Fernando Jáuregui

y Manuel Ángel Menéndez

El Zapaterato:

Cuando España entró

en una nueva era

La negociación: el fin de ETA

EDICIONES PENÍNSULA

barcelona

Primera edición: mayo de 2010

© de esta edición: Grup Editorial, 62, S.L.U., Ediciones Península

edicionespeninsula.com/grup62.com

ISBN: 978-84-9942-057-8

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PRÓLOGO

CUANDO EL ESTADO ESTUVO A PUNTO DE VENCER A ETA

Todo comenzó inmediatamente después de la toma de posesión de Zapatero como presidente del Gobierno, en abril de 2004. Una enigmática llamada del socialista Jesús Eguiguren a La Moncloa puso en marcha todo un proceso negociador con una banda terrorista que asolaba España desde hacía más de cuarenta años. Eguiguren no fue atendido inmediatamente; incluso le dijeron que «así no se hacen las cosas». Pero la energía de este socialista vasco, su posibilismo impetuoso, que hasta entonces le había llevado a contactar por su cuenta y riesgo con la banda, hizo brotar en Madrid la esperanza de un final dialogado que pusiera fin al desenfreno de ETA. Y ahí empezó todo.

El caso es que ETA estuvo a punto de dar el «sí» a la paz. O eso creyó el Gobierno español comandado por José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente socialista llegó a ilusionarse, y mucho, con la posibilidad —que en algún momento llegó a parecerle probabilidad— de que la pesadilla del terrorismo perpetrado desde hacía cuarenta años por la banda terrorista vasca concluyese. Y concluyese precisamente bajo su presidencia.

Ha sido el impulsado por ZP un proceso emocionante, lleno de altibajos, de sombras y con algunas luces. Hablamos de la negociación abierta por el ejecutivo del PSOE, pilotada de manera muy personal por Zapatero, articulada por un hombre clave llamado Alfredo Pérez Rubalcaba —entre otros, por supuesto— y boicoteada por algunos jueces, señaladamente Fernando Grande-Marlaska, por algunos obispos —otros, en cambio, la favorecían—, por algunas organizaciones, por algunos medios y, desde luego, por el principal partido de la oposición.

eguiguren, clave

Fueron días de mucha agitación, en los que un socialista vasco, Jesús Eguiguren, que creyó firmemente que con la negociación con ETA se acabaría con el terrorismo, se empleó a fondo y de manera individual en los contactos supersecretos con la banda. En la negociación creyó también el actual lehendakari, Patxi López, y la mayor parte del Partido Socialista de Euskadi, que ha logrado llegar a gobernar en el País Vasco tras una larga hegemonía nacionalista y ha cambiado muchos de los puntos esenciales en la lucha contra el terror. Los autores de este libro estamos convencidos de que el ascenso espectacular de los socialistas vascos en las elecciones autonómicas del 1 de marzo de 2009, un ascenso que posibilitó a López ocupar el sillón de Ajuria Enea, se debe, en parte, al apoyo dado a esa negociación con ETA, que, sin duda, se ve de manera diferente en Euskadi a como se ve en el resto de España.

Hoy es fácil, a la vista de cómo salieron las cosas, atacar el ímpetu de un Eguiguren a la hora de insistir en la negociación. A nosotros nos parece una figura digna de todo elogio: creyó en una idea y la hizo avanzar contra viento y marea. La cosa salió mal, o relativamente mal, como veremos, porque algo se avanzó en la lucha contra ETA incluso con esta negociación. Pero ¿y si hubiera salido bien? A estas horas, Jesús Eguiguren sería «nuestro» héroe, más o menos. Quizá se haya sido injusto con él: merece muchos más elogios que reproches, si es que merece alguno de los últimos.

Y no fueron los citados los únicos que apoyaron la negociación: con ellos se implicaron abogados, como el hoy miembro del Consejo del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, o el hoy ministro de Justicia, Francisco Caamaño; militantes veteranos, como el fiscal y ex ministro Javier Moscoso; policías, como los que dieron el «chivatazo» a ETA para entorpecer la detención de la red de extorsión en torno al bar Faisán; jueces, como Baltasar Garzón, o representantes de altas instituciones, como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Hubo también periodistas que apoyaron este proceso que dividió en dos a la opinión pública española. El propio Fernando Jáuregui, uno de los dos autores de este libro, se pronunció siempre en sus intervenciones radiofónicas y televisivas a favor de la negociación, aunque criticando la manera en la que muchas veces se llevó a cabo; Manuel Ángel Menéndez, el otro autor, no se mostró tan partidario de un proceso que esperanzaba o indignaba a la sociedad española, pero que a nadie dejó indiferente.

De la misma manera que, hoy, uno de los autores se muestra mucho más optimista que el otro acerca de la proximidad del fin de ETA, aunque no deseamos que sean las opiniones de los autores, sino las informaciones que traen, lo importante. Por eso, aunque sustentando posiciones diferentes sobre algunos aspectos, nos hemos lanzado a escribir este libro. Por eso, y porque «algo» está pasando y va a pasar en el seno de ETA. ¿Estará acabando una pesadilla que dura ya más de cuarenta años?

Lo cierto es que, en los primeros días de 2010, fuentes muy bien situadas en el Ministerio de Interior admitían que este año «puede ser el que marque el principio del fin de ETA». En el último capítulo de este volumen —al que pronto le seguirá otro sobre otros aspectos de la «era Zapatero»— nos extendemos sobre esta hipótesis, cuando el mundo mal llamado abertzale se encuentra inmerso en una profunda reflexión acerca de hacia dónde van y valorando el cese de la violencia como elemento necesario para avanzar hacia postulados netamente políticos.

errores (y aciertos)

Ésta es una historia (más o menos) secreta. No han faltado quienes tratasen de disuadirnos de escribir «un libro tan peligroso». Ni tampoco quienes, desde instancias más o menos oficiales, hayan procurado inducirnos al error, de manera que este volumen contuviese fallos que desvirtuasen los aciertos y revelaciones. Ni han faltado, por supuesto, los silencios pertinaces o los intentos por dilatar en el tiempo nuestro proyecto.

En resumen, no hay, lógicamente, interés alguno en los ámbitos gubernamentales —por decir lo menos— en que este proceso se cuente detalladamente. Y admitimos que nos queda alguna laguna: la falta de transparencia ha sido la constante respuesta a nuestros intentos de investigación. Por ejemplo, no podemos aún valorar cuáles serán los caminos por los que discurra la banda terrorista en el futuro inmediato. Tampoco el destino de «Josu Ternera». O la presencia de un hipotético «cuarto negociador» con ETA, cuya personalidad se mantiene, en todo caso, celosamente oculta cuando concluimos esta edición.

Algunos han mirado hacia Moncloa para adivinar la figura de ese «cuarto negociador» con la banda. Algunas pistas llevaban, precisamente, hacia el complejo presidencial: por ejemplo, cuando las negociaciones arreciaban, los escoltas de un alto dirigente del PP se toparon frente a frente en una calle de Frankfurt con un grupo de escoltas destinados en La Moncloa... pero que iban camino de Noruega. Por su actitud se podía adivinar que el alto cargo al que protegían se encontraba en la ciudad alemana en una misión sin duda reservada. Pero no debemos avanzar nombres que no hemos podido confirmar al cien por cien ni caer en especulaciones a las que algunos también han intentado inducirnos. Todo lo demás ha sido absolutamente contrastado y por eso hemos seguido, y éste es el resultado.

Aquí narramos encuentros, claudicaciones, aciertos, errores y hasta actitudes idealistas o heroicas. También algunas otras situaciones algo miserables. Creemos que esa negociación con ETA, abandonada en la segunda legislatura de Zapatero de común acuerdo con la oposición, es decir, con el Partido Popular, habrá que retomarla algún día. Confiemos en que quienes lo hagan, sea este Gobierno socialista o el que le suceda, hayan aprendido de los errores pasados. Algunos de ellos, o algunos de los que a nuestro juicio han sido errores, aparecen reflejados en este libro.

Probablemente, los intentos de negociación con ETA hayan constituido la parte más visible, la más espectacular y la más polémica de la actividad del Gobierno de Zapatero en la primera legislatura. Pero, también, la más misteriosa.

el «misterio ternera»

Por este libro sobrevuela siempre el «misterio Josu Ternera». El único etarra que participó en la política «legal» como diputado en el Parlamento vasco. No era el «número uno» de la banda (era «Thierry», apoyado por «Txeroki»), pero jugó un papel destacadísimo en la que podría haber sido la negociación definitiva para alcanzar, de una vez, la paz. En un momento dado, llegó a admitir que la Constitución Española rigiese todo el proceso. Y, contra lo que se ha dicho, no fue él quien empleó Navarra como moneda de negociación; la exigencia de «anexionar» Navarra a Euskadi vendría después, casi como un trágala de ETA para impedir el buen fin de una negociación que a punto estuvo de fructificar.

¿Qué papel jugó, pues, «Josu Ternera» en este proceso y hasta dónde estuvo «amparado» por el Gobierno español? ¿Cómo se explica que «Ternera» sea el único dirigente histórico que sigue sin estar detenido, aunque parece que estuvo bastante bien localizado en algunos momentos? ¿Estuvo Zapatero bien informado en todo instante de la marcha de las negociaciones? ¿Cómo explicar entonces el atentado de la T-4 en Barajas, horas después de que el presidente hablase de una mejora en el combate contra el terrorismo? ¿Qué fricciones provocó este contacto con ETA en el entramado socialista? ¿Y qué fricciones provocó en ETA la ruptura de la tregua con el citado atentado?

A todos esos interrogantes respondemos, en la medida de lo posible, en las siguientes páginas, en la seguridad de que buena parte de las incógnitas que aún subsisten en el entramado social quedarán despejadas para el lector tras la lectura del texto que sigue a continuación.

También creemos que el combate contra la banda terrorista ha sido, está siendo, la parte más notoria y positiva de esta segunda legislatura del «Zapaterato», hoy encaminándose ya hacia su recta final, aunque el viraje en la política antiterrorista ha sido de ciento ochenta grados: de la negociación —o, más precisamente, de los contactos— se ha pasado a la vía meramente policial y a negar terminantemente cualquier posibilidad negociadora en el futuro. Claro que eso ya se hizo antes, mientras los contactos con la banda se mantenían en vigor...

Por eso mismo, a la hora de narrar y analizar lo que ha sido el paso, lleno de claros y oscuros, de Zapatero por el poder, los autores hemos querido dedicar el primero de dos volúmenes a las relaciones con/contra ETA. Una historia apasionante y de la que creemos que revelamos bastantes aspectos inéditos.

No ha sido fácil, porque, como decíamos, muchas bocas hubieran preferido, aún hoy, permanecer cerradas herméticamente. Saben que, mediada esta segunda legislatura socialista, los efectos retardados de la fallida negociación le están persiguiendo al Gobierno con cierta virulencia política. Hablamos, por ejemplo, del caso del bar Faisán, que se ha considerado, aunque no haya pruebas concluyentes, un increíble «chivatazo» policial a ETA para frustrar una operación antiterrorista conjunta con Francia que acabase con el aparato de extorsión de la banda. Quizá por ello, porque acaso haya cosas que ocultar, o quizá porque, en la concepción de quienes todo lo quieren políticamente correcto, o como a ellos les parece correcto, creen algunos de los protagonistas de esta fallida negociación que cuanto menos se hable de estas cosas, mejor.

No es, por supuesto, nuestro punto de vista como periodistas y en este libro hemos intentado contar todo, todo lo que hemos sabido con un suficiente grado de verificación. Pensamos que la opinión pública española tiene derecho a saber lo que de verdad ocurrió, incluyendo, naturalmente, un buen número de anécdotas curiosas, pero significativas, ocurridas a lo largo de esos años de negociación. Por ejemplo, ¿sabían los etarras —o, incluso, los propios negociadores gubernamentales— que en alguno de sus encuentros secretos el almuerzo les fue servido por un policía español? Es una filtración de medios policiales, desmentida, claro está, oficialmente. Es mucho lo que no se ha contado sobre este proceso, sobre todos los procesos negociadores que tratamos de historiar.

los contactos anteriores

Cierto es que no ha sido el Gobierno de Zapatero el único que ha abordado una negociación con ETA. Todos lo intentaron antes, y fracasaron, como fracasó el propio ZP. Traemos a este libro, por tanto, una breve historia —con algunos aspectos tampoco conocidos jamás hasta ahora— de lo que fueron aquellos contactos en los tiempos de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo-Sotelo, de Felipe González y de José María Aznar.

Lo que ocurre es que el actual ejecutivo es el que se ha encontrado con una mayor y a veces menos explicable oposición a su iniciativa de negociar con ETA. Quizá, también, haya sido el que ha abordado esta negociación desde perspectivas más dramáticas, más improvisadas y menos abiertas. Por ello, Mariano Rajoy, presionado por sectores sociales no muchas veces impulsados por humores flexibles ni por actitudes templadas, se sintió engañado por su interlocutor en La Moncloa. Pero Zapatero ha repetido ante numerosos interlocutores que «hubiera sido un crimen de Estado» no intentar la negociación con ETA que parecía estársele sirviendo en bandeja. Probablemente tenía razón. Lo que ocurre es que no todo se hizo precisamente bien en este apasionante proceso.

Y es que Zapatero, que a veces ha cometido indiscreciones de aprendiz, es, en cambio, totalmente hermético ante otras situaciones. Y, si se mostraba locuazmente optimista con respecto a la marcha del proceso —a Jáuregui le dijo, en público, «lo de ahí arriba va bien», refiriéndose, desde luego, al proceso de pacificar a ETA— era también extremadamente lacónico cada vez que se trataba de contarle al líder de la oposición, y casi a cualquiera con responsabilidades políticas, los avatares concretos de la negociación. Él pensaba, y piensa, que «una negociación no se radia», como le dijo un día a uno de los autores una alta fuente de La Moncloa. A lo que el periodista le respondió: «Ni se radia, ni se lleva en esta medida a espaldas del ciudadano, contribuyente y elector».

Quedan para un segundo volumen otros aspectos de la actividad del peculiar mandato de Zapatero. Hace muchos meses que comenzamos este trabajo, siguiendo un plan que va reclamando buena parte de nuestros esfuerzos y muchas de nuestras horas. Posiblemente, ni el «Adolfato», ni el que se llamó «Felipato», la era de Felipe González, ni el «Aznarato» —así lo bautizamos nosotros en su día—, hayan sido, todo incluido, tan misteriosos, o, al menos, tan incógnitos, tan llenos de altibajos y de sorpresas como este «Zapaterato», que llegó con promesas de mejor talante y mayor transparencia y que ahora anda como anda, y cada cual ponga los adjetivos que mejor le parezcan a tal andadura.

Porque, más que hacer valoraciones, los autores queremos, ante todo, contar hechos. Y cuanto menos conocidos sean por la opinión pública, mejor. Es la esencia del periodismo, y nosotros hemos hecho nuestra aquella máxima anglosajona, de lord Nortcliffe, según la cual «noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique». Lo demás es hagiografía, propaganda o peloteo.

Hechos y datos que sean susceptibles de un análisis desapasionado es lo que queremos traer a estas páginas. Creemos que lo hemos logrado, al menos en buena medida. Y creemos también que lo conseguiremos en el segundo volumen de esta serie, que llevará como subtítulo otra pregunta que nos parece sugestiva: «¿Empezó con Zapatero el fin de España?». La respuesta, claro, pese a muchos que acusan al presidente de romper el país, es «no». Desde ahora lo decimos, por mucho que el nuestro no sea un análisis complaciente con el Gobierno. Pero merecerá la pena conocer en qué hechos se fundamentan pregunta y respuesta.

fernando jáuregui y manuel ángel menéndez

Madrid, enero de 2010

1

«ESTUVIMOS MUY CERCA DE CONSEGUIRLO», DIJO ZAPATERO

Septiembre, 2007. El presidente del Gobierno había tomado asiento en el centro de la mesa. En la Sala de Columnas del Congreso de los Diputados, abarrotada como pocas veces por la presencia de numerosos periodistas, el pleno del Grupo Parlamentario Socialista estaba reunido para escuchar lo que Zapatero tenía que decir.

Para entonces, el proceso de paz ya había finalizado. Y, además, mal. Zapatero había abandonado el triunfalismo que tantas veces exhibió. A quien había querido oírle, le había dicho que el proceso iba bien, aunque, típico del personaje, unas veces decía unas cosas y otras, las contrarias. Ahora, el proceso había concluido. Pero Zapatero no se resignaba del todo: «Estuvimos muy cerca de conseguirlo», dijo, a micrófono abierto, a sus diputados y senadores, que le aplaudieron con entusiasmo.

Los autores creemos que es cierto. Se estuvo cerca de acabar con la pesadilla. Pero otros, que habían negociado con ETA antes que el Gobierno de ZP, también creyeron rozar con las manos el sueño de la paz, del fin del terrorismo ciego y absurdo... y no lo habían logrado. ¿Por qué iba a conseguirlo Zapatero, si cometió más errores que algunos de sus predecesores, si ETA seguía siendo tan cerril como siempre?

La verdad es que, a la llegada al poder de los socialistas, tras la época «dura» de Aznar, la banda estaba debilitada. Los presos, muchos de ellos cansados y sin esperanza, veían pasar lo mejor de su juventud entre barrotes. Un documento interno del PNV, entonces gobernante en Euskadi, tras una reunión de sus dirigentes, señalaba tres tendencias en el «estado moral» de ETA, basándose en las investigaciones de la Consejería de Interior, que en aquellos momentos dependía de Javier Balza.

Según ese documento, había un tercio de etarras que era «gente mayor» que quería normalizar su situación: «Si se les soluciona la vida, están dispuestos a dejarlo». Se citaba la carta de presos veteranos como «Pakito» y «Makario», claramente dispuestos a una especie de «rendición pactada», sin que, naturalmente, se dijera así. Otro tercio, con edades que superaban los treinta y cinco años, también quisiera poner fin a su actual modo de vida, si bien en este caso necesitarían «algún tipo de incentivos políticos».

Finalmente, el otro tercio se componía de jóvenes fanáticos que no querían dejar la vía armada y gozaban con el poder que les daban las pistolas. Si esta «disección sociológica» hecha por el PNV estaba en lo cierto, negociar merecía la pena: dos tercios de ETA, entre los que se encontraba la mayor parte de los dirigentes, podrían emprender la senda de la paz.

Quizá por todo ello, Zapatero decidió emprender la aventura. Quiso presentar este proceso como una serie de meros «contactos» con ETA, no como una negociación formal. Por eso, contra lo que hizo Aznar, quiso desvincular al Gobierno, como tal, de esos contactos. Pero, al final, lo que ha quedado ha sido la idea de que se inició, a partir de 2004 y hasta 2007, una negociación, pilotada por el Gobierno, con la banda terrorista. Y que luego el proceso se abandonaría por culpa, precisamente, de la banda. Pero sí, es cierto: estuvimos a punto de conseguirlo.

algunas cosas que pasaron «de verdad»

Dirigentes internacionales como Tony Blair; o sacerdotes, como Etxegaray, Segura y Reid; o diplomáticos españoles, como Bernardino León, o británicos, como Martin Griffiths; o negociadores, como Jesús Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez; o colaborares directos de Zapatero, como José Enrique Serrano, Vidal Zapatero, Francisco Caamaño... y, desde luego, Alfredo Pérez Rubalcaba, van a desfilar por las siguientes páginas como protagonistas, urdidores o simples espectadores bien informados de un largo proceso negociador con la banda terrorista ETA que constituyó lo más destacado de la primera legislatura del «Zapaterato» y que aún coleaba sobre la segunda.

Para poner blanco sobre negro todas esas actuaciones han hecho falta decenas de entrevistas personales, el acceso a determinados documentos, informes, sentencias y autos judiciales trascendentales y un repaso profundo y crítico por los miles de artículos a que ha dado lugar en la prensa española la fallida negociación con ETA. No ha sido sencillo, porque, como suele decir Rubalcaba, «hay tres versiones de la historia: la que se ha escrito, la que se sabe y la que pasó de verdad». Y, efectivamente, en esa ingente labor de hemeroteca hemos encontrado desinformaciones y errores, lógicos, por otra parte, dada la premura con la que se escribe en el periodismo diario.

Pero lo que «pasó de verdad» es que Pérez Rubalcaba fue el coordinador —un coordinador peculiar, por cierto— del proceso negociador; que un militante socialista que llegó a tener un alto cargo en la Policía hizo de eventual «cartero» con ETA; que antes, durante y después actuaron como negociadores o interlocutores con Batasuna Francisco Egea, Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares y José Antonio Pastor —este último, de forma más eventual—; que se sentaron a negociar directamente con ETA Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez; que Francisco Caamaño preparó jurídicamente partes del proceso negociador, incluyendo planes para la liberación de presos.

También pasó que Juan Fernando López Aguilar, Mariano Fernández Bermejo y Cándido Conde-Pumpido prepararon o pusieron en práctica la decisión salomónica de ilegalizar sólo la mitad de las candidaturas abertzales para las elecciones municipales de 2007, después del atentado de Barajas; que en el proceso de paz se implicaron periodistas y diplomáticos amigos de Zapatero, y que Zapatero siguió hablando con ETA y con Batasuna después del atentado de la T-4... pese a que reiteradamente declaró lo contrario.

Lo que «pasó de verdad» es que el proceso lo iniciaron en el caserío de Txillarre Eguiguren y Egea en el año 2001, mientras Zapatero —que ignoraba lo que los dos militantes vascos hacían en aquellos momentos— había negociado o negociaba con Aznar el pacto antiterrorista, la ley de partidos políticos y la ilegalización de Batasuna; pasó que desde 2004 hasta la tregua de ETA (marzo de 2006), PSOE y Batasuna se reunieron en 25 ocasiones; que Eguiguren negoció en junio, noviembre y diciembre de 2005 con «Josu Ternera» la declaración de tregua y hasta la posterior declaración de Zapatero; que Eguiguren siguió negociando con ETA en junio, septiembre, octubre y diciembre de 2006; que Javier Moscoso se incorporó a las negociaciones en junio de 2006 y que Gómez Benítez lo hizo el 26 de septiembre de ese mismo año; que Gómez Benítez negoció, probablemente ya en solitario, en tres encuentros en 2007 —marzo, abril y mayo—, y que Gómez Benítez y el etarra «Thierry» pusieron fin al proceso con una durísima polémica, acompañada de gritos, ante la incredulidad de los mediadores internacionales de la fundación internacional Henry Dunant.

Pasó también que el proceso negociador, que Zapatero consideró como su obligación emprender a la vista de que ETA ofrecía la paz, llegó a un abrupto final. Y no por culpa de Zapatero o del Gobierno español. Ni por culpa tampoco de la oposición del PP, de sectores mediáticos, judiciales y sociales, de la Iglesia o de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que tan crispadamente dirigió Francisco José Alcaraz. El proceso fracasó exclusivamente por culpa de ETA, la banda que, con sus cincuenta años de lúgubre historia, lleva ya casi un millar de asesinatos a sus espaldas.

Pero ¿qué llevó a Zapatero a mostrarse en tantas ocasiones tan optimista respecto a las posibilidades de llegar a una paz duradera, definitiva, con ETA? Juan Alberto Belloch, biministro de Justicia y de Interior en tiempos de Felipe González y actual alcalde de Zaragoza, dio a uno de los autores una importante clave: Belloch opina que Zapatero, que se define a sí mismo como un «optimista antropológico», quería creer tanto en el optimismo del principal negociador, Jesús Eguiguren, que asumía la mejor parte de los relatos que le transmitían las fuentes de la negociación. Allí donde había dificultades ligeras, todo parecía camino allanado; y con las dificultades verdaderamente serias siempre parecía haber una salida airosa. Si se hablaba de presos, se encontraría una solución, aunque cada cual hablaba de una solución distinta; si de autodeterminación, uno se refería al «referéndum constitucional» de un nuevo Estatuto, y los otros, a un referéndum sobre la independencia; si de Navarra, uno pensaba en la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que los otros ni siquiera consideraban...

En resumen, todos los que se sentaron en la mesa de diálogo, fuese el caso de ETA con el Gobierno o el de Batasuna con PNV y PSE (la doble vía), deseaban llevar a buen término, a priori, la negociación. Pero cuando los términos de la marcha negociadora llegaban a la dirección de ETA, parte de la cual parecía no desear tan ardientemente la paz, todo se malbarataba. Y eso que el presidente Zapatero, en dos ocasiones y contra toda evidencia, negó a Jáuregui la existencia de dos facciones en ETA o que existiese el peligro de ruptura de la banda.

Puede, incluso, que Zapatero no siempre haya estado completamente informado de la marcha de las negociaciones. Eso explicaría algunos de sus errores de apreciación. Cuando decimos «no completamente informado» no queremos decir, desde luego, que haya estado desinformado o que se haya desinteresado en momento alguno de lo que estaba ocurriendo en este oscuro, misterioso, apasionante proceso, al que el propio Zapatero, en solitario, dio luz verde. Pero cabe la posibilidad de que el presidente haya «dejado hacer» en alguna ocasión a quienes se ocupaban directamente de los contactos con ETA o a quienes recababan la información más especializada de los servicios de inteligencia: no todo era absolutamente controlable, como es de suponer.

«¿Hubiese sido honesto, perdonable, que, habiendo posibilidades de llegar a la paz, no se hubiese explorado el camino?», dijo en una ocasión el presidente del Gobierno español a un interlocutor. Probablemente, tenía razón: no hubiese sido concebible haber rechazado lanzarse a explorar la vía. Ocurre que quizá la exploración no se llevó a cabo de manera siempre afortunada. Pero debemos insistir: si no hubo acuerdo fue por culpa exclusiva de la banda terrorista.

Luego, en el País Vasco ocurrirían muchas cosas: por ejemplo, que Ibarretxe se marchase de la política sin haber podido llevar a cabo su famosa «consulta de autodeterminación» y que el socialista Patxi López, en una alianza informal con el PP de Antonio Basagoiti, llegase a Ajuria Enea para gobernar. Era el primer socialista al frente del Gobierno vasco, apoyado por los jóvenes de la derecha «posibilista» de Basagoiti, que en el PP de Euskadi había tomado el relevo de los «duros» encabezados por Jaime Mayor Oreja y María San Gil. Qué duda cabe de que este cambio de signo en el Gobierno vasco ha tenido una influencia muy notable en lo que está ocurriendo en el seno del mundo abertzale.

Fuera del País Vasco también han acontecido cosas conectadas con lo ocurrido en Euskadi y, en concreto, con la lucha contra el terror. Por ejemplo, ha habido relevos en la máxima responsabilidad de la Policía y la Guardia Civil, recayendo la dirección general conjunta en un funcionario poco amigo de protagonismos, pero con fama de eficaz y muy vinculado a Rubalcaba: Francisco Javier Velázquez (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla, 1951), bajo cuya dirección, y con el juez y fiscal Antonio Camacho (Madrid, 1965) como secretario de Estado de Seguridad, se han dado importantes golpes a ETA.

Lo que sigue a continuación constituye un relato pormenorizado que va del caserío Txillarre, en 2001, a esa última reunión con ETA el 16 de mayo de 2007 en Ginebra en la que se rompió, definitivamente ya, todo el proceso... y todo está tan documentado como es posible hacerlo en estos casos.

un café junto a la concha

Superados los primeros recelos, nuestro interlocutor fue adquiriendo confianza. Sentado frente a nosotros, en un mirador acristalado en un hotel junto a la playa de La Concha, en San Sebastián, consumía su segunda Coca-Cola light. Empezamos hablando del tiempo, de ese sirimiri que había comenzado a caer sobre las calles ya anochecidas de Donosti que las teñía de un color, más que plomizo, parduzco.

Tras los saludos, presentaciones iniciales y el recurrente e inevitable recurso a la meteorología, nuestro interlocutor inició un cuasi monólogo de forma lenta, pausada, como meditando sobre qué era aquello que tenía que decir y lo que tenía que ocultar. Era, al fin y al cabo, uno de los pocos que en aquellos momentos se atrevía a hablar frontalmente del «proceso». Otros lo harían después.

Más tarde, con un poco más de libertad tras subir un peldaño en el nivel de confianza, el hombre comenzó a sentirse más seguro, a hablar más rápido y de forma más densa. Fuera del recinto acristalado del mirador del hotel, esa tarde de febrero de 2009 aún había paseantes por la línea de playa, empapándose sin darse cuenta.

El hombre cedió. Tomó la libreta de Jáuregui —con cierto incomodo por parte de éste, que se quedó sin papel para anotar— y comenzó a representar lo que parecía una línea cronológica en forma de onda. En cada vértice, una palabra; en cada longitud, una fecha... Con el gráfico y la explicación correspondiente, ahora sí, de forma cronológica, el misterio quedó resuelto: así fue como se negoció con Batasuna y con ETA.

Ya sólo quedaba llenar de contenido el gráfico para explicar un complejo proceso en el que a punto estuvo de alcanzarse un acuerdo de paz en el santuario jesuita de Loyola, en el otoño de 2006, pero que la ferocidad de sólo unos pocos derrumbó junto a la terminal T-4 de Barajas. De ese contenido nos hablarían otros en múltiples entrevistas para completar este capítulo tan espinoso, tan polémico, tan poliédrico, tan desconocido, del «Zapaterato» como fue la negociación con ETA.

Sobre el papel, en el hotel frente a La Concha, quedó el esquema del proceso: «Contactos previos – Prediálogo – Tregua – Negociaciones de paz con apertura de dos mesas paralelas (una militar, con ETA, y otra política, con Batasuna y PNV) – Acuerdos – Implementación [puesta en práctica] de los Acuerdos...».

una llamada a zp en la noche electoral de 2004

La noche del domingo 14 de marzo de 2004 la plana mayor socialista, reunida en la sede madrileña de Ferraz, celebraba la sorprendente victoria sobre el Partido Popular y su candidato, Mariano Rajoy, en las elecciones generales: a Rodríguez Zapatero le correspondía ahora la iniciativa de formar Gobierno. Atrás quedaba el «Aznarato», cuyos dos últimos años de ejercicio en el poder habían sido —decían los socialistas— devastadores para España, incluida la guerra contra Irak, y se iniciaba así el «Zapaterato», una nueva etapa que, sin saberlo aún Zapatero, iba a estar marcada fundamentalmente por la investigación de la masacre de Madrid del 11-M —que propició, en definitiva, la victoria electoral socialista—, y la negociación política con la banda terrorista ETA.

A medianoche, la euforia de Zapatero y sus más fieles —Blanco, Rubalcaba e Ignacio Varela, el influyente hombre en la sombra— había subido de tono: todo eran felicitaciones para Zapatero, quien las redirigía hacia Blanco, Varela y, sobre todo, hacia Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que tuvo una intervención espectacular en televisión en la tarde del sábado 13 de marzo —día de reflexión— anunciando que «España no se merece un Gobierno que le mienta». Después de aquel acto político teatral, muchos indecisos acudieron al día siguiente a votar masivamente socialista, dando un vuelco a los pronósticos que auguraban una victoria suficiente de Mariano Rajoy.

En la noche de ese 14 de marzo, la centralita de la sede de Ferraz sonaba frenéticamente. Entre las múltiples llamadas recibidas hubo una no revelada hasta hoy que iba a marcar el rumbo futuro del «Zapaterato»: desde San Sebastián, Jesús Eguiguren pedía hablar personal y directamente con Zapatero.

Pocos funcionarios de Ferraz conocían a Jesús Eguiguren Imaz (Aizarna, Guipúzcoa, 1954), un profesor universitario, jurista, diputado del Parlamento Vasco —del que llegó a ser presidente entre 1986 y 1990— y que en ese momento pilotaba el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra en Guipúzcoa. Eguiguren formaba parte del ala más «vasquista» del PSE —como Odón Elorza, Gema Zabaleta o Denis Itxaso, defensores del «derecho a decidir» de los vascos—, como lo probaban sus ensayos políticos El PSOE en el País Vasco, 1886-1986, Euskadi, tiempo de conciliación, El socialismo y la izquierda vasca, 1886-1994, Los últimos españoles sin patria (y sin libertad) o La crisis vasca. Entre la ruptura y el diálogo.

Fue el secretario de Organización, José Blanco, el «número dos» de Zapatero quien atendió la llamada. Eguiguren le dijo que ahora, con el cambio de Gobierno, se abría una posibilidad real de alcanzar un acuerdo de paz en el País Vasco. Sin preámbulos, Eguiguren le comunicó a Blanco que tenía contactos con el mundo abertzale y que esa misma noche electoral, después de conocida la victoria de Zapatero, acababa de hablar con Arnaldo Otegi, el líder batasuno, y que ambos habían percibido la posibilidad real de llegar —ahora sí— al final del mal llamado «conflicto vasco».

Blanco despachó a Eguiguren con un «bueno, ya hablaremos en otro momento» y colgó el teléfono. Lo que Blanco no conocía con todo detalle es que mientras Zapatero, Caldera, López Aguilar y él mismo negociaban con Aznar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (diciembre de 2000) o la Ley de Partidos Políticos (junio de 2002) que dejó fuera de juego a Batasuna, un sector del socialismo vasco mantenía desde 2001 animados «encuentros gastronómicos» con el mundo abertzale, la base que conformaría el auténtico inicio de las negociaciones entre el Gobierno socialista y ETA entre 2006 y 2007 para alcanzar la paz en el País Vasco. Unos contactos, los de Eguiguren, que sirvieron luego al PP —escasamente informado por Zapatero sobre el desarrollo de todo el proceso negociador con ETA— para montar una dura oposición contra el Gobierno a cuenta de la política antiterrorista.

Según les consta a los autores de este libro —todo lo que viene a continuación está basado en documentos y contactos personales con algunos de los principales protagonistas del proceso—, pasaron semanas tras la conversación telefónica con Blanco sin que Eguiguren recibiera respuesta de Ferraz, ni mucho menos del propio Zapatero, interesándose por el asunto. Un mes más tarde, el 16 de abril, Zapatero fue investido presidente del Gobierno y unos días después se trasladó a vivir a La Moncloa junto a su mujer, Sonsoles Espinosa, y sus dos hijas, Laura y Alba.

La tenacidad de Eguiguren le llevó a probar suerte en el palacio presidencial: telefoneó, pero tampoco consiguió traspasar los filtros secretariales. No obstante, la «fontanería» monclovita, a través del director de Gabinete del presidente del Gobierno, José Enrique Serrano, habló con Patxi López, secretario general del PSE-EE-PSOE, para recabar información sobre lo que realmente quería Eguiguren, que estaba llamando insistentemente a Moncloa pidiendo hablar con el presidente del Gobierno sobre ETA: «Las cosas no se hacen así», le dijeron a López desde La Moncloa.

mirando hacia roma

Con esos antecedentes, Eguiguren tomó conciencia de que había errado el tiro. Pero el socialista vasco se hallaba inmerso en una fase de prediálogo con el mundo abertzale; una fase inicial que, según los planes diseñados conjuntamente con Arnaldo Otegi, debía conducir a la segunda: la puesta en contacto del Gobierno español con ETA. Años atrás, en 1998, esa labor de mediación entre ETA y el Gobierno de José María Aznar que condujo a la reunión de Ginebra (19 de mayo de 1999) la habían realizado el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el entonces obispo de Zamora, monseñor Juan María Uriarte, pero era obvio que después de aquel fracaso habían quedado «quemados» para un nuevo proceso.

En esos momentos —finales de abril de 2004—, Eguiguren y Otegi volvieron la cabeza a Roma, buscando una mediación eclesiástica para facilitar la relación entre el Gobierno de Zapatero y la banda terrorista. La intención del presidente del PSE-PSOE era entrevistarse con el Papa Juan Pablo II, pero el Vaticano era un recinto inexpugnable y Eguiguren y Otegi pensaron entonces en el cardenal Etxegaray como alternativa.

Monseñor Roger Etxegaray (1922, Espelette, diócesis de Bayonne, Francia), un vasco francés conocedor de la problemática situación vasca —es tío de Christianne Etxalus, quien se casó en Ecuador con el etarra Alfonso Etxegaray Atxirika (Plencia, Vizcaya, 1958)—, resultaba un buen interlocutor: era, además, un hombre de plena confianza de Juan Pablo II para mediar en situaciones de conflicto. Por ejemplo, en mayo de 2002 actuó como enviado del Papa en una misión especial de paz a Jerusalén, y en febrero de 2003 lo había sido en Bagdad para «ayudar» a Sadam Hussein a hacer una «seria reflexión» acerca del deber de una activa cooperación internacional que evitara la guerra contra Irak. Aunque no consiguió frenar aquel conflicto en Oriente Medio, en marzo de 2004 Etxegaray recibió de la UNESCO el Premio «Felix Houp-houet-Boigny» por su trabajo en favor de la paz mundial, junto con el gran mufti (jurista profesional que interpreta la ley musulmana) de Bosnia-Herzegovina, Mustafa Cedric.

[Por cierto que este monseñor, ya de avanzada edad —ochenta y ocho años—, volvió a ser protagonista en todos los periódicos al resultar herido cuando una joven desequilibrada se abalanzó a finales de 2009 sobre el Papa Benedicto XVI en el Vaticano. Una vez en vías de reponerse, el cardenal diría a la prensa italiana que su caída junto al Papa le había «hecho un sitio en la Historia». Sin embargo, para nosotros, la historia de monseñor Etxegaray es la de su participación en la negociación con ETA.]

Eguiguren contactó con Etxegaray a través de François Maitia, por entonces concejal del Partido Socialista Francés (PSF) en una pedanía de Saint Jean Pied de Port, y luego vicepresidente del Consejo de Las Landas y amigo común de los dos negociadores. La gestión de Maitia surtió efecto: el cardenal llamó por teléfono a Eguiguren y se citaron en Roma el 22 de mayo de 2004, el mismo día que el príncipe Felipe y la periodista Letizia Ortiz se casaron en la madrileña Catedral de la Almudena.

[Contra todo lo que algunos quisieran especular, la posición de los socialistas franceses respecto a una eventual gran Euskal Herria es inequívoca: Francia es una, completa en sí misma. Quedó muy claro en una de las reuniones que a lo largo del proceso celebraron socialistas vascos españoles y franceses con batasunos. En una de esas reuniones, Eguiguren, Otegi y Maitia conversaban sobre el futuro de unas negociaciones para la paz y cómo sería la situación resultante. Otegi habló de la gran Euskal Herria y que la asunción de Iparralde podía significar no más allá de 25.000 vascos para el Estado francés. Maitia saltó y le dijo: «Ni 25.000 ni un solo francés. Francia no accederá nunca»].

Etxegaray escuchó cortésmente el análisis de Eguiguren, pero anteriores experiencias en este terreno mediador, así como un profundo conocimiento de la difícil situación de la Iglesia vasca, le convencieron para rechazar la petición, argumentando que el Vaticano no podía comprometerse en un proceso de mediación entre el Gobierno español y ETA. El Vaticano, no, pero Etxegaray sí actuaría a título personal en determinados momentos del proceso.

La vía «oficial» del Vaticano quedó cerrada, pero Eguiguren no tiró aún la toalla para una mediación eclesial a otros niveles y buscó la complicidad del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte Goiricelaya (Fruniz, Vizcaya, 1944), el hombre que no sólo intermedió, sino que intervino también de testigo y notario en las fallidas conversaciones entre Batasuna, ETA y el Gobierno de Aznar (1998-1999).

Sin embargo, la experiencia de Uriarte en aquella ocasión —cuando era aún obispo de Zamora— le marcó para el futuro: respondió a la petición de Eguiguren con un escueto «no». Uriarte se quitó de en medio, pero en el camino dejó a un sacerdote vizcaíno que jugaría un destacado papel, Joseba Segura. Con el «no» de Uriarte, Eguiguren consideró definitivamente cerrada la vía eclesiástica, máxime cuando, además, sus interlocutores abertzales le informaron de que el conglomerado Batasuna-ETA tampoco aceptaba ya a Uriarte, escaldados de las conversaciones de Suiza de 1999, que se narran en la segunda parte de este libro.

eta escribe a zapatero: «señor presidente del gobierno...»

Fracasado el intento para una mediación eclesiástica, Eguiguren y Otegi pensaron en lo más sencillo: conseguir que ETA remitiera una carta a Zapatero solicitándole la apertura de un diálogo. Los autores de este libro hemos podido conocer detalles fidedignos de cómo se perfilaron estas gestiones, que podrían casi inscribirse en el campo de la épica.

Tras los contactos oportunos —podía verse la mano de Otegi en esta fase del plan—, y pocos días después del enlace entre Letizia Ortiz y el príncipe Felipe de Borbón, Eguiguren viajó a Francia, donde, en una localidad próxima a la frontera española, un sacerdote vasco-francés de la confianza de Etxegaray y de François Maitia le entregó personalmente una carta.

Esa misiva —que en realidad había sido pactada con Batasuna y con ETA, quienes «sólo» pidieron garantías de que el Gobierno les contestase— llevaba el encabezamiento de «Señor presidente del Gobierno...» y proponía «establecer vías de comunicación para resolver el conflicto» con fórmulas políticas para construir entre nacionalistas y no nacionalistas —es decir, admitiendo la pluralidad de la sociedad vasca— una nueva Euskadi. El contenido textual de esa carta de ETA —no de otra posterior de Otegi— es uno de los secretos mejor guardados en la caja fuerte del despacho presidencial en Moncloa; una caja fuerte tan humorísticamente «descalificada» en un libro de memorias de Leopoldo Calvo Sotelo: decía que en aquella caja fuerte el único papel secreto que se encontró al abrirla era... la combinación de la propia caja fuerte. Sin embargo, ahora las cosas ya no son así, dicen quienes han asistido a la «transformación» de La Moncloa en un macro recinto presidencial: Zapatero almacena en su despacho no pocos secretos que jamás van a ser revelados. Uno de ellos, aparentemente, esta carta de la que hablamos... y otras tres, al menos.

Cuando esa primera carta llegó —junio de 2004— a manos de Zapatero por canales internos socialistas, ETA no había materializado ningún atentado mortal desde el 30 de mayo de 2003, fecha en la que la explosión de una bomba en Sangüesa (Navarra) acabó con la vida de los policías nacionales Bonifacio Martín Hernando y Julián Envit Luna. Eran motivos de esperanza, sin duda.

Aunque el Gobierno se tomó algún tiempo en responder a ETA, Zapatero dio el visto bueno a la idea animado por el primer ministro británico, Tony Blair, quien, basado en su experiencia irlandesa, defendía el establecimiento de un canal de comunicación con la banda terrorista como «toma de temperatura», al menos. Esa primera carta fue la que puso en marcha todo el proceso... un proceso que en realidad había comenzado tres años antes con unos «encuentros gastronómicos» en mitad del Goierri.

No obstante, no fue ésa la única carta procedente de ETA que le llegaría a Zapatero hasta la declaración de tregua de marzo de 2006: el Ejecutivo recibió un total de cuatro misivas a las que respondió —a veces por escrito, a veces mediante un mensaje verbal— aceptando el envite. Las cartas llegaron a Pérez Rubalcaba por diferentes conductos y personas, y en alguna ocasión a través de un jefe policial, que las recogía —o entregaba la respuesta— de manos del aludido sacerdote vasco-francés, o bien directamente de monseñor Etxegaray. Luego, Rubalcaba se las entregaba al propio Zapatero.

Mucho se habló de que el «cartero» habría sido Víctor García Hidalgo (Almendralejo, Badajoz, 1956), un licenciado en Ciencias Políticas, Master en Gestión de Recursos y hombre de la máxima confianza del presidente del Senado, Javier Rojo. Él fue quien sustituyó (4 de mayo de 2004) a Agustín Díaz de Mera en la Dirección General de la Policía. En la actualidad, García Hidalgo es secretario de Organización del PSE de Álava —feudo de Rojo—, cargo interno para el que fue nombrado en octubre de 2009.

Aunque extremeño, la carrera política de García Hidalgo ha estado vinculada al País Vasco, donde años atrás ostentó cargos como la Vicepresidencia Primera de las Juntas Generales de Álava, la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno Vasco o el Gobierno Civil de Álava. Fue el representante socialista en la mesa de Arkaute, creada en 2002 para tratar de la violencia terrorista y la seguridad de los concejales e integrada por todos los partidos vascos, excepto PP y Batasuna. Es el suyo un nombre que el PP no olvida, ya que García Hidalgo fue también uno de los representantes del PSOE en la Comisión Técnica del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y, por lo mismo, los populares se sintieron traicionados cuando conocieron sus gestiones, aunque no directas, con la banda terrorista.

El bagaje político de García Hidalgo le llevó, primero, a la Dirección General de la Policía tras la victoria electoral socialista del 14-M, y desde ahí a servir de «cartero» de máxima seguridad con ETA, portando personalmente cartas a sacerdotes vasco-franceses —de la confianza de Etxegaray, o al mismo Etxegaray— en una parroquia próxima a Bayona; sacerdotes que actuaban como intermediarios con la banda. Luego, García Hidalgo iba a ser protagonista involuntario de uno de los más extraños —por decirlo así— pasajes de la ya de por sí curiosa relación del Gobierno socialista con el mundo filoterrorista: el caso del bar Faisán, que desarrollaremos en el capítulo 3.

Sin embargo, fuentes de Interior insisten en restar importancia al papel que García Hidalgo jugó a lo largo de este proceso: «Solamente algo incidental y desde la retaguardia», nos dijeron estos medios, precisamente cuando sobre García Hidalgo caen cascotes a cuenta del «caso Faisán», uno de los episodios más oscuros del «Zapaterato».

la iglesia se implica en el proceso

En esos primeros tiempos del Gobierno de Zapatero, aunque no había oficialmente mediación de la Iglesia, tres eclesiásticos actuaron en diferentes niveles en la preparación de los contactos con ETA. En un primer plano aparece el redentorista irlandés Alec Reid, uno de los artífices de los acuerdos de Viernes Santo de 1998 que sellaron la paz entre católicos y protestantes en el Ulster; le siguen los ya aludidos cardenal Etxegaray —conocido en ambientes eclesiásticos como «el negociador tapado» e íntimo amigo de obispos españoles tan dispares como Setién y Uriarte, o Blázquez y Rouco Varela— y el sacerdote vizcaíno y profesor de Teología en la Universidad de Deusto Joseba Segura.

[Uriarte fue uno de los mediadores durante la tregua 1998-1999 de ETA, pero lo que algunos quisieron considerar una «extraña maniobra» de Jaime Mayor Oreja, haciendo públicos su nombre y gestión, «quemó» al obispo para otra posible intermediación. Uriarte es tío de Jone Goirizelaia, la abogada y ex parlamentaria de Batasuna experta en la defensa de miembros de ETA.]

Joseba Segura —en las misiones en Ecuador desde el 2 de enero de 2006— está comúnmente considerado como un «nacionalista brillante», con excelentes relaciones con el mundo abertzale, sobre todo con Rafael Díez Usabiaga, el que fuera influyente secretario general de LAB, pero también con el líder socialista vasco, Patxi López. De Segura se puede decir, sin duda, que practica la famosa «transversalidad» que puso de moda el peneuvista Imaz.

Esas buenas relaciones con todo el entramado social llevaron a este sacerdote a ejercer el papel de «introductor de representantes» del Foro de Debate Nacional —un organismo controlado por Batasuna y en el que participaban EA, Aralar, el partido vasco francés AB, los sindicatos LAB y ELA y una treintena de organizaciones sociales de la izquierda abertzale— ante su jefe directo, monseñor Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, con quien se reunieron el 28 de junio de 2005 para hablar sobre el proceso de paz [mientras Eguiguren, de forma paralela, se hallaba reunido con «Josu Ternera» en Ginebra].

Segura es también amigo personal de monseñor Uriarte y uno de los tres hombres de confianza, junto a Ángel Mari Unzueta y Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa, con los que el obispo de San Sebastián cuenta en la diócesis de Bilbao. Segura, un «peso pesado» del clero vasco, coincidió en el seminario cuando Uriarte era rector y él seminarista, y cuando el inicio del proceso en el caserío de Txillarre con Batasuna y las posteriores negociaciones con ETA en 2005 era delegado episcopal de pastoral social. Siempre se le ha calificado como un «cura inteligente» dedicado a los problemas sociopolíticos vascos.

Este sacerdote vizcaíno, con una moral realmente encomiable y amigo, igualmente, del que fuera coordinador de Ezker Batua-IU, Javier Madrazo, ya había actuado como «enlace» de Uriarte con el mundo de ETA cuando el obispo medió en Suiza entre la banda terrorista y el Gobierno de Aznar. Además, Uriarte y Segura, junto al obispo dimisionario de San Sebastián, José María Setién, fueron los que en mayo de 2002 —coincidiendo aproximadamente con el inicio de las reuniones de Txillarre— promovieron la pastoral conjunta de obispos vascos «Preparar la paz», en la que presentaban batalla a las tesis de la Conferencia Episcopal Española recogidas en el libro de monseñor Fernando Sebastián La Iglesia frente al terrorismo de ETA.

Pero en ese momento, segundo semestre de 2004, la misión de Segura, como la del Bautista, fue la de preparar el camino a otro: al sacerdote irlandés Alec Reid, el mediador que realmente dio la cara en la primera parte del proceso. Con el apoyo del Obispado de Bilbao, Segura no sólo actuó como chófer y traductor del fraile irlandés, sino también como su introductor en los medios políticos vascos que frecuentaba y que él conocía tan a fondo.

De las otras patas del banco de Uriarte en Vizcaya, Ángel Mari Unzueta ejercía de vicario territorial en Bilbao y actuaba de hecho como un obispo, mientras que de Martínez Fernández de Larrinoa, secretario del Obispado, podría decirse que cumplía las funciones del secretario de Organización de un partido político: era el que movía los hilos del «aparato» eclesiástico. Muchas de las vías negociadoras se abrieron a través de esa tupida red.

zapatero, el «tony blair español»

Y... sí, efectivamente, Zapatero quiso ser el «Tony Blair español». El propio premier británico laborista, cuyas relaciones con su colega socialista nunca fueron del todo cordiales —sí lo habían sido, en cambio, con Aznar—, le dijo a ZP en una ocasión: «Me recuerdas a mí de joven». Los autores de este libro rememoramos una destartalada rueda de prensa conjunta de ambos, Zapatero y Blair, en El Pardo, en la que el británico apoyó inequívocamente la negociación con ETA, en paralelismo con lo que Londres había hecho con el IRA irlandés.

Entre medias de ese entramado, a la carta inicial que recibió Zapatero al principio del verano de 2004 le siguieron otras dos de ETA y una de Batasuna. La primera fue el 14 de enero de 2005, rubricada por Arnaldo Otegi en nombre de Batasuna, en la que el abertzale le ofrecía su apoyo para que se convirtiese en una especie de «Tony Blair a la española» —«Si Zapatero quiere convertirse en el Tony Blair español que resuelva el conflicto político y armado, la actitud de Batasuna le acompañará a que ese escenario fructifique y que abra paso a un escenario de paz justa, estable y duradera», detalló públicamente el propio Otegi—, admitiendo lo que los vascos decidiesen en la mesa de partidos políticos y sentándose con ETA «sólo» para negociar la «desmilitarización unilateral del conflicto», la puesta en libertad de los «prisioneros políticos vascos» y el reconocimiento de las víctimas. Lo más novedoso de esta propuesta es que Batasuna y Otegi explicitaban que no se planteaban la «independencia» de Euskadi.

El contenido de la carta era, sin duda, ilusionante y la respuesta de Zapatero fue inmediata: tan sólo veinticuatro horas después, el domingo 16 de enero, en un mitin en el Palacio Kursaal de San Sebastián, en el que reconoció a Otegi como interlocutor, a pesar de que formaba parte de una formación ilegalizada, y le dijo que sí a la mano tendida, siempre que el propio Otegi y el resto de Batasuna condenasen la violencia, algo que Zapatero sabía que no se iba a cumplir, porque ésa sigue siendo una condición innegociable para la izquierda abertzale radical.

La tercera carta —segunda de ETA, propiamente dicha— llegó pocos días después, en febrero de 2005, y en la misma la banda armada pedía aclaración sobre si el Gobierno estaba dispuesto a mantener una reunión y se ofrecía a buscar una organización internacional para ocuparse de resolver «de manera democrática» el «problema vasco» mediante una «negociación política». El Gobierno respondió en marzo de 2005 aceptando la posibilidad del encuentro, pero incidiendo en que cualquier iniciativa era incompatible con la violencia.

En la siguiente carta, recibida en La Moncloa en abril de 2005, ETA comunicaba el nombre de la organización internacional que había elegido para mediar: el Centro Henry Dunant de Diálogo Humanitario (Suiza), ubicado en una magnífica casa, la Villa Pantamour, al borde del lago Leman, en Ginebra. Dirigido por Martin Griffiths, fue ese mismo organismo el que actuó en las negociaciones fallidas con el Gobierno de Aznar (1998-1999). Incluso, los etarras establecían fechas concretas —finales de mayo y primera semana de junio—, el lugar de la reunión y la persona con la que los enviados del Gobierno debían establecer contacto.

la gestión de un tal douglass

Es un dato poco conocido que la designación por ETA del Centro Henry Dunant para mediar en el proceso de paz estuvo relacionada con una gestión realizada por el antropólogo y profesor de la Universidad de Reno (Estados Unidos) William A. Douglass entre el otoño de 2003 y la primavera de 2004, según reveló el propio Douglass en un artículo escrito en vasco en la revista Argia en noviembre de 2009 —recogido por el diario ABC en su edición del 23 de noviembre—, una vez finalizado su contrato de guardar silencio.

Según las revelaciones de Douglass, en octubre de 2003, en un momento en el que los avances en las reuniones de Txillarre eran más que significativos, el profesor de Reno recibió un e-mail del Centro Henry Dunant proponiéndole actuar como asesor externo. Douglass rechazó la oferta inicialmente, pero más tarde la aceptó y a mediados de noviembre de 2003 ya se encontraba en el País Vasco. El propio Douglass cuenta que, para ejercer su misión con discreción, decidió hacerse pasar por un profesor que quería escribir un artículo sobre el «Plan Ibarretxe».

Tras intensas gestiones, a principios de 2004, un representante de la «izquierda abertzale» —probablemente Otegi, aunque Douglass no lo cita— le puso en contacto con una persona que logró concertar una cita con un mensajero de ETA.

«Me hospedé en un hotel que hay en el Parque Tecnológico de Zamudio. Horas más tarde recibí una llamada. Me dijeron que a la mañana siguiente un mensajero de ETA vendría a mi habitación. La espera se me hizo eterna, porque me esperaba lo desconocido, un policía o algo peor. ETA no es monolítica y contaba con miembros duros dispuestos a seguir con la violencia... y que podían enfadarse con un mensajero como yo —cuenta el propio Douglass, quien añade—: El toc-toc que sonó en mi puerta era el de mi contacto, un hombre serio».

Douglass transmitió a aquel hombre la propuesta del Centro Henry Dunant: estaban dispuestos a hacer de mediadores sobre temas «humanitarios» (presos, huidos, etcétera) y en la vertiente política actuarían «imparcialmente», pero «defendiendo el derecho de Batasuna o futuros apoderados de ETA a seguir trabajando en su agenda política». Ponían sólo una condición: que la banda renunciara a la violencia para siempre y sin condiciones.

«Cuando le informé [al supuesto etarra] de la actitud del centro, fue más escéptico. ¿Por qué tendría ETA que emprender una negociación que era un camino que se asemejaba a la rendición; es decir, un proceso que significa renunciar a su historia? A pesar de ello, estuvo de acuerdo en hacer llegar esa propuesta a quien correspondiera, y me prometió que me daría la respuesta al día siguiente», escribió Douglass al respecto.

La respuesta, afirmativa, llegó veinticuatro horas más tarde. Ahora bien, aunque ETA mostró interés por la iniciativa, solicitó que la «invitación» fuera emitida directamente por el director del Centro Henry Dunant, Martin Griffiths. Para concretar los detalles, Douglass se desplazó nuevamente al mismo hotel de Zamudio para reunirse con el mensajero de ETA. Una vez abierto el canal de comunicación entre la banda y la fundación, el centro decidió prescindir de los servicios de Douglass y le comunicó que había decidido no involucrarse más en el «conflicto vasco», después de que Zapatero asumiera el poder y anunciara su intención de dialogar con ETA.

los dos ministros mejor informados

En cualquier caso, y continuando con la «relación epistolar» con el Ejecutivo, las cartas de ETA llegaban a través de fórmulas no especialmente sofisticadas, pero sí «seguras»: normalmente, la banda se las hacía llegar al sacerdote vasco-francés que actuó en la primera «entrega»: éste se las entregaba al ya citado François Maitia, quien había conseguido la entrevista con Etxegaray —como ya hemos señalado— y quien se ponía en contacto con un intermediario en el lado español de la frontera —era importante en este punto la labor de Joseba Segura—, quien, a su vez, se las entregaba a un destacado socialista vasco —normalmente, Eguiguren, aunque ya hemos hablado de la labor a veces realizada por otros, como García Hidalgo, algo que era perfectamente conocido en medios policiales.

Las cartas acababan finalmente depositadas en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se había constituido en una especie de «muro de protección» del presidente Zapatero, la «última frontera». Las misivas no pasaban por las manos del entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, porque, como señalaremos luego, Zapatero ya había decidido que fuera Rubalcaba, en ese momento portavoz socialista en el Congreso (y luego ministro del Interior), quien controlara el proceso. Además, Alonso no creía en el proceso negociador, o, al menos, no compartía el optimismo de su amigo Zapatero. Como se ve, no hay hecho importante en la historia contemporánea de España que no pase de una o de otra manera por Rubalcaba.

Pérez Rubalcaba es, sin duda, uno de los dos personajes mejor informados del entorno de Zapatero. El otro es José Blanco, que, ya triunfando como ministro de Fomento, respondió así cuando Jáuregui, en plan provocador, le dijo que sabía menos cosas que el ministro del Interior: «Puede que Alfredo sepa más que yo de alguna cosa, pero yo sé más que él de otras muchas».

Pero, volviendo a la negociación en sentido estricto, para llegar a ese «punto epistolar» fueron necesarios tres años de contactos previos, disfrazados de «sesiones gastronómicas» en el ya citado caserío próximo a Elgoibar: Txillarre.

las prenegociaciones con batasuna, una cuestión de «gastronomía»

Analizados los hechos con la perspectiva de la distancia, algo de razón llevaban Rajoy y sus primeros espadas de entonces, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, cuando acusaban al Partido Socialista de un «doble juego» en su papel de oposición en el periodo 2000-2004; es decir, de negociar con Batasuna en Euskadi mientras Zapatero —entonces líder de la oposición— impulsaba y firmaba con Aznar en Madrid el pacto antiterrorista o la Ley de Partidos Políticos.

Porque, efectivamente, las negociaciones de Loyola entre PNV, Batasuna y PSE-PSOE (en el verano y otoño de 2006), en las que a punto estuvo de llegarse a un acuerdo para la paz, y las paralelas del Gobierno socialista con ETA (entre 2006 y 2007), tienen su punto remoto de partida a lo largo de 2001, con el inicio de unos «encuentros gastronómicos» de Jesús Eguiguren y otros socialistas con Arnaldo Otegi y otros batasunos en el caserío Txillarre, próximo a la localidad guipuzcoana de Elgoibar y propiedad de un amigo del líder de Batasuna. Esos almuerzos continuaron después en Azpeitia para no ser descubiertos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Aunque no es propósito de este primer volumen de la «era Zapatero» entrar en los avatares que han estremecido al CNI durante estas dos legislaturas, sí es conveniente señalar en este punto que el presidente del Gobierno estaba convencido de la buena actuación de los servicios de espionaje en materia de lucha contra el terrorismo. Así se lo dijo ZP a Jáuregui, por ejemplo, cuando éste le preguntó cómo no había cesado aún al jefe de los espías, Alfredo Saiz, a la vista de los muchos escándalos que iban desvelando El Mundo y, en menor medida, incluso el periódico digital Diariocrítico.com.

«Los éxitos contra ETA son muchos», se limitó a comentar Zapatero.

Por entonces se estaba produciendo la dimisión de los números uno y dos del CNI de la División antiterrorista. Y Saiz, como luego comentaremos, sería sustituido en 2009 por el general Félix Sanz Roldán, no sin que antes el Gobierno barajase muy seriamente otros nombres, sólo ahora revelados, como el de Luis Planas, embajador —político— de España en Marruecos y ex jefe de Gabinete de Pedro Solbes en la Vicepresidencia de la Comisión Europea, en Bruselas.

El caso es que los autores desconfiamos del verdadero papel del CNI en la lucha contra el terror, así como podemos constatar que ese papel estuvo cerca de dar al traste con las negociaciones en algún momento determinado del proceso: demasiadas intervenciones «camufladas». Pero Saiz supo vender muy bien, a través de filtraciones, la labor de los agentes secretos, colgándose incluso la medalla de la detención del terrible «Txeroki», un protagonismo «exclusivo» que provocó una ola de indignación en la Guardia Civil.

Pero dejemos eso y regresemos al hilo del asunto: las reuniones gastronómicas se iniciaron un año después de que Zapatero fuera elegido secretario general del PSOE en el 35º Congreso Federal (junio de 2000); es decir, tras las convulsiones internas socialistas después de que Joaquín Almunia perdiera estrepitosamente las elecciones generales frente a José María Aznar (12 de marzo de 2000) y cuando Zapatero afrontaba la difícil tarea de afianzar su liderazgo político.

Algún tiempo después de aquellos acontecimientos, en los primeros meses de 2001, Eguiguren, ajeno a la nueva política que se empezaba a desarrollar en la sede federal de la madrileña calle de Ferraz, recibió en San Sebastián de su amigo y correligionario Paco Egea una extraña invitación para almorzar con Arnaldo Otegi.

Francisco Egea García (Elgoibar, 1950) es un «socialista de toda la vida» muy vinculado al que fuera secretario general del PSE y actual eurodiputado, Ramón Jáuregui: ambos fueron consejeros del Gobierno Vasco presidido por José Antonio Ardanza (Elorrio, Vizcaya, 1941), en el que Egea ocupó la cartera de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social (septiembre de 1997-julio de 1998) y Jáuregui la Vicepresidencia del Gobierno. Egea y Jáuregui son coautores, además, del libro El tiempo que vivimos y el reparto de trabajo: la gran transformación del trabajo, la jornada laboral y el tiempo libre (Barcelona, Paidós Ibérica, 1998) y ambos solían firmar artículos conjuntos en el diario El País.

Egea es ingeniero técnico por la Escuela de Ingenieros Industriales de San Sebastián y parte de su carrera profesional la desarrolló en el Grupo Mondragón, donde desempeñó tareas de consultoría. Fue también consejero de la Kutxa (la caja de ahorros guipuzcoana) y de Eusko Tren. Tras la victoria electoral de Zapatero en las elecciones de 2004, Egea sería nombrado director de recursos humanos de los ferrocarriles de vía estrecha, FEVE, y luego pasaría a la Dirección de Servicios Corporativos (marzo de 2005).

Lo importante de esta historia es que Egea y el líder batasuno Otegi se conocían desde hacía muchos años, de la localidad natal de ambos, Elgoibar, y siempre mantuvieron una excelente relación personal a prueba de discrepancias políticas —Otegi, ocho años más joven que Egea, milita en los arrabales de ETA desde los diecinueve años— y también de divergentes carreras profesionales: mientras Egea se había decidido por la Ingeniería, Otegi se había licenciado en Filosofía y Letras, pero ambos mantenían la costumbre de esos «encuentros gastronómicos» tan comunes en el País Vasco.

Esa cercanía propició en 2001 unos sondeos de tipo personal a los que se unió desde el primer momento Jesús Eguiguren, un destacado representante del ala más vasquista del PSE, y, algo después, también el secretario de Organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, que acabaría siendo consejero de Interior en el Gobierno de Patxi López.

el antecedente de durango en 1999

Ahora bien, el papel de Egea sólo sirvió de «puente», dado que Eguiguren ya había mantenido encuentros «secretos» —o «discretos», según la terminología oficialista— con Batasuna. Se trató de tres o cuatro reuniones a lo largo de 1999 en Durango, durante la anterior tregua de ETA, siendo aún Batasuna una formación legal y mientras el Gobierno de Aznar y la banda negociaban en Ginebra. Esos encuentros paralelos socialistas estuvieron liderados por el entonces secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros —quien dimitiría de su cargo en diciembre de 2001, siendo sustituido por Patxi López—, José María Benegas y el propio Eguiguren con Arnaldo Otegi.

Lo realmente cierto es que aquellos encuentros de Durango en 1999 —que se conocieron muchos años después, en 2007, aireados por el diario proetarra Gara— fueron en realidad una «mera toma de temperatura» para conocer el alcance del pacto independentista PNV-Batasuna de Lizarra-Garazi. Ahora bien, según ha matizado el propio Redondo Terreros, la última reunión de aquella tanda se produjo una semana antes de que ETA rompiese su tregua asesinando en Madrid al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García (21 de enero de 2000).

«A partir de ese momento, di instrucciones tajantes al PSE de que no volvería a haber más reuniones con Batasuna», puntualiza Nicolás Redondo.

ETA había entrado ya en los nuevos «años de plomo», y el 22 de febrero de 2000 asesinó en Vitoria al portavoz parlamentario del PSE, Fernando Buesa, y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Un asesinato que conmocionó a toda la clase política. Pocos días antes, Buesa había telefoneado a Fernando Jáuregui: en el PSE de Vitoria querían hacer un homenaje a Antonio Amat, un socialista histórico cuya vida y avatares habían historiado Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez (El hombre que pudo ser FG, Temas de Hoy, 1994). El homenaje jamás iba a conocerlo Buesa.

Con ese asesinato, toda conexión quedó rota... hasta Txillarre.

se inicia la vía política en txillarre

Los nuevos vínculos con el mundo abertzale comenzaron a establecerse en 2001, a través de las citadas «reuniones gastronómicas» en Txillarre. Estos contactos se celebraban mientras en Irlanda del Norte avanzaban las negociaciones que culminarían con el Sinn Fein de Gerry Adams y sus enemigos irreconciliables, los extremistas protestantes del reverendo Ian Paisley, compartiendo gobierno a raíz del acuerdo de Stormont (1998).

Pero allí, en el escenario un tanto aislado del caserío Txillarre, Egea, Otegi y Eguiguren, en silencio, huyendo de protagonismos, fueron tendiendo puentes a los que se unieron esporádicamente personas de las «dos orillas», entre ellos el propio José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias «Josu Ternera», entonces parlamentario vasco y que huiría de España, dicen, por una filtración hecha al periodista de Tele 5 Jon Sistiaga —a primeros de noviembre de 2002 desde la Audiencia Nacional—, en la que se anunciaba que «Ternera» iba a ser procesado por su presunta relación con el atentado de la casa-cuartel de Zaragoza (1987) en el que murieron doce personas.

Con relación a ese caso, un ex alto cargo del CESID, otro de la Judicatura y un relevante miembro del Gobierno de Zapatero han confirmado a los autores de este libro, quizá con cierta exageración, que a «Josu Ternera» «se le dejó marchar» porque se esperaba que se hiciera con el control de la organización terrorista y emprendiera el camino de la negociación, cosa que efectivamente haría luego, aunque con un Gobierno socialista. Así tendría sentido la «filtración» periodística a Tele 5 que hizo posible la «fuga» de «Ternera», sin que, naturalmente, Sistiaga tuviera otra responsabilidad en ello que la que hubiera tenido cualquier periodista: cumplió con su deber de excelente informador.

Esas fuentes nos han confirmado de igual manera que «Josu Ternera», un delincuente con demasiada biografía en su haber, mientras ejerció de parlamentario vasco ya no estaba por las pistolas y apostaba por la vía democrática. De hecho, antes de su fuga, «Ternera» realizó un viaje oficial a Noruega con el que sería presidente del PNV, Josu Jon Imaz, y durante el trayecto y las visitas oficiales sólo se interesaba por la energía eólica o por la elaboración de salazones o, en fin, por todo aquello que pudiera crear empresa, innovación, comercio y prosperidad. Es decir, que ya entonces —principios de 2000— «Ternera» se encontraba en otra dinámica: «Si él hubiera mandado hasta el final, la negociación hubiera salido», nos dijo un destacado miembro del Gobierno.

El caso es que, a la hora de cerrar este libro, «Josu Ternera» sigue siendo el único dirigente importante de ETA que no ha sido capturado por las fuerzas de seguridad, y son muchos los misterios que jalonan su trayectoria en los seis últimos años. Por ejemplo, un destacadísimo miembro del Gobierno «aceptó» —con reticencias, pero aceptó—, a preguntas de Jáuregui, que «Ternera» había estado, y aún en cierta medida estaba, localizado por la Policía, pero que era importante que las cosas siguieran así para mantener viva la negociación. Claro que esto es algo que jamás podría ser reconocido oficialmente...

La enfermedad de este extraño personaje, su curación en distintos hospitales europeos, tal vez propiciada desde el propio aparato del Estado, jalonan algunas de las páginas menos conocidas de la primera legislatura de Zapatero. Un importante representante del Ministerio del Interior llegó a decirnos a los autores: «Pero ¿sigue siendo de ETA “Josu Ternera”?». Tenía motivos, sin duda, para saber lo que preguntaba de forma tan retórica.

Siguiendo con esos encuentros iniciales entre socialistas vascos y batasunos, en Txillarre se empezó a hablar sobre la distinta forma de percibir la historia vasca, el paso previo para el salto a la situación política. Nos consta que, al inicio de las reuniones, Eguiguren le dirigió una significativa frase a Otegi: «Ni yo estoy libre de que me matéis ni vosotros estáis libres de ir a la cárcel».

En sus contactos con Eguiguren, a los que sabemos que inmediatamente se sumó Rodolfo Ares, Otegi siempre dejó constancia de que él sólo representaba a Batasuna y no a ETA; es decir, que su interlocución con Eguiguren tenía un límite. A Eguiguren le ocurría lo mismo, pues representaba sólo a un sector del PSE, no al Partido Socialista en su conjunto. Sin embargo, Patxi López, el secretario general de los socialistas vascos que sucedió a Redondo Terreros, estaba informado del contenido de esos contactos a través de Eguiguren y de Ares, que se había convertido en su hombre de confianza. Unos contactos, en fin, que se prolongaron hasta 2004 y en los que se abordaron reflexiones políticas sobre por qué fracasaron las conversaciones de Argel con el Gobierno de Felipe González, sobre lo que significó de ruptura del frente democrático el pacto de Estella entre el PNV y Batasuna en 1998, sobre el papel de los mediadores internacionales, sobre el proceso de paz del Ulster...

la «mesa» se amplía

A lo largo de 2003, mientras España se convulsionaba por su participación en la guerra contra Irak y por otras cuestiones igualmente conflictivas durante la última etapa de Aznar, los encuentros en Txillarre se fueron «oficializando» y ampliando en el número de comensales: Egea, Ares y Eguiguren añadieron eventualmente a la mesa a José Antonio Pastor, líder de los socialistas vizcaínos y hombre también de confianza del nuevo secretario general del PSE, Patxi López.

Por su parte, Otegi invitó paulatinamente a esas reuniones a los también batasunos Rufi Etxeberria y Pernando Barrena y al secretario general de LAB —el sindicato abertzale—, Rafael Díaz Usubiaga. La semilla inicial fue creciendo e, incluso, «Josu Ternera», una vez huido de la justicia española, pudo —no sin trabajo— convencer a su hijo, Egoitz Urrutikoetxea Laskibar, miembro de los más jóvenes de ETA y cabecilla de la kale borroka, para que le auxiliara a la hora de «trabajarse» a los máximos dirigentes etarras, convenciéndoles sobre lo positivo de los esfuerzos de la «mesa de Txillarre».

Los almuerzos se fueron convirtiendo también en cenas, cada vez más frecuentes, y en 2003 se registró un salto cualitativo en esas conversaciones iniciales: los representantes del PSE y de Batasuna fijaron un compromiso de partida que definía el conflicto como «político» y subrayaba la voluntad mutua de llegar a un «acuerdo resolutivo». En ese año, un libro de Eguiguren, Los últimos españoles sin patria (y sin libertad) (Editorial Encambio, Madrid, 2003), que incluía como epílogo las llamadas «bases para un arreglo», brindó a la sociedad más informada algunas pistas de lo que se pretendía en Txillarre: abrir una doble vía separada en la que Gobierno y ETA abordarían la negociación sobre la base de canjear paz por presos y los partidos vascos sin exclusiones decidirían, en una segunda mesa paralela, el futuro político de Euskadi.

El primer punto de esas «bases para un arreglo» de Eguiguren abogaba por el reconocimiento de que todas las opciones políticas deben disponer de los mecanismos y posibilidades de llevar a la práctica sus objetivos democráticos: «Nuestra sociedad es libre de decidir su futuro siguiendo los procedimientos democráticos. La función del ordenamiento jurídico es garantizar los mecanismos para adoptar dichas decisiones y hacer posible su aplicación y su puesta en práctica, siempre y cuando se sigan los procedimientos de diálogo y consenso». En otras palabras, que Eguiguren y el sector vasquista del PSE planteaban que Batasuna debía seguir en el juego político para buscar un acuerdo a través del «diálogo multipartito» en «un foro o lugar de encuentro».

La realidad político-judicial del momento, sin embargo, era que, mientras «almorzaban» en Txillarre, el 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo ilegalizaba a Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna y ordenaba el cese inmediato de sus actividades. De ahí que Eguiguren insistiera en la necesidad de que «todas las opciones políticas deben disponer de los mecanismos y posibilidades de llevar a la práctica sus objetivos democráticos» para poder establecer en su momento una «mesa de partidos», una idea naciente que daría mucho que hablar en 2005 y los inicios de 2006 y que recogería numerosas adhesiones —menos la del PP, claro—. Incluida la del PNV, con quien la izquierda abertzale intensificaría también los contactos bilaterales, esta vez en su sede de Sabin Etxea, en Bilbao, en paralelo a los mantenidos en Elgoibar con el PSE.

Esas «bases» de Eguiguren fondeaban en la idea de la necesidad de una solución política, un «arreglo», según su terminología. Pero en contra de esos sin duda excelentes deseos actuaba la Ley de Partidos Políticos y, así, el 16 de enero de 2004, el Tribunal Constitucional decidió mantener en dos sentencias la ilegalización de Batasuna y de HB al rechazar los recursos de amparo de ambas formaciones contra la resolución dictada por el Tribunal Supremo que las disolvió.

Pese a los problemas judiciales —era fácil entonces echarle la culpa a Aznar, al que le quedaban pocos meses en La Moncloa—, sobre esas «bases» se fue pergeñando un acuerdo PSE-Batasuna entre 2003 y 2004, un «suelo» para la futura negociación que se resumía en dos partes: dejar claro que «el objetivo de estas conversaciones es intentar acordar las condiciones políticas que permitan establecer un escenario de resolución del conflicto político vasco» y especificar que «la voluntad de ambas partes es llegar a dicho acuerdo, siendo conscientes de su dificultad, pero con el compromiso claro de no legar a las futuras generaciones esta situación».

la llegada de imaz

Poco a poco, las reuniones se volvieron aún más frecuentes y más políticas a raíz de la victoria electoral socialista en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Incluso, Eguiguren llegó a decirle a Otegi que, si podían, legalizarían a Batasuna, siempre y cuando, claro, los abertzales de izquierda cumplieran determinados requisitos.

[La legalización de Batasuna fue un punto, por cierto, que se abordó de forma casi monográfica en los primeros tanteos, ya oficializados, en el monasterio de Loyola, antes del verano de 2006. Allí, Eguiguren y Rodolfo Ares abordaron con Otegi y Rufi Etxeberria la posibilidad de la legalización de los abertzales a primeros de agosto o de septiembre de ese mismo año, siempre y cuando cumplieran determinados compromisos, como el rechazo de la violencia, o, dicho de forma eufemística, que reconocieran que sólo a través de la política era posible la resolución de los conflictos. La pérdida de poder de «Josu Ternera» en ETA en ese mismo verano impidió que lo previsto inicialmente en Loyola pudiera hacerse efectivo.]

Otro factor que beneficiaría a ese proceso que se iba abriendo lenta pero inexorablemente fue el cambio en la Presidencia del Euskadi Buru Batzar: el 17 de enero de 2004, la IV Asamblea General del PNV eligió al «transversalista» Josu Jon Imaz San Miguel (Zumárraga, Guipúzcoa, 1963) para sustituir al «duro» Xabier Arzalluz Antia (Azcoitia, Guipúzcoa, 1932), que ejercía el poder con mano de hierro desde 1980. Un cambio muy oportuno, y muy deseable, porque el veterano ex jesuita Arzalluz, que había pactado en 1996 con Aznar bajo la mismísima gaviota del PP, había iniciado luego una «deriva» de inflexibilidad que hacía imposible ya cualquier arreglo con el Gobierno central. La llegada de Imaz al centenario partido supuso una corriente de aire fresco que se materializó de forma positiva en la presencia peneuvista en la mesa de Loyola.

«El compromiso ético de Imaz deberá ser algún día suficientemente agradecido por la sociedad vasca. Tuvo una actitud de auténtico hombre de Estado y de responsabilidad política», llegó a decir a uno de los autores de este libro —en una entrevista en Bilbao— un alto cargo del Partido Socialista de Euskadi, reconociendo así de forma explícita la labor de Imaz a lo largo del proceso negociador.

Ahora bien, fue a partir de la llegada de Zapatero a La Moncloa cuando la «mesa de Txillarre» se animó exponencialmente. Ya no se estaba en la «teoría», sino en la práctica. De Txillarre salió un esquema —fruto de las reflexiones de años— con las «fases para un proceso negociador», que fue la propuesta que Eguiguren trasladó, vía canales internos socialistas, al presidente Zapatero. El esquema literal de esas fases era, como antes indicábamos, el siguiente: «Contactos previos – Prediálogo – Tregua – Negociaciones de paz con apertura de dos mesas paralelas [una militar, con ETA, y otra, política, con Batasuna y PNV] – Acuerdos – Implementación de los Acuerdos».

La fase de «contactos previos» culminaba en Txillarre, sin duda, porque debía dar paso al «prediálogo», fase que se inició en el verano de 2004 y que debería llegar hasta que ETA anunciara la «tregua indefinida», que debía ser en 2005, según el calendario pactado entre Eguiguren y Otegi. A partir de ese momento se abrirían las negociaciones propiamente dichas: por un lado, entre el Gobierno y ETA, y por otro, entre los partidos políticos vascos.

Pero esta nueva fase se retrasaba porque ETA iba dando largas y no acababa de declarar la tregua unilateral. Para que ese momento llegara, Eguiguren y Ares, por un lado, Otegi y Permach, por otro, y «Josu Ternera» y su hijo Egoitz, por un tercero, deberían emplearse a fondo: unos, para limar resistencias en los «halcones» del PSOE y del Gobierno, otros para hacer lo propio en Batasuna y ETA, y los terceros, sólo con los más feroces pistoleros de ETA. Con ese fin, hasta la tregua de 2006 se celebraron no menos de 25 reuniones con Batasuna; es decir, una por mes.

Los recelos por parte del núcleo más duro de Batasuna y de la propia ETA eran una consecuencia de la política antiterrorista seguida por el Gobierno. En virtud de la Ley de Partidos, no sólo Batasuna quedó ilegalizada, sino que el 21 de mayo de 2004, asentado ya Zapatero en el poder, la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo declaró ilegal la candidatura de Herritarren Zerrenda —HZ, sucesora de Batasuna— a las elecciones europeas del 13 de junio de ese año, al estimar los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General contra el acuerdo de la Junta Electoral Central por el que se proclamaba dicha candidatura.

Seis días después, la Sentencia 99/2004 del Tribunal Constitucional no dejó lugar a dudas: denegó el amparo solicitado por Herritarren Zerrenda contra la sentencia del Supremo. Como resultado, los abertzales no pudieron concurrir a los comicios europeos de 2004 y se quedaron fuera del Europarlamento. Aquello, lógicamente, no había sentado muy bien ni a ETA, ni a los batasunos, ni a los cachorros de la kale borroka.

[Un año después, los batasunos aprendieron de sus errores con HZ y, de cara a los comicios autonómicos vascos del 17 de abril de 2005, Díaz Usabiaga preparó personalmente —se supo por las intervenciones telefónicas a las que estaba sometido— la candidatura de Aukera Guztiaz, en la que los radicales evitaban los indicios evidentes que habían llevado a la impugnación de HZ. Pero la Fiscalía General del Estado estaba preparada —contaba con el contenido de las intervenciones telefónicas— y pudo impugnar con éxito esa candidatura, como veremos después.]

la impronta de carod y la caída de «mikel antza»

No era sólo en el mundo abertzale de izquierdas, porque también en el PSOE y en el Gobierno de Zapatero había demasiadas dudas en esa etapa de 2004. Se analizaban con recelo las informaciones que llegaban sobre Txillarre, reuniones de las que el CNI ya había tenido constancia —por fin— y había llegado a fotografiar a sus asistentes. No obstante, de esas conversaciones mantenidas con Batasuna a lo largo de 2004 y 2005 estaba bien informado Zapatero, que incluso mantuvo algunos encuentros —o bien convocados ad hoc, o bien aprovechando las reuniones del Comité Federal del PSOE en su sede de Ferraz, en Madrid— con Patxi López, Rodolfo Ares y el propio Eguiguren, que daban a conocer al presidente del Gobierno y secretario general socialista los avances que se iban produciendo.

Pese a todo, había quizás un exceso de precaución en las filas socialistas. En la sede federal pesaba aún la tormenta política que se levantó cuando el Gobierno de Aznar filtró desde la propia Moncloa —según nos han confirmado dirigentes del PP conocedores del proceso— una noticia «bomba» contra la línea de flotación de Zapatero en plena precampaña electoral general: que los días 3 y 4 de enero de ese mismo año 2004, Josep Lluís Carod-Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y conseller en cap de la Generalitat en el Gobierno del socialista Pasqual Maragall, mantuvo una entrevista con la cúpula de ETA, «Josu Ternera» y Mikel Albizu Iriarte «Mikel Antza», en Perpiñán.

Mucho se ha especulado sobre quiénes facilitaron al líder independentista catalán el contacto para verse con la cúpula etarra. Los autores de este libro estamos en disposición de desvelar dos detalles: uno, que no había sido ésa la primera vez que Carod intentó algo similar, dado que ya mantuvo reuniones previas en 2001 y 2002 con dirigentes de Batasuna, como Arnaldo Otegi y Joseba Álvarez, para que trasladaran a la banda la conveniencia de que se abstuviera de atentar en Cataluña a cambio de prestar cobertura política a la denominada «izquierda abertzale». En esas reuniones, sin embargo, no logró sus objetivos que, en cambio, sí vio cumplidos en Perpiñán.

El segundo detalle es muy poco conocido: que Carod mantiene una relación de amistad con el masón y anarquista Jacinto Ángel Guerrero Lucas, un hombre que preparó un atentado contra Franco —frustrado, claro— y que fue clave durante muchos años en las relaciones con Francia en materia antiterrorista.

Según nos confirman altos cargos socialistas de la etapa de Felipe González, Guerrero fue el centro de la llamada «operación Azkoiti», uno de los intentos de conversaciones con ETA que se pusieron en marcha después de Argel. Guerrero empezó a colaborar con la Guardia Civil en 1984, y en 1986 el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, lo fichó como «colaborador secreto». Gran amigo del comisario francés Joel Cathalá, sus relaciones con las más altas autoridades francesas —Gobierno, Justicia, Interior y Fiscalía— han sido fluidas y de confianza plena.

Sea como fuere la génesis de ese extraño encuentro de Carod-Rovira con ETA en Perpiñán, producía aún sarpullidos en Ferraz en el otoño de 2004 y en la sociedad española en general. No era comprensible —por decirlo suavemente— el objetivo de aquella entrevista con «Ternera» y «Antza», y que no era otro que llegar a un acuerdo con los terroristas para que ETA no atentase en Cataluña a cambio de una declaración a favor del derecho de autodeterminación de los «pueblos del Estado». Y, desde luego, no fue visto con buenos ojos que el 18 de febrero ETA anunciara una tregua circunscrita al territorio de Cataluña.

Al filtrarse la noticia de los encuentros al diario ABC en plena precampaña electoral general, Carod tuvo que dejar su cargo en el ejecutivo catalán (27 de enero de 2004), treinta y ocho días después de ser nombrado, lo que afectó a la estabilidad del tripartit y a la propia gobernabilidad de Cataluña. Mucho más tarde, el que fuera máximo representante de Esquerra Republicana de Catalunya vería decaer paulatinamente su estrella, siendo sustituido al frente del partido por el más joven y agresivo Joan Puigcercós. Puede que ese acercamiento a ETA, tan oportunamente filtrado desde La Moncloa de Aznar, tuviese bastante que ver en el declive político de Carod-Rovira.

La «mala prensa» de aquellos contactos de Carod mantenía vivas las dudas entre los dirigentes federales del PSOE en el otoño de 2004. Pero el 4 de octubre ocurrió un hecho que sería providencial para el proceso. Como consecuencia de un seguimiento a otro etarra, al que se llegó a través de un confidente, fueron detenidos en Francia el entonces máximo dirigente de ETA, «Mikel Antza» —el de las reuniones con Carod y defensor de la violencia, aunque se le tenía por «uno de los más inteligentes» en la dirección etarra—, y su compañera sentimental y también terrorista, Soledad Iparragirre, la temida «Anboto», que había llevado las finanzas de la banda y todo su aparato de extorsión.

Las detenciones, fruto de la colaboración hispano-francesa, dejaban aparentemente descabezada a ETA al poner fin a los doce años de liderazgo de «Antza»... y propiciaban la subida de «Josu Ternera» al mando de la banda, según contó a los autores un agente del CESID, hoy CNI. Aunque, como ya hemos señalado, parece que «Ternera» jamás fue el verdadero «número uno» de la banda.

Es decir, sin eufemismos de ningún tipo: alguien se había «desprendido» de «Antza». Estas cosas ocurren, y hay que asumirlo, en la lucha antiterrorista, en la que, por ejemplo, algunas detenciones se presentan como casuales, o se dan explicaciones en ruedas de prensa que contienen mensajes más dirigidos al «otro lado» que a la opinión pública... y que los periodistas nos abstenemos de comentar en términos de duda. Es práctica común entre los periodistas no obstaculizar la labor de Interior en su lucha contra el terror; por eso, detenciones «casuales» de etarras se aceptan como tales y, por eso, la mayor parte de los profesionales rechazamos cuestionar algunas explicaciones que se dan desde el aparato policial en relación con operaciones contra la banda.

el mitin de anoeta

Es importante subrayar esa detención de «Antza» y la fecha en la que se produjo porque sólo un mes y medio después, el 14 de noviembre, Arnaldo Otegi, Joseba Permach —importante figura la suya, ya que representa la ortodoxia dentro de Batasuna, la voz más cercana a ETA—, Joseba Álvarez e Iñigo Balda escenificaron una «propuesta de diálogo» ante 15.000 abertzales en un mitin en el estadio de Anoeta, en San Sebastián, convocados bajo el lema «Orain Herria, Orain Bakera» («Ahora el pueblo, ahora la paz»).

El mitin de Anoeta significó el gesto abertzale, la válvula de escape que necesitaba el Gobierno de Zapatero, marcado muy de cerca por la oposición que lideraba Mariano Rajoy y en plena vorágine política de la comisión parlamentaria de investigación sobre la masacre de Madrid del 11-M. El «espíritu de Anoeta» iba a resultar trascendental cuando, años después, en 2009, se iniciase un curioso debate en el interior del mundo filoetarra en torno a las posibles salidas para acabar con la violencia. También sobre ello trataremos.

Es cierto que, en Anoeta, Otegi no condenó la violencia en nombre de Batasuna, como esperaba el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, pero tampoco podía hacerlo: «Si condeno, me matan», llegó a decirle Otegi a un interlocutor no abertzale. Sin embargo, apostó por la democracia, al menos formalmente, como vía para lograr los objetivos políticos.

