Desde la batalla de Guadalete hasta la muerte de Isabel la Católica, Luis Suárez, el gran medievalista español repasa la Historia de España basado en un profundo estudio bibliográfico y de fuentes. Termina así esta historia que todo español y no español interesado en el tema debe leer: «Aquella noche [del 26 de noviembre de 1504], a la luz de las velas, Fernando firmó la carta que daba la tremenda noticia. “Aunque su muerte [de Isabel la Católica] es para mí el mayor trabajo que en esta vida me pudiera venir, y por una parte el dolor de ella, y por lo que en perderla perdí yo y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas, pero por otra, viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió… es de esperar que Nuestro Señor la tiene en su gloria que para ella es mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía”».

Luis Suárez Fernández

Historia de España

Edad Media

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Titivillus 17.07.17

Título original: Historia de España

Luis Suárez Fernández, 1970

Editor digital: Titivillus

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I

LA ALTA EDAD MEDIA

I

CONQUISTA E ISLAMIZACIÓN DE ESPAÑA

La «pérdida de España»

La idea de que la batalla del Guadalete constituyó una catastrófica destrucción de la unidad lograda por los visigodos, no es de acuñación reciente; aparece ya en la llamada Crónica mozárabe, escrita probablemente por un cristiano de Córdoba hacia el año 754, es decir, casi inmediatamente después de los sucesos. Insistentemente, otros cronistas y poetas medievales se refirieron luego a rivalidades internas e incluso vicios personales de los últimos monarcas godos, para explicar tal desgracia. De hecho, el reino de Toledo, que todavía treinta años antes se sentía bastante fuerte como para no inquietarse por el avance musulmán, fue sacudido, en las últimas etapas de su existencia, por graves discordias intestinas en torno, a lo que parece, a la naturaleza electiva de su corona. Khindasvinto trató seguramente de crear una dinastía, aunque fuera a costa de sangrientas represalias. La designación de Wamba para suceder a su hijo Recesvinto (672) es interpretada por los historiadores actuales como una reacción de la aristocracia goda, y la gran revuelta del conde Paulo como la protesta de la familia de Khindasvinto.

Esta tendencia a sustituir la monarquía electiva por otra hereditaria, era un progreso, en el orden político que Wamba no pudo frenar. De hecho dos dinastías quedaban enfrentadas. Ervigio (680-687), que privó a Wamba del trono, era pariente de Khindasvinto, cuya familia hizo rehabilitar; casando a su hija Cixilona con un sobrino de Wamba, de nombre Egica, creyó superada la discordia. Apoyando a la Iglesia, reformando la ley (Liber indiciarum), persiguiendo a los judíos, buscaba la consolidación de su familia. Los judíos tomaron contacto con sus correligionarios del Norte de África y fueron puente a favor del Islam. Egica (687-702) presidió, pese a juramentos y promesas, una violenta reacción contra los deudos de Khindasvinto. Abiertamente preconizaba su tendencia dinástica asociando al trono a su hijo Vitiza (702-710). La oposición entre las facciones creó un estado de guerra civil. Parece cierto que Vitiza asesinó a Fáfila, padre de Pelayo, y sacó los ojos a Teofrasto, hijo de Khindasvinto.

En el momento de la muerte de Vitiza, Rodrigo, hijo de Teofrasto, duque de la Bética, se apoderó del trono. Los vitizanos, cuya cabeza más importante parece haber sido Oppas, arzobispo de Sevilla, hermano del difunto rey, preconizaban los derechos de Ákhila II, primogénito de Vitiza. Se pusieron de acuerdo con un personaje, llamado acaso Olián —el conde don Julián de nuestros romances—, que dos años antes había entregado Ceuta, la última posesión bizantina, a los musulmanes. Mientras Rodrigo combatía una rebelión de los vascos, Tariq ben Ziyad, por encargo de Musa ben Nusayr, walí de Kairwán y conquistador de Marruecos, emprendía una incursión al otro lado del Estrecho. A orillas del Guadalete, lugar señalado por los cronistas que acepta Sánchez Albornoz, Tariq logró una victoria decisiva (19 de julio del 711). Los parientes de Ákhila desertaron en el momento preciso; el vencedor les reconoció la propiedad de tres mil alquerías, patrimonio de Vitiza.

Ocupación de la Península

La falta de resistencia, la adhesión incluso de numerosos enemigos del régimen visigodo, decidieron a Tariq a cambiar las instrucciones recibidas, convirtiendo en guerra de conquista lo que, al principio, fuera una simple razzia. Los hijos de Vitiza se resignaron sin grandes dificultades a esta nueva situación y, confirmados los pactos por el khalifa de Damasco, repartieron entre ellos el patrimonio. Ákhila, que se había titulado rey, se instaló en Toledo, Olmundo en Córdoba y Ardabasto en Sevilla. Este último, a quien encontramos como conde de los cristianos en Andalucía, desempeñará importante papel durante los primeros años de la vida del Islam español, hasta la época de ‘Abd al-Rahmán I. No hay duda de que la docilidad de los vitizanos favoreció la tarea de los conquistadores y se integró en la «traición» que serviría, andando el tiempo, para explicar la repentina catástrofe.

Después de la batalla, Tariq, con sus doce mil berberiscos, marchó sobre Écija, en donde se habían reagrupado los vencidos, y alcanzó, al parecer, una segunda victoria. Marchó entonces directamente sobre Toledo desamparada por casi todos sus habitantes incluso por el obispo Sinderedo, mientras otras unidades, desgajadas del grueso del ejército, se dirigían a Córdoba, Reyyo (Málaga) e Ilíberris (Granada). Estas comarcas orientales de Andalucía ofrecieron alguna resistencia y su ocupación se retrasó. Tariq permaneció en la capital muy poco tiempo. Saavedra creía que no había pasado de Alcalá de Henares. Sánchez Albornoz supone que, desde esta ciudad, utilizando la calzada romana de Buitrago y Clunia, alcanzó Amaya, León y Astorga, desde donde regresó para tomar sus cuarteles de invierno en Toledo.

Los biógrafos de Musa ben Nusayr afirman que éste, celoso de los éxitos de Tariq, decidió trasladarse a la Península. Tal vez no fueran los celos la única causa. Con un ejército de 18.000 hombres, casi todos árabes, entre los cuales se contaban algunos compañeros del Profeta, desembarcó en Tarifa en el verano del año 712. Siguió un camino diferente del que Tariq tomara el año anterior: apoderándose de Medina Sidonia, puso cerco a Sevilla, que resistió al parecer varios meses, y marchó luego sobre Mérida, plaza en donde se concentraran restos del ejército visigodo. La ciudad opuso tenaz resistencia y no fue tomada hasta el 30 de junio del 713. Durante esta operación, Musa tuvo noticia de que la población de Sevilla había vuelto a sublevarse. Con parte de su ejército, envió a sus hijos ‘Abd al-Aziz y ‘Abd Allah, para que dominasen la revuelta. Así lo hicieron. A continuación emprendieron una amplia campaña por las actuales provincias de Málaga y Granada, hasta Murcia. El 5 de abril del 713 Teodomiro, el conde que gobernaba esta región, firmó un pacto con los musulmanes sometiéndose; fue ratificado en su gobierno y logró plena autonomía con pago de los tributos que entonces habían sido acordados.

Después de la conquista de Mérida, Musa se trasladó a Toledo en donde Tariq hubo de transmitirle el mando y el botín. Durante los meses del invierno, Toledo fue verdadera capital del Islam español; Musa hizo acuñar sueldos de oro poniendo en latín la frase coránica in nomine Dei non Deus nisi Deus solus non Deus alias, y consintió o favoreció la instalación de uno de los hijos de Vitiza, Oppas, en la sede metropolitana. Envió entonces una embajada a Damasco para dar cuenta de los sucesos y, mientras llegaba la respuesta, fue con Tariq a Zaragoza, tomada en fecha imprecisa del año 714. Tal vez los musulmanes hicieron entonces una campaña hasta Cataluña. Desde luego ‘Abd al-Aziz operaba en Portugal. En Zaragoza probablemente recibieron Musa y Tariq órdenes del khalifa al-Walid para que fuesen a Siria a dar cuenta de sus actos. Pero antes de marchar, el gobernador decidió realizar una campaña por el Norte: a su paso por la calzada del Ebro, un conde llamado Casio, o su hijo Fortún, se convirtió al Islam haciéndose cliente del khalifa; éste fue el origen de la famosa dinastía muladí de los Banu Qasi. Por la antigua vía romana de Calahorra a León, Musa alcanzó esta ciudad, luego Astorga, Villafranca del Bierzo y Lugo, recibiendo en todas partes promesas de sumisión. Las órdenes khalifales se hicieron apremiantes y, desde luego, los dos conquistadores hubieron de regresar.

El gobierno de ‘Abd al-Aziz y la Instalación de los musulmanes

En el momento de ausentarse, Musa ben Nusayr confió el gobierno de España a su hijo ‘Abd al-Aziz, que poseía notable experiencia; este gobierno habría de durar dos años. Al parecer hizo nuevas campañas, pero las noticias que poseemos son de tal modo confusas que es imposible datar con precisión; es muy posible que en su tiempo se llevara a cabo la sumisión de Cataluña y la penetración en Asturias, en donde cierto Munuza gobernó en Gijón. La noticia que algunos historiadores dan sobre su matrimonio con la viuda de Rodrigo, ha permitido a Menéndez Pidal suponer que Musa y ‘Abd al-Aziz trataban de crear en España un poder independiente con apoyo de los partidarios del último rey godo; los vitizanos habrían dado concurso a sus rivales. En cualquier caso el gobierno de Damasco concibió sospechas y un enviado del khalifa Sulaymán le asesinó en la mezquita (marzo del 716). Durante seis meses un sobrino de Musa, Ayyub ben Habib al-Lajmí, desempeñó el poder supremo hasta que, desde Kairwán, fue enviado un gobernador, al-Hurr ben ‘Abd al-Rahmán al-Thaqafí.

Al instalarse en la Península, los musulmanes transmitieron a ella todas las discordias que les aquejaban. La comunidad, de signo exclusivamente religioso, era al principio minoritaria. Se ha calculado en 35.000 el número de los conquistadores, entre árabes y berberiscos. Pero tal número aumentó rápidamente por la llegada de otras gentes y por la conversión de antiguos habitantes. Manteniendo teóricamente la unidad peninsular, llamaron al antiguo reino visigodo bilad al-Andalus; todas las teorías que han tratado de explicar el origen de esta denominación son igualmente insuficientes. Pero en la práctica, al-Andalus cobró pronto sentido restrictivo ya que la ocupación total de la Península no se produjo nunca: en los montes Cantábricos, las Vascongadas y el Pirineo quedaron núcleos independientes de las autoridades musulmanas. Alquézar en Sobrarbe, Roda en Ribagorza, Ager en Pallars, Amaya en la Meseta Norte, fueron avanzadas militares de una frontera abierta que no limitaba con ningún estado.

El año 716 la mayoría de la población estaba compuesta por hispano-romanos cristianos a los que no se obligaba a convertirse al Islam porque eran poseedores de religión del Libro Revelado; pagaban, por esta libertad, una especie de capitación llamado djizya. La resistencia que algunas ciudades opusieron fue castigada con esclavitud y confiscación de bienes; pero esto sucedió pocas veces pues, en general, los hispano-romanos y visigodos se sometieron a pactos individuales (suhl) o colectivos (ahd) que les garantizaban el disfrute de sus propiedades a cambio de un impuesto jarach que era semejante al que se pagaba desde la época romana. Además de estas propiedades, los cristianos cultivaban otras tierras que no eran suyas abonando en este caso el tercio de las cosechas. Es posible incluso que los siervos hayan experimentado mejoras en su situación.

Después de haber separado el quinto que marcaba la Ley, para Dios y su profeta, y el otro quinto correspondiente al khalifa, Musa ben Nusayr comenzó a distribuir las tierras fiscales o confiscadas entre los vencedores; al parecer esta operación tenía lugar con toda solemnidad. Pero no se concluyó. En adelante, tanto los que formaban el ejército de la primera hora como los que vinieron más tarde se adueñaron de la tierra un poco por la fuerza. Los árabes obtuvieron mejores lotes que los berberiscos, cuya inclinación a la ganadería les alejaba de las fincas romanas. En general los árabes preferían las ciudades de Andalucía, dejando a los antiguos siervos la explotación de la tierra, ocupándose ellos de otras funciones relacionadas con la administración o el comercio. Se les llamó baladiyyun (de donde procede baladí), que quiere decir instalados normalmente en el país.

El aumento de berberiscos, la progresiva islamización de los españoles y la entrada de otros elementos colocaron pronto a los árabes en minoría, a pesar de que, durante todo el siglo VIII, se produjeron nuevas inmigraciones. Los clientes que acompañaban a los walíes eran instalados en el país, recibiendo un lote, iqta, a cambio de ciertas obligaciones militares. Profundas divisiones separaban, sin embargo, a estos árabes; desde tiempos muy remotos los árabes del Sur (yemeníes o qelbíes) odiaban cordialmente a los del Norte (qaysíes). Sólo estaban de acuerdo en el desprecio hacia los berberiscos (mauritanos, de donde moros) de más reciente islamismo.

Muy pronto la población sometida se dividió en dos sectores, de conversos (muwalladun, en romance muladíes) y de cristianos (musta‘rib, que dio mozárabe). Los muladíes se fundieron bastante rápidamente con los conquistadores; al cabo de dos o tres generaciones resultaba difícil llegar a distinguirlos. En las ciudades las comunidades cristianas fueron importantes hasta el siglo XI y esto permitió la pervivencia de una Iglesia visigoda con tres sedes metropolitanas, Mérida, Toledo y Sevilla, de una lengua romanceada y de leyes hispano-godas.

El avance detenido: Poitiers

Hasta mediados del siglo VIII la España musulmana vive bajo el signo de la improvisación, conservando en su mayor parte la administración visigoda; desde Kairwán se nombraba un walí con poderes difusos, pero la fuerza de las tribus árabes y la de los grupos militares organizados en el curso de la conquista era mayor que la suya propia. Después del 716 al-Hurr fijó en Córdoba su capital y designó gobernadores provinciales en gran número, incluso para las provincias más apartadas. La ocupación parecía consolidarse. Es probable que al-Hurr haya realizado una campaña en Narbona.

Con la llegada de refuerzos traídos por un nuevo walí, al-Samh ben Málik al-Jawlaní, se impulsaron las operaciones militares al otro lado del Pirineo. Entonces fue ocupada Narbona. Pero al-Samh murió en la derrota que le fue inferida por Eudes, duque de Aquitania, en el cerco de Toulouse (9 de junio del 721). La derrota no produjo retroceso. ‘Anbasa ben Suhaym al-Kalbí se apoderó de Carcasona, Nimes y Autun en los cuatro años siguientes.

Entre el 725 y el 730 la ofensiva en las Galias se detuvo; seis gobernadores se sucedieron en Córdoba, la mayoría de los cuales desempeñó su cargo muy breves meses. Pero el 730 fue nombrado ‘Abd al-Rahmán ben ‘Abd Allah al Gafiqí, general experimentado, que ya había demostrado su capacidad en el momento de la muerte de al-Samh. Inmediatamente preparó nuevas operaciones de gran volumen cuyo objetivo era el valle del Loire; sus tropas iban a utilizar como base Pamplona. Eudes fue derrotado a orillas del río Dordoña y los mulsumanes se derramaron incontenibles por la cuenca del Garona, saqueando Burdeos. El duque de Aquitania solicitó auxilios de Carlos Martel, el mayordomo-duque de Austrasia, quien acudió. Una formidable batalla tuvo lugar entre los días 25 y 31 de octubre del 732 en las inmediaciones de Poitiers, y la derrota de los musulmanes fue decisiva. No hubo ulteriores avances y cuando, el 734, el gobernador de Narbona intentó repetir su ataque en el Ródano, sufrió un nuevo revés. La contraofensiva franca fue fructífera. Sin embargo Narbona permaneció en poder de los musulmanes hasta el 751.

Covadonga

Los hechos que dan origen a la monarquía asturiana, raíz primera de la restauración de España, no pueden ser más oscuros. La ayuda de preciosas fuentes musulmanas y la paciente labor de historiadores contemporáneos han permitido, sin embargo, establecer algunos puntos que ofrecen gran interés. Asturias, como otras regiones septentrionales, recibió gran número de fugitivos, entre los cuales se hallaba Pelayo —Belay el Rumí para los musulmanes— que bien puede haber sido noble y espatario del rey Rodrigo. Cuando Gijón se convirtió en sede de un gobernador local, Munuza, éste envió a Pelayo como rehén a Córdoba. Los cronistas cristianos recogieron o inventaron una historia de amor entre Munuza y una hermana del caudillo para explicar su decisión. Pelayo huyó de Córdoba, regresó a Asturias y, para sustraerse de la venganza, cruzó el río Piloña refugiándose en los Picos de Europa en donde fue reconocido como jefe por otros fugitivos. Este hecho debió suceder hacia el año 718. Casi doscientos años más tarde, la Crónica de Alfonso III añadiría que el padre de Pelayo, Fáfila, era de estirpe real y que había muerto a manos de Vitiza. La agria lucha entre dinastías, característica de los últimos tiempos visigodos, se prolongaba en Asturias.

Es preciso reconocer en Pelayo cierta ascendencia ilustre, porque a su lado se agruparon numerosos rebeldes; en esto coinciden los historiadores musulmanes, como al-Makkari. Al principio la rebelión debió causar poca preocupación a las autoridades de Córdoba, que estaban preparando la ocupación de las Galias. Pero las insistentes demandas de Munuza o el ataque que los asturianos realizaron contra lugares sometidos al control musulmán, hicieron que ‘Anbasa distrajera una parte de las fuerzas que empleaba en la Narbonense para acabar con Pelayo y sus secuaces. La expedición, que iba mandada por cierto Alqama, en la que figuraba también el arzobispo de Toledo, Oppas —¿vitizanos contra descendientes de Khindasvinto?—, tuvo lugar probablemente en la primavera del 722. Pelayo sufrió muy graves pérdidas y hubo de refugiarse en una cueva al pie del monte Auseva; esto justifica las pretensiones de los musulmanes de haber logrado la victoria. Pero la intrincada geografía de la región permitió finalmente a los cristianos obtener un éxito de poca importancia desde el punto de vista militar. Fugitivos, los derrotados buscaron salvación a través de los montes, cruzando el río Cares hacia el puerto de Áliva. En Liébana un desprendimiento de tierra costó nuevas vidas.

Ésta fue la batalla de Covadonga, que Sánchez Albornoz sitúa en 28 de mayo del 722, fecha que los historiadores árabes dan para la muerte de Nuaym ben ‘Abd al-Málik. Los cristianos afirman que Alqama murió, Oppas fue preso y Munuza abandonó Asturias. El Ajbar Machmúa añade que los musulmanes despreciaron a «treinta asnos salvajes» creyendo que no podían causar mucho daño. Es evidente que en los años inmediatos la atención de los walíes se sentía atraída por Francia y no por Asturias. De Pelayo no volvemos a tener noticias militares.

Desde el punto de vista político las consecuencias de Covadonga fueron muy importantes. Pelayo fijó su residencia en Cangas de Onís, que se convirtió en núcleo inicial de un reino sin nombre ni apenas territorio, pero con el cual colaboraba ya el ducado de Cantabria, pervivencia del régimen godo, cuyo duque Pedro era también, según la Crónica de Alfonso III, descendiente de reyes. Pelayo murió probablemente el 737 y su hijo Fáfila dos años después cuando cazaba un oso. Entonces la asamblea reconoció a un hijo del duque de Cantabria, llamado Alfonso, que era yerno de Pelayo y que probablemente usó ya título de rey. El 740 el núcleo cántabro-astur era bastante fuerte como para rechazar una expedición militar que dirigió contra él ‘Uqba ben al-Hachchach. Este mismo año comenzó en al-Andalus la larga crisis que iba a permitir su decisivo crecimiento.

La rebellón berberisca

Entre árabes y berberiscos existía profunda enemistad; los segundos consideraban a los primeros, pese a la común religión, como dominadores insoportables. A esta causa de inquietud se sumaba otra, aún más grave: la querella entre yemeníes y qaysíes. A la muerte de ‘Abd al-Rahmán al-Gafiqí, un yemení, ‘Abd al-Málik ben Qatán al-Fihrí se había hecho cargo del gobierno, pero fue sustituido, el 734, por ‘Uqba, un cliente de ‘Ubayd Allah ben al-Habhab, el gobernador qaysí de Egipto. Las órdenes de ‘Uqba eran bien claras; se trataba de reducir a un puesto secundario a los berberiscos, entre los cuales se estaba realizando intensa propaganda jarichi, de matiz republicano e igualatorio, que los omeyas consideraban radicalmente subversiva. Pero las duras medidas de represión qaysí provocaron una rebelión armada en el Norte de África. Siguiendo órdenes de su superior, ‘Uqba atravesó el Estrecho pero no pudo impedir que los rebeldes se apoderasen de Tánger.

‘Abd al-Málik aprovechó la ocasión para suplantar a ‘Uqba en Córdoba. El espíritu de revuelta se había ya contagiado a los berberiscos de España, que marcharon armados a Andalucía y derrotaron a los árabes que el nuevo gobernador concentrara en Córdoba. Para dominar la rebelión africana, el khalifa Hisham envió un gran ejército de treinta mil hombres, entre ellos diez mil jinetes de los chunds de Siria, muy afectos a los qaysíes y a los omeyas; iban a las órdenes de Balch ben Bishr al-Qushayrí. Dicha vanguardia sufrió, a orillas del río Sebú, una derrota que le obligó a refugiarse en Ceuta (otoño del 741), en donde quedó bloqueada. Los suministros o la ayuda militar española eran su única esperanza.

El viejo zorro yemení, ‘Abd al-Málik, no deseaba ningún bien a los qaysíes; pero necesitaba que Balch le sacara de apuros. Imaginó un minucioso acuerdo, lleno de desconfianza y de precauciones, para transportar a los regimientos sirios a la Península, servirse de ellos para destruir a los berberiscos y devolverlos nuevamente a África con aprovisionamientos suficientes. Justamente a tiempo: tres grupos rebeldes preparaban el asalto a Medina Sidonia, Córdoba y Toledo, cuando Balch desembarcaba en Algeciras. Tres sucesivas victorias salvaron a estas ciudades. Pero los desmoralizados qaysíes se encontraban, al término de ellas, fuertes y ricos con el botín que lograran. Cuando ‘Abd al-Málik se disponía a organizar nuevamente su transporte a la zona ocupada por árabes en África, los chunds se revolvieron, asaltaron Córdoba, proclamaron walí a Balch y crucificaron al yemení. Todo había sucedido en el transcurso de unas semanas.

La guerra civil: yemeníes y qaysíes

La antigua querella entre tribus árabes encontraba en la Península escenario para sus sangrientas expansiones. Durante quince años se produjeron violentos encuentros que prepararon la restauración omeya y, sobre todo, la transformación de al-Andalus en el primer estado musulmán independiente. El movimiento comenzó merced a las gestiones de los dos hijos de ‘Abd al-Málik, Umayya y Qahtán, quienes formaron un gran ejército al que se unieron muladíes y berberiscos en gran número; todos aclamaban al yemení ‘Abel al-Rahmán ben Habib que aspiraba a proclamarse emir o walí. En Aqua Portora, al norte de Córdoba, se libró una gran batalla (agosto del 742); los sirios fueron vencedores, pero Balch murió a consecuencia de las heridas que recibiera y su sustituto, Tha‘laba ben Salama al-Amilí, comandante de uno de los chunds, carecía de las dotes políticas necesarias para lograr la pacificación. La aristocracia árabe reclamó la intervención del gobernador de África, que era yemení; éste envió el 743 a Abu-l-Jattar al-Husam, yemení de Damasco, con plenos poderes.

Abu-l-Jattar imaginó un procedimiento pacificador, que le fue inspirado al parecer por Ardabasto, hijo de Vitiza, y que guardaba cierta relación con el régimen de temas bizantino. Consistía en acantonar a cada uno de los chunds en una región distinta, otorgándoles sobre ella cierta autoridad y dándole para su sostenimiento un tercio de los tributos que los cristianos pagaban por su persona y por su tierra. De esta forma la obligación del servicio militar se ligaba a la renta agraria, como en el feudalismo europeo y en el régimen visigodo. El chund de Emesa se instaló en Sevilla y Niebla, el de Palestina en Medina Sidonia y Algeciras, el de Damasco en Elvira, el del Jordán en Málaga, el de Quinnasrín en Jaén y el de Egipto en el Algarbe y en Murcia.

Resultaba prácticamente imposible sustraerse a las querellas tribales. Los qaysíes estaban ahora bajo la dirección de al-Sumayl ben Hatim al-Kilabí, miembro del chund de Quinnasrín, pero tenían conciencia de su inferioridad numérica respecto al partido contrario. Al-Sumayl fue, sin embargo, bastante hábil como para atraerse a dos clanes de origen yemení, los de Lajm y de Chudham, explotando de nuevo tendencias secesionistas. En abril del 745 Abu-l-Jattar fue derribado y sustituido por Thuwaba ben Salama al-Chudhamí. Las relaciones de dependencia de España con respecto al khalifato de Damasco, que iniciaba entonces la crisis final, eran ya puramente nominales. Cuando murió Thuwaba (setiembre del 746), al-Sumayl usó todo su influjo para conseguir que fuese elegido gobernador Yusuf ben ‘Abd al-Rahmán al-Fihrí, de quien sabía que iba a favorecer por todos los medios a los qaysíes. Yusuf fue prácticamente el primer soberano musulmán independiente de España.

Alfonso I. La consolidación del reino de Asturias

La consecuencia más importante de la doble crisis sufrida por al-Andalus, fue permitir que el incipiente reducto asturiano creciese hasta convertirse en un reino abarcando toda la costa cantábrica. Ésta es la obra afortunada de Alfonso I. Indudablemente las circunstancias pesaban más que los hombres; a las revueltas del 741 siguieron años de escasez que provocaron el hambre y la decisión de los berberiscos establecidos en Galicia y la Meseta norte de regresar a África. No fueron sustituidos por otros musulmanes. La línea de ocupación efectiva se retrajo muy al sur, hasta convertir Coria y Mérida en fortalezas avanzadas.

En esta amplia comarca, que abarcaba Galicia y norte de Portugal, León, Castilla y Álava, batallaron incansablemente Alfonso I y su hermano Fruela durante quince años. No hay duda de que las luchas fueron muy ásperas y cruentas y de que, al término de ellas, los musulmanes consideraban que la frontera seguía una línea que se apoyaba en Coimbra, Coria, Talavera y Toledo, remontaba el Henares por Guadalajara y acababa en Tudela y Pamplona. Muchas veces se ha señalado cómo el área de la ocupación musulmana venía a coincidir aproximadamente con la del olivo. Naturalmente Alfonso I no estaba en condiciones de repoblar y conservar la enorme superficie que quedaba al otro lado de dicha frontera y las menciones que los cronistas posteriores hacen de ciudades conquistadas tan al Sur como Viseo, Salamanca, Segovia o Sepúlveda, son exageradas o recuerdo tan sólo de razzias en busca de botín. Eremavit campos quod dicunt gothicos, señala el Albeldense.

Estas palabras son punto de partida para una hipótesis que Sánchez Albornoz defiende con energía y buenos argumentos documentales, la del desierto del Duero. Alfonso I, sin duda, se sirvió de sus campañas para establecer una tierra de nadie, sin administración y casi sin habitantes, glacis de seguridad para la fortaleza asturiana. La expresión desierto no ha de entenderse en el sentido de que se hubiera producido un vacío absoluto. Menéndez Pidal y otros historiadores contradicen esta teoría alegando ciertos documentos que parecen demostrar la existencia de poblaciones en el valle del Duero. De momento basta sin embargo con afirmar que la monarquía asturiana había crecido en dos aspectos: por la anexión de Galicia, Liébana, Sopuerta, Carranza, Bardulia y Álava; por el crecimiento demográfico, ya que muchos habitantes de las regiones desvastadas buscaban refugio en el norte o eran llevados al reino para repoblar. Cuando, el 755, Yusuf al-Fihrí envió una nueva expedición al norte, ya no fue simple ronda policíaca y, de todas formas, constituyó un fracaso.

La islamización conducía, a los cuarenta años de la conquista, a una división de la Península en dos zonas muy desiguales. Durante muchos años aún, los cristianos llamarían Hispania a la que ocupaban los musulmanes.

II

LA RESTAURACIÓN OMEYA

Los hechos que prepararon la restauración

Durante la segunda mitad del siglo VIII el Islam español, que parecía amenazado de graves escisiones, experimentó los efectos de un poderoso movimiento restaurador que, aparentemente, iba encaminado tan sólo a ofrecer un trono a los supervivientes de la dinastía omeya, aunque en realidad apuntaba mucho más lejos. La consecuencia fue la configuración de dos Españas diferentes, hecho histórico de la mayor y más duradera importancia. De un lado al-Andalus, unido en sólido bloque, cuya capital, Córdoba, pretendía ser un remedo de Damasco y que se orientaba definitivamente, en gustos, ciencia y economía hacia los grandes centros islámicos de África y de Asia. Del otro, varios reductos de resistencia que acabarán por sentirse atraídos, con diferente intensidad, por el gran movimiento restaurador del Imperio carlovingio (Europa, en la expresión del cronista del siglo IX, Nithard). De entre dichos reductos, el más poderoso, Asturias, capaz de soportar la primera contraofensiva organizada, no duda en reivindicar para sí la tradición visigoda ajustándola, sin embargo, a las nuevas auras del europeísmo. En la querella del adopcionismo, la Iglesia de la zona ocupada y la de Asturias se enfrentaron. La solución final correspondió a Carlomagno y la victoria fue para los asturianos, con gran escándalo de Elipando que había llegado a decir: «nunca fue oído que los de Liébana enseñasen a los toledanos».

Cuando, el año 750, la dinastía omeya desapareció perseguida por los vencedores abbasíes, un nieto del khalifa Hisham, hijo de una cautiva berberisca, ‘Abd al-Rahmán, pudo sobrevivir. Gracias a los desvelos de un liberto de su casa, Badr, y después de haber sorteado innumerables peligros, halló refugio en el norte de África entre los contríbulos Nafza de su madre y al amparo del predominio qaysí que siempre había sido favorable a su familia. Seguramente proyectaba organizar movimientos de resistencia o rebelión contra el nuevo régimen; la existencia de numerosos clientes omeyas en la Península y la posición que ésta ocupaba dentro del mundo islámico le incitaron a buscar en ella puntos de apoyo. Tal fue la misión encomendada, en junio del 754, al liberto Badr.

Hacía nueve años que el gobierno qaysí de Yusuf ben ‘Abd al-Rahmán al-Fihrí venía ejerciendo duras represalias que coincidían amargamente con las victorias alfonsíes. Un movimiento yemení, el 747, había sido aplastado en la batalla de Secunda, cerca de Córdoba; el walí llegó incluso al extremo de hacer ejecutar como un delincuente a su antecesor, Abu-l-Jattar. Luego envió a al-Sumayl a Zaragoza, como gobernador de la Frontera Superior a fin de sacudirse su tutela (750). Era el año del hambre. Los terribles padecimientos de la población agitaron el descontento y cuando Badr llegó a la Península, halló un ambiente de verdadera revolución. Algunos jefes de la tribu de quraysh, la misma del Profeta, acaudillaban un ejército en que yemeníes, berberiscos y muladíes, figuraban juntos contra al-Sumayl. Yusuf organizaba tropas para liberar de su asedio a Zaragoza.

Lógicamente, Badr acudió a los mawlas o clientes omeyas, muy numerosos entre los chunds sirios repartidos por Andalucía. Los comandantes del de Damasco, ‘Ubayd Allah ben ‘Uthmán y ‘Abd Allah ben Jalid, ofrecieron inmediatamente su apoyo completo al proyecto restaurador, pero afirmaron que, para lograr pleno éxito, era imprescindible la aquiescencia de al-Sumayl. Los clientes omeyas fueron en el ejército que liberó a Zaragoza. Hubo evidentemente negociaciones, pero al-Sumayl, que temía su aniquilamiento si un verdadero soberano llegaba a instalarse en Córdoba, acabó rompiéndolas. De este modo los omeyas tendrían que renunciar al proyecto o entenderse con los yemeníes. Demasiado tarde para retroceder: el 14 de agosto del 755 ‘Abd al-Rahmán había desembarcado en Almuñécar, desde donde se dirigía rápidamente a Torrox; con los yemeníes o con cualquier otro, tenía que intentar el golpe de suerte.

Yusuf regresó a Córdoba. Las deserciones en su bando comenzaban. Ofreció entonces a ‘Abd al-Rahmán un gobierno autónomo en las comarcas de Granada y Málaga, que tenían mayor número de clientes omeyas. Pero el joven príncipe había entrado ya en Archidona en donde sus partidarios le proclamaron emir. En marzo del 756 entraba en Sevilla con fuerzas muy considerables que crecían sin cesar. Marchando sobre Córdoba, a lo largo del Guadalquivir, encontró a Yusuf en al-Musara, a las puertas de esta ciudad (15 de marzo de 756), y le causó definitiva derrota. En la mezquita, ‘Abd al-Rahmán se hizo proclamar emir de al-Andalus fundando así, de derecho, el primer estado musulmán independiente. Acaso él y sus partidarios entendían dé momento las cosas de otro modo, como si España fuese sólo primer paso para la recuperación de todo el Imperio.

La obra de ‘Abd al-Rahmán I

Durante veintidós años, ‘Abd al-Rahmán entregó todos sus esfuerzos a la tarea de aplacar los odios que desgarraban a la comunidad musulmana; no perdía de vista, en modo alguno, la necesidad de afirmarse en el trono. Tres aspectos iniciales presenta dicha tarea. Primero la clemencia, que alcanzó a todos cuantos se le habían opuesto, incluyendo a Yusuf y a al-Sumayl, que se rindieron en Granada y a quienes se permitió conservar todos sus bienes y, al parecer, también cierta influencia política cerca del nuevo soberano. En segundo lugar la atracción de parientes o mawlas omeyas, por nostalgia de la patria perdida o por deseo de contar con partidarios más fieles y agradecidos que la cambiante adhesión yemení; los miembros de la familia omeya constituyeron una especie de aristocracia de primer rango a la que se ofrecían pensiones y honores. Finalmente la reforma completa del ejército y de la administración fiscal que debía proporcionarle recursos. Las revueltas interiores, la amenaza constante de represalias abbasíes y el expansionismo franco, aconsejaban la constitución de una fuerza de choque. Comprando esclavos —en general prisioneros eslavos que venían a través de Cataluña— el emir llegó a formar un ejército con una guardia personal que algunos historiadores evaluaban en cuarenta mil hombres.

El 759 una importante rebelión tuvo por centro a Mérida y por jefe a Yusuf al-Fihrí, quien pudo reunir veinte mil hombres. Esto puso fin a la política de magnanimidad que hasta entonces observara ‘Abd al-Rahmán. Los gobernadores de Sevilla y Morón consiguieron dominar la revuelta obligando al antiguo walí a refugiarse en la comarca de Toledo en donde, traicionado por los suyos, fue muerto. Casi al mismo tiempo al-Sumayl perecía estrangulado por orden del emir en Córdoba. El cambio de política obligaría al primer omeya a combatir hasta su muerte de modo incesante contra rebeliones que, en ciertos momentos, parecía imposible aplacar. Beja, Toledo y Zaragoza fueron los puntos neurálgicos, preludiando actuaciones futuras. Los yemeníes proporcionaron recursos a la revuelta porque entendían que sus servicios no habían sido suficientemente recompensados.

Toledo, fiel a la causa ya perdida de Yusuf al-Fihrí, se sublevó el 763-764 y volvió a hacerlo el 785, obligando al emir a dirigir en persona contra ella una expedición. En Beja, el 763, estalló la revuelta más peligrosa: un enviado del khalifa al-Mansur, llamado ‘Ala‘ ben Mugith, traía nombramiento de gobernador y encargo de acabar con ‘Abd al-Rahmán. El emir se encerró en Carmona con sus tropas más seguras y, en una violenta salida, destruyó a ben Mugith y a su ejército. Las cabezas cortadas del enviado y de sus principales partidarios fueron depositadas una noche en el mercado de Kairwán. Otra revuelta yemení tuvo lugar el 766 en Alcalá de Guadaira. Se repitió, siempre con resultado adverso, el 774. Mientras tanto había tenido lugar, el 768, un levantamiento de berberiscos, dirigido por Shaqya ben ‘Abd al-Wahid, maestro de escuela que se hacía pasar por descendiente de Fátima. La más famosa de las revueltas fue la de Zaragoza, que luego veremos, porque dio ocasión a Carlomagno de hacer una expedición a España.

Esta incansable actividad que, en ningún momento de su largo reinado, pudo abandonar, benefició especialmente a los monarcas asturianos, que atravesaban entonces una aguda crisis, y a los pobladores del Pirineo, que, amparados por la reacción franca, estaban afirmándose en sus valles. No fue obstáculo, en cambio, para la intensa labor de organización interior. A través de las represiones ejercidas se afirmaba el carácter despótico de la autoridad que, a falta de mejor apoyo, tenía su base de sustentación en el ejército. El título de emir que ‘Abd al-Rahmán asumió es, por su naturaleza militar, bien adecuado a las funciones. Suprimiendo la mención del khalifa de Bagdad en las oraciones, no se atrevió sin embargo a imponer su propio nombre, usando la ficción de considerar que la suprema jefatura religiosa del Islam se hallaba vacante. La Península quedó dividida en provincias (khuras) que gobernaban walíes o ‘amiles nombrados y dirigidos desde Córdoba.

Una gran nostalgia por Oriente parece haber presidido todas sus acciones. La mezquita que ordenó construir, sobre la antigua catedral cristiana, quería imitar a la que Omar edificara en Damasco. Para su descanso hizo construir a tres kilómetros de Córdoba una finca con jardines que llamó ar-Rusafa, en recuerdo de la famosa residencia del khalifa Hisham, en Siria, en donde él pasara sus años de infancia. La presencia de nuevos inmigrados sirvió para acentuar el influjo de las costumbres sirias que habían traído consigo las tropas de Balch. Cuando ‘Abd al-Rahmán murió (30 de septiembre del 788) dejó en herencia el trono, como un rey, a su hijo menor, a quien llamara Hisham como el ilustre abuelo.

Crisis de la monarquía asturiana

Las crónicas musulmanas se refieren únicamente a dos campañas realizadas en tiempos de ‘Abd al-Rahmán contra los resistentes del Norte, en los años 767 y 781, sin que, al parecer, lograsen brillantes resultados. Tal abstención no puede explicarse sino por los conflictos interiores de al-Andalus pues la monarquía asturiana atravesaba, en estos momentos, una crisis aguda, última etapa en la querella que, acerca de la sucesión, agitara los últimos tiempos del estado visigodo. Alfonso I transmitió a su hijo Fruela la corona (757); parecía imponerse el principio hereditario. Fue durante este reinado cuando un presbítero llamado Máximo edificó un monasterio bajo la advocación de San Vicente, en las faldas del monte Ovetao; allí vendría años más tarde a instalarse la capital del reino. El cronista de Alfonso III y el Albeldense atribuyen a Fruela I algunas victorias sobre los musulmanes, en especial una en Potuvio (¿Puentedeume?), en donde habría muerto un hijo de ‘Abd al-Rahmán. Nada de esto es seguro.

Parecen indudables, en cambio, dos cosas: que la repoblación continuaba, por el valle del Miño, montes de León y de Cantabria, con auxilio de emigrantes mozárabes que se trasladaban a Asturias, y que un proceso de concentración de la autoridad estaba en marcha. Todas las noticias coinciden en presentar a Fruela I como rey muy duro. Tuvo que someter por la fuerza amplias rebeliones producidas en Galicia y en Vasconia —entendiendo esta expresión geográfica en sentido muy lato—, que fueron probablemente protestas contra la tendencia autoritaria. En la campaña contra los vascos, el rey capturó a una joven llamada Munia, con quien casó y que fue madre de Alfonso II. En el mismo círculo de magnates que rodeaban a Fruela se organizaba entre tanto una fuerte oposición que tenía por jefe a Vimarano, hermano del rey, a quien éste dio muerte, al parecer con sus propias manos.

El 768 Fruela murió asesinado en Cangas. El joven Alfonso hubo de refugiarse en Vasconia, entre los parientes de su madre, y la monarquía retrocedió al sistema electivo de los tiempos godos. También con cierta fidelidad al linaje, según era costumbre: los cuatro inmediatos sucesores de Fruela fueron tomados del linaje de Pelayo, aunque les elevara al trono la aclamación de los nobles y no otra cosa. Aurelio (768-774), cuyo recuerdo pervive en la localidad actual de San Martín del Rey, cerca de Gijón, tuvo que dominar una rebelión de siervos, protesta acaso contra el mayor predominio de los magnates. Era hijo de Fruela, hermano y colaborador de Alfonso I. Le sucedió Silo, hijo probablemente de una musulmana, casado con Adosinda, hija de Alfonso I; el papel que desempeñó esta princesa fue, al parecer, muy relevante. Galicia se sublevó de nuevo y fue vencida. Silo abandonó Cangas para instalarse en Pravia, buscando ya un país más abierto, índice del alejamiento del peligro. En el momento de su muerte (783), Adosinda y algunos nobles palatinos trataron de instaurar a Alfonso Fróilaz, reaccionando contra el procedimiento electivo, pero fracasaron y el pretediente tuvo que regresar a Vasconia. La reina viuda hubo de ingresar en un monasterio y la corona fue ceñida por un bastardo de Alfonso I, que, por su nombre Mauregato (¿maurae captae?), puede suponerse que haya sido hijo de una prisionera musulmana.

Una antigua tradición adversa atribuye a Mauregato el establecimiento de un tributo infamante de cien doncellas que habían de ser entregadas al emir cada año. Es posible que contenga alusión a ciertos tratos de dependencia con respecto a Córdoba. De hecho el crecimiento del poder islámico beneficiaba a los partidarios de Alfonso II y del sistema de la herencia puesto que la concentración de autoridad garantizaba contra peligros musulmanes. El 788, muerto Mauregato, intentaron por segunda vez el golpe y fracasaron. Los magnates lograron por última vez imponer su candidato en la persona de Bermudo, hermano de Aurelio, que fue llamado el Diácono por tener recibidas las órdenes menores. Pero ya la marea musulmana comenzaba a crecer amenazando la existencia misma de la monarquía asturiana. El año 791 Bermudo sufrió una derrota cerca de Villafranca del Bierzo ante las tropas de Hisham I. Entonces renunció a la corona llamando a Alfonso II para que ocupase el trono. La sucesión hereditaria triunfaba.

La expedición de Carlomagno

Poco antes del 778 un nuevo agente de los abbasíes, ‘Abd al-Rahmán ben Habib, a quien llamaban el Eslavo por su cabello rubio rojo, llegó a la Península con la misión de provocar un levantamiento contra los omeyas. Entró en relación con el gobernador de Zaragoza, Sulaymán ben Yaqzán ben al-A‘rabí, que era, como él, yemení, y estaba dispuesto a embarcarse en la empresa de una rebelión separatista. Pero cuando ben Habib reveló cuál era su meta, Sulaymán le abandonó; replegándose sobre Valencia fue perseguido y muerto por las tropas del emir. La situación del gobernador de Zaragoza no dejaba por ello de ser comprometida: ante el emir de Córdoba era apenas un rebelde.

Atacado por las tropas de ‘Abd al-Rahmán, Sulaymán acudió a Carlomagno en demanda de auxilio haciéndole entrega, en Paderborn, de algunos importantes prisioneros que capturara. En la primavera del 778 el monarca francés condujo una expedición a través de Navarra hasta Zaragoza; pero el lugarteniente que Sulaymán dejara en defensa de la ciudad, al-Husayn ben Yahya al-An-sarí, se negó a dar entrada a los extranjeros. Carlomagno sitió a Zaragoza, pero hubo de renunciar a su empresa cuando llegaron a él noticias de una revuelta en Sajonia. En el camino de regreso la retaguardia del ejército fue destruida en Roncesvalles por los hijos de Sulaymán, ayudados por vascos, que lograron rescatar a su padre; en esta acción murió Rolando, marqués de Bretaña, y el episodio dio origen a uno de los más famosos cantares de gesta europeos.

Desde el punto de vista francés la expedición no resultó inútil. Zaragoza, tercamente defendida por al-Husayn, resistió los ataques omeyas hasta el 782. Pero ya antes de acabar el 778 había entregado Carlomagno el gobierno de Aquitania a su hijo Luis el Piadoso, con título de rey y la misión de convertir el Pirineo en frontera sólida y segura. Sin duda muchos mozárabes se refugiaron entonces en Francia; al menos la mención de hispani al otro lado de la frontera es muy frecuente. Los carlovingios incitaron a la revuelta a los moradores de los altos valles pirenaicos y se prepararon a anexionar el territorio que ahora llamamos Cataluña. El 785 calcula Abadal que se entregó voluntariamente Gerona y que, en fecha semejante, Urgel y Cerdaña estaban ya ocupados.

Asturias resiste

Esta expresión, tomada de un famoso trabajo de Sánchez Albornoz, puede resumir los acontecimientos vitales de los años del reinado de Hisham I (788-796). El natural complemento de la restauración omeya debía ser la supresión del reino cristiano del Norte, cuya peligrosidad quedaba revelada por las recientes actividades carlovingias. Hisham hubo de comenzar su reinado aplastando la revuelta de sus dos hermanos, Sulaymán y ‘Abd Allah, que encontraron en Toledo el acostumbrado apoyo; pero el 789 toda resistencia había cesado y los rebeldes aceptaron el destierro dorado por compensaciones económicas. Los siete años siguientes pudieron emplearse en la gran ofensiva contra Asturias.

Ya hemos visto como la primera fase de la lucha —ataque doble, el 791, de Ubayd Allah ben Uthmán por Álava y de Yusuf ben Bujt por Galicia— había tenido como consecuencia indirecta la abdicación de Bermudo el Diácono. Alfonso II demostró su fuerte voluntad de resistencia al trasladar a Oviedo la capital del reino, fundando allí una nueva iglesia bajo la advocación del Salvador. Empeñándose en restaurar el orden político visigodo, el joven monarca asturiano asumía una tarea singular. El 792 ‘Abd al-Málik ben Mugith escaló la altiplanicie de Álava. Hubo un descanso porque las tropas musulmanas fueron a combatir Narbona, pero el 794 volvieron a la carga con mayores fuerzas aún: mientras su hermano ‘Abd al-Karim recorría la zona oriental, ‘Abd al-Málik llevaba el grueso del ejército por el río Luna y el puerto de la Mesa, al corazón del territorio enemigo, saqueando Oviedo. Pero cuando regresaba cargado de botín, fue sorprendido por los cristianos en Lutos (seguramente el lugar de Los Lodos, cerca de Grado) y experimentó una gran derrota. Todavía el 795 ‘Abd al-Karim realiza un nuevo ataque sobre Asturias; rechaza a los soldados de Alfonso II y saquea por segunda vez Oviedo, mientras el monarca buscaba refugio en una fortaleza del Nalón.

En conjunto y a pesar de las operaciones victoriosas, la ofensiva de Hisham podía considerarse un fracaso. Los musulmanes se replegaban siempre al comienzo del invierno y Alfonso II podía recobrar su capital que nunca más sería ocupada. En consecuencia los emires hubieron de admitir la existencia de un estado cristiano, fuera de su órbita, al cual no podían destruir.

Malequismo y adopcionismo

Esta conciencia de las dos comunidades obligadas a compartir el suelo peninsular puede guardar relación con la tendencia de una y otra a buscar posiciones más rígidas. Al menos es sintomático que el reinado de Hisham coincida con la entrada en España de la doctrina malekí y con el planteamiento de la querella del adopcionismo. El malequismo recibe su nombre del famoso maestro medinense Málik ben Anas, muerto hacia el año 796, de quien fueron discípulos numerosos teólogos (alfaquíes) andaluces, y su doctrina era reaccionaria respecto a ciertas corrientes racionalistas y de libre interpretación que se dibujaban ya en el Islam. Un berberisco de origen, Yahya ben Yahya al-Laythí, trajo a Córdoba la doctrina y la difundió con el beneplácito del emir Hisham y luego de su hijo al-Hákam I. La influencia de los alfaquíes creció posteriormente gracias a la norma jurídica que solicitaba su dictamen cuando de una sentencia podían derivarse perjuicios para el bien común. El malequismo tuvo en España su fortaleza y dio al Emirato de Córdoba un aire de ortodoxia que, según Lévi Provençal, le conservó benéficamente al margen de las querellas religiosas que ensangrentaban otras regiones del mundo musulmán. Pero es indudable también que este rigorismo quebrantaría el espíritu de tolerancia ofrecido hasta entonces a los mozárabes y acentuaría el carácter musulmán de la autoridad contribuyendo así a nuevas luchas interiores.

El adopcionismo fue una curiosa doctrina que consideraba a Cristo tan sólo como hijo adoptivo, según la carne, de Dios; algunas expresiones de la liturgia visigoda, como la frase adoptata caro, daban fundamento a dicha interpretación. El año 784, presidiendo un Concilio en Sevilla, el arzobispo Elipando de Toledo sostuvo la tesis adopcionista frente al trinitarismo ortodoxo. Casi inmediatamente un monje de Liébana. Beato, y el obispo Heterio de Osma, que vivía desterrado en Asturias, replicaron con un Tratado apologético en defensa de la doctrina romana, que suscitó violenta cólera por parte del jefe de la Iglesia española. Abadal ha señalado, con acierto, que bajo esta cólera se enfrentaban criterios políticos, pues Toledo juzgaba increíble que en el reducto asturiano pudieran albergarse opiniones teológicas dignas de tal nombre, mientras los resistentes de la Cristiandad española no ocupada reclamaban para sí la dirección incluso de las cuestiones espirituales.

La respuesta al tratado de Beato y Heterio fue dada por el obispo de la recientemente liberada Urgel, Félix, cuyos opúsculos, escritos entre los años 789 y 792, se difundieron por varias diócesis francesas provocando la intervención de Carlomagno. El futuro emperador hizo que un Concilio se reuniera en Ratisbona el 792 para condenar a Félix; es fácil comprender que la decisión conciliar reforzara la inclinación que Alfonso II sentía hacia Europa. En los años inmediatos veremos surgir estrechas relaciones diplomáticas. Félix se había visto obligado a confesar sus errores retractándose.

Elipando respondió a la sentencia de Ratisbona celebrando un Concilio en Toledo (793) para condenar los errores de Beato y sus adeptos. Félix de Urgel volvió a la lucha con igual empeño olvidando su retractación. Una nueva asamblea de obispos europeos, en Francfort, reiteró la condena del adopcionismo, con refrendo del Papa. Félix de Urgel fue llevado a Francia, juzgado por un Sínodo y enviado a prisión (799). A pesar de que la doctrina apenas sobrevivió a Elipando, el mal estaba hecho. La Iglesia mozárabe parecía separarse de Roma, causa de tremenda debilidad cuando iba a sufrir la más terrible persecución. En Asturias y en Cataluña una nueva Iglesia, afirmando la comunión íntima con Roma, estaba fortaleciéndose.

III

CONSOLIDACIÓN DEL EMIRATO

Al-Hákam I aplaca las revueltas

Alto y moreno, deportista y poeta, lleno de sentido de la justicia por fidelidad a la doctrina del Islam, al-Hákam era el segundo hijo de Hisham, a quien sucedía el 796 mientras una nueva oleada de inquietud y revuelta se extendía por toda España. El estado omeya revelaba ahora las debilidades escondidas tras la apariencia del lujo y el ascendiente personal de sus fundadores. El peso de los impuestos y la insuficiencia administrativa permitían soliviantar los ánimos de árabes y de muladíes. La sensibilidad de los alfaquíes se exacerbaba cuando su influencia experimentaba una disminución. Frente a tales problemas, al-Hákam no pensó nunca en componer con los rebeldes o doblegarse ante los alfaquíes; era demasiado celoso de su autoridad. Reclutando eslavos, francos y españoles creó un terrible ejército personalmente adicto, a cuyos miembros el pueblo de Córdoba llamaba mudos (al-jurs) porque ignoraban el árabe. Pero esta conducta derivaba inevitablemente hacia un predominio del ejército que acentuaba los caracteres despóticos del gobierno.

El primer efecto de la nueva oleada de revueltas fue la suspensión de la ofensiva contra Asturias. No era esta la intención de al-Hákam que, en el primer año de su reinado envió a ‘Abd al-Kárim ben Mugith contra la región que los cronistas musulmanes comenzaban a llamar al-Qila, ios castillos (796). No hubo posteriores expediciones. Fueron por el contrario los cristianos quienes tomaron la iniciativa, mientras al-Andalus se debatía por más de veinte años en medio de una crisis.

Cada una de las tres Fronteras, Superior, Media e Inferior, constituía un foco de revuelta muy propicio a los aventureros de cualquier especie: la proximidad a otros poderes cristianos y la abundancia de muladíes influían sin duda. Dos hermanos de Hisham I, Sulaymán y ‘Abd Allah, trataron de aprovechar el malestar reinante en Mérida y Zaragoza para repetir sus aspiraciones al trono, pero fracasaron. Sulaymán pereció y su cabeza fue enviada al emir como regalo. ‘Abd Allah hubo de refugiarse en Francia buscando ayuda de Carlomagno. Ello no obstante Toledo se sublevó a las órdenes de cierto ‘Ubayd Allah ben Jamir y Zaragoza hizo lo mismo dirigida por Bahlul ben Marzuk. Cuando ‘Abd Allah regresó, el año 800, hubo de entregársele el gobierno autónomo de la región valenciana con una crecida renta para impedir males mayores. Los dos hijos de ‘Abd Allah, casados con hermanas de al-Hákam, mostraron a éste una fidelidad completa.

Decidido a someter a los rebeldes, el emir utilizó la adhesión de cuantos se mostraban dispuestos a ofrecer su lealtad. Así elevó a primer plano a un muladí de Huesca, gobernador de Talavera, llamado Amrús ben Yusuf. Nombrado gobernador de Toledo, atrajo a ‘Ubayd Allah a una emboscada y le dio muerte. Luego construyó una fortaleza en la ciudad, atrajo a ella a los notables de Toledo con ocasión de un supuesto banquete en honor del príncipe ‘Abd al-Rahmán, y les hizo degollar en gran número. Ésta fue la siniestra Jornada del Foso (797) que recuerdan con terror todos los analistas musulmanes. El 802 Amrús aparece en Zaragoza, dando muerte a Bahlul ben Marzuk. Confisca, entre otros, los bienes de los Banu Qasi muladíes, que se hallaban en relación con la revuelta reciente de Pamplona, que indicamos más adelante, y establece en Tudela una plaza fuerte que confía a su hijo Yusuf.

Tantas medidas de rigor aplacaron de momento las revueltas sin extirpar su raíz. Retoñaban a cada nueva ocasión. Pero ningún movimiento fue de alcance tan profundo como el que tuvo por escenario la propia Córdoba y por agentes a los alfaquíes malekíes, muy numerosos en el arrabal de Secunda, próximo a la mezquita mayor. Los malekíes, añorando la gran influencia de que gozaran durante el reinado de Hisham, reprochaban a su hijo la inclinación al despotismo, el exceso de tributos y el alejamiento de la ortodoxia rigurosa que ellos preconizaban. Una conjura, descubierta en mayo del 805, sirvió para que el emir ordenara la ejecución de setenta y dos personas; un pequeño motín en el mercado, al año siguiente, fue también reprimido con mano muy dura.

Al-Hákam se convenció de que una grave amenaza pesaba sobre la capital y dispuso la concentración de tropas fieles bajo el mando de un general cristiano, Rabí, hijo del conde Teódulo. Un incidente en el mercado, en que un soldado de la guardia acuchilló al armero que se negaba a atenderle, provocó la gran revuelta el 25 de marzo del 818. Los amotinados se preparaban para asaltar el palacio cuando ‘Ubayd Allah, primo de al-Hákam, llevó su caballería a espaldas de los rebeldes y deshizo, sus filas. Durante tres días el arrabal de Secunda fue pasado a sangre y fuego. Los supervivientes, con la sola excepción de los alfaquíes, fueron desterrados. Su número debió ser crecido pues contribuyeron a poblar la ciudad de Fez y a conquistar la isla de Creta.

Asturias en relación con el Imperio carlovingio

La creación del Imperio de Carlomagno, que es a la vez intento de restauración de un orden romano y síntesis final de latinidad y germanismo, ejercía entre tanto enorme influencia sobre las nacientes cristiandades peninsulares. La creación del reino de Aquitania, hacia el 778, fue la demostración del deseo de Carlomagno de extender su influjo hacia el otro lado del Pirineo, lo que despertaría acaso sentimientos contrapuestos entre los mozárabes y los cristianos independientes. Pérez de Urbel sospecha incluso la existencia de una fuerte opinión en Asturias contraria a cuanto pudiera favorecer tal penetración. En todo caso Alfonso II era ajeno a ella; necesitado de apoyo militar y moral contra los musulmanes y el adopcionismo, trató de establecer relaciones diplomáticas continuadas. El año 795 un embajador asturiano llegó a Toulouse para entrevistarse con Luis el Piadoso, y el 797 otro, de nombre Fruela, fue recibido por el propio Carlomagno en Aquisgrán.

Los términos de la confrontación militar estaban invertidos. El año 798 Alfonso II hizo una larga entrada hasta Lisboa y, del botín capturado, envió regalos a Carlomagno. Pérez de Urbel achaca al descontento producido por esta inclinación hacia Francia el movimiento que el 802 privó momentáneamente al monarca asturiano del trono. Alfonso se refugió en el monasterio de Ablaña, adonde fueron a buscarle sus fieles, dirigidos por un cierto Teuda, para devolverle la corona. Tal vez sea éste el último episodio en la larga querella entre partidarios de la elección y de la herencia. La influencia carlovingia es evidente en otro aspecto, el de la organización que Alfonso II estaba dando a su reino, la cual hacía de Oviedo sucesora de Toledo.

Reconstruida después del 795, la ciudad se convirtió en asiento de una Corte cuyos cargos principales —major domus, custodio de los bienes del rey, comes palatii, jefe de los servidores, notarius regis, encargado de los documentos— recuerdan tanto sus semejantes de Francia como la tradición visigoda. Había además un strator con cierta autoridad militar. El territorio se dividía en distritos variables que, por delegación del rey, gobernaban condes o jueces. Fue restablecida la vigencia del Liber Judiciorum. En el pequeño reino asturiano se construye en piedra, sin madera, lo cual lleva al redescubrimiento de la bóveda mucho antes de que lo hagan los maestros lombardos. Todo ello era índice de madurez política y militar.

El culto a Santiago es sin duda la más original e importante de estas restauraciones, pues conducía a situar dentro del territorio asturiano un centro espiritual que sustituyese con ventaja a Toledo. Se apoyaba en la suposición de que el famoso Apóstol había predicado en España fundando así la primera comunidad cristiana peninsular. La más antigua noticia de este supuesto se contiene en un Breviarium apostolorum que se difundió ampliamente en la primera mitad del siglo VII. Pero luego se había olvidado. Beato de Liébana, cuya intervención en la querella adopcionista hemos señalado, la incluyó íntegramente en sus Comentarios al Apocalipsis, escritos el 776 y que son a la vez la obra más difundida de la Alta Edad Media y la más antigua de cuantas se nos hayan conservado. No hay duda de que la influencia de Beato fue extraordinaria. Pérez de Urbel le atribuye incluso cierta intencionalidad en la redacción de un himno litúrgico al Apóstol pocos años antes de que Alfonso II ciñera la corona; sería el organizador del primer culto a Santiago.

En un lugar cercano a Iria, valle arriba de la ría de Padrón, se veneraban reliquias de Santiago, San Pablo y San Juan, que probablemente habían sido transportadas a aquel lugar por fugitivos de los musulmanes. Es probable que a principios del siglo IX se identificaran estas reliquias con el cuerpo mismo de Santiago, pero no sabemos en qué momento se forjaron las leyendas acerca de la traslación marítima de este cuerpo desde Jaffa y de la estrella que señaló el lugar de su enterramiento; no hay duda, sin embargo, de que Alfonso II ordenó construir una pequeña iglesia para abrigar tales reliquias y que, en adelante, el Campo de la Estrella —Campus Stellae, Compostela— fue lugar de atracción de peregrinos en número que superaba todas las esperanzas. Mientras se restauraban y creaban nuevas sedes episcopales, este santuario cumplía su papel de cabeza.

El gran avance en el Pirineo

Entre los años 798 —ataque a Lisboa— y 814 —muerte de Carlomagno— los cristianos parecen avanzar en un amplio frente, desde el Atlántico al Mediterráneo. Marcha silenciosa, sin nombres sonoros, pero visible en los resultados que son de nacimiento de nuevas entidades políticas. No se trataba, como a veces parece, de una conquista carlovingia, pero sin duda el Imperio funcionó como gran motor para impulso y ayuda de quienes estaban repoblando los valles pirenaicos. Antes de acabar el siglo VIII fue colonizado de esta manera el alto Segre con Cardona. El 799 los vascones del territorio navarro, con ayuda de los francos de Gascuña, según indica Ibn Hayyán, se sublevaron contra el gobernador musulmán de Pamplona, Mutárrif, que era hijo de Musa ben Fortún, el banu Qasi, y tomaron por jefe a cierto Velasco, que era indudablemente uno de los suyos. La reacción cordobesa tuvo lugar el 801, a las órdenes de Mu‘awiya, hermano de al-Hákam, pero terminó en una derrota en tierras de Álava y de Castilla que reconocen las fuentes musulmanas.

Por este mismo tiempo existían negociaciones entre Luis el Piadoso y el gobernador de Barcelona: Sa‘adún al-Ru‘ayní, que se hallaba muy comprometido en la revuelta reciente de ‘Abd Allah, hijo de ‘Abd al-Rahmán. El musulmán rompió luego sus promesas negándose a entregar la ciudad. Luis decidió su conquista porque era la puerta defensiva para las comarcas del Ampurdán, Urgel y Vich, que habían sido liberadas. La operación tuvo lugar el 801 y por un ejército de visigodos e hispano-romanos emigrados, a las órdenes de cierto Bera, godo también. Después de la conquista, Bera recibió el título de conde de la ciudad. El avance prosiguió hacia el Sur por la costa y los franceses entraron en Tarragona el 808, aunque no la retuvieron por mucho tiempo.

Estos territorios pasaron a constituir una Marca fronteriza (limes hispanicus). Los intentos que se hicieron para apoderarse de Tortosa y controlar el Ebro, fueron rechazados. A la inversa, los fuertes ataques musulmanes contra Barcelona —campaña de ‘Ubayd Allah, el 813 u 815, que los historiadores árabes consideran victoriosa— y contra Pamplona —campaña de Álava y Navarra de ‘Abd al-Kárim el 816— constituyeron sendos fracasos. Sin que pudiera decirse que habían nacido entidades políticas independientes, dos fuertes núcleos, en ambos extremos del Pirineo, se unían a Asturias, desde principios del siglo IX, en la común tarea de ejercer presión sobre el Islam. De ellos surgirán más adelante el reino de Navarra y el principado de Cataluña.

Entre ambos quedaban tres pequeños territorios: Jaca —Aragón en el más estricto sentido de la palabra—, Ribagorza y Pallars. La secesión de estas comarcas se había visto favorecida por las discordias musulmanas de la Frontera Superior y por el apoyo que los condes de Toulouse daban a los repobladores. El año 798 Abu Imram se apoderó de Huesca. Pidió auxilio a los carlovingios ofreciéndoles la entrega de la ciudad. Aun cuando no pudo luego cumplir su palabra porque las tropas del emir le despojaron de su presa, los socorros enviados aprovecharon la ocasión para asentar el dominio tolosano sobre Ribagorza y Pallars. Ribagorza fue gobernada directamente por los condes de Toulouse, Guillermo, Bigo y Berenguer hasta el 872.

Por estos mismos años se menciona a un conde franco, Aureolo, que murió el 809, gobernando el territorio iaccetano. Las comunicaciones con el Imperio estaban aseguradas por los valles de Hecho, y Canfranc, camino que sin duda siguieran emigrantes y repobladores. En Hecho estaba el monasterio de Siresa, centro espiritual de la región. Después de la muerte de Aureolo, Carlomagno nombró o confirmó conde a un indígena, Aznar Galindo.

‘Abd al-Rahmán II. La larga paz

Estos movimientos de avance, como los que se llevaban entonces a cabo en las fronteras asturianas, no alteraban la estabilidad interna de al-Andalus que, salvo en Pamplona y Barcelona, ninguna pérdida territorial experimentaba. Al contrario, durante la primera mitad del siglo IX, el emirato demostrará una fuerza y solidez interiores, fruto a distancia de los duros golpes que asestara al-Hákam, que por un momento hicieron olvidar las profundas debilidades que le aquejaban. Bizancio buscó la amistad de ‘Abd al-Rahmán II, durante cuyo reinado España alcanzó un primer notable desarrollo económico. Probablemente ejerció también su benéfica influencia la secesión del Norte de África que, con los reinos Idrisí y Aghlabí, creó una barrera de seguridad entre la Península y el Imperio abbasí.

Tres medidas iniciales, el restablecimiento del influjo de los alfaquíes malekíes, la crucifixión del conde Rabí y el cierre del mercado de vinos del arrabal de Secunda, anunciaron la orientación religiosa del régimen y proporcionaron a ‘Abd al-Rahmán gran popularidad. Por la vía comercial africana penetró una decidida influencia oriental; Córdoba giraba en torno a la esfera de Bagdad y suministraba a Europa los pocos productos que estaba en condiciones de adquirir. Este retorno a las ideas y principios del reinado de Hisham significó el término de la influencia de los godos e hispano-romanos y preparó los grandes movimientos de la segunda mitad del siglo IX.

Tres aspectos ofrece el largo reinado de ‘Abd al-Rahmán II (822-852): el restablecimiento de la autoridad, las amplias medidas de organización interna que dieron al emirato su fisonomía característica y los esfuerzos para recuperar la iniciativa militar en la frontera cristiana. Ninguna de las revueltas que se produjeron tuvo la virulencia que sus antecesores comprobaran. El viejo ‘Abd Allah, a quien llamaban al-Balansí por el lugar donde ejercía su gobierno, no halló apenas colaboradores para su campaña de agitación; su hijo ‘Ubayd Allah se conservó fiel al emir. ‘Abd al-Rahmán decidió acabar con las discordias que enfrentaban a las tribus árabes de la provincia de Tudmir. El 831 la capital del distrito, Ello, fue arrasada y sustituida por la actual ciudad de Murcia. Al mismo tiempo desapareció el régimen de autonomía de que disfrutaba desde los tiempos de la conquista.

Los peores levantamientos tuvieron lugar, como de costumbre, en Mérida, Toledo y el valle del Ebro; los cristianos se mezclaban en ellos y prestaban su aliento. Un bandido toledano, Hashim el Herrero fue muerto por las tropas del emir el 831; sus partidarios se encastillaron en la ciudad, que hubo de sufrir dos asedios en toda regla hasta ser conquistada el 15 de junio de 837. Mérida se sublevó el 828 a las órdenes de un bereber, Mahmud ben ‘Abd al-Chabbar, y de un muladí, Sulaymán ben Martín, que asesinaron a su gobernador, obligando al emir a acudir en persona. La fidelidad de Mérida fue siempre sospechosa y ‘Abd al-Rahmán dispuso que se construyese una pesada ciudadela para dominarla. Los dos rebeldes huyeron: Sulaymán fue muerto por las tropas del emir el 834 y Mahmud, con sus seguidores, se refugió en Galicia colocándose bajo las órdenes de Alfonso II. Cuando intentaba la reconciliación con ‘Abd al-Rahmán II fue atacado por las tropas asturianas y muerto. La rebelión del Ebro, que tuvo al Banu Qasi Musa ben Musa como protagonista, enlaza estrechamente con las guerras fronterizas.

El 844 al-Andalus sufrió el primer ataque de los normandos que habían sido rechazados en Asturias y Galicia. Un aviso oportuno del gobernador de Lisboa, que había sido combatida en agosto, permitió a las autoridades sevillanas tomar precauciones, a pesar de lo cual la ciudad fue ocupada y sometida a espantoso saqueo. Durante mes y medio (septiembre-noviembre) los vikingos permanecieron en las riberas del Guadalquivir hasta que, derrotados en Tablada, reembarcaron. Algunos piratas se convirtieron al Islam y permanecieron en Andalucía. Los vencedores, Muhámmad ben Rustum y el eunuco Nasr, considerados como héroes, cobraron en adelante una gran influencia.

La obra interior

Sostiene Levi Provençal que hasta ‘Abd al-Rahmán II no tuvo el emirato una verdadera organización de estado, limitándose los primeros walíes a conservar la administración visigoda con objeto de que el país proporcionara sumisión y tributo; los primeros emires, demasiado absortos por la tarea de dominar y aplacar revueltas, apenas si hicieron otra cosa que dotar al gobierno de un ejército y, en las reformas que ‘Abd al-Rahmán I dejó esbozadas, el modelo bizantino era demasiado evidente. Pero en la organización emprendida por ‘Abd al-Rahmán II hay además aspectos del mayor interés relacionados con la estructura total del Islam puesto que otros estados independientes habían surgido en Occidente, de los cuales los idrisíes de Marruecos buscaron la amistad cordobesa y los rustumíes de Tahert su protección. Frente a los aghlabíes de Kairwán, Córdoba parecía dispuesta a aspirar a un puesto hegemónico o directivo de la comunidad musulmana en Europa y África. La presencia de una embajada del emperador de Constantinopla, Teófilo, en Córdoba (840), es índice del prestigio alcanzado por el emirato.

‘Abd al-Rahmán II trataba de instalar en al-Andalus el mismo régimen fastuoso que los abbasíes habían establecido en Bagdad. Las elevadas rentas, que Ibn Hayyán cifra en un millón de dinares al año, doble que en tiempos de al-Hákam I, se lo permitían. La rígida etiqueta desplegada no tenía más objeto que aislar al monarca de sus súbditos. Protector de las artes y de la inteligencia, el emir tuvo en el famoso músico Ziryab un consejero más escuchado que sus asesores políticos e hizo de Córdoba la ciudad suntuosa que brillaría inigualablemente durante varios siglos. Con razón, los mozárabes le consideraron un enemigo: trataba de destruir los vestigios del viejo orden. La riqueza que todos los cronistas insisten en mostrar estaba sin duda en relación con el desarrollo del comercio. Verlinden ha comprobado la existencia de una nutrida corriente de esclavos que llegaban a Córdoba desde el interior de Europa.

Los cronistas insisten en afirmar que fue ‘Abd al-Rahmán II quien estableció la jerarquía de funcionarios y el sistema de departamentos, al modo oriental. Órgano supremo de la administración, el diwán, palabra persa que significa consejo, estaba dividido en dos sectores, uno equivalente en cierto modo a la cancillería de los monarcas cristianos, otro relativo al Tesoro. Los funcionarios se repartían entre ambos. A la cancillería estaban adscritos los visires, el más importante de los cuales, equivalente a un primer ministro, recibía el nombre de háchib, y los secretarios, a quienes mandaba un kitab al-rasa‘il; en ella se custodiaba el sello con que eran autentificados los documentos. En el Tesoro figuraban los qahraman, intendentes, a quienes controlaban corporativamente los tenedores o contadores de los libros, amín; es una práctica que heredarán luego los reyes cristianos. Todos los cargos se hallaban remunerados.

Teóricamente los ingresos correspondientes al Estado seguían limitándose a tenor de las prescripciones coránicas al diezmo, zekkat, que los fieles pagaban, en dinero o en especie, por todas sus ganancias, y al doble impuesto, personal (chizya) y territorial (jarach), abonado por los infieles. Pero desde hacía muchos años —éste era uno de los argumentos que manejaban con más calor los alfaquíes— se habían introducido contribuciones extraordinarias, especialmente aduanas y gabelas (qabala) sobre la venta de mercancías. Su elevado rendimiento explica el interés que las autoridades musulmanas mostraron por el comercio. Además el Tesoro contaba con las rentas de los dominios del emir.

Lo mismo que los khalifas de Bagdad y, antes, los emperadores bizantinos, los emires de Córdoba establecieron dos monopolios, el de la acuñación de moneda y el de la fabricación de tejidos de seda y de brocado; ambos se atribuyen a ‘Abd al-Rahmán II y guardan relación estrecha con funciones políticas. El vestido de seda indicaba rango social. En Córdoba fue establecida una Casa de la Moneda (dar al-sikka, de donde procede nuestra expresión ceca), desde la cual se pusieron en circulación dirhemes de plata y feluses de cobre. Pero no se acuñó moneda de oro hasta el siglo X.

No puede atribuirse a ‘Abd al-Rahmán II la organización territorial, pues sabemos que el sistema de kuras existía desde antes de su advenimiento; sin embargo es seguro que contribuyó a perfeccionarlo. En cada kura —comarca, mejor que provincia— un walí actuaba como representante personal y directo del emir, contando con el auxilio de un cuerpo de tropas mandado por un qa‘id; este título dio origen al de alcaide que ostentaban los jefes de fortalezas cristianas. Las zonas fronterizas, a causa del peligro por la proximidad de enemigos y por la inquietud de sus moradores, estaban sujetas a un régimen distinto, en el que se acentuaba el carácter militar. Todas las ciudades se gobernaban por un procedimiento similar al de Córdoba. ‘Abd al-Rahmán creó en ellas un funcionario, sáhib al-madina, que ostentaba su representación y su poder y al que estaban subordinados el inspector de mercados, sáhib al-suq, y el jefe de policía, sáhib al-shurta. Cada ciudad tema un juez, cadí, de cuyas sentencias se podía apelar ante el emir; pero en sus juicios debía guiarse por las opiniones y doctrina del cadí de Córdoba que era, probablemente, el personaje que gozaba de mayor consideración en el reino.

La reacción pirenaica contra Francia

Las guerras civiles que ensangrentaron la herencia de Carlomagno, tienen desde el primer momento su reflejo en la pérdida de influencia francesa al lado sur del Pirineo. El 817 una división se produjo en la Marca Hispánica como consecuencia de haberse separado Septimania del Ducado de Toulouse al hacerse la distribución de reinos prevista en la Ordinatio Imperii. Los condes de Septimania usaron en adelante título de marqueses y ejercieron su jurisdicción sobre todo el litoral, de Figueras a Tarragona, mientras los condados del interior, Cerdaña, Urgel, Pallars y Ribagorza, seguían dentro del reino de Aquitania, que Luis el Piadoso proyectaba dejar en herencia a su hijo Pipino. Todos estos valles eran objeto entonces de intensa repoblación por emigrantes que venían del otro lado del Pirineo y, en su mayoría, eran visigodos o descendientes de visigodos fugitivos; las fuentes de la época les llaman hispani. El asentamiento se hacía en virtud de una autorización dada por el rey, y a dicho acto se le llamaba aprisio; probablemente era un usufructo que se convertía en plena propiedad después de transcurridos treinta años. Es casi seguro que, en Cataluña, se iba extendiendo un espíritu de independencia.

Este sentimiento era igualmente fuerte entre los vascones. No sabemos hasta cuando dura el gobierno de Velasco, a quien las crónicas hacen proceder de Gascuña y que era sin duda conde en Pamplona bajo soberanía francesa, como Aznar Galindo lo fue en Aragón y después en Urgel. Luis el Piadoso estuvo en Pamplona el 812. Pero casi inmediatamente estalló un movimiento anti-francés, que Pérez de Urbel sitúa en las inmediaciones del 816, y que dio origen sin duda a luchas muy prolongadas. Los descubrimientos hechos por Lévi Provençal en textos musulmanes, permiten comprobar la existencia de un Enneco (el Íñigo Arista de las Genealogías de Meyá) que dirigía este movimiento y se hallaba en estrechas relaciones de alianza y parentesco con los Banu Qasi.

Era cabeza de este famoso linaje muladí Musa ben Musa, llamado a veces Musa II para distinguirle de su padre Musa ben Fortún, asesinado en Zaragoza el 789. Gobernador de Borja, Terrer y Tudela, Musa aspiraba indudablemente a la independencia; compartía con los otros muladíes la desconfianza y antipatía hacia la política ortodoxa de ‘Abd al-Rahmán II, pero podía mostrar sus manejos en Navarra como convenientes a la causa del Islam y del emirato pues tenían como meta el alejamiento de los francos. Durante muchos años pudo seguir sin riesgos una política ambigua. La madre de Íñigo Arista casó al parecer en segundas nupcias con Musa ben Fortún, mientras Musa II contraía matrimonio con una hija de Íñigo. Hacia el año 820 los francos ya no controlaban Pamplona y otro yerno de Íñigo Arista, García el Malo, expulsaba del condado de Aragón a Aznar Galindo, a quien Luis el Piadoso compensó con el gobierno de Urgel.

El 820 el conde godo de Barcelona, Bera, fue depuesto; aunque el episodio ha llegado a nosotros envuelto en ropajes de traición y duelo judicial, puede colegirse que tras ello se ocultaba la resistencia a la dominación franca. Ramón, que le sustituyó en Barcelona, y Aznar Galindo en Urgel, representaban sin duda un afianzamiento de la autoridad francesa que vendría a completar el 826 el nombramiento de Bernardo como marqués de Septimania, A ello respondió una revuelta, en la que tomó parte el hijo de Bera, Guillermo, con auxilio declarado o encubierto de los musulmanes (826) y que fue aplastada. Pero el intento que hiciera Aznar Galindo el 824 para recuperar su condado aragonés y rescatar Navarra terminó en fracaso: fue derrotado por los dos yernos de Íñigo Arista, Musa II y García el Malo. Ligando su suerte a la de los muladíes de Borja, Navarra acababa de ganar su independencia.

Las campañas de ‘Abd al-Rahmán II

Es indudable que desde el comienzo de su reinado, ‘Abd al-Rahmán proyectaba una serie de operaciones en la frontera, pero éstas ya no tuvieron la pretensión aniquiladora de la ofensiva de Hisham I sino sólo de reprimir el avance de los cristianos inspirándoles temor a la potencia cordobesa. Además tuvo que combatir en tres frentes en lugar de en uno solo. Para el reino de Asturias las zonas de combate habían pasado a ser, después del 816, última fecha en que un campamento musulmán pudo alzarse a orillas del Nalón, el Sur de Galicia y Álava, en donde se establecía contacto con el revuelto mundo del curso medio del Ebro.

El 825 ‘Ubayd Allah al-Balansí, el mejor general musulmán del momento, penetraba en Álava mientras otro ejército, mandado por al-Abbas ben ‘Abd Allah al-Qurashí, empleando Coimbra como base, atacaba en Galicia. Los historiadores musulmanes reconocen que este último fue derrotado, mientras el primero capturaba un buen botín. Tres años más tarde el propio ‘Ubayd Allah guiaba a sus tropas al ataque más profundo que hubo de sufrir Cataluña. Bernardo de Septimania se defendió en Barcelona y Gerona con fuerza y destreza, salvando la Marca. Las revueltas de Toledo y Mérida impusieron un paréntesis, pero desde el 838 recomenzaron los ataques machaconamente escogiendo como objetivo principal la monarquía astur. El propio ‘Abd al-Rahmán se aventuró en una ocasión a dirigir personalmente el ataque a Galicia, aunque con escasa fortuna. En la clave del enlace entre los núcleos orientales y el reino occidental, Vardulia, iba creciendo y transformándose en Castilla por el gran número de fortalezas que era preciso levantar para su defensa.

El papel de los Banu Qasi crecía en importancia porque sus territorios eran excelente base de partida para los ataques de flanco contra la monarquía asturiana. Pero el año 842 Musa II, que se consideraba sin duda bastante fuerte, se declaró en rebeldía. Castilla y Álava quedaron automáticamente a cubierto. Revuelta que fue para Asturias providencial puesto que el mismo año moría Afonso II y estallaba una crisis sucesoria. A falta de hijos propios, le sucedió en el trono un hijo de Bermudo el Diácono, llamado Ramiro, que gobernó ocho años (842-850). Apoyado por los magnates de Galicia y de Castilla —su segunda mujer, Paterna, era castellana—, hubo de enfrentarse sin embargo con las pretensiones de un cuñado de Alfonso II, Nepociano, a quien ayudaba, al parecer, la nobleza asturiana. Capturado, se le sacaron los ojos. Crueles castigos ejecutó también Ramiro en otros nobles, Aldroito y Piniolo; la aspereza de su conducta es juzgada por los cronistas con dureza, calificándole de «vara de la justicia».

No hay duda de que la fuerza de los estados cristianos iba en aumento. Al declararse en rebeldía, Musa II solicitó el auxilio de sus parientes, los caudillos navarros. ‘Abd al-Rahmán montó una formidable expedición el 843 penetrando hasta Pamplona, que saqueó. Pero no estaba en condiciones de llevar a cabo la ocupación de territorios y hubo de resignarse a contemplar cómo en el Ebro se organizaba un estado independiente, musulmán de creencia, godo de origen, que aspiraba a alzarse al plano superior de una monarquía. Musa II fue llamado a veces «tercer rey de España». Aunque fracasó, su papel fue decisivo. También Asturias evidenciaba el aumento de fortaleza. El 844 los normandos fueron rechazados, y el 846 algunos arriesgados repobladores se pusieron a reconstruir las casas de la antigua ciudad romana de León. ‘Abd al-Rahmán envió a toda prisa un ejército a las órdenes de su hijo Muhámmad, quien ahuyentó a los valientes, pero no pudo destruir las fuertes murallas de piedra. Es evidente que la capacidad demográfica excedía ya los límites de Asturias, que buscaba nuevos campos de expansión.

La muerte de Luis el Piadoso y las luchas que acompañaron al tratado de Verdun (843) dieron origen, por estos años, a otro importante cambio de Cataluña. Al ser ejecutado Bernardo de Septimania, Carlos el Calvo dio el condado de Barcelona y, prácticamente todos los otros condados que constituirían luego la, Cataluña Vieja, a cierto Sunifredo que es, indudablemente, el padre de Wifredo el Velloso. La genealogía de este Sunifredo ha despertado grandes polémicas. Calmette afirmó, con buenos argumentos, que era hijo de Aznar Galindo y que tenía ya el condado de Urgel. Dom Vaissette le hizo descender de un Borrell, conde de Ausona por nombramiento de Carlomagno. Modernamente Ramón de Abadal; vigorizando una suposición lanzada por Rovira y Virgili, le hace hijo del conde Bello de Carcasonne. La rama mayor de la familia, representada entonces por Oliva I, conservó el condado de Carcasonne. La menor, de Sunifredo y Sunyer de Ampurias, pasó a Cataluña en donde personificó la lealtad a Carlos el Calvo y a sus descendientes.

El gobierno de Sunifredo en Barcelona duró sólo cuatro años (844-848) y fue sustituido por un conde de origen franco, tanto en esta ciudad como en los demás condados. La familia experimentó un eclipse que puede ser debido a la corta edad de los numerosos hijos del difunto. Una leyenda afirma que el nuevo conde de Urgel, Salomón, fue también el asesino de Sunifredo y que Wifredo el Velloso vengó más adelante la memoria de su padre y conquistó también la herencia. Pero la leyenda no tiene probablemente visos de verosimilitud. Desde luego Salomón no fue conde de Barcelona, como aquélla pretende, sino sólo de Urgel; Abadal llega a sospechar que fuera de la misma Casa de Carcasonne a la que pertenecía Sunifredo y que, por tanto, la sucesión, de Wifredo, poco después del 868, fuese un acto normal.

IV

LA REVUELTA HISPÁNICA

Aspectos de la revuelta

La orientalización del Emirato provocaba inevitablemente el distanciamiento de dominadores árabes y dominados hispano-romanos, creando en éstos conciencia de su posición inferior. Durante la segunda mitad del siglo IX un estado de tensión, que había llegado a hacerse insoportable, desemboca en varias crisis convulsivas que, en ciertos momentos, amenazaron con destruir la unidad de al-Andalus. Sucesivas y nunca concordantes, se produjeron en tres fases: a) protesta con matiz religioso entre los mozárabes, que defendían la persistencia de su Iglesia visigoda, de su lengua y de sus costumbres; b) revuelta de muladíes con clara tendencia separatista conectada con los tradicionales focos de insurrección en la frontera; c) movimiento migratorio de cristianos y conversos musulmanes hacia las comarcas septentrionales, consideradas como libres.

Gracias a este triple fenómeno de revuelta, los estados cristianos del norte se vieron muy fortalecidos. Los asturianos se atreven a dejar atrás los pasos de la cordillera Cantábrica avanzando por la Meseta septentrional hacia el Duero, acortando distancias en relación con la frontera musulmana —sería excesivo hablar de «reconquista»— y asumiendo nuevas formas de vida económica. Los vascones se organizan en reino. Cataluña se independiza, de momento sólo de hecho y no de derecho, de los demás estados carlovingios. Es indudable que el fortalecimiento demográfico ha tenido que ser factor decisivo también en este fortalecimiento político y militar, que en modo alguno parecía logrado para siempre. León, Navarra y Cataluña habrán de resistir todavía fuertes embates.

Los mozárabes: martirio voluntario

La progresiva inclinación de los hispano-godos a la conversión al Islam y al uso de las costumbres y lenguas árabes, preocupaba mucho en ciertos medios intelectuales mozárabes de Córdoba. Destacaban en esta preocupación dos discípulos del abad Speraindeo, Eulogio, clérigo de la iglesia de San Zoilo, y Álvaro, seglar. La tendencia mostrada por las autoridades cordobesas en los últimos cincuenta años parecía indicar la voluntad de destrucción del cristianismo. En una atmósfera ya muy cargada sucedió que Perfecto, sacerdote de la iglesia de San Acisclo, fue condenado a muerte y ejecutado el 18 de abril del 850 por haber proferido insultos contra el Profeta Mahoma en el curso de una discusión y no haber dado explicación satisfactoria. Se trataba de aplicar estrictamente la ley musulmana. Pero el eunuco Nasr, que ordenara el castigo, murió antes de un año en condiciones muy similares, cuándo intentaba administrar un veneno a ‘Abd al-Rahmán II. Este hecho fue suficiente para que los mozárabes atribuyesen esta muerte a un castigo del cielo.

Eulogio y Álvaro, con la colaboración activa de los monjes de Tábanos, en un suburbio de Córdoba, comenzaron a elaborar la teoría del martirio voluntario. Bastaba con presentarse al cadí y blasfemar de Mahoma para ser ejecutado. La sangre de los mártires rescataría de su debilidad a la comunidad mozárabe y prestaría el calor del ejemplo a los vacilantes. Es difícil comprender cual era el alcance final de un movimiento que no podía conducir sino a la extinción del sector más vivo y enérgico de la Iglesia o a la revuelta. En cualquier caso la tensión creció hasta ponerse al rojo. Numerosos cristianos de ambos sexos fueron ejecutados entre los años 851 y 852.

‘Abd al-Rahmán no deseaba emprender una represión violenta contra los cristianos. Es preciso concederle, en este aspecto, dotes muy elevadas de gobierno. Conocía además los sentimientos de la mayoría de la población mozárabe y de su clero, que no deseaban alterar las relaciones de convivencia que databan de la conquista. Por eso decidió, de acuerdo con ella, convocar un Concilio que sería presidido por el metropolitano de Sevilla, Recafredo, y en el que la representación del emir fue encomendada a un recaudador cristiano, de nombre Gómez. Con una sola excepción, la del obispo de Córdoba, Saúl, el Concilio declaró que era ilícito buscar el martirio voluntario. Pero Eulogio y Álvaro continuaron su obra: la decisión conciliar, decían, no debía acatarse porque los obispos habían votado, por miedo, contra su conciencia.

Fracasado el Concilio en cuanto a su objetivo último, el gobierno hubo de adoptar medidas más rigurosas, entre otras el encarcelamiento de los más exaltados directores como el obispo Saúl y el propio Eulogio que, en la cárcel, escribió su Memoriale Sanctorum para aliento de sus seguidores. La muerte repentina de ‘Abd al-Rahmán (852) fue considerada también como señal prodigiosa. De hecho provocó la liberación de Eulogio, que pudo trasladarse a Toledo para predicar su doctrina; era el primer contacto entre este movimiento espiritual y las tendencias subversivas de la capital del antiguo reino.

El nuevo emir, Muhámmad I (852-886), iba a mostrarse menos indulgente que su padre. Nuestras noticias acerca de este largo reinado son mucho más escasas que sobre los de sus inmediatos antecesores. Ello no obstante existen motivos para creer que el esplendor de Córdoba y la fuerza del Emirato no disminuyeron, a pesar de que las fuerzas de resistencia iban multiplicándose. El movimiento hispánico, entrando en nueva fase con la participación de muladíes, se convertía ya en rebelión en Toledo, Mérida y Zaragoza. Muhámmad decidió aplicar las medidas de rigor para concluir con el martirio voluntario. Eulogio había vuelto a Córdoba para alentar los ánimos que desmayaban. El emir dispuso entonces la destrucción del monasterio de Tábanos (855) y dictó órdenes que colocaban a los mozárabes ante el dilema de convertirse o renunciar a los cargos que ocupaban en la administración.

Estas medidas bastaron para acabar con el movimiento de los mártires voluntarios, muy debilitado ya porque era imposible renovar su nómina. Muchos mozárabes consideraban preferibles soluciones bien distintas como convertirse al Islam, pasar a la rebelión armada, como hacían los muladíes, o buscar refugio en Asturias, en donde la Iglesia ocupaba un puesto dominante. Eulogio fue encarcelado y murió mártir el 11 de mayo del 859; pero su desaparición fue la señal del término en su original rebeldía. Durante esta última prisión, el clero de Toledo le proclamó su obispo, sucediendo a Vistremiro, que acababa de fallecer.

La rebelión de Toledo y el primer avance asturiano

Sólo beneficios podían derivarse de la revuelta situación para el nuevo rey de Asturias, Ordoño I (850-866). La crisis mozárabe le proporcionaba gente para llevar a cabo la repoblación. La revuelta muladí, extendida en la práctica a toda la frontera, aliviaba de presiones militares y permitía mayores avances. Ni siquiera la población árabe estaba satisfecha con el gobierno de Muhámmad; el aumento de la influencia malekí y la confianza otorgada por los emires a dos familias, los Banu Suhayd y los Banu Abi ‘Abda, despertaban el descontento y la desconfianza. Ordoño supo aprovechar tan favorables circunstancias sosteniendo en su resistencia a los rebeldes mientras, en la década del 850 al 860, los repobladores daban un paso decisivo hacia la ocupación de la meseta septentrional.

A las órdenes de un cierto Síndola, estalló una vez más la revuelta en Toledo. Los amotinados canjearon los rehenes que Muhámmad I retenía por el gobernador de la ciudad y sus oficiales que habían aprehendido. Luego vencieron a las tropas del emir en las cercanías de Andújar (marzo del 854). Muhámmad preparó un gran ejército. Ya Ordoño había aprovechado estos años tranquilos para llevar a cabo la reedificación de antiguas ciudades como Tuy y Astorga. Ante el peligro que se avecinaba, los sublevados toledanos acudieron al monarca asturiano en petición de auxilio y éste envió a Gatón, conde del Bierzo, repoblador de Astorga. El ejército cristiano cayó en una emboscada a orillas del río Guadacelete y fue derrotado (junio del 854), pero Toledo resistió el tiempo suficiente para que Ordoño pudiera llevar a cabo la más importante repoblación de su reinado, León (856); esta vez los cristianos no fueron expulsados. El 858 Toledo aceptó una negociación de paz y los rebeldes recibieron amnistía. Sólo entonces pudo Muhámmad preparar su ofensiva contra Asturias.

Los últimos acontecimientos militares habían acrecido, sin duda, el ánimo de Ordoño. Éntre los años 858 y 861 los normandos repitieron sus ataques y, mientras que en Galicia eran fácilmente rechazados por un conde Pedro, que es acaso el Pedro Theon que aparece luego como colaborador de Alfonso III, causaban grandes daños en Navarra, en donde el hijo de Íñigo Arista, García Íñiguez, se vio obligado a pagar rescate. A este éxito se sumó la victoria sobre Musa II, que, habiéndose apoderado de Huesca y de Zaragoza, poseía hacia el 855 un vasto dominio. La enemistad entre el poderoso muladí y el monarca asturiano parece reflejarse en el empeoramiento de las relaciones de este último con la dinastía Íñiga de Navarra, y con las aceifas aragonesas por Álava y Castilla.

Tratando de proporcionarse una base militar para la defensa o el ataque a los territorios cristianos, Musa construyó en Albelda, entre Clavijo y los montes de Viguera, dos leguas al sur de Logroño, una gran fortaleza. Probablemente Ordoño I atacó Albelda el 859 causando al «tercer rey de España» tan terrible derrota que quebrantó su poder para siempre. Este episodio militar guarda sin duda relación con la famosa leyenda de Clavijo y la aparición del apóstol Santiago. Probablemente fue entonces cuando el monarca asturiano encargó al conde Rodrigo que repoblara Amaya, lo que tuvo lugar, según los Anales castellanos, el año 860. Este gesto completaba la decisión de avanzar al sur de los montes.

La Morcuera. El avance detenido

El emir comprendió, sin duda, el peligro que la creciente osadía asturiana representaba para al-Andalus. El puñado de rebeldes que seguían a Pelayo se había convertido, al cabo de un siglo, en reino poderoso que amenazaba rellenar esta tierra de nadie. Sus campañas, después de la sumisión de Toledo, se dirigieron a destruir las avanzadas y obligar a los cristianos a recluirse de nuevo tras sus montes. Fueron tres:

1. El 860, cruzando tierras dominadas por los Banu Qasi, las tropas cordobesas llegaron hasta Pamplona, en donde hicieron prisionero al hijo de García Íñiguez, llamado Fortún el Tuerto. El emir ganaba así la más importante base militar contra Castilla y Álava, sus objetivos inmediatos. Musa II murió el 862 y la herencia se dispersó entre sus hijos, de los cuáles uno, Lope, ofreció obediencia al monarca asturiano.

2. El 863 un ejército que mandaba el hijo de Muhámmad, ‘Abd al-Rahmán, con el general ‘Abd al-Málik ben Abbas, penetró en Castilla por el alto Ebro, forzó las defensas de Pancorvo y redujo a nada el círculo de fortalezas que Ordoño I organizara para cortarle el paso.

3. El 865 el mismo príncipe volvió a atacar con fuerzas aún más poderosas. Entonces tuvo lugar la batalla decisiva: los cristianos que cerraban el paso por el desfiladero de la Morcuera sufrieron una de las más sangrientas derrotas de la Reconquista (8 de agosto del 865).

Las consecuencias de este desastre fueron menores de lo que Muhámmad esperaba, pero de todas formas alcanzaron a frenar en seco la repoblación más allá de las Peñas de Amaya. Ordoño I murió el 26 de mayo del 866 sin haber podido obtener reparación alguna. Le sucedía su hijo Alfonso III.

Primera fase de la revuelta muladí

Como de costumbre las discordias intestinas impidieron al emir de Córdoba sacar todo el fruto de su victoria de la Morcuera. Muladíes y mozárabes salvaron sin proponérselo a Asturias de un gran peligro. Desde el 868 Muhámmad hubo de hacer frente a un movimiento de rebelión que alcanzaría proporciones nunca vistas; a los antiguos focos tradicionales, Toledo, Mérida y Zaragoza se unieron ahora los muladíes de la sierra de Ronda y Málaga atenazando a la propia capital.

En Mérida se sublevó el 868 ‘Abd al-Rahmán ben Marwán ben Yunús a quien se llamaba Ibn al-Chilliquí (Hijo del gallego), cuyo padre había gobernado la ciudad muriendo en el servicio del emir. Muhámmad I acudió rápidamente y obligó a la ciudad a rendirse. Las defensas fueron desmanteladas, con excepción de la alcazaba, alojamiento de la guarnición omeya, pero ‘Abd al-Rahmán y sus secuaces fueron perdonados, obligándoseles a instalarse en Córdoba y a prestar servicios en el ejército. El año 873 Toledo, objeto de absoluto predominio mozárabe y muladí, obtuvo del emir un tratado que garantizaba su autonomía; peligroso precedente que tenía que suscitar émulos en otras comarcas semejantes. Sin duda el Hijo del gallego entendió que había llegado la hora de repetir la aventura; tomando pretexto de los ultrajes que le fueron inferidos por el háchib Háshim ben ‘Abd al-‘Aziz, huyó de Córdoba y se instaló con sus amigos en el castillo de Alanje (875).

Por segunda vez Muhámmad aceptó un pacto con el rebelde a quien fijó como residencia la ciudad de Badajoz. Desde aquí ‘Abd al-Rahmán entró en relación con otro rebelde, Sa‘dún al-Surunbakí, dueño del castillo de Monsalud, y con Alfonso III, rey de Asturias. La inquietud se extendió por toda Extremadura y Badajoz fue la cabeza del nuevo movimiento. El propio háchib Háshim fue a someter a los rebeldes, pero sufrió una derrota en Cárcar, a manos de un ejército combinado de asturianos, muladíes y mozárabes, y cayó prisionero. Enviado a Asturias, el háchib hubo de pagar crecido rescate. Esta afrenta desencadenó una gran ofensiva que dirigió el propio hijo del emir, al-Múndhir (877); comprendiendo que su inferioridad numérica le impedía aspirar a la victoria, el Gallego abandonó Badajoz retirándose al reino de Alfonso III. Volvería a la lucha siete años más tarde.

En la sierra de Ronda aparece ahora un gran caudillo, ‘Umar ben Hafsún, hijo de un acomodado propietario cuyo nombre (Hafs = Alfonso) denuncia la proximidad de su conversión. Autor de un homicidio, el joven ‘Umar se unió a una partida de bandoleros con quienes hizo el aprendizaje de la dura vida de la sierra. Aprehendido por el gobernador de Reyyo (Málaga), consiguió huir a África, en donde practicó, al parecer, oficio de sastre. Regresó para constituir una banda propia escogiendo entonces como refugio y residencia el castillo inexpugnable de Bobastro (Mesas de Villaverde, en la provincia de Málaga, identificado y explorado por Cayetano de Mergelina). Tenía un programa: explotar los sentimientos de resistencia de los muladíes respecto al gobierno musulmán.

Pero en esta primera fase de las revueltas su papel no fue demasiado brillante, ni las autoridades de Córdoba le distinguían de otros muchos salteadores de caminos que pululaban por aquellas comarcas. El 883 el háchib Háshim hizo una campaña por la sierra de Ronda y logró que ‘Umar le acompañara a Córdoba en donde fue enrolado, con grado de oficial, en el ejército del emir. Una guarnición de confianza había permanecido en Bobastro. De todas formas la reconciliación iba a durar poco más de un año, tiempo suficiente para que el muladí tomara parte en una campaña por tierras de Álava. El desprecio con que los, árabes trataban, según costumbre, a los muladíes, fue causa de que volviera a la revuelta. Pero esta vez seguía el provechoso ejemplo de Ibn Marwán el Gallego.

Alfonso III. Se reanuda la repoblación

Detrás de los rebeldes, prestándoles aliento y ayuda, las autoridades musulmanas hallaban una y otra vez al rey de Asturias, Alfonso, que iba a ejercer el poder durante muy largo tiempo (866-910). Sus comienzos, sin embargo, fueron difíciles pues un conde de Galicia, Fruela Vermúdez, hijo de Olemundo, se apoderó del trono. Es la última vez que se produce una contradicción a la recta sucesión hereditaria. Los fideles del rey se encargaron de eliminar al intruso sin que pueda hablarse de guerra civil. No deja de ser significativo que, en adelante, no se haya producido ningún otro intento de usurpación. En los documentos, Pedro Theon, conde de Galicia, y Rodrigo, conde de Castilla, encabezan la lista de confirmantes: era esta confirmación el reflejo de una situación política que diferenciaba en el reino tres regiones distintas.

Con Alfonso III hallamos ya una voluntad consciente de repoblación y de conquista que se apoya en las dos características claves de su reinado, la tradición visigótica —el neogoticismo que Menéndez Pidal descubre en las crónicas— y la decisión de convertir el Duero en barrera defensiva. Tres años después de la Morcuera, los efectos de la gran batalla se estaban disipando y los cristianos alcanzaban el Duero en su desembocadura: Vimarano Pérez repuebla Oporto el 868 mientras Odoario hace lo mismo con Chaves. Al parecer, Eminio, Viseo y Lamego recibieron también guarniciones que las convirtieron en zona de contacto con los rebeldes de Mérida. También en la zona oriental se reanuda el avance: el conde Rodrigo y su hijo Diego amplían el territorio castellano con las comarcas del Auca.

No hay duda de que la intensa emigración de mozárabes, a causa de las persecuciones emprendidas por al-Hákam, proporcionaron gente para esta empresa colonizadora que, sin duda, dejaba atrás grandes espacios vacíos que era preciso rellenar. Pero no puede ser única causa. Asturias, Galicia y Cantabria mostraban un saldo demográfico favorable, como no tardaría en apreciarse en el resto de Europa occidental. La repoblación no queda al azar de iniciativas privadas sino que es, como veremos, asumida por el rey con su plena autoridad: él encomienda a los magnates la erección de castillos y la reconstrucción de ciudades; en su nombre se hace siempre el reparto de tierras. La mayor parte de los topónimos nuevos que acusan los documentos son de origen asturiano, gallego y vascongado.

La liquidación de los Banu Qasi. Polvararia

El poder que Musa II lograra constituir en el curso medio del Ebro se derrumbó rápidamente después de su muerte (862). Muhámmad I recuperó Tudela y Zaragoza mientras los hijos del gran Banu Qasi se sometían con gran prisa. Seguían contando, sin embargo, con el afecto de los muladíes de la región. Pero Alfonso III les asestó un golpe no menos contundente. Al término de una campaña para apaciguar a los vascones, el monarca asturiano estableció una doble alianza familiar con la dinastía Jimena de Navarra, enemiga de los descendientes de Íñigo Arista, parientes y aliados de Musa II. Alfonso III casó con Jimena, hija de García Jiménez, y su hermana Leodegunda con un hijo de éste, llamado Sancho Garcés. Un Vela Jiménez aparece en adelante como conde de Álava. Gracias al apoyo asturiano los Jiménez suplantarán en Pamplona a los Íñigos arrebatando a los Banu Qasi el apoyo militar y político de que gozaban al Norte del Ebro.

El 871, siguiendo el ejemplo de Mérida y de Toledo, tres hijos de Musa II, Fortún, Isma‘il y Mutárrif, se sublevaron; este último se apoderó de Tudela mientras que Isma‘il se hacía fuerte en Zaragoza. El emir lanzó inmediatamente su ofensiva que, pese a los esfuerzos desplegados, terminó en un fracaso. Mutárrif cayó prisionero y murió, pero Isma‘il rechazó los ataques a Zaragoza y Fortún se hizo a su vez dueño de Tudela en cuanto las tropas cordobesas emprendieron el retorno. No demasiado seguros de sus propias fuerzas, los Banu Qasi supervivientes siguieron el ejemplo de su hermano Lope y se dirigieron a Alfonso III en petición de ayuda.

Por todas partes el emir Muhámmad tropezaba con tropas o auxilios procedentes de Asturias. Hubo de convencerse de que la posibilidad de una victoria sobre los rebeldes dependía de que repitiera el golpe de la Morcuera. Pero esta vez eligió como zona de ataque el mismo corazón del reino. Ya el año 877 hicieron los musulmanes una operación de tanteo penetrando hasta el Bierzo. Los resultados no fueron sin duda muy grandes porque este mismo año el conde Hermenegildo Pérez repoblaba Coimbra. Para la campaña del 878 fueron dispuestos dos ejércitos cuyo objetivo era la destrucción de León y Astorga. Uno penetraría directamente atravesando el Duero; el otro, a las órdenes del príncipe al-Múndhir, dando la vuelta por Navarra, seguiría el antiguo camino del Ebro. Alfonso III destruyó al primero, formado por contingentes fronterizos de Toledo y Guadalajara en el campo de Polvararia, en la confluencia del Órbigo con el Esla, y marchó luego al encuentro del segundo, que intentó rehuir el combate. Los leoneses alcanzaron a los musulmanes en Valdemora y obtuvieron allí su segunda victoria.

La batalla de Polvararia-Valdemora es acontecimiento de gran significación. El reino leonés, que estaba naciendo, demostraba con tales victorias su enorme fuerza. Por vez primera un monarca cristiano recibía demandas de paz del emir de Córdoba y firmaba con él una tregua de tres años. En este tiempo en que el poder musulmán crujía amenazando ruina, un clérigo, tal vez el mismo Dulcidio a quien Alfonso III utilizara como su embajador, interpretaba la profecía de Ezequiel como el anuncio de la próxima liberación de toda España: Adefonsus proximiore tempore in omni Spania predicetur regnaturus, tales son sus palabras. El propio rey, inspirando sin duda las más antiguas crónicas escritas en tierra cristiana que hayan llegado a nosotros, participaba del ideal restaurador de la España visigoda. Nunca, antes, se había producido un enunciado tan claro de la meta. Los cronistas afirmaron para Pelayo y sus herederos una estirpe real que les entroncaba con la dinastía de Khindasvinto. Y no tenemos medios para comprobar si mentían o conservaban la verdad.

El fin de Muhámmad I

El año 880 la situación de los omeyas podía calificarse de muy grave. Reverdecían las revueltas. Zaragoza y Tudela escapaban a su autoridad. Alfonso III trasladaba su capital a León, símbolo de la intención de continuar el avance. Aunque la realidad no era tan magnánima como los sueños, los progresos fueron sustanciosos. Los condes castellanos avanzan su línea hasta las orillas del Arlanza: Nuño Núñez empieza a reedificar Castrojeriz, Vela Jiménez guarnece las gargantas de Pancorvo y de Haro, Diego Rodríguez Porcelos está en Burgos y Ubierna, mientras un llamado Gonzalo, cuya estirpe será la autora de la independencia de Castilla, se instala en el pico de Lara.

Hasta el día de su muerte Muhámmad I batalló incansablemente para contener a sus numerosos enemigos, pero la adversidad le perseguía. Concluida la tregua de tres años, Alfonso III hizo una entrada por tierras musulmanas hasta Sierra Morena (881). El emir preparó entonces un gran ejército para dar la réplica volviendo a la táctica tradicional de hacer las entradas por Castilla. Un nieto de Musa II, Muhámmad ben Lope, ofreció su amistad, pero apenas si se mantuvo fiel el tiempo preciso para abrir a las tropas las puertas de Borja y Rueda, que controlaba. El príncipe al-Múndhir y el háchib Háshinr mandaban el 882 el gran ejército musulmán. Zaragoza resistió, pero Fortún ben Musa fue hecho prisionero en Tudela y las fortalezas Banu Qasi quedaron desmanteladas. Muhámmad ben Lope se encargó de arrebatar Zaragoza a su tío. Cuando se vio dentro de la gran ciudad comenzó a preparar su propia revuelta.

Desde el Ebro, remontando el río hasta Miranda, el gran ejército penetró en Castilla. Vela Jiménez desde Cellorigo y Diego Rodríguez desde Pancorvo, mantenían estrecha vigilancia cerrando los caminos. Todas las fortalezas resistían bien. Los musulmanes avanzaron hasta quince millas de León, en donde Alfonso III tenía desplegadas sus tropas. No hubo batalla sino negociación en que intervino nuestro conocido clérigo mozárabe toledano, Dulcidio, que fue a Córdoba para obtener de Muhámmad I la firma de un tratado. Cuando regresó, trajo consigo los restos de Eugenio y Leocricia, recientemente martirizados, cuya canonización redundaría en prestigio de León. De esta manera la resistencia hispánica, comenzada en defensa de la cultura y tradición isidorianas, enlazaba con la monarquía astur-leonesa. Es posible que los términos del tratado de paz incluyesen una promesa por parte de Alfonso de retirar cualquier ayuda a los rebeldes.

Esta paz, vigente en el momento de la muerte de Muhámmad (4 de agosto del 886), se prolongó el tiempo necesario para permitir el fortalecimiento del reino de León. Favorecía los designios de Alfonso III la desaparición de los Banu Qasi. Desesperando de obtener nunca la sumisión de tan inveterados rebeldes, Muhámmad apeló al procedimiento de instalar un linaje árabe en Calatayud y Daroca a fin de que minaran y destruyeran su influencia. Eran los Tuchibíes. Al precio de instalar en el país una endémica guerra civil, las autoridades cordobesas se abrían el camino de Zaragoza.

V

LA OBRA DE ALFONSO III

Al-Múndhlr y ‘Umar ben Hafsún

Los dos hijos de Muhámmad I, que le sucedieron consecutivamente en el trono, hubieron de enfrentarse con la última y más terrible fase de la revuelta hispánica que, en ocasiones, pareció a punto de destruir el Emirato y otras veces el anuncio de la división en múltiples taifas. La gran insurrección andaluza había comenzado algunos meses antes de la muerte de Muhámmad, cuando ‘Umar ben Hafsún regresó a Bobastro y se unieron a él los habitantes de Alhama; precisamente el príncipe al-Múndhir estaba sitiando esta fortaleza cuando el fallecimiento de su padre le llamó a Córdoba. Esto fue una suerte para ‘Umar que mostraba una completa decisión respecto a fundar, en Andalucía, un reino independiente semejante al que Ibn Marwán estaba construyendo en Extremadura. Durante los primeros meses del reinado de al-Múndhir, ejecutado por orden del emir el poderoso háchib Háshim, la rebelión se extendió. Los muladíes protestaban de los impuestos y del mal trato que los viejos musulmanes árabes daban a los conversos españoles.

El ejemplo de ‘Umar ben Hafsún era contagioso. Musa ben Zennún, acaudillando antiguos resentimientos berberiscos, se apoderó de Toledo (888) y fundó un nuevo poder independiente que se extendía a la Alcarria. Con objeto de concentrar sus fuerzas contra el caudillo andaluz, al-Múndhir tuvo que aceptar fórmulas de amistad con los antiguos enemigos, Muhámmad ben Lope de Zaragoza y ‘Abd al-Rahmán ben Marwán de Badajoz, que incluían práctico reconocimiento de gobiernos autónomos. Los cronistas musulmanes no consideran tales decisiones como negativas pues están convencidos de que si el reinado de al-Múndhir hubiera sido largo, la rebelión habría sucumbido. Para Alfonso III se daban ya las condiciones óptimas. La frontera se había tomado militarmente pasiva y disponía de tiempo para llevar a cabo la traslación de sus líneas avanzadas al Duero en su curso medio.

Dueño de Priego, Iznájar y Archidona, ‘Umar ben Hafsún controlaba todo el distrito de Reyyo. El nuevo emir decidió proceder antes que nada a su destrucción. En la campaña del 877 fue recobrada Iznájar. En la del 888, que mandaba personalmente al-Múndhir, tomada Archidona y limpia de rebeldes la serranía de Priego, el emir, que hacía sentir en todas partes con mano muy dura el peso de su autoridad, sitió Bobastro. ‘Umar ofreció una reconciliación si se le daban condiciones honrosas pero, después de haber firmado un pacto, atacó el convoy del emir y a las tropas en retirada. Esta vez al-Múndhir juró no levantar el asedio de Bobastro hasta la completa destrucción del rebelde. Pero, durante la campaña, el emir murió (29 de junio del 888), probablemente de enfermedad, y su hermano y sucesor, ‘Abd Allah, levantó el cerco y regresó a Córdoba.

‘Abd Allah. El fraccionamiento del emirato

El nuevo soberano era ya hombre maduro pues había nacido el 844. Piadoso musulmán, abstemio y económico, presente en la mezquita todos los viernes, renovador de antiguas costumbres como la audiencia semanal en la puerta de la justicia, fue para los alfaquíes malekíes un modelo de príncipe. Los cronistas tardíos como Ibn al-Qutiyya presentan un cuadro bien diferente y le acusan de haber asesinado a su antecesor para escalar el trono. La conducta que luego observó da pie para que se admita dicha acusación: todos sus hermanos murieron violentamente; su hijo mayor, Muhámmad, pereció asesinado en enero del 891 por orden del emir que le atribuía proyectos parricidas; el segundo, al-Mutárrif, murió de la misma manera. Un hijo de Muhámmad, ‘Abd al-Rahmán, nacido pocos días después del asesinato de su padre y descendiente, por su abuela, de Íñigo Arista, fue considerado desde el primer momento heredero del trono.

Es indudable que ‘Abd Allah poseía algunas cualidades de gobierno, especialmente aquellas que se afilan en las intrigas de harem como la sagacidad o el conocimiento de los hombres. Por eso tuvo siempre a su lado fieles a ultranza e incluso en los peores momentos supo manejar las rivalidades que separaban unos grupos de otros y salvar al Emirato de su naufragio definitivo. El terrible fantasma de las dificultades económicas constituyó el peor enemigo. Lleno el tesoro al comienzo del reinado, las continuadas revueltas impedían detener las pérdidas. La mayor parte de las expediciones militares no conocían otro objeto que percibir impuestos allí en donde la insurrección lo impedía. Por fortuna para él las dificultades de los rebeldes no eran menores.

Las noticias transmitidas por Ibn Hayyán son, además de abundantes, tan confusas que resulta muy difícil hallar en medio de ellas un hilo argumental. Sólo sacrificando datos que pueden ser esenciales se logra cierta claridad. El 889 al-Andalus se había fraccionado en auténticos taifas: Ibn Marwán en Badajoz, Musa ben Zennún en Toledo, Muhámmad ben Lope en Zaragoza, ‘Umar ben Hafsún en Bobastro y la sierra de Málaga, ‘Ubayd Allah ben Umayya en Jaén, Daysam ben Ishaq en Murcia y Lorca, Yahya ben Bakr en el Algarve actuaban como verdaderos soberanos independientes en contra de la voluntad del emir. Al calor de la anarquía reinante resucitaban antiguas querellas entre las tribus árabes y, sobre todo, se estaba llegando a una confrontación abierta entre viejos y nuevos musulmanes. Por eso estaba en juego el porvenir del islamismo español. El fraccionamiento era, al parecer, consecuencia sobre todo de la cólera muladí. ‘Umar ben Hafsún manejaba con habilidad argumentos que le hacían a sus ojos héroe nacional.

La gran querella entre árabes y muladíes comenzó casi al mismo tiempo en el distrito de Elvira, que corresponde a la actual provincia de Granada, gran reducto qaysí, y en la ciudad de Sevilla. Los muladíes de Elvira dieron muerte al gobernador Yahya ben Suqala, a quien atribuían numerosos actos de violencia, y obligaron a los árabes a refugiarse en la fortaleza frente a Granada que llamaban La Roja (al-Hamra, Alhambra). Los qaysíes hallaron un jefe de gran capacidad y valor, Sawwar ben Hamdún al-Muharibí, que logró fama apoderándose de Montejícar y pasando a cuchillo a sus defensores. Los muladíes apelaron al emir, para quien constituían una garantía de apoyo, y, después de que las tropas regulares fueron derrotadas, ‘Abd Allah intentó hallar una solución negociada al problema pactando con Sawwar a quien, acaso, indujo a combatir las fortalezas de la obediencia de ‘Umar ben Hafsún. Los muladíes se alarmaron: no era así como entendían guardar los pactos y la destrucción del gran caudillo les parecía la suya propia. Atacaron a Sawwar, le derrotaron y luego pusieron cerco a la Alhambra. En una desesperada salida los árabes consiguieron sin embargo la victoria. No quedaba a los muladíes otro recurso que llamar a ‘Umar ben Hafsún sumándose a su movimiento.

Sevilla estaba, de antiguo, dominada por clanes árabes a los que el gobierno cordobés trataba con exquisita atención. Riqueza y poder concurrían especialmente en dos, los Banu Hachchach, que descendían de una nieta de Vitiza, cuyas enormes propiedades habían heredado, y los Banu Jaldún, por cuyas venas corría también sangre muladí. Ibrahim ben al-Hachchach aspiraba a desempeñar la jefatura del bando árabe. También los muladíes reconocían como principales a dos linajes, Banu Angelino y Banu Sabarico, que habían conservado su nombre romance. El 889 Kurayb ben Jaldún inició sus operaciones de bandidaje en el Aljarafe sevillano y causó una derrota al gobernador omeya, Musa ben al-‘Así. Luego entró en relación con Ibn Marwán el Gallego. Los muladíes, partiendo de posturas de lealtad, como en Granada, solicitaron de ‘Abd Allah su intervención proponiéndole al mismo tiempo salvaguardar por su cuenta el orden. En efecto el muladí Muhámmad ben Gálib comienza a perseguir a los bandoleros por toda la provincia.

El emir decidió enviar a su primogénito Muhámmad para que informase de la situación. Era una medida dilatoria y un gesto de cautela según el consejo de los visires que recomendaban dar satisfacción a los árabes que clamaban la venganza de sangre por la muerte de uno de los suyos en el curso de la lucha contra ben Gálib. Confiando en conseguir así la sumisión, ‘Abd Allah otorgó el consentimiento; pero el asesinato de Muhámmad ben Gálib dio origen a una revuelta general de muladíes, que Ibrahim ben al-Hachchach y Kurayb ben Jaldún ahogaron en sangre con el concurso esta vez del gobernador omeya y de sus tropas (9 de septiembre del 889). Sobre la ciudad se extendió el sombrío dominio de los yemeníes que perseguían sañudamente a todos sus enemigos, árabes, berberiscos o muladíes. Los Banu Angelino y los Banu Sabarico experimentaron, como puede comprenderse, sangrientas pérdidas.

Sólo faltaba el golpe de estado para consagrar la independencia de este reino árabe hispalense. El 891 Ibrahim y Kurayb se atrevieron a dar el último paso asesinando al gobernador, Umavya. ‘Abd Allah reaccionó tarde y mal. Con los turbios sucesos de estos años se mezcla la muerte de su hijo menor, al-Mutárrif, culpable acaso de conspiración. El 895 el emir parecía conformarse con el ingreso en el Tesoro de los tributos y con la esperanza de que mutuamente los clanes vencedores se destruirían. Así fue, aunque no en su provecho sino en el de Ibrahim ben al-Hachchach que, después de haber asesinado a Kurayb ben Jaldún (896), se convirtió en un auténtico soberano independiente cuya Corte emulaba y en algunos aspectos superaba a la de Córdoba. Reinó hasta su muerte pagando puntualmente tributo al emir, como vasallo, y proporcionándole tropas para la lucha contra el común enemigo encastillado en Bobastro. El 911 sus dominios pasaron a sus hijos que se los repartieron.

Apogeo y fracaso de ‘Umar ben Hafsún

Mientras de esta manera se desprendían piezas del tronco, aislando en Córdoba al emir omeya, iba creciendo, desordenado y fantástico, el poder de ‘Umar ben Hafsún. Entre él y ‘Abd Allah se desarrollaba un curioso juego de acuerdos y treguas que duraban apenas unos meses y en el que trataban de engañarse recíprocamente. Desde el 889 las tropas muladíes operaban en los aledaños de Córdoba: ‘Umar había recuperado Archidona y era dueño de Écija, Estepa y Osuna. Aunque experimentó una derrota a manos de Sawwar ben Hamdum cuando acudía en auxilio de los muladíes granadinos, este contratiempo no parece haber producido gran quebranto en sus planes ya que pudo retener el control de la mayor parte del distrito. Además Sawwar murió a los pocos meses y su sucesor, Sa‘id ben Sulaymán ben Chudí al-Sa‘dí, fue incapaz de detener el empuje de los muladíes.

Día tras día iban creciendo las fuerzas del gran rebelde que parecía convertirse en madura figura política. Descendiendo de Bobastro a Écija, hizo de esta ciudad la capital de su extraño reino, más débil según parece de lo que algunos historiadores, engañados por lo extenso de su acción, han creído. El conde de los mozárabes de Córdoba, Servando, decidió que había llegado la hora de abandonar a los omeyas: dueño de la fortaleza de Poley (Aguilar de la Frontera), llamó a ‘Umar ben Hafsún ofreciendo entregársela. Éste, que acababa de sumar Jaén, Baena, Lucena, Priego, Baeza y Úbeda a sus dominios, más bien confusos, aceptó con gusto. Proyectaba dar el golpe definitivo asaltando a Córdoba.

La amenaza que se cernía sobre la capital del emirato se disipó como nube de verano demostrando la poca solidez que tenía el movimiento andaluz de revuelta. El peligro mayor venía de la escasa conciencia de unidad que los árabes demostraron en esta ocasión. Ni los Tuchibíes de Calatayud, que debían al emir el entrar en posesión de Zaragoza (891), ni Ibrahim ben al-Hachchach de Sevilla, ni Sa‘id ben Sulaymán de Granada, escucharon las demandas de auxilio que ‘Abd Allah les dirigía. El emir convocó todas las fuerzas disponibles, movilizando a los aterrorizados ciudadanos cordobeses y logró, frente a los muros de Poley (16 de mayo del 891), una victoria que resultó decisiva. El Islam respiró aliviado. Pero el contraste entre ademanes ampulosos y realidad endeble era una demostración bien clara: nada extraña que, frente a ‘Umar o a ‘Abd Allah la figura de Alfonso III resultara entonces acrecida.

Aprovechando la victoria de Poley, el emir realizó una amplia excursión militar por Andalucía apoderándose de Archidona y de Écija y llegando a amenazar Bobastro. Pero ‘Umar reaccionó, recobrando Archidona, engañando una vez más al emir, venciendo a los árabes de Elvira, que quedó nuevamente en su poder. Todavía el 897 recobró Écija. Se trataba siempre de ocupaciones efímeras sin la consistencia de un dominio, sin la fuerza de un estado. Las iniciativas del rebelde muladí iban haciéndose, por la misma razón, más disparatadas. El 899 tomó la decisión de volver al cristianismo con toda su familia, recibiendo en el bautismo el nombre de Samuel; en cierto modo era un gesto lógico que devolvía al movimiento su raíz inicial. Pero muchos muladíes sinceramente musulmanes, los berberiscos y los árabes que le seguían tan solo por animadversión a los omeyas, le abandonaron. El cambio de religión se tradujo en debilitamiento.

Durante los últimos años del reinado de ‘Abd Allah asistimos al desmoronamiento de este nacionalismo andaluz, poco consistente ya que se tiene la impresión de que la caída se produjo por sí sola bastando a las tropas omeyas aprovechar las abundantes ocasiones que se les presentaban. ‘Umar buscó alianzas en todas partes con objeto de apuntalar el edificio, acudiendo a Alfonso III, a los Banu Qasi ya en decadencia, a los Banu al-Hachchach de Sevilla. Todo inútil. Alfonso III tenía su propia obra que cumplir, los muladíes aragoneses estaban privados de toda fuerza, Ibrahim ben al-Hachchach proporcionó algún dinero y tropas sólo hasta obligar al emir a libertar a su hijo que tenía como rehén. Una a una las más importantes posiciones sucumbieron: el 903 los omeyas recuperaron Jaén, el 905 le causaron una derrota en el Guadalbullón, el 907 se sometió Archidona, el 910 Baeza y el 912 Iznájar. Bobastro se hallaba al alcance de las tropas cordobesas que, casi cada año, llegaban a la vista de la fortaleza.

El movimiento religioso de Abu Alí al-Sarrach

La principal diferencia entre ‘Umar ben Hafsún y los demás cabecillas separatistas de este tiempo consistía en que aquél era irreconciliable partidario de la desaparición del Emirato e incluso, después del 899, de la dominación musulmana en la Península, mientras que éstos aparecían como vasallos de Córdoba, dispuestos a conformarse con un pactó de sumisión siempre que éste les reconociera la más amplia autonomía. Por ello no fueron solamente desventajas las que se derivaron del fraccionamiento. Durante veinte años las autoridades de Córdoba pudieron entregarse a la pacificación de Andalucía sin preocuparse de la frontera cristiana. También es evidente que la política artera de ‘Abd Allah, que utilizaba las rivalidades entre distintos grupos, consiguió a la larga triunfar; se impuso a las facciones sevillanas, sometió a árabes y muladíes de Elvira, pacificó la región murciana. Sobre todo supo conservar el prestigio de la monarquía como bandera para agrupar a todos los amantes del orden.

No menos peligroso que la desintegración territorial fue un movimiento religioso, versión española de corrientes subterráneas que minaban el Islam y que procedían o aprovechaban las antiguas doctrinas de Plotino. Las dispensaciones de la verdad, según dichas doctrinas, eran actuales: el Logos divino se comunicaba al mundo por sucesivos eones que permanecían ocultos hasta que una circunstancia les manifestaba. El khalifato no era una monarquía sino el sumo poder taumatúrgico de la comunidad que no podía ser asumido sino por uno de estos ocultos (mahdi) a quien Dios confería algo de su propia naturaleza. Como es natural tales doctrinas hallaban adeptos preferentemente entre los musulmanes de origen más reciente, como los berberiscos.

En España fueron predicadas por un cierto Abu Alí al-Sarrach que preconizaba la destrucción simultánea de Alfonso III y de los omeyas por medio de una alianza entre ‘Umar ben Hafsún y los Banu Qasi que agruparía a muladíes y berberiscos bajo una misma bandera. Intervino, en efecto, entre uno y otros como negociador el 897, pero sin gran éxito. La conversión de Hafsún puso término a sus esperanzas. Entonces al-Sarrach atrajo a su doctrina a un miembro de la tribu de quraysh, pariente por ello de los omeyas, de nombre Ahmad ben Mu‘awiyya ben al-Qitt, que vivía en Córdoba; él fue presentado como Mahdi a una muchedumbre de berberiscos fanatizados a los que guió, prueba de su poder, a la destrucción de Zamora que había sido fundada muy pocos años antes. Pero la expedición fracasó estrepitosamente (901) y al-Qitt perdió en ella la vida.

Lo importante no era tan sólo el aspecto militar de la cuestión, sino las repercusiones que, en orden a prestigio, tenía el ridículo en que la empresa terminara. Indirectamente acreció la autoridad del emir acelerando el proceso de retorno a la obediencia que estaba muy adelantado en el momento de la muerte de ‘Abd Allah. Los Banu Qasi, nombrados gobernadores de Tudela y Tarazona, se apoderaron de Toledo en nombre del emir. Cuando Lope ben Muhámmad, el último de los Banu Qasi, muera en 907 sus dominios se dispersarán y quedarán absorbidos rápidamente por la autoridad de Córdoba, la cual se extendía ya por casi toda la cuenca del Guadalquivir. Ibn Marwán el Gallego, había muerto mucho antes, el 889, y sus herederos mostraban exquisita fidelidad hacia ‘Abd Allah, quien murió el 912 cuando el peligro había ya pasado.

El más remoto origen del Territorium Portucalense

Los efectos de la revuelta general, aunque fracasada, fueron decisivos. Estos años de tránsito de los siglos IX al X son verdaderamente la época de Alfonso III que amplía el ámbito de la reconquista hasta abarcar con su reino un territorio que, menos desarrollado económica y políticamente, admite sin embargo cierto parangón con al-Andalus. Puede decirse sin temor a equivocaciones que los dos acontecimientos más importantes de estos años son el avance definitivo de la frontera cristiana hasta el Duero y el desprendimiento final de los núcleos pirenaicos del cuerpo central carlovingio para constituirse en reinos o condados independientes. Pero en la práctica esta ampliación se hizo aceptando principios de diversificación regional: Asturias, Galicia, León, Navarra, Aragón, Cataluña poseían, aparte de las formas políticas que adoptasen, entidad suficiente. El avance hace nacer nuevas entidades, Castilla y el Territorium Portucalense, germen de nuevas regiones.

Paralelismo, pues, entre la España cristiana y la musulmana. Profundas diferencias al mismo tiempo porque en la primera las entidades regionales diversificadas no aparecen en lucha contra un poder central absorbente y lleno de pretensiones. Pese a los sueños restauradores de los clérigos que rodeaban a Alfonso III, el principio de la división parecía más fructífero y fue dominante por más de un siglo. Navarra, el primer reino después del de Asturias, se hizo naturalmente campeona del pluralismo político y le fortaleció permeabilizándose a las corrientes europeas que, entre otras cosas, defendían la aplicación de los principios del derecho privado a la sucesión en el trono, cosa que convenía mucho a la dinastía Jimena.

Partiendo de Galicia, los repobladores avanzaron hasta el Duero por su desembocadura, ya en una época muy temprana. Como arriba se ha dicho, Vimarano Pérez reconstruyó Oporto el 868; el nombre de esta ciudad, Portucale, se aplicaría luego a toda la región. El 874 Alfonso III procedió a la sistemática colonización de la comarca bracarense asentando mozárabes, gallegos, asturianos y montañeses de León en las tres zonas de Braga —a quien se devolvió, en detrimento de Lugo, su antigua calidad de metropolitana—, Chaves y Oporto. Antes de fin de siglo se había alcanzado el Mondego, por Lamego, Viseo y Coimbra (878). Alfonso hizo una distribución del gobierno de sus dominios más occidentales entre parientes suyos que constituían la más alta aristocracia: Odoario fue conde de Galicia, Gatón del Bierzo y Hermenegildo Gutiérrez de las tierras al Sur del Tuy, que pasaron a constituir por vez primera el Territorium Portucalense.

Este dominio en el extremo occidental fue apuntalado el año 893 con la construcción de las tres imponentes fortalezas de Zamora, Toro y Simancas que prolongaban la línea del Duero hasta su confluencia con el Pisuerga, dejando a cubierto la vasta extensión de la llanura regada por el Esla, territorio leonés. Alfonso III utilizó a mozárabes toledanos para poblar Zamora, que pronto tuvo fama de inexpugnable.

La Castilla primitiva

Castilla estaba naciendo por este mismo tiempo y como consecuencia de los avances decisivos que tuvieron lugar en los últimos años del siglo IX. La primera mención de este nombre la hallamos en un documento del año 800 y se refiere a una comarca muy restringida, con centro en Espinosa de los Monteros y extendiéndose hasta Villarcayo y Medina de Pomar. Es el momento de la gran ofensiva de Hisham I. Inmediatamente después el gran movimiento de emigración comienza, al que se refieren los Anales castellanos situándole en el año 814: «salieron de Malacoria los foramontanos y vinieron a Castilla». Los monasterios tuvieron un papel muy importante en esta actividad repobladora. El abad Vitulo reorganizó el valle de Mena aplicando el sistema llamado presura. El obispo Juan restaura una diócesis en Santa María de Valpuesta, la cual acabará fundiéndose con la de Nájera en el siglo XI. El 824 el conde Nuño Núñez otorga una carta a los pobladores de Brañosera, en la alta provincia de Palencia. Más al este hallamos otro conde, Fernando, entre Escalada y Valdelateja.

Las granjas de los repobladores se hallaban muy expuestas a las aceifas moras que, remontando el Ebro, marchaban hacia León; especialmente las grandes campañas del 838 al 840 debieron causar pérdidas terribles entre los colonos e incluso algún que otro repliegue parcial. Para defenderse, levantaron castillos en todos los puntos que la topografía aconsejaba y exigieron de todos los hombres, cualquiera que fuese su origen, obligaciones militares. Una tradición recogida en fuentes muy tardías pretende que los castellanos escogieron dos jueces para que les rigieran de acuerdo con el derecho oral. Pérez de Urbel la tiene por fidedigna y propone incluso la identificación de uno de ellos, Nuño Rasura —antepasado, según la leyenda, de Fernán González—, con el Nuño Núñez repoblador de Brañosera; el otro, Laín Calvo, sería el ascendiente lejano del Cid. Pero los documentos no permiten establecer con precisión otra cosa que la existencia, a partir del 850, de una circunscripción administrativa que gobierna nuestro conocido conde Rodrigo, el cual era acaso pariente de la familia real leonesa. Ésta es la más antigua Castilla que conocemos y abarca Brañosera, Reinosa, Campoo y los valles de Brida, Sotoscueva, Villarcayo, Valdivielso, Tobalina, Mena y Losa. El condado es parte del reino de León. Ya hemos visto como son las órdenes de Ordoño I las que impulsan al conde Rodrigo a repoblar Amaya, amparando el páramo de la Lora.

En los años siguientes el avance se acelera, pese a la violenta reacción musulmana en La Morcuera, y cubre una rica comarca, Bureba, con la línea de fortalezas que van de Hitero del Castillo, sobre el Pisuerga, a Cerezo de Río Tirón. El 870 los castellanos se adelantan a Pancorbo, una de las dos grandes puertas de entrada a la vieja Castilla. La preciosa ayuda que Alfonso III encontró en esta región en los años iniciales de su reinado, tanto contra el usurpador Fruela Vermúdez como contra los vascos de la frontera oriental, fue de gran importancia para la consolidación de los linajes condales, una característica castellana que aproximaba su estructura política a la que entonces imperaba en Europa. Hacia el año 873, muerto Rodrigo, le sucede su hijo Diego Rodríguez Porcelos. Continúa con mano poderosa el avance: repuebla Ubierna, establece pobladores en un burgo defensivo sobre el Arlanzón —luego Burgos por excelencia— y promueve la fundación de San Pedro de Cardeña.

Antes de morir, Diego Rodríguez Porcelos adelanta su frontera hasta el Arlanza. La Crónica Najerense dice que fue muerto el 885, pero no especifica la forma ni las causas. Ampliándose, Castilla perdía su unidad porque las necesidades administrativas aconsejaban la creación de nuevos distritos. Uno de ellos fue, sin duda, Álava, entregada como sabemos a Vela Jiménez. Pero a principios del siglo X varios personajes usaban también título de conde: Nuño Núñez, que repobló Castrojeriz asumiendo la titulación general en el momento de la muerte de Diego Rodríguez; Gonzalo Téllez, conde de Lantarón y de Cerezo, y Gonzalo Fernández, hijo del repoblador de Escalada, que lo era en Lara.

La repoblación leonesa

Al comenzar el siglo X el reino de León abarcaba todo el noroeste de la Península, con una extensión territorial que sobrepasaba la cuarta parte de toda ella. Del Mondego, la frontera pasaba al Duero y Pisuerga, luego al Arlanza, abrazaba Bureba con los montes Obarenes y tenía sus fortalezas extremas frente al Islam en Cerezo de Río Tirón, Cellorigo y Bilibio. Vizcaya y Álava eran parte integrante de este reino. Excepto en Rioja, la frontera estaba protegida en todas partes por una franja de tierras que no conocían ningún tipo de administración. Alfonso III y sus inmediatos antecesores habían improvisado ciertas divisiones que entregaban como gobierno a personajes que los documentos llaman indistintamente iudices, potestates o comites sin que entre ellos hubiese al parecer otra distinción que la puramente honorífica.

El avance de la frontera planteó grandes problemas pues había que enviar campesinos a zonas antes desérticas y abandonadas y se necesitaba estimular la producción agraria a fin de sostenerlas. Comenzó entonces un gigantesco proceso de colonización que habría de prolongarse en la Península hasta principios del siglo XIII y que guarda relación muy estrecha con el claro índice positivo de la demografía de los reinos cristianos. El punto de partida jurídico era que toda la tierra abandonada pertenecía al rey. Alfonso III procedió a adjudicarla a particulares, laicos o eclesiásticos, con capacidad para obtener de ella un rendimiento. A veces encomendaba a magnates mandatarios suyos la ocupación; éste era el caso cuando se trataba de repoblar antiguas ciudades o villas arruinadas. Esta toma de posesión es genéricamente conocida como presura (de aprisio). Favorece naturalmente a los nobles que, con sus aperos, sus colonos y sus siervos, podían poner en explotación mayores espacios. A veces el conde de un territorio, al entregar a campesinos libres tierras antes yermas a fin de que las explotasen, les daba una carta de población a la que tenían que sujetarse cuantos vinieran después. Los monasterios procedían de la misma manera.

Desde el punto de vista económico, la presura es una operación compleja que da origen a variadas formas de explotación casi siempre originales y diferenciadas de las del resto de Europa. En la mayor parte de los casos obligó a sostener una lucha contra el yermo y acabó por convertirse en verdadera roturación o squalido. No sabemos en qué forma una y otra fundaban derecho, aunque probablemente la propiedad se ligaba a cierto grado de rendimiento agrícola y a cierto tiempo de ocupación ininterrumpida, cosas ambas que, en definitiva, favorecían a los cultivadores directos permitiendo la creación de una típica clase social de libres propietarios que constituye el rasgo más diferencial entre España y el resto de Europa. La repoblación fue hecha con emigrantes septentrionales, gallegos, asturianos, cántabros y vascos y también con mozárabes, cuyo abundante número aparece demostrado en documentos. La estructura agraria romana de grandes latifundios desapareció por completo.

Parece claro que la villa —normalmente de pequeña extensión, más semejante al caserío moderno— era predominante en las zonas altas, en donde el agua abundaba; pero en la Meseta, con agua escasa, las repoblaciones dieron origen a aldeas o vicos, que apenas se diferenciaban de las del resto de Europa. Los campesinos tenían su casa, con el huerto adyacente, sus sembrados propios y una participación en las zonas comunes llamadas compascua, bosque, río, pantano, etc., que desempeñaban un papel decisivo en la conquista del bienestar. Cada vico, en esta tierra llana, albergaba una fortaleza, llamada en castellano castillo o castro, aunque algunas veces resucitaba el nombre germánico de burgo.

El papel de los monasterios en esta obra fue también muy importante. Los historiadores han insistido mucho en la función por ellos desempeñada como focos de cultura, pero tal vez poco respecto a su entidad económica; cada cenobio era una célula de explotación agraria con pretensiones de autarquía mejor fundamentadas que en el caso de los señoríos. En la época de Alfonso III los monasterios eran ya numerosos e importantes: San Vicente en Oviedo; Sobrado y Samos en Galicia; Santo Toribio en Liébana; San Pedro de Montes en el Bierzo; San Miguel de Escalada y Santos Facundo y Primitivo (Sahagún) en León; San Pedro de Cardeña en Castilla; Leire en Navarra; San Martín de Cillas, San Pedro de Siresa y San Juan de la Peña, en Aragón; San Pedro de Roda, San Juan de las Abadesas, Ripoll, Cuixá, San Pablo del Campo y San Cugat del Vallés en Cataluña. Centros de cultura, el latín era la única lengua escrita. Pero ya el pueblo no le hablaba sino que empleaba diversas formas romanceadas.

Wifredo el Velloso y la consolidación de Cataluña

El reinado de Alfonso III coincide con la consolidación del núcleo independiente de Cataluña y con la transformación de Navarra en reino. Calmette sostenía que las decisiones tomadas por Carlos el Calvo para liquidar el 865 la rebelión del duque de Gotia, Hunifredo, habían sido decisivas: dividiendo en dos el antiguo marquesado, agrupaba en una sola entidad administrativa Rosellón, Cerdaña, Ampurias, Urgel, Barcelona y Gerona, la Cataluña Vieja, es decir las tierras en donde se conservaba una conciencia hispánica heredada de los visigodos a través de los hispani repobladores. Abadal no admite dicha conciencia, ni cree que pueda dársele al gesto del 865 otra importancia que la de un trámite más en la larga cadena de acontecimientos que, muy lentamente, prepararon el nacimiento de Cataluña como una segregación del conjunto carlovingio. Insiste en la importancia de la Casa condal de Carcassonne, a la cual pertenecía Sunifredo, conde de Urgel y, entre los años 844 y 848, también de Barcelona.

Sunifredo y Ermesinda tuvieron por lo menos cinco hijos, Wifredo, Sisenando, Sunifredo, Radulfo y Miró, que seguramente eran demasiado jóvenes en el momento de la muerte de su padre. La fidelidad demostrada por el linaje a la dinastía carlovingia mereció sin duda premio por parte de Carlos el Calvo que, hacia el 868, otorgó a Wifredo el condado de Urgel. Es posible que el nombramiento esté conectado con las continuas guerras civiles que ensangrentaron dicho reinado. Abadal supone que la investidura pudo tener lugar en la Asamblea de Attigny del 870 y que Miró ejerció el gobierno del condado junto con su hermano. De todas formas Wifredo será el último que deberá su condado a nombramiento real pues en adelante la transmisión se hace por línea hereditaria.

El 865, al procederse a la liquidación de la herencia de Hunifredo, Barcelona pasó, junto con Narbona y los territorios intermedios, al dominio de cierto Bernardo, que fue llamado de Gotia y era hijo de Bernardo, conde de Poitiers. No se mantuvo fiel al soberano sino que participó en diversas rebeliones antes y después de la muerte de Carlos el Calvo. En tal ocasión Wifredo y Miró, desde Urgel, combatieron al rebelde como fieles a los carlovingios, de tal modo que el 878, al ser coronado Luis el Tartamudo y procederse a la distribución de bienes de Bernardo de Gotia, fueron dados Barcelona a Wifredo y Rosellón a Miró. No existe prueba documental de que las cosas hayan sucedido de esta manera, pero la probabilidad es muy grande.

Pacientemente Wifredo el Velloso fue reuniendo bajo su mando gran número de dominios que, si no se fundieron en una sola entidad política, al menos constituyen una especie de comunidad que perdura pese a las divisiones administrativas. Para repoblar muchas de estas tierras con escasa densidad demográfica, se aplicó un sistema de presuras, semejante al que se empleaba en el reino de León. En un caso, el de Monserrat, se trataba de una auténtica ganancia a costa de los musulmanes. De esta manera se ocupan Ripoll, la Plana de Vich, el Lluçanes, Bergeda, Bages y Manresa. Esta tierra nueva fue organizada por Wifredo como un condado distinto de los de Barcelona y Urgel, y tuvo su propia diócesis resucitando la antigua de Osona, de la época visigoda. Una gran parte de la tierra repoblada pasó a ser propiedad directa del conde, que en posteriores donaciones a monasterios se presenta muy rico.

También Cataluña recibió importantes aportaciones de mozárabes que contribuyeron especialmente a la edificación de nuevos monasterios. En setiembre del 878, Miró hizo trasladar la comunidad de Eixalada, arruinada por una avenida del río Ter, a Cuixá, que pasó a ser uno de los centros espirituales más importantes de la región pirenaica. El 888 fue consagrado Ripoll, que existía algunos años antes y era directa fundación de Wifredo, quien por estos mismos años se ocupaba en erigir San Juan de las Abadesas. Estos tres puntales de la religiosidad catalana nacen, pues, paralelamente y por la acción directa del conde, que, en documentos del 890 asume también el título de marqués. Al término de su gobierno, toda la Marca era efectivamente suya, con la sola excepción de Ampurias, en donde era conde Sunyer II.

Un largo período de paz, iniciado el 857, había permitido a Cataluña desarrollarse sin la amenaza de los musulmanes. Por el contrario, relaciones pacíficas se establecían entre Francia y Córdoba a través de Barcelona en un comercio del que los judíos eran principales gestores y los esclavos mercancía. El 891 Sunyer II hizo una expedición marítima a Almería, como pirata y como mercader. Pero el 883 las hostilidades comenzaron, no con el emir, sino con Ismail ben Musa, el Banu Qasi que había fortificado Lérida. El 884 Wifredo sufrió una derrota ante Lérida, que acaso pretendía ocupar. El conde murió el 897 como consecuencia de las heridas que recibiera en una batalla contra los musulmanes.

Entre el nombramiento de Wifredo y su muerte se ha producido sin duda un cambio radical que no afecta solamente a Cataluña; se consuma el proceso que identifica propiedad y autoridad y que hace a los condes propietarios de la soberanía que antes recibían del monarca. El 897 los hijos de Wifredo repartieron su herencia como si se tratase de bienes privados. Sunifredo tuvo Urgel, Wifredo Borrell Barcelona, Gerona y Osona junto con su hermano Sunyer. Estos tres condados, que se mantienen indivisos, constituirán el núcleo esencial de Cataluña. Wifredo Borrell se tituló a veces marqués y más frecuentemente príncipe. Reconoció la soberanía de Carlos el Simple a cuya Corte es posible que haya hecho un viaje y de quien obtuvo desde luego documentos que reforzaban su autoridad. El 911, muerto Wifredo Borrell, Sunyer fue conde único.

El reino de Navarra

A principios del siglo X se produjo también la transformación del territorio navarro en sede de un segundo reino peninsular; situado entre León, al Oeste, y los condados de Aragón —de que era titular Galindo II— y de Ribagorza —independiente con Ramón I— al Este, debió sufrir presiones bastante poderosas que forzaron a la unidad. En sus orígenes, Navarra estuvo constituida por varios núcleos de los cuales los más importantes eran el de Pamplona, regido por Íñigo Arista y sus descendientes, García Íñiguez y Fortún Garcés —dinastía Íñiga— y el de Sangüesa con las tierras próximas a Aragón, que poseían los descendientes de un Jimeno que ayudara a Íñigo a instalarse como poder independiente —dinastía Jimena—. Pamplona ostentaba evidente superioridad, lo que hace que los cronistas consideren a los miembros de la dinastía Íñiga como reyes. Sin duda lo fueron, pero su poder debía de estar territorialmente muy restringido.

No son muy claras las circunstancias que acompañaron la sustitución de la primera dinastía por la segunda, las cuales determinaron la fusión definitiva de ambos núcleos y, por tanto, el nacimiento del reino de Navarra. En la segunda mitad del siglo IX hallamos ya dos miembros de la dinastía Jimena —García Jiménez y su hijo Íñigo Garcés— que usaban título de rey. Sánchez Albornoz entiende que la mujer de Alfonso III, Jimena, era hija de García Jiménez y que pudo tener una parte muy decisiva en la suplantación. Levi Provençal cree más bien que nos hallamos en presencia de una normal inserción de dinastías por el matrimonio de Sancho Garcés, hijo de García Jiménez, con una nieta de Fortún Garcés.

Lo importante es que el año 905 Sancho García se apodera de Pamplona y se convierte en el primer rey de toda Navarra. El episodio tuvo caracteres de golpe de estado pues representaba un giro completo en la recíproca actitud de vascones y leoneses. Cualquier pretensión, si en algún momento la hubo, por parte de los monarcas asturianos a ser la única representación de la cristiandad peninsular, fue ahora abandonada. Conquistador de Monjardín tuvo siempre la amistad de Alfonso III y el odio de los Banu Qasi. El principal de éstos, Lope ben Muhámmad, intentó una campaña sobre Pamplona, pero fue rechazado.

Los últimos años del reinado de Alfonso III

La larga frontera del Duero necesitó de muchos esfuerzos para ser defendida. Alfonso III mostró, en las postrimerías de su reinado, preocupación sobre todo por su zona oriental, en donde las luchas con Lope ben Muhámmad le movieron a edificar la fortaleza de Grañón y a mostrarse unido al monarca navarro. Lope murió el 907 en acción de guerra cerca de Pamplona. En las operaciones aparecía mezclada la ciudad de Toledo en donde los Banu Qasi tenían abundantes partidarios. Pérez de Urbel supone que la proclamación de Sancho I como rey de Navarra obligó a Alfonso a otorgar a sus hijos Ordoño, Fruela y García títulos de reyes de Galicia, Asturias y León respectivamente, adelantando lo que iba a ser el reparto de su herencia; de este modo se explica que se le llamase entonces imperator. Menéndez Pidal ve en el título imperial solamente una prenda de superioridad que el reino leonés se atribuía.

El final del reinado de Alfonso III parece estar envuelto en algunas violencias. Sampiro cuenta que, regresando de una campaña contra los Banu Qasi de Toledo, el soberano descubrió una conjura en la que estaba envuelto García, el mayor de sus hijos (909); el príncipe fue preso y encerrado en el castillo de Gozón en Asturias. El suegro de García, Nuño Fernández, conde de Castilla, y los otros hijos del rey se sublevaron destronando a Alfonso, quien se retiró a su palacio de Boides. Es muy probable que este relato contenga muy numerosas; inexactitudes. Sabemos con certeza únicamente que el viejo rey murió en Zamora, de regreso de una expedición, a fines del 910 o principios del 911.

VI

LA FUNDACIÓN DEL KHALIFATO

Batalla del Duero: su planteamiento

Instalando en el Duero sus líneas, Alfonso III dejaba a sus hijos una pesada carga militar. La frontera musulmana no había retrocedido, excepto en su extremo occidental, con la pérdida de Coimbra, pero la distancia entre las fortalezas avanzadas moras y las cristianas, era más corta. El avance se había logrado aprovechando una circunstancial debilidad cordobesa, y era previsible que, en cuanto las condiciones políticas internas cambiasen, el Islam volvería a la ofensiva. El ataque, desencadenado en efecto a partir del 917, fue resistido bien por los monarcas cristianos durante la primera mitad del siglo, pero, al cabo, sometido a una presión demasiado fuerte, León vaciló en su defensa. El frente entonces se quebró y la resistencia de entidades menores como Castilla, Navarra y Portugal, preparó cambios en la hegemonía.

El año 956, muerte de Ordoño III, puede servirnos para marcar la separación entre dos fases de la batalla. Durante la primera fue indiscutible la superioridad leonesa respecto a los otros estados cristianos; gracias a ella se transmite a toda la España libre el ideal de restauración neogótica, la conciencia, un tanto arbitraria, de esta misma libertad. Con tanta mayor razón cuanto que los omeyas de Córdoba se deciden a restaurar aquí el khalifato. Lógico término de llegada de la división de la comunidad islámica, significaba también la liquidación de ambigüedades que habían permitido hasta entonces convivir cultura hispano-goda con cultura islámica, dando el triunfo final al orientalismo. La batalla del Duero, al imponer crecientes obligaciones militares al régimen de Córdoba, le hará derivar por cauces de una autocracia. El predominio del ejército abre paso a la dictadura.

Los tres reinos nacidos provisionalmente de la herencia de Alfonso III, Galicia, Asturias y León, constituían el núcleo central de la monarquía, pero no toda ella. Las dos marcas fronterizas de Portugal y Castilla desempeñan un papel sumamente importante. En la multiplicidad se aceptó que León, territorio más grande y más poblado, era como la cabeza de todos los demás. Es significativo que el corto reinado de García (911-914) fuese empleado en repoblaciones que permiten el avance castellano hasta el Duero, cerrando la línea y acusando cierta reacción contra Navarra. Nuño Núñez repobló Roa, Gonzalo Téllez Osma, Gonzalo Fernández, conde de Lara y también de Burgos, Clunia, Aza y San Esteban de Gormaz. Casado con una hija de Nuño Fernández, el rey se identificó absolutamente con los intereses castellanos y emprendió una carrera para adelantarse a los navarros en la ocupación de Rioja. Estaba sitiando Arnedo cuando enfermó de muerte; la plaza no pudo ser tomada.

‘Abd al-Rahmán III, el Pacificador

El emir que sucedía en Córdoba el 912 a ‘Abd Allah, era hijo de una esclava franca, probablemente vasca, y nieto de Oneca, la hija de Fortún Garcés de Pamplona. ‘Abd al-Rahmán III había nacido el 7 de enero del 891 y, aunque corto de talla, sus vivos ojos y su cabello rojizo le hacían atractivo. Unía las cualidades propias de los omeyas, tenacidad y astucia, con el valor y realismo de los vascones. Los cronistas contemporáneos y posteriores insisten mucho en la majestad que se adhería a su persona. Desde luego la piedad musulmana retrocedió, con gran disgusto de los alfaquíes, hasta un restablecimiento de la tolerancia que existía cincuenta años antes. Su gobierno se inició con grandes cambios en los principales cargos del estado y, desde luego, los nombramientos nunca fueron vitalicios.

El programa esbozado por ‘Abd al-Rahmán III consistía en admitir a reconciliación a cuantos se inclinasen a someterse, y castigar con mano dura a los recalcitrantes. Cumplió su palabra pues a los pocos meses de su entronización (16 de octubre del 912) ya había obtenido dos victorias decisivas, una en Caracuel sobre los berberiscos y otra en Écija arrancada de las manos de ‘Umar ben Hafsún. Los historiadores musulmanes llamaron campaña de Monteleón a la que comenzó el 24 de marzo del 913 por ser ésta la primera de las fortalezas que se rindió; durante ella recobra Elvira, pacifica todo el oriente andaluz y somete, al parecer, setenta castillos. Desde el 914 el emir se hallaba en condiciones de combatir directamente a ‘Umar ben Hafsún. Entre tanto se había recobrado Sevilla. De los dos hijos de Ibrahim ben al-Hachchach, el menor, Muhámmad, que recibiera Carmona, asesinó al mayor, ‘Abd al-Rahmán, con la esperanza de recobrar toda la herencia, pero los sevillanos le rechazaron. Hubo de recurrir al emir, quien no sólo recobró entonces Sevilla sino que obligó a Muhámmad ben Ibrahim a entregar Carmona. Esta última ciudad volvió a sublevarse y hubo de ser tomada al asalto (25 de septiembre del 917).

Las operaciones contra Bobastro fueron más largas y difíciles. El 917 murió ‘Umar ben Hafsún, después de haber visto como se desmoronaba la obra edificada sobre arena, pero cuya duración la presentaba con aparente solidez; su muerte causó gran impacto entre los mozárabes y muladíes. La guerra continuó todavía diez años, pero el emir no creyó necesario, en momento alguno, lanzarse a fondo. El mayor de los hijos de ‘Umar recogió su herencia; era Chá‘far, convertido al cristianismo. El 919 el emir hizo una campaña en que, según era normal en él, respetó a los muladíes y pasó a cuchillo a los soldados cristianos. En octubre del 920 Chá‘far fue asesinado, acaso porque mostraba inclinación a volver al Islam. Su hermano Sulaymán, que había servido breve tiempo en el ejército cordobés, le sucedió. Durante siete años hizo una activa resistencia, multiplicando las aceifas veraniegas y causando así daños que no contribuían sin embargo a consolidar su causa, hasta que el 927 cayó prisionero en una emboscada y murió.

El último de los hijos de ‘Umar, Hafs, tomó a su cargo la defensa de Bobastro cuando ya ‘Abd al-Rahmán había decidido emprender su asedio. La fortaleza resistió seis meses, pero hubo de rendirse el 21 de enero del 928. Hafs acabó sus días como oficial en el ejército del khalifa. Otro hijo de ‘Umar, ‘Abd al-Rahmán, vivió en Córdoba como escribano. Una hija, Argéntea, escogió el martirio. La mayor parte de Andalucía y Levante había renunciado a la rebelión por estas fechas. La caída de Bobastro arrastró a los que aún resistían.

Había llegado el momento de acabar con los núcleos autónomos de la frontera. El 929 ‘Abd al-Rahmán hizo una larga campaña por Badajoz, Beja y el Algarve, dejando la primera de dichas ciudades sometida a un estrecho cerco. El nieto del Gallego, también llamado ‘Abd al-Rahmán, se rindió en junio del 929. Siguió Toledo que, sometida al comienzo del reinado, había vuelto a sublevarse. Sa‘id ben al-Múndhir inició el asedio de la ciudad el 930; iba a durar dos años obligando al propio khalifa a acudir. Para demostrar su resolución de tomarla a cualquier precio, ‘Abd al-Rahmán levantó frente a Toledo una verdadera ciudad a la que llamó al-Fath, Victoria. Ramiro II hizo un esfuerzo inútil para socorrer a los sitiados. Toledo se rindió el 2 de agosto del 932 y su caída puede considerarse como la completa sumisión de España.

En la Frontera Superior, ‘Abd al-Rahmán comenzó por reconocer la situación de hecho otorgando al tuchibí Abu Yahya una práctica autonomía que retuvo hasta su muerte el 924. La ayuda de estos reyezuelos de Zaragoza fue preciosa para eliminar o someter a los otros poderes locales, los últimos Banu Qasi, los al-Tawil de Huesca o los Banu Zennún de Santaver. Abu Yahya y su hijo Hashim, que le sucedió en el gobierno de la Frontera Superior, observaron fidelidad absoluta al khalifa. Éste transmitió, al morir Háshim, su herencia a su hijo Muhámmad (930).

El título khalifal

Desde el año 929, tomada Bobastro y destruida la resistencia muladí y mozárabe en Andalucía, ‘Abd al-Rahmán asumió los títulos de khalifa rasul Allah y amir al-muminín (lugarteniente del enviado de Dios y emir de los creyentes) que habían usado sus ascendientes omeyas de Damasco y los abbasíes en Bagdad. Término de llegada de la restauración emprendida el 756, lo era también de las largas guerras civiles que sacudían al-Andalus desde hacía más de un siglo. El cronista Ibn Idarí afirma que los propósitos que guiaron a ‘Abd al-Rahmán para tomar esta decisión eran sobre todo constituir en España una comunidad religiosa que suplantara a la comunidad política hasta entonces existente. Quedarían fundidos de esta manera los diversos grupos de musulmanes, baladíes, muladíes y berberiscos. Dicha comunidad religiosa no era juzgada incompatible con una tolerancia respecto a judíos o cristianos puesto que éstos eran ya pocos y podían ser considerados como elementos secundarios.

El khalifato significa la implantación de un nuevo régimen que, de su misma raíz religiosa, desarrolla el carácter absoluto y personal del soberano. En adelante ‘Abd al-Rahmán III y sus sucesores habrán de rodearse de un rígido ceremonial que exalta su figura y les aísla de los súbditos. Hay igualdad, pero ésta reside en el sometimiento general —la aristocracia árabe como los demás— a la omnímoda voluntad del amo. Para ejercerse, la autoridad khalifal necesita cada vez más del apoyo del ejército, cuyo nervio constituyen estas unidades de esclavos que los judíos transportan desde el centro de Europa. Cuando se les libera, los esclavos pasan a ser mawlas o clientes del khalifa. Algunos de ellos consiguieron elevarse hasta puestos importantes en la administración o en la milicia: el general Gálib y el háchib Chá‘far, por ejemplo, cuya importancia podrá comprobarse luego, eran mawlas.

Como símbolo de esta nueva concepción del poder y albergue al mismo tiempo de un gobierno que necesitaba apartarse de sus súbditos, un gran palacio fue construido en las inmediaciones de Córdoba, antes del 945. Fue llamado Madinat al-Zahra en honor de una favorita de ‘Abd al-Rahmán. La capital no perdió nada por ello; era entonces una de las grandes capitales del mundo, «ornamento del orbe», según la conocida expresión de la monja alemana Roswitha; el khalifa recibió numerosas embajadas bizantinas y, por lo menos, una del emperador Otón I.

La política africana

La pretensión khalifal de ‘Abd al-Rahmán no había sido la primera en producirse; se ha presentado a veces como reacción contra los fatimíes que desde unos años antes se extendían por todo el Norte de África, hasta apoderarse de Tahert y convertirse en vecinos inmediatos de al-Andalus (912). El movimiento fatimí está en relación con las doctrinas isma‘ilíes que negaban legitimidad a los omeyas y abasíes afirmando que la revelación no había concluido con Mahoma sino que proseguía viva a través de los ocultos descendientes de Alí y Fátima a quienes Dios convertía en dispensadores de la verdad. La Península acababa de tener una experiencia de agitación con esta doctrina en la revuelta de Abu Alí al-Sarrach y los recelos se ejercían por tanto contra el aspecto ideológico y contra el político al mismo tiempo. La expansión fatimí parecía sin embargo incontenible. Desde el 912 no había otra fuerza, en el Norte de África, que los idrisíes de Marruecos, los cuales estaban divididos y debilitados por la constitución de pequeños estados berberiscos, autónomos en teoría e independientes en la práctica.

El 909 ‘Ubayd Allah fue proclamado khalifa. Instalando en Kairwán su capital, trató de ganar adeptos a su causa a la vez en. España y en Egipto; es seguro que ‘Umar ben Hafsún ofreció reconocerle y que otros muchos de los rebeldes de entonces se mostraron inclinados a seguir esta misma conducta. ‘Abd al-Rahmán III, situado en primera línea por la fuerza de las circunstancias, hubo de asumir la dirección de la resistencia contra la expansión fatimí que amenazaba con destronarle. Sus medidas iniciales fueron el refuerzo de los castillos en la costa meridional, construcción de una flota para la vigilancia del Estrecho y aliento de todas las iniciativas de independencia. La suerte le favoreció. ‘Ubayd Allah volcó sus fuerzas en la conquista de Egipto, permitiendo así al emir de Córdoba ganar unos años preciosos, mientras combatía a sus rebeldes y estaban vivos aún los rescoldos de la revuelta de al-Sarrach que podía proporcionarle adeptos. Es indudable que los fatimíes contaban con agentes y misioneros en España.

El 917 los fatimíes lanzaron su primer ataque en el oeste, apoderándose del principado de Nakur, entre Tetuán y Melilla; los salihíes despojados buscaron refugio en España y, con ayuda de ‘Abd al-Rahmán III, recobraron su patrimonio que convirtieron en protectorado cordobés. Tomando la iniciativa el emir de Córdoba envió agentes fieles al Norte de África que trabajaron intensamente entre los berberiscos Zanata, especialmente los del grupo Magrawa. Los resultados fueron satisfactorios: mientras una clara reacción idrisí comenzaba el 925, los Magrawa, por su cuenta, se lanzaban a la ofensiva apoderándose temporalmente de Tahert. El khalifa español se decidió entonces a ordenar a sus tropas la ocupación y fortificación de Melilla (927). Cuatro años más tarde, como respuesta a una arrolladora ofensiva que destruyó a los idrisíes obligándoles a refugiarse en el Rif y arrasó Nakur, un ejército omeya atravesó el Estrecho apoderándose de Ceuta.

Ceuta y Melilla eran bases militares adecuadas para extender a toda Berbería el protectorado cordobés. Éste fue el objetivo que inmediatamente esbozó ‘Abd al-Rahmán: el jefe de los Magrawa, Muhámmad ben Jazar se sometió inmediatamente a él; en 933 el propio gobernador fatimí, Musa ben Abi-l-‘Afiya, repudió a su antiguo soberano para reconocer al khalifa de Córdoba. Con oscilaciones de fortuna y revés muy acusadas, el protectorado español sobre el norte de Marruecos se conservaría durante el resto de esta centuria. Logró cubrir el objetivo inicial propuesto de detener la expansión fatimí llevando la lucha agotadora fuera de al-Andalus. Pero tuvo consecuencias cuya importancia no ha sido aún suficientemente valorada: las fáciles comunicaciones que, antes de la fundación del khalifato de ‘Ubayd Allah, aseguraban amplios intercambios mercantiles entre Córdoba y Egipto a través del Norte de África, se hicieron ahora difíciles. Esto produjo, sin duda, desfavorables repercusiones sobre la economía española.

Obligado a librar una batalla en dos frentes —por estos años los soberanos leoneses están lanzados también a operaciones que retienen gran parte de las fuerzas musulmanas— ‘Abd al-Rahmán no podía convertir el protectorado en anexión. Hubo de reducirse a proporcionar subsidios, aliento y ayuda a los Zanata y a los idrisíes supervivientes, que eran fuertes en Alcazarquivir. África se convirtió en un pozo que devoraba rápidamente gran parte de los ingresos de la hacienda khalifal. Gracias a ello fue alejado el peligro, y las hostilidades en Marruecos se diluyeron en interminable serie de escaramuzas, golpes de mano, usurpaciones y robos. Desde el 933, además, los fatimíes se vieron amenazados por una tremenda revuelta de berberiscos orientales que dirigía cierto Abu Yazid, a quien llamaban el hombre del burro, y que duró hasta el 947, creando una barrera de separación entre ellos y el área de influencia cordobesa. Aprovechando esta circunstancia, ‘Abd al-Rahmán III envió un fuerte ejército a África (944) que logró atraer a todos los príncipes idrisíes y berberiscos a la sumisión; el año 951 los omeyas se apoderaron de Tánger, que anexionaron a sus dominios.

Poco consistente, este dominio no iba a durar. Por rivalidades internas, el viejo Muhámmad ben Jazar, jefe de los Zanata, abandonó la obediencia de ‘Abd al-Rahmán III para reconocer al nuevo khalifa fatimí, Abu Tamim Ma‘add, que había tomado el título de al-Mu‘izz li-din Allah. Un incidente naval el 955, en que fue capturado un barco siciliano, encendió nuevas hostilidades, entre omeyas y fatimíes, que se tradujeron en asaltos y saqueos a poblaciones de ambas costas. El 958 al-Mu‘izz envió a Occidente un gran ejército que, con la ayuda de los berberiscos disidentes, pudo derrumbar la influencia cordobesa en Marruecos, reduciendo a sólo Tánger y Ceuta las posiciones españolas al otro lado del Estrecho. Sin duda el balance final no podía considerarse, desde el punto de vista militar, como demasiado desfavorable a los omeyas, que seguían disponiendo de las rutas de tránsito del Mediterráneo al Atlántico.

Las campañas de Ordoño II: Valdejunquera

Mientras de este modo ‘Abd al-Rahmán III llevaba a cabo una formidable tarea de pacificación, ordenación administrativa y aumento de la influencia exterior de al-Andalus, fuertes presiones eran ejercidas en la frontera septentrional. Los hijos de Alfonso III se mostraban dignos sucesores de su padre en cuanto combatientes por la fe. Muerto García, los magnates leoneses reconocieron como rey a su hermano Ordoño II, que se había cubierto de gloria en la campaña del 913 tomando por asalto Évora. El reino retornaba a la unidad porque, no obstante el título real, Fruela era según parece sólo un vasallo en Asturias. Los condes castellanos mostraron fidelidad, acaso no demasiado segura, porque uno de los cambios fundamentales del reinado fue precisamente el retorno a la estrecha alianza con Sancho Garcés de Navarra y, en ocasiones, con lo poco que aún quedaba de resistencia Banu Qasi. Ningún cambio inicial parecía producirse respecto a las relaciones con Córdoba: el mismo año de su coronación, o el siguiente, Ordoño II saqueó Mérida, conquistando el castillo de Alanje, y sometió a tributo a los marwanidas de Badajoz.

‘Abd al-Rahmán decidió pasar a la ofensiva, pero empleando en ella fuerzas moderadas a fin de no disminuir la actividad que desplegaba en Murcia y Andalucía. En el verano del 916 hubo ya ciertas operaciones de tanteo que sirvieron para elegir el punto sobre el cual iba a volcarse el ataque: San Esteban de Gormaz. Ante sus muros los musulmanes sufrieron, sin embargo, una gran derrota el 4 de setiembre del 917 en que murió el mejor general de ‘Abd al-Rahmán, Ahmad ben Muhámmad ben Abi ‘Abda. La alianza con Navarra funcionó admirablemente. Al año siguiente las tropas aliadas hicieron un gran ataque en Rioja adueñándose de Calahorra y Arnedo, al otro lado del Ebro. Para defender estas nuevas posiciones, Sancho Garcés rehizo la fortaleza de Viguera, de la que se había apoderado. A pesar de que el propio emir, según testimonio de sus cronistas, causó un moderado revés a los leoneses en Mitonia (918), el balance de estas primeras campañas era netamente favorable a los cristianos. No se trataba sólo de defender los territorios repoblados, sino de abrir paso hacia una zona, Rioja, que reputaban como la más peligrosa base enemiga.

Se desató, terrible, la cólera de ‘Abd al-Rahmán. Al frente de un enorme ejército, el omeya salió de Córdoba el 5 de junio del 920; por el camino de Toledo, Guadalajara y Medinaceli se abatió sobre las defensas castellanas del alto Duero apoderándose y destruyendo los castillos de San Esteban de Gormaz y de Osma y penetrando luego hasta Clunia. Pero los musulmanes de Tudela, amenazados por Sancho Garcés, reclamaban su auxilio y, abandonando el territorio castellano marchó a Rioja. Los Banu Qasi se unieron al emir (Muhámmad ben Lope aprovecha la ocasión para apoderarse de Cárcar) y Sancho Garcés se apresuró a refugiarse en Arnedo. ‘Abd al-Rahmán cruzó el Ebro por Calahorra con intención de marchar sobre Pamplona y obligó a sus enemigos, Ordoño y Sancho, a enfrentarse con él en campo abierto. Ésta fue la batalla de Valdejunquera (26 de julio del 920) que constituyó un desastre para los cristianos. El emir pasó a cuchillo las guarniciones de Muez y Viguera y regresó a Córdoba. Había cumplido su objetivo de infundir temor a los cristianos restableciendo la superioridad de las armas del Islam.

El primer signo de discordia castellana

Más grave aún que la derrota eran los claros síntomas que podían advertirse de una discordia entre leoneses y castellanos. El poder militar de Ordoño II no parece haberse quebrantado mucho ya que el 921 vuelve a tomar la iniciativa adentrándose en los territorios musulmanes. Pero el 920, poco después de Valdejunquera, había hecho llamar a su presencia, en Tejar, sobre el río Carrión, a los condes castellanos Nuño Fernández, Fernando Ansúrez, Abolmondar Albo y su hermano Diego, y les condujo presos a León. El asunto es confuso, pero la acusación pesaba, al parecer, sobre la conducta de los condes durante la campaña que acababa de terminar y en que no defendieron suficientemente el territorio o no prestaron la colaboración que Ordoño esperaba a la defensa de Navarra. Recobraron pronto la libertad, sin duda mediante pactos y explicaciones, no sin que el monarca leonés introdujera en ellos cierta división.

La alianza de Navarra estaba detrás de esta discordia pues los castellanos temían que, gracias a ella, Sancho Garcés ganase la carrera para la ocupación de Rioja. Es indudable que, tras el episodio de Tejar, Fernando Ansúrez obró con el más completo leonesismo; en esta conducta le imitarían después sus sucesores. El año 929 recibió el título de conde de Castilla, sustituyendo en él a Nuño Fernández. Por este tiempo su linaje, que controlaba las tierras del Arlanzón y del Ebro, se hallaba en franca rivalidad con el de Gonzalo Fernández, fundador de Lara, cuyo hijo es el famoso Fernán González.

Era un hecho el crecimiento de Navarra, pese a Valdejunquera. Hacia el este el matrimonio de García Sánchez, heredero del soberano navarro, con Andregoto Galíndez, hija de Galindo II, conde de Aragón, prometía para el futuro la incorporación del condado al reino. Hacia el sur, la ayuda leonesa, reforzada después del tercer matrimonio de Ordoño II con Sancha de Navarra, permitió consolidar el avance al otro lado del Ebro, anexionando Nájera, recuperando Viguera y fundando en estos territorios el monasterio de San Martín de Albelda. Rioja quedaba abierta a su expansión.

La guerra civil: debilitamiento leonés

La muerte de Ordoño II el año 924 iba a producir cambios muy importantes que se reflejarían en una momentánea pérdida de vigor para la monarquía leonesa, demostrando hasta qué punto era decisiva la colaboración militar entre los diversos poderes cristianos frente al Islam. Los partidarios de Fruela II, último de los hijos de Alfonso III, impusieron a su candidato contra los hijos de Ordoño; pero esta victoria vino acompañada al parecer de persecuciones contra los colaboradores más íntimos del difunto rey, cosa que provocó el descontento, y el abandono de la alianza navarra. La primera mujer de Fruela, Nunilo, era vasca, mientras que la segunda, Urraca, era hija de Muhámmad ben Lope, el último Banu Qasi de Tudela. Este mismo año 924, como reacción contra los avances navarros por Rioja, ‘Abd al-Rahmán III emprendió la que los cronistas musulmanes llamaron campaña de Pamplona, muy oportuna porque a Sancho Garcés iba a faltarle el auxilio leonés. Entrando en Navarra por las inmediaciones de Tudela, los musulmanes destruyeron la línea de castillos que iba de Cárcar a Tafalla, vencieron en una escaramuza a Sancho Garcés y saquearon Pamplona. Los Banu Qasi fueron definitivamente sustituidos por los Tuchibíes en la vigilancia de la Frontera Superior.

Enfermo de lepra, Fruela II gobernó poco más de un año y su muerte (925) provocó discordias y divisiones. Según Sánchez Albornoz, fue proclamado como sucesor su hijo Alfonso Fróilaz, a quien los cronistas posteriores llaman el Jorobado. Pero los hijos de Ordoño II, Sancho y Alfonso, se levantaron contra él. Ibn Hayyán afirma que Navarra intervino en la lucha para favorecer a Alfonso Ordóñez, casado con Oneca, hija de Sancho Garcés, y esta ayuda le permitió coronarse rey en los primeros meses del 926. Es Alfonso IV, llamado el Monje. Hubo casi un reparto porque Sancho Ordoñez recibió Galicia y el menor de los hermanos, Ramiro, que en opinión de Emilio Sáez había tomado parte en la revuelta, obtuvo el gobierno del Territorium portucalense con residencia en Viseo. El mismo año 926 falleció el primer rey de Navarra. Su heredero, García I Sánchez, menor de edad, quedaba bajo custodia de la reina viuda, Toda Aznar, mujer de enorme energía y capacidad política. Al parecer Alfonso Fróilaz siguió gobernando en Asturias.

La división comenzó a disminuir cuando, el 929, muerto Sancho Ordóñez, Alfonso IV incorporó Galicia a sus dominios. Pero unos meses más tarde, impresionado sin duda por la muerte de su mujer Oneca, el soberano decidió abandonar el trono (entre mayo y agosto del 930) buscando refugió tranquilo en el monasterio de Sahagún. El joven Ramiro acudió desde Viseo para tomar la corona. Pero cuando el nuevo rey había iniciado una campaña en socorro de los rebeldes toledanos, Alfonso IV abandonó el claustro proclamándose rey en Simancas, si bien se arrepintió luego. Otra vez el 931 volverá a sublevarse apoderándose de León. Pero en esta ocasión Ramiro II se mostró tremendamente duro arrancando los ojos a su hermano y a los tres hijos de Fruela, llamados Alfonso, Ordoño y Ramiro. El reino quedaba unificado. El papel que en estos acontecimientos jugó el conde de Lara, Fernán González, es dudoso. Pero no hay duda de que tanto él como Ramiro II buscaban consolidar su respectiva alianza con Navarra; el rey casó con su cuñada Urraca y el conde con Sancha, la viuda de Ordoño II.

Fernán González, conde de Castilla

Descendiente de Nuño Núñez, el repoblador de Brañosera, Fernán González había sido educado en Lara, el castillo de su padre el conde Gonzalo. A los veinte años de edad usaba el título de conde de Castilla, que no era privativo, ya que Fernando Ansúrez, cabeza del linaje rival, lo usaba al mismo tiempo. Por ser Sancha y Urraca de Navarra hermanas, él y Ramiro II se convirtieron en cuñados, si bien esto sucedió al término de la guerra civil en que, como hemos visto, Fernán González tomó partido en favor del monarca leonés. Atrayendo hacia sí la influencia navarra, alteraba de un modo radical la línea de conducta de sus antecesores. Un programa parece haberse dibujado en su mente: aprovechar primero el parentesco leonés para llevar a cabo la unidad de Castilla; usar luego de la amistad navarra para dar a este país la independencia. El 931 otorgó fuero a Lara.

La guerra civil permitió de hecho al conde reunir bajo su mando a partir del 932 Cerezo, Lantarón, Cellorigo, Amaya y Álava; es posible que, como piensa Pérez de Urbel, Ramiro II hallase ventajas en tal situación creando en el sudeste de su reino un fuerte bastión defensivo. Su meta, antes del 940, que puede reputarse normal desde el punto de vista del derecho imperante en Europa, consistía en convertir el condado en patrimonio hereditario de su familia. Para ello empleó argumentos de tradición que calaban hondo en el sentimiento castellano. Tal fue su gran habilidad. Parece que, en estos años, los habitantes del territorio fueron autorizados a librar sus pleitos de acuerdo con la costumbre oral antigua en lugar del Fuero Juzgo leonés. De esto se hizo una conquista, cara al futuro, de libertad e independencia.

Castilla nace de una circunstancia histórica: es la encrucijada de tierras en que se encuentran las lluvias cantábricas que ascienden desde el mar con la sequía de la meseta y el crisol de razas diferentes de celtas, vascones e iberos. Siendo frontera inmediata, vulnerable desde Rioja sin que pudiera valerle la defensa del Duero, sus pobladores se vieron obligados a combatir sin descanso para defender los campos que tomaban. Los condes disponían de mayor libertad de acción y, para sus habitantes, constituyeron a modo de jefes naturales y no de representantes del poder central leonés; pertenecían a linajes hechos en el propio país, venidos con los repobladores. Ni existían latifundios, como en Asturias o Galicia, ni se ofrecían buenos refugios para mozárabes como en León; la Reconquista había sido hecha aquí más por pequeños cultivadores libres, al amparo de un señor, que por monasterios o grandes nobles. Castilla crecía de su propia savia.

Tales circunstancias crearon fuerte conciencia de unidad y, al mismo tiempo, de diferencia respecto a las otras partes del reino. Cierto lenguaje, áspero y fuerte, adecuado a una literatura épica en que el condado fue prolijo, ayudó mucho. La repugnancia a recibir el Fuero Juzgo reforzaba la tradición aunque ésta fuese mucho más atrasada: la venganza, el duelo judicial, la responsabilidad colectiva, la conjuración, eran formas todavía en uso cuando ya en León habían sido desterradas hacía mucho tiempo. Los jueces emitían sentencia de acuerdo con su criterio y estas fazañas establecían, por analogía, un derecho consuetudinario. La estructura social, apoyada en pequeña propiedad, hacía compatible el beneficium con la libertad de elegir a un señor (behetría), a veces dentro de cierto linaje, a veces sin limitación alguna. Para aquellos que podían sostener caballo y armas, Castilla creó un estatuto especial, caballería villana, que aproximaba a la nobleza.

La fuerza en la colaboración: batalla de Simancas

Ramiro II, duro hasta la crueldad, fue sin duda el más grande de los monarcas leoneses. Consciente del enorme peligro que para la España cristiana representaba el poder en aumento del khalifato, ciñó su política a la conservación de un frente único desde el Pirineo hasta el Mondego, reforzando las zonas extremas, Portugal y Castilla y manteniendo estrecha alianza con Navarra. El aliento a los rebeldes toledanos formaba parte de esta misma política; acudiendo por segunda vez en su ayuda, Ramiro II conquistó la fortaleza de Madrid (932), que no fue, sin embargo, conservada. ‘Abd al-Rahmán respondió enviando un ejército contra las posiciones castellanas del Duero; pero, avisado por Fernán González, el monarca acudió y obtuvo sobre él la victoria de Osma (933). Sin duda el éxito sirvió para consolidar la posición del conde de Castilla. Osma era una fortaleza suficientemente fuerte como para que, en la campaña del 934, Ramiro II encerrado en ella, resistiese los ataques del khalifa mientras las tropas musulmanas saqueaban la retaguardia castellana. En esta ocasión tal vez fue destruido el monasterio de Cardeña.

Ambas partes se prepararon cuidadosamente para el gran encuentro que se esperaba en la lógica de la intensificación de la lucha. El gobernador de Zaragoza, Abu Yahya Muhámmad al-Tuchibí, sucesor de los Banu Qasi en el dominio del Ebro, aspiraba también a heredarles en la independencia. Probablemente desde el 934 existían negociaciones secretas entre él y Ramiro II que cristalizaron en una triple alianza entre Pamplona, León, Zaragoza —sin duda Fernán González se consideraba a sí mismo como el cuarto aliado— y en el vasallaje del Tuchibí a la corona leonesa. Una gran amenaza se cernía sobre el khalifato en la Frontera Superior; tropas castellanas y alavesas fueron enviadas a defender los castillos de los Tuchibíes. Para conjurar el peligro, ‘Abd al-Rahmán hizo una destructiva campaña el año 938, en que tomó Calatayud, forzó a Abu Yahya a rendirse y penetró probablemente por Navarra y Álava.

En la conciencia del khalifa el peligro leonés debió mostrarse con entera claridad: siempre las revueltas de las marcas, Mérida, Badajoz, Toledo, Zaragoza, contaban con el respaldo del gran reino cristiano. Para destruirlo, o doblegar su fuerza, ‘Abd al-Rahmán montó una vasta operación que, por sus proporciones, los cronistas musulmanes llaman campaña de la Omnipotencia. A fines de julio del 939 el gran ejército, al que se habían sumado las fuerzas de Abu Yahya de Zaragoza, estaba ante los muros de Simancas, en donde Ramiro contaba con el refuerzo de los condes castellanos, Fernán González y Asur Fernádez y con el ejército de la reina Toda. El 1 de agosto los musulmanes sufrieron terrible derrota, que probablemente fue consumada unos días más tarde en la que Sampiro llama batalla de Alhandega (El Foso), una localidad del valle del Tormes. Los cronistas musulmanes reconocen las proporciones del desastre. Por vez primera fuentes históricas europeas, como los Anales de Saint Gall y el historiador Liudprando, recogen la noticia de este hecho de armas que fue, sin duda, la victoria militar más importante lograda hasta entonces por los ejércitos astur-leoneses.

Consecuencia inmediata de la victoria, la línea fronteriza de León avanza desde el Duero al Tormes, mientras los condes castellanos atraviesan por primera vez el gran río. Fernán González repuebla Sepúlveda, como si se preparase a remontar las praderas de la cordillera Central, y Ramiro II reconstruye Ledesma, Salamanca, Alhandega, Los Baños y Ribas. La alarma era de tal naturaleza que por vez primera Córdoba reaccionó al peligro con precauciones defensivas. Imitando a los cristianos, el khalifato decidió establecer una base militar más adelantada que Toledo y comenzó a fortificar extraordinariamente Medinaceli. Ya no fiaba de la potencia de sus ejércitos para cerrar el camino a los invasores.

VII

INDEPENDENCIA DE CASTILLA

La primera revuelta castellana

Después de la batalla de Simancas la tensión castellano-leonesa volvió a producirse, en términos más graves que nunca. Los castellanos codiciaban de antiguo extender su dominio a las tierras situadas entre el Cea y el Pisuerga que, ahora, tras la victoria militar, quedaban a resguardo. Pero Ramiro II, tratando acaso de impedir la expansión castellana, encomendó la tarea de su repoblación —con el establecimiento de algunas fortalezas, como Curiel y Peñafiel— a Asur Fernández, el rival de Fernán González, que fue hecho conde de Monzón. Nacía de este modo un problema que habría de arrastrarse durante siglos y que era territorial la disputa por la tierra de Campos, y social, la división de Castilla en dos sectores opuestos. La repoblación de Sepúlveda, el 940, puede haber sido la respuesta del conde de Castilla a la iniciativa del rey. Entre este año y el 943 se produjo una revuelta.

Las circunstancias de dicha rebelión nos son desconocidas. Al lado de Fernán González se hallaba Diego Muñoz, conde de Saldaña, a quien la creación del condado de Monzón, cerraba el paso aguas abajo del Pisuerga. El año 943 ambos estaban presos, en León y Gordón respectivamente, por orden del rey. La prisión no fue larga, pero dio origen al despojo de Fernán González: recibió el título de conde de Castilla Asur Fernández. Levi Provençal llega a suponer que hubo connivencia entre el héroe castellano y el khalifa, pero no poseemos ninguna prueba excepto que las razzias moras de estos años se dirigen hacia Galicia y no hacia Castilla. Seguramente influyó en el ánimo de Ramiro II para inclinarle a la magnanimidad, el temor a la reacción khalifal que habría de producirse como consecuencia de la batalla de Simancas. Pérez de Urbel entiende que algunas inquietudes que el rey hubo de afrontar en Galicia aceleraron el proceso de reconciliación.

La primera revuelta terminó con un acuerdo completo entre rey y conde, lo que representa casi una victoria moral castellana. Ordoño, hijo de Ramiro II y su heredero, casó con Urraca, hija de Fernán González, que volvía triunfalmente a ser conde de Castilla mientras su rival Asur Fernández se replegaba a Monzón. Todo esto sucedió entre los años 947 y 950. Parece que las relaciones entre León y Castilla eran nuevamente cordiales cuando, al regreso de una expedición por la comarca de Talavera, murió Ramiro II (enero del 951). Dejaba dos hijos varones, Ordoño, nacido de su matrimonio con Adosinda, hija del conde Gutierre Osóriz, gallego, y Sancho, nieto por su madre Urraca de Sancho Garcés y Toda Aznar.

El breve reinado de Ordoño III

Dos hijos, dos tendencias distintas, gallega y navarra. El mayor, Ordoño, fue reconocido como rey pero Sancho, llamado el Craso por su gran obesidad, adoptó desde el primer momento un aire de rebeldía que, hacia el 953, se convirtió en guerra civil. Sampiro alude a un intento de Ordoño III para divorciarse de Urraca y unirse a una dama gallega hija del conde Pelayo González. La revuelta fue vencida y una reconciliación se produjo pues desde junio del 954 Urraca figura nuevamente como reina en los documentos leoneses. De todas formas era visible un debilitamiento de la monarquía: Ordoño III hubo de imponer por la fuerza su autoridad en Portugal. Actuaban dos fuerzas centrifugadoras, la de Castilla aspirando a la independencia y la de Navarra que repudiaba la antigua hegemonía leonesa, innecesaria ya por la ausencia de los tres peligros que determinaron su inclinación, el carlovingio, el Banu Qasi y el catalán. Durante largo tiempo Cataluña permanecía encerrada en sus límites iniciales sin mostrar apetencias expansivas.

Sin embargo, los cinco años de este corto reinado transcurrieron en un clima de seguridad respecto a la frontera musulmana. La primera fase de la batalla del Duero había concluido en espléndida victoria. El 954 una asamblea de magnates y obispos decidió instaurar un obispado en Simancas, lo que significaba un esfuerzo para convertir el Duero en tierra pacificada. Al año siguiente, mientras el conde Fernán González lograba una victoria en San Esteban de Gormaz, el rey penetraba por territorio enemigo capturando espléndido botín. ‘Abd al-Rahmán decidió pactar enviando a León dos altos dignatarios, Muhámmad ben Husain y el judío Yusuf Hasdai, que firmaron una tregua que prometía ser duradera (955-956). Casi inmediatamente murió Ordoño III. Se renovaron las discordias.

Segunda fase de la batalla del Duero: sus caracteres

Entre los años 956 —muerte de Ordoño III— y 976 —fallecimiento de al-Hákam II— se desenvuelve la segunda etapa de la larga lucha por la posesión del gran río castellano. Durante ella el reino leonés mostró debilidad y cansancio tales que, sin duda, hubo de tocar entonces el punto más bajo. La causa formal se hallaba en las guerras civiles que se suceden, complejas y variables en cuanto a la alineación de los partidos, confusas en cuanto a sus resultados. En el fondo la victoria inicial sobre el khalifato parece haber dejado sueltas las fuerzas que impelían a la separación a las distintas zonas que los repobladores crearan. Entre todas, Castilla, bajo la mano firme de Fernán González, se reveló como la más radical y obtuvo su independencia aspirando a convertirse de condado en reino.

Esta situación abre perspectivas nuevas a las autoridades de Córdoba, que pueden abrigar la esperanza de quebrantar definitivamente al enemigo con sólo favorecer con habilidad al partido más débil o al más susceptible de prorrogar indefinidamente la división. Realmente podían conformarse con esperar los resultados de su diplomacia; no lo hicieron porque, convencidos del peligro que representaba la instalación de los cristianos en el Duero, aspiraban a desalojarles de sus posiciones. Fortificada ya Medinaceli, se dibuja en la mente del khalifa la idea de exigir la entrega de los fuertes castillos que, desde Simancas hasta Burgo de Osma, formaban la línea defensiva esencial. Es el objetivo que Almanzor intentará luego alcanzar.

La sucesión de Ordoño III

El difunto rey dejaba un hijo, Bermudo, nacido de Elvira Peláez que, pese a lo que dice más tarde Sampiro, no debió ser considerado como legítimo. Sin duda su poca edad, dos o tres años a lo sumo, impedía que pudiera utilizársele como candidato de la nobleza gallega. Fue reconocido como rey Sancho, el obeso hermano de Ordoño III, y en sus documentos firma inmediatamente Pelayo González, el abuelo de Bermudo, junto al conde Fernán González y otros magnates, lo que parece indicar que el cambio se hizo sin oposición alguna. Pero a los pocos meses la situación había cambiado mucho a causa de las tendencias autoritarias de Sancho y de dos graves errores cometidos por éste: la ruptura de la paz con los musulmanes —lo que provocó una aceifa mora en la primavera del 957— y la enajenación de la buena voluntad del conde de Castilla. Mientras las tropas khalifales con base en Toledo hacían su entrada en el reino, a las órdenes de cierto Ahmed ben Ya‘la, Fernán González anudaba los hilos de una intriga destinada a sustituir a Sancho I por Ordoño IV, llamado el Jorobado y el Malo, que era probablemente hijo de Alfonso IV o, según Sánchez Albornoz, de Alfonso Fróilaz, a quien los hijos de Ordoño II expulsaran del trono.

El movimiento comenzó en Galicia en donde Pelayo González, San Rosendo y sus parientes, reconocieron a Ordoño IV, que se había casado con Urraca, viuda de Ordoño III e hija de Fernán González. Tuvo pronto el carácter de revuelta contra la influencia navarra ya que los auxilios prestados por la reina Toda permitieron a Sancho I sostenerse en León hasta la primavera del 958. Al cabo, el monarca, depuesto, tuvo que refugiarse en Pamplona. Ordoño IV no iba a estar a la altura de las circunstancias. Muy pronto ‘Abd al-Rahmán tomó partido en contra de Fernán González y envió un ejército en que figuraba Fruela Vela, miembro de la familia que había sido despojada del condado de Álava por el conde de Castilla. Sin duda Toda y su hijo García I tomaron la iniciativa de las relaciones con Córdoba solicitando médicos para curar la gordura de Sancho I y auxilios militares para restablecerle en el trono.

El khalifa envió a nuestro conocido judío, Yusuf Hasdai ben Shaprut, que además de diplomático era excelente médico, para que convenciera al depuesto soberano de León, su tío y su abuela, de la necesidad de trasladarse a Córdoba. En pocos meses logró la anhelada curación y firmó un tratado que le obligaba, en premio a la ayuda que iba a recibir, a entregar diez fortalezas de la frontera. La operación restauradora fue concebida en dos frentes, islámico y navarro; en la primavera del 959 Zamora fue sitiada y tomada e inmediatamente Sancho pudo emprender la marcha sobre León. La actitud de las familias rivales de Fernán González, Vela y Ansúrez, resultó decisiva y el restaurado monarca se ligó a ellas mediante el matrimonio con Teresa Ansúrez. También los magnates gallegos, Pelayo González y Rodrigo Velázquez, se le mostraron favorables. A principios del 960 el conde de Castilla cayó prisionero de las tropas navarras en San Andrés de Cirueña y entonces Ordoño IV desamparó la ciudad de León, que aún defendía, refugiándose en Asturias y luego en Burgos. Los navarros se unieron a Sancho I en el momento en que éste ocupaba la capital.

Al-Hákam II

El khalifa ‘Abd al-Rahmán pasó entonces la cuenta de sus servicios exigiendo la entrega de diez fortalezas sobre el Duero, es decir, la conversión de este río en línea fronteriza musulmana. Pero murió antes de haber recibido respuesta (961). Su hijo al-Hákam, que le sucedió, poseía conocimientos suficientes y, por su edad, 46 años, madura experiencia que iban a permitirle llevar a la cumbre el régimen omeya de España. Es bien significativo que se le recuerde como autor de la gran mezquita de Córdoba más que por sus campañas contra los cristianos, a pesar de que éstas fueron importantes. Homosexual probablemente, caso que se repite en el Islam español, el nuevo khalifa era menos autoritario, más piadoso y, sobre todo, más intelectual que su antecesor. La biblioteca de Córdoba llegó a ser, gracias a sus cuidados, una de las más importantes del mundo. Sus proyectos, que no tuvieron realidad, para desarraigar los viñedos, es la muestra de preocupaciones religiosas.

Durante quince años, al-Andalus disfrutaría de paz interior, interrumpida solamente por un ataque de corsarios daneses en la desembocadura del Tajo (966). Las fuertes revueltas que sacudieron durante siglos el estado musulmán parecían haberse aplacado y la honda crisis de las monarquías cristianas tranquilizaba respecto a la frontera. Dos grandes personajes colaboraron con al-Hákam en su fecunda tarea de gobierno: el liberto Gálib, eslavo de origen, comandante de las tropas de la fortaleza de Medinaceli, héroe de la guerra de África, y el visir y sáhib al-shurta Abu-l-Hasán Chá‘far ben ‘Uthmán al-Mushafí, originario de una familia berberisca de Valencia. Cuando el año 965 la umm al-walad, Subh, cautiva vasca, dio al khalifa un hijo que sería su heredero, la influencia de esta mujer pasó a ser dominante.

La ofensiva de al-Hákam

Continuando la política ya trazada, al-Hákam exigió de Sancho el Craso la entrega de las diez fortalezas del Duero y de García Sánchez el envío a Córdoba de Fernán González. Pero ni el monarca leonés se avino a hacer la entrega, ni menos el navarro; al contrario, llegaron a un acuerdo con el conde de Castilla —tal vez mediante matrimonio con Urraca de Navarra, según sospecha Pérez de Urbel—, que de nuevo prestó vasallaje al rey de León. Llegado a Burgos, Fernán González expulsó de sus estados a Ordoño IV, a quien separó además de su mujer, y le envió a territorio musulmán. Gálib recibió al desdichado pretendiente en Medinaceli y le acompañó después a Córdoba en donde fue recibido con estudiada solemnidad (8 de abril del 962).

Ante la perspectiva de un apoyo musulmán a su rival, Sancho se asustó. A toda prisa hizo que una embajada solemne, con prelados y condes, se trasladara a Córdoba para protestar de la rectitud de sus intenciones. El khalifa abandonó entonces a Ordoño, que no tardaría en morir en la capital de su imperio, pensando sin duda que el monarca leonés iba a cumplir sus promesas. Pero se equivocaba: aliviado en sus miedos por la noticia de la muerte del adversario, Sancho volvió a encerrarse en negativas. Estos años de tensión diplomática y conversaciones continuadas entre los dos sectores de la frontera habían producido en los musulmanes firme decisión respecto a la línea del Duero y a la necesidad de destruir las fortificaciones que hicieran posible las grandes victorias de Ordoño II y Ramiro II. Al fracasar las negociaciones, al-Hákam aceptó la idea de confiar a las armas el logro de su objetivo.

En el bando opuesto los cristianos se prepararon para resistir el asalto constituyendo un bloque de alianza que incluía no sólo a Navarra, León y Castilla, como era tradición, sino por vez primera también a los condes Borrell y Miró de Barcelona. Del Atlántico al Mediterráneo una línea de poderes cristianos, quizá no demasiado sólida, se extendía. Cuando, en el verano del 963, al-Hákam lanzó sus ejércitos al ataque la superioridad de éstos se hizo manifiesta: el khalifa se apoderó de San Esteban de Gormaz y ordenó reconstruir, a corta distancia, Gormaz, cabeza de puente sobre el Duero; Gálib se hizo dueño de Atienza, antemural precioso para la gran plaza de armas de Medinaceli; García Sánchez, derrotado por el Tuchibí Yahya ben Muhámmad de Zaragoza, perdía Calahorra, que los musulmanes convirtieron en importante bastión; el condado de Barcelona experimentó severos daños. Sancho I hubo de pedir la paz. La derrota, además, contribuía a distender los lazos entre León y Castilla, que obraba ya de hecho con plena soberanía independiente.

La minoridad de Ramiro III

Dificultades interiores aconsejaban a Sancho buscar la paz con los musulmanes; se habían producido contiendas entre magnates gallegos, al Norte y al Sur del Duero, que se mostraban poco obedientes. Al Norte del río, Rodrigo Velázquez parece haber sido más favorable al monarca. Acudiendo en su ayuda, Sancho aceptó una entrevista con cierto dux Gundisalvus (acaso Gonzalo Menéndez o Gonzalo Núñez) de quien, según Sampiro, recibió una manzana envenenada de cuyo efecto murió en León (966). Por vez primera el principio de sucesión hereditaria llevaba a un niño, Ramiro III, al trono de León, bajo la regencia de su tía Elvira, monja en San Salvador, que fundara su padre Ramiro II. Castilla le reconoció, Navarra le sostuvo, y Rodrigo Velázquez de Galicia, Fruela Vela de Álava, y Gómez Díaz, conde de Saldaña, tronco del linaje que sería llamado de los Banu Gómez, figuraron entre los principales personajes de una Corte que, por sus títulos y etiqueta, quería semejarse a la de Bizancio.

La solución no era buena: Teresa Ansúrez, la madre del rey, alejada de la Corte, volvió a su familia, tan poderosa entre el Cea y el Pisuerga; Gonzalo Núñez y Gonzalo Menéndez, en la marca de Portugal, guardaban un candidato posible, hijo de Ordoño III; Fernán González, en Castilla, actuaba con la más completa independencia. Para colmo de males se produjo un ataque vikingo sobre Galicia el mismo año 966 en que los normandos se presentaban ante Lisboa, o en 968. Venían mandados por un jefe de nombre Gunderedo. Combatiendo contra ellos murió, en batalla librada cerca de Fornelos, el obispo Sisnando de Compostela. Pero la situación experimentó alivio con el nombramiento de Rudesindo (San Rosendo) como su sucesor; las acertadas disposiciones que este pariente de los monarcas leoneses adoptó para la defensa marítima de Galicia, así como los éxitos logrados por al-Hákam II, contribuyeron a eliminar el peligro.

Un cambio de generaciones se produce, coincidiendo con el cambio de iniciativa, en el aspecto militar, pues al relevo en León siguieron, a corta distancia, otros en Navarra y en Castilla. Sancho II, llamado Abarca, sucedió a su padre García I en Pamplona, mientras en Burgos heredaba García Fernández a Fernán González. Todos los poderes cristianos, incluso los magnates leoneses, se inclinaban ante al-Hákam II multiplicando las embajadas en demanda de paz o de protección. Entre los años 971 y 974 Córdoba parece la meta de apresurados emisarios que representan a Borrell de Barcelona, Sancho de Navarra, Ramiro III y su tía, Fernando Ansúrez y García Fernández de Castilla, Gonzalo Menéndez el rebelde gallego y Rodrigo Velázquez, el adicto, y a Gómez Díaz el conde de Saldaña. Nada, sin embargo, tan importante, como la entrada en escena de Abu ‘Ámir Muhámmad ben Abi ‘Ámir al-Ma‘afirí, a quien los cristianos no tardarían en llamar, temerosos, Almanzor.

Últimos años del reinado de al-Hákam II

Los últimos años de gobierno del segundo khalifa español contemplan nuevas victorias, en África y en la frontera duriense, que elevaron al máximo el prestigio militar de Gálib, pero que, sobre todo la primera, sirvieron espléndidamente a los designios de Almanzor. Pertenecía éste a un linaje yemení, asentado en Torrox desde los días de la conquista de España, y había nacido el año 940. Sin duda la familia no era rica; ambicioso e inteligente, Abu ‘Ámir prefirió trasladarse a Córdoba en donde fue estudiante. Comenzó redactando instancias; quedó luego incorporado como auxiliar a las oficinas del cadí de Córdoba, quien le recomendó al háchib al-Mushafí: el 22 de febrero del 967 se le nombraba administrador de los bienes de la umm al-walad, Subh. En pocos años la protección de esta mujer, que sería su amante, le valió la posibilidad de una vertiginosa carrera: inspector de la moneda, fue nombrado cadí de Sevilla y Niebla, intendente de la casa del príncipe heredero, Hisham (970), y jefe de la policía de la ciudad. Cuando, el 973, al-Hákam decidió enviar a Gálib a África, al frente de un ejército de potencia decisiva, Abu ‘Ámir quedó encargado de su intendencia.

Desde los primeros momentos, al-Hákam II había proyectado recuperar la influencia que al-Andalus ejerciera sobre el Norte de África, la cual se había perdido en los últimos años del reinado de ‘Abd al-Rahmán III. La conquista de Egipto por los fatimíes (969) favorecía estos proyectos por cuanto alejaba del Estrecho a los rivales. Un miembro de la tribu de Sinhacha, Zirí ben Manad al-Talqatí, quedó encargado del gobierno de Berbería. El khalifa de Córdoba podía lógicamente esperar que los Zanata, irreconciliables enemigos de los Sinhacha, se mostrasen dispuestos a escuchar las proposiciones que se les hicieran desde Córdoba. Las primeras gestiones condujeron al fracaso: el 971 los Zanata sufrieron terrible derrota y su propio jefe Muhammad ben al-Jayr se suicidó. Zirí comenzó a combatir a cuantos se habían mostrado más o menos favorables a Córdoba. Pero murió a los pocos meses en lucha contra un árabe de origen español, Chá‘far ben ‘Alí ben Hamdún. La guerra, conducida ahora por Buluggín ben Zirí, adquirió caracteres terribles, con destrucciones y exterminio de clanes enteros. Pero los fatimíes acabaron desinteresándose de Marruecos y retiraron de allí sus tropas.

Desde el 972, considerando que el campo quedaba libre, al-Hákam decidió reemprender desde Ceuta, única plaza que aún conservaba, las antiguas operaciones para la sumisión del norte de África. Se le oponía un príncipe idrisí, al-Hasán ben Gannún, señor de Arcila, que dominaba todos los accesos al interior, desde Tetuán a Tánger. De agosto a diciembre del 972 las tropas cordobesas, mandadas por Muhámmad ben Qásim ben Tumlús, realizaron una campaña muy brillante apoderándose incluso de Tánger y de Arcila, pero acabaron sufriendo un revés en que murió ibn Tumlús. Entonces al-Hákam llamó a Gálib y a sus tropas de Medinaceli y le dio orden de destronar a todos los idrisíes. Tras un largo asedio, Gannún se rindió y fue trasladado a Córdoba con sus parientes. El desfile triunfal de las tropas de Gálib por las calles de la capital (21 de septiembre del 974) bien puede considerarse como el momento culminante en la vida del khalifato. Para sostener el protectorado español en Marruecos se decidió la recluta de tropas indígenas a las que se otorgaban condiciones bastante semejantes a las que los chund árabes tenían, las cuales además se colocaron a las órdenes de Chá‘far ben ‘Alí ben Hamdún y de su hermano Yahya.

Estos éxitos africanos se vieron reforzados por la victoria sobre Castilla. Desde el año 973 las relaciones entre cristianos y musulmanes se deterioraban a gran velocidad. Probablemente los poderes septentrionales preparaban ya una ruptura; cabe en lo posible que la Curia plena de León, en que intervino San Rosendo y que acordó suprimir nuevamente el obispado de Simancas, haya obedecido a dichas previsiones. García Fernández envió sus embajadores a Córdoba, acaso para disimular otras maniobras, pues el hecho es que mientras duraban las negociaciones asaltó Deza e hizo una incursión hasta Sigüenza pasando por delante de Medinaceli (974). Aprovechaba la ausencia de Gálib, trasladado a África. El 975 una gran coalición, todavía a las órdenes teóricas del rey de León, se había puesto en pie con el inmediato propósito de destruir el castillo de Gormaz que los musulmanes edificaron poco tiempo antes. A toda prisa Gálib acudió, venciendo a los sitiadores (28 de junio de 975) y obligándoles a levantar el cerco.

La superioridad islámica era manifiesta. Las tierras situadas inmediatamente al norte del Duero sufrieron saqueos. A las pocas semanas de la victoria de Gormaz, los musulmanes vencían a García Fernández cerca de Langa, mientras Yahya el Tuchibí derrotaba a los navarros en Estercuel. Los Ansúrez aprovecharon la ocasión para derribar el gobierno de la monja Elvira —ignoramos si murió o volvió al convento— y situar a la reina madre Teresa junto a Ramiro III. Pero el 1 de octubre del 976 murió en Córdoba al-Hákam II. La dictadura de Almanzor podía comenzar.

El aislamiento catalán

El avance hacia el Este de los monarcas navarros les había permitido, a mediados del siglo X, un considerable control de los valles del Pirineo central. Aragón —es decir, Hecho, Canfranc, Tena, Acumuer y Ansó— defendido largos años por los descendientes de Aznar Galindo, había acabado por rendirse cuando Galindo II entregó a su hija Andregoto en matrimonio a García I Sánchez. De este modo Sancho II Abarca, comenzando a reinar el 970, era rey de Navarra y de Aragón. Como en la monarquía leonesa, el crecimiento territorial originaba división entre las comarcas: gobernado por infantes o por nobles, Aragón conservaba autonomía y carácter debido a costumbres jurídicas que le diferenciaban de sus vecinos. Tierra sumamente pobre, tenía desde el 922 su propia sede episcopal que Ferriolo estableciera en Sasabe, en el valle de Borau. Al girar Ribagorza en la esfera de Cataluña hubo casi un reparto de la línea pirenaica en dos sectores.

En el momento de la muerte de Wifredo el Velloso (897) era rey en Francia Eudes. Usando en su provecho la fidelidad carlovingia, los hijos del conde de Barcelona pudieron proceder a un reparto de bienes ignorando al monarca; aunque un año más tarde la sucesión de Carlos el Simple les obligase de nuevo a la fidelidad y al vasallaje, nada cambiaba: ellos habían recibido en herencia los condados sin donación alguna. El mayor, Wifredo Borrell (898-911), retuvo Barcelona, Ausona y Gerona, que quedaron indisolublemente unidos como núcleo fundamental de la tierra catalana. Durante muchos años todavía los monasterios siguieron acudiendo a los reyes de Francia, en busca de documentos en qué fundar sus derechos, pero los obispos, en directa comunicación con Roma, encontraron su independencia.

Tanto Borrell como Sunyer (911-947), que le sucedió, mantuvieron al parecer relaciones pacíficas con el khalifato beneficiando las comunicaciones mercantiles entre Francia y Córdoba. Sin desprenderse todavía de los lazos teóricos con el Imperio carlovingio, se abstuvieron de participar en las tareas comunes de la Reconquista. Soldevila ha señalado algunas consecuencias muy importantes de esta postura; podrían acaso añadirse otras. Aunque perdurase el derecho visigodo, se perdieron otros muchos rasgos culturales hispánicos. Ningún avance se produjo que equilibrase en el este de la Península los decisivos progresos territoriales que los monarcas de León realizaban. Los obispados dependían de la sede episcopal de Narbona. Los monjes usaban la letra redonda Carolina y no la visigoda. En sus reglas y costumbres, los monasterios estaban más cerca del resto de Europa que de España. Tan sólo a mediados del siglo X fue visible un esfuerzo contrario: los intentos de erigir una sede metropolitana propia en Tarragona, fueron los primeros síntomas. Pero entonces el Islam estaba en condiciones de resistir cualquier avance.

Cuando Sunyer se retiró a un monasterio el 947, no hubo reparto: Barcelona, Ausona y Gerona pasaron conjuntamente a sus dos hijos, Borrell y Miró; Urgel, que llegará a ellos por herencia un año más tarde, no será todavía incorporado a este núcleo patrimonial. Hemos visto cómo los nuevos condes alteraron la costumbre y entraron por vez primera en la gran coalición contra el khalifato del año 963. Titulándose duques, a veces, y príncipes casi siempre, Borrell y su hermano afirmaban su absoluta independencia. El 977, siendo ya Borrell conde único por fallecimiento de Miró (966), un documento contiene la primera neta declaración de independencia: «año veintitrés de Lotario, rey de Francia, imperante sin embargo entre nosotros nuestro señor Jesucristo». Concluía todo un proceso. El conde de Barcelona pasaba a serlo, como los reyes, por la gracia de Dios. Como los reyes, poniendo fin a un largo período de aislamiento, acudía con sus embajadores a Córdoba.

VIII

LA GRAN OFENSIVA DE ALMANZOR

Abu ‘Ámir, el camino hacia la dictadura

Las circunstancias que acompañaron a la muerte de al-Hákam II permitieron el encumbramiento de Almanzor, cuya dictadura militar es el toque de difuntos para el régimen de los omeyas. El establecimiento de un gobierno militar estaba en la lógica de los acontecimientos: el khalifato se definía, frente al resto de Europa, como unidad de poderes religioso, jurídico y civil que sólo con harta dificultad podían ser mantenidos en equilibrio. Presionado por la amenaza externa de los reinos cristianos y por la interna de los separatismos, el régimen omeya había tenido que aumentar constantemente sus tropas de soldados profesionales, atraídos por la fe, la buena paga o, simplemente, adquiridos en el mercado de esclavos. Un día, era casi inevitable, el jefe de estas tropas sustituiría de hecho al khalifa. Lo mismo sucedía en Oriente entre las abbasíes y en Egipto entre los fatimíes. Ahondando en la cuestión, algunos contemporáneos, y Abu ‘Ámir entre ellos, llegaron a considerar deseable una separación entre poderes, reservando al khalifa el puesto de cumbre y cabeza de la Comunidad y al dictador el ejercicio de la autoridad, con título y calidad de rey.

Tal disyunción era ficticia. Al khalifa se le reconocía objetivamente una calidad familiar —la dinastía omeya— o religiosa; al caudillo victorioso tan sólo el poder de hecho que le daban los profesionales de la guerra. De esta forma el régimen que Almanzor intentaba fundar se ligaba de antemano a la consecución de victorias. Cuando éstas cesasen, o la personalidad del caudillo palideciese, el ejército mismo —esta heterogénea fuerza de berberiscos, eslavos y árabes— tendería a adueñarse del poder y le arruinaría. Por eso está tan cerca el saqueo de las capitales cristianas del hundimiento final del khalifato. Éste hubiera podido salvar de la ruina al menos la integridad territorial si las tropas a sus órdenes, como sucedía en Irak, fuesen de un solo y nuevo pueblo islámico; al desintegrarse el ejército estalló en mil pedazos la misma monarquía.

Síntomas de esta debilidad interna podían ya percibirse en los comienzos mismos del reinado de Hisham II cuando eslavos y berberiscos —dos sectores igualmente poderosos en el ejército— sirvieron facciones distintas. Dos fatas eslavos, Fa‘iq al-Nizamí y Chawdhar, presentes en el momento de la muerte de al-Hákam II (1 de octubre del 976), proyectaron elevar al trono a un hermano del difunto, al-Mugira, haciéndole reconocer a Hisham como su heredero, a fin de evitar los males de una larga minoridad. Pero Chá‘far al-Mushafí, que durante la enfermedad del khalifa había desempeñado el gobierno y esperaba conservar la suprema autoridad, reunió a los grandes dignatarios, que acordaron, para sostener a Hisham, el asesinato de al-Mugira. Abu ‘Ámir se encargó directamente de este cometido y, luego, de redactar y leer la proclama en favor del nuevo soberano en una larga ceremonia que comenzó el 8 de octubre del 976 y duró varios días.

Se supo entonces que al-Mushafí había sido elevado al puesto de háchib y que a su lado, como visir, Abu ‘Ámir tendría el segundo lugar. Ambos estaban de acuerdo en la necesidad de alejar de la Corte a los fatas eslavos, sin darles muerte para evitar conflictos con las tropas de este origen, y en rodear a Hisham de cierta aureola de popularidad halagando al propio tiempo a la «gran princesa» Subh. Pero Abu ‘Ámir no estaba conforme con su puesto secundario. Sabía que, en definitiva, el poder pasaría a manos de un general suficientemente audaz y se propuso conseguir un ejército personalmente adicto, como el que Gálib tenía en el formidable bastión de Medinaceli. Aprovechando ciertas inquietudes en la frontera de León, hizo que se le confiriese el mando de la que sería su primera campaña contra los cristianos (febrero-abril del 977), en la que saqueó la comarca de Los Baños, al sur de Béjar. El único verdadero obstáculo en su marcha hacia la dictadura no era ya el viejo al-Mushafí, a quien todo el mundo odiaba por su nepotismo, sino Gálib, fuerte con los laureles de África y de Gormaz, que no recataba su desprecio hacia el háchib. Abu ‘Ámir aprovechó la campaña estival del 977 para llevar personalmente los refuerzos a Medinaceli y estrechar la amistad con el general eslavo a quien se acababa de otorgar el doble visirato. Ésta es la campaña de La Mola, que valió a Abu ‘Ámir el gobierno de la ciudad de Córdoba (sáhib al-madina).

Chá‘far al-Mushafí trató, en el último instante, de cerrar el camino a su antiguo protegido, ahora peligroso rival: pidió a Gálib la mano de su hija Asma para uno de sus hijos. Abu ‘Ámir deshizo la boda, cuando ya el contrato matrimonial estaba firmado, casándose con ella. La madre de Hisham, Subh, participó en la intriga, completada en una nueva campaña en que operaron juntos suegro y yerno. El 29 de marzo del 978 al-Mushafí fue detenido, junto con sus hijos, sometido a proceso y estrangulado en prisión cinco años más tarde. Abu ‘Ámir recibió el título de háchib y todos los cargos y prerrogativas que aquél tuviera. Subh creía probablemente haber ganado un aliado seguro, pero no había hecho otra cosa que proporcionar a al-Andalus un amo firme.

El régimen amirí

La oposición contra este gobierno, que reducía al khalifa a un papel puramente nominal, fue muy grande y no dejó de manifestarse en ningún momento. Abu ‘Ámir, cuyas relaciones íntimas con Subh eran del dominio público y que padecía cierta fama de impiedad que los alfaquíes malekíes estimulaban, supo hacerla frente en todo momento con habilidad y energía. El año 979 fue descubierta una vasta conjura en que se hallaban implicados el fata Chawdhar y algunos partidarios de al-Mushafí, la cual tenía por objeto el asesinato de Hisham II para sustituirle por su primo ‘Abd al-Rahmán ben ‘Ubayd Allah. El háchib aplicó en esta ocasión castigos extraordinariamente duros. Para disipar los rumores de impiedad procedió al expurgo de la famosa biblioteca que al-Hákam reuniera en Córdoba; por su propia mano arrojó al fuego o al pozo muchas obras que los piadosos musulmanes consideraban peligrosas.

El mismo año 979, Abu ‘Ámir iniciaba las obras de un gran palacio que serviría de nuevo asiento a la administración, escogiendo el lugar de Manzil ben Badr, a orillas del Guadalquivir, que, según Ibn Hayyán, estaba señalado por los presagios para ser la futura capital de al-Andalus. Le llamó Madinat al-Zahira (ciudad brillante) aunque en principio no era sino fortaleza; muy pronto se vio crecer en torno a la nueva residencia un amplio arrabal que enlazó con las calles de Córdoba. El háchib se instaló allí el 981 al mismo tiempo que asumía los títulos de al-Mansur bil-lah, victorioso por la gracia de Dios, como si de un khalifa se tratara. El poder absoluto y brillante establecido en Madinat al-Zahira no toleraría émulos; Almanzor dejó de prestar, como antes, el diario homenaje a Hisham. La autoridad se disociaba en dos sectores siendo para el háchib la plenitud en las decisiones temporales de cualquier tipo: el khalifa era tan sólo jefe de la oración. Almanzor publicó que era voluntad de Hisham dedicarse enteramente a la vida de piedad, y construyó un muro con doble foso rodeando el palacio de Córdoba a fin de aislarle.

El régimen quedó asentado sobre tres pivotes, la paz interior que los cronistas presentan como rebosante de riqueza, las victorias continuas en el exterior, y un ejército reforzado en que los reclutas árabes, suspendido el antiguo sistema, se mezclaban con cristianos procedentes del norte, eslavos y sobre todo berberiscos que acudían en gran número. Almanzor hizo venir de África a Chá‘far ben ‘Alí ben Hamdún con objeto de oponerle a Gálib y sus tropas. Desde el 979 las relaciones entre suegro y yerno habían empeorado. Era casi inevitable que los dos sectores del ejército chocasen y que Gálib hiciera valer su condición de fiel servidor de los omeyas contra el dictador. Hubo, al parecer, una áspera disputa entre ambos que originó la guerra. Gálib dispuso de refuerzos castellanos, que mandaba en persona el conde García Fernández, y navarros a los órdenes de un infante Ramiro, hijo de Sancho II Abarca. Pero murió en la batalla de San Vicente, no lejos de Atienza, el 10 de julio del 981, cuando cargaba contra su rival. Con él desaparecía toda oposición.

El paso a la monarquía

Durante veinte años Almanzor ejerce una implacable dictadura, que no guarda agradecimiento a nadie ni consiente émulos de ninguna clase. El general Chá‘far ben ‘Alí, a quien debiera en gran parte la victoria de San Vicente, murió asesinado a la salida de un banquete (21 de enero del 983) por agentes pagados por el ministro. Hubo dos intentos, el 989 y el 996, para derribar al régimen; ambos fueron ahogados con el máximo rigor. Desgraciadamente es muy poco lo que sabemos de la intensa labor que, en orden al gobierno y administración, realizó el gran caudillo; sin duda debió valerle cierta popularidad porque los movimientos en contra suya quedaron siempre circunscritos a la esfera de la Corte sin extenderse a las provincias.

El 989 ‘Abd Allah ben ‘Abd al-Aziz, llamado Piedra Seca, perteneciente a la familia omeya y gobernador de Toledo, intentó una conjura para asesinar a Almanzor, asegurándose el concurso del Tuchibí de Zaragoza, ‘Abd al-Rahmán ben Mutárrif, y de un hijo del propio Abu ‘Amir llamado ‘Abd Allah; al parecer se ofreció a ibn Mutárrif un reino independiente el día en que Piedra Seca sustituyera a Hisham y ‘Abd Allah ben Abi ‘Ámir a su padre. Con gran astucia Almanzor atrajo a los conjurados a fin de darles muerte, y sólo Piedra Seca consiguió escapar refugiándose en León. Sus dos compañeros perecieron decapitados y él, entregado por Bermudo II, fue a pudrirse a un calabozo de Córdoba.

Parece indudable que Almanzor era consciente de las limitaciones de su cargo y trató de modificar lentamente el régimen a fin de legalizarle. De hecho existía una separación de poderes semejante a la que mostraban las monarquías cristianas europeas. Respetando la autoridad religiosa del khalifa, intentó fundar a su vez una nueva monarquía de la que pensaba hacer herederos a sus hijos. El 991 transmitió a ‘Abd al-Málik ben Abi ‘Ámir el cargo de háchib casi al mismo tiempo que ordenaba sustituir en los documentos de cancillería el sello del khalifa por el suyo propio. El 996 dio un paso definitivo cuando adoptó el título de málik kárim, «noble rey». La oración de la mezquita era pronunciada a nombre de Hisham y suyo. Subh, cuyo afecto inicial se había trocado en odio, se asustó: temía el despojo del khalifa, cosa que probablemente jamás estuvo en la intención de Almanzor. Éste se adelantó a los proyectos de la reina apoderándose del dinero que ella preparaba para comprar a los conjurados, se exhibió junto a Hisham por las calles de Córdoba y obtuvo de éste un acta legal que declaraba que el ejercicio del gobierno era de exclusiva competencia del rey. Zirí ben Atiya, que se había sublevado en África, fue aplastado (998). Subh se retiró de la Corte.

Primera fase de la ofensiva (981-991)

Cincuenta campañas, muchas de ellas desconocidas, cuentan los cronistas en el haber de Abu ‘Ámir Muhámmad ben ‘Abi Ámir, Almanzor. Las primeras obedecieron a necesidades defensivas frente al conde castellano García Fernández, que quería aprovechar las momentáneas debilitaciones de la frontera para recuperar los castillos que cerraban el paso del Duero. Luego se convirtieron en la más formidable ofensiva desencadenada por el Islam en España, bajo cuyos golpes la monarquía astur-leonesa —y con ella todas las demás— estuvo al borde del colapso. Ni la campaña de Baños, ni la de La Mola pueden ser calificadas de grandes éxitos. En cambio, en el verano del 978, García Fernández, con auxilios leoneses probablemente, lanzaba un ataque victorioso que le permitía apoderarse del disputado e inexpugnable castillo de Gormaz y penetrar luego por Almazán y Barahona hasta Atienza, capturando espléndido botín. El conde y su esposa Ava, hija de Ramón II de Ribagorza, emplearon esta ganancia en la fundación del monasterio-infantado de Covarrubias.

Fiel a Ramiro III, el conde García «de las blancas manos», se preparaba a ser digno adversario de Almanzor. Al confirmar el 978 sus fueros a Castrojeriz, hizo equiparar a los caballeros villanos con los infanzones, ampliando la base de la nobleza que garantizaba su fuerza militar. Para Ramiro III, cuya mujer Sancha era acaso de la familia de los condes de Saldaña, la fidelidad castellana fue valioso contraste con la oposición que alentaban los condes portugueses, entre los que había hallado refugio Bermudo, hijo de Ordoño III y de Elvira Peláez. Pero esta misma amistad le comprometió en la empresa de defender a Gálib contra Almanzor, que terminó en el desastre de San Vicente de Atienza.

Para vengarse del auxilio prestado a su rival, Almanzor envió un ejército sobre Zamora a las órdenes de ‘Abd Allah Piedra Seca (julio del 981), que gobernaba, como sabemos, la frontera de Toledo. El castillo pudo resistir, pero la ciudad fue literalmente arrasada. Respondiendo a las apremiantes llamadas de Ramiro, Sancho Abarca y García Fernández acudieron para contener el avance musulmán, pero los aliados sufrieron terrible derrota en Rueda (agosto del 981). Simancas sucumbió. Aunque el otoño avanzaba, los musulmanes marcharon sobre León, que escapó probablemente a un desastre gracias a una tormenta de lluvia y nieve. La alarma era seria. Los castellanos abandonaron apresuradamente Sepúlveda y Atienza, retirándose al otro lado del río. Almanzor conservó sin duda la fortaleza de Simancas.

En la derrota hallaron ocasión los nobles portugueses para suscitar su candidato. En diciembre del 981 Bermudo II se titulaba rey y le reconocían los condes Gonzalo Núñez y Gonzalo Menéndez y los obispos de Coimbra, Viseo y Lamego por lo menos. Cruzando el Miño, los rebeldes entraron en Galicia de la que se apoderaron haciendo consagrar a Bermudo el 15 de octubre del 982 en la iglesia de Santiago de Compostela. Ramiro III intentó destruir a su rival, pero la batalla de Portela de Arenas, cerca de Monteroso, le fue desfavorable. Durante dos años hubo una división del reino, pero poco a poco los magnates leoneses abandonaron a Ramiro, y con ellos los Banu Gómez de Carrión y el conde de Castilla García Fernández. El 985 el rey había sido expulsado de León y murió poco después en Astorga, el 26 de junio.

Esta nueva guerra civil tuvo desastrosos efectos. Las antiguas rivalidades entre zonas extremas, afincadas sobre matrimonios, retoñaban para complicar aún más la situación. En el último momento, Ramiro III y su madre, Teresa Ansúrez, tuvieron la idea de buscar la protección de Almanzor. Lo mismo hizo Bermudo II y, desde Córdoba, fue enviado un ejército que procedió en todo momento como en país conquistado. Teresa Ansúrez buscó refugio en el monasterio de San Pelayo de Oviedo. Los condes gallegos se alzaron a los primeros puestos mientras los de Saldaña caían en desgracia. García Fernández parece haberse colocado al margen de una situación que era la más opuesta a sus aspiraciones de alianza general entre los cristianos.

