadversión de la Francia republicana); el Partido Carlista entero; buena porción del Partido Conservador Dinástico, aunque no ciertamente algunos de sus jefes. Son de notar algunas excepciones. Ciertas personas de la nobleza, por relaciones de familia, por su formación personal, u otros motivos, eran pro-aliados. También los sacerdotes católicos que habían recibido la influencia de Lovaina, y los pocos militares en quienes las ideas liberales se sobreponían a la formación profesional. En el partido anti-alemán estaban los republicanos, casi todos los liberales dinásticos, los hombres más importantes del Partido Socialista, no muy numeroso entonces, y, en general, las masas populares. Ambos bandos sabían de sobra que la victoria alemana traería necesariamente estímulo y tal vez ayuda directa para una convulsión política interior que pusiese de nuevo a España bajo un régimen despótico. Por eso, desde el punto de vista español, unos miraban aquella victoria con regocijada esperanza, otros con temor.

El partido pro-alemán estaba además poseído de un sentimiento de signo negativo; merced a la guerra, creía llegado el momento de que Francia e Inglaterra (sobre todo Francia), expiasen las injusticias y vejaciones que a través de una antigua rivalidad, habían infligido a España. Un desquite por mano ajena. No juzgo el valor de unos y otros sentimientos. Consigno cómo fueron.

Ambos bandos eran, en general, neutralistas; pero los pro-alemanes defendían más bien la neutralidad, porque estaba a la vista que España no podría en ningún caso romperla a favor de Alemania. Con todo, el leader del Partido Carlista propagaba abiertamente la ruptura con Francia e Inglaterra para recuperar Gibraltar y otras prendas. La propaganda alemana hacía creer a la opinión pública, e introducía en las esferas del Estado, la oferta de que poniéndose de parte del Káiser, España obtendría Gibraltar, Tánger, una zona mayor en Marruecos y manos libres en Portugal. Es decir, un imperio español desde el Pirineo al Atlas. Lo que Miguel de Unamuno llamó, sarcásticamente, «el Vice-Imperio ibérico». Vice-Imperio porque, según su juicio, quedaría subordinado al gran imperio de la «Mittel Europa». Nada de esto se realizó. Y como todos los planes políticos que no pasan de un esquema fantástico, ha podido parecer durante algún tiempo cosa fútil y vana. Lo es mucho menos de lo que aparenta. Desde entonces las posiciones en España están tomadas definitivamente. Quien ponga en relación los movimientos políticos internos de España, desde 1923 hasta hoy, con la situación internacional en cada momento, comprobará cómo reaparece y actúa, sin perder su carácter, aquella división en dos bandos que dejó marcada. Actualmente, con la intervención ítalo-alemana, el antiguo bando pro-alemán ha obtenido, para la política interior española, lo que de 1914 a 1918 soñó obtener de la victoria alemana. Que por motivos diversos, algunas personas o algunos grupos, aliadófilos durante la gran guerra, estén al lado del nuevo régimen español, no significa nada para esta cuestión, porque su peso en los destinos del país parece reducido, por el momento al menos, a muy poca cosa.

La instalación de la Sociedad de Naciones pudo parecer la garantía definitiva de la paz exterior de España. El sistema de seguridad colectiva la pondría a cubierto de agresiones, sin necesidad de comprometerse en el exterior ni de montar una gran máquina militar. La Sociedad de Naciones ha sido mirada en España, por el bando pro-alemán, con aversión o con mofa. El fracaso de la seguridad colectiva, la desposesión de la Sociedad de Naciones, y la ocasión y los motivos de todo esto, juntamente con la aparición del competidor italiano en el Mediterráneo, plantea con urgencia para España el problema de su neutralidad en un conflicto europeo, o en caso de salir de ella, el de a qué lado irá su concurso.

Si el tema hubiera de decidirse por la masa nacional, el grito casi unánime sería: neutralidad sin condiciones. Seguramente no faltarán personas para opinar o aconsejar lo contrario; pero son muy pocas. Las razones que abonaban la posición neutral de España, subsisten, agravadas por el estrago de esta última guerra. La necesidad y el anhelo de reposo han de tener más fuerza que nunca. Ningún gobernante puede ignorarlo. Por otra parte, el Estado español no puede desconocer tampoco que, para un régimen recién instalado, sería terriblemente peligroso que, a consecuencia de su instalación y de los medios empleados para lograrla, se viese envuelto, de la noche a la mañana, en una guerra con sus poderosos vecinos Francia e Inglaterra; guerra que cualquiera que fuese su conclusión, sería desde el comienzo asoladora y desastrosa para España, precisamente por su posición geográfica. Tales son, a mi juicio, los motivos que trabajan en favor de la neutralidad de España en un conflicto europeo. Son poderosos, pero no hay ninguno más. Nada digo de los motivos que trabajen en contra, porque tendría que discurrir sobre ellos por conjeturas. Pero se pueden examinar, porque los datos son conocidos, las razones que los dos sectores de la opinión española han tenido y tienen para orientar, desde el tiempo de paz, la política exterior y del país. Sería erróneo atribuir la problemática actitud de España en un conflicto europeo, pura y simplemente a la presencia en la Península de tropas extranjeras, al prestigio que con sus éxitos haya logrado el Reich, o a la necesidad impuesta por la guerra civil y sus consecuencias. Todo eso tiene su parte en el problema, pero no lo absorbe enteramente. Ninguna ilusión más peligrosa que la de creer que se trata de una improvisación. La misma intervención ítalo-alemana, si la aislamos para considerarla estrictamente como un hecho español, denota la existencia de una opinión anterior, cuyos componentes he analizado más arriba. Sería frívolo pretender reducirla a una expresión numérica; pero no es aventurado afirmar que los recientes sucesos no la han disminuido y que su influjo en las esferas oficiales nunca ha sido mayor. He aquí sus tesis: España, país de misión civilizadora e imperial, fue desposeída de su preeminencia por la conjuración de rivales rapaces, conjuración movida por el afán de riquezas y el odio religioso.