En Anoeta, Otegi reveló lo que había hablado hasta ese momento con Eguiguren, algo que hizo sonar todas las alarmas en el Partido Popular. En resumen, Otegi propugnó dos mesas de negociación, una formada por el Gobierno y ETA para tratar el fin de la violencia, y otra de los partidos vascos para abordar la llamada «normalización política». En definitiva, en ese mitin la izquierda abertzale realizó un movimiento de mucho calado destinado a abrir puertas, ocho meses después de la llegada de Zapatero al poder.

En su propuesta, que en realidad había sido hablada en Txillarre, Batasuna consideraba que el proceso de superación del «conflicto» exigía la puesta en marcha de un proceso de diálogo político multilateral, que debía ir acompañado de compromisos que garantizaran la voluntad inequívoca de todas las partes.

Batasuna emplazaba a compartir los siguientes compromisos: ir a las «raíces del conflicto» para buscar una salida democrática; todos los ciudadanos vascos tenían derecho a ser consultados en referéndum sobre los estatus políticos de futuro y se respetaría su decisión; la consulta se haría en condiciones pacíficas y democráticas; el acuerdo tendría en cuenta la historia y la realidad de Euskal Herria y debería contar con la adhesión y el respeto de las distintas sensibilidades existentes en el pueblo vasco; las diferencias durante el proceso se dirimirían de manera pacífica y democrática; la materialización sería por vías exclusivamente políticas y democráticas, pero sin límites ni restricciones de ningún proyecto político, y, por último, que en el acuerdo se recogerían y regularían los derechos contenidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en los Pactos por los Derechos Económicos, Civiles y Políticos de la ONU.

La propuesta de Anoeta fue acogida de forma desigual. Para el PP, escocido aún por el pacto de Lizarra entre el PNV y Batasuna y la anterior tregua de ETA —que ellos calificaban de «tregua-trampa»—, era «más de lo mismo»; para la izquierda no socialista (IU y ERC), era «un avance muy importante»; para el PSOE y el Gobierno era insuficiente, aunque podía significar un punto de partida en espera de lo que dijera ETA... y ETA habló: lo hizo 22 días después, el 6 de diciembre, día de la Constitución, colocando siete bombas de escasa potencia en Ávila, Valladolid, León, Santillana del Mar, Málaga, Ciudad Real y Alicante. Fue, sin duda, una demostración de fuerza: sus comandos estaban plenamente operativos.

Ahora bien, como adivinaba el PP, Anoeta significó la llave de apertura del proceso negociador. De hecho, Zapatero, en el marco de un encuentro interno del PSOE con sus presidentes autonómicos en Segovia, un día después de Anoeta, aseguró que «aquí se ha abierto una puerta. Hay un camino muy estrecho. Vamos a ver si podemos transitar por él». Y eso mismo creyó el Colectivo de Presos Políticos y el Colectivo de Exiliados, que el 12 de diciembre hizo público su apoyo a la propuesta de Anoeta.

Pero Anoeta traería también años después consecuencias judiciales para Otegi, Permach, Álvarez y Balda cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, partiendo de una querella interpuesta por el Foro Ermua en 2005, les imputara (17 de diciembre de 2008) por enaltecer el terrorismo. En octubre de 2009 —¡cinco años después!—, Velasco disponía la apertura de juicio contra el ex portavoz de la ilegalizada Batasuna y contra Álvarez y Permach, sus compañeros en la Mesa Nacional. Otegi corría nuevamente el riesgo de ir a prisión. Y eso que Zapatero le había llegado a llamar, en algún momento de aquella fatigosa legislatura 2004-2008, «hombre de paz».

Y es que, en Anoeta, los abertzales proyectaron un vídeo recopilatorio de detenciones de miembros de ETA, comunicados de la banda terrorista, concentraciones a favor de los presos e imágenes de dirigentes de Batasuna y etarras fallecidos durante los últimos 25 años. Entre las imágenes de esos etarras destacaba la de Javier Echevarria Ortiz, muerto en 1968 en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Guipúzcoa, momento en el que arreciaron gritos de Gora Eta militarra. Antes de finalizar el acto, una veintena de encapuchados repartieron ejemplares del Zutabe y del Zuzen, boletines interno y externo de la banda.

Un clavo más para la cruz que —en algún caso merecidamente— llevaba Otegi, el hombre que quiso ser el «Gerry Adams» a la española. O a la vasca. Un clavo sobre otros que tenía pendientes, como la causa por la presunta financiación de ETA a través de las herriko tabernas, o el proceso abierto por el enaltecimiento del terrorismo homenajeando al preso etarra José María Sagarduy, celebrado en Amorebieta el 9 de julio de 2005. La Justicia tenía, y tiene aún, sus causas pendientes con este hombre que, junto con Zapatero, protagonizó «el proceso» en ese cuatrienio... y que pasó las Navidades de 2009 en la cárcel.

De hecho, en la cárcel seguía Otegi cuando los autores acabábamos de redactar este libro, y la petición fiscal era ciertamente dura: podrían solicitar hasta doce años de prisión para él. Y en la cárcel seguía también cuando el 25 de enero de 2010 el juez Garzón le procesó por un delito de pertenencia a organización terrorista, junto al ex secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, y a otros seis dirigentes de la izquierda abertzale por impulsar el proyecto político de «Bateragune» («Todos juntos»), con el que pretendían crear «un referente político» que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

2

RUBALCABA Y LOS «OTROS HOMBRES» DEL PRESIDENTE

Pese al evidente avance registrado en Anoeta, el optimismo de Eguiguren, alma máter del proceso de paz por parte socialista, no era aún compartido ni en el conjunto del PSE ni, desde luego, en el socialismo madrileño, si bien nos consta que Zapatero acariciaba la idea de que podría pasar a la historia como el «pacificador de Euskadi».

De hecho, incluso antes de Anoeta, Zapatero ya había designado al portavoz socialista en el Congreso (luego ministro del Interior), Alfredo Pérez Rubalcaba, para controlar las conversaciones. Rubalcaba, que nunca creyó en las intenciones de paz de ETA y que jugó un papel muy complicado, de encaje de bolillos, según nos han reconocido portavoces parlamentarios de otros grupos consultados, sería el hombre que controlaría finalmente, a su peculiar modo, todo el proceso.

Desde el inicio del proceso, Zapatero confió en un núcleo extremadamente reducido de personas para llevar a cabo esta tarea, la de negociar con ETA, que se impuso como «secreta» y de la que dejó al margen al Partido Popular. En ese «núcleo íntimo» no estuvo incluida la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que mantenía —y mantiene— un peculiar, educado, puntual y sui géneris pulso con Pérez Rubalcaba, el otro personaje «fuerte» del elenco ministerial de ZP. Un «pulso» agravado cuando Zapatero pidió a su «segunda» que fuese candidata al Ayuntamiento de Madrid en 2007, una propuesta que Fernández de la Vega interpretó, según algunas fuentes, como un ardid de Rubalcaba para deshacerse de ella y ocupar él mismo la Vicepresidencia.

No estamos seguros los autores de que la idea de esta oferta partiese de Rubalcaba, ni de José Blanco, que, consultado al respecto, dijo «yo no lo veo» (el plan de situar a Fernández de la Vega como candidata frente al popular Ruiz-Gallardón); más bien, estamos convencidos de que el único inspirador del plan, frustrado por el rechazo de la propia protagonista, fue el mismísimo Zapatero, y nadie más.

También parece cierto que el círculo íntimo de Zapatero no participó directamente en la negociación —acaso, en algún momento, con una excepción—. Pero sí eran sus confidentes y, en lo que cabía, sus asesores (aunque no es ZP persona que se deje asesorar fácilmente, aseguran).

Zapatero confiaba mucho en su primo, José Miguel Vidal Zapatero, a quien ya en septiembre de 2004 arrancó del claustro de la Universidad de Valladolid y se lo llevó a La Moncloa. Primero, en calidad de vocal asesor del Departamento de Asuntos Institucionales de su gabinete; luego (marzo de 2007, en el punto álgido de las conversaciones con ETA), director de esa área en sustitución de Fernando Magro y, finalmente (abril de 2008), como director adjunto del Gabinete del Presidente del Gobierno, inmediatamente después de José Enrique Serrano, pero seguramente por encima de él en cuanto a influencia y sustituyendo al histórico Enrique Guerrero, a quien harían recalar a regañadientes en el Parlamento Europeo en las elecciones de 2009.

Junto a Vidal Zapatero entraron también en este juego del secreto, aunque en diferentes niveles, otros personajes de la política socialista, de la diplomacia y del periodismo. Es notable la influencia que en un primer momento ejerció en el presidente el periodista Miguel Barroso, secretario de Estado de Comunicación entre abril de 2004 y septiembre de 2005 y marido de la más tarde ministra de Defensa, Carme Chacón. Presumiblemente conoce —él, cuya lealtad a Zapatero es total, no lo reconocerá nunca— demasiados secretos. Si bien no conoció todos los detalles de la negociación, Barroso sí realizó al parecer —insistimos: él no reconocerá nada de esto jamás— algunas gestiones en Cuba, con la colonia de etarras residentes en la isla caribeña. Fueron, en todo caso, gestiones de tipo muy secundario.

Mayor influencia cerca de la dirección del PSOE y en La Moncloa ha ejercido el abogado José Enrique Serrano Martínez (Madrid, 1949), director del Gabinete del Presidente del Gobierno desde 2004. Serrano le debe su ascenso en la política a Narcís Serra, con quien fue (1987) director general de Personal del Ministerio de Defensa y, luego, al ser nombrado Serra vicepresidente del Gobierno, Serrano pasó al entorno de la Presidencia como subdirector (1991), primero, y director, después, del Gabinete de Felipe González.

Tras el triunfo electoral de Aznar en 1996, Serrano quedó encuadrado en el equipo de Joaquín Almunia, el antecesor de Zapatero en la dirección del PSOE; pero en 2004, con la vuelta socialista al poder, Serrano volvió a Moncloa con funciones similares a las que tuvo con González, pero ya con Zapatero. Muy atrás habían quedado las denuncias del ex director general de la Guardia Civil, el condenado por corrupto Luis Roldán, que le acusó —sin pruebas— de haber sido testigo del encargo del «informe Crillon» —elaborado por la agencia internacional de detectives Kroll contra el ex banquero Mario Conde— por parte de Narcís Serra. La causa, claro, fue archivada.

En este último periodo, Serrano ha sido una especie de «fontanero mayor» de Zapatero, vinculado a la toma de las decisiones más importantes de Moncloa, asesorando al presidente y escribiendo de primera mano sus discursos. Pero siempre desde un segundo plano y alejado de los focos, especialmente en la segunda legislatura socialista, en la que Serrano pareció renunciar a sus «contactos exteriores» del palacio para tomar la temperatura de la sociedad. De hecho, encontrar en los archivos imágenes que ilustren una información sobre él es tarea complicada y en las escasas fotografías que existen, Serrano aparece siempre de refilón, captado furtivamente entre la nube de asesores que acompaña a Zapatero.

Serrano fue, por ejemplo, uno de los «cinco magníficos» que trabajaron con Zapatero en la preparación de los dos debates televisivos frente a Rajoy y le acompañaron hasta el plató de la Academia de la Televisión en las generales de 2008. A Serrano se le identifica también por su alianza con Pérez Rubalcaba, que fue quien se lo recomendó a Zapatero como jefe de Gabinete y, por ello, a Serrano se le ha señalado como una especie de lugarteniente de Rubalcaba en La Moncloa.

Dicen que pocas cosas ocurren por cualquiera de las alas del palacio presidencial que no hayan pasado por las manos de Serrano, incluida la negociación con ETA. Cuando ETA rompió la tregua con el atentado de Barajas, en diciembre de 2006, Serrano fue uno de los integrantes del reducido «gabinete de crisis» que celebró una reunión de tres horas en Moncloa bajo la dirección de Zapatero para replantear la estrategia frente a la banda armada. Los otros que participaron fueron los vicepresidentes María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes; los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Miguel Ángel Moratinos; el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el entonces director del CNI, Alberto Saiz. Es cierto que hasta Serrano llegaron algunos pretendientes a hacer de «intermediarios» con la banda del terror, pero el papel del jefe de Gabinete de Zapatero, un hombre inteligente y dedicado, no parece haber pasado de ahí, más allá de repartir consejos... cuando se los han pedido.

La «fontanería» monclovita no se agota, claro, en Serrano. En un escalón inferior al suyo, pero también influyente en materia política en general, se ha situado estos años Ignacio Varela, que ha llegado a convertirse en el «álter ego en la sombra» de Zapatero para las estrategias políticas más inmediatas... y arriesgadas. Varela, un hombre con casi cuarenta años de militancia socialista y que ya fue subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno bajo el mandato de Felipe González, publicó en el diario El País (13 de junio de 2003) un artículo titulado «Desahogo» en el que se retrataba a sí mismo: «He sido guerrista y después renovador, amigo de Zapatero aunque apoyé a Bono, del aparato durante mucho tiempo y últimamente en un agridulce exilio interior...». Pero a partir de 2004, con Zapatero en el poder, ese «exilio interior» dio paso a una gran influencia sobre el presidente.

Su estrategia de desarme político del contrario —incluyendo los argumentos sobre la negociación con ETA— dio su fruto, porque Varela, junto a Enrique Guerrero, José Miguel Vidal y José Enrique Serrano, supervisado ese equipo por José Blanco y Pérez Rubalcaba, fue el que dio un vuelco en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, cuando ya se conocía que Zapatero negoció con ETA después de que la banda volara la T-4 de Barajas. A Varela se le atribuyen algunas de las ideas «comunicativas» de Presidencia del Gobierno cuando ya era vox pópuli que se estaba negociando con ETA.

Para esa ingente tarea, Zapatero ha contado también con la ayuda de algunos periodistas, cercanos al inquilino de La Moncloa. No en vano, entre las primeras personas que conocieron la existencia de las cartas de ETA se encontraban el filósofo Fernando Savater y el periodista José María Calleja, ambos vinculados al País Vasco y ambos enemigos irreconciliables de lo que ETA significa.

Pero, dentro del mundo de los escritores y periodistas, había otros: Suso de Toro, por ejemplo, que escribió una auténtica hagiografía del presidente, y, sobre todo, su amigo Antonio García Ferreras y el contacto abertzale de éste, Martín Garitano. Entre García Ferreras y el presidente del Gobierno existe una fuerte amistad que les lleva a hablar a menudo y a jugar al baloncesto —el «clan del baloncesto»...— algunos sábados. Diversas fuentes atribuyen a García Ferreras un papel de información sobre el mundo abertzale durante la parte inicial del proceso a través del también periodista Martín Garitano, aunque ello no parece haber tenido importancia alguna en ese proceso. En 2004, rechazó la oferta de Zapatero de convertirse en ministro de Información del primer Gobierno socialista tras Aznar.

Traemos todos estos nombres para que el lector valore adecuadamente quién asistía presumiblemente al presidente en los muy difíciles momentos en los que se llevaba a cabo la negociación con ETA, una negociación (o contactos) que Zapatero confiaba en que podría llegar a acabar con una pesadilla vivida por los vascos y por el resto de los españoles durante nada menos que cuatro décadas. No han faltado quienes han especulado con la posibilidad de que entre los citados, o algún otro, como el propio hermano de Zapatero, que también tiene su influencia en el inquilino de La Moncloa, se encontrase un «cuarto negociador» con ETA, además de los tres nombres ya conocidos. Pero tales especulaciones están al margen de la realidad comprobable, más allá de la posibilidad de que, en efecto, en determinado momento haya habido ese misterioso «cuarto negociador». Lo comprobable hoy día es que el entorno monclovita ha estado ahí para apoyar las decisiones del presidente —lo que, en determinados momentos, no ha sido poco—, no como su instrumento en la negociación.

los negociadores

Lo cierto y comprobado es que el primer negociador directo con ETA en la etapa Zapatero, y aun desde antes, fue, como hemos repetido, el actual presidente del PSE-PSOE, Jesús Eguiguren, quien mantuvo los primeros contactos con «Josu Ternera» en tres tandas negociadoras en 2005 y en cuatro tandas en 2006, en algunas de las cuales le acompañaron dos personas nombradas directamente por Moncloa: Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez. Este último negociador, ya en solitario, se habría encontrado con ETA en tres ocasiones más entre marzo y mayo de 2007.

Otras personas estuvieron entre bastidores, como el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, o a la contraofensiva, como el diplomático Bernardino León, que desbarató la estrategia de ETA de entrar en organismos internacionales proderechos humanos y que ahora, por cierto, como secretario general de la Presidencia, ha sumado su nombre al de quienes parecen ejercer mayor influencia sobre Zapatero.

Proveniente de UCD y luego del Partido de Acción Democrática (PAD, una escisión de UCD protagonizada por Francisco Fernández Ordóñez), Javier Moscoso del Prado y Muñoz (Logroño, 1934), uno de los negociadores nombrados directamente por Moncloa, ya fue ministro de la Presidencia en el primer gobierno presidido por Felipe González (1982-1986).

Persona de magnífico talante y que pasa por ser inteligente y flexible, Moscoso posee una muy dilatada vida jurídica: tras dejar el Gobierno de González fue nombrado fiscal general del Estado (1986-1990), desde donde protagonizó algunas actuaciones polémicas, como la orden al fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, para que no se opusiera a la libertad de los policías José Amedo y Michel Domínguez, procesados por el GAL. En 1996 fue elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial (1996-2001), para pasar luego a presidir el Consejo de Administración de la Editorial Aranzadi. Su hijo, Juan Moscoso del Prado, es diputado socialista elegido por Navarra en las elecciones de 2008.

felipe gonzález propone a moscoso

Hasta junio de 2006, el proceso propiamente dicho con ETA lo llevó en solitario Jesús Eguiguren —lo desarrollaremos más tarde—, pero en ese momento las cosas no iban bien ni externa —Batasuna y ETA— ni internamente: había demasiadas críticas de dirigentes socialistas; entre otras, las del ex presidente Felipe González. Zapatero optó por aunar las voluntades dispersas en la familia socialista sobre el devenir del proceso de paz y en junio de 2006, días antes de anunciar la apertura de contactos con ETA (29 de junio), se reunió con el ex presidente González, con quien hacía meses que prácticamente no hablaba de una manera extensa. Una reunión que tuvo por objetivo contar con González para la causa: le pidió consejo sobre quién podría mediar con ETA, pese a tener ya a un excelente interlocutor, Eguiguren. González le propuso el nombre de Javier Moscoso y, tras ser aceptada la propuesta, González guardó silencio. El propio Moscoso desconocía que González hubiese sido quien sugirió su nombre como negociador; tales han sido las cautelas a lo largo de todo el proceso.

El nombre de Moscoso no sonó mal en los oídos de Zapatero: en 2003, cuando se encontraba aún en la oposición, ya le incluyó en un equipo de dieciséis expertos juristas que, liderados por el catedrático y ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, debía elaborar un documento programático del PSOE sobre el cumplimiento de la Constitución en su 25 aniversario y los posibles cambios a introducir en la Carta Magna. Además, a pesar de su aparente alejamiento de la vida política, Moscoso había defendido en un acto público en abril de 2005 la decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de no recurrir las candidaturas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera) a las elecciones autonómicas en Euskadi.

Con esos antecedentes, Zapatero le brindaba ahora de nuevo su confianza, colocándolo en una negociación con ETA que se preveía difícil, pero no sin antes consultarlo con Pérez Rubalcaba, quien dio, naturalmente, el beneplácito. Aunque no consta que posteriormente la sintonía entre ambos fuese completa acerca de la marcha del proceso. Moscoso participó ya junto a Eguiguren en el encuentro que ambos mantuvieron con ETA en junio de 2006 y estaría presente en todos los demás encuentros hasta diciembre de ese mismo año.

Es decir, que ni Moscoso ni Eguiguren participarían en las tres reuniones con ETA que se celebraron en los primeros meses de 2007, después del atentado contra la T-4. Por otro lado, Moscoso se encargó de llevar personalmente algún mensaje de «Josu Ternera» a Zapatero, lo que generó cierta irritación en Rubalcaba; un episodio que pudo determinar la presencia en el team negociador de otro personaje importante: José Manuel Gómez Benítez.

Mucho se ha especulado sobre cómo se filtró el nombre de Moscoso a los medios de comunicación como uno de los negociadores del Gobierno con ETA. Por aquel entonces, Moscoso mantenía vínculos con la Editorial Aranzadi, como hemos señalado, y los autores estamos en disposición de confirmar que la filtración provino de una indiscreción surgida del seno de la propia editorial.

Así fue como se enteraron, por ejemplo, los dirigentes del Partido Popular, no por boca de Zapatero, que, como veremos, era poco lo que contaba a su interlocutor Rajoy en relación con este proceso. Es más, en una ocasión, en un momento de sinceridad, Zapatero quiso informar a Rajoy sobre quiénes negociarían por parte del Gobierno con ETA, pero el líder del PP lo rechazó con un categórico «no quiero saberlo». Rajoy temía que los nombres se filtrasen —como así ocurrió— y no quería que nadie pudiera poner en duda su discreción: no conociendo el dato, mal podrían acusarle de filtrarlo.

irrumpe gómez benítez

Moscoso informaba directamente a Zapatero; al menos, en una ocasión. Había, por tanto, lagunas en la información que le llegaba a Rubalcaba. El ministro movió sus hilos y la otra pata del banco de la negociación por parte del Gobierno la conformó en 2006 el abogado y catedrático de Penal José Manuel Gómez Benítez, ex militante del Partido Comunista de España (PCE) en sus años universitarios, íntimo amigo y abogado del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón —un juez que mostró una perfecta sintonía con la estrategia negociadora de Zapatero en ese periodo—, abogado del PSOE en distintas y complicadas causas —como la del «tamayazo», en 2003— y hombre de confianza de Pérez Rubalcaba.

Fue el propio ministro del Interior quien lo colocó, en septiembre de 2006, en la mesa negociadora para controlar las conversaciones, reforzar el trabajo —excelente, por otra parte— de Moscoso y de Eguiguren y garantizarse que estaría exhaustiva y directamente informado de todos los detalles de aquellos encuentros.

Una vez definitivamente rotas las negociaciones —en mayo de 2007, aseguran que con una fuerte bronca entre Gómez Benítez y el etarra «Thierry»—, y en el momento en el que se abordó la renovación del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los socialistas promovieron a Gómez Benítez para que ocupase un cargo preponderante en el Consejo. No obstante, según nos han confirmado fuentes parlamentarias y judiciales, Gómez Benítez aspiraba a algo más: al Ministerio de Justicia, que fue a parar finalmente a Francisco Caamaño, quien también estuvo entre las bambalinas de la negociación, aunque no directamente en las mismas.

Los autores de este libro conocíamos desde finales de 2008 el nombre de Gómez Benítez como tercer interlocutor del Gobierno con ETA, algunos meses antes de que fuera publicado en un medio de comunicación. Incluso, uno de los autores llegó a hablar con el abogado, una vez que éste fue elegido vocal del CGPJ.

—José Manuel, sabemos que fuiste uno de los que negociaron con ETA, junto con Javier Moscoso, —le dijo Fernando Jáuregui, quien había sido compañero de Gómez Benítez en la Facultad de Derecho.

—Pero ¿cómo lo sabéis? ¡Si eso es secreto de Estado! ¡No podéis publicarlo! —respondió, sorprendido, el abogado con su peculiar estilo, y prácticamente colgó el teléfono.

Jáuregui se comprometió ante amigos comunes a no publicar, de momento y hasta haber completado la investigación para este libro, el nombre de Gómez Benítez. Pero, en fin, el «secreto de Estado» lo reventó unos meses después una información de la periodista Ángeles Escrivá, especialista en temas de ETA en el diario El Mundo, que lo destacó en portada el 24 de mayo de 2009, apuntándose un buen tanto periodístico.

Hay una curiosidad que puede resultar interesante en este punto: el contacto que los representantes del Gobierno —Gómez Benítez incluido— mantuvieron con ETA el 14 de diciembre de 2006 fue conocido por el entonces presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, por una puntada mal dada de los servicios de información. Para ese contacto, que contó con todas las medidas de seguridad posibles, los escoltas utilizaron un todoterreno del Parque Móvil adscrito al servicio de la Presidencia del Supremo. Un vehículo a veces utilizado también por la Presidencia del Gobierno.

A mediados de diciembre de 2006 percibieron en el CGPJ que el todoterreno «desapareció» durante casi una semana y que cuando regresó lo hizo con casi 9.000 kilómetros de más. Desde luego, el vehículo oficial había realizado una más que importante gira internacional. Más tarde, cuando, en septiembre de 2008, Gómez Benítez accedió a una vocalía en el CGPJ apoyado por el PSOE —prometió el cargo el día 23 de ese mes—, se dio una curiosa paradoja: que accedió con dos tipos de escolta. Una, por el Consejo del Poder Judicial y, otra, por el Ministerio del Interior. Pero dos años antes de ser nombrado vocal, visitaba en ocasiones el Consejo con escolta, lo que hizo sospechar a algunos sobre su papel en relación con las negociaciones con ETA. De ahí, los autores tiramos del hilo.

En cualquier caso, hay quien asegura que la filtración a El Mundo provino, probablemente, del Ministerio del Interior, concretamente de la lucha antiterrorista, porque ese medio contaba con la «ficha etarra» de Gómez Benítez; es decir, con el contenido de uno de los documentos incautados a etarras en distintas operaciones policiales en Francia en los últimos meses de 2008 y primeros de 2009.

«José Manuel Gómez Benítez. Catedrático de la UCM. Dpto. de Derecho Penal, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria S/N. E-28040. Madrid», decía la ficha publicada por El Mundo. Además de estos datos, el documento contenía la dirección de su correo electrónico y una fecha: «2006/09/26» (sic). La fecha determina el día exacto en el que, según la banda y según hemos podido confirmar los autores, este jurista empezó a formar parte de la negociación entre el Gobierno y ETA, junto a Eguiguren y a Moscoso. Es, por cierto, muy poco más lo que consta de la biografía de Gómez Benítez, que jamás ha buscado los focos para su actuación profesional o política.

La filtración se interpretó entonces en algunas fuentes políticas y judiciales como «un aviso a Garzón», un íntimo amigo de Gómez Benítez: el magistrado tenía guardados en su cajón algunos sumarios superpolémicos, como el del «bar Faisán», que podía resultar muy incómodo para el Gobierno de Zapatero. Pero este caso, del que tanto se ha hablado, lo desarrollaremos un poco más adelante. Otros, sin embargo, creen más bien que se trató de una filtración judicial: alguien que quería lanzar un mensaje al Gobierno de Zapatero.

Luego, ya a comienzos de 2010, algunos jueces conservadores, alentados por un diario de carácter ultraderechista, junto al ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el impetuoso Francisco José Alcaraz, reclamaron el cese de Gómez Benítez como vocal del CGPJ, precisamente por sus «presuntas» negociaciones con ETA. Ni esos jueces, ni menos aún Alcaraz, inspirador de tantas crispaciones, tuvieron en cuenta ni el idealismo de Gómez Benítez al aceptar el caramelo envenenado de ser uno de los negociadores con la banda ni los riesgos que con ello corría, incluso desde el punto de vista físico. Porque, debemos insistir, idealismo hubo en este proceso, y mucho.

Fuera como fuera, la fecha en la que los documentos incautados a ETA señalaban la incorporación de Gómez Benítez a las reuniones (26 de septiembre) hacía referencia a un momento en el que las negociaciones atravesaban por un fuerte bache del que finalmente no se pudieron recuperar. Se consideró entonces conveniente reforzar al equipo para buscar una solución a los múltiples problemas legales que pudiera plantear la negociación, desde las posibles salidas de los presos hasta el engarce con la Constitución de aquellas instituciones, organismos o procedimientos que se fueran poniendo sobre la mesa. En esa labor fue en la que también trabajó el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pero desde Madrid.

Caamaño, durante un tiempo discretísimo responsable de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, se encargó, sobre todo, de elaborar una teoría sobre el referéndum en Navarra —desarrollando la disposición transitoria cuarta de la Constitución— y en el País Vasco, que ETA quería que fuesen simultáneos. Los informes del luego ministro de Justicia, muy solventes técnicamente, se utilizarían también en el «proceso de Loyola» con Batasuna, aunque, como es obvio, sin resultados.

Por ahora, señalar sólo que el proceso se había iniciado «técnicamente» en 2005, con dos tandas de reuniones en Ginebra y Oslo —que detallaremos después— entre Eguiguren y «Josu Ternera». En esas reuniones se acordaron los términos del comunicado con el que se iba a anunciar la tregua del 23 de marzo de 2006 y el alcance y las condiciones del recorrido que se iba a iniciar.

la diplomacia, una «fontanería» especialmente eficaz

Fundado en 1999, el Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario [toma su nombre del fundador de la Cruz Roja Internacional], con sede en una elegante mansión del siglo xix a la orilla del lago Leman, en Ginebra, y con unos treinta empleados de diecinueve nacionalidades, está dedicado a fomentar el diálogo entre personas involucradas en todo tipo de conflictos violentos.

El principal y extremadamente delicado servicio que ofrecen es el de romper el hielo, iniciar el diálogo entre las partes para llegar a un fin. El dinero con el que se financian —un presupuesto anual de unos siete millones de euros— procede, sobre todo, de los países escandinavos, Suiza, el Reino Unido y la Comisión Europea. Aunque la fundación también percibe alguna aportación de Estados Unidos, Canadá, Cruz Roja Internacional y Naciones Unidas. Contrariamente a algunas informaciones periodísticas, el dinero para cualquier proyecto concreto no suele proceder de un país participante directo en un proceso de paz.

Este centro ginebrino alberga en su caja fuerte algunas actas relacionadas con la negociación con ETA; unas actas que las tres partes —el Gobierno, ETA y la fundación Henry Dunant— se han comprometido a no hacer públicas si no hay acuerdo unánime al respecto. Y ese acuerdo no parece precisamente cercano.

El ejercicio de conseguir que unos «enemigos» se reúnan físicamente —sobre todo durante la primera etapa, clandestina— exige no sólo una gran capacidad de recursos, sino excelentes contactos de alto nivel, porque pasar por las fronteras a terroristas buscados que, a veces, insisten en conservar las armas no es tarea fácil y exige contar con unos excelentes contactos en las altas instancias gubernamentales.

Por otra parte, existe un compromiso absoluto de confidencialidad de lo allí abordado y los gobiernos saben que el centro no va a utilizar políticamente la información, extraordinariamente delicada, a la que tienen acceso durante las negociaciones. Hay que señalar que fueron varios los gobiernos europeos, no solamente Suiza y Noruega, los que se ofrecieron a apoyar, y hasta patrocinar, el acercamiento entre el Ejecutivo español y ETA: siete países en total, según comentó a los autores uno de los negociadores del último tramo.

Con esos antecedentes, la intermediación tanto de las reuniones de Eguiguren en 2005 y 2006, como las ya «técnicas» con el Gobierno a finales de 2006 y hasta mayo de 2007, corrió a cargo del Centro de Diálogo Henry Dunant. Durante las conversaciones del Gobierno de Aznar con ETA en 1998-1999 entró en escena un suizo, Julian Thomas Hottinger, que representó al centro —recién creado— en esa intermediación fallida, pero que desde entonces se convirtió en un enlace clave en las negociaciones ETA-Gobierno español. Desde hace una década, el discreto Hottinger, adscrito al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Suiza, colabora para hacer realidad una paz definitiva en el País Vasco.

El trabajo de Hottinger consiste en ejercer de mediador en conflictos armados y a lo largo de su trayectoria ha conseguido desactivar la violencia en diferentes puntos del mundo. Este suizo extremadamente prudente y reservado habla en contadas ocasiones y es más valioso por lo que calla que por lo que dice; el cargo obliga.

Hottinger fue una persona que se tuvo en cuenta en este proceso negociador de Zapatero, pero la coordinación del mismo corrió a cargo del propio director de la organización, el diplomático británico Martin Griffiths, muy conectado con el entonces premier Tony Blair —de quien ya hemos dicho que tuvo una destacada participación en el diseño del proceso junto a Zapatero— y con ciertos sectores de la diplomacia española.

En un campo a la contraofensiva, sólo para desbaratar la estrategia de ETA, que al amparo de este proceso pretendía colocar a sus «satélites» con acreditación permanente en los organismos internacionales proderechos humanos, es donde actuó el diplomático español Bernardino León. Lo hizo junto al que fuera director general de Asuntos Internacionales de Terrorismo y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ángel Lossada, luego sustituido por Carmen Buján. León, un diplomático eficaz —fue «mano derecha» del ministro Moratinos antes de ir a La Moncloa—, desarrolló una importante labor técnica centrada en impedir que ETA —o sus representantes, actuando bajo siglas no «quemadas»— consiguiera acreditación permanente en comités proderechos humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.

el «superdiplomático»

Bernardino León Gross (Málaga, 1964), actual secretario general de la Presidencia del Gobierno y un hombre muy influyente en el entorno de Zapatero, es un diplomático al que todos auguran un brillante porvenir. Ha estado destinado en las representaciones españolas en Liberia, Argelia y Grecia, así como en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Y ha sido también director del Gabinete del Presidente de la Sociedad Estatal del V Centenario y consejero para el enviado especial de la Unión Europea en Oriente Medio, donde trabajó codo con codo con Miguel Ángel Moratinos, causándole una inmejorable impresión. Militante socialista desde 1997, con la llegada del PSOE al poder (2004), Zapatero nombró a Moratinos ministro de Exteriores y de Cooperación y éste convirtió a León en su «número dos», nombrándole secretario de Estado de Asuntos Exteriores.

Desde ese puesto, por encargo directo de Zapatero y con el beneplácito de Moratinos, León actuó a la contraofensiva con ETA, impidiendo que, al amparo del proceso negociador en 2007, la banda armada colocara a dos de sus representantes —actuando en nombre de siglas no incluidas en las listas terroristas de la Unión Europea ni de la ONU— en los diversos organismos de Naciones Unidas para los derechos humanos en Ginebra.

Un dato preocupaba por entonces al Gobierno: ETA ya había conseguido incluir a dos personas como «invitadas» en los trabajos del Comité de Derechos Humanos, un órgano convencional formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado. Este comité es uno de los siete organismos instituidos por tratados sobre derechos humanos promovidos por la Organización de las Naciones Unidas.

No hay que confundir al Comité de Derechos Humanos con la Comisión de Derechos Humanos —un organismo que se deriva de la Carta de las Naciones Unidas—, ni con el Consejo de Derechos Humanos que la sustituye. Mientras que la Comisión y el Consejo son foros políticos donde los Estados debaten todo tipo de asuntos relacionados con los derechos humanos, el Comité es un organismo formado por expertos, y su competencia está limitada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre sus funciones, y para asegurar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité realiza tres tipos de tareas: redacta «observaciones generales», en las que recoge su interpretación del pacto; examina los informes que cada cuatro años envían los Estados que lo han ratificado y en el que explican las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos, y, finalmente, conoce de casos concretos, bien denunciados por otros Estados que forman parte, bien por personas que se consideren víctimas por la violación de su derecho.

En el primer semestre de 2007, al amparo del nuevo proceso negociador que se había abierto, ETA, que ya había conseguido introducir en los trabajos a dos personas como «invitadas», pretendía una acreditación permanente y ésa fue la labor a la contra de Bernardino León: la de impedirlo. En ese semestre, León realizó cuatro viajes a Ginebra que, naturalmente, fueron detectados por el CNI. Ésa fue la razón de que algunos medios interpretaran que León había facilitado, diplomáticamente hablando, algunas de las reuniones del Gobierno con ETA. Pero esa interpretación estaba muy alejada de la realidad. Era todo lo contrario: León consiguió quebrar la estrategia de ETA de penetrar nada menos que en organismos proderechos humanos de la ONU.

Sin embargo, el 19 de junio de 2007, cuando las negociaciones con ETA habían finalizado ya con un rotundo fracaso y mientras el diario Gara publicaba las «actas made in ETA» —no las oficiales, que estaban custodiadas celosamente por el Centro Henry Dunant—, el diario El Mundo abrió su portada con el siguiente titular: «El Gobierno utilizó al “número dos” de Exteriores para negociar con ETA», y subtitulaba: «Bernardino León facilitó los contactos que tuvieron los representantes del Ejecutivo con la banda tras el atentado de la T-4». Otro tanto hacía el diario ABC. Era una información falsa, proveniente de una fuente del CNI que había equivocado la lectura de los cuatro viajes que León libró a Ginebra. Una información falsa, sí, que, además, tuvo escaso recorrido en ambos periódicos, pero que, sin embargo, ha seguido alentándose hasta hoy día.

Al hilo de esa publicación, los directores de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y de ABC, José Antonio Zarzalejos, pudieron conocer del propio León la realidad de los hechos, y ambos periódicos no volvieron a insistir en el tema. Una vez finalizado el proceso de paz, Zapatero quiso tener más cerca a Bernardino León y el 14 de abril de 2008 lo nombró secretario general de La Moncloa, sustituyendo a Nicolás Martínez Fresno (Segovia, 1935), que ya ocupó la Secretaría General de Presidencia con Felipe González, a quien Zapatero nombró Alto Representante para la Presidencia Española de la UE en el primer semestre de 2010.

Volviendo a esa labor de «contraofensiva» respecto a la estrategia de ETA, León contó con determinados colaboradores, como Juan Antonio March Pujol, embajador representante permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales, con sede en Ginebra; o Joaquín María de Arístegui Laborde (Madrid, 1966; es primo hermano del portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui), consejero en la misma embajada y una persona que conoce muy bien los entresijos de los servicios secretos españoles en sus actuaciones en el exterior bajo cobertura diplomática.

En enero de 2007, Joaquín María de Arístegui sería nombrado embajador representante permanente adjunto de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y en ese cargo permaneció hasta su nombramiento como embajador de España en la República de Trinidad y Tobago el 8 de enero de 2010.

Pero la persona de mayor confianza de León en esas labores de ofensiva contraterrorista fue el diplomático Ángel Lossada, a quien Moratinos nombró en abril de 2008 secretario de Estado de Asuntos Exteriores para sustituir al propio León, llevado por Zapatero a su «núcleo duro» en la Presidencia del Gobierno, como acabamos de referir. Hasta su nombramiento como secretario de Estado, y desde su cargo como director general de Asuntos Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme (desde julio de 2005), por las manos de Ángel Lossada Torres-Quevedo (Madrid, 1962) pasó mucha información clasificada. Lossada y León son íntimos amigos; amistad que se consolidó cuando compartieron destino en Argel a principios de la década de 1990.

Durante la última etapa de Aznar, Ángel Lossada había dirigido la Unidad de Coordinación de la Participación Española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, en pleno gobierno ya de Zapatero y en la que España fue reemplazada por Grecia. La candidatura al Consejo de Seguridad la había presentado Aznar en 1997 y el 27 de septiembre de 2002 la Asamblea General de la ONU eligió a España como miembro no permanente por espacio de dos años.

Mientras perteneció al Consejo de Seguridad, la delegación española consiguió reforzar el Comité Contra el Terrorismo, con el diplomático Javier Rupérez al frente. Con la llegada del PSOE al poder, en mayo de 2004 el embajador Inocencio Arias fue sustituido al frente de la misión española en la ONU por el diplomático socialista Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. Arias presidió el Consejo de Seguridad en julio de 2003 y Yáñez-Barnuevo en septiembre de 2004.

Durante esos dos años, tanto el Gobierno del PP como el del PSOE hicieron hincapié en la importancia de la lucha contra el terrorismo. De hecho, Aznar llegó a pedir en la ONU la creación de una lista internacional única de organizaciones terroristas y promovió el refuerzo del Comité Contra el Terrorismo (CCT) creado tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. El Gobierno Aznar también logró situar a un español como director ejecutivo de este órgano: a Javier Rupérez, embajador en Washington con el último Gobierno del PP.

Pero quien coordinó los trabajos de la delegación española en el Consejo de Seguridad fue, como decimos, Ángel Lossada, y su extraordinaria labor fue premiada con un cargo de nueva creación en Madrid: el Consejo de Ministros celebrado el 1 de julio de 2005 de manera extraordinaria en Mérida dio luz verde a que el Ministerio de Asuntos Exteriores modificara su estructura orgánica básica creando la nueva Dirección General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme, colocando a su frente a este curtido diplomático.

La misma información que pasó por las manos de Lossada pasaría luego a su sucesora en esa Dirección General, Carmen Buján Freire (Bueu, Pontevedra, 1964), quien fue con anterioridad subdirectora general de Asuntos Internacionales de Terrorismo y vocal asesor en la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que Lossada y Buján habían trabajado juntos en la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad, Lossada como director y Buján como vocal asesor.

los «fedatarios» internacionales: reid y cenarrusa

Volviendo atrás en el tiempo, a finales de 2004 Eguiguren tenía prisa. Según lo pactado en los encuentros de Txillarre, los abertzales habían cumplido y escenificado en Anoeta —como vimos arriba— un plan negociador. Además, en ese otoño, el sacerdote redentorista irlandés Alec Reid, uno de los principales urdidores de la Declaración de Downing Street para el Ulster y hombre de confianza y confesor del máximo dirigente del Sinn Fein, Gerry Adams, se entrevistó con la cúpula de ETA en Francia, tras la detención (3 de octubre) del que fuera su número uno, Mikel Albizu «Antza», con el objetivo de pulsar las intenciones negociadoras de la nueva dirección de la banda terrorista.

Reid se alojó en el monasterio de Belloq, en Aquitania, el mismo en el que unos meses después —febrero de 2005— se personaría la Policía francesa, por orden de la juez antiterrorista gala Laurence Le Vert, para interrogar al monje benedictino Marcel Etxandi, con excelentes contactos en ETA. El nombre de Etxandi había aparecido entre los papeles incautados por las Fuerzas de Seguridad en la casa donde «Antza» y su compañera, Soledad Iparagirre «Anboto», fueron detenidos. En una nota, se hacía referencia a Etxandi como la persona a la que había que entregar un paquete para que le llegara al «responsable de la biblioteca de Lazkao», el benedictino Juan José Agirre. He ahí las implicaciones de cierta parte del clero vasco-francés en este proceso.

Aunque ambos sacerdotes —Etxandi y Agirre— negaron cualquier tipo de contacto con ETA y quedaron en libertad, unas declaraciones de la entonces portavoz del Gobierno vasco, la peneuvista Miren Azcarate, llamaron especialmente la atención: «Esas detenciones son contraproducentes en la vía de trabajar por la paz», dijo. La cuestión, pues, quedó meridianamente clara: desde Belloq, en cuyo monasterio la banda celebró una de sus asambleas fundacionales, se facilitó el contacto de Reid con la dirección de ETA que sucedió a «Antza».

En todo caso, las gestiones de Reid resultaron positivas para el inicio de un diálogo con el Gobierno de Zapatero. Instalado en el Obispado de Bilbao, el sacerdote redentorista mediaría a principios de 2005 en la iniciativa del Foro de Debate Nacional auspiciado por Batasuna que dio lugar —5 de marzo— al «Acuerdo Democrático de Base para la resolución del conflicto» firmado por Batasuna, Eusko Alkartasuna, AB y Aralar, y sindicatos como ELA y LAB. El acuerdo señalaba que «toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de ser consultada sobre su futuro mediante el proceso consensuado entre todos los agentes» y contaba con Alec Reid y con el ex secretario de Estado de Idaho de origen vasco Pete Cenarrusa como «fedatarios» en su condición de «observadores internacionales».

el gobierno busca la complicidad parlamentaria... sin el pp

Paralelamente, en esos tensos meses finales de 2004, empujado por los atentados de ETA y por la enorme presión del PP, Zapatero se vio obligado a convocar la reunión del pacto antiterrorista (29 de diciembre) en el Congreso de los Diputados con el fin de acordar medidas administrativas, legales y judiciales que impidieran la presencia y actuación en la vida política vasca de la ilegalizada Batasuna. Además, un día después, el Pleno del Parlamento vasco aprobó la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía, popularmente conocida como «Plan secesionista de Ibarretxe», que iba a tensionar aún más la vida política española. El plan llegó al Congreso defendido por el propio Juan José Ibarretxe, y hasta que no fue rechazado en un tenso pleno (1 de febrero de 2005), sólo la idea de debatirlo calentó a la oposición del PP hasta el punto de ebullición.

No eran, por tanto, buenos momentos para hablar de encuentros con ETA, y menos aún de negociaciones... pero los contactos existían, pese a los continuos desmentidos del Gobierno. El periódico digital Diariocrítico.com y otros medios llegaron a revelar la existencia de esos contactos —en ese momento aún secretos— entre batasunos y socialistas, pero sólo recibieron desmentidos por parte de los portavoces del Gobierno.

Claro que los «desmentidos» no se limitaban a la prensa. Por ejemplo, nos consta que Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, se lo desmentía igualmente todo, con la mejor de las sonrisas, a Ignacio Astarloa, portavoz del PP en Justicia e Interior y que durante el Gobierno de Aznar había actuado en la cocina de la Ley de Partidos Políticos, del pacto antiterrorista y de la ilegalización de Batasuna.

«Mi tarea ahora es jugar al despiste», admitía, sonriente, Rubalcaba, el hombre-que-más-secretos-conoce, según contaba Jáuregui en su libro La decepción (Debate, 2008), que abarca diversos aspectos de la primera legislatura de Zapatero.

Sin embargo, en enero de 2005 el cruce de mensajes entre Batasuna y Zapatero ya se efectuaba de forma abierta y el 14 de enero la Mesa Nacional de la ilegal Batasuna hizo público un mensaje dirigido al presidente del Gobierno proponiéndole que impulsara un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas. Zapatero respondió un día después, en un acto en San Sebastián ante 1.500 alcaldes y concejales del PSOE, a quienes dijo que «quiero escuchar» a Batasuna, pero que antes «es necesario que cese de una vez el ruido de las bombas y las pistolas».

La situación política era tensa y Zapatero se vio obligado a recibir en La Moncloa a Mariano Rajoy, quien no ocultaba, ni en público ni en privado, su malestar por las noticias que sobre ETA y otros temas no baladíes como la reforma del Estatut catalán le llegaban desde ámbitos policiales y judiciales próximos al PP. La cita se celebró el 14 de enero de 2005, el día del «mensaje» de Batasuna a Zapatero, y el mismo día también que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, presentaba ante el registro de la Cámara Baja el proyecto de «Estatuto político para Euskadi» o «Plan Ibarretxe».

Los autores de este libro seguimos periodísticamente ese fundamental encuentro de más de dos horas entre Zapatero y Rajoy, porque marcó el punto de inflexión en las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la oposición del PP. La intención de Rajoy era pactar con el presidente el desarrollo del Estatut catalán, cuya reforma había arrancado en Cataluña con visos de confrontación política y que preocupaba en las filas populares. Rajoy salió «muy satisfecho» de la entrevista, según declaró a la nube de periodistas congregados en Moncloa. Había presentado un «pacto de Estado» de cinco puntos que, según él, Zapatero le había aceptado: se crearían comisiones bilaterales a «alto nivel» para debatir las cuestiones pendientes y llegar a consensos.

La conversación transcurrió por el cauce de la distensión y, en síntesis, Rajoy le propuso a Zapatero una sencilla fórmula para evitar que mediante leyes que sólo necesitan para su aprobación una mayoría absoluta —la mitad más uno— se pudiera reformar de una manera sibilina la Constitución, que precisa de mayorías absolutas reforzadas de dos tercios. La fórmula consistía en eso: pactar que las grandes reformas legales —empezando por los Estatutos de Autonomía— necesitaran del aval de dos tercios del Congreso, lo que garantizaba que no pudieran aprobarse si no era con un consenso total entre las dos grandes fuerzas nacionales. Así se impedirían, por ejemplo, «locuras» como las de Ibarretxe y su «plan secesionista», o las tensiones que ya se anticipaban con el Estatut de Cataluña.

Para dar fuerza a su posición, Rajoy argumentó que el contenido del Estatut catalán que se iba conociendo creaba una honda preocupación social, porque en realidad lo que estaba haciendo era una reforma encubierta de la Constitución. En un momento dado del encuentro, Rajoy le preguntó a Zapatero si se había leído a fondo el Estatut, porque de ser así comprendería cuál era el problema. La respuesta de Zapatero le erizó el cabello a Rajoy: «¡Ah, si eso no se lo lee nadie!». Conste que el mismísimo Maragall reconocía, en plena batalla del Estatut y siendo él el presidente de la Generalitat, que no había leído el borrador del texto que por entonces se manejaba. Jáuregui, entre otros periodistas que desayunaban un día con el president catalán, puede dar fe de esa confesión. Y el propio Artur Mas, que escuchó la misma frase de Maragall, también podría testificarlo.

El caso es que, tras la rueda de prensa de Rajoy, compareció la vicepresidenta Fernández de la Vega, pero rebajó de tal manera la «satisfacción» del líder de la oposición que dejó implícito en el ambiente que de lo dicho no había nada. Uno de los autores de este libro —Jáuregui— llegó a preguntarle a Fernández de la Vega si la creación de comisiones no era la mejor fórmula para eludir compromisos; es decir, de diluir los posibles acuerdos de futuro. De la Vega puso cara de circunstancias. Obviamente, así era. Y obviamente, así fue. Las comisiones jamás llegaron a crearse, claro está.

Hay una anécdota no conocida de esa reunión: cuando finalizó la cumbre, y mientras Rajoy preparaba en una sala de Moncloa la rueda de prensa que iba a ofrecer seguidamente en la Oficina del Portavoz del Gobierno, recibió una llamada de Zapatero, a quien había dejado tan sólo unos minutos antes. El presidente le comunicaba entusiasmado que acababa de recibir una carta del batasuno Arnaldo Otegi, según la cual, el final de ETA se acercaba ya. Naturalmente, Rajoy quedó descolocado, ya que durante la entrevista Zapatero no hizo ninguna mención a ETA... ni mucho menos a las cartas que, anteriormente a la de Otegi, la organización terrorista le había dirigido instando a negociar.

Efectivamente, en aquel encuentro no se habló de ETA, ni de las reuniones que Eguiguren mantenía con los batasunos, tanto en el caserío de Txillarre como en Francia. Pero en el PP sí se conocían esos contactos a través de los comentarios del servicio de escoltas. En el PP vasco eran vox pópuli en medios policiales los desplazamientos que el socialista Eguiguren realizaba con cierta frecuencia a Francia, acompañado de un cuñado suyo y de un concejal de Batasuna en Baracaldo o Portugalete. Desplazamientos conocidos, desde luego, por el PP.

Dirigentes populares de la época han insistido a los autores de este libro, y no por primera vez, en que Rajoy se sintió «engañado por Zapatero», a quien califican aún hoy de «trilero». Pero que el «engaño» del 14 de enero de 2005 fue el peor de todos, porque significó un cambio radical en la estrategia del PP. Rajoy acudió a Moncloa con la idea de un pacto de Estado, pero actuando en contra de lo que opinaba la «vieja guardia aznarista», encabezada por Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, acompañados en sus tesis frentistas por portavoces claves en materias como Interior —Ignacio Astarloa—, Justicia —José María Michavila y Federico Trillo— o Economía —Vicente Martínez-Pujalte—, que exigían una oposición cerrada, una guerra total.

«tomadura de pelo de zp»

A esos críticos vinculados a la FAES de Aznar no los escuchó Rajoy en ese momento, pero cuando, el 28 de febrero, recibió —a través de una carta de José Blanco a Ángel Acebes— la composición de la comisión negociadora socialista prometida por Zapatero, no pudo menos que rechazarla por «falta de nivel político» y dio por roto el pacto para consensuar el modelo de Estado.

Blanco proponía como cabeza de la comisión al ya fallecido Alfonso Perales, responsable de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE; a Inmaculada Rodríguez Piñero, de Política Económica y Empleo; a Diego López Garrido, secretario general del Grupo Socialista, y al diputado catalán Daniel Fernández. En la propuesta no se incluía a nadie del Gobierno... ni siquiera al omnipresente portavoz del Grupo Parlamentario, Pérez Rubalcaba, sino que había delegado en su segundo, López Garrido.

«Fue una tomadura de pelo zapaterista», nos dicen aún hoy dirigentes populares, que tuvo como consecuencia arrojar a Rajoy en manos del ala más dura del PP. Pero eso era lo que acaso pretendían Zapatero y su asesor Ignacio Varela, convencidos de que una radicalización del PP hacia la derecha beneficiaba electoralmente al PSOE. Y así fue. Pero ésa es otra historia que abordaremos en otro volumen de este repaso por el «Zapaterato».

De cara a las negociaciones con ETA, otras fuerzas empezaban a entrar en el terreno de juego. Al atentado de ETA del 18 de enero con un potente coche-bomba en Las Arenas, Getxo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), liderada por un peluquero con ideología cercana a la extrema derecha, Francisco José Alcaraz Martos (Torredonjimeno, Jaén, 1968, que cuando contaba diecinueve años sintió la pérdida de su hermano y sus dos sobrinas por la explosión de un coche bomba de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987), respondió con una macromanifestación en Madrid tres días después. En la misma se profirieron insultos contra el Gobierno y se agredió al entonces ministro de Defensa, José Bono, que había acudido a aquel acto a «título personal». Una agresión que, por cierto, iba a dar origen a una agria polémica.

Unos días más tarde, el 9 de febrero, como en una especie de arrebato, ETA hizo explotar un potente coche-bomba en el Campo de las Naciones, en Madrid, hiriendo a 43 personas y provocando cuantiosos daños en ese parque empresarial.

Para completar el escenario, el 26 de marzo la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo estimó los recursos planteados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y anuló por unanimidad la candidatura de la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG) a las elecciones vascas convocadas para el 17 de abril, anulación que fue confirmada por el Tribunal Constitucional cinco días después.

díez usabiaga, el «cerebro» de aukera guztiak

Fuentes de la lucha antiterrorista nos confirman que el cerebro del montaje de la alternativa Aukera Guztiak («Todas las opciones») fue Rafael Díez Usabiaga, el entonces secretario general del sindicato abertzale LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak). La Policía tuvo conocimiento de este hecho a través de los pinchazos telefónicos a los que sometió a Díez Usabiaga, sin duda uno de los personajes más inteligentes del mundo abertzale, aunque nunca ha deseado, ni obtenido, demasiado protagonismo. No iba a ser la última vez que Usabiaga —que, como Otegi, pasaría las navidades de 2009 en la cárcel, por los mismos motivos que el dirigente batasuno— intentaría una alternativa pacífica abertzale paralela a la acción de ETA y desmarcándose tibiamente de la violencia de la banda.

Los pinchazos telefónicos demostraban la falsedad de los promotores de AG, que públicamente se definían como una agrupación de ciudadanos crítica con la ilegalización de Batasuna y como partidarios de que todos los vascos tuvieran posibilidad de votar a las opciones políticas que desearan, inclusive aquellas que no condenaban el terrorismo. De ahí provenía precisamente el nombre de Aukera Guztiak, es decir, «Todas las opciones». Era la primera vez que Batasuna, ilegalizada desde 2003, seguía una estrategia doble: por un lado, preparó muy bien la presentación de AG, evitando los indicios que permitieron la ilegalización en 2004 de su otra alternativa, Herritarrok Zerrenda.

Pero los pinchazos telefónicos efectuados por la Policía con orden judicial demostraban que la mano de los batasunos estaba detrás de esta candidatura, confirmando la opinión de la Fiscalía General del Estado de que AG era una candidatura «blanca», formada por simpatizantes abertzales «no quemados» pero sirviendo a los intereses de Batasuna. Sus cabezas visibles eran Ana Arbulu, Lurdes Agirrezabal y Marije Rodríguez de Lera.

AG logró las firmas necesarias para presentarse a las elecciones vascas de marzo de 2005, pero, una vez se formalizó su proclamación como candidatura y sobre la base de los pinchazos a Díez Usabiaga, fue impugnada por la Fiscalía General. En realidad, la decisión de impugnar AG la tomó el fiscal general del Estado en marzo de 2005, y así lo confirmó el propio Conde-Pumpido en una rueda de prensa en Pamplona, primero, y, después, en una entrevista con el periodista Iñaki Gabilondo en la Cadena Ser, donde advirtió que había pruebas documentales, las cuales eran, precisamente, las conversaciones telefónicas grabadas a Díez Usabiaga.

La primera en impugnar AG fue, por tanto, la Fiscalía, y una vez adoptada esa decisión, el Gobierno entró en el asunto y en el Consejo de Ministros del 18 de marzo, días después de una reunión de seis horas que Zapatero mantuvo con José Blanco, Pérez Rubalcaba y Óscar López, de la Ejecutiva Federal, y con Patxi López y Rodolfo Ares, del PSE, dio la orden para que la Abogacía del Estado impugnara igualmente la candidatura. El 26 de marzo, el Tribunal Supremo admitió las impugnaciones por unanimidad considerando probado que Aukera Guztiak estaba dirigida por Batasuna y que era una continuadora de su labor política, sentencia que ratificó el Constitucional cinco días después.

Se afirmó entonces desde el PP, posiblemente para «calentar» la vida política, que aquella «agrupación de electores» no era más que un «cebo para colar» la auténtica candidatura abertzale, la del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV, o Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista, EHAK, en sus siglas en euskera), que había sido registrado el 27 de septiembre de 2002, un mes después de que el juez Garzón iniciara los trámites para la ilegalización de Batasuna. Pero era una interpretación incorrecta y posiblemente interesada, según nos confirman a los autores fuentes de la lucha antiterrorista.

En realidad, los batasunos habían ensayado por primera vez y para la ocasión una doble vía: intentar colar una formación nueva, aparentemente «blanca» y que no cayera en los errores cometidos con HZ para sustituir «legalmente» a la ilegalizada Batasuna. Al verse privados de esa posibilidad debido a las escuchas a las que fue sometido Díez Usabiaga, ensayaron la segunda vía, la de presentarse bajo la cobertura de un partido auténticamente legal, el PCTV. No obstante, para poder «colar» esa última opción se vieron obligados a colocar en las listas a personajes inanes, de bajo nivel político, con lo que su posterior actividad parlamentaria quedaría, como no podía ser de otra manera, muy deslucida.

Formadas así las listas del PCTV para las elecciones vascas de 2005, el Gobierno no pudo encontrar relaciones entre el PCTV y la banda terrorista —por las razones que comentábamos arriba—, pese a que Otegi pidiera el voto batasuno para esa candidatura con un cierto éxito: los abertzales pudieron seguir sentándose en el Parlamento Vasco con 9 escaños (dos más que en 2001) y el 12,5 por ciento de los votos, que por activa o por pasiva resultarían decisivos para el mantenimiento en el poder del peneuvista Juan José Ibarretxe. El PP, que obtuvo 15 escaños, montó en cólera por la «irresponsabilidad» del Gobierno de Zapatero al permitir —decía Rajoy— la presentación de aquella candidatura «a todas luces conectada con ETA». Lo realmente cierto es que la Fiscalía General trabajó a contracorriente para encontrar esos vínculos que permitieran su impugnación, pero no hubo tiempo suficiente antes de las elecciones autonómicas y sólo años más tarde, cuando ya todo había pasado, el PCTV pudo ser ilegalizado con pruebas concluyentes.

En todo caso, ninguna de esas estratagemas radicales interfería en el camino para la apertura del proceso de paz, ya que el Gobierno seguía con los planes establecidos en la «mesa de Txillarre». Así, en esos primeros meses de 2005 y actuando como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba se fue «trabajando» uno a uno a todos los líderes de los grupos políticos en el Congreso sobre la necesidad de abrir un proceso de paz. Consiguió la adhesión inquebrantable de algunos grupos, muy especialmente de Gaspar Llamazares (IU), Joan Puigcercós (ERC), José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai). Buena disposición mostraron también Josu Erkoreka (PNV), Josep Antoni Durán i Lleida (CiU), Paulino Rivero (Coalición Canaria) y Francisco Rodríguez (BNG).

Todos, en definitiva, comprometieron su apoyo a un intento negociador del Gobierno con ETA, salvo, naturalmente, el PP, a cuyo portavoz, Eduardo Zaplana, Pérez Rubalcaba informaba poco y mal, según se quejaban Zaplana y el propio Rajoy. Y eso que los dos portavoces —Zaplana y Rubalcaba— aseguraban llevarse estupendamente bien y, de hecho, así se desprendía de algunos acuerdos «subterráneos» a los que habían llegado, por ejemplo, en el irregular desarrollo de la comisión parlamentaria de investigación del 11-M que ambos trataron de frenar.

zp implica al congreso

Rubalcaba había ido preparando así el debate sobre el estado de la Nación (11 de mayo), en el que Zapatero guardaba una sorpresa para su primer cara a cara parlamentario como presidente del Gobierno con Rajoy y que confirmaría la ruptura total entre socialistas y populares: la petición de apoyo parlamentario para negociar con ETA.

Sin conocer los planes gubernamentales, Izquierda Unida había preparado, paralelamente, una resolución para colocar la política penitenciaria al servicio del diálogo de paz. Pero Rubalcaba se reunió con Llamazares —en uno de sus llamados «encuentros discretos»— y le convenció para que la retirara, dado que el Gobierno iba a presentar al Parlamento una propuesta para la negociación con ETA como colofón del debate sobre el estado de la Nación.

Efectivamente, el 17 de mayo, el Pleno del Congreso debatió y aprobó las propuestas de resolución presentadas por los grupos. En la número 32 de las aprobadas se señalaba:

Convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos un proceso de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

Era el punto de partida para negociar con ETA, pero a los socialistas más vasquistas del PSE esa declaración de apoyo a una negociación les pareció un «error innecesario, no se necesitaba, y puso al Gobierno español en un brete. Nadie, ni siquiera ETA, había pedido esa declaración del Congreso y tuvo la virtud de romper con el PP, porque a partir de ahí, la oposición del PP fue frontal, dinamitando todo el proceso». Así nos lo señalan algunos socialistas vascos; pero, no obstante, esa declaración parlamentaria tenía la virtud de situar a Zapatero en una posición similar a la de Pilatos: si salía bien, se llevaba los laureles; si salía mal, la culpa era de todos, que habían brindado su apoyo, y muy especialmente del PP, que había «torpedeado» el proceso.

[Zapatero estaba tan convencido en esos momentos de que el final de ETA estaba próximo que a veces hacía gala de una escasa prudencia, como resalta la siguiente anécdota que nos refirió un altísimo cargo del Gobierno. El sábado 4 de junio de 2005, en una entrega de despachos en la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza (Jaén), una señora se acercó al presidente del Gobierno y le mostró su preocupación por su hijo, guardia civil, que prestaba servicios en «el Norte». Zapatero le respondió: «No se preocupe, señora, que eso lo arreglo yo dentro de poco».]

«tenemos a un juez en el punto de mira»

Ahora, algunos años más tarde, los socialistas reconocen que a la declaración del Congreso de los Diputados se había llegado por el temor a que durante el proceso se cometiera algún error por parte de los negociadores, pero tuvo el efecto negativo de que el PP, escasamente informado de forma oficial y completamente descolgado del proceso, activase todos los mecanismos para impedirlo, especialmente en el mundo judicial.

De hecho, tan sólo ocho días después de aprobarse la resolución del Parlamento, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que había sustituido a Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5, dictó orden de prisión, eludible bajo fianza de 400.000 euros, para Arnaldo Otegi por integración en ETA en grado de dirigente. Marlaska dictó igualmente orden de busca y captura contra el también ex parlamentario abertzale Jon Salaberria, que no acudió a declarar. Aún sin haber comenzado oficialmente, el proceso de paz entraba en una fase crítica al haber sido activados determinados canales judiciales.

Héroe para unos, villano para otros, Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962) se convirtió en la pieza angular sobre la que pivotó la principal y más efectiva oposición contra las negociaciones con ETA. Aunque será en el siguiente libro donde abordemos al completo el capítulo de la Justicia a lo largo del «Zapaterato», el papel de Grande-Marlaska merece un desarrollo especial en este libro, incluyendo algunos datos no conocidos hasta ahora.

En la única entrevista concedida a un medio de comunicación (a Rosa Montero, en El País Semanal, 11 de junio de 2006), a Grande-Marlaska se le definió como un «vasco fibroso y trabajador» que apuesta «por una España tolerante, moderna y en paz, donde poder decir libremente que es vasco y español, y que está casado con Gorka», un filólogo que opositó a profesor y que es su marido desde octubre de 2005.

Algunos creyeron ver en incomprensiones radicales cuando su adolescencia en Bilbao debido a su homosexualidad el origen de su actitud firme contra el mundo abertzale, debido a posibles episodios de tinte personal surgidos desde ese ámbito. Pero no. Grande-Marlaska simplemente se dedicó, para bien o para mal, a aplicar la ley, sin ligaduras a nada ni al momento político vigente. Es, en suma, creemos los autores, un juez que instruyó los sumarios al margen de lo que coyunturalmente conviniera o no en política.

Su padre, funcionario del Ayuntamiento de Bilbao, murió cuando él tenía veintiún años, y siempre estuvo muy unido a sus dos hermanas y a su madre, una mujer muy activa, pero que tardó mucho en aceptar la homosexualidad de su hijo: durante años, Grande-Marlaska dejó de celebrar la Navidad en la casa materna, donde no era invitado su novio Gorka, un auténtico euskaldún. Pero en octubre de 2005, después del matrimonio, la madre aceptó el hecho consumado y ahí se acabaron las reticencias y los problemas familiares.

Grande-Marlaska se licenció en 1985, opositó, aprobó las oposiciones y en 1988 llegó a Santoña, en Cantabria, su primer destino como juez. En 1999, con treinta y siete años, pasó a la Audiencia Provincial de Vizcaya. Un año terrible en el que, tras la ruptura de la tregua, ETA asesinó a 23 personas, algo que quedó grabado en la mente del joven juez.

Además, en noviembre de 2000 la Policía le comunicó que durante la detención del «comando Vizcaya» se habían encontrado fotos y documentación sobre el juez en la que le tachaban de «protector de fusilamientos». Fue otra experiencia muy dura, en la que tuvo que aceptar la escolta que le ofreció Interior. Años después, en 2006, un negociador con ETA tuvo que escuchar de un miembro de la banda la siguiente frase: «Tenemos a un juez en el punto de mira». Algunos pensaron inicialmente que no cabía la menor duda de que se trataba de Grande-Marlaska. Pero lo cierto es que las fuentes policiales manejadas por los autores señalan que no existe constancia de seguimiento alguno de la banda a este magistrado.

[Sin embargo, años más tarde, a mediados de enero de 2010, el juez Baltasar Garzón procesaría a 13 miembros de ETA, entre ellos los tres últimos jefes militares Garikoitz Aspiazu Rubina «Txeroki», Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegui, por una decena de actos delictivos entre los que se encontraba el intento de asesinato del magistrado Fernando Grande-Marlaska y el secuestro del concejal del PSE en Eibar Benjamín Atutxa. El resto de procesados, miembros o colaboradores del «comando Vizcaya» desarticulado en 2008, eran Aitor Arteche, Arkaitz Goicoechea, Olga Comes, Maialen Zuazo, Aitor Cotano, Iñigo Gutiérrez, Asier Borrero, Gaizka Jarreño, Adur Aristegui y Ana Isabel Prieto.]

un «permiso» con puente de plata para garzón

Harto del ambiente en el que se veía forzado a moverse, Grande-Marlaska llegó a Madrid en 2003 con Gorka: dejaba la Audiencia de Vizcaya para incorporarse a un destino muy inferior en los juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla. Pero menos de un año más tarde, en abril de 2004, ya recaló en la Audiencia Nacional, que es donde comienza en realidad nuestra historia, porque desde el 1 de marzo de 2005 y hasta el 30 de junio de 2006 ejerció con mano de hierro en el Juzgado Central de Instrucción número 5, sustituyendo provisionalmente a su titular, Baltasar Garzón; es decir, durante el principal periodo para preparar la negociación Gobierno-ETA.

Lo que no se ha contado son los vericuetos sobre cómo el Consejo General del Poder Judicial procedió a la concesión de un permiso a Garzón y su sustitución por Grande-Marlaska. Es lo que vamos a desvelar en las próximas líneas.

Garzón había solicitado un permiso de estudios para «formarse» en Estados Unidos: dieciséis meses en Nueva York, una de sus ciudades preferidas. Se trataba, en realidad, de dos permisos consecutivos, uno entre marzo y diciembre de 2005 y otro —una prórroga— desde enero a junio de 2006. El Consejo General, entonces compuesto mayoritariamente por representantes del sector conservador de la judicatura, empezando por su presidente, Francisco José Hernando, y siguiendo por la auténtica «materia gris» en ese sector, el portavoz Enrique López López, analizó la petición de Garzón y descubrió una ocasión única para desprenderse con todas las de la ley del «juez estrella» en un momento crítico en las conversaciones con el mundo etarra. A enemigo que huye, puente de plata.

Aunque sabían que las auténticas intenciones de Garzón eran otras bien distintas al «permiso de estudios» —diversas fuentes relatan que el juez había puesto los ojos en la Corte Penal Internacional, un tribunal de justicia permanente con sede en La Haya para juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, o bien para un alto cargo en las Naciones Unidas, para lo que creía que los argentinos Kirchner (Cristina y su marido Néstor) le iban a apoyar—, el CGPJ aceptó todas las peticiones de Garzón sin exigir explicaciones.

El permiso a Garzón se podía haber denegado, pero la cúpula de la judicatura sabía que el Gobierno iba a negociar con ETA y estaba claro que Garzón, por cuyo juzgado pasa el mayor número de delitos por terrorismo, mantenía unas relaciones cada vez más estrechas con Zapatero. De hecho, una semana antes de viajar a Nueva York, Garzón declaró en «Informe Semanal», de Televisión Española, que había que revisar la historia de España, lo que suponía un anticipo de lo que sería la ley de memoria histórica. Así que en el PP y en el sector conservador de la judicatura decidieron que era mejor que se fuera a Nueva York y su juzgado fuera ocupado por otro magistrado «más afín», dado que veían a Garzón proclive a plegarse al Gobierno y pausar las actuaciones judiciales contra los etarras durante el proceso de negociación.

el papel de enrique lópez

La mayoría conservadora del CGPJ mantenía un estrechísimo contacto con el PP —la minoría progresista hacía lo propio con el PSOE— a través de Ignacio Astarloa y Federico Trillo en lo jurídico, de Ángel Acebes en lo jurídico-policial y, a veces, de José María Michavila, que había sido ministro de Justicia. El interlocutor natural en el Consejo era, sobre todo, su portavoz, Enrique López López, licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo (1985), juez desde 1989 y que, tras su paso por diferentes juzgados, fue nombrado vocal a propuesta del PP en la renovación del CGPJ en 2001.

Aquélla fue, sin duda, una excelente elección para los populares, porque López, inteligente, con olfato político y una aguda percepción de la realidad, buen conocedor de los recovecos judiciales y con inmejorables relaciones con los medios de comunicación, a los que maneja con su sobrado conocimiento de las necesidades y funcionamiento de los mass media, se convirtió en el cerebro de todo el proceso.

Desde la mayoría conservadora en el Consejo y organizado por López, se decidió que el juez Grande-Marlaska sustituyera a Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5. No se pactó nada con Marlaska. No hacía falta: López y el presidente del Consejo, Francisco José Hernando Santiago (Madrid, 1936), sabían perfectamente que Marlaska actuaría como lo hizo, simplemente aplicando la ley con todo su rigor y lejos de pragmatismos de «conveniencia política», porque creía que contra ETA había que luchar con todas las armas del Estado de Derecho.

Esa misma percepción nos la han transmitido altísimos cargos del Gobierno de Zapatero, que sustentan la tesis de que Grande-Marlaska ni siguió instrucciones ni estuvo orgánicamente encuadrado en una supuesta conspiración del PP, sino que «hizo lo que hizo por motivos personales: se estaba posicionando para ir de vocal al Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, cuando se renovó el Consejo en 2008 y él no pudo estar, ahí se paró toda su cruzada contra los abertzales». Es una buena explicación.

Ahora bien, esos mismos altísimos cargos socialistas también nos han reconocido que sabían que se había conformado un sector político-judicial-policial-mediático para invertir el proceso de paz. De hecho, esos cargos, sin duda malévolamente —el personaje es un modelo de integridad, al margen de que se coincida con él o no en sus opiniones políticas—, atribuyen a Ángel Acebes —por entonces secretario general del PP— la siguiente frase: «Éstos van a acabar con ETA», lo que evidenciaría un temor del PP a que la paz fuera posible y la consiguiera precisamente Zapatero. Pero, en realidad, el temor del Partido Popular se centraba más bien en la posibilidad de que, con el fin de conseguir la paz, el Gobierno cediera en exceso en cuestiones políticas, como en Navarra.

Así las cosas, la minoría progresista del Consejo General, con el vicepresidente Fernando Salinas Molina y los vocales Félix Pantoja y Juan Carlos Campo —quien había sido director general de Justicia del Gobierno de Manuel Chaves, en Andalucía, y mantenía hilo directo con el Gobierno de Zapatero— al frente, fue consciente del peligro y desde esa minoría se trató de impedir el nombramiento de Grande-Marlaska. Incluso, Pantoja y Campo llegaron a proponer una terna para sustituir a Garzón, porque, decían, «Marlaska no encaja allí». Pero la mayoría conservadora no cedió y nombró a Marlaska juez sustituto. López sabía lo que se hacía: con Marlaska al frente del Juzgado Central número 5 aumentaría, como así fue, la ratio de resolución de asuntos en ese juzgado, que efectivamente se duplicaría con respecto a Garzón.

Que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano politizado es una obviedad, pero en las salas del edificio de la calle Marqués de la Ensenada todos juegan políticamente con todo, dentro del juego posible que permite la existencia de mayorías y minorías. Como ejemplo, podemos señalar que el ya aludido vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, de la minoría progresista, llegó a exigir al Pleno que emitiera una nota saludando el diálogo con ETA después de que Zapatero lo anunciara en el debate sobre el estado de la Nación. Salinas pretendía iniciar una ofensiva judicial a favor del Gobierno, pero la mayoría conservadora del Consejo lo frenó en seco.

«pero ¿esto lo sabe el fiscal general?»

Uno de los momentos más críticos tuvo lugar el 25 de mayo de 2005, cuando Grande-Marlaska ordenó —como ya hemos indicado— el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi, eludible bajo fianza de 400.000 euros, después de tomarle declaración durante tres horas y media y a instancias del fiscal, ya que —argumentaba el juez— «nos encontramos ante una persona que ocupa uno de los puestos dirigentes dentro del entramado terrorista». En concreto, por el control que ejercía Batasuna sobre el más de un centenar de herriko tabernas que, a su vez, formaban parte del proyecto diseñado por ETA.

Otegi, que había acudido a la Audiencia Nacional convencido de que aquella declaración sería de mero trámite —no llevó mudas, ni cepillo de dientes, ni cualquier otro objeto personal—, no podía creer lo que estaba escuchando: que la propia Fiscalía pidiera cárcel para él. En ese momento, Otegi exclamó asombrado: «Pero ¿esto lo sabe el fiscal general? [Conde-Pumpido]». Y su abogada, Jone Goirizelaia, no menos sorprendida, apeló al trato que su cliente había recibido del propio presidente Zapatero y del lehendakari Ibarretxe: «El presidente del Estado español se dirige públicamente al señor Otegi como interlocutor en actos públicos», dijo la abogada, sin mayor éxito. Otegi fue a parar al módulo de aislamiento de la prisión madrileña de Soto del Real por dos días, hasta que depositó la fianza completa.

Los autores de este libro conocemos bien lo ocurrido en aquella declaración que estuvo a punto de dar al traste con el inicio del proceso. Cuando Otegi compareció ante el juez Grande-Marlaska pensó que tendría a la Fiscalía de su lado, dado que el propio Zapatero había anunciado la apertura del proceso de paz, pero cuando observó que los fiscales Jesús Alonso y Juan Moral fueron más lejos en su petición que Pedro Cerracín, el abogado de la AVT, constituida en acusación popular, se le rompieron todos los esquemas: la AVT «sólo» pedía prisión bajo fianza, mientras que la Fiscalía solicitaba prisión incondicional.

¿Qué había ocurrido en la Fiscalía y en el propio Gobierno? Sencillamente, que en la mañana de ese miércoles 25 de mayo de 2005 ETA hizo estallar un coche-bomba en un aparcamiento exterior del estadio de La Peineta, en el madrileño barrio de San Blas. La banda había atentado contra el símbolo de la candidatura madrileña a los Juegos de 2012, y lo había hecho 11 días antes de que el COI eligiera la sede de los futuros Juegos Olímpicos, que fue a parar finalmente a Londres.

Al conocerse el espectacular atentado, los fiscales de la Audiencia Nacional, con Eduardo Fungairiño al frente, se reunieron de urgencia y decidieron que había que dar una respuesta a ETA: en vez de prisión bajo fianza había que pedir prisión incondicional para Otegi, que declaraba esa misma tarde ante Marlaska. Así se lo plantearon a Conde-Pumpido, quien dio su beneplácito sin ningún atisbo de duda, sino todo lo contrario. De esa forma, cuando Otegi preguntó delante del juez: «Pero ¿esto lo sabe el fiscal general?», el fiscal de la Audiencia le respondió con un escueto: «Sí, lo sabe». Ahora bien, lo que quería conocer Otegi es si lo sabía el Gobierno, pero el Gobierno no había sido informado de nada por una Fiscalía General que en muchas ocasiones ha actuado de forma mucho más independiente del Ejecutivo de lo que suele pensarse y decirse. Conde-Pumpido, consultado por unos fiscales absolutamente indignados y en pie de guerra, había autorizado sin más la petición.

Para comprender este episodio y evitar interpretaciones erróneas —como algunas que se han publicado en determinados medios de comunicación tomando como diana a Conde-Pumpido— es necesario volver la vista un segundo atrás y analizar la personalidad, profesionalidad y experiencia del fiscal general.

Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 1949) es uno de los mayores especialistas en el mal llamado «conflicto vasco». Recaló a primeros de 1981 en San Sebastián como juez y allí permaneció cinco años. Mantuvo tan excelentes relaciones, entre otros, con el abogado y entonces diputado Juan María Bandrés, que conoció a la perfección las negociaciones con ETA p-m y la correspondiente escisión etarra. Luego estuvo nueve años en el Tribunal Supremo, donde vivió la tregua en la etapa de Aznar y donde participó en la decisión de encarcelar, por primera vez, a toda la Mesa Nacional de Batasuna... y no pasó nada, frente a los que auguraban una revolución en Euskadi.

Es cierto, no obstante, que la respuesta de ETA a la desactivación de la Mesa Nacional fue, un tiempo después, el asesinato de un compañero y amigo de Conde-Pumpido: el magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo José Francisco Querol Lombardero, asesinado en Madrid el 30 de octubre de 2000 junto a su conductor, Armando Medina, su escolta, Jesús Escudero, y el conductor de autobuses Jesús Sánchez Martínez.

No se ha sido muy justo con el fiscal general a lo largo de este proceso. Olvidan sus detractores que, cuando la última etapa de Aznar, Arnaldo Otegi siempre permaneció en libertad, pero que fue él, Conde-Pumpido, quien en mayo de 2004, nada más acceder a la Fiscalía General en sustitución de Jesús Cardenal, impugnó la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de absolver a Otegi por haber llamado al rey «jefe de los torturadores». Pumpido consiguió acabar con ese sentimiento de impunidad del que disfrutaba el abertzale y que Otegi, al final, fuera condenado por el Tribunal Supremo.

Conde-Pumpido conocía bien, por tanto, lo que se traía entre manos. Así, la causa que Marlaska emprendió contra Otegi en 2005 y que conforma este epígrafe fue posible porque en marzo de ese año, con la impugnación de Aukera Guztiak que hemos explicado arriba, Otegi dejó de ser parlamentario vasco, perdiendo, por tanto, la inmunidad, y fue entonces cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional le llamó a declarar. Esa mañana, ETA puso la bomba y la posición del propio fiscal general fue que la bomba de ETA estaba directamente relacionada con la declaración de Otegi. Por su experiencia, Pumpido sabe muy bien —y consta que así se lo ha comunicado a Zapatero en alguna ocasión, aunque el presidente no le haya hecho demasiado caso— que cualquier gesto de apaciguamiento por parte del Gobierno es interpretado por ETA como una debilidad, y «la Fiscalía no está dispuesta a que le suelten avisos», nos dicen fuentes del Ministerio Fiscal.

Más allá de este caso concreto, tanto pavor causaba la figura de Grande-Marlaska en las filas socialistas que, cuando se iban a iniciar formalmente las negociaciones con ETA y cuando el juez ya estaba investigando el chivatazo policial en el bar Faisán, alguien en el Gobierno pensó proponerle como juez de enlace en Londres —un importante ascenso laboral, sin duda, porque se trataba de un puesto muy atractivo y codiciado en el mundo judicial por lo que supone de ganar en prestigio internacional y mejorar el nivel adquisitivo— para quitarlo de la Audiencia Nacional en un momento clave. Aquello no prosperó. Luego, Marlaska pisó el acelerador judicial con respecto a ETA y Batasuna... y también con respecto al chivatazo policial al bar Faisán, como desarrollaremos en el capítulo 3.

Hasta el 1 de julio de 2006, cuando Garzón regresó de Nueva York y recuperó su juzgado, Marlaska se convirtió en la auténtica pesadilla del Gobierno de Zapatero, según iremos viendo a lo largo de este relato pormenorizado sobre la negociación con ETA. No se aplazó ningún juicio contra etarras o batasunos y los asuntos que se trataban en las Salas siguieron adelante, lo que entorpeció las negociaciones del Gobierno.

Otro de sus puntos álgidos fue cuando, el 12 de septiembre de 2005, Marlaska procesó al secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, y a Eli Zubiaga. Aunque los dejó en libertad provisional, el procesamiento de Díez Usabiaga levantó inquietantes comentarios por su importante papel en el proceso de paz.

gómez bermúdez, ruido de togas por la sala de lo penal

Dentro de su estrategia, el sector conservador del CGPJ creía contar también con otro pilar en la Audiencia Nacional: el juez Javier Gómez Bermúdez (Álora, Málaga, 1962), a quien ese sector había aupado en 2004 hasta la Presidencia de la Sala de lo Penal. Gómez Bermúdez es nieto de Francisco Bermúdez del Río, magistrado de la Audiencia de Málaga purgado por Franco en 1937. Acusado de traición junto al resto de sus compañeros por Carlos Arias Navarro, fiscal para la Causa General de toda la provincia, Bermúdez del Río fue encarcelado por lo que se llamó «delito geográfico»; es decir, por haber estado en el lugar inadecuado en el momento inoportuno. Cuando en 1942 salió de la cárcel, las autoridades franquistas le prohibieron ejercer de magistrado.

Su nieto, Javier Gómez Bermúdez, aprobó las oposiciones de juez en 1987, inició su carrera en la localidad malagueña de Torrox, fue ascendido a magistrado tan sólo dos años después —estrenando el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, ciudad en la que pasó diez años— y en 1999 recaló en la Audiencia Nacional en comisión de servicio. A partir de entonces se produjeron dos hechos destacados en su actuación que merecieron una valoración positiva desde el Partido Popular y desde el sector conservador del Poder Judicial.

El primero fue en el año 2000, cuando Siro García, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, le designó ponente del caso de la PSV, el escandaloso «pelotazo urbanístico-inmobiliario» de la cooperativa de viviendas ligada a UGT en el que se vieron implicadas las más importantes figuras del sindicato socialista. Aquél era un supercaso, una complicadísima cuestión de presunto delito económico, y Gómez Bermúdez condenó y declaró responsable civil subsidiaria a UGT. La sentencia fue recurrida, pero el Supremo la confirmó, con lo que el joven juez se sintió respaldado.

El segundo hecho tiene que ver con la creación en la Audiencia, en el año 2003, del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. El Consejo General se lo asignó a Gómez Bermúdez, convirtiéndose en el juez que debía ejercer el control de la situación de los etarras presos en cárceles españolas. La explicación malévola a este nombramiento fue que era «el hombre del PP para aplicar la política penitenciaria del Gobierno Aznar», por entonces en plena ofensiva antiterrorista y con la recién aprobada Ley de Partidos Políticos como ariete.

Gómez Bermúdez fue, en efecto, inflexible ante las pretensiones de acortamiento de las penas de los presos etarras, y en 2005 —ya en la etapa socialista— fue uno de los impulsores desde la Audiencia Nacional de un importantísimo cambio en la doctrina del Tribunal Supremo, según el cual el sanguinario etarra Henry Parot y otros grandes asesinos de ETA ya no podrían obtener beneficios penitenciarios sobre los 30 años de cárcel que, como máximo, iban a cumplir, sino sobre los miles de años a los que habían sido condenados. Es lo que se ha dado en llamar la «doctrina Parot», que cayó como un mazazo entre los radicales en un momento álgido del intento negociador con ETA y Batasuna.

En esos dos hechos, sobre todo, se basó la decisión del sector conservador del CGPJ de nombrar a Gómez Bermúdez, contra todo pronóstico, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un cargo al que también había aspirado Garzón.

El sector progresista reaccionó con un «ruido de togas» para frenar lo que preveían como un duro golpe: por tres veces se recurrió ante el Supremo esa designación, y por tres veces el sector mayoritario del CGPJ mantuvo la nominación. Gómez Bermúdez no sólo conservaría el puesto, sino que además presidiría en 2007 el muy polémico juicio por la masacre de Madrid del 11-M. Pero ésa es otra historia. Sobre el 11-M parece que no se ha dicho aún la última palabra, aunque el tema se escapa de los propósitos y límites de este libro.

eguiguren se cita con eta en ginebra y en oslo

Paralelamente a esos acontecimientos, Jesús Eguiguren ya se había puesto en marcha, aunque aún a título personal; es decir, no como representante gubernamental, ni siquiera como representante del conjunto del socialismo español. Era una buena jugada, como señalábamos antes, porque si el proceso fallaba, siempre se podría alegar que Eguiguren nunca tuvo «credencial del Gobierno» para hablar con ETA, sino que lo hizo personalmente.

De ahí proviene una confusión muy común en los medios de comunicación de la época: el Gobierno no negoció «oficialmente» con ETA en 2005, ni lo haría hasta el segundo semestre de 2006, meses después de haberse decretado por la banda el «alto el fuego permanente», ya que las rondas negociadoras de Eguiguren con «Josu Ternera» y Juan Carlos Iurrebaso entre 2005 y hasta junio de 2006 no contaban con una credencial «oficial» gubernamental. Lo cual no quiere decir que Zapatero no conociese estas conversaciones con ETA por parte del presidente del PSE-PSOE. Las conocía, recibía los informes de las mismas —a veces directamente de Patxi López, Ares y Eguiguren, como hemos apuntado en otro sitio, pero sobre todo, vía Rubalcaba— y actuaba en consecuencia. Sin embargo, si todo iba mal, siempre le quedaba la opción de argumentar que Eguiguren negoció a «título personal» y nunca con credencial «oficial» del Gobierno.

Establecido de esta forma el mecanismo —pese a las reticencias de Rubalcaba, que veía como «demasiado vasquista» a Eguiguren, un excelente político, por otra parte—, a través de los batasunos de Otegi, de un sector del clero vasco y vasco-francés y de los oficios del Centro Henry Dunant, solicitado por ETA y aceptado por todos, la primera ronda de sesiones de Eguiguren con la banda se celebró en el elegante hotel de cinco estrellas President Wilson de Ginebra (Suiza). Se desarrolló entre el 21 de junio y el 14 de julio de 2005; fueron 22 días en los que se celebraron una docena de sesiones de trabajo auspiciadas por la fundación Henry Dunant, que era la que fijaba las fechas y los lugares y lo comunicaba a ambas partes.