Todo el mundo se inclinaba ante el afortunado amirí. Sancho Abarca le enviará a su hija que, convertida al Islam, será la madre de ‘Abd al-Rahmán a quien llamaron Sanchuelo. Sin embargo, sólo la campaña de Rueda figuraba entonces en la carrera de Almanzor, y no era suficiente como para justificar tales temores. Al precio de la humillación, leoneses y navarros ganaron dos años de paz que ni siquiera fueron capaces de aprovechar. Son los que el háchib emplea en su gran ataque a Cataluña. Probablemente el conde Borrell nada hizo que justificara la ruptura de una paz de muchos años: el gran ejército cordobés asaltó y conquistó Barcelona el 7 de julio del 985, saqueando e incendiando los monasterios de San Cugat de Vallés y de San Pedro de las Puellas. No hubo ocupación del condado y los musulmanes regresaron a sus bases del otro lado del Ebro. La brutalidad del ataque hizo comprender a Borrell la escasa confianza que podía ponerse en las buenas relaciones con Córdoba y le indujo a reanudar sus relaciones con Francia. La muerte de Lotario, la ausencia de auxilios y la subida al trono de Hugo Capeto, interrumpieron también estas relaciones. Cataluña hubo de encontrarse sola y de aprestarse a la defensa a todo trance. Cuando el 992 Ramón Borrell suceda a su padre, tal será la situación.

Sin duda Bermudo II, aplacadas las rebeliones internas, juzgaba intolerable la presencia de tropas musulmanas en su reino; a fines del 987 o principios del año siguiente, cansado de esperar respuesta a sus ruegos, las expulsó violentamente. Almanzor replicó con rapidez: mientras se apoderaba de Coimbra, que fue arrasada de tal modo que permanecería desierta siete años, ofrecía su auxilio a rebeldes y descontentos. Bermudo tuvo que ir a Galicia para someterla. Gonzalo Menéndez se sometió directamente al protectorado amirí. Los Banu Gómez se pasaron al enemigo sirviendo como oficiales en su ejército. En la campaña del 988 Almanzor dirigió sus armas contra León, cuyo camino le abrían García Gómez conde de Saldaña, García Bermúdez, conde de Luna y, probablemente, los Ansúrez, condes de Monzón, que consideraban a Bermudo II como usurpador. El rey se había instalado en Zamora, con la esperanza de detener a los invasores, pero éstos prefirieron marchar antes sobre la capital, de la que se apoderaron tras una lucha de cuatro días.

Por todas partes la desolación y la muerte. Arrasados los monasterios de Sahagún y Eslonza, los musulmanes cayeron sobre Zamora, de donde pudo escapar Bermudo II justamente a tiempo de evitar que las ruinas de la gran fortaleza le sepultaran. Con sus fieles, halló refugio en Lugo, mientras la Tierra de Campos pasaba a constituir un gobierno independiente, bajo la autoridad de los Banu Gómez, a quienes asesoraban y vigilaban oficiales cordobeses. Guarniciones permanentes se instalaron también en el país. La conjura de ‘Abd Allah Piedra Seca proporcionó un leve respiro.

Castilla en primera linea. Muerte de García Fernández

León fuera de combate, Castilla quedaba como un saliente hacia las posiciones musulmanas. Ya el 987, al producirse la retirada de Bermudo a Galicia, García Fernández aparece en las tierras del Cea como si se aprestase a regirlas o defenderlas. Almanzor atacó San Esteban de Gormaz el 989, sin poder conquistarla, y se adueñó en cambio de Osma. Insistió al año siguiente y pudo comprobar hasta qué punto era fuerte la tenacidad de los castellanos. Pactó con García a cambio de la entrega de su hijo, el rebelde ‘Abd Allah, que fue decapitado en el mismo lugar. Entre los años 991 y 994 parece que hubo paz y que sus beneficios se extendieron también a la frontera de León. Almanzor la necesitaba para completar la organización de su ejército, consumar el tránsito de la dictadura a la monarquía y fortalecer el protectorado cordobés en África, en donde había comenzado a debilitarse.

Este pequeño respiro fue aprovechado cumplidamente por Bermudo II quien se apoderó de León e inició una apresurada política conciliatoria con los rebeldes. Gonzalo Bermúdez, conde de Luna, vuelve al favor del rey y encontramos a Menendo González, hijo de Gonzalo Menéndez como armiger al frente del ejército. Probablemente, el monarca se hacía pocas ilusiones respecto al peligro musulmán, alejado ahora simplemente porque Almanzor prefería lanzar sus ataques contra Castilla y contra Cataluña. De ahí dos objetivos de su política, la alianza con García Fernández, a quien hallamos confirmando con frecuencia documentos leoneses, y el aplacamiento del terrible háchib, a cuyo harem envió Bermudo II una hija suya, Teresa. Habiéndose divorciado de su primera esposa Velasquita Ramírez, el soberano de León casó con Elvira García, hija del conde castellano. De este matrimonio no tardaría en nacer el heredero del trono, Alfonso V.

Pérez de Urbel supone que fue García Fernández quien indujo a Bermudo II a sacudirse las ataduras del protectorado cordobés volviendo a los antiguos proyectos de alianza general entre todos los poderes cristianos. Fue probablemente un error dar acogida al rebelde ‘Abd Allah Piedra Seca porque con ello atrajo de nuevo la ofensiva de Almanzor sobre tierras leonesas. Los acontecimientos en torno al año 995 —son escasas las fuentes musulmanas y muy dudosas las cristianas— resultan oscuros. Pérez de Urbel sitúa aquí la leyenda de los Siete infantes de Lara pues un Gonzalo Gustios aparece en este lugar el 974 y un Ruy Velázquez confirma los documentos del conde pocos años más tarde. Los juglares del siglo XIII contaban la muerte de García Fernández como consecuencia de la traición de su esposa, Ava de Ribagorza, que quería gobernar en nombre de su hijo Sancho. El hecho es que el conde fue derrotado y preso, en mayo del 995, en un combate que tuvo lugar entre Langa y Alcocer. De las heridas que recibiera en la batalla murió cuatro días después de su llegada a Córdoba el 29 de julio de este mismo año.

Sancho García que, con toda probabilidad, había tenido parte en la conjura, comenzó a gobernar bajo el protectorado de Almanzor. Fue el conde de los «buenos fueros», el que trataba de estimular el espíritu combativo de los castellanos promoviendo a la libertad y a la nobleza a cuantos sirviesen con sus armas. Es casi seguro, por cierta indicación del Concilio de Coyanza, que se realizó entonces una amplia labor legislativa. La paz con los musulmanes, que ocupaban Clunia, muy al interior de su territorio, era humillante tal vez, pero de efectos positivos. Mientras se desencadena la terrible ofensiva de Almanzor sobre León, Castilla gana un tiempo precioso.

Las grandes campañas (995-1002)

Después de la muerte de García Fernández, mientras se negociaba con su heredero Sancho, Abu ‘Ámir daba cima a sus empresas guerreras. El mismo año 995, tras haber arrasado Carrión para vengarse de la traición de los Banu Gómez, se apoderó de Astorga, obligando a Bermudo II a solicitar la paz y a entregar a ‘Abd Allah Piedra Seca. Fue una tregua breve, motivada por la necesidad de eliminar la oposición que indicamos de la princesa Subh y de enviar al norte de África un ejército que destruyese la pasajera revuelta de Zirí ben Atiya. Nuevamente Bermudo, que aprovecha estos años para recorrer Asturias, ganar sumisiones y atraer la alianza del conde de Saldaña y otros magnates de Tierra de Campos, suspende o niega el tributo. Almanzor decidió humillar a la Cristiandad en sus sentimientos más profundos destruyendo Santiago de Compostela. El 3 de julio del 997 salió de Córdoba hacia Viseo en donde se le unieron algunos condes gallegos, mientras la flota transportaba a Oporto su infantería. Ninguna resistencia seria se le opuso: los magnates preferían someterse incorporándose a su ejército. El 10 de agosto, después de una marcha avasalladora, el háchib estaba ante Santiago de Compostela que evacuaran sus habitantes. Ordenó destruir la ciudad respetando tan sólo la tumba del apóstol y la vida del único monje que quedara para custodiarla. Las campanas y puertas de la iglesia, arrasada, fueron llevadas a Córdoba a hombros de cautivos cristianos.

Una tradición pretende que los musulmanes recibieron castigo del santo por la afrenta. De hecho Bermudo II no pudo ser hallado y Almanzor se retiró sin dejar fuerzas de ocupación. El rey permaneció en Galicia el año siguiente. Murió el 999, después del verano y al parecer de gota. El 11 de octubre era coronado en León su hijo, Alfonso V, bajo regencia de su madre Elvira García, la castellana, y de Menendo González, el conde portugués.

Barcelona, León, Santiago. Para los cristianos era lógico que el solo nombre de Almanzor significase oleadas de terror. Castilla en paz, tocaba el turno a Navarra. Bajo el gobierno de Sancho II Abarca (970-994), su hermano Ramiro había recibido un territorium, correspondiente al condado de Aragón, acaso con título real aunque dentro del vasallaje de Pamplona. Este infante, belicoso, murió en la batalla de de San Vicente de Atienza (981) luchando en las filas de Gálib contra Almanzor. Este desastre y el de Rueda, en que participó personalmente Sancho Abarca, movieron al soberano navarro a buscar humildemente la amistad del háchib, en la que se mantuvo hasta su muerte. El 992 hizo un viaje a Córdoba para confirmar su sumisión. García II Sánchez, llamado el Trémulo, que le sucedió, quiso conservar esta línea política y también la subrogación de autoridad en Aragón para su hermano Ramiro. Pero Almanzor había dispuesto otra cosa.

Probablemente el gran conquistador preparaba su campaña contra Pamplona, la cuarta de las capitales cristianas, inmediatamente después de su mortífera expedición a Santiago, pero hubo de retrasarla por la necesidad de atender a África, en donde el protectorado español se hallaba en franco retroceso. El clan de los Ziríes, familia de la tribu Zeneta de los Sinhacha, fue trasladado a la Península, en donde sería tronco de los futuros reyes de Granada. Pamplona fue probablemente destruida en septiembre del 999.

En medio de la tormenta, sólo Castilla quedaba en pie e iba a llegarle la hora, retrasada desde el 995 más por la voluntad de Almanzor que por la sumisa actitud de Sancho García. En la primavera del año 1000 las hostilidades recomenzaron; el conde recibió con toda probabilidad auxilios leoneses y navarros y tuvo la alianza de García Gómez, conde de Saldaña. Almanzor acudió desde Medinaceli a Peña Cervera, quince kilómetros al norte de Clunia, en donde se habían concentrado las tropas enemigas. Aunque al principio pareció que los castellanos iban a lograr la victoria, una estratagema del háchib, al trasladar tropas desde el valle a cierta colina, hizo que se volviese la fortuna trocándose la acción en severa derrota (septiembre del año 1000). Los cronistas musulmanes insisten en la gravedad de las pérdidas que experimentaron los cristianos; es posible que esta batalla sea el origen de la leyenda de Calatañazor, que los juglares convertían luego en victoria con intervención del apóstol Santiago. Pérez de Urbel niega que saquease Burgos aunque es indudable que devastó por lo menos sus inmediaciones.

No obstante su avanzada edad, Almanzor hizo su última campaña el año 1002 avanzando hasta Salas y destruyendo el monasterio de San Millán de la Cogolla, centro espiritual de Castilla y de Navarra. Estaba enfermo y, sin acabar la campaña, dispuso el regreso. Llegado a Medinaceli murió (10 u 11 de agosto). El Cronicón Burgense anotó con instintivo rencor: «Fue sepultado en el infierno».

IX

LA RUINA DEL KHALIFATO

‘Abd al-Málik al-Muzáffar

El régimen fundado por Almanzor iba a prorrogarse durante seis años más en su hijo ‘Abd al-Málik que recibió el poder en herencia como si de un patrimonio se tratara. El nuevo jefe era más duro que su antecesor: general experimentado por su larga permanencia en los campamentos, la guerra constituía la única razón de su existencia. La alegría de los cristianos no tardó en disiparse; pero también comprendieron que al-Muzáffar carecía de la sutil inteligencia que caracterizaba a Almanzor. Apenas conocida la muerte de este último, Menendo González, regente en León, Sancho de Castilla, e incluso Ramón Borrell de Barcelona se sintieron desligados de anteriores compromisos. También en Córdoba tenía lugar una manifestación contra el régimen amirí: clientes omeyas y oficiales eslavos solicitaban de Hisham II que tomara en sus manos el poder.

‘Abd al-Málik al-Muzáffar hizo frente a todos los peligros con energía. De todas formas el propio khalifa se negó a alterar las normas de gobierno e hizo leer en la mezquita un decreto que entregaba la plena autoridad al hijo de su háchib. Cuando al-Muzáffar llegó a Córdoba todo se había resuelto y la agitación había cesado. Las últimas esperanzas, seguramente vanas, de regresar al antiguo sistema de ‘Abd al-Rahmán III, se disiparon. También las formalidades que Almanzor cuidaba. Rodeándose de oficiales rudos, cristianos o musulmanes indistintamente, ‘Abd al-Málik mostraba muy poca piedad; en sus reuniones de campamento el vino era dulce compañía. La autoridad se hizo arbitraria: los dos principales colaboradores del nuevo jefe, el eslavo Tarafa y el árabe Isa ben Sa‘id al-Yahsubí, no tardarían en ser ejecutados como conspiradores.

El mismo año 1002 lanzó al-Muzáffar un doble ataque, por Galicia y por León, sobre este reino. No logró acaso el éxito que esperaba porque en auxilio del regente Menendo González habían venido los condes de Castilla y de Saldaña. Hubo negociaciones para la paz que concluyeron al año siguiente. Pero frente al poderoso musulmán los cristianos mostraron una vez más desunión y debilidad. Sancho García firmó un acuerdo con Wadih, el comandante de las tropas de Medinaceli, comprometiéndose a proporcionar tropas para las inmediatas expediciones que preparaban los musulmanes. Sin duda buscaba el apoyo de al-Muzáffar para arrebatar a Menendo González la regencia de Alfonso V. Ésta es la razón por la cual figuran contingentes castellanos en la expedición contra Cataluña que se produce en 1003. De cualquier modo, Sancho no pudo alcanzar su objetivo: el embajador cordobés, Absag ben Nabil, dio la razón a Menendo González, a quien, sin duda, al-Muzáffar juzgaba menos peligroso.

La campaña de Cataluña es muy significativa. Desde su asunción al trono condal de Barcelona, Ramón Borrell —y en esto tuvo la ayuda constante de su hermano Armengol, conde de Urgel— había suprimido toda relación con Francia, mostrando en cambio más decidido interés todavía que su padre en la ganancia de tierras al Islam. En consecuencia los musulmanes habían penetrado en el Bagés entre los años 1000 y 1002 haciendo sufrir daños a Manresa. Apenas muerto Almanzor, el conde de Barcelona hizo una expedición hasta los alrededores de Lérida. ‘Abd al-Málik replicó con una campaña hasta Igualada y Manresa (1003) que, al decir de los cronistas musulmanes, forzó a Ramón Borrell a solicitar la paz.

En apariencia el poder militar del khalifato era tan fuerte como en los mejores tiempos de Almanzor. Pero se adivina ya cierto debilitamiento; sin duda los golpes se hacían menos contundentes y, entre los cristianos, crecía el prestigio del conde de Castilla. El favor otorgado a Menendo González debió de provocar una corta ruptura entre Sancho y al-Muzáffar pues en la aceifa del 1004 los moros recorrieron la frontera castellana. Pero hubo pronto reconciliación: el conde fue a Córdoba, al decir de los historiadores musulmanes, y participó en las operaciones del 1005 en que las tropas amiríes alcanzaron el valle de Luna. Sin duda el convencimiento de la pérdida de potencia del enemigo impulsó a Sancho a abandonar su política prudente, volviendo a las coaliciones, como en tiempo de Ramiro II, bien que esta vez bajo dirección castellana.

Mientras los musulmanes llevaban sus fuerzas a Ribagorza (1006), Sancho negociaba las condiciones de la alianza. Por su mano, Castilla asume la responsabilidad de la resistencia. Se luchó, en verano y otoño de 1007, con tremenda ferocidad: ‘Abd al-Málik se apoderó de Clunia y de un castillo de San Martín destruyendo ambos y pasando a cuchillo la guarnición rendida. Pero en la campaña siguiente, verano de 1008, los ejércitos musulmanes sufrieron indudablemente un fracaso. Ibn Idharí dice que ‘Abd al-Málik «hubo de volver sin haber podido rechazar al enemigo de Allah, Sancho, hijo de García». Para colmo de males, el gran caudillo se retiraba enfermo. Murió el 20 de octubre de este mismo año.

‘Abd al-Rahmán Sanchuelo

La muerte de ‘Abd al-Málik hizo que el poder cayera en manos de un incapaz, su medio hermano ‘Abd al-Rahmán Sanchuelo que, por su madre, era nieto de Sancho II de Navarra. Inmediatamente se manifestó la profunda división que existía entre los tres sectores del ejército, berberiscos que reclutara directamente Almanzor, eslavos de Ja guardia khalifal, cuyo núcleo más importante procedía de tiempos pasados, y árabes —muchos de ellos con mezcla de muladíes— que pasaban por representar la tradición originaria de al-Andalus. Cada uno de estos grupos intenta ahora, aprovechando la debilidad del gobierno, imponerse a los otros dos, sin que ninguno pueda culminar su deseo. Las luchas, interminables, provocarán la desintegración del khalifato, la fitna, según gráfica expresión de Ibn Hayyán.

Sin duda ‘Abd al-Rahmán Sanchuelo carecía de las dotes políticas de sus antecesores; por lo menos no supo comprender cuál era el fundamento del régimen amirí. Compañero de disipación del khalifa, con quien le unía estrecha amistad, consiguió que Hisham II le designara como sucesor: volviendo al pasado y cerrando el círculo evolutivo de las instituciones, se preparaba nuevamente a reunir, para beneficio propio, los dos poderes, espiritual y temporal. Anidaba en Córdoba el descontento cuando llegó en demanda de auxilio, a fines del 1008, el conde García de Saldaña, cabeza de los Banu Gómez. Su presencia tenía sin duda relación con el asesinato de Menendo González (6 de octubre del 1008), que puso fin a la regencia de Alfonso V, y con algunas confusas revueltas que estallaron en León. El panorama que el rebelde podía presentar ante Sanchuelo era alarmante. El monarca leonés, declarado mayor de edad, se preparaba a tomar parte en la guerra que Sancho García ya estaba librando. En Navarra, Sancho III, que sería llamado el Mayor, alcanzaba también la mayoría de edad extendiendo definitivamente su poder por amplios dominios patrimoniales; además de Aragón y Sobrarbe, recogía la herencia del condado de Ribagorza que le llegaba por la vía de su antecesora la condesa Dadildis. Contrayendo matrimonio con la primogénita del conde de Castilla, el soberano navarro entraba en un posible bloque de alianzas contra el Islam.

Todas estas razones movieron a ‘Abd al-Rahmán a decidir una ofensiva en pleno invierno. Pero antes de marchar dispuso que todos los dignatarios de la administración tuvieran que usar turbante a la moda berberisca, en vez del acostumbrado bonete de los árabes (13 de enero de 1009). Era tanto como demostrar, conscientemente acaso, la preponderancia que, en el ánimo del nuevo gobernante, alcanzaba este partido. El 15 de febrero siguiente, mientras el ejército avanzaba camino de la frontera, estalló la revuelta de árabes y eslavos en Córdoba. Los amotinados aclamaban como jefe a un omeya, Muhámmad ben Hisham, popular precisamente por sus costumbres poco refinadas; ocuparon el alcázar y obligaron al khalifa a abdicar. En los primeros momentos se ignoró cuál había sido el destino de Hisham II.

‘Abd al-Rahmán recibió estas noticias y, suspendiendo el avance, dio la orden de regresar. Pero conforme avanzaba hacia Córdoba se iban conociendo nuevos detalles, todos alarmantes, muchos sin duda alguna mentirosos. Se supo que las turbas, enardecidas por el triunfo, habían asaltado y destruido Madinat al-Zahira. Las deserciones se precipitaron e incluso las unidades berberiscas acabaron por abandonar al amirí. Junto con el conde de Saldaña, Sanchuelo buscó refugió en un monasterio cristiano, a orillas del Guadalmellato. Allí le hallaron sus perseguidores, que le dieron muerte (3 de marzo de 1009). Los acontecimientos, desde la muerte de ‘Abd al-Málik, se habían sucedido con tal rapidez que hubo conciencia general de que el régimen amirí era víctima fulminante de su propia fragilidad. García Gómez murió en la misma jornada, aunque su desaparición no puso fin a los conflictos interiores en León.

El turbulento reinado de Muhámmad II (1009-1010)

Candidato de los árabes, Muhámmad II gobernó al servicio de un partido. Se había desencadenado la cólera del pueblo para derribar el régimen amirí y ahora la chusma era dueña de las calles de la capital. Sucedió un tiempo de confusión e incertidumbre. Los oficiales destituidos que sirvieran a Almanzor, así como muchos eslavos, se dispersaron por las provincias levantinas haciendo propaganda subversiva. Retoñaban automáticamente las tendencias separatistas en todos los rincones. Los berberiscos, sin desarmar ni alterar sus unidades, se refugiaron en la antigua residencia real de la Rusafa, en espera de acontecimientos. Entre tanto Muhámmad II trataba de consolidar su posición mostrando al pueblo el cadáver de Hisham II para convercerle de su muerte; en realidad se trataba, al parecer, de una persona distinta que, sin embargo, tenía gran semejanza con el khalifa. Sus cálculos fallaron. En lugar de prestar acatamiento al usurpador, los parientes omeyas proclamaron un nuevo candidato, Hisham ben Sulaymán, a quien apoyaron las tropas berberiscas.

Era inevitable la guerra civil. Los campos, mal delimitados, podían reducirse a amigos y enemigos de los berberiscos; éstos gozaban de muy poca popularidad. Cuando intentaba el asalto a palacio, Hisham ben Sulaymán fue preso y muerto. Pero, lanzados en el camino de la revuelta, los berberiscos buscaron, de acuerdo con la familia dinástica, otro candidato, Sulaymán ben al-Kaham ben Sulaymán. Conscientes de su debilidad acudieron entonces a Sancho García, conde de Castilla, a quien ofrecieron sin duda compensaciones que no conocemos. Los berberiscos fueron declarados fuera de la ley por Muhámmad II; abandonaron Córdoba para salir al encuentro de su aliado.

La entrada de los castellanos en el campo de las guerras civiles musulmanas marca un cambio decisivo en la coyuntura militar: la iniciativa pasa a manos cristianas, porque la expedición de Sancho García no es sino la primera de una continuada y creciente participación de los poderes septentrionales en los asuntos de al-Andalus. Peor aún: castellanos y berberiscos se unieron a orillas del Jarama, cerca de Madrid, y aplastaron al ejército de Medinaceli, que venía a su encuentro, no lejos de Alcalá de Henares (agosto de 1009). La gran pieza militar que, desde hacía medio siglo, constituía la pesadilla de los españoles, quedaba fuera de combate. Los vencedores marcharon sobre Córdoba y batieron a las tropas de Muhámmad II en una segunda batalla, cerca de Alcolea. Desesperadamente el usurpador extrajo a Hisham II de su encierro para mostrarlo al pueblo afirmando que éste era el verdadero khalifa y él tan solo su lugarteniente. Demasiado tarde. El enemigo estaba a las puertas de Córdoba obligándole a huir.

Sancho García entró en la capital de los khalifas. No era la primera vez que a ella llegaba, pero el cambio sin duda hubo de parecer notable a estos rudos caballeros pobres que cabalgaban victoriosos por las calles de la gran ciudad. El 8 de noviembre del 1009 tuvo lugar la solemne coronación de Sulaymán. Los castellanos cobraron y se fueron una semana más tarde, dejando a los berberiscos enteramente dueños de la situación. No consiguieron desde luego imponer la obediencia en favor de su candidato. Entre los rebeldes se encontraba Wadih, comandante de las tropas de Toledo y Medinaceli (la Frontera Superior) que habían sido vencidas en Alcalá. Eslavo, como Gálib, gozaba del mismo prestigio que éste entre sus soldados; ardía en deseos de vengar la derrota.

Aprovechando el amplio descontento que los árabes y muladíes, en especial el pueblo de Córdoba, cuyos sufrimientos habían sido muy grandes, sentían de los berberiscos, Wadih intentó a su vez la revolución. Volver al pasado quería decir en su conciencia restablecer el régimen amirí con predominio del ejército, aunque en los primeros momentos se presentase como defensor de Muhámmad II. Para compensar su debilidad, Wadih entró en relaciones con Ramón Borrell de Barcelona y su hemano Armengol, conde de Urgel. Las tropas catalanas se reunieron en Montmagastre y, juntándose en Toledo con las musulmanas, llegaron a componer un ejército de cuarenta mil hombres. En el castillo de El Vacar, Sulaymán fue derrotado (22 de mayo de 1010) y huyó a Játiva. En la batalla murió Armengol. Los berberiscos, con su jefe Zawi ben Zirí al frente, evacuaron Córdoba retirándose hacia el Sur. Los catalanes hicieron su entrada en la ciudad causando aún mayores daños que los anteriores ocupantes, cristianos o musulmanes. En esta ocasión Madinat al-Zahara fue destruida.

Esta segunda parte del reinado de Muhámmad II, de poco más de un mes, agravó aún más los males de al-Andalus. La anarquía más completa se había enseñoreado y, por todas partes, jefecillos militares se convertían en poderes independientes. Los catalanes persiguieron a los berberiscos, refugiados en la serranía de Ronda, y sufrieron una derrota a orillas del Guadiaro (21 de junio de 1010). Regresaron entonces a su país. Algo más que gloria llevaban consigo: es probable que el botín y la soldada percibidos en esta ocasión hayan constituido los primeros capitales para el desarrollo mercantil de Cataluña. La repoblación adquiere, enseguida, un ritmo más rápido. Los obispos de Vich repueblan Calaf y la Segarra, y aparecen colonos en la Conca de Barbera y el Campo de Tarragona.

Restauración y muerte de Hisham II

Muhámmad II había fracasado y la retirada de los catalanes le dejaba en posición de inferioridad respecto a los berberiscos, que preparaban una nueva ofensiva. Wadih pensó que el único medio de restablecer el orden era un retorno a la legitimidad. Muhámmad II fue asesinado y se procedió a proclamar nuevamente a Hisham II (23 de julio de 1010) con la esperanza de que todos los elementos moderados y el pueblo se adhiriesen a la nueva situación. Pero nadie creía ya en ficciones y, tras el golpe de Wadih, se adivinaba un émulo de Almanzor que intentaba restablecer la dictadura militar. El único estímulo era el del temor; cuando los berberiscos sitiaron Córdoba, los habitantes de la ciudad opusieron empeñada resistencia porque conocían la suerte que les esperaba. Durante más de un año la capital sufrió espantosamente con los continuos combates, el hambre y la peste.

Reducido al último extremo, Wadih se prestó a todas las claudicaciones, incluso a solicitar el auxilio de su antiguo enemigo, Sancho García. Se justifican así las pretensiones jactanciosas del anónimo autor del Cronicón Burgense, que le presenta como árbitro de al-Andalus. Los embajadores castellanos solicitaron y obtuvieron la devolución de las plazas fuertes ocupadas por Almanzor, especialmente Clunia, Gormaz y San Esteban, Osma, Berlanga, Atienza y Sepúlveda, a la que el conde otorgó nuevos fueros. Pero Sancho no abandonó sus dominios; le atraía más intervenir en León en donde la muerte de Menendo González y la revuelta de los Banu Gómez brindaban buenas oportunidades. Castilla recobraba la fuerza sin necesidad de lucha y, en 1011, fundaba el monasterio de San Salvador de Oña, símbolo de dicha recuperación. Hacia el Oeste, por las disputadas tierras del Cea y Pisuerga, también se señalaba el avance castellano.

De la obra de Almanzor ya no quedaba nada. Wadih murió asesinado, el 16 de octubre de 1011, por orden del jefe de la policía Ibn Wada‘a. A pesar de todo la ciudad no pudo salvarse; los berberiscos la conquistaron al asalto el 9 de mayo de 1013 y la saquearon de punta a punta. Hisham desapareció en el tumulto, probablemente asesinado, y comenzó el segundo gobierno de Sulaymán. Córdoba no habría dé recobrarse jamás de los daños sufridos en esta ocasión. Sulaymán pudo sostenerse en el trono durante algo menos de tres años, pero no podía decirse que gozara de la menor autoridad. Juguete de los berberiscos, que le usaban apenas para cohonestar un régimen de brutalidad y tiranía, ellos escalaron los principales puestos y se instalaron en las mejores tierras. Sólo algunas provincias mostraban fidelidad, y ésta puramente nominal: la región levantina y la frontera —con la sola excepción de Zaragoza— obedecían gobiernos independientes. En África el protectorado español desapareció y las tropas fieles se replegaron sobre Arcila, Tánger y Ceuta.

La caída del khalifato

Dos príncipes idrisíes ejercían el mando de las tropas refugiadas en estas plazas; se llamaban Alí y al-Qásim ben Hammud. Alegando que Hisham, antes de morir, les había designado como sus herederos, iniciaron un movimiento contra Sulaymán, a quien consideraban usurpador. A él se unieron luego los fatas amiríes de Levante para quienes cualquier causa era buena con tal de que fuese enemiga de los berberiscos; otras muchas gentes de calidad secundaron la acción. En la primavera del 1016 Alí ben Hammud se hizo dueño de Málaga que, en adelante, sería su base principal. Avanzó sobre Córdoba, de la que se apoderó el 1 de julio, y capturó a Sulaymán. Ninguna resistencia seria se le había opuesto porque los mismos oficiales berberiscos prefirieron acogerse a la benevolencia del vencedor a quien ofrecieron una dudosa lealtad. Sulaymán fue condenado a muerte y ejecutado como presunto autor del asesinato de Hisham.

La legitimidad había sido vengada, pero no restablecida. Por vez primera desde la llegada de ‘Abd al-Rahmán a España, un extraño a la dinastía omeya iba a ceñir la corona; Alí ben Hammud fue proclamado khalifa. Vencer era más fácil que gobernar. Para hacerlo, los hammudíes entendieron que necesitaban conciliarse la voluntad de todos los sectores, incluso de los berberiscos. Pero la situación no toleraba fórmulas de equilibrio. Eslavos y amiríes se apartaron del khalifa Alí, preconizando un nuevo candidato, ‘Abd al-Rahmán ben Muhámmad ben ‘Abd al-Málik, que era biznieto de ‘Abd al-Rahmán III, el cual fue proclamado en Játiva (29 de abril del 1018) por el fata Jayrán, señor de Almería, y Múndhir ben Yahya de Zaragoza. Casi un mes antes, los berberiscos de Córdoba asesinaron a Alí ben Hammud. Tampoco ‘Abd al-Rahmán IV llegó a posesionarse del trono; sus propios partidarios le dieron muerte en Guadix, porque había mostrado demasiada energía. Al-Qásim ben Hammud se declaró sucesor de su hermano.

El segundo de los hammudíes insistió en llevar a la práctica el programa que esbozara Alí: pacificar los espíritus mediante el equilibrio entre los tres partidos. Pero los berberiscos, que se consideraban vencedores reiterados en la guerra civil —afirmaban que su deserción era la causa de la caída de Sulaymán y que la victoria de Zawi ben Zirí había dado a al-Qásim el trono— no se conformaban con nada menos que la plenitud del poder, aunque para ello tuviesen que emplear la violencia. Ya no eran los khalifas dueños de la situación sino pobres instrumentos al servicio de un partido. Cuando comprendieron que al-Qásim no soportaría mucho tiempo esta sumisión, los berberiscos decidieron derribarle, proclamando a un hijo de Alí ben Hammud, de nombre Yahya, que gobernaba el ejército y las plazas de África. Fue proclamado khalifa en Córdoba, el 13 de agosto de 1021, mientras al-Qásim emprendía la fuga. Apenas unos meses bastaron para asegurar su impopularidad. Abandonó la capital para retirarse a Málaga de la que, sin abdicar del título khalifal, haría su residencia permanente. De la suprema potestad salía verdaderamente el primero de los taifas pues Yahya ben Alí no abrigó nunca la pretensión de ejercer su autoridad sobre todo al-Andalus.

Al-Qásim ben Hammud regresó a Córdoba (6 de febrero de 1023), pero consiguió sostenerse en la resbaladiza cucaña del trono muy poco tiempo. Expulsado por una revuelta popular que se apoyaba en la irritación que causaban los berberiscos, trató de refugiarse en Sevilla organizando desde ella un nuevo asalto. Pero las autoridades hispalenses se negaron en redondo. Mientras al-Qásim y su ejército berberisco se replegaban hacia Algeciras, el consejo municipal presidido por el qadí Abu-l-Qásim Muhámmad Isma‘il ben Abbad decidía asumir el gobierno de Sevilla y su territorio con plena independencia. Los taifas eran, sin duda, la nueva fórmula política. Yahya ben Alí capturó a su tío en Jerez y le dio muerte.

Imposible volver a la unidad. Sin embargo, se imponía la conciencia de que era imprescindible, pues ya los cristianos estaban llamando con sus lanzas en las puertas de la frontera. Una minoría de notables cordobeses, alimentada con añoranzas de buenos tiempos pasados, vio en la restauración del khalifato y en el retorno a la dinastía legítima la única esperanza de salvación. Sucesivamente suscitó dos candidatos: un hermano de Muhámmad II, llamado ‘Abd al-Rahmán V, y un biznieto del gran ‘Abd al-Rahmán III, de nombre Muhámmad. Pero el primero, solemnemente proclamado en la mezquita el 2 de diciembre de 1023, delicado poeta, no llegó a gobernar más que cuarenta y siete días; fue asesinado el 17 de enero siguiente porque, a falta de dinero y de tropas, había tenido que aceptar el concurso de los berberiscos. Y en cuanto a Muhámmad III, víctima de todos los vicios imaginables, fue más motivo de burla que de respeto. Yahya ben Alí, desde Málaga, organizó una marcha sobre Córdoba para ahuyentar aquel fantasma de competidor. Muhámmad no se atrevió a esperar; huyó de la capital el 26 de mayo del 1025, disfrazado de mujer. En Uclés le envenenó uno de sus seguidores.

La división triunfaba. Yahya el Hammudí no se instaló en Córdoba, sino que regresó a Málaga. Sabía conformarse con aquellos territorios en que, de antiguo, la influencia berberisca era predominante. Dos eslavos, Jayrán y Mucháhid, habían construido sendos taifas en Almería y en Denia-Baleares respectivamente, sin que el khalifa pensara en molestarles. Los notables de Córdoba intentaron llegar a un acuerdo con estos eslavos a fin de salvar un mínimo de unidad en el Islam español: el khalifato, cabeza de la comunidad, jefatura espiritual y autoridad jurídica, sería compatible con la diversidad de poderes. Fórmulas semejantes se habían producido en el pasado. Pero esta vez la maniobra constituyó un fracaso. Un hermano de ‘Abd al-Rahmán IV, Hisham III, fue proclamado en 1027. Hasta diciembre de 1029 no hizo su entrada en Córdoba. En 1031 los mismos que le habían llamado le expulsaron y proclamaron la república. El khalifato desapareció definitivamente.

La obra legislativa de Alfonso V

La fitna, desintegración del khalifato, era el suceso más favorable que los cristianos del Norte podían haber soñado después de los desastres terribles de Almanzor. Todos se recobraron, pero había notable diferencia entre la facilidad con que lo hacía Castilla, joven y expansiva, y la lentitud con que estaba procediendo León. Bien es verdad que las pérdidas experimentadas por el reino eran mucho mayores que las sufridas por el condado. Hasta el año 1012, aproximadamente, las relaciones entre Alfonso V y Sancho García fueron, al parecer, cordiales. La presencia de la reina madre, Elvira García, en León influyó sin duda. Desde esta fecha se aprecia una tendencia a la agresividad por parte del conde y un cambio radical en la Corte del soberano que se rodea de enemigos de Sancho, especialmente Rodrigo e Íñigo Vela, descendientes de los condes de Álava despojados por Fernán González.

Frente a León, la independencia de Castilla era un hecho consumado. Sin título de reino todavía, actuaba como tal mostrando clara tendencia a la expansión: auxiliando a los Ansúrez y al conde de Saldaña, Munio Fernández, Sancho reivindicaba en 1013 las tierras situadas entre Cea y Pisuerga. En el norte los límites del condado llegaban al río Asón, que desemboca en Colindres; el monasterio de Oña tenía enfrente, en Santa María del Puerto de Santoña, sus salineros. En el sur la recuperación de Sepúlveda y Atienza abría camino hacia la ocupación de los prados de Somosierra. El conde anudaba relaciones de amistad con Sancho el Mayor de Navarra y con Berenguer Ramón de Barcelona, que casaba con una de sus hijas. Todo parecía preludio de una ruptura con León, que no llegó a producirse por muerte de Sancho García (1017). Signo de madurez política, pudo sucederle un niño. García, el infanz de nuestros juglares.

Interrumpida la recuperación de León por una entrada de piratas vikingos que infestaban la desembocadura de los ríos Duero y Miño, fue reemprendida vigorosamente después de la muerte del conde castellano. Los condes de Monzón y los de Saldaña volvieron a la obediencia de Alfonso V quien, el 14 de marzo de 1017, afirmaba haber recobrado las tierras de la desembocadura del Cea «quitadas a nuestro infidelísimo adversario el conde Sancho». Por parentesco y conveniencia, Sancho III de Navarra se convirtió en protector del conde García. En consecuencia se produjo, entre 1020 y 1022 una fuerte tirantez entre los dos reinos. Fue resuelta en 1023 por el matrimonio de Alfonso, ya viudo, con Urraca, hermana de Sancho el Mayor. Es significativo que, en esta ocasión, se consultara el defecto de parentesco con el abad Oliva de Ripoll, como más experto en cuestiones canónicas, bien que no se hizo caso de su respuesta negativa.

La obra más importante de Alfonso V fue de restauración y legislativa. Había que curar las heridas, reedificar las ruinas, devolver al país paz y orden, rectificar el estatuto jurídico de los siervos, gran parte de los cuales andaban fugitivos. El 28 de julio de 1017 fue celebrado en León un solemne Concilium Regis en que se aprobaron, acaso, las leyes que Sánchez Albornoz ha descubierto modernamente en Braga. Menéndez Pidal y Vázquez de Parga entienden que la reunión del 28 de julio fue preparatoria y que las leyes se aprobaron dos días más tarde en Santa María de la Regla, mientras que Sánchez Albornoz prefiere la versión de dos asambleas, en 1017 y 1020 respectivamente, siendo modificadas en la segunda las leyes que se promulgaron en la primera. Sea como quiera, el conjunto legislativo que se llama Fuero de León porque la ciudad y su alfoz se regían por él, constituye uno de los avances principales hacia la libertad jurídica.

Dos temas habían preocupado sobre todo al legislador: el buen orden en la administración de justicia y él retorno de los siervos a la obediencia y el trabajo. Pero las fórmulas adoptadas buscaban un grado bastante importante de equidad. Así se dijo que un colono o iunior, siervo en la práctica, podía abandonar la tierra pero perdiendo el usufructo de ella y dando la mitad de sus bienes muebles —ganancia, en la mentalidad del tiempo— al señor cuya era la mandación. Esa otra mitad que el siervo lleva consigo es la primera concesión hacia la libertad. La servidumbre se ceñía a términos estrictamente económicos. Por otra parte, un colono podía enajenar la tierra, pero sólo a otro colono que pagase las mismas rentas y cumpliese idénticas cargas. Finalmente la mitad de la tierra que él hubiese adquirido por medio de roturaciones le era de plena propiedad; la única limitación estaba en que, caso de ser vendida, el comprador quedaba obligado a residir a cierta distancia sin mezclarse en la villa de los iuniores.

En medio de las disposiciones generales del Fuero, que debieron aplicarse en todo el reino, hallamos ciertas cláusulas claramente dirigidas a estimular la población de la capital. Fueron luego aplicadas a otras ciudades. Según ellas los vecinos de León y su alfoz tenían consideración comunitaria que se ejercía a través del concilium —consejo, de donde procede nuestra palabra concejo— y por una misma ley o fuero. Pero la condición ciudadana, libre por simple ausencia de vínculos privativos del campo, tendía a hacerse predominante, puesto que engloba en su libertad a los siervos o iuniores que venían a ella sin amo conocido.

Berenguer Ramón I de Cataluña

Las insistentes minoridades, en Navarra, León, Cataluña y Castilla eran índice claro de madurez en cuanto a la autoridad monárquica y al régimen sucesorio. Todavía un escollo debía ser salvado, pues la participación de todos los hijos en la herencia —claro síntoma de la intromisión del derecho privado en el campo del derecho público— amenazaba con dislocar las grandes unidades políticas. El 25 de febrero de 1018, regresando de su segunda expedición a Córdoba, había muerto Ramón Borrell. Su hijo, Berenguer Ramón, llamado el Curvo acaso por un defecto físico, tenía doce años. Bajo la regencia de su madre la enérgica Ermesinda y con la ayuda del famoso abad Oliva de Ripoll —que no tardaría en convertirse en obispo de Vich— el gobierno se mantuvo. La influencia religiosa y cultural de Oliva hicieron de Cataluña uno de los centros más importantes de Europa. Continuaba el proceso de hispanización: Berenguer Ramón contrajo matrimonio con Sancha de Castilla. De este modo todos los poderes peninsulares quedaban ligados por vínculo de parentesco y por intereses comunes.

Los cronistas posteriores reprocharán a Berenguer Ramón su pacifismo; sin embargo, las luchas eran continuas en la frontera occidental y la repoblación progresaba por la Segarra. En el momento de morir (1035) hizo un reparto dejando al riiayor de sus hijos, Ramón Berenguer el Viejo, Barcelona y Gerona, al segundo, Sancho, las marcas al sur del Llobregat y al tercero, Guillermo, el condado de Osona. Es la misma solución que, el mismo año, dará Sancho III de Navarra ante idéntico problema. Ermesinda conservó el condominio de todo garantizando un mínimo de unidad. Más tarde los hermanos menores renunciarían en beneficio del mayor evitando así la disgregación del núcleo esencial de Cataluña.

El imperialismo navarro de Sancho el Mayor

Una clara aspiración hegemónica alentaba en los planes de Sancho III, como si toda su política viniese dictada no por la reconquista —ahora más fácil que nunca por la quiebra del khalifato— sino por el deseo de colocar bajo su cetro a todos los príncipes peninsulares. Y no puede atribuirse la renuncia a la lucha con el Islam a incapacidad o cobardía: el rey de Navarra, avezado a la guerra en buena compañía de Sancho de Castilla, era tan experto en el uso de las armas que le llamaban Cuatro Manos. Pero prefería las combinaciones diplomáticas: ellas le habían valido la devolución por los musulmanes de las plazas ocupadas en tiempo de Almanzor, y también que se fijaran límites entre Navarra y Castilla por una línea que iba desde San Millán de la Cogolla a Garray (Soria) dejando toda la Rioja del lado navarro. Apoderándose de Sobrarbe y Ribagorza, Sancho había tomado contacto con Cataluña. Su mujer y la de Berenguer Ramón de Barcelona eran hermanas y este parentesco le dio ocasión de intervenir protectoramente en los asuntos catalanes y, lo que era más importante, de anudar estrechas relaciones con Oliva de Ripoll, de quien consta recibió consejos e instrucciones. Algunos documentos hacen figurar al Conde de Barcelona en el séquito del rey de Navarra, entre 1024 y 1030.

Europeizante, Sancho III utilizaba también el parentesco para obtener o arrogarse un protectorado o soberanía feudal sobre Sancho Guillermo, de Gascuña. Abrió las puertas de España a las nuevas corrientes de reforma religiosa según la regla de Cluny, que fue implantada en San Juan de la Peña y en San Salvador de Leire. Protector, y acaso regente, de García de Castilla, su cuñado, afirma en 1024 su soberanía también sobre este condado. Y cuando murió Alfonso V, alcanzado por una saeta musulmana en el sitio de Viseo (1028), la influencia navarra se hizo también dominante en León. Bermudo III era un niño y quedó sometido a la tutela un poco sorprendente de su madrastra Urraca con un equipo de nobles navarros o amigos de Navarra. Al comenzar el año 1029 existía un claro dominio de Sancho el Mayor sobre toda la España cristiana, que se extiende y se ejerce durante cinco años más. Parece indudable que esta circunstancia ayudó mucho a difundir una nueva conciencia de unidad reparadora tras las adversidades sufridas en la segunda mitad del siglo X.

Sancho III, conde de Castilla

Es muy probable que el monarca navarro haya intervenido en el proyecto de casar a Sancha, hermana de Bermudo III, con el infanz García; habría sido el camino para anexionar definitivamente las tierras de Cea y Pisuerga, dote de la infanta leonesa, y para convertir a Castilla en el tercer reino cristiano. Señalada la boda para la primavera de 1029, hubo casi una conciencia de que consagraría la victoria definitiva de la influencia navarra. Pero Diego, Rodrigo e Íñigo Vela, alaveses afincados en León, asesinaron al conde de Castilla en el pórtico de la iglesia de San Juan el mismo día de su boda (13 de mayo de 1029). Algunos de los cómplices del atentado, Munio Gústioz, Munio Rodríguez y Gonzalo Muñoz figuraban antes en el séquito de Sancho el Mayor. Éste, acampado en las afueras de León, recogió el cadáver, le trasladó a Oña y después se proclamó conde de Castilla alegando los derechos de su mujer Munia.

No parece que fuera posible pasar de la hegemonía a la unidad. Sancho se adelantó a transmitir al segundo de sus hijos, Fernando, el título condal aunque reservándose el ejercicio pleno de la autoridad. Entre 1029 y 1030, aprovechando siempre la presencia de su hija Urraca en León, se apoderó de las tan disputadas tierras de Cea y Pisuerga, con el apoyo de los grandes magnates del país, Fernando Gutiérrez, conde de Monzón y Gómez Díaz, conde de Carrión. Seguramente el navarro proporcionó tropas a Bermudo III o a sus consejeros para pacificar ciertas revueltas en Galicia. También enviaba piadosos donativos a Oliva para la conclusión del monasterio de Ripoll.

A principios del 1032, llegado a la mayoría de edad, Bermudo III se decidió a dar un golpe de estado. La reina Urraca y su equipo de navarros, entre los cuales era figura principal Poncio, obispo de Oviedo, abandonan León mientras, de una y otra parte, hay indudables aprestos para la guerra. Sancho III tomó el título de rey de León. Pero mediaron negociaciones —el monarca navarro tenía necesidad de un plazo para acudir a Gascuña en donde Sancho Guillermo acababa de morir sin hijos— y fue acordado un matrimonio entre Sancha, la prematura viuda del conde García y Fernando, el nuevo conde castellano: las tierras de Cea y Pisuerga tenían que constituir la dote. A pesar de todo, las hostilidades tuvieron lugar. Durante el año 1033 el avance navarro hacia el este se hizo general: Sancho el Mayor se apoderó de Zamora y de Astorga y ocupó la capital del reino en una fecha situada entre el 9 y el 13 de enero de 1034. Tomando precauciones para el futuro, creó una nueva diócesis, Palencia, para incluir en ella todas las tierras «rescatadas» para Castilla. Pero en febrero de 1035 una vigorosa ofensiva de Bermudo III obligó a los navarros a abandonar León replegándose hasta el Pisuerga. Sancho murió en otoño de este mismo año.

X

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN AL-ANDALUS DURANTE EL KHALIFATO

Córdoba en el siglo X

Aunque no sea la época de máxima producción intelectual, el Siglo x es el que ofrece con el khalifato su época de apogeo. Entonces alcanzó al-Andalus nivel de primera potencia europea, cuya amistad buscaban todos los demás estados, especialmente los cristianos. Al romper las últimas ataduras espirituales y políticas —nunca económicas— con Oriente mediante la proclamación del khalifato, ‘Abd al-Rahmán III preparó el camino para la instalación en España de una entidad cultural con caracteres propios. Conviene tener en cuenta que, salvo las dos grandes aportaciones de árabes hechas por Muza, en número de diez mil hombres, y Balkh, con doce mil sirios, la mayor parte de los inmigrantes que recibió el estado musulmán procedían del norte de África y tenían por tanto estrecho parentesco con la población mediterránea española. La fusión se vio favorecida y, a la larga, los foráneos fueron absorbidos por la mayoría indígena que lo fue siempre en proporción muy considerable. Córdoba, modelo en todo, tenía una población de muladíes o de mestizos en cuyas venas el porcentaje de sangre árabe era muy escaso. Sus habitantes, sinceramente musulmanes, se negaban a reconocer ningún tipo de superioridad a los árabes puros.

Conforme pasa el tiempo, la aproximación entre el visigotismo tradicional y el Islam —no podemos olvidar las aportaciones del judaísmo— permitió la creación de una cultura original. Sus autores adquirieron conciencia de superioridad, no sólo respecto a la otra España, cristiana y pobre, sino sobre todo respecto a sus vecinos inmediatos de Marruecos. Remedo de Bizancio, Córdoba vio cómo en ella confluían dos corrientes, europea y oriental, visibles en los productos del mercado, en los temas literarios, en la variedad lingüística e incluso en las modas. De ahí la abierta tolerancia que permitió relaciones continuadas en el intervalo entre las guerras, y la osmosis, de dinero y de saber, que acabó produciéndose.

El geógrafo Ibn Hawqal, que es el más antiguo testimonio que hoy poseemos, se refiere a Córdoba como una segunda Bagdad y afirma que ninguna otra ciudad de Occidente o del norte de África podía comparársele. Antes del siglo XI y de que la amenaza berberisca obligara a reforzar sus murallas y construir un foso, la capital del khalifato era una aglomeración urbana con tres funciones, Corte, centro intelectual y universitario y gran núcleo mercantil. Ibn Hayyán dice que en la época de ‘Abd al-Rahmán III tenía 1.600 mezquitas, lo que sin duda constituye notable exageración, baños públicos en gran número, conducción de agua, un buen sistema de alcantarillado, iluminación nocturna y abundancia de fuentes y de árboles. Se juntaron en Córdoba sabios de todo el mundo, para quienes al-Hákam II reunió una biblioteca de cuatrocientos mil volúmenes. Muchas personas particulares imitaron su conducta reuniendo colecciones de libros más reducidas. La copia de textos se convirtió en industria lucrativa y la ciudad tenía un buen mercado de libros.

Sólo la antigua ciudad, madina, estaba rodeada de una muralla con siete puertas: desde la mezquita y el alcázar se llegaba brevemente al río y por el puente romano se establecía comunicación con el famoso arrabal de Secunda. Veintinueve barrios (rabad que ha dado nuestro moderno arrabal) crecieron en torno a la madina albergando una población que resulta imposible calcular; desde luego las apreciaciones de historiadores tardíos son siempre exageradas e inadmisibles. La vida era extraordinariamente bulliciosa y la convivencia de tres religiones, musulmana, cristiana y judía, que se toleró hasta el último instante de vida del khalifato, aseguraba contrastes que la hacían más interesante. Algo parecido sucedió con la lengua; oficialmente se hablaba el árabe, pero en la vida corriente se hacía uso de un romance poblado de arabismos llamado aljamía. Los berberiscos usaban su lengua africana y los clérigos cristianos conservaban el latín. No reinaba gran limpieza ni tampoco la menor severidad en las costumbres. La moral, referida al comportamiento sexual del hombre, era amplísima.

El predominio urbano y la estructura social

La más señalada característica de al-Andalus era la abundancia de ciudades populosas, herencia en gran parte de la época romana, que le distinguía de todos sus vecinos, especialmente de los berberiscos. Podía establecerse diferencia entre aquellas ciudades cuyos habitantes viven sobre todo del comercio y de la administración, y aquellas otras que agrupaban población rural, lo que era casi normal en tierras de secano. Es muy difícil estudiar los planos de estas ciudades que sufrieron notables modificaciones con posterioridad a su conquista por los cristianos; pero los datos de que disponemos permiten a Levy Provençal afirmar que Fez era una especie de modelo general. El crecimiento se hacía siempre en forma radial quedando en el centro la mezquita, con el mercado en sus inmediaciones. Tortuosas calles, con arroyo central para las aguas sucias, hacían de las ciudades lugares malolientes e insanos.

Haciendo un cálculo aproximado de 350 habitantes por hectárea, Torres Balbás ha podido señalar cifras de población en las principales ciudades que rebasan con mucho las que poseerían las ciudades europeas después de la revolución comercial. Toledo tendría 37.000 habitantes, Almería 27.000, Granada 26.000, Zaragoza 17.000, Valencia y Málaga 15.000 cada una. Tales cifras no deben ser tomadas en su valor absoluto, pero tienen, sin duda, altísima importancia como indicativas. Conservando en lo esencial las vías romanas, cuya importancia y uso se aprecia en el movimiento de los ejércitos, tales ciudades mantuvieron estrecha relación entre sí y cada una de ellas se desenvolvió luego como centro económico de una región.

Imposible hacer cálculo alguno acerca de la población de al-Andalus en el siglo X; faltos de los datos más elementales cualquier apreciación es simplemente gratuita. Disminuyendo con bastante rapidez el número de mozárabes, las comunidades cristianas subsistieron, sin embargo, durante todo este tiempo; lo mismo puede decirse de los judíos a quienes se encuentra en todas las ciudades. Tampoco es posible evaluar el número de inmigrantes, con la salvedad que hemos hecho al principio de este capítulo, pues tenemos seguridad de que durante todo este tiempo —siglos IX y X— al-Andalus fue receptor y no distribuidor de hombres. Además los bereberes, que eran más numerosos en la meseta, se hispanizaban rápidamente, olvidando al cabo de muy pocas generaciones su lengua propia, algarbí (de donde procede algarabía). Aunque no faltasen sabios y políticos entre ellos, comúnmente los bereberes desempeñaban oficios inferiores. Los árabes en cambio, favorecidos en el momento de la instalación, conservaron su aire aristocrático ocupándose en la administración, el comercio o la explotación de fincas grandes. La división en tribus, ya muy quebrantada por los khalifas, recibió un golpe de muerte cuando Almanzor suprimió para siempre el reclutamiento en chunds. De todas formas los matrimonios insistentes con muladíes tendían a disolver también el arabismo en las venas de la población española. Los eslavos —con este nombre se englobaba tanto a germanos y eslavos propiamente dichos como a francos, gascones e incluso españoles— desempeñaron importante papel en las cercanías del trono.

La masa de campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, estaba compuesta por muladíes y mozárabes, en conjunto una mayoría muy considerable en relación con la minoría de árabes. Pero los omeyas favorecieron su integración plena en la sociedad musulmana atrayéndoles a su religión sin forzarles nunca, fomentando los matrimonios mixtos y proporcionándoles medios para elevarse en la escala social. A mediados del siglo X la mezcla entre los diversos elementos de la sociedad hispano-musulmana estaba prácticamente realizada. Ello dio cierta solidez al régimen que, durante casi un siglo, pudo hacerse la ilusión de que los separatismos habían terminado; creó también un tipo específico de musulmán andaluz diferente del resto del Islam, que no gozaba de buena fama por lo menos en cuanto a su valor físico.

En la cumbre de la sociedad hispano-musulmana se encontraba la jassa, verdadera aristocracia que se había originado en torno a un núcleo de parientes del khalifa, descendientes o inmigrados, que eran genéricamente conocidos como al-Quraysh para denotar claramente la gran elevación de su linaje. Pero a ella se incorporaron más tarde todos los grandes oficiales palatinos y también aquellos otros que adquirían títulos y cargos nominales —a cambio de dinero— precisamente para acceder a esta categoría. Los grandes oficiales eran designados de entre un número reducido de familias, los Banu ‘Abi ‘Abda, Banu Hudair, Banu Shuhaid, Banu ‘Abd al-Ra‘uf y Banu Futais, que constituían una auténtica oligarquía. Algunos libertos y especialmente fatas eslavos se incrustaron en ella en la segunda mitad del siglo X.

Las ciudades andaluzas oponen a esta jassa y sus clientes o mawlas una plebe urbana indisciplinada y grosera, la ‘amma, que causó siempre preocupaciones muy graves a los khalifas y a sus ministros. En medio quedaba, sin embargo, un sector social, eficaz aunque no reconocido oficialmente, en el que entraban comerciantes, funcionarios e intelectuales, generalmente teólogos (fuqaha, alfaquíes) de la escuela malekí. Probablemente la mayoría estaba compuesta por antiguos mozárabes o por judíos conversos. El proletariado campesino, aunque más numeroso y sujeto a condiciones menos favorables todavía que el urbano, no se mostró nunca tan inquieto como éste. Los esclavos eran numerosos, mucho más en el sexo femenino que en el masculino, pero su función económica se circunscribía al círculo familiar.

Agricultura y ganadería, bases económicas

Ninguna alteración esencial se produjo en España respecto a su estructura económica: la gran base de sustentación seguía siendo agrícola y ganadera. Como al-Andalus se hallaba casi íntegramente incluido en lo que hoy se llama España seca, el minucioso aprovechamiento del agua se convirtió en preocupación principal y todas las zonas inmediatas a ríos fueron utilizadas para el cultivo de huerta. Podría casi establecerse una división entre las grandes áreas de secano, propias para el viñedo, olivar, cereales y leguminosas, que presentaban un tipo de propiedad extensa, a veces latifundio, y las del regadío, con cultivo de huerta. Las primeras creaban extensas agrupaciones urbanas. Las segundas explotaciones aisladas, cortijos andaluces, alquerías valencianas o torres aragonesas.

En los años inmediatos a la conquista aparecieron, junto a los latifundistas hispano-godos que habían conseguido subsistir mediante acuerdos con el vencedor, otros salidos de las filas de éste y que eran beneficiarios de la distribución en encomienda de una parte del quinto, jum, que el Corán atribuía a la comunidad musulmana. Esta parte se llama la iqta. Desde el punto de vista económico se produjo muy pronto la equiparación, por arriba, de ambas sociedades. Una considerable proporción, todavía no demasiado especificada, de la renta agrícola pasó así a manos de los invasores facilitando la atracción hacia el Islam de muchos elementos campesinos.

Lo que cambió indudablemente fue el modo de explotación puesto que los musulmanes introdujeron el sistema de aparcería que heredaran de Bizancio. Daba origen a muy variados modelos de contrato con diferencia notable de años en su duración y de la parte que el campesino cultivador estaba obligado a dar al propietario; encontramos ejemplos que van desde la mitad de la cosecha, munasif, hasta el quinto, mujammis. En conjunto los trabajadores campesinos fueron favorecidos por el sistema que venía aparejado a mejoras técnicas que aumentaron el rendimiento. Al parecer al-Andalus se bastaba a sí mismo desde el punto de vista alimenticio, aunque a veces la sequía alterase estas condiciones. Tres grandes productos agrarios fueron típicos:

a) El olivo. Se extendía por todas partes, desde Lérida a Gibraltar y del Algarbe al cabo de Gata. Varias veces se ha dicho que parece haber coincidencia entre la expansión del Islam y el área de cultivo del olivo. Las palabras castellanas aceite y aceituna proceden del árabe, lo mismo que almazara (al-masara) para designar a la prensa en que se obtenían tres clases de líquido oleícola por procedimientos que han durado hasta nuestros días. La mayor densidad olivarera se conseguía en el Aljarafe sevillano.

b) Los frutales, que exigían la posesión de una avanzada técnica de regadío y eran sobre todo importantes en las zonas hortícolas. Probablemente habría que incluir entre ellos los viñedos, extensos a pesar de la prohibición coránica de consumo de vino. El Islam extendió el aprovechamiento de la uva fresca y seca para consumo y cocina. Higueras, almendros, limoneros, perales, naranjos y manzanos se hallaban muy extendidos y recibían abundantes cuidados.

c) Plantas industriales, el algodón, el lino y el esparto que hacían la riqueza de algunas zonas excesivamente secas para el cereal. La seda era también producto típico de al-Andalus.

Es menos claro el papel que haya podido desempeñar la ganadería. Sigue abierta la discusión acerca de la intensificación de la transhumancia. Probablemente las zonas sometidas a influencia berberisca presenciaron un mayor desarrollo ganadero y, desde luego, a uno y otro lado del Sistema Central, el aprovechamiento de pastos era fuente de riqueza y de contacto con medios económicos cristianos. Los caballos andaluces fueron cuidadosamente seleccionados hasta lograr esa raza de remos finos y andadura airosa que constituye el orgullo de los grandes cortijos actuales; pero en cuanto al número de ejemplares resulta bastante significativo que los ejércitos musulmanes sean de infantería y no de caballería. La avicultura progresa. Mas el animal más típico en al-Andalus era el asno, esencial en las labores agrícolas, bestia de silla y carga.

La creación de artesanía andaluza

Es al parecer indudable que en la explotación de recursos naturales y de yacimientos, al-Andalus mostraba menos capacidad que respecto a la producción agraria. Las minas no eran monopolio del Estado sino que las explotaban simples particulares con medios incluso peores que en la época romana. Se extraía oro de los ríos Segre, Tajo y Guadalquivir; plata en las comarcas de Murcia, Córdoba, Beja y Alhama; hierro en Huelva y en otros diversos lugares de la Baja Andalucía; mercurio en Almadén (nombre que significa en árabe precisamente La Mina), Obel (Córdoba) y Salobreña; plomo en Cabra y estaño en el Algarbe. Pero ninguno de estos yacimientos podía justificar un concepto de riqueza. Era en cambio muy grande la producción de sal, tanto de minas en el interior como de salinas en la costa, y se hacía gran consumo de ella para la conservación de alimentos. La pesca era muy abundante y, sin duda, se exportaba en salazón. Al-Andalus gozaba de fama como productor de piedras preciosas, pero era deficitario en materiales de construcción; se importaba el mármol.

Un hecho de la mayor importancia es que la España cristiana dependía del Islam para su aprovisionamiento de tejidos, lo cual explica, en primer término, el gran volumen que alcanzó en al-Andalus la industria textil y, además, la herencia que, en orden a la ganadería lanar, recogieron los reinos españoles. Pero los paños no se concentraban en lugar alguno, sino que eran producto de artesanía local que se hallaba un poco en todas partes. El lino y el cáñamo se tejían especialmente en Aragón. En cualquier caso, no se trataba de una verdadera industria, como en Flandes antes del siglo IX y después del XI, sino de artesanía ligada estrechamente a la vida rural.

Fuertes núcleos artesanos aparecen con vistas a la exportación, y sus productos alimentaban el lujo de los cristianos, más pobres, de Europa. El 929 Muhámmad ben ‘Ubayd instaló en Córdoba unos talleres para el labrado de la seda que pronto se hicieron famosos por la calidad de los ricos tiraz que producían y que eran buscados con gran interés. La misma Córdoba fue un centro de producción de cueros labrados que, hasta hoy, se llaman cordobanes. A estas dos manifestaciones industriales, cuya tradición sería conservada incluso después de la ocupación cristiana, habría que añadir la orfebrería, el trabajo del metal, las armas —que hicieron particularmente famosos a los espaderos de Toledo— y la cerámica para uso doméstico y para revestimiento de muros y suelos. Desde fines del siglo IX dos grandes inventos dieron a al-Andalus una neta superioridad especializada: el vidrio, que descubriera Abbas ben Firnas, y el papel, originario de China, pero adaptado a la producción española con gran facilidad y eficacia. Desde el siglo X Játiva era ya un importante centro de fabricación de papel que se exportaba a Italia.

El zoco: su importancia

Al conservarse la íntima relación entre la ciudad y el campo —aquélla absorbía e industrializaba los productos de éste y le proporcionaba manufacturas— se originó notable diferencia entre al-Andalus y el resto de los países de Europa. En este sentido es lícito afirmar que la España musulmana fue asiento de una estructura urbana, cuyo rasgo esencial era el zoco (en árabe suq). Imposible comprender nada de la vida económica de al-Andalus, y en general de todos los países islámicos del tiempo, sin tener en cuenta la importancia de dicha institución. Los musulmanes conocían bajo este nombre un mercado diario que, en el plano de la ciudad, aparece como red de callejuelas en torno a la gran mezquita. Centro neurálgico, en el zoco se viven los acontecimientos de todo tipo que afectan a la vida de la localidad. Cada una de estas calles está ocupada por artesanos que ejercen un mismo oficio y que venden sus productos en el mismo lugar en donde realizan su trabajo. A intervalos, dichas calles ofrecían ensanchamientos, tarbiat, en donde la actividad se concentraba.

Este comercio menudo y directo, que conjuga industria y venta, no es más que uno de los dos aspectos de la actividad del zoco. Existe el bazaar, tienda de lujo, que ocupa a veces edificios de dos y tres plantas y en donde se venden piezas al por mayor, productos de fuera o manufacturas compradas a otros. El bazaar, como todavía hoy en países musulmanes o en la gran red de establecimientos hindúes y pakistaníes, no se especializa nunca; cabe en él la más amplia gama de productos.

Sobre artesanos y comerciantes, el Islam hizo pesar obligaciones religiosas que recuerdan muy de cerca a las que pesaban sobre los gremios cristianos y que se resumen en la hisba, es decir, la realización de un buen trabajo a buen precio. Cada oficio constituía una corporación pública, presidida por un amín o arif a quien nombraban las autoridades. En este aspecto también la institución del zoco era esencial pues permitía ordenar, agrupar y disciplinar este complicado mundo de artesanos y comerciantes. Las corporaciones quedaban sometidas todas a un sáhib al-suq —literalmente «señor del mercado»—, que ha dado origen al zabazoque que hallamos en ciudades cristianas. La autoridad de este funcionario, uno de los tres máximos en cada ciudad, se extendía ampliamente a muchos sectores: examinaba la calidad de los productos, fijaba los precios en caso de duda, percibía impuestos sobre el mercado, cuidaba del orden dentro del zoco y administraba justicia en los pleitos en que intervenían artesanos o mercaderes.

Dos grandes puertos servían al comercio exterior: Sevilla, que era el enlace con Marruecos, y Almería, etapa para comerciantes egipcios, sirios y bizantinos a los que sustituirían casi completamente, a partir del siglo XII, los italianos. Las fuentes que hoy poseemos no aclaran en qué forma se hacía el comercio con los reinos cristianos españoles, pero sabemos que los productos de la artesanía andaluza se hallaban en todas partes; sin duda el tráfico se hacía sin sujetarse a líneas precisas. Importaciones y exportaciones originaban gran volumen de negocios. En las ciudades principales existían almacenes para las mercancías (funduk, que da en castellano alhóndiga) y posadas para los mercaderes (jan). Se enriquecían los intermediarios, lo que parece indicar un cierto nivel de capitalización. Estos mayoristas, challas, que compraban productos para almacenar y los distribuían luego entre las pequeñas tiendas, son el precedente de los grandes mercaderes italianos que tardarán aproximadamente dos siglos en aparecer.

El sistema monetario

Los musulmanes habían adaptado a la circulación en España el mismo sistema que los omeyas, en Siria, impusieron, el cual se basaba en dos unidades de origen distinto, el sueldo de oro bizantino y la dracma de plata sasánida. Se llamó dinar a la moneda de oro de 4,25 gramos de peso, y dirhem a la de plata de 2,71. Al fijarse la equivalencia en la proporción de 17 dirhemes por cada dinar, la relación oro a plata quedó establecida aproximadamente en 10 a 1, la cual era y es bastante correcta según las disponibilidades en el mercado. Quiere esto decir que la economía monetaria de al-Andalus fue establecida sobre bases equilibradas. Naturalmente no toda la moneda en circulación procedía de las cecas españolas. De hecho el dinar no fue acuñado en España hasta la época de ‘Abd al-Rahmán III; el khalifa hizo una emisión de doscientas mil piezas que fue considerada como muy grande.

Es difícil seguir, aun a grandes rasgos, la evolución de esta moneda. Probablemente en la época de Almanzor había comenzado ya la decadencia y quebranto de la de plata, evidenciando pérdidas en las reservas de este metal, que se hicieron muy graves en la época de los taifas. A fines del siglo XI, el momento de la invasión almorávide, los feluses eran ya piezas de muy baja ley. El área de difusión de la moneda islámica era mucho mayor que el de la autoridad de Córdoba; los países cristianos empleaban, por lo menos desde el siglo X, grandes cantidades de numerario musulmán que llegaban a su poder por mil caminos, no todos mercantiles. Mateu Llopis supone con razón que, desde fines de dicha centuria —con más rapidez al desintegrarse el khalifato— el desbordamiento de moneda islámica sobre territorios cristianos produjo un fuerte estímulo de la economía peninsular.

Los almohades harán, en el siglo XII, la reforma del sistema monetario determinando que el dinar tendría un peso de 2,36 gramos y el dirhem de 1,50. En la práctica se acuñaron doblas de oro de peso 4,6 gramos y medios dirhemes de peso 0,75.

El tono de vida

Lévi Provençal ha conseguido trazar un esquema precioso en sus detalles para el conocimiento de la sociedad andaluza y cuyo resumen es actualmente insustituible. El Islam fue suficientemente poderoso como para imprimir su sello a la intimidad del hombre español, anulando casi enteramente las influencias que la vecindad de los reinos cristianos podía ejercer y produciendo, en cambio, una corriente imitativa a la inversa. Sociedad fuertemente masculina, el hombre era dueño absoluto de mujeres, hijos y sirvientes. Tan sólo los ricos se permitían el lujo de la poligamia que era cara; casi todos, sin embargo, compraban esclavas jóvenes que alternaban con la esposa en el cumplimiento de los deberes conyugales. Los hijos nacidos de unas u otras convivían en la casa produciendo mil conflictos. Excepto una o varias salas —según la riqueza del inmueble— en donde el marido-amo recibía a sus visitantes, toda la casa es un recinto vedado, harim, al que no tienen acceso más que las mujeres. Éstas salen a la calle raras veces. Su vida transcurre en la mayor monotonía y, sin duda, las salidas coincidentes con determinadas fiestas constituían su única distracción. En un medio ambiente semejante la murmuración y charlatanería tenían que ser intensísimas.

El matrimonio, precedido de discusiones sobre la cuantía de la dote que el prometido debía de pagar, daba origen a fiestas que se prolongaban durante una semana y que servían de solaz público al paso de la comitiva que conducía a la novia y su ajuar a casa del marido. A los siete días del nacimiento, se cortaba a los niños el pelo, imponiéndoseles su nombre y la kunya de su linaje; era más importante ésta que aquél. La circuncisión, hacia los siete años de edad, era otra ocasión de grandes fiestas. No así la muerte, pues los sepelios se caracterizaban por la extremada sencillez. La enseñanza, que se daba a todos los niños con muy pocas excepciones, tendía a conseguir un aprendizaje de memoria del Corán al mismo tiempo que de algunas nociones de gramática. Salvo aquellas familias que podían pagar un preceptor, las demás enviaban a sus hijos a humildes escuelas privadas semejantes a las que todavía se encuentran en algunos países musulmanes.

Como en Grecia —en forma acaso más acusada todavía— las casas aparecen vueltas de espalda a la calle, estrecha, inhóspita y maloliente. Normalmente predominaban los hogares pobres, misérrimos incluso, cuyo respiradero fundamental era un patio y en el que se agrupaban a veces varias familias. Las lujosas viviendas de los ricos se edificaban siempre en las afueras a fin de proporcionarles jardines. Con un mobiliario sucinto, incluso en el caso de habitaciones ricas, las comodidades eran escasas o nulas. Tan sólo los elegantes palacetes de las afueras, provistos de baños de vapor, disponían de calefacción por medio de conducciones de cerámica. La alimentación usaba con abundancia de cereales, fritos de pescado y carne, asados y, sobre todo, pasteles y dulces antecesores del turrón y mazapán actuales. La comida principal del día tenía lugar por la tarde, cuando el dueño de la casa había regresado al hogar.

Ruidosa y colorista la vida andaluza del siglo X, contaba con menos días festivos que en los países cristianos. El zoco, con sus vendedores vociferantes, sus juglares, funámbulos y prestidigitadores, aventureros de toda laya, era un lugar sonoro en las horas del día. La noche, en las ciudades, era temerosa y siniestra pues salvo la ronda ningún hombre honrado se lanzaba a la calle sin escolta. La mayor libertad de costumbres imperaba. La homosexualidad se consideraba como un hábito normal.

XII

EL GOBIERNO KHALIFAL

El poder del khalifa

A pesar del separatismo que les movía a proclamarse únicos legítimos depositarios de la autoridad en el Islam, los omeyas introdujeron en España un régimen político que pretendía reproducir las instituciones abbasíes con algunas modificaciones. Esta tendencia es visible desde la época de al-Hákam II y tal vez los Aghlabíes de Túnez fueron vehículo para la transmisión. De esta manera al-Andalus recibió una impronta oriental que borró la herencia visigoda y, en cambio, influyó mucho en las monarquías cristianas, especialmente en el área de la administración y el fisco. Al proclamarse khalifa el año 929 ‘Abd al-Rahmán III completó el proceso de orientalización al mismo tiempo que afirmaba un derecho dinástico superior, a su juicio, al de los abbasíes y los fatimíes. Era la culminación del poder y la maduración plena de un régimen político; por eso añadió un sobrenombre, al-Nasir li-din Allah (el que combate victoriosamente por la religión de Allah) por el cual le conocieron preferentemente los cronistas.

Esta plenitud del poder se manifiesta en la adopción de una etiqueta rigurosa que separa al soberano de sus súbditos y a la que se sometió ‘Abd al-Rahmán III desde el instante mismo de su adopción del título de khalifa, la cual sirve además para indicar que no existen límites a su autoridad temporal y espiritual al mismo tiempo. Ningún absolutismo más completo; los funcionarios en quienes delegaba alguna parte de este poder, le estaban sometidos en cuerpo y alma, podían ser destituidos y hasta encarcelados por una simple orden. No había otro límite a esta autoridad que el respeto al Islam y sus leyes. Pero esta acumulación de poder, que convertía al soberano en esclavo del ceremonial, sin dar margen a esparcimiento u ocio, preparó también la desaparición del khalifato; al-Hákam II delegó parte de sus poderes en personas de confianza, e Hisham II lo hizo por entero en manos de Almanzor.

Sólo los miembros de la jassa tenían acceso a la presencia del khalifa, que aparecía en las audiencias sentado en un trono y con el cetro en la mano. Al comienzo del reinado —a veces cuando era príncipe heredero— recibía el solemne juramento, bai‘a, de la aristocracia y de los funcionarios. Después usaba el sello, que era, como en las monarquías cristianas españolas, el verdadero símbolo de autoridad. Los hijos del khalifa que no eran herederos, recibían pingües rentas al alcanzar la mayoría de edad, pero se les alejaba de Córdoba a fin de que no causaran perturbaciones. La vida íntima, por debajo del ceremonial, nos es prácticamente desconocida.

Un ejército de esclavos rodeaba al soberano. Traídos del interior de Europa se les conocía con el nombre de eslavos aunque no todos procedían de los países del este. Siendo eunucos en su mayor parte, tenían permitido el acceso al harem y desde luego a la intimidad de la familia khalifal; con frecuencia se manumitían convirtiéndose en mawlas y hacían carrera política. Se les encontraba en el ejército como oficiales de alta graduación. Aunque su número no fuese excesivamente grande, la influencia que desarrollaron fue decisiva a causa de la proximidad al príncipe. Los esclavos palatinos eran llamados fata (palabra que puede traducirse por mozos o domésticos) y respondían ante el khalifa directamente de su cometido. Dos de ellos mandaban respectivamente la guardia palatina y ejercían el control sobre todos los servicios palaciegos. Los cargos, que recuerdan muy de cerca los que hallaremos luego en la Corte castellana, eran: despensero (sáhib almatbaj), caballerizo mayor (sáhib al-jayl), jefe de edificios (sáhib al-bunyán), jefe de postas (sáhib al-burud) y el halconero mayor (sáhib al-bayazira). Talleres y armerías estaban también a cargo de esclavos.

El Gobierno central

La instauración del khalifato vino a favorecer el proceso de centralización que desde mediados del siglo IX era característica de al-Andalus. Los grandes cargos de la administración y de la justicia componían una jutta rigurosamente jerarquizada, en la cual se entraba por designación personal y arbitraria del soberano, a quien era debida la plena obediencia mediante juramento. De este modo ninguna autoridad se ejercía salvo por delegación del khalifa. El puesto más alto en la administración era el de háchib y en la justicia el de cadí; uno y otro encabezaban largas jerarquías.

No puede darse una definición exacta de lo que significaba el háchib en la administración andaluza, pues aunque Ibn Jaldún generaliza diciendo que era equivalente al wazir (visir) de la Corte abbasí, la realidad es que no siempre existió este cargo. ‘Abd Allah le había suprimido; ‘Abd al-Rahmán III prescindió de él después del 923. Tal vez, siendo un ministro de Estado con poderes sumamente amplios, los gobernantes de mayor energía asumieran en ocasiones su función. En este sentido puede creerse que al-Hákam II restauró la costumbre a fin de liberar una parte de su tiempo, que necesitaba para actividades de otro tipo. Del háchib dependían la Casa Real, la Cancillería y la Hacienda, pudiendo en ocasiones sustituir al soberano en toda su autoridad.

Por debajo estaban los visires. Pero en el siglo X este título no equivalía a un cargo. Significaba un grado en la jerarquía de servidores y llevaba consigo la percepción de un sueldo a costa del tesoro, el más alto que pagaba la administración. Cuando los puestos a ocupar eran de cierta categoría, quedaban incorporados a un visirato. Se conservaban título y sueldo toda la vida. El khalifa otorgaba en ocasiones el doble visirato, que implicaba duplicación de los emolumentos. En época tardía la secretaría del khalifa o kitaba estaba dividida en dos sectores, el de la correspondencia, kátib al-rasa‘il y el de la administración, kátib al-zimam, llamado así porque tenía que redactar el estado de ingresos y gastos. Pero a mediados del siglo X la situación debía ser mucho más compleja. ‘Abd al-Rahmán III tenía cuatro visires al frente de los departamentos, asignando a cada uno una función específica; la reunión de los kitab funcionaba como un auténtico consejo de gobierno, el machalis al-mashawara.

Muy lenta, esta administración omeya empleaba seguramente gran número de personas y montañas de papel que no hacían sino retrasar considerablemente las decisiones. La comunicación con las provincias, cuyos gobernadores eran estrictamente responsables ante el poder central, se establecía por medio de un servicio de correos, que dependía del sáhib al-burud, que era un cliente o esclavo. La información recibida permitía al personaje convertirse en asesor directo del soberano. Los funcionarios le temían.

La Hacienda y los impuestos

El régimen financiero, del que tenemos noticias dispersas y, lo que es peor, tardías, mostraba seguramente gran primitivismo. Los contemporáneos no hablan sino de tesoreros (jazin al-mal o sáhib al-majzún) en número variable, muy directamente dependientes del khalifa y tomados siempre de familias aristocráticas árabes, sin duda a fin de que su fortuna permitiera exigir responsabilidad. Un gran departamento con numerosos empleados funcionaba a sus órdenes en el palacio khalifal de Córdoba; y es esto todo lo que acerca del mismo podemos decir. El dinero se almacenaba en el mismo lugar dentro de cajas fuertes vigiladas. En las provincias los mushrif se encargaban de dirigir la vasta operación perceptora; su dependencia respecto a los jazin al-mal era la misma que la de éstos en relación con el khalifa. La eficacia del régimen se mide en el incremento de sus ingresos, llevado al máximo por ‘Abd al-Rahmán III, quien empleó estas sumas en el sostenimiento de su política de autoridad.

Los impuestos eran el principal ingreso de la Hacienda musulmana, y hubieran sido muy soportables sin los constantes abusos de los gobernadores, a quienes favorecía el absolutismo khalifal del que, a nivel local, participaban. Las cifras que conocemos acerca del volumen global de ingresos en el tesoro no dejan lugar a dudas: la presión del estado aumentaba y, a fines del siglo X, existía profundo contraste entre la riqueza del estado y la pobreza de los súbditos. La legislación musulmana admitía la existencia de tres tesoros dependientes todos del soberano dada la fusión de poderes espirituales y temporales en éste:

a) awkaf, mano muerta, tesoro religioso que se aplicaba al sostenimiento de las mezquitas y a obras de beneficencia; b) hizanat al-mal, tesoro público que se guardaba en palacio en la forma antes expresada; y c) bassiyat bait al-mal, tesoro privado, que se nutría con la renta de los dominios del soberano y con un tanto por ciento que éste tenía derecho a percibir sobre la venta de los mercados.

Se admitía en la práctica la existencia de dos clases de contribuciones, aquellas que el Corán prevenía, kabala (de donde proceden alcabala y gabela), y aquellas otras que la necesidad había obligado a imponer con carácter extraordinario, wazifa o magarim. Entre las primeras se encontraba un impuesto personal, que era diezmo o zakat para los musulmanes y capitación o chizya para los infieles, y otro territorial, llamado haragat cuando pagaban bienes de creyentes y jarach para los demás. Entre las segundas figuraban claramente las alcabalas y otros impuestos sobre mercancías vendidas en el zoco, la nazila, especie de derecho de alojamiento rescatado en metálico, semejante al yantar de los países cristianos, y la taqwiya, que se pagaba en las ciudades para equipo de soldados.

No eran éstos los únicos ingresos que la voracidad del tesoro devoraba. El monopolio de la moneda, que Lévi Provençal calcula en el altísimo rédito de un 2,5 por ciento sobre el valor de la emisión, proporcionaba sin duda grandes beneficios, lo mismo que los impuestos sobre importaciones y exportaciones (al-amwal y al-marsuma) y sobre las ventas. A esto habría que añadir el botín o las parias de príncipes cristianos, las contribuciones globales que pagaban algunos gobernadores semiautónomos (gibayat) y los arrendamientos públicos (damanat). Tomado en conjunto, el presupuesto del khalifato era, en el siglo X, de un volumen que, para los pobres europeos de entonces, entraba de lleno en lo fantástico.

Gobierno provincial

La división regional en khoras —palabra de origen griego aclimatada en la Península durante el siglo VIII— se conservó bien durante el khalifato. Estas provincias eran más extensas de lo que la administración musulmana acostumbraba, sin duda porque los conquistadores trataron de ajustarse a la división existente en época visigoda. Algunas veces se aprecia una subdivisión en iqlims (literalmente climas). Ninguna fuente transmite el nomenclator completo de las khoras y, por tanto, es imposible trazar el mapa administrativo de al-Andalus. Levy Provençal ha podido reconstruir veintiuna. Eran capitales de distrito Córdoba, Gafiq (en el llano de los Pedroches), Cabra, Écija, Sevilla, Carmona, Niebla, Silves (la provincia de Ocsonoba), Morón, Sidonia, Algeciras, Ronda, Reyyo (Málaga), Elvira, Jaén, Pechina (Almería), Tudmir (Murcia), Játiva, Valencia, Toledo, Santaver, Mérida, Badajoz, Lisboa, Santarem y Coimbra. Las Baleares constituían por sí solas una provincia.

En la capital de cada provincia se instalaba el gobernador, walí. Hallamos también al-qa‘ides, comandantes de tropas que ejercían funciones de gobierno en límites más reducidos. La residencia del walí se fijaba en la alcazaba que, semejante al palacio de Córdoba, albergaba las oficinas para la administración; duraba muy poco tiempo en el cargo y eran frecuentes las destituciones fulminantes a la menor sospecha. En cada ciudad la trilogía de funcionarios imitada de Córdoba, sáhib al-madina, sáhib al-suq y sáhib al-shurta, seguía siendo omnipotente. La justicia era ejercida por el cadí, pero el de la capital era considerado como superior que escuchaba las apelaciones y gozaba de un honor y prestigio semejantes.

El ejército

La clave del régimen estaba en el ejército; en el fondo no era el khalifato otra cosa que un absolutismo de base militar y cualquier desfallecimiento a este respecto provocaba la desintegración del país. Los cristianos del Norte con su presión continua, y los movimientos amenazadores que se producían en África, obligaron además a los khalifas a tomar especiales medidas de seguridad en la frontera y en la costa, con aumento de sus fuerzas militares. Las tres fronteras tradicionales del emirato fueron reducidas a dos a fin de concentrar mayores fuerzas en Zaragoza y Medinaceli, que se convirtieron en grandes bastiones militares. Es posible que la población y gobernantes de estas Marcas disfrutasen de algunas condiciones especiales en cuanto a alivio de impuestos y autonomía. El territorio musulmán se hallaba erizado de castillos, más numerosos quizá, más fuertes indudablemente que los que poblaban el territorio cristiano. En el siglo X los musulmanes eran maestros en el arte de fortificar y de ellos aprendieron los cristianos.

El ejército, compuesto por elementos muy heterogéneos en que dominaban los extranjeros, era una pesada carga económica que explica en gran parte el peso que el fisco ejercía. Se han señalado cuatro contingentes:

a) Los chunud árabes. Venidos en el momento de la conquista (baladíes) o después con Balkh, los propietarios a quienes se diera una iqta de tierra y estaban obligados a prestar el servicio militar. Todo hace suponer que el valor de estas tropas, que se movilizaban por mitades, sustituyendo una a la otra al cabo de tres meses, era más bien mediocre. ‘Abd al-Rahmán III no consiguió reunir más de 5.000 jinetes.

b) Los mercenarios, hasham, cuya recluta había comenzado en forma organizada durante el reinado de al-Hákam I. Algunos de éstos eran africanos, pero no gozaban de consideración y se les llamaba tangerinos por ser esta ciudad el principal lugar de reclutamiento. La mayor parte de estos soldados, tanto las reclutas regulares como los chunud árabes, servían a caballo en unidades de jinetes, mientras que la infantería cumplía funciones complementarias.

c) La guardia personal del khalifa, dai‘ra, compuesta por tres mil jinetes y dos mil infantes, reclutados entre los esclavos que llegaban a Córdoba. Eran gallegos, eslavos o francos y no perdían nunca la condición servil. Se les llama mamalik, como en Egipto.

d) Los voluntarios, muttawi‘a, o soldados de la fe, muchahids, bastante numerosos en África y en España, piadosos musulmanes que se enrolaban en alguna expedición a fin de cumplir el precepto coránico. No tenían al parecer derecho a sueldo aunque sí a percibir una parte del botín cuando se obtuviera. A veces se les llama ahl al-ribat porque se ofrecían, en el intervalo entre dos expediciones, para formar parte de guarniciones fronterizas.

Almanzor introdujo después grandes novedades a fin de disponer de fuerzas que le fuesen estrictamente fieles. Una de sus reformas, cuyo detalle ignoramos, se refería a los chunud a fin de quebrantar en ellos la cohesión de los linajes. Otra la creación de un cuerpo especial de berberiscos, cuyo papel en la desintegración del khalifato ya conocemos.

Las expediciones militares tenían lugar normalmente en verano por lo que eran llamadas sa‘ifa (castellanizado en aceifa). Al soldado se le proveía de caballo, armas y alimentos además de su sueldo, lo cual exigía cierto grado de madurez en la intendencia (al‘ard). En realidad el ‘ard era estrictamente, como en las monarquías cristianas posteriores, una revista —alarde— en que se hacía recuento de hombres y armas. En muchas ocasiones el khalifa se colocaba al frente de la expedición; en cualquier caso a él correspondía fijar el plan de guerra dando las órdenes oportunas. El predominio de la caballería se fue acentuando a lo largo del siglo X. La impedimenta que los grandes ejércitos montados llevaban consigo, hacía que los ejércitos en marcha ofreciesen el espectáculo de larguísimas columnas. Cuando eran demasiado numerosos se dividían en unidades de cinco mil hombres, mandadas por un qa‘id. Las campañas eran muy sangrientas y se decidía la victoria por el choque de los ejércitos enemigos en cuerpo a cuerpo.

También la marina recibió grandes cuidados. El khalifato omeya tenía amplio litoral que defender y, aparte los castillos costeros, dispuso de numerosos buques. En cada uno había una tripulación mandada por el piloto, ra‘is, que decidía absolutamente acerca de la navegación, y un cuerpo de combatientes que mandaba el qa‘id.

Administración de justicia

Siendo la judicatura magistratura religiosa, los musulmanes le consagraron gran atención y son frecuentes las noticias biográficas —la Historia de los Jueces de Córdoba, de al-Jushaní, o el Kitab al-Marqaba al‘ulya de al-Nubahí— llenas de fresca vitalidad. La plenitud del poder judicial correspondía al khalifa, quien delegaba su ejercicio en el juez, o cadí de la capital y éste a su vez en los cadíes de las ciudades, si bien el nombramiento de los mismos era hecho por el propio khalifa o sus ministros. El soberano conservaba siempre la facultad de dictar sentencias por sí mismo cuando lo deseaba. Todos los cadíes dependían de él y no existen pruebas de que el de Córdoba tuviese la menor autoridad sobre sus colegas y dependientes.

El cadí no entraba en la Corte ni formaba parte del grupo de consejeros y beneficiarios de la amistad khalifal. Carecía de sueldo y era escogido por el príncipe en razón de su fama como piadoso musulmán. Modelo de vida religiosa era difícil conseguir que aceptara el cargo y normalmente estaba dispuesto a dejarlo lo antes posible. Su jurisdicción era solamente civil y se ejercía en última instancia sobre cualquier litigio referente a bienes y herencias, pero no a la justicia criminal. Se ayudaba de auxiliares, dos o cuatro, que eran jurisconsultos. Administraba justicia en un local de la mezquita, sentado en el suelo o entre almohadones, en la forma más sencilla que imaginarse puede. Los litigantes podían valerse de procuradores y, desde luego, de esos escribanos que se instalaban en pequeñas tiendas de los alrededores y que, conocedores del derecho, daban forma a los testimonios que cada una de las partes quería presentar. Los gastos eran mínimos, no existía la apelación, pero la sentencia podía ser revisada por el mismo cadí o por su sucesor.

Al cadí incumbía la administración del tesoro de la comunidad (bait al-mal), cuyos fondos se destinaban a obras de utilidad pública como el sostenimiento de mezquitas, o la limosna a los pobres. Presidía la oración de los viernes en la mezquita mayor y todas las rogativas extraordinarias, y fijaba, con las fases de la luna, el comienzo y fin del Ramadán. La fuerza social de estos cadíes, en quienes la sociedad musulmana veía reflejarse el modelo de piedad musulmana, procedía de su independencia frente al khalifa, a quien podían dirigirse en cualquier momento y con la mayor libertad.

Tenían derecho a dictar sentencias, cada uno en su propia esfera de actuación, el sáhib al-shurta, el sáhib al-madina y el sáhib al-suq; pero además las fuentes musulmanas citan un sáhib al-radd y un sáhib al-mazalim a quienes competía hacer cumplir sentencias por ellos dictadas sobre asuntos que exigían una superior autoridad. Puede colegirse que, invadiendo a menudo las atribuciones de los cadíes, eran depositarios del poder judicial supremo del khalifa cuando éste no quería ejercerle por sí mismo.

XII

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA CRISTIANA

La población cristiana

Imposible hallar datos que nos permitan conocer, ni aun de lejos, las circunstancias demográficas de España en los siglos IX, X y XI. Sabemos que la población era escasa y diseminada en la Meseta, hacia el Duero, y los estudios de Abadal y de Alberto del Castillo, partiendo de métodos bien diferentes, nos llevan a la casi idéntica conclusión de señalar fuerte densidad humana —en ocasiones mayor que la actual— en los valles del Pirineo. Por otra parte, la unidad económica y administrativa que la Península alcanzara en líneas generales durante la dominación visigoda, quedó rota a causa de la invasión; muy acusadas diferencias se produjeron, debidas sobre todo a influencias exteriores a las que Navarra y Cataluña fueron particularmente sensibles. La insignificancia de las ciudades destruye además un valioso término de comparación. La creciente marea repobladora, sumándose a la corriente de inmigración mozárabe, prueba sin lugar a dudas que desde principios del siglo X, cuando menos, la población castellano-leonesa iba creciendo con bastante rapidez.

Esta inmigración mozárabe no solamente reforzaba los recursos materiales de la monarquía leonesa sino que cambiaba enteramente la significación de su obra y de su lucha. Menéndez Pidal ha podido demostrar de qué forma en la idea imperial de León se esconde un claro sentimiento de nacionalidad hispánica, herencia visigoda, la cual se instala por encima de la diversidad política. En el siglo X una y otra no se juzgaban incompatibles. Ningún dato mejor que el que nos ofrece Santiago de Compostela, centro de peregrinaciones cada vez más frecuentado, y la escasa diversidad lingüística entre los distintos países. Hasta el siglo XII la idea del Imperio no dejará de crecer unida a la conciencia de superioridad política del reino de León, pero expresada sobre todo en la conciencia de que cierto grado de unión se hace preciso para llevar a cabo la reconquista.

Beneficium y vasallaje

En el siglo X, por el tiempo en que se organiza el reino de León, triunfa en toda Europa occidental el régimen de relación personal que llamamos feudalismo y que consiste esencialmente en hacer compatible la libertad de una persona con cierto grado de dependencia hacia otra siempre que de la misma no se originen obligaciones deprimentes. Fue aplicado para obtener servicios de armas, reputados como honrosos. Sánchez Albornoz opina que, antes de la invasión, España había avanzado más en el camino que lleva al feudalismo que cualquier otro de los países nacidos de la desintegración romana; los monarcas visigodos tenían lazos de dependencia con sus gardingos y fideles, y los grandes latifundistas del reino poseían séquitos armados. La presencia de los musulmanes, con su secuela de prolongada lucha por la supervivencia, frenó el proceso deteniendo la evolución de la sociedad humana en un estado que podríamos llamar pre-feudal. Excepto en Cataluña, parte del Imperio carlovingio durante un siglo, en donde el feudalismo se impuso enteramente.

En muchos documentos se nos habla de vasallaje o de beneficium, elemento personal y real respectivamente del contrato feudal, pero nunca los hallamos unidos, como en Francia, ni asimilados a específicas figuras jurídicas. A veces se llama vasallos a personas que ni tienen condición de nobles ni prestan servicio de armas; en realidad esta expresión no llega a generalizarse hasta el siglo XI, por influencia europea, y entonces se aplica de igual modo a los que prestan servicio de armas y a sus contrarios. Desde luego es frecuente remunerar el servicio de armas con la entrega de tierra, stipendio.

Hallamos dos grandes grupos de vínculos personales. El primero está constituido por aquellos que se obligan al servicio de armas, a los cuales se da nombre genérico de fideles o de mílites. Pertenecen a la nobleza y, en los códigos más antiguos, se les asegura una compensación más fuerte. El calificativo bucelarios, que se aplicaba en la época visigoda a los componentes de estos ejércitos personales, ha desaparecido, y el de sayón se aplica a individuos que se ocupan de menesteres subalternos en la administración; no tarda en adquirir tono despectivo. El segundo grupo es el de los sujetos a encomendación o patrocinio, pervivencias una y otra de la época romana, que obligan a la fidelidad solamente y al pago de una renta por la tierra que han recibido en tal concepto. No constituyen nobleza.

Reyes, magnates y obispos aparecían rodeados de fideles y mílites, soldados a caballo, que constituían sus ejércitos particulares, militia o mesnada. El ejército total era tan sólo la suma de estos séquitos armados de caballería. La profesión militar se hizo equivalente a un estatuto de nobleza; mílites e infanzones eran considerados miembros iguales de una clase social privilegiada que, en la dependencia de otro señor —forma específica de vasallaje— hallaban el cumplimiento de su deber. Se obligaban, en tanto que vasallos, a defender sus tierras, combatir con él, cabalgar a tierras de moros y ejercer la vigilancia en las avanzadas fuera de los burgos, castillos y ciudades; a este último servicio, que no hallamos fuera de España, al menos con tal carácter, se llamaba anubda (del árabe al-nubda, invitación).

Ya en el siglo X debió existir en Castilla la doble clase de vasallos que encontramos en la centuria siguiente, de criazón y de soldada; los primeros vivían en la casa del señor recibiendo directamente de él alimentos, vestidos y atenciones, mientras que los segundos tenían una remuneración, normalmente in stipendio. Frecuentemente los reyes hacían a sus vasallos donaciones, que unas veces eran beneficios —esto es, entregas usufructuarias a fin de sostener al caballero y sus armas— pero que podían ser también donaciones plenas e incluso hereditarias. En Asturias y León por lo menos, se llamaba al beneficium con palabras que demuestran claramente el carácter de donación temporal, préstamum, atondo o prestimonio. Los documentos utilizan las expresiones beneficio y prestimonio como plenamente iguales refiriéndolas a una concesión a veces temporal y a veces vitalicia. El servicio de armas estaba vinculado a esta posesión y, en ocasiones, a la percepción de dinero.

Durante el siglo X la característica en los reinos occidentales era la ausencia de grandes señoríos; es en este aspecto en el que resalta más directamente la no feudalización. Los monarcas concedían algunas veces inmunidad o cautum (coto) a ciertos poseedores de territorios; ello equivalía a una subrogación de autoridad con ejercicio de jurisdicción. Por tanto, la inmunidad equivalía, en su naturaleza jurídica, a un señorío; al no existir grandes latifundios, no hubo lugar para que evolucionasen más allá de meras excepciones privilegiadas.

Economía agraria

Los dos hechos decisivos en la economía de los países occidentales de Europa fueron el aumento de los grandes dominios agrícolas y la decadencia del comercio. Es discutible, sin embargo, hasta qué punto haya podido desaparecer el comercio o lograrse una autarquía de latifundistas. En España es indudable que la pequeña propiedad fue preponderante y que el comercio no se extinguió en los siglos IX y X, pues toda la zona controlada por los musulmanes siguió fuertemente inserta en la economía mediterránea y del Oriente Próximo y, a través de ella, también la España cristiana en la débil medida que brindaban sus escasas posibilidades. Aunque no acuñen moneda, los pequeños reinos se sirven de la de sus vecinos y conservan, aunque muy reducida, la circulación dineraria.

La presura, forma normal para la ocupación de tierras a lo largo de toda la frontera, dio origen a numerosas propiedades, sobre todo en el área del reino de León, de tipo pequeño y medio. Los ocupantes vivían con frecuencia en pequeñas agrupaciones urbanas próximas a los cultivos, que facilitaban agua y defensa. Sobre todo en las comarcas del Duero éste fue el modelo más frecuente y normal. Más al norte, pasados los montes, el caserío aislado denunciaba otras formas de propiedad. Castilla fue, por su parte, la más resistente a la constitución de latifundios. Naturalmente, un predominio tan completo de la pequeña propiedad hacía imposible la autarquía y originaba, por sí sola, intercambios mercantiles, los cuales se desarrollaron desde luego en círculos muy pequeños. En los siglos IX y X hay pequeños mercados y una continuada relación con la España musulmana.

Este predominio de la pequeña y media propiedad dio en España mayor frecuencia a la economía vecinal que al régimen de villa. Las propiedades se llamaban hereditates en el reino astur-leonés, denunciando la transmisión de padres a hijos, y mansos en Cataluña, lo mismo que en Francia. No puede señalarse una extensión media o normal para dichas propiedades, pues los documentos son poco explícitos y la exploración arqueológica se halla todavía en sus comienzos. En las explotaciones conocidas, el centro era al parecer la casa con el lugar cercado que la rodea o se adosa (solar), sus graneros inmediatos (hórrea o cellaria), tierras de labor de secano (terras, fazas, sernas o seneras), que eran las verdaderas fuentes de riqueza de la finca, huertos, viñas y frutales. Vicos o villas tienen además tierras de uso común (adiacencias) que a veces se rodeaban de un seto (defesas) y que incluían prados, bosques, pesquerías o lagunas. El aprovechamiento de estas tierras comunes fue para el campesino medieval de enorme importancia, pues el beneficio que en forma de leña, piaras, pesca o caza obtenía, le permitía escapar al círculo vicioso de la pobreza.

El régimen económico de villa, en el sentido de propiedades más extensas y con cierta tendencia a la autarquía, era propio de monasterios, únicos que podían acumular grandes dominios. A veces los documentos mencionan villas que no ofrecen duda en cuanto a su extensión reducida. Dicho régimen fue especialmente importante en Galicia, la gran retaguardia, desde muy pronto a cubierto de ataques musulmanes y en donde los monasterios llegaron a ser dueños de extensas propiedades. Para la administración de éstas se nombraban vicarios o mayordomos (maior domus = maiorinus, que dará merino), que a veces, en tierras de la Iglesia, son llamados prebostes y, en Cataluña bajulus = bayle. Como en el resto de Europa, en estos dominios los campesinos recibían una tierra a cambio de prestaciones económicas y personales, estas últimas en el dominicatum del señor, que de esta manera era cultivado sin tener que plantearse la cuestión casi insoluble de pagar sueldos.

Ningún progreso técnico refleja la escasísima documentación conocida. La rotación trienal —otoño, primavera, barbecho— se acomodaba bien a los cereales, que constituían sin duda la base de la dieta alimenticia, enriquecida ahora por la mayor abundancia de carne. El huerto, cuyos cultivos esenciales eran nabos, cebollas, ajos y berzas, era ejemplo de explotación directa e intensiva. Todo indica que los panificables habían comenzado ya a retroceder, pero con tanta parsimonia que apenas se advertían sus efectos. Entre los frutales, la manzana predominaba; apenas hay mención documental que no señale la presencia de abundantes pomiferares. La sidra constituía la bebida normal, siendo escaso y, probablemente de mala calidad, el vino. El lino proporcionaba textiles para complementar los tejidos de lana.

Artesanía y comercio. La influencia musulmana

Abundantes muestras de artesanía, sin duda muy tosca, orientada hacia la producción de utensilios para uso estrictamente local, aparecen en todas partes. La dificultad en las comunicaciones acusaba esta tendencia de cada núcleo a bastarse a sí mismo. No era obstáculo, sin embargo, a cierta flexibilidad de mercado. En una obra de gran mérito, Sánchez Albornoz pudo señalar la existencia, en torno a la ciudad de León, de comunidades aldeanas que se especializaban en determinados productos indudablemente para la venta; sus nombres han pervivido hasta hoy. Algunos artesanos son ministeriales, siervos de monasterios u otros señoríos, pero aparecen también trabajadores por cuenta propia. Sólo la Iglesia disponía de medios para estimular la producción artesana orientándola hacia manufacturas de lujo; pero no sucedió sino mucho más tarde.

Los pequeños mercados locales, un poco más vivos en las ciudades episcopales, eran casi única muestra de actividad comercial. Colocados bajo la salvaguardia real, que impedía abusos y trataba de ordenar justicia equilibrada, eran regidos por un funcionario cuyo nombre, zabazoque, es traducción del sáhib al-suq. La influencia musulmana se hace de este modo visible. Pero es todavía más profunda. El sistema de zocos y bazares, tan contrario a la evolución de la economía europea, fue llevado a las ciudades castellano-leonesas probablemente por emigrados mozárabes o por judíos, cuya actividad era, sin duda, muy notable. Gracias a estos viajeros que cruzan la frontera entre ambos mundos religiosos, hallamos mención de productos lejanos, alfombras persas, paños egipcios o armas europeas. León y Zamora, por lo menos, tenían tiendas que se parecían, acaso remotamente, a las de las ciudades musulmanas. Había en ellas depósitos de grano o de vino, alfondegas (en castellano alhóndigas).

No puede hablarse pues de economía natural sino de dinero, aunque este término ha de usarse con la mayor cautela por la simple razón de que, salvo en Cataluña, los estados cristianos no acuñaron moneda en todo este tiempo. Usaban tremissos visigodos que habían sobrevivido a la invasión, monedas francas y, sobre todo, dirhemes y feluses musulmanes. Cuando Carlomagno realiza su reforma de la libra, reduce a sueldo la moneda de cuenta y acuña en cambio denarios, modifica en gran parte la estructura monetaria española. En Barcelona se acuñaron denarios en el siglo X, primero a nombre de los reyes de Francia, después sin mencionar a éstos en absoluto. Pero en los mercados asturianos, leoneses y castellanos era frecuente que se procediese a cortar y pesar la plata o a hacer el cálculo de precios per deneratas, verdadero cambio en que se establece comparación entre el precio supuesto de dos productos, con lo cual no hay que entregar más que una pequeña parte de dinero, aquella que constituye la diferencia.

Los precios experimentaron, a lo largo del siglo X, un alza imposible de calcular dada la imprecisión de nuestros datos; no en la tierra que, gracias a las enormes ganancias territoriales, era abundante. Normalmente los precios de los productos de importación, tanto orientales como europeos, eran muy elevados y les seguía de cerca el ganado caballar y mular. Pero es muy difícil llegar a separar en los documentos lo que puede ser normal en la estimativa de las circunstancias excepcionales que dictaban un encarecimiento local.

Clases sociales: la nobleza

Una de las cuestiones más difíciles de resolver y, al mismo tiempo, más atractivas para el historiador moderno es la de la formación de una nobleza a partir de los restos de la sociedad visigoda. Porque la invasión causó tremendos efectos en las capas sociales más elevadas aunque apenas afectase a las menos. Hemos visto cómo la pequeña propiedad fue sistema predominante en casi toda la España cristiana, asegurando también el predominio completo del estatuto de plena libertad. A partir del siglo XI la constitución de latifundios sería amenaza o restricción para esta plena libertad, pero nunca llegó a dominarla. La sociedad se ordenó, desde el punto de vista jurídico, sobre esta base.

La población, en la monarquía astur-leonesa y en Navarra, tenía una base indígena sumamente fuerte, apenas afectada por la dominación romana, tanto que en amplios sectores pervivió con el vascuence, uno de los idiomas más antiguos del mundo. A ella se sumaron fugitivos, hispano-romanos o visigodos, y más tarde emigrantes mozárabes que preferían vivir bajo un régimen cristiano. Esto dio enorme diversidad en cuanto a la estructura social originaria aun cuando, desde el punto de vista jurídico, se admitiera la igualdad completa entre todos los miembros de la comunidad cristiana. Para complicar más las cosas, advertimos muy pronto la existencia de dos fuertes minorías confesionales, los judíos, tolerados y perseguidos en ambas zonas, y los moros prisioneros (mauri capti), que sin duda eran tenidos por siervos.

Esta primitiva población libre, ya desde el siglo VIII, se vio sometida a doble presión para transformarla. Junto a los reyes-caudillos aparecieron algunos fideles que probablemente procedían de antigua nobleza visigoda y que se hallaban ligados con los soberanos por lazos de relación personal. Desde mediados del siglo IX estos fideles constituyen una nueva y auténtica nobleza de función, compuesta por laicos y eclesiásticos que se integran en el aula, forman el consejo del rey, gobiernan mandaciones en nombre de éste y reciben en premio de sus servicios tierras y dominios. Por otra parte la pressura obligó a los colonos a formar parte de grupos armados más capaces de defenderse, haciéndoles entrar en la dependencia de un señor más potente, lo cual constituía una limitación, cuando menos, de su libertad. En Cataluña se introdujo el feudalismo según modelo francés.

En el siglo X la nobleza se encuentra ya plenamente constituida: proporcionan el acceso a esta clase social la riqueza, el servicio del rey, la vinculación personal con el monarca y la herencia. Se es noble cuando se combate a caballo y con las armas consideradas como tales, la espada, la lanza y el escudo. La función sigue siendo predominante y por ello la clase nobiliaria no es nunca cerrada: se entra en ella en cualquier momento en que se cumple el oficio noble.

En la nobleza se advierten dos escalas, una más elevada, en donde los documentos mencionan magnates o potentes, y otra compuesta por infanzones y mílites. Esta división es demasiado esquemática y exige todavía abundantes comprobaciones y rectificaciones. Los magnates, dueños de extensas propiedades, participaban directamente en el gobierno. El término infazón alude a la herencia, mientras que miles se refiere al oficio de armas a caballo. Según Sánchez Albornoz los infanzones eran lejanos descendientes de primates visigodos, no necesariamente por línea de linaje. En el siglo X aparecen fundidos con los mílites hasta constituir una sola clase de nobles dedicados a la profesión militar.

La característica general de la nobleza se encuentra en la exención de tributos y en el vasallaje. Ambas cosas daban a sus miembros superioridad y privilegios. En las listas de compensaciones que constituyen los más antiguos fueros, el noble devenga siempre una cantidad mayor por las ofensas que se le infieren —infanzón de quinientos sueldos, es la categoría máxima— y sus mujeres reciben en arras sumas más crecidas. En sus casas disfrutan de inmunidad y en cuanto a las tierras de aprovechamiento común sus utilidades son más grandes que las de los simples libres. El vasallaje es consecuencia de su condición militar que se refleja también en el privilegio de llevar armas. Todos los infanzones y milites se encuentran vinculados al rey o a un magnate, de quien han recibido tierras beneficiosas que les obligan al servicio de armas: son los prestimonios, atondos y magnificentias que hemos señalado en otro lugar.

Los hombres libres: encomendación y patrocinio

La mayor parte de la población estaba compuesta por hombres libres, pero las condiciones jurídicas y éconómicas de la libertad eran de tal modo confusas que, en la práctica, resulta muy difícil distinguir cuando se trata de un libre y cuando de un siervo. Muchos campesinos, sin dejar de ser libres, se hallaban sujetos a cargas que eran reputadas como signo distintivo de sujeción. En la vida ordinaria las cosas debían de suceder en forma bastante parecida a como nosotros las vemos pues elevándose la condición económica de los siervos, y deprimiéndose la jurídica de los libres, unos y otros venían a encontrarse fundidos en una sola clase en cuanto a obligaciones y género de vida, el campesinado, con muy acusadas diferencias en cuanto al grado de riqueza entre sus miembros.

Los campesinos son llamados en los reinos occidentales villanos y en Cataluña pagesos (de pagus, campo). Gran número de ellos eran propietarios y su libertad se manifestaba en el precio de la composición, trescientos sueldos. De la masa común de cultivadores, libres y propietarios, emerge sobre todo en Castilla una minoría, clase social muy especificada, que estaba en condiciones de sostener caballo y armas y a cuyos miembros se admitía a prestar servicio en tropas montadas; son los caballeros villanos. La institución, protegida por reyes y magnates, evolucionó hacia formas nobiliarias al otorgarse privilegios y fijar en quinientos sueldos el devengo de compensación. No existe en toda Europa ningún otro ejemplo que se asemeje a éste.

La inmensa mayoría de hombres libres en el campo se encontraba, de una u otra forma, sometida a un señor. La insuficiencia del Estado para asegurar el orden y el escaso desarrollo de las instituciones públicas creaban un clima favorable para el desarrollo de la encomendación. Los campesinos buscaban la protección de un señor, agrupándose para mejor defensa, y pagando un censo a cambio de dicha protección, lo que implicaba un reconocimiento de dependencia que nunca fue muy clara. Ésta es la figura jurídica que los historiadores modernos identifican con la encomendación y el patrocinio, que responden a formas muy variadas:

1. El caso más frecuente era el del pequeño propietario que se encomienda al señor y le entrega su tierra quien se la devuelve, a menudo acrecida, pero con la obligación de pagar en adelante una renta, que era el precio de la protección.

2. A veces el encomendado no entregaba tierra alguna; la recibía obligándose igualmente a la renta. Era un procedimiento por el cual se podían poner en explotación zonas muy incultas o simplemente abandonadas. En Cataluña, tanto en este caso como en el anterior, era normal que se exigiese al encomendado un acto de vasallaje sin por ello entender que ingresaba en la nobleza.

3. Otra forma de patrocinio, que hallamos pocas veces, es la de los hombres libres no propietarios que entraban al servicio de un señor para trabajar su tierra, recibiendo de él alimento y vestidos directamente.

4. Por último, cuando los siervos son liberados, conservan con el señor, o con el linaje a que éste pertenece, lazos de dependencia en forma de patrocinio, sin duda ligado también al usufructo de la tierra por ellos ocupada.

Todas estas posibilidades de contrato aparecen mezcladas y dando origen a grandes diferencias en el estatuto de los hombres libres. En Galicia y Portugal hallamos como más frecuente la incomuniatio, que es renuncia a la propiedad eminente de la tierra —no al usufructo de ella— a cambio de la protección del señor, medio por el cual era posible constituir enormes dominios a tenor de la fortaleza política. En Castilla y en León el patrocinio fue menos rígido y el encomendado conservaba la libertad de escoger a su señor, de mar a mar, pagando un censo a cambio de la protección. Tal es la behetría —de benefactoría, que guarda parentesco con el latín de beneficium— que acusó desde luego una tendencia a limitar las posibilidades de elección dentro del linaje o a hacer la dependencia hereditaria.

Colonos y siervos

La libertad, salvo en algunos casos límite que carecen de importancia, quedaba unida a la propiedad. Todos los campesinos que trabajan por cuenta ajena son llamados genéricamente colonos, como en la época romana, aun cuando no tienen la adscripción a la tierra característica de los últimos tiempos del Imperio. Las diferencias en el seno de esta clase eran tan acusadas como entre los hombres libres, pero un rasgo distintivo les era común, el pago de un tributo al señor, recuerdo de la herencia recibida por éste de la autoridad territorial; se les llama por tanto pecheros —de pechar, pagar— y este nombre acaba teniendo tono despectivo.

Libres en cuanto a su persona, aunque económicamente sujetos, los colonos constituían la capa más baja de la población y se les llamaba iuniores —literalmente los más jóvenes— por contraposición a los seniores —que da en castellano señores— que eran los nobles. El tributo que pagaban estaba ligado a la tierra por ellos ocupada, cuando no a su propia persona, y era signo de dicha inferioridad pues los nobles estaban exentos de cualquier tributación. En el siglo X llegará a generalizarse el nombre de collati, que dio en castellano collazos, para distinguir a los colonos de los vasallos y solariegos, que eran los plenamente libres. En Aragón y Navarra se generalizan los nombres de mesquini y novenarii, porque entregaban la novena parte de su cosecha. En Cataluña la expresión más corriente es la de pageses.

La situación de los colonos dependía, en cada caso particular, de las obligaciones contraídas en relación con la tierra; de ahí la infinidad de variaciones imposibles de recoger. En general estaban sujetos a prestaciones de jornadas de trabajo o de ciertas faenas agrícolas. Su condición se consideraba permanente y aun hereditaria. Cuando la tierra se vendía, ellos seguían su suerte, lo cual ofrecía también cierto aspecto favorable pues les daba seguridad en cuanto a su permanencia en el campo, fuente de subsistencia. Retenían, desde luego, las ganancias y, en León, en el siglo X, se les permitía abandonar a su señor, pero perdiendo la mitad de dichas ganancias y toda la tierra que hubiesen roturado. No hay duda de que su situación económica, independiente de la tendencia a crear señoríos, estaba mejorando.

Apenas existe diferencia entre estos colonos y los siervos que se mencionan con los nombres de servi, homines mancipios, pueri y ancillae, según los casos. Su número, pasados los primeros momentos de la invasión, volvió a crecer. Las antiguas normas del derecho romano que determinaban que el esclavo era una cosa susceptible de enajenación y venta, seguían vigentes y no hay duda de que eran aplicadas con sumo rigor cuando se trataba de infieles capturados en la guerra; las deudas no pagadas y el nacimiento contribuían a incrementar esta desdichada clase social. En la práctica había enorme diferencia entre los servi casati, campesinos establecidos en una tierra en condiciones bastante parecidas a las de los colonos, y los domestici, que permanecían en la casa del señor en condiciones iguales a las de los esclavos romanos. Pero la influencia de la Iglesia y el cambio en la estructura económica trabajaban en contra de la permanencia de este sector deprimido: el matrimonio de los siervos era legítimo y el señor tenía que conformarse, cuando los contrayentes eran de distinto dominio, con efectuar un reparto de hijos; con frecuencia los siervos eran manumitidos pasando entonces a integrarse en la clase de libres encomendados.

Desarrollo del régimen señorial

Durante un siglo, de mediados del X a mediados del XI, se produjo en toda España un importante fenómeno de concentración dominial. No se trata de grandes latifundios al modo romano, pues la complejísima noción de propiedad medieval no lo consentía, sino de imposición de un derecho superior, en el que se funden autoridad y propiedad, imponiéndose a la pequeña propiedad antigua. Arriba quedan apuntadas las tendencias que por la vía de la encomendación y el patrocinio conducían a este cambio importante. En teoría no se trata de novedad alguna porque señoríos habían existido ya en el momento de la repoblación, cuando ésta corría a cargo de magnates o de monasterios; la novedad consiste en el volumen, que ahora llegan a alcanzar y que, en plazo muy corto, permite la fundación de los primeros grandes linajes nobiliarios, aquellos que son poderosísimos en el siglo siguiente.

Al crecimiento de los señoríos contribuyeron múltiples causas; de cualquier modo la unión íntima entre propiedad y autoridad funcionaba en doble sentido, pues el crecimiento de la primera aumentaba la segunda, mientras que el uso de ésta permitía acumular riquezas. Por ejemplo las multas que dimanaban de sentencias judiciales, caloñas o composiciones, debían pagarse en tierra, a falta de dinero, e iban a engrosar la propiedad del señor que dictaba o imponía la sanción. Las donaciones de los reyes a sus nobles o monasterios venían acompañadas con frecuencia de inmunidades, es decir, subrogación de su propia autoridad. Los préstamos que los monasterios concedían a los modestos propietarios en tiempo de mala cosecha, no siempre se ajustaban a la generosidad y desprendimiento que la Iglesia pedía, y originaban embargos y confiscaciones muy fructíferos. Para la capa social más elevada, la ampliación de propiedades pasó a ser tarea fundamental; el matrimonio era un buen medio y las alianzas entre linajes se hicieron cada vez más frecuentes; de ellas nacían también fuerzas políticas.

El desarrollo de los grandes dominios trajo también cambios importantes en la explotación de la tierra ajustándose al modelo que era general en Europa. Según la naturaleza del propietario, los señoríos eran llamados realengos, abadengos o solariegos; así también se estableció la diferencia entre sus habitantes. El señor reservaba para la explotación directa una parte de la tierra; propiamente es la que constituye el dominio, llamado en León clusa, en Asturias y Cantabria quintana, y en Cataluña condomina. Normalmente la reserva es la parte situada territorialmente en las inmediaciones de la propia residencia del señor que, pese a los nombres sonoros que para ella se utilizan, era muy modesta. Unidad de explotación, el señorío abraza cierto número de campesinos a quienes se entrega un prestimonio con la obligación de trabajar días determinados o de realizar específicas labores en la reserva. El prestimonio es pues una forma de salario para los colonos, aunque no la única pues se utilizan también jornaleros. El señor posee graneros, molino y fragua, cuyo uso es obligatorio para todos los miembros del señorío y que constituyen buena fuente de ingresos.

Es indudable que el prestimonio no fue, en el siglo XI, única forma de contrato entre señor y campesinos. Los documentos ofrecen, por lo menos, otros cuatro modelos:

1. Existe una forma de arrendamiento hereditario, que recibe el nombre de foro, y que se utiliza muy frecuentemente cuando se trata de roturar o de poner nuevamente en cultivo tierras por largo tiempo abandonadas. El beneficiario, campesino libre, se compromete a pagar cierto censo que es una parte de la cosecha.

2. Cuando lo que se trata de poner en cultivo es un viñedo, se establece, entre arrendatario y propietario, un contrato especial que es llamado ad complantandum. Durante un período de cinco a siete años —que es el necesario para poner en rendimiento el cultivo— se repartían los beneficios; pasado este tiempo la tierra ya beneficiada se se repartía por mitad.

3. Existía también arrendamiento simple, de tierras en cultivo, según forma enteramente moderna; se le llama censaria.

4. Bajo influencia musulmana, tal vez, la aparcería, en que la cosecha es repartida por mitad entre propietario y cultivador, se extendió bastante por el reino de León. Se la llama parzera o imparzaziones y era un medio de prevenirse contra la deteriorización de las rentas.

Los malos usos

En ningún aspecto aparece la unidad del señorío tan claramente como en el sometimiento fiscal a la autoridad del señor —es prácticamente imposible delimitar dónde empieza ésta y acaba la propiedad—, que se revela como fuente de beneficios y de cargas. Todos los campesinos que viven dentro del dominio están obligados a pagar ciertas cantidades, usos, a veces llamados gráficamente malos usos. Pero por idéntica razón les asiste el derecho de disfrutar, en forma muy reglamentada, de los bienes comunales, prados, bosques, ríos o lagos, que aseguran aprovisionamiento de leña, agua, caza, etc., complemento muy sustancial de las escasísimas ganancias que el cultivo proporcionaba. Estas comunalia son las que en Cataluña se denominan ademperamentum, que derivará en empriu.

Los usos mencionados en los documentos son los siguientes:

1. Censo que se paga por ocupar la tierra. Es tanto impuesto heredado de la administración romana, como renta por aprovechamiento de la misma. Se la llama censum, foro tributo, infurción, pecho y, más tarde, marzadga o martiniega.

2. Sernas. Bajo este nombre se conocen las prestaciones personales que los campesinos han de aportar a la explotación de la reserva señorial.

3. Servicios públicos que se prestan al dominio en cuanto unidad de convivencia, tales como la vigilancia (anubda), la construcción de fortalezas (castellería) o de caminos (fazendera), etc.

4. Los yantares, que es una obligación compleja, que varía mucho de unos lugares a otros, y que consiste aproximadamente en dar alojamiento y comida a los enviados del señor. De ahí los nombres de alberga, prandium u hospedaje que aparecen frecuentemente. Tienden a limitarse una vez al año.

5. El campesino tenía por principio prohibido el abandono de la tierra. Pero ya el Fuero de León —y sin duda se recoge una anterior costumbre— autoriza la marcha, pero abonando al señor como indemnización la mitad de sus bienes.

6. Nuncios y mañerias. Para transmitir en herencia la tierra que ocupa, el campesino debe pagar al señor alguna cosa. Siempre es un bien mueble y, en general, una res de valor. A esto se le llama nuncio o mortuarium, en Galicia luctuosa y en Cataluña lexia. Pero cuando el campesino carece de hijos —es mañero—, para poder disponer de su herencia en beneficio de otro pariente, debe abonar una cantidad mayor. Ésta es la mañeria.

7. Ossa o huesa. Se entiende que una mujer que se casa fuera del dominio causa un perjuicio económico gravísimo porque priva de brazos y descendencia. Por eso se exige una suma como indemnización.

8. La utilización de los bienes comunales debía hacerse, según anotamos, contra pago de una renta. Toma nombres muy variados como montazgo o herbazgo, referidos al aprovechamiento de pastos, castellaje, a la pesca, etc.

9. El señor ejerce un derecho de monopolio (banalidad en Francia) sobre ciertos servicios como el horno del pan, el molino o la fragua; percibe normalmente una parte del producto en pago del servicio. En el molino es la maquila, que ha perdurado hasta nuestros días.

El señorío es, ante todo, un régimen de explotación de la tierra en común, dirigida siempre por un administrador que el señor nombra y que es llamado maiorinus (merino) en los señoríos laicos y praepositus (preboste) en los eclesiásticos. En nombre y ausencia del señor, le sustituye también en sus poderes judiciales. En Aragón hallamos un paborde y en los señoríos laicos de Cataluña un bajulus (bayle, batlle). Él fija el orden de las cosechas y dispone el turno de rotación de las faenas del campo. Con el tiempo evolucionan hasta convertirse en auténticas autoridades locales.

Fueros

El señorío chocaba abiertamente con la mentalidad española y la necesidad de dar estímulo a repobladores que, desde mediados del siglo XI, encuentran abiertas las tierras al sur del Duero, la Extremadura. Por razones políticas se otorgaron a estos pobladores, e incluso a veces a otros más antiguos, una exención de las cargas y usos señoriales; esta exención es llamada foro, derecho o privilegio, esto es, fuero. La forma más sencilla de aparición de un fuero es la carta-puebla, especie de contrato o concesión real que, a los campesinos enviados a repoblar y dar mejor rendimiento a una tierra, eximía de ciertas cargas.

Pero desde el siglo X, empiezan a aparecer fueros más complejos, que no se refieren tan sólo a las condiciones económicas, sino que incluyen un esquema de ley, lista de composiciones que han de pagarse según los delitos. Sobre un fuero podían edificarse no sólo nuevas formas de relación entre señor y súbditos, sino también de gobierno de las pequeñas entidades locales. Todo esto aparece en los ejemplares más antiguos que conocemos, el fuero de Castrojeriz de 974 y el de León de 1017 o 1020, según las opiniones. La población de los reinos cristianos contempló siempre los fueros como bases de la libertad.

XIII

LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL REINO DE LEÓN

La comunidad, base para la monarquía

Las monarquías cristianas españolas no corresponden al modelo de estado feudal vigente en Europa porque conservaron e incluso vigorizaron la noción de la comunidad. En virtud de ello, el monarca pudo ejercer su autoridad soberana sobre todo el territorio que ocupaban la comunidad o comunidades. Durante mucho tiempo perduró la tendencia a la elección que era más herencia romana que visigoda, siquiera se ejerciese tan sólo sobre miembros de un mismo linaje, entendiendo a éste con criterio amplio. Cuando los monarcas leoneses, a partir de Alfonso III, toman medidas sucesorias que implican la partición de sus dominios, ésta no se hace jamás a capricho, sino teniendo muy en cuenta la naturaleza intrínseca de las comunidades que habían llegado a integrarse. Y esto es válido también para Navarra y Cataluña, más sometidas a influencias feudales por razón de proximidad. Príncipe, territorio y pueblo se fundían en una sola entidad.

No cabe duda de que la frontera musulmana, en casi permanente vela de armas durante esta centuria, contribuyó a fortalecer y aumentar la soberanía. El rey era verdadero jefe del ejército, entregaba el gobierno de territorios como mandación a quienes le convenía y por el tiempo que juzgaba oportuno, y tenía sobre las inmunidades una permanente tutela. Precisamente la pugna entre Castilla y León que llena una gran parte del siglo X, es la de dos concepciones distintas; y triunfó la mentalidad feudal de Fernán González gracias a que se apoyaba en sentimientos de comunidad de un territorio que se creía distinto jurídicamente del tronco inicial de la dinastía. Cuando un rey pacta vasallaje o divide en herencia, transmite solamente aquello que es suyo, esto es, el ejercicio de una soberanía, pero no intenta nunca dividir arbitrariamente el territorio; éste se halla enmarcado por principios jurídicos, esto es, históricos.

La monarquía es pues proyección de la comunidad sobre un orden político. Conserva siempre los fundamentos de la res publica. Como fines de ésta se señalaban: el bien común; la protección de la fe asegurando a todos el mayor número de medios para salvar su alma; la defensa del territorio y su ampliación mediante la guerra contra los musulmanes, enemigos de la fe; el mantenimiento del orden público con respecto a las propiedades privadas; el cumplimiento de la justicia. Todos cuantos han nacido dentro de la comunidad son vasallos naturales del monarca, y esta naturaleza les obliga a la obediencia que, a veces, se presenta bajo la forma de juramento. La soberanía del rey se extendía a todo el territorio, sin excepción alguna, ejerciéndose por medio de mandaciones encomendadas a nobles de su confianza; aún en el caso de las inmunidades otorgadas a señoríos laicos o eclesiásticos, el monarca conservaba el poder militar y la suprema jurisdicción por medio de apelaciones.

La autoridad real

En el siglo X apenas existe diferencia importante en la forma en que ejercen su soberanía los reyes de León o de Navarra y los condes de Barcelona. Todo su poder viene de Dios y los documentos emplean a veces la fórmula nutu Dei o gratia Dei. Ramón Berenguer I será llamado, a mediados del siglo XI, príncipe lo mismo que sus coetáneos de Castilla o de Navarra, que ya usan título de rey y los atributos correspondientes a esta condición, la corona, el cetro, la espada y el trono. La declaración de dependencia de la autoridad de Dios no es meramente teórica, pues impone el respeto a la ley divina de la cual el monarca se hace intérprete, lo mismo que de la ley humana, proyección de la comunidad. La investidura solemne —sin el carácter de consagración, como en el Imperio— tenía por objeto hacer manifiesta esta obediencia del soberano a la ley y a los fueros, privilegios o costumbres de cada comarca.

La monarquía astur-leonesa nació como prolongación de la visigoda y tuvo al menos conciencia de esto desde la época de Alfonso II. Heredaba también las contradicciones internas a causa de las querellas en torno a la sucesión electiva. Limitada primero a los familiares de Pelayo, acabó por abandonarse en favor del sistema hereditario aunque sin hacer hincapié en la línea de primogenitura. La elección, como mera formalidad, sigue ejerciéndose hasta fines del siglo X. Todo ello dio gran imprecisión a la herencia: los hijos y las hijas, los maridos de éstas y sus descendientes formaban en torno al trono una especie de casta superior que no se consideraba ajena ni demasiado lejana de la corona. De ahí los repartos y las usurpaciones.

A pesar de la noción de comunidad a que antes hemos aludido, la autoridad del rey o del conde se ejercía, múltiple, sobre cada uno de los territorios que componían su dominio. Esta autoridad es un poder directo de mando, una iussio regis, a cuya obediencia obliga. Esto hizo posible, en el siglo XI, introducir la noción francesa feudal del ban, jurisdicción territorial, a la que corresponde, ante todo, la custodia de la paz pública. El quebrantamiento de esta paz, desobediencia al rey, se castiga con una pena máxima de sesenta sueldos. El monarca, en virtud de su poder, manda el ejército, hace la guerra y firma la paz, administra el tesoro público, que funde con sus bienes privados, gobierna la Iglesia, legisla, normalmente con el portavoz de una asamblea de magnates laicos y eclesiásticos, y ejerce la justicia suprema e inapelable de cara al pueblo.

Aula regia o Palatium

En ningún momento puede decirse que la monarquía haya sido en España absoluta o personal; el rey gobierna valiéndose del consejo de sus magnates, oficiales y clérigos, y extrae de él gran parte de su fuerza. La palabra Palatium servía para designar tanto la residencia del soberano como el conjunto de fieles y servidores que le acompañaban, porque las funciones públicas se diferenciaban poco de las privadas y el rey se hacía seguir de todos ellos en sus desplazamientos. Valdeavellano entiende que, en el siglo X, podían apreciarse influencias francas hasta en León y que se habían producido reducciones importantes en cuanto al número de miembros. Aún a riesgo de esquematizar con exceso puede admitirse hoy que formaban parte del Palatium cuatro categorías de personas:

1. Los miembros del officium, es decir, aquellos que ocupaban un cargo específico al servicio, público o privado, del monarca. Los títulos y funciones eran aproximadamente iguales en todos los reinos. Tres eran los más importantes: alférez (armiger, signifer, spatarius) custodio de la enseña real y jefe del ejército, en ausencia del monarca; notario (notarius), un clérigo que cuida de la emisión de las escrituras; mayordomo (maior domus) que administraba los bienes del rey, tanto públicos como privados. Se hallaban, al parecer, bajo las órdenes del administrador, el caballerizo, el tesorero —custodio de los objetos de valor— los diversos cubicularios y el copero (scanciarius), que en Navarra era llamado architriclinius.

2. Los magnates laicos y eclesiásticos que, sin oficio determinado, constituían el séquito del monarca, a quien se hallaban ligados por especiales lazos de fidelidad. Eran, resucitando términos mal interpretados del Imperio romano, su schola. Se les llama en los documentos consiliarii regis y magnates togae. Su intervención en los cambios de reinado era decisiva.

3. Los cómites (condes) a veces llamados cómites Palatii y cómites sine terra, a los que se unen aquellos señores y obispos que gobiernan un territorio como mandatio o poseen una inmunidad que les proporciona jurisdicción. Para todos ellos el gobierno es normal ocupación.

4. Por último estos vasallos directos del monarca que aparecen como fideles y mílites y los clérigos y monjes que se encuentran al servicio del monarca. No hay que imaginar, en ningún caso, una comitiva muy numerosa.

La reunión de todos los consejeros, oficiales y nobles del Palatium se llama Aula o Concilium, lo que transparenta su función de consejo. En el siglo X fue adoptada en Navarra la expresión Curia, que luego copiaron los demás estados peninsulares y que en lengua romance se identificaría más tarde con Corte. Ella fue, tanto como el respeto a la costumbre y la obediencia a la ley, freno para el poder del monarca. Las funciones de la Curia en su composición ordinaria eran amplísimas, tanto como la autoridad del propio soberano, pues éste acudía a ella para consultar cualquier problema. Para dar mayor fuerza a las decisiones, se afirmaba que habían sido tomadas con el consenso de los cortesanos. De especial importancia era la función judicial; la Curia constituía sin duda una especie de tribunal supremo.

De tarde en tarde se reunía la Curia plena o extraordinaria, emulación de los antiguos Concilios de Toledo. A ella acudían, con los miembros del Palatium todos los obispos y magnates acompañados de sus fieles y vasallos. Su cometido era amplísimo, tanto como indicaba la no definición de funciones: desde el siglo XI estas Curias solemnes se convirtieron en portavoces de la legislación. Ya hemos visto, por ejemplo, el papel desempeñado en la promulgación del Fuero leonés. En esta ocasión se dijo que las Curias plenas debían ocuparse, en primer término, de las cuestiones relativas a la Iglesia y después de los asuntos del reino.

Administración territorial

Con la invasión musulmana desapareció toda la división territorial que habían creado los visigodos; en su lugar hubo de crearse, improvisada, una nueva forma de gobierno. Tanto en León como en Navarra los nuevos distritos fueron considerablemente más pequeños y se ajustaron a realidades comarcales más antiguas que la antigua estructura provincial romana. El gobierno de los mismos era encomendado por el rey a sus nobles en calidad de mandatio, commissa territoria u honor (en Navarra), a veces con título condal. Los condados catalanes son distintos: nacidos de la administración carlovingia conservaron sus límites y contextura interna a través de mil vicisitudes dinásticas. En el reino de León la condición de conde era otorgada con carácter vitalicio e independiente de la autoridad que pudiera ejercerse; lo mismo sucedía en Navarra. Las mandationes eran ejercidas por magnates, que, fuesen condes o no, aparecen en los documentos con título de iudex, potestas o princeps. En ningún caso hallamos hereditariedad en los cargos, si se exceptúa Castilla, en donde la victoria del principio sucesorio provocó la separación completa. Con frecuencia hallamos mencionado el distrito como condado cuando el gobernante tenía dicha condición.

Los poderes que cada gobernante tenía en su distrito eran reflejo de los del rey en todo el territorio y guardaban relación con los que se otorgaban como inmunidad en los señoríos: custodio del orden público presidía la asamblea de hombres libres en la que se administraba justicia; mandaba las tropas cuando se hacía la llamada a fonsado; recaudaba los tributos quedándose con algunas contribuciones asignadas; dictaba ordenanzas; nombraba algunos auxiliares o vicarios para que, en su nombre, rigiesen algunos trozos del territorio. Paul Merêa supone incluso que, en cada mandación, existían jueces permanentes que ayudaban al conde en el ejercicio de la justicia.

En el siglo X la administración territorial aparece ya bastante complicada. Además del vicario —a veces eran varios—, de los oficiales auxiliares, de los jueces y de los ejecutores de las órdenes, llamados sagiones (sayones), existía en cada distrito un merino. Este cargo fue, en su origen, de administrador de los bienes propios del soberano, como el antiguo villicus visigodo; era un auténtico maior domus. Pero en el siglo X actuaban ya como verdaderos funcionarios, ejerciendo incluso jurisdicción en algunas causas menores y dirigiendo a los hombres cuando se les movilizaba para la guerra. En Cataluña el cargo corresponde al bajulus, que se traduce en catalán por bayle. Sin duda desde el siglo XI los merinos gobernaban ya pequeñas circunscripciones dentro del condado.

Las ciudades

Con dos únicas excepciones, León y Barcelona, animadas por cierta actividad mercantil, las ciudades que mencionan algunas veces los cronistas, no eran otra cosa que lugares de habitación o de defensa, residencias para los obispos y refugio para los campesinos, pero sin entidad jurídica clara ni autonomía en el gobierno. La única autonomía existente correspondió a los señoríos inmunes, pero éstos fueron muy escasos antes del siglo XI. De épocas anteriores perduraba en parte la noción de civitas como aplicada a un centro urbano y al territorio que le rodeaba, es decir, su alfoz. En cualquier caso los habitantes de dicho centro urbano se hallaban completamente insertos en el medio ambiente rural que les rodeaba.

Los habitantes de una misma localidad —a veces de localidades inmediatas— se ligaban por relaciones de vecindad haciéndose partícipes de problemas que afectaban al aprovechamiento de la tierra o a la convivencia. Por ello se reunían en una Asamblea, Concilium, que hallamos floreciente en León y que parece haber sido una herencia del conventus publicus vicinorum de la época visigoda. Las tres misiones más importantes del Concilium —palabra de la que habrá de derivar nuestra moderna concejo— parecen haber sido: el aprovechamiento de las tierras comunes, prados, pastos, bosques y aguas; la conservación del fuero de la tierra, emitiendo sentencias de acuerdo con él; las cuestiones nacidas de la rotación de cosechas o del tránsito de rebaños. El ruralismo se imponía.

Al parecer no concurrían al Concilium todos los vecinos en cada ocasión; muchas veces los reunidos eran sólo aquellos boni homines de más importancia. La calificación de boni (buenos) hacía ya referencia a cierta posición económica de propietarios. Tampoco es convocada siempre la totalidad de la comarca, sino los miembros de una feligresía (collatio) como, de un modo formal, seguirá haciéndose hasta el fin de la Edad Media. Por encima del Concilium local existía una asamblea del condado, sin duda muy reducida en cuanto al número de asistentes, que tenía carácter judicial. Seguramente el municipio, que encontramos ya en el siglo XI, tiene estrecha relación con estas asambleas.

Diversas teorías se han formulado para explicar el origen del municipio desde un punto de vista teórico. En cuanto a la función económica, ninguna duda hay de que se trata de algo enteramente nuevo, sin relación con el pasado. En 1860 Tomás Muñoz y Romero, señalando la importancia de la función judicial, veía en los municipios los herederos de las asambleas judiciales de hombres libres transmitidas de la época visigoda. En 1896 Eduardo de Hinojosa explicó la constitución de municipios por la absorción, por parte de un Concilium, de los poderes judiciales de la asamblea de condado o mandación, pero restringiéndolos al ámbito puramente local. Laureano Díez Canseco, en 1924, hacía hincapié en los aspectos económicos. Por último Sánchez Albornoz y Valdeavellano, intérpretes de una misma escuela, entienden que la repoblación desempeñó un papel esencial en la transformación del concilium vecinal en una entidad autónoma, pues hizo del mismo el custodio cuando no el negociador del fuero. De esta manera el concilium representaba a todos los miembros de la comunidad. Y en ésta se integraban las poblaciones rurales de las inmediaciones que hallaban refugio tras sus muros en caso de guerra o que participaban en la vida económica del mercado.

Justicia

Ninguna diferencia existe entre la justicia y las demás funciones de gobierno; su aplicación pertenece por igual al príncipe, a la asamblea de hombres libres y, en ciertos casos, como el adulterio, a la persona privada. La venganza de sangre y el riepto perduraron hasta muy avanzada la Edad Media. Los condes en sus territorios y los señores, por razón de su inmunidad, administraban justicia como una parte de sus tareas de gobierno, pero al igual que los soberanos lo hacían siempre presidiendo una asamblea (concilium, placitum, iudicium, en Cataluña mallum como en el Imperio Carlovingio). Por esta razón la Curia acaba convirtiéndose en tribunal supremo. Cuando el litigio afectaba a dos comarcas, la asamblea judicial se reunía en el límite entre ambas. Esto se llama medianedo.

El procedimiento a seguir, de origen germánico, consistía en una lucha oral entre las dos partes a presencia del tribunal. Pero existía la prueba, y para disponerla y realizarla, el rey o el noble que presidía la asamblea designaba unos miembros de la misma, que actuaban como verdaderos jueces. Los historiadores discuten la naturaleza de este nombramiento que, sin duda, preparó una auténtica especialización de funciones. En Castilla, al menos, el resultado de la prueba se acompañaba de una verdadera sentencia oral y de acuerdo con la costumbre; a esto se llama juzgar por fazañas. Los merinos tenían jurisdicción sobre las cuestiones económicas de su administración, mientras que los zabazoques la ejercían sobre el mercado.

Poder militar

En la Edad Media española el rey era, ante todo, jefe del ejército y éste, resultado del llamamiento a las armas de todos los hombres libres. En la práctica la obligación de acudir con las armas correspondientes a su estado impuso fuertes restricciones económicas, reduciendo el servicio solamente a aquellos vasallos que tenían un beneficio o prestimonio, sustrayendo muchos caballeros a la directa dependencia del rey para entregarles a otros nobles. Nunca se perdió sin embargo la obligación general de asistir a la hueste o fonsado por lo menos una vez al año sobre llamamiento del rey. La multa —luego simple compensación por la excusa de acudir al ejército— se convirtió en impuesto, fonsadera. En el reino, leonés en el siglo X ya no eran llamados todos los peones a un tiempo, sino sólo una parte y los que permanecían en sus casas tenían que proporcionar carros o cabalgaduras para la impedimenta.

Lentamente la profesión militar fue considerándose oficio de nobles y resultado de ciertos beneficios previamente obtenidos. Hubo ya en el siglo X un ejército permanente, que componían los vasallos del soberano y de los nobles y las guarniciones de los castillos. En éstos prestan labor de vigilancia —anubda o robda, guaita en Cataluña— algunos otros hombres libres por turno. En caso de guerra el rey convocaba a fonsado —del latín fossatum, límite— por medio de sus mensajeros y los condes, magnates, iudices o señores procedían al reclutamiento de tropas en sus respectivos distritos acudiendo luego al frente de ellas al lugar que les hubiera sido asignado. El rey en persona ostentaba el mando; ausente, encargaba a algún noble que lo hiciera en su nombre. El fonsado, que los documentos consideran igual a hueste, se proclamaba sólo cuando las operaciones eran importantes; había otra movilización menor, cabalgada, que probablemente se empleaba en las expediciones cortas al territorio enemigo.

La plataforma fiscal

Todavía es sumamente confuso el panorama de las diversas fuentes de ingresos que llagaban a nutrir las arcas reales. Deteriorado por la base el sistema impositivo romano durante la época visigoda, barrido luego a causa de la invasión musulmana, se mezclaban en confusión pervivencias del pasado con innovaciones rudimentarias. Ninguna distinción entre bienes privados del monarca y bienes públicos: las expresiones fisco regis y fisco público eran equivalentes y ambos dependían del mayordomo y, a través de éste, de los merinos. Cuando el rey otorgaba una mandación o un señorío incluía en su acto la capacidad de percibir tributos, una parte de los cuales iban a parar a la bolsa del noble que los cobraba. De cualquier forma, la percepción de impuestos, en el sentido romano de la palabra, había quedado reducida a su menor expresión: ni los nobles ni el clero pagaban; sólo los simples libres y los siervos. En ocasiones el monarca cedía determinados tributos como si fuera un bien cualquiera o declaraba exentas a ciertas poblaciones.

En tres sectores podríamos agrupar los ingresos reales en el siglo X:

1. Los dominios privados del monarca que fueron, con gran diferencia, principal fuente de aprovisionamiento. En un país en marcha, como eran los estados españoles de la Reconquista, la riqueza del rey iba en aumento porque todas las tierras sin dueño conocido eran consideradas regalia, es decir, de su propiedad. La presura se hace siempre a nombre del soberano, cuando no directamente por encargo suyo. Dichos dominios daban lugar a los impuestos siguientes:

a) Tributum; en realidad es la renta de la tierra, pagada en una parte de la cosecha, que generalmente llegaba al diezmo. Como su nombre indica, se habían mezclado dos conceptos, el impuesto que la tierra paga al fisco y el crédito que ha de abonar al rey en cuanto propietario. De aquí la gran variedad de nombres, censo, functio, vectigalia y, en romance, infurción, pecho y foro. Equivale a la parata, ussaticum y tasca de Cataluña.

b) Montaticum, de donde saldrá más tarde el montazgo. Es una renta que se paga por el aprovechamiento de las partes comunes especialmente pastos, aunque también por pesca o corta de ramas en el bosque.

c) Impuestos sobre el mercado que se perciben en razón de un tanto por ciento sobre el valor calculado de las mercancías que llegaban a él.

d) Cargas, es decir, prestaciones personales que han de dar todos los campesinos del dominio lo mismo que hacen los habitantes de cualquier otro señorío.

2. Impuestos procedentes del antiguo Imperio, supervivientes o modificados a través de la época visigoda. Formaban tres grupos principales:

a) Derechos de justicia, caloñas, furtos u homicidios, que a veces el rey transfiere a ciertos señores.

b) Tránsito, tanto de mercancías (telonea, portatica, en Cataluña raficum) como de personas (pedaticum = peaje) o ganados (passaticum). En determinados lugares, principalmente puertas (portaticum) y puentes (pontaticum) se percibían derechos de paso, en origen establecidos para la conservación de ambos, pero que en el siglo X eran considerados solamente como fuente de beneficios para el rey o el señor.

c) Fonsadera y anubda que, como indicamos, fueron en principio multas impuestas por el incumplimiento del servicio militar o de vigilancia y acabaron por convertirse en verdadero impuesto que sustituía a uno y otra.

3. Ingresos de carácter extraordinario como eran el quinto del botín en la guerra, las parias que, desde el siglo XI, abonaban los príncipes vasallos y el pedido, que comenzó siendo contribución voluntaria, previo consenso de la Curia plena, y que llegó a convertirse en verdadero impuesto.

Desde el siglo XI asistimos a la rápida degeneración de todos estos tributos, a causa sobre todo del aumento en la extensión de los señoríos inmunes y de la franca insuficiencia de los mismos para atender a las necesidades que iban en aumento. Si aun así el enriquecimiento de los reyes continuó, fue por el crecimiento de las corrientes tributarias de los taifas musulmanes y por la continua anexión de tierras. Por otra parte las cargas personales a que los súbditos estaban obligados respecto al rey permitían ahorrar gastos que de otro modo hubiera tenido que afrontar. Tales eran los yantares —en Aragón y Navarra llamados cena—, que obligaban a alojar al monarca, su séquito o sus mensajeros, las facenderas y castellerías, que proporcionaban mano de obra para obras públicas y de defensa, el conducho, víveres para el camino, y apellido, que era una obligación de acudir a formar las patrullas encargadas de la persecución de delincuentes. Con el tiempo la mayor parte de estas obligaciones fueron redimidas en metálico.

II

LA PLENITUD MEDIEVAL

XIV

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS REINOS

Paralelismo en la división

A un mismo tiempo la desintegración del khalifato y la muerte de Sancho III el Mayor dieron origen a divisiones políticas, más superficiales que profundas, a uno y otro lado de la frontera, hasta convertir la Península en un mosaico de pequeños reinos. Cometemos a veces el error de creer que el régimen de taifas —tendencia a la pluralidad— fue exclusivo de al-Andalus, cuando se trata de una constante en la Edad Media española. Lo que sucede es que las tendencias hegemónicas que se suscitan en León y Sevilla al día siguiente de la división, tienen opuesta suerte. León triunfa en el empeño mientras Sevilla fracasa. En el hecho de la división, tal como se presenta a mediados del siglo XX, hallamos factores inmediatos distintos: del lado musulmán la tendencia a separar el poder religioso del civil, visible ya en la época de Almanzor; del cristiano la inserción del derecho privado en el derecho público. Todos los reyezuelos musulmanes se consideraban simples delegados de un poder superior vacante a la sazón.

La aplicación de los principios del derecho privado a la sucesión real —obra fundamental del testamento de Sancho el Mayor— tiene aspectos muy complejos; es abusiva por tanto la expresión simple de que hubo un reparto entre los hijos del rey de Navarra. Porque Navarra o Castilla o Aragón no fueron divididas. Jamás, al adquirirlas, había Sancho III concebido la idea de fundirlas en un solo cuerpo político. Se trataba de tres comunidades diferentes, y los importantes cercenamientos territoriales que impuso a Castilla en beneficio de Navarra —a quien trataba de dotar de amplias fachadas, marítima y fronteriza— no triunfaron; al contrario, dieron lugar a prolongados conflictos hasta que las tierras arrebatadas volvieron a su unidad. Respecto al reino recibido por herencia paterna, Sancho no había alterado la norma: correspondía íntegramente al primogénito o a aquel de los hijos a quien juzgara más capacitado para continuar su obra; las mujeres podían transmitir derechos, nunca gobernar. Pero las tierras ganadas por nueva herencia, matrimonio o conquista, quedan a su libre disposición para dotar con ellas a los otros hijos.

Sancho III dio Navarra al mayor de sus hijos, García III Sánchez, ampliando este reino con Rio ja, parte de Castilla —incluyendo La Bureba—, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —de la que era conde Íñigo López, tronco de la famosa Casa de Haro— y tierras más al oeste, que incluían por lo menos Laredo y las márgenes del Asón. Fernando, segundogénito, recibió el condado de Castilla con las disputadas tierras de entre Cea y Pisuerga. Gonzalo, el menor, tuvo Sobrarbe y Ribagorza. Un bastardo, Ramiro, fue conde de Aragón y se adelantó a los demás en la adopción de título de rey, cosa que Fernando tardaría varios años en hacer, pese a las superiores razones que ofrecía la extensión de sus dominios. El mismo año 1035 murió Berenguer Ramón I de Barcelona, llamado el Curvo, y no procedió de distinta manera: sus tres hijos, Ramón Berenguer, Sancho y Guillermo, fueron proclamados indistintamente como herederos. De un extremo a otro de la frontera, todos los príncipes cristianos reconocían en el rey de León una especie de superioridad.

Fernando I y los comienzos de la hegemonía castellano-leonesa

Entre todos los artificiales estados cristianos, León aspiraba a lograr la hegemonía que tuviera antes de los tremendos ataques de Almanzor. Fernando de Castilla conservaba su dominio sobre las tierras disputadas entre Cea y Pisuerga, sin duda como dote de su mujer, Sancha, hermana de Bermudo III y viuda antes de tiempo del conde García. En 1037, llegado a los veinte años de edad, el monarca leonés las reclamó enfrentándose en Támara con una coalición del rey de Castilla y el de Navarra; la batalla (4 de septiembre) terminó con la derrota y muerte de Bermudo. Fernando, en nombre de su esposa, se trasladó a León, reclamó la herencia y fue coronado (22 de junio de 1038). Asumió entonces el título de emperador reuniendo, acrecidos, los dominios que en otro tiempo fueran de Ramiro II. Pero siguió considerando a Castilla, herencia materna, como centro de sus estados y a éstos como vehículo para la penetración europea.

A pesar de esta victoria, en la que las tropas navarras jugaron papel importante, la hegemonía castellano-leonesa era, cuando menos, discutible. Parece seguro que Fernando buscó la identificación de su gobierno con los nuevos súbditos que Támara le deparaba. En 1050 o 1055 reunió un Concilio —en realidad una Asamblea que a la Curia plena incorporaba los obispos— en Coyanza (Valencia de don Juan), a fin de reelaborar las leyes del reino. En él fue confirmado el Fuero dé León, tomadas disposiciones jurídicas que, en parte, revalorizaban antiguas leyes visigodas, y otorgadas ciertas concesiones a la Iglesia, entre ellas el derecho de asilo.

Tal vez haya existido alguna relación entre las deliberaciones de este Concilio y el comienzo de hostilidades con Navarra. Las relaciones entre este reino y el de Castilla se envenenaron a causa de las exigencias de Fernando a que le fuesen devueltas las tierras que por Sancho III fueran segregadas. Las tradiciones antiguas dicen que estando enfermo García de Navarra acudió su hermano a visitarle y los navarros intentaron prenderle; luego, en reciprocidad, Fernando redujo a prisión a García. Que la guerra fue de reivindicaciones castellanas, no hay duda: Diego Laínez tomó la iniciativa de la invasión apoderándose de Urbel y Ubierna y logrando una pequeña victoria. Trataron de mediar la paz dos famosos abades, Santo Domingo de Silos y San Íñigo de Oña —los monasterios más importantes de uno y otro bando, pero no lograron éxito. Por segunda vez, en Atapuerca (15 de setiembre de 1054), Fernando logró la victoria, con muerte de su oponente.

Sancho IV, hijo de García, fue proclamado rey en el mismo campo de batalla y reconocido por Fernando I ante cuya hegemonía se inclinó. El monarca castellano hizo, al principio, gestos de moderación contentándose con recuperar el monasterio de Oña y sus tierras; pero más adelante, en forma difícil de determinar, volvieron a Castilla otras comarcas, en el norte entre Santander y Castro Urdiales, en el Ebro hasta Valpuesta (1064). Así se alteraban las bases del equilibrio, alzándose la monarquía castellano-leonesa a una clara hegemonía. Como al mismo tiempo Ramiro I incorporaba Sobrarbe y Ribagorza, por muerte de Gonzalo, y Ramón Berenguer I reunía los condados catalanes por renuncia de sus dos hermanos, el número de estados se reducía a cuatro. Puestos en línea, se disponían al ataque aprovechando la debilidad musulmana.

Los taifas

De todas formas, la liquidación de la herencia de Sancho el Mayor y los reajustes posteriores se habían realizado en plazo tan largo que las profundas divisiones que destrozaron al Islam tuvieron lugar sin que en al-Andalus hubiera conciencia de que se hallaba en peligro grave; al contrario, la división parecía tranquilizadoramente paralela a la que se estaba desarrollando al otro lado del Duero. Hacia 1055, víspera de la ofensiva castellana, la Península parecía destinada a albergar multitud de pequeños estados, de diferente religión, pero bajo un denominador común de españolismo. Esto hacía posible toda clase de relaciones y de alianzas; la hegemonía que uno de ellos pudiera alcanzar se traducía en pactos de vasallaje que no tenían en cuenta la naturaleza cristiana o islámica de los contratantes.

En la división se conservaron los tres grandes sectores que hemos visto formaban el régimen amirí. Los berberiscos dominaban el sur de Andalucía, entre Cádiz y Granada. Los eslavos y amiríes, el Levante y Sudeste, de Almería a Tortosa. La aristocracia árabe, las grandes ciudades del Guadalquivir y del centro. Llegaron a constituirse veintiséis reinos independientes que, del nombre dado a los reyes, muluk al-tawa‘if, han sido denominados taifas por los historiadores modernos. En realidad, con la sola excepción de los Hammudíes, no se titulaban reyes, sino háchibs, igual que Almanzor, manteniendo el principio de la separación de poderes sin irrogarse otra cosa que el temporal. Pueden dividirse en tres grupos:

A) Taifas andalusíes, fundados por aristocracia árabe o muladí unida en fuerte mezcla. Eran:

Córdoba, que los Banu Chahwar gobernaron hasta el año 1070 aproximadamente.

Sevilla, regida por los descendientes del cadí Abu-l-Qásim Muhámmad ben Abbad, que había comenzado por presidir un consejo municipal.

Ronda, de los Banu Ifrán.

Carmona, de los Banu Birzal.

Morón, de los Banu Dammar.

Arcos, de los Banu Hizrún.

Huelva y Saltes.

Niebla, con los Banu Yahya.

Silves, de los Banu Muzain.

Santa María del Algarbe, de los Banu Harún.

Mértola, con un solo rey, Ibn Taifur, que gobernó hasta el año 1044; como todos los anteriores, este pequeño reino fue incorporado a Sevilla.

Badajoz, uno de los tres grandes reinos de la frontera, independizado por Sabur y sus hijos. En 1022 ‘Abd Allah ben Muhámmad ben Maslama fundaría una nueva dinastía, llamada de los Banu al-Aftás, que duró hasta la conquista almorávide.

Toledo, en donde a partir del año 1036 se impuso la dinastía de origen berberisco de los Banu Zennún, de Santaver.

Zaragoza, que conoció dos dinastías, la de los Tuchibíes, hasta 1039, y la de los Banu Hud, que antes tuvieran Lérida, a partir de esta fecha.

Albarracín, que debe su nombre precisamente a la dinastía de sus reyezuelos, Banu Razín.

Alpuente, de los Banu Qásim.

Murcia, que se disputaron sucesivamente Almería —en 1038 Zuhair tendrá que replegarse a esta ciudad— Valencia y Sevilla.

B) Taifas eslavos. Levante fue, como sabemos, refugio favorito de los antiguos oficiales de Almanzor y de los hijos de éste, que tenían el soporte de tropas eslavas. Constituyeron los reinos siguientes:

18. Valencia, fundado por el eslavo Mubarak. Fue conquistado, en 1065, por al-Mamún de Toledo.

19. Tortosa, unido a Denia por el fundador, Mucháhid.

20. Denia, independiente desde 1044, conquistado por al-Muqtádir de Zaragoza en 1076.

21. Baleares, parte en tiempos del reino de Denia, y separado luego de éste. Fue la última de las conquistas almorávides (1114).

22. Almería, de los Banu Jayrán, algunas de cuyas vicisitudes ya conocemos.

C) Taifas berberiscos. En realidad los Hammudíes no admitieron jamás la desaparición del khalifato ni el régimen provisional de los taifas. Hasta su muerte, Yahya ben Alí conservó el título khalifal. Fueron tres:

23. Málaga, incorporado a Granada en 1057.

24. Algeciras, que se une a Sevilla en 1058.

25. Granada, que fundó Zawi ben Zirí, bajo el vasallaje de los Hammudíes y acabó convirtiéndose en unificador del poder berberisco en Andalucía.

El último de los taifas, Lérida, aparece, como veremos, íntimamente ligado a Zaragoza. Entre todos ellos las luchas fueron incesantes porque cada uno aspiraba a imponer a los demás el reconocimiento de su hegemonía. Un sustratum de opinión, que les hacía sentirse miembros de una sola comunidad islámica y española, permitía cualquier aventura de este estilo. Por otra parte, las diferencias entre unos y otros reinos, en cuanto al régimen interior, eran acusadísimas. Córdoba, pese a los poderes que se dieron a Ibn Chahwar, era más parecida a una república que a una monarquía. Bajo los Hammudíes, se agrupaban berberiscos poco obedientes: cuando Habús sucedió en Granada a su tío Zawi ben Zirí impuso en la ciudad un gobierno eficiente cuya figura máxima sería el famoso sabio judío Samuel ben Nagdala.

Sevilla: los intentos hegemónicos de Abu-l-Qásim

La instalación de los Abbasíes en Sevilla es un modelo de sagacidad y de prudencia. El año 1023, con ocasión del fracaso de los Hammudíes de Málaga en uno de sus intentos para apoderarse de Córdoba, el cadí Abu-l-Qásim ben Abbad convenció a los comandantes de las guarniciones de Sevilla y de Carmona, berberiscos, para que rechazaran a sus propios compatriotas con el señuelo de que, en el Bajo Guadalquivir, se constituiría un nuevo reino berberisco. Apenas rechazado el intento de los malagueños, la población sevillana se desembarazó de estas molestas tropas y ofreció el poder a Abu-l-Qásim. Éste aceptó con ciertas condiciones, entre ellas la constitución de un consejo en que entraban los miembros de las principales familias aristocráticas y algunos personajes como Muhámmad ben Yarim y Abu Bakr al-Zubaidí vinculados íntimamente al régimen omeya. El taifa sevillano nacía bajo una especie de compromiso entre la nobleza árabe y el poder khalifal. Su rivalidad con Málaga tuvo algo de oposición entre andalusíes y africanos.

Los Hammudíes no se resignaron a la pérdida de Sevilla. Yahya ben Alí, contando con el apoyo de los berberiscos de Carmona, volvió al ataque en 1027. Abu-l-Qásim pactó: fue reconocido como gobernador de la ciudad, pero sometiéndose a la autoridad de Yahya, que seguía titulándose khalifa. Desde entonces prescindió del consejo e inició su gobierno personal. Valiéndose de la fuerza militar de los berberiscos, combatió al rey de Badajoz, derrotándole y apoderándose de Beja. De este modo iniciaba un lento camino hacia la hegemonía. Pero el peligro hammudí continuaba: era evidente que Yahya ben Alí aspiraba a unificar al-Andalus lo mismo que conseguía colocar bajo su mando a todos los berberiscos. Trasladó su base de operaciones a la formidable posición de Carmona amenazando a la vez a Córdoba y a Sevilla. Fue entonces cuando Abu-l-Qásim decidió elevar el potencial de la lucha convirtiendo a ésta en confrontación entre las dos grandes fuerzas del Islam: andalusíes y berberiscos.

El año 1034 un esterero de Calatrava llamado Jalaf se sublevó contra el rey de Toledo afirmando ser el khalifa Hisham II con quien tenía, al parecer, extraordinaria semejanza. Sus partidarios decían que el omeya desaparecido no había muerto en Córdoba, sino que, tras haber vivido en la Meca y Jerusalem, había regresado de incógnito a España.

Abu-l-Qásim estaba convencido sin duda de la superchería, pero servía muy bien a sus planes tener un khalifa «legítimo» para oponerle a los Hammudíes; le instaló en Sevilla, dijo que algunas mujeres del harem le habían reconocido y proclamó en adelante que Hisham le había nombrado háchib con plenos poderes. Algunos taifas eslavos —Valencia, Tortosa, Denia— fieles a la tradición amirí, le reconocieron también. En Córdoba, Ibn Chahwar ordenó pronunciar la oración en su nombre (noviembre de 1035). Se dibujaba de este modo un amplio movimiento bajo la hegemonía sevillana.

Cuando Yahya ben Alí trató de oponerse a este movimiento atacando Sevilla, fue derrotado y muerto en una emboscada. Su hermano Idris le sustituyó en el trono. Abu-l-Qásim trató de aprovechar la ocasión para instalar a Hisham en Córdoba; Chahwar, que veía tras el supuesto khalifa la sombra de los Abbadíes, se opuso rotundamente y retiró el reconocimiento. Todos parecían acordes en admitir la unión contra los berberiscos, pero nadie quería favorecer el establecimiento de la hegemonía sevillana.

La caída de los Hammudíes

Después de la muerte de Yahya, el poder de los Hammudíes declinó rápidamente, tanto que Abu-l-Qásim ben Abbas pudo abrigar la esperanza de suplantarles. El bloque principal de resistencia se desplazó hacia el este a causa de la alianza entre Habús de Granada y Zuhair de Almería, a quienes separaba el origen berberisco del primero y eslavo del segundo, pero unía la común decisión de cerrar el paso al expansionismo sevillano. Se mantuvo firme hasta el 1038, en que Badis sucedió a su padre en el trono de Granada, siempre contando con la preciosa ayuda de su ministro, el judío Samuel ben Nagdala, conocido como Samuel ha-Leví por sus correligionarios, para quienes escribió la Introducción al Talmud y el Libro de riqueza. Zuhair acudió a Granada para visitar al nuevo rey; cayó en una emboscada (3 de agosto de 1038) y fue muerto por los granadinos. Una parte del reino, correspondiente a las actuales provincias de Jaén y Córdoba, fue anexionada por Badis; el resto cayó en manos de ‘Abd al-Aziz de Valencia, que reunió de este modo extraordinario poder.

Abu-l-Qásim juzgó llegada la ocasión de asestar a sus enemigos el golpe definitivo enviando un ejército a las órdenes de su hijo Isma‘il que, tras apoderarse de Écija y Osuna, puso cerco a Carmona. Acudieron auxilios desde Granada —mandados por el propio Badis— y desde Málaga; las tropas sevillanas sufrieron una seria derrota e Isma‘il murió. La ofensiva abbadí quedó cortada. El beneficiario de esta batalla, librada en las cercanías de Écija, fue el rey de Granada, que pasó a ocupar la cabeza del partido de los berberiscos. Cuando murió Idris I, dos días después de haber recibido la noticia de la muerte de Isma‘il (1039), su hijo Yahya y su sobrino Hasán se proclamaron al mismo tiempo sus herederos. Intrigas de harem se unieron a las rivalidades entre visires berberiscos y eslavos. Hasán vino de África a Málaga y asesinó a Yahya y a su ministro Ibn Baqanna; pero fue luego envenenado por su esposa, hermana de Yahya. Un eslavo, Nacha, quiso proclamarse khalifa arrostrando la fuerte oposición berberisca. Murió asesinado en febrero de 1043 y fue sustituido por Idris II, hermano de Hasán.

Algunos cambios importantes se produjeron en el curso de muy pocos años. Isma‘il ben Zennún se apoderó de Toledo en 1036, creando la dinastía que habría de mantenerse hasta la pérdida de esta ciudad. En Zaragoza, Sulaymán ben Muhámmad ben Hud, llamado al-Musta‘in, sustituía a los Tuchibíes en 1039 convirtiendo su reino en un perfecto rival para Sevilla en el curso de muy pocos años. El año 1042 murió Abu-l-Qásim y le sucedió su hijo Abbad, que tomó el nombre de al-Mu‘tádid, con que se le conoce preferentemente. El nuevo monarca reemprendió, con más energía y más ambiciosos planes, la política de expansión abandonada después de la batalla de Écija. Refinado y culto, se hizo particularmente famoso por su astucia. En el fondo, como casi todos los taifas, era en vida privada un ser corrompido.

Una circunstancia le favoreció abiertamente: la decadencia de los Hammudíes; tras un breve reinado de menos de tres años, Idris II fue depuesto por revolucionarios que clamaban contra el influjo de los altos oficiales eslavos (1046). Le sustituyó su primo, Muhámmad, homónimo de otro hammudí que gobernaba Algeciras. Idris II se retiró a Ronda, de donde regresó en 1052 aprovechando la muerte de Muhámmad. Por poco tiempo y con muy escasa fuerza; Badis de Granada, tirano cruel pero enérgico, era ya dueño de todo el partido berberisco. Al morir Idris II (1055), el pequeño reino de Málaga fue anexionado a Granada.

Política expansiva de al-Mu‘tádid

El rey de Sevilla perseguía, mediante anexiones, la unificación de todo el valle del Guadalquivir y la costa andaluza. Trataba de crear un reino tan fuerte como la gran monarquía que Fernando I estaba ya gobernando y, tal vez, de capacitar al Islam para resistir los ataques que, desde 1055, inician los cristianos. Comenzó su obra atacando Carmona que, pese a su derrota (1043), resistió. En 1044 sus generales se apoderaron de Mértola, reduciendo el número de pequeños reinos, y comenzaron la conquista de Niebla. Pero entonces los demás taifas se movilizaron, sin preocuparse mucho de si eran berberiscos o árabes: al-Mudáffar de Badajoz acudió en auxilio de los atacados rechazando a las tropas sevillanas. Demasiado tarde para los intentos de unidad, los monarcas fronterizos no vacilaban en buscar el auxilio del poderoso soberano de Burgos y León para sostener un statu quo que no iba a tardar en revelarse suicida. Sucesivamente Badajoz, Toledo y Zaragoza entraron en relaciones de amistad con Fernando I que se convirtieron más adelante en vasallaje.

Frente a al-Mu‘tádid, el rey de Badajoz logró en 1047 poner en pie una vasta coalición, en la que entraron todos los berberiscos, Badis, Muhámmad de Málaga y Muhámmad de Algeciras. Pero Sevilla logró dos victorias decisivas contra al-Mudáffar, quien se vio obligado a aceptar los buenos oficios de Chahwar de Córdoba para hacer una paz (julio de 1051). Niebla, Huelva, Silves y Santa María de Algarbe fueron incorporados a Sevilla. Cautelosamente, al-Mu‘tádid preparó luego la anexión de los pequeños reinos berberiscos de Ronda y Morón, capturando a sus caudillos zenetes. Ambas ciudades fueron ocupadas sin resistencia. Badis parecía impotente para frenar el avance abbadí. En 1058 al-Mu‘tádid se apoderaba de Algeciras.

Éste fue el momento que el monarca sevillano creyó oportuno para dar fin a la farsa del esterero de Calatrava. Anunció —en 1059, según Dozy, aunque este cálculo puede no ser exacto— que Hisham II había muerto y que en su testamento le nombraba emir de todo al-Andalus. El supuesto khalifa fue sepultado con la solemnidad propia del cargo. Investido ahora de autoridad directa y suprema, al-Mu‘tádid volcó sus esfuerzos en la conquista de Córdoba y Málaga. Comenzada ya la fuerte presión de Fernando I sobre la frontera, tenía necesidad de elegir. Badajoz, Toledo y Zaragoza, con su política de contemporización, le dieron el ejemplo y prefirió pagar tributo a distraer sus fuerzas de lo que estimaba tarea más importante. En la cual fracasó por añadidura.

Dos ejércitos fueron enviados, a Córdoba y Málaga respectivamente, a las órdenes de dos hijos del rey, Isma‘il y al-Mu‘támid. Dueño de la ciudad, Isma‘il se sublevó y tuvo que ser castigado (1063); los historiadores musulmanes pretenden que fue muerto por mano de su propio padre. Al-Mu‘támid, aprovechando una revuelta de la población, se apoderó de Málaga si bien la guarnición de la alcazaba pudo resistir el tiempo suficiente para que Badis acudiera desde Granada causando a los sevillanos mortal derrota; al-Mu‘támid salvó su vida a duras penas. El poder de los berberiscos se fortalecía, pero la opresión que ejercían fomentaba el descontento, que muchos dirigían contra el ministro de Badis, Samuel ben Nagdala. Cuando éste murió le sucedió en el cargo su hijo José. El 30 de diciembre de 1066 estalló en Granada una revuelta en que el poderoso visir perdió la vida; murieron entonces al parecer cuatro mil judíos y se produjo gran quebranto al pequeño reino. Al-Mu‘tádid aprovechó la oportunidad para apoderarse de Carmona (1067) cumpliendo así uno de sus más caros objetivos. Murió el 28 de febrero de 1069.

Primera ofensiva castellana: el régimen de parias

En 1055 Fernando I comenzaba su avance hacia el sur adueñándose de Viseo y Lamego, plazas que fueran en otro tiempo leonesas y que se incluían ahora en el reino de Badajoz. La Reconquista dejaba de ser presura de tierras abandonadas —acercamiento de líneas fronterizas antes distanciadas— para convertirse en vasta operación militar, anexión de territorios integrantes de un reino. Pronto surgieron inesperadas dificultades: aunque fuesen militarmente superiores, Castilla y León carecían de las necesarias reservas humanas para llevar a cabo una ocupación sistemática. De ahí la facilidad con que aceptó el engañoso sistema de las parias que, sin duda, los musulmanes veían como menos peligrosas de lo que eran en realidad. El rey de Badajoz prometió pagar tributo a cambio de la paz. Hacia el 1060, al apoderarse de San Esteban de Gormaz y las últimas posiciones enemigas sobre el Duero, Fernando forzó a al-Muqtádir de Zaragoza a someterse a igual condición. En 1062, tras una campaña en que los cristianos razziaron las márgenes del Jarama y del Henares poniendo cerco a Alcalá, al-Ma‘mún de Toledo hizo lo propio. De esta forma los tres grandes reinos fronterizos se convertían en vasallos —con toda la trascendencia que esto tiene desde el punto de vista feudal— de la gran monarquía heredera del Imperio visigodo.

El vasallaje era al mismo tiempo protectorado y reserva; quería decir que Castilla no iba a consentir en adelante que otro poder, salvo ella, pudiera intervenir en los asuntos interiores de tales reinos o anexionarlos. En el caso concreto de Zaragoza, Fernando se preparaba a defenderla contra Navarra y Aragón, vecinos codiciosos. En 1063 el infante heredero Sancho, llevando consigo a Rodrigo Díaz de Vivar, su vasallo, condujo un ejército en socorro de al-Muqtádir, cuyos dominios había invadido Ramiro I de Aragón, que acababa de apoderarse de Benabarre y sitiaba Graus. Unidos musulmanes y castellanos, vencieron al monarca aragonés (8 de mayo), quien murió en la batalla, probablemente asesinado por un audaz mahometano infiltrado en sus filas. El avance quedó detenido. Sancho Ramírez sucedió a su padre en el trono de Aragón y, con sus demandas de auxilio a caballeros del mediodía de Francia, provocó la iniciativa del Papa Alejandro II de predicar una cruzada —antes del tiempo que a éstas se asigna— en auxilio y defensa del pequeño reino pirenaico. Pero Castilla seguía firme en sus puntos de vista y Graus aparece ante nosotros como el comienzo de una política de expansión que, de no haberse producido la invasión almorávide, habría llevado a los castellanos hasta la orilla del Mediterráneo encerrando a Navarra, Aragón y Cataluña en sus reductos del Pirineo.

Mientras tanto Fernando continuaba su obra; penetraba hasta Mérida en la primavera del 1063 y enviaba desde allí tropas para correr el territorio sevillano. Tanto el nuevo monarca de Badajoz, Yahya ben Muhámmad al-Mansur, hijo de al-Mudáffar, como al-Mu‘tádid de Sevilla decidieron renovar sus tributos para evitar el ataque. Entre las exigencias presentadas en esta ocasión por Fernando al monarca sevillano, figuraba la entrega de las reliquias de la mártir Santa Justa. Los obispos de León y de Astorga, embajadores para este fin, al no hallar los restos que se buscaban, tomaron los de San Isidoro, que fueron solemnemente depositados el 21 de diciembre de 1063 en la iglesia de San Juan, adosada al panteón real que Fernando estaba construyendo dentro de las normas y estilo del nuevo arte románico.

El monarca aprovechó esta ocasión solemne en que obispos y magnates se congregaron en la Corte en número extraordinario para celebrar una Curia plena con objeto de reglamentar la herencia de su complejo reino. De acuerdo con las normas imperantes en Navarra y con las tendencias dominantes en la Europa feudal, Fernando proyectaba un reparto que rompía por completo con las normas del derecho visigodo. El reparto no tenía nada de caprichoso: mantenía separadas las grandes regiones que ya podemos considerar «históricas», pero respetaba la integridad de cada una de éstas. Afectaba igualmente a los dominios presentes y a las reservas de los taifas vasallos. El primogénito Sancho recibía Castilla —que de este modo pasaba a ser el primero de los reinos— con vasallaje y reserva de Zaragoza; el segundo, Alfonso, León con Toledo; el tercero, García, Galicia con el territorium portucalense y las parias de Badajoz y Sevilla.

Terminada la Curia, mientras los cruzados franceses marchaban sobre Barbastro —Castilla se abstuvo en esta ocasión de intervenir— Fernando realizaba una peregrinación a Santiago de Compostela a fin de solicitar el auxilio espiritual del apóstol para su nueva campaña contra Badajoz. Tras duro asedio, Coimbra fue tomada el 9 de julio de 1064. En el tratado que entonces se firmó, Fernando exigió que los musulmanes se retirasen a la orilla izquierda del Mondego, antigua frontera. En 1065 —sin duda existe cierta relación éntre esta iniciativa y la caída de Barbastro— el rey de Castilla condujo a sus tropas a la frontera oriental, en donde el rey de Zaragoza había roto el vasallaje tomando represalias contra los mozárabes. En esta campaña Fernando llegó hasta Valencia, causando terrible derrota al rey ‘Abd al-Málik a quien su suegro al-Ma‘mún de Toledo había enviado poderosos refuerzos. La batalla tuvo lugar en Paterna. Pero el castellano, enfermo, no pudo llevar a cabo la conquista de la ciudad; regresó a León en donde murió el 27 de diciembre de 1065. En Valencia, al-Ma‘mún aprovechó la ocasión para derribar a su yerno ‘Abd al-Málik y anexionar el reino; un nuevo taifa que desaparecía.

Ramón Berenguer I: consolidación de Cataluña

El reparto previsto en el testamento de Berenguer Ramón el Curvo (1035), no alteró la unidad de Cataluña por dos razones, primera porque la madre del difunto, Ermesinda, conservó el condominio que su marido Ramón Borrell le otorgara y, con ello, la dirección política de los tres condados, y segunda porque los hermanos menores, Sancho y Guillermo, hicieron cesión de sus derechos al mayor en 1049 y 1058 respectivamente. Algunos importantes colaboradores de la anciana condesa, como el abad Oliva, el juez Ponce Bonfill o el obispo Pedro de Gerona, contribuyeron muy eficazmente al mantenimiento de la unidad. El largo reinado de Ramón Berenguer el Viejo, que sobrepasó los cuarenta años, permitió luego consolidar Cataluña mediante la sumisión de todos los condados al gobierno de Barcelona; es lícito considerarle como el fundador del principado.

La alianza estrecha con Armengol III, conde de Urgel, resultó preciosa para Ramón Berenguer; su persistencia indicaba la identidad de puntos de vista en el seno de la comunidad catalana. Esta alianza atrajo hacia Lérida y contra los Banu Hud de Zaragoza el impulso barcelonés; al mismo tiempo ofreció ayuda decisiva para el sometimiento de Cerdeña a vasallaje. En 1050, recobrada definitivamente Ager, los catalanes se habían apoderado de Camarasa y estaban emprendiendo amplios movimientos de repoblación que cerraban enteramente a los demás condados el camino hacia la frontera del Islam. Las malas relaciones que desde 1039 separaban a Ermesinda de su nieto, favorecieron los intentos de Mir Geriberto, vizconde de Barcelona, pariente de la dinastía y auténtico gestor de los intereses de Sancho. Mir quería constituir un dominio propio al otro lado del Llobregat. Para impedirlo, Ramón Berenguer se reconcilió con su abuela, indujo a Sancho a renunciar, y emprendió una guerra interior hasta dominar Vallés y Panadés.

Esta guerra, rica en vicisitudes, se mezcló con otras cuestiones como el tercer matrimonio del conde de Barcelona con Almodis de La Marche, que había sido repudiada sucesivamente por sus dos maridos Hugo de Lusignan y Ponce de Toulouse, o la enemistad renacida de Ramón Berenguer y Ermesinda. Pero en 1059 la lucha había terminado: Mir Geriberto estaba sometido y la anciana condesa renunció a todos sus derechos. De Almodis nacieron dos gemelos, Berenguer y Ramón que, andando el tiempo, sucederían a su padre en Barcelona. El Noguera Ribagorzana se incorporaba por este tiempo a Cataluña. Hacia el Sur, Tarragona era ya claramente el objetivo pues en este mismo año se nombra vizconde de esta ciudad a Bernardo Amat de Claramunt. En 1063, Ramón Berenguer y Armengol de Urgel firmaban un pacto comprometiéndose a defender los dominios recíprocos. El condado de Urgel se reconocía vasallo de Barcelona.

La cruzada de Barbastro

Un importante acontecimiento tuvo lugar en 1063; por la muerte de Ramiro I de Aragón ante los muros de Graus —consecuencia, como sabemos, de la intervención castellana— el Papa Alejandro II decidió promover una expedición de caballeros franceses del mediodía en auxilio del pequeño reino pirenaico que imaginaba amenazado de muerte. Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, mandaba el ejército abigarrado de franceses e italianos en que predominaban los normandos a las órdenes de un barón llamado Roberto Crespin. A esta cruzada se unió Armengol III de Urgel, que tenía intereses en la zona que se trataba de combatir. La ciudad de Barbastro, primer objetivo propuesto por los expedicionarios, se rindió en agosto de 1064, pero los vencedores no respetaron los términos benignos de la capitulación. El botín recogido fue inmenso.

Compromiso sin duda entre los intereses catalanes y aragoneses, se entregó la custodia de la ciudad a Armengol de Urgel, pero declarándola dentro del territorio sometido a Sancho Ramírez. De todas formas, tras la retirada de los cruzados, la plaza no pudo ser defendida. El rey de Zaragoza, al-Muqtádir, con auxilio de tropas sevillanas de caballería, la cercó. Armengol III murió en una salida. En abril de 1065 los musulmanes recobraron Barbastro pasando a cuchillo a toda la guarnición.

Supremacía de Barcelona

En 1058 fue consagrada la nueva catedral de Barcelona. Se considera esta fecha como el comienzo de una indiscutible hegemonía de la gran ciudad sobre todo el principado; en el acta documental se habla de Ramón Berenguer el Viejo como de un gran príncipe victorioso. De hecho es verdad que el conde y su mujer compraron numerosos castillos y tierras y obligaron a los nobles a firmar pactos que estipulaban minuciosamente las condiciones de sumisión a que se sujetaban respecto a la casa condal barcelonesa. Urgel en 1063, Ampurias en 1067, Besalú y Cerdaña en otro momento reconocieron su vasallaje respecto a Barcelona. Hacia 1070 Almodis adquirió para su hijo Ramón Berenguer II los derechos hereditarios del condado de Carcassonne-Rases y puso así los cimientos del imperio occitánico de Cataluña. Porque todo venía a fundirse en una entidad que buscaba el modo de remontar sus orígenes a la época de Carlomagno.

Esta política costaba mucho dinero. Sobrequés evalúa en diez mil onzas de oro el total de los desembolsos efectuados, suma enorme para la época. Estamos seguros de la procedencia de tal cantidad de oro: son las parias de Lérida, Tortosa y Denia, que los condes de Barcelona percibieron con una tasa al parecer mucho más elevada que la que cobraban los castellanos. Almodis trataba naturalmente de favorecer a sus propios hijos con estas compras en detrimento del infante Pedro Ramón, nacido de un matrimonio anterior de Ramón Berenguer I. Entre él y su madrastra se engendró un odio tan grande que, el 16 de octubre de 1071, Pedro Ramón asesinó a Almodis. El Papa Gregorio VII castigó al asesino con dura penitencia de veinticuatro años, que no llegó a cumplir porque murió en tierra musulmana, antes que su padre. Los hijos de Almodis recogerían en 1076 toda la herencia.

Ordenación jurídica: los Usatges

Rotos sus lazos políticos con la monarquía francesa —aunque conservara durante más de un siglo interés preferente por los asuntos del otro lado del Pirineo—, Cataluña se organizaba a sí misma siguiendo cauces y modelos próximos a los del Occidente de Europa, diferentes de las demás monarquías hispánicas. Incluso en el aspecto cultural: la biblioteca y la escuela de Ripoll en la época del abad Oliva se situaban entre las mejores del mundo y enlazaban con la red de escuelas monásticas que estaban preparando el camino a la Universidad. Con una diferencia: la proximidad a la frontera musulmana permitía más fáciles contactos con la ciencia transmitida por el Islam. Gerberto de Aurillac, luego Papa Silvestre II, había permanecido tres años en Cataluña para instruirse.

Una de las consecuencias más importantes de este europeísmo de Cataluña fue la persistencia del régimen feudal y la reducción del campesino a una servidumbre que le adscribía a la tierra. Signo exterior de dicha servidumbre eran los seis llamados malos usos:

1. Intestia, derecho del señor a quedarse con parte de los bienes del campesino que muere sin testar.

2. Cugucia, derecho del señor a confiscar la mitad de los bienes de la mujer adúltera.

3. Exorchia, derecho del señor sobre una parte de la herencia del campesino que muere sin hijos.

4. Arsina, confiscación de una parte del manso familiar cuando por negligencia del campesino se incendia el predio.

5. Redimentia, de donde procede el nombre que se da a todo este grupo social, payeses de remensa, cantidad que el siervo tiene que pagar como rescate para poder abandonar la tierra.

6. Firma de spoli, que sin duda es el más moderno de estos usos y consiste en la suma que el campesino ha de pagar al señor para adquirir derecho a hipotecar parte de su tierra en garantía de la dote de su mujer.

En conjunto la sociedad catalana aparecía, en relación con la del resto de España, como muy atrasada en el camino hacia la libertad de los campesinos, sin haberse producido todavía la ascensión de la burguesía, que será luego su característica más destacada.

Ramón Berenguer I es especialmente famoso por su intento de ordenar las costumbres jurídicas, usualia, del condado de Barcelona. Después de su muerte dichas costumbres fueron compiladas en un Código llamado Usatges. Probablemente la más antigua codificación se hizo aprovechando la reunión de obispos con motivo de la consagración de la catedral en 1058; esta es la fecha que propone Valls i Taberner. Dos años más tarde, el conde redactó una especie de carta —del tipo de los fueros castellanos— para la ciudad de Barcelona, que fue incorporada a los Usatges. De esta tendencia a dar normas jurídicas, deriva luego la intervención del poder laico en las Asambleas de clérigos y seglares instituidas para proclamar e imponer la paz y tregua de Dios. El abad Oliva había sido uno de los más celosos propagandistas de esta idea. Al intervenir, el conde de Barcelona se erigía en árbitro del orden público, cuyo mantenimiento quedaba sancionado por normas espirituales y jurídicas al mismo tiempo. Se considera que estas Asambleas han podido ser el origen de las Cortes catalanas.

Los Usatges reflejan la existencia de una sociedad jerarquizada a la manera feudal, encabezada por el conde de Barcelona, único a quien se llama príncipe; todos los demás condes le están subordinados. Por debajo de los condes están los vizcondes, que administran una porción del condado, los compdors, auxiliares del conde, y los vavassores, que son nobles sin jurisdicción. En conjunto estas cuatro categorías constituyen el sector de lo que podríamos llamar nobleza más elevada, els barons, que se diferencia claramente de los simples mílites, cuyos bienes les sirven sólo para sostener caballo y armas. Todos se hallaban ligados, a veces en forma muy confusa, por el homenaje solidus —equivalente al ligio de Francia, exclusivo— o non solidus, simple, que puede multiplicarse. La ruptura del vasallaje, deseximent, era un derecho que asistía a ambas partes. Todo feudo llevaba consigo la entrega de un señorío.

Al-Mu‘támid: el último esfuerzo sevillano

En 1069, cuando sucedió a su padre en el trono de Sevilla, Muhámmad ben Abbad, llamado al-Mu‘támid, tenía veintinueve años, era un buen poeta y contaba con larga experiencia como gobernador de Silves. Aquí conoció a un aventurero Abu Bakr ben Ammar, que sería su principal ministro, compartiendo la influencia con una esclava, Rumaykiyya, con quien se casó, dándole el nombre de I‘timad; sería ella la más exquisita poetisa que ha producido el Islam español.

De nuevo la ocupación de Córdoba y la extensión del dominio sevillano a todo el mediodía español se convirtieron en objetivos primordiales. Al-Mu‘támid vivió el último sueño de hegemonía de un taifa. En otoño de 1070 el rey al-Ma‘mún de Toledo atacó el territorio de Córdoba, obligando a ‘Abd al-Málik ben Chahwar a pedir socorro al monarca sevillano para defenderse. Pero las tropas enviadas provocaron un motín dentro de la ciudad y se apoderaron de ella; al-Mu‘támid envió para gobernarla a su propio hijo Abbad, hijo también de la Rumaykiyya. Antes de fin de año las tropas abbadíes se extendían por la comarca de Jaén.

Contando con la ayuda interesada de Alfonso VI, al-Ma‘mún volvió a la carga utilizando los servicios de un antiguo bandolero, ben Ukasa. En enero de 1075 un levantamiento tenía lugar en Córdoba y el joven Abbad moría asesinado. Al-Mu‘támid vertió en los sentidos versos de un poema su dolor por la pérdida de la ciudad y del hijo. Al-Ma‘mún no sacó provecho alguno de su victoria: cuando acudía a Córdoba para proclamar la anexión —que seguía a la también efímera de Valencia— murió envenenado; seguramente la mano de ben Ukasa no andaba lejos. Hasta septiembre de 1078 no pudo al-Mu‘támid recuperar Córdoba y castigar los crímenes de Ukasa crucificando su cadáver al lado del de un perro.

Un año más tarde el monarca sevillano extendía su dominio a Murcia. Ésta fue la obra personal de Abu Bakr ben Ammar que, acaso, proyectaba convertirse en soberano de este precioso reino del sudeste. La ruptura degeneró en abierta rebelión que, indirectamente, benefició a un general, Ibn Rasiq, que se hizo prácticamente dueño de Murcia. De todas formas, era ya demasiado tarde. La caída de Toledo acabaría por disipar las brumas. El verdadero poder venía del norte bajo la fuerza conquistadora de un rey de la calidad de Alfonso VI.

XV

EL IMPERIALISMO CASTELLANO

Causas del engrandecimiento de Castilla

A lo largo del siglo XI se produce un desplazamiento del poder político y de la capacidad económica de los reinos islámicos a los cristianos, especialmente a Castilla, cuya posición hegemónica llegará a manifestarse, en el momento de la conquista de Toledo, con la fórmula restauradora del Imperio. Botín de guerra, sueldo de tropas auxiliares, parias a cambio de protección, son otros tantos vehículos a través de los cuales una poderosa corriente migratoria de oro fue volcándose de sur a norte en la Península provocando el enriquecimiento, un poco artificioso, de los príncipes cristianos. Ya hemos visto la importancia que este oro tiene en la creación de una gran Cataluña. Fue también primera plataforma para una constitución de capitales en que los españoles siempre anduvieron escasos. Y el comercio, al renacer, fortaleció los lazos con Europa que, desde la época de Sancho el Mayor, tenían mil facetas.

Tres aspectos interesa ante todo destacar; ellos son los fundamentos de esta mayor velocidad de crecimiento por parte de Castilla: el renacimiento de las ciudades, lo mismo que en todo el Occidente de Europa, la apertura de una gran vía, religiosa, económica, intelectual, para las comunicaciones con el continente, y la presencia de núcleos importantes de extranjeros que, al establecerse en las ciudades, aportaban nuevas formas de vida, nuevos principios de gobierno y nuevas ideas. En conjunto los tres aspectos se nos muestran en función de una gran novedad económica, la aparición, desarrollo más bien, de economía de cambio.

Ya hemos visto cómo, desde principios del siglo XI, y acaso antes, en las ciudades episcopales, que eran las únicas que de momento merecían tal nombre, los vecinos tenían acceso al concilium, dotado de funciones jurídicas. Tal es el caso de León. Pero, al mismo tiempo, comenzaban a organizarse núcleos urbanos junto a fortalezas antiguas, castros, o nuevas, burgos, o al lado de villas rurales. Estos núcleos tenían un carácter económico y en ellos predominaban artesanos y comerciantes, cada vez más alejados de la tierra. La actividad de unos y otros devolvía a los recintos murados la función de mercado que, junto a la de fortaleza, define la ciudad medieval.

Lentamente los peregrinos a Santiago de Compostela fueron creando una ruta de penetración desde Francia hasta Galicia, al utilizar preferentemente una línea de ciudades y de albergues. Por ley natural los comerciantes viajeros se vieron atraídos también hacia ella, por la simple razón de que los caminos estaban más cuidados y los alojamientos eran más seguros. Las etapas más importantes eran: Roncesvalles-Pamplona, Jaca, Puente la Reina, Estella, Logroño, Nájera, Burgos, Frómista, Carrión, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo y Santiago. Los reyes, convencidos de la importancia de esta actividad, protegieron a los peregrinos y construyeron albergues para los enfermos. Muy pronto el camino de Santiago tuvo su propio protector en Santo Domingo, llamado de la Calzada precisamente porque, bajo la anuencia de Alfonso VI, había dedicado su vida al cuidado de peregrinos.

Con mucha frecuencia hallamos menciones de calles o barrios de francos en las ciudades castellanas; se trata, en todo caso, de extranjeros domiciliados en ellas como artesanos o mercaderes. Sin duda los reyes favorecían la inmigración y el asentamiento. Probablemente nunca constituyeron mayoría; la población de nuestras ciudades, con solo muy contadas excepciones, como la de Barcelona, era eminentemente campesina, si bien al margen de cualquier dependencia señorial. En conjunto constituyen mercaderes y labradores estantes en la ciudad una nueva clase social de cives et burguenses con intervención cada vez más dilatada en los asuntos de gobierno local.

Tendencias europeístas

Bajo la presión francesa, ejercida a lo largo del camino de Santiago, Castilla se transformó abandonando viejos hábitos. Dicha transformación se hace visible en la implantación de la liturgia romana, la introducción de la letra llamada redonda Carolina y el triunfo del arte románico. El abandono de la liturgia mozárabe —sólo tardíamente brotaría de nuevo en algunos islotes— fue una claudicación de sentimientos nacionales compensada con el título imperial que elevaba a los soberanos castellanos a la más alta cumbre de la jerarquía política de la cristiandad. El arte románico tiene una de sus más abundantes manifestaciones en la orfebrería, lo que constituye índice de cierta elevación en el nivel de vida y el consumo.

La economía de cambio obligaba a los reinos cristianos a despegarse del área monetaria de Córdoba; en esto no correspondió a Castilla la iniciativa, sino a Ramón Berenguer I de Barcelona. Con el abono de parias, las reservas de oro y plata de los príncipes cristianos aumentaron, según dijimos. Parte de estas reservas se canalizaba hacia Europa sirviendo para pagar las compras de manufacturas, especialmente paños, cuya presencia ha podido constatar Lacarra desde el siglo XI. Los españoles llamaban mancusos o mictales a las monedas de oro musulmanas. El proceder del conde de Barcelona es bien significativo: acuña moneda de oro según el modelo musulmán, mancusos, y de plata dentro del sistema carlovingio, sueldos. Sancho Ramírez acuñó en Jaca denarios. Alfonso VI, después de la toma de Toledo, hizo emitir moneda de vellón. Podemos, sin embargo, atribuir la circulación monetaria al segundo período de puestra historia medieval.

La herencia belicosa de Fernando I

Muerto, en diciembre de 1065, el primer monarca castellano, se cumplieron sus previsiones testamentarias. Incluso las infantas, Urraca y Elvira, recibieron el patronato de los monasterios, que fue considerado como infantado. El primogénito, Sancho, que había hecho su alférez a Rodrigo Díaz, protestó. En 1066 los reyes de Castilla y Navarra decidieron dirimir por riepto el pleito pendiente por la posesión del castillo de Pazuengos, en Montes de Oca. Rodrigo representó a Sancho II y venció en el combate a su oponente, Jimeno Garcés; en adelante sería llamado el Campeador. Fue, en realidad, manifestación de un expansionismo castellano que produjo, en 1067, la guerra de los tres Sanchos, llamada así porque Sancho IV de Navarra y Sancho Ramírez de Aragón combatieron unidos contra su homónimo de Castilla. Por debajo de la querella ocasional se hallaba la cuestión de Zaragoza: al convertirse en protectorado y reserva castellana, cerraba toda expansión a los pequeños reinos pirenaicos.

Los castellanos, dueños de Pancorbo, presionaron en Bureba y en Rioja, al mismo tiempo. Cruzando el Ebro, se adueñaron de Viana. Sancho Ramírez acudió con sus tropas e infligió una severa derrota a Sancho II ante los muros de esta ciudad. Pero entonces intervinieron los vasallos musulmanes: un ataque por la espalda del reyezuelo de Huesca forzó a los aragoneses a la retirada y a la paz; abandonado a sus propias fuerzas, Sancho IV no podía resistir y negoció. Toda Bureba, con los Montes de Oca, territorios arrebatados a Castilla por Sancho el Mayor, le fueron devueltos. Quedaban aún Álava y Guipúzcoa, que los castellanos consideraban como suyas. La importancia de esta guerra de los tres Sanchos, sin embargo, estriba en haber impuesto, con la superioridad castellana, un programa político que consistía en impedir a los reyes de Navarra y de Aragón progresos hacia el sur. Castilla consideraba como suyo el Ebro. Tal programa no será roto hasta la época de Alfonso el Batallador.

Signo de la victoria, Sancho II restauró en 1068 la diócesis de Oca. Estaba decidido a revocar el testamento de su padre invocando un derecho exclusivo a la sucesión. Él y su hermano, Alfonso VI, convinieron en disputar la herencia conjunta por un riepto singular: batalla con todo su respectivo poder en lugar y día señalados, Llantada el 19 de julio de 1068. El encuentro no fue decisivo aunque los leoneses tuvieron la peor parte. Alfonso realizó este mismo año operaciones en el reino de Badajoz, que era vasallo de su hermano García, mientras éste sé veía obligado a someter una revuelta del conde Nuño Menéndez en el siempre inquieto territorium portucalense; el rebelde fue vencido cerca de Braga. En 1071, seguido de gran comitiva en que iban su hermana Urraca y un nuevo valor, el conde Pedro Ansúrez, último vástago de la vieja familia castellana, el monarca de León fue a Tuy, para asistir a la consagración de la catedral, invitado acaso por el rey de Galicia.

Pocas semanas después Alfonso VI y Sancho II celebraron una entrevista en Burgos o Sahagún acordando en ella el despojo de García. Fue Sancho quien se encargó de ejecutar el acuerdo aprehendiendo a su hermano, recibiendo de él rehenes y vasallaje y enviándole luego a la Corte de Sevilla. Galicia fue repartida, pero Sancho retuvo para sí el título real. Inmediatamente Alfonso y Sancho convinieron en repetir el riepto de Llantada escogiendo esta vez un lugar situado a no mucha distancia de Carrión, a orillas de este río, llamado Golpejera. En la, batalla se enfrentaron Rodrigo Díaz, del lado castellano, y los Banu Gómez, Gonzalo y Pedro Ansúrez, descendientes de Gómez Díaz, conde de Saldaña, del lado leonés. Alfonso VI, vencido, fue hecho prisionero y enviado al castillo de Burgos mientras su hermano Sancho se hacía coronar en León (12 de enero de 1072). Con este acto quedaba completamente anulado el testamento de Fernando I.

La revuelta de Zamora y el asesinato del rey

Accediendo a los ruegos de la infanta Urraca, Sancho II permitió que Alfonso, tras juramentos de fidelidad semejantes a los que se exigieran de Garda, marchara al destierro en su reino vasallo de Toledo; le acompañaron los Ansúrez, Pedro, Gonzalo y Fernando. Recibido con honor por al-Ma‘mún, obtuvo de éste el castillo de Brihuega, en donde pudo ordenar una minúscula Corte. Aparentemente cumplía el juramento que prestara y llenaba sus largas horas de ocio con deportes cinegéticos. De hecho no olvidó ni un momento su vocación política; estos ocho meses cumplidos que permaneció en el reino de Toledo, fueron ocasión para que conociera sus debilidades. Probablemente hizo entonces propósito de conquistarla.

Urraca y Pedro Ansúrez trabajaban por él. Hicieron de Zamora, residencia de la infanta y parte del condado de los Ansúrez, centro de una intriga destinada acaso a promover una revuelta de los leoneses contra el rey. Sancho acudió y puso cerco a sus formidables murallas. El 7 de octubre de 1072, un caballero zamorano, llamado Vellido Adolfo, introducido en el campamento de los sitiadores a escondidas, hirió de muerte a Sancho II con su lanza, y escapó luego perseguido de cerca por Rodrigo Díaz de Vivar. Con el fallecimiento del monarca el cerco terminó y mientras los castellanos se retiraban para honrar el cadáver y sepultarle en Oña, Urraca llamaba a Alfonso. Éste y Pedro Ansúrez se despidieron de al-Ma‘mún, a quien prometieron, para él y su primogénito, ayuda y amistad, y acudieron a Zamora, en donde se habían reunido los magnates leoneses, gallegos y portugueses; entre ellos también un castellano, por lo menos, Gonzalo Salvadórez, conde de Lara.

Alfonso VI reivindicaba la totalidad de la herencia como se había acordado antes de Golpejera. Una parte de los magnates castellanos exigió, sin embargo, que previamente el nuevo rey se purgara, mediante juramento, de la sospecha de que hubiera tenido intervención en la muerte de su hermano, pues esto significaba felonía. Rodrigo Díaz pronunció las duras palabras de la confusión en la iglesia de Santa Águeda de Burgos. Cesó inmediatamente de ser alférez del rey y el primer puesto de la Corte fue ocupado por Pedro Ansúrez. García había vuelto a Galicia, entendiendo que la muerte de Sancho II le autorizaba a recobrar su reino. Siguiendo una vez más los consejos de Urraca —a quien se daba título real— y de Ansúrez, Alfonso atrajo a su hermano a una entrevista (13 de febrero de 1073) y le aprisionó en el castillo de Luna, en donde moriría en 1090. La enorme extensión de los dominios del monarca de Castilla, León, Galicia, Asturias y Portugal hacía ya de él árbitro indiscutible de la Península Ibérica, prefigurando el Imperio.

La presión castellana y la anexión de Rioja

El imperialismo castellano se ejerce, en los veinte años siguientes, en todas direcciones. Y sin embargo, parece asociarse a la lucha contra el infiel. Ello se debe a que, después de la desaparición del khalifato, todos los estados peninsulares habían adquirido conciencia de que era posible buscar el engrandecimiento propio a costa de los reinos musulmanes, conducta no sólo lícita sino eminentemente honrosa desde el punto de vista de la fe. Con la toma de Viseo se inicia verdaderamente la reconquista —que no es presura—, dando a esta palabra el contenido militar que tiene en los próximos doscientos años. Los aires europeos —desde 1072 actuaba el cardenal legado Hugo Cándido por directa inspiración de los reformadores romanos— acentuaron el carácter religioso de la lucha uniendo reforma y reconquista, estableciendo los argumentos precisos para convencer a Europa de que en España se estaba librando la gran batalla para defensa de la Cristiandad. En cierto modo, los estados menores tomaron la iniciativa de aceptar, con este punto de vista, la protección que se les brindaba. Sancho Ramírez de Aragón se declaró en 1068 vasallo del Papa, pagando quinientos mancusos anuales por tal razón. Es difícil no atribuir tal decisión a los temores que inspiraba la apremiante política castellana.

Ésta se ejercía ya claramente en dos direcciones. Hacia los taifas se trataba de aumentar la presión de las parias a fin de sangrar a los musulmanes debilitando su capacidad de resistencia hasta que, por debilidad de los reinos e impopularidad de los reyes, uno a uno fuesen cayendo como frutas maduras. Toledo sería el primer objetivo pasando del protectorado a la anexión. Pero esta política taimada exigía por parte de Alfonso VI una gran seguridad interior a fin de impedir cualquier fisura o debilidad que las víctimas pudieran aprovechar. En 1073, decidido a atraerse el apoyo de la nobleza castellana a fuerza de concesiones, casó a Rodrigo Díaz, el Campeador, con una biznieta del rey Alfonso V de León, asturiana de origen, llamada Jimena; de este matrimonio nacerían tres hijos, un varón y dos hembras. Pedro Ansúrez y Rodrigo Díaz fueron empleados paralelamente en el control de los taifas y percepción de las parias. Cuando Alfonso VI fue a Oviedo con gran solemnidad para abrir la caja de las reliquias de la catedral, el Campeador figuraba honrosamente en su séquito.

Lógicamente las intenciones castellanas fueron bien conocidas por algunos sectores de opinión dentro de los taifas, los cuales consideraron suicida seguir pagando un tributo que no conducía sino a su propia ruina. Cuando al-Ma‘mún murió envenenado en Córdoba sucediéndole su hijo Yahya ben Isma‘il al-Qádir, la oposición se hizo violenta y el visir Ibn al-Hadidí, a quien se culpaba de la política favorable a los cristianos, murió asesinado (26 de agosto de 1075). De todas formas la debilidad de al-Qádir no tuvo otro efecto que dividir a la población de Toledo en dos sectores ásperamente enemigos. Comprendiendo el peligro, al-Mu‘támid de Sevilla hizo este mismo año su primera invitación formal a los almorávides para que acudiesen en socorro del Islam español, que perecía. No fue escuchado. Tampoco sus invitaciones a la unión encontraban gran eco: Zaragoza y Lérida se hallaban en guerra; el gobernador de Valencia, ‘Abd al-Aziz, pugnaba por hacerse independiente; al-Muqtádir de Zaragoza se apoderó de Denia; ‘Abd Allah ben Murtada usurpó el poder en Baleares. La España musulmana daba muestras de avanzada descomposición.

Con la muerte de Ibn al-Hadidí se había dado un pretexto a Alfonso VI para intervenir en los asuntos internos de Toledo. No lo hizo porque la muerte de Sancho IV de Navarra brindó un campo de acción que sin duda juzgaba más importante. El soberano navarro pereció asesinado entre Funes y Villafranca por las intrigas de su hermano Ramón y ciertos magnates, el 4 de junio de 1076. Los nobles de Navarra no quisieron aceptar ni al hermano asesino ni a los hijos menores de edad del difunto, pues temían sin duda que careciesen de autoridad suficiente. Sancho Ramírez y Alfonso VI, ambos nietos de Sancho el Mayor, invadieron el pequeño reino. El aragonés fue reconocido en Pamplona, pero las tierras que en otro tiempo pertenecieran a Castilla, Rioja, Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa se inclinaron hacia Alfonso VI. Entre Sancho y Alfonso hubo luego un acuerdo para fijar los límites; en él se estableció también una explícita declaración de superioridad del rey dé León sobre todos los otros príncipes. Lope Íñiguez conservó el señorío de Vizcaya, que tenía; fue tronco de los López de Haro. García Ordóñez fue nombrado por el rey conde de Nájera.

La introducción del rito romano

Algunos otros acontecimientos tuvieron lugar en 1076. La última expansión sevillana se produjo entonces. Murió Ramón Berenguer I, y le sucedieron conjuntamente sus dos hijos Ramón Berenguer II, llamado Cap d’Estopa, y Berenguer Ramón II. La presión pontificia para introducir en España la reforma, se hizo aún más fuerte. De hecho sólo los reinos occidentales estaban sin reformar. En 1074 Gregorio VII, casi como una orden, había invitado a Alfonso VI al cambio de liturgia. Aparentemente se trataba de cuestiones nimias pues la diferencia más importante entre ambos ritos consiste en que la Hostia se divide en nueve partes en la liturgia visigoda y sólo en tres en la romana. Pero había, sin duda, cuestiones de fondo que afectaban a las relaciones entre la Iglesia española y el pontificado. Habían nacido, al calor de la reconquista, nuevas diócesis, desenvueltas con total independencia y, al amparo de las disposiciones reformadoras, el Papa intentaba sujetarlas más directamente a su autoridad por medio del envío de cardenales legados.

Aunque Alfonso VI no era personalmente contrario a la introducción de la liturgia romana, las consultas debieron de ser bastante largas pues sólo en 1078 solicitó el envío del cardenal Ricardo con tal objeto. No cabe duda de que la influencia de los cluniacenses jugó en toda esta cuestión un gran papel, a veces perturbador. San Hugo, abad general de Cluny, envió cierto monje, Roberto, para hacer la reforma de Sahagún. Por causas que no conocemos bien, Roberto, pese a su celo cluniacense, se puso de parte del rito mozárabe. Cuando en 1079 Alfonso VI contrajo matrimonio con Constanza de Borgoña, tradicional protectora de la Orden, muchos monjes vinieron en su compañía; pero también cierta dama francesa que se convirtió en amante del rey. Roberto de Sahagún prometió a Alfonso que, si daba apoyo a la causa del rito mozárabe, él lograría en Roma una sentencia de divorcio. Sin duda la oferta carecía de todo fundamento, porque desde Roma fue enviado un nuevo legado, el cardenal Ricardo, con las más severas instrucciones. Gregorio VII amenazó al rey con la excomunión si no abandonaba a su amante y consentía la reclusión del monje Roberto en un monasterio distinto de Sahagún, para el que fue elegido como abad otro francés, Bernardo. Un Concilio, reunido en Burgos, acordó la implantación del rito romano en todas partes.

El protectorado sobre Toledo

En 1075 Alfonso VI podía considerar muy bien que, entre los taifas, sólo dos, Toledo y Sevilla, daban muestras de capacidad expansiva y, por tanto, de eficacia en la resistencia. La muerte de Badis de Granada, con división del reino entre sus nietos, ‘Abd Allah, que conservó la capital, y Tamim que obtuvo Málaga, anuló enteramente el poder de los berberiscos. Usando de tropas cristianas venidas para respaldar la percepción de las parias, al-Mu‘támid de Sevilla se apoderó de Jaén (1074). Un año más tarde, la sucesión de al-Qádir en Toledo reveló bruscamente la debilidad que los taifas padecían. Mientras Valencia se independizaba, las tropas zaragozanas conquistaban Santaver, cerca de Toledo, Sancho Ramírez cercaba sin éxito Cuenca y los sevillanos volvían a apoderarse de Córdoba, el partido intransigente, desconfiando de al-Qádir, llamaba en su auxilio a al-Mutawáqil rey de Badajoz, inspirándole el proyecto de apoderarse de Toledo.

Ante tantas desventuras, no quedó a al-Qádir otro recurso que invocar la ayuda de Alfonso VI recordando las promesas que éste hiciera a su padre. Las tropas castellanas no sólo acudieron a Toledo, sino que invadieron el reino de Badajoz apoderándose de Coria. Los intransigentes se irritaron más y más; al-Qádir hubo de entregarse a un radical protectorado castellano y, como hiciera cinco años antes al-Mu‘támid, el soberano de Badajoz solicitó de los almorávides que acudieran en auxilio del Islam español gravemente amenazado. Era evidente que los africanos estaban decididos a no participar en aventuras españolas mientras no hubiesen conquistado las llaves del Estrecho. En junio de 1080, expulsado de la capital por un movimiento popular, al-Qádir se refugió en Cuenca mientras los intransigentes musulmanes proclamaban rey de Toledo a al-Mutawáqil.

Alfonso VI y al-Qádir celebraron en Cuenca una entrevista el mismo año; el taifa necesitaba de tropas castellanas para ser restaurado, pero hubo de reconocer que carecía de dinero con que pagar tal ayuda. Parece que, cristiano y musulmán, llegaron a un extraño acuerdo que cohonestaba la pérdida de Toledo con las promesas hechas a al-Ma‘mún: el monarca castellano restauraría en el trono a su aliado; pero cuando estuviese en condiciones de ofrecerle la sumisión de Valencia, recibiría en pago de su ayuda el propio reino de Toledo. De hecho en abril de 1081 al-Mutawáqil era desalojado de Toledo; en mayo al-Qádir y Alfonso VI hacían su entrada solemne en la ciudad, juntos, para que no hubiera duda acerca de la extensión del protectorado castellano. El monarca cristiano exigió nuevas sumas, que al-Qádir no estaba en condiciones de pagar, y castillos que sirvieran de rehén a los compromisos contraídos. Estaba tan seguro de entrar en posesión de Toledo que comenzó a negociar con Gregorio VII la restauración en la ciudad de la sede primada.

La anexión de Toledo

En pocas semanas la tensión entre ambos partidos, en Toledo, se hizo insoportable: convencidos ya de la inminencia de la entrega, los musulmanes más recalcitrantes acudieron en demanda de ayuda a al-Muqtádir de Zaragoza y a al-Mu‘támid de Sevilla, quienes invadieron el reino desde sus respectivas fronteras. Y entonces todos los castellanófilos pidieron a Alfonso VI que acudiera de nuevo; querían que el monarca pusiera cerco a la ciudad para poder entregarla sin detrimento para su honra. A fin de cuentas, era la primera gran capital del Islam —con lo que significaba además como cabeza de la monarquía visigoda— que se entregaba a un monarca cristiano. Alfonso accedió: en el verano de 1081 comenzó su asedio. Una gran parte de los intransigentes, dirigidos por cierto Ben Mugueit, huyó a refugiarse en Madrid.

Durante las largas operaciones de cerco —correrías por el reino, mejor que ataques a la vasta fortaleza— tuvo lugar el primer destierro del Cid, reflejo de las hondas discordias latentes en la Corte del monarca leonés y que, en esta hora de triunfo, encontraban la ocasión de manifestarse. Menéndez Pidal entiende que Rodrigo Díaz incurrió en la ira regis por dos causas: su encuentro con García Ordóñez, conde de Nájera, cuando éste combatía a al-Mu‘támid de Sevilla, en cuya Corte se encontraba, con mandamiento real, el Campeador, y la entrada que este último hizo en tierras toledanas contra la voluntad del monarca. En consecuencia, Rodrigo fue desterrado.

De acuerdo con la costumbre, acompañaron al Cid en su destierro (otoño de 1081) sus vasallos y las tropas de éstos, constituyendo una mesnada que, para vivir, fue a ofrecer sus servicios a algunos príncipes extranjeros. Rodrigo empezó por Cataluña, en donde no halló buena acogida; hubo por tanto de ofrecerse a al-Muqtádir iniciando así su carrera de caballero mozárabe, según la ingeniosa expresión de Camón Aznar. Muy pronto, por muerte de al-Muqtádir, hubo de intervenir Rodrigo en la lucha entre sus dos hijos al-Mu‘tamín y al-Múndhir al-Háchib, que se habían repartido el reino. Rodrigo apoyaba a al-Mu‘tamín, dueño de Zaragoza, y hubo de combatir a Berenguer Ramón II de Barcelona, que, acudiendo en auxilio de al-Háchib, había puesto cerco al castillo de Almenara. El conde de Barcelona fue vencido y preso. Liberado al poco tiempo, regresó a sus tierras.

Indirectamente Rodrigo Díaz colaboraba con los planes de Alfonso, que, lento y seguro, apretaba el dogal en torno a Toledo. La amenaza que representara en otro tiempo el reino de Zaragoza, estaba eliminada. El monarca hizo en 1082 una entrada por el territorio de Sevilla para persuadir a al-Mu‘támid de la conveniencia de abstenerse de cualquier socorro; en esta ocasión llegó hasta Tarifa y metió en el mar su caballo, como en toma de posesión de aquel último confín de España. Ya no quedaba a los musulmanes, frente a la presión castellana, otra esperanza que el auxilio de los almorávides, dueños, al fin, de Ceuta (1084). Pero tampoco esta vez los africanos se movieron.

Por su parte Alfonso VI estaba, desde el otoño de 1084, decidido a acabar. Instaló su campamento en la Almunia al-Mansurah, Huerta real, y exigió la rendición. Hubo negociaciones que condujeron a la capitulación del 6 de mayo de 1085 por la que se otorgaba a los habitantes de la ciudad opción para permanecer bajo el dominio castellano o emigrar con todos sus bienes; en el caso de que hubieran marchado y quisiesen regresar les serían reconocidas todas las propiedades. La mezquita mayor quedaba adscrita al culto islámico. El 25 de mayo Alfonso VI hizo su entrada en Toledo de la que nombró gobernador a Sisnando Davídiz, conde de Coimbra. El taifa al-Qádir se retiró a Santaver, cuna de su familia, y luego a Cuenca hasta que, muerto ‘Abd al-Aziz de Valencia (6 de junio de 1085) las tropas castellanas le ayudaron a posesionarse de este reino. La capitulación del 6 de mayo implicaba la anexión a Castilla de todo el reino de Toledo.

La presión catalana y aragonesa

El expansionismo castellano parecía contagiarse a toda la frontera. Después de la anexión de Navarra, Sancho Ramírez se había convertido en un poderoso rey ansioso de conquistas sobre Zaragoza y Lérida. La presencia de Rodrigo Díaz de Vivar al lado de al-Mu‘tamín sirvió de freno a los avances aragoneses, cumpliendo así un servicio muy claro al imperialismo castellano. El Campeador no consideraba su destierro como una definitiva ruptura: cuando, en enero de 1083, el alcaide de Rueda tendió una emboscada a Alfonso VI, acudió con todas sus fuerzas en auxilio de su señor; el rey entonces alzó el destierro. Pero Rodrigo no regresó a Castilla. Tal vez adivinaba que su postura nunca sería cómoda en una Corte llena de evidentes enemigos. Por otra parte estaba descubriendo su vocación oriental en lo que podía considerarse como continuador de Sancho II. Su presencia en Zaragoza era necesaria pues en 1084 Sancho Ramírez se hizo dueño de Ayerbe y Graus.

En Cataluña las relaciones entre los dos hermanos, Ramón Berenguer llamado Cap d’Estopa y Berenguer Ramón, no habían sido cordiales. Mientras seguían la política de imponer a los taifas nuevas parias, disputaban por la herencia. Un reparto fue acordado el 18 de junio de 1078. Pero ya la población catalana desbordaba los límites tradicionales y, aunque con menos brillantez que en León, llevaba a cabo la colonización de gran parte de la plana de Urgel, incluyendo Anglesola, y la de la Conca de Barberá con Espluga de Francolí. El Papa intervino para aplacar las agudas discordias entre ambos hermanos que, en 1080, alcanzaban un grado de franca ruptura; Gregorio VII necesitaba la paz interior a fin de impulsar la reforma. Pero en el matrimonio del Cap d’Estopa con Mafalda de Sicilia, hija de Roberto Guiscardo —sin duda por intervención del Pontífice— pudo entender Berenguer Ramón que había un mayor afecto hacia su hermano. El 5 de diciembre de 1082 unos desconocidos mataron a Ramón Berenguer en un bosque cerca de Gerona. Hubo la sospecha de que en el hecho hubiera intervenido Berenguer Ramón, llamado en adelante el Fratricida.

El Imperio hispánico

Con la conquista de Toledo, Alfonso VI adquirió un prestigio inmenso: todos los territorios al norte del Tajo, la Transierra, fueron incorporados a su monarquía y, desde 1085, usó indudablemente el título de emperador. Talavera, Madrid y Guadalajara se anexionaron con el reino. Los castellanos quisieron hacer cumplir las capitulaciones del 6 de mayo, pero los franceses que rodeaban a la reina Constanza, escandalizados ante la idea de que los musulmanes conservaran el culto en la mezquita mayor, promovieron un acto de violencia. Bernardo, abad de Sahagún, convertido en arzobispo de la ciudad, se apoderó de la mezquita contra la voluntad de Sisnando Davídiz haciéndola consagrar como catedral católica (julio de 1085).

El Imperio castellano era un hecho. Cuando la muerte de Ramón Berenguer II encendió la guerra civil en Cataluña, una parte de los nobles catalanes decidió acudir a Alfonso VI en petición de auxilio y protección para los derechos del joven Ramón Berenguer III, nacido apenas unos días antes de la muerte de su padre. Carcassonne se separó del conjunto de condados catalanes por obra de Bernardo Ató. En Barcelona una asamblea de nobles decidió en 1085 encomendar la regencia del niño a sus tíos los condes de Cerdaña, con ayuda de Armengol IV, conde de Urgel, y bajo la soberanía eminente del emperador. La crisis fue transitoria porque los elementos moderados, comprendiendo bien las consecuencias que de ella podían derivarse, en orden al desplazamiento de Barcelona como eje político de Cataluña y a la ingerencia leonesa, lograron imponer, en 1086, una concordia que entregaba la regencia de Ramón Berenguer III al propio Fratricida, después de que éste hubo dado garantías.

Pero el camino de Castilla no había sido olvidado; por lo menos los condes de Urgel mantuvieron sus relaciones de dependencia con la Corte Imperial. Alfonso VI era, en 1085, casi el soberano de toda la Península. Sus lugartenientes, con tropas, vigilaban y controlaban la política de los taifas —Álvar Fáñez se encuentra en Sevilla— y los musulmanes le consideraban ya como emberator du-l-millatayn, emperador de las dos religiones. Zaragoza se ofrecía como presa inmediata a las apetencias del monarca castellano. Estaba prácticamente sitiada cuando al-Mu‘támid de Sevilla se decidió a reiterar la llamada a los almorávides. Esta vez Yusuf Tashfín acudió a la demanda.

XVI

LA INVASIÓN ALMORÁVIDE

Formación del Imperio almorávide

Durante el siglo XI, fracasados políticamente los dos khalifatos árabes, omeya en Occidente y abbasí en Oriente, se produjo una especie de relevo en la dirección del Islam. Los árabes fueron sustituidos por otros pueblos de más reciente conversión, turcos en Oriente, berberisco en el Norte de África, los cuales imprimieron, además, a sus relaciones con los cristianos un signo belicoso e intolerante. En poder de nuevos amos, fanatizados y rudos, los imperios musulmanes perdieron el aire refinado y urbano para adquirir aspecto militar. Menéndez Pidal ha precisado el paralelismo entre la derrota de Romano Diógenes en Manzikert (1071) frente a los selyúcidas y el revés de Alfonso VI en Sagrajas (1086) ante los almorávides. El ramalazo de peligro hizo estremecerse a Europa, la cual reaccionó a su vez con claras actitudes de cooperación e intolerancia. Se forja, en estos años, la imagen cruel y antipática del Islam.

El movimiento berberisco que dio origen al Imperio almorávide fue esencialmente religioso. Los Sinhacha, de la misma tribu que había creado el taifa de Granada, se habían convertido al Islam en el siglo IX, pero adolecían de instrucción insuficiente; habitando los bordes del Sahara, cubrían el rostro con velos como sus descendientes los tuareg. Poco antes del año 1039, un jefe del clan Lamtuna, Yahya ben Ibrahim, al regresar de la peregrinación a la Mekka, se hizo acompañar por un alfaquí de Tafilalt, ‘Abd Allah ben Yasín, a fin de que predicara a sus contribuios la verdadera doctrina y práctica del Islam. No halló la acogida que esperaba en principio, y con sus discípulos, todos Lamtunas, se retiró a un ribat, monasterio fortificado, a orillas del Níger. La virtud esencial de la nueva secta —que sería llamada de al-murabbítum, «los habitantes del ribat»— sería la guerra santa. En diez años Yahya y ‘Abd Allah se hicieron dueños del gran desierto.

Después de la muerte de Yahya ben Ibrahim (1042), el alfaquí asumió la jefatura absoluta de la Comunidad, delegando sin embargo los poderes militares en dos emires hermanos, Yahya y Abu Bakr ben ‘Umar, que los ejercieron sucesivamente. En nombre de la pureza del Islam limitaban el matrimonio a solo cuatro mujeres libres, combatían el vino, los placeres y la música, causas de corrupción, y restauraban los impuestos coránicos prohibiendo cualquier otro. Esto atraía a las masas, que odiaban profundamente a los refinados gobernantes del Magreb y al-Andalus. Reclutando senegaleses —que proporcionaban los estruendosos tambores de piel de hipopótamo— ‘Abd Allah conquistó Sichilmasa (1053) y el valle del Sus (1056), llamado por los alfaquíes piadosos. Antes de regresar al desierto para acabar sus días, ‘Abd Allah entregó el gobierno de esta tierra a Yusuf ben Tashfín, primo de Abu Bakr ben ‘Umar.

Yusuf ben Tashfín supo convertir el movimiento berberisco en un Imperio con su propia capital, Marrakesch, que él fundó. Tomó Fez extendiéndose hasta el Atlas y automáticamente despertó las esperanzas de los taifas andalusíes, que sufrían el rigor de la ofensiva cristiana. Desde 1075 abrigaba, sin duda, la intención de pasar a la Península, pero supo demorar cautelosamente estos planes hasta que Tánger, Melilla y Ceuta le garantizasen el Estrecho. Tánger y Melilla sucumbieron hacia el 1077, pero Ceuta resistió hasta 1084.