El engrandecimiento posible de España y, sobre todo, su voluntad de engrandecimiento, tropezará necesariamente con la preponderancia francesa. El interés de Francia consiste en mantener una España débil, inerme y sometida. No menos que el interés de Inglaterra, favorecedora de la división de la Península en dos estados que la dejan manca, y detentadora de Gibraltar, cuya recuperación le daría a España, con el dominio absoluto del estrecho, una situación estratégica sin igual.

Con el imperio alemán, España nunca ha tenido competencias graves. Al contrario: desde 1521 a 1712, la política de ambos países fue común, y casi un siglo de preponderancia española en Europa se acaba con las paces de Westfalia y de los Pirineos, es decir, con el triunfo de la política francesa sobre la corona española y el imperio germánico.

Consecuencia: como los intereses alemanes y españoles no chocan en parte alguna, y tienen de común la necesidad de protegerse contra los mismos rivales, la condición y el medio de engrandecer a España es restablecer la tradición política exterior de los siglos XVI y XVII.

La propaganda y la diplomacia alemanas, no necesitan inventar nada de esto. Muchos españoles lo aceptan de antemano.

Frente a esas tesis están las que, por agruparlas bajo un nombre común, llamaré tesis de los españoles liberales. En el giro de la civilización de la Europa occidental España tiene su puesto propio. Sin mengua de su carácter original, forma parte de un sistema que no está determinado solamente por la geografía y la economía, sino por valores de orden moral. En el terreno político, España ha seguido la evolución de las democracias occidentales. Los verdaderos fines nacionales de España están todos dentro del propio país y la primera condición de lograrlos es la paz. Desde el siglo XVIII España no ha disfrutado nunca veinte años de paz consecutivos. Es relativamente pobre, y aunque el número de habitantes se ha duplicado en poco más de un siglo, todavía está poco poblada. Por ejemplo, la provincia de Badajoz, tan grande como toda Bélgica, tiene catorce habitantes por kilómetro cuadrado. Riquezas naturales mal explotadas. Instrucción popular retrasada. Millones de braceros pasan hambre. Lo justo y lo útil es rehacer este pueblo, robustecerlo. Aunque las tesis imperialistas fuesen posibles, exigirían un esfuerzo militar y económico gigantesco, que no permitiría atender a la reconstitución del país. ¿Y qué expansión necesita ni puede conseguir un pueblo que aún no ha logrado poblar ni cultivar todo su territorio? La neutralidad de España, en buena inteligencia con Francia e Inglaterra, sus vecinos más poderosos y sus mejores clientes, constituía para los mantenedores de estas tesis un principio fundamental. Que España no fuese potencia militar era, hasta 1935, un factor esencial del equilibrio del Mediterráneo. Está muy esparcida la opinión de que este dato importantísimo no ha sido bastante apreciado. Ésa política ha prevalecido en España, no solamente durante la República, sino antes, bajo la administración de los partidos parlamentarios dinásticos. Prosiguiéndola, y lealmente adherida a la Sociedad de Naciones, entró España en la política de sanciones. Los últimos creyentes en la Sociedad de Naciones han sido españoles. Se ha visto con qué resultado.

Sería una extravagancia suponer que han abandonado esas tesis todos los españoles que las profesaban; pero el influjo decisivo de esa política, en la orientación internacional del Estado español, ha desaparecido con la República.

MANUEL AZAÑA DÍAZ. (Alcalá de Henares, España, 10 de enero de 1880 Montauban, Francia, 3 de noviembre de 1940) fue un político y escritor español que desempeñó los cargos de presidente del Gobierno de España (1931-1933 y 1936) y presidente de la Segunda República Española (1936-1939). Fue uno de los políticos y oradores más importantes en la política española del siglo XX, además de un notable periodista y escritor. Fue galardonado con un Premio Nacional de Literatura en 1926 por su biografía Vida de Don Juan Valera. Su obra más conocida es el diálogo La velada en Benicarló, una reflexión sobre la década de los años treinta en España. Sus Diarios son unos de los documentos más importantes para el conocimiento del momento histórico en el que vivió.