Eguiguren conocía muy bien Ginebra, donde entre 1976 y 1977, siendo estudiante, había trabajado como cocinero en un restaurante en el lago Leman. Ahora volvía a las proximidades de ese lago, pero ya como interlocutor de «Josu Ternera» —con quien se volvía a encontrar fuera de las «reuniones gastronómicas» de Txillarre— y Juan Carlos Iurrebaso Atutxa, que mantenía la misma línea negociadora que «Ternera». El etarra acudió a la cita del 21 de junio con un libro de Eguiguren bajo el brazo, Los últimos españoles sin patria (y sin libertad), en cuyo prólogo apuntaba las claves para una solución al terrorismo en Euskadi.

«Si el Gobierno está dispuesto a suscribir lo que dice el prólogo de tu libro podría llegarse al final del conflicto», le dijo «Ternera» a modo de presentación.

A estas primeras reuniones de junio y julio de 2005 asistía un interlocutor inglés de la fundación, que tomaba notas de los encuentros y a quien coordinaba Martin Griffiths. A «Ternera» se le veía en buena forma física e incluso practicaba footing por las mañanas antes de sentarse a negociar, lo que eventualmente desmentía algunos rumores sobre una enfermedad terminal. En esos 22 días de reuniones se habló de todo, de la historia del conflicto y de las diferencias políticas e ideológicas, pero especialmente de la metodología para una negociación...

El principio de acuerdo se alcanzó el 22 de julio: la banda anunciaría un alto el fuego indefinido y permanente sin referencia ni al derecho de autodeterminación ni a Navarra y Zapatero respondería con una declaración institucional. Los representantes de la fundación Henry Dunant actuaron de notarios del preacuerdo y la tanda de reuniones culminó con el compromiso de un reencuentro, una vez que ambas partes realizaran las respectivas consultas. Durante esos 22 días, Eguiguren se mantuvo en estrecho contacto telefónico con Rubalcaba, coordinador socialista del proceso.

El segundo grupo de reuniones entre Eguiguren y ETA se celebró en una zona residencial de un pueblecito a las afueras de Oslo (Noruega) entre el 3 y el 12 de noviembre de 2005. Los interlocutores fueron los mismos que en los encuentros de junio y julio, pero en Oslo se ratificaron en lo acordado en la cita de Ginebra y cerraron el siguiente esquema negociador: Contactos previos – Prediálogo – Tregua – Negociaciones de paz con apertura de dos mesas paralelas (una militar, con ETA, y otra, política, con Batasuna y el PNV) – Acuerdos – Implementación de los Acuerdos... y normalización en Euskadi. También se pactaron las llamadas «garantías» —que ETA respetara la tregua una vez declarada, pero que el Estado colocara también en stand by a las Fuerzas de Seguridad en lo referente a la lucha antiterrorista— y las condiciones para las siguientes fases del proceso.

En definitiva, que en ambos grupos de reuniones (casi una veintena en total) se pactó el método para la negociación: que ETA declarara una tregua permanente con vocación de definitiva —incluyendo las acciones de kale borroka y la exigencia del pago del llamado «impuesto revolucionario»—, que todos aceptaran lo que acordaran los vascos y que ETA se sentaría en una mesa con el Gobierno para hablar de presos y de desmilitarización, pero que se constituiría otra paralela de partidos en la que se hablaría de política.

Ni en Ginebra ni en Oslo se pactaron contenidos políticos; no era el momento. ETA siempre quiso dar a estas conversaciones Eguiguren-«Ternera» el estatus de «proceso de negociación» con el Gobierno, pero no era tal. Ya hemos señalado que los pretorianos de Zapatero cuidaron de no involucrar al Ejecutivo en los contactos. Pero sí es cierto que esta negociación preliminar llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero»; es decir, cuando entraron —a mediados de 2006— los negociadores oficiales de Zapatero.

En Ginebra y en Oslo, Eguiguren y «Ternera» desarrollaron las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta y se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente del Gobierno haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca (la realizaría el 29 de junio de 2006, en una rueda de prensa sin preguntas) y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego (se anunciaría el 22 de marzo de 2006) que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo. Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en la ronda de noviembre de 2005.

La definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar Zapatero fue objeto de negociación en varios encuentros consecutivos en los que se modularon posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores de la fundación Henry Dunant apreciaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por «Ternera», resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por Eguiguren como inaceptable.

ETA centró desde el inicio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Se pactó, incluso, que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskera, sino también en castellano para evitar manipulaciones o errores en la traducción que pudieran llevar a tergiversaciones.

El acuerdo finalmente alcanzado en Oslo (noviembre de 2005) incluyó un preámbulo que no aparecería en la declaración que el presidente del Gobierno realizó el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El preámbulo establecía que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria». Zapatero obviaría luego esa frase.

todos incumplen

Simultáneamente, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» para hacer viable el proceso. Eguiguren, por ejemplo, se comprometió a la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera), así como a la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entendía que las fuerzas policiales continuarían su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etcétera). También se comprometió a aceptar que las organizaciones abertzales pudieran desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas y sin limitaciones de derechos civiles y políticos. E, igualmente, esas «garantías» reflejaron que el Gobierno no ordenaría detenciones a la Guardia Civil y la Policía Nacional, y que la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas también se abstendrían.

ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego suponía no realizar acciones contra personas (incluidas cartas de extorsión u otras misivas), contra bienes de propiedad pública o privada ni proceder al abastecimiento de armas y explosivos o material para su fabricación. Sin embargo, fueron unas «garantías» que al final incumplirían todas las partes.

Como dato significativo que conviene citar, el acuerdo fijaba, además, los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores y de conformar una Comisión de Verificación. Pero ETA también dejó clara su posición. Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, lanzó sobre la mesa una afirmación que nunca fue cuestionada:

«Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá», llegó a decirle «Josu Ternera» a Eguiguren en un momento culminante de las conversaciones.

Se sucedieron numerosas anécdotas, como es lógico, y los mediadores de la fundación tuvieron que hacer gala de todo su talante y experiencia diplomática para atajar alguna que otra situación conflictiva. Por ejemplo, cuando Eguiguren propuso que el Gobierno anunciaría que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de ETA, por el contrario, hablaba de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Eguiguren rechazaba el término «conflicto» por sus connotaciones. Las conversaciones se estancaron y los mediadores presentaron en la siguiente reunión fórmulas intermedias como «situación conflictiva», «confrontación» o «contencioso», que tampoco convencieron a Eguiguren. Al final se optó por suprimir esa alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA «dialogarán».

El punto más peliagudo fue que entre las «garantías» incluidas en el acuerdo de Oslo había una muy especial: Eguiguren comprometió al Gobierno a buscar un pacto de Estado —fundamentalmente con el PP— para dar continuidad al acuerdo y no poner en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésa era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la tregua emitida por ETA.

Como sabemos, Zapatero y Rajoy hicieron lo contrario: convirtieron la lucha antiterrorista en punto de confrontación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Aparentemente, ninguno de los dos se fiaba del otro, y lo cierto es que el presidente del Gobierno contó muy pocas cosas sobre la marcha de la negociación al líder de la oposición. Y, desde luego, jamás le planteó directamente un pacto de Estado en esa materia tal y como había pedido ETA.

En definitiva, que sólo para llegar al texto final hicieron falta siete reuniones, o lo que es lo mismo, cerca de 20 horas de contraste sobre cuatro párrafos que debían definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y, además, la declaración debía incluir que Gobierno y ETA abrirían una negociación de cuestiones «técnicas». El acta oficial del acuerdo, así como las de todas las reuniones, fue guardada por el Centro Henry Dunant, aunque algunas fuentes solventes han puntualizado que lo que en realidad guarda el centro suizo «tiene escasa importancia». Hasta el punto de que, en estos momentos, los autores dudan de la existencia de unas «actas» completas, que merezcan el nombre de tales. ETA no las develará, en todo caso, porque, como reconoció una fuente negociadora con la banda, «ese tipo de compromisos lo respetan».

El último encuentro entre Eguiguren y «Josu Ternera» antes de la tregua tuvo lugar en Ginebra el 31 de diciembre de 2005 y fue convocado para que el dirigente etarra comunicara al socialista vasco que ETA haría público el alto el fuego permanente a partir de las seis primeras semanas de 2006. Es decir, a finales de febrero. El plazo se prolongó un mes más por la propia situación interna de ETA, pero el comunicado se hizo público finalmente el 22 de marzo de 2006.

3

25 REUNIONES PARALELAS CON BATASUNA

Pese a todas sus dudas y requiebros, el PNV accedió a entrar en las negociaciones oficiales para lograr la paz, y lo hizo en el inicio del verano de 2006. El hecho de que la presidencia del partido nacionalista la ocupara un moderado como Josu Jon Imaz, un posibilista que nada tenía de dogmático, facilitó que las conversaciones finales entre socialistas y Batasuna fuesen tripartitas. El principal partido vasco se implicaba en unas conversaciones iniciadas por Zapatero, pero en las que los peneuvistas eran fundamentales. Así lo entendió Pérez Rubalcaba cuando solicitó a Imaz su participación. «Sabíamos que nos metíamos en un lío, pero teníamos que aceptar», dijo Imaz a los autores.

Los autores hemos podido confirmar que Josu Jon Imaz recibió en esos días de 2006 una llamada premonitoria de un ministro del Gobierno. El político socialista —que no conocía personalmente a Imaz— recomendó al entonces presidente del PNV que hablara menos por teléfono. El peneuvista captó el mensaje: «¡Hombre, me estáis grabando!», replicó al cargo gubernamental, a lo que el ministro replicó: «A ti, no; a tu interlocutor». El interlocutor de Imaz era el batasuno Arnaldo Otegi, para cuyos teléfonos había orden de intervención. Pero, claro, el sistema de grabación SITEL, aprobado por el PP y actualmente utilizado por las Fuerzas de Seguridad, lo graba todo: al que llama y al que es llamado.

Volviendo al tema que nos ocupa, las conversaciones entre Eguiguren y «Josu Ternera» en Ginebra y Oslo se habían centrado en lo hablado en las más de veinte reuniones secretas mantenidas con Batasuna después de Txillarre, en las cuales ya empezó a intervenir el PNV de Imaz —que, como dijimos, había sustituido en enero de 2004 al duro Xabier Arzalluz en la Presidencia del Euskadi Buru Batzar (EBB)— y en las que, sobre la base de Txillarre, se estableció un guión político para el debate.

En esta fase previa al alto el fuego, las conversaciones giraron en torno a una agenda de cinco puntos: análisis de experiencias pasadas, análisis de experiencias internacionales, diagnóstico de la situación vasca, claves para el acuerdo y propuestas de acuerdo.

Las conversaciones políticas con Batasuna entre 2005 y 2006 se centraron en hablar del futuro y no del pasado, punto en el que la izquierda abertzale y los jeltzales —el PNV— no se ponen nunca de acuerdo. Así, en enero de 2006, cuando las reuniones ya eran conocidas y habían alcanzado cierta madurez, la izquierda abertzale trató de dar cuerpo al proceso poniendo sobre la mesa un guión de debate. Se trataba de un «guión político» para una «solución política» a un «conflicto político», que Batasuna hizo público a través del diario proabertzale Gara y al que ni PSE-PSOE ni PNV le pusieron reparos, dado que, en el fondo, es de lo que se había hablado en Txillarre con Batasuna y en Ginebra y Oslo con «Ternera» e Iurrebaso.

El esquema era el siguiente:

introducción: Constatación de la existencia del conflicto, su carácter político, su naturaleza histórica, definición de Euskal Herria como ámbito geográfico, apuesta por la paz y la resolución del conflicto, compromiso con el diálogo democrático como único instrumento para su superación y apuesta por construir un escenario democrático y de paz acordado desde la responsabilidad política (no al recurso de la violencia).

principios del diálogo: No exclusión en el diálogo resolutivo, abordar todas las raíces del conflicto y buscar su superación de manera acordada y democrática, respeto a la voluntad libremente expresada por el Pueblo Vasco, principio de autodeterminación y que el ejercicio del mismo se hará mediante la fórmula que acuerden los agentes políticos de Euskal Herria [esta parte puso los pelos de punta no sólo al PP, sino también al PSOE, sobre todo a Rubalcaba, que durante 2006 sentará a Rodolfo Ares en la mesa con Batasuna y PNV para controlar el diálogo y que el mismo no se fuera de las manos].

compromisos del diálogo: Utilización de vías pacíficas y democráticas durante el proceso de diálogo resolutivo, defensa de todos los derechos para todos los ciudadanos de Euskal Herria; se tendrá en cuenta tanto la pluralidad como la historia de Euskal Herria; los acuerdos deberán contar con la adhesión y el respeto de las tradiciones políticas que integran el pluralismo vasco.

objetivo del diálogo político: Construir un escenario democrático que garantice el respeto a todos los derechos de todas las personas en Euskal Herria; materialización de todos los proyectos políticos sin más limitaciones que las del respeto a la voluntad popular y establecimiento de las condiciones en las que el Pueblo Vasco ejercerá el derecho a la libre determinación.

sobre la mesa de diálogo resolutivo: Creación de una mesa de diálogo multilateral con los partidos políticos con funcionamiento estable en Euskal Herria y teniendo en cuenta la representación real de los mismos y ponderarla; constitución de una mesa para el conjunto de Euskal Herria y establecimiento de las garantías acordadas para la participación de sus organizaciones sociales y sindicales en el proceso de diálogo resolutivo.

sobre la toma de decisiones: Se adoptarán bajo el criterio de aplicación de mayorías suficientes con participación de las dos sensibilidades o tradiciones políticas existentes en el diálogo resolutivo, pero no podrá ser un instrumento permanente para el bloqueo o el veto de posibles acuerdos.

sobre la consulta popular: Los acuerdos deberán ser sometidos al refrendo popular, ratificados por quienes los suscriban y negociados con los Estados.

presencia internacional: El diálogo político resolutivo contará con la presencia de organismos y personalidades de carácter internacional, que garantizará tanto técnica como políticamente el buen desarrollo del proceso.

el principio de la acción-reacción

Es cierto que, como argumentaría Zapatero ante Rajoy en innumerables ocasiones, durante ese periodo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguieron actuando contra ETA. A lo largo de 2005 las detenciones se sucedieron: Peio Eskisabel Urtuzaga, lugarteniente de «Mikel Antza» —detenido en octubre de 2004— y miembro destacado de la dirección, fue detenido el 28 de abril por la Policía francesa, la cual asestó también un duro golpe a la banda el 20 de octubre, deteniendo a tres destacados terroristas entre los que se encontraba Harriet Aguirre García, que pasaba por ser el número dos del «aparato militar». Y el 14 de diciembre, García Gaztelu «Txapote» era entregado temporalmente a la justicia española por las autoridades francesas para ser juzgado por el asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco (julio de 1997).

Pero también la banda respondía con innumerables actos violentos. Por señalar los más significativos, el 10 de junio de 2005 lanzó una granada anticarro en el aeropuerto de Zaragoza, si bien el atentado, anunciado una hora antes al diario Gara, no causó daños personales ni materiales. El 25 de junio hizo estallar un coche-bomba en los alrededores del estadio de La Peineta, en Madrid, instalación principal de la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2012. No hubo heridos porque la zona había sido desalojada tras recibirse un aviso en Gara. El 6 de diciembre, ETA celebró de forma particular el Día de la Constitución haciendo estallar siete artefactos de escasa potencia en Madrid (cinco), Alsasua (Navarra) y Zumárraga (Guipúzcoa). Y el 16 de diciembre hizo explotar en Irura, Guipúzcoa, una mochila-bomba que causó cuantiosos daños materiales.

Paralelamente a las acciones de ETA, la izquierda abertzale también se movilizó durante este proceso: el 14 de agosto, durante una manifestación en San Sebastián convocada por Batasuna, prohibida por el Gobierno de Ibarretxe y confirmada la prohibición por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se produjeron serios incidentes callejeros. Y doce días después celebraron en Bilbao una macromanifestación —esta vez autorizada— bajo el lema «Orain Herria, Orain Bakea» («Ahora el pueblo, ahora la paz») usado por Batasuna para difundir su propuesta del mitin de Anoeta.

Entre acción-reacción-acción, la banda terrorista lanzó dos comunicados en julio a través de Gara: el primero, asumiendo la autoría de nueve atentados hasta esa fecha, pero señalando estar dispuesta a involucrarse en un proceso de diálogo y negociación. En el segundo, la banda anunciaba que suspendía los atentados «contra políticos»; pero exclusivamente contra políticos.

Otro hecho significativo tendría lugar el 6 de diciembre, fecha en la que se hizo público que ETA había expulsado de su organización a los seis presos que en la primavera de 2004 dirigieron una carta a la dirección de la banda, filtrada por Aralar, abogando por el final de la «lucha armada». Entre dichos presos se encontraban los «históricos» Francisco Mújica Garmendia («Pakito»), Iñaki Bilbao («Iñaki de Lemona»), Ignacio Arakama Mendía («Makario») y Carlos Almorza («Pedrito de Andoain»). Todos habían ocupado en el pasado importantes responsabilidades en la organización terrorista. Todos eran responsables, directos o indirectos, de mucha sangre vertida.

eta declara la tregua, pero el gobierno no negocia... aún

Pese a todo, a principios de 2006 ya se habían cumplido dos de los cinco pasos pactados con Batasuna: el primero, la oleada de tres treguas parciales por parte de ETA —no atentar en Euskadi, no atentar en Cataluña y no atentar contra cargos políticos, esta última efectiva desde el 18 de junio de 2005—; el segundo, la declaración de Otegi en Anoeta. Faltaba ahora el tercer paso, la declaración de tregua permanente, de forma que se encarrilara el proceso negociador que culminaría con la entrega de las armas y, finalmente, la desaparición de ETA y la integración de sus componentes en la vida política.

El orden del día para el contacto oficial con el Gobierno de Zapatero se había pactado en las reuniones de Ginebra y de Oslo: Gobierno y ETA hablarían exclusivamente de metodología, de presos, de desmilitarización, de si habría observadores internacionales, de si se acordaba tregua en la kale borroka, etcétera, pero no de política, que para eso se iba a crear la mesa de partidos. Es decir, que «Josu Ternera» había aceptado romper una máxima de la banda: su deseo secular de tutelar el proceso político; algo que el etarra no podría cumplir.

Sin embargo, después de Oslo, en ETA —una organización en el fondo asamblearia— se inició un debate muy crítico, cuestionando la metodología de la negociación y poniendo en apuros a «Josu Ternera» y a su hijo Egoitz Urrutikoetxea, que acabarán siendo apartados del proceso en diciembre de 2006, en medio de lo que parecen haber sido notables tensiones. No obstante, en ese momento, «Ternera» consiguió que la banda declarara una tregua, que se hizo pública el 22 de marzo de 2006 y que se amplió un día después.

A través de un comunicado grabado en vídeo y leído por una terrorista —la Policía reconoció por la voz a Ainhoa Ozaeta, compañera sentimental del hijo de «Josu Ternera», Egoitz Urrutikoetxea, quien sería luego detenida el 20 de mayo de 2008— escoltada por otros dos encapuchados con txapelas, la banda declaró un «alto el fuego permanente» a partir del 24 de marzo. Asimismo, aseguró que su objetivo era «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria» en el que «al final los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro», y concluyó señalando que «la superación del conflicto, aquí y ahora, es posible».

En un segundo comunicado, enviado a Gara un día después, amplió el anterior y aludió a «la construcción entre todos de la solución democrática que el pueblo vasco necesita», al tiempo que formalizó una llamada a «las autoridades de España y Francia para que respondan positivamente y no pongan obstáculos». El contenido del comunicado no difiere sustancialmente de las bases negociadoras pactadas por PSE, Batasuna y PNV —que se había incorporado al proceso— que veíamos antes y era lo que esperaba el Gobierno de Zapatero para reaccionar. Es más: parece claro que incluso había términos —la palabra «permanente»— previamente negociados con el Ejecutivo.

Zapatero preparó ese 22 de marzo con sus principales colaboradores —con Rubalcaba, desde luego, pero también con Ignacio Varela— la estrategia política y comunicativa a seguir en esos momentos cruciales. Se decidió que el presidente acudiera al final de esa mañana al Congreso de los Diputados para leer una declaración institucional ante los medios de comunicación y, por la tarde, en la sesión de control al Gobierno, apelar a la unidad de todas las fuerzas políticas para acabar con el terrorismo.

Lo que buscaba Moncloa era, como siempre, una «complicidad» de los grupos que limitara la responsabilidad personal de Zapatero ante un eventual fracaso de las conversaciones. La estrategia pasaba por dos fases simultáneas: una, iniciar una ronda presidencial con los portavoces de los grupos parlamentarios, y otra, remodelar el Gobierno para hacer frente al proceso negociador con más eficacia y control.

la estrategia de la tensión del pp

En la primera fase, Zapatero se apresuró a llamar a La Moncloa al líder de la oposición, Mariano Rajoy, para buscar el pacto de Estado que ETA había exigido en Oslo; pero la reunión Zapatero-Rajoy del 28 de marzo de 2006 fue tan tensa que casi acaba en ruptura: Rajoy no creía en la negociación con ETA y ya no se fiaba de Zapatero desde que le engañara «con artes de trilero» —en palabras de dirigentes populares— en aquel encuentro del 14 de enero de 2005. Además, Zapatero quería cambiar los términos del pacto antiterrorista a petición de los nacionalistas vascos y catalanes y de la IU de Gaspar Llamazares, algo a lo que el PP era refractario porque pensaban que el presidente lo rompió nada más llegar al poder.

Rajoy escuchó a Zapatero, quien apenas le ofreció algunos datos más allá de los ya conocidos a través de los medios de comunicación y, al final, condicionó su apoyo al Gobierno a que no hubiera «ni concesiones políticas, ni alteración en el marco jurídico de España». En otras palabras, que a nadie se le ocurriera poner a Navarra como moneda de cambio, algo de lo que ya se había empezado a hablar en Oslo. Y, para dejar aún más clara su posición, Rajoy se reuniría el 20 de abril en Pamplona con el presidente navarro, Miguel Sanz, de UPN, un partido coaligado con el PP (y entonces en excelente sintonía con los «populares», que organizaron una manifestación en Pamplona contra «la entrega de Navarra al nacionalismo vasco»), a quien prometió que los populares impedirían cualquier intento de variación del estatus de Navarra.

A partir de ese momento, el PP empezó a influir de forma activa en contra del proceso negociador, y lo hizo movilizando al mundo judicial —ya hemos visto los antecedentes de Grande-Marlaska y de Gómez Bermúdez, pero a esta «lista teórica» se sumarían también otros jueces— y a la sociedad en su conjunto, a través de canales interpuestos, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que dirigía entonces Francisco José Alcaraz, o el sindicato ultraderechista Manos Limpias, presidido por Francisco Jiménez Luis, pero realmente dirigido por Miguel Bernad Remón. Sin hablar, claro, de las «tensiones mediáticas», introducidas sobre todo por la cadena episcopal COPE, como ya se detalla en el citado libro de Jáuregui La decepción.

Incluso organizaciones internacionales advertirían a Zapatero de otros aspectos inherentes a la negociación, como no caer en la tentación de recurrir a la «máquina de fabricar indultos». Así, por ejemplo, se lo hizo saber a Zapatero la organización proderechos humanos Amnistía Internacional (AI) en una carta que le remitió el 4 de julio de 2006 advirtiéndole contra la «tentación de recurrir a amnistías o indultos» que desvirtúen los derechos de las víctimas del terrorismo «a la verdad, la justicia y la reparación».

navarra sí era moneda de cambio

Tras el fiasco de Rajoy —con quien, pese a prometerle que le mantendría puntualmente informado, apenas compartiría datos sensibles—, Zapatero recibió en La Moncloa al lehendakari Juan José Ibarretxe (4 de abril), a quien convenció para que aplazara la convocatoria de la mesa de partidos con la que había amenazado, garantizándole, eso sí, el apoyo pleno del Ejecutivo al proceso de paz. Ese mismo día recibió a Artur Mas, líder de Convergència i Unió (CiU), a quien le prometió la revisión del pacto antiterrorista para poder incluir a los nacionalistas de CiU y PNV.

En días sucesivos Zapatero recibió a Joan Puigcercós, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien le ofreció su pleno apoyo (6 de abril); al portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka (18 de abril), con quien tenía poco que hablar, la verdad, porque los contactos con el PNV se centraban en Ibarretxe, de forma institucional, y en Josu Jon Imaz, con quien Zapatero mantenía frecuentes encuentros «secretos» en La Moncloa.

Igualmente, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, y Paulino Rivero, de Coalición Canaria (19 de abril), le ofrecieron su apoyo incondicional, lo mismo que Uxue Barkos, de Nafarroa Bai (26 de abril), que, a la vista del cariz que tomaban los acontecimientos, obligó al entonces secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, a colocarse delante de las cámaras para afirmar que «el futuro de Navarra no está en el debate sobre el proceso de paz», el mismo día en que Patxi Urrutia, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, afirmaba que «sin Navarra no existe ninguna posibilidad de solucionar el conflicto vasco». Ahí empezó la pesadilla de los negociadores gubernamentales: Navarra sí era moneda de cambio para los etarras, como veremos después.

La segunda fase del plan gubernamental la ejecutó Zapatero el 7 de abril, remodelando su Gabinete. En lo que afecta a la negociación con ETA, Zapatero prefirió prescindir de su íntimo amigo y compañero de carrera José Antonio Alonso en el Ministerio del Interior —Alonso no creía en la negociación y, de hecho, nunca quiso saber nada de este asunto— para colocar al frente de ese fundamental departamento a su «coordinador» en el proceso de paz, Alfredo Pérez Rubalcaba, de manera que ahora no sólo lo coordinara, sino que lo controlara, algo a lo que no estaba dispuesto, o no podía hacer, Alonso.

A Alonso le colocaría en Defensa, en sustitución de José Bono, quien tampoco estaba de acuerdo con la negociación con ETA, pero que también se había mostrado especialmente crítico con otras derivaciones de la política de Zapatero, como el desarrollo del Estatut de Cataluña o determinadas leyes de corte radical que enfrentaban a la sociedad entre sí y al Gobierno con el PP y con la Conferencia Episcopal Española. Zapatero se quitaba así «lastre», pero, sobre todo, prescindía de una persona, Bono, que no creía en la negociación, que podía colocar palos en las ruedas del proceso y que, además, contaba con una información privilegiada a través de los informes que, por razones de su cargo —ministro de Defensa—, pero también por motivos personales —su amistad y semiparentesco con Alberto Saiz—, le llegaban desde el CNI.

El otro cambio ministerial, el de María Jesús Sansegundo en Educación y Ciencia, sustituida por Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, era más bien de tipo cosmético. Ninguna de las dos funcionaría a plena satisfacción del presidente.

Nada más hacerse cargo de Interior, Rubalcaba empezó a colocar peones para afrontar la negociación. En la Guardia Civil, sobre la que recaía la mayor parte de la lucha antiterrorista, el 27 de abril cesó como director general del Benemérito Cuerpo al teniente general del Aire Carlos Gómez Arruche (Arévalo, Ávila, 1945) y lo sustituyó por un civil, Joan Mesquida Ferrando (Felanitx, 1962), hasta ese momento director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa y que parecía más dúctil y manejable. Luego vendrían otros oportunos cambios en la Policía, y el propio Mesquida, que durante el proceso mantuvo importantes encontronazos con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, sería finalmente sustituido en abril de 2008 por el ya mencionado Francisco Javier Velázquez, hasta entonces director general de Protección Civil, a donde había ido a parar desde la Secretaría General de Administraciones Públicas.

Ahora bien, de haberse seguido el calendario pactado entre Eguiguren y «Josu Ternera», la primera reunión oficial con ETA tenía que estar preparándose ya, pero Zapatero ni siquiera había elegido a sus representantes institucionales. De hecho, el presidente no daría el paso previo de anunciar la apertura de contactos con ETA hasta el 29 de junio de 2006, tras reunirse con Felipe González y aceptar como uno de los mediadores el nombre que éste le propuso, Javier Moscoso, como ya hemos comentado.

Zapatero quería pisar sobre seguro, pero era consciente de la existencia de un proceso de ruptura dentro del Gobierno y del Partido Socialista: pocos de los informados por el presidente veían clara una negociación con ETA, y el aparentemente menos optimista, o acaso más cauto, era precisamente Pérez Rubalcaba, según les consta a la mayoría de los portavoces parlamentarios consultados para este libro.

Fruto de esas dudas fue el «incumplimiento» —según ETA, claro, y sus satélites abertzales— por parte del Gobierno de algunos asuntos pactados en las reuniones de Ginebra y de Oslo por Eguiguren con Otegi y con la propia ETA. Por ejemplo, que en el verano de 2006, después de declararse la tregua, se legalizaría Batasuna, cosa que no ocurriría nunca, entre otras razones por los informes que Francisco Caamaño le hacía llegar a Zapatero y que hablaban de la dificultad que entrañaba legalizar un partido que había sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo en marzo de 2003. Una visión en la que coincidía el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien, sin embargo, hizo más que nadie por que el proceso de paz llegara a buen puerto. De ahí el resentimiento del PP con Conde-Pumpido, que, a partir de ese momento, pasaría a estar —para siempre— en su punto de mira.

Fuentes directamente implicadas en el proceso nos han confirmado que en las reuniones que PSE-PNV-Batasuna mantuvieron en Loyola en julio de 2006 una de las grandes preocupaciones particulares de los representantes abertzales —Rufino Etxeberria y Arnaldo Otegi, fundamentalmente— era conocer cómo se resolvería su situación personal, su propio futuro político y el del conglomerado de Batasuna. La segunda de sus preocupaciones era ganarse a los jeltzales para conformar un frente común opuesto al españolismo.

En cuanto a la primera cuestión —tal y como hemos apuntado—, Eguiguren y Ares por parte socialista plantearon la posibilidad de legalizar Batasuna —o, más bien, otras siglas similares, dada la dificultad de hacerlo con la propia Batasuna, ilegalizada por el Supremo y confirmada la ilegalización por el Constitucional— a primeros de agosto o de septiembre. Incluso se buscó una «percha» para esa incorporación a la vida política contando, además, con el acoplamiento de una estructura en Navarra: podría vehicularse a través de una Conferencia a la que asistieran sectores sociales del País Vasco y de Navarra. Todo se fue al traste —como veremos— no sólo por la oposición frontal del PP y las dificultades jurídicas existentes, sino muy especialmente por la división interna entre los propios abertzales y los etarras, que se volvió especialmente virulenta en ese crucial verano de 2006.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, «la sociedad vasca deberá agradecer a Josu Jon Imaz su actitud de responsabilidad y de hombre de Estado», nos comenta la citada fuente negociadora. Imaz rechazó con auténtica firmeza cualquier frente nacionalista que colocara a los jeltzales ni siquiera en la frontera con los violentos, y llegó a defender a los socialistas ante el intento abertzale de colocarles frente a la espada y la pared. Fue la posición férrea de Imaz, en un papel de responsabilidad histórica, la que evitó que el PSE quedara expuesto a una doble tenaza que no conducía ni mucho menos a un final dialogado y que, en cambio, radicalizaba aún más la situación.

conde-pumpido, un fiscal general muy leal

Hemos planteado las dificultades judiciales con las que se encontró el proceso de paz, pero en este punto se hace necesario resaltar la extrema lealtad de Conde-Pumpido hacia Zapatero y su proceso negociador: el mismo día en que ETA acordó el alto el fuego definitivo (22 de marzo de 2006), Conde-Pumpido dijo en la Cadena SER que se había producido una evolución en las circunstancias que propiciaba un cambio en cuanto a la forma de aplicar la ley. Fueron unas declaraciones que levantaron ampollas, porque se trató de un gesto espectacular de la Fiscalía hacia el Gobierno. Otro gesto no menos impagable lo realizaría el 16 de octubre de ese mismo año, afirmando en el Senado que «la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos». El mensaje, en sede parlamentaria, le quedó muy claro al PP.

Cándido Conde-Pumpido era, sin duda, uno de los representantes institucionales más convencidos de la posibilidad de una negociación con ETA... o que, por lo menos, había que intentarlo. Por esa convicción, fundamentalmente, el fiscal general del Estado, sin duda un hombre de buena voluntad por lo demás, estuvo sometido a demasiadas tensiones en esos estresantes meses.

Volviendo a Zapatero, y en relación con el mundo judicial, probablemente uno de sus mayores errores—y de su equipo, especialmente de su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar— fue el no contar con los jueces durante el proceso negociador. Seguramente, porque creía que la judicatura iba a estar controlada a través de la Fiscalía General del Estado y de los vocales nombrados a propuesta socialista en el Consejo General del Poder Judicial, como el vicepresidente primero, Fernando Salinas, o, sobre todo, el vocal Juan Carlos Campo, quien luego acabaría en el Ministerio de Justicia, con Caamaño.

Pero ni Zapatero ni López Aguilar contaban con la labor de zapa de la mayoría conservadora en el Consejo General, con Enrique López y Juan Pablo González a la cabeza. González «controlaba», además, el importantísimo Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y tampoco contaban los socialistas con la figura de Fernando Ruiz Piñeiro, presidente del TSJ vasco desde enero de 2004, de ideología en las antípodas de la nacionalista y que, desde luego, no se iba a plegar a los intereses políticos de Madrid.

el polémico «caso “egunkaria”»

En resumidas cuentas, ni Zapatero ni sus asesores habían tenido en cuenta a las asociaciones de jueces —mayoritariamente conservadoras— ni mucho menos a las de víctimas del terrorismo y otras fundaciones que se crearon ad hoc en los aledaños del PP o que fueron utilizadas por éste, que ejercieron como acusaciones populares, supliendo en muchos casos el papel de la Fiscalía. Fueron esas acusaciones populares las que activaron distintos procesos, como el de Euskaldunon Egunkaria —un periódico y una red empresarial a la que la Guardia Civil quería vincular con ETA—, un sumario que hubiera decaído el 14 de diciembre de 2006 si no hubieran actuado la AVT y la Asociación Dignidad y Justicia, de Daniel Portero, rompiendo la estrategia del Gobierno y del Ministerio Fiscal, que en esa fecha retiró la acusación y pidió el sobreseimiento del caso.

Ahora bien, ese mismo 14 de diciembre en el que el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió el sobreseimiento, una delegación del Gobierno formada por Moscoso, Eguiguren y Gómez Benítez mantenía en las afueras de Oslo una ronda negociadora con los etarras «Thierry» y Juan Carlos Iurrebaso. ¿Lo sabía el fiscal Carballo? Probablemente, no, pero aunque involuntario era un gesto que en principio ayudaba a la negociación. O eso es lo que aún creen algunos, como los dirigentes de Dignidad y Justicia.

[Años más tarde, el martes 15 de diciembre de 2009, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inició un juicio polémico, porque afectaba de lleno a la libertad de expresión: el seguido contra los responsables del diario Euskaldunon Egunkaria («El diario de los vascohablantes»), cerrado casi siete años antes (febrero de 2003) por el juez Juan del Olmo por su supuesta vinculación con ETA. Ahora bien, de las diez personas inicialmente procesadas, sólo cinco se sentaron finalmente en el banquillo de los acusados, dos ex directores y tres ex miembros del consejo de administración: Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Juan María Torrealdai, Txema Auzmendi e Iñaki Uria... y a la vista oral se llegó, además, sin acusación del fiscal.

Euskaldunon Egunkaria era, desde 1990 y hasta el momento de su cierre por orden judicial, el único diario que se publicaba íntegramente en euskera. Su único antecesor como tal fue el breve Eguna (enero-junio de 1937), editado por el Gobierno Vasco en plena Guerra Civil. Desde su nacimiento hasta su cierre, Egunkaria llegó a convertirse en un periódico con 70 páginas de promedio al día, una tirada de 15.000 ejemplares, 44.000 lectores estimados, página web y una calidad periodística equiparable a otros rotativos de mayor tirada. Su lugar en el panorama periodístico del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés lo ocupa actualmente su sucesor Berria.

Desde el inicio, en la última etapa del Gobierno Aznar, el «caso Egunkaria» estuvo rodeado de polémica. No sólo porque afectaba al derecho básico a la libertad de expresión, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española, sino porque a la vista oral se llegó sin acusación del fiscal, que levantó todos los cargos en diciembre de 2006 al no constatar ninguna vinculación ni directa ni indirecta con ETA, única causa que podría argumentarse para el cierre de un periódico. No la había, según el fiscal, ni con el entramado financiero de la banda ni como instrumento para el lavado de su «dinero negro» ni como caja de resonancia para los fines de ETA.

Todos esos argumentos estaban contenidos en el escrito con que el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió el archivo del caso a finales de 2006, en el que, además, subrayaba que «una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada (...) y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa».

En los últimos años, la causa se mantuvo viva exclusivamente por la acción de la vía popular, representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Dignidad y Justicia. La Audiencia Nacional, aunque sin acusación fiscal ni particular, decidió llevar el caso adelante y se llegó así a la apertura de un juicio tan controvertido, con indicios aparentemente inconsistentes, que una treintena de parlamentarios y cargos de PNV —Josu Erkoreka, a la cabeza— y ERC —Joan Tardá y Joan Ridao— se manifestaron inusualmente ante las puertas de la Audiencia Nacional.

El republicano catalanista Joan Ridao sostuvo que el cierre del periódico era «un atentado contra la libertad de expresión». El peneuvista Erkoreka expresó su «solidaridad, apoyo, respaldo y aliento» y dijo que en el PNV «no contemplamos otra posibilidad razonable más que la de la absolución de todos los que están implicados en el asunto». Otras declaraciones fueron por el mismo sentido.

El caso era aún más polémico si se tenía en cuenta que ya en el año 2001 la Guardia Civil intentó que el juez Baltasar Garzón —que tres años antes había cerrado el diario Egin— autorizara una investigación judicial contra Egunkaria. Pero los datos que le presentaban eran tan endebles que Garzón la rechazó. Sí lo admitiría dos años después el juez Juan del Olmo, que en la práctica acababa de llegar a la Audiencia Nacional y quien a lo largo de la instrucción obligó a hacer algo realmente inédito: liquidar el diario sin sentencia judicial. Más inédito aún fue que seis años después los cinco que se sentaron en el banquillo conservaban todas sus cuentas y bienes bloqueados; es decir, que no podían disponer de lo que era su patrimonio personal. Una medida realmente excepcional.

En los medios de comunicación se puso entonces de relieve que, efectivamente, el apoyo al terrorismo está prohibido por cualquier legislación, desde luego por la española, como lo está también el intento de justificación del genocidio, pero ¿en base a qué pruebas se cerró un medio de comunicación por expresarse exclusivamente en euskera o apoyar tesis más o menos independentistas? ¿Por qué siguió adelante una causa en la que el juez instructor, Juan del Olmo, reconocía que no había pruebas ni de connivencia con ETA ni mucho menos de financiación por la banda? ¿Por qué se ordenó liquidar un periódico cuando hasta el propio fiscal retiró la acusación ante la ausencia de pruebas contundentes? ¿Por qué algunos miembros de Egunkaria, como su director Otamendi, denunciaron haber sido sometidos a determinados malos tratos durante su detención?

Egunkaria se convirtió de esa manera en un caso realmente «caliente» para la justicia española. En enero de 2010 se celebraba la última vista oral. Después, como era de esperar, el caso decaería. Una vez más, el papel de las acusaciones populares, las mismas que llegaron a llevar a los tribunales a Patxi López y a Ibarretxe por haberse entrevistado con dirigentes de Batasuna, resultaba cuestionable.]

el cese de fungairiño

Siguiendo con el hilo de la historia, en el deseo de copar la Fiscalía de cara al proceso negociador emprendido por Zapatero cabe enmarcar el cese de Eduardo Fungairiño Bringas (Santander, 1946) como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Tras una serie de desavenencias relativas al incumplimiento de diversas instrucciones del fiscal general, Fungairiño tuvo que presentar su dimisión forzada (2 de febrero de 2006), aludiendo en un primer momento a «razones personales», si bien sus declaraciones dejaron entrever diferencias insalvables —pero conocidas por todos— con Conde-Pumpido, quien declaró que había decidido cesar a Fungairiño por «razones profesionales» y que éste había aceptado dimitir por «razones personales».

Fungairiño era un fiscal a plena dedicación. No escondía su hostilidad hacia el Gobierno socialista y era enemigo de que Zapatero negociara con ETA, una banda sobre la que poseía abundante información, es cierto. Ahora bien, Fungairiño sí colaboró plenamente, sin embargo, en la negociación de Aznar cuando la anterior tregua, y previamente tuvo un proceso muy activo en la negociación con Terra Lliure, la organización terrorista catalana que se disolvió y la mayoría de sus componentes se integraron en ERC. Así, pues, cabe colegir que de lo que no era partidario el fiscal jefe de la Audiencia Nacional era de que negociara el Gobierno socialista.

Por otro lado, su actuación, difícilmente comprensible, a finales de 2004 ante la comisión parlamentaria que investigó el 11-M, donde realizó algunas declaraciones casi irrespetuosas para la seriedad de los propósitos de la Cámara, le granjeó no pocas críticas y fue el principio del fin de su influencia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esos momentos, sin embargo, Fungairiño vio que no se le cesó tras esa controvertida comparecencia parlamentaria y se creció: se convirtió, literalmente, en un poder autónomo dentro de la Audiencia Nacional.

La decisión final de su cese se adoptó en una reunión en el despacho de Conde-Pumpido en el edificio de la Fiscalía General en el paseo de la Castellana, que tuvo lugar el miércoles 1 de febrero de 2006 con presencia de numerosos cargos fiscales. El fiscal general le dijo a Fungairiño que había decidido promover su cese por falta de confianza: le explicó las razones para el mismo, le presentó documentos sobre diferentes asuntos en los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se había saltado procedimientos e instrucciones de la Fiscalía General, le dijo que iba a llevar el cese al próximo Consejo Fiscal en base a todos esos documentos y Fungairiño decidió dimitir. No es cierto, como se ha insinuado, que hubiera una carta ya escrita, sino que la secretaria la redactó en ese mismo momento.

«No te doy tiempo para reflexionar, —dijo Conde-Pumpido—, porque quiero informar del expediente en la reunión del Consejo Fiscal de mañana».

Fungairiño leyó la carta de dimisión así redactada, corrigió algunos pasajes, se rehizo y firmó el nuevo texto que le presentaron.

La marcha de Fungairiño se resolvió, por tanto, con una escueta renuncia «por motivos personales», evitando así la sangría que hubiera supuesto en la Fiscalía de la Audiencia una batalla entre el fiscal jefe y el fiscal general del Estado. El cese de Fungairiño se formalizó por el Real Decreto 105/2006, de 3 de febrero y, semanas después, su puesto fue ocupado por Javier Zaragoza, más en sintonía con el fiscal general, pero con brutales enfrentamientos con Garzón.

Como decimos, realmente Zapatero le debe mucho a Conde-Pumpido, quien aceptó un papel de protomártir en este proceso. Sabía que con estas acciones la oposición del PP le iba a tirar a degüello, descalificándole, incluso, en términos personales y profesionales, pero su actividad al frente de la Fiscalía General —el ministerio fiscal es un órgano jerarquizado y, de paso, probablemente el más desgastante que pueda haber en la Administración— allanó el camino para que las futuras actuaciones de los fiscales en casos de ETA, aun sin favorecer el proceso, al menos no fueran las causantes de su posible ruptura.

grande-marlaska entra en escena

Claro que ni Conde-Pumpido ni el Ejecutivo contaron con las actuaciones del juez Grande-Marlaska en el Juzgado Central número 5, como hemos apuntado antes, poniendo trampas a las actuaciones de la Fiscalía y del Gobierno. En esos meses críticos de la negociación con Batasuna y con ETA, Grande-Marlaska se constituyó —sabiéndolo o no— en una pieza fundamental de la gran coalición político-policial-judicial-mediática contra la negociación con ETA: tomó decisiones judiciales muy duras, de las que vamos a destacar dos por lo que tienen de especial relevancia y porque podemos aportar algunos datos esclarecedores.

El proceso negociador entraba ya en vías de fracaso porque los halcones triunfaban en ambos lados de la cuerda: en Madrid lo hacían en la Audiencia Nacional y su frente anti-negociación, pero también en una parte del Gobierno y del Partido Socialista; en Euskadi ocurría lo propio en Batasuna, y en el sur de Francia, en ETA. No tenía sentido —pensaban en el Ejecutivo— que cuando Otegi y sus próximos se pronunciaban públicamente a favor del diálogo y Batasuna se reunía para decir que había que negociar, Grande-Marlaska les llamara a declarar y les metiera en prisión. Fue una citación innecesaria que creó un problema, y al Gobierno no le cabe la menor duda aún hoy de que fue Grande-Marlaska quien hizo desaparecer el clima de confianza necesario para afrontar un escenario negociador.

[De ahí que, cuando en 2008 Grande-Marlaska se autopropuso para ir como vocal al Consejo General del Poder Judicial, el PSOE desestimara inmediatamente su candidatura. Pero lo realmente curioso —y frustrante para el magistrado— es que tampoco le apoyara el PP. La razón, no obstante, es bien simple: parece que el PP no le había prometido nada, y, por el contrario, cuando se tuvo que renovar el Consejo, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura hizo saber a los populares que no aceptaban incluir en su cupo a quien ellos mismos no presentaran. Marlaska se quedó, por tanto, fuera.]

Cuando en marzo de 2006 se produjo la tercera llamada de Grande-Marlaska a cabecillas de Batasuna —Otegi, Petrikorena y Olano estuvieron en prisión hasta el 7 de abril, tras depositar una fianza de 650.000 euros—, estos seniors abertzales, todos con procesos pendientes con la Justicia pero que pensaban en el «efecto ERC» —es decir, en un proceso similar al de la integración político-social de la antigua organización terrorista catalana Terra Lliure—, quedaron internamente desacreditados ante el sector más duro, conformado por los juniors, los jóvenes kaleborrokeros que ansiaban empuñar las pistolas de ETA.

Se originó así una crisis en el proceso que se agudizó cuando los batasunos hicieron ademán de negarse a comparecer otra vez más ante Grande-Marlaska, con lo que el juez les amenazó con declararles en busca y captura. Fue en ese momento cuando el Gobierno se vio obligado a hacer un gesto y pedir al socialista vasco Patxi López que se reuniera con luz y taquígrafos con Arnaldo Otegi, desafiando al juez, encuentro que tendría lugar públicamente el 6 de julio en un hotel de San Sebastián. Lo propio haría el PNV, empezando por el lehendakari Ibarretxe. Por esos hechos es por los que el 8 de enero de 2009 tuvieron que sentarse juntos en el banquillo, en un absurdo proceso que, desde luego, no iba a conducir a nada, Ibarretxe, López y Otegi, acusados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

El momento más crítico sobrevino el 26 de mayo de 2006, cuando el juez Grande-Marlaska amplió con un nuevo delito los cargos a los que ocho dirigentes de Batasuna —entre ellos Otegi, Permach, Barrena y Landa, acusados de pertenencia a banda armada en el sumario de las herriko tabernas— tendrían que responder ante la justicia: vinculó con ETA la advertencia realizada por Joseba Permach de que no habría paz si alguno de ellos ingresaba en prisión y consideró que se trataba de otro ejemplo de la pretensión etarra de «obligar al Estado a aceptar los fines de su actividad criminal».

Todo esto es un antecedente de lo que ocurriría luego, en 2009, cuando, algo sorpresivamente, Baltasar Garzón ordenó la prisión preventiva de Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna, además del sindicalista Rafael Díez Usabiaga, cuando se hallaban reunidos en una sede de LAB —el sindicato abertzale— preparando el nacimiento de una plataforma independentista y radical, pero que aceptaría, en principio, el sistema y renunciaría a la violencia. Pero de estas detenciones, que provocaron múltiples interpretaciones y controversias, especialmente en Euskadi, hablaremos al final del libro.

De Otegi, lo menos que se puede decir es que con él viaja la controversia. Quiere ser el «Gerry Adams a la vasca», pero no ha logrado despegarse del todo de ETA. Una contradicción que le ha valido visitar en numerosas ocasiones la cárcel y también... ser llamado «hombre de paz» desde La Moncloa.

otegi, «hombre de paz»

En mayo de 2006, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya sin Fungairiño, pudo parar el golpe de Marlaska y consiguió que el juez no encarcelara a los líderes batasunos, lo que hubiera puesto realmente en peligro el proceso de paz. El teniente fiscal Jesús Santos mantuvo que las actuaciones que llevaron al juez a citar a los ocho dirigentes de Batasuna no constituían un delito y sostuvo que las últimas actuaciones de Otegi y los demás dirigentes abertzales pretendían «apoyar el cese de la violencia» y hacerlo definitivo. Sin petición fiscal, Marlaska los tuvo que dejar libres, al contrario de lo ocurrido un año antes.

A esa situación se llegaba tan sólo cinco días después de que Zapatero anunciara en un mitin en Baracaldo (21 de mayo) que en el mes de junio comunicaría a las fuerzas políticas «el inicio del proceso de diálogo con ETA para poner fin a la violencia», lo que validaba a Otegi como interlocutor. Un «hombre de paz», como lo definió en privado en más de una ocasión el propio Rodríguez Zapatero, según testigos.

Esta peculiar forma de ZP de realizar «anuncios oficiales» en mítines sin comunicarlo siquiera previamente al principal partido de la oposición sirvió, además, para que Rajoy tirase definitivamente la toalla y cortara toda relación con el Ejecutivo. El lunes, 22 de mayo, en la sesión de «maitines» en la sede del PP en Madrid se produjo una auténtica conmoción por las formas de Zapatero —especialmente duros estuvieron Acebes y Zaplana—. Tras la reunión se produjo una llamada de Moncloa: el presidente quería hablar con Rajoy. La conversación fue tensa y en la misma Rajoy le dijo a Zapatero que su apoyo se reducía a la constatación del fin de ETA y que no contara con él para otra cosa.

Abundando aún más, Rajoy, que había quedado nuevamente desacreditado ante los suyos por la afición de Zapatero a hacer anuncios en mítines sin tener la delicadeza de avisarle previamente en cuestiones de tanta importancia, convocó una rueda de prensa para decir exactamente esto: «El presidente del Gobierno nos pidió a los dirigentes políticos que fuéramos a La Moncloa y allí le dije dos cosas: que este partido apoya al Gobierno sólo para derrotar a ETA y para que verifique la decisión irreversible de la organización terrorista de abandonar las armas. El Gobierno no tiene el aval para negociar nada con ETA. Si negociamos con una organización terrorista, el terrorismo se convertirá en un arma política».

Más claro, imposible.

Al mismo tiempo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo replicaba al anuncio de Zapatero convocando otra macromanifestación contra la negociación para el 10 de junio en la madrileña plaza de Colón bajo el lema «Negociación, en mi nombre no». Decididamente, el fuerte de Zapatero no era hacer amigos. Al menos, en torno a esta cuestión, que, según todas las encuestas, jamás fue bien entendida por una inmensa mayoría de los ciudadanos.

En todo caso, y aun cuando Otegi y los suyos quedaron libres pese a los deseos de Marlaska, el malestar entre las bases abertzales era creciente, dado que, sólo dos días antes de que el juez los llamara a declarar, Batasuna había dado a conocer públicamente en Pamplona a las personas que la representarían en la futura mesa de partidos: Otegi sería el rostro visible de una comisión integrada por Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia, Elena Urabayen, Arantxa Santesteban y Xabier Larralde, una comisión paritaria —tres hombres y tres mujeres—, de representación territorial y de experiencia, alternando gente curtida en la política y nuevas incorporaciones. Claro que, apenas diez minutos después de que Otegi anunciara la representación abertzale, el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, dio cuenta a la Audiencia Nacional de todo lo que allí se habló, dado que Batasuna seguía siendo una organización ilegal. Por este acto se abriría un nuevo proceso contra Otegi.

una «chicharra» para el bar faisán

La segunda y más espectacular actuación del juez Grande-Marlaska inmediatamente antes de la reincorporación de Garzón a su Juzgado Central número 5 tuvo como resultado (negativo, según los socialistas, pero también según el PNV) el desmontaje de toda una red de espionaje policial en torno a Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán, en Irún, supuestamente utilizado por ETA para su red de extorsión y centro de atención de todo tipo de «visitantes»: «Aquello parecía el “Café de Rick” [Bogart] en la película Casablanca», comentó a los autores un policía que reconoció haber frecuentado durante una época clandestinamente el bar, en busca de información.

El escándalo fue mayúsculo y continuaría en el tiempo, pendiendo aún hoy como una espada sobre la cabeza del Gobierno. El asunto cayó en manos de Grande-Marlaska por la remisión a su juzgado del contenido íntegro de una conversación —grabada el 4 de mayo de 2006— en la que Elosua explicaba con estupor a su cuñado, Carmelo Luquín Vergara, cómo «un madero y su compañero» —es decir, dos policías— le dieron el chivatazo de que les iban a detener cuando pasaran a Francia con el dinero de la extorsión.

Efectivamente, el juez Marlaska tenía previsto en esos primeros días de mayo detener a Elosua y al mayor número posible de integrantes del aparato de extorsión de ETA. Debido al chivatazo policial, la operación se tuvo que posponer hasta el 20 de junio. Un chivatazo gravísimo, por el que a sus autores les podría ser aplicada la figura penal de colaboración con banda armada.

La historia venía de atrás. Desde hacía años, la Policía investigaba al irunés bar Faisán por constituir, en realidad, una tapadera de la red de extorsión de ETA. Los «chapuzas» —en argot policial— de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependientes de la Comisaría General de Información, habían instalado dispositivos de videovigilancia en la entrada trasera del establecimiento y colocado una «chicharra» —un receptor-transmisor— en el interior del mismo vehículo de Elosua, de manera que, además de sus conversaciones a través de los teléfonos fijo y móvil, podían grabar las conversaciones que mantenía físicamente en el interior de su coche. La UCAO disponía, incluso, de un piso franco en el mismo inmueble.

Entre otras conversaciones, la Policía grabó la que Elosua mantuvo con Carmelo Luquín, en la que desvelaba a su cuñado que había sido alertado por dos policías de que estaba siendo investigado y que había en marcha una operación policial conjunta con Francia contra la red de extorsión de ETA. Fue también la UCAO la que había detectado poco antes cómo sus cámaras estaban sufriendo interferencias, y descubrió entonces que la Ertzaintza —la Policía autonómica vasca— había montado un dispositivo de vigilancia paralela sobre el bar Faisán. Cosas de la competencia policial...

A través de los años, el bar Faisán se había convertido en una mina de información presumiblemente muy útil para la lucha antiterrorista. Entre los sumarios que instruía Grande-Marlaska —iniciados, en realidad, por Garzón— se encontraba el de la financiación de ETA, y el juez decidió actuar ya contra Elosua, al contar con numerosas cintas grabadas desde el año 2004 en las que hasta intervenían dirigentes del PNV sometidos a seguimientos, como Gorka Agirre Arizmendi —nacido en 1949 en Amberes y fallecido en Bilbao el 20 de marzo de 2009—, que era sobrino del primer lehendakari vasco, José Antonio Agirre, y yerno del ex consejero de Interior, Luis María Retolaza.

Las conversaciones grabadas entre ambos no dejaban lugar a dudas: quedaba claro que el peneuvista Agirre y otros supuestos implicados conocían el lenguaje utilizado por los presuntos extorsionadores etarras para referirse a los pagos de los empresarios obligados a hacer efectivo el mal llamado «impuesto revolucionario». La Policía, por ejemplo, había localizado la utilización del sustantivo «vino» como clave para referirse a las exigencias económicas de ETA y «botella» para cada seis mil euros procedentes del pago de los empresarios. Así constaba en cintas grabadas, como, por ejemplo, las siguientes:

• Junio de 2004: «Vale... hemos bebido con los amigos la botella dada por ti y... muy buena, hemos bebido toda y fuera [...] Y ya... y creo que ya no necesitamos ninguna más», le decía Elosua a una persona identificada como Gorka.

• 22 de septiembre de 2004: «El vino que me dijiste ya lo he pillado. Me dijiste del año 68...», le decía Elosua a Agirre.

• 25 de abril de 2006: «Y el que no pague pues ¡bueno, tú! Joder... nosotros no somos... nosotros no vamos a asustarles», le decía a Agirre.

• 2 de mayo de 2006: «Tú, para mañana tienes eso, ¿eh?... Pues aquí [en el bar Faisán] a las doce y media o una... iremos allí hacia arriba», le decía a Agirre, poco antes de comunicarse con el presunto recaudador de ETA en Francia, José Antonio Cau: «Sí, este Zaharra me ha dicho que con el otro, con el de Bilbao tenemos mañana... Y luego, este... que te diga a ti que esas nueve botellas, ésas las he cogido yo ¿eh?».

Fruto de las grabaciones policiales, la Comisaría General de Información, que dirigía el comisario Telesforo Rubio desde la llegada de Zapatero al poder, llevó a cabo al menos dos seguimientos muy precisos al peneuvista Gorka Agirre. El primero fue el 20 de abril de 2006, centrándose en el bar Faisán, donde Elosua le entregó un ejemplar del diario Berria —el sucesor de Egunkaria— doblado tras haber introducido en su interior varios papeles «del tamaño de un sobre pequeño». La Policía sospechaba que se trataba de fajos de billete para hacer efectivo el llamado «impuesto revolucionario».

El siguiente seguimiento se realizó el 3 de mayo, fecha en la que Agirre visitó de nuevo el bar Faisán: «Iba vestido con un pantalón oscuro y camisa blanca de manga corta. Se le apreció en el bolsillo izquierdo del pantalón un abultamiento que, mientras se dirigía al bar, lo sujetaba introduciendo la mano», detalla el informe policial. Elosua y Agirre, tras conversar varios minutos en el bar, se subieron a un vehículo del primero y se dirigieron a Oyarzun, donde recogieron a Ramón Sagarzazu Olazaguirre «Xempelar», de setenta y un años y considerado un histórico de ETA. En ese encuentro, grabado videográficamente, supuestamente Elosua habría recibido unos 60.000 euros del pago de empresarios.

garzón: «no hagas nada»

Los autores de este libro hemos podido averiguar que, antes de iniciar la operación que abortó el chivatazo policial, Grande-Marlaska habló con Garzón, quien se iba a reincorporar a su juzgado en el mes de julio, y que Garzón le dijo «no hagas nada», que ya lo haría él cuando regresara de su permiso de estudios en Nueva York. En realidad, ni Garzón ni la juez Laurence Le Vert querían realizar esa operación antiterrorista porque el bar Faisán constituía una fuente de información permanente y porque, según han asegurado a los autores dos fuentes distintas, en las grabaciones policiales se había captado la orden de ETA para parar la extorsión, una vez decretado el alto el fuego. En definitiva, las grabaciones del bar Faisán fueron una de las fuentes en las que se basó el Gobierno para la verificación del alto el fuego.

Pero Marlaska no dejó pasar la ocasión, convencido por el inspector jefe Carlos Germán, que se encontraba al frente del operativo hispano-francés que actuaba contra esa red de extorsión etarra. Marlaska se lanzó, pues, a la aventura y programó un operativo policial a primeros de mayo para pillar con las manos en la masa a Elosua, Agirre y demás intermediarios, junto a los receptores de ETA. Pero ese operativo significaba, de hecho, un torpedo en la línea de flotación del proceso de paz que ya había iniciado Zapatero con la cúpula de la banda etarra. Para la puesta en marcha de ese operativo, Marlaska mantuvo una reunión en su despacho con Carlos Germán, en el transcurso de la cual discutieron vivamente —vía telefónica— con la juez Le Vert, que se negaba a su realización por los motivos arriba comentados.

Sin embargo, el asombro de Grande-Marlaska se convirtió en ira cuando, proveniente de la Comisaría General de Información, escuchó el contenido íntegro de una grabación policial realizada a dos personas que hablaban en un coche. La voz era de Elosua, que le contaba a su cuñado Carmelo Luquín con todo lujo de detalles el chivatazo que recibió el 4 de mayo de 2006 relativo a que la Policía le estaba controlando y proyectaba detenerle in fraganti. Es decir, que Elosua fue alertado de la operación antiterrorista precisamente por dos agentes presumiblemente relacionados con las investigaciones contra el entramado financiero de ETA.

«... Pero la “txakurrada”... avisarme de la forma que me ha avisado... Y encima diciendo que no diga que me han llamado», le decía a su cuñado, con absoluto asombro. [Txakurra significa perro en euskera y así se refieren los etarras a los policías.]

En la conversación quedaba claro cómo fue el chivatazo: un policía abordó a Elosua en la calle, junto al bar Faisán, y le pasó un teléfono móvil. Al otro lado de la línea, otro supuesto policía le avisaba para que no acudiera a la cita que tenía programada con integrantes de la red de extorsión etarra porque iba a ser detenido. Así se lo contaba a su cuñado: «Porque cuando me ha pasado a mí el teléfono... “A ver... ¡coge el teléfono, joder! A ver lo que te dice aquí”. Y me he puesto y me ha empezado a decir “buenos días”, no me decía quién era, “ya sabes cómo nos encontramos... eh... tengo que advertirte que el teléfono... ayer estuviste en una reunión... luego... el pelo blanco... el Burutxuri... eh... tienes cita hoy o mañana... que le vas a dar nueve botellas de vino”. Y yo sin saber con quién hablo, claro».

En definitiva, el policía le dijo a Elosua que le avisaba de esta operación policial para favorecer el proceso de paz.

Grande-Marlaska enrojeció de ira. Su primera decisión fue apartar a Telesforo Rubio de esta investigación y designar para la misma al inspector jefe Carlos Germán, de la Unidad Económica de la Comisaría General de Información —destinado en la actualidad en Asuntos Internos y en posesión de tres medallas rojas (pensionadas) al mérito policial, dos concedidas por el Gobierno de Aznar y una por el de Zapatero.

La razón esgrimida fue que Rubio, que se encontraba fuera de España cuando ocurrió el «chivatazo», había informado al juez con un retraso de 24 horas, cosa que era cierta, pero lo que Marlaska no valoró es que Rubio fue informado con ese mismo retraso por su subordinado Carlos Germán, que era el jefe del operativo que controlaba el bar Faisán. Así, pues, cuando tuvo la información, Rubio se la transmitió inmediatamente al juez. Algo que, por cierto, no sentó nada bien en la cúpula política de Interior y que le costaría el cese a principios de otoño y su traslado posterior a la embajada española en Moscú, como agregado de Interior.

Lo que había ocurrido es que el jefe del operativo del bar Faisán, el mentado inspector jefe Carlos Germán, debía informar directamente al juez Grande-Marlaska —de quien dependía el operativo— de todo lo referido a ese caso. Y también, claro, de la transcripción de la conversación que Elosua mantuvo dentro de su coche con su cuñado. Pero Carlos Germán no informó sino 24 horas después de producirse la misma —gran retraso para una cuestión de tamaña importancia— y no lo hizo al juez, sino al comisario general de Información, Telesforo Rubio. Éste sí informó al juez Marlaska, pero cuando él mismo tuvo conocimiento del asunto; es decir, con 24 horas de retraso.

Marlaska no tuvo en cuenta esos antecedentes —sus relaciones con Rubio eran francamente difíciles— y lo quitó del caso, confiando en un inspector jefe, Carlos Germán, que daría luego mucho que hablar.

La segunda decisión de Marlaska fue abrir una pieza separada del sumario para averiguar la identidad del policía que dio el chivatazo a los investigados; y la tercera, posponer las detenciones de Elosua y otros, que no se producirían hasta el 20 de junio, cuando en una operación conjunta de las Policías española y francesa —en colaboración con Laurence Le Vert, magistrada de la XIV Sección Judicial de París, anteriormente denominada «sección antiterrorista»— fueron detenidas doce personas: cinco en España y siete en territorio francés. Para entonces, parece que incluso algún nuevo caso de extorsión a un empresario se había consumado.

En esa operación, los imputados en España fueron, además de Elosua, Carmelo Luquín Vergara, Jean Pierre Harocarene Camio, Ramón Sagarzazu Olazaguirre e Ignacio Aristizábal Iriarte, a los que se sumó el miembro de la Ejecutiva del PNV Gorka Agirre, para quien Grande-Marlaska acordó la libertad bajo fianza de 30.000 euros como imputado en un delito de colaboración con organización terrorista. En el curso de esta investigación, Grande-Marlaska tomaría declaración, como testigo, al mismísimo ex presidente del EBB del PNV, Xabier Arzalluz.

En Francia fueron detenidas siete personas, entre otras el fundador de ETA, Julen Madariaga, quien quedó en libertad tras ser interrogado. El resto de arrestados en el país galo fueron Ángel Iturbe Abásolo, presunto responsable de la red, María Cristina Larrañaga Arando, Eloy Uriarte Díaz Guereñu, María Izaskun Ganchegui Arruti y José Ramón Badiola Zabaleta. Tres días después, el juez ordenó la detención de dos empresarios navarros acusados de haber pagado la extorsión de ETA.

¿quién dio el chivatazo... y quién ordenó hacerlo?

El 1 de julio de 2006, Marlaska devolvió el Juzgado Central de Instrucción número 5 a su titular, Baltasar Garzón, que había regresado de su polémico «viaje de estudios» a Nueva York. Todos los asuntos, incluida la pieza separada del sumario 86/98 —la del chivatazo policial— que acabamos de relatar, quedaron bajo el control de Garzón, quien, sorprendentemente, encargó la investigación policial a un equipo dirigido por el inspector jefe Carlos Germán —el propio jefe del operativo conjunto hispano-francés— y mantuvo el secreto de sumario durante más de tres años, a lo largo de los cuales mucho se especuló sobre quién fue el policía que estaba al otro lado del teléfono móvil, un teléfono que siempre se creyó que pertenecía a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Durante esos tres años, la única ocasión en la que Garzón habló sobre el «chivato» fue para desmentir una información del diario El Mundo que vinculaba esa llamada a Elosua con el ex jefe de Seguridad del PSOE, el comisario Fernando Mariscal. Según el listado de llamadas elaborado por la Guardia Civil y entregado al juez, Mariscal había telefoneado ese 4 de mayo a las once de la mañana desde la sede socialista de la madrileña calle Ferraz a una persona que se encontraba en el bloque irunés que acogía al bar Faisán.

En dicho bloque, como hemos apuntado, la Policía tenía montado el dispositivo para la operación contra el aparato de financiación de ETA. Ahora bien, desde el PSOE se asegura que Mariscal llamó desde un teléfono móvil corporativo (propiedad de la formación socialista) a un policía ex compañero suyo y que participó en dicha operación para felicitarle por su cumpleaños. Ese «compañero» era Manuel Risco, comisario jefe de la Brigada Operativa de la Policía Nacional de San Sebastián.

Parece seguro que Risco no tuvo ninguna implicación en este asunto, aunque su nombre circuló en muchas bocas; de hecho, quedó limpio en la investigación judicial, cuyos resultados no gustaron a nadie. En todo caso, en junio de 2006, un mes después del escándalo, Risco ya no estaba en San Sebastián: Rubalcaba lo reclamó a Madrid para hacerse cargo de la UCAO, la unidad de los «chapuzas» del servicio de información de la Policía Nacional. [Los «chapuzas» o «fontaneros», en argot, son agentes muy especializados que cuentan con tecnología muy sofisticada para realizar seguimientos y vigilancias, fundamentalmente en la lucha antiterrorista.]

Además, a la hora de cerrar este libro no se sabe con certeza que el teléfono utilizado fuera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque entre las 11:10 y las 12:00 horas del 4 de mayo, periodo en el que se produjo el chivatazo, hay vinculados 200 teléfonos móviles sin identificar su titular, dado que son de tarjeta prepago. Pero lo que sí se sabe es que, el mismo día que se producía la filtración, Zapatero recibía en La Moncloa a Josu Jon Imaz. ¿Simple casualidad? El PP siempre ha creído encontrar vínculos entre el chivatazo y esa entrevista en Moncloa, en la que Imaz accedía a la petición de Zapatero para que el PNV entrara de lleno en la mesa negociadora con Batasuna que se celebraría en el monasterio jesuita de Loyola.

garzón destapa la caja de los truenos

El caso es que después de más de tres años de instrucción, la pieza sumarial por el chivatazo dormía en el cajón de los secretos de Garzón; pero, inesperadamente, el domingo 27 de septiembre de 2009, el juez estrella decidió levantar el secreto de sumario y llevó el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para su calificación. Fue como destapar la caja de los truenos, porque el fiscal Carlos Miguel Bautista Samaniego, siguiendo instrucciones del fiscal jefe, Javier Zaragoza, a quien, a su vez, se le presuponen directrices del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, solicitó el sobreseimiento (1 de octubre) al no contar con culpables claros. Y, naturalmente, la oposición se lanzó en picado contra el fiscal general y contra el Gobierno por un asunto que calificaban sin matices como de «otra gran chapuza nacional».

¿Por qué abrió Garzón su particular «caja de Pandora» en ese momento? Los autores hemos podido saber de primera mano que no fue una decisión unilateral del juez, sino que Garzón se vio presionado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Algunos dirigentes socialistas sospechaban que Garzón guardaba el caso del bar Faisán como una bomba de relojería contra el Gobierno de Zapatero, acaso como en un intento de blindarse frente a posibles problemas judiciales de tipo personal que ya le empezaban a poner cerco: acusaciones de prevaricación por sus actuaciones en la causa general contra el franquismo —interpuesta por Manos Limpias—, o por supuestos cobros del Banco Santander durante su estancia en Nueva York, hecho denunciado por los abogados Antonio Panea Yeste y José Luis Mazón Costa.

Sea como fuere, el Gobierno y la Fiscalía sospechaban que Garzón guardaba esa pieza para hacer estallar el escándalo en el momento más conveniente para el juez... pero más inconveniente para el Gobierno y el Partido Socialista. Es decir, en un tiempo más próximo al periodo electoral general.

Por el contrario, a lo largo de esos tres años de instrucción la oposición hizo recaer sobre la Fiscalía las culpas sobre la «dilación indebida» del proceso, unas críticas que resultaban algo injustas. Desde agosto de 2006 hasta septiembre de 2009 se practicaron más de 70 diligencias judiciales, todas a petición del fiscal Carlos Bautista. Se llamó como imputados, y así declararon, seis altos cargos policiales, desde el ya ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que fue destituido poco después de la llegada de Rubalcaba a Interior, hasta el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, pasando por el comisario de la UCII (Unidad Central de Información Interior) responsable de la Brigada de Francia; el inspector de la Brigada de Información de Álava, J. M. B., o la inspectora jefe María Teresa H. G., de la Sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián.

Durante dos años, sus teléfonos estuvieron pinchados con autorización judicial, dentro de una lista en la que se incluyó también un número titularizado por la Dirección General de la Policía; un número correspondiente a una tarjeta prepago de Movistar activada el 16 de febrero de 2006 y que, según la investigación, era utilizado en ocasiones por el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados por el chivatazo.

Un número de teléfono y una utilización del mismo que traería complicaciones no sólo a García Hidalgo, sino también al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el auténtico «número dos» de Pérez Rubalcaba en Interior y a quien se empezó a apuntar en informaciones periodísticas como la «X» del chivatazo, el autor intelectual, en un intento ascendente de llegar al propio ministro del Interior.

Abonaba esa tesis el hecho de que en los informes del inspector jefe Carlos Germán sobre el chivatazo se detallaran dos datos espectaculares: que a ese número en concreto —la tarjeta Movistar prepago de la Dirección General— tenía que llamar uno de los negociadores con el Gobierno, el etarra Jon Iurrebaso, si tenía problemas en Francia —lo desarrollaremos en su momento—, y, segundo, que a ese número llamó Antonio Camacho en los momentos previos al chivatazo policial: concretamente, el día anterior, 3 de mayo, cuando supuestamente, según la investigación de Carlos Germán, García Hidalgo dio la orden a Pamiés de desbaratar la operación contra la red de extorsión.

La conclusión que extrajo el investigador policial, en un «juicio de inferencia» que según el fiscal Bautista «carece de aval probatorio», es que en el «chivatazo» intervinieron tres personas: el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés Medina (nombrado en el cargo el 18 de septiembre de 2005), que sería quien llamó al móvil del inspector de la Brigada de Información de Álava J. M. B. (actualmente en Información en San Sebastián, razón por la que obviamos su nombre) para que se lo pasara a Elosua y comunicarle personalmente —el propio Pamiés— la existencia de un dispositivo de seguimiento, abortando así la operación policial contra el entramado de extorsión etarra.

El informe de Carlos Germán establece que la acción se ejecutó, supuestamente, por orden o sugerencia del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Aunque no lo citaba el informe, en todo caso el responsable político sería el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien apuntaba precisamente el PP. Ahora bien, lo cierto es que Rubalcaba estaba casi recién llegado al cargo, y que, como decíamos, inmediatamente destituyó a García Hidalgo tras conocer las acusaciones sobre sus presuntas implicaciones en el «caso Faisán».

Pero antes de llegar a Rubalcaba había que encontrar un paso intermedio. Si, como decía Carlos Germán, el director general de la Policía dio la orden a su amigo Enrique Pamiés, ¿quién se lo ordenó a García Hidalgo? En ese punto es donde se empezó a relacionar las llamadas que Antonio Camacho dirigió a García Hidalgo en los momentos previos al chivatazo policial. Todo un juicio de intenciones, desde luego, sin pruebas concluyentes: Rubalcaba, todo un dialéctico, dijo que si el secretario de Estado de Seguridad no hablaba por teléfono con el responsable de la lucha antiterrorista en el País Vasco, ¿con quién iba a hablar? Pero tales juicios de intenciones servían para sostener una teoría «conspiratoria» de lo más efectiva.

Tanto si esa implicación era cierta como falaz, el asunto era, en todo caso, gravísimo y podía explotarle al Gobierno de Zapatero más de tres años después de los hechos. Sin embargo, las conclusiones del inspector Carlos Germán fueron rechazadas por la Fiscalía, que desautorizó tanto al informe como al funcionario que lo firmaba. Con esa desautorización, el fiscal Bautista pedía al juez Garzón el cierre del sumario por no hallar culpables claros. Decía el escrito fiscal al respecto:

No resulta ajeno al escaso éxito de la investigación el hecho de que, ni ese día, ni en los inmediatamente anteriores, se estableciese por parte de la dirección del equipo conjunto [hispano-francés] dispositivo de vigilancia personal o electrónico en las inmediaciones del domicilio de Joseba Elosua, según detalla en su informe a folios 255 o 1.445 el comisario con número de identificación profesional 13.610 [J. C. S.], quien lo supo después de los hechos tras entrevista con responsables del equipo conjunto, facilitándole tal información el funcionario 78.870 [inspector de Unidad de Inteligencia F. G. C.]. Este dato, dicho sea de paso, era difícilmente conocido por los tres imputados [Pamiés, J. M. B. y García Hidalgo], siendo así que el éxito de la filtración radica en que nadie detecta la presencia de la persona que, supuestamente, porta el móvil, ni en las inmediaciones del domicilio de Elosua, ni, posteriormente, en el bar Faisán (a lo que no es ajeno el hecho de que, al parecer, dispone de dos entradas y la cámara sólo enfocaba la entrada principal). De haber existido vigilancia personal o electrónica en las cercanías del domicilio el día de los hechos, difícilmente se hubiera pasado por alto la persona cuya descripción da Avelina Llanos S. (folios 1.271 a 1.273), coincidente con la que ofrece Elosua, y que se acerca a preguntar una dirección a aquélla.

Añade el escrito del fiscal en el que pidió el archivo del caso que Elosua no reconoció al inspector J. M. B. como la persona que le entregó el teléfono, y que no lo hizo ni en una sesión fotográfica a la que fue convocado ad hoc ni en una rueda de reconocimiento posterior, donde se hallaba J. M. B. junto a otros policías. Cuestionaba también el método seguido por los autores del informe, cinco policías a las órdenes de Carlos Germán:

El citado informe, elaborado por los funcionarios del CNP 16.586, 18.724, 78.870, 78.887 y 78.882 —que son, precisamente, los que intervinieron en la previa investigación de la trama de financiación y formaban parte del dispositivo policial que se puso en marcha los días 3 y 4 de mayo de 2006—, contiene una hipótesis de imputaciones apoyada, de forma exclusiva, en la concatenación de llamadas que, el día anterior y el mismo día de la filtración, se producen, de forma sucesiva y prácticamente idéntica, entre la responsable de la Sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián, el jefe superior de Policía del País Vasco y el director general de la Policía, bien en este sentido o en el inverso, y el inspector de la Brigada de Información de Álava, teniendo como nexo central la llamada que se produce poco después de las 11 horas del día 4 de mayo —en el mismo lapso temporal en el que se sitúa la filtración— de la que son interlocutores el jefe superior de Policía del País Vasco (llamante) y el inspector de Vitoria (llamado).

Finalmente, el fiscal aventuraba la siguiente hipótesis en su escrito:

Por lo demás, no se toma en cuenta en la hipótesis investigadora [la del inspector jefe Carlos Germán] que, según refiere el propio Elosua, la persona que le llama es la que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos (folio 24), lo cual descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección.

el extraño caso del inspector germán

¿En qué otra dirección había que mirar? Con ese párrafo de su escrito, el fiscal Carlos Miguel Bautista colocaba a los pies de los caballos al propio investigador, el inspector jefe Carlos Germán, porque él mismo era el responsable del operativo del bar Faisán que ese día falló. Esa lectura del fiscal dio pie a que diversos sindicatos policiales apuntaran hacia el propio Germán como el autor del «chivatazo», lo que motivó una durísima carta autoexculpatoria del inspector, firmada ante notario, dirigida a Grande-Marlaska y difundida a los medios de comunicación, revelando que el día del «chivatazo» «yo me hallaba precisamente junto a dos inspectores de mi sección, sentado frente a usted [el juez Marlaska] en su despacho del juzgado repasando las últimas novedades operativas de la tarde anterior».

El inspector jefe aseguró que la misma tarde del 4 de mayo de 2006 en la que ocurrieron los hechos estuvo «codo con codo» junto a Grande-Marlaska «haciendo lo imposible para que la Policía francesa detuviera a Elosua y a Cau [el supuesto etarra José Antonio Cau, que sería detenido un mes y medio después] en Bayona». Al parecer, la Policía francesa del Equipo Conjunto de Investigación y la propia juez Laurence Le Vert (Neuilly, Francia, 1951), que llevaba el caso por parte gala, habían puesto problemas para la realización del operativo, lo que dio lugar esa tarde a una agria discusión del inspector Carlos Germán y el juez Grande-Marlaska con las autoridades francesas.

Sin embargo, olvidaba Carlos Germán que el «chivatazo» se produjo entre las once y las doce del mediodía, con lo que su coartada quedaba un tanto deslavazada, ya que su reunión con Marlaska se celebró por la tarde.

Pero lo más espectacular de su carta autoexculpatoria es que Carlos Germán desmentía al fiscal Bautista, que había revelado en su escrito del 1 de octubre de 2009 solicitando el archivo de la causa que el bar Faisán contaba con dos entradas y que la cámara de vídeo tan sólo enfocaba a la entrada principal, por lo que no se pudo ver al «chivato». Germán desmintió al fiscal: «La cinta de ese día, con las imágenes, se remitió íntegra al juzgado y así consta en el procedimiento, y que precisamente nos basamos en ella para fijar alguno de los criterios de investigación, como así consta también en los informes policiales remitidos al juzgado».

A la hora de ofrecer esas explicaciones, el inspector Germán, que se autodefinía como una «víctima», se refería también a la imposibilidad de revelar datos de la investigación, pero hizo una excepción a la hora de exculpar al comisario Manuel Risco: «Nuestra investigación determinó que Manolo no había tenido absolutamente nada que ver con la delación, siendo una víctima más de quien sí la hizo».

Carlos Germán también utilizó una pregunta retórica para recalcar su inocencia: «¿Pensáis que la misma persona que propone la actuación a su jefe de unidad, a su comisario general [Telesforo Rubio] y al juez [Grande-Marlaska] y que por la tarde, como quiera que Elosua cruza la frontera y se va a Bayona, intenta junto al juez activar el operativo en Francia es el mismo que unas horas antes da el chivatazo?».

Y también reveló que fue su propio equipo policial el que «escuchó, transcribió y grabó ese día la baliza del coche de Elosua en cuyo interior se produjo la conversación que reveló el chivatazo. ¿Alguien medianamente sensato puede de verdad creer que nosotros mismos (si fuéramos autores del chivatazo) informaríamos al jefe de la Unidad de la Comisaría General de Información de los acontecimientos y audio al juez Marlaska? ¿No hubiera sido más fácil omitirla dado que teníamos los medios para ello?».

Esas «reflexiones» se produjeron, como decimos, 19 días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiese al juez Garzón que archivara la causa al no encontrar pruebas de que fuera ordenada por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

El «caso del bar Faisán» ha constituido —y constituye aún hoy— el más grave escándalo político-policial de los últimos años; un escándalo sobre el que el PP comenzó a basar parte de su oposición parlamentaria desde finales de 2009, acusando «a quien corresponda» del delito de «colaboración con banda armada». Más que a Rubalcaba, los populares apuntaban a la Secretaría de Estado de Seguridad, a Camacho, pero también a la madrileña calle Ferraz, buscando en el edificio donde se ubicó la antigua vivienda de Pablo Iglesias —hoy sede federal del PSOE— al responsable político del chivatazo.

«no te preocupes, baltasar es amigo»

Aunque Garzón levantó el secreto de sumario el 27 de septiembre de 2009, en realidad lo hizo sólo a efectos de calificación del fiscal y de las dos acusaciones populares personadas, la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la de Dignidad y Justicia, de Daniel Portero. Pero mantuvo el secreto de las actuaciones, alegando que contenían datos claves para la lucha antiterrorista. De hecho, hizo firmar a los abogados de las acusaciones un documento de confidencialidad que, de incumplirlo, podría acarrearles penas de prisión.

A pesar de todo, algunos datos pudieron filtrarse del sumario. Y uno de los más espectaculares es que uno de los tres imputados por el inspector Carlos Germán, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, mantuvo una conversación con el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el comisario Enrique García Castaño, en la que éste le aseguró que podía estar tranquilo: «No te preocupes, Baltasar es amigo», le dijo García Castaño, según la transcripción de la conversación que consta en el sumario del «caso Faisán». El comisario se refería, por supuesto, al magistrado Baltasar Garzón.

Fuentes jurídicas nos han reconocido que el comisario Enrique García compareció posteriormente como testigo ante Garzón, que le preguntó expresamente por la frase en la que le mencionaba. El comisario explicó al juez que sólo quería tranquilizar a su compañero Enrique Pamiés, que se lo había dicho para que no se preocupara y que le quería señalar que no tenía nada por lo que inquietarse porque no estaba implicado en el chivatazo.

Enrique García fue durante años responsable de una unidad a la que se conoce como los «fontaneros» de la Policía, y como tal intervino en las vigilancias en torno al bar Faisán, centro de la red de extorsión de ETA. Pero en la fecha en la que se produjeron los hechos él no estaba presente, dado que llevaba unos seis meses cesado en su destino en la UCAO por el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio.

garzón, ante el supremo acusado de prevaricación

Ya hemos explicado que fue la presión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que forzó a Garzón para levantar el secreto de sumario y pasarlo a calificación. Pero también es verdad que, en esos momentos —septiembre de 2009—, el juez estrella estaba pendiente de una resolución del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela sobre si era imputado por un delito de prevaricación en relación con la causa general contra el franquismo que Garzón había abierto un año antes en contra del parecer de la Fiscalía, y que tuvo que cerrar apresuradamente al «descubrir» que Franco «estaba muerto».

Es sabido que si el autor de un delito fallece, el delito ya no puede ser perseguido judicialmente, pero Garzón lo obvió y abrió una causa que, necesariamente, llevaba a un solo final: el sobreseimiento, dado que Franco y todos los jerifaltes franquistas habían dejado de existir muchos años atrás. El sobreseimiento, sí, pero después de organizar una auténtica algarabía nacional.

Por esa razón, Manos Limpias denunció a Garzón ante el Tribunal Supremo, y si el Alto Tribunal veía indicios de delito le imputaría por prevaricación. Con el solo hecho de ser imputado, Garzón tendría que abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 5. ¿Y si entonces era relevado por otro juez como Grande-Marlaska, le daba por desempolvar el sumario del bar Faisán y se dedicaba a investigarlo en serio?

Algunos —desde luego, el PP— han encontrado en esta interrogación la explicación a un intento de cierre de un sumario realmente escandaloso. Otros, sin embargo, interpretaron que con su decisión Garzón estaba lanzando un mensaje al Gobierno, y a buen entendedor... Y otros, finalmente, se apuntan a la tesis que parece tener mayor credibilidad: que Garzón no quería destapar este caso hasta pasado un tiempo... un tiempo más próximo a las elecciones generales. ¿Por qué razón? En fin, lo dicho: quizá demasiadas teorías conspiratorias, aunque con Garzón ¿quién sabe?

¿un chivatazo para favorecer la negociación?

En cualquier caso, el escándalo le estalló de pleno al Gobierno de Zapatero en el ecuador de su segunda legislatura, cuando más agobiado se hallaba por las cifras galopantes del paro, la crisis económica y una política social que empezaba a evidenciar síntomas de retroceso —jubilación a los sesenta y siete años, etcétera—. En medio de ese caos, y a través de una filtración político-policial a la eficaz periodista Ángeles Escrivá, el 27 de diciembre de 2009, el diario El Mundo accionó el mecanismo de una auténtica bomba de relojería contra el Ejecutivo socialista: «El Gobierno esgrimió el “chivatazo” como un mérito en la negociación con ETA», titulaba ese frío domingo invernal el periódico de Pedro J. Ramírez.

«Los representantes del Gobierno en el pasado proceso de paz esgrimieron el caso Faisán —también conocido como del chivatazo—, en las conversaciones con sus interlocutores de ETA para demostrar a la banda su compromiso con la negociación, según consta en las actas de los etarras que obran en poder de las autoridades policiales y judiciales francesas y las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia españoles», decía el rotativo madrileño.

El diario se refería a unas supuestas actas —no oficiales, desde luego, que ya sabemos que permanecerían bajo custodia en el Centro Henry Dunant— elaboradas por los etarras con el contenido del encuentro Gobierno-ETA del 27 de octubre de 2006 y que se hallaban en poder de la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert. En ese documento se recoge, según la filtración policial, que uno de los enviados del Ejecutivo para negociar con la banda, José Manuel Gómez Benítez, respondía de esta forma tan contundente a los reproches de los etarras sobre las actuaciones policiales contra ETA durante la tregua:

En relación con la operación llevada por Marlaska, os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de Seguridad del PSOE.

Es decir, que Gómez Benítez, uno de los representantes del Gobierno en el proceso de paz, esgrimió el «caso Faisán» en sus conversaciones con López Peña «Thierry», Iurrebaso y «Josu Ternera» para demostrar a la banda su compromiso con la negociación. Y lo hizo, según las actas incautadas en Francia a etarras detenidos, para acallar los agresivos reproches que los representantes de la banda estaban lanzando contra el Gobierno por el incumplimiento de los compromisos que, según la organización terrorista, había adquirido como condición para el inicio de las negociaciones de paz.

Aunque lo desarrollaremos al final de este capítulo, cuando hablemos de las fases negociadoras con ETA, el contexto en el que se mantuvo esa reunión —las sesiones celebradas entre el 25 y el 27 de octubre— y en el que se pronunció la frase referida era enormemente delicado. Lo que refleja el documento incautado a ETA es que Gómez Benítez intentaba hacer ver a los terroristas que el Ejecutivo había asumido riesgos cuyas consecuencias afectaban tanto a las Fuerzas de Seguridad como al propio Partido Socialista. Es decir, que el abogado-mediador habría venido a reconocer implícitamente que la orden del chivatazo policial pudo haber salido de la sede de Ferraz. Así, al menos, lo interpretan algunos.