Sagrajas

Durante setenta años el Imperio hispánico, esta débil armadura de estados mal unidos y de variado carácter, se verá sometido a la opresión de esta oleada de fanatismo nacido en las profundidades africanas. Era inevitable que la osmosis espiritual y económica que había llegado a producirse, sufriera con ello. El punto de partida para la intervención fue el llamamiento formulado por los taifas españoles, en 1077, 1082 y 1085, y sobre todo la actitud decididamente favorable de los alfaquíes reunidos en Córdoba; probablemente el desmoronamiento de Toledo aportó la decisión pues alteraba el equilibrio territorial fijado desde los tiempos de la conquista. Hasta Alfonso VI, en efecto, al-Andalus no había experimentado grandes pérdidas pues toda la repoblación que dio origen a las monarquías del Duero se había hecho sobre territorios que la administración musulmana no controlaba. Toledo era algo distinto y parecía indicar que el rey de Castilla y León estaba ya en condiciones de adueñarse de toda la Península. Los alfaquíes presentaban a Yusuf como el santo defensor de la fe. Los taifas se hallaron en trágica disyuntiva; convencidos de que de cualquier modo iban a desaparecer, prefirieron diluirse en el seno del Islam. Esto era precisamente lo que al-Mu‘támid quería decir cuando «puesto en el trance de escoger, menos duro será pastorear los camellos de los almorávides que no guardar puercos entre los cristianos».

En 1086 Alfonso VI, que amenazaba Córdoba y Zaragoza —sitiada ésta rigurosamente— y tenía un ejército con Álvar Fáñez en Valencia y otro en la frontera de Badajoz, reclamó de al-Mu‘támid de Sevilla todas las fortalezas que fueran en tiempos del reino de Toledo. Los taifas de Sevilla, Badajoz y Granada invitaron conjuntamente a Yusuf ben Tashfín a venir en su auxilio, solicitando de él garantías acerca de su futuro político. A la cabeza de un inmenso ejército, exaltado por los alfaquíes, el viejo emir, tomó posesión de Algeciras el 30 de junio de este año. En Sevilla se le unieron las huestes de al-Mu‘támid, las del rey de Granada y las de Tamim de Málaga, y decidieron acudir primero en socorro de Badajoz. Alfonso VI, después de levantar el cerco de Zaragoza, había concentrado a los suyos en Coria; bajo sus banderas iban a pelear caballeros aragoneses y franceses. La guarnición de Valencia con Álvar Fáñez también había sido llamada. Rodrigo Díaz de Vivar, en cambio, estaba ausente.

La gran batalla tuvo lugar el 23 de octubre de 1086 en las inmediaciones de Sagrajas (Zalaca), no lejos de la fortaleza de Azagala, orillas del río Zapatón. Duró todo el día y fue sumamente encarnizada. Los andalusíes, pese al heroísmo de al-Mu‘támid, que recibió seis heridas, fueron destruidos por las vanguardias cristianas de Álvar Fáñez. Yusuf decidió a su favor el resultado de la lucha realizando un movimiento envolvente que le permitió atacar al enemigo por la espalda aterrorizándole con el batir de los tambores. Alfonso VI, herido en el muslo, se retiró a Coria con los supervivientes. Sobre montones de cabezas cortadas, los almuédanos llamaron a la oración a los vencedores en el propio campo.

El espanto impulsó a Alfonso VI a recabar el auxilio de todos los poderes cristianos, dentro y fuera de la Península. Hubo un plazo puesto que Yusuf ben Tashfín regresó inmediatamente a África, en donde acababa de morir su hijo heredero, dejando en España tres mil jinetes, suficientes para sostener a los taifas, pero no para intentar la recuperación de Toledo. Tampoco fueron demasiado alentadores los auxilios ultrapirenaicos; una expedición contra Tudela en 1087 terminó en fracaso. Y los caballeros borgoñones —piénsese en la estrecha relación entre este país y la Orden reformada de Cluny— acudían más en busca de ganancias personales, material y espiritualmente consideradas, que como exponentes de una alianza. Quizá se acordó en este momento el matrimonio de Raimundo de Borgoña con la infanta Urraca, hija de Alfonso VI.

Retorno y segundo destierro del Cid

Entre los llamados, en la hora sombría, estaba Rodrigo Díaz de Vivar, a quien recibió el rey en Toledo, en la primavera de 1087, otorgándole a renglón seguido señoríos en Langa y en Gormaz. El Imperio hispánico se cuarteaba, no sólo porque hubieran suspendido los taifas su tributo, sino porque, en la desgracia, rebrotaban antiguas disensiones: el obispo de Compostela fue depuesto y el conde gallego Rodrigo Ovéquiz sufrió prisión. Se hacían esfuerzos, por parte del rey, para afirmar la unidad —es en 1088 cuando Urbano II declara que Toledo es la primada de todas las iglesias españolas— y para apuntalar en sus extremos la frontera. Alfonso envió nuevamente al Cid al lado de al-Musta‘in de Zaragoza, pero con un documento que reconocía, iure hereditario, el señorío sobre todos cuantos territorios conquistase. En el Oeste, Sisnando Davídiz, desde Coimbra —que contaba además con su primer obispo, Paterno— repoblaba Tentugal, Castanhede, Arouca y Penela, reforzando el territorium. Cuando muera, en agosto de 1091, será sustituido por su propio yerno, Martín Muñiz.

La situación en Oriente peninsular era confusa. Tanto al-Musta‘in de Zaragoza, como al-Háchib, rey de Lérida y Denia, querían apoderarse de Valencia, en donde al-Qádir había sido impuesto por las lanzas castellanas. Cuando la guarnición de Álvar Fáñez fue retirada, y Sagrajas selló la derrota castellana, ambos taifas sintieron llegada su ocasión. Con ayuda de Berenguer Ramón II —para quien era también vital la expansión por tierras valencianas— al-Háchib atacó a al-Qádir; éste pidió auxilio a al-Musta‘in y a Alfonso VI. El Cid, que había sometido a vasallaje y tributo al taifa de Albarracín, Abu Marwán ben Jalaf, se encontró en la necesidad de acudir en soporro de al-Qádir. En el verano de 1089 Rodrigo obligó, sin necesidad de combatir, a Berenguer II a retirarse afirmando, ante él y ante al-Musta‘in, que Valencia era del dominio castellano y que, en nombre de Alfonso VI —bien que con notable provecho para sus arcas— iba a ejercer en adelante el protectorado sobre al-Qádir. Los alcaides rebeldes se sometieron y el señor de Alpuente se sujetó al mismo tributo de diez mil dinares que ya pagaba el de Albarracín; cantidad muy escasa si se compara con los cincuenta y dos mil que abonaba Valencia. En cuanto a exigencias tributarias, Rodrigo superaba con mucho a sus antecesores.

El protectorado del Cid sobre Valencia, Albarracín y Alpuente significaba dos cosas: una barrera frente a los almorávides quedaba establecida con el intento de salvar, al menos, la cuenca del Júcar y el valle del Ebro —zonas ambas que hubiera sido imposible a los cristianos ocupar—, y un esfuerzo para crear nuevas formas de convivencia entre musulmanes y cristianos por medio de la tolerancia. Los autores islámicos coinciden en mostrar a Rodrigo, gobernante muy enérgico, como respetuoso con las costumbres y la vida de sus súbditos, en contraste con la altanería antimusulmana de los años anteriores. En relación con este área de dominio castellano, el castillo de Aledo, fuertemente guarnecido por García Jiménez, constituía la avanzada y la amenaza contra Murcia. Impotente para destruirlo, al-Mu‘támid hizo un viaje a África solicitando de Yusuf que regresara a la Península.

Las consecuencias de esta segunda expedición, efectuada en el verano de 1089, fueron mucho más lejos de lo previsto por su instigador. El castillo resistió preparándose para un largo cerco y en el tedio de esta guerra de posiciones el emir almorávide comprobó cuán grande era el descontento que alentaba entre los musulmanes españoles contra los taifas. Los alfaquíes no dejaron de insinuar que, pese a las seguridades ofrecidas, era imprescindible para la salvación de la fe su sustitución. Alfonso VI salió de Toledo con su ejército enviando órdenes al Cid para que se le reuniera en Villena. Los sitiadores no quisieron esperar y se retiraron con sensación de fracaso y profundas divisiones. Rodrigo Díaz, por ciertos errores de cálculo en el itinerario, no llegó a reunirse con su rey. Alfonso atribuyó a mala voluntad este fallo y, en un gesto de cólera, le desterró.

El Cid y Berenguer Ramón II. Batalla de Tévar

El destierro privaba a Rodrigo de la plataforma jurídica; ya no podía decirse agente y representación del emperador que le repudiaba. Retirado a Elche, reducido a poco más que un capitán de fortuna, no decayó su ánimo. Para vivir e imponerse, reedificó, frente a Denia —en tierras de al-Háchib, para no interferirse en los intereses castellanos— un castillo, Ondara, base para correrías por toda la región. Y obligó a al-Háchib a pactar con él, lo que suponía reconocimiento de un poder político efectivo. Berenguer Ramón II, afirmando que la presencia del Cid era un perjuicio, invitó a todos los interesados en destruirle —Zaragoza, Lérida, Aragón, Castilla— a un esfuerzo conjunto para lograr este objetivo. Todos, excepto al-Háchib, se negaron. El rey de Lérida, que contaba con la complicidad del alcaide de Murviedro, Ibn Labbún, creyó que la ocasión iba a permitirle apoderarse de Valencia. Pero el Fratricida fue derrotado por Rodrigo Díaz en el pinar de Tévar, y cayó prisionero con muchos de sus hombres. La operación proporcionó al Cid mucho dinero, de los rescates pagados, y la amistad del conde de Barcelona con quien firmó en Daroca un acuerdo (setiembre de 1090).

Menéndez Pidal, autoridad indiscutible en estos temas, entiende que, en el pacto de Daroca, se establecía una especie de reparto: Valencia para el Cid y Lérida, con el bajo Ebro, para Cataluña. En los últimos años de su gobierno, Berenguer volcará sus esfuerzos en dos objetivos, la restauración de la sede metropolitana de Tarragona, a fin de discutir a Toledo su primacía, y el lento avance repoblador sobre Tortosa. El 1 de julio de 1089 una bula, expedida a propuesta del obispo de Vich, exhortaba al conde de Barcelona a emprender la reconstrucción de Tarragona, a fin de que pudiera instalarse en ella la antigua silla metropolitana, pero dando a entender que subordinada a la de Toledo, a quien un año antes había concedido la primacía. Tanto Barcelona como Narbona protestaron por lo que entendían lesión a sus derechos sobre Cataluña. Un legado de Urbano II dispuso que, mientras Tarragona era efectivamente restaurada, la Iglesia catalana tendría su metropolitano en Narbona, pero reconociendo a Toledo calidad de primada. Berenguer aceptó la propuesta del Papa y éste dispuso entonces con toda solemnidad la restauración de la metrópoli tarraconense (1 de julio de 1091) encomendándola a Berenguer, que era ya obispo de Vich. Cataluña se definía como provincia eclesiástica independiente dentro de la comunidad hispánica, rompiendo así la última reliquia de la dependencia carlovingia.

Prácticamente desde 1093, si no antes, Ramón Berenguer III, hijo de Cap d’Estopa, aparece asociado a su tío como marqués y conde. Tras él se hallaba un partido cuyas figuras más eminentes pueden haber sido Guillermo Ramón, de Cerdeña, y Folch, obispo de Barcelona, empeñado en demostrar la participación de Berenguer Ramón en el asesinato de su hermano. En fecha incierta, tal vez 1096 o 1097, Berenguer aceptaría someterse a un duelo judicial en la Corte de Alfonso VI. Fue vencido y, al parecer, desterrado. Probablemente murió en Tierra Santa. Dejaba tras de sí una Cataluña madura que se preparaba a desempeñar un papel decisivo en el porvenir de la Península.

La eliminación de los taifas

Después del fracaso ante Aledo, la mayor parte de la población andaluza era sin duda partidaria de Yusuf ben Tashfín, restaurador de la ortodoxia islámica en asunto tan importante como los impuestos. Los taifas lo sabían y, en 1090, al-Mu‘támid de Sevilla y ‘Abd Allah de Granada iniciaron secretas negociaciones con Alfonso VI en busca de un contrapeso al abrumador poder de los almorávides. En junio de este año Yusuf volvió a la Península, hizo una campaña sobre Toledo y fracasó. Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra, prestó auxilio a Alfonso en esta ocasión. El emir pudo culpar a los taifas del fracaso porque no habían intervenido. La propaganda de los alfaquíes tenía puntos muy verdaderos en que apoyarse. Obligados a sostenerse por medio de tropas mercenarias, los taifas necesitaban percibir grandes tributos —parte de los cuales habían ido a parar al bolsillo de los príncipes cristianos— despertando el odio de sus súbditos. Poderes laicos, nunca aspiraron a ejercer la dirección de la fe y se inclinaron hacia la tolerancia; pero tras un brillo cultural efímero y un tanto ficticio, daban entrada a corrientes de racionalismo nada ortodoxo.

En 1090 los alfaquíes granadinos redactaron una resolución, fatwa, que declaraba contrario a la fe el cobro de otros impuestos que los acordados en el Corán y la Sunna. Era una invitación muy clara a Yusuf ben Tashfín que se presentó ante Granada. ‘Abd Allah solicitó auxilios de al-Mutawáqil de Badajoz, pero no llegaron a tiempo; detenido, al mismo tiempo que su hermano Tamim de Málaga, ambos reinos quedaron incorporados al Imperio almorávide. Andalusíes y africanos se hicieron enemigos, pero la popularidad de Yusuf era muy grande; éste interceptó, al parecer, correspondencia entre al-Mu‘támid y Alfonso VI que permitió calificar al taifa sevillano como traidor. Los alfaquíes andaluces publicaron una segunda fatwa, más concreta aun que la primera, declarando que los taifas se habían hecho indignos del trono por sus liviandades, la ilegalidad de los impuestos y la traidora amistad con los príncipes cristianos. Doctores africanos y —lo que es más importante— algunos eminentes teólogos orientales que no eran súbditos de los almorávides, aprobaron y confirmaron esta declaración. Yusuf declaró la guerra y, en noviembre de este año, ocupó Tarifa iniciando la invasión de los dominios de al-Mu‘támid.

Impotentes para detener el avance marroquí, todos los taifas buscaron ayuda entre los príncipes cristianos. Rodrigo Díaz, cuya amistad cultivaban afanosamente Sancho Ramírez y al-Musta‘in de Zaragoza, apareció como cabeza de una vasta y poderosa coalición. La reina Constanza le escribió para invitarle a reconciliarse con su marido. Pero entre tanto Córdoba sucumbía; defendida hasta el último extremo por Faths al-Ma‘mún, hijo de al-Mu‘támid, fue tomada en marzo de 1091. Faths murió y su viuda Zaida huyó a territorio cristiano haciendo a Alfonso VI el regalo importante y peligroso de las avanzadas del antiguo reino de Toledo: Cuenca, Ocaña, Consuegra, Uclés y los castillos del Tajo. No tardaría en convertirse en concubina del rey, bautizándose con el nombre de Isabel. La gravedad de la situación movió a Alfonso a solicitar de todos sus súbditos, nobles o no, un petitum o servitium extraordinario, precedente el más antiguo que hoy tenemos de un impuesto general y directo.

Mientras los almorávides estrechaban el cerco en torno a Sevilla, Alfonso VI y el Cid se reunían en Marios (mayo de 1091) para intentar la recuperación de Granada. Fracasaron y, sin que podamos afirmar que hubo ruptura, se separaron nuevamente. También las fuerzas que Álvar Fáñez llevaba en socorro de Sevilla fueron derrotadas (7 de setiembre de 1091). Después de esto, la ciudad fue tomada al asalto (noviembre). Al-Mu‘támid, que había combatido con gran valor, cayó prisionero y fue enviado a África en donde moriría cuatro años después. Almería cayó sin resistencia después de que su rey, Ahmad Mu‘izz al-Dawla emprendiera con toda precipitación la fuga.

La defensa cristiana frente a los almorávides

Los pocos reinos musulmanes que aun quedaban en pie se apresuraron a colocarse bajo la protección del emperador, aunque éste no estaba en condiciones de prestar ayuda decisiva. Murcia y Badajoz no tardarán en seguir la suerte de sus hermanas, y el propio Alfonso VI hubo de abandonar el castillo de Aledo. Frente a esta renovación de la guerra santa, el emperador parece haber imaginado un plan que, extendiendo hasta Valencia y Lisboa sus dominios, permitiese adelantar las líneas del frente salvaguardando así las zonas verdaderamente cristianizadas. Demasiado ambicioso, tal vez. Rodrigo Díaz se conformaba con mucho menos: negoció en marzo de 1092 una alianza estrecha con al-Musta‘in y Sancho Ramírez a fin de constituir un eje de resistencia más allá del Ebro. Cristianos y musulmanes moderados estaban de acuerdo en reconocer a los almorávides como sus peores enemigos.

Mientras el Cid permanecía negociando en Zaragoza, Alfonso VI ponía en marcha sus proyectos enviando un ejército a apoderarse de Tortosa y de Valencia. Esperaba el concurso de Sancho Ramírez, del conde de Barcelona y de las repúblicas de Génova y Pisa, que aspiraban a obtener puntos de apoyo en la costa levantina. Pero los auxilios no llegaron a tiempo y el rey hubo de retirarse fracasado. En esta ocasión Rodrigo abandonó el papel de correcto vasallo invadiendo en represalia el territorio de Nájera, condado de su gran rival García Ordóñez, obligando al monarca a acudir en su defensa y rechazando luego las propuestas de reconciliación. El efecto de la campaña de primavera de 1092 fue contraproducente. Los partidarios de los almorávides en Valencia, cuyo jefe era el cadí Abu Ahmad ben Chahhaf, se sintieron más fuertes y, alentados por la noticia del avance de las tropas de Yusuf por Murcia —Alfonso VI sufrió poco después una gravísima derrota cerca de Jaén— proyectaron una revolución suplicando al general almorávide Ibn A‘isha que viniera a ayudarles.

Hacía nueve meses que Rodrigo Díaz faltaba de Valencia. Emprendió el regreso tan pronto como recibió apremiantes llamadas de al-Qádir, pero no a tiempo de evitar su caída. Mientras los almorávides se apoderaban de Denia, Játiva y Alcira, estallaba en Valencia una revuelta que implantaba el régimen republicano bajo la presidencia de Ben Chahhaf. Al-Qádir huyó, pero fue alcanzado y asesinado por orden del cadí (28 de octubre de 1092), quien se apoderó de su tesoro, en el que figuraba, entre otras, una pieza de gran valor, cinturón de piedras preciosas que había pertenecido a Zobeida, la favorita del khalifa Harum al-Raschid, el abbasí protagonista de tantas leyendas de las Mil y Una Noches. Una guarnición almorávide se instaló en la ciudad para proteger el nuevo régimen. Rodrigo Díaz, sin amilanarse, acampó en las inmediaciones de Valencia cercando Juballa y anunciando a todo el mundo que vengaría la muerte de al-Qádir.

En el Oeste, las tropas castellanas llegaban a Lisboa. A cambio del auxilio prestado a al-Mutawáqil, o aprovechando la desintegración del reino de Badajoz, Alfonso VI ocupó Santarem, Lisboa y Cintra, cuyo gobierno y defensa fueron encomendados a Suero Mendes, bajo la alta dirección de Raimundo de Borgoña, que ostentaba en los documentos el título de totius Galeciae princeps. Sin duda el emperador había decidido crear para su yerno una amplia zona de gobierno que abarcaba todo el Occidene peninsular. Desde principios de 1095 el otro yerno de Alfonso, Enrique de Borgoña, casado con la bastarda Teresa, gobernaba Braga, sin duda bajo el señorío de su más ilustre pariente.

El Cid dueño de Valencia

Aunque efímera, la ocupación del Tajo por los castellanos proporcionó un respiro al Cid, que dispuso así de todo el verano de 1093 para presionar a Valencia desde tres puntos, Mestalla, Alcudia y Villanueva. Después de la toma de Juballa, en julio, Ben Chahhaf creyó más conveniente para sí mismo negociar con Rodrigo, expulsando a la guarnición almorávide y sujetándose a pagar al soberbio castellano, como en otro tiempo, mil denarios por semana con todos los atrasos. El Cid se vio considerablemente enriquecido. La guarnición almorávide fue escoltada hasta Denia por los mesnaderos de Rodrigo Díaz. Era, como un insensato desafío al poder de Yusuf ben Tashfín, la primera vez que un poder cristiano lograba el retroceso parcial de los almorávides. El emir envió desde África un ejército a las órdenes de su yerno Abu Bakr, para restablecer la situación.

La noticia de que los africanos llegaban produjo en Valencia gran efervescencia. Dos partidos, el de Ben Chahhaf, inclinado a la sumisión y al respeto al pacto de julio de 1093, y el de Abu-l-Hasán ben Wáchib, decidido a abrir las puertas a los almorávides, se enfrentaron. En noviembre, cuando Abu Bakr estaba ya en Játiva, estalló en la ciudad un movimiento que depuso a Chahhaf y exaltó a Wáchib. Rodrigo concentró sus tropas al sur de la ciudad para cerrar el paso y rompió las acequias a fin de inundar el campo y obligar al enemigo a batirse en un frente muy reducido. Los almorávides llegaron hasta tres leguas de Valencia, pero, convencidos de la superioridad de las fuerzas cristianas, emprendieron la retirada aprovechando para ello una noche de fuerte tormenta. El Cid entonces, rota la capitulación de julio, exigió la total rendición de la ciudad. Los valencianos no pensaron en resistir; restableciendo la autoridad de Ben Chahhaf, emprendieron negociaciones y se sometieron (14 o 15 de junio de 1094).

El régimen establecido por Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia, anunciado con cierta solemnidad el 19 de junio, poseía rasgos profundamente originales. Un absoluto respeto a las creencias de los musulmanes, que conservaban su libertad, con radical prohibición de que hubiera cautivos moros en la ciudad, formaba la base del entendimiento entre ambas religiones. Ben Chahhaf conservó el cargo de cadí, pero prestando juramento de no intervención en la muerte y despojo de al-Qádir, que pesaba sobre él como una amenaza. La mezquita seguía adscrita al culto musulmán, y el cristiano emplearía sólo las viejas iglesias mozárabes o las nuevas que se construyesen. No hubo confiscaciones ni represalias ni asiento de cristianos en tierras.

Retirada en el Tajo

El éxito del Cid, capitán de soldados de fortuna, contrastaba con el mal resultado de las medidas militares de Alfonso VI en Occidente. El reino de Badajoz se había perdido, y al-Mutawáqil sucumbió sin que le sirvieran de alivio las promesas del rey de Castilla. No quedaban más taifas que aquellos que Rodrigo Díaz de Vivar cubría con su escudo. Una estrecha amistad, no política, sino de afecto personal, ligaba al héroe castellano con Pedro I de Aragón, que acababa de suceder a Sancho Ramírez. En Burriana acordaron su alianza contra los almorávides, que no tardarían en volver. En efecto, un gran ejército se estaba formando a las órdenes de Muhámmad ben Tashfín, sobrino del emir. El 25 de octubre de 1094 dicho ejército fue vencido en los campos de Cuarte por Rodrigo Díaz, que empleaba una táctica que los musulmanes habían utilizado antes y que los cronistas llamaron torna fuye. La gran importancia dada al acontecimiento procede de que era la primera vez que los almorávides sufrían una derrota en campo abierto.

Pocos días después, Raimundo de Borgoña sufrió revés considerable ante Lisboa y perdió la ciudad. Los cristianos retrocedieron desde la desembocadura del Tajo hacia el Norte. Alfonso VI procedió a un reajuste en los mandos militares del Oeste. Raimundo de Borgoña fue trasladado a Zamora, desalojando de aquí a Pedro Ansúrez, a quien se ofrecieron importantes compensaciones en Castilla, como Madrid, Cuéllar y Simancas. Fue entonces cuando el conde fundó o repobló, en la confluencia del Esgueva y Pisuerga, Valladolid, villa señorial, empleando al menos en parte campesinos catalanes atraídos por Armengol V, conde de Urgel, yerno de Ansúrez. En el Territorium portucalen.se fue instalado, en 1095, el otro yerno de Alfonso VI, Enrique de Borgoña. Herculano entiende que se dieron entonces a Enrique y Teresa el gobierno del territorio y también los bienes patrimoniales pertenecientes a la corona. Paul Merêa, en cambio, ve una simple cesión señorial iure hereditario, de las tierras situadas entre el Miño y el Tajo, frontera perdida. En cualquier caso no se trataba de segregación. Pero, por un hecho ilegal, según piensa Damião Peres, llegó a convertirse en auténtica separación.

La conquista de Huesca

A pesar de la victoria lograda por el Cid —fue enviado a Alfonso VI el quinto del botín— la conciencia cristiana era de fracaso frente a los almorávides. Esto trajo consecuencias muy importantes: la idea imperial castellana se convirtió en fórmula vacía y los pequeños poderes pirenaicos, comprimidos por la gran expansión, desde el Atlántico al Mediterráneo, volvieron a sentirse en libertad para avanzar a costa del Islam. La posición de Rodrigo en Valencia era bastante precaria; jefe cristiano de un ejército de ocupación, se hallaba en permanente minoría y necesitado de apoyos firmes en retaguardia. En mayo de 1095, tras largo proceso, se demostró la culpabilidad de Ben Chahhaf en la muerte de al-Qádir; en su poder se halló el famoso ceñidor de Zobeida. El cadí murió en la hoguera. Sin pretenderlo, acaso, Rodrigo le convertía en un mártir y sembraba el temor y el desconcierto. Estalló un motín que fue necesario reprimir con mano dura y muchos habitantes huyeron de la ciudad buscando la protección de los almorávides. Los castellanos, rompiendo las condiciones que ellos mismos ofrecieran, se hicieron dueños de las fortalezas de la ciudad y convirtieron la mezquita mayor en un templo cristiano.

Desde 1094 Pedro I de Aragón, uno de los grandes amigos del Cid, estaba sitiando Huesca, del reino de al-Musta‘in. En cumplimiento de los deberes de ayuda al taifa protegido, vinieron tropas castellanas a las órdenes del conde de Nájera, García Ordóñez, pero él musulmán y su aliado fueron vencidos en la batalla de Alcoraz, en la cual hizo sus primeras armas el infante Alfonso de Aragón, que sería llamado el Batallador (18 de noviembre de 1096). Inmediatamente Huesca se rindió. La reducida monarquía aragonesa lograba con ello poner un pie en el llano. Justamente a tiempo, pues Rodrigo estaba solicitando ayuda de su aliado para repeler un segundo ataque almorávide, más peligroso que el primero. Pedro y Alfonso acudieron. Juntos, aragoneses y castellanos liberaron el castillo de Peña Cadiella y, en enero de 1097, causaron tremenda derrota en Bairén a los africanos a pesar de que éstos contaban con el auxilio de una flota.

La situación militar en Levante estaba consolidada. En 1098 Valencia restauró solemnemente su calidad de sede episcopal, siendo su prelado Jerónimo de Périgord, un monje que viniera en compañía de Bernardo de Sahagún. El año anterior Yusuf ben Tashfín había realizado su cuarta campaña, en primavera, teniendo por objetivo Toledo. Alfonso VI sufrió la tercera de sus grandes derrotas en Consuegra (15 de agosto), en donde murió el único hijo varón del Cid, Diego Rodríguez. Con él desaparecía la posibilidad de crear, sobre la base de Valencia, un fuerte dominio paralelo arque estaba formándose en Portugal. Los aragoneses acudieron velozmente a reforzar la guarnición de Toledo. Pero Yusuf no llegó a atacar la capital; después de haber sitiado en Consuegra a Afonso VI durante cierto tiempo, emprendió el regreso a África. También Álvar Fáñez gustó las amarguras de la derrota combatiendo a Ibn Aisha en las inmediaciones de Cuenca.

Pérdida de Valencia

La muerte del posible heredero del Cid tuvo gran importancia. Rodrigo casó a sus hijas con miembros de las dinastías pirenaicas, llamadas de este modo a recoger su herencia. Cristina contrajo matrimonio con Ramiro de Navarra, señor de Monzón; María fue condesa de Barcelona por su matrimonio con Ramón Berenguer III. En plena actividad —el 24 de junio de 1098 había conquistado Murviedro— murió el Cid el 10 de julio de 1099, prematuramente, como señala Menéndez Pidal, quien piensa que contaría entonces alrededor de cincuenta y seis años. Aparte sus hazañas militares, diversamente interpretadas, Rodrigo había representado una manera de pensar y de obrar que iba mucho más allá del simple predominio castellano a que se aferraba todavía Alfonso VI. Aunando voluntades, cristianos y musulmanes, castellanos, aragoneses y catalanes, buscaba oponer un fuerte bloque a la amenaza africana de Yusuf. No en balde el calificativo con que aún le conocemos es la españolización de una palabra árabe. Probablemente tenía una más cabal idea de lo que el Imperio representaba —unidad en la diversidad— que el propio Alfonso.

La lucha contra los almorávides, incesante, acentuaba periódicamente las muestras de debilidad de Castilla. El conde Raimundo de Borgoña, cuya influencia era bastante grande como para elevar a su notario, Diego Gelmírez, a la silla episcopal de Santiago de Compostela (1100), sufría en Malagón una nueva derrota el año de la muerte de Rodrigo. Y, en cambio, Pedro I se adueñaba en 1101 de Barbastro, ampliando su control de las zonas bajas. Yusuf ben Tashfín, al conocer la noticia de la muerte de Rodrigo Díaz, decidió emprender un nuevo ataque contra Valencia. Durante varios meses, Jimena resistió. Pero las fuerzas escaseaban y solicitó de Alfonso un auxilio. Las tropas castellanas llegaron a Valencia en marzo de 1102 ahuyentando a los sitiadores. El monarca convencido de la imposibilidad de defender la ciudad, dispuso que fuera evacuada.

En mayo de 1102 las tropas castellanas emprendieron la retirada, llevando consigo el cadáver del Cid, que iba a ser sepultado en San Pedro de Cardeña. Los almorávides entraron en Valencia. Hasta su muerte, en 1104, Pedro I de Aragón continuó incansable la lucha, conquistando Calasanz y Bolea; le sucedió, con igual empeño, su hermano Alfonso I. Pero ya los almorávides acortaban las líneas: este mismo año de 1104 se apoderaban de Albarracín. Zaragoza estaba al alcance de su mano. Los africanos la envolvían avanzando por el este hasta la llanura de Lérida. Los aragoneses la codiciaban, los castellanos la consideraban como su protectorado y reserva. En los próximos años estaría la clave.

Ramón Berenguer III

Yerno de Rodrigo Díaz, el conde de Barcelona recogió todas las aspiraciones levantinas del castellano. Pero necesitaba ir despacio, apoderarse antes de la desembocadura del Ebro —hacia el año 1100 fortificaba el castillo de Amposta— y refundir los condados catalanes en unidad. Barcelona era la cabeza, pero no dominaba. Urgel, cuyos condes estaban en estrecha amistad con Castilla, era fuerte y podía convertirse en cualquier momento en rival. Armengol IV, el yerno del conde Ansúrez —piénsese en la soterrada rivalidad de los dos grandes linajes castellanos— aspiraba a apoderarse de Balaguer. Murió antes de conseguirlo, pero en 1101 su hijo Armengol V logró la conquista. La pérdida de Valencia causó terribles males a Cataluña: el condado de Barcelona se encontró con tina frontera abierta y Armengol V sufrió una derrota que acarreo su muerte y la pérdida de Balaguer. En 1104 los almorávides eran dueños de Fraga. Gerau Ponce de Cabrera, administrando Urgel en nombre de un niño, Armengol VI, pidió auxilio al abuelo de éste, el conde Ansúrez. El castellano quería recobrar Balaguer y asentar una estrecha alianza entre Urgel y Barcelona. Ramón Berenguer III la firmó, en efecto, pero no pudo prestar auxilios militares porque su situación era también seria; en 1107 o 1108 el condado de Barcelona sufrió los destructores efectos de de una razzia almorávide.

Estos años, de forzosa defensiva en la frontera musulmana, no fueron perdidos para la Casa de Barcelona. Ramón Berenguer reivindicaba la soberanía feudal sobre todos los condados que en otro tiempo constituyeran la Marca. Estaba creando de este modo una entidad política y cultural, Cataluña. La presencia de Bernardo de Toledo, que en calidad de legado del Papa vino a presidir concilios en Gerona y Vich en 1097 y 1098, le fue muy útil pues la Iglesia era el primer gran aglutinante. En 1111 obtuvo por herencia Besalú. Al año siguiente restauró el vasallaje que le debía Bernardo Ató por Carcasona. En 1112, viudo ya de María Rodríguez, contrajo matrimonio con Dulce de Pro venza y obtuvo este condado y las tierras de Millau, Gavaldan y Carlat. Del Ródano al Ebro se dibujaba un estado, que no usaba título de reino, occitánico por su lengua, densamente poblado y fértil en recursos. El Pirineo era su eje. La principal dificultad residía en la excesiva feudalización.

XVII

ÉXITO Y FRACASO DE ALFONSO EL BATALLADOR

El desastre de Uclés

Después de la muerte del Cid, Alfonso I de Aragón era considerado, sin duda alguna, como el más afortunado de los caudillos cristianos. Anteponía sus deberes de guerrero, al modo religioso de las Órdenes militares, a cualquier otra consideración política. Sus éxitos, comenzados en 1096, desempeñan un gran papel en las postrimerías del reinado de Alfonso VI. Las relaciones entre éste y sus dos yernos, Enrique y Raimundo, fuertemente apoyados por los reformadores cluniacenses, no fueron muy cordiales, probablemente a causa del cuidadoso empeño que uno y otro estaban mostrando en afirmar amplios dominios al norte y al sur del Miño. No sabemos en qué momento, pero en cualquier caso antes de 1106 —es decir, mientras había sucesión masculina para el trono de Castilla— ambos firmaron un pacto de ayuda mutua. Alfonso tuvo una gran satisfacción cuando Zaida —bautizada ya como Isabel y titulada reina en algunos documentos— le proporcionó un hijo varón, Sancho, el cual nació probablemente entre 1098 y 1099. Los borgoñones quedaban apartados del trono.

En torno a Raimundo y Urraca, cuyo hijo Alfonso nació acaso en 1105, se estaba formando un fuerte partido en Galicia. Diego Gelmírez era su gran figura: obispo de Santiago de Compostela, aspiraba a convertir la mitra del apóstol en metropolitana e incluso a toda Galicia en un dominio episcopal. Para todo ello necesitaba el apoyo de los reformadores cluniacenses, que podían abrirle las puertas de Roma. Pero en 1107 sus aspiraciones sufrieron un duro golpe con la muerte de Raimundo de Borgoña. Presionó firmemente a la infanta Urraca y a Alfonso VI para salvaguardar, en el hijo reciente, la herencia borgoñona sobre Galicia. Las noticias llegadas a nosotros, principalmente a través de cuatro crónicas —la «Compostelana», don Lucas de Tuy, Jiménez de Rada y el Anónimo de Sahagún— han sembrado de confusión y sentimientos apasionados el relato de los hechos acaecidos en las postrimerías del reinado. Al parecer Alfonso VI, en Curia plena extraordinaria, invistió conjuntamente a Urraca y Alfonso del gobierno de Galicia; en el caso de que la infanta contrajera nuevo matrimonio, el señorío quedaba reservado a Alfonso solo.

Era un trato semejante al que se diera a Enrique de Borgoña y Teresa; de ninguna manera hubo intención de convertir a Galicia en reino independiente. Los nobles del país prestaron acatamiento y el niño fue enviado para su educación a casa de don Pedro Fróilaz, conde de Traba. Este mismo año 1107, en que muere Yusuf ben Tashfín, a quien sucede su hijo Alí, presencia las primeras victorias resonantes de Alfonso el Batallador: Egea, Tauste y Tamarite, cuya conquista le acercaba definitivamente a Zaragoza. La resonancia de su éxito tuvo, muy pronto, fuerte contraste en Castilla.

Alí ben Yusuf había pasado a España, confiriendo a Tamim el gobierno de al-Andalus; puso en Granada su capital e hizo de la guerra santa su objetivo. En la primavera de 1108 un fuerte ejército atacó en la zona del Tajo apoderándose de Uclés. Alfonso VI envió a García Ordóñez, conde de Nájera, a repeler la invasión; ostentaba oficialmente el mando el infante don Sancho, que tenía aproximadamente diez años de edad. En la batalla, dura y difícil, murieron ambos, Sancho y García Ordóñez; el frente se derrumbó y los castellanos perdieron Huete, Ocaña y Cuenca. Acudieron al socorro magnates de todas las regiones, que consiguieron detener el avance, y Alfonso VI creó un mando especial sobre todo el reino de Toledo para Álvar Fáñez, el único capitán en que confiaba.

El matrimonio de Urraca y Alfonso I

Enfermo y viejo, Alfonso VI veía truncarse todas sus esperanzas. Necesitaba reglamentar la sucesión pues el reino se veía ante este hecho inédito de recaer la herencia sobre una mujer viuda. Al parecer Alfonso VI no puso ningún obstáculo a tal derecho, pero desconfiaba de los borgoñones y de toda su política eclesiástica. Muy cautelosamente, Enrique, conde de Portugal, había cubierto las diócesis de Braga, Porto y Coimbra con franceses adictos, Geraldo, Hugo y Mauricio. Emulando a Gelmírez, los obispos de Braga reivindicaban su condición de metropolitanos —siempre admitiendo la primacía de Toledo— y tuvieron en esto el apoyo de la Santa Sede. Enrique hizo un viaje a Roma con tal objeto. En 1109 Gelmírez y Juan Peculiar, obispo de Braga, llegaron a un acuerdo acerca de las diócesis que ambos reclamaban como sufragáneas; sin decirlo, el pacto apuntaba más lejos. Hasta su muerte en 1112 o 1114, Enrique actuaría en Portugal con plena independencia.

Una Curia plena, celebrada en Toledo con ocasión de la campaña contra los almorávides, había examinado el problema del matrimonio de Urraca, del cual dependía el ejercicio del poder real. Ramos Loscertales sostiene que fue el propio Alfonso VI quien escogió al Batallador, «pensando —dice Menéndez Pidal— que este valeroso rey y su descendencia reinasen en León y Castilla, para que, unidos todos los reinos cristianos de España, tuviesen fuerza suficiente contra los almorávides». En la práctica, se trataba de transmitir el Imperio al soberano aragonés; por eso se desconocían los derechos de Alfonso Raimúndez, sin menguar, no obstante, el dominio señorial sobre Galicia. Es posible que el proyecto del emperador tropezase con la oposición de sus nobles, muchos de los cuales patrocinaban al parecer la candidatura de don Gómez González, conde de Candespina. Desde luego hubo importantes concesiones, especialmente el derecho otorgado a la sede compostelana de acuñar moneda, único ejemplo que conocemos de tan completa inmunidad. Pero el matrimonio fue convenido y realizado en setiembre de 1109, en el castillo de Muñó, cerca de Burgos. Alfonso VI no pudo asistir; había muerto el 1 de julio del mismo año.

El pacto de unión y sus consecuencias

Boda celebrada bajo ominosos presagios. Mientras la reina se casaba, Álvar Fáñez tenía que echar mano de todos sus recursos para conseguir detener a los almorávides que, después de haber saqueado Talavera, Guadalajara y Madrid, en una campaña devastadora, estaban atacando con gran ímpetu Toledo (agosto-setiembre dé 1109). Tres grandes fuerzas políticas, cuando menos, estaban interesadas en que el matrimonio fracasase: el clero francés, presidido por Bernardo de Salvetat, cluniacense arzobispo de Toledo, que no quería que fuese mermada la influencia borgoñona; Galicia, bien que con sectores tan opuestos como Gelmírez y el conde de Traba, que preconizaban respectivamente la conservación de la unidad y la segregación de un reino para Alfonso Raimúndez; por último, Enrique y Teresa de Portugal, contrarios a toda idea imperial que representase los principios de la unidad. Por último, en la misma antesala de la cámara conyugal, había rivalidades profundas. El conde Ansúrez, superviviente de los viejos tiempos y, probablemente, uno de los más claros partidarios de la totalidad hispánica, defendía la idea de un gobierno conjunto, es decir, preconizaba la entrega completa del poder a Alfonso I. En cambio Gómez González, el de Candespina, Pedro de Agés, obispo de Palencia, y otros muchos, recordaban que Urraca era la reina propietaria y a ella correspondía —naturalmente con su consejo— tomar las decisiones. Ansúrez fue, al parecer, desterrado.

Una gran comprensión y serenidad, ya que no afecto profundo, hubiera sido necesario para impedir que el matrimonio naufragara. Ni Urraca, sensual, voluble, caprichosa, con el convencimiento de que suya era la corona, ni Alfonso, autoritario, áspero y austero caballero de Dios, estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero el fracaso no puede atribuírseles por completo pues el esfuerzo exigido para vencer los obstáculos era sobrehumano y tampoco cabe alegar que no intentaran realizarlo. Cuando el arzobispo de Toledo declaró que el matrimonio era ilegítimo porque los contrayentes, biznietos de Sancho el Mayor, estaban impedidos por vínculo de parentesco, Urraca y Alfonso firmaron un doble pacto (diciembre de 1109) destinado a reforzar vínculos y resistencia: acordaron resistir la excomunión, si ésta llegaba a producirse, fijaron los límites dentro de los cuales cada uno ejercería la potestad real, reconocieron la unidad de todos los reinos, Castilla y León, Aragón y Navarra, para los hijos que pudieran nacerles y, en caso de no tenerlos, para Alfonso Raimúndez. Era, indudablemente, un pacto de unidad.

Los borgoñones protestaron, sintiéndose perjudicados, e iniciaron movimientos de resistencia que, en ocasión de haber vuelto Alfonso el Batallador a su reino, estallaron en forma violenta. El conde de Traba y sus amigos querían proclamar inmediatamente a Alfonso VII como rey privativo de Galicia. Gelmírez se opuso; aunque no fuese partidario del matrimonio aragonés, quería salvaguardar los derechos de Urraca. La pequeña nobleza gallega, que temía la consolidación de los grandes al amparo de las turbaciones, constituyó una Hermandad defendiendo la autoridad de la reina. Los disturbios se vieron favorecidos por una ofensiva que al-Musta‘in de Zaragoza lanzó sobre la frontera cristiana, llegando a las inmediaciones de Olite. Alfonso I obtuvo en Valtierra (24 de enero de 1110) una de sus brillantes victorias; murió en ella al-Musta‘in, el último taifa.

Pero el Batallador no pudo recoger los frutos de su éxito pues las alarmantes nuevas que llegaban de Galicia le obligaron a conducir sus victoriosas tropas contra los rebeldes. Y, a sus espaldas, los almorávides se apoderaban de Zaragoza, expulsando al hijo del al-Musta‘in, ‘Abd al-Málik Imad al-Dawla. El emperador saqueó los dominios del conde de Traba, presa de justificada cólera. Pero incluso el castigo tuvo efectos contraproducentes pues contribuyó a avivar las discordias intestinas gallegas. Los «hermandinos» apoyaron al Batallador y los burgueses de Lugo buscaron su apoyo en defensa de las libertades municipales. No sabemos qué relación pudo existir entre estos hechos políticos y la desavenencia entre los reyes, que entonces se manifestó por vez primera al retirarse Urraca a León.

Las vacilaciones de doña Urraca

Durante dos años la historia española cobra un ritmo vertiginoso de acciones y reacciones en una guerra civil sumamente difícil de entender. La reina era víctima, seguramente, de terribles dudas, que sus propios consejeros fomentaban. Unas veces parecía inclinarse en favor de la aristocracia gallega, otras de su marido, en ocasiones recordaba sus deberes de madre hacia Alfonso Raimúndez y, en todo momento, le atormentaba la idea de incurrir en las censuras de la Iglesia. Pues en efecto los cluniacenses habían logrado que el Papa Pascual II enviara una declaración de nulidad del matrimonio, la cual fue leída por el arzobispo de Toledo en Sahagún (1110). Urraca, atemorizada, se sometió a los deseos de la Iglesia y, buscando partidarios, llegó a un acuerdo con el conde de Traba y los suyos aceptando la idea de que se diese a Alfonso Raimúndez título de rey.

Esta situación fue brevísima. No podemos decir de quién partió la idea de la desobediencia a las órdenes eclesiásticas y de la reconciliación de la reina y su marido. Alguna indicación hallamos acaso en el hecho de que, en agosto de 1110, al marchar con tropas en auxilio de Alfonso el Batallador, Urraca llevase como capitanes del ejército a don Pedro Ansúrez, don Gómez González de Candespina y don Pedro González, conde de Lara. Las tropas castellanas respondían al espíritu de colaboración expresado en los pactos de 1109. Pero de esta manera cuando el conde de Traba llegó a León, llevando los auxilios convenidos a la reina, se sintió burlado y en ridículo. Los perjuicios de que se quejaba eran verdaderos pues a causa de su ausencia los «hermandinos» pudieron apoderarse del castillo de Cástrelo, cerca de Ribadavia, capturando al niño Alfonso Raimúndez. De momento, no podía pensarse en la coronación de éste.

Los condes de Portugal resultaron favorecidos. En su irritación, el conde de Traba les ofreció una alianza. Pero ellos, cautos, prefirieron de momento conservarse en neutralidad a la espera de nuevos acontecimientos que no iban a tardar en producirse. En efecto, al comienzo del otoño Alfonso y Urraca conocieron la segunda de sus desavenencias. Fue tan violenta que el áspero monarca de Aragón decidió encerrar a su esposa en la fortaleza de El Castellar, cerca del Ebro, y emprender la guerra contra todos los obispos y monjes que se oponían a su matrimonio. Entrando en Castilla con un fuerte ejército, encarceló a los obispos de Palencia, Osma y Orense y expulsó de sus diócesis a los de Toledo, León y Burgos y al abad de Sahagún. Los condes de Portugal se apresuraron a colocarse del lado del vencedor. Pero, en ausencia de éste, los fieles de la reina, Pedro González de Lara y Gómez González de Candespina, dieron un golpe de mano sobre El Castellar y sacaron a Urraca de su prisión. Marido y mujer se enfrentaron sobre el campo de batalla; pero las improvisadas fuerzas de la reina fueron destruidas en la sangrienta batalla de Candespina (26 de octubre de 1110) en la que murió además Gómez González.

La proclamación de Alfonso VII

¿Qué hacer? En pocos meses, Urraca había visto derrumbarse un partido en apariencia bastante sólido, y perdido incluso uno de sus más fieles servidores. Tomó entonces una decisión aún más nefasta, la de proponer a su hermana Teresa de Portugal una entrevista en Monzón a fin de solicitar ayuda. La condesa no puso inconveniente en cambiar de campo aunque sin duda no confiaba mucho. Pero el movimiento cluniacense patrocinaba la separación de los reyes, el apoyo de la Iglesia era decisivo para la consolidación de su dominio y el estado de guerra civil en Castilla favorecía sus planes. No obstante exigió un precio: el condado de Portugal recibió considerables aumentos. Con tales refuerzos, Urraca pudo hacer cambiar la situación militar y sitió a su marido en Peñafiel.

Durante los meses de esta colaboración entre ambas hermanas, en el invierno de 1110 a 1111, Urraca comprendió que había dado un mal paso. Los cortesanos que rodeaban a Teresa la llamaban reina. Si se entregaba Zamora al conde de Portugal, como en Monzón estaba acordado, los borgoñones, fuertemente asentados en el Duero, podrían no sólo asegurar su independencia, sino cerrar el paso a futuras expansiones leonesas hacia el sur. Retirada a Palencia, la reina inició secretos contactos con su marido para provocar una tercera reconciliación y transmitió órdenes a los concejos de esta ciudad y de Sahagún para que recibiesen a Alfonso I. Marido y mujer se reunieron en León emprendiendo a renglón seguido una tarea pacificadora. Teresa y Enrique clamaron la traición buscando la alianza de las facciones gallegas, presentándose como defensores de la Iglesia. Un momento, Urraca y Alfonso se vieron sitiados en Carrión, pero les liberaron prontamente tropas leonesas y castellanas.

Lo que no duraba, en modo alguno, era la concordia en el seno del matrimonio. Definitivamente había que reconocer que Urraca y Alfonso eran incompatibles. A las pocas semanas del cerco de Carrión, ya estaban de nuevo en discordia. Entonces se adelantó Gelmírez a proponer una solución: las dos facciones gallegas podían reconciliarse y apoyar una autoridad que fuese ejercida no sólo en nombre de Urraca, sino también del hijo de ésta, Alfonso Raimúndez, de seis años de edad. Para asegurar el porvenir, el niño debía ser coronado. La reina dio su consentimiento. Los portugueses no podían ser un obstáculo porque, aparte las hábiles relaciones de amistad de Gelmírez con Mauricio, arzobispo de Braga, acababa de producirse una entrada de los almorávides mandados por ‘Ibn Abu Bakr desde el Tajo hasta las inmediaciones de Oporto. Alfonso VII pudo ser coronado solemnemente el 17 de setiembre de 1111 en la catedral de Santiago de Compostela; era un triunfo personal de Gelmírez.

No se trataba de crear en Galicia un reino independiente. Sin duda las perspectivas de nueva descendencia de Urraca parecían demasiado remotas para que pudiera fundarse en ellas el porvenir. Gelmírez y el conde de Traba llevaron inmediatamente sus tropas a León a fin de posesionarse de la vieja capital y promover un movimiento general contra el Batallador. El soberano aragonés les salió al paso en Viadangos, les derrotó y les obligó a regresar precipitadamente a Galicia. Don Pedro Fróilaz cayó prisionero. Gelmírez consiguió huir llevando consigo al niño rey. Castilla y León vivieron años sombríos. En cada ciudad, en cada villa, los bandos se enconaban porque, en la guerra en que la Iglesia estaba de un lado y la monarquía del otro, los municipios creían encontrar la coyuntura favorable para sacudirse el régimen señorial. No hay duda de que tampoco Alfonso estaba a la altura de los problemas. Capaz de vencer en campo abierto, no lo era en cambio de pacificar. El gran beneficiario era Enrique de Portugal; poco antes de morir obtuvo la tenencia de Zamora y de Astorga, que redondeaban sus dominios. Y le bastaba mantenerse en equilibrio entre los dos contendientes para recibir de uno y otro beneficios abundantes.

La separación definitiva

Poco a poco la reina se vio abandonada por todos. No podía ocultársele que era un simple instrumento en manos de sus nuevos amigos de Galicia. El conde de Traba, al recobrar la libertad en 1112, había vuelto a reunirse con Gelmírez y proyectaba una nueva campaña, reuniendo mayores fuerzas que el año anterior. Esta vez, rebasando Astorga, los alfonsinos fueron capaces de vencer al rey de Aragón y, atravesando la Tierra de Campos, llegaron a Burgos, de donde expulsaron una guarnición aragonesa. Pero la reina había quedado atrás; estaba negociando con el abad de Chiusi, legado pontificio en nombre de Paulo II, venido a tratar precisamente sobre la cuestión del matrimonio. Urraca reunió una junta en Carrión para que le asesorase acerca de la actitud más conveniente. Los «hombres buenos» de Carrión intervinieron también para urgir una reconciliación que habría de ser la cuarta y última. Alfonso I aceptó.

Los clamores que esta reconciliación despertó, pueden imaginarse. Gelmírez, que estaba en Burgos, se creyó metido en una trampa. Huyó a Galicia, disfrazado, con toda velocidad y acordó con el conde de Traba una acción en defensa de Alfonso VII, sin Urraca o contra ella. Los acontecimientos que siguen son confusos porque chocamos con desesperante escasez de noticias. La guerra dejaba de presentar grandes líneas para convertirse en una convulsiva serie de escaramuzas y motines; en uno de ellos murió Álvar Fáñez, último superviviente de la gran gesta cidiana, combatiendo oscuramente en las calles de Segovia.

La Crónica de Sahagún atribuye a Teresa de Portugal un papel decisivo en la definitiva separación entre ambos esposos; en 1113 la condesa avisó al Batallador que Urraca proyectaba envenenarle. No sabemos cuál haya sido la verdad. Pero resulta indudable que la cuarta reconciliación fracasó, como las otras. Alfonso estaba harto. Es posible, como apunta Valdeavellano, que las censuras eclesiásticas hayan influido muy poderosamente; al entregar en Soria definitivamente la reina a sus súbditos, el soberano aragonés explicó tan sólo que «no quería vivir con ella en pecado». Los títulos que en diplomas posteriores se atribuye Alfonso I permiten suponer, en opinión de Menéndez Pidal, que hubo un reparto. Por lo menos el Batallador conservó Castilla y que sobre ésta fundaba pretensiones imperiales. Si tenemos en cuenta que, desde la época de Sancho II, Castilla poseía las parias y reservas de Zaragoza, cuya conquista iba a emprender Alfonso I a continuación, hallaremos un argumento nada despreciable en favor de las intenciones que hayan podido impulsarle a retenerla después de la separación definitiva.

El primer golpe al Imperio almorávide: la conquista de Zaragoza

Desde el gran ataque a Toledo, en 1109, los almorávides no habían vuelto a emprender acciones ofensivas sobre los reinos occidentales. Por su parte, castellanos y leoneses estaban suficientemente ocupados con la guerra civil como para no preocuparse de nuevas empresas reconquistadoras. Situación muy distinta es la de la frontera oriental: herederos de la epopeya cidiana, y en estrecho contacto con las actividades mediterráneas, que en espíritu cruzado y aventura mercantil estaban cobrando impulso, Ramón Berenguer III y Alfonso el Batallador eran muy semejantes; la lucha contra el Islam constituía su principal objetivo. La victoria de Valtierra y la conquista de Egea (1110) demuestran el proyecto del monarca aragonés de marchar ya sobre las grandes capitales musulmanas de la cuenca del Ebro, Zaragoza, Tudela y Lérida. Consecuencia del matrimonio provenzal, los catalanes comenzaban a cobrar conciencia de su entidad y a preocuparse por el mar.

Mallorca, nido de piratas musulmanes, gobernada por Mubáshir Nasr al-Dawla, que conservaba su independencia, inquietaba a todos los mercaderes y navegantes de las riberas del Mediterráneo occidental. Una flota pisana que se proponía el ataque a la isla, llegó a Cataluña en arribada forzosa; aquí firmó, el 9 de setiembre de 1113, un acuerdo con Ramón Berenguer III que aseguraba la activa participación catalana y provenzal en la empresa. El conde de Barcelona tuvo el mando y se apoderó, en junio de 1114, de Ibiza, desembarcando luego en la isla principal. Los almorávides intervinieron enviando una expedición contra Barcelona a fin de obligar a los catalanes a regresar. Fallaron en su objetivo y, durante la retirada, uno de los cuerpos expedicionarios sufrió una derrota en Congost de Martorell. Palma de Mallorca sucumbió a los repetidos asaltos y Mubáshir murió. Pero los catalanes no retuvieron la isla; sin duda carecían de los medios necesarios para asegurar su permanencia. Al regresar a Barcelona, Ramón Berenguer hubo de hacer frente (1115) a un nuevo ataque almorávide. La impresión que se recoge de los cronistas parece ser de facilidad en la defensa.

Los catalanes acababan de demostrar el gran interés que sentían por el mar. También el Ebro actuaba sobre ellos como imán. Ramón Berenguer hizo un viaje a Roma para lograr la protección del Papa —hubo una especie de acto de vasallaje— y organizar, con ayuda de las repúblicas italianas, la conquista de Tortosa. No pudo, de momento, cumplir este objetivo, pero en 1118 el Papa restauró la diócesis de Tarragona nombrando a Oleger primer metropolitano. Tampoco en este caso, como en el de Braga, se discutía la primacía de Toledo; pero Cataluña quería tener su propia provincia eclesiástica.

Por este tiempo Zaragoza apuraba sus últimas horas musulmanas. Desde el repudio de Urraca, Alfonso I no había tenido otro objetivo que su conquista, y la de Lérida, prácticamente bloqueadas en 1116. Alí ben Yusuf hizo una expedición a España en 1117 y consiguió dar socorro a Zaragoza, encomendando su defensa a ‘Abd Allah ben Mazdalí. Alfonso respondió promoviendo una verdadera cruzada entre los nobles del Sur de Francia y haciendo un gran esfuerzo. Ramón Berenguer decidió por su parte atacar Lérida; era un auxilio indirecto a los aragoneses pues fijaba la guarnición almorávide impidiéndole acudir a Zaragoza, pero también una reserva porque los catalanes consideraban a Lérida como suya. En pleno invierno Alfonso se apoderó de Almudévar, Sariñena, Gurrea y Zuera. En mayo de 1118, con la llegada del ejército de cruzados que mandaba Gastón de Bearne, que en otro tiempo combatiera en el cerco de Jerusalem, comenzó el asedio.

Era un ejército internacional al que se sumaban contingentes vizcaínos a las órdenes de Diego López de Haro y catalanes del conde de Pallars, el que tenía establecidas sus tiendas en torno a la gran ciudad del Ebro. Para prevenir la posible llegada de refuerzos a los sitiados, se estableció una posición avanzada en Belchite, en donde fue creada una Orden Militar semejante a las que ya funcionaban en Tierra Santa. De hecho el intento que Tamim ben Yusuf realizó para quebrantar el asedio fue fácilmente rechazado y, tras la muerte de Ibn Mazdalí, la ciudad se rindió, otorgándose a los musulmanes condiciones generosas que les permitían conservar las propiedades que antes tuvieran. Alfonso I hizo su entrada en Zaragoza el 19 de diciembre de 1118.

La consolidación de Alfonso VII

Después de la definitiva separación de Urraca y su marido, la más completa confusión parece haberse apoderado del reino. Ni Portugal ni Galicia la obedecían. El Batallador gobernaba la antigua Castilla o, al menos, parte de ella, y Alfonso VII y el conde de Traba cimentaban afectos llevando a cabo operaciones defensivas de gran eficacia en la frontera de Toledo. A partir de 1114 las esperanzas de unidad fueron abandonadas. Diego Gelmírez pensó que no había mejor objetivo que consolidar a Alfonso VII. Le recibió en Santiago con extraordinaria jovialidad y gloria. Urraca acudió con un ejército para someter la rebelión de los consejeros de su hijo e instaló su campo en Mellid, pronta a apoderarse de la ciudad del Apóstol. Sucedían estas cosas el año 1116.

La reina, con gran imprudencia, se aprestó a jugar una carta que, en años anteriores, había visto emplear con éxito a su marido: la clase llana de las ciudades —burguesía, aunque notablemente diferente de las de Flandes o Francia— que en el abandono del régimen señorial veía la suprema esperanza de establecer un gobierno autónomo. Entre Mellid y Santiago mediaron mensajeros y negociadores. El conde de Traba juzgó prudente abandonar la ciudad con su pequeño rey, antes de que se produjera el temido acto de la entrada de las tropas de doña Urraca. Gelmírez, que se había mantenido enhiesto en su sillón episcopal, hubo de encerrarse en la fortaleza, adosada a la catedral, que constituía su palacio. Aprovechando la presencia de la reina, los ciudadanos, clérigos y seglares, se constituyeron en hermandad y derribaron el régimen señorial del obispo. Pedro, prior de los canónigos, y Gudesindo, villico de la ciudad, fueron expulsados a fin de que pudiera establecerse un consejo municipal. El obispo pareció resignarse.

Los sucesos de Santiago despertaron el temor de la nobleza de Galicia, estrechamente agrupada ahora en torno a don Pedro Fróilaz; Urraca, que no estaba en condiciones de someterle, regresó a León iniciando como de costumbre negociaciones en busca de una reconciliación que devolviese la obediencia de su hijo. Gelmírez era otra vez imprescindible. Se aprestó a interponer mediación e influencia, pero cobrando un precio: tendría que ser suprimida la hermandad compostelana y devuelto el señorío a la mitra. Apenas aceptadas por Urraca estas condiciones, logró del conde de Traba un pacto de conciliación por tres años que equivalía a un reparto de zonas de influencia (1116). La reina fue a Galicia y en compañía de Gelmírez entró en Santiago mientras las tropas reales, a las órdenes de Alfonso VII, permanecían a prudente distancia por si su intervención era juzgada necesaria.

Los miembros del consejo municipal y los comprometidos en la Hermandad, temiendo represalias, buscaron refugio en la catedral, acogiéndose al asilo sagrado. Corrió el rumor de que iba a suspenderse o quebrantarse el derecho de asilo y estalló en la ciudad un grave tumulto: reina y obispo se vieron obligados a refugiarse en un campanario al que los amotinados pusieron fuego por la base. Urraca salió a la calle; sin respeto a su calidad ni a las promesas que se le hicieron, fue maltratada y herida. A duras penas llegó a la iglesia de Santa María, reuniéndose con Gelmírez, que había conseguido atravesar disfrazado entre los rebeldes. La reina aceptó cuantas condiciones quisieron imponerle, sin intención alguna de cumplirlas. Apenas fuera de la ciudad, puso en marcha las tropas apercibidas y se apoderó de Santiago.

Ninguna resistencia de consideración se había opuesto. En atención a esto los castigos quedaron reducidos al mínimo y sólo se dispuso el destierro de los principales jefes de la Hermandad. El señorío fue efectivamente restituido al obispo. La causa de Alfonso VII quedaba muy fortalecida; a fin de cuentas él había mandado, bien que sólo de nombre, las tropas pacificadoras. Pero además, en 1119, muerto Pascual II, fue elegido Papa un hermano de Raimundo de Borgoña, Guido de Vienne, que tomó el nombre de Calixto II. Puso un gran interés en el triunfo de la causa de su sobrino. Gelmírez consiguió dos cosas: la elevación de Santiago a Sede metropolitana (27 de febrero de 1120), como sustitución de la de Mérida, aún en poder de los musulmanes, y su propio nombramiento como legado pontificio en toda la Península.

Durante los seis últimos años de la vida de Urraca, la autoridad de Alfonso VII —y a su sombra la de Gelmírez— creció sin descanso. En cierto modo el arzobispo era fiel de la balanza entre madre e hijo. Al cumplirse los tres años previstos en el pacto de Sahagún, la reina entregó a Gelmírez la tenencia de toda Galicia, para que pudiera ejercer el gobierno en su nombre y no en el de Alfonso. El conde de Traba intentó protestar, pero carecía de fuerzas. Por lo demás, el prelado era hábil y eficaz para manejarse entre las tortuosas querellas nobiliarias gallegas. Construía una escuadra, merced a los servicios técnicos de un genovés, Augerio, y lograba con ella una victoria sobre cuatro buques almorávides. Defendía la integridad territorial de Galicia, la tendencia unitaria en la monarquía y, a la vez, los intereses menudos locales. Las fuerzas creadas por Gelmírez expulsaron de Tuy y de Orense a Teresa de Portugal (batalla de Lanhoso, 1121).

En este momento, Urraca pretendió romper el convenio establecido arrebatando al arzobispo su tenencia y encerrándole en prisión. Demasiado tarde: sin Gelmírez, dueño de una importante fuerza militar, ningún gobierno que mereciera tal nombre podía instalarse en Galicia. Urraca hubo de devolverle su libertad. La presencia del conde Pedro González de Lara, consejero, amante o marido de la reina, despertaba aguda desconfianza entre los partidarios de Alfonso. Éste se hizo armar caballero en Compostela, al cumplir los diez y ocho años, y empezó su reinado. Era el año 1124. El 8 de marzo de 1126 murió Urraca en Saldaña y su hijo fue recibido en todas partes sin oposición. En Portugal, Alfonso Enríquez imitaba las acciones de su primo: armándose caballero, se alzaba contra su madre Teresa; el apoyo de la Iglesia, especialmente del obispo de Braga, Paio Mendes, tuvo como consecuencia la división del país.

La consolidación del reino de Zaragoza

Estos ocho años fueron fecundos también en Aragón, al consolidarse el reino de Zaragoza. Se planteaba a Alfonso el Batallador un agudo problema de repoblación, como consecuencia de su conquista; de ella dependía que ésta pudiera consolidarse. Otro factor de importancia era la ocupación de las tierras del Ebro y de las zonas de huerta que tradicionalmente habían constituido la reserva alimenticia cesaraugustana. Ya en enero de 1119 se otorgaron privilegios importantes a los repobladores, a los cuales se invitaba. El 22 de febrero siguiente —según ha podido demostrar Lacarra, y no antes de la conquista de Zaragoza como tradicionalmente se venía afirmando— Alfonso se apoderó de Tudela, a la que siguieron rápidamente las demás villas del Ebro: Tarazona, Borja, Épila y Ricla. En 1120 los aragoneses pusieron cerco a Calatayud.

Sólo entonces, Alí ben Yusuf, que había tenido que venir a España a causa de una revuelta que se había producido en Córdoba, decidió enviar un ejército que, liberando Calatayud, frenara el avance cristiano. Las cosas sucedieron de un modo muy distinto pues los almorávides experimentaron una derrota en Cutanda (1120) que echaba por tierra el poco prestigio militar que aún conservaban. Los aragoneses pudieron apoderarse de Calatayud y de Daroca constituyendo una amplia frontera militar para seguridad de la zona. Rematando su espíritu de cruzado, Alfonso hizo construir entre Calatayud y Daroca el castillo de Monreal.

El declive almorávide era ya evidente. La propia población de al-Andalus mostraba el descontento. Se había aceptado a los africanos, con su rígido malequismo intolerante y la rudeza de su autoridad, sólo porque brindaban la esperanza de que los ataques cristianos fuesen rechazados. Pero el emperador Alfonso demostraba la inferioridad militar de los ocupantes. En primer término los mozárabes, cuyo número disminuía rápidamente a causa de la intolerancia, tomaron la iniciativa de la revuelta. En 1125 la comunidad cristiana de Granada, la más numerosa entonces de al-Andalus, solicitó del monarca aragonés una expedición, ofreciéndole la entrega de la ciudad. En otoño, Alfonso I acudió. No fue posible apoderarse de Granada, pero los expedicionarios recogieron abundante botín y, lo que para ellos era más importante, condujeron catorce mil mozárabes al reino de Zaragoza para emplearlos en su repoblación. Unidades irregulares de almogávares permanecieron en Andalucía todo el año 1127, batiendo a Tamim ben Yusuf en Lucena, acumulando riquezas, destruyendo. Esta campaña movió al soberano almorávide a disponer que fuesen trasladados a Marruecos todos los mozárabes que aún permanecían en la Península.

Madurez política de Cataluña

Del Ebro al Ródano, Ramón Berenguer III había conseguido, hacia 1118, sujetar todas las tierras a su autoridad. Con respecto a las monarquías de Occidente, este dominio era menos homogéneo —el feudalismo provocaba interferencias complejísimas— pero poseía, en la lengua y el derecho, los rasgos distintivos de una comunidad. Ramón Berenguer consideraba a esta comunidad occitánica, Cataluña, como una parte de la España que luchaba contra el Islam. Lérida y Tarragona eran reserva suya y, heredero del Cid, su suegro, afirmaba la voluntad de extenderse, a costa del Islam, por las llanuras litorales mediterráneas. Después de la toma de Zaragoza, extendió su protección a Lérida e impidió que los aragoneses la tomaran. Por mediación de nobles y prelados, el rey y el conde firmaron un acuerdo comprometiéndose a no atacar Lérida; pero Ramón Berenguer comenzó a acercarse a la ciudad repoblando intensamente sus alrededores. Siete años más tarde, en 1126, Ramón Berenguer y Alfonso celebraron una entrevista en que sin duda se hizo referencia a los ámbitos respectivos de la reconquista. Entonces fue repoblada efectivamente Tarragona siendo su primer tenente un caballero normando, Robert Bordet, que había participado en la conquista de Zaragoza.

La adquisición de Provenza comprometía definitivamente a los condes de Barcelona en las querellas del Sur de Francia, iniciando una áspera rivalidad con los condes de Toulouse. Ramón Berenguer, a quien la muerte del conde de Cerdaña, Bernardo Guillermo, había permitido heredar este estado, hizo una alianza con la Casa de Foix, casando a su hija Jimena, nieta del Cid, con Roger III. Pero esta decisión con que abrazaba el enfrentarse con los problemas del Pirineo, restaba fuerza para las otras dos grandes tareas del principado: el desarrollo mercantil de Barcelona, al amparo ahora de la alianza con Génova, y el avance hacia el Sur. Las luchas entre Cataluña y Toulouse, muy duras, dieron origen a amplios sistemas de alianza. Alfonso Jordán, conde de Toulouse, dispuso de un aliado, Bernardo Atò, que le permitió controlar Carcasonne, en el centro de los dominios de su rival, y acabó imponiendo el acuerdo de 1125 para el reparto de Provenza entre él y Barcelona. Servía de límite el río Durance. Tal vez este acuerdo inspiró a Ramón Berenguer la decisión de repartir sus dominios, plegándose a la costumbre feudal y reconociendo al mayor como heredero de Cataluña y al menor de Provenza.

Pero es indudable que lo que ya no podía producirse era la división de la tierra estrictamente catalana. Santiago Sobrequés ha resaltado la significación que tiene el que, por estos años, se haya dado redacción definitiva a los Usatges. Indica un aumento de la autoridad condal y también una consolidación de los lazos que unen a la comunidad. A veces Ramón Berenguer tuvo que apelar a la fuerza hasta someter a tantos señores rebeldes, o incluso a una guerra en el caso de Ampurias, en la que se mezclaban intereses territoriales y mercantiles. Pero en general prefirió otros procedimientos, de compromiso o compra de derechos. El final es siempre el mismo: el conde-príncipe de Barcelona, rey de Cataluña sin título de tal, establece los derechos soberanos que a él corresponden o que se irroga como descendiente de los antiguos marqueses y sustituto del soberano francés. Indirectamente Barcelona se convertía en la capital del principado.

Las paces de Támara

Dos días después de la muerte de su madre, Alfonso VII entraba en León (10 de marzo de 1126) y asumía el título de emperador. Alfonso I estaba en Andalucía. Un doble conflicto amenazaba, pues la dualidad del título imperial parecía imposible y el monarca aragonés seguía detentando el dominio de gran parte de Castilla, por lo menos Burgos, Carrión y las fortalezas del Duero. Con la impetuosidad de sus veintiún años, Alfonso VII invadió Castilla a principios del año 1127 y sus tropas se apoderaron del castillo de Burgos el 20 de abril. Alfonso I tuvo que acudir en defensa de su frontera amenazada. Pero no hubo lucha porque la mediación de Gastón de Bearne y Céntulo de Bigorre lo impidió haciendo que los dos contendientes firmasen un acuerdo en el valle del Támara (julio de 1127).

En estas paces había ante todo el reconocimiento de ciertos límites. Alfonso VII renunciaba a las conquistas hechas por Sancho II en la zona del Ebro —lo que suponía un refuerzo a la legitimidad de la posesión aragonesa del reino de Zaragoza— y la frontera se fijaba aproximadamente en la línea que tenía en 1067. Pero además Alfonso el Batallador renunciaba al título imperial reconociendo que éste pertenecía al joven monarca de Castilla y León. Es, para Menéndez Pidal, la afirmación de un fuerte sentimiento de unidad. León, y sólo León en cuanto continuadora de la tradición visigótica, tenía derecho a proporcionar a sus soberanos el título de emperador. La renuncia de Támara era expresiva: Alfonso I ponía fin a su papel como cabeza de la comunidad hispánica, el cual pasaba a Alfonso VII porque ya era, sin lugar a dudas, el legítimo heredero de su abuelo Alfonso VI.

XVIII

EL IMPERIO DE ALFONSO VII

La sumisión de los rebeldes

Por vez primera, el siglo xn nos proporciona una verdadera crónica, la de Alfonso VII, que presenta diferencias radicales de calidad respecto a las antiguas fuentes historiográficas. Es la demostración de un grado de madurez, alcanzado incluso en el orden político pues Alfonso aparece en ella como el emperador por excelencia. Su coetaneidad con los Hohenstaufen debe ser tenida en cuenta. Sin embargo, la autoridad no llegaba a sus manos como simple transmisión de poder: entre la cúspide imperial de Alfonso VI y las paces de Támara habían ocurrido hechos muy importantes, como la derrota frente a los almorávides y el desastroso gobierno —si así puede llamarse— de doña Urraca. Los cuatro años que siguen al reconocimiento del título imperial son de lucha interior y sometimiento de los rebeldes.

En primer término, Portugal, en donde las discordias entre la condesa y su hijo alcanzaban entonces su mayor gravedad. Teresa llegó alguna vez a titularse reina. Se había convertido en la amante de Fernando Pérez, conde de Traba, y tenía apoyos entre la nobleza gallega y aragonesa abundante en su Corte. En 1127 Alfonso VII invadió Portugal llegando hasta Guimaraês, la antigua capital de Enrique de Borgoña; allí los caballeros del séquito de Alfonso Enríquez rindieron vasallaje al emperador en nombre de su señor. Luego las tropas leonesas se retiraron. Indirectamente este hecho de armas benefició a Alfonso Enríquez, cuya revuelta contra Teresa —una vez reglamentado su propio vasallaje al rey de León— parecía legitimarse. En 1128, vencida en la batalla de San Mamede, cerca de Guimaraês, Teresa hubo de huir junto con su amante, refugiándose en Galicia. Alfonso Enríquez tuvo la posesión de todo el condado.

En este tiempo, absteniéndose de intervenir en una querella que no creía perjudicial, Alfonso VII se casaba con Berenguela, hija de Ramón Berenguer III. El matrimonio era casi una alianza preventiva contra el rey de Aragón que, pese a lo acordado en Támara, retenía algunas fortalezas castellanas que Alfonso consideraba suyas. Pero era también producto de los Cabrera, vizcondes en Urgel, que manejaban la herencia de Armengol y de los Ansúrez. La influencia catalana se fortalecía. En estos momentos el emperador debió juzgarla muy conveniente. Hasta 1132 estuvo enfrascado en luchas contra los antiguos partidarios de Urraca, especialmente Pedro y Rodrigo González de Lara y Gonzalo Peláez, de Asturias. También hubo discordias con Alfonso el Batallador; al menos en 1131 el emperador ocupó Castrojeriz, que estaba ocupado por tropas aragonesas.

Castilla reanuda la lucha contra los almorávides

Alfonso VII estaba decidido a compartir con el rey de Aragón las glorias de la reconquista. El momento parecía favorable. Después de las grandes campañas de 1128 y 1129, que le permitieron repoblar Almazán y Monreal y apoderarse de Molina de Aragón, el Batallador había interrumpido sus operaciones para acudir en auxilio del fiel Gastón de Bearne, al otro lado del Pirineo. Gastón aspiraba a la herencia del difunto García Sánchez, vizconde de Labourd, y Alfonso tenía intereses vitales que defender en este estado feudal limítrofe de Navarra. La empresa, que ocupó los años 1130 y 1131, terminó en un fracaso por muerte de Gastón de Bearne. Durante el largo cerco de Bayona, Alfonso I redactó un testamento en que incluía ya la sorprendente cláusula de reconocer como herederas de todos sus reinos a las Órdenes Militares. Luego regresó a su reino.

En ausencia del rey había muerto el último taifa, ‘Abd al-Málik, en su refugio de Rueda, adonde se había acogido después de la expulsión de Zaragoza por los almorávides. Sucedió en el gobierno de sus reducidos dominios —que Alfonso I no había creído necesario inquietar— su hijo Abu Cha‘far Ahmad ben Hud, que tomó el calificativo de Sayf al-Dawla, «espada del estado», que nuestros cronistas convirtieron en Zafadola. Descendiente de una pura estirpe andalusí, Zafadola era hombre de gran ambición; aspiraba, nada menos, que a canalizar el movimiento de descontento y revuelta que se producía ya entre los musulmanes españoles contra los dominadores almorávides. Este programa, al-Andalus para los andalusíes, que vemos formularse repetidamente en los siglos XII y XIII hasta cristalizar tardíamente en la dinastía nasrí de Granada, no podía ser realizado sin poderosas ayudas militares. Zafadola acudió al emperador, ofreciéndole la entrega de Rueda, de vital importancia para las aspiraciones castellanas sobre el Ebro, a cambio de una base de operaciones en la frontera del Tajo. Aceptado el trato, el musulmán se convirtió en vasallo de Alfonso VII (1131). El Imperio hispánico se perfilaba a una nueva luz, como agrupación de reinos vasallos bajo la alta dirección del soberano de León.

La colaboración de Zafadola tuvo resultados muy notables. Los castellano-leoneses volvieron a tomar la iniciativa de la guerra contra los almorávides. En 1132 dos ejércitos penetraron en territorio musulmán, partiendo de Salamanca y de Toledo respectivamente. El segundo, a las órdenes de Rodrigo de Lara, llegó hasta las inmediaciones de Sevilla, capturando espléndido botín. En 1133 el propio Alfonso VII y Abu Chá‘far ben Hud realizaban una amplia campaña, hasta cerca de Cádiz, con objeto de galvanizar la resistencia contra los almorávides. Todo estaba preparado para un levantamiento y Zafadola confiaba en la ayuda material del emperador.

Muerte de Alfonso I

Vuelto a su reino, el Batallador se mostró indiferente a estas cuestiones. Estaba intentando completar su obra atacando Lérida y el bajo Ebro, ahora que la desaparición de Ramón Berenguer III (1131) le liberaba de compromisos. Mientras, asediaba Mequinenza, que acabó por rendirse en 1133, el monarca organizó una flota al objeto de apoderarse de todo el tráfico fluvial del Ebro. Fraga fue sitiada el mismo año. Resistió con tanta tenacidad que dio tiempo a que los almorávides organizaran un ejército de socorro movilizando los contingentes de Valencia, Córdoba y Lérida. El 19 de julio de 1134, Alfonso fue derrotado por vez primera. Estaba herido o enfermo cuando levantó el cerco de Fraga, retirándose. Murió poco después, en el mes de setiembre.

En diversas ocasiones, Alfonso I había redactado dos testamentos; ambos contenían la misma cláusula de dejar la herencia del reino a las Órdenes Militares, como restitución a Dios de cuanto de Dios había recibido y en satisfacción de sus pecados. Pero esta postura religiosa pugnaba con los nuevos conceptos políticos. Era un arcaísmo disponer de una comunidad de hombres como si fuera propiedad privada. Por eso nadie pensó en cumplir tales disposiciones. Los nobles aragoneses, reunidos en Jaca, decidieron reconocer como rey al único hermano del difunto, Ramiro, que había sido abad de Sahagún, obispo de Burgos y Pamplona y, en estos momentos, prior de San Pedro el Viejo de Huesca y obispo de Barbastro. Ramiro aceptó, para bien del pueblo —es decir, como reconocimiento de la comunidad del reino— y para defensa de las libertades eclesiásticas en el sentido de la reforma gregoriana. La nobleza navarra se sintió desligada de todo compromiso y reconoció un rey distinto, García Ramírez que, por su madre, era nieto del Cid, y por su padre biznieto de García Sánchez.

Alfonso VII reclamó también, al menos, una parte de la herencia. No parece que pudiera invocar el acuerdo antiguo entre Alfonso I y Urraca, pues en las paces de Támara ninguna alusión sucesoria se había hecho. Pero afirmó, desde luego, su derecho sobre las tierras castellanas, vascas y riojanas que Alfonso I retenía y sobre el reino de Zaragoza, que era del vasallaje castellano. Y Zafadola acababa de reconocerlo. Sin pérdida de tiempo, el emperador dejó que hablaran las armas: sitió Vitoria, recibió a García Ramírez como vasallo por Navarra, ocupó Nájera e hizo su entrada solemne en Zaragoza (26 de diciembre de 1134) en donde fue recibido con enorme entusiasmo porque la población, en gran parte de origen castellano, temía que fuera a producirse un ataque de los almorávides. Parece que Alfonso VII llegó a apoderarse también de Tarazona, Calatayud y Daroca. Ramiro II huyó a Besalú. El emperador dio a García Ramírez la investidura de Zaragoza.

El matrimonio catalán

Las dudas que pudieran quedar acerca de la intención de Ramiro II de conservar el trono, pronto se disiparon. El viaje a Besalú obedecía al proyecto de contraer matrimonio con Inés de Poitiers, sobrina del conde de Toulouse, que ya era viuda. No hubo dispensa pontificia; al contrario, Inocencio II concibió tal indignación que ordenó a Alfonso VII que hiciese cumplir el testamento del Batallador. Pero éste no tenía interés alguno en entregar los estados de la Corona de Aragón a las Órdenes Militares. Lanzado a una carrera por el establecimiento definitivo del Imperio, quería dar a éste una solemnidad paralela a la entrada en vasallaje de todos los demás monarcas peninsulares. El 2 de junio de 1135 se había hecho coronar con toda pompa en León; recibió la encomendación de García Ramírez ahora por el reino de Zaragoza como antes por el de Navarra. En adelante constataremos un empeño creciente por parte del soberano de León para lograr de estos reyes vasallos la asistencia a la Curia y, en definitiva, para extender a toda España la validez de sus decisiones.

Me parece, pues, evidente que Alfonso VII no aspiraba en modo alguno a incorporar territorios en régimen de anexión y sí solamente a lograr el sometimiento de vasallos. Por eso no podía dar oído a las exhortaciones de Inocencio II. Negociaba. A fines de 1135 o principios de 1136 el nacimiento de Petronila, hija de Ramiro y de Inés de Poitiers, abría nuevas perspectivas. En una entrevista, celebrada en agosto de 1136, Alfonso y Ramiro se reconciliaron acordando el matrimonio de la recién nacida con el primogénito de Castilla, Sancho. El emperador entregó el reino de Zaragoza a Ramiro recibiendo de él el homenaje correspondiente. Esto provocó una ruptura con García Ramírez, lícita desde el punto de vista feudal porque se le privaba, sin causa, de un beneficio otorgado.

García Ramírez y Alfonso Enríquez se unieron contra el emperador. En consecuencia hubo una guerra en dos frentes. No era la primera vez que los portugueses atacaban; a despecho del homenaje prometido en 1127, el conde de Portugal se mostró sumamente inquieto influyendo sin duda la enemistad personal que le separaba de Fernando Pérez de Traba, amante de su madre. Dos entradas en Galicia habían terminado en sendas derrotas de Portugal. Ahora, aprovechando los encuentros que fijaban parte de las tropas castellanas en Estella y Tudela de Navarra, Alfonso Enríquez se apoderó de Tuy. Nuevamente vencido, aceptó un acuerdo (Tuy, 4 de julio de 1137) abandonando Galicia. Un ataque musulmán, que arrasó Leiría, la avanzada de Coimbra, favoreció a los gallegos y leoneses. Nuevamente el emperador exigió un acto de homenaje.

Mientras Alfonso VII se debatía en estos menudos problemas fronterizos, un legado del Papa, el cardenal Guido, aportaba la fórmula definitiva para resolver la herencia del Batallador. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, que era templario, recibía de las Órdenes Militares una especie de depósito de sus derechos; él se encargaría de efectuar las adecuadas compensaciones económicas. A pesar de la enorme diferencia de edad se celebraron solemnes esponsales entre el conde y Petronila, en Barbastro, el 11 de agosto de 1137. De acuerdo con las normas del derecho feudal había un marido con capacidad para ejercer la autoridad real; el 13 de noviembre Ramiro depositó en manos de su yerno la corona con el título de rey que le pertenecería aun cuando Petronila muriese antes que él y sin descendencia. Luego, el monarca aragonés descendió del trono y regresó al convento. Había cumplido la misión de salvar la monarquía.

La reconciliación con Castilla

Desde la muerte de su padre, Ramón Berenguer IV gobernaba un complejo de estados catalanes, Barcelona, Ausona, Manresa, Gerona, Besalú, Vallespir, Funullá, Perapertusa, Cerdaña, Conflent, Carcasona y Rodez. Los aragoneses le preferían porque, desconfiando de las fórmulas matrimoniales que tan mal resultado dieran en el caso de Urraca, consideraban como garantía su buena fama. Respondió a ella. Haciendo equilibrios políticos de buena ley, logró la convivencia de dos comunidades que tenían a lo sumo intereses económicos y militares parejos, pero se distinguían en lengua, costumbres y tradición histórica. No quiso usar el título de rey, sino sólo de princeps et dominator Aragoniae.

Los dos principales problemas, la concordia con su cuñado Alfonso VII y la satisfacción de las pretensiones de las Órdenes Militares, fueron por él resueltos dentro de un espíritu de concordia y paz. El mismo año 1137 Ramón Berenguer visitó al emperador en Carrión, prestándole homenaje. Luego ofreció su ayuda militar contra García Ramírez, hasta obligarle a hacer la paz renunciando a sus sueños de recibir Zaragoza. El hecho era importante: se cerraban a Navarra las fronteras con el Islam. El 16 de setiembre de 1140 se firmó un acuerdo con Raimundo, maestre del Hospital, en nombre de su Orden y de la del Santo Sepulcro, las cuales renunciaron generosamente en el príncipe como su administrador más idóneo. No así el Temple; su renuncia (noviembre de 1143) fue a cambio de algunos alodios, el diezmo en todo el reino y la quinta parte de las tierras que fuesen conquistadas al Islam con su ayuda. El poder y riqueza de los templarios en Aragón crecieron de modo extraordinario. El Papa se mostraba reacio a legalizar una situación que procedía del discutible matrimonio de un clérigo sin dispensa. Aunque de hecho aceptara la autoridad de Ramón Berenguer IV sobre todos los dominios de su mujer, no fue hasta 1158 que Adriano IV le dio tratamiento de rey y extendió a todos sus estados la protección de la Iglesia.

Independencia de Portugal

Se justifica el orgullo de la Cronica Adefonsi imperatoris cuando afirma que «los límites del reino de Alfonso, rey de León, se extendieron desde el magno océano, que baña la tierra del patrono Santiago, hasta el río Ródano»; hay una significativa omisión de Portugal en donde las frecuentes treguas no lograban la deseada estabilidad. Bien al contrario, una de las consecuencias de los graves conflictos armados de esta primera mitad del siglo XII, será la conversión de Portugal en reino, ataque a fondo a la teoría del Imperio hispánico y contribución decisiva, tanto o más que la creación del conjunto catalano-aragonés, a la tendencia a estructurar la península en Cinco Reinos.

Alfonso Enríquez perseguía tenazmente la fundación de una comunidad que podríamos llamar nacional si este término, aplicado a la Edad Media, no fuera abusivo. La Iglesia desempeñó un papel primordial; era imprescindible fundir las tres diócesis de Braga, Oporto y Coimbra en una sola provincia bajo la presidencia de la primera para afirmar su calidad de metropolitana. Frente a Toledo y frente a Santiago, las otras metropolitanas, el conde hizo jugar la influencia de sus protectores cluniacenses. Contó con el apoyo decidido de dos eclesiásticos de gran talla: Paio Mendes, arzobispo de Braga, y João Peculiar, obispo de Oporto antes de suceder a aquél en la metrópoli. La fundación del monasterio de Santa Cruz de Coimbra fue también parte de una maniobra enderezada a dotar al condado de clérigos regulares propios. Naturalmente, el apoyo de la Iglesia hubo de pagarse; en 1143 el legado cardenal Guido, que logró el tratado de Zamora, de que pronto hablaremos, impuso un contrato de vasallaje de Portugal hacia la Santa Sede. El poder de los obispos fue gigantesco.

Más allá de Coimbra comenzaba la frontera. Perdido en 1137, el castillo de Leiría había vuelto a reedificarse, en la altura, dominando el país que los cristianos llamaban Estremadura, el nuevo Portugal que, a las poblaciones del Duero, parecía más fértil porque, como ha podido establecer Gama Barros, la densidad demográfica en el condado era bastante alta. Los cronistas afirman que fue después de una victoria lograda sobre los musulmanes en Ourique (Aulic) el 25 de julio de 1139, cuando Alfonso Enríquez decidió tomar el título de rey aclamado por sus nobles. La noticia no es exacta; Paul Merêa ha descubierto un documento de marzo de este año en que figura Alfonso Enríquez con título real y, desde luego, la batalla no se libró en Alemtejo, como los cronistas tardíos pretenden. Pero no deja de ser significativo que, en la tradición posterior, la conversión de Portugal en reino venga asociada a la lucha contra los musulmanes. En los años siguientes, aprovechando la crisis irremediable de los almorávides, Portugal podrá extenderse ampliamente hacia el Sur, buscando ya la línea del Tajo.

Más importante que la batalla de Ourique es, en este orden de cosas, el tratado de Zamora. Una vez más las hostilidades entre Portugal y León habían vuelto a producirse en 1139. Terminaron con una tregua al año siguiente, sin duda mal observada. ¿Hubo negociaciones? No lo sabemos. Pero cuando en 1143 el cardenal Guido actúa en la Península procediendo a la organización eclesiástica de Portugal, hace valer su mediación entre ambos contendientes y logra una entrevista entre los dos Alfonsos en Zamora, de la que salió de hecho, el reconocimiento de la independencia portuguesa y la fijación definitiva de límites entre Portugal y Galicia. La época de las guerras continuas se cierra y, en adelante, cada reino busca en la reconquista su tarea. El mismo año, Alfonso VII hacía la paz con García Ramírez de Navarra, casando a éste con su hija bastarda, Urraca.

El movimiento almohade

El fundador de esta nueva secta, llamada a destruir y suplantar a los almorávides, fue Muhámmad Ibn Tumart, de la tribu de Ait Argan, en el anti-Atlas. Estudiante en Córdoba con discípulos de Ibn Hazm, estuvo en Alejandría. Una leyenda pretenderá luego que hubo un encuentro en Bagdad con al-Gazzal a fin de presentar, ya desde el principio, la doctrina almohade como una reacción contra el rígido malequismo de sus adversarios. Las escuelas orientales dieron a Ibn Tumart sus tres doctrinas básicas: el cumplimiento de los mandamientos de Allah debe exigirse sin vacilación alguna, sin sentimiento; Dios único, espíritu, Allah no tiene relación alguna con las criaturas y no puede ser representado por la razón; sólo las escrituras, directamente, proporcionan las fuentes de la verdad, cosa que no logra ninguna interpretación. En Alejandría probablemente entró en contacto con las creencias en el Mahdi, salvador oculto. Él se presentaría luego como tal.

Después de haber intentado predicar esta doctrina, sin éxito, en todas las ciudades africanas, desde Trípoli a Marrakesch, se refugió en el Atlas, en donde un grupo de adeptos y contribuios le reconoció como Mahdi (1120). Su característica era la crueldad con que se trataba a los insumisos. En Tinmallal, al sur de Marruecos, la población fue pasada a cuchillo antes de instalar a los fieles y fijar en ella la residencia santa del reformador (1124). La secta se organizó en jerarquía rígida, dirigida por los diez consejeros de confianza (ait ashna) y los cincuenta representantes de las tribus (ait jamsin). A sus miembros se les llamaba unitarios, al-muwahhidún, palabra que ha dado origen al castellano almohades. La presión ejercida en España por Alfonso el Batallador, impidió a los almorávides sofocar debidamente la revuelta, y ésta creció gracias sobre todo a las dotes militares de un caudillo zeneta, Abu Muhámmad ‘Abd al-Mu‘min, que después de la muerte de Ibn Tumart tomó el título de Amir al-Mu‘minín, emir de los creyentes.

No sabemos en qué fecha se produjo la proclamación de ‘Abd al-Mu‘min como khalifa, pero sin duda existió cierto interregno después de la muerte de Ibn Tumart (1130). Hasta 1141 la guerra entre almohades y almorávides —éstos utilizaban mercenarios cristianos, sobre todo a un famoso Reverter que no es otro que Roberto, vizconde de Barcelona— no superó la forma de guerrilla. ‘Abd al-Mu‘min se convenció de que con sus solas fuerzas no podría vencer y decidió emprender una expedición a las lejanas tierras del norte, de donde era originario, para arrastrar a las tribus zenetas. El ejército almohade llegó hasta Tremecén aumentando el número de sus adeptos. Después de la muerte de Alí ben Yusuf (enero de 1143), el nuevo monarca almorávide, Tashfín, quedó bloqueado en Orán y murió cuando intentaba escapar a una trampa (1145). En dos años los almohades se hicieron dueños de las capitales del adversario, Fez, Mequínez, Agadir, Salé y Marruecos, empujando a los almorávides a sus zonas extremas.

La nueva división de al-Andalus

En medio de grandes dificultades, Tashfín había tomado una decisión fatal durante estos breves meses de reinado: retirar las tropas andaluzas, aquellas que había tenido precisamente bajo su mando hasta el momento de la muerte de su padre. El frente militar, que había venido debilitándose bajo el peso de la ofensiva castellana, se derrumbó. El gran ataque había sido desencadenado por Alfonso VII en 1139 con el cerco de Colmenar de Oreja, rendida en octubre. Una tradición pretende que los almorávides trataron de levantar el cerco atacando Toledo en donde estaba la reina Berenguela, con sus mujeres, en la muralla; la reina habría reprochado a los musulmanes la acción poco caballeresca, pues hombres les aguardaban para combatir en Colmenar y mujeres en Toledo. En 1142 era tomada Coria y en 1143 Munio Alfonso, al mando de la guarnición de Toledo, derrotaba cerca de Montiel a los caídes de Sevilla y Córdoba. Sin duda estos éxitos influyeron en la condescendencia mostrada respecto a Portugal en Zamora. El emperador necesitaba tener las manos libres para hacer triunfar la causa de Zafadola. Ya eran visibles las señales desintegradoras en el estado almorávide.

Imperio militar, los almorávides habían sido incapaces en todo momento de crear una sana economía. Y ahora, perdida Zaragoza, fracasados en Toledo, anunciándose cada vez más victoriosa la reacción cristiana, también fracasaban en el terreno militar. De su régimen no quedaban más que las aristas desagradables, la intolerancia estrecha de los alfaquíes, la persecución contra los infieles y la corrupción de los generales. El descontento era universal. Por eso prendió fácilmente la predicación de una secta sufí, la de los adeptos, al-muridín, que tenía grandes influjos doctrinales de al-Gazzal y era predicada por un cierto Abu-l-Qásim ben Husayn ben Qasi que se proclamaba a sí mismo Mahdi. Mezcla de teología musulmana y cristiana, la secta iba más allá que la de los almohades al afirmar que sólo el éxtasis místico permite el conocimiento de Dios. En el verano de 1144 los al-muridín se apoderaron de Mértola, en donde proclamaron el imamato de Ibn Qasi, pero aunque Évora, Beja y Silves se sublevaron también, el movimiento no tuvo el soporte popular necesario para extenderse. Ibn Qasi acabó por dirigirse a África para rogar a los almohades que intervinieran abdicando de sus pretensiones.

El hundimiento del Imperio almorávide dejó en libertad las fuerzas latentes de dispersión; la consecuencia fue un retorno al régimen de taifas. Fracasaron los esfuerzos de Zafadola para evitarlo; sin duda la protección descarada que Alfonso VII le prodigaba en este primer momento, restó adeptos, pues la población sinceramente musulmana temía que, tras el Ibn Hud, se instalara un régimen castellano. Córdoba, que se sublevó en 1144, abrió sus puertas al pretendiente, que tenía acaso la intención de proclamar el khalifato; pocos meses más tarde los propios rebeldes le expulsaron de la ciudad (1 de marzo de 1145), en donde quedó asentado como emir un antiguo cadí de la ciudad, Ibn Hamdín. Murcia se sometió a Córdoba, pero sin darle continuidad territorial, porque Zafadola pudo apoderarse de Jaén y Granada. El mismo año 1145, en guerra rapidísima, Zafadola conquistó Murcia. Sus pretensiones a la totalidad estaban ahora muy rebajadas. Valencia y Málaga eran, a ambos lados de su frontera, reinos independientes.

Fracaso y muerte de Zafadola

Durante dos años, al-Andalus vivió una anarquía espantosa. Los nuevos poderes eran demasiado débiles para imponer la unidad y, volviendo a los antiguos abusos, creaban situaciones que justificaban la nostalgia por el régimen almorávide. Cada uno aspiraba a expansionarse a costa de los demás, sin perjuicio de acudir a antiguos enemigos para lograrlo. El rey de Valencia, Ibn ‘Abd al-Aziz, se apoderó de Játiva y Alicante aprovechando que las fuerzas unidas de Granada y Murcia —es decir Zafadola y el cadí Ibn Abi Chá‘far— marchaban sobre Sevilla con intención de arrancar a los almorávides su última capital. Pero el general Ibn Ganiya, que había conseguido frenar con éxito la revuelta en el Algarbe, causó una derrota decisiva a los andaluces en Almosala. Chá‘far murió y Zafadola hubo de evacuar rápidamente Granada.

Por un momento, derribado en Valencia ‘Abd al-Aziz y en plena derrota Zafadola, pareció que los almorávides se recobraban. Expulsaron a Ibn Hamdín de Córdoba —tuvo que refugiarse en Badajoz— y se fortificaron en el bajo Guadalquivir. La España musulmana se dividía en dos campos, el de los partidarios del régimen almorávide y el de Zafadola, que ofrecía como lema el autogobierno de al-Andalus. Oscuras querellas entre berberiscos y árabes afloraban en esta confusión. Y muchos, que no querían a Ibn Ganiya ni a Zafadola, clamaban por la presencia de los almohades, únicos capaces de oponerse con éxito al avance castellano.

Aprovechando la profunda división que se había producido en el Islam, Alfonso VII intentaba renovar las empresas de su abuelo penetrando en las comarcas levantinas. Se apoderó de Calatrava, fortaleza clave de la Mancha y emprendió el avance sobre Murcia o Alicante. Zafadola salió al encuentro con sus tropas y fue derrotado y muerto en Chinchilla (5 de febrero de 1146). Los colonizadores castellanos pudieron extenderse hasta Sierra Morena aprovechando las luchas internas a que la desaparición de Ibn Hun dio lugar. La próxima etapa podía ser ya el valle del Guadalquivir.

Muhámmad Ibn Mardanlsh

Empleados a fondo en el ataque a Marrakesh (junio de 1146-marzo de 1147) los almohades no podían responder con eficacia a las demandas que desde España se les hacían. Enviaron, en el verano de 1146, un contingente a las órdenes de cierto Barraz, para adueñarse de Tarifa, Algeciras y Jerez, recibiendo la sumisión de los al-muridín. Pero su actitud era prudente: querían adquirir una cabeza de puente en la Península, garantía de futuras operaciones. El estallido de una gran revuelta en 1147 dificultaría aún más el envío de refuerzos.

Ante los almohades, la actitud de la población musulmana fue muy variada. La muerte de Zafadola había sido causa de la división de sus estados —Ibn Farach al-Thagrí se instaló en Murcia, Muhámmad ben ‘Abd Allah ben Sa‘ad ben Mardanish en Valencia—, pero no de la división de su partido. Ibn Ganiya, con las fuerzas almorávides que aún tenía, fuertes tras los pequeños éxitos que obtuviera, trataba desde Sevilla de restablecer la situación, en España y en África. Otros jefes almorávides, lo mismo que muchas poblaciones en donde predominaban los berberiscos, se inclinaban a la sumisión. Pero árabes y muladíes —se consideraban los auténticos andalusíes— no querían que se repitiera un dominio africano. El antiguo cadí de Córdoba, Ibn Hamdín, tomó la iniciativa de pactar con Alfonso VII. Poco después de la batalla de Chinchilla, el emperador salvaba los pasos de la cordillera hacia el Guadalquivir y hacía su entrada en la antigua capital del khalifato (1146). Pero no tenía fuerzas bastantes para sostenerse en ella en el caso de que los almohades se decidieran a avanzar desde Algeciras y prefirió entenderse con Ibn Ganiya devolviéndosela.

Demasiado pronto para que los cristianos avanzasen tan lejos. Había que ocupar antes otras líneas, sobre el Tajo y sobre el Ebro. El gesto de Ibn Hamdín fue un fracaso. El partido andalusí puso su esperanza en Ibn Mardanish, que se vanagloriaba de ser un árabe puro, aunque probablemente por sus venas había una dosis mayoritaria de sangre muladí. Apoderándose de Murcia reunió en su mano los antiguos dominios de Zafadola, pero dio a éstos mayor capacidad combativa. Durante veinte años, oponiendo a los almohades resistencia, desempeñaría un papel decisivo. Los cronistas españoles le llamaron Lope o rey Lobo; vestía y luchaba al modo cristiano y muchas de sus tropas lo eran.

Santarem y Lisboa

También Alfonso Enríquez trataba de aprovechar la ocasión de las discordias musulmanas. Sus fuerzas no le permitían, como al emperador, emprender grandes operaciones; por eso la táctica portuguesa sobresalió en golpes de mano. El 10 de marzo de 1147 el rey salió de Coimbra con una pequeña tropa en la que figuraba Fernando Pérez, hijo de Urraca, y tomó al asalto Santarem ejecutando en sus habitantes una terrible matanza. Pocas semanas después una flota de cruzados alemanes, ingleses, flamencos y normandos, llegaba a Oporto en arribada forzosa (16 de junio de 1147). El obispo de la ciudad y el de Braga les convencieron para que ayudasen a la empresa de conquistar Lisboa, la gran ciudad de la desembocadura del Tajo. El 28 de junio portugueses y cruzados se reunían empezando el asedio. Alfonso Enríquez prometió a sus auxiliares todos los bienes muebles que se adquiriesen en el saqueo de la ciudad y el rescate de los prisioneros.

El cerco de Lisboa fue largo y exigió toda la energía y constancia de que Alfonso Enríquez era capaz. Los cruzados emplearon torres de madera, como en Tierra Santa. El hambre obligó a los defensores, recluidos en el pequeño recinto interior, a rendirse, y los cristianos entraron en la ciudad el 24 de octubre de 1147. También aquí los sufrimientos de la población, que hubo de abandonar sus hogares, fueron muy grandes. Portugal aseguraba la línea del Tajo, lo que representaba la consolidación del reino, por extensión de su territorio, y apuntaba hacia las tierras que estaban más allá del río, es decir, el Alemtejo. Rápidamente las comarcas inmediatas a Lisboa —Sintra, Palmela, Lourinhã, Atouguia, Alenquer, Torres Vedras, etc.—, fueron ocupadas, en general con muy poca lucha. La conducta de los conquistadores cambiaba y se permitía a los musulmanes conservar sus tierras bajo dominio del rey de Portugal.

Almería y Lérida

Genoveses y pisanos iban poniendo cada vez mayor atención en los asuntos peninsulares. Las Baleares y Almería eran, de antiguo, nidos de piratas que dañaban el comercio mediterráneo occidental. Ellos colaboraron con Ramón Berenguer IV e inspiraron a Alfonso VII la idea de apoderarse de Almería partiendo en dos al-Andalus precisamente por la línea que señalaba la separación entre las zonas de influencia africana y andalusí. Fue una empresa imperial porque, además de las naves italianas, concurrieron el conde-rey de Aragón, García Ramírez de Navarra, y hasta Guillermo de Montpellier, que era vasallo de Alfonso. Únicamente los portugueses dejaron de asistir. En la mente de sus contemporáneos causó gran impacto: todos los cronistas son unánimes en ensalzar la campaña almeriense. Sin duda los avances almohades, que acababan de adueñarse de Sevilla, influyeron en el ánimo del emperador. Almería se tomó el 17 de octubre de 1147, seis días antes de la rendición de Lisboa.

Un avance igualmente decisivo se producía en la frontera oriental. El 31 de diciembre de este mismo año Ramón Berenguer IV, contando con los mismos auxilios materiales y espirituales que se emplearan en Almería, conquistaba Tortosa. Inmediatamente emprendía el asedio de Lérida, Fraga y Mequinenza, a fin de eliminar esta cabeza de puente musulmana al otro lado del Ebro; las tres plazas se rindieron en octubre de 1149. La Corona de Aragón ganaba en homogeneidad. Ramón Berenguer estaba demostrando su intención de conservar unidos todos los dominios que ahora se hallaban bajo su cetro. Por eso no adjudicó sus recientes conquistas a Aragón ni a Cataluña, sino que les hizo dependientes directamente de la corona. En 1154 el Papa Anastasio IV decidiría, además, que todas las diócesis de los dominios de Ramón Berenguer, incluso las de Aragón, fuesen sufragáneas de Tarragona.

El tratado de Tudellén

En 1151, muerto García Ramírez, a quien sucedió Sancho IV, llamado el Sabio, Alfonso VII y Ramón Berenguer IV decidieron combatir al pequeño reino pirenaico. Celebraron una entrevista en Tudellén, actualmente un despoblado cerca de Fitero de Navarra, para acordar las condiciones de un reparto. Pero en el acuerdo que se firmo (27 de enero de 1151) no se hizo únicamente referencia a Navarra; Alfonso VII reconocía a Ramón Berenguer y sus sucesores el derecho de conquista sobre los reinos de Valencia, Denla y Murcia aunque sujetos al vasallaje castellano. Y éste funcionaba entonces rigurosamente.

Tudellén era la culminación del Imperio al par que índice de su debilidad. Sancho VI se apresuró a ofrecer su homenaje casando a su hermana Blanca con el infante Sancho de Castilla (1151); fue armado caballero por el emperador y contrajo a su vez matrimonio con una hija de éste. El crecimiento de estos vasallos —el olvido que de sus obligaciones hiciera Alfonso Enríquez— traía cierto equilibrio político a la Península. En un aspecto se había logrado el éxito; había en España conciencia de comunidad, Pero la autoridad del emperador iba transformándose poco a poco en una primacía que tenía más de honor que de eficacia.

Durante los seis últimos años de su vida, Alfonso VII luchó desesperadamente para sostener sus posiciones andaluzas, el peligroso camino que unía a Almería con la retaguardia; pero la marea almohade iba creciendo. En enero de 1149 había muerto Ibn Ganiya cuando se hallaba en negociaciones con los almohades para entregarles los dominios que aún retenía. Ibn Qasi fue muerto por los suyos en 1151 y todos los pequeños taifas de Beja, Évora, Niebla, Badajoz y Tavira fueron anexionados. En 1154 los almohades eran dueños de Málaga y al año siguiente ocupaban Granada. Para gobernar al-Andalus el khalifa ‘Abd al-Mu‘min envió a uno de sus hijos, Abu Yakub Yusuf; no volvió a Córdoba, sino que, imitando a los almorávides, hizo de Sevilla su capital.

Preparada cuidadosamente durante varios meses, la expedición contra Almería se emprendió en 1157. La guarnición cristiana y andaluza no pudo sostenerse en la ciudad y se refugió en la alcazaba, enviando apremiantes demandas de socorro a Alfonso VII y a Ibn Mardanish. El emperador murió el 21 de agosto, cerca de Despeñaperros cuando iba en auxilio de los sitiados. En su testamento, Alfonso VII dividía sus reinos entre sus hijos, dando al primogénito, Sancho III, Castilla y Toledo, y al segundo, Fernando, León y Galicia. El Imperio acaba para dar paso a los Cinco Reinos.

XIX

LOS CINCO REINOS

La herencia de Alfonso VII

Después de la muerte de Alfonso VII desapareció la idea imperial; aunque todavía sus hijos empleen alguna vez el título, lo harán sin pretensiones al gobierno de la totalidad hispánica. Con perspectiva tardía podía verse en el Imperio un esfuerzo realizado por Alfonso VI y su nieto para vencer las tendencias disgregadoras que introdujera la dinastía navarra. Nadie estará en adelante, hasta el advenimiento de los Trastámara, dispuesto a reanudar la lucha. El hecho de que se haya dado Castilla al primogénito demuestra que este reino se consideraba como el más importante. De todas formas, conviene precisar que, aunque antepusiera el título de rey de León, Fernando II tenía el centro de sus dominios en Galicia, asiento de la cabeza espiritual del reino, respecto a la cual Asturias y las cinco ciudades leonesas de Salamanca, Toro, Zamora, Astorga y León resultaban periféricas. Alfonso había tratado de resolver para siempre en favor de Castilla la disputa por las tierras entre Cea y Pisuerga; aunque conocemos mal los límites que se trazaron, sabemos que Asturias de Santillana, Liébana, Saldaña, Carrrón, Cea, Sahagún, Moral de la Reina, Cubillas, Urueña y Tordehumos quedaban del lado castellano, lo mismo que los enormes alfoces de Medina del Campo, Arévalo y Ávila, semejantes a provincias.

A diferencia con lo ocurrido en el momento de la muerte de Fernando I, los herederos no trataron de destruirse, sino de respetarse. Fernando II abandonó en Fresneda el cadáver de su padre y corrió a tomar posesión de su reino, temiendo tal vez un golpe de fuerza por parte de su hermano mayor. En León se reunió acaso con Alfonso Enríquez, muy interesado en el debilitamiento de Castilla (octubre de 1157). Nada más lejos de la intención de Sancho III, que jamás reivindica la unidad. De esta forma la España cristiana se convierte en un ámbito de poder —nadie duda de la existencia de cierta comunidad ibérica, al menos en cuanto a diferencias con el exterior— regido solidariamente por cinco reyes. Ésta es la España de los Cinco Reinos, más equilibrada que antes, con favor para las dos monarquías extremas de Aragón y Portugal.

Menéndez Pidal señala la doble solidaridad dinástica y de objetivos militares que constituye la fuerza de los Cinco Reinos en esta segunda mitad del siglo XII. Todos los reyes, descendientes de Alfonso III y de Sancho el Mayor por líneas que a veces eran muy intrincadas, procuraban mantener con frecuentes enlaces este parentesco. La tarea común era la reconquista. De modo que las disputas no giraban sólo en torno a los límites fronterizos presentes, sino a las zonas que cada uno de ellos había acotado y que se esforzaba en defender y ampliar, sin perjuicio de acudir todos juntos al peligro cuando éste era muy grande. La culminación del sistema será la victoria de las Navas, en la cual Navarra, que ni siquiera tenía fronteras con el Islam, ganó las cadenas de su escudo.

Sancho III. El tratado de Sahagún

Los caballeros templarios, que habían recibido del emperador la fortaleza de Calatrava, aprovecharon su muerte para abandonarla, alegando que no tenían fuerzas bastantes para contener el ataque almohade que se anunciaba. Ante el peligro de que la tomasen los moros, el abad cisterciense de Fitero, Raimundo, y uno de los monjes, Diego Velázquez, promovieron una especie de cruzada y establecieron una guarnición permanente, sujeta, como en Tierra Santa, a la disciplina monástica y militar de una Orden (enero de 1158). Era todo un síntoma: los Cinco Reinos iban a poner en marcha un sistema nuevo de defensa fronteriza. Sancho III se apresuró a confirmar lo hecho dotando a la incipiente caballería de Calatrava de rentas para sostenerse. El rey estaba entonces celebrando una entrevista con Ramón Berenguer IV en Nájima, cerca de Osma (febrero de 1158): Sancho otorgó a Alfonso, hijo de Ramón y su heredero, el reino de Zaragoza después de haber recibido el correspondiente acto de vasallaje, prueba de que éste era una dependencia castellana. También se confirmó entonces el tratado de Tudellén. Límites y amistad, en oriente, se continuaban.

Apresuradamente Sancho hubo de regresar al occidente, en donde habían surgido conflictos fronterizos. Un motín se produjo en Zamora contra el mayordomo real Ponce Gerau de Cabrera, que poseía la tenencia de la ciudad. La mayor parte de sus habitantes la abandonaron amenazando con irse a Portugal si Cabrera no era destituido. El rey accedió y el despojado mayordomo se refugió en Castilla incitando sin duda a Sancho III a invadir León. Es dudoso que haya llegado a producirse guerra; al menos no hubo lucha. Los dos hermanos se entrevistaron en Sahagún, en donde firmaron un acuerdo paralelo al de Tudellén que acababa de confirmarse (23 de mayo de 1158). Sólo a Ramón Berenguer IV y sus descendientes se aceptaba como legítimos soberanos; respecto a Portugal era acordado un reparto; también se fijaron los futuros límites de expansión a costa del Islam. Las tierras en disputa serían depositadas en manos de Ponce Cabrera, Osorio Martínez y Ponce de Minerva. A falta de descendientes legítimos directos, cada una de las dos ramas de la dinastía sucedía a la otra.

Fernando II, «Hispaniarum Rex».

El 31 de agosto de 1158 murió Sancho III, dejando únicamente un hijo, Alfonso VIII, nacido de Blanca de Navarra el 11 de noviembre de 1155. Se anunciaba una minoridad larga y llena de peligros. El difunto había querido dejar a su lado una persona que fuese garantía de sensatez y escogió a Gutierre Fernández de Castro, en quien confluían dos de los mejores linajes de Castilla, el del conde Ansúrez por su madre María Ansúrez y el de García Ordóñez, conde de Nájera, por su mujer Toda Díaz. Pero con este nombramiento entraba en liza el avispero de las discordias nobiliarias, pues detrás de Gutierre estaban su hermano Rodrigo Fernández, llamado el Calvo, y sus sobrinos Fernando, Álvaro, Pedro, Gutierre y Sancha, hijos de éste y herederos de la Casa, pues Toda Díaz no había tenido hijos. Éstos son los Castro, magnates ambiciosos, aventureros de toda laya, entre los cuales destacaría Fernando Rodríguez, el Castellano, que llena medio siglo de historia hispano-musulmana.

Enfrente los Lara, los del emblema de los dos calderos, descendientes de un Gonzalo Núñez, señor de Lara —ellos dirían luego que de los infantes del poema, como los Manrique— enriquecido en Rioja al amparo de la expansión castellana. Sus dos hijos, Pedro y Rodrigo González de Lara, desempeñaron papeles decisivos en el reinado de Urraca. Casado con Eva Pérez de Traba, del importantísimo linaje gallego, Pedro tuvo con ella tres hijos, dignos émulos de los Castro, llamados Manrique, Nuño y Álvaro. No hay duda de que fue marido o amante de la reina Urraca, pues de ella tuvo un hijo Fernán Pérez, que acompaña a Alfonso Enríquez en el asalto de Santarem, y una hija, Elvira, que algunas veces se atreve a llamarse infanta. Éstos son los Lara. Y entre Castro y Lara iba a dirimirse, como en una partida de tenis, la suerte de la corona de Castilla. Buena ocasión para Sancho de Navarra y Fernando II de León, al acecho de saciar su hambre de tierras.

La oposición de los Lara a cualquier gobierno de los Castro —no sabemos qué viejas raíces tenía el árbol de la discordia— era muy viva. El poder de Manrique Pérez de Lara, que había sido alférez mayor, y poseía las tenencias de Ávila, Toledo, Baeza y Atienza, era el más grande de los nobles de Castilla. Ante las presiones y con ánimo sin duda de evitar choques sangrientos, Gutierre Fernández decidió transmitir la custodia del niño a un hijo de García Ordóñez, García García de Daza. Pero la madre del nuevo tutor era Eva Pérez de Traba, la que en segundas nupcias había casado con Pedro González; los Lara eran, por consiguiente, sus hermanastros. La concordia buscada por este procedimiento duró poco más de un año (febrero de 1159-marzo de 1160).

En el nudo de las nuevas disputas que se produjeron estaba la pretensión de ambas Casas sobre el Infantado de Medina de Rioseco, tierra, además, que Fernando II afirmaba debía haberse incluido en su reino. Los Castro huyeron a León en busca de ayuda, mientras Manrique de Lara, abandonando toda ficción, tomaba en su poder al niño rey juntando la tutoría con la regencia que le había encomendado, en su calidad de alférez, el difunto Sancho. La muerte de Gutierre Fernández de Castro, que tuvo lugar probablemente durante el breve período de calma, eliminó cualquier posibilidad de arreglo. Mientras Sancho VI de Navarra se apoderaba de Logroño, Cerezo e invadía la Bureba, sobre Castilla se abatía la ferocidad de los bandos.

Fernando II, que después de la muerte de su hermano comenzó a usar el título de Hispaniarum Rex, no pudo intervenir en Castilla hasta 1162; este retraso permitió la consolidación de los Lara y fue fatal para sus pretensiones imperiales. Pero necesitaba resolver antes problemas de orden interno en Galicia y Salamanca —la revuelta de esta ciudad en 1162 fue muy seria y obligó a librar una batalla campal en Valmuza contra los sublevados— y de frontera con Portugal. El monarca leonés y Alfonso Enríquez celebraron al menos dos entrevistas, en 1158 (La Cabrera) y en 1160 (Santa María del Palo) y como resultado de ellas, Fernando II procedió a intensificar la repoblación de Ciudad Rodrigo y Ledesma, que eran barreras para una probable expansión portuguesa.

En el verano de 1162 el rey de León, en compañía de los Castro, invadió Castilla sin encontrar, al parecer, mucha resistencia. Después de haber ocupado Segovia, entró en Toledo el 9 de agosto, dominando Transierra y Extremadura. Los Lara se replegaron sobre las zonas orientales, Burgos y Soria, llevándose al rey niño, pero también Fernando, rey de las Españas, fue a la frontera oriental; en Ágreda, el 27 de setiembre de 1162, algunos magnates aragoneses y catalanes vinieron a ofrecerle el homenaje en nombre de Alfonso II, el heredero de Ramón Berenguer IV, que acababa de morir. Luego fue a Burgos, en donde se hizo una especie de acuerdo con los Lara, que reconocieron a Fernando como regente (octubre de 1162). Los dos linajes rivales confirman juntos, aunque por breve tiempo, en los documentos. Después el monarca regresó a su reino.

Recrudecimiento de la lucha

En cierto modo Fernando II podía hacerse la ilusión de que la superioridad leonesa quedaba establecida, si bien el uso del título de rey y no de emperador ilustra mucho sobre la realidad de las fórmulas. La fuerza militar sobre la que apoyaba sus pretensiones era muy débil; había bastado su ausencia para que Alfonso Enríquez invadiese las tierras de Ciudad Rodrigo apenas repobladas y ocupara Salamanca. Por eso tuvo que regresar a León para desalojar al enemigo. Y a sus espaldas los Lara, que aparentaban vivir en concordia con sus rivales, urdían una conjura destinada a deshacer el predominio leonés. El 29 de enero de 1163 Fernando estaba nuevamente en Atienza, preparándose a entrevistarse con su sobrino Alfonso VIII en Soria y a recibir de él acto de vasallaje. De pronto un caballero soriano, llamado Pedro Núñez de Fuente Armegil, se apoderó del rey y le llevó ocultamente al casi inexpugnable castillo de Gormaz. Los Lara protestaron que nada sabían, pero es difícil admitir la veracidad de sus protestas. Porque un hecho es evidente: cuando al fin, en setiembre de 1163, Alfonso VIII y Fernando II aparecen juntos, lo hacen en pie de igualdad, sin que mediara el homenaje.

Sin renunciar al título de regente, Fernando comprendió que iba a serle imposible hacer efectiva su autoridad en Castilla e inició una maniobra destinada a dejar que los dos grandes linajes dirimieran solos sus querellas procurando en cambio mantener guarniciones en Toledo y la Transierra, es decir, en la amplia frontera abierta con el Islam. En 1164 la concordia se había roto y Manrique de Lara murió el 9 de julio en lucha contra sus enemigos. Nuño de Lara tuvo entonces la jefatura del partido y la regencia; logró una nueva entrevista entre Fernando y Alfonso VIII en Sahagún, pero no el restablecimiento de la paz (octubre de 1164). Al contrario, las luchas fueron más encarnizadas que antes: en agosto de 1165 Nuño de Lara estaba sitiado en Medina de Rioseco ayudando a los Castro algunas tropas leonesas. Pudo escapar y la ciudad fue tomada. Pero era demasiado tarde para que Fernando II intentara ninguna acción: la causa de los Lara se identificaba con la de Castilla y con la defensa del rey niño.

Faltan casi por completo noticias acerca de los cinco años siguientes. No hay duda de que Fernando II adoptó una actitud defensiva, estrechando las relaciones con Navarra, cuya reina era su hermana Sancha (28 de enero de 1165), a fin de crear una alianza de interesados en impedir las reivindicaciones territoriales de Castilla. Pudo conservar algunas de sus posiciones en Tierra de Campos, pero no en la Transierra. El 26 de agosto de 1166 los Lara recobraban Toledo, en donde se dispensó a Alfonso VIII caluroso recibimiento. Poco después Huete y Zorita eran arrancadas a los Castro, a quienes hallamos cada vez con más frecuencia en León. Quedaba, entre ambos reinos, como una manzana de discordia, la tierra mal delimitada del Infantado de Rioseco, que Alfonso VII adjudicara a Castilla y ahora ocupaban tropas leonesas. El 11 de noviembre de 1169 Alfonso VIII que cumplía entonces los catorce años de edad, fue declarado mayor. No hubo apenas cambios: Nuño de Lara siguió dirigiendo los asuntos.

La herencia de Ramón Berenguer IV

La desaparición del conde-rey iba a tener también importantes consecuencias. En cierto modo, la unión de dominios, y la política que de dicha unión se derivaba, eran puramente personales. Superando las diferencias lingüísticas y de costumbres, Ramón Berenguer practicó una acción ultrapirenaica que los trovadores calificarían poco después de occitánica; a ella le empujaba la estrecha relación con su hermano Berenguer Ramón, conde de Provenza y luego la tutoría que hubo de ejercer sobre el hijo de éste, Ramón Berenguer, cuando heredó el condado siendo de corta edad. Una poderosa familia provenzal, los Baucio, trataba de expulsar de Provenza a la Casa de Barcelona; contra ella hubo de realizar Ramón Berenguer varias expediciones, la más importante en 1156.

Esta política ultrapirenaica conectaba con los intereses de la Casa real de Inglaterra. Enrique II era, por su mujer, duque de Aquitania. En 1159 Enrique y Ramón Berenguer celebraron una entrevista en Toulouse acordando un matrimonio entre hijos que no llegaría a celebrarse. A partir de esta fecha, la amistad entre Inglaterra y Cataluña se hizo cordial. En consecuencia, la política occitánica se perfilaba como antifrancesa, aumentando el compromiso exterior. Esta misma razón movió al conde-rey a buscar la amistad del emperador Federico Barbarroja: en el verano de 1162 Ramón Berenguer emprendió el viaje a Italia, en donde estaba prevista una reunión con el Hohenstaufen. Entre otras cosas se intentaba entonces por primera vez frenar las ambiciones de Génova, que se dirigían ahora contra Mallorca y Valencia. En el curso de este viaje murió el conde en Turín el 6 de agosto.

Petronila, viuda y reina propietaria de Aragón, convocó en Huesca una Curia extraordinaria para comunicar el testamento de su marido. Éste dejaba los condados catalanes a su hijo Alfonso Ramón, nacido en 1158, segregando como feudos de Cataluña en favor de otro hijo menor, Pedro, los estados de Béziers, Narbona y Carcasona. Había que crear una regencia pues el nuevo conde de Barcelona era menor de edad. Ramón Berenguer de Provenza, con el auxilio del senescal Guillermo de Montcada y otros magnates catalanes, se encargó de ella. Antes de dos años, el 18 de junio de 1164, Petronila hizo renuncia al trono en su hijo. De esta suerte, Aragón y Cataluña permanecerían unidas para siempre.

El equilibrio entre los Cinco Reinos

El abandono de las aspiraciones hegemónicas de Fernando II produjo una clara tendencia al equilibrio entre los monarcas cristianos e incluso un breve período de paz. La lucha que entonces se libraba entre almohades y andalusíes, claramente adversa para éstos, atraía la atención de los reyes. En 1165, al término de una campaña más entre las muchas que hicieran los portugueses en Galicia, Alfonso Enríquez y Fernando II celebraron una entrevista en Pontevedra y firmaron el tratado de Lérez (30 de abril) acordando el matrimonio del rey de León con una infanta portuguesa, Urraca. La boda se celebró en junio. Pero la paz no duró más que dos años. En 1167 el infante Sancho invadía otra vez Ciudad Rodrigo, pero sufría una derrota en Arganal a manos de su cuñado. Otra vez comenzaron las acciones fronterizas y de represalia. Las dificultades mayores para el entendimiento procedían de la fijación de reservas de reconquista en los territorios musulmanes situados al Sur del Tajo. Como veremos, se había producido una penetración portuguesa en la actual Extremadura, que Fernando II consideraba lesiva.

Igual equilibrio en la frontera castellana, después de la ocupación de Medina de Rioseco por los leoneses y de la renuncia de Fernando II a la regencia de su sobrino. Con graves pérdidas para Alfonso VIII —los navarros ocupaban Logroño, Entrena, Navarrete, Ausejo, Autol, Resa, Durango, Álava, Grañón, Cerezo y Briviesca— la paz con Navarra era firmada en octubre de 1167 (tregua de Fitero). Un año más tarde, en San Adrián de Sangüesa, Alfonso II y Sancho VI firmaban la paz por veinte años. En uno y otro caso se había previsto que el rey de Navarra participara en la reconquista con derecho a conservar una parte de las ganancias territoriales.

Entre Castilla y Aragón las relaciones eran excelentes e iban a seguir siéndolo todavía durante largo tiempo. La prudencia y cordialidad de Ramón Berenguer IV habían logrado este milagro, después de las encarnizadas luchas civiles del tiempo del Batallador, y el hombre que tenía las riendas del poder en nombre de Alfonso II, Guillermo de Montcada, ponía empeño en conservarle. En el fondo había una gran lógica: el programa occitánico, que aspiraba a unir un día todo el litoral mediterráneo desde el Ródano hasta el Segura, exigía tranquilidad en la frontera occidental hacia la cual carecía de reivindicaciones. Sólo más tarde, al perderse los territorios ultrapirenaicos, comprenderían los monarcas aragoneses que habían contribuido a establecer un desequilibrio en favor de Castilla. Pero en 1166 el objetivo era otro: acababa de morir el conde de Provenza y Alfonso II era su heredero. El monarca se apresuró a tomar posesión del condado, adelantándose a las intrigas del conde de Toulouse, y luego le entregó en vasallaje a su hermano Pedro, que cambió este nombre por el de Ramón Berenguer.

El fracaso final de Ibn Mardanish

Había un sexto reino español, no cristiano, que se debatía en esfuerzos para consolidar su existencia frente a los almohades. Aprovechando las preocupaciones que los almorávides, fuertes aún en Ifriqiya y en Mallorca, causaban al khalifa, Ibn Mardanish había conseguido hacerse obedecer en una amplia zona que abarcaba desde Valencia hasta Jaén, haciendo una guerra activa a los almohades con la ayuda, no siempre sincera, de su suegro Ibrahim ben Hamushk, a quien llamaron los cristianos Abenmochico. En 1159 se apoderó de Carmona, apuntando ya hacia Sevilla. ‘Abd al-Mu‘min dispuso entonces que se construyera, en Gibraltar, una base militar inexpugnable a fin de tener siempre abierto el camino de la Península. La lucha se hizo durísima y, en ocasiones, pareció que los andalusíes podrían lograr su propósito pues, abonando parias, habían resuelto el problema de sus relaciones con los cristianos y recibían de éstos preciosa ayuda. Entre 1160 y 1162 Ibn Mardanish pugnó por apoderarse de Córdoba.

En el verano de 1162 la lucha entre andalusíes y almohades alcanzó su punto culminante. Para vengar la pérdida de Carmona que Yusuf ben ‘Abd al-Mu‘min había conseguido recobrar, Ibn Hamushk organizó una conjura con los judíos y muladíes de Granada, los cuales se sublevaron obligando a la guarnición almohade a refugiarse en la alcazaba. Ibn Mardanish acudió con tropas cristianas y derrotó en la Vega al gobernador ‘Uthmán, hijo también del khalifa. Desde Rabat fue enviado un ejército de 20.000 hombres que aplastó a los sitiadores, obligándoles a huir. El khalifa dispuso entonces que fuera repoblada Córdoba; la antigua capital había sufrido tanto con las últimas guerras que estaba casi vacía y, pese a los deseos de ‘Abd al-Mu‘min, no pudo ser utilizada. De todas formas el fracaso ante Granada marca un cambio decisivo; es el declive de Ibn Mardanish.

Tras un cierto respiro, motivado por la muerte de ‘Abd al-Mu‘min, a quien sucedió el que hasta entonces fuera gobernador de Sevilla, Yusuf (14 de mayo de 1163), los almohades emprendieron una ofensiva a fondo —paralela de los contraataques en Extremadura y Portugal a que luego nos referiremos—, que no terminaría sino con la muerte de Ibn Mardanish y la disolución de su partido. Al final del verano de 1165 un gran ejército se apoderó de Andújar, Baza y Vélez Málaga, pasó por delante de Lorca, que Ibn Mardanish trataba de fortificar, y aplastó a los andalusíes en Faths al-Yallab (15 de octubre), a las puertas de Murcia. Graves discordias se producían entre tanto al repudiar Mardanish a la hija de Ibn Hamushk. Este último ofreció la sumisión a los almohades, que ellos aceptaron calurosamente. Almería y Valencia se separaron también obedeciendo al khalifa. En 1169 la situación de Mardanish era desesperada. Al año siguiente los almohades aflojaron la presión para acudir a refrenar los avances portugueses, pero en 1171 emprendieron la expedición definitiva. El propio khalifa se trasladó a la Península a fin de activar las operaciones. Ibn Mardanish murió el 27 de mayo de 1172 recomendando a su hijo Abu-l-Kamar Hillal que se sometiese a los almohades; éste lo hizo así y sirvió como general en el ejército del khalifa.

La lucha en Extremadura y La Mancha

El Tajo era, a mediados del siglo XII, sólido dominio cristiano. Los grandes concejos, sobre el modelo de Ávila, ganaderos y militares, aseguraban la defensa y, en caso necesario, la agresión contra el infiel; las milicias concejiles formaban el esqueleto más importante del ejército. Pero más allá del río comenzaban las inmensas planicies calcinadas o las tierras suavemente onduladas de La Mancha y de Extremadura, que los cristianos habían comenzado a colonizar precisamente cuando se producía la nueva agresión almohade. La lucha —bajo esta nueva forma un poco convulsiva que imprimían los invasores— tendía a estabilizarse. Las pocas posiciones fuertes, que a veces eran núcleos densos de población al amparo del agua, cambian de mano varias veces. Se sintió la necesidad de introducir cambios. Tales cambios se refieren tanto a la táctica —el predominio del golpe de mano— como a la logística —establecimiento de fuerzas permanentes que puedan vivir sobre el país. De la primera es ejemplo especial Geraldo Sempavor, de la segunda las Órdenes Militares.

No se trataba de novedad alguna, pues durante la primera mitad del siglo xn habían proliferado en todos los reinos españoles los establecimientos de las Órdenes palestinianas, protegidas por los reyes, especialmente San Juan, que tuvo su priorato en La Mancha, y el Temple, con grandes riquezas en Portugal. Precisamente la renuncia por parte de los templarios a asumir la defensa de Calatrava dio origen, como indicamos, a que en esta ciudad se creara en 1158 la primera de las Órdenes Militares españolas, la cual fue confirmada por el Papa Alejandro III en 1164. Esta Orden, además, dio las bases para el sostenimiento económico de las otras: poseía abundante ganadería y cobraba portazgos a las recuas de arrieros que —por «la calzada de Calatrava»— unían el área económica cristiana con la musulmana. Por este mismo tiempo, algunos caballeros de Salamanca habían constituido una Orden en San Julián de Pereiro; no fue confirmada por el Papa hasta 1177 y cambiaría en 1213 su nombre por el de Alcántara, al recibir esta plaza. Por último, en la misma Salamanca, un hijo de Estefanía Armengol, descendiente por tanto de los condes de Urgel y de Pedro Ansúrez, fundaba hacia 1169 otra Orden tomando como patrono a Santiago. En 1175 fue ratificada por el Papa. Llegaría a ser la más poderosa.

Es difícil calificar a Geraldo Sempavor. La audacia de sus asaltos a ciudades fortificadas revolucionó la táctica. Pero sus procedimientos nos hacen dudar de si era un aventurero genial o un afortunado bandido. Una leyenda le presenta como homicida que capitaneaba una partida de hombres fuera de la ley; probablemente no existe fondo alguno de verdad en esto. Comenzó a distinguirse cuando la ofensiva portuguesa que comenzara con la toma de Alcaçer do Sal (24 de junio de 1158), estaba en su momento culminante. En 1159 Alfonso Enríquez se apoderó de Évora y de Beja, que perdió al cabo de pocos meses, lo que demuestra la dureza de esta lucha que ya no es de grandes batallas, sino de posiciones. De nuevo los portugueses tomaron al asalto Beja (30 de noviembre de 1162). Entonces empezaron las hazañas de Geraldo Sempavor; aprovechando siempre noches sin luna y, a ser posible, lluviosas, escalaba Évora (enero de 1166), Cáceres, Montánchez, Trujillo, Serpa y Juromenha.

Fernando II se asustó: si los golpes de fortuna continuaban en la forma en que hasta 1168 se habían producido, el reino de León vería cerrarse por el Sur la expansión: Cáceres, Trujillo, Montánchez eran tenidas por suyas. Utilizando a Fernando Rodríguez de Castro, el Castellano, que fue a Marrakesh al servicio del khalifa, llegó a un acuerdo con los almohades. Éstos se comprometían a dar tropas de auxilio contra los Lara y a colaborar con los leoneses en el mantenimiento de un statu quo en Extremadura. Cuando el 3 de mayo de 1169 los portugueses entraron en Badajoz, la guarnición musulmana sitiada en el castillo pidió auxilio a Fernando II, quien acudió. En una áspera batalla en las calles, Alfonso Enríquez y Geraldo Sempavor fueron derrotados. Recobraron la libertad, pero entregando Cáceres y además Montánchez, Trujillo, Santa Cruz y Montfrag, dominios que se dieron a Fernando Rodríguez. En 1170 Geraldo insistió en sus ataques sobre Badajoz. Dos ejércitos, cristiano y musulmán, confluyeron en la ciudad obligando a los sitiadores a retirarse. Fernando II y el Sayyid Uthmán celebraron una entrevista cordial y ratificaron su amistad.

La mayor edad de Alfonso VIII. Matrimonio inglés y recuperación de Rioja

Los asuntos de Provenza influyeron mucho en la política de Castilla y Aragón, moviendo a los consejeros de Alfonso II a buscar una estrecha alianza con Alfonso VIII, ahora mayor de edad. En el trasfondo se hallaba Enrique II de Inglaterra, a quien convenía cubrir el flanco sur de su heterogéneo imperio. En 1170 los dos grandes soberanos españoles se entrevistaron en Sahagún; de allí salió la gran alianza que debería garantizar a unos y otros contra cualquier enemigo exterior. El castellano reconoció que correspondía al aragonés recibir el vasallaje de Ibn Mardanish y el tributo anual de cuarenta mil maravedís que éste pagaba; en definitiva, se aplicaba el tratado de Tudellén. Se juró amistad y ayuda completa contra todos los posibles enemigos, excepto el rey de Inglaterra. Y para sellar tan estrecha amistad, fue acordado que Alfonso VIII casara con Leonor, hija de Enrique II, y que Alfonso II lo hiciera con Sancha, tía del rey de Castilla.

La boda se hizo por mano aragonesa; juntos ambos monarcas fueron a Zaragoza (julio-agosto de 1170) y recibieron luego en Tarazona a la bella Leonor, que traía una considerable dote de castillos en el aire, el señorío de Gascuña, a fin de implicar también a Alfonso VIII en el complejo mundo del sur de Francia. Sin duda en el tiempo tan largo de convivencia entre los dos soberanos se trataron problemas inmediatos como las reivindicaciones castellanas contra Navarra, que ocupara parte de la Rioja durante la minoridad, el peligro que representaba la instalación de un caballero navarro, Pedro Ruiz de Azagra, en Albarracín, y la colaboración que podían prestarse en futuras campañas contra los musulmanes. Éstas en primer término: en 1172 Alfonso II ocupaba Caspe, se hacía dueño de todo el valle del Alfambra, y fundaba Teruel.

En 1173 habían comenzado las hostilidades en la frontera de Navarra, aunque no sabemos de quién partió la iniciativa. Como de costumbre, sólo tenemos datos inconexos de esta guerra de tres años en la que los aragoneses participaron también con éxito. En 1176 Sancho VI estuvo sitiado en Leguín; logró escapar, pero sus enemigos le persiguieron hasta cerca de Pamplona. El 25 de agosto de este año, el rey de Navarra se entrevistó con Alfonso VIII, aceptando someter la querella a un laudo arbitral de Enrique II. Era fácil adivinar a quién sería favorable. Pese a los alegatos de los diplomáticos navarros que esgrimían el testamento de Sancho el Mayor, el monarca inglés declaró que debían restituirse todas las conquistas efectuadas por Navarra durante el tiempo de la minoridad, devolviendo también Alfonso VIII las posiciones que ahora ocupaba y dando una indemnización de tres mil maravedís anuales por plazo de diez años. Sancho VI acabó aceptando esta sentencia arbitral en 1179.

La presión almohade

La muerte de Ibn Mardanish liquidó la barrera de seguridad andalusí, que tan bien había servido a los príncipes cristianos, dejando a éstos enfrentados directamente con los almohades. Desde 1172 se produjo un fenómeno de presión militar creciente sobre la frontera, que duraría, con pocos intervalos, otros cuarenta años. Son, probablemente, los de lucha más encarnizada de toda la reconquista. Pero el futuro era menos intranquilizador de lo que los cronistas consienten: en general los ejércitos almohades eran muchedumbres inmensas guiadas del modo más primitivo que cabe imaginarse. Pese a las derrotas en campo abierto, debidas a abrumadora superioridad numérica o a imprevisión, no hubo retroceso. La lucha estimuló sin duda el proceso de crecimiento de las Órdenes Militares.

Una novedad se registra. El eco de las batallas peninsulares se extiende por toda Europa y, por vez primera, los Papas intentaron encauzar desde el exterior corrientes de ayuda e intervinieron para mantener la difícil concordia interna. En 1172 Alejandro III envió al cardenal Jacinto investido de los grandes poderes de legado pontificio. Su misión era examinar el problema de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que los portugueses consideraban como amenaza a sus intereses, mientras Fernando II afirmaba, con razón, que era la única base militar importante si se producía la ruptura de la amistosa tregua que sostenía con los almohades. Hubo, cuando menos, dos reuniones de mucha importancia, una en Toro con todos los obispos leoneses (1 de mayo de 1172), otra en Soria en 1173, con los reyes de Castilla, León y Aragón a fin de concordarles. Al cabo la diócesis de Ciudad Rodrigo fue aceptada. En todas sus gestiones el cardenal Jacinto reclamaba incansable la unión entre los soberanos porque el peligro islámico era inminente.

El 20 de junio de 1172, en efecto, un gran ejército musulmán salía de Córdoba y, tomando Vilches y Alcaraz, llegaba ante Huete (8 de julio). Los defensores, aterrorizados, quisieron capitular, pero no se les admitió. La duración del cerco, unida a tormentas que se desencadenaron, provocó el desorden. Bastó el anuncio de que Alfonso VIII acudía para que los almohades se retirasen y, tras abastecer Cuenca, regresasen a sus bases de partida. Las pérdidas, en la retirada, fueron cuantiosas. Y al mal efecto causado contribuyó Geraldo Sempavor tomando Beja una vez más al asalto. Alfonso Enríquez no se atrevió a conservar posición tan avanzada y la abandonó, después de desmantelarla (1 de enero de 1173). Desde su derrota de 1169 el monarca portugués padecía mala salud; su hijo Sancho, armado caballero en 1170, fue asociado al trono. Sin que sepamos las causas Geraldo Sempavor se pasó al enemigo en 1173.

En 1171, con ocasión de un ataque frustrado contra Santarem, Fernando II había prestado auxilio al rey de Portugal; era un atentado a la amistad con el khalifa que Fernando Rodríguez de Castro seguía garantizando. Yusuf proyectó probablemente en este momento tomar represalias, pero hubo de diferirlas hasta liquidar la guerra tanto en Portugal como en Castilla. Cuando las milicias de Ávila, a quienes dirigía un Jimeno Albarda porque era jorobado, alcanzaron las afueras de Sevilla, los almohades les causaron una grave derrota en Caracuel (5 de abril de 1173). Luego el propio khalifa hizo una razzia devastadora hasta Talavera. Portugal y Castilla solicitaron tregua, que Yusuf concedió. En 1174 los almohades, que repoblaron Beja, dieron una tremenda arremetida contra las avanzadas leonesas tomando Alcántara, clave de la frontera, y sitiando Ciudad Rodrigo. Fernando Rodríguez estaba con los sitiadores. La ciudad resistió hasta que Fernando II vino a libertarla (octubre de 1174). Pero toda Extremadura se había perdido y, sobre el Tajo, ios cristianos estaban a la defensiva.

Ciudad Rodrigo había demostrado su importancia. El Papa confirmó la erección de la iglesia en silla episcopal (25 de mayo de 1175), pero al mismo tiempo negó la dispensa al matrimonio de Fernando II y Urraca de Portugal, del cual había nacido ya un hijo. La reina ingresó en un monasterio. La alianza portuguesa, más necesaria que nunca, quedó resquebrajada. En los años próximos, el soberano leonés se mantuvo en sus posiciones al Norte del Tajo sin emprender otra cosa que expediciones predatorias, a veces hasta Jerez. Pero ni siquiera estas expediciones tenían resultados halagüeños. León declinaba mientras Castilla iba cobrando fuerza.

La conquista de Cuenca

En 1173 Alfonso II, llamado el Casto, sin que tengamos motivos para creer en la justicia de tal nombre, alcanzaba la mayoría de edad. Apenas unos meses antes, el Rosellón había pasado a sus manos por vía de herencia. Ante él se abría la posibilidad de una política occitánica que hiciera realidad los grandes sueños de Ramón Berenguer IV: un conde-rey de Barcelona, gobernador desde el Ródano hasta Murcia. La amistad con Enrique II de Inglaterra le era importante; no hay duda de que gracias a ella se hizo el acuerdo definitivo con Raimundo V de Saint Gilíes, conde de Toulouse, en 1176. Por 31.000 marcos de plata, el conde renunciaba a todos sus derechos sobre Arles, Provenza, Millau, Gavaldan y Carlat. Rey de Aragón, conde de Barcelona, marqués de Provenza, eran los títulos que apoyaban esta pretensión occitánica, la cual era, pese a todas las apariencias, sumamente frágil.

Algunos acontecimientos decisivos se habían producido en la Península que afectaban al soberano aragonés; su propio matrimonio con Sancha de Castilla, la muerte de Petronila, la desaparición de Ibn Mardanish, que entregaba todo el Levante a los almohades. Los dos Alfonso decidieron en 1177 emprender una acción ofensiva que neutralizase la ofensiva musulmana apoderándose de Cuenca para cerrar un flanco vulnerable. El cerco duró nueve meses y durante ellos sin duda los dos monarcas cambiaron amplias impresiones acerca de futuras conquistas. La ciudad se rindió el 21 de setiembre; recibió un Fuero que sería modelo para otras muchas y se convirtió en cabeza de obispado. Alfonso II hizo luego una expedición a tierras murcianas para intentar restablecer el tributo que este reino pagaba. En remuneración por la ayuda prestada, Alfonso VIII suprimió el homenaje que los monarcas aragoneses debían a los castellanos por el reino de Zaragoza.

El tratado de Cazola

Esta renuncia al vasallaje por Zaragoza representa el abandono de las últimas reliquias del Imperio. Invalidaba automáticamente el tratado de Tudellén, que se basaba todo él en el otorgamiento, por parte del emperador, de unos reinos vasallos en poder de los moros al rey de Aragón, el cual debía rescatarlos sin modificación del vasallaje. El 20 de marzo de 1179 Alfonso II y Alfonso VIII se entrevistaron en Cazola, lugar situado cerca de Ariza —y no en Cazorla, como a veces se dice— para acordar las nuevas condiciones. Suprimiendo todo vasallaje, Castilla y Aragón fijaron sus respectivos límites en el puerto de Biar y Játiva, lo cual dejaba el reino de Murcia del lado castellano. Julio González sospecha que también acordaron el secreto reparto de Navarra, pero sin intenciones de llevarle a efecto.

Con respecto a Tudellén había por parte aragonesa una renuncia —tal vez no en la mentalidad del tiempo pues eliminaba la dependencia feudal— que los historiadores catalanes modernos reprochan a Alfonso II como grave error. Seguramente los grandes proyectos occitánicos influyeron en él. Por estos años, hasta 1195, desplegó la máxima actividad a fin de imponer su efectiva soberanía sobre Provenza y su poder a Raimundo V de Toulouse. Después del asesinato de su hermano Ramón Berenguer IV (1181) por agentes tolosanos, dio el gobierno del marquesado a otro hermano, Sancho, a quien destituyó luego a fin de asumirle directamente. Pero este empeño comenzaba a mostrar las aristas de la adversidad. Muerto Enrique II, la alianza con Ricardo Corazón de León no auguraba nada bueno; los genoveses estaban penetrando en la Costa Azul, montaban una fortaleza en Mónaco y amenazaban Niza; por las capas más profundas de la sociedad se extendía ya la herejía albigense. Todas estas amenazas, juntas, superaban las posibilidades catalanas de resistencia.

Inevitablemente el dominio de Provenza mezclaba a quienes le poseyesen con los problemas propios del comercio mediterráneo occidental. Puesto que los condes de Toulouse y los amigos del rey de Francia ayudaban a ios genoveses, Cataluña comenzó a convertirse en enemiga de Génova; las raíces de dicha enemistad, que constituye uno de los factores más decisivos de la Historia de Europa en la Edad Media, pueden rastrearse desde 1162 cuando la República buscó apoyo de Federico Barbarroja en orden a conquistar puntos de apoyo en las Baleares. Barcelona se inclinó hacia Pisa, la rival de Génova, y también, no hay que olvidarlo, soporte del gibelinismo. En los últimos años de su vida, lograda la adhesión de los señores feudales de Provenza, Foix, Bigorre, Carcassonne, Nimes y Bearne, Alfonso II organizó su Corte al modo languedociano, rodeándose de trovadores.

Pero había en todo esto un contrasentido. La monarquía occitánica de los condes de Barcelona, no obstante el desarrollo comercial, muy moderno, de esta ciudad, se asentaba sobre una sociedad feudal de moldes muy viejos, la cual, junto al refinamiento de la lírica y del amor cortés, mostraba simpatía por el movimiento antisocial de los albigenses. Quizás por lo que tenían de rebeldía compartida. En 1180 Alfonso II había dispuesto que dejaran de calendarse los documentos por años de reinado de los reyes de Francia. Pero la herejía, con su negación del matrimonio y la procreación, su justificación del suicidio y su desobediencia a la justicia temporal, tenía gérmenes bastantes para destruir el carcomido edificio de la sociedad feudal. Rogelio de Trencavel, vizconde de Béziers, campeón de la causa catalana, era, al mismo tiempo, defensor de los albigenses contra quienes se estaba predicando la cruzada. Cualquiera que fuese el resultado de la misma, la unidad occitánica estaba amenazada.

XX

LOS AÑOS DIFÍCILES

El tratado de Fresno-Lavandera

El aumento de presión almohade no parece haber afectado a Castilla. Después de la toma de Cuenca y del tratado de Cazola, Alfonso VIII, contando con el respaldo aragonés, se sentía más fuerte que nunca. Hizo presión sobre Navarra avistándose con Sancho VI entre Nájera y Logroño hasta obligarle a devolver las plazas que retenía, sometiéndose humildemente a la sentencia arbitral inglesa (abril de 1179). Al mismo tiempo reclamó de su tío, Fernando II, la vuelta a las fronteras que fijara en su testamento Alfonso VII. Esta rivalidad permitió que afloraran otros conflictos, entre los Castro y los Lara, entre León y Portugal.

Después de la separación de Urraca Alfonso, las relaciones entre Fernando II y Alfonso Enríquez empeoraron rápidamente. Desde 1178 el monarca leonés preparaba su boda con Teresa Fernández, hija de los condes de Traba, y viuda de Nuño Pérez de Lara; su acercamiento a éstos era natural puesto que Fernando Rodríguez de Castro había colaborado con los almohades en el ataque a Ciudad Rodrigo. La boda se celebró probablemente este mismo año, mientras Alfonso VIII invadía las tierras del Infantado y libraba combates victoriosos contra las tropas leonesas. Enseguida el castellano firmó una alianza con Portugal preparando, para 1179, un ataque conjunto sobre Ciudad Rodrigo. Fernando pudo resistir: el infante Sancho sufrió incluso una derrota en Argañal, pero perdió el Infantado. Las Curias solemnes celebradas en Coyanza (marzo) y Benavente (julio de 1180) no prestaron el auxilio debido y tuvo que admitir la mediación del abad de Valladolid.

Las negociaciones condujeron a un primer tratado de Medina de Rioseco (21 de marzo de 1181) que situaba las fronteras nuevamente en la línea fijada por el emperador; ambas partes depositaban cinco castillos en prenda de seguridad. Sin duda Fernando II cedía a la fuerza. Después de haber reunido un nuevo Concilio en Benavente, procedió (abril de 1181) a repoblar las grandes villas de Tierra de Campos, Mansilla, Mayorga, Villalpando, Benavente. Muerta la reina Teresa, los Castro volvieron a su lado. Es posible que se hayan renovado las hostilidades. Por lo menos se sintió la necesidad de reemprender negociaciones, esta vez con participación de numerosas personas. Alfonso estaba en Lavandera y Fernando en Fresno, ambas entre Medina del Campo y Salamanca. Allí se estableció la frontera definitiva (1 de junio de 1183), señalándose también la línea de las futuras zonas de reserva.

Los almohades atacan Portugal

Desde 1178 la frontera portuguesa sufre los principales ataques almohades. Del infante Sancho partió la iniciativa; en dicho año realizó una expedición por tierra musulmana llegando hasta los alrededores de Sevilla y dejando al paso una fuerte guarnición en Beja, que había sido evacuada nuevamente por los musulmanes. La réplica almohade se dio por mar, enviando una flota a capturar buques fuera de Lisboa (1179), atacando los pueblos marineros de Nazaré o San Martinho do Porto (1180). Pero cuando las milicias sevillanas intentaron la recuperación de Évora (25 de mayo de 1181), fracasaron. En el verano de 1182 fueron las tropas de Alfonso VIII las que corrieron de un extremo a otro el valle del Guadalquivir, arrasando los alrededores de Córdoba y sosteniendo, entre el 22 de junio y el 16 de setiembre, una guarnición en el castillo de Setefilla, cerca de Lora del Río. Andalucía padeció hambre a causa de esta entrada.

Después de Cuenca, esta campaña venía a afirmar la superioridad de las armas castellanas. Todos los reyes cristianos, con la excepción de Alfonso II, se preparaban ya para la ofensiva. Fernando II proyectaba una magna expedición a Cáceres. Desde Sevilla y Granada llegaban a Marrakesh mensajes apremiantes en demanda de auxilio, pues al-Andalus no podía defenderse por sí mismo. Yusuf comprendió que su presencia personal era necesaria, pero de su gobierno en España le venía el convencimiento de que no bastaban las medidas militares: necesitaba repoblar al-Andalus y para ello empleó las tribus árabes de Ifriqiyya, que tanto trabajo le costaba sujetar. Estos tardíos emigrantes constituirán un núcleo esencial en el futuro reino de Granada.

Luego lanzó el ataque. Una vez más Fernando II tuvo mala fortuna. Inmediatamente después de la firma del tratado de Fresno-Lavandera, había emprendido el asedio de Cáceres. Pero ‘Abu Ya‘qub Yusuf desembarcó en la Península (17 de mayo de 1184), avanzó hasta Badajoz y obligó al leonés a replegarse rápidamente tras la línea del Tajo. El khalifa decidió abrir una brecha en el río emprendiendo el atáque a Santarem. La expedición, que Dozy calificaba de decisiva, fue un fracaso semejante al de Huete. La aplastante superioridad numérica permitió a los almohades ocupar la ciudad; pero la guarnición se refugió en la fortaleza. Fernando II acudió a toda prisa desde Ciudad Rodrigo y Yusuf ordenó la retirada (2 de julio de 1184). Como de costumbre la confusión y el desorden se apoderaron de aquel ejército sin disciplina. Los sitiados hicieron una salida e hirieron al khalifa, que murió en el camino hacia Sevilla. Su hijo ‘Abu Yusuf Ya‘qub al-Mansur fue proclamado el 10 de agosto.

Portugal se había salvado. Al año siguiente murió Alfonso Enríquez, y Sancho I, que desde largo tiempo antes estaba asociado al trono, ciñó la corona. Desde que en 1179 Alejandro III accediera a dar a Alfonso título de rey, el pequeño Portugal entró en el conjunto de las monarquías cristianas. Tenía un esquema de gobierno, copiado del de los demás reinos salidos de la desintegración carlovingia, y Sancho mantuvo en sus cargos a los que detentaban los principales, signifer (alférez), maiordomus, dapifer (veedor) y notarius. Pasado el péligro más inminente, el nuevo soberano adoptó resoluciones que tendían a fortificar la frontera. Como en León y Castilla por estos mismos años, la gran tarea es repoblar, fortificar y dar fueros. Todas las antiguas ciudades reciben fueros mientras se fundan concejos nuevos: el objetivo era crear una población libre de caballeros villanos y hombres buenos bien arraigada a la tierra y con ánimo de defenderla. Y entre los concejos se incrustaron las Órdenes Militares. El Temple tenía la retaguardia con el formidable bastión de Tomar. Santiago cubría Lisboa con Alcaçer do Sal, Palmela, Almada y Arruda, recibiendo los primeros embates. Calatrava —que luego será la Orden de Aviz— tenía Évora y Mafra. San Juan se instaló en el castillo de Belver.

La muerte de Fernando II

El fracaso de Santarem impuso un plazo de detención en la ofensiva musulmana porque Alí ben Ganiya, que conservaba Mallorca, rompió el pacto de sumisión y provocó un movimiento en Bugía y Argel que se extendió por todo el Norte de África. Resucitaban las autoridades almorávides. Lo que resucitaba especialmente era el odio entre árabes y berberiscos. Hasta 1190 cesaron las grandes expediciones almohades. Sin ellas, al-Andalus no estaba en condiciones de resistir. Alfonso VIII no dejó de aprovechar tan buena ocasión. En 1186 se apodera de Iniesta, entre el Júcar y el Cabriel; fortifica Plasencia y Trujillo; en otoño de 1189 repitiendo su entrada en Andalucía llega hasta Alcalá de Guadaira.

Pero entre tanto nacían nuevas discordias entre los reyes cristianos, verdadera amenaza para el sistema defensivo que diera tan buenos resultados. El hecho de que en la paz con Navarra del 1179 Alfonso VIII haya aceptado el depósito de las plazas en disputa en manos de un Azagra, hizo suponer a Alfonso II que había cierto entendimiento entre el monarca castellano y el rebelde señor de Albarracín. Estuvo a punto de producirse la guerra a causa de la posesión de Ariza. La mediación de Ricardo Corazón de León logró nuevamente la paz (Ágreda, 21 de enero de 1186) —ambas partes se comprometían a negar auxilios a Pedro Ruiz de Azagra—, pero no hubo verdadera concordia. Aquel año menudearon las entrevistas y los acuerdos. Alfonso II temía que de las buenas relaciones entre Castilla y Navarra y del encastillamiento del de Azagra en Albarracín derivaran para él amenazas.

Ésta fue la primera fuente de discordias. La segunda se hallaba en León. Educado por Armengol de Urgel y por Juan Arias, yerno del conde de Traba, y en estrecha relación con esta familia, el infante Alfonso, heredero de Fernando II, veía crecer un peligro. Aldonza Rodríguez de Castro, viuda de Lope Díaz de Haro, había venido como todos los miembros de su linaje a buscar en León el amparo del rey. Sus hijos Rodrigo, García y Urraca sirvieron a Fernando II; la última con su cuerpo, además de con sus castillos, según decía una donación del soberano. Un hijo, Sancho, debió nacer en 1183. Cuatro años más tarde Urraca López lograba casarse con Fernando y ser reina. Pero entonces podía plantearse la cuestión sucesoria como una disyuntiva entre Alfonso, nacido de matrimonio ilegítimo, y Sancho, legitimado por la unión de sus padres. La situación se hizo tan tensa que sus propios partidarios aconsejaron al príncipe que se refugiara en Portugal. No había cruzado aún la frontera cuando recibió la noticia de la muerte de su padre (22 de enero de 1188).

Las Cortes de León

En este momento, Diego López de Haro se negó a proclamar a Sancho Fernández, prometiendo sólo a su hermana que la ayudaría a conservar sus bienes. Impidió el golpe de estado y la guerra civil, pero no que Urraca buscase la protección de Alfonso VIII, a quien atraía la posibilidad de presentar nuevas reivindicaciones territoriales en Tierra de Campos. En abril de 1188 las tropas castellanas estaban invadiendo el territorio leonés. Pero Alfonso IX contaba ya con el auxilio de la nobleza y de la Iglesia. No obstante, el panorama de su monarquía era pavoroso: tras las pérdidas impuestas por la ofensiva musulmana, venía el desorden causado por la reina viuda y sus partidarios. Buscando apoyo en todas partes, convocó en León una Curia extraordinaria en la que, al lado de nobles y clero, concurrieron por vez primera procuradores que representaban a villas y ciudades. Son las primeras Cortes.

El ejemplo dado por Alfonso IX fue de suma importancia porque lentamente le seguirían todos los demás reinos peninsulares y puede suponerse que Simón de Monfort copió la costumbre española al convocar los Comunes en Inglaterra. Las Cortes catalanas pueden haber tenido un origen distinto, a partir de las Asambleas de paz y tregua y no de las Curias plenas; se duda hoy en considerar como las primeras a la reunión de 1214 que recibió el juramento de Jaime I o a la de 1218 celebrada en Villafranca del Panadés.

La presencia de los procuradores de las ciudades obedecía a una primordial función económica; no podía cobrarse un impuesto sin el consentimiento de quienes habían de pagar. León y Castilla —hay muy corto intervalo entre una y otra— se adelantaron a los demás reinos europeos en esta tendencia que acabaría haciéndose general. Dos tipos de subsidio eran tratados en Cortes, el petitum, pedido, subsidio extraordinario justificado en caso de guerra y que convenía extender también a los grandes concejos cuyos alfoces, semejantes a señoríos, podían aportar una ayuda económica considerable, y la moneda, que Sánchez Albornoz juzga más decisivo en el origen de la institución. Los reyes tenían derecho de acuñar moneda y lo ejercían modificando sus aleaciones; a esto se llamaba quebrar en la expresión de la época. En las Cortes de Benavente de 1202 los municipios compraron al rey este derecho por un plazo de siete años; podemos suponer que la práctica fuese mucho más antigua. Acabó dando origen al impuesto de moneda forera, que se paga en efecto cada siete años.

A cambio de subsidios hubo que admitir demandas cuya respuesta daba origen a acciones legislativas. Estas demandas son los cuadernos. Otras disposiciones emanaban directamente del rey, sin instancia. En León en 1188 fueron tan importantes que algunos historiadores han llamado Carta Magna Leonesa a su conjunto. Alfonso IX juró respetar las leyes del país sometiendo a juicio de la Curia todos los delitos, sin aceptar denuncias personales. El noble que no acudiera a someterse a la justicia real sería condenado al pago de 500 sueldos. La declaración de guerra o firma de paz tenía que ejercerse por el soberano con acuerdo de los tres estamentos de nobles, obispos y ciudadanos. Por vez primera se daba fuerza legal a la inviolabilidad de domicilio.

Las Cortes se celebraron casi en presencia del enemigo, que había llegado a apoderarse de Coyanza, la actual Valencia de Don Juan, gracias a la ayuda de los partidarios de Urraca López. Alfonso VIII reclamaba, además, Alba, Luna, Portilla y otros castillos. Sin embargo, no hubo guerra, pues ambos soberanos se entrevistaron en Soto Hermoso y acordaron la paz; el rey de Castilla no devolvió ninguna de las plazas que ocupaba y obtuvo en cambio una promesa de matrimonio de Alfonso IX con una infanta castellana y cierta sumisión. Las vistas tuvieron lugar en la segunda quincena de mayo de 1188; en junio Alfonso IX acudió a una Curia extraordinaria convocada en Carrión, fue armado caballero por su primo y besó a éste las manos. Sin duda el joven monarca leonés consideró siempre este gesto como una humillación y buscó en adelante todos los medios para devolverla. Para Castilla esta Curia de Carrión, en la cual fue también armado caballero Conrado de Hohenstaufen, hijo de Federico Barbarroja, a quien se había prometido con la infanta Berenguela, constituía un punto culminante en el proceso de recuperación. Quizá el temor que inspiraban sus pretensiones hegemónicas fue causa del cambio de actitud por parte de Alfonso II y, en definitiva, de la gran coalición de 1191.

Conquista y pérdida de Silves

En la primavera de 1189 Sancho I de Portugal, aprovechando el paso de un contingente de cruzados daneses y frisones, llevó a cabo su primera expedición al Algarbe apoderándose del castillo de Alvor, que no fue conservado. Era un tanteo. Pero el éxito movió al soberano portugués a intentar otro golpe de audacia, la toma de Silves. Operación de tanta envergadura no podía emprenderse con las solas fuerzas de Portugal; la tercera Cruzada hacía desfilar por Lisboa contingentes muy numerosos cuya penuria podía ser aprovechada haciendo brillar la esperanza de un gran botín. Saliendo de Lisboa, el ejército mixto de portugueses y cruzados desembarcó en Portimão el 19 de julio de 1189. La ciudad se rindió el 1 de setiembre después de haber sostenido encarnizados combates. Los cruzados se negaron a admitir cualquier propuesta de rescate y los habitantes fueron despojados de todos sus bienes, sin que esto evitara la desilusión de los extranjeros que buscaban siempre fantásticas riquezas. Por estas fechas las tropas castellanas estaban saqueando, como arriba se ha indicado, las inmediaciones de Sevilla.

Abu Yusuf Ya‘kub, que había ganado fama por su dureza en las campañas de Ifriqiyya de los últimos años, se encolerizó. El 23 de abril de 1190 desembarcaba de nuevo en Algeciras; comenzaba la segunda fase de la ofensiva almohade. Para aislar a Portugal, aceptó las treguas que le proponían Alfonso VIII y Alfonso IX. Luego llevó Sus tropas hasta el Tajo, sitió Santarem, tomó Torres Novas, destruyó Leiría y atacó sin éxito la gran fortaleza del Temple en Tomar. Incapaces como siempre de sostenerse en el país, los almohades se retiraron. Sancho I se había negado a cambiar Torres Novas por Silves. En abril de 1191 Ya‘kub estaba nuevamente en campaña. El 10 de junio sucumbía Alcaçer do Sal. Los habitantes de Palmela y Almada, aterrorizados, huyeron. La guarnición de Silves, lejos de una retaguardia que no podía enviar socorros, no pudo resistir; fue acuchillada el 10 de julio de 1191. Con la sola excepción de Évora, los portugueses habían perdido sus posiciones del otro lado del río Tajo.

El cambio de política de Alfonso II y el tratado de Huesca

El peligro almohade era de tal modo evidente que parecía locura en estos momentos cualquier acción que no tendiese a unificar los esfuerzos. Y sin embargo durante el año 1190 la diplomacia trabajaba para conseguir un bloque de alianza contra Castilla. Es, en cierto modo, natural que Alfonso IX, Sancho VI y Sancho I de Portugal estuviesen conformes en una política de este tipo; todos tenían motivos de resentimiento. La ayuda que les prestó Alfonso II fue inesperada, pues la amistad con Castilla había sido hasta entonces el norte de su política exterior. Parece que las explicaciones a este cambio de conducta deben buscarse en la presencia de Pedro Ruiz de Azagra en Albarracín, y en la madurez que parecía alcanzar el proyecto occitánico.

La muerte de Enrique II de Inglaterra y la subida al trono de Ricardo I hizo quebrar la persistente amistad de los Anjou con la Casa de Barcelona; en cambio las relaciones del nuevo soberano británico con su cuñado Alfonso VIII eran excelentes. Por otra parte, la política siciliana de Enrique de Hohenstaufen (Enrique VI desde 1190), favorable a Génova, excitaba la desconfianza del soberano catalán que veía cómo el emperador daba el vicariato de Provenza a Ricardo, mientras su hermano Conrado estaba prometido a una infanta castellana y recibía de manos de Alfonso VIII la espada y las espuelas de caballero. Entre tres posibles y poderosos enemigos, la gran construcción occitánica podía sentirse amenazada.

El centro del dominio occitánico era Barcelona. Su gran nexo lingüístico los diversos dialectos en oc, fuertemente diferenciados, tanto del oïl del Norte de Francia, como del castellano que, al amparo de una colonización, había penetrado profundamente en el valle del Ebro. La gran expresión viva, cultural, creadora, era la poesía de los trovadores. Casi todos los grandes trovadores de esta época eran súbditos de Alfonso II; consideraban por lo menos su gobierno como el portaestandarte de Occitania. Llegaban a Castilla y León por el camino de las peregrinaciones; eran aplaudidos, pero se les consideraba como extranjeros. Todos los intentos para interesar a la nobleza feudal del Mediodía francés en la empresa de la Reconquista habían fracasado. Por otra parte la poesía trovadoresca, expresándose en un lenguaje culto, cada vez más lejano del idioma hablado —a diferencia de lo que sucede con el castellano— estaba inmersa en un mundo condenado a desaparecer, el de los ideales de la caballería. Un mundo así, débil, tiende a ver enemigos en cualquier sombra.

El tratado de Cazola puede explicarse perfectamente sin recurrir a concesiones. Alfonso II ganaba en independencia sacudiendo este lazo feudal que recordaba la persistencia de la unidad hispánica, aún en medio de la división política. Sus objetivos inmediatos iban hacia el mar, Valencia, Mallorca y Cerdeña —en donde la Casa de Bas era instalada por tropas catalanas. La dirección de una alianza contra Castilla puede considerarse como el paso lógico siguiente. El 7 de setiembre de 1190 Alfonso celebró una entrevista en Borja con el rey de Navarra y acordaron allí amistad. Paralelamente se celebraban negociaciones entre Alfonso IX y Sancho I acordándose el matrimonio del primero —con rechazo de la infanta castellana— con Teresa, hija del segundo, prima carnal suya. La boda debió celebrarse en febrero de 1191. Ya no quedaba más que unir las dos alianzas para conseguir el bloque anticastellano. Esto se hizo en Huesca (12 de mayo de 1191) en donde se reunieron los cuatro reyes. Acordaron hacer la guerra a Castilla y no firmar paces separadas.

Batalla de Alarcos

Era una locura. Apenas dos meses después de la alianza de Huesca, los almohades asesinaban a la guarnición de Silves. Todos, salvo Castilla, buscaban ahora la paz con el khalifa; los embajadores se agolpaban en 1193 en el palacio de Marrakesh, sin conseguir, no obstante, detener las operaciones. La resistencia que Castilla opuso, obligada a combatir en tres frentes, es buena prueba de la fortaleza que había llegado a alcanzar y explica mejor que nada las causas del odio y recelo de los otros soberanos más débiles. Mientras los aragoneses atacaban Ariza y los leoneses concentraban sus fuerzas en Salamanca y Ciudad Rodrigo, el arzobispo de Toledo, don Martín de Pisuerga, arrasaba las comarcas de Jaén y Córdoba. La amenaza musulmana impedía también a los coaligados de Huesca emplearse a fondo. Todos ponían atenta vista en la frontera del Islam. Además murió Sancho VI en 1194 y su sucesor, Sancho VII, sentía menos ardor por la guerra.

El Papa intervino enviando al cardenal Gregorio como legado, con poderes para ejecutar la separación de Alfonso IX y Teresa, cuyo matrimonio era inválido. Consiguió su propósito ya entrado el año 1194, cuando habían nacido hijos que, según era norma, fueron declarados legítimos. Después el cardenal provocó una reconciliación entre Castilla y León (tratado de Tordehumos, 20 de abril de 1194). Alfonso VIII restituía algunas de sus más recientes conquistas —Alba, Luna, Portilla, Villarmenteros, Siero de Riaño y Siero de Asturias, Villavicencio y Santervás— sometiéndose, en cualquier otro litigio, al juicio arbitral de la Santa Sede. El legado prometió a Alfonso IX ocuparse de que le fuese restituida la potestad completa sobre los castillos de las arras de la reina Teresa. Por debajo de la letra seca de los tratados, se adivinaba en el ambiente una tendencia a conservar la unión entre los dos reinos salidos de la herencia de Alfonso VII.

Por la parte aragonesa no hubo problema. Sin duda Alfonso II estaba satisfecho pues fue el primero en aceptar la reconciliación sin necesidad de tratado. Cruzando tierras castellanas fue, peregrino, a Santiago de Compostela. Era el tiempo oportuno. Después de grandes y meticulosos preparativos un enorme ejército, temible por el número, indisciplinado como siempre, cruzaba el estrecho de Gibraltar, entre Alcazarseguer y Tarifa, el 1 de junio de 1195. Desde allí se dirigió a Sevilla. Remontando el valle del Guadalquivir atravesó el puerto del Muradal dirigiéndose hacia Calatrava por el viejo camino de los arrieros. Alfonso VIII tenía su campamento en Alarcos. Tanto Alfonso IX como Sancho VII habían movilizado tropas para acudir en auxilio de Castilla, pero no pudieron llegar a tiempo. Tal vez Alfonso VIII, con la confianza en la victoria, no hubiera querido esperarlas.

La batalla de Alarcos, rehuida por los musulmanes el 18 de julio, tuvo lugar al día siguiente. Indica con claridad cuál era la fuerza real de los Imperios africanos. Duró la lucha todo el día y aunque las noticias que los cronistas de ambos bandos nos proporcionan, acerca del número de combatientes, están sin duda abultadas, hay plena coincidencia en señalar que la superioridad en efectivos de los almohades era aplastante. No en disciplina. De las tres fases de la batalla, las dos primeras, ataque cristiano, reacción musulmana, fueron favorables a Alfonso VIII. Sólo cuando se emplearon a fondo las reservas, en oleadas sucesivas, pudieron lograr la victoria los almohades. Las pérdidas en uno y otro campo fueron elevadísimas. El khalifa se apoderó de los castillos inmediatos, Alarcos, Guadalfuerza, Malagón, Benavente, Calatrava la Vieja y Caracuel, pero no siguió adelante. El 7 de agosto estaba de vuelta en Sevilla.

La gran ofensiva tuvo lugar en 1196 por la zona de Extremadura. El 15 de abril los almohades estaban ante Montánchez, rendido al día siguiente. La nueva guerra entre Castilla y León, en la cual los musulmanes intervinieron auxiliando a Alfonso IX, les permitió explotar una situación de debilidad y pánico producida en las posiciones castellanas del otro lado del Tajo: Trujillo y Santa Cruz fueron abandonadas por sus guarniciones. Los musulmanes asaltaron y destruyeron Plasencia, sin intención de conservarla, y arrasaron el territorio de Talavera, hasta Escalona. Luego se retiraron. El Tajo era para ellos la frontera deseable. Pero en la campaña de 1197 los resultados fueron muy escasos. Alarcos quedaría como el punto culminante del Imperio almohade.

XXI

VICTORIA CASTELLANA. FRACASO DE CATALUÑA

Guerra y paz entre Castilla y León; el matrimonio de Berenguela

La situación de Castilla se hizo crítica, obligada a luchar en tres frentes. Desoyendo las exhortaciones del Papa, Alfonso IX y Sancho VII parecían considerar la derrota de Alarcos como una ocasión admirable para obtener la venganza por tantos agravios como entendían haber recibido. Según parece, el monarca leonés estaba en Toledo cuando llegó a la ciudad Alfonso VIII con su ejército en derrota; exigió la entrega de ciertos castillos en la disputada frontera y, al oponérsele una negativa, abandonó airado la Corte de su primo. Utilizando una vez más los servicios de Pedro Fernández de Castro —a quien hallamos de nuevo confirmando como mayordomo los documentos leoneses— logró una alianza con el khalifa almohade. A esta alianza se sumó el rey de Navarra. En cambio Alfonso II de Aragón se mantuvo firme en la amistad castellana, pero apenas pudo prestar ayuda porque murió el 25 de abril de 1196. Sancho I de Portugal esperaba que una coyuntura favorable se presentase para intervenir.

Es indudable que, en la campaña de 1196, hubo tropas leoneses en el ejército almohade que hizo el terrible periplo de destrucciones desde Santa Cruz hasta Escalona que ya hemos apuntado. Unidades musulmanas estaban con los invasores que desde León penetraban en Castilla por Bolaños, Villalón y Frechilla, saqueaban Carrión y alcanzaban Villalcázar de Sirga. Los daños fueron muy grandes. Por su parte Sancho VII saqueaba las comarcas de Soria y de Medinaceli. Alfonso VIII acantonó sus tropas en la Paramera de Ávila atento al desarrollo de las operaciones en ambos frentes; cuando vio que los almohades regresaban a Andalucía, emprendió el ataque a León llevando consigo los auxiliares aragoneses. Tomó Castroverde haciendo prisionero al conde Fernando de Cabrera, empujó a Alfonso IX sobre Benavente, saqueó la comarca del Órbigo hasta Astorga y, pasando por las cercanías de la capital, pasó a cuchillo la población de Puente de Castro, casi toda judía, e instaló en ella una guarnición permanente.

La intervención del Papa fue decisiva. Celestino III veía en la actitud de Navarra y de León un atentado a los supremos intereses de la Cristiandad que exigía solamente la unión entre todos los estados peninsulares. El 31 de octubre de 1196 decretó la excomunión contra Alfonso IX, y el 10 de abril siguiente —sin duda por demandas de Sancho I— concedió a quienes le combatiesen los mismos beneficios que a los cruzados. El rey de Portugal se decidió entonces a colaborar con Castilla invadiendo Galicia y adueñándose de algunas poblaciones, entre otras Tuy. Los términos comenzaban a invertirse y era León la amenazada ahora en su integridad territorial.

La campaña de 1197, en la cual había puesto Alfonso IX todas sus esperanzas, constituyó un fracaso. Recuperó ciertamente Puente de Castro, pero el khalifa Ya‘kub volvió en abril a la ofensiva. Pasando por Córdoba, el monarca almohade hizo encarcelar a Averroes como hereje. Los musulmanes desfilaron ante Toledo, sitiaron Madrid que defendía Diego López de Haro, y llegaron hasta las puertas de Guadalajara, regresando luego por Huete, Uclés, Cuenca y Alarcón. Pero enseguida aceptaron una tregua —que con diversas prórrogas duraría diez años— porque las alarmantes noticias acerca de movimientos almorávides en el Norte de África obligaban a retirar de la Península las fuerzas principales. Alfonso VIII pudo concentrar su ataque en la frontera leonesa combinándole con el que Sancho I llevaba al mismo tiempo a cabo. Alfonso IX hizo un viaje a Sevilla y, cuando comprobó por sí mismo que no había esperanzas de ayuda, aceptó negociar.

La paz fue bastante generosa. Pedro Fernández de Castro, dejando la mayordomía, regresó al servicio del khalifa almohade. Se acordó el matrimonio de Alfonso IX con la infanta Berenguela, su prima segunda, aquella misma que estuviera prometida a Conrado de Hohenstaufen. Ella recibiría en dote los castillos que el rey de León reclamaba, y en arras Astorga, Coyanza, Mansilla y treinta fortalezas más; aquéllos debía tenerlos en vasallaje castellano y éstas en el leonés. Si el matrimonio llegaba a deshacerse —un equipo de obispos se había encargado de presionar al Papa para que concediera la dispensa— la infanta conservaría arras y dote como un señorío propio, sujeto al vasallaje de ambas coronas, garantía para impedir la guerra. Había la esperanza de que Celestino III, que había urgido a la paz con tanto empeño, entrase en el camino de las dispensas que los Cinco Reinos consideraban esenciales para mantener entre ellos la unidad.

La intervención de Inocencio III

La boda se celebró con toda probabilidad en octubre de 1197. En enero de 1198 murió Celestino III y el nuevo Papa, Inocencio III, uno de los más jóvenes y enérgicos sucesores de San Pedro, se mostró inflexible. No podía conceder la dispensa, dijo, y rechazó incluso la demanda, un poco sorprendente, de que autorizara la convivencia de los esposos hasta que pudieran tener sucesión. Esto nos ayuda a comprender que en el arreglo de 1197 había prevista la creación de un señorío neutro sobre el Infantado, a fin de acabar con las querellas fronterizas. Inocencio designó como legado al cardenal Rainerio, tan enérgico como él, con la doble misión de asegurar la separación de los cónyuges y restablecer el censo que pesaba sobre Portugal en razón del vasallaje.

El legado encontró al parecer favorables disposiciones en Alfonso VIII, aunque no en su yerno. Inteligente, piadosa y de gran capacidad política, la reina Berenguela resultaba además de puntual fecundidad. En octubre de 1198 los dos Alfonso decidieron enviar a Roma al arzobispo de Toledo con los obispos de Zamora, León y Palencia para insistir. Mientras tanto se ganaba tiempo. Inocencio III reclamó nuevamente la separación; accedía tan sólo a levantar el entredicho de aquellos lugares en donde los reyes no estuviesen. Esta respuesta del Papa dio origen a nuevas vistas en Rioseco (febrero de 1201) y Ceinos de Campos (agosto o setiembre) y a un Concilio en Salamanca (junio) sin que por parte de la Iglesia ni de los reyes fuera hallada solución satisfactoria. Había nacido entre tanto el primer varón del matrimonio, Fernando; hubo otro más tarde, Alfonso, y también dos infantas, Constanza y Berenguela.

La insistencia del Papa acabó triunfando, pero fue una desdicha. No mentían los obispos españoles cuando afirmaban que aquel matrimonio era la única garantía de paz y que su disolución traería graves problemas. Cuando, el 5 de julio de 1203, el Papa exigió de Alfonso VIII que cesara en su doble juego reclamando a su hija, éste planteó el problema de la dote. Alfonso IX estaba dispuesto ahora a consentir en la separación, pero reclamaba como un derecho que se le entregasen los castillos de la dote. Y su suegro, en cambio, esgrimía el tratado de 1197 que garantizaba a Berenguela la posesión de las arras aun después de disuelto el matrimonio. En mayo de 1204 tuvo lugar la separación. Pero las espadas estaban nuevamente en alto. Y Alfonso IX tenía hijos varones —dos llamados Fernando— de ambas mujeres, Teresa y Berenguela, con quienes se le había prohibido la convivencia.

La recuperación del País Vasco

Alfonso VIII había aprovechado cumplidamente estos años de amistad leonesa para llevar a término uno de los objetivos acariciados por Castilla desde hacía más de un siglo: deshacer las últimas reliquias del testamento de Sancho III, que había separado el antiguo condado de Fernán González de las tierras de Vasconia, de donde salieron los repobladores. El 20 de mayo de 1198 celebró vistas en Calatayud con Pedro II de Aragón y acordaron repartirse Navarra. El mismo año comenzó la invasión. Los castellanos se apoderaron de Miranda de Ebro y los aragoneses de Aibar. Para hacer frente al peligro —el más grave que el reino pirenaico había tenido que soportar— Sancho VII solicitó la paz proponiendo a Pedro II un matrimonio con su hermana Teresa (23 de enero de 1199), pero los contrayentes eran parientes próximos y el aragonés no se atrevió a incurrir en las iras de la Iglesia. Desesperado, el monarca navarro abandonó su país buscando en los gobernadores almohades una ayuda militar.

Apenas hubo otra resistencia militar que la que ofreció Vitoria, repoblada no muchos años antes por Sancho VI sobre el antiguo poblado de Gazteiz; sitiada en otoño de 1199 había sucumbido ya a principios del año siguiente. Toda Álava y Guipúzcoa se entregaron y Alfonso VIII dio el gobierno del país a Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Una intensa labor repobladora y de concesión de fueros fue emprendida, especialmente en las villas de la costa cantábrica, desde Llanes a Fuenterrabía. La incorporación del País Vasco a la Corona de Castilla tuvo enorme importancia. Dio a ésta una fachada marítima casi doble de la que antes poseía y aisló a Navarra del mar, convirtiéndola en territorio cerrado. Hizo a Castilla frontera de Gascuña —la dote de Leonor— acercándola al campo de intrigas del mediodía francés.

Gascuña

Desde que pudo asomarse a las orillas del Bidasoa, Alfonso VIII acarició la idea de reclamar aquella dote de su esposa, un tanto utópica, pero que había ya preocupado a Ricardo I. Un cambio de política —el acercamiento a Francia, que parecerá fórmula dominante de la diplomacia castellana durante tres siglos— favorecería tales pretensiones. En 1200, con ocasión de firmarse una paz entre Felipe Augusto y Juan sin Tierra, fue acordado el matrimonio del heredero del soberano francés, Luis, con una nieta de Leonor de Aquitania, hija de Alfonso VIII, Blanca de Castilla; será la madre de San Luis. Regresando a Navarra después de la derrota, Sancho VII abandonó su francofilia —Teobaldo de Champagne, marido de su hermana Blanca, había figurado como heredero hasta su muerte en la cruzada— y entró en alianza con Juan sin Tierra (tratados de Chinon, 14 octubre 1201, y de Angulema, 4 de febrero de 1202). El monarca inglés podía ofrecer a Navarra algo precioso, una salida al mar; pero era a costa de los derechos de Alfonso VIII.

Héroe de la defensa de Madrid y autor, según se creía, de la fácil conquista de Vasconia, Diego López de Haro consideraba insufrible la influencia que la Casa de Lara tenía cerca de Alfonso VIII. En 1201, imitando la conducta de los Castro treinta años atrás, se desnaturó refugiándose en Navarra. Pero en contra de lo que esperaba, las provincias vascas no se movieron. El rey pudo confiscar tranquilamente los dominios de don Diego y sitiarle en Estella en 1202. La intervención de la reina Blanca de Navarra logró luego la paz —vistas de Alfaro de 1203 y del Campillo de Tarazona de 1204— mediante el acostumbrado recurso de arbitraje. Alfonso no hizo ninguna concesión y Diego López de Haro fue a refugiarse en León donde tenía parientes muy poderosos.

Acababa de morir Leonor de Aquitania. Alfonso VIII reclamó la herencia de Gascuña, con la abierta oposición de Juan sin Tierra. La población del ducado vaciló entre tan distintas pretensiones: los burgueses de Bayona firmaron un convenio con Sancho VII mientras los nobles acudían a prestar juramento a Alfonso VIII en San Sebastián (octubre de 1204). Tropas castellanas entraron en Gascuña en 1205 ocupándola casi por completo; no los puertos de Bayona y Burdeos sin los cuales era imposible sostener el país. El rey de Castilla acabó convenciéndose de la imposibilidad de retener el ducado. Se esbozaba una alianza entre Juan sin Tierra y Alfonso IX y era evidente que el rey de Francia no quería ingerencias extrañas en un país en el cual ya había suficientes complicaciones. En 1208 Gascuña fue evacuada.

El tratado de Cabreros

La definitiva separación de Alfonso IX y Berenguela afectaba a las relaciones entre Castilla, León y Portugal. Sancho I se había mostrado contrario al matrimonio —era natural después del obligado divorcio de su hermana— y supo hacer de esto un timbre de fidelidad a la Iglesia; de este modo consiguió reducir a una cantidad casi simbólica —cuatro onzas— el censo abonado al Papa y que Inocencio III le declarase en 1198 bajo su especial protección. Después de la ruptura de 1204 buscó la amistad de Castilla y, en 1208, hizo que su heredero Alfonso casara con Urraca, otra hija de Alfonso VIII. Esta política hábil y llena de dificultades tenía un solo objetivo: conservar la paz. Sancho conocía bien las debilidades de Portugal especialmente a causa de la escasez de su población que impedía contar con tropas suficientes. Hasta de Flandes se trajeron campesinos para llenar los espacios vacíos. Por eso Sancho I es llamado O povoador. De sus manos salía un nuevo Portugal. Sin embargo la protección que la Iglesia le había dispensado traería dificultades. El poder de los obispos había crecido extraordinariamente y la incipiente burguesía pugnaba por quebrantarlo. En 1208, con ocasión del matrimonio de Alfonso y Urraca, estalló un conflicto con el obispo de Oporto, Martinho Rodrigues, que alegaba impedimento canónico —no era cierto pues Inocencio había autorizado el matrimonio hasta el cuarto grado— y la población se sublevó contra el prelado. Ejemplo contagioso que se transmitió a Coimbra. Pero cuando el Papa intervino, Sancho, aquejado ya por su postrera enfermedad, no se atrevió a sostener a su pueblo. El dominio señorial de los obispos sobre las ciudades fue confirmado; era, en cierto modo, un arcaísmo que el heredero, Alfonso II, pagaría con la corona.

También entre León y Castilla se había restablecido la paz. Amenazado en ambas fronteras, Alfonso IX tenía inevitablemente que ceder. En el pequeño lugar de Cabreros, entre el Valderaduey y el Sequillo, se firmó un tratado el 26 de marzo de 1206 enteramente de acuerdo con el punto de vista castellano. Fernando, hijo de Berenguela, recibía los castillos de la dote haciendo por ellos homenaje a Alfonso VIII. Además era reconocido como heredero del trono en detrimento del otro Fernando, el primogénito nacido de Teresa. Durante algunos años, los justos para que se disipara el peligro almohade, hubo paz. En 1207 Alfonso IX visitó Burgos, en donde estaban Berenguela y los infantes. En 1209 se firmó un nuevo acuerdo en Valladolid dándose a Berenguela Villalpando, Ardón y Rueda y estipulándose las medidas que se consideraban necesarias para resolver los conflictos que pudieran producirse.

La Cruzada

El 23 de enero de 1199 había muerto el khalifa Abu Yusuf Ya‘kub; le sucedió su hijo Abu ‘Abd Allah Muhámmad ben Ya‘kub ben Yusuf, a quien los cronistas castellanos llamaron el Miramamolín, que no es sino la corrupción del título de Amir al-Mu‘minín, que prefería a cualquier otro. Era un joven de diez y siete años, penetrado del espíritu de la guerra santa, que se enfrentaba además desde el primer momento con la necesidad de combatir: una revuelta berberisca estalló en el Sur y un vasto movimiento almorávide acaudillado por los Ibn Ganiya en Ifriqiyya. Para acabar con los almorávides era necesario arrancarles el dominio de las Baleares en donde se sostenían con la ayuda del rey de Aragón. En 1203 una flota con base en Denia se apoderó de Mallorca. Aunque los años siguientes los ejércitos almohades no aparecieron en la Península, nadie se dejaba engañar: el Miramamolín estaba aplastando con mano de hierro la revuelta del Norte de África. Después volvería. Pedro II, además, había sido gravemente afectado por la pérdida de Mallorca.

El peligro indujo a cordura y ésta se tradujo en tendencia a unir fuerzas. La gran figura de estos años es el obispo Rodrigo Jiménez de Rada, probablemente nacido en Navarra y universitario formado en Bolonia y en París, que fue designado para ocupar la diócesis de Osma. Actuó eficazmente entre Alfonso VIII y Sancho VII logrando que ambos reyes se entrevistaran en Guadalajara (29 de octubre de 1207) y firmaran definitivamente la paz. Luego hubo una reunión del rey de Navarra con Pedro II de Aragón en Monteagudo (2 de febrero de 1208). Sus servicios fueron premiados con la promoción, este año, a la diócesis primada de Toledo. El 16 de febrero de 1209 el Papa firmó la bula que encomendaba al arzobispo la predicación de una cruzada contra los musulmanes. Jiménez de Rada hizo de esta empresa la gran obra de su vida; el documento pontificio le daba armas para imponer a todo el mundo la reconciliación, sin necesidad de suplicarla. En 1209 logró el importante acuerdo de Mallén entre Sancho VII y Alfonso VIII y la tregua de Valladolid entre éste y Alfonso IX. Parecía posible que los Cinco Reinos colaborasen en la creación de un gran ejército para el que se esperaba ayuda de más allá del Pirineo.

Pedro II, pese a las graves preocupaciones que le ocasionaba Provenza, era el más impaciente; en 1210 hizo una entrada por la comarca castellonense apoderándose de Adamuz, Castellfabib y Sertella. Alfonso VIII, con prudencia, se limitaba a fortalecer los extremos de su línea, repoblando Béjar y Moya. Al concluirse la tregua, hizo una entrada por Despeñaperros, hasta Jaén y Baeza, tanteando lo que sería precisamente teatro de operaciones. Conocía ya los preparativos almohades, que en el invierno de 1210 a 1211 dieron por resultado la concentración en Marrakesh de un gran ejército. Por medio del obispo de Palencia, Tello de Meneses, el monarca castellano solicitó del Papa el nombramiento de un legado. Inocencio III, por su parte, comisionaba a los obispos de Coimbra, Zamora, Toledo y Tarazona que predicasen la cruzada en todos los reinos. Él se encargaría de extenderla también al Sur de Francia, en donde la guerra de religión estaba entonces en toda su virulencia. Perdida Calatrava, Alfonso VIII estableció en Salvatierra su vanguardia.

El ejército almohade salió de Marrakesh el 6 de febrero de 1211 e hizo una marcha de gran lentitud, pese a la cólera del khalifa y a los castigos aplicados por lo que éste juzgaba negligencia. Dos meses, de marzo a mayo, se emplearon en cruzar el Estrecho y hasta el 1 de junio no estaba Muhámmad en Sevilla. Este mismo mes comenzaba el asedio del castillo de Salvatierra, después de haber incendiado la villa. Alfonso VIII no se atrevió a acudir en su auxilio, aunque estuvo en Talavera, conformándose con hacer maniobras de diversión poco eficaces por Trujillo y Montánchez. Pero la guarnición resistió valerosamente durante cincuenta y cinco días y, aunque la pérdida de Salvatierra percutió como un golpe doloroso en la conciencia de los cristianos, llegaba demasiado tarde para el khalifa, que no se atrevió a arrostrar los peligros de una campaña de otoño en la Meseta.

Las Navas de Tolosa

Los cristianos sabían ya lo que valía aquella muchedumbre de musulmanes. Renunciando a la defensiva, decidieron buscar la gran batalla. El 29 de setiembre de 1211 se cursaron órdenes para suspender los trabajos de fortificación en las ciudades y concentrarse, en cambio, en Toledo la próxima Pascua de Pentecostés de 1212. Jiménez de Rada fue a Roma en busca de bulas que permitiesen aumentar los recursos. Apenas habían comenzado los preparativos cuando murió el heredero de la corona, Fernando (14 de octubre de 1211). Sin desanimarse por ello, Alfonso VIII celebró una entrevista en Cuenca con Pedro II, de quien obtuvo promesas de colaboración, y avanzó desde Alarcón por el Júcar tanteando al enemigo y recogiendo noticias.

Durante el invierno se produjeron oleadas de entusiasmo. Los infatigables trabajos de Jiménez de Rada habían conducido a crear esta atmósfera de exaltación de las guerras religiosas. Comenzaron a llegar a Toledo tropas con mucha antelación respecto a la fecha señalada. Entre los caballeros del Sur de Francia hubo la misma decisión: se pintaba con halagüeños colores la importancia del botín que esperaba en las ciudades musulmanas. Los trovadores occitánicos tomaron como suya esta cruzada poniéndola en contraposición con la que contra los albigenses se estaba desarrollando. Folquet de Marsella compuso una canción para los cruzados. Sólo Alfonso IX permaneció al margen del entusiasmo general; exigía una rectificación favorable de la frontera de Campos a cambio de su ayuda. No pudo o no quiso, sin embargo, evitar que muchos caballeros leoneses vinieran a ponerse bajo las banderas de Castilla. El Papa nombró legado a Arnaldo Amaury, abad del Císter y arzobispo de Narbona, que ya lo era en la cruzada contra los albigenses. Vinieron también acompañando a los caballeros el arzobispo de Burdeos y el obispo de Nantes.

Pese a su aire internacional, la empresa era predominantemente castellana. Toledo, hervidero de gentes en la primavera de 1212, fue cuartel general y punto de concentración de riquezas que se obtuvieron de iglesias y monasterios. Día y noche los monederos tuvieron que trabajar para convertir el oro y plata en numerario con que pagar a aquel enorme ejército que, ya en la octava de Pentecostés, cuando aún no habían venido los aragoneses, se calculaba en 70.000 hombres. Luego este número creció. Los cronistas musulmanes afirman que Abu ‘Abd Allah Muhámmad había reunido 250.000 soldados. Ningún crédito podemos dar a las cifras de uno y otro bando, pero dos hechos parecen indudables: que nunca se habían enfrentado ejércitos tan grandes, y que la superioridad numérica correspondía a los almohades.

Los cristianos salieron de Toledo el 20 de junio. Iban divididos en tres cuerpos: delante los cruzados a las órdenes de Diego López de Haro, en el centro los catalanes y aragoneses de Pedro II, y detrás Alfonso VIII con las tropas castellanas. Dos días más tarde emprendían los almohades la marcha desde Sevilla. La marcha era lentísima; en ningún bando se había resuelto la cuestión de los aprovisionamientos. El 24 de junio la vanguardia de cruzados tomó al asalto Malagón asesinando a los defensores. Tres días más tarde comenzaba el asedio de Calatrava, que se rindió el 30. De acuerdo con la costumbre española, Alfonso VIII permitió a los defensores y sus familiares retirarse indemnes. Los cruzados protestaron. Se creían defraudados porque se les hurtaba el botín que esperaban. El 2 de julio decidieron abandonar el ejército y regresaron a su país cometiendo al paso actos de violencia sobre poblaciones cristianas.

La marcha de un contingente numeroso podía producir gran quebranto. Pero, al parecer, trajo un beneficio considerable por el restablecimiento de la disciplina. Castellanos, aragoneses y catalanes, con los grupos de leoneses y portugueses que iban creciendo, daban a la cruzada una tónica de monopolio español. Además, el 7 de julio, cuando ya habían sido conquistados Alarcos, Caracuel, Benavente y Piedra Buena, llegó Sancho VII con sus tropas de Navarra. El 12, al pie del Muradal, se hizo el alarde. Los almohades estaban al otro lado en las Navas y ocupaban el paso de la Losa, si bien los cristianos se habían adelantado a guarnecer las alturas. Hubo escaramuzas, pero bien pronto pudieron convencerse los cristianos de que sus posiciones eran desfavorables y no permitían abrigar esperanzas respecto a forzar el paso.

Pero el área de la lucha era el tránsito de la Meseta al Guadalquivir, camino que conocían bien los recueros y trashumantes. Un pastor —buen tema después para una leyenda de milagros— mostró al rey el camino por donde, monte a través, era posible rodear las posiciones musulmanas y colocarse al otro lado de la cordillera. Diego López de Haro y García Romeu, vasallo de Pedro II, recorrieron este camino hasta salir a Mesa del Rey (14 de julio). Allí se reunieron todos después. Rehuyeron el encuentro definitivo hasta el 16. En la madrugada de este día, tras haberse preparado con oraciones y comuniones, los cristianos formaron sobre el campo. Alfonso tenía el centro, según correspondía, Pedro II la izquierda y Sancho VII, a cuyas órdenes se habían colocado las milicias concejiles, la derecha. En punta de vanguardia estaba Diego López de Haro y detrás de él Gonzalo Núñez de Lara con la caballería de las Órdenes Militares. El khalifa ocupaba, en retaguardia, una tienda roja bien visible, rodeado por su guardia negra, a cuyos miembros se había atado con cadenas para que no pudiesen huir. El grueso formaba una sola línea y la vanguardia era ligera y estaba formada por voluntarios de la fe.

Los cronistas y documentos medievales llaman a esta batalla indistintamente de Las Navas de Tolosa, del Muradal o de Úbeda. Julio González piensa que tuvo lugar cerca del pueblo actual de Santa Elena. Los musulmanes la plantearon como repetición de la de Alarcos, pero esta vez el número no jugaba tanto a su favor. En la primera embestida, los cristianos hicieron saltar la vanguardia y abrieron brecha en el grueso de las tropas enemigas. El khalifa lanzó entonces todas sus reservas, detuvo el avance y causó desconcierto en los cristianos. Pero Alfonso VIII no había empleado aún su retaguardia. Fue en este momento cuando pronunció las frases que recoge la crónica sobre vencer o morir en la demanda; mandando en persona su reserva se lanzó al ataque y destruyó a los almohades, que emprendieron la fuga. Las pérdidas almohades fueron enormes a causa de la desbandada que se produjo. Pero no hay forma de cifrarlas.

Los cristianos irrumpieron en el alto Guadalquivir apoderándose de Ferral, Baños, Tolosa y Vilches. Baeza, abandonada por sus habitantes, fue incendiada. Úbeda, tomada al asalto el 23 de julio, se convirtió en un montón de ruinas. Pero, después de esto, comenzando a manifestarse la disentería en el ejército, Alfonso VIII decidió emprender la retirada.

Hasta su muerte, en setiembre de 1214, el monarca castellano combatió sin descanso. Se advertía un endurecimiento en la resistencia almohade, con la participación activa de tropas andalusíes que se sentían ya amenazadas de cerca. Alfonso VIII hubo de hacer una campaña en pleno invierno para recuperar Cuevas y Alcalá, que los musulmanes habían conquistado. Sitió entonces Alcaraz, que tomó el 22 de mayo de 1213. El 1 de julio las milicias de Talavera que se arriesgaron cerca de Sevilla, sufrieron una grave derrota. En la campaña de 1214, paralela en Castilla y León, Alfonso IX pudo apoderarse de Alcántara, con el auxilio de las tropas que le llevó Diego López de Haro, pero fracasó ante Mérida. Y los ataques castellanos se estrellaron contra Baeza, que los musulmanes habían vuelto a ocupar.

El problema albigense

Poco más de un año había transcurrido desde las Navas cuando Pedro II, llamado el Católico, héroe de la gran batalla, moría defendiendo a unos herejes contra la cruzada de Simón de Monfort. La explicación de esta paradoja forma parte del fracaso de los sueños occitánicos acariciados desde la época de Ramón Berenguer y tendrá como consecuencia un nuevo proceso de hispanización de Cataluña. La herejía albigense, violento movimiento antisocial, abrió las puertas del Sur de Francia a los descendientes de Hugo Capeto, empujando a las lenguas de oc —con su carga literaria y sentimental— al otro lado del Pirineo. Desde entonces Valencia y Mallorca aparecen como zonas primordiales de expansión para Cataluña, en donde muchos empiezan a preguntarse si en Tudellén y Cazola no se cometieron graves errores, al conformarse con reservas territoriales demasiado pequeñas.

Conviene advertir que en ningún momento mostró Pedro II la intención de patrocinar o defender a los herejes; al contrario, brindó a los legados pontificios Pedro y Raúl de Castelnau todo su apoyo y, si la represión de la herejía se hubiera encomendado al soberano catalán, es casi seguro que la hubiese aplicado con toda energía. Su interés iba guiado únicamente a mantener el bloque político del Ródano al Ebro, superando incluso el obstáculo que oponía el testamento de Alfonso II, según el cual Provenza, con Millau y Gavaldan, eran legados al segundogénito Alfonso. El tercer hijo, Fernando, fue abad de Montearagón. Pedro II intervino frecuentemente en Provenza haciendo sentir a su hermano la realidad del señorío y cuando éste murió, en 1209, asumió la tutela del sobrino heredero, Ramón Berenguer.

Todas las acciones del monarca, en los primeros años del siglo XIII, se dirigían al fortalecimiento de posiciones. Casó a su hermana Leonor con Raimundo VI de Toulouse para acabar con las rivalidades entre ambas familias. Él mismo casó con María de Montpellier, a quien jamás demostró el menor afecto, sólo para poder posesionarse de esta ciudad (1204); de este matrimonio, que Pedro quiso disolver sin conseguirlo, nació en 1208 el futuro Jaime I, que fue criado en Montpellier, lejos del amor paterno. En 1204 el rey hizo un viaje a Roma para renovar el vasallaje a la Santa Sede y recibir solemnemente la corona de manos de Inocencio III (11 de noviembre). Buscaba el precioso apoyo espiritual del Papa para sus querellas con la Casa de Toulouse y sus proyectos sobre Mallorca, urgentes para la expansión barcelonesa. En esta ocasión ofreció al Pontífice defender la ortodoxia contra la herejía y, en efecto, le vemos combatir a los albigenses mientras que Raimundo VI les favorecía.

El sostenimiento de una política activa en Languedoc, a medida que la difusión de la herejía provocaba necesidades militares, estaba produciendo importantes cambios en el régimen financiero de Cataluña y Aragón. El conde de Barcelona, que un siglo antes era soberano rico, se había convertido en deficitario. Desde 1206 cobra una contribución de doce dineros por libra sobre todos los bienes muebles e inmuebles. Muy pesada, produjo el descontento. A todas luces existía un divorcio entre la opinión del soberano y la de sus súbditos.

La invasión de los cruzados

Había que extirpar la herejía; pero grandes diferencias de opinión se producían en cuanto al procedimiento. A su regreso de Roma, el obispo de Osma, Diego de Acevedo, que viajaba en compañía de un joven canónigo de su iglesia, Domingo de Guzmán, atravesó el Languedoc comprobando los estragos que en el orden material y moral causaban los albigenses y sus contrarios. Decidieron que no había otro modo de atajar el mal que convertirse a la pobreza y austeridad que practicaban los herejes y que reprochaban no tener a la Iglesia romana. Así crearon pequeños grupos de predicadores errantes, viviendo de limosna y practicando el ejemplo. Fueron el germen de la Orden dominicana —canes del Señor— creada más tarde en 1215 y reconocida por el Papa en 1216. Pero el legado Pedro de Castelnau tenía distinta manera de pensar; había que responder a la violencia con la violencia y comenzó a organizar tropas.

Raimundo VI, lo mismo que otros muchos nobles languedocianos, se opuso a las rudas maneras del legado. Un ejército pontificio acabaría con la legalidad del régimen feudal que tenía ya muchos defectos legales sobre sí. El 14 de enero de 1208 Pedro de Castelnau fue asesinado por un caballero del conde de Toulouse. Con razón o sin ella las sospechas recayeron sobre Raimundo. Un nuevo legado, Arnaldo de Amaury, el mismo que intervendría más tarde con tan poca fortuna en Las Navas, decidió predicar la cruzada llamando a los caballeros del Norte. Como de costumbre, jugaron intereses económicos, pues brillaba la codicia de apoderarse de los ricos señoríos languedocianos. Pedro II se encontró en una terrible disyuntiva. Los nobles que le juraban vasallaje confiaban en él; los trovadores le excitaban a defender Occitania contra la invasión; Raimundo VI invocaba el parentesco en demanda de ayuda. Muy pronto el jefe de la Casa de Barcelona tendría que elegir entre el cumplimiento de las promesas que hiciera a Inocencio III o la defensa de los sueños de unidad occitánica.

Esto sucedía en el momento preciso en que por muerte de Armengol VIII y renuncia de su viuda (1209), el conde de Barcelona lograba reunir toda la tierra catalana en una sola mano. Antes de dar un paso fatal, Pedro II vacilaba; de ahí su inveterado deseo de negociar. Hubo un último plazo. Raimundo VI solicitó perdón del Papa y fueron levantadas las censuras espirituales. Pero los cruzados se habían puesto en marcha en 1209 y no iban a detenerse. Las primeras noticias de su proceder llenaron de temor. El conde de Foix y el vizconde de Béziers acudieron a Pedro II en Collioure solicitando su auxilio. Las vacilaciones del rey se comprenden: de un lado estaban las promesas que hiciera al Papa, del otro sus obligaciones como soberano respecto a vasallos a quienes se atacaba. Y estas vacilaciones permitieron a los cruzados tomar al asalto Béziers (22 de julio) y rendir Carcassonne (15 de agosto) cometiendo en ambas terribles violencias.

Muret

Pedro II se lanzó a una empresa desesperada de poner paz e impedir nuevas efusiones de sangre. Aceptó que Simón de Monfort tuviera el señorío de Béziers y Carcassonne, con vasallaje catalán. Aplaudió la decisión de Raimundo VI de trasladarse a Roma para lograr del Papa un trato más justo (enero de 1210). Inocencio III había sido informado por su legado de que la actitud del conde de Toulouse hacia los herejes era más bien blanda; por tanto exigió de Raimundo una justificación plena, pero transmitía secretamente sus órdenes a Arnaldo Amaury para que no se conformase con menos de la entrega del castillo de Toulouse. Las exigencias que los concilios de Saint Gilíes (1210) y Montpellier (1211) presentaron a Raimundo eran inaceptables: se le exigía desarmar sus tropas, ir a Tierra Santa y abrir el país a los cruzados. Se dispuso a resistir.

Mientras las hostilidades recomenzaban, con negros sufrimientos para la población languedociana, el rey de Aragón intentaba un último esfuerzo para salvar, no la estructura política de su mundo occitánico, pero al menos la vida y la influencia catalanas. En las vistas de Montpellier de 1211, acordó el matrimonio de su propio heredero, Jaime, que residía en la ciudad, con una hija de Simón de Monfort; el príncipe fue encomendado a la custodia de su futuro suegro, en cuyas manos constituía un precioso rehén. Luego Pedro II pasó a la Península para tomar parte en la otra cruzada, que llevaba al triunfo de las Navas. Y mientras escribía esta página de gloria, Simón de Monfort tomaba Moissac y, dueño de Gascuña y de Bearne, cerraba el dogal en torno a Toulóuse. Amaury renovó la excomunión contra Raimundo ofreciendo a Simón de Monfort la presa más opulenta.

En febrero de 1213, Pedro II vino a situarse en Toulouse, cubriendo con su persona y sus tropas, muy poco numerosas, la ciudad amenazada. Sus negociaciones con el legado, con Monfort, con los padres del Concilio de Lavaur fracasaron. Los cruzados veían muy cerca la meta y no querían sino acabar. Raimundo VI, los habitantes de Toulouse, los condes de Foix y de Commenges, Gaston de Bearne, hicieron homenaje al rey de Aragón poniendo su suerte en sus manos. Pedro II declaró la guerra. Pero no obtuvo de Cataluña el soporte económico que necesitaba y su ejército se enfrentó en Muret (14 de setiembre de 1213) con el de los cruzados, mucho más numeroso. El rey de Aragón fue derrotado y muerto.

XXII

UNIÓN DEFINITIVA DE CASTILLA Y LEÓN

Las treguas de Coimbra

El gran ausente de las Navas fue Alfonso IX. Los predicadores de la cruzada podían señalar el escándalo de que, en horas de tanto peligro, él se entregara a guerras de frontera contra Portugal y Castilla. Toda su vida, conjunto de ideas muy modernas junto a fracasos en la realización, había estado dedicada a subsanar los defectos de una herencia que colocaba a su reino en condiciones de inferioridad con respecto a Castilla. Por culpa del Papa, las dos soluciones diplomáticas apuntadas con sus matrimonios —alianza portuguesa, alianza castellana— habían fallado en su intento, complicando aún más la situación. Tenía dos hijos de igual nombre, Fernando, y detrás de cada uno medraba una opinión favorable. Una alianza entre Castilla y Portugal le amenazaba constantemente. Después del retroceso ante los almohades, en 1184, la reconquista leonesa estaba detenida y su frontera meridional amenazada por los castellanos y portugueses, que habían avanzado de tal manera que apenas si quedaba un pasillo a la futura acción. Se comprende que, en 1204, Alfonso IX viese en sus inmediatos vecinos un peligro mayor que el de los musulmanes.

La paz de Cabreros de 1206 no aportó la anhelada solución pues el monarca leonés hubo de consentir en que se constituyese entre ambos países un señorío neutral para Berenguela y su hijo y reconoció a éste derechos a su herencia. León necesitaba disponer de estas reservas trigueras para asiento de una población que se expansionaba. Alfonso IX alentaba y dirigía febrilmente la creación de ciudades, otorgando fueros y llamando campesinos a habitarlas. Entre las nuevas fundaciones se cuenta La Coruña. Pero quizá el aspecto principal de la tarea de refuerzo del reino repose en el apoyo a la Iglesia. En las Cortes de Benavente de 1202 y en las de León de 1208 las decisiones más importantes se refieren a las propiedades de los clérigos. En 1211 hizo consagrar solemnemente la catedral de Santiago, destinada a convertirse en el centro espiritual del reino.

La primera ocasión se presentó a la muerte de Sancho I de Portugal (marzo de 1211). Alfonso II, que le heredaba, era bien conocido por sus tendencias a enriquecer el patrimonio real y aumentar el poder de la monarquía. Pese a que dispuso el inmediato cumplimiento de las mandas hechas al clero por el difunto rey en su testamento, la Iglesia desconfiaba. En la Curia plena de Coimbra, en 1211, Alfonso tomó disposiciones para asegurar a los hombres libres la disponibilidad de su persona y de sus bienes; al mismo tiempo prohibió a la Iglesia adquirir bienes raíces salvo para aniversarios de los reyes. Era un intento de detener la amortización de tierras por la cual sufría mucho Portugal. Cuando, inmediatamente, exigió de sus hermanas, Sancha y Teresa, que recibiesen por alcaides de sus villas a quienes él nombrase y pagasen en ellas los tributos de realengo, los obispos y el Papa se colocaron detrás de las infantas. Los hermanos del rey, Pedro y Fernando se exiliaron y muchos nobles con ellos. Naturalmente hubo una demanda de ayuda a Alfonso IX, el marido divorciado de Teresa.

Las tropas reales atacaron Montemor, que era de Teresa y se defendió enarbolando el estandarte del rey de León. Éste acudía, auxiliado por nobles portugueses, y se apoderó de Coimbra. Cuando Alfonso, replegado sobre Guimaraês, sufrió una pequeña derrota en Portela de Valdévez, su situación se hizo extremadamente comprometida. Por fortuna para él, Inocencio III ordenaba a los arzobispos de Compostela y Toledo que interviniesen para restablecer la paz, lo que situaba a la Iglesia del lado conveniente para el monarca. Y, en vísperas de Las Navas, Alfonso IX hería por la espalda a Alfonso VIII apoderándose de algunos castillos, entre ellos Castrotierra, Ardón y Alba de Aliste. Era evidente su queja y su deseo: abrir paso amplio a sus tropas hacia el Sur, asegurándose la parte correspondiente de los despojos del Imperio almohade.

Alfonso VIII —conviene tener en cuenta la fuerza moral que le daba su victoria de Las Navas— mostró una gran moderación. En lugar de combatir, negoció, tranquilizando a su primo respecto a la futura zona de conquista. Los tres reyes llamados Alfonso se reunieron en Coimbra y allí acordaron (11 de noviembre de 1212) hacer la guerra al Islam, paralelamente cada uno desde su frontera, prestándose ayuda recíproca. El tratado de Coimbra tiene esta fundamental importancia: garantía para los reinos occidentales de un reparto equitativo, como Tudellén y Cazola garantizaban en el Este.

El Imperio almohade en crisis

Abu ‘Abd Allah, el vencido de Las Navas, había regresado inmediatamente a África en donde murió, todavía muy joven, antes del 25 de diciembre de 1213. Las últimas noticias que recibió se referían a la pérdida de Alcántara, recuperada por un ejército leonés y castellano y a la renovación de los avances en la frontera portuguesa, en donde Alfonso II estaba reorganizando las Órdenes Militares. Santiago estaba de nuevo en Palmela, Calatrava recibía en 1213 Aviz y el Temple comenzaba a construir en 1214 Castelo Branco en la antigua heredad de Cardoso. El imperio musulmán se desmoronaba. Yusuf II era un niño al subir al trono y moriría en 1224 contando menos de veinticinco años de edad. El gobierno quedaba en manos de los jeques y del visir ‘Uthmán ben Yamí. La falta de autoridad permitió que se liberasen las tres fuerzas destructivas subterráneas: la de los monarcas cristianos —fue una fortuna la muerte en corto plazo de Alfonso VIII y Pedro II, que daban paso a minorías largas—, la de los musulmanes de la Península, que aspiraban a crear su propia monarquía independiente y la de las cábilas Banu Marín —benimerines para los cronistas cristianos— que abandonando sus estepas de Siyil-Massa y Figuig estaban avanzando a lo largo del Muluya. En 1216 causaron dos derrotas cerca de Fez a las tropas almohades.

La muerte de Fernando, el mayor de sus hijos (agosto de 1214) y la de Alfonso VIII (5 de octubre) distrajo la atención del monarca leonés que, arrastrado esta vez por los Lara, intervino según veremos en el corto y turbulento reinado de Enrique I de Castilla. Pero los portugueses mantuvieron encendida la guerra, lo mismo que en Extremadura las Órdenes Militares, por su propia cuenta. Aprovechando, como de costumbre, el paso de cruzados por sus costas se emprendió la reconquista de Alcaçer do Sal, que fue sitiada el 3 de agosto de 1217. La operación duró mes y medio pues grandes auxilios fueron acumulados por los musulmanes, lo que dio origen a una gran batalla (11 de setiembre). La ciudad se rindió el 18 de octubre y, probablemente, sucumbieron al mismo tiempo otras posiciones vitales como Serpa y Moura.

Enrique I

Una serie de afortunadas y extrañas circunstancias coincidieron para hacer de Fernando, hijo de Alfonso IX y Berenguela, el receptor de la herencia de ambas coronas. Fue primero la muerte del primogénito de Alfonso VIII de Castilla que no dejaba a éste otro heredero que Enrique, nacido en 1203. Luego la de otro Fernando, hijo de Alfonso IX; en buena lógica éste debía haber proclamado inmediatamente sucesor en León al hijo de Berenguela, pero se abstuvo de hacerlo, sin duda porque esperaba arrancar concesiones territoriales de Castilla. Enrique I, proclamado rey en 1214, quedó encomendado por su padre a la custodia y regencia de Berenguela. Frente a la infanta surgió, como sesenta años antes, un bando de la nobleza acaudillado por Álvar Núñez de Lara, que argumentaba contra el gobierno de una mujer.

Berenguela, muy prudente, consintió en abandonar la regencia previo juramento del conde de Lara de atenerse a fuertes limitaciones: no hacer la guerra, dar o quitar tierras a vasallos e imponer tributos, sin previo consentimiento de la infanta. Prestado el juramento ante el arzobispo de Toledo, Berenguela se retiró a Autillo, cerca de Carrión, aparentemente apartada de los asuntos políticos, en realidad buscando el amparo de las dos nuevas familias palentinas, los Téllez y los Girón, que neutralizaban. Álvar Núñez buscó un refuerzo a su posición en la alianza con Portugal, concertando el matrimonio de Enrique I con Mafalda, hija de Sancho I (29 de agosto de 1215). Pero la unión no pudo consumarse: Berenguela había advertido que los contrayentes tenían impedimento de consanguineidad e Inocencio III se apresuró a encomendar al obispo de Tarazona que impidiese con excomuniones la boda. Desde entonces hubo una guerra sorda entre los Lara y la infanta; ésta no se equivocaba al pensar que el objetivo final de don Álvaro era privar a Fernando de sus derechos, tanto en León como en Castilla.

El 12 de agosto de 1216 Alfonso IX y Enrique I se reunieron en Toro. Obedecían las exhortaciones del Concilio de Letrán que había pedido a todos los príncipes cristianos que cesasen en cualquier hostilidad en los cuatro años siguientes a fin de volcar su esfuerzo contra los musulmanes. Pero alentaba por debajo de la verdad oficial una oscura intriga: Álvar Núñez de Lara propuso a Sancho Fernández, alférez en León, un matrimonio de Enrique I con la hija mayor de Alfonso IX y Teresa, reconociendo a ambos como herederos. De esta forma se privaría del trono al hijo de Berenguela y los dos ministros conservarían su poder. Es la primera posibilidad de unión de los reinos que se formula. Pero Sancho Fernández, que era hermano de Alfonso IX, sentía más confianza en Berenguela que en los Lara. Y el propio rey de León no parecía decidirse respecto a la herencia: el 6 de enero de 1217, al otorgar a sus hijas Sancha y Dulce extensos patrimonios en Galicia, imponía la condición de que harían por ellos vasallaje al que fuera rey de León. El propio Enrique I no parecía hallarse muy conforme con la tutela a que estaba sujeto.

Para acabar de una vez con sus adversarios, Álvar Núñez de Lara atacó militarmente sus posesiones, tomando Villalba de los Alcores que era de los Téllez de Meneses y arrasando los predios de Rodrigo Díaz Girón. Berenguela, sitiada en Autillo, pidió entonces a su ex-marido que la socorriese y Alfonso IX envió quinientas lanzas a las órdenes de Fernando, el hijo de ambos. Álvar Núñez llevó al niño a Palencia y corrió a Toro para quejarse al rey de León (mayo de 1217). También Fernando estaba en Toro. El 6 de junio, cuando se hallaba jugando con otros muchachos, murió Enrique I en Palencia. Berenguela avisó secretamente a Fernando quien, sin notificar a su padre el importante suceso, corrió a reunirse con ella. A falta de hijos varones, Berenguela era la sucesora.

La proclamación de Fernando III

Álvar Núñez de Lara veía hundirse en un momento todas sus esperanzas. Intentó negociar a fin de ganar tiempo para la realización de sus nuevos proyectos, pero Berenguela no se dejó engañar. Acudió a Valladolid y allí hizo simultáneamente la posesión y renuncia del poder en su hijo, Fernando III, que fue proclamado (1 de julio de 1217). El poderoso alférez mayor acudió a Alfonso IX para convencerle de que su derecho era mayor que el de su hijo. Las tropas leonesas invadieron Castilla avanzando con mucha rapidez por esta zona del Infantado de Valladolid que Alfonso IX codiciaba: Villagarcía, Urueña, Castromonte, hasta acampar en Arroyo de la Encomienda, a las puertas de Valladolid, el 5 de julio. Hacía tres días que Fernando III había sido coronado en Santa María la Mayor. Alfonso IX rechazó los mensajeros de Berenguela y avanzó hasta Laguna, tratando de cortar el paso de comunicación con Ávila y Segovia, cuyas milicias acababan de rechazar un ataque de Sancho Fernández.

No pudiendo resistir la invasión, Fernando III y su madre se retiraron a Burgos e insistieron en sus deseos de paz. Alfonso IX les escuchó: desde luego Castilla no estaba dispuesta a dejarse conquistar. El 11 de noviembre de 1217 se firmó una tregua: Fernando reconocía a su padre la posesión de Villalar, San Cebrián, Urueña, Villagarcía, San Pedro de Latarce, Santervás, Herrera, Belvis, Cubillas y Santibáñez; se hacía cargo de la deuda de 11.000 maravedís que Alfonso IX reclamaba a Enrique I; garantizaba finalmente bienes y señoríos a la Casa de Lara.

Álvar Núñez no quiso aceptar la paz. Alzando rebeldía en sus villas, convenció nuevamente a Alfonso IX de que le había sido conculcado el derecho y desafió a sus enemigos, Gonzalo Ruiz Girón, Lope Díaz de Haro y Alfonso Téllez de Meneses a batalla en día y campo fijo, según la antigua costumbre del riepto. Vencidos, los nobles se refugiaron en Castrejón, cerca de Alaejos. Cuando intentaba el asalto al castillo, Álvar Núñez fue muerto. Fernando III dispuso que se le enterrase en Uclés, según deseo del difunto, con todo honor. Alfonso IX aceptó nuevas negociaciones que llevaron al pacto de Toro (26 de agosto de 1218), confirmación de la tregua del año anterior. De este modo se afianzaba en el trono Fernando y concluía la última guerra entre León y Castilla.

Portugal: el conflicto con la Iglesia

En la paz de Coimbra de 1212 la actitud de la Iglesia con respecto a Alfonso II de Portugal había sido ambigua. De acuerdo con las órdenes del Papa, los obispos obligaron a Alfonso IX a la retirada, pero mantuvieron la amenaza de excomunión sobre el soberano portugués a causa de sus exigencias sobre las villas de sus hermanas. El pleito concluyó con una sentencia pontificia que reconocía a Alfonso el señorío sobre las villas y a las infantas el disfrute de las rentas (7 de abril de 1216). Esto no mejoró las relaciones del rey con el clero. Alfonso estaba decidido a recobrar, costase lo que costase, el patrimonio real —las tierras— a fin de instalar campesinos libres, ajenos al señorío, combatientes y tributarios. El 13 de abril de 1218 dispuso que sobre todas las rentas reales se cobrase el diezmo para la Iglesia; muy poco tiempo antes había enviado a sus agentes para informarse, entre Duero y Miño, de los derechos que hubieran sido usurpados. Son las inquiriçoês. Se ofrecían a la Iglesia mayores rentas muebles a cambio de las inmuebles que la corona reivindicaba.

La Iglesia no estaba conforme. Frente al bando realista, cuyas figuras máximas eran el mayordomo Pedro Anes y el canciller Gonzalo Mendes, se alzó el arzobispo de Braga, Esteban Soares da Silva. Una Asamblea del clero, reunida en Coimbra, atacó a fondo la política de Alfonso II extendiéndose a mil aspectos ajenos a esta lucha con la Iglesia. Muchos nobles, entre ellos un bastardo de Sancho I, Martín Sánchez, huyeron a León excitando nuevamente a Alfonso IX a intervenir. Llegó en 1218 al campamento que éste tenía frente a Cáceres en la primera de sus muchas intentonas para recuperar esta ciudad. Un encuentro entre guarniciones gallegas y portuguesas en Varzea, cerca de la frontera de Limia, obligó a Alfonso IX a acudir (febrero de 1219) penetrando en Portugal. Poco después el arzobispo de Braga pronunciaba la excomunión contra Alfonso II y se refugiaba en Roma (1220). Los leoneses se retiraron pronto, después de haber firmado la tregua de Boronal (13 de junio 1219), reconociendo Alfonso II los derechos hereditarios de sus sobrinas Sancha y Dulce al trono de León.

El Papa sostuvo, como es lógico, a los obispos y sus cartas fueron acres reconvenciones para el soberano. Sabemos, sin embargo, que no todos los prelados estuvieron de acuerdo con la intransigencia de Soares da Silva. Nuevos elementos en la discordia aparecían entretanto con la fundación de monasterios franciscanos y dominicos. En 1216 ingresó en la Orden de San Francisco Fernando de Bulhoês, que sería más conocido por San Antonio de Padua. El conflicto entre Iglesia y rey terminó, de momento, sin victoria para ninguna de las partes. En su última enfermedad, Alfonso II atendió las recomendaciones de paz e hizo un acuerdo con el arzobispo de Braga por medio del maestre Vicente, deán de Lisboa. El soberano murió el 25 de marzo de 1223.