El «acta» incautada —no deja de ser un mero documento etarra que, por tanto, debe ser sometido a cuarentena cuando se analizan rigurosamente los hechos— parte de la base de que los etarras participantes en la negociación pusieron en duda ante sus interlocutores que la citada operación policial del bar Faisán hubiese sido orquestada únicamente por el juez Grande-Marlaska.

Como ya hemos señalado, ETA estaba convencida de que el magistrado de la Audiencia Nacional y el Gobierno se coordinaban y que el Ejecutivo no solamente había permitido, sino auspiciado y organizado ese asunto, cuya investigación había acabado con el procesamiento judicial de 24 personas. Habría sido después de este reproche cuando Gómez Benítez ofrecería la respuesta arriba señalada y lo haría para enfatizar que las detenciones fueron por iniciativa exclusiva del magistrado Grande-Marlaska, que el Gobierno intentó pararlo y que por esa delación se estaba poniendo en un aprieto a algunos agentes de la Policía y cargos políticos.

Otras fuentes de Interior, sin embargo, nos aseguran que se ha «malinterpretado» esa intervención de Gómez Benítez, quien se habría limitado a expresar su sorpresa por lo ocurrido en el «bar Faisán» y a enfatizar que todo ello demostraba que el Estado actuaba con pleno garantismo. Cuestión de interpretaciones. Pero ya hemos visto que hay sectores de la sociedad española empeñados en desacreditar la actuación de Gómez Benítez en todos sus extremos.

En todo caso, esa «acta» etarra del 27 de octubre de 2006 contiene un elemento de distorsión: el abogado-mediador y amigo de Garzón aparece identificado como «número 4» de los negociadores del Gobierno. Si los negociadores gubernamentales eran Eguiguren, Moscoso y el propio Gómez Benítez, ¿había un «tapado», otro negociador aún no conocido? Cuando Jáuregui se lo planteó a una de las fuentes más importantes en relación con las negociaciones con ETA, recibió la siguiente respuesta, textual: «Mejor olvídate de eso». Y punto: ni confirmación, ni desmentido. Pero ya hemos expresado lo que dice la rumorología al respecto. Éste quiere ser un libro riguroso, una aportación periodística de la mayor calidad posible; por eso, no queremos, porque no hemos podido —lo confesamos— ir más lejos en estas hipótesis, aunque algo hayamos apuntado algunas páginas más atrás.

Volviendo al chivatazo policial en sí mismo, es cierto que, como ha venido manteniendo Pérez Rubalcaba, la operación contra la red de extorsión se efectuó finalmente el 20 de junio, como hemos desarrollado arriba, con la detención inmediata de 14 supuestos etarras.

Ahora bien, si la operación hubiera tenido lugar el 4 de mayo, como estaba previsto pero que frustró el «chivatazo», algunos empresarios vascos acaso se hubieran visto eximidos de pagar el «impuesto revolucionario». En documentos incautados a etarras detenidos con posterioridad se encuentra, por ejemplo, el justificante de un pago por 64.000 euros de un empresario vasco a ETA... Un pago que se efectuó el 4 de junio de 2006; es decir, un mes después del chivatazo. Un pago que no se hubiera realizado si la operación hubiera tenido lugar cuando la pactaron los jueces Grande-Marlaska y Le Vert. Un documento, en definitiva, con el que el PP ha querido establecer un cerco al Gobierno.

los batasunos se «bunkerizan»

Volviendo atrás en el tiempo, en el inicio del verano de 2006, cuando se materializó el chivatazo policial en el bar Faisán, se había llegado a una situación próxima al colapso en el proceso de paz. No sólo por las actuaciones de Marlaska, sino porque un sector del Gobierno opinaba que las reuniones previas de Eguiguren con «Josu Ternera» debían continuar, pero contando también con otras personas en apoyo al socialista vasco. Rubalcaba, por ejemplo, ya hemos dicho que no se fiaba del todo de la rama vasquista del PSE, y, por si fuera poco, Eguiguren no podía despejar directamente ninguna duda de Zapatero porque lo impedía la guardia pretoriana del presidente.

Otro error muy común del Gobierno fue el pensar que «Josu Ternera» mandaba realmente en el interior de ETA, algo que se revelaría como falso unos meses después, pero que ya se podía adivinar en ese verano de 2006 en el que la banda, pese a haber declarado una tregua total, siguió enviando cartas de extorsión a empresarios exigiendo el pago del «impuesto revolucionario».

Para el paso a la cuarta fase había que conseguir que Batasuna fuera ya un partido legal, algo que dependía al mismo tiempo del Gobierno y de los abertzales, obligados a realizar un serio esfuerzo de «democratización». Como hemos apuntado anteriormente, el plan era que Batasuna presentara papeles para legalizar un partido, que buscara una «línea legal», lo que facilitaría que, a primeros de agosto o de septiembre, la nueva formación se pudiera inscribir en el registro correspondiente del Ministerio del Interior.

Esa parte del plan no se pudo cumplir porque cuando el abogado Iñigo Iruin presentó —septiembre de 2006— la propuesta a niveles internos, los duros de Batasuna le respondieron que eso era «una bajada de pantalones», dado que el Gobierno exigía para la legalización unos requisitos necesariamente exigentes, que no fueron admitidos por los abertzales.

En cualquier caso, después de anunciar la apertura de conversaciones con ETA (29 de junio), Zapatero quería aprovechar el verano para iniciar las reuniones de la «mesa técnica» entre el Gobierno y ETA y poner en marcha el compromiso de «paz por presos». Un equipo coordinado por Francisco Caamaño Domínguez, en ese momento secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y luego ministro de Justicia, le había preparado al presidente del Gobierno un plan preciso de acercamiento de presos al País Vasco y de posibles excarcelaciones de etarras.

Pero, como hemos señalado, en ese escenario ETA concedió una entrevista a Gara en la que anunciaba dificultades en el proceso, celebró una asamblea —dentro de los límites de la ilegalidad— y decidieron que no entraban en la negociación. Se había establecido un pulso entre los sectores pactista y rupturista, aunque Zapatero había negado dos veces a uno de los autores de este libro que existiesen dos sectores en ETA.

Así las cosas, a finales de junio de 2006, antes de que Zapatero anunciara la apertura de conversaciones con ETA, Eguiguren volvió a reunirse con la banda para pulsar el estado de la situación e intentar abrir la fase negociadora, un encuentro en el que el socialista vasco estuvo ya acompañado por primera vez por Javier Moscoso, sentados ambos frente a los etarras Juan Carlos Iurrebaso y «Josu Ternera».

«sí, claro, vengo de la ompi»

Tanto las conversaciones en sí mismas como la composición de las delegaciones tenían que quedar, lógicamente, en el más absoluto de los secretos. Sin embargo, tras esa reunión de junio y regresando ya de Suiza, Moscoso tuvo un encuentro casual en el aeropuerto de Ginebra con su compañero de filas Enrique Barón, en esos momentos portavoz del Grupo Parlamentario de los Socialistas Europeos y presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento de Estrasburgo. Barón, naturalmente, no sabía nada de las negociaciones y regresaba de Ginebra de una reunión propia de su labor como europarlamentario.

Moscoso se quedó paralizado cuando Barón le preguntó: «Hombre, ¿qué haces aquí, de dónde vienes?». Titubeó, pero la impetuosa personalidad de Barón acudió en su ayuda, porque, sin dejarle apenas tiempo para responder, le dijo:

—¡Ah, bueno!, vendrás de alguna reunión de la OMPI, ¿no?

Barón le había brindado la excusa perfecta.

—Sí, claro, vengo de la OMPI —respondió Moscoso, y ahí quedó todo.

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es un organismo especializado de las Naciones Unidas con el objetivo de desarrollar un sistema internacional equilibrado y accesible y que recompense la creatividad. No podía extrañar la presencia de Moscoso en una reunión de ese organismo dadas las vinculaciones que el ex ministro mantenía con la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Salvado, pues, por la campana.

Más allá de las anécdotas, la perspectiva negociadora en ese momento era que ETA, pese a todo, aún apostaba por la negociación, y así se lo transmitió Eguiguren al Gobierno, lo que posibilitó el anuncio de Zapatero del 29 de junio. El Ejecutivo daba públicamente por terminado el mal llamado «proceso de verificación» —en realidad, la «verificación» no había sido total, según denunciaban mes a mes el PP y el Foro Ermua— y se disponía a plasmar el llamado «punto cero», el inicio oficial de las negociaciones. Aparentemente, el calendario se mantenía, pero los contenidos pactados habían saltado ya por los aires. Las cosas habían empezado a torcerse.

Sin embargo, a través del Centro Henry Dunant y con la coordinación de Martin Griffiths, Eguiguren mantuvo nuevos encuentros con ETA en dos fases: una primera tanda de reuniones en días consecutivos a finales de junio en un pueblecito de los Alpes suizos, en la que, como decimos, se incorporó ya Javier Moscoso, y una segunda fase de sesiones a finales de septiembre, finales de octubre y mediados de diciembre, en la que se completó la representación gubernamental con la incorporación del abogado José Manuel Gómez Benítez, por sugerencia de Rubalcaba, y en las que ya apareció el temible Francisco Javier López Peña, alias «Thierry», quien daría al traste con la negociación.

avatares en los alpes suizos

Las sesiones de Suiza a finales de junio de 2006 partían con unos buenos augurios iniciales que se irían disipando con el paso de los meses. Estas reuniones estuvieron repletas de anécdotas, como, por ejemplo, que, para evitar cualquier posibilidad de detección y conservar el máximo secreto, tanto Eguiguren como Moscoso tuvieron que pagarse sus pasajes en avión hasta Ginebra. Luego se los reembolsaría el Ministerio del Interior, claro, pero se evitaba así cualquier filtración inconveniente. Moscoso y Eguiguren viajaban en vuelos distintos, pero un representante del Centro Henry Dunant les esperaba a cada uno en el aeropuerto ginebrino con un cartel con un nombre falso, «monsieur Dupont», por ejemplo, un nombre acordado previamente. Así se establecía el contacto con el funcionario, quien les subía a un coche, les trasladaba a un hotel no conocido de antemano y de ahí partían hacia el lugar elegido para celebrar las reuniones con ETA.

Ni Eguiguren ni Moscoso contaban con una seguridad visible; es decir, si había funcionarios policiales o del CNI siguiéndoles con el objetivo de protegerles, nunca se dejaron ver. Para bien o para mal, su seguridad quedaba en manos de la organización del Centro Henry Dunant.

Para la primera reunión, les trasladaron en coche desde Ginebra hasta un pequeño pueblo en los Alpes, donde ya se encontraban Juan Carlos Iurrebaso y «Josu Ternera». Pero los etarras plantearon que ese pueblo sólo tenía una salida por carretera y no resultaba «seguro». Así las cosas, tuvieron que regresar a Ginebra mientras la organización buscaba apresuradamente otro sitio para la reunión. En el nuevo lugar, otro pueblecito en las afueras de la ciudad, los etarras les hicieron bajar del coche porque querían saber con exactitud cuántas personas viajaban en el interior y descartar la presencia policial. En ese momento pasó un motorista y los representantes gubernamentales no tuvieron duda de que podría tratarse de un etarra que les estaba controlando. Puede que los otros pensasen lo contrario.

Se sucedieron muchas otras anécdotas, desde el saludo sin apretón de manos hasta los almuerzos en mesas separadas, incluyendo un episodio que podía mover a risa, pero que si se analiza fríamente demuestra hasta qué punto los etarras estaban informados de los adelantos técnicos con los que cuentan los servicios antiterroristas. Al inicio de la reunión, Iurrebaso y «Josu Ternera» exigieron que Moscoso y Eguiguren colocaran sus teléfonos móviles en la mesa y les quitaran la batería. Los representantes gubernamentales se miraron extrañados, pero ante la firmeza de la exigencia etarra optaron por obedecer. ¿Sabía ETA que un teléfono móvil con la batería incluida puede ser controlado a distancia? Por su parte, los etarras llevaron un ordenador portátil, lo que les valió una reprimenda por parte de Moscoso y Eguiguren ante la mirada entre escéptica y divertida de los representantes del Centro Henry Dunant.

¡eta pide «responsabilidad» a zapatero!

Por fin, tras tantas exigencias, la reunión pudo comenzar y se inició con la petición de garantías por parte de Iurrebaso y «Josu Ternera» de que ni ellos ni ninguno de los etarras que acudieran a las conversaciones serían detenidos. Siguieron después con un cúmulo de reproches sobre los incumplimientos del Gobierno, que actuaba policial y judicialmente contra ETA mientras la banda —decían ellos— mantenía en stand by a sus comandos operativos. «Ternera» y Juan Carlos Iurrebaso denunciaron a la representación gubernamental la «gravedad de la situación»: la organización terrorista tenía ya en esos tres meses una amplia lista de «incumplimientos del Gobierno», que iban desde la persistencia de las detenciones al mantenimiento de la ilegalización de Batasuna, cuya superación de facto se había acordado antes del alto el fuego.

ETA también albergaba dudas sobre que el Gobierno estuviera labrando el pacto de Estado con el PP al que se había comprometido para blindar un proceso resolutivo de cara al futuro, y también llamaron la atención a Eguiguren y Moscoso sobre el contenido de una entrevista de Zapatero a Catalunya Radio en la que el presidente había anticipado que con ETA «hablaré de su disolución y del futuro de sus integrantes», cuando el compromiso era que la definición de los siguientes pasos y el modo en que se iba a anunciar a la opinión pública debía ser pactado entre las partes.

Los interlocutores de ETA le dijeron a Eguiguren que «para cualquier observador, hay una actitud saboteadora» del Gobierno, aunque reconocieron aspectos positivos, como la disposición de la cúpula de socialistas vascos a reunirse con Batasuna —la famosa reunión de Patxi López con Otegi que tendría lugar el 6 de julio— o unas declaraciones aludiendo al derecho a decidir de la ciudadanía vasca realizadas por Zapatero en su mitin de Barakaldo —que, por cierto, le costó a Zapatero que Rajoy rompiera, una vez más «definitivamente», relaciones con el Ejecutivo.

En estas reuniones a últimos de junio en Suiza, ETA entregó a los representantes socialistas una escueta carta personal dirigida a Zapatero en la que le indicaba que «la vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y, por lo tanto, la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».

Lo más duro de digerir fue que la representación de la banda no quería empezar la negociación de paz por presos —de la única cosa, junto al desarme, que se podía hablar con ETA en la llamada «mesa técnica»— y exigió que se reunieran antes los partidos para configurar la «mesa política». Esta exigencia, además de cambiar las prioridades del calendario pactado en 2005, planteaba la necesidad urgente de que Batasuna fuese legalizada.

No obstante, y pese a todo, esas sesiones de Oslo sirvieron para ultimar los detalles de las siguientes sesiones de finales de septiembre y de octubre, paralelamente a la reunión de la «mesa política» entre Batasuna, PSE y PNV, que discurriría en el santuario de Loyola.

la «foto» de patxi lópez con batasuna

En ese escenario es en el que hay que enmarcar la reunión de una hora que tuvo lugar frente a micrófonos y cámaras el 6 de julio de 2006 entre Patxi López y Arnaldo Otegi en el hotel Amara Plaza, en San Sebastián. Por el PSE-PSOE participaron López y Rodolfo Ares; por los abertzales acudieron Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia.

Era la «foto» pedida por ETA, la escenificación del inicio de lo que sería la mesa de partidos de Loyola, aunque en la rueda de prensa posterior al encuentro López se saliera del guión y declarara algo que no gustó a los proetarras: que sólo se habían reunido ante las cámaras para exigir a Batasuna, «mirándoles a los ojos», que acatara la Ley de Partidos y añadiendo que no volverían a reunirse si no hacían tal cosa. El de López era un discurso para la galería, obviamente, porque, de forma secreta, en ese mismo mes de julio hubo dos contactos más con Batasuna; otro, en agosto, y otros tres más en la primera parte de septiembre para preparar la fase de diálogo trilateral, ya con el PNV de Josu Jon Imaz, como detallaremos al hablar del fiasco de Loyola.

La reunión del hotel Amara Plaza irritó notablemente a Rajoy, que ese mismo día lanzó un mensaje para ETA y su entorno: aseguró que Rodríguez Zapatero «no está representando al Estado» ni «al conjunto de los españoles» en la «negociación política» iniciada con ETA, por lo que su partido, el PP, se sentía «libre de los compromisos» que pudieran alcanzarse en ese proceso negociador. Esa declaración hizo mucho daño a la negociación, porque los etarras conocieron de primerísima mano que Zapatero no había conseguido el pacto de Estado con el principal partido de la oposición; un pacto necesario para iniciar una negociación de ese calibre. Supieron de primera mano que si había un acuerdo final entre el Gobierno socialista y ETA, el PP ya había anunciado que no lo reconocería cuando llegara al poder.

El mensaje caló, sin duda, pero los planes siguieron su curso... sin el PP. Así, Eguiguren y Moscoso intentaron mantener otra reunión con ETA en agosto para contrastar las preocupantes noticias que llegaban desde los servicios de información sobre lo que estaba ocurriendo en el interior de la banda y, sobre todo, para que les aclararan el comunicado emitido el 17 de agosto, en el que ETA evidenció, por vez primera, que el proceso «está inmerso en una evidente crisis», cuyo origen situaban los etarras en «la actitud mezquina de los partidos políticos que no han tomado decisiones profundas en el camino de reconocer a Euskal Herria un marco democrático». Responsabilizaban de ese bloqueo al PSOE y al PNV, formaciones que «pretenden construir un proceso a la medida de sus intereses y necesidades».

La reunión no se celebró porque ETA no respondió al requerimiento a través de ninguno de los canales habituales. Finalmente, ambas delegaciones se citaron para una nueva ronda a iniciar el 26 de septiembre, pero para la que los etarras habían preparado alguna lamentable sorpresa.

«a ver si creéis que no sabemos cómo ganasteis el referéndum otan»

Durante el periodo estival, y a pesar de la contestación interna, «Josu Ternera» siguió siendo aún el interlocutor de Eguiguren y Moscoso, pero el 26 de septiembre, cuando se inició la nueva ronda negociadora también en Suiza, ambas partes se habían deparado sorpresas mutuas.

En primer lugar, la representación gubernamental incluyó por primera vez a un duro negociador, el abogado socialista José Manuel Gómez Benítez, a quien ya hemos citado en varias ocasiones, especialmente al hablar del «caso Faisán»; un hombre con una paciencia muy limitada y con instrucciones muy precisas de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero los etarras también habían cambiado: a la reunión se incorporó el duro entre los duros Francisco Javier López Peña «Thierry», con nulo talante conciliador y con el objetivo de «o todo o nada». Moscoso y Eguiguren se miraron con gesto preocupado: el interlocutor ya no era «Josu Ternera», que se sentaba ahora en un lado de la mesa mientras «Thierry» ocupaba el centro —lugar predominante— de la delegación etarra.

Francisco Javier López Peña (Galdakao, Vizcaya, 1958), conocido por los alias de «Bartolo», «Zulos», «Pierre», «Marcel» y «Thierry», controlaba los zulos de ETA desde 1993, año desde el que pertenecía a la cúpula terrorista, y a comienzos de 2006 se había hecho con la jefatura del aparato militar etarra. Junto a otros dos durísimos pistoleros, Garikoitz Aspiazu «Txeroki» y Aitzol Iriondo «Gurbitz», había conseguido imponer sus tesis contrarias a una negociación que consideraba que podría conducir a una rendición «vergonzosa». Es decir, que derrotó internamente las tesis pactistas de José Antonio Urrutikoetxea «Josu Ternera». Su asistencia a esa reunión y el hecho de que ocupara el centro de la mesa, desplazando a «Ternera», eran, sin duda, muy malos augurios.

Durante las nuevas sesiones, «Thierry» llevó la voz cantante y «Ternera» se mantuvo en permanente e inalterable silencio. El inicio de la reunión fue espectacular: «Thierry» comenzó reprochando que la declaración de Zapatero en el Congreso de los Diputados (29 de junio) no se había atenido a lo pactado, dado que, según el etarra, había incluido «elementos ajenos», tales como el establecimiento de la Constitución como tope o la ratificación de la Ley de Partidos Políticos, incurriendo en «una total falta de credibilidad». Eguiguren replicó que el mensaje de Zapatero suponía una especie de «Downing Street» —el acuerdo Londres-Dublín sobre el proceso norirlandés— que «a Batasuna le gustó mucho».

La alusión a Batasuna encrespó aún más a «Thierry», pero Eguiguren y Moscoso iban acompañados de un correoso Gómez Benítez que no estaba dispuesto a dejar pasar ni una —las instrucciones de Rubalcaba eran muy precisas— y que llevaba su propia lista de reproches: criticó con su peculiar voz y estilo los «muy negativos» comunicados de ETA y puso sobre la mesa el incremento de la kale borroka, las cartas de extorsión a empresarios o la presencia de miembros de ETA en actos abertzales. El enfrentamiento fue total: «Thierry» replicó citando las «33 maniobras militares de las Fuerzas Armadas españolas» y, sobre todo, refiriéndose a los presos etarras enfermos en las cárceles, cuya excarcelación exigía como un gesto mínimo, al margen de que la cuestión global fuera abordada en la «mesa técnica».

Las intervenciones de Gómez Benítez y López Peña fueron adquiriendo tonos graduales de alta tensión que intentaban frenar con diplomacia los mediadores internacionales. En un momento dado, la representación socialista reclamó un nuevo comunicado de ETA conteniendo un salto decisivo para la negociación, pero la banda replicó con un rotundo «no vamos a dar ningún cheque en blanco» que no dejaba lugar a dudas —y ello pese a que ya se estaba reuniendo de forma paralela la «mesa política» en el santuario de Loyola—. En Suiza quedó claro que ETA ya había variado su posición y que no iba a aceptar dialogar con el Gobierno sólo en cuestiones relativas a la situación de los presos.

«Si vuestra intención es llevar a cabo una negociación técnica nos vais a tener enfrente otros 40 años», dijo «Thierry», a lo que los representantes gubernamentales respondieron que nunca se había pensado «paz por presos», pero que las «cuestiones políticas» se debían abordar en la mesa tripartita de Loyola.

Cuando las tensiones rebasaban todos los límites, Eguiguren terciaba, utilizando de forma muy hábil una técnica que le reportaba inmejorables resultados: discutía también a viva voz con «Thierry», pero utilizando un euskera tan perfecto que el etarra no podía seguirle. Los etarras le tenían que pedir finalmente que, por favor, hablara en castellano, que era la lengua que entendían todos...

La lengua, sí, pero no eran entendibles —ni desde luego digeribles— algunas de las ideas imposibles de los etarras. Como cuando se abordó el espinoso tema de Navarra y Moscoso planteó que los referendos pueden perderse, y más ése en concreto, en el que los navarros tendrían que decidir su incorporación a Euskadi. La respuesta de «Thierry» les dejó helados:

—¿Ah, eso? A ver si creéis que no sabemos cómo ganasteis el referéndum OTAN.

El etarra no sólo había lanzado una acusación falsa, sino que demostraba un absoluto desconocimiento de la realidad democrática y planteaba, además, un juego de póquer en el que las mismas reglas fijaban la necesidad de hacer trampas.

«¿tenemos que negociar con gómez bermúdez?»

Pese a la tensión vivida, las delegaciones quedaron para una nueva sesión el 24 de octubre; pero un día antes de la cita, un comando de ETA robó 350 pistolas en una empresa de importación de armas en Vauvert, cerca de Nîmes (sureste de Francia). La reunión se pospuso para el día siguiente y resultó tan tormentosa como las sesiones de septiembre. A esta ronda, celebrada igualmente en Suiza entre el 25 y el 27 de octubre, también acudió «Josu Tenera», pero sería la última a la que asistiría.

Al inicio de la reunión, Gómez Benítez y Eguiguren exigieron explicaciones sobre el robo de las armas. Los etarras respondieron con una lista de agravios sobre cómo el Gobierno incumplió las «garantías» («condiciones») pactadas en Oslo y Ginebra en 2005 y continuaron haciendo hincapié en la represión policial.

Los representantes gubernamentales —especialmente Moscoso— trataron de explicar a los etarras que las detenciones producidas lo fueron por efecto de sumarios ya abiertos con anterioridad y que en un Estado de Derecho el Gobierno no podía controlar a los jueces, dado que el poder judicial es independiente. Los etarras replicaron entonces: «¿Con quién tenemos que negociar? ¿Con Gómez Bermúdez [Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional]? ¿Con la Audiencia Nacional?».

En ese punto, «Thierry» añadió un elemento realmente explosivo: reveló a los representantes gubernamentales y a los mediadores del Centro Henry Dunant que asistían a las sesiones que la banda tenía «en el punto de mira» a un magistrado. La delegación gubernamental se miró horrorizada: ¿era posible, en ese marco, mantener siquiera una conversación?

Si en las reuniones de junio se pusieron sobre la mesa los incumplimientos de las garantías y en las de septiembre se incrementaron el número y el volumen de los reproches, en las de octubre la idea fija de la banda era saber si el Gobierno había tomado la decisión de romper el proceso. Curioso argumento, porque el Ejecutivo socialista creía justamente lo contrario, como nos consta que les transmitía Pérez Rubalcaba a los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados. No obstante, Rubalcaba estaba plenamente informado de todo lo que se hablaba en esa mesa; al parecer, se lo contaba punto por punto Gómez Benítez, incluso por teléfono, en los recesos de las reuniones.

Como hemos visto anteriormente al hablar del «caso Faisán», fue en ese momento cuando Gómez Benítez, según el «acta» incautada a terroristas detenidos por la juez gala Le Vert, habría intentado convencer a los etarras de que el magistrado de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska y el Gobierno no se coordinaban y que el Ejecutivo habría intentado evitar la acción judicial contra el bar Faisán a través de una delación policial que estaba poniendo en aprietos a algunos cargos de la Policía.

los «accidentes» de zp

Nada contentaba a los etarras y Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez también elevaron el tono en la mesa de negociación, sobre todo exigiendo explicaciones por el citado robo de las pistolas en una armería de Nîmes. Eguiguren, en concreto, les dijo que eso no constituía un «accidente» —según la terminología establecida en el acuerdo de 2005 entre él mismo y «Josu Ternera»—, sino «la ruptura del proceso de paz», aunque no la ruptura del proceso global.

En ese punto, los mediadores de la fundación Henry Dunant intervinieron, recomendando que no se utilizase el término «ruptura», y Eguiguren redefinió el mensaje, pero con el mismo fondo: el robo provocaba un bloqueo objetivo y no permitía avanzar en el camino emprendido. La reunión entró así en vía muerta y se acordó levantar la sesión y realizar nuevos encuentros el 14 de diciembre, que serían ya definitivos, como veremos en su momento.

Resulta curioso el término «accidente» para referirse a los atentados de ETA, por una parte, o a las acciones policiales del Estado, por otra. Ese término tan controvertido fue utilizado con escasa propiedad por el propio presidente del Gobierno, que en varias ocasiones se refirió a los atentados etarras como «accidentes mortales». Así lo hizo, por ejemplo, en el diario El País, al que concedió la primera entrevista tras el anuncio de tregua por parte de ETA. Hasta en dos ocasiones Zapatero habló en el periódico de Prisa de «accidentes» para referirse a «asesinatos». «¿Se pueden descartar accidentes en este proceso?», le preguntaron al jefe del Ejecutivo, quien respondió:

No. Hemos manifestado que el proceso será largo, duro y difícil. Como todo el mundo puede comprender, estamos hablando de 40 años de violencia, de muchas personas implicadas en la violencia, y aunque mi deseo es que no haya ningún accidente, nadie puede descartarlo.

No fue un desliz, porque en su rueda de prensa del 29 de diciembre de 2006, un día antes del atentado de Barajas, Zapatero volvió a referirse a los asesinatos de los terroristas calificándolos de «accidentes mortales». Claro que eran momentos, y sabemos muy bien lo que decimos, en los que desde el mismo Gobierno se llegó a filtrar a un medio de comunicación un comunicado «favorable» de ETA.

Volviendo a la ronda de conversaciones de octubre de 2006 con ETA, Rubalcaba informó de las novedades a varios portavoces parlamentarios, a los que nos consta que, absolutamente desconcertado, les dijo: «Estos tíos no quieren hablar de presos». El ministro pensaba ya que el proceso descarrilaba: «ETA quiere una interlocución política y eso no puede ser», les añadió, y les dijo, igualmente, que el sacerdote irlandés Alec Reid (quien en abril de 2006 había afirmado en Madrid que el líder de LAB, Rafael Díez Usabiaga, era el «Gerry Adams español» y el interlocutor de más peso en la izquierda abertzale) «está pirado», y les informó de que en este proceso mediaron Finlandia y Suecia.

En realidad, no fueron sólo Suiza —base del Centro Henry Dunant— ni Finlandia ni Suecia: todos los países europeos se ofrecían para albergar las reuniones, porque existía un sentimiento generalizado de que ahora sí se podía lograr la paz después de más de cuarenta años de violencia y todos querían salir en la foto. De hecho, el Gobierno noruego también se ofreció y Oslo fue la sede de la reunión de diciembre. Incluso hubo una recepción, ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores noruego, a la que asistieron los representantes etarras, lo que disgustó especialmente a la delegación española.

los (peores) pistoleros ganan la batalla en eta

Para comprender con exactitud lo que estaba ocurriendo en esas sesiones negociadoras —y en las paralelas, con Batasuna, en el monasterio de Loyola— hay que insistir en un punto someramente abordado antes: la clave se encuentra en los movimientos que se sucedieron en ese verano de 2006 tanto en el interior de ETA como en el entorno batasuno, algo a lo que vamos a dedicarle algunas líneas.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, ETA se hallaba en un proceso de debate interno entre dos ramas muy diferenciadas: la preconizada por José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera», aferrado al proceso de paz y empeñado en llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y la que representaban Francisco Javier López Peña, «Thierry», y Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki», dispuestos a romper con el proceso y hablar con las pistolas. Con un agravante: que, según fuentes de la lucha antiterrorista, «Thierry» era un polimili que se hizo con el poder apoyándose en la treintena de pistoleros incondicionales adscritos al «aparato militar» que dependía de «Txeroki».

Las diferencias dentro de ETA eran tan enormes que cabía la posibilidad de que ese grupo muy violento de asesinos natos pudiera conformar el embrión de una nueva ETA si el proceso de paz llegaba a buen puerto. Podría producirse entonces una escisión —que era lo que más temía el Gobierno de Zapatero—, porque entonces «Thierry» y «Txeroki» no contarían sólo con ese «aparato militar» fiel a sus tesis, sino que sumarían muchos más efectivos con etarras «legales» (no fichados), que habrían sido captados en los últimos tiempos.

Esos «legales» eran pistoleros jóvenes, menores de treinta años, entrenados en la kale borroka y ocultos en Francia en los llamados «taldes de reserva», no controlados —y acaso sus nombres ni siquiera serían conocidos— por «Josu Ternera». De hecho, en algunos medios se hablaba de que el nuevo organigrama etarra diseñado para funcionar a partir de ese verano de 2006 estaría compuesto por esos jóvenes «sin pasado» que abarcarían los once «aparatos» de la estructura de la organización.

Según el supuesto organigrama de ETA que manejaban los servicios antiterroristas en ese verano, con «Txeroki» se alineaban otros pesos pesados en la zuba —comité de dirección de ETA, formado habitualmente por entre siete y once miembros, aunque más reducido en agosto de 2006 por algunas detenciones realizadas—, como Juan Cruz Maiztegi Bengoa, alias «Pastor», y el ya citado López Peña «Thierry». A la zuba pertenecía también «Josu Ternera», pero ahora en clara minoría.

En la línea más sanguinaria de «Txeroki» se incluían reconocidos pistoleros como Asier Eceiza Ayerra, Eneko Gogeaskoetxea Arrona (que formó parte del «comando Vizcaya», como el propio «Txeroki»), José Luis Eciolaza Galán, alias «Dienteputo», Iker Iparragirre Galárraga, Ekaitz Aguirre Goñi... y así hasta una treintena. Fueron los que dijeron «no» a la negociación, los que hicieron rebrotar la kale borroka en el verano de 2006, los que prepararon un documento con los incumplimientos del Gobierno que dio lugar a otra tensa sesión negociadora en diciembre, los que incluyeron en octubre, en el documento de Loyola, la exigencia sine qua non de la anexión de Navarra a Euskadi y los mismos que planearon romper la tregua a principios de 2007, aunque adelantaron la acción al 30 de diciembre de 2006, con el atentado de la T-4 de Barajas.

Pese a la infiltración policial —es conocido que cientos de agentes españoles operan en Francia—, rara vez las informaciones sobre ETA resultaban totalmente exactas. Sin embargo, en esa maraña de informaciones y contrainformaciones, al Gobierno le llegaban noticias de que dentro de la banda podría pasar de todo: hasta, incluso, la «desaparición» física e «inexplicable» del propio «Txeroki» al estilo «Pertur» —Eduardo Moreno Bergaretxe, desaparecido en 1976— o al estilo «Yoyes» —Dolores González Katarain, asesinada por ETA en 1986.

Creían en Interior que hasta ese punto estaría «Josu Ternera» empeñado en llevar a buen puerto las conversaciones de paz. Nada de eso ocurrirá luego: «Thierry» y «Txeroki» tomarían el mando hasta la detención de ambos por la Policía española, junto con otras sucesivas camadas de dirigentes terroristas. Pese a todos estos indicios, hay que insistir en que Zapatero dijo hasta en dos ocasiones a uno de los autores de este libro que no había señales que mostrasen claramente una división interna en la banda, como ya hemos apuntado antes.

Como consecuencia de ese relevo forzoso en ETA, la kale borroka se incrementó exponencialmente: el sábado 19 de agosto, en San Sebastián, seis encapuchados incendiaron un microbús al que lanzaron cócteles molotov; en septiembre, tres encapuchados, probablemente tres hombres de «Txeroki», dos de ellos armados, acudieron a la celebración del Gudari Eguna (Día del soldado vasco) en Oiartzun (Guipúzcoa), dispararon al aire y leyeron un elocuente mensaje de la «nueva» ETA: «La lucha no es el pasado, sino el presente y el futuro». En noviembre, unos radicales intentaron quemar vivo a un policía municipal y a otro lo rociaron con un spray.

«txeroki»: no atentar contra cargos socialistas

Otras muchas situaciones similares se vivieron en el interior de ETA en ese periodo; novedades que sólo se conocerían un año después, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, emitiera un Auto de imputación a los terroristas del «comando Donosti» —desarticulado el 27 de marzo de 2007 por la Policía—, dando lugar al Sumario 27/07. Lo que señala ese Auto de Moreno, fechado el 2 de mayo de 2007, pone los pelos de punta.

Como consecuencia de una brillante operación policial cayó, entre otros, el responsable del comando, José Ángel Lerín Sánchez (Pamplona, 1971), que recibía órdenes directamente de «Txeroki». Ese comando había tenido una notable actividad, ya que recabó nada menos que 340 informaciones sobre «objetivos» personales, entre los que destacaban el filósofo Fernando Savater, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, un militar del cuartel de Loyola y dos ertzainas de Tolosa, entre muchos otros, tales como diversos militantes del Partido Popular, militares, policías, funcionarios de prisiones que no fueran militantes del sindicato nacionalista ELA-STV, mandos de la Ertzaintza —la Policía Autónoma Vasca— y sobre diversos intereses empresariales, como bancos y oficinas de correos.

Hasta ahí, lo «habitual». Lo curioso fueron estos párrafos que destacó el juez Moreno en su Auto:

[...] siguiendo las instrucciones que «Txeroki» impartía a José Ángel Lerín Sánchez [...] habiendo recibido instrucciones José Ángel Lerín Sánchez de los responsables de la Organización Terrorista ETA de que en general no se atentase contra miembros del PSOE, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y Aralar. Asimismo transmitió informaciones que había recibido sobre un policía nacional en el barrio de Amara de San Sebastián, un individuo conocido como CHOFO, también de San Sebastián, el parlamentario Sr. Iribarren de UPN [...].

Es decir, que a los socialistas ni tocarlos, pero que el PP era «terreno abierto de caza».

No menos curioso fue lo que se incautó ese 27 de marzo de 2007 en el domicilio de otro integrante del comando, Arkaitz Agote Cillero: tres documentos titulados «Aurrera Begira ildoia» (Línea de cara al futuro), «Ildo Politikoa 06/07» (Línea Política 06/07) y «Egoera Politikoa» (Situación Política), en los que se fijaban actuaciones en torno a asuntos tales como «Criterios para la Dirección, Retos políticos, Situación del proceso de negociación, Línea de respuesta, Frente negociador de la Organización, la Mesa de negociación de la Organización, Situación política-momento del proceso, etc.»; así como las «negociaciones/conversaciones con el Gobierno, el PSOE y el PNV».

En una tarjeta de memoria tipo flash se hallaba, además, la estrategia de Batasuna para concurrir a las elecciones municipales de marzo de 2007, reseñando al efecto diversas opciones: 1) Presentarse como Batasuna, 2) Presentarse como Batasuna, pero con el plan B, 3) Presentar Plataformas Locales; 4) Plataformas Locales en los pueblos y Batasuna en los herriales, etcétera. Es evidente que a la hora de admitir o no las listas que los batasunos presentaran para esas elecciones ni la Fiscalía ni el Gobierno podían alegar desconocimiento, pero lo alegaron... con el aparente fin de legalizar la mitad de las listas presentadas abertzales, como ya hemos avanzado.

Volviendo al tema de referencia, mientras «Josu Ternera» perdía autoridad en la dirección de la banda, en ese mes de agosto un preso sanguinario, Iñaki de Juana Chaos, echó un pulso al Estado con el inicio de una huelga de hambre en la cárcel que le iba a convertir, día a día, en un macabro símbolo de la lucha abertzale. El Supremo tuvo que ordenar en septiembre que se le alimentara por sonda nasogástrica y en octubre tuvo que ser trasladado al Hospital Doce de Octubre de Madrid. De Juana dejó esta primera huelga al tener conocimiento de la apertura de la «mesa de Loyola» —que veremos seguidamente—, pero con el fracaso de la mesa en noviembre y la nueva condena que le cayó por dos artículos suyos en Gara, volvió a desafiar al Estado...

4

IMAZ Y ARES SE ENFRENTAN CON OTEGI EN LOYOLA

Era evidente que a esas alturas el proceso negociador estaba colapsado. Sin embargo, Otegi pudo convencer a Eguiguren, primero, y a Patxi López, después (en la reunión del 6 de julio), de que, a pesar de todo, se convocara la «mesa política» para llegar a acuerdos que permitieran avanzar en el proceso, acuerdos que se podrían «vender» convenientemente a la nueva dirección que se estaba fraguando en ETA. Ahora sólo faltaba convencer al PNV para formar la «mesa tripartita».

Y así fue. Los socialistas, con la implicación de Zapatero (y, naturalmente, de Rubalcaba), convencieron al PNV de Josu Jon Imaz sobre la conveniencia de que también los jeltzales participaran en la mesa y, así, ambos partidos dieron el plácet para iniciar el «proceso político» con Batasuna, incluso antes de comenzar realmente el «proceso técnico» con ETA. Como ya hemos dicho, no cuentan las reuniones que Eguiguren mantuvo con «Josu Ternera» a lo largo de 2005, porque habían sido encuentros preparatorios, no negociaciones propiamente dichas.

Según cuenta Jáuregui en el ya citado libro La decepción, el caso es que, tras un comunicado «negativo» de ETA, denunciando la mala marcha del proceso (17 de agosto de 2006), Rubalcaba telefoneó a Imaz para pedirle que el PNV se implicara a fondo, que les ayudase a impulsar la mesa política «porque esto se puede ir al garete». Pese a que, desde el Gobierno, algunos pretendían quitar importancia a los signos negativos —como, por ejemplo, hizo el jefe de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida—, los comentaristas más al tanto llevaban ya dos o tres semanas diciendo que «esto iba mal», aunque la declaración de alto el fuego siguiese en vigor.

El 4 de septiembre de 2006, Imaz se reunió con su ejecutiva, y les anunció que iba a entrar de lleno en el proceso. «Creo que vamos a compartir un fracaso, y nos puede pasar lo de Argel [cuando los socialistas pretendieron cargar a Ardanza con la responsabilidad del fiasco estrepitoso de las negociaciones], pero primero está la paz y luego la política», cuentan que les dijo el presidente del partido, una frase que luego otros, como Zapatero, repetirían.

Se pretendía llevar el asunto con el mayor secreto, dado que uno de los interlocutores, Batasuna, era un partido ilegalizado, pero hubo alguna filtración menor, por ejemplo en el diario ABC, habitualmente bien informado en temas vascos, al que se lo sopló —según creyeron medios cercanos al presidente peneuvista— Rafael Larreina, dirigente de Eusko Alkartasuna, de talante conservador en lo religioso, personaje que ha mostrado siempre un odio visceral hacia Imaz. Y parece que Larreina se enteró de todo a través de Rufi Etxeberria, que iba a participar en las reuniones «a tres» entre el PNV, el PSE y la ilegal Batasuna. ¿Mera indiscreción o intento de boicot? Al leer la exclusiva periodística de ABC, los representantes de los tres partidos, que acordaron mantener el santuario de Loyola como sede más habitual para sus encuentros, optaron por creer mejor en la primera posibilidad...

En el inicio de esas conversaciones a tres, Imaz era inicialmente contrario a que se alterase la «hoja de ruta» y a que el debate político se colocara por delante del «técnico o militar», pero accedió ante la obstinación de Batasuna y la presión del PSE. A esas reuniones es a lo que se ha dado en llamar el «proceso de Loyola», porque se celebraron a lo largo de septiembre, octubre y noviembre de 2006 en el secretismo de los muros del santuario de la Compañía de Jesús a orillas del río Urola, entre las poblaciones de Azpeitia y Azcoitia.

Fueron en total doce reuniones trilaterales e intensivas llevadas a cabo con notable discreción, que resultaron no sólo novedosas por su formato y por haber reunido a los tres vértices políticos vascos principales, sino también por el orden del día establecido: la búsqueda de bases políticas para un acuerdo de futuro y el establecimiento de una «hoja de ruta» o esquema general para el desarrollo del proceso.

Estos dos ámbitos refundían el guión político elaborado por la izquierda abertzale a principios de año y asumido inicialmente por PSOE y PNV sobre el derecho a decidir y la vertebración territorial del País Vasco. Pero cuando el acuerdo parecía posible, Batasuna exigió la inclusión de Navarra en Euskadi —«autonomía a cuatro»—, lo que dio origen a un violento enfrentamiento —casi físico— entre el dirigente socialista Rodolfo Ares y el batasuno Arnaldo Otegi: el resultado fue la ruptura de las conversaciones.

Fue un proceso, por cierto, en el que nos consta que el lehendakari Juan José Ibarretxe se sintió marginado, porque él, como presidente del Gobierno vasco, sólo podía entrar en acción cuando la mesa política hubiera llegado a un acuerdo, pero personalmente no estaba en la génesis de esos acuerdos. Se trataba de problemas internos dentro del PNV, como luego se demostraría palmariamente con la salida de Imaz de la dirección, dividido en dos sectores fundamentales: los «halcones», representados por Xabier Arzalluz y Joseba Egibar, entre los que podría incluirse a Ibarretxe, y los «transversalistas», agrupados en torno a Josu Jon Imaz y apoyados por Iñigo Urkullu.

La representación oficial para la «mesa de Loyola» quedó establecida así: Imaz y Urkullu, por el PNV; Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria, como «fijos» por Batasuna, actuando como «volante» Olatz Dañobeitia —es decir, asistente sólo a algunas reuniones, siendo reemplazada en otras por Arantza Santesteban—, y Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares por el PSE-EE-PSOE, aunque en alguna ocasión asistió también José Antonio Pastor, secretario general del PSE-EE de Vizcaya y hombre de confianza de Patxi López.

Era destacable la presencia en la mesa de Rodolfo Ares Taboada (Orense, 1954), secretario de Organización del PSE; un hombre que en el socialismo vasco formaba parte del núcleo de Patxi López, pero que también disfrutaba de la absoluta confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, Ares acabó en 2009 como consejero de Interior del primer Gobierno de Euskadi presidido por socialistas, con Patxi López como lehendakari. Como ya hemos señalado, Rubalcaba era consciente de que con los acuerdos a los que se llegara en la «mesa política» de Loyola vendrían más tarde los problemas para el Gobierno del Estado.

dos borradores para un acuerdo imposible

Las tres reuniones tripartitas celebradas en septiembre incluyeron un primer borrador destinado a ayudar a dar forma a los bloques citados. Pero fue en el mes de octubre cuando se avanzaría de forma más sustancial en los debates entre socialistas, nacionalistas y abertzales y se lograría acceder a un segundo borrador más trabajado y que recogía las bases de un posible acuerdo para la resolución del «conflicto».

Los autores de este libro hemos tenido acceso a ambos borradores completos, incluso con anotaciones sobre los puntos presentados por Batasuna que resultaron inadmisibles para socialistas y peneuvistas [ambos borradores, por su indudable interés, los incluimos íntegros en el Anexo]. El principal punto de discrepancia fue la inclusión de Navarra en el País Vasco, algo que los batasunos querían imponer manu militari. En las próximas líneas condensaremos el contenido de estas conversaciones de manera que su lectura pueda ser fácilmente digerible.

En octubre de 2006, mientras la atención de la opinión pública permanecía fijada en otras cuestiones polémicas como la legalización o no de la izquierda abertzale o la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos, en un silencio absoluto en Loyola se llevaron a cabo cinco reuniones intensivas en las que se dio cuerpo al segundo borrador que hemos citado.

Allí, entre los muros del santuario, «cerramos un acuerdo», según nos confirman fuentes peneuvistas y socialistas, que dio lugar al llamado «documento de Loyola» entre PSE, PNV y Batasuna. Ahora bien, ese acuerdo había que someterlo a consultas, y ahí estuvo la clave de lo que pasaría en la sexta reunión, la del 25 de octubre, en la que mucho tuvo que ver que los duros «Txeroki» y «Thierry» hubieran apartado ya a «Josu Ternera» del control de la banda... y de las negociaciones paralelas con el Gobierno.

Las bases de Batasuna y la nueva dirección de ETA descalificaron los trabajos, catalogándolos de «vacíos» y de «ambiguos» y alertando de que podían resultar «peligrosos» —para los abertzales, claro— a la hora de desarrollar la Euskal Herria que deseaban con el derecho a la autodeterminación y la inclusión plena de Navarra y las tres provincias francesas en litigio.

las discrepancias: la «dieta» navarra

De los cuatro puntos sometidos a debate en el fondo de la negociación existían dos en los que el borrador era considerado como completo e inequívoco por parte de Batasuna: la cuestión del reconocimiento de Euskal Herria como nación y la aceptación de todos los derechos. Pero no ocurría lo mismo con los capítulos del derecho a decidir —incluida la independencia, si ése era el deseo de los vascos, fuera o no constitucional, mientras el acuerdo lo constreñía a los «marcos legales vigentes»— y la vertebración territorial —la inclusión plena de Navarra en Euskadi—, puntos en los que los «halcones» de Batasuna y de ETA no observaban ningún compromiso concreto por parte del Gobierno del Estado.

En esa reunión del 25 de octubre —la sexta en ese mes— Otegi y Etxeberria se despacharon a gusto poniendo sobre la mesa un nuevo documento para negociar. En las reuniones precedentes había quedado establecido que los acuerdos de Loyola sólo servirían si había paz definitiva por parte de ETA, un punto sobre el que había consenso total, y aceptaban la creación de una mesa política en Navarra y otra en el País Vasco. En el acuerdo inicial se preveía que hubiera un texto estatutario entre 2010 y 2012, según las previsiones y plazos que se fijaron, que diera lugar a un nuevo Estatuto con una autonomía parecida a la de Navarra, entroncando la tradición foral y el pacto con el Estado.

La idea era llevar al final del proceso al Congreso de los Diputados un texto ya pactado con Madrid «y en ningún caso se habló de autodeterminación», insisten nuestras fuentes. Para soslayar el espinoso asunto de Navarra se preveía la creación de una especie de «Dieta»: se trataba de que los Parlamentos vasco y navarro establecieran convenios de cooperación y se creara un órgano de seguimiento. Y ahí es donde estuvo el punto de ruptura que se perfiló en la reunión del 25 de octubre y que culminó en una tormentosa sesión final celebrada el 11 y 12 de noviembre, en la que Otegi y Rodolfo Ares estuvieron a punto de pasar de las palabras gruesas a los «hechos».

¿Qué ocurrió entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre? Para socialistas y peneuvistas la respuesta es evidente: a lo largo de ese verano, Otegi fue perdiendo posiciones dentro del conglomerado del mal llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco de una forma pareja a la pérdida de poder de «Josu Ternera» dentro de la propia ETA.

En ese paréntesis entre sesiones negociadoras, los «halcones» ganaron la partida y descalificaron a Otegi y Rufi Etxeberria, acusándoles de firmar «humo», sólo buenas palabras, pero sin concreciones y les conminaron a presentar un acuerdo inequívoco sobre Navarra: «un solo Parlamento, un solo país» o, en palabras batasunas, una «autonomía a cuatro», nada de «dietas» ni de sucedáneos similares, como luego explicitaría públicamente Batasuna en marzo de 2007 en un acto en el Polideportivo Anaitasuna, de Iruñea, con el grandilocuente título de «Propuesta para un Marco Democrático».

No les faltaba cierta razón a los abertzales —desde su punto de vista, claro—, porque para el PSOE de lo que se trataba en el fondo era de la reforma del Amejoramiento del Fuero y del Estatuto de Gernika. Hasta ahí. Pero eso ya estaba básicamente conseguido, o a punto de conseguirse por los radicales, sobre todo tras la reforma del Estatut de Cataluña, que, por poner un ejemplo, en su preámbulo ya hablaba del concepto de «Nación» y en su articulado se refería a la lengua y «símbolos nacionales». Los batasunos necesitaban, pues, mucho más para olvidar casi cincuenta años de lucha armada y para presentarlo a sus «mayores» como un logro político y no como una rendición.

la última reunión

Además, la Policía tenía constancia de un desplazamiento de Otegi y de Rufi Etxeberria a Francia, donde presumiblemente recibieron instrucciones de la banda en forma de auténtico ultimátum: o se aceptaba la creación de una autonomía única para el País Vasco y Navarra o todo saltaba por los aires. De forma muy resumida, ésa fue la propuesta que Batasuna llevó a la mesa de Loyola el 25 de octubre y sobre la que se enrocó el 12 de noviembre. El enfrentamiento entre Otegi y Ares fue mayúsculo, pero también intervino un indignado Josu Jon Imaz que llegó a decirle al sorprendido Otegi —que pensaba que los peneuvistas harían suyas las reivindicaciones batasunas— que el PNV no iba a permitir que impusieran su propuesta colocándoles «una pistola en la sien».

Con esos antecedentes se llegó a la última reunión de la mesa de Loyola, la del 12 de noviembre de 2006. Otegi se plantó en el segundo documento presentado por él mismo en la última reunión de octubre, señalando que en dos años Navarra y el País Vasco tenían que estar formando una sola Comunidad Autónoma y considerando necesaria esa concreción para evitar «opciones de fraude». Además, Otegi, Etxeberria y Dañobeitia establecieron expresamente en ese momento que el «derecho a decidir» incluido en un nuevo estatuto de autonomía no debía excluir la opción de la «independencia».

Según asistentes a la reunión, Otegi hizo su exposición sin atreverse a mirar a los ojos de los otros negociadores, como tantas veces antes había hecho de forma retadora para dar autoridad a su posición: «Mientras leía la propuesta, Otegi miraba al suelo, o no levantaba la vista de la mesa». Era evidente que el batasuno había recibido instrucciones muy precisas, pero que en su fuero interno reconocía que no era lo acordado en reuniones anteriores, que eran inasumibles y que, de hecho, significaban la ruptura. Otegi podía haberse rebelado, podía haber dado el puñetazo en la mesa que se le demandaba desde los sectores democráticos, pero no lo hizo.

Fue en ese punto en el que se produjo la ruptura total con el durísimo enfrentamiento entre Otegi y Rodolfo Ares: «Ares salta porque Otegi introduce el tema de Navarra por orden de ETA, cuando ya estaba todo pactado y acordado. Era evidente que querían romper», señalan fuentes negociadoras, que añaden que «la excusa para romper era Navarra, pero se trata sólo de una excusa», porque en Loyola nunca se habló de cambiar la Constitución. De hecho, según fuentes contrastadas, ni siquiera se llegó a discutir la disposición transitoria cuarta de la Constitución sobre Navarra, porque a ETA no le interesaba.

[Disposición Transitoria Cuarta. 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.]

Para los dirigentes del PSE, y también del PNV, quien rompe Loyola es ETA. A finales de noviembre, pocos días después de que la mesa de Loyola saltara por los aires, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ofreció públicamente las claves de lo que había ocurrido: «La crisis obedece a la resistencia de ETA a abandonar su viejo papel de garante o tutor de los acuerdos políticos entre partidos en Euskadi y, en el fondo, a un vértigo y miedo a hacer política por la izquierda radical sin el tutelaje de las armas».

Eso, por un lado. Pero, meses después, el propio Imaz revelaría públicamente la segunda clave, esta vez sobre Navarra: «Lo que se hizo fue, en términos figurados, poner una pistola en la cabeza al Partido Socialista y decirle: o te comprometes a que el Partido Socialista de Navarra defienda activa y públicamente el poder conformar un único espacio de autogobierno de los cuatro territorios, una posición activa del Partido Socialista, por tanto cambiando tu forma de actuar y de pensar, o todo se rompe»... y todo se rompió.

Como nota curiosa, mientras se producían las reuniones decisivas de Loyola, dirigentes internacionales de alto nivel —Francesco Cossiga, Mario Soares, Cuauhtemoc Cárdenas, Gerry Adams, Adolfo Pérez Esquivel y Kgalema Motlanthe— lanzaban la denominada «Declaración de los Seis» sobre la paz en el País Vasco, en la que sostenían que «el diálogo y la negociación son el único instrumento capaz de dirimir los problemas políticos y asentar cimientos para construir una auténtica paz, basada tanto en el reconocimiento y los compromisos mutuos como en los derechos democráticos universales».

Esa declaración, claro está, fue muy aireada por Batasuna.

El análisis sucinto que aún hoy se realiza en círculos socialistas y nacionalistas moderados es que el propio Otegi y su núcleo próximo en el entramado abertzale no tenían muy claras las ideas sobre su participación en la vida política en un Estado de Derecho. «Otegi hubiera rechazado la violencia, sí, y, por tanto, la disolución de ETA, pero dejándola latente, como una especie de puerta abierta en forma de permanente amenaza: “Miren ustedes, si no nos dan esto o esto otro ETA se puede activar”», nos dicen en los citados círculos. Acaso por ello, y por miedo, sin duda, a la respuesta de la banda, Otegi nunca quiso condenar explícitamente la violencia.

la tormentosa reunión con eta del 14 de diciembre

Rota la «mesa política» en Loyola sólo quedaba dar el punto final a la «mesa técnica» con ETA; un punto y final que se iniciaría el jueves 14 de diciembre de 2006 y culminaría unos días después. En esas nuevas sesiones de trabajo entre la representación gubernamental y la etarra se introdujo una importante novedad: en la mesa ya no estaba «Josu Ternera», a quien la banda había relevado definitivamente por Francisco Javier López Peña «Thierry». La delegación etarra quedó conformada por «Thierry» y Juan Carlos Iurrebaso, mientras que la gubernamental se mantuvo invariable: Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez. Otra novedad es que a esas sesiones asistió un alto representante gubernamental del país anfitrión —en este caso, Noruega—, además de los mediadores de la fundación Henry Dunant, que había facilitado el trabajo en las fases anteriores.

Diversos países europeos se habían postulado para convertirse en anfitriones, pensando en que el acuerdo estaba próximo. Tanto el Gobierno español como ETA aceptaron que las sesiones de diciembre se desarrollaran en un pequeño pueblo a las afueras de Oslo, en Noruega. Y en este caso, como en las primeras reuniones en Suiza, también se sucedieron algunos episodios lamentables. Por ejemplo, que para esa sesión negociadora los etarras fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Støre, en una recepción diplomática que encantó a Iurrebaso y «Thierry», pero que motivó el natural enfado en la delegación gubernamental.

Para ese contacto en Oslo, la fundación Henry Dunant puso a disposición de Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez, además del «personal habitual» del centro, a una intérprete polaca que les acompañaba constantemente en sus desplazamientos por la capital noruega. También se incluyó en la delegación a un canadiense que viajaba de un sitio a otro, sin duda realizando labores de logística.

La delegación gubernamental mantenía perfectamente informado en tiempo real al ministro Rubalcaba. De ello se encargaba, vía teléfono móvil, Gómez Benítez, algo que dio lugar a un episodio que pudo acabar en desastre: en un receso, el abogado socialista se separó unos metros del grupo para hablar por teléfono, pero con unas formas muy gesticulantes y con un tono de voz excesivamente fogoso. En un momento determinado, «Thierry», que no le quitaba la vista de encima, creyó oír de sus labios el vocablo «ruptura» y montó en cólera. Los representantes del Centro Henry Dunant tuvieron que emplearse a fondo para calmar al etarra.

Lo cierto es que las sesiones se desarrollaron de una forma muy tensa de principio a fin. Iniciada la conversación, «Thierry» no se fue por las ramas: pidió la legalización de Batasuna y presentó un planteamiento político global con la inclusión de Navarra y el derecho a la autodeterminación, puntos estos últimos que la delegación gubernamental rechazó de pleno.

Moscoso explicó a los etarras que el Gobierno jugaba con otro esquema: «Primero, los presos. Tenéis que comprender que para nosotros es muy duro que se hable de Zuberoa, de relación con Navarra... Todo eso para el Gobierno es muy duro», vino a decirles. ETA reprochó en ese momento la utilización constante de discursos en términos de Constitución, un límite que la banda no estaba, entonces, dispuesta a aceptar. En ese momento, Moscoso atribuyó a ETA un afán de «tutelar» la discusión política, haciendo suyas las palabras que ya había pronunciado públicamente el peneuvista Imaz.

La referencia no hizo gracia a los etarras, que replicaron que lo único que hacían era reivindicar el desarrollo del pacto suscrito en 2005 —reuniones de Ginebra y Oslo con Eguiguren— para dar inicio a este intento de diálogo. Ahí fue cuando los tres enviados gubernamentales situaron a Navarra como escollo, en sintonía con lo ocurrido en la recta final de las conversaciones de Loyola, pocas semanas antes.

Iurrebaso y «Thierry» insistieron en sus tesis, alegando que la «territorialidad» estaba contenida en los acuerdos suscritos en 2005, en los cuales la primera de las «aclaraciones» al texto base pactadas por ambas delegaciones establecía que los acuerdos a alcanzar por los partidos se referían al futuro de los ciudadanos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica.

ETA siempre mantuvo que si había acuerdo había que esperar un mes para la ratificación por su sistema de cadena y asambleario, pero fijó unas prioridades para «vender» a los suyos que, al final, resultaron insoslayables: incorporación de Navarra a Euskadi, algo que calificaron de «innegociable»; reconocimiento del derecho a la independencia, en segundo lugar, pero como algo que se podía negociar, y, finalmente, la derogación inmediata de la Ley de Partidos, de modo que los abertzales pudieran presentarse a las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

Respecto a ese último punto, la delegación gubernamental llegó a plantear de forma directa que si ETA declaraba el alto el fuego definitivo, los abertzales podrían presentarse a esos comicios locales.

eta: nada de «paz por presos»

Punto muerto, pues, ya que la siguiente sesión de esa ronda negociadora no deparó ningún avance: la parte gubernamental ofreció movimientos en materia penitenciaria (los casos estudiados por Francisco Caamaño), o cambios de calificaciones judiciales, como que Jarrai-Haika-Segi no fueran consideradas como parte de ETA —luego, con la ruptura de las conversaciones, la Fiscalía sí las definiría como parte de la banda ante el Tribunal Supremo y lograría cambiar el fallo inicial de la Audiencia Nacional.

ETA, por su parte, rechazaba hablar de «paz por presos» y arreció en censuras al Gobierno sobre el incumplimiento general de sus compromisos. Incluso llegaron a presentar un documento titulado «La situación política en Euskal Herria desde el 22 de marzo al 10 de diciembre» en el que los etarras recogían la «represión» a la que los Gobiernos español y galo estaban sometiendo a la banda durante el proceso de paz: «En los últimos 9 meses por razones políticas se han producido en Euskal Herria 98 detenciones: de las cuales, 46 han sido ordenadas por la Audiencia Nacional y 14 por París», señala el documento.

Ese documento, al que en Diariocritico.com tuvimos acceso de forma íntegra en euskera, contenía un listado de 22 presos etarras a los que se les habría aplicado la «doctrina Parot» —es decir, la acumulación de penas— desde el Tribunal Supremo. Un segundo listado lo conformaba el nombre de seis presos etarras con enfermedades que habían pedido su acercamiento a Euskadi para recibir tratamiento, entre los que incluían —terrible ironía— a Josu Uribetxebarria Bolinaga, el etarra que mantuvo secuestrado de forma inhumana durante 532 días —entre el 17 de enero de 1996 y el 1 de julio de 1997— en un minúsculo zulo al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Un tercer listado de «agravios» era el de 120 presos que habían cumplido las tres cuartas partes de su condena y que, según los etarras, deberían haber sido puestos ya en libertad.

Entre otras cosas, el documento contenía también una lista de accidentes de tráfico que habían sufrido familiares de presos etarras en alguno de sus desplazamientos a las cárceles —alejadas de Euskadi—; el «acoso» judicial y policial al que estarían siendo sometidos elementos etarras y abertzales, el listado completo de detenciones durante esos meses en Francia y en España y la lista de juicios y condenas habidos en la Audiencia Nacional. El documento, claro, no hablaba del robo de las pistolas por parte de ETA, ni mucho menos de la kale borroka desatada en Euskadi, ni de las nuevas remesas de cartas de extorsión a empresarios vascos.

¿suprimir la ley de partidos?

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el mantenimiento de la ilegalización de Batasuna, que se había convertido en un importante motivo de bloqueo. Ambas partes intercambiaron propuestas escritas para superar la situación. Como ya hemos avanzado, Javier Moscoso contempló la opción de que Batasuna acudiera a legalizarse en la primera parte de 2007, antes de las elecciones municipales, y llegó a sugerir que el Gobierno podría adelantar los comicios generales a octubre de ese año para, con una nueva mayoría en el Congreso, suprimir la Ley de Partidos Políticos, evitando así un coste electoral para Zapatero.

Poco tiempo después, esas propuestas sobre la legalización de Batasuna fueron publicadas por Gara y algunas fuentes consultadas por los autores de este libro las han confirmado. En definitiva, los representantes gubernamentales proponían que Batasuna solicitara su inscripción en el registro de partidos políticos de acuerdo con las exigencias de la legislación vigente; el Gobierno buscaría el compromiso parlamentario para garantizar la presencia en los siguientes procesos electorales de la organización abertzale que representase a Batasuna y para flexibilizar la política penitenciaria.

Como segundo paso, el Gobierno presentaría tras las elecciones generales una nueva ley de partidos políticos para garantizar la participación política de la izquierda abertzale que actuara conforme a la legalidad.

Así se entiende que en los primeros meses de 2007, aún después del atentado de Barajas, a finales de diciembre de 2006, el Gobierno no anulara todas las candidaturas de ANV y PCTV a las elecciones municipales, sino sólo una parte, aunque este episodio lo desarrollaremos después.

«dentro de un año estaremos mejor», dijo zp... y le volaron barajas

Los mediadores internacionales en las sesiones de diciembre consiguieron que ambas partes se citaran de nuevo para finales de enero de 2007, pero todos eran conscientes de que el proceso entraba en una fase especialmente crítica, una noción que se amplió cuando el 20 de diciembre tres periódicos vascos, El Correo, El Diario Vasco y Deia, dieron cuenta de las reuniones de seis días atrás por una oportuna e interesada filtración. La conjunción de titulares provocó un gran revuelo informativo, hasta el punto de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo que comparecer en rueda de prensa, no sin antes mantener una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios.

En su comparecencia pública en la sede de Interior, Rubalcaba adoptó un tono desenfadado en las formas, pero meditado en el fondo. Uno de los autores de este libro, Manuel Ángel Menéndez, perplejo por las respuestas esquivas de Rubalcaba, llegó a preguntarle directamente al ministro si era verdadera o falsa la información de los periódicos vascos —Rubalcaba sólo tenía que contestar con un monosílabo—, pero no consiguió sacarle más allá de los dos mensajes que quería transmitir: que el Gobierno no entraba a confirmar ni desmentir las informaciones que surgían en torno al proceso y que se había comprometido a compartir con otros partidos las novedades relevantes que se fueran produciendo y que «a día de hoy, no hay nada relevante que informar».

Ante la insistencia periodística de Menéndez, Rubalcaba sólo añadió que «el proceso está en sus fases preliminares» y mostró su confianza en que esa fase «dé paso a otra más sustantiva».

Ahora bien, ese último mensaje público de optimismo lo transmitió el ministro del Interior sin ninguna convicción, porque, por lo que hemos podido averiguar, a los portavoces parlamentarios les dijo —uno a uno y a puerta cerrada— que el proceso con ETA estaba «francamente mal» y que podía pasar «cualquier cosa». Lo curioso es que Rubalcaba, al parecer, se cuidó muy mucho de transmitir esa sensación de agobio a Rodríguez Zapatero, o, al menos, esa es la impresión que hemos obtenido de los testimonios recabados.

En ese sentido, hemos sabido que la noche anterior al 29 de diciembre de 2006, fecha en la que Zapatero convocó a los medios de comunicación para ofrecer su rueda de prensa valorativa de fin de año, donde expresó su célebre frase sobre ETA —«estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor»—, el presidente cenó con cinco personas de su máxima confianza.

En esa larga cena, Zapatero les comunicó lo que iba a decir en la rueda de prensa del día siguiente —el mismo día, por cierto, que Sadam Hussein era ahorcado en Bagdad—, incluyendo la citada frase tan imprudente como frívola; pero ninguno de los cinco comensales le advirtió sobre la inconveniencia de mostrarse tan optimista respecto a una banda criminal. Bien es verdad que todos los informes de la Policía, de la Guardia Civil y del CNI rechazaban aún entonces que ETA proyectara perpetrar un atentado antes de romper la tregua, pero...

... Pero es evidente que los servicios de información estaban pésimamente informados, porque pocas horas después de que Zapatero hablara de la buena situación en la que nos íbamos a encontrar los españoles un año después, ETA voló el parking de la Terminal 4 de Barajas con doscientos kilos de explosivos. Mientras Zapatero iniciaba en Doñana sus vacaciones navideñas, parte del aparcamiento de la T-4 se vino abajo y, aunque desalojado por hasta cinco avisos previos de bomba, lo que demuestra que ETA no quería matar, dos personas perecieron asesinadas por la banda terrorista, mientras dormían en sus coches en el interior del aparcamiento: los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

una llamada de rubalcaba

La noticia le llegó a Zapatero a Doñana. Ese día, el presidente se había levantado temprano. Mientras se reconfortaba pensando que contaba con cuatro días por delante para él y los suyos, sonó el móvil. Observó en la pantallita que se trataba del ministro del Interior. «No me extrañó nada», contó luego el presidente en una entrevista en El País: «Hablamos mucho. Sé que él madruga. No duerme mucho». Pero lo que tenía que contarle Rubalcaba era muy importante... y dramático: acababa de estallar una bomba en el parking de la Terminal 4 de Barajas y todo apuntaba a ETA...

El presidente voló a Madrid para reunirse durante tres horas con los integrantes de un reducido gabinete de crisis para replantear la estrategia frente a la banda armada. Como hemos comentado en otro lugar, en esa reunión estuvieron José Enrique Serrano; los vicepresidentes María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes; los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Miguel Ángel Moratinos; el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director del CNI, Alberto Sáiz.

Mientras viajaba hacia Madrid, Zapatero telefoneó a Rajoy para informarle de forma muy descriptiva sobre lo que había ocurrido en Barajas. En realidad, no le estaba dando más información que la ya conocida a través de los medios de comunicación. Pero el presidente hizo hincapié desde el primer momento en que creía que había dos víctimas entre los escombros del aparcamiento de la T-4. «Al presidente se le notaba descolocado, no entendía nada de lo que había pasado», admiten hoy medios populares conocedores de esa conversación.

Por la tarde, el presidente compareció en otra rueda de prensa muy distinta a la del día anterior. Pudimos ver a un Zapatero lívido, desencajado, que sólo admitió unas pocas preguntas como colofón a su intervención institucional, en la que dijo que el Gobierno «suspende toda iniciativa de diálogo con ETA», pero evitando hasta por tres veces dar por roto el proceso de paz. Luego, fuentes autorizadas de La Moncloa explicaron que, en la práctica, «si no hay diálogo no hay proceso», pero lo cierto es que el presidente del Gobierno no quiso darlo por roto expresa y públicamente. Tenía sus «razones», como vamos a ver seguidamente. Por cierto que, tras la rueda de prensa, y aquejado de un cierto sentimiento de depresión —algo muy raro en él—, Zapatero hizo algo inaudito: regresó a sus vacaciones en Doñana.

¿Por qué había fallado todo? ¿Por qué tanta dosis de optimismo por parte de Zapatero el 29 de diciembre? ¿No le informaban correctamente de las reuniones con Batasuna, por un lado, y con ETA, por otro? Hemos pulsado la opinión de algunos participantes en este proceso, y hay quien cree que Zapatero se rodeó de un núcleo duro —acaso confió demasiado en uno de los negociadores que introdujo en esta fase— que le «vendió» la idea falsa de que «ETA se ha rendido», cuando era todo lo contrario. Por ejemplo, el ex dirigente de Batasuna Txema Montero ya dijo públicamente poco después de las sesiones negociadoras del 14 al 16 de diciembre en Oslo que ETA suspendería el proceso en «diez o quince días» y que «volverá a matar». O la propia Batasuna, que por esas fechas insistió en que «sin Navarra, sencillamente, el proceso es impensable».

Zapatero cometió el error de creer más la versión que más quería creer que los datos objetivos que le iban llegando. Fue un «optimista antropológico» en algo que sólo admitía realidades. Y las realidades, al menos «sus» realidades, las dejaron claras los etarras en el comunicado que emitieron reivindicando el atentado:

En lugar de acordar las bases de un nuevo marco político que traiga la superación del conflicto y que reconozca los derechos de Euskal Herria, [el Gobierno] ha establecido como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad.

Bueno, al menos era un desmentido a aquellos que aseguraban que el Gobierno de Zapatero había «cedido demasiado» en el proceso negociador...

5

BLAIR SEDUJO A ZAPATERO, COMO ANTES A AZNAR

Éste es un capítulo importante... y muy complicado. Habla del fin de las negociaciones con ETA: cómo y por qué se materializó el final de la esperanza. Una esperanza, por cierto, que habían alentado importantes dirigentes europeos, comenzando por el entonces muy influyente y carismático Tony Blair.

Un peculiar halo de seductor parece acompañar al ex premier británico Tony Blair: sedujo a Gerry Adams y al Sinn Fein y consiguió una paz imposible en el Ulster; sedujo a José María Aznar y le dio el empujoncito para pasearse por las Azores y firmar su apoyo a una de las guerras más miserables que se conocen en la historia —si es que hay alguna guerra que no sea miserable—, y por fin sedujo a Zapatero y le encandiló por dos veces para negociar con ETA.

La primera, la acabamos de relatar; la segunda, después del espectacular atentado de la T-4 de Barajas. Porque, pese a los desmentidos oficiales y a las declaraciones rotundas de que el proceso estaba «roto, liquidado y acabado» (Rubalcaba, 2 de enero de 2007), lo cierto es que el Gobierno mantuvo un negociador que se vio en solitario con ETA en otras tres ocasiones: marzo, abril y mayo de 2007.

Fue un papelón el que le tocó hacer a Rubalcaba: negar públicamente los hechos que empezaban a ser evidentes. «La violencia es incompatible con el diálogo en cualquier democracia y esto el Gobierno lo va a mantener a capa y espada», dijo el 2 de enero; «Una vez más lo repito y no me cansaré: con violencia no hay diálogo, y violencia es poner una bomba, y desde luego poner una bomba como la de Barajas es violencia extrema», repitió el 9 de enero. «Quien la puso [la bomba en la T-4] tendrá que hacer lo que tenga que hacer, desde luego algo muy serio, para volvernos a convencer a los demócratas de que está verdaderamente interesado en que acabe la violencia», insistió el 2 de marzo, mientras un negociador del Gobierno preparaba sus maletas para reunirse con ETA en un país extranjero.

Eran, desde luego, declaraciones obligadas: en estas circunstancias, ya se sabe que un ministro del Interior no puede decir la verdad (es algo que el propio Rubalcaba ha reconocido en numerosas ocasiones lejos de los micrófonos: «Tengo que jugar al despiste», dijo ante algún periodista).

Aunque, en ocasiones, en privado, el ministro tenía que admitir la veracidad de algunas noticias, como la publicada por la agencia Europa Press en el verano de 2006, asegurando que el calendario del Gobierno preveía inicialmente la legalización de Batasuna para el último trimestre de ese año, como ya hemos informado ampliamente. Luego pasó lo que pasó —atentado de la T-4— y la cosa quedaría en agua de borrajas.

No fue Rubalcaba el único en utilizar desmentidos similares. Copiosas fueron las declaraciones al respecto de la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuyo latiguillo «con los terroristas no hay nada que negociar» ha quedado para los anales de la política. Más tajante aún fue su declaración del 10 de enero, cuando, comentando el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo suscrito con el PP, dijo que en él «hay planteamientos que son muy válidos y otros que no, porque el tiempo ha pasado [...]. No acabo de entender ese afán de pegarse a un papelito», en un momento en el que el Ejecutivo buscaba un nuevo consenso en torno a la política antiterrorista.

Finalmente, el 27 de mayo de 2007, en el restaurante La Raza, en Sevilla, en un encuentro con periodistas durante la campaña electoral autonómica, el mismísimo Zapatero tuvo que salir a negar categóricamente —tampoco era la primera vez— que hubiese negociaciones con ETA. Matizó que no las había habido tras el atentado de Barajas, si bien «siempre tenemos que estar informados».

«te juro que no sé nada de eso», dijo zp

Y, en fin, baste sólo añadir la cara de póquer que De la Vega tuvo que poner cuando el 2 de junio de 2007 el diario proetarra Gara inició un serial detallando los encuentros del Gobierno con la banda terrorista antes, durante y después del atentado de la T-4.

Los periodistas mejor informados en la materia, como Ángeles Escrivá, en El Mundo, u Óscar López Fonseca, o Luis Rodríguez Aizpeolea, de El País, no perdían oportunidad de publicar informaciones embarazosas para las negativas del Gobierno. El domingo, 16 de junio de 2007, Aizpeolea iba a hacer un muy flaco favor a Zapatero —con quien se decía que tenía hilo directo— publicando una información detallando algunos aspectos —no todos— de la negociación del Gobierno con ETA tras el atentado de la T-4. No todo lo que decía El País ese día era nuevo, pero era una recopilación bastante completa, aunque faltasen algunos detalles interesantes, escrita por un periodista importante y con fama de riguroso.

Ocurría que al día siguiente estaba anunciada una de esas escasas «cumbres» entre el presidente y Mariano Rajoy, precisamente en un intento de aproximar posiciones en lo que se refería a la lucha antiterrorista. Tras el encuentro, alguien filtró a periodistas cercanos que Rajoy preguntó al presidente por la información que la víspera publicaba «su amigo Aizpeolea», cuando él negaba oficialmente todo contacto, y que Zapatero le respondió: «Te juro por mi honor que no sé nada de esto».

Rajoy desmintió a los autores que ZP «jurara» nada, pero sí les ratificó que el presidente del Gobierno negó tener cualquier información acerca de lo que Aizpeolea escribía ese domingo. Cosa que, desde luego, no hizo sino cimentar la desconfianza que Rajoy siempre ha manifestado sentir hacia el presidente del Gobierno. En este caso, al menos, parece que con bastante razón.

El mundo batasuno interpretó, a través de lo publicado en El País, que el Gobierno tenía la intención de informar, desde su ángulo, de cómo había sido el proceso hasta ese momento. Desde luego, no había hilo conductor en esa ocasión entre el Ejecutivo y el diario de PRISA; pero ¿cómo explicar a la banda que en el mundo democrático existe la libertad de expresión?

Gara, por su parte, disponía de una información privilegiada, aunque proveniente, claro está, sólo de la parte abertzale; y es cierto también que ETA suele utilizar a Gara para revelar los secretos del contrario cuando interesa descalificarlo: ya se lo hizo al PNV tras el «pacto de Lizarra» (1998), y ya se lo hizo también a Aznar, tras el contacto fallido de Ginebra (1999), publicando incluso las «actas made in ETA» de la reunión. Y ahora se lo estaba haciendo a Zapatero, una vez que su negociador, el impulsivo Gómez Benítez, se enfrentó a gritos con el etarra López Peña «Thierry»... y ahí acabó todo.

La banda decretó el final de la tregua el 5 de junio y Gara siguió todo ese mes machacando al Gobierno con algo que el Gobierno quería ocultar. Todavía a finales de septiembre de 2007, el periódico batasuno encartaba en su edición de esa fecha un cuadernillo de 64 páginas a todo color conteniendo un resumen de las negociaciones; un cuadernillo elaborado, cómo no, con un criterio muy parcial: Batasuna y ETA eran las que habían tendido la mano y el Gobierno el que había incumplido. ETA dixit. No era así, pero, de nuevo, el mundillo proetarra había ganado la batalla de la comunicación al Estado (o al Gobierno, al menos).

Fue por entonces cuando se dijo que las auténticas actas «oficiales» de los encuentros se hallaban en la caja fuerte del Centro de Diálogo Humanitario Henry Dunant, y que las tres partes (Gobierno, ETA y el centro) habían adquirido el compromiso de no hacer públicas esas actas, tan demandadas por Rajoy en el siguiente debate sobre el estado de la Nación, si no era con el consentimiento unánime de todos. Ya hemos comentado que no parece ser del todo así y que actas, como tales, no existirían, aunque sí algunos documentos «de no demasiada importancia», según comentó a uno de los autores una fuente de Interior conocedora de las negociaciones.

lo que zapatero no contó en «el país»

Pero ¿por qué siguió negociando Zapatero con una ETA que ya le había puesto dos muertos sobre la mesa, los ecuatorianos Palate y Estacio? Así despejaría la ecuación el propio ZP en una entrevista concedida al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, el 14 de enero de 2008: la iniciativa de dichos contactos tras la T-4 fue del Centro Henry Dunant, y varios Gobiernos dieron apoyo y cedieron sus infraestructuras para que los nuevos encuentros pudieran llevarse a cabo.

Lo que no contó el presidente es que también su «buen amigo» Tony Blair le había convencido para seguir, porque también a él, a Blair, los del IRA le habían perpetrado el atentado de Omagh (15 de agosto de 1998) poniéndole muchos más muertos sobre la mesa (exactamente, 29) y, sin embargo, el proceso llegó a buen puerto. Blair le repitió a Zapatero lo que ya le había dicho a primeros de octubre, durante una visita oficial a España: «Determinación paciente», porque a veces parece que el proceso se frena, pero que hay que seguir andando. «Para nosotros eso funcionó, aunque durante todo el camino había gente que nos estaba diciendo que todo se vendría abajo y que éramos unos ingenuos».

Lo que tampoco contó en aquella entrevista Zapatero fue que hasta el líder del Sinn Fein —el que fuera el brazo político del IRA, como Batasuna lo era de ETA—, Gerry Adams, le había escrito abogando por la continuación de los contactos. Y que hasta su otro «buen amigo», el galo Nicolas Sarkozy, había abogado por lo mismo. He ahí las causas remotas de lo que muchos han interpretado —el PP, naturalmente— como un «engaño a la sociedad».

Y lo que tampoco contó el presidente Zapatero en su entrevista con el director de El Mundo fue que en enero y en febrero de 2007 una representación socialista —en la que estaba incluido Rodolfo Ares— mantuvo encuentros con otra delegación batasuna, con el fin expreso de pulsar la situación interna en el mundo abertzale y en la propia ETA: conocer de primera mano qué había pasado para que los terroristas volaran un parking en Barajas, si pensaban romper la tregua o, en definitiva, qué posibilidades había para llegar a un final negociado. Eran momentos en los que, con su afán negociador, el Estado se mostraba débil ante la banda del terror; algo que ya no ocurriría en la segunda legislatura socialista, cuando Rubalcaba impuso sus tesis de «combate total» a ETA.

En todo caso, tras el atentado de la T-4, las gestiones de dirigentes internacionales y del Centro Henry Dunant se multiplicaron con el objetivo de reconducir el proceso. En ese contexto, a principios de 2007 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió en Madrid con una delegación de la fundación Henry Dunant —que había actuado como intermediaria entre el Gobierno y ETA— presidida por el propio director de la fundación, Martin Griffiths, amigo de Tony Blair. La interlocución de Rubalcaba era lógica, dado lo profundamente involucrado que había estado en el proceso y dada su función de filtro ante Zapatero.

Griffiths le vino a decir a Rubalcaba lo que Blair le dijo a Zapatero: que la banda no quería romper la tregua, que los británicos también sufrieron un gran atentado durante el proceso y, sin embargo, se firmó la paz en el Ulster, que la fundación ponía todos sus efectivos en movimiento para superar el proceso y que varios gobiernos europeos se mostraban interesados —incluso ofrecían personal e infraestructuras— para lograr una paz en Euskadi.

otra carta de eta

Paralelamente, la izquierda abertzale multiplicaba sus movimientos con los socialistas vascos —con Ares y Eguiguren, con los que Otegi mantendría contactos en enero y febrero— y con el PNV. El 4 de enero de 2007, por ejemplo, tuvo lugar un desayuno muy significativo entre el líder peneuvista Josu Jon Imaz y Arnaldo Otegi. El batasuno se encontraba abrumado por el atentado contra la T-4. Mostraba síntomas evidentes de desconcierto y desánimo por la irracionalidad del acto y por la ausencia de datos comprensibles dentro del conjunto de la izquierda abertzale. Imaz inició la conversación con un recordatorio:

—¿Recuerdas lo que te dije hace un año? Si todo sale mal, irás a la cárcel y mucha gente que es nacionalista lo aplaudirá, porque todo no se puede hacer a la vez.

El entonces líder del PNV se refería a la advertencia que le hizo a Otegi en diciembre de 2005 sobre que no se podía actuar en un proceso de paz sin condenar la violencia y manteniendo posiciones de medias tintas. Le había dicho entonces, igualmente, que para que el proceso llegara a buen puerto la izquierda abertzale tenía que cambiar de postulados, que todo era posible en política, pero sólo con la política, y que tendrían que condenar la violencia. De hacerlo así, el proceso marcharía, pero de lo contrario, todo fracasaría y entonces no habría gloria para los negociadores: «Puedes acabar en la cárcel», le recordó. Y así fue, como lo desarrollaremos en el capítulo 10.

De forma paralela, ETA se puso en contacto con los representantes del Sinn Fein —con quienes la banda terrorista y Batasuna mantienen aún hoy una relación muy fluida— y el propio Gerry Adams hizo llegar a Zapatero el mensaje de que ETA tenía una oferta que realizar, pidiéndole que no diera por finalizado el proceso.

Se trataba de una carta de la banda fechada en febrero y con el encabezamiento «Al Sr. Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español» en la que se insistía en la necesidad de retomar los contactos y se recordaban incumplimientos ya denunciados en otra carta anterior, en junio. En esta nueva misiva, ETA trasladaba a Zapatero sus «reflexiones sobre la situación del proceso de negociación», reiterando su «voluntad inequívoca de reactivar el camino del diálogo, la negociación y el acuerdo».

En la carta, ETA decía que «consideramos un profundo error la negativa de su Gobierno a profundizar en la negociación y el anuncio de que el Gobierno español da por finalizado el proceso, que, a pesar de sus dificultades y momentos de crisis, es el único camino que puede conducirnos a un escenario de paz estable y definitivo», reprochaba que el Gobierno no hubiera dado ningún «paso positivo hacia el cumplimiento de los acuerdos» y le emplazaba a actuar «con altura de miras en estos momentos difíciles del proceso, no cayendo en la tentación de repetir ciclos de represión y fórmulas políticas que han fracasado, apartándose de la estrategia del PP y la extrema derecha y apostando definitivamente por una solución política y negociada».

Ante tanta y tan variada insistencia, Zapatero, que aún no había abandonado —tampoco lo ha hecho ahora, lógicamente— su sueño de pasar a la historia con el sobrenombre de «el pacificador», consideró conveniente realizar nuevos «sondeos». Como resultado, el Sinn Fein —que coparticipaba en el Gobierno norirlandés— se incorporó al grupo de árbitros aceptados por el Centro Henry Dunant para las nuevas reuniones que se iban a producir el 30 y 31 de marzo, a mediados de abril y del 14 al 21 de mayo.

En realidad, como se vería luego en la mesa negociadora, la nueva propuesta por la que el Sinn Fein consideró conveniente pedirle al Gobierno que regresase a la negociación era un más de lo mismo: cuando se reunieron las mesas, ETA mantuvo la exigencia de una unidad jurídico-política del País Vasco y Navarra, es decir, la llamada «autonomía a cuatro» que Batasuna había planteado in extremis al PSE y al PNV en el otoño de 2006 y que dio al traste con la mesa de Loyola. El Gobierno replicó que la propuesta era imposible legalmente, pero ofreció otras fórmulas que fueron rechazadas por la banda terrorista.

Con esas maniobras, ETA justificaba ante los suyos, con increíbles argumentos, que quien tenía la culpa de que el proceso hubiera fracasado no era el atentado de la T-4, sino la intransigencia del Ejecutivo.

la debilidad del gobierno: el «caso de juana chaos»

De cara a la nueva ronda de negociaciones, el Gobierno formalizó una serie de gestos policiales y judiciales que fueron especialmente criticados por el PP. El primero fue la actitud penitenciaria que mantuvo con el sanguinario y nunca arrepentido Iñaki de Juana; el segundo, permitir que la mitad de las listas de ANV pudiera concurrir a las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007.

Cuando estalló el primero de los escándalos, en enero de 2007, hacía 20 años justos que José Ignacio de Juana Chaos (Legazpia, Guipúzcoa, 1955) estaba en prisión, clasificado siempre en primer grado, el más duro. Le detuvieron en Madrid —junto a otros dos hombres y tres mujeres— a las cinco de la madrugada del viernes 16 de enero de 1987 cuando tenía treinta y dos años y había asesinado ya a 25 personas, crímenes por los que fue condenado a 3.129 años de cárcel.

Los psicólogos de prisiones le han calificado de «frío y narcisista», pero la personalidad de De Juana —un antiguo agente de la Ertzaintza, la Policía autonómica vasca— es mucho más desequilibrada: con motivo del asesinato en Sevilla (30 de enero de 1998) del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García, mostró de qué barro estaba hecho escribiendo la siguiente carta:

Me estoy tragando todas las noticias de la ekintza [atentado] de Sevilla. Me encanta ver las caras desencajadas que tienen [...] Con esta ekintza ya he comido yo para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están empezando a recoger el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad [...] El día que sin duda llegará, aunque todavía falte un poco, en que actuemos como lo hacía el Ingun judío [grupo terrorista que actuó en la década de 1940 en lo que luego fue el Estado de Israel] contra los ingleses, el FLN argelino contra los franceses, o el IRA contra los británicos, ese día ganaremos como ganaron ellos. En la cárcel sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia [...] ¿Acaso les importan a ellos los niños cuando son los nuestros? Pues no tenemos nosotros hijos huérfanos o que no pueden ver a sus padres por la dispersión... Y los nuestros no tienen pensiones ni la vida resuelta como la de ellos. ¡Qué asco!

Y un par de meses después pidió «champán y langostinos para celebrar» el asesinato del concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Tomás Caballero (7 de mayo de 1998).

Ya a principios de enero de 2005, los periódicos habían desvelado que De Juana iba a salir en libertad de forma inminente, debido a los beneficios de redención de pena que preveía el Código Penal de 1973, tras haber cumplido sólo 18 años de cárcel de los más de 3.000 a los que fue sentenciado.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska buscó entonces la manera de apagar el escándalo que suponía su excarcelación, y la encontró en dos de sus artículos de opinión publicados en el diario Gara en diciembre de 2004: «Gallizo» (contra la responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo) y «El Escudo», en los que amenazaba a responsables de prisiones, políticos y jueces. Hasta la Fiscalía —indignada por la actitud del sanguinario etarra— pidió en un primer momento la patente exageración de 96 años de cárcel por esos dos artículos.

De Juana fue procesado por ese nuevo caso y decretada su prisión preventiva, aplacándose así la indignación popular, pero luego el fiscal Fernando Burgos tuvo que rebajar la petición ajustándola más a derecho y originando un revuelo social aún mayor.

El 8 de noviembre de 2006 la Audiencia Nacional condenó a De Juana Chaos a doce años y siete meses de reclusión por amenazas terroristas tras un juicio dramático, en el que el problemático ultraderechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijo de un comandante del Ejército asesinado por De Juana en 1986, se alzó en mitad de la sala y le dijo: «Mírame a los ojos porque será lo último que veas». La sentencia fue recurrida y el 26 de febrero de 2007 el Tribunal Supremo fijó la pena final en tres años de prisión: en eso quedó la petición inicial de 96 años de cárcel. Cierto es que, durante la vista oral, De Juana había asegurado que ya no pertenecía a ETA, que si saliera a la calle no volvería a empuñar las armas y que no tenía intención de amenazar a nadie con sus dos artículos en Gara.

Cuando los periodistas que acompañaban a Zapatero en una surrealista visita a una fábrica de puertas en San Leonardo de Yagüe, Soria, le informaron sobre lo declarado por De Juana en el juicio, el presidente comentó, como si nada, que esa actitud confirmaba el rumor de que era uno de los etarras que apoyaban el proceso de paz. Y se fue tan tranquilo a recorrer la fábrica, dejando bastante pasmados —no por primera vez— a los informadores.

la «vida marital» del etarra

De Juana inició una nueva huelga de hambre que le llevó a ingresar —el 24 de noviembre— en la unidad de custodia del Hospital Doce de Octubre. El etarra, que mide 1,72 metros y cuyo peso habitual es de 86 kilos, sólo alcanzaba entonces los 63, y el 11 de diciembre tuvieron que alimentarlo por sonda nasogástrica, cuando su peso había bajado hasta los 57. En enero de 2007, los médicos no descartaban un fallo súbito que le provocara la muerte y el Gobierno temía que el deceso de De Juana lo convirtiera en «mártir» para el mundo etarra y provocara nuevos atentados mortales por «venganza».

El «caso De Juana» fue una prueba de fuego para el Ejecutivo, que tuvo que navegar como pudo entre huelgas de hambre y montajes fotográficos de por medio —una entrevista en el diario británico The Times ilustrada con fotos suyas realmente patéticas—, un escándalo que, convenientemente aireado por el PP y determinadas asociaciones de víctimas, afectó muy negativamente a la imagen del Gobierno de Zapatero. Sobre todo, cuando se supo que, a pesar de su extremadamente grave estado de salud, De Juana llevaba en el hospital una vida activamente marital con la joven de veintinueve años Irati Aranzabal Zuluoaga, miembro de Etxerat —organización de ayuda a presos de ETA—, con la que posteriormente se casaría formalmente y con la que De Juana había sustituido a su antigua novia, la etarra Inmaculada Noble.

Esa «vida marital» entre sondas nasogástricas puso en apuros a la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y al propio ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. A las 22:45 horas del sábado 24 de febrero de 2007, una inspección policial en la habitación de De Juana produjo un efecto sorprendente: que el agente de Policía sacara de la estancia la cama del etarra, que se organizara un enorme lío con éste y su novia Irati y que acabaran los dos con una manta en el pasillo. ¿Qué había ocurrido? Está todo perfectamente relatado en un «telefonema» policial con el número 81 que hemos podido consultar los autores de este libro.

Según ese «telefonema», uno de los policías que custodiaban la unidad penitenciaria del Hospital Doce de Octubre realizó su ronda interna. Al llegar a la habitación de De Juana observó desde fuera que su novia Irati Aranzabal se hallaba con él no «a pie de cama», como estaba autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria, sino «dentro de la cama», en un ejercicio poco habitual en enfermos que están, supuestamente, «a punto del coma». El policía actuó de inmediato: entró en la habitación, sacó de la misma a De Juana con cama y todo y lo dejó en el pasillo.

El etarra no cesaba en sus protestas, pero los policías se mostraron inflexibles: le dijeron a su novia, tras leerle el auto del juez, que si quería quedarse en esa unidad hospitalaria lo hiciera sentada en un sillón, pero no dentro de la misma cama que De Juana. En ese momento el etarra se rebeló, se tiró de la cama y permaneció junto a su novia con una manta en el pasillo.

Es una anécdota, claro, pero explica gráficamente las concesiones que Zapatero se vio obligado a realizar en los primeros meses de 2007 para volver a reunirse con ETA. Porque, luego, Pérez Rubalcaba tomó decisiones más que controvertidas: el 1 de marzo, cuando Gómez Benítez prácticamente preparaba las maletas para reunirse con la banda a finales de ese mes por primera vez después del atentado de Barajas, Rubalcaba asumió como propia la decisión de Zapatero de «atenuar» el año y medio que le quedaba de prisión al etarra mandándolo a un hospital de San Sebastián y, tras su recuperación, a su propio domicilio en Donosti.

«Si se nos muere en prisión por la huelga de hambre esto acaba en sangre», llegó a decirles textualmente Rubalcaba a los portavoces parlamentarios, incluyendo al popular Eduardo Zaplana. Pero a los «socios» del Gobierno —ERC, IU y BNG, fundamentalmente— les añadió otra clave: que ETA no había pedido nada sobre De Juana Chaos, pero que el Gobierno deducía que si se les moría se podía abortar todo el proceso por «el personalismo de De Juana».

La decisión se adoptó después de recibir los informes favorables de la Junta de Tratamiento de la cárcel y del Juzgado de Vigilancia Central de la Audiencia Nacional, previo informe favorable del fiscal. Se trataba, en realidad, de la aplicación del «2º grado», contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge medidas específicas de seguimiento y control a cargo de Instituciones Penitenciarias.

«Va a cumplir su condena en régimen atenuado, para impedir su fallecimiento», diría el ministro a los periodistas en una tumultuosa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que uno de los autores de este libro, Manuel Ángel Menéndez, nuevamente incrédulo y estupefacto por las declaraciones del ministro, dijo a la salida a Rubalcaba que esta decisión no era ni entendible ni digerible.

—Si se muere, «esos» desatan una ola de violencia y lo que queremos es impedir víctimas inocentes —respondió el ministro.

Más tarde, un día después de que ETA anunciara la ruptura de la tregua (5 de junio), De Juana recibió el alta hospitalaria y volvió a ser trasladado a la prisión de Aranjuez para cumplir el tiempo de condena que le quedaba. Ahora sí; ahora, curiosamente, sí podía ir a prisión...

En febrero de 2008, De Juana se casó con Irati Aranzabal en la cárcel de Aranjuez, con dos presos de ETA como testigos. El 2 de agosto de 2008 salió en libertad al cumplir la pena por su última condena, sus escritos en Gara. Pero su puesta en libertad vino acompañada de una gran polémica sobre la posibilidad de aplicar medidas preventivas, al conocerse que De Juana viviría en la misma calle del barrio de Amara, en San Sebastián, donde vivían víctimas de ETA, una de ellas justo debajo del piso de De Juana.

Era una muestra más de la lenidad con la que se había tratado penalmente a los asesinos etarras: un amigo de Fernando Jáuregui, Juan de Dios Doval, fue asesinado en San Sebastián por el «delito» de ser el representante del partido Unión de Centro Democrático (UCD). Siete años después, su hijo, según contó él mismo en el programa «Mesa de Redacción», que dirigía Jáuregui en Telecinco, veía pasar al asesino de su padre, ya libre, por delante de la puerta de su casa...

La polémica del «caso De Juana» sigue aún hoy viva, porque el 4 de agosto de 2008, dos días después de su puesta en libertad, la Audiencia Nacional acordó la apertura de una investigación por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La causa fue una supuesta carta del excarcelado leída en un acto —al que el etarra no asistió— convocado por la izquierda abertzale para homenajearle. De Juana negó, por medio de su abogado, ser el autor de dicha carta.

Pero el 11 de noviembre la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de De Juana, ordenando su busca y captura internacional por no comparecer para ser interrogado como imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, puesto que no pudo ser encontrado en diversos domicilios. En 2009 se le localizó en Belfast (Irlanda del Norte), donde mantiene, al menos hasta la hora de cerrar esta edición, un cierto protagonismo, cada vez más decreciente, arropado por sectores radicales que estuvieron vinculados al Sinn Fein.

la «legalidad de la mitad» de anv: ¿otro gesto para eta?

Paralelamente al chantaje de De Juana Chaos, el Gobierno de Zapatero tuvo que hacer frente al reto de nuevas listas abertzales para las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. Ilegalizada Batasuna y sus marcas asimiladas, los proetarras inscribieron para esos comicios a ASB, Abertzale Sozialisten Batasuna (Unión de Socialistas Patriotas, registrado el 27 de marzo por Marije Fullaondo), una mera continuación de Batasuna. El Gobierno promovió la ilegalización de ASB, que se hizo efectiva con la sentencia del 16 de mayo de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Los abertzales habían pasado, efectivamente, por la «ventanilla de Interior», como se les pedía insistentemente, pero sin condena de la violencia ni variación en sus planteamientos, por lo que no había posibilidad de legalización.

Sin embargo, ante la previsible prohibición de ASB, los abertzales habían establecido la estrategia que ya conocemos por los documentos incautados a José Ángel Lerín: la presentación de agrupaciones electorales bajo el nombre de Abertzale Sozialistak —AS, precedido del nombre de la localidad correspondiente—. Se presentaron 253 listas después de un proceso de recogida de firmas en cada uno de los municipios.

Un alto cargo judicial de la época nos reconoce que «no se podían legalizar esas candidaturas porque evocaban a Batasuna en todo: desde la propia “marca Batasuna” hasta las personas que las formaban». Así, en mayo de 2007 fueron impugnadas todas las listas de AS por ser sucesoras de Batasuna: la Fiscalía y la Abogacía General del Estado solicitaron a la Sala del 61 del Supremo la impugnación de todas las candidaturas. En concreto, las listas que impugnó el fiscal general fueron 250, mientras que el abogado del Estado presentó 253 impugnaciones. En ellas estaban incluidas, respectivamente, seis y siete candidaturas independientes que, a juicio de ambas instituciones, también estaban «contaminadas». El criterio fundamental que prevaleció en las impugnaciones fue, en ambos casos, que consideraban que trataban de suceder a los partidos ilegalizados HB, EH y Batasuna.

Finalmente, y a pesar de que los dirigentes batasunos habían negado con anterioridad su vinculación con Acción Nacionalista Vasca (ANV) —partido histórico que entró en el núcleo fundador de Batasuna—, Pernando Barrena, portavoz abertzale, emplazó a los suyos a votar con la papeleta de ANV, que pudo concurrir con 123 listas, tras anular el Supremo y el Constitucional otras 133, el 52 por ciento de las presentadas. Los resultados de las elecciones del 27 de mayo situaron a ANV como la tercera fuerza en número de concejales en el País Vasco, a gran distancia de las dos primeras. Algo similar sucedió con las listas del PCTV-EHAC.

En Navarra, la Fiscalía y la Abogacía del Estado impugnaron las listas de ANV para la Presidencia Foral, pero no así para el Ayuntamiento de Pamplona. De esa forma, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) de Miguel Sanz no conseguiría la mayoría absoluta en el consistorio en las elecciones del 27 de mayo por un concejal, el obtenido por ANV.

Con esos resultados, al Partido Socialista de Navarra no le quedó otro remedio que permitir que la alcaldía de Pamplona recayera en Yolanda Barcina, la candidata de UPN, ya que para colocar en el cargo a un socialista tendrían que haber contado con el voto de ANV, algo difícilmente «vendible» en el resto de España.

Medios jurídicos reconocen ahora que era muy difícil impugnar a ANV en su conjunto, tal y como el PP exigía. Batasuna había intentado las tres vías que se hallaban expresadas en el documento incautado a Lerín: partido político, agrupaciones de electores y finalmente ANV, un partido histórico, con sesenta años de existencia, la mayor parte de ellos «durmientes», al que no se podía impugnar en su totalidad, ya que era absolutamente legal, sino candidatura a candidatura.

Es cierto que las listas que no pudieron ser impugnadas eran las correspondientes a los municipios donde la izquierda abertzale contaba con más votos —como denunció el PNV, ya que los resultados afectaban directamente a los jeltzales—, pero es que era en aquellos municipios donde los radicales contaban con más militancia «no manchada» y, por lo tanto, era más difícil impugnar las listas.

Se pudo impugnar la lista íntegra de ANV para el Parlamento de Navarra porque en la candidatura estaba incluido hasta Pernando Barrena; es decir, con una presencia «totalmente contaminada». Pero no era así en la alternativa que presentaban para la alcaldía de Pamplona, para la que habían elegido representantes que difícilmente podían vincularse a Batasuna, aunque tal relación fuera evidente.

contactos «vergonzantes» con eta

Ahora bien, ¿qué había ocurrido realmente en el Gobierno para permitir esa presencia abertzale en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 después del atentado de la T-4 de Barajas? Sencillamente, que, bajo consejo de Blair y la experiencia norirlandesa del Sinn Fein, se habían abierto las puertas a nuevos contactos con ETA —«contactos vergonzantes», dijeron en el PP cuando tuvieron constancia de los mismos— y el Ejecutivo hizo un gesto a la banda armada.

«Ilegalizar sólo a la mitad de las listas de ANV y PCTV fue un invento de Pérez Rubalcaba», así de taxativamente lo comentan medios conectados con la negociación, aunque otros citan al fiscal general, Conde-Pumpido, como el autor intelectual de la idea. Pero ya hemos explicado unas líneas más arriba las dificultades con las que se encontraron la Abogacía y la Fiscalía General para impugnar a un partido político, ANV, que era absolutamente legal. De todas maneras, siempre quedó la idea de que pudo tratarse de un juicio salomónico en el que estuvieron de acuerdo el propio Zapatero, y desde luego el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y su sucesor, Mariano Fernández Bermejo (que se hizo cargo de la cartera de Justicia el 12 de febrero de 2007).

Además de las complicaciones jurídicas ya explicadas, otra de las claves podría estar en la obsesión de Zapatero por que ETA no atentara mortalmente durante su mandato, aunque ya lo había hecho en Barajas. Medios gubernamentales nos han reconocido a los autores que la decisión sobre ANV —impugnar las listas más «contaminadas»— la tomó ZP en diversas reuniones que mantuvo por separado y a lo largo del tiempo con López Aguilar, su sustituto, Fernández Bermejo, Pérez Rubalcaba, y Conde-Pumpido. De esa decisión final quedó fuera la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, a quien le correspondió sólo el papel de «ejecutora» y de dar la cara frente a los medios de comunicación los viernes, en sus habituales ruedas de prensa posteriores a la reunión del Consejo de Ministros.

Aunque no es materia de este libro, se hace necesario insistir en la existencia de un conflicto permanente «con sordina» entre Fernández de la Vega y Pérez Rubalcaba. Sin embargo, era Rubalcaba el único que tenía peso e influencia en esta cuestión sobre el propio Zapatero, quien ya parecía compartir escasas visiones políticas con su vicepresidenta primera. Así fue como triunfaron las tesis de Rubalcaba y Conde-Pumpido, que diseñaron respecto a ANV una estrategia que permitía ilegalizar candidatura a candidatura. Los batasunos, en sitios donde tenían mayor presencia, presentaron dos listas: agrupación de electores y listas blancas. Las agrupaciones se ilegalizaron y las listas blancas no, que es lo que señalábamos arriba.

Lo más curioso de todo es que el 24 de abril de 2007, más de un mes antes de las elecciones municipales, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, recibió un documento proveniente de la Unidad Operativa de la Comisaría General de Información con el siguiente asunto: «Informe Acción Nacionalista Vasca». Ese documento, de 21 folios y en poder de los autores de este libro, era absolutamente concluyente sobre la pertenencia de ANV al entramado de Batasuna:

La formación política Eusko Abertzale Ekintza/ Acción Nacionalista Vasca o ANV constituye una escisión del Partido Nacionalista Vasco, producida en 1930 alrededor del denominado «Manifiesto de San Andrés», que apostaba por un nacionalismo no confesional y más comprometido socialmente, y que encontró finalmente su acomodo en la década de 1970 en el espacio político de la denominada izquierda abertzale.

El documento no dejaba lugar a dudas sobre que ANV formaba parte del entramado etarra (en puridad, abertzale de izquierdas). De hecho, ANV sería declarada ilegal por la Sala del 61 del Tribunal Supremo el 22 de septiembre de 2008. Entonces sí fue posible lo que pocos meses antes parecía imposible. ¿Por qué? A veces, las circunstancias cambian la aplicación de las leyes, y ésta es una verdad inmutable no solamente en Euskadi o en el resto de España, sino en todos los países, guste o no a quienes exigen una justicia implacable e inflexible.

del «nunca más» a la mesa de negociación con eta

Todo lo relatado anteriormente ocurría porque Zapatero, impulsado por Blair, había decidido sentarse a negociar otra vez con ETA. Así, lo de Iñaki de Juana y lo de ANV podrían ser hechos interpretados como gestos orientados a conseguir un final dialogado con la banda. Pero la estrategia del Ejecutivo, como siempre, era de un zig-zag político difícilmente comprensible.

Por ejemplo, el 15 de enero de 2007, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados después del atentado de Barajas, Zapatero afirmó de forma rotunda lo siguiente:

El 30 de diciembre, ETA, con su brutal atentado, puso fin al alto el fuego permanente que había declarado. Con ello, rompió el diálogo y el proceso de paz. Al hacerlo tomó la peor decisión, una decisión criminal, equivocada e inútil. Apostó por restablecer la irracionalidad y el dolor. Eligió un camino, el de la violencia, que no tiene otra salida que su abandono definitivo. Eligió una vía, la del terror, políticamente ya derrotada por la democracia, frustrando las esperanzas de los ciudadanos vascos y de la mayoría de los españoles. Una esperanza que compartía el Gobierno, una esperanza que había expresado 24 horas antes ante todos los españoles [el propio Zapatero, en su rueda de prensa del 29 de diciembre], 24 horas antes del atentado. Todos los españoles me escucharon decir el día 29 de diciembre que tenía la convicción de que estábamos mejor que hace cinco años y que dentro de un año estaríamos mejor. Señorías, aunque no es frecuente entre los responsables públicos, quiero reconocer el claro error que cometí ante todos los españoles. ETA desperdició la oportunidad de contribuir, por medio de su definitiva desaparición, a un mejor futuro para todos.

A cualquier entendedor le parecería obvio que Zapatero anunciaba el fin de los contactos. Pero hubo algo que no convenció a Mariano Rajoy, que no se fiaba del «trilero-Zapatero», según le seguían denominando en la cúpula del PP. Ese mismo día, Rajoy se mostró muy crítico con ZP y llegó a decir que «para ser presidente del Gobierno deberían exigir algo más que ser mayor de dieciocho años y ser español». Durísimo, pero es que Rajoy parecía sospechar lo que vendría después...

... Y lo que llegó después fue que el 30 y 31 marzo de 2007, justo tres meses después del atentado de la T-4, el Gobierno envió al catedrático y abogado de pleitos socialistas José Manuel Gómez Benítez a mantener una nueva reunión con ETA en Suiza. Esa cita de marzo supuso una primera toma de contacto antes de otros tres encuentros definitivos en abril y mayo de ese mismo año. La cita de marzo pretendía sondear la posibilidad de emprender el intento de proceso de resolución colapsado en diciembre de 2006, y terminó constituyendo una especie de transición.

un «cara a cara» gómez benítez-«thierry»

A la cita de marzo en Suiza sólo acudió, hasta donde sabemos, Gómez Benítez —quedaron fuera Eguiguren y Moscoso—, argumentando ante los etarras que así lo aconsejaban razones de seguridad relacionadas con la necesidad de mantener discreción absoluta después de la declaración pública de ruptura del proceso realizada tras el atentado del 30 de diciembre. Es decir, que el Gobierno no quería filtraciones periodísticas. Por ETA sólo acudió «Thierry», porque los otros etarras que iban a sentarse en la mesa, Jon Iurrebaso y Kepa Mirena Suárez, acababan de ser detenidos por la Policía francesa cuando se dirigían a Suiza.

Juan Carlos (Jon) Iurrebaso Atutxa fue detenido, junto a su «conductor y guardaespaldas», Kepa Mirena Suárez Huarte, en la localidad de Périgueux, en el departamento francés de Dordogne, por agentes aduaneros franceses en la noche del 28 al 29 de marzo, cuando se dirigía al lugar de la cita con el representante del Gobierno español. Los etarras circulaban por una carretera que partía de Burdeos y que, tras atravesar Clermont-Ferrand, Saint-Étienne y Lyon finalizaba en Ginebra.

Durante su detención, Iurrebaso no salía de su asombro y llegó a mostrar a los agentes cuatro números de teléfono, uno de los cuales correspondía al móvil de un alto funcionario del Ministerio francés del Interior, el prefecto Christian Lambert, número dos de ese departamento y hombre de confianza de Nicolas Sarkozy, ex ministro del Interior francés y en ese momento candidato a la Presidencia de la República.

Otro de los números telefónicos correspondía a una tarjeta de prepago, una astucia para ocultar la identidad de su verdadero propietario, adquirida en una tienda situada en las inmediaciones de la plaza de Beauveau, en París, sede del Ministerio del Interior galo. Los otros dos números eran de terminales españoles, uno de ellos utilizado por el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, según hemos señalado ya cuando abordamos el capítulo del bar Faisán.

Entre los documentos que portaban los etarras había también nombres de diplomáticos suizos y noruegos aparentemente vinculados al proceso de paz. La situación recordaba a lo ocurrido en 1999, cuando el Gobierno de Aznar detuvo en pleno proceso a un interlocutor de ETA: el propio jefe militar de la banda, José Javier Arizkuren «Kantauri».

La revista gala L’Express, que destapó el escándalo (16 de abril de 2007), pudo confirmar que, en el verano de 2006, un alto responsable del departamento de Pérez Rubalcaba pidió a París que habilitase un teléfono de urgencia al que los «emisarios» de ETA pudieran recurrir cuando se encontraran en territorio francés. Pero la desconfianza de los agentes de la Policía de Aduanas y de la Brigada Anticriminal gala que detuvieron a los etarras habría convertido en inservible el mecanismo pactado entre los ministerios español y francés. La investigación francesa concluyó que uno de los teléfonos a los que llamaba Iurrebaso como salvoconducto para moverse por Francia y España recibió también llamadas del dirigente socialista vasco Rodolfo Ares, el hombre de Rubalcaba en el PSE, como ya se ha dicho actual consejero de Interior del Gobierno vasco que preside Patxi López.

Así, pues, en la mesa del 30 de marzo se vieron cara a cara Gómez Benítez y «Thierry». Gómez Benítez llegó con el objetivo de lograr un nuevo comunicado de la banda con un compromiso firme y claro de renuncia a los atentados, dado que la explosión de Barajas había cercenado el margen de acción de La Moncloa. Pero el etarra se escudó en los acuerdos suscritos en 2005, y reiteró que lo que procedía no era «renegociar» lo ya negociado: «acuerdo político» y «distensión bilateral».

El representante gubernamental exigió entonces que ETA emitiera un comunicado con nuevos compromisos y, a cambio, el presidente del Gobierno realizaría una nueva declaración en términos de distensión bilateral. Esta segunda posibilidad fue rechazada también por ETA, que recordaba su propia experiencia en la mesa de Loyola.

El enviado español llevaba desde Madrid una «hoja de ruta» que pasaba por un nuevo comunicado en el que la banda se comprometiera a no realizar atentados. El siguiente paso sería legalizar a la izquierda abertzale, tras lo que se reactivaría la búsqueda del acuerdo político. No hubo consenso en esa reunión y los negociadores se levantaron de la mesa, aunque volviéndose a citar para el mes de abril.

En esa nueva cita, el negociador español aportó otra oferta de «hoja de ruta», en la que propuso que si los abertzales corregían los estatutos del nuevo partido inscrito en el Ministerio del Interior, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB, del que ya hemos hablado), para adecuarlos a la Ley de Partidos, y si se garantizaba además que no habría atentados, el Gobierno abriría negociaciones en los dos carriles: político y militar. Pero ETA se enrocó en que la clave para avanzar era cumplir el compromiso de lograr un acuerdo político. En ese punto, el enviado español admitió ya abiertamente que el primer criterio del Gobierno era someterse a «la Constitución y la ley». Y, claro, lo que Batasuna quería en Loyola y ETA demandaba ahora tenía mal engarce constitucional.

Los intermediarios internacionales —que levantaron acta de las conversaciones— pudieron constatar las dificultades existentes. Entre otras, las exigencias de ETA de una «tregua bilateral», o, lo que es lo mismo, que el Gobierno frenara las detenciones de etarras en Francia y en España. Y observaron también la divergencia en los planteamientos, incluida la «hoja de ruta», aunque apreciaron voluntad mutua de seguir conversando. Así que esa segunda reunión Gobierno-ETA de abril de 2007 sirvió para retomar el contacto y poner en marcha un nuevo intento que se llevaría a la práctica pocas semanas después, en el mes de mayo.

las «mesas paralelas» de mayo: ruptura final

Pese a lo equidistante de las posiciones, negociadores e intermediarios habían alcanzado en abril un consenso para una nueva fórmula, no ensayada hasta ese momento: la reunión paralela de la «mesa política» y de la «mesa técnica», ambas en las proximidades de Ginebra, aunque, claro está, con representaciones diferentes y en distintos espacios físicos. La fecha fijada para esas reuniones paralelas fue del 14 al 16 de mayo, con una reunión final PSE-Batasuna (se consideró «conveniente» que no estuviera el PNV) el 21 de mayo. Unos encuentros que también contaron con la presencia de cualificados observadores internacionales.

En la mesa Gobierno-ETA se sentaron, de acuerdo con las informaciones más fiables que hemos podido reunir, Gómez Benítez y Francisco Javier López Peña «Thierry», aunque es posible que hubiera otro negociador más; y en la mesa PSE-Batasuna —reunida en otro lugar— se encontraban Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares frente a Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria.

La idea era que la mesa con ETA conociera los avances de tipo político que se negociaban paralelamente con Batasuna y avanzar así en el desarme de la organización. Pero tanto Ares como Eguiguren tenían instrucciones muy precisas de Madrid: se limitaron a plantear la opción de reformas estatutarias en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, con el tope máximo puesto en la posibilidad de poder constituir en el futuro un órgano común intergubernamental atendiendo a los lazos existentes entre ambas regiones. Nada más. Los batasunos se plantaron monolíticamente en su petición de «autonomía a cuatro» —incorporación de Navarra al País Vasco—, como ya habían hecho en noviembre de 2006 en Loyola.

En la mesa con ETA, el negociador español fijó la prioridad inicial del Gobierno de exigir que ETA renunciase de forma explícita al «derecho de respuesta» que la banda había incorporado a su «alto el fuego permanente». Al contrario, el abogado argumentó que el Ejecutivo no podía desactivar ninguno de los mecanismos judiciales en marcha contra terroristas etarras, ni siquiera las euroórdenes, porque se trataba de un poder independiente, el judicial.

En medio de ese tira y afloja, ETA propuso que, en el caso de que el proceso se desbloqueara políticamente, se constituyera una comisión internacional compuesta por las mismas instancias que habían actuado durante el proceso para verificar el desarrollo del carril de negociación propio de ETA y el Gobierno español. Y exigió una vez más que el Ejecutivo formalizara ese «pacto de Estado» con el Partido Popular de Rajoy al que el Gobierno se había comprometido, pero que no había materializado porque no había podido, o no había querido, en esos quince meses de negociación.

El miércoles 16 de mayo se levantaron ambas mesas. En la «técnica», con ETA, el representante español escuchó de viva voz —no quiso recoger el documento que le entregaban— la nueva propuesta de ETA para la «desmilitarización» de la banda: incluía nueve puntos que, en realidad, no aportaban novedades a lo ya hablado hasta ese momento.

Por otro lado, el Gobierno se aferraba a una oferta hablada en otras ocasiones, según la cual estaba dispuesto a pagar 1.500 euros mensuales a etarras sin delitos de sangre que dejaran las armas [se dice que la cifra final rondaba los diez millones de euros, aunque este dato no está confirmado por los autores]. La mesa con ETA se levantó en ese punto y no volvería a reunirse. Paralelamente, ante el bloqueo en las negociaciones por Navarra, Ares y Eguiguren pidieron también ausentarse de la «mesa política» para acudir a Madrid a consultar sobre la otra propuesta, la de Batasuna. Esa propuesta —«autonomía a cuatro»— era inaceptable, y con esa contestación regresaron a Suiza el lunes 21 de mayo.

En esa nueva reunión con Batasuna, los socialistas vascos presentaron una contrapropuesta, una variante de lo hablado en Loyola: creación de un órgano institucional común entre el País Vasco y Navarra con la modificación de los estatutos de ambas comunidades, de modo que los dos Parlamentos cedieran competencias a la institución común de las dos autonomías —una especie de «Dieta germana» corregida, como antes decíamos.

La propuesta incluía la creación paralela de una comisión interparlamentaria compuesta por un número paritario de representantes cedidos por ambos Parlamentos autonómicos, con el fin de administrar y gestionar los nuevos contenidos estatutarios asumidos. Respecto al País Vasco francés —Iparralde—, el asunto podría resolverse, con la anuencia de Francia, con la creación de una eurorregión. La propuesta no fue suficiente para Batasuna.

Ese 21 de mayo sólo se reunió, como decimos, la «mesa política», porque la «técnica», con ETA, habría acabado la semana anterior como el rosario de la aurora: con un enfrentamiento más entre el etarra «Thierry» y el abogado Gómez Benítez, actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial nombrado a propuesta del PSOE.

Conocedores de la negociación aseguraron a los autores de este libro que, si bien Gómez Benítez fue colocado en esa mesa como hombre de confianza de Pérez Rubalcaba para que el ministro estuviera plenamente informado de lo que allí se hablaba, la elección no fue la mejor de las posibles: «Juntar en una misma mesa las fuertes personalidades de Gómez Benítez y de López Peña fue como hacer chocar de frente a dos trenes a la máxima velocidad». Gómez Benítez no quiso confirmar a los autores estas versiones, limitándose a señalar, escuetamente, que los autores del libro estaban «completamente desinformados» acerca de su participación en el proceso. Y punto.

respuesta judicial

El resto, ya es sabido: el 5 de junio, ETA anunció que rompía el alto el fuego permanente. Habían pasado 439 días y la noticia no sorprendió a nadie. En un comunicado remitido a Gara, la banda anunció que había resuelto «actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herria», confirmaba su «decisión de defender por medio de las armas al pueblo que es agredido con las armas», emplazaba al conjunto de la ciudadanía vasca a «rebelarse ante esta falsa y podrida democracia» y a «involucrarse firmemente en el trabajo de construcción de un estado libre llamado Euskal Herria. Cada uno en su ámbito y en la medida de sus posibilidades, generosamente y codo con codo».

ETA se desenmascaraba por fin: exigía la configuración de un «único marco» que agrupara a Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa con los tres herrialdes franceses, Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa para «construir el futuro de nuestro pueblo. Porque está claro que las seudo-soluciones planteadas hasta ahora no nos llevan a ningún sitio. El futuro está en nuestras manos y lo conseguiremos».

La banda no dejaba muy bien —como era previsible— a Zapatero, del que decía que su «talante» se había convertido en «fascismo que deja sin derechos a los partidos y a los ciudadanos». Pero arreciaba aún más contra el PNV: «Lamentablemente, en muchas ocasiones la libertad de los pueblos tiene a la traición por enemigo. Cada vez que hay que adoptar decisiones firmes en la defensa de Euskal Herria, en la construcción del futuro, [los jeltzales] han actuado de forma fraudulenta».

Ni siquiera valoró ETA el esfuerzo de Zapatero para permitir que, al menos, la mitad de las listas de ANV se presentaran a las elecciones del 27 de mayo: «La Justicia de España ha dejado fuera de estas elecciones antidemocráticas a miles de ciudadanos y a quien es el activo principal del proceso, la izquierda abertzale», decía, no sin una cierta dosis de cinismo, ETA. En definitiva, que la banda anunciaba que seguiría asesinando a sangre fría porque «no existen las condiciones democráticas mínimas que se necesitan para poder desarrollar un proceso de negociación».

No por esperada era menos preocupante esa ruptura de la tregua, pero la respuesta política y judicial española fue inmediata: el 8 de junio, en la primera entrevista que concedió tras el comunicado de ruptura de alto el fuego, Zapatero dijo en Cuatro, entonces la cadena televisiva de PRISA, que «ETA planteó objetivos políticos que yo nunca iba a aceptar», pero insistió en su «derecho» a intentar poner fin a la violencia.

Ese mismo día, Arnaldo Otegi ingresó en la prisión donostiarra de Martutene, arrestado por la Policía inmediatamente después de que el Tribunal Supremo revalidara la pena de 15 meses de prisión por participar en un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran Ordeñana «Argala» —militante de ETA muerto en 1978 en un atentado reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE)—.

«Condenando» el arresto de Otegi, el abertzale Pernando Barrena preguntó públicamente ese mismo día: «¿Cómo se puede pensar que el Gobierno español tiene voluntad alguna de posibilitar un escenario diferente cuando el Ejecutivo está deteniendo a uno de los principales interlocutores de la izquierda abertzale, a quien el mismo José Luis Rodríguez Zapatero calificó como hombre de paz e interlocutor necesario?».

la caída de los batasunos y el éxito de aralar

Y así se llegó al 27 de mayo de 2007, fecha de los comicios municipales y autonómicos. Como hemos señalado, la decisión del Gobierno de ilegalizar sólo la mitad de las listas de Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) privó a los proetarras de una presencia mayor ante las urnas, pero aun así consiguieron en los municipios del País Vasco 73.456 votos, el 7,41 por ciento del total, con 337 concejales agrupados en los ayuntamientos donde la izquierda abertzale cuenta con mayor respaldo social. Nada que ver, no obstante, con los resultados obtenidos por el PCTV-EHAK en las elecciones al Parlamento Vasco del 17 de abril de 2005, en las que los abertzales fueron apoyados por 150.188 votos —el 12,5 por ciento— y obtuvieron nueve escaños en el Parlamento de Vitoria.

Es cierto que ambas magnitudes no son comparables: no son los mismos escenarios unos comicios autonómicos que otros municipales y, además, ANV se presentaba con la mitad de las candidaturas. Pero sí resultaba evidente que el apoyo social a los proetarras disminuía en cada elección y una parte de ese voto que perdían los satélites de Batasuna engrosaba otras opciones que ganaban fuerza, como Aralar, dirigida por un antiguo batasuno, Patxi Zabaleta. En esos comicios municipales de 2007, Aralar consiguió 33 concejales.

La «derrota» fue aún más sonada en los comicios autonómicos navarros: el voto abertzale se centralizó en Nafarroa Bai, una coalición con Aralar que obtuvo doce escaños en el Parlamento foral, con 72.431 votos, el 23,5 por ciento de los emitidos. Patxi Zabaleta tuvo así la llave del Gobierno navarro.

Francisco Juan Zabaleta Zabaleta (Leiza, Navarra, 1947) es un abogado de ideología nacionalista vasca. Fue miembro fundador y dirigente de la coalición de izquierda abertzale Herri Batasuna, y desde 2001 máximo dirigente del partido político Aralar, integrado en Navarra desde 2004 en la coalición Nafarroa Bai. En las elecciones municipales y forales de 2007 fue candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra por dicha coalición.

Como miembro de HASI (Herrikoi Alderdi Sozialista Iraultzailea, Partido Popular Revolucionario Socialista), Zabaleta había participado en la creación de la coalición abertzale Herri Batasuna (Unidad Popular) a finales de la década de 1970, siendo miembro de su máximo órgano de dirección, la Mesa Nacional, hasta 1982 y desde 1987 a 1996. Pero, en desacuerdo con la actividad terrorista de ETA y la supeditación de la lucha política a la lucha armada, se le empezó a conocer como crítico dentro de HB.

Zabaleta denunció en numerosas ocasiones durante esos años la ausencia de autocrítica y la cerrazón analítica de HB, así como algunas de sus prácticas; por ejemplo, la de que los parlamentarios electos de esta organización renunciaran a ocupar sus cargos de diputados nacionales. En julio de 1997 se desmarcó públicamente del criterio oficial de su partido al reprobar el asesinato por ETA del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

Ese asesinato tan miserable fue el que abocó a Zabaleta a romper amarras, impulsando Aralar, una corriente crítica interna dentro de Euskal Herritarrok, sucesora de HB. Tras esa ruptura, Aralar mantuvo diversos enfrentamientos con la dirección de la organización a lo largo de 1999. En el primero, durante la campaña electoral para las elecciones municipales, Aralar aprovechó para criticar la política de incomparecencia de los cargos electos en las instituciones para las que habían sido elegidos.

Algunos de los dirigentes de EH empezaron a proferir acusaciones de «traición» por pretender debilitar a la organización cuestionando la línea política adoptada. Aparecieron en las calles vascas las primeras pintadas de advertencia: «Patxi, traiziorik ez» («Patxi, nada de traiciones»). Ese mismo año se produjo un enfrentamiento más grave al romper ETA la tregua unilateral que venía manteniendo desde hacía un año. Zabaleta afirmó entonces que la violencia lastraba los objetivos de la izquierda abertzale y exigió su desaparición total y definitiva.

A pesar de todo, Aralar siguió siendo una corriente organizada dentro de EH hasta junio de 2001. En ese momento se constituyó el partido llamado Batasuna (Unidad), heredero de los anteriores Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, y Aralar decidió no formar parte de él. Desde entonces, rechazando la violencia terrorista y abogando por el ejercicio político de la ideología nacionalista vasca de izquierdas, las relaciones con Batasuna se fueron haciendo más agrias, siendo amenazado el propio Zabaleta por el entorno de ETA y acusado de querer capitalizar el voto dirigido a la ilegalizada —desde 2003— Batasuna y de estar al servicio del «españolismo» para desestructurar a la izquierda abertzale.

Después de que se pusiera en marcha en 2004 la coalición electoral Nafarroa Bai (Na-Bai) en Navarra junto con otros partidos (Eusko Alkartasuna, Batzarre y PNV) y sectores independientes, Zabaleta fue elegido cabeza de lista para las elecciones forales del 27 mayo de 2007. Obtuvo la histórica cifra de 77.625 votos en la comunidad foral y doce escaños en el Parlamento navarro, acaparando el voto batasuno —Euskal Herritarrok había obtenido en 1999 ocho diputados forales— y convirtiéndose en la segunda fuerza política de Navarra. Y es en este punto donde comienza una nueva historia, porque Zabaleta se convirtió en la auténtica llave del Gobierno navarro.

[Aunque lo contamos en el capítulo 10 de este libro, cabe reseñar aquí que unos años después de esas elecciones, la hija de Patxi Zabaleta, Miren, fue detenida el 13 de octubre de 2009 por orden del juez Garzón, junto a los abertzales Otegi, Díez Usabiaga, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, por intentar abrir una nueva vía radical: tenían previsto incluso hacer pública una declaración con una serie de «principios» negociadores similares a los que condujeron al acuerdo de Viernes Santo en Stormont con el IRA.]

navarra, ¿en manos de aralar... o de blanco?

Navarra, la piedra de toque de la negociación con Batasuna (y con ETA), seguía entretanto un peculiar proceso político, que durante muchos meses iba a acaparar los titulares de la prensa nacional. Los comicios forales del 27 de mayo de 2007 ofrecieron unos resultados muy complicados para la continuidad del gobierno de Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el «socio» del PP en aquella comunidad. De un Parlamento de 50 diputados, UPN, con el 42,3 por ciento de los votos, obtuvo 22 escaños, cuatro menos de la mayoría absoluta con la que hubiera podido gobernar cómodamente.

Tampoco en los comicios de 2003 había obtenido UPN mayoría absoluta —se quedó en 23 escaños en aquella ocasión—, pero un pacto conveniente con Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN, con cuatro escaños) le garantizó la gobernabilidad a Sanz. El problema fue que, en los comicios del 27 de mayo, UPN perdió un escaño y la CDN de Juan Cruz Allí retrocedió también en dos. La suma de ambos se quedaba en 24, rozando la mayoría absoluta, pero sin lograrla.

Por el contrario, la Na-Bai de Zabaleta se convirtió en la segunda fuerza, con doce escaños, al tiempo que el Partido Socialista de Fernando Puras y Carlos Chivite obtenía otros doce escaños y la Izquierda Unida navarra de Ion Erro otros dos. Es decir, que la suma de una coalición al «estilo tripartito» de Zapatero sumaba los 26 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Zapatero podía, por tanto, ensayar un nuevo «tripartito» en Navarra como ya había formalizado en Cataluña y en Galicia con los independentistas de ERC y del BNG, respectivamente.

Pero Navarra era muy especial: era la «moneda de cambio» —junto al derecho a decidir la independencia— que exigían los etarras y que había motivado la ruptura de la mesa de Loyola, primero, y de las conversaciones con ETA, después. La opinión pública nacional podía dejar pasar incluso un acuerdo con la Esquerra Republicana de Catalunya o con el peculiar Bloque Nacionalista Galego, pero el caso navarro suscitaba, como el vasco, reacciones muy especiales.

Con esos antecedentes, las conversaciones entre Patxi Zabaleta y los socialistas Fernando Puras y Carlos Chivite para llegar a un pacto de Gobierno fueron vistas de forma muy crítica por José Blanco, Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves, que rechazaban abrir esa caja de Pandora: un acuerdo tendría consecuencias muy negativas para el voto hacia el PSOE en el resto de España, decía Blanco.

Además, Aralar proponía un pacto global que incluía al Ayuntamiento de Pamplona, para el que postulaba a la periodista y diputada nacional Uxue Barkos. Es cierto, sin embargo, que el PSN descartó el acuerdo sobre el ayuntamiento alegando que ahí se precisaba el voto de los proetarras de ANV, algo claramente inconveniente. Así, la regidora pudo ser Yolanda Barcina, de UPN, quien más tarde ocuparía la presidencia del partido en sustitución de Miguel Sanz, ya en pleno declive interno.

En cuanto al Gobierno autónomo, contrariamente a lo que proyectaba la Ejecutiva Federal del PSOE, los navarros Puras y Chivite negociaron con Zabaleta un acuerdo de Gobierno que hubiera cambiado las estructuras políticas en la Comunidad Foral. Pero en la forma en que se negoció ese acuerdo estuvieron también las razones para su ruptura.

Al preacuerdo se llegó el 26 de junio de 2007 en una reunión «secreta» en Villanovilla, un pueblo perdido en el Pirineo de Huesca, a 124 kilómetros de Pamplona. La hora, las cinco de la tarde. Los protagonistas, los negociadores del PSN y de Nafarroa Bai para la formación de un Gobierno alternativo. Encabezaba la delegación socialista su candidato, Fernando Puras, al que acompañaban su asesor Alfonso Arroyo (un personaje polémico en el PSN, asesor de campaña de los socialistas y director general de la consultora Imascé Comunicación) y Guillermo Herrero, el miembro de la ejecutiva del PSN encargado de la negociación del programa electoral. Por Na-Bai asistieron Patxi Zabaleta, dirigente de Aralar y candidato de Na-Bai, y los presidentes de EA y del PNV en Navarra, Maiorga Ramírez y José Ángel Agirrebengoa.

El encuentro duró algo más de tres horas y ahí se pactó la base del acuerdo de Gobierno al que se llegaría en una reunión posterior —el 1 de agosto— que debería ser ratificado por la dirección federal socialista en Madrid: diez miembros del Gobierno autónomo como máximo, incluyendo al presidente, de los que cinco serían del PSN, incluidos el presidente (Fernando Puras) y la vicepresidenta (o bien Amanda Acedo o bien Gracia Iribarren, dos jóvenes abogadas), tres consejeros de Na-Bai, uno de IU y otro independiente nombrado por el PSN, pero consultando con Na-Bai.

Se pactó incluso una fórmula para el juramento del cargo, así como para la condena institucional de posibles atentados terroristas cuando se produjesen. También se pactaron doce medidas urgentes para aprobar en el plazo de seis meses en sectores concretos, como el uso de las lenguas o protocolos de actuación para permitir en clínicas navarras los abortos legales, ya que hasta ese momento a las abortistas se las desviaba a clínicas de Zaragoza.

Todo estaba listo para la firma. Sin embargo, lo que el PSN valoraba como un acuerdo normal, en la Ejecutiva Federal, en Madrid, se veía como un peligro para las próximas elecciones generales. Así pensaban los ya aludidos Blanco, Rubalcaba y, sobre todo, el andaluz Manuel Chaves, que esgrimió que un acuerdo con Aralar en Navarra podría ser muy perjudicial en Andalucía y en Extremadura, dos feudos socialistas que podían correr peligro, y, además, no se fiaban de uno de los socios de Na-Bai, Eusko Alkartasuna. Defendían el acuerdo los vascos Patxi López y Ramón Jáuregui, pero su posición quedó en minoría.

madrid desautoriza

Así las cosas, el viernes 3 de agosto de 2007, la cúpula dirigente del PSOE desautorizó en Madrid a la dirección del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) por haber decidido la noche del miércoles 1 de agosto formar Gobierno con la coalición nacionalista. Los socialistas navarros habían tomado esa decisión a sabiendas de que tenían que pedir la correspondiente autorización a la Ejecutiva Federal, que no la asumía. La desautorización del PSOE no tenía precedentes, como tampoco la tenía que ninguna otra federación hubiera ofrecido como hecho consumado a la Ejecutiva Federal una fórmula de alianza concreta y contraria a la opinión de la dirección... salvo el PSC de Montilla, pero ésa es otra historia.

La dirección del PSN, encabezada por su secretario general, el ya fallecido Carlos Chivite Cornago (Cintruénigo, Navarra, 22 de agosto de 1956 / Pamplona, 31 de marzo de 2008), y el candidato a la Presidencia, Fernando Puras, fue convocada a una reunión para el viernes 3 de agosto en la sede de la calle de Ferraz, de Madrid, para explicar a qué se debía esa actitud, que en Ferraz consideraban un «órdago». Antes de ser recibidos los navarros por José Blanco, la Comisión Permanente del PSOE, convocada de urgencia, se reunió a solas, pero casi todos sus miembros ya se habían manifestado en contra del acuerdo con Na-Bai: desde Álvaro Cuesta, responsable municipal, hasta Carmen Hermosín, de política autonómica, pasando por Soraya Rodríguez, de medioambiente y desarrollo rural y posteriormente secretaria de Estado de Cooperación.

Los socialistas navarros acudieron a Madrid con el ánimo de convencer a la dirección federal de que las bases del acuerdo con los nacionalistas y con Izquierda Unida eran perfectamente asumibles. Pero el PSOE no se fió. En Madrid se obligó al PSN a facilitar el Gobierno a Unión del Pueblo Navarro (UPN), marca electoral del PP en Navarra, simplemente absteniéndose en la investidura del presidente en funciones, Miguel Sanz.

Aunque se llegó a hablar de un Gobierno de coalición con UPN, tesis que pronto se desestimó. Entre otras cosas, Zapatero seguía irritado con la manifestación convocada por el Gobierno navarro de Sanz y por el PP en Pamplona el 17 de marzo de 2007 contra la «entrega» de Navarra «al nacionalismo vasco», en la que se había llegado a gritar, con Rajoy y Sanz encabezando la marcha, «votar socialista es votar terrorista». Cierto que en julio, tras las elecciones, el clima había cambiado no poco, pero no tanto como para hablar de un Gobierno conjunto entre Unión del Pueblo Navarro y el PSN.

En la sede central socialista de Ferraz, donde José Blanco —gran intérprete de encuestas— había adquirido un enorme poder e influencia, se reconocía explícitamente que un pacto con los nacionalistas navarros traería consecuencias negativas para el PSOE en el resto de España, a siete meses de las elecciones generales, que se celebrarían en marzo de 2008. El hecho de que ETA hubiera puesto sobre la mesa de negociación, en el frustrado proceso de paz, la identidad de Navarra también formó parte del contexto que imposibilitó el acuerdo.

Según salían de la reunión en la calle Ferraz, Puras y Chivite tuvieron la atención de telefonear a Zabaleta para comunicarle la decisión adoptada por la Ejecutiva Federal, para que no se enterara por la rueda de prensa que había convocado José Blanco para esa misma tarde. En realidad, antes de esa reunión del 3 de agosto, Blanco ya había pactado con Miguel Sanz y Jaime Ignacio del Burgo que los socialistas dejarían gobernar a UPN en minoría: Miguel Sanz se comprometía a agotar la legislatura y los socialistas no presentarían mociones de censura en todo el periodo. «Blanco es un hombre de palabra», comentaría meses después Sanz a uno de los autores de este libro.

Sanz se aseguró así el cargo —aunque posteriormente dijo que no se presentaría a la reelección en 2011— y dejó desestabilizado el PSN, en el que, lógicamente, dimitió Puras, dando paso a una dirección joven encabezada por Roberto Jiménez Alli (Pitillas, Navarra, 1973). Pero Sanz también dejó hipotecada a UPN para el futuro: el PSOE le pasaría factura un año después, conminándole, en 2008, a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, lo que originó la ruptura entre UPN y el PP. Eso abría una nueva etapa para la derecha navarra, con consecuencias aún difíciles de calibrar.

los socialistas presionan en navarra: upn rompe con el pp

Así pues, el Partido Socialista se aseguró Navarra colocando a su presidente, Miguel Sanz, de UPN, bajo la amenaza constante de una moción de censura. La «deuda» con el aliado navarro del PP se la cobró el PSOE en 2008, cuando conminó a Sanz a que sus dos diputados en el Congreso votasen a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Sanz se encontraba entre la espada y la pared: el sillón foral se sustentaba en la inacción política socialista, ¿cómo votar «no» en el Congreso y exponerse a una moción de censura en Navarra?

UPN y PP tenían suscrito un pacto, según el cual el PP no se presentaba en Navarra como tal, sino integrado en UPN. Se trataba de una coalición que había funcionado perfectamente hasta ese momento, dado que hasta los dirigentes de UPN participaban en la dirección del PP a nivel nacional, y también, obviamente, participaban de una misma estrategia opositora respecto al Gobierno socialista.

No hubo fisuras en ese pacto hasta después de las elecciones generales de 2008, en las que Zapatero revalidó su Gobierno. En ese momento, Sanz, presionado por el PSOE y en medio de una gran crisis interna en UPN, incluyó un artículo nuevo en el pacto que, en definitiva, lo iba a distorsionar: el artículo hacía referencia a que en las cuestiones generales del país cada partido —UPN y PP— adoptaría la estrategia política que considerara oportuna. Es decir, que Sanz planteaba que UPN tuviera voz propia en el Congreso, tal y como la tenía Uxúe Barkos en nombre de Nafarroa Bai, sin sujeciones, en este caso, a Aralar.

Lo que resulta realmente curioso es que Rajoy firmase los nuevos términos del acuerdo, y lo hizo en la sede de Génova tras una reunión en la que, además de Rajoy y Sanz, estuvieron presentes los navarros Alberto Catalán Higueras (Corella, Navarra, 1962), en ese momento al frente del nuevo Departamento de Relaciones Institucionales y Portavocía del Gobierno navarro —luego, vicepresidente del partido, elegido en el VIII Congreso, celebrado en Baluarte, el 19 de abril de 2009—, el diputado nacional Jaime Ignacio del Burgo y la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina.

En realidad, Rajoy fue colocado por Sanz entre la espada y la pared: el PP acababa de reprobar a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, a la que los populares habían rebautizado con el explícito apodo de «Calamity Álvarez», pero la reprobación se produjo en el mismo momento en el que el Gobierno navarro firmaba con la ministra el impulso al Tren de Alta Velocidad (TAV) en la Comunidad Foral. Fue el argumento que Sanz utilizó para convencer a Rajoy para mantener posiciones distintas en algunos casos especiales y concretos... y ahí empezaron los problemas.

Dos diputados navarros, Jaime Ignacio del Burgo (Pamplona, 1942) y Santiago Cervera Soto (Pamplona, 1965), plantearon que en una coalición tan estrecha como la de UPN y PP esa cláusula era «imposible» y se inició un durísimo enfrentamiento interno en UPN entre defensores y detractores de la política de Miguel Sanz. Así las cosas, en el verano de 2008 la sede del PP en la calle Génova, en Madrid, comunicó a Sanz que ese nuevo artículo no era válido, después de que Rajoy recibiera fortísimas presiones políticas, por parte de Cervera y Del Burgo, y mediáticas, sobre todo del diario El Mundo, de Pedro J. Ramírez, y de Federico Jiménez Losantos desde la Cope. Cogido en pinza, Rajoy cedió e impugnó la cláusula que él mismo había aceptado incorporar apenas unos meses antes.

El detonante fue la posición que UPN iba a adoptar respecto a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Zapatero: voto afirmativo o, en su caso, abstención, mientras que el PP propugnaba un rotundo «no». El resultado final fue que los dos diputados regionalistas en el Congreso se dividieron: Santiago Cervera se pasó al PP y votó en disciplina de grupo, es decir, en contra de los presupuestos, y Carlos Salvador (Pamplona, 1966) abandonó el Grupo Popular, se pasó al Mixto y se abstuvo en la votación final. Rajoy, espoleado por Del Burgo y Cervera, dio por roto el pacto con UPN e inició la difícil reconstrucción del PP navarro con la creación de una gestora.

Hay que señalar que en UPN se había despertado un fuerte sentimiento regionalista que dio motivo a un enfrentamiento interno que sólo se calmó tras el VIII Congreso, celebrado en Baluarte el 19 de abril de 2009. Fue un congreso difícil, en el que a punto estuvo de llegarse a la ruptura, pero al final las aguas volvieron a su cauce y se pudieron restañar algunas heridas con la decisión de Sanz de no presentarse a la reelección.

Igualmente, la decisión del «hombre fuerte» de Sanz en el Gobierno navarro, Alberto Catalán Higueras, de no presentarse como presidente del partido también facilitó las cosas, permitiendo así que la integradora Yolanda Barcina Angulo (Burgos, 1960) alcanzara la Presidencia con el 89 por ciento de los votos. Catalán aceptó una discreta Vicepresidencia, con el 87 por ciento de los votos. «Fue una buena foto para trabajar el futuro», según reconocieron a los autores de este libro algunos de los principales implicados en este proceso.

Pero ¿qué ocurrirá de cara al futuro? Con respecto al PP es posible que las cosas se recompongan, pero no hasta los niveles del pasado. Podrían formarse coaliciones, porque en unas elecciones generales, por ejemplo, y presentándose por separado, el PSOE podría obtener tres senadores y el cuarto se lo repartirían entre UPN y PP debido a la Ley D’Hont. «Y eso no es posible», nos dicen los mismos protagonistas. Navarra sigue siendo, como se ve, un polvorín para el ensayo político.

Un polvorín en el que la disposición transitoria cuarta de la Constitución, para el PP una de esas reliquias procedentes de 1978 que hay que suprimir (o cambiar), es la mecha ya encendida.

6

LA SERPIENTE DESPIERTA DE SU LETARGO: ESPIRAL DE VIOLENCIA ETARRA

Como consecuencia de la ruptura de la tregua, el 5 de junio de 2007 ETA activó todos sus frentes en una espiral irrefrenable de violencia. Con unas arcas semivacías, en agosto amenazó a los empresarios con «tomar medidas» si no pagaban la extorsión del mal llamado «impuesto revolucionario», sólo que ahora la cantidad exigida había aumentado hasta 400.000 euros, al tiempo que endureció el tono de las cartas.

Eran unas amenazas que había que tomar en serio, porque el 24 de agosto la banda hizo su reaparición estelar con una furgoneta-bomba con 100 kilos de explosivos en un aparcamiento junto al cuartel de la Guardia Civil en Durango, y tres días después hizo lo propio en Castellón, pero aumentando la cantidad a 150 kilos de explosivos.

Lo que más temía el Gobierno estuvo a punto de ocurrir el 9 de octubre, cuando Gabriel Giner, un escolta afiliado al PP que protegía al concejal socialista de Galdácano Juan Carlos Domingo, sufrió quemaduras muy graves tras lograr abandonar el vehículo en llamas en el que los terroristas habían puesto una bomba-lapa.

ETA mató de nuevo el 1 de diciembre: en las cercanías del bar Les Ecureuilles, en los aledaños del centro comercial Leclerc del bulevar principal de Capbreton, localidad francesa situada en el departamentos de Las Landas, 20 kilómetros al norte de Bayona, los terroristas Saioa Sánchez, Asier Bengoa y un tercer hombre asesinaron de un tiro al guardia civil Raúl Centeno Bayón e hirieron de extrema gravedad a su compañero, Fernando Trapero Blázquez, que fallecería cuatro días después. Se trató del primer atentado de la banda terrorista en Francia desde que 32 años antes, en 1976, secuestrara, torturara y asesinara en Hendaya a dos inspectores de Policía españoles, José Luis Martínez y Jesús María González, cuyos cuerpos fueron encontrados por casualidad en una playa de Anglet un año más tarde.

Saioa Sánchez y Asier Bengoa serían detenidos unos días después, pero el episodio de Capbreton iba a traer peores consecuencias para ETA: los guardias civiles, pertenecientes a los Grupos de Apoyo Operativo (GAO), encuadrados en la Unidad Central del Servicio de Información de la Benemérita, colaboraban con la Gendarmería, pero iban desarmados porque así lo exigían las autoridades francesas. A partir de este doble asesinato, el Gobierno galo admitió que los varios centenares de policías y guardias civiles que operaban en su territorio en virtud de los acuerdos bilaterales portaran armas. ETA no podría volver a disparar ya a más personas desarmadas.

una espiral de violencia terrorista

Sin embargo, la actividad terrorista creció exponencialmente en 2008: ETA atacó catorce veces a diferentes objetivos y asesinó a cuatro personas, además de causar decenas de heridos de diversa consideración y grandes daños materiales por importe de 24,1 millones de euros, una cantidad que multiplicaba por siete las indemnizaciones de 3,39 millones generadas por los ataques de 2007, según las estimaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el organismo encargado de compensar los daños ocasionados por actos terroristas en los bienes y las personas aseguradas.

Lo peor fueron las víctimas mortales. Al ex concejal socialista Isaías Carrasco, de cuarenta y dos años, lo asesinó ETA el 7 de marzo, dos días antes de las elecciones generales de 2008: un pistolero de la banda le descerrajó cinco tiros a bocajarro cuando se hallaba sentado en su coche para acudir a la cabina de peaje de la autopista AP-1 donde trabajaba. Pese a las heridas, Carrasco logró bajarse del vehículo y cayó sobre el asfalto, en medio de un charco de sangre. Su mujer, María Ángeles, y su hija mayor, Sandra, que habían escuchado los disparos, corrieron a socorrerle. Le animaban con frases como «venga, que vas a salir de ésta», pero el ex concejal agonizó en sus brazos. Se da la circunstancia de que Carrasco había rechazado la escolta hacía sólo unos meses.

No es posible ocultar la evidencia de que la vileza de este asesinato, a dos días de los comicios generales de 2008, tuvo repercusión electoral: el PSOE se constituyó en la fuerza más votada en Euskadi con 430.690 votos (el 38,14 por ciento) y nueve diputados, tres más que el PNV, al que aventajó en más de 120.000 votos. En las elecciones generales de 2004, el PNV había sido la primera fuerza política en Euskadi, con 420.980 votos (el 33,72 por ciento) y siete diputados, mientras que el PSOE obtuvo 90.000 votos menos que la formación nacionalista (27,22 por ciento) y también siete diputados por efectos de la Ley D’Hont. Es obvio que el apoyo a la candidatura socialista en Euskadi en 2008 tuvo mucho que ver con un rechazo total a la violencia de ETA. Y también, sin duda, con la negociación con ETA.

Esos análisis electorales no importaban mucho a la banda, que el 21 de marzo de 2008 ensayó sus ataques a cuarteles de la Guardia Civil haciendo estallar un coche-bomba con 70 kilos de explosivos junto al cuartel de Calahorra (La Rioja), causando contusiones a un agente, heridas a cuatro personas e importantes daños materiales. A mediados de abril, ETA abría la veda contra el PSOE volando sedes del partido, como la de Derio, en el barrio bilbaíno de La Peña, y en Elgoibar. Y en mayo inició una nueva «cruzada» contra las empresas que participaban en las obras de la «Y» vasca ferroviaria que culminaría el 3 de diciembre con el asesinato a tiros del empresario Ignacio Uría Mendizábal, de setenta y un años, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Uría, que no llevaba escolta, era propietario de la empresa Altuna y Uría, que participaba en la construcción del AVE vasco.

Ese año de 2008 ETA ya fijó nuevamente su atención en la Guardia Civil y el Ejército. El 14 de mayo asesinó al guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón al hacer estallar ante el cuartel de Legutiano (Álava) una furgoneta con 100 kilos de explosivos. En el momento de la detonación, en la casa cuartel se hallaban veintinueve personas, de las que cinco eran niños. El modus operandi de la banda no variaría con los años: llegaban al lugar, se bajaban del vehículo, dejaban aparcado el coche con los explosivos, lo activaban y huían en otro.

capacidad operativa recuperada

Igualmente, ETA reinició sus ataques contra instalaciones militares el 22 de septiembre, asesinando al brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz con un coche-bomba cargado con más de 300 kilos de explosivos que hizo estallar frente al Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña. Fue una auténtica demostración de fuerza, la mayor ofensiva de la organización terrorista desde 2004 y demostró una capacidad operativa que alarmó al Ministerio del Interior: durante doce días los terroristas lograron mantener ocultos los coches sustraídos y denunciados por sus dueños, instalaron el material explosivo y los trasladaron hasta su objetivo en el País Vasco sin ser detectados.

La acción implicaba una infraestructura suficiente en Francia y en Vizcaya y la actuación de uno o dos comandos de «liberados» —terroristas a sueldo— y de dos grupos de «legales» —no fichados por la Policía.

Informaciones que no pudieron ser contrastadas hablaban por esas fechas —diciembre de 2008— de nuevas gestiones de Gobiernos como el danés y de la fundación Henry Dunant con el Ejecutivo español para pulsar la posibilidad de nuevos contactos con la banda armada.

Esas gestiones fueron desmentidas por el Ejecutivo de Zapatero, pero, en todo caso, no llevaban a ninguna parte, entre otras cosas porque ETA inició en 2009 una escalada de terror sin precedentes. El 9 de febrero, por ejemplo, hizo explotar un coche-bomba ante la sede de Ferrovial en Madrid, continuando la línea de atentados contra empresas, y el 23 del mismo mes atentó contra la sede socialista en Lazkao (Guipúzcoa). No obstante, su nuevo poder destructor lo empezó a mostrar el 26 de marzo con una bomba en Amorebieta (Vizcaya), en el chalet de Juan Manuel Arana, presidente de Astilleros Murueta, un empresario incluido dentro del «grupo de riesgo» de personas que podían ser objetivo de atentado terrorista por participar en determinados proyectos de obras públicas.

La ofensiva terrorista fue especialmente virulenta a partir del 19 de junio, fecha en la que la banda asesinó en Arrigorriaga, con el sistema de bomba-lapa adosada a su coche, a Eduardo Antonio Puelles García, inspector jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional responsable del grupo de seguimiento a terroristas. Este asesinato «cualificado» fue especialmente brutal: la víctima quedó calcinada en el interior del coche, ya que la bomba, compuesta por dos kilos de explosivo, estaba colocada junto al depósito de combustible del vehículo. La intención era quemarlo vivo, como así ocurrió. Sus gritos desgarradores, «sacadme de aquí», aún resuenan en los horrorizados oídos de los testigos.

el caso de la mercedes vito

El asesinato de Puelles era, en realidad, un aviso de un cambio estratégico en la banda: a partir de ese momento, ETA iba a producir todo el daño posible entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En esa nueva estrategia se incluía el atentado del 29 de julio de 2009, en el que una furgoneta-bomba con 200 kilos de explosivo arrasó un bloque de viviendas de la Guardia Civil en Burgos: ETA intentó una matanza de familiares de guardias civiles, dado que no avisó de la bomba y que en ese bloque de 14 plantas —que quedó semidestruido— vivían 117 guardias civiles y sus familias.

Con el atentado de Burgos, ETA demostró que tenía más infraestructura de la que le suponía el Ministerio del Interior. La forma de realizarlo, despistando a los servicios de seguridad del cuartel, no era nueva en ETA, pero precisó de un «comando de información» previo que tuvo que recorrer el barrio durante semanas, como lo demostró el hecho de que los guardias civiles de vigilancia no detectaran la furgoneta-bomba colocada delante del bloque de viviendas.

Ese atentado fue, además, sintomático, porque puso de relieve determinados fallos de seguridad: los servicios de información de la Guardia Civil que analizaron las cintas de vigilancia del cuartel se encontraron con algunas sorpresas. Por ejemplo, que la furgoneta-bomba, marca Mercedes Vito de color blanco, permaneció aparcada 14 horas en la parte trasera del cuartel sin que fuera detectada. Las cintas revelaron que la furgoneta fue aparcada por dos hombres jóvenes que salieron de la misma y subieron a otro vehículo situado enfrente y conducido por otro hombre. ¿Cómo es que nadie sospechó?

Lo cierto es que los guardias civiles de vigilancia sí sospecharon: examinaron la matrícula y, según sus datos, esa furgoneta, con esa matrícula, pertenecía a un vecino de la zona. Ya no hubo dudas: el vehículo era «seguro». Pero no lo era, como se pudo comprobar trágicamente; los etarras habían conseguido burlar la seguridad del cuartel.

A partir de esos datos se pudo reconstruir el atentado: un «comando informativo» de ETA había recorrido la zona con anterioridad, se había fijado en la disposición del inmueble, en los servicios de vigilancia, cámaras, etcétera. Luego, había recorrido la zona hasta localizar un vehículo parecido al de un residente próximo que no despertara recelos en los servicios de vigilancia. La información fue trasladada a la organización mafiosa en Francia, en donde se planificó el atentado.

Fue en Francia donde los etarras buscaron y robaron una furgoneta casi idéntica a la del vecino de la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos. Ya en España, «doblaron las placas»; es decir, desmontaron la matrícula original y colocaron otra falsa —troquelada por la propia organización— con las cifras y letras de la del vecino de Burgos, que fue la que colocaron frente al cuartel. Así, cuando los guardias civiles de vigilancia comprobaron la matrícula del vehículo pudieron observar que coincidía con las características del original y que, por tanto, «era» del vecino de la zona.

Los autores de este libro tenemos constancia de cómo se produjo el fallo de seguridad: los guardias civiles teclearon la matrícula en el ordenador y observaron que coincidían todos los detalles... menos el color. La furgoneta original era blanca y la de los etarras era verde. Esa información estaba contenida en la ficha policial, pero el dato pasó desapercibido.

Tan sólo 34 horas después de ese intento de matanza en Burgos, ETA asesinó a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salvá Lezaun en las proximidades del cuartel de Calvià, en Palma de Mallorca, por el sistema de bomba-lapa accionado a distancia y colocado en los bajos del todoterreno oficial. Los cuerpos quedaron destrozados, lo que ofrece una idea de la potencia de la deflagración. ETA volvía a matar, y lo hacía en las proximidades del Palacio de Marivent dos días antes de que los reyes don Juan Carlos y doña Sofía llegaran a Mallorca y en pleno operativo de seguridad previo a su viaje. Con estos asesinatos, ETA «celebraba» el macabro 50 aniversario de su constitución, que se cumplía ese viernes 31 de julio de 2009.

la policía descabeza a eta

No es cierto, como acostumbraban a afirmar los dirigentes del PP, que durante las conversaciones con Batasuna y con ETA se hubiera bajado la guardia policial. Precisamente, ésa fue una de las quejas que «Josu Ternera», primero, y «Thierry», después, dirigieron a los negociadores gubernamentales, como hemos visto. Pero sí es verdad que la falta de acciones por parte de ETA desde la declaración de alto el fuego propició un cierto relajamiento policial... un relax que terminó bruscamente el 5 de junio de 2007, cuando ETA dio por liquidada su tregua unilateral y abrió todos los «frentes».

Rota la tregua, el 11 de junio de 2007 Zapatero convocó a Rajoy a La Moncloa para un encuentro que tuvo como virtud que Gobierno y principal partido de la oposición aparcaran sus mutuos «reproches» y hablaran —ahora sí— de unidad sin fisuras contra ETA.

Rajoy obtuvo un compromiso firme de Zapatero de que las negociaciones habían finalizado irremisiblemente y que la única respuesta que cabía ahora, abandonados los sueños de un fin dialogado, era puramente jurídico-policial. Con esa tesis recibió también Zapatero al lehendakari Ibarretxe el 20 de junio, el mismo día que al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. En días sucesivos hizo lo propio con el resto de líderes políticos: por su despacho pasaron Llamazares, Puigcercós, Rivero, Barkos...

Con esa renovada voluntad de acabar con ETA por la vía policial, las primeras detenciones tras el fin del alto el fuego tuvieron lugar el 7 de junio: cayeron Aitor Lorente y Alaitz Aretillo, relacionada esta última con un atentado en Madrid y con el robo de las 350 pistolas en Vauvert.

En términos generales, el número de detenidos de la banda y de organizaciones que la Fiscalía General del Estado consideró de su entorno fue de 181 en 2007, cuatro veces más que los arrestados en 2006 —45—. De esas detenciones, 131 se produjeron en España, aunque la mayor parte de ellas —87— se derivaron de las sentencias condenatorias de EKIN y Jarrai y de las operaciones contra la cúpula de Batasuna. En 2006, por el contrario, habían sido más los detenidos en Francia —26— que los arrestados en el territorio español.

También aumentó sensiblemente el número de detenciones por acciones de violencia callejera, que pasaron de 15 en 2006 a 51 en 2007, año en el que se incrementaron igualmente los episodios de kale borroka: 243 frente a los 145 del año anterior. En cuanto a la actividad propiamente judicial, en 2006, año en el que ETA declaró su alto el fuego permanente, la Fiscalía presentó más escritos de acusación —102, dirigidos contra 227 procesados— que en 2007 —62, contra 132 personas—. Además, tanto en 2007 como en 2006 se registró el mismo número de extradiciones y órdenes europeas de detención —16— y de entregas temporales —7—. Es decir, que el Gobierno había colocado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a pleno rendimiento.

Como muestra de que todo había cambiado para el entorno proetarra, el 5 de octubre fueron detenidos 23 miembros de Batasuna por orden del juez Garzón. Las Fuerzas de Seguridad habían detectado la celebración de una reunión de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada e informaron al juez, que ordenó el arresto. Entre los detenidos se encontraban Joseba Permach, Juan José Petrikorena y Rufino Etxeberria.

Un mes después, el 10 de diciembre, Conde-Pumpido ordenó redactar la demanda de ilegalización contra PCTV y ANV, los últimos bastiones de Batasuna. Y el 19 de ese mes, la presidenta de la Sala del Tribunal de la Audiencia Nacional encargada de juzgar al entramado EKIN-KAS-XEKI, Ángela Murillo, leyó una sentencia histórica contra ETA, en la que condenaba a la coordinadora KAS y su sucesora EKIN por ser «mucho más que organizaciones satélite» o que se limitaran a prestar apoyo a ETA, ya que constituían «las entrañas» y «el corazón» de la banda. Esa sentencia tendría repercusión en los demás casos pendientes de juicio (Batasuna, herriko tabernas, etcétera).

los éxitos de rubalcaba: la caída de «thierry»

Pese a esos éxitos policiales en 2007, los golpes más duros los recibiría ETA a lo largo de 2008: las Policías española y francesa detuvieron a 86 presuntos miembros o colaboradores de la banda, a los que hay que sumar otros 78 jóvenes arrestados por participar en actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra. En el balance de ese año destaca la detención de las sucesivas cúpulas etarras: «Thierry», «Txeroki» y Aitzol Iriondo. Desde la desarticulación de la cúpula «Artapalo» en Bidart, en 1992, no se recordaban tantas detenciones de supuestos «números uno» de ETA en un periodo de tiempo tan corto.

En cuanto al terrorismo callejero, las sucesivas operaciones policiales desarticularon buena parte de la infraestructura de los grupos de kale borroka que actuaban en Euskadi y Navarra, además de esclarecer decenas de atentados perpetrados en ambas comunidades. Y no sólo eso. A lo largo de 2008 fueron detenidos también diez colaboradores de ETA, que realizaban desde tareas de infraestructura a labores de alojamiento de terroristas o de seguimiento a posibles objetivos de la banda, a lo que hay que sumar la caída de un destacado miembro del aparato de finanzas, José Martínez Mur.

Más espectacular, sin embargo, fue la detención, el 20 de mayo de 2008 en un apartamento en el centro de Burdeos, cerca de la estación de ferrocarril, del jefe de ETA que en mayo de 2007 había roto las negociaciones con el Gobierno en Ginebra: la caída de Francisco Javier López Peña, alias «Thierry», supuso el mayor golpe a la organización terrorista desde 2004, cuando fue detenido el entonces máximo dirigente de ETA, Mikel Albizu Iriarte «Antza».

Junto a «Thierry» también cayeron otros tres miembros de la cúpula terrorista: Ainhoa Ozaeta, la etarra que leyó el comunicado de tregua, en marzo de 2006, y compañera sentimental del hijo de «Josu Ternera»; Igor Suberbiola, antiguo dirigente de los radicales juveniles de Haika y Jarrai, y Jon Salaberria, ex parlamentario vasco de la ilegalizada Batasuna.

Lo cierto es que «Thierry» estaba perfectamente localizado: tenía el coche balizado por la Policía, que incluso le había colocado un micrófono. La Policía lo comunicó al secretario de Estado, Antonio Camacho, pero entonces entró en funciones la Guardia Civil, montando una rápida operación para detenerlo. Al etarra se le incautó abundante documentación; entre otros papeles se hallaron las «actas» de sus reuniones con los representantes del Gobierno.

Como ya hemos contado, el durísimo López Peña, auxiliado por los pistoleros de «Txeroki», sustituyó al frente del aparato político de la banda a «Josu Ternera» en el verano de 2006, y tuvo buena parte de la responsabilidad de la ruptura de la tregua. Era buscado por la Policía española desde 1983 y su caída tuvo lugar una semana después del atentado perpetrado contra la casa cuartel de Legutiano (Álava) en el que murió el guardia civil Juan Manuel Piñuel.

la caída de «txeroki»

Si la detención de «Thierry» supuso un golpe a la cabeza de ETA, no menos espectacular fue la caída de su sucesor, el sanguinario Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias «Txeroki» (Bilbao, 1973), máximo responsable de los «comandos» de ETA y del aparato político en sustitución de «Thierry». «Txeroki» fue detenido en la madrugada del 17 de noviembre de 2008 junto a su compañera sentimental, Leire López Zurutuza (Beasain, 1977), cerca de la estación de esquí de Cauterets, próxima a la localidad pirenaica de Lourdes. Entre la lista de atentados que se le atribuyen se encuentra la bomba que hirió gravemente al entonces dirigente de las Juventudes Socialistas y hoy secretario general del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Madina (el atentado tuvo lugar el 19 de febrero de 2002) y la que hirió a la concejala de Portugalete Esther Cabezudo, tres días más tarde.

La detención de «Txeroki», el asesino de ETA más buscado por la Policía española hasta ese momento, tuvo algo de película de espionaje. La primera pista para su caída la proporcionó un mes antes la National Security Agency (NSA) estadounidense, un servicio de espionaje especializado, entre otras áreas, en las investigaciones en Internet. La NSA detectó, a través de complejos programas informáticos, dos direcciones de correo electrónico que podían ser utilizadas por «Txeroki», un aficionado a los cibercafés para contactar con sus comandos. La NSA transmitió la información al CNI, quien la trasladó a la Guardia Civil.

La Benemérita pudo localizar el vehículo en el que «Txeroki» y su compañera Leire López se desplazaban por Francia, un Peugeot 207 que, como explicaría Pérez Rubalcaba en rueda de prensa multitudinaria, llevaba matrículas «imposibles»; es decir, demasiado antiguas para un vehículo de apenas dos años. El vehículo fue «balizado» y su seguimiento les condujo hasta el apartamento que «Txeroki» ocupaba en la calle Richelieu de la estación de esquí de Cauterets. Se presume que fue «Txeroki» el autor de los disparos que acabaron con la vida de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en Capbreton, en diciembre del año anterior. Por ello, en la operación para su detención participaron compañeros de los dos agentes asesinados, destinados en la misma unidad operativa de apoyo que los fallecidos.

Hubo quien reprochó a Rubalcaba el «exceso de información» que había trasladado a la opinión pública tras la detención de «Txeroki». Pero es, pensamos, un error: el ministro del Interior jamás dice algo que «no convenga» y lo de las «matrículas viejas» tenía, sin duda, su mensaje.

un importante relevo en los servicios de inteligencia

Sí es cierto, sin embargo, que en algunos ámbitos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no sentó demasiado bien el protagonismo que algunas «filtraciones» bien seleccionadas atribuían al Centro Nacional de Inteligencia en algunas de las detenciones de cabecillas etarras en general y de «Txeroki» muy en particular. Y es que el director general de «la Casa», Alberto Saiz Cortés (Cuenca, 1953), acosado por las informaciones sobre su dispendioso modo de entender el cargo y por el descontento interno en el centro, quiso hacer valer ante el Gobierno —parte del cual, como la ministra de Defensa, ya no le apoyaba— sus éxitos contra el terrorismo.

Cuando Jáuregui, en un encuentro de siete periodistas en La Moncloa con Zapatero, preguntó al presidente por qué mantenía a un personaje tan polémico como Saiz, nombrado, al fin y al cabo, por un ministro de Defensa (Bono) que ya no lo era, el presidente justificó esta permanencia en los éxitos obtenidos por los servicios de espionaje en la lucha antiterrorista.

Lo cierto es que, por entonces, los dos máximos responsables de esta lucha en «la Casa» habían dimitido ya, descontentos con la dirección general y con sus tres principales adjuntos, los directores de Operaciones y de Inteligencia y con la jefa de Gabinete del director, una periodista toledana a la que Saiz dotó de enorme poder y a la que se achacaba, como a su propio jefe, escasa preparación para el cargo, como desde el periódico digital Diariocrítico.com pusimos de manifiesto en numerosas ocasiones.

La escandalera en torno a Saiz, a sus andanzas cinegéticas y pesqueras, aireadas incluso fotográficamente por el diario El Mundo, y también en torno al descontento existente en el interior de los servicios con la gestión de su responsable llegó a tal punto que el Gobierno, que lo había ratificado más allá de su mandato legal, acabó cesándolo sin contemplaciones: fue nombrado en abril de 2004, relevando a Jorge Dezcallar, y debía ser cesado cinco años después, en abril de 2009, como fija el Estatuto del centro; sin embargo, fue confirmado en el cargo, aunque se vio obligado a dimitir en julio de 2009 tras filtrarse en la prensa sus andanzas, a las que nos referíamos arriba.

Entre los nombres barajados para sustituir a Alberto Saiz se encontraba el del «embajador político» (no es diplomático) en Rabat Luis Planas Puchades (Valencia, 1952), un hombre discreto, que trabajó en Europa con el entonces comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Pedro Solbes, y más tarde con el vicepresidente de la Comisión y luego presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. Planas, persona de mucha confianza del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, parecía un buen candidato «civil» al servicio exterior, entre otras cosas porque en Marruecos se concentra buena parte de la «inteligencia» española (y viceversa).

Pero, al final, se optó por volver a la «solución militar» para los Servicios de Inteligencia y fue designado para el cargo el teniente general Félix Sanz Roldán, un hombre que había sido jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y, por tanto, que había ocupado, con buena trayectoria, el cargo más importante de las Fuerzas Armadas. Sanz Roldán parecía predestinado, después, a ocupar el máximo escalón militar en la OTAN, pero las desavenencias entre la Administración Bush y el Gobierno de Zapatero lo impidieron.

Los autores podemos certificar, porque pudimos hablar con numerosos militares el mismo día en el que el nombramiento de Sanz Roldán se hizo público, la buena acogida que obtuvo por parte del estamento castrense. También la oposición lo acogió con agrado, pese a no haber sido consultada con antelación por el Gobierno, contra lo que venía siendo costumbre (tampoco se la consultó cuando se nombró a Alberto Saiz). Y, desde luego, en «la Casa» ubicada en la madrileña Cuesta de las Perdices, Sanz Roldán fue recibido como un bálsamo purificador, especialmente desde que comenzó a sustituir a los principales responsables de la «era Alberto Saiz», los directores de Operaciones y de Inteligencia y la jefa de Gabinete del anterior director, entre otros.

En «la Casa» se restableció igualmente el organigrama en lo referente a la lucha antiterrorista, tanto con relación a ETA como al fundamentalismo islamista. Los resultados, en todo caso, siguieron siendo buenos: los etarras caían como moscas y Rubalcaba podía decir, ufano, con su peculiar dialéctica, que «la manera más segura de pasar unos buenos años en la cárcel es hacerse de ETA».

Volviendo a los éxitos de la lucha antiterrorista, no hay dos sin tres, y tras la caída de «Txeroki» Pérez Rubalcaba pudo apuntarse otro tanto el 9 de diciembre de 2008, cuando las Policías española y francesa pusieron fin al «reinado más corto en ETA»: el sucesor de «Txeroki», Aitzol Iriondo, caía apenas 22 días después de lograr colocarse al frente del llamado entramado militar de la organización terrorista. Tras «Thierry» y «Txeroki», Iriondo era uno de los terroristas más buscados y su rostro estaba en todos los carteles distribuidos por el Ministerio del Interior en España y en Francia.

Era el mayor momento de gloria del ministro del Interior, el hombre más fuerte y valorado del Gobierno de Zapatero.

el adiestrador de tiros en la nuca

La caída de Iriondo se produjo como consecuencia del control de seguridad al que los agentes antiterroristas tenían sometida una vivienda en la localidad de Gerbe, en las proximidades de Tarbes, que se presumía que era utilizada por ETA y que había sido descubierta tras la detención de «Txeroki». Los especialistas consideraban la vivienda «quemada», es decir, que ETA la había declarado no útil. La sorpresa fue mayúscula cuando vieron llegar a Iriondo; es decir, al jefe máximo de los comandos operativos de ETA. Momentos después entraban también en la vivienda otros dos conocidos etarras, Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. Iriondo era uno de los especialistas en el «arte» de adiestrar a los comandos a disparar en la cabeza a sus víctimas y en preparar explosivos.

La presión contra ETA aumentó considerablemente en 2009, año en el que se descubrieron importantes zulos en España y Francia con abundantes armas y material explosivo. El año se inició con la caída de Javier Irastorza (8 de enero), seguida en meses sucesivos de la de otros importantes etarras, como Iraitz Santa Cruz, Manes Castro Zabaleta, Itxaso Legorburu y, sobre todo, Sirvent Auzmendi, «número dos» del aparato logístico, que fue detenido el 10 de abril en París.

Otro de los mayores éxitos policiales llegó el 19 de abril, con la detención de Jurdan Martitegi Lizaso (Durango, 1980), considerado el nuevo «número uno» de ETA y responsable del aparato militar de la banda, convirtiéndose en el tercer jefe de ETA que caía en menos de seis meses. Con Martitegi ingresaron también en prisión Alexander Uriarte y Gorka Azpitarte, detenidos junto a él en Francia, así como otros seis en España, cuyo primer objetivo fijado era atentar coincidiendo con la toma de posesión del socialista Patxi López como nuevo lehendakari vasco.

Martitegi fue capturado junto a una pequeña iglesia ubicada al lado de un cementerio escondido en un camino forestal de Montauriol, donde le esperaban agentes de la Policía Nacional y la Gendarmería francesa para tenderle una emboscada. El golpe a la banda fue fenomenal: en sólo cuatro meses fueron detenidos veintidós terroristas de ETA.

Un nuevo gran golpe a la banda tuvo lugar a principios de julio, cuando cayeron en la localidad francesa de Pau tres de los etarras claves en el aparato militar: Itziar Plaza, Iurgi Garitagoitia y Asier Borrero, tres terroristas muy buscados por las Fuerzas de Seguridad. Iurgi Garitagoitia, por ejemplo, fue el responsable de coordinar el comando que acabó con la vida de Isaías Carrasco y de Inaxio Uría. Itziar Plaza tenía «responsabilidades» dentro del «aparato militar», mientras que Garitagoitia y Asier Borrero eran «los responsables de los comandos legales que operan en España desde hace tiempo», según se apresuró a anunciar Pérez Rubalcaba.

Y, en fin, a mediados de agosto de 2009, tras los atentados en Burgos y en Mallorca, la colaboración franco-española dio sus frutos al detener a otros tres importantes etarras en Le Corbier, en la región de Saboya, en los Alpes franceses: Alberto Machaín Beraza, Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola, quienes conformaban la «logística» de ETA, dentro del «aparato militar» de la banda; es decir, se encargaban de suministrar armas y explosivos a los «comandos» que operaban en España. Etxaburu, un etarra muy cercano a «Txeroki», era el jefe de logística; en cuanto a Andoni Sarasola, se da la curiosidad de que fue cabeza de lista de Lesakako Abertzale Socialista (LAS), candidatura abertzale presentada en las municipales de 2007 que fue anulada por los tribunales.

Muchos éxitos policiales, en fin, que muestran que tanto el CNI —con todos sus fallos y excesos en la época de Alberto Saiz como su director— como la Policía y, especialmente, la Guardia Civil, contaban con abundante información «interna» de la banda. No en vano, el espionaje español llegó a tener en nómina incluso, se decía, quizá con exageración, hasta a un alcalde de la antigua Herri Batasuna...

zapatero ya no cree en los «hombres de paz» de batasuna

La nueva estrategia antiterrorista de Zapatero no pasaba ya por la acción policial contra ETA, sino también por la judicial contra el entorno abertzale. Es decir, ya no había ni «hombres de paz» ni «interlocutores» de nada. Ahora, simplemente, eran cooperadores de terroristas a quienes había que detener. Dentro de esta estrategia se programó la ilegalización de todas las fórmulas con las que Batasuna quiso romper el cerco electoral al que la sometía el Estado de Derecho.

Así, a finales de enero de 2009, el Tribunal Constitucional confirmó la ilegalización de ANV, cerrando definitivamente esta vía, y el 22 de enero la Policía concluyó que Askatasuna y D3M (plataforma Demokrazia Hiru Milioi), las nuevas fórmulas de los abertzales para burlar la Ley de Partidos Políticos y presentarse a los comicios autonómicos vascos de marzo, eran sucesoras de Batasuna, lo que originó que el Gobierno ordenara a la Abogacía del Estado proceder contra ambas formaciones, cuyas listas fueron anuladas el 8 de febrero por el Tribunal Supremo.