La reconquista de Cáceres

Castilla conservaba la paz con el Islam. La tregua que firmara Berenguela en 1215 fue renovada en 1221. Alfonso IX fue el único en continuar la lucha ayudándose de las Órdenes Militares, especialmente la del Pereiro que, al recibir en 1218 la fortaleza de Alcántara, había tomado este nombre. El objetivo era Cáceres, que los musulmanes fortificaron prodigiosamente. El primer ataque, el mismo año 1218, falló según dijimos. En la campaña siguiente el rey llevó sus tropas hasta las inmediaciones de Sevilla a fin de quebrantar la retaguardia. Acababa de producirse la primera revuelta en al-Andalus, aunque el autor fuese todavía uno de los gobernadores almohades, Abu Muhámmad ‘Abd Allah, que tenía Murcia. En 1221 los caballeros de la Orden tomaron Valencia de Alcántara. En 1222 Alfonso IX emprendió el segundo asedio de Cáceres; nuevamente hubo de suspenderlo conformándose con una compensación económica. Casi todos los años siguientes tropas leonesas talaron los alrededores de la codiciada ciudad.

La muerte de Yusuf II invalidó las treguas que tenía con Castilla (1224). Pacificado el reino, Fernando III se preparaba a asumir lo que sería gran obra de toda su vida, la reconquista. La rápida desintegración del Imperio almohade favoreció sus planes. Los jeques habían exaltado al trono en Marrakesh a un anciano, Abu Muhámmad ‘Abd al-Wahid, que tenía más de sesenta años, porque confiaban en su debilidad. El ejército de España y parte de las tribus de África no quisieron admitirle y reconocieron en cambio al rebelde de Murcia, Abu Muhámmad ‘Abd Allah al-Adil, que tomó título de khalifa. La querella tenía que resolverse en Marrakesh y hacia esta ciudad condujo al-Adil sus tropas, después de haber sufrido derrotas en Andalucía. Como había sucedido a la caída del Imperio almorávide, rebrotaron los taifas. Un ‘Abd Allah, apellidado al-Bayasí porque era natural de Baeza, se sublevó en esta misma ciudad con ayuda de Fernando III, que acababa de apoderarse de Quesada (otoño de 1224). El rebelde y sus auxiliares castellanos pudieron adueñarse de Jaén, Priego, Loja y Granada, derrotar a al-Adil, y tomar Córdoba. Valencia, Niebla y Murcia vieron nacer enseguida poderes independientes.

Al-Adil entró en Marrakesh, después de que Abu Muhámmad fue asesinado por sus propios colaboradores. No estaba en condiciones de enviar a España los refuerzos que aquí se necesitaban. Al-Bayasí, que hizo entrega a Fernando III de Salvatierra y Baños de la Encina, empleó las tropas que su aliado le proporcionaba en un ataque a fondo contra Sevilla. Pero fue derrotado y muerto, en el otoño de 1226. La anarquía cobró un incremento fabuloso. En Marrakesh al-Adil fue asesinado (4 de octubre de 1227). Unos meses antes, en el verano, Alfonso IX había conseguido apoderarse de Cáceres, que demostró ser clave de toda la defensa, pues en los años siguientes ésta se derrumbó y los ejércitos leoneses se desparramaron impetuosamente por Extremadura.

La revuelta de Ibn Hud

La división de los musulmanes españoles era ya irremediable. Veinte días antes del asesinato de al-Adil se había sublevado en Sevilla su hermano Abu-l-Ula Idris al-Ma‘mún, a quien aceptaron los jeques de Marrakesh. Preparando su traslado a África, al-Ma‘mún firmó una tregua con Fernando III, pagando por ella la enorme suma de 300.000 mrs. Un usurpador, Yahya ben al-Násir, surgía en Marruecos mientras tenía lugar, en mayo de 1228, el formidable levantamiento de los andalusíes, acaudillados por Abu ‘Abd Allah Muhámmad ben Yusuf ben Hud, al-Yudamí, descendiente de los antiguos reyes de Zaragoza. Dueño de Murcia, este visionario que se consideraba poseído de virtud divina, proclamó la legitimidad de los abbasíes de Bagdad. Al-Ma‘mún trató de desalojarle de Lorca y Murcia sin conseguirlo; luego abandonó al-Andalus. A sus espaldas Sevilla reconoció a Ibn Hud (1229). El dominio almohade sobre la Península, había terminado.

Ibn Hud se mostró muy por debajo de la ingente tarea que le esperaba. Desde 1226 la ofensiva cristiana alcanzaba ya a todos los frentes y era especialmente grave en Portugal, Extremadura y el valle del Guadalquivir, en donde los puntos vitales del Islam estaban al alcance de las armas cristianas. El nuevo rey de Portugal, Sancho II, aunque fuese un niño, fue educado en el fragor de las armas. Si no hubo lucha entre 1223 y 1226, fue sólo porque sus consejeros entendían que antes era necesario resolver las cuestiones pendientes con la Iglesia y con las infantas. La concordia con la Iglesia —un tratado de diez artículos (junio de 1223)— era una aceptación completa de los puntos de vista del arzobispo Esteban Soares, a quien se otorgaba una indemnización de 6.000 mrs.; el monarca retiraba su autoridad de los señoríos eclesiásticos confiriendo a la Iglesia pleno derecho de justicia. Inmediatamente después se llegó a un acuerdo con Teresa y Sancha, permitiendo a éstas conservar Alenquer y Montemor-o-Velho toda su vida con una pensión de cuatro mil mrs. anuales en las rentas de Torres Vedras.

En la ofensiva contra los musulmanes —que Sancho II inició en 1226 tomando Elvas, que no retuvo— existió colaboración entre todos los reinos. Elvas fue ocupada definitivamente en 1229, bien con auxilio de Alfonso IX o porque éste, habiéndola conquistado, la entregó al soberano de Portugal en cumplimiento de los acuerdos anteriores. En 1229, ya en invierno, Alfonso había comenzado las operaciones destinadas a hacer saltar las defensas de Sevilla: se apoderó de Montánchez y puso cerco a Mérida. Ibn Hud reunió todas sus fuerzas, pero fue derrotado en Alange (marzo de 1230). Fue el fin de la resistencia musulmana y de los sueños del rey de Murcia. Mérida fue tomada al asalto. El ejército victorioso descendió por el Guadiana hacia Badajoz, tomando Baldala, que cambió su nombre por el de Talavera la Real. En pascua de Pentecostés Badajoz estaba en poder de los cristianos. Pero entonces, en pleno triunfo, murió Alfonso IX (24 de setiembre de 1230). El empuje militar era tan grande, que en los años siguientes los cristianos tomaron sin esfuerzo todas las ciudades, hasta la cordillera. Delante de los ejércitos invasores la población musulmana huía buscando refugio en aquellas ciudades aún no amenazadas.

Fernando III rey de León

El testamento de Alfonso IX reflejaba la sostenida intención que el monarca manifestara en los últimos años, pues dejaba la corona a Sancha y Dulce, hijas de su primer matrimonio, y no al varón, Fernando III. Éste, que se hallaba en Andalucía al producirse el óbito, avisado por su madre Berenguela, suspendió las operaciones y acudió rápidamente a León reivindicando su herencia. Berenguela se adelantó a negociar con Teresa, en nombre de sus hijas. Fue una suerte que ambas mujeres sobreviviesen a su marido pues demostraron voluntad de concordia y serena resolución. Fernando III fue reconocido como rey, dando a sus hermanas crecidas indemnizaciones que se cumplieron con exactitud. Éste fue el tratado de Valença. Poco después —o poco antes según opinaba Herculano— Fernando y Sancho II de Portugal se entrevistaron en Sabugal (2 de abril de 1231) a fin de confirmar los acuerdos fronterizos y la amistad. Mientras tanto, Alfonso de Molina, el otro hijo de Berenguela, combatía en el valle del Guadalquivir. Lo que en Sabugal se coordinaba era la acción conjunta contra el Islam los años inmediatos, que serían decisivos.

La minoridad de Jaime I

Con la muerte de Pedro II en 1213 la resistencia occitánica recibió un golpe decisivo. Muy poco después falleció también María de Montpellier. El hijo de ambos, Jaime, nombre nuevo en la dinastía, cuyo origen ha querido explicarse con la alusión a doce velas, una por cada apóstol, que encendió la reina a fin de dar al recién nacido el nombre de aquella que más alumbrase, estaba en poder de Simón de de Monfort desde el pacto de 27 de enero de 1211, que presuponía el matrimonio con Amicia, hija del jefe de los cruzados. También Ramón Berenguer, heredero de Provenza, se hallaba bajo custodia del vencedor. Un hermano de Pedro II, Fernando, abad de Montearagón, y su tío Sancho, conde de Rosellón, que regía ya Provenza, hubieron de colocarse en primer plano disponiendo el envío de una embajada con Jimeno Cornel, Guillermo de Cervera, Pedro de Ahones y el maestre del Temple, Guillermo de Montredón, para solicitar del Papa su intervención.

Inocencio III ordenó a Simón de Monfort que entregase el rey a sus súbditos; el cruzado, obedeciendo esta orden, transmitió la custodia de Jaime al legado Pedro de Benevento. Pero al mismo tiempo, en la plenitud de poderes que concedió a este último, hacía un recuerdo de la soberanía que la Santa Sede conservaba sobre Aragón. En Lérida, en una Asamblea de prohombres aragoneses y catalanes, que ha sido considerada a veces como las primeras Cortes (1214), el infante Sancho fue reconocido como procurador general, auxiliado por un consejo que nombró el Papa. El maestre del Temple, encargado de la custodia del niño, hizo que le llevasen a Monzón. Se crearon dos grandes zonas de gobierno, al norte y sur del Ebro, que tuvieron respectivamente Pedro de Ahones y Pedro Fernández de Azagra.

Una opinión muy fuerte, y que acabará triunfando, se inclinaba a abandonar todas las pretensiones ultrapirenaicas. Hay algo de simbólico en el españolísimo nombre del nuevo rey, Jaime, Santiago. Pero el infante Sancho, con fuertes intereses provenzales, envió tropas que ayudaron a recobrar Toulouse (13 de setiembre de 1217) y a dar muerte a Simón de Monfort. Honorio III amenazó a Jaime I y a sus barones con censuras espirituales y castigos temporales si no cesaban en su auxilio a los rebeldes de Languedoc. La mayor parte de la nobleza aragonesa y también algo de la catalana, siguiendo la opinión de Fernando, abad de Montearagón, consideraba que la lucha en Provenza era contraria a los verdaderos intereses de la monarquía, que se hallaban en la Península. Fueron estos nobles quienes sacaron a Jaime de Monzón, el mismo año 1217. Presionado por ambas partes, el infante Sancho abandonó Languedoc a su suerte y luego renunció a su cargo. Jimeno Cornel, ayudado por nobles y obispos, dio la fórmula que permitía aunar todos los criterios: sacar de tutela al rey, que no tenía sino once años, y gobernar en consejo a su presencia, conservando para el infante Sancho el cargo de procurador general. Oficialmente se puso fin a la minoridad en 1218. Pero el infante Sancho insistió en su renuncia ante las Cortes de Lérida (setiembre de 1218) y recibió a cambio importantes rentas. El sacrificio del procurador no trajo la paz interior; solamente la renuncia definitiva a las aspiraciones occitánicas.

El rey y los nobles

El infante Fernando, abad de Montearagón, estaba ahora en primera línea; tras él un partido de nobles del que eran figuras descollantes Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín, Pedro de Ahones, el vizconde de Cardona, Rodrigo de Lizana, Nuño Sánchez y Guillermo de Moncada, vizconde de Bearne. La aspiración de estos nobles consiste en implantar un régimen que limite la autoridad personal del rey con las opiniones de un Consejo. Hubo guerra. Jaime I sitió Albarracín y fracasó (1220). Los altos oficiales de la Corte le aconsejaron la amistad con Castilla, a la cual permanecería fiel toda su vida, mediante el matrimonio con una hija de Alfonso VIII (6 de febrero de 1221); sería disuelto ocho años más tarde por impedimentos de consanguineidad. Los templarios, con quienes se había educado, impulsaron al joven príncipe a reanudar la lucha contra los musulmanes, único medio de aunar las dispersas energías de los nobles. En 1222 Jaime realizó su primera hazaña militar, el asedio de Castejón.

Maduraba a toda prisa y la adversidad le ayudaba a comprender los problemas, afirmándole en la convicción de que sólo una gran empresa colectiva en el exterior permitiría superar las divisiones. En 1223, Fernando de Montearagón y los suyos le capturaron en Alagón llevándole a Zaragoza en triunfo. Procedieron a repartirse honores y cargos. El término de la tregua con los musulmanes permitió al rey liberarse: negándose a toda prórroga, emprendió el sitio de Peñíscola (1225) y operó por la comarca de Teruel. La guerra había dado a Jaime I lo que más necesitaba, un ejército. El rey de Valencia Sa‘ad Abu Said se sometió a tributo haciendo el homenaje como vasallo. Pedro de Ahones, que se negó a respetar la paz con el musulmán, fue muerto por un caballero de Jaime (1226).

Esta muerte, tras la cual se ocultaba una rivalidad entre casas feudales, desencadenó la guerra civil. Pero el monarca tenía ahora un ejército en sus manos y, elemento decisivo, el apoyo de los catalanes que serán nervio y sustento del poder real en los dos siglos siguientes. Sin obcecarse en castigos, Jaime I logró paulatinamente pacificar los espíritus. Atrajo a Ramón Folch, vizconde de Cardona, y a Guillermo de Moncada, que lo era de Bearne. Sometió a las ciudades de Zaragoza, Huesca y Jaca, hasta entonces rebeldes. Por último, el 22 de marzo de 1227, logró imponer al abad de Montearagón un acuerdo, en Alcalá, remitiendo las querellas a la sentencia definitiva que habrían de dictar el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Lérida y el maestre del Temple, los tres adictos al soberano.

La victoria del rey sobre los nobles era, ante todo, el triunfo de Cataluña que, en adelante, se convierte en el núcleo esencial y en el elemento directivo de la Corona de Aragón. Precisamente porque el abandono de las grandes ambiciones occitánicas obligaba al principado a volver sus esfuerzos hacia la Península revelando para los catalanes toda la importancia de la Corona de Aragón. El mismo año 1227 se prohibió a las naves extranjeras tomar carga en Barcelona para Ceuta, Alejandría y Siria, mientras hubiese disponibles buques catalanes. Al año siguiente Jaime I hacía ocupar el condado de Urgel atendiendo a las reclamaciones de Aurembiaix, hija de Armengol VIII, que había sido despojada de sus bienes por su tía y el marido de ésta, Gerau Cabrera. Para apuntalar la incorporación del condado, Jaime I y Aurembiaix firmaron un tratado de concubinato (28 de octubre.de 1228); si de esta unión, declarada e ilegítima, nacía un hijo, tendría el señorío de Urgel, Cerdaña, Conflent, Bergà y Bergueda. Pero la autoridad monárquica, representación total de Cataluña, quedaba allí tan firmemente establecida como en todas partes.

Conquista de Mallorca

El premio a la fidelidad de Cataluña fue Mallorca, cuya conquista era, desde muchos años antes, secreto anhelo de los comerciantes barceloneses. Nido de piratas, constituía el principal obstáculo para el desarrollo de las relaciones con Italia. En las Cortes de Barcelona de 1228 se decidió emprender una expedición, tomando como pretexto el robo de dos naves que iban a Ceuta y a Bugía. Fue concedido el bovatge y declarada la situación de tregua y paz en todo el territorio. Cataluña abrazó la empresa con entusiasmo y una inmensa flota de ciento cincuenta velas se concentró en Salou avanzado el verano de 1229. El reino de Aragón se mantuvo al margen, si bien numerosos vasallos del rey tomaron parte en la expedición que, partida el 5 de setiembre de Salou, Tarragona y Cambrils, llegó cuatro días más tarde a Palomera y Santa Ponza.

Las primeras fuerzas musulmánas se dispersaron con facilidad. Dos columnas marcharon sobre Palma y chocaron en la montaña de Portopí, en la cual Jaime I obtuvo una gran victoria, que costó la vida a Guillermo y Ramón de Moncada. Bloqueada por mar y tierra desde el 14 de setiembre, la capital resistió tres meses. El primer asalto, dado el 2 de octubre, fracasó. Los catalanes consiguieron, sin embargo, desbaratar los intentos enemigos de cortar el suministro de agua a su campamento, mientras realizaban la sumisión de muchos notables musulmanes del interior. El rey Abu Yahya entró en negociaciones: pedía libre salida para él y su familia, y respeto a la vida y hacienda de los que permaneciesen. Los catalanes se negaron. Palma de Mallorca fue tomada al asalto en la madrugada del 31 de diciembre de 1229. Al día siguiente Jaime I concedía a los barceloneses libertad plena de comercio en toda la isla; a los marselleses se dieron trescientas casas en Palma y la sexta parte de la ciudad de Inca (23 de octubre de 1230).

Poco más de un año tardó en someterse el resto de la isla, en donde fue implantado el catalán y los Usatges. Jaime I regresó a Tarragona, en donde se le hizo triunfal recibimiento, y nombró gobernador de Mallorca a Bernardo de Santa Eugenia. Hizo todavía otro dos viajes a la isla, uno en mayo de 1231 porque había rumores de que el rey de Túnez se preparaba para atacarla. En esta ocasión se efectuaron operaciones militares contra Pollensa, Santueri y Alaró, que aún permanecían rebeldes, y se logró la sumisión de Menorca (Tratado de Cap de Pera, 17 de junio de 1231), que ofreció sin lucha el alcaide Abu ‘Abd Allah Muhámmad. El tercer viaje tuvo lugar en 1232. Sometió a los últimos rebeldes y procedió a un reparto de tierras entre los conquistadores y los musulmanes pacificados. Ibiza no fue conquistada hasta 1235 por el arzobispo de Tarragona, Guillermo de Montgrí.

La herencia de Sancho VII de Navarra

Aislada del mar, impedida de beneficiarse de las ganancias territoriales de la reconquista, sin unidad económica ni de costumbres, Navarra era un arcaísmo difícil de explicar en su supervivencia. Por fuerza debía caer hacia una de las tres fronteras. En medio de dos jóvenes monarcas, demasiado respetuosos con la legalidad para renovar acuerdos de reparto, Sancho VII representaba a la vieja generación, la de Pedro II y Alfonso VIII, aquella que se inclinaba a participar en los negocios del Sur de Francia. Con ella había luchado gloriosamente en Las Navas, de donde trajo las cadenas del escudo de su reino. Su largo reinado de cuarenta años, que una tradición legendaria adorna de detalles novelescos, fue tan sólo un continuado esfuerzo para lograr que Navarra sobreviviera a las presiones que de todas partes la cercaban. Empleó contra Castilla la alianza de Inglaterra —Juan sin Tierra se sentía perjudicado por la dote de Leonor— y no dudó en acudir en demanda de auxilio a los musulmanes.

De hecho Navarra sufrió durante su reinado importantes transformaciones: al mismo tiempo que perdía Álava y Guipúzcoa, últimos restos del dominio exterior que le proporcionara Sancho III, intentaba expansionarse al otro lado de la cordillera adquiriendo los señoríos de Tartaix, Agramunt y Ostabat. Negociaba, como vimos, con Bayona y otros puertos de Gascuña a fin de sustituir la salida al mar que había perdido. Consiguió también que la cancillería pontificia reconociera su título de rey, cosa que se venía negando reiteradamente desde la muerte de Alfonso el Batallador. Pero es en la política interna del reino en donde destaca su actividad. Fundador de Viana (1219) y ordenador del régimen municipal de Pamplona, a él se debe el mayor número de fueros y cartas pueblas de Navarra.

Desde 1210 hasta su muerte, las relaciones con Castilla y Aragón fueron cordiales. La cruzada en el Sur de Francia produjo en el soberano navarro también un recrudecimiento de españolismo. Mediante préstamos —quizá también participando con tropas en las empresas de los Azagra— quería lograr posiciones en la frontera que permitiesen ulteriores ganancias a costa de los musulmanes. El infante Fernando, abad de Montearagón, quiso obtener su ayuda contra Jaime I, durante la minoridad de éste, pero no tuvo éxito. Aquejado de tremenda obesidad, Sancho VII tendía a recluirse cada vez más estrechamente en el retiro de Tudela. Fue aquí, entregándose a curiosas operaciones financieras —el rey de Navarra era sorprendentemente rico— en donde concibió su proyecto final de reincorporar el reino al conjunto de estados de la Corona de Aragón: el 2 de febrero de 1231, él y Jaime I firmaron un pacto de mutuo prohijamiento; viejo y sin hijos, entregaba al aragonés y su descendencia la corona de Navarra.

Los cronistas áulicos dijeron que el pacto estaba dirigido a desheredar al hijo de su hermana Blanca y del conde de Champagne, Teobaldo, porque éste había intentado usurpar el trono. Sin duda hay algo más: convencido de que, en plazo no muy largo, Navarra tendría que asociarse a alguno de sus vecinos, prefirió inducirla a que lo hiciese con Aragón, cuyos intereses eran tradicionalmente compartidos. Pero este pacto no se cumplió. Una discordia se produjo con renovación de las hostilidades entre los dos reinos que debían unirse y Sancho VII murió (7 de abril de 1234) cuando acababa de firmarse una tregua. Entonces los estamentos navarros llamaron a Teobaldo exigiendo de los caballeros que habían prestado juramento de fidelidad a Jaime que lo retirasen.

En la historia de Navarra —y en definitiva en la de España— 1234 es una fecha importante: por un azar dinástico el pequeño reino pirenaico, incapaz de sostenerse por sí solo en un mundo en que el desarrollo de las rutas marineras provocaba aceleradas transformaciones económicas, pasaba a manos de una dinastía extranjera. No tendría otra cosa hasta su total extinción. Para los condes de Champagne, como luego para los Evreux o los Foix, Navarra no era sino parte de unos dominios que tenían en Francia corazón y cerebro. Buen poeta, Teobaldo I sentía mayor interés por su condado de Champagne, asiento de las famosas Ferias, que por su nuevo reino.

Por otra parte, los estamentos navarros, nobleza, clero, caballeros, mostraron ante el rey extranjero una actitud llena de naturales reticencias. Para evitar verse envueltos en una política que era de señorío francés, lucharon para reforzar su presencia en el gobierno, adoptando en forma pacífica la misma actitud que los nobles aragoneses habían tenido frente a Jaime I. En 1237, apelando a la suprema autoridad de Gregorio IX, fue constituida una comisión de treinta personas, diez por cada uno de los tres estamentos, para «colaborar» con el rey y la Curia en la redacción de un nuevo Fuero. Teobaldo no opuso resistencia alguna.

XXIII

EL AVANCE DECISIVO

La ofensiva en todos los frentes

A un mismo tiempo se emprendían las operaciones militares decisivas —podía pensarse en una voluntad de liquidar el Islam— en todos los frentes, Portugal, Extremadura, el valle del Guadalquivir y Valencia. Rápidamente se rellenaron los límites previstos en los tratados de Cazola y de Coimbra. Seguramente los motivos que impulsaron a cada rey fueron distintos y peculiares, pero en 1232, como a una señal, todos aprobaron planes estratégicos de gran alcance. El 22 de marzo Sancho II dio a la Orden del Temple el vasto territorio en que se alzaría Ocrato; Álvar Peres Farinha tomaba Serpa y Moura, bases para el futuro; los santiaguistas conquistaban Aljustrel y en la operación se cubría de gloria Paio Peres Correia, el futuro y famoso maestre. En diciembre, Fernando III, que había terminado su tarea pacificadora en León, concentraba sus tropas en Toledo, preparándolas para la futura campaña y Jaime I presidía las Cortes de Monzón que, el día 17, decidían que se arbitraran los medios para la conquista de Valencia.

En todos los frentes, las tropas reales y concejiles tuvieron el concurso de las Órdenes Militares que tomaban en exclusiva sectores completos y ordenaban en sus nuevas conquistas bastiones formidables. Tales fueron Trujillo (enero de 1232) y Montiel (1233) para la Orden de Santiago. En 1233 —no obstante haberse producido graves disensiones internas en Portugal— el avance se registra en toda la línea, del Mediterráneo al Atlántico. Los castellanos tomaron Baeza, que les abría el Guadalquivir, y los aragoneses y catalanes Burriana, Peñíscola, Chisvert y Cervera; al año siguiente el avance arrollador entregaba a Jaime I Castellón de la Plana con todas las villas y fortalezas hasta Albalate. En 1235 los caballeros de Santiago tomaron Medellín, Alange, Magacela y Santa Cruz. Se dibujaban las dos pinzas de una tenaza en cuyo centro iba a quedar Sevilla: descendían unas tropas por el Guadalquivir y otras por Extremadura.

Los aragoneses suspendieron cierto tiempo su ofensiva. Jaime I tuvo que atender otras cuestiones, como la muerte de Sancho VII, la defensa de Carcassonne contra el rey de Francia y su propio matrimonio con Violante de Hungría, a la que prometió dotar de reinos para sus hijos en Mallorca y en las nuevas conquistas. De nuevo las Cortes de Monzón (octubre de 1236) le recordaron sus deberes. Había una decidida voluntad de apoderarse de Valencia.

Córdoba y Valencia

En enero de 1236, estando en Burgos, supo Fernando III que los cristianos se habían apoderado por sorpresa del arrabal de Córdoba llamado de la Ajarquía, y que se sostenían en él. Rápidamente acudieron de todas partes refuerzos, adelantándose al propio rey que, hasta el 7 de febrero, no pudo tomar la dirección de la empresa. Ibn Hud no se atrevió a enfrentarse con el ejército castellano y Córdoba se rindió el 29 de junio. Había llegado la noticia de que el taifa musulmán acababa de morir asesinado por un ministro suyo. Decaída de su antiguo esplendor, Córdoba resonaba sin embargo como un nombre mágico; Fernando III convirtió en catedral su gran mezquita y dispuso que las campanas que trajera Almanzor desde Santiago volviesen a Galicia. El rey regresó a Castilla, confiando la frontera a Álvar Pérez de Castro. En su ausencia —motivada sobre todo por el segundo matrimonio de Fernando, viudo de Beatriz de Suabia, con Juana de Ponthieu— las ganancias territoriales siguieron creando en torno a Córdoba un alfoz rico. Andalucía experimentaba una de las más terribles secuelas de la guerra, el hambre.

Había comenzado entre tanto el ataque a Valencia, utilizando el Puig de Cebolla, llamado ahora Puig de Santa María. Los musulmanes contraatacaron, pero Bernardo Guillem de Entenza les causó una grave derrota (15 de agosto de 1237). Jaime I juró ante sus tropas que no abandonaría el territorio valenciano hasta que la ciudad fuera suya. Ibn Sa‘ad, a quien la muerte de Ibn Hud privaba de la última esperanza de socorro, hizo al rey de Aragón una oferta de paz con entrega de todo el territorio hasta el Guadalaviar, pero fue rechazada. Sin detener las operaciones ni siquiera en invierno, los cristianos se apoderaron sin gran esfuerzo de Almenara, Nules, Uxó, Paterna y Betera. En abril de 1238 Valencia estaba sitiada y se habían cortado sus comunicaciones con el Grao para aislarla del mar. Una flota que envió el rey de Túnez, fue rechazada y tuvo que dirigirse a Denia. El 28 de setiembre de 1238 Valencia se rindió; unos cincuenta mil musulmanes abandonaron la ciudad para trasladarse a Denia y Cullera, que quedaban momentáneamente cubiertas por una tregua de siete años. El 9 de octubre Jaime I hizo su entrada en la ciudad con gran aparato.

Valencia se incorporó a la Corona de Aragón como un nuevo miembro, el cuarto. El poder de Jaime creció muy considerablemente por la riqueza que la nueva conquista representaba. Jaime otorgó en principio el Fuero de Aragón. Pero la mayoría de los repobladores, o al menos su sector más activo, tenía un origen catalán y hubo protestas. El rey aprovechó esta circunstancia para dar un nuevo Fuero, independiente (1240). Las quejas fueron aragonesas porque, sin lazo alguno de unión, el predominio habría de corresponder en adelante a Cataluña, que introdujo en Valencia incluso su idioma, lo mismo que antes había hecho en Mallorca. Los aragoneses comenzaban a sentirse en minoría dentro de un reino que llevaba su nombre. Políticamente, la Corona de Aragón se estructuraba en la suma de cuatro entidades, tres reinos y un principado.

La anexión de Murcia

Mientras sucumbía Valencia —las operaciones militares habrán de continuarse hasta 1253— Fernando III dirigía desde Córdoba el amplio envolvimiento de Sevilla. Los leoneses —sobre todo la caballería de las Órdenes— conquistaban Santaella, Hornachuelos, Mirabel y Zafra; los castellanos se apoderaban de Aguilar, Cabra, Osuna, Cazalla y Morón. No perdía de vista Murcia, reserva reconocida por el tratado de Cazola, en manos de un hijo de Ibn Hud. Estableció, a petición del mismo taifa, un protectorado en espera de llevar a cabo la inmediata anexión que los propios musulmanes, desesperados de conservar su independencia, ya deseaban. El campo estaba libre, pues Jaime I había tenido que acudir a Montpellier, amenazada por los franceses. Pero en 1242 tampoco Fernando III pudo ir a Andalucía. Diego López de Haro, que se sentía un poco fabricante de reyes, se sublevó reclamando ciertas donaciones de tierras. Mediaron las reinas Berenguela y Juana, y Fernando III aplicó al problema toda su generosidad. Luego el rey cayó enfermo en Burgos, y hubo de encomendar a su heredero Alfonso la ocupación de Murcia, que Ibn Hud, amenazado ya por los nazaríes, deseaba entregar.

La anexión de Murcia (1243) se hizo sin más dificultad que la resistencia que ofrecieron los alcaides de Lorca, Cartagena y Mula, ciudades que tuvieron que ser sometidas al año siguiente por el maestre de Santiago, Paio Peres Correia, y por Rodrigo González Girón. Una amplia zona de contacto entre aragoneses y castellanos empezaba a producirse desde la Mancha al Mediterráneo; se originaron rozamientos, a pesar de las negociaciones en curso para casar al príncipe Alfonso con Violante de Aragón, hija de Jaime I. Inmediatamente después de la ocupación de Murcia y su comarca, las tropas castellanas entraron en Moguente y Enguera, con intención de apoderarse de Játiva. «Quien quiera entrar en Játiva habrá de pasar sobre nos», dijo el monarca aragonés, y penetró en tierras de la reserva de Castilla ocupando Villena, Sax, Caudete y algunos otros lugares.

El estado de guerra no llegó a producirse. Mediaron, entre otros, Violante de Aragón y Diego López de Haro, quienes consiguieron la apertura de negociaciones y la firma del tratado de Almizra (25 de mayo de 1244): la frontera entre ambos reinos se fijaba en una línea que, partiendo del puerto de Biar, en el interior, alcanzaba la costa entre Altea y Villajoyosa actuales. Alicante quedaba en territorio castellano. Los aragoneses se retiraron de Villena y Alfonso abandonó las plazas que indebidamente ocupaba. En término de un año Jaime I sometió Biar y Játiva con las zonas aún no sometidas; la pacificación completa de Valencia tardaría en producirse todavía varios años.

El tratado de Almizra era enormemente favorable a Castilla, dotada de una enorme fachada mediterránea. Apartaba además a la Corona de Aragón de la tarea reconquistadora, que muy pronto iba a convertirse en monopolio castellano; esto contribuyó a canalizar las energías expansivas catalanas por otros derroteros.

Orígenes del reino de Granada

Con la entrega de Murcia y el avance portugués por el Guadiana hasta Ayamonte (1238) —en 1239 los santiaguistas se apoderan de Tavira y Cacela llegando al mar meridional— sólo quedaban dos núcleos de resistencia islámica al occidente y oriente de Andalucía. Fernando III proyectaba nuevas ofensivas para destruirlos y escogió como primer objetivo Granada, de la que era dueño, desde 1238, un antiguo señor de Arjona que se decía descendiente de Sa‘ad ben ‘Ubayd Allah, uno de los compañeros del Profeta. Al mismo tiempo que Ibn Hud se independizaba en Murcia e Ibn Sa‘ad en Valencia, este príncipe, cuyo nombre completo era Abu ‘Abd Allah Muhámmad ben Yusuf ben Nasr, al-Ahmar (El Rojo), pugnaba por constituir un dominio en Andalucía oriental. El fracaso de Ibn Hud sirvió para que muchos linajes árabes y muladíes como los Banu Ishqiliwla y los Banu Mawl le considerasen su jefe natural. Dueño de Guadix y de Baza, se apoderó de Jaén en 1232 haciéndose proclamar emir de todo al-Andalus. Su movimiento era una nueva versión, la última, del nacionalismo musulmán español. Heredando los despojos de la monarquía de Ibn Hud, se hizo dueño de Granada (junio de 1238), que convirtió en definitiva capital, y luego de Loja, Alhama y Almería que le reconocieron como rey. Muhámmad I creó una reserva para los fugitivos que afluían desde las comarcas conquistadas por los cristianos. Probablemente su empresa era tenida entonces por descabellada.

Después de la anexión de Murcia, el peligro parecía inminente pues los avances castellanos por Arjona, Caztalla, Begíjar y Carchena permitían a Fernando III acampar en la Vega de Granada en febrero de 1245. Al año siguiente, el monarca emprendió el cerco de Jaén. Convencido de la inutilidad de toda resistencia, Muhámmad acudió al campamento de los sitiadores para intentar una maniobra llena de riesgos: convertir su reino en vasallo de Castilla, al modo europeo, salvando para el Islam un último pedazo de suelo. Jaén fue entregado y se firmó un pacto. Muhámmad I y sus sucesores harían homenaje feudal al rey de Castilla, participando en sus empresas con cierta fuerza de jinetes, abonando tributo anual y asistiendo a Cortes cuando éstas fuesen convocadas. De hecho quinientos jinetes granadinos colaboraron en el cerco de Sevilla. Pero, contra todo presagio, los nazaríes ganaron doscientos cincuenta años de pervivencia, lo cual, desde el punto de vista de la formación espiritual del país, tuvo una importancia gigantesca.

Ibn al-Jatib ha dado de Muhámmad I un retrato que, en sus tópicos, contiene las normas ideales a que debían sujetarse los soberanos granadinos: sencillez, sobriedad y valor, ambición y habilidad diplomática, protección de la cultura. Comenzaron las obras de la Alhambra (La Roja) y del sistema de condución de aguas que haría de Granada un paraíso. Conscientemente fundó una monarquía con todos los atributos musulmanes del poder; si al principio dispuso que se rezara la oración en nombre del khalifa de Bagdad, después dio orden de que se recitase a su propio nombre. Al principio, tanto en el aspecto externo, de modas y costumbres sociales, como en el interno, de gobierno, la influencia castellana era enorme. Lentamente este último taifa español sufrió un proceso de arabización, acentuándose las tendencias islámicas.

La intensa inmigración de los primeros años provocó el nacimiento de dos capas distintas de nobleza, la de los señores territoriales que, de mejor o peor gana, habían colaborado en la fundación e independencia de la monarquía y la de aquellos advenedizos que tenían en los puestos de la Corte el único medio de subsistir. Nunca fueron cordiales las relaciones entre ambas excepto para colaborar en la oposición. El rey chocaba con frecuentes dificultades lo que da cierta semejanza con sus contemporáneos cristianos. Los gobernadores militares, rá‘is —de donde procede la palabra castellana arraez— y los señores de las villas sáhibs, disfrutaban igualmente de jurisdicción sobre sus súbditos. Para complicar más las cosas, existía un ejército de mercenarios, desarraigados de la tierra, que el propio Muhámmad I fundó y sus sucesores aumentaron: eran los «voluntarios de la fe», milicias reclutadas en Marruecos y pagadas con el dinero que la industria de la seda y el tráfico del oro africano proporcionaban al señor de la Alhambra. Su jefatura correspondía a un shayh al-guzat al-magáriba. Los cristianos, víctimas muchas veces de sus incursiones, les llamaron almogávares. Y este nombre se generalizó para designar a mercenarios aventureros.

La conquista de Sevilla

A un mismo tiempo, y como recurso contra la amenaza cristiana, Sevilla y Granada habían ofrecido fidelidad en 1238 al khalifa almohade, ‘Abd al-Wahid al-Rásid. Pronto se desengañaron. Entonces Muhámmad I se sometió al rey de Castilla, como hemos visto, mientras en el consejo de la ciudad de Sevilla, siguiendo la opinión de Ben Alchad, se tomaba la decisión de declararse súbditos del rey de Túnez. En sus campañas de 1246 los cristianos operaron ya en el Aljarafe sevillano, instalándose en Alcalá de Guadaira, Constantina, Lora y Alcalá del Río. Una flota cantábrica, a las órdenes de Ramón Bonífaz, destruyó a las naves que iban en auxilio de Sevilla y luego remontó el Guadalquivir a fin de garantizar su aislamiento. Ben Alchad fue asesinado por sus propios partidarios, desilusionados ante la contraria eficacia de sus consejos. El auxilio que Niebla podía proporcionar no era para ser tenido en cuenta.

Comenzó la lenta agonía de la gran ciudad, la más populosa de España y una de las primeras de todo el Islam. Para sostener la flota, fue utilizada la renta llamada de tercias que se aplicaba a la fábrica de las iglesias. El 16 de agosto de 1247 el rey montaba sus tiendas en Torre del Caño y pasaba luego a instalarse en Tablada, mientras el maestre de Santiago tomaba posiciones más allá de Aznalfarache, cerrando el camino de Niebla; tomó luego Gelves y obligó a la guarnición de Triana a refugiarse en el castillo. Carmona, cercada desde el verano, se rindió tras haber ganado un plazo para recibir auxilio. En la primavera de 1248 nuevas fuerzas se sumaron a los sitiadores, ennegreciendo las esperanzas de la guarnición, que sufría todos los inconvenientes de la escasez y el hambre. El 2 de mayo Ramón Bonífaz rompió el puente de barcas que unía la ciudad con Triana, y este golpe resultó decisivo. Después de largas negociaciones, la ciudad se rindió quedando obligados los musulmanes a dejar las casas intactas, aunque podían llevar consigo los bienes muebles en la retirada. El 23 de noviembre de 1248 fue izado en el alcázar el estandarte real, si bien Fernando III no hizo su entrada hasta el 22 de diciembre del mismo año. En los tres años siguientes, las tropas castellanas ocuparon las dos márgenes del río hasta su desembocadura.

La revolución portuguesa

El clima de inquietud que se arrastraba en Portugal desde la época de Alfonso II, estalló en forma de una violenta revolución patrocinada por la Iglesia. El poder alcanzado por nobles y obispos —el de Lisboa, don Suero, llegó a negar sacramentos a los fieles que no legasen bienes a la Iglesia— dañaba toda disciplina. Hasta las Órdenes monásticas sufrían de la opresión de los obispos. Sancho II carecía de la necesaria habilidad para hacer frente a estos problemas canalizando el descontento del pueblo menudo y el bajo clero; sus actos sirvieron sólo para aumentar la confusión. En 1226 Martinho Rodrigues, obispo de Oporto, convencía al Papa de que la Iglesia sufría persecución del rey, a causa de la ingerencia en asuntos de justicia. Honorio III y Gregorio IX reprendieron a Sancho; este último acabó por enviar un legado, Juan de Abavila, cardenal de Santa Sabina (1228). No logró la paz. Suero, obispo de Lisboa, después de haber alentado la revuelta de los nobles de las provincias septentrionales, huyó a Roma contando largas historias de abusos y tiranía. El Papa encomendó a los obispos de Lugo y de Astorga que defendiesen los bienes de la Iglesia en Portugal.

Los esfuerzos de Gregorio IX para hallar nueva vía de concordia, fracasaron ante la obstinada conducta del rey, siempre inhábil para tratar las querellas eclesiásticas. Pedro Salvadores, que había sucedido a Martinho Rodrigues en la silla de Oporto, y Silvestre Godinho, arzobispo de Braga, unieron sus voces al coro de descontentos; hallaron, en el infante Fernando, hermano del rey, un culpable. En 1237 el infante fue excomulgado. Casi inmediatamente Fernando promovió a obispo a Lisboa a un clérigo, Sancho Gomes, por el procedimiento, nada correcto, de asaltar con sus tropas la catedral. En abril de 1238 Gregorio IX firmó una bula, Si quam horribile, amenazando con las más graves penas al rey y al infante.

En ocasión del Concilio convocado en 1241 —para tratar de la deposición del emperador Federico II, lo cual es significativo— se reunieron en Roma los obispos de Lisboa, Oporto y Braga. Comenzó a perfilarse la idea de que podía sustituirse a Sancho II por su hermano Alfonso, que, casado con Matilde de Daumartin, era conde de Boulogne y vivía en Francia. Se comenzó por declarar ilícito el matrimonio del rey con Mencía Díaz de Haro, la hija del señor de Vizcaya. Mientras Alfonso preparaba un ejército solicitando los privilegios de cruzada pues entendía emplearle contra los infieles, el Papa remitía, con escasa diferencia de tiempo, dos bulas invitando a Sancho II a separarse de su mujer y a rectificar su conducta respecto a la Iglesia (febrero-marzo de 1245). Ante el Concilio de Lyon, los obispos de Coimbra, Oporto y Braga formularon acusaciones concretas: mal gobierno y tiranía sobre la Iglesia. El Papa encomendó a Alfonso de Boulogne, heredero de Sancho II, que fuera a Portugal a restablecer el orden.

El 6 de setiembre de 1245 una asamblea de laicos y eclesiásticos, reunida en París, reconoció a Alfonso como procurador del reino y recibió su juramento de que garantizaría la sumisión a la Iglesia y el respeto a sus libertades. El infante fue acogido en Lisboa con gran entusiasmo (febrero de 1246) y reconocido casi en todas partes; la única resistencia seria fue hallada en el centro de la monarquía, en tomo a Coimbra. Sancho II, abandonado por casi todos los nobles, pidió auxilio al príncipe heredero de Castilla, Alfonso, quien hizo una enérgica protesta ante el Papa. Éste permaneció neutral. En 1247 tropas castellanas llegaron a Coimbra abriendo paso a Sancho II para que se refugiase en Castilla, pero fueron derrotadas en Leiría (enero de 1248), casi al mismo tiempo que el rey moría en su destierro de Toledo. Cesó después toda resistencia.

La conquista del Algarbe

Triunfante la revolución, Alfonso III rectificó una parte de su política, tratando de apoyarse en la pequeña nobleza y en los concejos a quienes permitió enviar procuradores a Cortes por primera vez. Aprovechando un impulso heredado, Alfonso III llevó a término la reconquista portuguesa con la ocupación del Algarbe, desde marzo de 1249. La operación militar terminó muy rápidamente y en ella tomaron parte veteranos de la conquista de Sevilla. En 1250 pudo hacerse ya por parte del rey la distribución de tierras y señoríos. Pero la conquista del Algarbe se convirtió en nueva fuente de conflictos con Castilla porque este territorio formaba parte del reino de Niebla, cuyo taifa Muhámmad ibn Mafud había hecho cesión de este dominio al príncipe heredero de Castilla. Hubo incluso una pequeña guerra; los castellanos defendían el Guadiana cerrando el paso de los portugueses hacia Niebla. Pero ya en los últimos meses de 1250 se había firmado una tregua.

Después de la muerte de Fernando III, las reiteradas negociaciones condujeron a la firma de un tratado que aplicaba la fórmula del matrimonio de Alfonso III de Portugal con una bastarda de Alfonso X, Beatriz. El hijo que naciera de este matrimonio recogería la posesión definitiva del Algarbe, que se entregaba mientras tanto como dote a Beatriz. La condesa de Boulogne protestó. El Papa Alejandro IV amenazó con el entredicho, pero nadie hizo caso. Al parecer el matrimonio no fue consumado hasta después de la muerte de la condesa, en 1258. El 9 de octubre de 1261 nació Dionís que, desde el punto de vista castellano, es el primero que puede titularse rey de Portugal y del Algarbe.

Las consecuencias de la conquista

La Reconquista había terminado. Sólo Castilla poseía fronteras con el Islam y la ocupación de estos últimos restos de al-Andalus parecía ser su exclusiva. Por otra parte, Granada no era ya la herencia del khalifato ni la avanzada de África; se le considera desde el primer momento como reino español aunque de religión distinta. Una situación nueva se había producido. La anexión de Murcia, Sevilla, Jaén y Córdoba —cuyo título de reinos se incorpora al ya muy largo que los monarcas castellanos usaban— junto con el vasallaje de otros dos, Granada y Niebla, hicieron de Castilla una de las primeras potencias de Europa, dueña de zonas densamente pobladas, intensamente cultivadas y con amplios litorales mediterráneos y atlánticos. El equilibrio interior se había roto definitivamente en favor de Castilla. En adelante —a menos que Aragón o Portugal consiguiesen superioridad económica o imperios extrapeninsulares— el eje político de España quedaba en manos de Castilla. La aspiración a ejercer su hegemonía total parecía lógica.

Esta tendencia a la hegemonía tardó todavía un siglo en manifestarse, sin duda porque el grado de madurez política y económica no respondía a la opulencia de los recursos. La Banca genovesa, instalada en Sevilla, sustituyó a la castellana, inexistente, llenando el bache de las deficiencias técnicas de su comercio. Después de la conquista de esta ciudad, se despertó la vocación marinera; fue el propio Fernando III quien estableció las atarazanas, astilleros para la construcción de buques.

Tanto en Valencia como en Andalucía o Murcia los avances militares habían sido tan rápidos que el antiguo sistema de presura resultó inaplicable. La población musulmana se había sometido, pero no abandonaba el país. En Valencia y Murcia, con agricultura de huerta, los cristianos se redujeron a implantar un régimen de ocupación, adueñándose de los lugares más fuertes y mezclando labradores cristianos con los moros. En Valencia hubo repartimiento, es decir, instalación de nuevos pobladores a quienes se daba casa, huerto, viñedo y algunas fanegas de labrantío. En Murcia, durante los primeros años, ni siquiera eso: excepto Lorca, Cartagena y Mula, que, con la propia capital, ocupó militarmente el príncipe Alfonso en 1244, el resto del reino permaneció bajo administración musulmana. Después de la revuelta de 1263 se hizo una intensa repoblación en la que tomaron parte diez mil súbditos de Jaime I.

Tampoco puede señalarse, según Julio González, una intensa castellanización del campo andaluz hasta esta misma fecha. Andalucía era el gran elemento nuevo; por sí solo alteraba el equilibrio de fuerzas, bien que al principio guerras y revueltas hubiesen hecho descender su población. Los latifundios musulmanes se conservaron y aun se acrecieron por el procedimiento de encomendar núcleos de agricultores no cristianos a la jurisdicción de un señor. Disminuyendo los brazos, el olivo y la ganadería ganaron terreno porque eran más rentables. La nobleza castellana, alta, media y baja, autora de la conquista, se enriqueció. Los genoveses, que habían realizado el gran esfuerzo naval, hicieron de Sevilla, Jerez y Cádiz puntos de apoyo para sus empresas financieras, poniendo la vista en dos objetivos, la apertura del Estrecho y el acceso a las fuentes del oro, en África.

Castilla y León maduraban políticamente; su unidad no fue mera yuxtaposición sino que las instituciones se fundieron. Desde Fernando III rodean al rey consejeros que son germen del Consejo Real de los Trastámara. La protección a la Universidad de Salamanca, probablemente la más antigua de España —aunque es difícil ponerla en relación con el Estudio de Palencia, en otro reino— se hace muy intensa, demostrando la necesidad creciente de doctores. Las Cortes, únicas y no separadas, eran ya institución ordinaria. El Fuero Juzgo, dado a Jaén, Córdoba y Sevilla en su versión castellana, preparaba ya una de las ambiciones del monarca, la codificación de la legislación del reino.

Renuncia occitánica

La firma del tratado de Corbeil de 1258, aceptación de límites con Francia muy poco favorables, ha sido considerada por ciertos sectores de la historiografía catalana como el más grave error de Jaime I. De hecho, siendo término de llegada de un largo proceso que comienza en Muret —probablemente antes— no puede ser entendido en términos demasiado simples. Fue para Cataluña un giro decisivo en su orientación política, y nadie puede decir que de ello derivasen bienes o males; evidentemente el afrancesamiento de Provenza es paralelo de la hispanización de Cataluña. También parece indudable que la renuncia no fue, en Jaime I, intención a priori sino consecuencia de un complejo juego de circunstancias. Esto último puede explicar ciertas vacilaciones en la política peninsular.

Montpellier, Rosellón y Cerdaña formaban, en la herencia de Jaime I, un lote de señoríos bastante importante; por ellos y por el homenaje que de otros señores recibía, el rey de Aragón se consideraba el más fuerte poder del Pirineo. Nunca tuvo conciencia de que estos dominios, más los recibidos por sucesión, más los conquistados en la Península, hubiesen de formar una entidad. Sus proyectos matrimoniales y testamentos nos lo demuestran. En 1221 había casado con Leonor de León, hija de Alfonso IX; de este matrimonio, disuelto por razones de parentesco, nació un hijo llamado Alfonso, a quien se consideró como heredero del trono. El 8 de setiembre de 1235 Jaime volvió a casar, con Violante de Hungría, de quien nacieron con espléndida regularidad cuatro hijos varones y cinco hembras. Desde el primer momento asignó a este segundo matrimonio un papel sucesorio sobre los honores ultrapirenaicos y sobre las conquistas, Valencia y Mallorca, que estimaba de libre disposición. El 11 de diciembre de 1235 la reina recibió el señorío de Montpellier.

No puede cabernos duda de que Jaime deseaba oponer obstáculos al avance francés. Desde este punto de vista, separar los dominios ultrapirenaicos de la Corona de Aragón podía creerse una buena política, pues se trataba de galvanizar la resistencia de los señores del Midi cuyas tres principales casas, Toulouse, Bearne y Provenza, carecían de hijos varones. En 1234 San Luis contrajo matrimonio con Margarita de Provenza, la mayor de las hijas de Ramón Berenguer V, convirtiéndose automáticamente en su heredero. Entre este último y Raimundo VII de Toulouse había antigua rivalidad y ambos buscaban el auxilio de Francia. Se comprende pues que Jaime I no haya querido intervenir en la coalición que los trovadores propugnaban y en la cual debía participar también Enrique III de Inglaterra. Su estancia en Montpellier, entre 1236 y 1237, le convenció sin duda de la futilidad de tal proyecto. En adelante sólo quiso consolidar el dominio que ejercía sobre Montpellier, sacudiéndose del vasallaje debido al obispo de Maguelonne. Éste cedió sus derechos a Raimundo VII (28 de agosto de 1238).

En 1239 Jaime I, desde Montpellier, logró la paz entre sus parientes, Raimundo VII y Ramón Berenguer V; esto permitió alcanzar la libertad plena de la ciudad. Patrocinaba entonces un plan para crear, con ayuda de Inglaterra, un vasto dominio languedociano: en las vistas de Lunel, del 7 de junio de 1241, fue acordado el reconocimiento de Raimundo como cabeza de la Liga contra Francia; divorciándose de Sancha de Aragón contraería nuevo matrimonio —mediante la necesaria dispensa del Papa— con Sancha de Provenza, hija de Ramón Berenguer; el hijo que naciese de esta unión sería heredero a la vez de Provenza y Toulouse. Jaime sabía muy bien lo que de él se esperaba; que volcase las fuerzas de Cataluña y Aragón en una querella feudal. Muy difícilmente se encontraría, salvo en las voces de los trovadores, quien quisiese someterse a la hegemonía del conde de Barcelona. Por eso se abstuvo. Por otra parte faltaba la dispensa del Papa; muerto Gregorio IX se había producido en Roma un largo interregno. En 1242 Sancha de Provenza tuvo una propuesta que juzgó más interesante y casó con Ricardo de Cornwall, hijo de Enrique III. La guerra de los nobles del Midi, desencadenada por Isabel de Angoulême, viuda de Juan sin Tierra, condujo al fracaso. Luis IX obtuvo la gran victoria de Saintes (julio de 1242). Es difícil creer que, de haber intervenido Jaime I, las cosas hubiesen seguido diferente camino. De hecho el soberano aragonés renunció al puesto de cabeza o parte del movimiento de Languedoc.

Los testamentos

El primer testamento de Jaime I, otorgado el 6 de mayo de 1232, cuando tenía solamente un hijo, fue sustituido por otro, del 1 de junio de 1241 instituyendo el reparto: Alfonso tendría Aragón y Cataluña; Pedro, nacido de Violante de Hungría, las Baleares, Valencia y los señoríos ultrapirenaicos. El nacimiento de otros varones, Jaime y Fernando, indujo al monarca a nuevas divisiones, anunciadas en las Cortes de Daroca (1243) y Barcelona (1244). En enero de 1248 dio a conocer el testamento que consideraba definitivo: Alfonso recibía sólo el antiguo reino de Aragón, con Zaragoza y Teruel, pero sin el condado de Ribagorza que se incorporaba a Cataluña; ésta, con las Baleares, pasaba al segundo, Pedro; el tercero, Jaime, obtendría Valencia; el cuarto, Fernando, Montpellier, Rosellón, Cerdaña y Conflent.

La decisión del rey —muestra importante de hasta qué punto estaba aún inmatura la conciencia de comunidad— produjo descontento. El infante Alfonso, en tono de queja, emigró a Castilla, en donde colaboró con Fernando III en la conquista de Sevilla. Las Cortes de Alcañiz decidieron, en 1250, que un jurado a propuesta de los procuradores se reuniese en Ariza para decidir el orden sucesorio. El jurado sentenció que Aragón y Valencia, inseparables, debían entregarse al primogénito, Alfonso, siendo Cataluña para el segundo, Pedro. El 26 de marzo de 1251 las Cortes de Barcelona prestaron juramento a quien, andando el tiempo, sería Pedro III. Alfonso no quiso aceptar la sentencia hasta 1253, en que fue recibido como procurador general de Aragón y Valencia. Mientras tanto, el rey había dado Mallorca y Montpellier a su tercer hijo, Jaime.

El tratado de Corbeil

Eliminadas las pretensiones inglesas después de la batalla de Saintes, San Luis podía mostrarse generoso con los rebeldes, Raimundo de Toulouse y Hugo de Lusignan. Inocencio IV, a ruegos del rey de Francia, suspendió las censuras eclesiásticas contra el conde de Toulouse, cuya hija estaba casada con Alfonso de Poitiers, hermano de Luis IX. Pero Raimundo VII seguía esperando recoger la herencia del conde de Provenza, envolviendo los intereses languedocianos con la política de Federico II. En 1238, Ramón Berenguer otorgó un testamento desheredando a sus dos hijas mayores, casadas con Luis IX y Ricardo de Cornwall, y reconociendo como sucesora a la menor, Beatriz. En el Concilio de Lyon, convocado precisamente contra el emperador, Raimundo y Ramón se reconciliaron y el segundo prometió casar a Beatriz con el primero si el Papa otorgaba la oportuna dispensa. Murió el 19 de agosto de 1245, antes de que Inocencio IV pudiera firmar la bula.

Luis IX alegó los derechos de su esposa a la herencia provenzal y puso en juego su influencia para estorbar el matrimonio de Raimundo VII logrando en Roma una negativa de dispensa. Jaime I movilizó sus tropas en auxilio de Beatriz, pero no halló la colaboración que esperaba por parte del conde de Toulouse; se retiró sin aguardar el encuentro con las tropas francesas que mandaba un hermano del rey, Carlos de Anjou. Beatriz prefirió casarse con este príncipe joven, que fue reconocido por Luis IX como señor de Provenza. La boda se celebró el 31 de enero de 1246 y fue, para los intereses catalanes, una grave pérdida. La Casa de Anjou suplantaba en este país a la Casa de Barcelona. Comenzaba de este modo la rivalidad entre ambas, instigada luego, hasta el paroxismo, por los intereses mediterráneos. Cuando, en setiembre de 1249, desaparece Raimundo VII, su yerno Alfonso de Poitiers, otro hermano del rey, tomó tranquilamente posesión del condado.

Se cerraba, sin posibilidad de recobro, la época de los trovadores. De la antigua zona de dominio o influencia quedaban sólo a Cataluña Montpellier, Rosellón y Cerdaña. Sin que pueda pensarse en términos de fronteras naturales, es indudable que Luis IX apuntaba ya hacia el Pirineo. Jaime I se veía obligado a acudir a Valencia para someter los últimos núcleos de resistencia o rebeldía, que retuvieron su atención hasta 1253. Mientras tanto la diplomacia francesa ponía en marcha su primer gran proyecto: los agentes de Luis IX indujeron al obispo de Maguelonne, vasallo del rey de Francia, a que reclamase de nuevo sus derechos señoriales en Montpellier (1252); la cancillería francesa afirmaba que Jaime, el heredero del rey de Aragón en estos señoríos ultrapirenaicos, tenía obligaciones de vasallo con el rey de Francia. El Conquistador protestó: lleno de cólera, reclamaba derechos que le pertenecían en Provenza, Toulouse, Millau, Foix, Gevaudan y otros señoríos. Luis IX replicaba que toda Cataluña le pertenecía, como parte del antiguo Imperio de Carlomagno. El tono era tan alto que pudo creerse en la inminencia de una guerra; los últimos trovadores arrancaron de sus liras estrofas encendidas.

Hubo negociaciones y no lucha. En junio de 1255 ambas partes acordaron someter las diferencias al juicio arbitral de dos personas, Hébert, deán de Bayeux, por parte francesa, y Guillem de Montgriu por la aragonesa. Tenían plazo de un año para dictar sentencia. Durando aún la época arbitral, los infantes Pedro y Jaime invadieron tierras de Carcasonne, protestando contra una negociación que sin duda imaginaban equivalente a renuncia. El rey les obligó a suspender su acción. La frontera quedaba establecida en la misma línea que alcanzara en 1249. Ambas partes deberían redactar las condiciones de una paz duradera. Tal fue el tratado de Corbeil.

En marzo de 1258 Jaime I entregaba sus poderes a los embajadores Arnaldo, obispo de Barcelona, Guillem, prior de Santa María de Cornellán, y Guillem de Roquefeuil, lugarteniente en Montpellier. En Corbeil se firmaron dos tratados (11 de mayo): el primero contenía la renuncia catalana a todos los dominios ultrapirenaicos, excepto Montpellier, Rosellón y Cerdaña, y la francesa a la herencia carlovingia; el segundo prevenía el matrimonio de Isabel, hija de Jaime I, con el hijo de Luis IX, Felipe, que habría de sucederle.

Maduración institucional en la corona de Aragón

Conquista de Valencia y Mallorca, por una parte, retroceso en Languedoc por otra, han contribuido a dar a la Corona de Aragón más homogeneidad. Los resortes de la autoridad real se afirmaron. Durante la minoridad de Jaime I la Curia procedió como un auténtico consejo de gobierno, a modo de tribunal, al que asistían también los miembros del tercer estado. Esta Curia se institucionaliza, en cuanto consejo restringido, y aparecen en ella un mayordomo y un canciller junto a varios notarios y escribanos. Sus reuniones generales son ya verdaderas Cortes en cuanto que otorgan subsidios y reciben y contestan peticiones. Cada sesión se considera como una Corte, trata y termina determinados asuntos; tal circunstancia, junto a la decisión de declarar que el Cinca serviría de límite entre Cataluña y Aragón (1244), aseguró la separación entre las Cortes de ambos países.

Por otra parte las diferencias crecientes, en el plano económico, entre los dos reinos originarios dio a Cataluña, núcleo fundamental del conjunto, algunas instituciones peculiares. De ellas eran las principales las que se referían a la territorialidad del poder: veguerías, batllías y juzgados. El veguer (vicarius), que no existe en Aragón, era un simple lugarteniente del rey, con poderes judiciales y policiales, nombrado con límites de espacio y tiempo; lentamente se admitió la costumbre de suponer al reino dividido en circunscripciones que son las veguerías en las que un consejo de probi homines colaboraba con aquél. El batlle equivale en cierto modo al merino de Castilla y Aragón; administraba los bienes del rey. Por eso tenía poderes judiciales. Los jueces, que a veces se constituían para casos especiales, son paralelos a los justicias aragoneses. Desde 1265 el cargo de justicia mayor, árbitro en las querellas entre el rey y los nobles, cobrará gran importancia en Aragón.

El hecho más trascendente de estos años de mediados del siglo es la organización de la ciudad de Barcelona, que, el 7 de abril de 1249, apenas cuatro meses después de que Sevilla pasara a manos cristianas, recibía del rey su primer estatuto; se nombró a cuatro ciudadanos paciarii (en catalán paers) para que designasen consellers. El 27 de julio se dispuso que paers y consellers, unidos, eligiesen, en adelante, el día de la Ascensión de cada año los paers que iban a regir la ciudad desde Pentecostés a Pentecostés. Los cargos serían obligatorios y gratuitos. El 15 de enero de 1258 esta primera organización experimentó profundas modificaciones. Ocho consellers colaborarían con el veguer de nombramiento real; los nueve designaban los doscientos prohombres que asesoraban al ser requeridos. En adelante cada 6 de enero los doscientos elegían consellers, los cuales, junto con el veguer, volvían a designar los doscientos. Es clara la tendencia a fortificar una oligarquía. El número de consellers se redujo a seis en 1260 y a cuatro en 1265, estándoles sometidos el veguer y el batlle. En esta misma fecha el número de miembros de la Asamblea se redujo a cien y el organismo se convirtió en el Consejo de Ciento, expresión de la grandeza catalana. Todavía el 3 de noviembre de 1274 una nueva reforma vendrá a aumentar el poder de la oligarquía. Los consellers eran cinco, se reunían todos los martes y sábados y a sus consejos asistían el veguer y el batlle solamente cuando eran requeridos. Lérida (1264), Valencia (1266) y Perpiñán (1273) recibieron organización semejante. En el caso de Mallorca, los ciudadanos de Palma ejercían el poder sobre toda la isla.

XXIV

LAS PRETENSIONES DE ALFONSO X A LA CORONA IMPERIAL

Herencia gibelina en España

En 1250 había muerto Federico II de Hohenstaufen, último emperador de esta dinastía; cuatro años después falleció también su hijo Conrado y daba comienzo ese largo período de vacante que se ha dado en llamar el Gran Interregno. La jefatura de la Casa gibelina pasaba a los hijos de Beatriz de Suabia y Fernando III —siete varones y tres hembras— especialmente al mayor, Alfonso X, elevado al trono de Castilla en 1252. Si la corona de Alemania hubiese sido, como las de Francia, Inglaterra o España, hereditaria, las aspiraciones del monarca castellano estarían dotadas de pleno fundamento. Pero el Imperio era electivo. No sabemos si antes de 1256 abrigó Alfonso X alguna pretensión al respecto, pero es difícil creer que hubiese mostrado tanto entusiasmo si no hubiese, por su parte, ideas preconcebidas.

Por otra parte el matrimonio de Carlos de Anjou con Beatriz de Provenza, seguido de su instalación en toda la amplia fachada mediterránea desde Montpellier a Niza, creaba una nueva forma de rivalidad entre Marsella y Barcelona, aspirantes a protagonistas en el comercio mediterráneo occidental. Las turbias circunstancias producidas por la caída del sistema de Federico II eran propicias a cualquier aventura. Los catalanes querían aprovecharlas: Cerdeña y Sicilia entraban dentro del campo de su acción comercial. Entre Carlos de Anjou y el infante Pedro, heredero de Cataluña, estalló una violenta rivalidad que muy a duras penas conseguía frenar Jaime I, deseoso de conservar la paz. El infante prestaba aliento a los gibelinos, en especial a Manfredo de Sicilia, bastardo de Federico II.

De esta forma Castilla y Aragón coincidían en su postura frente a los grandes problemas europeos. Con una diferencia: el gibelinismo del futuro Pedro III será radical, empleándose a fondo, mientras que el de Alfonso X, de pura circunstancia, buscará únicamente vías de acomodo. Sin embargo, en 1254, con sólo 33 años de edad, dos de reinado y larga experiencia de gobierno, Alfonso justificaba toda clase de esperanzas. La reforma monetaria que adoptara en las Cortes de Sevilla, el mismo año de su ascenso al trono, evidencia, en opinión de Vives y de Ballesteros, la potencialidad económica de Castilla debida a la corriente de oro africano. La dobla castellana figuraba entre las monedas europeas más sólidas. Contra Francia, volcada del lado güelfo, Castilla era el único poder digno de consideración.

La cuestión de Navarra y las vistas de Soria

En apariencia, ningún cambio se advierte con el fallecimiento de Fernando III (1252). La guerra contra los musulmanes continúa, siendo el pequeño reino de Niebla la víctima; en la campaña de 1253 Alfonso X sometió Lebrija, Morón y Jerez, que se habían sublevado, y conquistó Tejada. Pero muy pronto advertimos tendencias reivindicatorias que no están en consonancia con el pacifismo del rey santo: Alfonso X reclama el Algarbe, que afirma le reconociera Sancho II de Portugal, pretende Gascuña, herencia remota de Leonor de Inglaterra, y resucita derechos supuestos a la corona de Navarra. Esta fugaz explosión de imperialismo da lugar a actividades diplomáticas de consecuencias bastante inesperadas pues permitieron a Alfonso construir todo un sistema de alianzas. La primera fue con Portugal, en donde, como arriba se ha indicado, la bastarda Beatriz casó con Alfonso III (Chaves, mayo de 1253), presente su padre y trayendo en dote los derechos sobre el Algarbe. El mismo procedimiento fue empleado con Inglaterra en 1254; la infanta Leonor, hija también de Beatriz de Suabia, aportó los derechos sobre Gascuña a su matrimonio con el heredero de Inglaterra, Eduardo.

Navarra era un problema más difícil, pues se mezclaban los intereses castellanos con cuestiones internas del pequeño reino y con las aspiraciones concurrentes de Jaime I. Ausente de la Península muchos años, Teobaldo I encontró, al regresar en 1243, dos graves cuestiones: la oposición de la nobleza de su propio reino y los ataques que realizaban fronteros castellanos. La buena voluntad de San Fernando permitió concluir un tratado (1245), pero la oposición del estamento noble, unido al eclesiástico, continuó y el rey hubo de humillarse ante el obispo de Pamplona, Pedro Jiménez de Gazolaz, a quien disputaba la jurisdicción del castillo de Monjardín (1248). Dos consecuencias derivaron de esta lucha interior: Teobaldo buscó el apoyo del estamento popular continuando la concesión de fueros que emprendiera Sancho VII —Olendain y Amunárriz le reciben en esta etapa— y trató de aumentar el influjo de Francia. Esta lenta inclinación de Navarra hacia la órbita francesa tenía que despertar la desconfianza de Castilla. También provocaba temor de la propia nobleza navarra.

En 1253, muerto Teobaldo I, la corona recayó en su hijo Teobaldo II, menor de edad, ejerciendo la tutoría su madre Margarita de Borbón. Alfonso X invocó entonces sus derechos y la reina respondió estrechando su alianza con Jaime I, a quien no convenía en modo alguno una expansión de Castilla por el norte del Ebro. Estuvo a punto de producirse una guerra general porque el rey de Aragón sospechaba que Alfonso X sostenía la revuelta de los musulmanes en Valencia. Por su parte daba acogida a los nobles rebeldes, Diego López de Haro —que murió en 1254 en Bañares— y Ramiro Rodríguez, y firmaba un acuerdo con el infante don Enrique, hermano de Alfonso, que se sublevó en Andalucía en 1255. Vencido en Morón este infante, se refugió en tierras aragonesas y, desde allí, pasó a África. También Vizcaya se sublevó obligando a Alfonso X a una campaña en pleno invierno (diciembre de 1255). En conjunto, el soberano de Castilla lograba aplastar con cierta facilidad un movimiento que se había iniciado con gran fuerza.

Jaime I deseaba la paz; no podía atender a un mismo tiempo conflictos en Castilla y en Montpellier. Volviendo de Vizcaya, Alfonso X recibió en Vitoria a Teobaldo II de Navarra y a su madre, que venían a ofrecer homenaje, la más antigua confesión explícita de sumisión del reino pirenaico a una especie de protectorado castellano. En marzo de 1256 celebró en Soria una entrevista con Jaime preparada por su esposa Violante de Aragón. Los dos reyes confirmaron la amistad existente entre sus antecesores y el aragonés retiró su ayuda a los rebeldes. De este modo el círculo de alianzas en torno a Castilla se cerraba a plena satisfacción de Alfonso X.

La elección imperial

Mientras Jaime I se hallaba en Soria, llegó a esta ciudad una embajada de Pisa, que presidía Bandino di Guido Lanzia, para ofrecer a Alfonso X la ayuda de esta república en la persecución de los derechos que le correspondían al Imperio y rogarle que se pusiese a la cabeza del bando gibelino en Italia. A Pisa le preocupaba no solamente el crecimiento del poder güelfo, que tenía en Génova su gran potencia marinera, sino el apoyo que desde el exterior pudiera darse al partido rival. Unos meses antes, cierto embajador español, García Pérez, arcediano de Marruecos, había estado en Provenza alentando la oposición a Carlos de Anjou y firmado con la ciudad de Marsella un acuerdo (17 de enero de 1256) destinado oficialmente a promover la cruzada en África y en realidad a estimular la resistencia a los designios franceses. García Pérez estuvo presente en las vistas de Soria y los embajadores de Pisa solicitaban, entre otras cosas, una mediación castellana para obtener la alianza de Marsella. De hecho tal alianza se hizo efectiva el 12 de setiembre de este mismo año.

El 18 de marzo se firmó el acuerdo con Pisa. Alfonso X prometía enviar quinientos jinetes para el 1 de mayo próximo, y los embajadores, que sería reconocido como jefe de todo el bando gibelino en Toscana. Numerosas concesiones eran otorgadas al comercio de Pisa en el caso de que Alfonso pudiera alcanzar la corona imperial o el reino de Sicilia. Aún más: el 15 de abril fueron concedidos privilegios especiales a los mercaderes pisanos en los dominios del rey de Castilla, a cambio de ayuda naval en África e Italia.

García Pérez tomó el camino de Alemania, provisto de créditos para negociar y comprar los votos de los electores. Arnaldo de Isenburg, arzobispo de Tréveris, patrocinó abiertamente la candidatura de Alfonso, encargándose de ganar voluntades. Otros tres, el conde palatino del Rhin y los arzobispos de Colonia y Maguncia se declaraban por Ricardo de Cornwall, hermano del rey de Inglaterra, a quien ya hemos visto intervenir sin éxito en Provenza. Siendo siete los votos, eran necesarios cuatro electores para alcanzar la mayoría; ambos aspirantes movieron fuertes sumas de dinero para sumar partidarios. El 13 de enero de 1257 Arnaldo de Tréveris estaba en Francfort, la ciudad en donde tradicionalmente se hacía la elección, teniendo consigo a Alberto, duque de Sajonia, y plenos poderes del rey de Bohemia y del marqués de Brandeburgo. La mayoría de votos parecía asegurada. Pero fuera de la ciudad el arzobispo de Colonia y el conde palatino declararon electo a Ricardo porque tenían poderes del arzobispo de Maguncia y del rey de Bohemia, cosa que éste no desmintió. El 1 de abril Arnaldo proclamó a Alfonso X. Ambos candidatos tenían la mayoría por la simple razón de que uno de los electores, el bohemio, había dado poderes a los dos partidos simultáneamente con la mayor desvergüenza. El 15 de agosto una embajada llegó a Burgos; ante ella declaró Alfonso X el día 21 que aceptaba la designación y se trasladaría a Alemania en el plazo más breve posible.

El «Fecho» del Imperio

Hubo derroche de dinero a fin de asegurarse la fidelidad de partidarios que sostuviesen la causa de Alfonso en Alemania: el obispo Enrique de Spira, el duque de Brabante, Enrique, el de Borgoña, Hugo, y Guido de Dampierre, conde de Flandes, figuraban entre los más adictos. Estos dispendios fueron causa de malestar en Castilla. Muy pronto las Cortes se declararon contrarias a las pretensiones del rey. Por su lado, el Pontífice Alejandro IV, que acogiera en principio con simpatía la candidatura de Alfonso, no tardó en cambiar de criterio pues los españoles —tanto catalanes como castellanos— se mostraban favorables al bando gibelino, que experimentaba un peligroso crecimiento. Conforme avanzaba el tiempo, el monarca castellano se encariñaba con sus pretensiones sin atender a las agrias quejas de sus súbditos. En las Cortes de Toledo de 1259, una de las más largas sesiones de la Edad Media castellana, el fecho del Imperio —es decir, la voluntad del soberano de trasladarse a Roma para ser coronado emperador— fue planteado abiertamente con la demanda de que los procuradores otorgasen, a tal objeto, una moneda forera extraordinaria. Antes de acabar este año, una embajada iba a Roma para obtener de Alejandro IV actitud más neutral: figuraban en ella el infante don Manuel, hermano del rey, y el arzobispo de Sevilla, don Raimundo.

Probablemente Alfonso X trataba de aquietar las suspicacias del Papa acerca de su gibelinismo, que no tenía interés alguno en sustentar. El momento era oportuno. Muerto Ezzelino da Romano, el terrible tirano de Verona, el bando gibelino tendía a unirse en torno a Manfredo, bastardo de Federico II y detentador del poder real en Nápoles y Sicilia, aunque no tuviese el reconocimiento de la Santa Sede a quien correspondía la soberanía feudal. Manfredo era un político capaz. En la batalla de Montiaperti (1260) los gibelinos triunfantes consiguieron su mejor victoria: derribaron el gobierno de la parte güelfa en Florencia —que era lo que Pisa había esperado de Alfonso X— y aspiraron al dominio sobre toda Italia. Cualquier alivio a la terrible presión que padecía era bien acogido: Alejandro IV prometió a los embajadores castellanos atenerse a la más estricta justicia.

Los asuntos se complicaban. Ante el avance arrollador de los gibelinos, el Papa no tuvo otro remedio que ponerse en manos de Francia ofreciendo a Carlos de Anjou la corona de Nápoles. San Luis se opuso porque la aventura le parecía poco prometedora. Además, frente a las aspiraciones angevinas, los catalanes mostraban ánimo de lucha: el 28 de julio de 1260 se pactaba el matrimonio de una hija de Manfredo, Constanza, con el infante Pedro, que por muerte de su hermano se convertía en primogénito. Muchos consideraron aquella boda como un mal negocio. Alfonso X protestó con energía; el gibelinismo abierto de su pariente perjudicaba su buena reputación. Otros infantes castellanos, Enrique y Fadrique, mostraban más directamente su actividad perturbadora. La divergencia éntre ambas políticas, castellana y catalana —Jaime I mostraba también disgusto por la actitud de su hijo— se acentuó en los meses siguientes. Los mercaderes catalanes estaban buscando mercados en una línea de expansión mediterránea que llevaba a Alejandría.

Desde 1261 Alfonso X, con apoyo de los genoveses —no olvidemos las crecidas ganancias que sus banqueros están logrando en Sevilla—, desplegó una creciente hostilidad contra Manfredo. Quería cambiar de bandera atrayéndose la buena voluntad de los güelfos, sin pensar que difícilmente éstos podían aceptar sinceridad en un Hohenstaufen. Urbano IV, Papa francés, elegido este mismo año para suceder a Alejandro IV, se prestó al juego mostrando un espíritu conciliador que, acaso, no tenía nada que ver con sus reales intenciones. Pero el problema grave era Italia, no el Imperio, y lo que preocupaba al Pontífice era, precisamente, impedir que Inglaterra o Castilla se sumasen al bando gibelino. Por eso estaba resuelto a no favorecer a Alfonso ni a Ricardo, dejando que el problema se arrastrase, con gran satisfacción de parte de la nobleza alemana, que, en su fuero interno, pensaba que ninguna necesidad tenía de rey.

Urbano recogió o inventó una tesis arbitral. Los dos pretendientes se prestaron a la maniobra. Había tiempo, pues los informes y alegatos de cada una de las partes permitían al Pontífice demorar el momento grave de la sentencia. El 1 de febrero de 1263 Alfonso X otorgó poderes a sus embajadores ante la Santa Sede y se dispuso a esperar con paciencia.

La campaña de Salé y la conquista de Niebla

El Imperio podía esperar. Algunos otros problemas acuciantes, tales como el control del Estrecho, las campañas contra el Islam, los choques entre nobleza y burguesía en Cataluña y la herencia de Jaime I absorbían la atención de los monarcas peninsulares. Una revuelta de barones catalanes acaudillados por el vizconde Ramón de Cardona se produjo en 1259. En marzo de 1260 Alfonso X y Jaime I celebraron nueva entrevista en Ágreda para confirmar su amistad. Probablemente se trató entonces de la participación de los aragoneses en una expedición a Marruecos que los castellanos proyectaban aprovechando la revuelta de un príncipe benimerín, Ya‘qub ben ‘Abd Allah. Jaime no puso más obstáculo que su amistad con el rey de Túnez, en cuya Corte se habían refugiado los inquietos infantes Enrique y Fadrique.

Una flota —es la primera expedición naval castellana— se reunió en la desembocadura del Guadalquivir para prestar auxilio a Ya‘qub, que se había apoderado de Rabat y Salé. El 10 de setiembre de 1260 el almirante Juan García de Villamayor se apoderó de Salé, que opuso poca resistencia porque creía que se trataba de auxiliares del rebelde. Pero los castellanos habían venido en busca de botín y, tal vez, tenían la intención de conservar la plaza. Cuando Ya‘qub descubrió el engaño, emprendió el asedio. Durante ocho días las tropas castellanas resistieron los ataques; reembarcaron en la noche del 21 al 22 de setiembre.

Casi inmediatamente debieron comenzar las operaciones contra el reino de Niebla, que poseía un príncipe a quien los cronistas castellanos llaman Abenmafod. Consta documentalmente que la ciudad de Niebla —en cuyo asedio se usaron, al parecer, los primeros tiros de pólvora— sucumbió en 1262. Cádiz, que conquistara San Fernando y había vuelto a perderse, fue tomada probablemente el mismo año. Con la desaparición de este último taifa, Granada era el único reino musulmán; esta circunstancia contribuyó a fortalecerle.

Muertos ya el mayor y el menor de los hijos de Jaime I, éste se veía obligado a rehacer, por estas fechas, su testamento (21 de agosto de 1262). Aragón, Cataluña y Valencia permanecerían unidas en la herencia de Pedro III. El infante Jaime recibía Mallorca, Menorca e Ibiza con los señoríos ultrapirenaicos, estos últimos en calidad de feudatarios del condado de Barcelona. El infante Pedro hizo una protesta secreta en presencia de representantes de todos los estamentos de Cataluña y Aragón. La oposición entre los puntos de vista del soberano y su primogénito crecía peligrosamente. A raíz del matrimonio de este último con Constanza de Sicilia, Jaime I había prometido a Carlos de Anjou con cierta solemnidad que no se daría auxilio a Manfredo ni a los provenzales rebeldes; ambas cosas eran precisamente las que, muy veladamente, hacían desde Cataluña.

La revuelta musulmana

En el preciso momento en que comenzaba a ventilarse en la Corte del Papa el largo pleito imperial, una rebelión de musulmanes sometidos estalló en Andalucía y Murcia. Muhámmad I la patrocinaba volcando en ella los cuerpos de «voluntarios de la fe», que a las órdenes del sáhib Ibn Idris se habían fortalecido extraordinariamente. Se había proyectado un golpe de mano sobre Sevilla, residencia de Alfonso X, con intención de apoderarse de su persona; el rey fue advertido a tiempo, y Sevilla se defendió. En Murcia, el taifa sometido, Muhámmad ben Muhámmad Ibn Hud, fue derribado por un movimiento revolucionario que exaltó a un agente granadino, Albatec. La situación se hizo peligrosísima cuando los voluntarios de la fe lograron una victoria importante en Alcalá la Real, y sucumbieron las guarniciones de Jerez, Arcos, Rota, Sanlúcar, Lebrija y Medina Sidonia. Muhámmad I creía próximo el momento de restaurar una gran monarquía islámica.

Pero los cristianos eran más fuertes. Alfonso X solicitó de Jaime I una colaboración que el soberano aragonés dispuso generosamente. En el interior del reino nazarí estalló una crisis muy grave. Clanes de ascendencia muladí, en especial los Banu Ishqiliwla —cuya colaboración decisiva en la fundación del reino había sido premiada con el gobierno militar de Málaga, Guadix y Comares— veían con temor el crecimiento de esta fuerza terrible de los voluntarios de la fe susceptibles de implantar una dictadura. Se sublevaron. Muhámmad I se vio obligado a combatir en dos frentes.

La revuelta estalló en la primavera de 1264. Apenas pasados tres o cuatro meses se producía la reacción victoriosa de los castellanos en todas partes. El 22 de setiembre habían recobrado Medina Sidonia y el 9 de octubre Jerez. Antes de fin de año las fronteras habían sido restablecidas y en la campaña siguiente Alfonso X operaba en la Vega de Granada. Por su parte Jaime I, con auxilio económico que proporcionaron las Cortes catalanas, llevaba a cabo la liberación de Murcia, de la cual se titula rey en algunos documentos. Fue restituida íntegramente a Castilla, pero la ocasión sirvió para que se produjera el asentamiento de muy numerosas familias catalanas. En 1265 se firmó una paz provisional entre Castilla y Granada, que duró hasta la muerte de Muhámmad I, en 1273.

El retroceso castellano

La crisis en la frontera no favorecía en nada las pretensiones de Alfonso X. El Papa, por su parte, demostraba una abierta inclinación hacia Francia y firmaba con Carlos de Anjou un acuerdo (15 de agosto de 1264) que le reconocía como rey de Sicilia. Se justificaba el temor de los mercaderes catalanes, que veían avanzar sobre Italia intereses económicos que no eran propicios, y la decepción del rey de Castilla, hacia quien la Curia comenzaba a mostrarse desagradable. El 26 de agosto de 1264, fecha prevista para la sentencia arbitral en el pleito del Imperio, sólo se hallaban presentes en Roma los procuradores de Alfonso; en vez de pronunciarse, la Santa Sede concedió nuevo plazo. Murió entonces Urbano IV (2 de octubre de 1264) y otro francés le sucedió, Clemente IV, decidido partidario de Carlos de Anjou; no se ocultaba el menosprecio a las pretensiones de Alfonso X.

Éste insistía en sus promesas de no dar apoyo a los gibelinos sin comprender que cuanto menos temor inspirara, menor fuerza persuasoria tendrían sus reivindicaciones. El infante don Enrique, este turbio aventurero que hiciera gran fortuna al servicio del rey de Túnez, invirtió su capital en la empresa angevina y se encargó de representar en Roma a Carlos de Anjou. Aprovechando su presencia en la Corte del Papa, los embajadores castellanos insistieron una y otra vez a fin de conseguir el deseado arbitraje, mientras se hundía el edificio de la resistencia gibelina y, por tanto, juzgaban los asesores del Pontífice que era menos necesario contemporizar con Alfonso. El 18 de junio de 1267 —secreto a voces— el Papa declaró que no creía en la efectividad de los derechos del rey de Castilla.

De pronto los asuntos se embrollaron aún más. El infante don Enrique, senador de Roma, solicitó en premio a sus servicios la corona de Cerdeña y, al serle negada, rompió con Carlos de Anjou acusándole de haber retenido las sumas que entregara sin compensación. Dueño de Roma, asaltó la residencia del Papa e hizo prisioneros a los cardenales que residían en la ciudad mostrándose rabioso gibelino. Mientras tanto su hermano Fadrique aparecía en Sicilia para sublevar la isla en favor de su pariente Conradino, el último Hohenstaufen. Un desastre: Enrique fue excomulgado (5 de abril de 1268) y cayó prisionero en la batalla de Tagliacozzo (23 de agosto), en que el gibelinismo quedó definitivamente aplastado.

Ningún aliento, ninguna esperanza de auxilio venía de España. Se dijo, años más tarde, que Juan de Prócida había recogido al pie del cadalso el guante de Conradino para traérselo al futuro Pedro III. Pero Alfonso X prefería perderse en los pasillos de las reclamaciones jurídicas. Jaime I, el único enemigo peligroso en aquellos momentos para Carlos de Anjou, gastaba los últimos años de su vida acariciando sueños de cruzada en Tierra Santa, para la que ofrecieran su apoyo los mongoles y el emperador Miguel Paleólogo. En una entrevista, celebrada en Toledo con ocasión de ser consagrado arzobispo el infante don Sancho de Aragón, Alfonso X trató de disuadir a su suegro de tal empresa, pero no pudo conseguirlo. La expedición, que Carreras Candi considera el precedente de las hazañas de los almogávares, partió de Barcelona el 4 de setiembre de 1269. Asaltada por una tormenta, la nave real regresó a los pocos días; malas lenguas dijeron que la causa del rápido retorno había sido la nostalgia que el rey sentía por su amante, Berenguela Alfonso. La flota continuó su marcha a las órdenes de dos bastardos reales, Pedro Fernández y Fernán Sánchez, los cuales permanecieron en San Juan de Acre hasta febrero de 1270 sin resultado alguno.

Las concesiones a la nobleza

Negras nubes de tormenta se acumulaban, tanto en Castilla como en Aragón. No faltaron pretextos para justificar el hondo malestar —el gasto inútil en el «fecho» del Imperio, las liviandades seniles de Jaime I, el poco auxilio a los intereses catalanes en el Mediterráneo— que no se debía a motivos tan fútiles. En política se trata de las primeras fases de un larguísimo conflicto entre la monarquía, que codifica el derecho y pretende el aumento de su autoridad, y la nobleza, que aspira a conservar o ampliar el poder compartido. En economía, tocados los límites de la ocupación de tierras, había desajuste entre un gasto en crecimiento y unos ingresos que no encontraban fuentes para desarrollarse. La crisis tenía aspectos tangibles como la elevación de precios, el aumento de impuestos y la devaluación de la moneda.

En Aragón la nobleza tuvo su líder en Fernán Sánchez, el bastardo real que, al regreso de Palestina, se había colocado al servicio de Carlos de Anjou con gran cólera del primogénito Pedro. Jaime I quiso contemporizar arrebatando a este último la procuración real (11 de abril de 1272), pero no consiguió con esto sino agravar las cosas. Estalló la guerra. Los nobles combatieron al rey, quien hubo de llamar al infante don Pedro; en un encuentro, el bastardo fue derrotado y muerto. No era la paz. La nobleza, más fuerte en Aragón que en Cataluña, ajena a los problemas mediterráneos, acarició su resentimiento.

Al frente de la oposición, en Castilla, se hallaba el infante don Felipe, hermano del rey. En 1269 él y don Nuño González de Lara celebraron, con otros partidarios, una reunión en Lerma para acordar medidas que pudieran adoptarse. A ellos se unieron Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, y otros muchos nobles hasta constituir un bando numeroso y fuerte. El pretexto inicial era la demanda del Imperio por parte de Alfonso X; a él se unió luego la renuncia al vasallaje que Portugal debía por el Algarbe. Como de costumbre, un apoyo al Pontífice y a la política güelfa se empleaba en la propaganda. Aprovechando la boda del heredero de Castilla, Fernando, llamado de la Cerda por cierta pilosidad en el rostro, con Blanca de Francia, una hija de San Luis (30 de noviembre de 1269), el infante dio a la conjura cierto aire internacional acomodándose al güelfismo triunfante.

La necesidad de proseguir en Roma sus negociaciones movía a Alfonso X a mostrarse condescendiente, entrando en tratos y conferencias repetidos a lo largo de los años 1270 y 1271 sin el menor éxito. Felipe hizo entre tanto dos viajes a Navarra, sin por ello arrastrar este reino a su causa, y solicitó la ayuda de Muhámmad I de Granada y del soberano de Marruecos. Jaime I se mostró en todo momento amigo leal (vistas de Alicante, octubre de 1271). Las conversaciones de Burgos, entre el rey y los nobles, que señalan el punto culminante del proceso, permiten arrojar notable luz sobre esta crisis interna. Las reformas propuestas abarcaban dos campos: a) que se suspendieran las concesiones beneficiosas a los campesinos emigrantes a Andalucía, pues ello redundaba en perjuicio del status económico de los nobles, y b) que los agentes de la autoridad, merinos y jueces, no interfiriesen en los derechos señoriales.

Las negociaciones se rompieron, y el infante Felipe y sus partidarios acabaron por desnaturarse pasando a Granada. Alfonso X se apresuró a ofrecer la concordia usando de los buenos oficios de su otro hermano, el infante don Manuel. Era una claudicación sólo explicable por la obsesión que en él producía el Imperio. Se evitaron los males peores gracias a la inquebrantable lealtad del rey de Aragón y a las discordias interiores de Granada, arriscadas aún más por la presencia de estos exiliados castellanos. Los enormes gastos obligaron a solicitar de las Cortes un servicio extraordinario por seis años y un impuesto del diezmo sobre las mercancías. Esto alentaba el descontento.

Dos acontecimientos impulsaron al monarca castellano a la desastrosa condescendencia respecto a sus nobles. En primer término la abierta ruptura con Carlos de Anjou y cuanto significaba la política güelfa. Alfonso X parecía haber recobrado el pulso enérgico de los días mejores y coincidía con el infante heredero de Aragón, Pedro; en nombre de ambos, un embajador, Raimundo de Mastagii, operó en Italia en agosto de 1269, alentando la resistencia de las ciudades italianas que proyectaban unirse en una vasta Liga para defensa de su libertad. Al año siguiente un embajador de Pavía estuvo en España. Cuando, en 1271, las ciudades lombardas, Pavía, Lodi, Parma, Novara, Plasencia, Tortona y Vercelli constituyeron la alianza prevista, Alfonso X envió un ejército de dos mil hombres para ayuda contra los angevinos. Guillermo, marqués de Monferrato, casó con la infanta Beatriz de Castilla (agosto de 1271). Las promesas estaban muy por encima de la realidad, pero hubo dinero castellano moviendo los hilos de la guerra.

El segundo acontecimiento fue la muerte de Ricardo de Cornwall (2 de abril de 1272), que reducía el número de candidatos a solo Alfonso; el rey de Castilla debió de pensar que ahora o nunca. Aunque el nuevo Papa, Gregorio X, elegido en setiembre del año anterior, no era nada favorable a sus pretensiones, Alfonso decidió hacer un esfuerzo supremo. Para ello necesitaba tener las manos libres. Pactó con sus nobles: en Almagro (1273) fue acordado que se reduciría de seis a cuatro años el cobro del servicio extraordinario, limitándose a diez el tiempo de percepción de la décima; los nobles desterrados fueron invitados a regresar; el olvido sería aplicado a todas las inquietudes pasadas. Esta capitulación de la monarquía sucede en estrecho paralelismo con la revuelta del bastardo Fernán Sánchez en Aragón, que el infante don Pedro reprimió con mano muy dura. Pero el conflicto estaba diferido y no resuelto; en cierto momento Jaime I había llegado a admitir, paso gravísimo, que una comisión arbitral de cuatro nobles y cuatro obispos, decidiese, ante las Cortes de Lérida, sobre las diferencias.

La definitiva repulsa pontificia

Alfonso X y Jaime I preparaban, desde 1273, su viaje separadamente a Lyon en donde iba a celebrarse el Concilio ecuménico. El rey de Castilla confiaba en resolver su pleito imperial; el de Aragón, en recibir la corona de manos de Gregorio X. Ambos habían entrado ya por el camino de la presión armada; buques genoveses acababan de trasportar a Italia una fuerza de mil doscientos jinetes que contribuyeron en forma decisiva a alimentar una resistencia que tomaba visos de amplia coalición. Los esfuerzos febriles de Alfonso X para conseguir del Papa cierto favor para su causa, no encontraban eco alguno; al contrario, siguiendo las insinuaciones del propio Gregorio, se había elegido a Rodolfo de Habsburgo como emperador (1273). Suave, pero firme, el Pontífice invitó al rey de Castilla a desistir de sus pretensiones (11 de junio de 1274) y reconoció después a Rodolfo como verdadero rey de Romanos (26 de setiembre). También rechazó, con igual severidad, las demandas de Jaime I: exigía previamente el pago de todos los censos atrasados que, años antes, ofreciera Pedro II. La repulsa significaba un agravio para las dos grandes monarquías españolas.

Alfonso X insistió. Desde antes del verano de 1274 tenía en Lyon sus embajadores, presididos por Juan Núñez de Lara, que anunciaban la inmediata presencia del rey. En noviembre de este año, dejando encomendada la regencia al infante don Fernando, su primogénito, emprendió el viaje a través del territorio aragonés y catalán. Pasó las navidades en Barcelona, junto a su suegro Jaime I, que acababa de regresar de Aviñón y no estaba, por supuesto, de buen humor respecto al Pontífice. En mayo de 1275 llegaba a Beaucaire, en donde permaneció dos meses negociando. La negativa de Gregorio X fue rotunda. Desilusionado, y lleno de preocupaciones por las noticias que venían de la frontera musulmana, el castellano hizo promesa verbal de renuncia; probablemente solicitaba ahora la concesión de una décima sobre el clero para compensar los grandes dispendios realizados. Tampoco logró sus propósitos. Emprendió el regreso con amargo sabor de derrota. Así se cerraba este capítulo de las aspiraciones imperiales, primera fase del gibelinismo español.

El conflicto de Portugal con el Pontífice

A pesar de que Alfonso III de Portugal debía prácticamente la corona al Papa y a los obispos, nuevos conflictos se habían originado, lo cual demuestra, acaso, hasta qué punto era difícil lograr un acomodo entre las tendencias autoritarias de la monarquía y las tradicionales inmunidades eclesiásticas. La primera tensión fue consecuencia del acuerdo sobre el Algarbe de 1253; el Papa Alejandro IV excomulgó al rey de Portugal por haber contraído matrimonio con la bastarda Beatriz de Castilla cuando aún vivía la condesa de Bolonia, con quien Alfonso estaba desposado. Hasta 1262 no fue legitimada la unión, prenda de paz, pues en los años siguientes pudieron celebrarse negociaciones de límites que condujeron a fijar la frontera del Guadiana definitivamente en 1267. Un año más tarde, Alfonso X accedía a suprimir el vasallaje.

Durante los treinta años de su reinado, Alfonso III (1248-1278) realizó una amplia labor de repoblación, restauración y ampliación de fueros a las ciudades: Beja, Monforte, Estremoz, Valença do Minho, Viana y Monçao recibieron sus beneficios. El crecimiento del tercer estado se reflejaba no sólo en el refuerzo de las ciudades y del comercio, sino también en la aparición de las Cortes. En 1254, en Leiria, concurren por vez primera burgueses al lado de nobles y obispos. Las leyes que fueron entonces promulgadas respondían al interés del estado llano: supresión de la venganza privada; garantías a la propiedad y al transporte en los caminos; seguridades a los mercaderes de Gaia-a-Velha frente a los de Oporto. Como en Castilla, el rey renunciaba a su derecho a quebrar moneda a cambio de un impuesto; pero también como en el reino vecino le era imposible evitar el déficit financiero y la devaluación.

De nuevo, en 1258, se habían establecido las inquiriçoês de jueces itinerantes que recibían las alzadas de los pleitos molestando a los eclesiásticos en sus inmunidades. El 2 de abril de 1265, resultado final de la encuesta realizada para averiguar cuáles eran los bienes de la corona, fue dictada una orden volviendo al realengo todos aquellos que hubieran sido indebidamente vendidos. El arzobispo de Braga, en nombre de la Iglesia, tomó la iniciativa de reunirse con los obispos de Coimbra, Viseo, Oporto y Guarda; al no conseguir la rectificación, declararon el entredicho y abandonaron el país (1267). En Roma, Alfonso III fue acusado de usurpar los bienes de la Iglesia y de no pagar los diezmos. Hubo negociaciones tensas, que se alargaron por el interregno de tres años entre la muerte de Clemente IV y la elección de Gregorio X.

La firme energía de este Papa consiguió un retroceso del rey de Portugal, como estaban consiguiendo los de Castilla y Aragón. En las Cortes de Santarem de 1273, respondiendo a las exhortaciones de Gregorio, el rey prometió guardar la paz con la Iglesia y establecer un tribunal que enmendase los daños que se hubiesen causado a los obispos. El Papa no se conformó: el 4 de setiembre de 1275 exigió que el rey, sus hijos y todos los oficiales prestasen juramento de no atentar ni ayudar a que se atentase contra la Iglesia. Las negociaciones seguían en pie en el momento de la muerte del rey (16 de febrero de 1279). Tampoco en relación con Portugal puede calificarse la política pontificia de afortunada.

La primera ofensiva benimerín

Muhámmad II (1273-1302) tuvo que empezar su reinado haciendo frente a una nueva y más terrible rebelión de ios Banu Ishqiliwla y sus partidarios andalusíes. Los desterrados castellanos le ayudaron a aplastar cerca de Antequera a estos rebeldes. Luego celebró en. Sevilla una entrevista con Alfonso X (1274) ofreciéndole un empréstito especial para su viaje a Francia. A cambio de la suspensión de todo apoyo a los Banu Ishqiliwla, que el monarca castellano garantizó, Muhámmad prometió la entrega de Tarifa, Vejer, Alcalá, Medina y Cazalla. El rey de Granada no tenía la menor intención de cumplir sus promesas; esperaba que las pretensiones imperiales le brindasen la ocasión de utilizar su diplomacia atrayéndose una alianza de los benimerines. Los musulmanes españoles brindaron a Abu Yusuf Ya‘qub ben ‘Abd al-Haqq, rey de Marruecos, dos bases en el estrecho de Gibraltar, Tarifa y Algeciras. Las vanguardias africanas desembarcaron el 13 de mayo de 1275 y en agosto lo hizo el propio Ya‘qub.

Comenzaba la batalla del Estrecho, que durante casi setenta años pondría en juego la navegación entre el Mediterráneo y el Atlántico, convertida en elemento esencial de la economía europea después de la instalación de los genoveses en Sevilla. Para la gran ofensiva proyectada, los musulmanes dividieron el frente en dos sectores, encargándose los benimerines del de Sevilla y los granadinos del de Jaén. Ya‘qub reconcilió a los Banu Ishqiliwla con su rey y emprendió luego el ataque con gran vigor. El regente Fernando se hallaba en Burgos; emprendió rápido viaje a Andalucía mientras llamaba tropas desde todas partes, pero enfermó y murió en Villa Real (la actual Ciudad Real) durante el mes de agosto. Los musulmanes, dueños de Almodóvar y Huelma, derrotaron y dieron muerte a Nuño de Lara ante los muros de Écija (7 de setiembre) y estaban a las puertas de Sevilla el 23 de octubre de 1275. El arzobispo de Toledo, Sancho de Aragón, hijo de Jaime I, pereció a los pocos días cuando intentaba frenar a los invasores en retirada, cerca de Martos.

Era un desastre, debido únicamente a la sorpresa. El infante Sancho, sustituyendo a su hermano en la suprema dirección del gobierno, adoptó ciertas disposiciones que resultaron de gran eficacia. Diego López de Haro fue a Écija, el maestre de Calatrava se instaló en Jaén, el de Santiago en Córdoba, junto con las tropas que mandaba Fernán Ruiz de Castro, mientras personalmente se encargaba de la defensa de Sevilla y del armamento de una flota que interrumpiese las comunicaciones entre la Península y África. Jaime I, a quien la revuelta de los musulmanes de Valencia obligaba a ponerse en campaña, tomó disposiciones, como de costumbre, para acudir en socorro de los castellanos si fuera necesario. La ofensiva estaba contenida y rechazada antes de que acabara el año 1275. Abu Yusuf Ya‘qub, preocupado por sus comunicaciones con retaguardia, regresó a Marruecos.

La campaña de Valencia acabó con la vida de Jaime I; después de una pequeña derrota que sus tropas sufrieron en Luixent, decidió retirarse del mundo, asegurando antes la pacífica sucesión de sus hijos, Pedro y Jaime; abdicó el 21 de junio de 1276 y murió en Valencia seis días más tarde cuando se dirigía al monasterio de Poblet que eligiera como último refugio. Tampoco fueron muy favorables los resultados de la guerra para Muhámmad II, pues en definitiva no tuvo ganancias territoriales y, en cambio, los benimerines, instalados en Algeciras y Tarifa, podían convertirse en un peligro. Cuando el último de los Ishqiliwla, Abu Muhámmad, arraez de Málaga, murió, dejó sus dominios en herencia al rey benimerín.

La sucesión castellana

La muerte del infante don Fernando planteaba un problema sucesorio sumamente grave en el mismo momento en que Pedro III —nueva generación, nuevos intereses radicalmente distintos— ascendía al trono aragonés. De acuerdo con la costumbre tradicional castellana, correspondía al segundo de los hijos de Alfonso X, Sancho, que con tanto valor y acierto acababa de rechazar la invasión musulmana, recoger la sucesión. Pero en la compilación legislativa de Las Partidas, no promulgada como ley, pero válida como doctrina, se había admitido el derecho de representación: muerto el padre, los hijos suceden en los derechos, de la misma manera que si hubiera ya accedido al trono. Retoñando viejos compromisos, don Sancho se unió a Diego López de Haro, señor de Vizcaya, mostrando cierta inclinación a favorecer los intereses de los nobles y afirmando un castellanismo a ultranza con ciertos puntos de contacto con el catalanismo abierto de Pedro III. Alfonso X, después de haberse hecho aconsejar, reconoció que a Sancho correspondía la herencia. En consecuencia el infante fue reconocido y jurado en las Cortes de Segovia. El propio autor de Las Partidas relegaba a éstas al plano de simple teoría.

La reina Violante, madre de Sancho y abuela de los infantes de la Cerda, se mostró decidida partidaria de éstos —es evidente la influencia francesa— y trabajó con ahínco a fin de procurarles ayuda en el interior y en el exterior. Los Lara y Felipe III se declararon abiertamente. Aragón parecía también dispuesto a seguir los dictados de la reina, hermana de Pedro III. Éste, guerrero muy diestro, monarca sufrido y tenaz, perseguía tan sólo el beneficio de sus particulares intereses. Había acreditado su valor en el asedio de Montesa (1276-1277), que puso fin a la revuelta mudéjar. En pocos años elevaría a la Corona de Aragón al rango de primera potencia europea por medio de hábiles negociaciones diplomáticas: matrimonio de su hija Isabel —Santa Isabel de Portugal— con Dionís; enlace del infante Alfonso con Leonor de Inglaterra; alianza con Miguel Paleólogo, emperador de Bizancio, negociada por Juan de Prócida. Crecía la voluntad de oponerse, con todo su poder, a la potencia angevina.

Violante, con su nuera y sus nietos, se refugió en Ariza (8 de enero de 1277) y fue recibida por su hermano con los brazos abiertos. Probablemente se engañaba, pues la intención del soberano aragonés no era otra sino usar a los infantes como rehenes para cualquier negociación. La potencia aragonesa iba en aumento mientras la de Alfonso —y con él toda Castilla— se despeñaba. Oscuras intrigas tenían lugar en torno a la sucesión. En 1277 el infante don Fadrique, hermano del rey, y Simón Ruiz, señor de los Cameros, fueron ejecutados por traición, cosa que favorecía sin duda a don Sancho. En 1278 o 1279 el rey quiso restaurar su prestigio emprendiendo el asedio de Algeciras, pero fracasó. Una flota marroquí venció a la castellana y trajo refuerzos que aseguraron la plaza. Alfonso X firmó una tregua con los benimerines, pero continuaron las hostilidades con Granada y, aunque la caballería de Santiago sufrió en Modín un revés, el príncipe heredero, don Sancho, salió beneficiado; al frente de sus tropas hizo una entrada hasta la Vega.

Se culpó a un recaudador judío, Zag de la Maleha, del fracaso de Algeciras; había entregado al infante Sancho el dinero necesario para el pago de las tropas. Fue condenado a muerte, lo cual no impidió que Sancho se aprovechara de la malversación para llegar a un acuerdo con Pedro III. En setiembre de 1279 celebró una entrevista con el rey de Aragón entre Requena y Buñol. Violante regresaba a Castilla tomando su hijo cargo de todas las deudas que hubiera contraído. Los infantes de la Cerda debían permanecer bajo custodia del soberano aragonés sin permitirles pasar a Francia como su madre deseaba.

La influencia francesa se refuerza en Navarra

El conflicto latente en Castilla, a causa de los infantes de la Cerda, aumentó la influencia de Francia sobre Navarra. Tal vez hubo error en la actitud inicial de Alfonso X cuando introdujo sus propias pretensiones al pequeño reino, pues al imponer en 1256 un protectorado empujaba a Teobaldo II a buscar en el exterior otros aliados. En 1258 su madre arregló para él la boda con Isabel, hija de San Luis; Fernando de la Cerda se convirtió en su cuñado. Del matrimonio no hubo hijos y un hermano de Teobaldo, Enrique, fue reconocido pronto como heredero; gobernaba Navarra en los períodos de ausencia del rey. Casado con una sobrina de Luis IX, Blanca de Artois, Enrique de Champagne entraba también en el círculo de los angevinos. La peculiar política de apaciguamiento que Alfonso X desarrolló hasta 1269 le movió sin duda a mostrarse condescendiente con Navarra.

Con notable retraso respecto a los otros reinos peninsulares, Navarra se transformaba también: sus villas y ciudades obtenían fueros; crecía el tercer estado; se desarrollaba la vida económica. Aislada del mar por los dominios ingleses que el tratado de París consolidaba —su ardiente francofilia impedía cualquier entendimiento con Inglaterra—, la búsqueda de una alianza con Castilla parecía completamente natural pues sólo los puertos del Cantábrico, que empezaban a prosperar, se ofrecían como salida al mar de los productos navarros. Un juego de intereses fomentaba el acercamiento. Por esta razón Enrique de Champagne rechazó las demandas de auxilio que en 1270 le hiciera el infante don Felipe. Cuando Teobaldo II murió en Túnez, este mismo año, en la cruzada que costó la vida a Luis IX de Francia, Enrique, ya rey, propuso a Alfonso X un plan de amistad basándola en el matrimonio de su heredero, Teobaldo, con una infanta castellana. Pero el niño murió, por accidente, en Estella (1273), y al año siguiente desapareció también Enrique I.

Seis años de terrible crisis aguardaban a Navarra. Una niña, Juana, sujeta a la custodia de su madre francesa, Blanca de Artois, era depositaría de los derechos de sucesión de Enrique I. Las pasiones contenidas se desataron, pues no era sólo la presencia de un monarca extranjero, sino más aún la recaída de los derechos en una mujer. Las Cortes escogieron a Pedro Sánchez de Monteagudo, señor de Cascante, como gobernador general del reino. Los nobles se agitaron levantando tropas. La misma capital, Pamplona, quedó dividida entre ambos bandos, de amigos y enemigos de la reina. Blanca huyó a Francia con su hija, mientras Alfonso X, resucitando otra vez las antiguas pretensiones, invadía el país, en donde estallaba una cruel guerra civil.

Colocada ante términos tan angustiosos, Blanca de Artois llegó a un acuerdo con Felipe III transfiriendo a éste la regencia bajo promesa de matrimonio de Juana con el primogénito de Francia. Se preparaba pues la anexión de Navarra a este país y tal fue la misión encomendada al gobernador Eustaquio de Bellemarque, enviado a la cabeza de un ejército. Para todas las monarquías peninsulares esta presencia de tropas francesas sobre el Ebro constituía un peligro gravísimo contra el que era preciso reaccionar. La mayor parte de la nobleza navarra veía también con disgusto la pérdida de la independencia. Pedro Sánchez de Monteagudo patrocinaba el matrimonio de Juana con un infante aragonés. Como Felipe III defendía con calor la causa de sus sobrinos de la Cerda, la cuestión de Navarra se insertó en el problema sucesorio castellano.

La superioridad militar francesa quedó pronto de manifiesto. En una breve ofensiva Roberto de Artois derrotó a los castellanos y sus partidarios en Reniega (1277) arrasando el barrio de la Navarrería, en Pamplona. Tras él vino, con mayores fuerzas, el rey Felipe, decidido, al parecer, a invadir Castilla. Desoyendo entonces la opinión del infante don Sancho, que deseaba combatir, Alfonso X aceptó las sugerencias del pontífice Nicolás III y fue a entrevistarse con el rey de Francia, en Bayona. Fue la primera señal de desavenencia entre el monarca castellano y su heredero. En Bayona, además, Felipe tomó la defensa de los infantes de la Cerda proponiendo como solución que se creara un reino vasallo, en Jaén, para el mayor de ellos. Las vistas tuvieron lugar el 30 de diciembre de 1280.

Así se perfilaban los campos, reanudándose las tendencias güelfas y gibelinas. Mientras Pedro III se preparaba para intervenir en Italia enarbolando la bandera Staufen de su mujer, Sancho comprendía la necesidad de contar con Aragón para impedir las maniobras disgregadoras de Francia. Arrastrado materialmente por su hijo, Alfonso acudió, con numerosa comitiva de nobles y prelados, a una entrevista con Pedro III en el Campillo de Tarazona (27 de marzo de 1281). Se respiraba el más espeso ambiente de hispanismo antifrancés: ambos monarcas estaban de acuerdo en repartirse Navarra; secretamente el infante Sancho prometía a su tío renunciar a la parte que a él pudiera corresponderle.

Este aire secreto de Tarazona es de la mayor importancia, pues apuntaba, con sus colores de gibelinismo, a sustituir si era necesario a Alfonso X en el trono de Castilla. Cualquier cosa antes que permitir una expansión ulterior de la influencia francesa. Sancho preparaba la revolución, aprovechándose del descontento que la carestía y el peso de los impuestos provocaban. Todo estaba maduro: en las Cortes de Sevilla de octubre de 1281 fue necesario proceder a una nueva disminución del valor de la moneda.

XXV

LA PRIMERA EXPANSIÓN HISPÁNICA

Un cambio en las circunstancias políticas

En los años de tránsito de los siglos XIII a XIV, las tres grandes monarquías ibéricas —Navarra es una parte de la corona de Francia y Granada no cuenta— se asomaron al campo de los grandes problemas internacionales. Una auténtica revolución, primera de la serie que nos lleva al régimen de los Reyes Católicos, estalla en Castilla y triunfa de la mano del príncipe heredero; tiene el sello del predominio nobiliario y también de la expansión de la ciudad que no es incompatible con aquél por el papel dominante que en ella desempeñan los hidalgos. El mismo año los catalanes ponen la primera piedra de un original imperio mediterráneo que durante un siglo no dejará de expansionarse. Portugal supera definitivamente las limitaciones de una estructura señorial arcaizante y halla el ritmo de las monarquías modernas. Poco después Castilla abre, con el concurso decisivo de Génova, el estrecho de Gibraltar que proporciona una ruta de navegación directa entre Italia y Flandes llamada a convertirse en la línea económica vital para Europa.

Tal es el sentido fundamental de la obra que realizan o empiezan, Sancho IV de Castilla, Pedro III de Aragón y Dionís de Portugal. Pero una transformación tan fuerte en el exterior no podía por menos de producir fenómenos internos, máxime cuando, en las postrimerías del siglo XIII, comenzaban a manifestarse en toda Europa signos evidentes de declive en la demografía y en la expansión agraria. Asociadas a episodios de guerra de invasión, minoridad o herencia, aparecen perturbaciones muy pronto en todas partes; presentan dos aspectos, uno político de lucha entre nobleza y monarquía, y otro jurídico en tomo a la ordenación y gobierno de los reinos. Frente a Francia las monarquías ibéricas tendieron a unirse en la primera fase del proceso; coincidentes en lo que hemos dado en llamar gibelinismo, mostraban abierta simpatía por el predominio de la autoridad laica, característico en tal opinión.

Los intereses económicos se mostraron muy pronto divergentes. Los genoveses, enemigos de la Corona de Aragón, controlaban en cambio Sevilla, que era la principal plaza de comercio castellana y una de las más importantes de Europa. Así se preparaban las futuras discordias, muy sangrientas, que darían carácter a la Baja Edad Media española. Por otra parte, la coincidencia de objetivos en la nobleza de todos los reinos promovía alianzas horizontales que no respetaban las fronteras. En cada conflicto aparecían entremezcladas las actuaciones.

La caída de Alfonso X

En las Cortes de Sevilla de octubre de 1281, Alfonso X tanteó los ánimos sobre el proyecto esbozado en las vistas de Bayona: crear un reino vasallo en Jaén para su nieto Alfonso de la Cerda. Halló la más violenta oposición no sólo en el heredero Sancho, sino en los procuradores de las ciudades que defendían la permanencia de la unidad. Mientras Alfonso se ocupaba en Andalucía de negociar con Granada, adonde fue como embajador Gómez García de Toledo, el heredero constituía un sólido bloque de alianzas, dentro y fuera del reino; sus hermanos Pedro y Juan, Dionís de Portugal y Pedro III de Aragón ofrecieron ayuda para un proyecto que, en definitiva, trataba de frenar la penetración francesa en la península.

Estalló la revuelta. En abril de 1282, el mismo año de las Vísperas Sicilianas, Sancho convocó a los procuradores a Cortes en Valladolid, llamó a los desterrados e invitó a las ciudades a constituir Hermandades para defensa del orden público y de sus privilegios. El reino era invocado como comunidad que no podía dividirse por decisión unilateral del soberano. Tal es el principio revolucionario y moderno que se manifiesta. Apenas unos años antes, Jaime I había podido disgregar sus estados; se negaba a Alfonso X este derecho. Al reconocer todos, incluso Violante de Aragón, a Sancho como gobernador general —nunca quiso tomar el título de rey— los castellanos daban una prueba de madurez política. Alfonso X fue suspendido en sus funciones.

La unidad frente a la partición. Esta idea noble degeneró muy pronto en guerra civil, causa de graves daños, demostración también de que, a pesar de todos los errores, la monarquía estaba por encima de las desobediencias. Esta vez Alfonso X, que tantas veces había negociado, se opuso a tratar con su hijo a quien desheredó (octubre de 1282) recurriendo a Martín IV para pedirle que pronunciara censuras eclesiásticas contra sus partidarios. Muhámmad II de Granada se adelantó a reconocer a Sancho como rey, pensando que la división no podía sino favorecerle. Alfonso recurrió entonces a Abu Yusuf Ya‘qub usando de los buenos oficios de Alonso Pérez de Guzmán, que estaba entonces al servicio del soberano benimerín. Siguiendo los consejos de éste, Abu Yusuf proporcionó al depuesto monarca sesenta mil doblas y vino a Sevilla con un ejército.

Al prolongarse la lucha, la coyuntura se hizo de signo desfavorable para Sancho. Necesitaba aumentar sus lazos de presión con la nobleza: por esto contrajo matrimonio con su prima, María Alfonso de Meneses, heredera de la poderosa familia palentina, y arregló la boda de su hermana Violante con Diego López de Haro, señor de Vizcaya. La prudencia de María Alfonso —María de Molina por descender del infante Alfonso llamado de Molina— fue una ganancia. La soberbia del señor de Vizcaya una continua fuente de sinsabores. Lentamente la lealtad se volvía hacia el legítimo rey, mientras los pueblos comenzaban a sufrir los terribles males de una guerra civil que permitía a los benimerines correr el campo de Calatrava. En 1283 los infantes don Juan y don Jaime se sometieron a la obediencia de su padre. Sancho intentó negociar aceptando la mediación de su propia esposa, María de Molina, y de la reina madre de Portugal, Beatriz. Estaban en curso tratos cuando enfermaron, a un mismo tiempo, Alfonso X y su hijo; el viejo rey no pudo recuperarse y murió en abril de 1284. El 22 de enero anterior había firmado un testamento en que reconocía como heredero a Alfonso de la Cerda y su linaje; si éste llegara a extinguirse, pasarían los derechos al rey de Francia. Eran además segregados dos reinos, uno con Sevilla y Badajoz para el infante don Juan, otro con Murcia para don Jaime.

Pedro III, rey de Aragón

El hijo de Jaime I era en estos momentos el sustentador casi único del gibelinismo antifrancés en la Península. El matrimonio con Constanza, hija de Manfredo, que usaba desde 1266 título de reina de Sicilia según ha podido establecer Soldevila, no era, en la mente de Pedro, una combinación circunstancial. Mientras el viejo rey protestaba de su amistad con Francia y prometía no prestar nunca ayuda a los gibelinos contra Carlos de Anjou, el infante alentaba las esperanzas de todos los enemigos de Francia, dando albergue y acogida a los perseguidos por los angevinos. Una parte de la nobleza catalana —los Foix, los Pallars y los Cardona— habían hecho promesa feudal de ayudar a Constanza en la persecución de sus derechos. Cuando Pedro III se hizo coronar en Zaragoza, con toda solemnidad, declaró que no se consideraba vasallo de la Santa Sede (16 de noviembre de 1276).

Es curioso, e importante, que el creador del imperialismo catalán haya comenzado su gobierno sometiendo a Cataluña por la fuerza. La paradoja desaparece cuando se tiene en cuenta que la rebelión partía de la nobleza y la empresa mediterránea importaba a la burguesía. Los barones de Cataluña —entre ellos precisamente los que juraran a Constanza como reina de Sicilia— protestaban de que se hubiese rehuido la convocatoria de Cortes para evitar la jura de libertades; la queja real era más sórdida pues no querían que se cobrase el bovatge que Pedro estaba percibiendo. Detrás del jefe de la resistencia catalana, Roger Bernardo, conde de Foix, se hallaba también el rey de Mallorca, señor del Rosellón, tierra catalana.

Pedro III comenzó entendiéndose con su hermano Jaime II; firmaron ambos un acuerdo el 20 de enero de 1279. El primero aceptaba la legitimidad del reparto dictado en el testamento de su padre. El segundo, reconociendo que Rosellón y Montpellier eran, incluso desde el punto de vista jurídico y monetario, parte integrante de Cataluña, prestó el homenaje vasállico al rey de Aragón. Luego el soberano condujo sus experimentadas tropas contra Balaguer, refugio de los nobles, que defendía Ramón Folch, vizconde de Cardona. La ciudad se rindió el 11 de julio de 1280 y con ello terminó la revuelta. Apenas hubo castigos: Pedro III otorgó a todos los nobles su amistad señalándoles inmediatamente un objetivo: Sicilia.

Las vísperas

Esta política de transigencia, que coincide con los acuerdos en Castilla y Portugal, respaldo de una acción italiana, permite a Pedro III acelerar los preparativos. Instalado en Valencia, recibía información de todas partes. Ya en 1279 una flota catalana, a las órdenes de Conrado Lanza, siciliano, había recorrido las costas de Túnez, ganando prestigio para la Corona de Aragón y despertando las esperanzas de cuantos, en la isla, deseaban destruir el régimen francés. Nicolás III estaba probablemente de acuerdo en oponerse al crecimiento de Carlos de Anjou; por lo menos protegió a Miguel Paleólogo, el emperador aliado del rey de Aragón. La muerte del Papa (1281), seguida inmediatamente de la elección de un francés, Martín IV, precipitó un áspero desenlace.

Sin causa alguna —sin pretexto apenas— el Pontífice pronunció la excomunión sobre Miguel Paleólogo, quebrando una vez más las esperanzas de unidad. Los astilleros de Cataluña, dirigidos por la mano experta de Ramón Marquet, se pusieron a trabajar intensamente. Pedro III, que en enero de 1281, al entrevistarse con Felipe III en Toulouse, había comprobado cuán fuerte era el apoyo que Francia pensaba prestar tanto a Carlos de Anjou como a Jaime II de Mallorca, anunció que proyectaba una expedición contra Túnez y solicitó de Martín IV la bula de Cruzada. El Papa la negó. De pronto, cuando la flota estaba dispuesta, llegó la noticia de que el 31 de marzo de 1282 había estallado en Sicilia la rebelión conocida por los historiadores como Il Vespro. Pedro III embarcó en su armada, de más de cien buques, y abandonó Cataluña el 6 de junio, dejando a su mujer Constanza e hijo Alfonso encargados del gobierno. Para mayor cautela se habían entregado a los capitanes instrucciones selladas, lo cual no fue obstáculo para que, desde Baleares, se pasaran avisos a Túnez acerca de las intenciones del rey. De hecho la flota se detuvo en un puerto entre Bugía y Bona. Las tropas catalanas hicieron cabalgadas por el interior. Por segunda vez el Papa se negó a proporcionar subsidios. Entonces Pedro escuchó las sugerencias de los embajadores sicilianos que habían venido a ofrecerle la corona.

Algunos nobles aragoneses se negaron a participar en la empresa si no había consulta previa a las Cortes; regresaron a su patria. El 30 de agosto la flota llegaba a Trápani. Desde aquí, por tierra, Pedro III se trasladó a Palermo para hacerse coronar y luego a Mesina, sitiada. Carlos de Anjou levantó el asedio. En Nicotera la flota angevina sufrió su primera derrota. Pedro III llegó a establecer posiciones al otro lado del Estrecho, en Reggio y Seminara. Roger de Lauria recibió el nombramiento de almirante de la flota. En junio de 1283 lograría su gran éxito de Malta, apoderándose de esta isla y de la de Gozzo.

La empresa era catalana en su orientación y en sus medios. Zurita se sintió ya sorprendido por el escaso entusiasmo de los aragoneses. No es de extrañar, pues los beneficios que de Sicilia se esperaban no correspondían sino al comercio, y en esto sólo los catalanes ganaban. El Papa excomulgó a Pedro III (9 de noviembre de 1282) y Carlos de Anjou le envió un cartel de desafío al que contestó Pedro III en idéntica forma: doce caballeros de cada parte habrían de encontrarse para el 1 de junio en un palenque proporcionado por Eduardo I en Burdeos. Soldevila entiende que tras esta proposición caballeresca se escondía un engaño, pues Carlos no buscaba otra cosa que alejar del frente al peligroso enemigo. El cronista Muntaner juzgaba ya que el rey había obrado con ligereza.

El 22 de abril de 1283 la reina Constanza llegaba a Sicilia para asumir el gobierno de la isla de que era propietaria. Se anunció que el derecho pasaba al segundogénito, Jaime, porque el primero heredaba la corona de Aragón. Guillem Galcerán, vicario, Alain de Lentin, justicia, Juan de Prócida, canciller, y Roger de Lauria, almirante, desempeñaron los puestos clave en el gobierno. Pedro III emprendió el viaje a Burdeos. En Aragón le esperaba su hijo Alfonso, con todas las etapas cubiertas y dispuestas y con malas noticias: Navarra negaba los salvoconductos y Eduardo I, ante las amenazas de excomunión venidas de Roma, no se atrevía a asegurar el palenque. El 24 de mayo Carlos de Anjou estaba ante Burdeos y Felipe III en las inmediaciones, con un ejército, dispuesto a apoderarse de Pedro si éste se aventuraba a entrar en Francia. Este día el soberano aragonés se hallaba en Tarazona. Disfrazado, en compañía de Blasco de Alagón, Conrado Lanza y Bernardo de Peratallada, compareció en el palenque, se hizo identificar y luego emprendió el regreso a través de territorio castellano perseguido inútilmente por los franceses.

La invasión y la muerte de Pedro III

Comenzaba la guerra entre Aragón y Francia con incursiones desde Navarra, reino del primogénito francés, en tierra de Sos. Martín IV había declarado depuesto a Pedro III (21 de marzo de 1283) ofreciendo la corona de Aragón a otro hijo del rey de Francia, Carlos de Valois, que sería solemnemente investido el 27 de febrero de 1284. Martín IV aprovechaba la ocasión para recalcar sus derechos de soberanía tanto sobre Sicilia como sobre Aragón y Cataluña. Mientras los franceses preparaban cuidadosamente la invasión, los reinos de Pedro III experimentaban una crisis gravísima. Se necesitaban nuevos subsidios para atender a la guerra en la Península. Los nobles aragoneses —todavía no se habían reunido Cortes en todo el reinado— se prepararon a pasar la cuenta. Los catalanes también.

Las Cortes aragonesas se reunieron en Tarazona, el 10 de setiembre de 1283. Los nobles, dirigidos por dos bastardos de Jaime I, Pedro Fernández, señor de Híjar, y Pedro, señor de Ayerbe, formaron un bloque de oposición formidable y constituyeron una Unión para defensa de lo que, con cierto eufemismo, denominaban libertades del reino. Las Cortes se trasladaron a Zaragoza y allí, ante la fuerza conjunta de los estamentos, Pedro III otorgó una confirmación de todos los privilegios que fue llamada Privilegio General. Las Cortes exigían que el fuero de Aragón se hiciese extensivo a Valencia.

En diciembre, las Cortes de Barcelona tomaron una actitud semejante. El rey hubo de conceder la constitución Una vegada l’any, que determinaba que las Cortes habrían de reunirse en Cataluña precisamente una vez por año, asistiendo barones, eclesiásticos y representantes de las ciudades. Las organizaciones municipales y la libertad de comercio fueron confirmadas. Ninguna decisión legislativa podía tomarse sin las Cortés, aunque esto no obligaba a respetar la opinión de la mayoría. Los nobles fueron, sin embargo, los más favorecidos: exentos de peajes, leudas y otros impuestos, se les garantizaba la permanencia de los remensas en los dominios respectivos.

La situación militar evolucionaba favorablemente para los catalanes. Las victorias de Roger de Lauria en aguas sicilianas se sucedían sin interrupción. En junio de 1284 Carlos de Salerno, que sustituía a su padre en el gobierno de Nápoles, fue hecho prisionero en el curso de una derrota naval frente a la capital de su reino; costó mucho trabajo a la reina Constanza sustraerle a la venganza de los enfurecidos sicilianos. El propio Carlos de Anjou murió el 7 de enero de 1285 después de haber contemplado el desastre de toda su obra. La alianza con Castilla y, en el último momento, también con Eduardo I de Inglaterra fortalecía diplomáticamente a Pedro. El 25 de marzo de 1285 éste se hallaba en Barcelona, tomando apresuradas medidas de defensa.

El ejército francés, convocado en Toulouse con signo de cruzada, era enorme; juntaba los doscientos mil hombres, según Bernat Desclot. Pedro III, que había tenido que reprimir inquietudes del pueblo menudo en Barcelona, se adelantó a apoderarse de Perpiñán y de su hermano Jaime, que había ofrecido colaborar con los cruzados. Pero el rey de Mallorca huyó, hacia el 25 de abril, y entregó a Felipe III todos los castillos de que disponía. A fines de este mes, Pedro estaba en Figueras mientras sus vanguardias guarnecían el coll de Panisars. La flota francesa era muy considerable y aún no habían llegado los buques de Roger de Lauria que, a toda vela, regresaban de Sicilia. El 12 de junio, desbordadas por un flanco, las posiciones de Panisars tuvieron que evacuarse. Ramón Folch, vizconde de Cardona, tomó el mando de Gerona, en donde opuso una tenaz resistencia. Mientras tanto Roger de Lauria aplastaba a la flota enemiga en las islas Formigues dificultando el aprovisionamiento de los invasores, que encontraban el país arruinado por las malas cosechas y esquilmado por el paso de las tropas. Cuando Gerona se rindió era demasiado tarde. Los franceses hubieron de emprender la retirada llevando a su rey enfermo. Murió antes de abandonar Cataluña. El 1 de octubre de 1285, en el coll de Panisars, se consumó el desastre. Once días más tarde Pedro III podía anunciar jubilosamente que todo el territorio catalán estaba liberado.

Llegaba la hora de la venganza. Una expedición, a las órdenes del primogénito Alfonso, fue dispuesta para reincorporar las islas Baleares a Cataluña. Otra, en favor de los infantes de la Cerda, se preparaba a castigar la falta de auxilio de Sancho IV en los momentos críticos. Pedro murió, sin embargo, antes de que ninguna de ambas acciones pudiera ejecutarse (11 de noviembre de 1285). Ocho días después Palma de Mallorca sucumbía y, con facilidad suma, todo el reino fue ocupado. Se trataba de confiscar feudos a un vasallo rebelde. En el último instante, Pedro III, para escapar a las sentencias eclesiásticas, ordenó la restitución de Sicilia a la Santa Sede, pero su disposición no fue atendida.

Sancho IV: el problema del Estrecho

Con Sancho IV triunfaba un partido de la nobleza que encabezaba don Lope Díaz de Haro. Consecuencia: los Lara, rivales persistentes de aquel linaje, apoyan con todo su corazón la causa de los infantes de la Cerda. Algunos hechos irreversibles se habían producido al amparo de la revuelta de 1282. Las ciudades habían dado un paso gigantesco para la afirmación de su poder territorial al constituir Hermandades. Las de la costa eran las más favorecidas. Habían construido una verdadera Hansa y comenzaban a proyectar el comercio exterior castellano hacia Londres, Brujas y los puertos atlánticos franceses. Este comercio beneficiaba a los nobles porque era ejercido sobre materias primas o productos de la tierra que daban rendimiento al régimen señorial.

Coronado en Toledo, Sancho IV celebró una entrevista con Pedro III en Uclés (1284), dejando asentada la vieja amistad. Luego atrajo a sí a todos aquellos que, hasta el último instante, sirvieran con lealtad a Alfonso X, siguiendo el prudente consejo medieval de confiar en los fieles al señor. De este modo logró el nuevo rey completar la pacificación interior; las Cortes de Sevilla otorgaron privilegios a los mercaderes catalanes, estimulándolos a instalarse en el reino. A pesar de esto y de la colaboración prestada en el asedio de Albarracín, la amistad con Pedro III tendía a enfriarse.

Sancho, un tuberculoso condenado a morir joven, era llamado Bravo por su carácter iracundo. Protector de la cultura, estimuló la obra literaria que Alfonso X dejara comenzada y dio impulso a los estudios universitarios de Salamanca y Valladolid, creando otros en Alcalá en 1293. Es muy curioso que su mujer y su amante se llamasen del mismo modo, María Alfonso de Meneses, si bien la primera fue más conocida como María de Molina; de ella nacieron cinco varones y dos hembras. Al lado de los infantes y de los bastardos se crió en la Corte un hijo del infante don Manuel, ahijado del soberano, don Juan Manuel, que llegaría a convertirse en uno de los más importantes literatos castellanos. Más castellano que andaluz, a diferencia de su padre, conservó el lujo que la Corte había llegado a alcanzar.

La cuestión del Estrecho se planteaba en tono muy grave porque Abu Yusuf, dueño de Algeciras, enviaba a sus tropas benimerines a hacer incursiones, tanto en territorio cristiano como en el de Granada. Preparando la guerra, secuela de las contiendas civiles en que los marroquíes intervinieran, Sancho IV celebró una nueva entrevista con Pedro III (Ciria, febrero de 1285) prometiéndole ayuda contra Francia, y obtuvo de las Cortes de Burgos importantes subsidios. Inmediatamente vino la amenaza francesa: embajadores de Felipe III conminaron a Sancho (junio de 1285) a no prestar el auxilio prometido al rey de Aragón. Sancho temía la gestión pontificia; su matrimonio con María de Molina necesitaba de la dispensa que el Papa no había otorgado aún. Se plegó a los deseos del rey de Francia enviando como embajadores al obispo Martín de Calahorra y a Gómez García de Toledo, abad de Valladolid. De este modo se rompió la amistad castellano-aragonesa.

En cierta manera Sancho IV podía justificar su conducta con el peligro musulmán que él había provocado. El 12 de abril de 1285 Abu Yusuf desembarcó en Tarifa y sus soldados, después de cercar Jerez, tocaban las murallas de Sevilla el 21 de mayo. Ambas ciudades resistieron con éxito. A comienzos de julio Sancho IV estaba en Sevilla y pronto se le unían Lope Díaz de Haro y el infante don Juan, que acababa de casarse con la hija del señor de Vizcaya, María Díaz de Haro. Una flota de cien velas llegaba a Cádiz mientras el ejército cristiano emprendía, desde Sevilla, la marcha en socorro de Jerez, que fue liberada el 2 de agosto. Abu Yusuf temía que la flota castellana interrumpiese sus comunicaciones con África.

Vuelto a Sevilla, Sancho recibió embajadores simultáneos de Granada y Marruecos, entonces en malas relaciones. También le alcanzó la noticia de la victoria que Pedro III lograra sobre los franceses. Hubo discordia entre el rey y sus consejeros, Lope Díaz el infante don Juan, pues éstos opinaban en favor del rey de Granada y aquél prefirió tratar la paz con Abu Yusuf Ibn Ya‘qub, con quien se entrevistó en Peña Cerrada (21 de octubre de 1285), cerca de Jerez. Los benimerines pagaron una indemnización de dos millones y medio por las pérdidas causadas. Hubo reconocimiento, por ambas partes, de libertad de comercio, cosa que, sin duda, beneficiaba a los genoveses. Unos meses más tarde, Ibn Ya‘qub se entrevistaba con Muhámmad II en Marbella, devolviendo al taifa las posiciones que ocupaba excepto Tarifa, Algeciras, Ronda y Estepona. El granadino aprovechó la ocasión para destruir a los Ishqiliwla, que emigraron a África.

El fracaso de la negociación con Francia

Con escasa diferencia de tiempo desaparecieron Pedro III, Felipe III y el Papa Martín IV, fuertes columnas de una política internacional que experimentaba ya rotundos cambios. María de Molina daba a luz en Sevilla su primer varón, Fernando (6 de diciembre de 1285), llamado a heredar el trono. La dispensa se hacía ya angustiosamente necesaria. La posición de Sancho IV no era fácil: Francia, dueña de Navarra, influyente en Roma, según generalmente se creía, podía negociar con el nuevo Pontífice, Honorio IV; Alfonso III de Aragón tenía en sus manos los preciosos rehenes de Fernando y Alfonso de la Cerda. En noviembre de 1285 el obispo de Calahorra y el abad de Valladolid volvieron a Francia, mientras Diego López de Haro, hermano del señor de Vizcaya, y Miguel Jiménez de Ayerbe tomaban el camino de Barcelona.

Ganando tiempo, Alfonso III respondió con embajadores propios. Felipe IV propuso una entrevista directa con el rey de Castilla. Al parecer prometió a don Gómez García su ayuda para la obtención de la mitra de Santiago, pero deslizó ideas de arreglo consistentes en el divorcio de Sancho IV y un nuevo matrimonio con una hermana del rey de Francia. El abad de Valladolid no dijo nada y su rey fue a las vistas de Bayona desconociendo las intenciones de su interlocutor. Cuando conoció la propuesta sintió una viva cólera; rechazó con energía la idea de separarse de María de Molina. Pero ya Lope Díaz de Haro mostraba descontento porque la negociación con Francia se había hecho contra su voluntad y veía en el rey y sus consejeros intentos para atraerse a Juan Núñez de Lara, enemigo ancestral y de linaje.

Fracasadas las negociaciones con Francia no quedaba otra esperanza que la amistad aragonesa de que el señor de Vizcaya se hacía valedor. Alfonso III se dispuso, como es lógico, a venderla muy cara. También en la Corte de Castilla don Lope Díaz derribaba al abad de Valladolid —que murió en Toledo el 29 de julio de 1286, librándose al parecer de mayores castigos— y subía los escalones de la privanza. La desaparición de dos conspicuos consejeros, Payo Gómez Charino, el almirante exonerado, y Pedro Álvarez de las Asturias, mayordomo mayor, despejó el camino. Sancho IV permaneció en Galicia, peregrinando a Santiago y, sin duda, también entregado a hondas reflexiones durante los últimos meses de 1286.

La privanza de don Lope

En enero de 1286 Alfonso III de Aragón estaba de regreso de su expedición a Mallorca que reunía otra vez los estados de Jaime I. Algunas semanas antes otro Jaime, hijo de Pedro III y de Constanza, había sido coronado rey de Sicilia en Palermo con toda solemnidad. Débil en el interior, donde la Unión de los nobles se fortalecía, Alfonso disponía de recursos muy importantes para el juego de la política internacional: los infantes de la Cerda y Carlos de Salerno, rey de Nápoles, estaban en su reino, como huéspedes y en prisión. Las Cortes de Zaragoza, manejadas por los nobles, exigieron que el gobierno hubiera de hacerse con su conocimiento y participación. El rey trató de eludir la cuestión alejándose de la ciudad y promulgando ordenanzas para reforma del Consejo (30 de abril de 1286), pero no fueron consideradas suficientes.

Objetivo inicial del soberano aragonés: consolidar las fronteras, poniéndolas a salvo de los ataques franceses y de los de Jaime II, que estaba en Rosellón. Al mismo tiempo, aprovechando la ruptura con Castilla de los últimos meses del reinado de Pedro III, proyectaba la denuncia del tratado de Almizra, que muchos de sus súbditos consideraban erróneo; por lo menos quería obtener la separación de Murcia de la corona de Castilla para crear un reino independiente para Alfonso de la Cerda, a quien casaría con su hermana Violante. Los intereses catalanes en Sicilia eran demasiado fuertes para ser abandonados; el soberano aragonés aspiraba a conseguir qué Jaime fuese admitido por Honorio IV, Papa de gran moderación, al vasallaje.

Para cubrir todos estos objetivos la diplomacia aragonesa necesitaba neutralizar a Castilla —para lo que se proponía utilizar la ayuda de Lope Díaz de Haro— y suspender las hostilidades con Francia. Una embajada fue enviada a París muy poco tiempo después del fracaso de las vistas de Bayona y logró treguas. La mediación inglesa le fue propuesta por Eduardo I y aceptada con calor. Antes de acabar el año 1286, Alfonso III enviaba a Gilabert de Cruïlles a Roma para proponer una conferencia general de paz que habría de reunirse en Burdeos bajo la égida del rey de Inglaterra.

Lope Díaz de Haro había prometido su apoyo y era ahora árbitro de Castilla. Después de haber despedido a cuantos podían hacerle sombra, fue nombrado mayordomo mayor (1 de enero de 1287), recibió una llave de la cancillería y todas las fortalezas del reino. Había prometido a Sancho IV defender con su vida los derechos del primogénito Fernando. María de Molina protestó de unas disposiciones que entregaban al señor de Vizcaya todo el reino, pero no fue escuchada. Don Lope estaba peligrosamente cerca del trono; casado con una hermana de la reina, su hermano Diego era el marido de la infanta Violante, hija de Alfonso X, cuyo hermano, Juan, se había convertido en yerno del valido. Se resucitó el viejo ceremonial de investidura condal para dar a don Lope el título de Haro.

La privanza de Lope Díaz de Haro es el primer asalto al poder que un grupo nobiliario intenta en Castilla. María de Molina, contemplando impotente el despido de personas de su confianza, abrigaba temores; conocía ciertos proyectos del valido para casar a Sancho IV con su prima, Guillerma de Moncada. El más amenazado era el monarca mismo que, en su ceguera, otorgaba, en mayo de 1287, el arrendamiento de todas las rentas de Castilla, por un plazo de dos años, a Abraham el Barchilon, hechura de don Lope, con poder incluso para acuñar moneda de oro. Entregaba las finanzas, como antes la fuerza militar.

El tratado de Olorón y la caída de don Lope

Las Cortes, que habían presenciado el despojo del rey, se disolvieron en medio de formidable tensión. Los nobles, y el primero Álvar Núñez de Lara, que, a diferencia de otros miembros de su linaje, había mostrado siempre lealtad hacia Sancho, protestaron y preparaban ya un levantamiento. Don Martín García, obispo antes de Calahorra y ahora de Astorga, avisó al rey, que había acudido a la ceremonia de su consagración. El 24 de junio de 1287, en Astorga, los nobles presentaron, en efecto, una demanda para que fuesen retirados al conde de Haro los excesivos poderes. El valido detuvo la maniobra explotando la cólera del rey, pero no pudo impedir que Álvar Núñez, uniéndose al infante Alfonso de Portugal, hermano del rey Dionís, alzara tropas en la frontera entre ambos países. Arronches se convirtió en su plaza fuerte.

Sucedieron a un tiempo dos hechos: el fracaso de la conferencia de paz prevista por Alfonso III, lo que rebajaba mucho el valor del apaciguamiento aragonés, y el encuentro entre Dionís y Sancho IV en Sabugal mientras preparaban sus fuerzas para una acción conjunta contra los rebeldes. El soberano portugués hizo ver a su primo de Castilla que los poderes acumulados por Lope Díaz eran tales que, de producirse entonces la desaparición del monarca, el trono pasaría a manos de quien él quisiera. A este parecer se sumaba el obispo de Astorga, quien añadió la conveniencia de reconciliarse con Álvar Núñez de Lara y de reunir tropas porque, sin duda, el señor de Vizcaya opondría una resistencia formidable. Los consejos fueron aceptados y aunque Álvar Núñez murió poco tiempo después de la reconciliación, los efectos fueron idénticos: todo el linaje volvió a la obediencia de Sancho IV.

Las negociaciones de paz promovidas por Alfonso III adolecían de un defecto: presentar demandas que no correspondían a la realidad de la fuerza aragonesa. Pedía la supresión de los derechos de Carlos de Valois, el reconocimiento de Jaime de Sicilia, la reincorporación de Mallorca —y Menorca, que acababa de ser arrancada a los musulmanes—, cierta compensación a los derechos que alegaba sobre Navarra y la constitución de un reino de Murcia para Alfonso de la Cerda. Fracasaron. La muerte de Honorio IV disipó además las últimas esperanzas. Colocado de pronto en posición débil, aceptó las sugerencias inglesas y firmó el tratado de Olorón (julio de 1287) desprendiéndose del primer rehén: Carlos de Salerno. Éste prometía pagar un rescate en tres plazos de cincuenta mil marcos y, lograr una tregua de tres años en que entrasen Mallorca y Sicilia.

Felipe IV de Francia se negó a aceptar el tratado de Olorón. Tampoco los vasallos de Carlos de Salerno, que hubo de permanecer en cautividad. Acaso influyó mucho la victoria de Roger de Lauria en Nápoles (16 de julio de 1287). También la actitud de los nobles unionistas, cada vez más levantiscos; el rey de Francia pudo creer que lo más sabio era preparar otra invasión para el final del invierno de 1288 usando a Jaime II de Mallorca como cabeza de ariete. Los nobles, oponiéndose también al tratado de Olorón —que había sido condenado por el nuevo Papa, Nicolás IV— amenazaron con reconocer a Carlos de Valois si no era confirmado el Privilegio General. Aragón vivió meses de guerra civil, pero el monarca hubo de ceder. El Privilegio fue confirmado el 28 de diciembre de 1287 cuando ya las tropas enemigas estaban en la frontera.

Mientras Eduardo I presionaba para lograr nuevas entrevistas pacificadoras, se gestaba en Castilla la tragedia. Volviendo de Portugal (enero de 1288), Sancho IV convocó una Curia extraordinaria en Toro para discutir qué ofertas de amistad, aragonesas y francesas, eran más convenientes. Las discusiones fueron largas y ocuparon gran parte del mes de febrero. Lope Díaz de Haro y el infante don Juan defendieron la conveniencia de negociar con Aragón. La reina, el arzobispo de Toledo y la mayor parte de los asistentes, se inclinaron por Francia. Este último consejo era, sin duda, el más conveniente, pues Alfonso III estaba decidido a vender a cualquier precio la amistad castellana al reconocimiento francés. Pero el señor de Vizcaya y su yerno abandonaron Toro con aire de rebeldía, decididos a imponer su criterio al soberano.

Don Lope recurrió a la violencia. Hubo acciones armadas en Salamanca y Ciudad Rodrigo. En una entrevista que celebró con Sancho IV, durante la Semana Santa, en Villalcázar de Sirga, cerca de Carrión, hizo veladas alusiones a que las cosas podían ir mejor si el soberano lo deseaba. El 2 de abril, en otra entrevista, celebrada en La Overuela, cerca de Valladolid, Sancho pareció ceder y concedió autorización para que el privado iniciara negociaciones con Aragón. Fue su última oportunidad. Quizá también su gran sorpresa porque encontró en Alfonso III pocas facilidades. Sancho dispuso sus propios embajadores a Francia (9 de mayo) y citó a consejo al señor de Vizcaya y al infante para el 8 de junio siguiente en Alfaro. Aquí dispuso la prisión de ambos. Don Lope trató de agredir al rey y fue muerto por éste. El infante pudo salvarse acogiéndose a la protección de María de Molina.

Lyon y Canfranc

Diego López de Haro, hijo del difunto señor de Vizcaya, buscó refugio en Aragón mientras Sancho IV recorría sus tierras para impedir que se extendiera la revuelta. Resistieron Valmaseda y Orduña, enarbolando el estandarte de los infantes de la Cerda. Mientras tanto en Lyon se reunían los embajadores castellanos, Rodrigo Velázquez y el obispo de Astorga, con otros franceses y el cardenal Cholet, que obraba en nombre del Pontífice. El 13 de julio de 1288 se firmó un tratado. Felipe IV renunciaba a todos sus derechos sobre Castilla. Sancho reconocía un reino independiente en Murcia y Ciudad Real para su dos sobrinos que habrían de poseerle conjuntamente. Alfonso de la Cerda casaría con Isabel, la mayor de las hijas de Sancho. Mutuamente se otorgaban derecho de herencia en caso de muerte sin hijos. Castilla prometía enviar mil jinetes por tres meses en ayuda de Francia contra Aragón y Felipe IV ofrecía lograr la dispensa en el matrimonio. Una entrevista en Bayona, la primavera siguiente, daría término definitivo a las discordias.

La réplica aragonesa no se hizo esperar. Desde Portugal la madre de los infantes, Blanca, envió a Alfonso III copia del tratado avisando su intención de no aceptarle, y el soberano imaginó entonces una doble jugada que creía muy hábil contra Sancho IV: proclamar a Alfonso de la Cerda como rey de toda Castilla (Jaca, setiembre de 1288), y devolver la libertad a Carlos de Salerno, contra la entrega de rehenes y promesa de fuertes compensaciones económicas y políticas (tratado de Canfranc, 28 de octubre). Era la guerra con Castilla. Diego López y los desterrados castellanos reconocieron inmediatamente a Alfonso de la Cerda como rey. En una reunión celebrada en Daroca se trató de formar una Liga contra Sancho IV, y Gastón de Bearne se unió al coro de enemigos. Pero el monarca castellano —que contaba ahora con dos espléndidos oficiales, Juan Fernández, mayordomo, y Alfonso de Meneses, alférez, había logrado reforzar la amistad con Portugal. El gesto de Jaca le beneficiaba al implicar la renuncia de los infantes a la parte que se les adjudicara en Lyon. En cambio Alfonso de la Cerda, en acuerdo rigurosamente secreto, cedía a Alfonso III Murcia y Cartagena (26 de junio de 1289).

Guerra entre Castilla y Aragón

A principios de 1289 dos caballeros vinieron a Palencia a desafiar a Sancho IV en nombre de Alfonso III. Pero las hostilidades se desenvolvieron con flojedad. Ninguno de los contrincantes tenía recursos económicos suficientes para lanzar un ataque de envergadura. Diego López de Haro, hermano de Lope Díaz y jefe de la Casa por muerte de su sobrino del mismo nombre, hizo la principal correría por tierras de Huete y Cuenca, pues los dos reyes se redujeron a algunas maniobras en Tarazona. También es cierto que una nueva entrada francesa por el Pirineo fracasaba lamentablemente y que Jaime de Sicilia lograba, tras de nuevos éxitos, imponer una tregua a Carlos el Cojo. La amistad francesa mostraba ahora al castellano todo su aspecto benéfico pues Nicolás IV alzaba las censuras eclesiásticas que pesaban sobre su reino y, en las vistas de Bayona (5 a 9 de abril de 1290), Felipe IV retiró su protección a los infantes de la Cerda conformándose con que Blanca recibiese, en rentas y dominios, indemnización a sus pérdidas.

Bajo tan halagüeñas perspectivas, la guerra de Aragón podía esperar. Por primera vez desde hacía Seis años Sancho IV estaba ocupándose ahora del gobierno interior, administrando justicia con un rigor que justificaba su fama de hombre colérico y procediendo a nuevos nombramientos. En 1290 regresó a Castilla el viejo resentido, Juan Núñez de Lara, señor de Albarracín, a quien se nombró frontero de Aragón. Resultaba difícil retenerle porque su suspicacia imaginaba peligros y asechanzas. Volvió a refugiarse en Aragón prometiendo (22 de agosto de 1290) ayudar a Alfonso III en su guerra con Castilla y no fue pacificado hasta que, por medio de María de Molina, quedó concertado el matrimonio de su hijo Juan Núñez, llamado el Mozo, con la heredera del señorío de Molina. Su pariente, Juan Alfonso de Alburquerque, que, como la reina, descendía de Tello Téllez de Meneses, fue nombrado adelantado mayor de Galicia.

El tratado de Tarascón

Desde 1290 los esfuerzos de Eduardo I, para lograr un pacífico arreglo de las querellas aragonesas, redoblaron. Carlos de Salerno, incumplidas las promesas de Canfranc, tuvo el gesto de presentarse en La Junquera para constituirse nuevamente en prisión, pero no fue aceptado. Hubo luego, en 1290, una entrevista, promovida por los embajadores ingleses y los legados del Papa, en la frontera de Cataluña. Alfonso III cedió en cuanto a las exigencias pontificias de que Sicilia fuese dejada aparte. En febrero de 1291, tras largas conversaciones en que intervino gran número de personas, se llegó a la firma del tratado de Tarascón: el rey de Aragón conservaba las Baleares; se levantaban las censuras y prometía ir a Roma y luego a Tierra Santa; haría cuanto pudiese para restituir Sicilia al Papa, prohibiendo desde luego prestar auxilio a Jaime.

Esta paz, que fue considerada por los sicilianos como traición y abandono, era beneficiosa para Alfonso III. La suma de estados que formaran la corona de Jaime I quedaba restablecida. El monarca —una de las cláusulas del tratado le obligaba a deponer su enemistad con Sancho IV— ganaba libertad de acción para enfrentarse con los nobles y su Privilegio General. En el orden exterior aparecía como firme aliado de Inglaterra, con una de cuyas princesas, Leonor, iba a casarse. Todo era necesario para enfrentarse con los nobles que, en 1289, logradas garantías judiciales, parecían a punto de imponer una responsabilización del Consejo ante las Cortes. Pero antes de que pudiera poner en práctica ninguna resolución, Alfonso III murió (18 de junio de 1291) dejando como heredero a su hermano Jaime, que era rey de Sicilia.

La conquista de Tarifa

El tratado de Tarascón coincide con el comienzo de una empresa castellana contra Tarifa que, en ciertos momentos, parecía destinada a resolver el problema del Estrecho aunque en verdad hubo que luchar todavía otros cincuenta años. De cualquier modo se abrió para Castilla el acceso a las grandes rutas mundiales de comercio. Es importante señalar que en la conquista de esta gran fortaleza tuvo decisiva intervención el marino genovés Benito Zaccaría, mezcla de aventurero, capitán y hombre de empresa, que desempeñara también muy brillante papel en la creación del Imperio colonial de su patria. Contratado por Sancho IV, trajo siete galeras que, unidas a otras cinco sevillanas, formaron la flota permanente de vigilancia en el Estrecho.

En febrero de 1291 el adelantado Fernán Pérez Ponce trajo a Toledo una propuesta de paz y alianza de Muhámmad II de Granada. El enemigo común que señalaban era Ibn Ya‘qub (el Aben Jacob de los cronistas), que respondió a las maniobras de sus enemigos haciendo una correría por campos de Jerez. Sancho perdió algún tiempo en los preparativos, sin duda a causa de las inquietudes que Juan Núñez de Lara y su pariente Alburquerque volvían a sembrar, y que le obligaron a ir a Galicia y a nombrar un nuevo adelantado mayor, Diego Gómez de Roa. Ello no obstante, el 6 de agosto de 1291, Benito Zaccaría lograba una decisiva victoria frente a Gibraltar: los castellanos eran dueños del mar.

El 13 de agosto de 1291 llegaba a Barcelona Jaime II. Aunque ofreció a Alfonso de la Cerda buena acogida, estaba decidido a rectificar muchos de los errores de su hermano y en primer término las relaciones con Castilla. El 15 de setiembre fue firmada una tregua; la defensa contra los benimerines aconsejaba la alianza que convinieron Sancho y Jaime en las vistas de Monteagudo el 29 de noviembre. El aragonés casó con una hija de Sancho IV, Isabel; ofreció colaboración en el ataque a Tarifa; los castellanos, en cambio, enviarían 500 lanzas en ayuda de Aragón si se producía un ataque francés. Grandes fiestas se celebraron en Soria y Calatayud para celebrar la alianza y la boda. Aspecto de suma importancia en el tratado era la alusión a zonas de reserva para la conquista en África. Castilla tendría Marruecos; Aragón los territorios a oriente del Muluya.

Sancho IV tenía las condiciones necesarias para emprender la conquista de Tarifa pues todas sus fronteras se hallaban en paz. En setiembre, nuevas vistas con Dionís, en Ciudad Rodrigo, habían afirmado la amistad portuguesa: Fernando, el heredero de Castilla, debía casarse con Constanza de Portugal. Una asamblea de obispos, en Medina del Campo, ofreció 1.400.000 mrs. para la guerra musulmana. Y Jaime II había dado plenos poderes a su suegro para intentar la paz con Francia y con el Papa. Como explicaban sus embajadores a Felipe IV, el rey de Castilla tenía los medios para lograr una concordia general; no sería tan loco, sin embargo, como para arriesgar la amistad francesa por la de Aragón.

Jaime II, que proporcionó diez galeras, y el rey de Granada, que suministró víveres a los sitiadores, colaboraron con Sancho IV en el cerco de Tarifa iniciado después del 24 de junio de 1292. Los combates fueron encarnizados y continuos. Sancho IV enfermó y no volvería a recobrarse de su dolencia. El infante don Juan demostró enorme valor. Los musulmanes capitularon el 21 de setiembre y se hizo la entrada oficial el 13 de octubre. Grandes ventajas de todo orden iba a proporcionar esta conquista de una de las llaves del Estrecho; de momento, los castellanos no apreciaban otra cosa que las grandes deudas contraídas.

La revuelta del infante don Juan y la defensa de Tarifa

Los cronistas musulmanes afirman —Jiménez Soler consideraba esta noticia fidedigna— que un convenio se había establecido previamente con el rey de Granada para entregarle Tarifa a cambio de ciertas fortalezas y dinero. De hecho los embajadores granadinos vinieron a proponer o exigir la permuta y chocaron con una negativa. Muhámmad II acudió entonces en busca de la alianza de Ibn Ya‘qub: los benimerines le entregaron Algeciras y Ronda y enviaron un cuerpo de cinco mil combatientes para intentar la recuperación de Tarifa. A estos expedicionarios se unió luego el infante don Juan que, por causas que no conocemos, había vuelto a refugiarse en Portugal. Desde aquí arrastró a la revuelta a Juan Núñez de Lara el Mozo, que, viudo de Isabel de Molina, quería conservar este señorío. Sancho ofreció a ambos su perdón, pero incorporó a la corona la tierra de Molina asignándola al patrimonio de la reina. Los Lara, empujados por el viejo Juan Núñez, se acogieron a la paz, pero el infante perseveró en la revuelta.

Tarifa fue sitiada por los musulmanes en 1294. Los Lara, a cargo de la frontera, hicieron frente al peligro con energía. En la plaza Alfonso Pérez de Guzmán, bastardo de una estirpe de nobles leoneses afincada en Andalucía desde la conquista de Sevilla, y que había adquirido buena experiencia al servicio de los benimerines, tenía el mando supremo. Juan Mathé de Luna, caballero burgalés, preparó los refuerzos mientras Fernán Pérez Maimón iba apresuradamente a Barcelona para contratar una flota de socorro. Mercedes Gaibrois de Ballesteros estima que el sacrificio de su hijo por parte de Guzmán —en adelante llamado el Bueno por esta causa— es un hecho real y que los musulmanes habían apelado a este cruel expediente al recibirse la noticia de que llegaban los refuerzos. Tarifa estaba libre en agosto de 1294. Se concibió entonces el proyecto de apoderarse de Algeciras para reforzar el dominio castellano en el Estrecho; Sancho IV habría de morir (Toledo, 25 de abril de 1295) antes de haber rematado dicha empresa.

Las gestiones pacificadoras de Sancho IV

Aragón necesitaba la paz, pues sin ella el movimiento de oposición de la nobleza no haría sino crecer. Estaba dispuesto a pagar un alto precio, siempre que no significara la renuncia al comercio catalán en el Mediterráneo. De ahí la colaboración con Castilla y la entrega de plenos poderes por parte de Jaime II a Sancho IV. Sin duda aquél quedó defraudado cuando la primera respuesta francesa, ya en 1292, fue de equiparar la renuncia de Carlos de Valois a la de Jaime II a Sicilia. Pero Castilla había ofrecido un préstamo de medio millón de maravedís y, de momento, la amistad mediadora se mantuvo. En las vistas de Guadalajara (22 y 23 de enero de 1293) estuvo presente un caballero sanjuanista, fray Bonifacio de Calamandrana, en nombre del rey de Nápoles. Jaime II ofrecía tan sólo constituir un reino vasallo en Sicilia para su hermano Fadrique, casando a éste con Blanca, hija de Carlos II.

Nuevas vistas debían celebrarse en Logroño. Sancho IV había interpuesto su seguro a fin de que pudiera concurrir Carlos II. Jaime llegó a Logroño el 25 de julio de 1293; el rey de Nápoles se había instalado en Viana y las conversaciones tenían lugar en la misma frontera. Las fiestas fueron brillantes, pero no consiguieron disipar los recelos y temores. Corrió la voz de que había tropas castellanas cerca de Logroño, preparadas para presionar a Jaime II; éste recobró los rehenes que diera y huyó de la ciudad. Se demoraba el arreglo a ulteriores negociaciones y Mercedes Gaibrois pensaba que ambos soberanos, el de Nápoles y el aragonés, estaban ya ansiosos de liquidar la mediación castellana. Es dudoso que la supuesta celada haya sido un simple rumor o un proyecto real.

Las vistas de Logroño habían provocado prácticamente la ruptura de la amistad entre las dos grandes monarquías ibéricas. En diciembre de 1293 Jaime II y Carlos de Anjou se entrevistaron en La Junquera: el aragonés se inclinaba a renunciar a Sicilia si se daba a Fadrique una adecuada compensación económica. Por su parte, Sancho IV entraba en nuevas relaciones con Francia proyectando un doble matrimonio de sus hijos, Fernando y Beatriz, con príncipes franceses. No prosperaron a causa de las desmesuradas exigencias iniciales de Felipe IV y de la muerte pronta del rey castellano; pero durante ellas se había deslizado ya la idea de que Castilla proporcionase ayuda naval a Francia contra Gascuña, leit motiv de las negociaciones entre ambos países treinta o cuarenta años más tarde.

El tratado de Anagni

En las conversaciones de La Junquera, Jaime II reconoció seguramente los derechos de Carlos a Nápoles, pues éste comenzó enseguida a titularse rey. Rompió luego sus relaciones con Castilla devolviendo a la infanta Isabel (febrero de 1295) para quedar libre de casarse con Blanca de Anjou, según estaba convenido. Hubo cierto retraso por los rápidos cambios producidos en la sede pontificia hasta que Bonifacio VIII, apenas llegado al solio, ofreció a Jaime II mil libras tornesas por la renuncia a Sicilia y éste aceptó (junio de 1295). Hacía un año que cierto enviado aragonés, Ramón de Vilanova, trabajaba para conseguir que Constanza y su hijo Fadrique consintiesen en tal renuncia. El 20 de junio se firmó, en Anagni, el tratado definitivo, que abarcaba cuatro puntos y suponía un retroceso importante de los catalanes en el Mediterráneo:

1. Jaime II casaría con Blanca de Anjou, recibiendo una dote de cien mil marcos de cuyo pago el Papa daba plena garantía. Todos los súbditos del rey de Aragón abandonarían Sicilia, que sería devuelta inmediatamente al Papa.

2. Las censuras eclesiásticas pronunciadas contra Aragón y su rey eran suprimidas definitivamente. Se anulaba la donación de esta corona a Carlos de Valois. Jaime II era nombrado gonfaloniero de la Iglesia.

3. El rey de Aragón devolvía a su homónimo tío, Jaime II, el reino de Mallorca, incluyendo Menorca que Alfonso III conquistara, si bien se reconocía el vasallaje explícito a la Corona de Aragón. Otra tierra en litigio, el valle de Arán, se depositaba en manos del cardenal Guillermo de Ferraris hasta que pudiera saberse a quién pertenecía.

4. Hubo probablemente una cláusula secreta relativa a Córcega y Cerdeña, cuya conquista iba a confiarse a Jaime II, compensación de la pérdida de Sicilia y castigo al gibelinismo de Pisa.

La boda de Jaime II y Blanca se celebró en Vilabertrán (25 de octubre de 1295) en medio de una gran pompa y general alegría sólo empañada por la presencia de los embajadores sicilianos que protestaban de lo que entendían una traición. Solemnemente desligaron a sus compatriotas y a ellos mismos del juramento de fidelidad. El tratado de Anagni iba a dar origen a una curiosa situación al enfrentar al rey con sus antiguos súbditos.

La resistencia siciliana hasta la paz de Caltabellota

El Parlamento de Sicilia se negó a cumplir el tratado de Anagni y expulsó violentamente a los embajadores pontificios que fueron a solicitarlo. El 25 de marzo de 1296 Fadrique fue coronado en Palermo; al comunicar a su hermano Jaime la noticia, pidió su auxilio. Además de la isla, sus tropas controlaban una buena cabeza de puente en Calabria. Pero Jaime no sólo se negó a otorgar la ayuda solicitada, sino que envió órdenes a sus súbditos para que abandonasen la isla. Algunos, como Juan de Prócida y Roger de Lauria, héroes de la primera guerra, obedecieron. La propia reina Constanza acudió a Roma, al lado de su hijo el rey de Aragón, para asistir a la boda de Violante, hermana de éste, con Roberto de Anjou.

Las victorias logradas por Blasco de Alagón al servicio de Fadrique, impulsaron a Bonifacio VIII a exigir las condiciones de Anagni en toda su extensión. Jaime II, que había sido investido con la corona de Córcega y Cerdeña (4 de abril de 1297), anunció que tomaría el mando de una expedición destinada a arrojar a Fadrique de Sicilia. Francia restituyó entonces algunas posiciones que ocupaba desde la guerra en la frontera de Navarra. La flota de Jaime, pagada con dinero catalán y tripulada por soldados de muy diverso origen, se componía al partir de más de ochenta galeras (agosto de 1298). Con ella emprendió el cerco de Siracusa. La ciudad resistió a las órdenes de Juan de Claramonte, ayudado en el exterior por Blasco de Alagón y el almirante Conrado Lanza. El ataque de los mesinenses a una fracción de la flota, con pérdida de 18 galeras, sembró la inquietud. Un hermano de Roger de Lauria, preso por los sicilianos, murió ejecutado como culpable de alta traición. En marzo de 1299 Jaime II levantó el cerco y regresó.

Todavía aquel mismo año, con fuerzas más importantes, el rey de Aragón regresó a Italia emprendiendo su segunda campaña en Sicilia. Roger de Lauria logró una de sus más brillantes victorias en cabo Orlando (4 de julio de 1299) tomando en los cautivos cruel venganza de la muerte de su hermano. Para Jaime II esto bastaba. Había pagado con creces el precio debido por Córcega y Cerdeña y en adelante se retiró de la lucha. Pero sus súbditos mercaderes catalanes no hicieron lo mismo: privadamente enviaban socorros a Fadrique para permitirle resistir los ataques angevinos e incluso obtener victorias tan importantes como las de Falconara (1 de diciembre de 1299) y de Gagliano (1300).

La retirada aragonesa anunciaba el fin de las hostilidades pues el rey de Nápoles era claramente incapaz de dominar por sí solo a un enemigo tan absolutamente decidido a resistir como los sicilianos. A pesar de que Roger de Lauria volvería a reverdecer sus laureles en la batalla de Ponza, haciendo prisionero al almirante genovés Conrado Doria, Fadrique empujó a sus enemigos a una paz negociada en Caltabellota (19 de agosto de 1302) por la cuál se aceptaba la independencia de Sicilia. Era, al fin, una victoria netamente catalana pues la isla quedaba dentro de la esfera de acción de sus intereses económicos.

XXVI

LA GRAN CRISIS CASTELLANA

Los signos de la crisis

Desde principios del siglo XIV, una gran crisis se insinúa; no es exclusivamente española, pues afecta al menos a todos los países del Occidente de Europa en sus dos aspectos, demográfico y alimenticio, que harán vivir horas terribles. El malestar, contagiándose a círculos cada vez más amplios, invadiendo campos como el de la salud o la economía incomprensibles para el hombre medieval, no alcanzará su punto culminante hasta la segunda mitad de esta centuria. Para los españoles, situación llena de paradojas, pues la crisis, al mismo tiempo que les afecta en el interior, les permite en el exterior abrir caminos a sus mercancías y asentar posiciones mercantiles en puntos muy lejanos. De ahí que, al mismo tiempo que una larga serie de revoluciones, Castilla, Portugal y Aragón —no Cataluña, que sigue los avatares del área mediterránea— experimenten un crecimiento fecundo, base de prosperidad para una potencia que, cada vez más, hace sentir su peso en el concierto de monarquías europeas.

En la primera mitad del siglo XIV —prolongando éste hasta 1385— la crisis española es de estructura política. A lo largo de dos prolongadas y turbulentas minoridades en Castilla, enfrentamiento sucesorio en Portugal y luchas interiores en Aragón, se discute la forma que ha de adoptar el régimen de gobierno en todos estos reinos. Una primera nobleza, hecha de parientes legítimos o bastardos de los reyes, y de antiguos linajes consolidados en su poder y riqueza, aspiraba a imponer un gobierno compartido oponiéndose abiertamente a la autoridad paternalista y directa que subsistía desde la Alta Edad Media en contradicción con tantas novedades sociales y jurídicas como se habían producido. Según hemos visto, el primer asalto se produjo inmediatamente después de haberse apagado la aureola de los grandes reyes, héroes y santos del siglo XIII, aunque sólo en el siglo XIV adquiere el aspecto de una subida de nivel en el mar de las agitaciones sociales. Es necesario el malestar general para conseguirlo.

Al mismo tiempo se cumple un fenómeno de expansión: los catalanes ponen pie en Cerdeña, llegan a Atenas y el Peloponeso, descargan sus bártulos en el Cuerno de Oro de Bizancio, fundan en Alejandría un consulado que durará hasta el fin del Medievo, hacen, en suma, del Mediterráneo un nuevo mare nostrum. Andaluces y vascos, ahora tímidamente, se asoman a las grandes rutas del Atlántico, pescan la ballena y el atún, aseguran el Estrecho y apuntan el rumbo hacia Londres, Nantes, Rouen y Brujas, en el futuro grandes puntales para el comercio de la lana que es, por su parte, proyección de la transformación del país en una economía pastoril.

De modo bastante natural estas querellas intestinas tienen como consecuencia frecuentes guerras entre los cinco reinos peninsulares, no sólo porque existe una solidaridad horizontal entre los nobles, que no respetan las barreras fronterizas, sino porque una crisis estructural tan profunda tenía que despertar forzosamente en los hispanos conciencia de que constituían una comunidad con problemas que afectaban al conjunto. Jiménez Soler afirmaba que Jaime II había sido el primero en poseer dicha conciencia; puede ser prematuro, habida cuenta de la fuerza que en él conservaba el expansionismo catalán. Pero, al término de la primera fase de estas contiendas, los Trastámara se harán eco de aspiraciones y deseos que son la raíz más antigua de la unidad española.

La minoridad de Fernando IV

En el momento de la muerte de Sancho IV todas las fuerzas de oposición que dormían, se desataron con tremenda violencia. El infante don Juan, refugiado en Granada, reclamó para sí la corona; trasladándose a Portugal, obtuvo el reconocimiento de Dionís. Otro infante, don Enrique, senador de Roma durante la aventura gibelina, vuelto a Castilla poco tiempo antes de la desaparición de su hermano, pedía la regencia del niño Fernando IV. Diego López de Haro regresó a Vizcaya, sublevándola, y se le unieron Juan Núñez y Nuño González de Lara, deponiendo antiguas rivalidades. Soplaban, en todo esto, vientos de predominio de la nobleza. Las dos grandes monarquías limítrofes, Aragón y Portugal, dieron aliento a todas estas inquietudes porque veían llegada la ocasión de modificar las proporciones territoriales favorables a Castilla. No se trataba únicamente de promover movimientos de expansión; tan importante como adquirir nuevas provincias era para ellas reducir las proporciones del reino castellano demasiado favorecido por la reconquista del siglo XIII.

Dionís de Portugal, el decano de los soberanos peninsulares, se aprestaba a desempeñar un papel hegemónico. Su buena fama de gobernante sabio y popular, tanto como los muchos años que llevaba reinando, desde 1279, le preparaban para ello. Después de largas y astutas negociaciones con Roma y con sus obispos, Dionís había logrado resolver las querellas de Portugal con la Iglesia (concordato del 7 de marzo de 1289) sin ceder un ápice en su autoridad ni en su interés: las leyes contra la amortización eclesiástica fueron aplicadas con todo rigor. No cabe duda —de esto habremos de ocuparnos más adelante— que Dionís fue, más todavía que Jaime II, celoso defensor del poder real. Lo había demostrado en 1281 y 1287 enfrentándose con su hermano Alfonso hasta obligarle a la sumisión.

Ante enemigos tan fuertes, María de Molina decidió dar un paso adelante en la política que su marido emprendiera en 1282; convocadas las Cortes en Valladolid (verano de 1295) encomendó el niño rey a la fidelidad de los procuradores de las ciudades. Conservando su custodia, entregó la regencia al infante don Enrique. Medidas acertadas en la urgencia que exigía la proclamación del infante don Juan en Coria con el respaldo de tropas portuguesas. Los procuradores juraron defender a Fernando IV y el regente pasaba a Portugal negociando un arreglo: Serpa, Moura y otros castillos se entregaron a Dionís; el infante don Juan recobró todas sus tierras leonesas; Diego López de Haro y los Lara prestaron juramento después de que se les hubo devuelto todas sus posesiones. Parecía una solución del conflicto. El precio era elevado pues se consolidaban las posiciones de la más arriscada nobleza. La seguridad, en cambio, muy escasa.

El gran asalto aragonés

Jaime II no había entrado en la paz. Sin duda encontraba un error en la condescendencia demostrada por su cuñado portugués. Su diplomacia trabajó con velocidad para montar una coalición de intereses en el destronamiento de Fernando IV y sus tropas emprendieron el ataque en 1296 enarbolando la bandera de Alfonso de la Cerda. El plan, a que diera su asentimiento un sector de la nobleza castellana, al menos aquel en que figuraban los amigos y parientes de Juan Núñez de Lara, implicaba la destrucción de la unidad de la corona de San Fernando. Los dos reinos de León y Castilla, separadamente, serían dados al infante don Juan y a Alfonso de la Cerda. Murcia se entregaría al rey de Aragón que, de este modo, alcanzaba la frontera de Granada. Compensaciones adecuadas serían ofrecidas a Francia —por Navarra— y Portugal, en premio a las ayudas que de ambos reinos se esperaban.

Por todas partes penetraban los enemigos. Don Juan llegaba a Palencia, lo que era ingerencia en territorio castellano, y convocaba Cortes. Jaime II atacaba el reino de Murcia en donde era frontero don Juan Manuel, el protegido de Sancho IV. Las tropas portuguesas remontaban el Duero. María de Molina y su hijo se mantuvieron firmes en Valladolid, rodeados enteramente de enemigos, pero apoyados por un vago sentimiento de fidelidad popular que los primeros éxitos espectaculares de los invasores no conseguían mermar. Al frente de un ejército de navarros, aragoneses y catalanes dirigido por el infante don Pedro, Alfonso de la Cerda llegaba a Sahagún y se hacía proclamar rey. Esta insistencia de ambos pretendientes por instalarse en la Tierra de Campos no auguraba precisamente buenas relaciones. Fue una gran fortuna para María y su hijo la fidelidad del alcaide de Tarifa, Alfonso Pérez de Guzmán, que sostuvo con energía la ofensiva de Muhámmad II de Granada, que había comenzado con dos grandes éxitos para el Islam, la toma de Quesada y el aplastamiento de las milicias concejiles en la Batalla del Arzobispo, cerca de Sevilla. La marea musulmana se estrelló contra los muros de Tarifa.

Llegado a Simancas, diez kilómetros antes de Valladolid, Dionís regresó a Portugal. Benavides pensaba que pudo sentir escrúpulos en atacar a un monarca que provocaba la fidelidad de sus súbditos. Había cierto contrasentido entre su política, de autoridad monárquica, y el partido de nobles rebeldes a quien servía. Fue el primer respiro para los defensores de Fernando IV. Otro factor favorable, la ausencia del infante don Enrique, que había ido a Andalucía para detener la guerra con Granada mediante sus procedimientos de negociación. Esta vez fracasó porque Alfonso Pérez de Guzmán se negaba en redondo a entregar Tarifa, como el regente proponía. Antes de acabar el año 1296 los fernandinos habían podido incluso lanzar un ataque sobre Paredes de Nava.

La reina recurrió a las Cortes, reunidas en Cuéllar. La causa de la monarquía se apoyaba en el pueblo. Pronto mejoraron para ella las cosas. La imposibilidad de los enemigos interiores de obtener la victoria y la limitación de objetivos que los otros reyes se habían propuesto, facilitaron el camino de negociaciones, lo que era tanto como decir división. Interviniendo como mediadora Santa Isabel, reina de Portugal, Dionís fue el primero en firmar la paz (Alcañices, 1297). Se reconocían las pequeñas anexiones efectuadas el año anterior, entre Ribadecoa y el Duero, pero prometía en cambio socorro militar a Castilla. Un doble matrimonio, de Fernando IV con Constanza de Portugal y de Beatriz, hija de Sancho IV, con Alfonso, heredero de Dionís, sellaría la paz. En adelante Isabel intervino en defensa de los derechos de su yerno y moderó eficazmente los ímpetus de su hermano Jaime II.

La conquista de Alicante

El rey de Aragón se apartaba prácticamente de la lucha pues limitaba ya sus esfuerzos a apoderarse del reino de Murcia. En 1298 el peligro para Fernando IV disminuyó: excepto en el Sudeste, la lucha parecía haberse reducido a someter una rebelión de nobles —Lara, de la Cerda, infante don Juan—, que, expulsados de tierras palentinas, habían buscado refugio en la frontera de Soria, en donde el pretendiente tenía la fortaleza de Almazán. Don Juan Manuel, en la frontera de Murcia, no supo o no pudo resistir el empuje aragonés. Salvo Alicante, tomada al asalto, y Elche, que hubo de capitular tras largo cerco, el resto del reino apenas ofreció resistencia, acaso porque —apunta Martínez Ferrando— había mayoría de pobladores aragoneses y catalanes. Pero Jaime no consiguió alcanzar la frontera de Granada porque los castellanos conservaron Alcalá, Lorca y Mula con sus tierras. Recibieron grandes señoríos en la comarca los héroes de Sicilia, Roger de Lauria y Bernat de Sarriá. Don Juan Manuel se retiró a Alarcón.

María de Molina, asesorada esta vez por el regente Enrique, presidía de nuevo las Cortes en Valladolid tratando de obtener subsidios. Los procuradores de León pidieron a Dionís que acudiera a prestar auxilio a Fernando IV. El soberano portugués vino a Valladolid, pero sus intenciones no eran muy correctas; negociaba secretamente con don Enrique para poner en pie otro plan de reparto que diese al infante don Juan el reino de León. La reina hubo de salir al encuentro de estas negociaciones haciendo que Dionís regresara a su patria y pagando un alto precio por el cambio de opinión del regente, que recibió Écija, Roa y Medellín. Ésta era la consecuencia inmediata de la guerra civil: combatiendo un sector de la nobleza, se elevaba otro que obtenía poderosos dominios en premio a su fidelidad. Pedro Ponce de León —atención a este linaje y al del alcaide de Tarifa— ganó en 1298 Cangas de Tineo. Rodrigo Álvarez de las Asturias —Enrique de Trastámara será su ahijado y heredero— la puebla de Gijón, Llanes y Pola de Allende.

En conjunto Castilla iba a salir de esta primera crisis debilitada; la nobleza, en cambio, más numerosa y fuerte. No hay duda de que María de Molina obtuvo la victoria final gracias al apoyo de los procuradores de las ciudades; definitivamente habrá que contar con ellos. En 1299 quedó limpia de rebeldes la comarca inmediata a Palencia y durante estas operaciones Juan Alfonso de Haro prendió a Juan Núñez de Lara. A galope tendido vino desde Andalucía el infante don Enrique; de ningún modo le convenía, ahora que estaba reuniendo un partido con antiguos secuaces de los infantes de la Cerda, la destrucción de un linaje tan fuerte como el de Lara. Sacó de la cárcel a Juan Núñez y se casó con su hermana. Lo importante era afirmar el poder de la nobleza, con Fernando IV, puesto que no había sido posible contra él. El infante don Juan aceptó las sugerencias que se le hacían y vino a Valladolid en 1300 para prestar el juramento de vasallaje y recibió el premio a este tardío acto de sumisión.

Continuaba la guerra con Aragón. En octubre de 1300 Jaime II combatía Lorca, que pudo tomar; luego atacó las otras fortalezas, Mula y Alcalá, pero la llegada de refuerzos castellanos le obligó a replegarse sobre Murcia (febrero de 1301). Los infantes don Juan y don Enrique impidieron que la expedición llegara a tener efectos decisivos. De ningún modo les convenía una victoria militar sobre Jaime II. Los acontecimientos son muy confusos.

La mayor edad de Fernando IV

Es difícil, dada la desesperante escasez de documentos y la falta casi absoluta de estudios recientes sobre la historia castellana de este período, comprender las causas que movieron al regente don Enrique y sus partidarios a adelantar la mayoría de edad del rey, entonces de sólo catorce años. El objetivo, sin duda, apuntaba a debilitar la autoridad del joven soberano apartando la sombra de María de Molina, que tan excelsas dotes políticas había llegado a demostrar. Tres acciones, en apariencia dispersas, en la realidad bien trabadas, inspira el viejo infante:

1. Evita que la guerra de Aragón concluya, a fin de mantener permanente estado de tensión y justificar peticiones de dinero a las Cortes. De dichas peticiones una gran parte había ido a parar a su propio bolsillo. Parece probado que, durante todos estos años, don Enrique estuvo en secretos contactos con Jaime II.

2. Arroja dudas acerca de la legitimidad del matrimonio de Sancho IV y, en consecuencia, sobre los derechos de su hijo a la corona. Durante las Cortes de Burgos de 1301 hizo circular el rumor de que las bulas que otorgara Bonifacio VIII, y también las que afectaban al matrimonio de Fernando IV y Constanza de Portugal, no eran verdaderas. La reina apeló al procedimiento de leerlas en la catedral, con testimonio de notario.

3. Habiendo fracasado la maniobra anterior, y convencido de que María de Molina y los procuradores de las ciudades eran bloque inseparable, insinuó al débil Fernando IV —demasiado joven y acaso poco inteligente— que su madre le mantenía artificialmente bajo tutela cuando tenía ya las condiciones necesarias para gobernar.

De todas formas no fue el antiguo regente quien se benefició de la maniobra de proclamar al rey mayor de edad. Tuvo, ciertamente, nuevos dominios —Atienza, San Esteban de Gormaz—, pero los papeles principales se repartieron entre el infante don Juan, sus amigos y los parientes de Juan Núñez de Lara. La leyenda ha acumulado tintas negras para explicar la ingratitud del rey, hecho cierto. Según parece, en las Cortes de Medina del Campo, sólo con procuradores del reino de León (1301), Fernando llegó al extremo de pedir a su madre que le rindiera cuentas de la tutoría. Es posible que, en muchos detalles, la leyenda sea falsa; pero queda el hecho de que, al cabo de seis años de dura lucha, la reina, que había salvado la corona para sus descendientes, se encontraba desarmada frente a las exigencias de la nobleza. Basta para explicarnos de qué lado se inclinaba la victoria.

Era urgente restablecer la unidad de mando. No sólo en Murcia, ocupada por los aragoneses; también en Andalucía los castellanos se hallaban a la defensiva. Fracasadas las arteras negociaciones de don Enrique en 1296, los musulmanes insistieron en sus ataques los años siguientes. En la aceifa de 1300 se apoderaron de Alcaudete y pusieron en peligro la propia Jaén. El 1 de enero de 1302 Muhámmad II reconocía a Alfonso de la Cerda como rey de Castilla, recibiendo la promesa de anexión de Alcalá la Real, Vejer, Medinasidonia y Tarifa. Murió a las pocas semanas, pero su heredero, Muhámmad III (1302-1309) inició su reinado con un brillante hecho de armas, la toma de Bedmar, que humilló aún más a los castellanos.

Dueña del poder, la nobleza se dividió, cosa que no debe sorprendernos porque retoñaban antiguas rivalidades de linaje. Frente a los Lara y al infante don Juan, que habían obtenido incluso del rey un pacto que les permitía gobernar, Diego López de Haro buscó la amistad de Juan Alfonso de Haro, señor de los Cameros, y del infante don Enrique. Parecía, en cierto modo, el antiguo partido de María de Molina; ella estuvo, sin duda, en relación con este grupo al que se sumaba don Juan Manuel, que se titulaba «infante», aunque no lo fuese propiamente. El deseo principal de todos estos que rodeaban a la reina, era lograr la paz con Aragón a fin de que la amistad de Jaime II equilibrase la influencia de Portugal.

La hora de la paz

Indudablemente la proclamación de Fernando IV restableció la paz en todas las fronteras. La muerte del infante don Enrique, en Roa, antes de acabar el año 1302, eliminó uno de los principales obstáculos que a ella se oponían. En Badajoz Dionís y Fernando IV confirmaron una amistad que no era nueva. Muhámmad III, que tenía que hacer frente a la rebelión del arraez de Guadix, Abu-l-Hachchach ben Nasr, tampoco hizo gran resistencia. Firmó la paz (1302) renunciando para siempre a Tarifa, Cazalla, Medinasidonia, Vejer y Alcalá la Real, pero conservaba el prestigio de la victoria y las posiciones conquistadas, Quesada, Alcaudete, Bedmar, Locovín y Arenas.

Una tregua se firmó con Aragón. Durante ella murió en Alicante la esposa de don Juan Manuel, lo que dio a éste ocasión de visitar a Jaime II, preparando nuevas negociaciones. El 9 de mayo de 1303 el «infante» y el rey de Aragón se vieron en Játiva; olvidando otras consideraciones de orden diplomático, don Juan Manuel casó con una hija de Jaime, de nombre Constanza, y recobró sus antiguos señoríos de Elche, Monóvar y Santa Pola, aunque sometiéndose a vasallaje aragonés. En agosto de 1304, en Torrellas, a mitad de camino entre Ágreda y Tarazona, se negoció la paz. Castilla hizo entonces un tremendo sacrificio territorial retirando sus fronteras hasta una línea que coincide aproximadamente con la división actual de las provincias de Murcia y Alicante: Cartagena, Elche, Santa Pola, Guardamar, Alicante, Elda, Novelda, Orihuela y Villena quedaban dentro del reino de Valencia. Una comisión de límites trabajó en Elche en 1305. Jaime II renunció luego a Cartagena para que don Juan Manuel entregase Alarcón al rey de Castilla. Alfonso de la Cerda abdicó de sus derechos; obtuvo en cambio un extenso señorío —Alba, Béjar, Valdecorneja, Monzón, Gastón, Ferrín, Moliellas, Gibraleón, La Algaba, Lemos, el Real de Manzanares— que serviría luego de base a numerosas casas nobles castellanas.

Jaime II había conseguido coronar la meta y la Corona de Aragón aumentaba sus proporciones al tiempo que demostraba fortaleza superior a Castilla. En estos años, que son los de las hazañas de los almogávares en Grecia, un Imperio catalán dominaba ampliamente costas y mares en el Mediterráneo. Cuando se hizo la supresión del Temple, última reliquia de una época de cruzadas, Aragón recogió parte de los bienes de la Orden, que fueron aplicados a un nuevo instituto religioso la Orden de Montesa, exclusivamente aragonesa aunque su regla fuese la de Calatrava.

La paz trajo nuevas escisiones y querellas en la nobleza que gobernaba Castilla. El infante don Juan, seguro de su potencia, reclamó el señorío de Vizcaya, alegando que los derechos de su mujer, María, debían anteponerse a los de Diego López de Haro, que recogiera el condado en herencia de un sobrino. En la contienda, que afectaba a todos los nobles pues escondía el temor a abusos por parte del poder, los Lara prestaron su apoyo a Diego López. Tesoneramente éste defendió su dominio (1305); hubo una guerra que terminó en tregua (Pancorbo, junio de 1306) acordando ambas partes llevar su pleito a las Cortes. Todo muy significativo del momento: los nobles podían declarar y librar guerras privadas y, entre ellos, los procuradores de las ciudades servían de árbitros. Juan Núñez de Lara volvió a la amistad con el infante don Juan. En las Cortes de Valladolid de 1307 se dio sentencia. Hasta su muerte, Diego López de Haro conservaría Vizcaya, pasando luego al infante don Juan; el primogénito de don Diego, llamado Lope, tendría las villas de Orduña y Valmaseda.

Los acuerdos para el reparto de Granada

La solución apenas satisfizo a nadie. Núñez de Lara se sublevó, fue sitiado en Tordehumos y contentado luego con nuevas donaciones. El partido gobernante —siempre en cabeza el infante don Juan— no se conformaba con el creciente poder de las Cortes, cuya frecuencia y cuyas ingerencias molestaban. En las de Burgos de 1308 exigieron la reforma del Consejo Real para que entrasen en él nuevos partidarios suyos. Era un hecho cierto éste del fortalecimiento del tercer estado, índice de que ascendía una clase social, de caballeros y hombres buenos, que sólo con muchas reservas puede equipararse a la burguesía de otros países. Como dato muy preciso, sabemos que en las Cortes de Burgos de 1315 estuvieron representados ciento un municipios. Por medio del voto de subsidios, sin los cuales la monarquía era incapaz de hacer frente a ningún problema, las Cortes penetraban todos los sectores de la vida política, interna y externa, del país.

Son estas Cortes las que recogen como un eco el proyecto de completar la reconquista arrojando al Islam de la Península. Demorado mil veces, persistía sin embargo en la conciencia de la comunidad como una especie de sagrada obligación. Pero en las Cortes de Madrid de 1309 se percibió la principal dificultad: la guerra de Granada era costosa; los procuradores pensaban que la estrategia mejor consistía en frecuentes razzias que mermaran lentamente la riqueza del pequeño reino. Granada, explotada a fondo por los genoveses, puerta de África y productora de seda, gozaba fama de opulenta, y las obras que por estos años realizaba Muhámmad III en la Alhambra justificaban tal creencia.

De nuevo se planteaba la batalla del Estrecho, pero en términos originales; desde 1306, habiéndose apoderado de Ceuta, Muhámmad III era dueño de ambas orillas. Luego extendió su dominio a Gomera. Hubo una reacción marroquí y otra española, a la que se sumó Jaime II, que temía movimientos internos a causa del gran número de musulmanes que permanecían en su reino. En 1304 tropas granadinas habían penetrado hasta Crevillente, y en 1308 una flota musulmana hostilizó Alicante, Jávea y Denia. Fernando IV y Jaime celebraron una entrevista en Santa María de Huerta (diciembre de 1308) y concertaron luego el tratado de Alcalá (1309) decidiendo emprender una acción conjunta. En tal ocasión el monarca castellano reconoció al aragonés derecho a la conquista de Almería con una sexta parte del territorio granadino. El monarca benimerín Abutebit, que había sucedido a Ibn Ya‘qub, bloqueaba Ceuta, impidiendo a los nazaríes nuevos avances y había fundado Tetuán (Aitta Tektauen) para su vigilancia.

Las Cortes de Madrid proporcionaron los medios para emprender el cerco de Algeciras, que comenzó en agosto. Un ejército aragonés y una flota en que iba el propio Jaime II, se presentó ante Almería. Tales sucesos provocaron una revuelta popular en Granada, dirigida como de costumbre por la aristocracia de los arraeces: el visir al-Hákem murió asesinado y Muhámmad III hubo de abdicar en su hermano Nasr. El nuevo rey, un apacible matemático, se encontró en medio de una terrible amenaza pues los benimerines se sumaron a la alianza castellano-aragonesa y, con buques catalanes, emprendieron el asedio de Ceuta. Cayó esta ciudad cuando aún los castellanos —agitaban su campamento fuertes discordias— no habían logrado quebrantar la resistencia de Algeciras, ni los aragoneses la de Almería.

Logrado su objetivo inicial, el nuevo soberano benimerín, Aburrabé, cambió de campo. De nuevo Algeciras y Ronda pasaron a sus manos como dote de una hermana de Nasr con quien casó. Alonso Pérez de Guzmán y Juan Núñez lograban entre tanto, con ayuda de buques catalanes, adueñarse de la pequeña y formidable posición de Gibraltar, en la misma bahía. Tal éxito llegaba demasiado tarde. Fernando IV levantó el cerco de Algeciras y entró en negociaciones mientras fuertes contingentes de voluntarios magrebíes, a las órdenes de ‘Uthmán ben Abi-l-Ulá pasaban a la Península y forzaban a los aragoneses a la retirada.

Fernando el Emplazado

Las negociaciones con Granada condujeron a la firma de una paz, en Algeciras (1310); Nasr devolvía Quesada, Bedmar y Alcaudete —es decir las conquistas logradas durante la minoridad—, volvía al vasallaje castellano, abonaba once mil doblas de oro anuales en concepto de parias y daba garantías de libertad a los comerciantes. Este aspecto es de suma importancia. En la empresa de Almería los catalanes habían visto también un complemento de sus actividades mediterráneas, que se orientaban hacia los países islámicos. Desde mucho antes de 1291 —la fecha en que Sancho IV y Jaime delimitaron las respectivas reservas a uno y otro lado del Muluya— Roger de Lauria tenía la isla de Gerba y el rey de Túnez pagaba al soberano de Aragón, quien sostenía tropas en este país y en Marruecos. Un pacto solemne, firmado en 1290, hacía de Jaime II protector de los cristianos residentes en Egipto. Viudo de Blanca de Anjou (+ 1310), el rey volvió a casarse con María de Lusignan, presunta heredera del título de Jerusalem (diciembre de 1315). Almería era pues, solamente, el extremo de una extensa línea que tocaba los dos extremos del Mediterráneo.

La campaña de 1309 puede considerarse un fracaso. Sin embargo, no lo era tanto como parecía pues es un hecho evidente que a partir de tal fecha se inició un rápido declive del imperialismo granadino. Nasr, guiado por los consejos de sus visires, Muhámmad al-Mawl y Muhámmad ben al-Hachch, antiguos alumnos de la Gran Madraza, equivalente islámico de la Universidad cristiana, buscaba solamente la paz y el entendimiento con Castilla. Esto provocó una revuelta: los extremistas proclamaron rey a Abu-1-Walid Isma‘il, hijo del arraez de Málaga Abu-l-Farach y de una hija de Muhámmad II llamada Fátima. En la guerra civil que siguió, Nasr pidió auxilio a Fernando IV, quien reunió las Cortes de Valladolid en demanda de nuevos subsidios que permitiesen levantar un ejército. Fernando murió el 9 de setiembre de 1312 cuando marchaba sobre Granada. La causa de su fallecimiento fue una trombosis coronaria, según Francisco Simón Nieto, consecuencia de la tuberculosis que, como su padre, padecía. La Crónica recoge una leyenda que atribuye esta muerte a un «emplazamiento» que ciertos caballeros, Carvajal, ejecutados por sospecha de homicidio, habían pronunciado sobre el rey.

Isma‘il, que tenía el apoyo completo de los voluntarios de Abu-1-Ulá, no tuvo obstáculos. Sus partidarios le llamaron a la capital. En la marcha, desde Málaga, se le unieron nobles y tropas en gran número de modo que, sin hacer resistencia, Nasr se refugió en la Alhambra consintiendo a su rival apoderarse de la ciudad y del Albaicín. En 1313 Nasr abdicó y se retiró a Guadix, en donde viviría aún nueve años conservando el título de rey.

La primera regencia de Alfonso XI

La muerte prematura de Fernando IV planteaba gravísimos problemas. Cuando la nobleza parecía más decidida a imponerse por la fuerza, un niño de poco más de un año era depositario de la Corona. El largo período de tiempo sin autoridad ejecutiva que se anunciaba, era una incitación a la violencia. De hecho se sucedieron en Castilla trece años de continuadas turbaciones. El infante don Juan, fugitivo otra vez desde el año 1310, y don Juan Núñez de Lara, el que llamaran en otro tiempo Mozo, acudieron alborozados como a un banquete de prebendas. Había más infantes e hijos de infantes que en 1295, lo cual no contribuía desde luego a clarificar la situación. La primera medida, llena de prudencia, fue del obispo electo de Ávila, Sancho Sánchez, que consiguió impedir que la persona del rey, estante en la ciudad, quedara en manos de ningún bando.

Existían ya dos partidos, el del infante don Pedro, hermano del desaparecido rey, que, sin duda, se esforzaba en salvar el principio de autoridad, y el del infante don Juan, el viejo agitador, seguido como siempre por Juan Núñez de Lara y otros muchos —entre los cuales otro hijo de María de Molina, don Felipe, y Fernando de la Cerda— que defendían claramente el predominio de la nobleza. Claro es que esta atribución de tendencias no puede hacerse sino en líneas generales y con muchas reservas. De nuevo Valladolid se convirtió en el centro político para María de Molina, que se había sumado a su hijo Pedro y contaba, en esta ocasión, con la benevolencia aragonesa. Una hija de Jaime II, María, se había casado con Pedro, y una de Fernando IV, Leonor, se educaba en Aragón para casarse con el primogénito de este reino, que también se llamaba Jaime. Fue un gran éxito también para María de Molina que la viuda de Fernando IV, Constanza, acudiese a Valladolid a fines de 1312 o principios de 1313.

Los nobles, imitando en esto a las ciudades, comenzaban a organizarse en Hermandad. María de Molina y su hijo preferían recurrir a las Cortes. Convocadas éstas en Palencia, en abril de 1313, las divisiones no se aplacaron; al contrario, parecían cada vez más arraigadas. El infante don Juan hizo dos importantes adquisiciones, atrayendo a su bando a la reina Constanza —era muy fácil inspirar en ella recelos hacia la suegra, tan absorbente— y a don Juan Manuel. De modo que las Cortes fracasaron y, al concluirse, una parte de los procuradores reconocía como regente a María de Molina y su hijo, mientras que el resto hacía lo mismo con el infante don Juan y Constanza. El temor a una guerra civil creció aquel verano. Mientras el infante don Pedro se trasladaba a Andalucía para impedir que la lucha entre Isma‘il y Nasr se contagiase a la frontera, María de Molina negociaba incansablemente a fin de buscar una fórmula de entendimiento.

El arreglo llegó, el 12 de diciembre de 1313, en las primeras vistas de Palazuelos. Los titulados tutores lo serían en los lugares que les hubieran reconocido. Como elemento neutral entre ambos bandos, don Juan Manuel sería mayordomo mayor. De esta manera se pensaba evitar la guerra civil. Entraba en el Consejo —es titulado tutor también— el infante don Felipe. El acuerdo fue facilitado por la muerte de la reina Constanza, un mes antes. Pero la división de los cargos era un absurdo que no podía originar sino complicaciones. Vuelto de Andalucía el infante don Pedro, convocó Cortes en Valladolid; sus rivales hicieron lo propio en Carrión. Deteriorándose, la situación amenazaba con transformarse en una guerra abierta.

De nuevo María de Molina hizo escuchar sus razonables consejos. Ambos bandos convinieron en las segundas vistas de Palazuelos (1 de agosto de 1314). Los infantes don Juan y don Pedro fueron reconocidos tutores, junto con María de Molina, a quien se encomendaba la custodia del niño. Las Cortes, reunidas nuevamente en Burgos (junio de 1315), no solamente aprobaron este convenio sino también dos cartas de hermandad, una de los concejos en cuanto instituciones, otra de los caballeros y hombres buenos de villas y ciudades. El poder de la nobleza inspiraba temor. La unidad de la regencia era ficticia, pues se había previsto que unos lugares pudiesen aceptar a uno de los infantes y otros a su colega administrando justicia independiente.

Desastre en Granada

Era una solución, aunque inestable. Para mantener el difícil equilibrio, el infante don Pedro pensaba aprovechar la favorable coyuntura de la guerra civil granadina dando a los nobles un campo de batalla exterior que sirviese de expansión a las inquietudes bélicas. Nasr solicitaba desde Guadix el auxilio de los reyes cristianos. Isma‘il —gobernaba prácticamente en su nombre el comandante de los voluntarios magrebíes, ‘Uthmán ben Abi-l-Ulá— temía la guerra con Castilla y solicitó una suspensión de hostilidades, que le fue otorgada por el teniente de adelantado de Murcia, Pedro López de Ayala, que obraba en nombre de don Juan Manuel; pero éste no estaba en buenas relaciones con los tutores y su firma no comprometía. Desde el otoño de 1315 el infante don Pedro negociaba con Jaime II proponiéndole renovar la lucha con grandes medios y, logrado el asentimiento aragonés, celebraba una concordia con don Juan Manuel (Cuéllar, febrero de 1316) a fin de no dejar problemas a sus espaldas.

La ofensiva estaba planeada con un lujo de fuerzas y enérgica decisión que anunciaban buenos resultados. Las Cortes respondieron con largueza a las demandas de subsidios. Comenzaron las operaciones con una batalla indecisa en Alicún; enseguida empezó el retroceso musulmán en toda la línea. El infante se apoderó de Iznalloz, que fue incendiada, derrotando a los granadinos en Porcuna. Las Cortes de Carrión de 1317 votaron más tributos, a pesar de las intrigas del infante don Juan, que recelaba ya del crecimiento de autoridad de su rival con la serie de victorias. En diciembre sucumbió el castillo de Belmez.

En 1318 hubo una breve tregua, sin duda a causa de dificultades en el seno del consejo. Las Cortes se habían dividido, reuniéndose los procuradores castellanos en Valladolid y los leoneses en Medina del Campo. Pero el infante don Pedro no cejó en su empeño y lo que de un lado se le negaba crecía del otro: el Papa otorgó décimas, asimilando la guerra a una Cruzada. Durante el invierno se acumularon pertrechos y se aceleró la movilización y así, en enero de 1319, don Pedro estaba otra vez al frente de las tropas en Écija. Jornadas fructíferas produjeron la conquista de Cambil, Tixcar y Rute. Las vanguardias castellanas avanzaban ya por la Vega, a la vista de Granada.

El infante don Juan hubo de sumarse a estas operaciones militares que parecían ya tener como objetivo la propia capital del reino nazarí. Pero el 25 de junio de 1319, en día de intensísimo calor, cuando cargaba al frente de la vanguardia, murió el infante don Juan de apoplegía. El pánico se extendió al resto del ejército, permitiendo una espectacular victoria de Abu-l-Ulá y sus voluntarios de la fe. Cuando trataba de detener a los fugitivos, murió también el infante don Pedro.

La anarquía castellana

María de Molina se adelantó a asumir la regencia que decía corresponderle íntegra según acuerdo de las Cortés de Burgos. Los procuradores de las ciudades andaluzas se reunieron por su cuenta en Baena y acordaron firmar la paz con el rey de Granada, que negoció Payo Arias, alcaide de Córdoba (18 de junio de 1320). En 1323 también Jaime II firmó un tratado. Para Isma‘il esta suspensión de hostilidades constituía un respiro salvador, pero tal vez no era su propósito guardarla por mucho tiempo. Los municipios andaluces habían obrado con buena lógica pues ninguna esperanza podían abrigar de que se restableciese la unidad de mando necesaria para la continuación de la lucha. Tres personajes se disputaban el primer puesto: el infante Felipe, hijo de María de Molina, don Juan, llamado el Tuerto —es decir, contrahecho— para distinguirle de su padre el infante caído en Granada, y don Juan Manuel, que veía, al fin, despejarse el camino que llevaba a la suprema autoridad. Se hizo reconocer en Córdoba, mientras el resto de la frontera obedecía a don Felipe, y don Juan se hacía fuerte en sus tierras leonesas.

Como de costumbre, María de Molina apeló a las Cortes convocando a los procuradores en Palencia, pero murió el 30 de junio de 1321 antes de que hubieran llegado a reunirse. Con su muerte se adueñó de Castilla la más espantosa anarquía, que, durante los cuatro años inmediatos, provocó terribles sufrimientos. Obedecían a don Felipe, además de Andalucía, algunas ciudades castellanas —entre ellas Valladolid, sede de las Cortes de 1322— y sus propios dominios de León y Galicia. No sabemos si hubo una reconciliación entre este infante y don Juan, pero parece probable por cuanto vemos al segundo asistir a Cortes en Valladolid este mismo año y resulta lógico pensar que hayan querido restablecer el principio de la primera concordia de Palazuelos, que cada uno ejerciera el cargo de regente en los lugares de su obediencia. Más tarde hubo alianza de don Juan Manuel y el Tuerto contra don Felipe.

Hacia 1325, año de crisis demográfica y alimenticia, primera señal de los difíciles tiempos que se avecinaban, el poder de la monarquía castellana tocó su punto más bajo. En cada rincón, en cada ciudad, surgían poderes independientes. Alfonso Jofre Tenorio gobernaba Sevilla como si él fuera el propio rey. En contraste con este debilitamiento, que redundaba en desprestigio del reino en el exterior, la expansión aragonesa por el Mediterráneo, llevada al máximo por Jaime II, y la madurez portuguesa del gobierno de Dionís acentuaban todavía más el desequilibrio.

Únicos beneficiados, los musulmanes. Cuatro años de tregua permitieron a Isma‘il organizar su ejército, rescatando cautivos y atrayendo voluntarios. En 1324 lanzó una gran ofensiva apoderándose de Huéscar —a su asedio corresponde la primera noticia cierta de que se haya utilizado con éxito un cañón de pólvora— y también de Orce y Galera. Huéscar, notablemente fortificada, se convirtió en la gran plaza de armas granadina. En 1325 la aceifa mora se dirigió contra Martos, que fue terriblemente saqueada. Un primo del rey, Muhámmad ben Isma‘il, capturó en esta ocasión una hermosa cristiana de quien se enamoró. El rey Isma‘il se apoderó de ella, pero pocos días más tarde, vuelto triunfalmente a Granada, fue asesinado por Muhámmad a quien ayudaron parientes y amigos. El reino nazarí iba a conocer una crisis enteramente semejante a la de Castilla.

La obra de Dionís en Portugal

El crecimiento de Portugal y de Aragón; he ahí un hecho decisivo de la primera mitad del siglo XIV. El largo reinado de Dionís —cuarenta y seis años—, rey labrador y poeta, presidió el paso de un Portugal arcaico, puramente rural, a un estado que aprovecha el tránsito de la gran ruta de Italia a Flandes para asomarse al comercio y a la navegación. Lo mismo que los castellanos, los portugueses fueron discípulos de Génova. Extensos pinares, como el de Leiría, proporcionaban la madera necesaria para la construcción de buques. Sal, cereales y cueros eran las materias primas que inicialmente podía dar el país portugués. Luego se ampliaron con las frutas secas y el pescado, el aceite y el vino. Durante todo el siglo XIV este comercio se mantendría casi invariable, exportación de materias primas, importación de paños, herramientas y manufacturas, si bien creciendo en volumen.

Dionís tuvo fama de monarca justiciero. Al mismo tiempo que frenaba la amortización eclesiástica, defendía a los monasterios del antiguo Portugal contra sus patronos laicos. Su procedimiento favorito era el de las inquiriçoês, de antigua raigambre, que permitían restaurar derechos reales. Porque era muy celoso de la autoridad monárquica como lo muestra su política respecto a las Órdenes Militares. Consiguió en 1288 una bula de Nicolás IV que autorizaba a los santiaguistas portugueses a tener maestre propio. En 1308 inició secretamente un proceso acerca del Temple y, cuando éste fue suprimido en 1312, un Concilio en Salamanca, declarando la inocencia de los templarios de Castilla, León y Portugal, permitió a Dionís iniciar las gestiones para la fundación de una Orden propia que fue la de la Milicia de Cristo (1319). Del mismo modo la creación de la Universidad de Lisboa (1290) sobre el antiguo colegio de Jardos, obedecía al intento de dotar a Portugal de todas las instituciones necesarias, liberando a sus súbditos de servidumbre respecto a Salamanca o Valladolid.

El autoritarismo del monarca le llevó a graves conflictos, primero con su madre Beatriz, que regresó a Castilla, luego con su hermano Alfonso, en la forma que hemos señalado, por último con la nobleza, que, durante la minoridad de Fernando IV, no había ocultado su simpatía por el bando del infante don Juan. En todos estos casos la reina Isabel intervino para lograr la paz. Dionís pagó los desvelos de su santa mujer rodeándose de concubinas y de bastardos. Esto originó un grave conflicto detrás de cuyas incidencias se hallaba, como en Castilla, el enfrentamiento entre nobleza y monarquía. El único varón legítimo, Alfonso, temía que el predominio que alcanzaban dos bastardos reales, Alfonso Sánchez, mayordomo mayor, y Pedro, conde de Barcelos, ocultase la intención de obtener dispensa de ilegitimidad para poder arrebatarle su derecho sucesorio. Alfonso recurrió a su suegra, María de Molina, en busca de ayuda y con ello no hizo sino aumentar la cólera del rey.

En 1320 Dionís publicó un manifiesto contra su hijo reprochándole haberse ausentado de Portugal y recurrido a auxilios exteriores. Alfonso respondió con las armas: se hizo dueño de Leiría, que era señorío de su madre, y se retiró luego a Santarem. Convencido de que la reina Isabel estaba al lado del rebelde, Dionís la desterró, bajo vigilancia, a Alemquer. El obispo de Évora, que había recibido del Papa poder para excomulgar a los rebeldes, murió asesinado en Estremoz por dos partidarios del infante. El movimiento creció hasta hacerse formidable. La anarquía que en Castilla se había producido por estos mismos años, influyó sin duda en el aumento de violencia. Alfonso triunfaba: dueño de Coimbra (31 de diciembre de 1321), sus tropas avanzaron hacia el Norte apoderándose de Oporto y de Guimaraês, que había ofrecido resistencia. Entonces Isabel abandonó su retiro para colocarse entre padre e hijo y exhortarles a la paz. Su intervención fue oportuna. Delante de Coimbra estaba a punto de producirse un encuentro.

En mayo de 1322 Dionís y su hijo firmaron una concordia: Alfonso, en calidad de vasallo, recibía el gobierno de los territorios que ocupaba, Coimbra, Oporto, Montemor-o-Velho, Faira y algunos más; el derecho de herencia en cuanto primogénito le era reconocido expresamente. Esta paz fue de corta duración. Apenas un año más tarde, los dos bandos, Dionís y su hijo, se hallaban frente a frente en Alvalade. Isabel vino a plantar su tienda en medio de las líneas obligando a negociar. Todavía en 1324 se producían conflictos. Dionís murió el 7 de enero de 1325.

La conquista de Cerdeña

Jaime II había proseguido, con notable paciencia, el engrandecimiento de su reino. Las contiendas con Castilla le habían servido para extender su frontera hasta las márgenes del Segura, entre Orihuela y Murcia; una sentencia arbitral le permitió recuperar en 1312 el valle de Arán, incorporado en adelante al obispado de Lérida; las cláusulas secretas concertadas en Anagni y la donación pontificia posterior le daban derecho a ocupar Córcega y Cerdeña, aunque había dejado luego pasar los años sin llevarlas a ejecución. El aspecto principal de su reinado guarda paralelismo con la obra de Dionís en Portugal. Con los bienes del Temple y la mayor parte de los que el Hospital tenía en Valencia, fundó la Orden de Montesa, exclusivamente aragonesa, a la cual se había asignado como cometido la defensa del reino. Creó la Universidad de Lérida (1300) para evitar a sus súbditos el desplazamiento, especialmente a Montpellier. Zaragoza se convirtió en silla metropolitana teniendo a Pamplona, en Navarra, y a Calahorra, en Castilla, entre sus sufragáneas.

Pero sobre todo el reinado de Jaime II se asocia a dos hechos de enorme importancia, la conquista de Cerdeña y la expedición de los almogávares a Oriente. Dejando para el fínal de este capítulo la segunda de tales empresas, nos ocuparemos de la anexión de Cerdeña, cronológicamente posterior. El retraso fue debido a dificultades económicas y a la necesidad de preparar diplomáticamente la acción. La isla estaba dividida en cuatro distritos, Arborea, Cagliari, Torres y Gallura, y sometida a un protectorado poco eficaz de Pisa y Génova. El régimen político era tan malo que cualquier conquistador hallaba llano el camino. Jaime II movió su diplomacia con tanta habilidad que pudo contar incluso con una actitud favorable en Génova: por lo menos el juez de Arborea, Hugo III, Brancaleone Oria y el marqués de Malaspina estaban a su favor. De modo que las operaciones militares comenzaron por un levantamiento antes de que hubiesen llegado las tropas catalanas.

Éstas embarcaron en Portfangós el 31 de mayo de 1323. Iban a las órdenes del príncipe heredero, Alfonso, y las banderas eran exclusivamente catalanas. El 12 de junio estaban en Palma de Sols, al sudeste de Cerdeña. Sin duda la ayuda de las ciudades güelfas de Toscana, que habían sido atraídas a favor de Jaime II, según ha demostrado Vicente Salavert, fue muy eficaz. Tomada Iglesias, se puso cerco a Cagliari cuando llegaba en socorro de la isla una flota pisana. En Lucocisterna (29 de febrero de 1324) tuvo lugar la batalla decisiva, que se convirtió en gran victoria catalana. En el mar también los catalanes vencían a sus rivales. El 19 de junio Pisa firmó la capitulación: se retiraba de Cerdeña conservando sólo su factoría de Cagliari pero sujeta a vasallaje catalán. Muchos catalanes permanecieron en la isla para colonizarla, pero la posesión de la misma no fue tranquila: son constantes las insurrecciones en los siglos XIV y XV.

Atenas y Neopatria

La más sorprendente de las acciones catalanas es la expedición de los excombatientes de Sicilia —luego de otros aventureros de la metrópoli— a Oriente. Rubió i Lluch ha podido establecer con claridad la relación que existe entre las campañas de los almogávares y la expansión mercantil catalana que tiene su firme apoyo en Mallorca, Cerdeña y Sicilia, sin que fuese nunca necesario establecer unidad política. En 1302, al firmarse la paz de Caltabellota, quedaron sin empleo las tropas de profesionales, almogávares, que combatían por Fadrique en Sicilia. El emperador de Bizancio, Andrónico Paleólogo, las contrató a fin de servirse de ellas como defensa contra los turcos otomanos. Ostentaba el mando Roger de Flor, hijo de un halconero de Federico II que muriera en la batalla de Tagliacozzo; miembro de la Orden del Temple, tenía fama de marino diestro y soldado valiente. El emperador le prometió el título de megaduque y la mano de una sobrina suya. Iban con él Berenguer de Entenza, Ferrán Jiménez de Arenos y Berenguer de Rocafort, miembros todos de nobles familias catalanas.

La gran compañía de 6.500 combatientes, a quienes seguían mujeres y niños como si de una emigración se tratase, embarcó en treinta y nueve buques en el verano de 1302. En setiembre estaban en Constantinopla. Los avisados genoveses comprendieron que los rudos almogávares eran, sin saberlo acaso, la vanguardia del comercio barcelonés; mostraron tanta oposición como los turcos. El día de la boda de Roger de Flor con la princesa María estalló un tumulto en que los genoveses experimentaron terribles pérdidas. En octubre, comenzaban las operaciones contra los turcos, que fueron vencidos en la península de Artaki. Muy pronto la alegría que el éxito produjera se disipó; durante el invierno los almogávares cometieron tales violencias que atrajeron el odio de la población griega e hicieron que una parte de las tropas, aquella que se conservaba más sana, se separase de la Compañía y fuese, a las órdenes de Ferrán Jiménez de Arenos, a colocarse bajo el mando de Guy de Laroche, duque de Atenas.

Eficaz pero caro, este es el problema que plantea este tipo de ejército en el siglo XIV. El Imperio bizantino no estaba ya en condiciones de hacer frente a los enormes gastos que los mercenarios requerían. Las pagas se retrasaron y Roger de Flor hubo de adelantar dinero; automáticamente la Compañía se convirtió en una condotta personal, puesto que él la pagaba. En mayo de 1303 logró su segunda victoria en Germe; aquel verano conquistó Philadelphia, tras grandes combates, y luego se retiró a Magnesia a invernar y en espera de que desde Cataluña vinieran las nuevas reclutas. Llegaron en 1304 a las órdenes de Berenguer de Rocafort. Entrando en la meseta de Anatolia, el gran ejército alcanza entonces la línea del Taurus y logra su tercera y más importante victoria el 15 de agosto. No se recogieron los frutos de ella porque el gobernador bizantino de Magnesia, harto de sufrimientos, destruyó la guarnición almogávare de la ciudad y Roger de Flor acudió para tomar venganza. Magnesia estaba cercada cuando Andrónico III reclamó su auxilio contra los búlgaros que amenazaban Constantinopla. Los almogávares se instalaron en Gallípoli en el invierno de 1304-1305.

Finke ha podido demostrar que Berenguer de Entenza era un agente de Jaime II. Los genoveses hicieron correr el rumor —sin que tengamos datos para negarlo o afirmarlo— que trataba de imponer a Bizancio una nueva dominación extranjera. Debiendo enormes sumas que ya no le era posible abonar, el emperador aceptó un acuerdo que convertía a Roger de Flor en César y a Berenguer de Entenza en megaduque. Conscientemente Entenza, que ni siquiera se dignó aceptar las insignias de su nuevo título, acumuló desprecios al emperador como si buscara algún género de ruptura. El 1 de abril de 1305, en el curso de un banquete, el coemperador Miguel IX asesinó a Roger de Flor y a sus compañeros. Entenza escapó de la celada, pero se produjeron matanzas de catalanes en Constantinopla y otros lugares. Berenguer de Entenza asumió el mando supremo pasando a sangre y fuego los alrededores de la capital. El 31 de mayo cayó en una emboscada que le tendiera el almirante genovés Eduardo Doria y fue llevado a Génova como prisionero.

Sin jefe de relieve, los almogávares se encastillaron en Gallípoli, en donde rechazaron el asalto de las tropas imperiales (7 de junio de 1305). Desde allí, en una serie de encuentros y expediciones que sería difícil resumir, causaron terribles daños. Ésta es la venganza catalana, que dejó siniestro renombre. Berenguer de Entenza regresó en 1306, después de haberse rescatado; traía tropas reclutadas en Cataluña y, sin duda, el deseo de encauzar en provecho de su rey el movimiento. También Fadrique de Sicilia enviaba como representante suyo a su primo Ferrán, hijo de Jaime II de Mallorca. Entenza sacó a los almogávares de Gallípoli llevándoles a Macedonia, pero se había producido ya una división irreparable en la Compañía: Berenguer de Rocafort era diametralmente opuesto a cualquier tipo de dependencia respecto a Sicilia o Aragón. En la lucha entre ambas facciones murió Berenguer de Entenza (1306).

Durante seis años la Compañía se convirtió en temible ejército de anarquía y destrucción. Carlos de Valois entró en negociaciones con Berenguer de Rocafort tratando de contratar sus servicios para la conquista de Bizancio, que reclamaba como herencia de su mujer Catalina de Courtenay. Los años 1307 a 1309, mientras duran tales tratos, la Compañía estaba en Cassandria y los tres reinos de la dinastía aragonesa, Cataluña, Mallorca y Sicilia, habían suspendido todos los contactos. Pero el jefe de las tropas francesas a quienes habían de reforzar los almogávares, Teobaldo de Cepoy, se apoderó de Rocafort y de su hermano, y les envió prisioneros a Nápoles. En 1310 Gautier de Brienne, duque de Atenas, alquiló a los almogávares; huéspedes incómodos, trató de librarse de ellos al cabo de unos meses, pero entonces se sublevaron, le dieron muerte y se adueñaron de su ducado. Escogieron como duque a Manfredo, hijo de Fadrique de Sicilia, y a sus descendientes, todos los cuales gobernaron por medio de vicarios sin arriesgarse a comparecer en medio de aquella turba de violencia. Por este camino el ducado de Atenas se incorporó a la corona de Pedro IV en 1379.

XXVII

RESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD MONÁRQUICA

Índices de recuperación

Hacia 1325 el predominio de la nobleza a lo ancho de toda la Península parecía asegurado. No sólo en Castilla, país de las repetidas, largas y perturbadoras minoridades sino también en Portugal, en donde había sido capaz de derribar prácticamente a un rey de tanto prestigio como Dionís, y en Aragón, en donde se apoyaba en la fuerza jurídica del Privilegio General. Se había visto favorecida por la primera crisis agrícola, que detuvo la expansión y fomentó en cambio el sistema de encomiendas, y por el incipiente desarrollo del comercio de materias primas que procedían de sus posesiones o, al menos, pasaban por sus puestos de percepción de rentas señoriales. En el curso de los cinco lustros siguientes, continuando la batalla, el signo de la lucha se hizo favorable a la monarquía. Reyes enérgicos y condiciones más favorables permitieron esta restauración. El Ordenamiento de Alcalá y la abrogación del Privilegio, que tienen lugar el mismo año, señalan un hito en la Historia española.

El restablecimiento de la autoridad se inicia en Castilla antes que en otras partes, acaso porque era también el reino en donde había descendido más. El 13 de agosto de 1325 Alfonso XI, que desde la muerte de María de Molina había estado bajo la custodia del municipio de Valladolid, fue declarado mayor de edad. Triunfaba, en apariencia, el partido del infante don Felipe, que había recogido los restos de colaboración con que contara María de Molina; Álvar Núñez Osorio, Garcilaso de la Vega —nombres nuevos en la nobleza, destinados a hacer fortuna—, Yuçaf de Écija, ocupan los puestos principales. Esto provocó el descontento de don Juan el Tuerto y de don Juan Manuel. Mientras se celebraban Cortes en Valladolid, muy largas, el joven soberano intentaba la negociación con los rebeldes. Apartó a don Juan Manuel con una promesa de matrimonio con la hija de éste, Constanza. Hubo desposorios, pero no boda; lo impedían la escasa edad de la niña y la necesidad de recabar dispensa pontificia. La tendencia inveterada a la rebelión que mostrara don Juan el Tuerto, a pesar de las condiciones de paz que se le brindaran en las vistas de Burgos a principios del 1326, hizo que Alfonso XI diera su primer paso hacia la energía: el 1 de noviembre del mismo año, don Juan murió asesinado.

Alfonso IV de Portugal, en su largo reinado de treinta y dos años, haría un continuo despliegue de autoridad. Su hermano bastardo Alfonso Sánchez, acostumbrado a gran poder en vida de su padre, fue desterrado de Portugal apenas muerto Dionís, bajo acusación de intento de envenenamiento contra el rey. Buscó refugio en Castilla, de donde era su esposa, hija de Juan Alfonso de Meneses, y auxilio en sus parientes y amigos del bando de don Felipe. En 1326 Alfonso y su hijo, Juan Alfonso de Alburquerque, invadieron Portugal. Intervino la reina Isabel y logró un acuerdo entre ambos hermanos. Se devolvieron al bastardo algunos bienes, pero Juan Alfonso de Alburquerque prefirió residir en la tierra de su madre.

El rey de Aragón que en 1327 sucedía a Jaime II, también tenía por nombre Alfonso IV. La influencia francesa y la de los franciscanos habían hecho de él un güelfo, equilibrado en su espíritu, pero celoso al mismo tiempo de la autoridad real. El matrimonio con Teresa de Entenza, nieta del conde de Urgel, Armengol Cabrera, le acercó a los nobles de Cataluña. La conquista de Cerdeña, justo en vísperas de su reinado, le dio gran fama. Pudo, gracias a ella, desarticular una confusa conjura que pretendía sustituirle por su hermano Pedro.

Los éxitos en Granada

La guerra de Granada, con sus treguas y renovaciones de lucha, fue durante quince años termómetro para medir el grado de recuperación de Castilla. Después del asesinato de Isma‘il y de la sucesión de su hijo Muhámmad IV (1325), de sólo diez años de edad, el reino nazarí sufrió gravísima crisis interior. Los voluntarios de la fe, mandados por ‘Uthmán ben Abi-l-Ulá, héroe de la batalla de 1319, no aceptaban la idea de un retorno al régimen civil como pretendía el visir Ibn al-Mahruq. Encastillado fuertemente en Adra, ‘Uthmán llegó a pensar en la conveniencia de destronar a Muhámmad. A la larga, el conflicto entre ambos poderes se resolvió con el asesinato del visir y la entrega del gobierno a ‘Uthmán. Demasiado tarde para que éste pudiera renovar los éxitos de años pasados. Alfonso XI canalizaba las fuerzas hacia la frontera.

En junio o julio de 1326 don Juan Manuel obtuvo una victoria importante sobre los musulmanes cerca de Antequera. Poco después era votado por las Cortes de Medina del Campo un subsidio especial para la guerra de Granada. La batalla del Estrecho entraba en fase decisiva. Ya en la primera campaña, el año 1327 —seguro de la paz en sus fronteras cristianas—, Alfonso XI demostró que la iniciativa se hallaba enteramente en sus manos conquistando Olvera, Pruna, Ayamonte y la Torre de Alhaquin. La discordia interior granadina fue para él poderosa ayuda. En 1330, cuando los castellanos eran dueños de Teba, Muhámmad IV comprendió que no quedaban para él más que dos caminos: obtener la paz de Castilla a cualquier precio o apelar a los benimerines. La idea de una alianza con Marruecos, pese a la oposición de Abu-1-Ulá y al riesgo que esto implicaba, se abre camino.

Sumisión de don Juan Manuel

Salvó, una vez más entre tantas, a Muhámmad IV el alivio de la presión militar a causa de las revueltas en Castilla. Para poner fin al conflicto que se iniciaba en Portugal, Alfonso XI y Alfonso IV acordaron el matrimonio del primero con una hija del segundo llamada María. En consecuencia Constanza Manuel fue rechazada por el castellano. El padre, ofendido, se sublevó buscando, como en lejanos tiempos, el auxilio de sus parientes de Aragón. De este modo, mientras cerraba una brecha en el Oeste, Alfonso XI se enfrentaba con el peligro de guerra en Aragón al mismo tiempo que con una rebelión interna. Mientras las tropas reales sitiaban en Escalona al rebelde, se sublevaban algunas de las más importantes ciudades de Castilla, Valladolid, León, Toro y Zamora, protestando del gobierno abusivo de Álvar Núñez Osorio, conde de Trastámara.