El Constitucional, por su parte, ni siquiera admitió a trámite el recurso presentado por D3M, lo que posibilitó que el 17 de febrero el juez Garzón, atendiendo la petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, suspendiera cautelarmente sus actividades por un periodo de tres años (prorrogables a cinco) por estar instrumentalizada por ETA-Batasuna, y que el 7 de septiembre procesara a trece de sus promotores.

el fiscal general arremete contra garzón

La ilegalización de ANV y la suspensión de Askatasuna y D3M (plataforma Demokrazia Hiru Milioi) fueron éxitos indudables, pero tienen una intrahistoria que no deja de ser asombrosa. Para hacerla comprensible debemos avanzar un año en el tiempo, hasta el jueves 16 de abril de 2009.

Ese día, el fiscal general del Estado inició su jornada ofreciendo un auténtico titular informativo. En un desayuno en el foro de Europa Press, Cándido Conde-Pumpido arremetió, sin citarlo, contra el juez Garzón, acusándole de ordenar a la Policía que no remitiera informes a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que unos meses antes había instado la anulación de las listas electorales presentadas por Demokrazia Hiru Milioi (D3M) y por Askatasuna para las elecciones en el País Vasco a celebrar el 1 de marzo de 2009. La intervención del fiscal general abrió heridas.

—Hemos abierto unas diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo inmediatamente que se han convocado las elecciones y hemos solicitado a la Guardia Civil, y digo la Guardia Civil, porque es la que nos ha permitido realmente impugnar a ANV y a PCTV, la Guardia Civil... Hemos pedido a la Guardia Civil, no a la Policía, un informe sobre la posibilidad de ilegalizar...

—Perdone, ¿por qué hace esa distinción [entre Policía y Guardia Civil]? —le interrumpió el moderador.

—Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y PCTV, y también ahora cuando hemos presentado la impugnación en el ámbito de Askatasuna y de D3M, tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil.

—Pero ¿por qué no colabora la Policía? —insiste el moderador del acto.

—Porque no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo y sólo las del juez instructor —finaliza Conde-Pumpido.

A partir de ahí, los teléfonos echaban chispas en los despachos oficiales y en las redacciones informativas: «Conde-Pumpido arremete contra Garzón e incendia a la Policía», fueron los titulares más utilizados en esa jornada. El fiscal general, que se había descargado moralmente de un peso que le consumía desde hacía tiempo, fue, sin embargo, el gran incomprendido de la jornada.

Efectivamente, Conde-Pumpido acababa de arremeter no contra la Policía, sino contra el juez Baltasar Garzón, sin citarlo expresamente, cuyas ansias de protagonismo le habrían llevado a prohibir —según la versión de la Fiscalía— a la Policía a su servicio que remitiera a la Fiscalía del Tribunal Supremo los informes por los que se podía instar, primero, la ilegalización de ANV y PCTV en 2008, y, luego, la de Askatasuna y D3M, los nuevos «inventos» abertzales para concurrir a las elecciones vascas del 1 de marzo. Y lo que se temía en medios judiciales es que Garzón quería utilizar esa documentación para su lucimiento personal.

El fiscal se había aliviado con esa confesión y Garzón guardó silencio, como acostumbra en situaciones como ésa. Pero el Ministerio del Interior se vio obligado a salir al paso a través de un comunicado, porque los sindicatos policiales exigieron una respuesta inmediata al fiscal general.

16 de abril de 2009.— En relación con la afirmación realizada, en la mañana de hoy, por el fiscal general del Estado sobre la colaboración de la Policía con la Fiscalía del Tribunal Supremo en los procesos de ilegalización de las listas electorales de D3M y Askatasuna en las elecciones celebradas en el País Vasco el pasado 1 de marzo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil quiere aclarar que los informes de las investigaciones realizadas por la Policía sobre dichas listas se hicieron llegar a la Fiscalía del Tribunal Supremo a través de la Audiencia Nacional, toda vez que las mencionadas investigaciones se realizaron en el marco del sumario 72/08 instruido por el Juzgado número cinco de dicha Audiencia [del que es titular Garzón]. De hecho una parte de las mencionadas investigaciones fueron utilizadas por la Fiscalía en la demanda de ilegalización presentada contra las listas apuntadas anteriormente.

Ahora bien, la respuesta del departamento de Pérez Rubalcaba no era totalmente exacta, según se observa en la cronología de los hechos.

En primer lugar, respecto a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), era cierto que habían sido ilegalizados por su vinculación con ETA-Batasuna por el Tribunal Supremo en septiembre de 2008, al estimar la Sala Especial del 61 las demandas presentadas por el Gobierno y la Fiscalía. Y era cierto que se habían basado en los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal y como aseguraba el Ministerio del Interior.

Pero el departamento de Rubalcaba —cogido en este punto entre dos fuegos — obviaba las tensiones que la Fiscalía del Supremo y el Juzgado Central número 5 habían vivido por ese motivo. Una pelea soterrada que conocía muy bien el fiscal general, y que sólo él soportaba estoicamente... hasta que no pudo más y saltó en el calor de un desayuno informativo.

La realidad era que siete meses antes de la decisión del Supremo, concretamente el 8 de febrero de 2008, el juez Garzón suspendió por tres años las actividades de ANV y PCTV... pero lo hizo el mismo día en el que la Sala del 61 del Tribunal Supremo estudiaba esa misma suspensión sin los informes policiales que Garzón tenía a su disposición. Según nos confiesan medios jurídicos, la forma de obrar de Garzón sentó como un tiro en la Sala del 61, cuyos magistrados levantaron la sesión rechazando suspender sus actividades, aunque impidiendo que ANV pudiera concurrir a las elecciones generales de marzo y ordenando el bloqueo de las subvenciones públicas de ambos partidos. En definitiva, que la Sala del 61 del Alto Tribunal no accedía a las peticiones de la Fiscalía y del abogado del Estado de suspender cautelarmente las actividades de ambas formaciones mientras se tramitaban las demandas de ilegalización, las cuales habían sido presentadas un mes antes, en enero.

El varapalo a la Fiscalía era evidente, y lo era porque no había conseguido llevar a la Sala un informe definitivo sobre la vinculación de ANV y PCTV con Batasuna y, por consiguiente, con ETA, por el «obstruccionismo» —decían en la Fiscalía— de Garzón, que era, justamente, lo que denunció Conde-Pumpido en su conferencia en el foro de Europa Press. Según se desprende de esta complicada historia, Garzón no había jugado con total corrección: utilizando todos los informes policiales consiguió volver a deslumbrar como estrella mediática mientras el Supremo y la Fiscalía recibían las aceradas críticas de la oposición conservadora.

Esa historia dio necesariamente origen a otro episodio complicado cuando el Supremo abordó la ilegalización de ambas formaciones. ¿Cómo hacerlo cuando ya había sido abierta una vía penal por Garzón? El 8 de septiembre de 2008 el Tribunal Supremo tuvo que esforzarse en dos autos para dejar sentado que era compatible la vía penal, seguida por Garzón, y la de la Ley de Partidos, porque la ley, según la doctrina del Supremo, prevé que «la eventual coincidencia en el tiempo» de ambos procedimientos respecto de un mismo partido «no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos». Así pudo ese día la Sala del 61 estimar la ilegalización de ANV y PCTV

[Un hecho similar había sido protagonizado por el mismo juez el 26 de agosto de 2002, cuando Garzón dictó la suspensión de actividades de Batasuna horas antes de que el Congreso, reunido en sesión extraordinaria, instara al Gobierno a pedir su ilegalización.]

El segundo episodio que protagonizó Garzón —y que colmó el vaso de la paciencia del fiscal general— tuvo que ver con la impugnación de las candidaturas con las que D3M y Askatasuna —las nuevas fórmulas de Batasuna para sortear la Ley de Partidos— pretendían presentarse a los comicios vascos del 1 de marzo de 2009. La cronología de los hechos es la siguiente: el jueves 5 de febrero, el Gobierno impugnó ante el Supremo las candidaturas de D3M y Askatasuna; el lunes, día 9, el Tribunal Supremo avaló la decisión del Gobierno y las anuló; pocos minutos antes de la medianoche del jueves, día 12, el Constitucional ratificó la decisión del Supremo.

También aquí relumbró Garzón y el martes, 17 de febrero, suspendió por la vía penal las actividades de la plataforma Demokrazia Hiru Milioi (D3M) y de Askatasuna durante tres años, prohibió de forma expresa que llamaran al voto nulo en las elecciones vascas del 1 de marzo de 2009, clausuró sus sedes, embargó sus cuentas y les prohibió participar en actos públicos. La medida cautelar era prorrogable a cinco años, argumentando que están «bajo la dirección y el control de Batasuna-ETA».

Así, aunque todo había salido bien, lo cierto es que la Sala del 61 del Supremo tuvo problemas para aceptar la anulación de candidaturas porque la Fiscalía no presentó documentos auténticamente irrevocables, que es justamente de lo que se quejaba Conde-Pumpido en su desayuno del 16 de abril, porque sólo se pudieron basar en documentos de la Guardia Civil que los abogados Ana Tudanca, en el caso de Askatasuna, y Jone Goirizelaia, en el de D3M, intentaron rebatir.

Según los demandantes, la impugnación se sustentó en un número del boletín Zutabe de 1998 en el que la organización armada «ponía de manifiesto la necesidad de participar en los comicios electorales». Pero ambas defensas impugnaron el contenido de ese documento (el Zutabe) que era la base del informe de la Guardia Civil. En declaraciones al diario abertzale Gara (9 de febrero de 2009), Goirizelaia llegaría a afirmar que el documento en sí «no existe y no está aportado como manda la ley».

varapalo al gobierno

Siguiendo con el hilo general del relato y dentro de esa depuración abertzale, el Gobierno impugnó el 14 de mayo de 2009 ante el Supremo la fantasmagórica candidatura de Iniciativa Internacionalista-Por la Solidaridad de los Pueblos (II-SP) con la que Batasuna quería concurrir a los comicios del 7 de junio de ese año para el Parlamento Europeo.

Ese día, la Fiscalía aportó 16 pruebas del vínculo con Batasuna de la abogada Doris María Benegas Haddad (Caracas, Venezuela, 1951), número dos de la candidatura que encabezaba el escritor octogenario Alfonso Sastre (Madrid, 1926). La abogada, hermana del dirigente socialista Txiki Benegas, aunque sus relaciones con él son patentemente malas, mantenía «intensas vinculaciones con el entramado ETA-Batasuna», según la demanda de la Abogacía del Estado para la ilegalización de esta formación por el Supremo, que se basó en un amplio informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. De Alfonso Sastre, el hombre vinculado al atentado de la cafetería Rolando, de la calle Correo, en Madrid (13 de septiembre de 1974, con doce muertos y ochenta heridos), se afirmaba que era utilizado como «banderín de enganche» por los proetarras.

La vinculación de Doris Benegas con el mundo abertzale había comenzado de manera pública en 1984, en un mitin de Herri Batasuna en San Sebastián con motivo de las elecciones al Parlamento Vasco. A partir de ese momento se sucedieron sus encuentros con la coalición que más tarde fue ilegalizada por considerarse el brazo político de ETA. Tanto es así que en 1985 participó junto a varios dirigentes de HB, entre los que figuraba Jon Idígoras, en un homenaje al etarra fallecido en la guerrilla salvadoreña, Francisco Arriaran Arregui «Pakito». La ilegalización de HB, en marzo de 2003, no le hizo cambiar de idea. En mayo de 2004 participó en una manifestación celebrada en Bilbao en apoyo a Herritarren Zerrenda (HZ), que se presentaba a las elecciones al Parlamento Europeo. La candidatura fue anulada por el Supremo y no amparada por el Constitucional al considerarla sucesora de HB.

Más claro resultaba aún su vínculo con Batasuna en noviembre de 2004, cuando en representación de Izquierda Castellana y junto a miembros de Corriente Roja, Comité de Solidaridad con los Pueblos y Alianzas de Intelectuales Antiimperialistas, presentó en la sala CAUM (Centro de Amigos de la Unesco de Madrid) el manifiesto «Por una solución política, dialogada para la cuestión vasca», en apoyo a la propuesta «Orain Herria, Orain Bakea», presentada por Batasuna en el Velódromo de Anoeta. Las relaciones se prolongaron hasta 2008 y se sellaron definitivamente en 2009, con su candidatura como número dos de Iniciativa Internacionalista.

otro conflicto supremo-constitucional

Pese a todos esos informes policiales, el desarrollo judicial de II-SP iba a significar un serio varapalo para el Gobierno. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ganaron la primera batalla en la Sala del 61 del Supremo, que decidió el 16 de mayo dejar a Iniciativa Internacionalista fuera de la contienda electoral al ilegalizarla por estimar que «no es más que un instrumento de ETA-Batasuna». Pero el hecho de que no hubiera unanimidad entre los magistrados por la insuficiencia de las pruebas aportadas —las demandas contra II-SP prosperaron en el Supremo por once votos a favor y cinco en contra, los de los magistrados José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Isabel Perelló, Lourdes Arastey y Benito Gálvez— auguraba malos presagios en el Tribunal Constitucional.

Efectivamente, el 21 de mayo el Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por Iniciativa Internacionalista, considerando así que la lista encabezada por Alfonso Sastre podía presentarse a las elecciones al Europarlamento.

El varapalo fue monumental y dio lugar a un sordo enfrentamiento entre la Fiscalía General y el Constitucional. Mientras fuentes de la Fiscalía sugirieron a los autores de este libro que hubo discrepancias entre los magistrados del Constitucional, aunque luego votasen por unanimidad, en el Constitucional nos dijeron privadamente que la decisión se adoptó por unanimidad y sin grandes debates internos: «Las cosas estaban claras, no había pruebas concluyentes de connivencia con Batasuna».

Esa tesis del Constitucional la abonaba el hecho de que, de los seis magistrados de la Sala Segunda que emitieron la sentencia, tres de ellos procedían del Supremo (Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas y Vicente Conde) y de los otros tres dos eran catedráticos y uno ex presidente del Consejo General de la Abogacía, todos con connotaciones más bien conservadoras.

Desde el Constitucional se minimizó un posible enfrentamiento por esta sentencia entre este tribunal y el Supremo, que había dictaminado, también por unanimidad pero con gran controversia previa entre los magistrados, la ilegalización de II-SP. Ni siquiera el propio ponente del Supremo, el magistrado José Luis Calvo Cabello, estaba plenamente de acuerdo con la sentencia que su tribunal emitió. Ahora bien, ni él ni los otros cuatro magistrados querían exponerse a la crítica del Partido Popular y de algunos medios ante un posible rechazo a ilegalizar la candidatura de Sastre y Doris Benegas.

Pero lo cierto era que ni Conde ni algunos de sus compañeros veían suficientemente claros los indicios aportados por las Fuerzas de Seguridad y por la Fiscalía. De hecho, faltaban algunas de las pruebas concluyentes que sí llevaron finalmente a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, que incluso compartía cuentas y financiación con Batasuna, lo que no se daba en el caso de II-SP.

Desde el Constitucional se admitió entonces —de forma reservada, claro— la malévola y bastante poco creíble posibilidad de que el proceso de ilegalización de II-SP se hubiera impulsado desde el propio Ministerio del Interior, pero sabiendo el Gobierno con exactitud que la candidatura de Sastre y de la hermana de Txiki Benegas iba a ser finalmente aceptada para las elecciones del 7-J. De esa manera, y con la sentencia del Constitucional en la mano, el Gobierno siempre podría esgrimir la decisión del Alto Tribunal respecto a II-SP cuando el Partido Popular exigiera la ilegalización de otras formaciones «sospechosas» de connivencia con el sector batasuno.

La cuestión es que Iniciativa Internacionalista pudo concurrir a los comicios europeos del 7 de junio y, aunque no consiguió escaño alguno en el Parlamento de Estrasburgo, ahí se calibró el apoyo global, a escala nacional, a las tesis abertzales: 178.121 votos, lo que representaba un 1,12 por ciento del total nacional. De ese total, 116.827 votos los obtuvieron en el País Vasco (el 16,0 por ciento de los votantes en estas elecciones). Unos resultados que sorprendieron doblemente en medios políticos: por un lado, el alto apoyo registrado en Euskadi y, por otro, la existencia de esas 62.000 personas que votaron tesis batasunas —el «cuanto peor, mejor»— fuera del País Vasco.

rubalcaba y gallizo «interactúan» con los presos de eta

La política penitenciaria siempre ha constituido un arma contra la banda terrorista. Lo sabía muy bien Antoni Asunción (Manises, 1951) mientras ejerció como director general de Instituciones Penitenciarias (1988-1993) y comenzó a acometer la dispersión de presos de ETA. A Asunción se debe la introducción de ciertas prácticas psicológicas que luego han venido funcionando con bastante buen resultado para cuartear la unidad de los presos etarras. Unas técnicas que tuvieron continuidad en el tiempo y que, sin duda, han sido utilizadas en estos años por Pérez Rubalcaba y su brazo ejecutor en Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo (Zaragoza, 1952).

En el otoño de 2008, Pérez Rubalcaba abrió un nuevo frente en la lucha contra ETA con una labor de zapa en las cárceles: impulsar la disidencia entre los reclusos etarras hacia la dirección de la banda. Para este fin, Pérez Rubalcaba y Mercedes Gallizo contaron con un grupo de expertos de Interior formado por un comisario de la Policía Nacional especializado en la lucha contra ETA, un comandante de la Guardia Civil y un veterano y destacado funcionario de Prisiones que establecieron las primeras experiencias piloto en las cárceles de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) como laboratorios de un nuevo intento de ruptura del colectivo de presos, con el objetivo de aislar a los considerados «irreductibles» y convertirlos en minoría.

Una de las medidas adoptadas fue la de reagrupar a veteranos disidentes de ETA en la cárcel de máxima seguridad de Zuera (Zaragoza), a la que trasladaron a 16 veteranos etarras, la mayoría ex dirigentes importantes de la banda, como Francisco Mujika Garmendia «Pakito», o activistas con delitos muy graves, como José Luis Urrusolo Sistiaga o Ignacio Arakama Mendia «Makario».

La idea era aprovechar la disidencia en presos históricos de ETA, con delitos de sangre, para mostrar al resto del colectivo de presos la inutilidad de seguir con la vía terrorista. Para esta no tan nueva estrategia —ya la había ensayado con éxito, como decimos, Antoni Asunción, junto a otros episodios de «guerra psicológica» más de tipo personalista—, el Gobierno trataba de hacer de la cárcel de Zuera un punto de concentración para contribuir, desde el colectivo de presos, a que la dirección de ETA desistiera del terrorismo en un momento en el que tenía muchos frentes abiertos.

los presos escriben: la vía armada, inútil

La estrategia del Gobierno se apoyó en los resultados de una carta suscrita en junio de 2007 por dos dirigentes de ETA presos, José Luis Álvarez «Txelis» y Kepa Pikabea, en la que denunciaban la marginación de los presos en el fallido proceso de paz, la «inutilidad de la lucha armada» y el haberse convertido en obstáculo para el avance de la izquierda abertzale. Como consecuencia fueron expulsados de ETA y del colectivo de presos, lo que abrió otra fisura en la banda.

En marzo de 2009, entre los principales etarras disidentes se pudo contar con ex dirigentes como «Pakito»; Carmen Guisasola «Lourdes», ex jefa del comando Vizcaya; José Luis Urrusolo Sistiaga; el temible Santiago Arrospide Sarasola «Santi Potros», condenado a 790 años por el atentado de Hipercor, en Barcelona; Rafael Caride Simón «Rafa Gallego», que también participó en el atentado de Hipercor, o Iñaki Rekarte, en la cárcel desde 1992. Estos «históricos» se encargaron de generar un debate, provocando la discusión entre los etarras que llegaron a Zuera seleccionados por el equipo de Interior. Fuera de Zuera, esa labor la emprendieron también Álvarez Santacristina «Txelis» y Kepa Pikabea Ugalde.

A finales de 2009, las prisiones de Villabona y Zuera recogían cerca de 40 presos de ETA que en algún momento habían mostrado signos contrarios a la lucha armada. La intención del equipo de Interior era llegar al medio centenar de internos entre ambas cárceles, cifra con la que buscarían el paso público, el manifiesto contra la violencia.

En total, según datos de Instituciones Penitenciarias, a finales de 2009 cumplían condena en España o estaban a la espera de sentencia un total de 579 presos de ETA, una cifra muy superior a la que había en 1998-1999 —cuando la anterior tregua con Aznar—: entonces permanecían en prisión alrededor de 400. Estas cifras demuestran lo en serio que se lo tomó Zapatero después de que se rompieran las negociaciones con la banda en mayo de 2007.

Siguiendo con esa política penitenciaria de reagrupamiento de etarras o abertzales que apostaban por la vía pacífica, Interior e Instituciones Penitenciarias agruparon a determinados dirigentes batasunos en prisión, como Joseba Álvarez, Rufino Etxeberria —que participó con Otegi en las negociaciones de Loyola— y Juan José Petrikorena, ex «jefe de prensa» de Batasuna, quienes fueron trasladados desde las cárceles de Topas (Salamanca), Aranjuez (Madrid) y Curtis (La Coruña), respectivamente, a la prisión de Logroño. Es decir, que el Ministerio del Interior siguió con Batasuna la misma política de reagrupamiento de los presos de ETA que podían estar mejor situados en una posición crítica con el mantenimiento de la «solución armada».

«ETA está ahora más débil que nunca». Esta frase se ha repetido en infinidad de ocasiones, y siempre era cierto. Los autores creemos que la situación de la banda es desesperada: necesita dinero, los santuarios franceses se han acabado y Europa, como lo demuestra una reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ya no piensa que la banda sea simplemente «separatista» o «guerrillera», denominaciones que, increíblemente, aún utilizan algunos medios de comunicación británicos y alemanes. Los dirigentes etarras están cada vez más lumpenizados, peor preparados, más carentes de una base teórica, siquiera sea la demencial dialéctica tantas veces utilizada. Y, para colmo de males para la banda, en el Gobierno del País Vasco está el socialista Patxi López, apoyado por el Partido Popular.

Los que han negociado últimamente con ETA, quienes los han visto cara a cara, piensan, y así lo han transmitido privadamente, que estos jóvenes no tienen preparación ni ideales; solamente fanatismo. «Están perdidos», nos dijo una fuente que conoce bien a la nueva camada de etarras. Tiene razón, creemos. Otra cosa es ver si, con la actual paralización de los «contactos», la eficacia será tal que, como creen algunos importantes jerarcas de las Fuerzas de Seguridad contactados por los autores, ya este mismo año 2010 puede estar marcando el comienzo del final de la banda. Porque, como vamos a mostrar en la segunda parte de este volumen, tales «contactos» con el enemigo etarra han existido desde siempre. Inevitablemente y por muy poco que nos guste, que ya sabemos que a la mayor parte de los españoles no les gusta. Quizá, para llegar al proceso negociador de Zapatero, hicieron falta otras negociaciones anteriores con la banda. Todas fracasaron, pero lo cierto es que todas dejaron a ETA con menos pretextos para mantener su actuación sangrienta e irracional. Es lo que vamos a contar a continuación, aportando algunas novedades, varias de ellas creemos sinceramente que importantes, a la historia de los contactos entre dos enemigos, la sociedad española y la banda fanática.

SEGUNDA PARTE

LOS OTROS PROCESOS NEGOCIADORES GOBIERNO-ETA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

TODOS NEGOCIARON CON ETA, TODOS

Llegados a este punto, conviene recordar que no solamente fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien negoció con la banda asesina ETA. Desde el inicio de la transición democrática en España, todos los Gobiernos han intentado acabar con el terrorismo de ETA. Lo han hecho activando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, claro, pero también abriendo etapas de diálogo con la banda terrorista. En la actualidad, sin embargo, debido a la dinámica de enfrentamiento político existente, la amnesia parece haberse apoderado de una sociedad de recuerdos selectivos y la crítica político-social se ha dirigido espectacularmente en estas dos últimas legislaturas a las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Zapatero.

Cierto es que los publicistas del talante se lanzaron a una aventura incontrolada e incontrolable, en la que cometieron múltiples errores, multitud de fallos concatenados; el primero, no contar suficientemente con el principal partido de la oposición, pero tampoco hacerlo con ninguno de los estamentos sociales —policías, magistratura, periodistas, asociaciones de víctimas...—. Creyeron que con la bandera del talante y el inesperado éxito en las elecciones generales de 2004, marcadas por el más grande atentado terrorista que había tenido lugar hasta la fecha en la vieja Europa, todo estaba justificado.

Pero todos los Gobiernos, desde los últimos del franquismo y la Unión de Centro Democrático (UCD) hasta los del Partido Popular (PP), pasando por los socialistas de Felipe González —etapa en la que se reactivó la «guerra sucia» policial con la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)—, iniciaron procesos negociadores con los etarras, en los que los presos de ETA fueron puestos por uno u otro bando como primera moneda de cambio. Cierto es que ninguno de esos procesos llegó a buen puerto, salvo, quizá, la escisión protagonizada por Mario Onaindia a principios de la década de 1980, pero hay quien aún hoy sigue creyendo que el final de ETA pasará por una negociación que inevitablemente dejará muchas cicatrices y algunas heridas abiertas en la sociedad. Claro que eso no será, previsiblemente, ahora. Pero será.

el sup echa una mano a zp

En marzo de 2006, cuando la banda terrorista anunciaba su «tregua unilateral e indefinida» y Rodríguez Zapatero respondía con su autorización al inicio de un proceso negociador, la dureza con la que el PP de Rajoy recogió la actitud del presidente del Gobierno fue replicada con un documento elaborado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, «recordando» a los entonces dirigentes del PP —Rajoy, Acebes, Zaplana, Astarloa, Trillo, Michavila...— los lugares, sitios, nombres y contrapartidas ofrecidas a los etarras por todos los Gobiernos de la democracia, incluyendo, naturalmente, al de José María Aznar.

Se trató, sin duda, de un «balón de oxígeno» policial al Gobierno de Zapatero como consecuencia de las excelentes relaciones que el socialista mantenía entonces con el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. En aquel documento —que se publicó en la revista de difusión interna Policías del Siglo xxi— quedó plasmado que hasta los gobiernos del tardofranquismo abrieron vías de diálogo con ETA.

Por primera vez en los procesos de negociación con ETA no sólo hubo discrepancias políticas en torno a un asunto de Estado como ése, sino que un sector de la Policía también tomó partido. El SUP, que siempre había aceptado los procesos anteriores en el convencimiento de que ese apoyo fortalecía al Gobierno para derrotar a los terroristas, recibió muy duras críticas en esta ocasión (incluso la fotografía de su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, la del presidente Zapatero y la del etarra «Txapote» fueron utilizadas en la revista de otra organización sindical de la Policía señalándolos como «cómplices»), por lo que decidieron poner en evidencia la doble vara de medir en este asunto y exponer con todo lujo de detalles todos los procesos anteriores.

Las conversaciones con los etarras para lograr el fin de la violencia han sido, pues, una constante en los últimos treinta años de la historia de España. Y parece conveniente dejar aquí plasmadas unas líneas recordatorias al respecto; eso sí, con abundante documentación e incluyendo algunas cartas, transcripción de conversaciones y documentos de carácter reservado que hasta ahora no habían visto la luz.

Las siguientes páginas no son un mero trabajo de documentación, sino fruto de las múltiples entrevistas mantenidas con importantes protagonistas —en algunos casos, con los principales protagonistas— de las historias narradas. Ésta es, creemos, sin falsas modestias, una aportación importante a la historia de la negociación con ETA, una historia que tendrá enorme importancia el día, esperemos que cercano, en el que la banda cese de existir.

7

LAS NEGOCIACIONES DE LOS GOBIERNOS DE UCD DE SUÁREZ Y CALVO-SOTELO (1976-1982)

ángel ugarte, el primer negociador

Tras la muerte de Franco, Adolfo Suárez, en el segundo gobierno de la Monarquía —había sucedido en 1976 por designación real a Carlos Arias Navarro—, se enfrentaba por igual al reto de legalizar los partidos políticos y de acabar con una extrema derecha con tintes terroristas y golpistas, con unos grupos marginales pero tenebrosos como FRAP, GRAPO y otros, y, sobre todo, con el auténtico peligro para el nuevo régimen que comenzaba a aflorar: casi 20 años de terrorismo etarra.

Al igual que hizo con los entonces clandestinos Felipe González o Santiago Carrillo, Suárez autorizó unos primeros contactos con ETA que tuvieron lugar el 30 de noviembre de 1976 en una suite del hotel d’Allèves, en el número 13 de la calle Kléberg, en el barrio norte de Ginebra (Suiza), un edificio rehabilitado de mediados del siglo xviii, a sólo seis minutos del centro de la ciudad y a 100 metros del lago Leman. Aquella suite del hotel, repleta de cámaras y micrófonos ocultos, vio nacer el primer contacto secreto entre responsables de la banda ETA y un enviado gubernamental: Ángel Ugarte Fernández de Landa, un comandante del Ejército que muchos años después se retiró con el grado de general de Brigada de Artillería.

No cabe duda de que Ángel Ugarte (Gasteiz, 1931) ha disfrutado de una vida muy intensa. Reclutado en 1972 por el comandante José Ignacio San Martín López (San Sebastián, 26 de junio de 1924/ Madrid, 6 de junio de 2004), Ugarte abandonó un cómodo destino en el Estado Mayor de la Brigada de Defensa Orgánica del Territorio nº VI, con sede en Vitoria, para formar parte de los incipientes servicios de información militares, el entonces llamado Servicio Central de Documentación (SECED), adscrito a la Presidencia del Gobierno que ocupaba el almirante Luis Carrero Blanco —hasta su asesinato por ETA, en 1973—, y dirigidos esos servicios por el mentado comandante San Martín.

Bajo el nombre en clave de «Urbieta», se dio una paradoja en la personalidad del entonces comandante Ugarte: como director de la delegación vasca del SECED (luego CESID, actual CNI), entre 1972 y 1979 fue cabeza del «Plan Udaberri» en Euskadi, que prácticamente acabó con la cúpula etarra casi paralelamente con la muerte de Franco, pero en 1976 fue también el primer emisario oficial para pulsar entre los etarras en Francia la posibilidad de un final dialogado de la violencia.

La experiencia de Ugarte fue prácticamente un secreto hasta la aparición del libro Espía en el País Vasco (Barcelona, Plaza & Janés, 2005), del que es coautor con el periodista Francisco Medina, al que se deben otros importantes trabajos de investigación periodística. El propio Ugarte cuenta cómo en 1976, aún sin democracia en España pero bajo el impulso de Adolfo Suárez, actuó como representante gubernamental frente a la banda etarra. Ugarte ya había establecido contactos con los etarras durante el franquismo y lo haría posteriormente mientras estuvo adscrito a los servicios secretos, siendo uno de los responsables de que fructificase la ruptura entre las dos tendencias de la banda, ETA militar (la que hoy sigue matando) y ETA político-militar, que desaparecería en pocos años al abandonar la lucha armada e integrarse en la vida política vasca y la sociedad civil.

En ese año de 1976, San Martín ya había sido sustituido al frente del SECED por el hoy general Andrés Cassinello, el gran autor del cambio ideológico del servicio secreto. En octubre de ese año, Ugarte recibió una llamada de un intermediario, Enrique Knörr, que quería transmitirle el siguiente mensaje:

—Me han pedido que te exponga una solicitud de ETA político-militar Algunos de sus líderes quieren mantener una entrevista contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es viable? —le dijo Knörr.

Ugarte vio la oportunidad y se desplazó a Madrid para consultarlo con Cassinello, el militar elegido personalmente por el presidente Suárez para hacerse cargo de los servicios secretos. Cassinello estudió las posibilidades y sus consecuencias, llamó a Presidencia del Gobierno y pidió entrevistarse con Suárez, que le recibió a las pocas horas. Cassinello citó luego a Ugarte y le dio la conformidad para seguir con el contacto:

—El presidente está entusiasmado con la idea. En estos momentos en los que el Gobierno tiene tantos problemas, sería clave lograr que esos tiparracos dejaran de disparar. Suárez me ha pedido que hagas todo lo posible por sacarles una tregua para cuando se acerquen las elecciones, que serán en menos de un año —le dijo Cassinello, según cuenta Ugarte en su libro.

Pero Ugarte debía negociar sin poderes, sin contrapartidas a la banda armada: su misión era conseguir una tregua de la banda a cambio de «humo»; es decir, de una remota posibilidad de concesión de una amnistía más amplia o de un acercamiento de presos a cárceles vascas. Y con esas premisas, el SECED montó todo el operativo en Ginebra.

Los polimilis aceptaron que fuera el Gobierno español el que escogiera el campo para este primer encuentro, y el SECED decidió que definitivamente sería el día 30 de noviembre de 1976 en Ginebra. El lugar elegido fue el hotel d’Allèves, una de cuyas suites fue literalmente tomada por los agentes especializados del servicio, así como los alrededores del hotel, que plagaron de grabadoras y cámaras. Ugarte y Medina cuentan en su libro:

La mañana del 30 de noviembre acudí solo —en realidad, mi soledad sólo era aparente— al edificio de la oficina de Correos de la calle del Mont-Blanc. La distancia era tan corta que fui caminando desde el hotel. A la hora acordada, las ocho y media de la mañana, estaba frente a la puerta del lugar de la cita [...] Entré en el edificio, el corazón me latía con fuerza pero vi que lo previsto se cumplía perfectamente. Junto al mostrador, bajo la ventana que había entre la puerta principal y otra señalada con el número 22, estaba ya una pareja de hombres, plantados, que se giraron hacia mí tan pronto me vieron entrar. A esa hora apenas había otros dos clientes en la oficina. Uno de ellos, nada más verme, abrió la revista y comenzó a pasar las páginas. Cuando llegué a su altura le dije la consigna acordada. Su respuesta fue también la acertada. Entonces nos presentamos. Yo le di mi nombre. Los dos dirigentes de ETA me respondieron con los suyos. Me satisfacía oírlos. Tenía referencias de ambos personajes y sabía que tenían mucho peso en la organización polimili. Sin duda, aquel encuentro les importaba a ellos tanto como a nosotros.

A la cita de Ginebra acudieron por parte de ETA Francisco Javier Garayalde, alias «Erreka», y Jesús María Muñoa Galárraga, alias «Txaflis». «Erreka», en Francia desde 1974, a donde había huido desde Barcelona, donde estudiaba, era miembro del Comité Ejecutivo de los polimilis y la mano derecha de Eduardo Moreno Bergaretxe «Pertur», ideólogo de esta división de la banda que un año después sería presuntamente asesinado por sus propios camaradas... o por la «guerra sucia policial», quién sabe, porque la desaparición de «Pertur» nunca se esclareció.

Tras la desaparición de «Pertur» en 1977, «Erreka» se convertiría en el principal impulsor de su «teoría del desdoblamiento», que apostaba por crear un partido político legalizado que participara en el proceso democrático que se adivinaba. De hecho, fue el propio «Erreka» quien defendió esa ponencia en lugar de «Pertur» en la VII Asamblea de ETA, en septiembre de 1976.

Pero el 30 de noviembre de 1976, sentados frente a frente en la lujosa suite del hotel ginebrino, la conversación entre Ugarte, «Erreka» y «Txaflis» se fue animando paulatinamente tras el recelo y la frialdad iniciales. En un momento dado se abordó la posibilidad de que los etarras crearan un partido político que quisiera pedir su legalización y que, de este modo, empezaran a abandonar la actividad terrorista.

«Erreka» explicó entonces el proyecto de «Pertur», según el cual el partido político resultante de ese movimiento controlaría no sólo al «aparato militar» de la banda, sino también las finanzas, lo que le otorgaba la capacidad de marcar la dirección que debería emprender en cada momento el conjunto de la organización. «Pertur» y «Erreka» planteaban sucintamente una toma de poder de los «políticos» dentro de la organización, para que la actividad de ETA redundara en un beneficio electoral para el partido de la propia ETA y no para los otros partidos y fuerzas políticas que se estaban beneficiando de sus acciones terroristas, fundamentalmente el PNV.

Claro que esa toma del poder de los «políticos» de ETA era rechazada —como se vería poco después, sobre todo con la desaparición de «Pertur»— por los integrantes de los comandos bereziak; es decir, los «militares», encargados con sus atracos y extorsiones de financiar al grupo, de darle una aureola heroica que gustaba en determinadas capas sociales vascas.

Los servicios secretos comprendieron la carga de profundidad que esa situación descrita a Ugarte por «Erreka» y «Txaflis» significaba para el fin de la banda y orientarían sus esfuerzos futuros a propiciar el triunfo del desdoblamiento de ETA político-militar que había diseñado «Pertur» —y que siguieron impulsando «Erreka», «Txaflis» y otros miembros de la dirección polimili tras la desaparición de éste—, lo que a la postre propiciaría la escisión de los polimilis y su inclusión en Euskadiko Ezkerra.

Sin embargo, en esta etapa ETA militar enfocó el problema con otro prisma, y cuando crearon su partido político, Herri Batasuna, lo pusieron bajo las directrices de quienes tenían las armas: las pistolas eran su única fuerza real y la actividad militar primaba sobre la política. Así, el encuentro de Ginebra no dio los resultados esperados —tendrían que pasar unos años para consumarse la escisión— y el hecho que se produjo fue la radicalización de ETA y sus «comandos especiales» (bereziak).

portell, periodista, negociador... y víctima

Es bien conocida la osadía política con la que Suárez afrontó la transición española y, pese al anterior fracaso, en febrero de 1977 autorizó un nuevo contacto en Ginebra —ahora por iniciativa del ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa—, que sería preparatorio de otros cuatro más tras las elecciones constituyentes y una vez formado el primer gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD). De esos cuatro encuentros, dos se celebraron en Ginebra, uno en Francia y otro en Vitoria.

Representando al Gobierno negociaron el periodista José María Portell (en febrero, en Ginebra), por encargo directo de Suárez a través de «Estíbaliz», alias de un hombre cercano al Gobierno; el propio «Estíbaliz» (en el segundo y tercer contacto, ambos en Ginebra), y el comisario Andrés Gómez Margarida (en el cuarto y quinto contactos, en París y Vitoria). Por parte de ETA actuaron como interlocutores Juan José Etxabe Orobengoa (en febrero, en Ginebra), Francisco Javier Garayalde «Erreka», Jesús María Muñoa Galarraga «Txaflis» y José Manuel Pagoaga Gallastegui «Peixoto».

Tampoco en esta ocasión funcionaron los contactos, que además tendrían consecuencias funestas para los participantes: el comisario Gómez Margarida fue cesado de su puesto por hablar de las conversaciones con ETA, y el periodista José María Portell (redactor jefe de La Gaceta del Norte, director de la Hoja del Lunes de Bilbao y autor del libro Los hombres de ETA, Barcelona, Dopesa, 1976) fue asesinado el 28 de junio de 1978 en Portugalete (Vizcaya) por dos etarras que le dispararon a bocajarro.

Unos días más tarde, el 2 de julio y en represalia por el asesinato de Portell, el etarra Juan José Etxabe fue objeto de un atentado en San Juan de Luz (Francia) por la ultraderechista «Triple A», en el cual murió su mujer, Rosario Arregui, y Etxabe resultó gravemente herido (Etxabe fallecería muchos años después, el 12 de julio de 1996, de un infarto en Hendaya, a los sesenta años). El etarra «Peixoto», otro de los negociadores, salvó la vida de milagro el 13 de enero de 1979 en un atentado de una supuesta Organización Antimarxista y Antiseparatista (OAMAS) en las afueras de la localidad vasco-francesa de San Juan de Luz: «Peixoto» recibió seis impactos en diversas partes del cuerpo que le dejaron secuelas de por vida.

En todo caso, esos contactos de 1976 y 1977 se trataron, más bien, de una especie de conversaciones previas para conocer en qué grado de disponibilidad estaría la banda armada en ese momento. La negociación como tal fue política y corrió a cargo del Gobierno de la UCD con el PNV, fundamentalmente. Por ejemplo, así fue como se consiguió la amnistía política, sin ningún tipo de negociación con ETA. Pero esas reuniones tendrían varias consecuencias: la primera, que se había creado un precedente de negociación entre ETA y el Estado español; la segunda, la eclosión temporizada de los polimilis, que concluirá con la escisión de los berezis, y la tercera, el establecimiento de un canal de contacto entre el sector EIA-EE-polimilis y el Gobierno español que en los años siguientes sería muy fructífero.

De hecho, las entrevistas continuaron a lo largo de 1977 en el País Vasco, pero ya directamente con las fuerzas de la izquierda abertzale agrupadas en torno a la alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista); es decir, los partidos EHAS (Euskal Herriko Alderdi Sozialista) y LAIA (Langile Abertzaleen Iraultzarako Alderdia) y el embrión de lo que sería EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia). Las reuniones tuvieron lugar en una sala discreta del hotel Avenida, de Bilbao, junto a la Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Por parte gubernamental acudió Ugarte; por EHAS asistieron Santiago Brouard y Natxo Arregi, y por parte de EIA Iñaki Maneros e Iñaki Martínez, entonces hombre de confianza de la dirección polimili y más tarde miembro del PSOE.

Ésas sí fueron ya «conversaciones políticas» con «representantes políticos» —lo que en la etapa Zapatero se llamó «mesa política» con Batasuna frente a la «mesa técnica» con ETA—, con el ánimo por parte gubernamental de transmitir a los abertzales vascos el deseo del Gobierno de encaminarse a una transición a la democracia; es decir, dar garantías de que el camino iniciado hacia un Estado democrático era irreversible y que, en consecuencia, ese nuevo Estado debería contar —y garantizar— la participación de todas las fuerzas políticas, incluidas las más radicales.

De hecho, el nacimiento de EIA (en abril de 1977) llegó negociado entre el Gobierno y el citado Iñaki Martínez, quien exigió, y se le concedió, un proceso de amnistía política con plazos de excarcelamiento, el regreso de los exiliados y el extrañamiento, en su caso, a Austria, Noruega, Bélgica y Dinamarca de los etarras a los que no se les pudiera en esos momentos aplicar la amnistía.

encuentros en la lavandería (1977)

Paralelamente a los contactos gubernamentales con representantes de ETA y de la izquierda abertzale, en la primavera de 1977 tuvo lugar en la lavandería del hotel Txiberta, de Anglet, entre Hendaya y Biarritz, una cumbre para fijar una posición unitaria de todas las fuerzas políticas vascas de cara a las elecciones constituyentes de junio de ese año. Los contactos los propició Telesforo Monzón, un peculiar personaje, gran amigo de los milis, que vivía en un castillo en Biarritz, aunque su hospitalidad dejaba mucho que desear, según contó a los autores de este libro uno de los protagonistas de esos contactos: un día, unos representantes del PNV visitaron el castillo. Monzón les ofreció unas mantas para que... durmieran en el coche.

Al hotel Txiberta llegó una representación de ETA (m) formada por Domingo Iturbe Abasolo «Txomin», Dolores González Cataraín «Yoyes», José Manuel Pagoaga Gallastegui «Peixoto» y José Miguel Beñarán Ordeñana «Argala». ETA defendía la no participación electoral mientras no se decretara una amnistía general y se reconociera el derecho de autodeterminación y el principio de «territorialidad del pueblo vasco» (la inclusión de Navarra), una posición que se ha mantenido invariable hasta nuestros días.

Por ETA político-militar participaron Mark Etxegaray y Francisco Aya Zulaica «El Trepa», uno de los líderes de los milis desde la VI Asamblea de Hasparren (Francia, agosto de 1973, en la que resurgieron los enfrentamientos entre los partidarios de la revolución obrera y los militaristas en su afán por controlar la organización. Los militaristas, en un golpe de efecto, asesinarían al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973 en Madrid).

Por parte del PNV participaron Juan José Pujana, Joseba Azkarraga (que años más tarde dejaría el PNV para formar con Carlos Garaikoetxea Eusko Alkartasuna) e Iñaki Bujanda. Los nacionalistas moderados habían decidido participar en las elecciones constituyentes sin condiciones previas, algo que trasladaron a las dos ramas de ETA. El PNV había renovado ya su dirección y sus cabezas visibles eran Xabier Arzalluz y Carlos Garaikoetxea.

Acción Nacionalista Vasca (ANV, heredero del partido de izquierda liberal, republicano, laico y autonomista surgido en 1930) estuvo representada por Valentín Solagaistua (Algorta, 1937), un histórico militante de la primera ETA —había dado clases de marxismo a «Txomin»— con muchos años de cárcel y exilio a sus espaldas y que muchos años después sería miembro del Consejo Político de Ezker Batua-IU en Euskadi.

La figura de Solagaistua era importante en ese momento, ya que logró entrevistarse con Adolfo Suárez, quien le facilitó un pasaporte para contactar con ETA: en el País Vasco francés mantuvo contactos con José Miguel Beñarán «Argala» y con Dolores González Catarain «Yoyes», y aún tuvo acceso a la cárcel de Córdoba para verse con Mario Onaindia y con Javier Izco.

A lo largo de 1976 había cobrado importancia en el País Vasco un llamado «movimiento de alcaldes»; lo comenzaron a forjar regidores con sensibilidad abertzale. Un movimiento que, partiendo de la exigencia de la democratización de los ayuntamientos, reivindicaba su papel en la reconstrucción institucional de Euskal Herria. Por este «grupo de alcaldes» participó en el hotel Txiberta José Luis Elkoro.

Por el movimiento abertzale —que por esas fechas se estaba conformando— participaron Mariano Zufia, por EKA; Santiago Brouard, por EHAS; Iñaki Martínez, por EIA; Goio Monreal, por ESEI, e Iñaki Aldekoa, por ESB. Todo un conglomerado que después se refundiría en el entorno de Batasuna.

Según ha relatado a los autores de este libro uno de los protagonistas de estos encuentros, se celebraron cinco reuniones entre el 30 de abril y mediados de mayo de 1977, pero en el hotel Txiberta quedó patente que «donde no esté el Gobierno español no hay solución». Según este testigo directo, en medio de las conversaciones, «Argala» puso su pistola encima de la mesa y proclamó:

—La lucha armada se acaba aquí si hay un acuerdo que nos permita abrir una negociación como pueblo con el Gobierno español.

Sin embargo, no había posibilidad de acuerdo: «Para el PNV la cumbre sólo servía para participar en las elecciones bajo un mismo denominador común de carácter nacionalista y, en todo caso, para negociar paralelamente una amnistía total, pero nunca para imponer unas condiciones imposibles al Gobierno de Adolfo Suárez», dijo nuestro interlocutor, en un encuentro con Jáuregui y Menéndez en un hotel de Bilbao.

En un momento dado, ETA (m) exigió como condición previa para su disolución una amnistía general antes de las elecciones de junio de 1977. La propuesta le fue transmitida a Suárez por el propio José Luis Elkoro el 10 de mayo. Pero a Suárez, sobrado de osadía en otros momentos, en esta ocasión le faltó valor: la amnistía general fue decretada después de los comicios de junio de 1977, pero a ETA ya no le servía.

En definitiva, que la intransigencia de ETA (m) en Txiberta puso punto final a cualquier tipo de acuerdo entre las fuerzas políticas vascas divididas por la barrera de la violencia: de un lado, el PNV y el resto de fuerzas que apostaban por el nuevo marco democrático; del otro, ETA (m), que decidía no participar en las primeras elecciones y «dar unas cuantas bofetadas». A partir de ahí lo que separará radicalmente a ETA del resto de fuerzas será la no aceptación del marco democrático surgido de la transición, junto a la reafirmación de la lucha armada: antes, contra la dictadura; después, con mucha más intensidad, contra una democracia que «no reconoce la soberanía del pueblo vasco», y, siempre, contra el Estado español.

suárez: «tengo las pulsaciones alteradas» (1979)

Aprobada la Constitución Española (6 de diciembre de 1978), Suárez autorizó tres contactos más a lo largo de 1979. Visto lo ocurrido con Portell, un civil metido a negociador, el Gobierno envió esta vez a tres oficiales del Ejército español que se encontraron en Ginebra con tres polimilis (Garayalde, Muñoa y Etxegaray) y dos milis.

Los encuentros no se tradujeron en ningún hecho reseñable en cuanto a avances para el fin de la violencia: en 1979, y sobre todo en 1980, ETA disparó más plomo que nunca sobre la incipiente democracia española. De hecho, 1980 fue el año más sangriento de ETA, y a finales de ese año terrible estuvo a punto de decretarse una movilización del Ejército, según ha revelado ahora un testigo directo, el socialista Txiki Benegas, que lo cuenta con todo lujo de detalles en su Diario de una tregua. Una oportunidad perdida (Madrid, Espejo de Tinta, 2007).

Así lo cuenta el propio Benegas:

Recuerdo un día durante una entrevista con Adolfo Suárez en Moncloa, le pasaron un lead de Efe. Se le cambió la cara. Empalideció. Me leyó el teletipo: «Más de 50 niños han podido morir en una escuela pública de Ortuella como consecuencia de una explosión [el 23 de octubre de 1980, una tremenda explosión de gas propano segó la vida de 51 personas e hirió de gravedad a más de una treintena]. Los dos pensamos en lo mismo. Me preguntó, y si es ETA ¿qué hago? Adolfo estaba descompuesto. No esperó mi respuesta y pidió que se le comunicara con el vicepresidente del Gobierno, general Gutiérrez Mellado, que al parecer ya había recibido la noticia. «Prepara el dispositivo militar para ocupar el País Vasco en el supuesto de que estuviéramos ante un atentado de ETA. No puedo hacer otra cosa». Colgó el teléfono y seguía repitiendo: «Si es ETA no puedo hacer otra cosa. No hay otra respuesta para 50 niños muertos». Al cabo de unos minutos le entregaron otro teletipo. Lo leyó y le cambió el semblante, se aflojó la corbata y respiró. Me leyó el nuevo teletipo: «Ortuella, explosión colegio público. Se descarta la hipótesis de un atentado. Al parecer la explosión se ha producido por una fuga de gas [...]». «Txiki —me dijo—, seguimos hablando en otro momento. Lo he pasado muy mal, tengo las pulsaciones alteradas, voy a descansar un rato». Así vivíamos en aquella época.

la disolución de eta (p-m) vii asamblea (1981-1982)

En 1981, tras la dimisión de Suárez, el intento de golpe de Estado y el inicio de la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo, a través de la mediación de Mario Onaindia —secretario general del partido abertzale EIA, próximo a los polimilis— y de Juan María Bandrés —dirigente de Euskadiko Ezkerra— se celebraron diversos contactos al más alto nivel. La representación gubernamental corrió a cargo esta vez del ministro del Interior, Juan José Rosón, que se entrevistó con los máximos responsables de ETA político-militar. De estas reuniones salió un Plan de Reinserción Social para etarras sin delitos de sangre y la disolución de ETA (p-m) VII Asamblea, cuyos miembros se integrarían luego en Euskadiko Ezkerra (EE) y posteriormente en el PSE-PSOE.

Las conversaciones se habían iniciado en 1981 en el restaurante Los Arándanos, de Madrid, entre Rosón y Mario Onaindia, y en ellas también participaron Bandrés, el general José Antonio Sáenz de Santamaría, el director general de Seguridad, Francisco Laína, y los jefes policiales Manuel Ballesteros (máximo responsable del entonces llamado Mando Único para la Lucha Antiterrorista, MULA) y Fernández Dopico.

Pero a lo largo de ese tiempo (1981-1982) hubo otras entrevistas paralelas con partidos políticos. Por ejemplo, en el verano de 1981 los dirigentes polimilis Joseba Aulestia y Fernando López Castillo se entrevistaron en un bar de la playa de Hendaya con el socialista Ramón Jáuregui para conseguir «algo» que ofrecer a los que habían transigido con el alto el fuego. Jáuregui era en esos momentos diputado en el Parlamento autonómico y secretario general de la UGT del País Vasco. Un año después sería nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco por el nuevo Gobierno socialista de Felipe González.

Y por ejemplo también, una delegación del PNV encabezada por Xabier Arzalluz se vio con miembros de ETA p-m en dos ocasiones en Bayona, aunque lo que hizo Arzalluz fue expresar su preocupación por la involución que tras el 23-F suponía la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

Como resultado, en febrero de 1982, un centenar de polimilis se reunieron en un caserón cerca de Biarritz, próximo al aeropuerto. Aquella asamblea se saldó con una escisión entre los partidarios de seguir con la violencia y los decididos a abandonarla. Fue el fin de un capítulo de la banda. Para resolver los aspectos «técnicos» de la disolución, en el verano de 1982 dos dirigentes de ETA p-m VII, Juan Miguel Goiburu Mendizábal y Fernando López Castillo, se entrevistaron en París con el jefe del MULA, Manuel Ballesteros, y su segundo, el también comisario Joaquín Domingo Martorell. Para cuando ese encuentro se celebró, el ministro del Interior, Juan José Rosón, y los dirigentes de EE Bandrés y Onaindia habían creado ya un clima de confianza recíproca en la operación.

El encuentro entre los dirigentes etarras y el mando del MULA sirvió para acordar que un primer grupo de huidos en Francia, sin requisitorias judiciales, regresara a territorio español, a modo de prueba, incluso antes de que la organización se disolviera. Así, a primeros de septiembre, tres miembros de ETA procedentes de Francia se presentaron ante las autoridades españolas y quedaron inmediatamente en libertad sin cargos.

Durante los siguientes meses, otro buen número de refugiados en Francia fue regresando a España, y también empezaron a salir de las cárceles presos con condenas menores. En definitiva, que los que dejaron las armas se acogieron a una amplia operación de reinserción en la que participaron los Gobiernos de UCD y del PSOE, el poder judicial (los fiscales de la Audiencia Nacional optaron por la fórmula de retirada de cargos en aquellos casos todavía no juzgados, e incluso los jueces sobreseyeron las causas o, cuando llegó a celebrarse juicio, dictaron absoluciones por falta de pruebas) y las Fuerzas de Seguridad. Finalmente, diez miembros de ETA político-militar (VII Asamblea) anunciaron la disolución de la organización el 30 de septiembre de 1982: el comunicado fue leído por la propia mujer de Aulestia, Miren Lourdes Alkorta.

Éste quizás haya sido el único intento que ha dado un fruto positivo en toda la historia de la negociación con ETA. Es cierto que un pequeño grupo disidente bajo la dirección de Josu Abrisketa mantuvo el «sector político-militar» con el nombre de «Los octavos», pero, en 1983, este grupo no pudo hacer pervivir la organización, pasaron a llamarse milikis y muchos ingresaron en ETA militar.

Los procesos de reinserción iniciados posteriormente —el grupo de 43 miembros de ETA VIII asamblea cuya situación gestionó el ex diputado del PNV Joseba Azkárraga y otros que negociaron individualmente— fueron más complicados y requirieron el cumplimiento de otras condiciones, como la firma de un documento ante las autoridades, o la aceptación de medidas graduales de progresión de grado penitenciario. Algunos tuvieron que prestarse a ingresar por algún tiempo en prisión hasta que el Gobierno firmó sus indultos.

8

FELIPE GONZÁLEZ TAMBIÉN NEGOCIÓ, Y MUCHO (1982-1996)

Tras mantener múltiples entrevistas con diversos responsables de la época, incluyendo antiguos agentes secretos que luego tuvieron cargos de relevancia en el CESID, los autores podemos afirmar que los contactos con ETA no se han interrumpido nunca: desde Ginebra, con el general Cassinello, hasta París, con un agente del CESID —nombre en clave «Juaristi»— entre 1981-1986: es decir, final de la etapa de UCD y primer gobierno socialista. Es lógico, por tanto, que Zapatero también los mantuviera, aunque solamente fuese para «estar informado», como ya hemos comentado que dijo a un grupo de periodistas que le acompañaban en su campaña electoral en Sevilla, en 2007.

A principios de la década de 1980, las actividades de los agentes españoles en París no se concentraban sólo en el seguimiento de etarras, sino que ejercían una labor de zapa en el entorno del socialismo galo con el objetivo de que Francia dejara de ser un «santuario» para los terroristas de ETA. Por ejemplo, ahí está la labor fundamental —y aún no conocida— que realizó en la capital francesa entre 1981 y 1986 la «antena» española del CESID, el hoy general retirado Aurelio Madrigal Díez, que luego sería llamado a Madrid como asesor del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, para cuestiones de contraterrorismo y que llegaría a ser secretario general del CESID (1996-2001) con Javier Calderón como director general.

Como «antena» del CESID en París, Aurelio Madrigal logró intimar con Jean Pierre Llijos, miembro del Gabinete del presidente francés, François Mitterrand. Llijos era descendiente de catalanes y con Madrigal elaboró en noviembre de 1983 un documento muy explícito sobre el drama y la tragedia que ETA significaba para la España democrática. A partir de ahí, Mitterrand comenzó a tener una primera constancia de la gravedad del problema para los españoles. Es decir, fue el punto de inflexión para un cambio posterior en materia de cooperación bilateral antiterrorista.

El oportuno documento de Madrigal-Llijos se le hizo llegar a Mitterrand para aplacar su ira tras la detención en Hendaya (octubre de 1983) de cuatro geos españoles en Francia en acciones de «guerra sucia» policial: Francisco Javier López Mallén, capitán de los GEO; el inspector Jesús Alfredo Argüello, y los suboficiales Sebastián Sotos García y José María Rubio García, detenidos cuando, de manera un tanto chapucera, intentaban secuestrar al presunto dirigente de ETA (p-m) VIII Asamblea José María Larretxea.

El malestar francés se convirtió en ira cuando el jefe superior de policía de Bilbao, Francisco Álvarez (más tarde relacionado con los GAL), reveló que los geos habían ido al país vecino para salvar la vida del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, que entonces se encontraba secuestrado por ETA p-m y que sería asesinado (19 de octubre de 1983) durante su cautiverio. La ira francesa era relativamente comprensible: ningún Estado consiente operaciones secretas de otra Policía en su propio territorio, pero el documento de Madrigal-Llijos logró contener la furia de Mitterrand y supuso un punto de inflexión en la percepción de ETA por parte del socialismo francés.

Ahora bien, el cambio de posición definitivo no llegaría hasta agosto de 1989, cuando, sentados en una mesa redonda de jardín en «La Casita de Arriba», en El Escorial, frente a una taza de café en una larga sobremesa, Mitterrand y Felipe González solventaron una agenda de trabajo que incluía el desarrollo del futuro del Tren de Alta Velocidad en España, y en concreto la participación de empresas y tecnología francesas en la construcción del AVE a Sevilla. Alguna gratitud había que mostrar por la plena colaboración del país vecino en la lucha contra ETA.

No era un secreto que, en esos años, tanto González como el propio rey Juan Carlos I habían realizado gestiones muy firmes y en términos perentorios para que Francia intensificase la colaboración policial en materia antiterrorista. El Gobierno español, en sus Presupuestos Generales y en las compras e inversiones en ellos recogidas, se había comprometido a encargar material militar y de otro tipo (equipamientos del AVE, por ejemplo, e infraestructuras ferroviarias) a la industria francesa, como una de las maneras de «incentivar esa ayuda» contra el submundo etarra en Francia. De esta forma, por ejemplo, recuerda Rafael Vera en su libro Las 19 puertas. Un relato autobiográfico (Madrid, Espejo de Tinta, 2007) cómo se realizaba aquel particularísimo merchandising:

Si fuese necesario, con algunos datos que me habían facilitado en nuestros Ministerios de Industria y de Fomento, volvería a jugar la carta de la contrapartida, pero no me parecía de recibo que la obligación que tenían de colaborar con el Gobierno de un país que estaba construyendo con tanto esfuerzo la democracia fuese motivo de trueque y de gitaneo.

Siguiendo con el relato cronológico, y pese a que los contactos con ETA nunca quedaron totalmente bloqueados, durante el periodo socialista no se activarían definitivamente hasta febrero de 1984 con un encuentro en Andorra en el que participaron el entonces comandante de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, varios agentes del CESID y el jesuita José María Martín Patiño. Por parte de ETA, el jefe de la representación fue Domingo Iturbe Abasolo «Txomin». Como consecuencia de este contacto —mientras el GAL estaba ya plenamente operativo en Francia—, el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, lanzó públicamente una oferta de diálogo («Alternativa para la Paz»), en la que ofrecía una reinserción social a quienes entregaran las armas y acataran la Constitución. Esa oferta constituiría un escalón más para confluir en las negociaciones de Argel, entre los años 1986 y 1989.

Personajes clave de esa época nos han reconocido que el hecho de que la «guerra sucia» —el GAL, sin eufemismos— llegara a Francia influyó en gran medida en un cambio de actitud más colaboracionista por parte de Mitterrand e, igualmente, en que determinados dirigentes de ETA pensaran en una posible salida negociada al ver peligrar sus vidas en donde se creían más seguros.

Un ex alto cargo del CESID reconoce hoy día que uno de los asesinatos de los GAL en 1984 fue especialmente significativo para el desarrollo de los futuros acontecimientos: según esta fuente, fue un guardia civil quien asesinó a Eugenio Gutiérrez Salazar (25 de febrero de 1984) en Idaux-Mendy (Idauze-Mendi, en euskera), una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Aquitania y en el territorio histórico vasco-francés de Sola. El supuesto etarra fue alcanzado por dos disparos efectuados desde mil metros de distancia con un fusil de mira telescópica tipo Remington, y el objetivo fue elegido porque en ese lugar existía una «escuela» de ETA, según había confirmado un comisario francés a los servicios secretos españoles. El blanco fue seleccionado también en respuesta al cruel asesinato del senador socialista Enrique Casas (San Sebastián, 23 de febrero de 1984).

se abre el camino de argel

Durante esos años, en la dirección de la lucha antiterrorista se tenía la certeza de que, al igual que Francia, un país norteafricano, Argelia, había sido también mucho más que un simple «santuario» para los terroristas de ETA. Los autores tenemos constancia de que en 1976 ETA había encontrado en ese país magrebí un aliado internacional que no sólo se limitaba a apoyar políticamente sus acciones, sino que puso a su disposición toda una infraestructura militar.

En el Ministerio del Interior —y también en el de Exteriores— figuran informes sobre cómo en enero, julio y diciembre de 1976 un amplio grupo de terroristas etarras se había trasladado a Argelia para recibir cursillos de adiestramiento en la Academia de Policía de Souma. La instrucción se centró en prácticas de tiro con pistola, metralleta y fusil de asalto, además de la fabricación y colocación de explosivos con metralla. Un entrenamiento básico para que estos «valientes gudaris» pudieran perpetrar atentados indiscriminados en suelo español.

Resulta curioso que diez años después de aquellos entrenamientos se iniciara el camino para abrir la mesa negociadora precisamente en Argel, y se hiciera a través de contactos exploratorios en el sur de Francia, Gabón y la propia Argel entre 1986 y 1988. En esos contactos participaron simultánea o sucesivamente el abogado Jorge Argote, por encargo de Rafael Vera; el director de la seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; los comisarios Manuel Ballesteros y Jesús Martínez Torres; el policía Pedro Martínez Suárez y el delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elorriaga. Por parte de ETA, los interlocutores más representativos fueron sus dirigentes Domingo Iturbe Abasolo «Txomin», hasta su fallecimiento, en 1987, y luego Eugenio Etxebeste «Antxon», Belén González Peñalva «Carmen», Ignacio Arakama Mendía «Makario» y Juan Manuel Soares Gamboa «Daniel».

Eran los difíciles «años de plomo», en los que a los asesinatos de ETA se respondía con las acciones de «guerra sucia» de los GAL y con una eficacia policial creciente que dio como resultado la célebre detención del «comando Madrid» de ETA; pero también, en el balance negro del terrorismo, el atentado de Hipercor en Barcelona, la muerte de «Txomin» en «accidente» o el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Pese a todo, el nuevo ministro del Interior, José Luis Corcuera, que había sustituido a Barrionuevo, pudo anunciar en el Congreso que podría hablarse de nuevo con ETA.

la larga marcha para el «proceso de argel» (1986-1989)

El «proceso de Argel», el más serio intento de negociación con ETA hasta esa fecha, se inició en abril de 1986 y finalizó —con fracaso— en 1989. La idea comenzó a fraguar cuando Iñaki Esnaola y la francesa Christianne Fandó, entonces abogados del máximo dirigente de ETA, «Txomin», propagaron entre el socialismo francés y el nacionalismo vasco moderado la idea de «Txomin» de negociar: Esnaola convenció a su amigo Xabier Arzalluz, presidente del EBB del PNV, y éste al lehendakari vasco, José Antonio Ardanza, de la necesidad de abrir un proceso negociador con la banda.

Hay que recordar que en Francia se iniciaba ese año (1986) la primera «cohabitación» del socialista François Mitterrand con el conservador Jacques Chirac, o, lo que es lo mismo, de la izquierda con la derecha, dentro de la cual Charles Pasqua sustituía al frente del Ministerio del Interior francés al socialista Pierre Joxe —que había sustituido a su vez al más duro Gaston Defferre— y las cosas cambiaban más espectacularmente en la cooperación antiterrorista: Francia comenzaba a dejar de ser el «santuario» de ETA, no sólo por el «mercantilismo» del que hemos hablado, sino también por convencimiento, dado que España era un país plenamente democrático que se había convertido en otro «socio» europeo de la OTAN y de la Comunidad Europea. Entre «socios», la cooperación se hacía, por tanto, inevitable.

Podemos fijar con exactitud la fecha de inicio del proceso de Argel propiamente dicho el 27 de abril de 1986, cuando fueron detenidos «Txomin» y su hermano, Ángel Iturbe Abásolo «Ikula», en un control de la Policía del Aire y Fronteras francesa (PAF) a la salida de Arbonne y recluidos en la prisión de Gradignan, en Burdeos. En ese tiempo, las autoridades galas, ya hemos recalcado que más colaboracionistas que antes, deportaban a Ecuador a otro importante dirigente etarra, Eugenio Etxebeste «Antxon», señal inequívoca de que el cambio en la colaboración bilateral empezaba a funcionar.

A ese cambio en la colaboración no fue ajeno, sino todo lo contrario, Pierre Guidoni, el embajador francés en España entre 1983 y 1985, etapa en la que se crearon los GAL y ejercieron su mayor actividad de guerra sucia contraterrorista en suelo galo. Los autores conocimos muy bien a Guidoni —amigo personal de Felipe González desde finales de la década de 1960—, a quien en 1994 invitamos a un curso de verano que dirigimos en El Escorial para analizar el Congreso de Suresnes —octubre de 1974—, que aupó al sevillano «clan de la tortilla» —González, Guerra, Chaves...— al poder del PSOE, dejando fuera a la mayor parte de los históricos socialistas del exilio.

Analizando el paso de Felipe González por el poder, Guidoni mantuvo en ese curso de verano que la hipótesis de que el Gobierno español utilizara la actuación de los GAL en Francia para presionar a Mitterrand era «absurda» e «inverosímil», porque fueron otros factores los que hicieron cambiar la mentalidad francesa con respecto a los mal llamados «refugiados» de ETA. Y es cierto que el propio Guidoni fue uno de los que más influyó en Mitterrand para ese cambio de actitud que ya empezaba a hacerse patente en el país vecino.

Existe una anécdota que ilustra esa explicación: en una ocasión, harto del desprecio con el que el Ejecutivo francés veía los atentados de ETA en España, José Barrionuevo, acompañado de Vera, mostró en la sede de la place Beauvau, en París, a su homólogo francés, Charles Pasqua —que había sustituido al socialista Pierre Joxe, menos comprometido con la idea de la colaboración policial—, una grabación en vídeo que recogía algunos de los crímenes más sangrientos de ETA. La grabación, como era de suponer, resultaba escalofriante porque compendiaba las escenas más dolorosas de algunos de los crímenes más execrables de la banda. Al finalizar la cinta, el ministro galo se quedó pensativo. En ese punto, según las fuentes españolas, el Gobierno galo comenzó a tomar constancia de la gravedad del problema. «No sabíamos que las cosas en España fueran realmente así», dicen que dijo Pasqua.

Esa anécdota que acabamos de reseñar se complementa con otra ocurrida poco tiempo después con los mismos personajes. Analizando el problema de la actuación de los GAL en suelo galo, Pasqua acabó reconociendo a Barrionuevo y Vera que él, como ministro del Interior, controlaba a la Policía francesa (Police Nationale), pero que no ejercía ningún control sobre la Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa durante todos esos años y que sólo se integraría en Interior el 1 de enero de 2009.

Según algunos asistentes a la reunión, cuando Barrionuevo le explicó que él, como ministro del Interior, no podía controlar a los GAL, Pasqua les hizo una confesión ilustrativa: «Lo entiendo. Yo, por ejemplo, controlo la Policía, pero no controlo la Gendarmería, que corresponde a Defensa. Y ésos sí que se toman la justicia por su cuenta».

A partir de esas situaciones que hemos reseñado, Francia empezó a colaborar efectivamente contra ETA, al tiempo que los GAL dejaron de actuar en 1986, aunque aún se produjera un muy oscuro atentado en 1987 —el de García Goena, para el que existen diversas explicaciones, o más bien conjeturas, que no son objeto de este libro—. Y a partir de ahí, también, se pudo iniciar el llamado «proceso de Argel».

El «proceso de Argel» en sí mismo está documentado en el libro de Alberto Pozas —que fue asesor de comunicación del Ministerio del Interior— Las conversaciones secretas Gobierno-ETA (Barcelona, Ediciones B, 1992), por lo que aquí nos limitaremos a ofrecer unas líneas generales y a facilitar algunos datos aún desconocidos, como que una de las causas de la ruptura del proceso fue el que los etarras exigieran que en el tramo final de las conversaciones estuvieran presentes un militar de alta graduación y el presidente del Consejo de Estado, entonces el socialista Tomás de la Quadra-Salcedo, que en 1985 había sustituido en el cargo a Antonio Hernández Gil. ETA precisaba de esas figuras para escenificar la puesta de largo de un «pacto con el Estado», o con la Corona, algo secularmente solicitado y algo que no iba a ocurrir.

También aportamos otros datos inéditos, como que fue a través de las relaciones entre el abogado abertzale Iñaki Esnaola y el comisario Ballesteros como se consiguió desarticular (16 de enero de 1987) al más famoso y sangriento comando de ETA, el «comando Madrid», con la detención de su máximo activista, José Ignacio de Juana Chaos, un siniestro personaje del que dimos cuenta en la primera parte de este libro. Igualmente, relatamos los auténticos pormenores de la muerte de «Txomin» en Argel, en 1987, en contra de lo que las autoridades argelinas mantuvieron en su momento.

A partir de mayo de 1986, «Txomin», preso en Burdeos, le hizo un encargo muy especial al abogado Esnaola: que convenciera a Xabier Arzalluz para pedirle a Felipe González que le dejaran veinte días de «paz policial» y sin ser deportado para iniciar dentro del mundo etarra un proceso en pro de la negociación. Arzalluz habló con el lehendakari Ardanza en Ajuria Enea y éste trasladó la petición a González, en La Moncloa. España había pedido a Francia la deportación de «Txomin» porque tanto González como su ministro del Interior, Barrionuevo, dudaban de que la situación estuviera «madura» para una negociación.

Los autores vivimos de forma muy intensa —periodísticamente hablando— aquella convulsa etapa política en la que España acababa de firmar el Tratado para su adhesión a la Comunidad Europea, pero después de una serie de reconversiones industriales salvajes que habían originado grandes protestas sociales en los altos hornos de Sagunto o del País Vasco, por no hablar de la reconversión de la minería. Uno de los autores, Menéndez, que entonces formaba parte de un heterogéneo grupo periodístico, cenó con ese grupo varias veces con Felipe González; en alguna ocasión en la famosa «Bodeguilla», en La Moncloa. El presidente siempre negó la participación directa del Gobierno en el GAL, faltaría más, que por esas fechas (1985-1986) operaba activamente aún en el sur de Francia, pero también mostró su escepticismo con la idea de que el terrorismo de ETA podía acabar a través de una negociación política. Sostenía que ni la sociedad ni los etarras estaban «maduros» para soportar el coste que tal negociación supondría.

No obstante, aún escéptico y a regañadientes, González permitió los contactos con ETA convencido, en parte, por el optimismo de Rafael Vera y de Barrionuevo, primero, y de Corcuera —cuando sustituyó al anterior—, después. Así, el 11 de julio de 1986, aprovechando que «Txomin» fue trasladado a París para deportarlo, se celebró un encuentro entre el etarra y el comisario Julio Hierro —más tarde procesado por los GAL—, quien tomó buena nota de sus propuestas.

«Txomin» fue finalmente deportado al Gabón de Omar Bongo, un «satélite» de Francia, y donde permaneció un mes y medio custodiado por el coronel gabonés Ossiali. Pero, como resultado del encuentro con Hierro, el Ministerio del Interior envió a Libreville al abogado Jorge Argote, un policía y un guardia civil para vigilar los encuentros que «Txomin» mantenía con los abogados de etarras Fandó y Esnaola en la capital congoleña.

Durante años, la figura de Jorge Argote Alarcón (Madrid, 1946) fue casi determinante en el seno de la Policía y de la Guardia Civil —cuerpo por el que recibió la Gran Cruz de Plata de la Orden del Mérito—, pero también sería después procesado en diferentes sumarios de los GAL. Su hermano, Joaquín, también abogado, fue igualmente asesor del Ministerio del Interior. Argote llegó a Interior de la mano de Vera, consciente de la necesidad de que un bufete especializado se encargara de la defensa de los guardias civiles que, sistemáticamente, eran acusados por los etarras detenidos de practicar la tortura. Algunos casos quedaron probados, es cierto, pero en su gran mayoría no fue más que una táctica de los terroristas para desprestigiar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Hoy, casi un cuarto de siglo después de aquellos hechos, parece lógica la presencia de un abogado como Argote en Interior para acometer la defensa de guardias imputados en numerosos sumarios, la mayor parte encuadrados en el cuartel de Intxaurrondo, en Guipúzcoa. Este cuartel ocupa una serie de edificios de viviendas construidas para tal fin, que fueron adquiridos años atrás ocultando el destino que se les iba a dar para evitar que su apertura fuese boicoteada. Tal era la situación que se vivía entonces.

Con ese mismo procedimiento, el Gobierno socialista tuvo que adquirir en el País Vasco otros edificios, después utilizados como cuarteles, y recurrir en ocasiones a que el Consejo de Ministros tuviese que aprobar las licencias de obra en localidades en las que había que construir un cuartel o una comisaría, porque los respectivos ayuntamientos se negaban a conceder licencias para ese uso. Un dato más que indica en qué ambiente, entre la violencia, la hostilidad y el silencio, desarrollaban su trabajo las Fuerzas de Seguridad en Euskadi.

Argote —muy polifacético, y posteriormente muy denostado, como decimos— seguía instrucciones de Interior para intentar que «Txomin» fuera deportado de Gabón a Sao Tomé, aunque él quería Cuba como destino, donde el régimen de Fidel Castro mantenía una importante colonia etarra. Al final, «Txomin» optó por Argel y Fandó y Esnaola convencieron al general Lakhal, responsable de los Servicios de Información Militar, y éste al presidente Chadli Benjedid para que lo recibieran. El etarra llegó a la capital argelina a primeros de septiembre de 1986.

A partir de ahí se pondría en marcha el proceso y en noviembre desembarcarían discretamente en Argel Belén González «Carmen», Ignacio Arakama «Makario», y Juan Manuel Soares «Daniel», controlados por Larbi Berkheil, el propio director del Gabinete del presidente Benjedid y que luego sería ministro del Interior. Fue con Larbi con quien el secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, mantendría asiduos contactos en Argel para controlar a los etarras e iniciar el proceso negociador.

sokoa, el gran golpe contra eta

En esas condiciones, el Gobierno se encontraba, sin duda, en el mejor momento para tomar el pulso a ETA, tras uno de los golpes más duros que recibió la organización terrorista: la caída (5 de noviembre de 1986) de la cooperativa Sokoa, el gran zulo de los etarras, el escondite principal donde guardaban su armamento y documentación. A estas alturas, la operación, diseñada por el entonces director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, es conocida, pero requiere quizá de algunas líneas, porque se introdujeron técnicas y ayudas de servicios extranjeros que abrieron puertas para el futuro —por ejemplo, para la caída del número uno de ETA el 20 de mayo de 2008, el terrible Francisco Javier López Peña «Thierry», de quien ya hemos hablado en la primera parte de este libro—. En Sokoa participaron los servicios de información de la Guardia Civil —pese a las dudas del general Andrés Cassinello—, el CESID y la CIA.

El plan, muy audaz, comentado a los autores por uno de sus principales responsables, consistía en venderle a ETA unos misiles Sam 7 en los que se colocaría un transmisor que llevaría, en última instancia, al gran zulo de los terroristas. Una operación aparentemente simple, pero extremadamente compleja que precisó del concurso de personajes tan turbios como el espía Francisco Paesa —el mismo controvertido personaje que años después escenificaría su propia muerte con una auto-esquela en el diario madrileño El País— o el traficante de armas de origen sirio Monzer Al Kassar.

La CIA norteamericana, habituada a operaciones de este tipo, fue la que facilitó al general Emilio Alonso Manglano, director del CESID, los dos transmisores que se colocarían en los misiles portátiles tierra-aire Sam 7, con sistema de puntería térmico. Los proyectiles fueron adquiridos por Interior a un traficante de armas afincado en Marbella y la venta la organizó Paesa en Suiza, una vez ganada la confianza de los etarras después de una exitosa operación anterior de venta de pistolas, un cebo en el que ETA picó.

Uno de los autores de este libro, Menéndez, pudo hablar en su momento con Sancristóbal, quien le corroboró los anteriores extremos y ofreció algunos detalles aún hoy inéditos. Paesa temía que los terroristas portaran en el momento de la entrega alguna especie de escáner y detectaran los microtransmisores, pero la CIA tenía prevista esa eventualidad y facilitó aparatos que no lanzaban señal hasta veinticuatro horas después de ser accionados. La entrega se produjo el 3 de noviembre de 1986, diez días después de que Sancristóbal, quien ideó la operación, hubiera sido cesado por Barrionuevo al frente de la Seguridad del Estado.

Resumiendo, la señal funcionó, transmitiendo una posición variable hasta que fueron depositados en un lugar concreto. Pero Interior presumía que ése no era su destino final. De repente, la señal dejó de recibirse. La última emisión situaba a los Sam 7 en la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, y probablemente habían fallado las baterías. Un equipo de hombres-rana tuvo que desplazarse al lugar y cambiarlas con el más absoluto sigilo... Luego, los misiles marcaron diversas posiciones, según iban siendo trasladados, hasta que quedaron inmóviles en la cooperativa Sokoa, una fábrica de muebles en territorio francés.

El 5 de noviembre de 1986 Hendaya amaneció tomada por 150 agentes franceses y algunos guardias civiles. Detrás de un sistema de apertura con cierre hidráulico se encontró el zulo con el depósito de ETA y los misiles. El golpe a ETA fue fenomenal: la numerosa documentación intervenida permitió conocer con exactitud las finanzas de los terroristas, los empresarios que pagaban el impuesto revolucionario e, incluso, las aportaciones voluntarias con que contaban las arcas etarras. Pero, también, qué tipo de armas almacenaban: todo el armamento requisado era de procedencia soviética, y el mismo que utilizaban todos los países del Pacto de Varsovia.

«txomin» desautoriza a argote

Bajo la presión de Sokoa, la primera reunión oficial Gobierno-ETA se celebró el 13 de noviembre de 1986, cuando Argote y el comisario de la Brigada Central de Información Pedro Martínez se entrevistaron con «Txomin» en un chalet en Cap des Pines, una urbanización turística en la costa, a 16 kilómetros de Argel. Pero «Txomin» sólo quería hablar de la Alternativa KAS.

Una segunda entrevista oficial tuvo lugar justo un mes después y la presidió también Argote, pero en la capital argelina se encontraban ya, aunque distanciados del lugar del encuentro, Rafael Vera, Julen Elorriaga, Luis Arranz (asesor de Barrionuevo para temas internacionales) y los comisarios Jesús Martínez Torres (de Información) y Pedro Martínez.

Mientras Argote se veía con «Txomin», Vera mantenía conversaciones con Berkheil y con el correoso general Lakhal (jefe de los Servicios de Información Militar). El etarra le dijo a Argote que quería a alguien de «más altura» que él. Es decir, que le desautorizaba como interlocutor, y días después, el encuentro fue convenientemente filtrado a la revista Interviú, al parecer por Fandó o por Esnaola, que conseguían así dejar a Argote fuera de juego.

El Gobierno encajó el golpe y el 11 de enero de 1987 llegó a Argel el nuevo negociador, Julián Sancristóbal, que había cesado como director de la Seguridad del Estado en octubre del año anterior, razón por la que —se pensaba en Interior— no se le podía identificar como un «representante gubernamental». A Sancristóbal le acompañaba el comisario Ballesteros, mientras que «Txomin» era asesorado por Christianne Fandó.

En ese nuevo encuentro, el etarra exigió que participara en el proceso Eugenio Etxebeste Arizkuren «Antxon», deportado —como hemos señalado— en Ecuador. Para dar cumplimiento a esa exigencia, en febrero de 1987 fue el entonces capitán de la Guardia Civil Félix Hernando, un hombre de la máxima confianza de Vera, quien viajó a Quito para preparar el traslado. Sin embargo, antes de que «Antxon» pudiera ser trasladado a Argel moriría «Txomin» en un extraño accidente.

Las circunstancias en las que se desarrollaban estos contactos eran, en ocasiones, rocambolescas: los representantes de Interior mantenían tal secreto que ni sus propias esposas conocían lo que hacían, lo que a veces derivó en embarazosas explicaciones cuando los maridos negociadores llegaban de madrugada a casa sin poder explicar de dónde venían, algo que ocurrió en más de una ocasión...

la denuncia por la que cayó de juana chaos

Pese a la apertura del diálogo, la lucha policial no se había descuidado y, de hecho, parecía formar parte de la estrategia gubernamental para apartar a los «duros» y contrarios a la negociación. Así, el sangriento «comando Madrid», liderado por el no menos sangriento Iñaki de Juana Chaos, cayó el 16 de enero de 1987 (sólo cinco días después del encuentro con «Txomin»), y según ha asegurado a los autores de este libro uno de los altos responsables de Interior de la fecha, fue gracias a la inestimable ayuda del abogado Iñaki Esnaola. De acuerdo con esta versión, al despacho del abogado vasco habría llegado una militante abertzale que le confesó que le habían pedido que fuera a Madrid con su hija y buscara una casa para el «comando Madrid».

La información llegó al comisario Ballesteros, que dispuso un operativo para el seguimiento de las dos mujeres. Ambas compraron una casa en Morazarzal, en la que los «chapuzas» de la Policía colocaron cámaras y micrófonos a placer. Así pudieron conocer el día y la hora en que las mujeres tendrían que esperar a los miembros del «comando Madrid» en una gasolinera próxima al Cerro de los Ángeles, donde les esperaba la Policía, que procedió a la detención de todos. El Gobierno se apuntaba un éxito policial sin precedentes y ETA se desprendía de un sanguinario, duro entre los duros y contrario a la negociación Iñaki de Juana Chaos.

la verdad sobre la muerte de «txomin»

Han corrido ríos de tinta sobre la muerte de «Txomin» (25 de febrero de 1987) en un accidente en Argelia. Los autores de este libro hemos podido confirmar que su muerte fue auténticamente accidental... pero no fue ni en el lugar que se dijo ni como se dijo. La historia oficial insiste en que se trató de un accidente de circulación mientras se desplazaba de Ghardaia a la región de Berruaghia, a 400 kilómetros de Argel. Esa versión oficial la montaron los argelinos para no tener que reconocer que los etarras deportados en Argelia se entrenaban tranquilamente en un campamento militar.

La historia real, que nos han confirmado los responsables de Interior de la época, es que una quincena de etarras deportados campaban a sus anchas en un campo militar argelino. El 25 de febrero de 1987 —dos días antes de la fecha «oficial» de su muerte— «Txomin» había subido a un tejado para colocar una antena de televisión, pero con tan mala fortuna que resbaló, cayó y se desnucó.

De ese accidente fueron testigos «Makario» y «Carmen», quienes también se encontraban deportados en Argelia, sin que en teoría se hubiera informado de tal presencia al Ministerio del Interior español. Si Argelia revelaba este dato, podía tener problemas diplomáticos con España, así que los servicios secretos montaron una historia paralela: dos días después del suceso, las autoridades argelinas informaron de que «Txomin» acababa de fallecer en un accidente en un coche conducido por Amar Taibi, conductor oficial del Frente de Liberación Nacional argelino (FLN).

Lo que no sabían los argelinos es que las circunstancias reales que rodearon la muerte de «Txomin» las conoció Rafael Vera el mismo día que ocurrió el hecho, el 25 de febrero, gracias a un «infiltrado» argelino en Madrid que operaba próximo al embajador Ahmed Amine Kherbi. Con este hecho, muerto el principal interlocutor, en marzo de 1987 Vera consiguió que Argel expulsase a «Makario» y a «Carmen» a Mali, acallando así las críticas políticas y periodísticas en España y apuntándose un éxito diplomático.

«antxon» toma las riendas de la negociación (1987-1989)

Seguían siendo «años de plomo»: el extremadamente violento Francisco Mujika Garmendia «Pakito» se había hecho con las riendas de ETA tras la muerte de «Txomin» y la banda cometía una auténtica masacre en el Hipercor de Barcelona (19 de junio de 1987). Paralelamente, el GAL finalizaba sus actuaciones con el asesinato de Juan Carlos García Goena (Hendaya, Francia, 24 de julio).

Mujika Garmendia (Villafranca de Ordizia, Guipúzcoa, 1953) representaba la línea más dura de ETA, en la que había ingresado en la adolescencia, ocupándose inicialmente de tareas no militares, como contabilidad o contactos externos. De su amplio historial se puede decir, como dato ilustrativo, que tuvo alguna participación en los preparativos de la llamada «Operación Ogro», que en 1973 acabó con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, cuya muerte influyó decisivamente en la evolución del régimen franquista. Resulta curioso que ahora, en 2010, «ablandados» por los muchos años pasados en la cárcel, algunos de los etarras más sanguinarios abominen de la violencia, habiendo llegado, algunos de ellos, incluso a ser expulsados de la banda, como explicamos en el último capítulo de este libro.

En esas circunstancias, en agosto de 1987 el Gobierno González decidió reactivar el traslado de «Antxon» —el exilio le había vuelto más «blando»— de Ecuador a Argel para reiniciar los contactos exploratorios. La primera entrevista tuvo lugar a primeros de agosto, cuando Vera y Julen Elorriaga viajaron a Argel, junto con los policías Martínez Torres, Ballesteros y Pedro Martínez. Los comisarios Ballesteros y Martínez Torres se entrevistaron con «Antxon», pero pudieron comprobar que éste no tenía el poder de «Txomin» dentro de la organización y que tenía que consultarlo todo con la dirección de ETA en Francia. Malos augurios para la negociación.

Encuentros posteriores se celebraron el 17 de septiembre (Ballesteros-«Antxon»), el 14 y 15 de octubre y el 21 de noviembre de 1987 (Julen Elorriaga-«Antxon»), pero la situación fue empeorando considerablemente: el 5 de noviembre se firmaba el Pacto de Madrid contra el terrorismo y el 12 de enero de 1988 el Pacto de Ajuria Enea, entre los partidos políticos vascos, en los que se rechazaba que ETA pudiera negociar aspectos políticos, lo que suponía un mazazo para las tesis etarras del momento.

Por el contrario, ETA vertía más sangre que nunca en un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza (11 de diciembre) y el Gobierno estaba decidido a romper cables: Vera viajó a París para entrevistarse con el ministro francés delegado para la Seguridad Pública, Robert Pandraud, y luego a Argel, haciendo lo propio con Lakhal y Berkheil, pero los argelinos le convencieron para esperar, porque podían —le dijeron— conseguir una tregua de ETA.