Alfonso XI tuvo pocas vacilaciones en cuanto a la conducta que convenía seguir: exoneró al conde (1328) y comenzó negociaciones con Alfonso IV de Aragón, que acababa de enviudar de Teresa de Entenza. Osorio fue a ofrecer su espada a don Juan Manuel. Murió a consecuencia de este acto, por una orden expresa del soberano acompañada de la confiscación general de sus bienes. La revuelta iniciada en Cerdeña obligó al monarca aragonés a mostrarse condescendiente. En enero de 1329 concertó su propio matrimonio con Leonor, hermana de Alfonso XI, quien hizo expresamente un viaje a Zaragoza para acompañarla. Abandonado de sus amigos exteriores, don Juan Manuel se rindió el 4 de octubre de 1330 y fue perdonado. Alfonso IV quería participar en la guerra de Granada solicitando del Papa la concesión de una Cruzada y de los reyes de Francia y de Alemania que le ayudasen en ella. Durante su primera entrevista con Alfonso XI (Tarazona, enero de 1329) había conseguido que éste autorizase el paso de sus tropas por Murcia.

La imposible pacificación de Cerdeña

Pero estos planes, que resucitaban antiguos proyectos de reparto del reino de Granada, tuvieron que diferirse porque la revuelta iniciada en Cerdeña se endureció de tal manera, que Alfonso IV moriría antes de ver su fin. Dos linajes sardos, Oria y Malaspina, que acogieran el régimen aragonés cuando éste iba contra Pisa, se sublevaron en Sassari instigados y ayudados desde Génova. Los jueces de Arborea se conservaron fieles al rey de Aragón. La represión que las tropas aragonesas ejercieron sobre los rebeldes motivó una guerra abierta con la gran república italiana, renovándose en ella rivalidades mercantiles y antiguos odios entre güelfos y gibelinos; sólo que en esta ocasión Cataluña aparecía como ejecutora de los planes güelfos, y los gibelinos genoveses eran los más ardientes enemigos suyos.

Comenzaba ahora la pugna entre Génova y Cataluña que, extendiéndose a todo el Mediterráneo, duraría más de siglo y medio sin que las frecuentes treguas consiguiesen crear clima más favorable. En 1330 Aiton Doria estableció el bloqueo en torno a la isla, y los catalanes replicaron al año siguiente saqueando las costas de Savona. Aparecieron los corsarios y comenzaron con ellos los grandes daños para el comercio de ambos contendientes. Sufrirían más los catalanes que los genoveses. Alfonso IV hubo de hacer un gran esfuerzo para armar la flota que colocó en 1332 a las órdenes de Ramón de Cardona.

Los sucesos se desarrollaron desfavorablemente para la Corona de Aragón que hubo de hacer frente a combates no sólo en las costas sardas sino también frente a las de Cataluña. En 1334 los genoveses se apoderaron de Terranova, al norte de la isla, y consiguieron establecer su control sobre la mayor parte de ella. Los altos oficiales aragoneses consideraron la situación tan apurada que decidieron pedir auxilio al rey de Sicilia. Por su parte, Alfonso IV abrió negociaciones para obtener del Papa y de Génova la firma de la paz. No se logró una suspensión hasta el año 1336, fallecido ya el rey.

Leonor de Castilla, reina de Aragón

El otro gran problema de Alfonso IV se había planteado a raíz de su matrimonio. De Teresa de Entenza tenía ya tres hijos, Pedro, futuro rey, Jaime, conde de Urgel, y Constanza, casada con Jaime III de Mallorca. De Leonor nacieron Fernando y Juan. Un fuerte partido aragonés, encabezado por don Pedro de Luna, arzobispo de Zaragoza, se agrupaba en torno al primogénito. Otro, con Ramón Cornell y Bernardo de Sarriá como figuras descollantes, apoyaba a la nueva reina en sus pretensiones de lograr ricos patrimonios para sus hijos. En 1328, poco después de su coronación, Alfonso IV había confirmado una Ordenanza de Jaime II que declaraba inseparables Aragón, Cataluña, Valencia y el vasallaje de Baleares y los condados pirenaicos (14 de diciembre). Sería invocada como argumento por quienes se oponían a la creación de señoríos extensos y homogéneos. En 1329 se había producido además, en las Cortes de Valencia, una querella entre los partidarios de regirse por el Fuero de Aragón y los que defendían un privativo Fuero valenciano. Tras ella afloraban las discordias de la Unión.

Alfonso IV dio a su hijo Fernando el título de marqués de Tortosa, contra la voluntad de los habitantes de esta ciudad; creó para él en dos etapas un enorme patrimonio que incluía Alicante, Elda, Novelda, Guardamar —es decir todas las tierras cobradas por Jaime II en Castilla— además de Albarracín, Alcira, Játiva, Murviedro, Morelia, Castellón y Burriana. Equivalían estas donaciones a un reparto, pues en adelante nada podría el primogénito sin la buena voluntad de su hermano. Pedro, niño de trece años, carecía de fuerza para oponerse. Los esfuerzos del arzobispo Juan de Tarragona resultaron inútiles. Valencia, para quien resultaba especialmente lesiva la anunciada segregación, tomó cargo de la protesta (1332). El representante de la ciudad, Guillem de Vinatea, usó tan violentos términos que causó el escándalo de la reina. Pero las donaciones fueron revocadas y Alfoso IV prometió abstenerse de otras, salvo a los hijos de su primer matrimonio, en un plazo de diez años.

Mientras el rey, en declive, se entregaba con ahínco a los proyectos irrealizables de cruzada, nacía tremenda oposición, teñida de recíproco temor, entre Leonor de Castilla y su hijastro Pedro. Éste, siguiendo el parecer de sus consejeros, trataba de conseguir de Benedicto XII una bula que sancionase solemnemente las promesas de unión entre los estados de la Corona. En 1335, al enfermar Alfonso IV —habría de morir el 24 de enero de 1336— Leonor abandonó la Corte y se aproximó a la frontera de Castilla a fin de trasponerla apenas falleciera su marido.

La sumisión de la nobleza castellana

En 1331 —el año en que comienzan, como veremos, los grandes preparativos para la gran batalla del Estrecho— ocurren dos grandes sucesos en la vida de Alfonso XI: su encuentro con Leonor de Guzmán, pariente del héroe de Tarifa, a la que convertirá en su amante oficial, verdadera reina que suplanta a la fracasada María de Portugal, madre sin embargo del legítimo heredero; la llegada a la Corte de Alfonso de la Cerda, que le rindió homenaje, poniendo de este modo fin a la prolongada querella sucesoria. El apartamiento de María enfrió la amistad que Alfonso IV de Portugal profesaba a su yerno, y esto tuvo reflejo sobre las cuestiones internas que volvían de nuevo a agudizarse.

En 1332 Alfonso XI se hizo coronar con gran solemnidad en Burgos, recibiendo la caballería del muñeco de madera de Santiago que aún se conserva. A estas fiestas no asistieron don Juan Manuel ni don Juan Núñez de Lara, hijo de Fernando de la Cerda y Juana Núñez, heredero de don Juan el Tuerto y pretendiente al señorío de Vizcaya; juntos condensaban la más acrisolada representación de la nobleza. La querella entre el rey y estos magnates se envenenó este mismo año cuando la Cofradía de la Hermandad de Álava, reunida en Arriaga, decidió no admitir otro señor que el propio rey; evidenciaba una tendencia muy fuerte del país vasco a rechazar el régimen de señorío. El monarca ganó algo que no esperaba y que en los años próximos será de gran importancia: la fidelidad de los linajes alaveses, pobres, ambiciosos, leales y valientes, los Ayala, Mendoza, Orozco, Estúñiga, etc. Fijemos nuestra atención en ellos, pues tocamos el origen más remoto de la nobleza trastamarista.

Alfonso XI pudo atribuir a la actitud rebelde de los nobles la pérdida de Gibraltar, caída en manos de los benimerines. Según era ya su costumbre decidió aplicar duras sanciones. Juan Núñez se encerró en Lerma, en donde sostuvo el asedio de las tropas reales. Don Juan Manuel se hizo vasallo del rey de Aragón, al mismo tiempo que anudaba relaciones con Portugal para el matrimonio de su hija Constanza con el heredero de Alfonso IV, el futuro rey Pedro. Uno y otro impusieron a Alfonso XI una avenencia ventajosa para ambos. Don Juan Manuel tuvo para sí el enorme señorío de Villena, del que se titulaba príncipe. Esto sucedía en 1334.

Apenas una tregua. Las espadas esperaban la solución del pleito sucesorio aragonés. En 1336, habiendo hallado refugio en Castilla Leonor, acompañada por sus hijos, don Juan Manuel puso en pie una vasta coalición de resentidos, Alfonso IV de Portugal, que lo era por María, esposa abandonada, y Pedro IV de Aragón, que temía los auxilios que desde Castilla pudieran darse a sus hermanastros. Pero Alfonso XI hizo frente a la crisis con tremenda decisión: sitió estrechamente a Juan Núñez en Lerma y a don Juan Manuel en su larga fortaleza de Peñafiel, detuvo a los portugueses invasores en Villanueva de Barcarrota y realizó incluso dos entradas en el país vecino en 1337. Los dos nobles se rindieron. En adelante, y hasta su muerte, el gran monarca castellano podría gobernar sin oposición alguna. Era la victoria de la monarquía.

Victoria en el Estrecho: El Salado

El 19 de febrero de 1331 Muhámmad IV había firmado una tregua a fin de contener el empuje castellano y ganar tiempo para reagrupar sus maltrechas fuerzas. Estaba decidido a eliminar a los herederos de Abu-l-Ulá y a cuantos se opusieran a la alianza con Marruecos que veía como tabla única de salvación. Alfonso XI hubo de aceptar porque necesitaba también tiempo para combatir a los nobles. El rey de Granada, fue a África y, a sus instancias, un hijo del benimerín ‘Abd al-Málik, pasó a la Península con cinco mil hombres y se adueñó de Gibraltar merced a la traición de su alcaide, Vasco Pérez de Neira o de Meira. Alfonso XI llegó con un día de retraso para salvarla. Intentó el asedio, pero Muhámmad IV le obligó a retirarse (24 de agosto de 1333). Los dos reyes se entrevistaron para negociar. En el regreso, antes de llegar a Granada, Muhámmad fue asesinado por caballeros zenetes que temían las consecuencias que para ellos podía tener la alianza marroquí.

Los mismos asesinos proclamaron rey a Abu-l-Hachchach Yusuf, hermano del muerto, uno de los más grandes soberanos nazaríes. Amante de la paz y valiente, daría organización definitiva a los voluntarios de la fe, antemural defensivo del reino, sometidos ahora directamente a la corona. Dos célebres personajes fueron sucesivamente visires, Abu-1-Nu‘ayn Ridwán —el Reduán Venegas de nuestro romancero— e Ibn al-Jatib, el famoso historiador. Con su ayuda Yusuf I reorganiza y centraliza la administración y reforma la Gran Madraza de Granada hasta convertirla en auténtica Universidad. A pesar de la sombra que proyectaba Alfonso XI, supo elevar su reino a la máxima prosperidad.

Aunque el rey de Granada pretendía conservar la paz, era imposible: tomado entre dos imperialismos en expansión, castellano y marroquí, era forzoso elegir y Yusuf escogió el camino que su hermano había tomado en agosto de 1331 cuando firmó la alianza con Abu-1-Hassán de Fez. La influencia africana sobre la vida granadina se intensificó. Aprovechando las dificultades internas de Castilla, obtuvo de Alfonso XI tregua de cuatro meses (16 de octubre de 1333) que habría de convertirse, en marzo de 1334, en paz de cuatro años, incluyendo a Marruecos. Los benimerines se comprometían durante este tiempo a no aumentar sus contingentes en la Península. Era tan sólo un plazo antes de la gran batalla. En 1337 Bernardo de Concerech, juez de los cristianos en Fez, advertía a Pedro IV que un gran ejército se preparaba en Marruecos. Al concluirse en 1338 la paz, los musulmanes no hicieron intento alguno para renovarla.

El anunciado ejército marroquí, a las órdenes del mismo ‘Abd al-Málik que conquistara Gibraltar en 1333, desembarcaba en la Península el año 1339. Los españoles estaban preparados y una flota conjunta castellana y aragonesa, a las órdenes de Gilabert de Cruilles y de Jofre Tenorio, derrotaba a los musulmanes, cortaba sus comunicaciones con las bases de retaguardia y hacía posible la derrota y muerte de ‘Abd al-Málik. Abu-l-Hassán vino personalmente a tomar la revancha y puso cerco a Tarifa que, por tercera vez, iba a ser clave de la lucha. El 16 de abril de 1340 el almirante Jofre Tenorio fue derrotado y muerto. Los musulmanes eran provisionalmente dueños del mar. Durante un verano largo y agotador Tarifa resistió los embates benimerines, mientras Alfonso XI concentraba su ejército en Sevilla y esperaba el arribo de Alfonso IV de Portugal. El 30 de octubre de aquel mismo año las fuerzas combinadas de los reyes cristianos lograron la victoria decisiva del Salado, última de las grandes batallas de la Reconquista.

Los benimerines fueron definitivamente arrojados de la Península. Terminaba la lucha por el dominio del Estrecho, que sería en adelante castellano. Yusuf I, aunque apenas había participado en la gran batalla, podía temer incluso que los cristianos se decidiesen a lanzar el ataque final sobre Granada, ahora que estaban en condiciones de hacerlo; ignoraba acaso las graves deficiencias económicas que comenzaban a presentarse. En 1341 Alfonso XI conquistaba Alcalá la Real, Priego, Benamejí y Matrera. En agosto de 1342 comenzó el cerco de Algeciras, que habría de durar hasta marzo de 1344. Yusuf I trató de salvar la plaza, pero fue derrotado a orillas del río Palmones (noviembre de 1343). El 25 de marzo de 1344 firmaba una paz a la cual se adhirió Marruecos. Pero en 1350, sitiando Gibraltar, Alfonso XI moriría a causa de la peste que azotaba todo el Occidente. La gran fortaleza no pudo ser recobrada.

La penetración mercantil castellana en Flandes

Cierta antiquísima tradición atribuye a Alfonso XI el establecimiento en Castilla de rebaños de ovejas que se llamaron merinas por su origen merinida, marroquí. No hay motivos fundados para otorgar gran crédito a dicha tradición. De hecho, aunque las Mestas de pastores datan de la época de Alfonso X, es en la primera mitad del siglo XIV cuando Castilla se convierte en formidable potencia ganadera y cuando el impulso del oro que los genoveses traen de África a Sevilla, permite la apertura de sólidas rutas mercantiles. Desde 1324, si no antes, los comerciantes castellanos tenían libre acceso a los puertos de Aquitania que se hallaban bajo administración inglesa. Hacía más de treinta años que las ciudades de la costa cantábrica, desde Laredo hasta Fuenterrabía, se agrupaban en una Hermandad de la marisma para defender sus comunes intereses. Piratas y comerciantes al unísono llegaban, antes de 1330, a los puertos ingleses, normandos y flamencos, especialmente a Brujas.

Entonces comenzó la terrible lucha entre Inglaterra y Francia que llamamos guerra de los Cien Años. Desde 1331 Eduardo III concibió la idea de llegar a una estrecha alianza con Castilla, única potencia capaz de competir en el mar con Inglaterra; Francia quedaría reducida a la impotencia. Pero las intenciones de Alfonso XI eran muy distintas; prefería conservar la neutralidad, negociar con ambos contendientes y sacar ventajas de una revuelta situación. Seguramente esta opinión no era compartida por los nobles a sus órdenes, que tendían a inclinarse del lado francés, y, desde luego, había un argumento que jugaba en favor de Francia, la necesidad de evitar que Navarra recibiese auxilios de ella. Los embajadores que Felipe VI envió en 1336 llegaron a Lerma cuando Alfonso XI sitiaba a Juan Núñez de Lara y soportaba ataques navarros. El monarca castellano eludió compromisos demasiado fuertes y concertó en París un tratado de amistad (27 de diciembre de 1336) que, dejando a salvo las buenas relaciones con Inglaterra, permitía, sin embargo, a los franceses contratar naves cantábricas para su servicio. Un aspecto importante de la negociación fue que se concediera recíproca libertad de comercio.

En 1338 las naves castellanas ejercieron, por cuenta de Francia, el bloqueo del Canal de la Mancha. Su eficacia tuvo doble efecto puesto que favoreció el acceso de los mercaderes españoles. Cuando en 1339 los ingleses rompan el bloqueo ganando la batalla de la Esclusa de Brujas, los castellanos no estaban entre los vencidos y pudo reputarse su ausencia como causa del revés; la realidad era que los franceses encontraban demasiado caros los fletes. Alfonso XI, que no había roto en momento alguno sus estrechas relaciones con Inglaterra, aprovechó esta circunstancia para actuar como mediador de una tregua —Esplechin, 1340— que a nadie favorecía tanto como a sus súbditos. Diego Rodríguez de Arellano, de Rioja, y Juan Hurtado de Mendoza, alavés, le representaron. Inglaterra correspondió a las muestras de buena voluntad enviando cincuenta mil florines para el cerco de Algeciras. La victoria del Salado convertía a Alfonso XI en una de las primeras potencias de Europa.

Curiosa postura la del rey de Castilla: sus súbditos vascos le inclinaban a negociar cada vez más estrechamente con Eduardo III; la Corte y el clero preferían la amistad francesa. Alfonso XI ejecutaba movimientos de vaivén, conforme uno u otro de los bandos iba cobrando éxitos. En el verano de 1343 los ingleses propusieron la creación de un tribunal mixto que arbitrase las querellas a causa de piratería; esta propuesta dio origen al tratado de 28 de abril de 1344 que afectaba a vascos y aquitanos. Pero al evolucionar la guerra en sentido favorable a Francia, el rey de Castilla abrió sus oídos a las presiones del Papa y firmó con Felipe VI una alianza (1 de julio de 1345) mucho más estrecha que la de 1336, arriesgándose incluso a perder la amistad inglesa.

Una cláusula del tratado nos da razón de la condescendencia. Alfonso XI buscaba protección exterior para Leonor de Guzmán y sus hijos. Intervino en la firma del tratado don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, futuro cardenal. Se esbozó entonces un proyecto de matrimonio del príncipe heredero, Pedro, con Blanca de Navarra, nieta del rey de Francia. Gil Bocanegra, almirante genovés al servicio de Castilla, iba a encargarse de llevar una escuadra de doscientas velas contra los ingleses.

El 25 de agosto de 1346 los franceses sufrieron una terrible derrota en Crecy. El panorama cambia bruscamente y Alfonso XI tiene que reconocer que se ha precipitado en sus juicios. Ya a fines de 1347 le encontramos decidido a sustituir la esposa francesa por otra británica para su hijo Pedro; Eduardo III ofrecía trescientos cincuenta mil escudos de dote y las mismas garantías para Leonor y sus hijos. En las Cortes de Alcalá de 1348 —las famosas del Ordenamiento— los procuradores solicitaban del rey que pusiera fin, negociando, a los graves daños que causaban los piratas ingleses. Eduardo se apresuró a enviar a su hija, Juana, para que pudiera celebrarse el matrimonio. Pero la princesa murió durante el viaje.

Nuevamente un punto de equilibrio. Alfonso XI no había tenido que comprometerse demasiado. La diplomacia francesa volvió a la carga con sus valedores eclesiásticos. Podía ejercer atracción sobre los mercaderes: el 4 de noviembre de 1348 los castellanos recibieron en Flandes iguales privilegios que los de los miembros de la Hansa. Cuando murió el rey, nada se había resuelto respecto a las alianzas exteriores, excepto en un punto: las preferencias del tercer estado iban hacia Inglaterra, las del clero y la nobleza hacia Francia.

El ordenamiento de Alcalá

Las Cortes —institución ésta de la que todavía sabemos muy poco— se reunían ya con regularidad, demostrando el apoyo que la monarquía estaba recibiendo del tercer estado. Es muy lógico: para las ciudades, cuyos representantes eran simples caballeros u hombres buenos, la autoridad real garantizaba contra abusos y atentados de los señoríos. En gran parte el apoyo era económico, en forma de subsidios regularmente votados. Resultaba normal que los procuradores pidiesen a cambio ciertas concesiones legislativas; los «cuadernos» se hacían en cada sesión más amplios y apremiantes. Insensiblemente se otorgaba a las Cortes un papel legislativo. La frecuencia de las reuniones es índice de la intensidad del trabajo. Tenemos noticia de las de Valladolid (1325), Medina del Campo (1326), Madrid (1329 y 1339), Llerena (1340), Alcalá de Henares (1345), Burgos (1346), de nuevo Alcalá (1348) y León (1349).

En las segundas Cortes de Alcalá, las de 1348, fue promulgado el famoso Ordenamiento que, aprovechando la doctrina de Las Partidas, calificada oficialmente entonces de norma jurídica para todo el reino, intentaba crear, por vez primera, la unidad legislativa. Era término de llegada para un proceso de maduración política que permite hacer un alto en la historia castellana. Los Trastámara invocarán a menudo el Ordenamiento; afirmándose continuadores de Alfonso XI, tratarán de proporcionarse una plataforma de legalidad en estas Cortes y en el régimen que ellas representaban.

Una tragedia doméstica en Portugal

Las guerras civiles castellanas dejaron trágica secuela en el país vecino. En febrero de 1336 Alfonso IV de Portugal había hecho celebrar por poderes la boda de su heredero Pedro con Constanza Manuel. Alfonso XI se opuso a que la princesa abandonara Castilla y empujó al soberano portugués a intervenir en la contienda civil: sus tropas atacaron en Galicia, Badajoz y, por mar, en la desembocadura del Guadalquivir, Los castellanos replicaron vigorosamente logrando una victoria en el cabo de San Vicente y saqueando las inmediaciones de Oporto. Se hacía visible el comienzo de una rivalidad marítima. La guerra terminó en noviembre de 1338 al intervenir el legado Bernardo, obispo de Rodez, quien cambió la rivalidad en alianza contra los musulmanes. El rey de Portugal y los suyos participaron como sabemos en la batalla del Salado. Alfonso IV y Alfonso XI se vieron en Juromenha, en donde María de Portugal jugó su última carta como reina de Castilla.

Al fin pudo celebrarse con solemnidad el matrimonio de Pedro y Constanza Manuel (agosto de 1340). Entre las doncellas del séquito de la nueva princesa figuraba la bellísima Inés Pérez de Castro, bastarda del noble gallego Pedro Fernández de Castro, a la cual llamaban Cuello de Garza. El infante se enamoró de ella cuando habían nacido tres hijos de Constanza. Para obviar el escándalo, Alfonso IV hizo alejar de la Corte a doña Inés, que vino a instalarse en Alburquerque, al lado de su tía Teresa, viuda del bastardo Alfonso Sánchez. Las ligazones familiares que alentaban muchos de los objetivos de la nobleza se mezclaban en lo que los literatos han creído solamente una historia de amor.

En 1345, muerta Constanza, Pedro e Inés se unieron; el infante afirmará luego que hubo matrimonio. De hecho comenzaron a nacer hijos: Alfonso, que murió pronto, Juan, Dionís y Beatriz. Los bastardos eran considerados como un peligro, y los Castro como una amenaza para la seguridad de Portugal, porque Álvar Pérez y Fernando de Castro arrastraban a Pedro a favorecer el partido nobiliario que, en el momento de la muerte de Alfonso XI, acaudillaba Juan Alfonso de Alburquerque, hijo de Alfonso Sánchez. En la grave enfermedad que Pedro I de Castilla sufrió, hubo probablemente insinuaciones acerca de los derechos que podían corresponderle a su homónimo de Portugal. Los consejeros de Alfonso IV, Pedro Coelho, Alvaro Gonçalves y Diego Lopes Pacheco, se alarmaron y alarmaron al rey: si el pequeño Fernando, hijo de Constanza, frágil infante, llegaba a desaparecer, serían los hijos de Inés de Castro herederos de Portugal y, con ellos, los Castro y los partidarios de Alfonso Sánchez. No sabemos qué viejos rencores soterrados pudieron influir. El viejo rey celebró una entrevista con Inés en el palacio que ésta ocupaba cerca de Coimbra y se enterneció, pero acabó dejando que sus consejeros resolviesen. Y éstos la asesinaron el 7 de junio de 1355.

Pedro mostró los primeros síntomas de la extraña violencia o locura que padecería. Ayudado por los Castro, fuertes en Galicia, asoló las tierras entre Miño y Duero. Acudió el rey y, mediando su esposa y el prior del Hospital, accedió a firmar un acuerdo con su hijo (14 y 20 de agosto de 1355). Mutuamente ambos se otorgaron perdón. El príncipe guardó escondido su rencor, atento a darle suelta cuando su padre desapareciera, el 28 de mayo de 1357.

Independencia de Navarra

Por estos años el pequeño reino pirenaico recuperó su independencia, perdida en la práctica aunque no teóricamente desde el matrimonio de Juana de Champagne con Felipe de Francia (1284), que reinaría como Felipe IV. Convertida en apéndice de Francia —hubo unión personal de ambas coronas, pero no fusión— Navarra participó en las guerras entre este país y la corona de Aragón y fue plataforma para las aspiraciones de los infantes de la Cerda. Pero existía sin duda fuerte oposición al régimen francés, ligada a circunstancias económicas que la ponían en relación de intereses con el valle del Ebro y los puertos vascos. Se dibujaban ya, a principios del siglo XIV, las líneas divisorias entre Montaña y Ribera, tan influyentes en las centurias posteriores.

En 1305, al producirse la muerte de la reina Juana, las Cortes reclamaron su independencia exigiendo la presencia del primogénito para coronarle rey. Éste fue Luis I, que juró los fueros en 1307 y recibió la corona. En 1313 sucedió a su padre en Francia como Luis X el Hutin. Navarra pasó a gobernarse por lugartenientes. Nobles y ciudades no desaprovechaban la ocasión de aumentar sus privilegios. Tampoco los reyes se desinteresaban de la anexión. Cuando Luis X murió, su hermano Felipe V, que alegando la ley sálica obtuvo la corona francesa, pudo retener el trono de Navarra aunque en este país nada se oponía a que fuese recibida como reina Juana, hija del difunto (1316). Muerto Felipe V (1320), un tercer hermano, Carlos IV, repitió la operación. Pero al desaparecer éste, también sin descendencia masculina, las Cortes de Navarra toman la iniciativa de proclamar a Juana, que estaba casada con Felipe de Evreux (1328).

Felipe y Juana fueron coronados con solemnidad en 1329. Sus relaciones con Castilla eran malas y en 1334, en conexión con las inquietudes internas de este último reino, se produjo una guerra, corta y tenaz, en que los navarros se apoderaron de Fitero y Tudegen, amenazando a Logroño, defendida con valor y encarnizamiento por Ruy Díaz de Gaona. En la paz de Fraces, cerca de Viana (1336), Navarra pudo conservar sus conquistas. Hubo luego un período de amistad; Felipe III concurrió con su ejército a la toma de Algeciras.

Pedro IV. La paz con Castilla

El reinado de Pedro IV, que coincide con la máxima expansión catalana —la Corona de Aragón adquiere su definitiva factura de commonwealth de estados mediterráneos bajo la suprema inspiración de Barcelona— presencia también en su segunda fase el comienzo de la recesión tras el azote de la peste negra. No en balde dura medio siglo. Dos son los principales acontecimientos de la primera parte del reinado: la restitución a la unidad de los reinos creados y disociados en la última centuria, y el refuerzo de la autoridad real frente a la nobleza. De ningún otro soberano medieval se ha conservado tanta documentación. Legalista hasta la saciedad —de ahí el sobrenombre de Ceremonioso— encubrió con procesos sus más desatadas ambiciones, justificando siempre como actos de derecho las acciones políticas.

Al coronarse en Zaragoza, con gran disgusto de los catalanes que querían que se antepusiese Barcelona, tomó en sus manos la corona a fin de demostrar que no tenía dependencia alguna respecto a la Iglesia. Juró luego los fueros de Cataluña en Lérida (junio de 1336) y pasó a Valencia sin visitar Barcelona. Su primera preocupación será eliminar los dominios que el testamento de Alfonso IV creara para la reina Leonor y sus dos hijos, Fernando y Juan, a quienes apoyaban don Pedro de Exérica, cabeza de la nobleza valenciana, y el rey de Castilla. En las Cortes de Valencia dispuso la confiscación de bienes contra Exérica, Leonor y los infantes, que no habían comparecido. Luego acogió a don Juan Manuel, entonces en rebeldía, para compensar la ayuda que Alfonso XI prestaba a sus enemigos. Comenzó una guerra no declarada de pequeños golpes de mano en la frontera.

Esto no convenía a Pedro IV en modo alguno. Por eso aceptó las sugerencias que, de un lado, su tío el infante Pedro, del otro don Juan Manuel, le hicieran para resolver las diferencias por vías de concordia. Pedro de Exérica fue perdonado, se devolvieron las rentas a Leonor y los señoríos a sus hijos, se firmó por último una paz con Castilla (29 de octubre de 1338) que inauguraba nuevo y fecundo período de amistad. El soberano aragonés hizo honor a los pactos: sus buques desempeñaron un papel esencial en la batalla del Estrecho haciendo posible el Salado y la conquista de Algeciras. Sin embargo no demostró nunca intención de reivindicar los antiguos acuerdos que le autorizaban a emprender la guerra en Almería; su interés se centraba en el Mediterráneo, Baleares, Cerdeña, Sicilia y Atenas.

La reincorporación de Baleares

Desde 1295 Jaime II había vuelto a sentarse en el trono de Mallorca, aumentado con Menorca por cuidados catalanes. Pudo reinar sin inquietud hasta su muerte, en 1312, manteniéndose dentro de la órbita de Barcelona. Como Dionís de Portugal, tuvo fama de proteger la agricultura. Le sucedió su hijo Sancho (1312-1324), que se comportó como fiel vasallo del soberano aragonés, cooperando en la conquista de Cerdeña. Aunque con diferente monarca, catalanes y mallorquines acostumbraban a considerarse miembros de una misma comunidad. Sancho murió sin hijos e hizo reconocer como heredero a su sobrino Jaime III, hijo del infante don Fernando, bajo regencia del tercer hermano, Felipe, canónigo de la iglesia de Palma. Aunque Jaime II de Aragón protestó estimando que la rama mayor de la dinastía debía preferirse a la colateral, las Cortes de Lérida de 1325 reconocieron el derecho del mallorquín y no el de su propio rey. Éste concertó el matrimonio de Jaime III con su nieta Constanza, hija de Alfonso IV. El nuevo rey escogió como residencia preferente Perpiñán y estuvo sometido a gran influencia francesa.

Hubo cierta resistencia por su parte a prestar el homenaje feudal a Pedro IV; al fin lo hizo en Barcelona el 17 de julio de 1339. Pero cuando, a renglón seguido, el rey de Aragón hizo un viaje a Avignon para el vasallaje por él debido al Papa a causa de Córcega y Cerdeña, concibió enorme disgusto al comprobar la influencia francesa en la Corte pontificia y el favor que ésta prestaba a Jaime III en detrimento de su soberanía. Al año siguiente se produjo un conflicto entre el rey de Mallorca y Francia, que intentaba apoderarse de Montpellier. Jaime acudió a Montblanc pidiendo a Pedro ayuda, pero éste la pospuso a una previa demanda a Felipe VI para que se abstuviese de guerra mientras el pleito no se viera ante juez justo. Jaime III se encolerizó: por medio de un mensajero avisó a su soberano que haría la guerra a Francia y le invitó a enviar su ejército a Perpiñán para el 20 de abril de 1341. El consejo dudaba ante situación tan delicada pues, en pura norma feudal, el soberano estaba obligado a prestar auxilio al vasallo en peligro. Pero Pedro IV apeló a una de sus argucias: convocó las Cortes para el 25 de marzo; si Jaime no acudía —y era insensato abandonar la frontera al comienzo de la guerra—, podía ser declarado desleal cesando la obligación de ayuda.

Así se hizo. El rey de Aragón dispuso luego el comienzo de un proceso al que añadió el cargo de acuñación indebida de moneda y circulación ilegal de piezas extranjeras. Citado para el 25 de marzo de 1342, Jaime III no acudió. Cuando vio que las intenciones de su cuñado eran serias, obtuvo a través del Papa un salvoconducto y fue a Barcelona. Hubo una confusa historia. Pedro IV afirmó que conocía una intriga urdida por Jaime para apoderarse de su persona, aunque nos faltan datos para comprobar si esto es verdad. La reina Constanza abandonó a su marido volviendo a la Corte de su hermano. Y el mallorquín huyó proclamando que había sido quebrantada la seguridad que recibiera (julio de 1342). Concluido el proceso, Jaime fue condenado como contumaz a la pérdida de todos sus bienes.

Mallorca, inclinada hacia Cataluña, recibió con indiferencia el cambio de rey. El 25 de mayo de 1343 la flota de Pedro IV llegaba a Santa Ponza y, tras vencer la resistencia del castillo de Pollensa, hizo decretar la anexión de la isla. El 22 de junio Pedro fue coronado. Perpiñán, en cambio, resistió y hubo que sitiarle. Las dificultades de la guerra —el ejército fue convocado por hueste real, es decir, sin sueldo— movieron a Pedro IV a aceptar un acuerdo con el cardenal de Rodez, legado pontificio, para diferir la ejecución de la sentencia (19 de agosto de 1343). Fue apenas una tregua, pues en la campaña de 1344 toda resistencia quedó vencida y Jaime III se rindió (15 de julio). Pedro IV le envió a Berga, pero desobedeciendo las órdenes se fue a San Cugat de Vallés. Las decisiones del Parlamento —diez mil libras anuales de renta y algunos señoríos— le parecieron tan vejatorias, que se sublevó. Después de intentar sin éxito sublevar Puigcerdá, buscó refugio en Francia. La venta de los derechos a la baronía de Montpellier permitió a Jaime armar un ejército que condujo por mar a Mallorca, pero fue derrotado y muerto en la batalla de Lluchmayor (25 de agosto de 1349). Su heredero, también llamado Jaime, cayó prisionero.

La victoria sobre la Unión

La actitud de la nobleza, que se sentía fuerte con el privilegio llamado de la Unión, era de abierta independencia respecto al monarca. El hermano de éste, Jaime, conde de Urgel, se consideraba como cabeza del estamento y Pedro IV le atribuía la responsabilidad de ciertas inquietudes que se habían producido en 1343 durante la campaña del Rosellón, así como de ciertas críticas por su comportamiento con Jaime III. El entendimiento con un rey que, apoyándose en la ley, tendía a incrementar su propia autoridad, era sumamente difícil. El 15 de noviembre de 1344 Pedro IV promulgó las Ordenanzas que reglamentaban el gobierno de su Casa, su Cancillería y su Capilla, embrión de burocracia al servicio de la monarquía. El canciller presidía un numeroso organismo en que se escalonaban el vicecanciller, protonotario, escribanos, mensajeros, selladores, promovedores, asesores de conciencia, oidores y porteros. El maestre racional, con auxilio de un lugarteniente, doce escribanos, el tesorero, con su equipo, y el escribano de ración, controlaba las finanzas. Los más elevados cargos de estos organismos se incorporaban, junto a personas de directo nombramiento real, a un Consejo que iba pareciéndose cada vez más a un tribunal de justicia para causas penales y a un supremo rector de la vida nacional.

En 1345, preocupado por la sucesión, Pedro IV, que tenía solamente dos hijas, Constanza y Juana, inició consultas acerca de la conveniencia de que la mayor de ellas fuese reconocida como heredera. Había un precedente en Aragón, con Petronila, pero ninguno en Cataluña. Jaime, conde de Urgel, heredero presunto si se afirmaba el derecho masculino, se opuso violentamente. La muerte de la reina María agravó las cosas. Pedro IV dispuso (23 de marzo de 1347) que a falta de hijos varones, Constanza fuese reconocida como heredera; justificaba el decreto con la opinión de un consejo de juristas. El conde de Urgel fue privado del cargo de procurador general. Don Pedro de Exérica, leal al soberano, recibió el nombramiento de gobernador de Valencia, en un esfuerzo inútil para detener la revuelta. Desde Zaragoza, Jaime de Urgel invitaba a los nobles y ciudades a restablecer la Unión para impedir los abusos del rey y llamaba a sus hermanos, Fernando y Juan, que acudían desde Castilla. Pedro IV pasó a Barcelona, que no se sumaba a la revuelta, y dejó en suspenso la calificación de heredera de la infanta. Demasiado tarde. Los unionistas controlaban ya el reino de Aragón, excepto Huesca, Daroca, Teruel y Calatayud, se extendían a Valencia, obligando a Pedro de Exérica y su junta de defensores del rey a retirarse a Villarreal, y convocaban Cortes en Zaragoza.

Siguiendo los consejos de Miguel de Gurrea, gobernador, y García Fernández de Castro, justicia de Aragón, quienes consideraban necesaria su presencia para alentar a los fieles, Pedro IV decidió acudir a Zaragoza. Pero antes de partir firmó un acta secreta (9 de junio de 1347) declarando nulas las concesiones que, falto de libertad, le fuesen arrancadas. En la ciudad, llena de tropas de los nobles para amedrentar al rey, éste se halló prácticamente preso. Las Cortes destituyeron a los consejeros fieles sustituyéndoles por otros afectos a la Unión, pero el monarca llamó a Bernardo Cabrera, que estaba en el monasterio de San Salvador de Brià, y le hizo mayordomo mayor; éste comenzó una labor de zapa, atrayéndose, entre otros, a Lope de Luna, Blasco de Alagón y los Cornell. Los unionistas exigían ahora la revocación del principado de Constanza, el cumplimiento de las mercedes de Fernando y Juan, el restablecimiento del conde de Urgel en la procuradoría y la convocatoria anual de Cortes todas las fiestas de Santos. El 6 de setiembre de 1347 Pedro IV aceptó las demandas, pero no se sentía obligado por la concesión; a mayor abundamiento hizo levantar acta ante Juan Fernández de Heredia, castellán de Amposta, de que cedía a la fuerza. La tensión era insoportable: el rey había llamado traidor a su hermano desafiándole.

El 24 de octubre Pedro IV emprendía regreso a Cataluña; sus flamantes consejeros, a quienes no había convocado, se abstuvieron de acompañarle por temor al castigo. Celebraba Cortes en Barcelona cuando murió en esta misma ciudad Jaime de Urgel, probablemente víctima de la peste, aunque no faltaron rumores que afirmaban que había sido envenenado. El rey había hallado una fuente de dinero en la dote de Leonor de Portugal, con quien se casó en Barcelona. Cuando los unionistas de Valencia exigieron su presencia, decidió acudir, pero con un ejército. No logró la victoria; en dos encuentros (Játiva y Bétera) sus tropas quedaron fuera de combate. Los nobles se sentían plenamente victoriosos: llamaban al infante Fernando para que fuera a Valencia a tomar posesión de la primogenitura que le correspondía. En Murviedro, expulsados los consejeros catalanes, los unionistas valencianos rodearon al rey y a la reina y les condujeron triunfalmente a la capital. En marzo de 1348 Pedro IV hubo de nombrar a Fernando lugarteniente y procurador general. Una depuración de los consejeros, semejante a la que efectuaran los aragoneses el año anterior, fue ejecutada en Valencia. La persona misma del rey era tratada sin respeto.

El domingo de Pasión de 1348 estalló un tumulto y los amotinados asaltaron el Palacio. Pedro IV hizo frente con valor a la revuelta y ganó cierta adhesión del pueblo a la que tuvo que corresponder bailando con la reina en la plaza. Pero ya la peste —es la terrible epidemia de 1348— le brindaba la oportunidad de escapar a esta prisión para reunirse con Bernardo Cabrera que, con tropas catalanas, operaba contra los unionistas junto con don Lope de Luna y don Pedro de Exérica. Tarazona estaba sitiada por las tropas reales cuando Pedro IV anunciaba solemnemente que destruiría la Unión. Los unionistas salieron de Zaragoza para atacar Épila, que defendieron con eficacia Tomás Cornell y Blasco de Alagón. Lope de Luna acudió desde el campo de Tarazona y aplastó a los nobles en la sangrienta batalla del 21 de julio de 1348. El infante don Fernando tuvo la suerte de caer prisionero en manos de las tropas auxiliares castellanas de Álvar García de Albornoz, que le hizo cruzar la frontera a fin de evitarle la muerte. Sin embargo, los castigos fueron menos rigurosos de lo que se temía: tan sólo trece personas, entre las halladas más culpables, sufrieron la pena capital. En las Cortes de Zaragoza, Pedro IV desgarró y quemó el Privilegio al tiempo que juraba los Fueros tradicionales del reino. Una leyenda afirma que el rey se hirió y que por ello fue llamado del Punyalet.

Valencia resistió aún varios meses. Las violencias de los unionistas fueron mayores y los castigos también. Después de la victoria de Mislata, Pedro IV ocupó la capital e inició los procesos; algunos de los reos recibieron la muerte bebiendo el plomo fundido de las campanas de la Unión. Luego, el monarca, viudo por segunda vez, casaba con Leonor de Sicilia, hermana del rey Fadrique, que había sido prometida al infante Fernando. La boda se celebró el 27 de agosto de 1349 y el 27 de diciembre de 1350 nacía el esperado varón, Juan, a quien se hizo duque de Gerona. Bernardo Cabrera, encargado de la educación del príncipe, alcanzaba entonces la cumbre del poder. Suya había sido la estrategia que diera la victoria.

La guerra con Génova

La paz interior en Cerdeña era alterada por frecuentes querellas intestinas entre los Oria y los Malaspina. En 1347 degeneraron en una rebelión abierta que tenía por jefe a Mariano IV, juez de Arborea, sostenida con dinero y tropas genoveses. A pesar de los refuerzos recibidos, Guillem de Cervelló fue derrotado en Aidudeturdu. Los rebeldes, dueños de Alghero, fracasaron en el asedio de Sassari (1349) y hubieron de renunciar a la esperanza de arrojar a los aragoneses al mar. Al contrario, vencedor de la Unión, Pedro IV estaba en condiciones de aumentar sus esfuerzos. Negociaba ya con posibles aliados contra Génova, y consiguió atraerse a un sector de los Oria y a la república de Pisa. Aceptando el consejo de Bernardo Cabrera, el rey firmó una alianza con Venecia (16 de enero de 1351).

La commonwealth aragonesa entraba en una guerra que se extendía ya de un extremo a otro del Mediterráneo. Lucha muy cruel en que se hallaban en juego los intereses mercantiles más amplios, enlazada bien pronto con las guerras peninsulares ya que Castilla era estrecha aliada de Génova. El 13 de febrero de 1353 veinticinco galeras, a las órdenes de Ponce de Santa Pau, formaron con otros buques bizantinos y venecianos en la batalla que tuvo lugar frente a Constantinopla. El Papa medió para hacer la paz, pero Pedro IV exigía la devolución previa de todos los territorios ocupados. La guerra misma indujo al soberano aragonés a solicitar la ayuda de todos los súbditos que en Sicilia, en Atenas o en Bizancio, se hallaban establecidos. Cataluña buscaba ya el reconocimiento de una cierta hegemonía comercial y para ello se hacía necesaria la reunificación de todos los estados de origen en cierto modo catalán.

Bernardo Cabrera tomó el mando de una gran flota —45 naves aragonesas y 20 venecianas— que, partiendo de Mahón, derrotó a los genoveses ante Alghero, capturando 33 naves y hundiendo otras cinco, el 17 de agosto de 1353. La ciudad se rindió, y aunque fue recuperada, Génova confesaba su derrota colocándose bajo la protección de los Visconti de Milán. Cabrera fue recibido a su regreso a Barcelona con aclamaciones triunfales. Las noticias que traía no eran demasiado halagüeñas: superiores absolutamente en el mar, los catalanes no conseguían imponer en Cerdeña la paz. Pedro IV decidió trasladarse en persona a la isla, en una flota que fue minuciosamente preparada y que zarpó de Rosas el 20 de junio de 1354. Alghero resistió el asedio hasta el 22 de diciembre y, cuando sucumbió, fue vaciada de sus habitantes y sustituida por súbditos de la Corona de Aragón; se habla en ella todavía el catalán. Mariano IV de Arborea aceptó negociaciones para su rendición, que efectuó solemnemente ante las Cortes de Cagliari (15 de febrero de 1355).

Era la paz, pero no definitiva. Nuevas revueltas se produjeron en 1358 y 1368 cuando los graves conflictos con Castilla impedían a Pedro IV reaccionar. El rey acabó considerando como una necesidad la reincorporación de Sicilia por la que abogaba la reina Leonor, hermana de Luis y Fadrique, que se habían sucedido en el trono siciliano. Preparando en cierto modo este acercamiento, Pedro IV logró dispensa para casar a su hija Constanza con Fadrique y envió tropas a la isla que expulsaron a los angevinos. Del matrimonio no hubo hijos y, en 1377, al morir Fadrique, Pedro IV fue reconocido como rey. Recibió entonces también el homenaje de Atenas y Neopatria.

XXVIII

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LOS SIGLOS XI AL XIV

La repoblación en los siglos XII y XIII

A partir de la época de Alfonso VI la reconquista española entra en una nueva fase. Ya no hay espacios vacíos que llenar sino que se trata de reinos que se anexionan, con población campesina bastante densa. A lo largo del siglo XII se advierte, además, la tendencia a concentrar el ataque en cuatro sectores, portugués, leonés, castellano y catalano-aragonés, con características peculiares en cada uno de ellos. El avance fue más rápido en el Oeste que en el Este, lo que explica que los castellanos hayan llegado al Mediterráneo, cerrando el círculo en torno a Granada y consiguiendo en su favor la enorme superioridad demográfica que las crisis de la primera mitad del siglo XIV no consiguen debilitar. Valdeavellano distingue tres formas de repoblación consecutivas: una a cargo de los concejos, otra de las Órdenes Militares, la tercera de los concejos, las Órdenes y la nobleza conjuntamente. El resultado será, en las etapas finales, el crecimiento de grandes dominios.

La presura individual hubo de abandonarse por inservible. En las postrimerías del siglo XI y los primeros años del XII, los municipios castellanos, Ávila, Segovia, Plasencia, Toledo, Sepúlveda, etc., recibieron enormes alfoces para asentar en ellos numerosa población campesina. Casi inmediatamente Alfonso I y su sucesor tomaban por capitulación las grandes ciudades aragonesas, Zaragoza, Tarazona, Tudela, Calatayud, Daroca, en que otorgaban a los musulmanes licencia para permanecer en las inmediaciones abandonando sólo el casco urbano. Éste era el único que se repoblaba, utilizando con gran frecuencia francos. La situación del campesinado musulmán empeoraba con los dueños cristianos: los exaricos eran equiparados a los siervos del derecho romano. Por otra parte, las Órdenes Militares, obligadas a practicar una lucha muy dura, que despoblaba los territorios en que se desarrollaba, tuvieron natural tendencia a convertir sus dominios en grandes pastos.

Después de Las Navas se produce el hundimiento del poder musulmán. Valencia, Murcia, Andalucía y el Algarbe fueron ocupados sin grandes trastornos de población. No podía pensarse en llevar a la práctica ninguna colonización. Se obligó a los musulmanes a abandonar las ciudades a fin de establecer en ellas a cristianos que garantizasen la tranquila sumisión de los vencidos y se consideró suficiente mezclar con éstos algunos cultivadores cristianos. Respecto a las ciudades la fórmula empleada fue el repartimiento: ciertos oficiales reales —partidores— se encargaban de distribuir las casas, los huertos, viñedos y sembrados entre los nuevos pobladores; el resto del país se encomendaba a nobles o a las Órdenes Militares sujetándole al régimen señorial. Después de las grandes insurrecciones (Andalucía y Murcia en 1263, Valencia en 1273), la situación de los musulmanes empeoró y muchos tuvieron que emigrar; esto dio oportunidades a inmigrantes catalanes tanto en Valencia como en Murcia.

La sociedad agraria

Imposible establecer cálculos, ni siquiera aproximados, de la población española; los más antiguos censos catalanes son del siglo XIV avanzado y en Castilla ninguno existe antes de 1482. No sería excesivo calcular en cuatro millones la del reino castellano-leonés y en más de un millón la de los restantes hacia el año 1300. Preferentemente campesina, esta población se hallaba desigualmente repartida, pues en Cataluña, con 450.000 habitantes en el momento de la Peste Negra, era bastante densa, mientras que en las zonas interiores de Aragón y de Toledo, sin duda, muy escasa. De cualquier modo, tomada en términos cuantitativos, la demografía castellana era muy superior a la de los otros reinos.

A la población cristiana de origen hispano-romano y visigodo, se sumaron minorías de francos, moros y judíos; la importancia y número de las dos últimas fue creciendo en los siglos XII y XIII. Esto originó un visible ambiente de recelo que se manifiesta en las frecuentes disposiciones limitativas de actividad. Moros y judíos vivían en aljamas cuya separación física de las comunidades cristianas a las que se hallaban yuxtapuestas, fue acentuándose de día en día. Cada aljama constituía por sí misma una asamblea capaz de deliberar sobre asuntos propios, se hallaba regida por un Rabbí o Judío Mayor y, todas juntas, sometidas a la autoridad de un Rabbí Mayor de nombramiento real. Hasta los primeros años del siglo XIV el régimen de las minorías confesionales era tolerable, y la contribución de los judíos, tanto en un orden político como en la cultura, muy grande.

Retrocediendo la servidumbre en los campos, se impuso a todos un estatuto de libertad que confiaba la ordenación de las clases a formas de vida, función política y plataforma económica. De esta manera se jerarquizaban los distintos estados o estamentos de la sociedad. Pero en Castilla y Portugal, menos desarrollados, continuaba incluso en el siglo XIV manteniéndose el principio de la sociedad tripartita —nobleza, clero y pueblo— con sentido funcional: los que luchan, los que rezan, los que trabajan. El nuevo sector de mercaderes y artesanos, burguesía, era incluido sin más en el tercer estamento. En Cataluña, en cambio, la estamentación, majors, mitjans, menuts, se hacía horizontalmente por niveles de riqueza.

La nobleza

Caballería y nobleza aparecen plenamente identificadas; un noble es, por tanto, un combatiente que posee las armas superiores y a quien su posición económica —vive de las rentas que la tierra produce, sin trabajarla— permite la dedicación exclusiva al oficio de la guerra. Las categorías en el seno de la nobleza estaban ligadas a la naturaleza de la función, pero al premiarse ésta con bienes de transmisión hereditaria —rentas, dominios o señoríos— derivaron hacia estamentaciones permanentes en beneficio de los linajes. A los más importantes, que habían sido llamados en el siglo XI magnates, se les conoce en el XII como ricos hombres, calificativo que se extiende a todos los reinos peninsulares. Esta alta nobleza llega a ser, en el siglo XIII, fuerza poderosísima; las inmunidades otorgadas a los señoríos le entregaban jurisdicción sobre los habitantes de sus dominios.

Las grandes empresas de Alfonso VI, las querellas intestinas del reinado de doña Urraca y las guerras frecuentes entre los herederos del emperador, permitieron la consolidación en Castilla y León de los linajes que Salazar y los genealogistas del siglo XVII llamaron «antiguos» para diferenciarlos de la nobleza «nueva» de los Trastámara. Los Lara, descendientes de un Gonzalo Núñez de Lara, que tenía este señorío en 1089, tuvieron gran importancia en la Corte de Urraca —es indudable que Pedro González tuvo hijos de la reina— y dieron origen tanto al linaje de los Núñez de Lara, cuyo papel hemos visto, como al de los Manrique, tan decisivo en el siglo XV. Los Haro descendían de un mayordomo del rey de Navarra. En 1042, Íñigo López gobernaba Vizcaya, Álava y Guipúzcoa en nombre de Sancho III el Mayor. Fieles luego a los monarcas castellanos, se beneficiaron personalmente del crecimiento de la frontera oriental castellana. Cuando se recupera Vizcaya, reciben el gobierno de ella como un señorío, dándole la definitiva estructura de las cuatro comarcas, Guernica, Marquina, Bermeo y el Duranguesado, orientando la salida al mar de los productos de Rioja y rematando su obra, en 1300, con la fundación de Bilbao.

Ni el Cid ni Pedro Ansúrez pudieron fundar linaje porque carecían a su muerte de hijos varones. Pero una hija del conde, María Ansúrez, casó con Fernando Ruiz de Castro, señor de Castrojeriz. Ansúrez se encargó luego de encaramar a sus nietos Gutierre y Rodrigo Fernández de Castro. El úlitmo de los Castro, Fernán Ruiz, muerto en tiempos de Enrique II, superviviente final de la nobleza antigua, se dio a sí mismo por epitafio la soberbia del «aquí yace toda la fidelidad de España». De Ansúrez saldría también otro gran linaje, poderoso en Campos, el de Tello Pérez de Meneses, que al unirse al bastardo portugués Alfonso Sánchez, desembocaría en la familia de los Alburquerque. Son todos éstos los que, unidos a infantes e hijos de infantes, dan el tono a las grandes luchas entre nobleza y monarquía en el siglo XIV.

En Cataluña el cuadro es muy distinto. Antes del siglo XII existe cierta paridad entre las grandes casas condales, Besalú-Cerdaña, Ampurias, Rosellón, Urgel y Pallars, y la de Barcelona. Se trata de parientes cuyos vínculos se multiplican a cada generación. La diferencia aparece entre los condes y los vizcondes —Mir Gelabert de Barcelona, Bas en Besalú, Cabrera en Urgel, Rocabertí en Ampurias, Cardona, Castellbó y Moncada— que, con tendencia a crecer, no tenían otra vía de engrandecimiento que usurpar autoridad y rentas a sus superiores. Como en Castilla, y aun antes cronológicamente, las grandes casas que entran en oposición con los descendientes de Wifredo cuando éstos se convierten en reyes de Aragón, se extinguen. Una nueva nobleza habrá de sustituirlas al amparo de las nuevas circunstancias económicas.

La baja nobleza, cualquiera que sea su origen, aparece fundida en una sola clase, la de los hidalgos, a partir del siglo XII. En ella se absorbían tanto los infanzones como los mílites antiguos y por la misma razón se juntaban la profesión y el nacimiento. El origen de la palabra parece indicar —hidalgo = filio de algo— cierta consideración económica que se ligaba a la prestación de servicios de armas a caballo. La exención de impuestos garantizaba su condición aristocrática. En Aragón y Navarra el término infanzón se conservó durante más tiempo, dando origen a ciertas peculiaridades; en el primero de ambos reinos se distinguían los infanzones de abolengo (hermunios) de los que habían recibido su condición de una carta individual o colectiva (población) expedida por el soberano; en Navarra se aplicaba el nombre a campesinos libres sujetos a tributo (infanzones de abarca). En Cataluña la baja nobleza es designada con el nombre genérico de cavallers.

El signo distintivo de toda la nobleza, alta y baja, es el servicio militar a caballo. De él se hizo un género de vida, entre otras razones porque exigía cierto nivel económico. La caballería se convirtió en conciencia de clase y, en el idioma vulgar, pasó a designar, junto con nobleza y cortesía, los modos de comportamiento más elevados. No es extraño pues que, influyendo la Iglesia, se rodease a la ceremonia de tomar las armas de un ritual que recuerda, aunque muy de lejos, ciertos actos de la liturgia católica. Puesto de rodillas, el caballero español recibía una pescozada o espaldarazo, golpe suave de plano con la espada sobre la cerviz. Normalmente el paso de la condición previa —doncel o escudero— a la de caballero, tenía lugar al término de la juventud, pero hallamos aún muchos casos de hidalgos que no reciben la caballería hasta su edad madura. Esta condición comportaba obligaciones morales para la defensa de la monarquía, del orden y de los débiles.

Los nobles y sus tierras estaban exentos de tributos, incluso de pedidos extraordinarios. Servían en la guerra, pero en proporción siempre de los beneficios que hubiesen obtenido del rey. De las injurias o daños que recibiesen obtenían una compensación mayor. Disfrutaban de inmunidades y tenían derecho a no ser juzgados más que por sus iguales. Las obligaciones de fidelidad que los ricos hombres tenían hacia el rey —asistencia a la Corte y al ejército, donativos, crianza de los hijos, etc.—, eran exactamente correspondidas por otras semejantes de sus inferiores hacia ellos.

Libertad, encomendación y servidumbre rurales

Una gran confusión seguía reinando en el campo entre las distintas capas de población, puesto que los grados diferentes de relación con la tierra engendraban modificaciones en el estatuto de libertad de los titulares. A fines del siglo XII la servidumbre había desaparecido en casi toda la Península, pero las limitaciones seguían subsistiendo. Los libres pequeños propietarios, cuyo número aumentó considerablemente a causa de la expansión colonizadora de la Reconquista, fueron llamados villanos en Castilla y payeses en Cataluña; según las regiones estos nombres daban origen a diversos calificativos. Cuando alcanzaban cierto nivel de riqueza eran llamados hombres buenos (herdeiros en Portugal).

La encomendación, que había dado origen en León y Castilla a los homines de benefactoría, pasó a ser llamada behetría en la Baja Edad Media. Pero en el transcurso de los siglos XII y XIII la relación entre los propietarios y los hombres de behetría había evolucionado hasta convertirse en señorío porque la condición era hereditaria. Normalmente se consideraba que la behetría era aquel lugar en que todos o la mayoría de sus habitantes descendían de los antiguos homines de benefactoría; en la práctica se trataba de una forma especial de señorío en que los inferiores podían escoger a su señor con entera libertad —behetría de mar a mar— o entre los descendientes de una dinastía —behetría de linaje—. El Becerro redactado en tiempos de Pedro I da relación de más de 600 behetrías, divididas entre catorce merindades. Durante el siglo XIV la condición de los hombres de behetría tuvo tendencia a deprimirse, sin duda a causa de la crisis económica.

Ello no obstante la característica fundamental de este período, de los siglos XI al XIV, es de progresiva anulación de la servidumbre. Ya en el siglo XI la legislación leonesa negaba al señor potestad sobre la persona de los siervos, reteniéndola en cambio sobre sus bienes cuando abandonase el solar. En el siglo XII eran pocas las ocasiones en que se permitía al señor apoderarse de todo o parte de los bienes muebles del siervo cuando éste abandonaba su solar; normalmente se les permitía conservarlos. La liberación llegó con los fueros. La necesidad de atraer campesinos movía a los repobladores a otorgar condiciones jurídicas muy favorables en las fundaciones nuevas; del mismo modo, la necesidad de conservarlos en sus viejos domicilios impulsaba a los señores a mejorar el estatuto que guiaba su existencia. Ambas acciones se reflejaban en cartas o fueros.

Propiedad y explotación agrarias

La consolidación de las Órdenes Militares y el predominio de la nobleza en la conquistada Andalucía modificaron el régimen de pequeña propiedad que hasta fines del siglo XI había sido la característica de la España cristiana. Los repartimientos en Valencia, Andalucía y Murcia, atemperaron algo la tendencia a la constitución de grandes latifundios, que era hasta entonces la tónica. Pero en cambio lo sucedido en el mediodía peninsular estimulaba a los nobles de la Meseta y a los grandes propietarios a una acción concentrativa de tierras. Incluso en Castilla o en los valles del Esla y Pisuerga, aparecieron extensos señoríos. Los monasterios se encontraron en magníficas condiciones para aumentar sus dominios. La característica de éstos, laicos o eclesiásticos, que no dejan de crecer hasta el término de la Edad Media, es que obtienen subrogaciones de la autoridad real y se convierten en células de autonomía administrativa. Ninguna variación fundamental había llegado a establecerse respecto a la forma de explotación de los grandes dominios.

La diferencia fundamental se halla en la forzada convivencia de una economía urbana, de cambio, con la cerrada ordenación rural. Nunca, en la Edad Media, sustituyó la primera a la segunda, aunque influyó en ella. Por ejemplo la difusión de los viñedos que se opera a partir del siglo XIII, no es concebible más que teniendo en cuenta que el vino había llegado a ser producto altamente comercializado. Como en el resto de Europa, la plantación de viñedos se hacía por medio de contratos entre propietario y cultivador (ad complantandum, en Cataluña a rabassa morta) que luego se repartían por mitad la tierra empleada. El viñedo no fue el único cultivo que contribuyó al cambio de paisaje y a la especialización de determinadas zonas. En el siglo XIII los cristianos se habían hecho dueños de huertas de regadío, que conservaron. Las pasas andaluzas fueron también comercializadas. Carecemos de noticias que nos permitan apreciar qué cambios en los métodos de explotación han podido producirse en España, pero todo parece indicar que fueron en cualquier caso muy pequeños. En León y Castilla el arado de reja profunda y vertedera, con diversas formas, se difundió; la influencia francesa hizo que se apreciara más la mula que el buey como animal de tracción.

Siendo los suelos pobres y los abonos escasos y malos, se introdujo la doble costumbre de asociar el cultivo con la ganadería —abriendo el campo a los animales después del alzamiento de la cosecha— y de mantener las tierras en reposo, barbecho, entre dos siembras. Esto es lo que da origen a la rotación simple, bienal, de año y vez como se sigue diciendo en Castilla, y que fue la forma de explotación más difundida. Las parcelas tomaban, por tal razón, figuras alargadas que permitían las labores del arado con mayor comodidad y que alternaban con otras dejadas sin cultivo. Los linderos eran siempre señalados con mojones o surcos fácilmente salvables a fin de cumplir la condición de abrir el campo a la ganadería después de la siega y hasta la próxima siembra, como en Inglaterra.

Hasta mediados del siglo XIII la agricultura española conoció una continuada expansión, mayor que en el resto de Europa occidental. La Reconquista brindaba a los campesinos nuevas tierras para establecerse. Pero el crecimiento de la ganadería, la necesidad de conservar la población musulmana o conversa en sus tierras de regadío y el término de la expansión militar, acabaron levantando barreras que cerraron el camino al crecimiento de la producción. Alfonso X fue el primero en comprobar este cambio de circunstancias: subían los precios de los alimentos y subían también los jornales de los peones en el campo. Las Cortes de Jerez de 1268 fueron las primeras que comprobaron el hecho y que se esforzaron, con poca destreza, en remediarlo. La primera mitad del siglo XIV presenciará una serie de crisis progresivas, de escasez, mala alimentación y epidemia que culminaron en la terrible Peste Negra de 1348.

Ganadería trashumante: la Mesta

La tradición ganadera de la Península es muy antigua. Las destrucciones producidas en la Alta Edad Media por cristianos y musulmanes proporcionaron pastos a la trashumancia que se ejercía a veces con grave riesgo para sus autores, en medio de las líneas enemigas. Conforme los musulmanes retrocedían hacia el Sur, las posibilidades ofrecidas a la trashumancia aumentaban: ésta se hacía necesaria por las especiales condiciones del clima que obligaban a buscar pastos distintos en verano e invierno. Es un pastor quien informa a Alfonso VIII de los pasos de Sierra Morena que él frecuentaba. Durante el siglo XII asistimos, tanto en Castilla como en Aragón, a esfuerzos organizadores que pretendían someter rebaños y pastores a una jurisdicción propia e independiente y que desembocarían respectivamente en la Mesta y la Casa de Ganaderos de Zaragoza.

Se aplicaba el mismo nombre, mestas, a los montes de pasto y a la reunión de los pastores en que se trataba, sobre todo, de las ovejas descarriadas y de los menudos litigios que surgían por el contacto entre unos rebaños y otros. Naturalmente uno de los asuntos sobre los que tales juntas deliberaban, aunque no fuesen de su jurisdicción, eran los caminos de la trashumancia, cañadas en Castilla, cabañeras en Aragón y carreratges en Cataluña. El tránsito de los rebaños por tales caminos, además de hallarse sujeto a impuestos, portazgo y montazgo —este último indemnización genérica por los daños que pudieran causar—, generaba mil conflictos. Una guerra sorda, entre ganaderos y agricultores, comenzaba en el siglo XIII. No concluiría hasta la época de los Reyes Católicos con la victoria total de los ganaderos. A principios de aquella centuria existían ya en Castilla cuatro Mestas, la de León, Soria, Segovia y Cuenca, que agrupaban prácticamente a todos los pastores.

En 1273 las cuatro Mestas castellanas —y algunas otras que habían comenzado a formarse— fueron unificadas en una sola Mesta general cuyas decisiones tenían que ser obedecidas por todos los dueños de ganados. La Mesta se reunía tres veces al año y quedaba exenta de portazgos y montazgos excepto en el caso de que fuesen impuestos directamente por el rey. En 1347, cuando ya la ganadería había cobrado enorme impulso, Alfonso XI otorgó su salvaguarda a todas las ovejas que pasaron a constituir una sola cabaña real. Mezcladas con ejemplares importados del Norte de África, las ovejas castellanas proporcionaron lana en cantidades suficientes para atender a la exportación. En la primera mitad del siglo XIV la actividad de los laneros comerciantes era ya muy grande.

Tres grandes cañadas atravesaban el país. La leonesa partía de León y por Zamora, Salamanca y Béjar, llegaba a Plasencia y a los pastos estivales de Extremadura. La segoviana tenía varios ramales: de Logroño, por Burgos, Palencia y Valladolid llegaba a Segovia, desde donde una bifurcación iba por Ávila a Béjar y otra por Talavera, Guadalupe y Almadén a Andalucía; otro ramal iba desde Logroño por la tierra de los Cameros a Soria y, por los valles de Somosierra y Guadarrama, a unirse al anterior en Talavera. La cañada manchega recogía los ganados de Cuenca y los distribuía por Andalucía y Murcia. El nacimiento de la Hermandad llamada Vieja, de Toledo, Talavera y Ciudad Real, se encuentra en conexión con esta actividad de trashumancia.

El renacimiento mercantil

Europa despertaba en el siglo XI a una actividad comercial al mismo tiempo que las invasiones africanas dificultaban las comunicaciones entre los estados cristianos y al-Andalus. Por otra parte la lenta transformación de las ciudades castellano-leonesas se vio influida por la incorporación de las importantes ciudades musulmanas de tradición mercantil, que pudieron ya conservarla. En ambas iba creciendo el número de personas que no se ocupaban de la tierra, sino que vivían y frecuentemente acumulaban dinero con la artesanía o el comercio. Las peregrinaciones a Compostela, al abrir una ruta desde el Pirineo a Santiago, contribuyeron a fomentar la circulación de mercancías y a asegurar el desarrollo de las ciudades con ella conectadas. Pamplona, Burgos, León, Sahagún y la propia Santiago tenían ya en el siglo XII burguesías apreciables. En relación con ellas aparecen ferias y mercados. Las más antiguas ferias de que tengamos noticia son las de Belorado (1116), pero dentro del mismo siglo consta la celebración de otras en Valladolid, Sahagún, Cuenca y Moyá, cerca de Barcelona. En el siglo XIII el número de ferias se multiplicó extendiéndose a las poblaciones del Sur. Alfonso X y Sancho IV se distinguieron por la abundancia de concesiones: Sevilla, Badajoz, Alcaraz, Cádiz, Talavera y Mérida figuran entre las más mencionadas. Prácticamente todas las ciudades y villas de importancia tenían mercado semanal o diario —pervivencia este último del zoco musulmán. Este zoco coincidía con los pequeños talleres de artesanos que le abastecían de paños, cueros, armas, orfebrería, calzado, aperos, etc.

El comercio interior castellano adolecía de muy graves defectos, especialmente en cuanto atañe a las comunicaciones. El país se valía de estrechas sendas que seguían a menudo el trazado de las antiguas vías romanas. Hasta mediados del siglo XIV no se acometería el trazado de puentes y caminos ni aparecerá el tráfico de carretas de bueyes. Todo el transporte quedaba pues en manos de los arrieros que conducían sus recuas de mulos incansablemente y que eran, como puede esperarse, personas poco recomendables.

La conquista de Sevilla y, luego, la apertura del Estrecho de Gibraltar, hicieron de la gran ciudad andaluza el centro más atractivo para los genoveses. España, siempre pobre en capitales, se benefició de su presencia, no sólo porque aportaban mejoras técnicas a los negocios, sino porque insertaban a la Península en una gran ruta comercial, del Mediterráneo al Atlántico, que en el siglo XIV trastornaría todos los presupuestos del comercio europeo. Sevilla era antesala de África y plaza para la contratación del oro, lo que permitiría a los castellanos, desde el reinado de Alfonso X, contar con una de las monedas más sanas.

Aprendices de Génova, los marinos andaluces, cántabros y vascos, participaron en esta ruta. La primera noticia de la actividad náutica de los norteños la tenemos en 1130, cuando una flota toma parte en el bloqueo de Bayona. Cuando en 1150 Sancho el Sabio otorga privilegios a San Sebastián, ya existe aquí una marina floreciente. En 1190 los marinos de Santa María del Puerto (Santoña), se dedicaban con regularidad a la pesca de ballenas. Algo semejante se hacía en Bermeo y en Lequeitio. Fue decisivo que Alfonso VIII otorgase su protección a los puertos, San Vicente de la Barquera, Laredo, Castro y Santander, respecto a los monasterios del interior de que hasta entonces habían dependido. Salineros, pescadores y transportistas, los buques traían poder y riqueza: los hallamos en operaciones militares (toma de Cartagena, 1245, conquista de Sevilla, 1248); traían mercancías francesas y flamencas.

En 1296 las villas cantábricas y las vascas se unieron para constituir una Hermandad, verdadera Hansa, para defensa de sus intereses en el exterior y en el interior. Su comercio, de mero transporte, se empleaba en el hierro y el vino; pronto se sumó la lana en competencia con la británica, a la que acabaría por desplazar de los mercados de Flandes. Nombres de castellanos y vascos aparecen en Brujas por lo menos desde 1267. En 1300 fue fundada Bilbao, que no tardaría en convertirse en el centro principal de contratación, rival de Burgos, en donde predominaban los mercaderes. En vísperas de una nueva edad, los españoles obtuvieron en 1336 y 1343 importantes privilegios de los condes de Flandes.

El lento despertar portugués

Con más parsimonia, pero siguiendo cauces muy próximos a los de Castilla y León, Portugal progresaba. Con una demografía mucho más débil —sólo recurriendo a ayuda de ejércitos extranjeros había podido doblar las cuestas decisivas de la Reconquista— las dificultades a vencer fueron mucho mayores. Los obispos, afincados más hondamente, hicieron decidida resistencia al crecimiento de poder real y de la burguesía. Todavía en 1044 nos consta que la situación del siervo no había variado: debía dos días semanales de trabajo al señor y uno por lo menos al descanso cristiano. Siglo y medio más tarde los siervos habían desaparecido y los cultivadores parecían distribuirse en dos sectores: los pequeños propietarios (herdeiros) y los arrendatarios (rendeiros o foreiros). También, como en Castilla, los propietarios más acomodados eran llamados homens bons.

Intensificada en el siglo XIII, la repoblación dio origen a villas nuevas, libres y aforadas. En ellas el mercado o el comercio estante completaban la actividad económica. Ambos eran compatibles: en 1269 se declara en Coimbra que los mercaderes avecindados en la ciudad estaban exentos de la obligación de vender en el açogue cosa que demuestra que existe ya un comercio estante. La más antigua feria aparece mencionada en Ponte do Lima en 1125 y no evolucionó nunca hacia formas financieras elevadas. Era frecuente que se obligase a los habitantes de determinadas zonas a concurrir a una feria a fin de asegurar el abastecimiento de ésta. La concesión de fueros a las villas tampoco obedece a gestos de generosidad: se trata de convertir en rentas de dinero los antiguos servicios personales que ya no eran útiles. El interés de los municipios coincidía con el del rey al tratar de convertir todas las cargas en una suma global de que los vecinos se hacían responsables.

Es probablemente cierta la noticia de la Compostelana que afirma fueron los genoveses quienes enseñaron a los marinos de Portugal el arte de construir buques más grandes que los que utilizaban para la pesca. No cabe duda de que la sal —y el pescado seco o salado— fue el primer producto portugués para la exportación. En los siglos XII y XIII el comercio era fuertemente deficitario pues las manufacturas, los paños y el hierro tenían que importarse y costaban caros. Los paños eran atesorados y con ellos era frecuente que se efectuasen pagos. En las leyes mercantiles promulgadas por Alfonso III en 1253 existe la evidente preocupación por conseguir el equilibrio entre las importaciones y exportaciones para evitar la salida de metales preciosos, cosa que no pudo lograrse, porque se hacían fraudes. A mediados del siglo XIV Portugal padecía sed de oro.

Los portugueses acompañaron a los castellanos en sus esfuerzos para alcanzar Flandes e Inglaterra; su presencia en ambos puntos se comprueba desde el siglo XIII, aunque probablemente es anterior. Marinos tan expertos como los vascos, actuaron como transportistas. Desde 1293 había en Oporto una organización de mercaderes que disponían de fondos comunes para atender a los gastos en el extranjero. Todavía un desplazamiento de cien toneles era considerado como gran volumen para un barco. Hasta mediados del siglo XIV los italianos, mallorquines y catalanes eran los visitantes más frecuentes.

La prosperidad catalana

Entre 1150 y 1350 aproximadamente, Cataluña vivió su primera etapa de próspero crecimiento, visible ante todo en la densidad demográfica, muy superior a la de los otros reinos de la Corona de Aragón; los catalanes superaban en número a los restantes súbditos de esta monarquía. Antes de la Peste, Barcelona tenía, según Vicéns Vives, 50.000 habitantes y, en la península, sólo Sevilla podía comparársele. La epidemia hizo sufrir terriblemente al Principado y, de un modo especial, a la capital. Barcelona se parecía más a las repúblicas mercantiles italianas que a las ciudades españolas. La práctica de los negocios permitió elevarse en ella a algunas familias que se organizaron en oligarquía de ciudadanos honrados, semejante a la de los patricios de Génova o Venecia. Desarrollándose un sentido aristocrático, el número de familias patricias disminuyó, pero era todavía de doscientas al finalizar el siglo XIV. Los mercaderes y menestrales —clase media pues disponen de capital para sus negocios o talleres— y los artesanos constituyen las capas inferiores de población urbana.

El patriciado no sólo controlaba, desde mediados del siglo XIII, el Consejo de Ciento y la consellería, sino que invirtieron parte de sus ganancias en el campo, contribuyendo a aumentar la presión que sobre los cultivadores volvía a ejercerse. El término de las roturaciones en un país de fuerte presión demográfica tuvo consecuencias fatales para los payeses, a quienes se adscribió nuevamente a la gleba. La Constitución llamada Com per lo senyor, de Pedro III (1281), prohibía al campesino abandonar la tierra sin pagar antes la remensa. Tampoco los payeses deseaban abandonarla, pues les hubiera sido muy difícil buscar otra. Aunque la Peste alivió la tensión al disminuir la demanda, el alivio fue puramente pasajero. De todas formas, con inversiones muy limitadas de capital en el campo, la explotación agraria no podía progresar. Aragón y Cataluña conservaron sus producciones de cereal, olivo y vid, de escaso rendimiento. Valencia conoció un cultivo de huerta con arroz y azafrán como principales productos.

Mercaderes y artesanos se agrupaban en gremios para defensa de sus intereses, pero sin llegar todavía a la cerrada oposición a cualquier competencia, como es característico del siglo XV. Al contrario, se blasonaba de custodiar los intereses de la clientela en el mercado. En Barcelona y las ciudades importantes, el antiguo mercado central se fraccionaba en varios mercados especializados. Desde 1339 aparece en ella, por influencia valenciana, el mostazaf, que es el antiguo funcionario musulmán llamado almotacén. Uno de los principales problemas barceloneses —que no tenían en modo alguno Valencia o Zaragoza o Lérida— era el del abastecimiento; los víveres tenían que traerse a veces de muy lejos. La artesanía, con importante sector de metalurgia, apenas destacaba de la del resto de la Península. Tan sólo a fin del siglo XIII, concurriendo la doble circunstancia de que la guerra con Francia cortaba el acceso de los tejidos septentrionales y en cambio la penetración en Sicilia y Norte de África abría nuevos mercados, surgió una industria textil digna de este nombre. Barcelona era su principal centro, pero no el único. El Pirineo, Rosellón, la región gerundense y el Vallés —Tarrasa, Sabadell y Granollers— conocieron notable actividad. Nunca la producción dejó de volcarse predominantemente sobre los tejidos de mediana calidad.

El comercio

La mayor actividad económica de Cataluña se volcaba sobre el comercio, tanto con los países cristianos como con los puertos musulmanes, pese a la prohibición dictada por Nicolás IV en 1291 contra aquellos que vendiesen armas o víveres al infiel. La primera área de comercio explotada era Provenza, a la que accedían desde Montpellier, Arlés y Marsella tanto por vías terrestres como por las marítimas. Seguían en importancia las islas, Cerdeña y Sicilia, importantes sobre todo desde la época de Jaime II; tanto Cagliari como Palermo eran centros de redistribución para productos orientales y peninsulares. A mediados del siglo XIV los buques catalanes hacían un periplo circular por el Mediterráneo occidental, tocando Alghero, Cagliari —centros del coral sardo— Palermo, Mesina, Trápani, Siracusa —comprando trigo—, Nápoles —buen mercado para los tejidos catalanes—, regresando por Pisa, Génova y Saboya al golfo de Lyon. El comienzo de la guerra con Génova, en la época de Pedro IV, introdujo graves elementos perturbadores en esta ruta.

Desde antes de 1219 los catalanes llegan a Alejandría. Cincuenta años más tarde la ciudad tenía incluso una colonia que gobernaba un cónsul que aparece mencionado en 1272. Su importancia, hasta 1350, creció sin descanso. Alejandría estaba en contacto con los puertos de Siria y Chipre. Las relaciones con Túnez dieron origen a un tratado (1301) que reservaba a Jaime II la mitad de las aduanas que sus súbditos pagaran en este país. Bugía y Tremecén estaban sometidos a un intervencionismo mercantil tan fuerte que era casi protectorado.

A mediados del siglo XIII los catalanes se arriesgan a cruzar el estrecho de Gibraltar. Brujas es la meta final en donde lana, especias y sedas alcanzan buen precio y permiten compensar los aprovisionamientos de tejidos, estaño y arenques. La amistad con los condes de Flandes favoreció el establecimiento de una colonia mercantil que, sin embargo, fue desbordada muy pronto por la castellana. Decaería muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XIV.

Por este triple ámbito, especialmente en el Mediterráneo, circulaban sobre todo productos alimenticios —trigo, arroz, vino, aceite, frutas, azafrán— que no daban origen a amplias rutas y que, a tenor de las cosechas, ofrecían muchos aspectos cambiantes; tampoco proporcionaban grandes beneficios. Éstos procedían, sobre todo, de las especias que los catalanes adquirían en el Oriente Próximo y que distribuían después suministrando las farmacias de casi toda la Península y del sur de Francia. Del pasado venía la costumbre de comerciar con esclavos, obtenidos ahora en el Norte de África y que constituían un producto de lujo.

Este comercio, esencialmente marítimo, dio origen a colonias permanentes, alfondigos, copia de las que los italianos habían organizado adaptando a sus propios fines el fonduk. En ellas se construían iglesia, horno, residencia y almacenes, como una ciudad en miniatura, normalmente dentro de una ciudad más grande, colocándose todo bajo la autoridad de un cónsul. En principio se llamaba así al oficial que en el buque representaba al rey. Al permanecer en tierra, conservó todo el poder judical que antes tenía para intervenir en querellas entre los comerciantes. En 1266 Jaime I otorgó a la ciudad de Barcelona un privilegio que permitía a ésta hacer el nombramiento de los cónsules en todas aquellas factorías que empleasen los catalanes o sus asociados valencianos o mallorquines. Desde 1283 aparece en Valencia un Consulado del Mar, agrupación de marinos y mercaderes para defensa mutua; poseía una jurisdicción semejante a la de los cónsules, pero extendida a todos los mercaderes y navegantes y a todos los lugares en donde valencianos interviniesen. La Institución fue luego otorgada a Barcelona y Mallorca y más tarde a otras ciudades. Las decisiones del Consulado sentaban jurisprudencia y creaban lentamente un derecho mercantil.

En sus técnicas, los catalanes aplicaban el modelo general mediterráneo sin distanciarse en cuanto al nivel alcanzado, de las ciudades italianas. Hallamos en el siglo XIII tres tipos de sociedad, la comanda simple, que en Cataluña equivalía a un encargo hecho a un patrón por el comerciante a fin de que venda su mercancía, beneficiándose ambos de la ganancia, la societas maris, unión de dos o tres personas para un fin mercantil concreto, y la compañía, que une mediante contrato por plazo fijo, como máximo de cinco años, a varias personas que se dedican a una rama del comercio; en este último caso la rendición de cuentas se hacía al término de cada año.

La moneda. El restablecimiento del patrón oro

Girando dentro de la órbita económica de al-Andalus, la monarquía castellana no se distanció nunca del oro, que utilizaba ya en el siglo XI, sin acuñarle. El sistema era sencillo: el dinar de oro, del que cabían sesenta en libra, era considerado en la época khalifal como equivalente a diez piezas de plata o dirhemes; la relación era bastante correcta como para provocar estabilidad. Cuando Alfonso VI, después de la conquista de Toledo, hizo acuñar moneda, se conformó con hacerla de vellón para asegurar los pagos menudos. Las parias de los taifas proporcionaban numerarios en los dos metales preciosos. Los almorávides acuñaron luego un dinar de 3’88 gramos de peso, que Ibn Mardanish imitó y que los cristianos llamaron morabitín. Éste es el origen del maravedí, acuñado en Toledo por Alfonso VIII desde 1172 con una leyenda propia, pero escrita en árabe.

El maravedí dejó de acuñarse al parecer en 1221, pero fue usado como moneda de cuenta, reflejo de las fluctuaciones de precio. Se inició al mismo tiempo su desvalorización. Fernando III decidía entre tanto ajustarse de nuevo al tipo de acuñaciones musulmanas que los almohades habían modificado profundamente al reducir el peso del dinar a 2’32 gramos y emitir piezas de dos dinares, con 4’60 gramos, que los castellanos llamaron la dobla. Había que fijar el valor del maravedí. Fernando III encontró diversas monedas de plata de muy baja ley en circulación, llamadas genéricamente dineros, pero conocidas normalmente mediante calificaciones que distinguían las cecas o las emisiones; entre ellas estaban los pepiones de la minoría de Alfonso VIII y los burgaleses que él mismo ordenara acuñar. Partiendo de una valoración teórica, se hizo la equivalencia entre un maravedí y diez pepiones, como si éstos fuesen verdaderamente de plata. Comenzaba así la carrera de reajustes que no terminaría hasta la gran reforma de los Reyes Católicos.

En plena crisis, Alfonso X, aquejado además por las grandes necesidades que se derivaban de la política imperial, procedió a manipulaciones desastrosas. Acuñó un maravedí de plata, con peso de 5’4 a 6 gramos, reduciendo de pronto el valor de éste a casi una tercera parte; pero además sustituyó los pepiones y burgaleses por otros dineros de tan escasa proporción de plata que se les llamó prietos por su color negro. Quince equivalían a un maravedí. Realmente éste, desaparecidas las piezas de plata del mercado, quedó catastróficamente equiparado a ínfimas cantidades de metal fino. No hubo posibilidad de detener su caída, agravada aún más por las guerras civiles que se produjeron. Cuando Alfonso XI reorganiza el sistema monetario, volviendo una vez más a la dobla de oro, reconoce que en ésta entran treinta y cinco maravedís de plata.

En la Corona de Aragón el sistema monetario era el carlovingio, libra de veinte sueldos y de dosciento cuarenta dineros. Pero en la Alta Edad Media el sueldo era sólo moneda de cuenta y las piezas en circulación fueron únicamente los dineros. A fines del siglo XI, Sancho Ramírez hizo acuñar en Aragón sueldos jaqueses, que equivalían a cuatro denarios de plata y que se convirtieron en unidad fundamental aragonesa; su valor descendió a doce denarios muy pronto. Pero en el siglo XIII, por influencia francesa, Jaime I hizo acuñar gros (copia del grossus denarius turonensis) cuyo uso fue declarado obligatorio. Pedro III ordenó emitir en Barcelona tipos equivalentes que por llevar la cruz en el reverso fueron llamados croats. El gros y el croat vahan doce denarios y medio.

Cataluña no podía mostrarse insensible a las presiones que, desde Castilla —área de la dobla— y desde Italia se le hacían para regresar al patrón oro. La aparición de minas de oro en Silesia y Hungría y la apertura de rutas importantes para el oro de África, permitieron a Florencia, Venecia y Génova acuñar ducados y florines en 1252 y 1253 en piezas de 3’50 gramos. Las reservas auríferas habían llegado a ser tan abundantes que, por única vez en la Historia, pudo establecerse en 1/9 la relación con la plata. En 1346 Pedro IV dispuso que se emitieran en Perpiñán piezas de 22 quilates y 3’43 gramos que llamó también florines, a los que se calificaba del cuño de Aragón para distinguirles. La pretensión era excesiva: Cataluña contaba con pocas reservas de oro para sostener una moneda tan alta; el florín fue desvalorizado en 1351, 1363 y 1365 descendiendo su ley a 18 quilates. Pero la oligarquía barcelonesa, que veía en la estabilidad del croat una garantía de ahorro, se negó a devaluarlo y la proporción quedaba establecida en 1/13,1 tan irreal que se obtenían beneficios sacando plata del reino a cambio de oro.

XXIX

LAS FORMAS DE GOBIERNO

Feudalismo y régimen señorial

Desde la época de Alfonso VI la influencia francesa y borgoñona introdujo en los reinos cristianos españoles hábitos y términos jurídicos feudales que, generalmente, eran interpretados de un modo especial. Hallamos, por ejemplo, la expresión vasallo aplicada a simples campesinos en relación de dependencia de un señor o un monasterio. El homenaje se extendió, ciertamente, pero la costumbre era de besar las manos y no juntarlas. Todo este barniz feudal externo llegaba a la Península cuando ya comenzaban a modificarse los presupuestos mismos del feudalismo. A menudo confundimos éste con el régimen señorial —que sí triunfó plenamente en España— y se atribuye naturaleza feudal a reglas meramente señoriales. Un ejemplo: es más frecuente que a los caballeros de la militia regis se abone un estipendio o soldada que no que se les entregue un beneficium (prestimonio).

Esta relación personal del vasallaje, que en España se contrae mediante un pleito homenaje sin calificaciones, estuvo vigente hasta la revolución Trastámara de modo universal en la Corte, en la que sólo entran los vasallos del rey. Era contrato personal que se fundaba en el beso de las manos —costumbre que ha perdurado hasta época muy reciente— pero que podía romperse bien por voluntad del soberano, bien por deseo del vasallo mismo cuando se consideraba víctima de injusticia. La ruptura equivalía a un desnaturamiento que, en épocas avanzadas, significaba una abjuración de la patria manifiesta en forma gráfica por la ceremonia de cruzar tres veces consecutivas la frontera. El famoso desnaturamiento de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es muy rico en expresiones formales, pero no refleja con exactitud el caso feudal pues se trata de una ocasión límite, la expulsión de un noble por haber incurrido en la ira del rey. En cualquier caso de desnaturamiento los vasallos del desterrado quedaban en libertad para seguir a su señor.

En Castilla, Aragón y Navarra los beneficios vasállicos, llamados prestimonios y honores, evolucionaron hasta convertirse en subrogaciones de la autoridad real en forma de señoríos. La administración y gobierno territoriales quedaron modificados. Los prestimonios castellanos eran vitalicios y, en cualquier caso, revocables a voluntad del soberano, mientras que los honores aragoneses y navarros, que contenían siempre acción de gobierno sobre villas o comarcas, eran hereditarios. En el siglo XII en los reinos occidentales había ya la costumbre de entregar las tenencias o mandaciones territoriales en calidad de prestimonios a vasallos, y entonces eran llamadas honores, como en los reinos orientales. El honor incluía, además de las funciones de gobierno, el disfrute de las rentas pertenecientes al fisco en los territorios señalados. Desde mediados del siglo XII la constitución de los primeros linajes nobiliarios produjo una tendencia muy marcada en éstos a convertir en hereditarias las mandaciones territoriales aprovechando siempre la posesión de dominios dentro o cerca de ellas. Algunos de ellos, como los Haro, los Lara o los Castro lo consiguieron. Al producirse, además, la conquista de Andalucía, Fernando III entregó propiedades y señoríos en «juro de heredad», con obligaciones y derechos muy precisos.

Por otra parte, desde el siglo XI se estaba produciendo la proliferación de inmunidades o cotos que no sólo inhibían de la presencia de oficiales e impuestos en el territorio al que esta condición se otorgaba, sino que comportaba para los señores el ejercicio de funciones que eran netamente de gobierno y administración. En el siglo XIII las donaciones de los soberanos eran siempre o casi siempre inmunes, y el país entero evolucionaba hacia una forma de administración señorial que puede calificarse de compartida puesto que el rey se reservaba siempre una parte de las villas, ciudades y territorio, que se consideraba como realengo. Aunque el señorío fuese ya una subrogación de autoridad hereditaria, se diferenciaba del feudalismo en que no confundía propiedad con autoridad, ni suponía la renuncia completa de ésta. Los reyes retenían para sí el ejercicio de la justicia en los señoríos, el derecho de fundar ferias y la acuñación de moneda que, con sólo una excepción conocida —el caso de Gelmírez— jamás se otorgó. El servicio militar y la alberguería que todo vasallo debe a su señor, se tradujo, respecto al rey, en dos impuestos, fonsadera y yantares. En el siglo XIV ambos rendían poco.

La evolución de las instituciones administrativas es bastante semejante en Cataluña a causa de que los condes de Barcelona pudieron imponer a los demás la supremacía judicial que se refleja en el título superior de príncipe. Cataluña entera fue el Principado y la superioridad de los descendientes de Wifredo se vio reforzada cuando Ramón Berenguer IV adquirió el trono de Aragón. Sin título de reino, el territorio lo era del mismo modo que los otros miembros de la Corona; con mayor razón aún, puesto que demográficamente llegó a representar más del cincuenta por ciento del total. La posición de los condes y vizcondes —la dependencia de los segundos hacia los primeros aparece borrada en el siglo XII— es igual a la de los señores en los otros reinos; constituyen la alta clase de los barones. La diferencia está en la existencia de una jerarquía de subinfeudaciones que permite la formación de una segunda clase de nobles, caballeros, los cuales reciben la investidura y poseen, con las limitaciones correspondientes, potestad de gobierno.

El rey y sus poderes

El Estado es, en toda España durante la plena Edad Media, de forma monárquica. Conservó siempre, de su lejano origen romano, el carácter de institución pública al servicio de la comunidad a la que aseguraba el cumplimiento de tres fines: custodia del orden público y mantenimiento de la paz interior; defensa del territorio y de la integridad incluso en la fe religiosa; administración recta de la justicia. Según hemos visto son estas tres funciones las que el rey se reserva en los señoríos, asegurando así la unidad del mando. Aunque se advierten en los siglos XI y XII fuertes ingerencias del derecho privado, visibles en los repartos que los soberanos realizan entre sus hijos, éstos se hicieron siempre respetando en su sentido estricto los derechos de la comunidad. Cada reino, con la sola excepción de Navarra, era considerado como yuxtaposición o suma de varias comunidades diferentes y así, en el siglo XIII, los monarcas lusitanos se titulan reyes de Portugal y del Algarbe, los castellanos de Castilla, León, Galicia, Toledo, Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia, y los aragoneses de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Rosellón y Cerdaña. Cada una de las comunidades se juzgaba indivisible y lo único asimilado a bien privado y, por tanto, enajenable, era la potestad regia.

La naturaleza de esta potestad, cuestión muy debatida luego por los tratadistas políticos de los siglos XIV y XV, no aparece definida claramente hasta Las Partidas de Alfonso X el Sabio. Porque no había duda en cuanto a que el soberano era custodio de la ley, y por tanto el primer sometido a ella, pero los documentos muestran poca firmeza en cuanto al origen de su autoridad. Se manejaban tres conceptos mezclándolos, el de la delegación divina —non est potestas nisi a Deo—, el de la representación de la comunidad toda —señor natural— y el de la legitimidad —ganar con derecho el señorío del reino, según Las Partidas— para explicar las razones éticas que obligaban a los súbditos a la obediencia. Desde mediados del siglo XIII, al consolidarse el poder de la nobleza, hubo mayor insistencia sobre el punto de que el rey era intérprete de la comunidad y servidor de la ley que sólo la comunidad misma podía modificar. Esto abría paso a las concepciones pactistas que serán la característica de la Baja Edad Media.

La procedencia divina del poder de los reyes fue asociándose poco a poco a la práctica de la transmisión de ese mismo poder. En la Alta Edad Media todos los hijos participaban de la naturaleza mística que, como un carisma, permitía a los reyes gobernar. Dios había determinado la transmisión de esta calidad suprema por el procedimiento objetivo de la herencia. Lentamente se procedió a dar más importancia a la forma objetiva de transmisión que a la naturaleza mística de la realeza. La costumbre de hacerse coronar decae y, en cambio, se fijan las normas para la sucesión. En Las Partidas se estableció ya que ésta debía hacerse por línea de varón y primogenitura, cediendo los más jóvenes a los mayores y las mujeres a los hombres en igualdad de parentesco. Claro es que el texto legal introdujo el derecho llamado de representación que, en vez de clarificar, hizo más confusa la herencia.

La potestad del rey aparecía simbolizada por la espada, corona, cetro y trono a que se añade en Aragón y Navarra, por influencia carlovingia, el globo de oro. El sello con que ejercía su autoridad era depositado en manos del canciller para que, en su uso, hiciera manifestación del poder del soberano. La proclamación de un rey nuevo recuerda en su nombre, alzamiento, la elevación germánica. En Navarra esto se hacía de una manera gráfica colocando al monarca sobre un escudo que se alzaba mientras los concurrentes gritaban: «Real, real, real». La Iglesia pretendió intervenir sujetando la investidura regia a un ceremonial de consagración, y se conservan algunos ejemplares de textos que sirvieron para este menester. Un obispo ungía y coronaba al monarca. Pero las querellas entre el Papa y los poderes laicos sembraron la desconfianza en los reyes, que veían en la presencia episcopal un intento de manifestar la superioridad de la Iglesia. Cuando Inocencio III, en 1204, recibió el homenaje de Pedro II de Aragón, dispuso que en adelante sus sucesores fuesen consagrados en Zaragoza y por el obispo de esta ciudad. Hubo pronto una reacción casi concorde. Pedro III ciñó la corona con sus propias manos (1276) y lo mismo hizo en Castilla Alfonso XI. En este reino la ceremonia de consagración cayó en desuso, siendo Juan I el último en practicarla.

La Curia Real

Las Partidas establecen una equivalencia entre Curia y Corte aplicando este término al lugar de residencia del rey y de sus consejeros, que le prestaban auxilio para el desempeño de las tareas de gobierno. Hasta las reformas emprendidas por Fernando III (1254), y en fechas semejantes en los demás reinos peninsulares, la Curia, que actuaba como consejo ordinario, estaba integrada por los parientes del rey, los altos oficiales de la Corte, los obispos y magnates que residían en ella o acudían llamados para consulta sobre un asunto, y los vasallos directos del soberano. Siendo la administración de justicia una de las funciones esenciales de la Curia, aparecen en Aragón y Navarra desde el siglo XII sendos judices que se encargaban sin duda de preparar las sentencias que dictaba el rey; en Castilla, desde el siglo XIII, se incorporaron juristas que tenían la misma función.

La Curia ordinaria funcionaba como un consejo permanente de atribuciones muy imprecisas y también como tribunal de justicia. El rey consultaba a sus consejeros sobre cuestiones como el matrimonio de sus hijos, las negociaciones con otros soberanos, la guerra, la donación de señoríos y la concesión de fueros. Como tribunal actuaba tanto en aquellas cuestiones que le eran propias —casos de Corte— como en todas las causas que alegaban derecho de apelación —alzadas. Desde mediados del siglo XI se advierte la tendencia a repetir e institucionalizar las Curias plenas, tenidas mediante expresa convocatoria y presididas siempre por el propio rey o por la reina. Se las llamaba Corte general o Corte pregonada, usándose el título en singular porque se entendía que las reuniones iban a contener una sola sesión. Como los antiguos Concilios de Toledo —a veces aparece también este nombre— estas Asambleas de magnates y obispos deliberaban sobre asuntos eclesiásticos y laicos. A fines del siglo XII en León, y durante la siguiente centuria en los demás reinos peninsulares, se tomó la norma de convocar representantes de las ciudades a la Corte general. Las sesiones, más prolongadas, originaron, en opinión de Marcelo Caetano, que se las llamase en plural Cortes.

Por otra parte la Curia ordinaria tendía a segregar organismos especializados. Desde el siglo XII en Castilla y el XIII en Aragón y Portugal, la redacción y registro de documentos quedó a cargo de un canciller, a quien auxiliaban los notarios, y que tenía la custodia del sello. Fernando III creó además los doce sabidores que se encargaban de proporcionar a la Curia ordinaria el concurso de los peritos; ellos prepararon la evolución hacia un tribunal supremo, función del Consejo. En Aragón desde la época de Alfonso III existe un Consejo reducido que tiende a hacerse permanente; no lo conseguirá hasta la época de Pedro IV.

Las Cortes

En relación con la Curia plena o extraordinaria, aparecen las Cortes; Marcelo Caetano piensa, como antes dijimos, que el plural que se emplea en esta palabra obedece tan sólo a que la amplitud y variedad de los asuntos obligaba a prevenir varias reuniones consecutivas en vez de una sola. Luego la institución cambió de carácter, pues al admitirse la asistencia de un nuevo estamento, ciudadanos, distinto de los dos antiguos, nobleza y clero, se pasó a considerar que las Cortes eran completa representación del reino y que abrazaban a los tres estamentos que componían la comunidad. Existen dudas acerca del momento en que se admitió a los ciudadanos en las Curias extraordinarias, pues los historiadores aragoneses citan su presencia en dos ocasiones del reinado de Alfonso II (1164 y 1186), pero de ningún modo se les llamó a deliberar. La primera vez que tengamos constancia de que así sucede, es en las Cortes de León de 1188, convocadas por Alfonso IX; tal año se considera como fecha fundacional.

El nombre de Cortes y la presencia de los procuradores ciudadanos se consolidan en el curso del siglo XIII. En Cataluña aparecen al menos desde la reunión de Villafranca del Panadés (1218), en Aragón desde las Cortes de Huesca (1247), en Portugal en las de Leiría de 1254, en Valencia en 1283 y en Navarra a principios del siglo XIV. Gama Barros llama, sin embargo, la atención acerca de la diferencia que siempre existió entre estos procuradores —convocados con limitaciones y sujetos también a limitaciones por los propios concejos— y los miembros de la nobleza y del clero que asistían por derecho personal y con plena libertad. Pues, según parece, las Cortes se atuvieron siempre a una función teóricamente deliberativa y de consejo, y la autoridad que alcanzaron se debía a situaciones prácticas, de necesidad por parte de la monarquía, con lo que cada estamento dependía de la fuerza y vigor de sus miembros. La autoridad de las Cortes fue más moral que material: los reyes no podían oponerse a las demandas ni dejarlas sin respuesta. Por otra parte, parece que las decisiones de carácter fiscal, en Castilla y Portugal, y las leyes consideradas generales en la Corona de Aragón necesitaban de general consentimiento. En las reuniones de Monzón de 1289 se declaró que ningún acuerdo de Cortes podía ser anulado salvo por las mismas Cortes.

El carácter económico de las Cortes está fuera de toda duda, al menos en lo que se refiere a su origen, y los municipios no consideraban su convocatoria como un beneficio —aunque la asistencia constituyera privilegio—, pues en ocasiones se quejan de la carga que representa para ellos, al menos hasta mediados del siglo XIV, mientras el número de asistentes fue grande. Sánchez Albornoz pone el interés de las villas y ciudades en relación con el tributo llamado de moneda, y así parece ser al menos en Castilla y Portugal. Para salvar sus enormes apuros financieros, los reyes del siglo XII imaginaron un procedimiento que consistía en disminuir la cantidad de metal fino de la moneda manteniendo en cambio su valor nominal. A esta práctica, que causaba perturbaciones muy graves en los precios, se llamó quebrar la moneda. Los súbditos se quejaron y el rey acabó comprometiéndose a respetar el valor intrínseco de las piezas a cambio de un impuesto; así sucedió desde 1202 en León. La renuncia del soberano tenía duración de siete años y acabó por convertirse en un impuesto, moneda forera, que debía pagarse al final de cada período septenal. Pronto los monarcas intentaron su percepción en plazos más breves provocando la resistencia de los estamentos, en especial de los ciudadanos. Éstos acudían a las Cortes para discutir con el rey qué tributos podían ser cobrados, atendiendo a la prosperidad o pobreza de los pueblos. Y a cambio del subsidio que votaban tenían el encargo de solicitar del rey concesiones y mejoras legislativas; las demandas fueron el contenido de los cuadernos.

En su evolución, las Cortes castellano-leonesas y portuguesas se diferencian mucho de las de la Corona de Aragón. Aparecen como un diálogo entre la Curia —el rey y sus vasallos nobles y eclesiásticos— y las ciudades, sin dar ocasión a que los estamentos se consolidasen separadamente. Nobleza y clero acabaron desinteresándose y, poco a poco, las Cortes llegaron a ser solamente reuniones del tercer estado con el monarca y sus consejeros; en él encontró el rey apoyo decisivo. Pero el número de procuradores, dos por cada villa o ciudad, fue disminuyendo sin pausa a partir de las Cortes de Burgos de 1315 a las que concurrieron hasta doscientos. El aumento de los señoríos hacía perder a villas y ciudades derechos de asistencia; al final del período que estudiamos el número de municipios representados era alrededor de medio centenar. Los procedimientos para la elección de procuradores variaban: sorteo, cooptación, turno y votación aparecen mencionados. En cualquier caso se trataba de individuos de las capas superiores de la población ciudadana, caballeros, escuderos y hombres buenos.

Convocadas las Cortes por el rey, para lugar y fecha fijos, el concejo entregaba su mandato e instrucciones a los procuradores, a veces tan estrictamente que necesitaban recurrir de nuevo a aquél para interpretarlas. Durante el ejercicio de su cargo, los procuradores quedaban bajo salvaguardia real; Pedro I dispuso que no pudieran ser demandados ni presos hasta que hubiesen vuelto a los lugares de procedencia. El rey inauguraba solemnemente las Cortes teniendo a su derecha a los nobles y a su izquierda al clero y enfrente a los ciudadanos. El señor de Lara tenía la voz del primer estamento, el arzobispo de Toledo del segundo y la ciudad de Burgos del tercero. Cada estamento celebraba reuniones por separado. Tanto en Castilla como en Portugal los procuradores presentaban al rey un cuaderno de quejas a cuya respuesta se obligaba el monarca, pero sin vincularse en modo alguno a atenderlas. Muchas de las demandas eran respondidas con la evasiva de «haremos lo que mejor cumpla a nuestro servicio».

Aunque los poderes de las Cortes sean teóricamente muy extensos, tanto como lo fueran sus antecesoras las Curias plenas, en la práctica su eficacia se reducía a sólo tres clases de asuntos: el voto de subsidios y su consecuencia, la discusión de los impuestos; el juramento del heredero, lo que les daba ocasión de intervenir en los gobiernos de las minoridades; la actividad legislativa. Todas las respuestas dadas a los cuadernos de Cortes tenían carácter de ley. Al parecer, cuando el monarca quería dar mayor vigor a sus disposiciones, las promulgaba en Cortes en forma de Ordenamientos que tenían especial solemnidad.

Algunas diferencias muy importantes existen entre las Cortes castellanas y las de la Corona de Aragón. Aceptando el principio de la comunidad como un cuerpo del que el rey era cabeza, los estamentos recibían el nombre de brazos; eran tres en Cataluña y Valencia y cuatro en Aragón porque la nobleza aparecía dividida en dos clases, ricoshombres y caballeros. Los procuradores de las ciudades, elegidos por el vecindario en pleno, gozaban de mayor independencia que sus equivalentes castellanos y sólo a veces se les proveía de instrucciones reservadas. La obligatoriedad de su presencia fue sancionada por la constitución de Pedro III llamada Recognoverunt proceres, de 1282. Cada estamento, celebrando sesiones separadas, adquirió gran conciencia de clase y de eficacia en cuanto a la limitación del poder real; por eso lucharon para conseguir la periodicidad, y en 1283, tanto en Aragón como en Cataluña, el monarca aceptó que se reuniesen todos los años. Aunque la práctica demostró la imposibilidad de cumplir la promesa, el principio limitó la potestad del rey. Cada ciudad se hacía representar en Cortes por dos síndicos, salvo Zaragoza, Barcelona y Valencia que tenían cinco respectivamente.

Las Cortes de la Corona de Aragón dedicaban la primera de sus reuniones a escuchar el discurso regio. Unos habilitadores designados por el rey y los síndicos se encargaban de examinar a los procuradores a fin de comprobar si se habían guardado las condiciones debidas; luego prestaban juramento. Cada brazo escogía un promovedor y un notario que se encargaban respectivamente de dirigir los debates y levantar acta. Las negociaciones entre los estamentos y con el rey eran muy prolijas y difíciles: el monarca designaba tratadores y los estamentos escogían embajadores para este menester. En Aragón era necesario lograr unanimidad de los estamentos para que se pudiera tomar acuerdo. Pero la diferencia más importante con respecto a sus homologas castellanas estaba en los greuges o agravios que los procuradores presentaban, quejas contra el rey o sus oficiales por contrafuero; ningún asunto era sometido a deliberación mientras no se hubiese dado satisfacción sobre este punto. El rey, a quien apremiaba el deseo de llegar pronto al capítulo de los subsidios, tenía que plegarse a los deseos de sus súbditos. Por último, las Cortes gozaban de plenitud legislativa.

Antes de disolverse, con igual solemnidad que en su reunión primera, los estamentos elegían unos diputados que cuidaban de la percepción y administración del subsidio votado. Esta costumbre, inaugurada en Cataluña antes de fines del siglo XIII, daría origen a la institución llamada Diputación, que no se consolida hasta el reinado de Pedro IV.

El Gobierno Central

Rey y reino en comunidad, eso son las Cortes. Para la administración y gobierno de dicha comunidad, la plena Edad Media ha visto nacer organismos que, en embrión antes del siglo XI, alcanzan pleno desarrollo en las centurias siguientes. Por encima de realengos y de señoríos cuatro funciones se reservaban a la plena potestad del monarca, ejecutiva, judicial, fiscal y militar, que eran como los cuatro elementos componentes de su autoridad. El ejercicio de cada una tuvo como consecuencia el nacimiento de cargos cada vez más complejos y numerosos, sin que pudieran distinguirse bien los que eran de origen privado de aquellos otros que eran de origen público. En cualquier caso reconocemos la lejana precedencia visigoda; por esta razón nombres y funciones son muy semejantes en todos los reinos peninsulares.

1. Los oficiales palatinos. Tres son los cargos principales: alférez (del árabe al-faris, jinete), mayordomo y canciller. En relación con sus actividades, otros muchos oficiales aparecen en los siglos XII y XIII, a veces en correlación, otras en subordinación. El alférez, signifer, senyaler en Aragón y Cataluña, lleva la espada y el estandarte del rey, manda su escolta, ejerce la dirección del ejército en ausencia del soberano. Se le considera ejecutor de las órdenes reales y protector de las viudas y los huérfanos nobles. La frecuencia en el cambio de titulares es signo de la decadencia del oficio que, en la Baja Edad Media, carecerá de importancia.

El mayordomo era considerado como el primero de los oficiales palatinos; a veces se le nombra senescal. A él correspondía la administración de los bienes del soberano y la vigilancia de los gastos de su casa, por lo cual era ayudado por otros oficiales de inferior categoría, como el camarero, que cuidaba de la habitación y vestidos del rey, el tesorero, custodio de sus bienes muebles, el copero, a quien incumbía la despensa, reposteros, despenseros, aposentadores, que se ocupaban de comprar ropas y objetos de uso personal, conservarlos y disponerlos. Un capellán mayor y varios otros clérigos formaban parte de la Casa del rey. Halconeros y monteros, guardas y jueces, etc., completaban este mundo.

La Cancillería es en todos los reinos del occidente de Europa el primer organismo que se independiza. Siendo su misión expedir documentos, cobrando por ellos las tasas acordadas, hubo de hacerse cargo de la custodia del sello real y fue encomendada principalmente a clérigos, únicos dotados de instrucción suficiente. En ella se absorbieron los antiguos notarios. Los arzobispos de Santiago y Toledo fueron designados cancilleres a perpetuidad, pero este título representaba para ellos dignidad y renta, no servicio. En la práctica otras personas ejercían el cargo: eran los Cancilleres Mayores del rey, a quienes auxiliaban notarios. En la Corona de Aragón, por corresponder al Canciller Mayor la presidencia del Consejo, surgió un vicecanciller, que gobernaba efectivamente el cargo en cada uno de los reinos que la integraban.

2. La Hacienda pública. En el régimen fiscal de la monarquía se advierte la confusión de origen de que adolece toda su organización política. Hasta el siglo XIII los reyes tuvieron en rentas privadas casi la totalidad de sus ingresos; en ello no se distinguían de los nobles, cuya plataforma económica, el señorío, mezclaba funciones privadas y públicas. De ahí una consecuencia: la obligación de tributar no abrazaba a todos, ni tampoco en igual medida; nobles y clero estaban exentos, así como muchos dependientes de éstos a quienes se consideraba excusados, o descendientes de repobladores a los que se atrajera con privilegios a las tierras nuevas. Tal circunstancia dio origen a que los sujetos a tributo, pecheros, fuesen considerados como clase especial e inferior de la sociedad. La percepción —el conocimiento incluso— de tales rentas era tan imperfecta que se necesitaba recurrir a frecuentes pesquisas para averiguar cuál era el derecho de la corona. En Castilla el nombre de Fisco fue sustituido incluso por el de Cámara.

El patrimonio del rey, primera fuente para su sostenimiento, era llamado «realengo» en Castilla y «honor» en los reinos orientales. Tendía a incrementarse porque todas las tierras vacantes eran atribuidas al soberano —entre ellas las que se obtenían por conquista de los musulmanes— y a disminuir también a causa de las donaciones que hacían pasar dominios del «realengo» al «señorío». Desde mediados del siglo XIII, concluida la Reconquista, faltaron las compensaciones y por ello el «realengo» comenzó a disminuir; esto hizo más graves las necesidades del soberano, a quien nuevos y mayores gastos obligaban a buscar con premura otros ingresos. La administración del patrimonio correspondía al Mayordomo Mayor, de quien dependían los oficiales, que en cada distrito llevaban a cabo la custodia de bienes, y que eran llamados merinos en Castilla, batlles o bayles en Aragón, prebostes en Navarra. Como, además de las rentas del patrimonio, existían otras pertenecientes al rey, tanto en realengos como en señoríos, surgió un almojarife mayor que, desde 1327, será llamado tesorero. En el siglo XIV la operación de tomar las cuentas corresponde ya a los contadores, que dependen del mayordomo. En Aragón aparece a fines del siglo XIII un maestre racional al frente de toda la administración de rentas, auxiliado por el tesorero, el escribano de ración y el batlle general.

El sistema de percepción directa de los impuestos, por medio de merinos y de sus agentes ejecutores, los sayones, daba mal resultado. Cada uno de los oficiales encargados del cobro retenía el dinero para satisfacer gastos asignados sobre el tributo correspondiente y entregaba después para su fiscalización el sobrante. De este modo, con mermas y retrasos, la Cámara pasaba por grandes apuros que, en la época de Alfonso X, fueron verdaderamente angustiosos. Lentamente se entró en un sistema de arrendamiento que ofrecía a la corona la ventaja de percibir de modo inmediato el importe global, dejando a los arrendatarios los retrasos, aun a trueque de cargar las diferencias sobre los hombros de los contribuyentes. En el siglo XIV este procedimiento se generalizará.

Podemos agrupar los ingresos obtenidos por la Hacienda real en seis apartados:

a) Impuestos ordinarios. Eran probablemente los de más escaso rendimiento. Las caloñas (en Portugal también llamadas voz y coimas) eran las multas a que se habían hecho acreedores los delincuentes. Fonsaderas (huest o cavallería en la Corona de Aragón), así como la anubda, acémilas y yantares o cenas se encuentran muy próximas de aquéllas por cuanto que son compensaciones por servicios militares o de alojamiento que dejan de prestarse al rey. La expedición de documentos, en cuanto que éstos contenían ventajas económicas para el beneficiario, daban origen a un impuesto de sello. También las minorías no confesionales de judíos y moros pagaban un impuesto directo, llamado cabeza de pecho.

b) Rentas señoriales. En las tierras de «realengo» el rey disfruta de los mismos derechos que cualquier otro noble en su señorío. En primer término percibe una cantidad —al principio en especie, más tarde en dinero— que es mezcla de la renta por la ocupación de la tierra y del tributo por la sumisión; se la llama foro o pecho —la pecha de la Corona de Aragón es pagada por todos los campesinos— y luego infurción. Se estimaba en una décima parte de la cosecha en los reinos occidentales y en una novena en los orientales. Sánchez Albornoz cree que por abonarse en marzo se convirtió luego en marzadga o martiniega. En segundo término están estos derechos tan personales y afectos a la condición de los campesinos que son fumática, luctuosa, mañeria, huesa, etc., de tan escaso rendimiento a partir del siglo XII, que el rey renunciaba voluntariamente a ellos. Todavía en Portugal se conservará durante mucho tiempo el relego, es decir, la prohibición de venta de vino mientras no se hubiese vendido la cosecha del rey.

c) Regalías. Recordaban que, en cuanto no se hubiera hecho cesión expresa, todo el reino pertenecía al rey, tanto el territorio como la actividad económica. Eran regalías la acuñación de moneda, que dejaba como beneficio la diferencia entre el valor fiduciario de las piezas y el verdadero del metal fino empleado; dio origen al impuesto llamado de moneda forera pagado cada siete años cuando las Cortes compraron al rey el derecho de quiebra. Las salinas podían ser cedidas a particulares, bien por medio de contratos de arrendamiento, como en la Corona de Aragón, bien en pleno usufructo, pero reservando al rey una parte considerable de los beneficios. Lo mismo sucedía con las minas. El establecimiento de mercados se consideraba también una regalía.

d) Tercias. Durante el cerco de Sevilla Fernando III obtuvo de los Papas autorización para disponer de una parte del diezmo eclesiástico, aquella que se aplicaba a la fábrica de las iglesias y que por ser de tres novenas partes era llamada tercia. Lo que el Pontífice puso a disposición del soberano fueron solamente dos de estas novenas partes. Al confirmarse en tiempos posteriores esta concesión, acabó por convertirse en un auténtico impuesto.

e) Impuestos sobre el comercio. La entrada y salida de mercancías del reino se gravaba con un tributo que era de la décima parte de su valor; de ahí que recibiese el nombre de diezmo de los puertos y diezmo de la mar según que se cobrasen en frontera o en costa; Sevilla conservó el nombre musulmán de almojarifazgo. Las aduanas de los estados de la Corona de Aragón fueron percibidas por las Cortes cuando éstas asumieron la tarea de cobrar los servicios votados por ellas mismas. Personas y mercancías tenían que pagar a su paso por determinados puntos un impuesto llamado peaje genéricamente y barcaje, roda o pontazgo cuando se trataba de usar barca, carro o puente. Los ganados pagaban un montazgo, que era a la vez derecho de tránsito por la transhumancia y de aprovechamiento de las hierbas y bosques. A él se unió un servicio de los ganados que las Cortes otorgaran en el siglo XIII con carácter extraordinario y que Alfonso XI, en 1343, hizo fundir con el anterior. En los estados orientales la trashumancia y el pasto se percibían separadamente por un carneraje y un herbaje. Las mercancías llevadas para venta pagaban un portazgo —lezda o leuda en Cataluña—, que era la pervivencia de las antiguas teloneas romanas; Las Partidas explican que este impuesto era compensación al rey por la salvaguardia que éste otorgaba a los mercaderes. Era distinto de las cantidades percibidas en el propio mercado por las autoridades locales y que, por herencia musulmana, recibían el nombre de alcabalas. En 1342 las Cortes otorgaron a Alfonso XI permiso para cobrar una alcabala real en todos los lugares del reino para atender a la guerra de Algeciras. Renovada más tarde la concesión, acabaría convirtiéndose en impuesto normal.

f) Ingresos extraordinarios. Las parias pagadas por los reyes musulmanes, que permitieran el enriquecimiento de la Corona de Aragón, cesaron en el siglo XIII, a excepción de Granada, monopolio castellano. Los quintos del botín de guerra, incluso en el mar, jamás representaron percepción importante a causa de las dificultades para hacerla efectiva. Los ingresos extraordinarios, nervio y vida de la monarquía medieval, fueron en la práctica tan sólo los que proporcionaban las Cortes por medio de subsidios votados. Éste es el servicio en la Corona de Castilla, ayuda en Navarra y donativo en Cataluña. Se cobraban, en todos los casos, como un verdadero impuesto.

3. La Justicia. Según hemos visto la Curia restringida era supremo organismo de justicia, auxiliando al rey, a quien correspondía la plenitud de este poder. Desde el siglo XI existen en ella especialistas del derecho, jueces de Curia o jueces palatinos, al mismo tiempo que aparecen en las ciudades y villas jueces de nombramiento real, alcaldes en Castilla, zalmedinas en Aragón, vegueres en Cataluña. Cuando los municipios se organizan en forma independiente, reivindican para sí el derecho de elegir tales jueces, que han de formar parte del concejo. En todo caso, tanto de estos jueces locales como de los de señorío, podía apelarse ante el rey. La existencia de las alzadas complicó el procedimiento, obligando a redactar la causa por escrito, conforme a leyes, y aumentando extraordinariamente el trabajo de la Curia. Los reyes de Castilla, en el siglo XIII, establecieron un Adelantado Mayor de la Corte o Sobrejuez para que, en su ausencia, presidiese las sesiones judiciales de la Curia. Hubo que dotar a ésta de alcaldes de Corte, sustitutos de los antiguos jueces palatinos, y de alguaciles que ejecutasen las sentencias.

Las Cortes de Zamora de 1274 promulgaron una reforma de la Justicia mediante el Ordenamiento que estaría vigente hasta el reinado de Enrique II. Dentro de la Curia nacía un Tribunal de Corte, compuesto por el rey, su Adelantado Mayor, veintitrés alcaldes de Corte —nueve para Castilla, ocho para León, seis para Extremadura— y tres alcaldes «de alzadas». Sus funciones eran tanto juzgar en primera instancia aquellos casos que se entendían reservados al rey, como quebrantamiento de seguro, asalto en despoblado, traición, alevosía, incendio de mieses o casas, fuerza a mujeres, etc., como recibir en apelación cualquier proceso que hubiera sido previamente sentenciado. Parece que la oposición de la nobleza obligó luego a importantes modificaciones: en las Cortes de Valladolid de 1312 se redujo a doce el número de alcaldes y en las de Madrid de 1329 fue ordenado que algunos de ellos, al menos, fuesen hidalgos.

La evolución institucional aragonesa es muy diferente. Aquí hallamos desde principios del siglo XII un juez o Justicia de la Corte como asesor único del monarca para el ejercicio de sus funciones judiciales. La introducción posterior del Derecho Romano suscitó por parte de la nobleza fuerte resistencia que, en la lucha general contra el autoritarismo del monarca, se canalizó hacia el objetivo de intervenir en el nombramiento de Justicia. En las Cortes de Egea de 1265 lograron de Jaime I el compromiso de que el Justicia fuese siempre un noble: las causas entre el rey y sus nobles, o las de éstos entre sí, serían juzgadas por el Justicia con auxilio de los nobles que estuviesen en la Curia. En 1266 se declaró que el Justicia tenía derecho a recibir las apelaciones de cualquier lugar del reino. Durante las luchas entre nobleza y monarquía, veinte años más tarde, la primera consiguió que fuese reservada al Justicia, con aprobación de las Cortes, la posibilidad de imponer la pena de muerte a un noble o ciudadano de Zaragoza. Fue después de la victoria definitiva de la monarquía, en las Cortes de Zaragoza de 1348, cuando Pedro IV dispuso que el Justicia fuese la garantía de los casos de contrafuero.

4. El ejército. La característica más importante en esta rama de las instituciones procede de la aparición de pequeñas fuerzas permanentes de soldados que realizan tareas de guarnición y a quienes se paga. No constituyen el ejército sino una pequeña parte de él. Cuando han de realizarse expediciones contra los musulmanes, se necesita proceder a la convocatoria de la hueste. A esta operación se la llama fonsado, mientras que el llamamiento para la defensa de una fortaleza o parte del territorio recibía el nombre de apellido. En general las obligaciones de apellido aparecen ya muy restringidas en el siglo XII en cuanto al número de hombres y la distancia que obliga a cubrir. En Cataluña el apellido, por cuanto que se hacía sonando las campanas, dio origen al somatén.

El ejército se componía de tres elementos: la mesnada del rey, en la que entran sus vasallos directos, los que de él reciben honores para este servicio, y las milicias de infantes y caballeros reclutadas en los realengos; las mesnadas señoriales, laicas o eclesiásticas; las milicias concejiles autónomas de los grandes municipios de la frontera, como Ávila, Toledo o Salamanca. Desde mediados del siglo XII las Órdenes Militares proporcionaron los más fuertes contingentes de caballería. Su perfecta jerarquía les daba tremenda eficacia. Hasta el siglo XIV, en cambio, ninguna de las monarquías peninsulares poseería una marina digna de tal nombre. Las grandes Ordenanzas de la flota de guerra de Pedro IV son de 1354.

La administración territorial

En los reinos de la Corona de Castilla, más que en Aragón y Navarra, asistimos a una profúnda evolución entre los siglos XI y XIII, la que lleva de la noción del condado mandación, con todo lo que supone de inestable, a la organización de adelantamientos. En la época de Alfonso VI, cuando se otorgan las mandaciones y condados en régimen feudal de «prestimonio» —nunca hereditario—, los condes poseen, como auxiliares en su administración, merinos, sayones y probablemente jueces en determinados territorios. El merino era en origen un mayordomo real, encargado de recaudar rentas y tributos y de exigir las prestaciones personales debidas al monarca; a tal fin poseía también poderes judiciales. Esta doble función, de juez y de reclutador de tropas cuando los hombres libres eran movilizados, contribuyó sin duda a aumentar el prestigio y autoridad de los merinos, mientras que los sayones, meros ejecutores de la justicia, quedaban rebajados.

El crecimiento de los señoríos y el progreso de los municipios hacia la libertad influyeron de un modo extraordinario en esta primera organización territorial. Los condes perdieron su carácter de funcionarios y acabaron por desaparecer; la autoridad de que los nobles gozaban se identificaba con la inmunidad de los señoríos y no con la mandación recibida. Nada tan significativo como la transformación de Vizcaya de condado en señorío. En el siglo XII, en todo el territorio peninsular, la atribución a los nobles de tierras para gobernar era hecha por los reyes como un honor o prestimonio, es decir, como un beneficium feudal, y no en calidad de mandación. Cuando los territorios eran pequeños, sus titulares los recibían como tenencia. Los tenientes de castillos eran llamados alcaides. Esta nueva organización de honores, tenencias y alcaidías, dejaba mayor campo de acción al merino, cuyo poder creció. Poco antes de 1200 los diversos merinos dependían ya de merinos mayores ante quienes debían rendir cuentas; se consolidaban poco a poco los distritos por ellos ocupados, merindades.

Sabemos con certeza que en la época de Fernando III eran varios los merinos mayores, correspondiendo a los diversos reinos que se integraban en su corona. Las funciones que a ellos y a sus dependientes estaban asignadas eran judiciales. Pero al incorporarse Andalucía, zona de frontera en donde la autoridad debía concentrarse, no se creó para ella una nueva merindad mayor, sino un adelantado que fuese, como su nombre indica, sustituto del rey en esta vanguardia con la plenitud de poderes del soberano que en él delegaba. El sistema tuvo éxito; al menos fue extendido a los demás reinos: León, Galicia, Castilla y Murcia tuvieron sus adelantados que eran calificados también de mayores. La confusión, sin embargo, es bastante grande: encontramos a veces merinos mayores y adelantados en un mismo distrito, otras que el sucesor de un adelantado se llama merino y a la inversa. No parece, sin embargo, que los merinos hayan tenido nunca poder militar, como los adelantados. En el reino de Castilla la organización cristalizó en diez y siete merindades, de límites fijos y nombres concretos.

Asturias y el País Vasco conocieron instituciones de otro tipo, Juntas que, en Álava y Guipúzcoa, se llamaban Hermandades. Ello se debe al régimen de libertad antiguo que, siglos más tarde, se identificaba con la hidalguía. Es una de las anuales Juntas de Álava, celebrada en Arriaga, la que determina reconocer a Alfonso XI como único señor de la tierra aportando al servicio del rey un núcleo de gentes que se integrarían en la futura nobleza Trastámara. Las diferencias entre la Junta General del Principado y sus homologas de Vasconia, se hicieron sumamente acusadas en el siglo XIV; pero también Guipúzcoa, con sus dos reuniones anuales, daba mayor sensación de unidad que Vizcaya, en donde la Junta celebraba sesión bajo el árbol de Guernica sólo una vez cada dos años y dividida profundamente entre los valles (merindades), las villas de fundación real o condal y las Encartaciones.

El equivalente catalán del merino es el batlle = bayle, que nunca superó el nivel de un administrador de los bienes del fisco, usando de poder judicial únicamente en lo que se refería a estas cuestiones. Por lo demás, la organización administrativa era diferente en cada uno de los reinos de la Corona de Aragón. En Aragón todo cuanto no pertenecía a los municipios (universidades), se gobernaba por medio de nobles, a quienes se otorgaba el honor correspondiente. A fines del siglo XIII cada ciudad importante se convirtió en cabeza de un grupo de municipios que poseía el órgano común de acción policial llamado Junta. El rey nombraba para presidir la Junta un sobrejuntero. Cataluña estaba dividida en diez y ocho veguerías (veguer es la catalanización del antiguo vicarius), gobernadas por otros tantos vegueres dependientes del gobernador general del Principado. Al independizarse las ciudades, apareció en ellas un batlle, cuyo nombre denuncia el origen. Valencia fue dividida, a partir de 1347, en cuatro distritos, Castellón, Valencia, Játiva y Orihuela.

El municipio

En medio de estas circunscripciones territoriales, que son realengos o señoríos, según el tipo de jurisdicción a que estaban sometidas, se iban desarrollando los municipios. Sánchez Albornoz se opone a cualquier relación entre el municipio romano y su pervivencia visigoda, y el municipio medieval; en los primeros siglos de la Reconquista, aquél había desaparecido por entero. Sin duda las causas que contribuyeron a la creación de municipios fueron numerosas y complejas y, como consecuencia, también son muy variadas las formas de organización municipal. El desarrollo, experimentado en toda Europa durante los siglos XI y XII, devolvió a los núcleos urbanos su función económica acentuando la importancia que ya tenían como fortalezas; crecieron en forma desigual, favorecidos por su situación en los caminos o por la reactivación más intensa de comarcas inmediatas. Algunos se desprendieron de su antiguo origen rural; es a éstos a los que Hinojosa quería llamar municipios perfectos.

El origen de todo municipio parece hallarse en la asamblea de vecinos propietarios y libres llamada Concilium, que se parece al conventus publicus vicinorum de la época visigoda, y que entendía en cuestiones económicas de interés común tales como el aprovechamiento de bosques o la regulación de pastos. En Cataluña no se reunían todos los vecinos, sino únicamente los importantes, probi homines, lo mismo que en muchos lugares de la monarquía castellano-leonesa, en donde aparecen mencionados los hombres buenos en el sentido de calidad. Cuando se reunían todos los vecinos lo hacían por collaciones, correspondientes a las parroquias. El sistema, en funcionamiento en el siglo XI, se extendió y reforzó luego en las nuevas poblaciones al otorgarles fueros de cuya defensa se ocupaba el Concilium o la asamblea de vecinos. La aparición de municipios no significaba nunca la autonomía respecto a autoridades reales o señoriales; ésta vino luego como consecuencia de la absorción de poderes judiciales. En cierto momento los oficiales nombrados por el concejo, zabazoques (traducción del sáhib al-suq-musulmán) y alcaldes (de al-cadí), suplantaron a los merinos designados directa o indirectamente por el rey. Tal sustitución se hizo sin obstáculos porque liberaba al monarca de una pesada carga.

Todos los municipios —y este es un fenómeno general en Europa— derivaron rápidamente hacia formas oligárquicas. En su evolución los castellano-leoneses progresaron más rápidamente que los aragoneses y navarros que, todavía en el siglo XII, eran gobernados por un funcionario de nombramiento real. Contribuyó al afianzamiento la creación de ciudades, entre Duero y Tajo, y en Aragón, que por necesidades impuestas por la Reconquista, recibían extensos alfoces, es decir, territorios sometidos a su jurisdicción. De esta manera los municipios podían parangonarse con señoríos. Aunque en su origen presidiese la idea de Comunidad con estos alfoces, en la práctica se produjo una dependencia que no entrañaba igualdad alguna.

El Concejo era la representación de los vecinos. Se reunía llamado por algún instrumento, cuerno o campana, y la asistencia de todos era en principio considerada obligatoria, castigándose con una multa la no comparecencia. Pero en el curso del siglo XII este concejo abierto de todos los vecinos dejó de celebrarse y se restringió a la sola reunión de hombres buenos. Por otra parte, la vecindad sufría también restricciones: los nobles, los extranjeros, los moradores en la ciudad no eran considerados parte del Concejo; tampoco los moros ni los judíos. En el siglo XII el Concejo estaba presidido por un Juez, que en Aragón y Navarra se llama zalmedina o justicia, y era de nombramiento real. Bajo su dependencia actuaban los acaldes elegidos por las collaciones y que eran siempre varios; acabó generalizándose el número de dos. Las collaciones elegían también varios jurados o fieles, que se encargaban de representar los intereses del pueblo.

La costumbre de permitir a los vecinos más acomodados prestar servicio a caballo, dividió la población en dos categorías, la de caballeros y la de hombres buenos. La elección de juez, en aquellos municipios en donde tal costumbre se practica, desde el siglo XII, recaía siempre en persona que, por sus bienes, formaba parte de la primera clase. Los caballeros ciudadanos acabaron constituyendo una especie de patriciado que detentaba el poder; lo mismo sucedía en aquellas ciudades que, por formar parte de un señorío, no tenían reconocido el derecho a la elección de magistrados. En la Corona de Aragón, en donde la actuación del concejo abierto no se produce sino en contadas ocasiones, la evolución hacia un régimen de gobierno en forma de consejo restringido fue más fácil. De todas formas, Barcelona fue, según en otro lugar dejamos apuntado, casi una excepción, porque en ella el modelo de las otras grandes ciudades mediterráneas era bien visible.

Desde el siglo XIII se observa la tendencia a sustituir el concejo abierto por un Consejo restringido que en Castilla se llama regimiento, quien asumía las funciones que antes correspondieran a la asamblea general de vecinos. Valdeavellano señala la coincidencia entre este proceso y la recepción del derecho romano, que sin duda influyó. Alfonso XI, al término de las terribles guerras civiles que durante más de treinta años ensangrentaran el reino, fue impulsador decidido de esta tendencia a entregar el municipio a una junta de diez, doce, diez y seis —el número más frecuente—, veinticuatro o treinta y seis —este es el caso de las ciudades andaluzas— regidores, a quienes incumbía el nombramiento de los oficiales municipales, incluso los alcaldes.

Las Hermandades

En la decisión con que Alfonso XI combatió la independencia de los municipios hubo de influir, sin duda, el papel que éstos habían desempeñado en las pasadas turbulencias. Desde 1282 las ciudades constituyeron uniones, llamadas Hermandades, para defensa de sus intereses y, en definitiva, para intervenir en las arduas cuestiones políticas. Conviene advertir que este nombre de Hermandad fue aplicado a tres instituciones muy diferentes: la asociación de las ciudades de la costa cantábrica interesadas en el desarrollo del comercio marítimo (Hermandad de la Marina de Castilla), la organización de policía que crearon los colmeneros y pastores de Toledo, Talavera y Ciudad Real (Hermandad Vieja), y la unión antes mencionada (Hermandad General). Antes de 1282 existieron sin duda alianzas de ciudades, no tan amplias ni profundas como las que se constituyeron en dicha fecha; pero de ellas quedan pocos testimonios históricos: desde principios de siglo XIII Escalona se había «hermanado» con Plasencia, Ávila y Segovia para defensa de los rebaños y seguridad de justicia intermunicipal.

Entre mayo y julio de 1282, respondiendo al llamamiento del infante don Sancho contra su padre Alfonso X, se constituyeron cuatro Hermandades para agrupar a los monasterios benedictinos, a los obispos y abades, a los municipios de Castilla y León y a las ciudades de la Frontera. De ellas la tercera fue llamada General sin duda porque se había previsto que incluyese también a los dos estamentos superiores de las Cortes; en la práctica fue solamente una asociación de ciudades que acordaron celebrar reuniones anuales, en Burgos y en Toro respectivamente las de cada uno de ambos reinos. Apenas consolidado en el trono, Sancho IV ordenó la disolución de las Hermandades.

En 1295, al producirse nuevas agitaciones a causa de la minoridad de Fernando IV, los movimientos de Hermandad surgieron espontáneamente. Tres Hermandades Mayores, correspondientes a los reinos de Castilla, León y Toledo, fueron confirmadas por las Cortes de Valladolid este mismo año. Los municipios parecían dispuestos a conservar su organización: fabricaron un sello, señalaron el lugar de reunión de las juntas y declararon obligatorias sus decisiones. Soplaba un aire fuerte de rebeldía contra los nobles y contra el mismo rey. Una cuarta Hermandad, la de la marina, que nació en este momento, cobró enseguida un carácter muy distinto; no le interesaba otra cosa que asegurar las condiciones del comercio exterior. Las Cortes de 1302, primeras que Fernando IV celebró después de la declaración de mayoría de edad, confirmaron la existencia de la Hermandad. Carecemos de datos para saber en qué forma funcionaron las instituciones comunes, pero en la nueva guerra civil, a partir de 1312, las ciudades intervinieron a favor o en contra de bandos nobiliarios, «hermanándose» con ellos.

La concordia de Palazuelos permitió reconstruir por tercera vez la Hermandad General. En las Cortes de Burgos de 1315 se dispuso la celebración de juntas dos veces por año —en Cuaresma y en San Martín de noviembre—, asistiendo dos procuradores, un caballero y un hombre bueno, por cada ciudad, la ordenación de medidas para seguridad de la justicia y la creación de un comité de seis miembros que actuase cerca del rey como verdadero Consejo de la Hermandad. Noventa y seis villas y ciudades se incorporaron a la Hermandad. Pero el rey había visto en las Hermandades un peligro. Al llegar a la mayor edad las prohibió (1325). Dos años más tarde implantaba en Burgos el regimiento de diez y seis personas y aplicaba el sistema luego a las demás ciudades. La libertad municipal había terminado.

Cuando las Hermandades Generales fueron suprimidas, subsistió una Hermandad particular, llamada de colmeneros y ballesteros de Toledo, Talavera y Ciudad Real, que había sido constituida por orden real. El documento más antiguo que poseemos es del 13 de octubre de 1300, pero probablemente existen precedentes. Se trataba con ella de perseguir y castigar a delincuentes que hallaban refugio en los alfoces de dichos municipios, poco poblados. Protegida por el rey, esta Hermandad se convirtió en permanente y obtuvo, por privilegio de Fernando IV, una res de cada rebaño que pasara por su territorio para sostenerse. Sirvió de modelo a la Hermandad de los Reyes Católicos.

La junta de esta Hermandad se reunía tres veces al año, una de las cuales, sirviendo de alarde, tenía que celebrarse en el monte, al que acudían, bajo pena de multa, todos los miembros. A fines del siglo XIV el número de asistentes se reduciría a doce caballeros y veintiséis peones. Al frente de la Hermandad estaban dos alcaldes, de elección anual; ellos cuidaban los privilegios, daban órdenes a los cuadrilleros encargados de perseguir y capturar a los delincuentes, dictaban sentencias y administraban los bienes y las rentas.

III

LA BAJA EDAD MEDIA

XXX

LA CRISIS PENINSULAR

El gobierno castellano de Juan Alfonso de Alburquerque

Durante los siglos XIV y XV todos los reinos peninsulares se sienten sacudidos por una honda crisis cuyo aspecto externo, lucha entre nobleza y monarquía, esconde apenas el fondo, estructura social y económica, que se está gestando. La sustitución de una nobleza antigua por otra nueva, es el eje de la revolución Trastámara. Pero esta dinastía, cuyo influjo o dominio acabará extendiéndose a toda la Península, aportaba sus propias decisiones a casi todos los problemas: unidad política, expansión económica, gobierno autoritario, reforma religiosa. Al sumarse la gran potencia demográfica con el comercio exterior, Castilla adquirió, en los años del declive catalán —declive general mediterráneo— la fuerza radical de su hegemonía. Por esta causa la ruta de Flandes se convirtió en la cuestión más importante.

En 1350, al morir Alfonso XI, un solo hijo legítimo quedaba para sucederle, Pedro, que aún no había cumplido 16 años. En cambio ocho bastardos, Enrique, Fadrique, Fernando, Tello, Juan, Sancho, Pedro y Juana; tras ellos la nueva nobleza de Andalucía, pues son Guzmanes por su madre. Y dos primos, Fernando y Juan, infantes de Aragón, refugiados nuevamente en Castilla y demasiado próximos al trono para que no se sientan tentados. La reina madre, María de Portugal, víctima de desvíos continuados, espera su ocasión: tras ella se encuentran algunos miembros conspicuos de la antigua nobleza como Juan Alfonso de Alburquerque, hijo del bastardo portugués Alfonso Sánchez, receptor por matrimonio de los bienes de la Casa de Téllez de Meneses, y los Castro, que enlazan su partido con el heredero de Portugal, Pedro.

La figura de Pedro I, llamado a veces el Cruel y a veces el Justiciero, ha sido apasionadamente discutida. Pero los historiadores actuales carecen, en medio de la abundante bibliografía, de estudios científicos sobre los cuales apoyarse. En ocasiones el monarca parece un psicópata aquejado de manía persecutoria. Solitario detentador de autoridad, no aplicaba una proporción debida a las faltas de sus nobles cuando se trataba de ejecutar castigos. Como es lógico, sus enemigos vieron en él un monstruo. Años más tarde se dijo que no era verdadero hijo de Alfonso XI, sino de un judío, de nombre Pero Gil, cambiado en la cuna; sus partidarios serían llamados, después de su muerte, «emperegilados».

Apenas muerto Alfonso XI, Leonor de Guzmán inició la desbandada, refugiándose en Medina Sidonia, mientras sus parientes, Guzmán y Ponce de León, se fortificaban en sus señoríos. Se adivinaba la lucha entre ella y la reina; entre ambas Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, aparecía como fuerza capaz de instaurar el equilibrio. Nieto de Fernando de la Cerda, podía abrigar secretas aspiraciones al trono. Al inclinarse Juan Núñez de Lara y el infante Fernando a su favor, dieron a Alburquerque el poder. Hubo una voluntad inicial de concordia; los partidarios de Leonor de Guzmán recibieron confirmación de sus privilegios y, a mediados de julio, la concubina había salido de su refugio. Pero temía la acción de quienes controlaban la voluntad del joven monarca. Dio un paso muy firme al provocar la consumación del matrimonio de su hijo Enrique con Juana Manuel, hija del famoso literato, cuñada del rey Alfonso IV de Portugal. De ella obtendrán los Trastámára sus derechos al trono. En el estallido de cólera que siguió, Leonor fue presa, y Enrique hubo de huir a sus posesiones de Asturias, Noreña y Gijón, la herencia de su padrino Rodrigo Álvarez.

En agosto de 1350 se rompió el difícil equilibrio entre los miembros de la Curia real. La causa fue una grave enfermedad del rey. Juan Alfonso de Alburquerque se decidió en favor de la candidatura del infante Fernando; Juan Núñez de Lara, que contaba, entre otros, con el apoyo de los Manuel, reunió tropas en Burgos. Las circunstancias favorecieron al portugués, árbitro ya en la Corte: sanó Pedro I, murieron Fernando Manuel y Juan Núñez de Lara (28 de noviembre), y salió de España el arzobispo de Toledo don Gil de Albornoz, único que hubiera podido contrapesar su influencia. De todas formas don Gil inició en Avignon una corriente de amistosas relaciones con él Papa llamadas a tener la mayor importancia.

Un giro decisivo había tenido lugar en el exterior: Alburquerque y sus consejeros abandonaron la neutralidad inclinándose a favor de Francia: esto era contrario a los intereses de la marina cántabra. Adelantándose a cualquier acción, Eduardo III de Inglaterra interceptó a la flota que volvía de Flandes, causándole tremenda derrota frente a Winchelsea (29 de agosto de 1350). El monarca británico no quería entrar en lucha con los castellanos, avezados piratas, sino impedir la ayuda de éstos a Francia. Entró en negociaciones que llevaron a la firma de un acuerdo (1 de agosto 1351) bastante generoso por su parte, pero que le garantizaba contra acciones navales.

El gobierno de Alburquerque dura hasta 1353. Casi al comienzo del mismo Leonor de Guzmán es llevada a Talavera y ejecutada. Sus hijos fueron obligados —siendo niños— a dramáticas formas de sumisión. Seguramente sobre el valido portugués cae la responsabilidad de haber iniciado la oleada de sangre en Castilla. Para entrar en Burgos, en donde los partidarios de Juan Núñez de Lara seguían siendo fuertes, asesinó a Garcilaso de la Vega y a tres regidores. No pudo someter a Vizcaya, señorío vacante por muerte de Nuño de Lara (29 de agosto de 1352), pero redujo a Alfonso Fernández Coronel en Aguilar y le dio muerte (1 de febrero de 1353). La estrecha amistad con Navarra y con Portugal aseguraba las esperanzas de paz. En 1351 Alburquerque hacía presidir a Pedro I Cortes en Valladolid, esperando probablemente un aumento de popularidad.

La caída de Alburquerque

Únicas de que se hayan conservado cuadernos, las Cortes de Valladolid de 1351 fueron muy importantes. Alburquerque no pudo conseguir la reforma de las behetrías, asunto que interesaba mucho a la nobleza, pero frenó el avance de los municipios confirmando la supresión de las Hermandades e incorporando a una ley el aspecto más fecundo de ellas, el apellido para persecución de delincuentes, y benefició a nobleza y patriciado tomando las primeras medidas para limitar el poder de los gremios. No hay duda de que Juan Alfonso de Alburquerque salió de Valladolid fortalecido. Llevó a su rey a una entrevista con Alfonso IV en Ciudad Rodrigo (diciembre de 1351), luego a Asturias para someter a Enrique de Trastámara, que recibió el perdón (26 de junio de 1352), por último a la frontera de Aragón para firmar con Pedro IV el tratado de Tarazona (4 de octubre de 1352), que suspendía las ayudas de cada rey a los respectivos rebeldes. Fue después de esto cuando rindió Aguilar dando muerte a Alfonso Fernández Coronel. De éste recibió el anuncio de su propio destino: «Esta es Castiella, señor don Juan Alfonso, face a los homes e luego los gasta».

Alburquerque veía el remate de su obra en una alianza con Francia sellada por el matrimonio de Pedro I con una hija del duque de Borbón. Todas las circunstancias que rodean esta boda son extraordinarias, si bien Sitges logró desvelar una parte de la intriga. El punto clave del acuerdo era la enorme dote de trescientos mil florines de oro prometida por Francia, a la cual correspondería Pedro con Arévalo, Sepúlveda, Coca y Mayorga, arras para su esposa. Tan sólo mediante esta fuerte compensación económica era comprensible el abandono de la neutralidad. Pero la dote no fue pagada porque la situación económica de Juan II no era mejor que la del rey de Castilla. Los embajadores de Pedro se negaron a recibir menos dinero del estipulado en los primeros plazos y la futura reina, Blanca de Borbón, entró en España sin dote. Mientras tanto el rey se había enamorado de una dama del séquito de Alburquerque, llamada María Díaz de Padilla, bella e inteligente. A menudo se han mezclado ambas cosas atribuyendo a la amante el fracaso del matrimonio, lo cual resulta muy poco probable.

Alburquerque insistió para que se celebrase la boda, cuando ya Pedro se mostraba recalcitrante, y Valladolid se preparó para el acontecimiento en mayo de 1353. Los bastardos, Enrique y Tello, ligada amistad con los parientes de María de Padilla, solicitaron seguro contra Alburquerque, señalando a éste como el responsable de la situación política, y el rey ordenó hacerlo así. Luego, el 3 de junio, Pedro y Blanca se casaron en la iglesia de Santa María la Mayor, donde hoy se alza la catedral. Tres días después el rey abandonó a su esposa. Nostalgia por María de Padilla, dijo el cronista Ayala y han repetido después todos los historiadores. Haciendo referencia al episodio, algunos años más tarde, afirmaba el monarca, dirigiéndose al Papa, que había arrancado a su esposa «ciertas confesiones y reconocimiento». Sitges supone, y es muy probable, que Blanca reveló que la dote no podría ser pagada.

Hay, en todo esto, un trasfondo político a juzgar por la precisión con que todos los nobles abandonaron a Alburquerque, que acudió a refugiarse en uno de sus castillos, frontera de Portugal, mientras el maestre de Calatrava, su último partidario, hacía lo propio en una de de las fortalezas de su Orden. Los vencedores —parientes de Padilla, bastardos de Alfonso XI, infantes de Aragón— instaron entonces al rey a que acudiera de nuevo al lado de su esposa, pero esta segunda unión fue aún más breve que la primera. María de Portugal y Blanca se encerraron en las clarisas de Tordesillas mientras en la Corte los banderizos se repartían el botín. Fadrique, recobrado el maestrazgo de Santiago, y Enrique de Trastámara asistieron a su hermano Tello cuando casó con Juana Núñez de Lara y se convirtió en señor de Vizcaya. Los infantes de Aragón y, sobre todo, Fernando, buscaban alianzas dentro y fuera de Castilla, suscitando el temor de Pedro IV. Diego García de Padilla lograba el maestrazgo de Calatrava tras asesinar a su poseedor.

Rebelión de la nobleza

Eran tres grupos los que triunfaban y el entendimiento entre ellos resultaba difícil. Refugiado en Portugal, Alburquerque, teniendo el apoyo de Alfonso IV y del infante Pedro, entró en relación con los bastardos Enrique y Fadrique, enviados a Extremadura para combatirle. Y así nació una conjura contra el rey y sus maneras autoritarias; en cierto momento los conspiradores proyectaron sustituirle con el infante Pedro de Portugal, nieto de Sancho IV. Un arma excelente proporcionó el soberano de Castilla: en 1354 hizo que los obispos de Ávila y Salamanca declarasen la nulidad de su boda con Blanca y se casó de nuevo con Juana de Castro, buscando acaso la alianza de esta familia, única superviviente de la antigua nobleza. Ahora los rebeldes, que se alzaron en armas en la primavera de 1354, podían hablar de la concupiscencia sin freno del monarca y de la dignidad de un sacramento quebrantado. Inocencio VI, que tenía otros motivos de queja, respaldó el movimiento. Los Castro se unieron a los rebeldes. Y Pedro I abandonó a su flamante esposa con la misma rapidez con que dejara a Blanca.

Favorecido por la presencia de legados pontificios, el movimiento se extendió con rapidez. El arzobispo de Toledo, Vasco Fernández, y el obispo de Segovia, Pedro Gómez Gudiel, le dieron cabezas eclesiásticas. Los infantes de Aragón, combatiendo a favor del soberano, vieron que era imposible la victoria. Mucha gente sencilla pensaba como el pueblo de Toledo, que había alzado la bandera en favor dé una desdichada princesa atormentada por la crueldad de su marido. En otoño de 1354, desde Cuenca de Campos, Fernando y Juan, pasados al campo enemigo, formularon el programa de arreglo: reconciliación del rey y Blanca, expulsión de los Padilla, entrega del poder a la nobleza. Este programa fue adoptado con carácter general y se invitó a Pedro I a rendirse. Murió entonces Juan Alfonso de Alburquerque y aunque los rebeldes acordaron no sepultar el cadáver hasta después de la victoria, era indudable que el equilibrio interior se había roto. Entre Fernando y Enrique de Trastámara, cabezas posibles, los nobles preferían al primero, heredero legítimo mientras Pedro I careciera de hijos. La Unión renacía en Castilla; desde Tordesillas, el rey lo escribió así a Pedro IV. Pero éste se hallaba en Cerdeña y no podía esperarse que prestara ayuda.

Pedro I entró en negociaciones aceptando una conferencia con participación equitativa en Tejadillo, afueras de Toro. Uno de sus representantes, Gutierre Fernández de Toledo, dijo entonces que lo que se pretendía era entregar el gobierno en manos de la nobleza y que Pedro no lo consentiría jamás. La historiografía decimonónica nos ha acostumbrado a considerar en términos peyorativos cualquier movimiento aristocrático y nos impide comprender los móviles de los bandos en presencia: de un lado la afirmación del poder soberano del monarca; de otro, la apetencia de un gobierno de Consejo representativo —el gran número de ciudades sumadas a los rebeldes les ayudaba mucho—, que era justificación de las demandas de libertad. Los nobles entraron en Toro, en donde se les unieron las mujeres de estirpe real, María de Portugal, Leonor de Aragón, Juana Manuel, y obligaron al rey a rendirse. Pedro I vino a Toro para constituirse casi en un prisionero. En el reparto de prebendas que siguió, el infante Fernando fue canciller; su hermano Juan, alférez; Fernando de Castro, mayordomo mayor y el bastardo Fadrique, camarero. Enrique de Trastámara parecía mantenerse al margen.

Victoria del rey

En pocas semanas, Pedro I deshizo la coalición de los conspiradores; era fácil ahondar las diferencias. A fuerza de dádivas se atrajo a los infantes de Aragón, don Juan de la Cerda, Diego Pérez Sarmiento, Álvar Pérez de Castro y Sancho Ruiz de Rojas. En enero, aprovechando la espesa niebla, huyó de Toro hacia Segovia y reclamó los sellos. Esta reconciliación de los Castro debilitaba la ayuda portuguesa, en donde comenzaban a trabajar los elementos hostiles al infante que acabarían con la vida de Inés de Castro antes del verano de este año de 1355. Desoyendo las advertencias del legado pontificio, los infantes de Aragón se unieron al rey en Burgos y arrancaron a los procuradores de unas cuantas ciudades el consenso para cobrar un servicio destinado a la lucha. Fernando de Castro se refugió en Galicia. Fadrique huyó a las tierras de su Orden. Tello buscó amparo en Vizcaya.

La guerra adquirió tintes sombríos de crueldad; el rey empezaba las sangrientas represiones que le darían triste fama. En Toledo, donde la lucha fue encarnizada, los nobles saquearon la aljama de los judíos, pero fueron rechazados y Blanca quedó de nuevo presa. Aquellos que Pedro juzgaba responsables de la rebelión, murieron en el patíbulo. Los actos de sumisión se hicieron ahora veloces y sólo Toro, en donde estaban Enrique y Fadrique, los bastardos gemelos, ofrecía apreciable resistencia. Fue cercada completamente en setiembre de 1355. Enrique de Trastámara, que comprendía que la causa de la nobleza estaba perdida, y no fiaba en el perdón de su hermano, abandonó la ciudad so pretexto de que buscaría ayuda. Esto fue importante: Enrique polarizaba en torno a su persona la adhesión de quienes no se rendían y, en las postrimerías de la guerra, ésta parecía casi una contienda personal entre él y Pedro I. Lentamente los fugitivos iban llegando a Aragón en donde les era ofrecido asilo.

El término de la lucha vino por la doble vía de los castigos crueles y el perdón. Desde noviembre de 1355 Pedro I había puesto cerco apretado a Toro. En su campamento escuchó las débiles exhortaciones del cardenal Guillermo de La Jugue. Fadrique, maestre de Santiago, se salvó acogiéndose a la reconciliación con su hermano el mismo día (25 de enero de 1356) en que éste penetraba por un portillo en la ciudad. Los defensores fueron ejecutados. María de Portugal regresó a su reino. Juana Manuel quedó prisionera. Entonces los últimos reductos depusieron su rebeldía y los defensores de ellos buscaron refugio en Aragón o Francia. Así hizo Enrique de Trastámara que, desconfiando del seguro real, embarcó en Vizcaya, rumbo a la Rochela. Ayala dice que los perdones otorgados entonces por Pedro I obedecían a un tortuoso plan de reunir a todos los jefes a fin de destruirles juntos. Tello fue reconocido como señor de Vizcaya, pero los procuradores del señorío juraron no recibirle nunca en rebeldía contra su rey.

La primera guerra entre Castilla y Aragón

La guerra civil dejaba dos secuelas: una profunda enemistad del Papa Inocencio VI hacia Pedro I, que alimentaban don Gil de Albornoz y don Pedro Gómez Barroso, y la presencia, en Aragón y en Portugal, de fuertes núcleos de caballeros desterrados que el monarca castellano juzgaba imprescindible eliminar. Con respecto a Portugal y a Navarra, Pedro ensayó el camino de la amistad: en 1355 hubo negociaciones con el infante Luis, que actuaba como regente en nombre de su hermano Carlos II, preso en Francia, las cuales desembocaron en una paz por diez años en abril de 1356. Juan Fernández de Hinestrosa, tío de María de Padilla y principal miembro de la Corte de Pedro I, recibió importantes regalos. En Portugal la guerra suscitada entre el infante Pedro y su padre después del asesinato de Inés de Castro, permitía asegurar la amistad al menos de una parte. Los Castro se encargaron de lograr la alianza del príncipe rebelde con Castilla.

Con Aragón fue usada la fuerza. Como antes del tratado de Tarazona, los infantes Fernando y Juan habían reanudado sus presiones para resucitar sus viejas demandas; en prenda de fidelidad ofrecieron a Pedro I los castillos de Orihuela y Alicante, dentro del territorio que Pedro IV detentaba con títulos discutibles. Al mismo tiempo el infante don Juan solicitaba de su hermano las condiciones para una reconciliación y Pedro IV exigía el abandono de los unionistas y la restitución precisa de estos dos castillos. Por ambas partes se fijaban miradas atentas sobre un territorio en disputa. Desde Cagliari, temporal residencia del soberano aragonés, otra cuestión parecía vital; la guerra encarnizada entre genoveses y venecianos que sacudía de punta a punta el Mediterráneo. Castilla era estrecha aliada de Génova y Aragón su mortal enemiga. Los piratas castellanos participaban en aquella confusión.

Al producirse la ruptura entre Castilla y Francia, los franceses acudieron a Cataluña para contratar buques. Una flotilla de once velas que llevaba el almirante Francés de Perellós capturó ante Sanlúcar de Barrameda, casi a presencia de Pedro I, dos buques mercantes placentinos, que los catalanes calificaban de genoveses. El monarca castellano protestó con vehemencia e hizo confiscar todos los bienes catalanes en su reino. El 8 de agosto de 1356 formuló un verdadero ultimátum que colocaba en primer término la exigencia de expulsión de los desterrados. Pedro IV respondió con mesura y energía, sin abrir la puerta a las concesiones que su principal consejero Bernardo Cabrera proponía. Estalló la guerra. Más débil, el soberano aragonés fío en la diplomacia y no en las armas: recoger a los desterrados y enemigos, fundirlos en un sólido grupo y hacer luego crecer a éste con el dinero proporcionado por Francia y por Avignon. En este plan figuraba ya el proyecto de convertir a Enrique de Trastámara en cabeza de los castellanos; venido de Francia, firmó el tratado de Pina (8 de noviembre) recibiendo rentas para armar seiscientos caballos y otros tantos peones. El infante Fernando, que sostenía secretas negociaciones con el Ceremonioso, se vio defraudado.

Pedro I inició las hostilidades apoderándose de Orihuela y Alicante (8 de setiembre de 1356) antes de que se hubiera dado respuesta a su ultimátum. En Alcaraz reunió consejo y planeó la ofensiva en tres frentes: Fernando desde sus tierras, sobre Játiva, para resucitar la Unión valenciana, Juan y Tello desde Calatayud sobre Aragón y él mismo, con el grueso, desde Requena hacia Valencia, defendida precisamente por Enrique de Trastámara. No parece que este plan haya tenido éxito pues los sucesos de aquel año fueron favorables a Pedro IV. La población de Alicante expulsó por su cuenta a las tropas castellanas. Naturalmente había sondeos muy sigilosos cerca de Fadrique y de Tello para atraerles al mismo bando en que militaba su hermano. Y en enero de 1357 los agentes aragoneses consiguieron inducir a don Juan de la Cerda y a Álvar Pérez de Guzmán a una revuelta en Andalucía —viejo rescoldo de la sangre de Coronel— que fracasó. Juan de la Cerda fue derrotado en Trigueros (marzo de 1357).

La lucha se polarizaba en el sector fronterizo situado entre Borja y Tarazona. En la primera de ambas ciudades se hallaba Enrique de Trastámara. El legado Guillermo de La Jugue vino a interponerse entre ambos bandos y Pedro I aprovechó el momento de las negociaciones para adueñarse por sorpresa de Tarazona (9 de marzo de 1357). Luego se firmó una tregua, confesión de debilidad por parte de Pedro IV, y se abrieron, cerca de Tudela, en territorio navarro, negociaciones para la paz (10 de mayo de 1357). Hubo suspensión de hostilidades por un año. Se había previsto que los lugares en litigio —Alicante, Tarazona— fuesen depositados en manos del cardenal legado para que su destino se fijase por sentencia arbitral. Pedro IV cumplió su palabra con Alicante, Pedro I se negó en cambio a cualquier tercería respecto a Tarazona, cuyos habitantes hizo sustituir por repobladores castellanos. Guillermo de La Jugue fulminó entonces la excomunión de Pedro I y el entredicho sobre su reino (26 de junio de 1357), si bien la tregua continuó.

Refuerzo de alianzas

Acababa de morir Alfonso IV de Portugal (28 de mayo de 1357) y los prohombres de su Corte, Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves y Diego López Pacheco, temerosos de un ajuste de cuentas por la muerte de Inés de Castro, buscaron refugió en Castilla. Pedro I les utilizó como precioso rehén para la amistad con Portugal, de quien esperaba colaboración militar. En julio de 1358 ambos reinos firmaron una alianza contra Aragón: hubo entrega recíproca de refugiados —Pedro Núñez de Guzmán, Men Rodríguez Tenorio, Fernando Gudiel de Toledo, Fernando Sánchez Caldeira fueron los castellanos— y en ambas partes se procedió con la misma sangrienta decisión. Tan sólo Diego López Pacheco —tronco de una importante familia trastamarista— pudo escapar. El rey de Portugal declaró entonces que, tras la muerte de Constanza, había casado con Inés de Castro y, por tanto, que sus hijos eran legítimos.

La alianza con Portugal, y la que se busca con Inglaterra —con gran contento de los mercaderes castellanos que recibieron el 5 de agosto una especial salvaguardia— encuadraban lentamente la rivalidad castellano-aragonesa en el conjunto de la guerra de los Cien Años. Cada uno de los dos reyes tenía razones distintas para desear la conservación de la tregua: Pedro IV negociaba secretamente con su hermano Fernando para atraerle a su lado y con el alcaide castellano de Tarazona para obtener su entrega; Pedro I quería castigar las traiciones que adivinaba y fortalecer su propio gobierno contra nuevos ataques de la nobleza, en este caso la pequeña nobleza de servidores de su padre. En mayo de 1358 ciertos parientes y amigos de Aldonza Coronel, seducida por el monarca, intentaron un golpe de estado en Sevilla, que fracasó. Poco antes Pedro había tenido noticia de que el infante Fernando de Aragón había llegado a Valencia.

Esto desencadenó la violenta cólera del rey que decidió deshacerse de otros posibles enemigos, Fadrique, Tello, el infante don Juan, antes de que fuera demasiado tarde. Fadrique pereció en Sevilla (mayo de 1358) en circunstancias atroces. Tello se salvó por un hilo embarcando en Bermeo hacia Bayona. Juan, atraído con falsas promesas a Bilbao, fue acuchillado y su cadáver echado por una ventana (jimio de 1358). Entretanto la guerra con Aragón había vuelto a comenzar.

La segunda guerra

Mandando sendos ejércitos, Enrique y Fernando habían iniciado su ofensiva en tierras de Soria y de Murcia respectivamente; el segundo se estrelló contra los muros de Cartagena. Desde hacía meses Pedro I preparaba su respuesta por mar. La alianza portuguesa, sellada con promesa de matrimonio del heredero, Fernando, con Beatriz, hija de María de Padilla, proporcionaría la fuerza conjunta de veinticuatro galeras a las que prometieron unirse seis genovesas y tres granadinas. El 17 de agosto los castellanos se apoderaron de Guardamar; hecho importante que marca el comienzo de su penetración en el Mediterráneo. Aunque la operación terminase en desastre a causa de una tormenta, el entusiasmo de Pedro no disminuyó. En el invierno de 1358 a 1359, mientras se combatía duramente en el frente de Soria, escenario de hazañas que cimentaban la fama militar de Enrique de Trastámara, los puertos castellanos trabajaron intensamente. Un nuevo legado, Guido de Bolonia, había venido con una misión de paz.

Pedro I exigía como condición de paz la restitución de las tierras alicantinas que se perdieran durante la minoridad de Fernando IV. Las negociaciones, inútiles, que tuvieron lugar en la frontera de Almazán, sirvieron tan sólo para minar el prestigio de Bernardo Cabrera, partidario decidido de la paz. Pedro I cortaba sus últimas amarras, decretando el destierro perpetuo y confiscación de bienes del infante Fernando y el conde de Trastámara, haciendo desaparecer a Leonor, antigua reina de Aragón, y a Juana Núñez, mujer de Tello, encerrando en prisión más rigurosa a Blanca de Borbón, que no tardaría en morir.

De momento, las terribles depuraciones parecían haber resuelto el problema político de Castilla. Ya no quedaban en la Corte otros miembros de la alta nobleza que aquel Fernando de Castro, último vástago de una estirpe en trance de desaparecer y que se llamaría a sí mismo «toda la fidelidad de España». La baja nobleza ocupa los cargos: Juan Fernández de Hinestrosa, Diego García de Padilla, Gutierre Fernández de Toledo, Juan Alfonso Benavides, Diego Pérez Sarmiento. Pero el nuevo régimen, amasado en la violencia y el terror, se devoraba a sí mismo. El crecimiento de estas nuevas figuras atraerá hacia ellas el odio del rey.

La flota que zarpó de Sevilla a las órdenes de los tres hermanos Bocanegra, Gil, Ambrosio y Bartolomé, era la mayor fuerza naval que nunca cruzara el Estrecho. Tras haber recobrado Guardamar, hizo el periplo de la costa levantina hasta alcanzar Barcelona la víspera de Pentecostés del año 1359. Los ataques a la gran ciudad, los días 9 y 10 de junio, no tuvieron éxito y Pedro I se retiró a Ibiza, Tortosa y luego a Calpe. Pedro IV salió tras él con fuerzas inferiores, y no hubo combate. Bernardo Cabrera se encargó de enviar naves al Atlántico y organizar una guerra de corso. Ello no obstante, el episodio había sido significativo: demostraba la potencia marinera de Castilla y su voluntad de intervenir en los graves conflictos económicos que agitaban el Mediterráneo; se trataba a los venecianos como enemigos.

La guerra iba entrando en un acelerado proceso de violencia. Pedro IV discutía con las Cortes de Barcelona el voto de un fogatge destinado a cubrir necesidades de defensa. Enrique de Trastámara, que había hallado el valimiento de un precioso linaje, Luna, por enemistad hacia Fernando y los unionistas, preconizaba la ofensiva. Bernardo Cabrera era contrario a hundirse en el pozo sin fin de la guerra. Pero de momento la estrella del bastardo ascendía: en una entrada por el Moncayo había vencido a Fernando de Castro y a Juan Fernández de Hinestrosa en Araviana (22 de setiembre de 1359). Hinestrosa murió. Enrique obtuvo la convicción de que el enemigo podía ser vencido. Algunos petristas, como Diego Pérez Sarmiento y Pedro Fernández de Velasco, se pasaron al enemigo temiendo la cólera del rey. Algunos meses más tarde Tarazona se entregaba por traición a los aragoneses (26 de febrero de 1360).

Pedro I castigó cruelmente lo que creía negligencia. Se iniciaba una nueva fase en la escalada del terror. Enrique de Trastámara aconsejó aprovecharla y convenció a Pedro IV de la necesidad de lanzar una ofensiva. En abril de 1360, saqueada Nájera y tomada Miranda, sus tropas marchaban por las gargantas de Pancorbo hacia Burgos. Las fuerzas reales eran superiores y el conde se vio obligado a replegarse, sobre Haro y Nájera, ante cuyos muros sufrió una derrota (24 de abril). Fue una decepción amarga y, de momento, un tanto a favor de Bernardo Cabrera que desaconsejaba la ofensiva. Pedro I se sintió más fuerte; abriendo nuevas negociaciones en Sádaba, se dispuso a apretar los tornillos de su autoridad y a concertar alianzas que le permitiesen a su vez lanzar una ofensiva. Una oleada de terror más terrible que la del año anterior se desató aquel verano de 1360. Los hombres del equipo de gobierno, como Men Rodríguez Tenorio, Gutierre Fernández de Toledo o el judío Samuel Leví, fueron liquidados. Se expulsó sin contemplaciones a Vasco Gutiérrez, arzobispo primado. Nuevas figuras ascendieron —García Álvarez de Toledo, Martín López de Córdoba— aureoladas siniestramente por estos asesinatos.

Al éxito militar de Nájera se sumó la doble victoria diplomática en Portugal e Inglaterra. Pedro I prefirió la amistad de su homónimo castellano a la que el Ceremonioso le ofrecía. Eduardo III, entonces en plena victoria, se inclinó hacia Castilla por la simple razón de la común enemistad con Francia. El consejo de Bernardo Cabrera fue finalmente atendido y los aragoneses buscaron la paz. Se despojó a Enrique de Trastámara de la jefatura del partido y una aparatosa reconciliación entre Pedro IV y su hermano Fernando (31 de enero de 1361) selló este cambio. Fue entonces cuando, por vez primera, se insinuó la idea de resolver de una vez todas las cuestiones derribando a Pedro I y sustituyéndole en el trono por el infante. Cuando tuvieron lugar, cerca de Terrer, las negociaciones de paz, Bernardo Cabrera tuvo él solo la voz de Aragón. El acuerdo se firmó el 13 de mayo de 1361 y no hay duda de que Pedro I aceptó influido por los acontecimientos de Granada, en donde Muhámmad V, su partidario, había sido suplantado por un arraez, Muhámmad VI, el Bermejo. Cabrera se hizo personalmente responsable de la paz que excluía a Fernando, Enrique y todos los desterrados castellanos. No se lo perdonaron nunca.

La breve paz

Portugal figuraba entre los aliados de Castilla en el momento de la paz de Terrer. Era lógico: en las Cortes de Elvas (mayo de 1361) Pedro I había mostrado el mismo autoritarismo que su pariente de Castilla; funcionarios reales eran implantados en las ciudades aún con disgusto de los municipios. Normas de justicia —el sobrenombre de Justiciero tiene igual significación que el que se aplica al rey de Castilla— proporcionaban mayor control. La Iglesia fue sometida restableciéndose las leyes de Dionís contra las amortizaciones eclesiásticas y exigiendo un beneplácito real para la publicación de bulas. También Inglaterra, cuya amistad crecía.

En Aragón aquellos que pensaban como Bernardo Cabrera, tenían motivos para felicitarse. La Unión parecía definitivamente enterrada, tras el renuevo de amistad entre Fernando y Pedro IV. Enrique de Trastámara y sus molestos castellanos pasaban a Francia para unirse a las Compañías —por vez primera entra en relación con el delfín Carlos— y Pedro I parecía tan decidido a la concordia que escuchaba propuestas matrimoniales entre ambos reinos, que la muerte de María de Padilla (julio de 1361) parecía facilitar. Había acontecimientos adversos —incursiones de las Compañías en el Rosellón, amagos de crisis económica, recrudecimiento de la peste en Cataluña—, pero no parecían demasiado preocupantes. Bernardo Cabrera puso en juego toda su influencia en favor de la amistad con Castilla, que habría de sellarse con el matrimonio de Alfonso, hijo de Pedro y María de Padilla, con Leonor, hija del Ceremonioso.

Pedro I estaba practicando una política de engaños. Necesitaba la paz para restablecer su influencia en Granada. Tropas castellanas se encargaban de devolver el trono a Muhámmad V, a quien sus súbditos no parecían acoger con entusiasmo. Abu Sa‘ad Muhámmad VI el Bermejo, acudió a Sevilla, fue preso y alanceado personalmente por el monarca. Necesitaba también de la amistad con Aragón para legitimar su descendencia. En las Cortes de Sevilla de la primavera de 1362 Pedro I declaró que había estado casado con María de Padilla y presentó testigos. Luego, cumplidos sus objetivos, decidió volver a la guerra con el nutrido y entrenado ejército que la campaña granadina le proporcionara.

Tercera guerra

El ímpetu ofensivo con que volvió Pedro I a la lucha demuestra que la tercera guerra obedecía a un plan preconcebido. En ella intervino Carlos II de Navarra, acentuando la relación con la guerra llamada de los Cien Años. Nieto de un rey de Francia por su madre, Carlos aspiró a ceñir esta corona; fue para él Navarra, como los otros señoríos, Normandía y Evreux, plataforma para un juego político de más ambición. Adicto al autoritarismo, como los otros reyes peninsulares, inauguró su reinado con castigos que recuerdan los de sus contemporáneos tres Pedros. Durante diez años permaneció ausente del reino y gobernó éste, manteniéndose en sabia neutralidad, su hermano Luis. Carlos, en cambio, se comprometió en alianza con Inglaterra, asesinó a Carlos de España, hijo de Fernando de la Cerda, y fue encerrado en prisión por su propio suegro, Juan II (1356). Permaneció encerrado poco menos de un año y huyó (noviembre de 1357) aprovechando el desconcierto producido por la derrota de Poitiers y los Estados Generales. La paz de Bréttigny le permitió recobrar Evreux y algunos señoríos normandos.

En 1362 se hallaba de regreso en Pamplona y negociando con Pedro I una alianza contra Aragón y Francia que fue firmada en Estella, el 22 de mayo. Ambos reyes se entrevistaron en Soria, en medio de las tropas que preparaban la inmediata invasión de Aragón, mientras Pedro IV se veía retenido en Perpiñán por los ataques del conde de Armagnac. Los navarros cruzaron la frontera para apoderarse de Sos, sin gran entusiasmo. Los castellanos tomaron velozmente los castillos de Alhama, Ariza y Ateca, y cayeron sobre Calatayud (11 de junio). La ciudad resistió dos meses, pero fue desbordada por los invasores que llegaron hasta Épila y Ricla, amenazando Zaragoza. El conde de Osona, hijo de Cabrera, y Pedro de Luna, cayeron presos. Pedro I entró en Calatayud el 29 de agosto. Entre tanto llegaban noticias de que, el 22 de junio, había sido solemnemente pregonada en Londres la alianza anglo-castellana.

De golpe la política de Bernardo Cabrera se derrumbaba y el prudente consejero cargaba con las culpas de lo que era tenido por un error gravísimo. Pedro IV decidió convocar las Cortes en Monzón para obtener de ellas recursos que le permitiesen traer de nuevo a Enrique de Trastámara. Éste había ligado amistad con el mariscal Arnould d’Audrehem y otros capitanes de las Compañías de mercenarios a los que la paz de Bréttigny había dejado sin empleo. Gómez Carrillo negoció en nombre del bastardo con Pedro IV hasta obtener de él la promesa del reconocimiento de Enrique como «señor mayor» de Castilla y el envío de cien mil florines que los mercenarios pedían como precio para emprender la conquista; a cambio, el bastardo prometía reconocer las aspiraciones aragonesas sobre Murcia. Pero este primer proyecto fracasó. Pedro IV no consiguió subsidios hasta febrero de 1363, después de un dramático discurso en que pintaba a Zaragoza a punto de sucumbir. Las Compañías, a última hora, se negaron a participar en la empresa y Enrique vino sólo con muy escasas fuerzas; a pesar de todo fue bien recibido.

Pedro I pasó el invierno en Sevilla, en donde murió su heredero, Alfonso; declaró entonces que la herencia correspondía a las tres hijas de María de Padilla, Beatriz, Constanza e Isabel, por este orden, sin más limitación que prohibirles el matrimonio con cualquiera de los bastardos o sus descendientes. En pleno invierno reemprendió la ofensiva —cayeron Tarazona, Magallón y Borja— apretando el nudo en torno a Zaragoza mientras Pedro IV discutía amargamente con los procuradores. A mediados de marzo, en Bubierca, el rey de Castilla hizo firmar a todos los miembros de su Corte un documento que les comprometía a obedecer sus disposiciones sucesorias. Al otro lado de la línea, Enrique de Trastámara llegaba a Monzón, era reconocido como pretendiente y confirmaba la entrega de la sexta parte de Castilla, incluyendo Murcia. Su presencia no fortalecía el bando aragonés pues la mayor parte de los desterrados seguía prefiriendo a Fernando como futuro rey y acudió a colocarse a sus órdenes. Un nuevo tanto contra Bernardo Cabrera.

La presencia de tropas navarras, portuguesas y granadinas en el ejército de Pedro I, daba un cierto sentido de acción conjunta a esta tercera guerra. En una marcha fulminante abandonó el campo frente a Zaragoza para trasladarse, por el camino de Teruel, Jérica y Segorbe, al Maestrazgo y la Huerta de Valencia. Las crueldades cometidas por los invasores fueron inauditas. Pedro IV estaba asustado; temía incluso la fuerza que cobraba su hermano Fernando gracias a sus partidarios castellanos. El 21 de mayo de 1363 Valencia sufría los primeros ataques; se había encargado de la defensa Alfonso de Aragón, conde de Denia. Una vez más Bernardo Cabrera insistió para que se hiciera la paz aprovechando la presencia del abad de Fécamp, colaborador en otro tiempo del cardenal Guido de Bolonia.

El 2 de julio de 1363 se firmaba la paz de Murviedro. Los desterrados castellanos eran expulsados nuevamente. Calatayud, Tarazona y Teruel, con todos sus castillos, se anexionaban a Castilla, como dote de Juana, hija del Ceremonioso, que habría de casarse con Pedro I. La parte ocupada de Valencia se restituía con la dote de Isabel, la menor de las hijas de María de Padilla, que iba a casarse con Alfonso de Aragón. Era una derrota en toda la línea; por eso apenas se comprende que haya sido Pedro I, y no su homónimo aragonés, quien tomara la iniciativa de incumplir el tratado; explicaba más tarde que su actitud obedecía al compromiso, no llevado a ejecución por Pedro IV, de dar muerte al infante Fernando y a Enrique de Trastámara.

El primero de ambos murió, en efecto, pero quizá por accidente. Al firmarse la paz, el infante anunció que se iría a Francia con todos los castellanos. Un Consejo, celebrado en Castellón, al que asistieron el conde de Trastámara y Bernardo Cabrera, decidió su prisión para impedirlo y, como se resistiera, los soldados del rey le dieron muerte. Para el bastardo Enrique fue aquello solución final de sus problemas: ya había un único jefe en la oposición a Pedro I. No faltaba sino deshacerse de Cabrera, en lo que le ayudó Francés de Perellós, y empujar a Pedro IV a que asumiese los proyectos de ofensiva.

XXXI

LA REVOLUCIÓN TRASTÁMARA

El reconocimiento de Enrique y la caída de Cabrera

Pedro I se presentaba en 1363 como el vengador de su primo Fernando, lo cual no deja de ser irónico. Frente a él, la otra Castilla, la del destierro, cobraba unidad y programa: restauración del régimen antiguo de predominio de la nobleza. Pedro IV tenía que elegir y apenas si quedaba opción alguna después de tantas promesas incumplidas por parte del rey Cruel. Pero el camino de la guerra implicaba una ruptura completa con la política de Bernardo Cabrera, el hombre a quien Pedro IV debía la victoria sobre la Unión. Desde el verano de aquel año el Ceremonioso desplegó sus mejores dotes de diplomático, atrayendo a Portugal a una actitud neutral, convenciendo a Carlos II de los perjuicios que podría acarrearle una victoria castellana. El pretexto para un cambio de campo le proporcionaba precisamente el tratado de Murviedro, del que el monarca navarro era mediador.

Pedro IV y Carlos II se entrevistaron en Uncastillo, presente a veces el bastardo Enrique, los días 25 y 26 de agosto, y acordaron un tratado de reparto de Castilla bastante utópico, pero que indicaba la intención de equilibrar territorialmente los reinos peninsulares. Enrique comprendió que, más que nunca, se le necesitaba: aludiendo a su intención de marcharse a Francia, abrió negociaciones entre Binéfar y Castejón de Sos (6 de octubre) y fue reconocido como rey de Castilla; Navarra y Aragón sostendrían su causa y él daría a Pedro IV el reino de Murcia y las ciudades de Utiel, Moya, Cañete, Cuenca, Molina, Medinaceli, Almazán, Soria y Ágreda. Enrique dio en rehenes a su primogénito Juan, Pedro al menor de sus hijos, Alfonso de Aragón, conde de Denia, a quien veremos identificado con el Trastámara. A estas turbias negociaciones Pedro I respondió con una ofensiva que, aislando Orihuela, le entregó toda la comarca alicantina, hasta Gandía por la costa y Jijona, por el interior. En enero de 1364 Valencia estaba nuevamente sitiada.

La situación era tan angustiosa que Pedro IV no veía otro alivio que el que pudiera traerle Enrique de Trastámara. Para el triunfo de la causa de éste, Navarra parecía necesaria. Nuevas negociaciones, entre Pedro IV y Carlos II (Sangüesa y Sos, 13 de febrero al 2 de marzo de 1364) y entre este último y el bastardo (Almudébar, 20 a 22 de marzo) trajeron el reconocimiento navarro a don Enrique. Hubo de pagar un alto precio, la anexión de todas las tierras que Navarra poseyera en tiempos de Sancho el Mayor, pero tenía ya la plataforma de dos reinos a su favor; el reconocimiento de Francia y del Papa podía darse por descontado. En Almudébar los aliados, ayudados por el conde de Denia, exigieron la pérdida de Cabrera, a quien atribuyeron proyectos homicidas. Y Pedro IV cedió: el ministro moriría ejecutado el 26 de julio de 1364.

Enrique aprovechó las difíciles circunstancias que atravesaba Valencia para obtener nuevas promesas y compensaciones económicas. Sólo entonces, siendo 24 de abril, se incorporó al ejército que marchaba en socorro de la gran ciudad, ante el cual Pedro I se replegó rehuyendo la batalla y encerrándose en Murviedro. Los aragoneses liberaron Valencia y recobraron Jijona, Ayora, Castelfabib y Liria, pero no pudieron desalojar al enemigo de las posiciones fortificadas, Murviedro, Alicante o Denia. Una tormenta causó graves daños a la flota castellana que bloqueaba Valencia, pero no pudo quebrantar su superioridad. Por otra parte, Carlos II, que no confiaba apenas en la victoria de sus aliados, había vuelto a entablar secretas negociaciones con Pedro I. Mientras Pedro IV se desesperaba con las Cortes de Zaragoza, intentando conseguir subsidios, los embajadores navarros firmaban nueva alianza con el monarca castellano, que se encontraba de nuevo en ofensiva (18 de octubre). Orihuela, sitiada, reclamó la presencia de Pedro IV, que hubo de reducirse a abastecerla. En los primeros meses de 1365 los aragoneses cercaron Murviedro mientras los castellanos hacían lo propio con Orihuela, que fue tomada el 7 de junio. Murviedro resistió hasta el 14 de setiembre. Pero entonces Enrique de Trastámara incorporó a sus filas la guarnición, que era bastante numerosa.

La primera invasión de Castilla

Desde marzo de 1364 tenían lugar negociaciones en Francia y en Avignon para contratar las Grandes Compañías haciéndolas servir de fuerza de choque contra Pedro I. Cada uno de los tres contratantes, Pedro IV, Carlos V y el Papa, debía contribuir con la misma cantidad, cien mil florines. Un año más tarde, las sumas necesarias no se habían reunido. Sólo a fines de noviembre de 1365 comenzó a comprobarse la concentración, en Montpellier, de mercenarios a las órdenes de tres grandes capitanes, Duguesclin, sir Hugo Calveley y Arnould d’Audrehem. Carlos II captó inmediatamente el peligro y firmó un nuevo acuerdo con Pedro IV (11 de diciembre de 1365). Pedro I envió a Inglaterra a uno de sus hombres de confianza, Martín López de Córdoba, para obtener de Eduardo III la prohibición a sus súbditos de cualquier intervención en este asunto.

Las tropas, inglesas y francesas indistintamente, comenzaron a pasar por Cataluña en enero de 1366. Pedro IV hizo objeto de especiales atenciones a los capitanes británicos para conservar un puente tendido hacia la amistad inglesa. Hubo terribles violencias, como en Barbastro. En marzo, recobradas Magallón, Borja y Tarazona, renovados los acuerdos de Binéfar —incluyendo el matrimonio de Juan de Trastámara con la infanta Leonor de Aragón—, el gran ejército penetró en territorio castellano atravesando Navarra. En Calahorra (16 de marzo) el bastardo se hizo proclamar rey Enrique II. Con fuerzas inferiores, Pedro I estaba en Burgos, que abandonó sin decidirse a combatir como sus fieles le aconsejaban. Entonces comenzó un proceso de descomposición pues nobles y ciudades se apresuraron a ofrecer su lealtad a quien ya consideraban como vencedor.

Al tiempo que progresaban las operaciones militares, estaba en marcha una verdadera revolución. Llegando a Burgos, Enrique II creó un marquesado de Villena para Alfonso de Aragón, y condados de Trastámara, Carrión y Alburquerque para Duguesclin, Calveley y el bastardo Sancho, al par que otorgaba otros muchos señoríos. Respondía así a uno de los dos puntos del programa, restauración de la nobleza destruida por el «tirano». El otro, el del populismo, fue atendido mediante convocatoria de Cortes, de las cuales no tenemos cuadernos. Es importante comprender que no hay oposición alguna entre ambos: lo que se ofrecía por parte de los Trastámara era un gobierno social y políticamente orgánico, frente al personalismo autoritario de Pedro I.

Mientras Fernando de Castro se replegaba sobre Galicia, Toledo se rendía (11 de mayo de 1366); con ella se entregó el último núcleo de nobles leales, García Álvarez de Toledo, maestre de Santiago, y Pedro González de Mendoza e Íñigo López de Orozco, parientes y alaveses. Recibieron del nuevo rey confirmación de sus privilegios y el primero una compensación por el maestrazgo, que hubo de abandonar. Así nacieron las dos Casas, de Alba y del Infantado, tan importantes en el siglo XV. En Sevilla, junto a Pedro I, quedaban sólo tres fieles, Martín López de Córdoba, Mateo Fernández y Martín Yáñez. El monarca pensó hallar refugio en Portugal enviando su tesoro por delante, con el proyecto de casar a su hija Beatriz con el heredero portugués, Fernando, pero fue acogido fríamente y trasladado bajo custodia a Galicia, último baluarte, con Soria, Logroño, Zamora y algunos puertos de Guipúzcoa, que aún le permanecían fieles.

La expedición inglesa: batalla de Nájera

Pedro IV había visto cumplirse la primera parte de sus objetivos, al recobrar sin lucha los territorios ocupados por el enemigo; la segunda tenía que esperar, no obstante el juramento solemne que Juana Manuel prestó, antes de abandonar su reino, de que las promesas de anexión serían cumplidas. En Barcelona sabían que el príncipe de Gales preparaba tropas; los ingleses no podían contemplar con indiferencia el establecimiento de la influencia francesa en España. El monarca aragonés, a quien impedía libertad de acción la rebelión de Cerdeña —en 1366 Mariano de Arborea era dueño de casi toda la isla— no deseaba otra cosa que conservar la neutralidad. Y esto era difícil. Desoyendo las exhortaciones de Fernando de Castro y del arzobispo de Santiago que recomendaban marchar sobre Zamora y hacer frente a unos invasores que se debilitaban por momentos a causa del volumen de sus sueldos, Pedro I se había trasladado a Bayona con su tesoro y negociaba con el Príncipe Negro y con Carlos II de Navarra.

El resultado de tales negociaciones —no olvidemos que sobre las espaldas del soberano carga una deuda que crece a velocidad vertiginosa— fueron los tratados de Libourne (23 de setiembre de 1366). Pedro accedía a despojos tales, que justificaban a posteriori las escandalosas ofertas de su rival: Carlos II recibía 200.000 florines, las provincias de Álava y Guipúzcoa, con Logroño, Calahorra y Navarrete; el Príncipe de Gales obtendría el señorío de Vizcaya incluyendo a Castro Urdiales. Eran auténticas segregaciones de territorios, con renuncia a la soberanía, de las cuales fueron rehenes las hijas de Pedro I. Por este tiempo Enrique II hacía una fructífera campaña en Galicia que demostraba que no había para su rival otra esperanza que la intervención extranjera. Sitiado en Lugo, Fernando de Castro ganó un plazo para su rendición hasta el 18 de abril de 1367. No cumplió su palabra; apenas retirados los trastamaristas, recobró Galicia avanzando hasta Zamora, baluarte fundamental del petrismo.

Enrique II tomó disposiciones frente a la invasión. La mayor parte de los mercenarios le habían abandonado y muchos figuraban entre las nuevas reclutas de sir John Chandos. Poniéndose a nivel de Carlos II, celebró con él una entrevista en Santa Cruz de Campezu (enero de 1367); aunque el tratado de Libourne le liberaba de sus anteriores promesas, dio y aceptó rehenes de que las demandas navarras serían resueltas por vía de arbitraje. En Burgos, atento a los movimientos del enemigo, reunió Cortes para asociar a su causa los tres estados del reino. Fue lo bastante hábil para no excederse en el camino de las concesiones. Luego concentró sus tropas en el bosque de Bañares.

El ejército inglés entró en Navarra en las últimas semanas de febrero de 1367. Carlos II fingió estar preso de uno de los capitanes de Duguesclin y se quitó de enmedio. Enrique II fue a situarse en medio de sus tropas, dejando en retaguardia la autoridad suprema a Gonzalo Mexía, maestre de Santiago, y a Juan Alfonso de Guzmán, su pariente, a quien hiciera conde de Niebla. Los invasores penetraron por Álava, y fueron rechazados en los altos de Aríñez, al Sur de Vitoria (27 de marzo). Volviendo atrás, cruzaron por segunda vez el Ebro en Logroño para enfrentarse con todo el ejército dé Enrique II el 3 de abril, cerca de Nájera. Entre los ingleses estaba Jaime de Mallorca, casado en 1366 con Juana de Nápoles, que aspiraba a emplear estas mismas tropas para recobrar el reino de sus mayores. La batalla fue un desastre para los trastamaristas, inferiores en calidad y en número a los terribles guerreros del Príncipe Negro. Enrique II se salvó con una pequeña escolta y regresó a Francia atravesando Aragón.

Vista desde el lado de Aragón, Nájera parecía la catástrofe definitiva. Olvidando las reivindicaciones territoriales, Pedro IV hizo caso de los consejos de su esposa Leonor: romper amarras pronto con Enrique II, acogiéndose al manto protector de la alianza inglesa. Reclamó a su hija Leonor e hizo nulas las capitulaciones matrimoniales. Decisión precipitada. A la repugnancia que el príncipe de Gales y sus capitanes demostraran ante las crueles venganzas del rey, se sumaba la deuda, pavorosa montaña que, a primeros de mayo, sumaba 2.720.000 florines, cantidad jamás imaginada y que no dejaba de crecer cada minuto. En tales circunstancias, con la ruina del país que no permitía obtener nuevos servicios, las medidas de gobierno adoptadas por Pedro y sus tres fieles, Fernando de Castro, Martín López de Córdoba y Mateo Fernández, fueron descabelladas: ejecutar a todos cuantos siguieran las banderas del pretendiente, cobrar los subsidios otorgados a éste sin reunir nuevamente las Cortes. No es extraño que la resistencia se arriscase en muchos lugares del reino.

La victoria final de Enrique II

En mayo de 1367 el Príncipe de Gales decidió un cambio radical en su política: la alianza con Aragón debía sustituir a la castellana como eje de las relaciones británicas con la Península Ibérica. Sus embajadores vinieron a Barcelona para proponer una mediación entre Pedro I y Pedro IV que éste recibió con alegría. Probablemente no podía hacer otra cosa, pues no se hallaba en condiciones de resistir una invasión inglesa. Pero en las, amplias negociaciones de Ariza, además de la paz entre Castilla y Aragón, objeto de un acta pública, había secretas promesas entre el Príncipe Negro y el Ceremonioso para darse recíproca ayuda contra Pedro I, que debía Vizcaya al primero y una indemnización al segundo. Dichas negociaciones concluyeron el 13 de agosto. Seguidamente los ingleses abandonaron Castilla. Por el lado portugués tampoco abrigaba ya temores Pedro IV. A la muerte de Pedro I (18 de enero de 1367), el rey extravagante y cruel que se hizo enterrar al lado de Inés de Castro en Alcobaza, sucedía su hijo Fernando, «uma infeliz criatura», según la opinión de Oliveira Martins, que se aferraba a estricta neutralidad y se inclinaba a la amistad aragonesa. El rey de Castilla no representaba ya peligro para nadie, salvo para sus súbditos.

Desde Francia, Enrique II escuchaba noticias que no eran demasiado malas: Alburquerque era suya y sus pendones tremolaban en todo el maestrazgo de Santiago. Valladolid, Palencia, Ávila y Segovia le reconocían como rey, y había guarniciones fieles en muchos castillos de la cuenca del Duero. Carlos V había dispuesto que se le proporcionasen medios suficientes, bajo promesa, hecha a las puertas de Avignon, de hacer la guerra a los ingleses. A pesar de que Pedro IV ordenó cerrar sus fronteras, Enrique II pasó por Aragón con una pequeña escolta y, el 28 de setiembre de 1367, estaba nuevamente en Calahorra. Hizo una cruz en el suelo y la besó jurando que nunca más dejaría la tierra castellana. Antes de una semana tenía 600 lanzas. Su partido era netamente castellano y los mercenarios —como este Bernal de Bearne a quien se hace conde de Medinaceli— escaseaban.

Por todas partes se produjeron alzamientos en favor de Enrique II lo cual resulta muy significativo. También hubo resistencias encarnizadas. La guerra se estabilizaba haciéndose sangrienta. Pedro IV, Carlos II y el Príncipe de Gales enviaron sus embajadores a reunirse en Tarbes para adoptar una actitud conjunta ante un problema que les afectaba directamene, y acordaron exigir el cumplimiento de los tratados de Libourne, Almudébar y Binéfar o, cuando no, proceder al reparto de Castilla (noviembre de 1367). Algunos representantes de Pedro I aceptaron entregar Murcia al rey de Aragón como dote de Constanza, que habría de casarse con el duque de Gerona y ser proclamada heredera de Castilla, Todo el año 1368 transcurrió en negociaciones. No podía ser de otro modo: ni Navarra ni Aragón tenían medios materiales para una guerra a fondo.

De momento la situación de Enrique II, obligado a acuñar moneda de baja ley, separado de su único aliado por una cadena de enemigos, parecía desesperada. Cara al futuro, las conferencias de Tarbes eran liberación de compromisos: si querían Vizcaya, Rioja o Murcia los ingleses, navarros o aragoneses podían venir a por ellas, que sin duda toparían con las puntas de sus lanzas. Desde abril de 1368, en plena ofensiva, había puesto cerco a Toledo, que defendía Fernán Álvarez, el hermano de García Álvarez de Toledo. El asedio se prolongó todo un año. Pedro I, que tenía auxilios granadinos, no supo sacar partido de la superioridad numérica con que contaba en principio. Carlos V intervino a fondo. Mientras sus embajadores presionaban en Barcelona a Pedro IV para apartarle de la amistad inglesa, firmaba con Enrique II un importantísimo tratado, ante las murallas de Toledo, que convertía al Trastámara en beligerante de la guerra de los Cien Años, que había vuelto a reactivarse. El monarca francés confiaba en la flota castellana para bloquear el Canal. En la práctica el tratado de Toledo (20 de noviembre de 1368) inaugura un siglo de estrecha amistad entre Castilla y Francia.

Obtenido el acuerdo, Carlos V pasó a Duguesclin la orden de acabar con Pedro I. En diciembre, las tropas francesas cruzaron por Aragón. Ya el monarca legítimo reunía todas sus fuerzas para marchar en socorro de Toledo. Enrique y sus auxiliares le cerraron el paso y, en Montiel (14 de marzo de 1369), le causaron decisiva derrota. Refugiado en la fortaleza, Pedro I quiso sobornar a Duguesclin para huir, pero el francés le atrajo a su tienda en donde se presentó también el bastardo. Ambos hermanos lucharon y Pedro quedó muerto (23 de marzo de 1369).

El bloqueo diplomático de Castilla

En Montiel y Toledo se rindieron las principales cabezas del petrismo, Men Rodríguez de Sanabria, Fernando de Castro, Fernán Álvarez de Toledo, García Fernández de Villodre. A todos ofreció Enrique II un calculado perdón, que no trajo, sin embargo, la pacificación deseada. Algunas ciudades fronterizas se incorporaron a Navarra (Logroño, Salvatierra, Santa Cruz de Campezu, Vitoria) o a Aragón (Molina, Cañete y Requena); otras, Carmona, Zamora, Ciudad Rodrigo, Alcántara, el mediodía gallego, seguían enarbolando la bandera del monarca legítimo, aun después de la muerte de éste. Decididos a no aceptar a Enrique II, los petristas —emperegilados como les llamaron sus adversarios— ofrecieron el trono a Fernando de Portugal. Enrique hubo de prepararse a afrontar una guerra muy larga en la cual temía que Pedro IV fuese protagonista principal. El mismo día 23 de marzo había ordenado a su pariente, Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión, que tomase el adelantamiento de Murcia.

Pedro IV se hallará en efecto detrás de todas las maniobras. Pero no constituía el peligro que Enrique II imaginaba. Su preocupación era Cerdeña, a punto de perderse, y a ella dedicó las sesiones del Parlamento de 1367 y de las Cortes de Barcelona de 1369; como solución se proponía contratar mercenarios. En la Península tenía que reducirse a manejar los hilos de la diplomacia intentando obtener compensaciones territoriales a sus pasados quebrantos o, a lo menos, mediante un verdadero cerco diplomático, y destruir la hegemonía que Castilla detentaba desde hacía cuarenta años. Sólo en el caso de que el Príncipe de Gales decidiese emprender como rey la conquista, valdría la pena abandonar la neutralidad. El pesimismo del Trastámara estaba más justificado por las propias dificultades interiores; se había visto obligado a quebrantar la moneda hasta tal punto —sólo un dieciseisavo de plata en las de peor calidad— que los precios se habían disparado y no había sino quejas por todas partes. Y los que resistían —Álvar Pérez de Castro, Fernán Alfonso de Zamora, Martín López de Córdoba, Pedro Girón, maestre de Alcántara— animados por la buena disposición de Fernando de Portugal, no daban muestras de disminuir en su entusiasmo.

Proponiendo alianzas a Granada, Aragón y Navarra, pero fiando menos en ellas que en su propio ímpetu, el rey de Portugal había iniciado su ofensiva en tres puntos: la desembocadura del Guadalquivir, que taponó una flota de 64 buques; Galicia, en donde personalmente fue a tomar posesión de La Coruña que le entregaba su alcaide, Juan Fernández de Andeiro, y Ciudad Rodrigo, desde donde las avanzadas portuguesas podían penetrar muy al interior. Pero apenas desbordados los focos iniciales del petrismo, el resto del país consideraba a los soldados de Fernando como extranjeros, lo cual no dejaba de favorecer a Enrique II que, en todas las fronteras, blasonaba de ser el defensor de la integridad territorial. Con rápida intuición comprendió la oportunidad de un ataque a fondo: en julio de 1369, sitiada estrechamente Zamora, los trastamaristas entraron en Galicia, cuyas principales ciudades ocuparon, invadieron Portugal, tomando Braga, y después de golpear sin éxito Guimaraês —en donde Fernando de Castro huyó de la Corte para incorporarse al petrismo— regresaron a Castilla con aire de victoria. Como pretendiente, Fernando había fracasado. La situación no mejoraba por ello para Enrique II: Fernando de Castro demostró ser un jefe capaz, que puso en pie nuevamente a Galicia; Muhámmad V había tomado Algeciras, desmantelándola; Zamora, Alcántara, Ciudad Rodrigo y Carmona, resistían.

El fracaso de Fernando colocaba a Pedro IV de Aragón en cabeza. Durante los últimos meses de 1369 su diplomacia trabajó activamente hasta lograr una alianza con Granada y Marruecos —confirmada el 5 de noviembre—, otra con el propio soberano portugués, que ofrecía casarse con Leonor de Aragón, nuera que en otro tiempo se preparaba para Enrique II, una tercera con Carlos II (enero de 1370), completando de este modo el cerco de Castilla. No se trataba ya de derribar al usurpador —los coaligados no tenían fuerza para tanto—, sino de inducirle a consentir en las indemnizaciones territoriales que en otro tiempo prometiera. Enrique II respondió a esta amenaza convocando a los procuradores de las ciudades en Toro, reunión que es discutible que haya constituido Cortes. Comenzaba su etapa de reformas con la ordenación de la Cancillería, primero de los organismos que se ofrecían al país como garantía de gobierno estable. Se puso mucho énfasis en asegurar que el tiempo de las arbitrariedades había pasado. Pero los recursos allegados no bastaron para cambiar el sesgo de las operaciones; entre enero y marzo de 1370 el monarca gastó sus fuerzas en un ataque a Ciudad Rodrigo que fracasó.

Entonces don Enrique tomó una decisión: convocar Cortes —auténticas Cortes y no simulacros de ellas— en Medina del Campo, dejando que la protesta se esponjase a fin de incorporársela. Aguantó a pie firme las quejas, suprimió las tasas, prometió no cobrar oro ni plata ni imponer alcaldes o jueces a las ciudades. Pero obtuvo, en cambio, dinero para pagar y despedir a los mercenarios extranjeros. Con su pueblo, a solas, estaba convirtiéndose en un verdadero rey. Para que la propaganda no desmayase, anunció que comenzaría las operaciones por Granada, el enemigo hereditario musulmán. Cuando, el 1 de junio de 1370, Muhámmad V firmó la paz, se había practicado una brecha en el dispositivo aragonés de cerco. Veinticinco días después Enrique II disminuía el valor nominal de la moneda acuñada, reabsorbiendo mediante una arriesgada operación gran parte de la deuda que creara para el pago de los extranjeros. Luego, trayendo equipos del Cantábrico, armó las galeras sevillanas y rompió el bloqueo portugués del Guadalquivir.

Enrique II impone la paz.

La victoria marítima sobre Portugal marca el cambio de sentido en la guerra. Llegaban a Sevilla dos legados pontificios, Beltrán, obispo de Comenge, y Agapito Colonna, con la misión de restaurar la paz, naturalmente a favor de Enrique II. Y la muerte de Tello permitía a éste reconocer los derechos de su propia esposa, Juana Manuel, al señorío de Vizcaya, transmitiéndoles luego al heredero, Juan; de este modo la más preciada reliquia de la nobleza antigua se incorporaba a la corona. Enrique II prestó a los legados todo su apoyo y ellos lograron para él tratados que restablecían la calma en sus fronteras. Primero Portugal, que firmó la paz de Alcoutim (31 de marzo de 1371): Ciudad Rodrigo, Valencia de Alcántara, Allariz y Monterrey serían anexionadas a este reino cuando Fernando casara con Leonor, hija de Enrique II; se perdonaba a los petristas aunque sin ofrecer indemnizaciones. El Papa dio a Fernando las rentas eclesiásticas de dos años. Algunos meses más tarde, el monarca portugués contrajo matrimonio con una dama de su Corte, Leonor Téllez, a la que previamente separó del marido con escándalo. Fue relevado de sus compromisos con la infanta castellana, y Enrique II retuvo para sí las ciudades prometidas.

La paz portuguesa arrastró los núcleos resistentes del petrismo. Zamora fue tomada el 26 de febrero de 1371. Carmona sucumbió el 10 de mayo. Enrique II hizo matar a sus defensores, Martín López de Córdoba y Mateo Fernández. Dos hijos bastardos de Pedro I, Sancho y Diego, pasaron a poder del vencedor. Sancho murió pronto, pero Diego viviría, en una especie de destierro vigilado, en Curiel. Fue libertado por Juan II muchos años después. Fernando de Castro regresó a Portugal renunciando a sus tierras de Galicia. Cuando, en setiembre de 1371, Enrique II reúne nuevas Cortes en Toro, se advierte en el diálogo con los procuradores una gran firmeza. Las reformas proseguían. Junto a la Cancillería, creada un año antes, aparecía un sector especializado del Consejo para la administración de la justicia en nombre del rey, los siete oidores, germen de la futura Audiencia, Resistiéndose a las demandas —probablemente amañadas— de las Cortes, Enrique II anunció su intención de perdonar a los emperegilados.

Después se hizo la paz con Navarra y Aragón. Carlos II y Pedro IV, que habían esperado inútilmente una intervención inglesa, tuvieron que rendirse a la evidencia. El navarro invocó la mediación de Carlos V y firmó luego el tratado de Burgos (3 de noviembre de 1371) devolviendo Santa Cruz, Contrasta y Zaldiarán y sometiendo sus otras aspiraciones a un arbitraje pontificio cuyo resultado no era dudoso. Solución semejante fue aplicada a los litigios pendientes con Aragón (enero-febrero de 1372). No era propiamente una paz, pero bastaba para calmar las inquietudes de Enrique II. A todos resultaba evidente que el futuro de la Península dependía tan sólo de la actitud de los ingleses.

La Rochela

Desde octubre de 1370 el duque de Lancáster, Juan de Gante, sustituyó en el gobierno de Aquitania a su hermano el Príncipe de Gales, enfermo. Claramente advirtió que el triunfo de Enrique II era el suceso más desfavorable acaecido a Inglaterra desde el comienzo de la guerra de los Cien Años; también estaba seguro de que nada podía intentarse en la Península sin el concurso de Aragón. En 1371 hizo propuestas a Pedro IV para una acción conjunta. A su lado Juan Gutiérrez, deán de Segovia, erigido en cabeza de los emperegilados, formuló un proyecto: casar al duque con la hija de Pedro I, Constanza, y proclamarle rey. La boda se celebró en Mont-de-Marsan en setiembre de 1371. Para mayor seguridad, la otra hija, Isabel, casó con Edmundo, conde de Cambridge, hermano del duque de Lancáster. En Bayona se organizó inmediatamente una Corte de la que Juan Gutiérrez era canciller. Pero, a diferencia con lo que ocurriera quince años atrás, el grupo de desterrados no creció. El petrismo era una planta agostada.

La noticia de la proclamación del duque de Lancáster provocó ligeras inquietudes en Galicia, pronto aplastadas; decidió en cambio a Enrique II a un despliegue de su fuerza naval. Nadie creía en la victoria. Los mercaderes y transportistas vascos establecidos en Brujas habían intentado, sin éxito, negociar con Eduardo III. El conde de Flandes, Luis van Male, hizo análogas gestiones, pero se le aclaró que ninguna mercancía española o francesa podía circular por el canal; la flota flamenca que vino a tomar sal en Bourgneuf fue destruida por los ingleses. El 30 de enero de 1372, tras largas deliberaciones, el Consejo inglés reconoció a Juan de Gante como rey de Castilla, es decir, abrazó su causa. Entonces los más conspicuos emperegilados, entre ellos Fernando de Castro, se incorporaron a la improvisada Corte de Bayona. Se trató seriamente de los medios que habrían de usarse para instalar en Castilla al pretendiente; todos estaban conformes en la necesidad de usar una plataforma en la Península, pero discutían si habría de preferirse Aragón o Portugal.

Con la flota castellana llegada a Francia en la primavera de 1372, Carlos V se decidió a sitiar La Rochela, una de las piezas claves de los los ingleses en el continente. Sir John Hastings, conde de Pembroke, sustituto del duque de Lancáster en el gobierno de Aquitania, trató de socorrer a los sitiados y sufrió, en los días 23 y 24 de junio, una terrible derrota. La flota británica se perdió y su propio jefe, con el tesoro de guerra, cayó en manos del enemigo. El 8 de setiembre los franceses se adueñaban de La Rochela, y el poder naval castellano asentaba una hegemonía sin discusión hasta los tiempos de la Invencible. La mentalidad de marinos y mercaderes cambió: se aprestaban a defender por las armas aquello mismo que poco antes suplicaban humildemente.

Segunda guerra de Portugal

La diplomacia del duque de Lancáster encontró en Pedro IV las acostumbradas cautelas —que los ingleses penetraran en la Península y él entonces intervendría— y en Fernando I un vehemente deseo de rectificar la paz de Alcoutim. Detrás de la decisión del soberano portugués había una causa remota y oscura: su matrimonio con Leonor Téllez, cuyo ex-marido, Juan Lourenço da Cunha, había huido a Castilla en donde se agrupaba con otros desterrados portugueses, en especial el viejo Diego López Pacheco. La boda del rey había sido altamente impopular —Dionís, el hijo de Inés de Castro, se negó a aceptarla y en Lisboa hubo un motín acaudillado por un sastre— y había tenido como consecuencia la pérdida de las compensaciones territoriales ofrecidas en Alcoutim. El 10 de julio de 1372, ignorante acaso del desastre de La Rochela, Fernando firmaba una alianza con el duque de Lancáster, a quien reconocía como rey y prometía ayuda. Los exiliados castellanos, Fernán Alfonso de Zamora y Men Rodríguez de Sanabria, volvían a alzar su bandera en Viana del Bollo, ahora por el yerno de su difunto rey.

Enrique II trató de salvar la paz, sin conseguirlo. Se decidió entonces por el plan contrario: una campaña relámpago, sin conquistas, directamente sobre Lisboa y aprovechando la oposición creciente para lograr la paz. Por Almeida los castellanos entraron en Portugal. Después de conquistada Viseo, el infante Dionís se pasó a sus filas. Cruzando por delante de Coimbra y Santarem, Enrique llegó a Lisboa, que bloqueaba su flota (23 de febrero de 1373). Las tropas inglesas tantas veces prometidas, no se habían preparado siquiera. El pueblo de Portugal no se había movido, como si entendiese que aquella era una guerra entre personas particulares. Fernando, aislado y en ridículo, hubo de aceptar los buenos oficios del cardenal legado Guido de Bolonia firmando la paz de Santarem (19 de marzo). Los dos reyes se vieron en una barca en medio del Tajo y Fernando exclamó al término de la entrevista, «qué enricado vengo». Portugal prometía la expulsión de los emperegilados de su territorio y el perdón de los desterrados protegidos por Enrique II. Un hermano de éste, Sancho, conde de Alburquerque, casaba con una hermana de Fernando, Beatriz. De este matrimonio nació una hija, Leonor, la Ricahembra, que fue reina de Aragón. En los meses siguientes fueron propuestos dos nuevos matrimonios; el de Alfonso y Fadrique, bastardos de Enrique II, con Isabel y Beatriz, bastarda y legítima respectivamente de Fernando. El Trastámara estaba soñando, nada menos, que con sentar en el trono portugués a uno de sus hijos.

Las fuerzas del duque de Lancáster no habían pretendido nunca pasar a Portugal, que consideraban frente secundario. Su plan de guerra, que había tropezado con fuertes críticas en la Cámara de los Comunes, consistía en llevar su ejército desde Calais a Navarra atravesando toda Francia y, en ímpetu de victoria, penetrar luego en Castilla. Las tropas, en efecto, se concentraron en Calais a fines de julio de 1373. Enrique II tenía las suyas en el bosque de Bañares, como antes de la batalla de Nájera. Presionaba sobre Navarra para el arreglo de las cuestiones pendientes, en especial la restitución de Logroño y Vitoria. Intervino el legado para lograr una nueva paz (4 de agosto) enteramente favorable al rey de Castilla. Mientras tanto el duque de Lancáster atravesaba Francia, acosado por las infinitas unidades pequeñas del condestable Duguesclin que le causaban pérdidas atroces. Cuando llegó a Burdeos, en diciembre de 1373, apenas si le quedaba un puñado de hombres. La expedición a Castilla hubo de ser abandonada.

La paz general

Con el fracaso del duque de Lancáster se disipaban las esperanzas de destruir a Enrique II; éste acababa de recibir importantes subsidios de las Cortes de Burgos, que habrían de permitirle conservar su ejército todo el invierno. Durante éste se celebró la boda de su hija Leonor con Carlos, el heredero de Navarra. Guido de Bolonia había dictado finalmente su sentencia arbitral (3 de octubre de 1373) dejando a Navarra tan sólo el monasterio de Fitero y el castillo de Tudején, pero devolviendo a Castilla todos los territorios ocupados.

Faltaba Aragón. En mayo de 1373 Pedro IV, respondiendo a sugerencias mediadoras del duque de Anjou, exigía aún Cañete, Moya, Cuenca, Utiel y parte del reino de Murcia como condición indispensable a la paz. Pero conforme las noticias de la expedición del duque de Lancáster se iban deteriorando, las demandas del monarca aragonés disminuían. Enrique II protegía a Jaime de Mallorca, proporcionándole medios para contratar mercenarios con los cuales llevó a cabo un ataque, sin gran éxito, por Urgel y Cerdaña. Por su parte incrementaba las fuerzas concentradas en Bañares que, cuando se hizo alarde, en marzo de 1374, se elevaban a 5.000 hombres de armas, otros tantos infantes y 1.200 jinetes. Los temores que Pedro IV abrigara respecto a un ataque —agravados desde el regreso del duque de Lancáster a Londres— se disiparon cuando el gran ejército castellano se trasladó a Bayona para emprender el cerco de esta ciudad, junto con las fuerzas del duque de Anjou. La expedición, por otra parte, terminó en un fracaso.

Durante estos años, puntual como la cosecha del verano, la flota castellana acudía a las costas francesas para combatir al enemigo común. En 1373, incluso, franceses y castellanos saquearon la isla de Wight, anunciando un próximo ataque a Inglaterra. Las comunicaciones por mar estaban gravemente perturbadas. Al cabo, el mismo duque de Lancáster aceptó la necesidad de negociar y presidió la delegación inglesa que en marzo de 1375 se trasladó a Brujas para negociar treguas generales con flamencos, franceses y castellanos. Las treguas de Brujas del 27 de junio de 1375 constituyeron, pese a la platónica protesta del duque de Lancáster por el título real que se atribuía a Enrique II, una magnífica victoria para éste. Para mayor seguridad el castellano retrasó su adhesión hasta que su flota hubo destruido treinta y nueve buques británicos en Bourgneuf (10 de agosto de 1375).

A solas, Pedro IV no podía continuar su resistencia. Desde que vio que los ingleses aceptaban negociar, se apresuró a abrir las puertas a la paz. Se firmó en Almazán el 12 de abril de 1375. Leonor de Aragón casaría con el príncipe heredero de Castilla, recibiendo como dote los doscientos mil florines que Enrique II había cobrado años atrás. De anexiones, ninguna. El Trastámara podía vanagloriarse de haber atravesado la crisis sin pérdidas territoriales para su reino.

XXXII

LAS TENTATIVAS DE RECUPERACIÓN

La obra de Fernando I de Portugal

Todas las monarquías peninsulares salían de la crisis —un cuarto de siglo de guerras, epidemia, desequilibrio monetario, ruina mercantil— profundamente quebrantadas. Cualquier intento que tendiera a restaurar la normalidad, tenía que aparejarse a reformas, sobre todo de la estructura política. En una primera fase, la que conduce a la desaparición de las dos generaciones implicadas en la guerra, estas reformas fueron insuficientes. Por eso, al doblar del año 1400, hubo que reemprenderlas. Pero el sentido de predominio nobiliario, que los Trastámara le dieran, y de afirmación al mismo tiempo del poder real, ya no fue alterado. En Portugal la primera fase de dichas reformas corresponde al reinado de Fernando I y, en parte, eran sólo tentativas para fortificar ciudades y aumentar el ejército.

Carecemos aún de datos suficientes, a pesar de los notables estudios de Virginia Rau y Oliveira Marques, para juzgar los efectos de la Peste Negra. No hay duda de que el campo portugués padecía de despoblación; el primer efecto propuesto por la Ley das sesmarias era precisamente impedir que hubiese tierras improductivas, obligando a los antiguos labradores a regresar al campo. Fernando intentaba volver a la política de Dionís en este aspecto y en la protección al comercio exterior. Algunos bosques reales se pusieron a disposición de los constructores navales para fabricar buques de gran tonelaje. Para asegurar la participación de los portugueses en el comercio de Flandes y de Inglaterra, se constituyeron comunidades de mercaderes, en Lisboa y Oporto, y se estableció una especie de seguro mancomunado.

La crisis navarra

La epidemia de 1348, poco mortífera en la Península —con la sola excepción de Cataluña— se repitió varias veces, a intervalos casi regulares. Navarra, de muy escasa población y economía retrasada, sufrió hondamente los efectos de estas enfermedades; la recuperación demográfica no se inició hasta muy avanzado el siglo XV. La coexistencia de navarros y franceses, que no se funden prácticamente hasta mediados de la siguiente centuria, y el papel de príncipe francés que Carlos II prefería revestir, dificultaron aún más las cosas. La continua y a veces vertiginosa elevación de precios, que Hamilton ha señalado hasta 1380, se traducía en malestar, ahondando las diferencias entre el punto de vista de los habitantes de la Montaña, adheridos a una economía tradicional de pastoreo, compartida con los moradores de la Navarra ultrapirenaica, y los del Llano, cada vez más atraídos hacia los puertos vascos, su natural salida.

No hay duda de que Carlos II quiso adoptar medidas para paliar la crisis si bien siempre en favor de los mercaderes de Pamplona. La más importante fue la acuñación de florines según modelo aragonés. En cambio fracasaron sus esfuerzos para convertir a Fuenterrabía, mediante oportunas negociaciones, en puerto de salida de los productos navarros. En cualquier caso, resulta evidente que el rey estimaba que sólo el desarrollo del comercio podía paliar la grave situación; el influjo de la alta burguesía, de Pamplona sobre todo, se hace tan evidente aquí como en Cataluña o en Castilla y es el que dicta las medidas para limitar precios de los víveres e impedir las asociaciones de artesanos. Entre éstos se hallaban los judíos, cuyo número aumentó como consecuencia de las persecuciones desatadas por los Trastámara en los años de guerra civil. Las dificultades, en el campo, estaban provocando un crecimiento de la nobleza que cristalizaría en grandes linajes en el siglo XV.

El país se hallaba dividido en cinco merindades —Pamplona, Estella, Sangüesa, Ribera y Ultrapuertos—, a las que se sumaría una sexta, la de Olite, en 1407, Toda la administración de las mismas correspondía a una Cámara de Comptos, dotada de poderes judiciales, que Carlos II creó en 1364. No sabemos, sin embargo, cuántas villas tenían derecho a enviar procuradores a Cortes. Pamplona estuvo, hasta 1422, prácticamente dividida en tres barrios o villas con nombre y población diferentes: la Navarrería, el Burgo de San Cernín, habitado por francos, y la Población de San Nicolás, mixta.

La reintegración mediterránea de la corona de Aragón

A Enrique II, y con más intensidad a su hijo Juan I, Pedro IV parecía un modelo de rey; tanto que el segundo de los Trastámara castellanos intentó, a ciencia y a conciencia, implantar en su reino la organización dada al conjunto catalano-aragonés por las Ordenanzas de Casa Real de 1344. Desde esta fecha, cuando menos, la monarquía aragonesa aparece presidida por un Consejo en el cual se unen los dos grandes organismos de la Cancillería y la Maestría Racional; el camino recorrido hacia el autoritarismo era muy grande. Pero un segundo aspecto, no tan admirado por los castellanos, ofrecía la obra de Pedro IV; en torno a su persona intentaba crear una especie de patriotismo, no aragonés, ni catalán, ni valenciano, sino del conjunto de estados que habían venido a integrarse en esta especie de comunidad mediterránea que es la Corona de Aragón. En la medida en que sus dos grandes crisis políticas, interna —la Unión— y externa —las guerras de Génova y Castilla— se lo permitieron, Pedro IV volcó toda su actividad en la construcción de este Imperio mediterráneo.

El tercer matrimonio del rey, con Leonor de Sicilia, de la que nacerían el heredero, Juan, y la reina de Castilla, Leonor, influyó mucho en esta decisión mediterránea, que tropezaba con la oposición de Bernardo Cabrera. Sólo después de la desaparición de éste en 1364, cuando ya Cerdeña estaba prácticamente perdida, con amenaza incluso por parte de Urbano V de entregar esta isla a Mariano de Arborea, se aprecia una decisión en retornar al Mediterráneo. En 1371 Pedro IV obtuvo, gracias al Papa, una paz con Génova, que aislaba a los rebeldes sardos. El duque de Anjou, que había recogido por vías muy discutibles los derechos de Jaime de Mallorca, trató de reavivar en 1377 la cuestión de Cerdeña, pero Hugo IV de Arborea prefirió negociar. Su hija Leonor, casada con Brancaleone Doria, lograría el acuerdo definitivo (31 de agosto de 1386). Acuerdo político que convertía a Cerdeña en un asociado de la Corona de Aragón y no en una provincia. El mismo año 1377 Pedro IV recibió los ducados de Atenas y Neopatria (que abarcaban Ática, Fliótica, Lócrida, Fócida, Beocia, la isla de Egina y parte de Tesalia), que pronto hubo de defender contra compañías de mercenarios navarros. En 1379 sería Sicilia, por matrimonio de Martín, el nieto de Pedro, con la heredera María, la que se integraría en el conjunto. Así se completaba la obra que emprendiera Jaime I con la conquista de Mallorca. La comunidad aragonesa se asentaba sobre un eje económico, el del Mediterráneo, cuando éste comenzaba a verse amenazado por la expansión otomana.

El imperialismo castellano de Enrique II

En Castilla era en donde la crisis parecía de naturaleza más claramente política y en donde, con toda lógica, se aplicaron soluciones más políticas. Enrique II, tras el afortunado golpe de la Rochela, se sentía en condiciones de afirmar la superioridad naval y de imponer a los otros reinos peninsulares una amistad llena de ventajas para su reino. La alianza con Francia se convirtió en eje indestructible de toda la política exterior. Ambos reinos asumieron la defensa de un orden social aristocrático y de un modo de vida caballeresco. Así aparece el profundo sentido de la revolución Trastámara: don Enrique no hizo donaciones tan cuantiosas como a veces se ha pretendido, pero permitió la subrogación de la autoridad real en señoríos y la conversión de éstos, por medio de mayorazgos, en sólidas entidades económicas y políticas. Con una nobleza en dos escalones, la alta de parientes del rey, a quienes se daba títulos y no cargos, y la baja, sin títulos, pero desempeñando los oficios de la Corte, el régimen Trastámara tenía que resultar, a la burguesía, tanto de Lisboa como de Barcelona, especialmente antipático.

Los tratados con Portugal, Navarra y Aragón habían previsto siempre enlaces matrimoniales. Enrique II vio en ellos un medio de legitimar su propia dinastía y de afirmar el influjo castellano. Luego la política matrimonial, que convirtió en precepto en su testamento, pasó a ser el signo visible del imperialismo Trastámara. El príncipe de Navarra, Carlos, que casó el 27 de mayo de 1375 en Soria con Leonor de Castilla, fue admitido en la Corte e influido por ella más que por la de su propio reino. Un año más tarde se celebraban desposorios —por palabras de futuro, pues la novia tenía sólo tres años— entre Fadrique y Beatriz, a quienes las Cortes de Leiría juraron como herederos. La solemnidad mayor se había dado, desde luego, al matrimonio del infante don Juan con Leonor de Aragón, celebrado y consumado en Soria el 18 de junio de 1375, simiente de la unidad española.

Concluida en 1377 la tregua de Brujas, pese a las propuestas inglesas para renovarla, las flotas castellanas, de fuertes galeras y tripulaciones entrenadas, se lanzaron al asalto de las islas británicas, saqueando en dicho año Rye, Rotingedean, Lewes, Folkestone y otros lugares de la costa del Canal. La isla de Wigh fue casi completamente arrasada. Y los intentos ingleses para establecer una adecuada defensa, terminaron en un desastre. Esta violenta aparición del imperialismo castellano, modificó el punto de vista de los Comunes, que aceptaron el pensamiento del duque de Lancáster acerca de la necesidad de emprender operaciones en la Península recurriendo al servicio de aliados. Ya que no era posible contar con Aragón ni Portugal, Inglaterra aceptó el concurso de Navarra.

En marzo de 1378 el rey de Francia descubrió una conjura tenebrosa de la que era principal responsable Carlos II. Entre las cosas que revelaron los criados de éste en el tormento, figuraba un proyecto para entregar a los ingleses los puertos de Normandía y para invadir Castilla. Los ingleses conseguían entre tanto un acuerdo secreto con Pedro IV comprometiendo a éste a una guerra con Enrique II cuando el duque de Lancáster hubiera cruzado la frontera castellana. Acomodándose al juego cauteloso de su rival, el castellano trató de hacer caer en una celada a Carlos II y, al no conseguirlo, se adelantó a invadir Navarra antes de que pudieran presentarse las tropas inglesas. Aunque no pudo obligar a Carlos II a una paz tan rápida como en el caso de Portugal, Enrique II tuvo éxito. Los auxilios ingleses fueron escasos y, en un nuevo tratado (Briones, 31 marzo de 1379), impuso lo que, sin eufemismo, puede calificarse de protectorado sobre Navarra: ocho villas, entre las cuales se contaban Estella, Tudela y Viana, recibían guarniciones castellanas para un plazo de diez años; Enrique II adelantó 20.000 doblas para pagar a los ingleses, pero retuvo como prenda Laguardia.