Con esas premisas, los contactos se reanudaron en febrero de 1988, cuando Elorriaga, acompañado del comisario Pedro Martínez, un guardia civil y el capitán Francisco Garrido, viajó de nuevo a Argel para sondear a «Antxon», con quien mantuvo un encuentro en un recoleto chalet del paseo del Mar. «Antxon» pidió ampliar el número de interlocutores para establecer una mesa de negociación: un representante de la Koordinadora Abertzale Sozialistak (KAS), dos de Herri Batasuna y alguno más de ETA. El encuentro resultó tan tenso que a partir de ese momento Elorriaga no volvió nunca más a Argel porque ETA no le quería. Esta anécdota ilustra cómo se desarrolló la reunión: «Antxon» y Elorriaga ni siquiera se estrecharon la mano y el saludo fue un frío «hola, ¿qué tal?».

Dentro de la banda existían serias discrepancias que se manifestaron cuando ETA secuestró en Madrid al empresario Emiliano Revilla, torpedeando las conversaciones de Argel. En esa línea, el 19 de marzo asesinó a tiros al guardia civil Pedro Ballesteros Rodríguez. Las conversaciones tenían necesariamente que estancarse. Además, en julio, Felipe González acometió una remodelación de Gobierno: salió Barrionuevo de Interior y entró José Luis Corcuera, un duro y correoso sindicalista. Vera, sin embargo, permaneció en el cargo de secretario de Estado... y apostando por la vía de Argel.

Como sindicalista —llegó a ser el «delfín» de Nicolás Redondo en UGT—, Corcuera había participado en numerosas negociaciones, razón por la que fue convencido por Vera de la necesidad de mantener abierta la «vía argelina». Con los parabienes del nuevo ministro, el 25 de agosto Vera viajó nuevamente a Argel, acompañado de los comisarios Martínez Torres y Ballesteros y del general Gémar. Después de cuatro días de entrevistas con las autoridades argelinas, Vera pidió que se expulsara a los etarras allí deportados, pero dejando una puerta abierta: si ETA liberaba a Revilla se podrían establecer nuevos contactos.

Inmediatamente después de esa petición, «Antxon» recibió la visita de los abogados habituales, Fandó y Esnaola, acompañados esta vez de otro letrado, Iñigo Iruin (era la primera vez que Iruin viajaba a Argel). Posteriormente, Iruin sustituirá en el papel negociador a un «quemadísimo» Esnaola.

En ese periodo inicial de las conversaciones de Argel después de «Txomin» se registraron dos episodios que demuestran el grado de compromiso de Corcuera con la vía abierta por Vera. El primero, fue el hecho de que Corcuera y Vera acudieran en dos ocasiones a visitar a Adolfo Suárez —entonces iniciando su declive en el Centro Democrático y Social— a su residencia en la urbanización de La Florida, en las afueras de Madrid. Aunque no había necesidad de hacerlo, el Gobierno consideró oportuno facilitar a Suárez, el hombre que había pilotado la transición democrática en España, todos los datos sobre lo que se estaba hablando en Argel, así como los «techos» a los que los socialistas pensaban llegar con los etarras. Naturalmente, Suárez agradeció en lo personal tal deferencia.

El segundo episodio tiene que ver con la «mesa periodística» montada en secreto en Interior. El Gobierno necesitaba de la complicidad voluntaria de la prensa, y Corcuera y Vera mantuvieron encuentros por separado con los directores de los principales medios de comunicación. Por la sede de Castellana pasaron desde Luis María Ansón, de ABC, y Joaquín Estefanía Moreira, de El País, hasta José Antonio Zarzalejos, de El Correo; Antonio Franco, de El Periódico de Catalunya, o Juan Tapia, de La Vanguardia, convocados por el director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio del Interior, el también periodista Agustín Valladolid, que entonces estaba en el secreto de muchas de las cosas que ocurrían. Al despacho de Corcuera no fue convocado, sin embargo, Pedro José Ramírez, que en marzo de 1989 cesaría como director de Diario 16 y unos meses después pondría en funcionamiento el diario El Mundo. Ramírez, que iba a emplearse a fondo periodísticamente contra las actividades criminales de los GAL, profesaba ya entonces un desprecio confesado hacia Corcuera y un odio proverbial hacia Rafael Vera.

El motivo de esa «mesa de periodistas» era pedirles que se implicaran voluntariamente en apoyo de las negociaciones. No se pedía, en realidad, gran cosa; es decir, no se les exigía censurar las informaciones en relación con esta cuestión, pero sí que llegaran al compromiso de no publicar ninguna noticia en sus medios salvo que hubiera sido contrastada en una de estas tres fuentes informativas: Corcuera, Vera o Javier Solana —que ejercía como portavoz del Gobierno—. Cualquier otra fuente quedaba expresamente desautorizada. Se evitaban así filtraciones —muchas veces incontroladas, interesadas o contaminadas— de los servicios de información, o del mundo abertzale, las cuales podrían poner en peligro el proceso de paz.

batasuna asesora en las negociaciones

Las amenazas de Vera no tendrían un primer efecto hasta el 8 de enero de 1989, cuando ETA hizo público un comunicado a través del diario abertzale Egin en el que declaraba una tregua de 15 días. Como medida de «acompañamiento», la Policía francesa detuvo en Bayona a José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea «Josu Ternera», entonces un duro respecto a la tregua, y a Elena Beloki Resa. Con estos acontecimientos, el Gobierno de González decidió crear una comisión negociadora formada por Vera y Juan Manuel Eguiagaray (delegado del Gobierno en Murcia, luego ministro de Administraciones Públicas y de Industria con Felipe González). Sólo ellos dos, acompañados del comisario Pedro Martínez, se entrevistarán con ETA.

Para que esa entrevista tuviera lugar, el 14 de enero habían viajado a Argel, en medio de las condiciones de alto secreto antes descritas, el propio ministro del Interior, José Luis Corcuera, Vera, Eguiagaray, Ballesteros, Pedro Martínez y el periodista Agustín Valladolid —director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio del Interior—. Se alojaron en el hotel Mitad y conversaron con Berkheil y el general Betchine —que había sustituido a Lakhal al frente del Servicio de Información Militar.

Tras aquel encuentro, Vera, Eguiagaray y Pedro Martínez se reunieron con la delegación etarra, compuesta por «Antxon», «Makario» y «Carmen». Así fue, en un solo día, como nació la llamada «mesa de Argel», como relata Alberto Pozas en su libro, cuyos detalles han sido igualmente ratificados a los autores por algunos de sus protagonistas directos.

Un nuevo contacto con ETA en Argel se produjo el 26 de enero con Vera, Eguiagaray, Ballesteros y Pedro Martínez, y otros contactos tuvieron lugar el 14 y el 27 de febrero (en este último estuvo presente «Makario», un «tipo duro y silencioso», como lo retratan algunos protagonistas), y el 13 y el 22 de marzo de 1989 (para esta reunión se encontraban en Argel, aunque no en la mesa de negociación, los representantes de HB Iñigo Iruin, Txema Montero, Tasio Erquizia y Luis Núñez, redactor jefe de Egin, que había publicado días antes una entrevista con «Antxon»). Esta última reunión supuso el inicio de Batasuna metiendo baza y pasando orientaciones a «Antxon».

Sin embargo, esa reunión del 22 de marzo fue la última de la «mesa de Argel»: los duros de ETA querían romper, no hubo acuerdo en los comunicados a emitir, se acabó el plazo de la tregua, ETA acordó no decretar ningún otro alto el fuego y el 7 de abril de 1989 comenzaron nuevamente los atentados. La «mesa de Argel» quedó rota y en el olvido.

los nuevos intentos de negociación en santo domingo con «antxon» (1990)

El fiasco de Argel no supuso el cierre de puertas definitivo de los contactos entre el Gobierno de Felipe González y dirigentes de ETA. Un año y medio después de Argel, el ya teniente coronel de la Guardia Civil Félix Hernando, un hombre del grupo de Servicios Especiales —pero dependiente del comisario Manuel Ballesteros—, mantuvo un encuentro con «Antxon», deportado en Santo Domingo tras el fracaso de Argel.

La reunión se celebró el 18 de diciembre de 1990 —diez días después de que ETA asesinara a seis policías en Sabadell con un coche-bomba— y el mensaje transmitido fue inequívoco: con atentados no hay diálogo y ya no bastaría con el anuncio de una tregua, sino que sería necesario un largo periodo sin bombas para que pudiera volver a plantearse una reanudación de las conversaciones.

Es cierto que el presidente González seguía siendo escéptico hacia una negociación con ETA, porque, además, en esos años de 1990-1991 atravesaba por periodos muy duros en la política interna española. Manuel Fraga, por ejemplo, le había arrebatado la Xunta de Galicia y en el PP se procedía en Sevilla a la «refundación» del partido, con un ambicioso y duro contrincante para González: José María Aznar. En el plano internacional, España se había embarcado en la primera guerra del Golfo Pérsico contra Irak, participando con las corbetas Descubierta y Cazadora y la fragata Santa María. Pero en el plano interno comenzaba a aflorar la corrupción, y la caza brutal contra el vicepresidente Alfonso Guerra a través de su hermano, Juan, desestabilizó de tal manera al Ejecutivo que Guerra tuvo que dimitir en enero de 1991, rompiendo, además, sus lazos de amistad personal con González. La situación no era, pues, la más propicia.

Paralelamente, en el seno de ETA —y de su brazo político, Herri Batasuna— afloraban también serias divisiones respecto al enfoque que debía darse a los sondeos realizados por los emisarios del Gobierno. Tras la reunión con Hernando, «Antxon» trasladó a la cúpula de ETA el requerimiento del Ejecutivo español, y lo hizo primero a través de una conversación telefónica con el abogado Iñigo Iruin —que, por su interés, reproducimos más abajo en exclusiva— en diciembre de 1990, y luego con Karmelo Landa e Iñaki Aldekoa, dos dirigentes de Herri Batasuna que le visitaron en enero de 1991 en la capital dominicana para intercambiar impresiones.

Pese a las prevenciones del presidente González, el inicio de estos nuevos contactos hay que situarlo a finales de la primavera de 1990, cuando un hombre de la máxima confianza de Rafael Vera —que seguía siendo secretario de Estado de Interior— visitó a «Antxon» en Santo Domingo y le indicó que el Gobierno reanudaría las conversaciones con ETA si los terroristas decretaban un alto el fuego de dos meses. De conseguirlo, hubiera supuesto un balón de oxígeno para el Ejecutivo socialista, que empezaba ya a acusar en el Parlamento la «pinza política».

Hasta ahora se ha guardado celosamente la identidad de esa persona, pero los autores de este libro estamos en condiciones de confirmar que el enviado de Vera fue Rafael de Francisco, un asesor de Barrionuevo que llegó a ser director general de Política Interior del Ministerio del Interior. De Francisco, un antiguo simpatizante del Movimiento Comunista en la década de 1970, ya había realizado a mediados la década de 1980 una serie de actos contrapropagandísticos, tales como inundar con panfletos anti-ETA el sur de Francia.

[Más tarde, tras su salida del ministerio con la entrada del nuevo equipo de Juan Alberto Belloch, De Francisco recaló como presidente y consejero delegado de la empresa de seguridad THM, sociedad propiedad de Telefónica.]

Como es lógico, el Gobierno estaba perfectamente informado de los contactos que «Antxon» mantenía en su deportación dominicana con José Luis Elkoro, senador y alcalde de Bergara (Guipúzcoa); el diputado Rafael Díez Usabiaga, quien había sustituido a Iñaki Esnaola en el escaño; el hombre fuerte de Herri Batasuna en Navarra, Iñaki Aldekoa, y el eurodiputado Karmelo Landa.

Además, en agosto, septiembre y diciembre de 1990 los servicios secretos españoles detectaron tres reuniones de dirigentes de HB con «Antxon». A la primera asistieron Elkoro, Díez Usabiaga y Aldekoa. A la segunda, Elkoro y Díez Usabiaga. A la tercera sólo acudió Elkoro, mientras que por parte de ETA estuvieron presentes «Antxon», «Makario» y «Carmen».

ETA dudaba de los propósitos de Interior y aunque no cortó los contactos, pensó que en ese momento no podían fructificar. No obstante, tras la «visita» de Hernando a «Antxon» y los mensajes de deportación que al dirigente etarra le lanzó el Gobierno dominicano del doctor Joaquín Balaguer, ETA realizó una contraoferta en la que designaba sus interlocutores y contestaba que la tregua sería de 15 días en lugar de dos meses, y que se anunciaría públicamente en el momento en que ambas partes se sentasen a hablar, pero no como condición previa, según consta en documentos intervenidos posteriormente por la Policía francesa a ETA.

Los interlocutores nombrados fueron «Antxon», «Makario» y «Belén» —deportados en República Dominicana— y José Antonio Urrutikoetxea «Josu Ternera», Isidro María Garalde «Mamarru» y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena «Txikierdi», presos en cárceles francesas. Eran los mismos interlocutores cuya incorporación a las negociaciones de Argel exigió ETA cuando se produjo la ruptura, en marzo de 1989. El país elegido para la cita sería Suecia.

Sin embargo, en Interior triunfaba la opinión de que el experimento de Argel no podía repetirse mecánicamente, y el Gobierno de Felipe González mantuvo la tesis de que el diálogo para poner fin a la violencia etarra exigía un replanteamiento en el conglomerado político que se movía en torno a ETA. Así, el Gobierno entendió que al final del trayecto habría efectivamente que hablar, pero no creía que se hubiera llegado a ese tramo. Esta iniciativa, por tanto, no condujo a ningún lado.

«antxon» a iruin: «¿podrías tomar una cosa para quien corresponda?»

Por su interés histórico-informativo reproducimos aquí un extracto de la conversación inédita que los servicios españoles, en colaboración con los dominicanos, grabaron a «Antxon» con el abogado Iñigo Iruin en diciembre de 1990. La conversación telefónica estuvo auspiciada y propiciada por los propios servicios de seguridad dominicanos —«Antxon» conocía, pues, que era objeto de grabación— y se produjo después de la visita del teniente coronel de la Guardia Civil Félix Hernando a «Antxon» en Santo Domingo.

Suena el marcado, el tono de llamada y lo coge el interlocutor.

«antxon»: ¿Podrías tomar una cosa para quien corresponda? ¿Crees interesante utilizar esta vía o no?

iruin: Tengo que suponer que no, pero... ¿es urgente, o...?

[...]

«antxon»: Únicamente, pues, éste es el camino para poder transmitir allí, porque me han dicho que cuando esté considerado transmitir algo, pues que no hay otro camino. Pues digamos que es una labor técnica puramente esta posibilidad... Venga, ¿te cuento?

iruin: Anda, anda...

«antxon»: Bueno, pues ayer estuve dos veces con el general de aquí. Se me pidió una toma de postura ante la situación creada con la caída de Iparralde y que si tenía algún mensaje para el secretario de Estado [Rafael Vera]. Entonces cuestioné en calidad de qué se me hacían estas preguntas, si como ETA o a nivel personal. En principio me dijo que como ETA. Entonces le contesté que lo siento mucho, pero que yo no soy ETA, que eso tendrán que preguntarle a ETA, que es ingenuo pensar que yo puedo tener una capacidad con poder de decisión a ese nivel. Entonces se me preguntó que a nivel personal, que a ver qué opinión tenía. Y le dije que, bueno, que lo que ocurre es algo que entra dentro de una lógica de la lucha y que no es la primera vez que sucede. Entonces me planteó abiertamente ya el tema de la tregua, cómo estaba ese asunto. Le dije que, hasta donde yo sabía, que me remitía al documento que se les había presentado en su momento, y que a partir de ese momento, que desconocía cómo estaban los análisis o cómo había transcurrido ese asunto en cuanto que yo ya tenía cortados todos los conductos o todos los caminos. Manifesté que entendía que el momento podía ser delicado, que yo desconocía cómo estaba la situación, y que podía ser delicado, que exigiría una profunda reflexión al respecto por parte de todo el colectivo del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En un momento determinado me pidió el hombre que ayudaría mucho al proceso una declaración pública con un pronunciamiento mío favorable a un proceso de distensión. En ese momento me quedé un poco cortado, digamos, porque era un planteamiento, claramente, que yo entendía ilógico que se me presentase, y me pidieron unas horas para reflexionar, me dijo que tomase tiempo y en la noche nos volvimos a juntar. Y, bueno, la contestación que le di fue... ¿me sigues todo, no?

iruin: Sí, sí.

«antxon»: La contestación que le di fue de que me había parecido una petición un tanto extraña, sobre todo que me la hiciese a mí, una persona que llevaba 22 años de militante de la causa vasca, por una razón, porque veía que era una posición absurda en la medida que eso no nos iba a conducir al objetivo que venimos esperando desde hace años; es decir, de empezar a hablar de un proceso de diálogo, a favorecer un proceso de distensión siempre y cuando venga ordenado u homogeneizado en el conjunto del movimiento. Que una decisión personal de las características que me estaba presentando, que me parecía la vía del arrepentimiento ofrecida por el Gobierno español, y que en ese sentido yo no iba a renunciar a ninguno de mis ideales de lucha que he mantenido durante toda mi vida.

iruin: Ya.

«antxon»: Bueno, entonces estuvimos hablando durante cerca de una hora y luego otra hora en la noche, también la posibilidad de contactar con alguien. Le dije que era inviable ningún tipo de contacto; es decir, que en estos momentos a la organización no tenía... nunca he tenido, ninguna facultad de poder llegar. Que únicamente podía si él entendía positivo transmitir algún mensaje en relación con ese tema. Bueno, que las dos partes estábamos muy dudosos de que eso podía ser una vía, porque las posiciones que me manifestó me parecían muy, no sé, excesivamente extremas, que yo siempre que he intentado hacer esfuerzos en ese sentido me he llevado unos cortes, que esos cortes es que la lucha continúa; es decir, que el enfrentamiento siga. Me dijo que, de todas formas, que esa declaración me la siguiese pensando, que República Dominicana no tenía más opción ya que tomar cartas en el asunto y que se iba a empezar el proceso de extradición...

iruin: ¿Que se iba a empezar?

«antxon»: Que se va a empezar ya... Entonces esa misma noche ya nos hicieron un papeleo, nos tomaron fotografías, nos tomaron las huellas digitales y nos tomaron la filiación: pues el nombre, de dónde somos, tal y tal... Rellenaron una hoja, y la posición es que en cualquier momento seremos trasladados a Madrid. Entonces siguió insistiendo en que esto no era una represión de República Dominicana, sino que iba en consonancia con una reunión de países iberoamericanos que se iba a llevar a cabo en Madrid y que, inclusive, iba a haber una reunión de todos los países iberoamericanos para tratar el tema en concreto del terrorismo y que se veía claramente que la voluntad de todos los países era francamente desfavorable y de acuerdo a elaborar una iniciativa en contra del terrorismo. Entonces, bueno, yo únicamente le pedí, digamos, una autorización para transmitir un mensaje, este mensaje que te estoy transmitiendo a ti, en el sentido únicamente de información, eh, para que sepa al menos el Movimiento, porque yo entendía que tú eras un elemento importante para el Movimiento...

iruin: Ah, ya.

[...]

«antxon»: Yo creo que, mi opinión personal, al menos, es que hay una necesidad en estos momentos, de hacer una profunda reflexión al respecto sobre la situación actual...

[...]

iruin: Es decir, que si hubiera algo novedoso, ¿la posibilidad de comunicar contigo sería factible?

«antxon»: Sí, factible, de acuerdo con el teléfono y tal. Es decir, él lo que no quiere es una pérdida de tiempo de esas de que venga aquí gente sin nada concreto [...].

iruin: ¿Tú no puedes ganar cierto tiempo ahí, o...?

«antxon»: Bueno, es que, quedamos... en cierta medida también hay que intentar ser... un compromiso en la propia realidad de las presentaciones, porque yo entiendo, por supuesto, lo que le dije a él: que desconocía absolutamente... hoy en día se puede estar reflexionando en estos temas, en ese mismo desconocimiento que podía tener yo. ¿Cómo me puedo pronunciar a favor de una cosa o a favor de otra cosa y hacer unas reflexiones aquí únicamente para un contraste de opiniones? No sé si a él le satisfaría. Ése es el problema, yo creo que, como persona, no los puedo dar sobre la tregua, ni yo ni nadie con el que pueda hablar yo. Únicamente es la propia organización la que puede desarrollar eso...

[...]

iruin: Bueno, yo intentaré...

«antxon»: Sí, es que es el único vehículo, el único camino que he encontrado. Le dije a él que tenía muchas dificultades y entonces, bueno, como tú has sido normalmente la persona a la cual yo transmito en plan técnico, pues he aprovechado este momento...

iruin: Bien, bien...

«antxon»: Porque me han dado autorización también, pero de todas formas que se tenga en cuenta que nosotros también tenemos la bolsa preparada [...].

[...]

iruin: Intentaré transmitir lo más rápido que pueda y bueno también procurar que en fin que la reflexión sea lo más positiva posible [...].

la reunión de washington y el acercamiento a los batasunos navarros (1991)

También por esas fechas se produciría otro acontecimiento en el campo de los procesos de negociación con ETA. El episodio tuvo lugar en septiembre de 1991, después del fracaso de Santo Domingo, y lo propició el gobierno norteamericano. En Washington se reunieron los partidos políticos representados en el Parlamento de Vitoria para abordar el problema e intentar establecer un orden de prioridades que facilitara la puesta en marcha de un proceso dialogado.

En la reunión estuvo presente una delegación del Gobierno de los Estados Unidos, que actuaba como anfitrión. Como mediador y figura central de la reunión se situó Juan Gutiérrez, presidente del Gernika Gogoratuz, el Centro de Investigación por la Paz creado en 1987 por decisión unánime del Parlamento Vasco en el marco de 50 Aniversario del Bombardeo de Gernika y con sede en esta población vizcaína.

A propuesta de la mediación y de los consultores estadounidenses se propuso aparcar las ideas irreconciliables e ir buscando consensos. Una idea novedosa que luego se utilizará en otra vía que abrirán los socialistas Rafael Vera y Txiki Benegas: se trataba, por un lado, de que ETA no pusiese sobre la mesa la única reivindicación de la soberanía y, por otro, que los partidos políticos no antepusiesen la disolución de la banda a otras propuestas. Para tal fin, Gutiérrez propuso una brain storming o herramienta de trabajo en grupo que facilita el surgimiento de nuevas ideas, pero que sólo puso de manifiesto la absoluta divergencia entre los partidos políticos vascos y los grupos y colectivos allí representados. Una vez más, la esperanza de comenzar a andar se detenía incluso antes de haber dado el primer paso.

Pero en ese año de 1991 también tuvo lugar otro episodio —hasta hoy desconocido— de acercamiento al mundo abertzale: una vía orientada a los sectores más moderados de la Batasuna navarra a través del ex comunista Enrique Curiel y del secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas.

Para situar los hechos es necesario recordar que el entonces presidente del PP, José María Aznar, y el de UPN, Jesús Aizpún, habían sellado un acuerdo (25 de marzo de 1991) por el que PP y UPN concurrirían juntos a los comicios forales. Así, en las elecciones municipales y autonómicas (26 de mayo de 1991), el Partido Socialista de Navarra (PSN) perdió la mayoría, con lo que peligraba la continuidad del Gobierno autonómico que mantenía el socialista Gabriel Urralburu desde mayo de 1984. UPN-PP aventajó en un escaño al PSN-PSOE (veinte frente a diecinueve); la marca abertzale Herri Batasuna consiguió seis escaños, con Patxi Zabaleta como cabeza de cartel; Eusko Alkartasuna tres, e Izquierda Unida dos.

Con unos resultados tan complicados, el «número tres» socialista, Txiki Benegas, encargó al ex comunista Enrique Curiel (ya en la órbita socialista) una gestión en torno a Zabaleta para que Herri Batasuna se abstuviera en la sesión de investidura, propiciando así la continuidad de Urralburu. El encuentro se celebró en el domicilio de José Luis Uriz, un antiguo militante del PCE y en esos momentos ya en el PSOE, pero los batasunos exigieron como contrapartida que los socialistas hicieran pública su petición de abstención. La respuesta fue negativa y los abertzales solicitaron entonces una reunión oficial con el PSOE.

Antes de que se adoptara una decisión oficial, Luis Roldán, delegado del Gobierno en Navarra hasta 1986 y desde esa fecha director general de la Guardia Civil, se «coló» en las conversaciones —conocía los contactos a través de los servicios de información de la Benemérita— y exigió que los encuentros fueran directamente con él. Zabaleta, literalmente, se horrorizó... La vía quedó cortocircuitada y el regionalista Juan Cruz Alli Aranguren fue designado presidente del Gobierno navarro en sustitución de Urralburu.

el cesid avisó contra un pacto entre nacionalistas

Como vemos, el Gobierno de Felipe González no dejó nunca de «pulsar la temperatura» de ETA de cara a un final dialogado de la violencia. Eran encuentros secretos, claro, que sólo se conocerían muchos años después y algunos los hemos desvelado ahora.

Como se revela ahora este documento del CESID (actual CNI) al que los autores hemos tenido acceso y que, fechado en mayo de 1992 bajo el sugerente título de «Evolución del esquema del proceso de conversaciones ETA-Estado. Las conversaciones PNV-HB como inicio del proceso», analizaba con seis años de antelación lo que iba a ocurrir entre el PNV, HB y ETA en Lizarra (1998), ya con el Gobierno de Aznar.

Los especialistas del CESID analizaban ya entonces la «debilidad sin precedentes de la capacidad operativa y de dirección política de la organización terrorista», lo que podría aprovecharse para una salida negociada, pero advertían contra el uso indiscriminado de términos como «diálogo, negociación, conversaciones o contactos, combinado con los adjetivos técnica o política», para describir un proceso que pusiera fin a la violencia de ETA; términos que, según el CESID, provocaban «una notable confusión en amplios sectores de la sociedad».

El informe que se remitió a Presidencia del Gobierno, basado en el análisis de documentación interna de ETA, KAS y HB e informaciones de «fuentes muy sensibles», explicaba ya en mayo de 1992 las variaciones en el concepto «negociación-conversaciones» formuladas desde que, a mediados de 1991, se iniciara la reestructuración del bloque KAS-HB. Incluía unos antecedentes, los esquemas de negociación propuestos, un análisis de las conversaciones PNV-HB como posible inicio del proceso, la influencia de las últimas acciones contraterroristas en el esquema de la negociación y una valoración propia que incluía las previsiones sobre la actuación de los abertzales en esas conversaciones futuras.

Para el CESID resultaba evidente que la evolución de la situación a lo largo de principios de la década de 1980 llevó a la dirección de ETA al convencimiento de que la victoria militar sobre el Estado no era factible, y la negociación pasó a ser un objetivo real dentro de la banda, aunque de importancia «táctica» y enmarcado en una línea de actuación global que seguía manteniendo los mismos objetivos finales, que no eran otros que la independencia de Euskadi. Ahora bien, los servicios secretos detectaban igualmente que, en todo caso, esa evolución suponía un cambio radical de la formulación estratégica de la organización, que abandonaba los principios de la «guerra revolucionaria» y de la espiral «acción-reacción-acción» para aceptar que «ya no se luchaba para vencer, sino para negociar».

Sin embargo, los servicios secretos advertían a Presidencia del Gobierno de que la nueva formulación exigía también un cambio del esquema del proceso negociador, de forma que la propuesta fuera asumible para el Ejecutivo, pero tratando de limitar las «inevitables» concesiones. Ese planteamiento abría una interesante línea de actuación para tratar de acortar el proceso de erradicación del terrorismo, bien por la consecución de un acuerdo aceptable, o como vía de potenciación de las contradicciones internas de ETA, lo que, en definitiva, se traduciría en un importante debilitamiento de la organización.

Decía el CESID al respecto:

El proceso de conversaciones de Argel supuso para ETA el momento de mayor enfrentamiento interno entre quienes apostaban decididamente por la vía negociadora y los que no habían asumido los cambios operados en la situación durante toda una década y seguían manteniendo la ficción de una victoria sobre el Estado y de una negociación como la que planteaban en el 78.

Tras la ruptura del proceso, los primeros análisis de la organización se limitaron a examinar cuáles habían sido los aspectos formales causantes del fracaso: excesiva publicidad, impaciencia por alcanzar resultados concretos, inoportunidad del «ultimátum» final, etcétera... Pero una revisión más sosegada les llevó al convencimiento de que era su propio concepto de la negociación política el que no era viable y que un proceso similar al de Argel era irrepetible. A partir de estas conclusiones ETA comenzó la búsqueda de una nueva formulación.

«la negociación posible», nuevo esquema negociador

De una o de otra manera, con mayor o menor intensidad, ETA siempre ha estado infiltrada por los servicios de información, los mismos que, a través de sus infiltrados, detectaron que a partir de agosto de 1991 se estaba produciendo un intenso debate en el Bloque KAS para discutir una propuesta de ETA que trataba sobre las remodelaciones del propio Bloque y de HB con la finalidad de garantizar un mayor control de ETA sobre su complejo de apoyo. En los debates apareció un nuevo concepto de esquema negociador, que fue definido por KAS como la «negociación posible».

Esa teoría proponía la declaración de una tregua armada que facilitara la confluencia de HB con las restantes fuerzas nacionalistas para alcanzar un consenso de mínimos que permitiera la creación de un «frente nacionalista» desde el que se negociara con Madrid la modificación de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Fuero navarro. Es decir, que los abertzales ya planteaban en 1991 una alianza táctica con el PNV, la cual se formalizaría realmente en 1998.

ETA desarrollaba así el modelo propuesto por primera vez en el Barne Buletina —boletín interno— de marzo de 1991, que proponía un esquema de negociación a dos niveles en sentido horizontal. Justamente lo que haría Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007, como hemos visto en la primera parte de este libro, y que marcaba una sustancial diferencia con el proceso de Argel, porque en la capital argelina las conversaciones se desarrollaron a un solo nivel, entre ETA y el Gobierno, con contenidos técnicos y políticos.

Pero Argel fracasó, y en el nuevo proceso que preveía ETA los papeles debían repartirse de otra manera: la negociación tendría que ser a dos niveles y en sentido horizontal. El primero —entre ETA y el Gobierno—, se ocuparía exclusivamente de contenidos técnicos; el segundo, entre un frente nacionalista y «Madrid», trataría los temas políticos, aunque fuertemente condicionado por el primer nivel, que sería el encargado de fijar los contenidos: justo lo que ocurrió con el Gobierno de Zapatero en 2006 y 2007.

El calendario quedaba así establecido: declaración de tregua de ETA; inicio de la negociación ETA-Gobierno que legitime las conversaciones políticas y facilite su desarrollo mediante la concatenación de treguas sucesivas; creación del segundo nivel con contenidos prefijados por ETA-Gobierno, y, finalmente, negociación técnica ETA-Gobierno.

Esa posición inicial de KAS-ETA de 1991 se desarrolló un año después con otra fórmula negociadora, también analizada por el CESID, que preveía la participación en el segundo nivel —la mesa política— de todas las fuerzas políticas vascas, nacionalistas o no, para garantizar, mediante la presencia del PSOE, el cumplimiento de los acuerdos que se pudieran adoptar. Obsérvese la similitud con esta propuesta de 1992 seguida en 2006 por el proceso negociador de Zapatero.

el antecedente del pacto de lizarra

A mediados de febrero de 1992, al CESID tampoco le pasó desapercibida una propuesta lanzada por HB al PNV, mediante la cual se comprometía a facilitar la aprobación de los Presupuestos de las Juntas Generales de Guipúzcoa si el PNV aseguraba el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Establecimiento de comunicaciones fluidas y permanentes entre el PNV y HB para analizar el enfrentamiento entre Hego Euskal Herria y el Estado español.

• Acuerdo entre la Diputación guipuzcoana y la Coordinadora Lurraldea que zanjara de forma definitiva el conflicto de la autovía de Leizarán.

• Proyección pública de los acuerdos.

Esta propuesta, que era considerada por HB como un «esfuerzo táctico» con la finalidad de crear contradicciones entre los partidos del Pacto de Ajuria Enea entre las fuerzas democráticas (Vitoria, 12 de enero de 1988), reunía unas condiciones que la propia coalición independentista consideraba inasumibles —en ese momento— para el PNV, tales como la apertura de conversaciones con HB y la adopción de un trazado de la autovía distinto del oficial, lo que supondría, de hecho, la ruptura del Pacto de Ajuria Enea.

Tras varios contactos con dirigentes socialistas, el PNV —encabezado por Arzalluz y con Ardanza como lehendakari— optó por un cambio de estrategia en sus relaciones con HB y aceptó su propuesta de conversaciones. En la decisión del partido nacionalista influyeron varios factores confesos: por un lado, su proyecto de conseguir el final de la violencia de ETA mediante la integración en el juego democrático de los que apoyaban a los violentos, sin que supusiera una liquidación de la organización terrorista por vías exclusivamente policiales; por otro, la necesidad de intentar superar la amenaza terrorista en los actos de 1992 —la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona— y resolver problemas coyunturales como la autovía de Leizarán y los Presupuestos de las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Tras la aceptación de la propuesta, HB —«sorprendida por una reacción inesperada», decía el CESID en su informe— tardó tiempo en responder y mantuvo una postura ambigua:

El PNV pretende integrar a HB en el juego democrático y demostrarle que en el Estado actual es posible la defensa de cualquier reivindicación siempre que se empleen procedimientos legales [...] Para HB, la finalidad debería ser facilitar el desarrollo de la «auténtica» negociación política, proceso en el que ETA tendría una actuación fundamental en su inicio, fijación de contenidos e interlocución en el nivel técnico...

otra vuelta de tuerca: la «horizontalización total»

Los resultados fueron, pues, escasos, pero la detención de la cúpula etarra en Bidart —29 de marzo de 1992, con la caída del «colectivo Artapalo»: Francisco Mújica Garmendia «Pakito», José Luis Álvarez Santacristina «Txelis» y José María Arregui Erostarbe «Fiti» o «Fitipaldi»— y otras acciones contraterroristas provocaron una debilidad sin precedentes en ETA, que originó la aparición de nuevos esquemas de proceso negociador, como la «horizontalización total».

Sus características fundamentales incluían las siguientes fases: inicio del proceso con conversaciones PNV-HB; nivel único de negociación, con la creación de una mesa de partidos formada por todas las fuerzas políticas vascas nacionalistas o no. El contenido de ese nivel único sería fijado por la mesa de partidos. El calendario quedaba establecido de la siguiente forma: primero, conversaciones PNV-HB; segundo, invitación paulatina al resto de partidos políticos vascos, y tercero, adopción de resoluciones. En cuanto a la actuación de ETA, se le solicitaría una tregua, como condición para participar en una negociación técnica con el Gobierno.

Como respuesta, en mayo de 1992, el PNV hizo llegar a ETA —vía HB— otra fórmula que se acercaba más a lo que luego ocurriría en Lizarra: primero, tregua indefinida de ETA; segundo, «acuerdo secreto» entre el PNV y HB, al que podría unirse Eusko Alkartasuna, para desarrollar por vía institucional un proyecto de autodeterminación no definido, y un proceso de unión con Navarra en varias fases, el cual se iniciaría con la realización de proyectos económicos conjuntos entre las dos comunidades, y, tercero, conversaciones entre Gobierno y ETA para resolver «exclusivamente» el tema de los presos y huidos, sobre la base de que en tres años quedarían en libertad los que no estuvieran relacionados con delitos de sangre, y en un plazo de cinco a diez años aquellos que tuvieran delitos de sangre.

Las diferencias entre este esquema y los propuestos por ETA, KAS y HB eran muy significativas, especialmente en lo referente a la actuación de ETA, que no participaría en la elaboración de los contenidos políticos y cedía todo el protagonismo a HB.

batasuna pide nuevas negociaciones: la «vía vera-benegas» (1992-1994)

Pese a esos contactos esporádicos —y hasta ahora desconocidos— que acabamos de reseñar, después del intento fallido de Santo Domingo para negociar con ETA no habrá una nueva vía de contactos continuados hasta 1992, y dentro de un proceso también poco conocido hasta ahora. Los autores hemos podido comprobar cómo Interior siempre mantuvo puertas abiertas con el mundo abertzale: «Había que “tomar la temperatura” de la banda», justifican. Por ejemplo, con la detención en París (6 de junio de 1992) del etarra Miguel Ángel Gil Cervera la Policía pudo saber —a través de un documento que se le incautó y que estaba redactado por Iñaki Aldekoa— que Rafael Vera y el comisario Ballesteros celebraron el 7 de febrero de 1991 un almuerzo con Iñigo Iruin y el propio Aldekoa en el que volvió a plantearse la apertura de conversaciones.

El citado documento, inédito hasta el momento, decía así:

Al Gobierno del PSOE:

1. Han llegado hasta nuestros oídos rumores sobre una posible oferta de miembros del PSOE acerca de una tregua. Esos rumores se hallan bastante extendidos en diversos círculos, pues al parecer se han utilizado una vez más vías y canales inusuales, favoreciendo la difusión distorsionada de dicha oferta.

2. Queremos mostrar nuestra extrañeza tanto por el contenido como por el modo de hacerla, que denotan una muy preocupante falta de coordinación y seriedad del Gobierno y el PSOE.

3. Nos cuesta creer la sinceridad de dichas propuestas (que por cierto presentan distintas versiones según los círculos en los que se hallan difundidas), teniendo en cuenta que parecen contar con el aval de Benegas y Corcuera, y que el Estado español (con la colaboración del francés) se empeña en seguir utilizando la vía represiva y un lenguaje prepotente que contrasta tremendamente con el apremio que muestran en dicha(s) propuesta(s).

4. Nuestra Organización, como lo hemos venido manifestando hasta la saciedad tanto pública como privadamente, está dispuesta a hacer el gesto que fuera necesario con vistas a empezar a buscar vías de solución negociada al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria y al Estado español. Nuestra propuesta no ha sido respondida desde febrero del 92.

5. Para poder dar alguna credibilidad a esos rumores que se hallan extendidos en determinados círculos políticos vascos, españoles y franceses, sería necesario algún tipo de documento oficial escrito que avale la veracidad de dicha propuesta.

6. Esta posibilidad de hacerle llegar un documento oficial y escrito a nuestra Organización puede presentar la misma dificultad que la supuesta intención de hacernos llegar el mensaje fuente de todos estos rumores. Para evitar esa dispersión Euskadi Ta Askatasuna propone al Gobierno del PSOE, una vez más, que se dirija a nuestra interlocución hoy en la República Dominicana.

En Euskal Herria, a 15 de marzo de 1993.

Así, tras varios meses de contactos no permanentes, el 30 de noviembre de 1993 Batasuna movió ficha y sus dirigentes más destacados —Jose Luis Elkoro, Rafael Díez Usabiaga y Karmelo Landa— remitieron una carta «pactada» al secretario de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, en la que se definían como «intermediarios en el diálogo ETA-Estado» y le pedían una reunión para clarificar la situación. Tampoco hasta ahora esta carta había visto la luz pública.

Excmo. Sr. RAFAEL VERA

Secretario Seguridad del Estado

Ante la confusión existente por las diferentes propuestas y/o reflexiones que, desde distintas fuentes promotoras y mediadoras, se vienen canalizando en el objetivo de desbloquear el actual estado de confrontación y abrir un marco de diálogo y negociación, los abajo firmantes —intermediarios en el diálogo ETA-Estado— plantean la necesidad de una reunión urgente con los promotores directos de las citadas «propuestas y/o reflexiones» con el fin ÚNICO de situar el «estado de la cuestión»; es decir, en qué coordenadas de posición se está por parte del Gobierno del Estado para modificar el estadio actual de confrontación violenta.

Consideramos que esta gestión, sin querer asumir competencias que le compiten a la Interlocución de ETA en Santo Domingo, es totalmente imprescindible para clarificar la actual situación.

ATENTAMENTE

José Luis ELKORO, Rafa DIEZ, Karmelo LANDA

Donostia, 30 de noviembre de 1993.

Ese conato de negociación que tuvo lugar entre 1992 y 1994 ha sido recogido en el libro del periodista Carlos Fonseca Negociar con ETA: de Argel al Gobierno del PP: crónica de un diálogo siempre negado (Madrid, Temas de Hoy, 1996) y a él nos remitimos. Sin embargo, sí detallaremos aquí algunos aspectos de la intrahistoria que no se encuentran en el estupendo libro de Fonseca y que hemos podido completar con dos de los protagonistas de esta «nueva vía»: Rafael Vera y Txiki Benegas.

Según relata Benegas (Diario de una tregua: una oportunidad perdida), «todo comenzó cuando el ex director del diario Egin, Pablo Muñoz, compañero de colegio en los jesuitas de San Sebastián, me llamó para tomar café. En el curso de la conversación me trasmitió la idea de que ETA buscaba una vía de diálogo con el Gobierno para intentar avanzar hacia un final pactado. Me preguntó si yo estaba dispuesto. Le contesté que no estaba cerrado a establecer un diálogo con ETA siempre con intermediarios, en secreto, y previo cese de los atentados». En ese momento, Benegas era secretario de Organización del Partido Socialista.

vera: no atentar durante la expo y los juegos olímpicos

El periodista de Egin trasladó los pormenores a Iñigo Iruin, pero el abogado le sugirió que se dirigiera a José Luis Elkoro, Rufi Etxeberria y José María Olarra, dirigentes de KAS, como posibles interlocutores. Sin embargo, Muñoz buscó otra vía, la de Jonan Fernández, del movimiento ciudadano Elkarri, que se empezaba a desmarcar de la vía de la violencia. Fernández podía llegar a la cúpula de ETA y Muñoz le propuso como intermediario entre ambas partes. Como resultado, ETA declaró estar dispuesta a decretar una tregua si el Gobierno mandaba a algún representante a Santo Domingo, pero el Ejecutivo socialista exigía antes el cese de la violencia, aunque no se hiciera público. En ese momento acabó la intermediación de Pablo Muñoz y comenzaron los contactos directos Fernández-Benegas.

Paralelamente, desde la Secretaría de Estado de Interior, Rafael Vera mantenía sus propias vías —especialmente, con Rafael Díez Usabiaga—, además de otras que había abierto a través del Centro de Estudios para la Paz Gernika Gogoratuz, constituido en noviembre de 1987 bajo los auspicios del Gobierno vasco y cuyo responsable era Juan Gutiérrez, como hemos señalado antes. Vera, pragmático ante todo, antes de iniciar un posible diálogo con ETA puso como condición que en ese año de 1992 no hubiera ningún atentado contra la Expo de Sevilla ni contra los Juegos Olímpicos de Barcelona... y ETA cumplió la condición.

De sus contactos con Muñoz y con Jonan Fernández, Benegas daba cuenta exclusivamente al ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien decidió mantener vivas las dos vías: la que ya seguía Vera y la iniciada por Benegas con Fernández. La existencia de dos vías paralelas generó incertidumbre en ETA, como queda reflejado en una carta que la organización dirigió el 15 de marzo de 1993 al Gobierno español pidiendo «clarificación».

La nota de ETA decía, en síntesis, que para poder dar alguna credibilidad a los rumores sobre que el Gobierno español y el Partido Socialista querían abrir un proceso negociador «sería necesario algún tipo de documento oficial escrito que avale la veracidad de dicha propuesta». Esa respuesta gubernamental debería ir dirigida a la interlocución etarra en la República Dominicana.

Pese a tanta incertidumbre, los encuentros secretos entre Benegas y Jonan Fernández fueron frecuentes... y secretos, condición sine qua non para poder llevarlos a cabo. El «número tres» del PSOE dejó claro que el Gobierno no negociaba y que él se limitaba a trasladar ideas, y Fernández, tras escuchar también las posiciones de ETA, debía establecer los puntos de encuentro y presentar a ambas partes una propuesta de consenso. Como resultado de los contactos, Benegas y Fernández diseñaron una metodología distinta a la de Argel y que recogía varias fases; es decir, que de alguna manera se tenían en cuenta algunos de los aspectos que ya se habían abordado en las reuniones de Washington que relatamos anteriormente.

En una fase previa se pedía que el Gobierno acercara a la península a varios presos que cumplían condena en la prisión de «Salto del negro», en Canarias; a partir de ese momento, ETA se comprometía a no cometer atentados mortales, si bien no habría declaración formal de tregua; y, finalmente, que «Antxon» sería el encargado de nombrar interlocutores concretos para las conversaciones, tras lo cual haría lo propio el Gobierno. La idea de Benegas era que Jonan Fernández viajara a Santo Domingo para transmitirle los pormenores a «Antxon», pero significando que las ideas eran de Elkarri, aunque el Gobierno de Felipe González estaba puntualmente informado.

En esta historia se produjeron numerosas anécdotas, incluso incidentes, que pusieron en peligro todo el proceso. Cuenta el propio Benegas que el viaje a Santo Domingo debía autorizarlo y prepararlo el ministro del Interior, José Luis Corcuera, pero en ese momento Corcuera decidió unificar la vía de Vera y la de Benegas, aunque optando por Elkarri. Así, Fernández viajó por sorpresa a la República Dominicana, pero los servicios secretos no le permitieron entrevistarse con «Antxon». Una llamada a Benegas desactivó el cordón policial y la entrevista se produjo finalmente un día más tarde en el vestíbulo del hotel en el que Jonan se alojaba.

«con ese criterio, pueden salir entre 27 y 30»

Una semana después, Vera recibió un fax de Batasuna dirigido al Ministerio del Interior, comunicando los nombres de las personas que habían de actuar en la negociación: Landa, Díez Usabiaga y Elkoro. Y poco después, el 30 de noviembre de 1993, Vera recibió un escrito firmado por esas tres personas acreditando la representación: precisamente el escrito de las pp. 331-332. Así es como se puso en marcha la «vía Elkarri»: el Gobierno designó como interlocutores a Vera y Benegas, mientras que Jonan Fernández quedó apartado por decisión etarra.

La primera reunión se celebró en la casa de unos conocidos de Benegas en un pequeño pueblo de Navarra y fue un encuentro a cuatro: Rafael Díez Usabiaga, José Luis Elkoro, Vera y Benegas. La reunión fue tensa, según recuerdan Vera y Benegas. Cuando los representantes de «Antxon» hablaron de los presos, Vera les interrumpió y les dijo:

—Ustedes, cuando hablan de los presos y su salida siempre lo contemplan pensando en que si hay un acuerdo eso es algo muy fácil, que no tiene dificultades. Pues es todo lo contrario, es un proceso complicadísimo porque hay sentencias, jueces, normas jurídicas y víctimas que hacen que cualquier excarcelación implique un proceso muy complicado. Ténganlo en cuenta.

Vera puso sobre la mesa un listado de todos los presos de ETA, fue leyendo la lista y dio su opinión sobre los que podrían salir o no.

Cuenta Benegas que Díez Usabiaga no salía de su asombro y que cuando terminó Vera su exposición le dijo:

—Con ese criterio he contado que más o menos puedan salir entre 27 y 30.

—Eso es lo que hay —le contestó Vera.

Tras el almuerzo, los reunidos se centraron en la cuestión del método. Llegados a ese punto, Benegas puso sobre la mesa un esquema que ya había trabajado con Jonan Fernández y que tenía el visto bueno de Corcuera.

Esencialmente, ese plan consistía en que el grupo de trabajo no actuaba en nombre de nadie, no representaba a ninguna de las partes; que debería ser aceptado por todos; que actuaría con el máximo secreto, incluso sobre su composición; que las partes tenían que asumir que en esta fase no podían dar cuentas a casi nadie de las propuestas del grupo dinamizador; que sólo algunas personas del grupo podían tener acceso a las partes para transmitir propuestas y recibir contestaciones; que el grupo debería partir de las posiciones de las partes para elaborar una propuesta realista; que tendría para sus trabajos un plazo de seis meses; que las propuestas podrían ser rechazadas, con lo que el grupo tendría que reelaborarlas; que si se producían filtraciones, el grupo asumía su responsabilidad dejando claro que ni el Gobierno ni ETA tenían nada que ver con sus iniciativas, y que, en caso de que el grupo no consiguiera ofertar una propuesta viable, se disolvería y asumiría un compromiso de discreción.

asunción cambia el paso

De esa forma había empezado a rodar la nueva «mesa negociadora». Sin embargo, el 23 de noviembre de 1993, José Luis Corcuera presentó su dimisión como ministro del Interior como consecuencia de haber sido declarado inconstitucional algún aspecto de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida popularmente como la «ley de la patada en la puerta»— por el Tribunal Constitucional y su sucesor, Antoni Asunción, no vio con buenos ojos estos contactos y acabó por dinamitarlos.

Vera ha confirmado a los autores de este libro que Asunción le prohibió acudir a más reuniones y que en esos momentos se planteó la dimisión. Benegas, por su parte, según cuenta, mantuvo una tensísima conversación con Asunción, en la que el ministro le dijo que él tenía otra vía, la de prisiones, y que no autorizaba más reuniones que no fueran las diseñadas por él mismo.

—Oye, a Vera le puedes prohibir ir a una reunión porque tú eres su jefe en el ministerio, pero a mí, que soy el secretario de Organización del PSOE, no me puedes prohibir nada —le dijo Benegas a Asunción, y se fue del despacho malhumorado.

La siguiente reunión en Navarra se celebró sin Vera, lo que despertó recelos en Usabiaga y Elkoro. No obstante, los batasunos dieron su apoyo a la propuesta metodológica, e incluso se habló de París o de Estados Unidos como lugares para una «mesa negociadora» con ETA. No obstante, tal decisión tenían que someterla a consideración directa de «Antxon» en Santo Domingo.

Benegas se ofreció en ese momento para gestionar el pase con Interior... y ahí surgieron nuevamente los problemas. Mantuvo un segundo encuentro con Asunción y así lo relata el propio Benegas: «Le dije: “Aunque tú tengas otra vía sería de tontos no saber, a estas alturas y después de casi dos años de trabajo, cuál va a ser la respuesta de Etxebeste”. Parece que este argumento le hizo un poco de mella, tomó nota de las fechas y me dijo que iba a autorizar el pase. Ingenuo de mí, me fui tranquilo».

Lo cierto es que a Usabiaga y a Elkoro no les permitieron la entrada para ver a Etxebeste, y se tuvieron que volver a España sin que tuviera lugar la entrevista.

Para conocer el final de este asunto preferimos utilizar las propias notas de Benegas:

Me subía por las paredes de indignación. Llamé a Asunción para pedirle explicaciones por lo ocurrido, y me dijo que al final no autorizó la entrevista porque había una cámara de televisión. «Mira —le dije—, ésa no puede ser la razón porque con no autorizar la entrada de la televisión estaba todo resuelto». Llamé indignado a Felipe González y le solicité una reunión urgente. Le vi inmediatamente y le conté lo sucedido, y sobre todo que después de un trabajo largo y discreto, debido a nuestras genialidades, nos íbamos a quedar sin saber cuáles hubieran sido las decisiones de Etxebeste. Terminamos la reunión. «En media hora te llamo», me dijo. Así lo hizo: «Diles que en 15 días vuelvan a República Dominicana porque habrá entrevista», me dijo. Llamé a Elkoro para transmitírselo. Me escuchó con atención y me dijo: «Ya es tarde, hemos decidido que esta vía no tiene credibilidad». Nos despedimos. Llamé a Felipe González y le dije: «Me han mandado a hacer hostias». Así se acabó esta historia, de la manera más estúpida que uno se puede imaginar, y desde luego la culpa fue nuestra. Pasé unos días malos...

9

AZNAR NEGOCIÓ «A SU MODO» (1996-2004)

—Manda narices ir a negociar con quienes han intentado matar a mi mujer —dijo Pedro Arriola ante la oferta que acababa de recibir.

—A tu mujer... y a tu presidente del Gobierno —respondió el siempre tajante Aznar, que acababa de hacer la encomienda a su asesor.

Así empezó otra nueva negociación con ETA, la penúltima.

Los resultados de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 trastocaron los planes y vías abiertas respecto a ETA por el Gobierno socialista de Felipe González. El biministro de Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloch —que había sustituido a Antoni Asunción en 1994, quien dimitió cuando se le «escapó» Luis Roldán—, mantenía abiertas al menos dos vías a través de la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, una magistrada de preparación y resolución admirables: por un lado, la vía que ya representaba el entonces obispo de Zamora, monseñor Juan María Uriarte —esta vía sería luego utilizada por el Gobierno del PP—, y por otro, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.

Pero el 3 de marzo de 1996, el Partido Popular ganó las elecciones, José María Aznar accedió a la Presidencia del Gobierno y nombró ministro del Interior a Jaime Mayor Oreja, un vasco muy poco proclive a la negociación con los terroristas etarras y máximo defensor de la vía policial. La primera medida de Mayor Oreja fue la de cortar todas las vías del anterior Gobierno, especialmente la de Pérez Esquivel.

Podemos revelar ahora que, recién constituido el nuevo Gobierno, Pérez Esquivel pidió cita con Mayor Oreja. El nuevo ministro del Interior lo recibió, pero le dijo que no siguiera con su intermediación con ETA. Mayor cerró esa vía, aunque, por motivos más bien de afinidad religiosa, dejó abierta la de monseñor Uriarte.

los tupamaros mediaron entre eta y el cni (1997)

El hecho de que las vías precedentes quedaran taponadas no quiere decir que no se siguiera pulsando la situación interna en ETA y el mundo abertzale; a veces de una manera un tanto misteriosa. Así es como se produjo un extrañísimo intento de mediación a través de un dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en 1997. El intento lo protagonizó el político, periodista y escritor uruguayo Eleuterio Fernández Huidobro, alias «Ñato» (Montevideo, 1942), ex guerrillero y uno de los fundadores y dirigentes del MLN-T durante la década de 1960. Integrado el MLN-T en la vida política uruguaya, Fernández Huidobro sería elegido diputado en 1999 por el departamento de Canelones y senador de la República (Movimiento de Participación Popular, Encuentro Progresista-Frente Amplio) optando por el Senado, donde sería reelegido en las elecciones de octubre de 2004.

La relación ETA-tupamaros venía de muy antiguo —los tupamaros han reconocido que desde 1985 recibieron ayuda económica de ETA en momentos difíciles—, y, de hecho, tuvieron lugar gravísimos incidentes en Montevideo (24 de agosto de 1994, con el resultado de un muerto, el joven Fernando Morroni, y casi un centenar de heridos) cuando el Gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle decidió la extradición a España de tres etarras, Jesús Goitía, Luis María Lizarralde y Mikel Ibánez, que se encontraban en huelga de hambre en el Hospital Filtro, de Montevideo, para evitar su extradición.

Así, ese 24 de agosto —casi diez años después de restaurada la democracia en Uruguay—, lo que debiera haber sido otro día de preparativos para disfrutar la «noche de la nostalgia» se tornó en una jornada de violencia y muerte, gentileza del MLN, que tomó la decisión de operar como brazo armado de ETA en una suerte de «externalización» del terrorismo. Y gentileza también del ministro del Interior uruguayo de la época, Ángel María Gianola, que ordenó reprimir duramente las manifestaciones a efectos de garantizar el procedimiento de extradición. Pese a la movilización social, los etarras acabarían siendo entregados a España, como estaba previsto.

«si esta gente supiera lo que hacemos, nos cuelga de una farola»

Las cosas, sin embargo, cambiaron relativamente cuando en 1997 entró en escena el ya citado antiguo dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. Protagonista de los procesos de paz de Nicaragua, Salvador y Guatemala, el actual senador uruguayo ha confirmado que ese año, durante el Gobierno de Aznar, aceptó negociar con ETA por encargo del Partido Comunista de Cuba, que le puso en contacto con un militar del CESID español. El que el PCC le confiara esa misión tiene la mayor lógica: los principales dirigentes tupamaros habían recibido apoyo y entrenamiento en Cuba durante la década de 1960, cuando el MLN-T se lanzó de lleno a la guerrilla urbana en Uruguay.

Además, fueron los antiguos dirigentes tupamaros los que coordinaron, con los servicios uruguayos y españoles, la seguridad de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía durante su visita a Uruguay (14 de noviembre de 1996). Ya lo habían hecho con la de Fidel Castro (13 de octubre de 1995), en colaboración con la seguridad cubana y la uruguaya. Pero fue durante la visita de los reyes de España cuando Fernández Huidobro tomó contacto con el CESID. Así lo cuenta el propio líder tupamaro: «Antes de que llegara [el rey Juan Carlos], unos amigos me dijeron: hay unos “milicos gallegos” —aquí a todos los españoles les llamamos “gallegos”— que están muy preocupados. Era una avanzadilla de seguridad. “Dicen que ustedes, con los de la ETA, van a matar al rey de España”. “¡Están locos! —les dije— ¿con los de la ETA?”, porque entonces aquí había vascos. Organizamos una reunión y les convencimos de que esa información era una barbaridad. Tiempillo después, esa misma gente vino y nos dijo si éramos capaces de acercarnos a ETA y llevarles un mensaje. Nos dio mucho trabajo, pero lo hicimos. No teníamos ningún argumento para negarnos. Se trataba de evitar derramamiento de sangre y terminar con un conflicto en España».

Lo más insólito de este episodio fue que el contacto se realizó a través de los «Tenientes de Artigas», una logia militar anticomunista y nacionalista fundada por el general Mario Aguerrondo en 1965 y que opera en Uruguay, junto a otras logias similares, con estructuras propias y al margen de las normas institucionales de las Fuerzas Armadas.

En todo caso, tan sólo unos meses después de aquella conversación, Fernández Huidobro se encontraba ya en España, y el 14 de julio de 1997, el mismo día y a la misma hora que el pueblo español se manifestaba en las calles horrorizado por el asesinato por ETA del ex concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, Fernández Huidobro departía sobre su misión con un agente del CESID en el centro de Madrid:

—Yo estaba negociando la paz con ETA. En Madrid, estaba sentado en un bar con un «milico», un teniente coronel del CESID, en una terraza de la Castellana. En ese momento transcurrían las manifestaciones, rumbo a la Puerta del Sol, por el secuestro de Miguel Ángel Blanco. El «milico» me comentó: «Si esta gente supiera lo que estamos haciendo ahora, nos cuelga de la farola».

Con la vileza de aquel asesinato las gestiones se fueron al traste. Fernández Huidobro regresó a Montevideo, pero no sin antes traspasar el contacto con el etarra al «milico» del CESID. El tupamaro insiste aún hoy, no obstante, en que esas gestiones formaron parte del proceso para llegar a la tregua que sería declarada por ETA durante 1998.

los nacionalistas se enrocan: el pacto de lizarra

Ahora bien, tal y como había previsto el CESID en 1992, el entramado político de ETA logró romper en 1998 el «espíritu de Ermua» y también el que había animado el Pacto de Ajuria Enea (12 de enero de 1988) entre las fuerzas democráticas vascas, que propugnaba el aislamiento de los violentos con el fin de que perdieran base social. Así, los nacionalistas moderados firmaron el 12 de septiembre de 1998 con el entorno de ETA el llamado «Pacto de Estella», también conocido como «Pacto de Lizarra» por haber sido suscrito en esa localidad navarra. Seis días después, ETA anunciaba una tregua unilateral e indefinida.

Los firmantes del pacto fueron el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezkerra Batua, ELA/STV, LAB, AB, Batzarre, Zutik, EHNE, ESK-CUIS, STEE-EILAS, Ezker Sindikala, Hiru, Gogoa, Amnistiaren Aldeko Batzordeak, Senideak, Bakea Orain, Elkarri, Egizan, Herria 2000 Eliza, Gernika Batzordea y Autodeterminazioaren Biltzarrak.

La Declaración de Lizarra se convirtió para la comunidad nacionalista en la nueva pauta para tratar de resolver el mal llamado «conflicto vasco», entendido éste en un sentido más amplio que el problema de la violencia de ETA. El documento fue gestado por el Foro de Irlanda, promovido por HB, y anunciaba el modelo en el que se inspiraba —el proceso irlandés— y su orientación.

En la práctica, la declaración del 12 de septiembre removía los cimientos del Pacto de Ajuria Enea no sólo porque incorporaba a los abertzales independentistas sin haber logrado previamente que repudiaran la violencia, sino porque, además, dejaba fuera del mismo a las fuerzas no nacionalistas —«españolistas», en argot— como el Partido Popular, el Partido Socialista de Euskadi y Unidad Alavesa.

Una segunda diferencia radicaba en la caracterización política que se hacía del «contencioso vasco» —un adjetivo, «contencioso», nunca admitido por el Gobierno, como hemos visto—, así como en la fórmula que se establecía para su resolución final, en la que habían fundido postulados expresados por ETA en su llamada «Alternativa Democrática» (publicitada en 1995) y algunos otros del «Plan de Ardanza», la propuesta apadrinada por el entonces lehendakari vasco, José Antonio Ardanza, para sacar a la Mesa de Ajuria Enea del marasmo en que se encontraba por las divergencias entre los partidos nacionalistas y los no nacionalistas.

Ahora bien, tanto el pacto de Ajuria Enea como el «Plan Ardanza» exigían a ETA un cese indefinido de la violencia para iniciar el diálogo. Sin embargo, la Declaración de Lizarra se limitaba a dar por hecho que el diálogo se produciría —así, en condicional— «sin expresiones de violencia». Y, aunque se proclamaba un compromiso con la paz, tampoco se definía como una exigencia que vinculara a los terroristas; es decir, que la Declaración de Lizarra no excluía a nadie.

Ese pacto conllevaría la ruptura del Gobierno de coalición en Euskadi entre el PNV y el PSE, desataría la confrontación política del nacionalismo moderado con el Gobierno de José María Aznar y frustraría, finalmente, la apertura de un proceso negociador con ETA tras el anuncio de tregua de la banda; una tregua que fue interpretada por el Gobierno del PP como «tregua-trampa».

El Pacto de Lizarra partía de los «factores propiciadores del acuerdo de paz en Irlanda del Norte», resaltando algunos postulados no admitidos en el caso español: que todos los implicados en el «conflicto» habían aceptado el «origen y la naturaleza política del mismo»; que no había «vencedores militares»; que el trabajo en común no excluía a nadie; que desde ambos lados se hicieron gestos de distensión sin que se exigieran condiciones previas para el inicio del diálogo, o que el reconocimiento del derecho de autodeterminación traería consigo una profundización en la democracia.

La Declaración de Lizarra concluía que el método del acuerdo de Irlanda del Norte era de «potencial aplicación» en Euskal Herria: «La resolución política sólo puede plasmarse a través de un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones respecto a los agentes implicados y con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto».

En cuanto al proceso en sí mismo, Lizarra establecía una «fase preliminar» —conversaciones multilaterales sin condiciones previas— y otra fase «resolutiva» —«se realizaría en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto»; es decir, incluyendo el cese de la lucha policial—. La negociación debería plantearse con un «carácter global» y con «agendas ilimitadas».

El acuerdo establecía también que la negociación resolutiva no debía comportar imposiciones específicas, debía respetar la pluralidad de la sociedad vasca, situar todos los proyectos en igualdad de condiciones, depositar en los ciudadanos de Euskal Herria la última palabra respecto a la conformación de su futuro y respetar su decisión por parte de los Estados implicados (Francia y España). Con ligeras modificaciones, más o menos era lo que había venido demandando el bloque de KAS y lo que los analistas del CESID habían previsto en 1992 que llegaría a ocurrir, como revelamos en su momento en este libro.

el pacto pnv-eta

El Gobierno de Aznar sospechaba que detrás de la Declaración de Lizarra se encontraba directamente la mano de ETA. La confirmación llegó tras la requisa por la Policía francesa al etarra José Javier Arizkuren Ruiz «Kantauri» (detenido el 9 de marzo de 1999), de una copia del documento que en agosto de 1998 acordaron la banda terrorista, el PNV y EA. Es decir, que al acuerdo de Lizarra hecho público el 12 de septiembre se había llegado, en realidad, un mes antes y con la participación de un representante directo de ETA. El quinto punto de ese acuerdo, que preveía un plazo inicial de sólo cuatro meses a la tregua que se iba a anunciar como «indefinida», fue añadido por exigencia de ETA.

Por su interés, dejamos reflejado aquí el texto íntegro de ese acuerdo de agosto de 1998 con ETA, según la traducción realizada por los servicios antiterroristas españoles.

Euskadi ta Askatasuna, EA y el PNV, teniendo en cuenta la situación en la que vive el País Vasco y con la intención de dar lugar a una nueva etapa en el enfrentamiento con España, adoptan el siguiente acuerdo fundamental:

1. EA y el PNV, uniéndose con diferentes fuerzas políticas y sociales, adoptan el compromiso de dar a partir de hoy pasos decisivos para crear una institución con una estructura única y soberana, que acoja en su ser a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Lapurdi y Zuberoa. Impulsando en el camino el nacimiento de esa estructura institucional, una actividad capaz de superar la actual división institucional.

2. EA y el PNV con la construcción del País Vasco y/o con las fuerzas en favor de los derechos democráticos del País Vasco, adoptan el compromiso para mejorar el acuerdo y la dinámica de cara a largo plazo, en relación con las mínimas necesidades del pueblo.

3. EA y el PNV adoptan el compromiso para abandonar los acuerdos que les unen a los partidos que tienen como objetivo la destrucción del País Vasco (PP y PSOE).

4. Euskadi ta Askatasuna por su lado adopta el compromiso de llevar a cabo un alto el fuego indefinido. Siendo el alto el fuego general e indefinido, ETA mantiene el derecho de llevar a cabo los trabajos de abastecimiento y el derecho a defenderse en los enfrentamientos.

5. Si bien el alto el fuego se presentará con carácter indefinido, éste contará con un plazo de cuatro meses para que EA y el PNV certifiquen los compromisos adquiridos, siendo su prolongación (de la tregua) según dichos compromisos.

la ruptura del gobierno pnv-pse

Aunque el acuerdo fue suscrito en septiembre de 1998, las conversaciones entre el PNV, batasunos y ETA venían de muy atrás, como hemos visto, y se dejaban traslucir en acciones puntuales. Unos meses antes de la firma del Pacto de Lizarra, cuando la suerte estaba ya realmente echada, los socialistas culparon al PNV de no respetar el acuerdo de aislar a HB —adoptado tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco— y el 1 de julio de 1998 el PSE, bajo el impulso de Nicolás Redondo y apoyado por Rodolfo Ares, tomó la decisión de romper el pacto que mantenía con el PNV desde hacía 13 años y abandonar el Gobierno vasco de coalición por la «deslealtad» de los nacionalistas de Arzalluz al pactar con HB.

El detonante de la ruptura fue la votación conjunta de PNV y HB en el Parlamento Vasco oponiéndose al acatamiento de los diputados de la Constitución... pero detrás de todo estaban las conversaciones secretas que llevarían al Pacto de Lizarra sólo dos meses más tarde. «No podíamos tolerar más esas relaciones del PNV con HB», exclamó Redondo Terreros minutos después de la tensa reunión de casi seis horas que mantuvo la dirección de los socialistas vascos el 1 de julio de 1998.

A favor del mantenimiento del pacto de Gobierno se situó, en minoría, la parte más «vasquista» del PSE: Odón Elorza, Jesús Eguiguren, Manuel Huertas, Iñaki Arriola, Ana Urcheguía y Arritxu Marañón. Rosa Díez —que mantenía una consejería en el Gobierno de coalición— y Ana Uriarte decidieron no participar en la votación.

La primera consecuencia de la ruptura del pacto fue la marcha de Ajuria Enea —sede del Gobierno vasco— de tres consejeros socialistas, Rosa Díez, José Antonio Maturana y Francisco Egea —este último, como hemos visto, inició luego con Jesús Eguiguren los «encuentros gastronómicos» con Otegi que llevarían a la negociación entre ETA y el Gobierno de Zapatero.

el pnv dijo «no» a un «segundo lizarra»

Tras la firma de la Declaración de Lizarra, ETA, efectivamente, declaró una tregua unilateral, se celebraron elecciones autonómicas en Euskadi (25 de octubre de 1998), los etarras pidieron negociar con el Gobierno y los representantes gubernamentales hablaron con Batasuna y con ETA, como veremos después. Sin embargo, el Pacto de Lizarra no funcionó como esperaba el núcleo nacionalista y, tras la ruptura del diálogo con el Gobierno de Aznar, ETA intentó en agosto de 1999 que el PNV suscribiera otro nuevo documento que sustituyera al de Lizarra. Los peneuvistas, escaldados, dijeron que no.

El texto de este segundo documento fue desvelado por el diario proetarra Gara el 28 de noviembre de 1999 y su contenido no fue discutido por nadie. Solamente el entonces presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Xabier Arzalluz, reconoció su existencia, pero fue para afirmar públicamente que el PNV lo había rechazado tajantemente.

El texto de ese documento de agosto de 1999 propuesto por ETA y rechazado por el PNV incluía un «Contexto político e histórico del nuevo pacto» en el que se afirmaba que «Euskal Herria es actualmente una nación dividida entre dos Estados, sin ninguna representación unitaria ni soberana. Es más, los territorios incluidos en cada Estado tienen dificultades para formar una única entidad». Se hablaba de los territorios «bajo dominio de España» Araba, Bizkaia, Guipuzkoa y Nafarroa y que «bajo dominio de Francia» se hallaban Lapurdi, Baxenafarroa y Zuberoa, todos los cuales componen la soñada (e imposible) Euskal Herria.

Frente a esa realidad, «el objetivo del nuevo pacto consiste en que las distintas fuerzas que trabajan a favor de Euskal Herria hagan todo lo posible para que tome la palabra. De forma que en Euskal Herria, respetándose su pluralidad, todas las opciones políticas y sociales tengan una oportunidad».

Como antecedente para este nuevo acuerdo propuesto, los etarras reafirmaban el pacto de agosto de 1998, en el que ya se habían comprometido a crear una institución «única y soberana» que acogiera a todos los territorios vascos antes reseñados y en el que PNV y EA se comprometieron a «romper las relaciones con las fuerzas que se posicionan en contra de Euskal Herria y a favor de España».

el «pacto imposible» de eta, que llevaría a la guerra civil

Ahora bien, ETA tenía constancia que desde que se firmó el acuerdo se habían producido cambios sustanciales. Algunos de esos cambios eran valorados por la banda de forma «positiva»; pero otros acuerdos alcanzados se habían incumplido flagrantemente, como el hecho de que EA y PNV no hubieran roto completamente sus relaciones con el PSOE.

Reprochando esos incumplimientos, la banda proponía un nuevo pacto que adoptara los siguientes (e ilusorios) compromisos: materializar la idea de Euskal Herria con la creación del correspondiente «sujeto soberano» (un Gobierno para todos los territorios vascos, incluyendo Navarra e Iparralde), y la celebración de elecciones adoptando como circunscripción única toda Euskal Herria: sobre esos parlamentarios debería recaer la elección del nuevo lehendakari y deberían ser ellos también los que en un proceso constituyente culminaran la «Constitución» de una Euskal Herria soberana.

Para ese fin, ETA proponía arrinconar «a las fuerzas extranjeras que pudieran representar un obstáculo para la celebración de las elecciones» y que, «en función de la fortaleza y estabilidad de ese futuro Parlamento, daría por finalizada la defensa armada de Euskal Herria que ha venido protagonizando hasta la fecha». Una «suspensión temporal de acciones armadas» que se convertiría en definitiva según se celebraran las elecciones tal y como arriba se indica. «A partir de este momento —decía el documento— los firmantes de este pacto nos hacemos cargo del desarrollo del proceso de constitución del Parlamento, lehendakari y el resto de instituciones que serán representantes de la soberanía de Euskal Herria, así como de la legítima defensa ante los ataques que provengan del exterior».

El PNV, como hemos dicho, no lo aceptó: ese planteamiento significaba, dijo entonces privadamente un dirigente del partido, una guerra civil en el País Vasco.

fiasco nacionalista en las elecciones autonómicas

El Pacto de Lizarra de septiembre de 1998 fue suscrito, sin duda, dentro de una clave electoralista: tras la ruptura del Gobierno de coalición con el PSE-PSOE, desde la dirección peneuvista se analizó que un pacto nacionalista influiría positivamente en las elecciones autonómicas que debían convocarse ese año y que efectivamente se celebraron el 25 de octubre. Los peneuvistas, que acariciaban la idea de una victoria de gran calado, cambiaron, incluso, su cabeza de cartel: el hasta entonces lehendakari José Antonio Ardanza fue sustituido por el más duro e inflexible Juan José Ibarretxe. Una sustitución que, diez años después, iba a tener nefastas consecuencias para el PNV, inmerso en peleas intestinas y en un radicalismo muy poco fructífero procedente de Ajuria Enea.

Sin embargo, la previsión peneuvista falló en las urnas: aunque el PNV siguió siendo el partido más votado en el País Vasco, apenas consiguió mantener los mismos resultados obtenidos en las citas autonómicas anteriores: 21 escaños frente a los 22 que había conseguido cuatro años antes, en octubre de 1994. Esa tendencia cambiaría ligeramente en los siguientes comicios de mayo de 2001, cuando Ibarretxe consiguiera 33 escaños, pero, claro, gracias a una alianza con Eusko Alkartasuna, que hasta ese momento se había presentado en solitario.

Por el contrario, la principal novedad de las elecciones de 1998 fue el espectacular ascenso del Partido Popular, que, por primera vez, se convirtió en la segunda fuerza política vasca, con 16 escaños, frente a los 11 que había obtenido en las elecciones de 1994. Claro que el ascenso del PP se debió en gran parte a la pérdida de apoyo que registró Unidad Alavesa, que en estos comicios de 1998 obtuvo sólo dos escaños frente a los cinco logrados cuatro años antes. Ese ascenso del PP a costa de la formación alavesa se certificaría en los siguientes comicios autonómicos, en mayo de 2001, cuando el PP alcanzara la cifra auténtica récord de 19 escaños, pero con la desaparición total de Unidad Alavesa del Parlamento de Vitoria.

La siguiente característica de los resultados de esas elecciones de 1998 —primeras que se celebraban en Euskadi con una tregua de ETA— fue el ascenso de la agrupación electoral Euskal Herritarrok (EH), en la que se integraba la coalición Herri Batasuna (HB). Los abertzales rentabilizaron Lizarra y la tregua de ETA más que el PNV, pero ni siquiera en este caso el ascenso alcanzó la expectativa generada en el nacionalismo radical.

Los abertzales obtuvieron sólo tres escaños más que en 1994: pasaron de 11 a 14 parlamentarios, recibiendo votos, sobre todo, de la Eusko Alkartasuna (EA) de Garaikoetxea, que seguía su tendencia descendente, bajando de ocho a seis escaños. Que los abertzales no iban a subir quedaría patente en los comicios de mayo de 2001, en los que EH perdió la mitad de los parlamentarios que logró en 1998, quedándose en tan sólo siete. Algo influyó, sin duda, el hecho de que el PNV concurriera a esos comicios de 2001 en coalición con EA, como hemos indicado.

También Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB) perdió en 1998 con respecto a las autonómicas de 1994, cuando EB irrumpió en el Parlamento Vasco: la coalición pasó de seis a dos escaños. Y, por su parte, el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) lograba un ligero ascenso electoral, el primero desde que en 1996 perdiera las elecciones generales y abandonara el Gobierno de España. Los socialistas pasaron en estos comicios de 12, en 1994, a 14 escaños. Esa tendencia ascendente —aunque con matizaciones— no se mantendría en las siguientes elecciones de 2001, en las que perdería un escaño, quedándose en 13.

En resumen, que las expectativas nacionalistas con Lizarra y la tregua de ETA no se vieron cumplidas y el gran problema para el PNV siguió siendo el de cómo gobernar con unos resultados tan fragmentados. Ibarretxe se hizo cargo de una Lehendakaritza inestable, teniendo que pactar todo con sus «socios» de EA y precisando, además, del apoyo parlamentario de los abertzales de Euskal Herritarrok.

eta quiere hablar con aznar con una «tregua-trampa»

Con ese escenario político, el 19 de mayo de 1999, en Vevey (Suiza), la ciudad del chocolate, la sede de la multinacional Nestlé a unas decenas de kilómetros de Ginebra, en el lago Leman, tres hombres de plena confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se sentaron en una mesa con la cúpula de ETA. Como «notario» de la reunión actuó el entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte. Fue el primer y único contacto directo que los Gobiernos de Aznar mantuvieron con ETA a lo largo de dos legislaturas (1996-2004), pero que venía precedido por otro encuentro anterior con dirigentes de Batasuna.

A finales de 1998, la situación política en Euskadi venía determinada por la firma del Pacto de Lizarra. Tanto el Gobierno del PP como el PSOE de Joaquín Almunia interpretaron el paso dado por PNV y EA como una «traición» a los principios que habían guiado la lucha antiterrorista durante los últimos 20 años. Era esperable, por tanto, que ETA declarase una tregua para dar credibilidad y sostén electoral al bloque nacionalista que se acababa de constituir y que pretendía romper con el marco estatutario que había servido de punto de encuentro para los partidos democráticos vascos.

El CESID conocía con antelación que se habían producido contactos entre ETA y el PNV/EA, pero no sabía con exactitud los términos de un posible acuerdo, aunque resultaba obvio que el Pacto de Lizarra y la propia declaración de tregua eran dos hechos concatenados. A mediados de septiembre de 1998, los servicios secretos lograron averiguar el contenido del «pacto secreto» entre ETA, PNV y EA, el cual iba mucho más allá de lo que se dio a conocer a la opinión pública el 12 de septiembre y que ya hemos relatado arriba.

Con esos antecedentes, el 18 de septiembre de 1998 ETA remitió al diario Euskadi Información un comunicado de cuatro folios en euskera con el anuncio de su tregua unilateral. El anuncio sorprendió a Aznar fuera de España, de visita oficial en Perú, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y por el secretario de la Presidencia, Javier Zarzalejos.

Aznar se encontraba en esos precisos momentos visitando una escuela agropecuaria cuando recibió el aviso desde La Moncloa. Después tenía prevista una reunión con el entonces presidente peruano Alberto Fujimori. Zarzalejos y Piqué se encargaron de redactar la nota oficial, para lo que entraban y salían del despacho del presidente peruano con sus borradores, algo que incomodó al entonces mandatario andino, quien más tarde, en una espectacular trayectoria, sería condenado en su país por corrupción.

un almuerzo de rubalcaba y curiel en leiza

La tregua de ETA sorprendió al Gobierno de Aznar porque no la esperaba con tanta celeridad, pero la sorpresa no tenía que haber sido tal. Los autores de este libro hemos podido conocer que, unos días antes del anuncio oficial de la tregua, Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Interior, fue informado de la inminencia de la misma: se lo comunicó el ex comunista Enrique Curiel, que se hallaba de vacaciones en Cataluña. Allí recibió una llamada del líder de Aralar, Patxi Zabaleta, para avisarle. Curiel telefoneó al PSOE y habló con Alfredo Pérez Rubalcaba. También marcó el número de Interior y consiguió hablar con Martí Fluxá, que se mostró escéptico y no rebotó a Aznar, —que había iniciado ya su viaje a Perú— el aviso de Curiel.

Las relaciones entre Curiel y Zabaleta eran —y son— inmejorables. Por ejemplo, y como consecuencia de ese aviso, a finales de septiembre de 1998 se celebró un almuerzo en el domicilio de Zabaleta en Leiza. Cocinó Koro, su mujer. Entre los comensales había cuatro representantes de Herri Batasuna, Pernando Barrena, Joseba Permach, Santi Quiroga y un cuarto no identificado por nuestras fuentes, que era el encargado abertzale de tomar notas; dos del PSOE, Curiel y Pérez Rubalcaba; Zabaleta y su mujer, Koro, y José Luis Uriz, un amigo de Curiel.

Se trataba de pulsar la situación dentro del abertzalismo de izquierdas tras el anuncio de tregua de ETA. Pérez Rubalcaba acudió a la reunión con instrucciones precisas de conocer la parte secreta de Lizarra... y consiguió su objetivo: lo supo antes que el Gobierno de Aznar.

Continuando con Aznar en Perú, la postura del Gobierno frente al anuncio de ETA se concretó en una respuesta mezcla de dureza y de esperanza. Aznar habló durante la rueda de prensa conjunta con Fujimori de «contemplar los nuevos horizontes» y confesó que «nada me alegraría más que el anuncio se correspondiera con la realidad y fuera el inicio del abandono definitivo de la violencia». Pero también advirtió de la posible frustración «porque estemos ante un movimiento táctico o porque se ponga precio a la paz, olvidando el marco de convivencia».

aznar habla de «movimiento vasco de liberación»

Aznar regresó a Madrid el 19 de septiembre de 1998 y organizó una ronda de consultas con la oposición. El primero en acudir al Palacio de La Moncloa fue el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, quien demostró una extraordinaria disposición al diálogo. Luego, Aznar también conversó con Julio Anguita, líder de IU hasta diciembre de ese mismo año y muy contrariado por la decisión de su partido en el País Vasco de respaldar el Pacto de Lizarra. Asimismo, Aznar intercambió impresiones con Jordi Pujol (presidente de la Generalitat y cabeza de CiU), e incluso con Xabier Arzalluz (jefe indiscutible del PNV).

Paralelamente, Mayor Oreja abrió su propio frente desde el Ministerio del Interior y organizó periódicas cenas a las que asistieron, entre otros, Juan Alberto Belloch (responsable de Justicia e Interior del PSOE y ex responsable de ambos ministerios) y Nicolás Redondo Terreros (secretario general del PSE-EE). Su intención era conocer si la mayoría de los partidos del arco parlamentario apoyaban el establecimiento de contactos con la organización armada.

Obtenido el consenso necesario, el Gobierno dio a conocer, el 3 de noviembre de 1998 y a través de la agencia Efe, su decisión de «autorizar» contactos con ETA. Así lo confirmó personalmente un día después Aznar durante una rueda de prensa conjunta con el líder de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, de visita oficial en España: «Yo he querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el Gobierno, y yo personalmente, he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan... Cuantos pasos tengamos que dar en este camino serán conocidos por la opinión pública española».

Aznar utilizó en esa rueda de prensa un término, el de «Movimiento Vasco de Liberación», que le pasaría factura durante muchos años, porque era conceder un carácter político-opositor a todo el entramado etarra. Zapatero no dudaría años después en echárselo a la cara cuando el PP —presidido ya por Mariano Rajoy— le denegara el apoyo en sus negociaciones con la banda etarra.

Con esas premisas, el Congreso aprobó por unanimidad una resolución en la que se instaba al Gobierno al «más amplio diálogo con todos los partidos» de cara al desarrollo de «una nueva orientación consensuada y flexible de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia» (10 de noviembre de 1998). Poco después, una delegación de interlocutores del Gobierno se reunió en secreto en Burgos con una representación de Batasuna.

un «olvido» de arriola en burgos

El extraordinario apoyo parlamentario recibido resultaba fundamental, ya que, como primer paso, el Gobierno de Aznar había fijado una primera reunión con Batasuna —solicitada por los abertzales— el 11 de diciembre de 1998 en Burgos. La gestión previa la había realizado el obispo Uriarte entre destacados dirigentes de Herri Batasuna y fructificó en un encuentro en un chalet de una urbanización modesta en las afueras de Burgos al que acudieron por parte del Gobierno Javier Zarzalejos (por su cargo de asesor del presidente del Gobierno), Pedro Arriola (por su contacto con Euskadi y ser de la máxima confianza de Aznar) y Ricardo Martí Fluxá (como representante de Interior), y Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Pernando Barrena y el abogado Iñigo Iruin por Batasuna.

Sobre esta reunión hay un par de anécdotas curiosas y aún no conocidas. La primera es que el chalet fue alquilado para la ocasión (un fin de semana) por funcionarios de la Policía Nacional. La segunda tuvo que ver con la seguridad: cuando salieron esa mañana desde Madrid hacia el lugar de reunión viajaban en un mismo coche Martí Fluxá, Zarzalejos y Arriola. Se trataba de una reunión secreta y, por lo tanto, debían ir solos. Pero nadie se percató de que debían avisar a sus escoltas de que ese día no necesitaban su protección. Martí Fluxá y Zarzalejos sí despidieron a sus escoltas la noche anterior, pero no así Arriola, a quien se le olvidó ese pequeño detalle.

Cuando llevaban ya muchos kilómetros recorridos hacia Burgos, los tres representantes comprobaron que un coche les seguía desde Madrid, lo que provocó cierta alarma. Arriola cayó entonces en la cuenta de que no había avisado a sus escoltas. Para evitar dar explicaciones o pistas, decidieron que la Policía estableciera un control en la carretera a la entrada de Burgos, donde los escoltas fueron informados de que no se precisaban sus servicios. De no percatarse de este hecho, los representantes de Aznar podían haber llegado al chalet acompañados de sus escoltas y echar por tierra la reunión.

[Pedro Arriola, un hombre de la máxima confianza de Aznar, mantenía desde 1989 un contrato anual de asesoramiento externo con el PP; un contrato que firmó personalmente Aznar y que se renovaba anualmente de forma automática si no era previamente denunciado por alguna parte. Cuando Aznar decidió en septiembre 2003 designar a Mariano Rajoy como su sucesor en el partido y como candidato a la Presidencia del Gobierno, Arriola preguntó a Aznar que con quién tenía que hablar a partir de ese momento. Aznar le contestó que con Rajoy, y éste mantuvo hasta nuestros días el contrato con Arriola. Todo esto demuestra el grado de confianza que Arriola —muy atacado por los «enemigos internos» de Rajoy-— despierta en la cúpula del PP y justifica sobradamente su asistencia a la reunión con Batasuna y, en mayo de 1999, con ETA.]

un «notario» llamado monseñor uriarte

En esa reunión —como en la posterior con ETA, el 19 de mayo de 1999, en Suiza—, actuó como «notario» Juan María Uriarte, entonces obispo de Zamora y después de San Sebastián. Uriarte mantenía una relación personal con Mayor Oreja, ministro del Interior, y también con Martí Fluxá, entonces secretario de Estado de Interior. De hecho, en 1996 Martí Fluxá hizo a Uriarte diversos favores en la diócesis de Zamora que el obispo no iba a olvidar.

Según nos confirman directamente a los autores de este libro algunos de los asistentes a la reunión, los batasunos querían obtener el estatus de «interlocutores políticos», pero el enfoque del Gobierno era que no se iniciaba allí «un proceso de paz», sino «una situación que había que afrontar»: «No nos iban a pillar con un juego bajo la mesa»; es decir, que luego les pudieran sacar «papelitos» —actas made in Batasuna— para poner en apuro al Gobierno, tal y como suele ser la estrategia abertzale tras cualquier contacto político. El Gobierno tenía muy claro que «todos eran ETA»: unos disparaban, pero otros les sustentaban desde las instituciones.

Los enviados del Gobierno admiten sin ambages que el hecho de que hubiera un secretario de Estado implicaba directamente al presidente del Gobierno, José María Aznar, pero también que el Gobierno reconocía que «Batasuna está legalizada y en las instituciones ellos dicen que son políticos, que si el Gobierno quiere hablar de pistolas que hable con ETA. Ese planteamiento resultaba muy coherente». Además, «no hubo nunca ninguna relación con Batasuna, ni siquiera telefónica, hasta la reunión del 11 de diciembre, porque los contactos siempre los estableció el obispo Uriarte».

La reunión de Burgos duró tres horas de gran tensión dialéctica. Por parte de Batasuna hablaban sobre todo Iruin y Usabiaga. Pernando Barrena se mantuvo muy silencioso. Los batasunos tomaban notas, al igual que Uriarte, pero no se levantaron actas oficiales: el Gobierno no quería ningún papel comprometedor para el futuro.

Batasuna quería saber sobre todo a quién representaban en realidad los tres enviados del Gobierno: si al Ejecutivo como tal o al presidente del Gobierno, es decir, a Aznar. En realidad, los proetarras sostenían que había un «conflicto» y que el Gobierno tenía que reconocer su existencia. Pero ninguno de los representantes de Batasuna se pronunció en nombre de ETA: «Hablaban de política, y en un momento dado se produjo un tenso intercambio de reproches por la cuestión de las víctimas».