Juan I, continuador de una política

Cuando Carlos II vino a Castilla, para corroborar con su persona el tratado de Briones, ya no pudo entrevistarse con Enrique II, en trance de muerte, sino con su hijo Juan I, que habría de sucederle. Continuador consciente de la política de su padre, el segundo Trastámara aporta, sin embargo, a su obra nuevos elementos, como la superior conciencia de los deberes religiosos de un monarca, el respeto escrupuloso a la ley, la firme decisión de llevar adelante la reforma de la autoridad según el modelo de su suegro. Por eso fue Juan I el gran creador de instituciones que forman la estructura política de la España del siglo XV y que no maduran hasta el reinado de los Reyes Católicos. La pleamar de las Cortes, que en su tiempo se produce, es signo bien claro de esta política.

Los diez años de gobierno de Enrique II habían permitido consolidar dos capas de nobleza castellana, la de los parientes con título —Alfonso de Aragón, marqués de Villena, Alfonso y Fadrique, hijos del rey, condes de Noreña y Benavente, Pedro, sobrino de Enrique, conde de Trastámara, Juan Alfonso de Guzmán, conde de Niebla, y Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión, al que acababa de suspender en el adelantamiento de Murcia— y la de los linajes de segunda fila, que asomaban ya la cabeza de su ambición: Mendoza, Velasco, Sarmiento, Quiñones, Ayala, Álvarez de Toledo, Manrique, y algunos más. Juan I tratará de gobernar con ellos y no contra ellos, empleando como contrapeso la influencia de los hombres de Iglesia, Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, Álvaro de Isorna, obispo de Cuenca, Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo, y dos religiosos, fray Fernando de Illescas y don Juan Serrano. En 1379 Tenorio presidía un Concilio provincial en donde se adoptaban las primeras medidas de reforma.

Coronado en Burgos (25 de julio de 1379), Juan I iniciaba su reinado también presidiendo unas Cortes de dos semanas en las que procedió a confirmar todas las mercedes de su padre que le fueron presentadas. Esta especie de balance, que se repetirá varias veces en el futuro, tenía la ventaja de que hacía nulos prácticamente cuantos privilegios no fuesen ratificados dentro de ciertos períodos. El acusado malestar dictaba otras medidas, de restricción del lujo, de prohibiciones de sacar oro y plata del reino. Los procuradores sabían evidentemente lo que querían: solicitaban del rey tres puestos para ellos en el Consejo Real y una declaración de que las leyes consecuencia de acuerdos de Cortes no pudieran ser modificadas sino por las mismas Cortes. Un año más tarde los procuradores fueron convocados nuevamente para Soria (setiembre de 1380). Se entraba, al parecer, en un período de regularidad en las reuniones para satisfacción de las ciudades y de protección abierta a la Iglesia a fin de que pudiera servir los objetivos de la reforma. Las encomiendas sobre monasterios que no hubiesen sido otorgadas por el rey o directamente mediante un acto voluntario de fundación, fueron suprimidas.

Continuaban los ataques castellanos a las rutas de aprovisionamiento en el Canal de la Mancha y a los puertos ingleses. Al iniciarse las hostilidades en Bretaña, los buques españoles establecieron el bloqueo del ducado. En 1380 Juan Fernández de Tovar remontando el Támesis quemaba Gravesend, afueras de Londres. De esta manera, en el interior y en el exterior, Juan I parecía ceñirse a continuar tan sólo la política de su padre.

El Cisma y la tercera guerra de Portugal

En 1380 las perspectivas castellanas eran buenas. La paz peninsular estaba asegurada y si los viejos reyes, Carlos II, Pedro IV, Fernando I, alimentaban hostilidades más o menos abiertas hacia el Trastámara, los jóvenes príncipes, Carlos el Noble, Juan, duque de Gerona, Dionís y la oposición portuguesa, se mostraban abiertamente favorables. Pero una cuestión muy peligrosa acababa de originarse: desde 1378 existía un Cisma en la Iglesia. Bartolomé Prignano, Urbano VI, elegido en Roma para suceder a Gregorio XI, no fue reconocido por una parte del Colegio de cardenales, la cual afirmó que, teniendo mayoría, a ella sola correspondía declarar si la elección había sido válida o dictada por presiones y fuerza. Procediendo a vías de hecho, eligió nuevo Papa en la persona del cardenal Roberto de Ginebra, Clemente VII.

Cada uno de los Papas buscó el medio de atraer a su obediencia el mayor número de príncipes posible. Clemente VII se instaló en Avignon y fue reconocido por Carlos V, con la intervención y asesoramiento de una asamblea del clero de su reino. Naturalmente Inglaterra se declaró urbanista y la cuestión de las obediencias derivó hacia una cuestión política. Muy pronto comenzaron las presiones sobre ios reinos peninsulares, de cuya declaración podía depender el triunfo de uno u otro de los candidatos. Enrique II, coincidiendo en esto con los reyes de Navarra y de Aragón, prefirió ganar tiempo manteniéndose neutral. Pedro IV tomó la iniciativa de proponer una conferencia entre los cuatro reyes peninsulares a fin de adoptar en todo momento medidas unánimes. Clemente VII envió a España con plenos poderes al cardenal don Pedro de Luna, que sería más tarde su sucesor, y a quien el origen aragonés, y la ayuda que su familia prestara a Enrique II, calificaban para esta misión. Pero ya el arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, coincidiendo con otros universitarios europeos, afirmaban que no había otra salida al conflicto que la convocatoria de un Concilio Universal.

Esta actitud, que por parte de Castilla suponía una resistencia a los dictados de Francia —en 1380 Juan I y Pedro IV estaban de acuerdo para entrevistarse en la frontera de Soria— no prosperó. Falto de dinero o de preparación técnica, el soberano aragonés no acudió a las vistas. Fernando de Portugal se adelantó a declararse a favor de Clemente VII. Rindiéndose entonces a los ruegos y las dádivas de don Pedro de Luna, Juan I accedió a reunir una Asamblea del clero en Medina del Campo —el cónclave, como se la llamó con ironía— que acabó aceptando al Papa de Avignon. La declaración de obediencia se hizo en forma solemne en Salamanca el domingo 19 de mayo de 1381. Hasta su muerte, Pedro IV y Carlos II se mantuvieron neutrales. Es indudable que el cardenal legado había dado a don Pedro Tenorio seguridad de que el gobierno de la iglesia castellana se haría por sus manos.

La adhesión de Fernando I a Clemente VII era una cortina de humo, lo mismo que las negociaciones cordiales con Castilla en que ofrecía demasiado: el matrimonio de su heredera Beatriz no con Fadrique, sino con el propio heredero castellano, el infante don Enrique. Escondía el fondo secreto de una negociación que fue llevada en forma bastante novelesca por Juan Fernández de Andeiro, que en esta ocasión se convirtió en amante de la reina Leonor Téllez. Por el acuerdo de Estremoz del 15 de julio de 1380 el duque de Lancáster prometía enviar un ejército de mil hombres de armas y otros tantos arqueros para la guerra con Castilla. En todo este asunto se mezclaba muy oscuramente el infante don Juan, hijo de Inés de Castro, que venía a refugiarse en la Corte de Juan I. Este infante se había casado secretamente con una hermana de la reina, María Téllez, a la cual asesinó, acusándola de divulgar el secreto y de infidelidad. El 15 de noviembre de 1380 el Parlamento británico otorgó los subsidios necesarios para la expedición. Por su parte, los castellanos, abandonando sus tendencias al neutralismo, confirmaban en Vincennes (22 de abril de 1381), la alianza francesa.

Las hostilidades habían comenzado en la frontera de Almeida. Juan I, obligado a someter una revuelta de su hermano bastardo Alfonso, conde de Noreña, tomó en principio medidas bastante cautelosas: puso cerco a la plaza de Almeida, un rehén valioso para cuando llegase el momento de la paz, y envió su flota a bloquear Lisboa. Fernán Sánchez de Tovar no pudo impedir el desembarco de los ingleses porque hizo tales presas a los portugueses en la batalla de Saltes, que hubo de regresar a ponerlas en seguridad. Pero luego taponó la desembocadura del Tajo impidiendo la llegada de nuevos refuerzos. El 9 de agosto, Juan I se apoderaba de Almeida refugiándose la guarnición en el castillo.

Los ingleses, que venían a las órdenes de Edmundo, conde de Cambridge, causaron más daño que provecho. Hicieron a Fernando cambiar de obediencia, declarándose por Urbano VI (29 de agosto de 1381). Pero cuando llegó el momento de entrar en campaña, aquella tropa sin disciplina, monturas ni dinero, cometió mil atropellos en la población portuguesa. Juan Fernández de Andeiro, promovido conde de Ourem, asociado íntimamente con la reina, perdía sus entusiasmos de emperegilado. El duque de Lancáster, que nunca había creído que Portugal fuese la pieza principal de su plan, estaba ahora proyectando una cruzada urbanista en Flandes que habría de permitirle asestar un rudo golpe a Francia y arruinar al mismo tiempo el comercio castellano. En el propio Portugal el descontento se manifestaba violentamente: Juan, maestre de Avis, bastardo de Pedro I, fue preso por su oposición al régimen que representaban Leonor Téllez y su amante. Navarra y Aragón entraban por las vías de la amistad.

En tales circunstancias lo más sensato era hacer la paz. Negociaciones muy secretas, en las cuales intervenía el cardenal don Pedro de Luna, desembocaron en un pacto sorpresa el 10 de agosto de 1382 cuando los dos ejércitos estaban formados en orden de batalla en las afueras de Elvas. Las cláusulas eran aproximadamente las mismas que las del tratado de Santarem de 1373, sólo que el marido previsto para la heredera, Beatriz, era el menor de los hijos varones de Juan I, Fernando. Por este tiempo la flota castellana estaba camino de Flandes para colaborar en las operaciones contra los ingleses que culminaron en la batalla de Roosebeke (27 de noviembre de 1382), en donde fue armado caballero Pedro López de Ayala.

El matrimonio portugués

Una de las condiciones impuestas a Portugal era el reconocimiento de Clemente VII; contando con las opiniones de los herederos de Aragón y de Navarra, la Península llevaba camino de convertirse en un sólido bloque clementista. Carlos el Noble trató de convencer a su padre, con el atractivo de una suavización del pacto de Briones, pero no tuvo éxito. Cuando el 13 de setiembre de 1382 murió la reina Leonor de Castilla, Juan, duque de Gerona, propuso a su cuñado un nuevo matrimonio con la hermana de su propia mujer. Pero los planes del monarca eran muy distintos porque acababa de recibir ofertas mucho más provechosas de Leonor Téllez.

Generalmente se interpreta mal la política que llevó al gran desastre castellano de Aljubarrota porque se atribuye en todo momento la iniciativa a Juan I. Leonor Téllez y Juan Fernández de Andeiro, que veían producirse al mismo tiempo la enfermedad final de Fernando I y el crecimiento de la oposición contra su gobierno, creyeron que el único medio de garantizar su propia permanencia en el poder como regentes de Beatriz era estrechar lazos con Castilla. En noviembre de 1382 el propio conde de Ourem vino a Pinto para proponer que fuese Juan I quien se casase con la heredera de Portugal, en vez de su hijo. La propuesta fue aceptada. No puede decirse que, en el terreno de los tratados, el rey de Castilla adelantase un paso hacia la anexión de Portugal. Pero de su titulación inmediata —aparte las intenciones secretas que podía albergar— un beneficio podía derivarse: unir estrechamente el reino vecino al sistema de alianzas que, desde Flandes al estrecho de Gibraltar, cerraba el frente contra los ingleses. De cualquier modo la conducta de Juan I tenía que defraudar a la oposición que, a lo largo de tres guerras, no había ocultado sus simpatías a Castilla.

Las capitulaciones matrimoniales se celebraron el 2 de abril y la boda en Badajoz el 17 de mayo. El conde de Ourem no se había preocupado de otra cosa que de asegurar a Leonor la próxima regencia, bajo soporte castellano. Juan I, en cambio, de que existiera un acta que demostrase que el matrimonio había sido consumado y que él era, de pleno derecho, príncipe consorte de Portugal. Leonor Téllez no pudo, sin embargo, ocultar su desilusión: volviendo de la boda dijo al maestre de Avis, que cabalgaba a su lado, «quisiera que el hombre fuera más hombre».

El matrimonio portugués marca la cumbre del reinado de Juan I. Todos los signos parecían volverse favorables. En una breve acción de guerra sometió a su hermano Alfonso, que había vuelto a sublevarse, y le despojó del condado de Noreña, que pasó a enriquecer las propiedades de la iglesia de Oviedo. Las Cortes de Segovia (octubre de 1383) en que se hizo el cambio de la Era hispánica por el nacimiento de Cristo, en la fecha de los documentos, tuvieron aires más calmados. En ellas se procedió a organizar la Audiencia, tribunal supremo para causas civiles, independiente del Consejo Real. Inglaterra hizo entonces propuestas para un arreglo definitivo, que Juan I no quiso aceptar porque no quería un tratado independiente de Francia. Pedro IV abandonó sus antiguas veleidades de negociación con Inglaterra y, en adelante, mostró sólo un enorme interés por los asuntos de su yerno y de sus nietos. Al cabo los ingleses propusieron nuevas treguas, las cuales se negociaron en Boulogne. Las condiciones eran aproximadamente las mismas que en Brujas, ocho años atrás, pero se esperaba que fuesen más duraderas porque el cansancio se acusaba en todas partes. Lo malo es que cuando Juan I entregó sus poderes a los embajadores que habrían de representarle en la firma del convenio, se hallaba en Santarem, enfrentándose con el problema de la revuelta portuguesa. Las treguas de Boulogne (14 de setiembre de 1384) nacían enfermas.

La crisis de la nacionalidad portuguesa: Aljubarrota

La forma en que se presentaron los acontecimientos en Portugal, no podía constituir sorpresa para nadie. El 22 de octubre de 1383 murió Fernando I. Leonor Téllez pasó a ocupar el gobierno con un equipo de antiguos emperegilados —Juan Fernández de Andeiro, Fernán Alfonso de Zamora y Juan Alfonso de Baeza— al que se sumó también otro castellano, Martín, obispo de Lisboa. Sin duda Juan I contaba con el odio que tal gobierno despertaría y esperaba que la oposición le llamase a fin de restablecer la legalidad. Se celebraron funerales por Fernando en Lisboa y en Toledo, y Leonor dispuso la proclamación de Beatriz y su marido como reyes, acto en el cual se produjeron ya disturbios. Como medida de precaución, el castellano redujo a prisión a su hermano Alfonso, conde de Noreña, y al infante don Juan, que podían convertirse en cabezas de partido en Portugal. Reuniendo a sus consejeros en Toledo y Puebla de Montalbán, Juan I quería lograr asentimiento para una entrada en el vecino reino que la mayor parte reputaba un error. Fue el obispo de Guarda, en nombre de la nobleza lusitana, quien forzó la decisión ofreciendo la entrega inmediata de su ciudad y la adhesión general de los principales linajes.

El 6 de diciembre de 1383 Juan Fernández de Andeiro fue asesinado en Lisboa; estaban comprometidos en este hecho el maestre de Avis, Nun Alvares Pereira y su tío Ruy Pereira, y un importante miembro de la burguesía lisboeta, Álvaro Pais. Fue este quien, anunciando que el maestre se hallaba, en peligro, sublevó al pueblo y propuso proclamar a Juan de Avis regente, casándole incluso con Leonor si era preciso. Los castellanos fueron perseguidos y el obispo don Martín, asesinado. La reina, temiendo por su vida, buscó refugio en Santarem, que previamente había asegurado. En un momento, hubo en Portugal tres gobiernos, todos de legalidad discutible, el del maestre de Avis en Lisboa, en donde se titulaba defensor e regedor del reino, el de Leonor Téllez en Santarem y el de Juan I, en Guarda, que se irrogaba unas prerrogativas que en ningún momento le habían dado los tratados. Lo de Lisboa era una auténtica revolución burguesa. A la Cámara improvisada del maestre asistían cuatro procuradores de los gremios, elegidos por una comisión de veinticuatro que, prácticamente, representaba a la municipalidad de Lisboa. Los nobles, desde luego, la miraban con antipatía: «Esa sandez que levantaron dos zapateros y dos sastres», dijo Juan Alfonso Tello.

Este movimiento burgués, iniciado en Lisboa y secundado por Oporto, ha sido certeramente señalado por Marcelo Caetano y otros historiadores portugueses como el de la crisis de la nacionalidad. La reacción era lógica y se adelantaba casi un siglo a la de Cataluña. El triunfo de los Trastámara, con el monopolio castellano de las rutas de Flandes y la imposición de un régimen nobiliario, era, para las ciudades, amenaza directa. En tal situación resulta lógica la conducta de Leonor Téllez cuando pidió a su yerno que viniera a Santarem para ayudarla, y también la de éste cuando, en enero de 1384, ya en Santarem, exigió de la reina que le transmitiese la regencia, los sellos y el tesoro. Luego, durante el cerco de Coimbra, Leonor entró en una conjura con Pedro, conde de Trastámara, para asesinar a Juan I, fue descubierta, presa y enviada al monasterio de Santa Clara de Tordesillas.

Con la reina, que ya no abandonará Castilla hasta su muerte, desaparecía uno de los soportes legales con que contaba Juan I. Algunos de sus oficiales abandonaron Santarem para colocarse junto al maestre de Avis, que parecía entonces defender los derechos del infante don Juan, preso en Castilla. El Trastámara vio con claridad que no tenía otras perspectivas de éxito que una acción militar resolutiva e, imitando los planes de Enrique II, llevó todo su ejército contra Lisboa, que su ilota bloqueaba estrechamente. Pero el asedio de Lisboa (desde marzo a setiembre de 1384) constituyó un gran fracaso y, para los castellanos, un desastre pavoroso a causa de la peste, que provocó la muerte de los más importantes capitanes. Juan I regresó a Castilla dejando guarniciones en las ciudades que controlaba.

Durante el invierno hizo preparativos importantes a fin de regresar a Portugal en la primavera siguiente. El maestre de Avis aprovechó la ocasión para ampliar el área de sus dominios —conquista Alemquer el 10 de diciembre—, lograr la colaboración de Inglaterra, sorprendida al principio por la victoria de Lisboa, y afirmar en el interior su propia posición. En las Cortes de Coimbra (abril de 1384), el doctor João das Regras estableció los principios jurídicos para la recta sucesión de Fernando I: el rey de Castilla se había eliminado a sí mismo al incumplir los pactos; Juan y Dionís no eran legítimos pues ninguna prueba había de que se hubiese celebrado el matrimonio de Pedro I con Inés de Castro; el derecho a elegir retornaba al reino, del cual las Cortes eran expresión. En consecuencia proponía, y así fue aceptado, que Juan de Avis fuese proclamado rey (6 de abril). Cinco días más tarde era coronado, en la misma ciudad, el fundador de la más gloriosa dinastía de reyes de Portugal. Una victoriosa campaña le proporcionó inmediatamente Viana do Castelo, Braga y Guimaraês con otras importantes ciudades hasta el Miño. En mayo Juan Fernández Pacheco alcanzaba una resonante victoria sobre los castellanos en Trancoso.

Todavía eran los castellanos dueños absolutos del mar y gozaban de una fama militar poco justificada. A Juan I quedaban únicamente dos caminos: iniciar negociaciones, manejando las fortalezas que aún poseía como rehenes para lograr ventaja, o emprender otra campaña arriesgando el ejército que, con gran esfuerzo económico, había podido reclutar. Tomó el segundo, para su daño, no sin vencer la resistencia de sus nobles que en un Consejo, celebrado en Ciudad Rodrigo, afirmaban que no había preparación ni fuerzas suficientes. El nuevo soberano portugués atrajo al enemigo muy al interior del país, lejos de sus bases, y le causó una tremenda derrota usando hábilmente trincheras y arqueros ingleses. Aljubarrota (15 de agosto de 1385) demostró que el imperialismo castellano tenía más pretensiones que fuerza, invalidó el papel hegemónico que Francia y Castilla se irrogaban desde hacía diez años y dio nacimiento a un nuevo Portugal, de alientos económicos y empresas marineras que, un siglo más tarde, hallaría el camino de la India. El rey vencido se salvó huyendo a Santarem y luego por el Tajo gracias a su flota. Una tradición posterior pretende que Pedro González de Mendoza le cedió su caballo muriendo él en la batalla. De esta leyenda obtendría grandes beneficios el linaje.

La expedición del duque de Lancáster

La primera consecuencia del desastre fue reavivar las pretensiones del duque de Lancáster. Por vez primera se vio real entusiasmo por su causa en el Parlamento de octubre de 1385, que acordó subsidios para una expedición a la Península. Juan I estaba seguramente informado. En aquellos momentos de profundo desaliento la amistad aragonesa y navarra no le faltaron. Carlos el Noble, su cuñado, vino incluso con tropas para reforzar el derruido ejército castellano. En las Cortes de Valladolid (diciembre de 1385) supo hallar el acento necesario para obtener de los procuradores apoyo sin reservas. El momento fue de gran importancia: la derrota no debilitó en lo más mínimo a la dinastía Trastámara, que se vio, por el contrario, fortalecida con la adhesión del reino. Se hicieron promesas y se cumplieron realidades; sendos Ordenamientos pusieron en pie el Consejo Real, con miembros permanentes del tercer estado, y un ejército de lanzas situadas en tierra. Jugando con el agradecimiento, Juan I devolvió a Carlos II la mayor parte de los castillos que guardaba en rehenes desde la paz de Briones.

De este modo, cuando el duque de Lancáster con sus tropas llegó a La Coruña (25 de julio de 1386) casi por sorpresa —muy pronto la flota de su rival cerraría el camino de retorno—, iba a enfrentarse, no con un pretendiente desarticulado, sino con todo un reino unido en torno a su soberano. Ocupó Santiago, en donde hizo proclamar a Urbano VI como Papa y a Juan Gutiérrez como arzobispo, e instaló su Corte en Orense. Los partidarios que se esperaban no llegaron y el duque decidió pasar el invierno en Galicia. Juan I tuvo tiempo de rehacer sus tropas y establecer guarniciones muy fuertes en los castillos del reino de León. Durante el invierno comenzaron las negociaciones. Los únicos éxitos importantes eran los conseguidos por Juan I de Portugal que, adueñándose de Chaves y de Braganza —prácticamente había cesado toda resistencia trastamarista en el interior de su reino—, era frontero, en toda la línea, de las tierras ocupadas por el duque de Lancáster. Ambos celebraron cordial entrevista los días 1 a 3 de noviembre y acordaron la invasión de Castilla para el año siguiente, alianza muy estrecha y matrimonio del antiguo maestre de Avis con la hija del inglés, Felipa de Lancáster, madre de esos eximios príncipes que Oliveira Martins ha llamado «altos infantes, ínclita generación».

Durante el invierno, el ejército inglés sufrió tal desgaste que, al emprender su ofensiva, en marzo de 1387, el duque no abrigaba otra intención que forzar el curso de las negociaciones del modo más favorable posible. Ocupó Alcañices, avanzó hasta Benavente, siempre seguido por destructoras guerrillas, y conquistó Valderas, un villorrio perdido cuyos habitantes prefirieron dar al fuego casas y enseres antes de entregarlo al vencedor. Luego, los invasores se retiraron. Una parte de las fuerzas, mandadas por sir John Holland, regresó a Gascuña con sorprendente salvoconducto de Juan I para atravesar Castilla. Las negociaciones para la paz definitiva tuvieron lugar en Bayona, tras el retomo del duque: fue acordada una indemnización de 600.000 francos de oro, en varios plazos, y una renta de 40.000 anuales por el abandono de las pretensiones a la herencia de Pedro I, además del matrimonio de Catalina de Lancáster, su hija, con el heredero de Castilla, don Enrique, a quien se hizo príncipe de Asturias. El 5 de agosto de 1388 Catalina salió de Bayona. Su boda con don Enrique se celebró en Palencia el 17 de setiembre. El 18 de junio siguiente, Inglaterra, Francia, Castilla y Escocia firmaban treguas generales en Leulingham. Terminaba con ellas la fase española de la guerra de los Cien Años. También con Portugal se llegó a la suspensión de hostilidades el 29 de noviembre de 1389 (Treguas de Monção).

El final del reinado de Pedro IV

El largo reinado del Ceremonioso se cierra en medio de una crisis de la qué los cronistas resaltan sólo los aspectos exteriores: malas relaciones con el heredero a causa del cuarto matrimonio del rey. La boda con Sibila de Fortià (11 de octubre de 1377), amante de Pedro IV desde hacía algunos años, llevó al poder a todo un poderoso grupo familiar. Bernardo de Fortià, hermano de la reina, se convirtió en camarlengo. Sibila fue solemnemente coronada el 30 de enero de 1381, pero de la ceremonia estuvieron ausentes los infantes Juan y Martín; aquello mismo que era reputado como bueno mientras Sibila era solamente la concubina real, resultaba ahora peligroso, casi una amenaza. Las grandes donaciones que la reina recibió, en tierras de Alicante, rememoraban las que en otro tiempo se hicieran a los hijos de Leonor de Castilla.

Tras el malestar producido por el encumbramiento de los Fortià se esconde una lucha entre los dos sectores del estamento nobiliario. En la crisis económica que siguió a la peste, las perturbaciones del comercio mediterráneo y las largas guerras con Génova y Castilla, una nueva clase social, que en Cataluña se llama significativamente brazo real, pudo manifestarse; estaba compuesta por pequeños nobles y alta burguesía, comerciantes o artesanos, y veía en el refuerzo de la autoridad monárquica y la austeridad —ideales contrarios a los de la caballería— solución única para las dificultades. Barcelona, en donde el brazo real era especialmente fuerte, se convirtió en la residencia preferida del rey. El malestar crecía: a la quiebra de la banca privada barcelonesa, hacia 1380, se unían las continuas demandas de dinero por parte del rey, en perpetuo déficit. En las Cortes de Barcelona de 1382 —tres años antes de la dramática exposición de Juan I en Valladolid— el Ceremonioso admitió que «todo el pueblo puede pedir a su señor justicia y equidad». Y los procuradores procedieron a una completa revisión de la política hasta entonces seguida y exigieron la destitución de algunos oficiales a quienes consideraban responsables.

De esta situación sacaron partido Bernardo de Fortià y sus parientes. Cuando el conde de Ampurias, yerno del rey por su mujer Juana, se lanzó a la lucha, el enfrentamiento entre alta y baja nobleza se convirtió en guerra civil. El infante don Juan, que no ocultaba sus simpatías hacia la primera, recibió, sin embargo, de su padre el encargo de domar la revuelta. Tras las primeras victorias, trató de mediar entre el rebelde, su cuñado, y el rey, su padre, pero éste no quiso escucharle y de ahí nació ya una clara discordia entre el soberano y su heredero. En 1385, con ocasión de una enfermedad de Pedro IV, hubo la sensación de que en Cataluña existían dos gobiernos, frente a frente, el del duque de Gerona y el de los Fortià. Éstos se sentían fuertes por su convencimiento de representar la fuerza progresiva de Cataluña.

En Barcelona estaba en marcha una verdadera revolución, consecuencia, sin duda, de la victoria sobre el conde de Ampurias, que hubo de desterrarse. Suspendidas las elecciones de conselleres en 1386, se procedió a una reforma: en adelante serían designados cada año dos patricios, dos mercaderes y dos menestrales. La caída del patriciado significaba así el refuerzo del brazo real. Poco después moría Pedro IV (5 de enero de 1387).

XXXIII

EL REY, LAS CORTES Y LA NOBLEZA

Juan I, rey de Aragón

En 1387 tres monarcas peninsulares llevan el mismo nombre de Juan I. Próximos por la sangre, lo fueron también por sus ideas políticas. El nuevo rey de Aragón y el de Castilla eran cuñados y este parentesco, por padre y madre —Juan, Martín y Leonor eran hijos de Leonor de Sicilia—, junto con la adhesión a la caballería, desempeñó un papel extraordinario en la amistad que siempre se profesaron. En medio de la crisis, superada la forma más aguda de ésta al menos en su aspecto político, todos los reyes buscaban ahora el refuerzo de su autoridad, encauzando a la nobleza y sujetando a las Cortes, que, por otra parte, constituían su mejor apoyo. La primera mujer del duque de Gerona, Matha de Armagnac, había sido una infeliz, sumisa en todo a su marido y a sus suegros, que determinaban hasta la ropa que había de ponerse. La segunda, Violante de Bar, sobrina de Carlos V, con quien casó el 30 de abril de 1379 contra la voluntad de Pedro IV, ejerció gran influjo en la política aragonesa. Ella hizo de su marido el «cazador y amador de toda gentileza», espejo de los caballeros. Martín de Riquer ha podido demostrar hasta qué punto los ideales de la caballería penetraban la vida real.

En 1385, al producirse la confrontación de opiniones entre él y su padre, Juan reflejó por escrito cuál era su programa, en carta a Pedro IV fechada el 15 de julio. Se mantuvo permanentemente fiel al mismo. En el orden internacional la amistad de Castilla y de Francia eran la clave; en el interior un acuerdo con la alta nobleza traería la paz; en el Mediterráneo, sólo el empleo de poderosas fuerzas podía asegurar la permanencia en Sicilia de la que ahora era rey su hermano Martín. Las relaciones de padre e hijo eran muy agrias cuando Pedro IV enfermó de muerte. Sibila de Fortià abandonó a su marido el 30 de diciembre de 1386, al comprender que el fin era ya inevitable, y fue a refugiarse al lado de su hermano Bernardo. Ambos fueron presos, pero la intervención de don Pedro de Luna, cardenal, consiguió para ellos condiciones benignas; fueron fijadas rentas de 20.000 sueldos al año para la reina y de 12.000 para su hermano.

Juan I de Aragón era probablemente un epiléptico y su gobierno estuvo señalado por los altibajos de casi continuas enfermedades. Apenas rey, dispuso el reconocimiento de Clemente VII (7 de febrero de 1387). La alianza con Castilla y con Francia, que se estableció enseguida, tampoco trajo las ventajas que se esperaban. El Papa de Roma, Bonifacio IX, buscó abiertamente provocar movimientos en Cerdeña y en Sicilia. Un acuerdo fue en cambio logrado con el conde de Ampurias. Pero el acercamiento a la alta nobleza trajo un choque abierto con el brazo real, muy poderoso en las Cortes. Estaban reunidas Cortes, generales en Monzón desde el 12 de junio de 1383, bien que con frecuentes interrupciones. La representación de las ciudades —trece valencianas, diez y nueve de Aragón y otras tantas catalanas y mallorquínas— era más fuerte que nunca. Juan I se estrelló al pretender que aprobasen una reforma de su Casa que elevaba extraordinariamente los gastos. La actitud condescendiente de la reina Violante no bastó para calmar los ánimos. Nuevamente se presentaron quejas contra los oficiales del rey; esta vez los tiros iban sobre todo contra la favorita real, Carroça de Vilaragut, y eran disparados desde un sector de la nobleza, el marqués de Villena, los Urrea y los Cornel. Cuando el 1 de diciembre de 1389, el monarca consiguió suspender las sesiones, hizo firme propósito de no volver a reanudarlas.

Dos versiones diferentes podemos hallar de este reinado. Para los políticos constituyó un fracaso, al no conseguir remontar la crisis. Para los artistas y los universitarios fue el gran protector de la cultura. Sus enfermedades le empujaron a fomentar los estudios médicos, concediendo la primera autorización para practicar disección anatómica en Lérida. Rodeado de eximios literatos como Bernat Metge, Antonio de Vilaragut, Jaime March y Antonio Canales quiso crear una poesía catalana independiente de la provenzal y fundó en 1395 los Juegos Florales. La burguesía catalana se negó a apoyar estas iniciativas que costaban demasiado caras.

Las grandes reformas de Juan I de Castilla

La crisis económica, muy aguda entre 1380 y 1420 en la Península y, en general, en todo el Occidente europeo, tuvo al menos un efecto favorable. El cansancio impedía volver a la lucha y, sin cesar la animosidad entre los dos bandos, hubo la sensación de que, después de Leulingham, la guerra de los Cien Años había terminado. Castilla, sin renunciar al puesto de potencia de primer rango, se replegó sobre sí misma tratando de resolver tantos problemas internos como tenía planteados. De este modo se convirtió en molde de unidad para los reinos españoles. Modestos reformadores, Juan I y Enrique III dieron sin embargo a la monarquía restaurada los instrumentos institucionales que le permitirían desarrollarse, moviéndose siempre en difícil equilibrio entre una nobleza aún no cuajada y ambiciosa, y unas Cortes dominadas por el tercer estado, aunque a éste faltaba el peso y la serenidad de la burguesía.

Consejo Real, Audiencia y Hermandades fueron los tres pilares para el asiento de la monarquía. En las Cortes de Valladolid de 1385, en plena derrota, se dispuso que el Consejo fuera compuesto por doce personas, cuatro por cada estamento, y que en sus manos quedaran todos los asuntos. Dos años más tarde, al poner en marcha tales disposiciones, Juan I introdujo dos importantes novedades: sustituyó por cuatro doctores los miembros del tercer estado y asignó a éstos un papel preferentemente jurídico; el Consejo, por tanto, se convertía en Tribunal Supremo de causas, penas y apelaciones al rey. En las Cortes de Briviesca de 1387, en que estas últimas disposiciones fueron tomadas, se dio organización definitiva a la Audiencia, fijando su residencia en cuatro lugares, Medina del Campo, Olmedo, Madrid y Alcalá de Henares. Se completaron sus normas garantizando las apelaciones tanto en la justicia señorial como en la real o municipal. Por último las Hermandades. Tomando el modelo de la Hermandad de ballesteros y colmeneros de Toledo, Talavera y Ciudad Real, llamada Vieja, las Cortes de Segovia de 1386 crearon una organización de policía para todo el reino, incorporando la antigua institución del apellido. Cada concejo estaba obligado a proporcionar veinte jinetes y cuarenta peones —o la proporción correspondiente— para la formación de las cuadrillas que se encargaban de la persecución de delincuentes. El nombre no debe engañarnos: ninguna semejanza existe entre las Hermandades de los Trastámara y aquellas asociaciones de ciudades nacidas durante la minoridad y guerra a principios de siglo.

La reforma del clero, que demandaban insistentemente las Cortes desde hacía más de un siglo, es el segundo de los grandes aspectos de esta obra positiva. Un grupo de eclesiásticos, no santos sino hombres de gobierno —don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, don Juan García Manrique, arzobispo de Santiago, don Álvaro de Isorna, obispo de Cuenca, don Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo, don Pedro de Frías, obispo de Osma y luego cardenal, don Juan Serrano, prior de Guadalupe y fray Fernando de Illescas, confesor y guía espiritual de Juan I y de su hijo—, fue quien emprendió la tarea, a partir de las disposiciones del Concilio de Toledo de 1379 y de las Constituciones dadas al clero por don Pedro de Luna el 4 de octubre de 1388. La entrega de Guadalupe a los jerónimos, la instalación de los benedictinos reformados en Valladolid, ocupando el atiguo castillo y los baños adyacentes, la introducción en Castilla de los cartujos, en El Paular, todo ello realizado entre 1389 y 1390, señalan el comienzo de un impulso reformador en las Órdenes religiosas que ya no cesaría en todo el siglo XV hasta llegar a su culminación con el reinado de los Reyes Católicos.

Las Cortes se celebraban con regularidad precisa, sin que mediara, entre una y otra reunión, mayor espacio de un año y medio. Ocho sesiones en un reinado de once años convierten el tiempo de Juan I en el apogeo de las Cortes. En ciertos momentos, de guerra, pudo percibirse cierto aire de reforma sustancial —las Cortes de Briviesca solicitan en 1387 una fiscalización de los subsidios votados, las de Segovia del año anterior habían examinado cuentas que el monarca ordenó presentar—, pero nunca fue desbordado el acatamiento al rey. Pesando en el ánimo de todos la forma más sensible de la crisis económica, elevación de precios, las Cortes lucharon para conseguir un ajuste entre el valor fiduciario de la moneda y el valor real de los metales empleados en ella. En 1387 fue rebajado el precio de las monedas llamadas blancas o Agnus Dei que acuñara Enrique II. El malestar siguió: en el mercado valían aún más baratas y esto hacía escasear las piezas de metal fino.

El reinado se cierra con la gran reforma del ejército, al modo francés, para crear una fuerza permanente de 4.500 lanzas y 1.500 jinetes que dejaban a salvo el país de cualquier amenaza peninsular. Penetrada de ideas señoriales, esta reforma apoyaba el ejército en rentas anuales que probablemente se pagaban ya entonces directamente por la Cámara en lugar de entregarse el usufructo de la tierra como en el antiguo régimen feudal. Casi al mismo tiempo fue constituido un importante señorío para el segundo hijo del rey, Fernando, que llegaría a ser rey de Aragón: Lara, Peñafiel, con título ducal, Castrojeriz, Mayorga, Cuéllar y San Esteban de Gormaz le convertían, a los diez años de edad, en el número uno de la alta nobleza, junto al duque de Benavente, el conde de Trastámara, el marqués de Villena y los condes de Noreña y de Niebla, pues los títulos de Alburquerque y Carrión se habían extinguido. Juan I murió poco después, por accidente, cuando probaba un caballo que acababan de regalarle (9 de octubre de 1390).

La minoridad de Enrique III

Espíritu religioso, formado al calor de los eclesiásticos reformadores, Enrique III sucedía a su padre con sólo once años de edad. Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, se hizo cargo de la situación; ocultando unos días el fallecimiento del rey, llamó a los procuradores para una reunión de Cortes que habría de celebrarse el 15 de noviembre en Madrid. El arzobispo se presentaba como custodio de la autoridad monárquica. En frente los parientes del rey, Fadrique, duque de Benavente, Alfonso de Aragón, marqués de Villena, Leonor, reina de Navarra, y Pedro, conde de Trastámara, formaron un grupo compacto al que se sumó don Juan García Manrique, arzobispo de Santiago. Pedro Tenorio casó al infante Fernando con Leonor, hija del conde de Alburquerque, para impedir qué lo hiciera Fadrique; con ello eliminó un peligro inmediato pero creó otro. Los dominios del infante se igualaban en recursos casi a la misma corona real.

Tenorio quería una regencia de acuerdo con las disposiciones legales de Las Partidas, una o tres personas. Los nobles, con apoyo esta vez de los procuradores, consiguieron imponer el criterio de un Consejo más representativo. Cuando las Cortes se reunieron, con un total de cuarenta y nueve ciudades, nada se había decidido. Una nueva baja de la moneda de vellón fue acordada por demanda de los procuradores del tercer estado. Lograda esta victoria, fueron ellos quienes impusieron también la estructura del Consejo de regencia: ocho nobles y dos prelados frente a catorce procuradores de las ciudades, bien que éstos se dividieron pronto en dos turnos semestrales. De cualquier modo, la mayoría era tan estricta que se necesitaba que nobles y eclesiásticos marchasen de acuerdo para imponerla. Y esto era prácticamente imposible.

El arzobispo de Toledo veía en el Consejo una amenaza para la autoridad del rey; convenció al duque de Benavente y al conde de Trastámara de que también su estatuto de nobles se hallaba amenazado. De hecho Juan García Manrique había logrado la victoria con el apoyo de la baja nobleza y de los procuradores de las ciudades. Seguramente don Pedro Tenorio proyectaba ya, en el mes de febrero de 1391, una alianza de parientes del rey. Retirándose a Alcalá, negó validez a los acuerdos de las Cortes de Madrid y exigió que se cumpliera el testamento de Juan I, redactado muchos años antes durante la campaña de Portugal. El duque de Benavente desde sus tierras y el marqués de Villena desde Aragón, mostraron también actitud rebelde.

Comenzaron interminables negociaciones entre el Consejo y el arzobispo, en realidad entre los dos sectores de opinión del país. Mientras tanto las Cortes votaban un subsidio de seis monedas más, la alcabala, y procedían a una reforma radical de la moneda de vellón, que era colocada al precio del metal, un sexto de maravedí por blanca. Y en Andalucía las predicaciones de un arcediano de Écija, de nombre Fernando Martínez, iniciaban el 15 de marzo de 1391 asaltos y matanzas en las aljamas de judíos, comenzando por Sevilla, que habrían de extenderse por casi toda España. En Córdoba, Écija, Carmona y otros lugares las víctimas fueron muy numerosas. También en Valencia y en Cataluña hubo matanzas. En Barcelona el movimiento tuvo aspecto de subversión social y sus autores gritaban «muyra tothom e visca lo rey e lo poble». Muy oportunamente, don Pedro Tenorio podía cargar en la cuenta del Consejo el desorden producido.

La situación se deterioraba. En Sevilla, profundizándose la rivalidad entre los dos linajes, Guzmán y Ponce de León, hubo luchas sangrientas. Fue una fortuna la amistad aragonesa y navarra y la actitud condescendiente del duque de Lancáster, que no buscaba otra cosa que aprovechar la presencia de su hija Catalina en el trono de Castilla para lograr la paz de este reino con Inglaterra. Recibiendo a los embajadores, el Consejo de regencia, único gobierno legal, se benefició. El arzobispo de Santiago pudo usar especialmente los servicios del nuncio Domingo, obispo de San Ponce de Thomeres, que acababa de llegar a Castilla. Así logró la concordia, nada honrosa para él: movilizando tropas en favor de don Pedro Tenorio, la alta nobleza había demostrado ser la más fuerte. En el momento cumbre, cuando ambos bandos parecían buscar soluciones de fuerza, la burguesía de Burgos, representada por cuatro dé sus más importantes patricios, Pedro Fernández de Brihuega, Fernán Martínez de Frías, Pedro Fernández de Villegas y Juan Maté, intervino para forzar a ambas partes a admitir un principio de recurso a las Cortes, como suprema representación del reino. A medio camino entre Simancas y Valladolid se firmó una concordia aceptando el testamento de Juan I, si bien ampliando el número de consejeros a fin de que pudieran entrar el duque de Benavente, el conde de Trastámara y el maestre de Santiago.

Quedó acordada la reunión de Cortes el 1 de octubre próximo a fin de que los estamentos confirmasen el acuerdo. Sin desarmar sus rencores, cada bando se dirigió a Burgos por distinto camino. El conde de Noreña, que llevaba diez años preso, fue puesto en libertad y recobró sus tierras; era una maniobra del arzobispo de Santiago, que proyectaba, sin duda, provocar la división en el bando contrario. Cuando las Cortes iniciaron sus sesiones, con notable retraso, éste fue el caballo de batalla entre los dos partidos; don Juan García Manrique decía que, de producirse ampliaciones en el Consejo de regencia previsto por Juan I en su testamento, Alfonso de Noreña tenía, cuando menos, tantos títulos como el duque de Benavente. Al enrarecerse el ambiente, don Pedro Tenorio se apartó. Las Cortes presenciaban sólo el enfrentamiento entre la pequeña nobleza de colaboradores del rey y la alta nobleza de bastardos Trastámara. Leonor de Navarra estaba junto a sus hermanos, sus tíos y sus primos aconsejando prescindir de las Cortes. Entonces los procuradores de las ciudades impusieron su decisión: será conservado el Consejo del Testamento de Juan I sin añadir ni quitar persona alguna. El hecho más notable es que nadie se atrevió a protestar.

La victoria de las Cortes era notable por más de un concepto. No sólo habían impuesto su parecer sino que, por vez primera, una regencia iba a constituirse en la cual, en dos turnos, las ciudades estarían representadas. Nunca más volverá a repetirse este ejemplo. Para los celosos defensores del poder real, como don Pedro Tenorio, se estaba bordeando un gravísimo peligro de subversión del orden establecido. Por su parte los nobles de importancia como el marqués de Villena y el conde de Niebla se negaron a ocupar su puesto en un Consejo que miraban como hechura del tercer estado. Y el duque de Benavente y el conde de Noreña habían vuelto a sus tierras, en donde armaban tropas. Por reacción, los miembros principales del Consejo, Juan Hurtado de Mendoza y Diego López de Stúñiga firmaban cartas de amistad.

Fadrique, duque de Benavente, recurrió a las armas. Cubriendo sus espaldas por medio de negociaciones con Portugal, intentó apoderarse de Zamora (en febrero de 1393), pero fracasó. Los regentes lograron una prórroga de las paces con Portugal, custodiaron la ciudad con sus tropas y obligaron al duque a refugiarse en Mayorga. Don Pedro Tenorio decidió abandonar el Consejo retirándose a su archidiócesis. El resultado de esta contienda comenzaba a verse claro: los epígonos Trastámara, que parecen figuras mediocres, se hallaban arrinconados por la nobleza de segunda fila que presidía el arzobispo de Santiago. Pero incluso esta nobleza parece haberse dividido en dos sectores, pues si los Manrique, Stúñiga, Ayala, Dávalos, una rama Mendoza, Fajardo y Ponce de León estaban con el prelado compostelano, otro grupo, Velasco, Guzmán, la rama guadalajareña de los Mendoza y lo que aún quedaba de la Casa de Manuel, seguía a don Pedro Tenorio. En el último instante, don Juan García Manrique ofreció al duque de Benavente una reconciliación.

La caída de los parientes de Enrique II

El 2 de agosto de 1393, mucho antes de la fecha prevista, Enrique III fue declarado mayor de edad cuando no contaba sino catorce años. Don Juan García Manrique hizo el discurso que era su propio elogio: conservada la paz, liquidada la deuda con el duque de Lancáster, restablecido el orden, la regencia merecía solamente plácemes. Nada cambiaba; el Consejo de regencia se convertía ahora en Consejo real. Antes de que las Cortes se hubieran reunido, el Consejo, usando de los procuradores en él presentes, dispuso el cobro de subsidios. Hubo luego quejas pero no una protesta formal, y esto puede considerarse como primer paso hacia atrás de la institución que, apenas dos años antes, parecía el eje del reino. Al contrario, los procuradores, en Madrid (diciembre de 1393), votaron de nuevo la alcabala, veinte maravedís y cuatro monedas.

Clausuradas las Cortes de Madrid, Enrique III hizo una visita a Toledo para reconciliarse con don Pedro Tenorio y sus secuaces, Diego Hurtado de Mendoza y Juan Fernández de Velasco. La nobleza, esta segunda nobleza que tiene sus raíces en la época de Alfonso XI y ha encanecido —y en ocasiones perdido su vida— en el servicio de los Trastámara, cerraba filas preparándose para eliminar a los parientes del rey, díscolos e ingratos, y para conducir a la sumisión a las Cortes. Juan Hurtado de Mendoza fue mayordomo, Diego López de Stúñiga justicia mayor, Ruy López Dávalos condestable, Pedro López de Ayala canciller. Con ellos estaban Juan Fernández de Velasco, señor de Haro, Diego Hurtado de Mendoza, primogénito del héroe de Aljubarrota, señor de Hita y Buitrago, Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de Santiago, el mariscal Garci González de Herrera y algunos otros, entre los cuales, por excepción, un bastardo de don Fadrique, el gemelo de Enrique II, Alfonso Enríquez, tronco de la familia llamada de los Almirantes. La reconciliación con Tenorio —lógica si se tiene en cuenta el credo político de éste— provocó, sin embargo, la ruptura con don Juan García Manrique.

Los parientes de Enrique II se prepararon a resistir. Leonor, reina de Navarra, que se había instalado en Castilla alegando que su marido Carlos III quería asesinarla, fue la inspiradora de una liga que se concertó en Lillo, en la que entraban el duque de Benavente, los condes de Noreña y de Trastámara y el infante don Juan de Portugal con la propia reina (marzo de 1394). A ellos se sumó el arzobispo de Santiago. No había jefe ni otra clase de programa que el derribo de la oligarquía. El marqués de Villena, presionado por su hermano el rey de Aragón, ofreció su concurso a Enrique III y no a los rebeldes. Frente a la amenaza de guerra civil, el Consejo, teniendo consigo la fuerza del rey, comenzó negociando y logró deshacer la unidad de los parientes. Primero el arzobispo de Santiago, luego don Fadrique —el acuerdo de Valladolid de 20 de junio le reconoció medio millón de rentas anuales en la Cámara—, más tarde el conde de Trastámara; todos se rindieron. El propio marqués de Villena, que había imaginado dirigir el Consejo desde dentro, se convenció de la fuerza de la oligarquía y regresó a su reino.

Tan sólo el conde de Noreña y Leonor de Navarra, encastillados en Gijón y Roa respectivamente, se negaron a tratar. Al contrario, hicieron esfuerzos para reconstruir la liga. El Consejo pasó a emplear la mano dura. El 25 de julio el duque de Benavente fue preso en Burgos. No recobraría nunca la libertad. El conde de Trastámara huyó de la Corte. Luego el rey, al frente de tropas, marchó sobre Roa, de la que se apoderó; respetuosamente, Leonor fue enviada a las clarisas de Tordesillas a esperar el momento de su retorno a Navarra. Todas las fuerzas se dirigieron ahora contra el conde de Noreña. Enrique III aceptó una especie de convenio con su tío poniendo la querella en arbitrio de Carlos VI de Francia (3 de noviembre de 1394). Mientras se esperaba la respuesta, Enrique reunió Cortes en Medina del Campo, en donde se hizo otorgar servicios por dos años, para evitar la molestia de tan frecuentes convocatorias.

No hubo arbitraje francés. Carlos VI alegó que el plazo era demasiado breve y el conde de Noreña no llegó a comparecer en su Corte. Enrique III no le necesitaba. Llegado el buen tiempo sus tropas marcharon contra Gijón. Alfonso había huido a tierra de ingleses y su esposa, la condesa Isabel resistió hasta el extremo. Luego incendió la fortaleza (setiembre de 1395). Era una victoria plena de la autoridad real que, en los años siguientes, pudo entregarse a la tarea de restablecer el orden en aquellos lugares extremos, como Sevilla o Murcia, muy alterados durante la minoridad. Poniendo fin a la independencia de los municipios —y continuando al mismo tiempo la tarea emprendida por Alfonso XI—, Enrique III trató de generalizar el nombramiento de corregidores, funcionarios de designación real, a los cuales el consejo se sometía. Gonzalo Moro, corregidor para toda Vizcaya, fue el más notable. Las Cortes de Segovia de 1396, anodinas, dan ya el tono de una autoridad real restaurada.

Las vicisitudes de la alianza francesa

Antes y después de la declaración de mayor edad de Enrique III, el Consejo se había mostrado decididamente firme en la amistad con Francia, resistiendo las presiones diplomáticas inglesas. En un momento, sin embargo, en que la guerra parecía haber cesado, hubo una insensible inclinación hacia el restablecimiento de relaciones, sobre todo mercantiles, con la Gran Bretaña. Felipe de Borgoña, conde de Flandes, había concedido a los españoles monopolio de la lana y éstos ahora volvían a asomarse a los puertos ingleses. Enrique III, practicando normas de mercantilismo, trataba de proteger políticamente a sus súbditos y les orientaba a una penetración en el Mediterráneo, que había comenzado por lo menos en 1381. Piratas y mercaderes castellanos se movían en un área muy extensa, desde Chipre hasta Brujas.

La alianza iba a enfrentarse con un problema gravísimo, capaz de hacerla quebrar, el Cisma. Al suspenderse las hostilidades se hacía evidente el peligro que para la Cristiandad constituía la división en dos campos sensiblemente iguales, que amenazaban con perpetuarse. En junio de 1394 la Universidad de París, a requerimiento del Consejo, que quería para su rey el notable título de pacificador, elaboró un plan en tres fases para la liquidación del Cisma: via cessionis, consistente en la abdicación de ambos Papas y elección nueva por los cardenales supervivientes de 1378; via compromissi, por medio de árbitros, y via Concilii, la más delicada, convocatoria de un Concilio ecuménico. Pocos meses después moría Clemente VII (16 de setiembre) y, para sucederle, los cardenales de Avignon elegían a don Pedro de Luna, estrechamente vinculado a España, que se tituló Benedicto XIII.

El 2 de febrero de 1395 una Asamblea del clero francés acordó que se pusieran en marcha los tres procedimientos señalados por la Universidad de París. Hubo aviso, pero no consulta, a los reinos españoles. Los duques de Borgoña, Berry y Orleans pidieron a Benedicto que abdicara. Pero el Papa respondió (bula de 20 de junio) que el único medio —via iustitiae— para acabar con el Cisma era que los dos Pontífices se reunieran para arbitrar los medios oportunos y, caso de no dar solución, que delegasen en árbitros nombrados en igualdad de condiciones por ambas partes. Hubo violencias. Enrique III protestó con gran energía, no tanto por la fuerza cometida en el Papa cuanto por haberse procedido sin su consentimiento; la alianza francesa era un trato de iguales.

Francia rectificó. Una embajada, presidida por Simon Cramaud, patriarca de Alejandría, vino a Aragón, en los meses en que murió Juan I, y a Castilla, para negociar una acción conjunta a la que se esperaba diera su adhesión Inglaterra. Ésta fue la embajada de los tres reyes, Inglaterra, Francia y Castilla, que viajó a Avignon (junio de 1397) y a Roma (setiembre) para escuchar en ambas sedes una negativa. Benedicto XIII había logrado entre tanto una importante victoria, al atraerse la fidelidad completa del nuevo soberano aragonés, Martín I el Humano quien, de camino de Sicilia a Cataluña, le había rendido visita. Según estaba previsto, los reyes de Francia y de Castilla sustrajeron su obediencia. Enrique III lo hizo el 21 de diciembre de 1398 y, durante tres años, hubo una curiosa situación de Iglesia acéfala que no servía sino para acentuar las ingerencias temporales.

La última guerra con Portugal

Difícilmente se pudieron prorrogar las treguas de Monção de 1389 hasta 1397. Muchos, en Castilla, se mostraban partidarios de lavar con sangre la afrenta de Aljubarrota. Al hacerse la devolución de prisioneros y restitución de pérdidas, los jueces de tregua estimaron que Castilla debía una indemnización de 48.000 doblas de oro, las cuales no fueron pagadas. El 12 de mayo de 1396 los portugueses se apoderaron de Badajoz, guardándola como rehén. Se abrieron negociaciones en las cuales Enrique III hizo ofertas bastante generosas, pero sus súbditos, que no compartían tal espíritu pacífico, asaltaron buques en el mar e hicieron incursiones al interior del vecino reino, como la de Ruy López Dávalos, que incendió Viseo.

La guerra tuvo más de contienda entre marinos que de lucha entre reyes. Los actos de piratería, en que los castellanos se mostraban superiores, sembraron el terror en las costas portuguesas. El momento de mayor peligro vino cuando don Juan García Manrique huyó de Castilla y propuso a Juan I de Portugal crear una nueva liga en la que sería figura importante el conde de Noreña, refugiado en Bayona. Los portugueses tomaron Salvaterra y el antiguo arzobispo de Santiago se fortificó en Pontevedra. Enrique III procedió del mismo modo, atizando la discordia de la alta nobleza contra el maestre de Avis: Martín y Lope Vázquez de Acuña, Juan Fernández Pacheco y Juan Alfonso Pimentel se pasaron a los castellanos; el último hizo entrega de Braganza, que custodiaba. No tardó en seguirles Álvar González Camelho, prior del Hospital, uno de los héroes de la revuelta de 1383. Estos exiliados proclamaron al infante Dionís como rey. Pero no hallaron eco dentro de Portugal. Y, mientras tanto, Juan I rendía Tuy (25 de julio de 1398).

Comenzaron negociaciones en 1399. Enrique III se negaba, no sabemos exactamente por qué, a aceptar un arreglo general y por ello hacía proposiciones inaceptables, como el matrimonio de su madrastra Beatriz con un hijo de Juan I, la renuncia de éste y la entrega de un ducado a Dionís. Es posible que buscase tener mejores prendas en sus manos, porque cuando en el verano de 1399 sus tropas se adueñaron de Miranda, Penha Macor y Nodar, mostró muchas mejores disposiciones. Una tregua de cuatro meses se firmó el 1 de diciembre y fue prolongada hasta enlazar con otra de diez años concertada el 15 de agosto de 1402. Se restituyeron las plazas ocupadas y se otorgó una completa libertad de comercio.

El final del reinado de Enrique III

No cabe duda de que los últimos años del gobierno del Doliente presenciaron un recrudecimiento de las querellas intestinas, pero en qué forma se produjeron y qué relación pueden tener con otros grandes acontecimientos exteriores tales como la guerra de Portugal, la sustracción de obediencia o el comienzo de la piratería en el Canal de la Mancha, lo ignoramos. Don Juan García Manrique pasó a Portugal alardeando de benedictismo, pero no hay duda de que otros motivos políticos existían también. Este mismo año de 1398 la oligarquía gobernante estrechó su poder mediante pactos que firmaron Diego López de Stúñiga, Juan Fernández de Velasco y Gómez Manrique. La carencia de crónicas y la poca atención que esta época ha merecido todavía es causa de que ignoremos el detalle de las luchas intestinas que, sin embargo, fueron muy intensas. Es bastante sintomático que no tengamos noticia de Cortes, entre 1396 y 1401; las de Tordesillas de este último año fueron ya enteramente sumisas. Hubo luego reuniones en 1402 y en 1405; en ésta, celebrada en Valladolid, fue jurado el príncipe heredero, Juan, que acababa de nacer. A partir de 1402 la crisis parece haberse superado y los tres aliados de 1398, con Ruy López Dávalos, condestable —y, según una tradición posterior, valido de Enrique III—, son los que gobiernan.

A esta etapa, de 1402 a 1407, corresponde una actividad redoblada. Hay, en primer término, acercamiento de Aragón; las presiones amistosas de Martín el Humano logran que Castilla devuelva su obediencia a Benedicto XIII (abril de 1403) y abrace con vigor el proyecto de entrevista entre los dos Pontífices que el aragonés llamaba via iustitiae y que la diplomacia francesa fingía o creía coincidente con la via compromissi de la Universidad de París. Pero en este tema aguardaba a los españoles una desilusión. Cuando todo parecía dispuesto para que la entrevista se realizase, Gregorio XII se negó a acudir, temeroso de ser objeto de un acto de fuerza.

El final del reinado de Juan I de Aragón

La crisis económica de Cataluña, manifiesta desde 1381, culmina en 1406 con la quiebra de la poderosa banca Gualbes; habían sido causa los préstamos a la monarquía y la incapacidad de ésta para reembolsarlos. En consecuencia, Juan I y su hermano Martín no hallarán otro recurso que apelar a los italianos, especialmente florentinos, otorgándoles a cambio ventajas comerciales muy dañinas para Barcelona. Una baja muy acusada de los precios es el aspecto externo de esta crisis, en que el dinero escasea. La hegemonía catalana sobre el conjunto de la Corona de Aragón dejó de ejercerse, y Zaragoza adquirió una fuerza política que antes no tenía. Valencia iniciaba la carrera ascendente que la convertiría en cabeza financiera del conjunto. La inquietud se transmite a los campos, en donde se plantea el problema remensa; los señores defienden con tanto más ahínco los malos usos cuanto más reducidos se ven a ellos como fuente fundamental de ingresos.

El odio a los judíos, que se manifiesta en las matanzas de 1391, es también una muestra de malestar. La persecución aceleró las conversiones, que más tarde intensificaría con sus prédicas San Vicente Ferrer. En 1402 Martín el Humano suprimiría incluso la aljama de Barcelona. Con esto no se conseguía sino dar nueva dirección al problema pues los conversos tenían más libertad para las operaciones financieras, sin que se modificase en lo íntimo su fe. Las dificultades que el gobierno aragonés hallaba en Cerdeña influyeron también en la decadencia del comercio. Pedro IV había concedido una gran importancia al refuerzo de Sicilia, que quería para su propio hijo el rey. En 1392 pudo hacerse el matrimonio de Martín el Joven con María de Sicilia; en compañía de su hijo se trasladó a la isla el duque de Montblanch, Martín el Humano, que ostentaría el verdadero gobierno. El alejamiento de Martín, coincidente con el matrimonio de Juana, hija de Juan I, con Mateo de Foix, produjo cierta tensión: de un lado estaba la política filofrancesa del rey, del otro el interés mediterráneo. Al reactivarse la revuelta sarda, dirigida ahora por Brancaleone Doria, se hizo evidente la necesidad de enviar un ejército. Juan I prometió guiarle personalmente, pero ganó tiempo a fuerza de dilaciones y acabó por abstenerse. No hay duda de que sus consejeros le indicaron que un éxito mediterráneo reforzaría la posición del duque de Montblanch.

En 1395 Juan I se trasladó a Mallorca, huyendo de la peste. La codicia de sus consejeros despertaba ya en todas partes el descontento. Luego pasó a Perpiñán, siempre aquejado por el temor a la epidemia. El frenesí del lujo, los abusos de la camarilla, en la que se incluía el gran escritor Bernat Metge, cobraron entonces un ritmo que asustó a las ciudades, Barcelona, Valencia y Zaragoza, que veían desaparecer sin fruto los subsidios pagados con esfuerzo. Barcelona se negó rotundamente a pagar. Valencia envió un memorial de agravios solicitando rectificaciones. La situación era de tensión extrema cuando Juan I murió súbitamente el 19 de mayo de 1396.

Martín I el Humano

Nadie aceptó la idea de que, a falta de hijos varones, heredaran las hijas —lo que hubiera representado el establecimiento de la Casa de Foix en Cataluña—, ni se albergó la menor duda de que Martín hubiera de ser rey. Con él retornaba la tradición mediterránea. Su esposa, María de Luna, pariente de Benedicto XIII, asumió la regencia y dispuso el nombramiento inmediato de una comisión de ocho miembros para juzgar a los consejeros del difunto rey. El patriciado se aprestaba a tomar la revancha. Entre tanto, adelantaba dinero, bien que tomando en prenda el ducado de Montblanch y las joyas de la Corona, haciendo posible el retorno de Martín al frente de una lucida flota. Durante su ausencia, Mateo, conde de Foix, con la ayuda de mercenarios, intentó reivindicar el trono invadiendo Cataluña por el condado de Urgel. Jaime, conde de Urgel, hijo de un hermano de Pedro IV, le rechazó. La invasión había terminado cuando, el 22 de mayo de 1397, el rey llegaba a Barcelona.

Una larga estancia en Zaragoza, de octubre de 1397 a abril de 1400, acredita la importancia que iba cobrando la capital de Aragón. El rey pugnaba por conseguir el acuerdo con Castilla para el sostenimiento de Benedicto XIII y subsidios que le permitiesen una eficaz acción mediterránea. En 1398 y 1399 sus flotas atacaron puertos del Norte de África, sacaron al Papa de Avignon y combatieron a los piratas. Se demostraba así la capacidad marinera de Cataluña. A ella responde el interés demostrado por Sicilia. En 1403 hizo traer a la Península a los bastardos de su hijo Martín, Federico y Violante, a fin de que fuesen educados en Aragón. El afecto que Martín concibió por su nieto ilegítimo le hizo buscar mil procedimientos, sin éxito, para asegurarle una parte en su herencia.

La vida de Martín I, como la de su hermano, fue una batalla continuada contra la enfermedad. El sobrenombre Humano hace probablemente referencia a su actitud plenamente renacentista. Los hombres condenados en 1396, que fueran del Consejo de Juan I, fueron rehabilitados poco a poco y devueltos a cargos importantes. La amistad con todos los reyes peninsulares fue su preocupación principal, y de ella es muestra la cordialidad de la correspondencia con Enrique III y la alianza con Navarra por medio del matrimonio de Martín, llamado el Joven, con Blanca, hija de Carlos el Noble. El sentimiento religioso era en él tan vivo como en sus coetáneos castellanos; de ahí la preocupación por el Cisma. En 1405, con ocasión de la llegada del príncipe heredero, Martín el Joven —hizo también visita a Benedicto XIII en su viaje desde Sicilia—, Barcelona conoció de nuevo el brillo de las fiestas. Pero era un brillo engañoso. Seguía la paralización del comercio. En el campo y en las ciudades estallaban querellas sangrientas.

La frecuencia de las Cortes es demostración de las dificultades económicas del rey y de la forma en que la crisis penetraba la estructura política de la Corona de Aragón. En Valencia (1402), Maella (1404) y Perpiñán (1406) se percibía la misma tendencia a culpar de los males económicos al gobierno. En Perpiñán, en donde el discurso real contiene una de las más hermosas loas de Cataluña, los patricios protestaban contra la aparición de un cuarto brazo, de los caballeros, acaecida en 1389; los nobles, por su parte, protestaban del excesivo número de síndicos de Barcelona. Las Cortes fueron suspendidas sin que se hubiese llegado a establecer un acuerdo, porque las querellas desatadas en Valencia —fue asesinado el gobernador, Ramón Boil— hacían imprescindible la presencia del soberano.

Comenzaba la angustiosa soledad. El 29 de diciembre de 1406 murió María de Luna, la esposa amada, columna en que se apoyaba la blandura del rey. Un nuevo pretendiente, el vizconde de Narbona, apoyado por Gregorio XII y por Ladislao de Nápoles, desembarcó en Cerdeña en 1408 iniciándose otra vez las revueltas. Martín el Joven, que acababa de perder a su único hijo legítimo, fue, con harto dolor de su padre, encargado de la tarea de someter a los revoltosos. El 30 de junio de 1409 lograba una espléndida victoria en San Lluri, pero moría el 25 de julio siguiente de fiebres. San Vicente Ferrer fue el encargado de comunicar la tremenda noticia al rey. Se abría el gran tema de la sucesión aragonesa. Para complicar más las cosas, Benedicto XIII buscaba refugio en Barcelona (14 de setiembre de 1409), abrigando acaso el extremo proyecto de crear una Iglesia española como baluarte supremo de su autoridad.

Carlos III el Noble de Navarra

Puente entre las aventuras desastrosas de Carlos el Malo y el protectorado castellano que habrá de intensificarse en el siglo XV, el reinado de Carlos III representa, para Navarra, la última época de paz, aunque no de prosperidad. Navarra vivía haciéndose olvidar y conservando a cualquier precio la paz en sus fronteras. Fue una fortuna para Carlos III la coincidencia de su pacifismo con el de Enrique III, Martín el Humano y Fernando de Antequera. Apenas subido al trono (1387), reconoció a Clemente VII como verdadero Papa, según estaba previsto. Las discordias entre él y Leonor cesaron, según parece, después de que ésta regresó de Castilla; las puertas de la acción interior se habían cerrado a la reina y a ésta convenía olvidar incluso los devaneos de su marido con María Miguel de Esparza. Indirectamente Carlos III se convirtió en un noble castellano, como administrador de los señoríos de su mujer, entre los que se contaban Madrigal, Sepúlveda y Arévalo.

Príncipe francés —los ingleses devolvieron Cherburgo—, Carlos III tenía sobre todo interés en regularizar su situación como tal. Hizo dos viajes, en 1397 y 1404, hasta conseguir un tratado que cambiaba sus antiguas posesiones, Evreux, Normandía, Cherburgo, Brie por el ducado de Nemours —el que luego pasaría a una rama menor de los Foix navarros— y ciertas compensaciones pecuniarias. Los Foix demostraban ya las tendencias de lo que Reglá ha llamado con mucha precisión, su imperialismo. El hijo de Mateo, aspirante fracasado a la sucesión aragonesa, de nombre Juan, casó con Juana, hija de Carlos el Noble, aspirando a sucederle, pero Juana murió en 1409 y sus derechos pasaron a la viuda de Martín el Joven, Blanca, que gobernaba Sicilia. Era una presa demasiado importante para los Trastámara. Fernando de Antequera y Alfonso el Magnánimo librarían una batalla diplomática hasta conseguir rechazar las aspiraciones de Juan de Foix y casar a Blanca con su hijo y hermano Juan, duque de Peñafiel y luego rey de Aragón.

XXXIV

EL COMPROMISO DE CASPE

Regencia de Juan II

Cuando Enrique III murió el 25 de diciembre de 1406 contaba sólo veintisiete años de edad. Toda su obra peligraba al recaer la corona en un niño de tan corta vida que era necesario prevenir larga regencia. En su testamento tomó precauciones: la persona del rey fue encomendada a la custodia de Diego López de Stúñiga y Juan Fernández de Velasco y la ejecución de su postrera voluntad al condestable Ruy López Dávalos; aunque la regencia —esto es el ejercicio de la prerrogativa real con fuertes limitaciones— era otorgada conjuntamente al infante don Fernando, duque de Peñafiel, y a la reina Catalina de Lancáster, se hacía del Consejo un árbitro para sus previsibles querellas. Había prohibición absoluta de modificarle en cuanto a sus miembros. Concesiones únicas al infante Fernando, sus hijos podían sentarse en el Consejo y el mayor de éstos, Alfonso, casaría, cuando la edad lo permitiera, con la mayor de las hijas de Enrique III, María.

Sospechamos que los exagerados ditirambos que los cronistas áulicos han dedicado al infante obedecen a motivos de propaganda y no están justificados. Fernando, fundador o, al menos, activador de las Ferias de Medina del Campo, había conseguido reunir un señorío riquísimo. Es importante la noticia que da el cronista Santa María, muy adicto suyo, de que rechazó la propuesta que algunos nobles le hacían de coronarse rey en vez de Juan II. Sus ambiciones, aunque sujetas a la implacable lógica de los Trastámara, eran ilimitadas: aspiraba a encumbrar su linaje de tal modo que nada pudiera hacerse sin él.

La ocasión era buena. Desde 1404, estimulado acaso por el propio infante, Enrique III había buscado una reanudación de la guerra con Granada —tarea nacional, en el pensamiento de los cronistas— interrumpida desde 1350 salvo por las ofensivas musulmanas. Hondas razones aconsejaban de todas formas la guerra; en los últimos años de su gobierno, Muhámmad V, a quien la paz de 1370 dejara aire de vencedor, había consolidado las antiguas fronteras del reino y fortalecido su autoridad interior, absorbiendo en su persona los dos cargos de visir y de shayj al-guzat al-magáriba, jefe del ejército auxiliar marroquí. En el momento de morir (1391), Muhámmad tenía un poder formidable y su hijo Abu-l-Hachchach Yusuf II pudo gobernar, bien que por breves meses, como un déspota oriental.

La Alhambra era un nido de intrigas, en medio de las cuales los embajadores marroquíes deambulaban tratando de resucitar la antigua alianza entre España y África. Los acontecimientos de 1392 resultan oscuros: Yusuf II murió de manera desconocida y un hijo menor, Muhámmad VII, usurpó el trono a su hermano mayor, también llamado Yusuf, al cual hizo encerrar en Salobreña. Coinciden cristianos y musulmanes en dar mala fama al nuevo rey. Las relaciones entre Granada y Castilla empeoraron y Enrique III consultó con Navarra y Aragón acerca de la ayuda que podían prestarle en caso de guerra. Muhámmad VII tomó la iniciativa en la primavera de 1405, atacando el reino de Murcia, apoderándose de Ayamonte, golpeando duramente las defensas de Bédmar y Benamejí. Los castellanos prefirieron negociar y firmaron, el 6 de octubre de 1406, una tregua de dos años. La gravísima enfermedad del rey aconsejaba esta decisión.

Pero las negociaciones eran sólo una falacia granadina porque Muhámmad VII lanzaba al mismo tiempo sus tropas entre Quesada y Baeza y chocaba con las del adelantado de León, Pedro Manrique, en la batalla indecisa de los Collejares (octubre de 1406). La tregua quedó sin efecto. Fue, para Fernando, la gran ocasión; presidiendo Cortes en Toledo, obtuvo de los procuradores un servicio de cuarenta y cinco millones de maravedís porque se proponía armar un enorme ejército de diez mil lanzas, cuatro mil jinetes, cincuenta mil peones y ochenta buques de guerra. Al morir Enrique III era su poder el más fuerte e incontrastable de Castilla. Las Cortes fueron suspendidas o, más bien, trasladadas a Segovia, residencia de la reina Catalina, en donde se inauguraron el 27 de enero siguiente. El infante maniobró hábilmente con el espejismo de la guerra musulmana, consiguiendo hacer fluir el dinero hacia sus arcas y, lo que era más importante, imponer un reparto del país en dos zonas para cada uno de los dos regentes. Reparto desigual: por razones de guerra, el infante obtenía la mitad meridional, mientras sus importantes señoríos se hallaban en el norte.

Antequera

Los planes estuvieron a punto de fracasar. Después de apoderarse de Pruna y de Zahara, bastiones avanzados para el futuro, Fernando emprendió el asedio de Setenil (octubre de 1407), pero sus asaltos fueron rechazados. El ejército fue acogido con burlas en Sevilla, adonde había ido para tomar cuarteles de invierno. Las Cortes de Guadalajara, aunque votaron otros cincuenta millones, se mostraron ásperas. Los granadinos atacaban en Jaén y Alcaudete. Bien a pesar suyo, el regente firmó una tregua (15 de abril a 15 de noviembre de 1408) renunciando a la campaña estival. Durante ella murió Muhámmad VII. Una vieja leyenda afirma que antes de fallecer dispuso la muerte de su hermano Yusuf, cautivo en Salobreña, y que éste salvó su vida prolongando una partida de ajedrez. Yusuf III fue proclamado y aseguró su prestigio recobrando Priego y saqueando Zahara (5 de abril de 1410).

Fernando se enfrentaba con dificultades. El Consejo, que dirigían Juan de Velasco y Diego López de Stúñiga, comenzaba a comprender cuáles eran los objetivos que aquél se proponía, y pasaba a la oposición recortando los subsidios concedidos por las Cortes. El maestre de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, y probablemente la reina estaban al lado de esta oposición. El 19 de junio de 1408 hubo en Segovia una batalla callejera y Velasco y Stúñiga tuvieron que refugiarse en Hita, tierra de los Mendoza. El regente, en apurada situación, recurrió a la amistad de Benedicto XIII, al que acababa de rendir un servicio importante, admitiendo al sobrino del Papa, Pedro de Luna, como arzobispo de Toledo, cosa a la cual se había opuesto tenazmente Enrique III en razón de la corta edad del prelado. En el séquito del primado, que tenía la misión de crear en Castilla un partido benedictista, figuraba un sobrino nieto, bastardo, de Benedicto XIII, Álvaro de Luna, que fue agregado al servicio de Juan II. Ya su padre, de este mismo nombre, había figurado en la Corte de Castilla.

No sabemos qué precio pagó el regente por la reconciliación, pero en adelante Velasco, Stúñiga, Dávalos y el obispo de Paléncia, don Sancho de Rojas demuestran una fervorosa adhesión. Ellos respaldan el próximo movimiento del infante: convertir a sus hijos, Sancho y Enrique, ambos menores, en maestres de Alcántara y Santiago respectivamente; en el primer caso Fernando utilizó una elección regular, pero en el segundo obtuvo una orden directa del Pontífice. Los maestrazgos, que él administraba, proporcionaron el dinero necesario para la gran coyuntura aragonesa que ofrecía inesperadamente la muerte de Martín el Joven, el 25 de julio de 1409. Pero antes era necesario obtener la gloria que hiciese su candidatura brillante y nacional. Antequera es el mito sobre el cual reposa esta gloria.

No hay duda de que la operación de cerco de Antequera fue bien realizada. Después de que los cristianos derrotaron a las fuerzas musulmanas de socorro (6 de mayo de 1410), la caída de la ciudad era sólo cuestión de tiempo y los empeñados combates que se libraron sirvieron para aumentar la fama caballeresca del infante. El 16 de setiembre la resistencia fue vencida, al asalto. En adelante Fernando será el de Antequera. No volvió a emprender operación alguna en la frontera de Granada, con quien firmó treguas el 10 de noviembre. La gran baza era ahora la Corona de Aragón y, preparando su conquista, el regente desarrollaba una política de acercamiento a Inglaterra, paz con Portugal y amistad con el Pontífice, que no conocía otra meta que la que ya se vislumbraba de Caspe.

La muerte de Martín el Humano

Ninguna cuestión tan delicada y, al mismo tiempo, tan importante como la sucesión aragonesa, que permitió a los Trastámara ceñir la corona del segundo de los reinos peninsulares, resolviendo definitivamente en su favor el problema de la hegemonía. Para ciertos historiadores catalanes Caspe fue una iniquidad y la nueva dinastía causa de muy profundos males. Para otros historiadores castellanos demostración de sensatez y ejemplo al mundo de cómo podía resolverse un gravísimo interregno. Probablemente la verdad no está ni en uno ni en otro extremo. Vicens Vives, testimonio de calidad excepcional, demuestra claramente que la crisis de Cataluña no puede ser imputada en modo alguno al monarca Trastámara, pues era anterior y obedecía a causas más antiguas y de ámbito mucho mayor. Recientemente Menéndez Pidal y Soldevila han arrojado nueva leña a la polémica y sus argumentos, dado el alto nivel que ambos alcanzan, arrojan nueva luz que no puede desdeñarse. Sin embargo, la más sólida investigación sobre el tema, que emprendiera Manuel Dualde Serrano, ha quedado incompleta por muerte de su autor.

Desde antes de que se produjera la desaparición de Martín el Joven, en Cerdeña, Martín el Humano había mostrado su interés tanto por Jaime, conde de Urgel, su cuñado, como por Enrique y Fernando de Trastámara, sus sobrinos camales. La estrechez de las relaciones entre ambas Cortes, como señala Menéndez Pidal y corrobora, en términos de caballería, Martín de Riquer, era palpable desde hacía casi treinta años. Y no pueden atribuirse a ninguna previsión o preferencia sucesoria porque el problema no se había planteado. Después de muerto el heredero (25 de julio de 1409), la primera reacción de la Corte y las ciudades es rogar al rey que vuelva a casarse, a fin de apurar las posibilidades de lograr descendencia. Jaime de Urgel, que era ya lugarteniente, fue nombrado Gobernador General hasta que hubiera sucesor reconocido; el reino de Aragón se opuso a reconocerle. Antes del matrimonio, Fernando envió una embajada para alegar sus derechos, reduciéndolos entonces al reino de Sicilia. La boda con Margarita de Prades fue un fracaso y no hubo descendencia; la salud del rey experimentó en cambio un rápido declive.

Martín, que no abrigaba esperanzas de sucesión y temía en cambio graves discordias después de su muerte, pues ya tres candidatos, Jaime de Urgel, Fernando de Antequera y Luis de Anjou manifestaban su intención de reclamar la herencia —las discordias entre linajes valencianos y aragoneses propiciaban la guerra civil—, imaginó un procedimiento para evitar disputas: que procuradores de todos los reinos de la Corona de Aragón se reuniesen con él a fin de examinar el derecho de todos los pretendientes y declarar cuál era superior. De este modo, por el común consentimiento, se evitaría que los reinos se dividiesen entre los varios candidatos. La rectitud de intención del rey queda fuera de duda; los síndicos de Barcelona le animaron insistentemente en esta vía. Pero Martín murió el 31 de mayo de 1410, antes de haber podido cumplir sus propósitos. A la pregunta que Ferrer de Gualbes Je dirigió en nombre de la ciudad de Barcelona, si quería que la corona fuese a parar a manos de quien en justicia debiese, respondió «sí».

La iniciativa barcelonesa

Soldevila y Daniel Girona entienden que el «sí» de Martín fue una victoria de la facción antiurgelense de que eran fautores Ferrer de Gualbes y el gobernador Gerau Alemany de Cervelló. Menéndez Pidal advierte que es indudable que el conde de Urgel tenía pocos partidarios; pero tal vez no fuera la causa una preferencia de Martín hacia Fernando de Antequera, que me parece bastante improbable, sino su doble vinculación catalana y nobiliaria que le hacía antipático a los otros reinos y a la burguesía. Cataluña tomó la iniciativa de reunir un Parlamento con carácter permanente, el cual despachó embajadores para invitar a Aragón y Valencia a que cesasen en sus discordias, tomando medidas conjuntas para el arreglo de la sucesión. Él se encargó de recibir a los embajadores (setiembre-octubre de 1410) de los pretendientes que, en aquel momento, eran Luis de Anjou y Jaime de Urgel como calificados y Fernando y Alfonso de Gandía como secundarios.

Hasta después del concierto de treguas con Granada (10 de octubre de 1410) no había podido el infante Fernando reunir una comisión de letrados que declarasen que a él y no a su sobrino Juan II correspondía representar los derechos de la reina Leonor; paso imprescindible, pues le permitía volcar en pro de su causa el poder castellano. Dos aspectos presentaba, para los reinos, la cuestión: uno era el de los posibles derechos —el que más parece preocupar a los historiadores modernos—; otro era el de evitar a toda costa la guerra civil, y sospecho que éste era el único que preocupaba al patriciado contemporáneo. La ciudad de Valencia, en contra de su gobernador Bellera, urgelista, y de las facciones de Centelles y Vilaragut, declaraba ya el 13 de junio de 1410 que el candidato con más derecho sería proclamado por un Parlamento conjunto de los tres reinos. Con su actitud y la de sus partidarios, el conde de Urgel justificaba las acusaciones que algunos le hacían de no querer esperar la resolución en derecho, sino adelantarse a tomar el poder. Hábilmente los partidarios del infante manejaron la moderación, probablemente calculada, de éste para ganar adhesiones, más numerosas en Aragón que en Cataluña.

En Zaragoza, donde el arzobispo, el gobernador y el Justicia eran abiertamente contrarios al conde de Urgel, hubo un acuerdo para reunir Parlamento en febrero de 1411 en Calatayud. Antes de que se celebrasen sesiones por falta de asistencia, llegó la gran embajada castellana de Sancho de Rojas, obispo de Palencia, y Diego López de Stúñiga, con dinero abundante para comprar adhesiones. El arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, que preconizaba la candidatura de Luis de Anjou, disolvió el Parlamento de Calatayud (30 de mayo) porque los urgelistas se negaban a cualquier avenencia que no fuese reconocimiento previo de su patrocinado. En el último instante, el letrado Berenguer de Bardají consiguió que todos aceptasen una fórmula de circunstancias: que cada reino reuniera nuevo Parlamento pero en lugares tan próximos que pudiesen establecer continua relación hasta arbitrar un procedimiento satisfactorio a todos. Alcañiz quedó señalada como sede del Parlamento aragonés. El mismo día de la concordia (1 de junio) el arzobispo moría asesinado en La Almunia de doña Godina por gentes del urgelista Antonio de Luna.

Todos los historiadores están de acuerdo en señalar que el asesinato del arzobispo prestó al infante don Fernando, cuyas tropas estaban a poca distancia, una fuerza decisiva: los partidarios del angevino se volvieron a él como al único que podía en aquellos momentos restablecer el orden. El gobernador Gil Ruiz de Lihori y los Urrea pidieron al regente de Castilla y a sus propios parientes, que viniesen a ayudarles y, en efecto, algunas tropas cruzaron la frontera tanto de Aragón como de Valencia. Parecía iniciarse la guerra civil. Ante tan gran peligro, el Parlamento de Cataluña, dando sensación de gran madurez política, decidió trasladarse a Tortosa (16 de agosto) para estar más cerca de Aragón y Valencia y detener las armas a las cuales ya estaba recurriendo en Cataluña el conde de Urgel. La iniciativa barcelonesa salvaba por segunda vez la situación.

Concordia de Alcañiz

Intervino Benedicto XIII para imponer penas espirituales a los asesinos del arzobispo de Zaragoza, lo cual reforzó la posición de Fernando de Antequera tanto como el empeño del conde de Urgel en usar de sus cargos de lugarteniente y gobernador general. Los aragoneses se reunieron en Alcañiz en setiembre de 1411; la convocatoria, firmada por el gobernador Ruiz de Lihori y por el Justicia, se había hecho con gran amplitud para asegurar la concurrencia verdadera de todas las fuerzas vivas. Los valencianos no consiguieron reunirse; cada facción tenía voz de Parlamento en una localidad diferente, los Centelles en Trahiguera y los Vilaragut en Vinaroz. El choque entre ambos, en Morelia, sitiada por los urgelistas, tenía el aire de guerra civil. Una vez más dieron los parlamentarios catalanes prueba de sensatez; renunciando a negociar con ninguno de los bandos de Valencia, para no ser arrastrados a partidismos, se entendieron con los aragoneses de Alcañiz que proponían ya confiar a algunos compromisarios la ardua tarea de resolver a quién correspondía en justicia la corona. Benedicto XIII intervino llamando a San Vicente Ferrer con la esperanza de que fuera capaz de obtener la paz y redactando una bula (23 de enero de 1412) abogando por el procedimiento de los compromisarios. Algunos días antes (4 de enero), el Parlamento de Alcañiz, que acababa de escuchar acusaciones muy graves contra el conde de Urgel, por boca del abad de Valladolid, afirmaba que, si no había concordia, él tomaría una decisión. Los urgelistas trataban entre tanto de constituir Parlamento propio en Mequinenza.

El 15 de febrero Cataluña y Aragón firmaron la concordia de Alcañiz, que fue decisiva, acordando constituir nueve compromisarios, tres por cada reino, los cuales investigarían los derechos de cada candidato. Seis votos serían suficientes para la elección siempre que hubiese al menos uno de cada tercio. Reunidos en Caspe, se les daría término de dos meses a contar desde el 29 de marzo para decidir. Se invitaba a Valencia a participar en el compromiso pero bajo condición de reunir antes Parlamento único. Pero el conde de Urgel, como si hubiese perdido la esperanza, había pasado entre tanto a la acción enviando mercenarios gascones en socorro de los Vilaragut de Valencia. Antes de que estas tropas pudieran llegar, el gobernador Bellera atacaba a los Centelles y sus auxiliares castellanos en Murviedro, siendo derrotado y muerto (27 de febrero de 1412). Fue un hecho decisivo. La ciudad de Valencia dominada ya por los antiurgelistas, se adhirió a la concordia de Alcañiz.

La decisión final

Prácticamente la cuestión se hallaba en estos términos: dos de los tres reinos —Mallorca había decidido acomodarse a lo que hiciera Cataluña— se pronunciaban ya por el candidato castellano y el Parlamento catalán tenía que elegir entre adherirse a lo que los demás súbditos deseaban o estallaría la guerra civil. Probablemente, piensa Vicens Vives, se fue a la reunión de Caspe con el convencimiento de que Fernando sería el favorecido, lo cual, añade, no es ninguna iniquidad. Aragón y Valencia imponían a Cataluña su punto de vista y esto representa un desplazamiento en el eje directivo de la comunidad de reinos. Es lo que Dualde y Camarena han expresado muy justamente: «Cataluña se sacrificó una vez más en beneficio de la paz, pues no tenía más que haber eliminado de su terna a Gualbes, ferviente partidario del castellano, para que ninguno de sus jueces hubiese votado al infante». El error de Domenech y Montaner consiste en creer que Cataluña era urgelista; sería más exacto decir que no tenía candidato alguno y, en aquella hora de crisis en que culminaba su desequilibrio institucional y económico, su deseo ardiente era conservar la unidad política y la paz interior. Por muy diversas razones, Fernando era la mejor solución posible. De la estrecha unión con Castilla que se esperaba, Valencia preveía grandes ventajas, como las tuvo, puerta de salida al mar de los productos de la Meseta.

El Parlamento aragonés confió al gobernador y justicia de Aragón la tarea de redactar la lista de nueve compromisarios que pudieran ser aceptados por los de Cataluña y Valencia. Sabemos que consultaron con Valencia y aceptaron dos de los tres nombres que los reunidos en Vinaroz proponían, Bonifacio Ferrer y Gener Rabaça, pese a que el Parlamento de Vinaroz era sólo de la facción enemiga de los Vilaragut; para tercero designaron a San Vicente Ferrer, cuyo prestigio era inigualable. Iban en la terna aragonesa el obispo de Huesca, Domingo Ram, el nuncio de Benedicto XIII Francisco de Aranda y el letrado Berenguer de Bardají, autor de la concordia. Por Cataluña proponían al arzobispo de Tarragona con Guillén de Vallseca y Bernardo de Gualbes. Después de largas discusiones estos nueve fueron aceptados por el Parlamento de Tortosa (13 de marzo de 1412) y también por los procuradores valencianos. La mayor parte de los designados eran favorables al infante Fernando. Hubo protestas que no prosperaron y el conde de Urgel comenzó a reunir tropas.

El 29 de marzo llegaron a Caspe los primeros compromisarios. Gener Rabaça hubo de ser sustituido por Pedro Beltrán a causa de enfermedad mental. El último de todos, Guillén de Vallseca, prestó juramento el 22 de abril. El 24 de junio los compromisarios procedieron a una votación secreta: Vicente y Bonifacio Ferrer, Domingo Ram, Bernardo de Gualbes, Berenguer de Bardají y Francisco de Aranda, se pronunciaron por Fernando; Pedro Sagarriga, arzobispo de Tarragona, aun juzgando más útil al castellano, afirmó que el duque de Gandía, Alfonso, y el conde de Urgel, Jaime, tenían superiores derechos; Guillén de Vallseca dijo lo mismo, pero estimando que el conde debía ser preferido al duque. Pedro Beltrán, llegado tarde, alegó que no tenía elementos de juicio suficientes y no se pronunció. Hubo, por tanto, casi unanimidad en la opinión de que el reconocimiento de Fernando era el más conveniente.

Fernando rey. El fin del conde de Urgel

Fernando estaba en Ayllón cuando vinieron a comunicarle la noticia de su designación los correos salidos de Caspe el 28 de junio. Era una victoria castellana por cuanto la Hacienda de este reino había contribuido poderosamente al triunfo de su candidatura. Sin renunciar a la regencia, tomó ciertas medidas para asegurar a sus hijos y partidarios el disfrute futuro del poder; puesto que el mayor, Alfonso, sería rey de Aragón, dejó al segundo todos sus señoríos, el ducado de Peñafiel con Lara, mientras proyectaba su matrimonio con la infanta heredera de Navarra, Blanca; Enrique y Sancho eran maestres de las Órdenes de Santiago y de Alcántara; en reserva quedaba todavía un varón, Pedro. Verdaderamente a estos poderosos parientes, que la sentencia de Caspe ha convertido en infantes de Aragón, se supeditaba todo poder en Castilla.

El nuevo rey hizo su entrada en Zaragoza el 5 de agosto de 1412 y fue calurosamente acogido. Las Cortes le juraron —también al primogénito Alfonso— y le ofrecieron 55.000 florines; en ellas tuvo ocasión Fernando I de comprobar las dificultades económicas y de afrontar la guerra civil que, desde su refugio de Huesca, alimentaba Antón de Luna. Del otro lado del Pirineo estaban llegando refuerzos. Por su parte el conde Jaime de Urgel retrasó el homenaje por sus señoríos hasta el 28 de octubre, después de que Fernando le hubo prometido el matrimonio de su hijo Enrique con la primogénita, el ducado de Montblanch y una indemnización de 150.000 florines. Pero las promesas del conde resultaron falsas y mientras el rey presidía las Cortes de Barcelona (mayo de 1413), se sublevaba protestando del fallo de Caspe. Fracasado en su intento de reunir partidarios, el rebelde hubo de buscar refugio en Balaguer, en donde fue sitiado. Rendido el 31 de octubre fue tratado con benignidad aunque Fernando no cumplió la promesa de no sacarle del reino ya que fue encomendado a la custodia de Pedro Alfonso de Escalante en el castillo de Urueña.

La recuperación de posiciones mediterráneas

Fernando supo plegarse a la voluntad de sus consejeros catalanes, que esperaban un restablecimiento del prestigio exterior y del Imperio mediterráneo. El 21 de noviembre de 1412 recibió de Benedicto XIII la investidura de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Firmó tratados con Egipto, Fez y Génova (junio de 1413) que permitieron abrir de nuevo el consulado de Alejandría y lograr un respiro para el comercio catalán. Satisfaciendo los deseos de Sicilia de un régimen autónomo dentro de la Corona de Aragón, parece que Fernando abrigó, en 1414 y 1415, la intención de confiar al segundo de sus hijos, Juan, el sector italiano, reservando Castilla para Enrique, maestre de Santiago. El 1 de marzo de 1415 fueron otorgados en efecto muy amplios poderes al infante don Juan para el gobierno de Cerdeña, Sicilia y Mallorca y se iniciaron negociaciones para casarle con Juana II, heredera de Ladislao de Nápoles. Al mismo tiempo reclamaba el cumplimiento del testamento de Enrique III respecto al matrimonio de su hija María con el futuro Alfonso V. La boda se celebró en Valencia el 12 de junio. Catalina de Lancáster obligó a su hija a renunciar al marquesado de Villena, dote asignada cuando no se creía que Alfonso llegara a ser rey de Aragón.

Al regreso de Valencia, Sancho de Rojas, que acompañara a la princesa y fuera en premio promovido a la silla primada de Toledo, llegó a un acuerdo con el almirante Alfonso Enríquez, el condestable Ruy López Dávalos y el adelantado Pedro Manrique para tomar en sus manos todo el gobierno de Castilla. Nacía un «partido aragonés», que habría de encargarse de auxiliar y respaldar al infante don Enrique. Pero los vastos proyectos sicilianos del infante don Juan no prosperaron y acabó regresando a la Península, con lo cual provocó graves perturbaciones en el sistema tan bien planeado.

El abandono de Benedicto XIII

En todo el proceso que lleva a Caspe, Benedicto XIII había tenido muy directa intervención, sin ocultar la simpatía por Fernando que le parecía garantizar un apoyo sin desfallecimientos a su causa, que era la de la afirmación de la doctrina del primado Pontificio sobre la Iglesia. Fracasada la entrevista que se proyectara en 1407, los ánimos estaban exaltados y nadie parecía en condiciones de detener la marcha hacia un Concilio universal. Pero antes de que los cardenales apartados de ambas obediencias se reuniesen en Pisa y procediesen a la elección de un nuevo Papa, Alejandro V (23 de junio de 1409), don Pedro de Luna había celebrado su propio Concilio en Perpiñán, elaborando un programa que, correcto en la forma, conducía a largo plazo a la creación de una Iglesia española autocéfala. Muy amplios sectores del clero peninsular le apoyaban. Fernando I, apenas rey, ofreció buques y dinero para una expedición militar que permitiese al Antipapa apoderarse de Roma.

La intervención del emperador Segismundo cambió los términos del problema. Más que nadie necesitaba el retorno a la unidad para impedir que arraigase la herejía husita y para lograr colaboración de los demás reinos para la defensa contra los turcos. Consciente de los errores cometidos, indujo a uno de los Papas, Juan XXIII, que había sucedido a Alejandro V, a que firmase la convocatoria de un nuevo Concilio en Constanza para el 1 de noviembre de 1414; luego se aplicó a lograr la abdicación de los tres pretendientes, a fin de que el Concilio pudiera hacer elección sin disputa. Juan XXIII y Gregorio XII fueron empujados a la renuncia. Faltaba, pues, Benedicto XIII. Segismundo propuso en abril de 1414 a Fernando I una entrevista a fin de discutir las condiciones de la participación española en el Concilio; se temía que el agradecimiento atase las manos del rey de Aragón. Benedicto no estaba dispuesto a dar facilidades: en Morelia (julio de 1414) declaró que, a su juicio, el único medio de liquidar el Cisma era que, previa abdicación de Juan XXIII, él y Gregorio XII se reuniesen. Aquel verano el benedictismo español parecía indestructible; los embajadores de Catalina de Lancáster proponían a Inglaterra una alianza si Enrique V se decidía a defender la causa del Papa Luna.

Por enfermedad de Fernando I, las vistas, preparadas primero en Niza o Villafranca, tuvieron que ser trasladadas a Perpiñán (19 de setiembre a 7 de noviembre de 1415). Las esperanzadoras perspectivas del primer momento se disiparon ante la terca negativa de Benedicto XIII a abdicar. No hubo otro remedio que concertar un acuerdo (Narbona, 9 de noviembre de 1415) con los embajadores del Concilio obligándose a sustraer la obediencia después de que se hubiese requerido tres veces al Antipapa, y a concurrir a Constanza en donde Aragón, Castilla, Navarra y Portugal serían reconocidos como la quinta nación, española, de la Cristiandad. El 6 de enero de 1416, en efecto, Fernando hizo la sustracción por sus reinos. En Castilla los benedictistas supieron utilizar las discordias entre Catalina de Lancáster y el partido aragonés para demorar esta resolución.

Los españoles en el Concilio de Constanza

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El 4 de febrero de 1416 el Concilio cursó la invitación oficial a los reinos españoles. Aragoneses y portugueses fueron los primeros en llegar. El conde de Cardona, don Ramón Folch, que presidía la delegación aragonesa, se negó a incorporarse al Concilio mientras no lo hiciesen los castellanos y, para convencerle, la Asamblea le otorgó ciertos privilegios, el más importante votar en nombre incluso de los obispos de Cerdeña y de Sicilia, lo que le daba mayoría en el seno de la nación española. Segismundo era el autor de la maniobra pues confiaba en los aragoneses para lograr el voto decisivo que hiciese triunfar la reforma antes de la elección. Los cardenales, empeñados en salvar la autoridad pontificia, se oponían radicalmente; según ellos, lo primero era elegir Papa y la reforma debía venir después. Cuando los castellanos llegaron a Schaffhausen (29 de marzo de 1417), Pedro de Ailly salió a recibirles en nombre del Colegio de cardenales; les explicó el alcance del favor otorgado a los aragoneses y les atrajo por tanto al punto de vista de sus colegas.

El 3 de abril los castellanos anunciaron —con la amenaza tácita de no sustraer la obediencia— que no se incorporarían al Concilio a menos de que se diesen seguridades de elección de Papa según ciertos principios por ellos formulados por escrito. Había muerto ya Fernando I y la actitud del Consejo castellano no era tan sumisa como dos años antes. La situación era grave: Alemania e Inglaterra querían la reforma antes de la elección; Italia y Francia la elección antes que la reforma; la decisión suprema correspondía al quinto voto, el de la nación española. Pero en ésta la división parecía invencible. Segismundo creía contar con la opinión de Portugal y Aragón; si Navarra —cosa segura— y Castilla abrazaban el criterio de los cardenales, dicho voto sería nulo. Tal era el dramático planteamiento a fines de abril de 1417. Adelantar la elección significaba conservar el poder del Colegia de cardenales. Adelantar la reforma significaba entregar al Concilio el poder electoral.

El 29 de mayo Pedro de Ailly presentó una fórmula de conciliación. Por una vez se admitirían en la elección de Papa representantes de las cinco naciones junto a los cardenales, en número proporcional al de éstos. Y entonces el conde de Cardona se dejó convencer por Gonzalo de Santa María —y acaso por 30.000 ducados— y votó lo mismo que los castellanos. El plan de Pedro de Ailly triunfaba por tres votos contra dos. Segismundo se encolerizó llegando a proferir graves amenazas contra los españoles. El 18 de junio los castellanos se incorporaron al Concilio. La batalla entre aragoneses y castellanos se trasladó al seno de la nación española cuando fue anulado el decreto que incluía en ella a los obispos sardos y sicilianos. Esta tensión, que llegó a hacerse muy grave en el mes de setiembre, retrasó el proceso electoral. La elección comenzó el 8 de noviembre. Los electores españoles fueron tres castellanos, Diego de Anaya, el obispo de Badajoz y Gonzalo de Santa María y uno por cada uno de los otros tres reinos, Blasco Hernández, portugués, Felipe de Malla, catalán, y el obispo de Dax, navarro. El 11 de noviembre Otón Colonna fue elevado al solio pontificio y tomó el nombre de Martín V. Así concluyó el Gran Cisma de Occidente.

El pactismo catalán

Vencedor del conde de Urgel y pacificador de la Iglesia, Fernando I podía sentirse seguro del porvenir y comenzó a preparar, en noviembre de 1413, su solemne coronación en Zaragoza. De este modo podía, además, alejarse de Cataluña, en donde, durante la corta guerra, los patricios, eclesiásticos y nobles le habían cobrado muy cara su adhesión. En las Cortes de Barcelona de 1412-1413 había tenido que suprimir el privilegio de Juan I otorgando a los cavallers el derecho a constituir un cuarto brazo. La justicia fue encargada a un regente, que nombraría el rey, pero a propuesta del canciller y vicecanciller. Se prohibieron todas las asociaciones, tanto de remensas como de menestrales. Se autorizó a los abogados a usar el catalán en sus pleitos. Se confirmaron las disposiciones relativas a la Diputación del General. En suma, la oligarquía, rememorando los servicios prestados antes y después de Caspe, se aprestaba a cerrar sus filas.

El 10 de febrero de 1414 se iniciaron las ceremonias de la solemne coronación en Zaragoza. Alfonso fue investido entonces del principado de Gerona. A renglón seguido comenzaron las Cortes, en donde Fernando pudo comprobar a qué extremo límite había llegado, también en Aragón, la crisis económica: las rentas reales eran de 26.000 florines al año y la deuda pública de 33.700. Imposible seguir adelante a menos que se creasen nuevos impuestos y se rescatase parte del patrimonio real. De nuevo en Cataluña para asistir a las vistas de Perpiñán, Fernando I murió poco después en Igualada el 1 de abril de 1416.

XXXV

LOS INFANTES DE ARAGÓN

El Atlántico y el Mediterráneo en la expansión Trastámara

Recuperada y victoriosa, la dinastía Trastámara, que tenía en Fernando de Aragón su jefe indiscutible, demostró pronto las ansias expansivas que parecían ser parte de su temperamento. En el nombramiento del infante don Juan como virrey de Sicilia mediaba un claro proyecto imperialista. Castilla también buscó la expansión, no hacia Portugal, con quien las relaciones habían vuelto a hacerse pacíficas —pese a las protestas del infante don Enrique— ni hacia Granada, que había vuelto a sujetarse al pago de parias con el acuerdo de 1411, sino hacia el mar del Norte y golfo de Vizcaya, en donde la Hansa amenazaba con una peligrosa concurrencia. Cuando, en 1412, los portugueses se apoderan de Ceuta, iniciando también una expansión marinera que habrá de hacerse prodigiosa, hallaron la colaboración de los castellanos. Yusuf III gobernó en Granada hasta 1417 sin que sufriese nuevas inquietudes del lado cristiano; sí en cambio tuvo que experimentar el ataque de los benimerines, que llegaron a apoderarse de Gibraltar, aunque luego la perdieron. De todas formas Granada había perdido ya toda peligrosidad. Yusuf III fue el último de sus grandes reyes. Al sucederle su hijo Abu ‘Abd Allah Muhámmad VIII al-Aysar (el Izquierdo), la Corte quedó dividida entre dos clanes, cabeza de respectivos partidos, llamados Abencerrajes y Zegríes. Abencerrajes (el nombre es la castellanización de Ibn Sarrach, hijo del Talabartero) fueron los consejeros de Muhámmad VIII. Zegríes (parece que este nombre quiere decir fronterizos) encabezaban la oposición. En 1427 un movimiento derribaría violentamente al Izquierdo.

La política de paz con Inglaterra, a la que no es ajena Catalina de Lancáster, tía de Enrique V, tuvo resultados desastrosos. Los castellanos, que tenían prósperas factorías asentadas en Normandía, asistieron indiferentes al derrumbamiento de Francia en Azincourt (1415) y fueron después arrojados del ducado. Detrás de los ingleses aparecía una más amenazadora competencia: la Hansa. Es posible que la decisión de trasladar al infante don Juan a la Península fuese influida por la necesidad de reforzar el núcleo de quienes deseaban medidas enérgicas en el exterior. Los infantes tenían intereses directos en la Feria de Medina; Alfonso Enríquez y Juan Hurtado de Mendoza, que eran ardientes partidarios suyos, figuraban entre los más perjudicados por el quebranto del comercio exterior. De cualquier modo, lo cierto es que las Cortes de Madrid de 1418 decidieron la guerra contra la Hansa y votaron los subsidios necesarios. El 30 de diciembre de 1419 la flota alemana que salía de Burdeos fue destruida a la altura de La Rochela. La guerra habría de prolongarse por más de veinte años, siendo sobre todo una serie de operaciones de corso, pero sirvió para eliminar definitivamente el más peligroso rival del comercio castellano.

Gobernando prácticamente en Aragón desde varios meses antes de la muerte de su padre, Alfonso V llegaba al trono en 1416 con una experiencia muy provechosa. Las desavenencias con su esposa y prima, María, con quien casara en 1415, hicieron peligrar la sucesión y despertaron además deseos en el rey de alejarse de la Corte. Desde el primer momento concibió el proyecto de pasar a Italia y, en las Cortes de 1416, solicitó subsidios para una guerra con Génova que los procuradores rechazaron. Cataluña se preparaba para ahondar en el pactismo convencida de que la limitación de las iniciativas del monarca era su única esperanza de salvación. Las Cortes acordaron crear una comisión de catorce miembros para que insistiesen junto al rey acerca de la conveniencia de nuevas reuniones, vigilar las finanzas e impedir nuevos sindicatos remensas. Pero ya Alfonso estaba decidido. Había convenido con su hermano Juan el retorno de éste a la Península y preparaba, en el invierno de 1417 a 1418, la flota que habría de llevarle a Italia.

La presencia del duque de Peñafiel en Castilla era imprescindible. La muerte sucesiva de Diego López de Stúñiga y Juan Fernández de Velasco había acabado por debilitar el antiguo Consejo de Enrique III (1417). En mayo de 1418 el infante estaba en Castilla a tiempo para asistir al fallecimiento de Catalina de Lancáster (2 de junio). Fue cosa sencilla casar a Juan II con María de Aragón, según estaba acordado (20 de octubre de 1418), y agrupar a los partidarios de nuevo en un Consejo que, aunque las Cortes declarasen a Juan II mayor de edad —cumplía catorce años—, se preparaba a gobernar en su nombre. Si los Infantes permanecían unidos, ningún poder sería capaz de oponérseles. Pero ya se anunciaba, en el seno del mismo Consejo, una polarización de dos facciones: la del maestre de Santiago y la del duque de Peñafiel.

Venciendo todos los obstáculos, Alfonso V estaba decidido a marchar a Italia. Las Cortes de 1419, sucesivamente en San Cugat y en Tortosa, se desarrollaron en medio de una gran tensión. Pudo conseguir el rey un subsidio de 50.000 florines, pero hubo de consentir en la formación de una comisión de agravios. Esta comisión presentó exigencias que reducían a la nada el poder real: responsabilización del Consejo ante las Cortes, independencia del poder judicial, nulidad de cualquier provisión real contraria a los Usatges y la ley. Alfonso V optó por suspender las Cortes y, en casi abierta ruptura, embarcar en Los Alfaques el 10 de mayo de 1420.

Tordesillas y la primera victoria de don Álvaro

La ausencia de Alfonso V desencadenó el ciclo de las guerras civiles en Castilla. El infante don Enrique, que juzgaba sin duda poco equitativo el reparto de influencias, proyectaba tal vez desde 1419 un golpe de fuerza que le permitiese tomar el poder. Puesto que su hermano iba a ser rey de Navarra, él aspiraba a tomar la dirección del bando «aragonés» en Castilla casándose con Catalina, hermana de Juan II. Al ser confirmadas las capitulaciones matrimoniales del duque de Peñafiel (18 de febrero de 1420), don Enrique propuso que, para mayor honra, se celebrase la boda en Navarra y no en Castilla. Aprovechó la breve ausencia de su hermano para reunir Cortes en Valladolid y Tordesillas, dejando que los procuradores hiciesen la crítica del equipo gobernante (junio-julio de 1420). Al término de éstas, el infante se apoderó del rey reduciéndole casi a prisión (14 de julio). Fue el primero de los varios golpes de estado que iban a producirse a lo largo de toda la centuria.

Para ampliar su plataforma de adhesiones, el Infante hizo entrar en el Consejo algunos procuradores de las ciudades tratando de presentar su conjura como reflejo de los deseos de las Cortes. El otro Infante, volviendo de Navarra, reunió sus tropas en Peñafiel y avanzó con ellas hasta Olmedo, en donde se juntaron con él sus partidarios. Don Enrique, obtenida la legalización del golpe de estado por nuevas Cortes celebradas en Ávila, se trasladó a Talavera al amparo de las fortalezas de la Orden de Santiago. Consiguió vencer la resistencia de la infanta Catalina y casarse con ella (noviembre de 1420). Al mismo tiempo y aprovechando la ocasión de conferir a don Enrique el marquesado de Villena, Juan II hizo a don Álvaro de Luna conde de San Esteban de Gormaz. Este bastardo, que debía toda su influencia a sus poderosos parientes aragoneses, se preparaba ya, mediante audaz maniobra, a desbancar el gobierno de los infantes de Aragón.

Después de haber obtenido promesas de apoyo del infante don Juan y de los duques de Trastámara y Benavente, don Álvaro sustrajo al rey a la custodia de sus raptores (29 de noviembre de 1420) y le llevó a refugiarse en el castillo de Montalbán. Al día siguiente la fortaleza quedó cercada, casi sin víveres y sin otras fuerzas que algunos cuadrilleros de la Hermandad Vieja. Pero el infante don Enrique no se atrevió al desacato de asaltarla y dio tiempo a que su hermano avanzara hasta Móstoles. El rey pudo entonces imponer a ambos infantes la retirada. Durante un año don Álvaro de Luna negoció con habilidad suma para destruir el partido de don Enrique con la fuerza de don Juan, sin dar a éste el poder aunque aceptando en el Consejo a un buen número de sus partidarios. Alfonso V seguía en Italia sin, al parecer, mostrar intenciones de intervenir en las querellas peninsulares que don Álvaro de Luna presentaba como discordia entre hermanos de la que a él tocaba, como mucho, ser árbitro.

Al final, don Enrique fue destruido. El Consejo real —compuesto de gentes nuevas, partidarios del de Luna y de don Juan— decidió que se anulasen las donaciones hechas por el rey en cautividad, entre las cuales se hallaba el marquesado de Villena. Hubo un conato de resistencia; en julio de 1421 el infante llevó sus fuerzas desde Ocaña hasta El Espinar de Segovia, pero no se atrevió a seguir adelante. Abrió negociaciones, licenció a los soldados (23 de setiembre) y exigió que su hermano hiciera otro tanto. Sólo quedaron la guardia y los donceles de la Casa del Rey, ambos bajo las órdenes de don Álvaro de Luna. Éste pudo preparar tranquilamente el golpe que daría algunos meses más tarde: la prisión del infante y de sus tres principales partidarios, Garci Fernández Manrique, Ruy López Dávalos y Pedro Manrique. Estos dos últimos consiguieron huir al otro lado de la frontera llevándose a la infanta Catalina. Ellos informaron a Alfonso V de lo que ocurría. También Juan II, por medio de embajadores, había comunicado al rey de Aragón los sucesos y ganó un plazo.

La política de los vencedores

Los bienes arrebatados a los vencidos se repartieron entre los vencedores. Don Álvaro de Luna ganó el cargo de condestable, que se quitaba a Ruy López Dávalos. El gobierno, siempre en nombre del rey, pasó a manos de nueve personas: el infante don Juan, don Fadrique, conde de Trastámara y duque de Arjona, el arzobispo de Toledo, el almirante Alfonso Enríquez, el justicia mayor Pedro de Stúñiga, el adelantado Diego Gómez de Sandoval, el conde de Benavente, Rodrigo Alfonso Pimentel, el propio don Álvaro y el contador Fernando de Robles.

Temiendo la reacción aragonesa, el condestable reforzó sus posiciones en el exterior, firmando con Granada nuevas treguas y concertando con Portugal lo que ya podía llamarse paz de diez años (1424). También conservaba la alianza con Francia y con Borgoña pese al mal entendimiento entre ambas. Se dibujaba ya el gran proyecto de impedir que los aragoneses pudieran, como en otro tiempo, cerrar el cerco en torno a Castilla. En el interior, don Álvaro reforzaba la autoridad real a costa de las Cortes, esta vez de acuerdo con el infante don Juan. En las de Ocaña se dispuso que en adelante los procuradores serían pagados por la Cámara y no por las ciudades; era un medio indirecto de volverlos obedientes. Toledo, que hasta entonces conservara cierta forma de concejo abierto, recibió el mismo régimen de las demás ciudades, diez y seis regidores nombrados por el rey.

El regreso de Alfonso V

Llegado a Alghero el 14 de junio de 1420, el monarca aragonés había pacificado rápidamente la isla de Cerdeña comprando al vizconde de Narbona sus supuestos derechos. Luego pasó a Córcega, en donde puso cerco a Bonifacio el 17 de octubre, pero los genoveses le obligaron a levantar el asedio en junio de 1421. Sin duda no fue tanto la resistencia de Génova causa para el abandono de la empresa, como las perspectivas que se le abrieron en Nápoles. Uno de los partidos de la Corte, el dirigido por el condottiero Gianni Caracciolo, quería reconocer a Alfonso como heredero de Juana II; el otro, de Sforza el Vecchio, defendía la candidatura de Luis III de Anjou. Desde agosto de 1420, el aragonés tenía la promesa de la reina de que si acudía a Nápoles sería hecho duque de Calabria recibiendo los dos castillos de la ciudad. Sin prisa, hizo sus preparativos y apareció en Nápoles el 5 de julio de 1421.

Vencedor de la flota genovesa en la Foz Pisana (octubre de 1421), impuso a la República una tregua y a Francisco Sforza la paz. Del Papa Martín V obtuvo una bula que ratificaba la sucesión. Pero cuando creía asegurado el porvenir, los dos enemigos de la víspera, Sforza y Caracciolo, se unieron para promover una revuelta (junio de 1423). Aunque pudo sofocarla, Alfonso comprendió que la empresa era de mayor aliento y envergadura de lo que sus medios entonces permitían y decidió regresar a la Península a fin de restaurar la plataforma política y económica para un futuro retorno.

Los gastos de esta primera campaña, asumidos en gran parte por las Cortes de Cataluña, habían permitido a éstas, especialmente al estamento eclesiástico, imponer su voluntad en refuerzo del pactismo. Antes de clausurarse las reuniones de Tortosa, se acordó renovar el organismo permanente llamado Diputación del General para que fuese custodio del orden jurídico en Cataluña, referido exclusivamente a los Usatges, y a las Constitucions i Capitols de Cort (1421). Pero el brazo nobiliario estaba dividido. El conde de Cardona, a quien apoyaban muchos «caballers» decepcionados por no haber conseguido tener brazo propio en las Cortes, representaba una opinión que juzgaba compatible la defensa de las costumbres catalanas con la lealtad al soberano. El conde de Pallars, cuya facción era minoritaria, abogaba por la resistencia a ultranza. Ambos bandos estaban sin embargo conformes en un punto: la necesidad de la presencia del rey.

A distancia, Alfonso V estaba en mejores condiciones para comprender de qué modo sutil la hegemonía de los infantes de Aragón estaba siendo desmontada en Castilla. Manteniendo contactos con Juan II por medio de embajadas, se había negado rotundamente a entregar a la infanta Catalina con sus dos acompañantes, Ruy López Dávalos y Pedro Manrique. Parecía repetirse la situación de ochenta años atrás cuando los desterrados formaban, en Aragón, fuerte partido. Claro que en esta ocasión nadie discutía la persona del rey. Volviendo a la Península, Alfonso saqueó Marsella (noviembre 1423) y favoreció, sin pretenderlo, la expansión vasca por el Mediterráneo pues los transportistas de esta naturaleza fueron bien acogidos en toda Provenza. El Papa se mostraba cada vez más favorable a Juan II: las pretensiones de Alfonso V sobre Nápoles y las amenazas de resucitar el partido de Benedicto XIII eran buena carta de recomendación para la lealtad castellana.

En Valencia, durante los meses de febrero y marzo de 1424, Alfonso V tomó contacto con los desterrados y elaboró un plan conducente a destruir el poder de don Álvaro de Luna y restablecer la unidad del partido aragonés. El 8 de abril, según Zurita, escribió a su hermano Juan una corta misiva recomendándole que leyese la Crónica del rey don Pedro. Al mismo tiempo iniciaba contactos secretos con algunos nobles —precisamente aquellos que auxiliaran al condestable— para constituir una liga, aunque de momento no tuvo éxito. La monarquía parecía fuerte y las peticiones aragonesas para la libertad de don Enrique suscitaron tan sólo un clima de guerra. Ante las Cortes, en 1425, Alfonso V anunció su intención de entrar en Castilla con tropas.

El primer destierro de don Álvaro de Luna

Los aragoneses estaban descubriendo la eficacia de un peligroso juego pendular: querían atraer con promesas de prebendas a los mismos a quienes don Álvaro ganara antes con los despojos del bando de don Enrique. Tras largos tanteos, destinados a estimular la resistencia contra el condestable, Alfonso V anunció, como en ultimátum (4 de junio de 1425), que iba a emprender la lucha contra don Álvaro, usurpador del gobierno. Previamente había conseguido que uno de sus mensajeros leyese al infante don Juan una carta convocándole a Cortes y amenazándole con graves castigos si desobedecía. De este modo invertía los términos y descubría el juego haciendo manifiesto a todos que el poder, en Castilla, se hallaba en manos de don Álvaro.

Prudentemente, el condestable se apartó permitiendo que el infante don Juan fuese a negociar con su hermano. El tratado de Torre de Arciel (3 de setiembre de 1425) fue de reconciliación y de victoria aragonesa: don Enrique recobraba la libertad y el maestrazgo, lo mismo que Pedro Manrique; no se hablaba de Ruy López Dávalos para no discutir la condestablía de don Álvaro. Cuatro días después de la firma del pacto moría Carlos III y don Juan ceñía la corona de Navarra. El 10 de octubre, don Enrique estaba en libertad e iba a reunirse en Tarazona con sus hermanos, aceptando, desde luego, la jefatura del rey de Navarra. Éste se reincorporó a la Corte en Roa (11 de diciembre) trayendo consigo algunos de los conspicuos desterrados.

Pero la acción no había terminado. Para acabar con don Álvaro, el rey de Navarra necesitaba ahora el apoyo de la nobleza, descontenta del absolutismo del condestable. Fue así como llegó a producirse la paradoja de que el defensor del absolutismo en Aragón apareciese como cabeza de sus adversarios en Castilla. Y también otra no menor, la de que el condestable, que repudiaba a la burguesía ciudadana, se viese obligado a buscar su ayuda a través de las Cortes. Ambas paradojas explican la inconsecuencia de las luchas, faltos siempre de programa los partidos, y la lentitud de las negociaciones. Durante ellas los aragoneses lograron atraer secretamente a su campo al contador Fernán Alfonso de Robles, hasta entonces hombre de confianza de don Álvaro. Todos los asuntos políticos parecían polarizarse en torno a la composición del Consejo, pues por medio de él confiaba el condestable imponer la autoridad única y los infantes el poder compartido. El 10 de febrero de 1427 los aragoneses consiguieron formar una liga de nobles, todavía con pocos miembros, alegando como objetivo el buen gobierno. Las tres Órdenes Militares, principal fuerza militar del reino, figuraban en ella. De momento, sin embargo, la nobleza se mantenía neutral, esperando a que hubiera un vencedor para ofrecerle su simpatía.

Durante algunas semanas, el condestable vaciló entre rendirse o plantar cara al enemigo. Acabó por decidirse a negociar, seguro como estaba de que no podría adquirir la victoria en el campo. Una comisión arbitral fue constituida, bajo la presidencia del abad de San Benito de Valladolid, la cual decidió el destierro de don Álvaro de la Corte por un plazo de año y medio. Fue a instalarse en Ayllón (6 de setiembre de 1427) mientras el infante don Juan poblaba de hechuras suyas el Consejo. Don Enrique renunció al marquesado de Villena, pero obtuvo en cambio fuertes compensaciones de todo tipo. Fernán Alfonso de Robles, que con su traición había hecho posible la sentencia desfavorable a don Álvaro, fue pagado con su propia moneda: preso el 22 de setiembre, moriría sin recuperar la libertad.

El fracaso de los infantes

Con once años de retraso, el plan de Fernando de Antequera iba a ponerse en marcha. Pero las dificultades eran insuperables: Juan II demostraba su afecto hacia el condestable y el infante don Juan se hallaba en la incómoda situación de quien defiende un sistema, el de la liga nobiliaria, en el cual estaba lejos de creer. A los cuatro meses del destierro de don Álvaro de Luna todos parecían convencidos de que su regreso a la Corte era la única solución. El 6 de febrero de 1428, tras un acuerdo firmado, el condestable volvía, en efecto, desplegando lujo exhorbitante a fin de publicar su triunfo. Éste no era completo pues en el Consejo, reorganizado, el conde de Castro y el adelantado don Pedro Manrique se encargaban de representar los intereses del rey de Navarra. Al mismo tiempo, conseguía éste una importante victoria diplomática al concertar el matrimonio de su hermana Leonor con el heredero de Portugal, Duarte (16 de febrero de 1428).

La estancia en Valladolid de la futura reina, camino de Portugal (de abril a julio de 1428), fue ocasión para un despliegue de brillantes fiestas, buenas para medir el tono de la época y para esconder el juego de intrigas que se estaban anudando. Juan II, que se complacía en tener fieras domesticadas, llegó a disfrazarse de Dios Padre. Al término de las mismas, don Álvaro pasó a la ofensiva invitando a don Enrique a ir a la frontera de Granada y a don Juan a ocuparse de los asuntos de su reino. El súbito crecimiento del poder del condestable obedecía a las seguridades que éste diera a los nobles de sostener sus puntos de vista, lo cual era una peligrosa falsedad. Alfonso V, que no ocultaba su ardiente deseo de volver a Italia, parecía poco dispuesto a auxiliar a sus hermanos hasta el trance de guerra. Dos inesperados sucesos beneficiaron además, en el exterior, al condestable: la guerra civil granadina entre Muhámmad VIII y Muhámmad IX y el milagroso triunfo de sus aliados Armagnac en Francia gracias a Juana de Arco. Con esto y el apoyo absoluto del Papa Martín V, quedaban garantizadas las fronteras de Castilla.

No quedaba a los aragoneses otro recurso que la guerra para recuperar las posiciones perdidas. Alfonso V se decidió a ella en las primeras semanas del año 1429. El condestable no hizo nada por evitarla; más bien parece lo contrario vistas las dificultades que puso al pago de las rentas del infante don Juan y de la dote de Catalina. Su fortaleza era la que le proporcionaban sus aliados, el almirante, el conde de Benavente, el adelantado Pedro Manrique y el conde de Castañeda —prófugos del bando de los infantes—, el justicia Stúñiga y el conde Pedro de Velasco, de los cuales acabaría sintiéndose prisionero. Todos ellos esperaban, además, que la victoria produjese el crecimiento de sus señoríos. Las Cortes de Illescas (enero de 1429) habían proporcionado abundantes recursos que administraba Fernán López de Saldaña, hechura del condestable, elevado a contador.

En abril de 1429 el conde de Castro, Diego Gómez de Sandoval, se encerró en Peñafiel, dejando guarniciones en Portillo y Castrojeriz. Fue la señal para el comienzo de la lucha. Mientras don Álvaro marchaba a la frontera a detener el avance enemigo, Juan II, con el grueso del ejército, combatía las fortalezas sublevadas. Los aragoneses penetraron en Castilla rebasando Sigüenza hasta Hita (28 de junio de 1429), pero no pudieron acudir en auxilio de Peñafiel, que se había rendido sin lucha el 26 de junio. Falto de apoyos en el interior, Alfonso V vino a encontrarse en situación muy embarazosa, de la cual le sacó su hermana la reina María colocándose entre ambos bandos e imponiendo a todos una tregua. Observada a disgusto, sirvió sin embargo para que, por encima de los combates en la frontera y en el Maestrazgo de Santiago, se entablaran negociaciones. Ambos bandos acusaron bien pronto la fatiga económica. Las Cortes se mostraban reacias a pagar para el sostenimiento de una guerra nobiliaria. En octubre de 1429 una embajada visitó en Burgos a Juan II; Pierres de Peralta, que figuraba en ella, pidió que se permitiese a la reina de Navarra y a su hijo conservar la neutralidad, circunstancia que don Álvaro de Luna aprovecharía después cumplidamente.

Las treguas de Majano

El condestable, que no podía ya esgrimir el argumento de una querella familiar, pasó a la acción fomentando el descontento de los súbditos de la Corona de Aragón, especialmente de Cataluña, más herida que nadie por lo que juzgaba las veleidades del rey. Recibiendo a Fadrique, el nieto bastardo de Martín el Humano —legitimado por Benedicto XIII aunque sólo para Sicilia— y enviando una flota al Mediterráneo, se creaban posibles enemigos en el área más vulnerable. Cuando el rey de Portugal intervino como mediador, Alfonso V aceptó inmediatamente (5 de enero de 1430). Don Álvaro se adelantó a crear intereses en despojo de los infantes para impedir que la paz incluyera su retorno. Él mismo recibió la administración de la Orden de Santiago; Íñigo López de Mendoza, el Infantado de Guadalajara; Pedro Manrique, la villa de Paredes; el conde de Benavente, Mayorga; el almirante, la fuerte Peñafiel; otros nobles fueron promocionados como Pedro Fernández de Velasco, que será conde de Haro, Pedro de Stúñiga, conde de Ledesma, y Pedro Ponce de León, conde de Medellín. Medina y Olmedo, claves de la meseta, volvieron al rey. Cuéllar y Villalón se dieron a don Fadrique.

Un último estremecimiento de cólera y los infantes se declararon derrotados ante la evidencia de que la oligarquía que el condestable había levantado en torno suyo era más fuerte que ellos. Sumisas, las Cortes llegaron a votar 120.000.000 de maravedís para el sostenimiento de esta guerra. El 16 de julio de 1430 castellanos y aragoneses firmaron una tregua por cinco años. Se prohibía radicalmente a los infantes volver a Castilla. Juan II aceptó solamente que una comisión de catorce miembros nombrada por mitad examinara la compensación que pudiera darse al rey de Navarra por las rentas perdidas. Gesto hipócrita puesto que las actuaciones de la comisión, sepultadas en toneladas de papel, no condujeron a ninguna parte.

La reconciliación entre Castilla y Portugal

Las treguas firmadas en octubre de 1411 habían puesto fin a una querella entre los dos grandes reinos peninsulares que se arrastraba desde 1383. A ambos lados de la frontera había todavía abundantes partidarios de proseguir la lucha; entre éstos se hallaban los infantes hijos de Juan I de Avis —Duarte, Pedro y Enrique— y los hijos de Fernando de Antequera. El soberano portugués necesitaba buscar un nuevo campo a la inquietud expansiva de sus hijos y de sus nobles. Pensó en Granada, concertando su acción con la del infante don Fernando, pero a éste convenía más la tregua que firmara el mismo año. Fue entonces cuando Juan I aceptó la sugerencia del veedor de la Hacienda, Juan Alfonso de Azambuja, para conquistar Ceuta. El cronista Azurara se complace en señalar cuántas dificultades hubo que vencer hasta empujar a la vieja generación a abrazar una empresa enteramente nueva. Una flota, organizada en Oporto por el infante don Enrique, sumada a otra que mandaba don Pedro en Lisboa, se encargaría de transportar las tropas a África. Participaron en la empresa buques gallegos, cántabros y vizcaínos.

La expedición, retrasada por una epidemia, de cuya causa murió la reina Felipa de Lancáster (19 de julio de 1415), no pudo partir hasta el 25, día de Santiago. Ceuta fue tomada al asalto después de una jornada muy sangrienta (21 de agosto) y en la mezquita consagrada al culto cristiano se armaron caballeros los tres infantes. Pedro fue creado duque de Coimbra y Enrique duque de Viseo. Ceuta se convirtió en el primer eslabón de una cadena de posesiones ultramarinas y cerró definitivamente el tiempo de las rivalidades con Castilla. Desde 1418 el rey de Portugal insiste para hacer de la tregua una paz, convencido además de la necesidad de contar con suministros castellanos para el sostén de la plaza recientemente conquistada. Tan sólo en 1423 accedió Juan II a prorrogar hasta 1434 las treguas vigentes desde 1411.

Don Álvaro de Luna concedía una enorme importancia a las relaciones con Portugal. Los infantes de Aragón también y habían logrado el primer éxito, con la boda de Leonor y Duarte (setiembre de 1428). Sólo que Juan I, cauto en la vejez, evitaba cuidadosamente comprometerse; el segundo de sus hijos, Pedro, casó con Isabel, hija de Jaime de Urgel. En la guerra entre Castilla y Aragón, actuando como mediador, el soberano portugués parecía a veces árbitro de las querellas españolas. El condestable envió en abril de 1430 una embajada para proponer, al fin, una paz perpetua con abandono de toda clase de reivindicaciones. El 30 de octubre de 1431 fue firmada esta paz en Medina del Campo; don Álvaro esperaba convertirla en estrecha alianza. Pero antes de dos años, el 14 de agosto de 1433, moría el vencedor de Aljubarrota.

El gobierno de don Álvaro de Luna

Durante siete años Castilla pareció haber cobrado el equilibrio. Fue suficiente la paz interior para que en el exterior pudiera desplegar política de gran potencia. Pero la victoria de 1430 era precaria pues se debía a tantas y tales colaboraciones que más que de gobierno del rey o de su valido tendremos que hablar de una oligarquía de parientes, en la cual el propio don Álvaro entró por su matrimonio con Juana Pimentel, hija del conde de Benavente (27 de enero de 1431), la dura condesa. Un triunvirato, compuesto por el adelantado Pedro Manrique, el almirante don Fadrique Enríquez y el propio Juan Alfonso Pimentel, dominaba el Consejo con el condestable; tenía también el apoyo de la más conspicua nobleza, los Stúñiga, los Velasco, los Mendoza, los Carrillo y los Álvarez de Toledo. Si hubiera sabido o podido mantener entre ellos estrecha concordia, sin duda habría logrado el condestable prolongar indefinidamente su mandato. Faltan en el momento actual datos para explicar por qué causa se rompió el equilibrio.

En cierto modo se había vuelto a la situación de 1395, representada por los hijos de los colaboradores de Enrique III, pero con una importante diferencia puesto que la nueva nobleza, enriquecida en títulos y rentas, era capaz de enfrentarse con el mismo poder real. Y don Álvaro, solapadamente, afinaba sus medios para someterla en un momento dado. Administrando la Orden de Santiago —habrá de esperar hasta la muerte de don Enrique para adueñarse de ella—, el condestable estaba en la plenitud de su vida y de su riqueza. Émulo de Fernando de Antequera, no sólo restableció la paz con Portugal sino que supo abrir a Castilla un amplio crédito diplomático en el exterior: el 11 de octubre de 1429 eran restablecidos los antiguos privilegios españoles en Flandes; Nantes pasó a ser factoría importante en Bretaña; el 8 de noviembre de 1430 se firmó un acuerdo con Inglaterra que garantizaba la libertad comercial; la misma Hansa, falta de apoyos, hubo de firmar una paz humillante para ella (1435); el mismo año sería solemnemente confirmada la alianza con Francia.

Granada y Basilea contemplaron los éxitos mayores del condestable. Tomando el hilo de la epopeya nacional en el punto en que Fernando de Antequera la dejara, don Álvaro imaginó una ofensiva de puro prestigio cuyos resultados guardan poca proporción con los gastos y la propaganda. Protegiendo a un príncipe granadino. Yusuf ibn al-Mawl, las tropas castellanas penetraron en la Vega para alcanzar la brillante victoria de La Higueruela (1 de julio de 1431). Proclamado en Loja, Yusuf IV pudo apoderarse de la capital el 1 de enero de 1432 sometiéndose a un oneroso protectorado castellano. Pero apenas unos meses más tarde el pretendiente murió y Muhámmad VIII recuperó su trono con la implacable ayuda de los Abencerrajes, que impusieron un régimen de terror. La guerra continuó y es significativo que los castellanos obtuviesen ganancias todo el tiempo que duró el gobierno del condestable: Jimena, Huáscar, Benamauriel, Benzalema, Huelma, Galera y los dos Vélez pasaron a poder de los cristianos. Comenzaba el declive económico del reino de Granada.

Desde las borrascosas sesiones del Concilio de Constanza, Castilla había demostrado su voluntad de prestar apoyo al Pontífice. Era natural que, al producirse la revuelta del Concilio de Basilea, que se negaba a obedecer la bula de disolución del 18 de diciembre de 1431, las dos partes en lucha, el Papa y los conciliares, se volviesen hacia Juan II con esperanza de lograr su apoyo. La intervención del cardenal Alfonso Carrillo, español, fue decisiva para empujar al monarca castellano a sumarse al Concilio. Eugenio IV, abandonado por todos, retrocedió autorizando las reuniones (14 de febrero de 1433). La embajada castellana en Basilea, numerosa e importante, llevaba, como la de Francia, la misión concreta de reconciliar al Concilio con el Papa; a ella se incorporó un joven clérigo, Alfonso Carrillo, sobrino del cardenal de este nombre, cuya intervención en la vida política de los años próximos será intensa y tormentosa. El 2 de setiembre de 1434 los castellanos ocuparon su sitio en el Concilio.

Las relaciones de los embajadores de Juan II con los padres reunidos en Basilea no fueron cordiales. Hubo una amarga protesta contra la pretensión de dar preferencia a los ingleses, y cierto desencanto por la escasa acogida que se dio a sus concretas proposiciones de reforma. El Concilio estaba interesado en disminuir la autoridad del Papa y apenas nada más. A principios de 1436 don Álvaro de Luna ordenó a uno de los embajadores, el doctor Luis Álvarez de Paz, que se trasladase a Bolonia para negociar con el Papa. Mientras tanto el Concilio se ocupaba del derecho a la conquista de las Canarias, que reclamaba Portugal, y al que hubo de oponerse con más elocuencia que razones Alfonso de Santa María.

En el verano de 1436 el Concilio iniciaba su gran ofensiva contra el Papa, privándole de la mayor parte de sus rentas. Castilla y Francia se unieron para exigir en la Asamblea el restablecimiento del status económico de la Santa Sede, pero sus demandas fueron rechazadas (30 de julio). Eugenio IV aprovechó la ocasión. Buscando el agradecimiento de don Álvaro de Luna, le concedió todas las rentas de la Orden de Santiago (1 de agosto). En octubre anunció su intención de trasladar el Concilio a Italia a fin de que los embajadores bizantinos que vendrían a negociar la unión hallasen mayor facilidad de tránsito. Alfonso de Santa María propuso en Basilea que se fiase este asunto a elección de los griegos; era seguro que éstos preferirían Italia. La bula suspendiendo el Concilio de Basilea fue promulgada el 18 de setiembre de 1437. Los asambleístas se declararon en rebeldía y depusieron a Eugenio IV (24 de enero de 1438). Al día siguiente los embajadores castellanos anunciaron que, fieles hijos de la Iglesia, abandonaban las reuniones y acudían al lado del Santo Padre. Arrastraron tras de sí a la delegación francesa y, prácticamente, desmontaron la rebelión.

Este gesto decisivo tiene enorme importancia. Durante todo el siglo XV los Papas mostrarán hacia Castilla una condescendencia afectuosa que se traduce en concesiones y auxilio político sin desmayos. Por el contrario, las empresas italianas de Alfonso V despertarán la animadversión del Papa hacia la Corona de Aragón.

Debilitación del bando aragonés

A cada instante se perciben síntomas de una oposición contra don Álvaro de Luna que, aunque insuficiente para crear perturbaciones, demuestra que labora sin descanso. La terca oposición de Juan II a escuchar las demandas de los aragoneses respecto a indemnizaciones por las rentas secuestradas mantenía el rescoldo de la revuelta que, encastillados en Alburquerque, seguían alimentado los infantes Enrique y Pedro. Esperaban auxilios de Leonor de Aragón, ahora princesa de Portugal, y de los más caracterizados oponentes del condestable, Velasco, Mendoza y Álvarez de Toledo que, sin duda, basaban toda su queja en la ausencia del Consejo. El condestable se adelantó a castigar a los sospechosos aplicando mano muy dura; su gobierno cobraba de esta manera un aire nuevo, de opresión. Al apoderarse de Alcántara (1 de julio de 1432) hizo además prisionero al infante don Pedro y obligó a su hermano Enrique a cambiar este rehén por las fortalezas que aún conservaba este último en Extremadura (16 de noviembre). Juan I de Portugal actuó como mediador entre ambas partes. Los infantes fueron a reunirse con Alfonso V, que preparaba su segundo viaje a Italia.

Alfonso V había tenido que enfrentarse, al término de su guerra castellana, con gravísimos problemas en Cataluña. El comercio experimentaba retrocesos tan importantes que los ingresos de Barcelona y del Principado habían disminuido hasta niveles de peligrosidad. Las obligaciones de la deuda —«censales»— de que eran propietarios el patriciado y el clero, absorbían además todos estos ingresos haciendo que aumentase cada año el déficit. Las Cortes de Barcelona de 1431 fueron, por este motivo, tormentosas. Urgía la reforma de las instituciones, condición inexcusable del saneamiento financiero. Pero el rey, que no deseaba sino alejarse, se conformó con dictar disposiciones contra los deudores y contra los remensas que se abstenían de cumplir sus condiciones de servidumbre. El 29 de mayo de 1432 embarcó hacia Sicilia con la esperanza puesta en las promesas de Caracciolo, dejando que la reina María se enfrentase con los graves problemas pendientes.

La ausencia de los infantes —todos acompañarán a su hermano Alfonso a Italia— proporcionó un respiro al condestable, que trató de aprovecharle para afirmar su autoridad. Poco a poco fue atrayendo a su mano los puestos clave. El almirante, el conde de Benavente y el adelantado Pedro Manrique, contemplaban irritados el crecimiento de don Álvaro a costa de su propio poder. Este crecimiento era de absoluta evidencia. Por ejemplo, se deshizo de don Diego de Anaya, el prestigioso arzobispo de Sevilla, para dar esta mitra a su hermanastro, don Juan de Cerezuela, a quien en 1434 convertiría en arbozispo de Toledo. Para sostener su régimen, el condestable acudió además a la frecuente convocatoria de Cortes, pero haciendo de éstas sumisos intérpretes de su propia voluntad. Lentamente se iba incubando en Castilla el descontento y a él no era ajena la mala situación económica.

El desastre de Ponza

Durante dos años, Alfonso V esperó en Sicilia el cumplimiento de sus esperanzas. Lanzó un ataque contra la isla de Gelbes (verano de 1432) a fin de obligar a los Hafsíes de Túnez a renunciar a la piratería. Desde agosto de este año, consecuencia del asesinato de Caracciolo, tenía un partido dentro de Nápoles dispuesto a reconocerle. Comprendía que la empresa no era fácil: Venecia, Milán y Florencia se oponían contando con el apoyo del Papa Eugenio IV. Los infantes Pedro, Enrique y Juan vinieron desde España para convencerle de que el verdadero interés de la dinastía estaba en la Península, en donde la hegemonía aragonesa se estaba disipando; al parecer tuvieron éxito en sus gestiones ya que el 23 de noviembre de 1434 Alfonso ordenó a la flota que regresara a Cataluña. Pero la muerte de Luis III de Anjou cambió la perspectiva pues el representante de esta Casa, Renato, estaba preso del duque de Borgoña. Al fallecer Juana II (2 de febrero de 1435) los partidarios del aragonés se adelantaron a proclamarle rey en Capua.

El 5 de agosto de 1435, mientras combatía Gaeta, Alfonso V sufrió un desastre naval frente a Ponza a manos de una flota genovesa y cayó prisionero, junto con sus hermanos Enrique y Juan. Fue entregado al duque de Milán, Felipe María Visconti. Hubo de pagar un rescate de 30.000 florines, que vino a recaudar en la Península el rey de Navarra. Pero al mismo tiempo consiguió un acuerdo secreto que prácticamente establecía un reparto de Italia poniendo como límite entre ambas esferas de influencia a Bolonia. Milán reconocía a Alfonso como rey de Nápoles y daba completa seguridad de no intervenir militarmente; pero el monarca aragonés se comprometía a combatir a Francisco Sforza cuando Visconti se lo exigiese. En el momento de la rebelión conciliar, la delegación aragonesa trabajó activamente en favor de los conciliaristas en estrecha colaboración con la milanesa. Era la respuesta a Eugenio IV que, en junio de 1435, otorgara a Renato de Anjou la investidura de Nápoles.

Ponza es un acontecimiento de gran importancia. Alfonso V decidió permanecer definitivamente en Italia y, todavía en Portoveneris, entregó a su hermano Juan poderes completos para que gobernase la Corona de Aragón de la que era ya heredero (20 de enero de 1436). El lugarteniente se apresuró a negociar la paz con Castilla, reconocimiento de la victoria de don Álvaro de Luna. Después de cinco meses de negociaciones, fue firmado un acuerdo en Toledo el 22 de setiembre de 1436. Juan II aceptaba pagar 150.000 florines en diez años como dote de Catalina y reconocía rentas anuales de 31.500 al rey de Navarra, 20.000 a don Enrique y 5.000 a don Pedro. No había perdón, ni retorno de los infantes. El rey de Navarra recibió con extraordinaria alegría la noticia del tratado y ello no puede deberse sino a la cláusula que preveía el matrimonio de su hija Blanca con el príncipe heredero de Castilla, puerta por donde, sin duda, esperaba volver a imponer su influencia.

La conquista de Nápoles

Durante seis años, Alfonso V viviría la gran aventura dé Nápoles, indiferente a las dificultades peninsulares, sin exigir otra cosa de su hermano, a cambio de plena libertad de acción, que el envío periódico de dinero. La alianza con Milán provocó la enemistad de Florencia y de Venecia. Eugenio IV envió como legado al cardenal Vitelleschi, un condottiero, que logró la victoria de Montefosco (1437). Alfonso V respondió apoyando con todas sus fuerzas la rebelión de Basilea y aceptando el mandato de los conciliaristas para llevar a cabo la conquista de los Estados Pontificios, cuyo gobierno debía ostentar, en nombre del Concilio, el cardenal Cervantes. Vitelleschi abandonó Nápoles en discordia con la reina Isabel, mientras Alfonso recibía una preciosa ayuda con la condotta de Nicolás Piccinino que le enviaba Felipe María Visconti.

Los episodios de la guerra son confusos. La diplomacia y el soborno, más eficaces que las armas, permitieron al soberano atraer a su bando a los barones. En el curso de la lucha murió el infante don Pedro (17 de octubre de 1438). Tomadas Aversa (1440) y Benevento (1441), la cuestión quedó por completo decidida. Alfonso estrechó el cerco de Nápoles, que sucumbió el 2 de junio de 1442 y fue saqueada. Francisco Sforza, en buenas relaciones ahora con el duque de Milán, con cuya hija se había casado, prolongó todavía la resistencia por algún tiempo, pero sin llegar a constituir nunca un problema.

XXXVI

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y RÉGIMEN SOCIAL EN VÍSPERAS DE LAS GRANDES GUERRAS CIVILES

Las regiones políticas

Los títulos reales con que se encabezan los documentos en las grandes monarquías peninsulares son bastante indicativos de la estructura política de las mismas. En el siglo XV el soberano aragonés se titulaba rey de Valencia, Mallorca, Sicilia y conde de Barcelona, enumerando así los componentes de esa verdadera «commonwealth» que ha llegado a ser la Corona de Aragón. El de Castilla era, además, rey de León, Toledo, Galicia, Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla, amén de señor de Vizcaya y de Molina. Porque la Reconquista —que había sido una sucesión de anexiones a partir de los taifas— dejaba su impronta. Portugal, Navarra y Granada eran reinos unitarios, aunque sus reyes a veces empleasen, por imitación, títulos plurales. Pero sólo la Corona de Castilla a través de los adelantados mayores, y la de Aragón, con Cortes incluso independientes, eran verdaderamente asociaciones de entidades diferenciadas.

En el reino de Castilla la Reconquista había creado cuatro zonas de estructura económica diferente. La costa cantábrica, nunca colonizada por los musulmanes, permaneció dentro de un régimen de media o pequeña propiedad, con explotación agropecuaria que servía de asiento a una pequeña nobleza de hidalgos. La Meseta septentrional, en que el régimen de behetría perdurará hasta la segunda mitad del siglo XIV, ha visto constituirse, bajo los Trastámara, extensos señoríos jurisdiccionales que no alteran, sin embargo, gran cosa la estructura económica de esta tierra de pan y de vino, sobre la que se trazan las líneas de las tres grandes cañadas de la Mesta. La Meseta meridional, que en su zona más lejana a la frontera vio nacer los grandes municipios de extenso alfoz, en la más inmediata servía de asiento a las encomiendas de las Órdenes Militares, vivero casi siempre de latifundios. En uno u otro caso, el predominio ganadero es indudable. Por último, las cuencas de los grandes ríos, Guadalquivir y Júcar, con población musulmana muy densa, eran también las de producción agraria más rica.

Población

La Peste Negra, que causó en Cataluña tremendas pérdidas, afectó en menor medida, según parece, a los demás reinos peninsulares. Castilla vive durante la Baja Edad Media bajo el signo de una expansión que es, en primer término, demográfica, aunque probablemente afectaba, como la económica, de modo muy desigual a unas y otras regiones. Ningún cálculo de población puede hacerse en Castilla antes del famoso censo de Quintanilla de 1492 que permite aceptar una cifra de siete millones y medio de habitantes. No sería muy inferior la de cincuenta años atrás. La importancia que alcanzaron las minorías confesionales ha dado origen a fuertes discusiones. Por ejemplo, sabemos que las pérdidas experimentadas por los judíos fueron, por matanzas y conversiones más o menos espontáneas, muy elevadas. Durante los «pogroms» de 1391 murieron cuatro mil en Sevilla y dos mil en Córdoba; este número resulta indudablemente pequeño al lado de los que hubieron de renunciar a su fe debido a la presión que se ejerció sobre ellos de muy diversas maneras. Cabe suponer que, al comienzo del reinado de los Reyes Católicos, el número de conversos superaba con mucho al de judíos. Vicens calcula que los judíos eran un 6’5 % del total de la población en la Corona de Aragón y que, en Valencia o en Aragón, los moros llegaban a las dos terceras partes.

La población estaba desigualmente repartida. Era bastante densa en las cuencas de los grandes ríos y muy escasa en determinadas zonas de Aragón o de la Meseta meridional. Cataluña experimentaba un rápido declive, a causa de la crisis económica que siguiera a la Peste. La pirámide social tenía una base muy amplia con un ángulo superior muy agudo. La inmensa mayoría de la población seguía viviendo en el campo, del cual una pequeña oligarquía de nobles detentaba los beneficios. Sevilla, con sus 80.000 habitantes, Barcelona —que desciende de los 50 hasta los 20.000— y Valencia, eran ciudades muy populosas en relación con sus contemporáneas europeas. Córdoba, Toledo, Granada, Valladolid, Salamanca, Murcia, Zaragoza, Palma de Mallorca, superando, algunas ampliamente, las 20.000 almas, también pesaban mucho en el conjunto urbano europeo.

Oligarquía nobiliaria

De la nobleza Trastámara, constituida en dos etapas correspondientes a los reinados de ambos Enriques, han emergido unas cuantas familias que, por acumulación rápida de rentas y señoríos, se convirtieron en árbitros de la situación política castellana del siglo XV. Algunas procedían de Navarra o Portugal, pero la mayor parte había salido de los linajes hidalgos del norte de España. La creación de mayorazgos, unida a la existencia de una fuerte conciencia de clase, aseguró el triunfo a esta aristocracia que, nacida en el calor de la fidelidad al rey, pretendió luego conservar el poder lo mismo que heredaba las rentas. De ahí que el siglo XV haya presenciado una honda crisis, lucha entre nobleza y monarquía, no resuelta hasta el reinado de Isabel y Fernando. Son exactamente quince linajes, con un total aproximado de dos docenas de señoríos, los que se discuten el porvenir. Si todos ellos se hubieran unido en una liga, como era el sueño del rey de Navarra, el rey habría tenido que rendirse. Hay una perfecta adecuación entre este predominio de la nobleza y la estructura económica, abierta al comercio de materias primas y cerrada a la industria, o el tono de vida caballeresco que se imprime desde la Corte.

1. Los Velasco, oriundos de Vizcaya y asentados en Mena, debieron su fortuna a los servicios prestados a Juan I y Enrique III. Pedro Fernández de Velasco, el «buen» conde de Haro, tendría en 1446 después de la batalla de Olmedo —que es, como veremos, la gran ocasión de promocionar— Haro, Arnedo, Herrera de Pisuerga, Frías, Medina de Pomar, Briviesca, Salas de los Infantes, Silos, Villalpando, Cuenca de Campos y Tamarite, cubriendo la mayor parte de las actuales provincias de Burgos y Logroño con algo de Palencia y Álava. Dominaban en Burgos y aspiraban a tener los diezmos de Vizcaya.

2. Los de La Cerda, descendientes de los infantes de este nombre, recibieron el condado de Medinaceli de manos de Enrique II, e incorporaron a él Somaen, Cogolludo, Mazaretón, Almazul y Alameda. Aspiraban a dominar Soria.

3. Manrique. El mayorazgo se fundó sobre Navarrete, donación obtenida de Juan I en 1380. El adelantado mayor de León, Pedro Manrique, es uno de los colaboradores de don Álvaro de Luna y luego su enemigo. Son sus hijos Diego, conde de Treviño, Rodrigo, conde de Paredes —padre del gran poeta Jorge Manrique— y Gómez, adelantado mayor y gran literato. Sus sobrinos eran Juan, conde de Castañeda y Gabriel, conde de Osorno. Unido, el clan familiar dominaba la Tierra de Campos hasta Santander.

4. Quiñones. Desde 1369 les hallamos en Luna, a caballo de los montes que separan León y Asturias. Aspiraban a lograr el control de todo el Principado; sucesivamente Pedro Suárez, Diego Fernández y Pedro Fernández de Quiñones obtuvieron Cangas, Tineo, Allande, Ribadesella, Páramo, Astorga, Labiana, Gordón, Llanes y Somiedo. Nada podía hacerse en León sin contar con ellos.

5. Osorio. Protegido por don Álvaro de Luna, Pedro Álvarez Osorio recogerá la herencia, por despojo, de don Fadrique Enríquez, conde de Trastámara. En 1453 será también conde de Lemos. Pero el dominio de Galicia se le escapa; la excesiva división y el gran poder que los arzobispos de Santiago conservan resultan obstáculos insuperables.

6. Pimentel. Venidos de Portugal durante la guerra que sostuviera Enrique III, recibieron en 1398 el condado de Benavente. Desde aquí Juan Alfonso Pimentel y su hijo se extendieron a Mayorga de Campos, Villalón, Gordoncillo, Puebla de Sanabria, Portillo y Castromocho. Sin perder de vista a Zamora, su ambición no satisfecha hubiera sido gobernar en Valladolid.

7. Enríquez. Descendientes del maestre de Santiago, gemelo de Enrique II, a quien asesinara Pedro I en Sevilla, estaban representados por dos ramas, los almirantes, rama mayor, con centro en Medina de Rioseco y bien arraigados en Valladolid y Palencia, y los condes de Alba de Aliste, fuertes en Zamora. La madre de Fernando el Católico será una Enríquez.

8. Sandoval. En 1430 se hundió el gran estado que Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, creara al amparo de los hijos de Fernando de Antequera. Muy poca cosa pudo recobrar este noble burgalés, a quien Alfonso V compensó trasladándole a Valencia en donde fue conde de Denia. Es el antecesor del duque de Lerma, ministro de Felipe III.

9. Stúñiga. Salidos de Navarra, recibieron en 1396 el señorío de Béjar. Pedro de Stúñiga, conde de Ledesma en 1429, cambió este título por el de Plasencia, y se extendió por la provincia de Cáceres, incluso dominando esta última ciudad. Su hijo Álvaro será un gran personaje en las postrimerías del reinado de Juan II y bajo Enrique IV.

10. Mendoza. Descendientes de aquel don Pedro González, alavés de origen, que muriera en Aljubarrota, estaban divididos en dos ramas, los de Almazán y los de Guadalajara. Éstos últimos, que por matrimonio adquirieron también Santillana del Mar con toda la comarca de la Vega, eran riquísimos señores en Guadalajara —nombraban las autoridades de esta ciudad— y en Santander. La batalla de Olmedo valdría a Íñigo López el título de marqués de Santillana.

11. Silva. Juan de Silva, hijo de un sobrino del arzobispo Tenorio, que fuera adelantado de Cazorla, fundó en Cifuentes un señorío elevado más tarde a condado.

12. Ayala. Alaveses, descendientes del famoso cronista canciller, se asentaron también en tierra de Toledo, fundando el condado de Fuensalida.

13. Álvarez de Toledo. La Casa de Alba tiene su origen en un capitán de Pedro I, Fernán Álvarez que, en recompensa de otras rentas, recibiera de los Trastámara el señorío de Valdecorneja. Don Álvaro de Luna se sirvió de este linaje contra los Stúñiga y convirtió en condado el antiguo señorío de Alba.

14. Guzmán. Descendían del héroe de Tarifa. La madre de Enrique II pertenecía al linaje que, por ello, accedió antes que los otros al rango condal de Niebla (1371). Huelva, Sevilla y Cádiz fueron escenario de su expansión que, controlando materias primas como aceite, vino, frutas o atún, se enriquecía en el comercio. En 1445 el condado se mudaría en ducado de Medina Sidonia.

15. Ponce de León. Señores de Marchena e influyentes en Sevilla, adquirieron el condado de Medellín en la persona de Pedro Ponce el año 1429. En 1440 hubo de cambiarle por el de Arcos, con dominio en Cádiz. Guzmán y Ponce de León se disputaban el gobierno de Sevilla.

Clase social abierta —con todas las limitaciones precisas—, esta nobleza estaba siendo empujada por nuevos linajes que se preparaban a tomar el relevo de quienes antes suplantaran a otros ya desaparecidos. Pachecos, Fajardos o Sotomayor son nombres que empiezan a sonar muy pronto. Ello da nuevas dimensiones a la lucha y explica que el condestable y luego Enrique IV o Isabel la Católica hayan podido contar con colaboradores bien dispuestos hacia una política de autoridad. En la medida misma en que alcanzaban la cúspide, los «grandes» se hacían conservadores. De todas formas, debemos evitar cuidadosamente cualquier generalización: la lucha entre nobleza y monarquía, como entre el rey y el patriciado catalán, no puede ser juzgada con simplismo como si a un lado estuviesen el orden y la paz y al otro la anarquía y la ambición personal. Cada uno de los bandos posee, junto a sórdidas ambiciones, programas de gobierno dignos de estima.

A diferencia con lo que sucede en Castilla, el crecimiento de señoríos en Aragón, Valencia y Cataluña fue bastante limitado y, en muchas ocasiones, se hace difícil distinguir el moderno señorío jurisdiccional del antiguo, procedente del feudalismo. A fines del siglo XV, bajo el influjo castellano, comienzan a cristalizar los grandes linajes: Híjar, Bolea, Castro, Urres, Urríes, en Aragón; Cruïlles, Prades-Cardona y Cabrera, en Cataluña; Borja, en Valencia. Pero desde mucho antes era visible, como en toda Europa, el retroceso del campesinado. La constitución Com per lo senyor que prohibía a los payeses abandonar la tierra sin pagar la remensa, data de 1281. La subida de precios que enriquecía a los campesinos, movía a los señores a aumentar su presión para obtener mayores beneficios.

El poder monárquico en Castilla

Las grandes guerras que se producen en Castilla entre 1439 y 1480 —su raíz es, desde luego, mucho más antigua— enfrentaron dos partidos que defendían respectivamente el refuerzo de la autoridad monárquica y el fortalecimiento del Consejo como recipiente de la oligarquía nobiliaria que hemos descrito. Nunca se discutía el hecho de que el Estado hubiera de encarnarse en el rey; para los tratadistas del tipo de Álvaro Pelayo o Rodrigo Sánchez de Arévalo, la autoridad monárquica era la forma más perfecta y objetiva de ejercicio del poder que reside en la comunidad. De ambas afirmaciones, poder de la comunidad y autoridad del rey nace el concepto que de esta última se tiene como de un deber del soberano hacia los súbditos, del cual es responsable ante Dios. En el ejercicio de las funciones reales por el propio monarca veían los procuradores de las ciudades un gran bien y por ello no cesaban de reclamarlo.

Viviendo en aplauso popular, el rey de Castilla no puede ser calificado de soberano absoluto, aunque su poder se extienda a todos los sectores del gobierno, pues existen cuando menos dos importantes limitaciones: la ley del reino, costumbre consolidada, que se extiende a numerosos fueros y privilegios locales, y la doctrina cristiana de que era la Iglesia celosa custodia. Para el ejercicio de las regias funciones habían sido creados organismos que eran, al mismo tiempo, frenos a cualquier personalismo. El Consejo, instaurado por Enrique II en 1371, reformado por Juan I en 1385, abundantemente nutrido por juristas, era en gran parte tribunal de justicia para las apelaciones que llegaban al rey. Juan II desdoblará este organismo creando un Consejo de Justicia para descargar al antiguo y permitir a éste ocuparse de las tareas de gobierno. La suprema jurisdicción civil seguía perteneciendo a la Audiencia. Los funcionarios de la Corte —adelantados, merinos, alcaldes mayores, almirante, condestable, etc.—, perciben emolumentos que se llaman «quitaciones». También la Audiencia era pagada.

La Cámara era el organismo fiscal de la monarquía y la Cancillería la encargada de expedir y cobrar los títulos. De la Cámara dependía el ejército permanente que acordaran constituir las Cortes de Guadalajara de 1390. Los funcionarios de Cámara —mayordomo, repostero, porteros, canciller, notarios, alcaldes, etc.— perciben «raciones» que recuerdan su origen domestico.

La decadencia de las Cortes es bien evidente. En primer término se ha producido un declive de las ciudades, caídas en mano de cerradas oligarquías de nobleza o sujetas a uno cualquiera de los «grandes». La era de los grandes Ordenamientos parece haber pasado y los monarcas como Juan II o Enrique IV se reducen a contestar, sin gran entusiasmo, las peticiones que se les presentan. El número de ciudades con voto en Cortes se había reducido definitivamente a diez y siete —Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén, que eran cabezas de reino, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Cuenca, Madrid y Guadalajara—. Los procuradores, que no podían ser labradores ni pecheros, eran escogidos por influencia de la Corte o de los nobles afincados en cada comarca. Organismo de tal composición, cuyos miembros apenas representan a nadie, estaba forzosamente desprovisto de vida.

El reflejo de la oligarquía sobre la estructura económica

Señores jurisdiccionales, los nobles se beneficiaban del comercio de materias primas que, al pasar por sus dominios, dejaban buen rendimiento. Le estimularon sin preocuparse apenas de otra actividad económica, oponiéndose a la industria porque podía retener tales materias mermando sus ingresos. La agricultura castellana quedó definitivamente retrasada, excepto en un sector, el de los viñedos, que se beneficiaban de las exportaciones: Rioja, Andalucía, la Mancha, el Duero estaban comenzando su desarrollo. La característica fundamental de la economía bajomedieval castellana es el predominio de la ganadería lanar que nutre el más rentable comercio exterior.

La Mesta organizaba la trashumancia de los rebaños, contando siempre con la protección interesada del rey, que, a medida que comprobaba el repliegue de las lanas inglesas, iba estimulando los envíos a Flandes. Tres grandes cañadas, leonesa, segoviana y manchega, cruzaban de sur a norte para llevar a los rebaños de los pastos de invierno a los de verano. Los nobles y las Órdenes Militares, grandes propietarios de ovejas, dominaban enteramente el organismo y controlaban a los alcaldes. Había una organización regimentada de mayorales, rabadanes y zagales semejante a la de un ejército. Sobre todo los nobles estorbaron cuantos esfuerzos se hicieron para retener una parte de la lana en el país a fin de estimular la industria textil, a pesar de que, en las Cortes de Madrigal de 1438 —y en las que siguieron— hubo fuertes demandas por parte de las ciudades. La decisión de Enrique IV, en 1462, de retener el tercio de la producción en la Península, es uno de los argumentos que se exponen en la gran revuelta del año siguiente. A cierta distancia, el hierro vizcaíno alimentaba también el comercio. En la segunda mitad del siglo XV los ferrones vascos se quejaban de que las ventas de mineral les privaban de materia prima.

Con todas estas deficiencias, el comercio castellano daba sensación de prosperidad, pues la venta de materias primas era, en el siglo XV, efectuada con saldo favorable. Dos corrientes de oro estaban procediendo a la capitalización de Castilla: una por el comercio africano de los genoveses establecidos en Sevilla y otra por los tributos que abonaba el reino de Granada y que alcanzaron las 20.000 doblas anuales en 1430. Esta presión del oro hizo que las monedas de Juan II (dobla de la banda) y de Enrique IV (enrique) fuesen divisas con gran crédito en el exterior. Prácticamente los ingresos principales de la Hacienda castellana procedían, de una u otra forma, del comercio y esto fue causa de que se acusasen tendencias al mercantilismo. La mala administración de las rentas y las excesivas concesiones a los nobles producían sensibles bajas en cuanto a su rendimiento.

El predominio de la nobleza fue causa de estímulo para el comercio exterior. Brujas era el mercado más atractivo y en él los españoles superaban en privilegios a todos los demás extranjeros desde 1367. Tres años antes se había organizado la colonia estante en Rouen, que fue autorizada a nombrar sus propios jueces. Después de la conquista de la Rochela, en la que colaboraron los españoles, éstos se instalaron también en este punto. Nantes completaba las escalas. De todas formas, Brujas seguía ostentando la primacía; en 1414 los franciscanos cedieron a la «nación» española una capilla de Santa Cruz, en que los priores vizcaínos colgaron su escudo de lobos y árbol. La tregua con la Hansa, firmada en esta ciudad (1435), garantizó el monopolio castellano.

El hecho social catalán

Entre 1420 y 1445 Cataluña ofrecía síntomas muy claros de recuperación, como si estuviesen superados los efectos de la Peste Negra. Tenía entonces alrededor de 375.000 habitantes, lo que suponía bastante densidad, y estaba recibiendo emigrantes, incluso de Francia. De esta población casi la cuarta parte era de remensas, adscritos a la gleba, cuya situación jurídica era muy dolorosa porque dependían de los señores tanto en calidad de siervos como de súbditos. Los remensas de la tierra llana, enriquecidos por la elevación de precios agrícolas, soportaban mal la servidumbre pero no querían ningún arreglo que no les permitiera conservar sus campos. La Iglesia y los barones eran los principales propietarios.

La pequeña nobleza de los caballeros, en muy mala situación económica, coincidía con el patriciado de Barcelona en la defensa del régimen establecido y de las libertades catalanas. Unidos sus linajes con frecuentes vínculos de sangre, se les ve también unidos en las Cortes del reinado de Alfonso V para defensa del pactismo y de los privilegios. Son, juntos, núcleo del partido de la Biga. Por debajo queda un sector muy amplio de mercaders, menestrals y artistes, sin gran peso hasta las reformas de 1453, pero que constituirán el partido de la Busca.

La presencia de los remensas da singularidad al hecho social catalán. Desde fines del siglo XIII la depresión de los campesinos era muy evidente, hasta el punto de que, en 1370, el Concilio de Tarragona prohibió que se confiriesen órdenes sagradas a los remensas, como si fuesen esclavos. Acuciados por la crisis económica, los señores trataban de exigir de sus payeses todas las obligaciones o de introducir nuevos campesinos en las tierras abandonadas. Ésa fue la clave del problema: los remensas exigían la supresión de los «malos usos»; los señores reclamaban entonces que les fuese devuelta la tierra para poder venderla o alquilarla. Los reyes Juan I y Martín se mostraron favorables a los remensas; era interés de la monarquía que, de este modo, podía recuperar muchas jurisdicciones perdidas a manos de los señores.

Aprovechando el cambio de dinastía, los señores obtuvieron en 1413 una importante constitución, Com a molts, que prohibía modificar el estatuto de los remensas. La utilizaron para recobrar sus derechos. El equilibrio económico logrado a partir de 1420 hizo más fácil la política de los señores porque disminuyó la violencia de los movimientos de resistencia. Pero los remensas, por su parte, aprovecharon esta ocasión para constituir asociaciones en búsqueda de su libertad. Alegaban, lo que era cierto, que su situación antigua era más favorable y que existían documentos en París y Roma, lo cual era falso, que probaban su libertad. Los señores, fuertes en las Cortes, aprovechaban las dificultades económicas de Alfonso V para solicitar disposiciones contrarias a los payeses. En plena crisis napolitana, los oficiales del rey inspiraron a éste un procedimiento de obtener dinero: pedirlo a los remensas a cambio de la autorización para constituir asociaciones y pasar a la jurisdicción real. Los campesinos aceptaron con entusiasmo y en 1448 cuatro síndicos remensas de Gerona ofrecieron a la reina María un donativo de 64.000 florines si se les eximía de los «malos usos».

Durante ocho años un rayo de esperanza se extendió por el campesinado catalán. Alfonso V parecía dispuesto a apoyarles autorizando la celebración de asambleas para elegir síndicos que defendiesen ante los tribunales su causa. Ofrecía su arbitraje cobrando por él cien mil florines. Los menestrales y artesanos simpatizaban con un movimiento que iba contra los barones y el patriciado. Manteniéndose dentro de la legalidad, los remensas presentaron el pleito ante la Audiencia real en enero de 1450 desafiando la cólera de los señores. El 5 de octubre de 1455 Alfonso V dictaba una sentencia interlocutoria que declaraba nulos los «malos usos» y reconocía la libertad de los remensas. Pero unos meses más tarde los tres brazos de las Cortes votaban un subsidio de 400.000 libras solicitando del rey su presencia inmediata en la Península. La sentencia fue suspendida y la decepción inmensa. Los extremistas del movimiento impusieron criterios de violencia y comenzaron a organizar grupos armados que se proponían, con el rey o sin él, una verdadera revolución.

El declinar económico de Cataluña

La desfavorable coyuntura económica que atravesaba el Mediterráneo hizo que Cataluña sufriese una progresiva paralización. Ya en 1940 Jaime Vicéns Vives explicaba cómo la Corona de Aragón, por haberse articulado en torno a la ruta mediterránea de las especias, se veía necesariamente afectada por cualquier cambio de signo en la coyuntura. Barcelona, que era el elemento director, fue también la primera en sufrir los efectos de la crisis. En cuanto a su estructura social, la gran capital catalana apenas se diferenciaba de sus contemporáneas italianas; sólo que éstas poseyeron mejores reservas financieras que permitieron sortear la crisis pasando del comercio a la Banca.

En los oficios barceloneses había solamente dos grados, maestro y aprendiz. Los artesanos que habían terminado el aprendizaje y no podían establecerse, eran llamados joves, macips y compayons. Para ser maestro se necesitaba poseer una tienda y una marca de fábrica; desde fines del siglo XIV se exigía también un examen. Las tiendas y talleres se agrupaban para constituir un gremio, el cual se ocupaba de fijar precios y proporcionar materias primas o créditos a aquellos maestros que lo necesitasen. Pero los individuos de un mismo oficio, maestros, compañones y aprendices, pertenecían también a una cofradía que se colocaba bajo la advocación de un santo y que, además de sus fines piadosos, proporcionaba auxilios sociales y organizaciones paramilitares. La asociación de compañones estaba prohibida.

La industria de paños y de la confección era ya importante, pero no cubría ni con mucho toda la actividad mercantil catalana. La necesidad de aprovisionarse del exterior, a veces a grandes distancias, había determinado fuertes inversiones de capital en empresas lejanas como la sal de Ibiza y Guardamar, el coral sardo y tunecino o el trigo siciliano. Siendo deficitario el comercio con Oriente, Cataluña necesitaba compensarle con el oro que proporcionaban tejidos y armas vendidas, pese a las prohibiciones eclesiásticas, a los musulmanes. La presencia de los marinos vascos en el Mediterráneo, que los propios catalanes utilizaban para transporte de sus mercancías, constituía ya una amenaza grave para el tráfico marítimo catalán.

El primer grave síntoma de desequilibrio fue la quiebra de la banca privada barcelonesa y gerundense, entre 1381 y 1383, a causa de los créditos concedidos al rey. La famosa Casa de Gualbes resistió hasta 1406, pero al fin hubo de sucumbir. Juan I y Martín favorecieron la instalación de italianos que les proporcionaban préstamos y, con ello, agravaron la situación. Los precios bajaban y, manteniéndose inmóviles los salarios a causa de las pérdidas ocasionadas por la Peste, desaparecieron los beneficios industriales. Escaseaba el dinero y los impuestos municipales se cobraban mal y con tremendos retrasos. La desvalorización del florín, moneda de oro, mientras se mantenía fijo el valor del croat de plata por imposición de la burguesía barcelonesa, provocó un aumento del valor de la plata con respecto al oro hasta colocarse, a fines del siglo XIV en 13’1 cuando en el resto de Europa era de 10’5. Traía cuenta comprar moneda de plata con oro y en 1415 las Cortes, dirigiéndose a Fernando I, veían como solución única impedir que entrara moneda de otros reinos. La situación se alivió entre 1420 y 1445. Pero no llegó a solucionarse. Desde 1427 los impuestos del General comienzan a disminuir. Cataluña no sabía hacer frente a la competencia que ingleses, italianos y castellanos le hacían incluso en el interior.

Entre 1445 y 1455 la depresión entró en fase aguda; los ingresos por derechos mercantiles disminuyeron verticalmente. A los males internos se sumaron las amenazas que los corsarios ejercían en el exterior. En la adversidad se rompió la solidaridad entre las distintas clases y cada una quiso salvarse por su cuenta. El golpe de estado de 1453, que llevó al poder a la Busca, no consiguió otra cosa que arruinar el comercio exterior y hacer derivar hacia cauces políticos lo que era cuestión económica. En la revuelta de 1463 habrá este fondo de error, atribuir al mal gobierno del rey lo que eran deficiencias estructurales de la sociedad y la economía catalanas.

La revuelta contra el patriciado

Hasta mediados del siglo XIV el poder en Barcelona era ejercido por una minoría de ciutadans honrats, cuya riqueza iba en aumento. La Peste Negra aceleró incluso la tendencia a acumular fortunas en pocas manos. Al producirse la crisis, a partir de 1380, los menestrales, artesanos y mercaderes acusaron a estos patricios de haber aprovechado su poder únicamente en beneficio propio y reclamaron una reforma del gobierno de la ciudad a fin de participar en él. El fenómeno no es exclusivo de Cataluña sino que forma parte de un movimiento general en Europa. Tampoco fue diferente la respuesta del patriciado catalán: cerrar filas y defender las estructuras antiguas. Pedro IV intentó en Barcelona, como en otras partes, una democratización del gobierno de la ciudad que, en 1386, dispuso fuera encomendado a seis conselleres, ciudadanos, mercaderes y menestrales por partes iguales. Pero la muerte del rey impidió que la reforma se tradujese en un orden práctico: un privilegio de 1388 dispone que la elección de conselleres se haga por un colegio de ocho ciudadanos, ocho mercaderes, cuatro artistas y cuatro menestrales; pero los elegidos habrán de ser exclusivamente ciudadanos honrados.

Para salir del mal paso —el déficit progresivo de las haciendas municipales estaba denunciando el mal gobierno de los patricios— se inventó un sistema, la insaculación, que parecía soslayar las influencias personales y de grupo. Era redactada una lista de nombres elegibles para los cargos municipales, los cuales, introducidos en una bolsa, eran insaculados por sorteo. Aplicado en Játiva en 1427, se ensayó con éxito en Menorca, Zaragoza, Castellón, Vich, Gerona y otros lugares durante el reinado de Alfonso V. En Barcelona los ánimos eran demasiado vivos para que pudiera confiarse en soluciones de este tipo. Hacia 1450 los dos partidos, la Biga, defensora del mantenimiento de la oligarquía, y la Busca, partidaria de las reformas y de la apertura al comercio exterior, estaban completamente organizados. Aunque los ciudadanos honrados figuran en ambos, la Busca era predominantemente un partido de la clase media, favorecido por los capitalistas, a quienes estorbaban las limitaciones del régimen gremial.

El nombramiento de Galcerán de Requeséns como gobernador (diciembre de 1442) tuvo una importancia decisiva. Su familia, adicta a los Trastámara desde el primer momento, había acumulado gran fortuna y demostrado capacidad en las diversas misiones que Fernando I y Alfonso V le encomendaran. Favoreció a la Busca permitiendo asociaciones de menestrales, artesanos y mercaderes, lo mismo que se había favorecido antes la constitución de sindicatos remensas. La Biga trató de resistir promoviendo conflictos. Pero Alfonso V se inclinó hacia los buscaires y nombró a Requeséns lugarteniente general (19 de octubre de 1453). En posesión de la autoridad completa, Requeséns suspendió las elecciones de conselleres y nombró otros directamente. Su designación era tímida pues para evitar violencias prefirió apoyarse en el sector moderado de la Busca, del que eran portavoces Ferrer de Gualbes y Pedro Destorrent.

Pasó el año 1454 en amargas disputas. Como entre tanto el rey de Navarra sustituía en la lugartenencia a Requeséns, que volvía a su puesto de gobernador, el heredero se encontró mezclado en estas cuestiones atrayéndose la animosidad del patriciado. El 7 de octubre de 1455 Alfonso V aceptó las sugerencias de Requeséns disponiendo que en adelante los cinco conselleres —dos ciudadanos y uno por mercaderes, artistas y menestrales— fueran elegidos por un colegio de doce personas, tres de cada clase. El Consejo de Ciento quedaría constituido por 32 personas de cada clase y el Trentenari, comisión permanente, sería de 8 personas por cada clase. Esta constitución, unida a la promoción en la clase —juristas y médicos pasaban a ser ciudadanos honrados—, dio el triunfo completo a la Busca. La Biga seguía fuerte en el General, con apoyo del brazo eclesiástico y del militar, y por tanto en las Cortes, en donde encarnó la oposición más enconada contra los buscaires y contra Juan II.

XXXVII

LA CAÍDA DE DON ÁLVARO DE LUNA

El combate contra la oposición

Que había en Castilla fuerte oposición al gobierno de don Álvaro de Luna es un hecho indudable. Se manifiesta en las Cortes de Madrid de 1433 y 1435 y en las de Toledo de 1436 con demandas apremiantes para el restablecimiento del orden y saneamiento de la moneda. El condestable, animado sin duda por las noticias que venían de Cataluña —desastre de Ponza, fracaso terrible de las Cortes de 1436— decidió aplastar esta oposición en su cabeza, la de aquellos que compartían con él las responsabilidades del gobierno. Para esto era imprescindible prevenirse contra una posible intervención de los aragoneses. Vicens ha demostrado que el acuerdo de Toledo de setiembre de 1436 obedecía a esta razón. Aparte de las compensaciones económicas, muy importantes, se ofrecía al rey de Navarra otra de gran consideración en el matrimonio de su hija con el heredero de Castilla. Fue el propio condestable quien hizo los honores en los desposorios, que tuvieron lugar en Alfaro (12 de marzo de 1437), ausentes ambos reyes.

El 13 de agosto de 1437 don Álvaro de Luna ordenó la prisión del adelantado mayor Pedro Manrique; falló en cambio la captura del almirante Enríquez porque le avisó a tiempo un cuñado del condestable, Alfonso Pimentel. El adelantado se convirtió en bandera para los nobles mientras don Álvaro iniciaba contactos con los infantes de Aragón tratando de atraerles a su alianza. Un año después de la prisión, Manrique fue sacado del castillo de Fuentidueña y llevado a Rioseco en donde los Stúñiga y los Enríquez le proporcionaron un ejército. Poco a poco el bando de los nobles fue recibiendo adhesiones. En febrero de 1439 los rebeldes se atrevieron a difundir cartas que eran un programa de lucha contra la tiranía de don Álvaro y a favor del rey. A fines de marzo, estando la Corte en Roa, los rebeldes se apoderaron de Valladolid. El condestable inició negociaciones, admitiendo o proponiendo la mediación de Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, y cuando estas negociaciones fracasaron, acudió al extremo de solicitar a los infantes don Juan y don Enrique que regresaran a la Corte.

Los aragoneses se pusieron previamente de acuerdo (vistas de Peñafiel de 9 de abril) para equilibrar las fuerzas de ambos bandos. Don Enrique se unió a los rebeldes mientras el rey de Navarra sumaba sus fuerzas a las del rey. De este modo la victoria militar se hacía imposible y los infantes eran árbitros de la situación. El condestable se retiró a Medina del Campo y dejó a Juan de Navarra que empezara las negociaciones. Cuatro sucesivas conferencias (Tudela, Renedo, Tordesillas y Valdestillas), entre abril y junio de 1439, demostraron las escasas posibilidades de entendimiento. La presencia del maestre de Santiago entre los nobles había tenido entre tanto una consecuencia importante: convertir la circunstancial alianza en un partido, con programa y metas bien definidas apuntando a la creación de un Consejo que fuera representación de la nobleza y gobernara el reino. Con tal programa los últimos vacilantes partidarios del condestable le abandonaron y éste hubo de fiar la defensa de sus intereses y de los del propio rey al infante don Juan, cuyas inclinaciones en pro del autoritarismo eran conocidas. Sólo la desesperación pudo dictar la forma de la quinta conferencia, llamada del «seguro» de Tordesillas porque se entregó esta ciudad al conde de Haro a fin de que pudieran reunirse en ella como en zona neutral, las cabezas de ambos bandos, los infantes, el almirante y el adelantado, el conde de Benavente, Gabriel Manrique, el conde de Castro y el condestable. Con ellos el rey, sometido a humillación por todos los partidos.

El rey de Navarra vuelve al poder

En Tordesillas, pese al falaz apoyo de los amigos del rey de Navarra, don Álvaro de Luna comprendió que estaba condenado; ya no se trataba sino de buscar los términos menos deshonrosos para la capitulación del soberano. Los infantes reclamaban la devolución de los bienes perdidos. Cuando Juan II, interrumpiendo la conferencia de Tordesillas, intentó apelar al buen juicio de las armas, su homónimo primo, sacudiendo toda vacilación, pasó al enemigo con todas sus fuerzas (junio de 1439). El condestable tuvo que rendirse. En la conferencia final de Castronuño (octubre de 1439) se hizo representar por dos hombres oscuros, el doctor Pedro Yáñez y Alonso Pérez de Vivero. Fue condenado al destierro mientras se garantizaba a los infantes la posición económica que habían tenido.

Desterrado don Álvaro, gobernaba el Consejo, que los vencedores proyectaban moldear a su hechura. Antes de marchar, el condestable situó en él algunos hombres fieles, don Gutierre, arzobispo de Sevilla, y su sobrino Fernán Álvarez de Toledo, nombrado conde de Alba el 25 de diciembre de este mismo año, fray Lope Barrientos, dominico obispo de Segovia, y Alonso Pérez de Vivero; ellos serían su voz y sus oídos en el nuevo gobierno. Luego, consolidando parsimoniosamente las posesiones de Riaza y Sepúlveda, fue a instalarse con los suyos, remedo de una Corte, en el espléndido castillo de Escalona. La fuerza que aún conservaba en el afecto del rey, obligó a los infantes a librar una nueva batalla sutil, hasta ocupar efectivamente el poder; tuvieron que hacer concesiones vitales a la nobleza y presentarse como cabeza de una oligarquía, cosa que repugnaba por lo menos al rey de Navarra. Durante algunos meses, Juan II, deambulando por tierras de Salamanca, al amparo de las fortalezas del conde de Alba, quiso resistir. Pero los nobles dominaban todas las grandes ciudades del reino y tenían tantas tropas que era ilusión intentar combatirles. El soberano acabó por aceptar la convocatoria de Cortes para que en ellas se procediese a la anhelada reforma.

Inauguradas el 20 de junio de 1440, las Cortes duraron tres meses y, a su término, tuvo lugar la boda solemne del futuro Enrique IV con Blanca de Navarra. De momento el joven príncipe parecía un instrumento en manos del suegro, a quien ayudó a eliminar a los últimos partidarios de don Álvaro de Luna en el Consejo, pero ya en la sombra trabajaba su ánimo un noble de mediana fortuna, don Juan Pacheco, puesta la mira en el ejemplo del condestable. La reforma prometida consistió en atribuir al Consejo la plenitud de las funciones de gobierno, otorgar a la Audiencia autonomía y recordar a las Cortes que sólo en los asuntos relativos a las ciudades podían tener sus deliberaciones valor resolutivo.

Ni Juan II estaba dispuesto a someterse, ni don Álvaro desarmaba. El arzobispo de Sevilla y el de Toledo daban al condestable ascendiente sobre la Iglesia española, mientras que el Papa, por enemistad hacia Alfonso V, estaba dispuesto a apoyar todas sus demandas. La muerte del rey Duarte de Portugal había permitido a su hermano Pedro, duque de Coimbra, desbancar a la viuda, Leonor de Aragón, para asumir la regencia del niño Alfonso V. El condestable estaba de acuerdo con él y Juan II le remitió una carta de su mano desautorizando a los embajadores que los infantes pretendían enviar en su nombre. En enero de 1441 don Álvaro de Luna, aprovechando la entrada de don Enrique en Toledo, decidió pasar a la ofensiva, pero escudándose en la legalidad impuesta por los propios acuerdos con los infantes. Los nobles respondieron constituyendo una liga (21 de enero) que, como todas las que vinieron después, inscribía en su programa el gobierno de un Consejo representativo de la aristocracia. No todos los linajes colaboraban, sin embargo, con los infantes de Aragón: los Álvarez de Toledo, Guzmán y Ponce de León, estaban a favor del condestable.

Siguió una guerra, corta y confusa, durante la cual don Juan Pacheco, usando hábiles propuestas de mediación, guió al príncipe heredero a constituir un tercer partido. Cuando el rey, apoderándose de Medina del Campo (19 de mayo de 1441) y de Olmedo, estaba a punto de lograr la victoria, Pacheco restableció el equilibrio sumando sus fuerzas a los infantes. Los dos bandos eran ahora iguales; en todo caso la superioridad pertenecía al condestable, llegado a Medina el 9 de junio. Pero no pudo arrastrar a sus aliados a una acción resolutiva y de nuevo hubo de huir, veinte días más tarde, al amparo de la oscuridad.

El rey de Navarra volvía al poder. Una sentencia del 10 de julio de 1441 condenó a don Álvaro a seis años de confinamiento en San Martín de Valdeiglesias o en Riaza. Su regreso venía hipotecado a unas promesas hechas a los nobles durante la guerra. El nuevo régimen resultó de una precariedad lamentable. En la misma sentencia los vencedores se redujeron a decir que el Consejo estaría compuesto por tres grandes, dos prelados, dos caballeros y cuatro doctores, los cuales habrían de turnarse por tercios de cada año. Dicho en términos de sencilla naturalidad, la nobleza resultaba impotente para definir un régimen y los infantes no estaban en condiciones de implantar su poder personal contra la voluntad del rey y con el recelo de aquellos mismos que les sirvieran de plataforma. Hubo que acudir a las Cortes, las cuales votaron un servicio de ochenta millones. El tercer estado protestaba exigiendo garantías de que los precios no habrían de elevarse pero se negaba a admitir que el Consejo fuese otra cosa que el órgano asesor del soberano, quien podía llamar a él a quien quisiera.

El reinado de Duarte y la regencia del duque de Coimbra

Portugal pasaba a primer plano. Los infantes proyectaban aprovechar su momentáneo triunfo para derribar la regencia que el duque de Coimbra ejercía e instalar en Lisboa a su hermana Leonor. Desde 1433, fecha de la muerte de Juan I de Avis, Portugal veía acumularse la sombra de una crisis. El largo reinado del vencedor de Aljubarrota había servido para consolidar el gobierno de un Consejo —en que predominaban los juristas y era expresión de una oligarquía que gozaba de arraigo y respeto en el país— y para abrir ventanas al exterior. Tomada Ceuta, comenzaban las navegaciones atlánticas. Duarte y sus hermanos —colaboradores firmísimos, «altos infantes» como les llamara Camoês— educados en el humanismo, hallaban un régimen capaz de funcionar sin obstáculos durante largos años. El nuevo rey era un abúlico, lleno de afecto hacia su mujer, absorto en la tarea legislativa, de la que quedan abundantes muestras, pero desprovisto de los resortes de la acción. Su corto reinado sería un continuo desgaste de las reservas que la monarquía había llegado a acumular durante medio siglo. El jurista Juan Mendes se encargó de recopilar por vez primera las Ordenanzas del reino. La más famosa de las disposiciones de Duarte fue la Ley Mental que pretendía evitar la dispersión del patrimonio real.

El amor entrañable de Duarte a Leonor de Aragón garantizó hasta su muerte la amistad portuguesa hacia los infantes. Al recibirse la noticia del desastre de Ponza, la Corte vistió de luto. Pero la reina no gozaba apenas de adhesiones, ni siquiera entre sus cuñados, cuyo influjo en el ánimo del rey era sobremanera poderoso. La gran obra del reinado, descubrimiento de Azores y Madera, paso del cabo de Bojador por Gil Eanes (1434), más podía atribuirse al misógino Enrique el Navegante, que al propio Duarte. En 1436 don Enrique acudió a Leonor en demanda de ayuda para montar una gran expedición militar a Tánger que proponían él y su hermano Fernando. La aragonesa se la prestó decididamente: dividiendo a los infantes esperaba lograr arraigo para un partido aragonés en Portugal.

La expedición a Tánger, que acabaría en desastre, fue desde el primer momento impopular. Las Cortes de Évora (abril de 1436) votaron los fondos necesarios a regañadientes. En el Consejo que hizo convocar en Leiria el rey, los infantes don Pedro y don Juan se declararon absolutamente contrarios y su opinión fue considerada como la autorizada voz del reino. La intervención de Leonor fue decisiva: ella arrancó a su marido el consentimiento definitivo en setiembre de 1436. Cuando la campaña terminó en derrota —el infanté Fernando fue hecho prisionero y murió— gran parte de la responsabilidad en el fracaso fue atribuida a la reina. En las Cortes de Leiria (enero de 1438) las discusiones se hicieron borrascosas. Una parte de los asistentes —entre ellos los infantes don Juan y don Pedro— era favorable a aceptar las condiciones musulmanas, entregando Ceuta a cambio de Fernando y los otros prisioneros, pero la mayoría de los asistentes mostró completa oposición a tal proyecto. Era el choque entre dos vocaciones y Portugal prefería por entonces seguir la africana. Duarte murió el 9 de setiembre de 1438 atormentado por la duda.

Alfonso V, en quien recaía la herencia, contaba apenas seis años de edad. El duque de Coimbra, que acompañaba a su hermano en el momento de morir, se encargó de proclamar al nuevo soberano disipando, como explica Ruy de Pina, los rumores propalados acerca de sus propias aspiraciones a la herencia. Era don Pedro, de hecho, el más caracterizado príncipe y, para Leonor, el peor enemigo. El arzobispo de Lisboa, Pedro de Noronha —hijo de Alfonso, conde de Noreña, bastardo de Enrique II— hizo causa común con la reina. Sin duda constituyó sorpresa el testamento de Duarte, que dejaba la regencia, con plenitud de poder, a Leonor. Al amparo de esta situación nació un partido aragonés del que se hizo figura descollante, además del arzobispo, un bastardo de Juan I, Alfonso, conde de Barcelos y yerno de Nuño Álvares Pereira. Es posible que en el brusco viraje de don Álvaro de Luna, cuando llamó a Castilla a los infantes de Aragón, influyera este cambio político acaecido en Portugal. Para desarmar a don Pedro, duque de Coimbra, la reina propuso el matrimonio del joven rey con la hija del infante, llamada Isabel.

Este matrimonio encendió la discordia entre el duque de Coimbra y el conde de Barcelos, que quería casar a Alfonso V con su propia nieta, hija del infante don Juan, también llamada Isabel. Por debajo de las rencillas personales asomaba, como en Castilla, el juego de los partidos políticos. Frente al duque, de quien se temía un gobierno autoritario con apoyo de las Cortes, la nobleza constituyó una alianza; Leonor era considerada como garantía de debilidad y, por ello, de tolerancia. Vasco Fernández Coutinho, mariscal y, más tarde, conde de Marialva, convenció a la reina de que todos los nobles habrían de apoyarla si se decidía a combatir al duque. La batalla se produjo en las Cortes de Torres Novas y después de que el infante don Enrique, mediador entre su hermano y su cuñada, creía haber conseguido una fórmula de entendimiento que permitía a don Pedro tener la autoridad como «defensor del reino».

Las discusiones en el seno de las Cortes pusieron de relieve que los procuradores del tercer estado apoyaban sin reservas al duque de Coimbra. Fracasó el infante don Enrique en sus esfuerzos para lograr una avenencia. El conde de Barcelos logró que se anulase la promesa de matrimonio de Alfonso V con Isabel. El duque de Coimbra, reducido al solo mando del ejército, mostraba su descontento. En marzo de 1439 la reina se retiró a una finca de Monte Olívete en donde dio a luz una hija postuma, Juana, la futura mujer de Enrique IV. En agosto el infante don Pedro anunció su renuncia al cargo de «defensor» dadas las limitaciones de que se le había rodeado. Pero todos sus fieles, e incluso su hermano don Juan, le aconsejaron que, lejos de renunciar, tomase en sus manos la totalidad de la regencia. La situación castellana era favorable: los hermanos de Leonor tenían que defenderse de su propio rey y no podía esperarse que acudiesen en auxilio de la reina. Alborotos acaecidos en Lisboa proporcionaron la ocasión. Ambas partes pidieron a sus leales que, en las próximas Cortes, apareciesen armados. Pero ya las ciudades más importantes del reino habían prometido al duque de Coimbra obedecerle, y el infante don Pedro se convertía, por este medio, en jefe de un partido nacional y de burguesía que podía creerse inscrito en la tradición del movimiento de 1383.

Las Cortes, convocadas en Lisboa para noviembre de 1439, iban a enfrentarse con el hecho consumado del reconocimiento del duque de Coimbra como regente. Los infantes don Juan, con más calor, y don Enrique, con calma, le apoyaban también. Algunos partidarios de la reina, como el arzobispo don Pedro de Noronha, querían acudir a las armas provocando una intervención castellana sin comprender que Juan II buscaba también por su cuenta el debilitamiento de la Casa de Aragón. El 31 de octubre don Pedro entró en Lisboa en medio de un entusiasmo delirante y prestó juramento. Alcanzaba la regencia por aclamación popular. En la práctica había consumado un golpe de estado.

Dobles alianzas

Obligada a entregar sus hijos, Alfonso y Fernando, a la custodia del duque de Coimbra, la reina Leonor permanecía, sin embargo, en Portugal con la esperanza de que sus hermanos interviniesen. El rey de Navarra y el maestre de Santiago, obligados a luchar contra don Álvaro de Luna, demoraron su decisión conformándose de momento con gestiones diplomáticas. Desde 1440 parecía reconstruirse el gran aparato familiar que Fernando de Antequera había proyectado: en todos los reinos peninsulares los Trastámara aragoneses ocupaban puestos clave; sentían la necesidad de defenderlos mediante una gran alianza. Es muy lógico que el duque de Coimbra y el condestable de Castilla imaginasen también una alianza como medio de resistir a sus comunes enemigos.

En octubre de 1440 los infantes de Aragón decidieron emprender una acción en favor de su hermana, enviando embajadores que instasen y amenazasen al mismo tiempo. Ya el conde de Barcelos, bastardo de Juan de Avis, intrigaba abiertamente tratando de levantar una conjura en beneficio de la reina. Pero, como indicamos, Juan II añadió a esta embajada un hombre fiel, obispo de Coria, a fin de garantizar al regente respecto a sus propias intenciones. Leonor se precipitó: abandonando Almeirim buscó refugio en Crato, al amparo de la gran fortaleza de la Orden. Los aragoneses hubieron de hacer frente a una doble ofensiva, en Castilla y en Portugal. Ya hemos visto cómo don Álvaro de Luna fracasó y sus movimientos condujeron tan sólo a la sentencia de Medina del Campo y a su propio destierro. Pero el duque de Coimbra era más fuerte: sus tropas cerraron la frontera con Castilla y bloquearon los caminos que llevaban a Crato en donde, colmo de imprevisión, ni siquiera se habían reunido víveres que permitiesen sostener un asedio. El 29 de diciembre de 1440 la reina Leonor abandonó su refugio para entrar en Castilla por Alburquerque. El conde de Barcelos se reconcilió con los infantes. El 15 de agosto de 1441 don Pedro haría celebrar los desposorios de Alfonso V con su hija Isabel.

El rey de Navarra gobernaba en Castilla desde el verano de 1441, pero había tenido que pagar un elevado precio compartiendo su autoridad con la cerrada oligarquía de nobles que le proporcionara los medios materiales para el triunfo. Desde setiembre cursaba órdenes encaminadas a procurar una campaña contra Portugal pero hallaba, en todas partes, frialdad y resistencia. En las Cortes de Valladolid de 1442 la atmósfera sería de queja. Mientras tanto el duque de Coimbra hallaba en las Cortes de Torres Vedras y de Évora calor suficiente para rechazar las amenazadoras propuestas de los infantes de Aragón. Estaba dispuesto a conceder a la reina una pensión conveniente, pero nunca a abrirle de nuevo las puertas de Portugal. Lo más grave: el conde de Haro y fray Lope Barrientos declararon en el Consejo castellano que juzgaban aquellas proposiciones aceptables.

De Rámaga a Olmedo

No sabemos hasta qué punto el apoyo prestado por don Pedro de Portugal fue parte en la contraofensiva que don Álvaro de Luna montaba ya desde Escalona. En el verano de 1442 ciertos amigos del condestable habían recobrado su puesto en el Consejo. El rey de Navarra, que temía las intrigas de algunos conspicuos miembros de su antiguo partido, entretuvo al condestable con negociaciones; permitió incluso a Juan II que fuera a Escalona para apadrinar a una hija de don Álvaro. Secretamente preparaba un acercamiento a dos linajes, Enríquez y Pimentel, mediante el matrimonio suyo y de su hermano Enrique con hijas de ambas casas. De la unión de don Juan y Juana Enríquez (1 de setiembre de 1443) nacería Fernando el Católico. Sintiéndose fuerte, el de Navarra decidió adelantarse a don Álvaro. En Rámaga, cerca de Madrigal, los amigos del condestable fueron detenidos o expulsados de la Corte. El aislamiento del valido se hizo más riguroso.

Los términos se invertían. Los infantes de Aragón, ingresados en los clanes de Enríquez y Pimentel respectivamente, sometían a tutela al soberano, cuya libertad parecía buscar el condestable. Aquellos nobles que no militaban en la facción vencedora se apresuraron a reconocer la jefatura de don Álvaro. El obispo Barrientos trabajó incansable hasta lograr la unión de antiguos enemigos y convencer al príncipe heredero de que, en aquella hora, le convenía colocarse contra su suegro. El condestable apenas podía creer que se hallara al frente del grupo compacto que constituían los Álvarez de Toledo, los Mendoza, los Stúñiga, los Manrique y los Osorio. Como en Portugal, los infantes de Aragón veían producirse la enemiga de las ciudades. Naturalmente, las promesas que entonces se hicieron significaban una nueva promoción de la nobleza y un sacrificio importante para la monarquía.

El regente de Portugal ofreció tropas, pero don Álvaro no las necesitaba. A una señal, el príncipe de Asturias —se le hizo entrega oficial de este principado el 3 de marzo de 1444— alzó su bandera por la libertad del rey. El conde de Niebla expulsó a los aragoneses de Andalucía y fue premiado con el título de duque de Medina Sidonia (17 de febrero de 1445). Situándose entre Burgos y Ávila, núcleos lunistas, el rey de Navarra retuvo a Juan II al abrigo de los muros de Portillo. El 15 de junio de 1444 el monarca castellano consiguió escapar de esta prisión. Juan de Navarra huyó hacia la frontera mientras, a sus espaldas, se derrumbaba el poder de su partido. La enhiesta Peñafiel sucumbió el 16 de agosto tras un mes de combates.

El rey de Navarra comunicó estos sucesos a Alfonso V esperando como en 1429 una intervención decisiva. Pero el Magnánimo, absorto en la empresa de Nápoles, se redujo a enviar embajadas que no podían obtener otra cosa que compensaciones pecuniarias por los bienes perdidos. Tras una tregua de cinco meses, el rey de Navarra decidió jugarlo todo a la carta de la guerra invadiendo Castilla (marzo de 1445). Acababan de morir sus dos hermanas, Leonor y María, y don Álvaro de Luna estaba proponiendo al duque de Coimbra —que anunciaba un refuerzo de mil hombres de armas y mil ballesteros— el matrimonio de su rey con una hija del infante don Juan de Portugal. La invasión proporcionó, al fin, a don Álvaro de Luna la coyuntura que tantas veces buscara sin éxito: el 19 de mayo de 1445 los aragoneses fueron vencidos en Olmedo. Batalla muy breve y poco sangrienta —22 muertos—, pero que proporcionaba al condestable la aureola de la victoria en el campo. El infante don Enrique falleció luego a consecuencia de las heridas.

La oposición del príncipe de Asturias

La alianza castellano-portuguesa parecía ya el eficaz remedio contra la hegemonía de Aragón. Don Álvaro de Luna aceleró las negociaciones para el matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal, que habría de consolidarla. La victoria de Olmedo era, para él, más precaria de lo que en principio pensara. El príncipe de Asturias se retiró a Segovia encabezando un nuevo movimiento de oposición al que se sumaron, desde luego, los comprometidos de Rámaga, temerosos del castigo. Hubo que perdonar incluso al almirante y al conde de Benavente. Mientras don Álvaro escalaba el ansiado maestrazgo de Santiago, don Juan Pacheco se convertía en marqués de Villena y su hermano, Pedro Girón, lograba el maestrazgo de Calatrava. No uno sino dos poderes venían a erigirse en Castilla.

Entre ambos poderes se suceden, en plazo de veinte años, los acuerdos que no se cumplen, pero que implican el traspaso de rentas, castillos y señoríos al ambicioso marqués de Villena. Se comprende la desesperación de don Álvaro: cuando lograba, al fin, batir a sus contrarios en el campo de batalla, se le arrebataban los frutos de la victoria. La liga de nobles levantaba nuevamente cabeza teniendo ahora como jefe de nombre al futuro rey. El 14 de mayo de 1446, en la primera o segunda de las concordias, en Astudillo, se reconoció a Pacheco el mismo nivel en la gestión de asuntos que al flamante maestre de Santiago. Este último trató de recobrarse dando especial relieve a la boda de Juan II con Isabel de Portugal (Madrigal, 22 de julio de 1447), que traería al mundo a Isabel la Católica, y abriendo las hostilidades en Granada y en Aragón. Dos pretendientes, Muhámmad X e Ibn Isma‘il (el rey Ciriza de los cronistas cristianos) disputaban el trono en Granada. Don Álvaro protegió al segundo, pero su mala fortuna quiso que los castellanos sufriesen pérdidas importantes —Benamaurel, Benzalema, los dos Vélez, Huáscar— en la frontera. Tampoco sus otras maniobras parecen haber tenido éxito. La guerra con Aragón costaba dinero, sin gloria ni brillo. Y la nueva reina, Isabel, mostró adversión muy clara al absorbente valido.

La marea del malestar crecía. Los procuradores de las ciudades protestaban de las dificultades económicas y los consejeros del príncipe aprovechaban la ocasión para sembrar insidias. Tampoco las Cortes aragonesas parecían dispuestas a sostener con dinero las aventuras del lugarteniente real. A impulsos de la desesperación que le dominaba, don Álvaro de Luna tomó una decisión fatal: aprovechando una nueva reconciliación con el príncipe (Záfraga 11 de mayo de 1448) dio un golpe de estado en todo semejante al de Rámaga prendiendo a los más conspicuos miembros de la liga de nobles. Otros huyeron a Aragón.

De Záfraga al Cadalso

El golpe de Záfraga era una locura. Levantaba contra el condestable a toda la nobleza sin darle a cambio la menor plataforma de partido. El acuerdo con el príncipe resultó tan fugaz como todos los anteriores y, en el escenario político castellano, hizo resaltar, agigantada, la figura del tirano. Desde 1448 don Álvaro estaba condenado; con nada menos que con su muerte se contentaría la nobleza. Pero siendo hombre de extraordinaria vitalidad política, resistió casi cinco años de increíbles argucias y sutil inteligencia. El condestable trató de estrechar sus relaciones con don Pedro de Portugal (Ledesma, verano de 1448), pero esta amistad con el duque, que acababa de perder la regencia, más podía ser perjuicio que beneficio. Los desterrados, en Zaragoza, ya que no lograban mover al rey de Navarra a una directa intervención, trabajaban para reconstruir la liga de nobles, con ayuda económica de los aragoneses. Murcia se pasó íntegramente a los rebeldes. Toledo se sublevó. Numerosas fortalezas del Duero se lanzaron a la revuelta.

En enero de 1446 Alfonso V fue declarado mayor de edad, pero consintió en que el duque de Coimbra siguiese a cargo de los asuntos de estado. Fue ahora cuando se realizó la primera gran codificación legislativa llamada Ordenaçoês Afonsinas. Pero los enemigos del regente, duque de Braganza, conde de Ourem, arzobispo de Lisboa, avivaban en Alfonso V la memoria del despojo de su madre. En mayo de 1447 el rey consumó su matrimonio con Isabel, hija de don Pedro; pero antes de esto había ordenado a su suegro que dejase el gobierno. El duque de Braganza, triunfador en aquel momento, dio rienda suelta a largos años de rencor mal dormido, despojando en todas partes a los oficiales que nombrara su hermano. El infante se retiró a Coimbra (julio de 1447). Contra él se alzaron calumnias que le presentaban como usurpador. A pesar de las voces defensivas —entre ellas las del infante don Enrique y las de uno de los hijos del duque de Braganza, Fernando—, Alfonso V prohibió al ex-regente volver a la Corte. El hijo del duque, llamado también Pedro, fue despojado del honor de condestable. Se cursaron órdenes para que entregase todas sus armas y despidiese a sus hombres. Cuando don Pedro prohibió al duque de Braganza el paso por sus tierras con gente armada, Alfonso V dispuso la confiscación de sus bienes. Fracasaron los esfuerzos de la reina Isabel para lograr un entendimiento entre su marido y su padre; era éste demasiado orgulloso para doblegarse. El recurso a las armas le fue fatal: en Alfarrobeira (20 de mayo de 1449) sufrió derrota y muerte.

Alfarrobeira es el canto funeral que anuncia el próximo desastre de don Álvaro de Luna. Sus enemigos —el conde de Benavente, el marqués de Villena— por caminos distintos intentaron ganar para sí la preciosa amistad portuguesa, ahora vacante. El rey de Aragón prometió apoyo a los nobles para una arremetida final contra el «tirano». Así nació la gran liga de Coruña del Conde (26 de julio de 1449). El marqués de Villena, poniendo arena bajo las ruedas, obligó a los coaligados a marchar despacio. Tenía una mano en cada bando y sujetaba con firmeza al débil príncipe heredero. Por otro lado, el comienzo de las discordias entre Juan de Navarra y su hijo el príncipe de Viana permitió otro respiro. De corta duración, sin embargo. Aquella lucha sin esperanzas no podía prolongarse a menos que, en la Corte, existiera decidida voluntad de autoridad y ayuda. Cuando la reina Isabel decidió unirse al coro de enemigos, el condestable fue derribado. El 3 de abril de 1453 Juan II firmó la orden de prisión contra don Álvaro, la cual fue ejecutada al día siguiente.

Los dos últimos meses de vida del condestable guardan misterios ocultos: no sabemos si Juan II tenía la intención preconcebida de darle muerte o si obedeció a un impulso de cólera por la resistencia de Escalona; los jueces nombrados para procesar al valido respondieron que podía ejecutársele por mandato del rey, pero no por sentencia; las enormes riquezas que al ministro se atribuían, no fueron halladas nunca. Don Álvaro murió degollado en Valladolid el 3 de junio de 1453. Por este mismo tiempo el príncipe heredero don Enrique lograba una muy sospechosa sentencia de divorcio por impotencia, que le permitía separarse de Blanca de Navarra y entrar en negociaciones para una nueva unión con Juana de Portugal, hermana de Alfonso V. Juan II murió el 21 de julio de 1454.

XXXVIII

ENRIQUE IV, LA NOBLEZA Y LA REVOLUCIÓN CATALANA

Alfonso V, Emperador del Mediterráneo

En todas las grandes cuestiones que sacudieran a Castilla y Portugal, Alfonso V de Aragón estuvo ausente y su falta produjo, sin duda, efectos sensibles. El 26 de febrero de 1443, haciendo su entrada en Nápoles, sintió que comenzaba para él una etapa —imperialismo napolitano mediterráneo, según Soldevila— que habría de llevarle a la hegemonía sobre Italia y a quién sabe qué gloriosas empresas. Apátrida —añade Vicens— se desinteresó tanto de la crisis catalana como de los asuntos castellanos que interesaban a su propia familia. Seguramente le asaltaron dudas acerca de la necesidad de regresar a la Península, pero este proyecto, si le hubo, tropezaba con la áspera necesidad de combatir a Francisco Sforza, que sostenía las Marcas con ayuda de Visconti de Milán. Cuando llegó a él noticia del desastre de Olmedo, estaba interesado en proyectos sugeridos por su yerno, Lionel de Este, duque de Ferrara, aspirando a la monarquía sobre toda Italia. De cualquier modo hubiera sido demasiado tarde para rectificar.

Hasta su muerte en 1458 Alfonso V, aquejado por dificultades económicas muy normales en el siglo XV, perseguirá estos sueños. No quiso incorporar Nápoles a la Corona de Aragón, sino que hizo reconocer a su bastardo Ferrante como heredero. La muerte de Eugenio IV (23 de febrero de 1447) y la elección posterior de Nicolás V, que le era muy favorable, alentó sus aspiraciones. Los agentes aragoneses elevaron la bandera de su rey en Milán al día siguiente de la muerte de Felipe María Visconti (13 de agosto de 1447). Ni el patriciado ni las condottas se prestaron a este juego y fue el propio Sforza quien acabó apoderándose del ducado. Milán y Florencia, unidas, resistieron con la ayuda decisiva del rey de Francia. En frente, los aragoneses constituían una vasta alianza, con Venecia y los estados menores, Saboya, Monferrato, Mantua y Ferrara.

Se iba rápidamente hacia una internacionalización del conflicto. Carlos VII podía resucitar las aspiraciones angevinas —en 1452 llegó incluso a proyectar una expedición a Italia— y los castellanos, aliados tradicionales de Francia, no iban a ver esta expedición con malos ojos. Alfonso V, que añadía a sus sueños el de capitanear la defensa contra los turcos, usaba ahora de los resortes familiares de los Trastámara: su sobrina Leonor, hija de Duarte de Portugal, casada con el emperador Federico III, podía traerle, como precioso regalo, el vicariato imperial sobre Italia. La visita del emperador a Italia fue, para Alfonso, un triunfo. Pero las tropas francesas, guiadas por Renato de Anjou, cruzaban ya los Alpes (mayo de 1453) contra el usurpador tiránico al que podía presentarse como un peligro para la paz. Alfonso V, con un déficit en el erario de más de dos millones de ducados y sin esperanza alguna de obtener nuevos socorros de la agotada Cataluña, abrazó la causa de la paz obligando prácticamente al Papa a convocar un Congreso del que salió el tratado de Lodi (9 de abril de 1454). El peligro francés quedaba conjurado, pero los sueños alfonsinos se disiparon: en el sistema de Lodi se le asignaba exactamente el mismo papel que a los demás. Al menos, Alfonso V conservó sus manos libres frente a Génova, que estaba decidido a destruir; en esta tarea tenía toda la simpatía de los catalanes. Génova acudió al procedimiento de entregarse al rey de Francia (24 de junio de 1458), tres días antes de la muerte del soberano aragonés. Tal era su herencia: una terrible rivalidad entre los dos grandes dominadores del Pirineo. En el último instante, Alfonso V percibió cuál era el medio de detener a Francia por alianza entre las grandes potencias, Milán, Nápoles, Venecia y Florencia; éste es el punto de partida de Fernando el Católico.

El malestar catalán y la cuestión de Navarra

Todo el poder, aparente y colorista, de Alfonso V, era ficticio: el nuevo Papa Calixto III —un valenciano de apellido Borja— se le mostraba enemigo; las saneadas rentas castellanas que Fernando I había logrado construir, estaban disipadas; en Nápoles, en Sicilia, en Mallorca, en Cataluña, el pueblo no podía soportar ya el peso del fisco. Desde 1442 los conselleres de Barcelona, asustados de la creciente deuda y aferrados a la doctrina del pactismo, afirmaban que no había otra solución salvo el retorno del monarca; en las Cortes de Barcelona de 1446, convocadas por la reina María para provocar el envío de refuerzos, hubo la más cerrada oposición y ninguna ayuda. El rey tenía que regresar. Fue entonces cuándo Alfonso V tomó dos decisiones que empujaron a la revolución: entregar en Barcelona el gobierno a los buscaires y dar a su hermano Juan II la plenitud del poder.

Con Juan II el problema de Navarra venía a imbricarse con el específicamente catalán. En las minuciosas capitulaciones matrimoniales de éste con Blanca no se había previsto qué sucedería en el caso de muerte de la reina antes que su marido, habiendo de ambos hijos mayores. Demasiado pequeño para su ambición, el reino de Navarra fue prácticamente abandonado por el infante al gobierno de su esposa. Mientras él se entregaba a las banderías castellanas y a las duras tareas que la lugartenencia en Aragón y Valencia le procuraban, el príncipe de Viana, Carlos, nacido en Medina del Campo el 29 de mayo de 1421, iba creciendo. Otra hija de este matrimonio, Blanca, fue la primera esposa de Enrique IV. Aún queda una tercera, Leonor, que abriría a la Casa de Foix las puertas de Navarra.

Dos bandos, enconadamente enemigos, dividían a la nobleza de Navarra, los beamonteses de la Montaña y los agramonteses de la Ribera. Diferencias económicas, de predominio ganadero o agrícola respectivamente, alentaban en el fondo de tal discordia. Cuando murió Blanca, en 1441, los primeros se inclinaron por la solución consistente en reconocer al príncipe de Viana como monarca titular. Juan II pareció desinteresarse de esta cuestión hasta 1450; en lucha entonces con don Álvaro de Luna, vino a Olite, entregó el poder a sus amigos agramonteses y prácticamente despojó a su hijo, que huyó a San Sebastián, al otro lado de la frontera. La movilización castellana en su favor fue lenta, pero unánime: tanto don Álvaro de Luna como el príncipe de Asturias, su cuñado, juzgaban buena política el sostén de su causa. En setiembre de 1451 el príncipe de Viana suscribía los tratados de Puente la Reina y Pamplona, que Juan II tenía motivos para calificar de traición. Aunque los ataques castellanos en la frontera de Aragón fueron peligrosos, Carlos sufrió una derrota en Aybar (23 de octubre de 1451) y quedó prisionero. Juan II nombró entonces a su esposa Juana Enríquez gobernadora de Navarra.

La muerte de don Álvaro de Luna y el divorcio de Enrique de Castilla y Blanca, debilitaron la causa de los beamonteses que seguían resistiendo. En 1453 se emprendieron negociaciones para libertar al príncipe de Viana (24 de mayo) y para poner fin a las hostilidades con Castilla. Una de las primeras tareas de Enrique IV como rey fue la firma del tratado que parecía liquidar definitivamente a los infantes de Aragón. Fueron asignadas rentas de un total de cuatro millones y medio anuales de maravedís. El sacrificio estaba compensado con el recobro de tierras y ciudades, entre ellas Medina del Campo, que afectaban decisivamente al patrimonio real (Almazán 8 de octubre de 1454). Carlos regresó a Pamplona pero las relaciones entre padre e hijo no mejoraron.

El segundo matrimonio de Enrique IV

Los beneficiarios de la nueva situación en Castilla eran don Juan Pacheco, marqués de Villena, y su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava y señor de Peñafiel. Ellos heredaron la política de don Álvaro de Luna mostrándose en todo fieles discípulos del gran gobernante: amistad con Francia (el 10 de julio de 1455 se confirman los antiguos tratados), alianza con Portugal, apoyo sin condiciones al Papa y guerra de Granada, fueron los puntales de la acción exterior en los comienzos del reinado de Enrique IV. El cambio de rey había despertado grandes esperanzas. Desde antes de su ascenso al trono venía don Enrique preparando la alianza portuguesa mediante el matrimonio con una hermana de Alfonso V.

La sorprendente sentencia de divorcio del 11 de mayo de 1453, que deshizo el matrimonio de Enrique y Blanca de Navarra, estaba destinada a demostrar que el príncipe estaba impedido de unión carnal con su esposa, pero no con otras mujeres, para lo cual se apeló al testimonio —real o inventado— de dos prostitutas de Segovia. En aquel momento las negociaciones con Portugal debían de hallarse muy adelantadas, pues el 20 de octubre del mismo año se firmaban los poderes portugueses, el 1 de diciembre Nicolás V concedía comisión para dispensar a los obispos de Ávila y Ciudad Rodrigo con el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, tío del marqués de Villena, y el 21 de este mes se concluía el tratado matrimonial. Otro hecho extraño: el día 13 fue hecha una donación de cien mil florines que, en sacos, se depositaron en casa de un banquero de Medina del Campo.

Muchos puntos oscuros se acumulan sobre este matrimonio que, años más tarde, los isabelinos reputarían por ilegítimo. Las primeras capitulaciones fueron anuladas y sustituidas por otras (Lisboa, 22 de enero de 1455) que se firmaron cuando Enrique ya era rey y en las cuales se reconoció que Juana de Portugal no tendría dote. El 25 de febrero, al confirmar los desposorios que, según él, se habían celebrado en Lisboa por su embajador, el monarca aludió a «ciertas letras apostólicas e procesos sobre ellas fulminados» sin aclarar ya nunca si se había producido la ejecución de la bula de Nicolás V, que, entre tanto, había fallecido. La boda se celebró en Córdoba, en el mes de mayo, y Alfonso de Palencia —su testimonio no puede aceptarse sin maduras pruebas— dijo después que había tenido lugar «sin contar con la dispensa apostólica». De cualquier modo se formulaban dudas acerca de la capacidad genésica del rey.

La presencia de las Cortes en Córdoba se debía a la guerra de Granada, gran asunto nacional que el marqués de Villena impulsaba por las mismas razones de prestigio que movieran antes a Fernando de Antequera y a don Álvaro de Luna. Las operaciones habían sido bien preparadas y con arreglo a un criterio moderno que buscaba el desgaste musulmán y aprovechaba la guerra civil entre Muhámmad X y Abu Nasr Sa‘ad, a quien nuestros cronistas llamaron rey Ciriza. En esta guerra se estaba haciendo famoso el hijo de Abu Nasr, Abu-1-Hassán Alí, futuro rey. Aquel plan, consistente en destruir las cosechas y arruinar la industria de Granada, excluía sin embargo las acciones brillantes de la nobleza. En definitiva, las campañas (1455-1457) tuvieron efectos desfavorables para Enrique IV, a quien sus nobles acusaban de filislamismo y cobardía. Bajo la influencia de su joven esposa, el monarca tendía a distanciarse del marqués de Villena y a elevar otros nuevos valores como don Beltrán de la Cueva o Miguel Lucas de Iranzo, a quien haría condestable en 1458. Pacheco, que recibía mal las dilaciones en su promoción al maestrazgo de Santiago, decidió entonces buscar secretamente la amistad aragonesa.

Las vistas de Alfaro

El marqués y el rey de Navarra se necesitaban mutuamente. A un mismo tiempo Juan II había recibido la lugartenencia de Cataluña —lo que representa ya la entrega total de su próxima herencia— y la noticia de que el príncipe de Viana y los beamonteses habían vuelto a sublevarse. En Cataluña prosiguió la política que iniciara Requeséns de apoyo a la Busca, devaluación del croat, proteccionismo aduanero y estímulo de las reivindicaciones remensas. En Navarra mostró mano de hierro: llamando a Barcelona a su hija Leonor y al marido de ésta, Gastón de Foix, les reconoció como herederos (3 de octubre de 1455). Violentas discordias siguieron. Durante las Cortes de 1454-1458 los miembros de la Biga, fuertes en la Diputación, negaron con energía el derecho de los síndicos de Barcelona porque eran buscaires. En un arrebato de pactismo, los bigaires reclamaban ya para la Diputación poderes ejecutivos, que limitasen los del monarca. Entre tanto el príncipe de Viana marchaba a Nápoles en busca de la protección de Alfonso el Magnánimo.

En estas circunstancias las propuestas del marqués de Villena sonaron agradables en los oídos de Juan II. Hubo una entrevista entre los dos reyes en Alfaro, en la cual firmaron nuevo pacto de seguridad mutua (20 de mayo de 1457); Castilla abandonaba a los beamonteses y el marqués de Villena recibía la seguridad tácita de que ningún apoyo sería dado a sus enemigos desde él otro lado de la frontera. Como de costumbre, pagó mal a sus favorecedores; ni siquiera cumplió la promesa de abonar las rentas debidas al rey de Navarra.

Durante dos años, don Juan Pacheco, aspirante a todo, gobernó despeñando lo que quedaba de autoridad real en la sima de pactos unilaterales con los nobles. Todo era bueno si le hacía persistir en el poder. Destruyó a sus posibles rivales, Miguel Lucas de Iranzo, Fajardo el Bravo, alcaide de Lorca, usando de los recursos de la monarquía en menudas luchas de banderizos, se enfrentó con los Fonseca y trató de redondear sus señoríos recogiendo la herencia de don Álvaro de Luna. Pero la viuda del condestable, María Pimentel, se enfrentó con bravura al valido y casó a su hija Isabel con el primogénito de los Mendoza, que recibieron así los grandes dominios del Infantado de Guadalajara. Lentamente los Mendoza polarizaban una tendencia cada vez más fuerte a oponerse a los caprichos del marqués y a reconstruir la autoridad del rey.

La oposición castellana podía invocar argumentos de interés general. En 1457, al convocar las Cortes, el marqués de Villena indicó a las ciudades los nombres de quienes debían representarlas. Eliminada así la resistencia, los impuestos crecieron. Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, declaró entonces que se había producido un fraude con las sumas recaudadas entre el clero para la guerra de Granada y culpó al mal gobierno del alza de precios. Durante dos años se hizo circular la consigna de constituir una liga de nobles. A pesar de las represalias ejercidas —ocupación de los señoríos de los Mendoza— la liga se constituyó en 1460 y, golpe espectacular, Juan II de Aragón ofreció su adhesión. El marqués de Villena comprendió que se había equivocado y que era ya hora de cambiar de campo.

La prisión del príncipe de Viana

En 1458 había muerto Alfonso V. Sin dificultad, todos los reinos de la comunidad catalano-aragonesa, reconocieron a Juan II. Para éste sonaba la hora de la venganza; los sentimientos de odio que albergaba contra su hijo aumentaron al comprobar que el Parlamento siciliano quería que se nombrase a Carlos virrey perpetuo de la isla y se reconociese su derecho de herencia a la Corona de Aragón; algo semejante reclamaban también los catalanes. Juan II no se atrevió a oponerse a tales demandas, llamó a su hijo y firmó con él un acuerdo (Barcelona, 26 de enero de 1460). En Igualada se entrevistaron sin cordialidad; la atmósfera estaba cargada y los catalanes se inclinaban a considerar al príncipe como símbolo de su libertad. Él, por su parte, no estaba dispuesto a ofrecer gestos sumisos. Cuando Enrique IV, respondiendo al apoyo que Juan II daba a la liga, ofreció a Carlos la mano de su hermana Isabel, futura reina Católica, y éste aceptó en secreto, fue el almirante don Fadrique quien proporcionó a su yerno las pruebas que necesitaba. El 2 de diciembre de 1460, Juan II hizo detener a Carlos en Lérida, acusándole de traición.

Las Cortes, que estaban reunidas en Lérida, bullían de inquietud. Ásperas discordias se habían producido entre bigaires y buscaires por la representación de Barcelona. Juan II decidió disolverlas, pero la Diputación del General, enteramente afecta a la Busca, creó un Consejo «representant lo Principat de Catalunya» (8 de diciembre) y decidió convocar un Parlamento para el 8 de enero siguiente. Oficialmente advertido por los catalanes, Enrique IV intervino con tropas en Navarra, para sostener a los beamonteses, y en la misma frontera de Aragón, que fue invadida. Por segunda vez la liga de nobles castellanos prestó un importante servicio al soberano aragonés: reunidos en Yepes, los rebeldes presentaron exigencias que abarcaban desde el reconocimiento del infante Alfonso hasta la reforma total del gobierno. En Castilla, como en Cataluña, las oligarquías invocaban el pactismo. Y en ambos casos los reyes demostraron su debilidad negociando.

El Parlamento catalán del 8 de enero de 1461 exigió la inmediata libertad del príncipe de Viana, a quien proclamó heredero (6 de febrero) mientras procedía a la prisión de Requeséns y al aplastamiento de los buscaires. Amenazado con una terrible guerra civil, Juan II, casi ciego, hubo de encomendar a su esposa, Juana Enríquez, que negociara (Concordia de Villafranca, 22 de junio) una auténtica capitulación que llegaba a prohibir al rey la entrada en el principado, que gobernaría Carlos de acuerdo con los módulos más extremos del pactismo. Enrique IV felicitó a los catalanes comunicándoles que seguiría la guerra, pero no contra el reino, sino sólo contra Juan II hasta la completa liberación de Navarra. Al término de este juego, el marqués de Villena podía considerarse enteramente vencedor: ofrecía sus buenos oficios al rey para la paz con la liga y a Juan II para la reconciliación con Castilla.

El nacimiento de Juana

El verano de 1461, etapa de exaltación y de esperanzas en Cataluña, fue también de optimismo para el marqués de Villena y su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava, que estaba logrando fuertes aumentos patrimoniales para asentar a sus bastardos, tronco de la gran Casa de Osuna. No consiguieron someter a la liga, pero sí dividirla: los Mendoza volvieron al servicio real y, con ellos, Beltrán de la Cueva, que no tardaría en disputar a Pacheco el primer puesto. Alfonso de Fonseca fue despedido de la Corte y a sus espaldas cargaron todas las acusaciones por el pasado desgobierno. Entonces, entendiéndose secretamente con Juan II, el marqués anunció a Enrique IV que la liga se sometería si se daba entrada en el Consejo al principal de sus miembros, Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo. Enrique aceptó (26 de agosto de 1461); tío y sobrino se habían comprometido a favorecer la causa del soberano aragonés y éste a apoyarles para impedir el crecimiento del poder de la monarquía. Comenzaron a trabajar para detener la acción castellana en Navarra.