Otegi fue muy claro en sus intervenciones: Batasuna no estaba dispuesta a actuar como intermediaria de ETA, y si el Gobierno quería un diálogo con la organización armada, tenía que hablar directamente con sus portavoces. Ya entonces, Batasuna pretendía que el proceso político vasco discurriera a través del cauce establecido a partir de dos mesas de negociación: una «política», en la que sus líderes estarían presentes junto a los de los demás partidos vascos, y otra «militar», en la que los interlocutores sólo podían ser ETA y el Estado español.

Los representantes gubernamentales, por su parte, insistieron en dejar claras las reglas del juego constitucional (que «el conflicto no se resolvía como lo planteaban los batasunos») y se dijo que «de presos no se habla ni con vosotros ni con ETA», cosa que luego no sería realmente cierta, ya que para la reunión con ETA del 19 de mayo de 1999 se acercarían presos a Euskadi como «gesto de buena voluntad». La frase más enérgica la habría pronunciado Zarzalejos, que en un momento determinado, para poner fin a una situación que no conducía a ninguna parte, les dijo a los batasunos, según algún asistente: «No queremos hablar de política con ustedes; nos plantearemos ver a ETA».

Batasuna entendió la situación, pero, no obstante, planteó otra nueva reunión. Finalmente, después de un análisis interno, fueron los propios abertzales los que desecharon la idea, sobre todo después de que se produjeran filtraciones sobre la primera reunión de Burgos. Ése fue un extraño episodio, del que algunos quisieron culpar directamente al ministro Mayor Oreja, muy reacio a negociar con los etarras y su entorno. Pero estas conjeturas, como veremos, eran inciertas.

Como curiosidad, ninguno de los reunidos en el chalet de Burgos salió de la sala en ningún momento durante las tres horas que duró la reunión, y tampoco hubo teléfonos. Monseñor Uriarte se mantuvo todo el tiempo ejerciendo como «notario» y, al finalizar la sesión, los batasunos salieron primero y los representantes del Gobierno después. «Fue una reunión muy dura, pero no tuvo un final muy tenso», recuerdan los protagonistas consultados por los autores de este libro.

A partir de ese momento, el Gobierno de Aznar se limitó a esperar la comunicación de ETA que debía llegar a través de monseñor Uriarte.

aznar informa al rey

A pesar del secreto que rodeó al proceso, un asunto que Aznar sí trató con sus hombres de confianza en el Gobierno (los dos vicepresidentes, el ministro del Interior y el de Exteriores), fue hasta donde se podía llegar en una posible negociación con ETA. Según una de las personas que participó en esas deliberaciones, el presidente tenía muy claro que cualquier medida tenía que producirse después de que los terroristas certificaran su disposición a dejar la violencia de forma definitiva.

En realidad, Aznar no se fiaba de ETA y, para colmo, Mayor Oreja le había transmitido una conversación captada por los servicios de información al jefe de sus «comandos ilegales», José Javier Arizkuren «Kantauri», en la que afirmaba a su interlocutor que la tregua declarada iba a ser cosa «de pocos meses». Sin embargo, el Gobierno valoró la necesidad de realizar gestos que evidenciaran que estaba dispuesto a ceder en algo y esos gestos sólo podían concretarse en un acercamiento de presos. Ahora bien, el Gobierno no estaba dispuesto a la reagrupación o a su envío al País Vasco, como pedían PNV, EA y Batasuna.

A ese respecto, Aznar siempre decía que «desde el desarme podremos ser generosos», pero no se quería pillar los dedos. Sabía que la única vía de cesión era la política penitenciaria, porque, para él, el Estatuto de Gernika y la Constitución eran irrenunciables. Y en ese sentido, a lo más que llegó el entonces presidente del Gobierno fue a pedir un estudio para acelerar la transferencia de competencias al País Vasco y su posible ampliación.

Por otro lado, nada más producirse el encuentro de Burgos, el Gobierno tuvo información de que la Casa Real se sentía «marginada» de la información sobre el proceso abierto. Aznar encomendó entonces a Josep Piqué y a Zarzalejos que mantuvieran convenientemente informado al rey a través del jefe de la Casa, Fernando Almansa, con quien mantuvieron una primera reunión a mediados de diciembre de 1998. Más tarde haría lo mismo cuando la delegación enviada a Suiza para hablar con ETA regresara a Madrid y sus tres integrantes le informaron en La Moncloa: lo primero que hizo Aznar, temeroso de empeorar sus nunca del todo buenas relaciones con el monarca, fue llamar al rey, a quien visitó un día después en el Palacio de la Zarzuela.

ni rato ni cascos se enteraron

Rotas las conversaciones con Batasuna, ya sólo quedaba el encuentro con ETA. El obispo de Zamora, Juan María Uriarte, fue propuesto por ETA —y aceptado por el Gobierno— como «intermediario» para llevar a cabo los contactos iniciales. Zarzalejos y Uriarte habían sido los encargados de mantener una «línea caliente» que funcionó a plena satisfacción a partir de finales de octubre de 1998.

En este nuevo episodio de las conversaciones con ETA, la banda armada hizo llegar una carta a Aznar a través del «conducto oficial» de Uriarte, en la que la organización ponía de manifiesto su deseo de establecer «un canal permanente de comunicación». Esa carta no hacía ninguna «concesión literaria» y la remitía acompañada del comunicado de «Alternativa Democrática» que la banda hizo público después del intento de asesinato de Aznar, cuando éste estaba aún en la oposición, en 1995. La carta la entregó personalmente Uriarte, en la sede de la diócesis de Zamora, a los enviados del Gobierno que fueron expresamente a buscarla.

La respuesta oficial a la petición de ETA llegó el 16 de diciembre, cuando Zarzalejos respondió en nombre de Aznar que aceptaba el establecimiento de dicho canal y dio a conocer, como pedían los etarras, los nombres de los tres interlocutores que participarían en una reunión con la organización: el propio Zarzalejos, Arriola y Martí Fluxá. Los tres reunían ese denominador común que ya hemos comentado: eran de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Fluxá añadía a esa condición otras dos muy especiales: era el número dos del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que pilotaba la lucha antiterrorista y la política a seguir en el País Vasco, y, además, había sido jefe de Protocolo de la Casa Real.

Según nos han confirmado algunos implicados en el proceso, el nombramiento de los interlocutores lo realizó personalmente Aznar, pero después de escuchar a Mayor Oreja. Al contrario de lo que se ha venido insistiendo, el ministro del Interior estuvo plenamente involucrado en el proceso y era, además, el que hablaba directamente con Uriarte y el que lo convirtió en «notario» de las reuniones que mantendrían con ETA en Ginebra en 1999.

Es cierto, sin embargo, que todo el proceso se llevó con tal grado de discreción que, hasta que no se hicieron públicos los nombres, ni siquiera los dos vicepresidentes del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato, tuvieron noticia de la constitución de una comisión interlocutora con ETA, ni mucho menos de la identidad de sus componentes.

«manda narices negociar con quienes han intentado matar a mi mujer»

De los tres representantes gubernamentales sólo Pedro Arriola contaba con experiencia negociadora. Se lo pidió directamente Aznar: le llamó una tarde a Moncloa y se lo dijo. Arriola le respondió: «Manda narices que vaya a hablar con un grupo que ha intentado matar a mi mujer» [Celia Villalobos, entonces alcaldesa de Málaga y un año después ministra de Sanidad]. Aznar le respondió: «A tu mujer y a tu presidente del Gobierno» [en referencia al atentado que sufrió Aznar en 1995]. A lo que Arriola respondió: «Perdón, corrijo, a mi presidente del Gobierno y a mi mujer».

ETA respondió, a través del obispo Uriarte, al mensaje remitido por Zarzalejos, pero lo hizo mostrando su absoluto desacuerdo, no respecto a los tres designados para el contacto, sino sobre el método de comunicación seguido por el Gobierno: la respuesta a la propuesta de ETA no se había producido por escrito, sino por vía oral. Aznar accedió a poner negro sobre blanco los nombres de los designados como interlocutores y en abril de 1999 ETA hizo llegar un mensaje de satisfacción.

«nada de vendas en los ojos»

El Gobierno había constatado que cuando ETA anunció la tregua trasladó sus principales «comandos» a Francia y los que se quedaron dentro de España permanecieron inactivos, prácticamente sin salir de sus «pisos-francos». Era una «señal» necesaria y, así, el contacto estaba a punto para producirse. ETA puso como condición que el lugar, el día y la hora de la reunión fueran de su exclusiva competencia por motivos de seguridad. El Gobierno aceptó la exigencia, pero condicionándola a que no se llevase a cabo en «circunstancias vejatorias»; es decir, nada de vendas en los ojos ni traslados a lugares secretos. ETA no puso inconveniente en que el encuentro tuviera lugar a cara descubierta y en un lugar público.

Aunque entonces no lo conocía el Gobierno español, a la reunión de Suiza iba a asistir el propio jefe militar de la banda, José Javier Arizkuren «Kantauri», pero fue detenido en una afortunada intervención policial franco-española. ¿Pudo ser una detención pactada para eliminar lastre, dada la condición de «duro» de «Kantauri»? Es una pregunta que siempre queda sin respuesta.

la policía descabeza a eta: la caída de «kantauri»

Efectivamente, el 9 de marzo de 1999, pocos días antes de la cita en Ginebra, la Guardia Civil y la Policía francesa asestaron un duro golpe a la estructura militar de ETA. «Kantauri», responsable de los comandos de ETA desde 1994, fue capturado por agentes de los Reinseignements Généraux en el hotel Printania de París. Junto a él se encontraba su lugarteniente en el aparato militar, Irantzu Gallastegi Sodupe «Amaia». Este golpe policial fue considerado por los expertos en la lucha antiterrorista como el más importante desde que en 1992 se logró detener a toda la cúpula etarra en Bidart.

En la misma operación fueron detenidos también los «liberados» de ETA Jesús María Puy Lekunberri, Mikel Zubimendi Berasategui, Jon Mirena San Pedro Blanco y José Ignacio Herrán Bilbao, todos ellos relacionados con el aparato militar y con el de infraestructura de la banda. Horas después, efectivos de la Guardia Civil detuvieron a la concejala de Herri Batasuna de la localidad guipuzcoana de Asteasu Dolores Txapartegi Nieves por su presunta relación con la organización terrorista.

Radiante, Mayor Oreja compareció en la mañana del 10 de marzo ante los medios de comunicación para detallar la «versión oficial», que señalaba que la operación había nacido a mediados de febrero después de que agentes del servicio de información de la Guardia Civil localizaran a San Pedro y Herrán en un apartamento en París. Los agentes elaboraron un dispositivo de seguimiento que culminó con la llegada al hotel Printania, de París, de «Kantauri», Amaia, Puy Lekunberri y Zubimendi. Fue en ese momento cuando se tomó la decisión de detenerlos a todos.

Las versiones «oficiales» no suelen ajustarse a la realidad, y lo cierto es que el seguimiento al responsable del aparato militar de ETA había comenzado un año antes. Según nos confiesan ahora antiguos altos cargos en la lucha antiterrorista, a principios de 1998, efectivos desplazados de forma habitual al territorio francés para obtener información sobre ETA detectaron la presencia de «Kantauri» e inmediatamente se desplegó un importante dispositivo de seguimiento.

La intención de los servicios de información de la Guardia Civil era localizar el mayor número posible de miembros de ETA. Confiaban en que en algún momento «Kantauri» contactara con los otros tres miembros del comité ejecutivo etarra: Mikel Albisu «Antza», Iñaki Gracia «Iñaki de Rentería» y Eusebio Arzalluz «Paticorto». Pero durante meses, las perspectivas de los agentes de la Guardia Civil se vieron frustradas, ya que durante los seguimientos no se produjo ningún contacto de la cúpula etarra.

Así las cosas, en noviembre de 1998 «Kantauri» se percató de que estaba siendo seguido y consiguió burlar a los servicios de información. No obstante, los guardias civiles que trabajaban —y trabajan— infiltrados en Francia volvieron a retomar su pista y le localizaron de nuevo en enero de 1999. Desde ese momento, con un control mucho más preciso que en la primera ocasión, se registraron todos sus contactos.

La operación se llevó a cabo la noche del lunes 8 de marzo, pero sólo después de recibir el visto bueno de Madrid, al comprobar que no era posible detener a más etarras. Es decir, que el Gobierno de Aznar autorizó la captura cuando ya sabía que sólo diez días después los tres negociadores gubernamentales se iban a encontrar con la cúpula de ETA en Suiza. De ahí que hayan corrido ríos de tinta sobre si «Kantauri» era un lastre para un sector etarra o lo era más bien para el Gobierno de cara a la apertura de un proceso de paz. Ahora bien, si analizamos lo que ocurrió después de la cita negociadora, todas las hipótesis quedan descartadas y habría que concluir que a «Kantauri» se le detuvo por un simple «golpe de efecto».

Lo cierto es que, desde que en 1994 «Kantauri» tomara las riendas del aparato militar etarra, todas las acciones de los «comandos ilegales» habían tenido luz verde de este dirigente de ETA, considerado tan sanguinario o más que Urrosolo Sistiaga o la propia Idoia López Riaño, «la Tigresa».

«Kantauri» participó directamente en al menos 15 asesinatos: entre otros casos, intervino en la colocación de una bomba-lapa contra la niña Irene Villa y su madre, María Jesús González (17 de octubre de 1991); dio el visto bueno para que el «comando Madrid» atentara contra José María Aznar (19 de abril de 1995) cuando lideraba la oposición; autorizó al comando desarticulado en Mallorca para elaborar un plan para acabar con la vida del rey Juan Carlos I (agosto de 1995), y ordenó el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco (13 de julio de 1997).

La prueba del carácter especialmente sanguinario de este etarra son las cartas que envió a sus comandos operativos en 1997, en las que les pedía que atentaran contra altos cargos durante los funerales: recomendaba secuestrar y asesinar concejales y, durante su entierro, con rifles de precisión, atentar contra las personalidades asistentes. Todo un asesino.

«¿nuestra seguridad? ¡un pedazo de obispo!»

En esas circunstancias, el 19 de mayo de 1999, Uriarte, Zarzalejos, Fluxá y Arriola partieron desde Madrid, por vía aérea, hacia Ginebra (Suiza). La comitiva sólo sabía que viajaba a esta ciudad, pero desconocía la hora y el lugar exacto de la reunión. Una vez en Ginebra, el obispo iría recibiendo instrucciones sobre las coordenadas de la cita. Uriarte, que iba vestido para la ocasión con traje y corbata, era la única vía de contacto con los terroristas.

En Ginebra, los cuatro comisionados subieron a un coche y cruzaron la frontera a Francia, donde pernoctaron, y a la mañana siguiente regresaron al país alpino. Las autoridades suizas no fueron informadas, lo que dio lugar posteriormente a una pequeña reprimenda diplomática. Tampoco estaba informado el CESID, dirigido en ese momento por el general Javier Calderón, quien no tuvo conocimiento de la reunión. Es más, los autores hemos podido saber que en esos días en que la delegación de Aznar se encontraba en Suiza para hablar con ETA, Calderón asistió a una reunión de servicios secretos en ese país sin tener noticias de que había una delegación española hablando con «Antza» y González Peñalva.

Los representantes de Aznar no llevaban escolta, asumiendo un riesgo, ya que Interior no montó ningún dispositivo especial de protección o seguimiento —«nuestra seguridad era exclusivamente un pedazo de obispo», nos dicen algunos integrantes—, pero tampoco sabían quién iba a estar en la reunión por parte de ETA. La delegación se movía de un lado a otro en taxi y todos sus miembros, a excepción de Uriarte, llevaban apagados sus móviles.

Uriarte, vía telefónica, iba recibiendo instrucciones, que transmitía al taxista. ETA cambió en dos ocasiones el sitio al que debían dirigirse, sin duda con el ánimo de despistar a posibles policías infiltrados. Por fin, ETA comunicó el nombre del lugar donde finalmente tendría lugar la ansiada reunión. Se trataba de la pequeña ciudad de Vevey, cerca de Montreux, y a unas decenas de kilómetros de Ginebra, junto al lago Leman. Un lugar espectacular, en medio de un paisaje idílico y donde se respira un penetrante aroma a chocolate: allí está la central de la Nestlé.

A la pequeña sala de reuniones del hotel, reservada por los etarras, donde se celebraría la reunión, llegaron primero los enviados del Gobierno español. Luego llegó Mikel Albizu «Antza», responsable del aparato político de ETA, y acto seguido lo hizo una mujer, Belén González Peñalva «Carmen», ex miembro del comando Madrid, que, como hemos visto, ya había participado en las conversaciones de Argel con el Gobierno del PSOE.

«antza» saca su pistola

Los seis se encontraron frente a frente, no hubo cacheos ni micros, no hubo saludo ni estrechamiento de manos. En la mesa sólo había unos vasos y botellines de agua mineral. La reunión se inició con unas palabras de Uriarte en las que el obispo definió su posición en esa mesa: no era un mediador ni lo pretendía, sólo prestaba sus «buenos oficios» para ser un «garante» y un «testigo» de las conversaciones.

Para que no hubiese malos entendidos o alguna de las partes pretendiese hacer una lectura partidista de lo que allí se iba a hablar, todos acordaron que Uriarte levantara acta de la conversación. Por parte de ETA, Belén González (que sólo abrió la boca para pedirle en euskera algunas aclaraciones a «Antza») se encargó de tomar notas —las mismas que en mayo de 2000 serían publicadas de forma íntegra por el diario proetarra Gara—. Por parte del Gobierno, las notas que tomaron los integrantes de la delegación se las quedó Javier Zarzalejos. Esas notas darían lugar a un informe que Zarzalejos trasladó a Aznar, quien a su vez informó con todo detalle al rey y a Joaquín Almunia, entonces secretario general del PSOE.

Asistentes a la reunión cuentan que la sala era de aspecto sobrio, con una amplia ventana y una decoración austera. Se produjo entonces una siniestra anécdota no conocida hasta ahora: uno de los emisarios del Gobierno se llevó la mano a la americana para coger su bolígrafo y el gesto inmediato de «Mikel Antza» fue colocar una pistola encima de la mesa.

Tras la intervención inicial de Uriarte, habló «Antza» —identificado en las notas de Belén González como «Erakundea», «Organización»—. «“Carmen” permanecía en silencio, tomando notas», confirman algunos asistentes, mientras su compañero etarra se quejaba de lo mucho que han padecido a lo largo de toda la historia, de lo malo que era el Gobierno español, etcétera. A veces, «Carmen» se enfadaba con «Mikel Antza», sobre todo cuando éste derivaba su perorata hacia lo mucho que le gustaba leer y escribir poesía...

Los representantes gubernamentales respondieron que las que sufrían de verdad eran las víctimas de los atentados de ETA, porque «era importante que no se dejara pasar ninguna queja etarra», y, también, se evitaba entrar en «la humanización del personaje [“Antza”], que no sólo no tenía sentido del humor, sino que ni siquiera de la ironía». Los representantes del Gobierno dedujeron luego que la exposición que hizo «Antza» era estrictamente el Pacto de Estella que habían firmado ETA, HB y PNV.

Pronto reiteró «Antza» el deseo de ETA de alcanzar una solución negociada al conflicto, después de diez años de lucha tras el último intento de paz en las conversaciones de Argel. «Esperamos no salir escaldados», dijo. Todos aceptaron entonces como negativas las conversaciones de Argel y acordaron que no había que caer en los errores que allí se cometieron. Ante la mirada atenta de Uriarte, los etarras recordaron a Fluxá, Zarzalejos y Arriola que, tras la ruptura de Argel, el Gobierno español deportó y mantuvo encarcelada a la interlocución designada por ETA.

Ante la frase de «Antza» sobre que «esperamos no salir escaldados», Javier Zarzalejos respondió que «eso lo va a decir el tiempo», en el sentido de que el Gobierno de Aznar estaba jugando limpio: «Como representantes del presidente valoramos el haber llegado a este momento para hacer posible el mantenimiento del cese de la violencia. Sólo así el diálogo será posible... no hay que poner en esta mesa la dureza de determinados desenlaces pasados», le dijo a «Antza».

Zarzalejos —identificado en las notas de ETA como «Representante Español I»— agradeció la labor de mediación de Uriarte y apuntó que la única forma de mantener abierta la interlocución era que se respetase escrupulosamente el cese de la violencia. En ese momento, «Antza» admitió que la tregua no planteaba ninguna condición de ETA, pero preguntó si el Estado español estaba dispuesto a respetar el «derecho de autodeterminación que le corresponde a Euskal Herria en su totalidad, y la garantía de respeto escrupuloso del resultado del debate democrático que debe darse en el seno de la sociedad vasca».

En ese punto, Pedro Arriola —identificado por ETA como «Representante Español II»— respondió con una larga disquisición sobre lo que podía y no podía hacer el presidente del Gobierno, que cuenta con funciones específicas en las que puede decidir, tales como la disolución de las Cámaras con el adelanto de las elecciones, el nombramiento o cambio del Gobierno, iniciativas legislativas..., pero, por ejemplo, «el tema de Navarra o la modificación de ciertos estatutos no está entre sus poderes. No obstante, el Gobierno no impedirá un debate dentro de las instituciones». Arriola llegó a ser muy claro: «Hemos venido con las manos en los bolsillos, sin ninguna propuesta concreta», les dijo.

¿quién hizo la foto?

Vistos los derroteros por los que se movía la conversación, «Antza» asumió un papel victimista. Se quejaba de que «nosotros estamos en tregua y los Estados [Francia y España] no», y se refirió a que en esa mesa tenía que haber estado una tercera persona integrando la delegación de la banda terrorista: José Javier Arizkuren Ruiz «Kantauri», responsable de los comandos ilegales de ETA y un duro de la organización, que, como acabamos de narrar, había sido detenido diez días antes. Igualmente, «Antza» expresó su obsesión con las filtraciones a la prensa y pidió que el Gobierno controlase a los medios de comunicación.

—Será mejor para todos evitar [a partir de ahora] las especulaciones de la prensa —exige «Antza».

—Todos estamos de acuerdo [...] Pero no olvide que en España la prensa es libre y nosotros no la podemos controlar —replica el secretario general de Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos.

—[Pienso, sin embargo] que a ustedes les incumbe controlar la prensa. Una cosa es la libertad de información y otra bien distinta que se digan tonterías. Con estos temas no se debe permitir —insiste «Antza». [Según el texto elaborado por la etarra Belén González Peñalva, incautado por la Policía en medios abertzales.]

Los representantes españoles observaron otra obsesión en «Antza»: la seguridad. De hecho, hubo otro pequeño incidente que fue mencionado en la reunión y que provocó gran inquietud en la delegación etarra. A la entrada del hotel donde tuvo lugar el encuentro alguien hizo una fotografía.

—¿Y la foto que han sacado a la entrada? —les preguntó «Antza» a bocajarro.

La respuesta de los desconcertados representantes del Gobierno no tuvo desperdicio: «Nosotros no hemos sido, puede que haya otras fuerzas que quieran intervenir. Hay sólo una persona que sabe de la existencia de la reunión, excluyendo a los tres presentes». Arriola llegó a decir que pudo ser un turista y preguntó a su vez si eran de «confianza» los que habían preparado la reunión por parte de ETA.

Otra de las exigencias de «Antza» fue que se desactivaran los seguimientos a etarras —es decir, pararle los pies al CESID—, pero Martí Fluxá (sentado frente al etarra e identificado en el acta de ETA como «Representante Español III»), en una de sus escasas intervenciones, se excusó diciendo que Interior no les había informado de que se hubiera producido ningún seguimiento. «¡Pero si usted es del Ministerio del Interior!», exclamó «Antza». «Pero no me lo dijo el ministro», se justificó el secretario de Estado.

Después de casi tres horas de reunión, «Antza» planteó la continuidad del proceso y propuso que fuera el intermediario Uriarte el que se encargara de la logística para una nueva cita. Los representantes del Gobierno aceptaron, siempre que se mantuvieran los términos de la tregua. Incluso, Martí Fluxá se comprometió a que el Estado no iba a poner ninguna trampa. Los etarras, no obstante, señalaron que tenían que informar a sus bases del resultado de este contacto y llegaron a sugerir que tenían que hablar igualmente con sus «aliados» de Estella —Batasuna, PNV y otros—. Más tarde se pudo saber que, efectivamente, hablaron luego con el peneuvista Joseba Egibar y con Rafael Larreina, entonces secretario general de Eusko Alkartasuna.

Según asistentes a la reunión, en esa única cita con la banda en Suiza no se habló de presos «porque a ETA no le interesaba» y porque, además, el Gobierno no quería vincular tan espinoso asunto a ese paquete. Después del encuentro, ETA publicó un Zutabe (boletín interno) en el que se analizó el proceso y en el que se recogía incluso la queja de que los niños no podían estudiar euskera en Navarra.

[Es cierto que ni en esa reunión ni en la de Burgos con Batasuna se habló de presos, pero durante los 14 meses que duró la tregua fueron trasladados a cárceles próximas al País Vasco 130 presos etarras, aproximadamente una cuarta parte del total del colectivo. En el mismo periodo, la cifra de detenciones de etarras disminuyó notablemente: de 535 presos, se pasó a 380. Ningún partido político ni asociación alguna criticaron los distintos pasos del proceso. Y no lo hicieron, entre otras cosas, porque en la primera reunión entre Aznar y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, tras el anuncio de tregua de ETA, ambos sabían que los presos iban a ser la clave de la negociación.

—Habrá que mirar con lupa caso por caso —le comentó Almunia a Aznar—. No es lo mismo dejar en libertad a Mikel Sueskun que a Ignacio de Juana Chaos.

Aznar asintió. Era la primera vez que coincidían en la necesidad de excarcelar terroristas para avanzar hacia la paz en Euskadi.]

Los etarras fueron los primeros en abandonar la sala. Uriarte, Zarzalejos, Arriola y Fluxá esperaron unos minutos y se marcharon luego en taxi al aeropuerto. Allí les esperaba un jet privado con dos tripulantes. Aterrizaron en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde les esperaba Pablo Martín Alonso, actualmente general de Brigada de la Guardia Civil.

En esos momentos, Martín Alonso, un hombre de Información, era teniente coronel y jefe del Gabinete de Martí Fluxá. Cuando más tarde éste dejó la Secretaría de Estado de Interior, lo mantuvo en el cargo Pedro Morenés, pero posteriormente lo cesó Ignacio Astarloa. Quienes lo conocen y trataron lo retratan así: «Es un tío muy listo, pero lento; le llamaban el pensadista». Para el viaje a Suiza, Martín, que hasta ahora no había aparecido como relacionado con el proceso, actuó como la intendencia, la logística.

Cuando Astarloa cesó a Martín Alonso, el entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, lo mandó a París, donde siguió ascendiendo. Allí se encontraba en marzo de 2004, cuando Rodríguez Zapatero llegó al poder: lo rescató de París y se lo trajo a Información a Madrid.

Como colofón de esa única reunión del Gobierno de Aznar con ETA hay una anécdota que no nos resistimos a contar aquí. Al día siguiente de la cita en Ginebra se celebró en Madrid un pleno del Consejo de Policía que debía presidir Martí Fluxá. Un policía —José Martín Robledo, vocal del Consejo por el Sindicato Unificado de Policía— comenzó criticando algunos asuntos laborales (mal)llevados por la Administración. La crítica molestó al secretario de Estado hasta el punto de dar un puñetazo sobre la mesa y decir que no toleraba que le dijeran esas cosas. A Martí Fluxá se le conoce como un hombre extremadamente prudente y educado, por lo que en la sala se hizo un espeso silencio hasta que el mismo vocal del SUP le reprochó su comportamiento destemplado, señalando que ellos también podían dar puñetazos sobre la mesa. Martí Fluxá se disculpó entonces diciendo que llevaba toda la noche sin dormir porque había estado reunido en el extranjero con terroristas para alcanzar la paz en el País Vasco y que la tensión y el cansancio acumulados provocaron su airada reacción.

[El Consejo de Policía es un órgano creado por la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de participación sindical, no vinculante, en el que se reúnen periódicamente las autoridades del Ministerio del Interior y los representantes de los policías, que son elegidos en votación por la plantilla policial cada cuatro años.]

eta rompe la baraja

Aunque habían quedado emplazados para una nueva reunión, en julio de 1999, apenas dos meses después del encuentro de Suiza, ETA hizo saber al Gobierno —vía obispado de Zamora— que ya no quería seguir hablando, poniendo así fin a todo el proceso. Y el propio Aznar confirmó personalmente el 25 de agosto en una visita a Quintanilla de Onésimo (Valladolid) que todo se había roto. ¿Qué había ocurrido?

En realidad, al único acuerdo al que se había llegado con ETA en Suiza fue el de convocar una nueva reunión para un mes más tarde. El día concreto de la reunión fue posteriormente indicado por ETA a través del obispo Uriarte y la delegación española ya tenía preparados los billetes, la reserva del hotel, coches, etcétera. Pero 48 horas antes de la reunión prevista, Uriarte les hizo saber que ETA la había desconvocado. El Gobierno de Aznar siempre creyó que el motivo de la desconvocatoria fue la ruptura de hecho del Pacto de Lizarra que habían firmado los etarras con el PNV.

Quienes representaron al Gobierno en la reunión con la banda en Suiza han analizado esa ruptura y aún hoy creen, además, que entre la reunión con Batasuna en diciembre de 1998 y la mantenida con ETA en mayo de 1999, la banda organizó una «asamblea a distancia» con un debate muy intenso sobre si se mantenía o se rompía la tregua, cuyo mantenimiento era condición sine qua non para cualquier proceso de negociación. La conclusión a la que llegaron fue que la banda —que cuando declaró la tregua necesitaba un respiro— había recuperado fuerzas y había decidido emprender nuevamente la vía armada.

Además, esos mismos representantes analizan, paralelamente, que el líder del PNV, Xabier Arzalluz, había «vendido» excesivas expectativas sobre presos, apertura de procesos integradores, etcétera, en un momento de excesiva tensión política ante las elecciones autonómicas en el País Vasco del 25 de octubre de 1998 y las forales en Navarra de junio de 1999. Pero al obtener el PP mayoría en Álava y revalidar la victoria de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en las forales, que le permitía seguir gobernando en Navarra, la situación cambiaba radicalmente y significaba, de hecho, el final del Pacto de Estella.

El resultado final fue que el 28 de noviembre de 1999, seis meses después del contacto de Suiza, ETA anunció el fin de la tregua a partir del 3 de diciembre. La banda atribuía la responsabilidad de la ruptura del camino a la paz al PNV y EA por «no avanzar en los objetivos de la construcción nacional», incumpliendo su compromiso de ruptura total con los «partidos españolistas». El 21 de enero de 2000, ETA colocó en Madrid un coche-bomba que acabó con la vida del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García. La esperanza de paz había durado poco más de un año.

Como suele hacer la banda en situaciones similares, el diario Gara difundió el 1 de mayo de 2000 el acta que la etarra Belén González Peñalva, «Carmen», elaboró de la reunión en Suiza, con el objetivo evidente de poner en apuros al Gobierno de Aznar. No lo consiguió porque entonces la totalidad de las fuerzas políticas democráticas arropó al Ejecutivo del PP.

ibarretxe se echa al monte: tiene un «plan»

Para acabar de complicar aún más las cosas, a primeros de julio de 2000, el peneuvista Juan José Ibarretxe, que había sucedido en la Lehendakaritza (Gobierno vasco) al moderado y dialogante José Antonio Ardanza, se descolgó con una «propuesta de paz» que con los años traería excesiva tensión político-institucional. El 14 de julio, Ibarretxe solicitó «discreción» a los partidos políticos vascos sobre los contactos y reuniones que venía manteniendo con sus representantes para impulsar un proceso de pacificación y normalización política en Euskadi.

«No voy a entrar en el campo de aquellos que quieren reventar este proceso», advirtió, en relación con las duras críticas que le había dirigido el PP al nuevo documento que Ibarretxe había enviado quince días antes a todos los partidos, excepto al PP. El documento de Ibarretxe llevaba por título «Una propuesta inicial de Acuerdos Básicos para la Construcción de un Proceso de Paz y de Normalización Política».

En ese guión-borrador el objetivo fijado era lograr la paz y la «normalización política», con renuncia expresa a la violencia como instrumento de acción política, pero con un proyecto de convivencia que «sólo puede construirse desde la libre adhesión, desde el respeto a los derechos inalienables de todas las personas, desde la tolerancia mutua con todos los proyectos y desde el compromiso inequívoco con las reglas del juego democrático para aceptar lo que la propia sociedad vasca decida en cada momento». Ahí estaba el germen del autogobierno y el «derecho a la autodeterminación».

El borrador recogía, claro, el reconocimiento a las víctimas de la violencia y del terrorismo, pero añadiendo que «de cualquier signo, de tal forma que se propicie un proceso de reconciliación en el seno de la sociedad vasca». Pedía impulsar gestos de «distensión y de humanización del conflicto», con el cese de toda acción vulneradora de los derechos humanos, el cumplimiento de los acuerdos y compromisos en materia de política penitenciara. Y se definía, claro está, por un final dialogado.

Señalaba el documento que «hemos cubierto una etapa», se lamentaba por la ruptura de la tregua por parte de ETA y reconocía que «no es posible construir ningún proyecto de convivencia futuro sobre la imposición de una parte de la sociedad vasca sobre la otra». Apostaba, en definitiva, por un trabajo conjunto «para definir lo que queremos que sea en el futuro. Sin exclusiones, sin aislamientos, sin vetos, sin violencia y desde el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin excepción».

Esta nueva etapa sólo puede estar fundamentada en el diálogo multilateral como método básico para avanzar en la resolución del conflicto de violencia y de normalización que sufre la sociedad vasca, y en el establecimiento de una serie de Acuerdos Básicos o de principios comunes compartidos entre todos a partir de los cuales se puedan edificar posteriormente nuevos puntos de encuentro para la convivencia.

Esa propuesta sería el germen del conocido como «Plan Ibarretxe» que colearía hasta bien entrada la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Pero ésa es otra historia que ya hemos desarrollado en la primera parte de este libro, dedicada al mandato de Zapatero. Volvamos de nuevo a la actualidad más candente.

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¿MUERTE EN VENECIA?

A finales de 2009, Manuel Ángel Menéndez titulaba así una información en <Diariocrítico.com>: «2010 puede ser el fin de ETA». Recogía las impresiones de fuentes policiales de la mayor solvencia y poco proclives a lanzar las campanas al vuelo.

La pregunta ahora, bien entrado ya el año 2010, es: ¿estará empezando a morir ETA, al menos tal y como hasta ahora la conocíamos? La impresión que existe en algunos ambientes que conocen bien a la banda —o creen conocerla— es que se aprecian movimientos importantes en su seno. Unos movimientos que demostrarían que los presos más veteranos —empezando por los que fueron más sanguinarios— están cansados y desesperanzados, que los auténticos líderes han sido detenidos, que una parte de la organización terrorista quiere volver a la negociación y que la última resolución del Tribunal de Estrasburgo, condenando a una ETA acostumbrada a recibir árnica en los foros internacionales, ha sido un mazazo incluso para los más «duros» en el espectro del terror.

No les falta razón a los más pesimistas dentro de la banda y de sus satélites. Acaso por la evidente infiltración policial en ETA, acaso por supuestas entregas por parte de un sector que desearía dejar las armas y buscar una salida pactada, el hecho es que la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha destrozado cualquier expectativa de siquiera un mantenimiento en el tiempo de las estructuras terroristas.

Sirva como ejemplo la brillante operación policial desarrollada el 28 de febrero de 2010 en la tranquila villa rural de Cahan, en la baja Normandía francesa, muy cerca de la histórica Caén, en la que cayeron Ibon Gogeaskoetxea, Beinat Aginagalde y José Lorenzo Ayestarán Legorburu «Tximino». Es decir, que ETA quedaba descabezada por quinta vez en dos años, ya que Gogeaskoetxea, de cincuenta y cuatro años, formaba, junto a su hermano Eneko y Mikel Kabikoitz Carrera (responsable de los comandos) el triunvirato que mandaba en la estructura militar de la organización terrorista y, por lo tanto, en toda la banda. Aginagalde, además, está acusado de los asesinatos a tiros de Inaxio Uria e Isaías Carrasco. Esta operación ha cercenado el enésimo intento de los terroristas de hacer una demostración de fuerza en territorio español.

Pocos días después, se entregaba en el aeropuerto de Biarritz otro etarra, Javier Aristrain «Golfo», trenta y nueve años, jefe de un comando de «legales». No es frecuente que un miembro de la banda se entregue a las autoridades, lo que fue interpretado por Interior como una muestra más de que muchos terroristas incluidos en las listas de los más buscados carecen de cobertura de protección por parte de la organización.

Las cuentas son elocuentes: 33 detenidos en sólo los primeros sesenta días del año 2010 y más de 2.000 kilos de explosivo fuera de circulación. Como dice Rubalcaba: «Estos dos meses, con una detención cada dos días, son los peores dos meses en toda la historia de ETA». Y aunque, como siempre que ocurre una operación antiterrorista, las detenciones no permiten rebajar la amenaza de un atentado («con una vez que lo consigan les vale», suele repetir Rubalcaba), este año ha arrancado como el annus horríbilis de ETA.

Ahora bien, se teme una escisión en la que los pistoleros refractarios se hagan con los grandes arsenales que ETA conserva en Francia. De hecho, estos radicales especialmente violentos, como los detenidos en Cahan, urdían la fabricación de furgonetas-bomba, adaptadas para turismo en camping y con un contenedor de basura tipo PVC con casi 700 kilos de explosivos y una célula fotoeléctrica para evitar su apertura. Es decir, que según la documentación incautada tras las sucesivas detenciones de etarras, en los primeros meses de 2010 se estaba preparando una acción muy sonada.

¿Vino de ahí la detención de Ibon Gogeaskoetxea, el jefe de la cúpula militar? Es decir, ¿se están produciendo entregas por parte de la banda? Probablemente sí, aunque nunca se sabrá con certeza; pero baste con leer el contenido de uno de los documentos incautados para hacerse una idea del grado sanguinario de los más jóvenes radicales: «El artefacto es una caja grande de madera y una caja pequeña del dispositivo. No se ve por ningún sitio cable ni tampoco explosivo y por lo tanto, en el caso que el enemigo intente desactivarlo, se encontraría en primer lugar con la caja. Para cortar los cables tendrían problemas y al abrir la caja del dispositivo, con la presencia de luz: ¡¡¡BOOM!!!». La idea era asesinar a los artificieros que intentaran desmontar el artefacto explosivo.

Para entender lo que está ocurriendo ahora en ETA hay que hacer referencia a la declaración leída el sábado 14 de noviembre de 2009 en la sesión matinal de la Conferencia sobre Procesos de Paz y Resolución de Conflictos, organizada por el Centro Pace y el Ayuntamiento de Venecia en la Biblioteca Marciana de la ciudad de los canales, a un paso de la catedral de San Marcos. Señalaba esa resolución que «la voluntad popular expresada por vías pacíficas y democráticas se constituye en la única referencia del proceso de solución» del conflicto vasco, algo que ha suscitado algunas esperanzas. Y ello es así, por más que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostrara una actitud despectiva acerca de una declaración que, según dijo, «es más de lo mismo, un camino que no lleva a ninguna parte».

La declaración fue leída por Jone Goirizelaia, representante de Ezker Abertzalea y abogada de Arnaldo Otegi, en prisión desde un mes antes a raíz de una decisión del juez Baltasar Garzón, que le encarceló, junto a varios compañeros, como el ex dirigente sindical de LAB Rafael Díez Usabiaga. La declaración se titulaba «Un primer paso para el proceso democrático, principios y voluntad de la izquierda aberztale», y constaba de un largo y retórico preámbulo y de siete puntos.

De esos puntos, el séptimo era el más sustancioso. Tras reiterar su compromiso con la oferta de Anoeta de 2004, extensamente mencionada en este libro, Batasuna pedía la apertura de «un proceso de diálogo y acuerdo multipartito» regido «por los principios del senador Mitchell». Y afirmaba: «Por otro lado, debe establecerse un proceso de negociación entre ETA y el Estado español que verse sobre la desmilitarización del país (vasco), la liberación de presos políticos vascos, la vuelta de los exiliados y un tratamiento justo y equitativo al conjunto de víctimas del conflicto».

[La declaración hablaba del «conjunto de víctimas», es decir, que parecía que incluía subliminalmente a las «víctimas» etarras. Pero para hacerse una idea del daño que el conjunto del terrorismo, no sólo el de ETA, ha ocasionado en nuestro país, el viernes 5 de marzo de 2010 el Consejo de Ministros estudió un informe presentado por el titular de Interior, Pérez Rubalcaba, en el que cifraba en 9.532 personas las víctimas de actos terroristas en España, de las que 1.382 han sido asesinadas. El informe era el paso previo para una futura ley de atención a este tipo de víctimas para ser presentada antes de finalizar la segunda legislatura de Zapatero. Los resarcimientos satisfechos por el Estado hasta ese momento, tanto en concepto de indemnización como por sentencias firmes, ascendían a 722.694.182 euros.]

Lo más esperanzador era que Goirizelaia había anunciado previamente su deseo de no seguir militando en Batasuna, aunque en ningún momento condenase a ETA. Tampoco lo hacía en esa «declaración de Venecia», leída justamente en el aniversario del mitin de Anoeta, en el que Otegi, el 14 de noviembre de 2004, inició, de hecho, el proceso de negociación entre el Gobierno de Zapatero y la banda terrorista.

La declaración hablaba nuevamente de una negociación que abriera un acuerdo político resolutorio «a refrendar por la ciudadanía», en una «ausencia total de violencia y sin injerencias [¿de ETA?], mediante la utilización de vías exclusivamente democráticas». Nuevamente, la «vía Otegi» se decantaba en 2009 por los «principios de Mitchell», el senador norteamericano que, enviado por la Administración Clinton, sentó las bases de la negociación que resolvió el conflicto de Irlanda del Norte; un modelo muy querido para Otegi, que había tratado de ser en el pasado el «Gerry Adams» de Euskadi. Y un modelo que, en su día y en pleno fervor negociador en La Moncloa, fue recomendado también por el entonces premier británico, Tony Blair, a su colega Zapatero.

Un modelo, en definitiva, que hemos visto desarrollado a lo largo de este libro, pero que podemos sintetizar en los siguientes puntos: utilizar únicamente medios democráticos y exclusivamente pacíficos para resolver los asuntos políticos; desarme de las organizaciones paramilitares; renuncia al uso de la fuerza o a la amenaza de las armas para influir en el resultado del proceso de paz; aceptación de todo lo acordado en la mesa multilateral, y condena de todas las expresiones de violencia callejera, con la obligación de ejecutar las acciones que fueran precisas para evitarla.

Para dar más fuerza a esa «declaración de Venecia», los abertzales proyectaron un mensaje grabado en vídeo con la intervención de Otegi, en ese momento en prisión. También hubo mensajes en vídeo de Gerry Adams, presidente del Sinn Fein, y de Nelson Mandela, ex presidente sudafricano y Nobel de la Paz, en apoyo de un nuevo proceso. Y más aún: junto a Goirizelaia, en la mesa de Venecia se sentaron el abogado sudafricano y mediador en diversos conflictos Brian Currin —que llevaba trabajando en silencio durante los 18 últimos meses con la izquierda abertzale—; el ex miembro del IRA y diputado del Sinn Feinn Raymond McCartney, y Emine Ayna, representante del partido kurdo DTP.

«tengo la esperanza de que eta declare el alto el fuego permanente»

Como preguntaba el diario El País a Brian Currin, ¿significaba eso que ETA estaba dispuesta a dejar las armas y había aprobado el documento? «Esto es sólo el principio. Yo espero que ETA dé la bienvenida a la declaración, y si Madrid libera a los presos, no veo por qué ETA no debería declarar un alto el fuego definitivo. Eso sería lo lógico. En la mención de los «principios Mitchell» está implícita la obligación de renunciar a la violencia y entregar las armas. Y yo tengo la esperanza de que ETA declare el alto el fuego permanente».

Se supo entonces —revelado por el propio Currin— que los abertzales Otegi, Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta —la hija de Patxi, el creador de Aralar— y Arkaitz Rodríguez, encarcelados desde el 13 de octubre en la prisión madrileña de Estremera por orden del juez Garzón, tenían previsto hacer pública una declaración similar a la de Goirizelaia en Venecia y con una alusión directa a los «Principios Mitchell» que condujeron al acuerdo de Viernes Santo en Stormont. Pero la verdad es que ni los medios oficiales ni los periodísticos dieron excesivo significado a este acto de Venecia; no era la «muerte de ETA» en Venecia, ni mucho menos, según dijeron a los autores fuentes de Interior, que apostaban por otras vías: básicamente, las de la dureza. No en vano, tras Otegi y sus compañeros fueron encarcelados varios miembros de SEGI, las «juventudes etarras».

No, no era el momento para contactos ni negociaciones, por mucho que el debate interno en el mundo de la ilegal Batasuna apostase por vías no violentas para llegar a sus fines, y por mucho que incluso algunos que predicaban métodos «duros», es decir, una vuelta al terrorismo, llegaran a ser expulsados de varias de las asambleas que se celebraron durante meses.

La prueba palpable de que Zapatero no tropezará nuevamente con la misma piedra es que el 2 de marzo de 2010 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Ángela Murillo, condenó a la pena máxima de dos años de prisión a Arnaldo Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo por su participación en el homenaje al preso etarra José María Sagarduy (Amorebieta, Vizcaya, 9 de julio de 2005). Para el tribunal, «esta persona se prodiga de forma reiterada» en este tipo de actos. Aunque la Audiencia no pudo aplicarle la agravante de reincidencia a Otegi, para quien la Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel, estimó que al batasuno le «ha costado asumir» el contenido de una sentencia anterior, que le condenó a 15 meses de prisión por intervenir en diciembre de 2003 en Arrigorriaga en un acto en recuerdo del dirigente etarra José Miguel Beñaran «Argal».

zapatero, escarmentado

El hecho es que Zapatero, escarmentado del anterior proceso negociador —que ha sido el objeto de este libro—, se mostró muy poco receptivo y muy escasamente esperanzado ante el comunicado leído en Venecia y Alsasua y publicado el domingo 15 de noviembre por el diario El País, exclusivamente. De la misma manera que en Interior se muestran muy poco receptivos ante el comunicado hecho público por ETA a mediados de enero de 2010, apostando por la «vía democrática», quiera decir eso lo que quiera decir en los términos etarras. Pero, sin duda, y en esto coinciden todas las fuentes consultadas por los autores de este libro, «algo» se está moviendo, y con cierta rapidez, en el mundo abertzale; «algo» que parece desmarcarse crecientemente de una ETA que parece también cada vez más desnortada.

En este marco, en el Ministerio de Interior ni siquiera admiten que en el último trimestre de 2009 pudo haber sido un error la detención y encarcelamiento de Otegi, Díez Usabiaga y otros, entre ellos Miren Zabaleta, la hija del líder de Aralar, Patxi Zabaleta, un hombre que, como contamos en el capítulo correspondiente, varió sus planteamientos y se decantó por formar un partido independentista pero que abominaba de la violencia. Las fuentes consultadas en el País Vasco y en Navarra consideraban que Zabaleta no estaría demasiado lejos de la plataforma que intentaba, aunque ahora desde la cárcel, montar Otegi cinco años después de su famoso mitin en Anoeta. Una plataforma, más que un partido, a la que se dijo que podrían llegar a adherirse, incluso, personajes radicales del peneuvismo, como Xabier Arzalluz o el ex lehendakari Garaikoetxea.

Pero, esta vez en sintonía con el sentir del Gobierno, a finales de noviembre de 2009, una acción del juez Grande-Marlaska iba a desmantelar la estructura de las que dieron en llamarse «las juventudes de ETA», SEGI. Pretendían, según medios judiciales, una movilización a favor de los encarcelados de Batasuna, dinamizando a la sociedad vasca en este sentido. De hecho, las últimas semanas de 2009 conocieron algunas relativamente nutridas manifestaciones callejeras en protesta contra las detenciones; pero, por el momento, la «movilización» se ha limitado a eso: da la impresión de que, ahora sí, lo que podría considerarse como el entorno social simpatizante de los postulados de ETA está muy tocado.

De cara al futuro, el primer movimiento serio le toca a ETA, insisten fuentes policiales, que rechazan, como lo hacen los portavoces del Gobierno, cualquier paso desde el Ejecutivo en dirección a un nuevo proceso negociador, aunque los contactos nunca se hayan perdido del todo. El hecho de que «Josu Ternera», considerado partidario de un pacto con el Estado, sea el único de los cabecillas etarras que participaron en las negociaciones de la legislatura anterior que siga sin ser detenido no deja de parecer sintomático a algunos observadores. Otros lo juzgan, simplemente, «extraño», puesto que se cree que ha estado localizado por las Fuerzas de Seguridad en más de una ocasión. Y no falta quien diga que, en puridad, «Josu Ternera» ya ni siquiera podría considerarse formalmente encuadrado en la banda: tal es la fluidez de la situación en el interior de la misma.

Sin embargo, pese a esas interpretaciones —o precisamente por ello, acaso para dar «oxígeno» al ahora caído líder de ETA— el Tribunal Correccional de París condenó en rebeldía, el 7 de enero de 2010, a «Ternera» a cinco años de prisión, al igual que a su hijo Egoitz a cuatro años, por pertenencia a asociación de malhechores. Los dos fueron juzgados y condenados en rebeldía —una práctica prohibida en España—, al encontrarse en paradero desconocido desde hacía siete años. La acusación había solicitado siete años de cárcel para el veterano dirigente etarra por hechos cometidos entre 2002 y 2005, y cuatro años para su hijo por hechos que se remontaban a 2005. Esa misma sentencia disponía la expulsión definitiva de territorio francés de «Ternera» una vez haya concluido el cumplimiento de su condena, así como el mantenimiento de la orden de arresto europea emitida en su contra.

Durante el juicio, celebrado el 19 de noviembre de 2009, la fiscal Catherine Sorita-Minard consideró probado que «Ternera» participó en «actividades en beneficio de ETA» entre 2002 y 2005 —precisamente, el periodo de los «encuentros gastronómicos» de Txillarre y de prenegociación con Jesús Eguiguren en Ginebra y Oslo, como hemos visto en la primera parte de este libro— y que mantuvo contactos con los que entonces dirigían la organización.

¿Se trataba, como planteamos, de una operación para dar oxígeno al ex líder de ETA dentro de su propia organización?

¿qué ocurre en el colectivo de presos?

En algunos medios policiales relacionados con la lucha antiterrorista se esperan, en uno u otro sentido, reacciones por parte de ETA, que mantiene un cauto silencio ante lo que están haciendo algunos de los que eran su «brazo político» en Batasuna, y que, al tiempo, muestra una patente irritación ante algunos movimientos que se están experimentando en el colectivo de presos, donde, según decía, con evidente optimismo, una información de la agencia Servimedia, dos de cada tres reclusos etarras están ya en contra de la violencia.

En todo caso, el 5 de enero de 2010, la víspera de Reyes, el mundo radical se encontró con un extraño «regalo» de la banda terrorista: su dirección había decretado la expulsión de otros cinco reclusos del colectivo de presos de ETA por saltarse la disciplina. No se trataba de simples nombres, sino de cinco terroristas que en su momento habían sembrado el terror y que algunos habían detentado responsabilidades en la banda: Valentín Lasarte —ex miembro del «comando Donosti» hasta su captura, el 25 de marzo de 1996; su nombre está unido a los asesinatos del político del PP Gregario Ordóñez y del socialista Enrique Múgica—; Ignacio Recarte Ibarra —ex miembro del «comando Mugarri»—; Andoni Muñoz de Vivar —formó parte del «comando Lambroa» hasta su desarticulación, el 25 de octubre de 1994—; Esteban Murillo Zubiri —vinculado al «comando Nafarroa»—, y Jorge Uruñuela —miembro de la kale borroka—.

Y, desde luego, resulta muy significativo que el 23 de enero —un mes antes de la caída de la cúpula militar encabezada por Ibon Gogeaskoetxea— el Movimiento pro Amnistía asegurara que el colectivo de presos de ETA ha impulsado con «su aportación» un «proceso democrático» que es «la única vía que puede traer el cambio político y democrático a Euskal Herria», y advirtiera que los presos de la banda «deberán ser inevitablemente parte y consecuencia» de la «resolución del conflicto político». Chocan estos planteamientos con lo que relatábamos en la primera parte de este libro, cuando los negociadores de Zapatero —Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez— observaron con estupor en sus reuniones con la banda que los representantes de ETA no querían ni oír hablar de los presos como contrapartida de negociación.

Es obvio que las cosas han cambiado —sobre todo tras la caída de los duros «Thierry» y «Txeroki»—, y lo han hecho de tal modo que sólo seis días después de esa declaración del Movimiento pro Amnistía —es decir, el 29 de enero— seis presos etarras que cumplen condena en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, entre ellos el histórico Josu García Corporales, condenado a ochenta y tres años de cárcel, anunciaran su desvinculación de ETA «por voluntad propia». El nuevo grupo de etarras que abandonaba la banda eran los históricos Fernando de Luis Astarloa, Josu García Corporales, Luis María Lizarralde Izagirre, Andoni Altza Hernández, José Manuel Fernández de Nanclares y José Antonio Hernández Velasco, todos internados por distintas causas en Nanclares de Oca, donde también cumplen condena otros tres reclusos críticos con ETA, Iñaki Rekarte, Andoni Muñoz y Jorge Urruñuela, que, como acabamos de señalar, incluso habían sido expulsados del colectivo de presos etarras (EPPK), junto a Valentín Lasarte y Esteban Murillo, por «situarse fuera de la disciplina» de este colectivo.

En su carta, esos presos etarras aclaraban que en ningún caso habían sido «expulsados», sino que dejaban la banda «por voluntad propia» y recordaban que su situación era similar a la de otros nueve miembros de ETA que abandonaron la organización en los últimos meses (los también históricos José Luis Álvarez Santacristina «Txelis», Kepa Pikabea, Joseba Urrusolo Sistiaga, Karmen Gisasola, Iñaki Rekarte Ibarra, Andoni Muñoz Berrio, Valentín Lasarte, Esteban Murillo y Jorge Uruñuela).

Para algunos expertos antiterroristas, ya no hay duda: 2010 es el año del gran debate en ETA, el principio real del final de la banda armada. Y a ese final anunciado se llegará tanto por la presión del abertzalismo desencantado como por la de sus presos en cárceles españolas y francesas. «ETA acabará diluyéndose como un azucarillo, o, a lo sumo, convirtiéndose en una banda parecida al GRAPO, auténticamente residual», nos dijo a los autores un alto cargo de Interior. Por ahora, la labor de zapa de la política de Rubalcaba-Gallizo con los presos de ETA en las cárceles españolas está dando su resultado, tal y como ya hemos analizado en la primera parte de este libro —véase el capítulo 6: «La serpiente despierta de su letargo: espiral de violencia etarra»—.

Por otro lado, la llegada del socialista Patxi López y, en alguna medida, del PP vasco al poder en Euskadi ha cambiado muchas cosas: resulta también muy significativo el relativo silencio de López y de su consejero de Interior, Rodolfo Ares (que participó en las negociaciones de Loyola con Batasuna en 2006 y en las de 2007), ante la permanencia de Otegi y sus compañeros en prisión. No parecen compartir plenamente la actual estrategia de Rubalcaba, pese a la sintonía de éste con Ares. El ministro del Interior ha declarado en diferentes ocasiones su satisfacción por la detención de Otegi, que llegó a ser calificado como «hombre de paz» por el propio Zapatero, cuando la negociación Gobierno-ETA estaba en pleno fragor. Pero está claro, como hemos pretendido demostrar a lo largo de este libro, en este terreno la vida da muchas vueltas.

A comienzos de la primavera de 2010, los mentideros madrileños eran un continuo rumor relacionado con ese «proceso subterráneo» que se había abierto en el mal llamado mundo abertzale (patriota). Puede que en Anoeta se iniciase en 2004 un camino que ETA se encargó de malograr, aunque es cierto que el Gobierno también cometió errores en la negociación con la banda, que desde 2007 se encontraba nuevamente en una línea de franca violencia.

Pero puede que también en Venecia —sea tomada esta ciudad como referencia formal— se haya dado un paso, tímido, hacia el fin de esa pesadilla que los españoles padecen desde hace más de cuarenta años y que se llama ETA, una sanguinaria organización que, día a día, va perdiendo apoyo incluso entre los suyos. ¿Será ésta la última legislatura de la banda? «Cautela» es la respuesta que te dan cuando lo preguntas a quienes, presumiblemente, de verdad lo saben.

En el otro lado de la «muga», a finales de 2009 ETA —y su entorno en la izquierda abertzale— se encontraba prácticamente partida en dos: los más radicales, que abogaban por seguir atentando hasta que el Estado «doble las rodillas» y que se aglutinaban en torno a la propuesta «Mugarri» que declaraba concluido el tiempo de la política, y los otros, más pactistas, que seguían el camino preconizado por Otegi, Díez Usabiaga, Etxeberria, Iruin y Jone Goirizelaia. Este segundo grupo sostiene que sería terrible que se produjera —como parece posible— la derrota de la banda terrorista sin obtener nada a cambio.

las ambigüedades de otegi

Dentro de la lucha antiterrorista se analiza con optimismo el hecho de que las bases de la izquierda abertzale, en las localidades que siempre han sido feudo de la banda terrorista, expresen con claridad su ansiedad porque ETA deje de actuar para que el resto pueda acceder a las instituciones. Pero aún —al cierre de esta edición— no se ha escuchado alta y clara la frase definitiva: «La hora de ETA ha pasado». Y probablemente tarde algo en oírse, porque el sector liderado por Otegi, que inició una huelga de hambre en prisión, seguida sin demasiado interés por la opinión pública, no se atreve a consumar una escisión, al igual que el propio Otegi no se atrevió a dar un golpe en la mesa cuando ETA le obligó a cerrar las conversaciones de Loyola.

Por otro lado, sin embargo, ese mismo sector proclive a la incorporación a la vida política también teme que el resultado final de una actuación como la arriba planteada sea un «irse de vacío» después de tantos años de lucha; es decir, de no conseguir réditos políticos. He ahí su gran dilema, más allá, incluso, del miedo a la represalia de los duros de las pistolas. Y parece que ahí, como resolución de ese dilema, Otegi y los suyos buscan la siguiente síntesis: abrir otro proceso de negociación. Pero para ello tienen que controlar la acción de ETA para utilizarla en su provecho, que no es otro que conseguir la complicidad de la comunidad internacional y hacer ver su buena fe, alegando el principio Mitchell con el que abríamos este capítulo final; es decir, el principio establecido en el conflicto irlandés para evitar la violencia entre ambas partes.

Ahora bien, Otegi y los suyos se enfrentan a dos problemas. Por un lado, el ya referido de los radicales de ETA, y, por otro, la posición que mantiene hasta ahora férreamente el Gobierno y que se resume en una simple frase: hace unos años hubiera sido una buena propuesta; ahora es absolutamente insuficiente.

En ese contexto es en el que hay que situar la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de solicitar el procesamiento de Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Rufino Etxeberria y otros seis abertzales por intentar reconstruir la Mesa Nacional de Batasuna y crear un nuevo referente político que iba a llamarse «Bateragune». En su escrito al juez Baltasar Garzón, el fiscal Vicente González Mota solicitaba que se diera por finalizada la investigación y se procesara a Otegi y Díez Usabiaga en calidad de dirigentes y como integrantes al resto de los imputados: Arkaitz Rodríguez Torres, Miren Zabaleta Tellería —la hija de Patxi—, Sonia Jacinto García, Amaia Esnal Martiarena, José Luis Moreno Sagües y José Manuel Serra Ugarte.

El fiscal González Mota —insistimos nuevamente en que la Fiscalía es un órgano absolutamente jerarquizado— entendía ya que ese grupo formaba parte de un referente institucional dentro de ETA; o, dicho de otra forma, que se trataba de una estrategia de «combinación criminal de votos y bombas», con el objetivo de seguir en el «aparato institucional». Qué diferencia con los planteamientos de la Fiscalía entre 2005 y mayo de 2007, cuando se negociaba con ETA.

Esta actitud demuestra a las claras que el Gobierno —este Gobierno, al menos— ya no quiere componendas con la banda armada; que ahora la única salida es dejarlo. No volverán a sucederse ofertas como las que Eguiguren y Moscoso, en junio de 2006 en Ginebra, o las del hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, entre el 11 y el 15 de diciembre en Oslo, dirigieron a la delegación etarra, como hemos explicado suficientemente en la primera parte de este libro: legalizar una nueva formación política al estilo de Batasuna o no considerar a Jarrai —auténtico semillero de la banda— como parte de ETA.

Cuando los autores explicaron a un alto mando de Interior, directamente implicado en la lucha contra la banda, que acababan de concluir la redacción de este libro, su interlocutor apenas dijo: «¡Qué lástima que no podáis esperar un poco más para entregarlo al editor; es posible que, dentro de pocos meses, las cosas sean diferentes, claro está que para mejor!». Ojalá que nuestro interlocutor no se equivocase, aunque la primera parte de este libro pueda quedar algo desfasada en el tiempo.

ANEXO

LOS TEXTOS QUE PODRÍAN HABER LLEVADO A LA PAZ

LOS DOCUMENTOS QUE PSE-PSOE Y PNV NEGOCIARON CON BATASUNA EN LOYOLA

Los textos que figuran a continuación se corresponden con los documentos redactados en el santuario de Loyola entre PSEEE-PSOE, Batasuna y PNV. Las palabras/frases en negrita indicarían términos facilitadores de acuerdo.

PRIMER BORRADOR DE LOYOLA

introducción

La sociedad vasca vive un momento de esperanza, un momento histórico, porque por fin podemos alcanzar la paz y la libertad, sentando las bases de un escenario político compartido que busque la cohesión de la ciudadanía vasca. Los partidos políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder poner fin a un periodo de nuestra historia reciente caracterizado por el enfrentamiento y el sufrimiento. En este sentido, las tradiciones políticas que firmamos este Acuerdo-Marco hemos hecho un esfuerzo sincero para avanzar en el diálogo y un acuerdo para toda la ciudadanía. Un acuerdo incluyente entre las diferentes sensibilidades políticas del país para asentar la convivencia democrática y dotarnos de un nuevo marco jurídico-político ampliamente compartido que nos garantice un escenario de estabilidad, y de debate político, en el que todos los proyectos democráticos puedan ser defendidos y, en su caso, materializados. Todo ello desde el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos y a los procedimientos y normas vigentes. El Acuerdo-Marco que hemos alcanzado necesita, evidentemente, ser compartido, desarrollado y enriquecido con el resto de partidos políticos, tramitado en las instituciones competentes y aprobado por la ciudadanía vasca.

El diálogo que nos comprometemos a impulsar parte de la premisa de que todos asumimos los principios democráticos, el respeto y compromiso activo con los derechos humanos y con las reglas de juego democráticas para hacer política. El diálogo resolutivo, el que permite alcanzar acuerdos y desarrollarlos, se llevará a cabo en ausencia de todo tipo de violencia o coacción.

Este Acuerdo-Marco se concreta en los apartados siguientes:

1. Bases políticas del futuro acuerdo.

2. Esquema general del proceso democrático de diálogo multilateral.

3. Protocolo para la gestión del Acuerdo-Marco.

1. bases políticas del futuro acuerdo

1.1. Sobre el carácter y la identidad nacional del Pueblo Vasco.

El acuerdo resultante reconocerá la identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho reconocimiento recoge así el sentimiento de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca.

Reconociendo que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del Pueblo Vasco, aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria que se constata en los territorios de Araba, Nafarroa, Bizkaia y Gipuzkoa en el Estado español, y Lapurdi, Zuberoa y Baxe Nafarroa en el Estado francés.

Se entiende que esta realidad está configurada en el momento actual en dos ámbitos administrativos, políticos e institucionales con personalidad propia, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra, y también los territorios vascos incluidos en el departamento de los Pirineos Atlánticos.

1.2. Sobre los mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca adoptar libre y democráticamente decisiones en torno a su futuro político e institucional.

Nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado.

Dichas decisiones se adoptarán en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, siguiendo las normas y procedimientos legales, y respetando los métodos democráticos y los derechos y las libertades de la ciudadanía. Entendemos que dichos procedimientos legales se refieren a los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro para que no sea una limitación a la voluntad popular, sino garantía de su ejercicio.

1.3. Sobre las garantías y el respeto a todos los derechos para toda la ciudadanía vasca.

Nos comprometemos a que el acuerdo resultante garantizará para la ciudadanía todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional, tales como la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Asimismo, en el futuro ordenamiento jurídico se definirán y garantizarán, de forma acordada, los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del pueblo vasco.

Nos comprometemos a defender que el euskera constituye un patrimonio común de todos/as los/as ciudadanos/as del pueblo vasco, que su conocimiento y uso es un derecho de todos, y deber de las administraciones públicas garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio de dicho derecho en igualdad, especialmente en todo lo referido al sistema educativo y a los medios de difusión cultural. En este sentido, será reconocido legalmente y utilizado como lengua oficial (al igual que el castellano) en los cuatro territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, desarrollándose una política activa y progresiva tendente al objetivo de la total normalización lingüística.

Nos comprometemos a establecer las medidas jurídicas y normativas que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades a mujeres y hombres en el acceso y ejercicio real de todos los derechos.

1.4. Sobre la articulación institucional.

a) Partiendo de la actual realidad jurídico-política, plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados (Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral Navarra), nos comprometemos a promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos.

Este órgano institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del diálogo multipartito.

Estas atribuciones tendrán que contar con la adhesión y el respeto de la voluntad democrática de la ciudadanía en cada ámbito territorial. El modelo institucional resultante podrá modificarse en un futuro respetando la voluntad popular y en el marco de los procedimientos legales vigentes en cada momento.

b) Atendiendo a la actual realidad institucional y desde la aceptación de la voluntad popular, nos comprometemos a respetar el derecho de los representantes democráticamente elegidos en cualquier ámbito institucional, a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria.

Nos comprometemos a que el acuerdo resultante, dentro del marco de la Unión Europea y el respeto de las legislaciones de los Estados correspondientes, contemple la creación de una eurorregión vasca u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya posibilitando. Asimismo, nos comprometemos a promover acuerdos y políticas transfronterizas para abordar y financiar en su caso políticas comunes y favorecer iniciativas sociales en los ámbitos económico, cultural, medioambiental...

1.5. Sobre la incorporación de los acuerdos al marco jurídico y refrendo popular.

Nos comprometemos a la aplicación de los acuerdos, su defensa e implementación en todos los ámbitos institucionales en que tengamos representación.

Así, los acuerdos que se alcancen fruto del diálogo político se trasladarán a las instituciones competentes para su desarrollo e incorporación al ordenamiento jurídico.

En última instancia, tras los procesos de negociación, pacto y tramitación en las instituciones competentes, los acuerdos serán sometidos a la decisión de la ciudadanía a través de referéndum.

2. esquema general del proceso democrático de diálogo multilateral

Este apartado responde a la necesidad de acordar todos los aspectos y elementos políticos y técnicos necesarios para visualizar y operativizar el proceso de diálogo propuesto. En este sentido acordamos:

2.1. Los partidos que apoyamos este acuerdo establecemos tres escenarios de diálogo. El primero lo constituimos los partidos firmantes de este acuerdo; el segundo estará constituido por todos los partidos políticos con representación estable y contrastada que estén dispuestos a participar en el diálogo incluyente y a participar en las mesas de partidos, y el tercero, el correspondiente a la negociación e implementación en las instituciones competentes para su incorporación al marco jurídico. Será la ciudadanía, en última instancia, quien ratificará el acuerdo a través de referéndum.

En todo caso, aunque se pongan en marcha otros ámbitos de diálogo, esta comisión negociadora continuará reuniéndose para avanzar en el desarrollo de este Acuerdo-Marco, trasladando el acuerdo futuro si lo hubiere a las mesas de partidos previstas, para cuando se constituyan las mismas.

Una delegación del PSN-PSOE se incorporará a los trabajos de esta Comisión a partir de enero de 2007.

2.2. Nos comprometemos a celebrar una Conferencia por la Paz, el Diálogo y el Acuerdo, que se convocará para el día 2 de diciembre (de 2006) en Donostia, por Eusko Ikaskuntza, cuya convocatoria se efectuará públicamente a primeros de noviembre (de 2006), en la que participarán, por invitación, personas representativas de partidos políticos, de organizaciones sindicales, patronales, sociales, de la universidad, foros por la paz y personalidades relevantes. Todas ellas avalarían con su presencia una declaración pública. La relación de asistentes, así como todos los aspectos de funcionamiento, presidencia, etcétera, será pactada con anterioridad. La declaración final acordada previamente será leída por los organizadores en euskera, castellano, francés e inglés.

2.3. A partir de la celebración de la Conferencia por la Paz, el Diálogo y el Acuerdo, la presidencia de la misma, y con expreso mandato de la conferencia, iniciará una dinámica de contactos con los partidos políticos al objeto de avanzar un acuerdo sobre:

a) procedimiento y metodología de las mesas de partidos.

b) agenda y bases políticas a abordar en las mesas de partidos.

De la actividad de la presidencia de la conferencia durante este tiempo se pactará la política de comunicación, que posteriormente tendrá que llevar adelante dicha presidencia hasta que finalice su actividad.

Esta presidencia estará compuesta por tres o cuatro miembros de Eusko Ikaskuntza que serán pactados por los partidos firmantes de este acuerdo.

2.4. Aunque el núcleo central del diálogo multilateral corresponde a los partidos políticos, ello no obsta para la implicación en el proceso (en los términos en que se acuerden) de cuantos agentes y movimientos sociales así lo deseen. Asimismo, en aras a impulsar una participación igualitaria entre hombres y mujeres en el proceso de implicación social, se adoptarán medidas específicas dirigidas a la mujer para favorecer su participación activa.

2.5. A partir del mes de enero (de 2007) se activarán espacios de encuentro entre representantes de partidos políticos en los diversos ámbitos territoriales para contribuir al trabajo de la mesa de la conferencia recogido en el apartado 2.3.

2.6. En el mes de junio (de 2007) se celebrará la segunda parte de la conferencia para dar cuenta de los trabajos asumidos por la presidencia. Mediante una declaración se constatará que hay bases suficientes para la constitución de las mesas de partidos en los distintos ámbitos territoriales, haciendo un llamamiento a los partidos para que las constituyan lo antes posible. Asimismo, se apelará a la sociedad a que apoye y participe en el proceso de diálogo mediante los cauces que se establezcan para cada mesa. Previamente a la constitución de las mesas, la representación de los partidos políticos que las vayan a integrar se reunirá con el máximo representante institucional de cada uno de los ámbitos territoriales (en la CAV el lehendakari y en la CFN el presidente del gobierno foral) al objeto de dar cuenta del proceso de diálogo político que se iniciará en julio (2007) con la constitución de las mesas de partidos.

2.7. Las mesas de partido se constituirán en julio (2007) y en ellas podrán participar los partidos con representación institucional suficiente que así lo deseen.

2.8. Una vez constituidas las mesas se entrará en la fase resolutiva del diálogo, para que en ausencia de todo tipo de violencia acordemos un calendario para las siguientes fases del proceso, que se desarrollarán y materializarán preferentemente y prioritariamente durante los años 2007 y 2008.

Una vez alcanzados los acuerdos de las mesas se harán públicos (de la manera que acordemos) y los partidos firmantes, según lo previsto en el punto 1.5, nos comprometemos a promover:

a) la tramitación y aprobación en los parlamentos de la CAV y CFN.

b) la tramitación y aprobación en las Cortes Generales.

c) el refrendo popular por medio de referéndum.

d) la constitución del órgano institucional común.

2.9. Las mesas de partidos estarán compuestas por delegaciones de los diversos partidos, de uno a tres, estables en el número y pudiendo ser variables en las personas, respetando el principio de paridad entre hombres y mujeres.

La presidencia estará compuesta por una terna de un/una presidente/a y dos vicepresidencias, cuya fórmula de designación será objeto de acuerdo entre los partidos firmantes.

Los acuerdos se tratarán de adoptar por unanimidad. Cuando no sea posible, se concretará el mínimo necesario que garantice durante todo el proceso de diálogo la aplicación del principio de «consenso suficiente», debiendo contar, en todo caso, con el apoyo de las grandes tradiciones políticas del país.

La presidencia de las mesas garantizará, mediante las reuniones de todos sus miembros que a tal efecto acuerden, la información y coordinación de ambas mesas durante el proceso.

Una vez alcanzados los acuerdos finales se procederá a su comunicación al conjunto de la sociedad, mediante una fórmula acorde a la trascendencia de los mismos.

Asimismo, los acuerdos serán presentados, en una reunión al efecto, al máximo representante institucional de cada uno de los ámbitos territoriales.

3. protocolo para la gestión del acuerdo-marco

Del acuerdo marco suscrito por EAJ-PNV, PSE-EE-PSOE, PSN-PSOE e izquierda abertzale, solo existirá un ejemplar. Dicho acuerdo marco será depositado en el Vaticano de manera oficial.

Si en el transcurso del proceso de diálogo que se abriera tras el acuerdo marco, cualquiera de las partes entendiera que se incumple el acuerdo de forma flagrante, pedirá la convocatoria de una reunión para tratar de superar la situación creada.

SEGUNDO DOCUMENTO DE LOYOLA

Sobre este segundo documento se llegó a preacuerdo con Batasuna, pero luego Otegi, tras consultar con sus bases —y presumiblemente con ETA—, lo dio por roto y dijo que la inclusión de Navarra en Euskadi y el derecho a la independencia eran condiciones inalienables. Esta segunda versión incluye en negrita los párrafos que Batasuna quiso introducir en el documento final, aunque sin éxito.

Bases para el diálogo y el acuerdo político.— Acuerdo de Loiola (Segunda versión)

introducción

La sociedad vasca vive un momento de esperanza, un momento histórico, porque por fin podemos alcanzar la paz y la libertad, sentando las bases de un escenario político compartido que busque la cohesión de la ciudadanía vasca. Los partidos políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder poner fin a un periodo de nuestra historia reciente caracterizado por el enfrentamiento y el sufrimiento. En este sentido, las tradiciones políticas que firmamos este Acuerdo-Marco hemos hecho un esfuerzo sincero para avanzar en el diálogo y el acuerdo para toda la ciudadanía vasca. Un acuerdo incluyente, entre las diferentes sensibilidades políticas del país, para asentar la convivencia democrática y dotarnos de un nuevo marco jurídico-político ampliamente compartido que nos garantice un escenario de estabilidad, y de debate político, en el que todos los proyectos democráticos puedan ser defendidos y, en su caso, materializados. Todo ello desde el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos y a los procedimientos vigentes.

El Acuerdo-Marco que hemos alcanzado necesita, evidentemente, ser compartido, desarrollado y enriquecido con el resto de partidos políticos, tramitado en las instituciones competentes y aprobado por la ciudadanía vasca.

El diálogo que nos comprometemos a impulsar parte de la premisa de que todos asumimos los principios democráticos, el respeto y compromiso activo con los derechos humanos y con las reglas de juego democráticas para hacer política. El diálogo resolutivo, el que permite alcanzar acuerdos y desarrollarlos, se llevará a cabo en ausencia de todo tipo de violencia o coacción.

Este Acuerdo-Marco se concreta en los apartados siguientes:

1. Bases políticas del futuro acuerdo.

2. Esquema general del proceso democrático de diálogo multilateral.

3. Protocolo para la gestión del Acuerdo-Marco.

1. bases políticas del futuro acuerdo

1.1. Sobre el carácter y la identidad nacional del Pueblo Vasco.

El acuerdo resultante reconocerá la identidad nacional del Pueblo Vasco. Dicho reconocimiento recoge así el sentimiento de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca.

Reconociendo que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del Pueblo Vasco, aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria, que se constata en los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en el Estado español y Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa en el Estado francés.

Se entiende que esta realidad está configurada en el momento actual en dos ámbitos administrativos, políticos e institucionales con personalidad propia, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra, y los territorios vascos incluidos en el Departamento de Pirineos Atlánticos.

1.2. Sobre los mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca adoptar libre y democráticamente decisiones en torno a su futuro político e institucional.

El ordenamiento jurídico-político resultante para los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reconocerá y regulará los mecanismos jurídicos y políticos que permitan a la ciudadanía de los cuatro territorios adoptar decisiones en torno a su futuro político e institucional. Dichas decisiones se tomarán teniendo como único límite la voluntad popular. La utilización de dichos mecanismos permitirá a la ciudadanía de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa establecer libremente su condición política proveyendo asimismo su desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo, nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político e institucional adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca serán respetadas por las Instituciones del Estado.

Dichas decisiones se adoptarán, en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, siguiendo las normas y procedimientos legales, y respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de la ciudadanía.

El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos (autonomista, federalista o independentista) pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia, sino que además puedan ser materializados si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca expresado a través de los procedimientos legales.

Entendemos que dichos procedimientos legales se refieren a los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro, para que no sea una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio.

1.3. Sobre las garantías y el respeto a todos los derechos para toda la ciudadanía vasca.

Nos comprometemos a que el acuerdo resultante garantizará, en términos de igualdad para toda la ciudadanía vasca todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional tales como la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Asimismo, en el futuro ordenamiento jurídico se definirán y garantizarán, de forma acordada, los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del Pueblo Vasco.

Nos comprometemos a defender que el euskera constituye un patrimonio común de todos/as los/as ciudadanos/as del Pueblo Vasco, que su conocimiento y uso es un derecho de todos y todas, y deber de las administraciones públicas garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio de dicho derecho en igualdad, especialmente en todo lo referido al sistema educativo y a los medios de difusión cultural y de comunicación. En este sentido será reconocido legalmente y utilizado como lengua oficial (al igual que el castellano) en los cuatro territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, desarrollándose una política activa y progresiva tendente al objetivo de la total normalización lingüística.

Nos comprometemos a establecer las medidas jurídicas y normativas que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades a mujeres y hombres en el acceso y ejercicio real de todos los derechos.

1.4. Sobre la articulación institucional del Pueblo Vasco.

a. Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados (Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra), nos comprometemos a promover la creación de un Órgano Institucional Común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos.

Este Órgano Institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del proceso de diálogo multipartito.

Este Órgano Institucional elaborará un Estatuto de Autonomía para los territorios de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa en un plazo no superior a dos años desde su constitución. Dicho Estatuto deberá de ser refrendado por la mayoría de la ciudadanía de cada ámbito.

Asimismo, dicho Órgano Institucional Común garantizará y regulará, entre otros, la gestión de los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del Pueblo Vasco, así como de los mecanismos que dispondrá la ciudadanía de los cuatro territorios para determinar su futuro político e institucional.

Estas atribuciones tendrán que contar con la adhesión y el respeto de la voluntad democrática de la ciudadanía en cada ámbito territorial. El modelo institucional resultante podrá modificarse en un futuro respetando la voluntad popular y en el marco de los procedimientos legales vigentes en cada momento.

b. Atendiendo a la actual realidad institucional y desde la aceptación de la voluntad popular, nos comprometemos a respetar el derecho de los/as representantes democráticamente elegidos/as en cualquier ámbito institucional a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria.

Nos comprometemos a que el acuerdo resultante, dentro del marco de la Unión Europea y el respeto de las legislaciones de los Estados correspondientes, contemple la creación de una eurorregión vasca, u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya posibilitando. Asimismo, nos comprometemos a promover acuerdos y políticas transfronterizas para abordar y financiar en su caso políticas comunes y favorecer iniciativas sociales en los ámbitos económico, cultural, medioambiental...

1.5. Sobre la incorporación de los acuerdos al marco jurídico y refrendo popular.

Nos comprometemos a la aplicación de los acuerdos, su defensa e implementación en todos los ámbitos institucionales en que tengamos representación.

Así, los acuerdos que se alcancen fruto del diálogo político se trasladarán a las Instituciones competentes para su desarrollo e incorporación al ordenamiento jurídico.

En última instancia, tras los procesos de negociación, pacto y tramitación en las instituciones competentes, los acuerdos serán sometidos a la decisión de la ciudadanía a través de referéndum.

2. esquema general del proceso democrático de diálogo multilateral

Este apartado responde a la necesidad de acordar todos los aspectos y elementos políticos y técnicos necesarios para visualizar y operativizar el proceso de diálogo político propuesto. En este sentido acordamos:

2.1. Los partidos que apoyamos este acuerdo establecemos tres escenarios de diálogo. El primero lo constituimos los partidos firmantes de este acuerdo; el segundo estará constituido por todos los partidos políticos con representación estable y contrastada que estén dispuestos a participar en el diálogo incluyente y a participar en las mesas de partidos, y el tercero el correspondiente a la negociación e implementación en las instituciones competentes para su incorporación al marco jurídico.

Será la ciudadanía, en última instancia, quien ratificará el acuerdo a través de referéndum.

En todo caso, aunque se pongan en marcha otros ámbitos de diálogo, esta Comisión Negociadora continuará reuniéndose para avanzar en el desarrollo de este Acuerdo-Marco, trasladando el acuerdo futuro si lo hubiere a las Mesas de Partidos previstas, para cuando se constituyan las mismas.

Una delegación del PSN-PSOE se incorporará a los trabajos de esta Comisión a partir de enero de 2007.

2.2. Nos comprometemos a celebrar una Conferencia «Por la Paz, el Diálogo y el Acuerdo», que se convocará para el día 2 de diciembre en Donostia, por Eusko Ikaskuntza, cuya convocatoria se efectuará públicamente en los primeros días de noviembre, en la que participarán, por invitación, personas representativas de partidos políticos, de organizaciones sindicales, patronales, sociales, de la universidad, foros por la paz, y personalidades relevantes. Todas ellas avalarían con su presencia una declaración pública. La relación de asistentes, así como todos los aspectos de funcionamiento, presidencia, etc., será pactada con anterioridad. La declaración final acordada previamente será leída por los organizadores en euskera, castellano, francés e inglés.

2.3. A partir de la celebración de la «Conferencia por la Paz, el Diálogo y el Acuerdo», la Presidencia de la misma, y con expreso mandato de la Conferencia, iniciará una dinámica de contactos con los Partidos Políticos al objeto de avanzar un acuerdo sobre:

• Procedimiento y metodología de las Mesas de Partidos.

• Agenda y bases políticas a abordar en las Mesas de Partidos.

De la actividad de la Presidencia de la Conferencia durante este tiempo se pactará la política de comunicación que posteriormente tendrá que llevar adelante dicha Presidencia hasta que finalice su actividad.

Esta Presidencia estará compuesta por tres o cuatro miembros de Eusko Ikaskuntza que serán pactados por los partidos firmantes de este acuerdo.

2.4. Aunque el núcleo central del diálogo multilateral corresponde a los partidos políticos, ello no obsta para la implicación en el proceso (en los términos en que se acuerden) de cuantos agentes y movimientos sociales así lo deseen.

Por otra parte, y en aras a garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, se adoptarán medidas específicas para asegurar la participación activa de las mujeres en el proceso.

2.5. A partir del mes de enero, se activarán espacios de encuentro entre representantes de partidos políticos en los diversos ámbitos territoriales para contribuir al trabajo de la mesa de la Conferencia recogido en el Apartado 2.3.

2.6. En el mes de junio se celebrará la segunda parte de la Conferencia para dar cuenta de los trabajos asumidos por la Presidencia. Mediante una declaración se constatará que hay bases suficientes para la constitución de las Mesas de Partidos en los distintos ámbitos territoriales, haciendo un llamamiento a los partidos para que las constituyan lo antes posible.

Asimismo, se apelará a la sociedad a que apoye y participe en el proceso de diálogo mediante los cauces que se establezcan para cada Mesa.

Previamente a la constitución de las mesas, la representación de los partidos políticos que vayan a integrar cada mesa se reunirá con el máximo representante institucional en cada uno de los ámbitos territoriales (en la CAV el lehendakari y en la CFN el presidente del Gobierno Foral), al objeto de dar cuenta del proceso de diálogo político que se iniciará en julio con la constitución de las Mesas de Partidos.

En Ipar Euskal Herria la presidencia de la Conferencia y la representación de los partidos políticos que integrarán la Mesa se reunirán con el presidente de la Comisión de Alcaldes de Iparralde. (No se recoge en el documento porque los socialistas no se comprometen pero tampoco se oponen a que se haga.)

PNV y Batasuna se comprometen a impulsar dicha reunión.

2.7. Las Mesas de Partidos se constituirán en julio y en ellas podrán participar los partidos con representación institucional suficiente que así lo deseen.

2.8. Una vez constituidas las Mesas se entrará en la fase resolutiva del diálogo, para que en ausencia de todo tipo de violencia acordemos un calendario para las siguientes fases del proceso que se desarrollarán y materializarán preferente y prioritariamente durante los años 2007 y 2008.

Los partidos políticos firmantes de este Acuerdo-Marco nos comprometemos a impulsar una dinámica de desarrollo del proceso de diálogo y negociación en las Mesas, para alcanzar el Acuerdo y hacerlo público en un plazo no superior a 6 meses (diciembre de 2007).

Antes de hacer público el Acuerdo político, se establecerá de manera secreta o discreta un canal de comunicación entre los firmantes con el Gobierno Español a fin de establecer de manera acordada los mecanismos que permitan el trámite institucional del mismo sin modificaciones.

Una vez hecho público el Acuerdo, los partidos firmantes, según lo previsto en el punto 1.5, nos comprometemos a desarrollar el proceso de implementación y refrendo mediante los pasos y calendario aproximado siguientes:

• La tramitación y aprobación en los Parlamentos de la CAV y CFN.

• La tramitación y aprobación en las Cortes Generales.

• El refrendo popular por medio de Referéndum en el último trimestre de 2008, teniendo presente que previamente deberá haberse dado la tramitación y aprobación en los Parlamentos de la CAV y CFN y en las Cortes Generales.

• La constitución del Órgano Institucional Común.

• La elaboración de un nuevo estatuto para los cuatro territorios.

• Su tramitación y aprobación en las Instituciones competentes...

• Refrendo popular (con mayoría en cada ámbito) a través de referéndum.

2.9. Las Mesas de Partidos estarán compuestas por delegaciones de los diversos partidos, de uno a tres, estables en el número y pudiendo ser variables en las personas, respetando el principio de paridad entre hombres y mujeres.

La Presidencia estará compuesta por una terna de un/a presidente/a y dos vicepresidencias, cuya fórmula de designación será objeto de acuerdo entre los partidos firmantes.

Los acuerdos se tratarán de adoptar por unanimidad. Cuando no sea posible, se concretará el mínimo necesario que garantice durante todo el proceso de diálogo la aplicación del principio de «consenso suficiente», debiendo contar, en todo caso, con el apoyo de las grandes tradiciones políticas del país.

Las presidencias de las mesas garantizarán, mediante las reuniones de todos sus miembros que a tal efecto acuerden, la información y coordinación de ambas mesas durante el proceso.

Una vez alcanzados los Acuerdos en las Mesas se procederá a su comunicación al conjunto de la sociedad, mediante una fórmula acorde a la trascendencia de los mismos. Así, teniendo en cuenta que el Acuerdo final supone la superación definitiva del conflicto político, los partidos participantes en el diálogo político lo comunicarán de manera conjunta a la opinión pública de los cuatro territorios.

Asimismo, los acuerdos serán presentados, en una reunión al efecto, al máximo representante institucional de cada uno de los ámbitos territoriales.

3. protocolo para la gestión del acuerdo-marco

Del Acuerdo-Marco adjunto suscrito por EAJ-PNV, PSE-EE-PSOE, (PSN o PSOE) e IZQUIERDA ABERTZALE sólo existirá un ejemplar del mismo. Dicho Acuerdo-Marco será depositado en el Vaticano de manera oficial.

Si en el transcurso del proceso de diálogo que se abrirá tras el Acuerdo-Marco, cualquiera de las partes entendiera que se incumple el acuerdo de forma flagrante, pedirá la convocatoria de una reunión para tratar de superar la situación creada.

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