Dos acontecimientos importantes vinieron a cambiar el panorama político español. Fue el primero la muerte del príncipe de Viana (23 de setiembre de 1461) a causa de una enfermedad pulmonar que padecía aunque no faltaron rumores de que había sido envenenado. Juan II se mostró prudente, pero envió a su segundo hijo Fernando en calidad de lugarteniente junto con su madre Juana Enríquez. La lucha entre la Biga, dominante en el General sobre todo a causa de la exaltación anti-realista del clero, y la Busca, alcanzó entonces un grado agudo de tensión. Vicens Vives supone que fue un gran error, por parte de Juana Enríquez, apoyar a los buscaires en vez de esperar a que ambos bandos, consumiéndose en la estéril lucha, llamasen al rey. Al producirse un levantamiento de los remensas, pronto extendido a todo el Pirineo, los bigaires denunciaron un supuesto complot realista y alzaron tropas para someter a los campesinos (febrero de 1462). El 11 de abril, después de que la reina y el príncipe se hubieron refugiado en Gerona, los principales buscaires de Barcelona fueron detenidos y algunos ejecutados. El Principado se hallaba en plena revuelta.

El segundo acontecimiento es la venida al mundo de una hija de Juana de Portugal, que algunas malas lenguas dirían más tarde, tal vez sin fundamento, que no lo era de Enrique IV (28 de febrero de 1462). Fue jurada por las Cortes el 9 de mayo y aceptada por los nobles. El rey, más seguro de sus propias fuerzas, concedió a don Beltrán de la Cueva el condado de Ledesma, patrocinó su matrimonio con una hija del marqués de Santillana y le hizo entrar, junto con su cuñado Pedro González de Mendoza, en el Consejo. Neutralizaba así la influencia de los pro-aragoneses con estos pro-franceses que le atrajeron la alianza de Luis XI (16 de marzo).

La rebelión catalana y el arbitraje francés

La iniciativa estaba ahora en manos de Luis XI a quien solicitaban todos los partidos. Gastón de Foix, que esperaba ganar en las aguas revueltas la corona de Navarra, medió entre Juan II y el monarca francés hasta conseguir el tratado de Salvatierra (3 de mayo de 1462) por el cual Luis XI se comprometía a enviar tropas contra los catalanes por un precio de 200.000 escudos que garantizaban la entrega del Rosellón y Cerdaña. Era un sacrificio terrible, pero el monarca aragonés tenía que impedir, como fuera, el cierre del círculo de enemigos y liberar a Gerona, en cuya ciudadela vivían Juana Enríquez y Fernando horas terribles. El 23 de julio los franceses llegaban a Gerona. El mismo día —batalla de Rubinat— Juan II lograba una victoria cerca de Tárrega. Barcelona, combatida a finales de setiembre, resistió, sin embargo.

Preparándose para una larga lucha, los catalanes tomaron el mismo camino que Blanca de Navarra, a punto de morir asesinada por sus propios hermanos: llamar a Enrique IV. Los beamonteses y el Principado le proclamaron rey y él aceptó (13 de noviembre de 1462); el propio Juan de Beamont fue su lugarteniente en Barcelona. Las tropas de Andalucía, que acababan de apoderarse de Archidona y de Gibraltar, tomaron el camino de la frontera mientras otras fuerzas, por mar, llegaban a Barcelona. Juan II hubo de apelar al recurso supremo de apoyarse en los nobles castellanos, dando a Juana Enríquez plenos poderes. Carrillo y Villena consideraban especialmente buena la ocasión para arrojar por la borda a los Mendoza; mientras dificultaban la gestión catalana, convencían a Enrique IV de la conveniencia de aceptar los buenos oficios pacificadores de Luis XI. Así se fraguó, en Bayona, la sentencia arbitral del soberano de Francia (23 de abril de 1463) que fue negra traición por parte de los propios consejeros del monarca. Enrique IV renunciaba a la corona real de Cataluña recibiendo en recompensa la merindad de Estella, que no le fue entregada, y la renuncia a las sumas debidas a Juan II por sus antiguas rentas. Los dos reyes celebraron una entrevista a orillas del Bidasoa y «no se gustaron mucho» dice con suavidad Philippe de Commines.

Era inevitable que Enrique IV descubriera el juego. En un aspecto al menos, las previsiones del marqués de Villena no se cumplieron. Regresando de Fuenterrabía, el rey hizo una jira por Andalucía acompañado solamente por Beltrán de la Cueva mientras don Pedro González de Mendoza presidía en Madrid el Consejo. Buscando la amistad con Alfonso V de Portugal, don Enrique parecía volver a antiguas inclinaciones castellanas. Lo importante era lo que no se decía: Carrillo y Villena se veían apartados y, a principios del 1464, el poder pasaba a manos de los Mendoza.

El fin de Cataluña

Abandonados a su suerte por el irresoluto monarca de Castilla, los catalanes no tenían otra perspectiva que sucumbir. Algunos se inclinaban a negociar con Francia, pero Luis XI demostró bien pronto su intención de anexionar el principado, y prevaleció el criterio de llamar al condestable don Pedro de Portugal, hijo del duque de Coimbra (27 de octubre de 1463). Era un mínimo jefe de estado, capaz de guiar tropas en el campo de batalla, pero desprovisto de los resortes que reclama la autoridad. Nadie siguió a Cataluña en esta aventura descabellada que iba a provocar su ruina: Aragón, Valencia y Mallorca apoyaron decididamente a Juan II que, el 6 de julio de 1464, se apoderaba de Lérida. El 28 de febrero siguiente, cerca de Prats del Rey, los realistas lograron, con una importante victoria, la prisión del conde de Pallars, jefe del ejército de la Generalidad.

Desde Tarragona, Juan II ofreció su perdón a cuantos se rindiesen, prometiendo que confirmaría todos los privilegios y libertades excepto la concordia de Villafranca. Fue un gesto decisivo y políticamente lleno de aciertos: muchos catalanes, no sólo buscaires, sino también patricios o nobles o clérigos se le sometieron y pudo constituirse una Diputación del General afecta al monarca. El 29 de junio de 1465 murió el condestable de Portugal y, con la pérdida de Cervera y el asedio de Amposta y Tortosa, pudo creerse, aquel verano, que la guerra iba a terminar. No fue así. Para daño de Cataluña los cabezas de la resistencia decidieron prolongarla imponiendo penas de muerte y reconociendo (30 de julio de 1466) a Renato de Anjou.

La presencia de las tropas francesas y napolitanas del angevino —«traïció al geni de la terra, a la llarga gesta de dues centúries que havia oposat catalans i angevins en tots els racons de la Mediterrània occidental», según frase de Vicéns Vives— permitió prolongar la lucha, pero arruinó definitivamente a Cataluña. Mientras Gerona era tomada por estos sospechosos aliados, la Taula de Canvi tenía que cerrar por falta de fondos. El comercio se había paralizado por completo. Juan II no se desanimó en ningún momento. Rodaba en su favor, como veremos, la guerra civil castellana y el 18 de octubre de 1469 obtenía el triunfo supremo de casar a su hijo Fernando con la que ya era reconocida princesa de Castilla. El final de la lucha vendría solo, por desgaste: pero al entrar en Barcelona, el 23 de octubre de 1472, el viejo zorro mostró, en la magnanimidad que muy pocos esperaban, toda su enorme capacidad de prudencia. Para estas fechas la importancia de la revuelta catalana había descendido de nivel; el futuro de la Península se estaba jugando en la frontera de Portugal.

Alfonso de Portugal, el Africano

Se mantenían calientes las cenizas de Alfarrobeira. Después de la muerte de su padre el duque de Coimbra, Pedro, condestable de Portugal, a quien los catalanes harían luego rey, anduvo errante varios años por Castilla. Los demás hijos del difunto se acogieron a la protección de su tía, duquesa de Borgoña, con la sola excepción de Isabel, cuyo matrimonio con Alfonso V la libró de las represalias de los vencedores, y de una monja, Felipa, que moriría sin abandonar el claustro de Odivelas. Los Braganza intentaron obtener el divorcio de la reina y fracasaron. De ella nació en 1455 el heredero, Juan, Príncipe Perfeito, que escondería en su sangre todo el resentimiento que las intrigas de la nobleza vencedora y sumadora de dominios había llegado a despertar. Es un símbolo que, coincidiendo con este nacimiento, Alfonso V ordenara trasladar a Batalha solemnemente los restos de su suegro, como le habían pedido el Papa, el duque de Borgoña y el rey de Castilla. Isabel no sobrevivió apenas a esta especie de rehabilitación.

Mezcla de espíritu caballeresco —la empresa africana se le ofrecía como una especie de tradición familiar— y de erudición humanista, el gran soberano portugués era hombre de su siglo. Mientras continuaban las navegaciones, Alfonso V escuchaba los llamamientos de Calixto III que, en 1456, intentaba reunir un ejército que detuviese el avance de los turcos en la Península de los Balcanes. Faltaba el dinero, la expedición fue demorada y, al cabo, definitivamente suspendida. El 30 de setiembre de 1458 Alfonso V embarcó en Setubal para realizar, con las fuerzas que se habían reunido, una campaña en África, como seguramente le aconsejaba el infante don Enrique. En la empresa, que culminó en la toma de Alcázar Seguer (23 de octubre), tomó parte también el condestable don Pedro; hubo por tanto una verdadera reconciliación. Ahora Alfonso era el Africano y el prestigio ganado por él en esta empresa jugó luego papel importante en las luchas civiles castellanas.

XXXIX

LA DIFÍCIL SUCESIÓN CASTELLANA

Rebelión de la nobleza

La entrega del poder a los Mendoza desata en Castilla la última de las guerras civiles. Es importante recordar que los partidarios del rey en aquel momento (1464) son los mismos que diez años más tarde forman el núcleo sustancial del bando de Isabel la Católica. El 16 de mayo de 1464 Carrillo, Pacheco y Girón invitaron a los otros nobles a constituir una liga para evitar, decían, que Alfonso, el infante a quien consideraban como heredero, fuera asesinado y que Isabel, su hermana, llegara a casarse con Alfonso V de Portugal, viudo desde hacía más de cinco años. La liga fue formidable: sus miembros alegaban que la sucesión del reino no podía ser reglamentada sólo por el rey sino mediante consulta y acuerdo a los tres estamentos. Enrique IV aceptó desde el primer momento negociaciones que, artero y confuso, le proponía el marqués de Villena sin advertir acaso que por este camino desprestigiaba su persona y resquebrajaba su trono. Incluso cuando, en reiteradas ocasiones, Pacheco pretendió apoderarse del rey por la fuerza, fracasando siempre, don Enrique se negó a castigarle.

Las cosas rodaron como puede suponerse. El 16 de julio Juan II de Aragón se adhirió a la liga y ésta, en Asamblea solemne celebrada en Burgos (28 de setiembre), casi en remedo de Cortes, presentó sus exigencias: Juana no podía ser considerada como hija legítima del rey y la sucesión correspondía al infante Alfonso. Dramático Consejo el que se celebró en Valladolid. Enrique IV se negó rotundamente a combatir y entabló negociaciones con el marqués de Villena entre Cabezón y Dueñas. La monarquía capitulaba ante la nobleza aceptando un compromiso que obligaba a Alfonso a casarse con Juana (25 de octubre). El monarca creía haber salvado a su discutida hija. Pero apenas entregado el infante a los nobles y jurado por éstos (30 de noviembre), la liga apretó los tornillos revelando un vasto programa político. Una comisión, compuesta de personas de ambos bandos, se reunió en Medina del Campo y elaboró un proyecto de reforma del gobierno enteramente revolucionario.

El documento (16 de enero de 1465), que nunca llegó a cumplirse, es de gran interés. La reforma debía apoyarse en tres puntos: el retorno a la religiosidad tradicional, con medidas coercitivas contra los conversos; respeto para el status de los nobles, que no podrían ser reducidos a prisión sino mediante acuerdo de un consejo que se determinaba; libertad para las ciudades en la elección de sus procuradores y en el cumplimiento de los acuerdos de Cortes. Algunos otros extremos del más puro corte Trastámara, referentes a la justicia y a la moneda completaban el conjunto. Frente a una actitud tan abiertamente contraria a la autoridad monárquica, Enrique IV reaccionó con una voluntad de lucha que parecía ausente de su carácter. Y los nobles demostraron gran falta de unidad; firmaban reconciliaciones aisladas si las ventajas ofrecidas les parecían sustanciosas.

Desde febrero de 1465, declarada por Enrique la nulidad de la sentencia de Medina del Campo, se emprendió la guerra civil. Segovia era la plaza fuerte de los realistas mientras Plasencia lo era de los nobles que, acaudillados por el marqués de Villena, alzaban pendones por el infante Alfonso. Castilla se dividía entre ambas obediencias sin que pudiera trazarse ninguna línea clara de separación. Lentamente los nobles, incluso aquellos que habían recibido del rey mercedes cuantiosas, le abandonaron. El 5 de junio procedieron a deponerle, en una escena vergonzosa fuera de las murallas de Ávila, y proclamaron rey al infante.

El primer Alfonso XII

Enrique IV, refugiado en Zamora, solicitó el auxilio portugués dando prisa a las negociaciones para el matrimonio de Alfonso V con Isabel. La tesis de la ilegitimidad de Juana fue publicada solemnemente por el arzobispo Carrillo desde Peñaflor de Hornija (4 de julio de 1465) y acatada por todos los rebeldes, cuyas fuerzas eran formidables. Pero el tiempo trabajaba a favor del rey, que disponía de los recursos del tesoro de Segovia; no sólo había conseguido llevar a buen puerto las capitulaciones con Portugal (12 de setiembre), que le prometían un ejército en plazo breve, sino que tenía el aliento de las ciudades y sus procuradores. La resistencia victoriosa que opusiera una pequeña villa como Simancas, fue todo un símbolo. El tercer estado veía, en el levantamiento, los aires siniestros de una revolución aristocrática que acababa con las libertades municipales: en Sevilla, en Murcia, en Burgos, en Guadalajara, en Valladolid eran ya los nobles dueños del poder. Para defenderse, el concejo de Segovia estimuló la creación de una Hermandad General, vasto cuerpo de policía ciudadana.

La guerra civil castellana se insertaba en el cuadro de la gran política internacional. Al sumarse Gastón de Foix, yerno de Juan II y rey de Navarra, al coro de enemigos, arrastró a Luis XI al bando contrario a Enrique IV. Éste contaba solamente con la amistad de Portugal y con el importante apoyo moral de la Santa Sede. Para oponerse al enláce de Isabel con Alfonso V, prenda de la alianza, el marqués de Villena decidió casar, de grado o por fuerza, a la pequeña infanta con su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava, hombre de malas costumbres. Isabel estaba asustada: sabía que el rey era bastante débil para ceder y sólo confiaba en sus apresuradas oraciones en que pedía a Dios la muerte. Y la muerte vino, no para ella, sino para Girón, que falleció de enfermedad brevísima el 20 de abril de 1466 en Villarrubia de los Ojos.

El proyecto ambicioso y fracasado del maestre de Calatrava clarificó en parte las cosas permitiendo advertir en los rebeldes dos bandos bien clasificados: los aragonesistas, como Carrillo y los Manrique, eran partidarios de llevar la guerra hasta el fin para destruir a Enrique IV; los moderados no iban más allá de reducir al máximo los poderes y autoridad del rey. También en el bando de este último la división se advertía de tal modo que era siempre mayoría la que se inclinaba a resolver el conflicto por vía de negociaciones. Y en este juego, es indudable, la causa de los Mendoza, restauradores del orden y de la autoridad de la monarquía, salía beneficiada: en agosto de 1466, al tiempo que firmaban una alianza con Inglaterra, reconquistaban Valladolid. Su tarea era dificultada por la propia debilidad del rey, que parecía empeñarse en buscar medios pacíficos para la solución de un problema que se escapaba a su control.

La situación, en el invierno de 1466 a 1467, no puede ser calificada más que de anarquía. Poderosas en sus dominios, cada una de las «grandes» familias aplicaba criterios políticos diferentes a un juego de alianzas cada vez más confuso. Juan II de Aragón decidió entonces que había llegado para él la ocasión de tomar la iniciativa enviando a Castilla como embajador a su condestable de Navarra, el terrible mosén Pierres de Peralta. Ningún partido era considerado a priori como más conveniente; Peralta debía, de acuerdo con el almirante Enríquez y el obispo Carrillo, reconstruir el gran bando aragonés, bien bajo la bandera de Alfonso XII o la de su hermano. Para esto era menester entrar en vía de matrimonios y el monarca aragonés estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Fernando bien para Isabel, bien para Beatriz Pacheco, la hija del marqués de Villena.

Peralta asistió, desde el séquito de Enrique IV —esto es importante— a los acontecimientos finales del reinado fantasma dé Alfonso XII: restablecimiento de los Mendoza en el poder, victoria enriqueña en Olmedo (19 de agosto de 1467), ocupación de Segovia por los nobles (17 de setiembre), llegada del legado pontificio Antonio de Veneris, y nuevo derrumbamiento moral del monarca que aceptó una vez más negociaciones. No hay duda de que los informes del condestable de Navarra sirvieron de mucho a Juan II para elaborar una política, aunque de momento, en aquella suma de conferencias, escaramuzas y reconciliaciones era imposible hallar el hilo conductor. De pronto se produjo el hecho inesperado: murió el joven Alfonso en Cardeñosa (5 de julio de 1468). El cronista Palencia dice que el marqués de Villena le hizo envenenar para asegurar la reconciliación, pero esta noticia no ofrece ninguna garantía.

Los Toros de Guisando

La muerte de Alfonso dejaba a dos muchachas, Isabel y Juana, frente a frente; el camino de la composición matrimonial se había cerrado. Isabel recogió desde el primer momento la bandera de su hermano, pero dando al partido decisiones de lógica aplastante. No se puede querer a un mismo tiempo la corona y su destrucción; por consiguiente rehusó el título de reina que algunos precipitadamente le atribuían y declaró que a ella pertenecía la «sucesión» del reino. Brindaba así la fórmula de compromiso: acatamiento a Enrique IV mientras éste viviera, ascenso al trono después de su muerte y en compañía del marido que, con el consejo del reino, habría de tomar. Una circunstancia vino a favorecerla; se hizo manifiesta la infidelidad de la reina Juana, que huyó de Alaejos para que no se descubriera su avanzada gravidez. Con desdichada lógica, la soberana buscó refugio en casa de don Beltrán de la Cueva, amparándose en los Mendoza que tenían ya la custodia de su hija.

Los moderados dé ambos partidos hallaron aceptable la fórmula isabelina y en junta celebrada en Castronuevo (17 a 25 de agosto de 1468) acordaron la paz. Ésta se confirmó en la entrevista que celebraron ambos hermanos en la venta de los Toros de Guisando el 19 de setiembre. El documento del acuerdo llegado a nosotros, en copia que obtuviera el P. Burriel en el archivo del marqués de Villena, ha suscitado grandes dudas y críticas. Pero es indudable que en Guisando hubo cuando menos dos puntos de concordia: todos los presentes acataron a Enrique IV y reconocieron después a Isabel como heredera. El día 24, en un documento fehaciente, el rey ordenó a todas las ciudades que la jurasen empleando una expresión contundente, «en manera que estos dichos mis reinos no queden sin haber en ellos legítimos sucesores de nuestro linaje», que permitía afirmar la ilegitimidad de doña Juana. Probablemente se tomaron también otras disposiciones, relativas al destino de la reina, al matrimonio de Isabel, con consentimiento y consejo de los grandes, y a las rentas de que ésta, en su calidad de princesa, debía disfrutar.

El matrimonio aragonés

Los Mendoza, custodios de Juana, se negaron a aceptar el pacto de Guisando que invalidaba tan precioso rehén; en su protesta, del 28 de setiembre, insistieron en la legitimidad de su nacimiento, en la del matrimonio de sus padres, en la del juramento que como a sucesora le fuera prestado. Villena, vuelto al poder, tuvo también para ellos una fórmula de compromiso: se casaría a Isabel con Alfonso V de Portugal, según estaba acordado, y a Juana con el hijo de éste, Juan, reconociéndose a la segunda pareja derechos secundarios de sucesión. Pero Isabel no iba a dejarse manejar. Desde mucho tiempo antes sostenía contactos para su matrimonio con Fernando, hijo de Juan II, y Pierres de Peralta tenía ya poderes en tal sentido (21 de julio de 1468). Dos dificultades surgían ante este proyecto: el consentimiento que Enrique IV iba a negar, y la dispensa que el Papa estaba poco dispuesto a conceder.

Parece que el nuncio Veneris subsanó el segundo defecto animando a Isabel a presentar al Papa hechos consumados. En un momento de vacilaciones, los Mendoza dieron a la princesa secreta seguridad de que podía contar con ellos. En enero de 1469 Isabel respondió a las propuestas portuguesas con una rotunda negativa. En Guisando —esto es seguro— se había afirmado que ningún matrimonio se impondría a su voluntad. El marqués de Villena hubo de empezar una vez más las infinitas negociaciones para aunar a la nobleza y quebrar la resistencia de la infanta. Demasiado tarde porque Isabel estaba decidida. El 5 de marzo de 1469 Fernando suscribía las capitulaciones matrimoniales ofreciendo trasladarse a Castilla con cuatro mil lanzas si fuera preciso.

«Saneada su conciencia», según diría más tarde, Isabel se decidió a dar el «salto» de Ocaña, según la acertada expresión de Vicens; justificando ante sus futuros súbditos la conveniencia del matrimonio aragonés, la princesa huyó a Valladolid (30 de agosto) mientras Fernando, disfrazado, iba a su encuentro. El 12 de octubre Isabel comunicó a su hermano Enrique que el príncipe aragonés estaba en Dueñas; se casaron el 18 en las casas de Juan de Vivero de Valladolid, incorporando al acta matrimonial una bula de dispensa falsa sin duda alguna. Consumado el matrimonio era a todas luces evidente que Isabel y su marido habían quebrantado una de las cláusulas de lo acordado en Guisando. En un primer momento, ante la blandura demostrada por Enrique IV, pudieron creer los aragoneses que podría evitarse la completa ruptura que temían. Pero sin duda el pacifismo respondía a una táctica sugerida por Pacheco que, considerando invalidada la concordia de Guisando, necesitaba ganar tiempo a fin de allegar partidarios antes de resucitar la candidatura de Juana.

El partido de Juana

Para oponerse a los aragoneses, el marqués de Villena obligó a su rey a hacer sacrificios: nueva promoción nobiliaria convirtió a los Stúñiga y a los Álvarez de Toledo en duques de Arévalo y de Alba y entregó los diezmos de la mar a la Casa de Velasco. Tenía ya un marido para Juana, devuelta por los Mendoza a cambio de las tierras del Infantado de Guadalajara. Pero el candidato, duque de Guyena —Luis XI estaba muy contento de librarse de este fastidioso hermano—, había sido previamente rechazado por Isabel. El 25 de octubre de 1470, mientras los príncipes, expulsados de Valladolid, no parecían contar con otra protección que la de sus parientes los Enríquez, se hacía en Val de Lozoya el reconocimiento oficial de Juana como heredera y legítima hija de Enrique IV. Era la guerra civil. Pese a todo, las perspectivas eran más favorables a Isabel que a Juana; declarada una vez ilegítima, iba a ser difícil conseguir que ahora la aceptasen.

De nuevo Castilla volvió a un estado de anarquía, con hechos tan curiosos como el gobierno de Pedro Fajardo en Murcia, que no reconocía ninguna autoridad real. En el bando enriqueño se produjo, sin embargo, un hecho decisivo, el apartamiento de los Mendoza, cada vez más inclinados al neutralismo que anunciaba ya su futuro apoyo a Isabel, y el paso a primer término de don Álvaro de Stúñiga, duque de Plasencia. Pero los intentos, ahora descarados, de la nobleza para apoderarse de enormes dominios —se disputaban los Stúñiga y los Álvarez de Toledo toda Extremadura y los Guzmán y los Ponce de León Andalucía occidental, aspiraban los Velasco a dominar en Vizcaya— despertaban sentimientos populares de resistencia que, en Fernando e Isabel, veían su única esperanza.

Nada de esto favorecía a Juana. Ninguna acción de guerra fue emprendida contra los príncipes que, pasado el gran bache de 1470 estaban recibiendo nuevas adhesiones. A menos que se les destruyese a tiempo, acabarían por imponerse. Pero ni el duque de Guyena hizo el menor gesto para trasladarse a España ni Enrique IV pensó en otra cosa que encerrarse en Segovia en úna prudente defensiva. Fue cosa fácil para Fernando obtener a través del cardenal Rodrigo Borja un capelo para don Pedro González de Mendoza ganándose dé este modo la adhesión de todo este poderoso clan (1471). Pacheco, desilusionado de su candidato francés, estaba pensando ya en un matrimonio portugués, con el mismo Alfonso V que Isabel rechazara, sin comprender que con ello sumaba desprestigio a su propio partido. Y, mientras tanto, Juan II lograba una gran alianza, con Borgoña e Inglaterra, en la cual hacía entrar a sus hijos a quienes cediera la corona de Sicilia a fin de que pudiesen usar título real.

Fernando e Isabel encarnaban ya el principio de la restauración del poder real, mientras Pacheco seguía representando las antiguas tendencias nobiliarias de debilitamiento de la autoridad. Entre ambos partidos la Casa de Mendoza —que arrastraba a sus parientes Velasco y Beltrán de la Cueva— poseía la fuerza suficiente para inclinar la balanza en favor de aquel bando que prefiriese. Pero los Mendoza habían hecho ya su elección y preconizaban el restablecimiento de la autoridad: en el presente Enrique IV y en el futuro Fernando e Isabel. Segovia, depósito de un tesoro muy considerable, podía ser la clave del futuro; en ella el mayordomo Andrés Cabrera tenía todo el poder.

La proclamación de Isabel

La capitulación de Cataluña (16 de octubre de 1472), aumentando el prestigio de Juan II, incidió sobre la fortuna de los príncipes. Pese a los esfuerzos del marqués de Villena —bastardeados siempre por la codicia personal demasiado pública— el partido de doña Juana era débil. Alfonso V parecía desinteresarse del matrimonio y un candidato que buscara el conde de Benavente, Enrique, llamado Fortuna, hijo del infante de Aragón que fuera maestre de Santiago, carecía de los menores requisitos para ser aceptado. Mientras tanto, Juan II invadía el Rosellón (enero de 1473) despertando el entusiasmo de la población catalana y Fernando abandonaba Castilla por primera vez desde su matrimonio para llevar a su padre un auxilio de 400 lanzas que obligarían a los franceses a firmar una paz (17 de setiembre) con reconocimiento de la soberanía catalana sobre los condados.

Pacheco cometió el error decisivo: aprovechando la agitación contra los conversos, intentó provocar en Segovia un levantamiento y arrojar de ella a Andrés Cabrera. Los Mendoza revelaron el plan, que fracasó. Entonces Cabrera, aprovechando los buenos oficios de su mujer, Beatriz de Bobadilla, antigua servidora de Isabel, invitó a ésta a trasladarse a Segovia a fin de lograr, ausente Fernando, una reconciliación. Isabel llegó a Segovia, sola, el 27 de diciembre de 1473; hacía nueve días que Fernando regresara con aura de vencedor y había dado su consentimiento al proyecto de Cabrera. Se produjo una curiosa situación: Isabel y Enrique IV pasearon juntos por las calles de Segovia, en donde Fernando fue recibido el 1 de enero. Pero las negociaciones no cristalizaron en acuerdo concreto. Desde el 6 de enero de 1474 comienza la última enfermedad de don Enrique.

El futuro parecía asegurado. Con ocasión de una querella de familia entre Manrique y Pimentel, Fernando intervino a favor de los primeros —en realidad en apoyo de los Mendoza que habían sido insultados— y recibió el homenaje oficial del marqués de Santillana (mayo de 1474). Hubo, desde entonces, una cadena de adhesiones bastante fluida; eran muchos los que, adivinando el triunfo de Isabel, no querían perder el carro de los vencedores. Sin embargo, el arzobispo Carrillo, que de ningún modo toleraba la convivencia con el cardenal Mendoza, se sintió traicionado y comenzó secretos contactos con Pacheco para «fabricar» en Juana una nueva reina, lo mismo que antes —imaginaba— había podido hacerlo con Isabel. Todos sus proyectos estaban todavía soterrados cuando, sucesivamente, se produjeron tres hechos de importancia: la invasión francesa del Rosellón, que obligó a Fernando a volver junto a su padre, la muerte del marqués de Villena (4 de octubre de 1474), a quien sucedía en honores y cargos, pero no en capacidad para la intriga, su hijo Diego López Pacheco, y el fallecimiento del propio rey Enrique IV, en Madrid, el 12 de diciembre. Sin apresurarse, el cardenal Mendoza rindió el postrer homenaje al difunto, condujo su cadáver a Guadalupe y vino luego a Segovia a colocarse a las órdenes de Isabel.

Isabel había sido proclamada reina el 13 de diciembre. Casi todas las ciudades del reino —con la excepción de aquellas que detentaban el marqués de Villena y sus escasos partidarios— se apresuraron a reconocerla. No hubo, en cambio, proclamación de doña Juana en parte alguna. Incluso Zamora, capital futura del juanismo, prestó homenaje a los aragoneses. A esta facilidad aparente en la sucesión contribuyó mucho la actitud de la mayor parte de la nobleza, que deseaba poner fin a la anarquía reinante desde hacía diez años, restaurando la autoridad real y, al mismo tiempo, consolidando unas ganancias de rentas y dominios que la convertían en árbitro del reino. El 24 de diciembre de 1474 el cardenal Mendoza, el condestable Velasco, el almirante Enríquez y el conde de Benavente firmaron un pacto, al cual se adhirió luego Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, comprometiéndose a mutua ayuda en la conservación de sus dominios y al servicio leal a la reina Isabel. De este modo se garantizaba el tránsito de la situación política del reinado de Enrique IV a la nueva de Isabel y Fernando.

La sentencia arbitral de Segovia

El arzobispo Carrillo y los Manrique se sintieron defraudados: ellos, los leales de la primera hora, iban a ser colocados al mismo nivel que los servidores de Enrique IV. Cuando regresó Fernando —el 31 de diciembre de 1474 estaba en Turégano— hubo de sufrir las denuncias de quienes presentaban lo sucedido en Segovia como una maniobra destinada a eliminar al príncipe de las funciones de gobierno. Los aragonesistas, sin acordarse de otros precedentes castellanos —o recordándolos demasiado— afirmaban que sólo a los hombres corresponde el ejercicio de la autoridad. Es posible que las encontradas opiniones diesen motivo a pensar que se había producido discordia entre ambos esposos. En realidad Fernando e Isabel se redujeron a confiar al arzobispo de Toledo y al cardenal Mendoza la tarea de redactar un documento en que se fijasen las condiciones en que cada uno habría de usar del poder real. A este documento, que los reyes confirmaron el 15 de enero de 1475, se ha llamado sentencia arbitral o concordia de Segovia.

La sentencia arbitral no esconde, como a menudo se ha dicho, reticencias de la reina. Es el primer esfuerzo —luego seguirán otros muchos— para crear una forma de gobierno conjunto. De ahí la expresión «el rey y la reina» que servía incluso a Pulgar para sabrosas anécdotas. Pero el ejercicio de la justicia o el mando del ejército o el destino que habría de darse a las rentas después de atendidos los cargos, eran funciones que los dos soberanos podían y debían ejercer juntos o separados según las circunstancias lo exigiesen. Los nobles presentes juraron y acataron esta sentencia, y los reyes, inmediatamente, comenzaron a gobernar de acuerdo con ella reforzando la autoridad del Consejo, que poblaron de personas fieles, siguiendo en todo lo que ya era tradición de los Trastámara.

Transcurridos dos meses desde la muerte de Enrique IV, Fernando e Isabel podían creer que la corona les pertenecía con firmeza. Tan sólo dos linajes, los Stúñiga y los Pacheco-Girón, se mostraban enemigos y, aunque poseyesen extensos dominios como el marquesado de Villena y el maestrazgo de Calatrava, no eran suficientes para destruir el orden establecido. El joven Pacheco, que carecía de las tortuosas dotes de su padre, había entrado en negociaciones con Isabel, supeditando su sumisión a un arreglo del futuro de la infeliz Juana, que quedara encomendada a su custodia. Fernando e Isabel querían que «la muchacha» —acababa de cumplir doce años— les fuese entregada hasta que, por acuerdo de los grandes, pudiera casarse. Villena exigía que el matrimonio tuviese lugar antes de la entrega. Dos circunstancias confluyeron a impedir el éxito de estas negociaciones: Alfonso V estaba decidido a defender los derechos de su sobrina; Alfonso Carrillo se apartó del bando de los reyes para inclinarse a la rebelión.

IV

LA UNIDAD ESPAÑOLA

XL

LA GUERRA DE SUCESIÓN

Ruptura de hostilidades

Al enarbolar Alfonso V la bandera de doña Juana convirtió la cuestión sucesoria en una lucha entre Aragón y Portugal, con sendos bandos, muy desiguales en potencia, en el interior de Castilla. En la Corte portuguesa eran muchas las voces que se alzaban contra el proyecto de guerra, defendido calurosamente por el príncipe don Juan que, en Isabel y Fernando, veía personificarse las familias enemigas de su madre. Fue un hecho decisivo la deserción de Carrillo, ejecutada el 20 de febrero de 1475. Sobre un mapa, la distribución de fuerzas parecía bastante equilibrada: los aragoneses controlaban la mitad norte del país y eran muy débiles en el sur. Pero la confusión reinante era tan grave que cada bando podía ejercer acciones perturbadoras incluso en aquellas zonas que su adversario reputaba como más seguras. Sobre todo la actitud de sectores muy amplios de la nobleza era movediza; la mayor parte esperaba tan sólo una coyuntura para inclinarse del lado del vencedor.

La cuestión sucesoria castellana se insertó en el juego de la política internacional de Occidente. Juan II, que era irreconciliable enemigo de Francia a causa del Rosellón, había constituido, con Inglaterra, Borgoña y Nápoles una gran alianza antifrancesa a la que Fernando e Isabel quedaron incorporados. Los Mendoza hubieran preferido salvar la alianza franco-castellana, tradicional a los Trastámara, pero era imposible que Fernando reconociese como legal la ocupación militar del Rosellón que, contra todo derecho, Luis XI estaba llevando a cabo. Ambas partes estaban interesadas en diferir las cuestiones a fin de ganar tiempo. El 2 de abril de 1475 Juan II firmó una tregua de seis meses resignándose a la pérdida temporal de sus condados. El plan de los jóvenes monarcas castellanos era simple y eficaz: usar de la gran alianza para retener a Luis XI tras sus fronteras, vencer a los portugueses aisladamente y replantear la cuestión rosellonesa después de esta victoria.

Seguramente Isabel fundaba algunas esperanzas de detener la acción portuguesa en sus parientes los Braganza. En los últimos días de febrero, confirmada la deserción de Carrillo y la presencia de Lope de Alburquerque en Castilla para inducir a los nobles a proclamar a doña Juana, tales esperanzas se disiparon. Al menos, Fernando obtuvo entonces la reconciliación con su primo Enrique, el llamado Fortuna, aspirante a la mano de Juana, que será luego uno de los principales colaboradores del reinado; trajo la fidelidad de la poderosa Casa de Benavente. Un mensajero portugués anunció en Valladolid que Alfonso V había decidido casarse con Juana y reclamaba, por tanto, la corona. Fernando organizó en esta ciudad un torneo como si quisiera alardear de tranquilidad; pero el lema que escogió en esta fiesta fue «como yunque sufro y callo por el tiempo en que me hallo». Medidas apresuradas, no todas correctas, se adoptaron en esta ocasión. Fernando creía en la eficacia de una inmediata acción resolutiva. Isabel era probablemente más cauta y, preparándose para una guerra larga, entregó el 28 de abril plenos poderes a su marido.

La invasión portuguesa

A mediados de marzo de 1475 estalló en Alcaraz, señorío de Diego López Pachecho inmediato al marquesado de Villena, un movimiento popular que, proclamando los derechos de Isabel, pugnaba por volver la villa a realengo. Acudieron los isabelinos desde la Mancha y desde Murcia y la conquistaron (10 de mayo). Este hecho cortó los últimos lazos que ataban al marqués con la Corte e influyó acaso en el mal sesgo que tomaron las conversaciones con el orgulloso y testarudo Carrillo. Isabel había descendido hasta hacer un viaje a tierras del arzobispo para ofrecerle amistad franca; pero Carrillo respondió al condestable Velasco que si la reina entraba en Alcalá por una puerta, él saldría por otra (17 de mayo). Siempre en su papel de fabricante de reyes creía que bastaba con que él reconociese a doña Juana para que fuese suya la corona. Isabel, que conocía su soberbia, le ganó por la mano apoderándose de Toledo (20 de mayo).

Los portugueses se concentraban en Arronches. Frente a ellos, Fernando el Católico convirtió a Badajoz y Ciudad Rodrigo en bases fuertes que cerrasen camino a la invasión. El 10 de mayo Alfonso V cruzaba la línea fronteriza desfilando ante las murallas de Alburquerque. Fernando hizo una breve excursión por tierras de Salamanca y Zamora a fin de asegurar la lealtad de sus partidarios impartiendo órdenes para que fuesen confiscados los bienes a sus enemigos. Ello no obstante, tuvo que admitir la inexpugnabilidad de dos bases, Toro y Castronuño, que se brindaban a los portugueses en el curso medio del Duero. Mientras tanto, en Plasencia, se hacía la proclamación oficial de Alfonso y Juana como reyes de Castilla (25 de mayo), aunque no hubo boda por esperar la dispensa del Papa. Se redactó entonces un manifiesto dirigido a todas las ciudades, concebido en términos defensivos. Muy pocos respondieron con su adhesión.

La revuelta del castillo de Burgos, conocida por Fernando a su regreso a Valladolid, a principios de junio, impulsó sus planes de arriesgar toda su causa a una sola batalla haciendo un llamamiento general. Temía que los portugueses, avanzando desde Plasencia, hicieran el encuentro con los rebeldes de Burgos y se apoderasen de la ciudad, que era leal pero se hallaba en posición difícil. Alfonso V procedía con cautela a causa de la desilusión que provocaba la escasez de partidarios. Cruzando el puerto de Béjar vino a instalarse en Arévalo, capital de los Stúñiga, pero antes de marchar sobre Burgos quiso asegurar Toro, cuyo alcázar tenían los isabelinos. Mientras la artillería portuguesa comenzaba a batir el castillo de Toro, Fernando avanzaba desde Valladolid a Tordesillas al frente de un ejército numeroso, pero heterogéneo y sin disciplina (julio de 1475). Mientras estas tropas se movían lentamente, Duero abajo, Alfonso V lograba un éxito contundente al ser recibido en Zamora por Juan de Porras y Alfonso de Valencia; algunas villas, Villalonso, Tiedra, Mota del Marqués, Urueña, San Cebrían de Mazote, declarándose ahora por doña Juana, amenazaron peligrosamente el flanco de los castellanos. Fernando desplegó sus tropas ante Toro (22 y 23 de julio) brindando una batalla que Alfonso V tuvo la prudencia de rehusar, y luego regresó a Tordesillas despidiendo su malaventurado ejército.

Batalla de Baltanás

Dueño de Toro —el castillo hubo de rendirse— y de Zamora, Alfonso V tenía ya las bases fuertes para intentar un plan de campaña consistente en avanzar sobre Burgos, liberar el alcázar y darse la mano con las tropas francesas que Luis XI debía enviar a través de Guipúzcoa. Por su parte los isabelinos adoptaron un plan de dispersión, llevando la lucha a siete sectores distintos: el Duero, Galicia, Burgos, el campo de Calatrava, el marquesado de Villena, Andalucía —único en donde los combatientes pisaban territorio portugués— y el mar, en un intento para cortar las líneas de comunicación con Guinea. Frente al enemigo, una vasta red de posiciones fortificadas intentaba cerrar el camino de Burgos. Para atender a los gastos de una guerra que se prevenía larga fueron tomados el oro y plata de las iglesias.

Excepto en el terreno que pisaba Alfonso V, vuelto a Arévalo, la guerra se deslizaba favorable a Fernando e Isabel. Los juanistas del conde de Camiña estaban en retroceso, el marquesado de Villena se revolvía contra su señor, los marinos andaluces lograban presas lucrativas en la ruta de África, y las más importantes fortalezas de la Orden de Calatrava caían en manos de Rodrigo Manrique y su hijo Jorge. En Extremadura la situación era suficientemente revuelta como para impedir a los Stúñiga prestar auxilio a doña Juana. Con la presencia de Fernando en Burgos (agosto de 1475) el dogal en torno a la fortaleza se apretó. El monarca portugués se vio obligado a ir en su socorro. Un valeroso capitán, Antonio de Sarmiento, vino a Arévalo, atravesando las filas enemigas, para anunciar que la capitulación era inminente.

En la primera semana de setiembre los portugueses pasaron de Arévalo a Peñafiel, cabeza de puente sobre el Duero, que era de los Girón. Isabel se situó en Palencia, vigilando el paso de Quintana mientras el conde de Benavente pasaba a Baltanás. Baltanás fue asaltada y saqueada el 18 de setiembre, y el conde fue preso tras denodada resistencia. Pero esta victoria pírrica causó tal desazón a Alfonso V que, sin continuar su avance, regresó a Peñafiel con sus tropas y de allí a Arévalo. Sin duda Baltanás proporcionó a Alfonso la convicción de que eran engañosas las promesas que se le hicieran y que los nobles castellanos estaban firmes al lado de Isabel. Se conformó con un canje que los reyes aceptaron inmediatamente: las fortalezas de Mayorga, Portillo y Villalba a cambio de la libertad de Pimentel, que fue recibido como un héroe por sus soberanos.

Batalla de Toro

La retirada de los portugueses provocó el descontento de los Stúñiga, cuyo era el castillo de Burgos; en adelante no pensaron sino en la reconciliación con Isabel. Por su parte Alfonso V, que acababa de firmar una alianza con Luis XI (8 de septiembre de 1475), había decidido volver al plan primitivo empleando el invierno en la consolidación de sus bases en el Duero a fin de realizar, en la primavera siguiente, el enlace con los franceses que habrían de atacar en Fuenterrabía. Se adueñó de Cantalapiedra y, el 21 de noviembre, entró en posesión de Mayorga, Portillo y Villalba, rescate del conde de Benavente. Controlaba así la mayor parte de la Tierra de Campos, Pero al pasar a la defensiva, obligado a repartir sus tropas entre guarniciones dispersas, Alfonso empezó a comprobar que desmayaba el ánimo de sus partidarios castellanos y aumentaba en cambio la oposición. Durante el invierno los isabelinos, en vías de recuperación, asestaron duros golpes: tomaron Trujillo (noviembre de 1475), restablecieron un mínimo de orden en el maestrazgo de Alcántara, conquistaron Ocaña y la mayor parte de las villas de Calatrava y del marquesado, arrinconando a Diego López Pacheco y sus primos en Almagro, y dieron en todas partes la sensación de que eran suyas las mejores perspectivas de victoria.

En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1475 el alcaide de la torre del puente de Zamora, Francisco de Valdés, se sublevó contra los portugueses. Fernando, que había sido avisado algunos días antes, acudió con refuerzos y entró en Zamora el día 5, mientras Alfonso V se retraía a Toro. El castillo zamorano, con guarnición portuguesa y abundantes pertrechos, se preparó a resistir. Tal noticia, que destruía las perspectivas de victoria para Juana, aceleró el final del castillo de Burgos, que capituló el 28 de enero de 1476. Pedro y Álvaro de Stúñiga, hijos de un primer matrimonio del duque de Arévalo, pudieron entonces atraer a su padre a una reconciliación; ellos eran isabelinos de la primera hora y podían culpar a su madrastra Leonor, hija del marqués de Villena, de las veleidades rebeldes del viejo prócer. En el clan mismo de los Pacheco se producían defecciones: Juan Téllez Girón, conde de Urueña, pidió perdón. El derrumbamiento parecía inevitable pues el 23 de enero de 1476 los isabelinos habían tomado Villena.

Alfonso V necesitaba de una victoria para detener el proceso desintegrador de su partido. A proporcionársela venía con importantes refuerzos su heredero, el príncipe don Juan; tomó al paso San Felices de Gallegos y Ledesma (febrero de 1476), y llegó a Toro. El 13 de febrero los portugueses emprendieron la marcha sobre Zamora, que asediaron. Dentro de la ciudad, Fernando el Católico se hallaba entre dos fuegos. Pero sus tropas, alojadas en casas y abundando de víveres, estaban en mejores condiciones que las de su enemigo, desgastadas por el terrible invierno castellano. Además se estaban reuniendo nuevas fuerzas en Alaejos por Alfonso y Enrique de Aragón y el conde de Treviño. Cuando estas tropas se movieron, Alfonso V hubo de levantar el campo (1 de marzo) tratando de llegar a Toro. Fernando salió tras él, le alcanzó a la caída de la tarde entre Peleagonzalo y San Miguel de Gros y le causó una derrota más decisiva desde el punto de vista moral que desde el militar.

Fin de la resistencia interior

Con la batalla de Toro se liquida prácticamente la guerra civil. Quedan dos secuelas: una contienda fronteriza con Francia y Portugal, que habrá de durar tres años, y un estado de inquietud interior que habrá de ser aplacado pacientemente por los reyes en una sabia política de conciliaciones que fija en términos jurídicos la relación entre nobleza y monarquía. Cuando se rindió el castillo de Zamora, Alfonso de Valencia fue perdonado. Era una invitación amable a todos los rebeldes. Por su parte Alfonso V se atuvo a una estricta defensiva, desligando su causa de la de los nobles castellanos y mostrándose atento tan sólo a la evolución de los asuntos internacionales. Pero la reconciliación con los nobles por parte de los Reyes Católicos no fue una mera entrega sino larguísimo proceso de menudos acuerdos, los cuales afectan no sólo a los partidarios de Juana sino también a los de Isabel. En una primera fase, coincidente con las Cortes de Madrigal, los soberanos firman tratados con los Stúñiga, los Portocarrero, los Ponce de León y el conde de Treviño, que había combatido denodadamente a su favor.

El pacto con Pedro Manrique, conde de Treviño, significa la libertad del señorío de Vizcaya, patrimonio en adelante de la corona y que se cierra a la expansión señorial (2 de marzo de 1476). Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, fue admitido a reconciliación el 30 de abril confirmándose sus dominios. Los Stúñiga, que firmaron en Madrigal el 10 del mismo mes, tuvieron que renunciar al castillo de Burgos y a la villa de Arévalo, que era patrimonio de la madre de Isabel, pero se les dio generosa compensación en rentas por tales pérdidas. Los soberanos patrocinaron enlaces matrimoniales entre esta Casa y las de Mendoza y Alba a fin de garantizar la paz. A la vista de tales decisiones es indudable que debe desterrarse la idea de que la victoria de Fernando e Isabel fue una derrota de la nobleza.

A acelerar el fin de las hostilidades contribuyó muy poderosamente la idea de que las villas que se declarasen por Isabel serían pasadas a realengo. Así Madrid, cuyos linajes se opusieron al marqués de Villena (marzo de 1476), así Fuenteovejuna, que fue reincorporada a Córdoba por medio de un movimiento popular (23 de abril) que costó la vida al comendador Fernán Gómez de Guzmán, así Atienza, tomada al asalto por una escala que arrojaron desde dentro, así Uclés, en donde fracasaron los intentos de resistencia de Carrillo y del marqués de Villena (mayo de 1476). Estos dos personajes, últimos «grandes» que aún permanecían en pie de guerra, se sometieron también (11 y 17 de septiembre de 1476). En el acuerdo con el arzobispo y Pacheco resplandece la política de la reina enderezada a conservar el status económico de la nobleza mediante asignación de rentas a cambio de las fortalezas que se les arrebatan.

En adelante la guerra parecía haberse simplificado. Para los monarcas castellanos se trataba tan sólo de arrojar a los portugueses de las posiciones que aún ocupaban en el bajo Duero. En abril de 1476, mientras celebraba las Cortes de Madrigal, Fernando emprendía con fuerzas muy numerosas el cerco de Cantalapiedra. Imposibilitado de socorrerla, Alfonso V propuso una tregua (11 de mayo) devolviendo Villalba, Portillo y Mayorga. Definitivamente, el portugués se replegaba. Regresó a su reino para embarcar rumbo a Francia, pues estaba ya convencido de que la única posibilidad residía en un ataque de Luis XI. En su ausencia, Toro fue estrechamente sitiada y aunque la operación sufrió retrasos por la necesidad de Isabel de acudir a Segovia en donde estallara una revuelta contra Cabrera, al cabo pudo completarse con éxito en la noche del 18 al 19 de setiembre. El castillo resistió un mes pero acabó rindiéndose.

La guerra con Francia

Prácticamente la contienda civil castellana concluye con la conquista de Toro por los Reyes Católicos. Pero de ella quedaban, además de las hostilidades abiertas con Portugal, espinosos problemas en la frontera de Francia y de Navarra y malas relaciones con el Pontífice que era necesario resolver. Al tomar la corona, Fernando e Isabel, inscritos por Juan II en la gran alianza occidental contra Francia, se encontraron paradójicamente dueños de un país que era el más antiguo aliado francés. Intentaron entonces jugar con esta alianza para impedir que Luis XI sumase sus fuerzas a las de Portugal. El francés entretuvo negociaciones mientras obligaba a Inglaterra, Borgoña y Bretaña a firmar sendos tratados (1475); luego firmó una alianza con el rey de Portugal (8 de setiembre de 1475) enviando tropas a la frontera. Pero antes de que estas tropas pudieran actuar, Alfonso V había sufrido la derrota de Toro; hubo de olvidarse, pues, el ambicioso plan de hacer la confluencia en Burgos.

Luis XI, que intentaba sin éxito reactivar el bando agramontés en Navarra, lanzó tres grandes ataques contra Fuenterrabía entre marzo y junio de 1476 y fracasó. Sin duda la maniobra que intentaba era tan sólo de apoderarse de algunas fortalezas del País Vasco que le ayudasen a obtener la renuncia definitiva al Rosellón. Por eso había publicado la noticia, probablemente falsa, de que los parientes mayores oñacinos estaban a su favor. Con el dinero que proporcionaron las Cortes de Madrigal y el procedente de un adelanto de dote para Isabel, prometida al heredero de Nápoles, Fernando acudió a la frontera aprovechando la ocasión para jurar los fueros de Vizcaya en Guernica (30 de julio de 1476) y tranquilizar a sus súbditos vascos. El monarca francés, decepcionado, facilitó entonces el viaje de Alfonso V a Francia, usando la flota de Casenove Coulon, a fin de elaborar nuevos planes de lucha.

El 13 de agosto de 1476 Juan II llegaba a Vitoria para celebrar conversaciones con su hijo Fernando. El resultado de las mismas fue una completa aceptación de los puntos de vista castellanos respecto a Navarra, los cuales en modo alguno consentían el abandono de los beamonteses ni la renuncia al protectorado que venía ejerciéndose sobre el pequeño reino pirenaico. El 3 de octubre de 1476 los dos grandes partidos navarros se reconciliaron —bien que por poco tiempo— reconociendo como rey al niño Francisco de Foix, que era, por su madre, nieto de Juan II. Fernando obtuvo derecho a instalar guarniciones castellanas en los puntos principales, incluso en Pamplona. Por este medio, que los Foix podían identificar con el reconocimiento de sus derechos a la corona de Navarra, Castilla aumentaba la presión sobre el pequeño reino comprometiéndole en la prohibición de dar paso a tropas francesas por su territorio.

Toda la negociación había sido llevada por Leonor, hermanastra de Fernando, abuela de Francisco de Foix y propietaria —si se admitía a las hembras— del trono. Pero la madre del príncipe, Magdalena, hermana de Luis XI, que desde Pau presidía el complicado patrimonio de la familia, comprendió que sólo la intervención armada de Francia podía ya salvar a Navarra del absorbente imperialismo de los Trastámara. Hubo cierta alarma, pero Fernando permaneció tranquilo: con Fuenterrabía y Pamplona en sus manos la frontera se hallaba cada vez más segura. Luis XI embrollaba las negociaciones de paz (enero de 1477) rehuyendo la cuestión rosellonesa, pero prolongaba las treguas a fin de evitar nuevas luchas. La muerte de Carlos el Temerario (6 de enero de 1477), frente a Nancy, acabó por decidirle a firmar la paz con Fernando e Isabel para volcar todas sus fuerzas en la frontera del Norte y para impedir que los contactos entre Castilla, Inglaterra y Bretaña, que ya se anunciaban, cristalizasen en una alianza antifrancesa. La paz se firmó en San Juan de Luz (9 de octubre de 1478); la espinosa querella sobre los condados pirenaicos fue soslayada con sólo decir que habría de constituirse una comisión de cuatro personas, dos de cada parte, que arbitrarían una solución. Seguramente nadie creyó en su realidad.

Reconciliación con el Papa

Paz con Francia, alianza con Nápoles, protectorado sobre Navarra, amistad con Inglaterra, Borgoña y Bretaña, tales eran las perspectivas que amparaban las fronteras peninsulares reduciendo el conflicto portugués a unos estrictos límites. Para que el triunfo fuese completo, los jóvenes soberanos de Castilla necesitaban borrar la desfavorable atmósfera que se formara en torno a Sixto IV. Fernando e Isabel heredaban las consecuencias de las malas relaciones del Papa con los monarcas aragoneses del siglo XV; contra ellos trabajaban también los embajadores portugueses, franceses y alemanes que reclamaban el reconocimiento de doña Juana y su dispensa para el matrimonio con Alfonso V. El 21 de julio de 1475 Sixto IV recibió la obediencia de Isabel, pero afirmando que no entendía con ello perjudicar otros derechos, si los hubiera.

El Papa, que necesitaba de las rentas castellanas para equilibrar su hacienda, envió un nuncio, Nicolás Franco, con poderes para lograr, entre otras cosas, una paz negociada entre Castilla y Portugal. Pero la vacante de la diócesis de Zaragoza encendió la disputa: el Papa nombró al cardenal Ausias Despuig, residente en Roma; Juan II quería la mitra para un bastardo de Fernando, llamado Alfonso, que era menor de edad. En medio de la tensión, Sixto IV dio un paso muy grave concediendo dispensa a Alfonso V para casarse con su sobrina Juana. Fernando e Isabel parecían dispuestos a replicar cerrando las vías de acceso de las rentas españolas a Roma. La prudencia de Nicolás Franco y el espíritu religioso de la reina consiguieron, sin embargo, aquietar el conflicto desplazando el terreno de las conversaciones a temas de inquietud espiritual como la amenaza herética, la reforma necesaria del clero, el nombramiento de obispos y la guerra contra el Islam. A su regreso a Roma, en 1478, Nicolás Franco informó al Papa del nuevo ambiente que reinaba en Castilla y logró una plena reconciliación. En diciembre de este año el Papa revocaba la dispensa otorgada a doña Juana. En agosto, previa renuncia del cardenal Despuig, el bastardo Alfonso fue preconizado arzobispo de Zaragoza. Más que las concesiones, importa un aspecto moral: Castilla había vuelto a convertirse en brazo armado de la Iglesia.

Las Cortes de Madrigal y la reorganización de la Hermandad

Después de la victoria de Toro, la política de los Reyes Católicos siguió un nuevo rumbo: a la defensa militar y diplomática acompaña ya el esfuerzo consciente para dotar al reino de un régimen sólido sin abandonar los cauces que, desde hacía un siglo, venían señalando los monarcas de la Casa Trastámara. En las Cortes de Madrigal (abril de 1476) afrontaron dos problemas tan graves como el desequilibrio de la Hacienda real y la restauración del orden público. La reforma de la Contaduría —en adelante habría dos contadores mayores— trataba de poner un freno a la dilapidación de rentas, comprometidas a causa de los muchos juros que se otorgaran o vendieran en los años de inquietud. La Hermandad General, propuesta insistentemente por don Juan de Ortega, prior de Palenzuela, fue algo más que la renovación de esfuerzos fracasados en tiempo de Enrique IV. Auxiliado por Alfonso de Quintanilla, un asturiano contador mayor. Ortega intentaba aplicar a todo el reino la organización paramilitar que poseía una Hermandad, llamada Vieja, constituida desde muchos años antes por los colmeneros y pastores de Toledo, Talavera y Ciudad Real.

El 19 de abril de 1476 los reyes otorgaron en Madrigal el Ordenamiento de Hermandad. Sus alcaldes —un caballero y un ciudadano en cada lugar de más de treinta vecinos— obtenían una jurisdicción contundente en los casos de robo u homicidio en despoblado. Los cuadrilleros, de a pie y de a caballo, se convertían en verdadero ejército interior permanente. En la Junta de Cigales (junio de 1476) se aprobaron las normas para la puesta en pie de dicho ejército. El dinero necesario fue obtenido mediante un impuesto sobre las mercancías, excepto la carne. En Dueñas, al fijar para la Hermandad un plazo de dos años, hasta el 15 de agosto de 1478, se previno la constitución de una Junta Suprema y la división de todo el reino en ocho provincias. Lope de Ribas, obispo de Cartagena, Juan de Ortega, Alfonso de Quintanilla y Alfonso de Aragón, duque de Villahermosa y hermano de Fernando el Católico, asumieron el control efectivo de la institución.

La primera tarea de la Hermandad fue destruir los focos de bandidaje existentes a causa de la prolongada guerra civil. Las Juntas de Santa María de Nieva (setiembre de 1476) y Dueñas (marzo de 1477), comprobando el buen resultado, acentuaron la obligatoriedad de las ciudades. Llegado el plazo que se diera en su nacimiento, la Hermandad no desapareció: fue prorrogada por otros tres años. Más tarde, de prórroga en prórroga, llegaría a consolidarse como institución permanente.

Los acuerdos con la nobleza

La atribución a Fernando e Isabel de una política antinobiliaria, como aún se encuentra en bastantes libros de texto, es un error de que son culpables ciertos cronistas del reinado. Los documentos indican más bien que, intentando desde luego un aumento del poder personal, apoyaron éste en la nobleza haciendo entrar a los poderosos linajes en un régimen jurídico que ponía fin al anárquico crecimiento de casi un siglo, pero que al mismo tiempo garantizaba el status social y económico de la formidable oligarquía. Vencedores en la guerra civil, los monarcas no se dejaron vencer por la fácil tentación de destruir a los nobles vencidos. Ofrecieron, según vimos, a los Stúñiga, a los Pacheco y al propio Carrillo, acuerdos que nadie dudaría en calificar de generosos. Emprendieron con parsimonia su tarea de pacificación sin apartarse nunca de la norma: había que crear nuevos pactos, asiento de un estatuto jurídico.

Los oficiales del rey, como los cronistas, entendían mal esta política y desbordaban sus atribuciones en detrimento de los nobles creyendo así servir a la corona. Ésta fue la causa de que el marqués de Villena y el arzobispo Carrillo se descontentasen, a fines de 1476, temiéndose víctimas de engaños: no se devolvían las plazas ocupadas. La muerte del maestre de Santiago, Rodrigo Manrique (17 de noviembre), encendió más las pasiones. Juan II, desde Aragón, avisó a sus hijos de que creía inminente una nueva rebelión de la nobleza. Ante esta situación Isabel decidió que fuese el propio rey quien tomase para sí el maestrazgo por un plazo de seis años, a fin de pacificarle. De hecho Fernando le conservaría sólo once meses. Pero se había establecido un precedente: las Órdenes Militares eran instrumentos demasiado fuertes como para consentir su independencia.

El descontento de Diego López Pacheco tuvo una consecuencia; no entregó Trujillo, según estaba obligado, y esto encendió discordias que alentaban en Extremadura entre los Monroy y los Stúñiga, peligrosamente cerca de la frontera de Portugal. Las dificultades originadas por la guerra y por malas cosechas actuaban como agravantes. Mientras Fernando combatía hasta reducir todas las posiciones enemigas en el Duero, excepto Castronuño (verano de 1477), Isabel se trasladaba a Extremadura, colocándose en el centro de la inquietud. Con gran energía obligó al marqués de Villena a entregar Trujillo y su ciudadela. Pero, a renglón seguido, demostró al antiguo rebelde que ninguna necesidad tenía de rehenes para conseguir que los reyes cumpliesen las condiciones pactadas. Luego marchó a Sevilla.

Sevilla, la ciudad más importante y rica de toda la Península, sufría de dos agudos problemas: el odio ancestral entre dos linajes, los Guzmán, condes de Niebla, duques de Medinasidonia, y los Ponce de León, marqueses de Cádiz, y la subterránea acción disolvente de conversos y judíos que perturbaban la conciencia cristiana. Río arriba los Aguilar y los Fernández de Córdoba estaban enzarzados también en áspera lucha. En Tarifa, el mariscal Fernandarias de Saavedra disputaba el dominio de esta plaza a Alfonso Enríquez, primo del rey. Isabel hizo en Sevilla gestos de autoridad un tanto teatrales —como cuando administraba justicia los viernes, bajo un dosel—, pero muy útiles para el prestigio de la autoridad. Hubo duros castigos y fueron muchas las personas que abandonaron el reino refugiándose en Portugal, mezclados enemigos políticos y conversos. Cuando Fernando llegó a Sevilla el 13 de setiembre de 1477 fue recibido clamorosamente por el pueblo. Tres días antes, Isabel había impuesto al duque de Medinasidonia un acuerdo que eliminaba el poder del noble sobre la ciudad, pero garantizaba a cambio el enorme patrimonio del linaje. Luego visitaron ambos reyes al marqués de Cádiz en su propio domicilio y convinieron con él una fórmula que garantizaba también la integridad de sus dominios.

Generosidad y perdón que no excluían algunos golpes duros cuando se consideraba necesario. Utrera, en donde Fernandarias quiso combatir, fue tomada al asalto. Pero siempre, en el último extremo, funcionaba la solidaridad de los nobles para impedir la destrucción de cualquier linaje; el propio mariscal hubo de ser admitido a perdón. Coronación de toda esta política, el duque de Medinasidonia y el marqués de Cádiz hubieron de reconciliarse (1 de octubre de 1478) siguiendo órdenes de los reyes.

Durante la estancia en Sevilla, Isabel tuvo su único hijo varón, el infante don Juan, nacido el 30 de junio de 1478 y recibido con enorme entusiasmo no sólo por asegurarse la sucesión del reino cuanto porque, durante mucho tiempo, se había temido que la reina no pudiese alcanzar más descendencia.

Las últimas acciones militares

Desde mediados del año 1477 se advierte un recrudecimiento de la guerra. Alfonso V, que había hecho un viaje inútil a la Corte de Luis XI para conseguir la intervención francesa, regresó a Portugal dispuesto a nuevas actividades en Extremadura y Galicia. Por su parte los castellanos trataban de aprovechar el estado de guerra para discutir el monopolio de las navegaciones oceánicas que ostentaban los portugueses. Este último sesgo tuvo enorme importancia pues despertaba reivindicaciones marítimas que parecían enterradas veinte años atrás. Desde el comienzo de las hostilidades, Fernando se había preocupado de estimular la acción de sus marinos cántabros y andaluces; tenía situada, además, una flota en el Estrecho a las órdenes del valenciano Álvaro de Nava y de algunos otros capitanes catalanes.

La noticia de que los portugueses habían descubierto la Mina de Oro, una costa abundante en el preciado metal, sembró la inquietud entre los marinos andaluces, que iniciaron arriesgados viajes al Sur del cabo Bojador. Los reyes anunciaron que era exclusiva de la corona la concesión de licencias y ordenaron que se percibiese el quinto de los «rescates». Su intención iba más lejos, a constituir una flota con fuerza suficiente para arrancar a Portugal su monopolio. En 1476, lograda una victoria naval en el Estrecho, los reyes dispusieron la salida de su armada, a las órdenes de Charles de Valera. Mal armada y peor organizada, esta expedición fracasó regresando desde Porto Santo sin alcanzar Guinea. Fernando e Isabel no renunciaron a la empresa: compraron a los señores de Canarias, Diego de Herrera e Inés Peraza, el derecho de conquista sobre las islas aún no ocupadas —La Palma, Tenerife y Gran Canaria— y pusieron su atención en el estrecho andén litoral de Santa Cruz de la Mar Pequeña; era evidente que pretendían obtener el acceso a las fuentes de aprovisionamiento del oro. Paralelamente otras expediciones navales fueron enviadas en 1477 y 1478 en dirección a Guinea aunque no conocemos sus resultados.

En 1478 los rumores de que se preparaba una nueva invasión portuguesa se hicieron insistentes. El conde de Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor, penetró efectivamente en Galicia. Casi al mismo tiempo el clavero de Alcántara, Alfonso de Monroy, decepcionado porque el maestrazgo de la Orden se diese a Juan de Stúñiga, se pasó al enemigo. Sus fortalezas de Montánchez, Azagala y Piedrabuena se unieron a las de Mérida y Medellín que tenía Beatriz Pacheco, condesa de Medellín, hermana del marqués de Villena. Los reyes sospecharon incluso que, tras las inquietudes que se producían en el marquesado —y de que eran sus oficiales casi exclusivamente responsables— hubiese una conjuración para restablecer el partido de doña Juana. En el último instante, Isabel salvó una difícil situación declarando que su representante en el marquesado, Fernando de Frías, no tenía órdenes para proceder y consintiendo que una mesnada de nobles —los Mendoza, en ayuda de Pacheco— pacificasen las villas sometiéndolas a su señor. Por otra parte el ejército portugués enviado en auxilio de los rebeldes extremeños, a las órdenes de García de Meneses, obispo de Évora, sufrió una derrota a orillas del río Albuera (24 de febrero de 1479).

La paz de Alcaçobas

La batalla, de escasísimo relieve en el plano militar, permitió a la duquesa de Braganza, tía de Isabel la Católica, ofrecer su mediación y que ésta fuese aceptada. Las dos mujeres se reunieron en la fortaleza de Alcántara el 18 de marzo de 1479 y negociaron los días 20, 21 y 22 de dicho mes sobre cuatro temas que darían origen a los cuatro tratados de que se compone la paz. Los portugueses proponían el matrimonio de doña Juana con el príncipe heredero de Castilla, que aún no tenía un año y que se diese a ambos título de reyes o de príncipes de algún territorio de su corona; que Isabel, la infanta primogénita de los monarcas, casase con Alfonso, nieto heredero de Alfonso V; que se renunciase a la navegación africana, se diese indemnización de guerra y se otorgase perdón a los castellanos desterrados. Isabel, que comenzó exigiendo la devolución de doña Juana a Castilla, donde estaba al comienzo de las hostilidades, acabó condescendiendo a su matrimonio, pero sin otorgar título alguno hasta que la unión fuese consumada, muchos años más tarde. Como garantía de seguridad, doña Juana debía permanecer en tercería en manos de Beatriz de Braganza en una fortaleza que, según insistencia de Isabel, estuviese situada en Portugal.

No hubo acuerdo en Alcántara —a pesar de que a veces se piensa lo contrario— porque Beatriz no tenía poderes para concluir. Las dos mujeres se separaron el 23 de marzo y se produjo una dilación tan grande en la respuesta portuguesa a las últimas propuestas castellanas, que Isabel llegó a temer que todo fuera un engaño. A través de su embajador, Rodrigo Maldonado de Talavera, los Reyes Católicos estaban informados de la situación interior en la Corte de Portugal, donde Alfonso V quería volver a la lucha, incitado por su sentido del honor —la palabra que diera a su sobrina— y por los últimos rebeldes castellanos, mientras el heredero Juan, Príncipe Perfeito, estaba decidido a hacer la paz. Hubo momentos muy vivos de tensión, especialmente cuando los portugueses exigieron un plazo de seis meses para que Juana decidiera abandonar el país o someterse a las capitulaciones matrimoniales. Los castellanos replicaban que Juana era objeto y no sujeto de negociación: Isabel, que no reconocía sus derechos, no trataba con ella, aunque estuviese dispuesta a concertar condiciones en su beneficio. Pero al final cedieron: Juana tendría seis meses para decidir. Y decidió en forma inesperada anunciando que se iba a un convento. Isabel protestó, sospechando un fraude ya que durante el año de noviciado, la «muchacha», como la llamaba, estaría fuera de cualquier poder mientras que el heredero de Castilla, Juan, vendría a instalarse como rehén en una fortaleza de Portugal. También en este punto hubo cesión por parte castellana. Es natural; nada importaba tanto a Isabel como llegar a la paz.

De esta forma se llegó a los tratados de Alcaçobas, cuatro, que se firmaron en un mismo día, el 4 de setiembre de 1479. El más importante de ellos era la renovación de la antigua paz de Almeirim de 1432, añadiendo algunos capítulos para garantizar los derechos portugueses a toda África, exceptuando las Canarias y una estrecha franja litoral que iba del cabo Bojador hacia el norte hasta el límite del reino de Fez. El segundo acuerdo se refería a doña Juana. Algunos historiadores modernos, que no conocieron de las negociaciones previas, han equivocado su juicio creyendo que Isabel ofreció esta disyuntiva: «O te casas o serás monja». Lo que el tratado prevenía —una vez transcurrido el plazo de la elección entre permanecer o irse de Portugal— era tan sólo que, en el caso de que la discutida hija de Enrique IV decidiese abandonar su monasterio, tendría que entrar en tercería a esperar el matrimonio con el príncipe don Juan. El tercer tratado prometía el enlace de la primogénita castellana, Isabel, con el príncipe Alfonso, hijo del heredero de Portugal; en la dote, de ciento seis mil seiscientas doblas se envolvía una cierta indemnización de guerra. Por último un acuerdo especial devolvía a los desterrados sus honores y bienes garantizando el perdón por las culpas pasadas.

Fernando e Isabel se aplicaron inmediatamente al cumplimiento de los acuerdos. Pacificada Extremadura —era imposible que continuase la rebelión— comenzaron a distribuir premios y a ajustar relaciones. Luis de la Cerda fue duque de Medinaceli y Andrés Cabrera marqués de Moya. Álvaro de Stúñiga hubo de cambiar su ducado de Arévalo por el de Plasencia porque Isabel exigía la devolución de aquella ciudad, que era de su madre. Diego López Pacheco, marqués de Villena, acudió rodeado de valedores que no pudiesen ser desoídos: los grandes de Castilla, el propio confesor fray Hernando de Talavera y el espejo de lealtad, Pedro de Baeza, cuyo hermano el tesorero Gonzalo era uno de los hombres de confianza de la reina. Baeza tuvo un gesto teatral: dijo que el marqués le había dado un papel con su firma en blanco sometiéndose de antemano a las condiciones que Isabel quisiera escribir. La reina fue prudente. Dividió el marquesado para evitar en el futuro nuevas rebeliones, pero conservó para Pacheco rentas que pasaban del millón y medio de maravedís al año.

En 1480 no quedaba otro foco de rebeldía que el sostenido en Galicia por el conde de Camiña. Respecto a esta comarca los Reyes Católicos abrigaban el convencimiento de que era necesario aplicar medidas serias. En agosto nombraron gobernador a Fernando de Acuña, hijo del conde de Buendía, y le entregaron poderes y tropas para hacerse obedecer. El arzobispo Fonseca, isabelino convencido, recibió un premio singular, la presidencia de la Audiencia de Valladolid que le alejaba definitivamente de Galicia. Acuña tuvo manos libres para aplicar castigos que, en ocasiones, fueron severísimos. Es un error creer que Galicia da la medida de la política de los reyes; más bien podría considerársela como excepción.

La entrada de doña Juana en el monasterio de Santa Clara de Coimbra, retrasó un año más el cumplimiento de las previsiones del acuerdo de Alcaçobas. Los soberanos de ambas partes se dirigieron al Pontífice para pedir un respaldo al tratado que se apoyaba ahora en el delicado gozne de una profesión religiosa. Mientras dura la espera, se cumplen otros aspectos de la paz tales como el perdón de los comprometidos, la devolución de bienes o la restitución de prisioneros. Hubo algunas fricciones, bastante naturales, y mayores en esta cuestión secundaria que en el reconocimiento del monopolio portugués sobre África. Pero, al concluir el año 1480, Isabel podía felicitarse porque las relaciones con Portugal entraban en vías que eran ya amistosas, como ella deseaba. La muerte de Alfonso V (28 de agosto de 1481) disipó las últimas nubes.

El 15 de noviembre de 1480 doña Juana pronunció sus votos religiosos. La infanta Isabel entró en tercería el 11 de enero siguiente y fue llevada por su tía abuela al castillo de Moura para educarse junto a aquel otro niño que, andando el tiempo, sería su marido. Los cronistas dicen que, en la sosegada paz campesina, se enamoraron recíprocamente. Verdad o deseo, el amor tenía también un papel importante en este giro de ciento ochenta grados que Isabel la Católica quería imprimir al rumbo de sus relaciones con Portugal. En esto no hay duda; fiel a su sangre, la reina deseaba la amistad lusitana y estaba dispuesta a pagar por ella elevado precio.

Las Cortes de Toledo

Es significativo que las Cortes convocadas en 1480 sean las últimas del reinado de Isabel de que conservamos cuadernos. En ellas se acometieron tareas de gran importancia como el restablecimiento de las rentas de la Corona, la regulación definitiva entre nobleza y monarquía en el cuadro de las nuevas instituciones o el camino a seguir en las relaciones con la Santa Sede. La reunión, imprescindible por la necesidad de obtener el juramento al príncipe heredero, fue cuidadosamente preparada durante muchos meses. Se tiene la impresión de que los reyes la consideraban como término de llegada para un proceso de guerra civil. En adelante gobernarán por medio de pragmáticas sin recurrir a ellas como organismo legislativo. Los mismos acuerdos de Cortes apuntaban tan sólo a fortalecer la autoridad real. Las sesiones duraron desde enero hasta mayo de 1480 y asistieron treinta y cuatro procuradores de diecisiete ciudades, tomados siempre de las oligarquías municipales y, en ocasiones, del propio séquito de los monarcas. Es detalle que conocemos bien así como las sumas que se repartieron entre ellos, por real orden, con un montante global de cuatro millones de maravedís. También se les concedió, por una sola vez, derecho a transmitir en herencia sus oficios, contraviniendo la misma ley que acababan de solicitar.

La reducción de los juros ha acaparado la atención de los historiadores. En su sentido estricto, los juros eran derechos otorgados por el rey a particulares para que percibiesen ciertas sumas en determinadas rentas públicas. Durante la guerra civil se había procedido con tanta ligereza —es posible que se haya producido la venta de algunos—, que muchos de estos juros estaban desvalorizados pues sus titulares no podían percibir la suma asignada por la simple razón de que las rentas eran inferiores. Por eso una medida de saneamiento no puede ser interpretada como despojo. Al reducirse el montante nominal a veces se ganaba: habría en adelante seguridad en cuanto al pago. Los reyes, que procedían al mismo tiempo a una estabilización monetaria, fijando el precio del castellano de oro en 480 mrs., esperaban también grandes ganancias, rescatando rentas absolutamente perdidas. El criterio establecido por el cardenal Mendoza, aceptado luego por la reina, respecto al modo en que debía llevarse a cabo la reducción, es muy importante: todos los juros otorgados por servicios verdaderos a Enrique IV y a Isabel, legítimos monarcas, deberían conservarse; los otorgados por el infante Alfonso o arrancados por presión de aquellos soberanos, tendrían que ser rescatados.

En la práctica las reducciones afectaron principalmente a las ciudades que perdieron casi por completo sus juros y sus franquicias. Los partidarios de Isabel perdieron, término medio, un 30 por cien de sus rentas; los enemigos por encima del 60 por cien. Pero esta regla no es general pues depende de los beneficios obtenidos en el reinado anterior. Y no puede considerarse como partidismo: los que ahora perdían eran precisamente aquellos que habían incrementado más su fortuna en los años de revuelta.

Las disposiciones reformadoras constituyen un esquema de las directrices futuras del reinado. La Audiencia o Chancillería, instalada en Valladolid y compuesta por once personas, cobró independencia. El Consejo, con diez miembros —un obispo presidente, tres caballeros y seis letrados— comenzaba a especializarse en sus funciones, aunque no sea cierta la noticia de Pulgar de que se dividió en cinco sectores. Nobles y prelados tenían acceso directo al Consejo, aunque los reyes no les permitieron ejercer su voto. Las oligarquías municipales fueron reforzadas, reduciéndose el número de miembros al que tenían antes de 1464. Un verdadero monopolio fue establecido en beneficio de las dos Universidades del reino, Valladolid y Salamanca, que proporcionaban los maestros examinadores para la revalorización de los grados otorgados por otros centros no castellanos. Finalmente se aplicaron medidas antijudías ordenando que, en plazo de dos años, todas las aljamas se trasladasen a las afueras de las ciudades para impedir la relación íntima entre judíos y cristianos.

Las Cortes examinaron el problema, muy grave, de los eclesiásticos que no servían sus cargos. Éste era normalmente el caso de los residentes en Roma, y de los nombrados por la Santa Sede. Los procuradores y los reyes estaban convencidos de que no había otra solución que un patronato que permitiese designar a los españoles más aptos. Dos cuestiones, en torno a la provisión de Tarazona y de Cuenca, habían originado agrias disputas. En el caso de Cuenca, diócesis castellana, que se examinó en las Cortes, Isabel hizo gala de energía: para impedir que pudiera tomar posesión de las rentas un nepote de Sixto IV, Rafael Riario, llegó a emplear tropas. Quería la diócesis de cuenca para fray Alonso de Burgos, el sabio dominico, y triunfó; después de largas negociaciones un nuevo convenio (3 de junio de 1482) sancionaba el nombramiento del candidato de la reina. Se entraba francamente en la defensa del regio patronato.

XLI

LOS PRIMEROS ÉXITOS EXTERIORES

Años de tregua con Granada

Entre 1480 y 1492 la guerra contra el reino nazarí, último testimonio de una historia pasada, absorbe la atención de los cronistas. Ello oculta cierto proceso de reforma interior así como el hecho, a mi entender decisivo, de que se trataba de una empresa religiosa, ordenada a lograr, junto con otros medios —Inquisición, antijudaísmo— la anhelada unidad confesional en la España restaurada. Por eso resulta conveniente no aislar el problema de la guerra, como a menudo se hace, sino integrarle en el conjunto de una política exterior que si, por un lado, reconoce como principal objetivo la reconquista de los condados pirenaicos y la afirmación del protectorado sobre Navarra, por el otro está dictada por el deseo de colocar una barrera frente al Islam. Granada se integra en esta última y guarda relación con las flotas que hacían la guardia frente a Malta.

Desde 1464 reinaba en Granada Abu-l-Hassán Alí, a quien los cristianos llamaron Muley Hacén, llegado al trono después de destronar a su padre Sa‘ad. El descontento era general y servían de pábulo la conducta del rey, que abandonó a su primera esposa, Fátima, hija de Muhámmad X, para casarse con una cautiva cristiana, y la represión ejecutada sobre algunos linajes de nobles, especialmente los Abencerrajes, «hijos del talabartero» (Ibn Sarrach), que huyeron en gran número a tierra castellana. Las discordias entre ambas mujeres, Fátima y Zoraya, tuvieron trágicas consecuencias.

La guerra de sucesión movió a los Reyes Católicos a firmar treguas en 1475 y 1478. Mal guardadas, como de costumbre, no impedían entradas recíprocas, de musulmanes y de cristianos. La frase que circula en textos atribuidos a Hernando del Pulgar —«ya murieron los reyes de Granada que pagaban parias»— ha de ser relegada en cambio a la leyenda. Probablemente la suspensión de hostilidades en ambos casos se concertó por períodos de tres años. Algunas expediciones, como la de los granadinos en el reino de Murcia en 1477 o las cabalgadas del marqués de Cádiz, anunciaban ya el inminente comienzo de la guerra. Ante las Cortes de Toledo de 1480 explicaron los reyes que se había retrasado únicamente a causa de la necesidad de socorrer a Otranto.

La crisis de Otranto

Al comenzar el año 1479 Fernando sucedió a su padre en la Corona de Aragón; el horizonte de su acción política se ensanchaba considerablemente. La experiencia que tenía de los asuntos europeos iba, sin embargo, a permitirle tomar iniciativas desde el primer momento. El problema del Rosellón, específicamente catalán, hubo de supeditarse a otras directrices más amplias como el desarrollo de la triple alianza con Borgoña e Inglaterra, la intervención en Navarra a través de los beamonteses, el equilibrio en Italia y la defensa mediterránea frente al Islam. En todo caso, Sicilia, cuya corona ceñía desde hacía más de diez años, era la clave. Desde este granero, compensador de las deficiencias cerealistas de Italia y de África, se controlaba la alianza con Nápoles y se atendía a la vigilancia marítima. A pesar del estrecho parentesco entre los monarcas aragoneses y el napolitano, las relaciones no eran buenas. Fernando el Católico entendía que su primo debía reducirse al papel de protegido sin irrogarse otro ninguno y reprochaba la francofilia del menor de los infantes de Nápoles, Fadrique, como un acto de traición. Cuando fue firmada la paz con Génova, por intermedio de Ferrante, el monarca castellano se encolerizó (4 de febrero de 1478) pues veía en todo una inversión de términos, como si la rama menor y bastarda de Nápoles fuese directora de la familia, y no a la inversa.

El problema de Navarra volvía a suscitarse con la muerte de Juan II y la de su hija Leonor, veinticinco días más tarde. La corona del pequeño reino iba a parar a las sienes de Francisco de Foix, nieto de Leonor, niño bajo tutela de su madre Magdalena, hermana de Luis XI de Francia. Algunos incidentes en la frontera entre Navarra y Aragón y el posible respaldo francés a la política de Magdalena, princesa de Viana, conducente a sacudirse el protectorado castellano, produjeron cierta tensión. Fernando, que no quería la guerra de ningún modo, convenció a la regente de Navarra para que acudiese a Zaragoza (agosto de 1479) y allí recibiera algunas muestras de amistad. De momento bastaba. El monarca español necesitaba ganar tiempo sin entrar en disputas con Francia acerca de la legitimidad del dominio de Rosellón y cerrando a Luis XI el camino tanto hacia Navarra como hacia Italia.

La alianza de Nápoles con el Papa y luego con Florencia y Milán, servía los intereses sicilianos al conservar el equilibrio de Italia. Este equilibrio comenzó a deteriorarse en 1476 al morir Galeazzo María Sforza, duque de Milán, y sucederle un niño menor de edad. Sixto IV aprovechó esta circunstancia para, con apoyo milanés, iniciar la creación de un estado en torno a Ímola, para su nepote Jerónimo Riario. Los Médicis, en Florencia, se sintieron amenazados y recurrieron como de costumbre a restricciones financieras. El Papa quedó comprometido en una conjura que produjo el asesinato de Julián de Médicis y luego la guerra, en la que Nápoles tuvo que colocarse al lado de Sixto IV (julio de 1478). Mientras tanto los turcos atacaban en el Véneto creando la primera situación de peligro. El conflicto desbordaba por todas partes las fronteras de Italia: a petición de los Médicis, Luis XI parecía decidido a intervenir; Nápoles y el Pontífice reclamaron la ayuda de los monarcas españoles. Fue precisamente la presencia de diplomáticos extranjeros la que obligó a ambos contendientes a ceder (2 de junio de 1479).

Cuando los Reyes Católicos se referían al peligro turco, no exageraban. Difícilmente, Venecia había conseguido firmar una paz después de su desastrosa campaña del Isonzo (25 de enero de 1479). Los turcos emplearon entonces sus fuerzas en el asedio de Rodas, de la Orden de San Juan de Jerusalem, y en crearse una cabeza de puente en Italia. El 11 de agosto de 1480 se apoderaban de Otranto, causando espantosos estragos en su población. Fernando, que había ordenado a sus buques acudir en auxilio de Rodas, dispuso la constitución de dos grandes flotas para ayudar a su primo a la recuperación de Otranto. La alarma era tan seria que, suspendiendo cualquier otra acción, toda la industria vizcaína del hierro fue puesta al servicio de las fuerzas de socorro que partieron de Laredo el 22 de junio de 1481. Cuando estas fuerzas llegaron a Italia, Otranto había sido rescatada (10 de setiembre). Pero el esfuerzo no había sido baldío porque, aparte la presencia armada en que colaboraron los portugueses, hubo en adelante disposiciones estratégicas más eficaces.

La crisis de Ferrara

Desde 1482 los Reyes Católicos emprenden la conquista de Granada, dura tarea que ha de ocuparles diez años. Una preocupación indudable fue la que nacía del temor de que pudieran enviarse desde el exterior auxilios a los musulmanes españoles. El norte de África apenas importaba: sólo escasas y mal armadas reclutas podían atravesar el Estrecho. El verdadero peligro estaba en una decisión turca, que al parecer nunca pasó por las mientes de Muhámmad II, pero que los cristianos debían tener muy en cuenta tras la alarma de Otranto. De ahí que Fernando el Católico atendiera a crear sobre el Mediterráneo occidental un sistema defensivo cuya base era Sicilia y cuyo cometido era sobre todo mantener a los turcos más allá de Malta. Respecto a tal sistema, Rodas era la avanzada y los españoles se ocuparon de enviar auxilios y pertrechos. Córcega y Cerdeña constituían la retaguardia imprescindible, y Nápoles la clave de todo el sistema. De ahí los esfuerzos pertinaces para mantener en Nápoles la presencia de la influencia aragonesa. Tampoco podemos olvidar la importancia concedida a ciertas amistosas relaciones con reinos musulmanes del norte de África.

La alianza con Nápoles es tanto más difícil de entender cuanto que Fernando el Católico formulaba a veces reservas sobre la legitimidad de los derechos de su primo. Nuevamente en 1481 el conde Jerónimo Riario encendió las discordias interiores en Italia ofreciendo a Venecia manos libres en Ferrara a cambio de su apoyo en la empresa de crear un dominio con Ímola y Forli. Pero Hércules de Este, señor de Ferrara, era yerno de Ferrante. A ellos se unió Florencia y estalló nuevamente la guerra general. La noticia del comienzo de las hostilidades llegó a España cuando acababa de firmarse el concordato con Domenico Centurione (3 de junio de 1482). Los reyes se encontraron en situación comprometida: necesitaban a toda costa la amistad del Pontífice sin la cual no sería posible la reforma eclesiástica y, al mismo tiempo, tenían que sostener a Ferrante. La muerte de Carrillo dejaba vacante la silla de Toledo, que Isabel quería entregar al cardenal Mendoza.

La diplomacia de los Reyes Católicos hubo de moverse con cautelosa y paciente habilidad para no destruir la amistad lograda con Sixto IV, que, entre otras cosas, representaba concesiones económicas para la guerra de Granada. Se manejaron dos argumentos: el deseo de paz en Italia; la conveniencia de suspender el conflicto aceptando una mediación que, en nombre del Pontífice, estaban dispuestos a ejercer personalmente. Dos inteligentes embajadores, Bartolomé de Veri y el obispo Juan de Margarit, fueron enviados a Italia, con el respaldo de una flota que Bernardo de Vilamarí colocó en Sicilia, atenta al movimiento de los turcos y de los venecianos. Tras la derrota de Alfonso de Calabria, heredero de Nápoles, en Campo Morto (21 de agosto de 1482), dentro de los estados de la Iglesia, los monarcas españoles comprendieron que era necesario apretar las clavijas. Amenazaron a Venecia con suspender su comercio peninsular y al Papa con ordenar a todos sus súbditos que abandonasen Roma. Para dar mayor fuerza a sus demandas, que aparecían envueltas en cuestiones de alto nivel espiritual, Fernando e Isabel reunieron una asamblea del clero en Córdoba, durante un descanso de la campaña del verano, a fin de que la Iglesia española tuviera ocasión de presentar sus quejas contra abusos romanos. Los monarcas se presentaban, por tanto, como defensores de la libertad eclesiástica de su reino. Para el Papa fue bastante aquella presión: el 28 de noviembre de 1482 concertaba una tregua con Nápoles que no tardaría en trocarse en renovación de la amistad.

Ahora Venecia estaba aislada. Fernando el Católico no quería dejar pasar tan buena ocasión de restablecer enérgicamente sus relaciones con la República y también con Génova, deterioradas por la debilidad de los últimos años. Para ello reactivó sus armamentos marítimos y sus gestiones diplomáticas. El Papa, Florencia y Nápoles constituyeron una Liga contra Venecia a la que vinieron a sumarse casi todas las potencias de Italia, envidiosas de la prosperidad de la Serenísima. Los monarcas españoles se mantuvieron fuera —no querían dar ocasiones a Francia de intervenir—, pero fue en definitiva su intervención la que obligó a Venecia a rendirse. El 29 de diciembre de 1483 se prohibió a los buques y mercaderes venecianos el acceso a todos los puertos de la corona española, y el 7 de agosto de 1484 Venecia suscribía la paz de Bagnolo. Acuerdos particulares entre España, Génova y Venecia, tuvieron lugar a continuación.

Los Reyes Católicos se apuntaban de este modo su primer gran éxito en el exterior. Habían sustituido a Nápoles en la dirección de los asuntos italianos abrazando con firmeza, sin embargo, un programa, el de Cosme de Médicis, que era netamente italiano en su origen. Desde 1484 se iniciaron los trabajos de fortificación destinados a hacer de Sicilia una gran fortaleza inexpugnable.

Zahara y Alhama. El comienzo de la guerra de Granada

En diciembre de 1481, Abu-l-Hassán se apoderaba por sorpresa de Zahara, una fortaleza del mariscal Fernandarias de Saavedra. Es posible que el monarca granadino haya esperado al fin de la tregua, firmada en 1478, y que los Reyes Católicos no tenían intención de renovar. La frontera fue puesta en estado de alarma y, en adelante, las hostilidades ya no se interrumpieron. No necesitaron los nobles andaluces del estímulo de los soberanos para deponer sus querellas y armarse para la lucha. Diego de Merlo, asistente de Sevilla, y el marqués de Cádiz organizaron un contragolpe asaltando Alhama el 28 de febrero y venciendo rápidamente su resistencia. Situada en el corazón del reino de Granada, Alhama era un peligro para la propia capital. Abu-l-Hassán vino a combatirla poco después de su pérdida, pero los socorros que enviaron los cristianos, especialmente el duque de Medina Sidonia, le obligaron a levantar el asedio. Teatralmente, el duque y el marqués se reconciliaron entonces, y los cronistas dan mucha importancia al gesto, como si de él dependiera el futuro de la contienda.

Fernando e Isabel, que estaban en Medina del Campo, fueron advertidos prestamente de la victoria. Inmediatamente el rey emprendió viaje hacia la frontera; llevaba ya la intención de hacer la guerra a fondo. Llegó cuando los musulmanes se retiraban (29 de marzo) permitiendo el aprovisionamiento de Alhama. Pero el 14 de abril Abu-1-Hassán renovaba su ataque demostrando que no tenía intenciones de ceder impasible al enemigo una pieza tan necesaria a su defensa. Por esta razón, reunidos ya los reyes en Córdoba decidieron que, además del socorro de Alhama, era necesario emprender una acción militar escogiendo Loja, «flor entre espinas» llave fortificada de la Vega, cuya posesión instalaría un puñal permanente frente a la capital. Pero este primer ataque, entre el 9 y el 13 de julio de 1482, constituyó un fracaso; los cristianos experimentaron graves pérdidas —murió entre otros el maestre de Calatrava, Rodrigo Téllez Girón— y el propio monarca estuvo en gran peligro. Los granadinos aprovecharon la ocasión para emprender su tercer ataque a Alhama que fracasó como los anteriores.

La primera campaña, lección de la adversidad más que otra cosa, puso de manifiesto deficiencias que era necesario corregir antes de seguir adelante. Los aprovisionamientos cargaban sobre los municipios, el dinero era escaso y las tropas heterogéneas y arcaicas de poca eficacia aunque abundasen en combatientes valerosos. Granada desempeñará a este respecto un papel decisivo permitiendo la constitución lenta de un ejército homogéneo —año tras año aumentan el número y la eficacia, como ha demostrado Miguel Ladero— y de los recursos fiscales para pagarle.

La rebelión de Boabdil

Mientras de esta forma combatían cristianos y musulmanes en Loja, los dos hijos de Abu-l-Hassán, Abu ‘Abd Allah y Yusuf, iniciaban la revuelta contra su padre, agrupando a los partidarios del abuelo, Muhámmad X, el Cojo, y de los Abencerrajes. Hubo, al parecer, violentas luchas, antes de que Abu ‘Abd Allah, el Boabdil de los cristianos, se hiciese dueño de Granada. Abu-l-Hassán se retiró a Málaga, junto a su hermano Muhámmad, llamado el Zagal; prácticamente el reino islámico quedó dividido en dos partes, ambas en guerra con los cristianos y deseosas de eclipsarse recíprocamente con sus hazañas.

Sostener Alhama era, para Fernando el Católico, algo más que un problema militar; única ganancia de todo un año de esfuerzos, pendía de su conservación el honor de las armas. Conocemos hoy, gracias a los estudios de Carriazo, la forma en que se organizaron, aquel invierno de 1482 a 1483, los abastecimientos, y comprendemos bien cuán onerosa resultaba la guerra. Creer simplemente que Granada era la fruta madura que sólo por incapacidad los soberanos anteriores habían dejado de ganar, es grave error. En el campo, los musulmanes parecían muy fuertes. Cuando, en marzo de 1483, el marqués de Cádiz intentó repetir su afortunado golpe del año anterior penetrando con sus tropas en la Ajarquía, sufrió un desastre muy costoso. La reina Isabel, que recibió la noticia en los primeros días de abril, hubo de convencerse de que la empresa de expulsar de la Península el último testimonio del poder musulmán exigía cuidadosos planes y no menuda cautela.

Inesperadamente, la rota de la Ajarquía trajo consecuencias favorables a los cristianos. Boabdil, que temía un descenso de prestigio entre los musulmanes combatientes, quiso emular las hazañas de su padre y de su tío pasando a la ofensiva; ayudado por su suegro Ibrahim Alatar, alcaide de Loja, corrió los campos de Lucena, intentando sin éxito sorprender la plaza, y tomó abundante botín. Pero cuando se retiraba a Loja fue sorprendido por el conde de Cabra y su pariente, Diego Fernández de Córdoba, alcaide de Los Donceles (21 de abril de 1483). Alatar murió y Boabdil cayó prisionero de los cristianos, que le encerraron en Porcuna. Abu-l-Hassán se apresuró a regresar a Granada con su ejército mientras Fernando el Católico acentuaba el efecto moral de la derrota talando el territorio granadino en la primera semana de junio.

Pocas dudas podía plantearse Fernando el Católico para una situación que tenía cercanos precedentes: con Boabdil en sus manos, sería fácil atizar los rescoldos de la guerra civil. Boabdil accedió a entrar en vasallaje, dando rehenes de seguridad, a libertar cuatrocientos cautivos y a pagar doce mil doblas de oro anuales. De este modo tropas y dinero musulmanes cooperarían en la destrucción de Abu-l-Hassán, que no había conseguido recobrar el afecto de sus súbditos después de la reconquista de su capital. Los castellanos ofrecieron tan sólo dos años de tregua con los dominios del Rey Chico y el restablecimiento de relaciones mercantiles durante el mismo tiempo.

Diversas operaciones se produjeron todavía el año 1483 contra los dominios de Abu-l-Hassán, mientras Boabdil, instalado en Guadix, se preparaba por su parte a la lucha. Fernando había vuelto a lo que fuera estrategia de Enrique IV, no sólo en el fomento de las contiendas interiores, sino en las talas destructivas en la Vega para quebrantar económicamente el pequeño reino. En una de estas operaciones, el marqués de Cádiz tuvo ocasión de recobrar Zahara (29 de octubre). No hay duda de que la continua presión estaba ya obteniendo frutos decisivos: Boabdil se regocijaba pensando que le facilitaban el camino del trono.

El fin de las tercerías de Moura

Hasta el verano de 1484 no se aprecia una decisión, en los Reyes Católicos, de volcar todas sus fuerzas en el frente granadino. Muchos asuntos —la crisis italiana, el cambio de monarca en Portugal, la cuestión pirenaica y la de Navarra— reclamaban entonces su atención y aconsejaban no comprometerse demasiado en una sola empresa. El nuevo monarca lusitano, Juan II, que sucediera a su padre el 28 de agosto de 1481, coincidía con Fernando e Isabel en apreciar los inconvenientes de las tercerías. Desde el momento en que Juana, la «excelente señora» —título que, por compensación, le otorgara Alfonso V— estaba en un monasterio, sólo peligros podían derivarse del hecho de que la Casa de Braganza fuese custodia del heredero del trono de Portugal y de su futura esposa. Juan II había descubierto, acaso, una conjura del duque de Braganza en contra suya.

Para ejercer presión sobre los castellanos, Juan II permitió que doña Juana abandonase su convento, con pretexto de pestilencia, y que se entablasen ciertas secretas negociaciones, que Fernando e Isabel descubrieron, para casarla con Francisco de Foix, el nuevo rey de Navarra (1482). También resucitó disputas, en el verano de este año, en torno a las indemnizaciones que debían darse a los antiguos partidarios de su padre. Sin duda los Reyes Católicos estaban favorablemente inclinados a una solución que les libraba de compromiso. El 15 de mayo de 1483, en Avis, fue firmado el acuerdo que ponía fin a las tercerías. El 24, Isabel salió de Moura. El 30, el duque de Braganza era detenido; no tardaría en morir ajusticiado.

Isabel y Fernando intercedieron en favor del duque, aunque limitándose a una acción diplomática, y ofrecieron refugio en Castilla a sus parientes y familiares. Pero en ningún momento abrigaron intención de mezclarse en querellas que juzgaban específicamente portuguesas. La suspensión de las tercerías dejaba, sin embargo, en pie todos los otros compromisos de la paz y los monarcas españoles confiaban en que su actitud, exquisitamente correcta, favoreciese las corrientes de amistad que se iniciaran en Alcaçobas.

Los problemas de Navarra y Rosellón

Los intereses de la Corona de Aragón presionaban en el sentido de liquidar la antigua amistad entre Castilla y Francia, muy quebrantada desde 1463. No sabemos si Fernando e Isabel estaban dispuestos a afrontar una guerra a causa de los condados pirenaicos; lo que es seguro, desde 1481, es que estaban decididos a poner en pie una triple alianza con Inglaterra y Flandes como participantes y a Navarra y Bretaña como escenarios para ejercer presión. La alianza no era novedad: Juan II la había perseguido; pero los Reyes Católicos supieron darle fundamentos más sólidos interesando en ella a los mercaderes. Por eso Jofre de Sasiola y otros comerciantes guipuzcoanos aparecen en la vanguardia de las negociaciones con Inglaterra a partir de 1477. El 9 de marzo de 1482 fue firmado en Londres un acuerdo que suspendía las cartas de marca, tratando de establecer por vez primera un comercio verdaderamente libre. Los monarcas castellanos le consideraban, sin duda, como el primer paso hacia una alianza más estrecha.

En Navarra, Fernando e Isabel —que no pensaban sino en cerrar el paso a posibles ingerencias de Francia— fomentaban la amistad con Magdalena a fin de imponer la reconciliación de ésta con sus amigos beamonteses. Por una curiosa paradoja, franceses y castellanos coincidían en desear la coronación de Francisco de Foix; ambos le consideraban como un mal menor, garantía contra infiltraciones de los contrarios. El 3 de noviembre de 1481 el joven rey hizo en efecto su entrada en Pamplona, bajo la presencia de las lanzas españolas, pero al cabo de muy pocos meses, como se reprodujeran las luchas entre beamonteses y agramonteses, hubo de huir, como su madre, a las seguras tierras de Bearne. Y aquí murió el 29 de enero de 1483, siendo todavía de corta edad.

El poderoso clan de los Foix se dividió. Magdalena, ayudada por sus cuñados, el cardenal Pedro y el infante Jaime, defendía la unidad de la herencia en beneficio de Catalina, su hija segunda, pero Juan, señor de Narbona, presentó sus propias demandas sobre la parte francesa del patrimonio familiar. Muy rápidamente, el cardenal reunió Cortes en Navarra e hizo proclamar a Catalina (6 de febrero de 1483). Fernando e Isabel no dudaron en cuanto al reconocimiento de la nueva reina, pero decidieron enviar tropas a la frontera para impedir cualquier maniobra francesa y para apoyar sus demandas de que Catalina casase con el príncipe heredero de Castilla y de Aragón, el infante don Juan.

Por vez primera los Reyes Católicos revelaban un intento de incorporar a su corona la de Navarra, bien que por el mismo procedimiento normal que había unido a Castilla y Aragón. Al mismo tiempo que presionaban desde el exterior por medio de sus aliados, trataban de lograr un estado de opinión en la propia Navarra que forzase la voluntad de Magdalena. En caso extremo esperaban que las Cortes de este reino declarasen que el príncipe don Juan era, para ellas, el único marido aceptable para Catalina. Según era costumbre del siglo XV, ofrecieron en todas partes prebendas para atraer partidarios. Y, cosa curiosa, el conde de Lerín, cabeza del bando beamontés, fue el más exigente. No es menos significativo que, entre los procuradores designados por las Cortes de Puente la Reina para exigir de Magdalena el matrimonio castellano, se encontrase Juan de Jasu, el padre de San Francisco Javier. La princesa respondió que nada decidiría sin consulta previa con el rey de Francia.

Luis XI estaba en la clave de la negociación. Con él tenían Fernando e Isabel dos cuentas que saldar, Navarra y Rosellón. Se explica que, en la segunda mitad del año 1483, subiendo la tensión en el Pirineo, Fernando haya descuidado la guerra de Granada; es probable que haya pensado encomendarla a los nobles andaluces, volcando en cambio sus fuerzas en la frontera Norte para llegar a una abierta solución. Jofre de Sasiola fue enviado a Inglaterra para lograr de Ricardo III una alianza. Juan de Herrera fue a Bretaña para brindar al duque un apoyo que podía arrastrar a los españoles a la guerra con Francia. El 29 de noviembre de 1483 se firmó en Vitoria un acuerdo con Bretaña: como en el caso inglés, la alianza militar se disfrazaba o se colocaba bajo la eficaz cobertura de un tratado comercial. Bruscamente la actividad diplomática hubo de enderezar su rumbo por la muerte de Luis XI. En el curso de su agonía, larga y angustiosa, el viejo monarca francés, atormentado por los remordimientos, quiso devolver a Cataluña los condados. Pero sus consejeros, especialmente Ana de Beaujeu, retuvieron a los oficiales hasta que Luis rindió su alma (30 de agosto de 1483). El Rosellón no fue devuelto.

La decisión de Tarazona

La cuestión de los condados absorbe ahora la atención de Fernando. De ahí las facilidades que dio a Magdalena de Navarra para deshacer el nudo de la boda de su hija Catalina. Una nueva fórmula, la de un matrimonio neutral con Juan de Albret, hijo de uno de los capitanes de la «guerra loca», Alain de Albret, pareció aceptable. El protectorado castellano continuaría y Francia no pondría pie en Navarra en aquellos momentos tan peligrosos. Según era costumbre en cada cambio de reinado, los regentes de Carlos VIII enviaron a pedir, en otoño de 1483, confirmación de las alianzas. Fernando el Católico dio a entender que exigiría la devolución de los condados, pero su actitud enérgica tropezaba con el inconveniente de que su esposa afirmaba que Granada era primordial y el dinero castellano constituía la mayor parte de las reservas del tesoro. Último recurso: las Cortes de los tres reinos de la Corona de Aragón fueron convocadas conjuntamente en Tarazona, a fin de reclamar los subsidios necesarios.

Tarazona es la hora de la gran decisión: Granada o la frontera pirenaica. Los catalanes fallaron al negarse a acudir, alegando que era contraria a sus constituciones la reunión conjunta, y Fernando se encontró solo y sin dinero. Todavía en algunas cartas anunciaba su intención de hacer la guerra, pero él sabía, mejor que nadie, que esto era imposible. En marzo de 1484, además, Isabel abandonó ostensiblemente Tarazona, demostrando así que no tenía intención de abdicar de su propósito. Al cabo de unos meses, el rey hubo de reunirse con ella. La decisión está tomada: primero, Granada; luego, el Rosellón y Navarra. De hecho hasta después de la toma de Málaga, que señala el cambio de rumbo en la guerra musulmana, no se vuelve a la política activa.

En Navarra, como en el Rosellón, aparente retroceso. Juan de Albret y Catalina de Foix se casaron el 14 de junio de 1484. La Casa de Foix salía ganando, pues algunos otros señoríos franceses entraban en su patrimonio, pero Navarra perdía, pues su peso en el conjunto que se gobernaba desde Pau y no desde Pamplona era menor. Se explica que no sólo los beamonteses, sino buena parte de los agramonteses, considerasen la solución castellana como muy preferible. Pierres de Peralta hizo homenaje a Fernando por el castillo de Tudela (12 de mayo de 1484), estimulándole a reivindicar derechos sobre el pequeño reino. Es significativo en alto grado que Magdalena haya consultado el matrimonio con los Estados de Bearne, Foix, Bigorre y Nebouzan, pero no con las Cortes de Navarra. También aquí los intereses económicos jugaban a favor de Fernando e Isabel.

XLII

LA CONQUISTA DEL REINO DE GRANADA

Álora

Hasta el verano de 1484 no puede decirse que hayan emprendido los Reyes Católicos la conquista de Granada. Talas y sorpresas eran hechos normales en aquella frontera, con victorias alternas, y así había sucedido en 1482 y 1483; la prisión de Boabdil era un incidente afortunado, pero nada más. Tras la tregua firmada con éste, que afectaba tan sólo a una parte pequeña del reino, el comercio se había restablecido y los monarcas castellanos parecían preparar solamente, para aquel verano, una gran razzia hasta las afueras de Málaga, que el marqués de Cádiz condujo durante cuarenta días, con gran beneficio. Desde Tarazona, Fernando e Isabel no impartían otras órdenes que las de reforzar Alhama y talar el campo musulmán.

Desde que, en marzo, la reina tomó la decisión de regresar de Tarazona a Andalucía, los planes de lucha tienen un ritmo distinto, como lo prueba el esfuerzo que se obliga a las ciudades a soportar. Fernando vino en mayo y al instante se advirtió su presencia en la toma de Alora (18 de junio de 1484), que obtuvo una capitulación bastante benévola, que garantizaba la libertad de sus habitantes. Este método será aplicado a lo largo de toda la guerra y consiguió, sin duda, que la resistencia de muchas fortalezas se debilitase. Después de un mes de campaña y de que Alhama fuese una vez más refrescada, Fernando el Católico regresó triunfalmente a Córdoba.

Las disposiciones entonces adoptadas revelan un cambio de mentalidad. Fernando e Isabel se prepararon a invernar en Andalucía, estrecharon sus relaciones con Boabdil y ordenaron armar una flota para el bloqueo de las comunicaciones con África. Luego, en septiembre, el rey volvió al ataque para apoderarse de Setenil —allí donde fracasara su abuelo del mismo nombre—, que se rindió en las mismas condiciones que Álora el día 21. Los castellanos preparaban ya grandes empresas tanteando el terreno en torno a Loja y a Ronda.

La campaña de Ronda

En los planes que Fernando e Isabel forjaban aquel invierno influyó mucho la evolución de los asuntos internos de Granada, en donde el Zagal aspiraba a la sucesión de Abu-l-Hassán en el trono y en la jefatura del partido belicista. Tomó Almería, en donde asesinó al hermano de Boabdil, Yusuf, y obligó al Rey Chico a refugiarse en Castilla. Dos operaciones parecían entonces más convenientes: el ataque a Málaga, para cortar en dos el reino moro, y la conquista de la sierra de Ronda, que se adivinaba dura, pero que dejaría a salvo de entradas toda Andalucía occidental. Las escaramuzas se sucedían sin interrupción, estando los capitanes al acecho de una ocasión de fortuna; el propio rey fue, bajo la lluvia de enero, a intentar la escalada de Loja, de la que desistió. A mediados de abril, reunido un ejército mucho más numeroso que el de la campaña anterior, Fernando fue a combatir Cártama y Coín; aunque le resistencia se hizo muy dura por la presencia de voluntarios magrebíes, ambas fortalezas se rindieron los días 27 y 28 de abril. Coín fue desmantelada; Cártama, en cambio, se convirtió en plaza fuerte, como Alora, apuntando a Málaga.

Con buena lógica, el Zagal concentró sus tropas en Málaga previniendo el ataque. Fernando hizo un tanteo (4 de mayo) y decidió no arriesgarse. Retrocedió hasta Antequera y desde allí cayó sobre Ronda (8 de mayo de 1485), que fue muy rigurosamente cercada. La rapidez del asedio impidió el envío de socorros. Ronda se rindió el 21 de mayo, aunque los reyes no entraron en ella hasta el 22. Aun cuando se ofreciera a los vencidos la benévola capitulación de costumbre, que habría de permitirles conservar vida, religión y bienes, los Reyes Católicos establecieron en Ronda una nutrida población cristiana encargada de reforzar su defensa. El 15 de junio Fernando ocupaba Marbella, rendida sin lucha. La pérdida de ambas ciudades provocó la caída de todo el occidente granadino. Había ahora guarniciones cristianas a diez kilómetros de Málaga. En otro aspecto fue la campaña de 1485 importante; se dibujaban ciertas condiciones que hacían aceptable a los musulmanes la suspensión de una guerra perdida; Granada podía incorporarse a la corona de Castilla respetando la religión de sus actuales habitantes.

Lo mismo que en 1484, hubo segunda ofensiva castellana en aquel verano, pese a dos victorias que Muhámmad el Zagal obtuvo cerca de Alhama y de Modín respectivamente. Para apretar más al que ya era verdaderamente rey —Boabdil estaba en tierra cristiana y Abu-l-Hassán no gobernaba—, los reyes dispusieron ataques sobre Cambil, en la frontera de Jaén, que fue tomada el 22 de septiembre, y sobre Zalea, en las inmediaciones de Alhama. Pero después del esfuerzo de Ronda resultaba prudente reducir los efectivos en lucha. La peste había venido a agravar los sufrimientos que la guerra estaba ocasionando a Sevilla. El examen de las cuentas, que Carriazo y Ladero han puesto a disposición de los investigadores, revela un aspecto muy importante: Castilla estaba pagando un alto precio por Granada, aunque las contribuciones de moros y judíos trataban de paliarlo.

Loja. El segundo tratado con Boabdil

Aunque las fuentes adolecen de terrible confusión, sabemos que en 1485 Boabdil había vuelto a la lucha contra su tío Muhámmad. Esto convenía a los cristianos. Pero muy pronto el Rey Chico debió comprender que no sería aceptado a menos que mostrase tanto entusiasmo combativo como el Zagal. Aclamado en el Albaicín, Boabdil dominaba una parte de Granada, escenario ahora de luchas callejeras, mortales para el Islam. Ambos rivales llegaron a un acuerdo, en marzo o abril de 1486, para compartir el trono. Muhámmad conservaba la capital y la costa, cediendo a su sobrino el gobierno de la mayor parte de la frontera, con la esperanza, acaso, de que su calidad de vasallo de los Reyes Católicos impediría el ataque. Estos cálculos resultaron fallidos. Fernando había proyectado apoderarse aquel verano de la línea de fortalezas que cubrían la defensa de Granada apoyándose en las quebradas gargantas del Genil, de las cuales eran Loja, Illora y Modín las más importantes.

Loja, que fue duramente combatida entre los días 20 y 29 de mayo, servía de residencia a Boabdil. El monarca castellano alegó que el vasallaje contraído afectaba tan sólo a los dominios que tenía en el momento de la prisión y no a otros nuevos. La ciudad se rindió y Boabdil quedó cautivo. Mientras la hueste seguía su camino para tomar Illora (9 de junio) y Modín (16 de junio), se comenzaron nuevas negociaciones con Boabdil. En éstas aparece clara una voluntad de conquista de todo el reino que probablemente faltaba en el primer tratado. Los Reyes Católicos ya no concedían al Chico ningún título de rey, pero estaban dispuestos a convertir en señorío castellano —condado o ducado— las tierras abarcadas por Guadix, Baza, Vera, Mojácar y los dos Vélez si, en plazo de ocho meses, a contar del 29 de mayo, las conquistaban.

A comienzos de julio los reyes suspendieron la campaña y nombraron al duque de Alba capitán general de la frontera. Las agitaciones nobiliarias de Galicia influyeron en este descanso, pero probablemente más la necesidad de dar alivio a las ciudades que habían sufrido mucho. La ocupación del curso medio del Genil, al mismo tiempo que aliviaba la presión en torno a Alhama, permitía a los cristianos tener en continuo peligro la Vega de Granada. Un golpe mortal se había asestado a la economía del emirato.

Málaga

El objetivo inmediato era Málaga, la segunda ciudad del reino y su puerto principal, no sólo hacia África, sino también hacia Italia. Algunos contactos previos con la población, a través de un servidor de Boabdil, Alí ben Comixa, permitían esperar una rendición sin resistencia. Por otra parte, el retorno de la guerra civil a Granada favorecía los planes de los Reyes Católicos. Boabdil no quiso desaprovechar la ocasión que le brindaban sus adeptos del Albaicín y regresó a este barrio de la capital, asumiendo de nuevo el título de emir. Otra vez corría la sangre por las empinadas cuestas de Granada. Y mientras tanto un gran ejército castellano, el mayor de cuantos hasta entonces se movilizaran, llegaba ante Vélez Málaga el 16 de abril. La intención era claramente aislar a Málaga de su retaguardia.

El Zagal no podía permanecer indiferente a la suerte de una de las más importantes ciudades de su reino. Llegó a un acuerdo con Boabdil, recibiendo la promesa de que no sería molestado en su sector de la capital, y acudió en socorro de Vélez Málaga, aunque sin fortuna. El 27 de abril los defensores de Vélez Málaga, viendo que el Zagal se retiraba, decidieron rendirse. Con la ciudad se entregaron también muchos lugares de la ajarquía malagueña, contentándose con la promesa real de que serían autorizados a vivir dentro del Islam. Para el Zagal aquella pérdida constituyó una catástrofe, pues Boabdil había aprovechado su ausencia para entrar en Granada, degollar a los principales partidarios de su tío y avisar a los Reyes Católicos que ya era dueño de la capital. Abandonando Málaga a su suerte —salvo la guarnición de Gibralfaro que mandaba Hamet el Zegrí, el resto de la ciudad seguía a Ibn Comixa, que quería rendirse—, el rey se retiró a Almería. Gonzalo Fernández de Córdoba estaba al lado de Boabdil, mandando una tropa de socorro.

Era el fin de la independencia de Granada. Boabdil envió a los reyes al alguacil Abu-l-Qásim al-Muleh con poderes para firmar un nuevo tratado, más favorable que el de 1486. El 29 de mayo, probablemente, Fernando e Isabel concedieron al reyezuelo moro un nuevo acuerdo que no le obligaba a conquistar su señorío: Boabdil obtendría, con título de duque o de marqués, Guadix, el Cenete, Vera, los dos Vélez, Baza, Mojácar, Purchena y otros lugares cuando estuviesen en poder de los reyes, entregando a cambio Granada con todos los territorios que dominase. Mientras tanto y, quizá, como medida de precaución, conservaría el título de rey. A todos sus capitanes se ofrecía, aunque en términos mucho menores, algunas condiciones semejantes.

Un golpe de estado había dado al traste con las esperanzas de conseguir sin lucha la entrega de Málaga. Hamet el Zegrí y sus gomeres se apoderaron de todas las fortalezas de la ciudad decididos a resistir en ellas hasta el fin, y privaron de todo valor al pacto establecido con Ibn Comixa. En cierto modo se produjo una situación extraña: los malagueños querían rendirse, pero se lo impedían sus exaltados correligionarios. Ibn Comixa, que había acudido al campamento cristiano para negociar, no pudo regresar a la ciudad.

Málaga fue dura prueba para el ejército y para la hacienda de los Reyes Católicos. Nunca hasta entonces se habían visto éstos obligados a emprender operaciones poliorcéticas de tanta envergadura contra ciudad provista de grandes fortificaciones, muy poblada y abierta al mar. El asedio comenzó el 7 de mayo de 1487 con la llegada de Fernando ante las murallas, poco después del mediodía. Por mar actuaron muchos buques de la Corona de Aragón. Por tierra todas las fuerzas hubieron de combatir con gran dureza. A mediados de mayo, Isabel vino al campamento, dando así señales muy claras de que el cerco no se levantaría. Los sufrimientos, por hambre, enfermedades y falta de dinero, explican una crueldad en el comportamiento de los vencedores, extraña en esta guerra, que parecía haberse regido hasta entonces por normas que evitaban al pueblo menudo vejaciones y violencias. Pero esta vez, al firmarse la capitulación (3 de septiembre de 1487), los reyes exigieron una entrega sin condiciones, lo que significaba el cautiverio de los supervivientes. Muchos de ellos no pudieron pagar el rescate y permanecieron en la esclavitud. El medio millar de judíos que vivían en Málaga fueron rescatados por las aljamas del reino, y adelantó el dinero Abraham Seneor. La ciudad fue repoblada con cristianos.

La campaña de 1488

Tomada Málaga, el reino musulmán conservaba tan sólo el puerto de Almería; es lógico que dicha ciudad fuese el objetivo siguiente; su posesión equivaldría al cerco completo de la capital y de estos excepcionales bastiones que son Baza y Guadix. Pero el agotamiento producido el año anterior, el ataque de los turcos a Malta, la necesidad de reunir Cortes en la Corona de Aragón y el comienzo de la guerra de Bretaña aconsejaban que se atenuasen un tanto los esfuerzos bélicos. Confiaban los reyes en negociaciones reservadas que se tenían con Yahya Alnayar, alcaide de Almería, pero el Zagal supo evitar la traición. También impidió al márqués de Cádiz apoderarse de Almuñécar.

Con fuerzas limitadas y artillería ligera, Fernando lanzó este año su ofensiva desde la frontera de Murcia. Es indudable que contaba ya con numerosas sumisiones por parte de aquellos que no querían sufrir la triste suerte de los defensores de Málaga. Es natural que muchos moros estuviesen convencidos de la necesidad de rendirse. Las ganancias territoriales fueron, en esta campaña, mucho mayores que en todos los años anteriores, y se consiguieron a muy escasa costa; Vera, Mojácar, Níjar, los dos Vélez, el valle de Purchena, la cuenca del río Almanzora, Huáscar, Benamaurel y Galera, entre otros muchos lugares de menor importancia, se rindieron al paso del ejército o enviaron de lejos las llaves de sus puertas. Como puede suponerse, las condiciones de capitulación que se otorgaron eran las más generosas que hasta entonces se habían concedido.

El cerco de Baza y la capitulación del Zagal

Viniendo desde el Este, Baza y Almería, las dos últimas plazas fuertes que conservaba el Zagal, quedaban en primera línea. Fernando decidió empezar por Baza, asegurando a sus propias tropas el aprovisionamiento desde Jaén (mayo de 1489). Yahya Alnayar fue enviado a Baza con refuerzos para aumentar la resistencia del alcaide Muhámmad Hassán; la ciudad, accesible tan sólo por un lado, en donde era preciso talar las huertas antes de aproximar la artillería, había almacenado víveres en cantidad suficiente para prolongar la resistencia. Prueba suprema, se trataba de demostrar si los castellanos disponían de medios para sostener un asedio sin límite de tiempo o si, llegado el extremo, estaban obligados a pactar. De ahí la importancia concedida por los Reyes Católicos al camino de aprovisionamiento.

El cerco de Baza fue sin duda la más costosa acción de guerra de todas cuantas hubo que emprender en esta conquista de Granada. Comenzó entre el 15 y 18 de junio y terminó con la entrega de la ciudad el 4 de diciembre. Los sitiadores contaron con la ventaja de su experiencia y con la unidad de mando que garantizaba el relevo de tropas y el pago de las mismas. Aunque los combates fuesen mucho más duros que en Málaga, no se registraron las carencias en avituallamiento que tanto dificultaron la operación malagueña. En ciertos momentos se discutió incluso la conveniencia de levantar el cerco, confiando a pequeñas guarniciones la tarea de bloquear y desgastar la plaza, pero el rey se mantuvo firme. En noviembre había vuelto a establecer relaciones con Yahya Alnayar, que no deseaba otra cosa que entrar en el vasallaje castellano y, tal vez, cambiar de religión, como hizo luego.

La caída de Baza arrastró la pérdida de todas las posesiones del Zagal. Alnayar había ido a Almería para entrevistarse con su rey, antes incluso de la entrega de la ciudad, y trajo poderes no sólo para rendir la plaza, sino para concertar un acuerdo definitivo que pusiera fin a toda resistencia. El acuerdo se firmó el 10 de diciembre de 1489, tres días después de la entrada de Fernando e Isabel en Baza. El Zagal conservaba las tahas de Andarax, Lecrín y Lanjaron —con promesa de que no se permitiría entrar en ellas a los cristianos— y percibía 20.000 doblas, amén de retener las propiedades personales en Granada. Si alguna vez prefería pasar a África, recibiría otras 30.000 doblas por sus tierras. Almería, entregada el 22 de diciembre, recibió condiciones absolutamente generosas: religión, costumbres, hacienda y justicia habrían de seguir como hasta entonces. La misma generosidad, que enaltece la victoria de los reyes en el momento en que tenían que restañar las pérdidas más graves, fue aplicada en los otros lugares que entonces se rindieron. Es posible que influyera también el deseo de impulsar a Guadix y a Granada a cesar en cualquier veleidad de resistencia. Guadix se rindió, en efecto, el 30 de diciembre.

La rendición de Granada

La entrega de Almería y de Guadix ponía término a la guerra, en opinión de los reyes. No quedaba sino cumplir el acuerdo con Boabdil y dar a éste los lugares que se pactaran a cambio de la entrega de la la capital. Pero la situación del Rey Chico no era muy halagüeña: había muchos belicistas en Granada que preferían hacer resistencia. Nuestras noticias acerca de los sucesos de 1490 son muy confusas y los más recientes historiadores de esta guerra manifiestan opiniones contrarias: para Carriazo, fue Boabdil responsable de la ruptura, confiando en que, libre de rivales, podría ahora unificar la resistencia musulmana; para Ladero, hubo evidencia, a través de las embajadas de Abu-l-Qásim al-Muleh y de Ibn Comixa, de que los Reyes Católicos querían disminuir las donaciones previstas de 1487.

Era una solución desesperada, cuyo fin no podía ser otro que morir con honor. Es casi irónico que, por los mismos días en que el valiente Yahya Alnayar recibía el bautismo y pasaba a integrarse, como don Pedro de Granada, en la nobleza española —su hijo Alí casaría con una Mendoza—, el cobarde Boabdil decidiese sellar una vida de claudicaciones con el heroísmo de la destrucción final, que no llegaría sin embargo a consumarse. Por de pronto, su decisión causó a Fernando e Isabel sorpresa y disgusto: anunciaban ya por todas partes el fin de la guerra, cuando sus diplomáticos les advertían que aún sería necesario combatir. Y estos meses son preciosos, pues en ellos se dirime, con la guerra de Bretaña, acaso la última oportunidad para que Francia devolviera, sin lucha, el Rosellón. A pesar de todo, en ningún momento les veremos dejarse dominar por la cólera.

Gonzalo Fernández de Córdoba, cuya presencia constante al lado de Boabdil estos meses le había permitido penetrar las verdaderas intenciones del rey moro, se adelantó a ocupar algunas fortalezas como Mondújar y Alhendín, que impedirían extender una rebelión a las Alpujarras; pero dichas fortalezas figuraban en el número de las que en 1487 se reservaran para formar parte del patrimonio de Boabdil, y algunas fuentes musulmanas presentan dicha acción como muestra de la mala voluntad de los cristianos. A mediados de febrero de 1490 los Reyes Católicos dictaban ya órdenes para continuar las hostilidades. En mayo comenzaba sistemáticamente la destrucción de la Vega, a fin de privar de víveres a la ciudad. Boabdil, que había intentado sublevar las Alpujarras y abrirse camino hacia el mar, con la esperanza de recibir auxilios marroquíes, no consiguió otra cosa que atraerse la enemistad del Zagal y de sus partidarios, que colaboraron con los Reyes Católicos en esta campaña.

Hasta el verano de 1490 los monarcas cristianos creyeron probablemente que la rendición de Granada iba a lograrse sin necesidad de grandes operaciones militares. Pero Boabdil les desengañó: sabía que no le quedaban otras perspectivas de éxito que alguna victoria que, realzando su prestigio, moviese a los musulmanes ya sometidos a la revuelta, y la posesión de algún puerto por donde llegasen a la Península voluntarios africanos. Éstas son las razones de la última ofensiva granadina, en julio y agosto, durante la cual Boabdil conquistó Alhendín y trató de apoderarse de Almuñécar. Las previsiones de los capitanes cristianos impidieron la revuelta que se planeaba y, en cambio, la conjura descubierta sirvió para persuadir a muchos moros, en Guadix sobre todo, de la oportunidad de trasladar su residencia a África. Entre ellos se contaba el Zagal, aunque por razón distinta: se sentía poco seguro entre sus vasallos moros. Los reyes le dieron cinco millones por las propiedades que abandonaba.

Poco a poco la resistencia iba cesando. Ya no se registran, desde otoño de 1490, otra cosa que cabalgadas en torno a la ciudad, cuyo destino parecía a todos inevitable. Precedido por una razzia de castigo que atravesó las Alpujarras, el gran ejército castellano llegó en abril a la Vega y comenzó a construir una ciudad con la imperturbable decisión de no levantar el asedio hasta que éste se hubiera concluido con la victoria. Naturalmente, esta ciudad no albergaba más que una pequeña parte de la hueste, pero permitía la permanencia de servicios administrativos. Se llamó a la nueva edificación Santa Fe, y su origen no guarda relación con el incendio del campamento, el 14 de julio de 1491, que se produjo cuando ya las obras estaban bastante adelantadas.

Las escaramuzas, que han dado origen a diversas tradiciones poéticas, importan menos que las negociaciones secretas cuyo detalle ahora conocemos gracias a dos obras de Miguel Garrido Atienza y Mariano Gaspar y Remiro, que emplearon documentos conservados por el principal negociador cristiano, Fernando de Zafra. En nombre de Boabdil intervinieron Abu-l-Qásim al-Muleh, Yusuf ben Comixa y Muhámmad el Pequení. Remontándose a negociaciones acaecidas en Sevilla poco después de la rendición del Zagal, los musulmanes ya no discutían más que las condiciones de su permanencia en la Península o emigración a África y las dádivas que habrían de hacerse a Boabdil. Éste excusaba la resistencia como si hubiera sido obligado, y pedía a los reyes que otorgasen condiciones generosas a fin de ablandar a sus compatriotas.

El acuerdo para la entrega de Granada se firmó el 25 de noviembre de 1491. Hubo algunos alborotos en la ciudad cuando se supo el hecho, pero fueron pronto aplacados. Esto impulsó a Boabdil y sus consejeros a acelerar los plazos para la entrega. Las condiciones otorgadas por los reyes eran las mismas de costumbre: libre disposición de bienes, permanencia de su religión y de su derecho aplicado por jueces propios, exención de impuestos durante cinco años para los que quisieran irse a África en navíos que los reyes pondrían a su disposición, mantenimiento del comercio entre la Península y Marruecos, etc. Carriazo señala con acierto la sorpresa que produce una generosidad tan grande, pues era de todo punto evidente que Granada ya no podía resistir más. Boabdil recibía un pequeño señorío en las Alpujarras, pero conservaba, con excepción de la Alhambra, las propiedades que eran de su patrimonio.

El 2 de enero de 1492 se hizo la entrega de la Alhambra. Boabdil salió al camino para, en una ceremonia previamente concertada, en que él debía hacer ademán de descabalgar y Fernando de no consentirlo, entregar las llaves. El rey moro se instaló en Laujar, en las Alpujarras, con la intención probablemente de permanecer allí. A Fernando e Isabel disgustaba tal posibilidad, y es indudable que trabajaron intensamente para disuadirle. En octubre de 1493 Boabdil pasó finalmente a África, gracias a las hábiles maniobras de Fernando de Zafra, e Isabel no ocultó su satisfacción por ello.

XLIII

RECOBRO DEL ROSELLÓN

Los reyes e Inocencio VIII

Mientras los castellanos combaten en Granada tienen lugar importantes acontecimientos, dentro y fuera de España, que explican que, en 1492, los Reyes Católicos aparezcan como primera potencia europea. Comienzos de una hegemonía en Italia, presiones en Francia hasta obligarla a devolver los condados pirenaicos, entendimiento sin suavidades con el Pontífice para rematar la reforma de la Iglesia española, depuración de la fe, reformas administrativas y puesta en marcha de la recuperación económica de Cataluña, son los aspectos principales. Su solo enunciado basta para demostrar que Granada era sólo parte de un conjunto y no el todo de la acción, como los cronistas creían.

El 12 de agosto de 1484, apenas firmada la paz de Bagnolo, murió Sixto IV. Fernando e Isabel comprendieron que, en muchos aspectos, tendrían que recomenzar sus gestiones para aproximarse al nuevo Pontífice, Inocencio VIII, Juan Bautista Cibo. Sabían, desde el primer momento, que el Papa les necesitaba porque la situación financiera era en Roma dificilísima. Pero en el momento de la elección, Inocencio VIII había tenido que suscribir compromisos muy graves con varios cardenales, especialmente Rodrigo Borja, a quien prometiera la dirección de los asuntos de España y la mitra de Sevilla. Los monarcas españoles se mostraron intransigentes: no podían admitir que la tercera archidiócesis castellana quedara en manos de quien no habría de servirla. El conflicto era menos grave de lo que parecía, pues el Papa no podía dejar de reconocer que Fernando e Isabel defendían intereses honrados de la Iglesia. Su peligrosidad procedía de que, de nuevo, las relaciones entre Roma y Nápoles eran poco cordiales y podían mezclarse ambas cuestiones.

Nápoles era ya un barril de pólvora. Con desconocimiento de su debilidad, Ferrante y, sobre todo, el heredero Alfonso de Calabria, querían imitar a otros monarcas europeos en el aplastamiento de la nobleza; los barones se inclinaban ahora a considerar al Papa como un aliado. El 4 de noviembre de 1484 los Reyes Católicos despacharon a uno de sus más hábiles y enérgicos embajadores, Francisco de Rojas. A punto de producirse una guerra, Inocencio VIII cedió en toda la línea, revocando el nombramiento de Borja y otorgando la Cruzada en la forma que solicitaban los españoles. Éstos comprendieron que el momento era muy favorable y plantearon la cuestión del regio patronato: ningún obispo debía nombrarse sino mediante «presentación» real.

La rebelión de los barones de Nápoles

El 24 de septiembre de 1485 estalló en Aquila una revuelta que reclamaba el gobierno del Papa. Éste declaró la guerra a Nápoles el 14 de octubre siguiente. Contra lo que esperaba, Inocencio VIII vio cómo sus estados eran invadidos por las tropas napolitanas, a las cuales Milán y Florencia mostraban simpatía. Limitada en su extensión, la revuelta de los barones no tardó en ser aplastada. Quedaba una secuela de guerra, muy perniciosa para el equilibrio interior italiano y también para el de toda Europa, si Fernando el Católico intervenía y los franceses resucitaban los derechos angevinos. Los monarcas españoles deseaban evitar la guerra, pero no querían desaprovechar una ocasión tan buena. Enviando a don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, ofrecieron sus buenos oficios de mediación. Al mismo tiempo, como la otra cara de la medalla, exigían ya el regio patronato, la concesión de plenos poderes para la reforma del clero secular y regular y el monopolio estatal en los títulos universitarios a través de los tres únicos centros, Valladolid, Salamanca y Lérida.

Para obligar al Papa a ceder —nunca los documentos habían tenido tono tan cordial—, Fernando situó tropas en Sicilia. Pero ya uno de sus diplomáticos, Juan Gagliano, quitaba hierro a la cuestión al comunicar a los barones rebeldes que el rey de Castilla estaba dispuesto a imponer condiciones de moderación. Tendilla, instalado en Florencia, atrajo a ambas partes a úna paz, que fue firmada el 11 de agosto de 1486. Inocencio VIII y Ferrante debían reconciliarse; los barones se sometían sin que hubiese represalias en su persona o bienes; la ciudad de Aquila podía elegir entre ser de Nápoles o del Papa. Naturalmente, el Papa pagó por esta paz el precio que los reyes querían: aceptó el regio patronato y confirmó en bloque la política inquisitorial.

La misión de Tendilla, que trajo en su séquito a un curioso humanista, Pedro Mártir de Anglería, fue considerada como un triunfo espectacular. Por vez primera España dictaba su ley en Italia. La economía catalana fue la más beneficiada por este restablecimiento de la hegemonía, que se extendía a todo el Mediterráneo occidental. No faltaban las dificultades. La hegemonía obligaba a asumir el peso principal en la defensa contra los turcos, y ésta a revisar las relaciones con Génova y Venecia, entonces bastante malas, en busca de una colaboración. Pero además Fernando el Católico había garantizado con su palabra a los barones que no habría represalias. Y esta palabra no fue guardada: los rebeldes fueron perseguidos, asesinados o despojados de sus bienes. La cólera de Isabel y de Fernando puede imaginarse.

Desde 1487 existe un evidente cambio en cuanto a las relaciones entre España y Nápoles. Ferrante se había hecho indigno de la confianza. Lo malo es que los Reyes Católicos le necesitan, porque Nápoles constituye una pieza esencial del sistema defensivo mediterráneo, como lo es Egipto. Pero en adelante Fernando confiará más en su flota y en las negociaciones con Génova y Venecia, conducidas por el camino de la amistad, que en la falaz alianza con su pariente.

La presión diplomática sobre Francia

Lentamente, a fuerza de encontrarla en Navarra y en Italia, y en actitud negativa en la mesa de las negociaciones sobre el Rosellón, los Reyes Católicos acabaron por convencerse de que era Francia su principal enemiga y que sería muy difícil obligarla a ceder sin el empleo de argumentos de fuerza. Preparando esta fuerza regresaron a un sistema de alianzas que Juan II ya concibiera, con Inglaterra y Borgoña que, por la entronización de la Casa de Habsburgo en este último ducado, significaba ya el cerco total. Los primeros contactos con Maximiliano habían tenido lugar en 1483, pero en esta fecha no sobrepasaban el marco de la amistad tradicional, cimentada en los intereses recíprocos del comercio de la lana. Todos los posibles aliados coincidían en un punto de interés, Bretaña, que en 1485 tenía planteado un problema sucesorio por carecer el duque Francisco II de hijos varones. Mantener abierta la rebeldía bretona era de la mayor conveniencia para los enemigos de Francia.

La nobleza bretona estaba dividida, pues no faltaban quienes consideraban preferible entenderse con su rey natural. Pero las rebeliones contra Luis XI habían dejado notable secuela y Francisco II, que contaba con simpatizantes fuera de Bretaña, prefería buscar un heredero que garantizase la independencia. Alentado por Alain d’Albret, padre del nuevo rey de Navarra, el duque entabló negociaciones para casar a su hija Ana con Maximiliano de Habsburgo, rey de Romanos, duque de Borgoña y conde de Flandes. Esto sucedía en el otoño de 1485. Desde algunos meses antes, los Foix se habían reconciliado con los Beaumont, aceptando el castellanismo de éstos (Pau, 5 de febrero de 1485) con el solo objeto de que, a su vez, los castellanos ocupantes de una parte del país aceptasen que Alain d’Albret actuara como lugarteniente. Alain aspiraba a más: quería convencer a Isabel la Católica de que, pese a las buenas palabras de fray Bernardo Boil, el fiel agente de San Francisco de Paula, jamás recobraría los territorios pirenaicos sin apelar a la guerra.

Hasta después de la conquista de Málaga, Fernando e Isabel se mostraron vacilantes; no querían hallarse con una guerra de dos frentes. Dejaron pasar la gran ocasión de la revuelta aristocrática denominada la «guerra loca», aunque es de suponer también que sintiesen poca simpatía por un movimiento contra el poder real. Había, desde luego, contactos amistosos con Bretaña y con Navarra, pero sin dar entrada a decisiones fuertes. De pronto, Alain d’Albret tomó la iniciativa de trasladarse a Valencia (marzo de 1488) para proponer a los reyes una alianza militar que pondría a Navarra y Bretaña en línea para conseguir arrancar de Francia la devolución de los condados. El 21 de marzo se firmaron los tratados correspondientes. La expedición militar enviada inmediatamente a Bretaña constituyó sin embargo un fracaso. El duque de Orleáns, que mandaba el ejército conjunto, fue derrotado en Saint Aubin de Cormier. De los capitanes que mandaban las tropas españolas, uno fue muerto, Jaime de Híjar; el otro preso, Miguel Juan Gralla.

La unión matrimonial

Experiencia fallida, los Reyes Católicos la aprovecharon sin nerviosismo. Bretaña es un factor accidental y lo importante es la triple alianza, visible un momento en las tropas que condujera el duque de Orleáns. La diplomacia española trabajará intensamente, en los años que siguen, para lograr consolidarla mediante este procedimiento, tan específicamente Trastámara, los matrimonios. Desde 1487 los infantes disponibles aparecen ya distribuidos en el programa de los reyes en la forma en que luego lo hicieron, es decir, Isabel para Portugal, Juan y Juana para Borgoña, Catalina para Inglaterra, dejando en reserva a María, la más joven, a quien se propone Nápoles sin demasiada convicción.

1. El matrimonio portugués. Volviendo sobre un punto ya acordado en Alcaçobas, los Reyes Católicos y Juan II de Portugal reanudaron en 1487 sus conversaciones para la unión del heredero portugués con la mayor de las infantas españolas. El 6 de agosto de este año el Papa otorgaba poderes al cardenal Mendoza para dispensar del parentesco. Un Consejo convocado por Juan II en Almada aceptó el matrimonio (agosto de 1488), lo que quiere decir que se comprometió a cumplir la condición más importante para los españoles, garantía de que Juana nunca saldría del convento. La dote de Isabel era muy cuantiosa y, aunque deseasen la boda ardientemente, los españoles trataron de retrasarla, esperando que el fin de la guerra de Granada aliviase su carga económica.

En marzo de 1490, Juan II envió a Fernando Silveira y Juan Teixeira provistos de plenos poderes. Rápidos correos tenía el soberano portugués para estar al corriente de las negociaciones, celebradas en Sevilla, y que concluyeron el 18 de abril. La dote, de 106.666 doblas, debía pagarse en tres años. Hubo grandes fiestas con ocasión del desposorio, como si se buscase un contento popular por lo que era manifestación ostensible de la amistad renovada entre ambos reinos peninsulares. La infanta Isabel salió de Sevilla el 10 de noviembre del mismo año y celebró su boda con el príncipe Alfonso el 26 en el monasterio de Santa María del Espiñeiro, afueras de Évora; una maliciosa conseja popular decía que los novios se apresuraron a consumar su matrimonio, con escándalo de los frailes, en el mismo monasterio.

En la sombra acechaba una tragedia. Ocho meses después de la boda, cuando todo parecían sonrisas —hay evidentemente una mejora en las relaciones que entierra los rescoldos del pasado—, el príncipe Alfonso murió al caer de su caballo (12 de julio de 1491). Para Juan II, la pérdida del único varón era desastrosa. Pero lo que se había fundado con afecto no fue perdido. Isabel, arrancada a viva fuerza del cadáver de su marido, regresó a Castilla, pero publicando que no volvería a casarse.

2. El matrimonio inglés. La idea de consolidar la alianza inglesa por vía de matrimonio, fue formulada tímidamente por los embajadores británicos en 1477, pero no se hizo propuesta formal hasta 1488, probablemente por iniciativa de los Reyes Católicos. El embajador Rodrigo González de Puebla discutió largamente con Enrique VII, que se mostraba complacido por el enlace de su heredero Arturo, príncipe de Gales, con Catalina —que por aquel tiempo estaba cumpliendo tres años de edad— hasta llegar a un acuerdo de principio acerca de la dote, doscientos mil escudos, que los Reyes Católicos juzgarían excesiva (6 de julio de 1488). Inglaterra ofrecía en cambio dar amplias facilidades al desarrollo del comercio español, así como su ayuda para el recobro de los condados pirenaicos.

Éste fue el gran tema de negociación con Inglaterra, a la que presionaban a la vez España y Francia con ofertas de dinero. Enrique VII acabó decidiéndose por la alianza española y firmó el 27 de marzo de 1489 un largo acuerdo que disponía una colaboración militar, facilidades para el comercio entre ambos países y la boda de Arturo y Catalina cuando la edad lo permitiese. Los Reyes Católicos hubieron de consentir en la dote de los doscientos mil escudos. Los efectos más inmediatos de la alianza inglesa se advirtieron en el ámbito del comercio: en un plazo de años registramos el nombre de dieciséis mercaderes que aceptaron acogerse a la protección real.

3. El matrimonio borgoñón. En 1484, utilizando los servicios de un mercader asentado en Brujas, de nombre Nicolás Beltrán, Maximiliano de Habsburgo inició contactos con Fernando e Isabel a la búsqueda de un acuerdo muy amplio. En este caso existía una base económica muy antigua que podía servir de soporte al tratado. Los comerciantes castellanos tenían firme asiento en Flandes, cuya industria de paños dependía de los suministros de lana española, y los importantes privilegios acumulados a lo largo de los siglos XIV y XV les aseguraban un claro predominio. Fernando deseaba ampliar dichos privilegios a los catalanes. Cuando se produjo la revuelta de las ciudades flamencas contra Maximiliano, los monarcas españoles ordenaron a sus súbditos que le prestasen ayuda y despacharon una embajada en la que figuraban don Juan de Fonseca y el bachiller Sasiola.

De hecho, barcos vizcaínos, mandados por Alain d’Albret, colaboraron en la represión de la revuelta. Maximiliano, agradecido, envió sus propios embajadores, entre los cuales figuraba un hermano bastardo de Carlos el Temerario, de nombre Balduino, que casó en España con Mariana Manuel, de ilustre progenie (1489). Hubo negociaciones en Burgos este año sobre el doble matrimonio de Juan con Margarita de Austria y de Juana con Felipe de Habsburgo. Como de costumbre, Fernando e Isabel ofrecían una dote de cien mil doblas. Hubo poca decisión o más bien poco deseo de comprometerse por parte de Maximiliano, quien, desviando cuestiones, insinuó que fuera él mismo y no su hijo el que casase con Juana.

El fracaso en Bretaña

La gran alianza, cimentada sobre intereses económicos y promesas matrimoniales, tenía un doble objetivo: presionar a Francia para obligarla a devolver el Rosellón y crear un contrapeso a las aspiraciones angevinas a fin de mantener el equilibrio en Italia. La revuelta de los barones había apagado la confianza de Fernando e Isabel en Nápoles y, sin duda, la coincidencia de fechas nos está demostrando que se había decidido a partir de 1488 transferir al Oeste el eje de la seguridad diplomática. En Francia esto era perfectamente conocido; Carlos VIII llegará a convencerse de que sin el desmantelamiento de la alianza no podía tener éxito en su empresa de Italia. El recurso a la gran alianza señala también, en 1488, el fin de las esperanzas que Isabel alimentara de resolver la cuestión pirenaica por un procedimiento semejante al empleado con Portugal. La reina había llegado a ofrecer, en diciembre de 1486, una dote de cuatrocientos mil francos de oro para el matrimonio de Carlos VIII con una de sus hijas.

La alianza, que tenía un aspecto claramente militar, necesitaba de un lugar para ejercerse. Ninguno mejor que Bretaña. Sin desanimarse por el fracaso dé la primera expedición, los Reyes Católicos emprendieron con ahínco la tarea de reconciliar entre sí a sus aliados a fin de enviar tropas en socorro de Ana de Bretaña, que había sucedido a su padre, Francisco II, muerto el 9 de septiembre de 1488. En el propio ducado se acusaba la división entre dos partidos: el mariscal Rieux quería casar a Ana con Alain d’Albret —no obstante la gran diferencia de edad— como medio de garantizar la independencia; la joven duquesa huyó a Rennes, bajo la protección del duque de Orleáns, para sustraerse a un enlace que le repugnaba. Orleáns patrocinaba la candidatura de Maximiliano. Ambos bandos solicitaron de los Reyes Católicos su auxilio.

En el momento de firmar el acuerdo de Medina del Campo (marzo de 1489), los españoles estaban enviando armas y pertrechos a Bretaña, y preparaban un ejército a las órdenes de Pedro Gómez Sarmiento, conde de Salinas. No sabemos en qué momento estas tropas cruzaron el mar, pero estaban instaladas en Redon, cerca de Vannes, en diciembre de 1489. El embajador Francisco de Rojas trabajaba entre tanto con denuedo para concordar a los dos bandos bretones, pero no consiguió mucho éxito. Y, por otra parte, la reconciliación de Enrique VII y Maximiliano era más difícil de lo que parecía al principio. La presencia de tropas extranjeras en Bretaña complicaba todavía las cosas; era inevitable que cometiesen abusos, haciendo impopular la causa que defendían. De esta forma, incluso los rivales, Orleáns y el mariscal Rieux, sentían que se aproximaban lentamente sus puntos de vista a los del rey de Francia.

En este momento, Inocencio VIII tomó la iniciativa de intervenir como mediador entre Inglaterra y Francia. Fernando e Isabel protestaron diciendo que ninguna paz sería duradera mientras sus propias relaciones con Francia no estuviesen resueltas. Lograron que el obispo de Concordia indujese a Ana de Beaujeu a abrir negociaciones directas con los monarcas españoles; se iniciaron en enero de 1490 a través de fray Juan de Mauleón. Isabel aceptó con calor la idea de una entrevista personal con la regente de Francia. Las negociaciones se llevaron con riguroso secreto, pero ya no se interrumpieron en ningún momento. Mientras tanto se apretaban los tornillos —Maximiliano se desposaba con Ana de Bretaña (noviembre de 1490) y Borgoña e Inglaterra se reconciliaban— obligando a Francia a una mayor condescendencia.

En todo este asunto hay una dosis notable de engaño. Ana de Beaujeu se mostraba condescendiente —incluso fijando una fecha para la entrevista, 22 de julio de 1491, que sabía imposible de cumplir— mientras negociaba hábilmente con los bandos bretones y se prevenía contra la amenaza militar que representaban Inglaterra, España y Borgoña, ahora unidas por una triple alianza (Okyng, 20 de septiembre de 1490). Rosellón y Cerdaña, Normandía y Gascuña, la plenitud de la herencia de Carlos el Temerario, tales eran las demandas formuladas a Francia por los aliados, con amenaza de guerra. Lo malo era que todos carecían de dinero, y los Reyes Católicos, además, tenían que gastar otro año en Granada cuando creían haber resuelto este problema.

Alain d’Albret, despechado por el desposorio de Maximiliano, entregó Nantes a Carlos VIII. La resistencia bretona se derrumbó. Antes que arriesgarse a nueva derrota, Fernando ordenó a sus tropas concentradas en Redon que regresaran a la Península. Luis de la Tremoïlle sitió en Rennes a la duquesa Ana (mayo de 1491) y obligó al duque de Orange a capitular. Muy rápidamente Carlos VIII solicitó y obtuvo la mano de la duquesa (6 de diciembre de 1491), incorporando Bretaña a la corona por vía de desposorio. Desde el punto de vista español, la guerra de Bretaña se cerraba en un completo fracaso.

El tratado de Barcelona

Bretaña parecía ratificar el juicio desfavorable para las armas españolas; dato a tener en cuenta para la comprensión de la empresa de Carlos VIII en Italia. Sin embargo, los Reyes Católicos no se creyeron en la necesidad de modificar su conducta; al contrario, trabajaron en el fortalecimiento de la alianza de Okyng, publicando su intención de hacer la guerra en cuanto Granada se rindiese. Sasiola, de nuevo en Inglaterra, logró de Enrique VII la promesa de abrir las hostilidades para el 15 de abril de 1492. En febrero de este año había una flota en la desembocadura del Támesis con más de sesenta buques españoles. Por otra parte, Sasiola organizó la colonia de mercaderes en Inglaterra, muy numerosos, soporte idóneo para la prórroga de la alianza.

Los ingleses se precipitaron a desembarcar en Francia, apoderándose de Boulogne antes de que sus aliados estuviesen dispuestos (octubre de 1492). Aislado y en peligro, pues suscitaba partidarios un Perkins Warbeck que se hacía pasar por duque de York, aceptó un acuerdo con Francia y, renunciando a sus derechos, prefirió una indemnización. También Maximiliano y los Reyes Católicos habían aceptado negociaciones.

El matrimonio de Carlos VIII con Ana de Bretaña enlaza con las pretensiones de este rey a la corona de Nápoles. Los consejeros del joven monarca, a cuyo frente se encuentra el cardenal obispo de Angers, Jean Balue, afirmaban que Ferrante sólo se sostenía por el apoyo que de España recibía: una alianza con los Reyes Católicos bastaba para provocar el derrumbamiento del bastardo. Naturalmente, esta alianza tiene un precio, que es la devolución de los condados sobre los cuales los derechos franceses no tienen otra base que la usurpación mediante un depósito. Para Fernando, la restitución no entra en el juego simple de la diplomacia, do ut des, sino que es una obligación de conciencia que no se discute. A lo sumo cabe tan sólo dirimir otra cosa, la compensación económica por un préstamo del que los condados fueron en otro tiempo la prenda. Salvado este obstáculo, no existe razón alguna para no renovar la alianza tradicional, extendiéndola a los estados de la Corona de Aragón.

En julio de 1491 un embajador de Francia, Charles de Ancezune, visitó el campamento de Santa Fe; le fueron mostradas las fortificaciones en torno a Granada, en un alarde demostrativo de lo que cabía esperar respecto al próximo fin de la guerra. Cuando, en septiembre de este año, Juan de Albion regresa a Francia, halla actitudes amables: Carlos VIII se dice dispuesto a someterse a lo que sea justicia. En realidad estaba dispuesto a hacer concesiones a fin de romper la triple alianza. En la primavera de 1492 Juan Francisco de Cardona vino a anunciar a los Reyes Católicos que venían embajadores para negociar y que traían plenos poderes. Ana de Beaujeu y su marido Pedro, duque de Borbón, no confiaban ya en otro procedimiento para detener la acción de Carlos VIII que agitar la población rosellonesa, como si existiera un estado de opinión favorable a Francia. Esto era falso y no tardó en demostrarse; los habitantes de Perpiñán no sólo se abstenían de resistirse a la devolución de Cataluña, sino que se oponían al vizconde de Roda, agente de los Borbón en el condado.

Preparándose para la acción directa —sin duda Fernando estaba decidido a ir a la guerra si el Rosellón no se restituía—, los castellanos renovaron en mayo de 1492 su protectorado sobre Navarra, haciendo coronar en Pamplona a Juan d’Albret y Catalina de Foix, bien custodiados por las tropas que mandaba Juan de Ribera. Ana de Beaujeu había apoyado las pretensiones del señor de Narbona. Casi al mismo tiempo se reunían en Figueras los embajadores franceses y españoles para firmar el acuerdo: Carlos VIII devolvía los condados; los Reyes Católicos prometían no casar a sus hijas sin el consentimiento previo de Francia. Todavía fueron necesarios meses de forcejeo diplomático antes de que se firmase en Narbona, el 8 de enero de 1493, el tratado final, ratificado en Tours por Carlos VIII y en Barcelona por los Reyes Católicos el 19 de enero. Ésta es la razón de que los historiadores españoles le hayan llamado tratado de Barcelona.

Los Reyes Católicos confirmaban su alianza con Francia, suspendían las negociaciones matrimoniales con Borgoña e Inglaterra, no renovándolas sino después de un eventual consentimiento francés, y prometían no prestar ayuda a ningún enemigo de Francia, excepto al Papa. De Nápoles, ni una palabra. Unas semanas más tarde, inspirado por sus consejeros, Carlos VIII pidió que se aclarase la promesa. Hubo nuevas conversaciones y se temió que el final fuese una ruptura. No sucedió así, aunque algunos roselloneses pretendían que se tomase Perpiñán por la fuerza. Finalmente, el 7 de julio Carlos VIII dio poderes al duque de Borbón ordenándole hacer la entrega. El 25 de agosto, por su parte, los Reyes Católicos juraron que no casarían a sus hijas con parientes del rey de Nápoles ni ayudarían a Ferrante contra Carlos VIII «en el recobramiento de cualquier derecho que le pertenezca en el reino de Nápoles cuando el dicho nuestro primo y los suyos quisieren aquél recobrar». La frase era ambigua y escondía la intención, por parte de Fernando, de oponer sus propios derechos a los del rey de Francia. El 10 de septiembre de 1493 se habían devuelto los condados.

XLIV

LA RECONSTRUCCIÓN INTERIOR

El poder de los reyes

Los cronistas de la época consideraron a Fernando e Isabel como «restauradores» de la unidad hispánica perdida durante más de setecientos años. Pulgar llega a decir que se pensó en asumir el título de reyes de España, bajo el cual se les menciona a veces fuera de la Península, pero la idea fue abandonada. Hubo, sin embargo, todo un programa —conquista de Granada, protectorado sobre Navarra, insistentes matrimonios portugueses— para consolidar un bloque peninsular. En el centro de este bloque debía instalarse el fuerte poder de los reyes, que, a partir de 1494, al instituirse el Consejo Supremo de Aragón como paralelo al de Castilla, entraba por las vías de la futura burocracia de los Austria, al sumarse a éstos la Hermandad, la Inquisición e Indias.

En el establecimiento de este poder central hay todo un proceso jurídico, que parte de las capitulaciones matrimoniales (Cervera, 7 de enero de 1469) y se continúa en la sentencia arbitral de Segovia (15 de enero de 1475) dictada por la preocupación de salvaguardar la herencia femenina y garantizar a los castellanos contra una excesiva influencia aragonesa. Pero, a renglón seguido, el 28 de abril, la reina concede a su marido plenos poderes para actuar en todo cuanto a ella se había reservado. Y el 14 de abril de 1481, en Calatayud, Fernando hará lo mismo con su esposa en un documento contundente por su misma brevedad. De esta forma se estableció sobre todos los países de ambas coronas un poder conjunto, lo cual constituye una novedad. Es indudable que las cualidades peculiares de los reyes, su mesura, prudencia y aguda capacidad de comprensión desempeñaron un papel decisivo en la construcción de este poder central.

Término de llegada de un largo proceso revolucionario que comenzara a mediados del siglo XV, la monarquía de los Reyes Católicos ofrece grandes novedades, tanto en la conciencia de ser órgano de gobierno para una comunidad preestablecida, como en el respeto exquisito por las normas legales. La política con respecto a la nobleza ha sido mal entendida por olvidar que Fernando e Isabel no pretendían alterar nada de cuanto fuera derecho de los nobles ni concebían otro régimen social que aquel que se hallara presidido, en la cúspide, por una sólida nobleza. Es absurdo hablar de absolutismo. En cambio aparece muy pronto la preocupación de dotar al país de un cuerpo legislativo; ya en 1480 encargan a Alfonso Díaz de Montalvo la puesta al día de un corpus legal que refundiese todas las leyes vigentes. Éste fue el famoso Ordenamiento de Montalvo impreso en 1485, y cuya posesión fue declarada obligatoria para todos los lugares de más de doscientos vecinos. La edición de las Pragmáticas, desde 1503, completaría el conjunto.

La sociedad

Cabezas de una comunidad que los Reyes Católicos sentían definirse por su condición religiosa —es éste un punto que tendremos que explicar más adelante—, se hallaban, en su concepción política, a mitad de camino entre la noción tradicional de monarquía contractual y la moderna del Estado. Ellos eran depositarios de la autoridad y, como tales, instrumentos al servicio del bien público, y la primera obligación consistía en asegurar a todos los súbditos el camino más fácil para su salvación eterna. De ahí la persecución de los herejes, el destierro de los no cristianos, la defensa del regio patronato, que les parecía único medio de poseer obispos idóneos, y la exclusión de los extranjeros de la jerarquía eclesiástica.

La comunidad no era muy numerosa. El censo de Quintanilla de 1492 permite suponer seis o siete millones de habitantes para Castilla, a los que hay que sumar un millón largo para la Corona de Aragón y quinientas mil almas en Granada. Sin duda existía un claro índice de crecimiento. La población estaba desigualmente repartida, con mayor número en la Meseta que en el litoral, y daba una pirámide social de base muy amplia —un 83 por 100 de campesinos, según Vicens— y de vértice muy agudo, en cuya cúspide se hallaban los quince linajes de «grandes» castellanos y los diez de la Corona de Aragón. Al restaurar el orden, concluyendo el ciclo de las guerras civiles, los Reyes Católicos detuvieron el crecimiento insensato de los nobles. Esta política ha sido calificada a veces como contraria a la nobleza; en realidad se compensaba con la consolidación de los dominios, rentas y poder que la aristocracia había alcanzado. Los monarcas no tienen inconveniente en otorgar títulos que indicaban rango superior en la escala social, ni de permitir la constitución de mayorazgos para conservar los grandes estados. El testimonio de Marineo Sículo acerca de que los nobles poseían la tercera parte de las rentas del reino, la Iglesia otro tercio y la corona lo demás, parece referirse a un hecho real.

Naturalmente, estos dominios, edificados sobre señoríos, es decir, subrogaciones de la autoridad, y no sobre la propiedad, como en el antiguo feudalismo, habían provocado una depresión del campesinado. La protección desmedida de la ganadería contra la agricultura y la resistencia opuesta a cualquier proceso de creación de industria son aspectos del fenómeno que consideramos. Y, sin embargo, los reyes trataron siempre de proteger al campesinado, prohibiendo todo tipo de servidumbre (1481) o resolviendo la vieja injusticia de los remensas (1486). Probablemente las clases medias fueron las menos beneficiadas por el nuevo régimen que se montó sobre una estructura económica que dejaba poco lugar a la iniciativa industrial.

El saneamiento de las finanzas

Existía ya una política económica, algunos de cuyos aspectos han sido fuertemente criticados por historiadores modernos. La medida primera consistió en estabilizar la moneda, procedimiento por el cual se esperaba favorecer a los sectores de población más modestos, añadiendo a esto un esfuerzo para la contención de precios y para el aprovisionamiento del mercado de trigo. En 1481 se acuñaron en Valencia monedas de oro que fueron llamadas excelentes, a las que se daba el tamaño, peso y aleación del ducado. Su valor se cifró en 375 maravedís. La moneda de oro castellana llamada enrique tenía más alto precio, de 485 maravedís. El 13 de junio de 1497, la Ordenanza de Medina del Campo extendió a toda la Península el uso del excelente de la granada al mismo tiempo que disminuía su precio a 365 maravedís, a fin de establecer la relación de oro a plata en 10,755, más acorde con la realidad.

Algunas otras decisiones no parecen tan acertadas. Los límites impuestos a la acuñación de la moneda de vellón, para evitar el envilecimiento de los precios, causaron una auténtica invasión de moneda extranjera, francesa especialmente, que adquiría así oro y plata más baratos. El saneamiento de las rentas reales, que convirtió el presupuesto de 27.415.626 maravedís en 1477, en 150.695.288 para el año 1482 y en 341.733.597 para 1504, hubo de hacerse sin duda con notables sacrificios. Cambios fundamentales se señalan también en las rentas; dejan de percibirse muchas antiguas y poco provechosas, intensificándose en cambio las dependientes del comercio exterior. Al final del reinado, la Hacienda pública carecía de agobios y se apoyaba fundamentalmente sobre cuatro pivotes: los derechos de minas y salinas, el montazgo de los rebaños, los diezmos mercantiles y las rentas eclesiásticas de décima, Cruzada y Órdenes Militares.

El poder de la Mesta

Así se explica la política favorable a la ganadería, puesto que en las lanas veían los reyes su más segura fuente de ingresos. Gracias a una protección desmedida, la Mesta, que agrupaba a todos los ganaderos, pudo convertirse en el mayor poder económico del país. Numerosas disposiciones legales protegían a los rebaños y a las cañadas. Fue especialmente eficaz la labor del licenciado López de Chinchilla, miembro del Consejo Real al mismo tiempo que juez pesquisidor de las cañadas. Utilizando el propio Consejo como si fuera tribunal de primera instancia, la poderosa Mesta tenía enormes ventajas en sus pleitos con campesinos que carecían de medios económicos para trasladarse a la Corte. Jorge Mexía, apoderado de la Mesta entre 1474 y 1502, movió no menos de un millar de pleitos, causando daños muy graves a la agricultura. Bastaba con que una dehesa se hubiese utilizado diez años sin protesta para que fuese absorbida por la Mesta.

La unificación del servicio de montazgo de los ganados, así como el plan de obras públicas para dotar de puentes y caminos convenientes a ciertas comarcas, beneficiaron a la Mesta. También la Hermandad, que administraba justicia expedita en campo abierto. La consecuencia de todo esto fue una determinada actitud económica muy próxima al mercantilismo, por la que hubo que pagar un alto precio. Dominados por la fiebre de vender —la cual se extiende a otros sectores, principalmente del hierro—, los castellanos principalmente abandonaron cualquier tentativa de aprovechar industrialmente sus materias primas. No faltaron voces de advertencia, pero hubiera sido muy difícil sustraerse a la tentación de los beneficios, que eran importantes. Ello no obstante, a partir de 1486 los Reyes Católicos mostraron su preocupación tratando de impedir la entrada de paños extranjeros a fin de favorecer a los fabricantes españoles. Ordenanzas para regular esta industria se promulgaron apresuradamente en 1489 y 1490. Luego, los monarcas organizaron una gran operación de consulta y, venciendo la resistencia de los mercaderes, se dictaron al fin las Grandes Ordenanzas del 15 de septiembre de 1500; concesión a los comerciantes, se obligaba a que las piezas les fuesen entregadas ya tundidas y mojadas.

En otro aspecto, las resoluciones fueron menos felices. El abandono de la agricultura se demostró con las grandes escaseces trigueras de 1502 y 1503. Mala circulación de los granos, falta de un sistema de regulación del mercado, el país estaba normalmente mal abastecido de trigo. Abundaba en unas regiones y escaseaba en otras; sucedían años de escasez a otros de abundancia. Y ningún remedio se había aplicado nunca, como no fuese la compra o venta en el exterior de cuanto se necesitase. A pesar de que desde el verano de 1501 se hacían las más severas advertencias en cuanto a la futura cosecha, siguieron concediéndose licencias de exportación para el trigo, hasta que ya fue demasiado tarde. Luego, cuando se produjo el hambre, apenas si fueron arbitrados remedios policíacos, como la persecución de los acaparadores y las tasas en el mercado.

El comercio exterior

Los Reyes Católicos heredaron un sistema comercial muy próspero que se apoyaba en Nantes, La Rochela, Rouen, Brujas y Londres, pero al cual supieron además proporcionar extraordinario vigor empleando los recursos de su diplomacia. Al mismo tiempo adoptaron medidas, como el control riguroso de entrada y salida de productos, la vigilancia para impedir el escape de metales preciosos —vigilancia a todas luces insuficiente— y la reserva del transporte de mercancías españolas a buques españoles. Se estimulaba también la construcción de navíos de gran tonelaje, y era notoria la intención de borrar diferencias entre sus súbditos. Por ejemplo, Fernando pretenderá en todo momento que se otorguen a los catalanes los mismos privilegios de que gozaban los castellanos. Sin embargo, en el conflicto entre vizcaínos y burgaleses, que era en el fondo competencia entre transportistas y comerciantes, Isabel se mostró claramente parcial en favor de los segundos, que pudieron constituir un Consulado. El Consulado de Bilbao es posterior a la muerte de la reina.

El centro neurálgico de este comercio se hallaba en Medina del Campo, en donde funcionaban desde principios de siglo las famosas Ferias. La ciudad no respondía, en volumen o riqueza, a la importancia de lo que allí sucedía dos veces al año, en mayo y en octubre. Las casas ofrecían malas condiciones higiénicas y, en varias ocasiones, se produjeron incendios. Pero las tiendas de los cambistas instaladas en la plaza —en donde se celebraba misa en un balcón de la Colegiata, a fin de que pudieran cumplir sus deberes religiosos sin abandonar el negocio— aseguraban un mecanismo de pagos diferidos y de crédito que hacía posible el funcionamiento de todo el sistema. Isabel se opuso rigurosamente a cualquier intento de crear competidores a Medina. No tenía elementos de juicio para comprender que la Feria era ya institución arcaica y que sus procedimientos resultaban primitivos al lado de los banqueros italianos o alemanes del tiempo. El gran problema del siglo, la escasez de capitales, no podía ser afrontado con medios tan simples. En 1492 los intereses se elevaban a un 35 por 100 del valor del capital.

El problema remensa

Cataluña era el primer enfermo de la monarquía. Ya en su primer viaje, en 1479, pudo Fernando el Católico comprobar este hecho, así como la dificultad que ofrecían las instituciones aragonesas, demasiado inflexibles. Vicens Vives, en varios estudios de inmejorable calidad, ha podido definir el desgavell catalán como resultado de dos fenómenos, el problema social de los remensas y el económico de la insuficiencia de rentas municipales, consecuencia a su vez de la quiebra de la burguesía medieval, sustituida por la aristocracia campesina y por los pequeños equipos capitalistas. La existencia en Cataluña de una potente burguesía —a diferencia de lo que ocurría en Castilla— hizo posible una resistencia suicida. Desde fines del siglo XIV el patriciado catalán venía luchando con denuedo en defensa de unas estructuras ya inservibles. Invirtiendo su dinero en títulos de la deuda —censales— y en el campo, presionaban por todos los medios para impedir el envilecimiento de ambas rentas. Con respecto a los campesinos, remensas, la consecuencia era una creciente opresión.

El problema remensa era mucho más complejo de lo que a simple vista puede parecer; deprimidos jurídicamente no lo eran en cuanto a su status económico. Muchos de los remensas eran verdaderamente ricos. Por tanto no era suficiente con otorgarles la libertad; querían —y ahí estaba el nudo de la cuestión— conservar además la tierra que trabajaban. La única solución consistía en una disposición real que sustituyese la servidumbre, y su signo exterior, los malos usos, por un contrato de arrendamiento. Los remensas fueron, durante la gran revuelta catalana, fieles al monarca porque sólo de él esperaban la salvación. Cuando, en su primera visita a Barcelona (septiembre de 1479), Fernando el Católico decidió demorar el asunto, se produjo entre los campesinos un estado de inquietud que degeneró pronto en revuelta. A su juicio no había otra solución que un arbitraje para señalar qué compensación debían recibir los señores por el abandono de los malos usos. Los señores se mostraron resueltamente opuestos —eran nobleza, clérigos y patricios— y, fuertes en las Cortes, consiguieron arrancar del monarca el restablecimiento de la situación legal antigua (Constitución Com per lo senyor, de 8 de octubre de 1481).

Ello no obstante, Fernando encomendaba al lugarteniente real en Cataluña que celebrase frecuentes reuniones con los remensas, a los cuales se autorizaba a constituir asociaciones. Un sector del campesinado, más colérico, dirigido por cierto Pedro Juan Sala, apeló a las armas en 1484, diciendo falsamente que el rey les apoyaría. Lo que el rey ordenaba era el aplastamiento de la revuelta, que se extendía peligrosamente por Vich y el Vallés, amenazando los aledaños de Barcelona. Éste fue el error. La oligarquía barcelonesa tomó a su cargo la lucha y proporcionó las tropas que permitieron al lugarteniente derrotar y prender a Pedro Juan Sala en Llerona, cerca de Granollers. El rebelde fue ajusticiado el 28 de marzo de 1485. Durante las hostilidades, sin embargo, no se habían interrumpido las conversaciones de los oficiales del rey con los remensas moderados.

La revuelta y su fracaso proporcionaron a Fernando el Católico los medios que necesitaba para imponer a ambas partes su mediación. Luis de Margarit y el gobernador Requeséns de Soler consiguieron vencer la desconfianza de los remensas hasta inducirles a enviar síndicos a tratar con el rey. Para imponerse en medio de los recelos de unos y la mala fe de los otros, Fernando acudió al expediente de enviar un castellano, don Íñigo López de Mendoza, el cual pudo convencer a payeses y señores de que suscribiesen un documento que aceptaba de antemano la sentencia arbitral que el monarca dictase (octubre de 1485). Durante varios meses de invierno se prolongaron las disputas en la Corte, que andaba por Extremadura. El 21 de abril de 1486, en Guadalupe, fue publicada finalmente la sentencia. Los payeses conservaban sus tierras, pagando cada uno sesenta sueldos a su señor en indemnización de los malos usos que desaparecían. Los señores percibirían además la suma global de 6.000 libras por atrasos y daños, y los payeses pagaban al rey una multa de 50.000 libras en castigo de las últimas revueltas.

Aun dejando en pie un problema que en la siguiente centuria llegará a hacerse en Cataluña muy grave, el bandolerismo, la sentencia de Guadalupe mostró su eficacia, porque resolvió la cuestión de los remensas. Éstos constituyeron una asociación, con representantes elegidos para garantizar el pago de las sumas adeudadas. La represión contra los rebeldes fue luego dulcificada.

La crisis económica de Cataluña

Visible en la creciente deuda municipal —éste es literalmente el desgavell—, la crisis tenía doble origen, pues a la decadencia económica del mundo mediterráneo se sumaban los defectos de una organización anquilosada de la ciudad. También aquí ha sido Vicens Vives el disipador de leyendas que presentaban a Fernando como enemigo de las libertades ciudadanas. Barcelona se regía por el privilegio del 7 de octubre de 1455, que entregaba el poder a cinco consellers anuales, dos del estamento de ciutadans honrats y uno de mercaders, artistes y menestrals, respectivamente. La elección se hacía por doce electores tomados por insaculación entre los miembros del Consell de Cent, denominados jurats. Cada consellería nombraba a su vez la mitad de los jurats, que permanecían dos años en cargo, de tal modo que el gobierno era un círculo de completa oligarquía, que nombraba para los cargos y era nombrada por ellos. Además, los dos primeros estamentos de ciudadanos honrados y mercaderes —el patriciado— disponían de los dos tercios de los votos, tanto en el Consejo de Ciento como en la consellería. A pesar de su número, el Consejo estaba compuesto en realidad de 128 jurados, a fin de que fuesen 32 por cada estamento. Apenas se reunía. Como auténtico consejo funcionaba un Trentenari de 32 personas tomadas por sorteo. Ninguna meta elevada se había propuesto esta oligarquía, que parecía no tener ya otro objetivo que perpetuarse en el poder.

Probablemente el mal mayor que Cataluña sufrió con los Trastámara fue la pérdida de su carácter directivo, agravada ahora con Fernando, que tenía que gobernar casi toda la Península. La institución de una lugartenencia en el infante don Enrique, hijo del que fuera maestre de Santiago, no evitó este mal. Mientras tanto, era la propia oligarquía quien reclamaba reformas, a fin de garantizar el pago de las deudas de la ciudad, de la que era ella principal acreedora. Por otra parte, las relaciones entre el Consejo de Ciento y la Asamblea llamada General de Cataluña eran malas; el General debía sumas importantes a la ciudad que no pagaba y había en él una tradición bigaire que le oponía a los buscaires predominantes en el Consejo.

La primera idea, aplaudida por la ciudad, fue de proceder a una reforma del General, cuyas finanzas eran aún más caóticas que las del Consejo, y restituir los bienes tomados durante la guerra civil. Fernando hizo constituir una comisión en 1479 porque pensaba que había que ofrecer compensaciones económicas a los actuales poseedores de bienes confiscados. Pero Cataluña no estaba en condiciones de hacer esfuerzo alguno en tal sentido. Salvo Valencia, acreedora del rey por préstamos riquísimos, toda la Corona de Aragón atravesaba momentos difíciles. Y éstos se reflejan en la actitud de las Cortes, poco sumisas, en contraste con las de Toledo.

Las Cortes de Barcelona de 1480-1481 presenciaron auténticos choques verbales entre los procuradores y el rey, que necesitaba subsidios para la defensa del Mediterráneo. Once meses duró el forcejeo, durante los cuales Fernando acusó a los catalanes de ser culpables de su propia ruina, y no consiguió otra cosa que el nombramiento de una comisión que propusiese las reformas. Las de Calatayud, reunidas en un intervalo de las sesiones barcelonesas, procedieron de igual modo, constituyendo una comisión inoperante por su excesivo número. La concordia final pudo conseguirse en Cataluña cuando los procuradores solicitaron de Isabel la Católica que actuase como mediadora entre su marido y las Cortes. Una corriente de mutua confianza pareció nacer entonces, y las Cortes fueron clausuradas el 8 de octubre de 1481 en ambiente cordial.

La recuperación

En las Cortes de Barcelona se tomaron ya las primeras decisiones en orden a beneficiar la economía catalana, protegiendo su industria de paños y asegurando el monopolio sobre el coral sardo. Pero el déficit de las finanzas municipales exigía otros remedios, aquellos que expusiera Juan Bernat Marimón en 1481: amortización de los censales, reducción de los salarios pagados por el Consejo de Ciento y contribución del clero, que se consideraba exento de cargas. Se dijo que era injusto aplicar una parte del programa sin acometerle totalmente, y como los clérigos se negaron a pagar, todo él fue detenido. El clero se decía dispuesto a contribuir con una suma gratuita, pero no quería establecer el precedente de su tributación. En 1483, durante la consellería de Pere Coromines, el enérgico bigaire que dirigiera la lucha contra Juan II, fue elaborado finalmente un plan en todos sus detalles para equilibrar la hacienda.

Comenzó entonces la lucha denodada en Roma para conseguir una bula que forzase la voluntad del clero. Eran los años duros de la agitación remensa, hambre y epidemias en Cataluña, a las que se sumaba la rebeldía del conde de Pallars, reliquia extemporánea de la guerra civil. En las Cortes de Tarazona de 1484 Fernando hizo, como sabemos, un último esfuerzo para fundir en una sola las diversas Asambleas de la Corona de Aragón, pero fracasó y, en adelante, renunciaría a convocar a los procuradores juntos. Fue inevitable que Castilla acreciese entonces su influencia en el conjunto de la monarquía: más flexible a los deseos del monarca, era la que proporcionaba el dinero. Isabel lo entendió así cuando obligó a su marido a suspender la acción pirenaica a fin de emprender la conquista de Granada.

En Tarazona comenzó también una tensión bastante aguda con el reino de Aragón, cuya resistencia a pagar irritaba a Fernando el Católico. Éste planteó la conveniencia de imponer sisas, y los procuradores le recordaron que incurriría en caso de excomunión, a menos que fuesen acordadas por las Cortes y con voto unánime. El rey acudió al Papa para obtener anulación de las censuras eclesiásticas y ganó la partida; pero desde 1488 la tensión se hizo rabiosa. Por otra parte, las dificultades con que tropezaba la Inquisición movieron a Fernando a procurar otras reformas, entre ellas el quebranto de la oligarquía municipal de Zaragoza y el establecimiento de una policía semejante a la Hermandad. En 1487 el rey suspendió las listas de jurados y procedió a designar por sí mismo los miembros del Consejo municipal. El 18 de diciembre de este año todos los municipios aragoneses fueron incluidos en una Hermandad, a la que, como en el caso de Castilla, se había designado una duración de cinco años; su fuerza permanente sería de ciento cincuenta lanzas. Hecho esto, Fernando reunió nuevamente las Cortes en Zaragoza (1488) para hacerlas votar sisas y subvenciones.

De Zaragoza, los reyes pasaron a Valencia, en donde nuevas Cortes otorgaron subsidios para la guerra de Granada. La Hermandad y la Inquisición iban con ellos como símbolo de recobrada autoridad. Lo mismo sucedía en Cataluña: contra el conde de Pallars, vuelto a la rebelión, fue empleada la fuerza. Pero esta misma autoridad, que algunos historiadores han presentado como sistemática enemiga de las libertades catalanas, servía al Principado, que no confiaba en otra cosa que en las medidas que el monarca pudiera adoptar. El rey, por su parte, tenía un lógico interés por la recuperación de Cataluña, esperando una mayor contribución a los comunes esfuerzos económicos. En diciembre de 1487, tres síndicos, Juan Ros, Ramón Marquet y Jaime Destorrent, que representaban lo más granado de la burguesía barcelonesa, visitaron a Fernando el Católico en Zaragoza. Convencieron al rey de la necesidad de reformar el General y de la oportunidad de medidas de monopolio sobre la seda y los paños en Sicilia y del coral en Cerdeña.

La reforma del General en Cataluña coincide con otra semejante de la Diputación de Zaragoza. En ambos casos se sustituye el mecanismo constitucional por un nombramiento directo que, en Barcelona, llevó a la presidencia al abad de Poblet, que era castellano, Juan Payo. No hubo protestas; los propietarios de censales confiaban en que una mejor administración garantizaría sus rentas. La economía experimentó inmediata mejora. Los conselleres comunicaron al monarca que el plan Coromines podía y debía ponerse inmediatamente en marcha, pero para su aplicación era necesaria la intervención directa del propio soberano. Y éste no se demoró, solicitando del Papa una bula que obligase a pagar a los eclesiásticos y disponiendo que los foráneos contribuyesen.

Pero, en este momento crítico, Fernando advirtió que la ciudad no respondía; los miembros del patriciado barcelonés estaban muy poco inclinados a adoptar aquellas medidas que suponían para ellos un sacrificio. De nuevo el rey apeló al golpe de estado: el 29 de noviembre de 1490 fue depuesta la consellería y se nombraron nuevos conselleres directamente por el monarca; presidía Jaime Destorrent. Fernando no creyó en modo alguno que estaba cometiendo un abuso de poder, pues le movía el solo sentimiento de servir a Cataluña. La incapacidad de la oligarquía para lograr una mejora en la economía fue la causa de su decisión, que pareció justificada, pues el 16 de agosto de 1491 el Consejo de Ciento aprobó el plan Coromines íntegramente y dispuso su aplicación.

Las reformas castellanas durante la guerra

Entre 1480 y 1498 no hubo, al parecer, Cortes; las que se celebraron con posterioridad a dicha fecha no han producido cuadernos. De este modo las Cortes de Toledo fueron el gran acontecimiento central del reinado. Pero incluso en la aplicación de sus decisiones más importantes fue menester tiempo y trabajo. Fray Hernando de Talavera presidió reuniones de los contadores para acordar en qué forma debían rescatarse los juros suprimidos y ajustarse las rentas de los demás. El esfuerzo fue parcialmente un fracaso, porque eran muchas las rentas que estaban totalmente hipotecadas al pago de los réditos y, en ocasiones, eran superadas por éstos. Los reyes —y las ciudades también— se veían obligados a emitir juros para hacer frente a necesidades repentinas de dinero. Los juros evolucionaban para convertirse en auténticas obligaciones de la deuda. A partir de 1488, además, al tiempo que restablecían la moneda forera, suspendida en el momento de creación de la Hermandad, Fernando e Isabel reformaron la Contaduría, ordenando redactar nuevos libros valederos para cinco años.

La guerra de Granada, que constituyó un esfuerzo importante tanto desde el punto de vista económico como desde el humano, impuso necesidades que dieron origen a reformas institucionales duraderas. En 1484 los reyes delegaron su autoridad en el almirante Alfonso Enríquez y el condestable Pedro Fernández de Velasco, los cuales presidirían el Consejo en Valladolid; el condestable renunció por deseo de participar en las hostilidades, y sólo en 1487 aceptó el honroso cargo, instalándose entonces en Burgos. La Hermandad por su parte iba camino de convertirse en ejército permanente, lo cual despertó notoria oposición a causa del gran peso que representaba. Pero esta oposición, dirigida por Burgos, que era el municipio que más contribuyera al establecimiento de la Hermandad, estaba condenada de antemano. El Consejo de la Hermandad destinó cantidades crecientes —diez millones en 1484, doce en 1485— al sostenimiento de la guerra. En 1488, dentro de la cuarta prórroga, la Hermandad recaudaba sesenta y seis millones de maravedís, cifra que las antiguas Cortes hubieran considerado fabulosa. Y sin embargo Quintanilla la consideraba insuficiente y quería imponer el 1 por 100 sobre todos los bienes de testamentaría.

Los monarcas no fueron insensibles a las quejas. Después de la conquista de Granada, mientras se hacían nuevas prórrogas, comenzaba una información que condujo, en 1498, a la supresión del aparato fiscal de la Hermandad. Subsistían la Vieja Hermandad de Talavera, Toledo y Ciudad Real, y en cada comarca alcaldes y cuadrilleros cuyo sostenimiento corría a cargo de los respectivos municipios.

Las Órdenes Militares, cuyo papel en la guerra era decisivo, constituían el más formidable conjunto de poder económico de la monarquía. Desde 1485 los reyes, que necesitaban de la concentración de esfuerzos más completa posible, decidieron asumir su administración. El 12 de febrero el capítulo de Calatrava acordó que no elegirían sucesor de García López de Padilla, maestre entonces, sino que reconocerían a los monarcas. En abril fueron introducidas modificaciones en la regla de Santiago, de la que a la muerte de Alfonso de Cárdenas, siete años más tarde, se encargó Fernando. En 1494 se firmó con el maestre de Alcántara, Juan de Stúñiga, un generoso pacto con la renuncia de éste último. En 1501 el Papa Julio II otorgaría una bula para permitir a cualquiera de los monarcas supervivientes retener la administración de las Órdenes.

El enfrentamiento con la nobleza

Insisto en advertir que muchas veces se ha interpretado erróneamente la política de los Reyes Católicos en relación con sus nobles. Ellos trataban de rescatar y defender su patrimonio —lo mismo que los miembros de la aristocracia—, pero no querían destruir a los linajes, que eran sus mejores auxiliares. El matrimonio era una buena fórmula para introducir hombres adictos en los linajes: pagan sumas considerables para casar a un hijo de Gonzalo Chacón con la heredera de Pedro Fajardo y así poner en manos de un leal el importante mayorazgo murciano. El hijo de este matrimonio —Pedro Fajardo, como su abuelo— será promovido marqués de los Vélez. Pero, entre tanto, Juan Chacón habrá prestado un importante servicio al implantar en Murcia el régimen de corregidores. En ocasiones también vemos a los reyes aplicar mano muy dura, pero es siempre en cumplimiento de sentencias criminales.

Normalmente Fernando e Isabel asumieron ante los nobles una actitud de pacificadores en justicia. Tal es el caso de Orduña, que el mariscal García López de Ayala reclamaba por suya contra el parecer de sus habitantes. El rey dictó sentencia reconociendo la inseparabilidad de la ciudad del señorío de Vizcaya, pero otorgó al mariscal la posesión de su alcaidía y de los bienes particulares. Al marqués de Villena se dieron grandes compensaciones por su villa de Riaza y las rentas perdidas; su hijo, Juan Pacheco de Luna, fue casado con Francisca de Mendoza para que las dos casas liquidasen armoniosamente la discordia nacida en torno a la herencia de don Álvaro de Luna. Los nobles se prestaban bien a estos enlaces matrimoniales porque coincidía con sus costumbres y conciencia de clase. Los reyes defienden incluso el mayorazgo de hijos contra padres, como el conde de Treviño, don Pedro Manrique, demasiado pródigos. En 1486 van a Alba de Tormes expresamente para reconciliar al duque de Alba, don García de Toledo, con el condestable Velasco, dos caracteres fuertes si los hubo.

Toda esta política, llena de gestos de concordia, sentencias arbitrales, bodas de conveniencia e incluso palmetazos oportunos cuando hace falta, apunta a un saneamiento de la nobleza, a la que se defiende de advenedizos y se conserva tras ciertos límites que no deben ser traspasados. Se han manejado solamente tres ejemplos, el de Cangas de Tineo, Plasencia y Ponferrada para demostrar que los Reyes Católicos trataban de despojar a la nobleza de su patrimonio. Pero los derechos de los Quiñones a Cangas y de los Stúñiga a Plasencia, que databan del despojo de los infantes de Aragón, tenían que parecer a Fernando, hijo del antiguo duque de Peñafiel, más que discutibles. El concejo de Tineo reclamó de los reyes su retorno al realengo, y la cuestión, mezclada a graves problemas de orden público en Asturias, fue encomendada por éstos a jueces especiales, el cardenal Mendoza y fray Hernando de Talavera, nada sospechosos a los nobles. Su sentencia incluyó compensaciones que pueden calificarse de adecuadas. En el caso de Plasencia, en donde también se produjo una revuelta, la actitud de los soberanos es menos clara, pues jugaron con un joven heredero amenazado por sus tíos.

El ejemplo de Ponferrada

En 1483, muerto Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, heredó este condado su nieto bastardo, Rodrigo Enríquez Osorio, al que se había legitimado. El conde de Benavente, Rodrigo Alfonso Pimentel, protestó en nombre de su nuera, hija legítima del difunto. Los Reyes Católicos dispusieron el depósito de Ponferrada en manos del mayordomo mayor Enrique Enríquez y abrieron un proceso. El conde de Treviño, Pedro Manrique, interpuso también su reclamación. Una primera sentencia, dictada por el almirante Enríquez y el marqués de Astorga, entregó la herencia a Rodrigo Enríquez, fijó compensaciones a las hijas del muerto y dispuso que Ponferrada quedase pendiente de resolución ulterior, mejor informada (16 de junio de 1484). Rodrigo Enríquez decidió usar la fuerza atacando Ponferrada (marzo de 1485). A toda prisa los reyes, que estaban en Córdoba, dispusieron el envío de fuerzas militares para sofocar la revuelta que, entre tanto, había logrado un éxito inicial con la entrega del castillo viejo y la prisión de su defensor, Jorge de Avendaño.

Pocas veces tuvieron Fernando e Isabel que enfrentarse con actos de desobediencia que pudiesen ser comparados con el de Rodrigo Enríquez Osorio, conde de Lemos. Un ejército improvisado que el conde de Alba de Liste llevó contra Ponferrada en agosto de 1485, fracasó. Todo el invierno el conde de Lemos se mantuvo en actitud rebelde. Si los reyes hubiesen sentido el deseo de combatir a la nobleza que a menudo se les atribuye, ninguna ocasión mejor para confiscar los bienes al empecinado alborotador. Pero no lo hacen. Llegados a Medina del Campo en marzo de 1486 completan su sentencia arbitral de 1484 declarando que Ponferrada pasará a la corona real, otorgándose al conde de Lemos la compensación económica que corresponda. Rodrigo Enríquez se rinde, alegando que sus acciones iban contra el conde de Benavente y no contra los reyes, y éstos le envían fuera de Galicia.

Domada la revuelta, Fernando e Isabel —es muy típica su actitud en este caso— pensaron que la paz no podía establecerse sino sobre una plataforma de justicia y de concordia entre linajes vecinos. Liquidan el pleito pendiente entre los herederos de Pedro Álvarez Osorio pagando diecisiete millones de maravedís. Luego casan a Isabel Osorio, hija del marqués de Astorga, con Bernardino de Quiñones, primogénito del conde de Luna; ellos pagan la dote, que importa otros tres millones. Sin duda alguna Ponferrada valía este dinero, pero no puede decirse que los monarcas hayan procedido a ningún despojo.

XLV

EL MÁXIMO RELIGIOSO

Los fundamentos

Las mayores polémicas en cuanto se refiere a la obra de los Reyes Católicos se han desatado a la hora de formular juicios acerca del establecimiento de la Inquisición, la expulsión de los judíos y la conversión de los musulmanes. Cualquier juicio desde el punto de vista del hombre moderno se halla expuesto a graves errores, pues la fe del siglo XV planteaba la cuestión en forma totalmente distinta, y crímenes que hoy son reputados como terribles, apenas si eran considerados entonces como pecadillos perdonables; a la inversa, cualquier atentado a la unidad de la fe, bien supremo, se hacía digno de las mismas atroces penas que hoy reservamos para el traidor a la patria o el desertor en armas frente al enemigo. A fines del siglo XV, cuando las monarquías europeas superaron el arcaísmo paternal de la Edad Media y se convirtieron en encarnación de sus respectivas comunidades, hallaron inconcebible la coexistencia de varias religiones. Una comunidad se definía, en primer término, por su ley o por su fe, sin cuya unidad, la existencia de aquélla parecía imposible. Mientras la corona fue un bien patrimonial, ningún obstáculo se oponía a que por ella se rigiesen comunidades diferentes, una de rango superior y las otras inferiores. Madurez de los tiempos, a los Reyes Católicos esta convivencia parecía un absurdo; no persiguieron a las personas, sino a las creencias, por eso aplicaron la Inquisición a los cristianos y colocaron a judíos y moros entre la disyuntiva de convertirse o emigrar.

Establecimiento de la Inquisición

Todos los derechos penales europeos del siglo XV reconocían en la herejía el peor de los crímenes, acreedor a la pena de muerte en hoguera. Cuando los Reyes Católicos se dirigieron al Papa para solicitar el establecimiento de la Inquisición, no pedían otra cosa que un organismo capaz de descubrir sin error la existencia de dicho crimen. Nada inventaban, pues la Inquisición funcionaba en muchos países —no en Castilla— desde el siglo XIII; dotaron, sin embargo, al famoso tribunal de tales medios que, en la práctica, le convirtieron en cosa nueva. Los perjuicios materiales que su decisión provocaría les fueron probablemente conocidos, pero consideraron que los beneficios espirituales de la unidad les superaban con creces.

Durante su estancia en Sevilla, en 1478, los soberanos se convencieron de que la existencia de numerosos conversos, antiguos judíos que practicaban en secreto su religión, era peligro muy grave para la comunidad cristiana. El fundamento real de dicha convicción se nos escapa en gran parte. Fray Alonso de Espina aseguraba que la mezcla de creencias y ritos, judíos y cristianos, por gentes de poca instrucción o mala fe, arrastraría a la larga a una herejía. Acerca de los judaizantes se contaban cosas atroces, blasfemias, sacrilegios, asesinatos rituales, probablemente falsas, pero que eran creídas. Ya en el otoño de 1477 Isabel mantuvo conversaciones con el nuncio Nicolás Franco sobre este tema, pero hasta el 1 de noviembre de 1478 no fue otorgada por Sixto IV la bula que autorizaba a los reyes —y ésta era una tremenda novedad— a designar dos o tres inquisidores idóneos.

Pasaron dos años. Se intensificaron las predicaciones a fin de atraer a los conversos, y el cardenal Mendoza redactó incluso un catecismo con este fin. En las Cortes de Toledo se ordenó la segregación de las aljamas, imponiendo a los judíos confesos el uso de un signo distintivo. El 27 de septiembre de 1480, haciendo uso de la bula, Fernando e Isabel nombraron inquisidores a fray Miguel de Morillo y fray Juan de San Martín con objeto de que depurasen Sevilla. Pulgar afirma que al edicto de gracia se acogieron ya quince mil personas, a quienes se impuso penitencia. Luego empezaron los procesos. Menudearon las delaciones y las fugas de quienes temían ser acusados. Comenzaban a arder las hogueras en el campo de Tablada y sobre la ciudad cayó una pesada atmósfera de terror. No hay duda de que los inquisidores se excedieron e incluso de que cometieron injusticias. El número de quemados sobrepasó al medio millar en tres años; los sentenciados a diversas penas eran varios millares. Las confiscaciones de bienes extendían el daño a personas que nada tenían que ver con el crimen de herejía.

El P. Llorca, siguiendo las huellas del P. Fita, ambos autoridades sin sospecha, entiende que el rigor de 1481 disminuyó algo en los años siguientes. Pero la Inquisición comenzaba a trabajar en otras ciudades, causando víctimas. El temor se infundía no sólo a los cristianos nuevos, presuntos reos, sino también a los cristianos viejos, en quienes se formaba conciencia de sospecha hacia quienes no fuesen de «sangre limpia». Al unirse íntimamente la actividad religiosa del tribunal con el poder político hubo una peligrosa mezcla que proporcionó argumentos a los conversos, que, en 1482, acudieron a Roma. Sixto IV comprendió el peligro, y en un breve del 29 de enero de 1482 limitó la acción de los inquisidores sometiéndolos a la jurisdicción de los respectivos obispos.

La Inquisición en Aragón

La intervención pontificia se introdujo como barrera en la maniobra de los reyes, que pretendían nombrar inquisidores en la Corona de Aragón a Juan Orts y Cristóbal de Gualbes. Salvo Casseta, general de los dominicos, depuso a ambos y presentó, el 11 de febrero de 1482, una lista de ocho inquisidores que él juzgaba idóneos; era el penúltimo de ellos fray Tomás de Torquemada. Aunque el Papa insistió —bula del 18 de abril de 1482— defendiendo al general de los dominicos y tratando de ofrecer a los reos mejores garantías de las que Miguel de Morillo y San Martín proporcionaban, halló en los soberanos una decidida resistencia. Las excelentes intenciones de Sixto IV no pasaron de ahí, y el propio Papa declaró en suspenso su bula (10 de octubre de 1482). Íñigo Manrique, arzobispo de Sevilla, fue encargado de recibir las apelaciones (25 de mayo de 1483) a las que se cerraba de este modo el camino de Roma.

La Inquisición moderna, organismo al servicio del estado confesional, pudo desarrollarse sin trabas. Fray Tomás de Torquemada, a quien Sixto IV nombrara el 1 de octubre inquisidor general para la Corona de Aragón, pasó a dirigir el conjunto del organismo en todos los reinos, en fecha que no conocemos, pero forzosamente en 1484. Fue confirmado por el Papa el 3 de febrero de 1485. Bajo la alta dirección de este severo dominico, prior de Santa Cruz de Segovia, el organismo inquisitorial experimentó un fabuloso crecimiento. Aparecieron tribunales en todas partes y se creó, alrededor de Torquemada, un Consejo, cuya primera sesión tuvo lugar en Sevilla el 29 de noviembre de 1484.

Gran parte de la dureza con que se procedió fue un reflejo del carácter del propio Torquemada; los documentos conservados permiten pocas dudas a este respecto, aunque no haya que dar crédito a pintorescas leyendas. Con los fondos procedentes de las sentencias inquisitoriales se edificó el monasterio de Santo Tomás de Ávila, y Torquemada dispuso que no pudieran admitirse en él los descendientes de judíos. Los reyes, que probablemente no compartían la aspereza de procedimiento de Torquemada, coincidían sin embargo con él en la necesidad de no hacer concesiones a la herejía.

En Aragón, Cataluña y Valencia, apegadas a sus fueros y asustadas por las noticias que llegaban de Castilla, la resistencia opuesta a la Inquisición fue muy fuerte y, en ocasiones, violenta. En mayo de 1484 se nombraron los primeros inquisidores para Zaragoza y para Valencia. Los conversos de la capital aragonesa se agruparon en tomo a Luis de Santángel, que era miembro de la Diputación del General por el brazo de caballeros. Algunos extremistas abogaban por la resistencia armada. Los moderados preferían atenerse a normas legales. Teruel tomó la iniciativa de prohibir a los inquisidores que actuasen y se atrajo censuras eclesiásticas. Una victoria más importante lograron en Zaragoza cuando la Diputación declaró ante el rey que tanto el nombramiento de Torquemada como el proceder de éste eran contrarios al Fuero (noviembre de 1484). Fernando el Católico se irritó, ordenando a todas las autoridades que prestasen auxilio a la Inquisición y destituyendo a los magistrados recalcitrantes.

Los conversos cometieron un error, al creer que podría identificarse la causa de las libertades forales con la suya propia. Los exaltados decidieron dar muerte a un inquisidor para desencadenar la lucha violenta, y en la noche del 13 de septiembre de 1485 asesinaron en La Seo a don Pedro de Arbués. La reacción popular fue muy contraria; costó trabajo impedir una matanza de judíos o de conversos. Los asesinos y sus cómplices, con la sola excepción de Juan de Pero Sánchez, fueron capturados y murieron entre atroces tormentos.

En Valencia y Barcelona la resistencia fue menos enconada y giró en torno al destino que habría de darse a la antigua Inquisición, que funcionaba desde hacía muchos años, aunque sin fruto. Los conselleres catalanes, que presumían de que no había herejes, se quejaron muy especialmente de los daños económicos que la fuga de conversos acarreaba. No es posible calcular la cuantía de tales daños. Pero los catalanes perdieron la batalla, pues tanto el rey como el Papa dieron su apoyo a Torquemada, y el inquisidor nombrado por éste, que era fray Alonso de Espina, pudo hacer su entrada solemne en Barcelona en julio de 1487. Esta fecha marca el fin de un proceso de establecimiento de la Inquisición.

El procedimiento Inquisitorial

Desde 1494, viejo ya Torquemada —morirá el 16 de septiembre de 1498—, su autoridad fue compartida por cuatro inquisidores generales, todos ellos obispos. Madurando, la Inquisición se desligaba de la Orden de Predicadores. Cuando fray Diego de Deza sustituyó a Torquemada, el Consejo aumentó su poder. Al mismo tiempo se fijaba definitivamente el procedimiento en unas líneas que permanecerían inalterables durante siglos. El Tribunal actuaba de oficio y por vía de denuncia, estimándose que eran necesarias cuando menos tres acusaciones no anónimas. La denuncia se consideraba obligación moral de todo fiel, so pena de excomunión. Por su cuenta, el Tribunal también investigaba en busca del crimen de «herética pravedad», pero esta acción propiamente inquisitorial no parece haber sido muy opresiva. El denunciante debía incluir testigos para probar su acusación.

En término de ocho días, a contar de la prisión, el reo era sometido a ligero interrogatorio, exhortándole a examinar su conciencia por si hallaba culpa. Había dos acusaciones, una primera general, cargada de amenazas terribles, a fin de inspirar temor al acusado. La segunda era concreta, con los testimonios, que se entregaban al reo para que contestara. Éste disponía de un abogado, pero nombrado de oficio y miembro del Tribunal, e ignoraba los nombres de los denunciantes y de los testigos de cargo. Podía entregar una lista de personas de quien se temiera particularmente odiado y pedir que en su abono declarasen otros testigos. Con esto terminaba la prueba que, si no era convincente, se completaba con el tormento. En la mayor parte de los procesos hasta ahora examinados no fue empleado el tormento. Se usaba la cuerda, el agua y la garrucha, pero siempre estaba presente un médico para evitar que peligrase la vida del paciente o que sufriera mutilación.

La sentencia contemplaba dos casos: el de confesión previa en que las penas podían ser muy graves —cárcel, confiscación o sambenito a perpetuidad—, pero que no implicaban la relajación; ésta se reservaba para los réprobos a quien la Iglesia consideraba incapaces de recuperación y entregaba al brazo secular para ejecución de la pena de muerte en hoguera.

La actitud de los Reyes Católicos ante el problema judío

Apasionadas discusiones se han producido entre los historiadores acerca de la expulsión de los judíos, medida oportuna para algunos, injusta y perjudicial para la mayor parte. Consecuencia muy natural de la política iniciada con el establecimiento de la Inquisición, sorprende, si acaso, que haya tardado tanto en ejecutarse. Se esperó hasta el fin de la guerra de Granada, no tanto por la contribución de las aljamas —4.850.000 maravedís al año—, como por adquirir previamente la consolidación de la unidad cristiana de la Península. Pero hasta esa fecha de 1492 los Reyes Católicos observaron, respecto a las comunidades judías, una actitud que no dudamos en calificar de protectora. Ningún sentimiento antijudío se aprecia en ellos: usan a Yuce Abrabanel, a Samuel Abolafia y a Abraham Seneor como sus financieros de confianza, y la propia Isabel no duda en someterse a un tratamiento del ginecólogo judío Lorenzo Badoz cuando teme no tener descendencia masculina. Entre los municipios o el pueblo, enemigos a veces crueles, y las aljamas de judíos, aparecen los reyes como benévolos jueces, insistiendo una y mil veces en que los israelitas se encuentran bajo seguro real.

Ello no obstante, hemos de reconocer que la atmósfera antijudía era bastante espesa. La comunidad israelita había perdido muchos de sus miembros, probablemente los más ricos, a causa de las amenazas, matanzas y conversiones, sinceras o fingidas, del siglo XV. Frente a los cristianos viejos se sentían débiles e inermes, oprimidos y, sobre todo, amenazados por violencias. El pueblo les insultaba. Los consejeros de Fernando e Isabel insistían en el peligro que representaba la convivencia de judíos con neófitos cristianos. Las Cortes de Madrigal de 1476 resucitaron las disposiciones que obligaban a los judíos a llevar señales en la ropa y aquellas otras que perseguían los préstamos usurarios; estas últimas tenían un aspecto favorable a los judíos, pues colocaban sus contratos al amparo de la ley, pero fueron sin duda aprovechadas por muchos cristianos para dejar impagadas deudas contraídas.

Las Cortes de Toledo de 1480 dieron un nuevo paso adelante disponiendo que, en plazo de dos años, todas las aljamas serían trasladadas a un nuevo lugar, rodeado de cerca, que asegurase la conveniente separación entre fieles e infieles. Es evidente que la disposición obedecía a intenciones religiosas de los soberanos y fue aplicada con rigor desde abril de 1481. Las autoridades locales no defendieron a los judíos; antes al contrario, agravaron los perjuicios de la disposición, aprovechando cualquier circunstancia para impedir sus medios de vida o provocar pérdidas. La opinión pública —al menos aquella que canalizaban los consejeros de los reyes— no se conformó y siguió presionando.

El paso siguiente lo dieron los inquisidores al prohibir (1 de enero de 1483) la residencia de judíos en las diócesis de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Las últimas aljamas andaluzas desaparecieron en 1485. Todo indicaba ya que, en el ánimo de los gobernantes, había la intención de aplicar al conjunto del problema soluciones tajantes. Como en el caso de los conversos, Fernando e Isabel no ignoraban los perjuicios económicos, pero juzgaron que la unidad de la fe era un bien preferible. Se necesitaba, sin embargo, una importante aclaración, pues los monarcas no combatían a los judíos, sino a sus creencias, y estaban dispuestos a brindar la posibilidad de incorporarse a la comunidad cristiana por vía de bautismo. Procediendo, como era su costumbre, dentro de términos legales, ellos no concebían otra solución que suspender esta especie de contrato que a lo largo de la Edad Media había venido permitiendo a los judíos habitar, al costado de los cristianos, en el territorio de la monarquía; por dicho permiso venían pagando ciertas cantidades que se denominaban capitación, lo cual representaba en 1475 una suma de 450.000 maravedís. Pero el cese de una situación legal exigía dos condiciones: un plazo prudente para que los afectados pudiesen acogerse a otra distinta, y la libre disposición de bienes. Hallamos ambas en el decreto de expulsión.

La salida de los judíos

En los últimos años de permanencia de la comunidad judía en España, el número de miembros disminuyó; lo comprobamos en muchos casos aislados y también en la contribución para la guerra de Granada que, de 18.000 castellanos de oro en 1485, pasó a 10.000 desde 1488 en adelante. Sin duda hubo conversiones, pero lo que sobre todo se aprecia en la nutrida documentación estudiada, es un aumento de la presión sobre las aljamas que tuvo que producir intensa emigración. El ambiente se ennegrecía, y estalló con el proceso del Santo Niño de La Guardia; dos judíos y seis conversos fueron condenados bajo la acusación de sacrilegio y de asesinato ritual de un niño en esta localidad de Toledo. Verdaderos o no los crímenes, el efecto habría sido idéntico: señalar a la comunidad israelita como secta tenebrosa que amenazaba a la sociedad cristiana.

El 31 de marzo de 1492 los Reyes Católicos dictaron en Granada la provisión que concedía a los judíos un plazo de cuatro meses para salir de sus dominios. Es cierto que Torquemada intervino en esto, pues fue él quien alargó luego el plazo, a fin de que los cuatro meses fuesen efectivos, pero en cambio ha de reputarse falsa la anécdota de que arrojó el crucifijo. Fernando e Isabel no necesitaron de dramáticas presiones para tomar una decisión que juzgaban acertada. El decreto se fundaba sólo en argumentos religiosos, permitía vender a los judíos todos sus bienes y llevar consigo su fortuna, pero no en oro, plata, caballos y armas, porque las leyes del reino no lo consentían. Prácticamente, se les indicaba, tendrían que convertirla en letras de cambio.

Los judíos tenían un medio de sustraerse al decreto: abrazar la fe cristiana. Los reyes creyeron que serían muchos los que optarían por esta solución, y no hay duda de que los predicadores intensificaron sus esfuerzos en estos meses. Pero parece seguro —ninguna afirmación radical puede hacerse— que la inmensa mayoría de la comunidad israelita, dando un ejemplo altísimo de fe y conciencia religiosa, prefirió las amarguras del exilio. A los que se convirtieron se dio nombres y apellidos que no permitían distinguirles del resto de los cristianos. El rabino mayor de las aljamas, Abraham Seneor, apadrinado por el rey, se convirtió en Fernando Núñez Coronel, y su yerno Mayr, en Fernando Pérez. A los que se bautizaron se hizo objeto de grandes privilegios.

Isaac ben Yudah Abrabanel, colaborador de los reyes, se puso al frente de sus hermanos de fe para marchar al destierro. Fernando e Isabel no le guardaron rencor por ello y, en el último instante, le favorecieron con mercedes. Hubo escenas emocionantes. La aljama de Vitoria dio al municipio su viejo cementerio, Judizmendi, para que le conservase como jardín, a fin de que las cenizas de los antepasados reposasen tranquilas. Y las autoridades vitorianas han cumplido hasta fecha reciente este espiritual legado. La necesidad de vender en plazo muy breve, soltó amarras a los especuladores, que hicieron buenos negocios sin escrúpulos. Muchos de los conversos importantes paliaron el mal haciéndose cargo de bienes y deudas, con objeto de vender o liquidar más tarde. Ignoramos el número de los expulsados. Baer supone que habría 200.000 judíos en el momento del decreto y que de ellos se convirtieron aproximadamente 50.000, pero su cálculo se hace sobre el cronista Bernáldez. Las listas de contribuciones que ahora conocemos obligan a rebajar estas cifras: había en Castilla en 1492 alrededor de 15.000 hogares judíos, lo que da, en el más optimista de los casos, apenas 80.000 personas; los reinos de la Corona de Aragón daban contingentes todavía más reducidos.

La salida tuvo el aire de una emigración. La mayor parte de los castellanos pasaron a Portugal y de allí a África, en donde se encontraban ya algunos venidos directamente por mar. En Marruecos se les hizo objeto de mil vejaciones. Algunos judíos fueron a Inglaterra y Flandes. Otros embarcaron en Cartagena o en los puertos levantinos y engrosaron principalmente la colonia de hispano-parlantes que hoy se llaman sefardíes. Algunos regresaron del destierro sometiéndose a bautismo. La ley les permitía recuperar entonces todos sus bienes pagando por ellos aquello mismo que hubiesen recibido en la venta.

Muchas deudas de judíos permanecieron en España después de su salida. Hubo, naturalmente, acusaciones de que muchas de éstas procedían de contratos usurarios y que, por tanto, no debían ser pagadas. Los reyes ordenaron abrir una información sobre este asunto y sobre la saca de oro y plata que se había indudablemente producido. Como resultado de la misma quedó probado que, con el auxilio de algunos cristianos de importancia, los judíos habían sacado, en efecto, grandes sumas en oro y plata. Aplicando el sistema de marca, represalia entonces en uso, los monarcas confiscaron para sí todas las deudas de judíos que hubiesen quedado; hay razones para suponer que de la medida se exceptuaron aquellos que podían demostrar su inocencia, cosa, por otra parte, sumamente difícil.

Cisneros y la reforma religiosa

El alcance de la obra religiosa de los Reyes Católicos no puede medirse por la sola consideración de estos aspectos negativos, destruir la herejía y desterrar el judaísmo. Al mismo tiempo se persigue una reactivación espiritual, de la que la reforma de las órdenes religiosas y la de las Universidades son los aspectos más importantes. En 1493 parecía llegado el momento de emplearse a fondo, y fue entonces cuando Isabel —probablemente con poco entusiasmo por parte de su marido— decidió colocar a Cisneros al frente de esta doble tarea.

La reforma de las órdenes monásticas era en Castilla muy antigua, pues se inició hacia 1390, siendo arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio, cuando se entregó a San Benito el antiguo castillo de Valladolid, se instalaron cartujos en el Paular y se donó a los jerónimos el viejo santuario de Guadalupe. Durante el siglo XV las corrientes de la reforma se extendieron, creando en cada una de las órdenes una división entre los observantes, reformados, y los claustrales, más tibios.

San Benito de Valladolid defendió con dureza la necesidad de mantener a todos los monasterios reformados bajo la égida de su propio abad, y tuvo en esto el apoyo precioso de la reina. En 1489, cuando el prior Juan de San Juan redacta nuevas ordenanzas, el monasterio acaudillaba un poderoso ejército de sufragáneos. Un año antes, decidido Fernando a llevar la reforma a Montserrat, tomó al subprior de Valladolid, García Jiménez de Cisneros, y le encomendó la dirección del gran cenobio catalán, que iba a convertirse en uno de los centros intelectuales más importantes del benedictismo. Cisneros es el autor de un Exercitatorio de la vida espiritual que sirvió de modelo a San Ignacio de Loyola. El ejemplo de los benedictinos y de los cartujos, cuyas casas crecen en número y en poder, se contagia a otras órdenes, como los dominicos y cistercienses.

Desde 1387, en que fray Pedro de Villacreces fundó La Salceda, los franciscanos estaban agitados, pues los observantes, fuertes en La Aguilera, El Abrojo, La Cabrera y San Francisco de Valladolid, contaban con la oposición decidida de los claustrales, que eran todavía más numerosos y ricos que sus contrarios. La necesidad de inclinar la victoria del lado de los reformadores favoreció mucho a Cisneros, franciscano de la observancia, llevado a la Corte por el cardenal Mendoza.

Oriundo del pueblo de este nombre, Gonzalo Jiménez había nacido en Torrelaguna, villa de los Mendoza, en 1436. Protegido de Beltrán de la Cueva, se graduó en Salamanca y cursó estudios en Roma. Trajo de Roma, al parecer, carta de expectativa para el primer beneficio vacante en la diócesis de Toledo; en su virtud reclamó y obtuvo del Papa el nombramiento de arcipreste de Uceda. Pero el arzobispo Carrillo —era el año 1471, de choque al rojo entre el prelado y los Mendoza— le encerró en prisión. Tercos ambos como mulas, acabó venciendo Gonzalo, que fue arcipreste de Uceda. Abandonó el cargo al poco tiempo y fue vicario en Sigüenza con sus protectores los Mendoza. Sin duda se le preparaba ya para ser obispo. De pronto, en el otoño de 1484, ingresó en el monasterio de La Salceda tomando nuevo nombre, fray Francisco Jiménez de Cisneros.

La misma vehemencia que pusiera en todas sus cosas fue aplicada por Cisneros a los asuntos de su Orden. Cuando fray Hernando de Talavera, confesor de la reina, fue elevado en 1492 a la silla de Granada, el cardenal Mendoza recomendó a Cisneros para cubrir su vacante. Dos años más tarde fray Francisco Jiménez se convertía en provincial y comenzaba, con gestos teatrales, su reforma. Un frailecico, Francisco Ruiz, y el pequeño jumento llamado «Benitillo», completaban su estampa por los caminos. Los reyes consiguieron del Papa una bula (18 de junio de 1494) que les autorizaba a efectuar la reforma en todas las órdenes aplicando el sistema de elección, bienal o trienal, en todos los monasterios. Cuando murió el cardenal Mendoza (11 de enero de 1495), los reyes presentaron para la silla primada de Toledo al propio Cisneros, que fue nombrado el 21 de febrero.

Fernando e Isabel pensaban que, dada la austeridad del franciscano, no pondría inconveniente al despojo de fortaleza de la mitra que ellos proyectaban. Pero se equivocaron; tras el hábito del fraile se escondía aún el arcipreste de Uceda. Opuso resistencia, en principio, a su nombramiento —hay que poner en duda muchos detalles del Memorial de Vallejo—, pero, cuando aceptó, lo hizo exigiendo la integridad de su silla. Los breves pontificios que se le dirigieron en el verano de 1495 demuestran que el futuro cardenal había solicitado poderes plenos para implantar la disciplina. Excesivo en todo, hasta en la humildad, el arzobispo de Toledo hubo de ser reprendido por el Papa; en su austera modestia perjudicaba incluso a la dignidad de la diócesis.

Los reyes pusieron en manos de Cisneros todas las facultades que habían obtenido del Papa para reforma de la Iglesia. Se inició dicha reforma por los franciscanos claustrales; el arzobispo usó de métodos violentos. Con muchos de los bienes confiscados creó en Sevilla un Estudio para mendicantes que sería en 1502 convertido en Universidad. La resistencia que opusieron los claustrales fue en ocasiones pintoresca; los de Toledo abandonaron la ciudad en procesión cantando el salmo In exitu Israel. Acusaciones muy graves contra Cisneros se formularon al Papa, quien en un breve del 9 de noviembre de 1497 ordenó suspender la reforma de los franciscanos. El arzobispo desobedeció y los reyes se encargaron de conseguir de Alejandro VI que rectificara.

Completando la reforma, que se aplicaba tanto al clero secular como al regular, Cisneros estaba convencido de la necesidad de vigorizar el nivel de los estudios. Por eso urgía la vigilancia sobre la Universidad de Salamanca y la dotación de nuevos Estudios. En cierto modo continuaba una obra del cardenal Mendoza y coincidía con los deseos de Isabel. Pero Mendoza creía más en el uso de antiguos hogares para preparar minorías. En 1479 había fundado en Valladolid el Colegio de Santa Cruz; a imitación suya, fray Alonso de Burgos creó el Colegio de San Gregorio en la misma ciudad. Cisneros aspiraba nada menos que a fundar una nueva Universidad, la tercera del reino de Castilla, en Alcalá de Henares, en donde ya existían tres cátedras desde 1473. El famoso arzobispo proyectaba eliminar los defectos de indisciplina que a las Universidades se atribuían, fundando de antemano los Colegios que la asegurasen. Las bulas de fundación fueron otorgadas por Alejandro VI el 13 de abril de 1499. De todas formas, Alcalá era una promesa y no una realidad en el momento de la muerte de Isabel.

Esfuerzos para la conversión de los musulmanes

Después de la conquista de Granada, sus antiguos habitantes constituían una comunidad fuerte —y por tanto peligrosa a los ojos de los vencedores—, que se conservaba en razón de pactos producidos durante la guerra. Fernando e Isabel cumplieron la letra, pero falsearon el espíritu de tales pactos, porque desde el primer momento formularon programas para conseguir la conversión de los musulmanes. Esto y no otra cosa fue su objetivo. Las continuas razzias de los piratas berberiscos, que se temía hallaran apoyo en sus correligionarios, tenían que impulsar a los Reyes Católicos a acelerar las etapas. Pero de esto a una política antimora hay una gran distancia: los musulmanes expulsados de Portugal hallaron en Castilla en 1497 acogida sin limitaciones ni obstáculos.

El plan inicial de los Reyes Católicos consistía en favorecer la marcha tanto de Boabdil como de los granadinos importantes que no estuviesen dispuestos al bautismo, encomendar a fray Hernando de Talavera y al conde de Tendilla una labor de captación benevolente y establecer municipios cristianos en el antiguo territorio musulmán. Talavera, que aprendió el árabe, tuvo tal predicamento que los granadinos le llamaron alfaquí santo. Pero muchos de los consejeros de los reyes, especialmente Cisneros, hallaban este método demasiado lento. En 1499 Fernando e Isabel visitaron Granada y vieron gráficamente que la ciudad seguía siendo un gran reducto musulmán, apenas dominado por las tropas que guarnecían las rojas torres de la Alhambra. Entonces llamaron a Cisneros para encomendarle la tarea de la conversión.

El arzobispo de Toledo era tajante: los moros debían irse o abrazar el Cristianismo; en el fondo se trataba del mismo dilema ofrecido a los judíos, aunque había en este caso pactos que comprometían positivamente a los reyes. Cisneros quería comenzar con los hijos de los elches, nombre que se daba a los cristianos que en otro tiempo abrazaran el Islam; según él, la garantía dada a los padres no debía privar a los hijos del bien inmenso de la religión cristiana. Una pragmática del 31 de octubre de 1499 ofrecía grandes ventajas a los hijos de los renegados que se convirtiesen. Los métodos persuasivos de Cisneros eran de brutal eficacia: algunos bautismos fueron tan numerosos que se administraron por aspersión; se efectuó quema pública de libros religiosos y la mezquita del Albaicín fue consagrada al culto cristiano bajo la advocación de Nuestra Señora de la O.

No hay duda de que con la violencia de sus esbirros el futuro cardenal quebrantaba los tratados. Fernando e Isabel, ausentes, no estaban de acuerdo, pero tampoco hicieron nada para atajarla. Acabó produciéndose una revuelta en el Albaicín (enero de 1500) que hubo de ser aplacada con sangre. Fue entonces cuando el conde de Tendilla, ofreciendo perdón completo a cuantos se convirtiesen, señaló el camino que habría en el futuro de seguirse. Fernando, que temía un renuevo de la guerra musulmana en ocasión particularmente delicada en Italia, recriminó a Cisneros por su acción. La revuelta se extendía ya por las Alpujarras.

La revuelta y la expulsión

Los reyes hicieron suya la idea de Tendilla; era de todo punto claro que, con su revuelta, los moros habían quebrantado los pactos. No se les obligó a convertirse, pero se dijo que todos cuantos recibiesen el bautismo no serían castigados por los delitos pasados. En la ciudad y sus alrededores fueron casi cincuenta mil los convertidos. En los pueblos de la serranía la noticia se difundió con variantes: los reyes —se dijo— imponían la conversión. Güejas se alzó en armas y fue saqueado por tropas de Gonzalo Fernández que iban hacia Italia. En febrero de 1500, cuando ya ardía toda la sierra de las Alpujarras, Fernando llegó a Granada. El ataque a las tahas moras fue de violencia tal que, en ocasiones, la población de alguna de ellas sucumbió a cuchillo. Cuando los rebeldes se sometieron, les fue impuesta una contribución de guerra demasiado alta, cincuenta mil ducados, a fin de inducirles a sustraerse a ella por medio de la conversión. El 30 de julio los reyes aclararon aún más los términos, pues la deuda global subsistía en el mismo volumen de cincuenta mil ducados pesando sobre los hombros de los no bautizados exclusivamente.

Las conversiones se aceleraron. Los moros de Baza, que nada tenían que ver con la revuelta, se bautizaron; quedaban equiparados completamente con los cristianos viejos. Pero esta misma actitud sumisa de los habitantes de las ciudades, que llenaba a Fernando e Isabel de satisfacción, irritó de nuevo a los recalcitrantes de la serranía. En octubre de 1500 estaban otra vez en armas Velefique, en la sierra de Filabres, y Níjar. De nuevo los combates, la violencia y las conversiones. Pero en la primavera de 1501 el fuego se había extendido a la sierra de Ronda. Los reyes entonces decidieron acabar; dando por sentado que ningún musulmán sería nunca súbdito fiel, decidieron prohibir la estancia en sus reinos a todos los que no se bautizasen. La lucha adquirió niveles de violencia mayores que nunca —el 18 de marzo de 1501, Alfonso de Aguilar y Francisco Ramírez de Madrid murieron en una emboscada—, pero concluyó, según podía suponerse, con la victoria cristiana.

Los rendidos, en esta última fase de la revuelta, eran reducidos a cautividad, pero se les consentía rescatarse siempre con la condición de emigrar. Los criterios de Cisneros triunfaban al cabo y se decidió aplicarlos en todo el territorio de la Corona de Castilla: un decreto del 11 de febrero de 1502 asignaba a todos los musulmanes de dicho reino plazo para convertirse o emigrar. Aleccionados por el ejemplo judío, los monarcas abreviaron el término y ejercieron presiones a fin de conseguir que fuesen más los bautizados que los emigrantes. Pero ni siquiera sabemos cuántos hubo de unos y de otros. En 1503 ya no había oficialmente otros infieles que los mudéjares de Aragón y Valencia, a quienes se había respetado sin duda por razones económicas.

XLVI

LOS CAMINOS DE ÁFRICA

La vocación africana

Los historiadores franceses nos han acostumbrado a la imagen de un Fernando el Católico astuto en demasía y calculador de las cláusulas del tratado de Barcelona que no quería guardar. Esta imagen no tiene fundamento, y probablemente constituye un mayúsculo error de perspectiva: desde Granada, en 1492, África y el Mediterráneo estaban en primer término. Sin duda los monarcas españoles pensaban que la tregua observada por los turcos habría de terminarse algún día y que para entonces era necesario disponer de una fuerza naval y diplomática que permitiese aguantar el enorme empujón. De esta fuerza forma parte Nápoles, que los aragoneses piensan les es imprescindible manejar, pero no es sino un elemento secundario; como lo son también los pequeños principados musulmanes del Norte de África, en donde es imprescindible impedir que puedan los turcos instalar sus bases.

La conquista de Granada ha abierto una ancha fachada litoral sobre África, demasiado expuesta a los ataques de los corsarios berberiscos. Para los reyes es una necesidad disponer de una flota poderosa y de bases en el andén adversario. Pero África, además de este aspecto militar, tiene otro económico como fuente de aprovisionamiento de oro que los genoveses conocen desde hace muchos años. Vista desde España, África aparece escindida en dos sectores: la Berbería de Poniente, puerta de acceso al oro, y Berbería de Levante, niveladora de las deficiencias o excesos de trigo. La fortificación de Gibraltar, por donde un día accedieron los musulmanes a la Península, y la ocupación de Melilla, se convierten en cuestión urgente. Sin la comprensión de estos objetivos se hace imposible entender la política de Fernando el Católico.

Descubrimos ahora que la vocación africana era en los monarcas castellanos mucho más antigua; databa cuando menos del tiempo de la guerra con Portugal. En 1477, al confirmar a Diego García de Herrera e Inés Peraza el señorío de las islas Canarias menores, compraron para sí el derecho a la conquista de las islas mayores, aún no ocupadas. Con estas últimas venía también el derecho reconocido en Alcaçobas sobre el andén litoral entre los cabos Nun y Bojador. Sobre él se sostenía una pequeña guarnición en la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que mandaba un caballero llamado Jofre Tenorio.

Conquista de Gran Canaria

Se aplicó ya en las Canarias el sistema de capitulaciones privadas de que se haría largo uso en América. El 20 de abril de 1478 concertaron una con Juan de Frías, obispo de Rubicón, quien habría de sostener económicamente el pequeño ejército que desembarcó en el actual puerto de La Luz de la isla de Gran Canaria. Luego los reyes, cuando la conquista había progresado lo suficiente, nombraron un gobernador, Pedro del Algaba, que debía encargarse entre otras cosas de aplacar las discordias entre los conquistadores. La empresa languidecía, a causa de la falta de dinero y del mal entendimiento de los capitanes, y fue necesario constituir una verdadera compañía, cuyo fondo financiero explica la presencia de Alonso de Quintanilla. Pedro de Vera fue el capitán que preparó cuidadosamente la campaña; apenas sorprende la presencia de mercaderes de la importancia de Diego de Soria y Francisco Pinelo.

Los minuciosos preparativos que se hicieron garantizaban el éxito de la campaña. Pero la dura resistencia de los guanches duró cuatro años, alternando períodos de lucha con otros de calma, imprescindibles para que los indígenas pudiesen cultivar la tierra. Cuando el guanarteme de Gáldar, Tenesort Semidam —en adelante Fernando Guanarteme— se convirtió al cristianismo, la resistencia quedó localizada en el sur de la isla. Los combates en la sierra de Ventagay fueron crueles. Pero en abril de 1483 todo había terminado. Pedro de Vera atrajo con engaños a seiscientos indígenas a sus buques y les hizo cautivos. Luego procedió a repartir la tierra entre los conquistadores.

En 1484, Inés Peraza entregó a su hijo Fernán Peraza el señorío de La Gomera, preparando la entrega de todas las Canarias. El nuevo señor tenía fama de disoluto y de cruel; había intentado vender como esclavos a guanches cristianos. Habiendo participado en la empresa de Gran Canaria, aumentó su fortuna y, en 1486, obtuvo de su madre la cesión de la isla de Hierro. Acababa de contraer matrimonio con Beatriz de Bobadilla, hija de los marqueses de Moya, lo que le daba gran valimiento cerca de los reyes. Sus abusos aumentaron. En 1487, Pedro de Vera hubo de intervenir con tropas para sacarle de un apuro, pero en 1488 no pudo impedir que Fernán Peraza fuese asesinado. Los Reyes Católicos ordenaron a Pedro de Vera establecer el orden, y él lo hizo a su modo y manera: pasando a cuchillo una gran parte de la población de Gomera y vendiendo como esclavos al resto. Pasados dos años, los reyes tuvieron noticias más correctas de lo sucedido, abrieron una información (27 de agosto de 1490), como resultado de la cual se dispuso la libertad de los cautivos.

Discusiones con Portugal

Lo que era todavía borroso en la época de la paz de Alcaçobas aparecía con claridad después de la conquista de Gran Canaria: grandes beneficios podían obtenerse de África. Pedro de Vera y Alonso de Lugo recibieron muy pronto privilegios para la explotación del comercio africano del oro. Desde 1486 los Reyes Católicos preparaban su concentración disponiendo que todas las expediciones tuvieran que centrarse en el Puerto de Santa María, en donde sería percibido el quinto de la Corona. Todo este comercio tenía como objetivo el rescate de oro.

África aparecía, a los ojos de los andaluces, dividida en cinco zonas: Berbería de Poniente, reino de Fez, Tremecén, Bugía y Túnez. La amenaza turca aconsejaba mantener relaciones amistosas con los dos últimos reinos, niveladores además del comercio triguero con Sicilia; la sed de oro exigía abrir puertas a las caravanas de Berbería de Poniente; la seguridad de las costas granadinas reclamaría bien pronto asentamientos militares en el reino de Tremecén. Los términos de amistad con Abu ‘Umar Othmán y su nieto Abu Zakariya Yahya, reyes de Túnez, han de ser interpretados con las limitaciones propias de la época, pues eran frecuentes las piraterías por ambas partes. Ignoramos la mayor parte de los episodios de la acción marinera de Fernando el Católico en el Mediterráneo occidental, pero sus resultados proclaman la eficacia: durante las guerras de Italia, los transportes de tropas se mueven como en un lago. Al oeste del Estrecho consta que los comerciantes españoles visitaban Salé, Azamor, Safí, Messa, Aglu y el valle del Sus, y que el oro no era su única preocupación: se mencionan cargamentos de cobre, cueros, cera, malagueta y goma laca. Al sur del cabo de Bojador los españoles tenían prohibido el comercio, pero no la pesca.

La intensidad con que los marinos andaluces hicieron uso de los portillos que les reservaba el tratado de Alcaçobas y de la licencia para pescar, acabó despertando el recelo del rey de Portugal; a petición de éste recordaron los Reyes Católicos a todos sus súbditos (19 de marzo de 1489) que las navegaciones a África, más allá del cabo de Bojador, necesitaban de licencia portuguesa. Nunca las disputas fueron agrias, pues mutuamente valoraban en mucho la amistad: las posiciones lusitanas en África recibían auxilios y víveres con frecuencia. En el verano de 1490 hubo ya propuestas muy serias, sin duda de origen portugués, que apuntaban a una revisión, por árbitros, de las condiciones pactadas en Alcaçobas. De momento no maduraron. Pero en 1492 el doble efecto de la conquista de Granada y del primero de los viajes colombinos hizo más urgente la negociación.

El descubrimiento de un Nuevo Mundo

En 1476 un desconocido marino, Cristóbal Colón, que hablaba genovés pero escribía en portugués y castellano, buscaba en Lisboa campo propicio a las grandes aventuras que dictaba su imaginación; allí casó con Felipa Moniz de Perestrello (1479). Algunos de sus viajes de negocios fueron hechos en calidad de agente de la Banca Centurione, que desempeña por estos años papel muy importante en la Corte de los Reyes Católicos, en especial en el cobro de rentas pontificias. Nacido probablemente en 1451, Colón era, según Francisco Morales Padrón, hombre de contrastes muy vivos, creyente de todas las leyendas medievales, aventurero al mismo tiempo, que estaba convencido de que, navegando hacia el Oeste, hallaría en pocas semanas la costa de Asia. Esta idea no era propiamente suya, sino que circulaba por todas partes como resultado de un error de cálculo al comentar los libros antiguos. La carta de Pablo del Pozzo Toscanelli de 1474 afirmaba que de Portugal a Japón no había sino 3.000 millas. Colón calculaba sólo 2.400. Encendido de entusiasmo, ni por un momento creyó que pudiera existir, en medio, otro continente.

En 1485 una comisión de expertos portugueses desestimó el proyecto colombino de hallar por el Oeste el camino de Asia, y aunque Juan II alentara al navegante, éste, viudo, decidió pasar a Castilla a fin de tantear el ambiente. Buscando a algunos parientes, llegó a Palos de Moguer, punto de efervescencia como sabemos, porque las capitulaciones con Portugal habían cerrado las rutas de África. Los franciscanos de la Rábida le encaminaron al duque de Medinasidonia y, en definitiva, a los reyes. En Córdoba, Colón no encontró a Fernando e Isabel, pero sí a Alfonso de Quintanilla, que, no hacía mucho, financiara la empresa de Canarias. En enero de 1486 logró al fin ver a los soberanos en Alcalá de Henares, los cuales encomendaron a Talavera el asesoramiento científico oportuno. Una Junta, constituida al efecto —sin que interviniese la Universidad de Salamanca— emitió un informe semejante al de sus colegas portugueses: el Océano no podía ser tan estrecho como Colón pretendía.

En 1488, Bartolomé Días doblaba el cabo de Buena Esperanza. Estaba abierto el camino de la India; por consiguiente, el interés lusitano en los proyectos de Colón se extinguió, y el futuro descubridor, que probablemente había hecho un nuevo viaje a Lisboa, no tuvo otra esperanza que los Reyes Católicos. Pero en 1491 la Tunta, que durante todos estos años había venido trabajando, aconsejó rechazar el proyecto. Fray Juan Pérez, franciscano de la Rábida, tomó entonces la decisión de escribir a Isabel, y recibió la orden de trasladarse, con su protegido, a Santa Fe. Las negociaciones fueron difíciles, porque Colón pedía demasiado, pero acabó aplicándose el sistema de contratación que se empleara ya en Gran Canaria. Luis de Santángel y Francisco Pinelo aportaron, como el propio almirante, fuertes cantidades propias. Las capitulaciones de Santa Fe y las concesiones de los reyes (17 y 30 de abril de 1492) convertían a Colón en almirante, virrey y propietario de tales derechos, que demuestran que nadie tenía entonces idea ninguna de la inmensidad de dominios que aguardaban.

Palos de Moguer, a quien los Reyes Católicos ordenaron que diese a Colón los medios para acometer su empresa, opuso cierta resistencia. Martín Alonso Pinzón, cabeza de una familia de navegantes y piratas, aportó una ayuda decisiva. De los noventa tripulantes, aproximadamente, que se embarcaron, diez eran norteños, el más famoso, Juan de la Cosa, propietario de la nao «Santa María», llamada «La Gallega» por su origen. Los otros buques eran carabelas, embarcaciones pequeñas que los portugueses empleaban en sus navegaciones a África, y se llamaban «Pinta», de Cristóbal Quintero, y «Santa Clara» que, por ser su propietario Juan Niño, se rebautizó como «La Niña». Hay dudas acerca de si el Juan de la Cosa descubridor haya sido persona distinta del compañero de Ojeda de este mismo nombre, cartógrafo que dibujó el primer mapa de América.

Salidos de Palos el 3 de agosto, llegaron los expedicionarios el 9 a la isla de Gran Canaria; aquí permanecieron un mes reparando «La Pinta» y «La Niña». Luego enfilaron hacia el Oeste. Colón rebajaba sus cálculos a fin de impedir la inquietud. Es curioso que este primer viaje haya sido de navegación tranquila y excepcionalmente rápido, gracias a haber seguido el paralelo 28° y aprovechando los vientos alisios. Sobrepasadas las ochocientas leguas, el propio Colón fue presa del desánimo; al parecer fueron Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón quienes le impulsaron a seguir. Ya el 11 de octubre hallaron un palo labrado y hierbas de tierra, y en la madrugada siguiente un marinero, Juan Rodríguez Bermejo, desde la cofa de «La Pinta», vio tierra por primera vez en la isla que los indígenas llamaban Guanahaní, los españoles San Salvador y los ingleses Watling, perteneciente al archipiélago de las Bermudas. Colón Hizo levantar acta de posesión en nombre de los reyes y recorrió luego las costas de Cuba y de Haití, que llamaron Española.

Colón acusó gravemente a Martín Alonso porque se apartó a descubrir por su cuenta, y a Juan de la Cosa porque encalló la «Santa María» el 25 de diciembre en un arrecife de coral. Con los restos del naufragio se construyó un fuerte, Navidad. Se había producido una desavenencia irreparable entre los dos capitanes, Colón y Martín Alonso, movida en parte por la envidia del almirante cuando vio que Pinzón había obtenido oro. El 16 de enero de 1493 las dos carabelas emprendieron el regreso, pero una tormenta, producida a las tres semanas, ocasionó su separación. Colón, que navegaba en «La Niña», tocó en Madeira, sorteó nuevas tormentas y fue a dar en Lisboa el 4 de marzo. Juan II le recibió con abierto disgusto porque el éxito colombino era un ataque al monopolio lusitano. El cronista Ruy de Pina afirma que se pensó en asesinarle. «La Pinta» de Martín Alonso había llegado entre tanto a Bayona de Galicia; apenas llegado luego a Palos de Moguer, falleció. De este modo, cuando Colón se presentó ante los reyes, su relación era la única.

El tratado de Tordesillas

El tratado de Alcaçobas era inservible, pues nada se había previsto acerca de la posibilidad de llegar a la India por el camino del Oeste. Desde Barcelona, Fernando e Isabel, a la vista de indios y papagayos, tomaron dos rápidas decisiones: enviar a Lisboa un embajador, Lope de Herrera (22 de abril) y obtener del Papa una bula, Inter Cetera (4 de mayo de 1493), que reconocía los derechos a la conquista y evangelización de los nuevos lugares. Abriendo la puerta a la negociación —sobre el Atlántico y sobre África, al mismo tiempo—, los monarcas dispusieron acelerados preparativos para que Colón volviese a las Indias. En las negociaciones del invierno de 1493 a 1494, que fueron muy tensas, los castellanos desenterraron querellas muy viejas, como si buscasen un retorno a la situación diplomática de 1479.

El 25 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón emprendía su segundo viaje llevando una flota de 17 velas. Habían comenzado ya los rozamientos con los reyes, poco propicios a las maneras grandiosas del almirante. El fuerte Navidad, al que llegaron el 27 de noviembre, estaba destruido: seguramente los indios se habían vengado de los ultrajes de la guarnición asesinándola. Colón procedió a fundar una ciudad, Isabela, en donde permaneció entre otros fray Bernardo Boil, encargado de evangelizar. Comenzaban los problemas: Colón, que no obtenía de los indios el oro que esperaba, quería enviar esclavos a España, pero Talavera y Cisneros reprendían a los reyes en sentido contrario. De hecho, a la euforia del descubrimiento sucedía cierta decepción porque las riquezas esperadas por vía de rescate no llegaban y porque Cristóbal Colón y sus parientes demostraban muy escasa capacidad de gobierno.

Mientras tanto, portugueses y castellanos habían llegado al acuerdo de celebrar una conferencia en Tordesillas para resolver todos los litigios. Intervinieron catorce personas, de las cuales seis eran «expertos» —modalidad novísima en las costumbres diplomáticas—, y se firmaron dos acuerdos el 7 de junio de 1494. El primero, referido a África, renovaba con más claridad que en Alcaçobas el monopolio portugués sobre el reino de Fez, pero admitía un derecho castellano a ocupar Melilla y Cazaza, que demuestra bien a las claras la intención expansiva al otro lado del Estrecho. En África occidental se confirmaba el derecho de Castilla a acceder a las comarcas situadas entre Messa y el cabo de Bojador, pero renunciando incluso a las pesquerías al sur de dicha línea. El segundo acuerdo es el famoso de partición del Océano por una línea situada en el meridiano a 270 leguas al oeste de Cabo Verde. Así se tendían los ejes de expansión ibérica hacia los dos puntos cardinales.

Las consecuencias del tratado

No hay duda de que las guerras de Italia desviaron la atención que, en 1494, se dirigía hacia África, apuntando a tres objetivos: ocupación de alguna plaza fuerte en el reino de Tremecén, complemento de la conquista de Canarias y asentamiento en la costa occidental de África. Después de la toma de Granada, el secretario Fernando de Zafra fue encargado de poner en pie una flota para vigilancia del Estrecho y de fortificar el litoral andaluz. Atento a cuanto sucedía en África, Zafra señaló Melilla como lugar idóneo para establecer una cabeza de puente que, entre otras cosas, haría accesible a los castellanos el oro del interior del continente. Este acceso al oro constituía una de las principales preocupaciones de los Reyes Católicos que, el 9 de mayo de 1493, habían ordenado concentrar en Cádiz todo el comercio con Berbería de Poniente.

Después del tratado de Tordesillas, el Papa otorgó la bula Ineffabilis (13 de febrero de 1495), que no sólo permitía a los monarcas tomar posesión de los reinos que conquistasen, sino que, equiparando esta empresa con la de Granada, autorizaba el uso de tercias eclesiásticas. Apenas unos meses antes algunos jeques de la frontera entre Marruecos y Tremecén habían aceptado el vasallaje castellano. Había contactos con moradores de Melilla y se proyectaba, desde el verano de 1494, el envío de un ejército de tres mil lanzas y nueve mil peones. Pero la amenaza francesa sobre Italia vino a cambiar las cosas. Fernando no quiso sacrificar el esfuerzo que se estaba haciendo en Canarias y no disponía de tropas suficientes para mantener tres campos. Decidió, por tanto, que Melilla podía esperar.

La isla de La Palma fue sometida con facilidad por Alonso Fernández de Lugo, alcaide de Agaete. Por los días en que se firmaban las capitulaciones con Colón, este personaje lograba de los reyes una concesión para la conquista de la última de las islas, Tenerife (13 de julio de 1492). Intervino en la empresa capital italiano, que ya había estado presente en La Palma. Desembarcado en Tenerife el 30 de abril de 1494, Lugo chocó con resistencia muy dura; los guanches del mencey Benitomo le derrotaron en el barranco del Acentejo, en la Orotava. Tuvo que volver a la Península a por nuevos refuerzos, y sólo el 13 de noviembre de 1495 pudo vencer y dar muerte a Benitomo. En el mismo lugar de la batalla, Lugo fundó la que habría de ser capital de la isla, San Cristóbal de La Laguna. La lucha duró todavía un año, y se hizo notable por las crueldades que los conquistadores cometieron.

Puente hacia África, cuando Fernando e Isabel nombraron gobernador general de Canarias a Alonso Fajardo (30 de enero de 1495), le ordenaron reedificar la torre de Santa Cruz de Mar Pequeña. En agosto de este mismo año Diego Cabrera hizo ya un viaje desde Gran Canaria que resultó fructífero. Al año siguiente fue establecida, en la nueva torre, una pequeña guarnición de 17 hombres, encargada de mantener el contacto con el lejano mundo africano.

Una de las más importantes consecuencias del tratado de Tordesillas fue la atención que Fernando e Isabel prestaron a Cádiz. Ya en 1483 se habían preocupado de restaurar Puerto Real, al lado de la ciudad ducal de los Ponce de León. En 1495, a la muerte de Rodrigo Ponce de León —su nieto del mismo nombre le sucedía en el título—, los reyes tomaron para sí Cádiz, otorgando una cuantiosa indemnización y trasladando a Rota las almadrabas para no causar excesivos perjuicios al linaje. El 2 de enero de 1502 harían lo mismo con Gibraltar, señorío de la Casa de Medinasidonia. La intención de los soberanos era concentrar en Cádiz todo el comercio atlántico y convertir a Gibraltar en la plaza fuerte que proyectaran sus fundadores almohades. No hay duda de que la corriente de oro y esclavos se intensificó a causa de este monopolio.

Ocupación de Melilla

Apenas desaparece el peligro francés en Italia, los Reyes Católicos vuelven a sus antiguos objetivos de conseguir un apoyo en la costa septentrional y ampliar la penetración en Santa Cruz de Mar Pequeña. Uno de los informadores enviados por el duque de Medinasidonia, Pedro de Estopiñán, comprobó en 1497 que Melilla estaba prácticamente desierta. Con una fuerza que proporcionó el duque, Estopiñán llevó a cabo la ocupación, apresurándose a fortificar la posición (18 de septiembre de 1497). Con gran disgusto del almirante, se emplearon los buques que éste preparaba para su tercer viaje. Cuando los musulmanes quisieron reaccionar, era demasiado tarde. El rey de Fez hubo de reducirse a trazar en torno a la ciudad una cadena de posiciones que la inmovilizasen. Fernando e Isabel tomaron a su cargo el sostenimiento de la ciudad, que costaba más de cuatro millones de maravedís al año. Parece indudable que los castellanos se preparaban a nuevas conquistas, cuando el comienzo de la segunda guerra de Nápoles se lo impidió.

Los últimos viajes de Colón

Reclutar tripulantes para el tercer viaje fue muy difícil; tan grande era la decepción producida. Al cabo, el 30 de mayo de 1498 largó amarras con una dotación en que abundaban reos de la justicia a quienes se perdonaban delitos no demasiado graves. Colón arribó a la isla de Trinidad y recorrió la costa de Venezuela, sin admitir aún que se trataba de un nuevo continente ni comprender que había tocado tierra firme. Cuando llegó a Haití, en donde sus hermanos Bartolomé y Diego actuaban por delegación suya, halló la isla revuelta. Las noticias que a España llegaron de las malhadadas actuaciones del almirante, movieron finalmente a los reyes a nombrar un gobernador que le sustituyese: Francisco de Bobadilla (1499). Colón fue enviado a España prácticamente como un prisionero y aunque los reyes aceptaron sus quejas, ño le devolvieron el gobierno sino que sustituyeron a Bobadilla por Nicolás de Ovando.

Desde 1499 —ya Juan Caboto y los portugueses navegaban hacia el Oeste— Colón no tuvo el monopolio de los viajes. Cuatro expediciones andaluzas han sido señaladas, entre este año y el siguiente, por Morales Padrón. El almirante hizo su última expedición en 1502, recorriendo Cuba y Jamaica.

El reino de Bu-Tata

Entre Alonso de Lugo, fuerte en Tenerife, e Inés Peraza, señora de las Canarias menores, se produjo una rivalidad fomentada por la codicia que despertaba el oro sahariano. Hubo luchas, apenas aplacadas por el nombramiento de Lope Sánchez de Valenzuela como gobernador de Gran Canaria (1498). Casándose con la viuda de Fernando Peraza, Beatriz de Bobadilla, Lugo asestó un duro golpe a su rival pues en calidad de tutor de los hijos de ambos, asumió el gobierno de las islas de Hierro y La Gomera. Los comerciantes que visitaban Tagaos, Ifni, Messa y Aguer informaban de sus contactos con los indígenas y de que éstos habían constituido en otro tiempo un reino independiente, Bu-Tata, ahora dividido entre cinco grupos de beduinos. Lugo descubrió que un descendiente de los antiguos reinos, Boali Enbuco para nuestros cronistas, vivía en Tigmaert.

La idea entonces, ejecutada por Valenzuela en su calidad de gobernador, consistió en convencer a este moro de que transmitiese sus derechos a Fernando e Isabel. En febrero y marzo de 1499 cierto Gonzalo de Burgos, de familia conversa, logró un gran éxito diplomático al conseguir que todos los jeques de las cinco tribus de Bu-Tata reconociesen el señorío de los reyes de España. El 2 de octubre de 1499 Alonso de Lugo obtenía de Fernando e Isabel capitulaciones en la forma acostumbrada para llevar a cabo la ocupación efectiva del territorio. La expedición, con cuatrocientos hombres, partió en el verano de 1500; se trataba de construir tres torres. Pero en los meses transcurridos un agente portugués había trabajado con gran habilidad y los moros veían en los españoles peligrosos enemigos. Antes de que las fortificaciones estuviesen concluidas una masa de musulmanes cayó sobre los expedicionarios y les destruyó. Alonso de Lugo se salvó milagrosamente gracias a la ayuda que le prestaron algunos moros amigos.

En 1502 hubo otro intento, esta vez en el valle del Sus, que terminó tan desgraciadamente como el primero. Los fracasos reiterados enfriaron mucho el entusiasmo de los reyes. Todo el contacto con el oro de África se reducía, frente a Canarias, a la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña.

XLVII

LA PRIMERA GUERRA DE ITALIA

La actitud española en vísperas de la guerra

1492 era el año de las grandes hazañas, pero también del relevo de una generación que parecía no esperar otra cosa que oír campanas en las torres de la Alhambra para desaparecer. Nuevos hombres, curtidos en la guerra y en la diplomacia, toman el relevo. También Fernando el Católico estuvo a punto de perecer asesinado por un payés loco el 7 de diciembre, en Barcelona. En Italia la muerte de Lorenzo el Magnífico —coincidiendo con las primeras prédicas de Savonarola— privaba a la Penísula del más sabio factor de equilibrio. Rebrotaban las tremendas rivalidades entre Milán y Nápoles; el duque de Calabria decía a cuantos quisieran escucharle que Ludovico Sforza, llamado el Moro por su color cetrino, quería usurpar a su sobrino la corona. Malos vientos de guerra empezaban a soplar desde Francia, cuyo rey, Carlos VIII, preparaba tropas. Se explica que, muerto Inocencio VIII, los cardenales, al término de una elección muy disputada, entregasen la tiara a Rodrigo Borja, Alejandro VI. Sus lacras morales eran conocidas —no causaban gran susto en la corrompida Corte romana—, pero se esperaba de él energía y valor para los malos tiempos que se avecinaban.

Desde hacía muchos años Rodrigo Borja se sentía acreedor al agradecimiento de Fernando e Isabel; sus gestiones resolvieron el espinoso problema de la dispensa. Aspiraba a transmitir a su hijo César el conjunto de sus dominios penisulares, en primer término la mitra de Valencia. Para él, como para muchos otros italianos, Carlos VIII parece un peligro mientras que Fernando no; éste pretendía tan sólo sostener a sus parientes en Nápoles mientras que las aspiraciones del soberano francés daban al traste con el equilibrio. Protegiendo a Saluzzo, Génova y Monferrato, Carlos se había asegurado ya una base de penetración hacia Italia. El 25 de enero de 1492, además, se había firmado un pacto entre Francia y Milán. Ferrante de Nápoles cometió un error al pretender obligar al nuevo Papa a una actitud más favorable suscitando en Roma oposiciones a la política familiar de los Borja. No consiguió otra cosa que empujar al Pontífice al lado de Milán y de Francia.

Aquí estuvo el engaño de Carlos VIII: creyó que le bastaba con alejar a España a fuerza de concesiones para tener todos los triunfos en la mano. Entregó el Rosellón. Pero Fernando, que tenía informaciones abundantes acerca de los sucesos de Italia, estaba tomando precauciones diplomáticas y militares, buscando la amistad de Alejandro VI, reforzando sus posiciones en Navarra y haciendo la paz con Génova. Ni en esto, ni en las propuestas matrimoniales a la Casa de Borgoña, hay el menor quebranto del tratado de Barcelona pues se advierte a Maximiliano que será necesaria una autorización francesa. La paz con Génova (5 de agosto de 1493) era el restablecimiento de normales condiciones mercantiles, pero al mismo tiempo garantía contra un eventual auxilio naval a enemigos en Italia. En el caso de Navarra, los Reyes Católicos, manejando siempre a los beamonteses, exigieron, a cambio de la paz interior, una promesa de que la heredera Ana no casaría sino con hijo o nieto suyo (19 de enero de 1494); las tropas castellanas permanecieron en el país y se hizo recuerdo de que Navarra no podía servir de tránsito a tropas extranjeras.

La amistad con Alejandro VI, siendo el más delicado asunto —el Papa pertenecía a una Liga con Francia, desde el 23 de abril de 1493— era la más esencial pues el ataque al Pontífice era la única excepción clara del tratado de Barcelona. El 25 de agosto Fernando había firmado un documento prometiendo no intervenir «en el recobramiento de qualquier derecho que (al rey de Francia) le pertenezca en el reino de Nápoles». Esta frase sibilina escondía la intención del rey Católico de presentar sus propios derechos a esta corona, como sobrino legítimo de Alfonso el Magnánimo mientras que Ferrante era hijo bastardo. En este caso el Papa era único juez calificado acerca de tales derechos; Nápoles era feudo de la Santa Sede. En varias ocasiones Fernando había recibido sugerencias de nobles napolitanos para que tomara posesión del reino. En la primavera de 1493 fue enviado a Roma como embajador Diego López de Haro. Ofrecería al Papa la obediencia española en forma solemne.

La gran ventaja de la negociación era que la alianza política que los reyes buscaban, quedaba envuelta en las muy numerosas cuestiones de orden espiritual. El Papa tenía un punto débil, los hijos —César arzobispo de Valencia, Juan duque de Gandía— que le ligaban estrechamente a España. López de Haro iba a pedir tres cosas: la extensión del regio patronato a todos los reinos, poderes para efectuar la reforma y sujeción de los títulos universitarios pontificios al control exclusivo de las Universidades de Salamanca, Valladolid y Lérida. Otros muchos asuntos, como las bulas de partición del mundo, fueron tratados. Pero tenía muchas cosas que ofrecer y en primer término matrimonios, el de Juan de Borja con María Enríquez, prima de Fernando, y el de Jofre con Sancha de Aragón, hija del duque de Calabria. En ambos casos había promesas de dote muy sustanciosa. Ninguno de los Borja fue buen marido, pero los extraños caminos de Dios hicieron que Juan y María fuesen los abuelos de San Francisco.

La «calata» de Carlos VIII

Con la mayor reserva, López de Haro manifestó al Papa que sus reyes no consentirían que Carlos VIII se instalara en Nápoles y, confortado con promesas de ayuda, Alejandro VI opuso una negativa al embajador francés cuando éste fue a solicitar la investidura para su señor. En toda esta alianza había aspectos turbios. Isabel se sentía incómoda con un Papa cuyos hijos daban tan escandalosas pruebas de liviandad y así se lo manifestaba al nuncio Desprats. Pero en la Roma de la última decena del siglo XV los escrúpulos de la reina sonaban a mojigatería. Fernando se preocupaba más de armarse, para lo que las empresas africanas proporcionaban buena ocasión, y enviaba ya a Francisco de Rojas a la Corte del emperador preparando sus amigos en la espalda del enemigo.

El 25 de enero de 1494 murió Ferrante de Nápoles. Aunque Carlos VIII se apresuró a reclamar para sí el trono, Alejandro VI no perdió tiempo en reconocer al duque de Calabria como rey, Alfonso II. Luego ofreció proceder como juez hacia cualquiera que tuviese derechos que alegar. Esto complacía a Fernando el Católico que, el 1 de marzo de 1494, despachaba un nuevo embajador a Roma, Garcilaso de la Vega, con instrucciones que daban ya por segura la próxima guerra. Un mes más tarde el cardenal Julian della Rovere se pasaba a los franceses, seguido por algunos otros descontentos, y comenzaba a hablarse de una necesidad de reforma y de la convocatoria del Concilio. Alejandro VI había acabado por convencerse de que sólo la conservación de Alfonso II en el trono de Nápoles podía salvar el equilibrio peninsular. Esto pensaban también los Reyes Católicos, que iban a poder luchar por el Papa y por la paz de Italia.

En mayo de 1494, mientras el nuncio Desprats anunciaba en Tordesillas a Fernando e Isabel que no había otra esperanza que su intervención militar, Carlos VIII enviaba desde Lyon a Charles de Ancezune para solicitar la cooperación española. Fernando respondió con su propio embajador, Alfonso de Silva, tratando de disuadirle del ataque a Nápoles e invitándole a presentar sus pretensiones por vía de derecho y ante el Papa: si el rey de Francia deseaba luchar contra el Islam, los españoles estaban dispuestos a renunciar en su favor a un trozo de la costa africana. Carlos VIII quiso despedir al molesto embajador, pero Alfonso de Silva, siguiendo sus instrucciones, permaneció en el ejército que desfilaba ya por los pasos de los Alpes. El 3 de setiembre de 1494 Carlos entraba en Asti. Una semana más tarde los Colonna se adueñaban de Ostia dando motivo a Alejandro VI para solicitar de Fernando e Isabel el envío de un ejército.

Frente a los franceses la resistencia italiana se derrumba. Expulsado de Asti, Alfonso de Silva llega a Génova y pasa informe a sus reyes. Éstos deciden enviar a Gonzalo Fernández de Córdoba a Sicilia, remitir poderes a Silva y Garcilaso para formar una liga de príncipes italianos y renovar, como tres años antes, la triple alianza occidental. Ya la muerte de Juan Galeazzo, que permite a Ludovico el Moro ceñir la corona ducal de Milán, apaga la francofilia de éste. Pero nada puede servir para rescatar del desprestigio a las armas italianas. Carlos VIII está, simplemente, paseando sus tropas por la Península.

La declaración de guerra

Fernando e Isabel se mostraron muy cautos. Esperaron a que las tropas francesas entrasen en los Estados de la Iglesia y exigieron de Alfonso II la entrega de fortalezas en el estrecho de Mesina, cabeza de puente que les cubriese de futuras contingencias. Al mismo tiempo encomendaron a Alfonso de Fonseca la delicada cuestión de comunicar la ruptura; en las instrucciones minuciosas que se le entregaron se invocaba en primer término el derecho que los reyes tenían a prestar ayuda al Papa, pero también el que tenían, muy superior, a ostentar la corona de Nápoles. Los preparativos españoles fueron tan lentos que dan motivo a sospechar cierta deliberada voluntad de arrastrar a Alfonso II a una rendición sin condiciones. Carlos VIII hizo su entrada en Roma el 27 de diciembre de 1494 y obligó a Alejandro VI a una parcial capitulación, entregándole a Djem, el hermano del Sultán, rehén precioso, e incorporando a César Borja a su ejército. Entonces llegó a Velletri Alfonso de Fonseca; una entrevista que los cronistas han deformado permitió al embajador español invitar a Carlos a suspender el avance sobre Nápoles porque antes debía aclararse a quién pertenecía esta corona. El monarca francés contestó que primero ocuparía el reino y luego hablaría de derechos. Fonseca entonces, con gesto dramático, rasgó el tratado.

Los franceses no hallaron tampoco en Nápoles resistencia. Alfonso II había renunciado a su hijo (21 de enero de 1495) Ferrante II, quien aceptó las exigencias españolas acerca de la entrega del extremo de Calabria. El 20 de febrero Carlos VIII se adueñaba de la capital mientras Ferrante huía a refugiarse en Sicilia, conservando apenas la isla de Ischia y una pequeña cabeza de puente. Pieri ha llamado la atención sobre un punto: la potencia francesa era más supuesta que real porque, en toda la campaña, no había tenido ocasión de probarse. Pero inspiraba temor, y este era argumento para los monarcas españoles que iban a plantear la presencia de los franceses en Nápoles como una causa de inseguridad para todas las monarquías occidentales.

En la parsimonia española influyen varios factores, entre ellos la debilidad del Rosellón y las inquietudes de Navarra, que podían abrir paso a tropas francesas al corazón de Castilla. Hasta el 4 de marzo de 1495 no pudieron conseguir los Reyes Católicos un tratado con el rey de Navarra que, entregando como rehén a la princesa heredera, Magdalena de Albret, autorizaba de hecho a los españoles a entrar en el pequeño reino si los franceses pretendían atravesarlo. Viana y Sangüesa pasaron a manos de tropas castellanas. Por otra parte los soberanos españoles no querían emprender la guerra en Italia sin el respaldo de las otras grandes potencias, ya que desconfiaban de los pequeños príncipes italianos; pero en esto hallaban dificultad porque las relaciones entre Borgoña e Inglaterra eran peores que nunca.

La Liga Santa

El 20 de enero de 1495 Francisco de Rojas lograba, en Amberes, un doble acuerdo matrimonial de Margarita y Felipe, hijos de Maximiliano, con Juan y Juana, hijos de los Reyes Católicos. Vuelto a Londres, Rodrigo González de Puebla fue menos afortunado: en vísperas de una revuelta, Enrique VII no quería comprometerse en nada. Hubo que renunciar, de momento, a la gran alianza occidental y conformarse con una confederación de príncipes italianos. Así nació la Liga Santa, negociando simultáneamente en Venecia (Lorenzo Suárez de Figueroa), Milán (Juan de Deza), Génova (Juan Manuel) y Roma (Garcilaso de la Vega, Fonseca y Juan de Albión). Los Reyes Católicos no quisieron firmarla hasta contar con la suficiente seguridad de que Nápoles iba a entregarles las plazas que habían reclamado: Reggio, Cotrone, Squillace, Tropea y La Amatia. Fue publicada en Venecia el 31 de marzo de 1495 y en ella entraban, con la Serenísima República, Maximiliano, Milán, el Papa y España. Nápoles no, aunque fuese principal objetivo la expulsión de los franceses. El objetivo anunciado, a cuya consecución se obligaban con grandes sumas de dinero y tropa los aliados, no era éste, sino la guerra contra los turcos. Se invitó a Carlos VIII a adherirse a la Liga, abandonando naturalmente los territorios que indebidamente ocupaba.

El rey de Francia, temeroso de verse encerrado en Nápoles, entregó el gobierno al duque de Montpensier (20 de mayo de 1495) y emprendió la retirada. El Papa huyó de Roma a su paso y los coaligados trataron de cerrarle el camino en Fornovo (6 de julio) sin conseguirlo. La batalla de Fornovo causó, sin embargo, quebranto en el prestigio militar francés. Para el resto de la guerra las operaciones se limitaron a un cerco en torno a Novara, ocupada algunos meses antes por el duque de Orleáns. Nápoles quedaba abandonada a su suerte.

Liberación de Nápoles

Fuerzas improvisadas y de escasa disciplina militaban bajo las banderas de Gonzalo Fernández. La campaña de Nápoles hará de ellas el formidable instrumento de poder que fue la infantería española. No hay duda de que el influjo de los grandes capitanes italianos, Próspero Colonna y Bartolomeo d’Alviano en primer término, fue también decisivo. Se enfrentaron en Nápoles dos tácticas distintas: la del sólido ejército francés salido de la guerra de los Cien Años, el choque, y la de las ligeras unidades españolas, la maniobra. En principio parecía que la ventaja estaría en el lado francés.

Llegado a Mesina el 25 de mayo de 1495, Gonzalo Fernández tenía órdenes de limitarse a estricta defensiva —enviando en todo caso ayuda a las guarniciones que estuviesen por Ferrante— hasta que Garcilaso de la Vega dispusiese lo contrario. Obediente a las órdenes, se instaló en Reggio, Cotrone, La Amatia y Tropea, plazas todas que debían quedar en manos españolas. Cuando, obligado por Ferrante II, avanzó hasta Seminara y arriesgó una batalla (21 de junio), la perdió. Roberto Stuart, señor de Aubigny, fue el vencedor. Los españoles volvieron a las bases de partida tornando a la maniobra de desgaste y de guerrillas. De todas formas los sentimientos de la población napolitana eran tan desfavorables a los franceses que pudo volver a su capital (7 de julio) gracias a un levantamiento. Los Colonna abandonaron a los franceses y le reconocieron de nuevo.

Obligados a combatir en tres frentes, los franceses, que no podían recibir relevos, se debilitaron bastante rápidamente, replegándose sobre todo hacia Basilicata y Abruzzos, las zonas ganaderas más ricas del país. Gonzalo Fernández fortalecía sus tropas en la misma medida en que Aubigny debilitaba las suyas con envíos al duque de Montpensier. En agosto el capitán español pudo pasar a la ofensiva apoderándose de Terranova, primera victoria. Unas semanas después Fernando el Católico abría las hostilidades en la frontera del Rosellón e impedía a Carlos VIII proyectar una segunda expedición a Nápoles. En tales circunstancias y, a menos que los aliados italianos diesen una vuelta espectacular, la rendición de Montpensier era sólo cuestión de tiempo.

Esta rendición proporciona a Gonzalo Fernández su gran fama. Ferrante, que intentara de nuevo batalla campal en Éboli (1 de octubre de 1495), volvió a saborear las hieles de la derrota. En cambio, el general español, que había adelantado sus líneas hasta Squillace y Sanseverino, resistió incólume el ataque francés. Luego empezó a empujar lentamente al enemigo, abriendo sus líneas. Mientras la diplomacia, trabajando intensamente, lograba en los últimos meses de 1495 y primeros de 1496 poner en pie un formidable sistema de alianzas —el cerco de Francia—, llegaban a cada instante noticias de pequeñas victorias que confirmaban la superioridad de las armas españolas. Todo el mundo se asombraba de aquellos cetrinos infantes que escalaban como cabras los contrafuertes de Castrovillari. La mayor dificultad procedía, no de las armas en el campo, sino de la división interna. Fadrique, tío y heredero de Alfonso II, aconsejaba negociar con los franceses; sospechaba que una victoria española total reduciría a Nápoles a protectorado.

Carlos VIII, desde su cuartel general de Avignon, conocía que los Reyes Católicos habían movilizado en 1496 un ejército formidable, de casi ocho mil lanzas y más de once mil peones. Aceptó entonces una tregua en la frontera del Rosellón, iniciando contactos para una negociación posterior, que entraba a discutir la cuestión de los derechos que ambos reyes pretendían sobre Nápoles. Esto sucedía en mayo de 1496. Algunas semanas antes, Gonzalo Fernández lograba en Laíno su primera victoria en campo abierto y bloqueaba a Aubigny en el extremo de Calabria. Luego acudió a tomar la dirección del cerco de Atella, en donde el duque de Montpensier se había recluido. Sus unidades ligeras destruirán los aprovisionamientos del francés hasta obligarle a rendirse (27 de julio). Con la capitulación de este ejército, Nápoles podía considerarse rescatado. Aubigny se retiró y los franceses conservaron tan sólo Gaeta y Tarento, muy fortificadas.

Pero en este momento murió Ferrante II (7 de octubre de 1496) y Fadrique fue reconocido como rey. Todos sabían que el nuevo soberano, desconfiando de las intenciones españolas, prefería negociar a combatir.

La política de cerco: Portugal

La consecuencia más importante de la guerra de Nápoles es la maduración de un sistema de cerco diplomático que Fernando el Católico estableció en torno a Francia, medio de prevenir y detener el impulso hacia fuera de la vecina monarquía. El objetivo será un verdadero equilibrio europeo que deje a España las manos libres hacia África, cubriendo su retaguardia. En este aspecto los Reyes Católicos fracasarán pues la gran alianza, alimentada con matrimonios según era la tradición Trastámara, tendrá el efecto inesperado de ligar sus reinos a las fantasías de los Habsburgo. Pero, en 1495, esto no era apenas previsible. El otro aglutinante de la amistad, el comercio, permitió en cambio rematar el proceso que hizo de los marinos españoles monopolizadores del golfo de Vizcaya; en todos los tratados que se firman el comercio ocupa rango primordial.

En setiembre de 1495 se invitó a Juan II de Portugal a entrar en la Liga Santa, pero éste se negó. Su posición era de amistad con Castilla, pero sin compromisos de mayor alcance. El monarca murió sin hijos legítimos el 25 de octubre y el trono pasó a manos de su primo Manuel, jefe de la Casa de Braganza. Isabel la Católica ofreció a este pariente todo su apoyo; podía considerar afortunado el cambio puesto que los Braganza tenían recientes motivos de agradecimiento. Se ofrecía a Manuel el matrimonio con María, la más joven de las hijas de los Reyes Católicos, pero él se adelantó a pedir la mano de Isabel, la viuda, a quien sus padres habían prometido no casar nuevamente. Isabel cedió y el 30 de noviembre de 1496 se firmaron los capítulos matrimoniales. La amistad portuguesa se convertía en verdadera alianza y, en adelante, no hubo para los Reyes Católicos motivo de inquietud.

Hubo retrasos en la boda porque Isabel exigió que, antes de celebrarla, fuesen expulsados de Portugal los conversos fugitivos de la Inquisición. El 11 de agosto de 1497 Manuel I firmó el compromiso. Luego los reyes se vieron en Valencia de Alcántara y se celebró la boda. Isabel entró en Portugal ignorando que se estaba produciendo un hecho trágico, la muerte de su hermano el príncipe don Juan, que convertía a ella y a su marido en los herederos de la múltiple corona española.

Inglaterra

Rodrigo González de Puebla, embajador famoso y embrollón, cargaba en sus hombros la tarea no sólo de convencer a Enrique VII de las ventajas de la alianza sino de llevar a buen puerto una reconciliación de éste con Maximiliano de Habsburgo. El matrimonio propuesto, del príncipe de Gales con la infanta Catalina, era del agrado del rey de Inglaterra, que esperaba una buena dote. Pero en el verano de 1495 Enrique VII tenía otras cosas en que pensar: un aventurero, Perkin Warbeck, afirmando que era el duque de York, había desembarcado en Kent con una tropa pintoresca en la que figuraba un Ladrón de Guevara, guipuzcoano al servicio de los borgoñones. Los Reyes Católicos decidieron enviar un segundo embajador, Gutierre Gómez de Fuensalida, para aumentar las propuestas efectivas de amistad, y para que actuase también en Flandes. Fuensalida logró cuando menos que Maximiliano prometiera entrar en negociaciones con Inglaterra para resolver las querellas pendientes.

Durante largos meses Enrique VII resistió las presiones que se le hacían: era invitado por Alejandro VI, se le ofrecía dinero, los diplomáticos españoles garantizaban la neutralidad de Escocia. Todo inútil. En enero de 1496 los Reyes Católicos fijaron por escrito sus propuestas, que abarcaban tres puntos: la alianza, el matrimonio y la regulación del comercio, prohibiendo a su embajador concluir ninguno aisladamente. Por lo demás no se exigía a Inglaterra una participación en las hostilidades contra Francia. Comenzaron en marzo las negociaciones, pero muy lentas. Perkin Warbeck, vencido, seguía arrojando sombra de sospecha pues había conseguido escapar y Enrique VII temía que pudiese en cualquier momento hallar un valedor. Los monarcas españoles tuvieron que lanzarse a procurar en Flandes y en Escocia garantías de que no se daría ayuda al falsario. En junio se había logrado algo, que Enrique VII mostrara sus simpatías por el bando español e invitase a Carlos VIII a suspender la agresión.

Prolongando sus ambigüedades, Inglaterra salía ganando: sus marinos hacían un negocio muy lucrativo navegando entre los puertos franceses y españoles. Fernando e Isabel protestaron pero, para justificarse, tuvieron que ofrecer que en el futuro tratado se daría a los ingleses en España el mismo trato que a los castellanos. En cierto modo Puebla desobedeció las órdenes aceptando a fines de julio de 1496 la firma de una alianza y dejando para luego los capítulos del matrimonio y del comercio.

El doble matrimonio borgoñón

Mientras que Margarita de Austria renunciaba a todos sus derechos sobre el Imperio (25 de agosto de 1495), la infanta Juana conservaba su opción a la herencia. En noviembre de este año se celebraron desposorios en Malinas y Valladolid, respectivamente. No hubo que discutir el espinoso problema de la dote porque cada una de las partes proporcionaba una mujer y se acordó compensarla. Los monarcas españoles asignaron pensiones a consejeros de Maximiliano y Felipe a fin de atraerles a su servicio. Durante el invierno se trabajó activamente en la constitución de una flota que llegó a 22 navíos, aparte de la gran caravana de mercaderes a la que se dio orden de incorporación. Se concentraron los buques en la bahía de Laredo. Fue un gran acontecimiento por el brillo y número de las gentes que allí se reunieron. Isabel, que despedía a su hija, colocó junto a ella una verdadera Corte para amortiguar el efecto que la diferencia de país y de lengua iban a causarle.

La gran flota salió al mar en la noche del 21 al 22 de agosto de 1496. Vientos contrarios obligaron a hacer escala en Inglaterra y el 8 de setiembre se lanzaban las anclas en Holanda. Ningún preparativo serio se había hecho para recibir a la archiduquesa, que hubo de acogerse a la hospitalidad de Margarita de York, la vieja y rencorosa viuda de Carlos el Temerario. Hasta el 1 de octubre no vino Margarita de Austria y el 12, en Lille, se reunió al fin con su marido. El matrimonio fue consumado el 18. Se había hecho demasiado tarde para que la flota pudiera regresar aquel mismo otoño con seguridad y los barcos fueron retenidos con gran pérdida de dinero. Salió en febrero de 1497 y llegó a Santander el 8 de marzo. Las fiestas nupciales se celebraron en Burgos el domingo de Ramos.

Los tratados con Inglaterra

Enrique VII no podía esperar; consumado el doble matrimonio borgoñón corría el riesgo de que los Habsburgo se le adelantaran en la amistad española. Don Pedro de Ayala había sido enviado para reforzar a Puebla en la misma flota que conducía a Juana y, aunque las relaciones entre los dos embajadores fueron terriblemente ásperas —cuando no terriblemente cómicas—, lograron su objetivo. El 1 de octubre de 1496 se firmaron las capitulaciones matrimoniales, recibiendo Catalina una dote de 200.000 escudos que sus padres se comprometían a pagar, en Londres la mitad antes de la boda y la otra mitad en los dos años siguientes. La tercera parte de la negociación, aquella que se refería al estatuto de mercaderes, no pudo conducirse a resultados satisfactorios y fue, de momento, demorada. La firma de la paz con Francia disminuía su urgencia porque los marinos españoles podrían volver pronto a sus acostumbrados puertos de Gascuña y Normandía, eliminando la molesta competencia de los británicos.

El acuerdo con Inglaterra cerraba el cerco y convertía a España en cabeza de un sistema formidable porque tanto Portugal como el Imperio e Inglaterra tenían con ella alianzas muy firmes pero no, en cambio, entre sí. Los Reyes Católicos estaban en condiciones de imponer a Francia la paz en nombre de todas las potencias del occidente europeo.

La tregua con Francia

Algunas hostilidades se produjeron en la frontera del Rosellón y en la de Fuenterrabía, durante el invierno de 1495 a 1496; es natural que los Reyes Católicos sintiesen especial preocupación por Navarra, en viando a Pedro de Hontañón (marzo de 1496), embajador especialmente avezado. Los Albret-Foix podían sentir la tentación de aprovechar aquellos momentos para arrancar su pequeño reino al protectorado castellano. Fernando e Isabel volvieron a buscar en los beamonteses alianzas que el parentesco con la nobleza española facilitaba. Lentamente el país era llevado a un punto en que le sería forzoso elegir entre Francia y España y, para aquel momento, los Reyes Católicos querían tener más partidarios.

La capitulación de Atella y el anuncio de que Maximiliano proyectaba trasladarse con un ejército a Italia, desviaron a Carlos VIII de la frontera pirenaica. Acababa de morir el delfín y pasaba la sucesión francesa a Luis, duque de Orleáns, que invocaba derechos sobre Milán. Era evidente que la Liga Santa se deterioraba a toda prisa. Mientras Fernando el Católico quería hacer de la victoria retomo a un statu quo, Venecia no desaprovechaba la ocasión de sustituir la hegemonía de Nápoles por la suya propia. Sólo los rumores acerca de una segunda expedición francesa mantuvieron unidos a los aliados e incluso les hicieron proporcionar dinero para el ejército de Maximiliano. Éste llegó a Monza en agosto de 1496 e hizo una demostración bastante inútil por Lombardía y Toscana. Verdaderamente nadie quería ya otra cosa que negociar y cada uno sospechaba de que su vecino pudiera adelantarse.

La muerte de Ferrante II actuó como factor desencadenante. Fernando el Católico consideraba la proclamación de Fadrique como un acto ilegal, lesivo para sus propios derechos, y culpaba a su embajador, Juan Ram Escrivá de Romaní, por no haber sabido manejar las adhesiones de sus partidarios. Sabemos que fueron dictadas órdenes a Garcilaso de la Vega para que plantease al Papa la cuestión y al almirante Enríquez para que fuese a Nápoles a tomar con Gonzalo Fernández las vías de hecho. La oposición de las demás potencias de Italia convencieron al rey Católico de que sus planes no podían llevarse a la práctica sin afrontar una guerra peor y más terrible que la que acababa de concluir. Renunció. Fue entonces cuando Alejandro VI otorgó su bula que permitía a los monarcas españoles usar el título de Católicos. Mientras tanto, Fadrique consolidaba su poder rindiendo Gaeta y Tarento, las últimas ciudades que conservaban los franceses (diciembre de 1496).

En adelante, cumplido el objetivo de impedir que Carlos VIII pueda instalarse en Nápoles, los monarcas españoles buscaron solamente la paz. Negociaciones entre Francia y España se habían producido por lo menos desde mayo de 1496 y en setiembre hubo ya acuerdo para celebrar una conferencia entre Narbona y Perpiñán. Para acudir a la mesa de las conversaciones con algún triunfo, los franceses se apoderaron de Salsas, en el Rosellón (8-9 de octubre de 1496). Luego solicitaron una tregua de dos meses y medio. Durante ellos Maximiliano abandonó Italia y el Papa hizo pública declaración de que era necesario firmar la paz. Cundió el pánico. Todos los combatientes temían que el que se retrasara en entrar en negociaciones pagaría la cuenta de la guerra. Por eso Alejandro VI solicitó de Gonzalo de Córdoba que acudiese a tomar Ostia, en donde se sostenía un Menaldo Guerri que, hablando de sí mismo, decía al Gran Capitán «que todos somos españoles y que no lo ha con franceses sino con español, y no castellano, sino vizcaíno». Vizcaínos tenía también Gonzalo, que tomaron Ostia el 9 de marzo de 1497.

Las negociaciones durante la tregua

Bajo la influencia del duque de Orleáns, que escalaba uno a uno los peldaños del trono, la estrategia de Francia cambiaba. Ahora se trataba de asegurar bases en el Norte de Italia, a costa de Milán. En febrero de 1497 el duque tenía ya en Asti un fuerte ejército. Pero en este momento el embajador español, Hernán Duque de Estrada, lograba de Carlos VIII un acuerdo que era algo más que simple prórroga de la tregua existente ya que se extendía a partir del 25 de abril a todos los territorios italianos que quisiesen aceptarla. De hecho la guerra había terminado y comenzaba la negociación. Gonzalo Fernández, a quien gratificara Fadrique con el título de duque de Terranova, recibió orden de regresar a España.

Las negociaciones fueron lentas y difíciles, pero se movieron sobre supuestos muy nuevos respecto a las de 1493: los españoles parecían militarmente superiores; el delfín de Francia aspiraba al ducado de Milán; los Reyes Católicos no reconocían la legitimidad de don Fadrique. En la primera conversación (marzo o abril de 1497) celebrada con los embajadores franceses en Fresdelval, cerca de Burgos, Fernando el Católico deslizó la idea de que Nápoles era objeto de negociación entre ambos países pues lo único que debía aclararse era a quién pertenecía el trono; desde luego a Fadrique no. Cuando las dos delegaciones se reunieron en Caladruer, en la frontera del Rosellón, Juan Daza propuso que se diese a Carlos VIII alguna compensación a cambio de sus derechos. Los franceses respondieron algunas semanas más tarde ofreciendo dinero por los derechos de Fernando sobre Nápoles. Por vez primera se habló entonces con gran secreto de un reajuste total, que daría Navarra a los castellanos, Milán y Génova a los franceses, repartiéndose entre ambos el reino de Nápoles.

La Liga Santa desaparecía sin que nadie pronunciase la palabra disolución. Alejandro VI se preparaba a cambiar de bando haciendo coronar solemnemente a Fadrique, lo cual constituía casi un atentado a Fernando el Católico, y buscando luego el entendimiento con Francia. En el fondo, el Papa estaba decepcionado porque los monarcas españoles, que no ocultaban el disgusto que les producía su inmoralidad, se habían mostrado poco generosos con su hijo el duque de Gandía. La muerte de éste, asesinado el 15 de junio de 1497, provocó además la exaltación de César al primer plano. César no confiaba en los españoles; la primera consecuencia de su dirección será precisamente separar a su padre de una alianza que juzgaba poco provechosa.

En noviembre de 1497, al concluirse la tregua de Lyon, apenas se había adelantado un paso. Los franceses presionaban ayudando a Catalina de Foix y Juan de Albret a instalarse en Pamplona, mientras insistían en sus propuestas de mayo: que se les dejaran manos libres en Génova y Milán y se repartiese Nápoles, con posibilidad posterior para los españoles de cambiar Calabria por Navarra. Sin volver a la lucha —nadie la quería—, Fernando e Isabel se negaron a aceptar unas condiciones que consistían en la entrega de Italia al rey de Francia. Siguieron negociando mientras informaban a Maximiliano, de quien habían aprendido a desconfiar: a pesar de sus solemnes títulos, el rey de Romanos era un rey pobre a quien había que enviar dinero si se quería que moviese un ejército. Preferían apoyarse en Inglaterra. El 4 de febrero de 1498 ratificaron todas las capitulaciones matrimoniales.

El tratado de Marcousis

Aparentemente España se replegaba buscando ahora con el mayor ahínco la amistad portuguesa y volcándose, como hemos visto, en las empresas africanas. La desilusión respecto a las acciones exteriores es bien comprensible, acentuada con las recientes desgracias familiares.

Cuando, el 8 de abril de 1498, murió Carlos VIII y le sucedió Luis XII, antiguo duque de Orleáns, todos los resentimientos entre España y Francia cesaron: el nuevo rey explicaba a los embajadores españoles que no pedía otra cosa que Milán. Por su parte, Felipe el Hermoso, lleno de francofilia, disentía de su padre y de sus suegros respecto a las directrices de la política europea y creía que, por vía de amistad, iba a lograr la restitución de parte de la herencia de su madre.

En la primavera de 1498 parecía como si la estrella de Luis XII refulgiera con brillos atractivos a todas las potencias y, en cambio, palideciese la de los Reyes Católicos. Éstos aconsejaban a Maximiliano y a Enrique VII que hiciesen la paz; ya no había peligro en Italia ni agravios al Papa que tuviesen que ser reparados. Alejandro VI, empujado por César Borja —que quería cambiar su capelo por un título de duque francés—, estaba enteramente al servicio de Luis XII; iba a autorizarle a abandonar a su esposa para casarse con la viuda de su antecesor y así retener Bretaña. Del escándalo que, en el orden espiritual, esto representaba, se hicieron eco los Reyes Católicos, como si adivinasen ya la crisis en que se vería envuelta su hija Catalina.

La primera fase de las negociaciones (Senlis, julio de 1498) fracasó porque los soberanos españoles se negaron a aceptar compromisos que les alejaran de Inglaterra y los Habsburgo. Felipe el Hermoso, en cambio, sorprendió a todos firmando un acuerdo que difería la querella de la herencia borgoñona a un juicio arbitral impreciso. El 5 de agosto los embajadores españoles pudieron firmar en Marcousis un tratado de acuerdo con las condiciones que Fernando pidiera: quedaba en libertad de prestar ayuda en guerra defensiva a todos sus aliados, Maximiliano, Enrique VII, Manuel de Portugal, Juan de Navarra, Felipe el Hermoso y, naturalmente, el Pontífice. Cesaban las marcas y se declaraba libre el comercio. Sin decirlo, el acuerdo establecía una radical diferencia entre la Liga Santa que, simplemente, se disipaba, y la gran alianza occidental, que permanecía sólida y en pie.

XLVIII

EL AMARGO FINAL DE ISABEL LA CATÓLICA

La primera crisis sucesoria

Desde el otoño de 1497 una sucesión implacable de desgracias familiares se abate sobre Isabel la Católica, arruinando las perspectivas de continuidad en la tarea de gobierno y minando su salud hasta destruirla. Los últimos seis años de su vida fueron para ella bien amargos. Todo empezó cuando el príncipe don Juan, que siempre había sido de frágil constitución, contrajo matrimonio con Margarita de Austria el 19 de marzo de 1497. Aún no había cumplido los diez y nueve años de edad. Se dijo luego que el uso de los placeres conyugales quebrantó su salud aunque esto es dudoso. El 1 de octubre de 1497 se avisó a Fernando el Católico desde Salamanca que el príncipe se moría; el rey tuvo el tiempo justo para despedirse del muchacho, en trágica serenidad religiosa. Hablando de su tumba, dijo Pedro Mártir de Anglería: «Aquí queda enterrada la esperanza de España entera». Palabras proféticas: el viento de la muerte se llevaba la Casa de Trastámara, la gran vertebradora de la unidad nacional. Margarita de Austria sufrió un aborto y se quebró también la descendencia.

Fernando e Isabel avisaron a Manuel de Portugal para que, con su esposa, tomase título de príncipe de Asturias. Sonó estridente en sus oídos la noticia de que Felipe el Hermoso hiciera lo mismo; hubo que advertirle que no pasaba a sus manos la sucesión. El embajador Fuensalida avisó desde Innsbruck que el archiduque estaba buscando apoyo francés para reclamar lo que él llamaba sus derechos. En enero de 1498 los monarcas españoles pidieron a Manuel que se diera prisa en venir para que las Cortes le juraran. Hubo que vencer cierta resistencia en Portugal, porque algunos sectores de la nobleza temían un excesivo predominio castellano, pero al cabo las Cortes de Toledo le juraron el 29 de abril de 1498. De allí a Zaragoza, problema más difícil pues los aragoneses dudaban de si podía otorgarse la sucesión a una mujer. Se llegó a una fórmula: esperar a los hijos varones para que recibiesen el derecho de la madre. Isabel estaba próxima al alumbramiento que se produjo el 24 de agosto con la vida de un niño, Miguel, para satisfacción de los aragoneses. El mismo día murió la princesa y fue tal la impresión de la reina que hubo de guardar cama.

Solución en precario este menudo infante Miguel, esperanza suprema de unos reyes que se sienten ya viejos y, aunque no lo digan, temen profundamente una ingerencia flamenca. Vasco da Gama llega en este momento a la India, por el largo camino de África, y todas las rutas marineras del mundo parecen enlazarse a los pies del niño que se cría con gran delicadeza. Pero de pronto, el 20 de julio de 1500, Miguel muere también. Inclinando la cabeza, Isabel se resignó a aceptar a Felipe y a Juana.

Resignación muy grave pues la reina sabía desde hacía dos años que las cosas no andaban bien en Flandes. Cuando, en 1498, fue enviado Sancho de Londoño como embajador, Isabel hizo que le acompañase un dominico, fray Tomás de Matienzo, porque entendía que las relaciones conyugales eran malas y que Juana descuidaba sus deberes religiosos. Londoño y Matienzo pasaron antes por Londres, en donde confirmaron la amistad con Enrique VII instándole a que colaborase con sus reyes en una nueva tarea, de reforma de la Iglesia, y llegaron a Bruselas el 1 de agosto. La impresión de Matienzo, hombre de gran inteligencia según parece, fue dolorosa: no se trataba a Juana con el honor debido; apartada de sus damas españolas, carecía de dinero; daba muestras de desarreglos mentales sin que nadie se ocupara en cuidar de su sensibilidad. Londoño añadía que Felipe era tan francófilo que observaba con respecto al rey de Francia actitudes de intolerable humildad.

Las malas relaciones con Felipe el Hermoso

Es evidente que durante los dos años de sucesión portuguesa, las relaciones de Fernando e Isabel con su yerno fueron deteriorándose; el mal trato reservado a Juana fue causa principal, pero no la única. Había también la francofilia del archiduque que, coincidiendo con el insensato amago militar de Maximiliano en la frontera de Francia, le hace aparecer como un traidor a los ojos de los monarcas españoles, tan celosos del legalismo. El embajador Fuensalida hizo notar esto al emperador: mientras que los Reyes Católicos hacían una paz dejando a salvo la ayuda a su aliado, el archiduque se entregaba enteramente al rey de Francia, de quien se decía vasallo. Maximiliano, hombre de la vieja generación, salvó su dignidad. Pero ya no eran suyas ni Flandes ni Borgoña y desde aquí venían reclamaciones para el regreso de Margarita —que Felipe quería consagrar a la alianza francesa— junto con desvergonzadas demandas de dinero y prebendas que Fernando e Isabel rechazaron con disgusto.

Lógicamente, los soberanos españoles buscaron una compensación en el refuerzo de la amistad inglesa. Propusieron a Enrique VII, puesto que se hallaban en vísperas de poder realizar el matrimonio de Arturo y Catalina, hacer aún más estrecha la alianza añadiendo un capítulo que les obligase a incluir al amigo en cualquier tratado que en adelante suscribieran. Era, sin palabras, asegurar al rey de Inglaterra que le cubrirían contra cualquier nueva maniobra que le fuese movida desde Flandes. La amistad progresó rápidamente: el 12 de marzo de 1499 Catalina confirmó su compromiso matrimonial y el 19 de mayo siguiente Puebla la casó por poderes con el príncipe de Gales. El 10 de julio don Juan Manuel, enviado especialmente para esto, suscribía un nuevo texto de la alianza tan sutil que apenas se advertían diferencias; pero se había borrado la excepción de Maximiliano y Felipe el Hermoso, lo que quería decir que los Reyes Católicos podían prestar ayuda a Inglaterra contra cualquier conspiración.

Nueva muestra de malestar, Felipe y Maximiliano exigieron perentoriamente el regreso de Margarita. Los Reyes Católicos habían pedido conservarla en su Corte hasta que un nuevo matrimonio fuese acordado. Pero lo que los Habsburgo pretendían era precisamente no tener que dar cuenta a su aliado de los proyectos que en tal sentido se elaboraban. Fernando e Isabel llegaron a sospechar que se trataba de emplear a Margarita como medio para deshacer la boda de Catalina en Inglaterra. La princesa viuda hizo el viaje por tierra a través de Francia y llegó a Gante el 5 de marzo de 1500, cuando acababa de nacer el primer hijo varón de Juana, Margarita pidió que se diera a este niño, nacido con el siglo, nombre de Juan, por recuerdo a la fallida esperanza española, pero Felipe impuso una vez más su voluntad borgoñona y el futuro emperador se llamó Carlos. En los primeros meses del año 1500 las relaciones eran más agrias que nunca.

El tratado de Granada

La idea de resolver la cuestión de Nápoles mediante el procedimiento simple del reparto, se había formulado, según vimos, antes de la firma del tratado de Marcousis y no fue ya nunca abandonada. El cambio experimentado por Alejandro VI después de la secularización de César Borja (17 de agosto de 1498) obligaba a los españoles a reducirse a ella como único medio de impedir a Francia instalarse en Nápoles. César, duque ahora de Valence, no olvidaba que los Reyes Católicos se habían opuesto a la escandalosa conducta que esto y el divorcio de Luis XII representaban; en adelante fue como cemento para unir a su padre con el rey de Francia. En diciembre de 1498 Fernando e Isabel parecían en condiciones de inferioridad. Hasta su yerno Felipe prefería la flor de lis.

Frente a Alejandro VI, portugueses y españoles, pero ellos solos, esgrimieron la necesidad de la reforma mostrando su alarma porque una parte decisiva de los Estados Pontificios fuese entregada al flamante duque que esgrimía ya su conocido lema. Todo o Nada. En una audiencia del 19 de diciembre de este año el Papa llegó a decir que Isabel era una usurpadora y los embajadores castellanos le acusaron a él de simonía. Luego Alejandro se moderó al comprobar que se ordenaba salir de Roma a todos los clérigos de ambas monarquías (23 de enero de 1499); pero el mal estaba hecho y las relaciones de amistad no pudieron ya recomponerse. Hasta los reyes de Navarra levantaban la cabeza y, en setiembre de 1498, pedían la retirada de las tropas castellanas de las posiciones que ocupaban. Fernando e Isabel respondieron que estaban dispuestos a hacerlo siempre que se devolviesen a los Beaumont sus bienes y su poder.

Los Reyes Católicos endurecieron su actitud con respecto a Navarra, haciendo ver, sin decirlo, que, del mismo modo que Milán quedaba dentro de la esfera de acción francesa, el pequeño reino pirenaico era parte de España. Invitaron a Juan de Albret a trasladarse a Sevilla, en donde fue recibido con gran pompa (30 de abril de 1500) y le impusieron un nuevo tratado que restauraba a los beamonteses y obligaba a no casar a los infantes o infantas de Navarra salvo con hijos o nietos de los monarcas españoles; de este modo, con el tiempo, Navarra se sumaría al conjunto de reinos de la doble corona. Era ésta la contrapartida de la acción de Luis XII que, en octubre de 1499, había entrado en Milán.

Por entonces se estaba ya negociando francamente sobre el reparto de Nápoles. Fernando e Isabel dieron oídos sordos a las propuestas de Maximiliano para sostener la causa de Ludovico Sforza y éste, con medios insuficientes, fue derrotado y cayó prisionero en Novara (10 de abril de 1500). Fadrique de Nápoles, sintiéndose condenado, hizo esfuerzos tanto en Francia como en España sin encontrar otra cosa que exigencias dilatorias que no anunciaban sino que su hora había pasado. Los príncipes italianos vieron con indiferencia cómo Luis XII y Fernando llegaban a un acuerdo (Chambord, 10 de octubre y Granada, 11 de noviembre de 1500) que entregaba a Francia la ciudad de Nápoles, con los Abruzzos, la Tierra Labor y la mitad de la aduana de los ganados de Basilicata, y al rey Católico Calabria y Apulia con título de duque.

La guerra turca

El largo preámbulo del tratado de Granada justificaba el despojo con la necesidad de oponer una fuerte barrera a los turcos en el Mediterráneo, cosa no enteramente falsa. La muerte de Djem había puesto fin en 1494 a la tregua. En el caso de Fernando el Católico esta preocupación mediterránea constituía el eje fundamental de su gobierno: el ámbito occidental de dicho mar era del dominio aragonés, teniendo en Valencia y no en Barcelona su gran cabeza; Malta y Sicilia conservaban cerrado el recinto. Al norte Nápoles y al sur Túnez tenían que ser mantenidos en alianza aun al precio de fuertes desembolsos. En 1496 los españoles acogieron bajo su protección al jeque de la isla de Djerba (Gelbes), instalando en ella su avanzada, aunque las condiciones militares de la misma eran muy malas.

En agosto de 1499 los turcos reanudaron el ataque a Venecia por tierra y por mar. Lepanto y Patrás sucumbieron y el golfo de Corinto quedó cerrado. Francia envió siete naves en auxilio de la República y Fernando dispuso que Gonzalo de Córdoba volviese a Italia con medio centenar de buques y un verdadero ejército. Retrasos imputables a falta de organización impidieron a esta flota salir antes del 5 de junio de 1500; las órdenes eran de evitar a todo trance que los turcos pusiesen pie en Italia. Con gran prudencia, Gonzalo Fernández reforzó las bases de Calabria, modificó su ejército aumentándolo —fue entonces cuando se le unió el célebre artillero Pedro Navarro— y apareció luego en Corfú como una fuerza capaz de inspirar temor a los otomanos (2 de octubre).

Aquel otoño las fuerzas combinadas hicieron prodigios de valor atacando y tomando Cefalonia (24 de diciembre de 1500). El avance de los turcos quedó detenido. Pero la indisciplina de las tropas españolas, aquejadas por falta de sueldos, era tan grande que Gonzalo llegó a decir, refiriéndose a los vizcaínos, «que más quisiera ser leonero que tener cargo de aquella nación». Los Reyes Católicos lo sabían y, por ello, desconfiaban del resultado de la próxima campaña, sobre todo comparando sus noticias con el buen orden del ejército francés en Milán. Para completar el resultado de la victoria de Cefalonia —que llevó rápidamente a una nueva tregua entre Venecia y el Sultán— los monarcas españoles enviaron una embajada a Egipto con Pedro Mártir de Anglería para reforzar la amistad con el mameluco Qanshu al-Ghuri, Soldán de Babilonia. El monarca egipcio aceptó que Fernando e Isabel mediasen en los asuntos de los cristianos de Palestina.

Felipe el Hermoso y la boda de Catalina

El crecimiento del prestigio de Francia hacía más necesaria que nunca la alianza inglesa y ésta, en la primera mitad del año 1500, corría peligro porque Luis XII proponía ventajosas condiciones para el matrimonio de Arturo con una francesa, y Felipe el Hermoso ofrecía descaradamente a su hermana Margarita. Los reyes enviaron a Gutierre Gómez de Fuensalida para mediar en estas cuestiones y en las de la dote, en las que indudablemente Puebla había cometido graves errores. No sabían exactamente qué habían tratado Felipe y Enrique VII en su entrevista de Calais, el 8 de mayo, pero sí sabían que el archiduque estaba proponiendo casar a su hijo Carlos, recién nacido, con una hija de Luis XII. Fuensalida llegó tarde para asistir a las vistas de Calais, pero escuchó los rumores de la oferta matrimonial borgoñona. Y supo que, aunque el rey de Inglaterra prefería la boda española, muchos de sus consejeros opinaban en contrario. Urgía pues el envío de Catalina. Tantas premuras debieron desgarrar el corazón de Isabel en estos días en que pierde a su nieto portugués.

Las maniobras borgoñonas cesaron de la manera más inesperada. Desde el 20 de julio de 1500 Felipe el Hermoso se convierte en heredero de la corona española. Ello no obstante, Isabel y Fernando, convencidos de que Felipe no sería para ellos el súbdito fiel que tenían derecho a esperar, decidieron atender las sugerencias de sus embajadores acelerando el envío de Catalina. Y añadieron un nuevo estrechamiento de las relaciones con Portugal entregando a Manuel su última hija, María, aquella que amaban más tiernamente. María fue, entre todas las infantas, la única que tuvo suerte feliz y, por sus venas, llegaría a su nieto Felipe II la herencia lusitana. Respecto a Felipe, los monarcas no aspiraron a otra cosa sino a lograr que los hijos del matrimonio —existen dos, Leonor y Carlos, pero han de seguir otros cuatro— fuesen educados en España.

Catalina salió de Granada el 21 de mayo de 1501 y fue a embarcar a La Coruña el 25 de julio. Una tormenta arrastró a su flota a Laredo de donde volvió a salir el 27 de setiembre. La boda se celebró en Londres el 14 de noviembre del mismo año. Un año antes María había contraído matrimonio con Manuel el Afortunado y comenzaba a reinar en Portugal.

Felipe y Juana herederos

Fuensalida estaba tratando de convencer al archiduque, con toda paciencia, del buen amor que sus suegros le profesaban, cuando llegó inesperadamente la noticia de que se convertía en príncipe de Asturias. Los informes del embajador, muy favorables a Felipe, influyeron sin duda en el ánimo de los Reyes Católicos hasta inducirles a creer que podían atraérsele a fuerza de concesiones. Y sin embargo, el nuevo príncipe se había hecho una idea distinta de la situación: siendo el futuro rey, le correspondía tomar decisiones y la primera de todas sería la de concertar con Francia una estrecha alianza por vía de matrimonio. Estaba resuelto a no venir a España hasta que no hubiese cumplido tal objetivo. Ganando tiempo, Felipe decidió hacerse representar en la Corte de los Reyes Católicos por medio de embajadores. Es cierto que comunicó a Fernando e Isabel sus proyectos de boda para Carlos y qué éstos no dijeron nada; pero tratándose de un niño de seis meses cualquier compromiso resultaría ridículo.

Los embajadores borgoñones, Filiberto de Vere y el arzobispo de Besanzón, llegaron en el invierno de 1500 a 1501 con la misión de lograr el consentimiento de los monarcas españoles a la boda de su nieto con Claudia de Francia. Aquello parecía un ultimátum, pues se entendía que era el precio que Felipe obligaba a pagar por su venida a España. Por otra parte, las noticias que daba Fuensalida acerca del trato que el archiduque daba a su esposa, eran cada vez más alarmantes. El embajador aconsejaba a sus reyes que cediesen en todo con tal de llevar a los príncipes a España. Sólo cuando Maximiliano y Luis XII firmaron un nuevo acuerdo en Trento (3 de octubre de 1501), se decidió Felipe a abandonar Flandes y, atravesando Francia, venir a los dominios cuya herencia el destino le ofrecía sin mérito alguno por su parte. El 22 de enero de 1502 llegaba a Fuenterrabía.

El reparto de Nápoles

Fernando el Católico podía justificar la firma del tratado de Granada como un mal menor. Ante la preeminencia que Francia lograra después de la toma de Milán ¿qué otro recurso le quedaba sino ceder? El Papa, indudablemente, estaba al lado de Francia, que permitía, por los mismos días de la firma del acuerdo, que César Borja conquistara el ducado de Romaña. En diciembre de 1500 Luis XII y Fernando decidieron que la ejecución del tratado se iniciara simultáneamente el 1 de mayo próximo. Alejandro VI daría a ambos la investidura. Gonzalo Fernández fue advertido de esta nueva misión tan sólo en marzo de 1501; el día 22 se extendía el nombramiento de lugarteniente en Apulia y Calabria a su favor. Desde el primer momento advirtió el Gran Capitán que sus tropas eran indisciplinadas y escasas y que en el tratado había omisiones —Basilicata, las islas— que darían origen a discordias.

La actitud del Papa, prestándose al injusto despojo, aumentó el descontento: el cardenal Caraffa erigió una estatua burlesca a maese Pasquino que sirvió luego para que se pegaran en ella epigramas y sátiras. La ocupación de la parte a ellos correspondiente fue para los franceses sumamente fácil: el 2 de agosto Fadrique abandonó su capital refugiándose en Ischia. Gonzalo Fernández tropezó en cambio con mayores dificultades y, sobre todo, hubo de moverse con gran cautela para evitar choques con los soldados de Aubigny, a quien atribuía malas intenciones. Inclinado a la amistad de los italianos, tomó personalmente la decisión de atraer a los Colonna al servicio de España. Próspero era uno de los más brillantes generales del tiempo. Cosenza y Tarento resistieron largo tiempo; la última de estas ciudades no fue tomada hasta el 1 de marzo de 1502. Durante estos cinco meses se acumularon las dificultades. Fadrique se había entregado a los franceses y Aubigny alentaba en secreto la resistencia contra los españoles diciendo que habría pronto un arreglo. Faltaba el dinero y los mercenarios de Gonzalo de Córdoba se amotinaban o se iban a servir bajo las banderas de César Borja. Por eso hubo irritación, que se tradujo en la no observancia de las promesas que se hicieran al duque de Calabria en el momento de la rendición.

Consumado el reparto, surgían las disputas. Fadrique había preferido irse a Francia en donde Luis XII le proporcionó rentas. Las provincias de Basilicata y Capitanata no eran mencionadas en el tratado, a pesar de su enorme importancia económica, pues todo el reino de Nápoles dependía de la aduana de los ganados que allí se cobraba. Luis XII encomendó al virrey Luis de Armagnac, duque de Nemours, que se entendiera con Gonzalo de Córdoba para arreglar tales querellas. Antes de que empezasen las negociaciones estallaron graves incidentes armados.

La ruptura

Ninguna de ambas partes estaba dispuesta a conceder facilidades. Fernando, entendiendo que tanto Basilicata como Capitanata eran suyas, proponía que se hiciese un cómputo de las rentas de ambos bandos y que la parte más favorecida compensase con dinero a la otra. Nemours y Gonzalo Fernández parecían más inclinados a usar del lenguaje de las espadas. Luis XII y Fernando el Católico hablaban el de la diplomacia, pero con dificultad: insistía el francés en que el reparto le perjudicaba. Los virreyes se inclinaron ante la voluntad de sus amos y celebraron conversaciones entre Amalfi y Atella, a partir del 1 de abril de 1502. Los franceses querían más tierra. Los españoles exigían ante todo la evacuación de las provincias en litigio. El arreglo era imposible porque los capitanes de Luis XII se hallaban ante un problema inédito: la Hacienda de Nápoles era deficitaria bajo el régimen de ocupación; imaginaban que sólo el retorno a la unidad del reino podía resolverlo.

Por un momento Luis XII proyectó restaurar a Fadrique con onerosas condiciones —cien mil ducados de tributo al año y la entrega de dos fortalezas— valiéndose de su amistad con el Pontífice. No pudo hacerlo porque el duque de Calabria, heredero del trono, estaba en poder de los Reyes Católicos, quienes, quebrantando la palabra dada, le encerraron en seguridad. Todos estos proyectos quedaron en el aire porque, a mediados de junio de 1502, en Atripalda, se produjo un encuentro militar desfavorable a los franceses, los cuales respondieron con energía. Nemours y Gonzalo Fernández acudieron al escenario de la lucha y celebraron una entrevista, el 22 de junio, en la ermita de San Antonio, entre Atella y Melfi. Se firmó tregua de un año. Pero ya el 22 de julio Fernando el Católico avisaba a su general que se defendiese si era atacado porque el rey de Francia había rechazado las propuestas de mediación. La guerra empezaba sin declaración previa.

Gonzalo Fernández a la defensiva

El repliegue de las tropas españolas en Italia, la muerte del príncipe de Gales y las graves discrepancias con Felipe el Hermoso contribuyen a hacer de los últimos años del reinado de Isabel la Católica, un tiempo de crisis. En agosto de 1502 la superioridad del ejército francés era abrumadora. En consecuencia, Gonzalo Fernández replegó sus tropas a las fortalezas costeras fijando el grueso en Tarento, donde mandaba Luis de Herrera, y en Barletta, que era su propio campo. Expulsando a la población civil convirtió Barletta en inexpugnable, con sus avanzadas de Canosa, Andria y Ceriñola. Los franceses atacaron estas fortalezas, apoderándose de Canosa con sangrientas pérdidas, pero se vieron desconcertados ante una guerra de posiciones que no esperaban. El duque de Nemours trató de irritar a Gonzalo para arrastrarle a una batalla en campo abierto, y no pudo conseguirlo. En setiembre se decidió a emprender el bloqueo.

La estrategia española consistía en esperar los refuerzos de infantería pesada —lansquenetes— alquilados en Alemania, y en abrir en Calabria un segundo frente con tropas que viniesen de España. De ahí la necesidad de ganar tiempo mientras se sucedían los combates singulares para emulación de nobles caballeros. Las guarniciones españolas resistían bien. Sus principales problemas eran de orden logístico pues los aprovisionamientos funcionaban mal y el dinero, enviado en letras de cambio, sufría mermas terribles por la especulación de los banqueros italianos. A pesar de todo, Fernando el Católico criticó abiertamente la excesiva prudencia de su general y decidió encomendar el mando de las nuevas tropas a un noble de gran rango, equiparándole en autoridad, Luis Portocarrero, señor de La Palma.

Los puntos de vista diferían. El Gran Capitán consideraba el frente de Calabria como secundario, con la misión de atraer hacia él parte de las fuerzas del duque de Nemours y debilitarle. Hugo de Cardona, que operaba desde el verano, y Manuel de Benavides, llegado el 15 de noviembre, cumplen a la perfección el papel asignado, presionando en Calabria hasta obligar a Roberto Stuart, señor de Aubigny, a acudir con una parte muy considerable del ejército que bloquea Barletta. Desde entonces Gonzalo Fernández está libre de preocupaciones defensivas. Aubigny obtendrá una segunda victoria en Seminara (25 de diciembre de 1502) obligando a las guarniciones españolas a volver a sus reductos, pero sin conseguir tampoco desalojarlas de ellos.

Así pasó el invierno. Crecía la fama de Gonzalo, mano de hierro para sostener desfallecientes disciplinas, admirador de los italianos y celoso defensor de su honra. El signo de la guerra se inclinaba a su favor en las escaramuzas que tenían por objeto tomar cabezas de ganado. Desde febrero de 1503 los españoles parecían lanzados a una continua serie de operaciones menudas en todo el frente. Entre el 20 y 23 de febrero tres victorias —en el mar, en Castellaneta, en Ruvo— coronan otras tantas operaciones. El Gran Capitán decidió abandonar la defensiva. Era el momento en que Luis de Portocarrero llegaba a Calabria.

Segundo matrimonio de Catalina

Aquel año los Reyes Católicos habían vivido horas muy difíciles, y no sólo porque sus tropas estuviesen embotelladas en Barletta. Acababa de morir Arturo, príncipe de Gales (mayo de 1502), dejando a Catalina viuda tan pronto como casada. Felipe el Hermoso estaba en España, alardeando de francofilia y de desconsideración. Urgía reanudar la amistad inglesa y, sin perder minuto, Fernando e Isabel despacharon a Hernán Duque de Estrada como embajador para que propusiese nuevo matrimonio de Catalina con Enrique, hermano del difunto. Contaban, en favor de su propuesta, con el deseo que el monarca británico sentía de retener la parte de la dote que había cobrado y, probablemente, gastado también.

La misión de Hernán Duque, llegado a Inglaterra el 1 de junio, fue difícil por las confusas jactancias de Puebla, que había ofrecido a Enrique VII más de lo que podía cumplir. Hubo que apelar a las maneras fuertes como publicar que se juntaba ya la flota para el retorno de Catalina y exigir de inmediato la restitución de la dote. Hasta el 23 de junio de 1503 —cuando ya retumbaban en toda Europa los cañones de Ceriñola— no fue firmado el acuerdo matrimonial. Aunque el matrimonio no había sido consumado, ambas partes solicitaron dispensa pontificia a fin de evitar en el futuro cualquier duda. Dicha dispensa, otorgada por Julio II el 26 de diciembre de 1503, sería, por trágica paradoja, el punto de partida para el divorcio de Enrique VIII y el Cisma de Inglaterra.

Felipe y el tratado de Lyon

En mayo de 1502 Felipe y Juana llegaron a Toledo, en donde iban a ser jurados por las Cortes. Sus consejeros, francófilos todos, intervinieron muy pronto en las aceleradas negociaciones que se llevaban a cabo a causa de los incidentes de Nápoles, con gran disgusto de los reyes. Éstos, conscientes de la extraña conducta de Juana, perseguían un doble objetivo: retener a los príncipes en España, a fin de identificarles con el país que iban a gobernar, y alejar a los consejeros flamencos tan opuestos a su política. Fracasaron: Juana llegó a creer que trataban de separarla de su marido. Felipe no quería otra cosa que recibir el juramento y regresar.

Entre las Cortes de Toledo (22 de mayo) y las de Zaragoza (4 de agosto) mediaron las noticias amargas: Manuel de Benavides había sido derrotado en Seminara y Gonzalo Fernández estaba bloqueado en Barletta. Con el Papa vendido a Francia y Venecia en prudente neutralidad no podía confiarse en ninguna nueva Liga Santa que salvara el apuro. Entonces Felipe se adelanta, lleno de confianza: tiene en sus manos la fórmula de la amistad francesa; que se le den poderes y transformará las negociaciones en una paz honorable. Para colmo de males, Isabel cae enferma —es ya la dolencia postrera que le llama al sepulcro— y Fernando abandona Zaragoza para acudir a su lado, confiando por primera vez a su yerno una tarea de gobierno, presidir las Cortes que acaban de jurarle (27 de octubre de 1502). Felipe defrauda a todos abandonando a su vez Zaragoza inmediatamente. Sólo quiere poderes y marchar. Los embajadores franceses le halagaban.

El 19 de diciembre de 1502 Felipe salió de Madrid hacia la frontera, dejando a Juana que esperaba su tercer hijo. El 12 de enero de 1503 le fueron enviados los poderes que reclamaba, aunque sólo para negociar y no para concluir. La custodia de los mismos fue encomendada a fray Bernardo Boil, para evitar extralimitaciones. El 22 de marzo, llegado a Lyon, comenzaba las negociaciones concluyendo, cosa que le estaba prohibida. Detrás de él, Fernando había acudido a la frontera porque temía un ataque enemigo por el Rosellón. El tratado de Lyon, firmado el 5 de abril de 1503, fue calificado por el rey Católico como un medio para arrojar a los españoles de Nápoles: Basilicata y las zonas disputadas se entregaban en tercería a Felipe el Hermoso; Luis XII y Fernando renunciarían a sus derechos en Carlos y Claudia, cuando se casasen; hasta entonces —plazo muy largo— Felipe gobernaría la parte española y Luis XII habría de nombrar quién lo hiciera en la francesa.

La victoria española

A principios de abril los dos mil lansquenetes que Gonzalo Fernández esperaba, llegaron a Barletta. Dio orden a Portocarrero de que fuese a Tarento a fin de tomar a los franceses como en una tenaza, pero no fue obedecido; entonces decide llamar a la guarnición tarentina y sustituir el movimiento envolvente por un choque abierto. La población civil, cansada de la larga ocupación, se mostraba hostil a los franceses y esto favorecía los planes del Gran Capitán. Portocarrero murió antes de entrar en fuego, pero su sustituto, Fernando de Andrade, mantuvo el plan previsto y logró (21 de abril de 1503) una victoria sobre Aubigny en el ya acostumbrado campo de Seminara. Roberto Stuart, sitiado en Angitola, tendrá que rendirse treinta días más tarde.

Antes de conocer tan grata nueva, Gonzalo Fernández había sacado sus tropas de Barletta, llevándolas al encuentro del enemigo en Ceriñola. El duque de Nemours recibió a un mismo tiempo la noticia del desastre de Seminara y la de la salida de los españoles. Al declinar la tarde el 28 de abril decidió atacar las posiciones de Gonzalo, cargando con la caballería pesada, al modo medieval, colocándose en la punta de vanguardia, mientras su enemigo, cerebro moderno, ocupa el centro del dispositivo. Saltaron por accidente los barriles españoles de pólvora y Gonzalo Fernández dijo que eran las luminarias de la victoria. Esta brillante carga de las lanzas francesas fue quebrada por el fuego de los arcabuceros, lo cual es señal de un cambio decisivo en la táctica. Murió de tres tiros el duque de Nemours. Luego sucumbieron al mortífero fuego también las formaciones suizas. Cuando la infantería alemana y española carga, la victoria está desde hace algunas horas decidida.

Ésta es Ceriñola, la batalla que releva la lanza francesa y la sustituye por la infantería española. Todo el ejército francés quedó desmantelado y apenas si pudo Ivo d’Alegre, en una brillantísima retirada, salvar una cabeza de puente en Gaeta. Gonzalo entró en Nápoles triunfante el 16 de mayo de 1503 y se enfrentó con el doble problema de la falta de dinero y la presencia de los franceses que guarnecían los dos castillos de la capital. Trataba de ordenar aquel caos creando algo que pareciese un gobierno y de atraerse a los barones para impedir ulteriores dificultades. Las minas de Pedro Navarro hicieron maravillas: el Castillo Nuevo fue tomado al asalto el 12 de junio, y el del Huevo rendido el 11 de julio. En cambio los ataques contra Gaeta fracasaron: Gonzalo no pudo eliminar esta cabeza de puente, como era su intención, antes de que llegase el nuevo ejército francés.

Contraofensiva francesa

La derrota de Ceriñola encendió la cólera de Luis XII. Se decía en España que para aquel verano preparaba el monarca francés tres ejércitos, uno en Italia, otro en el Rosellón, el tercero en Navarra. Fernando el Católico mostraba mesura: sin interrumpir las negociaciones proponía ahora la restauración de Fadrique sujetándole a tributo. Alain de Albret era nombrado gobernador de Gascuña, con intención de que implicase a sus hijos en la lucha. El mariscal de Rieux mandaría las tropas en la frontera catalana. Asustados por la grave amenaza, los monarcas españoles trataron de constituir una nueva Liga, como en 1495, pero sus esfuerzos en Roma, en Venecia y en el Imperio fracasaron lamentablemente. Estaban solos contra Francia, lo cual probablemente no era ninguna desgracia.

La acción sobre Navarra fue detenida por medios puramente diplomáticos. Pedro de Hontañón avisó de las malas consecuencias que para Catalina y Juan podía tener la entrada de tropas francesas en su territorio y de cuántas veces había ofrecido el rey de Francia dar Navarra a los monarcas castellanos. Esto bastó: fueron los navarros quienes cerraron su frontera. En el Rosellón los españoles acumularon enormes fuerzas, predominantemente castellanas. Salsas, atacada el 16 de setiembre de 1503, resistió el terco bombardeo mientras el duque de Alba desgastaba al enemigo. A mediados de octubre los españoles pasaron a la ofensiva obligando a Rieux a levantar el asedio y saquearon algunos lugares en retaguardia. El 15 de noviembre fue firmada una tregua que afectaba sólo a la frontera peninsular.

La lucha habría, pues, de dirimirse en Italia, para la que Luis XII reservaba sus mejores tropas a las órdenes del mariscal de La Trémouïlle. Un mensajero del mariscal dijo a Lorenzo Suárez que daría veinte mil ducados por hallar a Gonzalo Fernández en Viterbo, y el embajador español contestó que más habría dado el duque de Nemours por no hallarle en Ceriñola. El anuncio de tan gran ejército provocó en Nápoles algunos levantamientos, en especial en Atella y Andria, donde Luis de Arce arrinconaba a Diego de Arellano. Pero Gonzalo de Córdoba no dividió sus fuerzas: iba a jugarse la suerte a una sola carta en el río Garellano.

Antes de que La Trémouïlle alcanzara Gaeta, murió Alejandro VI (18 de agosto de 1503). Durante un mes se produjeron terribles pugnas entre franceses y españoles para imponer sus candidatos. Los cardenales consiguieron neutralizar a ambos con el temor recíproco, obligando a César a abandonar Roma y a los dos ejércitos a situarse a más de cincuenta leguas de la capital. César, que había estado negociando con los españoles, se incorporó, sin embargo, al ejército francés, cosa que Fernando el Católico juzgaría traición imperdonable. Entre tanto el Cónclave podía proceder a la elección de Francisco Piccolomini, Pío III, aceptable para los españoles (22 de septiembre); Papa de transición, gobernaría la Iglesia apenas un mes.

Cuatro días después de la elección pasaba por Roma el imponente ejército francés a las órdenes de Francisco Gonzaga, marqués de Mantua, porque La Trémouïlle estaba enfermo. Gonzalo Fernández, en inferioridad numérica, se replegó al otro lado del Garellano, manteniendo sus posiciones en Rocaseca, San Germano, Aquino y Montecasino, que tomara Pedro Navarro el 8 de octubre con enorme valor. El 15, los franceses lanzaron su ataque sobre Rocaseca y fueron rechazados con grandes pérdidas. Descendieron luego por el río para intentar el paso en Roca Guillerma, el 23 de octubre. Nuevo fracaso. Las lluvias y el barro desgastaban al ejército y hacían inútiles los cañones. Tercer intento, sobre el puente de Sessa, que se traduce en una guerra de posiciones, con bombardeo continuo, desde el 30 de octubre hasta la víspera de Navidad. Desilusión y sorpresa: el ejército francés era incapaz de romper las líneas españolas. El 6 de noviembre, el marqués de Mantua consiguió una cabeza de puente, pero aquella misma tarde sus soldados fueron arrojados al río.

El marqués resignó el mando, fracasado, en manos de Saluzzes. Muchos caballeros se retiraron con él. Gonzalo de Córdoba, auxiliado ahora por Próspero Colonna y Bartolomeo d’Alviano, decide pasar al ataque. Construye en gran secreto un puente de madera, que es lanzado, río arriba, en la madrugada del 28 de diciembre. Por allí pasan los veteranos de García de Paredes y Pedro Navarro a las órdenes de Alviano que lleva el bastón de mando del Gran Capitán. Tomados entre dos fuegos, los franceses se dejaron ganar por el pánico y desordenadamente se repliegan sobre Gaeta en un intento de crear nuevamente en la plaza un bastión fortificado. Pero Gonzalo de Córdoba se adelantó en la persecución para cortar sus líneas, de modo que el marqués de Saluzzes no pudo recoger en Gaeta más que una parte de los suyos. El 31 de diciembre los franceses firmaron la capitulación de Gaeta, en donde entró Gonzalo el 2 de enero siguiente.

La tregua

Mientras se libraban los ásperos combates del río Garellano, una nueva elección de Pontífice tenía lugar. Julián della Rovere se convirtió en Julio II, esta vez con el beneplácito de los españoles. Nacionalista a ultranza y empeñado en recobrar los Estados de la Iglesia, quería preservar a Italia de las dolorosas ingerencias extranjeras. Comunicando su exaltación al solio, se ofreció a ambas partes como mediador en la paz. Fernando el Católico respondió favorablemente; mantenía incluso lo tratado en Lyon respecto a dar el reino de Nápoles a Carlos y Claudia, pero gobernando en él los españoles; cuando no, podía restaurarse a Fadrique con las debidas garantías. Lógicamente, Julio II prefería la segunda de estas dos alternativas. Para llevar a cabo tales negociaciones, franceses y españoles establecieron una nueva tregua de tres años a partir del 25 de febrero de 1504. Hubo libertad de comercio.

¿Qué se esconde tras este pacifismo de los Reyes Católicos? Fidelidad, sin duda, a una línea de prestigio como monarcas cristianos. Pero también algo más, algo que ha pervivido en la leyenda de «las cuentas del Gran Capitán». La guerra de Nápoles había sido muy costosa y la situación del reino era increíblemente mala. Desde muy pronto, Fernando pudo comprobar que había en Nápoles un pozo capaz de devorar todo el dinero de España. Muchas semanas después de la batalla del Garellano seguían produciéndose focos de resistencia en el interior del reino, que obligaban a conservar el ejército. Es indudable que la actitud grandiosa de Gonzalo de Córdoba, que comprometía la Hacienda española en rentas a sus compañeros de armas, y las denuncias que llegaban acerca del continuo estado de violencia, provocaron disgusto en el Rey Católico. Los historiadores del siglo XIX, ganados por el oro de las armas, han tendido una red de sombras en torno a Fernando por lo que calificaban de ingratitud. Pero el monarca era más prudente y sensato que sus generales; probablemente pensaba que si hubiese alguna fórmula que le descargase de Nápoles sería para él del mayor alivio.

Muerte de Isabel

No hay duda de que los disgustos familiares, y especialmente la locura de Juana, aceleraron el fin de Isabel la Católica. Abandonando románticas explicaciones, la princesa heredera fue víctima de la esquizofrenia, con manifestación erótica muy violenta. El mal entendimiento entre sus padres y su marido se reflejó en ella y, en 1503 —después de haber dado vida al tercer hijo— llegó a convencerse de que había una conspiración destinada a apartarla de Felipe. El 18 de junio tuvo la infanta palabras tan desconsideradas con su madre, que ésta sufrió una recaída. Luego se encerró en Medina del Campo, y cuando le anunciaron que hasta marzo de 1504 no era posible organizar el viaje, pues la guerra impedía atravesar Francia, tuvo una crisis tal que permaneció veinticuatro horas en la muralla, mirando al campo frío de noviembre. Isabel vino, enferma, a Medina, para comprobar la evidencia de lo que hasta entonces se negara a creer: una hija loca era su sucesora.

Esto explica muchas cosas, y en primer término que Fernando e Isabel ofrecieran a Felipe el Hermoso entregarle Nápoles, como estaba previsto en el acuerdo de Lyon, a cambio de que Carlos fuese enviado a educar a España. Para reforzar sus promesas, que Fuensalida adornaba con sus pintorescas exageraciones de costumbre, los monarcas enviaron a Juana tan pronto como les fue posible. Pero Luis XII movió hábilmente los hilos, convenciendo a Felipe, a través de sus consejeros, de que la propuesta española escondía un terrible engaño: Fernando e Isabel querían tener a Carlos para hacerle jurar por las Cortes, privando así a su yerno de la herencia. Isabel, en su lecho de muerte, tuvo que terciar con aclaraciones acerca de su propia sucesión. Las negociaciones fracasaron y el monarca francés se sintió muy feliz de suspenderlas. Las relaciones entre el archiduque y su suegro, que habían mejorado durante unos meses, volvieron a hacerse tensas. Las últimas noticias que Isabel tuvo de su hija loca era que había castigado «como una brava leona» a una amante de Felipe y que éste había respondido abofeteándola.

Desde julio de 1504 Isabel agonizaba lentamente en el viejo palacio de Medina. En septiembre se avisó a Felipe y Juana que estuviesen preparados a venir, pues la reina se moría. Ella era consciente: había ordenado distribuir limosna entre monasterios para pedir la salvación del alma, y el 12 de octubre, exactamente a los doce años de la llegada de sus naves a América, firmaba el admirable testamento. Pieza humana e histórica de primer orden, en que brilla espléndida la fe, se asoma la preocupación de reservar estos reinos de Castilla para los castellanos, desciende a la minucia de pedir que se restituyan los daños, y guía, por Gibraltar —«que siempre tengan en la corona la dicha ciudad»—, el camino de África. Un mes más tarde, penetrada de fiebre, a punto su alma de rendir la jornada, vuela en el pensamiento de las tierras nuevas y pide que a los indios se les trate con justicia y amor, que son hombres y hermanos que esperan la revelación de Cristo. Y así muere el 26 de noviembre de 1504.

Aquella noche, a la luz de las velas, Fernando firmó la carta que daba la tremenda noticia. «Aunque su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me pudiera venir, y por una parte el dolor de ella, y por lo que en perderla perdí yo y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas, pero por otra, viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió… es de esperar que Nuestro Señor la tiene en su gloria que para ella es mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía.»

XLIX

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS GENERALES

Historia político-cultural.

Altamira y Crevea, Rafael, Historia de España y de la civilización española, 4.ª ed. Barcelona, 1928.

Aguado Bleye, Pedro, Manual de Historia de España, tomo I, Madrid, 1963. Almeida, F. de, Historia de Portugal, 3 vols. Coimbra, 1922-1925.

Bagué, Enrique, Historia de la Cultura española, 2 vols. Barcelona, 1953-1956.

Ballesteros Beretta, Antonio, Historia de España y de su influencia en la Historia Universal, vols. I-VI, Barcelona, 1919 sigs.

Biografíes Catalanes. Vols. I-VIII, Barcelona, 1956.

Diccionario de Historia de España pub. por la Revista de Occidente, 2 vols. Madrid, 1952.

García de Valdeavellano, Luis, Historia de España, vol. I, Madrid, 1952. Herculano, Alejandro, Historia de Portugal, Lisboa, s. a.

Menéndez Pidal, Ramón, Historia de España, dirigida por. Publicados los vols. IV, V, VI, XIV, XV y XVII.

Peres, Damião, Historia de Portugal, vols. I-III, Barcelos, 1928.

Soldevila, Fernando, Historia de España, vols. I-II. Barcelona, 1952-1953. Soldevila, Fernando, Historia de Catalunya, Barcelona, 1934.

Interpretación.

Castro, Américo, La realidad histórica de España, Méjico, 1954 (Refunde su obra anterior, España en su Historia).

Maravall, Juan Antonio, El concepto de España en la Edad Media. Madrid, 1954.

Sánchez Albornoz, Claudio, España y Francia en la Edad Media. Causas de su diferenciación política. Revista de Occidente, I, 1923, págs. 294-316.

Sánchez Albornoz, Claudio, España un enigma histórico, 2 vols. Buenos Aires, 1954.

Vicens Vives, Jaime, Aproximación a la Historia de España, Barcelona 1952.

Instituciones y Economía.

Asso, Ignacio de, Historia de la Economía política de Aragón, Zaragoza, 1878. Reed. 1947.

Colmeiro, Manuel, Historia de la Economía política en España, 2 vols. Madrid, 1863. Reed. 1965.

Colmeiro, Manuel, Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, 1883-1884.

Danvila, Manuel, El poder civil en España, 6 vols. Madrid, 1885-1886.

Font y Rius, José María, Instituciones medievales españolas, Madrid, 1949.

García de Valdeavellano, Luis, Curso de Historia de las Instituciones españolas desde el origen hasta el final de la Edad Media, Madrid, 1968.

García Gallo, Alfonso, Curso de Historia del Derecho español, I, Madrid, 1950.

Hinojosa, Eduardo de, Historia general del Derecho español, Madrid, 1887.

Martínez Marina, Francisco, Teoría de las Cortes o grandes Juntas nacionales de los reinos de León y Castilla, 3 vols. Madrid, 1813.

Martínez Marina, Francisco, Ensayo histórico crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, 3.ª ed. Madrid, 1845.

Mayer, Ernesto, Historia de las instituciones sociales y políticas de España y Portugal durante los siglos V al XIV, 2 vols. Madrid, 1925-1926.

Sánchez Pizarro, Galo, Curso de Historia del Derecho. Introducción y Fuentes, Madrid, 1953.

Torres López, Manuel, Lecciones de Historia del Derecho Español, Salamanca, 1936.

Vicens Vives, Jaime, Historia económica de España, 3.ª ed. Barcelona, 1963.

BIBLIOGRAFÍAS

Sánchez Alonso, Benito, Fuentes para la Historia de España, 3 vols. Madrid.

Contiene exhaustivamente la bibliografía hasta 1952.

Índice Histórico Español, en serie completa desde 1953.

La bibliografía que figura a continuación, referida a cada uno de los capítulos, no es exhaustiva. Se han recogido solamente aquellos trabajos que, de modo directo o indirecto, han sido utilizados en la redacción de la presente obra. Las omisiones que se adviertan deben achacarse a la insuficiencia del autor.

1. Conquista e islamización de España.

Las obras de conjunto más importantes son hoy las de E. Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane (traducida en el tomo IV de la monumental Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, 1950); La civilisation arabe en Espagne. Vue générale, París, 1938, e Islam d’Occident. Études d’histoire médievale, París, 1948. Siguen siendo utilizables, con reservas, las de R. Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’a la conquête de l’Andalousie par les almoravides (711-1110), ed. revisada por Lévi-Provençal, Leiden, 1932, y Recherches sur l’histoire et la littérature des arabes d’Espagne pendant le Moyen Âge, 2 vols., Leiden, 1881. La monumental Encyclopedie de l’Islam, en curso de reedición, ofrece muy numerosos artículos de primera calidad para el Islam español. Las recientes publicaciones de Félix M. Pareja, Islamología, Madrid, 1952-1954, un tanto desordenada, y de Montgomery W. Watt y Pierre Cachia, A History of Islamic Spain, Edimburgo, 1962, ayudan a completar el cuadro.

Don Claudio Sánchez Albornoz es el historiador que ha profundizado más en los primeros siglos de la Reconquista. Prácticamente toda su obra —dispersa en ocasiones en Revistas, a la espera de una recopilación que, en parte, se está emprendiendo— es de primera calidad. Ver para este capítulo: Itinerario de la conquista de España por los musulmanes (Cuadernos de Historia de España, X, páginas 21-74); ¿Muza en Asturias? Los musulmanes y los astures transmontanos antes de Covadonga, Buenos Aires, 1944; Otra vez Guadalete y Covadonga (Cuadernos de Historia de España, I y II, 1944); De Sidonia a Segoyuela (Revista de Filología Hispánica, VI, Buenos Aires, 1944, 191 sigs.); Dónde y cuándo murió don Rodrigo, último rey de los Godos (Cuadernos de Historia de España, III, 1945, páginas 5-105); Los vascos y los árabes durante los dos primeros siglos de la Reconquista (Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, III, Buenos Aires, 1952, págs. 65-79). Completar con Antonio de la Torre y del Cerro, Las etapas de la Reconquista hasta Alfonso II (Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo, 1949, págs. 135 sigs.) y E. Saavedra, Pelayo, Madrid, 1906.

E. Cauvet, Étude historique sur l’etablissement des espagnols en Septimanie au VIIIe et IXe siècles, Montpellier, 1898, llamó la atención sobre un problema importante: el reflujo al otro lado del Pirineo de población visigótica. Modernamente J. Millás Vallicrosa, La conquista musulmana de la región pirenaica (Pirineos, II, 1946, págs. 53-67) con fuentes musulmanas, y Ramón d’Abadal, El paso de Septimania del dominio godo al franco a través de la invasión sarracena (Cuadernos de Historia de España, XIX, 1953, págs. 11-17), con fuentes carlovingias, han estudiado un problema tan importante como las raíces de la Marca Hispánica.

2. La restauración omeya.

El trabajo de E. Saavedra, Abderrahmán I. Monografía histórica (Rev. Arch. Bibli., Museos, 1910, XXII, págs. 341-352, XXIII, págs. 28-44), presta aún buenos servicios. Mucho más importantes fueron algunos de los artículos incluidos en sus Estudios críticos de Historia Árabe española, Zaragoza, 1905 y Madrid, 1917, por don Fermín Codera. Completar con J. López Ortiz, La recepción de la escuela malequí en España (A. H. D. E., 1930, VII, págs. 1-169) y P. Levertof, The Spanish Church under the Moors (Theology Journal of Historic Christianity, XXXIII, 1936, págs. 283-292).

Ramón d’Abadal es, sin duda, la primera autoridad en las relaciones de España con el Imperio carlovingio. Ver especialmente su monumental Catalunya Carolingia. Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Barcelona, 1952; Et comte Bernat de Ribagorça i la llegenda de Bernardo del Carpio (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, III, 1952, págs. 463488); Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, V, 1952, págs. 7-82), y La Catalogue sous l’empire de Louis le Pieux (Études Roussillonnaises, V, Perpiñán, 1956, núms. 1 y 2). Las relaciones de Carlomagno con los núcleos españoles de reconquista en R. Basset, Les documents arabes sur l’expédition de Charlemagne en Espagne (Revue Historique, LXXXIV, 1904, páginas 168 sigs.), en M. Defourneaux, Carlomagno y el reino Asturiano (Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo, 1949, págs. 89-116), y en Barrau-Dihigo, Deux traditions musulmanes sur l’expédition de Charlemagne en Espagne (Mélanges Lot, París, 1925, págs. 168 sigs.). Añadir los importantes trabajos de L. Auzías, Les sièges de Barcelone, de Tortose et de Huesca (801-811) (Annales du Midi, XLVIII, 1936, 5-28) y l’Aquitaine carolingienne, Toulouse, 1937.

El famoso artículo de Barrau-Dihigo, Recherches sur l’histoire politique du royaume asturien (718-910) (Bull. Hispanique, LII, 1921, págs. 106-145) sigue siendo punto de partida para una consideración del estado de la cuestión. Numerosas rectificaciones a su hipercriticismo han sido formuladas, especialmente por Claudio Sánchez Albornoz, Despoblación y repoblación del valle del Duero, Buenos Aires, 1966, obra que debe considerarse de importancia decisiva. El mismo Sánchez Albornoz aporta, entre otros trabajos para este período: Una crónica asturiana perdida (Revista de Filología Hispánica, VII, Buenos Aires, 1945, págs. 105-146); Una vía romana en Asturias. La vía de La Mesa y de Lutos (Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, III, 1936, págs. 151 sigs.); Asturias resiste. Alfonso II salva a la España cristiana (Logos, VIII, Buenos Aires, 1947, páginas 5 sigs.); Mauregato: a Leaf from Asturian History (Yitzhak F. Baer Jubilee Volume, Jerusalem, 1960, págs. 174-185. Completar con J. Uría Riu, Las campañas enviadas por Hixem I contra Asturias (794-795) y su probable geografía (Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo, 1949, págs. 499-545), que ha estudiado el tema sobre el propio terreno, con sugerencias muy afortunadas; de este mismo autor. Cuestiones histórico-arqueológicas relativas a la ciudad de Oviedo de los siglos VIII al X (Symposium sobre cultura asturiana de la Alta Edad Media, Oviedo, 1964, págs. 261-328). Añadir R. Prieto Bances, La legislación del rey de Oviedo (Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo, 1949, págs. 175-221).

Sobre el adopcionismo sigue siendo básico el trabajo de Ramón d’Abadal, La batalla del adopcionismo, Barcelona, 1949. Confróntese con J. Pérez de Urbel, Orígenes del culto de Santiago en España (Hispania Sacra, V, 1952, págs. 1-31), con puntos de vista muy originales. La extensión del reino asturiano a Galicia es tema que estudia con profundidad Luis Vázquez de Parga, Los documentos sobre las presuras del obispo Odoario de Lugo (Hispania, X, 1950, págs. 635-680), que completa T. Sousa Soares, Um testemunho sobre a pressúria do bispo Odoario de Lugo no territorio bracarense (Revista Portuguesa de Historia, I, 1941, págs. 153 sigs.).

3. Consolidación del emirato.

A las obras señaladas en capítulos anteriores conviene añadir: A. Kristoffer Fabricius, La première invasion des normands dans l’Espagne musulmane en 844, Lisboa, 1892 y C. Sánchez Albornoz, La auténtica batalla de Clavijo (Cuadernos de Historia de España, IX, 1948, pág. 97).

La complicada cuestión de los orígenes de Navarra ha dado origen a una abundante literatura, que se remonta ya a los famosos Anales de Moret y Alesón, Todavía los viejos estudios de T. Ximénez de Embún, Ensayo histórico acerca de los orígenes de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1878, y Barrau-Dihigo, Les origines du royaume de Navarre d’après une théorie récente (Revue Hispanique, VII, 1900, páginas 141-505) y Les premiers rois de Navarre; notes critiques (Revue Hispanique, XV, 1906, págs. 614-644), son aprovechables. Inferior es E. Ibarra, La reconquista de los Estados pirenaicos hasta la muerte de Sancho el Mayor (Hispania, VI, 1942, págs. 3 sigs.). Lévi-Provençal, De nouveau sur le royaume de Pampelune au IXe siècle (Bull. Hispanique, LV, 1953, págs. 9 sigs.) y J. Pérez de Urbel, Lo viejo y lo nuevo sobre el origen del reino de Pamplona (Al-Andalus, XIX, 1954, páginas 3 sigs.), hacen una adecuada puesta al día del tema. Pese a defectos de enfoque, debidos a razones ajenas a la historia, puede utilizarse el doble trabajo de Bernardo Estomés Lasa, El ducado de Vasconia (476-824), Zarauz, 1959, y Eneko «Arista» fundador del reino de Pamplona y su época. Un siglo de historia vasca, 752-852, Buenos Aires, 1959.

El espléndido resumen de R. d’Abadal, Els primers comtes catalans, Barcelona, 1958, ahorra acudir a otros trabajos anteriores y supera definitivamente las viejas obras clásicas de Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, 2 vols., Barcelona, 1836, y de J. Balan, Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899. No dispensa, sin embargo, de acudir a los estudios de Fernando Valls, coleccionados en una publicación conjunta, para mayor comodidad del investigador; de ellos son importantes para el tema, Els origens dels comtats de Pallars i Ribagorza (Estudis Universitaris Catalans, IX, 1915-1916, págs. 1-101) y Las Genealogías de Roda o de Meyá, Barcelona, 1920.

4. La revuelta hispánica.

M. Gaspar Remiro, Cordobeses musulmanes en Alejandría y Creta (Homenaje a F. Codera, Zaragoza, 1904, págs. 217-233) y Lévi-Provençal, Un échange d’ambassades entre Cordoue et Byzance au IXe siècle (Byzantion, XII, París, 1937, págs. 1-24), han prestado su atención a curiosas repercusiones de los conflictos interiores andalusíes. Las obras clásicas sobre el movimiento de los mártires voluntarios son: F. J. Simonet, Historia de los Mozárabes de España, Madrid, 1897-1903; Justo Pérez de Urbel, San Eulogio de Córdoba o la vida andaluza en el siglo IX (Pro Ecclesia et Patria), Madrid, 1942, y F. R. Franke, Die Freiwilligen Märtyrer von Cordova und das Verhältnis der Mozaraber zum Islam (nach den Schriften des Speraindeo, Eulogius und Alvar) (Spanisches Forschungen der Görresgesellschaft, I, Reihe, 1958, págs. 1-170).

Sobre Alfonso III, sigue siendo estudio fundamental el de A. Cotarelo y Valledor, Historia crítica y documentada de la vida y acciones de Alfonso III el Magno, último rey de Asturias, Madrid, 1933, a completar con M. Gómez Moreno, Las primeras crónicas de la Reconquista, el ciclo de Alfonso III (B. R. A. H., tomo C, 1932, págs. 562-628). Don Claudio Sánchez Albornoz ha aclarado numerosos temas: La jornada del Guadacelete (B. R. A. H., tomo C, 1932, pág. 691); La batalla de Polvararia (Anales de la Universidad de Madrid, I, 1932, págs. 225-238); La campaña de La Morcuera (Anales de Historia Antigua y Medieval, Buenos Aires, 1948, págs. 5-50) y Alfonso III y el particularismo castellano (Cuadernos de Historia de España, XIII, Buenos Aires, 1950, págs. 19-100).

5. La obra de Alfonso III.

El breve artículo de J. Antonio Maravall, La idea de la Reconquista en la España medieval (Arbor, núm. XXVIII, 1954, págs. 1-37), es altamente sugestivo. Los trabajos de Paul Merca, De «Portucale» (Civitas) aô Portugal de D. Henrique (Biblos, XIX, Lisboa, 1943, págs. 45-62), de Pierre David, Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Lisboa, 1947, así como los presentados al Congresso luso-espanhol de Estudos medievais de Oporto (editado solamente el resumen, Oporto, 1968), algunos de los cuales han visto ya la luz, aportan conocimientos fundamentales para la formación de «territorium portucalense». Recogemos especialmente, A. Sousa Machado, Onde teria nascido Portucale (Porto), Domingos A. Moreira, Sobre o antroponimo Vimara, publicados en el Boletim Cultural da Cámara Municipal do Porto, 1968, vol. XXXI, y T. Sousa Soares, A presuria de Portugale (Porto) em 868. Seu significado nacional, Porto, 1967.

El tema de los orígenes de Castilla resulta sumamente atractivo. Luciano Serrano, El obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, 3 vols., Madrid, 1935, y J. Pérez de Urbel, Historia del condado de Castilla, 2.ª ed. con muy importantes modificaciones, 3 vols., Madrid, 1969, han intentado un análisis completo del desarrollo del condado desde fines del siglo VIII hasta su transformación en reino. Contra, Filemón de la Cuesta, Reyes Leoneses, León, 1958, ha opuesto su polémica, sin gran base, por entender que Pérez de Urbel exagera la importancia castellana. W. Reinhardt, La tradición visigoda y el nacimiento de Castilla (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, I, Madrid, 1950, páginas 553-554), sienta una curiosa teoría, la de la coincidencia del ámbito de instalación de los visigodos con el futuro condado. Fray Justo Pérez de Urbel insiste, acaso con mejores argumentos, en el entronque con la expansión vascongada. Es muy importante J. M. Ramos Loscertales, Los jueces de Castilla (Cuadernos de Historia de España, X, Buenos Aires, 1948, págs. 75-194).

Son imprescindibles, para el conocimiento de los orígenes castellanos, los estudios de R. Menéndez Pidal, Carácter originario de Castilla (Revista de Estudios Políticos, VIII, Madrid, 1944, págs. 385-408); La epopeya castellana a través de la literatura española, Buenos Aires, 1945; Orígenes del español, 3.ª ed., Madrid, 1950, y de C. Sánchez Albornoz, Orígenes de Castilla. Cómo nace un pueblo (Revista de la Universidad de Buenos Aires, I, 1943, págs. 293 sigs.) y The Frontier and Castilian Liberties (The New World looks at his History), Tejas, 1963, págs. 27-46.

El desarrollo de Navarra es objeto de estudio por C. Sánchez Albornoz, Problemas de Historia navarra del siglo IX (Cuadernos de Historia de España, XXV-XXVI, 1957, págs. 5-82). Completar con M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III, Madrid, 1911, y A. de la Torre y del Cerro, La Reconquista en el Pirineo (La Reconquista española y la repoblación del país, Zaragoza, 1951, págs. 24-38), aun cuando éste atiende más a Cataluña. Son excelentes los ensayos de J. M. Lacarra, Aragón en el pasado, Zaragoza, 1960, que no han tenido la difusión debida por incluirse en una edición conmemorativa del cincuentenario del Banco de Aragón.

Valls Tabemer, Notes per la historia de la familia comptal barcelonesa, Barcelona, 1923, y Estudi sobre els documents del comte Guifré I de Barcelona (Estudis Universitaris catalans, XXI. Homenatge a Rubio i Lluch, 1936, págs. 11-31), es todavía imprescindible. Gran especialista de temas pirenaicos, J. Calmette dedicó su atención —habrá que tener en cuenta las rectificaciones de Abadal— a estos primeros siglos de desarrollo de Cataluña; deben mencionarse especialmente: Les origines de la maison condale de Barcelone (Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, XX, Roma, 1900, págs. 303 sigs.); Notes sur Vifred le Vélu (R. A. B. M., 3.ª época, V, Madrid, 1901, págs. 442451); Notes sur les premiers comtes carolingiens d’Urgel (Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, XXII, Roma, 1902); El feudalisme i els origens de la nació catalana (Quaderns d’Estudi, XIII, Barcelona, 1921, págs. 147-160); A propos de la famille de Jofre le Poilu (Anales du Midi, XXVII, 1925, págs. 145-160), y Le sentiment national dans la Marche d’Espagne au IXe siècle (Mélanges Lot, París, 1925).

6. La fundación del khalifalo.

Resulta todavía útil el estudio de A. González Palencia, El Califato occidental (R. A. B. M., 3.ª época, XLIII, 1922, págs. 173-196 y 375-405). Completar con Joaquín Vallvé, La intervención omeya en el norte de África (Cuadernos de la Biblioteca española de Tetuán, IV, 1967, págs. 7-39), que es un buen resumen sin nuevos datos.

Las obras clásicas de M. Risco, Historia de la ciudad y Corte de León y de sus reyes, Madrid, 1792, y Julio Puyol, Orígenes del reino de León y de sus instituciones políticas, Madrid, 1926, admiten una fructuosa lectura. La aportación de J. Pérez de Urbel, Sampiro. Su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid, 1952, al editar críticamente esta importante fuente, es muy valiosa. También las precisiones de E. Sáez Sánchez, Ramiro II, rey de Portugal de 926 a 930 (Revista Portuguesa de Historia, III, 1945, págs, 271-290), y Los ascendientes de San Rosendo (Notas para el estudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X) (Hispania, VIII, Madrid, 1948, págs. 3-76 y 179-233). Sáez es, sin duda, nuestro mejor especialista del tema leonés en el siglo X.

El origen de Fernán González ha sido objeto de polémica entre J. Pérez de Urbel, Fernán González, el héroe que hizo a Castilla, Buenos Aires, 1952, y Ramón Menéndez Pidal, Fernán González, su juventud y su genealogía (B. R. A. H., tomo CXXXIV, núm. 2, Madrid, 1954, págs. 335-358). Ver también de este autor, La Castilla de Fernán González (Bol. Comisión Monumentos de Burgos, XXII, 1943, páginas 237-254). Es importante el trabajo de T. López Mata, Geografía del condado de Castilla a la muerte de Fernán González, Madrid, 1957. También el tema de la batalla de Simancas da origen a disputas: ver M. Gómez Moreno, La batalla de Simancas (Bol. Sociedad Castellana de Excursiones, 182, Valladolid, 1918, páginas 25-30), e Hilda Grassoti, Simancas: problema e hipótesis (Anuario Estudios Medievales, III, Barcelona, 1968, págs. 425-440).

José María Lacarra aporta también a este período tres estudios valiosos: Expediciones musulmanas contra Sancho Garcés (905-925) (Príncipe de Viana, I, Pamplona, 1940, págs. 46-70); Textos navarros del códice de Roda (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, I, Zaragoza, 1945), y Las relaciones entre el reino de Asturias y el reino de Pamplona (Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo, 1949, págs. 221-243). Añadir. A. Ubieto Arteta, Monarcas navarros olvidados: los reyes de Viguera (Hispania, X, 1950, págs. 3-24).

7. Independencia de Castilla.

Fermín Codera, Embajadas de príncipes cristianos en Córdoba en los últimos años de Alhaquem II; Embajadores de Castilla encarcelados en Córdoba en los últimos años de Alhaquem II; Campaña de Gormaz en el año 364 de la Hégira (Estudios críticos de Historia árabe española, tomo IX, Madrid, 1917), fue el principal conocedor de la historia musulmana del período. Desde otro punto de vista, Justo Pérez de Urbel, Relaciones entre los reyes de Navarra y los condes de Castilla, Pamplona, 1945, y La conquista de la Rioja y su colonización espiritual en el siglo X (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, I, Madrid, 1950, págs. 286-444), ha estudiado un tema de tanta importancia como las fricciones navarro-castellanas en la zona de expansión de Rioja. E. Sáez Sánchez completa sus estudios en Notas y documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia (Cuadernos de Historia de España, XI, 1949, págs. 25-104), y Sobre la filiación de Ordoño IV (Cuadernos de estudios gallegos, VII, 1947, págs. 363-375). En contra suya, Rubén García Álvarez, Ordoño IV de León un rey impuesto por Castilla (Archivos leoneses, XXI, núm. 42, 1967, págs. 203-248), si bien su argumentación es poco sólida. Añadir Germán de Pamplona, Un nuevo rey de León, Alfonso, hijo de Fruela II (Príncipe de Viana, VII, 1946, págs. 262-270).

8. La gran ofensiva de Almanzor.

La publicación de la obra de Mahmud Ali Makki, La España cristiana en el diwan de Ibn Darrây (Boletín R. Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX, 1963-1964, págs. 63-104), ha puesto en manos de los investigadores un material precioso para el conocimiento de las campañas y gobierno de Almanzor. A. Palomeque, La decadencia del reino de León hasta la muerte de Almanzor (Revista del Archivo, Biblioteca y Museo del Ayuntamiento de Madrid, XII, 1935, páginas 285-313, 314-329, 389-435), ha trazado un cuadro de la decadencia leonesa durante las campañas del dictador amirí. Completar con E. García Gómez, Sobre la monja Elvira, regente de León (Estudios críticos de Historia árabe española, XIII, 1949, págs. 293-297), y con F. Fita, Destrucción de Barcelona por Almanzor (B. R. A. H., VII, Madrid, 1885, págs. 188 sigs.).

Santiago Sobrequés Vidal, Els grans comtes de Barcelona, Barcelona, 1961, continúa la obra de Abadal dentro de la serie de Biografíes catalanes. El propio Abadal proporciona un modelo de estudio en Com neix i com creix un gran monestir pirenenc abans l’any mil. Eixalada-Cuixà. (Analecta Montserratensia, VIII, 1954).

9. La ruina del khalifato.

Añadir a la bibliografía mencionada en capítulos precedentes, E. García Gómez, Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya (Al-Andalus, XII, 1947, páginas 267-293).

El tema de la monarquía leonesa incide ya en las cuestiones referentes a un Imperio hispánico, planteado magistralmente por R. Menéndez Pidal, El Imperio hispánico y los Cinco reinos, Madrid, 1950, aunque ya Alfonso García Gallo se había adelantado a iniciar desde el punto de vista jurídico su examen de la cuestión, en El Imperio medieval español (Arbor, IV, 1945, págs. 199 sigs.). Puntos de vista distintos en A. Sánchez Candeira, El «regnum-imperium» leonés hasta 1037, Madrid, 1951. El reinado de Alfonso V —ver Sánchez Candeira, Sobre la fecha de la muerte de Alfonso V (Hispania, VIII, 1948, págs. 132 sigs.)— se une especialmente al tema de un Fuero de León y un Concilio de Coyanza. Sobre él son trabajos importantes: C. Sánchez Albornoz, Un texto desconocido del Fuero de León (1017) (Rev. Filología española, IX, 1922, págs. 317-323); R. Menéndez Pidal, Fecha del Fuero de León (A. H. D. E., V, Madrid, 1928, págs. 547-549); L. Vázquez de Parga, El Fuero de León (A. H. D. E., tomo XV, Madrid, 1944, págs. 464498), e I. A. Arias, La Carta Magna leonesa (Cuadernos de Historia de España, tomo IX, Buenos Aires, 1948). Es obra fundamental la de Alfonso García Gallo, El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del derecho canónico español en la Alta Edad Media, Madrid, 1951.

El reinado de Sancho III fue estudiado por V. de Lafuente, Sancho el Mayor y su familia (Estudios críticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón, I, Madrid, 1884, págs. 25-81) y, recientemente, por J. Pérez de Urbel, Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, 1950. Completar con A. Ubieto, Doña Andregoto Galíndez, reina de Pamplona y condesa de Aragón (Actas del I Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, VI, págs. 165-179), y R. Menéndez Pidal, El Romaz del infant García y Sancho de Navarra antiemperador (Historia y Epopeya, Madrid, 1934).

10. Economía y sociedad en al-Andalus durante el khalifato.

C. Sánchez Albornoz, España y el Islam (Revista de Occidente, 1.ª época, VII, Madrid, 1929, págs. 1-30), y González Palencia, Moros y cristianos en la España medieval —especialmente sus dos artículos sobre El Islam y Occidente y Huellas islámicas en el carácter español—, Madrid, 1945, examinan las consecuencias de un encuentro entre dos culturas. Refiriéndose a la estética, principalmente el libro de Henri Terrase, Islam d’Espagne. Une recontre de l’Orient et de l’Occident, París, 1958, resulta de enorme interés. Completar con Alfredo Pimenta, A palavra «Hispania» nos documentos medievais (Idade-Media, Lisboa, 1946).

S. M. Imamuddin, The Economic History of Spain under the Umayyads, Dacca (Pakistán), 1963, ha trazado un cuadro muy sugestivo de la economía española durante este tiempo. A completar con A. Ashtor, Prix et salaires dans l’Espagne musulmane au Xe et XIe siècles (Annales, tomo XX, París, 1965, págs. 664-679). Ch. Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médievale. I, Peninsule Iberique, France, Brujas, 1955, estudia el comercio que, a través de Cataluña, se realizaba entre el Imperio carlovingio y el musulmán. Los estudios de Torres Balbás sobre las ciudades musulmanas han constituido una aportación decisiva al conocimiento de la demografía y la sociedad califales. Ver especialmente: Las ciudades hispano-musulmanas y su urbanización (Revista de Estudios de la vida local, I, Madrid, 1942, págs. 59-80); Plazas, zocos y tiendas en las ciudades hispano-musulmanas (Al-Andalus, XII, 1947, págs. 437 sigs.); Estructura de las ciudades hipano-musulmanas: la medina, los arrabales y los barrios (Al-Andalus, XVIII, Madrid, 1953, páginas 149-177); Ciudades yermas de la España musulmana (B. R. A. H., tomo CXLI, 1957, núm. 1, págs. 17-218).

11. El gobierno khalifal.

Para completar obras citadas anteriormente, en especial las de Lévi-Provençal, deben tenerse en cuenta Husayn Mones, La división político-administrativa de la España musulmana (Revista del Instituto de Estudios Islámicos de Madrid, tomo V, núms. 1-2, 1957, págs. 79-135); Melchor Antuña, La jura en el Califato de Córdoba (A. H. D. E., tomo VI, Madrid, 1929, págs. 108-144); Imamuddin, Some Aspects of the Socioeconomic and Cultural History of Muslim Spain, Leiden, 1965, y Salvador Vila, El nombramiento de los walíes de al-Andalus (Al-Andalus, IV, Madrid, 1936, páginas 215-220).

12. Economía y sociedad en la España cristiana.

Tres obras de C. Sánchez Albornoz encabezan, por derecho propio, la bibliografía de este capítulo. A través de ellas se nos ofrece un cuadro vivo, de gran calidad historiográfica y, al mismo tiempo, de una fluidez literaria que no estorba en modo alguno al rigor científico. Nos referimos a En torno a los orígenes del feudalismo, 3 vols., Mendoza, 1942; Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estampas de la vida de León, 5.ª ed., Madrid, 1966, y Estudio sobre instituciones medievales españolas, Méjico, 1965, en que se recogen diversos trabajos del insigne maestro que cobran, al agruparse, nueva actualidad; cabe destacar entre ellos, El precio de la vida en el reino asturleonés hace mil años; La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla; Las behetrías y la encomendación en Asturias, León y Castilla, y La primitiva organización monetaria en León y Castilla. Todavía debe añadirse, como aportaciones del mismo autor, máximo especialista del tema, una lista bastante larga: Ovetensis monete (Cuadernos de Historia de España, tomos I y II, Buenos Aires, 1944, págs. 156-189); Los libertos en el reino astur-leonés (Revista portuguesa de Historia, tomo IV, Lisboa, 1947); Contratos de arrendamiento en el reino astur-leonés (Cuadernos de Historia de España, tomo X, Buenos Aires, 1948, págs. 142-149); España y el feudalismo carolingio (Settimane di Spoleto, I, 1954); Pequeños propietarios libres en el reino astur-leonés. Su realidad histórica (Settimane di Spoleto, XIII, 1966, págs. 183-222,) y el reciente Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII), Buenos Aires, 1968, que incorpora trabajos anteriores.

Paul Meréa es el segundo de los grandes especialistas de historia institucional del siglo X. Sus Estudos de Historia do Direito, Coimbra, 1923, y sus Novos Estudos de História do Direito, Barcelos, 1937, tienen gran importancia. Confróntese también con sus Temas histórico-jurídicos, Coimbra, 1944; Sobre a palavra «atondo». Contribução para a história das instituçoês feudais na Espanha (A. H. D. E., I, 1924, págs. 75 sigs.) y Em torno da palavra «forum» (Revista Portuguesa de Filología, I, 1948, págs. 485-494). Para estas cuestiones que preocupaban especialmente a Meréa, de conservación y ejercicio del derecho romano o germánico, son importantes asimismo: Laureano Diez Canseco, Sobre los Fueros del valle de Feriar, Castrocalbón y Pajares (Notas para el estudio del Fuero de León) (A. H. D. E., I, 1924, págs. 337-371); Rubio Sacristán, «Donationes post obitum» y «donationes reservato usufructu» en la Alta Edad Media de León y Castilla (A. H. D. E., tomo IX, Madrid, 1932, págs. 1-32), y J. Ríus Serra, El derecho visigodo en Cataluña (Spanischen Forschungen der Görresgesellschaft, VIII, 1940, págs. 65-80).

El libro clásico de Tomás Muñoz y Romero, Del estado de las personas de Asturias y León en los primeros siglos posteriores a la invasión de los árabes (R. A. B. M., 2.ª época, tomo IX, Madrid, 1883), sigue siendo buen medio de aproximación al tema. Carmen Carlé, Infanzones e hidalgos (Cuadernos de Historia de España, tomos XXXIII-XXXIV, Buenos Aires, 1961, págs. 56-100) se ocupa de la clase superior de la población. A completar con B. Martínez Ruiz, La investidura de armas en Castilla (Cuadernos de Historia de España, I-II, Buenos Aires, 1944, págs. 190-221), y N. Guglielmi, El «dominus villae» en Castilla y León (Cuadernos de Historia de España, tomo XIX, Buenos Aires, 1953, págs. 55-103).

Las instituciones beneficiarias han sido objeto recientemente de importantes estudios: A. Ferrari Núñez, Beneficium y behetría (B. R. A. H., CLIX, Madrid, 1966, I, págs. 11-87; II, págs. 211-278) —a completar con su Castilla dividida en dominios según el libro de las behetrías. Discurso en la A. de la H., Madrid, 1958, que establece una relación entre el siglo X y el XIV— y Luis García de Valdeavellano, El prestimonio. Contribución al estudio de las manifestaciones feudales en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media (A. H. D. E., tomo XXV, 1955, páginas 5-122).

El trabajo ya antiguo de F. Aznar Navarro, Los solariegos de León y Castilla (Cultura Española, tomo I, 1906, pág. 4, y tomo II, 1906, pág. 299) debe ser modernizado. Véase R. Prieto Bances, La explotación rural del dominio de San Vicente de Oviedo en los siglos X al XIII, Coimbra, 1940, y J. García González, La Mañería (A. H. D. E., tomos XXI-XXII, 1951-52, págs. 224-299).

13. Las instituciones políticas del reino de León.

Es inseparable la bibliografía de este capítulo de la del inmediatamente anterior. El problema político que ha despertado más la curiosidad de los historiadores es el del crecimiento de la monarquía. J. A. Maravall, Sobre el concepto de monarquía en la Edad Media española (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo V, Madrid, 1954, 401-407), dedica acertadas páginas a un examen doctrinal que pueden servir para mejor entendimiento de los tres trabajos fundamentales de C. Sánchez Albornoz, La potestad real y los señoríos en Asturias, León y Castilla (R. A. B. M., 3.ª época, tomo XXI, 1914, págs. 263 sigs.); La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla, Buenos Aires, 1945, y La «Ordinatio principis» en la España visigoda y posvisigoda (Cuadernos de Historia de España, tomos XXXV-XXXVI, Buenos Aires, 1962, págs. 5-36). Son importantes asimismo: A. Palomeque, Contribución al estudio del ejército en los estados de la Reconquista (A. H. D. E., tomo XV, 1944, páginas 205-251); J. Guallart, Obispos al frente de mandaciones leonesas (Cuadernos de Historia de España, tomo V, Buenos Aires, 1946, págs. 173-174); Hilda Grassoti, Pro bono et fideli servitio (Cuadernos de Historia de España, tomos XXXIII-XXXIV, Buenos Aires, 1961, págs. 5-55), y La ira regia en León y Castilla (Ibidem, tomos XLI-XLII, 1965, págs. 5-138). Añadir Carmela Pescador, La caballería popular en León y Castilla (Cuadernos de Historia de España, núms. XXXIII-XXXIV, Buenos Aires, 1961, págs. 101-238).

Sobre el ejercicio de la justicia: F. Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legislativos de los reinos de León y Castilla. Madrid, 1845; C. Sánchez Albornoz, El «Juicio del Libro» en León durante el siglo X (A. H. D. E., tomo I, 1924, págs. 382-387); Galo Sánchez, Para la historia de la redacción del antiguo derecho territorial castellano (A. H. D. E., tomo VI, 1929); T. Orlandis, Huellas visigóticas en el derecho de la Alta Edad Media (A. H. D. E., tomo XV, 1944, págs. 644 sigs.).

Sobre la Iglesia, F. Gómez del Campillo, Apuntes para el estudio de las instituciones jurídicas de la Iglesia de España desde el siglo VIII al XI (R. A. B. M., 3.ª época, VII, 1903; VIII, 1904; X, 1906; XI, 1906).

14. La multiplicación de los reinos.

La herencia de Sancho el Mayor ha sido estudiada por J. Pérez de Urhel, La división del reino por Sancho el Mayor (Hispania, 1954, tomo XIV, págs. 3-26), y A. Ubieto Arteta, Estudios en torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra (Príncipe de Viana, tomo XXI, núms. 78-79, Pamplona, 1960, págs. 5-56). Añadir L. Huidobro, La batalla de Atapuerca (Príncipe de Viana, tomo III, Pamplona, 1942, pág. 43 sigs.). El propio Ubieto ha dedicado un estudio sugestivo a Ramiro I y su concepto de la realeza (Cuadernos de Historia de España, XX, Buenos Aires, 1953, págs. 45-62); a completar con E. Ibarra, La bastardía de Ramiro I de Aragón (Revista de Aragón, IV, 1903, pág. 145), y Matrimonio y descendencia de Ramiro I (Revista de Aragón, VI, 1905, pág. 121), y J. M. Ramos Loscertales, La formación del dominio y los privilegios de San Juan de la Peña entre 1035 y 1095 (A. H. D. E., VI, Madrid, 1929, págs. 6-108).

A los antiguos trabajos de F. Codera sobre los Hammudíes de Málaga y Algeciras, Los Tochibíes en España y los Beni Hud, reyes de Zaragoza, Lérida, Calatayud y Tíldela (Estudios críticos de historia árabe española, tomo VIII, Zaragoza, 1903), y de A. Prieto Vives, Los reyes de Taifas. Estudio histórico-numismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la Hégira, Madrid, 1926, hay que sumar D. M. Dunlop, The Dunnunids of Toledo (Journal of Roy. Asso. Society, parte 2, 1942, págs. 78 sigs.), y J. M. Lacarra, Aspectos económicos de la sumisión de los reinos de Taifas (1010-1102) (Homenaje a Vicens Vives, I, págs. 255-277).

El advenimiento de Fernando I al trono de León supuso un refuerzo para la idea imperial. Ver J. López Ortiz, Notas para el estudio de la idea imperial leonesa (La Ciudad de Dios, CLIII, 1941, págs. 180-190), y R. Gibert, Observaciones a la tesis del Imperio Hispánico y los Cinco Reinos (Albor, LXIII, 1951, págs. 440-456), especialmente el segundo. Paul Meréa, Administrando da terra portucalense no reinado de Fernando Magno («Portucale», tomo XIII, 1940, págs. 41 y sigs.), atiende a explicar los caracteres propios de la región occidental.

Ramón d’Abadal ha dedicado una espléndida obra al siglo XI catalán, L’abat Oliba, bisbe de Vic i la seva epoca, Barcelona, 1948, a completar con La data i el lloc de la mort del comte Berenguer Ramon I (Butlleti de la Societat Catalana d’Estudis Histories, I, 1952, págs. 43-44). El tema de los Usatges ha dado origen a buenos estudios: J. Ficker, Sobre los Usatges de Barcelona y sus afinidades con las Exceptiones Legum Romanorum, Barcelona, 1926; F. Valls Taberner, El problema de la formació dels Usatges de Barcelona (Estudis d’Historia juridica catalana, Barcelona, 1929, págs. 57-69); Carlo G. Mor, En torno a la formación del texto de los «Usatici Barchinonae» (A. H. D. E., tomos XXVII-XXVIII, Madrid, 1957-58, páginas 413-460).

15. El imperialismo castellano.

En muchos aspectos el historiador actual se encuentra, para el estudio del siglo XI, casi en la misma posición que fray Prudencio de Sandoval, Historia de los reyes de Castilla y de León don Fernando el Magno, don Sancho, don Alfonso Sexto, doña Urraca y don Alonso Séptimo, Pamplona, 1615 —conocida vulgarmente como Cinco Reyes—, pues, salvo el laudable esfuerzo de Manuel Colmeiro, Los reyes cristianos desde Alfonso VI hasta Alfonso IX, Madrid, 1892-1894 (Dentro de la Historia de España que dirigía Cánovas del Castillo), ningún intento se ha realizado para lograr visiones de conjunto. Es éste un defecto que en muchos sectores se acusa dentro del medievalismo español. Los siglos centrales de nuestra Edad Media son probablemente los más desamparados. El enorme esfuerzo que representa La España del Cid, 2 vols., Madrid. 2.ª ed., 1947, de don Ramón Menéndez Pidal, no cambia nuestro juicio. Sin regatear méritos a una obra que sin duda puede colocarse en la cumbre de la investigación española —y pese a las importantes ampliaciones que el propio Menéndez Pidal introdujo en su segunda edición—, es evidente que acota como área de conocimiento un espacio y un tiempo limitados, dejando aparte aspectos de la obra de los herederos de Sancho el Mayor que son de la mayor importancia. Faltan todavía los volúmenes de la Historia de España de Menéndez Pidal, entre 1035 y 1350, siglos clave.

El propio Menéndez Pidal ha ofrecido primicias de investigaciones que estaba realizando: Adephonsus Imperator toletanus, magnificus, triumphator (Historia y Epopeya, Madrid, 1934); El conde mozárabe Sisnando Davídiz y la política de Alfonso VI con los Taifas (Al-Andalus, XII, 1947, pág. 27, en colaboración con E. García Gómez); Alfonso VI y su hermana la infanta Urraca (Al-Andalus, XIII, 1948, págs. 157-166, en colaboración con Lévi-Provençal); La política y la reconquista en el siglo XI (Revista de Estudios Políticos, XIX, 1948, págs. 1-34). A completar con E. Lévi-Provençal, Alphonse VI et la prise de Tolède (1085) (Hesperis, XII, 1931, págs. 33-49). Puntos de vista muy oportunos ofrece también Luciano de la Calzada, Alfonso VI y la crisis occidental del siglo XI (Anales de la Universidad de Murcia, XII, núm. 1, 1953-1954, págs. 9-86).

La penetración del rito romano y el desarrollo de la reforma gregoriana son temas que han atraído notablemente la atención. J. F. Rivera Recio, que ya en 1942 apuntaba hacia el tema —Gregorio VII y la liturgia mozárabe (Revista Española de Teología, II, 1942, págs. 3-33)—, ha publicado un magnífico estudio sobre El arzobispo de Toledo don Bernardo de Cluny (1086-1124). Roma, 1962. Es igualmente importante la obra de Demetrio Mansilla Reoyo La Curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su historia (1061-1085), Burgos, 1944. Añadir, en la misma línea de calidad, los artículos le G. Gaillard, La pénetration clunisienne en Espagne pendant la première moitié du XIe siècle (Centre International d’Études Romanes. Bull. Trimestrel, IV, París, 1960, págs. 8-15), y Ramón d’Abadal, L’esperit de Cluny i les relacions de Catalunya amb Roma i la Italia en el segle X (Studi Medievali, II, núm. 1, Spoleto, 1961, págs. 3-41).

Lacarra ha revisado la edición del estudio de J. M. Ramos Loscertales. El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa, Salamanca, 1961.

16. La invasión almorávide.

Ambrosio Huici Miranda es un perfecto conocedor de las fuentes musulmanas de este período. A él debemos tres artículos muy importantes: La salida de los almorávides del desierto y el reinado de Yûsuf ben Tashfin: aclaraciones y rectificaciones (Hesperis, XLVII, núms. 3-4, 1959, págs. 155-182); Alí ben Yûsuf y sus empresas en el Andalus (Talmuda, tomo VII, Tetuán, 1959, págs. 77-122); La invasión de los almorávides y la batalla de Zalaca (Hesperis, tomo XL, números 1-2, 1953, págs. 17-76). En este punto Huici completa y rectifica a C. F. Seybold, Die geographische Lage vom Zallaka-Sacralias (1086) und Alarcos (1195) (Revue historique, tomo XV, 1906, págs. 645-651), y a E. Lévi-Provençal, E. García Gómez y J. Oliver Asín, Novedades sobre la batalla llamada de al-Zallaqa (1086) (Al-Andalus, XV, 1950, págs. 111-155). Paralelamente J. Bosch Vilá ha publicado dos obras de síntesis: Historia de Marruecos; los almorávides, Tetuán, 1956, y Albarracín musulmán (primer volumen de la Historia de Albarracín dirigida por Almagro Basch), Teruel, 1959. Son interesantes las aportaciones más antiguas de Lévi-Provençal, Reflexions sur l’Empire almoravide au debut du XIIe siècle (Vol. Commémoratif du cinquentenaire de la Faculté de Lettres d’Alger. Argel, 1932, págs. 307-320), e Hispano-Arábica: la mora Zaida, femme d’Alphonse VI de Castilla et leur fils l’infant Sancho (Hesperis, XVIII, 1934, págs. 1-8).

Para completar las noticias de la España del Cid, deben tenerse en cuenta: J. Ribera y Tárrago, Historia árabe valenciana (Disertaciones y Opúsculos, tomo II, Madrid, 1928, págs. 214-226); R. Menéndez Pidal, Mío Cid el de Valencia (En «Castilla, la tradición, el idioma», Madrid, 1945); E. Lévi-Provenqal, Glanures cidiennes (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo I, Madrid, 1950, págs. 465-475). Ricardo del Arco ha dedicado sendos trabajos. Sobre la muerte del rey Sancho Ramírez (Argensola, IV, 1953, págs. 51-60), y Pedro I de Aragón, el fiel amigo del Cid (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo I, Madrid, 1950, págs. 375-433), pero es muy preferible acudir a Antonio Ubieto Arteta, verdadero especialista del tema: El sitio de Huesca y la muerte de Sancho Ramírez (Argensola, IV, págs. 61-69 y 139-148); Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza, 1951. Es así mismo importante A. Durán Gudiol, La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104), Roma, 1962.

17. Éxito y fracaso de Alfonso el Batallador.

José María Lacarra es el primer especialista en el reinado de Alfonso el Batallador. Sus obras más importantes sobre esta cuestión son: La fecha de la conquista de Tudela (Príncipe de Viana, VII, Pamplona, 1946, págs. 45-54); La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador (Revista Portuguesa de Historia, IV, 1947, págs. 263-287); La conquista de Zaragoza por Alfonso I (18 de diciembre de 1118) (Al-Andalus, tomo XII, 1947, págs. 65-96); Alfonso el Batallador y las paces de Támara. Cuestiones cronológicas (1124-1127) (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, tomo III, Zaragoza 1947-1948, págs. 461-463); La repoblación de Zaragoza por Alfonso el Batallador, Madrid, 1949; Gastón de Bearne y Zaragoza (Pirineos, tomo VIII, 1952, págs. 263-286); Semblanza de Alfonso el Batallador, Zaragoza, 1950). Puede completarse con Paul Kehr, Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, tomo I, Zaragoza, 1945, págs. 285-326) y El Papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados del siglo XII (Ibidem, II, 1946, págs. 74-179); C. Corona Baratech, Las tenencias en Aragón desde 1035 a 1134 (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, II, Zaragoza, 1946, págs. 370-396); A. Huici Miranda, Los Banu Hud de Zaragoza. Alfonso I el Batallador y los almorávides (Nuevas aportaciones) (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, VII, Zaragoza, 1962, págs. 7-38); y J. Salarrullana, El reino moro de Afraga y las últimas campañas y muerte del «Batallador», Zaragoza, 1909.

Las relaciones de Alfonso con Urraca y la actividad política de ésta son tremendamente confusas. De hecho carecemos en realidad de un estudio adecuado e incluso de los medios materiales para acometerlo. Vicente de La Fuente, El matrimonio de Alfonso el Batallador (Estudios sobre la Historia y el Derecho en Aragón, I, Madrid, 1884, págs. 161-233) inició el tema, al que hizo importante aportación J. M. Ramos Loscertales con su La sucesión del rey Alfonso VI (A. H. D. E., tomo XIII, Madrid, 1936-1941). Dos buenos estudios son los de Luis Vázquez de Parga, La revolución comunal en Compostela en los años 1116 y 1117 (A. H. D. E., tomo XVI, 1945, págs. 685-703) y de Luis Sánchez Belda, La Cancillería castellana durante el reinado de doña Urraca (1109-1126) (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo IV, Madrid, 1953, págs. 587-599). Completar con R. Menéndez Pidal, Sobre un tratado de paz entre Alfonso el Batallador y Alfonso VII (B. R. A. H., tomo CXI, 1942, págs. 115-131).

La antigua biografía de Gelmírez publicada por M. Murguía, Don Diego Gelmírez, La Coruña, 1898, ha sido sustituida por la de A. G. Biggs, Diego Gelmírez, First Archbishop of Compostela, Washington, 1949, que se apoya, sin embargo, en el relato de la Compostelana. En este aspecto la monumental Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, de A. López Ferreiro, 8 vols., Santiago, 1899, sigue llena de vigor. Los artículos de Paul Meréa, A concessão da terra portugalense a D. Henrique per ante a Historia jurídica (A. H. D. E., tomo II, 1925, págs. 169 sigs.) y Territorios portugueses no seculo XI (Revista Portuguesa de Historia, II, 1943, págs. 255-263).

18. El Imperio de Alfonso VII.

La decadencia de los almorávides y la expansión almohade son temas de gran interés, pero insuficientemente tratados a causa del retraso en la apertura de fuentes musulmanas. F. Codera, Decadencia y desaparición de los almorávides en España, Zaragoza, 1899, es todavía utilizable, al lado de las grandes obras de I. Goldziher, Introducción a la obra «Le livre de Mohammed Ibn Tumart, Mahdi des Almohades», Argel, 1903; Materialen sur Kenntniss der Almohadenwegung y Die «Su’ubijia» unter den Mohammedanern in Spanien (Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, tomos XLI, págs. 30-140 y LIII, páginas 601-620). Completar con M. Asín Palacios, Origen y carácter de la revolución almohade (Revista de Aragón, V, 1904, págs. 489 sigs.); A, Bell, Les almoravides et les almohades, Orán, 1910, y Les Benou Ghanya, derniers répresentats de l’Empire almoravide et leur lutte contre l’Empire almohade, París, 1903. Mariano Gaspar Remiro dedicó una obra ya clásica a la Historia de Murcia musulmana, Zaragoza, 1905, a completar, en relación con Ibn Mardanish, con J. M. Lacarra, El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de Albarracín (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, tomo III, 1952, págs. 515-526).

Una espléndida edición de la Crónica, acompañada de estudio, es la de L. Sánchez Belda, Chronica Adephonsi Imperatoris, Madrid, 1950. Ella nos introduce en el tema de la idea imperial que ha estudiado Hüffer en tres importantes trabajos: La idea imperial española, Madrid, 1933; Zum Endeder mittelalterlichen spanischen Kaiseridee (Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte, XI, 1953, págs. 199-208), y Das mittelalterliche spanische Kaiseridee (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, V, 1954, págs. 361-395). Peter Rassow, especialista de Carlos V, añade algunas atinadas observaciones en su Die Urkunden Kaiser Alfons VII von Spanien. Eine paläographisch-diplomatische Untersuchung (Archiv für Urkundenforschung, X, 1928, págs. 328-467). A completar con A. Ubieto Arteta, Navarra-Aragón y la idea imperial de Alfonso VII de Castilla (Estudios Edad Media de la Corona de Aragón, VI, Zaragoza, 1953-55, págs. 41-82). Sobre los primeros años del emperador puede usarse aún el libro de A. López Ferreiro, Don Alfonso VII rey de Galicia y su ayo el conde de Traba, Santiago, 1885.

Sobre el trato de Tuy y la independencia de Portugal, ver: C. Ermann, De como D. Affonso Henriques assumio o titulo de Rei, Coimbra, 1940, y T. Sousa Soares, Significado político do tratado de Tuy de 1127 (Revista Portuguesa de Historia, II, 1943, págs. 321-334).

Para el reinado de Ramiro II, el viejo libro de J. Traggia, Ilustración del reinado de don Ramiro II dicho el Monge o Memorias para su vida (Memorias de la Real Academia de la Historia, III, Madrid, 1799, págs. 469-562), sigue utilizándose, si bien algunos investigadores modernos han rectificado profundamente sus puntos de vista. Véase de F. Balaguer los siguientes artículos: Noticias históricas sobre Ramiro el Monje antes de su exaltación al trono (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, I, 1945, págs. 327-333); El obispo de Huesea-Jaca y la elevación al trono de Ramiro II (Argensola, I, Huesca, 1950, págs. 3-26); La ciudad de Barbastro y las negociaciones diplomáticas de Ramiro II (Argensola, II, 1951, págs. 138-158), y La vizcondesa del Bearn doña Teresa y la rebelión contra Ramiro II en 1136 (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, tomo V, 1952, págs. 83-114). De Szabolocs Vajay, Ramire II le Moine, roi d’Aragon et Agnès de Poitou dans l’histoire et dans la légende (Mélanges offertes a René Crozet, tomo II, Poitiers, 1966, págs. 727-750). El mejor conocedor del reinado de Alfonso II y de los temas del siglo XII aragonés es el discípulo de Lacarra, A. Ubieto. Ver: La fecha de la muerte de Ramiro II de Aragón (Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, tomo III, 1947-1948, págs. 474-480), El nacimiento de Alfonso II de Aragón (Ibidem, tomo IV, 1951, págs. 419-425); La batalla de Piedra Pisada (Argensola III, 1952, págs. 253-256), y La reconquista y población de Alcañiz (Revista «Teruel», IX, 1953, págs. 61-78).

Con el reinado de Ramón Berenguer IV empieza un nuevo volumen de la serie Biografíes Catalanes, del que son autores Percy E. Schramm, J. F. Cabestany y E. Bagué, Els primers comtes-reis, Ramón Berenguer IV, Alfons el Cast, Pere el Catòlic, Barcelona, 1960, a completar con la biografía, más profunda de lo que a primera vista parece, de F. Soldevila, Ramón Berenguer IV el Sant, Barcelona, 1955. Puede tenerse en cuenta también Manuel Bassa i Armengol, Els Comtes-reis catalans. Historia y heráldica de la Casa de Barcelona, Barcelona, 1964. Completar con el artículo de Schramm —desarrollando un importante aspecto que luego resume en su libro— Die Entstehung eines Doppelrelches: die Vereinigung von Aragon und Barcelona durch Ramon Berenguer IV (Vom Mittelalter zum Neuzeit. Zum 65. Geburstag ron Heinrich Sproemberg, Berlín, 1956, págs. 19-50). Por último J. M. Font Ríus, uno de los más agudos conocedores del derecho y las instituciones en Cataluña, nos proporciona, La reconquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico, Lérida, 1949, y La comarca de Tortosa a raíz de la reconquista cristiana. Notas sobre su fisonomía político-social (Cuadernos de Historia de España, XIX, Buenos Aires, 1953, págs. 104-128).

19. Los Cinco Reinos.

Hasta la publicación de las obras de Julio González no disponíamos más que de las vetustas Memorias históricas de la vida y acciones del rey don Alonso el Noble, octavo de este nombre, Madrid, 1783, del marqués de Mondéjar. Puede decirse, por tanto, que con sus trabajos, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, y El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 vols., Madrid, 1960 —en el próximo capítulo tendremos que mencionar su estudio sobre Alfonso IX—, Julio González ha dado un paso gigantesco para la comprensión del siglo XII en los reinos occidentales; lo que es más importante, proporciona una masa de documentación que habrá de permitir nuevos trabajos a otros investigadores. Completar con las obras citadas en anteriores capítulos y con las que habremos de mencionar en los posteriores, y también con Ambrosio Huici, Historia política del Imperio almohade, 2 vols., Tetuán, 1956, y M. Antuña, Campañas de los almohades en España (Religión y Cultura, Madrid, tomos XXIX, 1935, págs. 53-67 y 327-343; XXX, 1935, págs. 347-373).

Continuando la lista bibliográfica sobre Alfonso II, corresponde mencionar aquí: F. E. Martin, La politique hors d’Espagne d’Alphonse II, roi d’Aragon (1162-1196), marquis de Provence, Mâcon, 1902; J. Miret y Sans, Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña, II de Aragón (1162-1196) (Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, II, 1903-1904, págs. 257-278; 389-423; 437-471); A. Jiménez Soler, La frontera catalano-aragonesa (II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, tomo II, Huesca, 1922); J. Caruana, La reconquista de Teruel (Revista Teruel, II, 1950, págs. 133-152) y Alfonso II y la reconquista de Teruel (Ibidem, VII, 1952, págs. 146); Jordi Ventura, Alfons «El Cast». El primer comte-rei, Barcelona, 1961; J. M. Lacarra, Alfonso II el Casto rey de Aragón y conde de Barcelona (VII Congreso Historia Corona de Aragón, Barcelona, 1962, páginas 95-120).

20. Los años difíciles.

No hay mucho que añadir a la bibliografía ya mencionada en capítulos anteriores. Julio González, que nos ofrece un Alfonso IX en 2 vols., Madrid, 1944, con las mismas características que sus otras obras, es autor también de tres importantes trabajos: Reclamaciones de Alfonso VIII a Sancho «el Fuerte» y tratado de reparto de Navarra en 1198 (Hispania, III, 1943, págs. 545-568); Reconquista y repoblación de Castilla, León, Extremadura y Andalucía (La Reconquista española y la repoblación del país, Zaragoza, 1951, págs. 163-206), y Repoblación de la «extremadura» leonesa (Hispania, X, 1953, págs. 194-273). Naturalmente el tema de la expansión colonizadora por la Meseta meridional, íntimamente ligado a la aparición de las Órdenes Militares, es el que ha atraído más a los historiadores. Gautier-Dalché, Islam et chrétienté en Espagne au XIIe siècle: contribution a l’étude de la notion de frontière (Hesperis, tomo LXVII, núms. 3-4, 1959, págs. 183-217) y Ch. J. Bishko, The Castilian as Plainsman: the Medieval Ranching Frontier in La Mancha and Extremadura (The New World looks at its History, Tejas, 1963, págs. 47-69. Traducido en el primer volumen del Homenaje a Vicens Vives), se han ocupado del primer aspecto. Para las Órdenes Militares, aparte de R. Revilla Vielva, Órdenes Militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa, Madrid, 1927, es recomendable Derek W. Lomax, La Orden de Santiago, 1170-1275, Madrid, 1965, que constituye de momento la obra más completa. José Luis Martín, Fernando II de León y la Orden de Santiago (1170-1181) (Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, I, 1964, págs. 167-195) ha comenzado a publicar las primicias de estudios que aún se hallan en elaboración. Todavía puede utilizarse a M. Pérez de Castro, Estudios histórico militares: batalla de Alarcos (Revista de España, tomo XXIII, 1871, págs. 407-412).

Para los estados orientales completar con Martín de Riquer, El trovador Giraut de Luc y sus poesías contra Alfonso II (Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXIII, 1950, págs. 209-248), A. Ubieto Arteta, La peregrinación de Alfonso II de Aragón a Santiago de Compostela (Estudios Edad Media de la Corona de Aragón, V, 1952, págs. 438-452), y M. Almagro Basch, El señorío soberano de Albarracín bajo la Casa de Lara (Tomo IV de la Historia de Albarracín dirigida por el mismo autor). Teruel, 1964.

21. Victoria castellana, fracaso de Cataluña.

A pesar del atractivo que ofrece, tanto desde el punto de vista militar como del eclesiástico, la cruzada que conduce a la batalla de las Navas o de Úbeda, no poseemos bibliografía adecuada. Dos biografías de Jiménez de Rada, la de J. Gorrosterrazu, Don Rodrigo Ximénez de Rada, gran estadista, escritor y prelado, Pamplona, 1925, y la de M. Ballesteros Gaibrois, Don Rodrigo Jiménez de Rada, Madrid, 1936, se mantienen en los límites de buenas divulgaciones. No bastan a llenar la laguna M. Pérez de Castro, Estudios histórico-militares. La batalla de las Navas de Tolosa (Revista de España, XXVIII, 1872, págs. 233-241); J. Argamasilla de la Cerda, Notas sobre la batalla de las Navas de Tolosa (Bol. de la Comisión de Monumentos de Navarra, III, 1912, págs. 267-271 y 341-347), e Ismael García Rámila, Inocencio III y la Cruzada de las Navas de Tolosa (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3.ª época, tomo XLVIII, 1927, págs. 455-464). Añadir F. Fita, Testamento de Alfonso VIII (8 diciembre 1204) (B. R. A. H., tomo VIII, 1886, págs. 229-248). Es importante W. Montgomery Watt, The Decline of Almohads. Reflections on the Viability of Religious Movements (History of Religions. Chicago, IV, núm. 1, 1964, págs. 23-29).

En cambio para Pedro II y el fracaso occitánico tenemos buenas aportaciones: J. Miret y Sans, Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II de Aragón (Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, III, Barcelona, 1905-1906, págs. 78-87, 151-160, 238-249, 265-284, 365-387, 435-450, 497-519; IV, 1907-1908, págs. 15-36 y 91-114); P. Belperron, La croisade contre les albigeois et l’union du Languedoc a la France (1209-1249), París, 1943; Jordi Ventura, Pere el Catòlic i Simó de Montfort, Barcelona, 1960.

22. Unión definitiva de Castilla y León.

La bibliografía para el presente capítulo es, esencialmente, la misma que para el anterior. Procede añadir, para Castilla y León, el artículo de Percy E. Schramm, Die Kastilische Königtum und Kaisertum wahrend der Reconquista (XI Jahrhundert bis 1252) (Festschrift fiir Gerhard Ritter. Tubinga, 1949, págs. 87-139).

Para la Corona de Aragón, envejecidos definitivamente Ch. de Tourtoulon, Jaume I le Conquérant, Montpellier, 1863-1867 —de que se hizo traducción española— y F. Darwin Swift, The Life and Times of James the First the Conqueror, Oxford, 1894, nuestra guía más segura es F. Soldevila, Vida de Jaume el Conqueridor, Barcelona, 1958, aunque no sea éste un libro con pretensiones de estudio exhaustivo. Completa, del mismo autor, Al margen de la Crònica de Jaume I, Barcelona, 1967, y de L. Nicolau d’Olwer, Mallorca, primer objetiu de la expansió maritima de Catalunya (Revista de Catalunya, 1930).

23. El avance decisivo.

La mejor obra con pretensiones de abarcar conjuntamente el remado de Fernando III sigue siendo la del P. Burriel, Memorias para la vida del santo rey don Fernando, Madrid, 1800; no ha sido superada por los intentos laudatorios más modernos de J. Laurentie, Saint Ferdinand III, París, 1910; M. Gohning, Ferdinad III der Heilige, Stuttgart, 1910, y L. Fernández de Retana, San Fernando III y su época, Madrid, 1941. Fundamentales son: A. Ballesteros Beretta, Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913, y J. González, Repartimiento de Sevilla, 2 vols., Madrid, 1951. Algunos episodios de la conquista de Andalucía han sido estudiados con más detalle por Luciano Serrano, El canciller de Fernando III de Castilla (Hispania, I, 1941, págs. 3-40) y Nuevos datos sobre Fernando III (Ibidem, III, 1943, págs. 569-579); Luciano Huidobro, Nuevos datos sobre el almirante don Ramón Bonífaz y sus descendientes (Boletín de la Institución Fernán González, núm. 113, Burgos, 1950, págs. 263 sigs.) y Burgos en la conquista de Sevilla (Ibidem, núm. 118, 1952, pág. 51); Manuel Ballesteros Gaibrois, La conquista de Jaén por Fernando el Santo (Cuadernos de Historia de España, XX, Buenos Aires, 1953, págs. 63 y sigs.).

Un planteamiento general del tema de la ocupación de Levante le tenemos en J. M. Font y Ríus, La reconquista y repoblación de Levante y Murcia (La Reconquista española y la repoblación del país, Zaragoza, 1951, págs. 85-126). La gran obra sobre el tema es de Robert Inatius Burns, The Crusader Kingdom of Valentia. Reconstruction on a Thirteenth-century Frontier. Cambridge of Massachussets, 1967, 2 vols. A completar con M. Gual Camarena, Precedentes de la reconquista valenciana (Estudios Medievales, I, 1952, págs. 167-246). El volumen de comunicaciones del Primer Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona, 1908, actualmente en vías de reimpresión, contiene una selección de trabajos sobre Jaime I que no han perdido actualidad. Destacan los de Bofarull, Jaime I y los judíos, Jiménez Soler, Política de don Jaime I con los musulmanes y Sanpere y Guarinos, Minoría de Jaime I. Vindicación del conde don Sancho. J. Calmette, La question des Pyrenées et la Marche d’Espagne, París, 1947, estudia las relaciones franco-catalanas a lo largo de toda la Edad Media Es libro importante. Por último deben mencionarse F. Carreras, Rebelión de la nobleza catalana en 1259 (Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, VI, 1911-1912, págs. 361-502) y F. Valls Taberner, Relacions familiars i politiques entre Jaume el Conqueridor i Anfons el Savi (Bulletin Hispanique, tomo XXI, 1919, página 9.

24. Las pretensiones de Alfonso X a la corona imperial.

Dos obras monumentales permiten resumir la bibliografía: Antonio Ballesteros Beretta, Alfonso X el Sabio, Murcia-Barcelona, 1963, y F. Soldevila, Pere el Gran. Primera part, l’Infant, 2 vols., Barcelona, 1950-1952, Segona part. El regnat fins a l’any 1282, Barcelona, 1962. Ballesteros ha incorporado muchos de sus excelentes trabajos anteriores, tales como, Alfonso X emperador electo de Alemania, Madrid, 1918, La Reconquista de Murcia (B. R. A. H., tomo CXI, 1942, págs. 133-150) y el Itinerario de Alfonso X, tirada aparte del B. R. A. H., Madrid, 1936. Al lado de esta obra desmerece muy claramente el manual de J. A. Sánchez Pérez, Alfonso X el Sabio, Madrid, 1944. Para las relaciones con Francia poseemos el sólido libro de G. Daumet, Mémoire sur les relations de la France et de la Castille (1255-1320), París, 1916, que se apoya sobre documentación francesa. El tema de la expansión hacia África es abordado por A. Ballesteros, La toma de Salé en tiempos de Alfonso X el Sabio, Al-Andalus, VIII, 1943, págs. 89-128, a quien rectifica y completa A. Huici Miranda, La toma de Salé por la flota de Alfonso X. Nuevos datos (Hesperis, XXXIX, 1952, págs. 447) y también por H. Sancho de Sopranis, La incorporación de Cádiz a la corona de Castilla (Hispania, IX, 1949, págs. 355-386).

Ch. E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib au XIIIe et au XIVe siècles. De la bataille de las Navas de Tolosa (1212) a l’avènement du sultan mérinide Aboul-Hassan (1331), París, 1966, ha culminado con esta obra largos trabajos que abarcan un temario más grande del que se expone en el título, pues la revisión a fondo de las relaciones catalanas con el Norte de África obliga a considerar profundamente otros muchos aspectos.

Por último J. Torres Fontes, La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 1967, hace un estudio de la colaboración entre Alfonso X y Jaime I.

25. La primera expansión hispánica.

En un artículo largo, lleno de sugerencias aunque a veces éstas resulten discutibles, Carmelo Viñas Mey ha propuesto una revisión completa del expansionismo castellano y de las causas que contribuyeron a detener la Reconquista: De la Edad Media a la Moderna. El Cantábrico y el Estrecho de Gibraltar en la Historia política española (Hispania, I, 1940-1941). Renovaba así viejos temas que ya A. Jiménez Soler, La Corona de Aragón y Granada, Barcelona, 1908, señalara como susceptibles de reconsideración. La gran obra acerca del reinado de Sancho IV es la de M. Gaibrois de Ballesteros, Reinado de Sancho IV, 3 vols., Madrid, 1922-1923, provista de abundante documentación. Debe completarse con Doña María de Molina, Madrid, 1935, de la misma autora y con Juan Pérez de Guzmán, Un nuevo Guzmán el Bueno (España Moderna, CCCI, 1914) y M. Saralegui, Cuadros de Historia. Payo Gómez Charino, almirante de Castilla, Madrid, 1908. Que el reinado de Sancho puede revisarse a fondo lo ha demostrado Luis Sánchez Belda, La cancillería castellana durante el reinado de Sancho IV (1284-1295) (A. H. D. E., XXI-XXII, 1951-1952, págs. 171 sigs.).

Un estudio fundamental acerca de la expansión aragonesa es el de Francesco Giunta, Aragonesi e catalani nel Mediterraneo, 2 vols., Palermo, 1953-1965. En cambio el de Steve Runciman, The Sicilian Vespers, Londres, 1965, es superficial. Interesan aún J. Miret i Sans, Notes sobre la expedició del rei Pero lo Gran a Berberia (Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, VII, 1913-1914, pág. 354) y H. Wierszowski, Conjuraciones y alianzas políticas del rey Pedro el Grande contra Carlos de Anjou antes de las Vísperas (B. R. A. H., 1935). Completar con Percy E. Schramm, Der König von Aragon. Seine Stellung im Staatsrecht (1276-1410) (Historisches Jahrbuch, 74, 1955, págs. 99-123) que es un buen análisis de los fundamentos institucionales que contribuyeron a crear la singularidad de la Corona de Aragón. Vicente Salavert, un gran especialista de temas mediterráneos, ha publicado El tratado de Anagni y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, V, 1952, págs. 209-360). Su obra básica es, Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314), 2 vols. Madrid, 1956.

La posición de la nobleza y el privilegio de la Unión había sido ya expuesta por Vicente de la Fuente, El privilegio general de Aragón, base de la unión (Revista de España, 1881), Recientemente han venido a incorporarse a nuestra bibliografía dos importantes trabajos. J. M. Pérez Prendes y Muñoz de Arracó, Sobre la naturaleza feudal de la Unión aragonesa (Revista de la Facultad de Derecho de Madrid, IX, núm. 24, 1965, págs. 493-523) y L. González Antón, En torno al nacimiento de la Unión aragonesa (Miscelánea ofrecida a J. M. Lacarra, Zaragoza, 1968).

26. La gran crisis castellana.

Jiménez Soler, Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico, Zaragoza, 1932, no se ha limitado a estudiar el personaje, sino que trata de una época que, del lado castellano, puede decirse que es casi por completo desconocida. A. Benavides, Memorias del reinado de don Fernando IV, 2 vols., Madrid, 1860, se ha reducido a publicar la crónica del monarca y una colección diplomática incompleta y poco crítica. El mismo Jiménez Soler publicó, como antecedente a su La Corona de Aragón y Granada, un estudio sobre El sitio de Almería, Barcelona, 1904. Francisco Simón Nieto, Una página del reinado de Fernando IV, Valladolid, 1912, se ocupó desde el punto de vista médico, de la muerte de este monarca. Finalmente G. Daumet, Jean de Rye au siège d’Algeciras (Revue Historique, XII, 1910, pág. 265). Peor es la situación en cuanto al reinado de Alfonso XI. No disponemos sino de los textos de las crónicas o de los que se le dedican en las historias generales.

La corona de Aragón ha recibido mayores atenciones si bien éstas se dirigen a temas de política internacional. J. E. Martínez Ferrando, Els descendents de Pere el Gran, vol. VI de la serie Biografíes Catalanes, Barcelona, 1956, ha trazado un cuadro firme de la primera mitad del siglo XIV en Cataluña y el Mediterráneo. Es también de primera calidad A. Arribas Palau, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, 1952, que se sitúa en la línea de los grandes historiadores catalanes, de los que A. Rubió i Lluch, Catalunya a Grecia, Barcelona, 1906, abrió brillantemente la lista.

Puede completarse esta bibliografía con las siguientes obras. Para Alfonso III: Klüpfel, Die aüsserige Politik Alfonso’s von Aragonien (1285-1291), Berlín, 1911-1912, y Carreras Candi, Itinerari del rei Alfons III (1285-1291) (Boletín Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1921-1922). Para Jaime II: H. Finke, Acta Aragonensia, 2 vols., Berlín, 1908, que constituye una colección de trabajos, todos importantes, fruto de investigaciones en el Archivo de la Corona de Aragón; G. Schlumberger, Expédition des almogavares ou routiers catalans (1302-1311), París, 1902; A. Rubió i Lluch, Diplomatari de l’Orient catala, Barcelona, 1947; Nicolau d’Olwer, L’expansió de Catalunya a la Mediterrània oriental, Barcelona, 1926; Kenneth M. Setton, Catalan Domination of Athens (1311-1388), Cambridge, 1948.

27. Restablecimiento de la autoridad monárquica.

G. Daumet, Étude sur l’alliance de la France et de la Castille au XIVe et au XVe siècles, París, 1898, fue el primero en llamar la atención sobre el importante papel que Castilla desempeña en la llamada Guerra de los Cien Años. En el otro extremo, Pedro Martínez Montávez se ocupa de las Relaciones castellano-mamelucas, 1283-1382 (Hispania, XXIII, 1963, núm. 92, págs. 505-523). M. Saralegui ha dado dos estimables trabajos: El reinado de Alfonso XI desde el punto de vista militar (Revista de Infantería y Caballería, XIX, 1900, pág. 425), y Silueta del almirante de Castilla don Alfonso Jofre Tenorio, Madrid, 1910. A. Ballesteros Beretta, Doña Leonor de Guzmán (España Moderna, CLXXXII, 1908, pág. 67). Luis Seco de Lucena, La fecha de la batalla del Salado (Al-Andalus, XIX, 1954, págs. 228-231).

El tomo VII de la Biografíes Catalanes es de Rafael Tasis i Marca, Pere el Ceremonios i els seus fils, Barcelona, 1957, el cual recoge su Vida del rei en Pere III, que publicara en 1954. J. E. Martínez Ferrando, La tràgica història dels reis de Mallorca, Jaume I, Jaume II, Sanç, Jaume III, Jaume IV, Barcelona, 1960, hace una síntesis muy clara. J. Gautier-Dalché, La Peste Noire dans les états de la Couronne d’Aragon (Mélanges Bataillon, Bulletin Hispanique, LXIV bis, 1962, páginas 65-80), lanza una primera ojeada a este tema para el que Amada López de Meneses está proporcionando magnífica documentación de primera mano.

28. Economía y sociedad en los siglos XI al XIV.

Una información más detallada puede hallarse en la Historia económica de España, de J. Vicens Vives, que figura mencionada en nuestra bibliografía general. Las obras clásicas de A. de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, tomo I, Barcelona, 1779, y de M. Fernández de Navarrete, Disertación histórica acerca de la Marina (Memorias de la Academia de la Historia, Tomo V, Madrid, 1817).—completada esta última con la de C. Fernández Duro, Historia de la Marina de Castilla hasta su entronque con la armada española, Madrid, 1894—, siguen en plena vigencia. Por fortuna una numerosa serie de trabajos, imposibles de enumerar, han venido a completarlas. Citemos a R. Carande, Sevilla, fortaleza y mercado (A. H. D. E., tomo II, 1924, páginas 234 sigs.); J. Klein, La Mesta, trad. esp., Madrid, 1936; Carmen Carié, Mercaderes en Castilla (1252-1512) (Cuadernos de Historia de España, XXI-XXII, 1954, págs. 146 sigs.); L. García de Valdeavellano, La moneda y la economía de cambio en la Península Ibérica desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo XI (Settimane di Spoleto, tomo VIII, 1961, págs. 203-230); E. Benito Ruano, La Banca toscana y la Orden de Santiago en el siglo XIII, Valladolid, 1961. Recientemente M. Gual Camarena ha emprendido revisiones a fondo de documentación económica, especialmente referida al comercio; ver Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la corona de Aragón (siglos XIII-XIV), Tarragona, 1968, y El comercio de telas en el siglo XIII hispano (Anuario de Historia Económica y Social de la Universidad de Madrid, tomo I, 1, 1968, páginas 85-106).

Ch. Verlinden es hoy uno de los mejores conocedores de la economía mercantil española. Deben mencionarse aquí, al menos, La place de la Catalogne dans l’histoire commerciale du monde méditerranéen médiéval (Revue des courses et des conferences, XXXIX, París, 1937-1938); L’expansion commerciale de l’Espagne au Moyen Âge (Bull. of the International Commitee of Historical Sciences, 1938, páginas 267 sigs.); The Rise of Spanish Trade in the Middle Ages (The Economic History Review, X, 1940); Contribution à l’étude de l’expansion commerciale de la draperie flamande dans la Péninsule Ibérique au XIIIe siècle (Revue du Nord, XXII, 1936). Añadir J. Reglá, El comercio entre Francia y la Corona de Aragón en los siglos XIII y XIV y sus relaciones con el desenvolvimiento de la industria textil catalana, Zaragoza, 1950, y A. Ballesteros Beretta, La marina cántabra y Juan de la Cosa, Santander, 1954.

El estudio de la demografía y sociedad peninsulares se encuentra aún en sus comienzos. A. Oliveira Marques, A população portuguesa nos fins do século XIII (Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, III serie, núm. 2, 1958, 46 págs.), sigue un buen método. También son importantes los artículos de Carmen Carlé, Infanzones e hidalgos (Cuadernos de Historia de España, XXXIII-XXXIV, 1961, páginas 58-100) y «Boni homines» y hombres buenos (Ibidem, XXXIX-XL, 1964, páginas 133-168), así como el de Nilda Guglielmi, La dependencia del campesino no-propietario en León, Castilla y Francia, siglos XI-XIII (Anales de Historia Antigua y Medieval, Buenos Aires, XIII, 1967, págs. 95-187). La penetración de franceses en la Península fue estudiada en un memorable libro de M. Defoumeaux, Les français en Espagne aux XIe et XIIe siècles, París, 1949.

Ignacio de la Concha, Consecuencias jurídicas, sociales y económicas de la reconquista y repoblación (La Reconquista española y la repoblación del país, Zaragoza, 1951, págs. 207-222), hace un esquema sugestivo. Pero en el fondo de las modernas concepciones acerca del campesino y su situación social y jurídica se encuentran los estudios de E. Hinojosa. La reedición de éstos en sus Obras, 2 volúmenes, Madrid, 1948-1955, hace más cómodo el acceso. Citaremos especialmente los cinco títulos siguientes: El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña; La pagesia de remensa en Cataluña; La servidumbre en Cataluña durante la Edad Media; La servidumbre de la gleba en Aragón; Mezquinos y exáricos, datos para la historia de la servidumbre en Navarra y Aragón. Añadir del mismo autor, Notas inéditas sobre historia institucional castellana (Cuadernos de Historia de España, XVIII, 1952, págs. 5-21). Las relaciones de los campesinos con la Iglesia y de los monasterios con los señores en J. Puyol, El abadengo de Sahagún, Madrid, 1915; R. Gibert, Los contratos agrarios en el derecho medieval, Universidad de Granada, 1950; J. L. Santos Díez, La encomienda de monasterios en la Corona de Castilla, siglos X-XV, Madrid, 1961. De especial relieve es la obra de J. A. García de Cortázar, El dominio de San Millán de la Cogolla, Salamanca, 1969, intento de análisis exhaustivo, social y económico, de uno de los más importantes monasterios medievales.

Los gremios han sido poco estudiados. Tenemos para los de Segovia los trabajos de E. de Lecea y García, Recuerdos de la antigua industria segoviana, Segovia, 1897, y de J. Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, Historia de las corporaciones de menestrales de Segovia, Segovia, 1921. Para Barcelona, F. de Bofarull y Sans, Ordenanzas de oficios y artes de los siglos XIV y XV, Barcelona, 1910; M. González Sugrañes, Contribuciò a l’história dels antics gremis dels arts i oficis de la ciutat de Barcelona, Barcelona, 1915-1918. Para Valencia: L. Tramoyeres, Instituciones gremiales. Su origen y organización en Valencia, Valencia, 1889.

Las minorías étnico-religiosas han atraído como es lógico la atención. Véase, en términos generales, A. González Palencia, Moros y cristianos en la España medieval, Madrid, 1945, y Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, del mismo autor, 4 vols., Madrid, 1926-1930. Completar con I. de las Cagigas, Los mudéjares, 2 vols., Madrid, 1948-1949. Para los judíos existen dos obras monumentales, la de J. Amador de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, 3 vols., Madrid, 1875, y la de Yitzhak (Fritz) Baer, A History of the Jews in Christian Spain, Filadelfia, 1961-1962, reedición muy modificada de su antigua, Die jüden im Christlichen Spanien, 2 vols., Berlín, 1922-1936. Completar con P. León Tello, Judíos de Ávila, Ávila, 1963.

Obra importantísima, abarcando todos los aspectos de la vida social y económica de los siglos centrales de la Edad Media es la de L. Vázquez de Parga, J. M. Lacarra y J. Uría Ríu, Las peregrinaciones a Santiago, 3 vols., Madrid, 1948.

29. Las formas de gobierno.

Salvador de Moxó, Los señoríos. En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial (Hispania, XXIV, 1964, págs. 185-236 y 399-430), es actualmente el mejor especialista en el tema de tránsito del feudalismo al régimen señorial. Complétese con R. Gibert, Libertades urbanas y rurales en León y Castilla durante la Edad Media (Les libertés urbaines et rurales du XIe au XVe siècle, Bruselas, 1968, págs. 188-218), aunque este último se coloca en posición más de jurista. Maravall, autor de El concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1954, en que examina la pervivencia de la noción hispánica a través de la Reconquista, ha estudiado también el derecho político de la monarquía en dos artículos paralelos: Sobre el concepto de Monarquía en la Edad Media española (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, V, Madrid, 1954, págs. 401-417) y El concepto de reino y los «reinos de España» en la Edad Media (Revista de Estudios Políticos, núm. 73, 1954, págs. 81-144). Por último debe tenerse en cuenta a C. Sánchez Albornoz, La Curia Regia portuguesa, Madrid, 1920 y Un ceremonial inédito de coronación de los reyes de Castilla (Logos, II, Buenos Aires, 1943, núm. 3).

A. Millares Carlo, La Cancillería real en León y Castilla hasta fines del reinado de Fernando III (A. H. D. E., tomo III, 1926, págs. 227 sigs.), se preocupa más de la institución desde el punto de vista diplomático que desde el económico o de gobierno. Atanasio Sinués Ruiz, El Merino, Zaragoza, 1954, y Jesús Lalinde Abadía, La Gobernación general en la Corona de Aragón, Madrid-Zaragoza, 1963, son buenos estudios. Para el derecho, además de los estudios de Hinojosa sobre El derecho en el Poema del Cid, Madrid, 1903 y El elemento germánico en el derecho español, Madrid, 1915, véanse J. Martínez de la Vega, Derecho militar de la Edad Media, Zaragoza, 1912, y J. Maldonado, Las relaciones entre el derecho canónico y el derecho secular en los concilios españoles del siglo XI (A. H. D. E., tomo XIV, 1943, páginas 382 sigs.).

El tema de las Cortes no ha sido renovado. Además de las antiguas obras de Colmeiro, Martínez Marina y Danvila, poseemos el libro de W. Piskorski, Las Cortes españolas de la Edad Media, trad. por Sánchez Albornoz, Barcelona, 1930. Marcelo Caetano, Subsidios para a historia das Cortes medievais portuguesas (Revista da Faculdade de Direitio da Universidade de Lisboa, XV, 1963, 36 págs.), presenta puntos de vista muy sugerentes. Falta, sin embargo, bibliografía sobre el tema.

La ciudad y el municipio han salido favorecidos. L. García de Valdeavellano, Sobre los burgos y los burgueses de la España medieval (Notas para la historia de la burguesía), Madrid, 1960, ha conseguido dar por vez primera una síntesis de gran calidad. Debe completarse con T. Sousa Soares, Notas para o estudo das instituições municipais da Reconquista (Revista Portuguesa de Historia, I, 1940, páginas 71-92), el mismo, Les bourgs dans le Nord-Oeust de la Péninsule Ibérique. Contribution a l’étude des origines des institutions urbaines en Espagne et en Portugal (Bulletin des Études Portugaises, Lisboa, 1943); J. M. Font Ríus, Franquicias urbanas medievales de la Cataluña Vieja, Barcelona, 1960, y R. Gibert, El derecho municipal de León y Castilla (A. H. D. E., Madrid, 1961, tomo XXX, páginas 695-753). Nilda Guglielmi estudia Los alcaldes reales en los concejos castellanos (Anales de Historia Antigua y Medieval, Buenos Aires, 1956, págs. 79-109). J. M. Lacarra, que ha investigado profundamente el tema, es autor de dos importantes estudios, El desarrollo urbano en las ciudades de Navarra y Aragón (Instituto de Estudios Pirenaicos), Zaragoza, 1950 y Les villes frontières dans l’Espagne des XIe et XIIe siècles (Le Moyen Âge, Livre jubilaire, 1963, págs. 205-222), además de una excelente puesta al día bibliográfica en Orientation des études d’histoire urbaine en Espagne entre 1940 et 1957 (Moyen Âge, tomo LXIV, 3, Bruselas, 1958, páginas 317-339).

Para algunas ciudades en particular ver: R. Gibert, El Concejo de Madrid, su organización en los siglos XII al XV, Madrid, 1949; M. Ángeles Irurita Lusarreta, El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pamplona, 1959; H. Sancho de Sopranis, Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad Media, 3 vols., Jerez, 1959; J. García Sáinz de Baranda, La ciudad de Burgos y su concejo en la Edad Media, Burgos, 1967.

30. La crisis peninsular.

El prólogo que Ramón d’Abadal, bajo el título Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña, escribió para el tomo XIV de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, Madrid, 1966, vale por todo un tratado acerca de la época. En el lado castellano es todavía poco lo que se ha progresado desde el libro de J. Catalina García, Castilla y León durante los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III —en realidad se interrumpe al morir Juan I—, Madrid, 1891. De la abundante bibliografía que se dedica al rey Cruel, muy poco hay aprovechable; J. Guichot, Don Pedro primero de Castilla, ensayo de vindicación crítico-histórica de su reinado, Sevilla, 1878; J. B. Sitges, Las mujeres del rey don Pedro, Madrid, 1910, profundamente original, y Francisco María Tubino, Pedro de Castilla, la leyenda de doña María Coronel y la muerte de don Fadrique, Madrid, 1887, que abarca más de lo que su título anuncia. El más reciente biógrafo, François Pietri, Pierre le Cruel. Le vrai et le faux, París, 1961, se inclina por la tesis de la crueldad. Sobre aspectos más concretos ver A. Rodríguez González, Pedro de Castilla y Galicia (Boletín de la Universidad de Compostela, núm. 64, 1956, págs. 241-276), y J. Torres Fontes, El concejo murciano en el reinado de Pedro I (Cuadernos Historia España, tomo XXV-XXVI, Buenos Aires, 1957, págs. 251-278).

Las relaciones con la Iglesia forman un capítulo importante. G. Daumet, Étude sur les rélations d’Innocent VI avec le roi Pedro I de Castille au sujet de Blanche de Bourbon, Roma, 1897, publicó ya importantes documentos sobre el tema. J. Zunzunegui, La Cámara apostólica y el reino de Castilla durante el Pontificado de Inocencio VI (1352-1362) (Anthologica Annua, I, Roma, 1953, págs. 160 sigs.) y La legación del cardenal Guillermo de la Jugie a Castilla y Aragón (1355-1358) (Ibidem, XII, Roma, 1964, págs. 129-156), ha continuado magistralmente el tema. José María Mendi, La primera legación del cardenal Guido de Boulogne a España (1358-1361) (Scriptorium Victoriense, tomo XII, Vitoria, 1964, págs. 135-224), le completa. La biografía de Juan Beneyto, El cardenal Albornoz, canciller de Castilla, caudillo de Italia, Madrid, 1950, es especialmente valiosa para los asuntos Antonio Gutiérrez de Velasco ha estudiado la guerra de los Pedros a través de tres artículos, Los ingleses en España (siglo XIV) (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, IV, 1951, págs. 217 sigs.), La financiación aragonesa de la guerra de los dos Pedros (Hispania, XIX, 1959, págs. 3-43) y Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva castellana en la guerra de los dos Pedros (J. Zurita, Zaragoza, 1961, núm. 12-13, págs. 7-39).

Carlos II de Navarra, merecedor de un buen estudio, cuenta sólo con dos viejos libros, de D. F. Secousse, Mémoires pour servir a l’histoire de Charles II, roi de Navarre, 2 vols., París, 1755-1758, y E. Meyer, Charles de Navarre, Comte d’Evreux, París, 1898.

A la bibliografía mencionada en capítulos anteriores en relación con la Corona de Aragón debemos añadir: J. Reglá, Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La lucha por el valle de Arán, Madrid, 1951, y V. Salavert, El problema estratégico del Mediterráneo occidental y la política aragonesa (siglos XIV-XV) (IV Congreso Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1956).

31. La revolución Trastámara.

Tres obras han venido a renovar en los últimos años la panorámica de los hechos del período, la de P. E. Russell, The English Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III and Richard II, Oxford, 1955, de Pierre Vilar, Le déclin catalan du Bas Moyen Âge. Hypothèses sur sa chronologie (Estudios de Historia Moderna, VI, Barcelona, 1956-1959, págs. 1-68), y de Julio Valdeón Baruque, Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371), Valladolid, 1966. Esto no dispensa de acudir a J. Armitage Smith, John of Gaunt, king of Castile and Leon, duke of Aquitane and Lancaster, Westminster, 1940. He contribuido también al conocimiento de este período con Política internacional de Enrique II (Hispania, XVI, 1956) y Navegación y comercio en el golfo de Vizcaya, Madrid, 1959.

32. Las tentativas de recuperación.

En mi librito Juan I rey de Castilla (1379-1390), Madrid, 1955, recogí ya las líneas esenciales a que me ajusto ahora. Debe, sin embargo, completarse con mi Castilla, el Cisma y la crisis conciliar, Madrid, 1960, y Zunzunegui, El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera parte del Cisma de Occidente, San Sebastián, 1942. S. Dias Arnaut, A crise nacional do século XIV. I: A sucessão de D. Fernando, Coimbra, 1960, ha realizado un estudio profundísimo, del que sólo se ha publicado hasta ahora la primera parte sobre la crisis de 1383 en sus antecedentes. Hay que completarla con A. Pimenta, A crise de 1383-1385 (Idade Media. Problemas y Soluçoês, Lisboa, 1946), y M. Caetano, O concelho de Lisboa na crise de 1383-1385 (Anais, II serie, núm. 4).

Sobre las campañas militares ver S. Dias Arnaut, A batalha de Trancoso, Coimbra, 1947, Botelho da Costa Veiga, De Estremoz a Aljubarrota (O Instituto, Coimbra, LXXX, 1930, LXXXI y LXXXII, 1931), y sobre todo A. do Paço, Aljubarrota, Lisboa, 1958, cuyas excavaciones en el lugar de la batalla constituyeron una auténtica sorpresa.

33. El rey, las cortes y la nobleza.

El reinado de Enrique III espera un historiador. Emilio Mitre, cuya Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique IIII (1369-1406), Valladolid, 1968, constituye una aportación decisiva, se encuentra en mejores condiciones que nadie para acometer esta tarea. Yo mismo he publicado unos Estudios sobre el régimen monárquico de Enrique III de Castilla, Madrid, 1954 y Algunos datos sobre política exterior de Enrique III (Hispania, núm. 40, págs. 539-593), que exigen seguramente rectificaciones. Completar con L. Serrano, Los conversos don Pablo de Santa María y don Alfonso de Cartagena, Madrid, 1942, y F. Cantera Burgos, Álvar García de Santa María y su familia de conversos. Historia de la judería de Burgos y de sus conversos más ilustres, Madrid, 1952. Son también importantes, F. Layna Serrano, Historia de Guadalajara y de sus Mendozas, tomo I, Madrid, 1945, y F. Ruano Prieto, El condestable don Ruy López Dávalos, primer duque de Arjona (R. A. B. M., VIII, 1903, págs. 167-181, IX, págs. 166 sigs., XI, 1904, págs. 398-408).

José Ramón Castro ha publicado un voluminoso Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967, en donde acaso el exceso de datos dificulta hallar la línea directiva; de todas formas constituye una aportación de capital importancia. Completar con M. Gaibrois, Leonor de Trastámara, reina de Navarra (Príncipe de Viana, XXVI (1947), págs. 35-72), y J. M. Arriaza, Simón de Cramaud. Su embajada a Navarra y su tratado sobre la sustración de obediencia a los Papas (Príncipe de Viana, XVIII, Pamplona, 1957, págs. 497-517).

Rafael Tasis i Marca, Joan I, el rei caçador i music, Barcelona, 1959, ha ampliado su biografía de este rey incluida en las Biografíes catalanes. El gran problema catalán, la crisis económica de 1381, que fue ya planteado por R. Gubern, La crisis financiera de 1381 en la Corona de Aragón (X Congreso de Historia, Roma, VII, págs. 236-237) ha encontrado una historiadora de enorme calidad en Claude Carrère, Barcelone, centre economique à l’époque des difficultés, 1380-1462, 2 vols., París-Haya, 1967. Se trata de un análisis de historia social y económica que abarca mucho más de lo que el título indica.

Martín de Riquer, en sus Obras de Bernat Metge, Barcelona, 1959, págs. 11-12, hace una aportación decisiva para la comprensión del fenómeno de reacción contra la severidad del reinado de Pedro IV. Es también importante Aurea Javierre, María de Luna, reina de Aragón, Madrid, 1952.

34. El compromiso de Caspe.

M. A. Ladero Quesada, Granada: historia de un país islámico (1232-1571), Madrid, 1969, ha sabido hacer una síntesis del reino nasrí que sustituye la ya envejecida obra de M. Lafuente Alcántara, Historia de Granada, 4 vols. Granada, 1843. Sobre el mismo tema de la vida granadina del siglo XV pueden verse Francisco Javier Simonet, Descripción del reino de Granada bajo la dominación de los naseritas, Madrid, 1860; L. Seco de Lucena, Notas para el estudio de Granada bajo la dominación musulmana (Revista Universidad Granada, 1951, págs. 169-191) y Más rectificaciones a la Historia de los nasríes (Al-Andalus, 1959, págs. 275-295); J. Torres Fontes, Nuevas noticias acerca de Muhammad VIII «el Pequeño», rey de Granada (Miscelánea de estudios árabe-hebraicos, 1960, págs. 127-133); L. Suárez, Juan II y la frontera de Granada, Valladolid, 1954.

Recientemente el tema del compromiso de Caspe —siempre afectado por posturas políticas— ha conocido una controversia de altos vuelos. A R. Menéndez Pidal, El compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo (Prólogo al tomo XIV de la Historia de España por él dirigida), Madrid, 1962, ha respondido F. Soldevila, El Compromis de Casp (Resposta al Sr. Menéndez Pidal), Barcelona, 1965. El historiador acaba creyendo que ambos científicos manejan sólidas razones, pero aplicándolas con cierto apasionamiento en favor de tesis que, en el siglo XV, no eran probablemente válidas. Al no haberse publicado la tesis doctoral de Manuel Dualde Serrano, muerto prematuramente, no tenemos de este autor más que tres trabajos, si bien todos de gran calidad: El Compromiso de Caspe, continuidad y legitimidad en la crisis de una monarquía (Arbor, X, 1948); La Concordia de Alcañiz (A. H. D. E., tomo XVIII, 1947) y La elección de los compromisarios de Caspe (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, tomo III, Zaragoza, 1949). Completar con Santiago Sobrequés Vidal, Els barons de Catalunya i el Compromis de Casp, Barcelona, 1966. El libro de L. Domenech i Montaner, La iniquitat de Casp i la fi del comte d’Urgell, Barcelona, 1930, me parece poco recomendable por su apasionamiento, a pesar de que el examen de documentos y fuentes haya sido importante. De gran interés A. Santamaría Arández, El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma de Mallorca, 1955, así como el de S. Sobrequés Vidal, Els barons de Catalunya (Biografies Catalanes, III), Barcelona, 1957, para conocer el estado social de la nobleza que hizo posible el triunfo de Fernando.

El texto de la Crónica de Álvar García de Santa María ha servido a I. I. Mac Donald para escribir un Don Fernando de Antequera, Oxford, 1948, que es un resumen de aquél, pero de gran interés. Deben tenerse en cuenta, además, J. Torres Fontes, La regencia de don Fernando de Antequera (Anuario de Estudios Medievales, I, Barcelona, 1964, págs. 375-429) y Dos divisiones político-administrativas en la minoría de Juan II de Castilla, Murcia, 1947; A. Boscolo, La politica italiana di Ferdinando I d’Aragona, Cagliari, 1954. Sobre la participación española en el Concilio de Constanza, además de las obras citadas, ver B. Fromme, Das spanische Nation und das Konstanzer Konzil, Münster, 1896.

35. Los infantes de Aragón.

El trabajo más importante sobre esta época es el de J. Vicens Vives, Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo XV, Barcelona, 1953. Vicens fue el mejor especialista del período. Puede completarse con mi Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid, 1959. Juan Rizzo Ramírez, Juicio crítico y significación política de don Álvaro de Luna, Madrid, 1868, fue el primero en plantear una interpretación de la obra del condestable como una política destinada a restaurar la autoridad del rey. En cambio la biografía de C. Silió, Don Álvaro de Luna y su tiempo, Madrid, 1941, basada exclusivamente en crónicas publicadas, es muy poco útil. M. Gual Camarena, Las treguas de Majano entre Aragón, Navarra y Castilla (1430) (Cuadernos de Historia de España, XVI, 1951, págs. 93-109) se limita a publicar y analizar el tratado. Ver también L. Duarte Insúa, Los infantes de Aragón en Extremadura, Badajoz, 1943.

Para la actuación castellana en Basilea son fundamentales: Noel Valois, Le Pape et le Concile (1418-1450), 2 vols., París, 1909, y L. Gómez Cañedo, Don Juan de Carvajal, un español al servicio de la Santa Sede, Madrid 1947.

El centenario de Alfonso el Magnánimo fue ocasión para que se publicaran unos Estudios sobre Alfonso el Magnánimo en el V Centenario de su muerte por la Universidad de Barcelona, 1960. A ellos nos remitimos incluso para una bibliografía más completa. Todavía son útiles los trabajos de A. Jiménez Soler, Itinerario de Alfonso V de Aragón, Zaragoza, 1909, y Retrato histórico de Alfonso V de Aragón, Madrid, 1952. Sobre María de Castilla poseemos F. Soldevila, La reina Maria, muller del Magnanim, Barcelona, 1957, y F. Hernández de León de Sánchez, Doña María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1959. Para la política en Italia: Dupré-Theseider, La politica italiana di Alfonso il Magnanimo (IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1955) y A. Boscolo, I parlamenti di Alfonso il Magnanimo, Milán, 1953.

36. Estructura económica y régimen social en vísperas de las grandes guerras civiles.

En los reinos occidentales de la península el tema carece de bibliografía adecuada. Destaca desde luego Manuel Nunes Días, O capitalismo monárquico portugués (1415-1549), Coimbra, 1963, del que se ha publicado solamente el tomo I. Es también una obra de conjunto, aunque de muy distinto enfoque, la de J. Rubió Balaguer, Vida española en la época gótica, Barcelona, 1943, más segura para Cataluña que para otras partes. Son los historiadores extranjeros quienes se han ocupado de estudiar directa o indirectamente la economía: aparte de Klein, ya citado, tenemos a Robert S. Smith, The Spanish Guild Merchant. A History of the Consulado, 1250-1700, Durham 1940, Raymond Mauny, Les navigations médievales sur les côtes sahariennes antérieures à la decouverte portugaise (1434), Lisboa, 1960, y F. Melis, Malaga sul sentiero economico del XIV e XV secolo (Economia e Storia, II, núm. 1, Roma, 1956-59, págs. 19-59), y J. Finot, Étude historique sur les rélations commerciales entre la France et l’Espagne au Moyen Âge, París, 1899. También es importante, por la gran cantidad de datos que acumula, L. Serrano, Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos, Madrid, 1943.

Para la nobleza, aparte del gran catálogo elaborado por el marqués de Saltillo, Historia nobiliaria de España (contribución a su estudio), Madrid, 1956, ver S. Moxó, J. Valdeón, N. Cabrillana, A. González Ruiz Zorrilla y E. Mitre, en el volumen conjunto sobre La sociedad castellana de la Baja Edad Media, Madrid, 1969.

El libro de J. B. Hamilton, Money, Prices and Wages in Valencia, Aragon and Navarra, 1351-1500, Cambridge of Mass., constituyó una auténtica revolución. Coincidía en el tiempo con F. Mateu Llopis, Les pecunies de la tresoreria general i el numerari corrible en tempos de la guerra contra Joan II, Barcelona, 1936, que venía a revelar la crisis catalana y el desplazamiento del eje económico hacia Valencia, como han podido insistentemente anunciar F. Sevillano Colom, Préstamos de la ciudad de Valencia a los reyes Alfonso V y Juan II, Valencia, 1951, J. Camarena Mahiques, Función económica del General del regne de Valencia en el siglo XV (A. H. D. E. tomo XXV, 1955) y, recientemente A. Santamaría Arández, Aportación al estudio de la economía de Valencia durante el siglo XV, Valencia, 1966.

Sigue siendo utilizable el libro de A. Jiménez Soler, Organización política de Aragón en los siglos XIV y XV, Zaragoza, 1894, así como C. López de Haro, La constitución y las libertades de Aragón y el justicia mayor, Madrid, 1926, aunque es preferible en todo caso la ponencia que Font y Ríus presentó al IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón sobre Las instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XV, Palma de Mallorca, 1955.

En 1951 Jaime Vicens publicó sus Consideraciones sobre la Historia de Cataluña en el siglo XV (Cuadernos de Historia Zurita, Zaragoza, I, págs. 3-22), que luego amplió en el discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Barcelona en 1955. Vertido al catalán, este discurso fue la primera parte de su libro sobre Els Trastornares (segle XV), Barcelona, 1956, el cual fue nuevamente traducido al castellano para incorporarse al tomo XV de la Historia de España de Menéndez Pidal. A este trabajo hay que acudir como punto de referencia más importante. Sin embargo la bibliografía acerca de la crisis catalana del siglo XV es abundantísima. Hay que tener a la vista, ante todo, tres obras decisivas del propio Vicens, Historia de los remensas en el siglo XV, Barcelona, 1945, El gran sindicato remensa, Madrid, 1954, y Ferran II i la ciutat de Barcelona, 3 vols., Barcelona, 1937. Santiago Sobrequés Vidal ha publicado dos artículos importantes, Los orígenes de la revolución catalana del siglo XV. Las Cortes de Barcelona de 1454-1458 (Estudios de Historia Moderna, II, Barcelona, 1952, págs. 1-96) y Política remensa de Alfonso el Magnánimo en los últimos años de su reinado (1447-1458) (Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XIV, Gerona, 1960, págs. 117-154). Para el estudio de la población véanse también A. Canellas, El reino de Aragón en los años 1410-1458, Palma de Mallorca, 1955 y Francisco A. Roca Traver, Cuestiones de demografía medieval (Hispania, tomo XIII, 1953).

El tema de la decadencia económica de Cataluña, enunciado por Vicens en su Evolución de la economía catalana en la primera mitad del siglo XV, Palma de Mallorca, 1955, en el IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, fue luego objeto de un magistral estudio de Pierre Vilar, Le déclin catalan du Bas Moyen-Âge. Hypothèses sur sa chronologie (Estudios de Historia Moderna, 1956-1959), tomo VI, y finalmente ha dado origen a la tesis ya citada de C. Carrère, Barcelone, centre économique a l’époque des difficultés, 1380-1462, 2 vols., París-La Haya, 1967. Completar con Yvan Roustit, La consolidation de la dette publique a Barcelone au milieu de XIV siècle (Estudios de Historia Moderna, IV, 1954, págs. 13-156) y W. B. Watson, Catalans in the Markets of Northerns Europe during the Fifteenth Century (Homenaje Vicens Vives, II, págs. 785-813).

37. La caída de don Álvaro de Luna.

Todavía el libro de Oliveira Martins, Los hijos de don Juan I, trad. esp. Buenos Aires, 1945, resulta una lectura obligada —ciertamente placentera— para el conocimiento del revuelto siglo XV peninsular. Pocas cosas hay que añadir a la bibliografía citada en capítulos anteriores: la espléndida monografía de E. Benito Ruano, Toledo en el siglo XV, Madrid, 1961, la biografía que el padre Luis A. Getino dedicó a Vida y obras de fray Lope Barrientos, Salamanca, 1927, la que J. Torres Fontes ha dedicado a Fajardo el Bravo, Murcia, 1944, el artículo de J. Reglá, Un intento imperialista de Gaston de Foix (Estudios de Historia Moderna, I, 1951, págs. 12 sigs.), el de A. Fernández Torregrosa, Aspectos de la política exterior de Juan II de Aragón (Ibidem, II, 1952, págs. 97-132) y muy poco más.

38. Enrique IV, la nobleza y la revolución catalana.

El tipo humano de Enrique IV ha atraído la pluma de dos médicos con vocación de historiadores, Lucas Dubreton, El rey huraño, trad. esp., Madrid, 1945, y Gregorio Marañón, Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, Madrid, 1945. Sin embargo, el mejor estudio del soberano sigue siendo de J. B. Sitges, Enrique IV y la excelente señora llamada vulgarmente doña Juana la Beltraneja, Madrid, 1912, a completar con las obras de Torres Fontes, Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del doctor Galíndez de Carvajal, Madrid, 1946, Itinerario de Enrique IV de Castilla, Madrid, 1953, y sobre todo su excelente Don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, Madrid, 1953. Es importante también A. Rodríguez Villa, Bosquejo histórico de don Beltrán de la Cueva, Madrid, 1881.

De plena vigencia es todavía la obra de J. Calmette, Louis XI, Jean II et la révolution catalanne (1461-1473), Toulouse, 1903, aunque muchos puntos de vista han sido rectificados por obras más recientes, sobre todo Nuria Coll Juliá, Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Cataluña, 2 vols., Madrid, 1953 y S. Sobrequés, La alta nobleza del Norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 (Zurita, Zaragoza, tomos XVI-XVIII, 1963-65, págs. 71-220). Añadir J. Vicens Vives, Fernando el Católico, rey de Sicilia, Madrid, 1949, y Robert B. Tate, Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, 1970, que contiene estudios que afectan a varios capítulos.

39. La difícil sucesión castellana.

J. Vicens Vives, Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, 1962 —obra póstuma y que ha quedado forzosamente incompleta— ha venido a proyectar nueva luz sobre todo este revuelto período contribuyendo en mayor medida que nadie a su esclarecimiento. En cambio el libro de Orestes Ferrara, Un pleito sucesorio. Enrique TV, Isabel de Castilla y la Beltraneja, Madrid, 1945, debe considerarse como meramente polémico. Completar con M. Gual Camarena, Fernando el Católico, primogénito de Aragón, rey de Sicilia y príncipe de Castilla (1452-1474) (Saitabi, 1950-1951, págs. 182-223), que utiliza muy provechosamente documentos valencianos.

Tarsicio de Azcona, Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado, Madrid, 1964, dedica la tercera parte de su obra a la ascensión al trono de la princesa, con puntos de vista en general poco favorables a la misma y a las tesis tradicionales de los historiadores españoles. B. Cuartero y Huerta, El pacto de los Toros de Guisando y la Venta del mismo nombre, Madrid, 1952, se reduce a publicar el famoso documento —cuya autenticidad discuten algunos historiadores— y a hacer comentarios sobre el lugar en donde tuvo lugar la entrevista y el acuerdo. Añadir a la polémica: V. Rodríguez Valencia y L. Suárez Fernández, Matrimonio y derecho sucesorio de Isabel la Católica, Valladolid, 1960; L. Suárez Fernández, En torno al pacto de los Toros de Guisando (Hispania, tomo XXII, 1963, págs. 345-346) y J. Torres Fontes, La contratación de Guisando (Anuario de Estudios Medievales, II, Barcelona, 1965, págs. 399-428).

M. Foronda y Aguilera en sus Precedentes de un glorioso reinado, 1465-1475 (Revista Contemporánea, 1901, tomo CXXI, págs. 561-568, y tomo CXXII, páginas 39-68), y Honras por Enrique IV y proclamación de Isabel la Católica en la ciudad de Ávila (B. A. H., tomo LXIII, 1913, págs. 427-434).

40. La Guerra de Sucesión.

Es necesario proceder, en la frondosa bibliografía del reinado de los Reyes Católicos —en la que abundan las obras de polémica y alabanza— a una poda rigurosa que permita aprovechar lo más importante. No vamos a mencionar pues otras obras que aquellas que, a juicio del autor, han contribuido a un progreso en los conocimientos. Puede decirse que el estudio del remado de los Reyes Católicos ha conocido tres etapas verdaderamente fecundas: la primera a mediados del siglo XIX, cuando William H. Prescott, Historia del reinado de Fernando e Isabel, los Católicos, de España (ed. original en Londres, 1838, ed. española en 1846) y Diego Clemencín, Elogio de Isabel la Católica e Ilustraciones sobre varios asuntos del reinado de doña Isabel la Católica que pueden servir de pruebas a su elogio (Memorias de la Academia de la Historia, VI, 1820, págs. 55-617) esclarecieron, el primero con crónicas y el segundo con documentación extraordinariamente elegida, las líneas fundamentales del reinado; la segunda en la tercera década del siglo XX cuando A. de la Torre y su gran discípulo J. Vicens Vives acometieron una revisión a fondo que ha dado hondos frutos; la tercera, mucho más reciente, cuando A. Rumeu de Armas por una parte y la Escuela de Valladolid por otra, han emprendido con decisión una continuidad de la obra de aquellos ilustres historiadores ya fallecidos. Con independencia de los trabajos que han sido mencionados en anteriores capítulos o lo serán más adelante, conviene mencionar aquí: El concepto de España durante el reinado de los Reyes Católicos (R. A. B. M., Madrid, núm. 68, tomo XXIII, 1954, págs. 285-295) y Fernando el Católico gobernante (V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, I, Zaragoza, 1952, págs. 9-19) ambos de A. de la Torre, y La vida y obra del rey Católico (Ibidem, págs. 23-34). Poco más puede añadirse en el concepto de obras generales. Citaremos J. M. Doussinague, La política internacional de Fernando el Católico, Madrid, 1944 —casi toda referida a los años posteriores a la muerte de la reina—, A. Ferrari, Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid, 1945; F. Cereceda, Semblanza espiritual de Isabel la Católica, Madrid, 1946; M. Ballesteros Gaibrois, La obra de Isabel la Católica, Segovia, 1953.

En el volumen I de mi Política internacional de Isabel la Católica, Valladolid, 1965 —van publicados tres de un total previsto de seis— me ocupé ampliamente de la guerra con Portugal. Son importantes también sobre este tema J. Fernández Domínguez Valencia, La guerra civil a la muerte de Enrique IV. Zamora, Toro, Castronuño, Zamora, 1929; M. Sarasola, Isabel la Católica y el destino de doña Juana, la Beltraneja, Valladolid, 1955 —apasionado en favor de Isabel— y, sobre todo, Juan Torres Fontes, La conquista del marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Católicos (Hispania, tomo XIII, 1953, págs. 37-151). El resultado de la batalla de Toro, victoria castellana o resultado nulo, ha sido objeto de apasionada disputa entre Sousa Viterbo, A batalha de Touro. Alguns dados e documentos para sua monographia histórica (Revista Militar Portuguesa, Lisboa, 1900) y C. Fernández Duro, La batalla de Toro (1476); datos y documentos para su monografía histórica (B. R. A. H., tomo XXXVIII, 1901, págs. 249-267). Es interesante, por la peculiaridad del tema, R. Ramírez de Arellano, Rebelión de Fuenteovejuna contra el comendador mayor de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmdn (B. R. A. H., tomo XXXIX, 1901, págs. 446 sigs.).

Para las Cortes de Toledo de 1480 es imprescindible el libro de A. Matilla Tascón, Declaratorias de los Reyes Católicos sobre reducción de juros y otras mercedes, Madrid, 1952.

41. Los primeros éxitos exteriores.

Dos buenos planteamientos generales del programa exterior de los Reyes Católicos los proporcionan A. de la Torre, Política mediterránea de los Reyes Católicos (Conferencias de la Escuela Diplomática, curso 1943-1944, págs. 301-320), y C. Pérez Bustamante, Isabel la Católica y la política internacional (Curso de conferencias sobre política africana de los Reyes Católicos, Madrid, 1953, págs. 35-54). Para el conocimiento de la política con Navarra resulta todavía imprescindible P. Boissonnade, Histoire de la réunion de la Navarre a la Castille, París, 1893. Para la política con Nápoles ver E. Pontieri, Per la storia del regno di Ferrante I d’Aragona, re di Napoli, Nápoles, 1947, y J. Calmette, La politique espagnole dans la guerre de Ferrare (1482-1484) (Revue Historique, XCII, 1906, págs. 225-253).

Contamos hoy con muy buenos trabajos sobre la guerra de Granada, aparte la contribución de J. M. Carriazo en el tomo XXVII, 1, de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, que equivale por sí sola a un libro decisivo. Miguel Garrido Atienza, Las capitulaciones para la entrega de Granada, Granada, 1910, es una historia completa de la guerra y no sólo del cerco de la ciudad; M. Gaspar Remiro, Fernando II de Aragón y V de Castilla en la reconquista del reino de Granada, Zaragoza, 1918, refunde diversos trabajos suyos anteriores. A. de la Torre, Los Reyes Católicos y Granada, Madrid, 1946, manejando fuentes documentales de la Corona de Aragón pudo dar una visión nueva de las relaciones diplomáticas, tan importantes o más que la guerra misma. Finalmente M. A. Ladero Quesada, Milicia y economía en la guerra de Granada, Valladolid, 1962, y Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1968, ha renovado todos los aspectos militares y financieros del tema. En cierto modo guarda relación con él J. Goñi Gaztambide, Historia de la bula de cruzada en España, Vitoria, 1958. Añadir J. Torres Fontes, Las relaciones castellano-granadinas desde 1475 a 1478 (Hispania, tomo XXII, 1962).

42. La conquista del reino de Granada.

Ver la bibliografía mencionada en el capítulo anterior añadiendo E. Ponce de León y Felipe, El marqués de Cádiz, 1443-1492, Madrid, 1949; J. M. Carriazo, Asiento de las cosas de Ronda: conquista y repoblación de la ciudad por tos Reyes Católicos (Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, III, 1954, págs. 1-139).

43. Recobro del Rosellón.

En el volumen III del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón se han recogido, bajo el título Fernando el Católico e Italia, Zaragoza, 1954, algunas de las importantes comunicaciones que hacen referencia al tema. Sin embargo, la contribución fundamental la hallamos en los dos artículos de J. Calmette, La politique espagnole dans l’affaire des barons napolitaines (1485-1492) (Revue Historique, tomo CX, 1912, págs. 225-246) y La politique espagnole dans la crise de l’independcnce brétonne (1488-1492) (Revue Historique, tomo CXVII, 1914, págs. 168-182), que continúan el libro del mismo autor, Contribution a l’histoire des relations de la Cour de Bourgogne avec la Cour d’Aragón au XVe siècle, Dijon, 1908. Por otra parte, J. Fernández Alonso, experto conocedor de los archivos vaticanos, ha estudiado las relaciones con la Santa Sede en sus tres artículos: Los enviados pontificios y la colectoría en España de 1466 a 1475 (Anthologica Annua, 2, 1954, págs. 51-122); Nuncios, colectores y legados pontificios en España de 1474 a 1492 (Hispania Sacra, 10, 1957, págs. 33-90), y Don Francisco de Prats, primer nuncio permanente en España (1492-1503) (Anthologica Annua, 1, 1953, págs. 57-154).

Es importante, por la novedad de sus puntos de vista, A. de la Torre, Don Juan de Margarit, embajador de los Reyes Católicos en Italia, Madrid, 1948, y, del mismo, Don Manuel de Portugal y las tercerías de Moura (Revista Portuguesa de Historia, V, Coimbra, 1951, pág. 414).

44. La reconstrucción interior.

En un artículo, Fundamentos del régimen unitario de los Reyes Católicos (Cuadernos Hispano-americanos, núms. 238-240, 1969, págs. 176-196), expuse mis puntos de vista acerca de la unidad política. Se apoyan en las ideas de J. A. Maravall, El concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1954, y en las de A. de la Torre, Fernando el Católico gobernante (V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, I, Zaragoza, 1955, págs. 9-10), e Isabel la Católica corregente en la Corona de Aragón (A. H. D. E., tomo XXIII, 1953, págs. 423-428). Son muy importantes las aportaciones de J. Cepeda Adán, En torno al concepto de Estado en los Reyes Católicos, Madrid, 1956, y El providencialismo en los cronistas de los Reyes Católicos (Arbor, XVII, 1950, págs. 177-190). Otros aspectos se recogen en J. M. Carriazo, Amor y moralidad bajo los Reyes Católicos (Revista Archivos, Bibliotecas y Museos, XL, 1954, págs. 53-76), y D. Gómez Molleda, La cultura femenina de Isabel la Católica. Cortejo y estela de una reina (Ibidem, LXI, 1955, págs. 137-195).

Para completar el cuadro de la economía en tiempos de Fernando e Isabel añadiremos K. Haebler, Prosperidad y decadencia económica de España durante el siglo XVI, Madrid, 1899; E. Ibarra, El problema cerealista en España durante el reinado de los Reyes Católicos (1475-1516), Madrid, 1944; R. Carande, La economía y la expansión ultramarina bajo el gobierno de los Reyes Católicos, reeditado en Siete estudios de Historia de España, Barcelona, 1969; C. Espejo y J. Paz, Las antiguas Ferias de Medina del Campo, Valladolid, 1908; L. Piles Ros, Actividad y problemas comerciales de Valencia en el cuatrocientos (VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, págs. 411-431). y A. Santamaría Arández, El mercado triguero de Mallorca en la época de Fernando el Católico (VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, págs. 379-392).

Para el problema remensa todavía es útil E. Serra Ráfols, Fernando el Católico y los payeses de remensa. La solución del pleito agrario en Cataluña, Lérida, 1925, aunque sus tesis fueron totalmente renovadas por J. Vicens Vives en las obras que mencionamos anteriormente. De este último autor ver también El redreç de la economía catalana de 1481. Orígenes del mercantilismo en España (Studi in onore di Armando Sapori II, págs. 897-909).

Completar, con R. Fuertes Arias, Estudio histórico acerca de Alfonso de Quintanilla, contador mayor de los Reyes Católicos. Estudio crítico acerca de su vida, hechos e influencia en la reforma de la monarquía española, 2 vols., Oviedo, 1909, y R. Bosque Carceller, Murcia y los Reyes Católicos, Murcia, 1953.

45. El máximo religioso.

Las dos historias clásicas de la Inquisición, de J. Antonio Llorente, Historia crítica de la inquisición española, tomo I, Barcelona, 1922, y H. Charles Lea, A History of the Inquisition of Spain, 4 vols., Nueva York, 1907, han de manejarse con fuertes reservas. Ha hecho resúmenes objetivos de sus tesis B. Llorca, La Inquisición en España, Barcelona, 1936, y La Inquisición española, Comillas, 1942. Este último ha publicado un importante Bulario pontificio de la Inquisición española en su período institucional (1478-1525), Roma, 1929. La biografía de Marguerite Jouve, Torquemada grand inquisiteur d’Espagne, París, 1934, es idivulgarizadora. Completar con A. Cotarelo y Valledor, Fray Diego de Deza, ensayo biográfico, Madrid, 1905, y A. Fernández de Madrid, Vida de fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, Madrid, 1931.

En el tema de los judaizantes ha acumulado mucho material, aunque lo trata con apasionamiento, N. López Martínez, Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempo de Isabel la Católica, Burgos, 1954. Es importante también F. Fita, Nuevas fuentes para escribir la historia de los judíos españoles: bulas inéditas de Sixto IV e Inocencio VIII (B. R. A. H., tomo XV, Madrid, 1889, págs. 447 sigs.), y B. Llorca, La Inquisición española y los conversos judíos o «marranos» («Sefarad», 1942, págs. 113-151), y Los conversos judíos y la Inquisición española (Ibidem, 1948, págs. 357-389). Completar con Conde de Castellano, Un complot terrorista en el siglo XV. Los comienzos de la Inquisición aragonesa, Madrid, 1927. Ver también F. Fita, La verdad sobre el Martirio del Santo Niño de La Guardia (B. R. A. H., tomo XI, 1887, págs. 420 sigs.).

De modo conjunto sobre judíos y moros, ver L. Suárez, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, Madrid, 1964, y M. Ángel Ladero Quesada, Los mudéjares castellanos en tiempos de Isabel I, Valladolid, 1969.

Sobre la reforma religiosa son muy importantes: García M. Colombás y Mateo M. Gost, Estudios sobre el primer siglo de San Benito de Valladolid, Montserrat, 1954; García M. Colombás, Un reformador benedictino en tiempo de los Reyes Católicos, García Jiménez de Cisneros, abad de Montserrat, Montserrat, 1955; C. Gutiérrez, La política religiosa de los Reyes Católicos en España hasta la conquista de Granada (Miscelánea Comillas, XVIII, 1952, págs. 227-269); T. Azcona, La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 1960; J. García Oro, La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969. Añadir L. Fernández de Retana, Cisneros y su siglo, 2 vols., Madrid, 1929.

46. Los caminos de África y América.

Antonio Rumeu de Armas es autor de tres obras de importancia decisiva: Alonso de Lugo en la Corte de los Reyes Católicos (1496-1497), Madrid, 1954; España en África Atlántica, 2 vols., 1956, y La política indigenista de Isabel la Católica, Valladolid, 1969. Completar con M. Ballesteros Gaibrois, Universalismo, estrategia y sentido misional en el pensamiento africanista de Isabel la Católica (Curso de conferencias sobre política africana de los Reyes Católicos, tomo VI, páginas 7-27).

Para el tema de Colón y el descubrimiento de América nos hemos valido de A. Ballesteros Beretta, Cristóbal Colón, 2 vols. (dentro de la Historia de América dirigida por este autor), Barcelona, 1945. En el Manual de Historia Universal, tomo V, de F. Morales Padrón, Madrid, 1962, se encuentra además la oportuna bibliografía complementaria. Para el tema polémico del tratado de Tordesillas conviene tener en cuenta: Manuel Jiménez Fernández, Las bulas alejandrinas de 1493 relativas a Indias, Sevilla, 1944, y Algo más sobre las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias (Anales de la Universidad Hispalense, año VIII, núm. III, 1946); L. Weckman, Las bulas alejandrinas de 1493 y la teoría política del Papado medieval, Méjico, 1949; A. García Gallo, Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias, Madrid, 1958.

47. La primera guerra de Italia.

Una obra fundamental, de Piero Pieri, Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Turín, 1952, producto de muchos años de estudios por parte del autor, ha venido a cambiar por completo la valoración táctica y estratégica de las guerras de Italia. Desde el punto de vista diplomático es también muy importante M. Batllori, Alejandro VI y la Casa Real de Aragón (1492-1498), Madrid, 1958. El resumen de A. Era, Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico: I Le vicende; II I Parlamenti (V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, Zaragoza, 1955, págs. 43-77), permite establecer las líneas fundamentales de la historia sarda en estos años, tan importante en relación con el tema. Los dos antiguos trabajos de A. Rodríguez Villa, La reina doña Juana la Loca, Madrid, 1892, y Don Francisco de Rojas, embajador de los Reyes Católicos (B. R. A. H., tomo XXVIII, 1896, págs. 5-69, y tomo XXIX, 1896, págs. 180-202, 295-339, 364-402, 440-474), conservan todo su valor. Completar con G. Soranzo, Il tempo di Alessandro VI Papa e di fra Girolamo Savonarola, Milán, 1960, aunque sus tesis deben ser aceptadas con cautela.

48. El amargo final de Isabel la Católica.

Es de fácil lectura la biografía del duque de Maura, El príncipe que murió de amor, Madrid, 1944, no tan romántica como su título parece indicar. Para el resto de los temas de este capítulo remitimos a la bibliografía mencionada en los anteriores.